Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 25, de 20/09/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 25
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 23
celebrada el miércoles, 20 de septiembre de 2000
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas . . . (Página 1102)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de
licencias de telefonía móvil de tercera generación. (Número de
expediente 172/000030.) . . . (Página 1127)
- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la dignificación de la
vivienda pública. (Número de expediente 172/000031.) . . .
(Página 1138)
- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas
que piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden exentas
plusvalías obtenidas por parte de contribuyentes nacionales, mediante
el intercambio de participaciones o acciones en empresas nacionales
por participaciones o acciones en empresas extranjeras. (Número de
expediente 172/000032.) . . . (Página 1145)
S U M A R I O
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
Preguntas . . . (Página 1102)
Del Diputado don Jesús Caldera SánchezCapitán, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia:
¿Persiste el Gobierno en no dar solución a la subida de los precios
de los carburantes? (Número de expediente 180/000185.) . . .
(Página 1102)
Del Diputado don Francesc Romeu i Martí, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Considera el Gobierno
cumplidos los objetivos del pacto contra el transfuguismo político?
(Número de expediente 180/000187.) . . . (Página 1103)
Del Diputado don Carlos Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto,
que formula al Gobierno: ¿Qué medidas está dispuesto a adoptar el
Gobierno para mitigar el impacto que las constantes subidas de los
tipos de interés tienen sobre las personas y las familias que han
suscrito créditos hipotecarios a tipo de interés variable? (Número de
expediente 180/000183.) . . . (Página 1105)
Del Diputado don Juan Blancas Llamas, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles van a ser las líneas
prioritarias de gasto por parte del Gobierno en relación con los
presupuestos del 2001? (Número de expediente 180/000197.) . . .
(Página 1106)
Del Diputado don Jordi Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que formula al Gobierno:
¿Cuándo piensa el Gobierno presentar el Real Decreto-Ley por el que
se adoptan medidas urgentes para reparar los daños causados por las
lluvias torrenciales del día 10 de junio de 2000 en Cataluña, al que
se refiere la Proposición no de Ley aprobada por esta Cámara el 14 de
junio pasado? (Número de expediente 180/000168.) . . . (Página 1107)
Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro del Interior: ¿Ha tomado medidas el Gobierno para que en
ninguna comisaría española vuelvan a ocurrir sucesos como la muerte
del ciudadano guineano Antonio Fonseca? (Número de expediente 180/
000188.) . . . (Página 1107)
De la Diputada doña Carmen Romero López, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro del Interior: ¿Qué
medidas va a adoptar el Gobierno ante la imprudencia de las
declaraciones del Delegado del Plan Nacional sobre Drogas respecto
del alijo del Privilege? (Número de expediente 180/000189.) . . .
(Página 1109)
De la Diputada doña María del Carmen Olmedo Checa, del Grupo
Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Ministro del Interior: ¿Está Vd. de acuerdo en que la culpa de la
muerte de Ana Elena Lorente la tiene la sociedad actual,
excesivamente abierta y permisiva, tal y como opina el Delegado del
Gobierno en Andalucía? (Número de expediente 180/000190.) . . .
(Página 1110)
Del Diputado don Francisco Antonio González Pérez, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las líneas de actuación del Gobierno en el apoyo al
deporte no profesional? (Número de expediente 180/000202.) . . .
(Página 1111)
De la Diputada doña Beatriz RodríguezSalmones Cabeza, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la situación actual de la acción
educativa en el exterior, como instrumento para la difusión de la
lengua española? (Número de expediente 180/000203.) . . . (Página 1112)
De la Diputada doña María Amelia Caracuel del Olmo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
valoración hace el Gobierno de la distribución de las subvenciones
con cargo al 0,52 por 100 del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF)? (Número de expediente 180/000200.) . . . (Página 1112)
De la Diputada doña María Reyes Montseny Masip, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
nuevos servicios se propone poner en marcha en INTERNET, sobre todo
en el sistema de la Seguridad Social, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales? (Número de expediente 180/000204.) . . .
(Página 1113)
Del Diputado don José Luis Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente
Primero del Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Puede el Gobierno
comprometer una fecha para la firma del tratado de pesca entre la
Unión Europea (UE) y el Reino de Marruecos? (Número de expediente
180/000184.) . . . (Página 1114)
De la Diputada doña María Jesús Celinda Sánchez García, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
posición va a tomar el Gobierno ante la propuesta de la reforma de la
Organización Común de Mercado (OCM) del sector del azúcar? (Número de
expediente 180/000199.) . . . (Página 1115)
Del Diputado don Josu Iñaki Erkoreka Gervasio, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿Qué medidas
tiene previsto adoptar el Gobierno con el fin de garantizar el pleno
cumplimiento de los compromisos que próximamente va a adquirir el
Estado en relación con la Carta Europea de las Lenguas Regionales o
Minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de 1992? (Número
de expediente 180/000194.) . . . (Página 1116)
De la Diputada doña Ana Cristina Guarinos López, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿En
qué situación se encuentra el proceso de integración de los servicios
periféricos iniciados por la Ley de Organización y Funcionamiento de
la Administración General del Estado (LOFAGE)? (Número de expediente
180/000207.) . . . (Página 1117)
Del Diputado don Rafael Merino López, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es el balance que hace
el Gobierno de la reestructuración de los Departamentos Ministeriales
que se ha llevado a cabo como consecuencia del inicio de la nueva
Legislatura? (Número de expediente 180/000208.) . . . (Página 1118)
De la Diputada doña Carmen Marón Beltrán, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Medio Ambiente: ¿Le
parece al Sr.
Ministro que su política de prevención de incendios ha tenido éxito
este verano? (Número de expediente 180/000191.) . . . (Página 1119)
De la Diputada doña María Bernarda Barrios Curbelo, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué
medidas legales ha promovido el Gobierno para facilitar la entrada en
vigor de la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal del
menor? (Número de expediente 180/000205.) . . . (Página 1120)
Del Diputado don Enrique Belda PérezPedrera, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuáles son las
medidas que el Ministerio de Justicia está planteando en relación con
la construcción de un espacio europeo de libertad, seguridad y
justicia? (Número de expediente 180/000206.) . . . (Página 1121)
De la Diputada doña Isabel Pozuelo Meño, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Primero del
Gobierno y Ministro de la Presidencia: ¿Por qué está el Gobierno
dispuesto a que España pierda la presidencia del Comité de
Trasplantes del Consejo de Europa? (Número de expediente 180/000186.)
. . . (Página 1122)
Del Diputado don Manuel José Silva i Sánchez, del Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió), que formula a la Excma. Sra. Ministra
de Ciencia y Tecnología: ¿Qué medidas y ayudas se pretenden adoptar
por el Gobierno a fin de incentivar el cambio de vehículos de
gasolina con plomo a sin plomo, en aplicación del Real Decreto 403/
2000, de 24 de marzo, transposición de la Directiva 98/70/CE, del
Parlamento Europeo y del Consejo? (Número de expediente 180/000195.)
. . . (Página 1123)
De la Diputada doña Ana Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno en
este momento la incidencia del Real DecretoLey 7/2000, de 23 de
junio, en el mercado de las Telecomunicaciones? (Número de expediente
180/000198.) . . . (Página 1124)
De la Diputada doña Blanca Fernández de Capel Baños, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno:
¿Cuáles son las principales conclusiones para España de la reciente
entrevista de la Ministra de Ciencia y Tecnología con el Comisario
Europeo de Investigación? (Número de expediente 180/000201.) . . .
(Página 1125)
De la Diputada doña Amparo Valcarce García, del Grupo Parlamentario
Socialista, que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Se
ratifica el Ministro de Fomento en sus declaraciones recogidas en
prensa nacional el pasado viernes día 15 acerca de la universidad
española, en las que, entre otras cosas, la calificaba como
elefantiásica, esclerotizada y llena de demagogos locales? (Número de
expediente 180/000192.) . . . (Página 1126)
Interpelaciones urgentes . . . (Página 1127)
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la asignación de licencias
de telefonía móvil de tercera generación . . . (Página 1127)
Presenta la interpelación urgente, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, el señor Pérez Rubalcaba. Manifiesta en primer lugar que
desde que su grupo presentó por primera vez, hace cuatro meses, una
interpelación sobre la concesión de licencias de telefonía móvil, se
han producido acontecimientos que no han hecho sino agravar lo que, a
su juicio, constituye el mayor regalo de dinero público de nuestra
historia económica. Critica el sistema de concurso empleado por el
Gobierno para la concesión de licencias de telefonía móvil, y se
pregunta cómo podrá arreglarse lo que el Gobierno, según su opinión,
ha hecho rematadamente mal. Considera pertinente un debate sobre cómo
rectificar una decisión equivocada del Gobierno, basándose en tres
elementos fundamentales: concurso o subasta, transparencia del
sistema y precio a pagar por las operadoras para obtener las nuevas
licencias. Se refiere a los sistemas seguido por otros países de la
Unión Europea para la concesión de licencias y a diversas
manifestaciones hechas por la señora ministra y por el presidente del
Gobierno en relación con el tema. En cuanto a la transparencia,
pregunta por algunas, a su juicio, irregularidades en el proceso y
por las condiciones en las que las cuatro operadoras consiguieron el
fantástico concurso de telefonía de tercera generación. En relación
al precio acusa al Gobierno de malbaratador, porque ha vendido el
espacio radioeléctrico a bajo precio, y adelanta lo que serán las
líneas maestras de la moción que presentarán la semana que viene.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Ciencia y
Tecnología (Birulés Bertrán). Manifiesta
su satisfacción por poder debatir sobre el tema en la Cámara, pero
desearía que los debates fueran más serios, puesto que no se puede
limitar la acción del Gobierno al precio y a la tecnología, porque
ésta tiene también un alcance social. Muestra su total desacuerdo con
el contenido y las expresiones recogidas en la interpelación escrita,
la exposición de motivos que la acompaña y en una de las partes, a
pesar del tono de la exposición del interpelante. Considera que el
tema se presenta de modo superficial y carece de un mínimo rigor y,
además, tergiversa repetida y claramente los resultados de la
interpelación, de su respuesta en el pasado mes de mayo, de los
procesos y de las explicaciones dadas, olvidándose de las medidas de
liberalización presentadas por el Gobierno y por ella misma el 23 de
junio. Contesta a las acusaciones del señor interpelante y afirma que
la decisión del Gobierno no ha sido equivocada porque pretendía en su
momento y pretende hoy dos objetivos fundamentales: la introducción de
esta modalidad de telefonía móvil para estar cuanto antes en la base
de la sociedad de la información y superar decidida y rápidamente el
atraso comparativo de España en relación con otros países en el
desarrollo de esta sociedad de la información. Con estos objetivos,
añade, el Gobierno consideró idóneo el sistema de concurso al
permitir que los concursantes compitieran no sólo en los precios sino
también en cuestiones claves para el desarrollo social, económico y
tecnológico de la sociedad de la información.
Replica el señor Pérez Rubalcaba, duplicando la señora ministra de
Ciencia y Tecnología.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Llamazares
Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la
señora Mato Adrover, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la dignificación de la vivienda
pública . . . (Página 1138)
Presenta la interpelación el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo
Parlamentario Mixto. Manifiesta que su interpelación tiene como objeto
la valoración de las políticas de promoción de vivienda pública y las
necesidades de algunos sectores de población así como valorar el
impacto de la Ley de Arrendamientos Urbanos desde 1994 hasta hoy. Se
refiere al incremento producido en la vivienda libre en detrimento de
la vivienda protegida, llegando a la conclusión de que el Plan de
vivienda no puede llevarse a cabo por falta de promotores privados.
Pregunta sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante los
efectos que puede provocar la subida de los tipos de interés y añade
que otro aspecto clave de la política de vivienda es la necesidad de
especializar y flexibilizar el mercado, de acuerdo con las comunidades
autónomas y los entes locales, para atender las necesidades de los
sectores de mayor riesgo: jóvenes, ancianos e inmigrantes.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento
(Álvarez-Cascos Fernández). Considera que la interpelación aborda un
tema del máximo interés e importancia social, habida cuenta de la
evolución de la construcción de viviendas a lo largo de estos últimos
cuatro años y de la evolución del Plan de vivienda. Sin embargo no
está de acuerdo con las conclusiones finales que considera demasiado
dramáticas y que distorsionan las interesantes preocupaciones
expuestas en la intervención. Contesta a las preguntas formuladas por
el interpelante y explica que precisamente la subida de los tipos de
interés va a producir el efecto automático de demanda de viviendas de
protección oficial, aunque con ello no sea suficiente y estén
dispuestos a abordar entre todos el problema de la vivienda para que
pueda haber viviendas para todos los sectores de la sociedad que la
demandan, pero las comunidades autónomas tienen mucho que decir en el
tema, puesto que el Estado solamente tiene atribuida la competencia de
establecer y financiar las ayudas a la vivienda, pero no es titular
de la política de vivienda. Asimismo se refiere a los desahucios y a
la inmigración y adelanta las cuatro líneas en las que se fundamentará
la reforma de la política de vivienda para ajustarla a los objetivos
que todos están propugnando.
Replica el señor Puigcercós i Boixassa, duplicando el señor ministro
de Fomento.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González,
del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Jané i
Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la
señora Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista, y el
señor Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre medidas que
piensa adoptar el Gobierno para impedir que queden exentas plusvalías
obtenidas por parte de contribuyentes nacionales, mediante el
intercambio de participaciones o acciones en empresas nacionales por
participaciones o acciones en empresas extranjeras . . . (Página 1145)
Presenta la interpelación, en nombre del Grupo Parlamentario Federal
de Izquierda Unida, el señor Llamazares Trigo. Explica que esta
interpelación tiene causa en el Real Decreto 3/2000, de 23 de junio,
por el que se aprueban medidas fiscales urgentes de estímulo al
ahorro familiar y a la pequeña y mediana empresa que ha introducido
de matute, según su opinión, una sustancial modificación en el
régimen fiscal de las entidades de tenencia de valores extranjeros.
Recuerda el debate celebrado en la Cámara con ocasión de la
presentación del Real Decreto ley y critica las manifestaciones que
hizo entonces el señor ministro de Hacienda. A continuación y
basándose en los argumentos dados por el señor ministro en su
intervención ante el Pleno en que se aprobó el Real Decreto-ley hace
un breve relato de los hechos a los que se refiere la interpelación,
que es el caso de las plusvalías generadas por la venta o canje de
participaciones de la empresa Airtel por acciones de la empresa
Vodafone, tomando como hilo conductor los personajes de «Alicia en el
país de las maravillas». Finalmente hace una serie de preguntas al
Gobierno y afirma que su grupo no comparte la desfiscalización
vertiginosa de las rentas de capital y piensa que, en este caso, se
puede estar ante un agujero por el que se cuele la elusión fiscal.
Por ello considera que se debe exigir al Gobierno que aclare si es
posible utilizar el decreto para hacer fraude de ley y las medidas
que va a tomar para que la futura ley subsane la equivocación
cometida.
Contesta, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda
(Montoro Romero). Contesta gustoso a la interpelación presentada,
pero recuerda que el Real Decreto-ley está en este momento en
tramitación en la Cámara, por lo que preguntar sobre qué se va a
hacer en el futuro con el proyecto de ley es como preguntar si el
Gobierno piensa sustraer las competencias a la Cámara. Ofrece a los
grupos parlamentarios los servicios del Ministerio de Hacienda en el
trámite parlamentario y anuncia una iniciativa del Grupo Popular
relativa a la presentación de las enmiendas a este proyecto de ley.
No considera original el planteamiento de la interpelación siguiendo
el cuento de «Alicia en el país de las maravillas», porque ya lo hizo
el señor Alcaraz, portavoz de Izquierda Unida, en su primera
comparecencia en la Comisión de Economía como secretario de Estado. A
continuación afirma que el Real Decreto- ley de 23 de junio hace una
decidida apuesta por el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a
las iniciativas de innovación y de internacionalización empresarial,
como fórmula para mejorar su competitividad y como garantía de su
supervivencia en un entorno globalizado y rápidamente cambiante.
Finalmente explica las medias adoptadas por el Gobierno del Partido
Popular desde 1996 en apoyo
de la internacionalización en el terreno fiscal, orientadas a mejorar
la competitividad de las empresas.
Replica el señor Llamazares Trigo, duplicando el señor ministro de
Hacienda.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Padrol i Munté, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán,
del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Se suspende la sesión a las nueve y quince minutos de la noche.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON JESÚS CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO
DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿PERSISTE EL GOBIERNO EN
NO DAR SOLUCIÓN A LA SUBIDA DE LOS PRECIOS DE LOS CARBURANTES?
(Número de expediente 180/000185.)
La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Preguntas. En
primer lugar, pregunta número 14 dirigida al ministro de Hacienda,
que formula don Jesús Caldera Sánchez-Capitán.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, de norte a sur y de este a oeste se multiplican las
movilizaciones en protesta por el incremento de los precios del
gasóleo. Por cierto, esta crisis les ha pillado a ustedes por
sorpresa, lo que demuestra su improvisación. Créame que nos preocupan
mucho.No lo hacemos con agrado ni las alentamos. Sin embargo, nos
preocupa más la falta de reacción del Gobierno, que sólo lo hace a
impulso de las presiones, tarde y mal y con secretismo, porque esta
Cámara no sabe qué es lo que están negociando ustedes con los
sectores afectados. Todos debemos, empezando por el Gobierno, dar
solución al problema. Por eso le pregunto si persisten ustedes en no
dar ninguna solución, claro es global, a esta problemática.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, en lo que persiste el Gobierno es en dar soluciones a los
problemas económicos y sociales de España en este momento, y en ese
sentido el Gobierno está actuando desde el comienzo de este fenómeno
de la subida de los precios de los carburantes. Como S.S. sabe, está
actuando, en primer lugar, trayendo y aprobando en esta Cámara un
decreto-ley que ha promovido la liberalización de la distribución de
carburantes en España. En segundo lugar, negociando con los sectores
más afectados -agricultores, pescadores, transportistas- a través de
unas reuniones en las que estamos cuantificando cómo podemos paliar
las consecuencias de la subida de esos costes para estos sectores. Y
para tranquilidad de S.S. le diré que mi opinión es que estamos muy
cerca de conseguir ese acuerdo; algo que estoy seguro que, por la
sonrisa que ha expresado antes, el Grupo Socialista va a celebrar
ampliamente. Desde el comienzo de esta subida de los precios
internacionales del crudo, el Gobierno también ha actuado congelando
los impuestos especiales para este año, ha reducido módulos de
agricultores y transportistas y también proyecta seguir en esa misma
senda haciendo lo que tiene que hacer desde su sentido de
responsabilidad en aplicación de su política económica.
Gracias, señora presidente. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montoro.
Señor Caldera.
El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor ministro, a la vista está que
no son suficientes, en modo alguno, las medidas que ha adoptado su
Gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado un plan,
que puede merecer o no críticas, pero un plan completo y articulado,
y ustedes se han dedicado a criticarlo en lugar de dar soluciones a
la situación. Han tenido muchas oportunidades para dar respuesta a
este problema. Por ejemplo, diversificación energética. Tenemos la
misma dependencia en estos momentos de las importaciones de petróleo
que hace cinco años. Eso es responsabilidad de su Gobierno.
Cooperativas, en tres ocasiones en la anterior legislatura les
propusimos que las cooperativas pudieran expender productos a
terceros. No lo hicieron y ahora lo van a hacer me temo que de forma
errónea. Liberalización del sector. Señor ministro, nuestros países
competidores -Francia, Alemania, Gran Bretaña e Italia- tienen los
precios de las gasolinas antes de impuestos menores que en España.
Esto quiere decir que la liberalización en esas economías es mucho
mayor que la que usted dice haber conseguido
en España. Y ¿qué nos ofrecen? ¿Menos consumo? Sí, un poco
menos. No, un mucho menos. Pero eso se hace fomentando el transporte
público y ustedes sólo están alentando el uso indiscriminado del
vehículo privado, por ejemplo en Madrid con los accesos mediante
autopistas de peaje. Y ¿qué hacen? Criticar nuestras propuestas de
rebaja de impuestos. Señor ministro, yo no confío en sus principios.
Sé que ustedes van a ceder. Sé que ustedes si siguen las
movilizaciones cederán y bajarán transitoriamente el impuesto como
les proponemos. Háganlo antes de que sea irremediable o de que la
economía española y sus usuarios sufran daños que no merecen por su
comportamiento. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Caldera.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señorías, el Gobierno
insiste en que está poniendo delante de los sectores más afectados
propuestas de mejora de su fiscalidad en el impuesto sobre la renta y
en el IVA. Insiste en la oportunidad de seguir congelando el impuesto
especial sobre hidrocarburos para el año 2001, e insiste en promover
nueva fiscalidad para nuevas energías, energías alternativas y apoyo
al ahorro racional y eficaz de energía. Efectivamente, el Grupo
Socialista se ha inaugurado en esta nueva etapa, después de
consolidar un nuevo liderazgo, presentando el primer plan económico,
un plan -y créame que lo lamento- que está salpicado de falta de
realismo, de intervencionismo y de demagogia. Es una vuelta al
pasado, es una vuelta a la intervención y, además, es un
planteamiento que conculca las normas de la Unión Europea.
Realmente, señorías, me corresponde finalizar esta intervención
pidiendo más responsabilidad al Grupo Parlamentario Socialista para
poder afrontar conjuntamente un problema económico como el que está
viviendo en este momento la sociedad española. (Rumores.-Aplausos.)
Gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro.
- DEL DIPUTADO D. FRANCESC ROMEU I MARTÍ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DELGOBIERNO
Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿CONSIDERA EL GOBIERNO CUMPLIDOS LOS
OBJETIVOS DEL PACTO CONTRA EL TRANSFUGUISMO POLÍTICO? (Número de
expediente 180/000187.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 16, dirigida al vicepresidente
primero, que formula el diputadodon Francesc Romeu i Martí.
El señor ROMEU I MARTÍ: Señora presidenta, señor Rajoy, ¿considera el
Gobierno cumplidos los objetivos del pacto contra el transfuguismo
político?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romeu.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Señora presidenta, señor Romeu, ha habido
una mejora sustancial respecto a la situación anterior. Desde la
última celebración de elecciones municipales en España, el 13 de
junio de 1999, ha habido dieciséis casos de transfuguismo, la mayor
parte de ellos en municipios de muy pocos habitantes, donde a veces
los planteamientos personales priman incluso sobre los planteamientos
políticos.
De manera general, yo diría que estamos en una situación mucho mejor
y, por tanto, los partidos que firmamos este acuerdo podemos estar
razonablemente satisfechos; aunque también entiendo que debemos
seguir haciendo un esfuerzo de cara al futuro porque lo ideal sería
que, en lugar de que encontrarnos ante sólo dieciséis casos en
ayuntamientos pequeños, no hubiera habido ninguno.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Rajoy.
Señor Romeu.
El señor ROMEU I MARTÍ: Señor Rajoy, como usted supongo que sabrá, en
las últimas semanas se han producido cambios de signo político en
determinadas alcaldías de la Comunidad Valenciana como consecuencia
de pactos con tránsfugas políticos de esas localidades, lo que supone
sin ninguna duda una alteración de la voluntad popular y de la
configuración de gobiernos locales que no respeta los principios de
la democracia. Ante esta práctica que se intentó evitar con el pacto
suscrito por las fuerzas políticas el 7 de julio de 1998, el Partido
Popular ha mantenido silencio y no ha actuado contundentemente para
impedir que el transfuguismo sea una práctica para el cambio de
gobierno en las corporaciones locales.
Usted, señor Rajoy, utiliza, al igual que el conjunto de su partido,
una doble moral y un doble lenguaje en lo que respecta al
transfuguismo: callan cuando es a ustedes a los que beneficia o son
ustedes los que lo protagonizan. Está usted obligado a cumplir y a
hacer cumplir el pacto que firmó contra el transfuguismo exigiendo
responsabilidades a los miembros de su partido que lo practiquen y
tomando las medidas disciplinarias que sean oportunas, como ha hecho
el Partido Socialista en localidades como Orba, Chiva, Sant Vicent
del Raspeig o Algimia de Almonacid. Está perdiendo toda su
credibilidad, señor Rajoy; la suya y la de su partido. Están haciendo
una política oportunista, miden con
diferentes varas y, obviamente, incumplen los pactos que ustedes
mismos firman. No maquille la realidad y actúe. Cumpla y haga cumplir
los acuerdos y no venda más propaganda sobre la legitimidad
democrática porque usted, actuando como lo hace, tiene menos
credibilidad en este tema que el señor Zaplana. Él podrá orientarle
muy bien sobre cómo se consigue ganar las elecciones gracias al
transfuguismo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Romeu.
Señor vicepresidente.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): Estoy convencido, señor Romeu, de que se
habrá quedado usted muy feliz después de esa intervención; y yo
también. (Risas.) Creo que no es malo procurar la felicidad de la
gente. (Risas.) Sobre todo cuando se trata de su primera intervención
en la Cámara. (Protestas.-Aplausos.) Por tanto, me congratulo de su
felicidad.
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías!
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE LA
PRESIDENCIA (Rajoy Brey): En cualquier caso, quisiera recordar que
estoy sustancialmente de acuerdo con lo que ha dicho el señor Romeu.
Yo mismo sufrí una operación de transfuguismo en Galicia en su época;
después hubo en Galicia operaciones importantes, también las hubo en
Aragón y en Madrid y en otras comunidades autónomas. (Rumores.) Lo
que he dicho me parece sensato, razonable y equilibrado. Creo que el
pacto ha surtido efecto y que se producen en este momento muchas
menos situaciones de transfuguismo que las que se ocasionaban en
otros momentos de la vida pública española.
También he manifestado mi firme voluntad, que espero sea compartida
por todos, de hacer todo lo posible para que en lugar de existir
dieciséis casos de transfuguismo como ha habido desde las últimas
elecciones municipales, no haya ninguno.
En cualquier caso, no he venido aquí a debatir sobre alguno concreto
que se pueda producir en una u otra comunidad autónoma. No he venido
aquí a debatir sobre alguno concreto que se pueda producir en una u
otra comunidad autónoma. Entiendo que S.S. se dedique
fundamentalmente a la Comunidad Valenciana, pero puestos a citar
casos hay más, de los dieciséis que tengo aquí apuntados -y no voy a
decir el partido político-, a favor de un partido político que de
otro. Por ejemplo, en Herrera del Duque, ustedes han quitado a
Izquierda Unida la alcaldía, pero lo que me ha parecido peor es que
en dos municipios, Santa María de Huerta, en Soria, y Villanueva del
Río y Minas, en Sevilla, el PSOE le haya quitado la alcaldía al PSOE.
¡Hay que ser malo, señor Romeu! (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS AYMERICH CANO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS ESTÁ DISPUESTO AADOPTAR
EL GOBIERNO PARA MITIGAR EL IMPACTO QUE LAS CONSTANTES SUBIDAS DE LOS
TIPOS DE INTERÉS TIENEN SOBRE LAS PERSONAS Y LAS FAMILIAS QUE HAN
SUSCRITO CRÉDITOS HIPOTECARIOS A TIPO DE INTERÉS VARIABLE? (Número de
expediente 180/000183.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Resto de preguntas dirigidas al ministro de Hacienda.
En primer lugar, pregunta número 12, que formula el diputado don
Carlos Aymerich Cano.
El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿qué medidas está dispuesto a adoptar el Gobierno
para mitigar el impacto que las constantes subidas de los tipos de
interés tiene sobre las personas y las familias que han suscrito
créditos hipotecarios a tipo de interés variable?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señoría.
Efectivamente, señora presidenta, estamos ante unas subidas de los
tipos de interés hipotecarios, pero éstas, aunque son sin duda
lamentables, se fijan desde unos niveles de los tipos de interés
extraordinaria e históricamente bajos. He de recordar a la Cámara que
hace cinco años los tipos de interés de las hipotecas eran tres
y cuatro veces más altos que actualmente. Ese descenso de tipos de
interés ha permitido un ahorro muy importante en los últimos años. En
una hipoteca media de doce millones de pesetas supone un ahorro de
162.000 pesetas mensuales y de 1.944.000 anuales debido a lo que ha
sido la anterior bajada de tipos de interés. Ahora estamos en ese
proceso contrario y el Gobierno también está actuando a través de su
fiscalidad para compensar los mayores costes que tienen los nuevos
propietarios de vivienda en España.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Montoro.
Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Gracias.
Señor ministro, ustedes hicieron de los tipos de interés bajos -y
creo que lo hicieron legítimamente- un argumento electoral. No es la
cuestión ahora si antes estaban más altos y ahora más bajos, el hecho
es que el nivel que tenían hace dos o tres años animó a mucha gente a
comprar una vivienda, a empeñarse y ahora, cuando confiaron en unas
perspectivas de tipos bajos, se ven de alguna manera entrampados.
Digo que si hicieron ustedes de los tipos bajos un argumento
electoral, tendrán ahora también que responsabilizarse y no, como
algunos responsables políticos, echarle la culpa al Banco Central
Europeo o a una coyuntura internacional en la que el Gobierno parece
que no tiene nada que ver. Sabe que desde comienzos del año 2000 el
cambio de política monetaria del Banco Central Europeo provocó un
alza continuada de los tipos de interés que casi se duplicaron del
2,5 -que era su punto más bajo- al 4,5 actual y parece que la
tendencia va a seguir porque el euro sigue débil. La tímida y no
creíble intervención del Banco Central Europeo no fue efectiva y
parece que éste va a seguir subiendo su tipo de interés desde luego
antes de fin de año.
Los índices de referencia de los créditos hipotecarios han subido más
aún y nos hallamos en una situación en la que dichas familias se
encuentran en este momento endeudadas a unos niveles muy altos para
lo que es su renta, por tanto entrampadas en un acceso a la propiedad
que el Gobierno en su momento fomentó. Unas viviendas caras, el
precio subió como consecuencia de la alta demanda sin que sus
reformas liberalizadoras del suelo tuviesen ninguna incidencia sobre
el precio de la vivienda y, por tanto, estamos ahora en una situación
en la que los expertos pronostican un aumento de los impagos y desde
luego en la que los únicos que salen victoriosos y los únicos que
tienen algo por lo que alegrarse son las entidades crediticias, que
ven cómo suben sus beneficios y ven cómo la transferencia de renta
desde la economías domésticas a estas corporaciones financieras
aumenta cada vez más.
Desde luego le invito a que esas medidas fiscales se concreten, por
ejemplo, en una mejora del trato fiscal a las viviendas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, las medidas fiscales se han concretado. Hemos declarado
exenta del impuesto sobre el patrimonio la vivienda habitual hasta 25
millones de pesetas; hemos declarado no tributable el rendimiento de
vivienda habitual; hemos bajado los costes de los aranceles de
registros y notarios; hemos avanzado y de manera bastante fiable en
lo que es el coste fiscal que
los contribuyentes tienen que afrontar por el hecho de ser
propietarios de su vivienda.
