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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 48, de 12/12/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 48
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 46
celebrada el martes, 12 de diciembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley de Comunidades
Autónomas:
- Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales
en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 30-1, de 25 de
abril de 2000. (Número de expediente 125/000005.) . . . (Página 2303)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas
relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de
peaje. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 18-1, de 24
de abril de 2000. (Número de expediente 122/000014.) . . .
(Página 2312)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los
sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 99, de 24 de
noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000146.) . . .
(Página 2320)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito
del submarino nuclear «Tireless» atracado en el Puerto de Gibraltar.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 88, de 3 de
noviembre de 2000. (Número de expediente 162/000132.) . . .
(Página 2327)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Núñez), sobre el traslado del
submarino nuclear «HMS Tireless» para su reparación. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie D, número 61, de 22 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 162/000110.) . . . (Página 2327)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de
precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica. (Número
de expediente 173/000032.) . . . (Página 2337)
Ñ Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política
general del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía
espongiforme bovina (EEB). (Número de expediente 173/000033.) . . .
(Página 2341)
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación social sustitutoria (PSS). (Número de expediente 173/
000034.) . . . (Página 2351)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas . . . (Página 2303)
Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en
la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro . . .
(Página 2303)
En turno a favor de la toma en consideración de la proposición de ley
intervienen, en representación del Parlamento de Cataluña, los
señores diputados Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Carbonell i Abelló, del Grup Parlamentari
Socialistes-Ciutadans pel Canvi, y Ferrer i Gironés, de Esquerra
Republicana de Catalunya.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Saura
Laporta y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV);
Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió); la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista,
y el señor López-Medel Bascones, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas oficiales en
la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro, se
rechaza por 137 votos a favor, 166 en contra y una abstención.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 2312)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas
relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de
peaje . . . (Página 2312)
El señor Segura Clavell, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, defiende la toma en consideración de la proposición de
ley porque tienen el convencimiento de que es preciso producir
modificacionesen la norma por la que se rigen los mecanismos
concesionales
de las explotaciones de las autopistas de peaje y porque las
modificaciones introducidas en los últimos años por el Gobierno del
Partido Popular han originado unas distorsiones que en nada han
beneficiado al bien público. Desarrolla el contenido de la
proposición de ley y pide a la Cámara que, antes de que llegue al
Congreso una ley marco de financiación de las infraestructuras del
transporte en España, se dé paso a un debate razonable sobre la
utilización del bien público de forma homogénea en todo el Estado
español, sin mecanismos de diferenciación en las infraestructuras del
transporte viario entre las distintas comunidades autónomas.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ochoa de Eribe Elorza, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas
relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de
peaje, se rechaza por 123 votos a favor, 171 en contra y dos
abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 2320)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar los
sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias . . .
(Página 2320)
El señor De Juan i Casadevall, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, presenta a la Cámara una iniciativa no
legislativa que emplaza al Gobierno de la nación a poner en marcha y
desarrollar en el seno de la Agencia estatal de Administración
tributaria un sistema de gestión telefónica permanente que, además de
suministrar información tributaria al contribuyente, posibilite la
realización por vía telefónica de los diversos trámites que
constituyen el procedimiento de gestión tributaria.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora
Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Padrol i Munté, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor De Juan i Casadevall.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la
confección de declaraciones tributarias, se aprueba por 168 votos
a favor, 105 en contra y 14 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones a propósito del
submarino nuclear «Tireless» atracado en el Puerto de Gibraltar . . .
(Página 2327)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Núñez), sobre el traslado del
submarino nuclear «HMS Tireless» para su reparación . . .
(Página 2327)
Defiende la primera de las dos proposiciones no de ley acerca del
submarino nuclear «Tireless», el señor Marín González, en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista. Explica que con su iniciativa
pretenden ofrecer al Gobierno la plataforma unánime del Parlamento
para que solicite formalmente al Gobierno británico el traslado del
submarino «Tireless», al objeto de que sea reparado en una base naval
adecuada para estos menesteres, lo que permitiría al Gobierno
reconciliarse con la opinión pública española, que no entiende las
dudas y contradicciones que se están produciendo en torno a este
asunto.
Defiende la segunda proposición no de ley sobre el mismo asunto el
señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto. Critica la
situación creada en Andalucía por la permanencia en Gibraltar del
submarino nuclear «Tireless», averiado en aguas de Sicilia y
rechazado por otros puertos de socios europeos, y hace una serie de
preguntas sobre las contradicciones del Gobierno y su negativa a
pedir al Gobierno británico que se lleve de una vez el mencionado
submarino.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Guardans i
Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
intervienen los señores Marín González y Núñez Castain.
El señor Caldera Sánchez-Capitán interviene por una cuestión de
orden.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear
«Tireless», atracado en el Puerto de Gibraltar, en los términos
derivados del debate, se rechaza por 119 votos a favor, 157 en contra
y 17 abstenciones.
Sometida a votación, en segundo lugar, la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear
«HMS Tireless», para su reparación, se rechaza por 120 votos a favor,
158 en contra y 16 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 2337)
Del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre política de
precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica . . .
(Página 2337)
El señor Rivero Baute defiende, en nombre del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, la moción consecuencia de interpelación urgente,
presentada en el último Pleno, sobre la política de precios de los
vuelos regulares entre España e Iberoamérica, en general y,
fundamentalmente, entre España y la República de Venezuela. Reproduce
los argumentos dados en la interpelación y se refiere a las
manifestaciones del señor ministro de Fomento en el debate a favor de
la interpelación. Explica el contenido de la moción que tiene dos
partes: una primera orientada a la renegociación de forma urgente del
convenio bilateral entre el Reino de España y la República de
Venezuela, para permitir la competencia entre compañías aéreas, y una
segunda orientada a prohibir el rechazo unitario de una tarifa que
haya sido establecida siguiendo los mecanismos que figuran en el
convenio, salvo que la otra parte también la rechace. Finalmente
insta al Gobierno a que en el plazo de tres meses presente ante la
Cámara una propuesta que consiga el objetivo que persigue la moción.
Defienden las enmiendas presentadas los señores Segura Clavell, del
Grupo Parlamentario Socialista; López-Amor García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, y Aymerich Cano, del Grupo
Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Marsal,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Rivero Baute.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre la política de
precios de los vuelos regulares entre España e Iberoamérica, en los
términos derivados del debate, se aprueba por 277 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
del Gobierno en relación con la crisis de encefalopatía espongiforme
bovina (EEB) . . . (Página 2341)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Cuadrado Bausela, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Considera que la grave crisis ocasianada por el llamado mal de las
vacas locas es una crisis anunciada que afecta al conjunto de España
y al que hay que dar respuesta inmediata, porque se está ante un
problema de Estado que requiere una estrategia clara y comprendida
por el conjunto de la sociedad. Critica las, a su entender,
contradictorias declaraciones de miembros del Gobierno sobre la
crisis, que no hacen sino multiplicar la alarma en la población, y
pide coordinación y cooperación entre los poderes públicos. A
continuación presenta las diez medidas de que consta la moción de su
grupo.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Madero Jarabo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso;
Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Companys
Sanfeliu, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Cuadrado Bausela.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas de política general
del Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía
espongiforme
bovina, en los términos derivados del debate, se rechaza por 116
votos a favor, 152 en contra y 14 abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas
previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación social sustitutoria . . . (Página 2351)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor
Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). Recuerda los términos del debate de la
interpelación planteada en el último Pleno, resaltando la
satisfacción, tanto del ministro de Trabajo como de los portavoces
que intervinieron, por la desaparición del servicio militar
obligatorio a finales del año que viene, y el balance positivo de lo
que ha sido, a lo largo de estos años, la experiencia de la
prestación social sustitutoria. Sin embargo, añade, existe cierta
inquietud en importantes sectores de la sociedad que se habían venido
beneficiando de las actividades desarrolladas por la prestación
social sustitutoria. La moción del Grupo Parlamentario Catalán está
planteada desde la necesidad de, con la experiencia de la prestación
social sustitutoria, fortalecer el tercer sector, dando respuesta a
determinadas necesidades sociales que en el actual nivel del Estado
del bienestar no se habían desarrollado. Explica los tres puntos de
la moción y ofrece una enmienda transaccional a las enmiendas
planteadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Velasco
Sierra, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los efectos de presentar el texto transaccional interviene el señor
Campuzano i Canadès.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación social sustitutoria, en los términos de la enmienda
transaccional puesta de manifiesto por el grupo proponente, se
aprueba por 237 votos a favor y una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la
noche.
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.
- DELPARLAMENTO DE CATALUÑA, SOBRE EL USO DE LAS LENGUAS OFICIALES EN
LA EMISIÓN DE BILLETES Y EN LA ACUÑACIÓN DE MONEDAS DEL EURO. (Número
de expediente 125/000005.)
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto primero del orden del día: Toma en consideración de
proposiciones de ley de comunidades autónomas. Toma en consideración
de la proposición de ley del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de
las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de
monedas del euro Corresponde el turno a favor. Por parte de la
delegación del Parlamento de Cataluña, en primer lugar, tiene la
palabra el diputado señor Ferrer i Roca, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Roca): Señora
presidenta, señorías, los señores diputados saben muy bien que llegan
a esta Cámara proposiciones de ley, con mucha frecuencia, del
Parlamento de Cataluña. Estas proposiciones de ley, muchas, no todas,
hacen referencia al carácter plurilingüe del Estado español, aspecto
que la Constitución recogió y consagró y que hoy ningún grupo
político de esta Cámara discute. En este sentido y en otros, la
Constitución (vale la pena subrayarlo, aunque sea de pasada)
constituyó lo que algunos sabios, en estos menesteres, afirman y
consideran que fue un reencuentro con la realidad. Esa realidad
plurilingüe estaba ahí, pero durante siglos estuvo marginada,
desconocida por parte del aparato del Estado. Pues bien, la
Constitución representó un reencuentro con aquella realidad. Este es
un recordatorio que vale la pena hacer cuando me propongo exponer
esta iniciativa, que incide en este campo en el carácter plurilingüe
del Estado español.
Para aplicar lo que reconoció la Constitución en este campo, hubiesen
podido seguirse dos caminos: Uno, un acuerdo de algún Gobierno del
Estado diciendo que se iba a reconocer y a aplicar el carácter
plurilingüe en cualquier acto importante del Estado; y otro, el que
estamos siguiendo, que es plantear caso por caso. Esta es la razón
por la cual, periódicamente, una representación
del Parlamento catalán y de otros plantean estas cuestiones
referidas al carácter plurilingüe del Estado.
Esta proposición de ley que hoy presentamos ante SS.SS. tiene sus
antecedentes en esta misma Cámara en una interpelación del diputado
Saura en diciembre de 1997, a la que siguió una moción, que fue
aprobada por 308 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones. Por
consiguiente, hemos de reconocer que nos estamos refiriendo a una
cuestión que está envuelta en un amplísimo consenso. Nadie discute la
necesidad de que en el aspecto de billetes y monedas de curso legal
en el Estado español se refleje también, en lo posible, este carácter
plurilingüe. Concretamente, la proposición de ley que esta tarde
presentamos ante SS.SS. consta de cuatro puntos. En el primero se
hace referencia al carácter plurilingüe del Estado y se propone que
en los billetes y en las monedas se refleje esa realidad. En el
segundo punto se señala la necesidad de que las medallas
conmemorativas también reflejen este mismo carácter. En el tercero se
hace referencia al euro, que también es conveniente que refleje esa
misma realidad, y el cuarto se refiere a la publicidad que deberá
acompañar la presentación de cualquiera de estas iniciativas y que
debe ir también en las lenguas que son oficiales en el Estado
español.
Señorías, debo advertir que esta proposición de ley, para la que
solicitamos el voto favorable, no tiene un carácter ni histórico ni
indispensable ni fundamental. Lo que sí fue fundamental, histórico e
indispensable fue la Constitución. Esta proposición de ley es
solamente uno de los muchísimos casos de aplicación de aquella
Constitución.
Por esta razón, no puede extrañarles, señorías, que periódicamente se
presenten iniciativas de este tipo en el pasado, en el presente y en
el futuro, que no son nada más y nada menos que la aplicación
práctica, en el día a día, de aquel reconocimiento del carácter
plurilingüe del Estado español.
El Grupo de Convergència i Unió, que forma parte de esta delegación
del Parlamento catalán, solicita el voto favorable a la toma en
consideración.
Esta iniciativa fue aprobada por el Parlamento catalán, como dato de
información, sin ningún voto en contra y esperamos que, como ocurrió
en diciembre del año 1997, cuando se someta a votación se consiga
también el amplísimo consenso que es deseable y esperable.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer.
Corresponde ahora el turno de intervención al señor Carbonell i
Abelló.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Carbonell i Abelló):
Señora presidenta,
señorías, en nombre del Grup Parlamentari SocialistesCiutadans pel
Canvi, formando parte de una delegación de diputados que éste ha
nombrado, me complace presentar esta proposición de ley sobre el uso
de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación
de las monedas del euro.
Efectivamente, durante la anterior legislatura se aprobó por 100
votos a favor y 11 abstenciones una proposición de ley que propone el
uso de las lenguas oficiales en la emisión de billetes y en la
acuñación de nuevas monedas. Llamo la atención de SS.SS. sobre el
hecho de los 100 votos a favor en una Cámara de 135 diputados. Es
importante que tengan en cuenta esta amplia mayoría en el Parlamento
de Cataluña. ¿Por qué se aprobó esta iniciativa parlamentaria? Se
aprobó porque España es un Estado plurilingüe, plurinacional y
pluricultural y porque nuestra Constitución reconoce y protege esta
enorme riqueza. Sin duda alguna, durante estos 22 años hemos avanzado
mucho en el desarrollo, en la articulación y en la ordenación del
Estado desde la perspectiva que implica el Estado de las autonomías
y el reconocimiento claro de las nacionalidades y regiones que lo
forman. Si bien hemos avanzado en muchos aspectos, es también cierto
que quedan otros ámbitos donde es necesario avanzar en este
reconocimiento pluricultural, plurinacional y plurilingüístico del
Estado.
Esta es la primera proposición de ley que presentamos en nombre del
Parlamento de Cataluña y que abre una serie de proposiciones que
hemos aprobado en la línea de avanzar, de manera sólida y lo más
unánimemente posible, en el reconocimiento efectivo de esta realidad
plural. Porque esta realidad plural es una gran riqueza y una enorme
riqueza de todos, porque esta es una realidad compartida por todos,
porque forma parte de una historia común de los pueblos de España,
porque es desde el reconocimiento de esta pluralidad donde
encontraremos muchos elementos de futuro que nos ayuden a avanzar
conjuntamente en este cambio de siglo y porque nuestras propuestas se
fundamentan en la necesidad de avanzar desde nuestro marco
constitucional y profundizando en la confianza constitucional. En
esto se basa el hecho de que el Parlamento de Cataluña venga hoy a
las Cortes y proponga con esta amplia mayoría de sus diputados esta
iniciativa parlamentaria.
Hoy nuestra proposición se refiere a la moneda, pero dentro de unos
meses será en el DNI, en los pasaportes, en los sellos, donde es
necesario que se refleje esta pluralidad cultural de nuestro Estado.
Repito que es una manera sencilla, pero concreta de avanzar
conjuntamente en este reconocimiento plural del Estado. Como ha dicho
el diputado Ferrer, esto ya fue aprobado mediante una moción que se
presentó en esta Cámara en el año 1997. Nuestra proposición viene a
avanzar, a concretar una iniciativa que en su momento se aprobó en el
Congreso: que los billetes sean emitidos en las cuatro lenguas
oficiales. Y que este mismo criterio se utilice en la puesta en
circulación de monedas y medallas
conmemorativas, que en el momento de emitir la moneda metálica
se escriba España en las cuatro lenguas y que, finalmente, se haga lo
mismo en la publicidad institucional. Estoy convencido de que esta
iniciativa pequeña, pero simbólica, tendrá el reconocimiento que se
merece. Es desde esta actitud de confianza constitucional y del
respeto debido a una iniciativa del Parlamento de Cataluña por lo que
esperamos que esta proposición de ley se tome en consideración.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Carbonell.
Por último, y en nombre de la delegación del Parlamento catalán,
tiene la palabra el señor Ferrer i Gironés.
El señor DIPUTADO DEL PARLAMENTO DE CATALUÑA (Ferrer i Gironés):
Señora presidenta, señorías, el día 9 de marzo de 1999, igual que
ahora, presentamos en esta Cámara esta misma proposición de ley. Tal
como han dicho los intervinientes anteriores, se propone que figuren
las lenguas de España en los billetes y en los euros.
Para que ustedes lo sepan, esta proposición fue votada a favor por
286 votos, sólo hubo dos en contra y seis abstenciones. Hoy volvemos
aquí a defender el mismo texto, y ésta es nuestra servidumbre. Que yo
sepa, ninguna otra lengua europea debe pasar estos trámites y estos
exámenes. La realidad política de 1977 hizo que muchos creyéramos que
lo que proclamaba la Constitución eran palabras creíbles y
obligatorias, nunca se entendió como una constitución semántica.
No obstante esta creencia, aún hoy tenemos que hacer esfuerzos para
lograr que el artículo 3.o de la Constitución sea una realidad.
Cuando de una forma inequívoca se proclama que las leguas de España
serán objeto de especial respeto y protección, hemos de entender que
el Estado, como garante de los derechos constitucionales, debería ser
el primero en cumplir y hacer cumplir estos textos redactados,
votados y plebiscitados. El respeto y protección de todas las lenguas
oficiales es un deber que no se puede soslayar por parte de nadie.
Como firmante que soy de la Constitución de 1978, me encuentro muchas
veces en la incertidumbre al comprobar que determinados líderes de
ciertas fuerzas políticas se llenan la boca en invocar la
Constitución de forma continua y, en cambio, para que se cumpla,
nosotros hemos de insistir una y otra vez. Por ello, hoy volvemos
aquí a instar para que el respeto y la protección para nuestras
lenguas sea realidad en las monedas, en los billetes, en los sellos,
en el documento nacional de identidad y en todos los documentos
públicos.
En la otra ocasión esbocé ante SS.SS. la historia de la persecución
de la lengua catalana, pero hoy no voy a repetirla. En nuestro ánimo
está el espíritu de lucha y de reivindicación. No obstante, después
de 22 años de reclamar, de solicitar y de exigir, y cuando todo
cambia
para que no cambie nada, llega un momento en el que consideras cínico
tener que observar que los que más proclaman la Constitución son los
que menos interés tienen en que sus principios sean escrupulosamente
cumplidos. Hoy es la cuarta vez que vengo a instar, a solicitar y a
pedir. Todas las veces que he venido todos los grupos parlamentarios
se han mostrado de acuerdo, pero lo que se pidió aún no se ha
cumplido. ¿Qué dirían SS.SS. ante un caso como éste, sobre todo en
casos que no responden a derechos individuales, que no tratan de
intereses parciales, ni sectarios, ni partidarios? Son derechos
nacionales, son derechos que deberían fluir y emerger como fruto de
la visión del Estado, de un Estado de derecho plural y complejo.
Deberían ser la esencia del Estado. Estos derechos deberían plasmarse
porque provienen del mismo concepto del Estado, de un Estado
plurilingüe, plurinacional y pluricultural.
Ya dije la otra vez ante esta Cámara que un Estado, hoy, no puede ser
democrático si no es tolerante ni es plural. Un ejemplo lo podríamos
tener en la poca tolerancia de lo ocurrido en Barcelona el domingo
pasado durante la entrega de premios de la Copa Davis, donde fue
notoriamente silbada la utilización de la lengua catalana, y ahogada
con los gritos de: España, España, España. ¿El Estado español no es
lo bastante democrático para ser moderno y plural? Una estructura
jurídicopolítica que ampara a los ciudadanos sin discriminación de
lengua, de origen, de religión o de sexo, no debería tener
esencialismos lingüísticos ni fundamentalismos nacionales que puedan
coartar o limitar la libre cultura de sus contribuyentes. Digo
contribuyentes para que mejor se entienda que la ciudadanía entraña
la recepción de unos servicios públicos que con anterioridad ya se
han satisfecho, y estos servicios no pueden estar en contradicción
con los derechos lingüísticos de las nacionalidades. Por ello, en
nombre del Parlamento de Cataluña, solicitamos que vuestro voto sea
favorable a nuestra proposición de ley.
Señora presidenta, ojalá sea ésta la última vez que venimos a
pedirlo. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ferrer. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, señor Saura y,
después, señor Rodríguez.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, quiero anunciar el voto favorable de
Iniciativa per Catalunya-Verds a esta iniciativa del Parlamento
catalán, como no podría ser de otra manera, pero inscribir nuestro
voto y nuestra reflexión en reconocer que desde la aprobación de la
Constitución, el Estado español ha evolucionado positivamente,
desde el punto de vista del Estado de las autonomías, en temas
como la descentralización de los servicios, la transferencia de
competencias y la financiación autonómica, a pesar de que nosotros
pensemos que eso es aún insuficiente. Realmente, ahí ha habido una
evolución positiva en estos 20 años de democracia pero, desde el
punto de vista de la evolución del Estado de las autonomías, pensamos
que hay dos grandes asignaturas que aún continúan estando pendientes.
Una es el reconocimiento real y efectivo de la plurinacionalidad del
Estado español y la segunda es el reconocimiento real y efectivo del
plurilingüismo del Estado español. Esta iniciativa que hoy nos viene
del Parlamento catalán (yo saludo muy afectuosamente a los tres
diputados que la han defendido) hace una aportación a uno de los dos
grandes retos. Un reto sigue siendo hoy, insisto, el que el Estado
español no es un Estado de una sola lengua; el Estado español es un
Estado de cuatro lenguas. El Estado español hoy sólo es un Estado de
cuatro lenguas en la Constitución y es necesario que nuestro Estado
avance, consolide, como otros países y Estados en la Unión Europea,
el que sea un Estado de cuatro lenguas.
Nosotros vamos a votar favorablemente, en primer lugar, insisto,
porque esta es una iniciativa concreta, positiva y constructiva en
uno de los dos grandes retos que tiene hoy aún el Estado español; en
segundo lugar, porque, como se ha dicho aquí, esta iniciativa tiene
un antecedente aprobado por unanimidad en esta misma Cámara. El 16 de
diciembre de 1997 se aprobó una moción, a propuesta de Iniciativa per
Catalunya-Verds, en la que se instaba al Gobierno, entre otras muchas
cosas, a que se reflejara la realidad plurilingüe del Estado español
en las nuevas emisiones del papel moneda, cosa que no se ha hecho.
Hace tres años que se aprobó en esta Cámara este mandato al Gobierno
y no se ha hecho. Por lo tanto, aprobar hoy la iniciativa que nos
viene del Parlamento catalán sería también concretar y desarrollar un
acuerdo aprobado por unanimidad.
Quiero acabar diciendo, señoras y señores diputados, que las lenguas
del Estado español en ningún caso han de ser un problema.
Históricamente, y aún en la actualidad, en diversos momentos, la
pluralidad de lenguas aparece como un problema. Iniciativas como las
que hoy vienen del Parlamento catalán son un intento de que las
lenguas sean una riqueza de todos, que sean un patrimonio de todos.
Por tanto, es necesario pasar de la letra de la Constitución al
reconocimiento real y efectivo en cosas concretas como las
iniciativas que se nos traen hoy.
Espero que el grupo mayoritario vote favorablemente esta iniciativa.
No alcanzo a entender ninguna razón que pueda impedir que hoy se
concrete un antecedente aprobado por unanimidad en esta Cámara, que
se eche atrás una propuesta del Parlamento catalán, pero sobre todo,
que esta Cámara se niegue a concretar hoy el espíritu y la letra de
la Constitución.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a apoyar esta proposición de ley del
Parlamento de Cataluña, que, como siempre, se muestra pionero en la
defensa de la pluralidad lingüística y cultural del Estado español.
Lo hacemos por tres motivos. En primer lugar, porque el Estado
español tiene plena autonomía política para poder decidir el uso de
las cuatro lenguas del Estado que hoy son cooficiales; no tiene
ningún problema derivado de la pertenencia a la Unión Europea. En
segundo lugar, porque pensamos que solamente una concepción
lingüística que abogue por los derechos colectivos de los hablantes,
esto es, por considerar el problema lingüístico como una parte
estructural fundamental del Estado español y no un problema de
derechos individuales, como si las personas fuésemos objetores de
conciencia, avala que el Estado debe reconocer, también en el terreno
de la moneda, del timbre y de su publicidad, la presencia de estas
lenguas. En tercer lugar, porque esta integración simbólica es
especialmente importante en el terreno de la economía, un terreno de
suma importancia en el mundo actual. Por estos tres motivos vamos a
votar a favor de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar favorablemente la toma en
consideración de esta proposición de ley del Parlamento de Cataluña.
Aprovecho la ocasión para saludar una vez más a los representantes
del Parlamento, que constantes con su empeño vuelven otra vez a la
carga con una serie de consideraciones que para nosotros son
ciertamente elementales. Nos cuesta entender que esto tan elemental
para nosotros, como la dimensión plurilingüe de los ciudadanos del
Estado y la propia consideración del Estado en su concepción
plurilingüe, cuente con tantas dificultades para ser aceptada en la
práctica, tanto en esta Cámara como por las instituciones del Estado.
Son ustedes constantes, señores diputados catalanes, y contarán
también con nuestra propia constancia, al insistir desde estos
escaños en la naturalidad y en la riqueza que estos planteamientos
plurilingües encierran en sus propios contenidos y en sus propios
planteamientos.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que la dimensión
plurilingüe de un número importante de ciudadanos del Estado -hay
estudios sociolingüísticos que hablan del 50 por ciento- que gozan de
su condición de bilingües hace ver a todas luces que lo que es normal
en la calle debería ser también normal en las instituciones del
Estado. Sin embargo, veintitantos años después de la aprobación de la
Constitución nos vemos en la necesidad de seguir insistiendo en estos
temas. Han dicho ustedes muy bien que es la cuarta vez que vienen a
esta Cámara con esta proposición de ley, que se les dan buenas
palabras, pero que mueren las legislaturas. Este tipo de cuestiones
se toman en consideración, después alguna ponencia recoge los
documentos y nunca más se supo nada de estos planteamientos. El Grupo
Parlamentario Vasco quiere insistir en la necesidad de que esto se
asuma con normalidad, que se asuma la dimensión plurilingüe desde la
propia moneda, en una coyuntura histórica como la de ahora, en la que
la peseta desaparece y el euro va a nacer en papel y en moneda en
menos de trece meses, y que los ciudadanos que somos bilingües
podamos contar con todas estas consideraciones inmateriales que el
Estado plantea con toda la normalidad del mundo. Sin embargo, es una
normalidad que observamos como anormalidad en ámbitos muy extensos de
la Administración y de la ciudadanía española. Señores diputados,
esto no es un problema. Esta es la realidad de este Estado. Vean
ustedes la realidad tal cual es. ¿Por qué se empeñan, señoras y
señores diputados de ciertos grupos parlamentarios, en ver la
realidad como no es? Véanla como es. Asúmanla como normalidad,
asúmanla como una riqueza, y todos nos veremos mucho más integrados,
mucho más normales y mucho más ciudadanos de este Estado.
Nosotros intentaremos argumentar a favor de estos planteamientos,
intentaremos que democráticamente gocen del favor y de la
consideración de todas las señoras y señores diputados y les damos la
palabra, señores diputados del Parlament catalán, de que, como son
ustedes constantes, constantes seremos nosotros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, voy a fijar la posición del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en la misma línea
evidentemente que lo hicieron el señor Saura, en aquellos tiempos
inmerso en un grupo parlamentario similar, y el señor Ríos, al final
de la legislatura anterior. Mi intervención va en sentido positivo
hacia la iniciativa que proviene del Parlamento de Cataluña y que
nosotros saludamos. No obstante, me gustaría hacer, desde la agridez,
que no desde la acritud, una consideración al señor Saura. En
el Estado español hay más de cuatro lenguas y un montón más de cuatro
hablas. Era un excurso simplemente, porque es conveniente no jugar al
Santiago y cierra España desde ninguna posición.
Releyendo el debate de 1999, he visto que hubo intervenciones
magníficas y muy ponderadas de los representantes del Parlamento de
Cataluña. Venían a decir, si esto se aprueba como se aprobó por
unanimidad, que no va a cambiar la vida de los ciudadanos de este
país mañana. Los ciudadanos por la calle no van a notar mañana que
hemos aprobado esto, pero sin duda va a ser un elemento simbólico de
hacia qué modelo de Estado nos estamos encaminando, hacia donde
estamos marcando la proa del barco. El señor Rull, en la intervención
que hizo en nombre de Convergència i Unió, grupo mayoritario del
Parlamento catalán, decía, utilizando un artículo de la revista El
Temps: A partir de los símbolos los Estados intentan transmitir qué
tipo de país son, creen ser o quieren hacer creer que son. Eso es
verdad, tan tremendamente verdad que lo que es un error es que se
vayan a poner en marcha euros en las lenguas de los distintos países
europeos, con lo cual, al final, en un momento determinado, va a
haber unidad numérica, unidad económica, pero no unidad
políticocultural. Por eso habría que corregir la situación. Lo idóneo
hubiera sido, señorías, que en los países europeos se hubieran
impreso las distintas monedas, los distintos billetes, pero sin
utilizar ninguna lengua. Sencillamente con los números. Cuando uno
paga, no lee si dice el Banco de España o si lo ha firmado Luis Angel
Rojo u otro. Cuando uno paga, mira los números, que forman el sistema
arábigo, que nos une a distintos países.
Vuelvo a insistir, una vez que no se ha avanzado en ese proceso
cultural, político y no sólo económico de la emisión del euro, en que
nosotros, desde este grupo parlamentario, sí estamos de acuerdo en
que se pongan en marcha -no solamente que se aprueben-, en caso de
aprobarse, las propuestas hechas en esta iniciativa que desde luego
saludamos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, ante todo
querría dar la bienvenida a los tres representantes del Parlamento
catalán, que, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco, por enésima vez, no sabemos si por última vez -nos tememos que
no-, vienen a defender a esta Cámara algo que no precisaría defensa
externa y que hubiera estado bien que saliera de la propia iniciativa
del grupo mayoritario de la Cámara como mero desarrollo
constitucional, sin necesidad de que se le recuerde desde el exterior
o de que se le tenga que recordar a
través de la iniciativa de una Cámara como es la Cámara catalana.
Estamos una vez más ante una propuesta sobre símbolos, sobre lo que
desde aquí se ve como símbolos, que ya sería bastante. De hecho, es
mucho más. De hecho, los símbolos a veces son parte de la propia
vida, y como lo eran en el objeto de otro debate que tuvimos en esta
Cámara los símbolos que acompañan los vehículos a motor, como lo son
tantos otros símbolos, como pueda ser una bandera, también la lengua,
además de ser vehículo de comunicación, tiene un clarísimo elemento
de símbolo de algo absolutamente entrañable para una gran cantidad de
ciudadanos, aunque muchas veces desde el paseo de la Castellana,
desde Sevilla o desde Valladolid, con el enorme respeto que nos
merecen esas localidades, no se llegue a entender.
España es plural y lo es, entre otras cosas, en sus lenguas. Todavía
queda gente en España que cree que cuando las autoridades políticas,
determinadas autoridades políticas, aparecen en los medios de
comunicación hablando en catalán lo hacen sólo para distanciarse de
otras o para fastidiar, por no utilizar otra palabra que preferiría
que no constara en el «Diario de Sesiones», sin entender que
sencillamente es su medio de comunicación habitual. Y eso es
responsabilidad fundamentalmente del Gobierno del Estado, que es el
que tiene que generalizar esa cultura del pluralismo lingüístico en
España.
Eso hace referencia a muchos ámbitos, algunos ya han pasado por esta
Cámara con mayor o menor éxito. Hace muy poco debatíamos en la
Comisión de Cultura que el Instituto de la Mujer se negaba a
subvencionar las obras publicadas en el ámbito de su convocatoria que
no vengan con una traducción al castellano, sabiendo que la
traducción al castellano cuesta exactamente lo mismo que el objeto
mismo de la ayuda que se solicita del Instituto de la Mujer. Tenemos
una iniciativa sobre qué ocurre con Internet y con la página de
Internet de la Administración general del Estado, a la cual hoy por
hoy sólo se puede acceder en lengua castellana. Hay otras propuestas
que pronto entrarán en esta Cámara, también procedentes del
Parlamento catalán, en lo que se refiere a documentos públicos, el
documento nacional de identidad, los pasaportes, etcétera.
Hoy toca la moneda. En el fondo, lo que late es una sola y misma
preocupación: que todos los ciudadanos y ciudadanas de España puedan
sentir ese Estado también como propio en todo momento. Y para eso
necesitan, entre otras cosas, algunas incluso mucho más profundas,
que ese Estado se exprese, en su simbología y en sus idiomas, en los
idiomas que son los propios de esos ciudadanos españoles. Porque en
caso de que eso no sea así, lo que se está haciendo es facilitar
mucho más que unas personas, millones de personas, se sientan
excluidas y sientan que no están formando parte de esa colectividad.
Es importante que los que tenemos como propias otras lenguas
distintas del castellano podamos llegar a sentir ese Estado también
como el nuestro, no como un Estado que tolera esas lenguas, que
simplemente las respeta como un folclore local, como una
particularidad, como una especie protegida, sino como algo que forma
parte de la propia esencia de ese Estado, que es plural, que es
plurilingüe y que tiene como propia no sólo la lengua castellana sino
la lengua y las lenguas de todos y cada uno de sus ciudadanos y
ciudadanas. Y ese es el contexto en el que se tiene que enmarcar la
iniciativa que se debate hoy, la propuesta del Parlamento catalán que
pretende reflejar y sacar como corolario normal de este planteamiento
el reflejo en el ámbito concreto de la moneda, del papel moneda y de
la moneda acuñada. Es cierto que en el ámbito concreto del euro hay
matizaciones técnicas en el ámbito del papel moneda que se derivan
entre otras cosas de que la iniciativa del Parlamento catalán es del
año 1998, anterior a la elaboración por el Banco Central Europeo de
la especificación concreta de cómo tienen que ser los billetes de
euro. Nada dice el Banco Central Europeo, porque eso ha quedado, en
lo que se refiere a la parte española, a la libertad de cada uno de
los Estados miembros, de las monedas acuñadas. Y nada impide que en
las monedas acuñadas se refleje esa pluralidad lingüística, como
tampoco se impide que, en lo que son otro tipo de monedas de tipo
conmemorativo en el marco del euro, quede también reflejada esa
pluralidad lingüística. Lo importante es que esta proposición de ley
entre en el trámite ordinario de esta Cámara, en el trámite
legislativo, y que después, entre todos, podamos llegar a
perfeccionar su texto, a adaptarlo a lo que es la realidad, en
términos estrictamente técnicos, de la fase actual, de donde estamos,
en lo que es la elaboración de moneda y de papel moneda, y a
matizarlo.
