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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 33, de 17/10/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 33
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 31
celebrada el martes, 17 de octubre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 1452)
Modificación del orden del día . . . (Página
1453)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la
disposición transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación del
Sistema Educativo (LOGSE) al objeto de aplicar las jubilaciones
reguladas a los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social
o de previsión distintos del de Clases Pasivas. «BOCG. Congreso de
los Diputados», serie B, núm. 74-1, de 9 de junio de 2000. (Número de
expediente 122/000065.) . . . (Página 1453)
Avocación por el Pleno:
- Del Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal. (Número de expediente 121/000013.) . . .
Declaración institucional . . . (Página 1458)
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
Fondo de Garantía de Alimentos y Pensiones Complementarias. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 38-1, de 8 de mayo de 2000.
(Número de expediente 122/000029.) . . . (Página
1459)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, del Fondo de Garantía del Pago
de Alimentos. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 5-1, de 24 de abril de
2000. (Número de expediente 122/000001.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura), de creación del fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de
ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, núm. 61-1, de 5 de junio de
2000. (Número de expediente 122/000051.) . . .
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a
la elaboración de un informe sobre los efectos de la aplicación de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, núm. 33, de 19 de junio de 2000.
(Número de expediente 162/000069.) . . . (Página
1468)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar, jurídica y económicamente, la situación de los
emigrantes españoles. (Número de expediente 173/000026.) . . .
(Página 1474)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el modelo
de la televisión pública en España, su modelo de financiación y su
marco jurídico, que no han sido definidos por consenso antes de su
traslado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI). (Número de expediente 173/000027.) . . .
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el objetivo de inflación
para el año 2001. (Número de expediente 173/000028.) . . .
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 1452)
Modificación del orden del día . . . (Página
1453)
La señora presidenta, de conformidad con lo acordado por la Junta de
Portavoces, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden
del día en
varios de sus puntos, lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley . . .
Del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición
transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo (LOGSE) al objeto de aplicar las jubilaciones reguladas a
los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de
previsión distintos del de Clases Pasivas . . .
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley, en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista, la señora Valcarce García. Afirma
que si en algo coinciden todos los grupos acerca de la Logse es en
que ésta ha servido para ampliar la gratuidad y la obligatoriedad de
la enseñanza hasta los 16 años y en las medidas de acompañamiento que
se aprobaron con esa ley. De entre esas medidas recuerda las que se
refieren a la jubilación anticipada de los profesores, destacando la
disposición transitoria novena, que no afectaba a los profesores que
pertenecían a regímenes distintos del de Clases Pasivas, distinción
que después de diez años de vigencia de la ley ha llevado a lo
contrario de lo que se pretendía; es decir, no ha supuesto un
beneficio para los profesores ni una renovación de los claustros
docentes. Explica que la jubilación anticipada en el régimen de
Clases Pasivas es más beneficiosa que la de la Seguridad Social y
afecta a los profesores de las antiguas universidades laborales y los
de los centros educativos que dependían de la antigua Organización
Sindical, que se incorporaron a los cuerpos docentes de enseñanza
secundaria pero mantuvieron el régimen de Seguridad Social. Recuerda
que esta proposición de ley, en la que se insta al Gobierno a
modificar el apartado quinto de la disposición transitoria novena de
la Logse, fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Educación
y Cultura hace un año, pero el Gobierno no ha tomado ninguna medida.
Considera que es una cuestión de justicia y equidad y que nunca
estuvo en el ánimo del legislador hacer una diferencia entre quienes
son iguales, por lo que pide el voto favorable para la toma en
consideración de su proposición de ley.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Castro Fonseca, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i
Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió, y
Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso).
Se suspende la sesión durante quince minutos.
Se reanuda la sesión.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de modificación de la disposición
transitoria novena de la Ley Orgánica de Ordenación del Sistema
Educativo (Logse) al objeto de aplicar las jubilaciones reguladas a
los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de
previsión distintos del de Clases Pasivas, se rechaza por 117 votos a
favor y 153 en contra.
Avocación por el Pleno . . . (Página 1458)
Del proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de
diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio
Fiscal . . . (Página 1458)
La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la
deliberación y votación final del proyecto de ley de modificación de
la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto
Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que se aprueba por asentimiento.
Declaración institucional . . . (Página 1458)
La señora presidenta, tras la reunión de la Junta de Portavoces,
somete a la consideración de la Cámara una declaración institucional
en contra del terrorismo, que es aprobada por asentimiento, con
fuertes y prolongados aplausos de los señores diputados puestos en
pie.
Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación) . . .
(Página 1459)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones complementarias . . .
(Página 1459)
Del Grupo Parlamentario Socialista, del fondo de garantía del pago de
alimentos . . . (Página 1459)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de creación del fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de
ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos . . .
(Página 1459)
Defiende la primera de las proposiciones de ley, para su toma en
consideración, la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda
Unida. Explica que la proposición que propone su grupo plantea la
creación de un fondo de garantía de alimentos y pensiones
complementarias dirigido a las familias monoparentales con hijos a su
cargo. Se trata, añade, de dar cobertura económica a las familias que
por diversas razones no reciben las pensiones derivadas de las
resoluciones judiciales, y apela a las conciencias de las señoras y
señores diputados presentes en la Cámara, en particular a los del
Grupo Popular, de cuya mayoría absoluta depende la aprobación de
cualquier iniciativa legislativa.
En segundo lugar defiende la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Villarrubia Mediavilla. Recuerda que ya en la
anterior legislatura hubo promesas del señor Arenas, entonces
ministro de Trabajo, y del presidente del Gobierno en cuanto a la
creación del fondo de garantía del pago de alimentos; promesas que no
se han cumplido, por lo que su grupo se ve obligado a traer la
proposición de ley nuevamente a la Cámara. Explica que ésta tiene
como finalidad garantizar por el Estado, mediante un sistema de
anticipos, el pago de alimentos a hijos menores cuando el obligado al
pago no lo realice. Expone el contenido concreto de la proposición de
ley y se refiere a las proposiciones presentadas por los grupos Mixto
y Parlamentario Federal de Izquierda Unida, mostrándose conforme con
esta última en cuanto a que la pensión compensatoria sea a favor del
cónyuge, pero aclara que la prioridad absoluta, inmediata y urgente
del Grupo Parlamentario Socialista es dar cobertura a los menores que
puedan encontrarse en situación de abandono.
Finalmente defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, para su toma en consideración, el señor Saura Laporta. Lo hace
en nombre de Iniciativa per Catalunya-Verds y anuncia que votará
afirmativamente las otras dos proposiciones de ley presentadas por
los grupos Socialista y Federal de Izquierda Unida. Considera que las
tres proposiciones de ley intentan dar una respuesta positiva a una
realidad muy frecuente hoy en el Estado español, que es el impago de
pensiones determinadas por resolución judicial, y cubrir unas
necesidades perentorias, fundamentalmente de familias monoparentales,
especialmente de mujeres que tienen a su cargo los hijos. Añade que
estas iniciativas que hoy se presentan han sido necesarias por los
incumplimientos del Gobierno en la anterior legislatura, que prometió
traer a la Cámara un proyecto de ley que, según dijo entonces, solo
estaba pendiente de desagregar los datos estadísticos recibidos del
Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del
Estado para cuantificar el importe económico del fondo.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y Pigem i
Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el
señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación del
fondo de garantía de alimentos y pensiones complementarias, se
rechaza por 103 votos a favor, 160 en contra y dos abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, del fondo de garantía del pago de
alimentos, se rechaza por 102 votos a favor, 146 en contra y 13
abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura), de creación del fondo de
garantía de alimentos y pensiones compensatorias en supuestos de
ruptura matrimonial o del núcleo familiar y de alimentos, se rechaza
por 104 votos a favor y 161 en contra.
Proposiciones no de Ley . . . (Página 1468)
Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a la
elaboración de un informe sobre los efectos de la aplicación de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos . . .
(Página 1468)
Defiende la proposición no de ley el señor Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que su grupo
presenta hoy esta proposición no de ley con la finalidad de abrir un
debate en la Cámara sobre la aplicación de la nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos que entró en vigor el 1 de enero de 1995.
Recuerda que en su exposición de motivos se perfilaba claramente la
intención de dinamizar el mercado de alquiler y, por otro lado,
introducir una regulación transitoria de todos aquellos supuestos de
rentas antiguas previas a la nueva normativa con situaciones de
prórroga forzosa en los contratos, de rentas congeladas y de
arrendatarios con baja capacidad adquisitiva. Han pasado cinco años y
su grupo parlamentario considera necesario hacer balance e instar al
Gobierno a que elabore un informe oficial en el que se puedan conocer
realmente cuál es el grado de aplicación de
la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuáles son los principales
problemas que se han originado y, sobre todo, que permita analizar si
dicha ley ha dado respuesta satisfactoria a aquello que se pretendía
cuando se aprobó en el año 1995.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), intervienen la
señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y el señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Miralles i
Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas,
interviene el señor Jané i Guasch.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), relativa a la elaboración de un
informe sobre los efectos de la aplicación de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los términos derivados
del debate, se aprueba por 266 votos a favor.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . .
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar, jurídica y económicamente, la situación de los
emigrantes españoles . . . (Página 1474)
Presenta la moción, consecuencia de interpelación urgente, el señor
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda que en el
debate de la interpelación urgente se puso de manifiesto que todos
los grupos de la Cámara compartían el espíritu de la interpelación,
ahora de la moción, que no es otro que avanzar en la consecución de
una igualdad real entre los ciudadanos del Estado español, residan
dentro o fuera del territorio del Estado. A continuación resume en
diez puntos los extremos en los que esa voluntad de acuerdo se puede
concretar. Agradece a todos los grupos la voluntad de acuerdo
demostrada, en especial al Grupo Popular, y anuncia la aceptación de
la enmienda transaccional presentada por dicho grupo, que considera
válida como punto de partida, aunque su grupo, el Bloque Nacionalista
Galego, no renuncia a que sobre esos extremos se formulen
iniciativas más ambiciosas.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente intervienen los señores Navarrete Merino, del
Grupo Parlamentario Socialista, y Centella Gómez, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras Julios Reyes,
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Muñoz Uriol, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Grau Buldú,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para mejorar jurídica y económicamente la situación de los
emigrantes españoles, en los términos derivados del debate y de la
enmienda transaccional, se aprueba por 260 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el modelo
de la televisión pública en España, su modelo de financiación y su
marco jurídico, que no han sido definidos por consenso antes de su
traslado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)
. . . (Página 1480)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora
Urán González, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida. Muestra su disconformidad con las explicaciones que dio el
ministro de Hacienda en el debate de la interpelación, que no
despejaron las dudas de su grupo con respecto al pase del Ente
Público RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
No ha existido, dice, el debate necesario para tomar una decisión del
calibre de la que se plantea a través de la llamada ley de
acompañamiento, por lo que su grupo presenta esta moción en la que se
plantea la necesidad de que el Congreso de los Diputados rechace el
traspaso de Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales, por considerarla una decisión
precipitada y sin el debate necesario sobre el modelo de
radiotelevisión pública que se quiere para el Estado español.
Asimismo, opina, se debería saber cuál es la financiación que ese
modelo necesitaría para, a partir de ahí, plantear un plan de
viabilidad y de financiaciónde la empresa Radiotelevisón Española.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Díaz-
Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Moreno Bustos,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene la señora Urán González.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Grau Buldú,
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el modelo
de la televisión pública en España, su modelo de financiación y su
marco jurídico, que no han sido definidos por consenso antes de su
traslado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI), en sus propios términos, con la incorporación de la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista, se rechaza por 104 votos a favor,
154 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el objetivo de inflación
para el año 2001 . . . (Página 1486)
Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Socialista el señor Bel i Queralt. Se refiere en primer
lugar a las previsiones del IPC para el año 2001 hechas por diversos
organismos, que difieren en gran medida de la previsión del 2 por
ciento en la que se ha anclado el Gobierno. Considera que esta no es
forma de ganar credibilidad ante los agentes sociales con vistas a la
negociación colectiva y que el Gobierno, en lugar de echar bálsamo a
la negociación colectiva, está echando leña. Los agentes sociales,
dice, ya han anunciado que no tomarán en cuenta la previsión del
Gobierno, y pasa a explicar las consecuencias de la desviación de la
inflación. El Grupo Socialista propone en su moción aumentar las
previsiones de inversión en infraestructuras y en capital tecnológico
y, lo que es más importante, según su opinión, ejecutar dichas
inversiones, así como una serie de medidas liberalizadoras, dando
publicidad y transparencia a la actuación de los órganos competentes
que intervengan. Finalmente solicita el voto favorable a la moción
porque, asegura, tendrá efectos beneficiosos sobre la inflación,
sobre los ciudadanos, sobre la concentración económica, sobre las
relaciones entre poder y negocios y, por lo tanto, sobre la calidad
de la democracia, que es algo, dice, que les empieza a preocupar.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Gámir Casares, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y Sánchez i Llibre, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Bel i Queralt.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el objetivo de inflación
para el año 2001, se rechaza por 97 votos a favor, 156 en contra y
una abstención.
Se suspende la sesión a las diez y veinticinco minutos de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Asunto previo al orden del día de la sesión plenaria del martes 17 de
octubre de 2000: Juramento o promesa de acatamiento de la
Constitución.
Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don Germán Augusto López Iglesias, en sustitución de don
Juan Ignacio Barrero Valverde, para prestar juramento o promesa de
acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor LÓPEZ IGLESIAS: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don Germán Augusto López Iglesias ha adquirido
la condición plena de diputado. (Aplausos.)
Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don Mariano PérezHickman Silván, en sustitución de doña
María Elena Pisonero Ruiz, para prestar juramento o promesa de acatar
la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor PÉREZ-HICKMAN SILVÁN: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don Mariano PérezHickman Silván ha adquirido la
condición plena de diputado. (Aplausos.)
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Propuestas de modificación del orden del día.
De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se propone
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido
de incluir como nuevos puntos 40 y 41 del mismo la convalidación
o derogación de los reales decretos-leyes 9/2000, de 6 de octubre, por
el que se modifica el Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de
junio, de evaluación de impacto ambiental, y 10/2000, de 6 de
octubre, de medidas urgentes de apoyo a los sectores agrario,
pesquero y del transporte. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces,
se propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día,
en el sentido de que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista para la finalización del servicio militar el 30 de junio
del 2001, que figura como punto 5 del mismo, pase a ser debatida como
nuevo punto 42. ¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
De conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, se propone
al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el
sentido de incluir como nuevos puntos 43 a 45 del mismo la propuesta
de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión
para impulsar el estatuto de la microempresa, del trabajador autónomo
y del emprendedor; la propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda
de creación de una subcomisión para el seguimiento de los procesos de
privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector
público y la propuesta de la Comisión de Justicia e Interior de
creación de una subcomisión para el estudio de un programa global que
el Gobierno ha de desarrollar en extranjería e inmigración, que
contemple todos los aspectos y políticas sectoriales que incidan en
el fenómeno migratorio para afrontar los retos que el mismo planteará
en las próximas décadas. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Por último, de conformidad con lo acordado por la Junta de
Portavoces, se propone al Pleno de la Cámara la modificación del
orden del día, en el sentido de que la interpelación del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre los criterios de
política general
que tiene previsto adoptar el Gobierno para regular los criterios de
conexión entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de
defensa de la competencia, pase a ser debatida a continuación del
punto número 35 de dicho orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara?
(Asentimiento.)
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN DEL
SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) AL OBJETO DE APLICAR LAS JUBILACIONES
REGULADAS A LOS FUNCIONARIOS ACOGIDOS A REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL
O DE PREVISIÓN DISTINTOS DEL DE CLASES PASIVAS. (Número de expediente
122/000065.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Socialista, de
modificación de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica
de Ordenación del Sistema Educativo (Logse), al objeto de aplicar las
jubilaciones reguladas a los funcionarios acogidos a regímenes de
Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, precisamente el 1 de enero de 1990, hace por tanto diez
años, se aprobaba la Logse, una ley profundamente renovadora, una ley
impulsada desde la pasión por la igualdad, pero también una ley que
ha contribuido como ninguna otra a la renovación del sistema
educativo, una renovación en clave de calidad y también de
modernización. Si en algo coincidimos unánimemente en cuanto a la
valoración de la Logse es en que ha servido para ampliar la gratuidad
y la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años; también
coincidimos en las medidas de acompañamiento que se aprobaron con
esta ley. Entre esas medidas de acompañamiento destacamos hoy aquí
las que se refieren a la jubilación anticipada de los profesores, con
las que se perseguía, por una parte, dar un beneficio a éstos por el
período de implantación de la reforma educativa, pero, por otra, no
hay que olvidar que junto con ese beneficio a los funcionarios
docentes iba también el interés público por la renovación de los
claustros docentes, que suponía la creación de nuevos puestos de
trabajo para profesores. Es precisamente sobre esas medidas
de acompañamiento sobre las que hoy queremos llamar su atención, en
lo que se refiere a la disposición transitoria novena de la Logse,
que prevé la jubilación anticipada de los profesores que reúnan las
condiciones de estar en activo el 1 de octubre de 1990, tener al
menos quince años de servicio al Estado y también haber cumplido 60
años de edad. Esto se refería, señorías, a los profesores que estaban
en el régimen de clases pasivas.
Para aquellos profesores que estaban en regímenes distintos, ya fuese
de Seguridad Social o de otros tipos de previsión, el régimen de
jubilación anticipada era distinto; distinto pero no porque esa fuese
la voluntad del legislador. Esa distinción, después de diez años de
experiencia, hemos podido ver que ha sido profundamente disuasoria
para cumplir los objetivos de la ley de constituir un beneficio para
los profesores y además constituir ese interés público de renovación
de los claustros docentes. Esto es así, señorías, porque la
jubilación anticipada en el régimen de Seguridad Social es
notoriamente perjudicial, puesto que se le aplica una disminución
proporcional a los años que faltan para alcanzar la jubilación
obligatoria, y esta diferencia no se ve en modo alguno paliada por la
retribución excepcional de cincuenta mensualidades que según la ley
se puede percibir y que en ningún caso puede exceder de cincuenta
mensualidades que no sean superiores al salario mínimo
interprofesional. La medida ha hecho imposible que estos profesores
puedan acogerse a la jubilación que prevé la Logse y ello no porque
estuviese en el ánimo del legislador, sino porque la aplicación
diferenciada del régimen de clases pasivas es más beneficiosa que la
del régimen de Seguridad Social. ¿A quién afecta la propuesta de
corrección de esta medida que traemos hoy aquí? Afecta, señorías, a
un colectivo reducido de profesores. Son los profesores de las
antiguas universidades laborales y los de los centros educativos que
dependían de la antigua organización sindical, que se incorporaron a
los cuerpos docentes de enseñanza secundaria, pero mantuvieron el
régimen de Seguridad Social.
Señorías, la proposición de ley que hoy sometemos a su consideración
ya fue debatida en la Comisión de Educación y Cultura del Congreso y,
por unanimidad de todos los grupos de la Cámara, se aprobó una
proposición no de ley el 29 de septiembre de 1999 -hace ahora
prácticamente una año- en la que se instaba al Gobierno a estudiar la
modificación del apartado 5 de la disposición transitoria novena de
la Logse, que es a la que nos estamos refiriendo. En aquel momento,
el Congreso, en su Comisión de Educación, alcanzó la unanimidad para
instar al Gobierno a cambiar esta norma. El Grupo Socialista quiere
reconocer aquí el esfuerzo de todos los grupos al apoyar esa
proposición no de ley. Queremos recordar de forma muy especial que
gracias a una enmienda de Convergència i Unió, fue posible alcanzar
esa unanimidad.
Ha transcurrido un año y el Gobierno, sin embargo, no ha remitido a
esta Cámara ninguna norma ni ha redactado ninguna medida para recoger
lo que la Comisión de Educación del Congreso solicitó por unanimidad.
Por eso, señorías, transcurrido un año, el Grupo Parlamentario
Socialista somete a su consideración la propuesta de modificación de
esta norma. Lo hacemos porque creemos que es el momento oportuno. Si
no introducimos la modificación ahora, ya no será posible hacerlo. No
será posible recogerla en un futuro acuerdo en la discusión del Pacto
de Toledo que se refiere a las pensiones, ni será posible ya
equiparar a estos profesores con los funcionarios que tienen sus
jubilaciones por el régimen de clases pasivas. No hay que perder de
vista una cuestión, que esta situación es transitoria y excepcional y
sólo durante el período de aplicación de la reforma educativa. Por
tanto, si transcurridos diez años después del año 1990 no modificamos
la norma, estos profesores no podrán acogerse a la jubilación
prevista en la Logse. Por eso decimos que se trata de una medida
oportuna en el tiempo. Pero hay más, señorías, esta es una cuestión
de justicia y de equidad, porque nunca estuvo en el ánimo del
legislador establecer una diferencia entre quienes son iguales; entre
profesores que trabajan en los mismos institutos, dan las mismas
clases y tienen las mismas competencias y responsabilidades.
Señorías, yo hago una apelación aquí a que apoyando esta modificación
legislativa expresemos también un reconocimiento hacia el trabajo y
la dedicación de profesores que han volcado toda su actividad
profesional en un campo sin duda difícil, el campo de la educación de
nuestros jóvenes. Lo hicieron en condiciones sin duda muy difíciles y
con su trabajo han contribuido a compensar muchas y notorias
desigualdades. Señorías, son profesores a los que debemos reconocer
ese esfuerzo y el trabajo bien hecho que han realizado. Además de que
esta es una cuestión oportuna y justa, creemos que es posible.
Señorías, esta es una cuestión que afecta a la Seguridad Social, sin
lugar a dudas, pero por los cálculos realizados por el propio
Gobierno, que se contienen en los datos facilitados a mi grupo
parlamentario, sabemos que se trata de un colectivo de profesores sin
duda reducido. No hay que olvidar tampoco que se trata de una
jubilación voluntaria que estadísticamente y en los últimos diez años
ha venido solicitando aproximadamente un 10 por ciento de los
profesores afectados. En términos económicos no es relevante. Por
tanto, no estamos hablando aquí de una carga desmedida ni de un
privilegio; no es ni una cosa ni la otra. Entendemos que es
perfectamente posible porque no hay que olvidar que en este momento
las cuentas de la Seguridad Social no sólo están saneadas y
garantizada su viabilidad, no sólo hay una importante confianza de la
sociedad y de todos los grupos políticos en dicha viabilidad y en la
capacidad de la Seguridad Social, sino que de ningún modo la medida
que aquí estamos proponiendo
sería lesiva para esos intereses. Tampoco es una media
discriminatoria a favor de un determinado colectivo que pudiera
perjudicar a otros. No es así, señorías. Tampoco podemos entender que
se diga que esta podría ser una vía para que otros colectivos
entendiesen que también habría que extenderla. Esta es una medida que
está contemplada en una ley orgánica referida estrictamente al
sistema educativo y cuyo objetivo es acompañar con esta medida
excepcional la aplicación de la reforma educativa.
Por todo ello, señorías, porque entendemos que es de justicia hacer
esta modificación, porque creemos que es el momento oportuno -si no
ya no será posible-, porque además entendemos que la Cámara de alguna
manera ha expresado su voluntad para la modificación de esta norma
hace un año en la Comisión de Educación del Congreso, es por lo que
solicitamos su apoyo a la reforma del punto 5 de la disposición
transitoria novena de la Logse en lo que se refiere a las
jubilaciones anticipadas de los funcionarios docentes, para homologar
a los funcionarios que se rigen por clases pasivas con aquellos que
están en regímenes de Seguridad Social o de previsión diferentes.
Señorías, muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Como ya dijo la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la
actual redacción de la disposición transitoria novena de la Logse
permite a los funcionarios de los cuerpos docentes no universitarios
integrados en el régimen de protección de clases pasivas acogerse a
la jubilación anticipada al cumplir los 60 años de edad y acreditar
quince años de servicio, además de estar en activo el 1 de enero de
1990. El apartado 5 de esta disposición transitoria también hace
referencia a la posibilidad de obtener la jubilación voluntaria por
parte de los docentes acogidos a regímenes de previsión distintos
a los de las clases pasivas, pero no especifica explícitamente que esos
requisitos serán los mismos que se les exigen a los docentes
integrados en el régimen de clases pasivas. Por tanto, teniendo en
cuenta la importante reducción que se realiza en los regímenes de
Seguridad Social, proporcional a los años en que se anticipa la
jubilación, 8 por ciento cada año, los docentes no universitarios
acogidos a la Seguridad Social se ven desfavorecidos respecto de los
acogidos al régimen de clases pasivas, recibiendo unas
gratificaciones por jubilación inferiores.
El Bloque Nacionalista Galego piensa que esta proposición de ley
pretende compensar esta deficiencia,
de manera que el sistema de cálculo de pensión de aquellos
funcionarios de la enseñanza acogidos a regímenes distintos al de
clases pasivas se calcule bajo la misma fórmula y aplicando idénticas
gratificaciones. Consideramos que es positivo, ya que el fin
perseguido es fomentar la jubilación anticipada de los docentes no
universitarios en igualdad de condiciones, con independencia de dónde
prestaron sus servicios y el régimen de previsión aplicable a los
mismos. Además, hay que tener en cuenta que en virtud de la
aplicación de los principios de igualdad material y solidaridad
social que la Constitución propugna y avala, debe procederse a esta
homogeneización en el acceso y cálculo de las pensiones de jubilación
anticipada. Si se mantiene el criterio contrario, tal y como se
contempla en la redacción vigente de la disposición transitoria
novena de la Logse, estaremos respaldando una diferencia en el trato
en cuanto al acceso a la jubilación anticipada en función del
criterio de adscripción al régimen de previsión al que están acogidos
los funcionarios docentes por aplicación de la legislación vigente en
el momento de la incorporación. Sin embargo, señorías, todos hacen un
esfuerzo contributivo similar.
El Bloque Nacionalista Galego va a votar afirmativamente con el fin
de equiparar el acceso a la jubilación de todos los docentes no
universitarios durante la implantación de la Logse, concediéndoles a
todos ellos la oportunidad de obtener la jubilación anticipada en
unas condiciones económicas idénticas, sin diferencias en cuanto al
régimen de previsión que los acoge, permitiéndoles también a todos
ellos tener una prestación económica por jubilación anticipada sin
minoraciones excesivas, que palie, en definitiva, la pérdida de renta
profesional por medio de unas prestaciones sustitutivas dignas.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida para fijar la posición respecto a la iniciativa del Grupo
Socialista, con la que estamos de acuerdo. Nosotros mismos hemos
planteado esta propuesta en la Cámara y anunciamos ya que si hoy el
Partido Popular -ojalá me equivoque- no aprobara esta proposición,
volveremos a la carga y traeremos de nuevo a la Cámara este debate.
De lo que se trata, por lo que yo he podido comprender, es
simplemente de subsanar un error del Legislativo, que en su día
olvidó que existía este porcentaje mínimo, minoritario pero que está
ahí, de funcionarios y funcionarias docentes que quedaron excluidos
del
amparo legislativo. Lo que se plantea hoy aquí es que corrijamos esta
situación que genera desigualdades. Por tanto, es evidente que
tendríamos que empezar diciendo que la disposición transitoria novena
de la Logse, en lo que se refiere a la jubilación anticipada con
carácter voluntario, establece una serie de requisitos y uno de ellos
es estar en activo el 1 de enero de 1990 y permanecer
ininterrumpidamente en esa situación; otro es tener cumplidos los 60
años de edad y tener acreditados quince años de servicios efectivos
al Estado al 31 de agosto del curso escolar en que se solicite la
jubilación anticipada. Adelantamos ya al grupo proponente que el
Grupo de Izquierda Unida enmendará esta proposición porque una vez
más nos olvidamos de que el colectivo de enseñantes mayoritariamente
lo componen mujeres, que podrían haber recurrido al tema de la
excedencia por maternidad, bien por maternidad biológica o bien por
adopción, y que volverían a quedar excluidas, a pesar de que
aprobáramos aquí hoy esta propuesta que nos trae el Grupo Socialista.
