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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 53, de 21/12/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 53
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 51
celebrada el jueves, 21 de diciembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Enmiendas del Senado:
- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año
2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 16-1, de 30 de
septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000016.) . . .
(Página 2537)
- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 17-1, de 13
de octubre de 2000 (Corrección de error en BOCG, serie A, núm. 17-2,
de 16 de octubre de 2000). (Número de expediente 121/000017.) . . .
(Página 2549)
- Proyecto de Ley Orgánica sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, núm. 3-1, de 23 de junio de 2000. (Número
de expediente 121/000003.) . . . (Página 2562)
- Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 13-1, de 11
de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/000013.) . . .
(Página 2571)
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados:
- Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de Excmos. Sres. Diputados. (Número de
registro 17275.) . . . (Página 2574)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
Enmiendas del Senado . . . (Página 2537)
Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001
. . . (Página 2537)
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Labordeta
Subías, la señora Lasagabaster Olazábal y los señores Núñez Castain y
Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores
Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i
López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-
Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, que son
aprobadas.
Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social . . . (Página 2549)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto;
el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida; los señores Padrol i Munté y Companys Sanfeliú, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Costa
Campi, Del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martínez-
Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
La señora Costa Campi, en virtud del artículo 72.2 del Reglamento,
solicita de la Presidencia que se dé
lectura al artículo 59 bis nuevo de la ley de acompañamiento,
procediendo el señor secretario (Mato Adrover) a dicha lectura.
Se suspende la sesión cinco minutos al objeto de manifestarse por el
asesinato de ETA en el día de ayer.
Se reanuda la sesión.
Antes de pasar a las votaciones, el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, pone de relieve tres correcciones
de estilo que solicita que se introduzcan sin necesidad de votación
en el texto del proyecto de ley.
A continuación se procede a la votación de las enmiendas del Senado
al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social para el año 2001.
Proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial . . . (Página 2562)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal y el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; el
señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria;
la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida;
Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Martín
Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley
orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la
Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/
1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, son aprobadas.
Sometida a votación final de conjunto por tratarse de un proyecto de
ley orgánica, se aprueba por 196 votos a favor, 110 en contra y dos
abstenciones.
Proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal . . . (Página 2571)
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster
Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; La señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las
señoras López González, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martín
Vivas, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de
modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, se aprueban por
284 votos a favor, ocho en contra y siete abstenciones.
Continúa la sesión con carácter secreto.
Dictámenes de la Comisión del Estatuto de los Diputados . . .
(Página 2574)
Dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados sobre
declaraciones de actividades de señoras y señores diputados . . .
(Página 2574)
Sometido a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
La señora presidenta, en nombre de los miembros de la Mesa y en el
suyo propio, desea a la Cámara unas felices fiestas de Navidad y no
solamente un muy feliz año 2001, sino todo el milenio, así como que
el año 2001 sea el año en el cual todos los españoles, incluidos los
que viven en el País Vasco, puedan vivir en libertad y expresar sus
ideas.
Se levanta la sesión a la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.
Anuncio a SS.SS. que en torno a las 12 del mediodía se suspenderá
brevemente la sesión al objeto de guardar un minuto de silencio en
protesta por el asesinato de ETA en el día de ayer.
ENMIENDAS DEL SENADO:
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO
2001. (Número de expediente 121/000016)
La señora PRESIDENTA: Punto VII del orden del día: Enmiendas del
Senado, en primer lugar, al proyecto de ley de Presupuestos Generales
del Estado para el año 2001. ¿Grupos que desean fijar posición?
(Pausa.)
En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde Chunta Aragonesista vamos a votar en contra del proyecto de
Presupuestos Generales del Estado de 2001 porque no se ha variado ni
en su trámite del Congreso ni en el Senado ninguno de los
planteamientos generales por los que pedimos su devolución. No se ha
querido asumir ni una sola enmienda de las presentadas (un total de
180), aunque en algunos casos, con esas iniciativas, se hacía
referencia a cuestiones que habían sido votadas incluso por los
representantes de su partidoen las diferentes instituciones aragonesas
(el ferrocarril del
Canfranc, el aeropuerto de Zaragoza, el plan de la minería turolense)
Son unos presupuestos que han supuesto la primera huelga general de
toda una provincia como Teruel, convocada por la plataforma Teruel
existe, porque el Gobierno ha impuesto su rodillo paraignorar las
incluso modestas peticiones de la ciudadanía, a pesar de
haber estado refrendadas por el 99 por ciento de los habitantes de
este territorio.
Son unos presupuestos que como partido de ámbito territorial, al
referirnos a las inversiones proyectadas en Aragón, no podemos
aprobar, ya que las partidas previstas las calificamos de engañosas
al no contemplar inversiones nuevas para la comunidad, incluir, por
el contrario, pequeñas y simbólicas partidas en los grandes proyectos
y abusar de la repetición de muchas partidas de inversiones que
estaban ya aprobadas en el presupuesto de 2000 y que simplemente, al
no ejecutarse, se suman a los presupuestos de 2001. Además, no
podemos pasar por alto que el Ministerio de Medio Ambiente, en pleno
proceso de debate del Plan hidrológico nacional, apueste en estos
presupuestos por la construcción de pantanos en Aragón que suponen un
grave deterioro para el territorio y provocan un enorme impacto e
incluso tienen informes técnicos negativos de diferentes expertos en
materia hidráulica, destinando para su construcción enormes
cantidades de inversión en un ejemplo de despilfarro público, donde
se actúa sin tener un mínimo de objetivos fijados. Sin embargo,
aquellos pantanos que gozan de acuerdo unánime
en Aragón siguen siendo ignorados. Si finalmente cambiasen los
criterios que ahora fija el plan hidrológico ¿habría que modificar
otra vez los presupuestos o, por el contrario, es que no existe
ninguna voluntad negociadora y se aprobará sin ninguna posibilidad de
aportación de los diferentes partidos que componen la Cámara? En
ambos casos existe una grave irresponsabilidad por parte de quienes
están al frente del Gobierno de España. Por todas estas razones vamos
a seguir votando en contra y pidiendo la devolución de estos
presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Como cuestión previa, quiero señalar que el señor Puigcercós no ha
podido estar en este debate ni tampoco el día anterior por razones
familiares muy graves. Quiero que quede constancia en acta de estas
circunstancias.
En nombre de Eusko Alkartasuna, en este debate de las enmiendas del
Senado que constituye el último trámite de presupuestos, quiero fijar
la posición final de mi grupo en lo que ha sido la negociación y el
debate. En relación con las enmiendas del Senado, sin perjuicio de
que en algunos casos tengan un apoyo positivo por nuestra parte, como
no puede ser de otra manera en relación con la adecuación del valor
de las pensiones al índice de precios al consumo -cuestión que
también nos hubiera gustado que se aplicara a otras retribuciones que
se incluyen en la ley de presupuestos-, creemos que, como señalaba mi
compañero Labordeta, se mantiene la filosofía que fue criticada en
nuestro caso por tres razones, en primer lugar, porque no
compartíamos ni compartimos la filosofía que entraña esa cuestión
mágica que ha querido señalarse por el Partido Popular del déficit
cero, donde se centró toda la argumentación de estos presupuestos, o
el equilibrio presupuestario. No es cuestión de señalar si el
equilibrio presupuestario es bueno o no, sino que se trata de las
condiciones y circunstancias en las que este se produce para esta
economía. Como decíamos anteriormente, los factores actuales,
especialmente en el tema de inversiones en tecnología, en
investigación científica o en desarrollo tecnológico, y las
consideraciones que existen por ahora sobre la sociedad de
información no entendemos que hayan sido tratados de forma positiva
y, a la larga, no será una cuestión fructífera.
La segunda razón que planteábamos se refería al denominado gasto
social. Apesar de las explicaciones que nos dio el señor ministro
relativas a las cantidades que habían destinado al mismo en estos
presupuestos, seguimos creyendo que estas no son suficientes y que se
podía haber hecho mucho más. Argumentábamos con cifras que con esas
55 pesetas de cada 100 que se dedicaban al gasto social se podía
haber hecho algo más. ¿Por qué? Porque entendemos que es el momento,
y lo ha sido a lo largo de
los últimos ejercicios presupuestarios, para poder acercar la
diferencia que existe estadísticamente en prestaciones en cuanto a
vejez, invalidez y familia con relación a la media europea; además
porque en nuestra comunidad, con economías más o menos paralelas, se
están destinando mayores esfuerzos presupuestarios.
Finalmente, una tercera consideración que en ningún caso ha sido
modificada a lo largo de esta tramitación hace referencia a la
traducción en el presupuesto de lo que es un complemento de la Ley
Orgánica del Estatuto de Gernika. Nuestras enmiendas venían motivadas
porque no entendíamos cómo una defensa tan formal y tan acérrima como
la que se dice que hace el Gobierno tenía tan poca traducción en las
leyes y en el cumplimiento de las transferencias de competencias
pendientes y, desde luego, en lo que se refiere a cuestiones claves
como la Seguridad Social, la investigación o la formación continua.
Planteábamos temas relativos al cumplimiento, por ejemplo, de la
transferencia del dinero que le corresponda al Hobetuz, cuestiones
que nos evitarían múltiples problemas que venimos observando en los
últimos ejercicios y discrepancias que afectan a los ciudadanos
directamente y que no les benefician. Creemos, en definitiva, que el
Estatuto de Gernika, para que sea defendido, tiene que ser cumplido
como primera medida y, por lo que respecta a las competencias que el
Parlamento vasco ha determinado que tienen que cumplirse en cantidad
y calidad, no están siendo cumplimentadas. No les voy a citar cuáles
son, las conocen ustedes perfectamente. Su traducción en los
presupuestos es la nula voluntad de defender una ley orgánica y un
pacto que fue realmente importante y que no se está cumpliendo.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Los andalucistas hemos hecho un análisis de los presupuestos desde la
óptica de la corrección de los desequilibrios. Asumimos lo que el
Gobierno dice en la memoria europea de solicitud de fondos para las
regiones de Objetivo 1, que es que nuestro país está fuertemente
desequilibrado, que hay comunidades que tienen doble índice de paro
que la media de España y triple que Europa y que durante estos años,
a pesar del desarrollo económico y del funcionamiento de las
variables macro de la convergencia, estos desequilibrios han
continuado.
Nosotros pensamos que estos presupuestos deberían estar impregnados
de intencionalidad política para corregir de forma contundente esta
inercia de separación cada vez mayor entre los que van a la cabeza y
los que están en la cola. Independientemente de la bondad de los
indicadores macro, que demuestran que hay una convergencia con
Europa, hay otros que muestran que
la convergencia de estos indicadores básicos no es real sino nominal
y que no se produce en la sociedad. No hemos visto que en estos
presupuestos se hayan recogido muchas de las obras imprescindibles de
desarrollo de infraestructuras para precisamente dar ese salto y
propiciar un desarrollo socioeconómico que suba esas medias. Vemos
que se siguen dando fenómenos importantes de exclusión social que no
son suficientemente atendidos, con una mentalidad rabiosamente
economicista que impera en nuestro entorno, no sólo en España sino en
Europa, donde sólo se discuten quiénes son los fuertes y cómo se
reparte la economía y no cómo solucionar los graves problemas de
descompensación. No vemos en concreto que se recoja la deuda
constitucional histórica que se refleja en el estatuto de la
Comunidad Autónoma andaluza refrendada en este Parlamento. Hay una
cantidad absolutamente ridícula dedicada al Fondo de Compensación
Interterritorial y no se han gastado y tienen asignadas cantidades
testimoniales los fondos para la nivelación de servicios básicos,
cuyos estándares ni siquiera se han definido ni se han cuantificado
para ver cuál es el reto que tenemos delante.
En definitiva, vemos un presupuesto correcto desde la óptica de la
técnica presupuestaria, en un escenario que posiblemente todos
tengamos que reconocer que tiene indicadores macro positivos, pero
cuando vamos de la media a la cruda realidad de unos y otros, nos
damos cuenta de que no son unos presupuestos para la corrección de
los desequilibrios y por eso nos ratificamos en nuestra negativa
manifestada antes de su remisión al Senado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir con brevedad para expresar la opinión del Bloque
Nacionalista Galego acerca de las enmiendas del Senado en este último
trámite de la discusión de los presupuestos para el año 2001.
Señora presidenta, quiero decir que tal como se viene planteando este
debate presupuestario en los últimos años, la posición y la opinión
del Ejecutivo es tan dominante o preponderante que realmente lo
convierte en un trámite, eso sí, largo, pero poco más que formal. Las
Cámaras, en estas circunstancias, se vienen a convertir casi en
convidadas de piedra, sin que del debate se pueda esperar más que
modificaciones del presupuesto de carácter anecdótico o aquellas que
puedan interesar al grupo mayoritario; un grupo que impone su mayoría
sin tener desde luego la menor consideración por las propuestas que
desde la oposición se puedan hacer. Yo, francamente, no sé si esta es
la mejor forma de dar vitalidad a las instituciones democráticas; más
bien me temo que no. Por tanto, en este trámite, a nosotros poco más
nos queda que reafirmarnos en lo
expuesto en debates anteriores, con la defensa de las enmiendas de
totalidad y parciales, porque, como es evidente, después de su paso
por el Senado, el presupuesto para 2001 permanece inmutable en
objetivos, en filosofía y en sus actuaciones concretas. Son unos
presupuestos dominados por el nuevo objetivo fetiche del déficit
cero, que naturalmente se va a obtener a base de no atender o atender
mal necesidades sociales o de mantener, por ejemplo, la pérdida del
poder adquisitivo de los funcionarios y, de paso, de las rentas
salariales más bajas. Son unos presupuestos con una previsión de
inversiones reales para Galicia en un porcentaje muy inferior a su
nivel de población, algo que hasta el momento nadie cuestionó. Son
unos presupuestos que, en nuestro criterio, un año más, van a
contribuir a que Galicia siga ocupando uno de los puestos más bajos
en cuanto a su nivel de renta y desarrollo en relación con la media
estatal y, por tanto, no van a contribuir en nada a conseguir la
convergencia real en el conjunto de la Unión Europea.
Señoras y señores diputados, en nuestra comunidad autónoma además se
está produciendo una situación económica de destrucción masiva de
sectores básicos de la economía, como es el sector lácteo, que
ustedes tan bien conocen, o de crisis importantes, como la pesquera
o la del sector cárnico. Por tanto, en este contexto desde nuestro
punto de vista, resultan aún más rechazables estos presupuestos. En
definitiva, señoras y señores diputados, ni después de su paso por el
Congreso ni tampoco con las enmiendas del Senado encontramos motivos
para apoyar estos presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Antes de continuar con la intervención de los grupos, quiero
comunicar a la Cámara que la votación de conjunto del proyecto de ley
orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la
Administración de justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/
1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, no se producirá antes de las
11 de la mañana.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta. (El
señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Intervengo con gran brevedad, porque Coalición Canaria -ya lo
anuncio- va a votar favorablemente dándole su apoyo a las enmiendas
que nos remite el Senado respecto a esta proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año próximo. Se han
recogido en los trámites del Senado las observaciones que había hecho
el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria y,
coincidiendo con la tramitación efectuada en esta Cámara tanto en
ponencia y Comisión
como en Pleno en la primera lectura del proyecto de ley, anunciamos
aquí que además de votar favorablemente las enmiendas del Senado, que
introducen correcciones, algunas técnicas y otras de orden más
sustantivo y detallado, en lo que también coincidimos, votaremos
favorablemente estos presupuestos al entenderse que están recogidas,
tanto en el trámite del Congreso de los Diputados como en el del
Senado, las demandas que había hecho mi grupo parlamentario respecto
a capítulos de inversiones en nuestro archipiélago.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señoras y señores
diputados, dos meses después del debate a la totalidad vuelve a esta
Cámara el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001 para recibir el beneplácito y el apoyo de los diputados
del Grupo Popular, de los de Convergència i Unió y de los de
Coalición Canaria; dos meses de trabajo intenso y -por qué no
decirlo- prácticamente improductivo de los grupos de la oposición,
que veíamos cómo nuestras propuestas y enmiendas eran ignoradas
sistemáticamente. Estamos convencidos de que la incorporación de
muchas de ellas al proyecto lo hubieran mejorado sustancialmente para
beneficio del conjunto de los ciudadanos.
Desde el Grupo Vasco no vamos a reabrir un debate económico del que
tenemos un desagradable recuerdo; habrá otros momentos para poner de
nuevo de manifiesto nuestros planteamientos. Me imagino, no obstante,
que el Gobierno habrá tenido la oportunidad de releer el discurso de
nuestro grupo y su respuesta al mismo. Estoy convencido de que,
aunque no lo confiese aquí, se ha dado cuenta de que nuestras
propuestas y reflexiones eran absolutamente sólidas y coherentes,
diferentes por supuesto a las suyas, y que su respuesta fuera de
lugar y tono obedecía a la política de desprestigiar al Partido
Nacionalista Vasco y no a rebatir las ideas económicas.
Tengo que decir al Gobierno, concretamente al señor Montoro, que más
de un miembro de esta Cámara ha considerado que la posición del Grupo
Vasco en materia económica es plenamente actual, lo que es de
agradecer. Me decía el señor ministro, entre otras perlas, que yo
había ido con la brocha realmente negra y enturbiada para crear las
peores expectativas y hacer daño a la sociedad española y a la
sociedad vasca y que lo que yo estaba haciendo era un ejercicio
político cargado de enseñas negativas, que viene a reflejar la
situación política que está viviendo el Partido Nacionalista Vasco.
Insisto en que no quiero repetir la discusión económica que
mantuvimos en esta Cámara, pero permítame que me refiera tan sólo a
algunos aspectos que son y van a
ser de enorme relevancia para la marcha de estos presupuestos a lo
largo del próximo ejercicio.
Quisiera traer a colación unos párrafos de un artículo del presidente
de la Caja General de Granada, don Julio Rodríguez López, a quien el
ministro de Hacienda conoce perfectamente, publicado el pasado lunes
en el diario El País. El señor Rodríguez señala, entre otras cosas,
que la previsión de crecimiento del PIB para el año 2001 del 3,6 por
ciento se apoya en gran medida en una nueva aceleración de la
inversión en bienes de equipo hasta el 8 por ciento -5,5 en el año
2000-, comportamiento este que no es objeto de justificación rigurosa
en los documentos divulgados. En cuanto a los precios se prevé
-continúa el señor Rodríguez- una desaceleración del crecimiento
medio de 0,5 puntos: el aumento medio anual de los precios del
consumo bajaría desde el 3,2 hasta el 2,7, lo que implica una
desaceleración poco creíble de los precios de consumo desde el 3,7 de
2000 hasta el 2 por ciento de 2001, expresado en términos de
variación diciembre sobre diciembre. Continúa también diciendo que en
las presentes circunstancias conseguir un crecimiento real del PIB
del 3 por ciento en el año 2001 resulta un objetivo bastante
realista. Ante este panorama económico - señala el señor Rodríguez-
parece necesario un nuevo mix de política económica apoyado más en
aspectos tales como el empleo selectivo y las inversiones públicas,
la generación de condiciones físicas más proclives a la inversión
empresarial y a fomentar la exportación, en lugar de mirar para otro
lado ante la descomunal sobreinversión inmobiliaria que domina la
actual coyuntura. Estas cosas las dice el presidente de la Caja
General de Granada y es lo que, modestamente, también le decía, entre
otras muchas cosas, el Grupo Vasco en el debate de totalidad. A
nuestro grupo y al Partido Nacionalista Vasco se le acusaba por parte
del señor Montoro, como antes les decía, de querer hacer daño a la
sociedad española y a la sociedad vasca y que nuestro discurso era
reflejo de la situación política que estaba viviendo el PNV. Me
imagino que no se atrevería a descalificar al señor Rodríguez de la
misma manera.
Estoy plenamente convencido de que el Gobierno del Partido Popular
mira para otro lado cuando alguien con toda razón les plantea algo
diferente. Sean más humildes, tengan la elegancia de aceptar las
buenas ideas de los demás, por el bien del conjunto de los
ciudadanos. El fracaso del Gobierno en la lucha contra la inflación
es patente, y es igualmente preocupante la baja productividad del
sistema económico español de cara al futuro crecimiento y al empleo.
Pero ustedes miran para otra parte. Tendremos la oportunidad el
próximo año de analizar lo ocurrido. La realidad nos dará la razón,
pero estoy seguro de que no darán su brazo a torcer.
Señores del Gobierno, tener la mayoría absoluta no quiere decir tener
la razón absoluta; no hay que confundir deseos con realidad. Se
equivocan cuando sitúan
un instrumento como es la consecución del déficit cero como el
objetivo central de la política económica y es más grave todavía que,
no conformes con esta confusión, pretendan elevar a la categoría de
ley un instrumento económico por muy importante que este sea. El
profesor Estapé señaló hace poco tiempo que lo del déficit cero es
una estupidez. Aprobar una ley que consagre este principio como
inamovible me parece, desde el punto de vista económico, incluso una
negligencia.
La adecuación del presupuesto a los problemas de la gente y a la
coyuntura económica es algo obvio y que hace incomprensible que el
Gobierno esté tratando de elaborar un proyecto de ley de estabilidad
presupuestaria. Este anunciado proyecto sólo es comprensible, desde
la lógica del Partido Popular, como un intento de recuperar y
absorber el poder que está en manos de las corporaciones locales y
comunidades autónomas. Sólo se entiende como una redistribución del
poder político de la periferia hacia el centro, como un ataque
frontal a lo avanzado hasta el momento en el desarrollo del Estado
autonómico. Se pueden conseguir idénticos resultados desde la
colaboración y desde la complicidad de los distintos gobiernos y
administraciones públicas del Estado, como se ha venido haciendo
desde hace años, pero a ustedes, señores del Gobierno, no les gusta
el diálogo y el consenso; les gusta sólo la imposición.
No me quiero meter ahora en la discusión de este supuesto proyecto,
porque dada su importancia y las repercusiones políticas que puede
tener, me he permitido avanzar algunas ideas de nuestro grupo en el
Congreso a este respecto. Lo dicho anteriormente no tendría
importancia alguna si el desenfoque de su política no tuviera
repercusiones sobre todos los colectivos, empresarios, trabajadores,
funcionarios, pensionistas, etcétera. Denunciamos en el debate de
totalidad el aumento salarial del 2 por ciento previsto para los
funcionarios y pensionistas, al igual que entendíamos que dicho
incremento era ridículo para los perceptores de las prestaciones no
contributivas, lo que nos permitía calificar estos presupuestos como
regresivos desde el punto de vista social. Los trabajadores de la
Función pública han empezado ya a movilizarse y ustedes tienen que
abonar 350.000 millones de pesetas adicionales a los pensionistas.