No sé si S.S. compró una vivienda en España hace 20 años, yo sí, por
la edad que tenía, y sé perfectamente cuál era el coste de las
hipotecas en nuestro país. No sé si S.S. hace el cálculo de lo que
supone ese coste de la hipoteca en relación con la renta disponible
de los españoles. Realmente ahora la política del Gobierno es seguir
favoreciendo la renta disponible de los ciudadanos para que esos
ciudadanos, a través de su trabajo y a través de su esfuerzo, puedan
seguir financiando esas viviendas el día de mañana.
Hay un clima de subida de tipos de interés desde unos niveles
extraordinariamente bajos. El que España haya sido fundadora del euro
ha permitido ese acceso a viviendas más factible, más real, a cientos
de miles, a millones en este caso, lo que realmente hemos de ver con
satisfacción porque significa incrementar el bienestar del ciudadano
y hacerlo de manera muy positiva.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JUAN BLANCAS LLAMAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿CUÁLES VAN A SER LAS
LÍNEAS PRIORITARIAS DE GASTO POR PARTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON
LOS PRESUPUESTOS DEL 2001? (Número de expediente 180/000197.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 24, que formula el diputado don
Juan Blancas Llamas.
Tiene la palabra.
El señor BLANCAS LLAMAS: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la política económica del Gobierno del Partido
Popular se fundamenta en el crecimiento económico sostenido y en la
creación de empleo para consolidar el Estado de bienestar social.
Para conseguir estos objetivos entre otros requisitos hay que aplicar
-y se está aplicando correctamente- la contención del gasto público y
la eliminación del déficit público. La prueba evidente de que se
están aplicando correctamente estas medidas es que en el presente
ejercicio económico se ha reducido sustancialmente el déficit sin
menoscabar y sin reducir las inversiones en sanidad, en empleo, en
asuntos sociales y en educación.
El presidente del Gobierno en el discurso de investidura, el 25 de
abril, anunció en esta Cámara que esta sería una legislatura de
equilibrio presupuestario; es más, el presidente añadía: Se remitirá
a esta Cámara una nueva ley de estabilidad presupuestaria, siguiendo
los principios de consolidación de las cuentas públicas del Estado,
de transparencia en el uso de los recursos y
de coordinación en las políticas presupuestarias con otras
comunidades y con otros entes territoriales. La realidad es que se
está cumpliendo fielmente lo que el presidente Aznar dijo el día 25
de abril en esta Cámara.
De ahí que estando próximo el debate de los presupuestos generales,
en el próximo mes de octubre, mi pregunta al ministro de Hacienda
vaya en este sentido. ¿Qué líneas prioritarias de gasto va a seguir
el Gobierno con relación a los Presupuestos Generales del año 2001?
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Blancas.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señoría, tenía toda la razón cuando en el planteamiento de su
pregunta al Gobierno insiste y explica correctamente la importancia
del equilibrio presupuestario. El viernes próximo, el Consejo de
Ministros examinará y aprobará la Ley de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2001 y remitirá al Congreso esa ley. Esa ley
volverá a implicar y a destacar el compromiso del Gobierno con la
estabilidad del presupuesto, con el equilibrio presupuestario.
Efectivamente, señoría, ese equilibrio presupuestario es la mejor
garantía para que, a través de la confianza de los ciudadanos en la
institución presupuestaria, continuemos impulsando el crecimiento
económico y la recuperación de empleo y de esa forma fortalezcamos la
estabilidad económica de nuestro país. Es también la mejor manera de
anunciar lo que serán, en la segunda parte de la legislatura, nuevas
reducciones de impuestos. Es también la mejor garantía para nuestro
sistema de protección social, aquello que da pie a ver con confianza
lo que significa la viabilidad más efectiva, más realista de la
protección social en nuestro país. Además, permite dedicar mayores
recursos a los programas que volverán a ser destacados por parte del
Gobierno en materia de dotación de los servicios públicos
prioritarios para el desarrollo de nuestra protección social, para la
modernización de nuestro sistema educativo y sanitario y asimismo
para mayores dotaciones de inversión en infraestructuras y en
investigación y desarrollo.
Los nuevos presupuestos se acompañarán también con una nueva ley, la
ley de estabilidad presupuestaria, que consagrará los principios que
ya cumplen nuestros presupuestos en virtud del Pacto de Estabilidad y
Convergencia, y que llevará a nuestro orden normativo el
planteamiento y los contenidos esenciales de ese pacto.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Montoro. Preguntas
dirigidas al señor ministro de interior.
- DELDIPUTADO DON JORDI JANÉ I GUASH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÉNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁNDO PIENSA EL
GOBIERNO PRESENTAR EL REAL DECRETO- LEY POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS
URGENTES PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS TORRENCIALES
DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2000 EN CATALUÑA, AL QUE SE REFIERE LA
PROPOSICIÓN NO DE LEY APROBADA POR ESTA CÁMARA EL 14 DE JUNIO PASADO?
(Número de expediente 180/000168.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 11, que formula el diputado don
Jordi Jané I Guash.
El señor JANÉ I GUASH: Señor ministro, el pasado 10 de junio cayeron
en Cataluña unas fuertes lluviastorrenciales; unas lluvias, señor
ministro, que causaron graves daños y que pusieron en evidencia
infraestructuras inadecuadas. Esta Cámara reaccionó con prontitud
y cuatro días después, el 14 de junio, se aprobaba por este Pleno del
Congreso por unanimidad una proposición no de ley instando al
Gobierno a aprobar un decreto-ley por el que se adoptaran medidas
urgentes para reparar los daños causados por las citadas lluvias,
dictando los distintos titulares de los departamentos ministeriales
las disposiciones necesarias. Han pasado ya unos meses, se han tomado
ya medidas en el ámbito del Ministerio de Agricultura, pero queda
todavía, señor ministro de Interior, un paquete importante de medidas
que debe impulsar su Ministerio. Por tanto, este es el objeto de mi
pregunta, instarle con rapidez a que se apruebe el real decreto-ley
que depende de su Ministerio y saber cuándo tiene previsto el
Gobierno aprobarlo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Sí, señora presidenta.
Señoría, una vez que conocemos ya la valoración y la relación de
daños, que ha realizado la comunidad autónoma, en estos momentos la
Delegación del Gobierno y los distintos ministerios están ultimando
la manera en la que se va a articular el apoyo del Estado en estas
medidas a las que usted hace referencia.
Como usted bien ha recordado, se ha publicado ya un real decreto, de
4 de agosto, para paliar los daños causados en la agricultura
catalana. En estos momentos quiero decirle, señoría, que se está
elaborando ese decreto-ley de carácter más amplio, más general, y que
es el habitual ante este tipo de circunstancias. Quedan simplemente
por concretar aspectos muy puntuales y la
forma, como antes decía, en la que se va a materializar la ayuda del
Estado.
En cuanto al contenido, señoría, quiero decir que se están
proponiendo subvenciones a las entidades localespara la reparación de
los daños, las moratorias de los pagos y las exenciones arancelarias.
Y en cuanto a la fecha, que es por lo que usted más me pregunta, a
finales de este mes de septiembre estará concluido ese decreto, irá
inmediatamente al Consejo de Ministros y a continuación a esta Cámara
para su convalidación parlamentaria.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASH: Gracias, señor ministro por su respuesta, en
la que asegura que en este mes de septiembre tendremos aprobado este
importante decreto- ley.
Tenga en cuenta el Gobierno cuando lo elabore las medidas ya
aprobadas por la Generalitat de Cataluña y pónganse también en
contacto, lo hace ya la Delegación del Gobierno pero es necesaria la
máxima coordinación, con los ayuntamientos afectados. Estamos
hablando de los ayuntamientos de El Vendrell, Collbató, Olesa de
Montserrat, Pallejà, Sant Esteve Sesrovires, Castellví de Rosanes,
Esparraguera y Martorell. Son ayuntamientos que están ya catalogando
todas las pérdidas sufridas en infraestructuras, en comercios, en
industrias, y también, señor ministro, las pérdidas en bienes
materiales de particulares que han perdido su ajuar doméstico y su
primera vivienda. Creo que aquí debemos ser ágiles en impulsar
créditos y ayudas directas.
Nada más, señor ministro, y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR:
¿HA TOMADO MEDIDAS EL GOBIERNO PARA QUE EN NINGUNA COMISARÍA ESPAÑOLA
VUELVAN A OCURRIR SUCESOS COMO LA MUERTE DEL CIUDADANO GUINEANO
ANTONIO FONSECA? (Número de expediente 180/000188.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 17, que formula el diputado don
Juan Fernando López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 20 de mayo fallecía en las dependencias de
la comisaría de policía de Arrecife,
Lanzarote, un ciudadano guineano, Antonio Augusto Fonseca, hallándose
detenido. Pues bien, estas son las horas, cuatro meses después, que
aún no se ha facilitado desde el Ministerio del Interior ninguna
explicación satisfactoria de las causas y de las circunstancias de
ese fallecimiento, que no cabe atribuir, tratándose de un hombre
joven, a ninguna muerte natural. A lo que sí hemos asistido ha sido a
una sucesión de notas de prensa desmentidas por los hechos,
comunicados contradictorios, versiones contradictorias emitidas desde
la propia policía y desde luego una investigación tardíamente incoada
desde el Ministerio del Interior sólo arrastras de la iniciativa
procesal puesta en marcha por la hermana del fallecido. Y es por eso
que le pregunto: ¿Ha adoptado el Gobierno medidas para que en ninguna
comisaría española pueda volver a repetirse un suceso tan lamentable
como la muerte de Fonseca y todo lo que vino después?
La señoraPRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, todas las medidas que ha adoptado y adoptará el Gobierno se
fundamentan en el respeto a los procedimientos y a las decisiones
judiciales que parece usted haber olvidado en su intervención.
También quiero decirle que se han cristalizado ya en un conjunto de
investigaciones de carácter interno en el seno del cuerpo nacional de
Policía.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en democracia no es normal que la gente muera en
comisaría, lo normal es que se le observen sus derechos fundamentales
y primero que nada el derecho a la vida, custodiado policialmente,
incluso frente a un eventual intento de suicidio, y los derechos
fundamentales que tiene reconocidos en nuestra Constitución: el
derecho a conocer las causas de la detención, el derecho de
asistencia letrada, a ser reconocido por un médico, a ser asistido
por un intérprete. Y no nos consta, nadie tiene constancia de que al
ciudadano guineano Fonseca le fueran observados ninguno de estos
derechos fundamentales. Quizá se le aplicó un peculiar derecho a la
igualdad a ser tratado como un extranjero cualquiera que cometió el
error de pasear por el lugar equivocado a la hora equivocada, en un
contexto en el que es fácil creer que un extranjero es un inmigrante,
que un inmigrante es un ilegal, que el ilegal es un marginal, un
delincuente o un narcotraficante, corriendo sobre el extranjero la
carga de la prueba, de
probar que a lo mejor toda la secuencia es errónea o falsa de
principio a fin.
Usted ha mencionado la investigación judicial en curso, y es verdad,
y no corresponde al Grupo Socialista suplantar ni al ministerio
fiscal ni a la justicia penal, pero sí traer a esta Cámara una
preocupación social por la pasividad, por la incapacidad del
Ministerio del Interior, probada en este caso, de darle importancia a
las cosas que sí la tienen, porque los derechos fundamentales del
detenido son una prueba de calidad de la democracia y de la estatura
moral de una sociedad. Es por eso que termino formulándole otra
pregunta: ¿Toma el Gobierno medidas adecuadas para que no pueda
volver a pasarle a ningún extranjero lo que le pasó a Fonseca, y que
incluso en el caso de que sea un delincuente le sean asegurados los
derechos fundamentales que tiene reconocidos y vendrá la próxima vez
a esta Cámara, en el caso de que eso sucediera, con mayor celeridad
de lo que lo ha hecho en esta ocasión? (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
En su intervención también parece haberse olvidado de los hechos, de
las medidas concretas que ha ido adoptando el Ministerio del Interior
en esta cuestión. En primer lugar, al día siguiente de la muerte de
Fonseca se abre una primera investigación en el seno de la comisaría
de Arrecife. Inmediatamente hay un expediente de carácter
disciplinario. En segundo lugar, días más tarde hay otro informe que
solicita la jefatura superior de Canarias. En tercer lugar, cuando
conocemos por primera vez un informe de un forense que contradice al
primero, directamente desde el propio Ministerio del Interior lo que
se solicita es una investigación interna que preside el máximo
responsable en este tema del cuerpo nacional de Policía en la
inspección de personal. Quiero decirle, y usted lo sabe muy bien, que
cuando hay una investigación de carácter interno en el seno de la
policía y al mismo tiempo ya hay una investigación de carácter
judicial, hay que paralizar las decisiones internas disciplinarias en
el seno del cuerpo nacional de Policía. Todas las líneas de
investigación a las que me he referido, las tres, que no han sido
desmentidas ni por el segundo ni por el tercero ni por el cuarto
informe forense, que parece usted olvidarse de ellos también, en modo
alguno avalan la posibilidad de que ese guineano pudiese haber muerto
en la comisaría por malos tratos del cuerpo nacional de Policía. Por
eso no se puede adoptar en ese supuesto ninguna medida de carácter
cautelar porque es arbitraria, porque es injusta y porque eso no da
en modo alguno ninguna confianza a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado. (Rumores.) De sus palabras no hay alternativa alguna a la
forma y manera en la que ha actuado el Gobierno.
Respecto de otras consideraciones, respecto de la inmigración, cuando
las palabras son gratuitas ... (Rumores.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿QUÉ MEDIDAS
VA A ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE LA IMPRUDENCIA DE LAS DECLARACIONES DEL
DELEGADO DEL PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS RESPECTO DEL ALIJO
DELPRIVILEGE? (Número de expediente 180/000189.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 18, que formula la diputada
doña Carmen Romero López.
La señora ROMERO LÓPEZ: Lo siento, señor ministro, le toca responder.
(Risas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora ROMERO LÓPEZ: Ese es su papel, aunque usted esté muy
contento de haberse conocido. ¿Qué medidas va a tomar sobre las
declaraciones de su delegado del Plan nacional sobre drogas con
motivo del famoso Privilege?
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, yo estoy
encantado de conocerle a usted, no de conocerme a mí mismo. (Risas.)
Quiero decirle que el delegado del Plan nacional sobre drogas ha
solicitado ya una comparecencia voluntaria ante el Congreso de los
Diputados para dar una explicación pormenorizada de lo sucedido y que
al mismo tiempo el Gobierno reconoce un profundo error a la hora de
la comunicación de esta parte de esta operación judicial.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor ministro, no era para menos.
Sin las declaraciones de su delegado para el Plan nacional no habría
pregunta porque ésta no es sobre la Operación Ostra ni sobre la
Operación Orinoco 2000, y todas las explicaciones ya las han dado
ustedes. Cuantas más justificaciones, peor. Corramos un tupido velo,
mejor no volver hablar ya sobre ese tema porque es un descrédito sin
precedentes en el que hemos sumido a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado respecto de las operaciones que llevan a cabo.
Después de lo de Oubiña, esto es el pitorreo nacional para los 39
millones de españoles. (Protestas.)
La señora PRESIDENTA: Señorías.
La señora ROMERO LÓPEZ: ¿Qué quiere que le diga, señor ministro?
Probablemente usted ahora me va a hablar de todos sus éxitos
policiales, los cuales oscurece este chasco monumental. Me imagino
que no hablará usted del pasado ahora que tenemos tantos muertos, de
eso probablemente usted hoy no hablará, pero ya que se ha organizado
esta escandalera con el mayor alijo y que ahora resulta que sabemos
que Venezuela sí ha incautado toneladas pero España no, ya que ahora
sabemos en qué consiste esa operación y que usted reconoce aquí ese
error monumental, podemos concluir diciendo, como en el caso de
Oubiña, que ahora les da a los narcotraficantes por viajar con
pasaporte falso con este Gobierno, por eso ustedes no lo pudieron
facilitar a la Interpol para que lo detuviera. Tenemos ahí ese primer
precedente en su política contra el narcotráfico y tenemos un segundo
precedente ahora, que la culpa, señor ministro, la tiene el barco,
porque no traía droga. (Risas.-Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Gracias, señora
presidenta.
Yo le reitero la aceptación del error, señoría, pero quiero hacerle
dos precisiones. Una ya la ha dicho usted, pero me parece importante
subrayarla aquí: que se trata de una operación internacional. En una
operación internacional no se puede desglosar lo que se hace en uno o
en otro país, es el conjunto de la operación internacional y el
significado de la desarticulación de una trama en su conjunto, porque
ni la policía española actúa por separado de la americana ni de la
venezolana ni de la italiana ni de la inglesa ni tampoco en cada uno
de sus respectivos países se actúa separadamente. La actuación
policial en su conjunto ha sido brillante porque el resultado es la
desarticulación de una trama muy importante e internacional en este
ámbito.
En el ámbito de la comunicación, yo le pido simplemente, ya que usted
ha hecho referencia a esa rueda de prensa, que lea la transcripción
completa. El delegado del Gobierno expresamente contempla la
posibilidad de que no hubiese droga en el Privilege aquel sábado 2 de
septiembre.
Evidentemente, como siempre en ese terreno, aceptando el error de la
comunicación, voy a hacerle caso y le diré que hay que hacer una
valoración de la lucha
contra el narcotráfico por parte del cuerpo nacional de Policía y de
la Delegación del Gobierno en estos últimos años. En cuanto a
cocaína, se ha aumentado un 200 por ciento el volumen decomisado y,
en cuanto a hachis, un ciento por ciento. Además, el número de
operaciones e intervenciones del cuerpo nacional de Policía ha
aumentado un 140 por ciento. Yo me quedo con el contenido y no con la
forma o con el error en la comunicación en la última operación y la
actuación del cuerpo nacional y de la Delegación del Gobierno en la
lucha contra la droga ha sido un ejemplo de bien hacer en estos años.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA DEL CARMEN OLMEDO CHECA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR:
¿ESTÁ USTED DE ACUERDO EN QUE LA CULPA DE LA MUERTE DE ANA ELENA
LORENTE LA TIENE LA SOCIEDAD ACTUAL, EXCESIVAMENTE ABIERTA Y
PERMISIVA, TALY COMO OPINA EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA?
(Número de expediente 180/000190.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 19, de la diputada doña María
del Carmen Olmedo Checa.
La señora OLMEDO CHECA: ¿Está usted de acuerdo, señor ministro, en
que la culpa de la muerte de Ana Elena Lorente la tiene la sociedad
actual, excesivamente abierta y permisiva?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): Señoría, el delegado
del Gobierno, el Gobierno y evidentemente el ministro del Interior
saben muy bien que los únicos culpables del asesinato de Elena
Lorente serán aquellos que determinen en su momento los tribunales de
justicia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Me alegra, señor ministro, que no comparta
usted las declaraciones de su delegado del Gobierno en Andalucía,
pero creo que no es suficiente; usted debería indignarse en la misma
medida que yo, porque es intolerable que un representante de un
gobierno democrático, de un Estado de
derecho, realice declaraciones que cuestionan y condicionan un
derecho fundamental: la libertad, en este caso de las mujeres;
declaraciones que, en cierta medida, culpabilizan a las propias
víctimas y en las que se hacen afirmaciones que no son ciertas,
porque no es verdad, como usted bien ha dicho, que la culpa de que
exista esa violencia contra las mujeres la tenga la sociedad,
excesivamente libre y permisiva, sino justamente lo contrario. Es en
países democráticos y libres donde es más fácil sacar a la luz este
grave problema; es en países democráticos y libres donde se están
tomando medidas para erradicar esa violencia. Y si no, pregúnteles
usted a las mujeres de Kabul y, por desgracia, a otro gran número de
mujeres en el mundo.
Señor ministro, ustedes, el Partido Popular, antes de llegar al
Gobierno mantenían una postura de rechazo total a las políticas de
igualdad. Yo les reconozco, y me alegro mucho por ello, que en los
últimos años ustedes han evolucionado y asumido un mayor compromiso
en la defensa de la igualdad de derechos, pero no todos en su partido
han evolucionado igual. Le recuerdo que no es la primera vez que un
responsable político de su partido realiza este tipo de
declaraciones; no las consienta, señor ministro. Transmita a la
sociedad, en la misma línea que lo está haciendo con la violencia
terrorista, con la misma rotundidad y con la misma firmeza, un
mensaje claro de rechazo a los violentos y de apoyo a las víctimas y
plantéese si no es una irresponsabilidad democrática mantener al
señor Hurtado como delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Andalucía después de estas declaraciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Olmedo.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Mayor Oreja): El propio delegado del
Gobierno en Andalucía reconoció, en unas declaraciones hechas a las
48 horas y a las que usted no ha hecho referencia, que sus palabras
no fueron las más adecuadas. Como se ha producido esa rectificación
del propio delegado del Gobierno 48 horas después, le rogaría que no
sacásemos de quicio unas declaraciones. Cuántas veces, cuando hay
acciones violentas, al valorar las causas de esas acciones, nosotros
decimos en el ámbito privado y en el ámbito público que son los
programas de televisión, los films de televisión. Cuántas veces, ante
hechos violentos que se producen en nuestra geografía, decimos que es
la injusticia social, el ambiente social el que produce esos hechos y
no se saca de quicio, únicamente hay que saber culpabilizar a los
culpables. Es evidente que no se pueden desproporcionar de esta forma
unas declaraciones precisas. Lo importante es que valoremos, sobre
todo, del delegado del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado su efectividad
a la hora de detener a los asesinos de Ana. De la misma manera que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han sido capaces de
detener al asesino de Rocío Wanninkhof en Málaga hace pocas semanas,
demos el mismo respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en la
confianza de que también van a encontrar a los culpables de Ana
Lorente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE DON FRANCISCO ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN ELCONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL GOBIERNO EN ELAPOYO AL DEPORTE NO
PROFESIONAL? (Número de expediente 180/000202.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte. En primer lugar, pregunta que formula
el diputado don Francisco Antonio González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, desde el pasado día
15 estamos siguiendo con mucho interés lo que está sucediendo en
Sydney, que, al fin y al cabo, es la máxima expresión de lo que un
deportista desea, que es participar en esa competición que es
universal, que se celebra cada cuatro años, y también aspira a la
competición mundial que se celebra cada dos. España, en concreto,
está en un momento muy bueno, hace pocas horas hemos obtenido una
medalla de oro en ciclismo, seguimos teniendo deportistas de altísima
calidad, en poco tiempo hemos tenido un buen número de deportistas
prácticamente en todas las especialidades deportivas, pero de alguna
manera todos ellos, tanto en las olimpiadas como en los campeonatos
del mundo como en los campeonatos de Europa o, incluso, en América,
tienen, por qué no decirlo, una retribución -son, por decirlo de
alguna manera, profesionales-, bien a través de las federaciones o
bien a través de las esponsorizaciones o -por qué no utilizar una
palabra muy castellana o muy española- del patrocinio.
Estoy diciendo todo esto, señora ministra, porque nuestros
deportistas están ganando medallas en estos momentos para España, en
un nivel altísimo de competición, pero hay que pensar en ellos un
poco antes, no ahora, no en el momento culminante, no en el momento
brillante de ver cómo cuelgan las medallas alrededor del cuello,
medallas no sólo preciosas para ellos por su esfuerzo y por su
dedicación, sino también para nuestro país, para que la bandera
española ondee la primera entre las tres que suelen ondear. Y ese
momento antes es el inicio en la infancia, en la competición, es el
inicio
de la tutela, por decirlo de alguna forma, desde el Gobierno,
desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, para que al día
siguiente, a los años siguientes tengamos las alegrías que nos
estamos llevando estos días y que seguramente seguirán produciéndose
mucho más adelante como consecuencia del trabajo y el esfuerzo de
esos deportistas y de las políticas deportivas que se están llevando
a cabo.
Señora ministra, creo que con este preámbulo que le he hecho no me
queda más remedio que hacerle la pregunta, que es: ¿Cuáles son las
líneas que sigue el Gobierno, en este caso el Ministerio de
Educación, para el apoyo del deporte no profesional?
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señora ministra.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor González.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo
Vera): Señora presidenta, señoría, creo que usted ha planteado con
acierto la reflexión sobre la importancia del deporte en los años
primeros de la infancia y la adolescencia. Le voy a dar brevemente
cuenta de lo que en materia de deporte escolar y deporte
universitario impulsa y desarrolla este Ministerio.
En primer lugar, en lo que se refiere al deporte escolar, hay que
destacar el campeonato de España en la juventud, el campeonato de
España escolar, en el que, por ejemplo, en el curso académico 1999-
2000 participaron en todas las comunidades un total de 2.500
escolares; la participación también en competiciones internacionales,
que fue de 7.800 jóvenes, con un presupuesto de 357 millones de
pesetas, y el programa de detección de talentos deportivos, que
cuenta con una participación de 3.900 jóvenes y 721 técnicos.
En segundo lugar, por lo que se refiere al deporte universitario, hay
que señalar que el Consejo Superior de Deportes, en colaboración con
universidades españolas públicas y privadas, convoca actividades
deportivas nacionales, si bien el desarrollo del deporte
universitario corresponde a cada universidad en su ámbito específico,
por no hablar del programa de apoyo al deporte de alto rendimiento,
al deporte federado.
Quisiera subrayar un aspecto que me parece esencial y que he
manifestado en mis comparecencias en esta Cámara y en el Senado. El
impulso al deporte escolar es fundamental si luego queremos tener
deportistas de élite, pero también es fundamental para la educación
de los niños y de los jóvenes, no en vano son esos los años en los
que se forja el carácter, señoría.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoraministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BEATRIZ RODRÍGUEZ- SALMONES CABEZA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA SITUACIÓN ACTUALDE LAACCIÓN
EDUCATIVA EN EL EXTERIOR, COMO INSTRUMENTO PARA LA DIFUSIÓN DE LA
LENGUA ESPAÑOLA? (Número de expediente 180/000203.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula la diputada
doña Beatriz Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la pregunta que le formulamos hoy versa sobre la
presencia de la lengua y la cultura españolas en el exterior. Y la
formulamos partiendo de un hecho establecido y sin duda cierto como
es el gran peso que ambas tienen fuera de nuestras fronteras. Peso
que no se realiza sólo en el terreno cultural, sino que además nos
abre puertas en múltiples ámbitos. Sin embargo, también existe
tradicionalmente la impresión, y sé que al Gobierno esto le preocupa,
de que muchas veces este hecho no se ha correspondido con un esfuerzo
similar en materia educativa, de coordinación o presupuestaria. Como
sabemos que el Gobierno da a esto una gran importancia y le preocupa
esta cuestión, le formulamos la pregunta en los términos en que
figura en el orden del día.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez-Salmones.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURAY DEPORTE (Del Castillo
Vera): Muchas gracias, presidenta.
Efectivamente, el Gobierno es consciente, como creo que lo son los
miembros de esta Cámara, de que tenemos un patrimonio extraordinario
con la lengua y la cultura de nuestro país, con la lengua española,
la lengua castellana, porque es compartida por una enorme cantidad de
personas fuera de nuestras fronteras. Esto nos da una posición y nos
permite tener un vehículo para fomentar de manera extraordinaria la
presencia de España en otros contextos geográficos y ampliar su
influencia y sus inversiones.
El Gobierno, en distintos departamentos, pero especialmente a través
del Ministerio de Educación y Cultura, desarrolla como es sabido una
serie de iniciativas según distintos instrumentos. Por ejemplo,
mantiene una red de 13 consejerías de Educación en las embajadas de
España, una de cuyas funciones es apoyar y potenciar la presencia del
español en los sistemas educativos de los países correspondientes. A
estos efectos,
sabe S.S. que se han desarrollado acciones especiales en relación a
Brasil. Mantiene, por otro lado, una red de 27 centros educativos de
titularidad estatal; tiene, como se sabe bien, Institutos Cervantes
en muchos lugares: un total de 30 ciudades del mundo cuentan con
Instituto Cervantes; también promociona el español en las escuelas
europeas, que en el último curso han atendido a casi 3.000 alumnos.
También, las aulas integradas de agrupaciones de lengua y de cultura,
presentes en Europa, Estados Unidos y Australia, por las que han
pasado 20.000 alumnos. Y tiene cursos de formación -esto es muy
importante- para profesores extranjeros que imparten español en sus
países de origen. En este sentido, por ejemplo, a lo largo del curso
pasado han sido 575 profesores, con un presupuesto de 56 millones de
pesetas, los que han sido formados para impartir español en sus
países de origen.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA AMELIA CARACUEL DEL OLMO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS SUBVENCIONES
CON CARGO AL 0,52 POR CIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS
PERSONAS FÍSICAS (IRPF)? (Número de expediente 180/000200.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Trabajo y Asuntos Sociales.
En primer lugar, pregunta número 27, que formula la diputada doña
Amelia Caracuel del Olmo.
La señora CARACUEL DEL OLMO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, los presupuestos para el año 2000 introdujeron
ciertas modificaciones en el 0,52 por ciento del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, que los españoles en nuestra
declaración destinamos a otros fines de interés social, y que se
dedican al desarrollo de programas sociales gestionados por el tercer
sector, cuyo auge en nuestro país es tan encomiable, ya que es
conocido por todos el incremento del movimiento asociativo y la doble
labor solidaria de las entidades sociales, que por una parte mitigan
las necesidades de los sectores más desfavorecidos y por otra generan
empleo.
Pues bien, para dar más eficacia y apoyo a estas entidades sociales,
en su día, las diecisiete ONG de la mesa de diálogo, la Secretaría de
Estado de Hacienda y la Secretaría General de Asuntos Sociales
firmaron un acuerdo en el que se garantizaba un mínimo anual
de 19.000 millones a las ONG, cantidad que este año ha superado ese
mínimo. La cuantía total es de 20.251 millones, de los cuales 16.200,
es decir el 80 por ciento, son repartidos por el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales entre los sectores sociales más
vulnerables, para reforzar de esta forma las políticas de solidaridad
e impulsar el tercer sector.
Por todo ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué valoración hace
el Gobierno de la distribución de las subvenciones con cargo al 0,52
por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas?
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Caracuel.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta. Gracias, señora diputada.