En definitiva, ¿qué es lo que ocurre con los funcionarios docentes
que están acogidos a los regímenes de Seguridad Social o de previsión
distintos del de las clases pasivas del Estado? Lo que ya decíamos,
que la Logse no modifica para nada los requisitos para su jubilación
ni la cuantía de sus pensiones, que se siguen rigiendo, en el caso
que nos ocupa, por la normativa del régimen general de la Seguridad
Social, que, como todo el mundo sabe, establece una penalización de
un tanto por ciento en función de la diferencia entre la edad en que
se jubilan y los 65 años. Aunque se contempla la posibilidad de la
gratificación en el apartado c), esta gratificación no compensa la
penalización que estamos denunciando porque se le aplica por igual a
todo el mundo.
Por lo tanto, si la norma establecida intentaba propiciar durante el
plazo de aplicación de la reforma educativa la jubilación anticipada
de los profesores mayores de 65 años y fomentar -que yo creo que este
era uno de los objetivos más nobles- la renovación de los cuadros
docentes, absolutamente imprescindible teniendo en cuenta sobre todo
el baremo de acceso a las grandes ciudades, etcétera, yo pienso que
en este caso que nos ocupa no es así y que actúa como elemento
contrario o disuasorio. También nos parece a nosotros justo, y por
otra parte normal, pedir un sistema equiparable de jubilación
voluntaria anticipada para todos los docentes contemplados en esta
disposición transitoria 9 de la Logse. Supongo que a los señores del
Gobierno les tiene que preocupar muchísimo a cuánta gente afecta este
tema. Lo digo por el dinero, aunque no está el señor Rato en la sala,
pero ¿afecta esta situación que nos planteamos a muchos docentes?
Pues no. Se refiere exclusivamente a los procedentes de las antiguas
universidades laborales que luego fueron llamadas CEIS, y también a
la antigua Organización Sindical, posteriormente AISS, cuyos
efectivos quedaron ya muy mermados,
y teniendo en cuenta que han de cumplir los requisitos de
edad, cotización, etcétera, estamos hablando de un colectivo no
despreciable pero muy minoritario. ¿Qué pedimos? Que modifiquen
ustedes el apartado 5 de la disposición transitoria 9 de la Logse en
el sentido que hemos explicado, para acabar con una injusticia que de
alguna manera se deriva de un error del Legislativo que espero y
deseo se corrija en la Cámara en el día de hoy. Anuncio de nuevo que,
de no ser así, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
volverá a traer a la Cámara esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, el señor
Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a apoyar la proposición de ley que hoy debatimos,
básicamente no por su texto, que a lo mejor enmendaríamos si llega el
caso, sino porque, en su momento -después de la presentación de una
proposición no de ley en la Comisión de Educación y Cultura el 13 de
septiembre de 1999, discutida en la Comisión del 28 de septiembre-,
se aceptó en ese debate una enmienda de mi grupo a lo que pedía en
origen el Grupo Socialista. También defendía el tema la señora
Valcarce. Estamos de acuerdo con todo lo que ha expuesto hoy y con lo
que expuso entonces. Y en aquellos momentos, me permito recordar, el
portavoz del Grupo Popular decía: «nos alegramos de que exista este
consenso». Al final incluso llegaba a remarcar que la variación que
nuestra enmienda introducía básicamente era instar al Gobierno a
estudiar la modificación, y entonces el portavoz del Grupo Popular
decía: «por ello nos parece apropiado estudiar la posibilidad para
que se pueda aplicar o no».
En realidad, señorías, ¿por qué hoy tenemos la proposición de ley en
la Cámara cuando aprobar una proposición no de ley por unanimidad en
Comisión habría tenido una consecuencia positiva? Porque alguien dejó
de hacer su trabajo o lo hizo tardíamente y entonces es cuando el
Grupo Socialista lo transforma en proposición de ley, para reclamar,
ya que hay fechas que nos obligan, que se cumpla. Nosotros creemos
que debería prosperar. Además, creemos que el voto positivo a la toma
en consideración de una proposición de ley no obliga totalmente a
cumplir el texto que se nos presenta, ya que se pueden presentar
enmiendas y dejar la petición en un estudio que parece ser se ha
terminado ya, se ha realizado en el día de hoy o hace pocos días,
pero no antes, cuando se presentó la proposición de ley. Ahora parece
ser que es conocido y es contrario a quevaya adelante este tema, que
otro es el camino que debe
seguir. Por tanto, muy claramente, voto favorable del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) a la proposición de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra
Zunzunegui.
El señor GUERRAZUNZUNEGUI: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, sean mis primeras palabras como
representante del Grupo Popular de recuerdo muy positivo a los que
fueron profesores de las universidades laborales y a aquellos centros
que dependían de la antigua Organización Sindical. Por poner algún
ejemplo, el centro Virgen de la Paloma ha sido y sigue siendo en
estos momentos uno de los centros más ejemplares en formación
profesional, lo mismo ocurre con la mayoría, por no decir todos, de
los profesores de las universidades laborales. Por ello, nuestro
grupo y el Gobierno han estudiado muy detenidamente la situación en
que se encuentran los profesores, los funcionarios que están acogidos
a Clases Pasivas y aquellos que están acogidos a Seguridad Social
porque entonces no tenían el tratamiento de funcionarios, si no,
hubieran estado en Clases Pasivas.
Yo aquí quiero recordar a la representante del Partido Socialista que
no se aprobó eso. Lo que se aprobó -y lo ha señalado muy bien el
señor Sedó- fue estudiar la modificación. Ojo con lo que aquí
indicamos porque no fue una proposición no de ley que se aprobara por
unanimidad -y yo lo recuerdo porque era el portavoz-, sino que, de
común acuerdo con la enmienda del Grupo de Convergència i Unió,
indicamos que había que hacer un estudio profundo al respecto. Pues
bien, todo esto proviene, y lo tenemos que reconocer todos,
especialmente el Grupo Socialista, de cuando se redactó la
disposición novena de la Logse en el año 1990. Si el Grupo Socialista
hubiera tenido tanto interés tuvo bastantes años para hacer las
modificaciones pertinentes. Yo creo que no las hizo porque, estudiado
el tema, había problemas con la Ley General de la Seguridad Social y
agravios comparativos con otros cuerpos que estaban en una situación
similar. Por eso quiero dejar bien claro que votamos por unanimidad
la proposición no de ley; que la proposición no de ley -y yo
intervine al respecto, como ha recordado el señor Sedó- decía
«estudiar la modificación del punto 5». Reitero que no comprendemos
cómo en la Logse no se hizo esta distinción en la disposición novena.
Entonces, y además siendo ley orgánica, se podrían haber asimilado
los intereses de ambos, de los sujetos a Clases Pasivas y de los
sujetos a Seguridad Social.
En fin, estamos en el día de hoy y, a día de hoy, quiero decir a la
Cámara y a los diferentes grupos que se ha
estudiado a fondo, pero aquí tenemos varios problemas: el primero de
todos, agravios comparativos, reitero, con otros cuerpos que están en
una situación similar; segundo, modificaría la Ley General de la
Seguridad Social; tercero, hay que contemplar este tema en el Pacto
de Toledo, en donde, con los agentes sociales, se van a estudiar -y
es un tema fundamental en el Pacto de Toledo- las prejubilaciones.
Son 300 docentes, así que el tema económico es relativamente poco
importante. El problema de las prejubilaciones en general se tiene
que contemplar en el Pacto de Toledo, se tiene que contemplar con
todos los agentes sociales y llegar a las conclusiones precisas,
tales como la generalización de los 60 años para la jubilación de los
docentes, especialmente de primaria y del primer ciclo de la
educación secundaria obligatoria.El voto del Grupo Popular va a ser
negativo porque se ha estudiado a fondo. Además, este es un tema que
debe estudiar la Comisión no permanente del Pacto de Toledo creada en
esta Cámara. Quiero significar que el Gobierno y el Grupo Popular
tienen especialísimo interés y comprenden perfectamente esta
situación, que, reitero, alcanza a dos o tres centenas de profesores,
pero indudablemente en estos momentos no se puede aprobar algo que
iría en contra de la Ley General de Seguridad Social. Esto, repito,
tiene que ser algo a plantear en el Pacto de Toledo. Señora
presidenta, nuestro voto está completamente de acuerdo con la
proposición no de ley, puesto que se dijo que se estudiaría y el
estudio se ha hecho, y ojalá las conclusiones no fueran las que se ha
indicado, pero, en términos generales, lo son, sobre todo por un tema
de agravio comparativo, ya que hay otros cuerpos que están
exactamente igual.
Permítame, por último, que diga al Grupo Socialista que realmente
tuvieron mucho tiempo para que la disposición transitoria novena no
se redactara como se hizo. Yo creo que no fue por falta de buena
intención, sino porque chocarían con los mismos problemas con los que
chocamos nosotros respecto de la Ley General de Seguridad Social,
máxime cuando próximamente en el Pacto de Toledo se van a contemplar
las prejubilaciones. Por tanto, y reiterando nuestra simpatía a la
dedicación que han tenido estos profesores de las universidades
laborales y de los antiguos centros de la Organización Sindical, nos
vemos obligados a votar negativamente.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra Zunzunegui.
Se suspende la sesión durante quince minutos.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE MODIFICACIÓN DE LA
DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN DEL
SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) AL OBJETO DE APLICAR LAS JUBILACIONES
REGULADAS A LOS FUNCIONARIOS ACOGIDOS A REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL
O DE PREVISIÓN DISTINTOS DEL DE CLASES PASIVAS. (Votación.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Vamos a proceder a la votación de la toma en consideración de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, de
modificación de la disposición transitoria novena de la Ley Orgánica
de Ordenación del Sistema Educativo (Logse) al objeto de aplicar las
jubilaciones reguladas a los funcionarios acogidos a regímenes de
Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
270; a favor, 117; en contra, 153.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
AVOCACIÓN POR EL PLENO:
- DEL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE
DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGÁNICO DEL MINISTERIO
FISCAL. (Número de expediente 121/000013.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la
avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de
modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se
regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. ¿Acuerda el Pleno
recabar para sí la deliberación y votación final del proyecto de ley
de modificación de la referida ley, por la que se regula el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal? (Asentimiento.)
En consecuencia, se entiende aprobada la propuesta de avocación.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.
La señora PRESIDENTA: Señorías, una vez reunida la Junta de
Portavoces, se somete al Pleno de la Cámara la siguiente declaración
institucional:
El Congreso de los Diputados, desde la representación del pueblo
español que constitucionalmente tiene confiada, desea en primer lugar
trasladar a la familia de don Antonio Muñoz Cariñanos su expresión
más sincera de condolencia y solidaridad, sentimiento que desea
extender a todos los familiares de las víctimas del terrorismo ciego
de ETA, que durante muchos años ha llevado el luto a centenares de
hogares españoles.
El Congreso de los Diputados quiere también manifestar la más
contundente repulsa ante este nuevo acto de barbarie criminal, que
supone un absoluto desprecio por el derecho a la vida y trata de
enturbiar nuevamente la convivencia pacífica entre todos los
españoles.
El Congreso de los Diputados reitera su convicción de que los valores
de la paz y libertad, así como la firme defensa del Estado de derecho
que nuestra Constitución consagra, deben fundamentar la unidad de
todos los demócratas frente a quienes pretenden imponer sus
propósitos totalitarios a través del terror y la violencia.La
violencia, cualquier forma de violencia, es moralmente aborrecible y
radicalmente incompatible con el ejercicio de la acción política
democrática.No existe ningún objetivo político que pueda reclamarse
legítimamente en democracia mediante daños, coacciones, amenazas,
chantajes o asesinatos. Quienes realizan esas prácticas merecen la
condena y el desprecio de los partidos políticos democráticos. Por
eso, todos los grupos parlamentarios manifestamos, una vez más,
nuestra convicción de que la violencia no dará ningún tipo de ventaja
política a quienes la practican.
Durante más de 20 años, el pueblo español ha disfrutado de una
Constitución que ha consagrado un marco de derechos y libertades en
el que todos los grupos políticos hemos podido defender y debatir
libremente nuestros respectivos proyectos y aspiraciones. Ese marco
ha permitido desarrollar asimismo los diferentes estatutos de
autonomía, que han plasmado la capacidad de autogobierno de las
distintas comunidades autónomas. Así ha sucedido en el País Vasco
desde la aprobación del Estatuto de Gernika en 1979.El diálogo y la
discusión política deben producirse por parte de los legítimos
representantes de los ciudadanos en ese marco constitucional y
estatutario. Es, en el respeto al mismo, en el que cabe defender las
propuestas que unos y otros queremos trasladar a nuestros
conciudadanos. Una discusión democrática que nunca debe producirse
bajo la presión de la violencia. Un debate que parte del principio
irrenunciable de que la paz y el respeto a los derechos humanos son
valores que no son negociables.
El Congreso de los Diputados expresa su satisfacción y felicita a las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante las detenciones de dos
de los presuntos responsables de este asesinato, a los que la
legislación y la sociedad ofrecerán oportunidades que ellos y el
resto de los miembros de la organización criminal a la que pertenecen
jamás han proporcionado a sus víctimas.
Combatir el terrorismo es un compromiso de toda la sociedad, de los
poderes públicos, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y
de las instituciones judiciales. También de todos los partidos
políticos democráticos que hoy queremos hacer pública ante los
conciudadanos españoles nuestra convicción de que nunca somos tan
fuertes frente a los terroristas como cuando estamos unidos en torno
a los principios anteriormente mencionados, que son la base de la
convivencia democrática. Sobre esta base, los españoles podemos y
debemos alimentar nuestra esperanza de un futuro en libertad.
¿Aprueba la Cámara la declaración? (Asentimiento.- Fuertes y
prolongados aplausos de los señores diputados puestos en pie.)
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY (continuación):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, DE CREACIÓN DEL
FONDO DE GARANTÍA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPLEMENTARIAS. (Número
de expediente 122/000029.)
- DELGRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DEL FONDO DE GARANTÍA DEL PAGO
DE ALIMENTOS. (Número de expediente 122/000001.)
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA), DE CREACIÓN DEL FONDO
DE GARANTÍA DE ALIMENTOS Y PENSIONES COMPENSATORIAS EN SUPUESTOS DE
RUPTURA MATRIMONIAL O DEL NÚCLEO FAMILIAR Y DE ALIMENTOS. (Número de
expediente 122/000051.)
La señora PRESIDENTA: A continuación iniciamos el debate de la toma
en consideración de proposiciones no de ley. Debate conjunto de las
proposiciones de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, de creación del Fondo de garantía de alimentos y pensiones
complementarias; del Grupo Parlamentario Socialista, del Fondo de
garantía del pago de alimentos y del Grupo Parlamentario Mixto (señor
Saura), de creación del Fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo
familiar y de alimentos.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa del Grupo Federal
de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Es difícil descender de pronto a un tema tan
concreto como el que vamos a tratar esta tarde aquí. Voy a intentar
concentrarme en esta cuestión. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.) Subo a esta tribuna para defender una
iniciativa de mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, que propone la creación de un fondo de garantía
de alimentos y pensiones complementarias dirigido a las familias
monoparentales con hijos a su cargo. Naturalmente, familias
monoparentales producto de rupturas matrimoniales o de núcleos
familiares establecidos.
Con esta iniciativa se trata de dar cobertura económica a las
familias que por diversas razones no reciben las pensiones derivadas
de las resoluciones judiciales. A nadie se le oculta en esta Cámara
que nos estamos dirigiendo a un colectivo social en el que, por
desgracia, también las mujeres somos legión. No es que seamos
mayoría, es que somos legión. Nos estamos refiriendo a un colectivo
social en el que el 99 por ciento de las personas afectadas son
mujeres con hijos a su cargo. ¿Qué pretendemos con esta propuesta?
Queremos evitar que cabalgue la feminización de la pobreza;
pretendemos evitar ese plus de estrés añadido que permanentemente
tenemos que soportar las mujeres en nuestra vida cotidiana y
pretendemos garantizar el crecimiento de nuestros hijos. Todo esto
tiene que hacerse con un reconocimiento expreso en esta Cámara,
porque estamos hablando de derechos fundamentales. La creación de
este fondo de garantía de alimentos tiene connotaciones que van mucho
más allá de lo que parece que queremos resolver, porque la vida de
las mujeres se cambia con pequeñas cosas y estas pequeñas cosas son
las que vienen a añadir grandes cambios en la vida del colectivo de
las mujeres. Esta es una de esas pequeñas cosas en las que el
Gobierno no se puede permitir el lujo de ponerse a pensar, porque
mientras tanto las mujeres seguimos con esa vida llena de pluses que
tenemos que soportar diariamente de estrés, de cantidad de
enfermedades asociadas a esta angustia en el permanente vivir
cotidiano. Decía que estas pequeñas cosas son las que cambian la vida
de las mujeres, porque es también una propuesta desincentivadora de
la violencia doméstica o de género, como así prefiero llamarla yo.
Todo lo que de alguna manera viene a resolver lo cotidiano, todo lo
que viene a dar tranquilidad y serenidad a las mujeres -y también a
los hombres, que aunque son sólo un 1 por ciento, no quiero
olvidarlos en mi discurso- que tenemos que afrontar en solitario la
responsabilidad de sacar adelante a los hijos, todo lo que viene a
resolver esto, repito, está en la base, estructuralmente hablando, de
lo que son políticas de prevención de la violencia de género.
Yo sé que alguien puede pensar que aprovecho que el Pisuerga pasa por
Valladolid, pero es que esto es así. Grandes discursos, grandes
elogios, grandes palabras, constantemente estamos las mujeres en la
boca de los políticos, algo que nos gusta porque nunca había pasado.
Lo que les pido es que desciendan de la grandilocuencia, que se
pongan a nuestro nivel y sepan que ser
mujer y enfrentarse cada día a la vida es superdifícil y que este
Parlamento tiene en sus manos el resolver los problemas de este
amplio colectivo que, en este caso, coincide que mayoritariamente son
mujeres.
Dicho esto, tenemos que subrayar que la finalidad de esta proposición
de ley es cubrir las necesidades más perentorias de las familias que
no tienen recursos económicos, obviamente, y que no reciben de manera
puntual la asignación o prestación económica a que tienen derecho,
según lo establecido en las correspondientes resoluciones judiciales.
En los procesos judiciales que se inician por crisis matrimonial o
ruptura del núcleo familiar, todo el mundo sabe que a menudo se
produce el impago del cónyuge, o figura asimilable, que tiene la
responsabilidad. Asimismo, todo el mundo sabe cómo se puede eludir el
pago de una pensión de este tipo.
La experiencia que tenemos las mujeres es la de que los hombres, en
un porcentaje nada despreciable, incluso renuncian voluntariamente a
tener nómina para poder eludir el pago de las pensiones. Hay otro
porcentaje a los que les encantaría poder cumplir con esta
responsabilidad pero que no pueden -ése es otro tema del que
hablaremos en esta Cámara algún día-, porque es difícil ser pobre y
divorciarse, como supongo han oído comentar al menos. (Un señor
diputado: ¡Muy bien!) Esta situación es particularmente gravosa,
señorías, en el caso de las pensiones de alimentos, porque de su
percepción depende, en buena medida, el sustento de las cargas
familiares, así como en el caso de pensiones compensatorias a favor
de los cónyuges sin hijos a su cargo, pues en ambas situaciones la
propia subsistencia depende de los beneficiarios de dichas
prestaciones económicas.
Y no es que yo defienda aquí que las mujeres seamos parásitos
sociales o dependamos de los hombres. Yo no defiendo aquí esto por
casualidad. Lo defiendo aquí porque las mujeres tenemos un déficit
clarísimo democrático, que todo el mundo en esta Cámara reconoce. No
tenemos las mismas posibilidades ahora, pero menos las que están
soportando ya estas situaciones de incorporación al mercado laboral,
y tampoco en condiciones de igualdad con los hombres. La proposición
de ley de Izquierda Unida también hace mención a las pensiones para
los cónyuges. Porque las mujeres se han dedicado toda la vida a
engordar a sus hijos y a sus maridos, pero también nos hemos dedicado
a engordar el producto interior bruto, sin que haya ningún
reconocimiento por parte de los grandes macroindicadores económicos
de ese trabajo que aportamos a la sociedad. No venimos aquí a pedir
limosna en nombre de nadie, venimos a pedir justicia para un
colectivo social expoliado, las mujeres.
Dicho esto, que quede bien claro que no queremos parasitismo social,
pero que, en la medida en que no hemos tenido la misma igualdad de
oportunidades para acceder al mercado laboral en condiciones de
igualdad con los hombres, estamos obligadas a defender a esas
mujeres que han estado contribuyendo notablemente, que han estado
ahorrando billones de pesetas al Estado en políticas sociales, en las
que tendría que invertir el Estado si no hiciéramos ese trabajo y por
eso levantamos aquí la voz a favor de este colectivo. Digo esto
porque me han hecho algunas observaciones que he atendido con
muchísimo gusto y humildad y sobre las cuales sólo me ha dado tiempo
a reflexionar brevemente. Sé que el Estado no puede resolverlo todo,
pero sé también que hay cosas que el Estado está obligado a resolver,
y esta es una de ellas. Esta Cámara no puede inventarse más
subterfugios. Le decía al ministro de Trabajo en su comparecencia que
las mujeres teníamos y tenemos prisa, y el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida comparte esta prisa con las mujeres. No
pensamos pasarnos 500 años esperando a que se resuelvan estas
situaciones de clara injusticia.
Hay que dejar una cuestión clara, que es la lentitud de la
Administración de justicia a la espera de eventuales reformas de las
leyes de procedimiento que agilicen los trámites de enjuiciamiento y
ejecución correspondientes, lo que impide resolver las necesidades de
los cónyuges con menores a su cargo, que sufren el impago de las
pensiones por separación, nulidad o divorcio y no tienen otro medio
de subsistencia que la prestación económica derivada de dichas
resoluciones.
Quiero recordarles algo que les suena antiguo pero que sigue estando
vigente, que es la recomendación 869/1979, de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa -estamos hablando de hace
veintiún años-, que invitaba a los gobiernos a incorporar a sus
legislaciones internas la necesidad de que los propios Estados
garanticen el pago de las pensiones para alimentos de los hijos
menores no emancipados, establecidas por medio de resolución
judicial, relativas a las rupturas del núcleo matrimonial o familiar.
Se establecía una compensación económica a cargo de los Estados como
adelanto en caso de incumplimiento del pago de la pensión de
alimentos por parte del cónyuge que estuviera obligado a hacerlo. Por
su parte, la Constitución española establece también entre los
principios rectores de la política social y económica de todos los
poderes públicos, concretamente en su artículo 39, la protección
económica de la familia -yo diría de las familias-; su aplicación
está condicionada a las necesidades y prioridades presupuestarias y
no al contenido literal de las resoluciones judiciales incumplidas
que pretenden suplirse.
Esta proposición de ley reserva al Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales la acción de repetir las cantidades pagadas a quien tiene la
obligación de hacerlas efectivas, constituyéndose así las cantidades
abonadas en concepto de pensión; un avance, que por otra parte deberá
recuperar la Administración del Estado por medio de las acciones
subrogatorias que le quepan en derecho, con el objetivo de no hacer
gravosas las correspondientes partidas presupuestarias. Esta
iniciativa
tiene como única finalidad dar respuesta desde los poderes públicos a
la problemática suscitada en nuestra sociedad y en el seno de
numerosas familias, matrimoniales o no, de todos los sectores
sociales, en los casos de incumplimiento por parte de quien está
obligado por resolución judicial a aportar determinadas pensiones a
favor de familias dependientes económicamente.
Esta proposición de ley que trae a esta Cámara el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida quiere devolver la dignidad a las mujeres,
sacar al colectivo de las mujeres de esa permanente situación de
subestima personal, de esa permanente situación de dolor personal, de
impotencia; lo que quiere esta proposición, en definitiva, es reparar
otra injusticia histórica, cual es el que seamos casi siempre
nosotras las que finalmente tenemos que tirar del carro, de la
carreta, de los bueyes y de la mula si se pone a tiro.
Señorías, apelo a las conciencias de las señoras y señores diputados
presentes en la Cámara, y particularmente a las de las señoras y
señores diputados del Partido Popular, de cuya mayoría absoluta
depende la aprobación de cualquier iniciativa legislativa en esta
Cámara, que sepan que las mujeres les vamos a pasar factura si una
vez más nos dan la espalda.
Muchas gracias, señoría.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Muy buenas tardes, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado esta
proposición de ley de creación del fondo de garantía del pago de
alimentos. Tuvimos la última oportunidad de defenderla en esta Cámara
con fecha 22 de abril de 1999. Conseguimos entonces bastantes
expectativas y alguna que otra promesa, fundamentalmente del Grupo
Parlamentario Popular, promesas que ya a finales del año 1996 realizó
el señor Arenas Bocanegra, entonces ministro de Trabajo, y que
ratificó ante este Pleno el señor Aznar, presidente del Gobierno,
comprometiéndose a la creación de este fondo dentro de la anterior
legislatura; de hecho, no apoyaron nuestra proposición de ley con el
compromiso de traer ante esta Cámara un proyecto de ley. Eso no ha
ocurrido y por ello nos vemos obligados a demandar su atención.
Estamos seguros de la sensibilidad social que el Partido Popular
tiene, y de que el señor Aznar suele cumplir sus promesas. Cuando en
nuestra proposición de ley hablamos de aspectos sociales, de
protección a los necesitados y a los más débiles, no lo estamos
haciendo de las pensiones compensatorias de mujeres u hombres en su
minoría, a los que también haré mención, sino del interés superior de
los menores de edad que se encuentran desprotegidos. Por ello, la
primera cuestión que solicitamos es, por coherencia, por necesidad,
por
justicia social, el apoyo del Grupo Parlamentario Popular. Si ello no
fuera posible porque les resultara demasiado fuerte apoyar una
proposición de ley que parta del Grupo Parlamentario Socialista, no
nos importaría asumir su negativa en la votación de hoy si con ella
va implícito expresamente el compromiso de traer urgentemente a la
Cámara un proyecto de ley que resuelva este importante problema.
Señorías, la realidad es conocida. En nuestro país existe un
importante problema cuando se produce un incumplimiento por parte del
obligado al pago en sentencia de separación, divorcio, nulidad, y no
nos olvidemos de procedimientos de filiación o de alimentos a favor
del menor. Estamos hablando exclusivamente a favor de los menores,
insisto, mandato constitucional del artículo 39, de protección
económica a la familia y el interés superior del menor. Si el impago
se produce de forma voluntaria porque el obligado no cumpla, o
involuntaria porque aunque quiera no tiene posibilidades de cumplir,
el Estado debe garantizar y dar una respuesta adecuada a este
gravísimo problema social..
Como bien dice el Consejo General del Poder Judicial -porque les
recuerdo, señores del Partido Popular, que ya elaboraron un borrador
de anteproyecto que está informado en octubre del 1998, cuyas
observaciones recogemos íntegramente en nuestra proposición de ley, y
que estamos dispuestos a modificar en lo que sea necesario, si es que
hay que mejorarla durante su tramitación parlamentaria pero hay que
aprobar y resolver el problema de fondo-, como bien dice, insisto, el
informe del Consejo General del Poder Judicial, una protección
económica (mandato constitucional del artículo 39 de la Constitución)
familiar eficaz tiene que garantizar que los alimentos declarados a
favor de los hijos menores de edad tengan realidad efectiva en los
supuestos en que el incumplimiento genere de hecho situaciones de
necesidad. Son estas las situaciones a las que nos estamos limitando
con el contenido de nuestra proposición de ley.
