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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 27, de 26/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 27
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 25
celebrada el martes, 26 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de Proposiciones de Ley.
- Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del párrafo
segundo de la Disposición Transitoria Decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. «BOCG. Congreso
de los Diputados», serie B, número 15-1, de 24 de abril de 2000.
(Número de expediente 122/000011.) . . . (Página 1186)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
establecimiento de la renta mínima que garantice una existencia
digna. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 76-1, de 19
de junio de 2000. (Número de expediente 122/000067.) . . .
(Página 1191)
Proposiciones no de Ley.
- De los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco
(EAJ-PNV), relativa a la participación de las Comunidades Autónomas
en la Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 47, de 19
de julio de 2000. (Número de expediente 162/000099.) . . .
(Página 1198)
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Labordeta), sobre la creación de
un fondo local adicional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D,
número 42, de 4 de julio de 2000. (Número de expediente 162/000088.)
. . . (Página 1208)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden exentas
plusvalías obtenidas por parte de contribuyentes nacionales, mediante
el intercambio de participaciones o acciones en empresas nacionales
por participaciones o acciones en empresas extranjeras. (Número de
expediente 173/000020.) . . . (Página 1215)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de
licencias de telefonía móvil de tercera generación. (Número de
expediente 173/000021.) . . . (Página 1220)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la dignificación de la
vivienda pública. (Número de expediente 173/000022.) . . .
(Página 1227)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Antes de entrar en el orden del día, la señora presidenta da la
bienvenida, en nombre de la Cámara, a la señora presidenta del
Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, y a la delegación de dicho
Parlamento que la acompaña en visita oficial a España.
Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 1186)
Del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del párrafo segundo
de la disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social . . . (Página 1186)
Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista,
para su toma en consideración, el señor Jáuregui Atondo. Opina que su
proposición de ley está cargada de oportunidad política, responde a
una lógica legal, es económicamente conveniente y piensa que cabe
definir los objetivos que persigue como justos y sociales. Pasa a
explicar el contenido de la proposición
de ley, que pretende que los pagos de los complementos de
mínimos sean sufragados por los impuestos generales y no por el
sistema de cotizaciones de la Seguridad Social, y muestra su
convicción de que esta proposición de ley será tomada en
consideración por la Cámara puesto que lo pide la oposición de una
forma razonada y lo avalan todos los agentes sociales, incluidos los
empresarios.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Vázquez
Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Ruiz López (don Antero), del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Azpiroz Villar,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del párrafo segundo
de la disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se rechaza por 123
votos a favor y 173 en contra.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
establecimiento de la renta mínima que garantice unaexistencia digna
. . . (Página 1191)
Presenta la proposición de ley, para su toma en consideración, el
señor Frutos Gras, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida. Manifiesta que su grupo es pertinaz en las
proposiciones que hace cuando piensa que son justas, a pesar de la
derrota que obtuvo en la Cámara en el caso de otra proposición de ley
presentada en 1999 sobre el mismo tema. Sin embargo, añade, la
realidad también es tozuda y resulta que la economía crece, se cotiza
más a la Seguridad Social, pero las desigualdades aumentan y no se
reduce el abanico entre las rentas más altas y las más bajas.
Considera que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar un
salario social porque es un derecho constitucional establecido en el
artículo 41 de la Constitución, que dice taxativamente que los
poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social
para todos los ciudadanos y ciudadanas que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. Por lo tanto, añade, no debe
dejarse al arbitrio de cada comunidad autónoma o ayuntamiento.
Insiste en que institucionalizar una renta mínima a modo de salario
social en todo el territorio nacional es un elemento básico de
cohesión social y de coherencia de Estado, porque la unidad de España
puede venir determinada por la aceptación voluntaria de la gente que
ven representados sus legítimos derechos, intereses, reivindicaciones
y necesidades a través del Estado y, luego, complementados a través
de la acción de la comunidad autónoma o del ayuntamiento.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez
Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Campuzano i Canadès, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); y las señoras
Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Castro
Masaveu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el
establecimiento de la renta mínima que garantice una existencia
digna, se rechaza por 118 votos a favor, 175 en contra y cinco
abstenciones.
Proposiciones no de ley . . . (Página 1198)
De los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco
(EAJPNV), relativa a la participación de las comunidades autónomas en
la Delega
Página
ción del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea . . .
(Página 1198)
Comparten el tiempo en la defensa de la proposición no de ley los dos
portavoces de los grupos proponentes. En primer lugar lo hace el
señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència
i Unió), quien comienza su intervención diciendo que Europa y España
han cambiado desde 1986 y hay que adaptar las instituciones a esa
realidad. En su proposición no de ley denuncian la situación absurda
que se da cuando los ministros de la Administración general del
Estado, que no tienen competencias en determinados ámbitos porque
éstas han sido transferidas a las comunidades autónomas, las están
ejerciendo en Bruselas, representando a España e imponiendo
determinadas decisiones a las administraciones autonómicas. No es un
tema de nacionalistas o no nacionalistas, aclara, sino de respeto
a la Constitución y a los estatutos de autonomía y es el momento de
ejercer la lealtad constitucional. Finaliza afirmando que el único
objetivo de su iniciativa es articular la presencia real de las
comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea
y permitir que el modelo constitucional, puertas adentro, tenga
también su plena repercusión puertas afuera, en lo que son auténticas
competencias ejercidas en Bruselas, rechazando totalmente la enmienda
presentada por el Grupo Popular por considerarla un desprecio a la
Cámara.
En segundo lugar defiende la proposición no de ley la señora Uría
Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Explica que se
está hablando de cooperación y participación autonómica en la
formación y defensa de la voluntad del Estado ante la Unión Europea y
se remite en muchos aspectos a la intervención del señor Guardans,
centrándose en los aspectos relacionados con lo que es el derecho
interno, puesto que ésta es, dice, una materia de gran interés para
el derecho constitucional, cuya peculiaridad estriba en que no se
trata de intentar solventar el problema con arreglo a los parámetros
de la política estatal, que es lo propio del derecho constitucional,
sino que se está hablando de un proceso de integración europea y las
categorías habituales no tienen la utilidad que suelen tener al
respecto.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria;
Martínez Casañ, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, y
Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich
Cano, la señora Lasagabaster Olazábal, y el señor Núñez Castain, del
Grupo Parlamentario Mixto; y el señor Rejón Gieb, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas intervienen
el señor Guardans i Cambó y la señora Uría Etxebarría.
Sometida a votación la proposición no de ley de los grupos
parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco (EAJ-PNV),
relativa a la participación de las comunidades autónomas en la
Delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea,
con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas por los
grupos proponentes en los términos que se derivan del propio debate,
se rechaza por 138 votos a favor, 161 en contra y tres abstenciones.
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Labordeta), sobre la creación de
un fondo local adicional . . . (Página 1208)
Presenta la proposición no de ley el señor Labordeta Subías, del
Grupo Parlamentario Mixto. Propone la creación de un fondo local
adicional de 100.000 millones de pesetas, que sea complementario al
actual fondo de participación de los municipios en los tributos del
Estado y cuya fórmula distributiva entre todos los municipios de
España sea directamente proporcional a la superficie de cada término
municipal, de tal modo que adquiera el carácter territorial del que
actualmente carece la financiación local. Fundamenta su iniciativa en
la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo
142 de la Constitución, que señala que la financiación de las
haciendas locales dependerá de sus recursos propios, de las
aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas, acusando a la
Administración general del Estado de incumplimiento del mandato
constitucional. Asegura que con el reparto del fondo adicional que
proponen, todas las comunidades autónomas de España saldrían
beneficiadas, tal y como pasa a explicar.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario
Socialista, y Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de
Coalición Canaria, y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Labordeta Subías.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la creación de un fondo local adicional, junto con las
enmiendas aceptadas por el proponente, se rechaza por 113 votos a
favor, 168 en contra y tres abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 1215)
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden exentas plusvalías
obtenidas por parte de contribuyentes nacionales, mediante el
intercambio de participaciones o acciones en empresas nacionales por
participaciones o acciones en empresas extranjeras . . . (Página 1215)
En defensa de la moción, consecuencia de interpelación urgente,
presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
interviene el señor Llamazares Trigo. Reitera la preocupación
expuesta en la presentación de la interpelación urgente de la semana
pasada en relación con el Real Decretoley 3/2000, sobre medidas
fiscales de estímulo al ahorro y a la pequeña y mediana empresa, que
contemplaba, en relación con la internacionalización de las empresas
españolas, una serie de medidas que sirvieron inmediatamente para que
algunas empresas interpretasen que tenían una posibilidad de elusión
fiscal. Muestra la disconformidad de su grupo con las explicaciones
que dieron entonces el Gobierno y los grupos que apoyan al Gobierno,
y la intranquilidad que les produce el anuncio de la presentación de
una enmienda por parte del Grupo Popular en la tramitación del Real
Decreto-ley. Sin embargo, reconoce que la corrección del error por
parte del Grupo Popular da respuesta a una parte de los objetivos de
la iniciativa, que perseguía trasladar la preocupación a la Cámara y
que el grupo parlamentario que tiene como cometido el apoyo al
Gobierno asumiese que existía un problema y que era necesario
solucionarlo. A continuación explica el contenido concreto de la
moción.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Padrol i
Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió);
Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y
MartínezPujalte López, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden exentas plusvalías
obtenidas por parte de contribuyentes nacionales, mediante el
intercambio de participaciones o acciones en empresas nacionales por
participaciones o acciones en empresas extranjeras, se rechaza por 113
votos a favor, 170 en contra y una abstención.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias
de telefonía móvil de tercera generación . . . (Página 1220)
El señor Pérez Rubalcaba, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, defiende la moción consecuencia de interpelación urgente
que se vio el miércoles pasado en relación con el concurso para
conceder las licencias de la llamada telefonía de tercera generación
o UMTS. Se refiere a las preguntas que hizo con ocasión de la
interpelación que no obtuvieron respuesta, y muestra su objeción a
las formas parlamentarias de la señora ministra, puesto que en el
primer Consejo de Ministros después de la interpelación se acordaron
una serie de medidas, propuestas algunas de ellas por el Grupo
Socialista, de las que no se dio cuenta en el debate de la
interpelación. Le parece una descortesía de la ministra hacia el
Parlamento y la acusa de decir que había enviado a la Cámara una
documentación que el Grupo Socialista le había pedido hacía tres
meses cuando no era cierto. En resumen, dice, al día de hoy las
preguntas sobre la concesión de licencias siguen sin respuesta. A
pesar de todo, presentan su moción que persigue tres objetivos:
transparencia, recursos para el Estado y competencia para bajar los
precios.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los
señores Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Pérez Rubalcaba.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente,
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias
de telefonía móvil de tercera generación, se rechaza por 108 votos a
favor y 167 en contra.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la dignificación de la vivienda
pública . . . (Página 1227)
Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Mixto, el señor Puigcercós i Boixassa. Explica que la
moción tiene tres objetivos básicos: buscar los mecanismos necesarios
para poder aplicar y ampliar, si cabe, los planes de promoción de
vivienda protegida; abrir nuevas perspectivas para la vivienda de
promoción pública, como las ayudas o incentivos a la creación de
viviendas de alquiler de protección pública y mejorar las
prestaciones públicas para la rehabilitación; y establecer el estudio
y las soluciones apropiadas para evaluar el posible o hipotético
impacto del fin de la transitoriedad de la Ley de Arrendamientos
Urbanos en el año 2003.
En defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, intervienen la
señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y el señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas
interviene el señor Puigcercós i Boixassa.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente
del Grupo Parlamentario Mixto sobre la dignificación de la vivienda
pública, con la incorporación de la enmienda presentada por el Grupo
Popular, se aprueba por 162 votos a favor, seis en contra y 99
abstenciones.
Se suspende la sesión a las diez de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señorías, antes de entrar en el orden del día, permítanme que desde
la Presidencia demos la bienvenida a la señora presidenta del
Parlamento Europeo, señora Nicole Fontaine, y a la delegación de
dicho Parlamento que la acompaña, que está en visita oficial en
nuestro país, en Madrid, compuesta, entre otros, por los señores
vicepresidentes Vidal-Quadras, Colom y Puerta.
Muchas gracias, señora presidenta y señores vicepresidentes, por su
presencia. (Aplausos de las señoras y señores diputados puestos en
pie.)
TOMAEN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE SUPRESIÓN DEL PÁRRAFO
SEGUNDO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA DECIMOCUARTA DEL REAL DECRETO
LEGISLATIVO 1/1994, DE 20 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO
REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de
expediente 122/000011.)
La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Toma en
consideración de proposiciones de ley. En primer lugar, del Grupo
Parlamentario Socialista, de supresión del párrafo segundo de la
disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto Legislativo 1/
1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señorías, tengo para mí
que la proposición de ley que voy a presentarles está cargada de
oportunidad política, responde a una lógica legal, es económicamente
conveniente y también cabe definir como justos y sociales los
objetivos que persigue. Me reconocerán SS.SS. que si soy capaz de
convencerles de estas virtudes que adornan esta proposición de ley
será fácil obtener su aprobación.
Primero explicaré brevemente, aunque para muchos de ustedes no será
necesario, el contenido de lo que la proposición pretende.Como saben
SS.SS., la Seguridad Social se creó en España en el año 1966. Durante
muchos años, quienes ya cotizábamos entonces a la Seguridad Social lo
hacíamos sobre bases tarifadas, sobre unas cifras que tenían poco que
ver con los salarios reales. Esto y el retraso de nuestro país en
acceder a un sistema de Seguridad Social moderno y eficaz han
provocado que desde hace mucho tiempo -desde hace tiempo, pero ahora
también- muchos pensionistas
españoles que perciben su pensión con arreglo a aquellas cotizaciones
reciban pensiones tan bajas que no llegan ni siquiera a un mínimo
digno de subsistencia. Por eso, con buen criterio, el sistema viene
atribuyendo al Gobierno la facultad de establecer cada año lo que se
denominan mínimos, de manera que la diferencia entre esas pensiones
tan bajas y los mínimos que anualmente fija el Gobierno en la Ley de
presupuestos son financiados con arreglo a un concepto que se
denomina complementos de mínimos. Esta es la cuestión.
En cuanto a las cifras, les recuerdo, señorías, que el número de
pensiones mínimas que hay en España no es nada despreciable: hay
3.200.000 pensionistas que reciben un complemento de mínimos; el 34-
35 por ciento de nuestros pensionistas. Esto representa, en el total,
unos 630.000 millones de pesetas que la Seguridad Social, derivadas
de las cotizaciones, paga para establecer estos complementos. Pues
bien, la cuestión es que estos pagos no deben ser hechos por el
sistema de cotizaciones de la Seguridad Social porque no son
prestaciones contributivas, son prestaciones no contributivas y por
ello deben ser sufragadas por los impuestos generales del país.
Les decía al principio que la proposición responde a una oportunidad
política. Se lo explico. No hay mejor momento para discutir esta
proposición que éste, prácticamente en vísperas del debate del
presupuesto del año 2001. En este presupuesto tenemos que saber de
nuevo qué hacemos con los complementos de mínimos, cómo los pagamos,
si vamos a seguir pagándolos desde la Seguridad Social o si vamos a
ir avanzando hacia la eliminación de este concepto para ir pasando,
como debe de ser, a ser sufragados por las cuentas generales del
Estado.
Ya les adelanto que una de las cuestiones centrales del debate
político que el Partido Socialista pretende establecer en la
discusión presupuestaria de las próximas semanas es precisamente esta
idea que ha convertido en un tótem de referencia macroeconómica el
déficit cero, sometiendo a estrecheces importantes la política social
del país, entre otras cosas, por ejemplo, la política del Inem y de
la Seguridad Social. Hace unos días he oído a los dirigentes del Inem
que se vanagloriaban de contribuir al déficit cero del presupuesto
del Estado del año 2001 por el hecho de que el Inem no recibirá
contribución alguna de las arcas generales, cuando realmente esto
debería provocar más que orgullo vergüenza, porque un país con el
paro y con la necesidad de formación que tenemos necesitaría
aportaciones importantes a la política de empleo o a la política de
seguridad social para ser un elemento dinámico a favor del empleo.
La segunda razón de oportunidad de la que les hablaba consiste en que
es la propia Ley de la Seguridad Social, del año 1997, la que
estableció que antes del ejercicio del 2000 -es decir, debiera de
haber sido el año anterior-, cito literal, comillas: deberá llevarse
a cabo la separación de fuentes de financiación de la Seguridad
Social. Quiero decirles, señorías, que nuestra ley, la ley que el
propio Gobierno del Partido Popular
elaboró en el año 1997, establecía en un artículo absolutamente
diáfano, en el número 86, un argumento que es capital para la
proposición que les planteamos, que dice así: La acción protectora de
la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva y universal, se
financiará mediante aportaciones del Estado al presupuesto de la
Seguridad Social. Esto nos lleva a discutir el único argumento que
puede exponerse de contrario a la propuesta que les hacemos: discutir
si efectivamente estas prestaciones son o no contributivas. No hay
nadie en la doctrina, ni siquiera en la política, que pueda discutir
hoy que la naturaleza de los complementos de mínimos es
absolutamente, de una manera clara y rotunda, no contributiva. Quiero
decirles al respecto que el argumento principal es el que anualmente
la Ley de presupuestos fija quiénes cobrarán los complementos de
mínimos. ¿Y quiénes son? La ley reitera una fórmula que es
absolutamente clarividente, porque dice que tendrán derecho
a percibir los complementos a mínimos los pensionistas del sistema de
la Seguridad Social en su modalidad contributiva que no perciban
ingresos de capital o trabajo personal o que, percibiéndolos, no
excedan de ochocientas y pico mil pesetas anuales. Pues bien, es esta
prueba de ingresos la que determina fundamentalmente la naturaleza no
contributiva de los complementos a mínimos, es decir, tiene que
establecerse mediante prueba que la persona que puede recibir
complementos de mínimos no recibe otra pensión o renta que le
incapacita percibir ese complemento. Y es este mismo requisito que la
ley establece de manera sine qua non para el cobro de las
prestaciones no contributivas lo que asemeja la naturaleza de los
complementos de mínimos a las prestaciones no contributivas.
Les decía que hay también una razón legal, aparte de la que les
explicaba. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.) Ustedes me van a decir, seguramente de contrario, que
hay una disposición transitoria en la misma Ley de la Seguridad
Social, de 1997, que establece en un confuso y a mi juicio erróneo
párrafo segundo de esa disposición, que pretendemos eliminar con esta
proposición, que se suspende la determinación correspondiente de
estos complementos de mínimos para separarlos de los gastos de la
Seguridad Social. Es verdad que hay ese segundo párrafo en la
disposición transitoria, pero, señorías, concluirán conmigo que no es
posible que una disposición transitoria que se aplica sine die acabe
transformando en sentido contrario el contenido de la misma ley,
puesto que si la ley en su artículo 86 la define como no contributiva
y establece precisamente la necesidad de separar los conceptos para
clarificar la Seguridad Social, no es posible que ese mandato sea
luego violentado por una disposición transitoria que traslada ad
eternum precisamente la definición que el propio contenido de la ley
había establecido.
Hay, además, razones de contenido económico muy importantes. La
primera es precisamente la que configura el Pacto de Toledo en su
primera recomendación. El Pacto de Toledo es absolutamente
definitorio en este
término. En la primera recomendación, cuando titula separar y
clarificar fuentes de financiación, establece que las prestaciones
contributivas vienen de cotizaciones y que las prestaciones no
contributivas o universales deben de ser sufragadas por la fiscalidad
general. Si es este el sentido del Pacto de Toledo, la recomendación
expresa, ¿qué estamos haciendo en el país para avanzar en esa
dirección?
Permítanme que les recuerde algo que es significativo: en el año 1995
la aportación que hacía el último presupuesto que aprobó el Gobierno
del Partido Socialista desde la fiscalidad general al pago de
complementos a mínimos era de 217.000 millones de pesetas. ¿Saben SS.
SS. cuál es la aportación que el Gobierno viene haciendo a
complementos de mínimos desde presupuestos generales y no desde la
Seguridad Social en los últimos cinco años? 16.000 millones de
pesetas. Yo sé -me van a decir también de contrario, y tienen razón,
señor Azpiroz- que el Gobierno del Partido Popular ha clarificado las
cuentas de asistencia sanitaria extrayéndolas de la Seguridad Social,
y eso está muy bien. Sólo queremos seguir por ese camino, sólo
queremos avanzar por ahí. Esto es lo que dice la proposición de ley.
Es absolutamente inapelable la carga de razón, de oportunidad legal y
económica que tiene la propuesta. Señorías, si discutimos sobre la
Seguridad Social como un instrumento importantísimo para la política
de empleo, etcétera, si queremos que cotizaciones, solvencia del
sistema y consolidación de sus cuentas financieras puedan resolverse
libremos a la Seguridad Social de semejantes cargas, de semejantes
hipotecas; hagámoslo ya.
Termino, señorías. Les hablaba también de un problema de justicia.
Voy a exponerles mi argumento haciéndoles una pregunta que ustedes
mismos responderán. ¿Quién debe de financiar la solidaridad con los
pensionistas que no llegan al mínimo de subsistencia? ¿Quién tiene
que hacerlo, los trabajadores que cotizamos o el conjunto de la
población? La pregunta es importantísima. ¿Quién tiene que sufragar
la solidaridad con casi tres millones y medio de españoles que
reciben pensiones por debajo de 900.000 pesetas y a los que hay que
darles inevitablemente un complemento de mínimos? ¿Quién paga eso? La
respuesta es obvia y yo espero que pueda verificarse en la respuesta
a la proposición de ley que les hemos traído.
Dos observaciones para terminar. La primera hace referencia al
sentido de la prudencia y al sentido común que nuestro grupo tiene al
traer esta propuesta. Nosotros sabemos que ustedes no pueden darle un
golpe al equilibrio financiero, no ya de la Seguridad Social, del
conjunto de las cuentas públicas, para que, de pronto, aceptando esta
proposición de ley, en el debate de presupuestos de pasado mañana,
tengamos que meter 630.000 millones de pesetas de los Presupuestos
Generales del Estado a la Seguridad Social; no se puede. Esto lo
entendemos. Por eso les pido, señorías, que acepten la proposición de
ley, que es simplemente
tomarla en consideración y luego la enmiendan. Nosotros estamos
dispuestos a enmendarla y a pactar con ustedes, aquí o en la comisión
del Pacto de Toledo, cuándo y de qué manera transitamos para que
excluyamos los complementos a mínimos de las prestaciones derivadas
de cotizaciones. Cuándo y de qué manera lo hacemos juntos. Entonces
podremos discutir más cosas como el fondo de reserva, porque ese es
el debate que tiene el país y no queremos un trágala. Aprobemos la
proposición, luego enmiéndenla; negociemos y pactemos el tránsito, el
cuánto y el cuándo de esta proposición. Pero, eso sí, resolvamos hoy
la cuestión ontológica del problema, la naturaleza de estas
contribuciones, definamos ya eliminando ese segundo párrafo que nunca
debió existir en la ley; quitémoslo y hagamos lo que debemos en esta
línea que le señalaba.
Ahora sí termino, señorías. La semana pasada han opinado sobre este
tema todos los interlocutores sociales. Ha sido casualidad, pero he
leído los recortes de prensa y he visto que UGT, Comisiones Obreras y
CEOE han hablado de este tema. Permítanme que se lo recuerde. UGT y
Comisiones han dicho -cita literal- que las arcas del Estado asuman
los complementos de mínimo de las prestaciones. El señor Cuevas pidió
-literal, comillas- que los complementos de mínimos para las
pensiones bajas o que no han cotizado lo suficiente deben ser
costeados por el Estado con la recaudación de impuestos. Fin de la
cita.
Señorías, esta proposición de ley es oportuna, es necesaria
legalmente, es conveniente desde el punto de vista económico y es
justa. Si además de pedirlo la oposición, y hacerlo como creo que yo
lo he hecho, también lo avalan todos los agentes sociales, incluido
los empresarios, no dudo de que obtendremos su aprobación.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
¿Algún grupo desea utilizar el turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que
deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo con brevedad para expresar la posición del Bloque
Nacionalista Galego acerca de esta proposición de ley que somete a
debate el Grupo Socialista. Efectivamente, la Ley 24/1997, de 15 de
julio, de consolidación y racionalización del sistema de Seguridad
Social, adoptó una redistribución de las fuentes financieras de la
Seguridad Social consistente en financiar fiscalmente vía impuestos
las prestaciones y servicios de asistencia sanitaria, servicios
sociales, prestaciones no contributivas, prestaciones por hijo a
cargo y los complementos a mínimos. El resto de los gastos de la
Seguridad Social serán financiados básicamente con las cuotas de los
asegurados y sus empresas, entre ellas las
prestaciones económicas contributivas. Dentro de este esquema, es
cierto que los complementos a mínimos deben seguir siendo
considerados como no contributivos y, por tanto, su financiación debe
ser a través de las aportaciones del Estado al presupuesto de la
Seguridad Social. Las aportaciones del Estado al sistema de la
Seguridad Social expresan de alguna manera el esfuerzo público, el
total de recursos que todos los ciudadanos dedican al capítulo de
protección social, bien para completar la financiación de
determinadas prestaciones bien para sufragar totalmente la
financiación de otras prestaciones de naturaleza diversa, como es el
caso de los complementos a mínimos que entendemos deben seguir
gozando de esa naturaleza no contributiva, compartiendo, por tanto,
lo expuesto en la proposición de ley.
Es conveniente añadir, además, que estamos de acuerdo en que la
aportación del Estado al sistema de la Seguridad Social crezca de
forma progresiva que, si bien lo hizo en los últimos años, no podemos
considerar que fuese de una forma espectacular, sin que ello suponga
una merma de los ingresos que proceden de las cotizaciones sociales
tanto empresariales como de los trabajadores, dado que la obtención
de los recursos económicos del Estado provienen cada vez más por vía
de imposición indirecta.
Efectivamente, como se afirma en la exposición de motivos, en la
Constitución se expresa la voluntad de un sistema de Seguridad Social
donde haya una participación solidaria y equitativa de todos los
ciudadanos, además de la aportación contributiva que corresponde
realizar a cada cotizante en función de su actividad económica. Esta
participación se instrumenta a través de la financiación del sistema
de la Seguridad Social por medio de los recursos públicos aportados
por el Estado, que los debería detraer a nuestro criterio de quienes
más tienen, a través de los impuestos, y repartir entre los que
tienen menos, a través de las prestaciones sociales. No obstante,
queremos indicar -es una posición conocida nuestra- que este efecto
redistribuidor de la riqueza está amenazado en la actualidad, puesto
que las exacciones fiscales se están obteniendo mayoritariamente
a través de impuestos indirectos o sobre el consumo, recayendo así una
mayor carga tributaria sobre las rentas menores, mientras que las
rentas más altas se benefician de unas prestaciones sociales a las
que están contribuyendo porcentualmente menos.
Dicho esto, señor presidente, anunciamos el voto favorable a la toma
en consideración de esta proposición de ley.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
debemos felicitarnos por que el Grupo Socialista se enmiende a sí
mismo, de que interprete en el año 2000 una parte de las
movilizaciones sociales que se produjeron en los años 1994 y 1995,
aun reconociendo -como decía el portavoz socialista- que hubo un
avance importante en los presupuestos del año 1995. Nunca es tarde si
la dicha es buena, aunque ustedes tienen sobre sus espaldas un
importante deterioro de las condiciones de vida de buena parte de los
pensionistas. En todo caso, si ustedes deciden hoy dar la razón a una
de las consideraciones que les planteó en su momento Izquierda Unida,
apoyaremos su reflexión hoy con la misma convicción con la que
entonces nos quedamos solos.
Efectivamente, estos complementos de mínimos tienen el carácter de
supuesto no contributivo. Lo tienen hoy y lo tenían en su momento.
Eran -como ustedes dicen- de difícil justificación entonces y lo son
ahora. Efectivamente, los supuestos no contributivos vinculados a la
solidaridad deben financiarse como impuestos y no con la caja de la
Seguridad Social, entonces y ahora. Las cosas son así pero tiempo es
de corregir. La teórica de una disposición transitoria y la práctica.
Práctica que pasa por que en los próximos presupuestos se habiliten
las partidas que permitan dignificar estos complementos a mínimos.
Mucho nos tememos que los regalos fiscales que el Gobierno ha venido
efectuando en los años en los que España iba bien les ha dejado sin
margen de maniobra para aliviar los días en que las cosas se tuercen
y se deterioran las rentas, especialmente las más bajas. No
compartimos esta política de espera que impulsa el Gobierno del
Partido Popular. Los ministros de Economía y Hacienda han sido
claros: nos ocuparemos de las rentas bajas cuando el presupuesto esté
equilibrado. Pero constatamos que de las rentas altas se ocupan
cotidianamente: desde las operadoras de telefonía a los regalos en
plusvalías, desde las petroleras a los servicios que manipulan sus
precios. La práctica solidaria consiste en mejorar estos complementos
a mínimos y la pensión mínima, especialmente en los casos a los que
afectan estos complementos, a sectores sociales ajenos al régimen
general: los agricultores, los pequeños trabajadores autónomos y
colectivos de esta naturaleza.
Señorías, nuestras pensiones no son suficientes ni adecuadas. Nuestro
sistema de protección social necesita una modernización no en el
sentido de deteriorar las rentas o animar a los ciudadanos a
construir su jubilación mediante fondos de pensiones, sino mediante
la corrección de las circunstancias que convierten a los pensionistas
en grupos de riesgo de exclusión. Los ciudadanos y ciudadanas
españoles deseamos ser solidarios. No queremos ser solidarios con las
petroleras, pero sí con nuestros pensionistas; no con las operadoras
de telefonía pero sí con los inmigrantes. Esta es la reflexión que de
una vez por todas debe imponerse en esta Cámara y en las políticas de
nuestros gobiernos.
En el pasado no hemos dado oportunidad, por razones de la técnica del
sistema, a los trabajadores y trabajadoras de construir una
jubilación digna. Me temo que en el presente tampoco lo estamos
haciendo.
La proposición de ley socialista se refiere elípticamente, de
tapadillo, a circunstancias socioeconómicas fruto de nuestra historia
más reciente. En fin, nos tememos que el problema no reside en una
disposición transitoria, cuya supresión ya he dicho que este grupo
parlamentario apoyará, sino en una ambiciosa política de solidaridad
con los pensionistas que permita garantizar el futuro a una parte muy
importante de la sociedad.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Pacto de Toledo es claro respecto de
la voluntad de que la financiación de las prestaciones contributivas
se haga con cargo a las cotizaciones sociales y de que la de las
prestaciones no contributivas se haga con cargo al estado de ingresos
de los Presupuestos Generales del Estado, y lo cierto es que a ello
se refiere la recomendación primera. Mucho se ha andado en este
camino desde la formulación de las recomendaciones de los pactos de
Toledo. A modo de ejemplo, hay que recordar que en la actualidad se
financia a través del presupuesto la totalidad de la asistencia
sanitaria, prestaciones por hijo a cargo en la modalidad no
contributiva, las destinadas a personas con discapacidades, etcétera.
Lo cierto es que debe seguirse avanzando en este ámbito, pero debe
hacerse en el marco adecuado y con la visión global adecuada de todas
las materias que se abordan en las distintas recomendaciones del
Pacto de Toledo.
Mi grupo parlamentario, aun cuando conceptualmente puede estar a
favor de la consideración de que los complementos de mínimos deben
estar financiados con cargo al estado de ingresos de los Presupuestos
Generales del Estado, prefiere remitir el estudio y pronunciamiento
específico sobre esta cuestión al Pacto de Toledo. Por tanto, estando
de acuerdo conceptualmente en la configuración de los complementos de
mínimos, no votaremos a favor de la proposición presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Señorías, quiero empezar agradeciendo la intervención del portavoz
socialista, el señor Jáuregui, por la forma en que ha expuesto la
pretensión de su grupo.