El rechazo a priori que, según se nos anuncia, va a hacer el Grupo
mayoritario de la Cámara, entendemos que siguiendo instrucciones del
Gobierno, puesto que en nuestro sistema las cosas funcionan así y no
al revés, aunque la Constitución diga lo contrario, entendemos que es
un ejemplo más de no haber entendido cuáles son las responsabilidades
de cada cual. Las responsabilidades del grupo mayoritario de la
Cámara son mucho más incluso que las del propio Parlamento catalán,
la defensa, el reforzamiento y la pedagogía de lo que es la
pluriculturalidad, la plurinacionalidad y el plurilingüismo de todo
el Estado español.
Por tanto, si tenemos en cuenta además que en la legislatura anterior
esta propuesta ya fue aprobada por unanimidad, que nada,
absolutamente nada ha cambiado, más allá del pequeño detalle de las
mayorías y minorías de la Cámara, respecto a lo que fue una votación
que en ese momento el Grupo Popular aprobó, y aprobó con una
intervención muy breve de alguien que hoy ya no es diputado pero que
dijo adherirse con absoluta naturalidad y con un discurso que yo
hubiera hecho
mío en su integridad a esta iniciativa, nada parece oponerse más allá
que el prurito de preservar no se sabe muy bien qué tipo de
identidades o incluso, lo cual ya sería un ejercicio grave de
irresponsabilidad, ir a provocar susceptibilidades allí donde es muy
sencillo no provocarlas, nada, repito, si no fueran las razones de
este estilo, impediría al Grupo mayoritario de la Cámara dar su voto
afirmativo a esta iniciativa.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, quisiera, en
primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, dar la
bienvenida a esta Cámara a los comisionados del Parlament de Cataluña
que hoy nos acompañan para la defensa de esta importante proposición
de ley sobre el uso de las lenguas oficiales españolas en la que es
ya nuestra nueva moneda, el euro. Benvingut. A continuación, quiero
anunciarles el voto positivo y entusiasta de los socialistas en el
trámite que nos ocupa de esta iniciativa, que es el de la simple toma
en consideración.
Quiero reiterar la cuestión del momento procesal en que nos
encontramos porque, a pesar de que es cierto que pudieran existir,
como ya se ha comentado, dificultades técnicas o llamémoslas de
aplicación práctica para la total asunción del articulado de esta
proposición de ley, el fondo de la misma e iniciar en definitiva el
debate sobre su fondo nos parece de tan hondo calado como para que
hoy ninguna de las fuerzas políticas aquí presentes pueda excusarse
apelando a cuestiones formales para negar al Parlamento de Cataluña,
a la ciudadanía catalana que consideremos, que debatamos la
existencia o no de voluntad política en este país para asumir el
reconocimiento de su condición pluricultural y plurilingüe también en
su nueva moneda, el euro. Porque, salvadas a posteriori las
dificultades técnicas respecto a la ya inoperancia, por ejemplo, de
esta proposición de ley en lo referente a la acuñación en las
diferentes lenguas oficiales del Estado de la última emisión de
billetes y monedas en pesetas, materialmente ya imposible, estamos
tratando de dilucidar, señorías, en suma, si queremos que la nueva
moneda europea, en lo que llamaríamos el reverso de la moneda
metálica a disposición de los Estados miembros, debe o no ser reflejo
de la riqueza lingüística y, por ende, cultural de nuestro país, así
como también hacerlo extensivo a la publicidad institucional que se
lleve a cabo para dar a conocer los nuevos billetes y monedas.
¿Queremos o no queremos en este país unir dos elementos esenciales de
la vida cotidiana, la lengua y los símbolos, y en este caso uno de
los más relevantes, su moneda? ¿Y queremos o no queremos hacerlo en
consonancia
con lo que reconoce nuestra Constitución respecto a la
cooficialidad de lenguas y la obligación no sólo de reconocimiento y
de respeto sino también de protección de las lenguas minoritarias en
relación con el castellano? ¿Es esa, señorías, o no es esa nuestra
voluntad?
Nos está solicitando que así lo sea hoy la práctica unanimidad de los
miembros del Parlament de Cataluña, dato suficientemente relevante
por sí sólo para aprobar hoy la toma en consideración de esta
proposición de ley. Además, esta es una obligación que ya asumimos,
como también se ha dicho, en esta propia Cámara en diciembre de 1997,
cuando de forma unánime invocamos la pluralidad lingüística nacional
y cultural del Estado español para que, entre otras actuaciones,
reflejáramos nuestra realidad plurilingüe en las nuevas emisiones en
papel moneda, lo que hoy se traduciría en la obligación de reflejar
nuestro plurilingüismo en la nueva moneda europea, el euro. Pero eso
sí, de forma aún mucho más importante, pues hablamos de la primera
medida de extensión de la cooficialidad lingüística al resto de
España, con lo que ello comporta de pedagógico, respeto a los valores
del pluralismo cultural y político que nuestra Carta Magna consagra,
o respeto a las minorías, la tolerancia o el multiculturalismo, tan
imprescindibles como lo son en un momento como este en que la
construcción europea dibuja también su ampliación.
Tan importante como ello es que la riqueza cultural y lingüística de
nuestro Estado se refleje en un elemento tan importante, tan esencial
como el de la moneda, moneda que acuñamos originariamente en el marco
de la Constitución de 1978 y que se ha instalado en el terreno de lo
simbólico y representativo del Estado, va a ofrecer muestra, va a
ser, señorías, la enseña de qué imagen queremos ofrecer de España a
los demás. Pero sobre todo vamos a expresar qué imagen tenemos
nosotros como Estado de nosotros mismos. ¿Queremos vernos y que nos
vean como un Estado plurilingüe y pluricultural, como lo han querido
a través de sus monedas Bélgica, Suiza, Noruega o Canadá, o queremos
volver a ser, como dispusimos con la inestimable ayuda del Grupo
Popular hace poco en esta Cámara, el Estado monocorde de las
matrículas uniformizadas?
Ante estas preguntas, y por lo ya expuesto, que hoy la ciudadanía
catalana nos pida que recorramos un nuevo trecho en el largo camino
del pleno reconocimiento de la pluralidad lingüística en España es,
votemos lo que votemos, señorías, un avance. Hoy vamos a asistir en
esta Cámara, en cualquier caso, a un avance. Ahora bien, hoy también
dejaremos claro a los ciudadanos y ciudadanas españoles cuál es la
línea de avance, en qué sentido queremos avanzar y cuanto menos, por
clarificador, será para todos significativo. Tras esta votación,
señorías, avanzaremos en la profundización de nuestro Estado
autonómico o lo haremos en sudeconstrucción. Efectivamente, no querer
ser ante
nosotros mismos y ante Europa, a través de un elemento tan
emblemático como es la moneda de un país, la España de pluralismo
lingüístico y cultural es sin duda alejarnos del espíritu
constitucional y adentrarnos en un terreno que, tras veinte años de
Estado autonómico, creíamos a extinguir, el de la uniformización
estatal. Y, ante la casi unanimidad hasta ahora de esta Cámara sobre
qué tipo de avance queremos hacer hoy en este sentido, será el Grupo
Popular, el grupo mayoritario, quien nos acabará dando la clave de
hacia dónde nos lleva su Gobierno en este sentido. Nos dirá también
si al día de hoy siguen vigentes las palabras del presidente del
Partido Popular de Cataluña, señor Fernández Díaz, que hace poco más
de un año, en el discurso de investidura del presidente de la
Generalitat, nos regaló frases que quiero recuperar para ustedes.
Señor Fernández Díaz, presidente del hoy ya Partido Popular Catalán:
Hemos de explicar la verdadera realidad de Cataluña más allá de
nuestros límites territoriales, hacer pedagogía de aquello que somos
y sentimos los catalanes, pero también desde la propia Cataluña
debemos impulsar una pedagogía de una España plural y constitucional.
Es indispensable que Cataluña se involucre más abiertamente y más
directamente en el futuro de España, en el contexto de una España
democrática y plenamente integrada en Europa. Las aportaciones de
Cataluña han de ser y pueden ser sustanciales. Esta España plural que
consagra la Constitución ha permitido dar luz a un Estado diferente,
que es capaz de dar una respuesta tanto a las reivindicaciones
históricas como a las que han surgido al amparo de la democracia. Se
sustenta en la defensa de la convivencia, del bilingüismo, de la
diversidad como elemento agregador y no disgregador. Una Cataluña en
la que se reconoce su pluralidad dentro de una España también plural.
Finalmente, la existencia de dos idiomas, además de enriquecernos,
nos dota de unos muy poderosos instrumentos de comunicación. Señor
Fernández Díaz.
El propio Aznar, meses más tarde, también en su discurso de
investidura, nos habla de la España plural y de la protección
necesaria de las lenguas oficiales diferentes del castellano en todos
los ámbitos; privado, pero también público. Y, hace escasamente dos
meses, el Partido Popular catalán abrazó en su congreso el
catalanismo político y decidió enfocar su cacareado giro al centro
también hacia el pluralismo cultural y lingüístico. La simple defensa
de la Constitución, también en esto -esto también es la
Constitución-, la celebramos.
Lo que nos demostrará hoy el Grupo Parlamentario Popular, aceptando o
no la toma en consideración de esta proposición de ley, que sin duda
ya mejoraremos en lo referente a la técnica y a la práctica, si hoy
existe voluntad real de aceptar su fondo, en la respectiva Comisión,
es si queremos debatir, simplemente debatir -Cataluña les vuelve a
pedir hoy diálogo-, sobre nuestra imagen interna y exterior a través
de la posible
acuñación plurilingüe del euro. Nos demostrarán si piensan acompañar
sus frases congresuales e institucionales con los hechos concretos.
Finalmente, nos demostrarán si el giro catalanista del Partido
Popular es real o, como nos tememos, es un giro de 360 grados, es
decir, que están ustedes donde estaban, bastante lejos del nuevo
centro catalanista y muy cerca de la tradicional derecha uniformista
y centralizadora. Se escudarán o no en cuestiones técnicas. No es
fácil defender numantinamente y a diario la Constitución ante los
medios y negarla a la hora de la verdad en el Parlamento. Pero hoy
con su mayoría absoluta nos mostrarán su verdadera cara.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-
Medel.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Señora presidenta, al igual que los
anteriores intervinientes, mis primeras palabras han de ser de saludo
a los miembros del Parlament de Cataluña que han venido a esta Cámara
a defender la iniciativa sobre el uso de diversas lenguas en la
emisión de billetes y en la acuñación de monedas del euro que en el
Parlament catalán se aprobó, no por unanimidad, pero sí por mayoría.
Esta iniciativa legislativa, planteada de conformidad con el artículo
87 de la Constitución, consta de cuatro artículos en los que se
propone, en primer lugar, que se expresen en las lenguas oficiales
del Estado todas las monedas y billetes que se emitan antes de la
entrada en vigor del euro. En segundo lugar, las monedas y medallas
conmemorativas que emita la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Y,
en tercer lugar, las monedas del euro cuyo diseño corresponda
realizar al Estado español. Al mismo tiempo, se solicita en la
proposición de ley que la publicidad institucional haga mención
explícita a las diversas lenguas oficiales.
Al fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular sobre esta
proposición de ley, quisiera comenzar señalando algo que para
nosotros es absolutamente fundamental: el reconocimiento a la
realidad plural que es España. Desde la unidad del Estado, el
reconocimiento de la diversidad es no sólo aceptar las cosas como
son, sino también comprender y valorar lo que las nacionalidades
y regiones reflejan en su historia, en su cultura y en su lengua. Esos
elementos de identidad no son sólo provechosos para las comunidades
respectivas, sino también para el conjunto de España. Desde la
Constitución de 1978 los esfuerzos por la convivencia cultural y
lingüística han ido dotando del valor de la tolerancia y del respeto
hacia las manifestaciones más diversas de los pueblos que integran el
Estado, no debiendo olvidarse que uno de los valores superiores del
ordenamiento jurídico es precisamente el del pluralismo.
Junto a ello también adquiere valor la cohesión y la búsqueda
de puntos de unión y convergencia para avanzar en una línea de
progreso común. Aun con todos los fallos que se han producido en este
tiempo, este ha sido el gran reto y este ha sido al mismo tiempo el
gran logro: la coexistencia de los elementos de identidad, más que
menos, de las raíces de las nacionalidades y regiones con los
elementos también de identidad, y nadie puede negarlo, de lo que es
el proyecto de un Estado moderno pero que tiene en sus bases unas
claras manifestaciones de lo que es común. Entre estos elementos está
sin duda alguna la lengua, en la que, sin perjuicio del
reconocimiento explícito del castellano como lengua oficial del
Estado y el deber de conocerla y el derecho a usarla que tienen todos
los españoles, la Constitución se hace eco de una realidad plural. En
ese sentido se atribuye también carácter oficial a las demás lenguas
en sus respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus
estatutos.
Por ello, para nosotros, en el marco constitucional, la riqueza de
las distintas modalidades lingüísticas es un patrimonio cultural que
debe ser objeto de especial protección, respeto e incluso creo, yendo
más allá, que no sólo constituye un elemento de identidad de quienes
lo hablan, sino que también forma parte del acervo y la riqueza
cultural de los habitantes de otras zonas que, desde el respeto y
también desde la admiración, valoran lo que ha supuesto la lengua en
la historia de esas comunidades autónomas. Así, todo lo que se haga
para promocionar el valor de las diversas lenguas españolas más allá
del ámbito territorial respectivo ha de ser recibido con nuestro
apoyo más sincero y firme, con la única condición de la viabilidad,
por lo que procede examinarlo a la hora de configurar el sentido de
nuestro voto.
La proposición de ley plantea, en primer lugar, que los billetes y
las monedas del Banco de España se emitan o acuñen en las lenguas
catalanas, vasca y gallega, además del castellano. Nos encontramos,
sin embargo, en esta primera iniciativa con una cuestión cual es la
extemporaneidad de la propuesta. Sobre ello el propio artículo
primero de la iniciativa se refiere a la decisión plurilingüe en
todos los modelos -y leo literalmente- que sean emitidos antes de la
entrada en vigor del euro. Sin embargo, es evidente, señorías, que
esto no es del todo correcto, pues la entrada en vigor de esa nueva
moneda se produjo ya hace casi dos años, concretamente el 1 de enero
de 1999, por lo que parece que se produce una confusión entre lo que
es la entrada en vigor del euro, que tuvo lugar en esa fecha, y la
sustitución por euros de los actuales billetes y monedas emitidos por
los respectivos bancos centrales, que tendrá lugar, como bien saben
SS.SS., el 1 de enero del año 2002.
En este punto nos encontramos ante una proposición de ley cuyo iter
parlamentario comenzaría ahora y con apertura del plazo de enmiendas
a partir de enero del año 2001. De manera que, sin existir ningún
tipo de
dilación, lo normal es que no viera la luz antes del segundo semestre
del año 2001, es decir, escasos meses antes de la fecha ya señalada
del 1 de enero del año 2002, fecha, repito, de canje de la moneda ya
emitida por los bancos centrales de los respectivos países por la
nueva moneda del euro. No debe olvidarse en ese sentido que la puesta
en marcha de la moneda única, el euro, está muy cercana, y como tal,
cuando se inicie ese período de canje el 1 de enero del año 2002,
significaría, en el caso de aceptarse la propuesta, que emitir pocos
meses antes nuevos billetes y acuñar nuevas monedas con una vida tan
efímera, tan escasa, sería algo no sólo especialmente gravoso, sino
sobre todo -y dicho sea con el debido respeto- prácticamente inútil.
La segunda pretensión de la proposición es que la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre acuñe la palabra España en las demás lenguas
oficiales en las nuevas emisiones de billetes y monedas de euros.
Sobre ello es conveniente recordar que el Banco de España ya ha
procedido a la emisión y acuñación de estos nuevos billetes y monedas
con la antelación suficiente para estar a disposición de las
entidades de crédito autorizadas a partir de poco más de un año, el 1
de enero del año 2002. La Orden Ministerial de 23 de marzo de 1999,
por la que se acordó la emisión, acuñación y puesta en circulación de
la primera serie de monedas, describe en el artículo 3.o las leyendas
que han de figurar en las monedas. Pues bien, cambiar -como digo-
unos meses antes el diseño, supondría necesariamente la destrucción
de los billetes y monedas ya acuñados y almacenados, con el
consiguiente derroche de gasto público en una tarea que hace ya seis
meses estaba realizada prácticamente en su mitad; concretamente,
3.700 millones de monedas acuñadas de un programa total de 7.800
millones; repito: hace seis meses. Peor que ese derroche serían las
consecuencias en orden a invalidar esas monedas y comenzar unos meses
antes de la fecha de canje a elaborar otras diferentes, eso supondría
algo muy grave pues España no podría cumplir los programas y los
tiempos de fabricación comprometidos por el Estado español.
Deben recordarse las recomendaciones del Ecofin, del Consejo de
Ministros de Economía y Finanzas, en el sentido de que no se realice
ninguna modificación en el diseño de la nueva moneda durante los
primeros tiempos a fin de que los ciudadanos que han de utilizarlas
-les recuerdo que no sólo los españoles, sino también los de los
países integrados en esta moneda- se familiaricen con las mismas.
En tercer lugar, y por lo que se refiere a la acuñación y puesta en
circulación de monedas y medallas conmemorativas y especiales de todo
tipo, hay que tener en cuenta que su finalidad no es la circulación
por el territorio nacional ni su uso liberatorio como pago, sino más
bien la de carácter artístico, histórico y de coleccionismo. Ello
podría hacer eventualmente apropiada
la realización de determinadas emisiones que conmemoren fechas y
acontecimientos propios de una comunidad en la cual exista otra
lengua cooficial. A nosotros nos parece muy razonable que, con motivo
de una efeméride de una comunidad autónoma con una lengua cooficial,
la leyenda pueda venir escrita en su totalidad en la lengua que es
oficial junto con el castellano, y lo estamos haciendo ya. Así, en la
actualidad, quiero anunciarles que está prácticamente concluida
-algunas de SS.SS. lo conocerán bien- la acuñación de una moneda del
700 aniversario de la fundación de la Villa de Bilbao, cuyo reverso
viene escrito en euskera en su totalidad -en su totalidad, repito-.
Esto es lo que está haciendo precisamente la Fábrica Nacional de
Moneda y Timbre.
La última pretensión de la proposición de ley -y voy concluyendo,
señora presidenta- se refiere a la publicidad institucional. A este
respecto hay que destacar el esfuerzo que en este tiempo viene
realizando la Administración general del Estado, al igual que el
resto de administraciones públicas y entidades privadas para
trasladar el mensaje de la llegada de la nueva moneda en un lenguaje
fácilmente comprensible para los ciudadanos de cualquier parte del
territorio nacional, lo que incluye la realización de campañas de
publicidad institucional escrita y oral también en otras lenguas
oficiales en el territorio de las respectivas comunidades autónomas.
La campaña de comunicación del euro que está llevando a cabo el
Ministerio de Economía ha tenido siempre presente la realidad
plurilingüe del Estado, y la va a seguir teniendo. Se van a seguir
imprimiendo folletos y otro tipo de material gráfico en otras lenguas
diferentes al castellano y se seguirá emitiendo la publicidad
televisiva o radiofónica sobre el euro en otras lenguas. Quiero
recordar, a propósito de la comunidad de la cual procede esta
iniciativa, la colaboración con el Patronat Catalá pro Europa, que ha
sido sin duda alguna muy importante.
La señora PRESIDENTA: Señor López-Medel, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ-MEDEL BASCONES: Voy concluyendo, señora presidenta.
Por todo ello, porque algunas de las pretensiones de esta proposición
de ley se están desarrollando sin necesidad de que lo diga una norma
con rango formal de ley y porque algunas de las cuestiones no son
viables técnicamente, nos vemos obligados a no votar favorablemente
la iniciativa. Nos gustaría que hubiera sido de otra forma. Nos
agradaría mucho haberla podido votar favorablemente, pero, como les
he dicho, no es posible por razones técnicas y de tiempo.
Estoy seguro de que en otras iniciativas parlamentarias a propósito
de las lenguas que se examinarán en esta Cámara estaremos también
abiertos al diálogo.
Desde esta apelación, anuncio el voto en contra de la proposición de
ley. (Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López-Medel. (Pausa.)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades
autónomas. Del Parlamento de Cataluña, sobre el uso de las lenguas
oficiales en la emisión de billetes y en la acuñación de monedas del
euro.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 137; en contra, 166; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la
iniciativa de referencia.
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DE NORMAS
RELATIVAS AL RÉGIMEN DE CONCESIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS DE
PEAJE. (Número de expediente 122/000014.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas relativas al
régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Segura. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista
presenta esta proposición de ley de modificación de normas relativas
al régimen de concesión y explotación de autopistas de peaje porque
tenemos el convencimiento de que es preciso producir modificaciones
en la norma por la que se rigen los mecanismos concesionales de las
explotaciones de las autopistas de peaje y porque las modificaciones
introducidas en los últimos años por el Gobierno del Partido Popular
han originado unas distorsiones que en nada han beneficiado al bien
público.
En España, la Ley de 26 de febrero de 1953, sobre construcción por
particulares de carreteras de peaje, constituyó la primera
legislación en materia de concesión de autopistas, que se vio
continuada en los años sucesivos por normas añadidas, muy variadas,
que condujeron a la necesidad de la unificación de las mismas con la
promulgación de la Ley 8/1972, de 10 de mayo,
de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen
de concesión. Esta ley, que se encuentra actualmente en vigor,
establecía, entre otros de sus contenidos, el período máximo de
concesión de 50 años; especificaba los beneficios fiscales y
tributarios que podrían concederse a los concesionarios en los
pliegos de cláusulas y decretos de adjudicación; establecía la
facultad de armonización de acuerdo con el plan económico financiero
de la concesión, y, excepcionalmente, contemplaba subvenciones a
fondo perdido en los casos que se indican. La citada ley también
mantenía el otorgamiento del aval del Estado y el seguro de cambio
para las sociedades concesionarias, beneficios que fueron suprimidos
por la Ley posterior 25/1998, de 29 de julio, de carreteras y
caminos.
Señorías, la Ley 8/1972 sigue vigente hoy en día y constituye, junto
con sus disposiciones de desarrollo posteriores, el régimen jurídico
singular que regula el otorgamiento y contenido de las concesiones de
autopistas, túneles, puentes y otras vías de peaje. Asimismo, dispone
que las concesiones administrativas para la construcción,
conservación y explotación de autopistas de peaje se rigen por lo
dispuesto en la propia ley, con las prescripciones del
correspondiente pliego de cláusulas particulares, y en lo que no
resulte válidamente modificado por éste, por el pliego de cláusulas
generales aprobado por Real Decreto 215/1973. Debemos tener en cuenta
que estas concesiones administrativas vienen a ser contratos mixtos
de obras y gestión de servicios públicos. Por un lado, la concesión
habilita al concesionario para la explotación de un servicio público,
cual es la puesta a disposición de los ciudadanos de una
infraestructura para el desplazamiento y transporte por carretera y,
por otro, el concesionario ocupa y utiliza un bien de dominio público
para la explotación de este servicio. El servicio objeto de la
concesión -debe quedar muy claro, en consecuencia- constituye una
actividad propia del Estado que el concesionario gestiona en su
nombre de forma temporal. El concesionario gestiona el servicio
objeto de la concesión bajo la vigilancia, inspección y control de la
Administración concedente, que será ejercido por la Delegación del
Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de
peaje y, según normas recientes dictadas por el actual ministro de
Fomento, le corresponde tal función al actual subsecretario del
Ministerio de Fomento.
La Ley 8/1972 ha sido modificada en los últimos años de Gobierno del
Partido Popular mediante las leyes de acompañamiento a los
Presupuestos Generales del Estado, introduciendo una serie de
modificaciones sustanciales con las que el Grupo Parlamentario
Socialista en estos últimos años ha manifestado de forma reiterada
que no se identifica y, como consecuencia de ello, proponemos la
desaparición de las normas legales que se han venido incorporando a
la Ley 8/1972 y que se han recogido en las sucesivas leyes de
acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado desde el año 1996
hasta el año pasado. Concretamente la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social,
en su artículo 157 modificó sustancialmente los artículos 2, 8.2, 13.
F), 25 y 30.1, posibilitando, en primer lugar, la ampliación del
plazo máximo de concesión a 75 años por la posibilidad de que la
compensación a la sociedad concesionaria para mantener el equilibrio
económico financiero de la concesión en los supuestos de modificación
de la concesión o ampliación de la autopista pudiese consistir en una
prórroga del plazo vigente de concesión. En segundo lugar, la
ampliación del objeto social de las sociedades concesionarias que
podrán realizar las actividades que en relación a infraestructuras de
transporte y comunicaciones les sean autorizadas, tanto en España
como en cualquier Estado extranjero, debiendo la sociedad
concesionaria llevar cuentas separadas para cualquier actividad que
desarrolle diferente a la correspondiente a la concesión inicial.
Así pues, señoras y señores diputados, mediante la primera Ley de
Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado que elaboró el
Gobierno del Partido Popular, se ampliaron los derechos de las
concesionarias tanto en relación con el objeto social de las mismas
como en cuanto a la duración de la concesión, elevándose ésta en la
posibilidad de 50 hasta 75 años. El Grupo Parlamentario Socialista en
reiteradas ocasiones ha manifestado no entender este trato de favor
si no es como consecuencia de una difusa y no materializada política
de rebajas de peaje a satisfacción de los usuarios, que entrega un
volumen de negocio futuro de dimensiones importantes desde la óptica
financiera y de beneficios a las concesionarias a cambio de muy
reducidas contraprestaciones a favor de los usuarios. Esa Ley del 31
de diciembre del año 1996 ha sido objeto de debates sucesivos, y voy
a ir avanzando en el sentido de manifestar claramente nuestra
posición que justifica las razones por las cuales presentamos esta
proposición de ley.
La proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista -quiero
ponerlo de manifiesto en lo que se refiere al desarrollo temporal de
la actividad política del Congreso de los Diputados- fue presentada
el 5 de abril del presente año en el registro general del Congreso de
los Diputados. Este dato tiene importancia para lo que a continuación
les voy a decir. Con esta proposición de ley solicitamos la
modificación del artículo 15 del capítulo IV, vinculado al régimen
económico financiero con la siguiente redacción. Presentamos un
artículo 15 bis nuevo en los términos siguientes: El plan económico
financiero, que constituye la base económico financiera de la
concesión, contemplará los ajustes necesarios cuando se produzca una
evolución favorable de los resultados económicos de la explotación,
con el fin de lograr el equilibrio entre la compensacióneconómica a
las empresas concesionarias y los
intereses generales. Dichos ajustes podrán consistir en la reducción
de las tarifas a pagar por los usuarios en inversiones, en mejoras
viarias a cargo de la concesionaria o en un avance en el período de
reversión a la Administración.
En esta proposición de ley proponemos también la modificación del
apartado segundo del artículo 24 de la Ley de 1972, que quedaría
redactado de la siguiente manera: En este último supuesto se
procurará de nuevo el equilibrio económico financiero a la
concesionaria, realizando las correcciones necesarias, a fin de que
resulten compensados el interés general y el interés de la empresa
explotadora. En nuestra proposición de ley propugnamos asimismo la
eliminación de los contenidos recogidos en el artículo 157 de la Ley
13/1996, de 30 de diciembre, de medidas administrativas, fiscales
y sociales, es decir, de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
Generales del Estado del año 1997 en lo que se refiere a los
artículos 157.1, por el que se modificaba el artículo 8.2; artículo
157.1 que modificaba el artículo 30.1 de la Ley de 1972 y, por
último, el 157.2, por el que se introducía un artículo 25 bis nuevo a
la Ley 8/1972. He querido leerlo a efectos de dejar clara constancia
de lo que pretendemos con esta proposición de ley. En primer lugar,
la modificación de los artículos 15 y 24, a efectos de posibilitar un
mejor equilibrio financiero en la explotación de las autopistas de
peaje, y, en segundo lugar, la eliminación de una serie de preceptos
que de una forma privilegiada se han dado a las empresas
concesionarias y que se han recogido en sucesivas leyes de
acompañamiento.
Señorías, vuelvo a reiterar que el 5 de abril del año 2000 hemos
presentado esta proposición de ley en el registro de la Cámara.
Curiosamente, en la fase en que se encuentra en el Senado la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del año 2001 y la ley de
acompañamiento, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una
enmienda, que ya ha sido incorporada al dictamen de la Comisión, al
artículo 63 bis nuevo, de modificación de la Ley 8/1972, de 10 de
mayo. Se modifica el apartado segundo del artículo 24, es decir, lo
que estamos pidiendo en nuestra proposición de ley y que hemos venido
reiterando en la legislatura anterior en el Congreso de los Diputados
y en el Senado. Repito que ya está en el dictamen de la ley de
acompañamiento con los votos del Partido Popular el siguiente texto:
En este último supuesto y mediante las correcciones necesarias, se
procurará de nuevo el equilibrio económico financiero de la
concesionaria, de modo que, considerando los parámetros objetivos
previstos en el plan económico financiero, resulten compensados el
interés general y el interés de la empresa explotadora. El Grupo
Parlamentario Socialista, una vez más, en situación de minoría
parlamentaria, viene marcando la ruta de la defensa de los intereses
generales. Y al grupo mayoritario, con 183 diputados, no le queda más
remedio que ir tras la ruta que venimos marcando. Con este
precedente el Grupo Parlamentario Popular votará a favor de esta
proposición de ley, habida cuenta de que nos ha hurtado -y nos
felicitamos por ello- la modificación del apartado segundo del
artículo 24 y lo hace suyo el grupo que ostenta la mayoría de la
Cámara. A continuación, introduce otro artículo que a buen seguro
será objeto de análisis posterior, que es el de la revisión de
tarifas y peajes, pero que no es el objeto de la defensa de esta
proposición de ley, sino que se verá lógicamente cuando analicemos
las enmiendas procedentes del Senado.
El Grupo Parlamentario Socialista ha dicho, también en reiteradas
ocasiones, que el crecimiento económico que ha habido en los últimos
años, el aumento de tráfico por carretera, el incremento del parque
de vehículos y el aumento innegable del producto interior bruto han
venido garantizando unas cuentas de resultados extraordinariamente
elevadas en las circunstancias actuales, a las que el Gobierno aporta
unas inyecciones elevadas como consecuencia de las normas de las
sucesivas leyes de acompañamiento, a las que he hecho referencia en
esta intervención en reiteradas ocasiones. Hay hechos constatables,
objetivables, hay concesionarias que han obtenido en los últimos años
beneficios superiores al 60 por ciento de su facturación. Justamente
a esas concesionarias se les prorrogan los períodos de explotación
con unas mínimas rebajas de los peajes.
En la comparecencia del actual ministro de Fomento ante la Comisión
de Infraestructuras, el pasado 15 de junio, el portavoz socialista le
pidió el anuncio de la anulación de dicha norma por ser
auténticamente escandalosa, como vienen demostrando las cuentas de
resultados de las concesionarias. Desde el Grupo Parlamentario
Socialista nos venimos preguntando a cuánto ha ascendido la
compensación pública, vía Presupuestos Generales del Estado, de la
última rebaja del 7 por ciento, durante cuántos años y si no hubiera
sido mejor rescatar muchos tramos. Saben que el Grupo Parlamentario
Socialista ha impugnado ante el Tribunal Supremo -y lo doy a modo de
dato- la ampliación por 37 años de la concesión de una determinada
autopista de peaje porque nos pareció lesiva y fomentadora de un
enriquecimiento injusto. Señorías, estas nuevas políticas
gubernamentales favorables al peaje han encontrado sus expresiones
básicas en esos dos conceptos: en convenios de prolongación de
concesiones en desarrollo de las modificaciones de ley y en la
política de un programa de autopista de peaje, que defendió el
anterior ministro de Fomento en el año 1997 ante esta Cámara.
Señorías, nosotros creemos que los convenios de prolongación de
concesiones constituyen un auténtico peligro para los intereses de
los usuarios, que si bien es cierto que han tenido algún que otro
precedente en algún que otro momento, no tienen por qué servir de
precedentes generales. El acuerdo entre el Ministerio de Fomento y la
concesionaria Aumar ofrece un ejemplo clarísimo. En primer lugar, se
ha producido una
reducción de peaje del 30 por ciento para los vehículos ligeros y del
40 para los pesados. También los años de vida restante para la
concesión pasaron de los nueve que le quedaban hasta 22, es decir han
experimentado un incremento en número de años del 144 por ciento.
Señorías, ni los 5.000 millones de pesetas de inversiones acordadas
ni los efectos financieros de la reducción de los peajes justifican
en modo alguno la espectacular dimensión de una prórroga escandalosa.
Nosotros consideramos además que la reducción de peaje va a inducir
un aumento de tráfico como se viene produciendo y dado que el coste
marginal del tráfico para la concesionaria es muy bajo, ello compensa
en gran parte la pérdida de beneficios originada por esas
reducciones. Pero señorías, como consecuencia de las nuevas políticas
de liberalización de las telecomunicaciones, la prórroga de las
concesiones está posibilitando nuevos nichos de mercado para las
empresas concesionarias, nuevos ingresos que no se consideraron en
los momentos de la concesión y que previsiblemente van a generar
nuevos e importantes ingresos en las concesionarias no previstos en
el momento de la concesión.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señoría, le ruego vaya
concluyendo.
El señor SEGURACLAVELL: Sí, señor presidente.