Este problema tiene mandatos de esta propia Cámara, incluso de
anteriores legislaturas -cierto es, resolvámoslos ya de una vez-,
pero también tiene importantes instrumentos desde el punto de vista
internacional, como la resolución del Parlamento Europeo del 8 de
julio de 1986 sobre familias monoparentales; y la más reciente, del
31 de marzo de 1993, sobre la mujer y la corresponsabilidad parental
que pide a los Estados miembros que apliquen medidas que permitan
mejorar la situación económica, social y profesional de las mujeres
con hijos a su cargo. Entre dichas medidas, pide las que garanticen
la ayuda de las autoridades en la obtención del pago de alimentos por
parte del cónyuge, sustituyendo -y esta es la cuestión- al progenitor
que no cumpla con sus deberes. En el derecho comparado, es conocido
por todas SS.SS. que numerosos países de nuestro entorno (Francia,
Luxemburgo, Bélgica, Reino Unido, Dinamarca, Suiza) tienen
instituciones similares
a las que hoy planteamos aquí para resolver y dar cobertura a esta
necesidad fundamental y de urgente solución.
En síntesis, el contenido de la proposición de ley tiene como
finalidad garantizar por el Estado, mediante un sistema de anticipos,
el pago de alimentos a hijos menores cuando el obligado al pago no lo
realice. Para ello se crearía este fondo, cuya gestión se encomienda,
según nuestro criterio, al Ministerio de Hacienda, con el objeto de
no crear nuevas estructuras organizativas, pero nos daría igual que
fuera el de Trabajo y Asuntos Sociales, en función de cómo se
determine en la tramitación parlamentaria. El fondo estaría compuesto
por las partidas presupuestarias que anualmente se consignen en los
presupuestos y por el producto de los reintegros que articulamos en
la proposición de ley. Una vez realizados los pagos -otra de las
características importantes y sugerencia también del Consejo General
del Poder Judicial-, el Estado se subroga por ley automáticamente en
todos los derechos inherentes al acreedor, hasta el total importe de
las cantidades que se satisfagan por este fondo. Igualmente
regulamos, tasamos y se pueden ampliar si consideran necesarias
mayores garantías, los supuestos en los que habría lugar al reembolso
o reintegro por cantidades indebidamente satisfechas. Limitamos
-podríamos hablar de qué criterio- los beneficiarios de estas
percepciones y decimos que la unidad familiar no tenga ingresos
superiores al doble del salario mínimo interprofesional. Fijamos
también un criterio para decir cuánto deben percibir, que valoramos
en 50.000 pesetas inicialmente, más una pequeña cantidad en función
del número de hijos, teniendo en cuenta lo recogido en la sentencia
judicial. Finalmente, para que se pueda hacer efectivo, establecemos
que se haya solicitado la ejecución de la sentencia. Para atender
situaciones de precariedad, la proposición prevé también una serie de
ayudas provisionales para no tener que esperar a esta solución.
En relación con las proposiciones que presentan los grupos Mixto y
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, incluyen no sólo el fondo
para cubrir el impago de pensiones y alimentos de menores, sino que
van más allá, y hablan de que la pensión compensatoria sea a favor
del cónyuge, normalmente mujeres, cuando se da esta situación.
Estamos totalmente de acuerdo en apoyar el contenido de esta
proposición de ley. Tendríamos algunas discrepancias en la regulación
de su contenido, pero son temas menores. El fondo es que debe
cubrirse también esta situación. En todo caso, dejamos claro -
y concluyo, señor presidente- que la prioridad absoluta, inmediata y
urgente del Grupo Parlamentario Socialista es este interés de los
menores, la cobertura de estas situaciones cuya solución no admite
más demora. En segundo plano, estamos de acuerdo también en que se
atiendan las situaciones derivadas de las pensiones compensatorias.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Villarrubia.
Tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a defender, en nombre de Iniciativa
per Catalunya-Verds, una tercera proposición de ley en relación con
la creación de un fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial. Quiero anunciar
ya que votaremos afirmativamente las dos proposiciones de ley que han
sido presentadas, del Partido Socialista y de Izquierda Unida.
Se ha explicado con detalle en las dos intervenciones precedentes el
objeto de estas tres proposiciones de ley y también en la última
intervención del señor Villarrubia se ha manifestado alguna
diferencia lógica, pero que no atañe al fondo del asunto que estamos
tratando. Sintetizando, estas tres proposiciones de ley intentan dar
una respuesta positiva a una realidad muy frecuente hoy en el Estado
español, que es el impago de pensiones determinadas por resolución
judicial, para cubrir unas necesidades perentorias, fundamentalmente
de familias monoparentales, especialmente de mujeres que tienen a su
cargo hijos o hijas. Este es el fondo del problema: queremos dar
respuesta positiva a una necesidad social que hoy existe en el Estado
español, que es que, a pesar de que hay resoluciones judiciales que
determinan que uno de los cónyuges, fundamentalmente hombres, tiene
que contribuir con una determinada pensión a su ex cónyuge, esto no
se hace, hecho que sitúa a esas familias en una situación difícil.
Quiero decirles, señorías -aunque ya sé que todos ustedes lo saben-,
lo que votamos hoy, porque a menudo -no sé si hoy será también éste
es caso- el portavoz del Partido Popular arguye supuestas
insuficiencias técnicas o políticas para votar en contra de las
proposiciones de ley que se someten a tramitación. He de decir que
hoy éste no es el trámite. Hoy no aprobamos, en el caso de que
digamos que sí, ninguno de los textos en los términos exactos que se
contienen. Lo único que esta Cámara decide es si tiene voluntad de
iniciar un procedimiento legislativo con los textos que presentamos,
que culminen finalmente en un texto que será objeto de mayoría
parlamentaria o de consenso para dar respuesta a este tema. Hoy las
insuficiencias, los excesos, las diferencias de las proposiciones de
ley no sirven como argumentos para votar en contra. Hoy lo que
votamos es si el Congreso de los Diputados piensa que es necesario
llevar adelante estas iniciativas.
Ya se ha dicho -pero quiero insistir en ello- que en el Plan de
igualdad de 1997-2000, que aprobó el Gobierno del Partido Popular, se
contempla esta medida y que, evidentemente, el Plan de igualdad acaba
dentro de dos meses, es decir, que hay un incumplimiento flagrante
del compromiso del Gobierno. No
voy a explicar antecedentes de la asamblea de parlamentarios -porque
se ha hecho-, experiencias de otros países, porque también se ha
dicho, ni entraré en detalle en los procedimientos, porque tanto el
señor Villarrubia como la señora Castro ya han hecho hincapié. Pero
permítanme que me detenga en un aspecto que considero importante,
porque detrás de estas tres iniciativas existe un significado
profundo político de cuáles son los retos del Estado del bienestar,
que concretamente ha abordado la señora Castro. Detrás estas
iniciativas lo que hay es un grito traducido en texto de la necesidad
de nuevas políticas públicas, de nuevas políticas del Estado del
bienestar que respondan a algunas de las necesidades y de las
desigualdades de las sociedades modernas. Detrás de este debate
existe un debate sobre el Estado del bienestar. Ante aquellos que
afirman que hay que reducir o acabar con el Estado del bienestar, lo
que dicen estas tres propuestas es que hoy el Estado del bienestar
tiene nuevos retos. Históricamente, el Estado del bienestar dio
respuesta fundamentalmente a una sola desigualdad, si ustedes me lo
permiten clasista, los pobres y los ricos, y había que asegurar
fundamentalmente educación, sanidad, pensiones y poca cosa más. Hoy
la novedad de las sociedades modernas es que las desigualdades son de
mucho ejes. La edad puede ser un factor de desigualdad, lo es ya. La
raza es un factor de desigualdad; el género es un factor fundamental
de desigualdad o determinados sectores que están hoy excluidos
socialmente. Estado del bienestar en el siglo XXI ha de dar respuesta
a estos nuevos retos.
Hoy nos encontramos con una propuesta que da respuesta concreta,
aunque pequeña, a lo que es uno de los ejes fundamentales de
desigualdad en las sociedades modernas: la diferencia sexual, que ha
sido históricamente objeto de desigualdad, y aún sigue siéndolo. Una
función del Estado del bienestar es hacer -no sólo desde el Estado,
pero también desde el Estado- que disminuyan o desaparezcan las
desigualdades de género, producto simplemente de que las mujeres han
sido y son -gracias a Dios- diferentes de los hombres. Éste es el
significado profundo que quería resaltar.
Quiero indicar a la señora Castro (que no sabía si mencionar lo de
los malos tratos porque parecía que aprovechaba que el Pisuerga pasa
por Valladolid) que efectivamente hay que decirlo; ella lo ha dicho y
yo quiero insistir en ello. Uno de los elementos que determinan que
muchas mujeres sigan aguantando los malos tratos, aunque no sea el
más importante ni la causa, es la imposibilidad de autonomía
económica. Esto es especialmente grave en un país como España, en el
que la tasa de actividad femenina es de las más bajas de Europa
-estamos por debajo del 45 por ciento- y muchas mujeres saben que la
separación de un marido que las maltrata puede llevarlas a ella y a
sus hijos e hijas a una situación económica insostenible. Una parte
de las mujeres que sufren malos tratos tienen cada día y cada noche
en su cabeza, y especialmente en el
momento que son maltratadas, la imposibilidad de su autonomía
económica personal y la práctica seguridad de que una sentencia
judicial que les diera la potestad sobre sus hijos significaría una
imposibilidad económica de autonomía por su parte. Quiero resaltar,
pues, que detrás de estas iniciativas parlamentarias existe el deseo
de poner encima de la mesa en el Congreso la necesidad de dar
respuestas positivas y constructivas a los nuevos retos de la
sociedad.
Acabaré diciendo, primero, que son unas iniciativas -hablo de la mía,
pero esto vale también para la del Partido Socialista y la de
Izquierda Unida- que se presentan porque el Gobierno ha incumplido
sus compromisos. Tengo aquí las frases finales que dijo la portavoz
del Partido Popular en la anterior legislatura cuando votaron
negativamente las iniciativas del Partido Socialista y del en aquel
momento Grupo de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya. Como
argumento para rechazar las iniciativas, la señora María Jesús Sainz
dijo lo siguiente: pues bien, actualmente el Gobierno, en el marco de
este trabajo, está examinando un anteproyecto que ha elaborado y está
pendiente de desagregar los datos estadísticos recibidos del Consejo
General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado para
terminar de cuantificar el importe económico de dicho fondo. En aquel
momento se nos dijo que había un anteproyecto elaborado y se trataba
simplemente de desagregar datos estadísticos para que el Gobierno
presentara el proyecto antes del final de la legislatura pasada. La
legislatura terminó, el plazo del plan de igualdad termina dentro de
dos meses, y esto no se ha presentado.
Por nuestra parte queremos estar seguros de que el Gobierno tiene
voluntad política para llevar adelante las iniciativas, y si es así
les pido que tomen en consideración alguna de las tres; estamos
dispuestos a retirar la nuestra, elijan la que ustedes quieran.
Acepten la del Partido Socialista o la de Izquierda Unida, la que
sea. Vuelquen ustedes su anteproyecto elaborado y sus datos
estadísticos en la ponencia de esta Comisión y pongámonos a trabajar
si de verdad quieren esto políticamente.
Hay muchos temas a tratar. Hace ya ocho años que llevamos esta
iniciativa al Parlamento Catalán y fue rechazada diciendo: se
necesita una ley del Estado para poder aplicarla después en las
comunidades autónomas. Es cierto; una iniciativa legislativa a nivel
del Estado abriría la puerta y debería facilitar el dinero para que
en las comunidades autónomas se pudiera avanzar en esta dirección.
Señoras y señores del PP, hoy nadie entendería que con estas
propuestas constructivas y abiertas ustedes siguieran diciendo que
aún no es tiempo, que lo van a seguir estudiando o que las
proposiciones tienen insuficiencias técnicas. Podrán tener
insuficiencias técnicas, pero lo importante es que miles de mujeres
que hoy siguen sin poder vivir económicamente de forma autónoma
pudieran tenerlo dentro de tres o cuatro meses. Ésa es la intención
de estas tres proposiciones de ley y por eso insisto elijan ustedes
una -estoy seguro de que los otros dos las retiraríamos- y demos un
plazo de seis meses para poder solucionar un problema que responde
hoy de forma importante a los retos de la nueva sociedad.
Nada más, y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura. ¿Grupos
que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a exponer respecto de esta cuestión una leve variación
de criterio del grupo al que represento, pero partiendo siempre de
dos ejes ciertos que han sido esgrimidos desde mi grupo cuantas veces
esta cuestión ha sido traída a esta Cámara, puesto que como han
manifestado quienes me han precedido en el uso de la palabra no es la
primera vez que hablamos de este asunto.
En primer lugar, estamos ante un problema social, lo expresa de forma
muy clara la exposición de motivos de la iniciativa socialista cuando
se refiere a los incumplimientos del pago de alimentos establecidos a
favor de hijos menores de edad en supuestos de separación legal,
divorcio, declaración de nulidad de matrimonio, procesos de filiación
o de alimentos, etcétera.
No está mal, como ha hecho la señora Castro, ligarlo a los supuestos
de malos tratos. Es efectivamente una forma de mal trato que quien
está obligado a subvenir, a dar alimento a los miembros de una unidad
familiar rota, cualquiera que sea ésta, incumpla esta obligación.
Ahora bien, desde la perspectiva del grupo al que represento no a
todos los casos de incumplimiento deben atender los poderes públicos,
puesto que los bienes públicos son limitados, las necesidades son
infinitas y creemos que aquellos casos de desatención son los que
deben caer bajo el cobijo de la asunción de la deuda por parte de los
poderes públicos.
El segundo eje de nuestra postura ha sido siempre de qué títulos
competenciales estamos hablando. El señor Saura se refería a que en
el Parlament de Cataluña se le habla de la necesidad de una norma
aprobada por estas Cortes Generales. Si estamos hablando de un
instituto de derecho civil entraríamos en el ámbito del 149.1.8.a
y efectivamente correspondería regular a estas Cámaras; si estamos
hablando de algún tipo de ente administrativo estaríamos en el
esquema de bases correspondiente al Estado, sería el 149.1.18.ª, o
bien de un mero apunte contable -este fondo del que se habla-, o bien
si estuviésemos hablando de proceso, de algo que se acordase en el
seno de un proceso de familia sería derecho procesal y salvo que sea
derecho especial sería el
149.1.6.a y, por tanto, sí habría necesidad de intervención de estas
Cortes. Si por el contrario estamos hablando de otro título
competencial posible, que es el de bienestar social, entonces sería
claramente una competencia de las comunidades autónomas. No nos queda
claro, por tanto, si estamos hablando de un fondo o de la posibilidad
de que existan varios fondos en las comunidades autónomas que decidan
ejercitar sus competencias.
Desde luego nos parece que debiera orientarse sólo a los casos de
desatención e imposibilidad de llegar a los mínimos de vida digna y
es así como se ha solventado esta cuestión en el ámbito vasco. La Ley
de exclusión social y el salario mínimo de inserción posibilitan que
las mujeres que se encuentran en esta situación de desatención puedan
acceder a estas ayudas sociales. Ahora que se critica al partido al
que pertenezco -que ha gobernado siempre solo o en compañía de- de
haber hecho sólo leyes radicales, excluyentes y exclusivistas, me es
grato poder manifestar ante esta Cámara que en determinados aspectos,
por ejemplo en materia de protección social, las leyes vascas van a
la vanguardia de lo que se está haciendo en otros lugares del Estado.
Ha llegado mi partido, sin embargo, a una conclusión: que el pago de
estas cantidades se haga a través del IMI puede tener el efecto
perverso de que quien recibe estas cantidades, el obligado realmente
al pago se va en cierta manera y si se me permite utilizar la
expresión, de rositas, o incluso con cierta buena conciencia sabe que
la unidad familiar que él ha abandonado está bien atendida porque la
asistencia social le paga y no existe la posibilidad de solicitarle
nunca el reintegro. Como no hay reintegro a las arcas públicas no
tiene que preocuparse de estas situaciones de impago, salvo que
efectivamente sea perseguido como delito y se logre, lo que en muy
pocos casos ocurre, conseguir una condena por desobediencia.
Con los fondos que aquí se pretende regular puede que se consiga ese
reintegro, es decir incluso cabe conseguir que las arcas públicas se
resarzan de haber desembolsado estas cantidades, además de la
posibilidad de cierto acoso administrativo en el que se vean inmersos
quienes figuren como deudores. No debemos olvidar que para tener
relaciones con las administraciones públicas, bien sea para pedir una
subvención o para contratar con la Administración, es preciso no ser
deudor de esa Administración. Es decir, los deudores de este fondo, o
de estos fondos caso de que se constituyan varios, tendrían una
situación de desventaja en relación con la Administración, aparte de
la cierta nota de desdoro que supone ser deudor y a lo mejor se veían
compelidos, socialmente compelidos, administrativamente compelidos o
por intereses personales compelidos a abonar estas cantidades.
Las tres iniciativas tienen, desde nuestra perspectiva, defectos
técnicos, pero como caso de aceptarse su tramitación deberán
refundirse y llevarse a un estudio
en ponencia y en Comisión, nos parece posible votar a favor de su
aceptación. Desde luego, sería requisito ineludible para nosotros una
perspectiva sociológica seria de la situación actual y de los efectos
de futuro. Con todos estos condicionantes el Grupo Vasco cree que el
asunto merece ser tratado como una posible respuesta del Estado
social -Estado social de derecho que la Constitución define en su
artículo 1- en cuanto que obedece a una necesidad real.
Repito, no es que nos satisfaga el contenido concreto, sí lo que
buscan solventar, pero con todos los peros competenciales y técnicos
que he manifestado, en esta ocasión el Grupo Vasco va a votar a favor
de la toma en consideración de las tres iniciativas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) para fijar nuestra posición respecto a las
proposiciones de ley que sobre la creación de un fondo de garantía
del pago de alimentos han presentado los grupos parlamentarios de
Izquierda Unida, Socialista y Mixto.
Vaya por delante la manifestación de que el Grupo Parlamentario
Catalán no sólo valora muy positivamente las iniciativas que estamos
viendo sino que comparte absolutamente la finalidad de las mismas. En
efecto, señorías, nuestro grupo ha manifestado reiteradamente en las
pasadas legislaturas, concretamente desde la IV, su preocupación por
las consecuencias personales, familiares y sociales que se derivan
del impago de las prestaciones económicas fijadas en las decisiones
judiciales reguladoras de las crisis familiares, impago frente al que
los mecanismos actualmente previstos en nuestro ordenamiento
jurídico, tanto los civiles como los penales, se han revelado
insuficientes e ineficaces y cuyas consecuencias afectan a las
personas más vulnerables que se encuentran en estas ocasiones, y como
consecuencia del impago sin los recursos imprescindibles para su
propio sustento y el de sus hijos.
Fruto de esta preocupación, el Grupo Parlamentario Catalán ha
defendido y continuará defendiendo la necesidad de la creación de un
fondo de garantía del pago de alimentos encargado de anticipar las
cantidades necesarias en aquellos casos que el impago ocasione
situaciones de verdadera necesidad. Efectivamente, el Grupo
Parlamentario Catalán ha defendido en pasadas legislaturas la
creación de este fondo, llevando en muchas ocasiones la iniciativa
parlamentaria de este tema a través de proposiciones no de ley,
interpelaciones, mociones y requerimiento de cumplimiento de
estas mociones. Precisamente como consecuencia de una de estas
iniciativas de nuestro grupo parlamentario se aprobó en el Senado por
unanimidad una moción en la que se instaba al Gobierno -Gobierno
entonces socialista- a que enviara a las Cortes un proyecto de ley
creador de un fondo de garantía de alimentos. Esta moción de la que
les estoy hablando, que fue la primera de una larga serie de
iniciativas al respecto, data de 1991 y a pesar de la preocupación
generalizada mostrada desde entonces por todo el arco parlamentario,
incluyendo aquellas formaciones que han tenido o tienen
responsabilidad de Gobierno, hoy, casi diez años más tarde, el fondo
de garantía del pago de alimentos continúa siendo una asignatura
pendiente. Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán seguirá
defendiendo la creación de este fondo, cuyo ámbito de aplicación
deberá hacerse naturalmente respetando las competencias autonómicas
al respecto y esta defensa es justamente uno de nuestros compromisos
electorales.
Explicitada pues nuestra postura de total acuerdo con la filosofía
del tema que nos ocupa, he de significarles que nuestro grupo, en el
momento de decidir a través de qué tipo de iniciativa parlamentaria
iba a concretar su compromiso electoral, estuvo valorando si hacerlo
mediante una proposición de ley como las que estamos viendo o bien
articulando una proposición no de ley que pudiera culminar en un
mandato al Gobierno. Nos inclinamos por esta última posibilidad, y en
consecuencia hemos presentado una proposición no de ley que ha
entrado ya en la Cámara y con cuyo contenido concreto no les voy a
cansar ahora puesto que ya lo veremos cuando se debata, pero de la
que considero conveniente exponerles que la elección del tipo de
iniciativa es fruto de una reflexión obligada por los antecedentes
legislativos que respecto a esta cuestión se han venido sucediendo en
las pasadas legislaturas y me remito al Diario de Sesiones tanto de
esta Cámara como del Senado. Si repasamos estos antecedentes, vemos
que por parte del partido que en cada momento ha tenido
responsabilidad de Gobierno, e incluso por miembros del propio
Gobierno, se ha respondido siempre en el mismo sentido a las
iniciativas que el Grupo Parlamentario Catalán ha tenido respecto a
la creación de este fondo. Se nos ha dicho que si bien se comparte la
preocupación por este tema, debe ser el propio Gobierno el que
elabore un proyecto de ley al respecto puesto que la creación de este
fondo no es tarea fácil ya que la estructura del mismo plantea
dificultades presupuestarias, jurídicas y organizativas que deben
resolverse de forma coordinada desde el propio Gobierno. Pues bien,
si así se nos ha venido indicando desde posturas políticamente tan
distintas como las del Grupo Socialista y las del Grupo Popular, el
Grupo Parlamentario Catalán ha entendido que es el Gobierno quien
tiene la responsabilidad de presentar un proyecto de ley concreto, y
en consecuencia la iniciativa adecuada para impulsarlo es una
proposición no de ley como la que
hemos presentado y para la que en su momento solicitaremos su apoyo.
En cuanto a los aspectos técnicos que presentan las distintas
proposiciones de ley que hoy estamos viendo, hay notables diferencias
entre ellas y hacen que nos posicionemos de distinta manera con
relación a las mismas, diferencias en cuanto al Ministerio que debe
gestionar el fondo, que sería el de Trabajo y Asuntos Sociales en dos
de las propuestas y el de Economía en otra de ellas, y diferencias
que entendemos muy importantes en cuanto al propio objeto de las
proposiciones de ley o dicho de otra manera diferencias en cuanto a
la concreción de las prestaciones cuyo impago daría derecho al
anticipo por parte del fondo. En la proposición de ley del Grupo
Socialista se habla de circunscribir la garantía únicamente al pago
de alimentos establecidos en favor de los hijos menores de edad,
entendiendo con nuestro ordenamiento jurídico que por alimentos se
entiende las cantidades indispensables para subvenir a la
manutención; podríamos estar de acuerdo y coincidir con el objeto de
la proposición socialista, pero como ya hemos adelantado pensamos que
es el Gobierno el que debe presentar un proyecto concreto, tal como
el propio Grupo Socialista nos dijo en su día, por tanto y respecto
a esta proposición vamos a abstenernos. Por lo que respecta a las otras
dos iniciativas, la del Grupo Parlamentario Mixto tiene como
finalidad garantizar el pago de los alimentos tanto de cónyuges como
de hijos menores de edad y también garantizar el pago de las
pensiones compensatorias establecidas en favor de los cónyuges y aquí
no estamos hablando ya sólo de cantidades necesarias para subvenir a
las mínimas necesidades, sino que estamos hablando de pensiones para
mantener el nivel de vida. Finalmente, la iniciativa del Grupo de
Izquierda Unida tiene por objeto garantizar el pago de alimentos no
sólo de los hijos menores de edad, sino también de los mayores que no
tuvieran recursos económicos, además de garantizar los alimentos de
los cónyuges y garantizar también las pensiones compensatorias
establecidas a favor de esos cónyuges.
Aun coincidiendo, como hemos dicho, con la finalidad de estas
iniciativas, las mismas tienen a nuestro entender un alcance
económico a nivel presupuestario absolutamente desorbitado que hace
prácticamente inviable la creación de este fondo y que lo hacen
incompatible con la naturaleza del mismo, que también a nuestro
juicio debe tener un claro y concreto carácter paliativo; por tanto
no podemos apoyarlas y vamos a votarlas negativamente. Concluyo,
señorías, formulando el deseo de que el Gobierno sin más dilación
presente un proyecto de ley que concrete su voluntad política de
remediar en la medida de lo posible las situaciones de auténtica
necesidad que en muchas ocasiones se derivan del impago de los
alimentos fijados en las resoluciones judiciales. Hacerlo es de
justicia y es responsabilidad del Gobierno dar sin más demora una
respuesta adecuada a la demanda social que desde
hace ya demasiado tiempo se le está haciendo al respecto.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pigem.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias.
Señor presidente, señorías, estamos debatiendo un tema que esta
Cámara lleva conociendo desde hace muchos años; es un tema que ya en
esta Cámara y en el Senado se lleva debatiendo desde antes de 1990
siempre con la misma voluntad de los grupos: dar una respuesta
positiva a las necesidades reales, y quiero insistir en ello, de un
colectivo de personas que se ven desprotegidas por el impago de
alimentos y que les lleva a una situación de precariedad que mi grupo
siempre ha entendido que conviene corregir. En esa posición nos hemos
mantenido siempre. En las intervenciones anteriores se ha hablado
mucho de política de mujer, de políticas sociales y quiero reconocer
aquí, en esta tribuna, que en estos cuatro años se ha trabajado como
nunca para impulsar políticas sociales, para impulsar políticas de la
mujer (Rumores.), y se ha mejorado de forma muy notable.
Probablemente se pueda hacer mucho más, yo no lo discuto. Decía la
portavoz de Izquierda Unida -y yo le doy la razón- que todavía hay
mucha falta de incorporación de la mujer al trabajo y es verdad,
tiene toda la razón; todavía tenemos una tasa de paro femenino que
alcanza el 20,3 por ciento, y es penoso. Eso lleva a que esta Cámara
tenga que seguir impulsando medidas para mejorar la incorporación de
la mujer al trabajo, pero no es menos cierto que en 1995 esa tasa de
paro superaba el 30 por ciento, es decir que la hemos mejorado un
tercio en cuatro años, la hemos llevado del 30 por ciento al 20 por
ciento. Pueden decirme que todavía hay falta de incorporación de la
mujer al mercado laboral, que todavía la incorporación es escasa.
Estamos ahora en casi el 40 por ciento; también es cierto que
veníamos de una tasa todavía inferior, poco superior al 36 por
ciento, o sea que estoy de acuerdo con la portavoz de Izquierda
Unida, pero también quiero decirle que en estos años se ha avanzado
de forma muy notable. A lo largo de estos años la Cámara ha aprobado
la Ley de conciliación de la vida familiar y laboral, que es un hito
importantísimo para ayudar a las mujeres; en estos años hemos
aprobado un plan integral contra los malos tratos y se les ha dotado
de financiación. (Rumores.) Señorías, no discuto que se podría hacer
más, es cierto, pero el grupo parlamentario que está dando sostén a
un Gobierno, que está haciendo cosas y va por un camino correcto es
el Grupo Parlamentario Popular y también es justo reconocerlo en esta
tribuna. (Continúan los rumores.) Es necesario también, señorías,
decir que mi
grupo parlamentario fue el primero que trajo a esta Cámara el debate,
debate en el que ciertamente estamos hablando de un tema complejo.