Creo que es un buen cauce y una buena forma de dialogar y acercar las
posiciones en cualquier terreno político. Me parece que hay que
reconocerlo y así lo hago.
Quiero empezar haciendo una breve referencia histórica de la materia
y recordar a la Cámara que el 9 de octubre del año 1996 se suscribió
un acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales sobre
consolidación y racionalización del sistema de la Seguridad Social.
En su apartado a) se estableció el carácter no contributivo de los
complementos a mínimos, de los complementos a las pensiones mínimas.
Quiero recordar también que ha habido diversas iniciativas
parlamentarias en la Cámara. Así, el señor Griñán, presente en la
sala, tuvo oportunidad, en el año 1996, de formular una pregunta oral
ante el Pleno al señor ministro de Trabajo de entonces, el secretario
general de mi partido señor Arenas, quien le respondió en el mismo
sentido y le dijo que efectivamente la consideración del Gobierno,
resultado de los acuerdos entre los agentes sociales, era que los
complementos a mínimos de las pensiones tenían la consideración o la
naturaleza de no contributivos. (La señora presidenta ocupa la
Presidencia.)
Debo recordar también en este sentido que se debatió el tema y quien
entonces me precedía a mí en la portavocía de mi grupo en la Comisión
de Política Social y Empleo en el año 1997 dijo lo mismo, que el
complemento a mínimos tenía una naturaleza no contributiva. En las
múltiples y reiteradas manifestaciones de la inmensa mayoría de
miembros del Partido Popular y del Gobierno así lo hemos venido
declarando y entendiendo, al punto de que de este acuerdo es hija la
Ley 24/1997, del 15 de julio, que reforma el Real Decreto legislativo
1/1994 en el artículo 86.2 y en la disposición transitoria
decimocuarta, cuyo punto segundo ustedes ahora pretenden suprimir.
Creo que el artículo 86.2 es meridianamente claro en lo que dice. El
texto dice literalmente que el complemento a mínimos en las pensiones
tiene tal carácter no contributivo. Efectivamente -y hay que decirlo
porque es así, se trata de una evidencia-, no es la más afortunada de
las posibles redacciones, y desde luego jurídicamente puede resultar
criticable el tenor de la disposición transitoria decimocuarta con
relación al contenido del artículo 86.2.
Agradezco que se haya reconocido en esta labor, fruto de un acuerdo
social, fruto de un debate y de un diálogo social y fruto de una
transformación legislativa en la Ley de 1997, el importante camino
andado por el Gobierno popular a la hora de la separación efectiva de
las fuentes de financiación. El capítulo sanitario, que no es de
menor rango, ha sido y es objeto ya de plena financiación a través de
los Presupuestos Generales del Estado.
He de recordar también que en el acuerdo de octubre de 1996 se
establecía un período de cuatro años para abordar definitivamente la
clarificación de las fuentes de financiación, incluidos los
complementos a mínimos como no contributivos, y yo creo que todavía
están a tiempo. En ese sentido, y pese a reconocer la defectuosa
redacción de la disposición transitoria que quieren suprimir,
tengo que hacer las siguientes consideraciones. Primero, queda claro
el carácter no contributivo del complemento a mínimos, por lo que ya
he dicho. Segundo, debo recordar que esa fue una norma que libremente
se dio este Parlamento a sí mismo y entendemos que hay que respetarla
por dos razones: una, porque es fruto y reflejo de un acuerdo social
que valoramos como importante en términos políticos y, dos, porque
justamente ahí, y también en esta modificación, el Partido Popular
introdujo en el artículo 86.2 el carácter que se nos demanda en
relación con la naturaleza de los complementos a mínimos. Tercero,
que los agentes sociales -y lo ha dicho el señor Jaúregui- están en
este momento debatiendo esta materia, en el seno de la actualización
que ya preveía el propio Pacto de Toledo, y unos y otros, tal y como
por cierto alguno ya hizo en su día -recuerdo a la patronal- en
comparecencias ante esta Cámara, están estimando el carácter no
contributivo de los complementos.
Exponía hace un momento el portavoz de Convergència i Unió que
tenemos un cauce específico y adecuado para hacer un debate en
profundidad en esta materia, sobre todo en algo importante -y cuyo
guante le recojo gustoso- como son los ritmos, los tiempos, las
formas, las cuantías y las posibilidades reales de que
progresivamente -estoy convencido de que así lo van a adoptar los
interlocutores sociales y el Gobierno- vaya transformándose en
financiación impositiva y vaya descargándose de financiación de la
Seguridad Social.
Señor Jáuregui, no voy a hacer aquí ningún tipo de debate doctrinal
en cuanto a la naturaleza de tales complementos, y conste que sí hay
quienes piensan que es discutible la consideración de no
contributiva; hay quien entiende que es contributivo porque no es
universal, etcétera. No voy a entrar ahí. Creo que he dado buenas
razones para que no haga falta que entre en esta materia y que he
clarificado suficientemente nuestra posición. Lo que quiero es
tranquilizarle. Creo que tienen que estar tranquilos y que la
coherencia debida en esta materia, por parte del Gobierno y del Grupo
Popular, es clara. En este sentido, me permitirá que recuerde que
este Gobierno fue el que también hizo posible la actualización de
modo automático de las pensiones para compensar la inflación; que
este Gobierno ha conseguido sacar las cuentas de la Seguridad Social
de un déficit a un superávit; que este Gobierno ha mejorado las
pensiones de viudedad y de orfandad, y que este Gobierno tendrá que
hacer esfuerzos, junto con toda la Cámara y junto con los medios de
que dispone este país, para continuar haciendo una política social
decidida a favor de los sectores más desfavorecidos y a favor de
quienes perciben pensiones mínimas, sean contributivas o no
contributivas. Naturalmente que sí, pero todo ello, evidentemente,
dentro de la racionalidad, dentro de la viabilidad que hay que
mantener del sistema de la Seguridad Social y dentro de algo a loque,
insisto, le damos un enorme valor, que ha sido el
fruto positivo del debate, del diálogo y del acuerdo entre los
interlocutores sociales, entre los agentes sociales y con el propio
Gobierno.
Usted nos plantea una iniciativa, cuyas últimas palabras yo
agradezco. En su intervención nos decía que quedaba abierta la
enmienda parcial. Lamento estimar que es técnicamente difícil, en una
proposición de ley que mantiene la supresión de una disposición, el
entrar a hacer juegos, pero yo le agradezco que nos dé la oportunidad
de hablar de la cuestión. Quiero animar al Grupo Socialista y a todos
los grupos de la Cámara a acoger este debate con rigor, con seriedad
-como hoy se ha planteado-, dentro de la Comisión no permanente del
Pacto de Toledo. Tal vez sea mucho pedirle que retire la iniciativa,
pero yo creo que estamos concordando y que podemos caminar seriamente
en un asunto que preocupa a todos nuestros conciudadanos, y le
animamos a que lo haga. Ustedes, en su día, no votaron el artículo 1
de la Ley de 1997 ni votaron la disposición transitoria decimocuarta
ni votaron tampoco el artículo 86. Repito que la redacción no es la
más afortunada, pero fue la puerta de entrada a un acuerdo fruto del
diálogo social y donde se reconoció el carácter no contributivo de
los complementos a mínimos.
Permítame, eso sí, que concluya diciéndole que no puedo admitir,
aunque sea a efectos dialécticos -y lo ha hecho con elegancia, pero
lo ha introducido en su debate-, que diga que hay una política de
estrechez en materia social. Hay una política decidida de apoyo
social. Le acabo de enumerar determinadas leyes y realidades
económicas a favor de los beneficiarios del sistema de la Seguridad
Social, o de quienes no siéndolo entonces hoy lo son, que han sido
introducidas por el Gobierno del Partido Popular. Y si miramos los
números, hablando del Inem y de las políticas activas, veremos cómo
el Plan de empleo del Reino de España ha dedicado a políticas activas
y a formación cifras inimaginables hace muy poco tiempo. Lógicamente,
entiendo que se digan estas cosas desde la oposición, pero como no
responden ni al rigor ni a la realidad, me veo obligado a
contradecirle.
En todo caso, agradezco el buen tono de su intervención, y le animo a
continuar trabajando. Como nosotros lo estamos haciendo, les pido que
se unan, apostando por los frutos del diálogo y del acuerdo social y
también por los frutos del acuerdo político.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Sometemos a votación la toma en consideración de la proposición de
ley del Grupo Parlamentario Socialista, de supresión del párrafo
segundo de la disposición transitoria decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Comienza la
votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
296; a favor, 123; en contra, 173.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE EL
ESTABLECIMIENTO DE LA RENTAMÍNIMAQUE GARANTICE UNA EXISTENCIA DIGNA
(Número de expediente 122/000067.)
La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley
del Grupo Federal de Izquierda Unida, sobre el establecimiento de la
renta mínima que garantice una existencia digna.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, el Grupo Federal de Izquierda
Unida es un grupo pertinaz cuando cree que la propuesta que hace es
justa. En marzo de 1999 el diputado entonces, Pedro Vaquero, dijo que
continuaríamos trabajando, a pesar de la derrota que nuestra
proposición de ley obtuvo en esta Cámara. Somos, por tanto,
pertinaces. Sin embargo, la realidad también es tozuda, a veces muy
tozuda, porque crece la economía, las macrocifras, las grandes cifras
de la economía funcionan bien -España va bien, aunque ahora se diga
con sordina, pero en todo caso España va bien-, se cotiza más a la
Seguridad Social -no sé cuántos millones han desbordado las
previsiones iniciales- y, no obstante, aumentan las desigualdades, no
se reduce el abanico entre las rentas más altas y las más bajas.
Esta es la realidad que constatan los diversos informes, los datos
más elaborados que vienen de organizaciones muy poco sospechosas, en
ningún caso de las elaboraciones que hacemos desde Izquierda Unida.
Por tanto, la pregunta es: ¿Nos encontramos ante grandes cifras de
negocio y beneficios que suben espectacularmente, por un lado,
mientras por el otro aumenta la pobreza -la relativa y la absoluta en
algunos casos-, aumenta el sentido de exclusión y aumenta en sectores
importantes de nuestra sociedad la moral de perdedor, en el sentido
de que ya es difícil encontrar un trabajo y mucho menos un trabajo en
condiciones y, por tanto, la moral de perdedor, de la cual saben
mucho en la sociedad norteamericana, empieza también a imponerse de
forma estructural en sectores importantes de nuestra sociedad?
Primera pregunta que planteo, porque da la impresión de que no, que
todo va bien, todo funciona a la perfección, se crean más puestos de
trabajo, éstos generan más derechos laborales, sociales y de todo
tipo y la sociedad se encuentra más protegida que hace un tiempo.
El sistema de protección moderno cubre desde hace mucho tiempo,
fundamentalmente desde la Segunda Guerra Mundial, el paro y la
ausencia de rentas a través
de las prestaciones por desempleo, otras prestaciones en este mismo
marco financiadas con cotizaciones sociales, por los subsidios
financiados por la Hacienda estatal, y un tercer nivel que es el que
se desarrolló espectacularmente en las últimas décadas que es un
salario social para las gentes que no tienen subsidio de paro por no
reunir los requisitos legales o por haberse agotado el período legal
de cobro que habían tenido a través de ese subsidio de paro.
En España, a nuestro entender, el Estado ha abdicado, aunque sea
parcialmente, de su responsabilidad como Estado, como una
administración general que tiene que administrar el conjunto de los
bienes y de necesidades del conjunto de la población. Ha impulsado -y
se nos contesta muchas veces desde esta tribuna- que las comunidades
autónomas sean las que tengan las competencias y que por tanto esto
ya no pertenece al área de definición y de concreción del Estado a
través de las leyes básicas de la normativa adecuada. Pues bien, unas
comunidades autónomas han impulsado el salario social y otras no, y
las que lo han llevado a efecto lo han desarrollado con diversas
características y contenidos y hay además una discrecionalidad
y dispersión normativa.
El artículo 41 de la Constitución dice taxativamente que los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos
los ciudadanos y ciudadanas, que garantice la asistencia y
prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones
complementarias serán libres. Pero, en todo caso, debe haber una
asistencia básica para toda la gente que lo necesite en un momento
determinado. Por tanto, el Estado sí tiene una responsabilidad y el
salario social no es un elemento aleatorio de la comunidad autónoma o
del ayuntamiento, puede serlo en complementar algunos elementos de
esta garantía social para todo el mundo, pero no es un elemento
aleatorio de la comunidad o el ayuntamiento, sino un derecho
constitucional que a partir de una percepción básica puede ser
mejorado según las realidades de cada comunidad autónoma o municipio.
Y no deberían crearse en este sentido tampoco memoriales de agravio
por razones electorales, como ha pasado en otras ocasiones en
relación a los aumentos a los pensionistas, sino sólo atender a
posibles realidades diferentes, que vienen determinadas por el nivel
de desarrollo económico, social, etcétera, que hay en cada comunidad
autónoma o en cada ayuntamiento. Por tanto, Constitución, estatutos y
ayuntamientos son un entramado social para ayudar a construir esta
justicia social que reclamamos nosotros se amplíe a través de este
salario mínimo o salario social.
Institucionalizar una renta mínima a modo de salario social en todo
el territorio que abarca la Constitución es, a nuestro entender, un
elemento básico de cohesión social y de coherencia de Estado, mucho
más importante normalmente que citar tres veces, una detrás de otra
como un conjuro, la sagrada unidad de España. La unidad de
España, la unidad del territorio puede venir determinada por la
aceptación voluntaria de la gente que ve representados sus legítimos
derechos, intereses, reivindicaciones y necesidades a través del
Estado y luego, naturalmente, complementados a través de la acción de
la comunidad autónoma o del ayuntamiento. En marzo de 1999 se nos
dijo por parte de todos los grupos que la iniciativa de Izquierda
Unida no estaba mal, que atendía a necesidades que existen en la
sociedad, a necesidades que se deben atender, a las que se debe hacer
frente; que no estaba mal, por tanto, ya que intentaba relacionar
estados de necesidad y solucionarlos al mismo tiempo que
relacionarlos, pero que quizá había que plantearla -se nos dijo
entonces- en el momento oportuno. La señora Montseny Masip, que en
esa ocasión defendió la posición del Partido Popular y del Gobierno,
así lo explicó.
Pregunto al banco azul y al grupo parlamentario que da apoyo al
Gobierno, ¿ahora es el momento oportuno o los pobres, relativos o
absolutos, pero pobres, o los excluidos o la gente que ha agotado sus
fuerzas mentales y a veces físicas para luchar en el mercado
neoliberal, con muchas dificultades, continúan siendo unos vagos que
sólo quieren vivir a expensas del Estado, como se les ha calificado
alguna vez de una forma absolutamente injusta? ¿Es el momento ahora
de intentar abordar, ampliar el abanico de soluciones a los problemas
y necesidades de la sociedad o es el momento de continuar estando en
la rutina, en la inercia y de pensar que mejor hacer unas políticas
activas que vayan por su camino? En todo caso deben cubrirse, a
nuestro entender, otras políticas sociales absolutamente
imprescindibles para ayudar a que se vaya desarrollando una sociedad
más justa socialmente.
Ante esta situación somos pertinaces, reiteramos una posición en el
sentido de que se parta de la base de que una renta mínima es un
derecho individualizado, lógico, que viene en el artículo 41 de la
Constitución; se plantea de forma razonable quiénes deben ser los
beneficiarios, o sea que aquí no hay ningún concepto que ayude a
estos pretendidos vagos, son beneficiarios que tienen unas
necesidades reales, objetivas en nuestra sociedad y se plantea en
nuestra proposición de ley la cuantía, siendo el 75 por ciento del
salario mínimo interprofesional; se plantea también la duración para
que se vea que tiene unos plazos, tiene una normativa para corregir
posibles arbitrariedades que se puedan cometer y hay unas
obligaciones por parte de la gente que recibe este beneficio del
salario social, una especie de voluntariado que sin entrar
directamente en el mercado de trabajo cumple unas funciones sociales
importantes; además, esto debe ser desarrollado a través del Estado,
no a través de la Seguridad Social.
Cuando hay recursos suficientes, cuando se dice que estamos a punto
de alcanzar el déficit cero, la voluntad política de extender lo
mejor de la normativa de la Unión Europea es la única forma, a
nuestro entender, racional y política de avanzar en la justicia
social. Por eso creímos en marzo de 1999 que tenía sentido la
propuesta que
hacíamos entonces y por eso creemos ahora que tiene sentido hacer
esta propuesta que es, en lo fundamental, una reiteración de la que
hicimos el año pasado.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos. ¿Turno en contra?
(Pausa.) ¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego piensa que existen múltiples factores
que favorecen la aparición y posterior expansión de bolsas de
pobreza. Dentro de ellos existen dos que son, sin duda, los que
contribuyen a la consolidación de la misma. Las causas que por su
generalizada incidencia se perfilan como principales claves de la
pobreza y exclusión en el Estado español tienen mucho que ver con el
mercado de trabajo y el sistema de protección social.
Partiendo de la exposición de motivos de esta proposición de ley,
cabe señalar que en el Estado español, como consecuencia de
mutaciones en el mercado de trabajo, un sector nada despreciable de
la población perdió el empleo del que dependían y sus ingresos o pasó
a una situación de precariedad en el trabajo que hace aumentar su
inseguridad económica.
La precarización y destrucción de empleo afecta especialmente a
trabajadores ya mayores, de sectores sometidos a reconversión o
reestructuración, como se avanza en el texto de la proposición, pero,
además, las mujeres con responsabilidades familiares y los jóvenes
demandantes de un primer empleo, colectivos todos ellos que se ven
degradados socialmente, convirtiéndose en víctimas potenciales de la
pobreza, que pueden engrosar las filas de los excluidos socialmente.
El sistema de garantizar un mínimo de renta a las personas y recursos
no es condición suficiente para que encuentren el camino de la
reinserción social y de la autonomía, sino que la lucha contra la
pobreza exige la adopción paralela de medidas sociales y educativas.
En ese sentido, consideramos acertado el establecimiento de un
vínculo entre la asignación monetaria de renta mínima y medidas
adicionales de integración contenidas en el artículo 5 de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida,
pretendiendo implicar a los beneficiarios de las prestaciones
económicas garantizadas en sus propios procesos de normalización
social y tratando de que participen en actividades de carácter social
y comunitario, que deberán ser respaldadas por la red de servicios
sociales municipal o autonómica. El énfasis que se pone en este
aspecto promocional supera el tradicional tratamiento económico
existencial de la pobreza y puede suponer un avance en el tratamiento
de la misma. Pero, desde nuestro de
vista, surgen obstáculos para un apoyo incondicional de esta
proposición de ley del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Las
rentas mínimas garantizadas ya fueron implantadas en la mayoría del
Estado español por las comunidades autónomas, y en su inicio
respondió a la demostrada incapacidad del sistema central de
protección social para atender a las situaciones de necesidad extrema
padecidas por un importante sector de la población, amparándose en la
ordenación constitucional del reparto de competencias en la materia,
en concreto en la competencia exclusiva en asistencia social que se
les atribuye a las comunidades autónomas por parte de la Constitución
española.
Entendemos que la implantación de la renta mínima de inserción es una
decisión que se debe adoptar, y así se vino haciendo por las
comunidades autónomas en el ejercicio legítimo de sus competencias,
por lo que superponer una red estatal a las ya existentes ocasionará
problemas en su aplicación ante una eventual extensión de la nueva
renta mínima estatal a las personas que ya la perciben precisamente a
través de sus respectivas comunidades autónomas. Por tanto,
consideramos más adecuado propiciar una aproximación y una
coordinación entre las comunidades autónomas, que ya establecieron
sus propias normativas en esta materia, consensuando incluso un plan
concertado de prestaciones básicas en materia de asistencia social
que debía ser desplegado y ejecutado por las mismas de manera común,
pero atendiendo a las peculiaridades geográficas, políticas,
administrativas y económicas de cada una, teniendo en cuenta en todo
momento que éstas puedan manifestar, con amplia autonomía, su
particular visión sobre la problemática aquí apuntada y abordar, con
forma de criterios propios, la ordenación jurídica de las medidas
encaminadas a su superación, explicitando y propiciando, a través de
esa ordenación, cuáles son sus propias prioridades, ya sea
proporcionar una fuente alternativa de ingresos a los ciudadanos que
carecen de recursos suficientes, ya sea la de favorecer la
dinamización e integración de los colectivos marginados.
Por todo esto, aun comprendiendo el interés fundamental de la
proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, el Bloque Nacionalista Galego se abstendrá.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergéncia i Unió), el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Desde la perspectiva del Grupo
Parlamentario Catalán, y coincidiendo con la mayoría de los grupos,
es evidente que la necesidad de incrementar los recursos y los
instrumentos públicos orientados a la lucha contra la exclusión
social y la pobreza extrema debe ser una prioridad del conjunto de
las administraciones públicas. Sin efectivos colectivos de nuestra
sociedad, vienen quedándose
al margen del progreso y del crecimiento genérico de nuestra sociedad
parados de larga duración, familias monoparentales, miembros de
determinadas comunidades étnicas, y es evidente que los instrumentos
convencionales del Estado del bienestar no dan respuesta a las
necesidades que nos plantean estos colectivos. Tanto desde las
administraciones autonómicas como desde la Administración local -y el
señor Frutos hacía referencia a esto-, a lo largo de estos últimos
años se han planteado propuestas de actuación específica para estos
colectivos, todas ellas siempre orientadas a la inserción por la vía
laboral.
En el caso específico de Cataluña, quiero recordar -junto con el País
Vasco son las comunidades pioneras en la implantación de las rentas
mínimas de inserción- un programa de la renta mínima de inserción,
que a lo largo de sus 10 años de vigencia ha garantizado que
alrededor de unos 20.000 ciudadanos afectados por problemas de
exclusión y de extrema pobreza se pudiesen ver beneficiados de estas
actuaciones y que cerca, por ejemplo, de 6.000 de estas personas
pudiesen hoy incorporarse con plenitud de condiciones en el mercado
de trabajo.
Las rentas mínimas han sido hasta ahora un buen instrumento. Hoy
mismo, hace cuestión de pocas semanas, mi grupo parlamentario
presentaba en el registro de esta Cámara una proposición de ley
reguladora de las empresas de inserción, un instrumento
específicamente orientado a dar salida en lo laboral a estos
colectivos de personas con evidentes problemas de exclusión,
respondiendo también a otro agente que ha aparecido con fuerza en el
terreno de la lucha contra la pobreza y la exclusión social, que es
la propia sociedad civil. Y digo todo esto porque creo que es
importante ubicar esta propuesta de Izquierda Unida, que ya se ha
reiterado en anteriores períodos legislativos, para entender que no
tan sólo la única alternativa posible a los problemas de exclusión se
deriva de determinada renta mínima que garantice una existencia
digna, sino que hoy el conjunto de las políticas que orientamos en el
ámbito de la lucha contra la exclusión ponen más énfasis en aquellos
aspectos relacionados con las posibilidades de inserción por la vía
laboral. De ahí el sentido de la proposición de ley que ha presentado
mi grupo de regulación de las empresas de inserción. No es
contradictoria la necesidad de regular las empresas de inserción con
la posibilidad de regular estas rentas mínimas a nivel de Estado.
Pero a mi grupo le parece que la necesidad de regular estas rentas
mínimas debería ir vinculada a incorporar las actuales rentas mínimas
existentes en las diversas comunidades autónomas al sistema no
contributivo de nuestra Seguridad Social, que deberían ser asumidas
por parte del Estado como integrantes de este sistema, dejando su
despliegue, su perfil en manos de las comunidades autónomas.
Ese es el modelo que desde Convergència i Unió defendemos en esta
materia: integración de las rentas mínimas en el conjunto del Estado
y asunción de su
financiación por parte de los presupuestos generales del Estado,
formando parte del sistema no contributivo. Hoy mismo ha habido una
reunión de la Junta de Portavoces y Mesa de la Comisión no permanente
del Pacto de Toledo, que es donde debemos plantear el debate sobre el
conjunto del sistema de protección social del Estado español. Desde
esa perspectiva de Convergència i Unió, que es una visión que
pretendemos ambiciosa y muy amplia de lo que debe ser el sistema de
protección social hoy existente, debemos plantear esta cuestión. Por
tanto, nosotros difícilmente vamos a apoyar la toma en consideración
del texto de Izquierda Unida, pero estamos seguros de que a lo largo
de estos próximos meses, alrededor de esos instrumentos necesarios
para reforzar los instrumentos de lucha contra la exclusión social,
estaremos en condiciones de llegar a acuerdos con el conjunto de las
fuerzas políticas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición en
relación con esta iniciativa. Quiero hacer especial mención a una
serie de aspectos relevantes que tiene el contenido de la iniciativa,
sobre todo que en esta materia mi grupo está estudiando seriamente
cuáles son las propuestas que desde la sociedad se deben impulsar en
este sentido. Creemos que hay dos aspectos interesantes: el primero
se refiere a las diferentes concepciones del Estado del bienestar, a
la implicación de las comunidades autónomas en esta materia y a la
postura que han defendido. Un segundo aspecto importante serían las
propuestas o tendencias existentes.
Señoras y señores diputados, muy a nuestro pesar lo que los
anglosajones llaman Estado del bienestar no tiene nada que ver con
nuestro incipiente Estado del bienestar. No es comparable. En España
se llama Estado del bienestar a las prestaciones por desempleo, a las
pensiones, a los servicios sociales, se engloba la sanidad, la
educación, es decir, se mezclan una serie de mecanismos colectivos de
protección que funcionan como un seguro público, con medidas de
redistribución de renta que persiguen mitigar las desigualdades
sociales, por lo menos vemos que está existiendo una mezcla
constantemente. Para comprender la diferencia tendríamos que ver y
analizar el programa Welfare to work que estableció el señor Blair.
Realmente veíamos cómo la extensión de estas medidas eran de
incentivo al trabajo, es decir que las prestaciones económicas nunca
garantizaran la desmotivación de la gente en el acceso al trabajo.
También en los países anglosajones el presidente americano, Clinton,
tuvo un gran problema en relación a las prestaciones percibidas
mayoritariamente por las
madres solteras, por lo que se demostró durante años que las
prestaciones económicas y los subsidios que percibían desmotivaban su
trabajo y les hacía alejarse del acceso al empleo. Desde luego les
puedo garantizar que en España no tenemos este problema. Las
prestaciones a las familias monoparentales -el 97 por ciento de este
colectivo está compuesto por mujeres- no les permite ni por un solo
momento imaginarse que van a dejar de trabajar porque realmente no
les llega o que esto no les va a ocurrir con los subsidios que se
dan.
La historia en nuestro país es muy elocuente y podemos decir que
llegamos tarde. El incipiente Estado del bienestar lo creamos en
España en el año 1978, con la promulgación de la Constitución
española. En esta materia -lo digo con orgullo desde esta tribuna-
los socialistas hemos tenido mucho que ver. Hemos hecho cosas de las
que nos sentimos bastante orgullosos y de las que nos sentimos
satisfechos, es decir, dimos un gran impulso al embrionario e
inexistente sistema del Estado del bienestar en nuestro país.
Haciendo un recorrido muy sucinto, podemos decir que en el año 1981
esta Cámara, con todos los grupos, aprobó la Ley de integración
social de minusválidos que da cobertura a cerca de 250.000
minusválidos por cuyo texto, en el momento de su aprobación,
realmente felicitaron parlamentos en Europa. En el año 1982
universalizamos la sanidad. Parece que hace muchísimo tiempo, pues
no, no hace tanto. Había 6 millones de personas que estaban excluidas
de la asistencia sanitaria en nuestro país y tenían que ir a los
padrones de beneficencia. Las pensiones no contributivas se pusieron
en marcha en 1990 y no podemos pasar por alto tampoco el alto
esfuerzo que se hizo en el acceso a la educación de carácter
universal y a la formación. El impacto y el resultado de estas
medidas fueron tan espectaculares que en el informe correspondiente
a la década de los ochenta la pobreza tenía cara de anciano y en el
correspondiente a la década de los noventa tenía cara de mujer y de
joven. Quiere decirse que con las políticas determinadas de
protección social se van cambiando las situaciones de desprotección,
de marginalidad y de pobreza en nuestro país.
Sin embargo, uno de los aspectos más importantes en los sistemas de
la lucha contra las desigualdades sociales, como es el ámbito de los
servicios sociales, no pudo ver la luz en el desarrollo de los
sistemas de protección, motivada sobre todo por el ámbito
competencial de las propias comunidades autónomas y por el esfuerzo
que hicieron para no consentir que a través del desarrollo del
artículo 41 de nuestra Constitución se pudiera crear un sistema
público básico de servicios sociales al establecer recursos de
inconstitucionalidad en esta materia. Por lo tanto, ante la evidencia
de que aquello era imposible, impulsamos en el año 1978 el Plan
concertado de prestaciones básicas de servicios sociales que
permitió, con el encaje de la Administración central, las autonomías
y la Administración local, desarrollar un sistema público de
servicios sociales que garantizaba, por una parte, los servicios
sociales básicos
(es decir, el desarrollo de los centros, de los servicios
sociales, del personal y de los técnicos adscritos a estudiar las
necesidades de vida y de convivencia de la población) y, por otra, el
desarrollo de los servicios especializados para atender a colectivos
subjetivos, como eran los ancianos y mayoritaria y preferentemente
los discapacitados, transeúntes e inmigrantes.
En el ámbito de las pensiones se establecieron los complementos a
mínimos, las pensiones no contributivas y el desarrollo de la Lismi.
Esta protección se desarrollaba mayoritariamente para atender a los
ancianos y a los discapacitados. Tanto es así que, siguiendo el
desarrollo de la protección social de nuestro país, algunas
comunidades autónomas establecieron, en concreto la Comunidad
Autónoma del País Vasco que fue la pionera, el salario social o las
rentas mínimas de inserción, un modelo que estaba garantizado y
probado en Francia. Bien podemos reconocer que todas las comunidades
autónomas han puesto en marcha estos programas y que, por tanto, las
rentas mínimas, los salarios contra la exclusión, el salario social,
están garantizados en un 1 a 3 por ciento de los hogares españoles.
La característica más definitoria de los salarios sociales es que se
dan en función de una contraprestación y, sobre todo, nos ponen de
manifiesto que los perceptores de estas prestaciones tienen que tener
un compromiso con un itinerario de inserción elaborado por los
profesionales de los centros de servicios sociales o bien un
compromiso formativo que permita su inserción laboral.
Si bien es cierto que nosotros apoyamos los salarios sociales, y en
muchas comunidades autónomas gobernadas por socialistas éstos se
pusieron en marcha, también es cierto que hoy en día las tendencias
que funcionan en países muy cercanos a nuestro entorno nos han venido
a demostrar que el salario social está siendo superado por otras
propuestas alternativas que contienen elementos más amplios y, sobre
todo, que están llegando al núcleo gordiano de lo que se establece
como las rentas mínimas en nuestro país. Quiero hacer referencia
a una iniciativa popular que se va a tramitar en el Parlamento vasco,
que tiene como finalidad proclamar la carta de derechos sociales que
garanticen el pleno ejercicio de derechos de ciudadanía para todas
las personas residentes en nuestra comunidad autónoma; quieren
garantizar a todos los ciudadanos y ciudadanas vascas el acceso al
trabajo y a una renta básica, a fin de que se pueda disfrutar
plenamente de los derechos de ciudadanía. Se pretende establecer
mecanismos de intervención sobre los desajustes sociales en forma de
paro estructural, precarización laboral, crecimiento de la pobreza y
cronificación de la exclusión, a la que desgraciadamente están
abocados un número muy importante de ciudadanos. Es decir, se
trataría de superar estos desajustes con una combinación entre una
garantía de renta mínima y una garantía de accesibilidad al empleo.