La valoración es positiva. En primer lugar, porque, como señalaba en
su intervención, se ha superado esa línea base de garantía de
financiación fijada en 19.000 millones, sobrepasando los 20.000
millones, de los cuales 16.200 son los que han quedado sujetos a
distribución por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
En segundo lugar, es positiva porque siempre es grato poder aportar
más medios económicos a la colaboración con organizaciones no
gubernamentales, con estas instituciones del tercer sector, que hacen
que se multipliquen los recursos aplicados. Sin duda ninguna, por
proximidad, por eficacia y también porque se han sabido perfeccionar
los mecanismos de cooperación y de gestión de las propias ONG, ha
sido posible atender también a un mayor número de programas y hacerlo
en algunas áreas nuevas. De hecho, también ha sido mayor el número de
entidades que han podido cooperar con el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales; serían veinte entidades más. La estructura de
reparto ha sido análoga a la de años anteriores, siempre modulando en
función de prioridades. Este año se ha mantenido un 21 por ciento de
los recursos en favor de las personas mayores, un 16 por ciento para
personas con discapacidad; infancia y familia han absorbido un 11 por
ciento y el programa de mujeres ha tenido un 9 por ciento. Esto ya
sería significativo. Como le decía, también ha sido posible atender
un mayor número de programas: 88 programas más, todo ello sin
comprometer una unidad de estructura y todo ello sin perder de vista
que son deseables los programas en los que hay cooperación de las
propias ONG o cooperación intersectorial.
Finalmente, si me permite, creo que es bueno que este incremento de
recursos haya podido marcar y atender nuevas prioridades, entre otras
la atención de adolescentes y jóvenes con dificultad de adaptación
social, que han visto incrementados sus recursos un 22 por
ciento; tratamiento de enfermos de sida, incrementado en un 178 por
ciento; adopción de medidas alternativas a la prisión de reclusos y a
reclusos, 185 por ciento, y prevención de drogodependencias, más de
un 71 por ciento.
Es una valoración positiva, porque sigue en ese camino no solamente
de aportar mayores recursos, sino de buscar su mayor eficacia y
aplicación social.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA REYES MONTSENY MASIP, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL GOBIERNO: ¿QUÉ
NUEVOS SERVICIOS SE PROPONE PONER EN MARCHA EN INTERNET, SOBRE TODO
EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, EL MINISTERIO DE TRABAJO
YASUNTOS SOCIALES? (Número de expediente 180/000204.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 31, que formula la diputada
doña María Reyes Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, las políticas sociales
y las políticas económicas globales del Gobierno han tenido como
consecuencias muy importantes muchos factores en el ámbito de la
Seguridad Social: unos niveles de afiliación que no conocíamos, una
mejora en las prestaciones, más control en la percepción de las
prestaciones indebidamente percibidas y mayor persecución del fraude.
En la pasada legislatura factores tan importantes como el medio
ambiente hicieron que se creara ese Ministerio, y en la actualidad el
de Ciencia y Tecnología. Estamos en una sociedad moderna, y sin duda
se han mejorado los procesos de modernización e informáticos de la
Seguridad Social. Recuerdo cuando yo era funcionaria, y se empezaba a
hablar de un ordenador/ un funcionario en lugar de un bolígrafo/un
funcionario. En esta era revolucionaria de Internet y de las nuevas
tecnologías, ¿qué nuevos servicios se plantea poner el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales en el ámbito de la Seguridad Social, en la
Gerencia Informática y en la Tesorería?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Montseny.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE TRABAJO YASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez):
Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora diputada. El reto está en que un área tan
determinante del buen funcionamiento de la sociedad, como es la
protección social, como es la Seguridad Social, no quede al margen de
estos nuevos sistemas, de estas nuevas herramientas informáticas en
cuanto a la información, información que en este caso que ya han
elaborado las propias entidades gestoras en cooperación con esos
eficientes funcionarios, cuyo trabajo debe ser reconocido también en
este trámite, para tratar de dar dos grandes áreas de servicio, como
le decía hace unos instantes, los de información. A ese respecto
estamos intentando que haya no sólo toda la normativa a disposición,
no todas aquellas herramientas que permitan el acceso al ciudadano,
no solamente los formularios, sino también que la información pueda
ser personalizada. Una de las pocas limitaciones en esta área, pero
obligada limitación, son las garantías de seguridad y de
confidencialidad. Quizá, si no fuera por este deseo de actuar con la
máxima prudencia, estaríamos dando mayores niveles de gestión. En ese
poder conocer un ciudadano los datos que sean de su interés y que
obren en poder de la Seguridad Social se ha realizado un gran avance
en estos dos últimos años. Algunos de los servicios, conocimiento de
la propia vida laboral, conocimiento de lo percibido en las
expectativas que una persona puede tener, tanto activa como pasiva,
estarán ya muy pronto en servicio en la red. Me permito calcular que
será en el plazo máximo de un año.
Quizá sea importante destacar que alguna de las herramientas de
gestión, como es el sistema Red, puedan también situarse en el ámbito
de Internet; aunque tal vez tenga menos importancia cuantitativa,
pero no cualitativa, también hemos querido que la red de Internet
permita a los españoles residentes en el extranjero acceder a los
servicios de Seguridad Social mediante un buzón abierto en Internet
que, sin duda, puede ser de gran ayuda para esos ciudadanos
emigrantes españoles que viven en otros países. De igual modo, a esos
españoles que residen en otros países queremos darles también esa
posibilidad de sentirse, a estos efectos, como en casa.
Asimismo se halla en una fase muy avanzada el que ciertos documentos
útiles para los españoles, que, por el contrario, viajan al
extranjero, puedan obtenerlos directamente desde su domicilio como es
el formulario de asistencia sanitaria.
Confío en seguir ampliando estas noticias que se deben al mérito y al
esfuerzo de la Administración.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Preguntas dirigidas al señor ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS CENTELLA GÓMEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE EL
GOBIERNO COMPROMETER UNA FECHA PARA LA FIRMA DEL TRATADO DE PESCA EN
LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y EL REINO DE MARRUECOS? (Número de expediente
180/000184.)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, pregunta número 13 que formula
el diputado don José Luis Centella Gómez.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Agricultura, ¿puede el Gobierno comprometer hoy una
fecha para la firma del tratado de pesca entre la Unión Europea y el
Reino de Marruecos?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (Arias
Cañete): Señora presidenta, señorías, como S.S. sabe, la negociación
de acuerdos pesqueros internacionales es competencia de la Unión
Europea y, singularmente, de la Comisión Europea. Por tanto, el
Gobierno español no puede comprometer una fecha. Es más, al día de
hoy y dado el Estado de la negociación ni los responsables de la
Comisión Europea ni el Gobierno marroquí están en condiciones de
comprometer una fecha, puesto que la negociación apenas se ha
iniciado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor ministro, la realidad es que el
acuerdo pesquero concluyó hace ya más de diez meses y su Gobierno no
sólo no consiguió su continuación, sino que en estos momentos no está
en condiciones de decir siquiera que va a pasar el 1 de diciembre. La
realidad, señor ministro, es que hay 423 barcos parados y 4.255
tripulantes que están desesperados porque no ven horizontes de
solución y mucho menos después de la triste y lamentable explicación
que usted ha dado aquí hoy. Por eso cada vez está más claro que el
Gobierno español mantiene una actitud vergonzante, una actitud de
pasividad que se traduce no sólo en que ustedes después de diez meses
no puedan comprometer una fecha, sino también en que han
mantenido una despreocupación por el estado del caladero, en el que,
como usted sabe, barcos de otros países comunitarios llevan pescando
más de dos años y medio con artes que saben que son dañinas para la
propia persistencia del citado caladero, sin que el Gobierno español
haya hecho una denuncia contundente. La realidad es que nos hemos
gastado el dinero que nuestra flota necesitaba para su modernización
y, al final, usted, señor ministro, desde que llegó al Ministerio no
ha hecho otra cosa que dar fechas, que se han ido incumpliendo una
tras otra. Al Gobierno le ha faltado voluntad, porque si no es
competencia suya, sí lo es de su Gobierno, presionar, trabajar en la
Unión Europea. Les ha faltado esa voluntad para que la Unión Europea
cambie su política y se tome el acuerdo pesquero como un asunto
prioritario. Así nos vemos en el día de hoy sin perspectivas de que
haya unas negociaciones en serio con la Unión Europea. Por eso, señor
ministro, la verdad es que ya no nos va quedando dinero, ya no nos va
quedando tiempo, y ya ha llegado la hora de las soluciones. Señor
ministro, estamos en el momento de las responsabilidades, y si hoy
aquí no pueden comprometerse a la firma del acuerdo, si usted viene
hoy aquí a decir que ya ni siquiera es previsible ese acuerdo, usted
también tiene que asumir responsabilidades. Por eso, le decimos que
si usted no es capaz de firmar ese acuerdo, si el Gobierno no puede
firmar el acuerdo, pediremos formalmente su dimisión, fruto del
fracaso de su Gobierno.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Centella.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA YALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Señora presidenta, el Gobierno no compromete una fecha, pero el
Gobierno desde que tomó posesión de su cargo no ha hecho otra cosa
que trabajar por este acuerdo. Por primera vez en la historia de la
negociación de un acuerdo pesquero, desde el presidente del Gobierno,
el ministro de Exteriores y el ministro de Agricultura han estado
incesantemente en contacto con el Gobierno de Marruecos, presionando
a todos los niveles para que se reanuden las conversaciones, y por
eso hoy tenemos una fecha para que se reanuden, el 28 y el 29 de
septiembre. Hoy sabemos que van a empezar unas conversaciones
técnicas que ha alimentado el Gobierno español, suministrando
elementos de cooperación para incentivar la conclusión de un acuerdo
distinto de los anteriores, de un acuerdo de partenariado, y para
suministrar los elementos fundamentales que permitan dotar de un
contenido pesquero importante al acuerdo y que siga faenando nuestra
flota pesquera. Además, el Gobierno hizo los deberes en su momento,
porque, por primera vez en la historia de un acuerdo, desde el primer
día que amarró la flota se había negociado previamente con sindicatos
y armadores y nuestra flota pesquera ha podido
estar amarrada, pero sin menoscabo en absoluto de los salarios de los
pescadores y de los beneficios de los armadores. Por lo tanto, en
primer lugar, el Gobierno hizo bien la tarea preventiva; en segundo
lugar, ha desarrollado su misión de impulsar las negociaciones, ha
desarrollado su misión de dotarlas de contenido y está presionando
sistemáticamente tanto a la Unión Europea, para que negocie
activamente, como al Gobierno de Marruecos para que busque elementos
de entendimiento con la Unión Europea.
Yo entiendo que hemos hecho todo lo que un Gobierno responsable tiene
que realizar en esta materia. Lo vamos a seguir haciendo y el
Gobierno confía en que antes de finalizar el año haya un acuerdo
razonable concluido entre la Unión Europea y Marruecos. Lo que no le
puedo dar es el día en que ese acuerdo entre en vigor.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA JESÚS CELINDA SÁNCHEZ GARCÍA, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
POSICIÓN VAA TOMAR EL GOBIERNO ANTE LA PROPUESTA DE LA REFORMA DE LA
ORGANIZACIÓN COMÚN DE MERCADO (OCM) DEL SECTOR DEL AZÚCAR? (Número de
expediente 180/000199.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 26, que formula la diputada
doña María Jesús Celinda Sánchez García.
La señora SÁNCHEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el sector remolachero constituye una actividad
estratégica agraria de muchas de nuestras comunidades autónomas y por
tanto de nuestra economía. El tejido productivo industrial que
conllevan los puestos de trabajo que ocupa y su importancia dentro de
la producción agraria del país hace que recibamos con bastante
inquietud las últimas noticias que han llegado a través de los medios
de comunicación acerca de la propuesta que hace el comisario europeo
de Agricultura, señor Fischler, de la reforma de la Organización
Común de Mercado del azúcar, en la que se contempla una reducción de
nuestra cota asignada, que ya es insuficiente en estos momentos de
por sí.
Como usted sabe, en los últimos años se han ido produciendo
paulatinamente mejoras estructurales, incrementos productivos y ha
habido programas tecnológicos de mejoras de este cultivo, como no
podía ser de otro modo para adecuar esta industria a niveles
comunitarios. Ahora bien, todos estos esfuerzos se irían al traste si
se nos impusiera desde Bruselas una política restrictiva como la que
se adivina. Por todo ello, ante la preocupación de todo el sector
remolachero es por lo
que yo le pregunto al ministro de Agricultura, ¿qué posición va a
tomar el Gobierno ante la propuesta de reforma de la OCM del sector
del azúcar?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Sánchez.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA YALIMENTACIÓN (Arias Cañete):
Gracias, presidenta.
Señoría, la Organización Común de Mercados del azúcar establece que
antes del 1 de enero del año 2001 el Consejo tiene que establecer el
régimen aplicable desde el día 1 de julio de dicho año. Para cumplir
con estos plazos la Comisión tiene que presentar dentro de este año
una propuesta de modificación. Oficialmente la Comisión no ha dado a
conocer su propuesta y no ha sido aprobada por el colegio de
comisarios. Sin embargo, algunos medios de comunicación han recogido
recientes declaraciones del comisario Fischler anunciando una
reducción de cuotas a nivel de la Unión Europea del orden de 115.000
toneladas. La Administración española desconoce totalmente, de
momento, la letra pequeña de la propuesta del comisario; no obstante,
a grandes rasgos conocemos los propósitos de la reforma y podemos
adelantar que desde 1995 la OCM establece la forma en que se deben
distribuir entre los Estados miembros las disminuciones de la cuota
comunitaria que eventualmente haya que realizar. Por tanto, si la
Unión Europea quiere reducir 115.000 toneladas, España se vería
afectada en una reducción del orden de 3.000 toneladas.
La posición del Gobierno español es, en principio, de oposición a esa
reducción. Nos oponemos a ella hasta que no haya un mínimo equilibrio
entre las cuotas, las producciones y los consumos de los distintos
Estados miembros. A España se le asignó en su momento una cuota de un
millón de toneladas, muy inferior a la cantidad que nos correspondía
como media en los últimos cinco años, y ello hace que nuestro grado
de autoabastecimiento sea sólo del 81 por ciento y que, a pesar de
tener una producción de azúcar suficiente, no podamos destinarla al
abastecimiento nacional porque la reglamentación nos obliga a
exportar la cantidad que supera la cuota, debiendo importar de otros
Estados miembros la cantidad necesaria para complementar el
abastecimiento nacional. En estas circunstancias la situación
española requiere un tratamiento específico que justifica nuestra
posición de oponernos a la reducción de cuota.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DELDIPUTADO DON JOSU IÑAKI ERKOREKAGERVASIO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ MEDIDAS
TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PLENO
CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS QUE PRÓXIMAMENTE VAAADQUIRIR ELESTADO
EN RELACIÓN CON LA CARTA EUROPEA DE LAS LENGUAS REGIONALES O
MINORITARIAS, HECHA EN ESTRASBURGO EL 5 DE NOVIEMBRE DE 1992? (Número
de expediente 180/000194.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al ministro de
Administraciones Públicas.
En primer lugar, pregunta número 22 que formula el diputado don Josu
Iñaki Erkoreka Gervasio.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Si todo se desarrolla en términos de coherencia, fundamentalmente por
parte del Grupo Popular, mañana esta Cámara autorizará la
ratificación de la Carta europea de las lenguas regionales y
minoritarias. En relación con esta cuestión quería preguntarles: ¿qué
medidas tiene previsto adoptar el Gobierno con el fin de garantizar
el pleno cumplimiento de los compromisos que próximamente va a
adquirir el Estado en relación con la Carta europea de las lenguas
regionales o minoritarias, hecha en Estrasburgo el 5 de noviembre de
1992?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, en efecto, así es. El Gobierno ha traído este tratado
con rapidez, ya que no pudo aprobarse en la anterior legislatura
porque no dio tiempo. La opinión que tenemos es que la Constitución
española, los estatutos de autonomía y las leyes de normalización
lingüística de las comunidades autónomas, ya promulgadas, garantizan
unos derechos en materia de lenguas regionales o minoritarias que
van, incluso en algunos casos, más allá, no en todos, de los
contemplados en la propia Carta europea de lenguas regionales o
minoritarias. Por tanto, no parece que con carácter global haya que
tomar una medida ni por el Gobierno ni tampoco por las comunidades
autónomas, que en muchos casos tienen la competencia transferida para
cumplir esa Carta. Otro caso distinto sería algún punto concreto en
que haya que hacer alguna modificación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Mire, señor ministro, no voy a negar que efectivamente durante los
últimos veinte años se han producido avances importantes en el Estado
español en relación con la normalización de las lenguas autonómicas
cooficiales distintas del castellano, pero es evidente también que la
Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias marca
horizontes, establece algunos objetivos que todavía no se han llegado
a alcanzar en el Estado español. Le voy a poner una serie de ejemplos
que, aunque no todos afectan a su ámbito de responsabilidad -la
pregunta iba dirigida al Gobierno en su conjunto-, para que consten
en el «Diario de Sesiones».
La Carta exige al Estado velar por que las autoridades
administrativas empleen efectivamente las lenguas regionales o
minoritarias. Frente a ello nos encontramos con que, como
consecuencia de la renqueante política de normalización lingüística
que la Administración del Estado ha llevado a cabo en sus estructuras
administrativas y en relación con su personal, todavía en algunas
oficinas públicas del ámbito de la Administración periférica del
Estado la pretensión de hacer una gestión ágil y rápida, una gestión
oral en una lengua autonómica cooficial entra de lleno en el terreno
de la quimera. La Carta exige también al Estado el compromiso de
aceptar, en la medida de lo posible, las solicitudes de los empleados
públicos que conozcan una lengua regional o minoritaria para que se
les destine al territorio en que se habla dicha lengua, y frente a
ello nos encontramos con que, al menos en la legislación española de
Función pública, nada, absolutamente nada, se prevé a este respecto.
La Carta exige al Estado también el compromiso de asegurar la
enseñanza de la historia y la cultura, de las que es expresión la
lengua regional o minoritaria, y frente a ello nos encontramos con
una pretensión de homogeneizar la enseñanza de la historia tomando
como único eje la España eterna y su única lengua, la lengua
imperial.
La Carta exige al Estado el compromiso de garantizar la creación de...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno): Señor
diputado, hay una coincidencia en su planteamiento. En efecto, usted
me señala algunos puntos, y ya he dicho que puede haber algunos
concretos en que no se haya cumplido al máximo esa Carta. Los
ejemplos que me señala son bien claros. En las oficinas públicas se
ha hecho un enorme
esfuerzo para llegar a ese máximo, se va a continuar haciendo; esta
es una política general del Estado.En cuanto a funcionarios públicos
en algunos casos es un mérito preferente el conocimiento de la
lengua. Lo que no puedo admitirle es el tema de la enseñanza. En el
tema de la enseñanza -además es una responsabilidad fundamental de
todas las comunidades autónomas- se ha dado un cambio extraordinario
para que las lenguas cooficiales puedan enseñarse perfectamente, y en
algunas comunidades autónomas hay una inmersión en esa lengua, es
decir, se estudia en esa lengua. Desde luego no es en absoluto
propósito del Gobierno, y a eso es a lo que salgo al paso, que esa
reforma de las humanidades a la que usted se refería pretenda volver
a crear una historia homogénea proespañolista, sino que pretendemos
precisamente una historia plural. Por tanto, esté usted tranquilo en
ese aspecto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA CRISTINA GUARINOS LÓPEZ, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN
QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRA EL PROCESO DE INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS
PERIFÉRICOS INICIADOS POR LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE
LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO (LOFAGE)? (Número de expediente
180/000207.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula la diputada
doña Ana Cristina Guarinos López.
La señora GUARINOS LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y
Funcionamiento de la Administración general del Estado, además de
poner fin a la dispersión normativa que en aquel momento
caracterizaba al régimen jurídico de esta entidad administrativa,
tiene como uno de sus objetivos prioritarios ajustar la estructura
administrativa de la Administración periférica del Estado a la
realidad y a las exigencias del Estado autonómico, adaptación que
permita eliminar posibles duplicidades y conseguir una mejora en la
calidad de los servicios que la Administración presta a los
ciudadanos. Con esta finalidad configura una nueva dimensión de la
Administración periférica del Estado y prevé la integración en las
delegaciones del Gobierno de todos los servicios territoriales de la
Administración general del Estado y sus organismos públicos. Así, la
disposición final segunda de la citada ley establece que el Consejo
de Ministros, a propuesta del ministro de Administraciones Públicas y
de acuerdo con los ministros
interesados, fijará, mediante real decreto, la estructura de las
delegaciones del Gobierno, incluyendo los servicios periféricos que
deban integrarse y su distribución en el ámbito autonómico y
provincial. En cumplimiento de este mandato se aprobó inicialmente el
Real Decreto 1330/1997, que abordó la integración de los servicios
periféricos de los Ministerios de Fomento, de Educación y Cultura, de
Industria y Energía, de Agricultura, Pesca y Alimentación, y de
Sanidad y Consumo. Dado, pues, señor ministro, que esta integración
debe permitir avanzar en el nuevo modelo de Administración periférica
desde el punto de vista de la racionalidad en la gestión y eficiencia
en la asignación de los recursos públicos, es por lo que le formulo
la siguiente pregunta. Señor ministro, ¿en qué situación se encuentra
el proceso de integración de los servicios periféricos iniciados por
la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración general
del Estado?
Gracias, señora presidenta. Gracias, señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Guarinos.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Gracias, señora presidenta.
Como muy bien ha dicho la señora diputada la Lofage ha supuesto un
avance enorme y una importante transformación en la Administración
periférica, fundamentalmente en tres aspectos: la potenciación de los
delegados del Gobierno, la sustitución de los gobernadores civiles
por subdelegados y el que los servicios periféricos se hayan
integrado dentro de esa estructura. La aproximación al modelo de
Administración común, que es el que defendemos, exige esa integración
y únicamente se excluyen aquellos servicios que por su volumen o por
sus especiales características sería ineficaz hacerlo. Esta
integración se ha hecho en varias fases -la primera y segunda fase
están ya culminadas- con la integración de diversos ministerios, y
siempre con unos principios esenciales. Deseamos no generar
incremento del gasto y como mínimo mantener y en muchos casos debo
decir que mejorar la calidad de los servicios prestados por esa
Administración periférica. Estamos desarrollando ahora una tercera
fase, que ha supuesto la integración en las delegaciones del Gobierno
de los servicios del Parque Móvil y la creación de las áreas de alta
inspección educativa en aquellas comunidades autónomas que
recientemente han recibido la transferencia en educación no
universitaria. El próximo paso será integrar el personal adscrito al
FEGA, dependiente del Ministerio de Agricultura, que no está
traspasado a las comunidades autónomas, las demarcaciones de costas,
dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, las jefaturas
provinciales de inspección de telecomunicaciones y las gerencias
territoriales
del Ministerio de Justicia. Todas estas integraciones se han
hecho con gran esfuerzo y sin incrementar, insisto, el gasto en esta
Administración. Con todas estas integraciones, ahora está pendiente
la negociación de la relación de puestos de trabajo, que va a ser el
elemento culminante. Puede decirse que está finalizándose, aunque
todavía quedan aspectos por llevar a cabo, esta integración y cambio
en la Administración periférica del Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON RAFAEL MERINO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARAIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES EL BALANCE
QUE HACE EL GOBIERNO DE LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS DEPARTAMENTOS
MINISTERIALES QUE SE HA LLEVADO ACABO COMO CONSECUENCIA DEL INICIO DE
LA NUEVA LEGISLATURA? (Número de expediente 180/000208.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 35, que formula el diputado don
Rafael Merino López.
El señor MERINO LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el servicio a los ciudadanos exige que la estructura
y planta de la Administración general del Estado se ajuste a la
realidad social. Por ello, deben reordenarse en función de los
mismos, puesto que tienen el legítimo derecho a saber cuáles son las
competencias de cada Administración y a recibir servicios públicos de
calidad. El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales
debe estar caracterizado por la objetividad, como establece nuestra
Constitución. Es decir, la transparencia administrativa debe ser no
sólo una garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación
general del aparato público. Los titulares de los diferentes órganos
administrativos son gestores de los diversos intereses públicos, por
lo que deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.
Partiendo de estas premisas, se aprobó la Ley 6/97, de 14 de abril
(Lofage), con la finalidad de dotar a la estructura orgánica de la
Administración general del Estado de un elevado grado de eficacia,
así como de una mayor simplificación administrativa, con el objetivo
final de acercar el entramado burocrático a los ciudadanos. Como
señala el artículo 2.2 de la Lofage, la Administración general del
Estado se encuentra constituida por órganos jerárquicamente ordenados
que actúan con personalidad jurídica propia. Pues bien, los
ministerios son la primera división funcional de la Administración y
abarcan uno o varios sectores de la actividad administrativaque, en
términos generales, se identifica con su denominación.
La determinación del número, denominación y ámbito de competencia de
los ministerios se establece mediante real decreto del presidente del
Gobierno (artículo 8.2 de la Lofage.) Por ello, señor ministro, le
formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es el balance que hace el
Gobierno de la reestructuración de los departamentos ministeriales
que se ha llevado a cabo como consecuencia del inicio de la nueva
legislatura?
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino.
Señor ministro de Administraciones Públicas.
El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (Posada Moreno):
Muchas gracias, señora presidenta.
El balance que hace el Gobierno es positivo porque se ha llevado a
cabo en muy corto plazo de tiempo, para no perjudicar el normal
funcionamiento de los órganos de la Administración y con el criterio
de potenciar los sectores y las políticas definidas por el Gobierno
con carácter prioritario para esta legislatura. Se ha intentado
armonizar esos objetivos de una mayor eficacia, que además la propia
experiencia de legislatura anterior nos suministraba, con la
moderación en el crecimiento del gasto y la austeridad, que ha sido
la línea general que se implantó en el año 1996. Ese ha sido el
propósito del Gobierno: impulsar el desarrollo de nuestro programa
político y dotar de mayor eficacia a la Administración central. Como
S.S. sabe, se han suprimido tres ministerios y se han creado cinco.
Quiero resaltar otras estructuras administrativas que han sido
importantes, por ejemplo, con categoría de secretario de Estado, la
delegación del Gobierno para extranjería en la inmigración o las
secretarías de Estado de asuntos europeos y de asuntos exteriores.
En segundo lugar, siguiendo con este criterio de austeridad, se ha
buscado, no sólo en esa primera reestructuración de directores
generales, sino en la organización de cada Ministerio -que, insisto,
se ha hecho en un tiempo muy corto-, que haya una moderación en el
gasto. Por eso, me permito darle las cifras de cómo ha evolucionado.
Por ejemplo, en lo que llamamos altos cargos en sentido estricto, que
sería desde presidente a director general, en la otra legislatura
teníamos 306, y hemos pasado a 327, que se pueden comparar con los
que había el primero de mayo de 1996, antes de la anterior
legislatura, que eran 414. En cuanto a subdirectores, los niveles 30,
que es otro tema también que tiene su importancia, aparte de que son
la estructura esencial de la propia Administración, se ha pasado de
701 en junio de 1996 a 715, un incremento de 14, mientras que en mayo
de 1996 había 820.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA CARMEN MARÓN BELTÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE: ¿LE
PARECE AL SEÑOR MINISTRO QUE SU POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE INCENDIOS
HA TENIDO ÉXITO ESTE VERANO? (Número de expediente 180/000191.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 20, que formula la diputada
doña Carmen Marón Beltrán.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señora presidenta, señor ministro, ¿le
parece que su política de prevención de incendios ha tenido éxito
este verano?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora
presidenta.
Señora diputada, la política de prevención, detección y extinción de
incendios siempre puede ser mejorada cuando en un ejercicio han
ardido desgraciadamente alrededor de 120.000 hectáreas. No obstante,
seríamos injustos si no reconociéramos que las comunidades autónomas
han hecho y hacen un esfuerzo dentro de su ámbito competencial,
quizás no generalizable, pero sí un esfuerzo y un avance muy
importante en esta política.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Señora Marón.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señor ministro, yo no sabía muy bien con qué
maquillaje nos iba a disfrazar usted su respuesta. Puede decirnos
tranquilamente que su política no ha fracasado, pero lo cierto es que
en su Ministerio no hay política forestal. Los hechos están ahí y los
datos son evidentes. Usted mismo, señor ministro, acaba de reconocer
que 120.000 hectáreas han sido arrasadas en lo que llevamos de año,
pérdidas de vidas humanas, miles de millones en daños materiales
y décadas para regenerar la superficie dañada. No sirve calificar de
dramáticos los incendios de este verano ni ampararse en disculpas
competenciales o climatológicas. Hay que actuar. Desde hace cinco
años su Gobierno es el que tiene la responsabilidad de impulsar y de
adoptar las medidas de prevención adecuadas para evitar estos
desastres y no lo han hecho.
El Grupo Socialista ante su pasividad presentó por dos veces ante
esta Cámara la ley de espacios forestales, que sí contempla dos
planes precisamente contra incendios y contra la desertización. Por
cierto, el último debate fue el pasado 27 de junio, y lo rechazaron.
Advertimos responsablemente ese día del riesgo del verano y le
preguntaba desde esa tribuna qué iban a hacer para proteger nuestros
bosques. La respuesta
quedó en el aire, señor ministro, y hoy tenemos la evidencia. Díganos
qué van a hacer para paliar este desastre con medidas concretas,
porque con buenas palabras y con lamentaciones no resolvemos el
problema. ¿Qué va a pasar con la ley de montes, el plan forestal, el
plan contra la desertización? ¿Dónde están? Posiblemente en su
cartera o en el pensamiento del señor presidente, pero no en esta
Cámara. Mientras tanto, España arde incontroladamente de un extremo a
otro. Es urgente un marco estatal -y usted lo sabe- de prevención y
de coordinación. Es necesaria una política de formación y de
sensibilización. Es necesaria una norma que impida recalificar los
terrenos quemados. Es necesario un control exhaustivo de las causas
para evitarlas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Marón.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias,
señora presidenta.
Señora diputada, con todo respeto, comprendo que usted quiera
utilizar este turno de intervención como caja de resonancia, muy
legítimo por otra parte, para exponer un planteamiento político
respetable, pero estoy convencido de que muchos de sus compañeros
presidentes de comunidad autónoma no pueden bajo ningún concepto
compartir su posición. Yo he sido presidente de comunidad autónoma y
no es discutible que la competencia es exclusiva de las comunidades
autónomas; es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
En cualquier caso, haríamos un flaco servicio a la sociedad si
entráramos en este debate. Lo que tiene que preocupar a los
ciudadanos es que utilicemos esto como arma de enfrentamiento entre
comunidades autónomas de distinto signo político para politizar un
asunto de primera sensibilidad medioambiental y de primera necesidad
como es la prevención y extinción de incendios.