Efectivamente, los grupos han votado muchas veces en sentido
contrario. (Una señora diputada: ¡Qué falta de delicadeza!) Tengo
votaciones de Izquierda Unida diciendo no a la creación de este
fondo, tengo votaciones del Partido Socialista diciendo también no a
la creación de este fondo. ¿Por qué? Porque se buscaba una regulación
apropiada que, como muy bien señalaba la portavoz de Convergència i
Unió, diera respuesta a las dificultades estructurales, jurídicas,
administrativas de este importantísimo tema al que hay que dar una
respuesta adecuada. Mi grupo está absolutamente comprometido en este
tema. (Una señora diputada: Ya lo veo.) El presidente Aznar en esta
Cámara dijo que iba a intentar -y lea bien la intervención del señor
Aznar- que en la legislatura pasada se diera una respuesta positiva.
No se pudo llegar a un acuerdo y ahora explicaré algunos de los
motivos que hay que solventar. El programa del Partido Popular tiene
comprometido en las últimas elecciones dar respuesta a este tema.
Nuestro programa electoral decía que nos comprometíamos a promover la
reforma normativa que garantizara la efectividad del pago de
pensiones alimenticias fijadas en sentencia judicial. Tenemos ese
compromiso y lo vamos a cumplir porque nos parece un compromiso
importante, pero hay que cumplirlo haciéndolo bien, creando un marco
adecuado y, además, situándolo en sus justos términos, porque nos
parece que es absolutamente necesario dar cobertura a las situaciones
de necesidad que se puedan derivar si una persona tiene hijos a su
cargo, no tiene otros recursos económicos y no recibe el pago de
alimentos que fija la sentencia judicial. Por eso, mi grupo en cierta
manera comparte mucho más el texto del Grupo Socialista que los de
Izquierda Unida o el Grupo Mixto, que hablan de dar cobertura no sólo
al pago de alimentos sino a las pensiones compensatorias, y además no
establecen ninguna limitación en las rentas que percibe el cónyuge
que tiene derecho al pago de los alimentos, ninguna limitación. Como
dice el Grupo Socialista, en las proposiciones de ley no se ha
hablado sólo de poner una limitación para las personas que lo
reciben, a lo mejor tenían pensado meterlo por enmienda, pero desde
luego en las proposiciones de ley no está incluida ninguna
limitación.
Nosotros creemos que hay que dar una respuesta adecuada, una
respuesta que facilite la garantía del pago de los alimentos, pero
que además construya mecanismos judiciales eficaces para perseguir al
que tiene la responsabilidad individual; que no se salga de rositas,
como decía muy claramente la portavoz del Grupo Vasco (PNV), quien
tiene la responsabilidad de pagar esa compensación por alimentos. Nos
parece importante avanzar y quizá en el pacto por la justicia y las
reformas que tenemos que hacer en esta Cámara habrá que abordar este
tema porque nos parece importantísimo
dar mayor exigibilidad al cobro de esos pagos por
alimentos. Es verdad que en la Ley de Enjuiciamiento Civil se
establece alguna norma que va a facilitar que se cobre esta
compensación, ya que establece mecanismos para dar mayor facilidad al
cobro de prestaciones que se derivan de tracto sucesivo como en este
caso. Muchas veces los jueces tienen dificultades porque estamos
hablando de un derecho de tracto sucesivo y en este asunto la Ley de
Enjuiciamiento Civil da más facilidades. Además, tenemos que
establecer un marco que facilite que las personas que tienen esas
dificultades se puedan reinsertar en el mundo laboral, puedan recibir
una formación que les facilite una mayor reinserción, dando respuesta
a lo que decía la portavoz de Izquierda Unida.
A nosotros nos parece que, como muy bien decía la portavoz de
Convergència i Unió, esto debe ser una iniciativa que nazca de un
estudio profundo, que nazca de un estudio del Gobierno que dé
respuesta mucho más amplia; debe tener un marco más amplio que
impulse las medidas judiciales para hacer más exigible ese pago por
alimentos. Quizá también habría que definir mucho mejor a quién se va
a hacer beneficiario. Cuando uno estudia las proposiciones de ley de
los tres grupos ve que hay una divergencia importante entre las dos
del Grupo Mixto e Izquierda Unida y la del Grupo Socialista, derivada
de si se establecen o no condiciones económicas al que la tiene que
recibir, si el Gobierno va a afrontar el anticipo cuando se incumpla
un mes o si se va a exigir algún incumplimiento más; son unas
proposiciones de ley que no establecen garantías suficientes para
evitar el fraude. Además, hay una cuestión muy importante que me
gustaría señalar, y es que estamos hablando de anticipos y, por
tanto, de crear una partida en el capítulo VIII de anticipos, de
créditos. Créditos que en una parte puede recuperar el Estado, pero
hay otra parte que no va a recuperar y que pasará a ser
transferencias de capítulo IV, por lo que hay que estudiar muy bien,
como ya señaló la portavoz del Partido Popular, señora Sainz, cuando
se debatió en esta Cámara anteriormente, qué marco competencial
tienen las comunidades autónomas y el Estado para hacer frente a esta
prestación. Porque no estamos hablando de la naturaleza jurídica de
una pensión, sino que estamos hablando de una prestación asistencial,
y en el Estado de las autonomías y en el marco competencial que nos
hemos dado las prestaciones asistenciales son competencias de las
comunidades autónomas y, por tanto, cuando regulemos esta cuestión
tiene que hacerse de acuerdo con las comunidades autónomas. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, concluyo, pero quiero decir que mi grupo ha abanderado esta
cuestión, que mi grupo está abanderando las políticas sociales en
este país, que mi grupo ha hecho posible que hoy en España la riqueza
se distribuyacon mayor equidad (Protestas.) y que mi grupo
va a hacer posible llevar a cabo esta cuestión. (Protestas.-
Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Pero lo vamos a hacer bien y dando
un cumplimiento exacto a lo que está demandando la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos.-Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de
ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de creación
del Fondo de Garantía de Alimentos y Pensiones Complementarias.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 103; en contra, 160; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo
Parlamentario Socialista, del Fondo de Garantía del Pago de
Alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
261; a favor, 102; en contra, 146; abstenciones, 13.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Por último, proposición de ley, del Grupo Parlamentario Mixto (señor
Saura), de creación del fondo de garantía de alimentos y pensiones
compensatorias en supuestos de ruptura matrimonial o del núcleo
familiar y de alimentos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
265; a favor, 104; en contra, 161.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), RELATIVAA LA
ELABORACIÓN DE UN INFORME SOBRE LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA
LEY 29/1994, DE 24 DE NOVIEMBRE, DE ARRENDAMIENTOS URBANOS. (Número
de expediente 162/000069.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley.Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), relativa a
la elaboración de un informe sobre los efectos de la aplicación de la
Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. Para la
presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Jané.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores
diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
presenta hoy esta proposición no de ley con una finalidad, la de
abrir un debate en esta Cámara sobre la aplicación de la nueva Ley de
Arrendamientos Urbanos. La LAU, la Ley de Arrendamientos Urbanos,
entró en vigor el 1 de enero del año 1995. Es una ley importante y
nuclear, una ley con fuertes repercusiones económicas y sociales que
afecta directamente a un gran conjunto de ciudadanos. Fue, señorías,
una ley de difícil aprobación que requirió consensos de todos los
grupos y cuyo resultado final fue fruto de un equilibrio de intereses
contrapuestos. Cuando se aprobó la LAU, en su exposición de motivos
se perfilaba claramente una finalidad, la de dinamizar el mercado de
alquiler. El mercado de alquiler en España suponía un peso muy
inferior al del resto de países de la Unión Europea y un objetivo
claro de la Ley de Arrendamientos Urbanos era dinamizar ese mercado
de alquiler. Por otro lado, la Ley de Arrendamientos Urbanos debía
comprender un aspecto difícil y espinoso, debía introducir una
regulación transitoria de todos aquellos supuestos de rentas antiguas
previas a la nueva normativa con situaciones de prórroga forzosa en
los contratos, con situaciones de rentas congeladas y con situaciones
de alquileres que afectan a ciudadanos con una baja capacidad
adquisitiva. La LAU también tenía que dar respuesta a esa situación.
Pues bien, han pasado más de cinco años y nuestro grupo parlamentario
considera necesario hacer balance.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera hoy
que es necesario abrir el debate, hacer balance e instar al Gobierno
a que elabore un informe oficial en el que podamos realmente conocer
cuál es el grado de aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos,
cuáles son los principales problemas que se han originado y, sobre
todo, que nos permita analizar si dicha ley ha dado respuesta
satisfactoria a aquello que pretendíamos todos cuando se aprobó en el
año 1995. Un primer objetivo era incrementar el mercado de alquiler
en España. ¿Se ha conseguido? Creemos que el balance es negativo. No
hemos conseguido incrementar de forma significativa el mercado de
alquiler. En España este mercado no llega al 20 por ciento
mientras que en otros países de la Unión Europea, como en Francia,
supera el 40 por ciento y en Alemania el 50 por ciento. España está
en unos valores inferiores al 20 por ciento. Quizás ello no sea culpa
de la nueva normativa, quizá deberíamos replantearnos cómo los
primeros años de la entrada en vigor de la LAU coinciden con un
período de recuperación económica y también con un período en que los
tipos de interés bajan, siendo realmente la opción de compra de una
vivienda la más atractiva cuando la bonanza económica es real y
tangible y cuando los tipos de interés y, por tanto, las hipotecas
son más asequibles. Ese ha sido el contexto de los primeros años de
aplicación, pero quizás ese contexto ahora está cambiando. Los tipos
de interés están subiendo y puede que ahora vaya a abrirse una nueva
expectativa de crecimiento del mercado de viviendas de alquiler,
siendo el momento de conocer si la LAU da buena respuesta o no a esta
demanda de un mejor y mayor competitivo mercado de alquiler. Nosotros
creemos que la nueva normativa, que afecta a los contratos que se han
firmado a partir de la entrada en vigor de la LAU, al fijar una
duración de cinco años es adecuada, mucho mejor que la del decreto
Boyer, que daba un régimen de libertad de plazos, lo cual producía un
encarecimiento de la vivienda de alquiler. Creemos que no fue una
mala solución, fue una solución de consenso, pero debemos analizar
ahora si realmente la Ley de Arrendamientos Urbanos está preparada
para cumplir ese nuevo período en que los tipos de interés -repito-
están sufriendo una inflexión al alza. Por tanto, debemos tener una
buena normativa de arrendamientos urbanos que permita dar respuesta a
esa mayor demanda de vivienda de alquiler, que seguro que se
producirá.
Por otro lado, debemos comprobar cómo se han aplicado las reglas
transitorias de la nueva ley. Era una situación compleja y difícil,
debíamos atender a una casuística diversa y ahora estamos en un
momento en el que se han empezado a aplicar las transitorias; algunas
de ellas todavía no se han aplicado porque requieren de los ocho
primeros años de vigencia de la ley y aún no hemos llegado a esa
fecha. Es un primer momento para hacer balance, para comprobar las
reglas de actualización de las rentas, si se han aplicado de la forma
debida. Ha habido controversia jurisprudencial en estos aspectos y es
el momento de analizar si las reglas de actualización de las rentas
se han aplicado de forma debida, de analizar en qué supuestos esas
reglas pueden haber originado problemas sociales, especialmente en
los casos que han derivado en un desahucio. El tema de los desahucios
preocupa a nuestro grupo parlamentario. Consideramos que debemos
estar siempre atentos a la situación social que va implícita a todo
desahucio. Por tanto, debemos conocer cuántos desahucios ha habido en
la aplicación de la ley, conocer las situaciones y si desde los
poderes públicos hemos sido capaces de dar respuesta efectiva a
problemas
sociales inherentes a los desahucios. En este ámbito, las
administraciones competentes, también las autonómicas, tenemos
responsabilidad en atender supuestos que justificadamente permitan la
atención de presupuestos públicos para ayudar a núcleos familiares en
una situación de amenaza o de ejecución de desahucio. También tenemos
que analizar la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Ha cambiado el
proceso que afecta a los desahucios, son más ágiles, pero ¿qué
repercusiones sociales ha tenido esta nueva normativa? Por eso
nuestra proposición no de ley pide hoy también que el Gobierno nos
amplíe esta información y remita a la Cámara un estudio completo y
exhaustivo sobre estos aspectos.
Por otra parte, debemos analizar y profundizar en todos los aspectos
relativos a las actualizaciones de renta. No siempre la normativa ha
sabido dar respuesta a los cambios en la situación económica de la
unidad familiar. En ocasiones se aplicó rígidamente la normativa,
después ha cambiado bruscamente la situación y quizá no hubiese
procedido la actualización, o ahora procedería la actualización
cuando en su momento se consideró que no era adecuada. Por tanto, es
un momento importante para analizar esas actualizaciones de renta y
el legítimo derecho de muchos propietarios que no pudieron actualizar
sus rentas porque tenían contratos de alquiler previos al 9 de mayo
de 1985, con una situación de arrendatarios con rentas muy bajas que
no permitían la actualización. Se dijo que se compensaría
fiscalmente. Nuestro grupo parlamentario, Convergència i Unió, en la
Ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas introdujo una
nueva disposición transitoria, la décima, que permite una
compensación, un nuevo gasto deducible que se aplican los
propietarios de inmuebles que no pudieron actualizar sus rentas. Por
tanto, debemos conocer también si se aplica bien esta disposición
transitoria de la ley del IRPF, si está dando respuesta efectiva a
esa demanda que hacían legítimamente muchos propietarios que no
pudieron actualizar sus rentas. Son aspectos que quedan abiertos
y consideramos necesario que desde el Gobierno se nos aporte la luz, a
través de un informe exhaustivo y completo al respecto.
Hay otro aspecto, señor presidente, señorías, que debe tenerse en
cuenta y que se va a originar a partir del año 2003. En aplicación de
las disposiciones transitorias de la LAU hubo arrendamientos que no
actualizaron sus rentas porque el propio arrendatario así lo pidió,
aunque en teoría su situación económica lo permitía; el arrendatario
pidió expresamente que ese arrendamiento no actualizara su renta,
pero automáticamente la ley establecía que a los ocho años ese
contrato quedaba extinguido. Eso sucederá en el año 2003. En la
Generalitat de Catalunya ya se están haciendo estudios, pero yo insto
también al Gobierno del Estado para que tome conciencia de la
problemática que puedegenerarse a partir del año 2003 en que habrá
situaciones
de arrendatarios a los que se les haya extinguido el contrato, con
unas rentas bajísimas porque no fueron actualizados, y que ocho años
después de esa disposición pueden generarse situaciones sociales que
deberemos atender y que deberemos hacerlo desde el punto de vista de
analizar y, en todo caso, de adoptar medidas en los planes de
vivienda para atender situaciones concretas de unidades familiares
que pasen por una situación crítica.
Por todo ello, señorías -y con ello termino-, nuestro grupo, a través
de esta proposición no de ley, propone a la Cámara que el Gobierno
elabore este estudio, que lo remita a esta Cámara y que al final se
aporten conclusiones, recomendaciones sobre qué podemos hacer para
solucionar los problemas que podamos detectar a través del estudio
global que pedimos del Gobierno. Ese es el objetivo de la proposición
no de ley, una proposición no de ley que -si me lo permiten- debería
tener también una finalidad preventiva o terapéutica; preventiva en
el sentido de que aún estamos a tiempo, en algunas situaciones
transitorias, de prever qué es lo que puede ocurrir e intentar
adoptar soluciones en esta Cámara o a través de los gobiernos
competentes para que la aplicación de la LAU, que es una ley compleja
y nuclear, no ocasione situaciones de pobreza y de problemática
social que el legislador no quiso buscar pero que a veces la
aplicación fría y estricta de una ley puede provocar.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de
ley, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, hemos estado debatiendo de diferentes formas la situación
de la vivienda en el Estado español y las repercusiones que tiene en
la sociedad y, sobre todo, en las clases sociales menos favorecidas
económicamente. Nosotros, como grupo parlamentario, compartimos la
inquietud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre
la necesidad de que en esta Cámara se conozca cuál es el resultado de
la aplicación de una normativa legislativa tan sumamente compleja
como es la Ley de Arrendamientos Urbanos, y somos conscientes de que
el legislador cuando legisla no tiene capacidad para tener en cuenta
toda la casuística que se puede presentar. Es verdad que la frialdad
de la ley puede llevar a que, no siendo la intención del legislador,
se puedan cometer injusticias en un momento determinado cuando
estamos hablando, además, de situaciones económicas que pueden ser
realmente extremas y muy desfavorecidas. Por tanto, señorías, mi
grupo parlamentario comparte el texto que ha presentado el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), creemos que es necesario
que se presenten los estudios que en él se demandan y que se fije un
plazo para que el Gobierno lo remita a esta Cámara con el fin de que
podamos tener tiempo para, si es necesario, incluir cualquier
modificación legislativa para paliar los efectos perversos que pueda
tener, ya sea al arrendador, ya sea al arrendatario, la Ley de
Arrendamientos Urbanos y se puedan corregir o evitar los que todavía
no se hayan producido y se puedan producir.
Mi grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas que intentan
complementar algunas de las partes que creemos que también es
importante que se reflejen en el estudio y en el análisis que nos
tenga que presentar el Gobierno en el caso de que esta iniciativa sea
aprobada. La primera es una enmienda de adición para que se haga un
estudio del cumplimiento de la disposición adicional tercera sobre el
depósito de fianzas en cuanto a su grado de cumplimiento. Saben SS.
SS. que en la disposición adicional tercera de la ley se establecía
la posibilidad de que las comunidades autónomas tuvieran la
competencia, pudieran recoger las fianzas que depositaran los
arrendadores. En realidad, se puede haber producido un vacío legal al
tratarse de una potencialidad, ya que no se obligaba a que las
comunidades autónomas pudieran crear este tipo de registros, tanto si
el arrendador ha pretendido depositar la fianza y no ha existido el
registro como si lo ha omitido. Sería bueno, en todo caso, conocer si
esta disposición ha sido posible llevarla a la práctica en algunos
sitios, si se ha llevado en qué medida ha sido realmente beneficiosa
y cómo ha incidido en las comunidades autónomas que lo hayan hecho; y
si no se ha hecho sería bueno conocer si ha habido algún tipo de
distorsión para aquellas personas que realmente hayan querido cumplir
la ley y se hayan encontrado con que no podían cumplirla porque las
comunidades autónomas no lo habían regulado o reglamentado.
La segunda enmienda que planteamos es de modificación de la letra c)
de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió. Creemos que es necesario que además de que se definan las
conclusiones y las posibles modificaciones legislativas a la Ley de
Arrendamientos Urbanos, también se pueda incluir la legislación
comparada que al legislador, en este caso a esta Cámara, le permita
establecer aquellas posibilidades de reforma que vengan a acercarnos
a aquellos países de nuestro entorno, de la Unión Europea, que tienen
un parque de viviendas de alquiler lo suficientemente amplio y a unos
precios asequibles a la mayoría de la ciudadanía o a un sector
importante de la misma, que en nuestro país, hoy por hoy, tampoco
puede acceder a ellas. Creemos que en este estudio y en estas
conclusiones el Gobierno debería buscar y estudiar la variante de la
aplicación de una tasa por vivienda vacía y la repercusión que
tendría la inclusión de algún
tipo de tasa de estas características en la posibilidad de aumentar
la oferta de viviendas de alquiler en el mercado en estos momentos.
Creemos que es necesario que no sólo se nos diga que una tasa no
tendría gran incidencia, sino que se pueda hacer un estudio y una
valoración para que podamos ampliar, a través de una medida de estas
características, la posibilidad de aumentar el parque de viviendas en
alquiler.
Señorías, nuestro grupo parlamentario comparte muchos de los
argumentos que se han esgrimido esta tarde aquí, y en otras sesiones
no muy lejanas, para hablar de los problemas de la vivienda. Creemos
que es necesario que se hagan estos estudios. Compartimos en parte
que la Ley de Arrendamientos Urbanos no ha sido la que hasta el
momento ha favorecido ese aumento de las viviendas de alquiler a
precios asequibles a la mayoría de la ciudadanía. Es necesario
conocer cuál ha sido la situación y la repercusión que ha supuesto la
aplicación de esta ley en materia de desahucios y en materia de
actualización de rentas. Creemos que es muy importante y, por ello,
si el grupo parlamentario proponente acepta las enmiendas que nuestro
grupo ha planteado para intentar ampliar el contenido de su
iniciativa la votaremos a favor.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo ha presentado una enmienda que creemos que en lo
básico, en lo esencial, es absolutamente coincidente con el texto de
Convergència i Unió, y ello por una razón muy clara, porque mi grupo
de ninguna manera va a la zaga en el interés por el impacto que la
aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos ha tenido a lo largo
de estos años, a lo largo de este tiempo. Esta actitud arranca de la
propia posición de mi grupo en aquel debate que tuvo lugar en los
últimos meses del año 1994, en el que mi grupo contribuyó
decisivamente a la construcción de un consenso que permitió una ley
cuyo mérito y objetivo era buscar un equilibrio de los intereses de
arrendadores y de arrendatarios. En ese punto de encuentro se situó
la preocupación de mi grupo en aquel entonces, en unión de otros
grupos de la Cámara, a pesar de que se encontró con un texto
originario que no estaba en esa línea de equilibrio. Algunos
diputados presentes recordarán cómo en el primer texto que entró en
esta Cámara, procedente del Gobierno socialista de entonces, no se
contemplaba ningún género de actualización de la renta de cara al
pasado sino sólo de cara al futuro. Sin esa línea fundamental de
actualización de la renta habría sido
imposible no sólo el consenso sino el propio equilibrio de la ley.
En esta posición se sitúa mi grupo, que de ninguna manera va a la
zaga en la preocupación por la materia, y lo acredita con hechos y
datos recientes. El pasado 29 de septiembre se aprobó una moción,
subsiguiente a una interpelación del Grupo Mixto, concretamente de
Esquerra Republicana de Cataluña, en la que ya se abordaba en uno de
sus epígrafes la elaboración de un informe para valorar el impacto de
la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994, aunque en aquella moción se
requería para un aspecto muy parcial y concreto. Por otra parte, a mi
grupo le consta que a lo largo de estos cinco años el Gobierno ha
continuado su preocupación por el impacto de la Ley de Arrendamientos
Urbanos y así se ha plasmado en distintos estudios y encuestas y en
las numerosas consultas que el Ministerio de Fomento ha recibido
sobre la materia y ha intentado contestar.
El punto de partida, señorías, no puede ser una valoración sólo
negativa de la Ley de Arrendamientos Urbanos. Aquella Ley de 1994, a
mi juicio y a cinco años de distancia, merece una valoración
globalmente positiva. Es cierto, y ahí suscribo lo que ha dicho el
portavoz de Convergència i Unió, que no se ha logrado una
dinamización del mercado de alquileres. Recuerdo haber dicho en esta
tribuna, en esa ocasión y en otras, que la modificación de la Ley de
Arrendamientos Urbanos, de cara al objetivo de dinamización del
alquiler, era condición necesaria pero no suficiente. Para dinamizar
el alquiler hay en juego otros muchos factores de orden fiscal y
hasta de orden sociológico y financiero; dentro de los factores de
orden financiero está la evolución de los tipos de interés. Es
evidente que con tipos de interés bajos el ciudadano, situado entre
la opción de compra o alquiler, se inclina frecuentemente hacia la
compra. Desde el punto de vista sociológico, en esta tribuna se ha
hablado muchas veces, y me remito a ellas, de la cultura de la
propiedad frente a la del alquiler. En todo caso, es evidente que la
Ley de Arrendamientos Urbanos, aun mereciendo una valoración
positiva, no ha servido para la dinamización del alquiler y sin duda
este es uno de los análisis que hay que hacer, porque la ley, desde
1994, de cara al futuro es una ley, como todo lo humano, perfectible
pero bastante completa. La valoración positiva de la ley se situaría
precisamente en este punto de la regulación cara al futuro. Sin
embargo, hay una serie de aspectos, que son los que se mencionan en
el apartado b) de la propuesta que hace Convergència i Unió y de
nuestra enmienda, que merecen una atención y un análisis. ¿Que la
valoración es globalmente positiva? Aparte del testimonio universal,
lo atestigua uno más claro. Un reciente informe del Consejo General
del Poder Judicial acredita que los procedimientos judiciales
referentes a arrendamientos urbanos en números totales han disminuido
en los últimos años, a excepción de
alguna geografía española, pero, en términos generales, la
litigiosidad ha disminuido sensiblemente y de modo importante. Por
otra parte, que la ley necesitaba ajustes a la propia realidad lo ha
acreditado una serie de modificaciones que se han producido en los
últimos años. En las leyes de acompañamiento de 1996, de 1998 y de
1999 se han introducido modificaciones: para los presupuestos de
1996, con la exceptuación de la obligación de prestar fianza de las
administraciones públicas y de los entes públicos en general; en la
ley de 1998, con la exigencia de que en los procesos que conlleven el
lanzamiento, la posibilidad de apelación o de casación está
condicionada a acreditar, a la interposición de estos recursos, la
satisfacción de las rentas vencidas; y, finalmente, en la Ley de
acompañamiento de diciembre de 1999 para el año 2000, con la
resolución de la problemática de las farmacias, que, de otro modo,
habrían visto concluidos sus contratos si no hubiera sido por esta
modificación normativa que se hizo.
Mi grupo es plenamente consciente del sinnúmero de aspectos que son
de dificultad interpretativa. Un análisis muy rápido de la doctrina y
de la jurisprudencia evidencia que casi no hay artículo de la Ley de
Arrendamientos Urbanos que no haya tenido dificultades
y discrepancias interpretativas: los artículos 9, 10, 11, 15, 18, 20,
25, 32, y particularmente las disposiciones transitorias primera,
segunda y cuarta.
En definitiva, no podemos sino compartir los objetivos que persigue
la proposición no de ley del Grupo de Convergència i Unió.
Izquierda Unida ha presentado dos enmiendas. No le corresponde a mi
grupo hacer una valoración sino al grupo proponente, pero quiero
adelantar que la primera, la relativa a fianzas, nos parece que
desciende a una temática tan concreta, cuando es tal el número de
aspectos que hay que contemplar -y me remito a la intervención del
portavoz de Convergència i Unió- que no tiene sentido esa referencia
específica ahora. La segunda enmienda quiero creer que puede estar
incluida, si no en la enmienda de mi grupo, sí en una transacción que
hemos consensuado con el Grupo de Convergència i Unió, de la que
espero que se haga eco el grupo proponente, en la línea de que estas
conclusiones sirvan para abordar los problemas específicos que se han
planteado.
La enmienda de mi grupo no contiene fijación de plazo respecto a este
informe que se solicita que rinda el Gobierno a la Cámara. Yo ruego
al Grupo de Convergència i Unió que con realismo pase del plazo de
seis meses que fija a un plazo de al menos un año, porque un estudio
de esa entidad y de esa importancia, que requerirá no sólo
colaboraciones del propio departamento ministerial y de otros, sino
incluso colaboraciones externas, es imposible que se pueda, solvente
y responsablemente, llevar a cabo en aquel plazo. En resumen, para
finalizar, señorías, seguro que el Grupo de Convergència i Unió no
aventaja a mi grupo parlamentario
en el interés y en la preocupación por el impacto de la Ley
de Arrendamientos Urbanos que ahora ha cumplido ya cinco años.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ortiz. ¿Grupos
que deseen fijar su posición? (Pausa) Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Vasco se ve también con simpatía -no me atrevo a
entrar en la competición que ha abierto el señor Ortiz de si más o
menos- la iniciativa traída a la Cámara por el Grupo Catalán de
Convergència i Unió, que pertenece a la genérica categoría de impulso
al Gobierno para que nos facilite una documentación mediante la cual
la Cámara pueda tener datos ciertos para legislar mejor. El Grupo
Catalán enmarca además su propuesta en la finalidad última que tenía
la Ley de 1994 de coadyuvar a potenciar el mercado de los
arrendamientos urbanos como instrumento básico de una política de
vivienda orientada a garantizar el mandato constitucional de
reconocimiento del derecho de todos los ciudadanos a disfrutar de una
vivienda digna y adecuada, finalidad que creo perseguimos o decimos
perseguir cuantos hemos tenido responsabilidades de Gobierno en
distintas instituciones. Esta finalidad se busca ahora también
mediante otro tipo de normas. En este momento están en la Cámara las
medidas liberalizadoras en materia de suelo. Hay una pretensión de
modificación de normas urbanísticas en distintas comunidades
autónomas o también se empieza a promover la realización de viviendas
públicas por parte de distintas administraciones.