Los van a abonar el año que viene, pero el compromiso, el devengo,
corresponde a este ejercicio. ¿Cómo va a afectar este incremento
-según ustedes imprevisto- al déficit público de este ejercicio y del
siguiente? ¿No les obliga a modificar considerablemente las partidas
presupuestarias para el próximo año? Algo nos tendrán que explicar a
este respecto.
Para concluir, quisiera plantear un tema que, desde el punto de vista
político, es preocupante y refleja la actitud del Partido Popular.
Como sabrán SS.SS., hace ocho días la Diputación Foral de Vizcaya
presentó en las Juntas Generales del territorio histórico un proyecto
de norma foral denominado medidas fiscales de fomento de ahorro y
de la inversión y otras medidas, para incorporar a la normativa foral
el acuerdo del órgano de coordinación tributaria, con el fin de que
las medidas aprobadas en esta Cámara y en este sentido fueran también
aplicables en territorio vizcaíno. Pues bien, -¡oh sorpresa!- el
Partido Popular votó en contra e impidió que prosperase la norma, a
pesar de que participara en el citado órgano de coordinación. Su
partido, el Popular, se niega a que se apliquen en Vizcaya las
medidas que ustedes han presentado y aprobado en esta Cámara. Pues
bien, han tenido que ser el Partido Nacionalista Vasco, Eusko
Alkartasuna y el Partido Socialista de Euskadi los que hayan
permitido que la mayoría de las medidas pueda ser aprobada. Si se
trata de ir en contra del Partido Nacionalista Vasco, son ustedes
capaces de ir contra su propio partido y de sus propias ideas. Es
realmente sorprendente. Yo les recomendaría que no mezclasen las
cosas y que fueran capaces de discutir y defender las ideas en cada
tema o en cada ámbito concreto. Que el espíritu navideño que tiene
que reinar estos días les permita esta reflexión. Por mi parte y en
nombre del Grupo Parlamentario Vasco, no me queda sino felicitar las
fiestas a SS.SS. y a los miembros del Gobierno y desearnos un futuro
en paz.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Montoro, en uno de los clásicos de García Márquez al
final se decía que la estirpe condenada a cien años de soledad nunca
tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra. Yo no sé qué Dios les
protege a ustedes porque les da segundas oportunidades, en una
utilización torticera y torcida del Senado. Mientras que el Senado
aparece como la Cámara de representación territorial, ustedes lo
utilizan para corregir los errores no sólo de carácter técnico o de
redacción sino incluso los errores de los despistes sobre las
previsiones de inflación. Es curioso cómo los chicos y las chicas del
señor Montoro han utilizado el Senado, con la modificación de los
artículos 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 y las disposiciones
adicionales tercera, cuarta y quinta, para -miren qué vulgaridad-
introducir los ajustes derivados del incremento del índice de precios
al consumo. Repito, qué vulgaridad. Es una vulgaridad como para haber
tenido una previsión, se supone, y haberla realizado en el proyecto
de presupuestos o por lo menos mediante las enmiendas que iban a
venir al Congreso de los Diputados. Y ya que usted ha introducido los
ajustes derivados del incremento de precios al consumo, ¿por qué,
aplicando eseespíritu navideño al que se ha referido el portavoz del
Partido Nacionalista Vasco y ha hecho extensible solamente al banco
azul no lo ha hecho también al resto de la oposición? (Risas.) Podía
también, señor Montoro, haber extendido esos ajustes al salario
mínimo, a los funcionarios y funcionarias, es decir, puestos a
resbalarse en distintas adecuaciones en los distintos artículos se
podía haber introducido. Usted podía haberlo hecho, pero no lo ha
hecho; es que es muy estrecho. (Risas.)
Señor Montoro, es curioso, cómo usted, que aumentó el santoral con el
san déficit cero, sin embargo, cuando en un momento determinado
aumentan los gastos, usted aumenta los ingresos por aquello de, no
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, sino aprovechando
que el Guadalquivir, pasa por su provincia, Jaén, entre otras, usted
dice: ¿Que necesita 17.000 millones de pesetas más? ¡Hala! ¿Qué tengo
17.000 millones de pesetas más en gastos? Pues por aquello de que
tengo el déficit cero, pues aumento 17.000 millones en previsión de
ingresos del Estado y punto. No importa, me sigue cuadrando en un
momento determinado, porque el papel es muy sufrido. Por cierto, ya
que usted se ponía a modificar el déficit cero, por lo menos podía
haber seguido con el engaño y no haber bajado, cuando los
presupuestos que salieron de aquí del Congreso de los Diputados han
crecido 17.000 millones de pesetas, usted podía -aunque hubiera sido
de mentirijillas- no haber bajado Infraestructuras e Industria, que
ha disminuido usted sobre las previsiones presupuestarias.
Alguien esperaba que al pasar por el Senado, por aquello del artículo
69 de la Constitución relativo a la Cámara de representación
territorial, ustedes hubieran introducido una enmienda de calado, de
tipo de financiación, sobre reequilibrios territoriales y, yo he dado
muchas vueltas a las enmiendas y las de mayor peso que he encontrado
relativas a la territorialidad son 20 millones para actividades
musicales del Ayuntamiento de Arafo en Tenerife; un aumento de 10
millones para la coral de Bilbao, que no ha sido saludada desde los
bancos del PNV, y 10 millones en Cadaqués para la rehabilitación del
corral de Gala, la compañera sentimental de Dalí. Eso es todo lo que
he encontrado relativo a territorialidad. Eso sí, he notado un
detalle de reconocimiento del plurilingüismo del Estado español y es
que en un momento determinado, cuando ustedes hablan de una fundación
catalana, hacen una corrección técnica y le quitan un «de la» para
introducir la lengua catalana, lo cual debe ser por aquello del apoyo
de Convergència i Unió a los presupuestos.
Por lo demás, como no ha habido ninguna mejora, sino una utilización
torticera del Senado a efectos de estos presupuestos, nosotros
seguimos manteniendo el rechazo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario va a apoyar todas las enmiendas
que ha introducido el Senado en este proyecto de ley de Presupuestos
Generales del Estado para el año próximo y va a hacerlo en base a los
siguientes argumentos.
En primer lugar -ya lo han dicho otros portavoces- porque el conjunto
de las enmiendas no representa una variación sustantiva respecto de
la orientación que el documento presupuestario mereció por parte del
Congreso de los Diputados en su tramitación y aprobación por este
Pleno. Quiero decir que las modificaciones introducidas por la Cámara
Alta no varían la orientación macroeconómica; tampoco la
consolidación fiscal, que es algo que se viene impulsando desde 1996;
el propio impulso inversor en materia de infraestructuras, que es
bueno para la competitividad global del país; o la mejora de la
protección social; o el crecimiento de ocupación, y un largo
etcétera, que incluye todo aquello que de nuclear se aprobó en esta
Cámara en la tramitación del proyecto enviado por el Gobierno y
enmendado por los distintos grupos parlamentarios.
En segundo lugar, nuestro grupo va a apoyar las enmiendas porque
éstas no hacen otra cosa, como es lógico por lo que he dicho
anteriormente, que corregir algunas deficiencias técnicas, ajustar
algunas previsiones, o introducir algunas mejoras como son, por
ejemplo, las que se hallan en el anexo VII, que se refieren a la
protección fiscal mediante desgravaciones de inversiones en proyectos
científicos y tecnológicos y, por tanto, también aquí nosotros nos
encontramos absolutamente cómodos porque forma parte de cuanto dijo
nuestro portavoz en el debate de totalidad del proyecto, es decir,
que es necesario que las inversiones en materia de I+D+I tengan un
apoyo, en este caso de desgravación fiscal, por parte de la
Administración Pública del Estado.
En tercer lugar, señor presidente, señorías, porque se va a aprobar
una ley presupuestaria que estamos convencidos de que va a ser útil
para el crecimiento económico del país; que sitúa el aumento del
gasto público por debajo del PIB nominal de la economía, cosa que
para nosotros es buena; que pensiones, sanidad, deuda pública,
financiación de entes territoriales y lucha contra el paro concentran
ni más ni menos que el 67 por ciento de ese gasto; que las
inversiones en infraestructuras, y ya lo he señalado, representan un
crecimiento notable, el 9,1 exactamente, respecto del vigente
ejercicio del año 2000, lo que viene a apoyar desde la Administración
central del Estado la competitividad del país (si nosotros pedimos
competitividad a las empresas es preciso que el primer ejemplo lo
demos desde estas Cortes.) Por tanto, se apuesta por la contención
del ritmo de expansión del gasto y por favorecer, en la medida de lo
posible porque los números hay que
cuadrarlos, el ámbito social de los presupuestos, que también
presentan en su conjunto un incremento más que notable.
Finalmente, para nuestro grupo es importante que el endeudamiento en
el conjunto de las administraciones públicas caiga por debajo del 60
por ciento del PIB y, si mi memoria no me falla, en el caso de la
Administración central del Estado se sitúa alrededor del 50 por
ciento del producto interior bruto, y que por primera vez en la
historia reciente el proyecto que debatimos represente en la práctica
un ligero superávit en términos de caja y referido al saldo no
financiero, lo que encontramos francamente positivo, y nos ayuda a
que en el año 2001, es decir, avanzándonos en un ejercicio en las
previsiones que teníamos hace un par de años, se produzca un
equilibrio presupuestario que nosotros encontramos absolutamente
saludable para el conjunto de la economía del país. Podemos decir que
es la culminación del proceso de consolidación fiscal iniciado en el
año 1996 bajo el impulso del acuerdo de investidura y de legislatura
suscrito entre el Partido Popular y Convergència i Unió. Celebramos,
pues, que nuestra incidencia de entonces en la gobernación del
Estado, absolutamente imprescindible para que hubiera Gobierno y un
buen trabajo por parte del Gobierno y de las Cámaras, que aquella
incidencia, que siempre hemos valorado como positiva y como lógica
viniendo de nuestro grupo parlamentario, hoy pueda arrojar un saldo
de mantenimiento del crecimiento económico para el conjunto del país;
que haya una apuesta decidida para el esfuerzo inversor por parte de
la Administración central del Estado; que se mantenga el horizonte de
creación de empleo; que haya una pervivencia del modelo de bienestar
social y que haya un equilibrio de las cuentas del Estado, que es
absolutamente saludable desde todas las vertientes.
No quiero terminar mi intervención sin decir que celebramos que el
Gobierno, a pesar de tener una mayoría absoluta en los bancos del
Grupo Parlamentario Popular, haya creído interesante, yo diría que
importante, convenir con nuestro grupo parlamentario este proyecto de
presupuestos. Las conversaciones iniciadas en la primavera pasada y
mantenidas a lo largo del verano y post-verano, fueron fructíferas
para determinar un proyecto en el que nuestro grupo parlamentario se
sintiera cómodo. Presentamos algunas enmiendas, sobre todo en el
ámbito de las inversiones referidas a Cataluña, para mejorar algo que
no estaba recogido. De aquellas conversaciones mantenidas con el
Gobierno y con el Grupo Parlamentario Popular salió un documento
presupuestario en el que, repito, nos sentimos cómodos entonces y nos
sentimos hoy con mayor comodidad, si cabe, después de las enmiendas
presentadas por el Senado que mejoran técnicamente el proyecto.
Nada más, señor presidente, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Senado ha introducido 57 enmiendas al proyecto de ley
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, 27 de ellas
referidas a las secciones y, como consecuencia de las mismas, se ha
incrementado el gasto público en 17.025 millones de pesetas, cantidad
que aparece reflejada en los artículos 2 y 4 de este proyecto de ley
y que no podemos señalar que sea extraordinariamente importante, a la
vista del volumen total de gastos que nosotros autorizamos en este
proyecto de ley. Hay 30 enmiendas más referidas al articulado del
proyecto de ley, de las cuales 15 tienen, en el mensaje motivado que
remite el Senado, la misma leyenda a la que ha hecho alusión el señor
Rejón. En esas 15 enmiendas se modifican cuantías por la necesidad de
introducir los ajustes derivados del incremento del IPC. Afectan a
todos los artículos del título de pensiones públicas que arrancan en
el artículo 38 hasta el 47 y a las disposiciones adicionales tercera,
cuarta, quinta y vigésimo cuarta. En total se modifican 14 preceptos
que hacen referencia a normas reguladoras de los regímenes de
pensiones, de clases pasivas del Estado, de la Seguridad Social, de
pensiones no contributivas y de pensiones de guerra, y el elemento
significativo de los mismos: el señalamiento inicial, los límites al
señalamiento y las revalorizaciones. ¿Cuánto supone
presupuestariamente este conjunto de modificaciones introducidas en
el Senado? Es relativamente sencillo de averiguar. Uno debería coger
el anexo I de distribución de los créditos por programas autorizados
por el Senado y comparar el anexo I autorizado por el Congreso.
Cuando uno trata de averiguar la diferencia que hay entre los
programas de pensiones públicas autorizadas entre ambas Cámaras, se
llega a la conclusión de que el conjunto de modificaciones
introducidas en la Cámara Alta suponen financieramente cero pesetas.
Ni una peseta se modifican los créditos autorizados en los programas
del Senado respecto de los créditos autorizados en los programas del
Congreso. Por lo tanto, ni en el artículo 2 ni en el artículo 4
figuran las modificaciones que se derivan de esas 15 modificaciones
que atañen a los regímenes de pensiones. Uno se pregunta: ¿el que no
esté recogida esa repercusión económica significa que no va a haber
efectos presupuestarios? La respuesta tiene que ser que no, porque a
lo largo de los últimos días nos hemos enterado con bastante
profusión de algunas consecuencias que se derivan de ese enorme fallo
cometido en la previsión de inflación por parte del Gobierno. La
desviación de la inflación del 2 al 4,1 por ciento va a suponer
355.000 millones más de gasto a la Seguridad Social. No sabemos lo
que va a suponer en clases pasivas. No sabemos lo que va a suponer en
los otros regímenes,
ni tampoco sabemos a cuánto alcanzan otra serie de
prestaciones, pocas, que se ven afectadas por la desviación de
inflación. En cualquier caso, podemos decir que entre el Congreso y
el Senado el gasto público se va a elevar en España al menos en
400.000 millones de pesetas, y que esos 400.000 millones de pesetas
son aproximadamente 0,4 puntos de PIB, y ese es un elemento que para
mi grupo tiene una gran importancia, porque afecta a la credibilidad
del sistema presupuestario español, y afectaría en cualquier año,
pero afecta más en éste, que se ha dicho que éste era un presupuesto
histórico donde estaban recogidas todas las obligaciones y todos los
derechos y que por ser un presupuesto histórico era un presupuesto
equilibrado con déficit cero. De verdad que con una compensación
dentro de las administraciones públicas había déficit en el Estado y
había superávit en la Seguridad Social.
Mi grupo se opuso a este planteamiento. Nosotros creemos que el
equilibrio presupuestario y el déficit cero se tenía y se podía
alcanzar cuando se presupuestara con rigor, con realismo, se
ejecutara con disciplina y se respetara el principio de
universalidad. Nosotros planteamos dudas sobre la sostenibilidad de
este tipo de decisiones en tanto en cuanto 84 de cada 100 pesetas que
compromete el Estado están vinculadas a créditos de difícil
maniobrabilidad. Desde luego mi grupo puso en tela de juicio la
composición adoptada y la pertinencia de la misma. No nos parece bien
que hubiera déficit en el Estado y superávit en la Seguridad Social,
entre otras cosas porque el superávit en la Seguridad Social es el
resultado de un bajo nivel de prestaciones públicas y de un bajo
nivel de prestaciones en el mundo de las pensiones. No quisiera dejar
de señalar que el 70 por ciento de las pensiones públicas españolas
tienen un nivel inferior a 80.000 pesetas al mes. Por tanto, el
superávit de la Seguridad Social y el déficit del Estado son el
resultado de una suficiencia de cotizaciones sociales y de una
insuficiencia de la fiscalidad general, que está originando una
jerarquía regresiva en la financiación de las administraciones
públicas. El primer componente son las prestaciones sociales, le
sigue en segundo lugar la imposición indirecta, luego la imposición
directa y, por último, la imposición patrimonial.
Pero si teníamos dudas respecto de la sostenibilidad de este
proyecto, el pretendido equilibrio se ha volatilizado como
consecuencia de la gran desviación que se ha producido en la
previsión de inflación, y lo que quiso ser un presupuesto histórico
es un presupuesto más, un presupuesto declarativo más, y no escaso.
No se ha dicho quizá suficientemente en esta tribuna que este es un
presupuesto a través del cual se levantan cargas públicas en una
cuantía próxima a 40 billones de pesetas, el más alto de todos los
presupuestos que se han aprobado para el conjunto de las
administraciones, y en el que no se hacen constar, insisto, las
desviaciones ocasionadas por el alza del nivel general de precios
y que superan los 400.000 millones de pesetas.
Mi grupo ha centrado la intervención fundamentalmente en las
pensiones públicas, pero podíamos haberla centrado en otros renglones
del gasto, que son ciertos y que tampoco aparecen correctamente
determinados en los créditos que vamos a autorizar: las pérdidas de
Radiotelevisión y de Renfe, los gastos de las tropas españolas
destinadas en Yugoslavia, la colza, o la desviación que, en la
financiación de Televisión Española, se va a derivar, por poner un
ejemplo, como consecuencia de las alzas de los tipos de interés, que
alcanza la cifra de 40.000 millones de pesetas. Creemos que no vale
decir, como se ha dicho, que todas y cada una de estas desviaciones
estaban previstas porque, si estaban previstas, hacemos un ejercicio
presupuestario que resulta profundamente inadecuado. Esta Cámara no
debería decir que autoriza recursos en materia de ingresos en función
de lo que se quiera aflorar a lo largo del ejercicio, tanto para el
Estado como para la Seguridad Social; tampoco que debamos reconocer
gastos públicos en una cuantía o en una serie de elementos que no
están adecuadamente presupuestados. Hurtar la actividad del
presupuesto es un error, un craso error, y hacer huir del presupuesto
gastos que se comprometen en agencias, en empresas, en organismos, es
un planteamiento muy frecuente, que resulta profundamente errático.
Si se actúa con esta práctica, hay tantos equilibrios como se quiera,
según el nivel de ingresos o de gasto que se pretenda reconocer.
Situarnos donde queremos situarnos, en el conjunto de naciones que
integran la Unión Europea, requiere algo más que un proceso de
fijación de objetivos numéricos; requiere un mecanismo de
presupuestación que no aparece a lo largo de ninguna de las fases del
ciclo presupuestario español; requiere que haya un diseño
institucional adecuado. Un buen presupuesto debe disponer de
objetivos, de indicadores y de técnicas de gestión eficiente, que no
aparecen en este presupuesto; un buen presupuesto debe establecer
comparaciones relevantes, que nos permitan elegir entre opciones
alternativas; un buen presupuesto debe disponer de un mecanismo de
resolución de conflictos capaz de tener una dirección estratégica
poderosa. Nada de eso está en el documento presupuestario que hoy se
somete a la definitiva aprobación de esta Cámara. Abundan las no
decisiones y afectan esas no decisiones a áreas tan importantes como
la Seguridad Social. Nosotros reclamamos que esta Cámara no fuera una
institución de refrendo, nosotros dijimos que no podíamos, en áreas
como la política social, limitarnos a recoger el conjunto de
modificaciones que fueran objeto de aprobación en el diálogo social.
Este es, señorías, un presupuesto declarativo más cuya ejecución va a
determinar el grado de cumplimiento de unos objetivos que, en el
Congreso y en el Senado, hemos visto que han experimentado un alza
considerable superior a 400.000 millones de pesetas.
Termino ya dirigiéndome al señor Montoro. Mire usted, señor Montoro,
estos presupuestos han traído a mi memoria un personaje de El halcón
maltés, pero no me voy a referir a ese personaje. Usted tiene una
característica que no han tenido otros ministros de Economía de los
sucesivos gobiernos de España, usted es catedrático de Hacienda
pública. Siendo catedrático de Hacienda pública, tengo que
reconocerle que quizá sea una de las personas más inteligentes, menos
torpes, que han dirigido la Casa de la Aduana. Pues bien, tengo que
decirle que estos presupuestos tienen un arranque pésimo, que son los
presupuestos más irreales que se han presentado en esta Cámara.
Ninguno de los ministros de Hacienda con quienes he tenido el
privilegio de tratar habrían presentado unos presupuestos tan falsos
como éstos, carentes de factores de legitimidad social y, desde
luego, unos presupuestos que ignoran una parte importante de los
problemas de las familias trabajadoras españolas. Con frecuencia
hacen apelaciones a los valores familiares, pero sus políticas son
profundamente beligerantes con importantes segmentos de la sociedad
española. En España hay un millón y medio de trabajadores cuyo
salario es inferior a 100.000 pesetas mensuales; en España hay
1.300.000 temporales; hay 3.200.000 pensionistas cuyas pensiones
están situadas entre 40.000 y 70.000 pesetas mensuales y no hay una
política social. Y cuando en las familias españolas se carece de
instrumentos de protección en el ámbito de los servicios sociales,
suele haber algunas personas que soportan esa situación, y suelen ser
las mujeres españolas. Ninguno de esos elementos se recogen en estos
presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Fernández Marugán, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino, señor presidente.
En estos presupuestos continúan sin incorporarse las grandes cifras
que vinculan los flujos financieros entre el Estado y la Seguridad
Social. Cae el gasto total y cae el gasto social. Desde que llegaron
ustedes al Gobierno el gasto total ha caído 3,5 puntos del PIB; el
gasto social ha caído 3 puntos y el gasto de pensiones ha caído 1,7
puntos. Se lo recuerdo porque cuando vayan diciendo por ahí que han
reducido el peso del sector público tienen que saber que eso ha
dejado un rastro, y ese rastro no permite aprovechar este buen
momento de crecimiento y hace que el peso de la Seguridad Social y el
peso de las medidas de protección social haya disminuido. Por eso mi
grupo se ha opuesto a estos presupuestos y por eso mi grupo va a
votar ese conjunto de medidas que contribuyen a crear más igualdad
social en un excelente momento de la economía española, a ese
conjunto de enmiendas que han sido introducidas, a pesar de sus
deseos, en el Senado, y que nosotros queremos apoyar porque
contribuirán a
mejorar las condiciones de vida de algunos millones de pensionistas
españoles.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fernández
Marugán. (Aplausos.)