Por ejemplo, señorías, en la fase que nos encontramos en España en la
liberalización de las telecomunicaciones el Gobierno tiene obligación
de posibilitar de forma rápida la generación de las infraestructuras
precisas para que la liberalización de las telecomunicaciones sea
real y efectiva y de hecho no lo está siendo mientras no existan
infraestructuras alternativas a la del antiguo monopolio de
Telefónica y que permitan la libre opción. Por eso, señorías, las
empresas generadoras de infraestructuras en telecomunicaciones se
están encontrando con la situación de abuso dominante de las
concesionarias que les quieren aplicar unos cánones que repercutirán
naturalmente en los usuarios, como consecuencia de la capacidad de
que disponen esas concesionarias en función del pliego inicial de
condiciones para exigir el bien de dominio público y exigen unos
cánones absolutamente inaceptables.
Ese hecho es real, y termino señor presidente. No es posible la
auténtica liberalización de las telecomunicaciones sin una auténtica
liberalización en la utilización del dominio público generador de
infraestructuras que posibiliten que los usuarios de las
telecomunicaciones tengan dos o tres posibilidades de anillo a lo
largo y ancho de la geografía del Estado español competidoras de
quien ha ostentado hasta el momento el monopolio.
En consecuencia -y con ello finalizoo, señor presidente- el Grupo
Parlamentario Socialista plantea una serie de modificaciones en la
vigente ley reguladora de la explotación de autopistas de peaje y se
reitera en los contenidos de los artículos que pretendemos modificar
que he explicado, y además en una política liberalizadora del
transporte público a lo largo y ancho de la geografía nacional. En la
pasada legislatura se aprobó por unanimidad en esta Cámara la
creación de una ponencia específica, una ponencia que transcurrido
todo el año 1999 no se reunió, porque no existía voluntad por parte
del grupo mayoritario de esta Cámara.
Es un tema de escándalo para los ciudadanos. Este tema tiene
relevancia capital en el que no podemos dejar que las Cortes
Generales no ejerzan el papel directriz, el papel de auténtica
dirección en la generación de las infraestructuras. Se nos avecina
-porque así nos ha amenazado el Gobierno- una ley marco de
financiación de las infraestructuras del transporte en España; no
esperemos a los debates de esa ley, generemos el ambiente de debate
razonable y creativo de las Cortes Generales para que esa ley
posibilite la utilización del bien público, de forma homogénea en
todo el Estado español y que no existan mecanismos de diferenciación
en las infraestructuras del transporte viario entre las distintas
comunidades autónomas.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura. ¿Grupos
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, voy a fijar la posición del Bloque Nacionalista Galego
sobre la proposición de ley que somete a debate el Grupo Socialista y
que nosotros creemos razonable. Está claro que la inicial
configuración de las concesiones para la construcción, gestión y
explotación de autopistas de peaje, donde se podía atisbar la
asunción de riesgos por parte de la entidad concesionaria de las
autopistas, se ha ido transformando a lo largo de los últimos años,
salvándose cualquier incertidumbre para estas concesionarias al
establecerse compensaciones a través de subvenciones, ayudas,
beneficios fiscales e incluso la posibilidad de prórroga de las
concesiones hasta los 75 años, garantizándoles con esa medida no sólo
el equilibrio económico de la concesión sino la generación de una
rentabilidad extraordinaria que compensa de manera importante el
riesgo asumido.
Al mismo tiempo, a medida que han ido aumentando las ayudas y
garantías de las empresas concesionarias de autopistas, también han
concurrido otras circunstancias favorables para las mismas,
especialmente el aumento de tráfico debido al incremento de
vehículos. Todo ello se traduce en un incremento de los ingresos
percibidos, y en consecuencia de la rentabilidad de la explotación.
Frente a esta situación de mejora en la explotación económica de la
gestión del servicio público de explotación
y conservación de las autopistas, no se han tomado medidas
paralelas que permitan a los usuarios de estas vías, en todo caso
financiadores últimos de las mismas, disfrutar de unas tarifas de
peaje más baratas y acordes, de supresiones de peaje en aquellas
autopistas o tramos de autopista que transcurren por zonas donde no
existen vías de comunicación alternativa e incluso de mejoras en los
trazados u otras prestaciones de las autopistas con cargo exclusivo
al concesionario, etcétera.
Por ello es razonable pretender -como se deduce de esta proposición
de ley- que el futuro equilibrio económico-financiero de las
concesiones de autopistas, que tradicionalmente ha operado en
beneficio del concesionario, pondere más adecuadamente la
rentabilidad de la explotación con el interés de los usuarios,
estableciendo para ello en la ley la obligación de realizar los
ajustes necesarios para que ese equilibrio sea justo, sin que
resulten perjudicados quienes usan esas vías de comunicación con
tarifas abusivas, cuando la evolución económica de la concesión sea
especialmente favorable.
La Ley 8/1972, de construcción, conservación y explotación de las
autopistas en régimen de concesión, respondía al objetivo de que las
obras de las vías de comunicación de alta capacidad y su conservación
posterior que son objeto de concesión, fuesen financiadas por los
usuarios. Por ello las tarifas de peaje, caso de existir, deben ser
ajustadas en cada momento, para que se cumplan las previsiones del
plan económico-financiero, evitando en todo caso que este aumento de
tarifas, unido al incremento del tráfico, sirva para alcanzar
beneficios extraordinarios.
Por todo ello, el Bloque Nacionalista Galego cree muy positiva esta
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que de aprobarse
permitiría el rescate anticipado de las concesiones cuando el coste
de las obras fuera amortizado, por lo que vamos a votar
afirmativamente la toma en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Ochoa.
El señor OCHOA DE ERIBE ELORZA: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley que ha presentado el Partido Socialista es
oportuna, es interesante, creo que merece nuestra consideración, y
por tanto la vamos a votar favorablemente. La vamos a votar
favorablemente porque si hacemos historia desde la década de los
sesenta en que se hace el diseño del programa de autopistas
nacionales de peaje, el Gobierno entonces existente en el Estado
español crea unas condiciones de blindaje para los explotadores con
garantía de retornos, en una época en la que no hace falta decir a
SS.SS. en qué niveles se encontraban los intereses, en un momento
que a esos futuros explotadores se les dan beneficios fiscales, se
permite importación dedicada a estos fines (por lo menos
teóricamente) de cupos de maquinaria de obras públicas, se establecen
unos seguros de cambio importantísimos, que a mediados de 1997 ya
habían superado los 100.000 millones de pesetas netos solamente para
dos empresas, y se establecen los 50 años como límite de explotación;
en fin, una serie de ventajas. Cualquier cálculo que se hubiera hecho
de los retornos de esas inversiones en las infraestructuras en
cuestión, estoy seguro de que todos los grupos que optaron a las
concesiones tenían muy garantizados esos retornos en el período de 50
años. Pese a ello, nos encontramos con que sucesivamente y a lo largo
de los años, por diferentes artículos metidos de rondón en las leyes
de acompañamiento, se van consiguiendo ampliaciones de concesión;
ampliaciones que curiosamente han quedado todas cerca de la línea de
los 50 años, en los 46-47 años, esperando algún otro empujón con la
normativa nueva que permite la ampliación hasta los 75 años.
Eso nos parece una situación abusiva, una situación que va en contra
del interés de los usuarios, favoreciendo descaradamente a ciertas
empresas que están en este momento explotando esas infraestructuras.
No hay que olvidar que, como ha dicho el señor Segura, hay otros
negocios que han nacido en paralelo. No hay que olvidar la
importancia que tiene el negocio de la hostelería actualmente
existente en las autopistas de peaje, el negocio de la expedición de
hidrocarburos en régimen de concesión exclusiva dentro de las
autopistas; por tanto no están liberadas del régimen de monopolio que
antes existía en el Estado. Eso sigue existiendo dentro de las
autopistas de peaje y existen, cómo no, las conexiones o las vías
para las nuevas comunicaciones. Ahí están construyéndose ya los
sistemas de banda ancha a lo largo de esas autopistas, en un terreno
que teóricamente es del Estado cuando se revierta, que sin embargo
está explotándose por concesionarias sin que nadie evalúe esos
resultados en la cuenta de las respectivas explotadoras y que
lógicamente deberían retornar a los usuarios. Nos encontramos con
que, tristemente, hay ampliaciones de última hora, concedidas por el
Gobierno actual, que permite la ampliación de la explotación de
algunas autopistas hasta 35 años, con peajes de más de 14 pesetas/
kilómetro, casi 15 pesetas/kilómetro, en autopistas ampliadas, es
decir mucho mayores que las del nuevo sistema de autopistas del
Estado, que se cifra como tarifa máxima en 10 pesetas/kilómetro. Nos
parece absolutamente injusto.
A pesar de lo prolijo de la exposición, creemos que aún habría que
hablar de muchas cosas más en la Comisión correspondiente. Abundando
en lo que ha dicho el señor Segura, no nos cabe la menor duda que el
Partido Popular votará positivamente esta proposición, como no puede
ser de otra forma.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ochoa.
Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida también
va a votar favorablemente la toma en consideración de la proposición
de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. Nuestro
grupo parlamentario cree que es necesario (una vez más vamos a
repetir los argumentos que se han esgrimido en la Cámara en estos
momentos y en muchas otras ocasiones) que exista no solamente el
equilibrio financiero de las compañías que explotan las autopistas,
sino que también un equilibrio justo con las prestaciones económicas
que los usuarios de las autopistas tienen que pagar por esta
prestación.
Señorías, en los últimos años las cuentas de explotación de las
compañías concesionarias de las autopistas españolas tienen mucho que
ver no sólo con el aumento de los vehículos que circulan por ellas,
sino también con el aumento del peaje. Aunque en algunos casos no ha
habido exactamente una subida del peaje, sino que incluso ha podido
existir alguna disminución, lo cierto es que han aumentado los
vehículos que circulan por las autopistas, y eso no ha repercutido en
el peaje que hasta el momento están pagando los usuarios. Además de
ese aumento de circulación por las autopistas, a las empresas
concesionarias se les han dado otros beneficios: se les han aumentado
los años de explotación de las autopistas y además se les ha
permitido cambiar el objeto social de las mismas para que puedan
diversificar sus operaciones como empresas. Por tanto, se les ha
beneficiado con el uso que están pudiendo hacer de la ocupación de
suelo público. Señorías, es necesario que las empresas tengan
beneficios en nuestro país, pero también es necesario -y quizás en
esta Cámara tendría que ser prioritario- que el beneficio que puedan
tener las empresas tenga una contraprestación para la ciudadanía, y
fundamentalmente en este caso para los usuarios de las autopistas de
peaje.
Todos ustedes saben, señorías, que nuestro grupo parlamentario
defiende el rescate de las concesiones de autopistas y que ha sido
contrario al aumento en las concesiones. Si se toma en consideración
esta iniciativa, puede ser el inicio para que podamos profundizar en
cuáles son los costes que puede producir este rescate al Estado.
Señorías, no tardaremos mucho en discutir en esta Cámara un crédito
extraordinario para poder suplementar el crédito que venía los
Presupuestos Generales del Estado para 1999 por la compensación del
cambio de moneda en los préstamos que tienen las autopistas, y el
préstamo no es ninguna tontería, son 13.000 millones de pesetas
complementarios. Por tanto, señorías, a través de esta iniciativa
podemos iniciar un debate que puede llevar a la conclusión de que
podemos rescatar las autopistas, las empresas no se van a hundir por
ello sino que vamos a beneficiar a los usuarios, y sobre todo vamos a
beneficiar a los Presupuestos Generales del Estado, sin que por ello
se va perjudicada la economía del Estado.
Nada más, y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Urán.
Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSALL: Gracias, señor presidente.
Esta proposición de ley, que pretende el equilibrio entre la
compensación económica a las empresas concesionarias y los intereses
generales, puede ser considerada en dos partes. En ella se recoge un
compendio de medidas que permiten justificar toda una serie de
actuaciones que han ido realizando los distintos gobiernos a lo largo
del tiempo que llevan funcionando las autopistas. En estos momentos
hay modificaciones de tarifas de autopistas que buscan la rebaja del
coste al usuario, muchas de ellas con ampliación del plazo de
concesión. La discusión surge muchas veces al considerar que existe
un exceso de beneficios por parte de las concesionarias y un trato de
favor por la prórroga de los plazos de concesión. Verdaderamente es
justo que el concesionario tenga una buena rentabilidad, pero también
son convenientes las revisiones de las tarifas cuando el rendimiento
es excesivo, siempre dentro del marco establecido por la institución
concesional.
En estos momentos nos encontramos con que la modificación que hace la
proposición de ley del artículo 15 bis, punto 2, tiene un carácter
interesante. El ponente del Grupo Socialista, señor Segura, decía que
el Grupo Parlamentario Popular lo ha recogido prácticamente en una
enmienda en la ley acompañamiento en el Senado. Hay una enmienda del
Grupo Popular que va a prosperar en el Senado y resuelve este punto.
Él dice que seguramente votarán a favor. A lo mejor el Grupo
Socialista le pide que usted retire lo suyo porque ya lo tiene y de
esta manera obtendrá un resultado mucho más rápido que a través del
trámite de esta proposición de ley. Esto es una cosa más bien
anecdótica, pero la solución que usted pide de tener una variación
del artículo de la ley, se obtiene a través de una enmienda a la ley
de acompañamiento y es mucho más difícil que prospere su proposición
de ley. Nosotros no votaremos a favor.
En cuanto a la segunda parte, se refiere más a las modificaciones de
la Ley de medidas administrativas, fiscales y sociales, Ley de
acompañamiento de 1996. Se habla de las ampliaciones de objeto social
de las compañías concesionarias -nos parece lógico- y además de
nuevos peajes. Ahí entra básicamente en la derogación incluso muy
concreta del artículo 25 bis y de la transitoria décima que quiere
anular todas las
autorizaciones existentes. Me parece que el señor Segura, hombre que
conoce a fondo el tema y al que le reconozco su docto proceder en
todos los temas de transporte marítimo y aéreo, en este caso no
quiere llegar al fondo en alguna cosa, como puede ser que las
ampliaciones de plazos en la concesión de autopistas provienen en
otras legislaturas de antiguos gobiernos. Algunas concesiones podría
encontrar en Cataluña verdaderamente escandalosas. Por ejemplo,
podría analizar la prórroga que se dio a muchas autopistas en
territorio catalán e incluso hasta Aragón, para obtener unos peajes
muy blandos en la autopista A-19 pasando por el interés de los que
mandaban en la Administración local que estaban muy interesados y muy
ligados con el grupo que usted representa.
Querer anular todo esto es un despropósito. Quisiera hacer mención a
que en la defensa de todos estos temas se habla mucho del rescate de
las autopistas. Mi grupo, y yo personalmente, no pensamos en ello
favorablemente, al menos en nuestro territorio. Si usted pasase por
la autopista A-7 desde el tramo de Salou hasta El Vendrell
encontraría la justificación de por qué no estamos de acuerdo con el
rescate. La nacional 340 iba sumamente saturada y actualmente
encontrará también usted la autopista A-7 desde que se estableció la
gratuidad de este tramo, como tramo de circulación de ciudad. Algo
parecido encontraríamos en la circunvalación de Valencia o en la de
Zaragoza, porque no hay peaje. Nosotros no somos partidarios de
rescate de autopistas porque desde el momento en que se da el peaje
gratis, verá usted los tramos de autopista saturados y sólo faltaría
que el resto de la carretera nacional 340 también desapareciese como
tal y todo el tráfico pasase por la autopista. Nosotros queremos que
el dinero que pueda suponer rescatar las autopistas, que también le
costaría al Estado, revierta en el desdoblamiento de las carreteras
nacionales de este tipo. He defendido en esta Cámara muchas veces,
sobre todo la nacional 340 hasta Barcelona y después la Nacional II,
de Barcelona a la frontera, pero también de Zaragoza hacia el norte.
Hay muchas carreteras más o menos paralelas a las autopistas que no
tienen desdoblamiento. La ventaja de las autopistas desde hace unos
años fue muy favorable para las regiones que las tenían y quizá ha
llegado el momento de que lo que son carreteras nacionales en
aquellas zonas se conviertan en autovías, el gran tema de automoción
por carretera que tuvo el Partido Socialista en su momento, dejando
los peajes. Pueden existen los peajes y pueden existir las autovías,
posiblemente también tendríamos que hablar que donde existen esas
carreteras también hay cierto debate entre autopistas y carretera
doblada, porque hay una pugna de intereses, estoy de acuerdo en ello,
pero nosotros decimos que no se rescaten las autopistas a poder ser.
Lo que hay que hacer es que el dinero que costaría el rescate de una
autopista sirva para convertir a las
carreteras cercanas en autovías, que este sería un buen esquema de
circulación.
Por tanto, en el tema de hoy, derogar lo que se dice en el artículo 2
e modificar todos estos puntos que destruyen la base legal que pueden
tener los convenios habidos y los que hubo entonces, quizás más
importantes los de entonces que los de ahora aunque no tanto en valor
absoluto, y después lo que ya en una enmienda en la ley de
acompañamiento resuelve la problemática de la primera parte de la
proposición no de ley, nos ahorran el hecho de que hoy tengamos que
votar favorablemente lo que quisiéramos arreglar aquí.
He de reconocerle también, señor Segura, que en la anterior
legislatura no se llegó a buen fin con el tema de la subcomisión que
había sido acordada, pero no fue desde los grupos que estábamos, ha
dicho usted bien, sino porque esta subcomisión que tenía que trabajar
para analizar la temática de los peajes de autopista a propuesta
entonces del Grupo Mixto, quedó por fuera debido a que el Ministerio
de Fomento no llegó a mandar el estudio-informe previo que en la
proposición de constitución de la subcomisión se pedía. Llegó el
final de la legislatura y la subcomisión quizá podría en un futuro
volver a trabajar, pero si hoy resolvemos algún tema algo positivo
conseguiremos.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Señor Jiménez.
El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, presidente.
Señorías, el Gobierno tiene el noble propósito de llevar a cabo un
plan de infraestructuras valorado en algo así como 18 billones de
pesetas; tiene el noble propósito de corregir las discriminaciones
negativas de algunas tarifas y situaciones en las que el peaje que se
da en el Estado, y para ello, señorías, introdujo modificaciones en
la Ley de acompañamiento 6/1996 para poder dar pie a determinadas
posibilidades de financiación y de equilibrios de tarifas en el
Estado.
El Partido Socialista propone ir en contra de lo que pretende el
Gobierno, que es recuperar el desequilibrio histórico que tiene
nuestro país en infraestructuras. Por eso, como le vamos a demostrar
ahora que va en sentido contrario, vamos a votar negativamente.
Antes de entrar, sí me gustaría hacer con el máximo respeto una
reflexión sobre determinadas valoraciones que se han hecho por otros
intervinientes, hablando del peligro de tratos de favor, de las
explotadoras y de privilegios. Señorías, yo sé que en los debates
parlamentarios, por intentar simplificar, se hacen algunos juicios
que pueden resultar lejos del rigor. Como saben SS.SS., cualquier
concesión de la Administración sale a concurso público con un pliego
perfectamente establecido y que es público, que la resolución de la
concesión, con su cuadro y plan económico financiero durante toda la
vida de la concesión, también es público y tiene el dictamen del
Consejo de Estado y de la Intervención del
Estado, y que cualquier modificación que se haga de ese plan
económico-financiero durante la vida de la concesión también tiene
los dictámenes del Consejo de Estado y de la Intervención del Estado.
Es decir, tiene todos los rigores técnicos, jurídicos y legales para
que no parezca, como está pareciendo, que las concesiones de peaje se
dan en una tómbola y se varían al libre albedrío de la
Administración. Probablemente ahí es donde se llegaría si aceptáramos
la propuesta del partido Socialista. Con esto quiero reafirmar el
rigor, que no se le regala nada a nadie, que lo que se ha intentando
con la ampliación de plazo es rebajar las tarifas de peaje, como
ahora explicaré, y que confundir el saldo contable de un año con el
desequilibrio económico financiero es un error al que lleva la
simplificación de los argumentos que se han hecho a lo largo de esta
tarde.
Paso a explicar por qué el Partido Popular no está de acuerdo con la
propuesta socialista. Primero, el Partido Socialista pide modificar
el régimen jurídico de las carreteras en régimen de concesión, de tal
manera que, teniendo en cuenta el interés económico, se puedan
rebajar las tarifas, reducir el plazo de concesión o imponerles
determinadas inversiones adicionales. Eso, señorías, hoy se puede
hacer aplicando el artículo 24 de la misma ley. No es necesario
añadir lo que intenta el Partido Socialista y, además, sería
pernicioso, por una razón, porque lo que propone el Partido
Socialista en el artículo 25.15 bis es que la Administración, al
libre albedrío y por simples razones económicas, modifique el
contrato de una concesión, y eso, señorías, a mí sí que me parece
peligroso. El artículo 24, en razón del interés público, permite
modificar el contrato de una concesión, y eso se ha aplicado. El
señor Sedó ha hecho mención de tramos de autopistas donde se ha
quitado el peaje. Por razones de interés público, en las recientes
catástrofes de Barcelona se eliminó el peaje para camiones en un
determinado tramo de la A-7. Eso se aplica y se ha aplicado. Además,
se produciría una paradoja, señorías: si la concesionaria tiene
muchos beneficios -aparentemente estoy siguiendo el mismo argumento-,
el peaje es mayor, pero si no tiene beneficios, no. Entonces, se
produciría una discriminación tarifaria. A mucha demanda, menos
peaje, y a poca demanda, mucho peaje; es decir, se abundaría en el
desequilibrio tarifario. Si lo que se intenta es recuperar los
desequilibrios territoriales, tampoco es el camino modificar, por el
libre albedrío de la Administración y de los resultados económicos,
los contratos de las concesionarias. No olvidemos que estamos
hablando de 16 empresas que tienen concesiones de autopistas, que
están en cuatro comunidades autónomas y que hay cuatro comunidades
autónomas que, a su vez, tienen contratos de concesión, la Comunidad
balear, la Comunidad Autónoma de Cataluña, la del País Vasco y la de
Galicia. Es decir, que esta modificación que pretende el Partido
Socialista no afecta sólo a la Administración del Estado, sino que
afecta a más administraciones
autonómicas. Tampoco olvidemos que las 16 empresas se gastan 30.000
millones en el mantenimiento de los 2.100 kilómetros de autopista, es
decir, no es un problema fácil y no se puede arreglar de un plumazo.
La segunda parte de la proposición del Partido Socialista intenta
derogar tres artículos de la Ley de acompañamiento 13/1996. El
primero es el que se refiere a la ampliación de plazo de 50 a 75
años. Señorías, yo no sé si sabemos lo que estamos haciendo. Se ha
modificado un contrato, está publicado, son empresas, hay seriedad y
derechos adquiridos y a todos los que estamos aquí nos gustaría
rescatar las autopistas, pero eso vale un billón de pesetas, y el
Partido Popular cree que es mejor seguir con su política de rebajar
peajes y gastarse ese billón de pesetas en nuevas carreteras para
recuperar el desequilibrio histórico. Por tanto, tampoco creemos que
el camino que pretende seguir el Partido Socialista con esa propuesta
sea coincidente con el del Partido Popular, va también en sentido
contrario, no coincidimos en ese camino.
Las otras dos derogaciones que pretende son aquellas que permiten a
las empresas concesionarias de hoy, que son 16 y tienen 5000
empleados, concesiones en otro tipo de obras singulares, puentes,
viaductos, túneles. Ahí lo que hace la ley de acompañamiento es
abundar y lo que abunda no daña, porque hoy eso ya se puede hacer (el
túnel del Guadarrama, el túnel de Cadí), hay obras que se han hecho
al amparo de la legislación actual. Lo único que hacía la ley
entonces era explicitar un hecho que va a permitir que ese Plan de
infraestructuras que pretende el Gobierno del Partido Popular cuente
con la financiación privada.
Por último, también pretende derogar la posibilidad de ampliar el
objeto social de las empresas que se dedican a explotación en
concesión de las autopistas. Usted lo ha dicho, son áreas de
servicio, en realidad, son objetos sociales cercanos al objeto
principal, que es explotar un patrimonio del Estado en concesión
durante un tiempo. Le recuerdo que el intento del Partido Popular es
estimular la financiación privada y no castigarla, porque aquí se
intenta demonizar a las empresas privadas; hay que estimularlas, pues
se necesita la inversión privada para ese Plan de infraestructuras
tan ambicioso que pretende el Partido Popular para corregir los
déficit históricos. Creemos que es necesaria la financiación y la
participación privada, y en ese sentido y por esa razón, y usted lo
sabe, el ministro en su comparecencia de junio de 2000 anunció una
nueva ley de financiación de las infraestructuras viarias. Creemos
que será una ley que podrá armonizar y sistematizar lo que ahora
mismo se hace con algunas normas que nosotros pensamos que son
positivas, que lo seguirán siendo y que en esa nueva ley anunciada
por el ministro se podrán consolidar. Por todo ello el Partido
Popular no camina en el mismo sentido y votará en contra de la
proposición del Partido Socialista.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jiménez. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación de normas
relativas al régimen de concesión y explotación de autopistas de
peaje.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 123; en contra, 171; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la proposición de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA MEJORAR LOS
SISTEMAS DE AYUDA A LA CONFECCIÓN DE DECLARACIONES TRIBUTARIAS.
(Número de expediente 162/000146.)
La señora PRESIDENTA: Punto III: Proposiciones no de ley. En primer
lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para mejorar
los sistemas de ayuda a la confección de declaraciones tributarias.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo trae a esta Cámara una
iniciativa no legislativa que emplaza al Gobierno de la nación a
poner en marcha y desarrollar, en el seno de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, un sistema de gestión telefónica
permanente que, además de suministrar información tributaria al
contribuyente, posibilite la realización, por vía telefónica, de los
diversos trámites que constituyen el procedimiento de gestión
tributaria. Como SS.SS. saben, la Constitución impone a la
Administración, como organización burocrática instrumental dirigida
por el Ejecutivo, el deber de servir con objetividad los intereses
generales de acuerdo con el principio de eficacia, e idéntica
obligación impone, con rango de ley ordinaria, la Ley de régimen
jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento
administrativo común. Mi grupo entiende que la Administración
tributaria debe ser especialmente permeable a ese mandato
constitucional de eficacia y a la vocación de servicio público que
por ministerio de la ley debe informar su ordinario quehacer
administrativo. La complejidad de la gestión tributaria,
consustancial e inherente a la complejidad
del tributo, consustancial también a la configuración legal
de naturaleza técnica del tributo, la multiplicidad de trámites que
integran el citado procedimiento de gestión tributaria y la necesidad
de introducir un elemento de certeza, cuando no de seguridad
jurídica, en las relaciones que se establecen entre la Administración
tributaria y los contribuyentes convoca a todos los poderes públicos,
y singularmente al Gobierno de la nación, a desarrollar una política
no sólo de simplificación de las obligaciones fiscales, sino también
una política de servicio público al contribuyente. Servicio público
al contribuyente que es tanto como decir prestación de servicios de
información tributaria, de asesoramiento técnico y de asistencia, en
sentido lato, al contribuyente.
En ese contexto, el Gobierno ha desarrollado, durante la pasada
legislatura y en lo que llevamos de ésta, una política encaminada a
la simplificación del IRPF, a definir los derechos y garantías de los
contribuyentes a través de la presentación... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor De Juan, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio al objeto de que podamos continuar
con el debate.
Adelante, señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Decía que, en este contexto, el Gobierno desarrolló, durante la
pasada legislatura y también en lo que llevamos de la actual, una
política encaminada a la simplificación del IRPF, a la definición y
garantía de los derechos de los contribuyentes a través de la
presentación y aprobación en esta Cámara de la Ley 1/1998, conocida
como estatuto del contribuyente, y también a una nada despreciable
labor de asesoramiento y ayuda técnica al contribuyente para
incentivar el siempre encomiable cumplimiento voluntario de las
obligaciones tributarias.
Desde el año 1996, la Agencia Tributaria ha realizado multitud de
esfuerzos dirigidos a ofrecer a los ciudadanos más y mejores
servicios con el objetivo de coadyuvar a ese cumplimiento voluntario
de las obligaciones tributarias. Para ello, se han potenciado los
servicios existentes al tiempo que se han introducido otros nuevos
basados en las más modernas tecnologías de la información en
beneficio del contribuyente. Así, el programa de ayuda para
confeccionar la declaración del IRPF, conocido como programa Padre,
ha ido paulatinamente introduciendo mejoras. En la actualidad, y
desde 1996, ese programa ofrece la posibilidad de realizar
declaraciones por vía telefónica y la de realizarlas en oficinas de
la Agencia Tributaria, en otras entidades o incluso, desde el año
1999, a través de Internet, superando el reduccionismo que suponía la
exclusiva yexcluyente utilización de impresos oficiales que, en
otras épocas anteriores a 1996, se habían caracterizado por su
oscurantismo y complejidad.
Por otro lado, señorías, se ha potenciado la información telefónica
para que los ciudadanos puedan resolver consultas tributarias y
recibir información tributaria a través del teléfono, obviando así su
desplazamiento a las oficinas de la Agencia Tributaria. La consulta
del estado de las devoluciones o la petición de etiquetas
identificativas pueden solventarse hoy mediante una simple consulta
telefónica. Desde 1998, se ha puesto en marcha un servicio de envío
de datos fiscales a los ciudadanos que lo soliciten por teléfono, al
objeto de facilitar la confección de las declaraciones de IRPF.
Además y por primera vez, desde la campaña del IRPF de 1999, para la
gestión de solicitudes de devolución presentadas por los solicitantes
que no están obligados a declaración, se ha puesto en funcionamiento
una plataforma telefónica de atención personalizada, que es
básicamente un centro de la Agencia Tributaria atendido por personal
suyo y dotado de tecnología, medios materiales y soportes
informáticos de la propia Agencia. Através de esta plataforma, que ha
funcionado básicamente desde el 1 de febrero al 30 de junio del
ejercicio de 1999, los contribuyentes han podido solicitar
información sobre la presentación del modelo 104 y 105; solicitar que
se les calculara -aportando los correspondientes datos económicos y
mediante la utilización del llamado programa Proder- el resultado de
su liquidación y la procedencia o no de la presentación del citado
modelo; pedir cita previa para acudir a las oficinas de la Agencia
Tributaria; solucionar las incidencias derivadas de la errónea
cumplimentación de los citados modelos, bien sea a iniciativa propia
o bien sea a iniciativa de esa plataforma telefónica; y, finalmente,
obtener información y, en su caso, conocer el estado de las citadas
devoluciones tributarias.
El resultado de esta plataforma en el año de su puesta en
funcionamiento, y pese a la introducción del nuevo sistema de
devolución sin declaración que ha supuesto, en definitiva, la entrada
en vigor de la nueva Ley del IRPF, 40/1998, ha sido razonablemente
satisfactorio. Se han efectuado más de 1.200.000 llamadas, se han
concertado más de 370.000 citas en las oficinas de la Agencia
Tributaria. Es más, en la actualidad la Agencia Tributaria está
diseñando la estrategia para continuar utilizando esta plataforma
telefónica intentando obtener un rendimiento óptimo de los medios
materiales de que dispone actualmente y seleccionando de entre los
múltiples trámites que configuran el procedimiento de gestión
tributaria aquellos que, por no exigir la presencia física del
contribuyente, su firma o la aportación de documentos, sean
susceptibles de realizarse por vía telefónica.En definitiva, mi grupo
considera conveniente y oportuna la utilización de todos los medios
técnicos que faciliten el cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias, también el teléfono, y no sólo como vehículo de
información tributaria, sino
también como soporte técnico para la realización de los diversos
trámites que secuencialmente integran ese procedimiento de gestión
tributaria.
Concluyo ya, señora presidenta, sólo quiero decir que entendemos que
para incentivar ese cumplimiento voluntario de las obligaciones
tributarias tenemos que utilizar todos los medios técnicos y de
comunicación a nuestro alcance, on line y off line, desde los medios
de comunicación más convencionales como el teléfono a las modernas
tecnologías que nos brinda la sociedad de la información. Por ello,
desde la convicción de que un moderno sistema tributario se basa no
sólo en indeclinables postulados de justicia tributaria, de
simplificación de las obligaciones fiscales y de reducción del IRPF
para incentivar la actividad económica, entendemos que debe de
favorecerse también la eficacia en la gestión, la proximidad de la
Administración y la vocación de servicio al contribuyente. Desde esa
perspectiva y desde esa sensibilidad, mi grupo solicita el voto
favorable de los demás grupos de la Cámara.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.
La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Señoras y señores diputados, la
verdad es que esta es una de las ocasiones que me produce un cierto
sonrojo tener que subir a esta tribuna a defender una enmienda a una
proposición no de ley que, la verdad, no tiene ninguna entidad para
ser tal. Pero es que además tiene menos entidad para debatirse en
Pleno, porque, señoras y señores diputados, estamos debatiendo en
estos momentos en el Pleno del Congreso si vamos a poner o no un
sistema de gestión telefónica, es decir, si vamos a poner un
teléfono. ¿Pero de verdad que estamos hablando en serio? Se podrían
hacer múltiples chistes: el teléfono de la esperanza, el teléfono de
Gila o si va a gestionar este teléfono algún ministro que es
precisamente un experto en optimización fiscal, pero la verdad es que
no estamos para hacer chistes. A mi grupo esto le preocupa, le parece
que es muy poco serio que sean estos los temas que ocupen y preocupen
a esta Cámara y que estemos una hora debatiendo sobre este tema.
Además, en primer lugar, es una proposición no de ley presentada por
el grupo que apoya al Gobierno. A pesar de la intervención que ha
hecho, que ha querido hacer el portavoz del Grupo Popular con muy
buena intención, y de querer dar a esto una cierta altura, la verdad
es que es una preocupación seria que esto sea una proposición no de
ley, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque
estamos hartos de oír
lo bien que funciona la Agencia Tributaria, estamos hartos de ver la
publicidad puramente propagandística que hay en televisión de todas
las cosas que se ponen en marcha; hemos oído al propio portavoz,
oímos al señor Montoro la semana pasada en Comisión, decir que la
gestión de la Agencia Tributaria es algo maravilloso. ¿Qué más hay
que hacer? Esto debería funcionar.