Considera el Grupo Parlamentario Catalán que es preciso poner
especial énfasis en analizar la casuística, circunstancias y
problemas que ha generado la aplicación de esta ley, sobre todo
cuando de la misma se han derivado casos de desahucios. Y es que,
señorías, la legislación urbanística en nuestro país ha sufrido
vaivenes importantísimos a lo largo de la historia, desde la
autonomía de la voluntad que consagra el Código Civil a la
legislación absolutamente proteccionista que existió en los textos de
1931, 1946, 1955 y hasta en la Ley de 1964, derivados de las
carencias de viviendas entre las guerras mundiales, por hablar del
ámbito europeo, y la propia guerra civil en España. De ahí se pasó a
la situación contraria, lo que pretendía el Decreto-ley de 1985 sobre
medidas de política económica, en la que se suprime la ley de
prórroga forzosa de los contratos. Fue esta la esencial modificación
de todo el contenido, puesto que la cesión intervivos del contrato o
la subrogación mortis causa, que también pretendían ser grandes
reformas, apenas tuvieron trascendencia práctica,en cuanto que el
arrendamiento estaba abocado a la
extinción con la llegada del plazo que se había pactado. De ahí
pasamos a la Ley de 1994, que vuelve, con alguna protección más tenue
del arrendatario, al principio de autonomía de la voluntad y apuesta
por la legislación arrendaticia urbana que ya se había venido
disfrutando en las anteriores décadas, pero para lo cual introduce un
sistema de larguísimas y complicadas disposiciones transitorias
algunas de las cuales, como bien ha explicado el diputado señor Jané,
todavía no han tenido tiempo de entrar en escena. La tramitación, por
cierto, duró más de dos años y se convirtió en la norma con rango más
estelar de una determinada época histórica -repito, se debatió entre
1992 y 1994- y resultó ser además una norma estrella no sólo por esta
tramitación tan dilatada, sino porque su aplicación se adivinaba
enormemente compleja por las dificultades que sus normas entrañaban.
Si uno lee alguna de las cosas que entonces se escribieron, hay
divertidísimos comentarios -a la doctrina siempre le gusta hacer
escarnio de lo que los legisladores hacemos-. El profesor Guilarte
hablaba de una ley que era famosa no tanto por su bondad intrínseca y
coherencia sistemática como por la multiplicidad de factores que
habían incidido a su aprobación y de que la creía propicia para ser
pasto de destrozos jurisprudenciales.
Pues bien, según la experiencia habida, en lo que he tenido ocasión
de consultar con distintos órganos judiciales, parece que a pesar de
la complejidad del sistema de aplicación sucesiva de la ley, al final
no ha resultado ser para tanto. Evidentemente, ha habido pleitos en
estos cinco años, pero parece que la bondad de las asesorías de los
profesionales de la abogacía o, en su caso, de las cámaras de la
propiedad, mientras han existido y allí donde todavía existen, ha
podido hacer más sensata la entrada en vigor de esta ley. Es justo
citar el gran avance que supuso, puesto que se aprobó en estas Cortes
Generales y puesto que la exposición de motivos hace referencia a los
procedimientos de desahucio, la introducción del procedimiento
monitorio en la Ley de Propiedad Horizontal publicada el 28 de abril
de 1988 y que la Ley de Enjuiciamiento Civil, que entrará en vigor a
principios de este año, mantiene. A pesar de ello, creemos que ha
llovido mucho desde que se aprobó la ley y que sobre todo ha habido
circunstancias económicas, jurisprudenciales, de escasez de vivienda
y hasta distintos parámetros económicos que pueden hacer útil o muy
conveniente que esta Cámara conozca qué ha pasado realmente con la
aplicación de esta ley. Repito, parece bueno que se haga caso de lo
que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) propone, con
las enmiendas que ya tiene pactadas con el Grupo Parlamentario
Popular dando un mayor margen al Gobierno, para que este nos
suministre el material que se le pide, para que esta Cámara tenga
datos ciertos sobre los que legislar, datos que en gran medida ya
existen, tal como ha avanzado el señor Ortiz, puesto que ha
manifestado que el Gobierno ha sido fiel seguidor
de cuáles eran los resultados o los frutos de la política
arrendaticia. Repito, al Grupo Vasco le parece una iniciativa
oportuna y va a votar a favor de su aprobación, tal y como hemos
manifestado a lo largo de esta exposición.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señora Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, toda ley o toda normativa sobre vivienda tiene que tener
presente que estamos delante de un bien que, por mandato
constitucional, reconoce el derecho de todos los españoles a
disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Además, la fórmula del
arrendamiento para obtener una vivienda es una fórmula no sólo
posible, sino tan adecuada como es la de propiedad. Para regular este
bien de tanta implicación en la vida de las personas necesitamos
información sobre cómo se está desarrollando el parque de vivienda
alquilada en la coyuntura económica y social actual. Por todo ello,
nos parece oportuna esta proposición no de ley, relativa a la
elaboración de un informe sobre los efectos de la aplicación de la
Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos, conocida como la LAU.
Era una ley necesaria porque en aquellos momentos el mercado de
arrendamientos urbanos en viviendas se caracterizaba por dos
situaciones contrapuestas. Por un lado, un 20 por ciento de los
contratos celebrados al amparo de la Ley de 1985 se caracterizaba por
tener rentas elevadas y una importante rotación ocupacional. El resto
de viviendas, ese otro 80 por ciento, se caracterizaba por tener
contratos celebrados con anterioridad a 1985, que en general eran
contratos con rentas no elevadas e incluso se podían calificar como
ineconómicas. Además, estas leyes, tanto la de 1985 como la de 1994,
eran necesarias porque a partir de ellas se han podido diferenciar
dos elementos: el primero los contratos de arrendamiento y el segundo
el sistema de protección a la vivienda. El contrato de arrendamiento
garantiza que las partes que intervienen en éste tengan sus derechos
y sus deberes bien explicitados; el segundo, el sistema público de
protección que tiene buena parte de los países europeos, garantiza el
derecho a una vivienda digna. Hasta la Ley de 1985 estos dos
conceptos, los contratos de arrendamiento y la protección a la
población menos favorecida, se confundían al no tener desarrollado un
mínimo el Estado del bienestar; confusión que implicaba que el
sistema de protección recaía en los propietarios de las viviendas de
alquiler, ya que la ley protegía a los inquilinos de que no quedaran
sin vivienda y de que ésta no aumentara de precio. Era unsistema de
protección atípico, donde no actuaba la
Administración, sino que se establecía dentro de la esfera privada
entre propietarios e inquilinos.
La Ley de 1985 y después la Ley de 1994 fueron pasos importantes,
pero tenemos que dar más para que esto se complete y para que en este
terreno nos igualemos al resto de los países europeos. Esto requiere
un sistema de protección público que garantice una vivienda digna a
toda la población. Un aspecto de este sistema tiene que desarrollarse
mediante la puesta en marcha de un parque suficiente de vivienda en
alquiler y que no sólo esté considerado como un período de transición
para aquella población que aún no puede adquirir una vivienda en
propiedad, como es la población joven. A todos aquellos que nunca
podrán adquirir una vivienda ¿qué sistema de protección les
ofrecemos? ¿Cómo les garantizamos que siempre podrán tener una
vivienda en condiciones? Son también estas preguntas las que tenemos
que hacernos si queremos afrontar con valentía las posibles
modificaciones legislativas a los efectos de superar los problemas
detectados por la ley.
Tal y como nos pide esta proposición no de ley, si la LAU de 1994
requirió una encuesta de alquileres en España, que se efectuó en 1987
y 1988, cualquier modificación de la misma requerirá una actuación
similar, teniendo en cuenta además que mucha de la información que
hasta ahora teníamos sobre vivienda en España derivaba del censo y
que, con la Ley de preservación de datos, no nos está permitido
obtener.
En referencia a otros países europeos, el sistema que tenemos en
España, comparado con el alemán, el inglés o el francés, nos tiene
que permitir esclarecer por qué nuestro parque de viviendas en
arrendamiento no llega al 10 por ciento del de estos países. No puede
ser que, para argumentar esta enorme diferencia, recurramos siempre
al tópico de los hábitos, la tradición y la cultura. Por todo ello,
vamos a votar afirmativamente la proposición no de ley presentada por
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Miralles.
A los efectos de la aceptación o no de las enmiendas presentadas,
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en aras de
intentar una aprobación por consenso de nuestra proposición no de ley
hoy en esta Cámara, acepta la enmienda del Grupo Parlamentario
Popular y comparte el sentido de las presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida. No obstante, no podemos
aceptar la literalidad de la enmienda del Grupo Popular, porque le
falta concreción y nosotros queremos un plazo máximo dentro del cual
sea
remitido a esta Cámara un informe. Por tanto, proponemos a la
votación de la Cámara un texto transaccional que diría lo siguiente:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en el plazo
máximo de doce meses desde la aprobación de la presente proposición
no de ley, remita a la Cámara un informe sobre los efectos de la
entrada en vigor de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos, que contemple: a) El estudio y análisis de
las consecuencias de la aplicación del nuevo régimen jurídico
establecido en la parte dispositiva de la referida ley y su impacto
real en el mercado de la vivienda de alquiler. b) El impacto y las
consecuencias que se han producido con motivo de la aplicación del
régimen transitorio de la ley destacando, entre otros, el análisis de
la aplicación de las reglas de actualización de la renta, los
derechos de subrogación de las reglas de extinción y de los supuestos
de desahucio, etcétera. c) Un conjunto de conclusiones y
recomendaciones a los efectos de superar los problemas detectados en
la aplicación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de
Arrendamientos Urbanos. Este es el texto, señor presidente, que
someteremos a votación.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Catalán relativa a la elaboración de un
informe sobre los efectos de la aplicación de la Ley 29/1994, de 24
de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, con la incorporación de las
enmiendas que se han derivado del transcurso del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
266; a favor, 266.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
de referencia.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL
GOBIERNO PARAMEJORAR, JURÍDICA Y ECONÓMICAMENTE, LA SITUACIÓN DE LOS
EMIGRANTES ESPAÑOLES. (Número de expediente 173/000026.)
La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones
consecuencia de interpelaciones urgentes. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Mixto,
sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para mejorar, jurídica y
económicamente, la situación de los emigrantes españoles.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace dos semanas se discutió en esta Cámara una
interpelación sobre la mejora de la situación económica y jurídica de
los emigrantes gallegos y de los emigrantes españoles. En ese debate,
que no es necesario reproducir ahora aquí -creo no equivocarme-, ya
se pudo advertir que hay espacio para el acuerdo y que en una materia
tan relevante como la que ahora nos ocupa todos los grupos de la
Cámara están dispuestos a acoger la oferta de consenso lanzada
entonces por el Bloque Nacionalista Galego, a recogerla
generosamente; es decir, que todos los grupos de la Cámara comparten
el espíritu que animaba la interpelación y que ahora anima esta
moción, que no es otro que avanzar en la consecución de una igualdad
real entre los ciudadanos del Estado español, residan dentro del
territorio de este Estado o residan fuera de él.
Pues bien, creo sinceramente que la moción que hoy tengo el honor de
presentar...(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich.
Señorías, es imposible que el señor Aymerich pueda seguir
interviniendo desde la tribuna si el nivel de murmullo que hay que en
la Cámara es el actual.
Adelante, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias.
Decía que creo sinceramente que la moción que hoy tengo el honor de
presentar resume en sus diez puntos los extremos en los que esa
voluntad de acuerdo se puede concretar. En primer lugar, garantizando
unas prestaciones económicas y sanitarias suficientes para aquellos
emigrantes que, bien por razón de su edad o bien por razón de la
crisis padecida por los sistemas sanitarios y de protección social de
los Estados en que residen, no puedan acceder de otro modo a las
mismas. En segundo lugar, reformando el sistema de acceso y el
sistema de recuperación de la nacionalidad española por parte de los
emigrantes y sus descendientes, sobre todo eliminando la
discriminación de género que hoy luce en el Código Civil;
garantizando que los trabajadores españoles puedan recuperar el
dinero cotizado a fondos de previsión social de otros Estados y que
el tiempo cotizado en estos otros Estados sea computado a la hora de
calcular la pensión de jubilación a que tengan derecho; estableciendo
condiciones adecuadas para la integración social y laboral de los
emigrantes retornados; garantizando que en los medios de comunicación
y en los centros de enseñanza públicos en el
extranjero se refleje la pluralidad cultural y lingüística del Estado
español; en fin, promoviendo una reforma urgente de la vigente Ley
Orgánica del Régimen Electoral General para que los procedimientos a
través de los cuales los emigrantes ejercen su derecho de sufragio
activo se equiparen a los establecidos para los ciudadanos residentes
en el interior.
Creo que todos podemos coincidir en estos puntos, todos. Por ello,
debo agradecer la voluntad de acuerdo demostrada también por todos
los grupos, en especial por el Grupo que da apoyo al Gobierno. La
flexibilidad de todos los grupos, en especial del Grupo Popular, nos
ha permitido aceptar su enmienda transaccional; una enmienda
transaccional que recoge la sustancia, pero sólo eso, la sustancia,
de lo que nuestra moción proponía inicialmente y que como punto de
partida nos parece válido. Es cierto que hubiésemos preferido ir más
allá, por ejemplo, en lo que se refiere a la promoción de la reforma
del acuerdo entre la Unión Europea y Suiza o también respecto del
reflejo que las diferentes culturas y lenguas del Estado español
tengan en los centros de enseñanza y en los medios de comunicación
públicos españoles. Es por ello, y también debo decirlo con toda
claridad, que el acuerdo al que lleguemos esta tarde no va a suponer
ninguna renuncia por parte del Bloque Nacionalista Galego a que sobre
estos extremos presente iniciativas más ambiciosas, algunas de las
cuales ya han sido formuladas, por ejemplo, una proposición de ley
relativa al Instituto Cervantes.
Voy a ser breve y por eso sólo quiero añadir que esta tarde me parece
que nos vamos a poder congratular de haber dado un paso adelante, de
haber cumplido una de nuestras funciones más importantes como
parlamentarios, la de servir de portavoces de las demandas e
intereses de los ciudadanos, en este caso de los ciudadanos que
residen fuera del territorio estatal y que con tanta frecuencia como
razón se han quejado de la falta de atención de los poderes públicos.
Ahora, si se confirma el apoyo mayoritario a esta moción, será el
momento de exigir voluntad política y esfuerzo económico, la voluntad
política y el esfuerzo económico que exige la materialización urgente
de unos acuerdos que recogen, como ya se dijo hace 15 días,
reivindicaciones unánimes de los movimientos asociativos de
emigrantes y del propio Consejo General de la Emigración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Navarrete.
El señor NAVARRETE MERINO: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, tiene poco sentido -que sería lo burocráticamente
correcto- hacer referencia a nuestra enmienda toda vez que esta tarde
hemos tenido conocimiento de una enmienda transaccional del Grupo
Popular. Por consiguiente, el eje de nuestra intervención va a estar
referido, por una parte, a la moción original que defendió en la
interpelación previa y ahora el señor Aymerich, y nos vamos a referir
también, como es lógico, a la enmienda transaccional del grupo
Popular.
Con respecto a nuestras enmiendas, afirmaremos que tratábamos de dar
concreción a algunos aspectos que nos parecían absolutamente
imprecisos. Con la enmienda transaccional del Grupo Popular es
difícil no estar de acuerdo porque se trata de principios genéricos.
Precisamente por esa naturaleza de principios genéricos vamos a
reservarnos el derecho de discutir, en el desarrollo tanto normativo
como de otra naturaleza que pudieran tener esos principios, el
espíritu de nuestras enmiendas y el espíritu de nuestra
interpelación. La enmienda transaccional forma parte de la estrategia
o de la táctica habitual del Gobierno de considerar todas las
posiciones avanzadas por los diferentes grupos parlamentarios, echar
un poco de agua y rehuir compromisos concretos tanto en el tiempo
como en otros aspectos sustanciales. Esperamos, sin embargo, que
ahora se haga algo, porque los emigrantes españoles llevan esperando
más de cinco años a que vean la luz de una manera indiscutible los
acuerdos que se adoptan a través del Consejo General de la
Emigración, que, aunque sea un órgano consultivo, no puede ser un
órgano meramente auditivo de las propuestas del Gobierno. Y, en
particular, en el desarrollo de estos principios excesivamente
genéricos de la enmienda transaccional, quisiéramos que se atendiera,
en primer lugar, a lo que definiríamos como principio de
subsidiariedad, toda vez que la comunidad internacional -ya lo
dijimos en la interpelación- está en mejores condiciones de
establecer unos mínimos justos que debieran ser respetados por las
legislaciones de todos los países que integran esa comunidad
internacional, y sería una buena cosa que empezáramos por introducir
en nuestro derecho la Convención internacional sobre protección de
los derechos de los trabajadores emigrantes y sus familiares, sobre
los derechos del niño y sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación sobre la mujer y el Pacto internacional de derechos
civiles y políticos. Segundo, que se preocupe por la dimensión
sindical, como ya avanzamos en la interpelación; sería una buena cosa
que contribuiría a combatir la xenofobia y el racismo que en todos
los convenios colectivos, cualquiera que fuera el país donde se
celebraran, donde hayan afectado por razón de la materia un grupo
suficientemente importante de extranjeros, sean estos extranjeros
españoles en otros países o sean extranjeros en nuestro propio país,
se les consultara para aquellas disposiciones del convenio que
particularmente les concierna y pudieran resolver su problemática
específica dentro del ramo industrial correspondiente. Principio de
coherencia, porque en un mundo
globalizado no es posible aplicar la ley del embudo y demandar unas
condiciones o unos derechos para los españoles que residen en el
extranjero y no reconocer estos mismos derechos para los extranjeros
que residen en España. Principio de objetividad, esto es, evitar la
fragmentación, las duplicaciones, la antinomia y el subjetivismo que
dominan toda una serie de medidas que se recogen en nuestra
legislación sobre materia de pensiones asistenciales, sobre
pensiones, sobre accidentes, sobre enfermedades, en fin, sobre toda
la problemática social que se caracteriza por un subjetivismo en la
concepción de estos beneficios y que más que a mejorar las
condiciones de nuestros emigrantes parecen orientados a crear un
mercado electoral cautivo. Por último, principio de universalización
diplomática. Me refiero a que en una publicación del Ministerio de
Trabajo, que no cité por su nombre en la interpelación -ahora sí lo
digo-, la Guía Laboral del año 2000, se mencionan exactamente 36
instrumentos internacionales que tienen por objeto la asistencia
sanitaria y/o la incapacidad permanente y/o la muerte o supervivencia
y/o la vejez y jubilación de los españoles residentes en el
extranjero; 36 instrumentos internacionales, cuando el número de
Estados que existen en la comunidad internacional son 200. Por
consiguiente, sería una buena práctica de los departamentos
diplomáticos, incluidos los que tienen relación con esta materia en
el Ministerio de Trabajo, que se pusieran a la tarea de dotar a todos
los países con los que fuera posible entablar conversaciones
-empezando, lógicamente, por aquellos que se caracterizan por tener
un mayor número de trabajadores españoles residentes- de instrumentos
diplomáticos para que cuando un español vaya a uno de estos países,
como ya dije en mi interpelación, no caiga en un aeropuerto desierto
o en un aeropuerto hostil.
Nada más y muchas gracias. Manifiesto por anticipado nuestro apoyo a
la enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Navarrete.
Para defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo
cree oportuno y necesario este debate, pero sería mucho más oportuno
que de este debate saliesen acuerdos concretos que realmente
sirviesen para resolver los problemas que tiene planteados nuestra
emigración. En ese sentido iba nuestra enmienda y hubiésemos querido
que quedara reflejado en el acuerdo final.
Nuestras enmiendas tratan de concretar aún más los objetivos de la
moción, que nos parece acertada, presentada por el Bloque
Nacionalista Galego. De una forma muy especial queríamos resaltar la
necesidad de
que se consolidasen y se extendiesen los derechos de todos los
españoles y españolas a recibir pensiones no contributivas,
residiesen donde residiesen. Por ello consideramos que, para ser
creíble cualquier acuerdo que aquí se pudiese tomar, el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales -eso sí, con la participación del Consejo
General de la Emigración- tendría que asignar la partida
presupuestaria conveniente en los presupuestos de este año,
estableciendo en este momento los baremos que sirviesen para
determinar la cantidad abonada en cada Estado, de otra manera, si los
acuerdos que aquí se toman no se plantean en los presupuestos que
estamos discutiendo, son acuerdos sobre el papel, no sobre la
realidad. También habría que modificar la normativa reguladora del
SOVI eliminando las incompatibilidades y los obstáculos que puedan
limitar el acceso a las pensiones de este sistema. Proponemos en
nuestra enmienda que se elabore de la forma más urgente posible una
ley de nacionalidad en la que se garantice el mantenimiento de la
nacionalidad española aunque se adopte la de otro país, así como que
se contemple la posibilidad de recuperar y obtener la nacionalidad
española para todos aquellos españoles y españolas de origen que la
hubieran perdido por alguna causa o para sus descendientes hasta el
segundo grado de consanguinidad, sin límite de plazo y sin tener que
renunciar a su nacionalidad actual. También planteamos hacer
extensivo este derecho a las personas cuyos padres o madres hubieran
perdido la nacionalidad española de origen en el momento de su
nacimiento.
En referencia al punto 4 de la moción, queríamos remarcar la
necesidad de que el Instituto Cervantes potencie todas las lenguas,
toda la riqueza cultural de este país, toda la riqueza lingüística de
este país, porque España, señorías, es un Estado plural y esa
pluralidad cultural y lingüística se tiene que reflejar en toda su
riqueza también en el exterior o, mejor dicho, de manera muy
importante en el exterior.
Respecto al punto 5, diré que no sólo queríamos incluir que las
emisiones televisivas y radiofónicas de TVE y Radio Nacional de
España reflejen toda la pluralidad lingüística y cultural del Estado,
sino que consideramos imprescindible instar a la mejora de la
programación internacional de Radiotelevisión Española. Creemos que
es necesario hacer una llamada de atención para que no se continúe
con una programación que entendemos que no refleja lo que es la
España de hoy. Creemos que un simple repaso por las embajadas
españolas podría servir para evidenciar el descrédito que tiene la
programación internacional de Televisión Española. Por eso,
entendemos que son necesarias propuestas concretas para que no
salgamos de este debate sólo con buenas intenciones, sino con ideas
que al día siguiente puedan reflejarse en elementos positivos para
nuestros emigrantes.
Proponemos en nuestra enmienda recoger de forma concreta las
resoluciones del Consejo General de la
Emigración, que reflejan las reivindicaciones del movimiento
asociativo de emigrantes residentes en el exterior. Por eso, a la luz
de la enmienda transaccional que se nos plantea, coincidimos en
cierto modo con lo que planteaba el portavoz del Bloque, que puede
suponer un paso adelante, aunque, eso sí, algo descafeinado y algo
reticente, pero siempre es más positivo salir de aquí con algún
acuerdo que salir sin nada. De todos modos, quiero señalar, como
también hacía el portavoz del Bloque, que lo aprobado aquí no
significa una renuncia a ninguna reivindicación, sino al contrario,
un eslabón a continuar e intentar, más pronto que tarde, que de una
vez por todas se asuma la necesidad de hacer frente a las
reivindicaciones de los emigrantes españoles residentes en el
exterior, ya que de otra manera no podríamos cumplir el mandato
constitucional de que todos los españoles somos iguales ante la ley.
Votaremos a favor de esta proposición, pero con cierto resquemor, ya
que, como digo, entendemos que se podía haber avanzado más.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora
Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero manifestar, brevemente, cuál es la posición de mi grupo ante
la presente moción. Hemos presentado algunas enmiendas, pero, en la
medida en que se ha presentado una enmienda transaccional que vamos a
apoyar, no me voy a detener en ellas. Sí quiero decir que nos parece
que la moción, además de oportuna y necesaria, es urgente y, como
tal, teniendo en cuenta que ya hay un punto de partida -el que hoy se
apruebe por unanimidad la enmienda transaccional propuesta ya es un
punto de partida-, deseamos que adquiera niveles de concreción a la
mayor brevedad. Como otros grupos de esta Cámara, el de Coalición
Canaria es especialmente sensible a esta cuestión porque no podemos
olvidar que forma parte de nuestra historia reciente el que gran
parte de nuestro pueblo tuviera que emigrar, a veces en condiciones
bastante desfavorables e incluso clandestinas, fundamentalmente hacia
países de Sudamérica. Muchos de estos emigrantes se encuentran hoy
precisamente en las etapas de mayor edad y, desgraciadamente, viven
en naciones que están desde hace tiempo sumergidas en problemas
sociales y económicos profundos, lo que hace que, a pesar de toda una
vida de trabajo y de haber traído riqueza para nuestro país y sus
familiares, estas personas estén en una situación bastante precaria.
Nuestra Constitución, como ya han dicho algunos otros portavoces,
recoge claramente que todos los españoles somos iguales ante
la ley, sin que deba prevalecer discriminación por su condición o
circunstancia personal o social, y entendemos que, hoy por hoy, la
condición de muchos de nuestros emigrantes impide que dichos derechos
sean realmente efectivos. Entendemos también que no es sólo una
competencia, sino que es una obligación del Gobierno del Estado
salvar todos los obstáculos que dificultan el ejercicio de estos
derechos. Por lo tanto, nosotros nos sumamos también a la enmienda
transaccional. Nosotros planteábamos enmiendas en el sentido de
intentar llegar a un nivel de concreción de lo planteado en la
enmienda propuesta por el grupo que nos presenta la moción en la
Cámara, porque, como es obvio, la mayor parte de estas medidas -el
plan integral, etcétera- requiere que se comprometan y se asignen
recursos y medios económicos, entre otras cosas. Es necesario también
que se tengan en cuenta las diversas posibilidades materiales,
económicas y personales de los distintos emigrantes que tenemos en el
extranjero. Otro aspecto que está también recogido en la enmienda
transaccional es que, en la medida en que se trabaje en programas
culturales hacia nuestra población que vive fuera, se impliquen las
comunidades autónomas en los programas culturales atendiendo a la
diversidad territorial, cultural y lingüística que existe en el
Estado español.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer al señor Aymerich, como no podía ser menos, y al
resto de los grupos su intervención. Yo creo que es un gran acierto
empezar como lo hacíamos al principio del pasado Pleno, cuando se
debatía la moción diciendo que era oportuna y destacando hoy también
la oportunidad de que esta Cámara apruebe por unanimidad una moción
que vaya en defensa de los intereses de los emigrantes, por lo que
les felicito nuevamente.
Yo quiero que mi intervención refleje hoy aquí, como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, sobre todo la apuesta y el compromiso
que nosotros hemos adoptado con la emigración. Al presentar la
enmienda transaccional pretendíamos exactamente eso, que quedara
claro cuál era nuestro compromiso, y no precisamente como una
estrategia, como decía el señor Navarrete. No sé si tal vez su grupo
ha utilizado en alguna ocasión este tipo de estrategia. Lo que sí le
puedo asegurar es que nuestro grupo no la utiliza. Todo lo contrario,
yo creo que aquí se ha hecho un esfuerzo de unidad política para
acercar posturas, porque de lo que se trataba
era de que sacáramos un texto que fuera en defensa de los
intereses de la emigración.