El único camino es la colaboración. El único camino es que el Estado
colabore en la medida de sus posibilidades para que las comunidades
autónomas, que son las responsables, puedan afrontar esta
competencia. Los ciudadanos nos exigen que despoliticemos un tema tan
importante para todos -insisto- y sobre todo que ofrezcamos
colaboración entre todos, coordinación y resultados.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA BERNARDA BARRIOS CURBELO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ
MEDIDAS LEGALES HA PROMOVIDO EL GOBIERNO PARA FACILITAR LA ENTRADA EN
VIGOR DE LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL
MENOR? (Número de expediente 180/000205.)
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de
Justicia.
En primer lugar, pregunta número 32, que formula la diputada doña
María Bernarda Barrios Curbelo.
La señora BARRIOS CURBELO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Justicia, en la legislatura anterior, el Gobierno
del Partido Popular, el Ministerio de Justicia, trajo a esta Cámara
el proyecto de ley reguladora de la responsabilidad penal del menor.
Este texto, que fue debatido ampliamente y también ampliamente
apoyado por todos los grupos de la Cámara, se aprobó al final de la
legislatura y se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado
12 de enero.
Entre las medidas que recoge esta ley, que ha sido un hito en la
modificación de la política criminal que se estaba llevando en este
país, está la de aplicarse de los 14 a los 18 años y, con
excepciones, hasta los 21 años, a aquellos jóvenes y menores de edad
que entraban en conflicto social con la ley penal. Además, la ley
recoge como medida novedosa que los mismos se recuperarán por medio
de medidas educativas y sociales que les serán aplicables por jueces
y fiscales especialistas en menores, con letrados especialistas en la
problemática del menor y auxiliados por equipos técnicos
-trabajadores sociales, psicólogos, pedagogos, educadores-, todos
especialistas en la realidad y en los problemas del menor. Sólo con
un estudio profundo de cada unos de los menores y jóvenes que
delinquen se les podrá recuperar, según consideraba nuestro Gobierno
y aprobó la Cámara legislativa.
Le quería hacer la siguiente pregunta, señor ministro: ¿Qué medidas
legislativas ha tomado para promocionar la entrada en vigor de esta
Ley de responsabilidad penal del menor -puesto que en la propia ley
se recoge un año de vacatio legis- para que todos estos
especialistas, estos nuevos órganos jurisdiccionales y este nuevo
órgano que se va a implantar en los tribunales superiores de justicia
funcionen, para que esta ley entre con eficacia y se aplique y así se
puedan integrar socialmente todos estos menores y jóvenes que
delinquen?
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Barrios.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, efectivamente, el Ministerio de Justicia ha acometido los
desarrollos legislativos más importantes
previstos en la Ley Orgánica 5/2000. En primer lugar, como conoce S.
S., hemos remitido a esta Cámara el proyecto de ley que modifica la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que permitirá precisamente la
constitución de los órganos específicos a que hacía referencia en su
pregunta. En concreto, la creación de las salas de menores de los
tribunales superiores de justicia, la adecuación de la regulación y
competencia de los juzgados de menores y la composición de la Sala
Segunda del Tribunal Supremo. Estos cambios en la organización de
juzgados y tribunales van dirigidos a permitir su adecuada actuación
dentro de un marco penal que, como S.S. decía, se orienta a la
reeducación y al cumplimiento de las especiales exigencias que impone
el interés del menor.
En segundo lugar, la Ley 5/2000 exige también la adaptación del
ministerio fiscal a las funciones importantes y relevantes que le
encomienda la ley. Para ello, el Gobierno ha aprobado y ha remitido a
esta Cámara el proyecto de ley de modificación del Estatuto Orgánico
del ministerio fiscal. Es necesaria su reforma para la creación de la
sección de menores en las fiscalías y para lograr la especialización
de los fiscales. Es evidente que la fase instructora del proceso
penal a menores realizada por el ministerio fiscal tiene un sumo
interés. Además, estamos tomando todas las medidas para el incremento
del número de fiscales, como decía también, para su especialización y
un plan de adecuación de las instalaciones, con el fin de que todas
las responsabilidades atribuidas al Gobierno estén cumplidas en la
fecha de su entrada en vigor en enero de 2001.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DEL ENRIQUE BELDA PÉREZ-PEDRERO, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE ELMINISTERIO DE JUSTICIA ESTÁ PLANTEANDO
EN RELACIÓN CON LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO EUROPEO DE LIBERTAD,
SEGURIDAD Y JUSTICIA? (Número de expediente 180/000206.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don
Enrique Belda Pérez-Pedrero.
El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, una de las principales finalidades de los agentes
políticos de la Unión Europea consiste en trasladar las ventajas del
funcionamiento de las instituciones comunes al ciudadano de a pie.
Todos deseamos que cada una de las gestiones de los gobiernos y cada
una de las actuaciones de las estructuras compartidas
tengan un reflejo en la vida y las relaciones jurídicas de los
ciudadanos. Los asuntos derivados de la seguridad y la justicia han
mantenido tradicionalmente en su repercusión social una impronta que
pudiera denominarse nacional, es decir, derivada de postulados y
criterios de orden interno. Incluso la protección de las libertades
y los derechos fundamentales cimentada sobre esquemas y normas de
carácter universal y supranacional sigue derivando su eficacia casi
únicamente en la labor de los poderes públicos de los Estados
miembros.
En este sentido la Unión Europea pretende la construcción de un
espacio de convivencia común y libre bajo el manto de una seguridad y
una justicia guiada por los mismos patrones. Durante la sesión
extraordinaria del Consejo Europeo, en octubre del pasado año, se
analizaron las posibilidades de desarrollo del Tratado de Amsterdam
en esta materia para concluir con una serie de orientaciones
políticas entre las que se encontraban la necesidad de mejorar el
acceso a la justicia, reconocimiento mutuo de sentencias judiciales,
mayor convergencia en la legislación civil o lucha contra la
delincuencia organizada.
Por ello, le pregunto, señor ministro, cuáles son las medidas que su
Ministerio está planteando en relación con la construcción de un
espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora
presidenta.
Señoría, efectivamente, uno de los grandes objetivos del Ministerio
de Justicia es avanzar en la construcción del espacio europeo de
libertad, seguridad y justicia y para ello desde el primer momento he
considerado una de las prioridades fomentar y consolidar las acciones
que ayuden a conseguirlo. Cuando estamos integrándonos en nuestra
moneda europea y se ha desarrollado ya la libre circulación de
personas, capital y mercancías, el concepto de espacio de libertad,
seguridad y justicia está íntimamente basado en la confianza
recíproca en nuestros ordenamientos jurídicos.
Todos los Estados miembros nos regimos por los mismos principios
democráticos, lo que debe llevarnos, como consecuencia práctica,
lógica e inmediata, a que las decisiones tomadas válidamente por un
órgano judicial legítimo de un Estado miembro han de ser reconocibles
y ejecutables de forma rápida y segura en todo el ámbito de la Unión
Europea. Si confiamos en nuestros sistemas, debemos confiar también
en los actos realizados en el marco de esos sistemas, sin perjuicio
de seguir avanzando paulatinamente en la aproximación entre
legislaciones. Las medidas ya tomadas han sido varias, pero parten
evidentemente de una perspectiva
de diálogo y acuerdo con los países de la Unión Europea para
conseguir ese objetivo común de lograr un espacio de libertad,
seguridad y justicia que nos permita la más eficaz persecución de los
delitos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ISABEL POZUELO MEÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO
Y MINISTRO DE LA PRESIDENCIA: ¿POR QUÉ ESTÁ EL GOBIERNO DISPUESTO
A QUE ESPAÑA PIERDA LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE TRASPLANTES DEL
CONSEJO DE EUROPA? (Número de expediente 180/000186.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida a la señora ministra de
Sanidad y Consumo.
Pregunta número 15, que formula la diputada doña Isabel Pozuelo Meño.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, usted es la culpable de que España pierda la
Presidencia del comité de trasplantes del Consejo de Europa. Su
decisión ha causado asombro, incertidumbre y críticas unánimes entre
los estamentos médicos y sanitarios, las asociaciones de
trasplantados y pacientes y, por supuesto, en el Consejo de Europa,
donde le aseguro que están perplejos con su decisión. Es un acto sin
precedentes que el Gobierno tire por la borda el reconocimiento y el
prestigio internacional de nuestra Organización Nacional de
Trasplantes vetando a su presidente en un foro internacional cuando
ejerce la presidencia del mismo. Ningún país lo haría.
Por eso, señora ministra, le pregunto. ¿Por qué el Gobierno está
dispuesto a perder para España la presidencia del comité de
trasplantes del Consejo de Europa, algo que se va a producir mañana
en Lisboa?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Señora diputada, no comparto su criterio. Creo que la Organización
Nacional de Trasplantes es mucho más que una sola persona y le puedo
garantizar que las presidencias del Consejo de Europa ni son estables
ni son para siempre. Son informales, para unas cuantas reuniones,
normalmente tres, y se suelen elegir entre ellos
de forma normal. Tampoco está claro que la representante del Gobierno
español no vaya a presidirla.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ahora sí que su respuesta me asombra aún más. ¿Cree
que realmente estos son argumentos para que España pierda -porque la
va a perder mañana- la Presidencia del comité de trasplantes de la
Comisión Europea? ¿Va a vetar usted también al doctor Matesanz como
presidente de la Comisión de Coordinación entre las comunidades
autónomas en nuestro propio país?
Señora ministra, con su decisión sectaria y caprichosa ha conseguido
el absoluto rechazo de los profesionales de la medicina, de los
pacientes y de la comunidad internacional. Su decisión es una falta
de respeto al doctor Matesanz y a todos los profesionales que
trabajan en el sistema público sanitario, al cuestionar sin
fundamento su profesionalidad y su trayectoria científica. Señora
ministra, usted ha entrado a saco en la sanidad pública y ni siquiera
ha respetado algo que hizo con total contundencia su predecesor, el
señor Romay, la Organización Nacional de Trasplantes, que es la joya
de la corona de la sanidad pública española. Esta organización ha
tenido hasta ahora un funcionamiento impecable y brillante y usted,
con sus decisiones, sectarias y frívolas, en lugar de fortalecerla
está debilitándola. Le aseguro, señora ministra, que el Grupo
Parlamentario Socialista hará todo lo que esté en su mano para evitar
que esto siga pasando. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias,
señora presidenta.
Usted hace una defensa encendida de un profesional de la sanidad
contra el que yo no tengo absolutamente nada, porque ni le conozco
personalmente. El profesor Matesanz, al que usted se refiere, no ha
sido vetado absolutamente por nadie; él dejó voluntariamente la
Organización Nacional de Trasplantes para ser nombrado por el Partido
Popular director general del Insalud. Ha desaparecido esa Dirección
general y se ha reincorporado, como otros muchos profesionales, como
lo que es, un profesional de la sanidad. Ese argumento que usted
utiliza no se le ocurrió utilizarlo al Partido Popular cuando el
Partido Socialista, entonces gobernando, destituyó al primer
coordinador nacional de trasplantes para colocar en ese mismo
organismo al señor Matesanz.
La Organización Nacional de Trasplantes es muchísimo más que
cualquier persona, mucho más que el señor Matesanz, mucho más que la
señora Blanca Miranda, que hoy es la coordinadora nacional de
trasplantes y que lo está haciendo francamente bien. La señora
Miranda ha sido sugerida por el señor Matesanz cuando él deja de ser
voluntariamente coordinador y durante el tiempo que lleva la señora
Miranda al frente de la organización el crecimiento en trasplantes de
pulmón es del 200 por ciento; en trasplantes cardíacos, del 21 por
ciento; en trasplantes hepáticos, del 38 por ciento; en renal, del 14
por ciento, y el número de donantes, del 29. Esto quiere decir que la
señora Miranda lo está haciendo perfectamente bien.
El Consejo de Europa pide el nombramiento del representante del
Gobierno de España en el comité sobre aspectos organizativos de la
cooperación y la persona indicada es la señora Miranda. Posiblemente,
yo le esté dando una explicación más de la que, en un momento
determinado, compañeras suyas, entonces ministras, dieron al Grupo
Popular cuando se interesó por alguien. Yo respeto mucho la
profesionalidad del profesor Matesanz, pero me parece terriblemente
triste que intenten convertir la Organización Nacional de Trasplantes
en la obra y en la ejecutoria de una sola persona, entre otras cosas
porque esa Presidencia es informal y por poco tiempo y estoy
convencida de que la señora Blanca Miranda lo va a hacer bien.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Villalobos.
Preguntas dirigidas a la señora ministra de Ciencia y Tecnología.
- DEL DIPUTADO DON MANUEL JOSÉ SILVA SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÉNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA: ¿QUÉ MEDIDAS Y AYUDAS SE PRETENDEN ADOPTAR POR
EL GOBIERNO A FIN DE INCENTIVAR EL CAMBIO DE VEHÍCULOS DE GASOLINA
CON PLOMO A SIN PLOMO, EN APLICACIÓN DEL REAL DECRETO 403/2000, DE 24
DE MARZO, TRASPORSICIÓN DE LA DIRECTIVA 98/70/CE, DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO? (Número de expediente 180/000195.)
La señora PRESIDENTA: En primer lugar, pregunta número 23, del
diputado don Manuel José Silva Sánchez.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, a partir del Real Decreto 403/2000, de
prohibición de comercialización de la
gasolina con plomo, se establece como fecha límite para la
comercialización de esta gasolina con plomo la de 31 de diciembre del
año 2001. Es decir, a partir del 1 de enero del año 2002, salvo en un
porcentaje absolutamente simbólico que prevé ese decreto y para
automóviles que podríamos considerar históricos, no podrá
comercializarse este tipo de gasolina. Ciertamente, es un decreto que
viene obligado por la Directiva del Parlamento y del Consejo Europeo
98/70, que establecía incluso un plazo más corto, habiéndose
beneficiado el Gobierno español de una prórroga que le ha sido
concedida por la Comisión Europea.
Señora ministra, es cierto que España se encuentra a la cola de los
países con incorporación de automóviles que circulan con gasolina sin
plomo dentro de la Unión Europea, que el número de automóviles de
estas características, al menos en el caso de Cataluña, supera el
medio millón. Yes cierto también que, al parecer, la adaptación de
tales vehículos para circular con la gasolina sin plomo, cosa que
deberán hacer a partir del 1 de enero del año 2002, cuesta
aproximadamente unas 200.000 pesetas por cada uno de estos vehículos.
Por tanto, estamos hablando de un problema que afecta a un gran
número de ciudadanos y que tiene una considerable incidencia
económica.
Por ello preguntamos qué medidas y ayudas pretende adoptar el
Gobierno a fin de incentivar el cambio de vehículos de gasolina con
plomo a sin plomo en aplicación del Real Decreto 403/2000, de 24 de
marzo, que traspone la Directiva 98/70, del Parlamento Europeo y del
Consejo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señoría, como usted recordará, en mi comparecencia en la Comisión de
Ciencia y Tecnología traté precisamente de este tema y creo que
coincidimos en esta necesidad de sustituir los vehículos de gasolina
con plomo, que en estos momentos representa el 40 por ciento del
consumo, por otros tecnológicamente más avanzados, de acuerdo con la
directiva correspondiente y, en este caso, para conseguir no sólo un
menor impacto medioambiental sino además para estar mejor adaptados
a las nuevas exigencias de seguridad y de ahorro energético, que tiene
una trascendencia social importante que justifica actuaciones como
las ya desarrolladas por el Gobierno.
Sabe usted que el vigente programa Prever ha significado la
introducción de incentivos especiales, que, sin ser hoy totalmente
suficientes, han acelerado en los últimos años de reactivación
económica el ritmo de
renovación del parque español. Sin embargo, le aseguro que este ritmo
tiene que continuar acelerándose para que lleguemos con la suficiente
holgura a cumplir, como es nuestro objetivo, la fecha de 31 de
diciembre de 2001. Asimismo, como el proceso de cambio se realizó
lentamente por parte de la propia sociedad, se pidió esta prórroga de
un año y por parte de la Administración se estableció un conjunto de
medidas, entre ellas las del plan Prever, así como otras que en este
momento estamos preparando, tal y como dije ya en la comparecencia.
El análisis de la evolución, tanto la desarrollada como la prevista,
de la sustitución de esta parte del parque automovilístico y la
valoración de las medidas de impulso actualmente existentes hacen
conveniente que realmente se refuercen. Por tanto, en un breve plazo
veremos estas medidas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora ministra.
Sin lugar a dudas, compartíamos una misma preocupación. Sin embargo,
lo que nos gustaría es que nos concretase un poco más los propósitos
del Gobierno en este tema. Ciertamente conocemos la ley de 1997, que
establece el programa Prever. En la medida en que el anteproyecto de
la ley de acompañamiento, que podría ser un instrumento idóneo para
la ampliación de estas medidas, debe ser elaborado en estos momentos,
le rogaría que nos concretara un poco más estas medidas. No tengo
duda de que compartimos la misma preocupación, pero de lo que se
trata es de la publicidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Señoría, el Gobierno se encuentra culminando esta última fase, como
le decía, de cuya concreción confío que en estos momentos me libere
S.S. por dos motivos claros: primero, es conocedor de que un anuncio
prematuro puede restar eficacia y, segundo, incidirá negativamente en
el mercado, distorsionándolo. Sí que le digo, como le dije en su
momento en la comparecencia, que va a incentivar la aceleración.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑAANA MATO ADROVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULAAL
GOBIERNO: ¿CÓMO VALORAELGOBIERNO EN ESTE MOMENTO LA INCIDENCIA DEL
REALDECRETO-LEY7/2000, DE 23 DE JUNIO, EN EL MERCADO DE LAS
TELECOMUNICACIONES? (Número de expediente 180/000198.)
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 25, que formula la diputada
doña Ana Mato Adrover.
La señora MATO ADROVER: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, el pasado mes de junio aprobábamos en esta Cámara un
real decreto-ley de medidas urgentes en el sector de las
telecomunicaciones. Estas medidas suponían un nuevo impulso a la
liberalización de las telecomunicaciones, llevada a cabo por el
Gobierno de José María Aznar en la pasada legislatura, que había
supuesto, en primer lugar, la introducción de competencia en el
sector de las telecomunicaciones; en segundo lugar, el desarrollo de
nuevas tecnologías y, en tercer lugar y lo que es más importante, la
llegada de la sociedad de la información. En esa fecha, en junio, con
la aprobación de este real decreto-ley nuestro reto consistía en que
la sociedad de la información llegara de la manera más rápida posible
a todos los ciudadanos sin excepción y muy especialmente a las
familias españolas. Mi grupo consideraba entonces, y lo sigue
haciendo ahora, que la difusión de la sociedad de la información
y que la apuesta por la investigación, el desarrollo y la innovación
son elementos básicos para la mejora de la calidad de vida y el
bienestar de los ciudadanos. Se trataba en ese caso de medidas que
significaban mayor libertad, mayor competencia, mejores servicios
y precios más reducidos, lo que al final se traduce, como se ha podido
comprobar durante los últimos años, siempre en más y mejor empleo.
Estas medidas pretendían resolver los principales problemas del
sector de las telecomunicaciones, con objeto de incrementar
sustancialmente la competencia y garantizar que los efectos de la
liberalización se trasladaban efectivamente a los ciudadanos. Para
ello se procedía a una mayor apertura en la competencia en telefonía,
se apostaba claramente por Internet para todos, es decir, no
solamente para unos pocos, no sólo para las grandes empresas, sino
muy especialmente para los usuarios domésticos, para las familias, de
manera que las familias tengan una oportunidad real de incorporase a
la sociedad de la información y, por tanto, al uso intensivo de
Internet. Asimismo, se proponían incentivos fiscales para las
pequeñas y medianas empresas, para el acceso de nuestras pequeñas y
medianas empresas a esta sociedad de la información y también
incentivos fiscales para la compra de ordenadores.
Señora ministra, dada la importancia que el desarrollo de la sociedad
de la información tiene para nosotros, mi grupo parlamentario le
pregunta cómo valora el
Gobierno en este momento la incidencia del real decreto- ley sobre el
mercado de las telecomunicaciones.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mato.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, señora presidenta.
Señoría, cuando el Gobierno aprobó el real decreto 7/2000, que fue
casi unánimemente soportado por esta Cámara, valoraba la importancia
conjunta que tiene todo este conjunto de medidas, referidas a lo que
es el establecimiento de unas bases que fueron iniciadas en la
legislatura pasada con mucho éxito y que debían terminar con un
broche, que era la competencia local en la telefonía local con hacer
posible este Internet para todos, este Internet para las personas a
través de la red de telefonía pública a precios accesibles con la
tarifa plana y los incentivos fiscales para las pymes. Es decir, que
en este caso el conjunto de medidas eran y son medidas base para la
posterior difusión y avance en cuanto a la implantación y el uso de
la sociedad de la información. Asimismo, contemplamos un conjunto de
medidas para adaptar, como corresponde a los gobiernos, el marco
regulador para garantizar en mercados poco maduros, como es el caso
de la telefonía móvil, un mayor grado de competencia. Por lo tanto,
son piezas claves de este conjunto para el avance hacia la sociedad
de la información y claramente su conjunción, que ya está dando sus
efectos, va a significar una modificación estructural de modo
sustancial.
En este sentido, quiero destacar la casi inmediata iniciación de un
proceso de intensa y creciente reacción, tanto por el lado de la
oferta como por el lado de la demanda, por parte de empresas,
operadores y ciudadanos en lo que se refiere, por ejemplo, al acceso
a Internet. No estando aún vigente desde el punto de vista formal,
sólo el anuncio del avance hacia esta accesibilidad en precio, en
alcance y en cobertura ha hecho que un conjunto de empresas lo
ofrecieran ya en el mercado, con unos incrementos sustanciales que
superan, según las informaciones, más de los 200.000 nuevos
internautas, este verano, además a través de la tarifa plana. Esto
nos sitúa en unos ritmos de incremento importantes. Estamos viendo en
estos momentos un nivel de aceptación en cuanto a las ofertas por
parte de las empresas a sus empleados...
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA BLANCA FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS, DEL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO:
¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CONCLUSIONES PARA ESPAÑA DE LA RECIENTE
ENTREVISTADE LA MINISTRADE CIENCIA Y TECNOLOGÍA CON EL COMISARIO
EUROPEO DE INVESTIGACIÓN? (Número de expediente 180/000201.).
La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula la diputada
doña Blanca Fernández de Capel Baños.
La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra de Ciencia y Tecnología, la investigación científica
tiene como condición sine qua non para su eficacia la proyección y la
difusión en aras de poder obtener una adecuada innovación y para ello
es necesario una comunicación oportuna con el entorno político-
científico, que en nuestro caso es la Unión Europea, cuyo programa-
marco ilustra, proyecta, orienta y estudia las líneas de
investigación que se realizan en España.
Por ello le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las
principales conclusiones para España de la reciente entrevista de la
ministra de Ciencia y Tecnología con el Comisario europeo de
Investigación?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Capel.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán):
Gracias, presidenta.
En primer lugar creo que hay que destacar precisamente lo que es una
entrevista después del conjunto de conclusiones iniciadas ya en la
cumbre de Lisboa, que empiezan a establecer dos grandes áreas de
trabajo. Por un lado, el área que significa el espacio común de
investigación a nivel europeo y, por otro, lo que significa la
redefinición del programa marco de investigación a nivel europeo,
que, como saben, va a ser el VI programa marco, cuyas decisiones y
cuya implantación va a tener lugar bajo la Presidencia española en el
año 2002. Esta es pues, precisamente, no sólo una revisión de una
nueva edición de este programa marco, sino que se tiene que ver en
este marco europeo de espacio único de investigación. Lo que vimos
con el propio comisario Busquin es que las reglas del juego para
España, con el VI programa marco y con el espacio europeo de
investigación, requieren un sistema de avance un poco distinto, que
es el que hemos iniciado ya con actuaciones de cooperación reforzada
en lo que hace referencia, por ejemplo, a lo que son las grandes
instalaciones europeas científicas. España tiene un conjunto de
instalaciones, algunas de ellas europeas de facto pero aún no
reconocidas jurídicamente, que requieren ser contempladas en la
investigación, en el programa marco y en los fondos correspondientes,
sobre todo para hacerlos
realmente europeos y darles el marco y la relevancia que les
corresponde. Asimismo, entrar en esta cooperación reforzada con los
países más avanzados para desarrollar ámbitos de interés
evidentemente para Europa y en este caso para España. Y, en tercer
lugar, otro gran paquete de temas, que se deriva también de la cumbre
de Lisboa, el que hace referencia a la movilidad de los científicos;
no sólo se trata de un compromiso y un mandato de las conclusiones de
la cumbre de Lisboa, sino que además es una necesidad que está
expresada por parte del Gobierno, del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, para hacer posible la movilidad española e ir
contribuyendo y liderando en la parte que nos corresponde esta
movilidad y este desarrollo científico a nivel de la Unión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑAAMPARO VALCARCEGARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA, QUE FORMULA AL MINISTRO DE FOMENTO: ¿SE RATIFICA EL
MINISTRO DE FOMENTO EN SUS DECLARACIONES RECOGIDAS EN PRENSANACIONAL
EL PASADO VIERNES DÍA 15 ACERCA DE LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA, EN LAS
QUE, ENTRE OTRAS COSAS, LA CALIFICABACOMO ELEFANTIÁSICA,
ESCLEROTIZADA Y LLENA DE DEMAGOGOS LOCALES? (Número de expediente
180/000192).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Fomento.
Pregunta número 21, formulada inicialmente por don Angel Martínez
Sanjuán y que ha sido sustituida por la formulada por la diputada
doña María Amparo Valcarce García.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, ¿se ratifica usted en las opiniones que
formuló la pasada semana en Ciudad Real acerca de la universidad
española, a la que usted tildó de elefantiásica, esclerotizada,
necesitada de que estuviese libre de demagogos locales y de que
además tenía como misión domesticar las emociones nacionalistas?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Como la
señora diputada no conoce el contenido de mi conferencia -y lo
demuestra en su pregunta-, me ratifico en el contenido literal de mi
intervención en Ciudad Real la semana pasada.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Álvarez-Cascos, efectivamente, no conozco el contenido de la
conferencia, sólo conozco la referencia que han hecho los medios de
comunicación de tirada nacional y que, por cierto, usted no ha
rectificado pudiendo haberlo hecho. A nosotros nos preocupa que no
aproveche hoy la oportunidad que le damos para hacer una
rectificación decorosa. Sus palabras han dañado el prestigio de la
Universidad española. Nosotros lamentamos profundamente que, después
de cuatro años de presencia en el Gobierno de la nación, descubra
ahora que algo va mal en la universidad y que sus propuestas sean
nada más y nada menos que menos universitarios, una universidad para
unos pocos, elitista y, sobre todo, para quien pueda pagársela. Señor
Álvarez- Cascos, eso no es liberal, eso es anticuado y está
fracasado. A nosotros nos gustaría que explicase qué entiende usted
por demagogos locales, seguro que usted no se considera uno de ellos
cuando propone una universidad politécnica para Gijón, cosa que
nosotros compartimos; pero, además, hay algo muy importante: la
universidad es excelencia científica y es, sobre todo, libertad de
pensamiento. Nos preocupa que usted, en las referencias que ha hecho
al nacionalismo, no sea capaz de reconocer que éste es un país
plural, en el cual los sentimientos nacionalistas se expresan en la
vía política, los ciudadanos los apoyan y tienen amplia presencia en
el Estado. Nosotros, señor Álvarez-Cascos, le ofrecemos la
oportunidad de que haga usted una rectificación en toda regla.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valcarce.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Uno de los primeros rasgos del espíritu universitario es el rigor,
que es lo que ha estado ausente en todas las palabras que ha
pronunciado su señoría. (Aplausos.) En primer lugar, estoy
respondiendo en el Congreso por haber aceptado la invitación a un
acto académico, invitación cursada por el director de la Escuela de
Caminos, cosa que molesta a la señora diputada. En ese acto, yo he
hecho elogio público del programa de la Escuela Superior de
Ingenieros de Caminos de Ciudad Real en su esfuerzo de diferenciarse
del resto de los centros de enseñanza y de las... (La señora Valcarce
García pronuncia palabras que no se perciben.)
Déjeme hablar, porque usted no se ha enterado de nada y ahora le voy
a informar. He hecho elogio público
y, además, me he identificado con una conferencia muy conocida, que
no conoce tampoco la señora diputada y que debiera leer: el elogio de
la Universidad española, del profesor Victor Pérez Díaz, que es el
diagnóstico más profundo que se ha hecho recientemente sobre la
universidad. Comparto con él la crítica reflexiva sobre la
experiencia universitaria de las universidades europeas de los
últimos doscientos años, sus resultados en relación con la enseñanza
y la investigación, y la necesidad de aprovechar esas experiencias
para plantear la reforma universitaria; reforma universitaria que
está en el programa del Partido Popular, que yo asumo en su
integridad; reforma universitaria en profundidad que piden
sindicatos, empresarios y expertos, petición hecha pública ayer en
los medios de comunicación nacionales y que yo comparto en su
totalidad. Los únicos que no comparten ni siquiera el debate son los
partidarios del pensamiento único, que es lo que viene a traer a esta
Cámara la señora diputada: el pensamiento único. (Protestas.) En la
sociedad española, la etapa del pensamiento único ya pasó a la
historia, señora diputada. Y para hablar de reforma universitaria lo
primero que hay que hacer es respetar la opinión plural de los demás.
Usted no respeta mi opinión. Yo respeto la suya, pero le advierto que
es muy peligrosa, porque el pensamiento único es el más peligroso de
todos los modos de entender la política.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
INTERPELACIONES URGENTES.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAASIGNACIÓN DE LICENCIAS
DE TELEFONÍAMÓVILDE TERCERAGENERACIÓN. (Número de expediente 172/
000030.)
La señora PRESIDENTA: Punto V del orden del día: interpelaciones
urgentes. En primer lugar, interpelación del Grupo Parlamentario
Socialista sobre la asignación de licencia de telefonía móvil de
tercera generación.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: No hay Gobierno, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: La señora ministra estaba en este momento en el
escaño, señor Rubalcaba. Pero en este momento.
El señor PÉREZ RUBALCABA: La echo de menos.
La señora PRESIDENTA: Está ya en el hemiciclo, señor Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: La veo, señora presidenta.
Señora ministra, ha llegado usted un poquito más tarde que yo.
(Risas.)
Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra, es
la segunda vez que traemos a esta Cámara una interpelación sobre la
concesión de licencias de telefonía móvil de tercera generación. La
primera fue hace escasamente cuatro meses. Desde entonces se han
producido algunos acontecimientos que no han hecho sino agravar lo
que, a juicio de mi grupo parlamentario, constituye el mayor regalo
de dinero público de nuestra historia económica. No creo, señorías,
que en este debate, y después de lo que ha pasado en estos cuatro
meses, haya ningún portavoz parlamentario que se atreva a subir a
esta tribuna a decir que los socialistas nos preocupamos por cosas
que no le interesan a la gente. No creo que eso vuelva a pasar. Como
no creo tampoco, señora ministra, que usted pueda subir a esta
tribuna y repetir aquí lo que dijo hace cuatro meses, y es que el
sistema de concurso empleado por el Gobierno no había tenido tacha
por parte de ningún partido político, grupo social, medio de
comunicación, por parte de nadie. No lo creo. No creo tampoco, en
fin, señora ministra, que pueda usted subir a esta tribuna y decirnos
que ha sido un concurso abierto y transparente. No lo creo. Porque
usted sabe que desde mayo se han producido algunos acontecimientos:
Alemania ha hecho un concurso de telefonía móvil, ha sacado 8,4
billones de pesetas; Italia ha decidido hacer una subasta y espera
obtener alrededor de 4 billones; Francia ha decidido ir a un sistema
mixto para otorgar sus licencias de móviles UMTS y espera obtener
-obtendrá, con toda seguridad, porque el precio está fijado- 3,2
billones, y es verdad que estas cifras han levantado polémica en
España, una polémica notable durante este verano.
Debo decirle, señora ministra, que hay polémica sobre algunos
aspectos; sobre la decisión del Gobierno no ha habido ninguna
polémica, absolutamente ninguna, porque realmente sobre eso hay
unanimidad: ustedes lo han hecho muy mal, rematadamente mal. Sobre
eso, polémica en absoluto. La polémica surge a la hora de discutir
cómo arreglar la chapuza que ha hecho el Gobierno. Eso sí, ahí hay
polémica y es verdad que hay posiciones encontradas. Leyendo sus
declaraciones de estos días y las del presidente del Gobierno, llego
a la conclusión, señora ministra, de que también saben ustedes que lo
han hecho mal. Porque usted está hablando de incrementar la tasa que
pagan las operadoras por el uso del espacio radioeléctrico, de dar
más licencias para aumentar la competencia, en definitiva, usted está
hablando de ver cómo rectifica lo que ha sido una decisión equivocada
del Gobierno. Es evidente que si usted pensara que se había hecho
bien, no estaría hablando ahora de estas cosas. Y por eso creemos que
es pertinente este debate; pertinente para discutir dos
cosas: primero, algunas del concurso pasado sobre las que ustedes
quieren pasar de puntillas y que verdaderamente no quieren discutir,
y segundo, porque es pertinente que discutamos en esta Cámara cómo
hacemos para recuperar los más de 4 billones de pesetas -esas son las
cifras que las operadoras más solventes manejan como aproximadamente
más reales, más claras- que los españoles hemos dejado de recibir por
el alquiler de nuestro espacio radioeléctrico, gracias a un concurso
que ustedes hicieron deprisa y corriendo. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Ese segundo debate también es
pertinente que lo tengamos hoy aquí o que lo empecemos a tener hoy
aquí. Y además tenemos elementos que no teníamos hace cuatro meses
-he mencionado alguno de ellos-, lo cual sin duda hará más
interesante el debate. Un debate que usted sabe, señoría, que tiene
tres elementos fundamentales: se discute sobre si concurso o subasta,
se discute sobre la transparencia del sistema y se discute sobre el
precio a pagar por las operadoras para obtener las nuevas licencias.
Ustedes, señores del Gobierno, algunos portavoces parlamentarios del
Partido Popular, han venido utilizando algunos argumentos que creo
sinceramente que no se sostienen de pie. El propio presidente Aznar
nos dijo el miércoles aquí, a preguntas de un diputado de Izquierda
Unida, que ustedes habían hecho el concurso muy deprisa porque creían
que cuanto antes mejor, que cuanto más deprisa llegaran los móviles a
los ciudadanos españoles, pues tanto mejor. Seguramente el presidente
del Gobierno se olvidó de que hace algunos meses o semanas ya se
habían encargado las operadoras de desmentir ese argumento porque nos
habían anunciado a todos que la tecnología no estaba disponible y que
seguramente se iban a incumplir los plazos firmados en un concurso
hace algunos meses. Eso, señoría, es así. Es verdad que a la hora de
introducir una tecnología nueva -usted lo sabe bien porque conoce el
sector- lo más importante, lo más relevante, no es hacer el concurso
dos o tres semanas o meses antes que otros países. El factor
limitante de la velocidad de la introducción de la tecnología es
justamente que ésta esté disponible para los operadores. Ese es el
factor real. En definitiva, que el concurso sea tres o cuatro meses
antes resulta irrelevante; no le digo nada si pensamos en licencias
de 20 ó 30 años. Irrelevante porque al final es la tecnología la que
manda. La puesta a disposición de la tecnología es la que define.
Todo eso lo saben ustedes. Por eso es pertinente que hoy nos vuelva a
contestar, o lo intente otra vez con un argumento que nos podamos
creer, por qué lo hicieron ustedes tan deprisa; por qué ese afán por
llegar los primeros, como si de los Juegos Olímpicos se tratara, por
qué no esperaron un poco para ver qué pasaba, como han hecho otros
países, y nos hubiéramos ahorrado, entre otras cosas, este debate hoy
aquí entre usted y yo.
Usted, señora ministra, y algunos otros portavoces, también han dicho
algunas cosas aquí que creo sinceramente que no se sostienen
económicamente y que incluso pugnan contra el sentido común. Por
ejemplo, se nos ha dicho que, como las operadoras han pagado menos,
los precios serán más baratos. Y también se nos ha dicho que, como
las operadoras han pagado menos, invertirán más deprisa y seremos los
primeros que lleguemos a la sociedad de la información, los que
tengamos más desarrollo. Usted, señora ministra, es profesora de
economía y yo no, pero usted sabe que eso no es así. Usted sabe que
precios y costes de licencia, costes hundidos, tienen muy poco que
ver. ¿O es que está usted pretendiendo convencernos de que porque
Telefónica haya pagado menos nos va a cobrar menos? ¿De cuándo acá
los precios se fijan en función de parámetros distintos de los de la
competencia y los beneficios? Señores diputados del grupo
mayoritario, no intenten ustedes que pensemos que Telefónica va a
razonar de la siguiente manera: como el Gobierno ha sido tan generoso
conmigo, voy a cobrar menos por las llamadas telefónicas. Eso saben
ustedes que no es así. No será así. Entre otras cosas, el precio es
prácticamente un precio europeo. Lo que sí es cierto, lo que es
seguro, lo que es ineluctable es que con el dinero que Telefónica se
ha ahorrado van a mejorar su cuenta de resultados. Eso es
completamente seguro. Es decir, con lo que los españoles hemos dejado
de percibir por el alquiler de nuestro espacio radioeléctrico, las
compañías van a mejorar sus cuentas de resultados, sus bolsillos. Eso
sí es completamente seguro. Lo del precio no hay quien se lo crea.
Como tampoco nos podemos creer lo de las inversiones. Porque todo el
mundo sabe que las inversiones se realizan en función de las
expectativas de beneficios, no de los costes que hayas pagado por
acceder, en este caso a una licencia. ¿O es que alguien piensa que
las operadoras en Inglaterra no van a invertir porque los ingleses
les han cobrado muy caro? Van a invertir, porque si no invierten se
quedarán sin negocio y sin clientes. Es más, algunas van a invertir,
entre otras cosas, porque en España han pagado muy poco.
Usted sabe, señora ministra, como sabemos todos, que las inversiones
no se deciden en función de lo generosos que sean los gobiernos, sino
pura y sencillamente en función de las expectativas de negocio. Por
tanto, no hay nada que avale las tesis que ustedes están sosteniendo
para defender lo indefendible. Por otra parte, si usted mira las
previsiones de inversión en Alemania y en España verá que son
prácticamente las mismas. Por tanto, no hay por donde agarrar ese
argumento.
Usted sabe -y es muy importante que no lo olvide porque también lo
mencionó en el debate anterior- que el sistema de subasta no es
incompatible con que haya condiciones. En modo alguno. Bélgica acaba
de convocar el concurso -es una subasta-, lo van a fallar en el mes
de noviembre, y han puesto condiciones
muy duras para aquellos que acceden a la subasta. Eso querrá decir
que la subasta será algo más barata de lo que sería si las
condiciones fueran más suaves. Pero son muy duras. Son más duras que
las que en teoría -digo en teoría porque yo no las conozco- van a
tener que cumplir los operadores que han accedido a las licencias en
España. Eso sí, los belgas van a ingresar bastante más que nosotros.
Por tanto, subasta con condiciones.
Ustedes, señores del Gobierno, conocían perfectamente que esta
polémica estaba en la calle. Es más, le voy a dar un dato que
seguramente usted conoce: los técnicos del Ministerio recibieron en
tres ocasiones al banco de inversiones que estaba asesorando al
Gobierno británico. Qué pena que en esto el señor Aznar no haya
querido seguir los consejos de su amigo el señor Blair: nos
hubiéramos ahorrado también este debate y hubiéramos tenido unos
cuantos recursos de más para hacer muchísimas cosas. Ustedes tomaron
una decisión incomprensible porque el debate estaba en la calle.
Inglaterra ya había dicho por qué lo iba a hacer así. Y repito, hubo
mucha gente que se acercó al Gobierno y le dijo: cuidado con este
asunto, que aquí las cosas son más complicadas que cuando se hizo la
primera subasta o el primer concurso hace muchos años y no se sabía
entonces qué iba a pasar con la telefonía móvil.
En resumen, a juicio del Grupo Socialista, no hay argumentos para
sostener la decisión, y por eso le volvemos a reiterar, señora
ministra: explíquenos con argumentos razonables por qué lo hicieron
los primeros, por qué esa prisa, una prisa que les llevó a fallar el
concurso en el último Consejo de Ministros antes de las elecciones
-por cierto, lo fallaron, pero lo contaron unos días después-, por
qué eligieron el concurso en lugar de la subasta.
Vamos rápidamente a la transparencia. Sabe usted que algún medio de
comunicación de nuestro país ha dicho hace muy poco que España es el
país de Europa que menos transparencia tiene en el concurso de
telefonía móvil de tercera generación, el menos transparente. Ha sido
oscuro en su adjudicación, luego lo comentaré, pero también ha sido
oscuro en la preparación del concurso. En Francia los operadores, los
usuarios y el Gobierno llevan varios meses discutiendo en público, a
través de consultas públicas; aquí se optó por hacerlo en un
despacho. En Suiza, por ponerle el ejemplo de otro país, han estado
varios meses discutiendo cómo lo iban a hacer y qué condiciones de
entrada iban a existir. Aquí, se convocó a las operadoras en un
despacho y se les dijo: Por aquí vamos. Oscuridad en la preparación,
oscuridad en la ejecución. De momento, hay algunas irregularidades,
señora ministra, que debe aclarar, aquí o en otro trámite
parlamentario. Por ejemplo, ¿por qué se incumplió el apartado a) de
la cláusula sexta de las bases del concurso, que sabe usted que decía
que ninguna operadora podía concursar a dos licencias o en dos
consorcios? Se incumplió. Por ejemplo, ¿qué pasó con las acciones de
las sociedades que forman el consorcio
ganador de la llamada cuarta licencia -fíjese cómo estaba el
concurso que ya se hablaba de la cuarta licencia-, que resulta que en
una semana, entre el 6 y el 10 de marzo, subieron estrepitosamente?
Por ejemplo, lo que le decía antes, ¿por qué el Gobierno lo aprueba
el 10 de marzo? Ya sé que es una orden ministerial, pero se vio en el
Consejo de Ministros. En todo caso, la orden va firmada el 10 de
marzo y se publica el 13, es decir, el lunes después de las
elecciones. Todo eso, señora ministra -algunas de estas cuestiones
están en los tribunales-, debería aclararse aquí para poder hablar de
transparencia.
Pero lo más importante, no conocemos las condiciones en las que se ha
procedido a conceder las adjudicaciones, no conocemos los contratos.
Es verdad que usted dio aquí algunos datos sobre inversión, sobre
empleo y sobre plazos, pero nosotros no sabemos nada. Mi compañero,
Jesús Caldera, le pidió en aquel momento que nos mandara los
contratos. Yo se lo pedí también en su primera comparecencia en la
Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara. Mi compañera, Paca
Pleguezuelos, lo ha pedido por escrito el 18 de mayo. Ya han pasado
tres meses, y hemos tenido que pedir amparo a la Presidencia de la
Cámara, porque ustedes no nos han mandado ni un solo papel. No
sabemos nada, señora ministra. No sabemos cuáles son las condiciones
en las que las cuatro operadoras han conseguido este fantástico
concurso de telefonía de tercera generación que tenemos en España.
¿Por qué no nos lo dice? La pregunta -que en este caso no es una
pregunta, es un ruego- es: mándenoslo, porque tenemos derecho,
nosotros y el conjunto de los españoles, a saber qué es lo que ha
pasado. Le voy a proponer un ejercicio. Vaya usted esta tarde a su
ordenador, saque la página web del Ministerio y mire lo que el
Ministerio español de Ciencia y Tecnología -antes de Fomento- dice
sobre la resolución del concurso en España. Verá cuatro líneas
diciendo a quién se le ha dado. Vaya usted a la web de su ministerio
homólogo en Finlandia, que es un país que ustedes ponen continuamente
de referencia y que ahora les gusta mucho. Verá que hay más de veinte
páginas explicando, punto por punto, por qué este operador sí y este
operador no, en qué condiciones, con qué precio, con qué tiempo, qué
inversiones y qué empleo. Eso es transparencia, señora ministra, lo
de aquí es la más completa oscuridad, que diría mi compañero y
portavoz parlamentario Jesús Caldera.
En resumen, mándenos los contratos y explíquenos luego por qué.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Pérez Rubalcaba, le
rogaría que fuese concluyendo.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Voy terminando,señor presidente.
Voy deprisa. El precio. He mencionado algunos de los concursos, de
las subastas que se han celebrado estos últimos meses: 8,4 billones
en Alemania, seis y pico en Inglaterra, 3,2 en Francia. Se lo voy a
decir con otros datos. El Gobierno inglés ha obtenido por el alquiler
de su espacio radioeléctrico 106.000 pesetas por cada uno de sus
habitantes, el Gobierno alemán más de 90.000, nosotros 2.200; un
excelente negocio, señora ministra, para las operadoras, para los
ciudadanos, no. Operadoras que además a veces son las mismas. Dígame
usted cómo se puede explicar a los españoles que Telefónica haya
pagado en Alemania por una licencia de telefonía igual que la de
España setenta veces más. No tiene ningún tipo de explicación porque
el hecho es que ustedes han alquilado por 80.000 millones de pesetas
lo que realmente vale más de 4 billones, con una pequeña adenda, que
lo que han alquilado ustedes es de todos, es el espacio
radioeléctrico del conjunto de los españoles.
He ido al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para
ver si encuentro una palabra que no ofenda a nadie para definir lo
que ha hecho el Gobierno. He encontrado una: malbaratar. Malbaratar
significa vender la hacienda a bajo precio. Éste es un Gobierno
malbaratador que ha vendido la hacienda, en este caso el espacio
radioeléctrico, a bajo precio. Es un Gobierno malbaratador en
relación con las industrias, en este caso las operadoras telefónicas.
Es un Gobierno carero, palabra que también existe, que significa lo
contrario, vender caro, para los agricultores, para los pescadores,
para los usuarios del automóvil. Ése es el problema: es un Gobierno
malbaratador para las compañías eléctricas y las telefónicas, carero
para los usuarios y los consumidores. Es así. Señora ministra, le voy
a decir más: ustedes...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Pérez Rubalcaba, le
ruego vaya concluyendo.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Ustedes, señora ministra, no son pioneros
de nada. En todo caso, siendo muy benévolos, han sido unos primos.
Han ido los primeros y han pagado una novatada y todos los españoles
hemos quedado muy mal en Europa. Ustedes han hecho barato lo que todo
el mundo ha demostrado que es caro. Eso exige una explicación también
en este Parlamento, que no se ha dado con claridad.
Resumo, quiero que nos diga por qué fuimos los primeros; por qué
cuatro licencias y no cinco o seis, como en otros países; por qué
22.000 millones; por qué concurso y no subasta; por qué a las
operadoras que la han recibido; en qué condiciones. Le pedimos que
nos dé explicaciones y rectifique lo que fue una chapuza. En
definitiva, que el Gobierno español trate a los españoles como el
Gobierno inglés trata a los ingleses, no le pedimos otra cosa. Que
nos cuide como el Gobierno inglés cuida, en este caso, el patrimonio
de los ingleses
o el alemán, el de los alemanes. Que nuestro espacio radioeléctrico
valga lo mismo que han pagado los operadores por el espacio inglés,
francés o alemán. Le pedimos una rectificación.
Ya sé -termino- que ustedes no quieren echar atrás el concurso, lo he
oído y no voy a insistir más porque sería un debate inútil, dada la
mayoría que existe en esta Cámara. Ustedes tendrán que rectificar y
están anunciando algunas cosas. Le voy a sugerir tres líneas, y ya le
adelanto lo que serán las líneas de nuestra moción. Primero, queremos
que ustedes hagan las cosas con más transparencia, empezando por
explicar lo que no se ha explicado todavía en esta Cámara. Queremos
que las hagan a partir de ahora con toda la transparencia, con la
misma transparencia con la que se ha hecho en los países de Europa.
(El señor Guerra Zunzunegui pronuncia palabras que no se perciben.)
En segundo lugar, queremos que ustedes aumenten las competencias, y
algunas cosas hemos oído en ese sentido, que haya más operadores de
UMTS, más operadores de móviles y, sobre todo, que hagamos en la
telefonía móvil lo mismo que se ha hecho en la fija. Es decir, que
las redes de móviles puedan ponerse al servicio de lo que se conoce
como operadores virtuales. Finalmente, queremos que ustedes recuperen
el dinero -esto es elemental-, que recuperen para los españoles lo
que es de todos los españoles.
Muchas gracias, señores diputados. Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señor
presidente, señoría, en primer lugar, siempre estoy satisfecha de
tener debates, y el Gobierno también lo está, en esta Cámara. De
todas maneras, me gustaría que fueran más serios, si me permite, un
poco más focalizados y menos medidos por una cosa que parece que se
ha convertido últimamente en el rasero, que es el precio. Se ve que
tenemos unos mercados con tal perfección que la única cosa que nos
determina todo, que nos da toda la información, que nos marca todas
las prioridades, es el precio. Como decía usted, y seguro que lo
saben todos los diputados, se ve que debe existir algo llamado
competencia perfecta y nadie más lo ha descubierto.
Además, señorías, las tecnologías de la información y de las
comunicaciones, como saben, hoy son algo más que nuevas tecnologías,
que lo son, e implican algo más que nuevos modos de producir, que lo
implican, y que España se enfrenta, como la mayoría de países
europeos, no sólo a una revolución tecnológica y económica, que lo
es, sino también a una nueva sociedad. Entiendo que la sociedad de la
información, la sociedad basada en el conocimiento necesita más finu
ra,
más claridad, saber qué prioridades nos estamos marcando, cómo lo
hacemos, cómo se instrumenta y no hacer actuaciones reduccionistas,
intentar confundir y pretender que se puede confundir a los
ciudadanos limitando las cosas, y más la acción de Gobierno,
estrictamente a una cosa que se identifica con un precio, incluso
aunque sea por el sistema de subasta.
España se enfrenta a algo que tiene este alcance económico
y tecnológico, pero también social. Por tanto, en primer lugar, no
puedo menos que mostrar mi total desacuerdo con el contenido y las
expresiones recogidas en la interpelación escrita, en la exposición
de motivos que la acompaña y en una de las partes, a pesar del tono,
de la exposición de su señoría.
También para ser generosos, el tema se presenta de modo superficial y
carece de un mínimo rigor, y además tergiversa repetida y claramente
los resultados de la interpelación de ese grupo, de mi respuesta en
el pasado mes de mayo, de los procesos y de las explicaciones dadas;
ha reconocido algunos, pero se olvida incluso de actuaciones hechas
por esta propia Cámara en las medidas de liberalización, presentadas
por esta ministra y por el Gobierno, del 23 de junio. Hablaremos de
ello en otra ocasión, si quieren, porque tengo una comparecencia
pedida en la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde me voy a poder
explicar con más tiempo y detalle.
Aquí no hay regalos. La decisión del Gobierno no ha sido equivocada.
No se ha de recuperar nada, y me voy a explicar en un momento, porque
aquí lo que se está planteando es que el Gobierno -se lo informo así,
pero ya lo hice-, al conceder las licencias de telefonía móvil de
tercera generación, pretendía en su momento y pretende hoy dos
objetivos fundamentales, ambos dirigidos a acelerar la penetración de
la sociedad de la información para todos los españoles. El primer
objetivo era y sigue siendo la introducción de esta modalidad de
telefonía móvil, que beneficie a los consumidores, que beneficie a
los ciudadanos, que se aproveche cuanto antes -también lo repito- que
estas tecnologías estén en la base de la sociedad de la información.
El segundo objetivo era y sigue siendo superar decidida y rápidamente
el atraso comparativo de España en relación con otros países en el
desarrollo de esta sociedad de la información.
Con estos objetivos, el Gobierno consideró idóneo el sistema de
concurso al permitir que los concursantes compitieran entre ellos en
temas que van mucho más allá del precio, o sea, antes de competir en
el mercado compitieron en el propio concurso. Por lo tanto,
compitieron en aspectos que son claves para la existencia de una
competencia efectiva en el mercado, y no sólo nominal, compitieron en
los precios y en los tipos de precios que iban a dar a los usuarios,
en el número, variedad y extensión de los servicios, en modernidad
tecnológica de las redes, en cobertura y en inversión, y en
cuestiones no sólo claves para la introducción de la
tercera generación de móviles, como esta de la que estamos hablando,
sino para el desarrollo social, económico y tecnológico de la
sociedad de la información. Esto también está en el propio concurso y
no tiene relación directa con la implantación de este negocio que,
según usted, va a beneficiar sólo a unas empresas, y que para
nosotros claramente va a beneficiar al conjunto de la sociedad de la
información. Esto no era ni es, ni nadie puede sospechar que fuera,
una quimera, porque el concurso no sólo era el sistema tradicional en
Europa en aquellos momentos, sino que también lo era en nuestro
ordenamiento jurídico y precisamente nos ha dado muy buenos
resultados.
Habiendo empezado más tarde, como S.S. sabe, en la liberalización de
la telefonía fija, fuimos de los primeros países en tener acceso
gratis a Internet, recientemente en tener tarifa plana y, como se
aprobó en esta Cámara, un alto nivel de competencia en telefonía
local y estar entre el grupo pionero en la apertura del bucle local.
Estuvimos todos de acuerdo en que era una necesidad y en que tenía
sentido ir avanzando en ser pioneros. Ustedes no se opusieron sino
que, antes al contrario, lo aplaudieron.
El nivel de penetración de móviles en España es superior a la media
europea, el precio de los móviles en su sentido estricto es de los
más bajos de Europa y la sola perspectiva inmediata de la
comercialización de esta tecnología de GPRS, que es la tecnología de
la segunda generación y media y de ser pioneros precisamente en el
inicio de la comercialización del UMTS, está generando que los
grandes actores de este mercado a nivel internacional, incluidos los
de contenidos y aplicaciones, estén invirtiendo en España y
alcanzando acuerdos para el desarrollo de los servicios y en especial
de los servicios multimedia. También debe ser casualidad.
A ello debemos añadir que el Gobierno es consciente de esta
obligación y la ejerce, tal como lo venimos haciendo y lo hemos
contemplado en el Real Decreto de 23 de junio, para ir adaptando el
marco regulador con el objetivo de aumentar el nivel de
competitividad y de competencia del mercado de móviles que todavía no
es maduro, así como asegurar que continúe esta competencia no sólo en
los nuevos servicios sino en redes y tecnologías, asegurando una
gestión eficiente del espectro. Es cierto que tenemos trabajo para
seguir profundizando en aspectos y que tenemos una adecuada posición
de partida para el éxito de esta modalidad de telefonía móvil, desde
el punto de vista tecnológico, económico y social, para continuar
apostando por la sociedad de la información, seguir generando riqueza
y no perder el tren de lo que implican estas nuevas tecnologías para
la productividad, la competitividad, el crecimiento económico y el
bienestar de los ciudadanos.
En UMTS los operadores, lo licenciatarios se han comprometido -y así
está avalado- a que en el año 2005 en España las redes tendrán una
cobertura de la población
del 92 por ciento y en muchos casos, incluso, del 98 por ciento. No
creo -no sólo no lo creo, sino que lo sé- que en ningún otro país los
operadores se hayan comprometido en estos momentos de palabra o hayan
dado garantías suficientes en aquellos casos en los que se pedía
alcanzar para años posteriores estas precondiciones a las que usted
hacía referencia, el 50 por ciento de la cobertura de la población.
Los nuevos operadores, los adjudicatarios españoles están
comprometidos en la prestación de nuevos y numerosos servicios y
aplicaciones desde el momento de su lanzamiento, lo que permitirá a
los consumidores españoles disfrutar de dichos servicios frente a los
consumidores de otros países que posiblemente sólo disfrutarán de los
servicios de más alta rentabilidad y, en cualquier caso, no lo
sabemos, no hay un compromiso en número. Le informo a S.S. de que la
inversión privada -en este caso reitero lo que ya le dije- supera en
los cuatro primeros años -a veces hay bailes de números cuando se
quieren hacer comparaciones sesgadas- los 1,3 billones de pesetas. En
estos cuatro primeros años, que representa el 20 por ciento de la
concesión, los niveles de inversión no sólo son muy superiores,
alrededor del 50 por ciento, sino incluso hay casos con compromisos
del 85 por ciento.
En contraste con otros países, la competencia en la adjudicación ya
existe y habrá que añadir la propia, la normal, la del mercado a la
que hacíamos referencia. Además, durante estos cuatro años estos
operadores licenciatarios no obtienen más del 5 por ciento de los
flujos de caja generados en su operación de móviles. Señoría, el 98
por ciento de la aportación de los socios de las empresas
licenciatarias en España se hará también durante los cuatro primeros
años. Como ya le dije, existe el compromiso de crear más de 36.000
empleos directos, más de 58.000 empleos indirectos por la
contribución tecnológica industrial relacionada con el proyecto,
y más de 117.000 de la no relacionada con el proyecto, totalmente
voluntaria, aportaciones a la economía nacional, al desarrollo
tecnológico, al avance rápido de la sociedad de la información y la
mayoría de ellas están avaladas con unas cantidades significativas.
Hay aspectos de aportación a la economía nacional en los cuales hay
compromisos de adelantar actuaciones muy significativas en el medio
rural, dentro de este período de los cuatro años, con lo que esto
supone, desde el punto de vista de cohesión social y territorial, de
equilibrar el grado de cobertura territorial que evidentemente
empieza en las grandes ciudades. Asimismo, hay actuaciones
significativas en sanidad, en fomento de las pequeñas y medianas
empresas, en capital riesgo, en empleo para discapacitados, etcétera,
una serie de aspectos que significan avances en el ámbito social y
económico.
Señoría, es un objetivo totalmente claro que está reflejado en las
condiciones del concurso y en las aportaciones de los licenciatarios.
Además, lo tiene S.S. a
disposición en el propio Parlamento. En ese documento va a encontrar
también otra cuestión. Si usted repasa cuál el Real Decreto de 23 de
junio verá que allí se hacía ya un planteamiento de ampliación y
adaptación del marco regulador a las nuevas circunstancias en la
telefonía móvil, circunstancias que se refieren a la evolución del
mercado en tres aspectos: primero, ampliación de la competencia en
los móviles incluidos los aspectos relativos a los cambios que
significa el mercado de contenidos; segundo, la gestión eficiente del
espectro; y tercero, la evolución tecnológica entre las tecnologías
existentes. A 31 de octubre a más tardar veremos las conclusiones.
Estoy segura de que, junto con la transparencia de la que han venido
acompañadas, va a tener todos los detalles, el conocimiento de estos
tres temas que le preocupan a su señoría.
Otra cuestión es que durante este período efectivamente ha habido un
cambio sustancial en el valor intrínseco reconocido por el cual se
paga en el espectro radioeléctrico, pero esta es una cuestión de un
bien público escaso cuyo valor de mercado ha cambiado y por el cual
se empieza a pagar de modo significativo. Este tema no puede tratarse
con superficialidad y ligereza; este cambio en el valor intrínseco
del uso del espectro radioeléctrico no se puede contemplar sólo desde
el punto de vista de los precios, del rasero sólo de la recaudación,
del rasero de conseguir este único objetivo y luego intentar
disfrazarlo como elemento que permita la máxima información.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora ministra, le ruego que
vaya concluyendo.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Termino
ya.
Esta cuestión ha de verse en el marco de una gestión más eficiente
del espectro que afecta al conjunto de los operadores del mercado de
telecomunicaciones que utilizan dicho espectro radioeléctrico.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
Señor Pérez Rubalcaba.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Muchas gracias, señor presidente. Señora
ministra, le agradezco su intervención, aunque debo decirle que no me
satisface. (Rumores.) Tampoco creo que sea una sorpresa para ustedes.
Voy a empezar por decirle una cosa suavemente. Se lo hemos dicho ya
dos veces. Este es un tema delicado para usted. Desde la posición del
Grupo Parlamentario Socialista, a usted le toca hacer como ministra
algo en contra de lo que obtuvo como directora general de una de las
empresas concesionarias de las telefonías móviles. Es un tema
complejo y delicado. Como dicen ustedes en Cataluña: hágalo mirar. Lo
dejo ahí porque no
es objeto de discusión, pero hágaselo mirar porque es un tema
complicado.
Señora ministra, empieza por decir que no hay regalos. Déjeme que le
diga una cosa. Si no hubiera sido un regalo usted no estaría hablando
con los operadores, ya que lo está haciendo, para ver cuánto eleva la
tasa por el uso del espacio radioeléctrico para compensar el regalo.
Es evidente que no lo estaría haciendo. Dice usted que el espacio
radioeléctrico se ha revalorizado. No se ha revalorizado ayer, ni
anteayer. Cuando usted convoca el concurso ya se había revalorizado.
