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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 44, de 24/11/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 44
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 42
celebrada el viernes, 24 de noviembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Modificación del orden del día . . . (Página 2132)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Continuación.)
- Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de
11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A,
número 12-1, de 11 de septiembre de 2000. (Número de expediente 121/
000012) . . . (Página 2133)
- Proyecto de Ley Orgánica sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie A, número 3-1, de 23 de junio de 2000.
(Número de expediente 121/000003) . . . (Página 2157)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
Modificación del orden del día . . . (Página 2132)
La señora presidenta, conforme al artículo 68.1 del Reglamento,
somete a la consideración de la Cámara la modificación del orden del
día en el sentido de que el punto 54 pase a debatirse en primer
lugar, lo que se aprueba por asentimiento.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas
(Continuación) . . . (Página 2133)
Proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11
de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social . . . (Página 2133)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley orgánica
intervienen el señor Puigcercós i Boixassa, la señora Lasagabaster
Olazábal, los señores Núñez Castain, Aymerich Cano y Saura Laporta,
del Grupo Parlamentario Mixto; Rivero Baute, del Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Frutos Gras, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Rumí
Ibáñez y el señor López Garrido, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene la señora Muñoz Uriol,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto
de ley orgánica.
A continuación se procede a la votación del texto del dictamen, que
es aprobado.
Finalmente, se procede a la votación final de conjunto del proyecto
de ley, al tratarse de ley orgánica, que se aprueba por 187 votos a
favor, 117 en contra y una abstención.
Proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización
de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley
Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial ... (Página 2157)
En defensa de las enmiendas presentadas al proyecto de ley
intervienen el señor Aymerich Cano y la señora Lasagabaster Olazábal,
del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Mardones Sevilla, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Silva Sánchez, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Barrero López,
del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz
López, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Ollero
Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto
de ley.
A continuación se procede a la votación del texto del dictamen, que
es aprobado.
Finalmente se procede a la votación final de conjunto del proyecto de
ley, al tratarse de ley orgánica, que se aprueba por 185 votos a
favor y 101 en contra.
Se levanta la sesión a la una y veinticinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Propuesta de modificación del orden del día. Conforme al artículo
68.1 del Reglamento, la Presidencia propone al Pleno de la Cámara la
modificación del orden del día en el sentido de que el punto 54,
correspondiente al dictamen de la Comisión relativo al proyecto de
ley orgánica de reforma de la Ley orgánica 4/2000, de 11 de enero,
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, pase a debatirse en primer lugar.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda
aprobada la modificación del orden del día.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 4/2000, DE
11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA
Y SU INTEGRACIÓN SOCIAL. (Número de expediente 121/000012.)
La señora PRESIDENTA: Dictamen de Comisión del proyecto de ley
orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Mixto y, dentro de éste, tiene
la palabra el señor Puigcercós para defender las suyas.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, en los dos minutos que tengo
para defender mis 56 enmiendas, debo hacer un resumen pormenorizado
de nuestra voluntad. En primer lugar, en el título I, relativo a los
derechos y libertades de los extranjeros, nuestras enmiendas, que son
30, pretenden evitar la arbitrariedad y las discriminaciones en
contra de los extranjeros, ya que, si prospera la propuesta del Grupo
Popular, corren el riesgo de ser convertidos en ciudadanos de
segunda. El PP limita gravemente el derecho a la participación de los
extranjeros en las elecciones y en otros derechos fundamentales. En
este título presentamos, pues, 30 enmiendas que hacen referencia a no
condicionar los derechos de reunión, manifestación, asociación,
sindicación, huelga y educación.
Al título II hemos presentado 11 enmiendas y destaca lo referente a
la entrada y salida del territorio del Estado español. La propuesta
del Grupo Popular es que sólo se debe motivar la denegación del
visado cuando se trate de visados de residencia por reagrupación
familiar y se elimina la obligación de dictar soluciones dentro del
plazo. En el capítulo sobre situaciones de los extranjeros, la Ley 4/
2000 establecía un supuesto que permitía legalizar a los ilegales,
pero este mecanismo ha desaparecido. La reforma del PP rompe este
mecanismo y lo que está planteando es la legalización de cupos. Este
mecanismo genera inseguridad, puesto que no se sabe qué hará el
Gobierno en el futuro y condena a la ilegalidad a los no legalizados.
También en este aspecto hemos presentado una enmienda que hace
referencia a la capacidad de las comunidades autónomas -y en su caso
también de los ayuntamientos- para determinar la capacidad de
plantear condiciones sociales
de educación, de sanidad, de vivienda a estos nuevos ciudadanos.
Al título III Esquerra ha presentado 15 enmiendas, ya que sólo el
reconocimiento total de los derechos sociales y civiles de los
ciudadanos que llegan al Estado español puede dar derecho a exigirles
obligaciones. En lugar de tratar los flujos migratorios desde un
punto de vista político, la reforma prevista por el Gobierno tiende a
criminalizarla.
Finalmente, voy a hacer una reflexión final para defender todas las
enmiendas. El cambio entre la ley que se aprobó en la legislatura
pasada, que no ha entrado plenamente en vigor, y esta ley es un
cambio que se podría determinar como la diferencia que hay entre
quien quiere mano de obra y quien quiere ciudadanos. A nuestro
entender, las restricciones que presenta el actual redactado, la
incapacidad de absorber y asumir como ciudadanos de primera a todos
estas personas que han venido a vivir en mejores condiciones en
nuestro Estado, determina una situación de ilegalidad, de trabajo en
régimen de esclavitud y que va a condicionar mucho la situación de
estas personas.Con esta ley no se busca ciudadanos sino mano de obra
barata, y, después de aprobarla, empezará un segundo gran debate
porque si el Gobierno continúa en su voluntad de no aceptar enmiendas
ni cambios sustantivos de la ley, nos encontraremos con una situación
explosiva: miles de ciudadanos sin papeles, miles de ciudadanos sin
condiciones sociales, laborales, de vivienda, de educación; una
situación que, si como parece ser puede traer cierto retroceso en el
crecimiento económico, puede llegar a ser insostenible. El único
responsable de esta situación será el Gobierno con esta ley
restrictiva, una ley para cuyo desarrollo tampoco se prevé en los
Presupuestos Generales del Estado partidas específicas para dotar a
las comunidades autónomas, a los ayuntamientos, a los ministerios
afectados, de condiciones, de mejoras sociales, educativas,
sanitarias, de viviendas, de integración en definitiva de estos
ciudadanos que tienen los mismos derechos que tenemos los nacidos
aquí o que han asumido en este caso el pasaporte español.
Por estas razones, mantenemos todas nuestras enmiendas a la totalidad
a los diferentes artículos de este proyecto de ley, que desde
Esquerra Republicana entendemos absolutamente regresiva.
Gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Puigcercós.
Señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, planteábamos en la enmienda a la totalidadque este proyecto
de ley era una contrarreforma, porque
en especial hacía una reforma -valga la redundancia- de todas las
materias, especialmente los derechos y libertades que se habían
establecido en la anterior ley y que habíamos consensuado entre
todos.
Creíamos que ello no era admisible, y por eso en nuestra larga lista
de enmiendas centrábamos nuestra posición en recoger y retomar todos
los derechos y libertades que en su momento entendíamos y seguimos
entendiendo tienen que tener los extranjeros que se encuentran en
nuestro territorio. Por eso hacíamos referencia a derechos tan
importantes como el de la sindicación, la huelga o el derecho de
reunión, la educación infantil y también, a posteriori, de la
educación obligatoria, y, por ejemplo, hablábamos de ampliar el
derecho a la vivienda o a la reagrupación familiar.
A lo largo de toda esta tramitación, no puedo extenderme demasiado,
ha podido haber mejoras técnicas en algunos de los temas, pero
subyace, dentro de lo que es el proyecto de ley, en ese espíritu de
contrarreforma - vuelvo a insistir- más un espíritu de control, un
espíritu de frontera, algo que no debe ser recogido en una ley como
ésta, sino que debiera ser un espíritu de integración.
Como decía antes, a lo largo de la tramitación es verdad que se nos
han admitido enmiendas a los distintos grupos, se han mejorado
cuestiones, como hablaba anteriormente en el tema de educación, pero
no lo suficiente como para que podamos cambiar nuestra posición con
relación a lo que entendemos que ha sido esta contrarreforma, a lo
que entendemos que ha sido la intención del Gobierno al presentar un
proyecto de ley que ha pretendido anular el espíritu de integración
que planteábamos los distintos grupos que trabajaron en la anterior
ley y por tanto no podemos dar nuestro apoyo positivo al conjunto de
la ley.
No quisiera ser menos sincera al señalar que en ese intento de aunar
voluntades se han recogido cuestiones importantes, se han mejorado,
como decía anteriormente, cuestiones como el tema de la reagrupación
familiar en algunas situaciones, se ha hablado de admitir
determinadas cuestiones del derecho de asistencia letrada, se ha
hablado de mejorar temas concretos y puntuales, como el de libertad
de circulación; es decir, reconocemos que ha habido mejoras técnicas,
pero sin que supongan una modificación esencial de ese espíritu que
presentaba el proyecto de ley y que sigue manteniendo. En este
momento, por ejemplo, en el tema de reunión, sindicación o huelga, no
es admisible que se admitan los derechos como tal pero no se permita
ejercerlos a los extranjeros que están en nuestro territorio.
En definitiva, señorías, el espíritu se mantiene, admitimos las
mejoras técnicas, pero no es suficiente para decir que mantiene el
espíritu de aquella ley que a nosotros nos gustaba mucho más.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Núñez Castain.
El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, el fenómeno de
la migración, los fenómenos que intenta contemplar la Ley de
extranjería, derechos y libertades e integración social, sin duda
trasciende con amplitud de lo contemplado en la ley, sin duda que hay
muchos aspectos que deberán ser considerados en otras legislaciones
paralelas o con otros convenios. Desde la posición andalucista no
presentamos en su momento enmienda a la totalidad en nuestras
conversaciones con el Gobierno y nuestra tesis se resumía en admitir
todo tipo de mejoras técnicas, que en alguna medida se han
incorporado a este proyecto de ley, pero sin movernos respecto al
reconocimiento de los derechos y las libertades de los inmigrantes.
Nos parece que se ha hecho un esfuerzo desde el punto de vista
técnico, se han incorporado enmiendas, aunque no todas las
presentadas por el Partido Andalucista; se ha admitido una
textualmente y hay varias transaccionales respecto a las relaciones
con las comunidades autónomas y respecto a otras cuestiones, pero
sobre todo yo creo que estos aspectos técnicos no tienen nada que ver
con el nudo gordiano de la cuestión, que eran los derechos y
libertades, derechos fundamentales que desde nuestro punto de vista
no son correlatos con la situación administrativa o jurídica de
permanencia , sino que son derechos del ser humano que deberían haber
sido incorporados a la ley -derecho de reunión, de asociación, de
sindicación-, derechos que además en términos coloquiales entendemos
que no comen pan, por lo que no nos explicamos cómo no han sido
incorporados. Tan sólo podrían ser discutidos desde la posición
ideológica, no desde la repercusión social de haber sido admitidos, y
por tanto derechos sobre los que hemos estado esperando durante este
tiempo que, tras las conversaciones o negociaciones entre el Gobierno
y sobre todo el principal grupo de la oposición, se hubieran puesto
sobre la mesa las soluciones a estas cuestiones.
Por tanto, desde nuestro punto de vista hay un reconocimiento a las
mejoras técnicas de la ley y a la parte que se ha admitido, pero no
hay un convencimiento respecto al reconocimiento de los derechos. Se
da un fenómeno muy contradictorio, por el que aquí parece que están
mucho más pendientes de los flujos de entrada que de otra cosa,
cuando en otras comisiones, entre ellas la del Pacto de Toledo,
estamos hablando de otras dimensiones del problema e incluso de
flujos necesarios en el futuro desde el punto de vista del mercado de
trabajo. Por tanto, como todo esto es complejo, quiero dejar clara la
posición andalucista de deslindar su apoyo a las enmiendas que
ofrecen mejoras técnicas a la ley y su rechazo al no reconocimiento
de estos derechos fundamentales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, dijimos por parte del Bloque Nacionalista Galego en el
debate de totalidad que no renunciábamos a mejorar el proyecto a
pesar de nuestra oposición al mismo, y prueba de ello fue el numeroso
grupo de enmiendas que presentamos. Tenemos que decir que compartimos
con alguna otra organización política representada en esta Cámara la
honra, porque para nosotros es un honor, de que en este texto no haya
ni una sola coma ni una sola letra introducida por el Bloque
Nacionalista Galego, no nos aceptaron ni una enmienda. Reconocemos,
sin embargo, que en algo se avanzó en materia de reagrupación
familiar o en materia de tratamiento de los menores inmigrantes, pero
son avances insuficientes y casi me atrevería a decir que meramente
cosméticos, por ejemplo en lo que para nosotros y para el Tribunal
Constitucional son derechos fundamentales. ¿Qué es esto de reconocer
un derecho pero remitir su ejercicio a la adquisición o al acceso a
un status de legalidad? Pues es, aparte de un absurdo jurídico, una
determinación legal contraria a la Convención Europea de Derechos
Humanos y a la Convención Internacional para la protección de todos
los trabajadores emigrantes y de sus familiares aprobada en el seno
de las Naciones Unidas y, por cierto, si mis informaciones no me
fallan, pendiente de ratificar -no me extraña- por el Estado español.
Pero es que incurren ustedes también en contradicción. El artículo 18
dice que están legitimados en los procedimientos administrativos en
materia de inmigración las asociaciones de defensa de los
inmigrantes; sin embargo, en el artículo 8 niega el derecho de
asociación a los inmigrantes ilegales. Por tanto, díganme, qué tipo
de asociaciones van a ser ésas, cuando los procedimientos más
importantes, los potencialmente más erosivos de derechos
fundamentales, serán precisamente los que se refieran a inmigrantes
en situación de ilegalidad.
En cuanto a la expulsión preferente del artículo 62, sigue este
procedimiento que supone, desde nuestro punto de vista, una violación
clara del derecho a la tutela judicial efectiva. Incluso para las
personas de origen español, incumplieron ustedes el lunes de la
semana pasada el compromiso de presentar al Consejo General de la
Inmigración un proyecto de ley de reforma del acceso a la
nacionalidad española, pero mantienen aquí, para las personas de
origen español, únicamente una exención de tasas y no, como sería
interesante, una exención de los permisos de residencia y de trabajo.
Ya no pueden alegar ustedes obligaciones comunitarias. Anteayer la
Comisión Europea -decía la prensa- entonó el mea culpa por la
política que esta institución
siguió en materia de inmigración en los años pasados, reconoció la
contradicción entre unas leyes restrictivas, que no frenaron los
flujos migratorios clandestinos, y los planes de regularización de
trabajadores inmigrantes.
Nos oponemos a este proyecto de ley, mantenemos nuestras enmiendas, y
aprovecho el trámite para dar por defendidas las enmiendas de la
Chunta Aragonesista, del señor Labordeta, sobre todo porque este
proyecto de ley -lo dice la Comisión Europea- no va a frenar los
flujos inmigratorios clandestinos, y al negar derechos a estos
trabajadores lo que va a hacer es condenarlos a las mafias de tráfico
de personas y a la explotación laboral, sin que tengan instrumento
alguno para su defensa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por último por parte del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor
Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre de Iniciativa per Catalunya-Els Verds, quiero
expresar, como manifesté en el debate de totalidad, nuestro rechazo
al proyecto de ley que hoy el Gobierno trae a esta Cámara. Es un
rechazo fundamentado en dos grandes razones. La primera es que en la
legislatura pasada habíamos conseguido un pacto de Estado sobre la
inmigración, y cuando hoy el Gobierno o dirigentes del Partido
Popular llaman al consenso hay que decir: Señores, el consenso
después de dos años de trabajo, después de que tres formaciones
políticas presentáramos textos alternativos completos, lo alcanzamos,
existía el consenso.
Sin embargo, más allá del consenso, la pregunta es: señoras y señores
diputados del Grupo Popular, ¿consenso sobre qué? Esta es la pregunta
que nos mueve a rechazar este proyecto. Para nosotros consenso en
inmigración sólo quiere decir una cosa, consenso alrededor del
reconocimiento de la igualdad en derechos y libertades de las
personas inmigradas. Para nosotros, no hay otro consenso posible que
no parta del reconocimiento de la igualdad de derechos. Y el proyecto
que se nos presenta hoy significa una contrarreforma importante por
tres razones. Primera, porque dificulta la vía ordinaria de
regularización de las personas que ya están aquí; segunda, porque
aumenta las facultades y las posibilidades de expulsión; la tercera y
fundamental es porque esta ley recorta los derechos de las personas
inmigradas y establece dos tipos de ciudadanos, unos con todos los
derechos y otros sin derechos.
Estos días leía un libro de Julia Kristeva -al que ya hice referencia
en el debate de totalidad y al que hoy vuelvo a citar- que se titula
Extranjeros para nosotros mismos, en el que explica perfectamente
esto. Digo
que hay que hacer un consenso alrededor de la igualdad de derechos de
los ciudadanos, y, simbólicamente, fíjense ustedes qué modificación,
señoras y señores del GrupoPopular, han introducido ustedes. El
artículo 3 de la vigente ley, en su título, dice lo siguiente:
Igualdad con los españoles e interpretación de las normas; en la
actual ley vigente el título del artículo es el de igualdad con los
españoles. ¿Qué han hecho ustedes? Evidentemente han cambiado el
título porque no están de acuerdo, y han puesto como título: derechos
de los extranjeros.
Quiero recordar aquí hoy que en 1789 la Asamblea francesa redactó y
aprobó la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano,
texto que aún no ha sido superado desde el punto de vista de las
libertades democráticas y de estos dos siglos. El artículo 1 de esa
declaración dice: Los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales
en derechos. En 1789 la primera frase de la Declaración de la
revolución burguesa y del reconocimiento de las libertades
individuales dice: Los hombres nacen y siguen siendo libres e iguales
en derechos. Pues bien, aquello que hoy existe en el Estado español,
la igualdad con los españoles, ustedes no lo reconocen, echan para
atrás la primera frase de la Declaración de los derechos humanos de
1789.
Por esta razón, insisto, vamos a rechazar, y lo hacemos
contundentemente, este proyecto de ley que significa una
contrarreforma desde el punto de vista de la igualdad de las personas
en el Estado español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición
Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas
ante la Cámara, mi grupo parlamentario, Coalición Canaria, fue muy
crítico con la actitud del Gobierno con respecto a la ley actualmente
en vigor, en el sentido de que era una ley fruto de la ruptura del
consenso, que era una ley que se había conseguido realizando unas
modificaciones unilaterales por parte del Grupo Parlamentario Popular
en el tránsito de la misma por el Senado y que era una ley que se
había instrumentalizado desde el punto de vista político como arma
arrojadiza contra aquellas otras formaciones políticas que habíamos
pactado este texto en el período legislativo último. Decíamos que ese
no era el camino para llevar a cabo las modificaciones propuestas por
el Gobierno; que era necesario un gran esfuerzo para alcanzar un
amplio consenso en una ley de esta naturaleza, que debe tener el
objetivo de no ser una ley coyuntural sino que permanezca en el
tiempo; que había que huir de los
intentos de capitalizar de forma partidista este asunto; que era
necesario conseguir, mediante las enmiendas correspondientes, una ley
equilibrada que regulara la capacidad de acogida, la integración
social, el respeto a los derechos de los inmigrantes, el
endurecimiento de las penas para los traficantes, los compromisos
políticos de solidaridad y cooperación, la flexibilidad para resolver
la situación de los más de 50.000 inmigrantes que presentaron
documentación y que tenían algún problema en estos momentos para su
regularización, y que respetara la singularidad que tiene cada uno de
los territorios del Estado en esta materia.
Pues bien, Coalición Canaria entiende que en el tránsito que hemos
llevado hasta ahora de este proyecto de ley se ha hecho un enorme
esfuerzo por intentar conseguir el gran consenso que nosotros
demandábamos. A veces con el esfuerzo no siempre se consiguen
acuerdos, pero en este caso y en honor a la verdad tenemos que decir
que se ha hecho un enorme esfuerzo de diálogo, de intento de
consenso, de intentar conseguir una mayoría social importante de
respaldo a esta ley.
Tenemos que decir también, para ajustarnos a la verdad, que en todo
este proceso se ha trabajado desde la discreción, alejados de
posiciones partidistas, desde la generosidad y desde el respeto a la
posición que ha defendido cada uno de los grupos parlamentarios.
Gracias a ese esfuerzo, a esa disposición, a ese diálogo, a esa
discreción con la que se ha trabajado se ha conseguido un proyecto de
ley, mejorable como todas las cosas, pero que hasta el momento es
equilibrado. Es innegable que en los trabajos previos, en los
trabajos en Comisión, en las nuevas enmiendas que hoy se presentan
ante el Pleno se ha avanzado mucho. No reconocerlo es no mirar
objetivamente la realidad de un texto que ha sido mejorado en más de
40 enmiendas, en algunos casos literales y en otros transaccionales.
En nuestra opinión se ha avanzado bastante en todos los aspectos
relacionados con los derechos de los inmigrantes, particularmente los
relativos al sufragio, a la sindicación y huelga, al reagrupamiento
familiar, a la educación, a las garantías procedimentales. Es cierto
que todavía hay cosas que se pueden mejorar. Nosotros vamos a
mantener nuestras enmiendas respecto a los artículos 7 y 8, a los
derechos de reunión de asociación y de manifestación. Si se mantiene
esa disposición al diálogo, al entendimiento, a intentar conseguir un
consenso, es posible avanzar en los aspectos en los que en estos
momentos aún no hemos logrado un punto de entendimiento. En general,
en los aspectos relacionados con los derechos, hemos avanzado mucho.