Además, el Partido Popular se ha comprometido en esta legislatura con
la emigración. Probablemente las tendencias hayan cambiado;
probablemente tendremos que hablar mucho en esta Cámara de
inmigración. Pero no le quepa ninguna duda de que desde nuestro grupo
también se va a hablar mucho de emigración. Ese es el sentir que
queríamos impulsar con esta enmienda, de ahí que nos parezca muy
importante que aprobemos un texto único. Para nosotros supone un
doble compromiso: como Grupo Parlamentario Popular y también como
grupo que sustenta al Gobierno, porque a partir de ahora esta Cámara
plural va a hacer llegar una moción para que se cumpla por parte del
Gobierno. Precisamente por eso hemos querido hablar de todos y cada
uno de los puntos. No hemos hecho una enmienda transaccional para
garantizar sin comprometernos las cuestiones que deciden, que
dependen y que quieren saber los emigrantes. Nosotros queríamos
hablar de todos y cada uno de los puntos y, siguiendo su orden, hemos
empezado hablando de pensiones y diciendo que sabemos que se tiene
que mejorar el sistema de protección a los más desfavorecidos. Somos
conscientes de que hay que continuar mejorando; pero no se olviden de
que este Gobierno ya garantizó con los presupuestos de los años
pasados y con los del 2001 las partidas necesarias para hacer frente
a esas prestaciones; tampoco olviden que ya en el año 1997, cuando
hubo un agujero presupuestario para hacer frente a los pagos de esas
pensiones, se aprobó un crédito extraordinario de más de mil millones
para poder afrontar dicho pago. Con la redacción del párrafo del
punto número 1 se reafirma nuestro más firme compromiso, una y mil
veces, con la inmigración y con los más desfavorecidos. En cuanto al
punto número 2, el plan de salud, se puso en marcha en el año 1998,
se hizo con un Gobierno del Partido Popular y no está de más
reconocerlo, es bueno que se reconozcan las cosas que hacen bien unos
y las que hacen bien los otros porque da credibilidad. Precisamente
con esta enmienda transaccional pretendíamos que se sustituyera la
frase «elaborar un plan» por «continuar implantando», ya que hoy
podemos hablar -lo dijo el ministro en su intervención- de los planes
de salud que dan cobertura a los mayores de 65 años sin recursos en
prácticamente el 90 por ciento de los casos; y esperamos que en los
próximos meses, probablemente dentro del 2001, se pueda garantizar
esa protección al cien por cien. Es bueno reconocerlo, porque esa
necesidad viene reconocida y avalada en estos presupuestos al igual
que en los pasados, de ahí nuestra más profunda reflexión sobre los
mayores. Asimismo, hacemos un inciso para no hablar solamente de
pensiones y plan de salud, sino para garantizar prestaciones sociales
en otro ámbito, y tambiénestá ahí nuestro compromiso político.
En su moción hay dos puntos que nos parecen muy interesantes, los que
hacen referencia a las modificaciones legislativas necesarias en la
Loreg y en materia de nacionalidad. Es un compromiso que esta
legislatura debe llevar a cabo. Esta Cámara debe tratar esas dos
modificaciones y nosotros las incluimos en nuestro programa
electoral. A partir de esta enmienda transaccional que apoyan todos
los grupos será esta Cámara y será el propio Gobierno el que las
asuma como propias, y es para nosotros una gran satisfacción poder
incluir estos dos puntos en esta moción. También nos parece
importante que se recoja expresamente nuestra pluralidad cultural y
lingüística, por eso proponemos medidas que impulsen la firma de
convenios con comunidades autónomas -caso de Galicia, que ya lo tiene
en algunos centros- para facilitar ese conocimiento. Igual que nos
parecía importante que quedara reflejado el impulso y la implantación
de la UNED en el exterior.
Señorías, como decía al principio, para nosotros esta moción no es un
mero trámite sino algo más importante, es un documento que refleja el
compromiso del Partido Popular por la emigración.
En cuanto al retorno, y siguiendo además el esquema que hacía el
señor Aymerich en su moción, nosotros proponemos coordinación entre
las administraciones, así como medidas que favorezcan la integración
sociolaboral a través de la información, de la formación y del
autoempleo e igualmente apostamos por agilizar los convenios
bilaterales de Seguridad Social. Queremos que, además de a los países
que se mencionaban en el texto de la moción del Bloque Nacionalista
Galego, se amplíe a todos aquellos en los que exista ese convenio,
porque nos parece de justicia que se haga así en favor de los
emigrantes de otros países. Nosotros ya vimos una clara
discriminación en el retorno y la corregimos mediante un decreto, el
más justo de muchos de los que se han podido firmar. El que un
español que quisiera retornar a nuestro país tuviera que esperar dos
años para poder obtener una prestación en condiciones similares a las
de un español residente en nuestro país nos parecía una clara
injusticia y precisamente por eso, y para facilitar de verdad el
retorno, se hizo ese decreto, según el cual cualquier persona que
cobre una pensión asistencial en el exterior y que retorne a nuestro
país va a tener garantizadas las mismas condiciones que cualquier
otro español que ya estuviera residiendo en España.
Nos parece importante también que usted se haya referido al acuerdo
firmado entre la Unión Europea y Suiza, del cual queremos resaltar
dos puntos. En primer lugar -hacemos una mención extensa en el texto
de la enmienda transaccional-, hay que dar una adecuada información a
las personas que siguen residiendo en Suiza y a las que quieren
desplazarse a trabajar a dicho país. Se trata de un buen acuerdo en
el que indudablemente habrán tenido que someterse a los deseos de los
países de la Unión Europea y también de Suiza,
pero estamos seguros de que España ha tenido mucho que ver en cuanto
a conseguir que los derechos de los españoles que están residiendo en
Suiza se vean respetados.
Queremos insistir en la recuperación del segundo pilar, a la que
usted ha hecho referencia, y recordar que fue la Consejería Laboral
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la que en el año 1997
puso de manifiesto ese fondo de pensiones. Esos más de 1.500 millones
recuperados se deben a la iniciativa de este Gobierno, preocupado por
poder dar canalización a un sentir que en algunos casos ni siquiera
era conocido por los propios emigrantes, con lo cual, y gracias a la
labor del Gobierno de España, quiero que esta Cámara sepa que Suiza
ha dispuesto de una oficina para el resto de los países, incluido
España, que hará posible que esas personas que en algunos casos ni
siquiera sabían que había un segundo pilar, unos fondos
complementarios de pensiones, puedan recuperarlos. Sin duda se hará
gracias a la colaboración entre Suiza y España.
Por otro lado, hablar de firmar convenios con Noruega y con el resto
de los países que conforman la Comunidad Económica Europea, dado que
se firmó ese acuerdo en el año 1994, más bien sería seguir impulsando
a esas personas a adoptar acuerdos bilaterales con países con los que
ya hemos firmado a través de dicho acuerdo un convenio en materia de
Seguridad Social, pero en cualquier caso sepa usted que tanto por
parte del Gobierno como por parte del Ministerio de Trabajo a través
del INSS y por parte del propio Instituto Nacional de la Marina -un
tema que a usted le preocupaba por cuanto se trataba de marineros
gallegos- hay una clara voluntad de seguir colaborando para que estas
personas tengan garantizados todos sus derechos.
Para finalizar, quisiera agradecer al Bloque Nacionalista Galego, ya
lo decía usted al principio de su intervención, que acepte nuestra
enmienda. Efectivamente, es un hecho que refleja una clara voluntad
política. Por parte del Partido Popular ha existido esa clara
voluntad política de que se elabore un texto al que puedan unirse el
resto de los grupos, ya que a nosotros nos interesaba precisamente
eso, poder contar con un texto que sirviera de base para lo que van a
ser las muchas actuaciones en favor de la emigración. No le quepa
ninguna duda de que todos los españoles que residan en el exterior y
que sigan de alguna manera el debate que hoy aquí estamos manteniendo
se sentirán muy congratulados de que todos los grupos sientan la
misma intención y el mismo compromiso de apoyo a la emigración. Ese
ha sido el interés que ha movido al Grupo Parlamentario Popular a
introducir esta enmienda transaccional, que agradezco a usted y al
resto de los grupos que hagan propia y que sea texto que apruebe toda
la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán de
Convergència i Unió, señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo se suma al consenso obtenido entre los que han
presentado la moción y el Partido Popular para conseguir la enmienda
transaccional. Nuestro voto será, pues, favorable a este consenso de
la Cámara a favor de los emigrantes. Creemos que la aparición en esta
moción de los acuerdos con las comunidades autónomas era necesaria, a
fin de que esta especificidad pueda transmitirse a los emigrantes en
educación y en otros servicios públicos. Entendemos que las
facilidades de integración a los emigrantes, tanto para recibir
información o en las ayudas al autoempleo en cooperativas cuando
regresen a nuestro país les equipara a los ciudadanos del Estado
español.
En definitiva, pues, esperamos que hoy se instaure aquí un compromiso
de nuevas e importantes acciones a favor de nuestros emigrantes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Señor Aymerich, por lo que se deduce del transcurso del debate
entiendo que sometemos a votación el texto de la enmienda
transaccional. (Asentimiento.) Gracias.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno para mejorar jurídica y económicamente
la situación de los emigrantes españoles, en los términos que se han
derivado del debate y de la enmienda transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
260; a favor, 260.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la iniciativa
de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL MODELO
DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA, SU MODELO DE FINANCIACIÓN Y SU
MARCO JURÍDICO, QUE NO HAN SIDO DEFINIDOS POR CONSENSO ANTES DE SU
TRASLADO A LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, SEPI.
(Número de expediente 173/000027.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, sobre el modelo de la televisión pública en
España, su modelo de financiación y su marco jurídico, que no han
sido definidos por consenso antes de su traslado a la Sociedad
Estatal de Participaciones Industriales, SEPI.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la
señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hace dos semanas debatíamos en esta Cámara una
interpelación que presentó nuestro grupo parlamentario respecto al
pase del Ente Público RTVE a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Señorías, el debate que en esta Cámara se tuvo con el
ministro de Hacienda y las explicaciones que nos dio el señor
ministro no vinieron a despejar las dudas de nuestro grupo, ni se
hizo el debate necesario para tomar una decisión del calibre de la
que se plantea a través de la llamada ley de acompañamiento, sobre el
pase de Radiotelevisión Española a la SEPI. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Por tanto, señorías, nuestro
grupo parlamentario presenta una moción que lo primero que plantea es
la necesidad de que el Congreso de los Diputados rechace el traspaso
de Radiotelevisión Española a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Nuestro grupo parlamentario está convencido de que es
una decisión precipitada y que, además, se hace sin haber tenido el
debate necesario para saber qué modelo de radiotelevisión pública es
el que queremos para el Estado español y cuál la financiación que
este modelo necesita para, a partir de ahí, plantear un plan de
viabilidad y de financiación de la empresa Radiotelevisión Española.
Es más, señorías, con la actuación que el Gobierno pretende llevar a
cabo no solamente ha conseguido que el CES, en el informe que tiene
que acompañar a esta ley, diga que considera que debería abrirse un
debate menos precipitado sobre posibles fórmulas para alcanzar la
finalidad perseguida por la modificación propuesta, de mejora de
control económico y financiero, sino que, además, ha introducido lo
que nuestro grupo parlamentario anunciaba de, en estos momentos, no
tener muy claro, ni el Ente Público RTVE ni SEPI, cuáles van a ser
las competencias de cada uno de los organismos.
Señorías, esto lo decimos a raíz de las comparecencias que se
suscitaron el día 9 de octubre en la Comisión de Presupuestos, tanto
del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales
como del director de Radiotelevisión Española. El presidente de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales decía que no tenían
muy claro todavía cuál iba a ser la metodología, que era algo que no
se habían planteado puesto que aún no eran responsables del tema, y
decía textualmente: Lo que sí es cierto es que se trata de hacer un
plan de futuro para Radiotelevisión Española y lo que se nos pide es
que hagamos un esquema económico,
financiero y de gestión para esa nueva Radiotelevisión Española, y
que presentemos las propuestas correspondientes alrededor del mes de
julio, más o menos. Y continuaba diciendo: A partir de ese momento
presentaremos al Gobierno las conclusiones a las que acertada o
erróneamente lleguemos. Es decir el presidente de la Sociedad Estatal
de Participaciones Industriales tenía claro, en su intervención del
día 9 en la Comisión de Presupuestos, que quien tenía que hacer el
plan de viabilidad era la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Y poco después el director de Radiotelevisión Española
decía textualmente: Tal y como el ministro ha planteado en su
intervención en esta Cámara el día de la interpelación, va a ser
elaborado por Radiotelevisión Española con la ayuda, como herramienta
fundamental, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales,
pero el plan lo va a hacer Radiotelevisión Española y lo va a dirigir
este director general.
Es decir, por un lado la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales dice que lo van a hacer ellos y se lo van a presentar al
Gobierno y, por otro lado, el director de Radiotelevisión Española
dice que lo van a hacer ellos y se lo van a presentar al consejo y
suponemos que a esta Cámara.
Por tanto, señorías, creemos que este tipo de contradicciones es
suficiente para plantearnos de una manera seria que ésta no ha sido
una decisión de lo más acertada, no solamente porque se pueda estar a
favor o en contra, sino sencillamente porque se han producido por
precipitación; esta precipitación es la que ha llevado a que se
produzca este tipo de declaraciones por responsables que en su
momento van a tener que trabajar, unos diciendo que lo van a hacer y
otros planteando que lo van a utilizar como herramienta para elaborar
el plan de viabilidad. Aun así, señorías, este grupo parlamentario,
lejos de plantear algún tipo de alarma social, lo que pretende es
claridad. Por eso, en su segundo punto plantea que se elabore una
propuesta de plan de empresa con la participación de todos los
sectores implicados, es decir, no solamente el Ente Público
Radiotelevisión Española sino también los trabajadores de la casa, y
que además se pueda hacer un plan de viabilidad.
Señorías, todos somos conscientes de que el plan de viabilidad es un
plan de gestión económica, pero se necesita un plan de empresa para
mejorar la gestión del Ente Público Radiotelevisión Española, su
rentabilidad en cuanto al trabajo en difusión cultural de ocio y de
información, así como para que no sea ni una carga para el Estado ni
se sienta con una financiación escasa para poder llevar a cabo con
dignidad sus programas.
Esto nos lleva, y es lo que planteamos en el punto número 3, a la
necesidad de que la deuda se congele a 31 de diciembre de 1999, que
se pueda establecer un plan para que en los próximos años desaparezca
la deuda y se subvencione anualmente a Radiotelevisión Española.
Señorías, como desde nuestro grupo parlamentario lo que no
planteamos es cerrar un debate, sino que precisamente lo que queremos
es que se abra, no estamos diciendo cómo se tiene que subvencionar
anualmente Radiotelevisión Española, que se puede hacer de diferentes
formas. Mi grupo parlamentario apunta dos posibles formas, una de
ellas, a través de la aportación directa desde los Presupuestos
Generales del Estado y, la otra, con una participación a través del
impuesto sobre la renta de las personas físicas, no como un impuesto
más sino sólo una parte que se podría derivar hacia Radiotelevisión
Española; además, se debe tener en cuenta, a la hora de fijar las
subvenciones o la participación, el resultante de la previsión de
ingresos por publicidad en Televisión Española y la comercialización
de los productos de Radiotelevisión. Señorías, Radiotelevisión
Española debe enfocar su financiación en comercializar y rentabilizar
más los productos que genera y reducir el peso de la publicidad para
que sea una garantía de que no sólo es pública, plural, sino que,
además, no tiene necesidad de depender de las marcas anunciantes para
mantener sus ingresos.
Creemos que todas estas son razones más que suficientes para que
desde esta Cámara digamos al Gobierno que la decisión que ha tomado
no es la más adecuada, que hay que discutirlo mucho más abiertamente,
dialogar y consensuar el modelo de Radiotelevisión. A partir de ahí,
sólo teniendo claro cuál es el modelo de Radiotelevisión pública,
debemos buscar su financiación, la mejora y el control económico del
mismo.
Nuestro grupo parlamentario espera que en esta Cámara, que es
sensible a la situación de Radiotelevisión Española, seamos capaces
de conseguir que una decisión, que a nosotros nos parece apresurada e
inconveniente para el futuro de la misma, se pueda reconsiderar
y solucionemos este problema con el diálogo y la participación, no sólo
de esta Cámara, sino también de los sectores implicados.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz-Cano.
El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señor presidente.
Señorías, estamos asistiendo durante estas últimas semanas a algo
realmente sorprendente, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista,
estamos asistiendo a que el director general de Radiotelevisión
Española hable de Hunosa, de la minería, de los astilleros, de Bazán
y, al mismo tiempo, al presidente de la Sociedad Estatal de
Participaciones Industriales le estamos oyendo hablar de
Radiotelevisión Española, y para colmode sorpresas mañana, a una
pregunta que este diputado
formulaba al Gobierno sobre el tratamiento informativo en el
telediario de una manifestación, le va a responder el ministro de
Medio Ambiente. Esto realmente es sorprendente. Tal vez, no lo sé,
estos sean los rasgos visibles del milagro del señor presidente,
porque el señor presidente del Gobierno en una entrevista publicada
en el diario El Mundo decía, después de cinco años prácticamente como
presidente del Gobierno y después de cuatro directores -una directora
general y tres directores generales-, que se encargaba a la SEPI,
a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que hiciese el
inventario de la situación actual de Radiotelevisión Española. Cuatro
directores generales, cinco años, y ahora hay que encargar a la SEPI
que haga el inventario de la situación actual de Radiotelevisión
Española.
Yo no sé si el señor González Ferrari se estará ganando el sueldo o
no. Viendo las declaraciones del señor presidente del Gobierno parece
que no, porque parece ser que no le ha informado de cuál es la
situación de Radiotelevisión Española. Esto nos parece preocupante,
chocante y -por utilizar un calificativo suave- un poco imprudente,
imprudente porque, en nuestra opinión, hubiese sido mucho más
acertado hacerlo en la línea de lo que el consejo de administración
de Radiotelevisión Española aprobó por unanimidad -esto sí lo aprobó
por unanimidad el consejo de Radiotelevisión Española, como luego
tuvo que corregir el señor Ballestero en la Comisión de
Presupuestos-. Lo que aprobó por unanimidad el consejo de
administración de Radiotelevisión Española, es decir, hombres y
mujeres elegidos por este Congreso y por el Senado, por el Parlamento
español, fue la siguiente resolución: El consejo de administración de
Radiotelevisión Española considera necesaria y prioritaria la reforma
de la Ley del Estatuto de la Radio y la Televisión, que 20 años
después de su aprobación ha quedado desfasada, para dar una solución
satisfactoria a los actuales problemas de Radiotelevisión Española.
La entidad del texto a reformar y el hecho de que en su día fuera
aprobado con un amplio acuerdo hace deseable, de nuevo, la búsqueda
del mayor consenso político y parlamentario para adoptar un modelo de
organización y gestión que garantice su carácter de servicio público
y establezca un sistema de financiación que haga compatibles los
principios de competencia y libre mercado con los de servicio
público, de acuerdo con la normativa europea, la Constitución y las
leyes españolas.
Es decir, es hacer la casa desde los cimientos.
Hace 20 años se aprobó el Estatuto de Radiotelevisión Española
vigente, y yo creo que fue un ejemplo de madurez política y de
responsabilidad, puesto que se hizo desde un amplísimo acuerdo
político. Eso es lo que estamos reclamando desde el Grupo
Parlamentario Socialista, ese mismo acuerdo, no tomar decisiones a
las que no sólo, como ha comentado la señora Urán, les ha puesto
algún impedimento el Consejo Económico y
Social sino que, lo que es más grave, ustedes solamente se han leído
la letra gorda del dictamen del Consejo de Estado del 27 de julio,
porque más allá de las consideraciones formales de si la reforma del
Estatuto de Radiotelevisión Española, o de la SEPI, o de la
adscripción de la SEPI a Radiotelevisión Española tiene que hacerse
por ley, y no por decreto-ley, como quería hacerlo el Gobierno
utilizando las vacaciones de verano, más allá de esas consideraciones
formales lo que le dice el Consejo de Estado al Gobierno es: Cuidado
con esta reforma, con esta adscripción de Radiotelevisión Española a
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, porque puede
alterar la conformación de la propia Radiotelevisión Española y de la
propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Porque, de
hecho -y parece que ustedes no lo quieren ver-, se produce una
colisión y un solapamiento de atribuciones y competencias entre el
Ente Público Radiotelevisión Española y la SEPI, de tal forma que se
ha producido esta confusión a la que hacía alusión la señora Urán,
donde el mismo día -eso sí, a distinta hora- el presidente de la
SEPI, ante la Comisión de Economía y Hacienda, decía que el plan de
viabilidad lo iba a hacer él y su equipo, la SEPI, pero poco más
tarde, en la Comisión de Presupuestos, el señor González Ferrari,
todavía director general de Radiotelevisión Española (quizá tendrá
que quedarse como jefe de informativos, cobraba más y a lo mejor le
es más lucrativo), decía que el plan de viabilidad lo iban a hacer él
y su equipo. ¿En qué quedamos? ¿Quién lo va a hacer? ¿A quién
creemos? ¿Al señor González Ferrari o al señor Ferreras? Esto merece
alguna aclaración que vaya más allá de las puras declaraciones en los
medios de comunicación. El señor González Ferrari se ha quedado solo,
de momento, porque es el único que dice que el plan de viabilidad lo
van a hacer él y su equipo. El señor Ferreras, presidente de la SEPI;
el señor Montoro, cuando se debatió en esta Cámara la interpelación
y la señora secretaria de Estado de Presupuestos, también dijeron que
la SEPI. Sobre este asunto se ha pronunciado prácticamente todo el
Gobierno. Mañana se va a pronunciar hasta el ministro de Medio
Ambiente. A lo mejor es porque tiene interés en que en los
informativos salgan determinadas versiones sobre lo que pasa en
España, en Aragón o en Zaragoza. A lo mejor es que al señor González
Ferrari no le gustó mucho su pregón, porque parece que no tuvo mucho
éxito y por eso luego contraatacó con el telediario del día, que fue
realmente nefasto y ejemplo de manipulación. Aunque a eso nos tienen
muy acostumbrados. (Rumores.)
En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista quiere
manifestar que coincidimos básicamente con la moción presentada por
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Creemos que es
conveniente abordar la reforma, el modelo y la financiación de
Radiotelevisión Española desde esta Cámara, órgano de representación
de los ciudadanos, para
buscar el máximo consenso posible, modificando el estatuto para que
sirva a los intereses de la sociedad en la que vivimos, para regular
algo que es un servicio público esencial y que afecta a derechos
fundamentales de los ciudadanos. Por esa razón hemos presentado una
enmienda que sirve para completar y complementar la moción que ha
presentado Izquierda Unida. Lo que solicita esta moción es que el
Gobierno traiga a esta Cámara su propuesta de reforma del Estatuto de
Radiotelevisión Española, para definir desde el acuerdo parlamentario
qué modelo de Radiotelevisión Española queremos. Bastaría con mirar a
nuestro entorno, a los países con los que compartimos muchas cosas.
El país que ustedes quieran: Gran Bretaña, Italia, Francia, Alemania.
Pongamos el ejemplo que a ustedes más les guste sobre el modelo de
televisión pública que tienen estos países y empecemos a hablar y a
dialogar. De la misma forma, definamos un modelo de financiación
estable. Que este Parlamento recupere algo que me parece esencial,
que es el control de un instrumento que es un servicio público que
tiene que servir a los ciudadanos para vertebrar nuestra sociedad y
nuestro país desde el pluralismo, desde la neutralidad y desde la
independencia. Este es el órgano donde debe residir el control de
Radiotelevisión Española. Por eso contemplamos en nuestra enmienda
que sea esta Cámara la que elija al director general de
Radiotelevisión Española. Y que lo que es y ha sido un ente público
que ha estado en la órbita gubernamental salga de esa órbita. Porque
Radiotelevisión Española no tiene que servir a ningún gobierno. Da
igual el partido que sea. Tiene que servir a la sociedad y a los
ciudadanos españoles. Es necesario que exista una institución
independiente que vele por todos estos asuntos. Creemos conveniente
la creación del consejo superior de los medios audiovisuales. Todo
ello salvaguardando las funciones que como servicio público tiene que
prestar Radiotelevisión Española sin renunciar a tres condiciones:
una televisión generalista en los contenidos, mayoritaria en la
audiencia y exigente de la calidad de su programación.
Este es, señorías, nuestro planteamiento en este debate. Tendremos
oportunidad de hablar más de este asunto en las próximas semanas,
oportunidad que deberíamos aprovechar. Éste es el planteamiento que
el Grupo Parlamentario Socialista quiere hacer al grupo de la
mayoría. No den este espectáculo tan lamentable de que, de la noche a
la mañana, quien tiene la responsabilidad de gestionar la televisión
pública se preocupe por los problemas de la minería y de los
astilleros, el que tiene la responsabilidad de velar por las empresas
que participa, el presidente de la SEPI y, sobre todo, que no tenga
que venir el ministro de Medio Ambiente -aunque ustedes están en su
derecho- a contestar preguntas sobre el tratamiento informativo en
Televisión Española.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz-Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Moreno tiene la palabra.
El señor MORENO BUSTOS: Señor presidente, señorías, si la
interpelación de Izquierda Unida, de la que trae causa esta moción,
era, a nuestro entender, precipitada, innecesaria y partía de unos
criterios preconcebidos y erróneos respecto a la trascendencia y el
auténtico significado de la adscripción de Radiotelevisión Española a
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales que desde
Izquierda Unida no estaban dispuestos a modificar, como se puso de
relieve el pasado día 4 de octubre, en esta ocasión se repiten los
juicios de valor y las conclusiones infundadas que nos apresuran en
este turno a mostrar una total disconformidad con su planteamiento y,
por ello, con su aprobación por el Pleno de esta Cámara. Parece ser
que Izquierda Unida mantiene ese mismo rigor político, entre
comillas, en esta moción, intentando crear una situación de confusión
entre todos los sectores implicados que nada tiene que ver con la
realidad de las cosas. Y digo esto porque en su primera afirmación en
el texto de la moción no se refleja verdaderamente la voluntad del
Gobierno. El Gobierno ha aclarado con toda contundencia que la
decisión de situar a Radiotelevisión Española en el seno de la SEPI,
en primer lugar, no limita el modelo futuro de radiotelevisión
pública para España. En segundo lugar, no limita el diálogo y el
consenso precisos para alcanzar con éxito el objetivo. Y en tercer
lugar, no es un paso previo a la privatización de Radiotelevisión
Española.
Se lo han dicho a ustedes, se lo han dicho a toda la Cámara, se lo
han dicho a los trabajadores de Radiotelevisión Española y a la
sociedad española en su conjunto en las últimas fechas las voces más
autorizadas del Gobierno y del Ente Público de Radiotelevisión
Española. Se lo han desmentido en sede parlamentaria en la solemnidad
de este Pleno, en la Comisión de Control Parlamentario de
Radiotelevisión, en la Comisión de Presupuestos y en la Comisión de
Economía. Se lo ha dicho el presidente de la SEPI textualmente: Ni
privatización, ni una televisión residual o empequeñecida. Eso dijo
el señor Pedro Ferreras el otro día. Se lo han dicho la mayoría de
los miembros del consejo de administración de Radiotelevisión
Española y lo han repetido también otros portavoces cualificados ante
los medios de comunicación. Se lo han dicho por activa y por pasiva,
pero a Izquierda Unida, al parecer, todos los testimonios le parecen
dudosos y todas las manifestaciones increíbles. Da la sensación de
que no hay intención de variar esa cantinela preconcebida en esta
materia y de que por mucho que se lo repitamos todos, no están
dispuestos a cambiarla. ¿Por qué? Pues porque se les acabaría -está
claro- el discurso demagógico y a veces grotesco que mantienen en
este asunto;
porque nos daríamos cuenta todos de que detrás de ese discurso no hay
ni una solución real que posibilite salir de la situación en la que
se encuentra Radiotelevisión Española que no sea otra que la que todo
papel es capaz de admitir.