En segundo lugar, es un problema de puro funcionamiento, es un
problema de simple gestión, mejor aún, no de simple gestión, es un
problema de gestión simple, que va de suyo, que tiene que funcionar.
¿Cómo no va a funcionar? Señorías, ¿no les da un cierto pudor tener
que votar en esta Cámara -ya digo que el portavoz del Grupo Popular
lo ha dicho muy bien y de manera muy rimbombante- un texto que dice:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en marcha
en el seno de la Agencia Estatal de Administración Tributaria un
sistema de gestión telefónica permanente que además de informar sirva
para realizar trámites? Sinceramente, la verdad es que es vergonzoso.
Si esta parte propositiva que acabo de leer resulta un poco ridícula
-porque no me diga usted que no resulta un poco ridícula- desde
luego, si nos fijamos en la exposición de motivos ya resulta
bochornosa. Que a las puertas del siglo XXI estemos diciendo que es
algo importantísimo y hagamos gala del uso en la Administración
tributaria del teléfono, de los programas informáticos, de Internet...
¡Pero qué menos! ¡Si es así, si es el mundo que nos ha tocado vivir,
es la época, es nuestro entorno! Si como ha dicho muy bien, además,
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es obligación de la
Administración atender los intereses públicos en aras a una mayor
eficacia, no sé que sentido tiene hacer gala en este momento del uso
de los medios tecnológicos que están a nuestro alcance. Es lo normal,
señoría. Qué necesidad hay en esta exposición de motivos de la
proposición no de ley de cantar las excelencias de la información
facilitada telefónicamente por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria sobre los distintos impuestos, cuando lo
conocemos todos y los ciudadanos que han hecho uso de ella saben
perfectamente que ha habido grandes deficiencias porque ha habido
falta de personal cualificado y que ha habido grandes deficiencias
técnicas porque los teléfonos se han colapsado. Precisamente lo que
tenemos que hacer es preguntarnos qué soluciones podemos dar a estos
problemas que se plantean por el uso simplemente del teléfono, de
Internet, de los programas informáticos, para mejorar el servicio a
los contribuyentes. Lo que tenemos que preguntarnos es si utilizando
medios supuestamente modernos se produce a veces una atención
ineficaz al ciudadano, al contribuyente.
Todo esto por lo que se refiere a la gestión tributaria puramente de
relación con los contribuyentes, sin que hablemos de todos los demás
ámbitos de funcionamiento de la Agencia Tributaria, porque ya nos
referimos bastante a ello en la pasada legislatura y tendremos
que seguir hablando en el ámbito del control, en el ámbito de la
inspección, etcétera. Ahora nos estamos refiriendo simplemente a este
tema; si están ustedes tan preocupados por la mejora en la atención
al contribuyente para que pueda atender mejor a sus obligaciones
tributarias, con mayor agilidad y menos preocupaciones, hagamos que
aquellas que han sido preocupaciones durante esta última campaña ya
no lo sean. Por eso, el Grupo Socialista ha presentado una enmienda,
en cuyo primer punto, efectivamente aceptamos la puesta en marcha,
eso sí, dentro de la estructura orgánica de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria, de un sistema de gestión telefónica y de
gestión telemática para que facilite las obligaciones tributarias,
pero respetando la confidencialidad y la Ley orgánica de protección
de datos de carácter personal. Quiero hacer una referencia al tema de
la confidencialidad. Ha habido ciertos problemas porque en algunos
casos no han quedado garantizados los derechos a la confidencialidad,
por ejemplo en el sistema de envío de datos, en el caso de las
preimputaciones para confeccionar las declaraciones de la renta de
los años 1998 y 1999, ya que se ha remitido por correo ordinario y
sin acuse de recibo, lo que ha impedido que se tenga constancia de la
recepción por parte de los destinatarios.
El segundo punto de nuestra enmienda va dirigido a otra preocupación
que tienen los contribuyentes, porque los que utilizan estos medios
telefónicos, telemáticos, de Internet, es una mínima proporción de
ellos. En muchos casos lo que interesa al contribuyente es el trato
directo o personalizado. Por tanto, pedimos que el trato directo y
personalizado al contribuyente sea también un sistema permanente, con
cita previa, pero sin que se produzcan esos colapsos que se han dado
en el IRPF a pesar de la cita previa.
En tercer lugar, otra de las mejoras a introducir es la puesta en
marcha de un sistema que permita, de manera efectiva y real, que no
presenten la declaración del IRPF aquellos que cobran menos de tres
millones y medio, porque ha habido problemas, ya que dichos
ciudadanos, después de haber hecho la presentación, si no tenían
derecho a devolución, no sabían si realmente tenían que hacer la
declaración o no. Este ha sido uno de los grandes problemas en esta
campaña de renta. Además, en el caso de que se haya hecho uso del
proceso de devolución rápida, otro de los problemas que se ha
planteado en la campaña de renta anterior es si, pese a no proceder
la devolución, tienen la obligación de presentar la declaración.
Finalmente, si tanto queremos el beneficio del contribuyente
y agilizar todas las gestiones, sobre todo en un tema como es el IRPF,
que afecta de manera tan directa a cada uno de los contribuyentes,
pedimos que se agilice de manera clara el sistema de devolución de
dicho impuesto, de tal manera que se establezca un período máximo de
un mes para la devolución, en elcaso de que exista; si no se hace la
devolución después
de un mes de presentada la declaración -esto sí es agilizar
y beneficiar al contribuyente-, que se generen los intereses de demora
correspondientes y el contribuyente sea resarcido por los retrasos de
la Administración. Esta es la preocupación del Grupo Socialista,
porque en cuanto a la proposición no de ley, vuelvo a insistir en que
era un tema tan nimio que estábamos totalmente convencidos de que no
tenía que tener la categoría de proposición no de ley. Pensamos que
en este caso el grupo del Gobierno se ha pasado. Por eso de esta
propuesta banal, trivial y mínima del partido que apoya al Gobierno
hemos querido hacer una proposición no de ley que, de alguna manera,
genere beneficios a los contribuyentes.
Esperemos que el grupo que apoya al Gobierno, si tiene las mismas
preocupaciones, acepte nuestra enmienda.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mendizábal.
Para la defensa presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la
palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Paso a defender brevemente una enmienda que, por el sentido y la
posición que el Grupo Popular ha adoptado en votaciones anteriores,
me da la sensación de que esta tarde va a ser rechazada.
Nosotros planteamos que si se establece un sistema de gestión
telefónica para realizar no solo informaciones sino también gestiones
tributarias, este sistema de gestión telefónica tenga en cuenta que
el Estado español es un Estado pluricultural y, en el caso que ahora
nos afecta, plurilingüístico, es decir, se trata de que los derechos
lingüísticos de los ciudadanos se garanticen también a través del
sistema de gestión telefónica que se va a establecer, esperemos, en
el seno de la Agencia Tributaria.
Proponemos esta enmienda porque lo que debía ser evidente, vemos cómo
cada vez es menos respetado; es decir, empresas antes públicas, ahora
privatizadas, centralizan sus servicios de atención al cliente en un
teléfono 902, con sede en Madrid (Telefónica y tantas otras),
y necesariamente quien empieza a hablar en una lengua distinta del
español tiene después que cambiarse porque la señorita o el señor que
atiende dice: mire, es que no lo entiendo. Interpelado acerca de la
posibilidad de que alguien lo atienda en la lengua que elige -en el
caso de estas empresas, el cliente; en el caso de la Agencia
Tributaria, el ciudadano, el interesado-, esperamos y no hay solución
alguna. Por tanto, si se establece este sistema de gestión
telefónica, que se garantice la atención, como mínimo, en las cuatro
lenguas oficiales que existen en el Estado español, al margen de
otras variedades lingüísticas y de otras lenguas que no tienen aún
ese
carácter de oficialidad. Porque -supongo que aquí, a pesar de que sea
cual sea el sentido de su voto, coincidirán conmigo los diputados y
diputadas del Partido Popular- los derechos lingüísticos de los
ciudadanos poco sirven, no pueden ser reales y efectivos si no existe
por parte de los servicios públicos una actividad administrativa de
prestación que garantice la efectividad de este derecho.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y para fijar
posición, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo aprovecha este trámite en el Pleno para manifestar aquí que
ante una iniciativa de este tenor, la va a apoyar favorablemente,
pero quisiera hacer unas reflexiones. La Agencia Estatal de
Administración Tributaria ha venido, a lo largo del tiempo, adoptando
una serie de medidas de sentido común, en la línea de facilitar la
declaración de la mayoría de la población, sobre todo, de los
estratos más básicos en la declaración del impuesto sobre la renta de
las personas físicas: se introduce el programa Padre, aunque ello
cause que ante las propias oficinas se formen colas de espera; ya, en
el año 1996, hay un avance más en la declaración por disquete
y también en 1999 la declaración telefónica, que vienen a facilitar,
con los recursos de las telecomunicaciones, las gestiones de la
declaración de la renta.
Porque hay un problema de fondo que es, en verdad, uno de los
primeros que deberíamos corregir: ¿Por qué se introduce el programa
Padre y por qué se va a unas consultas telefónicas o de Internet para
la declaración de la renta? Pues bien, partiendo del principio de que
se trata de favorecer las obligaciones tributarias, ¿cuál es el
escollo? El escollo es que en cada declaración anual del IRPF, el
Ministerio de Hacienda o la Agencia Tributaria ha modificado el
formato del impreso. Hay impresos, no digo ya en la declaración
simplificada sino en la normal, que son objeto de especialistas,
porque el contribuyente tiene que irse a una gestoría o a un despacho
de asesoramiento fiscal para que le rellenen los impresos de la
declaración de la renta. Esta es, en verdad, la gran barrera o la
gran frontera que tiene que saltar el contribuyente que se encuentra
cada año con un impreso distinto en la práctica a la hora de su
confección y en su declaración. Pues bien, la Agencia Tributaria debe
ir en esta línea. Ahora se trata de introducir que al igual ya se
venía haciendo la declaración por teléfono, éste se pueda utilizar
también para el trámite de la gestión. Nos parece oportuno y lo vamos
a apoyar.
Quiero decir al grupo proponente, como grupo que sustenta al
Gobierno, que si la Agencia Tributaria va a abrir una línea
telefónica para gestión, la gestión parte
de un principio, a veces, pedagógico por parte de la persona de la
Agencia que esté contestando las llamadas telefónicas. Sin embargo,
como las llamadas telefónicas tienen distinta tarifa, si esto se
implanta por la Agencia Tributaria, las tarifas deben ser gratuitas.
Si las llamadas a los nueves son de pago, se producirá un
desabastecimiento de la demanda. Si a un contribuyente se le ocurre
levantar el teléfono, llama a la Agencia Tributaria para hacer
determinadas gestiones y se tira quince minutos hablando, la factura
que tendrá que abonar será similar a la que pagaría si realizara
llamadas a esas agencias de contactos reservadas para mayores. Será
una tarifa verdaderamente disuasoria de hacer gestiones por teléfono.
Si se le aplica la tarifa correspondiente a los nueves, apaga y
vámonos. Espero que la línea tendente a favorecer la declaración del
contribuyente no se convierta en un beneficio para la Telefónica o la
intermedia que tenga como beneficio el destinatario de las líneas de
pago. Por tanto, debe tenerse en cuenta la tarifa telefónica que se
va a aplicar. Si se quieren dar facilidades, deben darse también en
cuanto a la tarifa.
Por todo lo demás, vamos a apoyar con nuestro voto esta proposición
no de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, quisiera desde
el Grupo Parlamentario Vasco fijar nuestra posición en relación con
la proposición no de ley del Grupo Popular de incorporar al sistema
de servicio telefónico de la Agencia Tributaria la realización de
trámites.
Señores del Grupo Popular, seamos serios. La magnitud del tema que se
propone merece algo más que la incorporación de una mejora puntual,
por importante que ésta parezca. La integración de las nuevas
tecnologías de la comunicación a los sistemas de atención a los
contribuyentes requiere, por su trascendencia y complejidad, de una
reflexión estratégica y planificada y no de medidas de mejoras
puntuales que, como las que se plantean, se definen sin un contexto
de prioridades y sin una visión a corto y medio plazo. De hecho, el
contenido de la proposición, que centra la mejora en los servicios
telefónicos, denuncia claramente la ausencia de una visión
estratégica, ya que la naturaleza de los principales trámites
tributarios, como son las presentaciones de declaraciones de los
distintos impuestos, se presta más a las posibilidades que ofrece la
informática personal (programas de ayuda e Internet) que a las que
ofrece el propio teléfono. Además, si bien es mejorable el servicio
telefónico actual, sobre todo mediante el establecimiento de sistemas
de identificación
personal que permitan dar información individualizada, hay que
advertir que aunque el futuro esté en Internet, en el presente la
atención personal a los contribuyentes en las oficinas tiene una gran
relevancia y también debe ser tenida en cuenta en la estrategia
global. Plantear un gran desarrollo tecnológico cuando la atención
presencial se gestiona mayoritariamente con incomodidades
manifiestas, colas, falta de confidencialidad, sin datos, sin
indicadores de servicio, como tiempo medio de espera en ser atendido
o tiempo medio de atención y consecuentemente sin objetivos respecto
a estos indicadores, refleja falta de coherencia, falta de
planificación y, en definitiva, falta de estrategia.
Lo que se echa de menos es una reflexión ordenada, un plan específico
sobre todo en los procesos de atención al contribuyente que garantice
un equilibrio en las políticas puntuales que se adopten. En este
sentido, se considera fundamental el enfoque de la atención al
contribuyente como un eje estratégico, la incorporación a la atención
al contribuyente de los sistemas de calidad total, incorporando
indicadores y objetivos, y la incorporación estratégica de las nuevas
tecnologías telemáticas y telefónicas a los servicios de atención al
contribuyente, dentro de un plan que marque prioridades y un programa
de trabajo.
Desde nuestro punto de vista, si queremos beneficiar y facilitar las
cosas a los ciudadanos, es mejor que nos planteemos que se aborde un
proceso similar al que desde hace años vienen trabajando las
haciendas vascas. Concretamente, en Vizcaya, ya en su primer plan de
calidad total -actualmente está en el segundo plan- identificó la
atención al contribuyente como un proceso y constituyó un equipo de
proceso. De hecho, es la primera Administración que incluye en su
organización la gestión por procesos para garantizar la gestión de la
atención al público bajo los parámetros de calidad total. Incluso ha
comprometido sus planes al objetivo de conseguir la certificación de
calidad ISO-9.000 para el año 2001 para el proceso de atención al
público. En desarrollo de este plan de calidad, se ha definido
también por la Hacienda foral un plan telemático cuya implantación se
iniciará a primeros del año 2001 y concluirá en la primavera del año
2002. En consecuencia, se solicita sustituir la proposición no de ley
por otra que supere el contenido de la misma, solicitando a la
Agencia Tributaria el diseño de un plan de calidad para la gestión de
los servicios de atención al contribuyente que contenga un apartado
estratégico sobre la incorporación de las nuevas tecnologías, dentro
de la cual la realización de trámites a través del teléfono puede ser
un hito más, pero no el único ni el prioritario.
Señorías del Grupo Popular no planteen proposiciones tan simples para
cubrir el expediente y recibir el beneplácito del Gobierno, porque me
imagino que el Gobierno estará trabajando en la línea que ustedes ya
apuntan. Si quieren aportar algo positivo y facilitarrealmente al
ciudadano las relaciones con la Agencia
Tributaria, nuestro grupo ha dado una receta: copien el modelo
aplicado en las haciendas forales de Euskadi. Sus contribuyentes se
lo agradecerán.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, intervengo para unirme al
sonrojo de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ante esta
proposición no de ley. Y lo hago por dos cuestiones tanto por el
fondo como por la forma o, si quieren ustedes, señorías, tanto por el
instrumento utilizado como por el contenido. No será este grupo
parlamentario, indiscutiblemente, el que enmiende la plana a todo un
poderoso grupo parlamentario como es el del Partido Popular y le
indique cuál debe ser su técnica o su estrategia parlamentaria. ¡Dios
me guarde de tamaña osadía! Desde luego, no suelo ser yo quien
utiliza la técnica de salir aquí y decir: ¡Hombre, por Dios! ¿Para
esto utilizan ustedes las proposiciones no de ley? Pero, señorías,
ésta raya un poco -permítanme la expresión- en el esperpento, en el
sentido valleinclanesco de la deformación ante el propio espejo
público.
De las dos formas de relación que pueden existir entre un partido o
un grupo parlamentario y el Gobierno o el poder institucional, está
el más típico en España y perdonen la simplificación. Por ejemplo, en
el PNV el que manda no está en el Gobierno y, en todo caso, se puede
entender que de vez en cuando con algunas de sus iniciativas el grupo
parlamentario le están marcando la pauta al Gobierno. Ese es un
modelo. Pero en este caso, en este otro modelo, el del PP, cuando el
que manda no solamente está en el Gobierno, sino que además es el
presidente del Gobierno, etcétera, lo que ocurre es que el partido y
el grupo parlamentario no solamente soportan la acción de Gobierno
legítimamente, sino que además -permítanme la expresión- le tiene que
hacer, si no el trabajo sucio, el trabajo simple. Una de las dos
formas de plantear una iniciativa es que el grupo parlamentario se
dirija al Gobierno y le diga: ¿te puedo plantear esta proposición no
de ley? La otra forma es que el Gobierno le diga al grupo
parlamentario: plantéame esta proposición no de ley para que tú
rellenes cupo y a mí de camino me sirve de impulso y de legitimación.
Señorías, creo que en este caso se ha utilizado la segunda opción y
que el Gobierno le ha dicho: mira, me quedan aquí estos últimos
recortes, estas últimas rebajas, plantea esta iniciativa para
rellenar algo y para que me sirva incluso -como ha dicho antes el
portavoz del PNV- para tener la legitimidad y el respaldo
parlamentario en esto que estoy haciendo. Ustedes tienen todo el
derecho, con un montón de votos y el respaldo suficiente, para traer
aquí esto, pero por la
riqueza de esta Cámara pedimos al Grupo Popular que nos traiga cosas
de más enjundia y de más altura.
En cuanto al contenido, la propia exposición de motivos deja desnuda
por completo la proposición no de ley. La propia exposición de
motivos dice: Con la implantación del nuevo IRPF se ha introducido el
sistema de devolución rápida, para lo cual se puso en marcha en la
última campaña de renta una plataforma telefónica caracterizada por
ser gestora. Esta plataforma evita desplazarse a los contribuyentes
porque, además de información y asistencia, permite a los
contribuyentes subsanar incoherencias o errores en las comunicaciones
de datos, aportar datos olvidados en las comunicaciones, informar
sobre las devoluciones y un largo etcétera. La gestión, llevada a
cabo por Telefónica... Habla de una capacidad gestora que se ha puesto
en marcha. Entonces llega una proposición no de ley que dice: El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que ponga en marcha, en
el seno de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (que
vamos a ver cuándo se comparte más con las comunidades autónomas), un
sistema de gestión telefónica permanente que, además de informar,
sirva para realizar trámites. ¿Cuáles, cuántos, cómo?
Una proposición no de ley presentada por el grupo parlamentario que
soporta al Gobierno ha de tener mayor coherencia y más datos sobre
hasta qué punto va a ser la gestión y con qué trámites. En esta
cuestión, tan genérica, da igual votar que sí que votar que no.
Plantearé a mi grupo qué hacemos, a lo mejor lo podemos echar a
pinto, pinto, gorgorito, porque como no dice nada, da igual, repito,
votar que sí o votar que no. Por tanto, rogaría al Grupo
Parlamentario Popular que cuando nos traiga una proposición no de
ley, aunque votemos en contra, aunque nos peleemos, sepamos que se
está peleando por algo con más entidad, con más enjundia.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario va a votar a
favor de esta proposición no de ley, al hilo de la siguiente
reflexión. Lo cierto es que en el ámbito de la asistencia a los
contribuyentes, a los particulares, en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias, en España se ha avanzado mucho en los
últimos años respecto de la situación precedente. Simplemente y a
modo de recordatorio, basta con traer a colación el importante
esfuerzo de medios humanos y materiales en la campaña de declaración
del IRPF, en la asistencia que se da a los contribuyentes, con la
comunicación de
los datos existentes en la base nacional de datos de la Agencia
Tributaria a los particulares para que confeccionen sus declaraciones
sin incurrir en errores y, por tanto, evitándoles molestias en
relaciones ulteriores con la Administración tributaria, lo cual
supone, en sí, no sólo un cambio gestor sino también un cambio de
mentalidad en cuanto a la apertura de los datos de la Administración
Tributaria para los particulares.
También quisiera traer a colación la riqueza de la página web de la
Agencia Tributaria y los servicios que ofrece a los particulares,
incluso a pequeños gestores, asesores, etcétera, para solucionar el
día a día de su problemática tributaria. Sinceramente, en el ámbito
de la asistencia tributaria, aunque cabría reflexionar respecto del
funcionamiento de algunos ámbitos de la Agencia Tributaria -que los
hay y acabarán viniendo a esta Cámara- no es el de la asistencia de
los contribuyentes un foco de debate, porque creo que va
razonablemente bien y funciona francamente bien en comparación con
otros países. A título de ejemplo y en relación con países vecinos
nuestros de la Unión Europea, señalaré el caso francés, en el que los
datos de los particulares están archivados en razón del domicilio, de
la vivienda particular del contribuyente. No existe un NIF, no existe
una base de datos informatizada para localizar los datos, y esto
dificulta enormemente la comunicación de datos en cuanto a la
asistencia a los contribuyentes para el cumplimiento de sus
obligaciones. O tenemos el caso norteamericano, con el Internal
revenue service, paradigma para muchas administraciones tributarias
de funcionamiento eficaz, cuando la verdad es que sus herramientas
informáticas están a bastantes años de lo que puedan ser las
herramientas informáticas de asistencia de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria. Por tanto, creo que la asistencia
tributaria que presta la Agencia estatal es una asistencia con unos
estándares de calidad elevados, importantes, en los que siempre hay
que mirar hacia delante, pero que no constituye un núcleo de
reflexión en cuanto a posibles temas a mejorar en el funcionamiento
de la Administración pública española, en este caso tributaria.
En este ámbito de reflexión quiero significar que vemos con buenos
ojos el impulso de esta plataforma telefónica. Es evidente, ¿cómo no
va a ser así? Todo lo que sea mejorar la asistencia a los
particulares lo vamos a ver con buenos ojos. Esto parte de una
experiencia piloto iniciada en la Delegación especial de Madrid, y la
verdad es que mi grupo se congratula de que este sistema gestor, a
través de comunicación telefónica, funcione. Y si funciona
salvaguardando -como no tenemos duda de que así será- la privacidad
en el manejo de datos de los contribuyentes, dado que ya se ha
conseguido por parte de otras administraciones públicas territoriales
españolas, para gestiones rápidas, de importes reducidos, etcétera,
lo cierto es que vemos de forma favorable esta medida y la vamos a
votar a favor.
Antes de acabar, simplemente quiero decir que mi grupo parlamentario
considera importante -creo que es algo obvio y no hemos presentado
enmienda en este sentido por entender que está ínsito en el sentido
de la proposición no de ley- el hecho de que en aquellos territorios
en que existan dos lenguas oficiales, la labor de la Agencia
Tributaria, como se ha venido haciendo en muchos de sus servicios,
será que se respete el plurilingüismo que enriquece la situación
cultural y lingüística de determinados territorios de España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Señor De Juan, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo
de las enmiendas presentadas.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Con esas limitaciones y, por tanto, lamentablemente, sin poder
contestar a algunos sabios consejos que sobre doctrina política hemos
oído con anterioridad... (Rumores.), que yo no sé si rozan lo
valleinclanesco o lo kafkiano...
La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, el Reglamento en este trámite no
prevé réplicas.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy bien, señora presidenta. Me ceñiré
exclusivamente a las dos enmiendas.
En cuanto a la enmienda del BNG, vamos a rechazarla, no porque no
suscribamos el planteamiento que late... (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Decía que vamos a rechazar la enmienda
del BNG, no porque no suscribamos el planteamiento, sino porque
consideramos que, en la actualidad, tanto en la cobertura de este
sistema de gestión telefónica permanente como en la práctica
cotidiana, se está prestando el servicio en lenguas cooficiales.
Según datos de la Agencia Tributaria, un 70 por ciento...
La señora PRESIDENTA: Señor De Juan, le ruego que no inicie una
réplica.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy bien, señora presidenta.
Rechazamos esa enmienda por entender que es innecesaria.
En cuanto a la del Grupo Socialista, la rechazamos también porque,
después de vilipendiar nuestra proposición no de ley...(Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Bien, señoría.
Pues la rechazamos por la manifiesta carencia de programa político
alternativo... (Continúan las protestas.)
La señora PRESIDENTA: Entiendo que es rechazada. Muchas gracias,
señor De Juan. (La señora Mendizábal Gorostiaga pide la palabra.)
Señora Mendizábal, no hay réplica en este turno. (La señora
Mendizábal Gorostiaga insiste en su petición.)
Señora Mendizábal, desde esta Presidencia se entiende que el debate
está agotado y que no es preciso mayores aclaraciones.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, para mejorar los sistemas de ayuda a la
confección de declaraciones tributarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 168; en contra, 105; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE ACTUACIONES A PROPÓSITO
DEL SUBMARINO NUCLEAR TIRELESS ATRACADO EN EL PUERTO DE GIBRALTAR.
(Número de expediente 162/000132.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR NÚÑEZ), SOBRE EL TRASLADO DEL
SUBMARINO NUCLEAR HMS TIRELESS PARA SU REPARACIÓN. (Número de
expediente 162/000110.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear
Tireless atracado en el puerto de Gibraltar, que será debatida
conjuntamente con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear HMS Tireless para su
reparación.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a debatir sobre una cuestión muy seria, que queremos tratar en
sesión plenaria, como lo hemos
hecho hasta ahora, fuera de todo alarmismo, fuera de todo
catastrofismo: la situación creada por la avería del submarino de
propulsión nuclear Tireless. Hemos tenido la oportunidad de plantear
nuestros argumentos en la Comisión de Asuntos Exteriores, donde hemos
señalado que, en nuestra opinión, el Gobierno no está gestionando
correctamente este asunto. Ya tuve la ocasión de poner de manifiesto
en la Comisión la secuencia absurda creada por las distintas
posiciones del Gobierno en torno a este episodio. Hoy, lo que
pretendemos tiene otra dimensión. Deseamos que el Parlamento ofrezca
al Gobierno una plataforma unánime para que solicite formalmente al
Gobierno británico el traslado del submarino, al objeto de que sea
reparado en una base naval adecuada para estos menesteres.
Pretendemos que el Gobierno se reconcilie con la opinión pública
española, que no entiende ni acepta los vaivenes, cambios de opinión,
dudas y contradicciones que se están produciendo en torno a este
asunto. Ofrecemos que el Gobierno español se sienta plenamente
respaldado por todos los partidos políticos presentes en este
hemiciclo. Queremos la unanimidad de esta Cámara para que el Gobierno
sienta que tiene el respaldo de todos nosotros y, estoy seguro, de la
inmensa mayoría de la opinión pública española.
Voy a concentrarme en las razones que motivan esta proposición no de
ley. Necesitamos urgentemente una posición clara y precisa sobre el
traslado del Tireless ¿Por qué? El ministro de Asuntos Exteriores,
señor Piqué -y lamento su ausencia-, en su comparecencia ante la
Comisión de Asuntos Exteriores fue rotundo al rechazar la iniciativa
compartida por todos los grupos parlamentarios, al menos en trámite
de Comisión, para que el Gobierno español depositara en Londres una
petición formal de traslado. Una semana después, el 6 de diciembre,
el presidente del Gobierno, señor Aznar, anuncia primero en un
periódico británico, The Times -gran cortesía hacia este Parlamento-,
que -cito- lo más razonable, lógico y deseable sería que el submarino
fuese llevado al Reino Unido.
Al día siguiente confirma, en el acto conmemorativo de la
Constitución en esta casa, que -cito- lo que no tiene ningún sentido
es decir que se lo lleven cuando no se han tomado la molestia de ver
si es posible. Intuyo que se refería a nosotros. Pero cuando dijo el
presidente: se tienen terminados todos los análisis y todos los
estudios que determinan que sí es posible trasladar un submarino
nuclear, entonces, uno puede decir -enfatiza el presidente Aznar- con
conocimiento de causa que lo más razonable y deseable es que ese
submarino sea trasladado. Estas son las palabras del presidente del
Gobierno español. Aquel día nos sentimos todos relajados.
Día 8 de diciembre. Empieza otra vez la secuencia de lo absurdo. El
ministro Piqué puntualiza que lo manifestado por el presidente del
Gobierno era -cito- una expresión de un deseo, que no es una petición
formal; sin comentarios. En una cuestión de este calibre,
perdónenme, señores del Grupo Popular, no entiendo cómo el ministro
de Asuntos Exteriores le enmienda la plana en un tema tan sensible al
presidente del Gobierno.
Ayer mismo descubrimos otra nueva posición del Gobierno en la
secuencia de lo absurdo, expresada otra vez por el ministro de
Asuntos Exteriores. Comprendo por qué no ha querido venir.
Descubrimos con la natural perplejidad que hay otra nueva posición.
Este deseo presidencial -cito- ha sido realizado varias veces al
primer ministro británico, señor Blair. En la Comisión de Exteriores
-me dirijo a todos los portavoces- dijo con toda rotundidad lo
contrario.
El señor Piqué nos dijo ayer que no se puede pedir formalmente el
traslado -cito- porque los análisis y estudios no están concluidos.
El presidente Aznar, el 6 de diciembre, dijo con toda rotundidad en
esta casa: todos los estudios y análisis están terminados.
Finalmente, el señor Piqué puntualizó ayer que la petición formal se
produciría en todo caso en el mes de marzo, que al parecer era la
fecha límite, que en cierta manera sugirió también el señor Trillo,
que se le daba al Ministerio de Defensa para que concluyera los
trabajos. Hoy nos presentan ustedes sus enmiendas y la cita al mes de
marzo ha vuelto a desaparecer.
Señorías, tenemos que terminar con esta forma de gestionar y ustedes
no pueden seguir mes tras mes, semana tras semana, sumando tales
contradicciones en un tema tan serio. Hay que terminar con esta forma
de gestionar ¿Cómo? A través de una decisión de este Parlamento que
respalde al Gobierno para que pida formalmente al Reino Unido que
proceda al traslado del submarino.
No me atrevo a desautorizar ni a puntualizar ni a corregir al
presidente del Gobierno. Si el presidente del Gobierno, en este caso
de todos nosotros, del Gobierno de España, ha dicho que cuando se
tienen terminados todos los análisis y todos los estudios que
determinan que sí es posible trasladar un submarino, lo más razonable
y deseable es que sea trasladado, hágase. En consecuencia, lo que se
trata hoy es de poner en marcha el deseo ferviente del presidente del
Gobierno español que todos, estoy seguro, compartimos. (Aplausos.)
Yo sé, y quiero entrar en el fondo del asunto por primera vez en
sesión plenaria, que una petición formal del Reino de España conlleva
una respuesta formal del Reino Unido. Eso es lo que necesita el
Gobierno español, es lo que necesita el Parlamento y es lo que está
pidiendo la opinión pública española. El Gobierno español lo
necesita. En el Grupo Popular hay notables miembros de la carrera
diplomática. Yo no puedo comprender (trasmítaselo usted al presidente
del Gobierno, lo digo con un cierto sentimiento porque sé de lo que
hablo, señor ministro de Defensa) que ustedes acepten tranquilamente
que cuando el presidente del Gobierno de España manifiesta una
posición del Gobierno en un
tema tan delicado, la respuesta sea del lado de Londres a través de
un portavoz anónimo de Downing Street. En la Unión Europea, a un
presidente de Gobierno, sobre una opinión de Gobierno fundada en un
tema sensible, le responde otro presidente de Gobierno u otro primer
ministro. (Aplausos.)
Y ustedes, tranquilamente, parece que esto no les preocupa. Lo
necesita el Parlamento porque tenemos, debemos guardar y mantener un
consenso básico en un tema tan sensible como es la situación colonial
de Gibraltar, y lo pide la opinión pública, que no comprende por qué
el Gobierno ha aceptado la carga de la prueba en este asunto, cuando
la carga de la prueba está en Londres y no en Madrid. Para nosotros
es insólito, y sí que nos ha irritado, naturalmente, lo confieso, que
aún ayer el Ministro Piqué interpretara esta proposición no de ley
diciendo -cito- que no es responsable pedir al Gobierno que exija una
cosa que la oposición, nosotros, sabe que no está en condiciones de
exigir. ¿Pero somos un país grande o no somos un país grande?
(Aplausos.) ¿Qué teme el Gobierno, si tiene al Parlamento y a toda la
opinión pública dispuestos a apoyarle sin reservas? ¿Qué puede
ocurrir si hay una demanda formal en Londres y hay una respuesta
formal? ¿Qué teme? ¿Un no de Londres es lo que se teme en esta
Cámara?Por eso es fundamental tener una respuesta formal, es
fundamental porque así sabremos de un vez cuáles son los límites
y las posibilidades de nuestras relaciones con el Reino Unido.
En política exterior es fundamental, señorías, saber y conocer dónde
está cada uno precisamente en los temas sensibles y difíciles. Es ahí
donde se demuestra la profundidad de unas relaciones estables,
sinceras y amistosas. Y Londres, lo digo sin ningún complejo, debe
valorar qué vale más, profundizar, agrandar las relaciones con el
Reino de España o agrandar y profundizar las consecuencias de su
eventual negativa ante el traslado y la reacción lógica que tendrá la
opinión pública española y este Parlamento. Londres debe elegir,
porque la carga de la prueba está en Londres, y Londres debe valorar
qué le interesa más. Eso es lo que queremos que hagan ustedes.
Quiero precisar algo. Todos queremos tener las mejores relaciones con
un gran país, admirable en muchos sentidos, como es el Reino Unido,
pero en este tema, que es muy sensible, necesitamos saber si el Reino
Unido piensa lo mismo que nosotros. Es un tema muy serio y me alegro
que se haya hecho este silencio. Necesitamos saberlo en un tema
difícil y sensible, no a través de pintorescos fines de semana en los
montes de Toledo. Si es necesario terminar con este tipo de
historias, se termina porque los intereses superiores son otros.