En las políticas integrales en materia de educación, planteábamos que
en el cuerpo de la ley se contemplara que era necesario que los
problemas de la inmigración no se resuelvan sólo con una ley, sino
que se contemplaran políticas integrales, políticas de solidaridad y
de cooperación, que quedaran reflejadas en el inicio de cada
legislatura. El reconocimiento a la necesidad de
políticas de solidaridad y de cooperación no está en el cuerpo de la
ley, pero sí en la exposición de motivos. Por otra parte, parece que
en estos momentos el único problema que tenemos con la inmigración se
reduce a un aspecto, cuando hay otros que preocupan a la sociedad
española de una forma clara y contundente. Se endurecen claramente
las penas para los traficantes, para los pateristas, y eso en algunos
territorios donde estamos sufriendo directamente el problema de la
inmigración sabemos que es un aspecto muy importante. A nuestro
juicio, se consigue adecuadamente mediante las correspondientes
enmiendas presentadas, en este caso, por el Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Por otra parte, a través de las correspondientes
enmiendas y en colaboración con las organizaciones sindicales
y empresariales, se tiene en cuenta el contingente de mano de obra que
se ofrece a los trabajadores extranjeros no residentes en España y se
fija el número y características de la oferta de empleo y sectores y
actividades profesionales, otro de los planteamientos que habíamos
propuesto los distintos grupos parlamentarios. Se abre la posibilidad
de la regularización de aquellos que presentaron la documentación y
que en estos momentos, por cuestiones que todavía son salvables, aún
no la han legalizado. En este periodo de trabajo se ha producido un
gran avance al darles la posibilidad de complementar su documentación
para que puedan quedarse en nuestro país los miles de inmigrantes que
en estos momentos no tienen su situación regularizada. Mediante las
enmiendas que vienen al Pleno se mejora considerablemente el artículo
23, requisitos de entrada en el territorio; el 25, la expedición de
visados; el 29, situación de la residencia temporal; el 32, la
residencia de apátridas, indocumentados y refugiados; el 9, el
derecho a la educación y el derecho a la asistencia jurídica
gratuita. Dentro de esa línea de esfuerzos por alcanzar acuerdos,
valoramos de forma positiva el que se presente hoy en el Pleno la
disposición de distintos grupos parlamentarios. Es loable el esfuerzo
que ha hecho el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por
mejorar el texto legal y la disposición del Grupo Parlamentario
Popular a aceptar estas enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria. Se contempla la posibilidad de constituir
subcomisiones en el seno de las comisiones bilaterales entre el
Estado y las comunidades autónomas para analizar cuestiones acordes
con las necesidades de cada una de las comunidades autónomas en
materia de extranjería. En particular, en el caso de Canarias, donde
su estatuto de autonomía contempla la posibilidad de una regulación
especial en esta materia, se admite que se creará una subcomisión
especial, dentro del seno de la comisión bilateral, para tratar todos
aquellos temas relacionados con la inmigración que afectan al
archipiélago canario.
En resumen, mantenemos nuestras enmiendas a los artículos 7 y 8,
derechos de reunión, asociación y manifestación.
Pensamos que todavía se pude mejorar esa redacción y
existe la posibilidad de diálogo, de esfuerzo para poder buscar un
punto de encuentro en el trámite que le queda todavía a esta ley. Por
otra parte, se ha conseguido un texto aceptable, fruto de la
disposición al trabajo por parte de todos. Esperamos que esa
disposición se mantenga en lo que queda de trámite en el Senado, para
encontrar, si es posible, una mayor aproximación entre los distintos
grupos parlamentarios y que consiga una mayoría parlamentaria más
amplia. Por tanto, vamos a votar favorablemente al conjunto de la
ley.
Para finalizar, señora presidenta, voy a repetir algo que es muy
importante. En estos momentos, una gran parte de la sociedad
española, que está preocupada con el tema de la inmigración, va a
pensar que con una nueva ley se van a resolver todos los problemas de
los extranjeros en España, y eso es utópico. Los problemas de la
inmigración no quedan resueltos sólo con una ley; los problemas de
inmigración hay que afrontarlos también desde la necesidad de mejorar
el control de fronteras, desde políticas integrales para atender este
fenómeno, desde políticas de solidaridad y de cooperación
fundamentalmente con los países del África más cercana, con acuerdos
bilaterales con los países de origen de los inmigrantes que en estos
momentos son los más afectados, con compromisos serios con el Reino
de Marruecos, con políticas globales desde la Unión Europea. Si no
enfocamos los problemas desde este punto de vista global, estaremos
equivocándonos. Lo más importante no es lo que consigamos con esta
ley, sino lo que aún queda por hacer en materia de residencia de
extranjeros en España.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV),
la señora Uría tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Vasco comenzó la andadura de este texto en la
Cámara presentando una enmienda a la totalidad por entender que era
excesivamente precipitado el sostener que la Ley 4/2000 había
acreditado durante su vigencia su falta de bondad para hacer frente
al fenómeno emigratorio, teniendo en cuenta que llevaba escasísimos
meses todavía en vigor y sosteniendo que era una voluntad firme del
Gobierno su modificación desde antes de que hubiese sido
definitivamente aprobada. Nuestros mayores escollos para aceptar la
tramitación de la ley nueva eran los de excluir al colectivo de
extranjeros del importante disfrute de un número de derechos que nos
parecían fundamentales. Igualmenteobjetábamos el amplio margen de
discrecionalidad que
mantenía la Administración respecto de las resoluciones
administrativas a las que esta ley se refería. Finalmente, el exceso
de exclusiones en materia de infracciones, sanciones y determinados
aspectos competenciales. Sin embargo, debo manifestar que durante su
tramitación ha habido sustanciales cambios a mejor que nos llevaron
ya en Comisión a dar el voto favorable a algunos preceptos,
a abstenernos en otros y a manifestar que esperábamos mejoras para su
tramitación en el Pleno. Estas mejoras se han dado, efectivamente, y
mi grupo quiere poner de manifiesto el talante manifestado desde la
Delegación del Gobierno y desde los grupos participantes en las
tramitaciones, singularmente desde el grupo mayoritario. Nos gustaría
que lo que fue el acuerdo estelar obtenido en Comisión sobre
regularización de quienes no consiguieron hacerlo con la Ley 4/2000,
lo que es la disposición transitoria cuarta, pudiese tener alguna
mejora durante la tramitación de esta ley en el Pleno. El obstáculo
mayor que mi grupo ve para poder dar el voto favorable hace
referencia al tratamiento que recibe todavía el reconocimiento de
determinados derechos fundamentales. Tendente como soy al optimismo,
no descarto poder argumentar -será la parte más extensa de mi
exposición-, intentando convencer a SS.SS. de que estos derechos
deben ser reconocidos.
Sostenemos enmiendas a los artículos 7 y 8 de la ley porque, tal y
como están redactados, se condiciona en España el ejercicio por los
extranjeros de los derechos de reunión, manifestación y asociación a
la obtención por aquéllos de la autorización de estancia o de
residencia. A nuestro modo de ver, tal condicionante es injustificado
y, por tanto, deviene inconstitucional.Esta afirmación no la hacemos
porque sí, sino que la fundamos en los siguientes argumentos: estos
derechos son, por una parte, instrumentos de participación de las
personas en los asuntos públicos y, por otra, medios de desarrollo de
la personalidad y de la defensa de los derechos de aquéllas a través
del contacto y de la comunicación con otras personas y al amparo de
la fuerza del grupo. Son, en consecuencia, derechos indisolublemente
unidos a la dignidad y a la libertad de las personas sin los cuales
no puede manifestarse una de las dimensiones fundamentales de la
condición humana, la de la relación con los semejantes para el
desarrollo y el reforzamiento de lo que les une, ni ejercerse la más
importante de las facultades que definen la condición del sujeto-
derecho miembro de una comunidad: la de participar colectivamente en
los asuntos de interés general expresando ideas, realizando críticas
o reclamando derechos. Si estamos de acuerdo en esto, coincidiremos
en que estamos ante derechos que, por definir la esencia de la
dignidad humana, deben, según lo declarado por el Tribunal
Constitucional, ser reconocidos a todas las personas en cualquier
parte del mundo y frente a cualquier poder público, estando por ello
el Estado español obligado a reconocerlos y ampararlos incluso frente
a actuaciones de otros Estados. Citaré, al
respecto, la sentencia 91/2000 del propio Tribunal Constitucional.
Siguiendo esta lógica, se aprecia con claridad que no tener
autorización de estancia o residencia en España no es motivo
suficiente para privar a una persona de los referidos derechos, pues
los tiene por ser persona y no por ser ciudadano de un determinado
Estado o por poseer una autorización administrativa para estar o
residir en un territorio. Hay que tener en cuenta que los derechos
fundamentales de referencia se presentan más necesarios para la
libertad y la dignidad de las personas cuanto más débil es la
situación social y jurídica de éstas, y es notorio que la limitación
que estamos analizando afecta a uno de los colectivos más marginados
y desprotegidos que la sociedad actual ha creado: el de los
inmigrantes forzosos no regularizados. No es demagogia afirmar con
rotundidad e indignación que se está negando a los más débiles la
posibilidad de unir sus fuerzas para elevar sus legítimas protestas
en libertad y en paz. Si, como pensamos, la condición de extranjero
no autorizado a residir o estar en España no es razón suficiente para
negar el ejercicio de los referidos derechos, habría que aportar
otros motivos, los cuales no podrían ser distintos de la necesidad de
salvaguardar el orden público u otros valores o derechos
constitucionales. Tal aportación no la ha hecho el Gobierno; no se ha
presentado argumentación alguna que justifique la concreta regulación
que nos ocupa. Desde otra perspectiva, debe señalarse que no puede
justificarse el condicionante analizado considerándolo una respuesta
sancionadora a la ilegalidad de la situación de extranjero, y ello
porque estaríamos ante una sanción meridianamente desproporcionada.
También nos parece injustificado, y sostenemos enmiendas, el
condicionante que se hace en el artículo 11.1 al ejercicio por los
extranjeros de los derechos de sindicación y huelga. Retomando lo que
hemos dicho respecto de los derechos de reunión, manifestación y
asociación y teniendo en cuenta la naturaleza tuitiva de los derechos
de sindicación y huelga, cabe sostener que resulta arbitrario privar
de los mismos a uno de los colectivos de trabajadores más vulnerables
que la sociedad puede presentar: el de los inmigrantes extranjeros
sin permiso de trabajo. Para esas personas el trabajo es una
necesidad imperiosa y la carencia de un permiso de trabajo no permite
obviar la realidad de las relaciones laborales, por ilegales que
éstas sean, que se establecen en el territorio del Estado. Si
partimos de tal realidad, esa carencia no justifica el condicionante
legal que analizamos pues los derechos de sindicación y de huelga
pertenecen al que trabaja por muy ilegalmente que lo haga -repito-.
Es el hecho de trabajar el que justifica la existencia de los mismos;
por tanto, el que exista o no una autorización administrativa debe
ser indiferente en lo tocante a su titularidad y ejercicio. Los
referidos derechos van indisolublemente unidos al derecho al trabajo
por lo que negar aquéllos supone
negar éste y, al negarlo, se niega el derecho a una vida digna. Un
extranjero no regularizado según las normas internas podrá ver
limitados o negados ciertos derechos sociales que forman el régimen
jurídico del trabajador, pero no verse privado del derecho mismo al
trabajo ni de los corolarios que definen la dignidad de ese trabajo
y permiten su defensa, entre los que con toda evidencia se encuentran
los derechos de huelga y de sindicación. Por eso, señorías, en ningún
caso mi grupo va a poder dar su voto favorable a los artículos 7, 8 y
11; mantenemos, por tanto, nuestras enmiendas números 138, 139 y 140,
puesto que la 137 estaba ya incorporada al texto del dictamen,
respecto de la cual quisiera hacer en este momento una salvedad. He
hablado del buen tono evidenciado en la negociación de esta ley y del
tenor del artículo 5, tal y como quedó redactado en el texto del
dictamen, que lo era con una enmienda del grupo al que represento, el
Vasco (PNV), que ofrecía una redacción que puede parecer que suscita
alguna dificultad técnica o, cuando menos, desde el grupo mayoritario
en la Cámara y desde el propio Gobierno se me solicita que formule un
voto particular para darle una redacción distinta en este momento.
Quiero ser receptiva a este planteamiento y no veo inconveniente en
proponer a los grupos que el texto del artículo 5 sufra una
modificación respecto de cómo fue aprobado en Comisión, cuando se
dice que la libertad de circulación podrá restringirse en resolución
individualizada del ministro del Interior -decía antes- adoptada en
el seno y de acuerdo con las garantías. La modificación que se
pretende es que diga: Por resolución del ministro del Interior y de
acuerdo con las garantías jurídicas del procedimiento sancionador
previsto en la ley. Alo largo de la tramitación de la ley la aportaré
por escrito a los servicios técnicos de la Cámara.
Nuestra enmienda 141 se refería al artículo 19.2 en cuanto al derecho
al recurso y la ejecutividad de los actos administrativos -que
debiera ser el mismo sistema en general- en beneficio del artículo 24
de la Constitución. Debo considerar que aunque la redacción no es
enteramente satisfactoria, tal y como ha quedado el texto aprobado en
Comisión es notablemente mejor que el inicial en el texto del
proyecto. La enmienda 142 que sostenemos hace referencia al artículo
25 intentando la motivación de la denegación del visado en todo caso,
que el texto definitivamente aprobado limita a los casos de
reagrupación familiar o para el trabajo por cuenta ajena. En estos
casos sí se expresarán los motivos, recursos y plazos. La mención a
la denegación por estar incluido en la lista de personas no
admisibles del Convenio de aplicación Schengen nos parece una
precisión correcta y mi grupo está en condiciones también de decir
que le parece acertado el texto de lo que se ha mantenido. En cuanto
a nuestra enmienda 143, que hacía referencia a qué preceptos de la
ley deben ser considerados orgánicos y cuáles no, nos parece que no
es una cuestión en absoluto baladí, es una cuestión técnica pero que
tiene extraordinaria importancia en el texto de una ley en la que se
ha seguido una técnica legislativa de mantener viva parte de la Ley
4/2000 y hacer otras correcciones. Por tanto, la referencia a qué
preceptos de la Ley 4/2000 mantienen el carácter de orgánico y qué
preceptos de la ley que ahora aprobamos no lo mantienen debiera
hacerse con la mayor claridad técnica. Teníamos una enmienda
presentada al respecto, la 143; se nos pidió una mayor concreción y
claridad técnica, la hemos apartado y presentado en este momento a
los grupos, la ofrecemos como transacción en este momento al texto
del dictamen, repito, de tal forma que quedaría que son orgánicos los
preceptos de la Ley 4/2000, según el orden correlativo que ahora se
establece, todos los contenidos en el título I, salvo los artículos
10, 12, 13 y 14; del título II serían orgánicos los artículos 23 y
29.2; en el título III serían orgánicos los artículos 52, 53.1 y del
56 al 63, y asimismo serían orgánicas la adicional segunda, la
derogatoria y el apartado primero de la disposición final de la
presente ley, así como las disposiciones finales de lo que era la Ley
4/2000, porque todas ellas hacen referencia a materia penal, que
indudablemente debe tener tal carácter. Sin que se nos tache de
excesiva soberbia en cuanto a la pericia en el texto definitivamente
aprobado, de esta forma queda correctamente redactado, desde el punto
de vista de los títulos competenciales y de las fuentes, qué parte de
la ley es orgánica y cuál no.
La enmienda 144 que queda viva era una enmienda típica de sin
perjuicio, y hacía referencia a competencias que consideramos
estatutariamente asumidas por el Estatuto de Guernica en relación con
la dicción del artículo 17. Aunque no nos sea aceptada preferiríamos
que lo fuese, lo diga o no el texto de la ley (si las competencias se
tienen se tienen), y aunque hubiésemos preferido la constancia en el
texto, manifestamos que tampoco nos causa excesivo obstáculo su no
aceptación. He hecho referencia a mejoras en el Pleno y al
conocimiento que tenemos de las transacciones que van a aprobarse en
este trámite, fruto algunas de ellas de enmiendas del Grupo
Socialista y otras del Grupo de Convergència i Unió; todas ellas son
significativos avances en cuanto a la tutela de derechos. En cuanto a
la asistencia jurídica gratuita, a la que hace referencia el artículo
20, se recoge la petición de Acnur, Alto Comisionado para los
Refugiados, aunque debemos añadir también, como tantas veces lo hemos
manifestado ante esta Cámara, que en el ámbito vasco ya se presta
esta asistencia jurídica gratuita con mayor amplitud. Nos satisface,
sobre todo, la referencia que se hace en el artículo 32, recogiendo
lo que distintas organizaciones habían establecido respecto del
artículo 56, en sus puntos 5 y 6, haciendo alusión al Convenio de
Ginebra sobre el estatuto de los refugiados en lo que hace referencia
a la expulsión del territorio. Nos suscita alguna duda la adición de
determinados preceptos de
los artículos 53 y 54 en cuanto a las consideraciones que Amnistía
Internacional hace al respecto y también el que no exista la
salvaguarda del principio de no devolución cuando haya duda de que
quien vaya a ser devuelto pueda ser objeto de tratos crueles,
inhumanos o degradantes. Mi grupo intentará introducir estas
modificaciones en el Senado.
En todo caso, señorías, la tramitación de esta ley ha sido un ejemplo
a seguir en cuanto a las maneras, al talante y también a los
contenidos. Nos queda la objeción -que no ignoramos que es durísima-
del contenido de los derechos fundamentales a que me he referido de
manera más extensa. De seguir así el talante abierto en el Senado, de
haber sido yo quizá lo suficientemente convincente, mi grupo no
descarta que en la votación definitiva del texto cuando éste vuelva a
esta Cámara pueda dar incluso su voto favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Presidenta, diputados, diputadas, en primer
lugar voy a decir que Izquierda Unida continuará estando y trabajando
con todas las organizaciones de defensa de los derechos humanos, en
el foro de la inmigración, con toda esta buena gente que a pesar del
retroceso de esta ley continuará defendiendo los derechos humanos, en
este caso de los inmigrantes. Quiero citar de forma específica a la
iniciativa Papeles para todos y todas, ningún ser humano es ilegal,
y muchas otras organizaciones que han estado presentes en todo este
debate con propuestas importantes y además en la defensa de la Ley
que se aprobó en enero de este año. Debo recoger también la crítica
que hace la organización Médicos sin Fronteras, poniendo en marcha
una serie de alternativas que son interesantes, atendiendo al
análisis que ellos han hecho de la situación que se produce en la
recepción -eso de recepción es un eufemismo, es un decir-, en la
llegada masiva de inmigrantes por Algeciras, por Tarifa, por todas
las playas de Cádiz, ya que son gentes que la mayoría de las veces no
tienen la suficiente o la imprescindible atención médica y
humanitaria. Médicos sin Fronteras pone en marcha una serie de
iniciativas, además de denunciar esta situación. Por tanto, pediría
al Grupo Popular que transmita al Gobierno, si tiene tiempo
y atención para ello, las propuestas para la solución de este problema.
Se lo comento al señor ministro mientras habla por teléfono.
Dejémonos de hipocresías, señorías, y miremos las cosas cara a cara y
especialmente dos cosas en el momento de continuar el trámite de esta
ley, porque es importante para el futuro, esta es la realidad que
habrá en el futuro, que continuará existiendo en el futuro. Quiero
señalar solamente dos cuestiones:
el mercado necesita mano de obra; como el mercado no suele
ser muy humanista, si la mano de obra es barata y sin derechos mejor;
esto continuará existiendo. Como el mercado mundial ha empobrecido
zonas y pueblos enteros, es decir, cuanta más globalización más
miseria, más guerras y más enfrentamientos, es necesario contemplar
esta realidad del mundo en el momento de abordar el debate sobre la
mal llamada Ley de extranjería, porque es un elemento estructural de
la realidad económica, social y laboral que hay en el conjunto del
mundo, y muy en concreto aquí, cerca de nuestras fronteras del sur.
Desde hace tiempo hay signos de que hemos llegado a una especie de
fin -y no quisiera ser muy catastrofista ni hacer una glosa de este
fin de civilización que veo- y tenemos que abordar los problemas
existentes desde otro punto de vista. La Unión Europea tiene una
obligación especial para todo esto, que no es únicamente evitar, a
través del blindaje de las fronteras, que venga la gente a comer, a
beber agua potable, a curarse, a educarse, sino intentar también
buscar alternativas, poniendo en marcha programas de desarrollo para
todos estos países, y España está dentro de la Unión Europea. En
segundo lugar, y muy ligado a esto, la gente se marcha de sus países
porque no quiere el hambre, no quiere la sed por no poder beber agua
potable, no quiere morir de una enfermedad curable, no quiere morir
por las guerras que producen estas situaciones, etcétera. Tenemos un
problema estructural centrado en nuestra realidad; teniendo en cuenta
la Ley de derechos y libertades de los extranjeros 4/2000, debemos
llegar a la conclusión de que en dos años, que finalizaron en
diciembre del año pasado, habíamos conseguido identificar desde la
política y el humanismo una serie de problemas, y habíamos llegado a
un acuerdo sobre una ley, la Ley 4/2000, que avanzaba en la igualdad
de derechos, en servicios universales, en el agrupamiento familiar,
en la regularización permanente y además era menos policial y más
humanista; por tanto, habíamos avanzado. Una ley que, a pesar de
todo, tenía innumerables controles policiales; es decir, no era una
ley permisiva, no era la ley del efecto llamada, como se ha
mencionado en una campaña propagandística. Era una ley que tenía
controles policiales, que impedía que aquí entrara quien quisiera
pero, al mismo tiempo, empezaba a plantear el problema desde un punto
de vista político y humano, y era menos policial. La nueva ley que
todavía no está en marcha, que se pretende aprobar las próximas
semanas, porque todavía está vigente la Ley 4/2000, recrudece las
exclusiones a los llamados indocumentados, ahora sólo es multa; niega
los derechos universales de huelga y asociación, así como todos los
derechos fundamentales a las personas extranjeras sin permiso de
residencia; aumenta el plazo de estancia para acceder a la
regularización permanente de 2 a 5 años; potencia y posibilita que se
amplíe la bolsa deextranjeros que viven y trabajan en España pero que
no
tienen condición de ciudadanos. Con todo ello, hay otro elemento que
genera contradicciones importantes a la sociedad española, en la
medida en que se produce un dumping social que hace que el trabajador
extranjero venda su fuerza de trabajo más barata. Por tanto, en el
mercado de trabajo se pueden presentar contradicciones importantes
entre trabajadores españoles y trabajadores que vienen de otros
países, con lo cual se producen segmentos de fenómenos de xenofobia,
de racismo, que pueden desembocar en situaciones más graves que las
actuales. Potencia y posibilita muchas otras cosas, además de todas
éstas, como son enfrentamientos en el ámbito de la sociedad española;
restringe el derecho a reagruparse; impide a los llamados sin papeles
el acceso a cursos formativos que no sean los obligatorios. En
conjunto, la ley tiene artículos que vulneran la Constitución
española, que vulneran la Convención Europea de Derechos Humanos y
que vulneran claramente normativas de la Organización Internacional
del Trabajo y de la Carta de Derechos Humanos de las Naciones Unidas;
todo ello, a pesar de algunas enmiendas que se han aceptado de otros
grupos que han mejorado la ley, quiero reconocerlo, pero no
sustancialmente. Hay enmiendas de Convergència i Unió así como de
otros grupos. También hay una enmienda del Grupo Socialista muy
importante, que va referida a que se contemplará la posibilidad
inmediata de conceder el permiso a aquellas personas que se les ha
denegado. En definitiva, esta ley que se quiere aprobar es una
contrarreforma de una ley que había sido consensuada, con un acuerdo
importante y con el trabajo de toda esta Cámara.