Otro aspecto que también acapara nuestra atenciónes el relativo a las
transferencias de renta a favor de las
personas más pobres y excluidas. Las mayores críticas en cuanto a las
rentas mínimas vienen dadas por la falta de coordinación de los
gestores del salario social, la desmotivación para acceder al empleo
o el gasto suntuoso que supone su gestión, pero la mayor paradoja que
se puede dar en nuestro país es que los pobres, por sus menores
ingresos, no se pueden acoger a los beneficios fiscales otorgados por
el Estado a favor de los que más tienen o cobran; es decir, que las
devoluciones por vivienda, por protección a la familia, por enfermos,
por el fomento del ahorro, no son para los que no hacen
declaraciones, que están excluidos de esto, se quedan totalmente
fuera. Además, hay que tener en cuenta que los ingresos económicos no
son la panacea, sino sólo una parte de la solución del problema de
los excluidos. Hay un dato muy escclarecedor, resultado de estudios
recientes: que no todos los parados son excluidos, pero sí todos los
excluidos son parados; es decir, está demostrado que existe una
relación directamente proporcional entre las personas que acceden o
no a un empleo y su situación en la exclusión de los recursos o del
acceso a determinados bienes sociales. Por ello, sería bueno hacer un
esfuerzo entre todas las políticas de rentas, racionalizar todas las
actuaciones del sector público en ámbitos internos y competenciales
para dar un tratamiento que signifique simplificar los trámites, que
sea más justo y equitativo a los ingresos que tienen los más
desheredados o excluidos. Esta idea no es nueva; ya en el año 1962
Friedman, persona nada sospechosa, elaboró una teoría a la que
denominó impuesto negativo sobre la renta. Además, tenía la virtud de
ser de carácter universal; es decir, que garantizaría la igualdad
para todo, no sólo de políticas para pobres y excluidos. En esta
línea, vamos a seguir trabajando los socialistas, con el fin de
integrar todas las políticas públicas que tienen que ver con la renta
como un derecho de la ciudadanía. Por este motivo, el Grupo
Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración
de la proposición de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cortajarena.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO MASAVEU: Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo la firme convicción de que todos los grupos
representados en esta Cámara y los 350 diputados que formamos parte
de los mismos tenemos una misma ambición política y trabajamos día a
día por conseguir un idéntico objetivo, que es el de extender la
sociedad del bienestar a todos los ciudadanos cada día con bases más
sólidas. Es por eso por lo que el Grupo Parlamentario Popular ve la
iniciativa de Izquierda Unida con un loable propósito y que, además,
merece ser digna de una gran atención. Ahora bien, a esto debo
añadir que existen unas puntualizaciones en cuanto a la forma y el
fondo de la proposición.
En primer lugar, presenta esta proposición una serie de deficiencias
técnico-formales que luego examinaré y además, en segundo lugar,
tengo que decirle, señor Frutos, que en la exposición de motivos de
la proposición de ley se plantean unas afirmaciones que, a mi modo de
ver, intencionadamente se alejan muy mucho de la realidad. Empezando
por el principio, y por lo que, a mi modo de entender, es
fundamental, a pesar de que el señor Frutos, en su intervención como
portavoz de Izquierda Unida, hacía referencia a la labor desarrollada
por las comunidades autónomas y los ayuntamientos y también hacía
mención al artículo 41 de la Constitución, sin embargo, se ignora,
cuando se plantea esta iniciativa, el artículo 148 de la
Constitución, conforme al cual la materia de asistencia social es de
competencia exclusiva de las comunidades autónomas, por lo que es a
ellas a las que corresponde el pleno derecho de ejercer esta
competencia. Como consecuencia de ello, durante los últimos diez años
se han venido implantando por todas las comunidades autónomas y gran
parte de los ayuntamientos diferentes programas de inserción social
basados en el establecimiento de una renta mínima de subsistencia.
Esto supone que antes de aprobar un texto como el que ahora se debate
sería imprescindible comenzar haciendo este planteamiento a las
comunidades autónomas, y a buen seguro éstas probablemente no verían
bien que el Estado dictara una norma con rango legal que invadiría
las competencias que por mandato constitucional tienen adquiridas de
pleno derecho.
Por otro lado, si el objetivo de esta proposición de ley se dirige
especialmente a colectivos excluidos del mercado laboral, no parece
que esta propuesta se diferencie sustancialmente de la regulación ya
existente al respecto. Esta regulación que ya existe se ha dictado en
cumplimiento de las directrices sobre empleo de la Unión Europea, con
el Decreto 236/2000, de 18 de marzo, que establece para trabajadores
desempleados de larga duración, en situación de necesidad y con
responsabilidades familiares, una renta activa de inserción que
recoge prácticamente todos los elementos que forman esta proposición
de ley, pero con la particularidad, eso sí, de que este real decreto
no invade las competencias de las comunidades autónomas, ya que
recoge los convenios suscritos al efecto. Además, en el anteproyecto
de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social de este
año se habilita al Gobierno a regular en el 2001 el establecimiento
de una ayuda específica denominada renta activa de inserción,
dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas
y dificultades para encontrar empleo.
Pero es que hay más defectos formales, señorías, porque cuando
Izquierda Unida habla de una cuantía del 75 por ciento del salario
mínimo interprofesional, si conoce la política social que están
desarrollando las comunidades autónomas -que no dudo que la conoce-,
podría pensarse que la pretensión se limitaría simplemente
a conseguir que el Estado complementase la cifra para aquellas personas
que no llegan a adquirir el 75 por ciento del salario mínimo
interprofesional, con lo cual entonces bastaría con la disposición
adicional, y ésta sería la que deberíamos debatir en esta Cámara.
No se acompaña la oportuna memoria económica, que permitiría estimar
el número de beneficiarios, ni tampoco indican siquiera qué fuentes
de financiación quedarían afectadas. Pero eso sí, en cuestiones
formales la iniciativa presenta serias deficiencias, y mucho más, a
mi modo de entender, si lo que examinamos es el fondo de la
proposición.
Señorías, durante los cinco últimos años los españoles han podido
percibir los resultados de una eficiente acción política que se ha
traducido en mejoras para los sectores más desfavorecidos de la
población. Se ha trabajado para erradicar la pobreza y la marginación
social. Se ha llevado a cabo una política económica que ha permitido
que sectores sociales con grandes dificultades para acceder al empleo
se hayan beneficiado de políticas activas promovidas por el Gobierno
de José María Aznar. Además, hay que resaltar que estas políticas
activas desarrolladas por el Gobierno han contado con el consenso de
los agentes sociales. Gracias a estas medidas el paro ha descendido
en España hasta cifras impensables hace cinco años. Los datos del
tercer trimestre del año 2000 revelan la creación de 486.500 puestos
de trabajo. Esto nos permite estar cada vez más cerca del pleno
empleo. Señorías, esta es la realidad, y tengo que decir que se aleja
mucho de la exposición de motivos de la proposición de Izquierda
Unida. Sinceramente, no sé como se puede decir en la exposición de
motivos -y cito textualmente- que la pobreza extrema avanza en
nuestro país. Es cierto que aún existen casos de familias que no
pueden cubrir sus necesidades. Pero no es menos cierto que gracias
a la política del Partido Popular, que está dando sus frutos, cada vez
son menos los casos que se encuentran en esta situación.
Además, también me parece una falta de rigor afirmar, como lo hace
Izquierda Unida, que las medidas adoptadas por el Gobierno han traído
aparejado un recorte en las prestaciones sociales. Pero, ¿cómo son
capaces de decir esto, y además por escrito, en el texto que hoy nos
traen a debate? Desde 1995 las pensiones en España han crecido el 31
por ciento y se ha creado el fondo de reserva nacional. La sanidad,
un 33,3 por ciento; la educación, el 26,4 por ciento. En total,
señorías, en políticas prioritarias hoy se gastan 4,7 billones de
pesetas más que en 1995. Y cuando Izquierda Unida añade en la
exposición de motivos que las medidas del Gobierno han provocado
inestabilidad y precariedad en el empleo yo les digo que faltan a la
verdad, porque desde que llegó al Gobierno el Partido Popular en
España no se destruyen empleos, se crean. Y se crean cada día más,
ahí están los datos, a medida que el Gobierno Partido Popular
adquiere cada vez más la
confianza de empresarios y sindicatos. Quizás este alejamiento de la
realidad se debe a que esta proposición de ley Izquierda Unida la
tiene preparada desde hace años, ya que en la pasada legislatura se
debatió en esta Cámara un texto idéntico, del que ustedes no han
tenido a bien cambiar ni tan siquiera los puntos y las comas. Yo les
aconsejo que al menos actualicen los textos de sus iniciativas de
acuerdo con los tiempos que corren. Porque las afirmaciones que
ustedes hacen hoy no se las puede creer nadie.
La realidad económica que ustedes describen de nuestro país para
establecer una renta mínima no se corresponde con la situación
económica de España. El mercado laboral no está originando una
situación de pobreza extrema. Más bien todo lo contrario; entendemos
en el Grupo Popular que no es necesario plantearse a nivel estatal el
establecimiento de una renta mínima pues hoy, afortunadamente, con la
colaboración de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, es
viable la inserción en el mundo laboral de un amplio número de
personas hasta ahora desempleadas. Además, las medidas adoptadas de
carácter sociolaboral, especialmente dirigidas a los sectores más
desfavorecidos, en la práctica se está demostrando que son
suficientes para la creación de empleo tanto en términos
cuantitativos como cualitativos.
Señorías, nosotros estamos más por el empleo y por poner las
condiciones para que en España no existan personas en paro. Deseamos
que esto sea así y, por lo tanto, repito, estamos más por el empleo
que por instaurar una nueva prestación asistencial de carácter
estatal que requeriría un análisis socioeconómico de la situación a
proteger y un acuerdo con las comunidades autónomas. Sinceramente,
han actuado irresponsablemente al pintar una sociedad que no niego
que hace una década haya existido en España, pero de la que hoy nos
vamos alejando cada día más. Ayúdennos, señores de Izquierda Unida,
en el trabajo de apostar cada día por políticas de creación de
empleo, porque ahí seguro que nos vamos a entender y nos vamos a
encontrar; eso sí, siempre y cuando se adecuen a las circunstancias
del momento y estén dentro del marco constitucional. Hoy, señorías,
esta iniciativa no nos parece indicada para la situación actual de
España, y por eso no contará con el apoyo y aprobación del Grupo
Parlamentario Popular.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro. (Pausa.)
Señorías, ocupen sus escaños. Procedemos a la votación de la toma en
consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre el establecimiento de la renta
mínima que garantice una existencia digna.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
298; a favor, 118; en contra, 175; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa
de referencia.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) Y VASCO
(EAJ-PNV), RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN
LA DELEGACIÓN DEL ESTADO EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE LA UNIÓN
EUROPEA. (Número de expediente 162/000099.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, de los Grupos Parlamentarios Catalán
(Convergència i Unió) y Vasco (PNV), relativa a la participación de
las comunidades autónomas en la Delegación del Estado en el Consejo
de Ministros de la Unión Europea. Señorías, entiendo que la defensa
de esta iniciativa va a ser conjunta de dos grupos, que compartirán
su tiempo.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans. (Pausa.)
Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio para poder
continuar con el debate. (Pausa.) Adelante, señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, esta mañana
el ministro de Asuntos Exteriores en una comparecencia en la Comisión
de Asuntos Exteriores echaba en cara al portavoz de otro grupo en
otro contexto, pero la frase vale, que se había quedado estancado. El
ministro de Asuntos Exteriores le decía al portavoz de otro grupo
parlamentario: Señoría, usted se ha quedado estancado, el mundo ha
cambiado. Ese es exactamente el tema que nos lleva hoy a traer esta
iniciativa aquí. Nos hemos quedado estancados, Europa ha cambiado,
España ha cambiado y hay que adaptar las instituciones a lo ocurrido
en España y en Europa desde hace ya unos cuantos años.
España entró en eso que llamamos Europa, en las instituciones
europeas en el año 1986. En ese momento, evidentemente, ya existía la
Constitución, los estatutos de autonomía y estaba en marcha, según la
comunidad más o menos desarrollada, todo el proceso de transferencias
que se ha ido desarrollando hasta hoy. Hoy estamos hablando en el año
2000 y el proceso de transferencias ha culminado en muchos ámbitos.
Por ejemplo, hoy el Ministerio de Educación ya no tiene ningún tipo
de competencias ejecutivas más que sobre la acción educativa
exterior, por ejemplo la UNED, y en todo caso algún tipo de
competencias de coordinación
que habría que analizar. Lo mismo sucede con el Ministerio de
Medio Ambiente o con el Ministerio de Agricultura, hay montones de
competencias que en el año 1986 formaban parte de la Administración
general del Estado y que hoy están en manos de las comunidades
autónomas.
El impulso europeo al conjunto de lo que se viene en llamar la
construcción europea se fundamenta en dos pilares: por un lado, la
Comisión Europea, que tiene la exclusiva de la iniciativa legislativa
y que constituye el aparato burocrático del conjunto de la Unión
Europea; y, por otro lado, el Consejo de Ministros de la Unión,
formado por los representantes de los distintos Estados miembros que
legislan en Bruselas en lo que se llama el Consejo de Ministros en
sus distintas formaciones (Consejo de Ministros de Medio Ambiente,
Consejo de Ministros de Sanidad, Consejo de Ministros de Cultura
o Consejo de Ministros de Economía). El Consejo de Ministros de la
Unión aprueba reglamentos y directivas que se imponen después por
encima de las leyes o por encima de normas administrativas de la
Administración general del Estado o de las comunidades autónomas
según sea el caso. Por tanto, y estoy recordando simplemente verdades
muy obvias, porque todo lo que estamos examinando ahora es muy obvio,
en el Consejo de Ministros de la Unión Europea se toman decisiones de
carácter normativo que vinculan a la Administración general del
Estado, que vinculan en muchas ocasiones a este mismo Parlamento y,
en el ámbito de sus competencias, a las comunidades autónomas, que no
podrán más que limitarse a desarrollar aquello que les ha venido
aprobado en Bruselas. Y la situación absurda que queremos denunciar
aquí con esta proposición no de ley, y corregirla, es que esos
ministros de la Administración general del Estado, esos ministros del
Reino de España -digámoslo formalmente- que, en virtud de la
Constitución, en virtud de los estatutos, en virtud de los sucesivos
decretos de transferencia, han perdido sus competencias en
determinados ámbitos las están ejerciendo en Bruselas representando a
España e imponiendo determinadas decisiones a las administraciones
autonómicas, es decir, a aquellos que ya tienen competencias para
dictar normas. Por tanto, señorías, lo que traemos aquí no es un tema
de nacionalistas contra no nacionalistas. Este no es un problema de
quien es más o menos nacionalista en esta Cámara, sino de respeto a
la Constitución y de respeto a los estatutos de autonomía, es un tema
de creerse o no creerse el modelo constitucional. Hay quienes nos
hemos creído el modelo constitucional, nos hemos creído ese modelo de
Estado, esa Constitución que al menos en este punto, en ese título
VIII, sin satisfacer plenamente a nadie, intentó dar respuesta a
todos; ahí llegamos todos a un acuerdo, a una distribución de
competencias entre el Estado central y las comunidades autónomas.
Pues bien, este grupo parlamentario y otros de esta Cámara estamos
acostumbrados desde hace tiempo aoír llamadas a la lealtad
constitucional. Se nos recuerda
constantemente que tenemos que ser leales a la Constitución. Pues
hoy, como hace una semana en el tema de las chapas -eso que alguien
ha dado en llamar el simple debate de las chapas-, es un día para
ejercer la lealtad constitucional.Lo que pide mi grupo parlamentario,
así como los demás grupos parlamentarios firmantes de esta
iniciativa, es lealtad constitucional, respeto a la distribución de
competencias entre la Administración del Estado y las comunidades
autónomas. Yo le pido al Gobierno del Partido Popular, que se llena
tanto la boca con la defensa de la Constitución, que se la crea,
entera, incluido el título VIII, y que la desarrolle y la aplique,
incluido el título VIII. Y que, por tanto, no sustraiga competencias
de las comunidades autónomas, abusando -porque eso es lo que está
haciendo- de su propio poder y asumiendo una representación que, en
virtud de la Constitución y de los estatutos de autonomía, ya no
ostenta. Que se crea la Constitución y que contribuya hoy con su voto
a esta iniciativa, que evidentemente podía haber sido modificada en
sus términos literales; que contribuya, repito, al pleno desarrollo
constitucional. Ese es el único objeto: articular la presencia real
de las comunidades autónomas en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, permitir que nuestro modelo constitucional, puertas adentro,
tenga también su plena realización y su plena repercusión puertas
afuera, en lo que son auténticas competencias ejercidas en Bruselas.
Insisto, pues, en que no es un tema entre nacionalistas y no
nacionalistas, y quien así lo entienda ni ha entendido la
Constitución ni -como decía el portavoz de mi grupo en otro debate,
que también hacía referencia a la lealtad constitucional- ha
entendido nada. No ha entendido el esquema del Estado de las
Autonomías, quien entienda que esto es un debate entre nacionalistas
y no nacionalistas.
Finalmente, señora presidenta, lo que yo le pediría al Grupo
Parlamentario Popular, además, es que no jugara con la ignorancia de
la opinión pública en un tema que, efectivamente, es posible que
tenga sus dificultades para llegar a los ciudadanos. Y lo que hoy ha
intentado hacer el Grupo Popular presentando una enmienda a esta
iniciativa es -y así lo toma mi grupo- aportar un elemento
prácticamente de desprecio a esta Cámara y de desprecio a la opinión
pública, en la medida en que se está intentando asumir, intentando
explicar que aquí nadie ha hecho nada. Como si hoy fuera la primera
vez que venimos a debatir esto. Como si ningún grupo de esta Cámara
hubiera manifestado las repercusiones y la importancia que tiene la
presencia de las comunidades autónomas en Bruselas. Y se nos presenta
una enmienda que roza el ridículo, cuando pretende que lo que se
someta a votación sea que se presente un informe en un plazo
razonable, seis meses o un año, en el que se ofrezcan diversas
opciones para el perfeccionamiento de la participación. Señores, un
poco de seriedad, por favor. Ese informe existe, ese informe está
aprobado por el Gobierno, han comparecido ya secretarios de Estado
para hablarnos de él, y ese informe no les gusta. Hemos
tenido ya comparecencias sobre ese informe. Llevamos muchas horas de
trabajo, muchas horas de debate sobre este tema. No pueden ustedes
presentarse hoy ante la Cámara y decir que lo que proponen, para
salvar la cara ante su deslealtad constitucional, es que se haga aquí
un informe y que lo estudiaremos como si fuera la primera vez que se
presenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, prácticamente ha consumido todo
el turno.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino ya, señora presidenta.
En toda la legislatura anterior -cuatro años, cuatro- han tenido
mucho tiempo para examinar este tema en todas sus repercusiones
jurídicas, para adoptar el modelo belga, para adoptar el modelo
alemán, para adoptar un modelo español que no sea ni el belga ni el
alemán, no tenemos por que copiar a nadie; que se adapte a nuestro
papel, que implique al Congreso y al Senado, que dé un papel distinto
a la Conferencia sectorial para Asuntos Europeos. Hay mil fórmulas y
mi grupo -y entiendo que tampoco los demás- no impone una sola, no.
Lo que sí queremos es -y termino, ahora sí- que ustedes no estén
recuperando, que el Gobierno central no esté recuperando en Bruselas
aquello que, en aplicación de la Constitución y de los estatutos, ha
sido transferido a las comunidades autónomas. Créanse el modelo
constitucional como construido entre todos y no lo estén defraudando
a través de la actuación exterior.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
En un día en el que esta Cámara ha recibido la visita de la
presidenta del Parlamento Europeo, creo que sabrá ser magnánima
concediéndome algo más de tiempo, ya que de un asunto europeo o de la
construcción europea hablamos con esta proposición no de ley que
presentamos juntos el Grupo Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo
Vasco.
Quiero dejar bien claro de antemano que lo que presentamos ahora lo
entendemos como un avance sobre lo acordado por esta misma Cámara en
el año 1988, que tan bien fue saludado por las distintas comunidades
autónomas, hasta el punto de que, alrededor de lo acordado por el
Gobierno vasco y presentado a las demás comunidades autónomas, fue
objeto de un acuerdo suscrito por catorce de ellas que, sin embargo,
no pudo llevarse a efecto por haber contado con el veto del Gobierno
sostenido por el Partido Popular. En el momento actual, las vías de
participación institucional de las comunidades autónomas en los
asuntos comunitarios
son del pasado -decía bien el señor Guardans-, no obedecen a la
situación actual. Estamos hablando, señorías, de cooperación y
participación autonómica en la formación y defensa de la voluntad del
Estado ante la Unión Europea.
El que haya intervenido delante de mí un diputado de la brillantez y
categoría del diputado señor Guardans me evita referirme a muchos
aspectos de la cuestión, pero sí me gustaría aludir a aspectos
relacionados con lo que es el derecho interno, puesto que esta es una
materia de gran interés para el derecho constitucional, cuya
peculiaridad estriba en que no se trata de intentar solventar el
problema con arreglo a los parámetros de integración de la política
estatal, que es lo propio del derecho constitucional, sino que, en
este caso, estamos hablando de un proceso de integración europea, y
las categorías habituales no tienen la utilidad que suelen tener a
este respecto.
En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el modelo territorial
que resulta de la Constitución de 1978 se caracteriza precisamente
por su relativa indefinición o, si se prefiere, por su excesiva
apertura, y el reparto efectivo de las competencias entre Estado y
comunidades autónomas plantea todavía muchas incógnitas y es una
cuestión todavía polémica en algunas de ellas. Además, no ha llegado
a institucionalizarse un cauce que haya permitido a las comunidades
autónomas participar activamente en la delimitación competencial, que
hasta ahora es operada desde el Estado, y se ha intentado poner un
remedio parcial a tal situación a través de órganos de encuentro
entre el Estado y las comunidades autónomas creados al amparo del
principio de cooperación. Aunque la cooperación sirve de lubricante
del sistema y evite conflictos, está pendiente aún la
institucionalización del cauce, digamos natural, de estas cuestiones.
Es en este contexto, centrado en el ámbito interno, donde hay que
analizar la participación autonómica en las decisiones del Estado
relativas a los asuntos que deben resolverse en los órganos de la
Unión Europea, de tal manera que permita valorar si los mecanismos
específicos que se utilizan para hacer efectiva esta participación
son coherentes. Asimismo, debemos tener en cuenta que la Unión
Europea -hoy aludía a ello la presidenta del Parlamento Europeo- es
una realidad que, en lo jurídico-político es un in fieri, es decir
está por hacer, es más fluida que la forma territorial estatal y, por
ello, nos movemos forzosamente en un terreno inestable.
Pese a lo inestable del terreno en el que nos movemos, he indicado
que en la pasada legislatura se aprobaron dos resoluciones que, sin
embargo, los órganos centrales del Estado se han resistido a poner en
práctica, no sólo a poner en práctica sino incluso a que pudiesen ser
aprobados. Basta recordar la intervención del entonces ministro de
Asuntos Exteriores, que aparece transcrita en el «Diario de Sesiones»
de esta Cámara, abiertamente frontal a la iniciativa que se
planteaba, que sin embargo obtuvo el voto de la totalidad de la
Cámara. Así lo han constatado los balances de las propias
comunidades autónomas y la propia doctrina, que saludaban de
manera efusiva tales acuerdos.
Señorías, esta situación se vio desbordada por los acontecimientos.
Las fuerzas políticas nacionalistas que promovieron la aprobación de
aquellos acuerdos -estos acuerdos, lo ha dicho el señor Guardans, no
son de nacionalistas frente al resto sino que, promovidos por
nacionalistas, obtuvieron el respaldo de todas las fuerzas presentes
en la Comisión Mixta Congreso Senado y en propio Congreso de los
Diputados- dieron un impulso decisivo a esta materia.
Nos parece importante señalar la irrupción de los órganos
parlamentarios en el curso de este proceso de integración europea
que, en nuestra opinión, es expresión elocuente del papel que pueden
tener los parlamentos en esta materia, al menos en tiempos en los
que, como en el pasado, no existían arrolladoras mayorías absolutas.
Respecto de lo que vaya a ser esta legislatura, de momento me reservo
mi criterio. Sin embargo, la victoria obtenida en sede parlamentaria
puede terminar siendo pírrica, ya que la diferente interpretación del
contenido de los mandatos de las Cortes ha vuelto a dilatar
nuevamente el proceso. El Estado puede considerar que ha cumplido su
parte identificando en un informe del MAP qué considera competencias
exclusivas, y dice estar a la espera de que las comunidades formen su
posición común. Las comunidades autónomas más activas -ya me he
referido a ello-, insatisfechas con este informe, se han visto en la
necesidad de elaborar una propuesta alternativa mucho más ambiciosa,
que finalmente, a pesar de contar con el apoyo de 14 comunidades, con
las reservas de Valencia, Murcia y Cantabria, fue rechazada por el
Estado. ¿Cuál ha de ser el ámbito orgánico de la participación
autonómica? Creemos que en el acuerdo que proponemos a la
consideración de SS.SS. queda suficientemente explicitado. Que se
haga referencia a los consejos de ministros -su mención en los
acuerdos de las Cortes- no debe tomarse en un sentido tan limitativo
que se excluya de la participación autonómica al conjunto de órganos
auxiliares y preparatorios de las sesiones y de los acuerdos que el
Consejo aprueba. En consecuencia, lo lógico es que la participación
implique la previa y activa maduración y preparación de los asuntos.
Otra cuestión que también es preciso abordar (y respecto de la cual
tendremos alguna matización que hacer a las enmiendas que se nos
formulan, singularmente a la enmienda nacionalista) es qué
significado y alcance haya de darse al concepto de competencias
exclusivas que figura en los acuerdos adoptados por esta Cámara. Es
en esta cuestión donde la lejanía entre la postura de la
Administración del Estado y la de las comunidades autónomas es
notoria y todo induce a pensar que seguirá siéndolo. Para el Estado...
La señora PRESIDENTA: Señora Uría, le ruego vaya concluyendo.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sí, señora presidenta, lo intentaré.
Para el Estado, competencias exclusivas son sólo las llamadas fuertes
o verdadera e integralmente exclusivas. Desde el punto de vista de
las comunidades autónomas, es exclusivo todo aquello respecto de lo
cual en algún tramo tiene reconocido con exclusividad alguna
posibilidad de actuación. No hace falta tenerlo respecto de la
totalidad de la materia, sino que en toda materia, respecto del tramo
en que algo se me reconoce, en ese tramo, la competencia es
exclusiva. La distancia entre ambas posiciones es evidente y quizá
haya que recurrir -ya lo adelanto- a utilizar conceptos distintos,
como el del respectivo interés de las comunidades autónomas. Debe
tenerse claro no obstante (y el señor Guardans ha incidido en ello)
que con estos acuerdos no se pretende invertir la situación actual en
términos absolutos, es decir, sustituir el predominio total de los
órganos centrales del Estado por el de las comunidades autónomas,
sino intentar, en la medida de lo posible, dar a cada uno lo suyo. Es
preciso sustituir el criterio competencial -creemos- por el criterio
de los intereses afectados y sin embargo, en tanto sigan sin ser
utilizados los acuerdos de 1998, nos encontramos en una situación
respecto de la cual entendemos que es difícil el avance. Creemos,
señora presidenta, que la determinación de cuándo se ven afectadas
competencias exclusivas de las comunidades autónomas ha de ser el
avance que se produzca respecto de los acuerdos de 1998 y, repito, a
perfilar qué se entienda por ello es a lo que irá el intento de
depurar la enmienda socialista que se nos presentará y en relación
con la cual, en un tiempo posterior, haremos alguna matización.
Creemos que este debate de hoy tiene que ayudar a que cedan estas
reticencias y a que sea posible encontrar una fórmula de equilibrio y
de conciliación que sepa armonizar los intereses que estaban en
juego, que he intentado plasmar de forma rápida y que el señor
Guardans ha explicado antes que yo. Si no se consiguen las mayorías
absolutas para lograr avanzar, cuando menos que se sepa por culpa de
quién, a quiénes hay que atribuir la lealtad o la deslealtad en el
funcionamiento de este Estado constitucional que se define como
autonómico.
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias también por su
cortesía.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte
del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario
Popular y del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Rivero.
El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Coalición Canaria valora positivamente
esta iniciativa presentada conjuntamente por el Grupo Parlamentario
Vasco y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Otros
países de la Unión Europea, algunos de ellos menos descentralizados
que España, han ido fortaleciendo el papel de sus regiones, de sus
comunidades ante la Unión Europea, y ahí tenemos los ejemplos de
Alemania, de Austria, de Bélgica, de Portugal e incluso de
Inglaterra.
Nosotros asumimos plenamente la filosofía de la iniciativa que se
debate acerca de que las comunidades autónomas pueden estar
representadas en las delegaciones ante la Unión Europea. Entendemos
que eso puede enriquecer la posición de la delegación española y que
fortalece de esa manera los intereses generales del Estado español
ante la Unión Europea. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa
la Presidencia.) Sin embargo, desde el punto de vista de Coalición
Canaria, tanto en la exposición de motivos como en la propuesta de
resolución no se contemplan adecuadamente hechos singulares como es
el del archipiélago canario ante la Unión Europea. Primero, porque el
Estatuto de Autonomía de Canarias es el único, de los de las 17
comunidades autónomas de España, que contempla, en su artículo 37.2,
que la delegación del Estado español ante la Unión Europea tendrá un
representante de esa comunidad. Segundo, porque el hecho de que esta
previsión se contemple en el estatuto no es fruto del azar o de una
generosidad política por parte de nadie, sino que obedece a causas
objetivas, como son: los artículos específicos en el Acta de
adhesión, artículo 25 y protocolo número dos de la misma; el
Reglamento 1911, de 1991, relativo a la aplicación de las
disposiciones del derecho comunitario en las islas Canarias; la
Decisión 91/313, por la que se establece un programa de opciones
específicas para la lejanía e insularidad de las islas, el Poseican,
y el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam, en el que se considera
al archipiélago canario, conjuntamente con otros seis territorios,
territorios ultraperiféricos en la Unión Europea. En suma, Canarias
goza de una multiplicidad de medidas y regímenes que van desde
ámbitos más generales: política aduanera y comercial, la zona franca,
la política agraria y pesquera, el régimen de abastecimiento de
materias primas y de bienes de consumo esenciales, ayudas públicas al
transporte de viajeros y mercancías, condiciones de acceso a fondos
estructurales y programas horizontales comunitarios, hasta aspectos
más específicos, como pueden ser el régimen económico y fiscal de
Canarias o la zona especial canaria.
En resumen, de acuerdo con la filosofía general de la iniciativa, nos
son válidas incluso las aportaciones que se hacen con las enmiendas
que se presentan, pero la enmienda que propone Coalición Canaria
tiene el carácter de complementaria. Es el complemento necesario para
que aquellos a los que la geografía y las
peculiaridades históricas nos hacen ser diferentes ante la Unión
Europea tengamos un tratamiento distinto.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rivero.
Señor Martínez Casañ.
El Señor MARTÍNEZ CASAÑ: Gracias, señor presidente.
Señorías, la iniciativa que suscriben los dos grupos nacionalistas y
un diputado del Bloque Nacionalista Galego, en el Grupo Mixto, no
tiene otra finalidad, como ustedes saben, que forzar la participación
directa de las comunidades autónomas ante los órganos comunitarios.
No se trata en absoluto de mejorar el sistema del que nos hemos
dotado ni de profundizar en un sistema de cooperación que poco a poco
estamos consiguiendo que dé algunos resultados. La cuestión planteada
es una de las que recurrentemente suscitan algunas comunidades
autónomas, mejor dicho algunos partidos nacionalistas, en contra de
esa política de pasos y de la consolidación de mecanismos, que es la
constante en toda Europa, incluso en todos esos países que han
mencionado, antes de elevarlos al rango de ley.