Decía desde esta tribuna de oradores, hace tan solo unos días, el
ministro de Hacienda que el problema que vamos a afrontar en
Radiotelevisión Española es financiero y que lo vamos a hacer
-continuaba diciendo el ministro- desde el estricto respeto a la
independencia y autonomía de Radiotelevisión Española. El riesgo
estriba precisamente en el mantenimiento de la situación contraria.
Si no resolvemos el problema financiero de radiotelevisión es cuando
ponemos realmente en peligro la institución y con ello el servicio
público que presta. Así de claro y así de sencillo. No hay
privatización de Radiotelevisión Española. También aquí el Gobierno y
el director general han sido en todo momento tajantes. Lo ha sido
también el Grupo Parlamentario Popular porque así lo cree. La única
finalidad de la SEPI es contribuir al saneamiento financiero de
Radiotelevisión Española y se va a preservar en todo momento su
carácter de servicio público.
Entre estas afirmaciones y los planes del Gobierno, y frente a las
suspicacias trasnochadas, electoreras y asustadizas del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, a las que sin otro bagaje
que un ayuno indisimulado de alternativas se ha sumado con una
vehemencia digna de mejor causa -sobre todo respecto al pasado
reciente de Radiotelevisión Española- el Grupo Socialista, entre unos
y otros, nosotros apoyamos la actitud del Gobierno y seguiremos
apostando por ella. Lo haremos porque creemos que Radiotelevisión
Española va a seguir así prestigiándose ante la sociedad española,
como ha sucedido en el último cuatrienio, y creciendo en el crédito
público que los españoles conceden a sus emisiones. Por otra parte,
creemos también que con este Gobierno el endeudamiento de
Radiotelevisión Española está muy próximo a dejar de constituir una
de nuestras preocupaciones y estamos seguros de que va a entrar en
una senda de normalidad financiera y presupuestaria que garantizará
su futuro.
Contrariamente a lo que presupone la moción de Izquierda Unida, el
Gobierno no pretende en ningún caso imponer su opinión frente al
acuerdo. No es cierto, ni ha sido ese el criterio anunciado en la
tramitación del imprescindible plan de empresa que Radiotelevisión
Española llevará a cabo en los próximos meses. ¿Por qué se empeñan en
intentar que parezca una decisión impuesta y unilateral cuando se ha
dicho y comprometido exactamente lo contrario de lo que ustedes
vaticinan? Por otra parte, la referencia sindical de su moción debe
ser contrastada con las diferentes declaraciones publicadas en los
últimos tiempos y con los contactos que nuestro grupo mantiene y
quiere seguir manteniendo con el comité general intercentros y con
las secciones sindicales, para colaborar en un planteamiento
positivo, real y viable de la situación. A veces uno llega incluso
a preguntarse: pero ustedes, ¿con quién hablan? ¿Con quién se reúnen?
¿Escuchan lo que les interesa o, más bien, no entienden nada?
Hemos de aclararles, una vez más, que va a ser Radiotelevisión
Española la que elabore, con la colaboración de los sindicatos, un
plan de empresa que el Gobierno aportará posteriormente al Parlamento
para realizar el necesario debate político sobre dicho plan. La
función de la SEPI, como muy bien dijo el ministro de Hacienda en el
transcurso de la interpelación pasada, consiste y consistirá en
colaborar en su ejecución, aprovechando su experiencia y conocimiento
y con pleno respeto a los principios de autonomía, pluralidad
y neutralidad establecidos en el estatuto de la radio y la televisión.
Dicen ustedes que el Consejo Económico y Social califica de
precipitada la decisión del Gobierno y, a la vez, algunos grupos
parlamentarios critican el continuismo en los presupuestos para el
próximo año y que no se tomen decisiones que aborden definitivamente
el problema de la deuda acumulada. Pues bien, a nosotros nos parece
que es el momento de acometer esa solución tantas veces reclamada y
que no hay razones suficientes ni argumentos de peso -más bien
suposiciones y presunciones sin base alguna- para dar marcha atrás,
como solicita la moción en su primer punto.
El punto segundo se identifica plenamente con lo que va a suceder en
orden a la elaboración del plan de empresa y participación en él de
todos los sectores implicados. Destacaré en este apartado que, una
vez que se les ha caído ya el fantasma de la viabilidad del ente
público que en tanto y con tanta pasión han combatido en esta Cámara,
ustedes mismos emplean la expresión plan de viabilidad para aludir a
una de las tareas principales que debe llevarse a cabo durante los
próximos meses en Radiotelevisión.
El punto tercero, la congelación de la deuda a 31 de diciembre de
1999, es incompatible con la aprobación de los presupuestos del
ejercicio de 2001 y con la ejecución presupuestaria de 2000. El plan
de saneamiento debe alcanzar al problema del endeudamiento en su
conjunto y, eso sí, fijar simultáneamente las bases de un nuevo
sistema de financiación, que hemos convenido en calificar de estable,
que impida la repetición futura de la insuficiencia financiera que
hoy padece Radiotelevisión Española.
Como consecuencia de todo lo anteriormente dicho, el Grupo Popular ha
elaborado una enmienda de modificación con el deseo de lograr el
mayor acuerdo de la Cámara en torno a la finalidad que creo de verdad
que todos perseguimos. Los términos de la enmienda son los
siguientes: El Congreso de los Diputados entiende conveniente y
comparte la voluntad del Gobierno de elaborar y remitir a esta Cámara
un plan de viabilidad para su adecuado conocimiento y para los
debates políticosque la Cámara entienda acerca de la realidad y la
aplicación material del plan que permita dotarle de un marco
financiero estable y preservar su carácter de servicio público. Su
justificación atiende a lo ya manifestado por el Gobierno y, entre
otras cosas, pretende lograr y ofrecer la participación de todos los
grupos parlamentarios en la solución de un problema de carácter
estructural del grupo de Radiotelevisión Española.
Debo finalmente dedicar una pequeña pero irrenunciable atención al
enfoque que a este asunto ha dado y viene dando el Grupo Socialista.
Ya les hemos dicho muchas veces, porque su amnesia es muy
irresponsable, que el Grupo Socialista está en el origen y en la
extensión del problema de una financiación inadecuada de
Radiotelevisión Española. Ya les hemos dicho muchas veces -porque
olvidan con qué autoridad moral y política intervienen sobre estos
asuntos- que son ustedes el peor ejemplo de gestión y dirección
adecuadas, rigurosas y respetuosas con la pluralidad que se puede
poner en la historia de la joven democracia española. (Rumores.) Ya
les hemos recordado su nula contribución y la alternativa al modelo
de Radiotelevisión pública para nuestro país que abordó la pasada
legislatura esta Cámara -y por cierto, abandonaron ustedes la
subcomisión- y cómo no han dudado, por el contrario, en cada ocasión
en descalificarlo todo, mezclarlo todo, atacarlo todo y tratar de
rentabilizarlo todo, aunque los frutos hayan sido más bien escasos y
sus fracasados estrategas en este terreno se hayan replegado un poco.
En cuanto a su enmienda da la sensación de querer aprovechar esta
moción para plantear otros temas sobre los que todos deberemos
reflexionar, pero que no podemos admitir por no ser motivo, como
decía, de esta moción. Por cierto, señor Díaz Cano, si quiere hablar
de Aragón, hablemos; si quiere hablar de Aragón y televisión,
hablemos también. ¿Sabe quién ha sido el único presidente de
comunidad autónoma que ha estado en Los desayunos de Televisión
Española para hablar del Plan hidrológico nacional? El señor
Iglesias, miembro de su partido. Hablemos si quiere de independencia.
(Protestas.)
Tienen ahora una ocasión magnífica para colaborar responsablemente en
el diseño y en el plan de futuro de Radiotelevisión Española.
Nosotros queremos invitarles a ello, como estamos seguros que harán
con mayor o menor entusiasmo y confianza en el resultado los demás
grupos parlamentarios. No hagan más, si es posible, el ridículo con
aproximaciones...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Moreno, le ruego vaya
concluyendo.
El señor MORENO BUSTOS: Voy acabando, señor presidente.
Les pedía que no hicieran el ridículo con aproximaciones peregrinas y
denuncias altisonantes, que estoy convencido no creen ni ustedes
mismos, porque al fin y
a la postre ustedes saben mejor que nadie que las cosas han cambiado
en Televisión y han cambiado para bien, y van a continuar cambiando
para garantizar la presencia de todos, para garantizar la calidad de
sus programas, para garantizar el respeto a sus profesionales y para
garantizar un horizonte esperanzador que ahora está a nuestro alcance
ofrecer.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Moreno.
Señora Urán, tiene la palabra a los efectos de aceptación o rechazo
de las enmiendas propuestas.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, mi grupo parlamentario, como sigue sin enterarse de nada,
solamente puede aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular
admitiéndola como una enmienda de adición a su punto segundo, que
diría -después de finalizado-: remitiendo los citados planes a esta
Cámara para su adecuado conocimiento y para los debates políticos... Y
continuaría el texto de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
Admitiríamos tal cual está redactada como enmienda de adición, que
así se ha presentado, la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Tiene la palabra el señor Grau para fijar su posición.
El señor GRAU BULDÚ: Gracias, señor presidente.
La moción consecuencia de la interpelación del Grupo de Izquierda
Unida presupone una situación de prevención ante el hecho de una
privatización del Ente Público de Radiotelevisión Española que no se
ha mencionado en esta casa. Esta postura arranca de un plan de
saneamiento de una deuda crónica del Estado hacia Radiotelevisión
Española con aplicación exclusiva de criterios de eficiencia y
economicidad. Esta deuda -vuelvo a recordar- viene acumulada desde
hace un buen número de ejercicios de actividad en los que habiendo
aparecido las cadenas privadas y, por tanto, el principio de
competencia, no se ajustó el presupuesto basándose en la nueva
situación de mercado y en los objetivos que debía cumplir el ente. La
existencia de competencia no ha permitido que los ingresos por
publicidad fueran regulados como un elemento de equilibrio
presupuestario sin tener en cuenta las posibilidades reales de tarifa
de los spots publicitarios sujetos, ahora sí, a la ley de la oferta y
la demanda.
Quedan claros los dos puntos a considerar para el futuro de la
Radiotelevisión pública. El primero, que Radiotelevisión Española
como servicio público deberá realizar aquellas transmisiones y
programas que por su interés cultural respondan a este servicio
básico de
cultura y formación. Los índices de audiencia tienen en este caso una
nula incidencia y lo que se propicia es la divulgación, el estímulo
de actividades culturales y deportes minoritarios y,
subsidiariamente, a los elementos propios de producción propia a los
que consideramos unidos intrínsecamente la orquesta y coros de
Radiotelevisión Española.
La producción de programas es uno de los elementos que configuran o
deben configurar este carácter de servicio público que pretendemos
tenga la Radiotelevisión. Es difícilmente asumible que estos
condicionantes permitan soportar una oferta con criterios puramente
empresariales. Es oportuno recordar que no todas las producciones son
deficitarias sino que, al contrario, muchas de ellas han permitido
expandir la presencia del Estado mucho más allá de nuestras
fronteras, cumpliendo con ello un servicio de promoción cultural en
nuestro país, en Iberoamérica y en el mundo. Es por ello por lo que
debe mantenerse esta programación al coste de servicio público, es
decir, con aportación de presupuestos del Estado. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
El segundo punto es que debe existir en la programación una serie de
programas destinados a fidelizar la audiencia sobre la base de la
competencia abierta con otras cadenas privadas. El peso específico de
los índices de audiencia en este punto es fundamental. Hay que
competir en calidad y en precio, hay que utilizar los mismos medios
que los competidores y en este caso la gestión debe pasar por el
rasero de la eficiencia empresarial a fin de poder evaluar los
efectivos de empresa. Esta simbiosis difícilmente puede soportar una
privatización.
Nuestro grupo considera que es necesario aplicar estos principios a
las televisiones autonómicas y más concretamente cuando tienen a su
cargo la responsabilidad de una cultura y de una lengua distintas del
español. Cabe en este caso la aplicación de los principios que hemos
indicado para Radiotelevisión Española. Por ello nuestro grupo estará
muy atento a la evolución que el Gobierno quiera dar al Ente Público
de Radiotelevisión Española; estaremos muy atentos a este tema por si
en principio estamos de acuerdo con una fórmula que le permita en un
breve plazo resolver una deuda crónica del pasado mediante la cesión
de acciones de Radiotelevisión Española a la SEPI y compensar
mediante los resultados positivos de unas privatizaciones. Lo
estaremos porque tampoco queremos una privatización de
Radiotelevisión Española, como el Gobierno ha anunciado en esta
Cámara a través de su ministro de Hacienda que no la habrá.
Esperamos ver en esta Cámara un plan de viabilidad de empresa,
primero mediante un presupuesto anual equilibrado y realista que
cumpla los objetivos de servicio público. Este plan de viabilidad de
empresa ha de entrar en esta Cámara para conocimiento del personal de
la empresa y con su aprobación, obtenida mediante la negociación con
el comité intercentros y con la garantía de que la SEPI no reduzca
las responsabilidades
del Gobierno en el carácter de servicio público, de su
objetividad informativa y de su carácter plural, neutral e
independiente.
Aceptamos la enmienda del Partido Popular que cumple con las
expectativas de solución al problema y mantenimiento del servicio
público de Radiotelevisión Española. Nuestro voto será positivo a
esta enmienda y negativo a la moción, no por discrepancia con los
objetivos sino para dar oportunidad al Gobierno de presentar un plan
de viabilidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Grau.
Al objeto de clarificar los términos en los cuales va a ser sometido
a votación el texto de la moción que se ha debatido, por parte del
Grupo proponente, el Grupo Federal de Izquierda Unida, se ha hecho
llegar a la Presidencia su criterio de que únicamente aceptaría la
enmienda del Grupo Parlamentario Popular si fuera de adición y no de
sustitución, con lo cual es preciso conocer si el grupo proponente de
la enmienda acepta o no ese planteamiento.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señora presidenta.
Mantenemos la enmienda tal y como la hemos presentado.
La señora PRESIDENTA: ¿De sustitución?
El señor MORENO BUSTOS: Sí, de sustitución.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Gracias, señor Moreno. ¿Debo
entender que el grupo proponente mantiene el texto de la moción tal y
como lo ha presentado, con la incorporación de la enmienda del Grupo
Socialista? (Asentimiento.) Ese es el texto que sometemos a votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
259; a favor, 104; en contra, 154; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL OBJETIVO DE INFLACIÓN
PARA EL AÑO 2001. (Número de expediente 173/000028.)
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia deinterpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista,
sobre el objetivo de inflación para el año 2001. Para la defensa de
la misma, tiene la palabra el señor Bel. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señor Bel.
El señor BELI QUERALT: Señora presidenta, señorías, hemos conocido
hace pocos días el dato del IPC armonizado para el mes de septiembre,
que ha seguido la escalada que ya parece incontenible y se ha situado
en el 3,7 por ciento. Existen previsiones, en particular del
Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III, que nos
avisan de que el IPC para el mes de octubre se situará en el 3,86 por
ciento. De hecho, son múltiples las previsiones que indican que a
final de año superaremos el 3,5 por ciento: el citado instituto, la
unidad Erice de la Universidad Complutense, la Asociación Española de
Banca, La Caixa, la Fundación de Cajas de Ahorro, entre otras. Por
supuesto, el Gobierno no prevé un IPC tan alto para final de año. O,
¿quién sabe? Porque el Gobierno ha dejado de formular previsión
alguna para el IPC de final de año, aunque insiste en que demos
credibilidad a la previsión del 2 por ciento para el año 2001.
Señorías, ésta no es buena forma de ganar credibilidad ante los
agentes sociales con vistas a la negociación colectiva. El Gobierno
se ha pasado por abajo; en lugar de echar bálsamo a la negociación
colectiva está echando leña. Los agentes sociales ya han anunciado
que no tomarán en cuenta la previsión del Gobierno y es mala noticia
para la economía española, que es responsabilidad de la previsión.
¿Cuáles son las consecuencias de la desviación de la inflación? La
primera y más obvia, la pérdida de poder adquisitivo de los
asalariados y de todos aquellos que tienen sus rentas vinculadas al
salario mínimo interprofesional, que no admiten cláusula de revisión
como las de los funcionarios. La cuenta es rápida. En 1999 la pérdida
de poder adquisitivo fue de medio punto sin cláusula de revisión; en
el año 2000 la pérdida de poder adquisitivo se irá al punto y medio.
¡Con una pérdida acumulada de poder adquisitivo de los salarios de
casi dos puntos va a ser difícil seguir diciendo a los españoles que
con la reforma del IRPF aumentaron su renta disponible! Hace dos años
el Gobierno podía decir que había aumentado la renta disponible
reformando el IRPF, y en efecto a los asalariados, a quienes dependan
de rentas del trabajo entre dos y seis millones de pesetas les
aumentaron entre 1 y 2 puntos la renta disponible, pero es que casi
todo ya se lo ha llevado la erosión por pérdida de poder adquisitivo.
Y no sólo eso, si tenemos en cuenta que por segundo año van ustedes a
aplicar la no actualización de las bases del IRPF, es decir se va a
aumentar la presión fiscal en frío, ustedes están provocando pérdidas
de poder adquisitivo, reforma fiscal incluida, en la mayoría de los
asalariados. Los datos de septiembre, y hay que reconocerlo, nos han
dado una pequeña alegría porque es verdad que el diferencial
de inflación con la Unión Europea se ha reducido en unas
décimas, pero nos puede pasar como a la casa del pobre, que la
alegría dure poco porque cuando uno observa los datos de inflación de
septiembre para la Unión Europea ve que el crecimiento de la
inflación se explica sobre todo por el aumento de precios de
combustibles en países como Francia, Alemania, Finlandia, Suecia,
Holanda, Bélgica o Grecia. Estos países no han subido 5 pesetas el
precio del libro de gasóleo en octubre, hicieron las subidas en
septiembre. ¿Qué pasará con el IPC del mes que viene cuando nos den
el dato de octubre y recoja las subidas del combustible?
Es interesante avanzar algunos datos sobre el combustible. Acaba de
publicar la Oficina del petróleo de la Comisión Europea datos sobre
el aumento de precio del combustible en el presente año en la Unión
Europea. El 9 de octubre somos el cuarto país en el que ha crecido
más el precio del gasóleo -el cuarto, después de Luxemburgo, Suecia y
estamos empatados con Holanda-, pero desde el 9 de octubre en España
el precio del gasóleo ha subido 5 pesetas. Cuando el mes que viene se
recojan las subidas del precio del combustible estaremos otra vez en
primer lugar.
Se les descontrola la inflación y causan perjuicios a los españoles,
por eso les decíamos que por defectos en la política de
infraestructuras e inversión técnica, por no contribuir
suficientemente al crecimiento de la productividad del sector privado
su política va mal, y en segundo lugar por su levedad liberalizadora.
Por eso nuestra moción propone en primer lugar aumentar las
previsiones de inversión en infraestructuras y en capital tecnológico
y lo que no es menos importante, ejecutarlas porque España estaba a
final de siglo con una inversión en pesetas constantes idéntica a la
de la primera mitad de la década, por tanto inferior en términos del
PIB, y con un nivel de ejecución deficiente, casi patético. A 31 de
agosto de 2000 sólo el 30,7 por ciento del presupuesto de inversiones
había sido realizado. Inviertan más, mejoren más también en
tecnología, para que subamos del 40 por ciento de media de los países
de la Unión Europea que es donde estamos ahora en inversión
tecnológica. En la última semana hemos sabido por la revista Nature
que además la mitad de la inversión se va a Defensa, si es que se
puede llamar así.
En materia de política de liberalización les sugerimos varias
medidas. En primer lugar, liberalizar totalmente la elección de
suministrador eléctrico. Pudimos traer a esta Cámara en junio unos
datos que no han sido renovados, e indicaban que el diferencial entre
el precio doméstico y el precio industrial de la electricidad en
España no tenía parangón en la OCDE y que esto provocaba que
tuviéramos el segundo precio más alto, después de Portugal, antes de
impuestos. Liberalicen; elección inmediata de suministrador
eléctrico, como en Alemania.
En segundo lugar garanticen el acceso al tercero deredes. Se está
hablando mucho de la Corporación
Logística de Hidrocarburos y se está abordando como un problema de
distribución accionarial. El problema de la Corporación Logística de
Hidrocarburos y de la competencia en materia de combustibles no es un
problema de accionariado sino de contratos logísticos de acceso a
red, y por ahí las medidas liberalizadoras de junio no abordaron
nada. En Repsol Butano, España es el país de la Unión Europea con un
mayor nivel de beneficios relativos; en términos de tonelada vendida
estamos cuatro veces por encima de empresas similares. Liberalicen o
apliquen precios máximos un poco más adecuados.
Les proponemos potenciar los organismos de defensa de la competencia,
darles independencia y darles poder, como en los países en punta,
como en Estados Unidos y Alemania, como en Gran Bretaña con la
Oficina para el justo comercio, como en Italia. Es que nos hemos
quedado como en Francia y este diputado no va a defender el modelo
francés para la intervención española sobre los mercados entre los
grandes países.
El otro día tuvimos ocasión de hablar de farmacias y de qué le
pasaría al Tribunal si cometiera la osadía de querer hacer un estudio
sin que nadie se lo pidiera, o tener que esperar a que el Servicio de
Defensa de la Competencia le hiciera una instrucción, aunque el
Servicio de Defensa de la Competencia depende del vicepresidente del
Gobierno, que seguramente pactó en junio con las farmacias las
medidas. No puede ser. Si este país creyó un día que la lucha contra
la inflación era un objetivo prioritario y decidimos entre todos dar
autonomía al Banco central, si de verdad creemos que la lucha por la
competencia es un objetivo prioritario, demos autonomía al Tribunal
de Defensa de la Competencia, que se preocupará sólo de la
competencia y no de otras muchas cuestiones, como este Gobierno.
Voy a mencionar un ejemplo específico de competencia: la autorización
de fusiones. ¿Saben que se está discutiendo en Estados Unidos la
fusión entre Chevron y Texaco? Se dice que la Comisión Federal de
Comercio tomará la última decisión; la Comisión Federal de Comercio,
no el Gobierno de Estados Unidos. ¿Alguien se imagina a un ministro
de Economía estadounidense reuniéndose en privado con las empresas
del sector eléctrico para fijar condiciones? En Estados Unidos esto
acabaría desembocando en denuncias penales. Por eso les decimos: den
la competencia sobre fusiones al Tribunal de Defensa de la
Competencia, porque el Gobierno puede tener otros objetivos, como
financiar con nuestras tarifas la expansión internacional de estas
empresas, por ejemplo. También a las comisiones reguladoras. Un dato
interesante sobre precios máximos ¿es que existen? Los precios
máximos existen, el Gobierno los fija. Fijó hace poco un aumento del
17,4 por ciento para la bombona de butano, que seguramente se
manifestará cuando su efecto en el IPC no se pueda recoger en el mes
de noviembre para no actualizar pensiones. El Gobierno fija precios
máximos, y si es atinado nos
traerá propuestas de precios máximos cuando liberalice la telefonía
local. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia no es que creamos
o no en precios máximos; la diferencia es que nosotros proponemos que
los precios los fijen las comisiones reguladoras y no el Gobierno,
comisiones reguladoras que tengan garantizada la independencia y la
autonomía.
Por último, nuestra moción propone abrir a la publicidad y a la
transparencia la actuación de estos órganos. No somos ingenuos, la
captura del regulador se puede producir en órganos dependientes del
Gobierno y en órganos independientes y creemos que la publicidad y la
transparencia, la participación de agentes sociales, la participación
de expertos, de organizaciones de consumidores, puede ayudarnos a
todos a conocer mejor cómo se protege la competencia y cómo se
regulan los mercados.
Acabo. Pueden darnos una vez más la bienvenida al club de la
liberalización, pero les aseguro que visto lo visto nos sentaremos en
sectores diferentes. (Un señor diputado: ¡Toda la vida!) Visto lo
visto en la teoría y visto lo visto en la práctica, les pedimos que
acepten nuestra moción porque creemos que tendrá efectos beneficiosos
sobre la inflación, creemos que tendrá efectos beneficiosos sobre los
ciudadanos, y además creemos -y ya es hora- que tendrá efectos
beneficios sobre la concentración económica, sobre las relaciones
entre poder y negocios y, por tanto -y nos empieza a preocupar- sobre
la calidad de la democracia.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señorías, comparezco en
nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida para presentar un
conjunto de enmiendas a la moción subsiguiente del Grupo
Parlamentario Socialista. Nosotros terminamos la interpelación del
día anterior muy preocupados por el diagnóstico del Gobierno en
relación con la inflación, con el diferencial de inflación de España
respecto a la Unión Europea, pero terminamos más preocupados aún por
las medidas que anunciaba el Gobierno para continuar atacando el
problema de la inflación. Más preocupados aún porque el Gobierno
propugnaba por un lado aquello de las orquestinas de pueblo: la
misma, pero más fuerte, es decir, la misma tonada, en este caso la
misma tonada liberalizadora, pero más fuerte, con nuevas medidas,
mediante nuevos reales decretos, que de nuevo se verán corregidos por
otros reales decretos en relación con la liberalización del sector
servicios y de la economía española. Lo cierto es que esas medidas
liberalizadoras han configurado finalmente un sector
servicios, sobre todo en el sector energético, en el eléctrico o en
el de las telecomunicaciones, que tiene todo menos de competitivo,
menos de liberal; todo de oligopolio y todo de desregulación de
precios, que en definitiva son fijados de forma concertada por esos
propios oligopolios. Hoy vemos con alarma cómo no es la misma pero
más fuerte solamente en las medidas de liberalización y
privatizaciones; es la misma pero más fuerte en materia de
concentraciones; y hoy mismo en el sector eléctrico vemos cómo con la
complacencia del Gobierno se va a producir un hecho curioso: vamos
a pasar del monopolio al oligopolio y del oligopolio de nuevo al
monopolio; al monopolio en este caso privado en la mayor parte del
sector eléctrico español, con grave peligro en nuestra opinión para
el sector de generación más débil, más frágil, como es el sector
termoeléctrico, con importante impacto en algunas comarcas
y comunidades autónomas del Estado español.
Nos han preocupado todavía más las medidas anunciadas por el Gobierno
en relación con la lucha contra la inflación en materia
presupuestaria. El Gobierno ha dicho en materia presupuestaria que su
lucha contra la inflación va a ser fundamentalmente la contención del
déficit público, es decir, de una parte liberalización que no es tal,
que es fundamentalmente la conversión de monopolios públicos en
oligopolios o monopolios privados, y de otra parte echar la
inflación, que es fundamentalmente una inflación de beneficios -y en
nuestro país está demostrado en los datos económicos que es una
inflación de beneficios-, arrojando esa inflación de beneficios sobre
los salarios. El planteamiento del Gobierno es muy claro: por una
parte un límite a la inflación para el próximo año del 2 por ciento,
con evidentes complicaciones para los asalariados y los trabajadores
con menores salarios, y por otro lado un objetivo por parte del
Gobierno de ajuste del presupuesto, de reducción del déficit en el
presupuesto, de superávit presupuestario, que en definitiva supone la
existencia de menor gasto público en el Estado español, menor gasto
público en España y por tanto menor provisión de servicios, menor
provisión de infraestructuras de todo tipo, de infraestructuras en
materia tecnológica, en infraestructuras de comunicaciones, etcétera;
es decir, en nuestra opinión medidas contrarias a las que en este
momento necesita la inflación en nuestro país.