Por todo lo expuesto, nosotros mantenemos una serie de enmiendas que
eviten la supresión de derechos políticos, sindicales, de huelga, de
asociación y manifestación que son derechos, como todos ustedes
saben, universales y que no se pueden negar a ninguna persona, porque
negándolos a cualquier persona se niega la Constitución española, la
Convención Europea de Derechos Humanos, normativas de la Organización
Internacional del Trabajo y de la propia Carta de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas. Es una ley que evita la posibilidad de una
educación plena para todos los inmigrantes. Por tanto, nosotros
continuamos manteniendo enmiendas al derecho a la educación
universal, ayudas en materia de viviendas, al derecho a la intimidad
familiar, al reagrupamiento familiar, a evitar discriminaciones y
arbitrariedades en las fronteras, a evitar discrecionalidad en la
concesión de visados y a no reforzar los mecanismos de expulsión,
fortaleciendo con todo ello la regularización permanente de los mal
llamados clandestinos.
Nosotros mantenemos todas estas enmiendas porque nos parece que son
elementales, fundamentales. Si hubiera una apertura en las miras del
Gobierno en relación con toda esta serie de enmiendas, en el trámite
que todavía falta -en el Senado y en la vuelta aquí- seguramente
podríamos llegar a finales de año al consenso
que a su vez alcanzamos a finales de 1999. En este momento sí que
podría hablarse de que esta Cámara ha sido sensible a problemas que
existen en nuestra sociedad y que existen en el mundo actual y ser un
país avanzado en el desarrollo de derechos humanos, sin miedo a
traspasar derechos humanos relacionados con cartas de los derechos
humanos europeos, etcétera, pudiendo ser en este caso un país
avanzado en una cuestión tan candente para España, porque es una de
las puertas principales de las corrientes migratorias masivas que hay
a principios del siglo XXI. Por todo ello, pedimos que haga un
esfuerzo el Gobierno y el Partido Popular para atender estas
enmiendas y para tener la sensibilidad de poder salir hoy mismo ya de
esta Cámara con un principio de acuerdo que pueda culminar en las
próximas semanas en un acuerdo como al que llegamos en 1999.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Abordamos en el Pleno de esta mañana el retorno del texto del
proyecto de ley que el Gobierno empezó a tramitar en este período de
sesiones de reforma de la Ley 4/2000. Lo hacemos después de un
intenso debate en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso
y de unas intensas conversaciones de bastantes de los grupos de esta
Cámara, de manera muy significativa grupos canario, vasco, socialista
y mi propio grupo con el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular.
Es evidente que después de este debate intenso, de este diálogo
intenso, nosotros queremos destacar que ha habido una actitud
positiva por parte del conjunto de los grupos y por parte del propio
Gobierno, y de manera muy significativa por parte del delegado del
Gobierno para los asuntos de la inmigración. Es el momento de evaluar
en el Pleno de la Cámara cuáles son las conclusiones de todo este
diálogo.
En el debate de las enmiendas de totalidad de hace unas semanas,
nosotros entendíamos que era necesario que la nueva reforma de esta
ley garantizase el objetivo de la integración social de la
inmigración y planteábamos seis cuestiones, a nuestro entender,
básicas para avanzar hacia ese objetivo de la integración social.
En primer lugar, que fuese un marco jurídico que avanzase hacia la
igualdad de derechos y deberes entre ciudadanos españoles y
ciudadanos inmigrantes; que fuese un marco legal que abriese fórmulas
para gestionar la inmigración irregular que convive entre nosotros;
que fuese un marco legal que diese estabilidad administrativa a las
personas que han obtenido una residencia temporal; que fuese un marco
legal que
diese garantías jurídicas a las personas inmigrantes; que fuese un
marco legal que incrementase la participación de los gobiernos
autonómicos en la gestión de los flujos migratorios y que fuese un
marco legal que posibilitase el establecimiento de potentes políticas
públicas en materia de inmigración. Voy a referirme brevemente a
estas cuestiones.
Es evidente que en el terreno de la igualdad de derechos y deberes,
en el debate en Comisión y en algunas enmiendas transaccionales que
esta mañana el Grupo Popular va a ofrecer, se habrá avanzado y de
manera muy significativa se habrá incorporado, respecto al proyecto
inicial del Gobierno, el acceso a la educación infantil de carácter
no obligatorio a cualquier hijo de inmigrante, con independencia de
la situación administrativa de sus padres y, además, se habrá
avanzado en el reforzamiento del derecho a la asistencia jurídica
gratuita. Son cuestiones importantes y creo que nadie en esta Cámara
puede menospreciar. Pero es evidente que en este terreno de la
igualdad de derechos existe un no reconocimiento pleno a cualquier
persona -con independencia de su situación administrativa- de los
derechos de reunión, asociación, sindicación y huelga, que no
corresponde a lo que entendemos debería haber sido el sentido que
impulsase esta reforma. En esta materia nuestro grupo no está
satisfecho de la evolución del debate en el seno de la Comisión, nos
parece que el Gobierno se equivoca no aceptando el pleno
reconocimiento de estos derechos a cualquier persona, nos parece que
es un error y lamentamos que esta cuestión sea la que hoy impida,
fundamentalmente, que el proyecto de ley obtenga un respaldo casi
unánime del conjunto de la Cámara. Nosotros votaremos en contra de
los artículos que afectan a estas cuestiones, así como al conjunto de
las enmiendas que los grupos parlamentarios han planteado en relación
a los mismos.
En segundo lugar, y en relación a los mecanismos de gestión de la
inmigración irregular, nosotros entendemos que la aceptación que se
producirá con la intervención del Grupo Popular sobre la asunción de
la incorporación del principio de arraigo como mecanismo para
afrontar las situaciones de irregularidad, nos parece una buena
solución. Damos valor de ley a lo que ha sido una práctica de la
Administración española desde el año 1997, a través de la comisión ad
hoc, para prever la incorporación al marco de la normalidad
administrativa a personas que conviven entre nosotros sin papeles.
Como resultado de la actitud del Grupo Popular, en el sentido de
alejar del procedimiento de expulsión preferente en los supuestos en
los que se haya solicitado la utilización de un permiso de residencia
por arraigo, nosotros retiramos nuestras enmiendas 317, 319 y 320. En
este sentido la ley se acerca clarísimamente a las previsiones de la
Ley 4/2000, incluso creo que en términos técnicos supera las
previsiones de la Ley 4/2000.
En tercer lugar, la estabilidad administrativa. La ley mejora la
estabilidad administrativa de la situación de
los inmigrantes, tanto aquellos que tienen una residencia de carácter
temporal como aquellos que pretenden entrar en el Estado español. En
este sentido se incorporan garantías a los efectos de asegurar que
sea el reglamento el que determine los requisitos para poder acceder
al permiso temporal de residencia, sobre todo en lo concerniente a la
acreditación de la suficiencia de los medios de vida; se evita que
con remisiones reglamentarias se impida el acceso del cónyuge a un
permiso de residencia independiente respecto al obtenido en su día
con motivo de la reagrupación familiar, cuando se acredite un tiempo
mínimo de convivencia de dos años, el cual podrá ser reducido en
circunstancias de carácter familiar que así lo justifiquen; se
suprimen reincidencias insalvables a los efectos de determinados
requisitos de entrada y se podrá acreditar no solamente que se
disponga de medios de vida suficientes, sino que se esté en
condiciones legales de obtenerlo y se suprimen las dificultades
existentes en el proyecto, flexibilizando la posibilidad de acceder
al permiso de residencia permanente, toda vez que no será necesario
acreditar la continuidad del período de cinco años. En este sentido,
los períodos vacacionales o cualquier otra circunstancia análoga no
interrumpirán el cómputo de dicho plazo. Son fórmulas concretas que
refuerzan la estabilidad administrativa de la situación de las
personas sin papeles.
En cuarto lugar, en el terreno de las garantías jurídicas, la
incorporación en el artículo que regula el visado de la necesidad de
que la denegación del visado a la persona solicitante del mismo se
sujetará a los compromisos internacionales vigentes, acercándonos a
las previsiones en este sentido de la mayoría de la legislación
europea, introduce una garantía que es sustancial. La propuesta del
Gobierno de que la denegación de visado deberá ser motivada cuando se
trate de visados de residencia para reagrupación familiar y para el
trabajo por cuenta ajena, creo que nos acerca claramente a las
previsiones de la Ley 4/2000.
En quinto lugar, la nueva ley va a implicar un aumento sustancial de
la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los
flujos migratorios. En esta materia, creo que es indiscutible que la
ley supera ampliamente las previsiones de la legislación hoy vigente.
La nueva ley va a dar mayor capacidad de intervención en los flujos
migratorios, y muy especialmente en el contingente, a las comunidades
autónomas. La elaboración de una política de gestión de los flujos
migratorios nos parece una cuestión esencial.
Finalmente, en el desarrollo de esas políticas públicas potentes en
materia de integración social de los inmigrantes, nuestro grupo ha
defendido una enmienda, que va a ser rechazada esta mañana, relativa
a la necesidad de dotar de un fondo a las comunidades autónomas en
esta materia. Esta cuestión va a quedar mal resuelta. El no
reconocimiento de estos derechos y la no previsión de recursos
económicos para las políticas
de integración social de la inmigración son dos cuestiones que a
nuestro grupo le van a dejar mal sabor de boca en este debate.
En relación con esta última cuestión, la creación del fondo, nuestro
grupo espera que en el debate de la subcomisión parlamentaria que el
lunes comenzará sus trabajos seamos capaces de asumir compromisos
claros, contundentes e inequívocos para dotar de recursos al conjunto
de las administraciones del Estado, que les permitan llevar a cabo
las políticas de integración social que son necesarias.
Al margen de estas seis cuestiones en las que, insistimos, nos parece
que hemos avanzado, hay que añadir que ha habido cuestiones no
menores, como el tratamiento de la situación de los menores
indocumentados, que también han mejorado las previsiones de la Ley 4/
2000.
Hay que decir también que gracias a una enmienda del Grupo
Socialista, aceptada en el trámite en Comisión del pasado día 6, se
va a dar salida a la situación de los inmigrantes que no hayan podido
acceder a una situación de residencia, resultado del vigente proceso
de regularización. No obstante, nuestro grupo, previsiblemente, va a
plantear una enmienda en el Senado en este sentido. Nos parece que el
texto que aprobamos el pasado día 6 es un texto precipitado, que
puede crear situaciones de indefensión a personas que pueden reunir
las condiciones necesarias para poder acceder al proceso de
regularización. Creemos que quizá nos faltó un momento de
tranquilidad para poder aprobar ese texto. El Gobierno conoce cuál es
nuestra propuesta, la conoce también el Grupo Socialista y nos
gustaría que en el Senado pudiésemos avanzar en esta materia.
Todo lo anterior nos permite decir que hemos avanzado respecto a cuál
ha sido la posición inicial que el Gobierno presentó a través del
proyecto de ley. Si hacemos una retrospectiva de lo que ha sido la
posición del Grupo Popular en septiembre del año 1999 y la que hoy
asume en este debate, comprobamos que ha habido un cambio sustancial.
Yo creo que no reconocer que el Grupo Popular, entre septiembre de
1999 y diciembre de 2000, ha cambiado su posición es instalarnos en
la frustración y el pesimismo y no conducirnos a afrontar con una
mínima inteligencia la gestión del fenómeno de la inmigración en el
futuro en nuestra sociedad. ¿Son suficientes los cambios que se han
introducido? ¿Configuramos una ley equilibrada que permita controlar
los flujos migratorios y garantizar la integración social de las
inmigraciones? Nosotros creemos que esta es la ley posible con la
actual mayoría parlamentaria y que es la ley que va a posibilitar, si
existe la voluntad política correspondiente, la capacidad de
integración social de nuestra sociedad. Ley posible y ley que abre
una política posibilista. Las cuestiones que creo que preocupan al
conjunto de los miembros de esta Cámara muchas veces tienen más que
ver con las políticas que en el futuro desarrollemos en esta materia
que no con las previsiones que contiene esta ley. En este sentido, es
evidente que los trabajos de la subcomisión parlamentaria van a ser
fundamentales para ver si somos capaces, de verdad, de vertebrar una
política global de inmigración en los próximos años en España.
El debate de esta ley seguramente ha obviado cuestiones importantes,
y algunos grupos minoritarios de la Cámara lo han planteado: fórmulas
de acceso al mercado de trabajo que superen la petición de visado; un
mayor control jurisdiccional de los procesos de expulsiones,
o cuestiones que ninguno de los grupos hemos planteado: la puesta en
marcha de cuerpos administrativos que gestionen, al margen de los
cuerpos de la policía, las cuestiones relacionadas con la emigración.
El debate sobre la configuración legal de los flujos migratorios no
se cierra, ni mucho menos, con la elaboración de esta ley. Creo que
en los próximos años continuaremos hablando de estas cuestiones.
Nuestro grupo debe anunciar hoy que entiende, desde esta lógica de la
ley y de las políticas posibilistas, que debemos votar favorablemente
al conjunto del carácter orgánico de la ley; pero creemos que en el
trámite del Senado aún hay posibilidades de permitir que el máximo de
los grupos posibles se sumen al proyecto que el Gobierno ha
presentado. Nos parecería un error de todos que no fuésemos capaces
en el trámite del Senado de configurar alrededor de esta reforma una
mayoría parlamentaria más amplia que la que estrictamente hoy los
grupos vamos a votar favorablemente. Apelamos de nuevo a la
responsabilidad de todos, a la responsabilidad del Gobierno y también
a la responsabilidad del principal grupo de la oposición.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene en primer lugar la palabra la señora
Rumí.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo en este turno anunciando que el Grupo
Parlamentario Socialista votará en contra del proyecto de reforma de
la ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social. Las razones que nos llevan a tomar esta decisión
se fundan en la inflexibilidad del Gobierno y de su grupo para
proceder a la modificación de algunos elementos esenciales del
proyecto que, desde la posición de nuestro grupo, han de recogerse de
manera imprescindible.
Crean en la sinceridad de nuestras palabras al decirles que
lamentamos vernos obligados a tomar hoy esta decisión, cuando hace ya
varios meses les anunciamos nuestra disposición a entablar un diálogo
que condujese a un consenso, a un gran acuerdo sobre esta reforma
y, de manera aún más ambiciosa, a la definición de las bases de la
política migratoria española durante las próximas décadas.
Lamentamos que el grupo mayoritario no haya sabido estar a la altura
de la responsabilidad y de la generosidad con que afrontamos, desde
un comienzo, el debate parlamentario. Les ofrecimos la oportunidad de
tratar el fenómeno de la inmigración con la calidad de una cuestión
de Estado. Si en un comienzo dio la impresión de que habían optado
por trabajar en la dirección del pacto, hoy constatamos que su
disposición al diálogo estaba gravemente condicionada en ámbitos que
para nosotros, y creemos que para la inmensa mayoría de los
ciudadanos, resultan imprescindibles para dar nuestro apoyo al
proyecto.
Ustedes se han mostrado ambiguos en torno a una dimensión esencial en
un Estado democrático, como es aquella que afecta a los derechos de
los ciudadanos, sean españoles o inmigrantes. Y nosotros no podemos
compartir esta posición, porque en el ámbito de los derechos no
podemos ni debemos dejar lugar a la duda. No podemos reconocer
derecho a todo para luego impedir su ejercicio, porque en la práctica
esto significa no reconocerlo.
Esta reforma nació con el sello del resquemor del Gobierno ante su
derrota parlamentaria en la anterior legislatura, y concluye esta
fase de su tramitación con el signo de la intransigencia de la
mayoría. Si en aquel momento no manifestaron entusiasmo alguno por
generar un amplio consenso en torno a la política migratoria, hoy
ponen de manifiesto que su obstinación se impone a la búsqueda
razonada y generosa de un gran acuerdo de Estado. Este Gobierno está
mostrando una tendencia profundamente refractaria con respecto a
cualquier posibilidad de consenso.
Señorías, la inmigración se ha convertido en el signo más reconocible
de nuestro tiempo. Los inmigrantes buscan en nuestras sociedades las
oportunidades de vida que las suyas les niegan. Este es el único
punto de partida posible para llegar a entender que el fenómeno
seguirá haciéndose presente a lo largo de las próximas décadas y que
frente al mismo no caben respuestas defensivas ni restrictivas,
porque cuando así se adoptan resultan radicalmente inadecuadas para
abordarlo desde el rigor y la responsabilidad. No vamos a insistir,
porque es obvio, en la inoportunidad de este proyecto que el Gobierno
envía para sustituir una ley con pocos meses de vigencia y sin
desarrollo reglamentario.
El Gobierno remitió a esta Cámara lo que el Grupo Socialista no dudó
en calificar como un mal proyecto, y lejos de optar por la
descalificación frontal estuvimos dispuestos al diálogo para entre
todos avalar una ley que estuviese a la altura moral de nuestro país.
El recorte de los derechos, la supresión de la garantía jurídica e
imprescindible en un Estado de derecho, la abusiva rigidez en los
procedimientos, la incapacidad para dar respuesta a realidades de
arraigo en nuestro
país de la población inmigrante y a sus necesidades de
regularización, el alejamiento de las necesidades de nuestro propio
mercado de trabajo constituyeron grosso modo los rasgos distintivos
del proyecto del Gobierno, que merecieron de manera justificada el
rechazo de nuestro grupo. Sin embargo, optamos por la
responsabilidad, y renunciamos a presentar una enmienda a la
totalidad. Les ofrecimos pruebas de disposición para el consenso,
para hacer posible que la voluntad del Gobierno no desembocara en una
ley desacertada e incapaz de dar respuesta a la realidad económica y
social de España.
Nuestra opción por el consenso fue inequívoca, y permítanme que les
diga que la imposibilidad del consenso es responsabilidad exclusiva
del Grupo Popular y del Gobierno. (Aplausos.) Optamos por intentar
hacer realidad un acuerdo mayoritario en la Cámara, desde la
convicción de que las incertidumbres que afectan a tantos inmigrantes
merecen que hagamos de sus penalidades no un lugar para la
confrontación, no un intento de obtener réditos partidistas, sino una
poderosa razón para buscar el necesario entendimiento que aporte
certeza a su futuro.
Señorías, este ha sido el sentido que ha animado el trabajo del Grupo
Parlamentario Socialista para hacer posible un amplio acuerdo sobre
la reforma de esta ley. Es cierto que durante el trámite se han
producido avances. La aceptación de enmiendas socialistas y también
de otros grupos han permitido corregir sensiblemente muchas de las
graves deficiencias que presentaba este proyecto. Tras su paso por la
Comisión Constitucional, este grupo puede mostrar su legítima
satisfacción porque, pese a la negativa del Grupo Popular para
modificar aspectos inasumibles del actual proyecto, los inmigrantes
podrán contar con una ley que, pese a sus deficiencias y a un
tratamiento radicalmente injusto en materia de derechos, ha
experimentado una mejora importante. Pero no crea el Grupo Popular
que con estas palabras estoy legitimando el proyecto que hoy vamos a
votar. Al contrario, lo avanzado no hace nada más que poner al
descubierto su irresponsabilidad al impedir que la tarea no pueda
culminar con éxito. Su negativa a respetar para el conjunto de los
inmigrantes el ejercicio de los derechos de reunión, manifestación,
asociación, sindicación y huelga, que son consustanciales de las
reglas de nuestro modelo de convivencia, frustra las expectativas de
acuerdos y lastra gravemente lo avanzado en cuanto a los contenidos
de la futura ley.
Esta ley no puede ser hija de la arbitrariedad. Nuestra voluntad de
consenso no nos puede llevar a participar, siquiera con nuestro
silencio, en aquello que, además de profundamente injusto, es
radicalmente innecesario. Ahora quiero dirigirme al grupo mayoritario
de la Cámara para decirles con franqueza que nos cuesta entender su
inflexibilidad para buscar puntos de acuerdo tal y como lo hemos
ofrecido hasta el últimomomento y hasta la última hora del día de
ayer (Aplau-
sos.) en un ámbito como el de los derechos, que en modo alguno puede
entorpecer ninguno de los contenidos de esta ley.
No se advierte cómo el reconocimiento de estos derechos puede
condicionar mínimamente el desarrollo de una política migratoria como
la que nuestro país precisa, ni mucho menos que pueda aceptar ni
siquiera que tenga algo que ver con la adecuada canalización de los
flujos migratorios con los que todos estamos de acuerdo. Nos asombra
que hayan puesto tanto empeño en negar el ejercicio de unos derechos
que no son exclusivos de los ciudadanos de este o de aquel país, cuya
vigencia en nada impide que los sujetos que lo disfrutan puedan ser
objeto de cualquiera de las disposiciones contenidas en los restantes
artículos de este proyecto.