Señor Martínez Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías. En
primer lugar permítanme referirme a los servicios de la Cámara. Creo
que a lo largo de la tramitación de los presupuestos han ayudado a
que consigamos tener un presupuesto aprobado en su momento y con una
buena calidad técnica. Quiero agradecérselo, así como manifestar que
mi grupo podría incorporar la nota que sugiere una corrección técnica
sobre las enmiendas aprobadas por el Senado en relación con la ley de
presupuestos.
Dicho esto, señorías, quiero hacer referencia a que hoy estamos en el
último trámite para aprobar el presupuesto del año 2001, un
presupuesto al que se han incorporado 121 enmiendas a lo largo de su
tramitación en esta Cámara y en el Senado. Se trata de un grupo
grande de enmiendas y, además, de distintos grupos. Se han
incorporado enmiendas del Grupo Popular, pero también se ha
incorporado un considerable grupo de enmiendas del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria y del Grupo Parlamentario Socialista, y se va
aprobar un presupuesto con equilibrio. Por primera vez en la etapa de
la democracia, esta Cámara va a aprobar un presupuesto con
equilibrio. Eso es importante para garantizar el crecimiento y el
empleo. En esta Cámara, durante esta mañana y a lo largo del debate
en los meses anteriores, hemos visto grupos que pensaban que lo del
equilibrio presupuestario no era un buen elemento para garantizar
crecimiento y empleo. Incluso hoy el portavoz socialista ha sembrado
algunas dudas. En el debate no he sabido si el Grupo Socialista
mantenía que sí o que no al equilibrio presupuestario. Cuando se
presentó el presupuesto por el Gobierno hicieron unas declaraciones
diciendo que el equilibrio presupuestario era una manía contable, que
no era un elemento de política económica. Más tarde presentaron
enmiendas diciendo que sí al equilibrio, pero luego manifestaron que
tampoco era un elemento esencial.
Para mi grupo, el mejor camino para garantizar crecimiento y empleo y
solidaridad intergeneracional es construir un presupuesto con
equilibrio. Eso es lo que vamos a aprobar en esta Cámara y por lo que
mi grupo se siente muy satisfecho. El equilibrio presupuestario es
bueno en sí mismo y, además, lo es para garantizar una senda de
crecimiento y empleo.
Ha habido un debate difícil a lo largo de este tiempo porque no hemos
sabido cuál era la opinión del Grupo Socialista en muchos temas, no
hemos sabido, por ejemplo, cuál era la opinión del Grupo Socialista
en
torno al equilibrio presupuestario. Durante este tiempo he conocido
opiniones distintas y parece que estamos en un debate que es muy
difícil de mantener porque algunos portavoces del Grupo Socialista
dicen que sí al equilibrio presupuestario y otros dicen que no. En
unos lugares de España se dice que sí y en otros que no. Esto que nos
pasa con el equilibrio presupuestario y también con la política
económica. Hay portavoces del Grupo Socialista que se manifiestan a
favor de una política económica keynesiana; otros, a favor de una
política económica de la escuela de Chicago; unos dicen que son
liberales; otros que son libertarios; otros dicen que están a favor
del gasto público. E igual pasa con otros temas. Lo mismo sucede con
nuestro grupo cuando hablamos del Plan hidrológico. Unos dicen que sí
a los trasvases; otros que no; en Valencia se dice que sí; en Aragón
se dice que no. Y lo mismo nos está pasando con el Grupo Socialista
en casi todos los temas.
La primera vez que el Grupo Socialista ha mantenido una posición
común ha sido porque el Gobierno ha aprobado un indulto. (Protestas.)
Parece que sólo cuando un tema afecta a un medio de comunicación es
cuando el Grupo Socialista se pone de acuerdo. (Aplausos.) Se pone de
acuerdo cuando afecta a un grupo de comunicación o en el tema de los
libros de texto. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, les ruego mantengan
el silencio que nos permita escuchar al orador.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LÓPEZ: En resto de los temas es muy
difícil. Mi grupo mantiene que el equilibrio presupuestario es un
bien en sí mismo. Señorías, si cogemos una fotografía de España y
vemos lo que era la España socialista del déficit público, observamos
que era la España del paro. Si vemos lo que es la España del
equilibrio con el Grupo Popular, observamos que es la España del
empleo ¿Será bueno el equilibrio presupuestario? A la vez que vamos
caminando hacia el equilibrio, vamos caminando hacia el empleo ¿Habrá
mejor política social que el empleo?
El señor Fernández Marugán se ha referido a las familias de los
trabajadores. Señorías, familias de los trabajadores hay con el
Partido Popular, que es cuando se está creando empleo. (Aplausos.) Lo
que había con el Partido Socialista eran familias en paro, millones
de familias españolas en paro. (El señor Martínez Sanjuán: ¡Qué
exagerado!.-Varios señores diputados: ¡Hala!) La política
presupuestaria del Partido Popular, la política presupuestaria del
equilibrio, tiene un objetivo, y ese objetivo es crecimiento, empleo
y bienestar. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero aquí cuando se
debatía la totalidad del presupuesto, algún portavoz socialista decía
que estábamos entrando en una crisis tremenda. Tienen mala suerte,
porque ayer conocimos
el dato de crecimiento del último trimestre: el 4,1. Estamos
creciendo de forma muy importante, estamos creciendo por encima de la
media europea. Este presupuesto, señorías, garantiza que sigamos
creciendo y que sigamos creando empleo. Es el quinto presupuesto que
trae a esta Cámara el Gobierno del Partido Popular. (Varios señores
diputados: ¡Ah!) Señorías, 1997, crecimiento del 3,8 por ciento;
1998, crecimiento del 4 por ciento; 1999, un crecimiento casi del 4
por ciento. El año 2000 vamos a seguir creciendo por encima del 3,5
por ciento. Seguro que nos situamos en el 4 por ciento, ya después de
conocer el dato del último trimestre. El paro se ha reducido en ocho
puntos. Hay un dato relevante: con el PSOE alcanzamos un récord
histórico en el número de parados, 3.540.000. Con el Partido Popular
hemos conseguido otro récord histórico de distinta naturaleza, pero
otro récord histórico -y aquí tenemos al Ministro de Trabajo y
Seguridad Social-, que es el número de cotizantes a la Seguridad
Social: 15.364.000, casi 3 millones más que en 1996. (El señor Madero
Jarabo: ¡Qué barbaridad!) ¿Qué es lo que ha sucedido para cambiar el
peor dato de empleo que teníamos con el Grupo Socialista a tener el
mejor dato de política social con el Grupo Popular? Una política
económica adecuada.
Desde el Grupo Socialista decían que esto pasa porque el viento nos
es favorable. Nos decía el Grupo Socialista que cuando viene bien el
viento a nosostros nos va bien las cosas, que si el viento viene del
norte de Europa, en buena posición, nosotros llevamos el barco bien.
Señorías, nos iba mejor cuando el viento era favorable, pero cuando
el viento del norte ha venido menos favorable también nos ha ido
mejor, porque hemos crecido más que la media europea. (Aplausos.) Eso
no pasa porque el viento venga favorable, pasa porque teníamos
-empleando un argot de mi tierra, un argot marino- las velas del
barco bien aparejadas, las velas bien trimadas, en su justo punto
para coger el viento favorable y no favorable en la mejor posición. Y
eso es lo que ha hecho el Gobierno del Partido Popular, una política
económica adecuada, que ha dado mejor respuesta y ha roto una
tradición de la política económica española, que es que, cuando
venían bien las cosas, España crecía más, pero que, cuando venían mal
dadas, España sufría peores crisis. No, señorías, el Grupo Popular,
el Gobierno del Partido Popular con su política ha conseguido que
cuando van bien las cosas nos vaya mejor, pero también, cuando hemos
tenido problemas, como el grave problema de los precios del petróleo,
o el grave problema que tuvimos en el noventa y ocho con la situación
internacional de Rusia o de los mercados asiáticos, España ha dado
una mejor respuesta.
Señorías, nos encontramos con un presupuesto que da buenas
perspectivas para el crecimiento y el empleo. Se ha hablado aquí de
inflación. Es cierto que hay que seguir trabajando para corregir el
incremento de los
precios, pero es verdad también que estamos con una inflación del 4
por ciento. En 1989 y 1990, teníamos inflaciones del 8 por ciento.
¿Por qué tuvimos una crisis enorme en 1992 y 1993? Porque no se
hicieron entonces bien los deberes. (Rumores.) ¿Y qué son los
deberes? Equilibrio presupuestario, reformas estructurales, reformas
en los mercados de bienes y servicios y apoyo a la oferta productiva.
¿Qué encontramos en el PSOE? Propuestas incoherentes. ¿Qué
encontramos en el PSOE? Respuestas simplemente a la demagogia
popular. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Hala!) Señorías, en
los últimos meses, cuando el precio del petróleo subió a 30 dólares,
ustedes nos pedían que bajáramos los impuestos. ¿Se imaginan lo que
estaríamos haciendo ahora si los hubiéramos bajado, con el precio del
petróleo ayer a 23 dólares? ¿Se imaginan traer a esta Cámara una
propuesta para subir los impuestos? ¿Ustedes consideran que los
ciudadanos de la calle entenderían que cuando se está bajando el
precio del petróleo nosotros les subamos los impuestos?
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez-Pujalte, le
ruego vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Ustedes que defienden las políticas
verdes, ¿creen que se puede fomentar el uso de los hidrocarburos y, a
la vez, votar que no al plan de energía renovable, como hicieron
ustedes el martes en este Parlamento? Es que sólo traen incoherencias
a esta Cámara. Es que votaron que no a que bajáramos los libros de
texto a las familias españolas. Es que votaron que no a que bajáramos
los impuestos a agricultores y transportistas. Es que ustedes sólo
querrían traer a esta Cámara propuestas demagógicas en vez de
colaborar para que España siga creciendo, creando empleo y mejorando
el bienestar, que es lo que hace el presupuesto para el 2001. Hoy
tenemos un presupuesto aprobado de 34,5 billones de pesetas que va a
impulsar, como nunca, las políticas sociales. Señor Fernández
Marugán, no diga nunca más que con el partido Popular ha bajado el
gasto social. Ha aumentado. (Rumores.) De cada 100 pesetas, 54 se
destinan a gastos social. (Aplausos.-Protestas.) Le voy a dar un
dato, señor Fernández Marugán. ¿Sabe usted qué componente de gasto
social ha bajado? Se lo voy a decir: han bajado las prestaciones por
desempleo porque hay empleo. (El señor Fernández Marugán: ¡Bajada de
los impuestos!-La señora Cunillera i Mestres: ¡Házselo llegar al
ministro!-Aplausos.- Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez-Pujalte, le
ruego vaya concluyendo.
Señor Fernández Marugán, ya ha tenido su oportunidad como orador para
exponer sus ideas y criterios esta mañana.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, ¿en qué nos vamos a gastar
los 34,5 billones? Esa es la pregunta. Fundamentalmente, en políticas
sociales (Varios señores diputados: ¡Muy bien!), en políticas de
apoyo a las familias, en políticas de apoyo a los que más lo
necesitan, en políticas de integración, en políticas de fomento a la
igualdad y en políticas de modernización y competitividad,
infraestructura, medio ambiente, I+D+I. En eso nos vamos a gastar el
dinero. (Aplausos.-Protestas.-La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Señorías, hoy en esta Cámara se va a aprobar por primera vez un
presupuesto en equilibrio y un presupuesto que va a hacer que España
siga creciendo, creando empleo y mejorando el bienestar de todos los
ciudadanos (Rumores.) Por eso mi grupo va a apoyar todas las
enmiendas.
Bon Nadal, zorionak, buenas fiestas de Navidad. (Aplausos.)
El señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del
Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para
el año 2001. En primer lugar, las enmiendas referidas a la sección
12, traspaso de créditos a la Agencia de Cooperación Internacional;
sección 12, dotación de financiación de actividades a la Fundación
Carolina; sección 12, concepto 12.103.134 A.487; sección 17,
corrección técnica en el concepto 17.240.551D.130.00; sección 19 y
sección 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 173; en contra, 13; abstenciones, 109.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas. (Rumores.)
Señorías, la votación de estas enmiendas tiene su complejidad en la
ordenación, con lo cual les ruego que, al objeto de que pueda
transcurrir la votación de manera ordenada, exista en la Cámara el
murmullo más bajo posible, porque pedir que no lo haya creo que es ya
un esfuerzo inútil. (Aplausos.)
Enmiendas a los artículos 38 a 47 y a las disposiciones adicionales
tercera, cuarta, quinta y vigesimocuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
295; a favor, 294; en contra, uno.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a los artículos 2 y 4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 174; en contra, 118; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmiendas al artículo 13.4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 174; en contra, 17¸ abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 13.1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 173; en contra, tres; abstenciones, 120.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a las disposiciones adicionales vigésima y vigesimoséptima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 277; en contra, nueve; abstenciones, 10.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas
de referencia.
Enmiendas al artículo 87.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 280; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 172; en contra, 110; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas al anexo VII.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 284; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la sección 17, baja en concepto 17.01.511D.832 y alta en
concepto 17.01.521C.851. Sección 17, disminuye el programa 511.D y se
incrementa el programa 521.C. Sección 18, programa 453.A, museos:
alta en concepto 782 (nuevo), Consorcio de Altamira. Sección 20,
bajas en programas 722.C y 722.D y altas en 542.E. Sección 23, presa
de Melonares.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
297; a favor, 175; en contra, 118; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la sección 12, incremento de dotación a fundaciones
dependientes de partidos políticos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 296; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmienda a la sección 23, alta en concepto 23.101.533A.781.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 285; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Sección 23, alta en concepto 05, programas 441.A y 512.A Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 173; en contra, 120; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Enmiendas a la sección 21, referidas al Fondo de regulación y
organización del mercado de productos de la pesca y cultivos marinos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
301; a favor, 185; en contra, uno; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, aprobadas las enmiendas de
referencia.
Resto de enmiendas referidas a la sección 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 175; abstenciones, 124.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas
de referencia.
Por último, resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
300; a favor, 282; en contra, nueve; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobado el resto de las
enmiendas del Senado al proyecto de ley de presupuestos. (El señor
Martínez-Pujalte López pide la palabra.) ¿Qué desea, señor Martínez-
Pujalte? (Rumores.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, sin meterme con
la oposición, simplemente...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, ¿a qué efectos solicita
la palabra?
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los servicios de la Cámara me
indican... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los servicios de la Cámara me
indican que haga constar, aunque ya lo he hecho en la tribuna, que se
modifique la disposición adicional vigesimoséptima al tenor del
documento que nos han pasado.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martínez-Pujalte.
- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN
SOCIAL. (Número de expediente 121/000017)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. ¿Grupos que desean intervenir?
(Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora
Lasagabaster tiene la palabra. (Rumores.)
Señorías, les recuerdo que tenemos que continuar con el Pleno y que
es imposible en tanto en cuanto estén obstruyendo los pasillos y en
conversaciones en el hemiciclo. (Pausa.)
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Será una intervención muy breve, aunque sí quiero dejar constancia en
el «Diario de Sesiones» que en este
último trámite del procedimiento de debate y aprobación del proyecto
de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social
resulta difícil... (Rumores.) Perdone, señora presidenta, pero es
imposible continuar.
La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, espere un momento.
Señorías, es imposible que la señora Lasagabaster pueda realizar su
intervención para fijar posición con respecto a las enmiendas del
proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos. Ruego a las
señorías que quieran estar de conversación que abandonen el hemiciclo
y nos permitan a los demás seguir con el debate. (Pausa.)
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
No serán más que breves minutos, pero sí quiero dejar constancia de
una reflexión que debe ser de interés para modificar la manera y el
procedimiento con que se viene realizando el debate y la aprobación
del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden
social. Si uno acierta a ver cuáles han sido las enmiendas del
Senado, y sin poder entrar en el conocimiento exhaustivo del
contenido de las modificaciones, observará que se han introducido
nada más y nada menos que 21 nuevas disposiciones adicionales que
afectan y modifican otras tantas normas de contenido sustantivo. Eso
añadido al contenido del proyecto de ley, que modificaba 37 leyes, 7
reales decretos-leyes y otros tantos reales decretos, nos da una idea
de que no puede ser admitido en el futuro, en un ejercicio posterior,
un sistema como el que venimos realizando. En apenas dos o tres días
que hemos recibido estas enmiendas es imposible saber a qué afectan
las modificaciones y no es admisible este tipo de procedimiento, este
tipo de debate y negociación de tantas leyes que se están modificando
a través de este sistema. Quiero dejar en el «Diario de Sesiones»
esta reflexión, para que en ejercicios posteriores,
independientemente del Gobierno que tenga la responsabilidad de
realizar un proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social, llamada ley de acompañamiento, se rijan respecto a
lo que debe ser realmente este proyecto de ley y al final no nos
encontremos con que además de las que ya teníamos modificadas, ahora
de repente hay 21 nuevas disposiciones adicionales que modifican
otras tantas normas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Partido del Gobierno introdujo en el Senado un total de 71
enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social. Entre ellas destaca el nuevo artículo 59 bis,
relativo a la exclusión de accidentes de circulación derivados de la
utilización de vehículos empleados para cometer delitos dolosos.
Aunque se trata de una reforma sugerida desde altas instancias
-aparecía en un informe del Consejo de Estado-, entendemos que
únicamente va a favorecer a las aseguradoras, que no tendrán que
satisfacer las indemnizaciones causadas en aquellos casos en que el
vehículo sea empleado para cometer actos delictivos dolosos. Esto
puede dar lugar a situaciones injustas, puesto que las compañías
aseguradoras se negarán a satisfacer indemnizaciones hasta que se
determine si existió la comisión de delito doloso, retardando el pago
de las mismas hasta el pronunciamiento de una resolución judicial
firme, que puede retrasarse varios años, en detrimento de las
víctimas o de los familiares de los perjudicados.
También se vuelve a enmendar el artículo 49, relativo a la creación
de la entidad pública empresarial Correos y Telégrafos, que fue
incluido a propuesta del Grupo Parlamentario Popular en el proyecto a
través de una enmienda en el Congreso. Se demuestra así la falta de
rigor en la regulación de una materia tan importante como es la
transformación del organismo autónomo Correos en sociedad anónima
estatal. Una de las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista
Galego fue transaccionada e incluida en el apartado 16 de ese
artículo 49 para que quede expresamente reflejada la conservación de
los derechos laborales adquiridos por los trabajadores de Correos.
Pero, aun así, la regulación es muy perjudicial para los mismos ya
que se sigue considerando al cuerpo de funcionarios de Correos
y Telégrafos a extinguir, con lo que los funcionarios que venían
prestando sus servicios en el organismo autónomo y que pasen a la
nueva entidad pública empresarial se verán abocados a no poder
mejorar su carrera profesional en Correos.
El último de los aspectos novedosos para nosotros es la
regularización de la actualización de peajes en las autopistas,
revistiendo un carácter positivo. En primer lugar, se atiende al
equilibrio económico financiero de la concesión en la revisión de
tarifas de peaje, lo que puede permitir al Gobierno supervisar el
aumento de las mismas evitando que las concesionarias obtengan unos
rendimientos extraordinarios derivados del aumento de tráfico. Hay
que recordar que en los últimos años algunas concesionarias
repartieron cuantiosos dividendos, a costa de los peajes sufragados
por los usuarios de las autopistas, que son a todas luces injustos.
Por tanto, esta nueva regulación permitirá al Gobierno rebajar o
suprimir tarifas de peajes e incluso acortar períodos de concesiones
cuando los resultados económicos sean equilibrados.
Las restantes enmiendas son de carácter técnico, meras correcciones
de errores o que introducen algunas modificaciones en el texto del
proyecto que no varían sustancialmente el texto inicial, ante el cual
nosotros mantuvimos una posición claramente en contra.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Respecto a todas las enmiendas que llegan del Senado a esta
denominada familiarmente ley de acompañamiento, señalaré que mi grupo
va a votarlas favorablemente, excepto un apartado que hace referencia
a los vehículos tipo jeep y todoterreno, apartado que figura en la
enmienda al artículo 7.º, y también la enmienda que desde la Cámara
Alta va dirigida al artículo 65 bis. Como digo, todas las demás van a
ser votadas favorablemente. Dentro de ellas muchas son a cuestiones
puramente técnicas y gramaticales, otras que han traído un
perfeccionamiento técnico y jurídico y otras que contribuyen a una
aclaración para que no haya un principio de inseguridad en su
interpretación.
Las enmiendas al artículo 8.º tienen una especial significación para
mi grupo parlamentario porque hacen referencia al Régimen Económico y
Fiscal de Canarias. Entendemos que estas enmiendas, que se dirigen a
modificar artículos de la Ley 20/1991 y la Ley 19/1994, del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias, vienen a introducir unas adaptaciones
hechas unas por cuestiones meramente fiscales y técnicas y otras, las
fundamentales, por imperativo de la legislación comunitaria que
obliga a la desaparición de impuestos especiales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente el denominado IGIC, el
impuesto general indirecto canario, y también las dirigidas al
impuesto o arbitrio a la producción e importación de bienes en el
archipiélago canario. Las enmiendas que se han introducido por el
Senado al artículo 8.º de este proyecto de ley, que como he dicho se
refieren al régimen económico y fiscal de Canarias, nos parecen muy
necesarias, nos parecen muy acertadas y vienen a situar una serie de
valores, por ejemplo, los que en el texto que salió de esta Cámara
estaban expresados en pesetas, como moneda oficial española, pero de
los que se han hecho adaptaciones con la traslación a su equivalencia
en euros. Esta es una enmienda que parece superflua pero no lo es en
cuanto empezamos a introducir los aspectos fiscales para el 2001
expresados en euros. Se han hecho otras modificaciones, por ejemplo,
en el impuesto sobre las labores de cigarros puros, en que se viene a
reconocer un hecho en la industria, sobre todo en la isla de La
Palma; es muy conveniente
que se haya introducido un valor fiscal exento desde las 100 a las
200 pesetas por unidad. Pero la enmienda del Senado más destacada, a
juicio de este portavoz y de su grupo, es la que introduce una
disposición adicional decimocuarta nueva, que abarca desde el 1 de
enero del próximo año hasta la desaparición del arbitrio sobre la
producción e importación de las islas Canarias, y dice que el que
denominamos allí el APIM, por imperativo de la legislación
comunitaria de la Unión Europea, ya en su día, cuando se aplicó dicho
arbitrio, tenía una fecha de caducidad. Pues bien, con esta enmienda
y una nueva disposición adicional decimocuarta a la Ley del Régimen
Económico y Fiscal de Canarias se viene a decir que será aplicable en
este tributo el tipo cero en la importación de los bienes que en el
impuesto general indirecto de Canarias están gravados en su
importación y entrega al tipo impositivo incrementado del 9 por
ciento.