Concluyo, señora presidenta. Si el presidente Aznar consideró con
acierto que el traslado es lo más lógico, lo más razonable y
deseable, el Grupo Socialista está
de acuerdo. Esto lo dijo el presidente en esta casa en el aniversario
de la Constitución. Espero, esperamos que no se tratara de una broma
y sería dramático comprobar hoy que el Grupo Popular vota en contra
de los deseos y de la opinión de Gobierno expresada por su propio
presidente. Que el señor Piqué le enmiende la plana a su presidente
es un problema interno de organización del Gobierno; que el Grupo
Popular vote en contra, créanme, no lo entenderá nadie, pero no aquí,
porque presumiblemente vamos a ser derrotados, no lo entenderá nadie
en la calle.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Mixto, sobre el traslado del submarino nuclear
Tireless para su reparación, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, los andaluces
somos gente pacífica y estamos acostumbrados a pasar situaciones
graves, estamos acostumbrados a pasarlas duras, pero para que quede
clara la posición nuestra ante este problema y se sepa, ni Andalucía
es el estercolero radiactivo del Reino Unido, ni los andaluces,
sabiendo un poquito de geografía, estamos en el radio de acción de
los posibles problemas que den los arreglos de los submarinos
radiactivos con tracción nuclear del Reino Unido. Estamos, por tanto,
ante un tema grave que tenemos debajo de la silla, por decirlo en
términos finos, desde hace siete meses.
Hemos asistido a una especie de sainete trágico donde hemos pasado
por muchas fases desde ese 12 de mayo, donde se averió en aguas de
Sicilia, con esa negativa de otros puertos, puertos natos y de socios
europeos y a ese tener que tragarnos nosotros el marrón del Tireless.
Hemos pasado por la fase de no pasa nada, minimizamos la cuestión,
esto no tiene importancia, va a estar unos días, nada, quítame allá
esas pajas, esto es un tema de repostar y salir pitando. Hemos pasado
por la fase de una guasa de mal gusto, cogida en un mal momento, en
reunión precisamente con el primer ministro del Reino Unido, donde se
nos recuerda qué divertido era cantar el submarino amarillo. Hemos
pasado por fases de si pasa, es más grave de lo que parecía; pero,
qué vamos a hacerle, no se puede hacer otra cosa. No se puede
trasladar, y lo hemos escuchado textualmente del ministro, porque se
puede romper el cable. Hemos pasado por fases como la que aquí se ha
descrito del presidente del Gobierno diciendo que lo lógico y lo
deseable es que el submarino se traslade.
En todo este sainete, ¿cuándo va a pedir el Gobierno que se traslade?
Qué espera, ¿qué nos averigüen los deseos y entonces los británicos
lo trasladen? El último episodio lo hemos visto creo que ayer, en que
nos dicen que para marzo, que para San José, que para mi santo, si
esto no está arreglado, entonces vamos a pedir que se
vaya. Yo no sé lo que pasa en marzo, porque, si no tiene ningún
peligro arreglarlo, no sé por qué tiene que ser marzo y no abril, y
si tiene mucho peligro arreglarlo, no sé por qué hay que esperar a
marzo, que se lo lleven. No entiendo que no se pida la retirada hasta
marzo. No sé si es una fecha mágica donde otros también van a dar
tope a lo que está pasando con el submarino.
Yo creo que en todo este tiempo este erratismo informativo, conducido
por el propio Gobierno, es el que ha provocado la mayor preocupación,
es el que ha provocado la alarma social. Nosotros estamos llenos de
rabia y de absoluta impotencia ante un colonialismo insoportable en
las puertas del siglo XXI, de un gobierno socio en la Unión Europea,
que no hace caso a nada y arregla aquí en vez de llevarse el
submarino a su base.
El Gobierno nos pide lealtad constitucional, y desde luego hay que
garantizarla entre todos. ¿Cómo se puede pedir a las autoridades, a
las personas, a los andaluces, lealtad constitucional cuando nos
enteramos por los periódicos de que se lo llevan, no se lo llevan, es
grave, no es grave, ya veremos, para marzo? Así no se es serio. Ante
estos planteamientos no es posible que nosotros estemos esperando un
informe razonable. No hay información fiable, hay información
continuamente contradictoria.
Nosotros creemos que esto hay que resumirlo y que tiene una solución
muy fácil. En la propuesta andalucista se habla de cuatro puntos, se
puede hablar de más, pero es muy fácil entenderla. El primer punto es
que no lo arreglen aquí, es evidente. ¿Por qué tenemos que soportar
el plus de arreglo aquí, el plus del manejo de estos materiales, del
manejo de estos arreglos, en un puerto que no cumple las condiciones
y que aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid y es agosto se
reclasifica para que aquí se puedan arreglar los submarinos
nucleares, y se reclasifica con el silencio del Gobierno? Nosotros
nos sentimos desamparados, impotentes, ante un Gobierno que ni
protesta ni pide, sino que dice: calma, no es, sí es, ya veremos. Yo
creo que la gente no entiende de tanta película; que no se arregle
aquí, que se vaya, que se lo lleven. ¿Cuándo? Cuando proceda. ¿Es que
ahora hay muchas mareas? Pues que esperen a menos mareas, me da
igual, que se lo lleven, pero que no lo arreglen aquí, porque se lo
pudieron llevar en buena temporada y no quisieron. Si hay que esperar
a que la marea se ponga un poquito más baja, esperamos, todos sabemos
cómo se trasladan las cosas en el mar del Norte y en invierno.
Soluciones técnicas hay, que las apliquen, que no nos cuenten que se
rompe la cuerda, que esto no se traslada con cuerda.
Tercer punto, que por supuesto no se arreglen más en el futuro. ¿Qué
es eso de permitir una reclasificación de un puerto en nuestras
puertas diciendo que ya es válido arreglar todo submarino de
propulsión nuclear que se estropee? ¿Qué es esto de admitir una
cuestión administrativa del Gobierno británico que pasa de equis a
zeta y nos acabamos de convertir en un puerto
donde se reparan estos cacharros, con una población afectada
importantísima?
Por último, si queremos fiarnos entre socios, si queremos que los
informes tengan veracidad, que dejen que nuestros inspectores
inspeccionen. ¿Qué estamos inspeccionando, los informes británicos
visados por los Estados Unidos? ¿Qué nos vamos a creer, que nos digan
que no hay nada y ya está? Si somos socios leales dentro de la Unión
Europea, que nuestros técnicos con sus técnicos comprueben in situ
qué riesgo y qué peligro tiene esta reparación.
No estamos ante cuestión baladí, que está clavada en el corazón de
los andaluces y de los habitantes del Campo de Gibraltar, y que no
admiten más juego según se esté en Bruselas, según se esté en Madrid,
o según se esté en el Campo de Gibraltar. No vale jugar al trile, no
vale en Bruselas silbar, aquí decir que regular y allí encabezar la
manifestación de que se vaya. Si se tiene que ir, que se vaya aquí,
que se vaya allí y que se vaya en Bruselas. Me temo que la posición
de los portavoces del Gobierno es distinta de la que mantienen los
que están allí, los que estamos aquí y los que están en Bruselas.
Todos entendemos las reglas del juego, pero aquí ya no hay ningún
hueco nada más que exigir la retirada del Tireless.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por
parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, pocas veces
como esta tarde puede esta Cámara ponerse tan claramente en sintonía
con lo que hoy es un clamor ciudadano, cuando discutimos sobre la
solicitud al Reino Unido de que se lleve el submarino Tireless de
Gibraltar. Pocas veces puede sintonizar esta Cámara tan claramente
con la mayoría ciudadana, porque es una realidad que hoy toda
Andalucía pide que se dé una solución definitiva a la estancia en
Gibraltar del submarino nuclear. Y no puede ser de otra forma que
exigiendo al Reino Unido que se lo lleve, que exigiendo al Reino
Unido que haga las reparaciones que le hagan falta en una base acorde
en Gibraltar.
Cuando leíamos la semana pasada el orden del día del Pleno,
pensábamos que podía no ser necesaria esta votación o que este debate
parlamentario iba a ser, como le gusta decir a algún ministro, un
paseo militar, porque entendíamos que ya iba a estar resuelto después
de saber que el presidente del Gobierno hizo las declaraciones a las
que luego nos referiremos. Sin embargo, no sólo vamos a estar ante un
debate necesario, sino ante un debate tremendamente clarificador.
Porque, señoras y señores diputados del Partido Popular, hoy no
pueden hacer ningún juego de palabras, no pueden
seguir confundiendo a la opinión pública, hoy tienen que votar y
definir claramente cuál es su postura y cuál es el sitio de cada uno.
A los diputados y diputadas de Izquierda Unida nos gustaría que todos
estuviésemos en el mismo sitio, que no podía ser otro que el de la
exigencia al Reino Unido de que se lleve el submarino y el de
sintonizar con lo que pide la opinión pública, con la defensa de los
intereses de este país.
Hace dos semanas comparecía el ministro de Asuntos Exteriores en
Comisión y ya le dijimos que no estaba defendiendo con dignidad y con
fuerza los intereses de nuestro país. Le dijimos que se parecía más a
un portavoz del Gobierno del Reino Unido que a un ministro del
Gobierno de España. Y se lo dijimos porque parecía tratar de
justificar y defender en todo momento la postura británica, en lugar
de intentar justificar la postura de nuestro país. La realidad es que
estamos aquí porque un submarino nuclear que navegaba por aguas cerca
de Sicilia sufrió un importante accidente en su reactor nuclear,
accidente que provocó una fuga de agua radiactiva, parte de cuya agua
fue vertida al Mediterráneo, tal como han reconocido los propios
británicos. Afortunadamente, en este caso, y no como en otros más
desgraciados, el reactor se pudo parar y el submarino pudo navegar
con el motor diesel, eso sí, hasta el puerto de Gibraltar, según se
nos dijo en primer lugar, para una simple parada logística, antes de
proseguir su viaje al Reino Unido, donde finalmente sería reparado.
Este fue, señorías, el primer engaño, la primera trágala y también la
primera complicidad de nuestro Gobierno. Porque días después se nos
empezó a decir que el submarino se pensaba reparar en Gibraltar. Se
nos decía que era una reparación corta, rápida y sin importancia.
El Gobierno de España calla, el Gobierno de España otorga, el
Gobierno de España está mucho más preocupado por contentar al amigo
del presidente, al señor Blair, que por defender los intereses
españoles. Aquí empiezan, señorías, una serie de anormalidades que
evidencian que o bien el Gobierno de España no se entera de nada o,
lo que es peor, y estamos nosotros más seguros, que asume la defensa
de los intereses coloniales británicos. Y, señorías, no estamos ni
más ni menos que ante eso, ante un acto de colonialismo que el
Gobierno español tenía que haber sido el primero en denunciar. El
Gobierno tenía que haber sido mucho más exigente con el Gobierno
británico. Ustedes sabían, nosotros lo sabemos, que el puerto de
Gibraltar no estaba ni está preparado para hacer frente a este tipo
de reparaciones, que no está equipado debidamente para hacer
reparaciones con alto riesgo y que la Armada británica lo tenía
clasificado como un puerto de tipo Z, lo que implicaba que sólo
serviría para visitas recreativas u operacionales, pero nunca para el
mantenimiento y reparaciones de buques de proporción nuclear. Pero
como de una colonia se trata, las autoridades británicas, cuando les
ha interesado según las circunstancias, le ha cambiado la
clasificación elevándolo de catego-
ría, para que ya pueda permitirse en su seno la reparación del
submarino nuclear. Eso sí, solamente le ha cambiado la clasificación
y poco más. ¿Pueden imaginarse lo que hubiese ocurrido si el Gobierno
británico hubiese pretendido cambiar sin más la clasificación de
algún puerto inglés para permitir en ese puerto la reparación del
submarino? Ustedes saben como nosotros que la ciudadanía británica se
hubiese tirado a la calle y hubiese impedido esa reparación. Eso es
lo que ustedes han querido, que el señor Blair no tenga que asumir
esa responsabilidad, y a eso se han prestado.
Quería recordarles sobre todo que terminábamos nuestra intervención
diciendo textualmente que si el Gobierno decidía pedir al Reino Unido
el traslado del submarino podría contar con el apoyo decidido de
nuestro grupo aquí y en cada municipio de Andalucía, porque eso es lo
que creíamos que tenía que hacer el Gobierno, exigir, con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios, la retirada del submarino de
Gibraltar. Y créame que nos alegramos cuando conocimos en la prensa
británica las declaraciones del Gobierno; le perdonamos incluso que
las hubiese hecho fuera de nuestro país a la prensa británica. Nos
alegramos mucho más cuando el presidente Aznar ratificaba sus
declaraciones en sede parlamentaria en un día tan importante como el
día de la Constitución, declaraciones que fueron recogidas con
extensión por toda la prensa y declaraciones que fueron recogidas con
brindis de cava, con ilusión, en muchos pueblos de Andalucía. Todos
estábamos convencidos en ese momento de que habíamos entrado en el
buen camino, de que habíamos empezado a hacer posible la unidad en
torno a la defensa de los intereses de los ciudadanos españoles, de
los ciudadanos andaluces. Pero la alegría puede tornarse en
frustración e indignación si hoy se evidencia que lo que hizo el
señor Aznar fue utilizar al Parlamento, utilizar a esta Cámara,
utilizar el día de la Constitución para confundir, para engañar al
pueblo andaluz. No tiene otro nombre, señorías, no lo tiene venir a
esta Cámara, venir en un día tan significativo a decir que se lleven
el submarino y luego presentar ustedes lo que presentan como enmienda
a esta proposición no de ley. No tiene otro nombre que engañar y
confundir y por ello con ese nombre lo calificamos.
Señorías, esto es grave, y con toda sinceridad, con voluntad de
unidad, pediríamos al Partido Popular que calibrase la sensación de
frustración que se tiene hoy en Andalucía por haberse sentido
utilizados y engañados por el presidente del Gobierno en todo aquello
que creyeron que el señor Aznar era sincero, pues creyeron que lo era
cuando manifestaba la voluntad de pedir al Gobierno británico la
salida del submarino. Porque no nos podemos creer que el presidente
haga unas declaraciones a la ligera ni que su ministro de Exteriores
lo desautorice. Creemos, con toda sinceridad, que es una maniobra
calculada para desmotivar, para desmovilizar a la ciudadanía
andaluza, que está radicalmente en contra
de la permanencia del submarino. Pensamos que ha sido un juego,
pero el juego, como las mentiras, tiene las patas muy cortas, y hoy
van a tener que votar y que definirse.
Presentan hoy ustedes una enmienda que si estuviésemos en ese mes de
marzo del que han hablado en otras ocasiones, podríamos creernos que
se trataba de una chirigota, de una coplilla del carnaval de Cádiz,
pero no, estamos en diciembre, más cerca del día de los inocentes, y
lo que creemos es que pretenden gastar una inocentada a este
Parlamento, una inocentada al pueblo andaluz. Ustedes no pueden
pensar que los andaluces somos tontos, no pueden creerse que a los
andaluces se nos puede engañar, y van a tener la respuesta que se
merecen. Si hoy ustedes votan por la permanencia del submarino en
Gibraltar, sepan que lo están haciendo en contra de la mayoría del
pueblo andaluz, que lo están haciendo en contra de miles de
ciudadanos que hoy exigen que su Gobierno esté a la altura que se
merece, que no es otra que la defensa de los intereses de todos y
cada uno de los ciudadanos españoles. No sigan defendiendo al
Gobierno británico, que ya lo hace bastante bien por sí solo. A
ustedes les corresponde defender a España, defender a Andalucía.
Van a desaprovechar ustedes hoy una ocasión, y no puede ser por
casualidad. Ustedes tenían muy claro en todo este camino que lo que
querían era confundir, que lo que querían era desmotivar. Nosotros
vamos a votar afirmativamente las proposiciones que se nos presentan.
Eso sí, hemos querido ampliarlas, porque no es sólo la reparación de
submarinos nucleares el problema. Tenemos que ser conscientes de que
el problema es mucho más amplio. El problema es la existencia de
submarinos nucleares en sí misma. Es una irresponsabilidad que
solamente se explica con el intento del mantenimiento de una dinámica
de guerra fría fuera de lugar en estos momentos. El reciente
incidente ocurrido con motivo del atraque de un submarino nuclear en
las Islas Baleares ha evidenciado que la demanda social es que
nuestro país se oponga a que ningún submarino nuclear atraque en
ninguna base o puerto del territorio español.
En defensa de esta enmienda no voy a traer sólo las condiciones con
las que nuestro país ingresó en la OTAN, porque ya sabemos el poco
respeto que a ustedes les mereció aquella manifestación de la
voluntad popular; también voy a señalar que es una irresponsabilidad,
que es un peligro que sigamos permitiendo que submarinos nucleares
atraquen en nuestros puertos. Izquierda Unida está en contra de la
nuclearización de los mares, está en contra de que sigan existiendo
verdaderas bombas atómicas circulando sumergidas por nuestros mares.
Consideramos -y voy concluyendo- que la presión social, que la
presión institucional ejercida en el caso del submarino nuclear de
Estados Unidos, debería tener hoy respaldo parlamentario. Y por eso
hemos querido dejar claro con nuestra enmiendaque se deben adoptar
las medidas necesarias para
que en ninguno de nuestros puertos o aguas territoriales puedan
atracar o fondear naves que porten armamentos, combustible o residuos
de origen nuclear. Esta es nuestra aportación al debate de hoy. Sobre
todo, queremos repetirles que estamos dispuestos al consenso.
La señora PRESIDENTA: Señor Centella, le ruego concluya.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Termino ya, señora presidenta.
Estamos dispuestos al acuerdo. Hoy sería importante un acuerdo
unánime de este Parlamento, pero ustedes tienen la palabra: o se
sitúan del lado del Reino Unido o se sitúan del lado del pueblo
andaluz y del pueblo español. Esa es su decisión, que ejercerán con
su voto. Yo espero que ustedes estén donde deberían estar y no
enfrentados al pueblo español. Si se enfrentan, no tengan ninguna
duda de que se lo demandaremos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, esta sesión
es un capítulo más de un culebrón muy poco serio que empezó ya hace
demasiado tiempo, que nos tememos que no terminará hoy y que sería
absolutamente anecdótico si no afectara a la salud o a la percepción
de riesgo para la salud -que para nosotros ya sería bastante- de
miles y miles de personas y si no afectara al respeto y al prestigio
que el Reino de España se merece en el seno de la OTAN y en el seno
de la Unión Europea. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) No por el hecho de proclamar que se está entre los más
grandes se pasa a estar entre los más grandes. En política exterior,
es de las actuaciones constantes y de las decisiones que se toman de
donde se desprende la posición que cada Estado y cada Gobierno tienen
en la arena internacional. El respeto no se gana con declaraciones en
ruedas de prensa, se gana con medidas de gobierno.
A día de hoy, la situación con la que nos encontramos es la
siguiente: un submarino nuclear averiado junto a las costas españolas
y en territorio español, en un puerto que sin embargo no está bajo la
jurisdicción del Reino de España, que está en un territorio colonial
y bajo la jurisdicción de un presunto socio en el ámbito civil pero
también en el ámbito militar. Un socio, el Reino Unido, que prima en
este momento la supuesta protección de sus secretos nucleares frente
a la amistad con el Gobierno de España y frente al ofrecimiento de
garantías a la población. Un Gobierno y un ministro -pero en este
caso un Gobierno entero, porque también estuvo su portavoz, nombrado
en su momento ministro responsable del asunto Tireless- que un día
califica de absolutamente irresponsables a todos aquellos que pidan
el traslado del submarino; que otro día se permite bromear sobre el
asunto y llevar al ridículo a aquellos que consideran que esta es una
materia grave; un Gobierno cuyo ministro de Exteriores después
reclama por carta formal al ministro de Exteriores del Reino Unido
ese mismo traslado y que califica de grave la situación; un Gobierno
que después, también de nuevo en este caso a través de su ministro de
Asuntos Exteriores, pasa a actuar como portavoz ante la opinión
pública española del Gobierno de Su Majestad británica; y desde
entonces no se ha movido de ahí hasta el día 6 de diciembre. Todas
las actuaciones del ministro de Exteriores pasan a ser la
representación en España de la política decidida por el Ministerio de
Asuntos Exteriores británico o por el Gobierno de Tony Blair.
Finalmente, un presidente de Gobierno que sí declara, de la misma
forma que ha declarado muchos otros temas que sí se tomaron en serio
en declaraciones mucho menos formales, que efectivamente se ha pedido
al Reino Unido el traslado, declara que hay elementos suficientes
para pedir el traslado, y que, de forma absolutamente sorprendente y
sin precedentes, es desmentido por su ministro de Asuntos Exteriores,
que después acaba diciendo que eso no es lo que su presidente quería
decir. Técnicamente, como consecuencia de todo ello, una situación
absolutamente caótica en términos de información a la opinión pública
y a esta Cámara. ¿Cuál es el estado real del submarino? ¿Quién lo
sabe? ¿Lo sabe el Gobierno? ¿Cuál de las distintas explicaciones que
se nos han dado es la cierta? ¿Lo sabe el Consejo de Seguridad
Nuclear? No, el Consejo de Seguridad Nuclear sabemos que no lo sabe,
sabemos que no tiene información disponible para poder pronunciarse
con solidez sobre este tema. Lo sabe el Reino Unido, o quizá tampoco.
Lo único que se sabe es que efectivamente en este momento no hay
riesgo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Que el riesgo potencial
es enorme, que podría existir un enorme riesgo. Hasta ahí también se
ha pronunciado el propio Consejo de Seguridad Nuclear. Que Gibraltar
no está preparado para esta reparación; que, en todo caso y quizá, lo
estará de forma provisional si de hecho se trasladan a Gibraltar toda
una serie de medios que no están previstos en esa base y para los que
en todo caso carece de cualquier plan de emergencia. Y sabemos que el
traslado del submarino es posible, es caro pero es técnicamente
posible.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Catalán sube a esta tribuna a
pedir al Gobierno y a su ministro de Asuntos Exteriores un ejercicio
de responsabilidad ante esta Cámara y ante los ciudadanos, ante el
conjunto de la opinión pública española y muy particularmente ante
los ciudadanos del Campo de Gibraltar, que son aquellos que se
sienten particularmente afectados por este tema y que en algún caso
se han llegado a sentir incluso
despreciados cuando alguien parecía tomarse a broma lo que para
ellos, legítimamente según se ha demostrado, era muy serio. Respeto a
la población afectada y poca broma.
Desde este ejercicio de responsabilidad que nosotros ya hemos hecho y
que pedimos al Ministerio, creímos al presidente del Gobierno cuando
informó de que era lógico, razonable y deseable el traslado.
Entendimos que efectivamente existían razones para ese traslado. Y,
como decía, en un acto sorprendente -después no desmentido por el
propio presidente del Gobierno-, aceptamos que el ministro después lo
desmintiera, que corrigiera a su presidente, afirmando que hoy no
existe esa información, que esa información no tiene la solvencia
suficiente y que quizá hasta marzo no tendremos informes de
suficiente entidad para podernos pronunciar sobre si el traslado es o
no es en este momento necesario, es o no es en este momento oportuno.
Lo único que desde la posición de mi grupo está claro es que, cuando
los informes sean claros y cuando las circunstancias -que ese sí que
es un dato objetivo y perfectamente comprobable- meramente
climatológicas y marítimas lo permitan, el submarino debe ser
trasladado al Reino Unido; cuando los informes lo permitan y cuando
los informes acrediten que es necesario su traslado al Reino Unido.
De hecho, el propio Grupo Parlamentario Popular, en el punto 5 de su
enmienda -esa sería nuestra queja en este momento a la posición del
Grupo Parlamentario Socialista-, dice que el Gobierno de la nación
solicita al Reino Unido que traslade el submarino Tireless a una base
naval en territorio británico si a la vista de nuevos informes y
análisis técnicos se dedujese que, por razones de tiempo y de
seguridad, esta opción resultase preferible a su reparación en
Gibraltar.
Nosotros no tenemos expertos nucleares propios, no sé si otros grupos
parlamentarios los tienen; el Grupo Parlamentario Catalán hoy por hoy
carece de asesores nucleares propios o de asesores propios en
submarinos, tenemos que confiar en el Gobierno. Desde la confianza en
el Gobierno, esperamos no ser engañados cuando esos informes salgan a
la luz. Queremos creer que efectivamente esos informes hoy no existen
y que por tanto hoy todavía falta información técnica, estrictamente
técnica, para poder determinar si es o no es posible la reparación
del submarino en Gibraltar. Insisto, el presidente ya dijo que no era
posible, el ministro le desmintió y el presidente no le ha cesado.
Luego entendemos que el presidente aceptó que se había equivocado.
A partir de ahí y desde esa posición, la postura del Grupo
Parlamentario Catalán va a ser, en primer lugar, pedir al Grupo
Parlamentario Socialista que acepte la enmienda del Grupo Popular en
la medida en que pide el traslado, pero sometido a unos informes
técnicos que en este momento todavía no existen, según el Gobierno,
que, insisto, presumimos mejor informado que nosotros. En caso de que
finalmente el Grupo Socialista
no acepte esa enmienda, la posición de nuestro grupo será
abstenernos, porque entendemos perfectamente las razones que llevan
al Grupo Socialista y presumiblemente a otros grupos de la Cámara,
incluido el Grupo Mixto con su iniciativa, a exigir el traslado del
submarino, porque efectivamente la actitud del Gobierno hasta este
momento no ha hecho más que dar pábulo a la absoluta inseguridad, ha
sembrado el desconocimiento en la opinión pública y justifica que en
este momento se pida el traslado sin más.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Guardans.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el señor Robles.
El señor ROBLES FRAGA: Señor presidente, señorías, he escuchado con
suma atención las palabras del portavoz socialista, naturalmente
también las de los demás, las he seguido con toda atención y todo
respeto, pero ya no se hace política exterior así en la Unión
Europea, señores. (Rumores.) Ya no se hace política exterior en la
Unión Europea subiéndose a una tribuna, soltando una soflama,
enardeciendo a los unos contra los otros, diciendo que Inglaterra es
culpable y luego todos a casa que aquí no ha pasado nada, porque no
se puede hacer nada. No se hace consenso en política exterior
diciendo: la única posición válida es la mía y como el Gobierno no
tiene razón no puede disponer en este asunto, que es complejo, de
todos los datos, de todas las hipótesis de trabajo y de todas las
alternativas posibles. Así ya no se hace política exterior en Europa
y espero que en muchos años ya no se haga así política exterior en
España.
Nada hay más importante, claro está, señorías, claro está, señor
Marín, que la seguridad de nuestros conciudadanos, que su
tranquilidad. (Rumores.) Por eso trabajamos y en eso estamos, no lo
duden ustedes. Y para la seguridad y la tranquilidad de nuestros
conciudadanos nada es más importante en un debate parlamentario,
y también por la propia dignidad de esta Cámara, que es lo mismo que
decir que la propia dignidad de la representación nacional que aquí
encarnamos, que la seriedad y el rigor, el fundamento técnico, la
coherencia política y la perseverancia en la mejor defensa de los
intereses nacionales en juego. (Rumores.- El señor Núñez Pérez:
Nosotros hemos estado escuchando.) Y permítanme la cita
parlamentaria, que como es de Azaña estoy seguro de que la escucharán
con atención (Rumores.), para recordarles que no venimos aquí para
comportarnos como alcaldes de monterilla, de esos que lo son para
pasearse por la calle mayor de su pueblo y darse pisto con sus
amigos. Eso es lo que ustedes hanhecho hoy aquí. (Aplausos.-
Rumores.)
Esta es una cuestión compleja, pero toda cuestión compleja, incluso
las cuestiones complejísimas sobre los submarinos nucleares, sobre
las que algunos de los aquí presentes nos hemos hecho ya expertos de
medio pelo, se pueden reducir en términos políticos a dos o tres
preguntas muy sencillas, que, eso sí, no deben ser respondidas de
cualquier manera, que por su sencillez no pueden dejar de responderse
con todo el bagaje y el conocimiento técnico y político que seamos
capaces de aportar a este debate. Pocas veces habíamos llegado, en un
asunto como este, a un Pleno con tanta información pública y privada,
diagramas, esquemas, planos, informes, en Internet, en prensa
escrita, en televisión, etcétera. Nunca tantos comités de expertos,
comisiones, juntas, organismos varios, habían suministrado
información fehaciente y rigurosa sobre un asunto de tal complejidad
técnica. Por eso hoy equivocarse es especialmente grave, porque sería
la prueba de que la ceguera en este caso no nace del dato sino de
intereses políticos que nos llevarían a equivocarnos acerca de un
asunto sobre el que, como es el incansable, tenemos abundantes y
prolija información.
Señorías, las preguntas que hay que responder, y ninguna de ellas ha
sido planteada porque naturalmente en este nivel del debate el debate
por parte de la oposición está perdido, son las siguientes: ¿Existe
riesgo hoy para la población en la zona de Gibraltar? ¿Existe
información adecuada sobre el proceso de reparación del submarino?
¿Existen alternativas más seguras y rápidas para hacer salir el
submarino de Gibraltar que su reparación en ese puerto? Estas son las
preguntas, y no otras, que deben ser respondidas, y a partir de las
cuales tenemos la obligación política de fijar nuestra posición en un
asunto de suficiente relevancia como para merecer un debate en el
Pleno de esta Cámara.
Los datos son los siguientes, y no pretenderán ustedes discutir el
dato, porque dejarían de ser azañistas y también orteguianos, lo cual
sería el colmo de su posición política. (Rumores.) Un submarino
nuclear británico, el Tireless, el incansable, está amarrado en el
puerto de Gibraltar -hasta ahí no hay ninguna duda, ¿verdad?- por una
avería en el circuito primario de refrigeración de su reactor -espero
que no estén en desacuerdo con eso-, reactor que está apagado, cosa
que estoy seguro de que ustedes comparten. También comparten, porque
se tiraron semanas pidiendo los informes del Consejo de Seguridad
Nuclear, que según este y su homologo británico, no reviste riesgo
alguno para la población del entorno de Gibraltar. Es muy cómodo
ignorar el mensaje y disparar contra el mensajero, pero no se puede
no leer este informe del Consejo de Seguridad Nuclear, señorías, como
tampoco se puede decir que este es un organismo de Gobierno. El
Consejo de Seguridad Nuclear depende y ha sido nombrado por este
Parlamento. Por cierto, su presidente fue nombrado por ustedes. ¿Qué
pasa, que era bueno cuando le nombraron y estaban ustedes y ahora ya
no?
(Aplausos.- Protestas.) Eso es totalmente inaceptable. Permítanme que
haga un inciso sobre el manejo que ustedes han hecho, que se hace y
que se sigue haciendo hoy, de la palabra riesgo y de la idea misma
del riesgo, y que lamente, en nombre de mi grupo y en nombre del
sentido común, que ha sido aludido y vejado hoy en numerosas
ocasiones, la actuación de los grupos de la oposición, y muy
especialmente del Partido Socialista en Andalucía, que no ha hecho
sino alimentar la alarma de la ciudadanía con declaraciones y ruedas
de prensa insensatas e incendiarias. (Protestas.) Aquí se ha llegado
a decir, y lo dijo no el señor Marín sino su portavoz anterior en la
Comisión de Asuntos Exteriores, el señor De la Encina, que existía
riesgo de supervivencia nuclear. Nada más y nada menos. Aquí se ha
llegado a proponer, por parte del Grupo Socialista, que se bloqueara
el puerto de Gibraltar, que se abordara el submarino en alta mar. En
fin, cualquier disparate cuyo relato ahorro a SS.SS. por aquello de
que a estas horas no están para escuchar tanto disparate.
Cuando hay alarma, que la hay y es lógico que la haya, no sirven los
políticos alarmistas, sirven los políticos responsables. Y hablando
de elegir, señorías del Grupo Socialista, los primeros que tienen que
elegir no son los británicos, son ustedes. ¿De qué lado están
ustedes, del alarmismo o de la responsabilidad? (Rumores.-
Protestas.) Elijan, ¿quieren hacer política responsable o política
alarmista? Dos son las acusaciones principales que se han hecho por
parte de esos políticos alarmistas contra el Gobierno: opacidad y
complacencia con el Gobierno británico y retraso del debate
parlamentario. Nunca tantos informes han sido hechos públicos. Quien
habla de complacencia con el Gobierno británico son los mismos -estoy
seguro que para muchas señorías del Grupo Socialista será incluso una
sorpresa- que pactaron su posición en el Parlamento Europeo con los
eurodiputados laboristas del Reino Unido. Señorías, esto es lo que
pactaron. (Rumores.) Y quien habla de retraso en los debates
parlamentarios son los mismos que votaron a favor del aplazamiento de
ese debate en la eurocámara, que al día de hoy todavía no se ha
celebrado. El Gobierno de España tiene relaciones fluidas y
constantes con el Gobierno británico y eso está mal. Hay que exigirle
que elija, que se decida de una vez. Ahora bien, cuando ustedes
pactan con los laboristas británicos en el Parlamento Europeo,
entonces estamos...(Rumores.- Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor, guarden
silencio mientras el orador está en el uso de la palabra.
El señor ROBLES FRAGA: Nuestra posición ha sido siempre clara y
transparente y siempre hemos dicho lo que teníamos que decir a la luz
pública y no a la oscuridad de un pasillo de una cámara, en
Estrasburgo o en Bruselas.
No hemos buscado el rédito inmediato o electoral, a corto plazo, sino
la seguridad y la tranquilidad. Nunca nos hemos inventado soluciones
milagreras o milagrosas, nunca hemos tomado este asunto a la ligera,
y nuestra principal ocupación ha sido y es garantizar que ese
submarino sea reparado de la forma más rápida y segura posible. Y es
lo que seguimos reclamando al Gobierno británico, que es un gobierno
amigo y aliado, señorías, pero con toda energía y rigor. (La señora
Cunillera i Mestres: ¡Aleluya!) Además, que lo haga pronto y de la
forma más rápida posible, entendiendo que ese es su interés, porque
la hipótesis de trabajo de la oposición es francamente disparatada.