Pero es más, están negando el ejercicio de unos derechos que, en
aplicación de los convenios internacionales que España ha suscrito,
forman parte de nuestra legislación interna. En el Convenio Europeo
de derechos humanos, en el Pacto internacional de derechos civiles y
políticos se les reconoce a las todas personas sin distinción, y lo
que juzgamos aún más importante, nuestra propia Constitución
contempla los derechos de reunión y manifestación sin ninguna
referencia a la nacionalidad. Por tanto, se reconoce su ejercicio
directamente a todos los extranjeros, sean o no residentes legales.
Lo mismo ocurre con el derecho de asociación, sindicación y huelga.
Esta es la única interpretación posible a tenor de la jurisprudencia
del Tribunal Constitucional. Pero si sobran razones jurídicas, lo que
realmente es llamativo es conocer las razones de orden práctico que
les impulsan a restringir este derecho ¿Acaso a partir de la entrada
en vigor de esta ley el Ministerio del Interior dará instrucciones
para requerir la documentación cada vez que se observe una reunión de
ciudadanos extranjeros? ¿Van a requerir a las asociaciones
y sindicatos que prueben que entre sus afiliados y asociados no existen
extranjeros que carezcan de permiso de residencia? ¿Hasta qué extremo
están dispuestos a llevar a efecto esta restricción?
Señorías, mediten el absurdo a que nos quieren llevar y reflexionen
acerca de la imposibilidad de aplicar estas medidas, porque quizá
deberíamos concluir que ustedes imponen una restricción de esta
naturaleza tan solo amparándose en razones que nada tienen que ver
con la necesidad objetiva de incluirla en esta ley. La incoherencia
de su posición en este capítulo nos lleva a pensar que no se trata
tanto de una posición fundada en razonamientos de alcance jurídico,
como de mantener viva una bandera con la que justificar la necesidad
de esta reforma y, de paso, tratar de obtener réditos de su aparente
firmeza. En este caso todos comprendemos que nuestra voluntad de
consenso habría sido dilapidada por ustedes en aras de intereses que
nada tienen que ver con el objetivo de lograr la mejor ley, la que
mejor sirva a la sociedad española. Sin embargo, también
deben ser conscientes de que con su intransigencia están volviendo la
espalda a la posibilidad de un gran consenso social porque las
organizaciones sociales, sindicatos y asociaciones más
representativas, algunos representantes están hoy en esta Cámara
escuchándonos, confian en que el trabajo legislativo sirva para
afrontar adecuadamente las consecuencias que plantea en nuestro país
el fenómeno migratorio y no añada dificultades a la tarea.
No vamos a respaldar con nuestros votos su obcecación. Por cierto,
algunas voces salidas de sus propias filas también se lo están
diciendo con claridad. El señor Pimentel, que ha sido ministro de
Trabajo de su Gobierno, se ha manifestado públicamente en contra de
estos contenidos. Por tanto, no es algo exclusivo de los socialistas,
se lo están diciendo también desde su propia casa.
Llegamos así, señorías, al momento de la votación en el Congreso sin
que nos hayan dejado opción para respaldar con nuestro voto el
proyecto de reforma. Lamentamos que nuestra voluntad de consenso haya
sido desperdiciada, una vez más, y ya son demasiadas, piénsenlo con
detenimiento, a causa de su inflexibilidad para aprovechar la mano
tendida que les ofrece el Grupo Socialista. Les hemos ofrecido un
pacto basado en el sentido común y en el sentido de Estado, sobre
política migratoria. Ustedes, lejos de aprovechar esta oportunidad,
frustran las posibilidades de acuerdo en una dimensión como la de los
derechos, que no es baladí, que no es secundaria, que no puede ser
justificada en razón de otras mejoras que se han introducido en el
texto, sino que es esencial y que afecta tanto a todos los seres
humanos de nuestro país, independientemente de su condición legal.
La señora PRESIDENTA: Señora Rumí, le ruego concluya.
La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Voy terminando ya, señora presidenta.
La cuestión de los derechos no puede ser solventada diciéndonos que
se han constatado otros importantes avances. Para este grupo, el
respeto a los derechos y a la dignidad de los seres humanos es
innegociable. Es de tal sensibilidad que no puede ser compensado por
las coincidencias alcanzadas en otros ámbitos. Los ciudadanos deben
conocer que en un tema tan importante para el presente y para el
futuro de nuestro país, como es el de la inmigración, al Grupo
Popular, al Gobierno, les corresponde en exclusiva la responsabilidad
de que la oferta de consenso del Grupo Socialista haya sido
desperdiciada. Ustedes están poniendo de manifiesto, y les aseguro
que nos preocupa, que carecen de voluntad de pacto y que acaban
siempre, en todos los ámbitos donde se lo proponemos, por rechazar
nuestra disposición. Esta es la realidad y esta es su
responsabilidad. Pese a ello, confiamos que se den un motivo para la
reflexión, que aprovechen el resto del trámite parlamentario para
corregir el grave error que hoy se va a perpetrar, para abrir una
puerta a la esperanza, no nuestra, sino de todos los ciudadanos, una
vez más españoles y extranjeros y, en este caso, pueden tener la
seguridad de que contarán con nuestra disposición para el acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rumí.
Señor López Garrido.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, señorías, las enmiendas
del Grupo Socialista a este proyecto de ley han tenido, tienen, un
objetivo esencial. Como saben, no presentamos una enmienda a la
totalidad, pero sí presentamos una alternativa política a través de
nuestras enmiendas a lo que consideramos en su momento, y seguimos
considerándolo, un mal proyecto de ley, que supone una regresión
evidente con respecto a la situación que hoy vivimos. Hay vigente una
ley, la Ley 4/2000, que se ocupa de ocultar sistemáticamente el
Gobierno como si estuviera en la clandestinidad; de hecho, ni
siquiera ha aprobado su reglamento. (El señor vicepresidente, Camps
Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Nosotros en nuestras enmiendas hemos querido dar respuesta a las
demandas de la sociedad española respecto a la inmigración, una
sociedad que no es tan reaccionaria como ustedes piensan, una
sociedad de la que no se van a sacar réditos electorales por quitar
derechos a los extranjeros o a los irregulares, una sociedad que
desea sobre todo integración. En este sentido, nuestras enmiendas han
ido en la línea de dotar de derechos sociales básicos a los
inmigrantes, como la educación, la sanidad, el tratamiento de los
menores, por esa necesidad de integración plena en el cuerpo social
de quienes vienen en las condiciones más vulnerables y más difíciles
para conseguirlo. Además, una sociedad que también tiene algunos
brotes xenófobos y racistas respecto de los cuales hay que hacer una
pedagogía precisamente en contrario. Un enfoque destinado a decir que
los extranjeros nos invaden y que hay que prevalerse frente a ello es
sin duda una pedagogía contraria a esa necesidad de combatir la
xenofobia y el racismo, un monstruo que siempre está ahí, que puede
surgir en cualquier momento, que ha surgido muy peligrosamente en
nuestro propio país en algún momento.
Las enmiendas del Grupo Socialista también han ido en el sentido de
dar respuesta de futuro a la problemática, que no el problema, de la
inmigración. Naciones Unidas considera que, en los próximos años,
siete millones de inmigrantes tendrán que venir a la Unión Europea,
que cada año 700.000, 800.000 inmigrantes ingresan en la Unión
Europea y que es absolutamente esencial que eso se haga de la forma
más canalizada posible, por cierto, coincidiendo con un crecimiento
económico sustancial. Por ejemplo, en Estados Unidos, en los últimos
diez años, han ingresado seis millones de extranjeros, coincidiendo
con una de las épocas de mayor crecimiento económico de ese país. Por
tanto, normalmente, la inmigración va unida al crecimiento económico
y la emigración va unida, sin embargo, a degradación, a depresión
económica. Por eso nuestras enmiendas iban en el sentido de mantener
una regularización de dos años y un contingente, en todo caso, como
elemento básico para la legalización.
Nuestras enmiendas también iban destinadas a proteger
fundamentalmente los valores de solidaridad, de libertad y de
igualdad. Precisamente, los inmigrantes irregulares son los más
necesitados de los derechos humanos. Los derechos humanos surgieron
realmente para proteger a lo más vulnerable de una sociedad, incluso
a las minorías. Este es precisamente uno de los objetivos
fundamentales que hemos tenido a lo largo de este trámite
parlamentario en relación con nuestras enmiendas a un proyecto que, a
nuestro juicio, estaba en las antípodas de estos tres objetivos: dar
respuesta a lo que la sociedad española pide, dar una solución de
futuro a una cuestión estructural, no coyuntural, como es la
inmigración, y también la inmigración irregular, y sobre todo dar una
respuesta basada en los valores de solidaridad, de igualdad, los
valores constitucionales, en última instancia.
Por eso nosotros abrimos un diálogo con el Gobierno respecto de estas
enmiendas, diálogo que ha tenido algunos frutos en cambios
significativos en el proyecto de ley, en los temas que tienen que
ver, por ejemplo, con educación de cero a tres años, con reagrupación
familiar o con regularización de los no regularizados por la última
Ley 4/2000, en cuanto al contingente, pero nos hemos encontrado con
un muro absoluto, como señalaba anteriormente Consuelo Rumí, en lo
relativo a los temas que tienen que ver fundamentalmente con el
Ministerio del Interior.
La Ley 4/2000 se impulsó básicamente desde el Ministerio de Trabajo,
se aprobó por este Parlamento y permitió un gran consenso; esta ley
está bajo la égida del Ministerio del Interior y se ha notado
claramente en la tramitación. En aquellos puntos sensibles para el
Ministerio del Interior no se ha podido avanzar prácticamente nada;
no solamente en el tema de los derechos fundamentales; hay que tener
en cuenta que se han rechazado en este trámite enmiendas del Grupo
Socialista destinadas a mantener una participación política de los
inmigrantes y, por tanto, una capacidad de interlocución con los
ayuntamientos. Eso no es posible, según este proyecto de ley, en la
situación actual.
Se han negado -se ha repetido aquí anteriormente, no voy a insistir
mucho más- derechos fundamentales básicos, como la reunión, la
manifestación, la asociación, la sindicación y la huelga. El derecho
de asilo queda muy tocado en este proyecto de ley. A las compañías
aéreas que transporten a solicitantes de asilo a
los que no se les admita a trámite su solicitud se les va a sancionar
duramente, con sanciones de hasta 10 millones de pesetas, y se les
obligará a devolver a esas personas. La consecuencia es clara: no
traerán a solicitantes de asilo.
La asistencia jurídica gratuita ya no lo será, salvo para
determinados casos que tienen que ver con la devolución o con la
entrada en España. Por ejemplo, un inmigrante, aunque sea irregular,
que necesite ir a un abogado porque su empresario no le ha pagado no
tendrá asistencia jurídica gratuita. O el caso de la expulsión, una
forma draconiana, tremenda, de expulsión en 48 horas de inmigrantes
también irregulares. Hay que tener en cuenta que hoy no se puede
expulsar a un inmigrante irregular; a partir de la entrada en vigor
de esta ley se podrá expulsar a cualquier inmigrante irregular,
también a aquellos a los que se refería el señor Campuzano con esa
enmienda, que parece que se puede aceptar, de hablar del arraigo. Eso
no es un avance sustancial. El arraigo va a estar definido por un
reglamento que dirá lo que es arraigo o no, pero haya arraigo o no lo
haya eso seguirá siendo una causa de expulsión y, por tanto, incluso
el que tenga arraigo será expulsado, a lo mejor algo más despacio,
señor Campuzano, pero será expulsado, y eso es lo que no cambia
sustancialmente esta enmienda que se supone que va a mejorar
muchísimo esta redacción. ¿Por qué el Partido Popular se opone a la
aceptación de estas enmiendas del Grupo Socialista y de otros grupos?
¿Por qué se acepta esto, que es absolutamente inconstitucional, que
es algo contrario a tratados internacionales, que es algo contrario a
la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea? ¿Por qué se
niega?
Yo tengo aquí delante el texto aprobado en esta Cámara el 3 de
octubre con el voto del Partido Popular sobre la Carta de Derechos
Fundamentales, y aquí decían ustedes que llamamos a que la Carta sea
de absoluta aplicación para todos los hombres y todas las mujeres que
viven y trabajan en la Unión, sean o no nacionales de sus Estados
miembros. Para todo el mundo. Y aquí está, sin duda, el derecho de
asociación, de reunión, de huelga y de sindicación. ¿Por qué votaron
sí a esto en la Carta de Derechos Fundamentales y por qué lo niegan
ahora en este proyecto de ley? Es incomprensible.
Nosotros no podemos comprometernos con ese tipo de planteamiento
porque afecta a nuestros valores más profundos. Realmente -y yo creo
que quien ha estado con nosotros en este diálogo con el Gobierno lo
sabe perfectamente- no creíamos que esto iba a ser un obstáculo
fundamental, porque la defensa de los derechos fundamentales de las
personas, por ser personas, es algo que ya no es un valor de la
izquierda o de los socialistas, esto lo pudo ser en algún tiempo en
el que había muchas dificultades para llegar a la democracia, pero ya
no. Creíamos que con la Constitución esto era ya un valor de todo el
mundo. Todo el
mundo reconocía que los derechos de las personas, por ser personas,
era algo coincidente también con la derecha, con el centro, con la
izquierda, con el conjunto de fuerzas políticas españolas. Nos
encontramos con que no. Este proyecto de ley pone de manifiesto que
estos valores no son compartidos, porque cuando defendemos estos
valores para los inmigrantes irregulares los defendemos para nosotros
también. No sólo es una cuestión de inmigrantes irregulares. La
realidad -y este es el error de fondo del proyecto de ley- es que
está hecho con una obsesión por los inmigrantes irregulares, con
tolerancia cero hacia los inmigrantes irregulares, como diría Rudolph
Giuliani, el alcalde de Nueva York. En el fondo es una
criminalización de la irregularidad. Los inmigrantes irregulares no
son criminales, son gente que se mueve para poder trabajar, para
poder sobrevivir, y la inmigración irregular -que se supone que es un
cuarto, aproximadamente, de la hoy existente en Europa- seguirá
existiendo. Es un elemento estructural que habrá que intentar
canalizar legalmente, pero seguirá existiendo y, por tanto, las
políticas de cierre absoluto o de pura represión en Europa no han
llevado a detener la inmigración irregular. A lo que han llevado es a
subirla en cantidad, pero en absoluto a detenerla.
A partir de ahora, ¿van ustedes a negar el derecho de manifestación a
los inmigrantes por tener o no papeles? Ayer, en Barcelona, estuvimos
en una manifestación contra el terrorismo; seguro que había muchos
inmigrantes irregulares. ¿Les van a decir ustedes a los inmigrantes
irregulares que no se van a poder manifestar contra el terrorismo,
por ejemplo, en España? ¿Les van ustedes a impedir todo tipo de
reunión, de manifestación? A un inmigrante a quien su empleador no le
pague el salario, ¿le van a decir ustedes que está bien que no se lo
pague? Le dirán que sí, que se lo tiene que pagar, pero ¿les van a
impedir que defienda esa situación mediante una huelga o mediante el
ingreso en un sindicato? ¿Se va a poder decir eso a un inmigrante
irregular que está siendo explotado por su empleador? Es imposible.
Eso pone de manifiesto el callejón sin salida en que se mete este
proyecto de ley en ese tema.
Los derechos humanos hace mucho tiempo que son universales, que no se
pueden dividir, que no se pueden trocear. Son universales desde la
Revolución francesa, desde la Declaración de los derechos humanos que
era declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. No sólo
del ciudadano, también de los seres humanos por ser seres humanos.
En realidad, lo que une a un pueblo no es la raza, ni siquiera la
lengua o la religión; le une el conjunto de objetivos, el conjunto de
esperanzas, como dijo alguien en referencia al problema de la
inmigración irregular, y ese es el punto insoslayable que ustedes no
han sido capaces de enfrentar adecuadamente. Queríamos mano de obra,
pero llegaron personas.
Gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López Garrido.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el pasado 5 de octubre el ministro del Interior presentó a
esta Cámara un proyecto de modificación de una ley, la 4/2000, que, a
nuestro juicio, daba lugar a demasiados desajustes. Una ley donde
claramente no se establecía distinción entre los derechos y
obligaciones de los extranjeros que residían en España y los que no.
No tengo que decir la importancia que para el Gobierno supone la
inmigración. En el debate de investidura el presidente Aznar ofreció
a esta Cámara un pacto de Estado en materia de inmigración a todos
los grupos de la Cámara y sobre la base de dos principios muy claros:
en primer lugar, la reforma legal, desde el máximo diálogo e
intentando llegar a un consenso, y también con el compromiso de
presentar un programa global de integración que recogiera, por
primera vez, las necesidades y realidades de la inmigración.
Esta Cámara, señorías, debate hoy en paralelo lo que es la
modificación del marco normativo y también el plan propuesto por el
Gobierno, el Plan Greco, del que estoy segura que saldrán las
aportaciones de todos los grupos de esta Cámara dentro de la
subcomisión creada a tal efecto.
El texto que hoy debatimos es fruto, por tanto, de las negociaciones
y de las aportaciones de todos los grupos de la Cámara, y quiero en
este momento agradecer también a todos y cada uno de estos grupos las
más de 350 enmiendas presentadas, así como su trabajo y su esfuerzo.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) No me cabe la menor duda
de que este texto es el mejor que se ha debatido en esta Cámara, es
mucho mejor que la Ley 7/1985, con la que ustedes estuvieron
gobernando once años, es mucho mejor que la Ley 4/2000 (Rumores.-
Aplausos.) y, señorías, también es mucho mejor que el texto que
nosotros presentamos el día 5 de octubre No hace falta que les
recuerde que cuando el ministro presentó esta reforma lo hizo sobre
la base de la capacidad de acogida que tiene España, que obviamente
es limitada, con lo cual no se puede hablar de una inmigración de
puertas abiertas, sobre la base de que tenemos una realidad social y
laboral y no podemos olvidarla, y además contemplando la inmigración
como fenómeno deseable que aporta riqueza y que contribuye al
crecimiento de nuestro país, abordándolo, señorías, como un fenómeno
estructural, no -como decía el señor Frutos-, como un problema
estructural. Por tanto, necesitamos un marco jurídico adecuado, un
marco jurídico que contemple una planificación, que garantice los
derechos de los inmigrantes, y que además
dé instrumentos legales necesarios para luchar contra la
inmigración ilegal, las mafias y la explotación.
Desde entonces los trámites parlamentarios de ponencia y de Comisión
han seguido poniendo de manifiesto la voluntad clara del Gobierno y
del Grupo Parlamentario Popular de dialogar y consensuar un texto que
pudiera ser asumido por la mayoría. Evidentemente nos hubiera gustado
poder decir aquí por todos los grupos de la Cámara, pero, oyendo
planteamientos radicales y fuera del contexto y de la realidad de
algunos de los portavoces, nos contentamos con decir de la gran
mayoría de la Cámara.
No voy a referirme a todas las enmiendas aceptadas, que han sido
muchas, pero, si me lo permiten, sí lo haré a aquellas que son más
significativas.
Hablamos de derechos, y en esta Cámara se habla mucho de derechos.
Pues bien, nosotros aquí queremos decir que en el texto se recogen
claramente el derecho a la libertad de circulación, el derecho a la
educación, el derecho a la sanidad, a las ayudas para el acceso a la
vivienda, a la reagrupación familiar, y en esto fundamentalmente nos
vamos a basar.
Sobre el derecho a la educación nosotros recogíamos en el proyecto
que había que dar educación obligatoria a todos los menores de
dieciocho años, exactamente en las mismas condiciones que los
españoles. Hemos añadido además que los menores, los niños de tres a
seis años, estén en las mismas circunstancias que los niños españoles
-dentro de que es una educación voluntaria- de poder adquirirla.
Además añadimos que, como proyecto integrador, aceptaremos lo que el
PSOE proponía, reconociendo y diciendo textualmente que se respeta la
identidad cultural.
Señorías, en cuanto a la sanidad, se sigue manteniendo la misma
redacción que en la Ley 4/2000, porque nosotros ya asumimos esta
materia como un clarísimo avance con respecto a la ley de 1985.
En cuanto a las ayudas para el acceso a la vivienda, nos mantenemos
en nuestra tesis de separar claramente este tipo de ayudas para los
que están en situación regular, que tendrán los mismos derechos que
los españoles, de los que están en situación irregular. ¿Saben por
qué, señorías? Porque nos parece profundamente injusto que no se haga
esta distinción. ¿Cómo es posible que, tal como recoge la Ley 4/2000,
no se distinga claramente que hay que incentivar una inmigración
regular?
Al igual que en el derecho a la educación, como decíamos antes, se
daban las mismas condiciones para los menores de dieciocho años, para
nosotros no es justo que se les dé la misma oportunidad de hacer una
carrera universitaria, una beca para poder hacerla, un master, o un
estudio postgrado a todos los inmigrantes por igual.
A nuestro entender, esto nos parece una injusticia. Siproponemos dar
ayudas para la vivienda, sanidad, edu-
cación, becas y, además, en dos años la posibilidad de conseguir una
situación regular en nuestro país, ¿creen ustedes que así se
incentiva una inmigración regular? A nuestro juicio este es el
razonamiento y el principio que hemos aplicado dentro de los
derechos, pero también vamos a hacer mención aquí a los derechos que,
según el Grupo Parlamentario Socialista, han llevado a modificar su
voto.
Si nos referimos a los dictámenes, tanto del Consejo General del
Poder Judicial como del Consejo de Estado, ambos hacen referencia de
forma exhaustiva a la constitucionalidad. No hay ni un solo párrafo,
ni una sola línea que refleje una posible inconstitucionalidad. Muy
al contrario, dentro del informe elaborado por el Consejo de Estado
se clasifican tres tipos de derecho sobre la base de nuestra
Constitución y de la jurisprudencia del propio Tribunal
Constitucional: los derechos que corresponden a los españoles y
extranjeros por igual, porque son derechos inherentes a la persona,
los derechos que sólo corresponden a los españoles y no a los
extranjeros, como son los derechos de participación política, y los
derechos reconocidos a los españoles y que corresponden a los
extranjeros en la forma y medida que se establezcan en las leyes y
tratados.