Todas estas enmiendas, señora presidenta, también han podido cumplir
el imperativo legal que señala la Constitución española en su
disposición adicional tercera, así como el artículo 46.3 del Estatuto
de Autonomía de Canarias, que hace preceptiva la norma de consulta
y pronunciamiento del Parlamento autónomo de la Comunidad Autónoma de
Canarias. Se han cubierto estos trámites de exigencia normativa
constitucional y estatutaria orgánica y, por tanto, con plena
viabilidad irá nuestro voto de apoyo a las restantes enmiendas y a
ésta significativamente.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
¿Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me van a permitir ustedes, aunque este trámite es muy serio
-para nuestro grupo de manera excepcional-, que lo tratemos con un
poco de ironía, porque si no sería difícilmente asumible seguir
manteniéndonos en esta Cámara sin levantarnos de nuestros escaños y
marcharnos.
En este trámite, señorías, además de las leyes que ya se modifican
cuando se presenta la ley de medidas fiscales al Congreso de los
Diputados, en el Senado se modifican alrededor de diez leyes más.
Pero no solamente se modifican diez leyes más con lo que ello
conlleva, señorías, sino que con esa actitud se vulnera, a través de
una enmienda presentada por el Partido Popular, el derecho
constitucional que tenemos los diputados y diputadas como
representantes del pueblo español a participar en las iniciativas y
modificaciones legislativas que se traen a esta Cámara. Con las
enmiendas que presenta al Grupo Parlamentario Popular
en el Senado hay una falta de respeto a la participación de los
grupos, a que los grupos podamos dialogar y enmendar un texto
legislativo que pueda ser aprobado por mayoría absoluta o por mayoría
relativa, pero con la participación y el debate riguroso que una
modificación legislativa conlleva. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno
a través del Grupo Popular en el Senado? Se constata una vez más la
improvisación total y absoluta de este Gobierno a la hora de plantear
su política y su modificación legal. Además, hay otro hecho grave,
que es la inseguridad jurídica que de por sí tiene la ley de
acompañamiento; y no lo dice esta diputada sino juristas expertos en
esta materia que sabrán muchísimo más a este respecto que yo misma.
Se podría decir que es una ley de acomodamiento legal al interés
coyuntural del Gobierno y, desde luego, ese tan cacareado diálogo del
Gobierno para poder llegar a consensos con las fuerzas políticas debe
ser sólo y exclusivamente entre el Gobierno y el Partido Popular,
entre ellos mismos, y la excepción confirma la regla.
Voy a hablar de cuál ha sido esa reforma sin entrar a analizar los
contenidos, porque en cuarenta y ocho horas difícilmente se puede
hablar de los contenidos de las leyes que se modifican, y creo que
hay algunas que puede ser interesante que esta Cámara conozca y
comparta. Es una reforma muy amplia, tan amplia como que en el
artículo 7 se modifican los impuestos especiales en las exenciones en
la matriculación de vehículos, en una extensa gama que va desde los
vehículos de transporte hasta las embarcaciones y buques de recreo,
ligado además -aunque sean para alquiler- a las familias numerosas.
La verdad es que a esta diputada le produce un poco de risa, por no
decir sonrojo, porque puede haber una familia numerosa con grandes
ingresos que compre un buque de recreo (ustedes saben que hay
mecanismos legales para que sea de alquiler y después sea para uso
particular- que se vea beneficiada de la exención en la matriculación
y una familia normal de dos personas no pueda acceder a dicha
exención en la matriculación al comprar un vehículo o tal vez una
furgoneta para trabajar y poder alimentar y hacer vivir a su familia
en buenas condiciones.
Tenemos otra joya, la reforma de la Ley de Haciendas Locales,
artículos 64, 65, 73, 74 y 75. Señorías, no sé si el Gobierno ha
hablado con la Federación Española de Municipios y Provincias, pero
una vez más vuelve a introducir mecanismos que pueden ver reducidos
los ingresos de las haciendas locales, y si no los quieren reducir
serán los propios ayuntamientos quienes tendrán que subirlos para
tener como mínimo los ingresos que tenían. El Gobierno baja los
impuestos y los malos son los ayuntamientos y las corporaciones
locales que los van a tener que subir si quieren mantener su nivel de
ingresos; vuelven a reducir el catastro dejando un margen para que
los ayuntamientos lo vuelvan a aumentar y así percibir las mismas
cantidades. Señorías,estamos hablando de los ayuntamientos, de
aquellas
entidades locales que tienen que prestar la mayoría de los servicios
a la ciudadanía. El Gobierno, en lugar de aumentar los recursos
públicos para que los ayuntamientos presten mejor los servicios que
tienen que dar a la ciudadanía, vuelve otra vez a reducirlos y que
los ayuntamientos suban los impuestos. ¿Por qué no se puede
aprovechar de paso esta ley para modificar el Estatuto de los
Trabajadores sobre la comunicación de los contratos de empleo a las
oficinas del Inem? ¿Por qué no podemos aprovechar la ley? En algún
momento el Gobierno me tendrá que explicar qué tiene que ver con los
Presupuestos Generales del Estado la modificación del Estatuto de los
Trabajadores y la presentación de los contratos en la oficina de
empleo. Señorías, la modificación es bastante grave. Se podrá
presentar ante el representante legal de los trabajadores, es decir,
ante una empresa de trabajo temporal sin necesidad de que pase por la
oficina de empleo. La verdad es que la modificación tiene enjundia y
a lo mejor el Gobierno o el Grupo Popular, que es el que presentó la
enmienda, en algún momento nos explica qué tiene que ver esto con los
presupuestos para ir en la ley de acompañamiento.
Aprovechan también, ya que estaban en ello, para crear plazas y
modificar las escalas de los organismos públicos de investigación en
el Ministerio de Ciencia y Tecnología. ¿No ha habido tiempo para
hacerlo y traerlo a esta Cámara en un proyecto de ley en condiciones
para que los grupos parlamentarios podamos discutir y enmendar, con
independencia de cuál sea el resultado final, en definitiva
participar nosotros, que somos los representantes del pueblo español
en esta Cámara? No. Se hace a través de una enmienda que después no
se puede enmendar y te tienes que limitar a decir si la aceptas o no.
Señorías, volvemos a aprovechar que el Pisuerga pasa por Valladolid y
creamos el cuerpo único de notarios, artículo 37 bis. El artículo 37,
que es el anterior, habla de la Ley de Bases del Régimen Local, y la
verdad es que no sabemos qué relación tiene una cosa con la otra,
pero el artículo 37 bis crea el cuerpo único de notarios integrando a
los corredores de comercio. A mí no me ha dado tiempo de preguntar a
los notarios y a los corredores de comercio si están de acuerdo, pero
lo que no me parece correcto es que una modificación de estas
características, que regula el funcionamiento, las sanciones,
etcétera, se traiga en una ley de acompañamiento a través de una
enmienda que presenta el Partido Popular en el Senado. La verdad es
que no quedan muchos adjetivos que poner, a no ser que nos saliéramos
de la cortesía parlamentaria.
Hoy nos vienen del Senado dos proyectos de ley para la agilización de
la justicia, pero parece ser que el Gobierno no se acordó en aquel
momento de que tendría que haber incluido la asistencia jurídica al
Estado y a las administraciones públicas y regulado el asesoramiento
a las administraciones locales, incluyendo las
tasas, etcétera. También se hace a través de una enmienda en el
Senado a la ley de medidas fiscales que se supone que tiene que
complementar los Presupuestos Generales del Estado para aquellas
leyes que tengan incidencia en ellos. Seguimos pensando, señorías,
que esto no es lo correcto.
Paso a otra modificación, la Ley de telecomunicaciones. Como no ha
habido modificaciones y se ha discutido en esta Cámara sobre
telecomunicaciones, el Gobierno modifica la ley y sólo lo hace para
decir que a través de un real decreto puede aprobar la composición
del consejo asesor de las telecomunicaciones y de la sociedad de la
información. Si se hubiera tomado en consideración la iniciativa de
Izquierda Unida, esto no lo hubiera tenido que hacer el Gobierno.
Pero siguen ustedes improvisando. Cada día nos tienen más
maravillados con su forma de gobernar.
Otra perla es la garantía para asegurar el cumplimiento de la
distribución de las monedas y billetes de euro. Cada vez nos resulta
más gracioso. ¡Llevan dos años dándonos el machaconeo constante, a
través de los medios de comunicación, de que el euro viene, de que el
euro esta aquí, y a ustedes se les olvida que tienen que asegurar el
cumplimiento de las obligaciones de la distribución de las monedas y
billetes de euro! ¡Será posible! ¡Habrá mayor improvisación! Parece
que no saben muy bien cómo tienen que hacer las cosas.
Llegamos a otra joya: la modificación del trámite de las autopistas
en la revisión de tarifas y peajes. ¿Han recibido ustedes algún tipo
de presión por parte de las empresas que explotan las autopistas,
porque cada año les van abriendo las puertas a mayores beneficios?
¿Era necesario hacer esto en la ley de medidas fiscales? ¿No se podía
haber hecho meses antes en un proyecto de ley o en el próximo período
de sesiones? Señorías, es una improvisación total para impedir que
los grupos parlamentarios podamos opinar, debatir y participar en el
debate político.
Como diputada portavoz en los temas de medio ambiente hay algo que me
parece una tomadura de pelo total. Modifican la Ley de envases y
residuos de envase. No permiten que esta Cámara, que consiguió
consensuar dicha ley, pueda participar en si es necesario excluir
algún tipo de los envases incluidos. Además, establecen que a través
del reglamento se puedan excluir aquellos envases que no se ajusten a
la ley y que tengan que ser industriales. Señorías, esto clama
demasiado alto.
La máxima improvisación es lo que han hecho con la creación de la
sociedad anónima estatal de Correos; improvisación total y absoluta.
No han sabido qué hacer con el personal hasta que no se ha llegado al
Senado. Se dieron cuenta aquí pero no lo pudieron modificar. Siguen
ustedes empeñados en crear una sociedad anónima estatal, lo que mi
grupo parlamentario no comparte y rechaza porque crea una inseguridad
total en el servicio postal de correos. Nos parece que es un paso
hacia la privatización y que a pesar de que sea un servicio postal
universal puede ser perfectamente privatizado y no se dan las
condiciones para que ustedes no lo hagan, sino todos lo contrario,
además con graves riesgos para el personal, aunque en esta ley se les
haya intentado blindar un poco más, por decirlo de alguna manera, y
asegurar sus puestos de trabajo. Pero una vez que las empresas se
privatizan -tenemos miles de ejemplos- los compromisos adquiridos por
el Gobierno se dejan sin cumplir. Esta claro que esta Cámara cada vez
puede controlar menos el cumplimiento de esos compromisos.
Para terminar, este es el trámite escoba del año. Aquí cabe todo;
cabe todo desde el Senado y cabe todo a través de enmiendas. Y siendo
el trámite escoba como es, mi grupo parlamentario se va a oponer a la
mayoría de las enmiendas que se han introducido, entre otras cosas
porque somos muy dignos y nos gusta que se respete la dignidad de
esta Cámara, que se respete la dignidad que tienen los diputados para
poder participar en la elaboración de la legislación y para poder
participar en la realización de las enmiendas a los proyectos de ley
y a las modificaciones legislativas que plantea el Gobierno. A través
de enmiendas en el trámite del Senado esa participación se le niega a
esta Cámara.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el señor Padrol tiene la palabra.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, mi grupo parlamentario valora positivamente, en términos
generales, las enmiendas presentadas y aprobadas en la tramitación en
el Senado del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y
del orden social. Voy a comentar diversos puntos de las
modificaciones introducidas en el Senado, en la Cámara Alta, a
efectos de manifestar la posición de grupo específicamente en algunas
cuestiones.
En primer lugar, voy a hacer referencia a un cambio introducido en la
deducción por producciones cinematográficas para las series
audiovisuales. La verdad es que es una enmienda que mi grupo
parlamentario presentó en la tramitación del proyecto de ley en el
Congreso de los Diputados que no se aprobó, pero finalmente nos
congratulamos de que haya sido restituida la redacción hoy en día
vigente para este incentivo fiscal en el proyecto de ley, de tal
manera que los cortometrajes, las series audiovisuales, no pierdan el
incentivo fiscal del 20 por ciento sobre los costes de producción. Ya
dije en el debate del proyecto de ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, tanto en Comisión como en el
Pleno, que si el argumento para retirar este incentivo fiscal para la
producción de cortometrajes
y series audiovisuales es que el sector no estaba en crisis,
posiblemente, y habida cuenta de la situación general de la economía
española, deberían retirarse la mayor parte, el 80 ó 90 por ciento,
de incentivos fiscales hoy vigentes en la Ley del impuesto sobre
sociedades, de 27 de diciembre de 1995. Por tanto, celebramos el que
se haya mantenido la redacción hoy vigente para este incentivo
fiscal.
En cuanto al impuesto sobre sociedades, se incorporan en el trámite
del Senado una serie de mejoras técnicas que valoramos positivamente.
Por ejemplo, se pone un límite al plazo para comunicar la opción por
el régimen especial de fusiones o escisiones, que en la actualidad
estaba, a juicio de mi grupo parlamentario, demasiado abierto, se
pone un término temporal para poder optar por este régimen de
diferimiento. También entendemos acertada la modificación introducida
en el artículo 110 de la Ley del impuesto para prevenir el abuso, por
razones de fraude fiscal, del régimen de diferimiento contenido en
este capítulo VIII del títuloVIII.
Una modificación de la que estamos en contra es la producida en el
artículo 78.2.3 de la Ley del impuesto sobre el valor añadido
respecto de la configuración de la base imponible de esta figura
tributaria. Pero sobre este tema posteriormente se extenderá mi
compañero de grupo parlamentario Ramón Companys. También valoramos de
manera positiva el establecimiento del IVA en el 7 por ciento para
servicios funerarios y, de manera evidente, la regulación de las
exenciones en el impuesto de matriculación; digo de manera evidente
porque la actual configuración del apartado 4 del artículo 66 que se
ha introducido en el Senado es fruto de una iniciativa conjunta y de
una transacción entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Así, recordemos que mi
grupo había presentado una enmienda que proponía la exención del
impuesto especial de matriculación para aquellos automóviles con más
de cinco plazas y que fueran comprados por familias numerosas.
Finalmente, el texto legal ha quedado configurado de tal forma que no
existe exención, sino que existe una reducción del 50 por ciento de
la base imponible para este impuesto especial para las familias
numerosas que compren estos vehículos. Por tanto, hemos pasado de una
exención a una reducción de base, pero que afecta a un número de
familias mucho más amplio, pues son las que compran vehículos de
cinco plazas y no de seis plazas. Valoramos positivamente, por tanto,
este cambio introducido.
También vemos de manera positiva las modificaciones a la Ley de
haciendas locales, fundamentalmente la introducción de bonificaciones
en el artículo 74 para aquellos municipios con más de 750.000
unidades urbanas, la creación de las escalas de organismos públicos
de investigación en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y las
modificaciones de la Ley de asistenciajurídica al Estado e
instituciones públicas.
Existe un precepto sobre el que querría hacer una reflexión, aunque
es fruto de una enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) que ha sido introducida en el trámite del
Senado al artículo 65 bis de la Ley de medidas fiscales,
administrativas y del orden social. Querría hacer una matización por
el siguiente motivo. Este precepto, en la redacción que fue aprobada
por el Senado, intenta una conciliación entre los legítimos intereses
empresariales y la salvaguarda del patrimonio histórico español.
Todos sabemos que existe un derecho de tanteo y retracto cuando se
produce la transmisión de un elemento del patrimonio histórico
español; en este caso, el Estado puede ejercer este derecho de tanteo
y retracto para adquirir este elemento del patrimonio histórico
español del que se desprende un particular. Esta voluntad de
exposición, específica e individualizada, no se produce en los
procesos de fusión, de reorganización empresarial. Vienen
interpretando ya muchos juristas que este derecho de tanteo y
retracto no debe aplicarse cuando no hay una disposición específica
sino una reordenación empresarial, que afecta por tanto al concepto
de subvención universal. Ahora bien, entendemos que el espíritu de
esta enmienda no cuadra perfectamente con la letra recogida en el
artículo 65 bis, porque entendemos que, tal como está redactada la
enmienda, de no interpretarse adecuadamente, podría suponer un riesgo
para aquellos elementos del patrimonio histórico español que son
fácilmente deslocalizables, como cuadros, etcétera. Por ello,
entendemos que el espíritu de la enmienda es perfectamente válido,
pero debe establecerse una corrección técnica al concreto redactado
de este artículo 65 bis.
Pasando a otro punto, también vemos positivamente la garantía
establecida en el artículo 69 bis para el mantenimiento de los
requisitos accionariales de las compañías aéreas españolas titulares
de una licencia de explotación. Lógicamente, también valoramos de
manera positiva la mejora introducida en la Ley 32/1999, de
solidaridad con las víctimas del terrorismo. Es positivo establecer
el procedimiento que debe seguirse cuando, en virtud de sentencia
judicial, se reconoce una indemnización a una víctima del terrorismo
superior a la que resulta de una resolución que se adopta al amparo
de esta ley. Por tanto, celebramos esta innovación producida en la
Ley de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
Asimismo, como no puede ser de otra manera porque nosotros
presentamos una iniciativa específica en este sentido, entendemos que
es bueno para el clima social y también para una adecuada toma de
decisiones que se haya ampliado en casi dos años, concretamente hasta
el 16 de noviembre del año 2002, el plazo para exteriorizar los
compromisos por pensiones para las empresas españolas. El tema
arranca, como todos sabemos, de la Ley 30/1995, de ordenación del
seguro privado, norma en la que se toma una decisión muy acertada
para los intereses de los trabajadores españoles, a juicio de mi
grupo parlamentario, como es que las obligaciones, los compromisos
por pensiones, por tanto los pagos futuros que deben recibir los
trabajadores españoles a cargo de las empresas en las que han venido
prestando sus servicios, estén exteriorizados, por cuanto esto supone
una garantía de solvencia en el cumplimiento de estas obligaciones de
pago cuando se devenguen las oportunas pensiones. Lo cierto es que en
esa ley se estableció un plazo de tres años, aunque finalmente ha
sido positivo y bueno ampliarlo por cuanto el desarrollo
reglamentario no se produjo hasta diciembre de 1999, por lo que el
plazo de tres años existió en la letra de la ley, pero no fue
efectivo dado que el desarrollo reglamentario no se produjo hasta el
año pasado.En lógica relación con este cambio producido, también
vemos positiva la disposición adicional trigesimoquinta, por cuanto
entiende que, por el hecho de exteriorizar un fondo interno, no debe
perderse la antigüedad que supone reducciones en la tributación del
IRPF por parte del trabajador que en un futuro percibirá la oportuna
pensión. Valoramos también positivamente la prórroga del programa de
fomento del empleo, iniciativa que nosotros presentamos en el Senado.
Con relación a las modificaciones producidas respecto de las tarifas
de autopistas, tenemos que señalar que, a juicio de nuestros
servicios técnicos, la formulación que se establece en los artículos
63 bis y ter no garantiza que esto suponga una rebaja de las tarifas
para los usuarios de las autopistas. Por este motivo, mi grupo
parlamentario va a abstenerse respecto de estos preceptos, en el bien
entendido de que, si fuese indudable que el efecto de esta
modificación es una rebaja en las tarifas que deben satisfacer los
usuarios de las autopistas, mi grupo parlamentario votaría a favor de
estas modificaciones.
La señora PRESIDENTA: Señor Padrol, le ruego que concluya, por cuanto
me indican que hay otro diputado de su grupo que quiere intervenir, y
el tiempo está ya prácticamente agotado.
El señor PADROL I MUNTÉ: Acabo brevísimamente.
También entendemos positiva la deducción de 120.000 pesetas para la
sustitución de vehículos que utilizan todavía gasolina con plomo por
otros que utilicen gasolina sin plomo, y por tanto con catalizador.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tomo la palabra consciente de que reglamentariamentedispongo de muy
poco tiempo, pero no quiero
dejar pasar la ocasión para poner en conocimiento de SS.SS. que
dentro de pocos momentos, con toda seguridad, se aprobarán en este
Pleno algunas modificaciones de la ley de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado que van en contra una vez más de
los intereses de los agricultores y de los ganaderos del Estado
español. Me estoy refiriendo concretamente al artículo 5.1 Uno bis de
las modificaciones que se han hecho en el Senado. No voy a hacer una
defensa de nuestro posicionamiento por lo que hace referencia a la
necesidad de que las ayudas del Feoga, las ayudas a la renta que da
la Unión Europea a los diferentes sectores, lleguen a los mismos en
toda su integridad, porque eso es obvio. No es de recibo que la
política fiscal española esté en absoluta contradicción con la
política agraria comunitaria, y especialmente con la Agenda 2000.
Sobre todo es inconcebible que en un país normalizado, como ha
denunciado en repetidas ocasiones la Asociación europea de
deshidratadores de forrajes, el Gobierno de facto disminuya en un 16
por ciento la ayuda comunitaria a unos sectores absolutamente
necesitados, en contra de la filosofía de la propia política agraria
comunitaria. Para que quede constancia, el único país europeo que
aplica el IVA a los forrajes deshidratados es Francia, pero coherente
con el espíritu de la PAC, neutraliza sus efectos negativos con
aportación de fondos propios por un montante equivalente, a fin de
que al receptor final le llegue el cien por cien de la ayuda. En el
Estado español eso no va a suceder, y el gran regalo de esta Navidad
es que el año que viene las ayudas al sector se verán disminuidas en
un 16 por ciento, que se embolsará el Estado. Por lo que se refiere
a los conceptos sobre sistemas de tributación de forrajes, no voy a
profundizar, porque sería la enésima vez que lo hago en esta Cámara.