Querría decir que el Gobierno británico no sólo nos engaña a
nosotros, sino que engaña a su prensa, a su Parlamento y que le
divierte y tiene a gala tener toda su flota de submarinos de ataque
paralizada exclusivamente para fastidiar al Partido Socialista de
Andalucía y al señor Chaves. Eso no es de recibo. (Rumores.-
Protestas.)
Sería bueno que ustedes abandonaran esa actitud, primero, porque no
sirve para arreglar el problema sino para elevar el desasosiego y la
inquietud de mucha gente de bien, una actitud que, por cierto
-permítanme que me meta en sus asuntos internos-, tampoco les
acredita como socios fiables y responsables de sus correligionarios
británicos, que se verían mucho más animados a escuchar las demandas
del Gobierno español si no constataran que a ustedes lo único que les
preocupa es meterle bastones a las ruedas del Gobierno de España. Si
quieren ustedes pactar algo, páctenlo con nosotros, con los populares
españoles, no vayan a pactarlo a Estrasburgo o a Bruselas con los
laboristas británicos solamente para fastidiarnos a nosotros.
(Aplausos.) Por eso pedimos que se construya un consenso en esta
Cámara, pero manteniendo todas las hipótesis abiertas y teniendo en
cuenta los informes técnicos y científicos de los expertos más
competentes que tiene este país y que también tiene el Reino Unido.
Porque, si no, estamos en la mera fantasmagoría política. Ypara
pasear fantasmas por esta Cámara el Grupo Popular no participa en
debate alguno, nuestro grupo viene a solucionar problemas y a
resolver las inquietudes de nuestros conciudadanos. (Rumores.)
Señorías, nosotros le pedimos que, si repara el submarino, lo haga de
la forma más rápida, segura y fiable posible, con todas las garantías
técnicas del caso. ¿De qué otras garantías estamos hablando? Austedes
eso de las garantías técnicas les importa un pimiento. Pues bien, a
mí me importa mucho porque con esas garantías es con lo que se
arreglan los submarinos que se estropean y no con palabras, con
discursos, con ultimátum, con callejones sin salidas, con soflamas en
la calle de Alcalá, etcétera. (Rumores.)
Pedimos también al Gobierno británico -y no es poca cosa, ustedes
hubieran dado por buena esta teoría si no hubieran estado atados por
otros pactos y otras políticas en Andalucía- que traslade el
submarino
Tireless, el Incansable, a una base naval en territorio del Reino
Unido si, a la vista de nuevos informes y análisis técnicos, se
dedujese que, por razones de tiempo y de seguridad, esa opción
resulta preferible a su reparación en Gibraltar. Ese es el cuándo del
presidente del Gobierno y del ministro Piqué, en cuyas palabras no
hay contradicción alguna. (Rumores.) Cuando se tienen los informes,
cuando corresponde, cuando es necesario y cuando no hay una opción
mejor, se pide el traslado. Pero a ustedes eso les da igual. Por
supuesto que tienen que elegir hoy. Hablando de elecciones, no es el
Gobierno británico el que viene a elegir aquí; son ustedes los que
tienen que elegir entre apoyar al Gobierno de su país o seguir
alarmando sin sentido a la población. Sólo les pido una cosa: que
acepten de este grupo lo que aceptaron de los laboristas británicos;
no les pido más, no creo que sea un esfuerzo dificilísimo. Y como
estoy seguro de que en el Parlamento Europeo no se hace nada sin que
el señor Marín se entere; sin que los socialistas, como el señor
Caldera -que me mira con atención- se entere; sin que el señor
Rodríguez Zapatero se entere, hagan con nosotros lo que hicieron con
los laboristas británicos, pero, eso sí, a la luz pública y con
taquígrafos.
El texto que ustedes negociaron con los británicos y que aprobaron
dice lo siguiente: Primero... (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Robles, le ruego vaya
concluyendo y señorías del Grupo Socialista les pido por favor
guarden el debido respeto para que el orador pueda terminar su
intervención.
El señor ROBLES FRAGA: Gracias, señor presidente, por su amparo.
Dicen SS.SS. que se ha confirmado que la reparación puede ser
realizada con seguridad en Gibraltar. Eso es lo que ustedes pactaron
con los laboristas británicos. ¿Qué pasa, que ahora ya no vale? Luego
dicen que esperan que se busque la solución óptima de entre las
posibles, desde el punto de vista de la seguridad de la población.
Señorías, si es eso, yo firmo donde haya que firmar, pero son ustedes
los que no quieren firmar hoy. (Rumores.) Eso es lo que dice nuestra
enmienda que ustedes no aceptan.
Señorías, ustedes pueden empecinarse en una sola de las opciones
posibles, pero eso no es sino un brindis al sol... (Un señor diputado:
¡Inmersión!) Sí, inmersión, pero si ustedes hacen inmersión recuerden
que luego tienen que salir a la superficie y ahora están muy
hundidos. Para salir a la superficie les hace falta mucho tiempo.
(Aplausos.)
Si quieren hablamos del submarino del PSOE, que sí que está averiado
y que sí que está hundido (Rumores.) y si quieren que suba a la
superficie tendrán que
hacer algo más que dar pruebas de irresponsabilidad y de alarmismo,
que es lo que han hecho hoy.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Robles, por favor.
El señor ROBLES FRAGA: Termino, señor presidente.
Señorías, su posición es un brindis al sol que no va a mover un
milímetro al submarino de donde está ni va a cortar un segundo la
permanencia del Incansable en Gibraltar. Si lo que ustedes quieren es
consenso constrúyase, pero no sobre la posición de un solo grupo,
sino sobre el sentido común de todos los grupos. Eso es lo que hemos
presentado hoy y eso es lo que nosotros defendemos aquí, en la calle
y donde haga falta, señorías. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Robles. ¿Grupos
que deseen fijar su posición? (Pausa.) ¿Ningún grupo desea utilizar
el turno de fijación de posiciones? (Pausa.) En turno de aceptación o
de rechazo de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor
Marín, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: De las presentadas por el estimado colega
Robles, aceptaríamos los dos últimos párrafos que se refieren a la
situación colonial de Gibraltar. No sé si son los puntos 5 y 6, o 6 y
7. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.- Pausa.)
Señora presidenta, para ser más preciso, querría añadir que no
tenemos inconveniente en admitir los párrafos 6 y 7 de las enmiendas
presentadas por el Grupo Popular, que se refieren a la situación
colonial de Gibraltar. El resto, obviamente, no.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Marín.
Señor Núñez, tiene la palabra a los efectos de indicar la aceptación
o rechazo de la enmienda.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Sí, señora presidenta.
Aunque se trata de otro debate, no cabe duda de que el debate de la
petición de la soberanía en Gibraltar tiene que ver con el relativo a
la revolución del Tireless, de modo que se acepta el punto 6 referido
a que es inaceptable mantener una colonia en estos tiempos, así como
la improcedencia de tener una base militar que pueda seguir siendo
utilizada de esta manera.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Por cuanto tanto el Grupo Parlamentario Socialista como el Grupo
Parlamentario Mixto manifiestan su voluntad de aceptar parcialmente
la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, es preciso
que dicho grupo indique si a su vez acepta la incorporación de esos
dos puntos. (El señor Marcet i Morera: ¿Dónde está eso?)
El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, agradecemos el gesto, pero
como nuestra enmienda tiene un carácter de globalidad, no podemos
aceptar esa incorporación. (El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, gracias.
Sí, señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Me anima para esta intervención más bien...
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Caldera, antes de animarse, le
ruego que indique a la Presidencia el artículo del Reglamento que
invoca.
El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Quiero citar los artículos que
regulan las proposiciones no de ley.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señor Caldera, un momento. (Pausa.)
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Son los artículos 193 y ...
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, ¿cuál de ellos exactamente?
El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Exactamente el artículo 195.
Si me permite la señora presidenta...
La señora PRESIDENTA: No, no. La señora presidenta está leyendo
exactamente el artículo al cual S.S. hace referencia. Señor Caldera,
dicho apartado no dice nada respecto al derecho del grupo proponente
a que sus enmiendas sean aceptadas parcialmente, que es por lo que
entiendo que usted estaba pidiendo la palabra.
Señor Caldera, permítame que le aclare, antes de su intervención, que
las iniciativas en esta Cámara son propiedad del grupo proponente. Y
de la misma manera que una proposición no de ley, si no quiere el
grupo proponente, no es sometida a votación parcialmente, se entiende
que las enmiendas son propiedad del grupo proponente y si el grupo
enmendante no desea o se niega a que sean votadas parcialmente, no se
incorporan.
El señor CALDERASÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, si le parece
discutiremos eso en la Junta de Portavoces. No tengo ningún ánimo de
abrir debate pero, créame S.S. si le indico que esto modifica todos
los precedentes -y por eso hago esta intervención-
utilizados en esta Cámara durante muchos años mediante los cuales
cuando la enmienda no es de sustitución, sino que puede entenderse de
adición, es el grupo proponente justamente quien puede admitir partes
o puntos de las enmiendas presentados por otros grupos. Como no está
en mi ánimo discutir, verá S.S. cómo le presentaré docenas y docenas
de precedentes en Junta de Portavoces, para que esto no vuelva a
ocurrir.
La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, lógicamente, en Junta de
Portavoces S.S., como cualquier otro portavoz, puede presentar
aquellas iniciativas que desee. Sí puedo decirle que esta
Presidencia, como no podía ser de otra manera, no ha utilizado su
criterio personal sino el criterio de los servicios de la Secretaría
General de la Cámara, que son los que me acaban de indicar cuál es la
práctica habitual en esta casa.
Podremos continuar el debate en Junta de Portavoces, si así lo desea
cualquiera de los miembros de la misma. (Rumores.- El señor Marín
González pide la palabra.)
Señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Señora presidenta, voy a ser muy breve.
Hay un problema reglamentario que deberá ser aclarado posteriormente,
pero al menos se tiene que producir una votación diferenciada,
proponente o propuesta, da igual. Quisiera que constara en el «Diario
de Sesiones» que si el Grupo Socialista, por razones reglamentarias,
debe votar en contra de la contrapropuesta del Partido Popular, al
menos... (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego guarden silencio.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Para evitar malos entendidos, estamos
totalmente de acuerdo con los puntos 6 y 7. Si por razones de
Reglamento hay que votar en contra tendremos que hacerlo, pero
nuestro espíritu es votar a favor. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor Marín, al tratarse de una enmienda a una
proposición no de ley, si no se incorpora al texto no es susceptible
de ser votada. (Rumores.) En cualquier caso, ha quedado explicitada
su voluntad, si es lo que quería su señoría.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre actuaciones a propósito del submarino nuclear
Tireless, atracado en el puerto de Gibraltar, en los términos
derivados del propio debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
293; a favor, 119; en contra, 157; abstenciones 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el
traslado del submarino nuclear HMS Tireless, para su reparación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
294; a favor, 120; en contra, 158; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LA POLÍTICA DE
PRECIOS DE LOS VUELOS REGULARES ENTRE ESPAÑA E IBEROAMÉRICA. (Número
de expediente 173/000032.)
La señora PRESIDENTA: Punto VI del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario de Coalición, sobre la política de precios de los
vuelos regulares entre España e Iberoamérica.
Para la presentación de la misma, tiene la palabra el señor Rivero.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rivero, cuando quiera.
El señor RIVERO BAUTE: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que hoy presentamos ante la Cámara es
consecuencia de la interpelación presentada en el último Pleno, sobre
la política de precios de los vuelos regulares entre España e
Iberoamérica, en general. En el debate quedó patente, con la
participación de casi todos los grupos parlamentarios de esta Cámara,
la injusticia de una política de precios en los vuelos regulares
entre España y la República de Venezuela, fundamentalmente, que en
algunos casos significa que el vuelo entre España y Venezuela cuesta
tres veces más que lo que cuesta actualmente volar a destinos
similares en distancia, como puede ser Miami, Boston o Nueva York.
Hablamos de la carestía de los precios de los vuelos a países
iberoaméricanos, y en este caso a Venezuela, por la importante
colonia que en este país tiene España, en general, y Canarias, en
particular. Son emigrantes que viven en este momento una situación
difícil, complicada; son personas que emigraron a finales de los años
cincuenta y sesenta, la mayoría de los cuales
alcanza hoy una edad avanzada, que tienen una interrelación con la
madre patria, y la carestía de los billetes hace prácticamente
inviable que esta relación se pueda mantener.
Vamos a apoyar la moción con la intervención del señor ministro de
Fomento en el debate de la interpelación. El señor ministro dijo
textualmente que hay que volver a negociar ese convenio, que hay que
abrirlo a la competencia para designar, si es posible, a más de dos
empresas. Esta es la clave, decía el señor ministro. Efectivamente,
esa es la clave. En estos momentos, como todas SS.SS. saben, existe
un convenio bilateral entre España y la República de Venezuela que
restringe las compañías que cubren estos trayectos a dos: Avenza, una
compañía venezolana, e Iberia, por parte de España. Esto hace que en
este momento no esté garantizada la competencia y, por lo tanto, que
los servicios a los ciudadanos sean malos y, lo que es más
importante, que sean caros.
La moción tiene una primera parte orientada a que se renegocie de
forma urgente el convenio bilateral entre el Reino de España y la
República de Venezuela para permitir que las compañías aéreas que lo
deseen puedan cubrir el trayecto entre ambos países, al objeto de
generar competencia, de mejorar los servicios y, por lo tanto, de
mejorar los precios. Un segundo punto de este primer apartado propone
que se inicie la renegociación de los convenios bilaterales con
aquellos países de Iberoamérica que aún tienen convenios cerrados (es
decir, donde en estos momentos no existe competencia), como es el
caso de Venezuela y de Méjico.
Apoyamos también el segundo apartado de la moción con las palabras
del señor ministro, quien dijo textualmente: Y tenga por cierto que
no es posible hoy, en el marco de los convenios internacionales
vigentes ni de los convenios bilaterales para la Administración
aeronáutica española, rechazar unitariamente una tarifa que haya sido
establecida siguiendo los mecanismos que figuran en el convenio,
salvo que la otra parte también la rechace. Efectivamente, en estos
momentos, en el convenio bilateral la política tarifaria tiene que
establecerse de común acuerdo entre los dos países. Por tanto,
estamos ante la disyuntiva de tener que renegociar ese convenio para
lograr esas fórmulas que permitan competir y mejorar precios, pero
hasta que no se consiga renegociar ese convenio en las condiciones
que favorezcan la competencia -y aquí dependemos de la voluntad del
otro país, en este caso Venezuela-, permitiríamos que Iberia siguiera
teniendo unos precios abusivos. Nosotros decimos que,
independientemente de que no existan acuerdos para ajustar los
precios del trayecto España-Venezuela a los de destinos similares en
horas, se busque una fórmula para que el exceso de beneficios que en
estos momentos percibe Iberia, por encima de los que percibe en
trayectos similares como Nueva York-Boston o Miami, revierta en la
bonificación de tarifas a los emigrantes españoles que reúnan
unas determinadas condiciones. Eso es posible, si existe voluntad
política, hasta tanto se renegocie el convenio bilateral con
Venezuela en los términos a los que antes hacía referencia.
Nosotros apuntamos algunas ideas que se podrían barajar, pero dejamos
libertad al Gobierno para que, en el plazo de tres meses, pueda
presentar ante la Cámara una propuesta que consiga el objetivo que
persigue la moción, que no es otro que intentar que los precios de
los billetes entre España y Venezuela se adapten a trayectos
equiparables a los que hay en estos momentos entre estos países, y
que nuestros emigrantes, nuestros ciudadanos, nuestros compatriotas
puedan empezar a beneficiarse de esos descuentos, hasta que se genere
la necesaria competencia en el transporte aéreo entre estos dos
países y, como todos esperamos, se logre lo que se ha conseguido en
Europa y en otras partes del mundo, que es la competencia, la mejora
de los servicios y el abaratamiento de los precios.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.
Han presentado enmiendas los grupos Socialista, Popular y Mixto.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda al
proyecto de resolución del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para fundamentar nuestra enmienda, queremos reiterar y poner de
manifiesto lo que en otras ocasiones hemos dicho: el abaratamiento de
las tarifas se vincula esencialmente y solamente va a ser posible si
existe libre competencia. La libre competencia en las rutas aéreas
para el transporte de pasajeros y de mercancías entre aeropuertos del
Reino de España y aeropuertos de terceros países, es decir de países
no comunitarios, se consigue si se incorporan los preceptos políticos
de la libre circulación que recoge la Comisión Europea, que ha
impulsado la Comisión Europea, esto es las políticas de
liberalización del transporte aéreo. Ello quiere decir que las rutas
a las que estamos haciendo referencia han de ser servidas por dos,
tres, cuatro o más compañías. Para ello es necesario modificar los
contenidos de los tratados reguladores del transporte de pasajeros y
mercancías que son convenios bilaterales que existen entre el Reino
de España y la República del Salvador, la República Argentina, la de
Uruguay o la República bolivariana de Venezuela.
En ese sentido, señorías, la libre competencia, es decir la múltiple
designación y consiguientemente alcanzar, implementar las políticas
de la quinta libertad, como así se denomina, pasan por la
renegociación
de esos convenios bilaterales. Por ello, el 23 de diciembre de 1996,
el Pleno del Congreso de los Diputados, a propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista y como consecuencia de un debate sobre la
implementación de las políticas de liberalización del transporte
aéreo en España, aprobó una resolución integrada por seis puntos. El
sexto punto decía: Abrir negociaciones bilaterales con los países
iberoamericanos para introducir en los nuevos convenios de transporte
aéreo derivado de las mismas el criterio de la múltiple designación
de empresas transportistas con la intención de intensificar la
participación aeronáutica española. En ese sentido, en sucesivas
sesiones de la Comisión de Exteriores del Congreso de los Diputados,
el Grupo Parlamentario Socialista ha venido reiterando al Gobierno la
necesidad de introducir en los convenios bilaterales la múltiple
designación. Así, por ejemplo, en sesión de la Comisión de Exteriores
del 5 de noviembre de 1997, cuando se debatía el contenido del
convenio bilateral entre el Gobierno del Reino de España y el
Gobierno del Estado de Kuwait sobre transporte aéreo, nosotros -y voy
a reproducir uno de los párrafos-, decíamos lo siguiente: señorías,
recordarán que en la última sesión de la Comisión de Exteriores en la
que analizamos los convenios equivalentes al transporte aéreo entre
el Reino de España y la República de El Salvador, la de Uruguay y la
de Rumania, este interviniente hizo referencia a la sorpresa que nos
producía la diferenciación en el tratamiento en lo que a la múltiple
designación se refiere. Fue un único concepto en el que hicimos
hincapié. Esta sorpresa no nos impidió votar a favor de los tres
convenios, lo cual adelantamos que hoy haremos respecto a los
convenios que son objeto de este debate y están recogidos en
sucesivos puntos, es decir convenios bilaterales con Cuba, Croacia y
con Kuwait. Decíamos que con el de El Salvador se autorizaba a operar
una sola compañía; con el de Uruguay, a dos; con Rumania, múltiples
compañías. En el día de hoy vamos a ratificar tres convenios. En el
de la República de Cuba se contiene la múltiple designación y así ese
convenio bilateral recoge la posibilidad de un número no limitado de
compañías de titularidad no solamente cubanas o españolas, sino de
otros países que puedan prestar esos servicios. Con la República de
Croacia también la múltiple designación en lo que se refiere a las
autorizaciones administrativas que concede el Reino de España a
través de la Administración aeronáutica, con Kuwait una única
designación, y así en otras sesiones. De ahí, señorías, que si hemos
defendido reiteradamente la obligatoriedad que tiene el Gobierno del
Reino de España de la renegociación de los contenidos de esos
convenios bilaterales, veamos hoy con agrado que en la moción del
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en el punto primero se pide
la urgente renegociación del Convenio bilateral entre el Reino de
España y la República de Venezuela en materia de transporte aéreo,
que permita a todas las compañías
aéreas que lo deseen cubrir el trayecto entre ambos países.
Estamos de acuerdo con ello, totalmente de acuerdo, pero además hay
una resolución del Pleno del Congreso de los Diputados a propuesta
nuestra a finales del año 1996.
Segundo, que paralelamente se inicia la negociación de los convenios
bilaterales con Colombia y Méjico, únicos países de la zona, junto
con Venezuela, que no se han abierto a la libre competencia del
tráfico aéreo en las relaciones bilaterales con el Reino de España.
También estamos de acuerdo por pura coherencia. Hasta tanto no se
llegue a un acuerdo con la República de Venezuela y de acuerdo con la
moción aprobada por unanimidad en esta Cámara el 17 de octubre
pasado, sobre medidas para la mejora jurídica y económica de los
emigrantes, se insta al Gobierno a que en el plazo máximo de tres
meses remita a esta Cámara para su discusión medidas que permitan que
las tarifas de los vuelos entre España y Venezuela se reduzcan hasta
alcanzar precios equiparables a otros trayectos de similares
características y duración.
Hasta ahí estamos de acuerdo. Nos parece muy importante que dentro de
tres meses el Gobierno de España remita a las Cortes Generales una
propuesta en ese sentido, es decir una propuesta para la discusión
posterior en la que se recojan medidas que permitan que las tarifas
se reduzcan hasta alcanzar precios razonables, y el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado exclusivamente como enmienda
una petición al grupo proponente en el sentido de intentar conseguir
la unanimidad de la resolución de la Cámara, pues dado que estamos
pidiendo que el Gobierno en el plazo de tres meses remita una
propuesta al Congreso de los Diputados en esa línea de medidas
incentivadoras de disminución de las tarifas, no encorsetemos al
Gobierno en la resolución que nos debe traer para conocimiento de
esta Cámara y para discusión y aprobación definitiva. Por ello hemos
presentado una enmienda de supresión del contenido que se recoge a
partir de la última frase de ese párrafo que acabo de leer.
Señorías, esta posición del Grupo Parlamentario Socialista se viene
reiterando en todas aquellas ocasiones en las que se producen debates
de estas características en las que definimos y defendemos una
política de cielos abiertos en el transporte aéreo, una política de
libre competencia y una política incentivadora de los derivados
descensos tarifarios que surgirán como consecuencia de la libre
competencia.
El tema que hemos debatido no es un tema baladí, consiguientemente es
un tema que hemos visto con simpatía y estimamos que es un gesto
también de simpatía hacia centenares de miles de emigrantes españoles
que en cada una de las repúblicas iberoamericanas desarrollan su
actividad laboral, encontraron un punto de desarrollo social,
familiar y económico, empresarial y laboral, consiguientemente
demandan del Reino deEspaña un gesto de simpatía que se mide en
pesetas,
próximamente en euros, que posibilite el abaratamiento de tarifas y
la visita a la tierra de donde salieron y donde previsiblemente
mantienen lazos familiares que justifican esos desplazamientos.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor López-
Amor García.
El señor LÓPEZ-AMOR GARCÍA: Muy brevemente, para decir que hemos
analizado con verdadero interés la moción presentada por el Grupo de
Coalición Canaria, y doy por reproducidos los argumentos empleados
por mi grupo el día en que se debatió la interpelación. Por tanto,
únicamente insistir en que el sentido último de esta moción no es
otro que facilitar el transporte aéreo entre los diferentes
territorios del Estado español e Hispanoamérica, lo cual es una
cuestión estratégica como país y como Estado, pero también tiene un
aspecto humano y político muy interesante dado el nivel de emigración
que ha habido y sobre todo Canarias, de ahí la preocupación del Grupo
de Coalición Canaria y la sensibilidad demostrada hacia este tema en
países como Venezuela fundamentalmente.
Por ello nuestro grupo, reiterando que el marco en que debe
encuadrarse toda esta moción no es otro que el de la renegociación de
los convenios bilaterales que hagan posible un incremento de la
competencia accediendo a la múltiple designación de compañías
operadoras, así como el incremento de las frecuencias de vuelos entre
las diferentes zonas del Estado español y de Hispanoamérica y ello
redundará en beneficio para los pasajeros en el tema del precio o
coste del billete. Todo ello porque entendemos que ir a una política
de subvención sería contrario a la política liberalizadora del
transporte, y en definitiva iría en contra de las normas impuestas y
aceptadas libremente por la Unión Europea.
Es por ello, y en aras del consenso, que nuestro grupo que ha
presentado una enmienda en los términos que anteriormente les he
comentado, está dispuesto a retirarla si el Grupo de Coalición
Canaria retira la última parte de su moción, quedando por tanto los
dos primeros puntos, con los que compartimos un total acuerdo, y en
aras del consenso estaríamos dispuesto a votar a favor esas dos
primeras partes de la moción presentada por el Grupo de Coalición
Canaria.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López-Amor.
Por el Grupo Mixto, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Nuestra enmienda puede parecer a priori asistemática, porque el
encabezamiento de la moción de Coalición
Canaria se refiere al abaratamiento de las tarifas aéreas entre
Europa e Iberoamérica, y nuestra enmienda se refiere a las tarifas
que la compañía Iberia aplica para sus vuelos entre España y Suiza.
Creo que nuestra enmienda no es asistemática porque en el sentir de
Coalición Canaria, y así lo expresó su portavoz Paulino Rivero la
semana pasada al defender la interpelación de la que trae causa la
moción que hoy estamos debatiendo, respondía a la existencia en
Venezuela de un importante colectivo de emigrantes españoles, muchos
de ellos canarios, y precisamente ese mismo espíritu anima la
enmienda que presenta el Bloque Nacionalista Galego, la existencia de
un importante colectivo de emigrantes españoles y gallegos en Suiza
que reiteradamente se quejan y han puesto de manifiesto la
desproporción que existe entre las tarifas que Iberia cobra para los
trayectos entre Suiza y España, en concreto en los aeropuertos
gallegos, y las que se aplican por parte de esta compañía para otros
vuelos de duración similar, dirigidos también a otras ciudades
europeas. En esta línea creo que la enmienda que presentamos,
entendiendo implícita en ella una modificación del encabezamiento del
título de la propia moción, puede ser perfectamente aceptada y
ubicada en la sistemática de la moción que presenta Coalición Canaria
a la cual, por otra parte, el Bloque Nacionalista Galego da un apoyo
total, en el sentido de que está de acuerdo con todos y cada uno de
sus puntos, también con aquellos que el Partido Popular, según acaba
de manifestar ahora su portavoz el señor López-Amor, no concuerda.
Entendemos que sí caben políticas de subvenciones y que son conformes
con la normativa comunitaria cuando los beneficiarios de esas
subvenciones no son empresas, sino consumidores determinados. En este
caso serían emigrantes o ciudadanos españoles residentes en otros
Estados, que por razón de su renta o de su economía no puedan
sufragarse las tarifas fijadas por estas compañías y que resultan muy
gravosas, sobre todo en el estado de las economías de esos países
iberoamericanos.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor presidente.
Hace unos días, prácticamente dos semanas, los pocos que estábamos
asistíamos al debate de una interpelación de la que podíamos decir
que no hacía falta que se resolviese con una moción. El señor Rivero
hizo una ordenada presentación de la interpelación, que fue
contestada con una respuesta correcta y asimilable por parte del
ministro, y daba la impresión que el temapodía resolverse fácilmente
porque todos comprendíamos
la necesidad de adopción de las medidas que se podían aprobar, es
decir que lo que se estaba trabajando en el Ministerio podía ser
válido. Desde el punto de vista político no siempre es así, y por
tanto hoy tenemos esta moción que a nosotros nos parece válida
parcialmente.
Para fijar la posición me voy a apoyar en las enmiendas. La enmienda
del Grupo Popular es una enmienda con el mismo texto que ha cambiado
las líneas de sitio, es decir el mismo texto dicho de otra forma; por
tanto es votable la enmienda si fuese aceptada, pero nosotros creemos
que se acerca más a nuestra posición la enmienda del Grupo
Socialista, y aun cuando nuestro grupo no ha presentado enmienda en
este momento lo va a hacer de forma reglamentaria. El Grupo
Socialista en su enmienda elimina los tres puntos parciales que hay
en la moción, a nosotros nos sobra esta explicación después del punto
dos. Nos gustaría haber presentado una enmienda y no lo hemos hecho,
pero lo hacemos ahora porque tal y como ha ido el debate nos parece
factible algo que va al unísono con lo que ha propuesto el Grupo
Popular, de que el Grupo de Coalición Canaria sólo deje los puntos
uno y dos y retire el resto. Nuestra propuesta es que si no se acepta
ninguna de las enmiendas pediríamos la votación separada de los
puntos uno y dos, con lo que quedaría en el mismo sentido de lo que
está pidiendo el Grupo Popular en estos momentos.
En manos del señor Rivero está la solución, si acepta las enmiendas o
no, o si retira parte de la moción. Nuestro voto dependerá de lo que
él decida, pero básicamente con la intención de darle nuestro voto
favorable a la solución que de una forma u otra adopte.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Señor Rivero, a efecto de aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, respecto a la enmienda presentada por el Bloque
Nacionalista Galego tengo que reconocer la sensibilidad del Bloque
con los emigrantes en Suiza, lo que sucede es que la moción se
refiere a la interpelación sobre el precio de los vuelos regulares
entre España e Iberoamérica, y además se concreta en los convenios
bilaterales a renegociar entre determinados países de Iberoamérica y
de España. Por tanto, para la problemática de los emigrantes en
Suiza, que también padecen la carestía de los vuelos regulares, hay
que presentar iniciativas en ese sentido de abaratar los costos.
Nosotros estaremos absolutamente de acuerdo y apoyaremos cualquiera
que permita que para los emigrantes en determinados países de Europa,
como puede ser el caso de Suiza donde tenemos muchos emigrantes, se
reduzcan los precios de los billetes, pero entendemos que éste no es
el contexto en el que nos movemos en la moción de hoy.
Por lo que respecta a las enmiendas presentadas tanto por el Grupo
Parlamentario Socialista como por el Grupo Parlamentario Popular, voy
a ligar las dos a la posición que ha expresado ante la Cámara el
portavoz de Convergència i Unió. Creo que en un asunto de esta
naturaleza lo importante es conseguir la unanimidad, conseguir darle
fortaleza política a la posición del Gobierno de España en la
renegociación de estos convenios bilaterales para que se puedan
abrir, y por tanto mantenemos los puntos uno y dos y retiramos el
segundo apartado en aras de conseguir esa unanimidad. Creo necesaria
la posición política de fortaleza en la renegociación de estos
convenios, y anuncio a la Cámara que respecto al segundo apartado que
hoy retiramos tenemos presentada otra iniciativa parlamentaria
encaminada a lograr el abaratamiento inmediato por parte de Iberia de
los costos de los billetes con Iberoamérica, porque entendemos que es
una situación absolutamente injusta y abusiva, pero hoy, insisto,
para intentar conseguir la unanimidad retiramos el segundo párrafo
manteniendo los puntos uno y dos, que son los que se someterían
a votación.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
sobre la política de precios de los vuelos regulares entre España
e Iberoamérica, con la incorporación de la enmienda según se deduce del
debate que ha tenido lugar.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
277; a favor, 277.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS DE POLÍTICA
GENERAL DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LA CRISIS DE ENCEFALOPATÍA
ESPONGIFORME BOVINA (EEB). (Número de expediente 173/000033.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación del Grupo
Parlamentario Socialista sobre medidas de política general del
Gobierno en relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme
bovina.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Cuadrado. (Rumores.- Varios señores diputados abandonan el salón de
sesiones.)
Señorías, ruego guarden silencio y si van a abandonar el hemiciclo,
permitan que continúe el debate. (Pausa.)
Adelante, señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, no hay pequeños remedios para grandes males, y al menos en
el tema que nos ocupa, el llamado mal de las vacas locas, estamos
hablando de un gran mal, de una grave crisis que afecta al conjunto
de España y que no tendría peor respuesta que esconder la cabeza bajo
el ala, no mirar de frente y no darle las respuestas adecuadas. Es
una crisis por otro lado anunciada, yo diría que largamente
anunciada, al menos todas las misiones veterinarias de la Unión
Europea que se han producido la han anunciado, le han dicho al
Gobierno de España qué es lo que pasaba, qué se podía prever y
desgraciadamente han acertado. Lo hicieron en 1997 por primera vez
mediante propuestas, lo hicieron en 1998, en 1999, y la última
ocasión en el mes de julio de este mismo año 2000. Es una crisis
anunciada que no ha tenido la respuesta adecuada por parte de quien
tenía la responsabilidad de vigilar por una cuestión vital de
seguridad alimentaria. En la primavera de este mismo año, el Gobierno
decía, por parte de uno de sus miembros, que no tenía ningún
problema, ni siquiera necesitaba retirar -y le parecía demasiado caro
para una situación como la nuestra, decía- los materiales específicos
de riesgo que sabemos son la base de propagación de esta desgraciada
enfermedad. Por tanto, es una crisis grave, es una crisis anunciada y
una falta de reacción a esa crisis son los componentes que hoy
inevitablemente gravitan sobre la necesaria respuesta a esa crisis.
Efectivamente, estamos ante un problema de Estado, y no reconocer ese
problema de Estado es el mayor elemento de alarma que podemos
introducir en la crisis. Es un problema de Estado, un problema que
requiere en primer lugar una estrategia clara, nítida y que sea
entendida por el conjunto de la sociedad, por el conjunto de los
consumidores. Si no es así no saldremos de esta crisis, al contrario,
se agravará. Tengo la percepción de que la opinión pública está
detectando que hay un verdadero caos en la respuesta a la crisis, una
sensación que se transmite de no saber qué hacer con la crisis, y eso
es lo peor que puede ocurrir en una situación como ésta. No hay mayor
multiplicación de la alarma que declaraciones contradictorias de
miembros del Gobierno. Como descripción, baste recordar un hecho
insólito: un comisario de la Unión Europea tiene que hacer una rueda
de prensa en España para recordarle al Gobierno de España cosas tan
elementales como que los mataderos ilegales se cierran o que las
dudas sobre
calidad de la carne no son admisibles planteadas por un miembro del
Gobierno. La carne o es comestible, como recordaba no hace mucho
tiempo en una Comisión un miembro de esta Cámara, o es basura. Que
tenga que venir un comisario de la Unión Europea exclusivamente
a decir esto para recordarle cosas elementales a la población española
en relación con declaraciones de su Gobierno, es una falta de
estrategia y un auténtico caos como respuesta. Una estrategia clara
debe ser en este momento la principal respuesta a la demanda de la
población del conjunto de España. Hace falta algo más -por supuesto,
eso en primer lugar-: hace falta coordinación y cooperación entre los
poderes públicos, ¡faltaría más! La moción que presenta el Grupo
Socialista parte de ese principio: una estrategia global, basada en
nuestro modelo, nuestro Estado de las autonomías, necesita
coordinación y cooperación y, sin ese principio previo, nada podrá
hacerse tampoco. Es justamente lo que se echa en falta.