Y ello, señorías, a pesar de los avances producidos durante los
últimos años, por ejemplo, con la creación en 1994 de la conferencia
para asuntos relacionados con las comunidades europeas, después de
que el Gobierno socialista iniciara el proceso en 1986; o con la
convalidación legislativa que elevó el primer Gobierno del Partido
Popular a este Parlamento en 1997; o la aceptación de la figura del
consejero para asuntos autonómicos en la delegación permanente de
España ante la Unión Europea, en 1996; o en casos como la iniciativa
de reparto de los 55 comités de trabajo en el seno de cada comisión
europea, cuya ampliación se está estudiando. Es decir, hasta el
momento se han dado pasos siguiendo la tónica establecida en todos
los países de la Unión Europea y siguiendo la tónica y la tradición
establecidas por los primeros gobiernos socialistas cuando se empezó
a diseñar la participación de España en los mecanismos europeos,
sistema de pasos y de prácticas de consolidación de las estructuras
hasta que éstas funcionaban lo suficientemente bien para elevarlas al
rango legal. Tengo que recordarles que a esta práctica iniciada por
el Gobierno Socialista en 1986, cuando se entró en la Unión Europea,
no se le dio una categoría legal hasta 1997, tras largos años de
práctica, cuando llegó al Gobierno el Partido Popular y en esta
Cámara se consiguió consensuar la Ley de la conferencia para asuntos
relacionados con la Unión Europea.
La proposición no de ley que se informa coincide de forma sustancial
con las presentadas por los grupos parlamentarios Vasco y Mixto
durante la VI Legislatura. Dichos textos fueron negociados y
alterados de forma sustancial por los grupos parlamentarios,
aprobándose finalmente, como todos ustedes recuerdan, por unanimidad,
el 23 de marzo de 1998, una moción en cuyo punto número 4 se
instaba al Gobierno para que en el marco de la Conferencia para
asuntos relacionados con las Comunidades Europeas se inicie, mediante
la inclusión en el orden del día de la próxima reunión plenaria del
mes de junio, un proceso tendente a establecer una fórmula, etcétera.
Es más, ése era uno de los puntos. Los puntos 2 y 3 también instaban
al Gobierno a profundizar en las vías de participación interna, en
las vías de participación de perfeccionamiento de la cooperación en
la fase de elaboración de la voluntad del Estado español.
En la reunión de la conferencia citada, del 10 de julio de 1998, el
entonces ministro de Administraciones Públicas, don Mariano Rajoy,
inició este proceso que hoy estamos contemplando, tendente a
establecer la fórmula que permitiese la presencia de un representante
de las comunidades autónomas en las reuniones del Consejo de
Ministros de la Unión, entregándose dos informes sobre el reparto de
competencias, de acuerdo con el ordenamiento constitucional español y
sobre el tratamiento dado a los asuntos comunitarios en las distintas
conferencias sectoriales. Al entregar los primeros documentos, los
primeros informes, el ministro Rajoy, hoy vicepresidente primero del
Gobierno, solicitó a las comunidades autónomas que manifestasen su
posición sobre la definición de las competencias exclusivas,
señorías, con el fin de alcanzar un acuerdo de cara a la
participación autonómica en el Consejo. Tengo que decir que a pesar
de haber transcurrido más de dos años, señorías, desde que se
solicitara, únicamente se han recibido comentarios puntuales de
algunas comunidades autónomas, en especial del País Vasco. Con la
misma finalidad, señorías, se solicitó la formación de un grupo de
trabajo formado por las comunidades autónomas para estudiar esta
cuestión, sin que se tenga noticias hasta el momento de que se haya
constituido.
Quiero continuar diciendo que, pasando de lo que fue el pasado, la VI
legislatura, y al margen de estos antecedentes, la posición actual
del Gobierno sobre esta materia ha quedado bastante precisa y clara
en la intervención del ministro de Administraciones Públicas, don
Jesús Posada, en su primera comparecencia en el Senado. Dijo
literalmente que la gestión que se va a desarrollar en los próximos
años va a tener como objeto profundizar precisamente en esto, en el
modelo ya establecido. Este modelo se basa en la Ley 2/1997, del 3 de
marzo, por la que se regula la conferencia para asuntos relacionados
con las Comunidades Europeas, y en el acuerdo de participación
interna que les tengo que recordar que se firmó en 1994, en tiempos
del Gobierno Socialista, y que regula las relaciones entre aquéllas
y las distintas conferencias sectoriales. Se trata de desarrollar
plenamente las potencialidades del modelo ya establecido y permite
que las comunidades autónomas estén presentes tanto en la fase
ascendente como descendente de la creación y aplicación de la misma
normativa comunitaria, lográndose así la participación enla gestión
de las competencias que les son propias.
La posición de partida es que tenemos que profundizar, que tenemos
que seguir avanzando, señorías. Profundizar significa progresar,
significa moverse, significa, en resumidas cuentas, hacer cosas,
porque hay muchísimas posibilidades intermedias que tenemos que
explorar, como por ejemplo trasladar la información desde Bruselas a
las comunidades autónomas, la formación de la voluntad en la
conferencia sectorial, intentar que las leyes básicas que se hagan se
discutan mejor antes, aplicar la normativa comunitaria de acuerdo
unos con otros. Tenemos todavía un amplio campo, un amplio margen
para progresar, y, aunque creo que será suficiente, lo vamos a ir
viendo a lo largo de este proceso. Tengo que decir que tal vez la
mayor objeción que se puede hacer a la propuesta que contemplamos
esta tarde, señorías, es que quema demasiadas etapas sin que por otra
parte se atisben soluciones a determinados problemas que deberían
plantearse, que han de plantearse, por ejemplo el de los mecanismos
de los órganos comunes que faciliten la formación de una posición
común de las comunidades autónomas o para que en su caso se diriman
las posibles discrepancias entre éstas y el Gobierno de la nación, el
papel de las actuales conferencias sectoriales en esta materia, la
fragilidad que todavía tienen los mecanismos de relaciones
institucionales de las comunidades autónomas y de éstas con el
Gobierno central, etcétera.
Lo que ustedes proponen, señorías, esta tarde es algo que, quemando
etapas, no soluciona los problemas que quedan por solucionar y que no
profundiza en lo que se tiene que profundizar. Los cinco puntos que
figuran en el apartado 2 de la iniciativa no son suficientes para
resolver todos los problemas que se derivarán de una presencia
directa de representantes autonómicos en los órganos de gobierno de
la Unión Europea. ¿Cómo podemos pretender que las comunidades
autónomas representen el interés general del Estado si en estos
momentos no hemos desarrollado todavía en profundidad los mecanismos
que permiten una cooperación, una colaboración, hacer una voluntad
general fuera de reivindicaciones, localismos o intereses regionales
que de ninguna manera contribuyen ahora a capacitar a los
representantes autonómicos a representar la voluntad del Estado, a
representar el interés general del Estado? Como dijo el ministro
Posada en sus manifestaciones del Senado, en estos momentos,
señorías, la presencia directa de representantes autonómicos ante
determinados órganos comunitarios sin vías intermedias lo único que
puede hacer es aumentar la confusión en relación con el papel de los
actuales mecanismos de colaboración y coordinación y, por ejemplo, de
las conferencias sectoriales.
Y es precisamente en esa voluntad en la que el Grupo Popular ha
presentado una enmienda transaccional instando al Gobierno a que en
un plazo razonable remitiera un informe completo en el que se
ofrecieran diversas opciones para el perfeccionamiento de la
participación de las comunidades autónomas en los asuntos
comunitarios, pudiendo de alguna manera ayudar a
esa especie de impasse en que se encuentra la conferencia para
asuntos relacionados con la Unión Europea. Ese es el sentido de
nuestra enmienda transaccional, señorías, y no, como dice el señor
Guardans, con la exquisita humildad y prudencia que le caracteriza,
insultar sus intelectos, insultar su capacidad de raciocinio. Porque
lo que estamos desarrollando, señorías, señor representante de CiU,
no es el modelo belga ni el alemán, que no nos gustan. Si nos
gustasen, los estaríamos desarrollando desde hace muchísimo tiempo.
Estamos desarrollando nuestro modelo, el modelo español, el modelo
que está basado en un acuerdo de participación firmado por todas las
comunidades autónomas y por tanto también por la Generalitat de
Cataluña. Y no acepto tampoco al insigne representante del Grupo
Catalán de Convergència i Unió esas alegaciones que ha hecho de
deslealtad a la Constitución. No, señorías. El Partido Popular, el
Grupo Parlamentario Popular no es desleal a la Constitución, entre
otras cosas porque la Constitución lo que manda es defender la unidad
de acción exterior del Estado y defender los intereses generales de
España y de todos los españoles, que están aquí representados.
Lo que más me preocupa -y acabo, señor presidente, antes de que me
llame la atención-, señorías, en este debate no es en resumidas
cuentas la actitud de los proponentes de la proposición no de ley,
puesto que en el fondo se trata de algo previsible y recurrente y a
lo que estamos acostumbrados. Lo que más me preocupa, señorías, es la
actitud del Partido Socialista, que ha sido partido de Gobierno
durante muchos y largos años y que ha hecho muchísimas cosas bien y
que se considera preparado para volverlo a ser. Porque el texto de su
enmienda tiene dos lecturas, señorías del Partido Socialista: la
primera, la más fácil de comprender, la que salta más fácilmente a la
vista, es quizá jugar a una sensibilidad regional en el ámbito
comunitario que en los trece años de su etapa en el Gobierno nunca se
preocuparon de desarrollar; la segunda, señorías, la que
desgraciadamente para los intereses de España refleja la realidad, es
la de un partido que se sabe tan lejos de las responsabilidades de
gobierno que se permite de forma ligera y un tanto frívola
-permítanme que lo diga sin ningún tipo de intencionalidad- una
actitud que se perfila, repito, de forma ligera y frívola. ¿Qué es lo
que hacen ustedes con la presentación de esta enmienda? Un brindis al
sol.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez Casañ.
Señor Estrella.
El señor ESTRELLA PEDROLA: Señor presidente, esto de que a uno le
insulten antes incluso de subirse a la tribuna no es muy habitual.(La
señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)
Yo quería hacer una reflexión sobre la propuesta que se nos hace por
parte de algunos grupos parlamentarios,
formaciones nacionalistas. Desde el Grupo Socialista compartimos
algunos de los elementos de su propuesta, no coincidimos en absoluto
en otros, pero creemos que plantean una cuestión de indudable
importancia, porque así lo ha reconocido la Cámara, lo hemos
reconocido todos los grupos presentes en esta Cámara. Por tanto, no
puede sorprenderse nadie de que ahora estemos discutiendo esto. No es
una reivindicación nacionalista, en absoluto. Es una reivindicación
que, por ejemplo, está planteando mi comunidad autónoma, Andalucía, y
es una reivindicación que están planteando comunidades autónomas
gobernadas por el Partido Popular. Por tanto, es una falacia decir
que buscar un mecanismo que asegure la participación de las
comunidades autónomas en la formación de la voluntad del Estado a
través de la presencia de un representante de esas comunidades
autónomas en órganos comunitarios, en la delegación española, supone
alterar la unidad de acción en el exterior o supone una
reivindicación nacionalista. Es absolutamente falso.
Se ha destacado -lo han hecho algunos portavoces- el proceso que se
ha seguido en esa búsqueda de mecanismos que garantizaran la
participación de las comunidades autónomas y ha habido progresos
importantes desde el año 1986. La creación de la Conferencia de
Asuntos Europeos tiene la virtualidad de establecer un foro común
donde se participa voluntariamente, donde hay por tanto un mecanismo
de voluntad mutua, donde se crea en la práctica una escuela de
aprendizaje para la lealtad constitucional común, para afrontar
problemas comunes en materias donde las competencias están o
compartidas o transferidas. Ese modelo de foro multilateral, que no
excluye la relación bilateral en función de las competencias, es el
que adoptó el Gobierno del Partido Popular en el año 1997. Se ha
avanzado algo sobre ese mismo modelo, pero la realidad es que tenemos
un problema que sigue sin resolver, tenemos un mecanismo que sigue
siendo incompleto. Ante esa situación, el Parlamento no puede
permanecer ajeno. Hace dos años y medio en este Parlamento se
aprobaba esa proposición en la que se pedía al Gobierno que iniciase
un proceso de reflexión para establecer fórmulas que permitieran la
presencia de representantes de las comunidades autónomas en las
delegaciones gubernamentales en materias que afectan a las
competencias atribuidas a las comunidades autónomas. Eso fue una
propuesta del Partido Popular al Partido Nacionalista Vasco. Eran
otros tiempos.
Por eso, señor presidente, en la seguridad de que el Partido
Socialista está donde está, aunque probablemente otros han hecho una
pirueta y se han situado en otro tipo de nacionalismo, humildemente
quisiéramos contribuir a reconducir las cosas. El Grupo Socialista ha
presentado una enmienda en la que se insta al Gobierno a fortalecer
una dinámica multilateral basada en acuerdos adoptados en la
conferencia para asuntos europeos que contribuya a la formación de la
voluntad del Estado, a facilitar la relación bilateral cuando la
naturaleza de los problemas competenciales así lo requieran y, en
aquellos casos donde la naturaleza de la materia así lo aconseje, por
tratarse de competencias autonómicas, por la singularidad o por la
importancia autonómica, como se señalaba, de la materia, y, previo
acuerdo de la conferencia para asuntos europeos, se incluya en la
delegación española ante los consejos de ministros y también en los
grupos de trabajo preparatorios un representante de las comunidades
autónomas, que se integrará como miembro de pleno derecho de la
delegación, sosteniendo la posición de ésta y atendiendo en todo
momento las instrucciones dadas por los responsables de la
delegación. ¿Qué mayor lealtad constitucional cabe? ¿Qué mejor
instrumento de garantizar la unidad de acción del Estado en el
exterior que hacer partícipes a las comunidades autónomas en los
ámbitos de sus competencias de los mecanismos de reflexión de la
delegación, en la que se mantiene absolutamente la identidad de quien
tiene la responsabilidad de la representación exterior del Estado?
Nosotros decimos que esa representación debe tener un carácter
rotatorio. Naturalmente no nos corresponde a nosotros decir cómo se
articula ese carácter rotatorio, pero queda claro que en ese
establecimiento se haría distinción de las competencias que tienen
atribuidas las distintas comunidades autónomas, de las
especificidades de cada una de ellas, que las hay. En ese sentido se
nos ha hecho alguna consulta y estamos dispuestos a clarificarlo.
Creemos que ha llegado la hora de establecer un plazo. Nosotros lo
hemos fijado en tres meses. Pedimos al Gobierno que actúe en
consecuencia, que tome las medidas necesarias y contemplamos también
la necesaria reforma del Senado para adecuarlo a los tiempos que
corren actualmente.
Recordaba antes lo que había ocurrido hace dos años y medio. Entonces
decía el portavoz del Partido Popular, el señor Martínez Casañ, que
se felicitaba o que quería contribuir con el Partido Nacionalista
Vasco en la consagración de un modelo y en la búsqueda y encuentro de
soluciones más perfectas para la participación autonómica. Señor
presidente, señorías, los intereses del Estado y el desarrollo de la
Constitución -y cuando digo el Estado incluyo también a las
comunidades autónomas- no pueden ni deben estar sujetos a los amores
y a los desamores entre los grupos parlamentarios de los grupos
políticos, no pueden estar sujetos a intereses o a estrategias
coyunturales de una determinada formación política, del mismo modo,
señor presidente, que es legítimo que el Congreso se preocupe y se
ocupe de la inadecuación de los mecanismos actuales y que se decida
ante la inacción a impulsar un modelo armónico que permite plenamente
la Constitución y que el Congreso exija a quienes tienen la
responsabilidad de hacerlo, en este caso el Gobierno, como máximo
responsable en la conferencia de asuntos europeos, para que muestre
tanto la voluntad política como la capacidad política, de la que
hasta ahora no hemos tenido más muestra que esta raquítica y difícil
mente
aceptable enmienda que presenta el Grupo Popular; enmienda con la
que, la verdad, uno siente que le están tomando el pelo. Que a estas
alturas lo que se nos proponga es que el Gobierno nos traslade a la
Cámara las distintas alternativas para que nosotros le resolvamos la
papeleta no es en absoluto de recibo.
Nada más y muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Estrella.
En turno de fijación de posición, en el Grupo Mixto se van a dividir
los turnos. Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, lógicamente esto es algo más que una fijación de posición,
por cuanto yo he firmado la proposición no de ley, que parece que
esta tarde va a ser rechazada con los votos en contra del Partido
Popular. Y, después de lo que ha sido dicho por los distintos
portavoces, queda poco que añadir; sólo hacer unas pequeñas
precisiones acerca de qué estamos hablando. Estamos hablando de
evitar la reasunción por parte del Estado de competencias que
constitucional y estatutariamente les corresponden a las comunidades
autónomas. Lo intentó el Estado en vía descendente, pero en este caso
la beligerancia del Tribunal Constitucional y una jurisprudencia
clara felizmente lo evitó. Pero ahora el Estado sigue anclado en la
vía ascendente en una posición intransigente, una posición que niega
lo evidente, que estamos en un Estado plural. No se trata de
localismos, no se trata de contraponer el interés general, siempre
encarnado por el Estado, con los intereses particulares, siempre
encarnados, según el portavoz popular, por las comunidades autónomas,
porque lo que sea interés general la Constitución y los estatutos de
autonomía, en cada materia, se encargaron de determinarlo.
Tratamos también de solventar el déficit democrático de la Unión
Europea. Se dijo, y se dijo con razón, que el Consejo de Ministros
legisla y que lo que legisle el Consejo de Ministros se impone
incluso sobre lo que decidimos en esta Cámara. Hay, por tanto, ahí un
grave déficit democrático, pero lo hay también cuando el Estado
representa en el ámbito exterior. Yo creo que esto, y el Tribunal
Constitucional lo dijo, no se trata exactamente de política
internacional, no se trata de relaciones exteriores. Repito, hay un
déficit democrático también cuando el Estado se arroga competencias
que constitucionalmente no tiene.
Por lo que se refiere a la enmienda del Partido Popular, yo soy un
diputado novato, llevo poco tiempo aquí pero, a pesar de la poca
experiencia que llevo acumulada en esta legislatura, ya sé lo que
significa la fórmula de se estudiará o se mirará con simpatía,
significa que la propuesta o la iniciativa va a dormir el sueño de
los justos en algún archivo o en algún cajón ministerial. Por tanto,
señores del Partido Popular, les animo a que
por una vez no piensen que la Constitución y los estatutos de
autonomía están para venerarlos o para venerarlos hipócritamente,
sino para aplicarlos de manera efectiva. Por consiguiente, les animo
a que voten una iniciativa de mínimos, que supone nada más que dar el
primer paso en un camino.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor
Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Subo a esta tribuna para rememorar un debate que sostuve como
promotora de la iniciativa que aquí volvemos a debatir, sobre la
cuestión de la participación de las comunidades autónomas en los
órganos e instituciones comunitarias. Presenté una moción que creo
que es idéntica a la que han presentado los dos grupos
parlamentarios, idéntica porque provenía del Parlamento vasco, que
estaba aprobada por todos. Yo pienso que teníamos claro en aquel
momento, pese a que a algunos no les gustaba pero no se querían
desmarcar del evento, llegar a varias conclusiones: una, que el
sistema de participación de las comunidades autónomas en las
instituciones comunitarias era -no voy a decir insuficiente-
absolutamente inadmisible; dos, que teníamos que establecer una
participación que conjugara dos procesos, el proceso de un Estado de
las autonomías y el proceso de integración en la Unión Europea, antes
las comunidades europeas; y tres, que la cuestión clave radicaba en
participar en el órgano más importante, que es el Consejo de
Ministros.
Por tanto, no hablemos de que partimos de cero. Señoras y señores
diputados, y me dirijo al Partido Popular, partimos de esto, partimos
de que hay un acuerdo de esta Cámara en el cual se señala que no es
admisible tal y como está la situación ahora y, por consiguiente, es
ahí donde debemos empezar a trabajar. No vamos a empezar del menos
uno ni a empezar de no se sabe dónde. Lo dijimos todo, que el sistema
que existía hasta el momento no era acorde con el sistema que estaba
establecido ni en la Constitución ni en los estatutos. A partir de
ahí, vamos a ver qué ha pasado. Han pasado dos años y medio, en los
que se ha utilizado por parte del Gobierno la técnica de que es mejor
inundar al adversario a través de informes. ¿Qué ha pasado? Primero
estudiamos las competencias, como si en este Estado no se hubiera
estudiado suficientemente bien, a fondo, toda la complejidad de las
competencias exclusivas o de cualquier otro tipo. Y cuando ya no
sabían qué informes enviar a esta Cámara o a las comunidades
autónomas, lo que se hizo fue respetar un acuerdo que tenían las
comunidades autónomas. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de
que hay nula voluntad política para que esto vaya hacia adelante y la
prueba
más definitiva la tenemos en la comparecencia del ministro de
Administraciones Públicas en esta legislatura. El señor Posada, en
concreto en el Congreso -luego lo leí en el Senado-, hizo caso omiso
del acuerdo de esta Cámara y tuvo claro que partíamos de que no
existía nada. Pues no es así. No sé si ustedes se olvidan de lo que
no les gusta, pero aquí no se puede olvidar un acuerdo unánime de
esta Cámara, ya sea en esta legislatura o en la anterior.
Señoras y señores del Grupo Popular -porque los demás grupos ya han
admitido que van a votar a favor de la enmienda transaccional que se
está realizando-, ustedes parten de que tienen que subsanar esta
cuestión. Vamos a ver cómo lo hacemos. Lo que no se puede admitir es
que ahora, 14 años después de la integración, nos digan que nos
presentarán un informe. Podemos ser tontos pero no tanto. Eso no es
admisible y lo que tienen que hacer, si respetan la Constitución, si
respetan el Estatuto, si respetan las sentencias del Tribunal
Constitucional, es leerse, señor Martínez Casañ, la sentencia de 26
de mayo de 1984 y decir claramente que también son constitucionales
los aspectos externos de las competencias de las comunidades
autónomas, es decir, que también tienen derecho y legitimidad a estar
presentes donde se discutan y se negocien competencias o cuestiones
que les sean de interés y les afecten. Partimos de esto, partimos de
que hay un acuerdo unánime de esta Cámara, partimos de que ya no vale
la técnica del caracol de intentar engañar a los adversarios y no
dejar que esto salga adelante. Lo podrán intentar, pero desde luego
no lo van a conseguir. Si tienen lealtad al ordenamiento jurídico,
demuéstrenlo, si no, no nos lo creeremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias,
señora Lasagabaster.
Señor Núñez.
El señor NUÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me da la sensación, después de escuchar lo que llevamos de
debate, que estamos tirando de una cuerda los que estamos en el grupo
que entendemos cómo debe de construirse el modelo de Estado y están
defendiéndose de este tirón los que piensan que de alguna manera hay
que tragar pero poquito a poco y lo menos posible. Parece como si
fuera una maldad, como si fuera algo malo para el sistema, algo que
produce desagregación y confusión que las comunidades autónomas
puedan estar directamente en Europa en decisiones que les afectan. Yo
creo que es desconocer la realidad. Conviene, señorías, estar de
acuerdo, por lo menos de vez en cuando, en el modelo de Estado,
porque todavía algunos tiran del modelo de Estado para un lado y
otros para otro. Desde Andalucía hemos exigido esta presencia. Aquí
se ha hablado de cuestiones que afectan lateralmente a las
comunidades autónomas, sobre todo de cuestiones que muchas veces
afectan casi a una sola
comunidad autónoma, como ha pasado, por ejemplo, con la negociación
de la OCM del aceite. Es inexplicable desde Andalucía que se negocie
toda la OCM del aceite sin que haya un representante del Gobierno
andaluz en Europa viendo estas negociaciones.
Por tanto, señorías, creo que es absolutamente razonable terminar de
construir este modelo de Estado y articularnos con Europa de forma
que nos creamos que todos somos Estado, que el Estado no es la
Administración central que controla de forma descentralizada a la
Administración autonómica y a la Administración local, que el Estado
somos todos y que aquí estamos para arbitrar los mecanismos
articuladores de esos tres niveles; que no son unos más y otros
menos, sino que se articulan entre sí. Parece que del debate se
desprende que no es así. Ya veremos el resultado. Desde nuestra
posición existe un apoyo absoluto no ya a una fórmula concreta que
habrá que estudiar, sino a un proceso que hay que abordar de una vez
por todas, hay que coger el toro por los cuernos y ver la manera más
armónica de articular la voluntad con mutua lealtad para conformar la
posición española en la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor
Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la
palabra tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, puede parecer osado
afirmar que el constituyente español de 1978 ignoraba a dónde
llevaría el desarrollo del Título VIII de la Constitución. Sin
embargo, basta con echar un vistazo al proceso de creación de las
distintas comunidades autónomas y a la evolución de sus instituciones
y competencias para entender que estamos ante un proceso todavía
inacabado, recalco y repito, un proceso todavía inacabado. Uno de
esos procesos inacabados es el que nos trae hoy aquí: la acción
externa y, más en concreto, las relaciones institucionales de las
comunidades autónomas con las instituciones comunitarias. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Buena prueba de
que no se ha acabado es la proliferación de oficinas y delegaciones
regionales en el pasado ante Bruselas, vacíos sin duda por la fecha y
por el momento histórico de aquella Constitución de 1978, en que
Europa no es que estuviera lejos en la cabeza de los constituyentes,
pero tenían otras preocupaciones. De la misma manera que los
ayuntamientos también fueron grandes olvidados de aquella
Constitución de 1978, a lo mejor porque todavía estaban regidos por
alcaldes y alcaldesas del tardo franquismo. Por tanto, ha habido un
vacío que ha ido llenándose por distintas sentencias del Tribunal
Constitucional o por resoluciones del Parlamento Europeo o por
acuerdos de esta Cámara o por legislaciones o sentencias, como la del
26 de mayo de 1994 del Tribunal Constitucional, la resolución del
Parlamento Europeo
de noviembre de 1993 o la Ley 2/1997, que regula las relaciones con
las comunidades europeas.
Paralelamente a toda esa legislación o ese pronunciamiento se ha ido
produciendo, por la vía de los hechos, todo un cambio en la relación
entre las comunidades autónomas y las instituciones europeas. Se ha
pasado de una primera fase, en la que solamente se entendía que a
Europa se iba a por fondos europeos. Recuerdo que en los primeros
momentos, cuando se abrían oficinas, se iba, como se diría
castizamente, «a ver cómo iba lo mío» o a colocarse mejor en virtud
de tal o cual proyecto comunitario. Además, era curioso que esas
delegaciones u oficinas en Bruselas generalmente dependían de las
consejerías de Economía o de Hacienda de las respectivas comunidades
autónomas. Sin embargo, con el tiempo se ha ido produciendo un cambio
importante en esa manera de entender la relación de las comunidades
autónomas con las instituciones comunitarias, incluso en las personas
que están al frente de esas delegaciones; se ha ido sustituyendo a
técnicos por políticos, las delegaciones han pasado, de depender de
las consejerías de Economía y Hacienda, a depender de las consejerías
de Presidencia y a entrar más en políticas europeas, en políticas
comunitarias. Si antes las delegaciones se limitaban a conseguir
información de las distintas comisiones o consejos, ahora tratan de
influir en su comportamiento.
Superada la vieja ecuación de fondos-economía del pasado, las
delegaciones regionales han asumido un novedoso rol político, y no
estamos ante un llenado de los vacíos políticos, sino ante la
demanda, ante la recuperación de un protagonismo político, el de las
comunidades autónomas, perdido como consecuencia de la implicación
española en la Unión Europea. En el año 1986, en el debate de
ratificación del Tratado de Adhesión de España a las Comunidades
Europeas, el entonces diputado de Izquierda Unida señor Tamames -como
digo, entonces diputado y entonces de Izquierda Unida-, con una gran
visión, alertaba sobre lo que en aquel momento significaba el Tratado
de Adhesión, que saludábamos, que votábamos afirmativamente. Advertía
que en el propio Tratado estábamos entrometiéndonos en muchas de las
competencias, en muchas de las transferencias que ya se habían
realizado a las distintas comunidades autónomas. Por tanto, señorías,
nos encontramos en presencia de un problema de derecho
constitucional. Por eso, no es exagerado decir que la lucha que en
este terreno están llevando algunas comunidades autónomas del Estado
español y otros entes territoriales de otros Estados miembros de la
Comunidad Europea no está dirigida a desplazar al Estado respectivo,
sino a preservar la vigencia de la Constitución española. Dicho de
otra manera, la implicación española en la Unión Europea provocó en
su día, entre otras cosas, un desplazamiento de los poderes que el
ordenamiento constitucional confería a cada uno de los órganos
regionales que expresaban el poder Ejecutivo -por cierto, también los
que ejercían el
poder Legislativo- a favor del gobierno de la nación y esto,
señorías, hay que irlo corrigiendo. Este planteamiento del problema
debe conducir a que se propongan soluciones nacionales, a establecer
mecanismos que permitan influir sobre la posición que el Gobierno
español mantiene o mantendrá sobre aquellos asuntos competentes en la
mayoría de los casos en el plano nacional de las comunidades
autónomas. Aludimos, por tanto, a los órganos del Consejo de
Ministros de la Unión Europea que se detallan en la presente
proposiciónno de ley. Son estos los foros donde es precisa la máxima
implicación autonómica. Aunque desde la óptica del derecho
internacional es innegable que solamente hay un sujeto de derecho
internacional, como ha recordado algún que otro portavoz, la efectiva
aplicación del derecho comunitario -también de eso se trata en la
formación de la posición negociadora- es un asunto que compete a
todas las administraciones públicas, especialmente a aquellas
entidades territoriales a las que se dota constitucionalmente de
autonomía política. Esta cooperación, señorías, no solamente es
deseable, sino también imprescindible, porque la implementación
práctica del derecho comunitario precisa de la permanente conexión y,
por qué no, de la complicidad entre las administraciones central y
autonómica. Desde mi grupo parlamentario entendemos que esta
proposición no de ley, con igual o similar tenor, estaría trabajando
en esa línea y, por tanto, anunciamos nuestro respaldo y nuestro voto
afirmativo.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Señor Guardans o señora Uría, a los efectos de rechazar o aceptar de
las enmiendas.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, a efectos de rechazar o
aceptar las enmiendas, manifiesto que vamos a aceptar, de las dos
enmiendas de Coalición Canaria, la primera, la que hace referencia a
la exposición de motivos, porque nos parece que complementa la
proposición no de ley en la medida en que añade una particularidad.
Todos podríamos haber empezado a añadir particularidades autonómicas,
pero en el caso de Canarias, al tratarse de una región
ultraperiférica, en términos del Tratado de Amsterdam, está
justificado y, por tanto, esa referencia es apropiada. En cambio, la
que es al cuerpo de la proposición no de ley no la vamos a aceptar.
Tampoco aceptaremos, por razones obvias, la absurda -y lo subrayo:
absurda- enmienda presentada por el Partido Popular, que pretende
dejar sin contenido y neutralizar el contenido de esta iniciativa.
Sí vamos a aceptar en su literalidad la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Señor presidente, querría subrayar
que el resultado de esta votación va a ser que el Partido Popular va
a votar contra el conjunto de la Cámara. Ese es el resultado...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Guardans, su
intervención era sólo a los efectos de aceptar o rechazar las
enmiendas.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Efectivamente, el resultado de esta
aceptación es que el Partido Popular va a votar contra el conjunto de
las demás fuerzas políticas.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Guardans, entiendo que
ya ha explicado su aceptación o rechazo.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación la proposición no de ley
de los Grupos Parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco
(EAJ-PNV), relativa a la participación de las comunidades autónomas
en la delegación del Estado en el Consejo de Ministros de la Unión
Europea, con la incorporación de las enmiendas que han sido aceptadas
por los grupos proponentes en los términos que se derivan del propio
debate.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
302; a favor, 138; en contra, 161; abstenciones, tres.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR LABORDETA), SOBRE LA CREACIÓN
DE UN FONDO LOCAL ADICIONAL. (Número de expediente 162/000088.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la creación de un fondo local adicional.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor
Labordeta. (Pausa.)