Este dictamen hace expresa referencia a los artículos 7, 8 y 11, y
argumenta que la restricción de los derechos de reunión,
manifestación, asociación y huelga a los extranjeros que se
encuentran ilegalmente en España parece lógica, puesto que tales
derechos no pueden corresponder ni ejercerse por quien se coloca al
margen de la propia legalidad. Es más -y continúo citando
textualmente-: Este es el criterio que se desprende del artículo 2 de
la Convención Europea de Derechos Humanos, que ha de servir para
interpretar el alcance de los correspondientes preceptos
constitucionales españoles dentro del artículo 10.2. Y añado aún más.
Para el caso del derecho al trabajo, en la legislación propuesta, en
la legislación que también ustedes proponían ¿por qué hacen mención a
un derecho al trabajo y lo limitan a que estén en situación de
regularidad y no lo hacen igual con el derecho a la huelga o a la
sindicación? Es obvio: por puro oportunismo político. Tenemos que ser
muy claros. (Aplausos.) Por puro oportunismo político.
Señorías, si hubieran querido hacer una oposición al Gobierno,
hubieran tenido que cambiar la estrategia de hacer oposición. Hoy
aquí han querido contentar a aquellos que, desde sus filas, les
reclaman una mayor contundencia u otro tipo de planteamientos en su
oposición. Desde luego, señorías, nunca deberían haber utilizado esta
ley para hacer ese tipo de oposición. (Rumores.- Aplausos.) Con esto
queda claramente avalada la postura del Partido Popular en esta
materia. El texto es plenamente constitucional y acorde con la
jurisprudencia previa del propio Tribunal Constitucional.
Señores del Partido Socialista, les hemos desarticulado su
estrategia. Es más, les hemos dejado al descubierto
su escasísimo fundamento. (Aplausos.-Rumores.) Señorías, hoy
hemos sabido aquí que son derechos que no comen pan, que son derechos
fundamentales, y hemos oído apuntar a la señora Rumí que no suponía
aumento de gasto o que no era la parte fundamental del texto. Pues
miren ustedes: nosotros creemos que este ejercicio debe ir ligado a
la legalidad, pero porque lo creemos principalmente, no porque no
suponga un aumento de gasto. Lo dijimos: no se trata de presupuesto.
Es más, el Gobierno se ha comprometido a destinar las partidas
necesarias para hacer frente a todas las medidas que vayan a ir a
favor de la integración, y no me han dado ni un solo argumento válido
que nos haga cambiar de posición. Son excusas de algunos grupos.
Señorías, nosotros vamos a seguir hablando en esta ley, como hemos
venido haciendo, de los derechos: el derecho a la reagrupación
familiar, que para nuestro grupo es básico como pilar fundamental de
integración, y por eso modificamos los artículos 16 y 17, que además
les recuerdo que fueron ampliamente avalados por esta Cámara.
Exactamente igual que la tutela judicial efectiva o la asistencia
jurídica gratuita, donde aquí también, señores del PSOE, les vamos a
ofrecer hoy una enmienda transaccional para recoger taxativamente en
el texto que esta asistencia jurídica gratuita es un hecho que se les
reconoce a todos aquellos que tengan algún procedimiento abierto que
pueda llevar a denegación, devolución o expulsión. Es más -y se lo
digo a la señora Uría-, efectivamente, esto ya se está haciendo en el
País Vasco, también en el resto de España, pero queríamos que quedara
constancia clara y expresa en esta ley para que fuera, si cabe, aún
más garantista.
Señorías, con esta ley hemos querido también establecer un régimen de
situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a entrar y
residir en nuestro país dentro del marco de la regularidad, frente a
la entrada y estancia irregular. Si queremos planificar, si queremos
canalizar los flujos migratorios, nunca se podrán ordenar en función
de lo irregular. Nuestro grupo aceptó un número muy importante de
enmiendas provenientes de otros grupos, y hoy aquí queremos seguir
haciendo ese esfuerzo de consensuar un único texto. Cuando hablamos
de los requisitos para entrar en el territorio español, nosotros
seguimos aceptando la propuesta hecha por el Partido Socialista y
añadimos el que puedan estar en condiciones para obtener legalmente
los medios de subsistencia. Exactamente igual que cuando hablamos del
visado, artículo 25; a nosotros la expedición del visado nos parecía
un instrumento útil dentro de la política migratoria. Señor
Campuzano, efectivamente, este artículo 25 hace aún más garantista,
si cabe, este texto.
Por lo que se refiere al artículo 29, en ese artículo queda
claramente evidenciada cuál era la intención de la vigente Ley 4/2000
y cuál es la intención de algunosgrupos al exponer la política que se
quiere llevar en
materia de inmigración. Señorías, el ofrecer un permiso de residencia
a todos aquellos que lleven residiendo en nuestro país dos años
-cuestión que ningún país de la Unión Europea avala-, a nuestro
juicio supone un clarísimo efecto de llamada que además conlleva la
ilegalidad y también la marginalidad, y esto nos hizo pensar que
había que modificar esta ley en el contexto y con los principios que
les he venido refiriendo a lo largo de toda esta intervención. Para
nosotros una persona que quiera residir en nuestro país lo debe hacer
con una autorización para trabajar, lo debe hacer por una
reagrupación familiar, lo debe hacer con criterios de flexibilidad y
también lo debe hacer en caso de que concurran circunstancias
humanitarias excepcionales y, por primera vez en un texto legal, con
circunstancias de arraigo.
El Grupo Parlamentario Popular ha mantenido esta línea todos estos
meses. Ha acercado posturas y ha consensuado un texto que,
evidentemente, no ha querido imponer, incluso desde la mayoría que
nos dieron las urnas, incluso -tal como ha quedado de manifiesto
aquí- con numerosísimas conversaciones desde el principio de la
legislatura. Son muchos los artículos que durante el trámite de
ponencia y Comisión han sido avalados por toda la Cámara, no
solamente el que hace mención a los menores, sino al contingente de
los trabajadores por cuenta ajena, al régimen especial de los
trabajadores de temporada, al régimen de los trabajadores
transfronterizos y todas aquellas enmiendas que, como todos ustedes
saben -y yo creo que aquí habría que hacer una llamada a lo que
fueron los trámites previos-, han sido avaladas por toda la Cámara.
Esta ley quiere además establecer un marco necesario para luchar de
manera implacable contra las mafias, la explotación y la
irregularidad, dentro de una protección jurídica escrupulosa pero sin
ceder en ningún caso la posibilidad de actuación para cumplir con
esta finalidad. Es un texto que reconoce explícitamente el papel que
van a jugar las comunidades autónomas y la cooperación que debe
existir entre las administraciones.
Señorías, hoy, nuestro grupo, el Gobierno, quería que se debatiese
aquí una ley de integración, y una ley acorde con la legalidad es
para nosotros la mayor garantía de integración. Quiero agradecer el
trabajo de todos los grupos, especialmente -si me lo permiten- las
aportaciones hechas por Coalición Canaria y Convergència i Unió, la
apreciación positiva del texto del Partido Nacionalista Vasco y la
labor del PSOE, aunque evidentemente hoy han hablado un doble
lenguaje. (Rumores.) En su decisión de voto negativo a esta ley ha
habido un doble lenguaje (Rumores.) Tengo que decirle, señora Rumí,
que cuando habla usted de inflexibilidad o de obstinación y de que no
estamos a la altura de nuestra responsabilidad, está negando una
evidencia y usted lo sabe. Comprendo que le haya supuesto un trago
difícil subir a la tribuna a defender lo que ha defendido. Ha quedado
patente que en el Partido
Socialista no hay sólo una postura. Y no lo digo solamente porque
hayan intervenido dos portavoces haciendo dos planteamientos
diferentes, sino porque la postura de su grupo que triunfa hoy aquí
es la del no porque no. (Rumores.-Protestas.-Aplausos.) Es más, usan
el no porque no como táctica de oposición. Así, señorías, no
conseguirán hacer una oposición seria.
Han cambiado su discurso y lo han cambiado de un día para otro. Les
recomendaría a usted y a todos los de su grupo que se leyeran en el
«Diario de Sesiones». Podría traerle el «Diario de Sesiones», señora
Rumí, y leerle frases enteras, párrafos enteros, en los que se apoya
la reforma de la ley. (Rumores.-Protestas.- Un señor diputado:
¡Tráelos!) Lo lamento, señorías, porque no solamente desacreditan la
oposición a esta ley, sino, lo que es mucho más grave, desacreditan
al Partido Socialista como alternativa de Gobierno; lo desacreditan
con esta oposición. (Aplausos.-Protestas.-Rumores.)
Señora Rumí, señor Zapatero, hoy aquí les han ganado la mano; se la
han ganado los que no quieren admitir que el Partido Popular sabe
gobernar y, además, lo hace desde el diálogo. (Rumores.-Protestas.)
En cualquier caso, señorías, quiero decirles que a este proyecto lo
legitima toda la Cámara; lo va a legitimar el apoyo mayoritario de
esta Cámara, no su partido. (Protestas.-Rumores.)
Estamos orgullosos y muy satisfechos del trabajo que todos hemos
realizado, aunque, al final, ustedes se hayan descolgado. Como les
decía al principio, éste es el mejor texto que ha entrado para
debatir en esta Cámara. ( Protestas.-Fuertes y prolongados aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Muñoz. (El señor López Garrido
pide la palabra.)
Señor López Garrido, le ruego que me indique qué artículo del
Reglamento exige su cumplimiento.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, de forma muy obvia,
absolutamente patente...
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, ¿me quiere indicar qué
artículo del Reglamento reclama?
El señor LÓPEZ GARRIDO: La señora Muñoz ha contradicho nuestros
argumentos. (Rumores.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!
El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, yo le ruego que me deje...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, un segundo, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio.
Señor López Garrido, usted que es un experto jurista y, además,
letrado de Cortes, conoce perfectamente el Reglamento de esta Cámara
y sabe que, para pedir una cuestión de orden, lo único que tiene que
hacer es invocar el número del artículo que usted quiere que se
aplique. (Rumores.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: El artículo invocado es el 73 del Reglamento,
que dice que en todo debate, el que fuera contradicho en sus
argumentaciones por otro u otros intervinientes, tendrá derecho a
replicar o rectificar por una sola vez y por tiempo máximo de cinco
minutos. Dada la obvia forma en la que se han contradicho los
argumentos expuestos en la tribuna por la señora Muñoz de una forma
muy directa, le ruego que se aplique, a un debate que no es un
monólogo, este artículo y me permita intervenir por espacio de cinco
minutos.
La señora PRESIDENTA: Señor López Garrido, usted sabe que esta es una
reclamación habitual en esta Cámara.
El señor LÓPEZ GARRIDO: Como diputado, evidentemente, no como
letrado.
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor López Garrido, permita a la
Presidencia hablar porque usted en este momento no está en el uso de
la palabra.
Señor López Garrido, usted sabe, porque lleva muchos años en esta
Cámara, que es reiterativa la petición de palabra acogiéndose a este
artículo del Reglamento, cuando en todo debate permanentemente los
argumentos en un sentido y en otro llevan indudablemente a la
condición de contradicción. Pero, señor López Garrido, le voy a
conceder la palabra, sin que sirva de precedente, por dos minutos.
(Rumores.)
El señor LÓPEZ GARRIDO: Gracias, señora presidenta.
Ha habido una alusión muy directa, además a la dignidad de un grupo
parlamentario, cuando se ha hablado de oportunismo político y de
doble lenguaje. (Varios señores diputados: ¡Claro!)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor LÓPEZ GARRIDO: A mí me gustaría saber qué hay de oportunismo
político en defender que el derecho de reunión, de asociación, de
manifestación, de sindicación y de huelga es un derecho que tiene
toda persona por el hecho de ser persona y que el negárselo
constituye un acto contrario a los derechos humanos y a la
Constitución española. (Aplausos.)
Y me gustaría saber si la señora Muñoz también llama oportunista
político al Tribunal Constitucional, que en su sentencia 115/87, dice
que en España, a diferencia de otras constituciones, el derecho de
reunión y
manifestación se reconoce a todos los extranjeros y que en España, a
diferencia de otras constituciones, el derecho de asociación se
reconoce a todos los extranjeros. Así que me gustaría saber si
también es oportunista el Tribunal Constitucional.
Doble lenguaje es, señora presidenta, el lenguaje de los artículos 7,
8 y 11 actuales, propuestos por el Partido Popular, que dicen en la
primera frase que se les dan los derechos y en la segunda frase se
les quitan. Ese es un ejemplo perfecto de doble lenguaje.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora Muñoz Uriol pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.
Señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muy brevemente, quiero decirle al señor López
Garrido que nosotros sí les hemos demostrado su oportunismo político
en los argumentos que aquí han esgrimido y, es más, les hemos
remitido al propio «Diario de Sesiones» y a sus propios argumentos.
Aquí se ha dejado bien claro que en los informes del propio Consejo
General del Poder Judicial, del Consejo de Estado y también en la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional los argumentos para votar
a favor de nuestros artículos 7, 8 y 11 quedan plenamente reflejados.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.- La señora Rumí Ibáñez pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.
Señora Rumí, usted sabe que este debate se ha planteado con una sola
intervención por cada grupo parlamentario. En aras de la importancia
del mismo y de la flexibilidad en los tiempos, se ha dejado
intervenir más del doble del tiempo al Grupo Socialista, con dos
portavoces. En aras también de esa flexibilidad se ha dejado
puntualizar la postura del Grupo Socialista cuando el debate estaba
cerrado. Pero, señora Rumí, esta Presidencia entiende que el debate
está terminado y no le concede la palabra. (Pausa.)
Señorías, iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley
orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración
social.
Comenzamos por las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Mixto. En primer lugar, las suscritas por el señor Puigcercós,
números 7, 15, 16 y 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 129; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas números 12, 14, 22, 33, 34 a 36, 49, 52, 53 y 58, del mismo
señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 113; en contra, 175; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas, por tanto, las enmiendas de
referencia.
Enmiendas 8 a 11, 20, 38, 40, 41, 43, 44, 51, 54, 57, 59, 61, 62 y
63, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 11; en contra, 276; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan, por tanto, rechazadas las referidas
enmiendas.
Enmiendas números 13, 31, 32, 39, 42 y 56, asimismo del señor
Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 12; en contra, 177; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas, por tanto, las enmiendas de
referencia.
Enmienda número 50, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 26; en contra, 273; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Por último, resto de las enmiendas presentadas por el señor
Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 111; en contra, 176; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
A continuación, votamos las enmiendas presentadas por la señora
Lasagabaster, del Grupo Mixto. En primer lugar, las números 145, 149,
150 y 153.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 127; en contra, 173; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 148, 159, 161, 162, 166, 167 y 171, de la misma
señora diputada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 115; en contra, 173; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 163 y 169, de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 117; en contra, 172; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.
Enmiendas números 146, 147, 158, 160 y 172.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 15; en contra, 175; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmienda número 168.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 129; en contra, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 170.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 27; en contra, 275; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 116; en contra, 173; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Núñez
Castain, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la 175.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 24; en contra, 273; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda.
Enmienda 176.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 131; en contra, 173; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmiendas números 173, 177 y 178.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 13; en contra, 272; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 179.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 114; en contra, 172; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez Castain, del
Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 114; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos el bloque de votación de las enmiendas presentadas por el
señor Aymerich, del Grupo Mixto. En primer lugar, la número 64.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 131; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 67 y 68.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 27; en contra, 274; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas números 66, 71, 76, 77, 84 y 85 a 88, del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 108; en contra, 173; abstenciones, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 65, 75, 79, 80, 89 y 90, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 12; en contra, 273; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 78.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 12; en contra, 174; abstenciones, 118.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos el bloque de enmiendas presentadas por el señor Labordeta,
del Grupo Mixto. En primer lugar, la número 114.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 130; en contra, 173; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 115 y 116.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 28; en contra, 274; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 117.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 129; en contra, 173; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazada.
Enmienda número 124.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 129; en contra, 170, abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 122, 125, 132, 134 y 135.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 114; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Enmiendas 126, 127, 133 y 136.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta, del Grupo
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 114; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del bloque de enmiendas del señor Saura,
asimismo del Grupo Mixto. En primer lugar, la enmienda número 328.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 129; en contra, 173; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 331 y 332.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 32; en contra, 273.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 334.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 130; en contra, 172; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 338, 344 y 350.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 329, 339, 340, 341, 346 a 349, 351 y 352.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 113; en contra, 172; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 330.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 13; en contra, 176; abstenciones 116.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 355 y 356.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 128; en contra, 173; abstenciones, cuatro
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura, del Grupo
Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 114; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario
Vasco (PNV).
En primer lugar, las enmiendas números 140 y 141.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 130; en contra, 172; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 144.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, ocho; en contra, 270; abstenciones, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 142.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 15; en contra, 174; abstenciones, 115.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, siete; en contra, 272; abstenciones, 25.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 22; en contra, 281; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Entramos en el bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
En primer lugar, la número 204, excepto el párrafo tercero.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 129; en contra, 173; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 182.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 29; en contra, 274; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 186 y 187.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 26; en contra, 275; abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 190.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 130; en contra, 172; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 183, 196, 197, 203, el
párrafo tercero de la enmienda 204, que había sido parcialmente
votada, y las enmiendas 224, 225, 228 y 238.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 114; en contra, 173; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 198.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 13; en contra, 175; abstenciones, 117.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Votamos a continuación las enmiendas números 185, 194, 200, 227, 239
y 242.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 12; en contra, 275; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, 19.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del bloque de enmiendas presentadas por el
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, las enmiendas números 296 y 301.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
304; a favor, 131; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 292, 299 y 324 a 326.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 18; en contra, 282; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 300 y 322.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 18; en contra, 172; abstenciones, 113.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 302, 303, 305 y 327, en los términos de las
transaccionales presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 295; en contra, uno; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas de referencia.
Votación del resto de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), excepto las números 317,
319 y 320, que han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 132; en contra, 172; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista.
En primer lugar, las números 244, 246, 247 y 250.
Comienza la votación (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 129; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 288.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 129; en contra, 176.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 248, 255 y 256, en los términos de las
transaccionales presentadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 301; en contra, dos; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
303; a favor, 114; en contra, 171; abstenciones, 18.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas de referencia.
Iniciamos la votación del dictamen.
En primer lugar, apartados 2, 5, 6 y 9 del artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 177; en contra, 128.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido texto del dictamen.
Votamos a continuación el apartado 14 del artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 177; en contra, 113; abstenciones, 15.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación el apartado 56 del mismo artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 178; en contra, 111; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el referido texto.
Votamos a continuación el resto del artículo 1.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 191; en contra, 113; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del artículo 1.
Votamos a continuación la disposición final primera, en los términos
de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 190; en contra, 113; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, aprobado el referido texto
del dictamen.
Votamos a continuación el resto del dictamen, con la corrección
técnica al artículo 5 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 192; en contra, 113.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
Señorías, a continuación, la votación final del conjunto del texto,
por tener carácter orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
305; a favor, 187; en contra, 117; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Habiendo resultado dicha votación... (Aplausos.-
Protestas.) Señorías, no hemos terminado de votar. Les ruego que
contengan sus impulsos hasta el último momento, cuando la Presidencia
dé cuenta del resultado, facilitando así además el trabajo de los
taquígrafos de la Cámara, que tienen que dejar constancia en el
«Diario de Sesiones».
Por tanto, al haber resultado obtenido mayoría absoluta de la Cámara,
de acuerdo con lo dispuesto para las leyes que tienen carácter
orgánico, queda aprobada. (Fuertes aplausos.-Fuertes protestas.)
- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA AGILIZACIÓN
DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY
ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000003)
La señora PRESIDENTA: Punto número 50 del orden del día, proyecto de
ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la
Administración de justicia, por la que se modifica la Ley orgánica 6/
1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, señora presidenta, voy a defender las enmiendas...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich.
Señorías, les ruego una vez más que los que abandonen el hemiciclo lo
hagan en silencio y de manera rápida, al objeto de poder continuar
con el debate del siguiente dictamen de Comisión. (Pausa.)
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
No es casualidad que defienda estas enmiendas desde el escaño. No lo
es, porque la entidad de la ley,
la escasa entidad de esta ley justifica defender las enmiendas no
desde la tribuna, sino desde el escaño. Esta ley, señorías, señor
ministro, si me perdonan la expresión, es un poco el resultado del
parto de los montes. Se anuncia un pacto de Estado por la justicia,
se elabora un libro blanco por parte del Consejo General sobre la
situación de la Administración de justicia en el Estado español y al
final nos salen ustedes con un proyecto de ley de medidas urgentes
para la agilización de la Administración de justicia. Creo
sinceramente que podía haber sido un artículo único, deslegalizar
algunas cuestiones y regularlas a través de real decreto.
Además, desde el Bloque Nacionalista Galego pensamos que se pierde
una ocasión para avanzar, y en esa dirección van nuestras enmiendas,
en el sentido marcado por el Libro Blanco de la justicia. Por
ejemplo, con respecto a descentralizar de una manera efectiva los
órganos de Gobierno del Poder Judicial no pedimos nada
extraordinario, pedimos simplemente que las salas de Gobierno de los
tribunales superiores de Justicia obedezcan al mismo esquema, a la
misma composición y al mismo procedimiento de designación de sus
miembros que el propio Consejo General del Poder Judicial,
permitiendo una participación efectiva de las comunidades autónomas
en el Poder Judicial. Y pedimos también, son recomendaciones que se
contienen en el Libro Blanco de la justicia, que se respeten los
derechos fundamentales, los derechos de los justiciables, los
derechos lingüísticos en particular, garantizando que, en todos los
concursos, oposiciones y pruebas selectivas para el acceso a plazas
de jueces y magistrados en órganos situados en territorios con lengua
oficial propia, caso desde luego del gallego, quienes opten hayan de
garantizar una competencia lingüística suficiente.
Esto, por supuesto, no aparece aquí y lo que aparece son, entre otras
cosas, medidas de carácter, perdonen que se lo diga, corporativo y
corporativista. Aumentar a 72 años la edad de jubilación de los
jueces nos parece una medida demagógica y una medida que va en contra
de muchos licenciados que en este momento están en paro y de muchos
jueces sustitutos que en este momento no tienen su situación
estabilizada. En fin, una medida que parece adecuada al perfil de
personas como puede ser el actual presidente del Consejo General del
Poder Judicial o del Tribunal Supremo, que está a punto de jubilarse
este año.