De hecho, España volverá a marcar la diferencia -eso sí, en negativo-
con los otros países productores de dichas ayudas.
Como no hay posibilidad de réplica, quiero dejar claro que nunca ha
habido en el Estado español una voluntad de encontrar una solución al
respecto. Si la hubiese habido, hubiera aprovechado la enmienda que
estamos debatiendo y hubiera añadido un segundo párrafo en el que
obligase, al igual que Francia, a presupuestar una cantidad tal de
fondos propios que neutralizara los efectos negativos del IVA y a que
no se usara esa estrategia como método de rebajar los ingresos del
sector. De hecho, esa modificación que estamos debatiendo anula la
enmienda que defendí en la Ley de acompañamiento a los presupuestos
del año 1997, que obtuvo aquí, en el Congreso, el voto favorable del
conjunto de la Cámara. Si era buena en aquel momento, no entiendo que
no lo sea ahora, si la normativa comunitaria no ha cambiado.
Señoras y señores diputados, ustedes saben que siempre llueve sobre
mojado. La Asociación nacional de productores de carne se manifestó
hace unos días por la situación en la que se encuentran, exigiendo
que se pongan
en marcha ayudas para salvar la actual situación. El sector
vacuno está soportando en este momento una caída de precios que ronda
el 50 por ciento. Una de las medidas que ha tomado el Gobierno es la
supresión de las harinas de origen animal en la alimentación del
ganado vacuno. Una de las líneas de prioridad del ministro de
Agricultura es el fomento de las leguminosas como elemento
sustitutivo de las harinas animales. Hasta aquí estamos todos de
acuerdo. Pero, ¿cuál es la reacción del Gobierno? Presentar una
enmienda en el Senado en la que se logra encarecer un 16 por ciento
los costes de las leguminosas forrajeras, que han de convertirse en
la base de la alimentación de los rumiantes. No hay que ser docto en
la materia para observar que una situación de desplome de los
precios, el incremento de costos que conlleva la situación de que las
harinas de origen animal se sustituyan por otras de origen vegetal
y encima el encarecimiento de las que produce España es una mala
política que va a favorecer la entrada de soja, que seguramente será
transgénica y nos llegará de Estados Unidos. Por tanto, estamos
frente a una grave incongruencia, máxime teniendo en cuenta que el
texto que se va a producir hoy se apoya sobre una enmienda que
presentó nuestro grupo parlamentario a la Ley de acompañamiento de
1997, como dije antes, que defendí personalmente y que, en su
momento, logró el apoyo de todas las fuerzas de esta Cámara. Repito,
es una mala noticia, pero la peor noticia es la constatación de que
sea el Ministerio de Hacienda quien dirija las políticas sectoriales
en el Estado español.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Costa.
La señora COSTA CAMPI: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los argumentos de crítica que desde esta tribuna expuse el
pasado 16 de noviembre, con objeto de la discusión en esta Cámara de
la Ley de acompañamiento, adquieren hoy mayor fuerza, ya que los
fundamentos sobre los que se apoyaba entonces su justificación son
hoy, tras el debate en el Senado, mucho más rotundos.
Nuestro grupo viene denunciando desde 1996 el uso inadecuado que hace
el Gobierno del Partido Popular de la Ley de acompañamiento, y si
esta afirmación ya estaba ampliamente corroborada con las leyes sobre
medidas fiscales, administrativas y de orden social precedentes, la
actual sobrepasa con mucho las ambiciones reguladoras de las ya
discutidas anteriormente, alejándose el Gobierno de forma progresiva
de lo que nuestro ordenamiento prevé con relación a esta ley. Nosólo
nos vemos sometidos a una discusión precipitada
de un amplio abanico de medidas dispares que, como ya denunciábamos
en la anterior sesión, vulneran el principio de seguridad jurídica,
sino que, además, por iniciativa propia o porque el Grupo Popular se
transforma en un simple apéndice de la Administración, ha introducido
en ambas Cámaras tantas modificaciones a través de sus enmiendas como
cambios normativos incorporaba originalmente el proyecto de ley, de
tal modo que la ley de acompañamiento se ha transformado en una ley
de contenido indeterminado, impredecible, que opera sobre la
totalidad del ordenamiento jurídico. No quiero poner en duda que
todos compartimos los mismos sentimientos y conducta democrática,
pero a nuestro grupo le produce una cierta intranquilidad que la
forma de trabajar en política del Grupo Popular y del Gobierno acabe
constituyendo una degradación progresiva de la función de este
Parlamento. Nos preocupa enormemente volver a tener que decir desde
esta tribuna que la Ley de acompañamiento es una ley que infringe el
sistema de nuestro ordenamiento por vulneración de los principios
democráticos de pluralismo político y de separación de poderes.
Señorías, el Senado nos remite el proyecto de ley con más de 60
nuevas enmiendas que afectan a 45 normas de rango legal, no siendo,
además, una gran parte de ellas complementarias y, por tanto,
justificadas por la ley de presupuestos de 2001. Esta ley omnibus, ya
que todo cabe en ella, modifica tributos, algunos en un sentido muy
desfavorable para determinados colectivos. Me voy a referir a dos
situaciones. En primer lugar, a la situación incomprensible que
respecto al IVA da en su enmienda en el Senado a las subvenciones al
Feoga. Ya en la pasada legislatura, y por la vía también de la Ley de
acompañamiento, el Grupo Popular intentó que las ayudas al Feoga
pagaran IVA. Al no contar en la pasada legislatura con mayoría
absoluta, ustedes no pudieron introducir esta enmienda. Ahora la
vuelven a presentar enmascarada en ayudas a empresas funerarias.
Además, ustedes están tratando respecto a este tema de forma desigual
situaciones iguales en cuanto a los orígenes de los fondos que
reciben. En la Ley de acompañamiento, aquí en el Congreso, se aprobó
que las subvenciones a determinadas instituciones no contabilizaran
en el prorrateo para el pago del IVA. ¿Por qué sí a esas
instituciones, y por qué, en cambio, las ayudas del Feoga tienen que
tributar por el IVA? Además, los afectados se han dirigido al
Ministerio de Agricultura, que les ha enviado al Ministerio de
Hacienda, y en el Ministerio de Hacienda han contestado que no saben
cómo va a aplicarse ni qué efectos va a tener. (La señora Cunillera i
Mestres: Sí que lo saben, pero no lo dicen.)
La señora PRESIDENTA: Señora Cunillera, le ruego que no intervenga en
el debate.
La señora COSTACAMPI: Nadie, al menos oficialmente, ha sido capaz de
dar una explicación verbal o escrita sobre las repercusiones de esta
enmienda, que afecta de forma destacada a Cataluña y Aragón, y el
Partido Socialista quiere defender los intereses legítimos de estos
colectivos y denuncia al Gobierno en su política, que presiona más
todavía hacia la baja las rentas agrarias. Además, aprovechando que
está el señor ministro en el hemiciclo, usted sabe, señor ministro,
tan bien como yo, que recurrir al IVA para las subvenciones al Feoga
es inflacionista porque además afecta al grupo de productos más
sensibles al incremento de precios al consumo. Es una arbitrariedad.
Otra arbitrariedad en el tema tributario es la del caso canario,
porque no existe ninguna explicación que justifique el aumento en la
fiscalidad de los productos de primera necesidad, la única, señorías,
es incrementar la recaudación de los ingresos financieros propios.
¿Por qué?, para acometer la mala gestión, el déficit creado por el
Gobierno de dicha comunidad autónoma.
Las enmiendas presentadas en el Senado siguen la filosofía de la Ley
de acompañamiento, van cambiando todo nuestro ordenamiento en todos
sus campos, porque también cambia el Estatuto de los Trabajadores,
sin que haya habido ningún debate previo con las partes afectadas ni
ningún debate aquí en este hemiciclo. Y, para abundar en la
dispersión, se crean nuevas escalas en la carrera investigadora sin
ningún debate real sobre la carrera científica, las enmiendas
presentadas y aprobadas en el Senado alteran los programas de
investigación, suprimiendo en la práctica los programas sectoriales
de I+D, lo que supone reducir el ya escaso marco de posibilidades
para acogerse a ayudas a la investigación. Señores del Partido
Popular -lo sé bien por mi vida profesional anterior-, integrar los
programas sectoriales de I+D en los programas nacionales implica
marginar la investigación más especializada. Quien ha decidido esto
no ha estado nunca acogido a un programa de la Cicyt, a un programa
de I+D. Además, según las enmiendas, la incorporación de miembros
procedentes de empresas privadas en la gestión de los programas de
investigación, sin ninguna regulación de mínimos en su nivel de
calidad científica, crea incertidumbres y, por tanto, un riesgo que
no puede permitirse el mundo de la ciencia.
Para participar en la gestión de los programas nacionales de I+D
desde el mundo de la investigación, los catedráticos de universidad o
los miembros del Consejo de Investigaciones Científicas hemos de
reunir, lo digo porque me encuentro en ese colectivo, una serie de
requisitos, de reconocimiento de capacidad investigadora, está
exigido, reglado y nunca ha habido nadie que no cumpliera esos
requisitos. ¿Cómo se va a regular a partir de ahora?, ¿cómo se va
aplicar esta enmienda en la que cabe todo? La actual enmienda abre la
puerta a la aleatoriedad, debilita el rigor en el control de los
proyectos y facilita que personas poco capaces
puedan juzgar proyectos dirigidos por científicos de alto nivel.El
Grupo Popular ha introducido también enmiendas en el Senado en este
campo, contabilizando los fondos europeos como recursos para la
investigación. Esto no cambia nada, sólo les va a permitir decir en
el próximo año presupuestario que han aumentado los recursos a la
investigación, cuando simplemente lo que se ha hecho es cambiar una
partida.
Las enmiendas que hoy discutimos dan pasos de gigante hacia la
privatización de los servicios públicos básicos, como es el caso de
Correos y Telégrafos y, si no, al tiempo, y el «Diario de Sesiones»
de hoy nos servirá para recordarles en el futuro esta denuncia que
hoy hacemos. El servicio público de Correos y Telégrafos constituye
un bien esencial para la sociedad española, facilita el desarrollo de
la cohesión social y, sin ningún tipo de discriminación, permite
acceder a la comunicación a toda la población y a todas las empresas
y, por tanto, contribuye a la vertebración del territorio del Estado
español. La Ley 24/1998, de 13 de julio, sólo lleva dos años en
funcionamiento, pero han sido dos años positivos. Ha permitido una
mejor prestación de los servicios en régimen de competencia, de ahí
que las modificaciones que se introducen a través de las enmiendas
del Senado, y que también proceden del proyecto de ley, nos parezcan
inoportunas y rechazables. Señorías, se está afectando, a través del
contenido del proyecto de ley y de las enmiendas, el principio del
servicio universal. Esta diputada, que acostumbra a documentarse
bastante antes de una intervención, les aconseja a los señores
diputados del Grupo Popular que lean la Reda, la revista de derecho
administrativo, y otras publicaciones próximas en esta área temática,
porque juristas eminentes, que tienen mi máximo respeto y que son
personas muy próximas al Grupo Popular, están publicando artículos en
los que se preguntan hacia dónde va el servicio público, hacia dónde
va el servicio universal, y muestran su enorme inquietud.
Me pesa, por mis profundas convicciones en nuestras obligaciones
representativas y democráticas -que estoy segura que todos los que
ocupamos aquí un escaño compartimos-, tener que denunciar que se da
satisfacción en algunas enmiendas a intereses privados muy concretos,
como es el caso de las compañías de seguros, ante las cuales ustedes
se han doblegado y modifican la legislación vigente, a fin de excluir
de su cobertura los daños que pueden ocasionar delitos dolosos contra
las personas y los bienes. En otras palabras y para que nos
entendamos todos: si un ciudadano tiene la desgracia de sufrir un
percance por un piloto suicida, con su enmienda, señores del Grupo
Popular, queda totalmente desprotegido. (Varios señores diputados:
¡Qué barbaridad, qué escándalo!-El señor Griñán Martínez: ¡Qué
vergüenza!) Y como el deber de la oposición es controlar al Gobierno,
nos preguntamos si ustedes están apoyando indirectamente una nueva
prima por estos nuevos servicios que pueden empezar a
ofrecer a partir de ahora las compañías de seguros. (Varios señores
diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.)
Lamentablemente, no es esta la única enmienda con dedicatoria
particular. Nuestra perplejidad ha sido mayúscula con la enmienda que
da lugar al artículo 65.bis nuevo. Señores del Grupo Popular, han
votado, como figura en el «Diario de Sesiones» del Senado, en contra
de los intereses del Estado español, en contra de los intereses del
patrimonio histórico español. (Aplausos.) ¿Por qué ofrecen a las
empresas que realizan una fusión que puedan deslocalizar su
patrimonio pictórico? (El señor Griñán Martínez: ¡Qué barbaridad!) Si
Telefónica se fusiona con British Telecom, ¿puede llevarse todo su
patrimonio pictórico a otro país? (Protestas.-El señor Griñán
Martínez: Así lo habéis votado.) Ustedes no saben lo que han votado.
(Rumores.)
Nuestra oposición a sus enmiendas o a buena parte de ellas...
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio y permitan
que continúe la intervención.
La señora COSTACAMPI: Nuestra oposición a sus enmiendas o a buena
parte de ellas, podría alargarse haciendo referencia a su pertinaz
interés por restar protagonismo a las agencias independientes en
beneficio del Gobierno. Si no es así, ya nos dirán por qué una
enmienda del Senado hace que el Gobierno decida a quién se conceden
las redes de servicios de telecomunicaciones sin dejar ningún margen
de maniobra ni de presentación de informe o dictamen a la Comisión
del Mercado de Telecomunicaciones. (El señor Bel i Queralt: ¡Para
intervenir más!)
La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya, por favor. Ha
sobrepasado con exceso el tiempo, como usted bien sabe.
La señora COSTA CAMPI: Señorías, no es creíble su defensa verbal de
la competencia en los mercados, o al menos debo decirles que su
pensamiento queda secuestrado cuando aparece en versión escrita. Si
la anterior enmienda a que he hecho referencia ya apuntaba hacia su
tendencia a reducir el papel de las agencias independientes, la
denominada acción administrativa en materia de navegación aérea,
artículo 69 bis (nuevo), resulta una vez más sorprendente. Desde el
Grupo Parlamentario Socialista se ha venido demandando de forma
reiterada la necesidad de una nueva ley de aviación civil que regule
todos los aspectos relativos al transporte aéreo, navegación aérea,
gestión aeroportuaria y espacio aéreo, habida cuenta que la normativa
actual se opone a la comunitaria. Señorías, a pesar de la irregular
situación de nuestro marco legal en relación con esta cuestión, el
Gobierno no sólo no ha abordado
su puesta al día, sino que a través de la enmienda que hoy
discutimos, ha sido aprobada una norma que está en contra del marco
jurídico comunitario, y limita los derechos societarios a los
accionistas de las sociedades mercantiles titulares de las compañías
aéreas. Pretende diferenciar a los accionistas -vayan al texto- según
su nacionalidad, e invoca de forma desacertada a contenidos del
articulado de los convenios bilaterales del Reino de España con
terceros países, sin tener en cuenta el principio de múltiple
designación o de la quinta libertad, violentando además el último
acuerdo de la cumbre de Niza, en la que el Gobierno levantó su veto
respecto al estatuto de la sociedad europea.
La señora PRESIDENTA: Señora Costa, le ruego concluya, por favor.
La señora COSTA CAMPI: Voy concluyendo.
La señora PRESIDENTA: No que vaya concluyendo; le ruego que concluya
en un minuto, señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: En suma, el concepto y el contenido del
artículo que se pretende aprobar son una maraña jurídica para
justificar la intervención gubernamental en compañías aéreas sin
tener que disponer de una acción de oro. No obstante, señorías, a
diferencia de épocas pasadas y a pesar también de las críticas
expuestas a una gran parte de sus enmiendas, por responsabilidad
política esta oposición acepta algunas enmiendas -las menos- de las
que ustedes han presentado. A diferencia de lo que ocurría con la
oposición durante el Gobierno del Partido Socialista, la oposición en
el Parlamento entiende que hay que aceptar enmiendas cuando las
mismas mejoran la gestión de la Administración del Estado.
Nada más. (Prolongados aplausos.-Rumores.- Un señor diputado: ¡Qué
barbaridad! Otro señor diputado: Qué bien aplaudimos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, vamos a
aprobar esta mañana la Ley de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, una ley a la que se han incorporado 140 enmiendas en el
trámite parlamentario, 140 enmiendas que han sido 140 aportaciones de
los grupos parlamentarios en el Congreso y en el Senado.
Evidentemente, se han incorporado enmiendas del Grupo Parlamentario
Popular, pero también se han incorporado muchas enmiendas del Grupo
Catalán (Convergència i Unió), del Grupo de Coalición Canaria; se ha
aprobado una enmienda del Grupo Vasco (PNV); se ha aprobado alguna
enmienda del Bloque Nacionalista Gallego; se han aprobado enmiendas
del Grupo Socialista, de
Entesa Catalana de Progrés y se han aprobado enmiendas de Izquierda
Unida. Es decir, se han aprobado enmiendas de casi todos los grupos,
cuando se trae una norma a esta Cámara, mi grupo parlamentario quiere
estudiarla en profundidad y buscar el mayor consenso posible,
aceptando aquellas propuestas que nos parecen positivas.
Esta mañana se ha puesto de manifiesto por parte de dos portavoces
que se han modificado muchas leyes. Señorías, estamos ante el primer
presupuesto después de unas elecciones generales; este presupuesto es
el primero que gestiona el nuevo Gobierno del Partido Popular. Alo
largo de la legislatura pasada hicimos el esfuerzo de transformación
de España para convertirla en un país moderno, en un país
competitivo, en un país más justo, en un país más solidario, y los
ciudadanos nos dieron su apoyo en las últimas elecciones. (Aplausos.)
Ahora tenemos nuevas ambiciones para este país. Tenemos ambiciones de
convertir a España en un país con pleno empleo, tenemos ambiciones de
convertir este país en un país más moderno, en un país que sea líder
en la Europa del siglo XXI; tenemos ambiciones de seguir
transformando España porque el Partido Popular, el Grupo
Parlamentario Popular está comprometido con una España moderna,
competitiva, de progreso y de pleno empleo; con una España más justa.
(Aplausos.- Rumores.) Por eso traemos una ley que produce
modificaciones para dar ese nuevo impulso después de las elecciones.
Lo que hace esta ley es plasmar algunos de los puntos que contenía
nuestro programa electoral para la transformación de España, como
hicimos en los Reales Decretos-leyes de junio.
La oposición nos dice por una parte que no tenemos impulso político,
y por otra señalan que estamos transformando mucho España. Aclárense,
señorías, porque esas afirmaciones son contradictorias. Estamos dando
un impulso para la transformación de España, estamos dando un impulso
para que España siga creciendo con esta ley, para que España siga
creando empleo, para que haya más políticas de oferta, para que haya
más políticas de solidaridad. (Una señora diputada: ¡Hala!)
Permítanme les diga que esta ley tiene algunos ejes esenciales. En
primer lugar, continuar avanzando en la modernización y adaptación a
las nuevas tecnologías porque queremos ganar el futuro y hay nuevas
medidas fiscales para la adquisición de bienes intensivos en nuevas
tecnologías; fomenta la renovación del parque automovilístico. Otro
eje importante de esta ley es la mejora del bienestar de todos los
españoles. Hay muchas medidas para dar nuevo impulso al bienestar de
los españoles. Por ejemplo hay medidas para ampliar la exención por
modificaciones y subrogaciones de hipoteca, para mejorar el sistema
de asistencia jurídica gratuita y para apoyar la utilización de
energías alternativas. Otros ejes importantes son el incremento de la
eficiencia de la Administración; la creación de
empleo y mejora de las condiciones laborales y la mejora de la
competencia.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular cree que hay que seguir en
el proceso de transformación de España; el Grupo Parlamentario
Popular piensa que esta ley, que desde luego no fue un invento de mi
grupo parlamentario sino un invento del Grupo Socialista, es un buen
instrumento. Es un buen instrumento para cuando un Gobierno asume la
responsabilidad, dar el empujón porque se tienen nuevas ambiciones.
No conozco la posición del Grupo Socialista. Estamos finalizando un
período de sesiones y sinceramente les pediría que en el siguiente
vinieran con una única voz y habláramos siempre de lo mismo
(Rumores.), porque unas veces nos dicen unas cosas y otras todo lo
contrario, dependiendo del portavoz que suba a esta tribuna o del
lugar geográfico en que hable. A nosotros nos gustaría tener un único
interlocutor por el bien de España. El Grupo Parlamentario Popular
desde luego tiene una única voz en todos los temas y opinamos lo
mismo sobre el Plan hidrológico en cualquier sitio, opinamos lo mismo
sobre financiación autonómica, opinamos lo mismo sobre lo que debe
ser la cohesión de España, no encontrándonos con esa misma
receptividad en el Partido Socialista. (Aplausos.) Ustedes se
transforman en un blanco móvil y diverso, con lo cual es muy difícil
avanzar, señorías.
Aquí se ha hablado de algunas cosas que a mí me gustaría matizar,
porque si no parece que uno se sube a la tribuna, dice cualquier cosa
y todo está bien. (Rumores.) La portavoz de Izquierda Unida ha dicho
como gran argumento para criticar esta ley que nosotros vamos a
fusionar a los notarios y a los corredores. Señoría, por la ley del
año pasado los notarios y los corredores ya son un cuerpo fusionado;
en esta ley no se habla para nada de una fusión que ya se ha
producido, señoría. La portavoz del Grupo Socialista nos dice que
hemos cambiado la Ley del Seguro y que estamos protegiendo los
intereses de alguien. (Un señor diputado: ¡Lee el artículo!) Señoría,
el Consejo de Estado, en el que están representados todos los agentes
sociales, nos pidió esa modificación en su informe. Lo que usted ha
dicho en la tribuna lo ha recogido de algún medio de comunicación y
yo le pediría que se leyera las leyes y no los periódicos, porque así
avanzaríamos en los debates parlamentarios. (Aplausos.-Rumores.) Si
usted nos dice aquí lo que ha leído en un medio de comunicación,
equivoca a los ciudadanos. Con esa modificación, señoría, simplemente
se dice que el seguro no ofrece cobertura cuando el automóvil, el
vehículo se utiliza como instrumento del delito, cuando un señor coge
su vehículo y rompe un escaparate. ¿Qué sentido tiene que lo cubra el
seguro cuando lo rompe con el Land Rover y no cuando lo hace a
mazazos? (Laseñora Fernández de la Vega Sanz pronuncia palabras que
no se perciben.) La modificación que hemos hecho se refiere
claramente a cualquier acción de conducción
que vaya contra el Código de seguridad vial, aunque sean
acciones como las de los conductores suicidas, llamados entre
comillas kamikazes. En cualquier acción, aunque sea contra el Código
de seguridad vial, el seguro cubre; únicamente deja de cubrir cuando
se utiliza el vehículo como instrumento delictivo, como si fuera un
martillo para romper el escaparate. Señorías, no confundan a los
ciudadanos; yo les pediría que leyeran las leyes con profundidad.