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños al objeto de poder
continuar con el debate.
Adelante, señor Labordeta.
El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, a través de
la Ley de Presupuestos Generales del Estado se establece anualmente
un fondo regular de financiación de las entidades locales. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) La Ley 39/1988,
reguladora de las haciendas locales, en su artículo 115 establece
como criterios de reparto del fondo de participación de tributos del
Estado los siguientes: Primero, el 75 por ciento en función del
número de habitantes, con coeficientes que favorecen
desproporcionadamente a los municipios con mayor población. Segundo,
el 14 por ciento en función del número de habitantes de derecho,
ponderados según el esfuerzo fiscal medio de cada municipio. Tercero,
el 8,5 por ciento en función del inverso de la capacidad recaudatoria
definida por cada tramo de población. Y cuarto, el 2,5 por ciento en
función del número de unidades escolares de educación infantil,
primaria, primer ciclo de secundaria obligatoria, ESO, y especial,
existentes en centros públicos o en inmuebles propiedad de los
municipios.
Hay que señalar al mismo tiempo que el artículo 116 de esta misma Ley
39/1988 posibilita el establecimiento de una asignación
complementaria, cuya finalidad sería cubrir insuficiencias
financieras manifiestas de los municipios. Además, debemos recordar
que el artículo 142 de la Constitución señala que la financiación de
las haciendas locales dependerá de sus recursos propios, de las
aportaciones del Estado y de las comunidades autónomas. Pues bien,
hasta ahora la Administración general del Estado, la que es, la que
ha sido y la que fue, ha sido incapaz de cumplir con este mandato
constitucional. Para solventar muchas de las dificultades de
financiación con que se encuentran muchas haciendas locales, algunas
comunidades autónomas, entre ellas Aragón, han creado fondos
autonómicos de participación municipal. Con ellos se intentan
solventar las múltiples situaciones precarias de muchos
ayuntamientos, en especial los del medio rural con baja densidad de
población, con población muy envejecida y con escasas actividades
económicas, que son un refrendo fundamental en la comunidad autónoma
que yo represento.
Tenemos que tener en cuenta que, a pesar de ello, estos municipios
deben correr con la prestación de determinados servicios públicos,
como la asistencia social, el abastecimiento de agua, el
alcantarillado o la recogida de basuras. A veces estos pequeños
núcleos de población están situados en centros de una gran
importancia turística, con lo cual, esos pequeños ayuntamientos, que
escasamente tienen fondos para recoger las basuras de su población
normal, cuando se ven cubiertos por la gran cantidad de turistas no
saben qué hacer para solucionar uno de sus problemas fundamentales.
Tienen que solucionar el problema de los caminos rurales, etcétera,
siendo muy difícil enfrentarse a estos graves problemas cuando las
más importantes fuentes de financiación curiosamente dependen más del
número de habitantes que de la cantidad de núcleos habitados o de las
superficies de los municipios.
Con este nuevo reparto del fondo adicional que proponemos, todas las
comunidades autónomas de España saldrían beneficiadas, tal y como se
demuestra en este gráfico, que, como ejemplos más significativos,
señala un aumento de dieciocho mil millones y medio, por ejemplo,
para Castilla y León, 17.280 millones más para Andalucía, 9.400
millones más para Aragón, 6.300 millones más para Cataluña y 990
millones más para
La Rioja. Estos cuatro ejemplos demuestran que con esta proposición
no de ley que planteamos saldrían beneficiadas todas las comunidades
autónomas, algunas de ellas en menor cantidad, ya que reciben
beneficios por otras partes.
Hay una pregunta que se pueden hacer SS.SS. y es por qué fijamos
100.000 millones de pesetas en la proposición no de ley. Porque es la
cantidad que se destinaría a la participación de los municipios en
los tributos del Estado, que representaría un 15 por ciento, cifra
totalmente razonable para asumir.
Por todo lo expuesto anteriormente, presentamos la siguiente
proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
a que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 39/
1988, Reguladora de las Haciendas Locales, proceda a la creación de
un fondo local adicional de 100.000 millones de pesetas, que sea
complementario al actual fondo de participación de los municipios en
los tributos del Estado y cuya fórmula redistributiva entre todos los
municipios de España sea directamente proporcional a la superficie de
cada término municipal, de tal modo que adquiera el carácter
territorial de que actualmente carece la financiación local.
Queremos recordar a la Cámara que en algunas comunidades autónomas
esta ley está ya en marcha y que en muchas Diputaciones Provinciales
este fondo local adicional ha sido aprobado por unanimidad. Queremos
destacarlo porque nos gustaría que esta proposición no de ley de
fondo local adicional de ayuda a las entidades locales menos
beneficiadas económicamente se aprobara por unanimidad de esta
Cámara, con lo cual yo estoy seguro de que muchos de estos pequeños
núcleos rurales, a veces de 75, 50, ó 40 habitantes, que tienen que
cargar con todos esos gastos que hemos señalado, se verían
beneficiados.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, el señor Rodríguez
Bolaños tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Señor presidente, señorías, en la
exposición de motivos hecha por el señor Labordeta a la proposición
no de ley que estamos debatiendo, junto a lo que a juicio del
proponente es una distribución que no favorece a los pequeños
municipios, aunque la circunscribe a Aragón, perfectamente extensible
al resto de España, se plantea una cuestión más de fondo, que es la
insuficiencia financiera de los ayuntamientos españoles, que nos
debería de preocupar a cuantos estamos en estos escaños. Esta
insuficiencia financiera ha sido denunciada reiteradamente por mi
grupo y la respuesta del Gobierno del Partido Popular no ha sido otra
que la del abandono de las corporaciones locales españolas, cuando no
la agresión, como más adelante podré demostrar, pero eso sí,
como siempre, acompañando sus hechos de un gran aparato
propagandístico con el que trataban de confundir sobre el alcance
real de los mismos. Me refiero a lo que el Gobierno ostentosamente
llamó pacto local, cuando el pacto local -que se reclamaba y se sigue
reclamando desde los ayuntamientos españoles- es mucho más que las
medidas aprobadas en dicho acuerdo. Y no se lo podrá llamar así si no
contempla dos acuerdos básicos: por una parte, sobre competencias,
ahora residenciadas en otras administraciones y que razonablemente
deberían de estar residenciadas en los ayuntamientos en base al
principio de subsidiariedad tantas veces proclamado y, por otra,
sobre financiación que haga posible la suficiencia financiera de las
corporaciones locales españolas que la Constitución señala en su
artículo 142.
Pues bien, lo cierto es que el acuerdo no ha llegado y los
ayuntamientos siguen arrastrando un déficit preocupante de
financiación. La Ley reguladora de las haciendas locales 39/1988
contribuyó a superar una situación de precariedad con la que se
encontraron los primeros ayuntamientos democráticos. Supuso un
esfuerzo racionalizador y modernizador, que ha dado respuesta a las
necesidades de financiación de las corporaciones locales durante la
década de los noventa. Pero se ha producido -como no podía ser menos-
un desfase en los hechos imponibles de algunos impuestos de
naturaleza local entre la realidad del momento en que fueron
concebidos y la realidad socioeconómica actual, que obliga a una
necesaria revisión detenida de las figuras tributarias que contienen
la Ley reguladora de las haciendas locales y que confirma uno de los
pilares sustanciales de los recursos con que cuentan las
corporaciones locales. Por otra parte, siempre ha existido en el
mundo local -coincido plenamente con el señor Labordeta- una
singularidad preocupante a efectos de financiación y es la existencia
de un gran número de pequeños municipios a los que los parámetros
actuales de distribución de fondos asignados a los ayuntamientos no
pueden dar satisfacción, por lo que quizás estos parámetros deberán
modificarse y hacer valer con mayor peso otros como es la dispersión
o la extensión territorial.
Otro hecho que no puede olvidarse es la demanda creciente de los
ciudadanos de nuevos y mejores servicios, lo que ha provocado que los
ayuntamientos hayan asumido un buen número de funciones sin que
previamente se reconocieran y transfirieran las correspondientes
competencias y asignaran, por tanto, las dotaciones económicas
apropiadas desde la Administración del Estado o desde la comunidad
autónoma. La prestación de servicios impropios, esto es, aquellos que
no figuran como tal en los listados de los servicios mínimos de
competencias de la Ley de bases del régimen local, ocupan hoy un peso
muy superior al de los propios y, sin embargo, la participación local
en el gasto público sigue estancada en torno al 13 por ciento cuando
es una demanda generalizada -y así lo recuerda la
primera de las resoluciones de la Federación Española de Municipios y
Provincias- que se sitúe en torno al 25 por ciento de los ingresos
del Estado. Por otra parte, la Federación Española de Municipios y
Provincias ha sido reconocida como la única representante de los
municipios españoles a la hora de abordar los aspectos sustantivos
que afectasen al funcionamiento, competencias y financiación del
común de los entes locales. Este papel transcendental ha sido asumido
por la FEMP hasta la negociación del último sistema de financiación,
desde un profundo sentido de responsabilidad y desde el respeto a un
pacto no escrito, que implicaba la no adopción de acuerdos de las
fuerzas políticas que no fuesen producto del consenso.
Sin embargo, en la última negociación del sistema de financiación
para el quinquenio 1999-2003 se produjo una quiebra de los principios
que venían informando tanto las relaciones entre el Gobierno de la
nación y la FEMP como los métodos de funcionamiento y adopción de
acuerdos en el seno de la misma. Tanto es así que las resoluciones en
materia de hacienda local de la VII Asamblea General de la Federación
Española de Municipios y Provincias, de noviembre de 1999, supone una
desacreditación de dicho proceso negociador hasta el extremo de
reclamar -y leo textualmente- restablecer con el Gobierno del Estado
español la negociación de los criterios de reparto de la
participación en los ingresos del Estado, de tal forma que se
restablezca el consenso sobre los mismos. Ha habido una ruptura del
consenso que se había generalizado en eso que he llamado pacto no
escrito hasta hoy.
Urge, por tanto, poner en marcha la discusión de un nuevo sistema de
financiación que, sobre la base del consenso, resuelva las
disfunciones que el actual está generando y que asegure la
suficiencia y estabilidad financiera, requisito inexcusable para
garantizar la autonomía local, como dispone nuestro texto
constitucional en sus artículos 140 y 142. Dicha discusión debe
producirse, como señala la repetida resolución primera de la VII
Asamblea de la FEMP, entre los tres niveles de la Administración,
central, autonómica y local, lo que exige reclamar también la
presencia municipal en el Consejo de política fiscal y financiera y
hacer coincidir la financiación local con la financiación autonómica.
Si a lo dicho añadimos la agresión a que hacía referencia antes del
Gobierno hacia los ayuntamientos, nos encontramos con una situación
desoladora. Solamente pondré dos ejemplos para avalar la afirmación
anterior. El primero de ellos es la actitud del Gobierno en relación
con el suelo y su ordenación urbanística. Una de las primeras medidas
que propuso el Gobierno del PP en esta materia fue la de suprimir por
decreto la tercera parte del suelo que por ley los urbanizadores
estaban obligados a ceder a los ayuntamientos y que, por fortuna, en
el trámite parlamentario no pudo prosperar porque no tenía en ese
momento el Partido Popular la mayoría absoluta. La última y más
reciente en esta materia ha sido la del Decreto-ley 4/2000, de 23 de
julio, de medidas urgentes de liberalización en el sector
inmobiliario de transportes, que deslegitima el papel de las
corporaciones locales para ordenar y gestionar el urbanismo en su
término municipal al que, como ustedes saben, se ha presentado un
recurso de inconstitucionalidad. Veremos cuál es el desarrollo en el
trámite del debate que iniciaremos el jueves en relación con este
proyecto de ley.
Hablando de esas agresiones, está la tan cacareada promesa del
presidente del Gobierno, señor Aznar, de suprimir el impuesto de
actividades económicas que, como muy bien saben SS.SS., es un tributo
básico para los ayuntamientos, lo que podría suponer un varapalo, con
repercusiones lamentables para las ya depauperadas arcas municipales
y sin haber concretado aún ningún tipo de compensación por esta
medida.
El Partido Socialista, señorías, tiene vocación y sensibilidad
municipalista y ante esta proposición no de ley presentada por el
Grupo Mixto, por el señor Labordeta, quiere hacer expresa su simpatía
y su apoyo hacia cualquier medida que tienda a dignificar el papel de
los ayuntamientos en España. Estando de acuerdo en el fondo, que no
es otro que el de mejorar la situación financiera de los municipios
españoles, hemos presentado una enmienda que pretende mejorar, o como
usted quiera interpretar, dicha proposición no de ley. Por una parte,
insta al Gobierno a articular un pacto global de financiación de las
administraciones públicas que dote de mayor autonomía y suficiencia
financiera a las corporaciones locales, y, por otra, que para el
ejercicio de 2001 se contemple un incremento suficiente de las
partidas presupuestadas que configuran la participación de dichas
corporaciones en los ingresos del Estado. Eso sí, en diálogo y de
acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias y
contemplando esa singularidad del pequeño municipio en nuestro país.
Esta enmienda recoge más el sentir de la preocupación del momento
actual del sector local y es por lo que solicitamos su consideración.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez
Bolaños.
Señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor presidente, señorías, el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida saluda la presentación
de esta proposición no de ley que, a nuestro entender, intenta
mejorar con una enmienda que pretende ampliar los criterios de
distribución de la proposición.
La utilidad de esta proposición, además de su contenido, es múltiple,
ya que contribuye a un debate sobre financiación local, en un momento
caracterizado por los siguientes elementos. Primero, la reflexión
sobre el pacto local y su traducción en las comunidades autónomas.
Segundo, la necesidad de reflexionar sobre la revisión de la
financiación local para el próximo período,
vinculando ese debate al de la financiación de las comunidades
autónomas; y, tercero, la proximidad del período de enmiendas a los
Presupuestos Generales del Estado, un momento en que esta proposición
podría sustanciarse como enmienda que sugiero abordemos de forma
común. Por otro lado, la proposición tiene el mérito de acercarnos
una vez más a la realidad diversa del mapa municipal español. Este
mapa está formado por un conjunto de más de 8.000 municipios, de los
que únicamente siete superan los 500.000 habitantes y más de 2.000
están por debajo de la cifra de los 1.000 habitantes. Es un mapa
fragmentado, fruto de una determinada realidad histórica, difícil de
cambiar, donde las agregaciones son la excepción y las peticiones de
segregación siguen llegando a las direcciones generales de
Administración local competentes. La fragmentación es un problema -y
así hemos de reconocerlo- para la actividad de determinados servicios
y, sobre todo, es una dificultad latente para el ejercicio de la
autonomía política de los municipios. El pacto local, tanto en su
versión estatal como en la de las autonomías, debería afrontar esa
realidad. No puede quedarse como una simple reclamación de
competencias por parte de la Administración local a otras
administraciones superiores. Habría que aprovechar el pacto local
para sentar las bases de una reforma de las haciendas locales que
garantice los principios de autonomía y suficiencia. Sin embargo, las
figuras que se están contemplando para que sea asumido un conjunto de
servicios por parte de las corporaciones locales son la delegación de
competencias y la encomienda de gestión. Ambas figuras no contemplan
el traspaso de las competencias que restan de la titularidad de la
administración delegante o encomendadora, por lo que su sistema de
financiación no vendrá basado en tributos propios ni en la
participación de los ingresos del Estado ni en la participación de
tributos propios de las comunidades autónomas del artículo 39 de la
Ley 39/1988, sino que se basará en transferencias condicionadas de la
comunidad autónoma o del Estado a la Administración local.En una
palabra, nos encontramos, por una parte, con el hecho de que el
quebrantamiento del principio de autonomía local, a través de las
delegaciones y competencias concurrentes, implique una violación del
principio de suficiencia por la parte de dotación de medios
económicos correspondiente y, de otro lado, con que, cumpliendo con
el principio de suficiencia mediante las subvenciones, se viole el
principio de autonomía por la condicionalidad del ejercicio de las
competencias locales. Las comunidades autónomas deberán entender cuál
es su rol ya que, a pesar de algunas experiencias como las citadas en
la proposición, no parece que estén intentando superar el déficit
financiero apuntado.
Hace más de una década que Izquierda Unida viene presentando
puntualmente en el debate de los presupuestos una enmienda similar a
la proposición que hoy se presenta, por lo que nos será fácil señalar
nuestro
apoyo a la misma. En definitiva, se trata de superar las limitaciones
de la suficiencia financiera de ese importante volumen de
ayuntamientos pequeños al padecer la vinculación del sistema
financiero a la población. Se trata también de hacerlo desde el punto
de vista de la autonomía política, es decir, no incluible en los
planes de obras y servicios dependientes de las diputaciones ni en
los programas de cooperación local ni de ningún otro instrumento de
transferencias condicionadas.
Compartimos con la proposición su vinculación a la participación de
los municipios en los ingresos del Estado mediante la constitución de
un fondo local de solidaridad, adicional a las partidas existentes.
Antes he señalado los dos instrumentos financieros, participación en
el IRPF y transferencias condicionadas, que pretenden financiar las
transferencias atribuidas o delegadas y encomendadas. Aquí se propone
un tercer instrumento que complete el sistema de financiación local,
el fondo local, que tiene por objeto contribuir al equilibrio
económico de los municipios y lograr la aplicación interna del
principio de solidaridad. Este fondo debería articularse conforme a
los siguientes criterios, concebirse como una transferencia anual e
incondicionada destinada a los municipios. Nuestra opinión es que
debería establecerse algún tipo de limitación poblacional con el
objeto de mantener su carácter solidario, fijándolo, por ejemplo, por
debajo de los 50.000 habitantes. Los municipios podrían destinar su
importe, una vez incorporado a su presupuesto, a la financiación de
cualquier obra y servicio de su competencia. Su distribución debería
responder, además de a la superficie -ese es el objeto de la
enmienda-, a baremos como diseminación de núcleos, pedanías,
municipios rurales y de montañas y realidad insular de los
municipios. Como he señalado antes, es una enmienda que
tradicionalmente presenta Izquierda Unida a los Presupuestos
Generales del Estado y que reiteramos en este ejercicio.
La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida es, en principio, una enmienda de sustitución, pero en este
caso, junto a la que presenta el Grupo Socialista y la proposición no
de ley del Grupo Parlamentario Mixto, que creo que son
complementarias, se podría llegar a un texto que propondría lo
siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 39/1988,
reguladora de las haciendas locales, primero, establezca dentro de
los Presupuestos Generales del Estado un fondo local adicional de
100.000 millones de pesetas como asignación complementaria para
cubrir insuficiencias financieras en la presentación de servicios
públicos municipales obligatorios; segundo, que tenga en cuenta para
la distribución y destino de este fondo local adicional la realidad
plural de los municipios españoles más débiles (superficie de sus
términos municipales, de núcleos urbanos, pedanías, municipios
rurales de escasa población, municipios de montaña, municipios
turísticos,
realidad insular de municipios, baleares o canarios, etcétera);
tercero, que realice la concreción definitiva, cuantificación y
gestión de este fondo adicional, que se realizará con la
participación de la Federación Española de Municipios y Provincias y
de las federaciones o asociaciones de municipios específicos que
existan legalmente constituidas. Por último, sugerimos también
destinar este fondo especial a lo establecido en el artículo 116 de
la Ley reguladora de haciendas locales, orientarlo hacia los
municipios más singulares y facilitar los beneficios no sólo en
función del territorio, sino según la realidad plural de los
municipios españoles, haciendo partícipe en la concreción y
seguimiento a la Federación Española de Municipios y Provincias y a
las federaciones y asociaciones específicas existentes, municipios
rurales, municipios de montaña, etcétera.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz. ¿Grupos
que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré con gran brevedad.
Mi grupo entiende las razones que ha expuesto claramente el señor
Labordeta en su iniciativa. Se trata aquí de modificar unos criterios
de reparto que venían siendo fundamentados en razones demográficas
(la prima siempre tenía como base la demografía), en población de
hecho y también, por supuesto, en población de derecho. En cuanto a
introducir el reparto por la extensión de la superficie, entendemos
la óptica del señor Labordeta, puesto que en el territorio aragonés
hay municipios que se caracterizan, como muy bien ha señalado el
ponente, por una gran extensión superficial muy despoblada y la
asignación de recursos prácticamente es escasa. No es ésa la
situación de Canarias. Nosotros tenemos una limitación territorial y
geográfica bien evidente, la carga demográfica es fuerte e importante
y, por lo tanto, estaríamos ante un contrasentido.
El artículo 142 de la Constitución española trata de garantizar la
viabilidad financiera de los ayuntamientos y de fundamentarla en el
esfuerzo fiscal, en los recursos propios (aquí el planteamiento sería
concordante con la propuesta del señor Labordeta), pero también está
el compromiso de la financiación del Estado y de la financiación de
las comunidades autónomas, y hay que demostrar que las comunidades
autónomas, que tienen sus órganos de soberanía de control en los
parlamentos autonómicos, están haciendo la labor correspondiente.
Coalición Canaria, en Canarias, hemos llevado nuestras iniciativas al
Parlamento autónomo de Canarias, con otros grupos, para que
complementara no solamente el esfuerzo financiero y fiscal de cada
ayuntamiento, fundamentalmente por razones demográficas por los
servicios que hay que prestar a esta
población, de hecho o de derecho, por nuestro acentuado carácter
turístico, y la exigencia de servicios de educación, de escuelas, de
abastecimiento público, de recogida de basuras, etcétera, con los
criterios complementarios a los Presupuestos Generales del Estado.
Este debate debe tener su marco adecuado cuando en esta Cámara, en
los próximos meses, debatamos los Presupuestos Generales del Estado;
si no, estaríamos introduciendo una distorsión, legítima desde el
punto de vista del ponente, pero que no estaría en armonía respecto
al principio de solidaridad con los otros municipios españoles. Mi
grupo se reserva una posición más contundente al clarificar este tema
si el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Labordeta, plantea su
consideración en el debate de los Presupuestos Generales del Estado,
en un afán de solidaridad interregional en España. Creemos que no es
el momento procesal oportuno, sino cuando discutamos los Presupuestos
Generales del Estado en esta Cámara. Incito a que el esfuerzo de las
comunidades autónomas lo hagan los parlamentos autonómicos. Incluso
existe ya una sentencia del Tribunal Constitucional, la número 96/
1990, de 24 de mayo, en la que se viene a recordar que el esfuerzo de
cofinanciación, junto con la aportación que pueda obtener un
ayuntamiento, es el esfuerzo compensatorio que tiene que discutirse
vía Presupuestos Generales del Estado y vía presupuestos de la
comunidad autónoma, y es ésta que tiene que dar también una línea
política de solución a estos problemas de financiación municipal.
Por estas razones, señor presidente, mi grupo no puede dar su apoyo a
esta iniciativa en este momento. En el debate de los Presupuestos
Generales del Estado, replantearemos una vez más los criterios de
financiación y discutiremos si siguen primando los criterios
demográficos y el esfuerzo fiscal de los ayuntamientos, que es una
política acertada frente a un fenómeno de extensión territorial, que
se puede dar en algunas comunidades autónomas, como la aragonesa o en
otras comunidades autónomas del territorio peninsular, pero que en
los archipiélagos, concretamente del canario, no se da. Por esta
razón, nosotros pedimos que sigan primando los criterios demográficos
y de cooperación fiscal.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Señor Merino.
El señor MERINO LÓPEZ: Señor presidente, señorías, comparezco en
nombre del Grupo Parlamentario Popular ante la proposición no de ley
del Grupo Mixto, relativa a la creación de un fondo local adicional.
S.S. aborda en esta proposición no de ley una problemática reiterada
por todas las formaciones políticas en los últimos años, cual es la
falta de capacidad financiera de los ayuntamientos.
Si bien es cierto que todos los partidos políticos y grupos
parlamentarios de esta Cámara han tratado esta situación, no es menos
cierto que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular y el
Gobierno de España, presidido por el señor Aznar, han dado muestras
de su ocupación y preocupación por la situación financiera de las
corporaciones locales, no sólo desde el verbo, sino desde la acción
propia de Gobierno, desde la acción parlamentaria y desde la acción
de la presidencia de la Federación Española de Municipios y
Provincias, presidida por doña Rita Barberá, alcaldesa de Valencia,
adoptando medidas que fueran en beneficio de todas y cada una de las
corporaciones locales.
El propio presidente del Gobierno, señor Aznar, sensible a la
problemática y situación de los municipios, en los dos debates de
investidura, abordó la situación municipal y ha adoptado medidas de
Gobierno para corregir parte de los déficit municipales. En el caso
concreto de Aragón, por citar un ejemplo que a usted le afecta,
existen municipios con una población no superior a 5.000 habitantes,
que con la aplicación del nuevo modelo han incrementado su
participación en 1999 respecto a 1998. Le doy unos datos muy
concretos, provincializados: Huesca ha pasado de 1.469 millones
a 1.597, un 8,68 por ciento; Teruel, de 1.352 a 1.472, un 8,90 por
ciento; y Zaragoza, de 2.509 a 2.673, un 6,52. Asimismo, otro logro
importante del Gobierno del presidente Aznar, en colaboración con la
Federación Española de Municipios y Provincias, ha sido la
consecución del ansiado pacto local por parte de todos los
ayuntamientos de España; y en esta legislatura, con la iniciativa del
ministro de Administraciones Públicas, señor Posada, el comienzo del
segundo pacto local, continuación del gran pacto local, relativo a
comunidades autónomas, ayuntamientos y partidos políticos, puesto en
marcha justo al iniciarse esta legislatura.
Estas consideraciones vienen a demostrar, señoría, el espíritu
municipalista del Partido Popular, del Gobierno de España y del grupo
parlamentario que sustenta al Gobierno y al que hoy me honro en
representar. Me veo obligado a entrar en una consideración
técnicojurídica a su proposición, por la trascendencia que puede
tener para el Gobierno de España. Permítame que antes de entrar en
esa consideración técnico-jurídica hable de agresión, porque en este
hemiciclo hoy se ha hablado de agresión del Gobierno de España.
Quiero decirle al portavoz socialista que agredir a los municipios es
no pagarle miles de millones de pesetas y provocar que haya
ayuntamientos que tengan que pedir préstamos puente mientras la
comunidad autónoma no envía el dinero que le corresponde. Eso lo está
haciendo en Andalucía el señor Chaves, que es el presidente de la
Junta y el presidente del Partido Socialista. Eso es agredir a los
ayuntamientos, señor Rodríguez Bolaños.
Con respecto a la consideración técnico-jurídica, señor Labordeta,
quiero decirle que el artículo 116 de la Ley 39/1988, de haciendas
locales, en el que se fundamenta la creación del fondo adicional que
se propone,
dice lo siguiente: Cuando un municipio con la utilización de las
normas financieras reguladas en esta ley no pudiera prestar
adecuadamente los servicios públicos municipales obligatorios, los
Presupuestos Generales del Estado podrán establecer, con
especificación de su destino y distribución, una asignación
complementaria cuya finalidad será la de cubrir insuficiencias
financieras manifiestas. Si se examina con atención este precepto,
tanto en su colocación sistemática, justamente al final del régimen
fiscal y financiero municipal integrado por los propios tributos de
los municipios y por la participación de estos en los tributos del
Estado, como en su literalidad, de inmediato se advierte cuál es el
sentido y finalidad de este artículo en el contexto de la Ley de
haciendas locales. Es claro y evidente y no cabe albergar duda alguna
al respecto. La razón determinante del precepto en cuestión no es
otra que la de garantizar el principio de suficiencia financiera de
las haciendas locales consagrado por el artículo 142 de nuestra
Constitución.
En efecto, al disponer este precepto constitucional que las haciendas
locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño
de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas
y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación
en los del Estado y los de las comunidades autónomas, el principio de
suficiencia financiera de las haciendas locales se muestra como
garantía y mandato constitucional, pues este principio configura la
vía que permite posibilitar y garantizar, en definitiva, el ejercicio
de la autonomía local constitucionalmente reconocida, como bien se ha
citado anteriormente por la sentencia 96/1999.
Por otra parte, como bien se conoce, el régimen local sin perjuicio
de lo dispuesto en los artículos 140 y 141 de nuestra Constitución,
es de configuración legal o lo que es lo mismo, que corresponde a la
ley a la que se refiere la determinación de los aspectos sustantivos
de dicho régimen, entre ellos el de las funciones y servicios que las
corporaciones locales están llamadas a cumplir. En ese sentido, son
igualmente conocidas las determinaciones ya mencionadas del artículo
26 de la Ley 7/1985, reguladora de la Ley de Bases del Régimen Local,
por virtud de las cuales todos los municipios que se encuentran
comprendidos dentro de cada uno de los tramos o niveles demográficos
que el artículo fija, deben correlativamente prestar los servicios
que el propio artículo relaciona. Son los que en nuestra tradición
jurídica local han sido calificados como servicios u obligaciones
mínimas municipales.
Pues bien, con lo que antecede, el sentido y finalidad del artículo
116 de la Ley de haciendas locales se revelan con toda claridad. Se
trata manifiestamente de un precepto de cierre de todo el sistema de
financiación municipal de cuya exégesis se infiere que es la
existencia de municipios a título nominal, individual o singular,
esto es, municipio a municipio, en los que se pruebela imposibilidad
de atender a sus obligaciones o
servicios mínimos, de acuerdo con el artículo 26 de la Ley 7/1985,
por manifiesta insuficiencia de recursos financieros, el supuesto de
hecho necesario y determinante de la aplicabilidad del artículo; que
el precepto, en consecuencia, no autoriza ni ampara una pretensión
como la que es objeto de la proposición que S.S. nos ha presentado,
en la que aparece como supuesto de hecho para la constitución del
fondo adicional que postula una abstracta y apriorística presunción
de insuficiencia de recursos financieros en función de la extensión
territorial de los términos municipales, de la que, además, se sigue
el reparto o distribución generalizada de la dotación del fondo
propuesto entre todos los municipios de España, en forma directamente
proporcional a la superficie o extensión territorial de sus
respectivos términos.
La conclusión que finalmente cabe extraer parece obvia: la
improcedencia de requerir del Gobierno un acto ejecutivo como la
proposición quiere, en la medida en que ello sería tanto como exigir
de aquél la adopción de un acuerdo que se produciría ultra vires, es
decir, con manifiesta extralimitación de las atribuciones de que el
Gobierno dispone.
Los propios términos con que concluye la parte dispositiva de esta
última ilustran acerca del verdadero encuadre de su objeto, que no es
otro que el que marca el artículo 115 de la Ley de haciendas locales.
Pero, naturalmente, si lo que la proposición considera es que la
extensión territorial del término municipal debe de tener acogida
como criterio en la proporción que a juicio de su promotor proceda
entre los que determina el reparto de la participación municipal en
los tributos del Estado, nada parece oponerse a que el proponente
inste en otra proposición la modificación en tal sentido del artículo
115, pero sin amparar tal pretensión en un precepto como es el 116 de
la misma ley, destinado por el legislador a una finalidad distinta
que además, como se ha visto, cumplimenta un mandato constitucional.
Sin perjuicio de lo anterior no es improcedente añadir que si bien
cabe juzgar de cierta la prevalencia del criterio demográfico en la
distribución anual de la participación de los municipios en los
tributos del Estado, a tenor del artículo 115 de la Ley de haciendas
locales, lo que no deja de resultar lógico y razonable pues son los
ciudadanos en último término los destinatarios de los servicios
municipales, no es menos cierta la previsión en dicho precepto de
otros criterios que tienden a compensar o corregir esa preeminencia
del criterio demográfico. Así sucede con el establecido en el
apartado 1,c) del referido artículo, o en el apartado 1,b) del mismo.