Ahora, coordinación y cooperación no puede significar en una crisis
de Estado como ésta diecisiete respuestas diferentes a una crisis
global que exige una respuesta y una estrategia globales. No lo puede
entender nadie; nadie puede entender que se hagan diecisiete
convenios para establecer los tests adecuados con sus laboratorios.
No lo puede admitir nadie y eso, señorías, crea alarma. No es posible
crear en este momento diecisiete respuestas para la retirada de los
materiales específicos de riesgo, no es posible que se puedan
pretender diecisiete respuestas diferentes para una cuestión de la
envergadura de la retirada de las harinas animales -la retirada, no
sólo la prohibición-, nadie podría entenderlo. Hace falta, señorías,
financiación. Esta es una crisis cara -lo decía en la interpelación-.
La respuesta a esta crisis es cara, es carísima. No es posible sin
financiación dar una respuesta razonable a una crisis grave. No se
pueden dar respuestas del tipo de: esta crisis nos cuesta 7.500
millones de pesetas. No se puede dar una respuesta desde el punto de
vista competencial como disculpa o como burladero. Es una crisis de
Estado y requiere una respuesta de financiación a la altura de esa
crisis. No es posible dar tampoco en esta materia diecisiete
respuestas de financiación imposibles. ¿Cuál es la propuesta que trae
a esta Cámara el Grupo Socialista? Son diez medidas que voy a ir
reseñando de la manera más resumida posible. En primer lugar, voy a
recordar una cita de un informe que se ha citado aquí con
reiteración, el informe Philips; lo ha hecho reiteradamente el Grupo
Popular y el ministro, pero nadie ha citado en concreto nada de lo
que dice el informe Philips. Dice, efectivamente, cosas muy
importantes desde el punto de vista del país que más experiencia
tiene en este asunto y en el enfrentamiento a una crisis de esta
naturaleza, que es lógicamente el Reino Unido. Dice que es peligroso
-y es verdad- alarmar a la población sin motivos; pero dice también
que es más peligroso tranquilizar a la opinión pública
cuando hay motivos para la intranquilidad, cuando hay motivos para la
preocupación y para la cautela. Esto es lo que nos puede estar
ocurriendo en este momento. No alarma, por ejemplo, el doctor Martí,
decano de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona, cuando dice: cuando hagamos más análisis, saldrán más
casos. No alarma eso, no es verdad; lo que alarma es esa impresión
que se transmite a la opinión pública de querer, mediante un objetivo
de tranquilidad, ocultar cosas. Lo segundo es lo que provoca
realmente la alarma y, al final, los consumidores deciden, con su
alarma o con su intranquilidad, lo que quieren hacer. En España lo
están decidiendo. Es realmente extraño que con un caso -dos, ahora-
se haya producido una caída del consumo como la que se ha producido
o se hayan cerrado todos los mercados exteriores a la carne española
como ha ocurrido. Lo que está ocurriendo es que tenemos un mal
tratamiento de la crisis. Tests, laboratorios... ¿Cómo no va a producir
intranquilidad en el país -y en ese sentido hacemos nuestra primera
propuesta- saber las condiciones del laboratorio de referencia
nacional que tenemos?
La historia con el segundo caso de los análisis, contranálisis, viaje
al Reino Unido, etcétera, expresan a las claras lo que no debe
hacerse, lo que uno no espera que ocurra en su país cuando tiene una
crisis como ésta. Eso multiplica la alarma y, por tanto, hay que
actuar contundente y rápidamente en esta materia, porque si no,
señorías, no podemos transmitirle a la opinión pública cuál es el
estado real de nuestra cabaña. Ojalá no hubiera ningún caso más,
ojalá no tuviera razón el decano -una autoridad, por cierto, en esta
materia- de la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de
Barcelona. Pero la respuesta no es mirar para otro lado, es tomar
medidas y hacerlo de manera inmediata.
Materiales específicos de riesgo. El Gobierno de España viene jugando
con este tema alegremente desde el año 1997. Desde ese año, cuando
los elementos que se conocen de la enfermedad aconsejan de manera
inmediata retirar el agente fundamental de la infección y de la
transmisión, España actúa alegremente: no me pasa nada, no tengo
ningún problema y no tengo que gastarme dinero en esto. Otros países
sí lo hicieron. Incluso cuando era obligatorio el 1 de octubre ya
para toda la Unión Europea, el Gobierno de España llama irresponsable
al Comité Director Científico por decirle lo que le estaba diciendo:
Tome usted estas medidas que su país está en una zona de riesgo;
irresponsables fue la respuesta y hoy seguimos sin solucionar el
problema.
No puede ocurrir en nuestro país la vergüenza, que se ha dado este
fin de semana, de un establo con dos reses muertas, unos ganaderos
que llaman a los servicios que supuestamente tienen que retirar las
reses muertas, nadie acude a la llamada y al final el ganadero, por
su cuenta, hace lo que efectivamente no se debe hacer. Eso no puede
ocurrir, necesitamos un plan para
todo el territorio nacional que garantice la retirada mediante
recursos públicos, que no le cuesten dinero al ganadero y que además
sea inmediato y rápido, sólo así garantizamos la retirada.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego concluya.
El señor CUADRADO BAUSELA: Más rápidamente todavía, señora
presidenta. En tercer lugar, no retiraremos las harinas de origen
animal -retirarlas, no sólo prohibirlas- de manera inmediata sin una
financiación adecuada y sin una coordinación basada en la cooperación
que afecte a todo el territorio nacional. Señorías, el prión que
causa nuestra inquietud no se mueve atendiendo a fronteras entre
países ni a límites entre comunidades autónomas; la retirada de las
harinas exige una intervención coordinada con cooperación, una
estrategia global para todo el territorio nacional, si no no haremos
nada.
En cuarto lugar, nuestros ganaderos hoy no saben si les están dando a
las vacas harinas cárnicas o no porque no lo dicen los sacos ni las
balas de pienso, no lo saben; es necesario que ellos lo sepan, pues
además son los principales paganos de esta crisis -permitan que lo
diga así-, están indefensos porque no saben si en los piensos las
proteínas son de origen vegetal o animal. Por tanto, es necesario que
en todo el territorio nacional se establezca con precisión la
composición de los piensos para que el ganadero tenga la seguridad de
qué es lo que está dando a los animales. Además, es necesario en
nuestro país establecer la trazabilidad de la carne. Miren, señorías,
¿qué alarma produce que el Ministerio de Sanidad, mediante un
escrito, inste al Ministerio de Agricultura a que le garantice la
trazabilidad de la carne? ¿Hay mayor alarma que esto? Es necesario
garantizar en todo el territorio nacional la trazabilidad de la
carne. Es obligatorio...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuadrado, le ruego que concluya, por
favor.
El señor CUADRADO BAUSELA: Voy concluyendo.
La señora PRESIDENTA: Por favor, concluya por cuanto lleva
sobrepasado en exceso su tiempo.
El señor CUADRADO BAUSELA: Por tanto, telegráficamente, trazabilidad
de la carne, necesitamos tener un comité científico director,
necesitamos una agencia alimentaria y necesitamos medidas
socioeconómicas que respondan financieramente a la crisis que afecta
a muchos sectores, y no quisiera que se olvidara a los sectores de
los apicultores y porcicultores, que se ven afectados por un
encarecimiento de los piensos como resultado de esta medida. Todo
esto debe ser tra-
tado, señorías, globalmente, con seriedad, con cooperación y con
coordinación.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuadrado.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Presidenta, diputados, diputadas, la pasada
semana intervine con suma prudencia por aquello de no alarmar, de
tranquilizar, de intentar que los más afectados, en este caso
concreto los ganaderos, tuvieran la seguridad de que íbamos a tratar
sus problemas económicos de forma adecuada para buscar también las
soluciones más adecuadas. Lo que pasa es que los datos que van
apareciendo no es que sean más o menos preocupantes, es que empiezan
a ser angustiosos.
Cuando un periódico que no se puede calificar de catastrofista o que
no es el Bild Zeitung, que normalmente hace titulares fraudulentos
para la información veraz de la gente, dice: «El misterio letal de
las vacas locas», y explica una serie de datos que han sido extraídos
de decenas de entrevistas con expertos y de la lectura de numerosos
informes sobre el tema, que conducen a este escalofriante resumen de
los temores de los científicos sobre la encefalopatía espongiforme
vacuna, es para empezar a preocuparse de verdad.Ayer por la noche en
Telemadrid, eso sí, desde la una hasta las dos y cuarto de la
madrugada, daban un informe escalofriante basado en datos extraídos
de casos que han ocurrido durante todos estos años en Francia.
Periódicos y revistas de todo tipo, los nuestros, Le Monde, etcétera,
están dando datos escalofriantes. Ninguno de estos periódicos o
revistas tiene una visión, a mi entender, catastrofista de la
situación ni intenta alarmar innecesariamente a la ciudadanía; creo
que intentan explicar lo que ocurre para que la ciudadanía se haga
cargo de lo que suceda y no permita más que políticos venales,
científicos venales y técnicos venales la engañen, de la misma manera
que la engañó en 1990 el Comité de veterinarios de la Unión Europea,
mandatado por la Comisión Europea, que decidió, como expliqué la
pasada semana, echar tierra sobre el asunto cuando los datos en 1990
ya empezaban a ser no preocupantes sino extremadamente graves.
Todo esto está contenido en los medios. A pesar de ello, uno se
encuentra con una información que le pone un doble nudo en la
corbata, sobre todo cuando empieza a pensar en todo lo que puede
haber detrás de la escasa información que se está dando. Hay
ocultismo sobre lo que está ocurriendo en el conjunto de Europa y en
España, por eso de no alarmar a la población. Continúa habiendo en
Francia, como ayer se ponía de relieve en este informe que dio
Telemadrid, tráfico de
harinas prohibidas y mafias de un lado a otro. En este caso concreto
se trataba de mafias de más allá del canal, del Reino Unido, que
exportaban, a través de Bélgica, a Francia y al conjunto de Europa;
es decir, estas harinas también podrían haber venido a España. El
informe de ayer sobre Francia, un país puntero en Europa, más parecía
el informe resumen de una república bananera que un informe que se
basaba en hechos que están ocurriendo en la Unión Europea, uno de los
espacios geopolíticos, culturales y comerciales más importantes del
mundo actual. Y me dirán ustedes: es que aquí no ocurre o, como dice
un señor que se las da de técnico, que se las da especialista en la
materia, la persona más especializada en la materia que hay en este
país: como máximo aparecerán 15 casos en España. Es un conocimiento
que me asombra, por la capacidad de sabiduría de futuro que tiene
este señor considerado técnico, que trabaja desde Zaragoza con
escasos medios.
En definitiva, a nuestro entender, es el momento de aprovechar esta
situación, momento que ha venido precedido de otras alarmas, sobre
los pollos en Bélgica, en Francia, sobre la contaminación de
alimentos, etcétera. Es el momento de construir una nueva concepción
alimentaria, y desde España podemos contribuir a ello. Es verdad que
ahora tenemos que hacer frente a este tema. Aprovecho para decir que
desde nuestro grupo votaremos a favor de todas las resoluciones
propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, grupo parlamentario
que ha aceptado algunas de las enmiendas de Izquierda Unida.
Votaremos a favor todas las propuestas que, a mi entender, van más
allá de la propia intervención que el representante del Grupo
Socialista hizo la semana pasada, porque seguramente, viendo estos
datos que se iban produciendo en los siete días que median desde el
miércoles de la semana pasada hasta hoy, se ha dado cuenta de que
tenían que apretarse todavía más las medidas. Vamos a votar a favor
de estas medidas que deberían ser las medidas básicas o mínimas que
votase este Parlamento, debería ser el compromiso de todos los grupos
parlamentarios.
El tema de las vacas locas debe conocer infraestructuras suficientes
en todo, y esto es dinero, no son 7.500 millones de pesetas, es mucho
más dinero, además, con una perspectiva de trabajo hacia el futuro;
por tanto, debe haber dinero, debe haber control, debe intentarse
hacer una pedagogía a través de una cultura alimentaria diferente de
la que hay actualmente. Las medidas que vamos a tomar hoy, si es que
realmente se aprueba la resolución del Grupo Socialista en su
conjunto, son todavía conservadoras con relación al fenómeno que
estamos analizando, si no es así, espero que el tiempo me desmienta,
ojalá, y mis temores estén parcialmente infundados, pero pueden ser
problemas muy graves.
Nosotros planteamos una serie de enmiendas que son fruto de los
análisis que hemos hecho, de las informaciones
que nos han llegado, de las entrevistas que hemos tenido con
científicos, técnicos, representantes de empresas importantes, en
este caso concreto con los científicos suizos que elaboraron el test
que se está utilizando en estos momentos para la detección de la
enfermedad. Estos científicos están trabajando en un test que permita
la detección de la enfermedad antes de los 30 meses. Ellos mismos nos
informaron de que antes de estos 30 meses es muy difícil detectar la
enfermedad, por eso están trabajando en un test que lo permita, pero
todavía no lo han encontrado. Es por ello que nosotros propusimos, y
proponemos hoy, una enmienda en la cual se plantee que no sea
sacrificada ninguna vaca para el consumo humano hasta que no tenga 30
meses; por tanto, que se garantice esto. Nosotros somos conscientes
de que esto representa una nueva forma de engorde animal, de
producción animal, de comercialización animal, que exige un tiempo
más dilatado para el trabajo, pero que es absolutamente necesario
para garantizar la seguridad, en este caso concreto, de la carne
bovina que se consuma por parte de la sociedad, porque es imposible
detectar la enfermedad antes de los 30 meses. Por tanto, se debe
garantizar la seguridad, lo cual representa un cambio de costumbres,
pero yo les aseguro que después de 30 meses, de dos años y medio, en
una carne tratada de otra forma, alimentada de otra forma, nos
podemos encontrar al final de este proceso, que será costoso, con una
mejor calidad de la carne que se consume. Será una producción más
dilatada en el tiempo, por tanto, encarecerá el producto, pero,
dentro de un tiempo, vamos a ver los resultados y nadie podrá dejarse
engañar por el efecto de utilización de productos absolutamente
dañinos para la salud de la gente y para la salud de los animales.
Presentamos una enmienda de modificación al punto 3, en el cual
proponemos que se diga: «... con el fin de evitar la contaminación
cruzada, apostando por una producción compatible con la seguridad y
la calidad de los productos alimentarios, estableciendo líneas de
fomento a la producción con base a hierba o productos sustitutivos
como el maíz, girasol o nopal», en la línea de este cambio de la
alimentación del ganado para producir cambios sustanciales también en
la alimentación humana.
Hay una serie de enmiendas que van en esta línea, como son la
prohibición total y general con carácter inmediato de la fabricación,
comercialización y uso en España de harinas de base animal en todos
los consumos animales, incluidos el porcino, aves de corral,
etcétera. Para evitar el fraude y la picaresca en torno a este
asunto, planteamos lo que se tuvo que hacer en el Reino Unido en
1988, cuando la indemnización a los ganaderos del 50 por ciento de
las reses perdidas se transformó al cabo de un año en el cien por
cien, porque se consideraba que el 50 por ciento todavía permitía un
margen de fraude bastante importante por parte
de los ganaderos. En el momento que hay indemnización del cien por
cien, este fraude ya no se puede producir. Por tanto, son una serie
de enmiendas a la resolución presentada por el Grupo Socialista que
yo creo que mejoran algunas partes de este texto, en algunas partes
también van un poco más allá, prevén lo que puede ocurrir más allá de
lo que estamos analizando en este momento concreto, intentando
conocer con más profundidad el problema, que tendrá unas
características, a nuestro entender, más graves de las que conocemos
ahora y, en consecuencia, pensamos que esto podría mejorar el acuerdo
que tomemos hoy.
De todas formas, creemos que sería importante el compromiso del
conjunto de los grupos parlamentarios de esta Cámara, como mínimo, en
torno al texto presentado por el Grupo Socialista; como mínimo. Son
las medidas mínimas, básicas que se pueden tomar en este momento
concreto para hacer frente con una cierta garantía al problema que
estamos analizando; medidas...
La señora PRESIDENTA: Señor Frutos, le ruego concluya, por favor.
El señor FRUTOS GRAS: Concluyo, señora presidenta.
Medidas inmediatas que permitirán ir trabajando en soluciones a medio
y largo plazo, que hoy no se quieren tomar porque, a mi entender,
esta Cámara todavía no es consciente de la gravedad del problema que
estamos analizando, pero espero que en el futuro -y repito, me
gustaría equivocarme- deberá ser consciente, porque a la fuerza
ahorcan.
Muchas gracias, señores diputados; muchas gracias, señoras diputadas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en el tiempo de que dispongo voy a
intentar defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego a la
moción del Grupo Socialista, que hace referencia a medidas para que
el Gobierno actúe frente a la actual crisis ocasionada por la
aparición de nuevos casos de encefalopatía y también medidas
destinadas a erradicar el mal de las vacas locas.
Nuestras enmiendas proponen una serie de alternativas para atajar la
extensión del mal y procurar erradicarlo. Ya se dijo, pero conviene
insistir, que estamos ante una grave crisis y, por tanto, es
necesario que el Gobierno y también la Unión Europea en su conjunto,
de una manera seria y a fondo, afronten las consecuencias
económicas que esto comporta. Si esto no se hace así, si
seguimos recurriendo a soluciones parciales, a medias tintas que
contenten a todos, a minimizar el problema o a ocultarlo, estaremos
ante la crónica de un nuevo fracaso anunciado y, más pronto que
tarde, ante una nueva crisis, probablemente más profunda. Conviene
recordar que cuando algunos, hace ya años, planteábamos nuestra
preocupación por la ausencia de medidas para prevenir la extensión a
nuestra cabaña de este mal, algunos se rieron en ese momento con
estrépito. Hoy, naturalmente, ya no se ríen.
Por tanto, por responsabilidad, es conocida la posición que el BNG
viene manteniendo sobre esta cuestión. Decía que es un problema grave
porque afecta a la salud de los ciudadanos y porque pone en crisis la
producción de carne de bovino y, por tanto, repercute negativamente
en la economía de muchas zonas rurales. Somos partidarios de
soluciones de fondo para controlar este mal y erradicarlo, somos
partidarios también de la transparencia y quiero volver a decir que
desde el Bloque Nacionalista Galego rechazamos los intentos de
circunscribir el problema de las vacas locas o de la encefalopatía
espongiforme bovina a una determinada zona geográfica, como en este
momento está aconteciendo con Galicia, sin que previamente se realice
a fondo un análisis de toda la cabaña del Estado. Y no sólo porque
esto sería injusto, es decir, que el grueso de la crisis se
descargara sobre unos pocos, sino porque además esto no va a ayudar a
incrementar la credibilidad del consumidor ni a erradicar los malos
hábitos existentes en la alimentación del ganado. Si no, véase lo que
está aconteciendo, lo que aconteció en otros Estados europeos donde
se optó por negar la evidencia hasta que el problema, por decirlo
claramente, reventó y se agudizaron las consecuencias. Hoy mismo, los
medios de comunicación, que todos podemos leer, hacen referencia al
caso francés, del que podemos sacar las experiencias que cada uno
considere oportunas.
Por lo tanto, nosotros creemos que hay que tomar medidas que
garanticen la salud de la población, que garanticen la calidad de los
alimentos que se consumen, que palien o compensen las pérdidas del
sector y que recuperen la confianza de los consumidores. Bajo estos
criterios planteamos nuestras enmiendas a la moción del Grupo
Socialista, porque creemos que complementan algunas de las medidas y
desde luego porque aportan algunas otras que no están contempladas en
esa moción y que nosotros creemos necesarias.
Al primer punto planteamos una modificación en el sentido de incluir
un texto del siguiente tenor: «Un plan de vigilancia activa de la
encefalopatía espongiforme bovina, con la participación de las
comunidades autónomas, mediante la implantación de un protocolo común
destinado a detectar los posibles focos de la enfermedad. Aplicación
de tests rápidos a todas las reses mayores de 20 meses destinadas al
sacrificio», porque creemos que mejora la redacción, deja clara la
necesaria participación de las comunidades autónomas en esta
vigilancia y garantiza que los criterios para esta vigilancia sean
comunes.
Al punto 3 hacemos una enmienda de modificación del siguiente tenor
literal: «Prohibir la fabricación de piensos con restos cárnicos y
desarrollar un sistema de retirada inmediata de los existentes, su
almacenamiento y eliminación. A ese fin se destinarán fondos para la
compensación de las pérdidas de las industrias fabricantes.
Complementariamente se establecerá un plan de eliminación de los
restos cárnicos no destinados a la fabricación de estos piensos.» (La
señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) En
el tema de los piensos fabricados con productos cárnicos debe
caminarse con claridad hacia la prohibición de su fabricación. Es la
única garantía -se lo aseguro, señoras y señores diputados- de
excluir el uso en la alimentación del ganado bovino y también del
resto de los animales. En ese sentido conviene comentar ahora que las
medidas adoptadas en el último Consejo de Ministros de la Unión con
una prohibición cautelar durante seis meses nos parecen medidas de
ésas que decía antes de media tinta y probablemente inútiles. Si una
de las vías de contagio de la res es a través del uso de estos
piensos, y todos los estudios coinciden en decir que se establece
así, es evidente que hay que intentar acabar con ella y sólo puede
hacerse prohibiendo la fabricación de estos piensos. Naturalmente,
con compensaciones a los fabricantes y ayudas a la reconversión de
usos de las actuales fábricas, etcétera.
Una enmienda al apartado 4 propone, aparte de otras cuestiones que ya
plantea el texto original, que se elabore de inmediato un plan que
contemple ayudas a la plantación de forrajes vegetales que sustituyan
paulatinamente a las proteínas de origen animal dentro de la
alimentación del ganado, porque es una medida básica en consonancia
con la anterior, que garantiza la alimentación del ganado, evita
depender también de las importaciones y, por cierto, también pone en
valor tierras con capacidad de producir estos forrajes.
Una enmienda de sustitución al punto 6 es del tenor siguiente:
«Destinar los recursos necesarios para impulsar la investigación
sobre el origen y los mecanismos de transmisión de la encefalopatía
espongiforme bovina entre animales y entre estos y el ser humano.» Es
decir, es necesario destinar muchos más fondos a esta cuestión y
luego, posteriormente, veremos a qué tipo de centros se destinan.
Otra enmienda al apartado 8 hace referencia a que se contemplen
ayudas directas para compensar la pérdida de renta de todos los
afectados. Es verdad que trataba esta enmienda de concretar más el
texto original, pero en todo caso el propio grupo proponente, en una
autoenmienda que acaba de realizar, ya propone algunas medidas de
este tenor que en general nosotros compartimos.
Proponemos un nuevo punto, el noveno, que sería elaborar un plan
destinado a controlar que las reses importadas estén libres de
encefalopatía espongiforme bovina, así como a prohibir la exportación
de reses enfermas. Yo ya hice referencia en otras ocasiones a esta
cuestión. Si es una evidencia que no hay islas geográficas que puedan
declararse libres de encefalopatía, es una evidencia también que
habrá que tomar medidas de este estilo. Hay que controlar las reses
que se importan y también evitar la circulación de animales sin
garantías sanitarias a otros Estados miembros y a terceros países.
Hoy también en los medios de comunicación -no relacionado
estrictamente con esto- se da una noticia en este mismo sentido de
cómo en Sudáfrica aparece el primer caso de este mal en humanos como
consecuencia probablemente del uso de los piensos que Gran Bretaña
exportó durante todos estos años porque este tipo de medidas de
control para evitar la exportación de este mal no se estuvieron
adoptando en su momento.
En el punto 10 proponemos que el Gobierno realice algo tan elemental
como campañas de información veraz dirigidas a recuperar la confianza
de los consumidores. Nosotros creemos que el gran público tiene que
estar bien informado y en este momento convendrán conmigo SS.SS. en
que no está aconteciendo exactamente así, en algunos casos incluso la
información que está recibiendo el gran público es simplemente falsa
o deformada. Por tanto, cooperar a modificar eso es algo que el
Gobierno debería tener en cuenta prioritariamente también.
Hay un último punto, el undécimo, que hace referencia a una cuestión
clave, desde nuestro punto de vista, en toda esta materia que
tratamos. Me refiero al modelo de alimentación animal que, en este
momento, rige mayoritariamente en la Unión Europea y en el Estado
español. Este punto propone impulsar políticas dirigidas a fomentar
un modelo de producción de carne de bovino basado en la extensividad
y, por tanto, en la alimentación natural de las reses. Es necesario y
básico cambiar el actual modelo de producción, en este caso de carne
de bovino, porque es un modelo que a estas alturas evidencia su
fracaso. Por tanto, obviar el debate sobre esta cuestión es no querer
afrontar los problemas de fondo. Por cierto, se trata de un modelo
extensivo donde probablemente algunos tendríamos mucho que aportar;
en este caso, el Estado español tendría mucho que aportar y, desde
luego, mucho que ganar.
Concluyo, señora presidenta, señoras y señores diputados, diciendo
que nosotros creemos que esta serie de medidas que proponemos, así
como otras que figuran en el texto de la moción del grupo proponente,
son básicas para afrontar un problema que es grave, pero que
precisamente por serlo, debe afrontarse a fondo y con toda seriedad,
porque si no se hace así, vuelvo a insistir, más pronto que tarde
estaremos ante una crisis alimentaria probablemente sin precedentes.
Muchas gracias, señoras y señores diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Popular y para la defensa de sus
enmiendas, tiene la palabra el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en nombre del Grupo Popular para la defensa de
la enmienda transaccional que hemos planteado al texto de la moción
presentada por el Grupo Socialista en el tema de las vacas locas,
como consecuencia de la interpelación que se celebró hace dos
semanas.
Como cuestión previa, señorías, me gustaría señalar muy brevemente
algunas cuestiones que mi grupo no puede aceptar, ni siquiera a nivel
dialéctico. Aquí se ha dicho que en esta Cámara no hay conciencia de
la gravedad del tema. Mi grupo sí tiene conciencia de la gravedad del
asunto. Se ha dicho, con una falta de rigor total y absoluta y con un
no sé si ánimo de incitar al alarmismo, que era una crisis anunciada,
sin respuesta y con falta de reacción. No es cierto, es faltar a la
verdad y es un auténtico desahogo que aquí se diga eso. Se ha dicho
la frivolidad de que es un problema de Estado, que no se reconoce por
parte del Gobierno, y que esa es la mejor manera de causar alarma.
Pero el Gobierno lo está reconociendo y no se puede incitar, repito,
al alarmismo con frases como ésa. Además, se ha dicho que hay una
percepción de que hay caos, pero es una percepción absolutamente
gratuita por parte de quien la hace. Finalizaré esta puntualización
diciendo a quien ha dicho que los ganaderos no saben lo que les dan
de comer a las vacas, que él es el que no sabe de qué va el tema,
porque los ganaderos son cualquier cosa menos tontos y saben lo que
les dan de comer a sus animales.
Hechas estas puntualizaciones, me gustaría señalar, señora
presidenta, que el Gobierno ha informado con puntualidad, con rigor y
con celeridad. El señor ministro de Agricultura ha estado varias
veces en el Parlamento, en el Congreso y en el Senado, en el Pleno y
en las comisiones. El Gobierno español ha tomado las medidas
oportunas en el Consejo de Ministros y en el Consejo de Ministros de
la Unión Europea. Se han tomado las medidas oportunas, adecuadas y
posibles para hacer más análisis, para la eliminación de los
materiales específicos de riesgo, para la prohibición de las harinas,
y en todos los debates comunitarios, señorías, la posición española
ha sido siempre la de defender todas las medidas que otorguen el
mayor nivel posible de seguridad, precisamente para devolver la
seguridad y la confianza a los consumidores. Eso es así y ahí están
los textos.
Además, el Consejo de Ministros del pasado 24 de noviembre aprobó,
como medida legislativa, un real decreto por el que se regula la
destrucción de los materiales específicos de riesgo en relación con
las encefalopatías espongiformes. De eso que se dice que no se
hace nada ya se ha hecho aquello que había que hacer. Por supuesto,
dentro de este real decreto se incluye la autorización por el órgano
competente de la comunidad autónoma de las industrias incineradoras
de transformación y de eliminación del material de riesgo. Además,
este Gobierno ha creado una Comisión interministerial de seguridad
alimentaria, encargada de coordinar todas las actuaciones de la
Administración General del Estado y de las comunidades autónomas.
Además, con las comunidades autónomas va a acordar el coste y la
cofinanciación de las medidas que se aplicarán con carácter de
urgencia. Lo ha dicho aquí el señor ministro. Además, la retirada y
destrucción de los materiales específicos de riesgo del ganado vacuno
van a correr a cargo de esa acción conjunta del Gobierno y las
comunidades autónomas, así como la recogida de cadáveres del campo,
la actualización de los laboratorios de las distintas comunidades
autónomas y la prohibición del uso de harinas de carne en la
alimentación animal. Además, ya se han comprado los llamados test
rápidos prionic, que serán financiados precisamente por el propio
Gobierno central. Para ello, el Consejo de Ministros ya aprobó el
viernes, día 1 de diciembre, la partida adecuada. Por cierto, los
primeros 10.000 test, que ya han llegado, se aplicarán en la
Comunidad Autónoma de Galicia, tal como anunció el Gobierno, no
porque esta comunidad autónoma tenga más o menos culpa, sino porque
es donde ha aparecido el caso de la vaca con encefalopatía
espongiforme.
Señorías, no se puede decir que no se hace nada cuando se está
haciendo porque eso es faltar a la verdad, y cuando se presenta aquí
una moción que entendemos que casi es extemporánea porque se insta al
Gobierno a hacer y a decir lo que ya está haciendo y diciendo, nos
parece que lo aconsejable es la retirada de la propia moción. En fin,
como no estábamos seguros de que fuera a ser retirada, presentamos
una enmienda a dicha moción para evitar que esta iniciativa
parlamentaria vaya a remolque de los acontecimientos e inste al
Gobierno, repito, a hacer lo que el Gobierno, la Unión Europea y las
comunidades autónomas ya han dicho que están haciendo o que van a
hacer. En definitiva, nuestra enmienda pretende ser realista y, en
todo caso, decir al Gobierno lo que quiere decir el Grupo Socialista,
pero bien dicho y en consonancia con la Unión Europea y con las
competencias de las comunidades autónomas. (Rumores.) No es de recibo
decir que puede haber 17 proyectos en esta materia. No es de recibo
que no se reconozca aquí que la sanidad animal es una competencia
transferida con carácter exclusivo a las comunidades autónomas. No se
puede decir aquí que se tiene sentido de Estado cuando no se tiene en
cuenta que somos un Estado miembro de la Unión Europea y que somos un
Estado de las autonomías, con 17 comunidades autónomas. Señorías, nos
parece que, si no se acepta nuestra enmienda, la moción es un
auténtico desprecio, por ignorancia, a las comunidades
autónomas y que, cuando se habla de crisis de Estado, se está
faltando a la realidad diciendo que se dan 17 respuestas.
Señor portavoz del Grupo Socialista, el ministro de Agricultura leyó
en Comisión esta declaración del Ministerio de Agricultura y de los
17 consejeros de las comunidades autónomas ante la aparición del
primer caso de encefalopatía espongiforme bovina. Aquí está. El
comportamiento de los 17 consejeros de las 17 autonomías, en
coordinación y colaboración con el Ministerio de Agricultura y con la
Unión Europea, ha sido absolutamente ejemplar. No ha habido la más
mínima discrepancia a la hora de redactar los documentos para empezar
a actuar. No se puede desautorizar de esta manera la actuación no
solamente del Ministerio, sino de las comunidades autónomas.
En definitiva, señora presidenta, señorías, entendemos que el
Gobierno y el ministro de Agricultura han informado con prontitud y
con veracidad -ya lo he dicho antes- sobre este episodio que,
reitero, a mi grupo le parece importante, y no sólo han informado en
el Parlamento, sino también en los medios de comunicación, sin
ocultar ni un solo dato, sin restar ni un ápice de importancia y, eso
sí, sin crear ni una falsa alarma, como aquí a veces se ha intentado;
lo que pasa es que no se logra.
Señorías, mi grupo sabe lo que ha pasado en esta crisis, lo que está
ocurriendo con el tema de la encefalopatía y hay una previsión
razonable y acertada de lo que hay que hacer, a nivel Ministerio, a
nivel comunidades autónomas y a nivel Unión Europea. Somos realistas,
el problema es importante y nos parece -lamento tener que decirlo-
que mientras el Gobierno y las comunidades autónomas están trabajando
seriamente y buscando soluciones, el Partido Socialista solamente se
dedica a enredar.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Madero.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor
Txueka.
El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, señorías, arratsaldeon,
buenas tardes.
Llevamos ya algún tiempo debatiendo sobre la EEB, encefalopatía
espongiforme bovina. Desde el Grupo Parlamentario Vasco hemos
mantenido una posición racional y realista tanto sobre el enfoque
como sobre la actuación y coordinación que está llevando el
Ministerio en esta materia, aun a pesar de tener la sensación de que
la actitud tanto del Ministerio como de la mayoría de las comunidades
autónomas -no olvidemos- competentes en esta materia durante todos
estos años ha sido, por definirla de alguna manera, la de ir viendo
y estar al tanto del problema y de su evolución en otros
países de la Unión Europea, como si el tema no fuera demasiado con
nosotros. Este es un problema que data de 1990 como mínimo. Es
cierto, y no lo voy a negar, que tímidamente se han puesto en marcha
en los dos últimos años alrededor de 1.000 controles anuales en todo
el Estado español, de los cuales, por cierto, la comunidad autónoma
de Euskadi ha realizado la mitad, aproximadamente unos 500, cuando el
programa le exigía solamente unos 50, pero no por ello decae la
sensación de una oportunidad perdida de demostrar y de demostrarnos
que contamos con una Administración moderna y previsora. En Euskadi
hemos procurado hacerlo -y no lo digo con orgullo sino con
preocupación por el problema-, porque esperamos que la extrapolación
de las necesidades de los 577.000 controles proyectados se demuestre
realista y viable a las capacidades existentes y a desarrollar.