Vamos a votar negativamente este proyecto de ley, aunque votaremos
afirmativamente algunas enmiendas, en particular algunas de las
presentadas por el Grupo de Coalición Canaria, que nos parecen
enmiendas muy acertadas, en la medida en que tienden a dignificar la
situación del personal que presta servicio en otra de las grandes
olvidadas en este proyecto de ley que es la justicia de paz.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Enmiendas de la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Como decía mi compañero Aymerich, evidentemente las modificaciones
han sido escasas en este pacto de Estado por la justicia que todos
anhelamos y al parecer esperamos, pero subo a esta tribuna para pedir
al señor ministro de Justicia que adelantemos entre todos ese impulso
al pacto de Estado de la justicia que todo el mundo está pidiendo.
Creo que hay suficientes debates realizados en esta Cámara por parte
de los distintos grupos parlamentarios a lo largo de legislaturas
anteriores; hay debates, por supuesto, en el Consejo General del
Poder Judicial, y no voy a citar la -entre comillas- polémica sobre
el avance o no de lo que piensa el Ministerio de esas 107 medidas que
estuvieron reguladas en un informe. También, por ejemplo, las
comunidades autónomas han presentado claramente su visión con
relación a ese pacto de Estado. Por tanto, mi petición en esta
tribuna debiera ser que se agilice ese pacto de Estado por la
justicia, hablemos menos y quizás hagamos más, evidentemente con el
impulso de a quien le corresponde, que es al Gobierno.
De este proyecto de ley ya dijimos en su día que ese plan de choque
para agilizar la justicia, que hacia mención al retraso de la
jubilación, a la reducción del período de estancia obligado en la
escuela judicial o a la reorganización del trabajo en las distintas
salas de los tribunales superiores de Justicia, nos parecía
francamente pobre. No es que estuviéramos en contra especialmente
-vuelvo a decir que no nos gustan mucho las medidas- pero, como plan
de choque, no nos parece una dirección a la que hubiera que acudir de
manera estructural en estos temas. Nosotros preferimos dar
importancia a la escuela judicial y desde luego no estaríamos a favor
de un retraso sistemático y a lo largo del tiempo.
Nos queda una enmienda viva, y ya en la fase de la Comisión el
portavoz del Partido Popular aludía a ella; también a otra del Grupo
Parlamentario Catalán. Mencionaba la posibilidad de llevar a cabo una
transacción en trámites posteriores. No sé si este es el trámite,
pero sí nos parece que es muy interesante esa enmienda porque pone de
manifiesto una situación que no es querida a la hora de establecer el
tema de la ley del menor y su aplicación por parte de las comunidades
autónomas. Lo que pretende la enmienda es añadir una disposición
adicional tercera al proyecto de ley en curso, en virtud de la cual
se solicitaría la supresión del apartado quinto de la disposición
adicional tercera de la Ley 5/2000, de 2 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores.
Hay tres grupos de razones que nos han llevado a presentar esta
enmienda de supresión de esa disposi-
ción. Saben ustedes que se pretende suprimir la adopción por el
Ministerio de Justicia de medidas necesarias para la creación de
cuerpos de psicólogos, educadores y trabajadores sociales forenses,
sin perjuicio de las competencias asumidas por las comunidades
autónomas. En primer lugar, porque entendemos que resulta innecesaria
la creación de dichos cuerpos. Efectivamente, hasta ahora, los
equipos técnicos que han operado en materia de menores, constituidos
por psicólogos, asistentes y educadores sociales, transferidos como
personal laboral a las comunidades autónomas, han venido
desarrollando dicha labor a satisfacción de los operadores de la
Administración de justicia, con lo que la mayor demanda de sus
servicios ha de proveerse mediante la ampliación de las plantillas de
dichos equipos, pero no mediante la creación de nuevos cuerpos. De
hecho, de admitirse lo que está establecido en la ley actual, nos
encontraríamos con personal duplicado para la misma función, con
regulación y estatutos jurídicos e incluso retribuciones diferentes,
lo cual resultaría ineficiente y contrario a los elementos y
criterios de racionalización que creemos que deben cumplir las
administraciones públicas.
El segundo grupo de razones es que entendemos que esta cuestión entra
en contradicción con otros preceptos de la misma ley orgánica. Tanto
el apartado tercero de dicha disposición adicional como el artículo
27.6 de la misma ley de responsabilidad penal del menor abonan la
competencia de las administraciones, central y autonómica, para
determinar el número de equipos técnicos, su composición y plantilla,
pudiendo incluso ser realizados y completados los informes por
entidades públicas y privadas, lo cual es completamente
contradictorio con la previsión de esa creación de cuerpos nuevos de
funcionarios para tales funciones. Además, creemos que la creación de
estos cuerpos para realizar funciones ya transferidas y ejercitadas
por las comunidades autónomas supondría un desapoderamiento de
competencias por la vía de facto, contrario a los propios reales
decretos de traspaso, lo que, aparte de ser una contradicción con la
propia literalidad de salvaguarda de las competencias de las
comunidades, que aparece textualmente en dicho apartado cinco, sería
vulnerar las competencias que el propio precepto está llamado a
preservar.
Vuelvo a incidir -y es una cuestión muy importante- en que me consta
que está siendo objeto de debate y negociación entre las comunidades
autónomas y el Ministerio de Justicia, en que es una cuestión en la
que ya el propio Partido Popular añadió con buena intención que
entendía que teníamos cierta lógica a la hora de pedir esta
supresión. En definitiva, lo que hago es solicitar que se pueda
llegar a una transacción en este tenor en lo que estamos pidiendo. En
todo caso, una última cuestión. Reitero mi solicitud de agilizar ya
no un plan de choque, sino ese pacto de Estado por la justicia, que
yo creo que tiene que ser
para futuro, con estabilidad, apolítico, interpolítico y sobre todo
político. (sic) Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, nos encontramos en este debate en la antesala o pórtico de
lo que es el pacto de Estado por la justicia. Mi grupo, Coalición
Canaria, ha ofertado al Gobierno, en la persona de su ministro de
Justicia, el señor Acebes, la cooperación y colaboración para llevar
adelante este imprescindible y necesario plan de reforma de la
justicia en su sentido tanto cuantitativo como cualitativo, con un
plan de choque que permita hacer un avance en la resolución de los
problemas y necesidades de todo tipo, orgánico, personal,
funcionarial. Por vía presupuestos del Estado hemos discutido ya las
aportaciones económicas. A esto es muy sensible mi comunidad
autónoma, la canaria, por ser una de las comunidades autónomas que,
como bien se sabe, tiene transferidas las competencias estatutarias
en el ámbito de la Administración de justicia. Por tanto, nos
interesa tener una sintonía y un reequilibrio de las situaciones
entre la Administración general del Estado y la administración
autonómica.
Para este trámite de Pleno mi grupo mantiene vivas 6 enmiendas. La
primera y la segunda de ellas, las números 14 y 15, señora
presidenta, se dirigen a corregir el modo de nombramiento de los
miembros del tribunal a que se está refiriendo el artículo 301 de la
Ley del Consejo General del Poder Judicial.
Nos ha llamado la atención que prácticamente todos los miembros del
tribunal son propuestos o nombrados por entidades corporativas -la
universidad, el Ministerio de Justicia o el Consejo General de la
Abogacía-, pero, curiosamente, cuando se trata de los dos fiscales,
se dice que se hace a propuesta del Fiscal General del Estado.
Entendemos que si el resto de los miembros está nombrado por
entidades de derecho público, corporaciones, universidad, etcétera, a
los dos fiscales, que tienen su carrera fiscal, los deben nombrar los
órganos colegiados máximos que tienen en su estructura. Da la
casualidad de que la Ley 50/1981, el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal, señala dos figuras que pueden ser utilizadas para el
nombramiento de estos miembros del tribunal. En nuestra enmienda
hemos propuesto que al Fiscal General del Estado, figura siempre
polémica en su nombramiento o en su lectura política de la actuación,
etcétera, no tenemos por qué meterle en esta cuestión puramente
profesional de tribunales, y para eso quién mejor que los propios
compañeros fiscales, que
están bien en el Consejo Fiscal bien la Junta de Fiscales de Sala,
por lo que se podía residenciar en ellos la facultad de nombrarlos
para un tribunal de oposición. Este es el alcance de nuestras
enmiendas 14 y 15, con un respeto a la carrera fiscal en sus dos
instituciones. El Fiscal General del Estado puede no ser miembro de
la carrera judicial, no le obliga ninguna ley ni la Constitución,
pero, en cambio, los miembros del Consejo Fiscal y los miembros de la
Junta de Fiscales de Sala sí son funcionarios, sí son miembros de la
carrera fiscal. Dejemos que sean los cuerpos, que son los que mejor
conocen la idoneidad de sus compañeros para presidir un tribunal de
selección de las personas que vayan a entrar, por vía de estos
tribunales, en la carrera judicial y fiscal que ahora unifica la ley.
En ello estamos de acuerdo y apoyamos ese criterio, pero vamos a
profesionalizarlo con todas sus consecuencias.
La enmienda número 16 es de sustitución y fundamentalmente se refiere
a una cuestión que no nos gusta que no aparezca en el texto de la
ley. El artículo 2 modifica el artículo 330 de la Ley orgánica 6/
1985, que hace una invocación a un reajuste de sentido común: Cuando
la diferencia del volumen de trabajo de las distintas salas de los
tribunales superiores de Justicia lo aconsejen, los magistrados de la
Salas de lo Civil y de lo Penal podrán ser adscritos por el Consejo
General del Poder Judicial, total o parcialmente, a otras salas de
dichos tribunales, a propuesta de las respectivas salas de gobierno.
Esto es lo que dice fundamentalmente nuestra enmienda, que suprime el
texto del proyecto del Gobierno que dice: sin que ello signifique
incremento retributivo alguno. Esta invocación a las retribuciones,
a nuestro juicio, sobra en este tipo de ley. El tema de las
retribuciones viene regulado por otras disposiciones. Podemos
discutir de ellas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
pero no decirles aquí a unos profesionales que si cambian de sala
porque el volumen de trabajo es distinto, cuando van a trabajar más
no van a cobrar más. Si a alguien se le ocurriera durante la
discusión de un convenio colectivo -ya lo dije en Comisión- poner
esto en las cláusulas, a la hora de firmar el convenio sería nulo de
pleno derecho. Ya se encargaría la Sala de lo Social de la Audiencia
correspondiente de echarlo para atrás, porque no tiene por qué
decirse que quien vaya a trabajar más no puede cobrar más. Eso huelga
decirlo en este proyecto de ley.
La enmienda número 17, y la defiendo conjuntamente con la 22, que
está dirigida ya a las disposiciones finales, consiste en traer a
esta ley que la reforma, el plan de choque de la justicia, no
solamente tiene que comprender a los estamentos de jueces,
magistrados y fiscales, sino también -y son los grandes olvidados
aquí- al personal auxiliar de justicia. La realidad es que todos
queremos ir perfeccionando los niveles inferiores de la
Administración de justicia, como son los juzgados de paz y el
personal de la oficina judicial, y residenciarlos físicamente en
cuanto a responsabilidades
en los secretarios judiciales. Ya en la etapa anterior de doña
Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia, habíamos
sintonizado perfectamente en esta línea y estábamos en un
entendimiento mutuo sobre la potenciación de la oficina judicial y en
resaltar la importancia que tiene el que estén ocupadas todas las
vacantes y que haya la suficiente plantilla del Cuerpo de secretarios
judiciales. Nuestras enmiendas números 17 y 22 vienen a corregir
estas deficiencias a dos niveles.
En primer lugar, en el cuerpo de secretarios judiciales, en que se
pide que cada vez que se vayan a cubrir las vacantes, las
restricciones actuales son muy limitativas, en lugar de ser uno cada
seis sea uno cada cuatro vacantes de tercera categoría para el
personal titular de una secretaría de Juzgado de Paz o agrupación de
secretarías de juzgado de paz, pero que estén en posesión del título
de licenciados en derecho, porque se viene dando una separación que
tiene su origen en el título académico y hay unos miembros que sirven
en esos juzgados de paz con título de licenciados en derecho y otros
que no lo tienen. Creemos que la licenciatura en derecho da en su
currículum un mérito y una garantía para el desempeño inmediato de
estas responsabilidades que tienen aquí. Por tanto, pedimos que se
reserve en el cuerpo de secretarios judiciales esta proporción de uno
de cada cuatro en tanto que tengan posesión del título de licenciados
en derecho. El plan de choque de la justicia necesita de todos los
componentes y efectivos humanos pertinentes al respecto.
La enmienda número 21 se sale de todo el planteamiento orgánico que
figura en nuestras anteriores enmiendas, y es que debemos de tener el
realismo político y administrativo de enfrentarnos con la situación a
la que nos lleva la Ley orgánica 5/2000, aprobada a lo largo de este
año, de la responsabilidad penal del menor. A mi grupo le preocupa, y
es una preocupación en el seno del Gobierno autonómico canario, qué
pasa con el tramo de los jóvenes entre 18 y 21 años. El día 13 de
enero, en razón de la ley que he citado, nos vamos a encontrar con
que los jueces van a ordenar el excarcelamiento de esos jóvenes entre
17 y 21 años, y en el imperativo legal citado tienen que pasar a una
tutela o custodia de la comunidad autónoma correspondiente. No es que
la ley se haya aprobado hace tres, cuatro o cinco años y que las
comunidades autónomas hayan tenido tiempo, sobre todo a través de las
consejerías de Asistencia Social, de hacerse cargo de estos jóvenes
para su rehabilitación o su inserción en sociedad, es que ello
requiere unas infraestructuras físicas y unas estructuras
profesionales que no se improvisan en ningún lado, aparte de que, y
esta sería la mayor vinculación con esta ley, hace jugar al
ministerio fiscal un papel importante. Tendríamos que enfrentarnos
con realismo y con una gran objetividad a la pregunta de si hay
comunidades autónomas que no están en condiciones de poder recoger a
estos jóvenes, sobre todo en eltramo de 18 a 21 años, porque no
olvidemos que están
en prisión en este momento y el día 13 de enero se les va a colocar
delante de la puerta de la Consejería de Asuntos Sociales de la
correspondiente comunidad autónoma; veremos quién los va a conducir,
si tienen que ser conducidos por las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Hay comunidades autónomas que han dicho que están en condiciones de
afrontar esta situación; hay otras comunidades -solamente voy a citar
la que corresponde a mi circunscripción electoral, que es la
Comunidad Autónoma de Canarias- que se encuentran con serias
dificultades. El Gobierno canario ha tenido que hacer una provisión
de fondos primero de 400 millones de pesetas y posteriormente de 200
millones de pesetas más para empezar a afrontar este problema, siendo
su consejero titular el que ha dicho que se necesitan del orden de
los 1.500 millones. Aparte de esto hay que hablar del personal
adecuado que tiene que hacerse cargo de la rehabilitación de estos
jóvenes, y el segmento de 18 a 21 años no es que tenga una vitalidad
muy pasiva, por lo que debemos de considerarlo con toda profundidad.
Después se le pide al ministerio fiscal que ponga una línea de
fiscales para hacer frente a las incoaciones correspondientes en esta
materia. Ocurre que esta ley va a prorrogar la edad de jubilación
hasta los 71 ó 72 años a los jueces y magistrados según los casos, y
estamos de acuerdo ello, pero como no estamos hablando del Poder
Judicial strictu senso, resulta que a los fiscales se les va a seguir
jubilando a los 70 años. Si tenemos carencia de jueces y magistrados,
tenemos que hacernos la pregunta en paralelo. ¿Tenemos también
déficit de fiscales? La respuesta parece obvia. Hay déficit de
fiscales. Con las nuevas funciones de instrucción que se encomienda a
los fiscales, vamos a terminar trayendo una proposición de ley para
que en la carrera fiscal también se jubilen a los 71 ó 72 años. Sin
embargo, con la carga con la que se encuentran los fiscales respecto
a la Ley penal de los menores y en el tramo de entre los 18 y 21
años, tenemos que dar una respuesta para que la Ley orgánica 5/2000,
que fue una ley buena y progresista, se cumpla. Porque si no se puede
cumplir el texto de la ley para que en su momento cronológico
oportuno tenga la aplicación que el legislador quiso darle y que la
letra responda al espíritu y a su cumplimiento, nos encontraremos
ante una ley ineficaz e inoperante y, lo que es peor, ante una ley
que al no ser cumplida va a generar situaciones in extremis bastante
graves. Al mismo tiempo, nos hallamos en la Cámara ante un proyecto
de ley de una responsabilidad penal del menor que no contempla sólo
el tramo de los 18 a los 21, sino que depende del delito que haya
cometido, porque si el delito es de violencia callejera asimilable al
terrorismo, va a tener un tratamiento distinto. Se supone que estos
jóvenes no van a salir el 13 de enero ni van a pasar a disposición de
la comunidad autónoma como si fuera un delito social para su
rehabilitación. Si ese joven de 18 a 21 años está en la cárcel
condenado por un delito de terrorismo, va a tener un tratamiento, y
si está condenado por un delito de hurto, robo o asesinato, va a
tener otro. Aquí es donde tiene que tener el legislador la prudencia,
la sensatez y el sentido común para que las leyes resuelvan problemas
y no añadan otros.
A esta ley se le ha llamado también de moratoria. Nosotros en la
enmienda 21 pedimos una suspensión temporal. Mi grupo ha entendido
que esta ennmienda debe tender un puente para llegar a una
transaccional según nos dicte el sentido común, una vez que se
conozcan los datos objetivos, que no son más que dos: qué comunidades
autónomas piden moratoria para poder cumplir con este requisito de la
Ley orgánica 5/2000 en cuanto a su infraestructura material y humana
de servidores, y saber si en todos los sitios donde va a ocurrir este
fenómeno el ministerio fiscal dispone de fiscales para hacerse cargo
de las nuevas responsabilidades. Esto es lo que pretende nuestra
moratoria: que cada comunidad autónoma se lo haga llegar a sus
representantes parlamentarios, en la línea del pluripartidismo de
nuestra democracia parlamentaria, a fin de resolver esta cuestión. De
ahí mi meditación. Mi grupo parlamentario pide una moratoria según
las disponibilidades de la comunidad y del ministerio fiscal para que
la Ley 5/2000, que es una buena ley que mi grupo apoyó y de la que yo
fui ponente y defensor ante esta Cámara en la anterior legislatura,
pueda dar frutos que introduzcan una solución a un problema
importante respecto a estos jóvenes entre 18 y 21 años y no creen un
problema más a la sociedad, incluso con alarma social.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). Tiene la palabra la
señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta. Señorías,
señor ministro, aunque a mi grupo la reforma que se emprende como
medidas de choque para la mejora de la justicia le parece escasa,
como ha manifestado el señor Aymerich, siempre que hablemos de
reforma de la justicia a mi grupo le parecerá que es digno de tribuna
y por eso salimos a ella.
Decíamos ya en Comisión que por parte del Gobierno ha habido una
cierta comodidad a la hora de seleccionar los objetivos que iban a
ser motivo de reforma en este primer momento como medidas de choque.
No todos los meses se aborda en la Cámara una modificación de un
proyecto de ley como el de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y
parecería que podía haber sido más ambicioso en los aspectos a
retocar. Manifestábamos allí reticencias porque el Poder Judicial se
encuentra cada vez más claramente involucrado y penetrado por la
realidad autonómica del Estado y, sin embargo,
cada vez se hace más insólita la defensa numantina de la
configuración centralista de una gran parte de sus elementos y
herramientas precisamente en la organización y funcionamiento de la
gestión de ese servicio público. Votaremos que sí a lo que se regula,
como ya hicimos en Comisión, pero nos quejamos de lo que no se
contiene, y a ello se referían nuestras enmiendas, que no fueron
aprobadas en Comisión.
Teníamos presentada una enmienda en la que proponíamos que en el
artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se tuviera en
cuenta la posibilidad de que cuando se alude al Ministerio de
Justicia pudiera ser también el órgano competente de las comunidades
autónomas. Queríamos establecer la habilitación necesaria para
activar las cláusulas subrogatorias autonómicas que permiten una
intervención gestora eficaz por la Administración pública que tiene
asumida la cobertura de medios materiales y personales al servicio de
la justicia, y todo ello sin perjuicio del contenido esencial de los
derechos y libertades que establece la ley y del respeto a potestades
implícitas de autoorganización del Poder Judicial que, por supuesto,
le corresponden a otras instancias.
Nuestra enmienda número 13 tenía como contenido un viejo conocido
como aspiración por parte de este grupo y de otros grupos de esta
Cámara, que es el que hacía referencia a la necesidad de la
desaparición de los cuerpos nacionales en el personal al servicio de
la Administración de justicia. Nos parece una medida necesaria, con
carácter de urgencia por la incidencia directa y capital que los
recursos humanos tienen en la gestión de un servicio público, para
corregir las disfunciones del modelo a las que se encuentra sometida
la gestión del personal cuando la ejercen las competencias de las
comunidades autónomas por la existencia de estos cuerpos nacionales.
Nos basábamos para la redacción de la enmienda en lo que había sido
objeto de una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que finalmente no se aprobó en sus propios
términos, y también en una iniciativa del Parlament de Cataluña que
creíamos exquisitamente escrupulosa en cuanto a la salvaguarda de los
derechos de los funcionarios que en la actualidad ejercen funciones
al servicio del Estado en relación con comunidades autónomas
concretas.