Especial significación tiene para nosotros y para este grupo
parlamentario la vía de participación estatal a la financiación
municipal a través del régimen de asistencia y cooperación económica
provincial a las obras y servicios municipales, el tradicionalmente
denominado sistema de planes provinciales, que ha venido a quedar
reconocido y ratificado por el artículo 36 de la Ley 7/1985.
No cabría considerar, visto lo que antecede en el contexto de toda la
financiación municipal a cargo del Estado, un olvido de los pequeños
municipios rurales o con una menor capacidad económica. Podrá
aducirse una insuficiencia quizá de disponibilidades presupuestarias
dentro de cuyo marco, como la jurisprudencia constitucional ha
reconocido, debe encuadrarse la suficiencia financiera de todas y
cada una de las corporaciones locales, pero ciertamente sin ignorar
las previsiones específicamente destinadas a los referidos
municipios.
Por lo demás -y usted ha hecho referencia a ello-, en lo que toca a
comunidades autónomas, llamadas también por el artículo 142 de la
Constitución a cooperar en la financiación local, he de significar
tan sólo, como señala la exposición de motivos de la proposición, que
los criterios de distribución de las dotaciones que integran los
fondos que libremente establecen las comunidades autónomas -y tenemos
el ejemplo del fondo de solidaridad municipal de la Comunidad de
Madrid- puede ser determinado por ellas mismas y aplicado con los
criterios que en cada momento entiendan bien utilizar.
Para concluir, debo decirle, señoría, que este grupo parlamentario no
puede aprobar y apoyar esta proposición por tres conclusiones
concretas. Primera, que la aplicabilidad del artículo 116 de la Ley
30/1988, reguladora de las haciendas locales, en el que pretende
ampararse la proposición en tanto que expresión del principio de
suficiencia financiera de las haciendas locales, con fundamento, por
tanto, directo e inmediato en el artículo 142 de la Constitución
española, está exclusivamente reservada para los municipios en los
que a título nominal, individual o singular y por manifiesta carencia
de recursos económicos no puedan dar cumplimiento a sus obligaciones
o servicios municipales mínimos. Segundo, que el establecimiento de
un fondo adicional complementario como el que la proposición
pretende, destinado a una distribución generalizada de sus dotaciones
entre todos los municipios españoles en proporción directa a la
extensión territorial de sus términos en ningún caso -en ningún caso,
repito- puede hallar título jurídico habilitante en el referido
precepto de la Ley de haciendas locales, cuya aplicación al presente
caso por el Gobierno, como la proposición insta y requiere, supondría
para éste incurrir en manifiesta ilegalidad por extralimitación.
Tercero, que independientemente de esta última conclusión, que por sí
invalida toda posibilidad de aceptación de la iniciativa, no es
improcedente significar que del examen de las vías de cooperación
estatal a la financiación municipal, sustancialmente constituida por
la participación de los municipios en los tributos del Estado y por
la encauzada a través del sistema de planes provinciales, se advierte
la existencia de previsiones, dentro de las disponibilidades
presupuestarias, específicamente destinadas a facilitar la
financiación de los pequeños municipios y, en general, de los que
mayores dificultades
encuentran en el cumplimiento de sus obligaciones o servicios
mínimos.
Por todo ello, señorías, manifiesto la posición contraria del Grupo
Parlamentario Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Merino.
Tiene la palabra el señor Labordeta, a los efectos de aceptación o
rechazo de enmiendas.
El señor LABORDETASUBÍAS: En principio pensaba aceptar la enmienda
del Grupo Socialista y también el segundo punto de la enmienda del
Grupo de Izquierda Unida, pero después de este chorreo
jurídicoparlamentario que me han dado no sé si salir corriendo
y matricularme en un curso nocturno de derecho. Lo que pedía en el
fondo era, fundamentalmente, unas perricas para los pueblos que se
quedan solos durante el otoño, el invierno y la primavera.
Volviendo a la cuestión, acepto la enmienda planteada por el Grupo
Socialista, añadiendo exactamente el punto segundo de la enmienda de
Izquierda Unida, donde dice: Teniendo en cuenta la realidad plural de
los municipios españoles más débiles, su superficie, sus términos
municipales, diseminación de núcleos urbanos, pedanías, municipios
rurales de escasa población, municipios de montaña, municipios
turísticos, realidad insular de municipios baleares o canarios -con
lo cual el señor Mardones verá que nos acordamos también de ellos-.
Estos serían los términos de la aceptación de las dos enmiendas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Labordeta.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la creación de un fondo local
adicional, junto con las enmiendas aceptadas por el proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 113; en contra, 168; abstenciones, tres.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la
proposición.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA IMPEDIR QUE QUEDEN EXENTAS
PLUSVALÍAS OBTENIDAS POR PARTE
DE CONTRIBUYENTES NACIONALES MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE
PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS NACIONALES POR PARTICIPANTES O
ACCIONES EN EMPRESAS EXTRANJERAS. (Número de expediente 173/000020.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Punto V del orden del día:
Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para impedir que queden exentas plusvalías obtenidas por
parte de contribuyentes nacionales mediante el intercambio de
participaciones o acciones en empresas nacionales por participaciones
o acciones en empresas extranjeras.
Para la defensa de la moción, consecuencia de la interpelación
urgente presentada por su grupo, interviene el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, para presentar la moción subsiguiente a la
interpelación que tuvo lugar la pasada semana en torno a las medidas
que piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden exentas
plusvalías obtenidas por parte de contribuyentes nacionales mediante
el intercambio de participaciones o acciones en empresas nacionales
por participaciones o acciones en empresas extranjeras.
La semana pasada este grupo parlamentario trasladó a la Cámara una
preocupación que no se sentía únicamente en ciertos sectores de la
opinión pública sino que tenía materia para que esta Cámara se
pronunciase sobre ella. Esa preocupación tenía que ver con el Real
Decreto 3/2000, sobre medidas fiscales de estímulo al ahorro y a la
pequeña y mediana empresa. Aquel decreto contemplaba, en lo relativo
a la internacionalización de las empresas españolas, una serie de
medidas que sirvieron para que inmediatamente algunas empresas
interpretasen que tenían en esas medidas una posibilidad de elusión
fiscal, posibilidad de elusión fiscal que no era una cuestión menor
porque la cantidad oscilaba entre 600.000 y 800.000 millones de
pesetas de elusión fiscal a la Hacienda pública española y, por
tanto, bien merecía la pena que fuese tratada en esta Cámara.
Señorías, del debate que tuvimos la semana pasada se puede concluir
que el Gobierno de palabra, que el Gobierno por lo que ha dicho ante
esta Cámara estaba convencido de que el real decreto no era motivo ni
razón para esa elusión fiscal. Y en palabras de otros portavoces, en
este caso concreto del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió), además de que no era motivo de preocupación, existían
mecanismos en la Hacienda pública, en la inspección, para perseguir a
cualquiera que intentase, al socaire de ese real decreto, llevar a
cabo cualquier medida de ingeniería fiscal, así
lo podríamos llamar. Pues bien, no nos quedamos tranquilos con esas
explicaciones por parte del Gobierno y de los grupos parlamentarios
que apoyan al Gobierno en esta materia. Y no nos quedamos tranquilos,
mejor dicho nos quedamos muy intranquilos, cuando al final del debate
es el propio Grupo Parlamentario Popular el que dice que aparte de
que el real decreto no permite esa interpretación para eludir la
fiscalidad de las plusvalías por cantidades tan importantes como
600.000 ú 800.000 millones de pesetas, y aparte de que está de
acuerdo con otro portavoz en que existen mecanismos para la
persecución de esa ingeniería fiscal, va a realizar una enmienda,
parece ser que al Real Decreto 3/2000, para que si hay alguna mala
interpretación o si hay alguna malévola intención por parte de los
asesores fiscales, se les quite de la cabeza esa interpretación o esa
malévola intención y finalmente se cierre el corpus de la ley o del
real decreto de manera que nadie pueda interpretar que hay una vía de
elusión fiscal.
Señorías, este anuncio de enmienda no es ni más ni menos para el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que una asunción de la
debilidad del real decreto. O bien el real decreto es interpretable o
bien el real decreto es una vía para que algunas empresas puedan
realizar, o al menos intentar, una elusión de la fiscalidad. En ese
sentido, no nos dejó tranquilos el debate que tuvimos la semana
pasada y el anuncio de enmienda nos ha vuelto a intranquilizar en
relación con las características del decreto. Sin embargo, ese
anuncio, que nos intranquilizaen cuanto a las características del
real decreto, significa una corrección del error por parte del Grupo
Parlamentario Popular, por parte del Gobierno y por parte de quienes
apoyan al Gobierno. En ese sentido, consideramos ya cumplida una
parte de los objetivos de nuestra iniciativa, que no era otra cosa
que trasladar la preocupación a esta Cámara y que el grupo
parlamentario que tiene como cometido el apoyo al Gobierno asumiese
que hay un problema y que es necesario solucionarlo. El grupo
parlamentario parece que va a realizar una enmienda y que va a
intentar modificar el real decreto para que no haya ningún tipo de
interpretación. Me quedo únicamente en que puede haber
interpretaciones. Señorías, lo que ocurre es que no sabemos muy bien
si lo que anuncian ahora el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), después de las últimas
noticias, es la modificación del real decreto o si se mantienen en
aquello de sostenella y no enmendalla y lo que hagan sea una
modificación a través de la ley de acompañamiento de los
presupuestos.
En todo caso nos parece que es un reconocimiento y un intento de
subsanar el error. Pensamos que lo mejor es modificar los aspectos
del real decreto que han dado lugar a la mala interpretación y no
hacer de nuevo una medida ex profeso en la ley de acompañamiento que
no creemos que palie las debilidades del real decreto. Además, no ha
sido solamente el Grupo Parlamentario Popular el que se ha dado
cuenta de que se había cometido
un error o que daba lugar a malas interpretaciones sino que
parece ser que los propios accionistas se están dando cuenta de que
el anuncio de modificación del decreto o de la ley de acompañamiento
va a reducir sus expectativas de elusión de las plusvalías. Ya
sabemos que las empresas que tenían la intención de eludir
plusvalías, que habían hecho un informe sobre ello y que habían
revalorizado sus acciones con motivo de esa posibilidad, ahora, con
el anuncio del Grupo Parlamentario Popular y de Convergència i Unió
de que se va a presentar una enmienda, en estos momentos ven rebajada
su valoración bursátil, en concreto la de la empresa Acciona, en más
de un 4 por ciento, con lo cual se demuestra que si antes se
incrementaba el valor cuando se veía la posibilidad de la elusión
fiscal, ahora, con el anuncio de la enmienda, se rebaja la valoración
bursátil. Por tanto, no creemos que se necesiten otras demostraciones
para reafirmar que al menos la ley es interpretable y, por tanto,
debería modificarse.
En la moción subsiguiente que presentamos lo que pretendemos son tres
cuestiones muy concretas. En primer lugar que el Gobierno impida que
queden exentas las plusvalías que se obtengan por las transmisiones
realizadas en cualquier forma de participaciones, propiedad de
personas físicas, empresas u otras entidades nacionales,
independientemente de que estas participaciones sean de empresas
radicadas en nuestro territorio o de si son empresas u entidades no
residentes en España; es decir, subsanar el error o la mala
interpretación a que pueda dar lugar el Real Decreto 3/2000 en esta
materia concreta. En segundo lugar nosotros consideramos que sigue
habiendo un vacío, en este caso no legal sino temporal, que es el que
tiene lugar desde la vigencia del Real Decreto de 23 de junio hasta
el momento de la aprobación de la ley que hoy está en tramitación en
el Congreso de los Diputados. Probablemente haya ahí unos cinco o
seis meses de vacío temporal, que nosotros creemos que no se cubren
únicamente por el hecho de que se modifique el proyecto de ley en
marcha o la ley de acompañamiento. Por lo tanto, proponemos, como
ocurrió en el caso de las stock options, que las medidas se adopten
desde el 1 de enero del año 2000. Por último, a pesar de que hay
grupos parlamentarios de esta Cámara que consideran que la Hacienda
pública y la inspección tienen mecanismos suficientes para perseguir
cualquier intento de elusión fiscal o de ingeniería fiscal en esta
materia, proponemos que el Ministerio de Hacienda en su momento abra
expediente en el supuesto de transmisión de participaciones de
empresas radicadas en nuestro territorio o de empresas u entidades no
residentes en España, propiedad de personas físicas, empresas u otras
entidades nacionales siempre y cuando, transcurridos los plazos
legales correspondientes, no se haya hecho frente a las obligaciones
fiscales pertinentes o se intuya una posible planificación de elusión
fiscal.
Estas son las propuestas que presenta el Grupo ParlamentarioFederal
de Izquierda Unida para superar lo
que el Gobierno considera únicamente un malentendido, aunque nosotros
pensamos que es algo más y que ha estado a punto de costarle y
todavía puede costarle muy caro a la Hacienda pública española. Por
lo tanto, queremos cerrar todas las posibilidades de esas malas
interpretaciones, de esas interpretaciones malévolas de ingenios
fiscales que creemos que son negativas para la Hacienda pública y
facilitarle la labor al Gobierno y al grupo parlamentario que le
apoya.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Grupos que deseen fijar su
posición? (Pausa.)
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, simplemente quiero ratificar la opinión
de mi grupo parlamentario expresada la semana anterior y recordarla
para que no sea mal interpretada.
En términos políticos la posición de mi grupo parlamentario versa
sobre si las dos normas jurídicas aprobadas en su momento por esta
Cámara son o no correctas, son o no satisfactorias y homologables en
términos de derecho comparado. En primer lugar lo que dijo mi grupo
parlamentario la pasada semana es que la normativa sobre el canje de
valores, que, a juicio de algún otro grupo parlamentario como el de
Izquierda Unida legítimamente considera que abre puertas al fraude,
es una normativa que España aprobó en el año 1995, heredando una ley
del año 1991, reflejo de la Directiva 90/434 de la Unión Europea.
Esto por un lado.
En cuanto a la segunda parte, el real decreto-ley, que ha sido objeto
de distintas críticas, tengo que decir que, según comentábamos en la
convalidación, la normativa que se aprobó con este real decreto-ley
otros países de la Unión Europea la tienen establecida; es decir, que
en un entorno cada vez más abierto resulta difícil poner puertas al
campo. Por tanto, las dos normas jurídicas son correctas. Y ratifico
la opinión de mi grupo respecto a lo que se expuso la semana
anterior: la Agencia Tributaria tiene los medios correctos para
atajar estas operaciones. Señor Llamazares, usted lo dice en el
último punto, cuando se refiere al Ministerio de Hacienda; en este
caso, el Ministerio de Hacienda es la Agencia Tributaria, los órganos
técnicos y no los órganos políticos. ¿Tienen instrumentos? Sí, lo
dice el artículo 110 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, que
dice: cuando estas operaciones -reguladas de igual forma en toda la
Unión Europea- se establezcan con ánimo de elusión fiscal,
inaplíquese el régimen de diferimiento y, por tanto, tribútese.
Respecto al último punto, no entiendo alguna disparidad que ha
planteado el señor Llamazares sobre la posición de mi grupo
parlamentario, pero me ratifico en lo dicho la semana anterior: las
normas jurídicas dictadas son correctas, aprobadas por este
Parlamento, lo
que no obsta para que sean matizables o mejorables en algún punto. En
ocasiones, son mejoras que realmente se podrían expresar en términos
porcentuales, ligeras mejoras, porque, vuelvo a decir lo mismo, la
normativa hoy vigente nos ofrece mecanismos para reaccionar contra
los fraudes. Pese a ello, si se puede mejorar de alguna manera,
bienvenida sea la mejora y mi grupo parlamentario estará dispuesto a
estudiarla y, en su caso, a votar a favor.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, cuando se acerca uno al proceso político de la
tributación, suele haber tres protagonistas: los contribuyentes, la
Administración Tributaria y el Parlamento. Los contribuyentes son los
que reclaman y exigen de los poderes públicos la equidad; sostienen
que habiendo personas en distinta situación, hay que aplicarles una
legislación que contemple esta pluralidad de situaciones.
La Administración, que es otro de los protagonistas, tiene un papel
muy importante, como el señor Padrol ha dicho. Debe tener muchos
medios y el respeto del conjunto de los ciudadanos, pero también
sabemos que hay contribuyentes que buscan en esa Administración un
favor especial e incluso la salvación o una interpretación particular
del interés general. Yo creo que es mucho decir que la Administración
es neutral; creo más en la postura de Laski, que decía que era bueno
tener el experto a mano, pero no tenerlo encima, es decir, que hay un
principio en virtud del cual es posible que los poderes
administrativos estén relativamente vinculados a las circunstancias
políticas existentes en cada momento.
En relación con el Parlamento, he de decir que debería formar parte
de los grupos mejor informados a la hora de establecer la legislación
tributaria y que, desde luego, no me parece normal que se voten
disposiciones sin tener un conocimiento cabal de las circunstancias
que hay detrás de las mismas. Dicho esto, tengo que manifestar que
hoy discutimos una moción, consecuencia de una interpelación, porque
en España, aquí y ahora, se ha invertido el proceso político de la
tributación. El Gobierno no ha tenido en cuenta el interés general y
el Parlamento no ha sido informado de un asunto relevante ni de las
consecuencias económicas y políticas que se derivan de ese asunto
relevante. No estamos, pues, entre los bien informados. Nos hemos
enterado después, a través de los periódicos, y además, seamos
sinceros, en esta ocasión nadie puede decir que hemos construido una
laguna tributaria. En esta ocasión, lo que hemos hecho,
fundamentalmente, lo que ha hecho el Partido Popular y el Gobierno ha
sido construir una pista de aterrizaje a la cual se dirige una masa
importante de bases imponibles con el propósito de
moverse libre de impuestos. Y yo me pregunto: si ni los
contribuyentes, ni la Administración, ni el Parlamento han sido los
protagonistas de este proceso político de la tributación, ¿quiénes
han sido los protagonistas? Y he de decirlo claramente: los
protagonistas son los grupos de presión bien organizados y el
Gobierno del Partido Popular. Esos son los protagonistas del proceso
político de tributación que se concreta en la iniciativa que pretende
llevar a cabo el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida.
Hoy sabemos a qué instrumentos han recurrido: a un decreto ley. Hoy
sabemos la cuantía del perjuicio que se crea al erario público: medio
billón de pesetas. Hoy sabemos que han metido la pata, pero sabemos
que el propósito de ustedes es que eso no ocurra, y pronuncian
palabras en el sentido de que van a corregir esta situación. Pero yo
me sigo preguntando, señorías, quién ha sido el que ha metido la
pata, quién ha sido el que ha creado esa confusión jurídica entre
unas plusvalías que gozaban de diferimiento, para hacerlas caminar
hacia fuera de España, acogiéndose a una legislación de entidades
tenedoras de valores extranjeros. No todos los miembros del Gobierno
tienen esa posibilidad; no todos los miembros del Gobierno tienen la
capacidad de hacer esas normas jurídicas y de llevarlas al Boletín
Oficial del Estado.
Estoy seguro de que el señor Matas, que hoy no nos acompaña, tiene
otras preocupaciones y que el señor ministro del Interior tampoco
tiene acceso a esa situación. Sabemos que el señor Montoro, por donde
quiera que va, va diciendo: No he sido, no he sido, y le ha encargado
a algún que otro parlamentario del Grupo Popular que corrija esta
situación. De las aficiones del señor Rajoy no les voy a hablar
porque de todos son conocidas. Quedan pocos, por lo tanto, pero
algunos son; algunos miembros de este Gobierno han hecho del interés
general, del interés público un cántaro vacío.
Si el año pasado, en esta Cámara, nosotros pudimos decir que en la
mesa del Consejo de Ministros había un defraudador tributario,
lamentamos tener que decir que hoy en la mesa del Consejo de
Ministros hay un ministro con poder para llegar al BOE que ampara,
que ordena y que dirige los intereses de importantes grupos
empresariales favoreciéndoles fiscalmente. Lamento tener que decir,
como contribuyente, como español, como diputado, que creo
honestamente que en el Gobierno de Aznar hay al menos un lobista. Y
porque creo que a ese hay que cerrarle el paso, por eso nosotros
vamos a votar a favor de la moción que ha presentado el Grupo de
Izquierda Unida y, desde luego, en la próxima semana daremos a
conocer las enmiendas que nosotros presentamos al decreto-ley en
cuestión.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor
Fernández Marugán.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos debatiendo hoy una moción que parte de una
interpelación que sabemos que fue presentada por el Grupo de
Izquierda Unida, por el señor Llamazares, porque tenía una
preocupación que hoy dice que sigue manteniendo, y es si puede haber
unos señores que, en una operación de canje de acciones, van a verse
exentos del pago de unas plusvalías. Señor Llamazares, usted persiste
en la preocupación y persiste en no leerse los artículos de la ley.
Es una preocupación que nadie le puede arreglar porque no quiere ser
usted ilustrado; sigue sin leerse ningún artículo de la ley.
El señor Fernández Marugán, que es conocedor de estas materias, se
sube a esta tribuna, calumnia al Gobierno (Protestas.) y encima sigue
sin leerse ningún artículo de la ley. Y no sólo no se lee los
artículos de la ley, lo cual no es preocupante. Lo que dice es que no
se ha leído el real decreto-ley, porque no lo conocía cuando su grupo
votó en junio. Creo que es obligación del Grupo Parlamentario
Socialista y es obligación de los diputados que cuando el Gobierno
trae una iniciativa legislativa se la lean y la estudien (Varios
señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), formen
opinión y se lean todos los artículos y las leyes que le dan
cobertura. Si no hacen ustedes el esfuerzo de estudiar; si no hacen
el esfuerzo de leerse los artículos (Rumores.) pueden ustedes
persistir en su preocupación de forma indefinida. Pero yo creo que
sería mejor para los ciudadanos que hoy nos dedicáramos de verdad a
construir algo positivo. (Varios señores diputados: ¡Eso!.- Un señor
diputado: ¡Y no a criticar!) Para construir hay que estudiarse los
artículos de esta ley. (Protestas.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor, guarden
silencio.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Y la pregunta clave que hay que
hacerse aquí es: ¿Quedan desfiscalizadas plusvalías de entidades
residentes si se establece un canje de acciones con entidades no
residentes? Y la respuesta, señor Llamazares -me imagino que usted se
habrá leído el real decreto-ley-, es no. (Protestas.) La respuesta es
no. Y hay que leerse el artículo 119 del impuesto de sociedades, que
regula lo que es una entidad de tenencia de valores. Y hay que leerse
bien esos artículos cuando dicen y señalan claramente que para tener
derecho a la exención hay que cumplir las condiciones que establece
el artículo 20 bis del impuesto de sociedades. Es muy fácil subir a
esta tribuna a hacer un canto demagógico sin leerse ese artículo, que
dice con claridad -le recomiendo su lectura para no seguir trabajando
en baldío- que no quedan exentas esas plusvalías.
Pero hoy, además, nos traen una moción que en algún punto no tiene
nada que ver con la interpelación. (Rumores.) En el primer punto,
señor Llamazares, nos
piden que eliminemos el régimen fiscal de las entidades de tenencia
de valores extranjeros para las empresas residentes. ¿Nos está
diciendo usted en esta Cámara que eliminemos un sistema fiscal que
posibilita que las empresas españolas compitan en igualdad de
condiciones que las empresas establecidas en esos países? ¿Nos está
diciendo usted con este punto, señor Llamazares -léaselo bien porque
eso es lo que le han puesto sus asesores-, que hagamos un sistema
fiscal por el cual las empresas españolas que se establecen en
Alemania, en Francia, en el Reino Unido tengan unas condiciones para
competir en esos mercados peores que las entidades residentes de esos
países? Así no hay quien internacionalice la estructura productiva
española. Nuestro esfuerzo, señor Llamazares, es internacionalizar la
economía española. ¿Para qué? Para crear empleo.
Hoy hemos conocido que el Grupo Parlamentario Socialista dice que los
Presupuestos Generales del Estado del 2001 cuadran porque en España
se crea empleo. (Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se perciben.) Sí, efectivamente. En España se crea empleo con las
políticas que se están haciendo desde el Partido Popular, con las
políticas del Gobierno. Esta medida de facilitar la
internacionalización de las empresas españolas tiende a mejorar su
competitividad en esos mercados. Por eso no podemos aprobar ese
primer punto de la moción que pide revocar el artículo 129 y las
condiciones establecidas para que las empresas españolas actúen en
igualdad de condiciones.
En el punto segundo nos dicen que a lo mejor plantean una enmienda
para que entre en vigor el 1 de enero de 2000; y además esta demanda
se la hacen al Gobierno. Señor Llamazares, yo dije que mi grupo, el
Grupo Parlamentario Popular, quería presentar una enmienda
aclaratoria y lo va a hacer. Dije bien claro que íbamos a presentar
una enmienda aclaratoria para que, cuando tenga lugar una operación
de canje de acciones de una empresa residente con una entidad no
residente, las plusvalías generadas en España tributen al tipo que
está establecido en territorio español: el 35 por ciento para
sociedades y el 18 por ciento para personas físicas, y las plusvalías
generadas en territorio no español tengan el régimen que establece el
impuesto sobre sociedades, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre
Sociedades del año 1995.
La enmienda es aclaratoria y usted no debe preocuparse, señor
Llamazares. No le diga al Gobierno cuándo tiene que entrar en vigor,
porque esta Cámara la debatirá en su momento y yo espero contar con
su voto favorable. No le diga nada al Gobierno, porque nosotros en la
Comisión y con respecto a esta Cámara diremos cuándo esa enmienda se
debe aprobar y cuándo debe entrar en vigor, que, por cierto, será en
el real decreto-ley, que es el que lo regula, estando abierto el
plazo de enmiendas hasta el día 28 y el día 4 se reúne la ponencia.
Déjeme decirle además, señor Llamazares, que esta enmienda que
nosotros vamos a presentar no es el reconocimiento de ningún error.
Esta enmienda responde a que un cierto medio de comunicación sacó una
noticia, aunque yo creo que S.S. le da más crédito a lo que publica
el Boletín Oficial del Estado y a lo que figura en el texto
legislativo que a lo que divulga un cierto medio de comunicación. Lo
que deben hacer las señoras y señores diputados es leerse la ley
cuando quieren realizar una iniciativa parlamentaria por un texto
aparecido en un medio de comunicación. Esa enmienda que nosotros
vamos a presentar, que no es el reconocimiento de ningún error, no
dice que vayamos a corregir el sistema, ya que nos parece un sistema
adecuado para que las empresas españolas compitan fuera y para que
España sea además un país de matrices y no de filiales.
En el tercer punto, señor Llamazares, usted dice que el Ministerio de
Hacienda emplee otro instrumento distinto de los ya establecidos, que
son los que tiene la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Señor Llamazares, el tercer punto de la moción no tiene desperdicio,
es el invento de un nuevo procedimiento administrativo. Lo que tiene
que hacer la Agencia es actuar, y yo estoy seguro que la misma tiene
funcionarios competentes que actúan y realizan su trabajo con
solvencia. Desde luego, mi grupo parlamentario así lo cree y así lo
entiende, porque en España en los últimos años se ha hecho una eficaz
labor para el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y a los
datos me remito. Durante los últimos años en España el cumplimiento
de las obligaciones tributarias por el impuesto sobre el valor
añadido está siendo muy superior a lo que indicaría el crecimiento
económico o el consumo, y eso significa que hay un mejor cumplimiento
de las obligaciones tributarias. En España se está haciendo una
excelente labor en relación con el cumplimiento de las obligaciones
con la Seguridad Social y esos, señor Llamazares, son los datos. El
IVA está creciendo casi al 16 por ciento cuando el crecimiento de la
economía es de un seis o un ocho. Esto significa que hay un mejor
cumplimiento de las obligaciones tributarias y, si no lo entiende,
estúdieselo. (Rumores.) Desde luego mi grupo va a seguir trabajando
para que haya regímenes fiscales que de verdad contribuyan al
crecimiento y a la creación de empleo. En eso estamos empeñados y en
eso comprometemos nuestros esfuerzos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez-
Pujalte.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, sobre medidas que piensa adoptar el Gobierno para impedir que
queden exentas plusvalías obtenidas por parte de contribuyentes
nacionales, mediante el intercambio de participaciones o acciones en
empresas nacionales por participaciones o acciones en empresas
extranjeras.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
284; a favor, 113; en contra, 170; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAASIGNACIÓN DE LICENCIAS
DE TELEFONÍAMÓVILDE TERCERAGENERACIÓN. (Número de expediente 173/
000021.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Moción del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre la asignación de licencias de telefonía móvil de
tercera generación.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Señor presidente, señorías, subo a esta
tribuna para presentar en nombre del Grupo Parlamentario Socialista
la moción consecuencia de la interpelación que se vio el miércoles
pasado en relación con el concurso para conceder las licencias de la
llamada telefonía de tercera generación o UMTS.
Quiero comenzar por expresar ante ustedes que me siento especialmente
motivado a la hora de subir a esta tribuna. Es más, cuando les
explique las razones por las que estoy especialmente motivado, estoy
convencido de que ustedes compartirán conmigo esto que podríamos
llamar euforia parlamentaria y que, por decirlo rápidamente, es la
sensación que uno tiene cuando forma parte de una institución, en
este caso el Parlamento, que discute los problemas que hay en la
calle, los problemas que tienen los ciudadanos, que debate en
profundidad con el Gobierno y el grupo parlamentario sus problemas,
que busca los consensos, también los disensos y que, finalmente,
aprueba cosas que tienen utilidad práctica para la vida de la gente.
Pensarán ustedes que todo esto viene a cuento del debate que tuvimos
aquí la semana pasada y que hoy tiene una continuación parlamentaria,
que es justamente la discusión de la moción. Interpelábamos al
Gobierno el miércoles pasado sobre las razones por las cuales se
había convocado a toda prisa un concurso para dar licencias de
telefonía de tercera generación. Le preguntábamos también al Gobierno
por qué había dado las licencias a aquellos operadores que las habían
obtenido, cuáles eran las condiciones en las que esas licencias se
habían otorgado, es decir, qué inversión comprometían los operadores,
en qué tiempo iba a llegar la telefonía móvil de tercera generación a
todos los españoles, qué puestos de trabajo se iban a crear y
condiciones en las cuales los operadores habían comprometido
esas licencias. Finalmente, y puesto que se había producido un
gigantesco escándalo en nuestro país en relación con lo que se había
pagado en otros países por las mismas licencias -ocho billones en
Alemania, 80.000 millones de pesetas en España-, le preguntábamos al
Gobierno qué iba a hacer para resolver esto.
Ese era el contenido de la interpelación y fue la ministra de Ciencia
y Tecnología quien contestó. La verdad es que, visto lo visto y lo
que ha pasado después, podía haber venido perfectamente el ministro
de la Presidencia a leernos un documento, después sentarse y aquí paz
y después gloria, porque la ministra no dijo absolutamente nada de
aquello por lo que le estábamos preguntando. El concurso había sido
fantástico, la transparencia había sido total, España iba a entrar
como un cañón en la sociedad de la información; en definitiva, el
mejor de los mundos posibles. Claro, después llega la realidad de lo
que pasa en esta semana y nos encontramos con que las cosas son un
poquito distintas. Cuando a la ministra le preguntábamos: ¿Qué va a
hacer usted? La ministra nada de nada, como la canción. Ella decía:
no voy a hacer nada. Y resulta que esta semana han pasado algunas
cosas. Por ejemplo, el viernes el Consejo de Ministros ha aprobado
una tasa sobre el uso del espacio radioeléctrico, mejor dicho ha
aprobado subir drásticamente una tasa que pagaban hasta ahora todos
los operadores que utilizan el espacio radioeléctrico, especialmente
en este sector, en el de las UMTS, para que las operadoras que habían
accedido a una licencia en el concurso de marzo tengan que pagar
25.000 millones de pesetas al año por esas licencias.