Aquí se ha hablado de las subvenciones a los agricultores y también
se ha querido establecer alguna confusión en la opinión pública. En
este Parlamento establecimos una modificación para sacar las
subvenciones del Feoga de la base imponible e inmediatamente las
subvenciones fueron a la prorrata del IVA, y perdonen el tecnicismo.
Posteriormente, en este Parlamento se aprobó otra modificación
sacando la prorrata del IVA. Eso ha hecho que no estén en la prorrata
ni en la base, con lo cual señorías -y apréndanlo, porque si no es
muy difícil tener debates serios-, lo que ha sucedido es que Bruselas
nos ha abierto un expediente (Rumores.). Lo que hacemos con esta
modificación es darle solución. Señorías, esas subvenciones van a
entrar en la base del IVA, pero no van a suponer un menor ingreso
para los agricultores ni un recorte de las subvenciones; simplemente
va a repercutir el IVA sobre mayor cantidad, pero ni para los
agricultores ni para los que compran el forraje va a suponer ningún
efecto negativo, es neutro, señorías, no hay ningún problema, y así
hay que entenderlo si uno lee bien el artículo.
Señorías, nosotros vamos a apoyar esta ley, pero vamos a votar en
contra de dos modificaciones, la primera la del artículo 65 bis, a la
que ya se ha referido el portavoz de Convergència i Unió. Esa
enmienda, que procede de otra de Convergència i Unió en el Senado y
que nosotros entendemos que en su espíritu es positiva (se refiere a
cuando se produce una fusión, una escisión, algo de lo que está en el
título del impuesto sobre sociedades no produzca derecho de tanteo y
de retracto para las administraciones públicas, y así lo entienden ya
algunos juristas), hemos entendido que era bueno, pero produce una
distorsión que nos gustaría corregir en el futuro, y es que puede
provocar una deslocalización de bienes del patrimonio histórico-
artístico, sobre todo cuando son bienes muebles (Rumores.). Por eso
lo vamos a corregir, porque queremos el bien de los españoles.
(Rumores.-Aplausos.) Aquí no estamos para ganar votaciones, sino para
construir España, señorías (Continúan los aplausos.), y cuando una
cosa no nos parece bien lo decimos.
Vamos a votar que no a un inciso que también se le ha pasado...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez- Pujalte.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan continuarcon el debate,
al objeto de que a las doce menos
cinco se pueda suspender la sesión para celebrar la concentración en
la puerta, tal como esta Presidencia ha anunciado a las nueve de la
mañana.
Le ruego que concluya brevemente, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: También vamos a votar en contra de
un inciso que hay en el artículo 7.3, que modifica el artículo 66.4
de la ley, donde decimos que tengan derecho a la exención del 50 por
ciento del impuesto sobre matriculación aquellas familias numerosas
que se compren un todoterreno. En el Congreso aprobamos una medida
para las familias numerosas, dentro de la política de apoyo a las
familias que tiene mi grupo parlamentario. En el Senado se modificó
introduciendo un 50 por ciento para todos los coches de cinco y seis
plazas y hoy vamos a eliminar la exceptuación que tenían los
todoterreno, porque nos parece que también puede ser un elemento de
uso por las familias.
Señorías, concluyo diciendo que aprobamos una ley que va en el camino
de dar cumplimiento a las ambiciones que tenía el Grupo Parlamentario
Popular y dar cumplimiento a nuestro programa electoral. Aprobamos
una ley que profundiza en el pleno empleo, profundiza en la
modernización de España (Rumores.), profundiza en la competitividad
de nuestro país y va a contribuir a lograr una España más justa, más
solidaria y más líder en el siglo XXI. Por eso la vamos a aprobar.
(Aplausos.-Rumores y protestas.-Una señora diputada: Una España
grande y libre.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (La
señora Costa Campi pide la palabra.)
Señora Costa, ¿a efectos de qué artículo pide la palabra?
La señora COSTA CAMPI: Artículo 72.2.
La señora PRESIDENTA: ¿Quiere acercar a la Presidencia el documento
que quiere que se lea? Mejor dicho, a la Secretaría, pero en
cualquier caso a la Mesa.
La señora COSTACAMPI: Artículo 59 bis (nuevo), de la Ley de
acompañamiento que estamos discutiendo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
El señor SECRETARIO (Mato Adrover): Señora presidenta. «Artículo 59
bis (Nuevo). Modificación del Texto Refundido de la Ley sobre
Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a
Motor, aprobado por Decreto 632/1968, de 21 de marzo, y modificado
por la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación
y Supervisión de los Seguros Privados. »Se modifica el apartado 4, del
artículo 1, del Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil
y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor, aprobado por Decreto
632/1968, de 21 de marzo, en los siguientes términos: »4.
Reglamentariamente se definirán los conceptos de vehículos a motor y
hecho de la circulación a los efectos de la presente Ley. En todo
caso no se considerarán hechos de la circulación los derivados de la
utilización del vehículo a motor como instrumento de la comisión de
delitos dolosos contra las personas y los bienes.» (Rumores y
protestas.-El señor Martínez-Pujalte López: Instrumento.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mato. ¡Señor Martínez-
Pujalte!
Señorías, se suspende la sesión, que se reanudará inmediatamente
después de la concentración a las doce, e iniciaremos inmediatamente
la votación de las enmiendas.
La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas del
Senado. (El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, es por una cuestión de
la que hemos hablado los portavoces. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor MARDONES SEVILLA: Los servicios de la Cámara, que han hecho
un extraordinario trabajo de adecuación, han observado que en el
texto de las enmiendas que vienen del Senado, hay tres cuestiones de
corrección de estilo o de adecuación de nombres. Entre ellas, el
texto del Senado habla del Instituto Tecnológico Geominero de España,
institución que ya no existe con esta terminología, sino que la
denominación actual es Instituto Geológico y Minero de España.
Igualmente, se hace referencia a un artículo 37 bis (nuevo), desde el
cuarto párrafo, que establece las infracciones graves con multa.
Parece que faltan algunas palabras que anulan la sintaxis castellana
y los servicios de la Cámara pretenden adecuar este texto con la
siguiente frase: Las infracciones graves se sancionarán con multa.
Finalmente, y este diputado lo dice con pleno respeto para no merecer
el dardo en la palabra del académico señor Lázaro Carreter, se emplea
en el preámbulo la frase: Asimismo se habilita a la potestad
reglamentaria.Es metafísicamente imposible dar potestades
reglamentarias
a las facultades; potestades reglamentarias y
habilitaciones, en el derecho español, solamente se pueden conceder a
las personas físicas o jurídicas, en este caso se reclama para una
institución como el Gobierno. Quiero agradecer a los servicios de la
Cámara que nos hayan permitido con esta frase pulir la sintaxis
castellana. Esta era la cuestión que queríamos plantear aquí para que
se introduzca sin necesidad de votación en el texto del proyecto de
ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley
de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año
2001.
En primer lugar, enmiendas al artículo 20 bis (nuevo) a la
disposición adicional trigesimosexta (nueva) y disposición
transitoria novena (nueva) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 202; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Votamos, a continuación, las enmiendas a la exposición de motivos;
artículos 2 (apartados seis, nueve, diez y once) 30 bis (nuevo); 47
bis (nuevo); disposiciones adicionales vigésima, vigesimoprimera,
vigesimotercera (nueva), vigesimoseptima (nueva), vigesimoctava
(nueva), trigesimoséptima (nueva), trigesimonovena (nueva) y
disposición derogatoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 196; en contra, 111; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas y al artículo 59 bis (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 190; en contra, 124.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas al artículo 63 bis (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 283; en contra, 15; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 63 ter (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 177; en contra, 121; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 65 bis (nuevo) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, dos; en contra, 300; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda al artículo 7.tres, modificación del artículo 66.4, de la
Ley 38/1992, inciso que dice lo siguiente: distintos de los vehículos
tipo jeep o todoterreno.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 110; en contra, 188; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmiendas al resto del artículo 7. tres.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 292; en contra, siete; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas al artículo 8, apartado 18, 21 bis y 23 a) b) Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 189; en contra, 123; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Resto de enmiendas al artículo 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 195; en contra, 112; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas a los artículos 29 bis, 29 ter, 37 bis, 49 apartado uno.1 y
69 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 189; en contra, 120; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Resto de enmiendas al artículo 49.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
312; a favor, 196; en contra, 113; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a los artículos 38.5; 46 bis, 67 bis y 68 bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 189; en contra, 13; abstenciones, 112.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a los artículos 21. 2 (nuevo), 43 bis (nuevo), 49 bis
(nuevo) y disposiciones adicionales tercera, quinta y trigésima.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313; a favor, 295; en contra, siete; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a los artículos 41 y 66 y disposiciones adicionales
vigesimonovena, trigesimoprimera y trigesimocuarta (nuevas) y
disposición transitoria octava (nueva) Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 189; en contra, 119; abstenciones, seis.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas al artículo 5 (nuevo) apartado uno bis.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
313, a favor, 177; en contra, 135; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Enmiendas a la disposición transitoria sexta (nueva) Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 177; en contra, 125; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Por último, resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de
medidas administrativas y del orden social.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA AGILIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000003)
La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes
para la agilización de la Administración de justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el grupo Mixto, en primer lugar, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el último trámite y en la fijación de posición respecto de
las enmiendas del Senado en el proyecto de ley orgánica sobre medidas
urgentes para la agilización de la Administración de justicia. Me
gustaría señalar como reflexión general lo que dijimos en su momento,
que en principio este proyecto de ley, que se nos presentó como un
plan de choque, desde nuestro punto de vista no solventaba ni mucho
menos los graves problemas que tiene la Administración de justicia,
entre los cuales se encuentra como elemento clave la lentitud de la
misma. Seguimos creyéndolo así y lo que nos ha sorprendido a lo largo
de estos meses que ha durado la tramitación de este proyecto de ley
es que no se haya presentado por parte del Gobierno ningún elemento
o aspecto sustantivo en relación a ese pacto de Estado de la justicia.
Esta es una de las cuestiones más
importantes para esta legislatura, uno de los temas en los cuales
esta Cámara, en muchas ocasiones pero singularmente en una
resolución, ha señalado claramente cuáles eran los elementos sobre
los que teníamos que avanzar para llegar a ese pacto de Estado.
Asimismo, las comunidades autónomas, al menos las que tienen
transferida la gestión de la Administración de justicia, también se
han puesto de acuerdo sobre cuáles deben ser los elementos clave para
avanzar en ese pacto de Estado. Por eso, si era importante lo que
decíamos en un primer momento de la tramitación de este proyecto,
creemos que ahora lo es todavía más. Seguimos esperando que el
Gobierno, en el ámbito de su responsabilidad, presente un documento
inicial que permita que negocien todos los agentes intervinientes,
todas las administraciones responsables y esta Cámara sobre ese gran
pacto de Estado de la justicia, pero al día de hoy no hay ningún
documento que establezca las bases, las prioridades, los tiempos, los
calendarios ni las dotaciones presupuestarias suficientes para
llevarlo a cabo.
En relación con las enmiendas del Senado propiamente dichas, en su
momento presentamos tres, dos de las cuales fueron admitidas en el
trámite del Congreso, y aunque no tengamos representación en el
Senado, nos congratulamos de que se nos haya admitido allí la última
que habíamos defendido en esta Cámara. Ya se nos dijo que quedaba
para el Senado la posible admisión de esta cuestión, que creíamos
importante y seguimos manteniendo esa perspectiva. Por tanto,
votaremos a favor de estas enmiendas. No voy a señalar por qué
pedíamos que no hubiera ese cuerpo, llamado nacional, de psicólogos y
educadores, trabajadores sociales forenses, en relación a los
menores, pero creemos que es un avance sustancial; de no ser así, se
habrían vulnerado los decretos de traspaso de competencias a las
comunidades autónomas y en definitiva no habría sido acorde con la
normativa existente.
Quiero explicar nuestra posición sobre otra enmienda del Senado en
relación con dilatar la aplicación de la Ley del menor 5/2000 en lo
que se refiere a la franja de las personas de dieciocho a veintiún
años. En la Comisión votamos en contra porque entendíamos que la Ley
del menor, que entrará en vigor el próximo 13 de enero si no recuerdo
mal, tenía que hacerlo en todos sus aspectos. En este caso y a lo
largo de toda esta tramitación, hemos sido coherentes con la posición
que ha mantenido el consejero de Justicia del Gobierno vasco, miembro
de Eusko Alkartasuna, de solidaridad hacia aquellas comunidades
autónomas que como consecuencia de la falta de transferencia de
recursos y de financiación por el Gobierno central, se encuentran con
problemas para poner en marcha la ley en esta franja de personas de
dieciocho a veintiún años. La apoyaremos en ese sentido, no como
posición política que nos guste, sino en coherencia con la planteada
en este caso por el consejero de Justicia, que a su vez lo hizo por
solidaridad con otras comunidades autónomas que sí encontraban este
problema. En definitiva, apoyaremos las enmiendas del Senado porque
en algunos casos responden a cuestiones que hemos defendido. Como veo
que está el ministro de Justicia, a quien agradezco su presencia, le
pediría que avancemos en ese pacto de Estado, que va a ser muy
difícil, pero que desde luego es muy necesario.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Brevemente voy a reiterar la posición, manifestada por este diputado,
que el Bloque Nacionalista Galego mantiene respecto de esta ley
orgánica, llamada de medidas urgentes de agilización de la
Administración de justicia. Decíamos entonces que nos parecía una ley
poco ambiciosa y que no se correspondía en absoluto con toda la
literatura y la propaganda de la que estuvo precedida; que las
medidas que se recogen, aunque no son desde nuestro punto de vista
especialmente negativas o perjudiciales, tampoco son positivas ni van
a contribuir a mejorar la Administración de justicia ni la percepción
social que la ciudadanía tiene de este servicio público fundamental.
Incluso, había alguna medida, como la ampliación de la edad de
jubilación de los jueces a los 72 años, que nos parecía peligrosa y
que incluso se adecuaba al perfil de ciertos magistrados y jueces,
a los que por otra parte se les debe reconocer su trabajo, pero no nos
parece acertada esta medida. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la Presidencia.)
También tenemos que reconocer que en el trámite del Senado se
introdujeron algunas enmiendas que van en la línea de otras que
presentó el Bloque Nacionalista Galego y que fueron rechazadas. Me
refiero a descentralizar la Administración de justicia y reconocer,
en la línea establecida por la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, la plena efectividad de las competencias autonómicas
en esta materia. Me refiero a la nueva disposición adicional cuarta
introducida en el Senado, que va a merecer el voto favorable del
Bloque Nacionalista Galego. La cruz de este voto favorable será el
voto en contra que daremos a la disposición transitoria única de este
proyecto de ley orgánica, que suspende la aplicación de la Ley
orgánica reguladora de responsabilidad penal de los menores durante
un plazo de dos años para los infractores de edades comprendidas
entre los 18 y los 21 años. Aunque podemos comprender que esta sea
una medida introducida para responder a las carencias y a la falta de
financiación, incluso a la falta de previsión, que han tenido el
Gobierno central y algunas comunidades autónomas en relación con la
entrada
en vigor el 1 de enero de la ya modificada Ley del menor, nos
oponemos porque nos parece que supone avanzar por un camino que ya
mereció nuestro más enérgico rechazo y nuestra más enérgica oposición
cuando se modificó la Ley del menor y la Ley orgánica reguladora del
Código Penal.
En el resto nos abstendremos, igual que hicimos en el trámite
anterior, hace escasamente un mes.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor
Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el
señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sobre las enmiendas que vienen del Senado -después me referiré al
conjunto de la Ley con carácter de orgánica- mi grupo va a votar
favorablemente todas y cada una de ellas. Se ha hecho una labor de
perfeccionamiento, se ha aumentado la seguridad jurídica y la
claridad expositiva, y esto es merecedor de nuestro voto afirmativo.
Quiero destacar la enmienda del Senado al artículo 3, que viene a
establecer un principio de seguridad jurídica en cuanto a las
convocatorias y la repercusión que tienen que tener en la reducción
de los cursos teóricos y prácticos de selección de jueces. También
creemos que es oportuna la poda que se ha hecho del inciso que había
salido de esta Cámara, porque representaba -y así lo ha sabido ver
bien la Cámara Alta- una quiebra del principio general de
voluntariedad por la asistencia a los cursos de referencia.
La enmienda número 4 que llega del Senado es merecedora de un
distingo especial, porque nos había pasado desapercibido que los
miembros de la carrera judicial que se jubilan por edad pueden tener
dos procedencias: los que son de carrera o los que están por méritos
propios, pero que no vienen de la carrera judicial, es decir abogados
de reconocido prestigio. Se introduce el tratamiento de magistrados
eméritos y no de suplentes, como había salido en nuestro texto. Esto
significa un reconocimiento a quienes por vocación y por estudios han
ejercido desde sus orígenes la carrera judicial y accedieron a la
misma por las correspondientes oposiciones a jueces, sin ningún
demérito, por supuesto, para los de cuarto turno u otros, que
proceden de otros estamentos del derecho de reconocido prestigio.
Esta diferencia es importante.
La enmienda al artículo 5, señora presidenta, también viene a hacer
una corrección para que la provisión de los juzgados de menores
previstos no siguieran - porque aquí no se había especificado- el
mismo régimen que los juzgados de lo Contencioso-administrativo o de
lo Social. Esta enmienda del Senado viene a normalizar la igualdad
entre las salas.
Quiero destacar, señora presidenta, la disposición transitoria nueva.
Fue objeto de una enmienda de mi grupo, Coalición Canaria, que tuve
el honor de defender en los trámites de ponencia, Comisión y Pleno en
esta Cámara, y que por una serie de cuestiones políticas no mereció
el apoyo de la Cámara. El proceso de reflexión en el Senado ha
llevado a una maduración que se explicita hoy aquí con la enmienda
del Senado. Hemos mantenido la enmienda en la Cámara Alta y queremos
agradecer al Grupo Parlamentario Popular el apoyo que le ha dado,
aceptando mi grupo una enmienda transaccional para situar en dos años
el plazo de moratoria de la Ley penal del menor en el tramo
comprendido entre los 18 y los 21 años. Ya en Comisión le agradecí al
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el apoyo que dio a
nuestra enmienda al reconocer su portavoz, el señor Silva, que si
bien la Comunidad Autónoma de Cataluña había podido disponer de
tiempo y presupuesto y no tenía problemas con la entrada en vigor a
partir del 13 de enero, había comunidades autónomas -algunas del sur
del Estado español y también la de Canarias- que se encontraban con
problemas muy graves por la falta de instalaciones
e infraestructuras, una vez que los jueces entregaran a la comunidad
autónoma los penados entre 18 y 21 años que dejaban de serlo, ya que
se podía haber producido incluso en una sociedad de ámbito
territorial discontinuo o fragmentado como la canaria, una auténtica
alarma social.Quiero agradecer a las autoridades del Ministerio de
Justicia que lo hayan comprendido. Mi grupo lo agradece al Grupo
Popular y a los que nos han apoyado, igual que lo decía la señora
Lasagabaster, ella por un principio de solidaridad con comunidades
autónomas, y quiero dejarlo reconocido aquí porque creemos que
hacemos bien tanto a este grupo de personas como a la sociedad y a
las comunidades autónomas que se encuentran en esta situación.
Dicho esto, mi grupo va a votar favorablemente, sin ningún resquicio
de duda, el carácter de ley orgánica y esta ley en su totalidad. Nos
comprometimos con el ministro de Justicia, señor Acebes, cuando hizo
la presentación en esta Cámara. Entendimos que aumentaba el proceso
de agilización. Si hay un mal en la justicia española es la lentitud
y una justicia lenta no es justicia. Este proyecto de ley responde a
estos principios. Lo hemos perfeccionado en los trámites de Comisión,
en el Pleno del Congreso de los Diputados y en el Senado y ahora
vuelve a esta Cámara. Sea esto en beneficio de la justicia, de una
exigencia también a jueces y magistrados, ya que esta Cámara les da a
muchos de ellos dos y más años de vida profesional después de su
jubilación a los 70 años. Es mantener un prestigio de un servicio
profesional a la sociedad en jueces y magistrados y ellos sabrán
responder a este reto que les pide la sociedad española y que estas
Cámaras han sabido entender así.
Estamos satisfechos de haber mantenido este principio de congruencia
y haber aceptado la oferta de concurso y colaboración que nos pidió
el señor Acebes. Hoy, sabiendo que estamos haciendo un bien a la
justicia, al derecho de justicia que controla esta Cámara y que exige
nuestra Constitución española, votaremos este proyecto de ley a favor
de su carácter de ley orgánica.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra, tiene la
palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señora presidenta, señorías, señor
ministro. Llegamos hoy al último trámite del pase por esta Cámara de
las dos primeras leyes presentadas por el Gobierno dentro de lo que
se ha dado en llamar pacto de Estado por la justicia que conforme
anunció el señor ministro en su primera comparecencia, de 18 de
octubre, se iba a hacer en tres bloques. Es éste el primer bloque
que, dicho sea de paso, al margen de lo prometido, ha tenido alguna
incidencia o se ha visto atravesado por la tramitación de un proyecto
de ley que no ha vuelto a esta Cámara por no haber recibido enmienda
ninguna en el Senado y que se ha tramitado -repito- al margen de lo
que eran los proyectos iniciales del Ministerio de Justicia. Me estoy
refiriendo, como habrán adivinado SS.SS., a las llamadas medidas de
choque o modificaciones de la legislación para luchar contra el
terrorismo, que todo el mundo conoce que merecieron el juicio
negativo de la formación a la que pertenezco, y que se hicieron de
manera atropellada, improvisada, puesto que no estaban en el esquema
inicial de lo propuesto y prometido como plan de gobierno por el
señor ministro en esta su primera comparecencia de 18 de octubre. A
este primer bloque de medidas -lo dijimos desde el principio- nuestro
grupo le iba a dar su aceptación y también daremos hoy la aceptación
a la totalidad de las enmiendas introducidas en el Senado.