Entendemos que a estas alturas deberíamos tener ya todo el programa,
equipamientos y personal a pleno rendimiento operativo, con unas
prácticas de control ganadero y equipo humano dimensionadas sobre el
campo a la tarea que se nos plantea, con un sistema ya homologado y
factible a nivel estatal, que permita y garantice la retirada y
destrucción de los materiales específicos de riesgo, así como la
incineración de las harinas procedentes de residuos animales. Algo
así como que lo que estamos planteando sobre el papel lo podamos
llevar a cabo porque los hayamos practicado y experimentado en serio.
En estos momentos, la mayoría de las medidas que se proponen en esta
moción están siendo debatidas en lasreuniones que se han mantenido en
las comunidades autónomas, y esperamos que poniéndose en marcha.
Cuando el Partido Socialista proponía un plan nacional de vigilancia,
un plan nacional de retirada y programar con carácter nacional,
entendíamos que estaban subsumidas las competencias que los diversos
estatutos de autonomía otorgan a las comunidades autónomas, primero,
por legalidad vigente, y segundo, porque sin las comunidades
autónomas es imposible llevar a cabo este plan. Por tanto, tengo
cierta duda al fijar mi posición respecto a esta moción, cuando leo
-extrañamente también, por decirlo de alguna manera- que el Partido
Popular habla de colaborar de forma inmediata con las comunidades
autónomas, en órganos competentes de las comunidades autónomas, y el
Partido Socialista dice que no. Después me lo aclarará usted un poco.
Por otra parte, analizando el conjunto de las medidas y las
respuestas que han salido de estas reuniones que antes he mencionado,
a nuestro juicio sería necesario que se respondiera a una serie de
interrogantes que vuelven a resurgir de ellas. Me estoy refiriendo
básicamente a tres. De todos los apartados de los programas que están
siendo elaborados -realización de test, destrucción de animales,
ayudas al almacenamiento privado, incrementos a la ayuda a la
exportación cárnica, a la prohibición de harinas de carne,
desaparición de los MER, dotación de laboratorios, test prionic,
indemnización al
sacrificio de ganado-, sabemos perfectamente cuáles son los aspectos
que va a financiar la Unión Europea y también los que deben financiar
las comunidades autónomas en ejercicio de sus competencias. Tengo
cierta duda, y la comunidad autónoma a la que represento aquí
también, sobre comentarios escuchados para saber cuánto va a
financiar el MAPA de su bolsillo, no de la Unión Europea que le viene
al MAPA y después lo gasta. Me estoy refiriendo al presupuesto del
MAPA y en qué porcentaje. Esta es una duda que está surgiendo
y esperemos se nos vaya aclarando.
Otra cuestión importante es el etiquetado. Todos sabemos en estos
momentos que es la pieza clave a la hora de garantizar y de informar
al consumidor. Pues bien, hay una pregunta muy simple en esta
materia: ¿Por qué no se pone en marcha cuanto antes? ¿Vamos a esperar
al límite del 1 de enero del 2002 porque esa es la exigencia de la
Unión Europea? Quiero adelantar que Euskadi pondrá en práctica y con
carácter obligatorio en todos los eslabones de la cadena, desde el
matadero hasta el consumidor, la exigencia del etiquetado durante el
primer trimestre del 2001. Se puede y se debe hacer.
Otro tema muy importante de aspecto práctico es la sustitución de las
harinas de carne por las harinas vegetales, que necesita un apoyo
sustancial para que los agricultores las siembren. En la Unión
Europea se está hablando del fomento de estos cultivos para cambiar
el modelo productivo actual. Dicho modelo en estos momentos está
limitado por los acuerdos Unión Europea- Estados Unidos y la Unión
Europea no puede cultivar más de 5 millones de hectáreas de
oleaginosas y proteaginosas y el Estado español tiene un techo de
1.050 hectáreas. Habrá que resolver esta cuestión ¿Qué medidas piensa
tomar el Ministerio? Además, habrá que indicar qué cultivos se
tendrán que plantar.
Para finalizar, con la que está cayendo que es mucha y la que también
les había caído a los ganaderos anteriormente con la subida de los
carburantes, tengo una pregunta que hacer al Grupo Popular: ¿Es
cierto, como se ha publicado, que pretenden aplicar el IVA como
descuento a las subvenciones que otorga la Unión Europea al sector
agrícola y ganadero? Eso sería rizar el rizo.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, por tercera vez en muy pocos días hemos tenido la
oportunidad de debatir uno de los problemas más graves que tenemos en
este momento en el sector ganadero. Se trata del mal llamado mal de
las vacas locas o encefalopatía espongiforme
bovina. El Ministerio ha tomado ya una serie de medidas que, a
nuestro entender, hasta este momento nos parecen absolutamente
adecuadas. Ha puesto en marcha una iniciativa en la línea de buscar
el máximo consenso con las comunidades autónomas, hecho que nos
parece necesario y positivo para el éxito de las medidas. Por tanto,
no voy a entrar a analizar la enfermedad, el sistema de transmisión o
los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan nuevos
casos, y a partir de la seguridad -y quiero creer al ministro en este
aspecto- para que las cosas se hagan suficientemente bien, hay que
dar a los consumidores las garantías necesarias para que el consumo
vaya incrementándose y se alcancen los niveles adecuados. Voy a dejar
durante unos momentos el debate sanitario o el debate de medidas de
carácter preventivo y voy a analizar los efectos colaterales que ha
producido la aparición de esos dos casos en el sector ganadero.
Señoras y señores diputados, está pasando algo que es insólito,
porque el consumo de la carne de ternero ha caído de forma alarmante,
entre el 15 y el 25 por ciento, pero el precio que por el ternero se
paga al ganadero ha seguido la misma tónica, con unas caídas del
entorno al 50 por ciento. No sólo eso, es que prácticamente no existe
mercado para el animal vivo. ¿Pero qué pasa en realidad? Que el
precio de la carne en las carnicerías y en los supermercados se
mantiene a precio similares como si la historia no fuese con ellos.
¿Qué sucede? Que los grandes mataderos sólo sacrifican la carne según
la demanda del mercado y, al mantenerse equilibrada la oferta y la
demanda, se mantienen los precios finales aumentando los beneficios,
ya que compran a mitad de precio y trasladan el problema del stock al
ganadero, que es el eslabón más frágil de la cadena productiva. De
continuar así, el ganadero, al no poder vender sus reses en el
momento óptimo, se verá obligado a continuar alimentándolas
produciendo un perfil de canal que no es la propia del mercado con
unos costes adicionales que le sitúan en una zona de claras pérdidas
o en una zona ya de irreversibilidad. De hecho, partiendo de la base
de que el consumo mayoritario de la carne de vacuno en el Estado
español se realiza sobre canales procedentes de reses de menos de un
año y medio, al retrasar el sacrificio podemos acercarnos poco a poco
al umbral de los tres años, que es donde aumentan las probabilidades
de la aparición de nuevos casos, algo que debemos evitar.
No obstante, si queremos que el sector no entre en una espiral sin
retorno, hay que actuar en diferentes frentes. Primero, los
sanitarios. Efectivamente, un mejor control para evitar la aparición
de nuevos casos; a nuestro entender, ese tema hasta el momento está
bien llevado y espero y deseo que en el futuro ese nivel de
cooperación del Ministerio y de las comunidades autónomas continúe
para el bien del sector.
Hay que mejorar el tema de la trazabilidad tanto de los animales como
de las canales para que podamos
tener la seguridad de que una canal pertenece a un animal determinado
que ha sido criado y alimentado de una forma concreta. Hay que actuar
de manera inmediata, sacrificando aquellos animales que tienen la
edad adecuada para ello, retirando las canales del mercado mediante
la compra institucional y almacenamiento, de modo que se puedan
mantener los precios de los ganaderos y no romper el inestable
equilibrio que existe en estos momentos y así aliviaríamos en gran
parte la presión que hay sobre el sector productivo. Hay que fomentar
la producción de carne de la mayor calidad a través de las políticas
claras de soporte en las denominaciones de calidad, las cuales
tendrían que certificar la calidad de las mismas.
Otro punto importante sería disponer de medidas claras de ayuda al
sector para que pueda hacer frente a la postcrisis. Hay que dejar
claro que los ganaderos no son responsables de la aparición de la
enfermedad, ya que se ven obligados a alimentar sus animales con los
piensos que existen en el mercado, de los que no tienen más
información o más posibilidad de información en estos momentos que la
de la composición, que no va más allá que la del porcentaje sobre la
proteína, los carbohidratos o las grasas, pero nunca, al menos en
este momento, tienen ninguna posibilidad de conocer el origen de las
mismas.
Habría que trabajar también en la línea de la modificación de la
política agraria comunitaria para adaptarla a esa realidad, porque
habrá que buscar un nuevo equilibrio en el marco agrario que permita
adaptar las producciones agrarias de la Unión Europea a esa nueva
realidad, en donde las leguminosas forrajeras y de grano deberán
volver a desempeñar un papel muy importante en la alimentación del
ganado.
No obstante, no quiero dejar pasar esta ocasión sin hacer una
reflexión al respecto, aunque sin abrir nuevo debate. Durante los
últimos años se ha apostado de una forma decisiva, yo diría que
excesiva, a mi entender, por la liberalización y por la fórmula
teórica de la autorregulación de los mercados, y eso que es cierto en
situaciones de asepsia no siempre da los resultados adecuados, sobre
todo cuando los poderosos tienen alimentos importantes y capaces de
enmascarar la realidad. La pregunta es clara, ¿por qué habiendo caído
como lo ha hecho el precio del vacuno a pie de granja más de un 50
por ciento, continúan en el supermercado y de cara al consumidor
prácticamente con el mismo precio?
Algunas de las cosas no terminan de funcionar suficientemente bien.
Estamos inmersos en un proceso de globalización, todos hablamos de
eso y ponemos especial énfasis en la competitividad. Yo estoy
absolutamente a favor de la misma, siempre que existan los requisitos
suficientes para asegurar que esa capacidad de competir no afecta
negativamente a la calidad del producto, que ha de convertirse
especialmente en la Unión Europea en un elemento diferenciador de
nuestras
producciones. Los elementos productivos en la Unión Europea
tienen que tener un efecto diferenciador que asegure la calidad de
los mismos. Tenemos experiencias recientes. Las dioxinas de los
pollos en Bélgica no fue más que llevar hasta las últimas
consecuencias el problema de la competitividad. Fuimos capaces en un
momento determinado de bajar las ganancias de los integradores hasta
los mínimos niveles. Rebajamos la calidad de los piensos hasta donde
se pudo, y llegamos al colmo en la sustitución de las grasas animales
por aceites minerales. Esto no puede continuar en esta línea y, por
tanto, habrá que tomar medidas serias para evitar que la
competitividad, como he dicho antes, termine afectando de una forma
clara a la calidad de los alimentos.
Hemos estudiado las diferentes enmiendas que se han presentado, sobre
todo la del Grupo Socialista, que entendemos que está cargada de
buenas intenciones, pero a nuestro entender no da el juego que
debería dar a las comunidades autónomas dejándolas en un papel
absolutamente marginado. Entendemos que en este momento el Ministerio
y las comunidades autónomas están trabajando de una forma coordinada
y que la capacidad de reacción, aunque esas cosas son mejorables, es
la adecuada. La propuesta que ha realizado el Grupo Socialista está
en la línea, en muchos casos, de acciones que se están realizando. Yo
creo que en este momento, aprovechando la enmienda que ha presentado
el Grupo Popular, sería bueno que se llegase a presentar una
propuesta común por parte de todas las fuerzas políticas, ya que eso
sí lo entendería el sector. Por tanto, estamos esperando ver si,
antes de la votación, se puede producir un entente y puede haber una
propuesta que ligue los intereses de todas las fuerzas políticas de
esta casa, ya que todos en el fondo queremos lo mismo y es que el
tema se solucione y se salga rápidamente de esta situación difícil
para el sector ganadero y, sobre todo, que se establezcan medidas
para que, como he dicho antes, después de la crisis sean capaces de
competir y de hacer lo que siempre han hecho, que es producir carne
de gran calidad.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Companys.
Por el Grupo Socialista, para expresar la aceptación o rechazo a las
enmiendas, tiene la palabra el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Gracias, señora presidenta.
Aunque se ha citado ya desde la tribuna por parte de los
intervinientes, de las enmiendas de Izquierda Unida aceptamos la
segunda. De la tercera, aceptamos como añadido el texto que comienza:
con el fin de evitar la
contaminación cruzada, hasta el final. Y la quinta enmienda en los
términos en los que ha sido presentada. Del Bloque Nacionalista
Galego, del Grupo Mixto, aceptamos la primera enmienda, la tercera,
la cuarta, la sexta, la séptima y la octava. De las del Grupo
Popular, y espero expresarme correctamente, la enmienda ha sido
presentada como un texto conjunto de sustitución a todo el texto de
la moción que presenta el Grupo Socialista y, aunque hay tres que
coinciden, no podemos aceptar las otras, lo conoce bien el Grupo
Popular, porque ninguna de ellas responsabiliza en la solución de un
plan global al propio Gobierno y, por tanto, nos parece que no serían
de utilidad alguna en esta crisis.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Cuadrado. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a someter a votación la moción
consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre medidas de política general del Gobierno en
relación con la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina.
Señor Frutos, de lo manifestado por el portavoz del Grupo Socialista,
de las enmiendas presentadas por Izquierda Unida hay dos que son
aceptadas en su integridad pero hay una, la que afecta al punto 3,
que el grupo proponente la acepta parcialmente. Estamos en el mismo
caso anterior, hace falta la conformidad del grupo enmendante. ¿La
tiene? (Asentimiento.)
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación con la
incorporación de las enmiendas, tal y como ha puesto de manifiesto el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
282; a favor, 116; en contra, 152; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS
MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO ANTE LA PRÓXIMA FINALIZACIÓN DE LA
PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA (PSS) (Número de expediente 173/
000034.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación
social sustitutoria. Para la presentación y defensa de la misma,
tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Presentamos la moción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), resultado de la interpelación que planteamos hace quince días
sobre las consecuencias de la desaparición de la prestación social
sustitutoria. En el debate de la interpelación existió una cierta
coincidencia, tanto por parte del señor ministro de Trabajo, como por
parte de los portavoces que intervinieron, al manifestar la
satisfacción por lo que suponía el fin del servicio militar
obligatorio y por el hecho de que la desaparición de la mili se
produzca a finales del año que viene, con independencia de las
posiciones de algunos grupos que entendíamos que esa desaparición se
hubiera podido producir a finales de este año o a mediados del que
viene. Al mismo tiempo, hacíamos, con matices, un balance positivo de
lo que ha sido, a lo largo de estos años, la experiencia de la
prestación social sustitutoria . Por nuestra parte poníamos especial
énfasis en que el ejercicio del derecho en la objeción de conciencia,
acompañado de la realización de las prestaciones sociales
sustitutorias correspondientes, habían supuesto experiencias
positivas de formación para jóvenes de todo el Estado que han optado
por ejercer ese derecho. Al mismo tiempo, habían dado respuesta
a necesidades sociales que no estaban siendo cubiertas, o no
suficientemente, por parte de las administraciones públicas o por la
propia sociedad civil. En último término, la experiencia de la
prestación social ha servido para reforzar a sectores importantes de
nuestro tejido social.
Coincidíamos todos en la inquietud de que sectores que a lo largo de
estos años se habían podido beneficiar de las actividades
desarrolladas en el ámbito de la prestación social, dejarían de
hacerlo en estos próximos meses; servicios, necesidades que de alguna
manera habían encontrado una buena solución en la prestación social,
y eso está provocando inquietudes en importantes sectores de nuestra
sociedad. Tanto en el conjunto del Estado español, como
específicamente en Cataluña, se habían provocado sendos debates en
relación con estas cuestiones. Incluso, determinadas entidades de
carácter social, prestadoras de servicios de carácter personal,
habían generado importantes dependencias en este ámbito. Por tanto,
inquietud ante la finalización de la prestación social sustitutoria.
También se nos planteaba esta situación como una oportunidad para,
desde la experiencia del ejercicio de la prestación social
sustitutoria, ser capaces de fortalecer al tercer sector, de dar
respuesta a determinadas necesidades sociales que en nuestro nivel
del actual Estado del bienestar no se habían desarrollado y, además,
enlazar con lo que desde la Unión Europea y en el marco de sus
políticas activas de ocupación y ya desde el informe Delors se viene
definiendo, que es en el ámbito de la ocupación, de los nuevos
yacimientos de ocupación. Nos parecía que la desaparición de la mili,
que la desaparición de la prestación social sustitutoria no tan sólo
podía ser motivo de inquietud, sino que podía ser también motivo de
esperanza y de oportunidad. En ese sentido, la moción que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) plantea hoy en esta
sesión consta de tres puntos muy claros.
En un primer punto hacemos referencia a que los informes que el
Gobierno ha elaborado, como resultado de un mandato del Senado de
hace un par de años, sean remitidos a esta Cámara. Nos parece que en
esta fase transitoria hacia el fin de la prestación social es una
información importante que el conjunto de la Cámara debe conocer.
En segundo lugar, que en el marco de la colaboración con las
comunidades autónomas y con el sector implicado garanticemos que los
recursos que hemos destinado al movimiento asociativo, a las
comunidades autónomas y a las corporaciones locales para el
desarrollo de actividades relacionadas con la prestación social,
pueda continuar prestándose. En concreto, quiero recordar que estamos
hablando de 1.142 millones de pesetas que en los presupuestos de este
año se destinan a comunidades autónomas, corporaciones locales y a
instituciones sin fines de lucro, precisamente para poder responder a
las necesidades de la propia prestación social sustitutoria. Es
decir, garantizar que estos recursos estuviesen orientados al
fortalecimiento del movimiento asociativo y el reforzamiento del
voluntariado, en la perspectiva que anunciaba el propio ministro, de
la celebración el año que viene del año internacional del
voluntariado.
Finalmente, en un tercer punto de esta moción planteamos la necesidad
de que en el marco del diálogo social entre los agentes sociales, los
sindicatos, las principales organizaciones sociales afectadas y los
propios gobiernos autonómicos, seamos capaces de estudiar la
incorporación, en las acciones de fomento del empleo, de medidas
orientadas al mantenimiento de aquellos servicios que realizados por
objetores de conciencia se consideren necesarios continuar prestando
y que tengan un marcado carácter laboral. Buena parte de la
experiencia de la prestación social sustitutoria ha ido orientada
precisamente en la evidencia que determinadas actividades que
realizaban los prestacionistas, de hecho ya a través de la
consolidación en el espacio y en el tiempo, se habían convertido en
verdaderos puestos de trabajo, y que difícilmente a través de un
voluntariado estrictamente seríamos capaces de continuar dando
respuesta a aquellas nuevas situaciones que desde la prestación
social habíamos podido encontrar una respuesta satisfactoria.
Estas son las tres cuestiones que plantea nuestra moción. Una de
ellas seguramente de carácter mucho menor, como es información, pero
las otras dos a nuestro
entender constituyen el eje central de la problemática que supone
la desaparición de la prestación social. Por un lado, la articulación
de medidas de fomento del voluntariado y de fortalecimiento del
tejido asociativo en el marco de una visión global de apoyo al
denominado tercer sector; por otro lado, el estudio de la puesta en
marcha de medidas que puedan permitir articular políticas de empleo
en el tercer sector.
A nuestra moción se han presentado enmiendas del Grupo de Coalición
Canaria y del Grupo Popular y nosotros hemos ofrecido al conjunto de
los grupos una enmienda transaccional que pretende recoger esas dos.
Por un lado, incorpora en el segundo punto la referencia que hace la
enmienda del Grupo Popular a que estas actuaciones estén orientadas
precisamente a primar la solución al problema de la desaparición de
la prestación social, al reforzamiento del voluntariado y del
movimiento asociativo, procurando vincularlo, en la línea que
pretende la enmienda del Grupo de Coalición Canaria, con una visión
global sobre las necesidades del tercer sector en toda su amplitud.
Nos parece que con la enmienda transaccional respondemos a las
peticiones del Grupo Popular y del Grupo de Coalición Canaria y que
hoy, esta noche, podemos dar una orientación al Gobierno, de una
manera que responde a un consenso social muy amplio, sobre las
soluciones a dar en esta materia; soluciones que puedan contar,
además, con un apoyo parlamentario más que suficiente.
En este sentido, la moción que vamos a aprobar puede permitir al
Gobierno resolver de verdad una parte de las inquietudes que ha
provocado la desaparición de la prestación social y, al mismo tiempo,
puede convertir la desaparición de la PSS en una buena oportunidad
para todos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Indudablemente, mi grupo ha valorado positivamente la moción
consecuencia de interpelación que ha traído el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió).
La realidad está ahí enfrente y el próximo año y los siguientes se
verá la gravedad de la situación que se puede presentar en la
atención que venían prestando los objetores de conciencia, a través
de la prestación social sustitutoria, a una serie de actividades de
organizaciones no gubernamentales -como la Cruz Roja, la primera de
ellas en España- o en el ámbito de los ayuntamientos
-lucha contra incendios forestales-, todo ello de importancia
económica, social y ciudadana.
Este es un problema que de alguna manera habrá que resolver. No es
fácil resolverlo; no se trata solamente de volcar a una oferta de
trabajo remunerado una serie de actividades que de una manera no
gravosa para los Presupuestos Generales del Estado ni de ninguna de
las entidades cooperadoras -como las corporaciones locales o las
comunidades autónomas- venían realizando estos jóvenes que, al no
hacer el servicio militar e ir por la objeción de conciencia, se
inscribían en la prestación social sustitutoria. Esto daba unos
frutos y facilitaba el funcionamiento de instituciones de amplia
aceptación social y política y de trascendencia en todos los terrenos
en los que han venido actuando. La profesionalización militar genera
este problema. Habrá que atenderlo de alguna manera y hacerle frente.
Nuestra enmienda venía, señora presidenta, a complementar los tres
puntos del texto de la moción del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) por entender que es el momento de empezar a
pensar, entre el Gobierno y las comunidades autónomas con competencia
en una serie de materias, en lo que los objetores de conciencia
realizaban a través de la prestación social sustitutoria; labor que
estas comunidades autónomas venían incentivando o tratando de
reglamentar.
No puede ocurrir que, a lo largo y ancho de España, cada comunidad
autónoma dé un tratamiento diferente al movimiento asociativo, a las
organizaciones no gubernamentales o al fenómeno del voluntariado.
Creemos que ha llegado el momento de hacer frente de una manera
sensata, responsable y sensible a la demanda de la sociedad tanto del
movimiento asociativo, que tiene otro tratamiento y otro marco
jurídico, como del problema del voluntariado, que es el que le
preocupa a mi grupo. El voluntariado no puede dejarse al albur de las
personas. Hay que darle el marco de funcionamiento. Por tanto,
nosotros proponemos en nuestra enmienda la creación entre el Gobierno
y las comunidades autónomas de un plan general del voluntariado para
todo este tipo de actividades humanitarias, sociales, ecológicas,
como ha venido haciéndose hasta ahora a través de la prestación
social sustitutoria. Porque se va a producir un vacío a través del
cual muchas organizaciones como Cruz Roja se queden prácticamente
carentes de operatividad, produciéndose un fenómeno de falta de
asistencia en algo que demanda fuertemente la sociedad.
En cuanto a la enmienda transaccional que nos ofrece el Grupo Catalán
(Convergència i Unió), tengo que decir que estamos en un plan de
colaboración. Creemos que a partir de estos debates se va a ir
creando una conciencia sobre la necesidad de elaborar un plan general
del voluntariado, que los jóvenes españoles se puedan inscribir en
algo que tenga un sentido lógico y queesté materializado en la manera
de realizarlo, porque
no es recomendable basarnos en la improvisación para que la buena
voluntad de las organizaciones no gubernamentales o la demanda de una
vocación de voluntariado, con las retribuciones compensatorias
pertinentes, pueda dar sus frutos.
Prueba de nuestra colaboración plena es que aceptamos la enmienda que
nos plantea el Grupo Catalán (Convergència y Unió). Volvemos a
insistir en la necesidad de tener un plan general del voluntariado y
prestaremos en esta línea al Gobierno todo nuestro apoyo colaborando
positivamente. También nos parece plenamente aceptable la enmienda
que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. Si el grupo
proponente las acepta, por nuestra parte no habrá nada más que plena
colaboración. Desde una comunidad autónoma como la nuestra, la mayor
de parques nacionales de España, la que tiene un sentido, por el
hecho insular, muy fuertemente implicado en la sociedad civil de
voluntariado y de cooperación, se las brindamos al Gobierno de la
nación para los fines sociales y humanitarios previstos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Atencia.
El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
A estas horas de la noche, voy a defender las enmiendas que el Grupo
Popular ha presentado a la moción que acaba de ser defendida por el
portavoz del Grupo de Convergència i Unió.
Señorías, como se ha destacado con anterioridad por el señor
Campuzano, y también fue objeto de amplio debate en la interpelación
de la que es consecuencia esta moción, la Ley 17/1999 pone fin, desde
el punto de vista real, al servicio militar obligatorio. Formalmente
lo que hace es suspender la prestación obligatoria
constitucionalmente prevista del servicio militar, y establece en sus
disposiciones adicionales y transitorias 13 y 18 que el 31 de
diciembre del año 2002 terminaría la obligación del servicio militar
obligatorio. Posteriormente, como SS.SS. conocen, en base a la
posibilidad que la propia ley confiere al Gobierno de adelantar este
plazo, el Gobierno ha manifestado en esta Cámara su voluntad de
anticipar la finalización del servicio militar al 31 de diciembre del
próximo año 2001.
Por la desaparición de esta obligación constitucional, la
consecuencia prevista en nuestro texto fundamental de la prestación
social sustitutoria también dejará de tener su sentido. Por tanto,
como consecuencia de esta situación viene este debate, que entendemos
que es oportuno -ya lo fue la interpelación que planteó el
Grupo de Convergència i Unió- y por tanto aparecen nuevas
situaciones.
Coincidimos con los anteriores intervinientes no sólo en la
satisfacción por la finalización del servicio militar obligatorio
-compromiso de investidura del presidente Aznar en el año 1996 y su
adelanto como consecuencia del compromiso electoral del año 2000 y
del compromiso del debate de investidura de este año-, sino en que el
balance global de la prestación social sustitutoria ha sido positiva.
Ha habido experiencias que han abierto posibilidades de formación y
sobre todo ha habido necesidades sociales que se han atendido gracias
a la prestación social sustitutoria. Pero es evidente que se produce
una situación de inquietud en diversos sectores, fundamentalmente del
ámbito de la prestación de la atención social que hasta ahora podían
complementar sus actividades como consecuencia de la función que
prestaban los objetores de conciencia que se acogían a la prestación
social sustitutoria. Por tanto, el debate de la interpelación y hoy
de la moción viene a tratar de abrir soluciones al nuevo escenario
que se presentará a partir del 1 de enero del año 2002.
Señorías, como ustedes recordarán, en el debate de la interpelación
quedó bastante claro que frente a las dos alternativas para
solucionar, en el ámbito de las políticas de atención social, el
hueco que dejaba la prestación social sustitutoria, el propio
ministro de Trabajo habló de dos alternativas. La alternativa número
1 era el desarrollo del servicio civil y la alternativa número 2 era
la potenciación de todas las fórmulas de voluntariado. Dentro de lo
que permite el debate de una interpelación, hubo un amplio consenso
respecto a la potenciación de la figura del voluntariado. Como
consecuencia de todo ello, las enmiendas que el Grupo Parlamentario
Popular ha presentado y que me corresponde defender fundamentalmente
plantean dos cuestiones: por un lado, que se remita a la Cámara por
parte del Gobierno, antes del final del presente período de sesiones,
un informe que sobre los trabajos ya realizados por los distintos
ministerios, llevados a cabo en su momento como consecuencia de una
moción que se aprobó por asentimiento en el Senado en el año 1998, se
valore el impacto de la supresión de la prestación social
sustitutoria. Me parece básico tener ese estudio para aportar
soluciones. Nuestra segunda propuesta es que se inste al Gobierno a
que, conjuntamente con comunidades autónomas, con organizaciones no
gubernamentales y con las demás organizaciones sociales afectadas, se
atiendan, preferentemente a través del voluntariado, las auténticas
necesidades, que hasta ahora habían sido atendidas por la prestación
social sustitutoria.
Con nuestra enmienda entendemos que, como dice la iniciativa, hay que
dar soluciones. En primer lugar, hay que tener un estudio actualizado
respecto a la situación que se genera como consecuencia de la
supresión de la prestación social sustitutoria y, en segundo lugar,
hay que hacer una apuesta preferente y fundamental por lo que
significa el voluntariado, por el fortalecimiento del voluntariado, a
la vista -y quedó claro en el debate de la interpelación- de la
pujanza que ha adquirido en los últimos años en nuestro país y las
enormes ventajas frente a otras fórmulas, como podría ser el servicio
civil, planteado precisamente para abrirse a un mayor ámbito de
población, y por la propia pujanza, insisto, que está teniendo en
nuestro país. Y les recuerdo un dato que dio el ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales en el debate de la interpelación. Hoy hay 550.000
voluntarios en nuestro país frente a los 295.000 que había sólo hace
cinco años. Creo que eso deja claramente en evidencia la importancia
de este sector y la necesidad de su potenciación. Probablemente sea
el vehículo con el que tengamos que trabajar.
No obstante, señorías, no sé si con esta enmienda damos satisfacción
a lo que pide el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. En
cualquier caso, señor Campuzano, estoy en condiciones de ofrecerle
una transaccional, para que el punto tercero del texto original de su
moción se modifique, buscando una solución satisfactoria. En todo
caso, me parece que lo más razonable es esperar a que en su próximo
turno, si tiene posibilidad, ofrezca una solución, que podría ser
aceptada por mi grupo.
Señoras y señores diputados -y con esto termino-, el Grupo
Parlamentario Popular entiende que hay que dar una solución ante la
nueva situación que se plantea, entiende que hay que partir de los
estudios necesarios y por eso nuestra iniciativa habla de instar al
Gobierno a que, tras los estudios oportunos realizados por los
distintos ministerios, antes del final del actual período de
sesiones, aporte un análisis de las soluciones que se pudieran
adoptar de las consecuencias que representa la desaparición de la
prestación social sustitutoria. También nos parece fundamental
incidir básicamente en el voluntariado, no sólo porque se le ocurra
al Grupo Popular, sino porque entendemos -y ya quedó evidencia de
esto- que en esta Cámara hay un amplio respaldo en el sentido de que
esa pueda ser la solución fundamental y preferente para el problema
con el que hoy nos encontramos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Socialista, el señor Velasco.
El señor VELASCO SIERRA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista está en la misma línea
que el Grupo de Convergència i Unió y que los grupos enmendantes a
esta moción. Estamos más en la línea de no descartar ninguna
posibilidad en las vías de solución y de acuerdo que entre todos tenemos
que buscar para dar respuesta a una realidad como la que han
expuesto los diferentes portavoces. La mili se acaba, por tanto, la
prestación social también y los objetores han desarrollado una labor
muy importante no solamente en instituciones sino también en ONG,
asociaciones, etcétera.
El ministro apuntaba hace una semana dos vías. Por un lado, el
servicio civil y, por otro, el voluntariado, pero, como bien decía
él, a través del voluntariado se habían creado puestos de trabajo.
Por eso, esa tercera opción, la de conseguir que a través de la
desaparición de la prestación social sustitutoria busquemos
instrumentos para conseguir que la incorporación al mercado laboral
de esas personas no quede descartada. La transaccional que nos
propone el Grupo de Convergència i Unió, aceptando las enmiendas de
Coalición Canaria y del Grupo Popular, nos parece bastante acertada,
incluso la última opción que han acordado estos dos últimos grupos.
Estamos en esa vía de diálogo, esperamos con insistencia que ese
informe llegue lo más pronto posible al Congreso de los Diputados y
que entre todos busquemos las mejores soluciones para dar respuesta
al movimiento asociativo, a las ONG y a esas instituciones donde los
objetores han prestado una gran labor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Velasco.
Señor Campuzano, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de
la enmienda o el texto de la transaccional, si la hubiere.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, creemos que la hay.
Nuestro grupo aceptaría los puntos 1 y 2 de la enmienda del Grupo
Popular y con relación al tercer punto afirmaríamos lo siguiente,
y lo pasaremos lo más rápido posible a los servicios de la Cámara:
Estudiar conjuntamente con las comunidades autónomas y con las
organizaciones sociales afectadas la incorporación de medidas
orientadas al mantenimiento de aquellos servicios que, realizados por
objetores de conciencia, continúe siendo necesario seguir prestando.
Entre estas medidas se podrán contemplar acciones de fomento del
empleo.
Para nuestro grupo es importante que las soluciones que demos a esta
cuestión no afecten tan sólo al ámbito del voluntariado y del
movimiento asociativo en sentido estricto sino que además se
incorpore claramente la necesidad de nuestras políticas de fomento de
empleo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano. ¿Entiendo que
este texto transaccional es aceptado ypor tanto sustituye a la
enmienda del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria y a la del Grupo Parlamentario Popular?
(Asentimiento.) De acuerdo.
Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las
medidas previstas por el Gobierno ante la próxima finalización de la
prestación social sustitutoria en los términos de la enmienda
transaccional que ha sido puesta de manifiesto por el grupo
proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
238; a favor, 237; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda en consecuencia aprobada la iniciativa de
referencia.
Se suspende el Pleno, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las diez y cuarenta y cinco minutos de la noche.
Corrección de error.- En el «Diario de Sesiones» número 41,
correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves, 16 de
noviembre pasado, en la página 2004, segunda columna, línea 9, no
figura el resultado de la votación del dictamen del presupuesto del
Ente Público Radiotelevisión Española y sociedades estatales de
radiodifusión y televisión, que es el siguiente: Efectuada la
votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 289; a favor,
179; en contra, 106; abstenciones, cuatro.