Nada que objetar al uso de la tasa. Es más, el Grupo Parlamentario
Socialista propuso ésa como una de las posibilidades para arreglar el
entuerto que el Gobierno había provocado con su concurso convocado
deprisa y corriendo. Mucho que objetar a la cantidad -de eso hablaré
luego- que es claramente pequeñísima para lo que cabía esperar. Sin
embargo, lo que quiero decir al principio de esta presentación de la
moción es que lo que objeto son las formas parlamentarias de la
ministra, que viene aquí el miércoles a hablar de este tema, no dice
absolutamente nada y el viernes -seguramente porque el miércoles la
convencimos tanto que se pasó dos días pensando sin parar- se aprobó
en el Consejo de Ministros una modificación radical de algo tan
importante como es la tasa que pagan los operadores por usar el
espacio radioeléctrico. ¿Cómo lo llamarían ustedes, señorías?
¿Cortesía parlamentaria? ¿Les parece que acordemos que la ministra
tuvo una cortesía parlamentaria notable con el primer partido de la
oposición y con otros grupos de la Cámara que hablaron en esa
interpelación? Yo lo llamo rectificación, y ya sé que al Gobierno le
gusta mucho. Un editorial de un importante medio de comunicación
económico titulaba -me parece que esta mañana o ayer-: Abocados a
subsanar la equivocación, cuando hablaba de las tasas de laUMTS. Pero
también tengo que decirles que al Grupo
Parlamentario Socialista le da igual que el Gobierno diga aquí que se
ha equivocado o no. Lo que ya no nos gusta tanto es que discutamos
aquí, en el Parlamento, de algo de lo que no se nos informa y que dos
días después reciba la aprobación de un Consejo de Ministros. Eso nos
gusta menos, pero no por nosotros sino por la dignidad de esta Cámara
que se supone que a todos debería importarnos mucho.
No acaba ahí el asunto, porque hoy leemos en la prensa que el
Gobierno va a convocar dos licencias nuevas de UMTS. Nada que
objetar, señorías, porque también esa fue una de las fórmulas que el
Grupo Parlamentario Socialista adelantó en el debate del miércoles
pasado para arreglar este fantástico entuerto en el que ustedes nos
han metido. Sólo ponemos una pega, que lo anunció la ministra de
Ciencia y Tecnología, cómo no, esta vez no en el Consejo de Ministros
sino en un acto del Partido Popular, creo que sobre empleo. Aquí
estuvo la ministra el miércoles pasado y no tuvo a bien decir
absolutamente nada cuando el Grupo Parlamentario Socialista le
preguntó: ¿Qué va a hacer usted, señora ministra, qué van a hacer
ustedes, señores del Gobierno, para arreglar este lío en el que
estamos metidos? Es más, cuando le dijimos que teníamos una
propuesta: aumente usted la competencia, nos dio la callada por
respuesta. Esta vez no contestó en el Consejo de Ministros, contestó
en un acto del Partido Popular. Y nos parece una vez más, como poco,
por calificarlo suavemente, una gigantesca descortesía parlamentaria.
Para el Grupo Parlamentario Socialista es una burla que hablemos
todos, continuamente, de que el Parlamento debe ser el centro de la
vida política, que tratemos de darle vigor a nuestros debates y que
luego el Gobierno, sistemáticamente, trate de que en el Parlamento no
se debata de nada de aquello que le va mal debatir. Y que luego
adopte las decisiones fuera del Parlamento, que las anuncie en actos
partidarios porque, señorías, ¿qué creen que tienen que hacer los
socialistas para discutir este tema con el Gobierno? ¿Les parece bien
que nos presentemos en la rueda de prensa del Consejo de Ministros el
viernes y discutamos con el ministro Portavoz, o que vayamos a los
actos del Partido Popular para levantar la voz y decir: por ahí no?
(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.)
Aprenderíamos mucho, lo sé. Porque aquí parece que de eso no se puede
hablar.
Y les voy a decir una cosa más. La ministra dijo el otro día aquí que
nos había mandado una documentación que habíamos pedido hace tres
meses del concurso del que venimos hablando. Reconozco que corrimos
alborozados a la Secretaría de la Cámara, pedimos la documentación,
pensando que por fin conseguiríamos saber lo que había pasado; nos
han dado mucha documentación, mucho expediente administrativo, pero
nada de aquello por lo que preguntábamos, nada.
En resumen, hoy seguimos sin saber por qué se concedió la licencia a
quien se le concedió, cuáles son las características de los contratos
que han firmado, en
definitiva, cuándo se va a implantar la UMTS en España, de acuerdo
con esos contratos que se supone que se van a cumplir, cuánto van a
gastar las operadoras, cuánto empleo, cuánta I+D, esos datos que, por
cierto, la ministra manejó con soltura en una interpelación aquí la
semana pasada y que nosotros no podemos contrastar porque no los
tenemos. La pregunta es: ¿Por qué se ríe el Gobierno del Grupo
Parlamentario Socialista? ¿Por qué no manda los datos que le pedimos?
¿Por qué tenemos que decirle hoy a una ministra ausente: Señora
ministra, usted nos dijo que había mandado una cosa que no ha
enviado. Todo ello, señores parlamentarios, hace que mi ánimo esta
tarde sea, como les decía, entusiasta. Este es un parlamento que el
Gobierno está progresivamente descafeinando. No vale, créanme, que
discutamos en reuniones interminables sobre los reglamentos y los
artículos porque, si el Gobierno de España no quiere que se debata de
política en el Parlamento, estaremos como hoy, con un Gobierno
ausente que vino aquí el miércoles pasado sencillamente a pasar la
tarde y a mirarnos con cara enfurruñada cuando criticábamos una
decisión que, a todas luces, ha sido injusta y equivocada.
A pesar de todo, traemos una moción aquí. Vamos a seguir
intentándolo, vamos a hablar de la moción, no sin antes decir que
esta forma de decidir las cosas sigue siendo completamente falta de
transparencia, porque no sabemos por qué hay dos licencias más, no
sabemos por qué 25.000 millones de pesetas, nadie sabe nada. Ya les
adelanto que, para el Grupo Parlamentario Socialista, 25.000 millones
de pesetas es muy poco. Fíjense, señorías, es menos de lo que va a
pagar Telefónica por los intereses del préstamo que ha pedido para
conseguir la licencia en Alemania, menos que eso. Es tan poco que hoy
un periódico en España dice que Telefónica subió ayer un 3 por ciento
porque los mercados valoraron muy positivamente que la tasa que había
impuesto el Gobierno era muy baja. En definitiva, las expectativas de
beneficio de Telefónica son tan impresionantes al ser la tasa tan
pequeña que Telefónica ha subido un 3 por ciento. Eso lo dicen los
mercados, que a algunos señores del Gobierno les parecen los mejores
augures en esta materia. Nosotros, con los mercados, señores del
Grupo Popular, entre 2 y 3 billones de pesetas -ahora, no en cómodos
plazos-; ese es el dinero que las operadoras tienen que pagar a las
arcas de todos por el uso de un espacio, el radioeléctrico, que es de
todos, y sobre eso va nuestra moción.
Primero, pretendemos que haya transparencia, pretendemos que el
Gobierno nos informe, en el plazo de quince días, de algo que no nos
vamos a cansar de reclamar en esta Cámara, porque es nuestro derecho
y, les digo más, nuestro deber como parlamentarios. Pretendemos que
nos diga por qué se dio el concurso a quien se dio y cuáles son las
condiciones en las que se firmó ese concurso, qué es lo que los
españoles podemos esperar de aquellas operadoras que han recibido un
fantástico regalo del Gobierno de nuestro país, cual
es el uso del espacio radioeléctrico de forma prácticamente gratuita.
Pretendemos saberlo y vamos a preguntar por eso al Gobierno en esta
moción. Pretendemos que el Gobierno nos diga si es imposible
retrotraer el concurso, si es imposible declarar la lesividad del
mismo y, si es imposible, que nos lo diga y nos aporte razones. Si es
así, que nos diga cuáles son los mecanismos que tiene el Estado para
recuperar una parte del dinero -todo, sería lo suyo- que hemos
perdido por esta forma de hacer las cosas por el Gobierno.
Pretendemos, en fin, que el Gobierno nos diga cuál es el uso que en
este momento tiene nuestro espacio radioeléctrico para saber cuántos
operadores caben en él, cuántos operadores más puede haber, cómo
podemos aumentar la competencia entre todos y bajar los precios. En
definitiva, pretendemos discutir y que el debate sea transparente.
Eso es lo que pretendemos en el primer punto de la moción.
En segundo lugar, pedimos al Gobierno simplemente que aplique los
mecanismos que tiene para que las operadoras paguen el dinero.
Anuestro juicio, al menos hay dos tasas que se pueden modificar, una
parece que la va a utilizar el Gobierno. Ya he dicho que no tenemos
nada que decir, salvo que la forma en que la ha utilizado es
claramente escasa. No tenemos nada que decir, pero nos gustaría que
el Gobierno nos informara de por qué no se ha utilizado la otra, por
qué ésta, en qué condiciones se va a hacer, cuáles son los impuestos
que se van a pagar. Que nos den información, pero eso sí, que el
Gobierno lo haga, que utilice los mecanismos que tiene, que los
tiene, para que el dinero vuelva a las arcas del Estado.
Finalmente, pedimos, como decía antes, que se aumente la competencia,
que haya más licencias de UMTS. El Gobierno las aumenta, no tenemos
nada que objetar, apoyaremos esa medida, como no nos costó apoyar las
de liberalización que se trajeron aquí en julio, que por cierto
llevábamos un año pidiendo. No nos costará nada. Pero le decimos al
Gobierno que hay que ir más lejos, que hay que permitir que los
llamados operadores virtuales utilicen la red de telefonía móvil,
como se ha hecho en la telefonía fija; que eso hay que hacerlo, que
hay que seguir liberalizando, que hay que aumentar el número de
operadores, porque esa es la única forma, la única, de bajar el
precio, no regalar las licencias. Poner un anuncio: Se regalan
licencias o, cuando menos, se cobran poco y se pagarán en cómodos
plazos, créanme, señorías, no vale más que para atraer operadoras
para ver si hacen negocio, pero no baja los precios en España.
En resumen, transparencia, recursos para el Estado y competencia para
bajar los precios. Ese es exactamente el sentido de nuestra moción,
son las tres cosas que pedimos. Les anuncio un cuarto punto, que no
está en la moción porque no corresponde reglamentariamente que esté.
Anuestro juicio, este es un asunto que exige seguimiento
parlamentario, porque es verdad que estamos hablando de cantidades
muy grandes de dinero, de un
servicio que el Gobierno no ha dudado nunca en declarar como de
enorme importancia y trascendencia para el futuro de nuestro país y
sus ciudadanos, y compartimos esas declaraciones, cómo no. En
consonancia con la importancia que el Gobierno da a este tema y que
nosotros también queremos darle, es un asunto que merece seguimiento
parlamentario. Tenemos que saber si realmente las inversiones se
están haciendo y si se están cumpliendo los contratos porque, sea
como sea, a pesar de todo y hagamos lo que hagamos, las operadoras
algún beneficio van a sacar de todo esto. Incidentalmente, tengo que
decirles que espero que el Gobierno no ceda a esa petición de las
operadoras de, si me cobras por la tasa, cambio el contrato. Eso nos
parecería sencillamente intolerable. Y no he visto a ningún miembro
del Gobierno salir a decir: Por ahí, no. Espero que lo digan; si no,
desde luego, los socialistas lo diremos.
Queremos que este tema se siga en el Parlamento, queremos que se
empiece a seguir (porque realmente no hemos hecho nada más que hablar
nosotros solos), queremos la información, queremos discutir, queremos
que este Parlamento discuta (como lo están haciendo todos los
parlamentos de Europa, señorías) a qué se va a dedicar el dinero que
se extrae de las licencias de telefonía UMTS. Sobre eso debate todo
el mundo, en el Parlamento y fuera del Parlamento; no sé por qué
tenemos que hacer una excepción en España. Queremos que se discuta
esto, queremos que se sigan los concursos, queremos que se garantice
desde el Parlamento que se cumplen los pliegos de condiciones. Por
eso, en los próximos días presentaremos la propuesta de creación de
una subcomisión, que lo primero que tiene que hacer a nuestro juicio
es estudiar las condiciones en las que el concurso se dio, para que
todos los españoles sepan, a través de sus representantes, que somos
nosotros, cuáles son realmente las ventajas que se van a derivar de
los concursos que el Gobierno hizo, deprisa y corriendo, antes de
celebrar las elecciones generales.
Nada más. Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor presidente, señorías, intervengo
para presentar las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida a la moción consecuencia de la interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias de
telefonía móvil de tercera generación. En primer lugar, nosotros
estamos globalmente de acuerdo con esta moción del Grupo
Parlamentario Socialista y que las enmiendas del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, en ese sentido, tratan de desarrollarla
desde la coincidencia con esa moción.
Señorías, estamos convencidos de que esta no será la última sesión de
este Parlamento sobre la telefonía móvil de tercera generación.
Estamos convencidos de que este culebrón, esta novela rosa por
entregas va a continuar durante bastante tiempo, porque además parece
que el Gobierno está empeñado en que continúe, incluso en las medidas
paliativas que está tomando en estos momentos ante la marea que se le
viene encima.
Señorías, nosotros hemos criticado el oscurantismo de la adjudicación
de las licencias de telefonía móvil de tercera generación. El
oscurantismo, como se ha dicho en esta Cámara, continúa. Tenemos que
denunciar también que el anuncio de la ministra de que iban a ser
remitidos a los grupos parlamentarios los documentos que habíamos
pedido relativos a los concursos no nos han sido enviados, no hemos
recibido la comunicación anunciada en esta Cámara por parte de la
propia ministra. Continúa, por tanto, el oscurantismo.
Por lo que se refiere a otro aspecto esencial de la asignación de las
licencias de telefonía móvil de tercera generación, que es el de la
adjudicación (no entramos en el tema de concurso o subasta, sino en
la precipitación de la adjudicación y en la baja valoración del
espacio radioeléctrico), nosotros estamos convencidos de que, hoy por
hoy, esa adjudicación continúa siendo un chollo para las empresas y
un fiasco y un mal negocio para la Hacienda pública y para los
ciudadanos españoles, incluso en el caso que hoy se nos presenta de
una tasa adicional o de un incremento importante de la tasa a estas
empresas adjudicatarias de la telefonía móvil de tercera generación;
repito, incluso en este caso sigue siendo un chollo para las empresas
y sigue siendo un fiasco para la ciudadanía. Señorías, han iniciado
ustedes un sistema de cuenta de la vieja. Han empezado diciendo:
Nuestro cálculo no va a ser por población, nuestro cálculo va a ser
en relación con el producto interior bruto, y se han llevado por
delante un billón de pesetas. Acontinuación ustedes han dicho que ya
no van a aplicar la tasa únicamente a las compañías de tercera
generación, sino que se la van a aplicar globalmente a todos los que
usan el espacio radioeléctrico; es decir, de los 160.000 millones
anuales, 100.000 son los que tienen que pagar las compañías de la
telefonía móvil de tercera generación. Pues bien, los dos billones
y pico de pesetas a lo largo de veinte años se convierten, con el
deflactor del PIB, en poco más de un billón de pesetas para las
compañías de telefonía móvil de tercera generación. En realidad,
entre ese billón de pesetas que van a pagar a lo largo de veinte años
y los tres y medio o cuatro billones de pesetas, en cálculo sobre el
PIB o sobre la población, hay una diferencia sustancial, y ahí se
demuestra que esta adjudicación y esta medida a medio camino que ha
tomado el Gobierno sigue siendo un chollo para las grandes compañías
y un mal negocio para la ciudadanía.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida considera que las
medidas aplazadas que ha propuesto
el Gobierno no son suficientes, que en ellas pagan justos por
pecadores en el uso del espacio radioeléctrico, poniendo el peligro,
por ejemplo, asuntos tan importantes como la libertad de información,
y que, en definitiva, quienes tienen que pagar realmente, que son las
compañías adjudicatarias, salen muy bien libradas de este proceso de
adjudicación en comparación con el resto de la Unión Europea. En ese
sentido, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida presenta
una serie de enmiendas para ampliar la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. Quizás la más importante de las enmiendas,
la que querríamos destacar, es la que pretende, si hay una
declaración de lesividad viable relativa a las adjudicaciones de la
telefonía móvil de tercera generación, la revocación de dichas
adjudicaciones y un nuevo concurso-subasta que equilibrase los
compromisos de inversión y los ingresos de la Hacienda pública. Ese
es el planteamiento de la segunda enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida.
Además, aunque sin mucha esperanza, solicitamos que el Gobierno
presente esa información ante la Cámara y que incluya las garantías
concretas exigidas para velar por el cumplimiento de los compromisos
adquiridos en los concursos, los procedimientos y los recursos para
velar por esas garantías. Por otra parte, proponemos medidas
adicionales a las medidas paliativas del Gobierno; estamos
convencidos de que podrían ingresar en la Hacienda pública una
cantidad suficiente. Son medidas como las que tienen que ver con la
financiación del servicio universal, el déficit de acceso o el
establecimiento de nuevos tributos que resarcieran de verdad a la
Hacienda pública.
En la enmienda de adición al punto 4, proponemos que el Gobierno
-parece que ya lo tiene decidido- convoque dos nuevas licencias en un
espectro radioeléctrico pareado de 2x10 megahercios, para favorecer
un mayor grado de competencia y un ingreso adicional a la Hacienda
pública. Por otro lado, planteamos limitar los precios de los
servicios, para evitar que las operadoras transfieran los beneficios
que obtienen en España por el bajo precio del espacio radioeléctrico
a sus inversiones en otros países, donde han tenido que pagar
bastante más por el uso del espacio radioeléctrico.
En definitiva, señorías, estamos convencidos de que estas iniciativas
no serán desgraciadamente las últimas que se presentarán en esta
Cámara, porque el Gobierno ha tomado la decisión de que esto se
convierta en un verdadero culebrón, probablemente un culebrón a falta
de mayor rigor y a falta de mayor conocimiento, pero, en definitiva,
un culebrón que va a seguir emergiendo en distintos momentos de la
legislatura, no precisamente para bien del Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.
Tomo la palabra muy brevemente para defender la única enmienda que el
Bloque Nacionalista Galego presenta a la moción del Grupo Socialista.
Es la única enmienda porque sustancialmente estamos de acuerdo con el
contenido de la moción y con las enmiendas que acaba de presentar el
portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, así como con las
consideraciones que se han formulado. Es decir, pensamos que se ha
hecho un extraordinario regalo a estas compañías de
telecomunicaciones; presentamos nuestra enmienda precisamente para
garantizar que el dinero que la hacienda española ha dejado de
ingresar revierta en los usuarios. Pretendemos con ella que la
implantación de las nuevas redes de telefonía móvil de tercera
generación alcance a todo el territorio del Estado en igual tiempo y
condiciones y también que la prestación de esos nuevos servicios de
telefonía móvil de tercera generación se haga a unos precios
reducidos, de acuerdo con unos precios máximos fijados por el
Gobierno.
Esta potestad tarifaria debe ser establecida por el Gobierno, para
garantizar, como ha dicho el portavoz que me ha precedido en el uso
de la palabra, que el ahorro experimentado por estas compañías no
sirva para financiar los precios billonarios que tienen que pagar en
otros países y, además, para garantizar que este ahorro revierta
también sobre los usuarios.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Sí, señor presidente.
Señorías, nuestro grupo parlamentario consideró precipitada la
decisión de otorgar por concurso estas concesiones dos días antes de
las elecciones generales. Así lo manifestamos ya en su día. Fue una
concesión precipitada y ha sido polémica. Prueba de ello es que se
trata de la segunda interpelación y la segunda moción que debatimos
en este periodo de sesiones sobre este tema.
Nuestro grupo ha pedido la comparecencia de la ministra de Ciencia y
Tecnología, una comparecencia de la que esperamos concreciones y que
dé respuesta a los diversos interrogantes abiertos. Además, esperamos
de esa comparecencia que pueda demostrarse finalmente que este
sistema de concurso permitirá ofrecer unas tarifas mucho más
asequibles para el conjunto de la sociedad. Este es uno de los
objetivos; nuestro grupo ya manifestó el pasado miércoles la
necesidad de que una vez que se haya optado por el concurso se
revierta al final en unas tarifas mucho más asequibles. Nos sumamos
también a las reflexiones que hacía el señor Pérez Rubalcaba sobre
las propias concreciones del miércoles y el anuncio días después de
medidas concretas
en el ámbito de nuevas figuras tributarias. Por tanto, nos
adherimos también a esa reflexión, pero nuestro grupo considera que
debemos adoptar una resolución en esta Cámara después del debate de
la próxima sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, en la que
tendremos todos los datos encima de la mesa, así como las
conclusiones sobre el análisis de la contabilidad de costes de los
distintos operadores de telefonía móvil, tal como establece el nuevo
DecretoLey 7/2000. Exigiremos al Ministerio de Ciencia y Tecnología
que efectúe cada año, antes del 31 de octubre, un estudio sobre las
posibles alternativas que permitan incrementar el grado de
competencia en telefonía móvil, realizando las propuestas
regulatorias correspondientes.
Señorías, acerca de la moción defendida por el Grupo Socialista
nuestro grupo considera que no es positivo hoy crear dudas sobre la
viabilidad jurídica, incluso instar una posible declaración de
lesividad. Jurídicamente los argumentos no son favorables. Intentar
abrir ahora una declaración de lesividad sería crear en este ámbito
una cierta y inseguridad jurídica. Lo prioritario será conocer con
detalle la exposición de la ministra de Ciencia y Tecnología en la
Comisión y, por tanto, a partir de esa comparecencia nuestro grupo se
reserva incluso la posibilidad de presentar una proposición no de ley
sobre este tema.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señorías, debatimos de
nuevo en esta Cámara la cuestión de las licencias de UMTS, que como
ya recordé el pasado miércoles estoy segura de que va a ser una
cuestión reiterativa durante los próximos meses o incluso durante el
resto de la legislatura. Y digo esto, señorías, porque no crean
ustedes que va a ser reiterativa por la importancia que el Grupo
Socialista concede a que seamos pioneros en esta tecnología UMTS, que
va a permitir un más rápido desarrollo de la sociedad de la
información, mejor dicho, el acceso más rápido de todos, sin ninguna
excepción, a las ventajas de la sociedad de la información. Tampoco
va a ser una cuestión reiterativa porque el Grupo Socialista, el
grupo proponente piense que el concurso ha exigido un alto nivel de
inversiones, un nivel de inversiones que se van a efectuar con
rapidez y, por tanto, una indudable aportación positiva al
crecimiento de España y con ello, por supuesto, un claro beneficio
para los ciudadanos. Tampoco reitera el Grupo Socialista esta
cuestión porque gracias a esta inversión en España ya se estén
creando muchos puestos de trabajo. Eso tampoco es importante para el
Grupo Socialista. Y tampoco lo es que estemos en una situación de
liderazgo mundial en el desarrollode la telefonía móvil -por primera
vez España está en
una situación de liderazgo en tecnología de telecomunicaciones,
incluso por delante de Estados Unidos- (Rumores.), y que gracias a
ello vayamos a tener una clara ventaja para la competitividad no sólo
de nuestras empresas, sino, lo que es más importante, de nuestros
jóvenes, en definitiva, de nuestra sociedad.
Señorías, para el grupo proponente de esta iniciativa, de otras
iniciativas similares que estamos viendo durante los pasados días y
que veremos en los próximos meses, porque así lo ha anunciado el
señor Pérez Rubalcaba, no es importante ni la ventaja frente a otros
países, no son importantes las fuertes inversiones, no es importante
la creación de puestos de trabajo y tampoco es importante que todos
los ciudadanos sin excepción, todos, podamos acceder a los beneficios
de la sociedad de la información a un precio asequible y a la máxima
velocidad posible.
Da la impresión de que al Grupo Socialista sólo le interesa levantar
una cortina de humo, que al final es solamente eso, humo, para tratar
de ocultar lo que está significando la acción de gobierno del Partido
Popular en los últimos años en materia de telecomunicaciones. Hoy,
señorías, traen a la Cámara una moción que ha expuesto el Grupo
Socialista que no pide nada que no esté ya explicado, que no esté ya
anunciado, que no esté comprometido o que no esté realizado por el
Gobierno. Decía el señor Pérez Rubalcaba que hoy estaba muy
satisfecho, muy entusiasmado porque algunas de las cuestiones que
ellos habían planteado el miércoles pasado habían sido asumidas por
el Gobierno. Entre otras cosas decía que estaba satisfecho -y ahora
voy a la segunda parte, señor Pérez Rubalcaba-, y tiene usted razón,
porque el Gobierno ha anunciado ya en el proyecto de ley de
presupuestos unas tasas, de las que usted, como bien decía, estará
satisfecho, porque benefician también a la sociedad española. El
Gobierno ha aprobado unas tasas que, por cierto, recordará usted que
estaban previstas en la Ley General de Telecomunicaciones. Es verdad
que usted no fue el ponente de esa ley, pero sí es verdad que, como
decía nuestro compañero Vicente Martínez-Pujalte en la moción
anterior, si ustedes lógicamente han leído esa ley, esa tasa estaba
prevista. Si cambia el valor del espectro radioeléctrico, la tasa
tiene que modificarse. Por tanto, como ha cambiado el valor del
espectro radioeléctrico después de las subastas de otros países hay
que modificar esa tasa, y eso es lo que ha hecho el Gobierno. Decía
usted: Es que la ministra no nos anunció la semana pasada, antes de
ir al Consejo de Ministros a aprobar el proyecto de ley de
presupuestos, que iba a introducir una tasa. Señor Pérez Rubalcaba,
es que usted ya no está en el Gobierno y lo normal es que la ministra
primero lo lleve a aprobación en Consejo de Ministros y luego se lo
cuente al Parlamento. Además, todos vamos a tener la oportunidad de
analizarlo en el debate de totalidad, en el debate parcial, tanto en
Comisión como en el Pleno, del proyecto de ley de presupuestos y de
la ley de acompañamiento.
Se han adoptado otra serie de medidas que ya estaban previstas en el
decreto-ley que aprobamos en el mes de junio, de medidas urgentes en
materia de telecomunicaciones. Por tanto, señor Rubalcaba, no creo
que usted tenga ningún derecho a decir que el Parlamento está
descafeinado, puesto que la ministra, el presidente del Gobierno, el
vicepresidente segundo del Gobierno, tanto en el Congreso como en el
Senado, reiteradamente han contestado a todas las preguntas que
ustedes les han ido haciendo. Y también -y ahí el señor Llamazares
debería ponerse de acuerdo con el señor Pérez Rubalcaba- se ha
remitido información. Ahora bien, que las contestaciones de la
ministra no sean las que ustedes quieren oír o que la información que
se remite no sea exactamente la que ustedes quieren leer no significa
que no se esté contestando y que no se esté acudiendo al Parlamento
una y otra vez, cada vez que el Grupo Socialista lo solicita.
En cualquier caso, señorías, me da la impresión de que al señor Pérez
Rubalcaba le gusta hablar de regalos y yo no sé si le gusta por la
costumbre de su etapa en el Gobierno, pero no me puedo resistir a
comentarle, si hablamos de regalos, tres ejemplos: La concesión de
emisoras de FM, otorgadas en el año 1989, siendo ministro el señor
Borrell, cuando, de las 153 concedidas, en casi un centenar se pedía
su anulación conforme a derecho y desviación de poder. Por supuesto,
y como era de prever, 18 meses después sólo cerca de 90 de las 153
cumplieron el plazo límite para salir al aire. Asimismo -se lo
recordé en la interpelación el miércoles pasado-, usted
personalmente, porque usted era ministro en esa etapa, concedió a una
televisión privada, a Canal Plus -contra el criterio del servicio
jurídico del Estado, que era desfavorable a esa concesión-, en ese
caso por adjudicación directa, una cadena de televisión, sin pagar
una sola peseta por el espectro radioeléctrico. También ustedes, el
Gobierno Socialista, en el último Consejo de Ministros antes de unas
elecciones, trató de constituir una sociedad que se llamaba
Cablevisión, que entregaba Telefónica a un grupo de comunicación. Y,
por último -por no seguir en estos temas porque habría muchísimos
más, pero me remito sólo a los temas de comunicación-, se utilizó la
fusión de la SER con Antena 3 y en 1992 el Estado vendió a un grupo
de comunicación el 25 por ciento de la cadena SER a mitad de precio.
Por tanto, señorías, no se debería hablar de regalos y sobre todo
creo que algunas personas no deberían venir a esta Cámara a hablar de
ello, cuando estamos hablando de cuál es el problema, cuál es la
cuestión. Es muy sencillo: concurso o subasta. Al final, la única
preocupación que tienen ustedes no son las consecuencias para el
ciudadano, sino que sea utilizado el procedimiento de concurso o el
procedimiento de subasta. Me preocuparía si a ustedes les molestara
que se hubiera utilizado el procedimiento habitual en su etapa de
Gobierno, el de designación directa, porque en ese caso podían decir:
es que ustedes han elegido a dedo dar a
un señor una determinada concesión. Pero es que en este caso, el
sistema de concurso, que es el que tradicionalmente ha venido
utilizándose en España, es transparente y abierto y todos sus
requisitos están contemplados en sus cláusulas de convocatoria. Con
la documentación que ustedes tienen, señorías, con la documentación
facilitada por la señora ministra, no tienen ustedes ningún motivo ni
ninguna razón para venir a esta Cámara a seguir planteando una
cuestión que no defiende intereses de los ciudadanos. Simplemente
quieren ustedes armar un follón alrededor de un tema -sí, señor
Rubalcaba-, cuando al final lo que interesa a esos ciudadanos es que
la tecnología UMTS en muy poco tiempo va a permitir a personas que no
disponen de ordenadores, a personas que viven en sitios donde es
difícil que llegue la tecnología, poder acceder a Internet. Llevan
ustedes meses, meses y meses, hablando de Internet y llenándose la
boca de decir que Internet tiene que llegar a todos los hogares, y
ahora que sale una nueva tecnología en la que España es pionera, que
va a permitir que con un móvil, que lo tiene casi todo el mundo o que
lo tienen muchas personas, se acceda a Internet, ustedes ponen pegas
y tratan de desviar la atención a si el sistema de subasta es mejor o
es peor que el sistema de concurso. ¿Qué les voy a decir? El concurso
lo convocó el Gobierno por varias razones: por agilización, porque
estaba en línea con las decisiones de los países más avanzados
tecnológicamente, porque se pagaron 21.000 millones de pesetas que la
Unión Europea consideró excesivos para el momento en que España
convocó el concurso y porque queríamos garantizar una competencia y
una rapidez en el desarrollo de la sociedad de la información para
todos. Al final, calidad, mejor servicio y precio asequible para
todos los ciudadanos, que es lo importante, señor Pérez Rubalcaba, y
es lo que nos demandan los ciudadanos. Esa era la apuesta. Y es
verdad que el procedimiento de subastas que se ha llevado adelante en
otros países ha abierto un debate diferente, un debate sobre si el
espectro radioeléctrico tiene que costar dinero; un debate que está
abierto. Y el Gobierno ha entendido que tiene que costar dinero,
puesto que así es en otros países y estamos en un mundo global.