Usted ha hecho referencia a las empresas de móviles y tiene razón:
hoy hay 17 millones, si no me fallan los números, de móviles en
España. Es que Airtel vale hoy cuatro billones de pesetas. Pero ese
no es un dato de ahora. Es un dato que ustedes tenían cuando
convocaron el concurso. No me diga que se ha revalorizado hoy, se
revalorizó durante estos años. Es evidente que el espacio
radioeléctrico valía muchísimo más de los 22.000 millones de pesetas
que ustedes dijeron que valía. Y le digo más. Ustedes lo sabían. En
Estados Unidos llevan bastante tiempo discutiéndolo. Era un debate
que en Europa existía y los asesores del Gobierno británico nos han
comentado que les dijeron con claridad de qué iba este asunto.
Si usted hubiera retrasado tres meses el concurso no lo hubiera
sacado como ahora. No me venga diciendo que el Gobierno descubre con
sorpresa que Tony Blair había visto lo que el Gobierno español no
había visto, que el espacio radioeléctrico valía muchísimo. No,
señora ministra. Ha habido un regalo. La prueba de que ha habido un
regalo es que ustedes están intentando ver cómo lo solucionan. Es
más, un regalo que no va a beneficiar a los ciudadanos en precio. La
prueba es que están viendo cómo introducen más competencia, porque
saben que hay que introducirla porque los precios no serán tan bajos
como ustedes dicen. Está usted dando todos los pasos necesarios para
desfacer un entuerto. Reconozca aquí, primero, que ha sido un
entuerto y, segundo, que lo discutamos aquí, que no volvamos a lo
mismo -y ahora me referiré a ello- porque no es una buena cosa.
Le voy a decir algo más respecto al precio. Cuando reclamamos los
billones de pesetas -al margen de que es verdad que hemos hecho el
primo, se lo he dicho antes y lo dice todo el mundo, no hay más que
leer la prensa económica española y extranjera-, usted sabe que este
servicio, aunque tenga un carácter universal, no va a llegar a todo
el mundo. Es un servicio que va a ser socialmente segmentado, y
estamos hablando del dinero de todo el mundo. Hay ahí una reflexión
política en relación con la igualdad de acceso a los recursos que un
Estado puede sacar por alquilar algo que es de todos los españoles,
que también nos interesa políticamente. En resumen, no pretenda
llevarme a la discusión del precio, que lo hay. Estamos discutiendo
algo mucho más importante, compartiendo algunos de los objetivos,
estamos discutiendo los medios que ustedes han utilizado para
obtener algo que no van a obtener. Dice S.S. que van a mejorar la
sociedad de información. Sabe usted que no es así, señora ministra.
Se lo he dicho antes y usted no me puede replicar porque usted sabe
mucha más economía que yo. Los inversores, las operadoras en
Inglaterra van a invertir tanto como en España en función del
negocio, no de lo que hayan pagado por entrar en el mercado inglés.
Lo sabe usted tanto como yo. Por tanto, regalo, sí. La prueba más
evidente es que están viendo cómo compensan a los españoles de la
metedura de pata que han tenido. Claro que han hecho un regalo. ¡Un
regalazo!En cuanto a la transparencia, usted no me ha dicho nada
sobre las condiciones del concurso. Ha dicho algo que no sé si es
verdad. Yo lo ignoro. Ha dicho que la documentación está
a disposición de la Cámara. Será de esta tarde o de esta mañana. Me
alegro. Esta mañana hemos firmado el amparo porque no había llegado y
han pasado tres meses. Yo la creo cuando me habla de datos, de
cobertura o de inversión. Pero en lugar de decírmelo aquí, mándemelo.
Déjeme que lo estudie, que de verdad se leer. Lo voy a leer y lo voy
a comparar, porque queremos saber -y nos sorprende que no hayamos
sido capaces de saberlo hasta hoy, tres meses, señora ministra, en un
tema que usted sabe que se iba calentando- cuáles son las condiciones
en las que se han dado los concursos, porqué a esas sí y no a otras,
y cuáles son los compromisos. Queremos verlos y compararlos para ver
si efectivamente estamos ante un magnífico concurso, como yo creo, o
estamos ante un concurso que no tiene nada que ganar en relación con
algunas de las subastas que hay.
Por otro lado, usted sigue sin decirnos por qué lo han hecho tan
deprisa, que es la madre del cordero, porque si no lo hubieran hecho
deprisa, créame, no estaríamos ni usted ni yo en este debate. Sigue
sin decírmelo, y como no me lo dice -se lo ha preguntado mi compañero
Jesús Caldera y se lo he preguntado yo- voy a lanzar una idea, una
hipótesis. Yo creo saber por qué lo han hecho: porque convocaron este
concurso y convocaron las licencias de radio digital y la televisión
digital terrestre; lo convocaron todo, señora ministra. ¿Sabe para
qué? Para darlo todo, por si venían mal dadas. Esa es la razón. No se
arropen ustedes ahora en magníficos objetivos de ser los más rápidos
del mundo, porque usted sabe que no es verdad, se lo he dicho antes y
no me lo ha podido rebatir: la velocidad de implantación del proceso
no depende del concurso tres meses más o tres meses menos, depende de
la disponibilidad de la tecnología, y usted lo sabe mejor que yo. No
nos cuenten mentiras. Les voy a decir por qué lo han hecho. Creo que
lo han hecho por la misma razón por la que usted en el decreto-ley
que nosotros votamos -se lo dije en esta Cámara- quitó competencias a
la CMT para dárselas al Gobierno; por la misma razón por laque
aprobada la Ley general de telecomunicaciones
ustedes, señores del Grupo Parlamentario Popular, quitaron
competencias sistemáticamente a la CMT para dárselas al Gobierno. Lo
han hecho porque a ustedes les gusta mucho intervenir en las
empresas, mucho más que intervenir a favor de los ciudadanos.
(Rumores.-Un señor diputado: ¡Eso no es verdad!) Por eso lo han
hecho. Porque a ustedes les gusta dar los concursos. Porque si no
resulta imposible explicar que un Gobierno conceda algo tan
importante como esto -fíjese en que estamos hablando de cuatro
billones de pesetas, el 3 por ciento de nuestro PIB- el viernes antes
del domingo en el que se celebraban las elecciones. Qué compulsión
tendría que tener este Gobierno para hacer las cosas de esa forma tan
chapucera y que luego hayan salido como han salido, que estamos
discutiendo a ver cómo recuperamos cuatro billones de pesetas, cómo
nos quitamos esta cara de primos con la que paseamos todos los
españoles gracias a su chapucera forma de dar las telefonías móviles.
Es verdad, es así.
Señora ministra, leeremos las condiciones y le anuncio que pediremos
su comparecencia. Queremos que nos explique alguien del Gobierno por
qué se ha dado el concurso así. Queremos que se haga a fondo un
ejercicio de transparencia que no se ha hecho. Usted me dice: lo voy
a hacer a continuación así. Me parece muy bien, pero no ha empezado
bien, reuniéndose con las operadoras, filtrando números aquí y allá,
pero le doy un voto de confianza. (Un señor diputado: ¡Gracias!) De
nada. (Risas.) Es algo que acostumbran a hacer los socialistas, no
todos los grupos de esta Cámara. (Aplausos.)
Le voy a pedir, señora ministra, y lo pondremos en la moción, que el
proceso de discusión con las operadoras de cuánto se modifica la
tasa, sea ésta por uso de espacio radioeléctrico o sea por dar un
servicio a terceros, que son las dos que se pueden mover...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Pérez Rubalcaba, le
ruego que vaya concluyendo.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Acabo ya, señor presidente, muchas gracias.
Queremos pedir que se haga con transparencia aquí, que se discuta en
el Parlamento. Queremos que usted nos informe de lo que quiere hacer
y de cómo lo va a hacer. Queremos que se discuta en el Parlamento a
qué vamos a dedicar el dinero. Ya le digo, señora ministra, que
espero que las cifras que han salido en los periódicos estén lejos de
lo que usted está pensando, porque desde luego están muy lejos de lo
que pensamos nosotros.
Le voy a dar un punto de partida para que nadie se llame a engaño, y
voy a coger una declaración de un miembro del Gobierno, un secretario
de Estado. La secretaria de Estado de Hacienda ha dado una cifra que
a mí me parece razonable para empezar a hablar: cuatro billones de
pesetas, el 5 por ciento de intereses. Nos ahorraríamos 200.000
millones de intereses todos los
años, de los que dispondríamos para hacer lo que quisiéramos, algo
que debería discutirse aquí. Vamos a partir de esa cifra. Pero 15.000
millones por cada operadora al año no son ni los intereses que está
pagando Telefónica -una compañía- por el préstamos que ha tenido que
pedir para pagar lo que ha pagado en al subasta alemana por la
licencia. Eso me parece excesivo. Discutamos esto aquí y discutamos
cuántas licencias más, si es que caben. No me ha explicado usted por
qué dimos cuatro en lugar de cinco o seis que se podían haber dado,
usted lo sabe, y otros países lo han hecho. Habrá alguna explicación.
Yo no la tengo, pero seguro que el Gobierno la tiene. Discutamos cómo
ampliamos la competencia, discutamos cómo abrimos la red de telefonía
móvil al uso de los operadores virtuales, discutamos en definitiva de
cosas que interesan mucho a los ciudadanos, entre otras, de cómo
recuperan el dinero, que también es verdad que es muy importante
porque se trata de mucho dinero, pero sobre todo hagamos...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Pérez Rubalcaba,
recuerde el tiempo de que dispone para la réplica, que ha consumido
sobradamente.
El señor PÉREZ RUBALCABA: Hagámoslo con transparencia, señores del
Partido Popular. Enterémonos de por qué se hacen las cosas, cuando se
pierden y cuando estamos intentando entre todos que se ganen.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Pérez
Rubalcaba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Señor
presidente, señoría, me alegro muchísimo de que, al final, no lo mida
todo por el mismo rasero; pero aún es el mismo rasero: el del precio.
Me alegraría aún más de que no dijera una cosa un día y al día
siguiente pusiera el énfasis en otra, de que las cifras no bailaran,
de que hablando de transparencia se leyera mi respuesta a una
interpelación de su grupo y de que tuviera en cuenta lo que estaba
soportando cuando se presentó el Real Decreto de 23 de junio, en
donde la mayoría de los temas de fondo están tratados.
Sí, ya lo he visto en los medios de comunicación; se ha insinuado -yo
lo he tomado como una insinuación, como una cuestión de dialéctica,
esgrima lo llaman ustedes ahora- algo que hacía referencia a mi
compatibilidad o no y a mis responsabilidades anteriores. Ya dejé
claro cuando tomé posesión e intervine en esta Cámara que la Ley de
incompatibilidades -y no voy a entrar a discutir aquí si es o no de
aplicación, que no lo es- se va a cumplir a rajatabla; no sufra S.S.
por eso. Por otra parte, me alegro de que vaya descubriendo
cómo funciona la telefonía móvil, las distintas tecnologías y qué
posibilidades tienen las tecnologías que existen hoy y las que
existían y tenían posibilidades en Internet. Esta ministra tuvo que
oír que estaba provocando líos o confusión; me gusta que vayan
descubriendo las cosas.
Déjeme puntualizar varias cuestiones: una, no se han quitado
competencias a la CMT. Dos, el tiempo no ha servido para hacer
operaciones de maquillaje, se ha confundido usted al hacer la
descripción de las licencias en lo que se refiere a otras licencias
que no se convocaron al final de la legislatura. El tiempo es un
valor importante, lo saben las empresas y los ciudadanos, y es
obligación del Gobierno -y espero que de la oposición- saberlo
también; el tiempo es importante en este ámbito. Como muestra de
ello, mire cuál ha sido la evolución de la penetración de Internet en
los últimos meses -no voy a hablar de años- o la de las empresas del
ámbito de los móviles y de estas tecnologías: han invertido en España
en multimedia y en contenidos debido precisamente a nuestra apuesta
por la sociedad de la información y por la tercera generación de
móviles.
No se preocupe, señoría, España no va a perder nada respecto a otros
países. Va a tener una buena penetración en la telefonía móvil de
segunda y media y tercera generación en breve plazo -como la que
tiene ahora en segunda o más-, un alto grado de desarrollo y variedad
de servicios, una buena competencia efectiva, empresas sólidas y
aportaciones directas e indirectas a la economía nacional con
generación de empleo y creación de riqueza para los ciudadanos y las
empresas, especialmente para las pyme sin olvidar a los sectores más
desfavorecidos. Además, el Estado tendrá ingresos públicos directos
adicionales a través del pago de la tasa de la reserva del uso del
espectro radioeléctrico. No necesitamos en estos momentos utilizar
raseros de precios, bailes de cifras e intentar desvirtuar los
objetivos de un Gobierno que son claros, contundentes y que no está
intentando confundir con revalorizaciones o bailes de cifras.
Gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora ministra.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Es una nueva ocasión para salir
prácticamente igual que entramos en este debate. Nos da la impresión
de que no ha habido ningún avance, de que no se ha clarificado la
situación por parte del Gobierno y vamos a ver si la documentación
que ha presentado nos aclara algo más que la comparecencia de la
señora ministra.
Nosotros hemos sido muy críticos con la falta de transparencia en la
adjudicación de las licencias de
telefonía móvil de tercera generación. El Gobierno ha aducido que
entonces estaba en funciones. Es verdad, pero me dirán ustedes qué es
tomar una decisión de estas características unos días antes, pocas
horas antes de unas elecciones. En nuestra opinión, puro
oscurantismo. Una decisión inexplicable por razones de urgencia o por
razones inaplazables. Nada, ni siquiera el plazo del concurso,
obligaba al Gobierno a tomar esa decisión en los días anteriores a la
celebración de las elecciones generales. Desde el punto de vista de
las formas democráticas, es inaceptable que un gobierno tome una
decisión de estas características en esas condiciones. Nosotros
teníamos ciertas dudas, y las expresamos en algún debate anterior de
esta Cámara, sobre cuál era el procedimiento más adecuado para
adjudicar la telefonía móvil de tercera generación. Teníamos dudas
porque tenemos una concepción de las adjudicaciones en la que priman
los compromisos de las empresas en materia industrial, de empleo,
sobre la recaudación económica en un momento concreto.
Señorías, hemos visto desgraciadamente cómo esos compromisos no son
conocidos, cómo esos compromisos le son ocultados sistemáticamente a
la Cámara, cómo esos compromisos pretenden ser incumplidos por parte
de las empresas. Ustedes no han salido al paso de la declaración por
parte de las empresas adjudicatarias de que van a incumplir los
compromisos en algo tan esencial para ustedes como los plazos, han
dicho ya que no van a cumplir los plazos y ustedes no han replicado
nada.
Hemos visto cómo en otros países europeos, a través del mecanismo de
subasta o de concurso-subasta restringido, se han comprometido, según
lo que conocemos a través de los medios de comunicación -conoceremos
más en la documentación que ha presentado la ministra-, a algo
equilibrado entre lo que significan las inversiones, los compromisos
de empleo y la recaudación de la hacienda pública de esos países. Y
eso nos ha llevado a dudar de que ustedes hayan utilizado el mejor
mecanismo. En estos momentos estamos convencidos de que no, de que no
solamente se equivocaron en las formas democráticas, sino de que
además se equivocaron en el procedimiento de adjudicación de estas
adjudicaciones de telefonía móvil de tercera generación. La
equivocación va siendo cada vez mayor a medida que pasa el tiempo y
se demuestra que otros países obtienen mayores recursos y los mismos
compromisos que ustedes dicen haber adquirido por parte de las
empresas en la instalación de la telefonía móvil de tercera
generación.
Yo les hice una pregunta que repito en estos momentos: si ustedes
garantizan cuarenta veces más inversiones que el resto de los países
europeos; si ustedes garantizan cuarenta veces más empleo que el
resto de los países europeos; si ustedes garantizan un ritmo cuarenta
veces superior en la ejecución de esas inversiones que el resto de
los países europeos. Como ustedes no
garantizan eso, a nosotros nos parece que la situación es un total
desequilibrio entre los compromisos inversores y la recaudación de la
Hacienda pública. Ustedes tienen que superar esa situación y no nos
vale que la aplacen. Nos han dicho ahora que van a hacer un estudio
para octubre. A nosotros no nos valen nuevos aplazamientos. Tienen
que decirnos qué medidas van a tomar. Nosotros estamos dispuestos a
que las medidas que tomen para equilibrar la situación -llamo
equilibrar a lo que ha significado un chollo para las empresas y un
mal negocio para los ciudadanos- las tomen a plazos, no tenemos una
posición cerrada en cuanto a que tengan que obtener ustedes el
conjunto de los ingresos de una sola vez, pero queremos que nos digan
los mecanismos por los que lo van a hacer. Tenemos muchas dudas sobre
que ustedes lo puedan hacer a través de los mecanismos de que han
hablado: a través de las tasas, a través del canon, etcétera, tenemos
todas las dudas. Estamos convencidos de que más tarde o más temprano
vamos a tener que concluir que aquella adjudicación significa una
lesión al interés público y que por tanto tiene que ser revocada,
estamos convencidos de ello. Pero vamos a dejarles que nos demuestren
en la práctica que van a equilibrar lo que han desequilibrado
ustedes, que son, por una parte, los compromisos industriales y de
empleo y, por otra, los ingresos de la Hacienda pública.
No utilicen cortinas de humo ni chantajes. El espacio radioeléctrico
no es el mecanismo por el cual pagan justos por pecadores, no es el
mecanismo por el cual todos pagan lo que han ingresado cuatro, ni
tampoco es el mecanismo por el cual alguno se calla; no es eso,
señorías. Nosotros creemos que debe haber un mecanismo cierto que sea
evaluable por parte de esta Cámara, ya que no hemos podido hacerlo
previamente, para que estemos convencidos de que al final esto no es
un chollo para unas pocas empresas y un mal negocio para el conjunto
de los españoles, sino que es un buen negocio para el conjunto de la
ciudadanía.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy en la interpelación se han abierto muchos interrogantes
ante un tema polémico. Nuestro grupo parlamentario, cuando finalizaba
ya la campaña electoral, se mostró crítico por el proceso de
adjudicación seguido en ese momento y por unas concesiones cuyas
cifras eran astronómicas. Nuestro grupo mantuvo -y así lo manifestó
don Ignacio Guardans, portavoz de industria de nuestro grupo- una
posición crítica por el momento escogido.
Ese ya no es el debate de hoy porque es un tema que se suscitó en
plena campaña electoral y también tuvimos en mayo en esta Cámara una
interpelación sobre esta cuestión con la subsiguiente moción. Pero
hoy nuestro grupo, ante los numerosos interrogantes abiertos,
considera que ha habido pocas concreciones por parte del Gobierno.
Tenemos solicitada una comparecencia de la ministra de Ciencia y
Tecnología, aquí presente, en la que esperamos poder hacer un debate
más sosegado, con mayor detenimiento, un debate que permita conocer
realmente las cuestiones, porque hoy, señora ministra, los
interrogantes han quedado abiertos y, repito, ha habido pocas
concreciones. Pero tiempo habrá -espero que en breve plazo- para que
la Comisión de Ciencia y Tecnología pueda celebrar un debate
monográfico sobre este tema y para que entre todos podamos tener
mayores concreciones; sobre todo, señorías, señora ministra, lo que
más interesa a nuestro grupo parlamentario, es que del debate final
podamos obtener la seguridad de que los ciudadanos españoles van a
tener unas tarifas más económicas y más competitivas que las que se
apliquen en el resto de países de la Unión Europea que han optado por
un sistema de adjudicación que para las empresas ha sido más costoso.
Si a esas empresas el sistema les ha salido mucho mejor de precio -no
me atrevo a calificar como hacen otros grupos con adjetivos como
chollo-, lo que va a pedir nuestro grupo cuando celebremos ese debate
con mayor sosiego es que pueda demostrarse que para el ciudadano
español la tarifa será más económica, más competitiva. Si es así,
señora ministra, con ello contribuiremos a extender la sociedad de la
información y a extender esa nueva tecnología a la mayor parte de
ciudadanos, si es que realmente la tarifa es más económica y es más
competitiva. Por tanto, señora ministra, señorías, esperamos un
ulterior debate en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y que
obtengamos del Gobierno mayores concreciones.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señor presidente, señora ministra, señoras y
señores diputados, en primer lugar, y como no podría ser de otra
manera, querría destacar -y, como dice el señor Pérez Rubalcaba, lo
dejo ahí-, que me parece una ignominia mezclar las anteriores
funciones que realizaba la ministra con sus responsabilidades
actuales al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología; además,
señorías, pinchan ustedes en hueso pero, como digo, ahí lo dejo.
(Varios señores diputados: ¡Muy bien!) En cualquier caso, es bueno
que aprendan ustedes de sus propios errores.
Decía la ministra que estamos en un debate que es poco serio, yo
diría que además es una polémica artificial
de la que, sin duda alguna, vamos a hablar durante muchos días,
muchas sesiones, muchos meses y, con un poco de suerte, también
durante muchos años, porque parece que no aprenden de sus errores.
Hemos estado cuatro años dedicados a Telefónica, eso sí, luego los
españoles les han retirado su confianza, y me da la impresión de que
también vamos a estar mucho tiempo dedicados a la cuestión de si
subasta o concurso. En todo caso, bienvenido sea el debate y, como
SS.SS. saben, tenemos una comparecencia pedida de la señora ministra
que, como siempre, está a disposición de la Cámara, y ella misma, a
petición propia, ha solicitado comparecer para aclarar cualquier duda
que pueda haber sobre el concurso que se efectuó y sobre el
procedimiento del mismo que hemos llevado adelante.
Decía que es una polémica artificial, sin sentido, porque, ¿qué les
molesta a ustedes, que hayamos sido pioneros en la incorporación de
una tecnología en España? Creo que eso es una buena señal para
España. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros hiciéramos lo que quería el
Partido Socialista o si el Partido Socialista hoy siguiera
gobernando, estaríamos acogidos a una moratoria y todavía estaríamos
en régimen de monopolio en materia de telecomunicaciones. ¿Se
imaginan ustedes lo que sería ahora España en régimen de monopolio?
Nadie se lo puede imaginar porque parecería un mundo absolutamente
diferente al que vivimos. En todo caso, es bueno avanzar. Saben
ustedes que hay mucha diferencia entre lo que significan los avances
tecnológicos, la sociedad de la información, entre América y entre
Europa, y entre algunos Estados de la parte norte o sur de Europa.
Por lo que se refiere a tecnologías es importante la velocidad, la
rapidez. ¿Sabe por qué? Porque en un mundo que avanza tan deprisa
puede uno perder el lugar que ocupa en él, con lo importante que es
para la competencia, de dos maneras: una, porque pierda su lugar,
porque se deje vencer ya de que va muy bien y, otra, porque los
otros, en este caso España, aproveche bien sus oportunidades como
está haciendo. Es una buena noticia que por primera vez nosotros
seamos líderes, aunque estoy segura de que el Grupo Socialista no lo
comparte, ya que a ellos les gustaría seguir todavía en régimen de
monopolio.
Hablaba antes de la transparencia y la verdad es que es chocante y un
poco irónico porque si algo tienen los concursos es que son
transparentes, se basan en unos criterios objetivos y son
recurribles; el dedo no es recurrible, porque no tiene ningún
criterio objetivo y no se basa en ninguna cuestión. Sólo ocurre que
me resulta chocante que sea el señor Pérez Rubalcaba el que nos venga
a hablar de la transparencia de los concursos o de regalazos, cuando
él tuvo algo que ver -diría que mucho- en que Canal Plus tuviera una
televisión de pago en España. Me alegro mucho de que el señor Pérez
Rubalcaba y el Grupo Socialista estén pensando en un debate que se ha
abierto nuevo, que es el debate sobre si el espacio radioeléctrico
hay que pagarlo o no.
Es verdad que la situación ha cambiado y parece que ahora el espacio
radioeléctrico hay que pagarlo. Pero hipótesis por hipótesis, a mí me
gustaría -haciendo una hipótesis y pensando- saber qué podría costar
a una empresa o cuánto pagaría una empresa de televisión por tener un
monopolio de televisión de pago durante diez años. Probablemente el
precio sería bastante alto. En todo caso, también lo dejo ahí. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.) Lo importante es que el
Gobierno ha querido introducir la sociedad de la información, lo
importante es que el Gobierno, como siempre, tiene un único objetivo,
y es que los ciudadanos vivan mejor, que los ciudadanos tengan las
mayores posibilidades y todas las oportunidades. Por eso se hizo un
concurso en el que había una serie de requisitos, unos requisitos de
inversión para que los ciudadanos pudieran tener lo antes posible
-por supuesto, cuando la tecnología lo permita- unos teléfonos
móviles en los que se pueda utilizar Internet. Los teléfonos móviles
se han implantado con mucha rapidez y, por tanto, pensamos que es un
buen método para que la sociedad de la información llegue a todos. Se
han puesto unas metas, se han puesto unos plazos, se han puesto unos
requisitos de calidad y sin ninguna duda también gracias al
procedimiento de concurso -y como decía la ministra, porque ya han
concursado los distintos operadores- sabemos que va a haber unos
precios muy asequibles para todos los ciudadanos de España, que
podrán incorporarse con mayor rapidez a lo que es la sociedad de la
información.
Nosotros somos de los que creemos -pienso que todos lo compartimos-
que la sociedad de la información es importante y buena para todos.
Por tanto, no se trata sólo de buscar una labor recaudatoria cuando
se hace un concurso, sino de pensar qué es lo mejor para los
ciudadanos. Lo mejor para los ciudadanos es que lo antes posible
accedamos a la sociedad de la información, que lo antes posible los
teléfonos móviles de tecnología UMTS estén a disposición de todos.
Ahora bien, hemos abierto un debate nuevo. Lo de subasta o concurso
me parece un debate estéril y no merece la pena ni seguir
comentándolo. Es un procedimiento como otro cualquiera, igual de
transparente y es el que se ha utilizado siempre en España y en la
mayoría de los países para las altas tecnologías. Ahora bien, hemos
abierto un debate sobre si hay que pagar por el espacio
radioeléctrico. La verdad es que -ya lo dijo el presidente del
Gobierno- probablemente habrá de estudiarse, y no es por afán de
amenazar a nadie, como decía el portavoz de Izquierda Unida, sino
simplemente porque es un debate que se ha abierto. Es como si antes
para jugar al tenis estuvieran abiertos todos los clubes en todo el
mundo, en el mundo global en el que vivimos, y ahora tuviéramos que
pagar por las pistas de tenis. Si hay que pagar por las pistas de
tenis, habrá que analizar si en España también hay que pagar. Pero
esa es una decisión que el Gobierno ha tomado, que el
Gobierno va a tomar y que el Gobierno tiene prevista en la Ley
general de telecomunicaciones, como también, señorías, el Gobierno
tenía previsto -antes de que surgiera el debate de subasta o concurso
en el mes de junio, cuando aprobamos el decreto-ley de medidas en
beneficio de las telecomunicaciones- la incorporación de nuevos
operadores para que hubiera mayor competencia. Este no es un debate
que surja en el día de hoy ni en el mes pasado, es un debate que en
el mes de junio se aprobó por toda la Cámara, aunque previamente se
aprobó en un decreto-ley del Gobierno que también hubiera mayor
competencia en materia de telefonía.
La señora PRESIDENTA: Señora Mato, le ruego que concluya.
La señora MATO ADROVER: Termino enseguida, señora presidenta,
diciendo que el Partido Socialista, a lo mejor no de Madrid pero sí
el de Andalucía, ya ha asumido las tesis del presidente del Gobierno
y ha instado para que se grave el uso del espacio radioeléctrico por
los diferentes medios de retransmisión: radio, televisión y telefonía
móvil. Esa es una propuesta de resolución que se ha aprobado en el
Parlamento de Andalucía a propuesta del Grupo Socialista. Por lo
tanto, bienvenido sea también el Partido Socialista a las tesis que
defendió el presidente del Gobierno hace unas semanas, porque yo creo
que vamos todos por el buen camino y sería bueno que el Partido
Socialista en toda España, no solamente en Andalucía, volviera a las
tesis del Gobierno del Partido Popular, que parece ser que son las
que avanzan por el camino correcto y son las que van a conseguir
mayor prosperidad y mayores posibilidades de que todos los
ciudadanos, sin ninguna excepción, se incorporen a la sociedad de la
información.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mato.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LADIGNIFICACIÓN DE LAVIVIENDA
PÚBLICA. (Número de expediente 172/000031.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación del Grupo Parlamentario Mixto,
sobre la dignificación de la vivienda pública.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, la
interpelación que vamos a sustanciar tiene como objeto la valoración
de las políticas de promoción de vivienda pública y las necesidades
de algunos sectores de población, así como valorar el impacto de la
Ley de
Arrendamientos Urbanos, la LAU, desde 1994 hasta hoy. Estaremos de
acuerdo en que la promoción de la vivienda pública es uno de los
principales factores de redistribución de la riqueza y de la igualdad
de oportunidades. El Estado español entró en el siglo XX con déficit
sociales de carácter estructural en ámbitos como la sanidad o la
educación y también en la vivienda.
En los últimos 25 años se ha hecho un gran esfuerzo para que la
cobertura sanitaria fuera universal y también para escolarizar a la
totalidad de la población infantil y juvenil, pero ha quedado
pendiente la política para una vivienda digna. Para una buena
cohesión social son primordiales una buena red de educación y salud
públicas, pero también una política eficiente en materia de vivienda.
Hasta ahora se ha apoyado mayoritariamente la creación de condiciones
especiales para que los promotores privados construyan viviendas de
protección oficial con precios máximos limitados. La realidad nos
demuestra que este modelo está sujeto a las prioridades de los
promotores privados y que en los últimos años ha experimentado un
bajón a favor del mercado libre de vivienda. Los datos del año pasado
son elocuentes: de 350.000 viviendas, sólo 56.000 viviendas son
protegidas -estamos hablando sólo de un 17 por ciento- y de estas
últimas, sólo 16.000 viviendas son de promoción pública -en
porcentaje representan sólo el 4,6 por ciento del total-. Si tomamos
un período de tiempo mayor -de 1996 a 1999- la vivienda protegida ha
disminuido en 32.500 viviendas -un 36 por ciento menos- y, por el
contrario, la vivienda libre ha aumentado en 261.000, es decir, un
130,7 por ciento más. La conclusión es que el Plan de vivienda no
puede llevarse a cabo por falta de promotores privados dejando a una
buena parte de ciudadanos fuera del mercado de compras por sus
rentas.