También quería referirme a algunas enmiendas de otros grupos que nos
parecen especialmente significativas y que nos gustaría fuesen objeto
de especial atención, singularmente las que hacen referencia al
personal técnico cualificado que ha de servir en los juzgados de
menores y a la innecesariedad, desde nuestro punto de vista, de que
se creen cuerpos nacionales respecto de ellos. La enmienda número 3,
del Grupo Mixto, presentada por la señora Lasagabaster, o la enmienda
número 41, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), en cuanto
pretenden modificar la disposición adicional tercera, apartado
quinto, de la vigente Ley penal juvenil,
nos parece que merecerían ser atendidas, puesto que las
comunidades autónomas tienen ya personal en algunos casos, cuando
tienen asumidas estas competencias, que las vienen ejercitando a
plena satisfacción, sin que parezca en absoluto necesitado por ningún
título constitucionalmente exigible, ni por supuesto por ninguna
necesidad de eficacia en la prestación del servicio, la creación de
nuevos cuerpos nacionales respecto de cuya existencia mi grupo se ha
mostrado siempre contrario. También nos mostramos partidarios en
Comisión de prestar atención a las enmiendas 17 y 22, del Grupo de
Coalición Canaria, en cuanto contienen previsiones especiales
respecto de los secretarios de los juzgados de paz. Es la justicia de
paz una eterna desatendida y podía haber sido esta una buena ocasión
para tener algún gesto hacia ellos en relación a su posible
vinculación o dependencia respecto de las comunidades autónomas,
cuando son ya éstas o en ocasiones la Administración local quienes
les vienen haciendo dación de los medios materiales que necesitan
para el desenvolvimiento de su función, mucho más importante de lo
que en ocasiones suele considerarse.
Me queda el espinoso asunto de la enmienda número 21, del Grupo de
Coalición Canaria, que es la que hace referencia a posponer o no la
entrada en vigor de la Ley penal juvenil, en lo que hace referencia
al tramo de edad de 18 a 21 años. Mi grupo en Comisión se mostró
contrario a esta posibilidad, entendiendo que desde determinadas
administraciones se habían hecho los esfuerzos necesarios para que se
pudieran tener medios bastantes con que hacer frente a las
obligaciones que podían derivarse en cuanto a la ejecución de las
medidas, no ya penas, en el caso de que éstas se aplicasen a jóvenes
comprendidos en este tramo. La situación a día de hoy es ligeramente
distinta. Hubo un acuerdo de todas las comunidades autónomas con
competencias asumidas, que pedían se tuviera sensibilidad respecto de
aquellas comunidades que no estaban en condiciones de hacer frente a
este ejercicio - no es el caso de la vasca y me consta que tampoco el
de la catalana- y solicitaban que se pospusiera la entrada en vigor
de la Ley; a tal solicitud fueron también sensibles la consellera
catalana y el consejero vasco -repito-, aunque no era ese su
problema, por expresarlo de manera simple.
Ahora nos encontramos, sin embargo, ante una circunstancia distinta.
Hoy mismo veremos en Comisión las modificaciones del llamado paquete
de medidas antiterroristas. De aprobarse en los términos en los que
actualmente está, nos encontraremos con que la delincuencia del tramo
18 a 21 años que podrá ser vista por los tribunales de menores va a
ser realmente escasa, con lo cual quizá no se den las dificultades
que la enmienda de Coalición Canaria pretende salvar.
Mi grupo anuncia en este momento que, sensible como es a las
inquietudes de otras comunidades, seabstendrá en la votación de esta
enmienda. Me gustaría
constatar, de todas formas, un problema legal que se presenta en
cuanto a esta previsión. Las competencias que han asumido las
comunidades autónomas en materia de tutela de menores de menores se
refieren a jóvenes de 18 años para abajo. Con la previsión del la Ley
penal del menor, podríamos encontrarnos con que se ha producido una
transferencia a las comunidades autónomas respecto de la competencia
de ejecución de penas de jóvenes de un tramo de edad -18 a 21 años-
sin que se hayan abordado los correspondientes traspasos de
servicios. No fuimos conscientes de ello en el momento de la
elaboración de la ley y, como queremos mostrarnos sensibles al
problema -repito-, vamos a abstenernos. No obstante, votaremos que sí
al texto de lo que es la ley y también a su carácter de orgánica.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uria.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el
señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el hecho de que no hubiera enmiendas de totalidad a este
proyecto de ley sustrajo de alguna manera un debate político al Pleno
que, por razón de tiempo, quizá tampoco sea preciso practicar en este
momento. Tuvo lugar en la sesión de la Comisión de Justicia del
Congreso que celebramos el 18 de octubre y mi grupo parlamentario
quiere reiterar ahora que el apoyo que presentó al proyecto -sin
perjuicio de las diversas enmiendas- y el voto favorable que
producirá en la votación del dictamen y en la de conjunto, puesto que
se trata de una ley orgánica, tiene como fundamento que dicho texto
constituye un primer paso del pacto de Estado para la justicia que
nos incumbe a todos agilizar. Es una manifestación de apertura, de
buena voluntad y de confianza en que las fuerzas políticas
parlamentarias seremos capaces de ir avanzando en este pacto de
Estado por la justicia a lo largo de los próximos meses.
Entendíamos que nuestro grupo debía hacer también una manifestación
de buena voluntad, de dejar algunas cuestiones aparcadas, como dejan
o deberían dejar otros grupos, e iniciar el pacto de Estado a través
de estas medidas. En algún caso resultan ya conocidas; algunas de
ellas fueron solicitadas por el presidente del Consejo General del
Poder Judicial en comparecencias que efectuó a lo largo de la
legislatura pasada, como la ampliación de la edad de jubilación
forzosa de los magistrados y la reducción de la estancia en la
Escuela Judicial. Mi grupo parlamentario se opuso en aquel momento a
las mismas, sin embargo, en este nuevo
marco político, mantenemos una posición favorable puesto que se trata
de medidas transitorias.
Como saben SS.SS., la Escuela Judicial ha sido fuertemente impulsada
por el Gobierno de la Generalitat y, como creemos que tiene una gran
virtualidad de cara al Poder Judicial para que las personas que se
integren en él sean conscientes de la pluralidad lingüística,
cultural y nacional de España, entendemos que deberíamos salvaguardar
su posición. Cierto es que ya en el trámite de Comisión y a través de
la oportuna transaccional se ha mantenido la situación de la Escuela
Judicial en el sentido de que la presencia en la Escuela debe durar
al menos doce meses, las prácticas deben tener lugar a lo largo de
seis meses y, por lo demás, los alumnos que aprueben la Escuela
Judicial deberán participar en cursos de formación continuada a lo
largo del año siguiente. Por tanto, en estos momentos debo proceder
a la defensa de las enmiendas que todavía tenemos pendientes.
Debo indicar que existen dos enmiendas, la número 23, que hace
referencia a la exposición de motivos, y la 34 que pretende modificar
el texto del proyecto de ley en lo que hace referencia a la
adscripción de magistrados entre las salas de los tribunales
superiores de justicia. No ignora mi grupo que existen tribunales
superiores de justicia en los que las Salas de lo Civil y de lo Penal
se encuentran en una situación de infrautilización por muy diversas
circunstancias: en unos casos políticas, la existencia de pocos
procesos respecto de aforados, en otros casos por circunstancias
históricas institucionales, no todas las comunidades autónomas tienen
un derecho civil propio que pueda acceder por vía de recurso de
casación a esas Salas de lo Civil y de lo Penal y, por tanto,
entiende y asume que debe efectuarse una cierta redistribución de
tareas.
Sin embargo, quiero hacer constar, en primer lugar, que no todos los
tribunales superiores de justicia se encuentran en esa misma
situación, que las circunstancias, además, en las que se encuentra el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por razones históricas de
existencia de un derecho civil propio, son diferentes a la que se
tiene en algunos otros tribunales, y, por tanto, entendemos que debe
efectuarse una modificación del procedimiento de adscripción sobre la
base de que es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, en el
que concurre además ser el presidente de las Salas de lo Civil y de
lo Penal de dicho Tribunal, además ser el presidente de la Sala de
Gobierno, quien mejor puede valorar todas estas circunstancias y, por
tanto, iniciar el proceso de adscripción de magistrados, que deberá
contar, sin lugar a dudas, con el acuerdo favorable de la Sala de
Gobierno, que no deja de ser un órgano descentralizado o territorial
de gobierno del Poder Judicial y finalmente con el acuerdo favorable
del Consejo General del Poder Judicial.
Deben tenerse al mismo tiempo en cuenta algunas circunstancias como
antigüedad o especialidad. Piénsese
que hay magistrados en las Salas de lo Civil y de lo Penal que han
sido designados por los parlamentos autonómicos, que son
tremendamente doctos en algunas especialidades, fundamentalmente, por
ejemplo, en materia de derecho civil, y que muy difícilmente van a
encontrar un óptimo rendimiento si son adscritos a una Sala de lo
Contencioso-administrativo o a una Sala de lo Social. En este punto
hemos realizado una importante aproximación al Grupo Parlamentario
Popular y al Gobierno, que deseamos agradecer y, por tanto,
entendemos que la enmienda número 34 podrá ser votada favorablemente
en este Pleno.
Al mismo tiempo quería hacer referencia a la enmienda número 36, que
es puramente de terminología. El Consejo General del Poder Judicial,
cuando se trata de magistrados suplentes que ya han sido jubilados,
que han pasado la previsión de 72 años como edad para la jubilación
forzosa, entiende que su denominación debe ser la de magistrados
eméritos. Es lo que pretendemos a través de esa enmienda, que
calificamos de inicua. Si no ha existido tiempo para valorarla a lo
largo de la tramitación en el Congreso, podría efectuarse la
tramitación en el Senado.
Respecto de las otras enmiendas, quiero destacar muy fundamentalmente
la número 41, que coincide sustancialmente con una enmienda
presentada por la señora Lasagabaster del Grupo Parlamentario Mixto,
y creo recordar que también con planteamientos del Grupo
Parlamentario Vasco. Cierto es que cuando estuvimos debatiendo la Ley
de responsabilidad penal del menor, el hecho de que por parte del
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida se presentase una enmienda que
pretendía establecer con el carácter de cuerpos nacionales y, por
tanto, con eficacia en todo el territorio del Estado, a estos cuerpos
de psicólogos, pedagogos y educadores sociales, determinó una
enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para
salvaguardar las competencias de las comunidades autónomas. Lo que
pretendemos en este momento y a través de esta enmienda número 41,
que me consta que se está estudiando por el Grupo Parlamentario
Popular y por el Gobierno y por tanto posiblemente -y así lo deseamos
y esperamos- encuentre un voto favorable en el Pleno del Senado, es
que, sin perjuicio de que en el territorio que pudiéramos denominar
del Ministerio de Justicia puedan actuar estos cuerpos, tal y como
pretende el proyecto de ley, en el territorio de las comunidades
autónomas con competencia en la materia sean estas las que puedan, en
el ejercicio de sus competencias, mantener los criterios con los que
están actuando en estos momentos, y, por tanto, actuar a través de
personal contratado o como lo tengan por conveniente.
El resto de enmiendas, prácticamente una decena, lo que pretenden es
ajustar una serie de procedimientos, a los que se alude en el
proyecto de ley, al Estado de las autonomías, pudiéramos decir, a la
territorialización de
la Administración de Justicia. Además, se hace a través de
procedimientos de integración; no existe un planteamiento de
reivindicación de competencias propias, sino que lo que se hace es
una apuesta a favor de procedimientos de integración que se producen
a través de tres sistemas fundamentalmente: en primer lugar, la
audiencia previa y preceptiva de las comunidades autónomas con
competencias en la materia cuando se trate de la adopción de
determinadas decisiones que allí se contemplan; en segundo lugar,
también a través de la intervención preceptiva de la conferencia
sectorial de asuntos relacionados con la Administración de Justicia
y, en tercer lugar, también a través de la integración, en este caso
personal, de funcionarios o altos cargos de las consejerías de
Justicia o equivalentes de las comunidades autónomas en una serie de
órganos que no dejan de ser, desde luego, órganos de la
Administración general del Estado. Por tanto, en la medida en que lo
que se pretende es esa adaptación de procedimientos y de órganos a la
estructura territorial del Estado, al Estado de las autonomías y que
además el planteamiento es de cooperación y de integración, bien sea
personal o integración en procedimientos, debieran ser votadas
favorablemente. Quizá se nos diga que es materia propia del pacto de
Estado para la Justicia que en estos días empieza a reactivarse. En
cualquier caso, si en estos momentos no merece ese voto favorable del
Grupo Parlamentario Popular -aunque entendemos que no debiera haber
obstáculo para ello-, deberá ser objeto de un tratamiento específico
en el pacto de Estado para la Justicia.
Finalmente, quisiéramos pronunciarnos respecto a enmiendas que han
sido presentadas por otros grupos parlamentarios. Ya hemos hecho
referencia a aquellos planteamientos del Grupo Parlamentario Mixto y
del Grupo Parlamentario Nacionalista Vasco respecto de la existencia
de cuerpos nacionales o la salvaguarda y mantenimiento de
competencias de las comunidades autónomas, que votaremos
favorablemente.
La enmienda número 21 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria
pretende, como saben SS.SS., aplazar la entrada en vigor de la Ley de
responsabilidad penal de los menores para aquellos que están en la
franja entre los 18 y 21 años, respecto de los cuales el Código Penal
permitiría la aplicación de la Ley de responsabilidad penal de los
menores. Mi grupo pretende reiterar aquí el planteamiento que efectuó
en la Comisión de Justicia. La Consejería de Justicia de la
Generalitat y el Gobierno de la Generalitat están preparados, están
dispuestos -porque han venido trabajando mucho y bien durante todos
estos años- para efectuar una aplicación de la Ley de responsabilidad
penal de los menores, tal y como se encuentra en estos momentos y con
la vacatio legis que tiene prevista. En la medida en que desde otras
comunidades autónomas se entienda que no se encuentran en la misma
disposición, mi grupo parlamentario está dispuesto a efectuar una
votación favorable a esa enmienda de Coalición Canaria; pero como
decíamos en la Comisión de Justicia estamos dispuestos, por motivos
de solidaridad a ayudar a llevar la cruz, lo que no queremos -porque
no sería justo- es aparecer como los responsables de que la Ley de
responsabilidad penal de los menores no entre en vigor en la fecha
que tiene prevista para esa franja de mayores entre 18 y 21 años. Por
tanto, en la medida en que otros grupos parlamentarios que
representen una mayoría amplia estén dispuestos a votarla
favorablemente mi grupo también lo hará; en otro caso, procederá a
efectuar una abstención.Por tanto, señorías, estos son
fundamentalmente los planteamientos del Grupo Parlamentario Catalán.
Sabemos que es un primer paso modesto, que los efectos también serán
modestos, pero quizá sea bueno que para el pacto de Estado por la
Justicia estemos todos dispuestos -en su día lo efectuó el Gobierno
aparcando la modificación del sistema de elección de vocales del
Consejo, también lo hace mi grupo parlamentario a través de su
posición en este proyecto de ley- a renunciar a algunos de los
planteamientos propios, y así poder conseguir ese gran consenso que
la sociedad del Estado español nos agradecerá.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Para la presentación y defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.
El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro de Justicia, termina hoy aquí, en el
Congreso, el trámite parlamentario de un proyecto de ley que
pomposamente se titulaba de medidas para agilizar la Administración
de Justicia, que se definía en su preámbulo con vocación de
modernizar la Administración de Justicia, y que el señor ministro
presentó como un plan de choque, que en buena medida iba a solventar
al menos bastantes de los problemas que la Administración de Justicia
tiene. Señor ministro, mi grupo quiere decirle con solemnidad,
tranquilidad y buenos modos que ha fracasado en su intento, al menos
si podemos deducir que hay un intento serio a partir de este proyecto
de ley. Es decir, si parte de lo que tiene que ofrecer a la Cámara,
ocho meses después de dirigir el Ministerio, es este proyecto de ley
o los presupuestos que ha presentado, señor ministro, su actitud es
de pérdida de una oportunidad única. Señor ministro de Justicia, es
posible que no haya habido ministros en democracia que hayan tenido
la oportunidad -yo lo expliqué públicamente con motivo de unas
jornadas- que usted ha tenido y sigue teniendo, no la malgaste, para
llevar a cabo de verdad el llamado pacto de la justicia. El pacto de
la justicia se presentó hace una serie
de años, en 1993, por un ministro socialista de aquella época, señor
Belloch, y no tuvo ni la voluntad de consenso ni la voluntad de
acuerdo que usted ha reclamado y conseguido de los grupos
parlamentarios en su primera comparecencia en la Comisión de Justicia
e Interior. Señor ministro, nosotros vamos a seguir apostando por el
pacto serio. No pierda la oportunidad con leyes como ésta, con
proyectos tan minúsculos como éste y no pierda la oportunidad con
presupuestos que ya han pasado, el presupuesto de la sección 13, que
no ponen en valor lo que usted decía que era voluntad seria del
Gobierno de llegar a acuerdos y consenso en el pacto por la justicia
y, por tanto, en la definición de las resoluciones que tiene que
llevarse a cabo para que la Administración de Justicia sea eficaz,
eficiente y de mayor calidad. Se lo diré de otra manera, señor
ministro. En febrero de 1999, este Parlamento tuvo ya la ocasión de
pronunciarse en el llamado tema tan fundamental del pacto por la
justicia. Ainstancia de una iniciativa del Grupo Parlamentario
Catalán, todos los grupos tuvieron ocasión de definir sus posturas
sobre este importante tema, y aparece en la sesión de febrero de 1999
de este Pleno del Parlamento una serie de resoluciones articuladas de
lo que la voz del pueblo, sus representantes, entienden que debe
conformar el pacto por la justicia. Señor ministro, lo que debe
hacer, aparte de aportaciones sin duda brillantes de su Ministerio -y
no tiene ya mucho tiempo-, es ejecutar con criterio y con profundidad
ese tipo de medidas. Entra en una nueva etapa, señor ministro, pero
insisto en que la voluntad de mi grupo es seria, leal y responsable
en este tema. Le indico incluso las fórmulas que a través del
Parlamento ya vienen dadas y articuladas, que pueden facilitarle su
labor, pero haga algo más, señor ministro, de lo que significa este
proyecto de ley y su último presupuesto. ¿Qué recoge el proyecto de
ley? Recoge, señor ministro, señorías, cuatro medidas. Una de ellas
es que se revise la posibilidad y se busque la fórmula, que a partir
del debate en el Senado se conseguirá, de manera que se unifiquen las
oposiciones a juez y fiscal. Señor ministro, nos parece bien,
conforma una de las medidas de las que le he hablado del año 1999 en
esta Cámara, pero no va a ayudar para nada, y usted lo sabe bien, al
problema de desertización y agilización que en este momento tiene la
Administración de Justicia. Además hay un apartado en esta decisión
de su Ministerio, del Gobierno, que a nosotros nos produce
preocupación. Por primera vez se crea una Comisión mixta que limita
las competencias del Consejo General del Poder Judicial a la hora de
convocar, seleccionar y elegir tribunales. Esta fue una vieja
aspiración que tuvo el Consejo General del Poder Judicial, como bien
sabe la señora ministra de Justicia anterior, y que consiguió por la
vía de negociación con los grupos e hizo posible el Gobierno anterior
en esta Cámara, presentando las correspondientes medidas que
conformaban esas nuevas competencias
del Consejo. Señor ministro, usted se las quita o, dicho de
otra manera, usted las limita y hace que las tenga junto a
competencias de la Administración de Justicia, es decir, a
competencias de su Ministerio. Conforma -digámoslo con claridad- una
Comisión mixta que limita las competencias del Consejo y aumenta las
del Ministerio a la hora de seleccionar y formar jueces. No sabemos
por qué, ni creemos que eso forme parte ni siquiera de la
introducción de un pacto de justicia consensuado entre todos los
grupos.
Segunda medida de este paquete legislativo es la adscripción de
magistrados, señorías, de una sala a otra en función del volumen de
trabajo. Señorías, para eso no era preciso una medida conformada de
acuerdo con un proyecto de ley y publicitada como un gran aporte de
plan de choque, aporte al trabajo que usted quería tener con los
grupos dedicado a solventar los problemas de la justicia. Eso se
soluciona con una simple comisión de servicio. Y si además el
proyecto no tiene plazos para que esto ocurra, ni tiene sistemas de
control para saber cuál es el volumen de trabajo a partir del cual
deben hacerse las adscripciones de magistrados entre salas, ni tiene
módulos de producción para saber en qué baremos podemos empezar a
hablar de modificación de salas de adscripción de magistrados, usted,
señor ministro, está haciendo un brindis al sol, que se solventaba
hasta ahora con medidas de urgencia e, insisto, con la simple
comisión de servicios. Si usted cree -y haría bien en creerlo porque
es verdad- que hay un volumen excesivo de trabajo en determinadas
salas, lo que tiene que dar es una solución seria y responsable, que
es sencillamente modificar la planta y hacer una nueva, de manera que
jueces, magistrados con calidad, bien formados puedan sacar todo el
trabajo que significa una sala con un volumen de trabajo grande.
La tercera medida a la que nosotros con nuestras enmiendas queremos
oponernos -esta sí es importante, señor ministro, porque sí incide en
la calidad de la justicia- es la rebaja del tiempo de formación de
los jueces en la escuela judicial. En la escuela judicial pasamos de
24 meses a 18 meses de formación a los nuevos jueces, porque se
quiere habilitar jueces nuevos de manera rápida para cubrir parte de
las 500 vacantes de jueces que hay en este momento en nuestro país.
Esto, señor ministro, no sólo es un error, es un fallo importantísimo
que usted debía haber pensado con tranquilidad un poquito antes de
presentar este proyecto, porque estoy seguro de que no se le escapa a
usted, señor ministro, que cuanta menos formación, menor capacidad y
menor calidad de nuestros jueces. Los jueces de los que hablamos son
ciudadanos que responsablemente tienen que adoptar decisiones sobre
temas tan complicados, por ejemplo, como resolver delitos
societarios, delitos informáticos, temas sobre nuevas tecnologías,
que precisan sin duda alguna una mayor formación y una formación
complementaria que no se recibe
en la facultad de derecho, ni se recibe por el simple estudio
memorístico de la oposición. Pues bien, usted a estos jueces les
rebaja seis meses de formación. ¿Qué se hace en Europa, señor
ministro? Lo contrario. En Francia se tiene a los jueces formándose
32 meses; en Alemania, cinco años; en Portugal, dos años; en Holanda,
seis años; nosotros, 18 meses, si se aprueba, señor ministro, su
proyecto. Pero diré algo más para informarle. En los países europeos
cuando un juez sale ya formado con este tiempo de formación más
complementario, más profundo, además va a tribunales colegiados que
le ayudan a conformar las sentencias o las resoluciones, es decir,
que le dejan que adopte sólo las medidas más sencillas, adoptando el
resto -las medidas más complicadas- los demás ponentes. En España,
no; en España un juez sale con la formación que le queramos dar
-nosotros muy profunda sin duda, ustedes escasa-, y se va a un órgano
unipersonal en donde tiene que tomar decisiones importantísimas que
deciden no sólo sobre la bondad o no en la distribución de la
igualdad, de la justicia, en problema jurídicos, sino sobre temas que
inciden en la economía, en responsabilidades penales, en lo más
importante que tiene el ser humano, por ejemplo en la pérdida de
libertad. Cuanto mayor es la formación de un juez, señor ministro,
mayor es su capacidad técnica, mayor es su sensibilidad. Existen -y
yo le animo a que lo lea, estoy seguro que lo conoce- estudios que
obran en el Consejo General del Poder Judicial que ponen de
manifiesto la futura planta y el crecimiento vegetativo que se
precisa. Y usted sabe que ese crecimiento se ha conformado en una
numeración aproximada de 2.400 nuevos jueces a través de la
aportación de 240 por año. Es decir, estamos hablando de medidas a
medio y largo plazo que, esas sí, puede incidir de verdad en la
administración de la justicia, en su eficacia y en su eficiencia,
para que rompamos, por ejemplo, una ratio que es mala y que usted
-estoy seguro- además quiere también romper. En España tenemos 12.000
habitantes por juez, no llega a 8.000 habitantes por juez en los
países europeos y, además, señor ministro, mejor formados.