Precisamente hablando de telecomunicaciones, la globalización hace
que en el mundo global, en el mundo que es de todos, tengamos que
tener el mismo sistema que tienen los demás. ¿Y qué es lo que ha
hecho el Gobierno? En previsión de lo que disponía la ley -porque no
se lo ha inventado el Gobierno, ya estaba en la Ley General de
Telecomunicaciones-, lo que ha hecho es establecer un canon por el
que los distintos operadores que utilizan el espectro radioeléctrico
van a pagar una cantidad de dinero que debatiremos en los próximos
presupuestos y que en principio son 160.000 millones de pesetas
anuales. Y digo que son anuales porque ustedes siempre dicen: Es que
en otros países se han pagado dos billones. En otros países se han
pagado dos billones de golpe, pero
en este se van a pagar 160.000 o más millones cada uno de los veinte
años por los que dura la concesión en otros países. (Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, guarden silencio,
por favor.
La señora MATO ADROVER: Para finalizar, señorías, nuestro grupo no
puede apoyar esta moción, en primer lugar lógicamente porque no
compartimos su motivación; en segundo lugar, porque no tiene ninguna
justificación, ya que, señor Rubalcaba, como usted decía, muchas de
las cosas que se solicitan ahora ya se han realizado, otras ustedes
no las quieren escuchar, pero en todo caso se han informado en este
Parlamento. Me explicaré. ¿Cómo puede esta Cámara instar al Gobierno
a presentar un informe de una ley, el decretoley que se aprobó en
este Parlamento en el mes de junio por todos los grupos, para el día
31 de octubre? Les leo: El Ministerio de Ciencia y Tecnología
efectuará antes del día 31 de octubre un estudio sobre las posibles
alternativas que permitan incrementar el grado de competencia en
telefonía móvil, realizando las propuestas regulatorias
correspondientes. Está publicado en el BOE el 24 de junio. Señor
Rubalcaba, desde el 24 de junio esta Cámara ya aprobó que el
Ministerio de Ciencia y Tecnología -lo estoy leyendo en el BOE-
presentara un informe en el que se viera la posibilidad de ampliar
licencias de telefonía móvil. Está, repito, en el BOE del 24 de junio
a su disposición, por si no lo ha leído. (Rumores.) Eso sería tanto
como prejuzgar que el Gobierno pretende no cumplir la ley y como el
Gobierno siempre cumple las leyes, como no puede ser de otra manera,
no tiene mucho sentido instar al Gobierno a que presente un informe
que ya va a presentar porque la ley se lo exige. ¿Cómo es posible que
esta Cámara inste al Gobierno a explicar las razones, los compromisos
adquiridos por los operadores de telefonía móvil, por la tecnología
UMTS, cuando ya tienen ustedes esos informes, cuando ya se ha
comparecido reiteradamente en el Congreso y en el Senado y además
cuando estamos pendientes de una comparecencia solicitada por la
propia ministra de Ciencia y Tecnología para dar cuenta de todo lo
que es la estrategia del Gobierno sobre telefonía móvil? No tiene
sentido instar a la ministra de Ciencia y Tecnología o al Gobierno a
informar sobre cuestiones cuando la propia ministra ha instado al
Parlamento a que la escuchemos. Por tanto, no tiene sentido que
aprobemos ese punto de su moción.
Por último, señorías, ¿cómo es posible instar al Gobierno a imponer
unas tasas por la utilización del espectro radioeléctrico cuando ya
la ley de acompañamiento de los presupuestos prevé unas tasas de
160.000 millones en principio, y se debatirá en esta Cámara, para el
año 2001? Señorías, lo más coherente, sin entrar a valorar el fondo
de la cuestión, hubiera sido que el señor Pérez Rubalcaba hiciera su
disertación en la tribuna y a continuación retirara la moción, puesto
que los tres puntos de su moción
están ya contemplados y llevados adelante por el Gobierno. En
cualquier caso, señorías, ustedes no aprenden de sus errores.
(Rumores.) No aprenden. Y, si me permiten el consejo, creo que sería
mejor que dedicaran sus esfuerzos a buscar cuestiones que de verdad
beneficiaran a los ciudadanos y se dejaran de otros temas que al
final no comprende ningún ciudadano.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Mato.
Señor Pérez Rubalcaba, a los efectos de la aceptación o rechazo de
las enmiendas planteadas durante el debate.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente.
Aceptaríamos la enmienda de adición al punto 1.1.a), del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el primer inciso,
justamente hasta la palabra compromisos. No aceptaríamos la última
frase, la que comienza con «El órgano...» y acaba con «incumplimiento».
Asimismo, aceptaríamos la enmienda de adición por la que se crea un
nuevo punto 1 y la enmienda de modificación al punto 2. El resto de
las enmiendas no las podemos aceptar, ni las de Izquierda Unida ni la
del Bloque Nacionalista Galego.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
asignación de licencias de telefonía móvil de tercera generación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
275; a favor, 108; en contra, 167.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda por tanto rechazada la
moción.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA DIGNIFICACIÓN DE LA
VIVIENDA PÚBLICA. (Número de expediente 173/000022).
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Punto 7 del orden del día,
moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario
Mixto, sobre la dignificación de la vivienda pública.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, la moción que a continuación
vamos a defender tiene tres objetivos básicos. En primer lugar,
buscar los mecanismos necesarios
y la flexibilidad que se precise para poder aplicar y ampliar,
si cabe, los planes de promoción de vivienda protegida; en segundo
lugar, abrir nuevas perspectivas para la vivienda de promoción
pública, como las ayudas o incentivos a la creación de viviendas de
alquiler de protección pública, y mejorar las prestaciones públicas
para la rehabilitación; finalmente, establecer el estudio y las
soluciones apropiadas para evaluar el posible o hipotético impacto
del fin de la transitoriedad de la LAU -Ley de Arrendamientos
Urbanos- en el año 2003. (La señora vicepresidenta, Rubiales
Torrejón, ocupa la Presidencia.)
Durante el debate de la interpelación, todos los grupos
parlamentarios y el representante del Gobierno coincidimos en la
necesidad de mejorar las políticas de vivienda que se han llevado a
cabo hasta hoy. Mejorar la política de vivienda de entrada implica
perfeccionar la aplicación del plan de vivienda. No es ningún secreto
la relación inversamente proporcional que existe entre el grado de
aplicación del plan de vivienda y la buena marcha de la economía.
Cuando los intereses bajan y la renta de los ciudadanos aumenta, los
consumidores acuden al mercado libre de vivienda y los constructores
abandonan la promoción de vivienda protegida porque sus márgenes de
beneficio son menores; es lógico y natural. (Rumores.) La resultante,
que se inscribe plenamente en la lógica ...
La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Disculpe, señor
Puigcercós.
Señorías, por favor, guarden silencio para oír al interviniente.
Muchas gracias.
Puede continuar, señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Cuando los intereses bajan, decíamos, y la renta de los ciudadanos
aumenta, los consumidores acuden al mercado libre de vivienda y los
constructores abandonan la promoción de vivienda protegida porque sus
márgenes de beneficios son menores; es lógico y natural. La
resultante, que se inscribe plenamente en la lógica del mercado,
tiene efectos sociales perversos, ya que el plan de vivienda no se
puede implementar a falta de promotores, nunca por falta de demanda
de vivienda pública, sino por falta de empresas que quieran llevar a
cabo el plan, creando una situación de acumulación de demanda social
que conlleva serios perjuicios. Perjuicios no sólo a los sectores de
población de riesgo, grupos de personas que ya detallamos ampliamente
la semana pasada -las personas de mayor edad, ancianos, algunos de
ellos con pensiones que no superan las 35.000 pesetas-, que por
diferentes razones necesitan hoy una nueva vivienda; gente joven, por
debajo de los 35 años, a quienes la problemática de la precarización
laboral y concretamente la excesiva temporalidad y caducidad de los
contratoslaborales dificulta la contratación de hipotecas inmobi
liarias,
acceder a la vivienda protegida o simplemente acudir al alquiler;
finalmente la inmigración. Los nuevos ciudadanos son el tercer grupo
en importancia que necesita una discriminación positiva en este
ámbito, un grupo que, como saben SS.SS., crece y necesita de una
atención preferente. Más allá de los tres grupos están la mayoría de
las personas que viven en las ciudades y grandes concentraciones
urbanas, cuya renta es insuficiente para adquirir una vivienda digna.
Decíamos la semana pasada que un estudio del Instituto Catalán del
Consumo aconseja que, para no desequilibrar el presupuesto de las
familias, el máximo de renta familiar que se puede destinar a la
vivienda es el 30 por ciento del total. No es ninguna perversión
estadística ni ningún secreto que hoy por hoy muchas familias
destinan mucho más a la vivienda, un esfuerzo que seguramente va en
detrimento del consumo de bienes culturales o de la formación. No se
trata de agitar el pesimismo, pero en períodos de recesión económica
la media ha llegado al 54 por ciento de la renta familiar disponible.
Por estas razones, sostenemos que hay que modificar y agilizar las
políticas de vivienda, con el fin de llevar a cabo la máxima
realización del plan y establecer criterios anticíclicos en la
promoción.
El primer punto de la moción responde a este criterio y consiste en
modificar el Real Decreto 1186/1998, para adecuar su contenido a las
necesidades actuales de acceso a la vivienda en regímenes protegidos.
Para llevar a cabo esos cambios, entendemos que es básica la
coordinación del Gobierno del Estado con los gobiernos de las
comunidades autónomas, con el fin de adoptar las medidas necesarias
para garantizar la plena efectividad del Plan de vivienda. El
incremento del denominado precio básico, establecido a efectos de
fijación del precio máximo de venta de las viviendas protegidas; una
mayor flexibilidad de aplicación del plan por parte de las
comunidades autónomas y entes locales; establecer medidas para
garantizar que en un futuro las viviendas protegidas no tengan que
pagar unos intereses superiores al 6 por ciento; adoptar medidas
condicionadas para la subsidiación de las unidades familiares que
destinen a la adquisición de la vivienda más del 35 por ciento del
conjunto de la renta familiar, aun en el caso de viviendas adquiridas
en régimen libre; potenciar de manera efectiva las promociones en
régimen de alquiler mediante el incremento de ayudas; incrementar la
financiación de las actuaciones protegidas en materia de suelo
gestionadas por comunidades autónomas y ayuntamientos; y finalmente,
establecer una línea especial de ayudas a las promociones para uso
propio en régimen cooperativo o gestionadas por entidades públicas y
privadas sin ánimo de lucro.
En segundo lugar, incentivar una nueva modalidad poco explotada por
el Estado y las comunidades autónomas sobre la creación de viviendas
de protección en régimen de alquiler. Esta fórmula, que ya existe en
Francia, en la República Federal Alemana o en países nórdicos como
Dinamarca o Finlandia, es la mejor
garantía para que las nuevas generaciones puedan obtener vivienda de
acuerdo con su renta. Además, la experiencia francesa es un elemento
clave para la regeneración de las zonas antiguas más degradadas. Hoy
por hoy, es necesario compensar el desequilibrio que existe en el
Estado español entre el parque de vivienda pública de compra y el de
alquiler, desequilibrio que se magnifica en el sector de la
protección oficial. También en este punto el Gobierno tendría que
mejorar, de acuerdo con las comunidades autónomas, las ayudas para la
rehabilitación de viviendas, tan necesaria en el ámbito rural y en
los cascos urbanos.
Esquerra Republicana ha presentado los puntos 3 y 4 de la moción.
Estudiar, de acuerdo con las comunidades autónomas, la viabilidad de
crear parques de vivienda de alquiler de régimen público. Este plan
incorporará mecanismos de financiación e incentivos fiscales para los
promotores. Potenciar la rehabilitación, dentro de la política
general de vivienda, con el establecimiento de medidas que puedan
ofrecer precios asequibles a las personas con rentas medias y bajas.
Finalmente, es necesario que el Gobierno asuma la situación en la que
podrían encontrarse muchos ciudadanos con el final de la
transitoriedad de la Ley de Arrendamientos Urbanos en el año 2003.
Con el fin de la transitoriedad, los propietarios tendrán total
libertad para fijar los alquileres de acuerdo o no con el mercado.
Este hecho comportará que muchos inquilinos puedan quedar en
situación de desahucio a partir de la desregularización total de los
precios de los alquileres. En ciudades y barrios muy concretos, el
final de la transitoriedad puede tener efectos devastadores y
colapsar los servicios sociales de muchas ciudades, efectos que
pueden tener como final los servicios sociales de los ayuntamientos o
de las comunidades autónomas. Por esta razón, Esquerra Republicana
cree necesario que se evalúe el impacto social sobre aquellas
personas con rentas bajas o con situaciones de riesgo y que se
ofrezcan posibles soluciones, que se prevenga esto a falta de tres
años, de acuerdo con las comunidades autónomas y los entes locales.
El punto dos de la moción responde a esta problemática y nosotros
pedimos que se elabore un estudio detallado del posible impacto
social que puede suponer el final de la Ley de Arrendamientos Urbanos
en el año 2003 y que se establezcan los mecanismos de prevención y
las garantías sociales necesarias para proporcionar vivienda a las
personas afectadas por desahucios o simplemente por incapacidad
económica. En este sentido, y de acuerdo con las comunidades
autónomas, se impulsará un plan de prevención y se crearán las líneas
de ayuda pertinentes.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, y señor
presidente. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción, en nombre
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra
la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en esta Cámara, ningún grupo parlamentario ni ningún
diputado o diputada niega las dificultades de acceso a la vivienda
que tienen determinados grupos o determinados sectores de la
población y la importancia que la política de vivienda tiene para que
los sectores de la población que tienen esas dificultades puedan
acceder a una vivienda digna y pueda realmente, desde las
instituciones, desde las administraciones competentes, cumplirse el
mandato constitucional de que todos los ciudadanos y ciudadanas
tengan el derecho y el acceso a una vivienda digna.
La política que se ha venido desarrollando por el Gobierno del
Partido Popular en vivienda no ha ido precisamente favoreciendo el
acceso de estos sectores más desfavorecidos de la ciudadanía a una
vivienda digna, sino más bien ha ido a todo lo contrario. La política
de vivienda se ha hecho más pensando en los intereses de los
promotores de vivienda, que en estos momentos encuentran un gran
mercado en la vivienda libre, que en los intereses de la ciudadanía
para poder acceder a una vivienda digna. Creo que no tardaremos mucho
en discutir alguno de los ejemplos de esta política de vivienda que
el Gobierno del Partido Popular viene practicando desde la
legislatura pasada y en la que sigue incidiendo en estos momentos.
Señoría, las medidas que se han adoptado no han frenado aquello que
pretendían frenar, que era, entre otras cosas, el encarecimiento del
precio de la vivienda, y la vivienda sigue subiendo cada día más. No
nos sirve al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida la
intervención que hacía la semana pasada el ministro de Fomento
diciendo que subiría la construcción de las viviendas de protección
oficial y por tanto los cumplimientos de los planes de vivienda en el
momento en que la situación económica de los ciudadanos y de las
ciudadanas no les permitiera acceder a una vivienda de renta libre.
El concepto que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida
tiene con respecto a la necesidad de la construcción de viviendas de
protección oficial es el derecho de todos los ciudadanos a poder
acceder a una vivienda digna, con una planificación adecuada y desde
luego con unos intereses que sean los generales de toda la población,
pero además con una buena planificación para que no haya en el
mercado un exceso de viviendas o no haya en las ciudades una gran
cantidad de viviendas deshabitadas.
La especulación sigue funcionando, los precios de la vivienda siguen
aumentando y no se toman otro tipo de medidas. Nosotros compartimos,
las que ha planteado el portavoz de Esquerra Republicana, el portavoz
del Grupo Mixto. Lo único que dice nuestra enmienda es la necesidad
de introducir, de acuerdo con las comunidades
autónomas, algunas medidas fiscales que se pueden adoptar para
que se penalicen las viviendas deshabitadas. No es solamente la
necesidad de construir nuevas viviendas, sino también la necesidad de
que las viviendas que están deshabitadas puedan salir al mercado en
régimen de alquiler o en régimen de venta y pueda así también abrirse
más el parque de viviendas a las que poder acceder, que es también
una manera de abaratar los precios de la vivienda.
Señorías, nosotros compartimos la necesidad de potenciar la
rehabilitación, fundamentalmente en el punto 4 de la moción del señor
Puigcercós, dentro de la política general de la vivienda, porque
sería una medida que ampliaría la oferta de viviendas en el mercado y
que, con precios asequibles, podría poner al alcance de muchas
personas esa vivienda digna que todos decimos defender para toda la
ciudadanía.
Si la moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto es
aceptada en sus justos términos y es aceptada la enmienda del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, nuestro grupo votará a
favor. Si, por el contrario, es aceptada la enmienda que ha
presentado el Grupo Parlamentario Popular, nuestro grupo no podría
votarla a favor y se abstendría. Explico las razones de nuestra
abstención.
En política de vivienda, señorías, ninguna medida va a solucionar el
problema en cuestión de días, semanas o meses. Siempre se soluciona
en un plazo de tiempo más largo. En la moción que ha presentado el
Grupo Parlamentario Mixto hay tres puntos, el final de esta moción,
que son precisamente los que inciden más en la política de vivienda,
y en un sentido que a nosotros nos parece el correcto y adecuado. La
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, bajo nuestro
punto de vista -y es lo que nos llevaría a abstenernos-, es
sencillamente una declaración de intenciones que no va a profundizar
o a mejorar la política que está realizando el Gobierno, y se
quedaría simplemente en esa declaración de intenciones, que nos
parece positiva, pero creemos que en esta Cámara no sólo debemos
hacer declaraciones de intenciones sino instar al Gobierno a que tome
las medidas que consideremos adecuadas y que se aprueben en la misma
por mayoría o por unanimidad. Por lo tanto, siendo conscientes de la
importancia que tiene este tema para esta Cámara y siendo también
conscientes de la importancia que tiene para la mayoría de la
población, que en algunos casos se ve privada de ese acceso a la
vivienda, sobre todo los jóvenes que pretenden tener una vida
independiente del resto de su familia y se ven abocados a seguir en
casa y a no poder acceder a una vivienda en propiedad o en régimen de
alquiler, si se acepta esta enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se abstendría.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoraUrán.
Para defender las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, señorías, sería una
obviedad negar la existencia de problemas en la situación actual en
que se encuentra la vivienda. El propio ministro de Fomento reconoció
en el debate de la interpelación de la pasada semana el dato
incuestionable del crecimiento del precio de la vivienda libre, no
así el de la vivienda protegida, que ha crecido tan solo un 1,1 por
ciento en los últimos años. Sería también negar la realidad no
reconocer que hay dificultades de acceso a una vivienda,
singularmente en colectivos jóvenes o en los elementos menos
favorecidos económicamente de la sociedad. Pero también sería una
injusticia, no sólo una obviedad, no reconocer, como ya recordaba en
la última intervención de la pasada semana a propósito de la
interpelación del señor Puigcercós, el esfuerzo presupuestario,
normativo e imaginativo que han hecho los gobiernos del Partido
Popular en los últimos cuatro años. El esfuerzo presupuestario es
importante. No me resisto a recordar que estamos hablando de
aplicación de recursos a la problemática de la vivienda por un total
del 1,2 del PIB, que totaliza una cifra del orden del billón
doscientos o trescientos mil millones de pesetas. Y que el plan de
vivienda en vigor, que puede tener algunos fallos coyunturales,
significa un esfuerzo trascendental porque va a movilizar dos
billones y medio de recursos financieros en aplicación de la política
de vivienda.
En ese contexto de reconocer los problemas, al que corresponde
diáfanamente la intervención del ministro de Fomento de la semana
pasada, se mueve la enmienda que mi grupo formula a la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto y concretamente por el
señor Puigcercós, de Esquerra Republicana.
Quiero ser breve, ya que a estas horas de la noche no vale la pena
entretenerse demasiado en razonar, punto por punto, aquello en lo que
coincidimos, si no en la letra, sí absolutamente en el espíritu, con
los planteamientos que incorpora la moción subsiguiente a la
interpelación. Es bueno reforzar la coordinación del Gobierno de la
nación con las comunidades autónomas para adoptar las medidas
necesarias para la efectividad del Plan de vivienda. A esta
coordinación se está aplicando el Gobierno, acreditándolo la
celebración -me parece que fue el 19 de septiembre- de la conferencia
sectorial de vivienda y suelo, donde se produjo un intercambio de
opiniones y donde, entre otras cosas, se acordó entre comillas,
porque no hubo acuerdo formal pero tendrá traducción inmediata, la
revisión del llamado módulo, actualmente conocido como precio básico,
que, según el testimonio de todas las comunidades autónomas
coincidentes con el sector, constituye el cuello de botella para que
se produzcan mayores actuaciones en materia de viviendas de
protección oficial. Por tanto, coincidimos en el segundo punto de la
moción: actualizar el precio básico a nivel nacional.
En relación con el hecho de mantener en la medida de lo posible y
ampliar la flexibilidad en la aplicación del Plan de vivienda por
parte de las comunidades autónomas, baste recordar que este Real
Decreto 1186/1998, de 12 de junio, incorpora un sinfín de mecanismos
de flexibilización. Son las comunidades autónomas las que, en el
marco de lo que establece el decreto, pueden valorar en más o en
menos los ingresos necesarios para acceder a una vivienda de
protección oficial. Pueden subir y bajar el precio básico fijado a
nivel nacional, pudiendo incrementarlo hasta un 15 por ciento o
reducirlo hasta un 20 por ciento en función de la problemática de
cada comunidad autónoma. Y una serie de capítulos más, en los que se
evidencia que esta flexibilización ya está prevista en el decreto de
junio de 1998 y lo que procede, si cabe, es mejorarla.
Es lógico potenciar los programas de viviendas protegidas en régimen
de alquiler. Señorías, la difusión del alquiler es una asignatura
pendiente de todos los gobiernos de la democracia española, y la
explicación es muy clara: ha topado con la llamada cultura de la
propiedad. Los ciudadanos españoles quieren ser propietarios de una
vivienda y muy pocos quieren vivir de alquiler. Habría que hacer un
estudio sociológico profundizando en las causas y en las razones no
solamente financieras para encontrarse con el dato de que apenas el
13 por ciento del parque total de viviendas en España está en
alquiler y el resto en propiedad, cifra que contrasta con las de los
países de la Unión Europea, en donde el país que peores datos tiene
se sitúa en el entorno del 30 por ciento, llegando algunos de ellos
al 50 por ciento del parque de vivienda en alquiler. En este punto,
por tanto, coincidimos, naturalmente no en el texto, que matizamos,
pero sí en el espíritu, con la moción subsiguiente a la
interpelación. Igualmente ocurre con lo relativo a analizar la
posibilidad de mejorar la financiación de las actuaciones protegidas
en materia de suelo a llevar a cabo por las comunidades autónomas,
así como con algo que sabemos que importa de modo especial al grupo
que propone la moción, que es el estudio del impacto que el
vencimiento del plazo de ocho años, fijado en la Ley de
Arrendamientos Urbanos para aquellos inquilinos que decidieron que no
se les actualizara la renta, tendrá en este mundo del arrendamiento y
del inquilinato.
En cambio, señor Puigcercós, desgracidamente, no podemos aceptar los
puntos d) y e) de su moción, en los que se quieren establecer
limitaciones cuantitativas incompatibles con la Ley General
Presupuestaria e incompatibles con la certidumbre en el gasto de
carácter público, tanto actual como futuro, como es que se garantice
que nunca se pagarán intereses superiores al 6 por ciento o que se
garantice subsidiación de intereses para aquellas personas a las que
la resolución del problema de vivienda les absorba el 35 por ciento
de los ingresos.
Tampoco, por razones que no me detengo en exponer pero que son
claras, podemos aceptar los apartados 3 y 4 de la segunda parte de su
proposición, en el
sentido de crear parques de alquiler de viviendas en régimen público,
porque, en definitiva, la gestión de la vivienda corresponde a las
comunidades autónomas y no al Estado, y ya hay medidas importantes en
el Decreto 1986/1998, de 12 de junio, para fomentar la creación de
patrimonios municipales de suelo. Convenimos con el grupo proponente
en la trascendencia de la rehabilitación, pero creemos que en el plan
de vivienda actualmente en vigor hay ayudas importantes para la
rehabilitación, como acredita que el número de actuaciones en el año
1999 casi se haya duplicado.
Señora Urán, desgraciadamente, no podemos estar de acuerdo en la
enmienda que propone modificar la fiscalidad para penalizar en este
ámbito la desocupación de las viviendas. Lo hemos dicho en otras
ocasiones, mi grupo no cree en las medidas sancionadoras, cree en las
medidas de fomento y el que en este momento del debate adoptemos
decisiones de carácter fiscal, cuando están en ciernes los
Presupuestos Generales del Estado que, por otra parte, corresponden a
otro contexto, no lo podemos aceptar.
Consiguientemente -y perdone, señora Urán-, le devuelvo la oración
por pasiva: si el grupo parlamentario que formula la moción
subsiguiente a la interpelación admite su enmienda, mi grupo se verá
obligado a votar negativamente la totalidad de la moción subsiguiente
a la interpelación.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortiz. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.)
Señor Jané, por Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
coincide con las finalidades que defiende la moción presentada por
Esquerra Republicana de Catalunya. Por tanto, votaremos
favorablemente la misma si finalmente se somete a votación con la
enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, ya que
coincidimos con el texto de la moción.
Simplemente querríamos hacer dos reflexiones a la misma: una primera,
que ya estaba en el texto inicial de la moción defendida por Joan
Puigcercós, es que cuando instamos al Gobierno a la coordinación,
nuestro grupo entiende que la coordinación Gobierno-comunidades
autónomas tiene que ir siempre en ambas direcciones. Por tanto, no es
el Gobierno el que debe coordinar la actuación en materia de vivienda
de las comunidades autónomas, sino que comunidades autónomas
y Gobierno deben intentar concertar actuaciones en un único objetivo,
que es el de abaratar el precio de la vivienda.
Una última reflexión que quería hacer nuestro grupo es que tiene
presentada una proposición no de ley para abrir un amplio debate
sobre la Ley de Arrendamientos
Urbanos y sobre los aspectos relativos al fin del período de la
transitoriedad. Por tanto, nos congratulamos del último punto de la
moción, pero deberíamos haber fijado algún plazo. Pondremos al final
que se elabore un estudio detallado. Nos hubiera gustado acotar un
plazo, porque de este modo queda como un brindis en el sentido de que
haremos un estudio y al final nunca se llega a materializar. Por
tanto, dado que es el propio Grupo Popular el enmendante, instaríamos
al Gobierno a que ponga celeridad en la elaboración de este estudio
detallado sobre el posible impacto social del final de la
transitoriedad de la Ley de Arrendamientos Urbanos, porque es un tema
con una fuerte implicación social, con problemas de desahucio, como
ha expuesto de forma acertada el diputado Puigcercós. De aprobarse
hoy esta moción, como espera nuestro grupo -y anuncio que va
a votarla favorablemente-, pediríamos al Gobierno que impulsara con
prontitud el mencionado estudio.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Señora presidenta, señorías, a nosotros
nos parece bien la moción presentada por el grupo proponente en los
términos en que está escrita. Sin embargo, queremos hacer algunas
puntualizaciones.
En primer lugar, nosotros creemos que un plan de vivienda social no
es un instrumento para el fomento de la actividad económica. Este
debe hacerse a través de otras medidas que incidan en el mercado de
la vivienda en general. El plan de la vivienda ha de tener una
perspectiva básicamente social. No puede ser que la justificación de
la reforma de la política de vivienda de protección oficial se base
sólo en criterios económicos, en la subida del precio de la vivienda
libre, en la variación del coste de las hipotecas o en el porcentaje
de renta disponible de los españoles. Existen muchas situaciones
familiares e individuales que están fuera de todos estos parámetros,
que no pueden ni siquiera ir al banco a preguntar por un crédito
hipotecario, puesto que no tienen un trabajo estable, como le sucede
a buena parte de nuestros jóvenes. Este criterio basado en lo social
y no meramente en lo económico obliga a que los ayuntamientos y las
comunidades autónomas tengan mucho más protagonismo, ya que son las
comunidades autónomas las que diseñan esos planes de vivienda y son
los ayuntamientos quienes se percatan más directamente de los
problemas concretos de los ciudadanos y pueden ejercer un control más
cercano de su utilización. Pero para ello es necesario apoyar el
patrimonio municipal de suelo, cosa que no hace precisamente la nueva
Ley del suelo. Además, esta perspectiva social obliga a un aumento de
las ayudas directas a esta vivienda de protección oficial, es decir,
directas a aquella población que
no puede acceder a una vivienda libre. Por tanto, obliga a que estas
ayudas directas se sitúen mucho más allá del 0,11 por ciento del PIB
en que estaban en 1997. Sólo un dato, en nuestro país el 90 por
ciento de la inversión destinada a vivienda es indirecta, a través de
la fiscalidad, en gran medida indiscriminada y en su mayor parte
dirigida a segmentos de la población solvente.
En segundo lugar, y tomando como referencia lo que hemos dicho,
existe un punto fundamental que ahora está fallando, que es el tema
de la vivienda social de arrendamiento. Repetimos los datos porque
nos parecen muy significativos, esas 200.000 viviendas en España
frente a los 7,7 millones en Alemania o a los 3,7 millones en
Francia, o esas 66 viviendas de media que se financiaron en 1999 en
cada una de las provincias españolas. La precariedad de nuestro
parque de viviendas sociales de arrendamiento, que nos muestran estas
cifras, exige no sólo un estudio de viabilidad de las viviendas de
alquiler o palabras como revisar o incentivar la política de
alquileres, exige medidas concretas, como la modificación de la ley
del IVA, del impuesto sobre la renta o la equiparación de las
deducciones entre alquiler y compra de una vivienda.
En tercer lugar, es necesario fomentar las viviendas usadas. En el
parque de viviendas existente hay un alto número de viviendas
desocupadas en todas las poblaciones españoles y, en cambio, esta
figura, que tiene ayudas similares a las viviendas en régimen general
y a las protegidas por las comunidades autónomas, tiene un escaso
cumplimiento, sólo el 39,9 por ciento. Esto está afectando a nuestro
patrimonio colectivo y a la vida de nuestras ciudades, ya que este
parque de viviendas desocupadas se concentra mayoritariamente en los
centros históricos de nuestras ciudades. Poner en circulación estas
viviendas no sólo tendría un efecto beneficioso para los ciudadanos
que necesitan una vivienda protegida, sino que ayudaría a mantener la
función residencial en los espacios centrales de nuestras ciudades,
que se están convirtiendo en centros comerciales o de ocio, sin una
población residente estable.
Por último y dado el alto nivel de incumplimiento del Plan de
vivienda, recordemos que en el año 1999 han quedado alrededor de
56.000 actuaciones sin realizar respecto a las previstas. Esto
significa del orden de 395.000 millones de financiación convenida sin
utilizar. Es una situación paradójica, por otro lado, ya que la
demanda que se detecta a través de las listas de espera
para la adjudicación de vivienda protegida no sólo no decrece sino
que aumenta.
Por tanto, sería interesante y justo que la reutilización de los
fondos que han quedado sin disponer se dirigiera al incremento de la
inversión directa en vivienda, haciendo que esta inversión sea más
selectiva. Para esto se requieren políticas que incidan menos en
aspectos cuantitativos y que atiendan lo cualitativo, y que dicha
financiación se dirija hacia los verdaderos necesitados, a través de
programas mucho más concretos y ayudas más significativas. Para esto
es importante transferir más protagonismo a las comunidades autónomas
y a los ayuntamientos, a la vez que tiene que existir el firme
propósito de que el Plan de la vivienda sea un plan de carácter
social y no meramente económico.
Por todo esto, si se mantiene la moción la votaremos a favor, pero si
se acepta la enmienda del Partido Popular nos abstendremos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Señor Puigcercós, a los solos efectos de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Aceptaríamos la enmienda del Grupo Popular, no así la del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la
dignificación de la vivienda pública.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267;
a favor, 162; en contra, seis; abstenciones, 99.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la moción con
la incorporación de la enmienda resultante del debate.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la
tarde.
Eran las diez de la noche.