Le hemos criticado no lo que contiene, sino lo que creemos que el
texto no contiene. Es corto en sus propósitos y en alguna ocasión le
hemos manifestado la cierta comodidad en la selección de los
objetivos a la hora de adentrarse en regulaciones. Nos hubiera
gustado -y se lo hemos dicho en todos y cada uno de los trámites- que
se viera la idea de Estado autonómico de una forma más clara en la
tramitación de la ley en lo que hace referencia al funcionamiento de
la Oficina Judicial que, dicho sea entre paréntesis, todo el mundo
reconoce que en las comunidades autónomas con competencias asumidas,
donde se hace uso de ciertas potestades, se ha logrado una
agilización importante en materia de tramitación de procedimientos y
en la mejora del funcionamiento de este servicio público. Sin
embargo, cada vez son mayores las cortapisas que se van poniendo a la
asunción de competencias y no terminan de trasladarse de una vez al
texto de la Ley orgánica las posibilidades en lo que hace a
organización de la Oficina Judicial o a gestión del personal al
servicio de la Administración de justicia, que puede ser asumido por
las comunidades autónomas. Repito, se considera modélico lo que se va
haciendo pero no se manifiesta ninguna confianza para dar pasos hacia
adelante en esta materia de trasladar la idea de Estado autonómico
a las comunidades autónomas. ¿Qué es lo que se ha modificado en el
Senado? En una parte importante son cuestiones técnicas o de estilo,
como todo lo que hace referencia a la introducción de distintos
incisos en la exposición de motivos para que así se cohoneste el
contenido de la exposición con lo que luego ha resultado ser el
articulado aprobado.En otras cuestiones hay correcciones técnicas que
resultan extraordinariamente estimables u oportunas sin que añadan
nada salvo una mejor expresión en algunos supuestos. Sí nos parecen
más interesantes determinadas modificaciones que se han hecho como,
por ejemplo, cuando se recoge en el artículo 5 la posibilidad de
acceso a la condición de magistrados de menores, fruto de una
enmienda socialista, entendiendo que procedería el que se cubran por
magistrados que hayan prestado al menos tres años de servicio dentro
de los cinco anteriores a la fecha de la convocatoria en esta misma
jurisdicción de menores, lo cual nos parece una previsión
interesante.
Ciertamente, ha quedado mejor redactado el artículo 6 en lo que se
refiere a las atribuciones de las audiencias provinciales en las que
ya se había residenciado en esta misma Cámara el recurso de apelación
en materia de los juzgados de menores e igualmente nos parece mucho
mejor la redacción que se les ha dado a los preceptos referidos a
otros apartados de la Ley orgánica del Poder Judicial con unas
mejores citas, técnicamente más correctas.
Singularmente interesante nos parece lo que ya se hizo promesa por
parte grupo mayoritario de reconsideración en el Senado de introducir
la disposición adicional cuarta, que aquí había sido objeto de
enmienda por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
dentro del Grupo Mixto por la señora Lasagabaster, que después en el
Senado ha vuelto a ser enmendado tanto por Convergència i Unió como
por el Grupo Vasco.
La enmienda número 25 del Grupo de Senadores Vascos ha tenido
acogida, de tal forma que se suprime el apartado 5 de la disposición
final tercera de la Ley orgánica 5/2000, con lo que el Estado no está
obligado a la creación de cuerpos nacionales respecto del personal
técnico que existe en los juzgados de menores, pudiendo tener cuerpos
propios o pudiendo seguir manteniendo el personal que hasta la fecha
efectúa estas funciones a entera satisfacción en comunidades
autónomas que ya vienen teniendo asumidas estas competencias.
Bien está la disposición adicional quinta que se añade en cuanto al
apoyo técnico, la corrección que se hace en la estructura del propio
Tribunal Supremo para que funcione un gabinete técnico de información
y documentación e igualmente respecto de la organización de los
servicios de letrados al servicio del Tribunal Supremo, fruto de
enmiendas del Grupo Popular. Únicamente haré una referencia a la
previsión de la disposición transitoria respecto de la que el Grupo
Vasco había manifestado reticencias en el mismo sentido que lo
explicado por la señora Lasagabaster, cuando no nos parecía aceptable
introducir una moratoria para la entrada en vigor de esta ley en el
tramo de edad de los 18 a los 21, puesto que había comunidades
autónomas, como la vasca o la catalana, que habían tenido especial
previsión y estaban en condiciones de poder asumir este tramo. Se dan
dos circunstancias que nos permiten decir que vamos a votar ahora que
sí a esta enmienda. La primera es que este tramo ha quedado
prácticamente desierto dado el propio tenor de la Ley 5/2000 y la
modificación que respecto de ella se hace con las medidas
antiterroristas; mucha de esta delincuencia no va a poder ser juzgada
por los juzgados de menores. Igualmente ocurre que la totalidad de
los consejeros que tienen competencias asumidas en esta materia en
las distintas comunidades autónomas se mostraban favorables a la
moratoria. Además, como no hay mal que por bien no venga -como dicen
que decía, que no citaré, en esta Cámara-, ocurre que el plazo de dos
años que ha introducido la enmienda canaria, siendo aprobado por la
totalidad del Senado, nos da plazo a que se pueda corregir lo que
creemos que es una anomalía que ha estado presente en todo el proceso
de asunción de competencias en materia de protección de menores por
las comunidades autónomas. Cuando en el año 1987 se cambia todo el
régimen de la adopción, ocurre que se desjudicializan montones de
procedimientos y de repente se ve que las comunidades autónomas
tienen que asumir esas competencias sin que hubiera habido un proceso
paralelo de traspaso de medios personales y materiales que debiera
ser lo constitucionalmente querido, es decir, absorbieron esta
competencia ya en precario.
Las distintas modificaciones que se han hecho en la regulación de
menores en la década de los noventa han tenido parecida suerte y se
podría considerar que lo asumido en materia de menores por las
comunidades autónomas lo era hasta los 18 años. Si asumiéramos el
cumplimiento de las medidas, como prevé el artículo 45 de la Ley 5/
2000 que entrará en vigor, ocurriría que las comunidades autónomas se
verían obligadas a aplicar las medidas de un tramo de edad de
jóvenes, 18-21, respecto del cual no tienen asumidas competencias.
Por tanto, este período de dos años nos da tiempo, señor ministro,
para que las comunidades que son de régimen
común le pidan que se haga el real decreto de transferencia a costo
efectivo en relación con el tramo que asuman dentro de dos años, y
las que somos comunidades concertadas para que se haga el
correspondiente cálculo a la hora de valorar los cupos o las
aportaciones que al Estado hacemos las respectivas comunidades
autónomas.
Repito, por solidaridad con las comunidades autónomas que no están en
disposición de asumir esta competencia, porque creemos que va a
afectar a un número muy pequeño de delitos y porque así nos da tiempo
a las comunidades autónomas, que sí estábamos en disposición de
asumirlas, a prever una financiación más acertada con el sistema de
distribución competencial, constitucional y estatutariamente
previsto, mi grupo no tiene inconveniente en votar que sí a la
totalidad de las enmiendas introducidas por el Senado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora
Uría.
Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el
señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Gracias, presidenta.
En el discurso de investidura, el entonces candidato, señor Aznar,
presidente en funciones, planteó algo así como que ésta iba a ser la
legislatura o el año de la justicia. Yo quiero unirme a gran parte de
la intervención, por no decir toda, de la señora Lasagabaster, acerca
de que el pretendido pacto por la justicia, que luego tomó cuerpo a
través de la primera comparecencia del ministro Acebes, a nuestro
entender -no ponemos en duda la seriedad y el rigor del ministro- sin
duda en algún cajón de su despacho debe tener estructuradas,
pergeñadas las fases y los contenidos; pero, salvo que se haya tocado
con otros grupos parlamentarios, témome que con una inmensa mayoría
de grupos -eso no significa que seamos desde luego los mayoritarios-
ese tema no ha sido puesto sobre la mesa y lo desconocemos Y sería
conveniente, señor ministro, si va a haber un pacto, a fin de evitar
alguna finta o algún filibusterismo parlamentario, y se lo he pedido
varias veces, que se pusiera sobre la mesa.
Bien, estamos ya, como se ha repetido por distintos portavoces, en el
último tramo. Ya están aquí las enmiendas del Senado y al entender de
mi grupo es verdad que el Senado ha cumplido su papel en la
disposición adicional cuarta, que vamos a votar favorablemente, pero
en lo otro sólo ha habido una mejora técnica que podía haberse hecho
en otras fases distintas. Seguimos considerando que la medida del
plan de choque era un choque escaso, corto, que no era la medida que
la justicia necesitaba en esa especie de bloqueo, que entendemos que
se ha oído más a algunos grupos gremialistas dentro del mundo
judicial y, vuelvo a insistir, nosotros hubiéramos actuado totalmente
al
contrario de cómo ha actuado en la medida que propone aquí el señor
ministro. Aunque es distinta la guerra de la Administración de
justicia, decía un clásico como Clausewitz que la señal del caos era
que los mariscales o generales sacaban primero a la vieja guardia y
luego disminuían el período de formación de la nueva incorporación.
Es justo lo que usted ha hecho que, a lo mejor, le sale bien porque
administrar justicia y la guerra son cosas totalmente distintas. Pero
cuando ya desde distintos sectores de la judicatura,
independientemente de la posición político-ideológica, están
advirtiendo del caos que se puede originar a primeros de enero con la
puesta en marcha de la Ley de enjuiciamiento, con advertencias casi
de nulidad de sentencias e incluso con incapacidad para poner al día
los casi 80 modelos que tendrían que ponerse de documentación, ese
caos -y el Gobierno no ha tomado ninguna medida, y cuando lo veamos
en enero o febrero será tiempo de reflexionar, aunque tarde-, ese
caos -repito- vendrá a mostrar que este plan de choque del Gobierno
se ha quedado, a nuestro entender, no solamente muy corto sino,
además, en la dirección contraria.
Nada más. Muchas Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Se indicaba anteriormente que el Senado ha cumplido su función en
esta tramitación parlamentaria, y si por cumplir la función se
entiende la de mejorar realmente el proyecto e introducir
modificaciones relevantes, teniendo en cuenta también cuál era el
marco y cuál el contenido del proyecto que le remitimos, hay que
decir que es cierto. Mi grupo parlamentario no puede sino mostrar su
satisfacción por la incorporación de dos enmiendas que ya había
pretendido en el Congreso de los Diputados, las números 36 y 41, que
ya han sido citadas por otros grupos, una referente a la supresión de
aquella quizá desgraciada disposición final tercera, apartado 5, de
la Ley de responsabilidad penal del menor que pretendía la creación
del cuerpo de psicólogos, educadores y trabajadores sociales.
Ciertamente, hemos de mostrar nuestra satisfacción por su supresión
en virtud de la disposición adicional cuarta de este proyecto, de la
misma manera que entendemos que es un acierto recoger el concepto y
tratamiento de magistrado emérito, tal y como establece el Libro
Blanco de la justicia, respecto de aquellos magistrados jubilados por
edad pero que no llegan a los 75 años y que se incorporan como
magistrados suplentes. Eran cuestiones en las que teníamos interés y
hemos visto satisfechas nuestras expectativas, tal y como se nos ha
ido anunciando a través de la tramitación parlamentaria.
Entendemos que el Senado ha incorporado a través de sus enmiendas
mejoras sustanciales en el proyecto. Por un lado, se acaba de hacer
referencia a las modificaciones en el gabinete técnico de información
y documentación del Tribunal Supremo. Mi grupo parlamentario había
presentado en la Ley de acompañamiento una enmienda que respondía a
esta filosofía, y por lo tanto entendemos que son importantes las
modificaciones que se introducen ahora en la Ley, tanto al artículo
163 de la Ley orgánica del Poder Judicial como, sobre todo, al
artículo 23 de la Ley de demarcación y planta. La Ley de demarcación
y planta, en su artículo 23, congelaba el número de letrados que
debían estar en el gabinete técnico de información y documentación en
35, que ciertamente era un exceso porque ese número no debiera estar
contenido ni siquiera en un reglamento. Por lo tanto, en la medida en
que se produce a través de la modificación del artículo 23 la
descongelación de ese rango y la deslegalización y se atribuye
finalmente a un procedimiento a propuesta de la Sala de Gobierno,
informe del Consejo General del Poder Judicial y resolución por el
Ministerio de Justicia, es una incorporación con la que estamos de
acuerdo.
La modificación que se produce respecto a la escuela judicial, en la
medida en que ha sido promovida e impulsada por la propia escuela
judicial y por los vocales que en el Consejo General del Poder
Judicial son responsables de la escuela, también merece nuestra
aprobación y merecerá nuestro voto.
Creemos que también ha sido muy positiva la incorporación de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista respecto a la provisión
de los juzgados de menores. Saben SS.SS. que era preocupación de mi
grupo que estuviesen al frente de los juzgados de menores jueces o
magistrados con la correspondiente especialización. Por tanto, en la
medida en que se garantiza en primer lugar que al frente de esos
juzgados de menores se encuentren magistrados especialistas y que en
el caso de que no existan estos magistrados especialistas al menos
deban estar ocupados por magistrados que en los últimos cinco años
hayan estado durante tres al frente de juzgados de menores,
entendemos que es positivo y conveniente.
No quiero hablar demasiado ya sobre la prórroga de la entrada en
vigor de la Ley de responsabilidad penal de los menores para la
franja de edad de 18 a 21 años, porque saben SS.SS. cuál ha sido
tanto en Comisión como en Pleno el planteamiento de mi grupo y del
Gobierno de la Generalitat, tal y como lo ha puesto de manifiesto don
Luis Mardones.
Por todo ello no nos queda sino valorar muy positivamente las
enmiendas que se han introducido en el Senado y anunciar nuestro voto
favorable a las mismas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor
Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, mi grupo va a mantener, como no puede ser
de otra manera, la posición que tuvo en la tramitación en el Congreso
de esta ley, que globalmente era de rechazo. Es decir, nosotros
seguiremos votando de manera negativa una ley orgánica, que tiene una
votación final de carácter global, por considerarla fundamentalmente
insuficiente.
Este proyecto de ley, como ha tenido ocasión de decir más de un
interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra, nació
lleno de esperanza, esperanza que se le dio al Ministerio por todos
los colectivos que realmente están preocupados por que la justicia
tenga solución y su administración se agilice, se modernice y sea
eficaz; y no menos esperanza que el resto de los colectivos tenía el
primer grupo de la oposición y futuro gobierno sin duda, cuyos
portavoces aplaudieron la comparecencia del señor ministro en
Comisión cuando usted advirtió de la importancia que para el Gobierno
tenía el pacto de la justicia. Nosotros creemos sus palabras pero,
por la vía de los hechos, la primera acción política de importancia,
señor ministro, es una acción política frustrante.
Nosotros entendemos que esta ley es insuficiente y por ello votaremos
en contra, no sin antes decir, porque no nos duelen prendas y además
solemos hacerlo en aquello que sea positivo, que algunas enmiendas de
carácter concreto de los grupos, que han llevado al consenso de ambos
grupos, tanto del Grupo Socialista como del Grupo Popular en el
Senado, van a significar una aprobación por nuestra parte también en
el trámite parlamentario en el Congreso. Son tres muy claras: el
perfeccionamiento del régimen de incompatibilidades de magistrados
del Tribunal Supremo, que sin avanzar de manera excesiva sí configura
una nueva vía que puede resultar de interés y que por hacer de la
oposición nuestra una oposición útil, una oposición positiva,
aprobaremos; la composición de órganos técnicos de los magistrados
del Tribunal Supremo, que significa una aportación técnica a su
trabajo, que me imagino que dará eficacia -confiemos en ello- y en
todo caso agilidad a sus resoluciones; y por último algo que sin duda
ayudará al Gobierno, y es la posibilidad de que, a través de nuestra
aportación, puedan salir de una dificultad que tienen con la ley que
todavía no ha entrado en vigor, que es la Ley de responsabilidad
penal de los menores, ley que, por cierto, yo creo que entrará en el
Guinness como la ley más modificada sin haber entrado en vigor
todavía, pero que les significaba a ustedes un problema.
Vamos a aceptar la moratoria de carácter parcial que durante dos años
va a tener el tramo de 18 a 21 años de edad, de manera que sobre este
tramo de edad no tenga
vigor la ley de responsabilidad penal del menor, a la espera de que
la ponencia mixta y la comisión mixta de transferencias dé luz verde
a los recursos suficientes para que las distintas comunidades
autónomas que tienen competencia sobre ello puedan hacer una buena
labor en el tema de menores.
Por lo demás, señor ministro, a la espera de que recupere la
iniciativa -y se lo decimos en el lugar que hay que decirlo, no en
los pasillos ni ante los medios sino aquí, con la solemnidad que
tiene el Congreso de los Diputados- en este tipo de temas del pacto
de la justicia; en la confianza de que el próximo año será un año
mejor, en el que pensemos más en el pueblo, del que depende la
justicia, que en sus administradores, que son los magistrados, a los
que al parecer ustedes se deben con más sensibilidad que al pueblo,
titular de la justicia; en la confianza, de verdad, de que este
próximo año sea más brillante; en la seguridad, señor ministro, de
que nosotros apoyaremos todo lo que sea positivo para que el pacto se
alcance; en la seguridad, no le quepa duda, de que nunca lo ha tenido
mejor un Gobierno para conseguir ese pacto porque nunca una oposición
fue más útil para conseguirlo; en esa confianza, señor ministro,
esperemos que el Gobierno, a partir de enero o febrero, tome la
iniciativa en este tema, si no lo haremos nosotros con iniciativas
parlamentarias de este tenor, buscando el apoyo de los grupos y de
los colectivos correspondientes. Háganlo ustedes porque esta ley es
insuficiente. Creemos que puede ayudar algo en los temas de eficacia
y agilización de la justicia, pero desde luego no en su
modernización. No es la ley que esperábamos todos. Confiemos en que
sus nuevas iniciativas tengan un valor y una solidez mayor. Señor
ministro, le deseamos, sobre todo por los últimos, a nuestro
entender, traspiés políticos por los que su Ministerio y S.S. han
pasado, que tenga una feliz Navidad y un próspero año nuevo, porque
el suyo será el de todos también.
Muchas gracias, señor ministro. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por último, por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, me corresponde
expresar nuestro sentido del voto y nuestra opinión con respecto a
las enmiendas que se han aprobado y remitido desde el Senado al
proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de justicia, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Este proyecto de
ley que hoy termina su ciclo legislativo en esta Cámara forma parte
del conjunto de medidas inaplazables que anteceden a las que han de
constituir el anunciado pacto de Estado sobre la
reforma de la justicia. El presidente del Gobierno ofreció en el
debate de investidura la posibilidad de llegar a un pacto con todas
las formaciones políticas en relación con la organización de la
Administración de justicia. También el ministro de Justicia asumió,
en su comparecencia ante la Comisión de esta Cámara el pasado 24 de
mayo, el compromiso de impulsar con todos los agentes políticos y
operadores jurídicos una reforma integral de la justicia a través de
este pacto de Estado para conseguir un modelo ágil, rápido y eficaz,
que dé una respuesta adecuada a las necesidades de una sociedad
avanzada.
La exposición de motivos de este proyecto de ley señala que la
reforma que ello precisa debe ser objeto de cuidadoso estudio y
reflexión. No obstante, hay algunas medidas que por su carácter
urgente deben ser acometidas con prontitud. En consecuencia, estamos
buscando el logro de unos resultados prácticos y estamosconvencidos
de que este proyecto de ley se enmarca dentro de una pretensión
globalizadora de reforma, puesto que, efectivamente, somos nosotros
los primeros que hemos señalado que esta primera fase del plan -y así
lo indicó el señor ministro- tiene el objetivo de adoptar medidas
urgentes que beneficien el inicio de esta necesaria carrera de
agilización y modernización, para lo cual lo primero que necesitamos
imperiosamente es contar con suficientes jueces profesionales, cubrir
vacantes con titulares preparados que administren la justicia y dotar
de más plazas de jueces titulares a nuestra Administración de
justicia. Señorías, la reforma se debe entender como el primer paso,
la primera fase o la entresala de las reformas estructurales
encaminadas a una mejora profunda de nuestra Administración de
justicia. Respecto a las modificaciones que han venido del Senado, en
primer lugar, hay que decir que se ha aprobado una enmienda de
modificación del artículo 3, que trata de la adaptación transitoria
del curso teórico-práctico en la Escuela Judicial, cuya modificación
pretende, por un lado, una mejor expresión de las convocatorias que
se ven afectadas por la reducción del plazo del curso teórico-
práctico y, por otro, evitar al mismo tiempo posibles
interpretaciones erróneas sobre la duración del curso, que
finalizaría en febrero del año 2004.
Respecto al segundo inciso, es decir, la obligatoriedad de los cursos
de formación durante el año siguiente al ingreso en la carrera
judicial, se ha acordado su supresión dado que representaba una
quiebra del principio general de voluntariedad de asistencia a los
mismos y, por otra parte, resultaban prácticamente irrealizables por
ser incompatibles con el normal desarrollo de las funciones
jurisdiccionales.
El artículo 4 del proyecto sufre una modificación de matiz al
introducir un nuevo apartado 4 al artículo 200 de la Ley Orgánica 6/
1985, del Poder Judicial, que recoge que los miembros de la carrera
judicial que al jubilarse por edad sean nombrados para ejercer dicha
función tendrán la consideración y tratamiento de
magistrados eméritos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Entendemos que el tratamiento y consideración de los magistrados que
al jubilarse por edad sean nombrados para continuar desempeñando
funciones jurisdiccionales, bien sea en el Tribunal Supremo, en la
Audiencia Nacional, en los tribunales superiores de Justicia o en las
Audiencias Provinciales, debe ser el de magistrados eméritos y no
suplentes, con objeto de diferenciarlos de quienes tengan otra
procedencia. Creemos que ese tratamiento es más adecuado y respetuoso
para aquellas personas que han dedicado largos años de su vida al
servicio público y al interés general.