Nosotros no consideramos que la forma de atacar la inflación de
beneficios sea atacar a los salarios, ni que la forma de atacar a la
inflación de beneficios sea reducir las prestaciones o la política
social. Creemos que la orientación debe ser precisamente la
contraria, por eso presentamos una serie de iniciativas que a nuestro
juicio complementan la moción subsiguiente del Grupo Parlamentario
Socialista. Por una parte estamos de acuerdo en que las medidas en
materia de competencia sean más reales que formales, por tanto
estamos de acuerdo con las propuestas en materia de competencia
sectorial y con las propuestas que se presentan en relación
al Tribunal de Defensa de la Competencia o a la regulación de
precios. Sin embargo, al Grupo Parlamentario Socialista creemos que
le falta algo importante en esas políticas y es la gestión de la
demanda; es decir, no sólo la oferta sino la gestión de la demanda.
Por eso planteamos algunas medidas encaminadas a contener y gestionar
mejor esa demanda en el sector eléctrico o en el de carburantes, de
tal modo que mediante el transporte público, mediante una política de
ahorro y eficiencia energética o de alternativas en el sector
energético permitan un menor gasto energético en nuestro país y un
menor impacto ambiental. Por eso algunas de nuestras enmiendas tienen
que ver con la competencia sectorial.
Hay otra cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Socialista, y es
la inversión pública para mejorar el capital humano, el capital
físico o el capital tecnológico, medidas que nos parecen muy
importantes en relación a la productividad aparente pero que también
nos lo parecen en relación a la inflación. Nosotros queremos
complementar estas medidas planteadas por el Grupo Parlamentario
Socialista con una serie de propuestas relacionadas fundamentalmente
con la mejora del capital humano. El Grupo Parlamentario Socialista
plantea el incremento de las inversiones en I+D, y nosotros
consideramos importante el matiz de que sea en I+D en el sector civil
porque es en el sector militar donde está creciendo la I+D mientras
se estanca en el sector civil. También plantea dicho grupo
incrementos de la inversión en relación a la política de
infraestructuras y es importante aclarar que sean infraestructuras en
el sentido de desarrollo sostenible en nuestro país porque cualquier
tipo de infraestructura no favorece una mejora de la productividad ni
una mejora de su efecto sobre la inflación y mucho menos sobre el
territorio o sobre el medio ambiente. De ahí el matiz en relación a
las infraestructuras a fin de que esas infraestructuras garanticen un
desarrollo sostenible. Y un aspecto que faltaba en la iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista, que no sabemos si hemos reflejado
adecuadamente pero que creemos importante, es la inversión en capital
humano. En España seguimos teniendo dos puntos menos de gasto
educativo en el sector público, cuestión que nos parece muy
importante; y también hay un gasto por alumno muy inferior a la media
de la Unión Europea. Nos parece que todo el gasto educativo,
formativo, en materia universitaria es fundamental para superar esos
problemas, tanto los de la productividad aparente como los que tienen
que ver con la inflación, al contrario de lo que piensa el Gobierno
que pretende precisamente ajustar todos estos gastos en capital
físico, en capital humano o en capital tecnológico.
Por último, añadimos a la iniciativa algo que puede parecer un poco
periférico pero que creemos fundamental en el debate sobre la
inflación y sobre la productividadaparente. Pensamos que un factor
fundamental
de la inflación en España es la inflación de beneficios y creemos que
es un dogal que se está poniendo en torno al cuello la empresa
española. Es importantísimo que la empresa española no compita
únicamente en base a bajos salarios o en base a un mercado laboral
precario sino que debe competir fundamentalmente en organización, en
tecnología, en gestión, en desarrollo tecnológico. Nos parece un
aspecto fundamental de cualquier política contra la inflación y
también de cualquier política en relación a la productividad. Por eso
planteamos en nuestra enmienda un aspecto que en estos momentos
presentan asimismo los sindicatos españoles y que tiene que ver con
el gasto público del presupuesto para el próximo año. Se trata de la
reducción de la temporalidad en el sector público eliminando las
limitaciones a la reposición de bajas que contemplan sucesivos
Presupuestos Generales del Estado, el reforzamiento de la causalidad
de la contratación, la represión de los abusos de contratos
temporales y la acción de las contratas y subcontratas; en definitiva
la adopción de la normativa de la Unión Europea sobre el trabajo de
duración determinada de 28 de junio de 1999, tal y como están
planteando en estos momentos en las mesas de concertación los propios
sindicatos.
Nos parece que esta enmienda es especialmente oportuna tras haber
escuchado la intervención de ayer del propio presidente del Gobierno,
que pretende establecer una vinculación directa entre la evolución
del Pacto de Toledo y la solución a los problemas de la precariedad
y de la flexibilidad del mercado laboral en España. A nosotros esa
flexibilidad -entre comillas- o precariedad no nos parece
precisamente un valor, nos parece una trampa para la empresa
española, nos parece una trampa para la productividad y para la
inflación. En definitiva, creemos que es muy importante que el
aspecto relativo a los contratos de calidad y al empleo de calidad en
España se solucione haciendo posible que en el futuro nuestras
empresas cada vez compitan más en base a la organización, en base a
la tecnología o a la gestión y no en base a bajos salarios o a
precariedad en el empleo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo
Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Voy a intervenir brevemente para defender la única enmienda
presentada por el Bloque Nacionalista Galego, que se concreta en la
adición de un nuevo punto, el noveno, propugnando que los poderes
públicos recuperen la facultad de establecer precios máximos en
aquellos sectores que sean estratégicos para la economía y
en aquellos cuyos mercados presenten un grado de competencia
deficiente.
La justificación de esta enmienda desde nuestro punto de vista es
clara. Estamos asistiendo a una escalada de precios en el sector de
los carburantes, del cual dependen muchos sectores importantes de la
economía española, y esto pone de manifiesto la necesidad de que el
Gobierno tutele los precios máximos de los productos en estos
sectores para evitar escaladas del índice general de precios que
puedan provocar retrocesos en el crecimiento económico. No es cierto
que el mercado sea el mejor árbitro para articular los precios en
sectores importantes de la economía, puesto que muchos de estos
sectores, en los que recientemente existía hay que recordarlo, una
importante participación del sector público, no presentan un grado de
competencia suficiente, existe una posición dominante de uno o varios
operadores, y concertando dichos operadores los precios entre ellos
marcan la pauta al resto de competidores menores, sin posibilidad de
elección por parte de los consumidores. Recordemos que por ejemplo
durante la guerra del Golfo con un precio del crudo superior al
actual no se produjo un incremento tan importante del precio de los
combustibles y carburantes como sucede en la actualidad. En aquel
momento el Gobierno tutelaba la fijación máxima de los precios en
atención a los intereses generales y ahora parece que prevalecen los
intereses de las grandes compañías petroleras por encima de los
intereses de la mayoría de los ciudadanos, que observan cómo el alza
en el precio de estos productos no parece tener techo y desde luego
que el Gobierno no tiene intención de fijárselo. Pretendemos también
que esta facultad de fijar precios máximos se extienda a otros
sectores estratégicos, en particular al de la energía, por su
especial incidencia en el crecimiento económico y en otros sectores
productivos y ante la posibilidad de que se autoricen fusiones de
operadoras que pueden provocar la presencia de posiciones dominantes
en un mercado; de nuevo connivencia para fijar precios sin
posibilidad de reacción por parte de los consumidores y usuarios.
Adelantándome a las críticas, no se ha demostrado que la fijación de
precios máximos a estos productos y servicios en sectores
estratégicos y en aquellos mercados donde la competencia sea mínima,
sea perjudicial para el crecimiento económico ni tampoco perniciosa
para los consumidores. Antes al contrario, en tiempos bastante
recientes se empleó como un instrumento válido para controlar la
inflación, para controlar también el abuso a los derechos de los
consumidores y usuarios y en la actualidad se echa en falta esta
eficacia cuando observamos que el Gobierno asiste a la subida del
precio de los carburantes como un mero espectador, abandonando su
deber de tutela sobre los precios en los mercados y obligando a los
consumidores a que se impregnen de su resignación.
Se trata, pues, y es el sentido de nuestra enmienda, de poner límites
al libre mercado en sectores que tienen incidencia especial sobre la
economía. Además, estarían justificados estos límites por la
presencia de un interés general superior, que es un crecimiento
estable de la economía y una actuación en beneficio de la mayoría
social de consumidores y usuarios.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular
tiene la palabra el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señora presidenta, señorías, quería empezar
por felicitar al Grupo Parlamentario Socialista por esta forma de
hacer oposición pidiendo al Gobierno que tome medidas más
liberalizadoras. Esta felicitación, sin embargo, tiene dos matices.
El primer matiz es la falta de rigor técnico y el segundo es la falta
de credibilidad.
En todo caso, en esta intervención voy a analizar críticamente la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, voy a
defender la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular y
respecto a las otras enmienda quiero expresar, desde el máximo
respeto, mi desacuerdo con ellas.
Respecto a la moción del Grupo Parlamentario Socialista voy a
realizar primero el diagnóstico, el diagnóstico sobre la inflación.
Si se está en un área monetaria -y esto es de teoría monetaria uno-,
lo fundamental es el diferencial de inflación respecto a los demás
países de tal área monetaria. Respecto a esos países ahora no podemos
hacer lo que ustedes hicieron al principio de la década de los
noventa, que fue devaluar cuatro veces en poco tiempo. Eso ahora no
se puede hacer. Luego lo fundamental es el diferencial. ¿Y qué pasa
con ese diferencial? Que se ha estabilizado. La última noticia que
tenemos es que ha pasado del 1,2 al 0,9; ha disminuido el 25 por
ciento de ese diferencial.
Otro problema fundamental de la inflación es la competitividad.
Veamos una de las formas de analizar la competitividad en España.
¿Cómo va a impactar el sector exterior a la formación del PIB en el
2001 respecto al 2002? Pues mejor en el 2001 respecto al 2002. Luego
hagamos un diagnóstico sobre la inflación dándole su importancia,
pero dándole también su importancia relativa en relación con la
competitividad y a la inflación diferencial.
Respecto a las medidas que ustedes proponen, es extraño, se ha
hablado por ahí de gestión de la demanda y apenas se habla de medidas
desde la demanda. Mencionen ustedes que la política monetaria que
actualmente sigue la Unión Europea, con los desfases en el tiempo que
se conoce que tiene la política monetaria, ayudará a la disminución
de la inflación en España en el 2001; mencionen ustedes que la
política fiscal
del Gobierno del Partido Popular ha consistido en un déficit heredado
de ustedes del 7,1 por ciento y llevarlo a una situación que no me
gusta llamarla déficit cero, porque no es rigor técnico, pero si de
equilibrio presupuestario y que además el nuevo paso del 2000 al 2001
ayuda sin duda a la política antiinflacionaria.
Pero si ustedes quieren hablar de políticas de oferta sobre la
inflación, hablemos de ellas. Inversión. Hablan ustedes de inversión
en infraestructuras y una vez más se plantea el problema de la
credibilidad. Cuando ustedes estaban en el Gobierno invertían
aproximadamente 0,9 billones de pesetas en infraestructuras;
actualmente ha pasado a 1,3. Aplique usted a esas cifras la
inflación, el porcentaje del PIB, lo que quieran. Han aumentado,
considerando la inflación y considerando como porcentaje del PIB la
cifra actual más la cifra de ustedes. ¿Qué es lo importante? Lo
importante es la inversión pública en general en relación con el PIB.
Por eso, la enmienda del Partido Popular se refiere a la inversión
pública en relación con el PIB. ¿Qué ocurre con la inversión pública
en relación con el PIB? Que en este momento es un punto diferencial
respecto a la inversión pública en la Europa del euro. Un punto
diferencial respecto a la inversión pública en la Europa del euro
quiere decir un billón de pesetas más. Me parece bastante positivo
que se presenten unos presupuestos con esa inversión pública que
precisamente ayudan, desde la política de oferta, a hacer más
competitiva nuestra economía.
Ustedes hablan de la política de I+D o I+D+I y piden aumentos en ese
sentido. Sin duda. Pero los aumentos en ese sentido tienen bastante
que ver con un plan de I+D+D que ha sido aprobado por este Gobierno.
En mi función de catedrático de universidad les diré que acabo de
terminar un libro respecto de este tema y en él se encuentra un
pequeño detalle: como es lógico, los países con mayor grado de
desarrollo dedican mayor porcentaje de su renta a la investigación y
aparecen dos gráficos muy simples. En este gráfico aparece en el eje
vertical el porcentaje de su renta que cada país dedica a
investigación y en el otro eje el grado de desarrollo. Esta función,
que por cierto estadísticamente es significativa, muestra que los
países más desarrollados dedican un porcentaje mayor. España en la
actualidad está por debajo de lo que le correspondería teóricamente
estar a su grado de desarrollo, pero si pasamos al 2003, aplicando el
plan del Gobierno y haciendo las extrapolaciones en renta y en I+D,
nos encontramos con este otro gráfico. Por primera vez en la historia
económica de España, en el año 2003 va a gastar en investigación lo
que le corresponde a su grado de desarrollo. Por eso la enmienda del
Grupo Popular ha planteado el incremento del gasto de I+D, y no lo ha
planteado en el lenguaje de las palabras sino en el lenguaje de los
hechos, de acuerdo con el plan de I+D+I del Gobierno.
Ustedes hablan de liberalización en la energía eléctrica. Yo era
portavoz del Grupo Popular en la oposición
entre los años 1993 y 1996 y tuve que discutir la Losen. ¿Dónde
estaba en la Losen la liberalización de la energía eléctrica? No
estaba, si acaso se creaba la figura de los independientes que luego
nunca se puso en marcha. Comparémoslo con la situación actual. Hoy
día la mitad de toda la demanda tiene libertad de elección y en el
año 2002 prácticamente toda la demanda tendrá libertad de elección.
Comparemos una política de liberalización con otra política de
liberalización. ¿O quieren ustedes que hablemos de los productos
petrolíferos? El 19 de septiembre en esta tribuna yo les decía
a ustedes que habían tenido a esa fecha cinco posturas distintas
respecto a la crisis del petróleo. Y ustedes me decían: esta quinta
es la definitiva, esta es la que valía, no piense usted en el pasado
y en las que llevamos teniendo hasta ahora. Pues bien, sexta y
séptima después, entre ellas la de su secretario general en una
pregunta al presidente del Gobierno en la que habla genéricamente de
la disminución de los impuestos de hidrocarburos. Siete posturas en
poco más de un mes. ¿Da eso credibilidad? Si ustedes gobernaran, ¿qué
harían? ¿Cambiar en el Boletín Oficial del Estado cada pocos días la
política a realizar?
Vamos a ver, no es mucho más lógico lo que defendemos en la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular de llevar a cabo lo antes posible el
decreto-ley que acaba de aprobarse el 6 de octubre y en el que lo que
se proponen son medidas tipo renta, no tipo precio. Ya explicamos
todos los precios relativos y cómo nos podían afectar más las crisis
energéticas si hiciésemos lo que ustedes proponían. Las medidas que
ha realizado el Gobierno del Partido Popular son de tipo renta,
incrementan la competitividad y ayudan a la ecología del sistema. Me
extraña que ustedes no se sumen a este tipo de medidas. Además, les
podría recordar que históricamente fueron medidas que ustedes han
defendido muchas veces. Ustedes hablan del grado de apertura de la
competencia en el sector. Estamos de acuerdo. El Gobierno del Partido
Popular heredó de ustedes un oligopolio con tres protagonistas y el
decreto-ley de junio lo que hace es abrirlo a muchos más
protagonistas, y no solamente en las redes sino también en el número
de gasolineras. Entonces, ¿por qué ustedes votaron en contra del
decreto-ley de junio si iba en la línea de lo que ahora dicen
defender? Hay algo de credibilidad un poco rara en ese cambio de
posturas entre una argumentación y otra. Precisamente porque
defendimos la postura que hemos defendido sobre los impuestos del
petróleo, sobre los impuestos de los hidrocarburos, es por lo que
podemos decir ahora que se presentará un plan de energías renovables,
porque el gran problema de las energías renovables -y ustedes lo
conocen- es el de precios relativos. Si se hubieran bajado los
impuestos de los hidrocarburos, sería mucho más difícil introducir
las energías renovables que ahora, con mucha más credibilidad,
podemos decir en nuestra enmienda que se van a introducir al
respecto. En resumen,
hay que profundizar en la liberalización, como se está haciendo
desde el Gobierno del Partido Popular, y no con esa -y lo digo sin
ninguna acritud- errática postura en cuanto a las medidas a tomar que
ustedes plantean.
Pasemos a otro campo, el del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Ustedes ahora lo defienden con fuerza. Pues bien, cuando ustedes
estaban en el Gobierno, el número de expedientes sancionadores que
tramitó el Tribunal de Defensa de la Competencia era exactamente la
mitad por año de los que hace actualmente. La multa mayor que se
impuso el año pasado es cien veces mayor a la sanción económica mayor
de alguno de los años en los que gobernaban ustedes. Además, hemos
tenido una reciente legislación al respecto, de junio de este año,
sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia. Incrementemos la
fuerza del Tribunal de Defensa de la Competencia y de los órganos de
la Administración dedicados a la competencia. Porque ¿ustedes que
quieren? ¿Qué al final el Gobierno sea débil y no tenga función
alguna en las políticas de oferta relacionadas con la competencia? Me
extraña en ustedes. ¿El socialismo obrero quiere gobiernos débiles o
el socialismo obrero cuando gobierna el Partido Popular es cuando
quiere gobiernos débiles y si gobernara el Partido Socialista no los
querría? Aclarémonos, porque me extraña. (Aplausos.-Protestas.) Es
indudable que lo que hay que hacer es un Gobierno que ya que no tiene
la política monetaria tenga la política fiscal y ciertas políticas de
oferta para hacer frente, entre otros, a los problemas de inflación.
Muy brevemente hablaré de las comisiones reguladoras. Ustedes crearon
una en la Losen, con muy pocas funciones, muchas menos que las
actuales, y lo que ustedes proponen de las comisiones asesoras y
consultivas está previsto en la legislación enviada por el Gobierno a
este Parlamento y aprobada por el mismo, de forma que podemos estar
de acuerdo en este caso y recogemos, en este grado, el
fortalecimiento de los órganos relacionados con la competencia.
Acabaré tocando dos puntos muy breves. Primero, he comentado al
principio que sus problemas son de rigor técnico y de credibilidad.
Yo no creo -y lo digo con toda sinceridad y sin ninguna acritud- que
ustedes puedan decir que no tienen nada que ver con los gobiernos
socialistas que gobernaron España durante 13 años porque en el último
congreso ha salido una ejecutiva diferente. No, en sus filas se
sientan muchas de las personas que hicieron aquella política
económica, que tuvo muchas partes positivas. Por ejemplo, en política
del petróleo fue mucho más positivo lo que hicieron desde el Gobierno
que lo que ahora plantea el nuevo equipo directivo al respecto.
Asuman ustedes la parte positiva y también la parte negativa de
aquellos 13 años de gobierno porque ustedes no han hecho una ruptura
radical con eso. Y no tengan ustedes la falta de credibilidadde
plantear ideas que se contradicen claramente
con lo que hicieron cuando estaban en el Gobierno. Incluso ahora, con
el nuevo equipo directivo -y lo digo siempre de la forma más amable
posible- nos hemos encontrado con que su postura respecto a los
precios del petróleo es la que ha sido, cambiante, variable, un tanto
errática. Su postura ha sido peor que la que tenían cuando gobernaban
y, además, su credibilidad queda muy erosionada cuando en junio
pasado votaron en contra de los decretos-leyes sobre la
liberalización. Haber votado a favor y, después de votar a favor de
esa liberalización, haber pedido que se tramitaran en forma de ley y
haber presentado enmiendas que profundizaran en la liberalización.
¿Pero entonces votar en contra y ahora presentar esto? ¿Es que
depende de quien la presente el que ustedes quieran la liberalización
o la no liberalización? No acaba de ser muy convincente.
Al final, nos encontramos con que en esta Cámara hay varios sectores,
pero hay dos numéricamente más numerosos, uno de ellos -y con esta
frase acabo- el que desde el Gobierno gobernó con los aciertos y los
errores que todos conocemos y en el que ahora el nuevo equipo
dirigente está teniendo estos problemas de algún tipo de
confusionismo o de falta de credibilidad; y hay otro sector de la
Cámara que apoya al Gobierno del Partido Popular, y el Gobierno del
Partido Popular, con los ajustes precisos, lo que busca es que España
vaya hacia la convergencia real y hacia el pleno empleo. La sociedad
española decidirá entre ambos sectores de la Cámara.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gámir.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario de Convergència i
Unió ha presentado una enmienda a la moción presentada por el Grupo
Socialista que comprende cinco aspectos básicos, a nuestro entender,
para que se puedan cumplir las previsiones de inflación contempladas
para el año 2001, lógicamente, desde la óptica macroeconómica. No
obstante, también queremos manifestar en esta intervención, como ya
lo hicimos en la comparecencia del vicepresidente económico, don
Rodrigo Rato, en la Comisión de Economía y Hacienda, que nuestro
grupo parlamentario, Convergència i Unió, sigue con preocupación la
evolución de la magnitud de la inflación. Por cierto, hay que
constatar que existe realmente un diferencial negativo de la
inflación de nuestro país con respecto a los países de la Unión
Europea, y esto lógicamente comporta unas objeciones económicas que
se manifiestan con la penalización de las exportaciones de nuestro
tejido empresarial.
Hay que constatar que este índice negativo de la inflación
respecto al resto de los países de la Unión Europea también introduce
determinados sesgos negativos que pueden perjudicar a corto y medio
plazo la evolución económica de nuestro país.
Para valorar la evolución positiva o negativa de la economía no
podemos fijarnos única y exclusivamente en un parámetro económico
como es la inflación. Hasta cierto punto es lógico que exista un
diferencial negativo de la inflación que tenemos actualmente en
España respecto de la de los países de la Unión Europea, porque
también es cierto que hay algunos aspectos positivos como lo
demuestran determinados organismos internacionales económicos, entre
los cuales destaca la evolución positiva de la economía española con
unos crecimientos realmente interesantes para el año 2000, con una
previsión de crecimiento económico del 4 por ciento. También hay que
resaltar que las previsiones respecto al crecimiento económico para
el año 2001 de nuestro país son, según estos organismos, también
positivas, alcanzando al 3,5 por ciento. Por tanto, para hacer una
valoración positiva de la economía hay que incorporar otros elementos
exteriores, así como medidas para la evolución económica de España.
Para hacer estas previsiones e incorporar mecanismos positivos hay
que mirar la evolución de los precios del crudo, que en este momento
son negativos; hay que tener también en cuenta la cotización del
euro, que no está en las mejores condiciones respecto a la otra gran
economía, como es la americana; hay que analizar el ritmo de la
creación de empleo en nuestro país, que hasta ahora ha sido positivo;
hay que analizar cuáles son las perspectivas y la evolución del
mercado laboral y su futuro; y hay que analizar y profundizar en la
competitividad de nuestro tejido empresarial. Analizando estas
variables conjuntamente con la evolución de la inflación, hay que
intentar incorporar a nuestra economía un crecimiento estable y
sostenible para conseguir finalmente la igualación de la convergencia
nominal a la real. Por este motivo, analizando las variables
negativas de la inflación con estos criterios de magnitudes externas,
hemos presentado una enmienda a la moción presentada por el Grupo
Socialista con el fin de incorporar un crecimiento sostenible de la
economía española, así como mejorar los índices de inflación
negativos respecto al resto de los países de la Unión Europea.
Nuestra enmienda contiene cinco aspectos básicos y en el caso de que
el Partido Socialista y el grupo mayoritario de la Cámara la
aprobaran podríamos alcanzar una unión de criterios que comportarían
una mejora en la inflación y en la evolución de la economía española.
Repito que nuestra enmienda consta de cinco aspectos fundamentales.
El primero de ellos consiste en continuar, garantizar y reforzar el
rigor de la política presupuestaria de saneamiento y equilibrio
económico, de acuerdo conlas recomendaciones efectuadas por el
Consejo de la
Unión Europea, de cara al programa de estabilidad actualizado de
España para el período de 1999 al 2003.
El segundo aspecto coincide con algunos puntos presentados en la
moción del Grupo Socialista, consistente en continuar con el proceso
de adopción de medidas liberalizadoras y de flexibilización, de forma
muy especial en sectores tan importantes como el de
telecomunicaciones, energía, distribución de carburantes y
transporte. Estas medidas han sido aprobadas recientemente en el
Congreso de los Diputados y nos gustaría que fueran extensivas a
determinados servicios financieros, garantizando la introducción de
nuevas operaciones para estimular la competencia a favor de la
disminución de los precios para que sean los consumidores finales los
beneficiarios de estas rebajas de precios en determinados servicios
financieros en los mencionados sectores.
Hay un tercer punto importante, a nuestro entender, que coincide con
la moción socialista y con algunas de las enmiendas presentadas por
el Partido Popular, que consiste en reforzar todas aquellas
cuestiones que van dirigidas a la potenciación de los órganos de
defensa de la competencia. Entendemos que si la defensa de la
competencia tiene los mecanismos necesarios para que exista más
competencia, esto irá en beneficio del usuario final y también de
poder rebajar los índices de la inflación.
Hay otro cuarto aspecto positivo que también es coincidente con la
moción y con algunas de las enmiendas presentadas por el resto de
grupos parlamentarios, concretamente del Partido Popular, que
consiste en incrementar el esfuerzo inversor en infraestructuras, en
investigación y en ahorro energético, con el fin de propiciar un
crecimiento más competitivo y sostenible.
Finalmente, hay un quinto aspecto muy importante, que pienso que
complementa la moción presentada por el grupo proponente, que es una
medida orientada al mercado de trabajo y consiste en incorporar a los
agentes sociales y económicos de nuestro país, de acuerdo con las
recomendaciones de la Comisión Europea, para continuar y proseguir
los esfuerzos, en colaboración con los diferentes interlocutores
sociales y las fuerzas parlamentarias hoy presentes en el Congreso,
para adaptar las relaciones laborales, incluida la normativa laboral,
y desarrollar nuevas formas de organización del trabajo, así como
potenciar el empleo estable.
Pienso sinceramente, señor Bel, que usted tiene la gran oportunidad
de aceptar esta enmienda a la moción que ustedes han propuesto para
que de esta forma
pueda ser posible, con la colaboración del grupo parlamentario
mayoritario en esta Cámara, sacar adelante una iniciativa que
finalmente irá en beneficio de más competitividad para la economía
española y conseguiríamos el objetivo global de su propuesta, que es
el de conseguir rebajar la inflación de cara al próximo año.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez Llibre. ¿Grupos
que desean fijar posición? (Pausa.)
Señor Bel, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de
las enmiendas presentadas.
El señor BEL I QUERALT: Sí, señora presidenta.
Respecto a la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego,
no la aceptamos. En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo
de Izquierda Unida vamos a aceptar con su formulación literal las
enmiendas números 1, 2 y 3; aceptaríamos la número 4 si fuera como
segundo punto del primero de la moción; aceptaríamos la número 5, la
penúltima, si fuera como cuarto punto del segundo de la moción; y no
aceptaríamos la última enmienda. Respecto a la enmienda presentada
por el señor Sánchez Llibre, lamentamos no poderla aceptar por ser de
sustitución. En cuanto a la defendida por el señor Gámir, le diré lo
mismo que un socialdemócrata alemán, laborista británico,
izquierdista italiano o demócrata estadounidense: no. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre el
objetivo de inflación para el año 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
254; a favor, 97; en contra, 156; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las diez y veinticinco minutos de la noche.