Todos sabemos que con la bajada de los intereses hemos pasado del 11
por ciento en 1995 al 4,94 por ciento en 1999, para situarnos hoy ya
cerca del 6 por ciento. Las familias se aventuran en la compra de
viviendas en el mercado libre con suscripciones de hipotecas y los
promotores privados desestiman la construcción de vivienda protegida,
pero como ya hemos dicho antes, el mercado cambia y si se suben los
intereses y se complica el ciclo económico, la renta disponible de
los ciudadanos va a descender y la demanda de vivienda protegida
volverá a subir. Según un estudio de la Administración catalana, en
el Estado español un 30 por ciento de las familias destinan un 20 por
ciento de su renta al pago de la vivienda, un 35 por ciento entre el
20 por ciento y el 40 por ciento y sólo un 8 por ciento alrededor del
40 por ciento, es decir que las familias dedican una media del 30 por
ciento a la vivienda. ¿Qué medidas piensa tomar el Gobierno ante los
efectos que puede provocar la subida de los tipos de interés?
Otro aspecto clave de la política de vivienda es la necesidad de
especializarnos y mostrar mayor flexibilidad, de acuerdo con las
comunidades autónomas y los
entes locales, hacia los sectores de mayor riesgo. Estamos hablando
de tres sectores concretamente: los jóvenes, los ancianos y los
inmigrantes. Estos tres sectores, hoy por hoy, precisan planes de
choque porque sus necesidades no las recoge el mercado. Los jóvenes
que no pueden emanciparse no pueden acceder al mercado libre bien
porque casi no existen ayudas para el alquiler o bien porque
diferentes aspectos les impiden la compra. Estamos ante un círculo
vicioso, por no decir perverso, donde la precarización, la movilidad
y la temporalidad de los contratos laborales les impiden percibir
créditos hipotecarios. Tener más de 30 años y vivir en casa de los
progenitores se ha convertido en una constante.
El segundo sector de riesgo son los ancianos -gente de mayor edad,
pensionistas- que por pérdida económica o reducción del núcleo
familiar no pueden hacer frente al alquiler. Los servicios sociales
de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas no pueden asumir
la demanda existente. Hay otro aspecto referente a la gente mayor de
edad sobre el que quisiera una respuesta clara del señor ministro:
¿su Ministerio ha previsto los efectos que puede tener sobre la gente
de más edad y de menor renta la finalización de la transitoriedad de
la LAU -Ley de arrendamientos urbanos- en el año 2003? Con la LAU
desapareció un sistema de protección social que se basaba en la
protección del arrendatario, garantía de alquiler indefinido y de
acuerdo con la renta. ¿Qué pasará pues con aquellas personas que no
pueden hacer frente a unos alquileres más altos y por encima de sus
posibilidades? ¿El Gobierno dispone de datos fiables sobre los
efectos de la LAU y el aumento de los desahucios? Para cuando haya
una marea de desahucios en el año 2003, ¿el Gobierno prevé partidas
para ayudar a los propietarios con arrendatarios de renta baja como
describía la ley en el año 1994 o, por el contrario, vamos a desviar
este tema a los servicios sociales de los ayuntamientos y de las
comunidades autónomas?
Otro colectivo que crece y necesitará una atención especial es el de
la inmigración. ¿Qué prioridades tiene el Gobierno en este aspecto?
¿Vamos a tomar como ejemplo a Holanda donde el Gobierno estableció
planes de anticipación a las diferentes oleadas? ¿Qué opinión tiene
el Gobierno sobre este aspecto? En relación con la inmigración, el
ministro sabe que no todas las comunidades autónomas reciben el mismo
flujo de inmigrantes; Andalucía, Canarias, Cataluña y Madrid, entre
otras, acogen muchos más. ¿Habrá políticas específicas de acuerdo con
las comunidades autónomas y los entes locales? En estas comunidades
autónomas hay una demanda creciente de vivienda para los nuevos
ciudadanos.
En conclusión, señor ministro, la subida de intereses dejará a muchos
ciudadanos y a muchas familias fuera del mercado libre. Esta
situación, que podríamos calificar de cíclica, se agravará en
determinados sectores de
población con los efectos de la Ley de arrendamientos urbanos. ¿Cómo
piensa el Gobierno enfocar estos problemas? ¿Se ha planteado
propuestas como la creación de un marco fiscal favorable para
incentivar la promoción de vivienda protegida de alquiler, como
existe en Francia o en la República Federal alemana? ¿Se van a crear
o a incrementar los ya existentes planes para la restauración de
edificios? La restauración es muy necesaria para la rehabilitación de
la vivienda en el ámbito rural y también en los cascos urbanos.
Una reflexión final, señor ministro: las políticas sociales en el
ámbito de la vivienda tienen que ser flexibles y adaptarse a los
diferentes sectores. Es necesario un esfuerzo por parte del Gobierno
y de las comunidades autónomas para que la política de viviendas no
se limite sólo a los sectores de renta más baja, sino que también las
rentas medias tengan opción a esta medida de protección social.
Entendemos que lo relativo a la vivienda va a experimentar un cambio
debido a la subida de los tipos de interés y esperamos que el
Gobierno, en su postura liberal de no acceder, de no intervenir sobre
el mercado, tenga soluciones imaginativas y alternativas para paliar
el problema que esto va a suponer para muchas familias.
Hoy en día, las familias jóvenes tienen dos problemas básicamente,
sobre todo en las ciudades y en los pueblos de más de 10.000
habitantes: la vivienda y la guardería -los hogares infantiles que
decimos en Cataluña- de sus hijos. En algunas familias, la suma del
alquiler o la hipoteca más los gastos de la guardería representa más
del 60 por ciento del sueldo. Ésta puede ser una situación
insostenible si le sumamos el hecho de que muchas familias jóvenes
que están empezando tienen contratos laborales temporales o
precarios; es decir, un cóctel Molotov a nivel social: dificultad
para pagar la vivienda, dificultad para pagar la guardería,
dificultad para tener un puesto de trabajo fijo, serio, estable,
indefinido. Todo esto va a crear una situación complicada. ¿Cómo
piensa intervenir el Ministerio de Fomento para que haya vivienda
para todos, de más fácil acceso y que todas las capas sociales -las
más desfavorecidas, por supuesto, pero también las capas medias-
puedan acceder a la vivienda?
Gracias, señoras diputadas, señores diputados, señora presidenta y
señor ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Muchas
gracias, señora presidenta.
Señorías, el señor diputado interpelante ha tocado un tema de la
máxima importancia social y del máximo interés, habida cuenta de la
evolución de la construcción de viviendas a lo largo de estos últimos
cuatro años y de la evolución del Plan de vivienda, es decir,
las viviendas de protección oficial, en este mismo período. Ha dicho
usted cosas muy interesantes a lo largo de su intervención, aunque,
al final, ha hecho un resumen dramático. Si atendiéramos a esas
conclusiones finales, que no se corresponden con las interesantes
preocupaciones que ha ido desgranando en su intervención,
probablemente el debate quedaría desfigurado.
Por tanto, voy a quitar dramatismo al problema que tenemos planteado
en estos momentos y que ayer, sin ir más lejos, fue tratado en una
conferencia sectorial promovida por el Ministerio de Fomento con
representantes de todas las comunidades y ciudades autónomas, en la
que se profundizó en el Plan de la vivienda y se plantearon
soluciones a los problemas, pero, repito, en ningún caso la política
de vivienda -lo que podemos hacer entre todos para impulsar la
vivienda- puede considerarse una dificultad con tintes dramáticos.
Si nos quedásemos en la superficie del problema, podríamos llegar a
conclusiones aparentemente evidentes, pero gravemente
distorsionadoras. Porque desde el año 1996, el precio de la vivienda
de protección oficial, que es sobre la que actúa el Gobierno fijando
los precios, ha subido el 1,1 por ciento, y en cambio, desde el año
1996, el precio de la vivienda libre ha subido en torno al 25 por
ciento; varía según las comunidades autónomas. Pues bien, en este
mismo período, ese sector de vivienda que tiene el precio congelado
ha disminuido un 36 por ciento, es decir, en el año 1999 se
promovieron 56.577 viviendas de protección oficial, un 36 por ciento
menos que en el año 1996, y, sin embargo, con arreglo a los datos de
viviendas iniciadas, su número fue de 520.000 viviendas en total, es
decir, 464.000 viviendas libres, que supone un 137 por ciento más de
viviendas libres que en el año 1996. Es decir, crecen la demanda y la
construcción de viviendas allí donde crece más el precio. Si
estableciéramos un análisis simplista, tendríamos que distorsionar
todas las claves de la economía: aumenta la demanda de lo caro y
disminuye la demanda de lo barato. Y es que el análisis no puede ir
en esa dirección, porque, repito, es un análisis equivocado. Hay
diversas causas que contribuyen a explicar este fenómeno. Una de
ellas, y muy importante, es que durante estos años se ha reducido el
porcentaje de la renta disponible que los españoles tienen que
dedicar para comprar una vivienda, de tal manera que el porcentaje,
que ya está por debajo del 30 por ciento, en una situación de tipos
de interés muy bajos, hace que muchas familias tengan capacidad de
renta para elegir una vivienda más ajustada a sus posibilidades, sin
tener que acomodarse, a cambio de las ventajas de la protección
oficial, a las limitaciones que hoy existen en tamaño y en
características en las viviendas de protección oficial. Este es un
fenómeno sociológico real, señor diputado, de tal manera que, ante su
preocupación por lo que va a pasar con la subida de tipos de interés,
fíjese lo que va a pasar: que la subida de tipos de interés va a
producir el efecto automático de que va a
aumentar la demanda de viviendas de protección oficial. Aunque no
hiciéramos nada, sólo el efecto de que, por el encarecimiento de los
tipos de interés, la adquisición de una vivienda supondrá una partida
más sustancial en términos de renta disponible para las familias, va
a dar más alicientes a las subvenciones y subsidios que la política
de viviendas de protección oficial ofrece. Sabemos que va a ocurrir
eso, pero no nos parece suficiente. No nos parece suficiente y por
eso queremos atacar entre todos el problema de la vivienda para que
pueda haber viviendas para todos los sectores de la sociedad que la
demandan. Y cuando ahora no se construyen viviendas de protección
oficial porque la congelación del precio de la vivienda no la hace
atractiva para los promotores, señor diputado, no la hace atractiva
ni siquiera para la promoción pública. Ayer, los representantes de
las diecisiete comunidades autónomas pidieron unánimemente al
Ministerio de Fomento la actualización de los módulos, es decir, la
subida de los precios de la vivienda de protección oficial para poder
favorecer la oferta de vivienda de protección oficial. Tendremos que
enfrentarnos a la fórmula de equilibrio entre lo que es bueno para
que se produzcan viviendas de protección oficial y lo que puede ser
menos bueno en términos de encarecimiento, de acceso y también sobre
los efectos del IPC en nuestra economía. Tendremos que buscar una
fórmula de equilibrio, pero, repito, la propuesta que las comunidades
autónomas hacen al Ministerio de Fomento es unánime, señor diputado,
unánime. Y tenga presente, a la hora de analizar este fenómeno, que
las comunidades autónomas son fundamentales, porque nosotros tenemos
una competencia, la que tiene atribuida el Estado, que es solamente
la de establecer y financiar las ayudas a la vivienda, pero nosotros
no somos titulares de la política de vivienda.
Decía en un momento de su intervención que, desde su perspectiva
política, quería incrementar el porcentaje de viviendas de promoción
pública -creo que le entendí correctamente-, y ese porcentaje lo
deciden las comunidades autónomas. Es decir, el Ministerio de Fomento
está abierto, dentro de los límites presupuestarios que cada año
destinamos a vivienda y que cuando disminuye la vivienda de
protección oficial pueden no agotarse; ahora no hay problema de
techos presupuestarios para la vivienda de protección oficial porque
está disminuyendo.
La decisión de impulsar un porcentaje mayor de viviendas de
protección pública corresponde a los gobiernos de las comunidades
autónomas. Por lo tanto, sin entrar, desde el punto de vista del
programa político de cada cual, en si estoy de acuerdo o no con
ustedes en esa propuesta, tengo que decirle que, en todo caso, tienen
que planteársela a cada gobierno autonómico para que asuma o no la
respuesta a este tipo de decisiones, que afectan a quien tiene la
gestión de la política de vivienda.
También ha hecho una referencia a los desahucios. Ese es un terreno
interesante sobre el que me gustaría profundizar. Si usted le
pregunta al ministro de Fomento si tiene datos sobre lo que va a
pasar en el año 2003 con los desahucios, le tengo que confesar que
no. Pero también le digo que creo que estamos a tiempo, y le
agradezco mucho su observación porque ese tema debe preocuparnos a
todos. Hasta ahora, la información que teníamos en nuestra Dirección
General de la Vivienda es que la aplicación de la vigente Ley de
Arrendamientos Urbanos, incluso para aquellos que fueron críticos con
ella en el momento de su debate, está funcionando razonablemente y
desde luego no está produciendo esos efectos de pobreza y de
marginación que preocupan a S.S. Pero si hubiera ese riesgo, me
gustaría poder profundizar en un fenómeno en esta ley, que era un
equilibrio entre los derechos de los inquilinos y los titulares de
las viviendas; que buscáramos ese equilibrio para que tampoco hubiera
picaresca en el otro lado. También había economías modestas
propietarias de viviendas de alquiler que se estaban empobreciendo
con la política anterior de alquileres. Por eso creo que esa ley fue
un punto de equilibrio, que está funcionando razonablemente. Si en
estos momentos S.S. tiene datos -el Ministerio se da por invitado a
recogerlos- sobre algún efecto perverso en el tramo final de esta
situación transitoria, con mucho gusto debemos analizarlos y si fuera
necesario reconducirlos.
Yo no me atrevo a ir más allá en cuanto a las críticas a la
aplicación de la ley que ha hecho S.S., por lo menos en el texto de
la interpelación, porque es el primer documento en el que leo una
petición de que la justicia actúe con más lentitud. Hasta ahora en
esta Cámara habíamos escuchado desde distintas posiciones que uno de
los objetivos era agilizar la justicia. En el texto de su
interpelación hay una sugerencia sobre la necesidad de decir a los
jueces que actúen con más pausa. Yo no me atrevo a pronunciarme,
simplemente me parece sorprendente el análisis que hace S.S. y, con
independencia de los juicios que corresponden a quienes tengan la
responsabilidad (el Consejo General del Poder Judicial
fundamentalmente) de analizar el comportamiento de los jueces en la
aplicación de estas leyes, a nivel político no sería el Ministerio de
Fomento, el Ministerio titular de este debate que le interesa a su
señoría, el que llevara a efecto las reformas necesarias.
Y le digo lo mismo en el tema de la inmigración, porque lo que no se
puede pedir es una cosa y la contraria. Es decir, si se está luchando
por una ley de inmigración que garantiza los derechos de los
inmigrantes en España, yo creo que ahí hay un marco de debate
razonable. El de Fomento será un Ministerio instrumental, como tantos
otros Ministerios, en la aplicación de las distintas leyes. Pero lo
que deba hacerse para afrontar los retos que a España le produce en
estos momentos el fenómeno de la inmigración creo que tiene un cauce
a nivel de Gobierno y también en esta
Cámara, y creo que será el momento adecuado para explicitar sus
preocupaciones y tratar de encontrar respuestas en el marco legal que
garanticen también el derecho a la vivienda de los inmigrantes que
acepta España y que deben recibir todos los derechos y asumir todos
los deberes que en el marco constitucional nuestra Carta Magna les
tiene encomendados.
En fechas próximas tendremos que avanzar en la reforma de la política
de vivienda para ajustarla a los objetivos que todos estamos
propugnando. El Ministerio de Fomento ha anunciado cuatro líneas de
modificación. La primera -como ya conoce esta Cámara porque la
anuncié en mi comparecencia en la Comisión- es la posibilidad de
ofrecer una alternativa de subvenciones a la primera entrega en la
adquisición de la vivienda; alternativa de la subsidiación de
intereses para atender aquellos casos en los que la falta de ahorro
dificulta la adquisición de una vivienda. En segundo lugar, revisar e
incentivar la política de alquileres, porque creo que en ella se
encuentran algunas de las claves que pueden ajustarse a las
necesidades de muchas familias españolas. Probablemente, en esa
reflexión sobre los alquileres, el problema de los desahucios tenga
encaje en clave de Ministerio de Fomento. La tercera es la revisión
de los módulos, que oídas las comunidades autónomas estudiaremos con
mucho gusto e impulsaremos alguna decisión en clave de Gobierno. Y la
cuarta es asumir también que deben imponerse algunas restricciones a
la descalificación de las viviendas protegidas, y no tanto porque en
el caso de una descalificación el Estado no recupere las ayudas
prestadas, sino porque se convierte en una distorsión de la política
de vivienda. Las viviendas de protección oficial lo son para que los
beneficiarios disfruten de esos derechos durante el tiempo pactado, y
quebrar el plazo de esos beneficios, quiebra los principios de la
política de vivienda de protección oficial, asunto en el que también
están de acuerdo las comunidades autónomas y sobre el que espero
avanzar.
Con mucho gusto estoy a su disposición para que en el trámite de la
moción podamos llegar a acuerdos e impulsar otras iniciativas, en la
línea en la que S.S. ha puesto el dedo en la llaga, en temas que
pueden ser de interés. En cuanto recabemos esos datos y nos pongamos
de acuerdo, será más fácil encontrar los remedios.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.
El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, déjeme que concrete un poco la situación de la LAU.
No hay que dar demasiado dramatismo a la problemática social de los
desahucios, pero exige la adopción de medidas eficaces que se
adapten a las necesidades reales y que incluyan desde la prevención,
que evitaría el agravamiento de muchas situaciones, hasta la
aplicación de ayudas puntuales, puesto que la vigente ley, la Ley de
Arrendamientos Urbanos, ha incrementado el riesgo de generar
progresivamente pobreza y marginación. Urge modificarla para
conseguir que actúe para moderar los precios de los alquileres e
impedir que los jueces hagan interpretaciones subjetivas en perjuicio
de los sectores más débiles de la población. Estas modificaciones
también deberían dirigirse a evitar lo que usted decía que yo pedía:
que la justicia fuera más lenta. No es exactamente así. Fíjese que
los jueces en este momento están haciendo dos citaciones en dos días
seguidos. Es un proceso de aceleración, una justicia superrápida. Ya
nos gustaría que en otros ámbitos del derecho hubiera dos citaciones
en dos días. Concretamente esto se dirige a sectores de la sociedad
muy pobres, con muy poca renta y muy poca capacidad de defensa.
Además, conviene evitar el aumento de los alquileres por asimilación
a renta de diversos conceptos y adaptar las subrogaciones
a situaciones familiares especiales, como las de las personas que han
cuidado a familiares hasta su muerte, sin dejar de prever la
posibilidad de revisar rentas actualizadas cuando se han reducido los
ingresos de la unidad familiar.
También es necesario ampliar la duración de algunos contratos y
determinar qué sucederá con las personas a las cuales aún no se les
ha actualizado la renta y cómo repercutirá esto en el beneficio de
los propietarios que no han hecho ninguna inversión o que han
comprado la casa a bajo precio en una subasta.
Con el objetivo de erradicar la picaresca de propietarios de
viviendas de renta antigua que practican la no aceptación del pago de
la renta para poner al arrendatario en situación de impago y, por
tanto, en riesgo de ser desahuciado si no paga por el procedimiento
de consignación judicial, es imprescindible poner en marcha una
ventanilla única para evitar los inconvenientes actuales. Esta medida
debe ir acompañada por la creación de la oficina de control, que
evite los fraudes o los casos en los que el arrendador se aprovecha
de la reforma de la LAU, una ley que ha cerrado una vía de acceso
-como decíamos antes, en la exposición inicial- a la vivienda, y no
sólo para los antiguos arrendadores, sino también para los jóvenes,
que no encontrarán piso de alquiler.
Señor ministro, vamos a ser rápidos. Sólo le voy a decir una cosa.
Usted decía: Quiere usted una justicia más lenta. Dos citaciones en
dos días a familias muchas veces desestructuradas, a gente mayor sin
capacidad de defenderse o de buscarse soluciones legales o de
asesorarse, a personas que viven solas, en unas situaciones de
pobreza y casi de marginación, yo diría que sí es un proceso judicial
muy acelerado.
No ha habido conciencia social ante este proceso de desahucios y
sería bueno que el Gobierno, a partir de
esta interpelación y la moción que debatiremos próximamente,
elaborara un estudio de la implicación que puede tener en el 2003 la
Ley de Arrendamientos Urbanos. Puede tener un impacto social
importante y si esto coincide con la subida de los tipos de interés
puede provocar situaciones complicadas y es mejor prevenir que curar
y vamos a ver si entre usted, el Ministerio de Fomento en este caso,
y el Gobierno, los diferentes ministerios que se puedan ver
afectados, pueden encontrarse las soluciones para evitar estas
situaciones.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor
ministro.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señor
diputado, ya ve que cuando pasamos de las generalidades a los hechos
concretos se pueden empezar a buscar soluciones. Usted ha concretado
una preocupación, por ejemplo, en los casos de picaresca de los
propietarios. Esos casos no requieren en estos momentos que se
modifique ninguna ley. Se puede hacer por transferencia bancaria o se
pueden hacer mediante consignaciones notariales o judiciales y
probablemente lo que falta quizá sea, en determinados supuestos, la
información suficiente para aquellas familias modestas que no conocen
estos procedimientos. Si ese es el problema, en la propia naturaleza
del mismo vamos a encontrar las soluciones. Esa era la invitación que
yo quería hacerle, para todos esos supuestos que S.S. conoce y ha
planteado como soporte de la interpelación. Por cierto, cuando he
propiciado un debate sobre la política de alquileres, también puede
coincidir S.S. en esas preocupaciones, en relación con la creación de
un parque público de viviendas en alquiler.
De las aportaciones de todos, en una materia tan concreta que plantea
casos concretos, podemos encontrar caminos constructivos. Invito a S.
S. a que nos concrete aún más en la moción esos supuestos que
necesitan una respuesta y, entre todos, incluidas las comunidades
autónomas, podremos darle una respuesta adecuada.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por Izquierda Unida, la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida fijará
decididamente su posición, a la vista de la moción que pueda
presentarnos el Grupo Mixto y atendiendo al resultado final de esta
moción.
Nos llama la atención y nos parece muy interesante que el ministro
esté dispuesto a que desde esta Cámara
se pueda hacer una iniciativa a fin de consensuar las necesidades no
solamente de los ciudadanos y ciudadanas en cuanto a la vivienda,
sino también de las comunidades autónomas y las de los promotores.
Estaríamos de acuerdo en llegar a ese tipo de consenso con el
Ministerio, las comunidades autónomas, los promotores y los
ciudadanos y las ciudadanas que tienen difícil acceso en estos
momentos a las viviendas, ya sean en régimen de alquiler, ya sean de
protección oficial o ya sean de renta libre.
La política de vivienda que ha venido desarrollando hasta ahora el
Gobierno del Partido Popular, en la legislatura pasada y en ésta, no
nos parece que haya sido la más acertado para evitar que sigan
subiendo los precios de las viviendas y que, además, sean accesibles
a toda la ciudadanía. Somos conscientes todos de que existen capas de
la población que tienen verdaderas dificultades para poder acceder a
una vivienda digna. Me refiero a los que no pueden acceder ni tan
siquiera a las viviendas de protección oficial.
Me ha sorprendido un poco que el ministro, cuando daba respuesta al
portavoz del Grupo Mixto en la primera réplica, le dijera que el
aumento de los tipos de interés y el hecho de que pueda encarecerse
el precio de la vivienda de renta libre lleve a aumentar la
construcción y las viviendas de protección oficial. Esa no es la
mejor forma de cubrir las necesidades de la mayoría de la población.
Las viviendas de protección oficial se ponen al alcance de los
ciudadanos que no tienen los recursos económicos suficientes para
poder acceder a una vivienda de renta libre y para eso necesita que
tenga unos determinados precios, con independencia de que los tipos
de interés puedan estar un punto arriba, un punto abajo o cuatro
puntos arriba o abajo. Es el precio de la vivienda, sumado a los
tipos de interés, lo que hace inaccesible a muchos sectores de la
población a una vivienda digna. Precisamente las viviendas de
protección oficial estaban destinadas a determinadas capas de la
población que tenían una determinada renta.
El señor ministro decía también -es una demanda que ha aparecido en
los medios de comunicación- que los promotores denunciaban el fracaso
del plan de vivienda porque no tienen ningún interés por el precio
que tiene la renta de protección oficial, y que ellos no están
dispuestos a construirla.
Creemos desde nuestro grupo parlamentario que hay otras alternativas
que no sean sólo y exclusivamente la de subir el costo de la vivienda
de protección oficial para poder dar respuesta a la demanda que
puedan tener ciudadanos y ciudadanas con respecto a este tipo de
vivienda.
Pero es que hay más políticas que desarrollar, y hasta ahora algunas
de las que se han adoptado por parte del Gobierno, tanto en la
legislatura pasada como en esta, que se han hecho en aras a reducir
el precio del suelo y que se decía que era una de las grandes
consecuencias de las subidas de precio de la vivienda, no han dado
como resultado el objetivo para el que se hacían, que era reducir los
precios de la vivienda, y asistimos tanto en las viviendas de
protección oficial como en las viviendas de renta libre a un aumento
constante del precio de la vivienda a disposición de la ciudadanía o
que puedan acceder a ella, cuando además tampoco se ha tomado otro
tipo de medidas que no necesariamente tiene por qué tomarlas el
Gobierno pero que sí puede ser aquel que inicie el camino para que
las comunidades autónomas puedan seguir, que es la creación de
parques de viviendas de alquiler con rentas bajas para que puedan
tener acceso tanto las personas mayores que tienen una renta muy baja
para poder tener una vivienda en propiedad o en un régimen de
alquiler normal, los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes, que todo el
mundo sabe que tienen difícil acceso a la vivienda, familias
monoparentales y algunos sectores más de la población que están en
una situación de marginalidad o de escasos recursos económicos para
poder atender a sus necesidades, a unas necesidades que por otra
parte están no solamente respaldadas sino además defendidas por la
propia Constitución y que es una obligación no solamente de las
comunidades autónomas, sino también del propio Gobierno.
Como he dicho anteriormente, esperamos ver la moción que presente el
Grupo Mixto con respecto al tema que hoy nos ocupa en esta
interpelación, y en ese momento decidiremos cuál es definitivamente
el voto del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo parlamentario coincide con la oportunidad de la
interpelación presentada por el diputado Joan Puigcercós, así como
con alguno de los aspectos que el interpelante ha planteado.
Concretamente, quería recordar a la Cámara que el pasado 9 de junio
Convergència i Unió presentó una proposición no de ley, que está aún
pendiente de debate, que tiene un objetivo, que es pedirle al
Gobierno que elabore un informe sobre los efectos de la aplicación de
la LAU. Quizá sea este un punto de coincidencia de la moción del
próximo martes, pero creemos que hay aspectos de la LAU que deben ser
analizados con profundidad y el Gobierno tiene los medios y la
información suficiente para poder aportar a esta Cámara un estudio
detallado sobre esta problemática.
Sí que quería aprovechar la ocasión de esta interpelación para
reflexionar sobre uno de los objetivos que pretende la reforma de la
Ley del Suelo, que está ahora en trámite de enmiendas en esta Cámara.
De alguna forma abaratar el precio del suelo, que es un objetivo
que tiene el Gobierno, compartido por muchos Gobiernos autonómicos.
Pero el objetivo muchas veces necesita un instrumento que sea
jurídicamente correcto y que esté adaptado al marco constitucional,
un marco que vino definido por una sentencia que dejó claras las
competencias autonómicas en esta materia.
Al hilo de esta interpelación, debemos ser capaces los distintos
grupos parlamentario de salvar las competencias autonómicas en este
ámbito -reconocidas por el Tribunal Constitucional- y de coincidir
con el objetivo final, bien sea vía enmiendas al proyecto de ley que
ahora se está tramitando, procedente del decretoley, o bien sea a
través de un compromiso de un pacto de Estado entre los distintos
poderes públicos competentes, de que el precio de la vivienda sea más
asequible y que los precios, en definitiva, bajen.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora
Miralles.
La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista quiere, en primer lugar, subrayar que
esta es una interpelación correcta e incluso oportuna. Cualquier
iniciativa en política de vivienda social nos preocupa, ya que
estamos hablando de un bien básico, tal como nos indica la
Constitución, del que amplios segmentos de la ciudadanía, en especial
la población menos favorecida y la gran mayoría de jóvenes españoles,
les es difícil o imposible adquirir. Sin embargo, tenemos que
distinguir en esta interpelación entre las viviendas de protección
oficial y las consecuencias de la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya
que son dos iniciativas de naturaleza distinta.
Todo lo que se refiere a las viviendas de protección oficial es un
tema importante y, a la vez, preocupante, ya que el plan de vivienda
vigente, que se inició en 1998 y terminará en el 2001, es un plan
fallido, pues no está teniendo los resultados esperados. Esto,
señorías, no es sólo una opinión, sino que es la traducción de los
datos que ofrecen los colegios de arquitectos, las estadísticas del
Ministerio de Fomento y de los entes autónomos.
Por lo que se refiere a la dinámica del mercado, en el primer
trimestre de 1999, respecto al mismo período del año 1998, ha sido el
siguiente: la vivienda libre aumentó un 26,4 por ciento y la vivienda
de protección oficial sufrió una disminución de un 5,4 por ciento. En
el mismo trimestre de este año, con respecto a 1999, los datos son
los siguientes: la vivienda de protección oficial disminuyó el 20 por
ciento y la vivienda libre aumentó el 13,4 por ciento. Esta dinámica
de disminución ha situado la vivienda protegida en 1999 al 54,8 de lo
que era en 1995 y ha supuesto una pérdida de la cuota de la vivienda
protegida sobre el parque total de
la vivienda. Ésta ha pasado de representar el 49,4 por ciento en 1993
a ser sólo el 8,5 por ciento en 1999.
Lo que nos parece más grave, dado el marco de referencia expuesto, es
que, a pesar de esta tendencia a la baja de la vivienda social,
existe un desajuste entre los objetivos previstos y los ejecutados en
el plan. En 1999 han quedado del orden de 55.000 actuaciones
sobrantes. Es decir, 395.000 millones de financiación convenida sin
utilizar. Si situamos el análisis respecto a planes anteriores, la
pérdida de potencia del último plan es espectacular. Las viviendas
financiadas son casi la mitad que en 1995.
Un instrumento como es el plan de la vivienda, que tiene que ser el
elemento estrella para toda esa población que, por renta o por edad,
no pueden acceder a la vivienda libre, no sólo está influyendo en la
disminución constante y contundente de la vivienda protegida sino
que, además, no se está ejecutando en su totalidad. Todo esto
repercute en el bienestar de todas las familias españolas, pues el
esfuerzo que tienen que hacer las economías familiares para la compra
de la vivienda pasará del 31,8 por ciento en 1998 al 37,6 por ciento
que se prevé que será en el año 2000.