El artículo 5 introduce una modificación al texto contenido en el
proyecto de ley, modificación que afecta al artículo 329.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial en el sentido de equiparar el régimen
para cubrir las plazas de magistrados de menores al que ya se prevé
en otras especialidades, como puede ser la contencioso-
administrativa o la social. Respecto al artículo 6, se suprimen las
referencias a las secciones de Menores, tanto en su rúbrica como en
su contenido. A nosotros nos parece adecuada esta supresión, dado que
el principio de especialización que informa el tratamiento penal del
menor está adecuadamente garantizado mediante la atribución de la
instrucción al ministerio fiscal a través de las secciones de Menores
de las fiscalías y del conocimiento de los hechos realizados por
menores de edad en Primera Instancia a los juzgados de Menores. Desde
esta premisa, las atribuciones propias del conocimiento del recurso
de apelación no exigen el mismo grado de especialización. Basta el
que tiene el órgano de naturaleza penal, que tradicionalmente ha sido
la Audiencia Provincial.
En el artículo 7.3 se establece una modificación que consiste en la
incorporación de un nuevo apartado número 5, que mejora técnicamente
su redactado. Trata de que cuando existan las secretarías de las
secciones de Menores de las fiscalías se cubrirán con funcionarios de
la segunda categoría. En caso contrario, serán asistidas por
secretarios de los juzgados de Menores. Creemos que es útil dejar
claro esta cuestión. También nos parece correcta la modificación que
se hace en el apartado segundo de este artículo, en tanto en cuanto
los fiscales jefes tienen atribuidas las potestades de organización
de todo el personal de la Fiscalía. En este mismo sentido, viene
recogido en el artículo 71 de la Ley 50/81 del Estatuto orgánico del
ministerio fiscal. Se introducen después cuatro disposiciones
adicionales nuevas. La primera de ellas permite que el Tribunal
Supremo disponga de un gabinete técnico cuya composición y plantilla
será determinada por el Ministerio de Justicia, oída naturalmente la
Sala de Gobierno de dicho Tribunal. Creemos que es necesario
incorporar este texto. En la práctica, la determinación del número de
miembros que componen el gabinete del Tribunal Supremo está reservada
a la ley, cuando debe ser un instrumento normativo diferente que
permita su adecuación
a las cambiantes necesidades de dicho Tribunal.
La experiencia pone de relieve que cualquier reforma procesal, por
menor que pueda parecer, es susceptible de incrementar o reducir el
número de recursos que ingresan en el tribunal. Ello aconseja que la
previsión del número de magistrados y letrados y su distribución
interna puedan adaptarse con agilidad a estas necesidades cambiantes.
La segunda disposición adicional nueva delimita las funciones que
podrán ejercer los magistrados del Tribunal Supremo y, al mismo
tiempo, permite que puedan mantener su condición de tales cuando
desempeñen funciones relacionadas con la mejora del funcionamiento de
la justicia, siempre que medie acuerdo entre el Ministerio de
Justicia y el Consejo General del Poder Judicial.
Se trata de introducir criterios de flexibilidad...
La señora PRESIDENTA: Señora Martín, le ruego vaya concluyendo.
La señora MARTÍN VIVAS: Decía que se trata de introducir criterios de
flexibilidad que permitan a los magistrados del Tribunal Supremo
asumir responsabilidades en las estructuras o actividades para la
reforma de la justicia que en el futuro se pudieran crear o realizar
respectivamente, sin pérdida de condición.
La tercera de las disposiciones adicionales que incorpora el texto
del proyecto introduce dos incisos que tienen por objeto regular, de
acuerdo con la nueva ley, la situación de los menores responsables de
delitos cometidos durante la vigencia de la legislación anterior. La
cuarta y última de las disposiciones adicionales se introduce para
suprimir la disposición final tercera de la Ley 5/2000, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores, que contempla la creación de
cuerpos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales y forenses.
Entendemos que en este supuesto se justifica su supresión dado que en
el territorio del Estado, sea competencia del Ministerio de Justicia
o de las comunidades autónomas con competencias transferidas, se
cuenta ya con estos cuerpos. En cuanto a la disposición transitoria
única que contiene el proyecto de ley, se aprueba la supresión de la
misma, dado que, como consecuencia de las modificaciones
introducidas, la presente disposición transitoria deja de tener
sentido. Se incorpora al proyecto una nueva disposición transitoria
que contempla la repetidamente aludida aplicación de una moratoria a
la previsión de la Ley del menor, en lo relativo al tramo de 18 a 21
años. Quiero recordar a SS.SS. que la posición de nuestro grupo ha
sido siempre muy clara en cuanto que estábamos dispuestos a aceptar
una transaccional respecto de la enmienda presentada por Coalición
Canaria, que se hacía eco de peticiones de varias comunidades
autónomas, en su mayoría del Gobierno socialista, tal y como se puede
leer en el «Diario de Sesiones» de la correspondiente
Comisión de Justicia del 18 de octubre, transaccional que
-dicho sea de paso-, ante las reticencias del Grupo Socialista, nos
llevó a no presentarla. No obstante, ha sido a través de la relectura
en el Senado como finalmente se ha llegado a un acuerdo, tanto por
parte del Grupo Socialista como de los restantes cuerpos
parlamentarios de la Cámara, que nos lleva a apoyar la moratoria
aludida. Finalmente, se modifica la disposición derogatoria, la
disposición final y la exposición de motivos del proyecto, con el fin
de adoptar las modificaciones propuestas.
Señorías, con este proyecto de ley del Gobierno del Partido Popular,
que ha tenido un alto grado de consenso contando con informes
favorables del Consejo General del Poder Judicial y del fiscal, así
como de las comunidades autónomas, se pone en marcha la reforma de la
justicia. Dicho de otra manera, es lo que en términos coloquiales se
conoce como dar el pistoletazo de salida. Es un proyecto de ley
absolutamente necesario en esta primera etapa; es un proyecto de ley
que adopta unas medidas de choque que han de reflejarse en una
agilización de la Administración de justicia y unas medidas
necesarias para la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil
y de la Ley de responsabilidad penal del menor. Es importante
resaltar el talante negociador, abierto y dialogante y la actitud de
escucha del grupo que sostiene el Gobierno y del propio Gobierno.
Sabiendo que tenemos mayoría absoluta en la Cámara y que podían salir
adelante nuestras pretensiones, hemos preferido manifestar nuestro
compromiso de diálogo y lo hemos demostrado. Hemos admitido enmiendas
de los diferentes grupos parlamentarios, Coalición Canaria, Grupo
Vasco, Grupo Mixto, Convergència i Unió y Grupo Socialista, que hemos
incorporado al texto y hemos pactado diversas transaccionales.
Antes de acabar, quiero agradecer en nombre de mi grupo a todos los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios el debate, la
participación, la aportación que han venido realizando y el trabajo
hecho conjuntamente con nosotros. Lamentamos el voto en contra del
Grupo Socialista que, a pesar de estar de acuerdo con algunas
enmiendas, decidió en su día votar en contra y lo ha mantenido.
Estamos convencidos de que este es el camino que debemos seguir para
ir avanzando en el proceso iniciado y para conseguir una auténtica
reforma y modernización de la justicia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley
orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la
administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/
1985, de 1 dejulio, del Poder Judicial.
En primer lugar, enmiendas del Senado al artículo 1.º.4.2 y al
artículo 5.º, así como a la disposición adicional quinta y a la
disposición transitoria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 298; en contra, 10; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas a la disposición adicional cuarta nueva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 308; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley sobre medidas
urgentes para la agilización de la Administración de justicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 195; en contra, nueve; abstenciones, 105.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas.
VOTACIÓN DE CONJUNTO.
La señora PRESIDENTA: Votación final de conjunto por tratarse de un
proyecto de ley orgánica.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
308; a favor, 196; en contra, 110; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Al haber sido aprobado por mayoría absoluta de
los miembros de la Cámara, queda definitivamente aprobado en sus
términos. (Aplausos.)
- PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO
FISCAL. (Número de expediente 121/000013)
La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de
modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. ¿Grupos que desean
intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.
(Rumores.)
Señorías, es preciso que podamos continuar con el debate, para lo
cual les ruego que desalojen el hemiciclo, si lo van a hacer, de la
manera más breve posible y también en silencio.
Adelante, señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Seré muy breve. Se ha recibido una enmienda del Senado con relación a
este proyecto de ley. Quiero señalar que, aunque a algunos les pueda
parecer una mera referencia de introducción de la Fiscalía de la
Audiencia Nacional, a nuestro grupo le parece que tiene un sentido y
un contenido político importante. Responde a la aprobación de un
proyecto de ley de medidas sobre el terrorismo, que no ha venido a
esta Cámara porque no ha habido enmiendas en el Senado. Ya dimos
nuestra opinión respecto a aquel proyecto. No estábamos, en absoluto,
de acuerdo, especialmente en lo que se refería a la modificación de
la Ley de menores. Una de las razones que esgrimíamos era que se
creaba un juzgado central de Menores en la Audiencia Nacional y a
nosotros eso nos parecía que iba en contra de una mayor eficacia, de
un mejor sentido de la Administración de justicia e incluso de los
objetivos que pretendía. Creemos que el juez tiene que ser el
ordinario y predeterminado por la ley. Aquel proyecto de ley sobre la
modificación de la Ley de menores excluía de su aplicación a un
sector importante de población y, además, estimábamos que no iba a
tener ninguno de los méritos que pretendía el proyecto de ley y, como
consecuencia, se ha realizado esta modificación en lo que se refiere
al Estatuto orgánico del ministerio fiscal.
Como no estamos de acuerdo en que haya un Juzgado Central de Menores
en la Audiencia Nacional, no podemos tampoco estar de acuerdo en esta
introducción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional en materia de
menores y, por tanto, votaremos en contra.
Muchas gracias, señora presidenta, y zorionak, felices fiestas a todo
el mundo, aunque algunos tengamos que venir a trabajar la semana que
viene a esta casa.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.
Mi grupo quiere manifestarse sobre la enmienda que viene del Senado a
este proyecto de ley mi grupo. Vamos a votar favorablemente la
enmienda porque introduce nuestra propuesta de que en cada Fiscalía
de los tribunales superiores de Justicia y de las audiencias
provinciales exista una sección de Menores, y se circunscribía a esos
dos órganos del ministerio fiscal: tribunales superiores de Justicia
y audiencias provinciales. En la enmienda del Senado se da paso
también a esta Fiscalía en la Audiencia Nacional. Nos parece una
correlación en elevación de la Sala que debe existir en esta sección
de Menores y, por tanto, apoyaremos esta iniciativa con nuestro voto
porque es consecuente y congruente con las teorías que hemos
mantenido.
Dicho esto, quiero volver a dejar constancia aquí, estando presente
el señor ministro de Justicia, que mi grupo apoyará, en cualquier
lectura positiva, política y jurídica, esta ley que viene dentro de
un contexto de medidas de lucha contra el terrorismo callejero hecho
por menores de edad. Apoyamos que haya unos órganos jurisdiccionales,
y en este caso también el ministerio fiscal, a estos tres niveles que
he mencionado: Audiencia Nacional, Tribunal Superior de Justicia de
cada comunidad autónoma y audiencias provinciales para marcar un
apoyo, un criterio y una idea política que nosotros plenamente
compartimos en esta unidad de los demócratas, no solamente contra
cualquier lacra, sino que también queremos que esta unidad esté
escenificada en las leyes y en este Parlamento.
Quiero hacer una invocación al señor ministro respecto a la enmienda
que no pudo sacar adelante mi grupo, en el sentido de que algún día
se pueda redactar y aprobar un reglamento del ministerio fiscal dado
que el existente es anterior a la Constitución española.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora
Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, el Grupo Vasco dio también su apoyo a esta
iniciativa de modificación del Estatuto orgánico del ministerio
fiscal, y hasta tal punto lo dio que ni siquiera presentó enmiendas
en su paso por esta Cámara. Hubo, eso sí, la queja de lo corto de la
pretensión, puesto que existen acuerdos de la legislatura pasada en
relación con las posibilidades de introducir mejoras sustanciales en
el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, que hora es ya de que se
hubieran abordado. No obstante, le dábamos el voto de confianza
porque teníamos la seguridad de que en esta legislatura algo se nos
presentaría al respecto.
Sin embargo, en el paso de la ley por el Senado se ha introducido una
referencia a la que mi grupo no puede dar su visto bueno en
coherencia con la postura sostenida en relación con las llamadas
medidas para la lucha contra el terrorismo. En el sentido de lo
manifestado por la representante del Grupo Mixto, la referencia que
se hace en lo añadido por el Senado a la existencia de
una Fiscalía de Menores en la Audiencia Nacional es contrario al
discurso por nosotros sostenido en relación con estas medidas.
Estando de acuerdo con el tenor de la ley y no habiendo presentado
enmiendas a la misma, sostenemos esta misma postura, pues no creemos
que deban existir esos órganos especializados de menores en la
Audiencia Nacional y votaremos que no a la enmienda introducida por
el Senado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Y con una
gran brevedad.
Mi grupo parlamentario en el debate sobre la Ley orgánica de
modificación del Código Penal y de la Ley de responsabilidad penal de
los menores puso también de manifiesto la necesidad de concretar la
organización de las fiscalías de Menores a efectos de la aplicación
de dicha ley. Efectivamente, en el Senado se ha aprobado una enmienda
que establece la creación de una Fiscalía de Menores en la Audiencia
Nacional que no hace sino ajustar esta organización de la Fiscalía,
sobre la base de la especialización de los menores, a lo dispuesto en
aquella Ley orgánica del Código Penal y de responsabilidad penal de
los menores. Por tanto, anunciamos ya en este momento nuestro voto
favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, anuncio que el Grupo Socialista votará
favorablemente a la enmienda que ha sido remitida desde el Senado,
pero antes nos gustaría hacer dos reflexiones.
No sé si es por la interpretación de este grupo o por la lectura de
la enmienda que viene desde el Senado, pero nuestra impresión es que
hay un defecto técnico, puesto que en esa ley se han residido todas
las competencias tanto en la Audiencia Nacional como en las
audiencias provinciales. En la redacción aparece una sección de los
tribunales superiores de Justicia. Si es por la redacción, hay un
defecto técnico que debe ser subsanado en este momento. Este grupo
estima que ha hecho una interpretación amplia al creer que la
residencia de esas competencias estaban en los dos órganos a los que
hemos hecho referencia.
Hay una segunda reflexión que le quería hacer al señor ministro -le
agradecemos su presencia aquí esta mañana-, y es que hace cinco años
que el Partido
Popular nos anunció una reforma del Estatuto de la Fiscalía y aún no
hemos visto ese proyecto ni hemos tenido la oportunidad de discutirlo
en esta Cámara. Lo que hoy nos ha traído aquí es una parca y pequeña
modificación que viene fundamentalmente decidida por la reforma
normativa de una ley que nos está obligando a hacer esa modificación
en el Estatuto del ministerio fiscal.
Hemos anunciado nuestro voto favorable y nos congratulamos de que se
creen las secciones de especialización de los fiscales, porque ese es
el espíritu y el objetivo principal con que se hizo la Ley 5/2000,
que llevaba implícita que todos aquellos agentes que intervinieran en
los procedimientos de menores fuesen especializados para entender no
sólo los procedimientos penales sino el contexto en donde se producen
los delitos y las características de los menores, que son los que
estarían implicados en ese tipo de procedimientos. De ahí que nos
sintamos satisfechos por la modificación y que vayamos a votar a
favor de la enmienda que viene del Senado, no sin antes manifestar al
señor ministro que esa misma redacción es la que tenía la
especialización de la Fiscalía y la creación de las secciones para la
violencia doméstica. No nos congratulamos de que el Gobierno y el
Partido Popular hayan sido insensibles, ya que se presenta la misma
redacción sin incluir esa modificación sobre un problema social que
nos parece lo suficientemente importante y una lacra que hay que
erradicar de esta sociedad lo antes posible; repito que no hemos
encontrado esa sensibilidad en el Gobierno ni en el Partido Popular
que lo apoya. No obstante, manifestamos nuestro apoyo a esa enmienda
y nos congratulamos de que se creen esas secciones para entender
mejor el proceso de los menores en ese tipo de procedimientos.
(Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora López.
Por último, para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Popular en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley
50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal, con la finalidad de adecuarlo a la
Ley Orgánica de responsabilidad penal del menor que entrará en vigor
en enero de 2001.
El Estatuto orgánico del ministerio fiscal, desde su entrada en vigor
en 1981, ha sufrido dos modificaciones. La primera en 1988, cuando se
creó la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico
ilegal de drogas, y la segunda en 1995, cuando se crea la Fiscalía
para la represión de los delitos económicos relacionados con la
corrupción. La reforma que hoy estamos debatiendo para su aprobación
definitiva por
esta Cámara es, sin duda, la más novedosa y la de mayor singularidad
de todas las que ha experimentado dicho estatuto desde su entrada en
vigor. Como SS.SS. saben, la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/
2000, del 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal del
menor, atribuye a los miembros del ministerio fiscal nuevas funciones
que hacen necesaria la modificación del actual estatuto por el que se
rigen. En concreto, el artículo 16 de esta ley atribuye la
instrucción de dichos procedimientos al ministerio fiscal con la
intención de dotar a estos procesos de una mayor celeridad y eficacia
en el interés del menor. La instrucción por parte del fiscal de los
procesos ante juzgados y tribunales de menores obliga a la reforma de
los artículos 3 y 5 del actual Estatuto orgánico del ministerio
fiscal. Pero, además, este proyecto de ley, que hoy espero sea
aprobado por esta Cámara con un alto grado de consenso entre todos
los grupos parlamentarios, impone la creación en las fiscalías de las
secciones de menores y la formación de fiscales especialistas en
menores. Durante la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley
en el Senado se ha introducido una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que establece una sección de menores en la fiscalía de la
Audiencia Nacional, en coherencia con la modificación de la Ley
Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del menor, que tal y
como fue definitivamente aprobada en el Senado la semana pasada
atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los
procedimientos contra los menores que hubiesen cometido delitos
calificados de terrorismo. Se trata de que el enjuiciamiento de las
conductas de los menores responsables de delitos terroristas se
realice de forma coherente con el supuesto que se enjuicia,
manteniendo todas las garantías procesales que para estos menores se
establece en la Ley 5/2000.
En cuanto a la creación en las fiscalías de secciones de violencia
familiar, a las que alude el Grupo Parlamentario Socialista, mientras
que las secciones de menores de la Fiscalía están justificadas
porque, como muy bien sabemos, en la Ley del menor el fiscal cambia
su función habitual y pasa a tener una función instructora que
lógicamente hay que atender, en los delitos de violencia familiar el
ministerio fiscal tiene el mismo papel que en cualquier otro tipo de
delito y, por tanto, no acabamos de entender desde el punto de vista
técnico la creación de una fiscalía ad hoc. Por otra parte,
introducir criterios de especialización o de preferencia tampoco nos
parece oportuno cuando hay amplio consenso en la carrera fiscal
respecto a que se sigan los criterios que hasta ahora se han
mantenido. La Circular 1/1998, de 24 de octubre, de la Fiscalía
General contempla perfectamente el funcionamiento de los fiscales en
el servicio de la violencia familiar y de su registro. Por otra
parte, lo que no nos podrán negar, señorías, es que el Grupo
Parlamentario Popular ha demostrado en repetidas ocasiones su máxima
preocupación por la violencia doméstica. Debemos recordarles que ha
sido el Gobierno del Partido Popular
el principal impulsor del plan de acción contra la violencia
doméstica, que adoptó, entre otras, las siguientes medidas: alejar al
agresor de la víctima como medida cautelar, perseguir de oficio las
faltas por malos tratos, adecuar las penas para que no redunden en
perjuicio de la víctima, incrementar las unidades de atención a las
mujeres. Además, se han aprobado modificaciones legales para proteger
a las víctimas de malos tratos, se han creado oficinas de atención a
las víctimas de violencia doméstica y, con la colaboración de los
colegios de abogados, se ha creado un turno de abogados que atiende
cualquier caso que se pueda producir de ese tipo durante las
veinticuatro horas del día. Creo sinceramente que no nos pueden
acusar de no tomarnos interés en este tema. Otra cosa distinta es que
estemos o no de acuerdo en la creación de secciones específicas sobre
violencia familiar en las fiscalías. En breve el Gobierno actualizará
un plan de choque contra la violencia doméstica y ese será el momento
de entrar a debatir cuál es la forma más adecuada para luchar contra
este problema.
Finalmente, señorías, con este proyecto de ley el Gobierno del
Partido Popular da un paso más para la entrada en vigor de la Ley de
responsabilidad penal del menor y para que esta ley goce de las
condiciones idóneas para su máxima eficacia en interés tanto del
menor como de la sociedad española y del Estado de derecho.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín.
Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado al
proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del ministerio
fiscal, enmiendas que se votan en un solo bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
299; a favor, 284; en contra, ocho; abstenciones, siete.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, quedan aprobadas las enmiendas
de referencia.
Ruego a los servicios de la Cámara que desalojen las tribunas porque
vamos a iniciar la sesión secreta. (Pausa.)
Continúa la sesión con carácter secreto.
DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS.
- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DEL ESTATUTO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
DECLARACIONES DE ACTIVIDADES DE SEÑORES DIPUTADOS. (Número de
registro 17275)
Se somete a votación el dictamen de la Comisión del Estatuto de los
Diputados, que es aprobado.
Continúa la sesión con carácter público.
La señora PRESIDENTA: Antes de levantar la sesión, permítanme que
tanto en nombre de todos los miembros de la Mesa como de esta
Presidencia le desee a todas SS.SS. unas felices fiestas de Navidad y
no solamente un muy feliz año 2001 sino todo el milenio. (Aplausos.)
Estoy segura de que expreso la voluntad de todos los miembros de esta
Cámara si manifiesto el deseo de que el 2001 sea el año en el cual
todos los españoles, incluidos los que viven en el País Vasco,
podamos vivir en libertad y expresar nuestras ideas. (Aplausos.)
Se levanta la sesión.
Eran la una y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» número 52,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, miércoles, 20 de
diciembre de 2000, en la pregunta formulada por la señora
Pleguezuelos Aguilar (páginas 2483 y 2523), figura como número de
expediente el 180/000393, cuando el que corresponde realmente es el
180/000399.