Cuarta medida -y voy terminando señora presidenta-, prolongar la edad
a 72 años y en algunos casos a 75 años en los magistrados que están
en estos momentos trabajando con normalidad, resolviendo a través de
autos, sentencias, providencias, etcétera. ¿Qué soluciona esto, señor
ministro? No soluciona nada. Porque a 1 de junio del año 2000 había
221 plazas vacantes -que hoy serán más- de magistrados. Su solución
lo que hace es resolver el problema hasta julio del 2001 a 36
magistrados y hasta el año 2003 a 119 magistrados. Por lo tanto, no
cubre ni siquiera las vacantes que se han producido y existen en
estos momentos. Una simple convocatoria, señor ministro, señorías, en
el año 2001 del cuarto turno, es decir, de juristas de reconocida
competencia, solucionaría este problema de vacantes en el número
aproximado, insisto, de algo más de 200.
En esta tribuna, señoría, yo no acostumbro -incluso a pesar de
algunas excitaciones en esa línea- a hacer otra cosa que
intervenciones responsables y serias, pero todo el mundo sospecha que
esta medida viene dada por algún tipo de presión, que yo descarto,
pero que podría tener sentido, porque no está suficientemente
explicado, señor ministro de Justicia, el porqué van a solventar los
problemas gente de más edad, que tiene una menor producción y que
tiene menor calidad porque tienen menores conocimientos de las
técnicas modernas que usted sabe es cada vez más complicado asumir.
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego concluya.
El señor BARRERO LÓPEZ: Termino.
Señor ministro, quiero anunciarle que vamos a votar en contra como
ley orgánica. A través de este tipo de medidas, que hay que unir
también a las que aquí se han defendido en la sección 13, relativas a
los presupuestos destinados al Ministerio de Justicia, no existe
claramente -dejemos puertas abiertas, señor ministro- voluntad de que
las cosas cambien. Ha presentado S.S. dos iniciativas, ésta y los
presupuestos, y deducimos de ello, por ahora, que no hay voluntad de
que las cosas cambien y, sin embargo, queremos un pacto por la
justicia serio. Cuenta usted con nuestro consenso y nuestro acuerdo
en temas serios. Le animo además a que recupere los «Diarios de
Sesiones» del Congreso donde se resuelve de manera articulada, por
voluntad parlamentaria lo que debe ser un pacto de Estado en esta
materia. Pero este proyecto, señor ministro, es minúsculo y pone en
entredicho la comprensión de los desafíos de la justicia que pueda
tener el Gobierno que usted representa. Da la impresión señor
ministro...
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego que concluya
definitivamente.
El señor BARRERO LÓPEZ: Da la impresión, señor ministro -y termino-,
que está usted en otros temas: preocupado por las medidas
antiterroristas, que compartimos; preocupado por estudios para los
cambios, parece que amplios, relativos a las penas del Código Penal,
que no compartimos; sin embargo, no está en las cuestiones a las que
usted se debe, señor ministro de Justicia, que es solventar los
graves problemas de la Administración de Justicia. Por ejemplo...
La señora PRESIDENTA: Señor Barrero, le ruego que dé por concluida su
intervención. Se ha excedido en más del doble de su tiempo.
El señor BARRERO LÓPEZ: Ya ve, señor ministro, no me dejan poner el
ejemplo.
Muchas gracias, por su atención, señor ministro, señora presidenta.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Para fijar la posición del Grupo de Izquierda
Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Federal de
Izquierda Unida al proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes
para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se
modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Nuestro grupo parlamentario presentó en su día un paquete de
enmiendas a este proyecto de ley orgánica que, por motivos que
todavía desconocemos (pensamos que administrativos), no se han podido
tramitar. En torno a esas enmiendas voy a fijar la posición de mi
grupo. Que la modernización de la justicia es un ambicioso objetivo
que la sociedad española demanda, tal como aparece en la exposición
de motivos, es algo en lo que sin duda coincidimos la totalidad de
los grupos parlamentarios, pero la coincidencia se rompe, señorías, a
la hora de afrontar el tratamiento. En primer lugar, calificar como
plan de choque, como medidas para agilizar la justicia, una serie de
parches mal colocados es, cuando menos, pretencioso, pero huir
aparentemente de un problema creando otro mayor es un desatino. (La
señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Señorías, la prolongación transitoria de la edad para el desempeño de
las tareas jurisdiccionales hasta los 72 años, y hasta los 75 en
determinados supuestos, no soluciona los problemas de la tardanza por
los atascos judiciales; no es más que una concesión gremial a
determinados clanes de la magistratura. No estoy haciendo una crítica
a la capacidad de trabajo físico e intelectual a partir de
determinada edad, pero nadie puede eludir que, globalmente, escasas
ganas de aprender nuevas técnicas o nuevas leyes se debe de tener a
los 70 años, con un breve horizonte de trabajo. Frente a ello,
debería haberse desarrollado un plan de cobertura de plazas vacantes,
agilizando el paso de los alumnos y las alumnas por la escuela
judicial y realizarse el curso práctico con una mayor responsabilidad
judicial. Al mismo tiempo, señorías, estamos ante una gran ocasión,
perdida, para ir potenciando el papel del Consejo General del Poder
Judicial en todo lo referente al gobierno de la carrera judicial y
fiscal. Hubo un tiempo en que el Partido Popular expresó su apuesta
por la desaparición del Ministerio de Justicia, tiempo en el que, al
menos por la vía de los hechos, vaya produciéndose el traspaso de
determinada gestión al Consejo General del Poder Judicial.
En resumen, señorías, más ruido que nueces y una nueva ocasión
perdida. Como no podía ser menos, anunciamos nuestro voto en contra
al presente proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, me toca
defender la posición de mi grupo ante este proyecto de ley, que no es
sino el resultado de la primera etapa de ese pacto de Estado que
anunció el señor ministro en su día en Comisión, y cuya metodología
ya tuvo ocasión de exponer entonces con notable claridad. Él dijo que
ese pacto de Estado se haría en tres etapas: una primera, en la que
se abordarían problemas de particular urgencia, apuntando
fundamentalmente al logro de unos resultados prácticos; una segunda,
en la que se entraría en lo que sería una reforma de la justicia en
profundidad mediante un consenso, por lo que su contenido y su
calendario quedaba precisamente vinculado a ese pacto; y una tercera,
en la que los elementos que en esa segunda etapa no hubieran
encontrado acomodo, por considerarse que no eran tan prioritarios o
por no lograrse el adecuado consenso, quedarían también. Porque la
insistencia continua del señor ministro es que el objetivo no es un
pacto de Estado, sino la reforma de la justicia, y el pacto de Estado
el instrumento. Tenemos aquí hoy la primera etapa de esa metodología
de la que, por cierto, ningún grupo discrepó en esa comparecencia en
Comisión. Ahí esta el «Diario de Sesiones» y a todo el mundo le
pareció muy bien. En consecuencia, no se entiende demasiado alguna de
las posturas que se han escuchado hoy aquí, porque aquél hubiera sido
el momento oportuno para que algún grupo hubiera dicho: no, no; nos
parece que lo que hace falta es entrar directamente en la segunda y,
por tanto, no abordar para nada esa primera. Pero es que, luego -y
así me refiero a la postura mantenida por el Grupo Socialista de
manera particular-, es enormemente desconcertante, y ello a pesar del
esfuerzo que ha hecho el señor Barrero López, que sin duda ha leído
la intervención que tuvo en Comisión el señor López Aguilar y la
suya, y ha hecho una gran tarea creativa que se ha apartado
absolutamente del discurso que en aquel momento desarrolló su grupo,
de lo cual me alegro, porque a mí me pareció un discurso muy poco
enfocado, y veo que a él también, y por eso hoy no lo ha suscrito.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Por ejemplo, en aquella
ocasión se nos decía que si no se había presentado una enmienda a la
totalidad es por dos cosas: o bien porque no se cuenta con una
alternativa, que plantean, y por tanto al no haber posibilidad de
alternativa no se presenta la totalidad con texto alternativo, o bien
porque se considera que, tal como están las cosas, están bien. Sin
embargo, el Grupo Socialista afirmó que no suscribía ninguna de las
dos posturas, que no tiene alternativas meridianamente claras, porque
ha ido poniendo una serie de objeciones
a las medidas concretas con resultado práctico que aquí se plantean,
pero se ha cuidado muy mucho de exponer alternativa alguna.
Indudablemente, podrá ser una tragedia que se jubilen pocos
magistrados y, por tanto, la medida de ampliar la jubilación vaya a
afectar a un número que al Grupo Socialista le parece reducido, pero
lo que yo no sé es cuál es la alternativa; si la alternativa a la
mala suerte de que el número de magistrados sea reducido es que no
sea ninguno, yo me quedo perplejo. ¿Es esa la alternativa del Grupo
Socialista? Le parecen pocos cien magistrados y la alternativa es
cero. ¡Caramba! Uno se queda un poco perplejo. Si le pareciera
irrelevante que haya un magistrado más o un magistrado menos,
entendería el asunto, pero no parece ser el caso. En consecuencia, si
lo que dio a entender en el debate en Comisión el entonces portavoz
es que estas medidas le parecen bien pero le parecen pocas, lo lógico
sería votarlas a favor o, en todo caso, abstenerse; votar en contra
de unas medidas que se consideran necesarias, aunque insuficientes, y
pedir a la vez -aunque ha tenido usted el inmenso pudor, porque ha
estado usted aquí como una doncella pudorosa (La señora Alberdi
Alonso: Contesta.- Rumores.) de no explicar su enmienda, se le ha
olvidado su enmienda- que al día siguiente de aprobarse entre en
vigor la ley porque ustedes están deseando que entre en vigor, para
que le toque la lotería a no se sabe quién (La señora Alberdi Alonso:
Señora presidenta, protestamos.), no deja de ser curioso el asunto. O
sea, ustedes entienden que esto no sirve para nada, pero, por favor,
que entre en vigor cuanto antes. (Rumores.) ¡Caramba! Es un asunto
que me deja perplejo. Por un lado, les sabe a poco, pero no presentan
alternativas; por otro, dicen que no sirve para nada, pero, por
favor, cuanto antes. Yo acabo mareado; estoy un poco desconcertado
ante este flujo y reflujo de sugerencias, tan ricas todas ellas, que
a uno le dejan en una situación difícil de seguir.
Mucho más lógica me parece la postura de otro grupo, que lo que ha
pretendido es, en ese paso entre la primera etapa y la segunda, en
esta primera etapa debían de haber entrado otras cuestiones, que
tienen que ver con planteamientos autonómicos, con legítimas
reivindicaciones de varios colectivos que han venido a ver a todos
los grupos. Desde el Gobierno (y nuestro grupo apoya esa decisión) lo
que se ha hecho es estudiar cuáles iban a ser los resultados
prácticos, así como evitar agravios comparativos, porque sabemos que
hay otras muchas reivindicaciones, aparte de las que se han plasmado
en enmiendas, de otros colectivos con intereses no menos legítimos.
No sería lógico que, por el hecho de que hayan tenido la habilidad
-siempre es de premiar- de contactar con nosotros en el momento
procesal oportuno, vayamos a resolver unos problemas que, además, a
veces producen reacciones en cadena que pueden sugerir algún agravio
comparativo adicional. Por tanto, entendemos perfectamente las
referencias
a las comunidades autónomas, a los jueces de paz, a los
secretarios judiciales, pero ahí está la segunda etapa para que todos
los grupos de acuerdo podamos hacer un índice con un orden de
prioridad de las diversas cuestiones. Creo que este es el primer
asunto a resaltar.
La jubilación. Aquí hemos oído un canto a los licenciados en paro
que, por lo visto, son el futuro de la justicia española. Hemos oído
unos reproches a los magistrados con 70 años que me dejan bastante
perplejo, sobre todo cuando los mismos que los hacen no hace mucho
les subieron el sueldo de una manera bastante sustanciosa, quizás
como despedida, a modo de finiquito. Yo no entiendo cómo se puede
apreciar en términos económicos y de una manera tan sustanciosa el
trabajo de alguien en tan pésimas condiciones. Es un asunto que no
acaba de cuadrar del todo.
Lo que se pretende es simplemente ahorrarnos un centenar, dos
centenares, de nuevos sustitutos. Todo el mundo está de acuerdo en
que uno de los principales problemas de la justicia hoy día es
precisamente que el ciudadano acude a un órgano judicial, creado por
el Gobierno, y no encuentra a un juez de carrera; encuentra a un
sustituto, a lo mejor a un licenciado en paro, de esos a los que hoy
se elogiaba en términos tan encomiásticos, por lo que está recibiendo
justicia en unas condiciones manifiestamente mejorables. Además, no
acabamos de entender el rechazo a los magistrados jubilados cuando no
hemos oído que se opongan a que, como viene ocurriendo, esos mismos
magistrados que se jubilan se contraten como sustitutos. En el fondo,
no se están oponiendo a que haya magistrados de más de 70 años que
estén dictando sentencias; simplemente, parece que prefieren que lo
hagan con un contrato; el señor Castellano, ausente hoy aquí -y lo
evoco con frecuencia-, decía que era la peor situación, puesto que
una situación contractual de ese tipo, desde un punto de vista
objetivo, no parece la mejor garantía de independencia.
En cuanto a la adscripción a jueces a otras salas, el Grupo de
Convergència i Unió ha anunciado una transaccional reformando su
propia enmienda, en la que nos propone que, cuando existe una
sensible y continuada diferencia en el volumen de trabajo de las
distintas salas de los tribunales de justicia y lo aconseje esta
circunstancia, los magistrados de cualquiera de ellas, con el acuerdo
favorable de la Sala de Gobierno, previa propuesta del presidente del
Tribunal, podrán ser adscritos por el Consejo General del Poder
Judicial total o parcialmente, y sin que ello signifique incremento
retributivo alguno, a otra sala del mismo Tribunal Superior de
Justicia; transaccional que apoyaremos con nuestro voto.
Había un inciso que enmendaba el Grupo Coalición Canaria, la alusión
a que no tendrán un incremento retributivo. Dadas las circunstancias,
a veces sorprendentes, y dado que existen casos dentro de la justicia
donde sí que hay incrementos retributivos, a veces con la fórmula
sorprendente de comisión de servicios, la propia plaza y otras sobre
las que no es el caso explayarse ahora, no venía mal que quedara
claro que no era una fórmula más de ese tipo la que aquí se estaba
habilitando.
Otro de los puntos es la permanencia en la Escuela Judicial. Al
portavoz socialista hay que recordarle cosas tan obvias como la
siguiente. Primero, son ustedes los que, en la propia ley orgánica,
ya prevén, transitoriamente, que se haga así. Por tanto, no es una
fórmula nueva, es algo que ya existía en esa ley. Son ustedes quienes
en 1994 -año 1994, no estoy hablando del fin de los tiempos-
modifican esa ley orgánica y establecen que, cuando el excepcional
retraso o la acumulación de asuntos en un juzgado o tribunal no pueda
ser corregido mediante el reforzamiento de la plantilla, podrá el
Consejo General del Poder Judicial acordar excepcionalmente medidas
de apoyo judicial consistentes en la adscripción, en calidad de
jueces sustitutos o jueces de apoyo, de jueces adjuntos que
estuvieran siguiendo el curso teórico y práctico de selección en el
centro de selección y formación de jueces y magistrados. Esto lo
proponen ustedes en 1994 y se está llevando a la práctica de una
manera exhaustiva una y otra vez. Por tanto, se trata de regular con
mayor precisión, y con un carácter siempre provisional, esa
situación. En el fondo lo que se consigue con eso, señor portavoz del
Grupo Socialista, es algo que a nosotros nos importa mucho: evitar
131 sustitutos más. Por lo visto ustedes están encantados con que
haya sustitutos. Nosotros no.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego vaya concluyendo.
El señor OLLERO TASSARA: Gracias, señora presidenta.
La penúltima promoción que saldrá en febrero del 2001 será de 224
jueces. La última, la de marzo del 2002, de 265 jueces. En la próxima
convocatoria, será de 300, lo cual suma 789. Si tiene en cuenta que
estamos hablando de seis meses, nos da una cifra de 4.734. Para
cubrir eso hacen falta 131 sustitutos más. Queremos que haya 131
sustitutos menos y nos parece que es preferible que haya un juez, que
ya se ha formado en la Escuela Judicial y que va a hacer simplemente
lo que le dijeron ustedes que hiciera en 1994, a que haya un
sustituto. Esa es la diferencia fundamental.
Dice S.S. que en Francia no ocurre así. A lo mejor se debe a que en
Francia no ha habido un gobierno que haya estado sin crear plazas
durante años, como los gobiernos socialistas, y haya creado este
desfase actual entre las plazas que crea el Gobierno actual y la
capacidad del Consejo General del Poder Judicial de cubrirlas. Ese es
el problema, ese desfase es el que ha originado el problema.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: No entiendo que le extrañe, señor portavoz,
que haya una comisión encargada de decidir el programa de esa
oposición conjunta que surge con esta ley de jueces y magistrados
y que impide que los mejores candidatos a las oposiciones para cubrir
las dos plazas generen inmediatamente vacantes, puesto que tienen que
ocupar o una u otra.
Señor portavoz, casi me da vergüenza decírselo. No sé si S.S. sabe
que los fiscales no dependen del Consejo General del Poder Judicial
¿Qué sentido tiene que el Consejo decida, él solo, el programa de
oposiciones de los fiscales? Tendría que explicar S.S. aquí esa
curiosa distorsión y me asombra que tenga que darle una explicación
tan pedestre a la hora de hablar de este asunto.
Para terminar, respecto a la moratoria que ha solicitado el Grupo de
Coalición Canaria sobre la entrada en vigor de la ley del menor en el
tramo 18 a 21 años, ya tuvimos ocasión de exponer nuestra postura en
Comisión y la reiteramos aquí. En principio, hay determinadas
comunidades autónomas, casi todas ellas de Gobierno Socialista, que
no están en condiciones, a diferencia de otras como hoy aquí ha
quedado bien claro, según ellas, de asumir una serie de competencias
que vía asuntos sociales, no vía justicia, van a caer sobre ellas en
gran medida.
Nuestro grupo, en la medida en que haya un consenso generalizado, no
tiene inconveniente en apoyar esa enmienda y quizá en el Senado haya
ocasión. Ahora bien, lo que no nos parece de recibo es que desde el
Partido Socialista se mande a sus comunidades autónomas para que nos
lloren diciendo que esta ley les ha cogido en cierta situación -en
esa situación no se encuentran otras autonomías- y al día siguiente
sus representantes aquí nos digan muy dignos que quieren que entre en
vigor. Acabemos con los dobles lenguajes y pasemos a una situación
más satisfactoria.
Nuestra enhorabuena, en nombre del grupo, al señor ministro por esta
primera etapa del pacto de Estado y nuestra esperanza de que el Grupo
Socialista demuestre más madurez, responsabilidad y más capacidad de
alternativa en la segunda etapa.
Muchas gracias. (Aplausos.- El señor Mardones Sevilla, pide la
palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Señor Mardones, ¿a qué efecto pide la palabra?
El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidente, para anunciar que mi
grupo retira la enmienda número 16, a la vista de que se me ha hecho
llegar por los servicios de la Cámara un texto de enmienda
transaccional a la enmienda 34 del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), y la explicación que ha dado al
respecto sobre retribuciones el señor Ollero.
Por todo lo anterior, mi grupo votará favorablemente la enmienda
transaccional del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de Ley Orgánica
sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de
justicia.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
la número 3 de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 18; en contra, 169; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 4 y 7 del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, nueve; en contra, 180; abstenciones, 97.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 5 y 6.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 102; en contra, 182; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 8.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 16; en contra, 259; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a la votación de las enmiendas 14 y 15 del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, cinco; en contra, 275;abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 17 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 101; en contra, 182; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 21.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, cuatro; en contra, 185; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 22.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 106; en contra, 181.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco
(PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 20; en contra, 167; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la
número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 113; en contra, 171; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación votamos la enmienda número 34 en los términos de la
transaccional presentada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 283; en contra, uno; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas números 25 a 33.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
285; a favor, 18; en contra, 169; abstenciones, 98.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 15; en contra, 269; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 41.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 116, en contra, 168, abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 99; en contra, 185; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar los artículo 3 y
4.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 183; en contra, 101; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos de referencia.
Votamos a continuación el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
287; a favor, 185; en contra, tres; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
VOTACIÓN DE CONJUNTO
- DEL PROYECTO DE LEY ORGÁNICA SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA
AGILIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA
LA LEY ORGÁNICA6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL. (Número de
expediente 121/000003)
La señora PRESIDENTA: Votación final del conjunto del texto, por
tener el carácter de orgánico el proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
286; a favor, 185; en contra, 101.
La señora PRESIDENTA: Al haberse alcanzado la mayoría requerida,
queda aprobado el proyecto de ley en votación final sobre el conjunto
del texto.
Se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.