Todos estos datos y muchos más verifican que el plan de la vivienda
vigente no funciona o, como mínimo, que no funciona bien y, como ya
ha dicho el señor ministro, tendremos que plantearnos la reforma de
la política de la vivienda.
Por lo que se refiere a la vivienda de alquiler, en el plan actual,
aunque esta figura está dotada de algunas ayudas, el número de
actuaciones previstas para su realización es mínimo: para el año
1999, la totalidad de estas viviendas a financiar en todo el país
asciende sólo a 3.172 unidades, lo que significa 66 viviendas por
cada provincia española. Decididamente es una cuantía insuficiente si
hablamos de satisfacer las necesidades de los que no pueden comprar
una vivienda.
Si comparamos el parque de vivienda social en arrendamiento de
nuestro país con respecto a Europa, podemos percibir la precariedad
de nuestro parque: 7,7 millones de viviendas en Alemania; 5,8
millones de viviendas en el Reino Unido; 3,7 en Francia; 1,2 en
Italia; y sólo 200.000 en España.Si queremos que el derecho a la
vivienda para todos los ciudadanos sea algo más que una declaración
de intenciones, es indispensable que todos los municipios tengan a su
disposición un parque más o menos grande de vivienda de alquiler.
Por último, no nos negamos a modificar la Ley de Arrendamientos
Urbanos de 1994. Esta fue una iniciativa socialista pactada con todos
los partidos, pero tenemos que tener cuidado ya que la casuística es
muy amplia y hay que hacerlo con mucho detenimiento. Estamos
dispuestos a analizar las propuestas que se nos puedan plantear.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.
El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Una brevísima, casi telegráfica intervención, porque entiendo que el
debate lo ha cerrado, y lo ha hecho brillantemente, la intervención
del ministro en sus dos actuaciones.
Dos reflexiones generales. La primera es que la posición de mi grupo,
por un planteamiento absolutamente obvio de simbiosis y de sintonía
con el Gobierno, es la de apoyar la intervención del señor ministro,
tanto en lo que ha significado de réplica a la interpelación como la
exposición que ha hecho de las cuatro o cinco líneas de actuación que
tiene en cartera para los próximos meses; es decir, el apoyo a la
entrada, sustituyendo la línea de subsidiación de intereses; la
potenciación del alquiler; la descalificación de las viviendas
oficiales; y la revisión de los módulos.
Una segunda reflexión, que ruego al grupo proponente que tome con
sentido del humor, es el título de la interpelación. La interpelación
reza: interpelación urgente sobre dignificación de la vivienda
pública. Repase el diccionario de la Real Academia. Dignificar quiere
decir hacer digno algo, una persona o cosa. ¿Es que la vivienda
pública es indigna? ¿Era indigna? ¿Es que es indigna la política de
vivienda? Señoría, revise el título, si es que el mismo no es un
problema puramente semántico y de verdad; no haga indigno el título
de la interpelación, que seguramente lo es.
Entrando más en materia, aunque naturalmente mi grupo se remite al
momento operativo de la presentación de la moción subsiguiente a la
interpelación, quiero afirmar que se puede decir todo, como incluso
en la posición muy crítica de la portavoz socialista, pero no negar
el inmenso esfuerzo que en materia de política de vivienda ha hecho
el Gobierno en los últimos cuatro o cinco años.
Ha hecho un esfuerzo presupuestario, ha hecho un esfuerzo normativo,
ha hecho un esfuerzo imaginativo de soluciones concretas, que han
cuajado -y dé los datos que quiera- en una mejora sustancial de la
accesibilidad de la vivienda en España, de toda ella, de la protegida
y de la libre. Recuerde que en el año 1991 el esfuerzo de una familia
para acceder a la vivienda le obligaba a comprometer el 58,6 por
ciento de los ingresos familiares y en 1999 este esfuerzo había
bajado al 26,8 por ciento. Y digo que se hizo un esfuerzo
presupuestario. ¿Saben SS.SS. cuáles de los recursos presupuestarios
son los que se aplican a política de vivienda en su conjunto por
todas las administraciones públicas? Del orden de un billón 200.000
millones. El gasto fiscal en los presupuestos del año 2000 se acerca
a los 800.000 millones de pesetas. Agregue a estos los
130.000 millones de las partidas específicas para vivienda en el
Ministerio de Fomento, los 300.000 millones del conjunto de las
comunidades autónomas y se sitúa en el entorno del 1,2 por ciento del
PIB, que ciertamente está muy lejos del dos por ciento de otros
países europeos, pero que - permítanme la broma- no está mal.
Se ha hecho un esfuerzo normativo importante. Ahí está la Ley del
suelo y valoraciones, a pesar de toparse con una sentencia, la de 20
de marzo de 1997, que algún grupo admira -el mío menos con toda
seguridad-. Ahí está la Ley de propiedad horizontal, la Ley de
ordenación de la edificación y los sucesivos planes de vivienda. No
puedo compartir -y lo veremos más despacio con ocasión del debate de
la moción- el adjetivo que le ha aplicado. No es un plan fallido en
ninguna medida. Va a movilizar en cuatro años dos billones 500.000
millones de pesetas de recursos financieros públicos y privados del
país. Insisto, dé el dato que quiera. La accesibilidad en términos
generales será distinta en cada autonomía, evidentemente, como ha
subrayado el ministro. La mejora de la flexibilidad de la población
española a la vivienda es sustancial, y desde luego si se la compara
con los años anteriores al Gobierno del Partido Popular. En todo
caso, mi grupo asumirá una oposición más concreta y más operativa
cuando la semana próxima tengamos ocasión de debatir la moción
consecuencia de interpelación. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ortíz.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MEDIDAS
QUE PIENSAADOPTAR ELGOBIERNO PARA IMPEDIR QUE QUEDEN EXENTAS
PLUSVALÍAS OBTENIDAS POR PARTE DE CONTRIBUYENTES NACIONALES, MEDIANTE
EL INTERCAMBIO DE PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS NACIONALES
POR PARTICIPACIONES O ACCIONES EN EMPRESAS EXTRANJERAS. (Número de
expediente 172/000032.)
La señora PRESIDENTA: Interpelación urgente del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida sobre medidas que piensa adoptar el
Gobierno para impedir que queden exentas plusvalías obtenidas por
parte de contribuyentes nacionales, mediante el intercambio de
participaciones o acciones en empresas nacionales por participaciones
o acciones en empresas extranjeras. Para su defensa tiene la palabra
el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Voy a intentar animar el debate de esta Cámara a estas horas de la
tarde, porque, si no, probablemente no consigamos mantenernos hasta
las nueve de la noche.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida presenta ante
esta Cámara una interpelación urgente al Gobierno en relación con las
medidas, medidas también urgentes, que piensa adoptar el Gobierno
para impedir que queden exentas de plusvalías por parte de
contribuyentes nacionales mediante el intercambio de participaciones
o de acciones en empresas nacionales o participaciones o acciones en
empresas extranjeras. Esto que parece una interpelación genérica,
tiene causa en el Real Decreto 3/2000, de 23 de junio, por el que se
aprueban medidas fiscales urgentes, dícese que de estímulo al ahorro
familiar y a la pequeña y mediana empresa, que ha introducido de
matute una sustancial modificación en el régimen fiscal de las
entidades de tenencia de valores extranjeros. Esta modificación puede
significar, a juicio de distintos expertos fiscalistas, la exención
de más de medio billón, más de 500.000 millones de pesetas, a grandes
empresas del sistema financiero y productivo español, como puede
haber sucedido en el caso de las plusvalías de 2,5 billones de
pesetas que pueden lograr varias empresas nacionales por la venta o
canje de sus participaciones en la empresa Airtel con la empresa
Vodafone.
Señorías, voy a permitirme utilizar Alicia en el país de las
maravillas para explicarme esta maravilla que se ha producido en el
entorno de la aprobación del Real Decreto 3/2000. Podría utilizar La
isla del tesoro y hablar del botín, pero voy a quedarme únicamente en
Alicia en el país de las maravillas.
Señorías, recordarán el debate de esta Cámara en relación con el real
decreto mencionado. Yo ahí recordaría una frase del famoso conejo de
Alicia en el país de las maravillas que decía: ¡Llego tarde! ¡Llego
tarde! Pues bien, el principal argumento del ministro hoy interpelado
para la inclusión en aquellos reales decretos de estas medidas
fiscales y para la no inclusión de estas medidas en un marco más
adecuado, como podría ser la Ley de acompañamiento a los
presupuestos, el argumento fundamental, digo, era la inmediatez de
las medidas y la seguridad a los inversores. Señorías, con lo que ha
pasado, desde luego estas manifestaciones del señor Montoro pueden
tener una doble lectura. Dice el señor Montoro en el debate de 29 de
junio de 2000: La inicial tramitación de estas medidas fiscales por
un procedimiento de urgencia responde a la necesidad de preservar la
eficacia de los fines económicos que se persiguen. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) En efecto, la
inequívoca manifestación de la voluntad del Gobierno a favor de la
estabilidad económica que se consigue con el anuncio conjunto de las
medidas que proponemos, es un elemento decisivo para la creación de
expectativas en los agentes económicos. Incluimos a los accionistas
de Airtel. El procedimiento de urgencia es completamente necesario
para evitar las incertidumbres en los agentes económicos y los
movimientos erráticos de los mercados financieros. También me
recuerdan a Airtel. En efecto, la inseguridad que puede generar un
largo proceso de tramitación en estas materias no se corresponde con
la naturaleza de los hechos económicos que se regulan y puede
perjudicar gravemente la toma de decisiones de los inversores y de
las empresas. Una joya, señorías.Dice, por último, el señor ministro:
El decreto-ley que hoy presento a la Cámara contiene nuevas medidas
para estimular las actividades de las empresas españolas en el
extranjero a través de sus filiales. Mejoramos el régimen para evitar
la doble imposición internacional, establecemos nuevos incentivos en
el impuesto sobre sociedades y aumentamos las facilidades tributarias
para favorecer el desplazamiento de los trabajadores de empresas
españolas al extranjero. Somos conscientes -dice- de que el proceso
de creciente integración de la economía internacional se realiza bajo
el signo de la competencia. Por tanto, es fundamental que las
empresas españolas cuenten con los apoyos necesarios para competir
con las suficientes ventajas.
Señorías, estos argumentos me llevan a un relato muy breve de los
hechos a que se refiere esta interpelación. No quiero sacar
conclusiones de ellos, prefiero que las saquen ustedes, o quizás
Alicia en el país de las maravillas. Primer hecho, se paraliza la
venta de acciones en Airtel y los argumentos de las empresas que
están dispuestas a esa venta son fundamentalmente fiscales. Esas
empresas no quieren pagar de inmediato las importantes plusvalías a
que les obligaría la fiscalidad española en el caso de una venta pura
y dura de las acciones. Empiezan a pensar en un intercambio
accionarial que les permita diferir el pago de plusvalías. Segundo
hecho, en el marco de esas dudas y de la primera decisión de los
accionistas de Airtel, se aprueba el real decreto de referencia; real
decreto denominado -y son muy importantes las palabras, al igual que
en Alicia en el país de las maravillas- de ahorro familiar y apoyo a
la pequeña y mediana empresa. Ese real decreto contempla medidas que,
con la voluntad de la internacionalización de la economía española,
cambian de súbito la situación descrita en el punto número 1, de tal
manera que empresas tenedoras de acciones pueden recibir ese
intercambio accionarial por acciones de la empresa Vodafone y,
manteniéndolas un año, eludir, a juicio de estos fiscalistas, el pago
de importantísimas plusvalías; son tan importantes, que se calculan
en torno a 500.000 o quizá 700.000 millones de pesetas.Inmediatamente
después de que el Gobierno tome esta medida, se produce un tercer
hecho: el inmediato intercambio a los pocos días de acciones de
Airtel por parte de varios agentes (Banco Santander Central Hispano,
Acciona, Alba, Abelló) por acciones de Vodafone; intercambio que,
además, se realiza con un estudio de BSCH-Investment que dice que se
va a aprovechar el real decreto para no tener que pagar ninguna
plusvalía.
Cuarto hecho. Acontinuación de esta decisión tomada por las empresas,
que supera la parálisis y facilita el real decreto, se produce una
importante revalorización de estas empresas que ven como posibilidad
-si no como certeza- la elusión del pago de plusvalías. Aquí
recordaría otra frase del conejo: depende de a dónde quieras ir.
Segunda parte de esta interpelación. Después del relato de los
hechos, la reacción del Gobierno. Cambiaría de personaje e
introduciría a la reina de picas: ¡Que le corten la cabeza! El
Gobierno, ante esta evidencia y ante la publicidad -por una parte,
mediante un estudio de una de las empresas accionistas y, por otro
lado, a través de un medio de comunicación-, responde que el real
decreto no se hizo para eximir de las plusvalías a Airtel; tendríamos
que decir que excusatio non petita... Lo cierto es que hay causas y
efectos, pero en absoluto una acusación de prevaricación al Gobierno;
hay causas y efectos. El Gobierno se excusa de algo de lo que no ha
sido acusado. Además, afirma que el decreto no permite eludir el pago
de plusvalías en esta operación y dice que será beligerante en
cualquier intento de elusión de dichas plusvalías. Los argumentos del
Gobierno son al menos discutibles y, por tanto, recurribles
y conflictivos; quien crea la situación no puede luego lamentarse de
sus problemas.
Dice el Gobierno que son operaciones encadenadas, ¿pero cuándo en la
planificación fiscal no hay operaciones encadenadas les dirán
aquellos que hacen planificación fiscal?Dicen que se va a realizar la
aplicación del decreto a una finalidad distinta a la prevista por el
decreto. ¿Están hablando ustedes de fraude de ley? Díganlo. ¿Están
hablando de fraude de ley? Si están hablando de fraude de ley
deberían tomar alguna decisión como abrir un expediente por fraude de
ley. Dicen ustedes que las actividades tienen que tener garantía de
que se realizan en el extranjero y que además deben tener una
motivación económica válida. Bueno, la actividad se realiza en el
extranjero y según los accionistas tiene una motivación económica
válida, ¿o no lo es comprar acciones o intercambiar acciones de una
empresa como Vodafone, como han hecho varios de los accionistas de
Airtel?
El Gobierno dice, por último, después de todas estas excusas, que va
a enriquecer la ley en el trámite parlamentario. Bien, va a
enriquecer el texto de la ley hoy en trámite. No sabemos si han
introducido enmiendas, nosotros sí lo hemos hecho a este aspecto.
Pero ese enriquecimiento de la ley ¿va a permitir una aplicación
retroactiva de la ley? Es decir, ¿va a garantizar que si hay alguna
vía de agua en este decreto se tape? Porque el real decreto está
vigente desde su aprobación y la ley comenzará su vigencia a partir
de su aprobación y de su publicación en el «Boletín Oficial del
Estado». Hay un espacio de tiempo en el que la ley para estas
empresas está contenida en el real decreto. Hay al menos dudas
legales sobre esta materia.
Paso al tercer personaje del cuento.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Le ruego, señor Llamazares que
vaya concluyendo.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Paso al personaje ingenuo para hacerle las
preguntas al ministro, a Alicia.
En primer lugar, ¿por qué el Gobierno no ha llamado a las cosas por
su nombre, por qué ha llamado ahorro familiar a la desfiscalización
de las plusvalías y apoyo a pymes el apoyo a las grandes empresas?
¿Por qué no habla claro el Gobierno? ¿Para qué necesita los
eufemismos en sus reales decretos? En segundo lugar, ¿por qué tanta
prisa en la aprobación del decreto? ¿Qué significa en este sentido la
seguridad de los ahorradores frente a la seguridad del Parlamento y
la seguridad de la ciudadanía, la seguridad de los ciudadanos que ven
como entre 500 y 700.000 millones de pesetas pueden ser eludidos por
parte de esas empresas en su tributación a Hacienda?En tercer lugar,
¿qué va a hacer el Gobierno para evitar la planificación fiscal o la
ingeniería fiscal o el fraude de ley que puede provocar la exención
de 700.000 millones de pesetas? Y más en concreto, ¿el Gobierno está
dispuesto en estos momentos a confirmar aquí que piensa abrir un
expediente a las empresas afectadas por este anuncio de fraude de
ley? Si es fraude de ley, ¿el Gobierno va a abrir un expediente de
fraude de ley o no? Por último, ¿qué va a hacer el Gobierno para
corregir el desliz -llamémosle desliz- en la futura ley? ¿Piensa
cambiar lo que hoy es comunicación por autorización para las ETV?
¿Piensa cambiarlo? ¿Piensa alterar el mínimo de 1.000 millones de
pesetas en la empresa extranjera y recuperar el 5 por ciento de su
capital, como está en la redacción anterior? ¿Qué medidas piensa
tomar el Gobierno en la futura ley? En definitiva -y termino-,
nosotros tenemos una gran preocupación en relación con la política
fiscal, en general, del Gobierno; no la compartimos. No compartimos
la desfiscalización vertiginosa de las rentas del capital. Pero en
este caso hay algo mucho más importante. Podemos estar ante un
agujero por el cual se cuele la elusión fiscal y eso debe exigir que
el Gobierno aclare cómo ha quedado finalmente el decreto, si es
posible utilizar el decreto para hacer fraude de ley y que el
Gobierno aclare qué medidas piensa tomar para que la futura ley sane
la equivocación, como mínimo -por no llamarlo de otra manera-, que ha
cometido el Gobierno.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente.
Señorías, señor Llamazares, atiendo gustoso a esta interpelación de
un grupo de la oposición, de Izquierda Unida, como corresponde a mi
obligación como miembro del Gobierno, pero quiero recordarle a usted
y a la Cámara, que el real decreto-ley se está tramitando en estos
momentos en este Congreso; por tanto, preguntar al Gobierno qué va a
hacer en cuanto al futuro de ese proyecto de ley es como preguntar al
Gobierno que si va a sustraer las competencias de la Cámara. Son los
grupos parlamentarios los que intervienen en esa tramitación y está
abierto el trámite de enmiendas, como S.S. ha anunciado; es realmente
a los grupos parlamentarios de esta Cámara a los que corresponde
llevar adelante las iniciativas, puesto que estamos tratando de un
decretoley planteado como tal, a través del trámite de urgencia que
corresponde a los reales decretos, y que a continuación está siendo
tramitado como proyecto de ley. La verdad es que la preocupación de
S.S. queda respondida por el propio procedimiento.En ese sentido,
quiero ofrecer a los grupos parlamentarios que lo requieran los
servicios del Ministerio de Hacienda y desde luego pronto contarán
con una iniciativa del Grupo Popular relativa a la presentación de
las enmiendas a ese proyecto de ley, insisto, que se está tramitando.
Su señoría, interpelante, ha hecho aquí un cuento. Resulta que no ha
sido original ni en su planteamiento. Es el mismo cuento que otro
portavoz de Izquierda Unida, el señor Alcaraz, me relató en mi
primera comparecencia en la Comisión de Economía como secretario de
Estado; han ido los dos a referirse a Alicia en el país de las
maravillas. De todas formas, tal como va Izquierda Unida en el
panorama político español yo les invito a que piensen en otro tipo de
cuento, en otro tipo de referencia metafórica, porque Alicia en el
país de las maravillas la verdad es que no les está quedando nada
bien, señorías, y como sigan ustedes por ahí, en este planteamiento
de debate político con el Gobierno, les puedo augurar otro tipo de
éxito político distinto del que usted pretende conseguir a través de
una interpelación de estas características.
Señoría, el Real Decreto-ley de 23 de junio efectivamente hace una
decidida apuesta por el apoyo a las pequeñas y medianas empresas y a
las iniciativas de innovación y de internacionalización empresarial,
como fórmula para mejorar su competitividad y, por tanto, como
garantía de su supervivencia en un entorno globalizado y rápidamente
cambiante. Estamos en un mundo de mayor interrelación de los
mercados, de aguda, cada vez más intensa competencia internacional.
Lo que estamos haciendo en nuestro país es un proceso de inversión
empresarial en el exterior que no tiene parangón en nuestra historia.
Eso es lo que está ocurriendo. España es una gran receptora de
inversiones y España en estos últimos años se ha convertido en una
gran inversora exterior. Por tanto, es obligación de la política del
Gobierno facilitar, sentar los cauces para que efectivamente podamos
decir que nuestro presente
y nuestro futuro económico se está consiguiendo a través de
aprovechar los mejores beneficios de este proceso de
internacionalización. Desde 1996 el Gobierno del Partido Popular
adoptó medidas de apoyo a la internacionalización en el terreno
fiscal, orientadas a mejorar la competitividad de nuestras empresas.
Aquél fue el contenido del Real Decreto-ley de junio de 1996,
relativo al régimen especial de deducción, para evitar la doble
imposición económica internacional cuando entre las rentas del sujeto
pasivo español se computaban bien dividendos o bien plusvalía
derivada de la transmisión de valores de entidades no residentes en
territorio español.
El Real Decreto-Ley 3/2000 plantea la exención de dividendos y
ganancias patrimoniales de filiales, sucursales y establecimientos
permanentes en el extranjero cuando la participación sea superior al
5 por ciento y se haya pagado el impuesto sobre sociedades en el
extranjero. Cambia el tratamiento de trabajadores en el exterior,
aborda la cuestión de la doble imposición internacional mejorándola
claramente e introduce incentivos por riesgo en determinados países.
Además, ese Real Decreto-ley de 23 de junio introduce dos
modificaciones en la Ley del impuesto sobre sociedades, con la
finalidad de reforzar la competitividad de nuestras empresas que se
implantan y operan en mercados extranjeros. Se sustituye la deducción
para evitar la doble imposición económica internacional del artículo
30 bis por una exención directa de las rentas, dividendos
y plusvalías procedentes de las entidades extranjeras, y modifica el
régimen de las entidades de tenencia de valores extranjeros,
eliminando el requisito de la participación mínima en las sociedades
extranjeras de un 5 por ciento y sustituyéndolo por una inversión
mínima de 1.000 millones de pesetas, 6 millones de euros.
El fin es reforzar la competitividad de aquellas empresas que se
implantan y operan en mercados extranjeros, equiparando los costes
fiscales que dichas empresas soportan en el extranjero a las que
soportan las demás empresas o grupos radicados en aquellos países.
Esto se consigue, señoría, mediante un método tradicional que
consiste en dejar exentas en nuestro impuesto sobre sociedades -dejar
exentas en nuestro impuesto sobre sociedades, eso es lo importante-
las rentas de fuente extranjera que hayan tributado conforme a la
norma del país de origen de dichas rentas; insisto, las rentas de
fuente extranjera, que hayan tributado conforme a la norma del país
de origen de dichas rentas. En ningún caso esta exención se aplicaría
a la renta de fuente española, que es el caso que S.S. trae a esta
tribuna pública, que son las que han originado esta polémica. Este
régimen que hemos introducido está muy extendido en la Unión Europea
y ha sido recientemente implantado en Alemania.
Por otra parte, el régimen especial de operaciones de canje de
valores y aportaciones no dinerarias a sociedades,
que tanto escandaliza a S.S., está establecido desde 1991; fue un
Gobierno socialista el que lo estableció, consecuencia de la
incorporación de una directiva comunitaria relativa al régimen fiscal
de fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores.
Lo que establece este régimen, señoría, es la no tributación de las
plusvalías, que se ponen de manifiesto en la operación, difiriendo su
gravamen a un momento posterior. Por tanto, señoría, aquí no hay
truco ni cartón; aquí hay una legislación internacional incorporada y
un cambio fiscal que lo que hace es gravar de forma distinta a las
rentas que están originadas en fuente extranjera. Este régimen,
insisto, supone la no tributación de las plusvalías que se pone de
manifiesto en la operación, difiriendo su gravamen a un momento
posterior. Su propósito era no interferir en los procesos de
reorganización y redimensionamiento de los grupos empresariales. No
sé si S.S. estará de acuerdo en que haya grandes y medianas empresas.
Está bien que S.S. se conduzca por opiniones de expertos, a los
cuales no tengo el gusto de conocer, porque no se han publicado ni
sus nombres, ni las- empresas o asesorías donde trabajan; expertos,
sin duda alguna muy reputados, pero cuya fiabilidad provoca un debate
parlamentario en esta Cámara; expertos, gran palabra, pero, insisto,
señorías, cuando estamos promoviendo una interpelación al Gobierno,
por lo menos deberíamos tener unos orígenes fieles, firmes, sobre de
dónde viene determinada valoración e información. Agradecemos de
todas formas la advertencia de los expertos, sus opiniones, porque ya
he dicho, en primer lugar, que el real decreto- ley no permite que
queden exentas este tipo de plusvalías. La normativa española
contiene especiales cautelas a ese respecto para evitar el abuso
contrario a la finalidad de la norma. En ese sentido, lo que hacemos
es aplicar este régimen -ya he explicado suficientemente cuáles son
las cautelas- y por tanto cualquier operación que trate de saltar
esas cautelas estaría entrando en el campo de la ingeniería fiscal,
estaría entrando en lo que usted ha llamado técnicamente fraude de
ley. Pero lo que es absurdo es que pida al Gobierno que levante un
expediente de fraude de ley sobre operaciones que no han culminado y
que en todo caso darían lugar a ello en el momento en que se
produjeran, porque había que tener en cuenta que tiene que
transcurrir un año en las plusvalías que usted ha mencionado.
Señoría, y con esto acabo, ofrezco los servicios del Ministerio, por
descontado, para aclararlo en el trámite parlamentario y sostener las
opiniones de los grupos parlamentarios, de aquellos grupos
parlamentarios que requieran nuestra opinión. Estoy convencido de que
el Grupo Parlamentario Popular, que sostiene al Gobierno, presentará
la enmienda o enmiendas oportunas para hacer las aclaraciones
necesarias. De cualquier manera, usted ha hecho una lectura, que yo
le agradezco, de mis consideraciones en el debate. Lamento no poder
citar a S.S. con la misma referencia, porque no dedico ni una palabra,
ni una sola, al cambio fiscal del régimen del tratamiento
internacional de las empresas. Ni una palabra, señoría. Y si era tan
grave ese cambio, cuando el Gobierno trae un proyecto de ley, en
definitiva, un real decretoley a esta Cámara, lo mínimo que tiene que
hacer la oposición es dedicar el debate a ese punto y a ese aspecto y
no fiarse de determinadas informaciones que no están avaladas,
insisto, ni siquiera por nombres y apellidos o al menos por empresas
refutadas.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, en primer lugar, yo no sé si mi compañero Felipe
Alcaraz utilizó el mismo símil -y suele ser, por otra parte, bastante
rico para hacer interpelaciones parlamentarias, sobre todo en su
caso-, pero sí tengo claro que usted no ha tenido en su intervención
ni un mínimo de cortesía parlamentaria. Yo no he hablado del Partido
Popular ni pienso hacerlo en mis interpelaciones parlamentarias, ni
de sus problemas, si los tiene, ni de sus cuestiones internas. Usted
ha actuado, en mi opinión, como suele actuar en esta Cámara, de una
manera borde con relación a la situación de Izquierda Unida,
situación que a usted no le interesa para nada y sobre la que usted
no tiene nada que decirni que intervenir. Esa es una cuestión de cada
una de las fuerzas políticas. Pero yendo a la cuestión que nos ocupa,
que es la de un posible fraude, elusión, fraude de ley, como le
quiera llamar, que ha alarmado a la ciudadanía, que ha sido publicada
por medios de comunicación, usted ha hecho lo que hace habitualmente
en sus interpelaciones parlamentarias, que es no responder. Porque su
primera respuesta, que el proyecto de ley está tramitándose y que los
que tienen la palabra son los grupos parlamentarios, me suena a una
respuesta ya muy manida. O sea que ustedes son los que meten la pata
con el real decreto y ahora el Parlamento, que prácticamente se vio
en una trágala para aprobar los reales decretos, es el que tiene que
solucionarlo y sacarles las castañas del fuego. ¿Eso es lo que
ustedes piensan de la actividad parlamentaria? Meten la pata, nos
someten a un trágala parlamentario con los reales decretos, por
razones de urgencia, teóricamente de urgencia, y ahora nos dice que
somos nosotros, los grupos parlamentarios, los que tenemos que
solucionar los problemas que ha creado el Gobierno.
Señoría, no me hable de que entonces no intervinimos, porque nadie
intervino -usted hizo una referencia de pasada en su intervención
inicial a la que me he referido- sobre esta materia. No lo hicimos
porque el problema no está en los asuntos puntuales que usted ha
argumentado en esta Cámara, sino en el encadenamiento
de las medidas que pueden tomar determinadas empresas, que finalmente
puede significar la elusión de un volumen importante de impuestos a
la Hacienda pública. Ese es el problema. El problema no es tal o cual
medida puntual. El problema es que alguien, de forma encadenada, con
planificación fiscal, pueda -y en este caso parece que puede y usted
no ha dicho lo contrario ni las declaraciones del Gobierno- eludir
esa fiscalidad. Digo que el Gobierno no ha dicho lo contrario porque
ustedes no salieron públicamente diciendo que eso no era posible.
Ustedes dijeron públicamente que eso significaba una interpretación
de la norma, que podría suponer ingeniería fiscal, fraude de ley. Y,
previniéndose de ello, dijeron que eran beligerantes con respecto a
esa interpretación de la norma. Y, para más dudas, ustedes anunciaron
que iban a enriquecer la futura ley. Señoría, para nosotros blanco y
en botella, leche. Ustedes han creado un problema y finalmente lo que
nos plantean es que la Cámara, a través de los grupos parlamentarios,
solucione el problema. Pero yo le digo que no es únicamente una
solución de los grupos parlamentarios en el marco del proyecto de
ley, que las medidas que tomen estas empresas no están acogidas al
proyecto de ley. Están acogidas a la aprobación del real decreto que
está vigente, señorías, porque era un real decreto urgente, de las
características conocidas, que ha entrado en vigor. La cuestión es si
en el ínterin entre el real decreto y la ley, cuando ésta finalmente
se apruebe, van a poder ser posibles estas ingenierías fiscales.
Señoría, no me vale que utilice el argumento de que ahora hay
intercambio de acciones, que tienen que permanecer un año en una ETV
y finalmente ya veremos si pagan plusvalías o no, porque eso
significa que este problema que hoy ustedes no niegan lo podemos
tener dentro de un año, de dos años o de tres años, cuando se
ejecuten finalmente esas acciones y se interprete de nuevo la ley de
forma encadenada para ver si se pagan o no las plusvalías. Esa
incertidumbre existe. Al menos, los expertos fiscales, señoría, han
provocado no solamente los argumentos en contra por parte de su
Gobierno sino las precauciones que su Gobierno parece que va a
canalizar a través del Grupo Parlamentario Popular. Yo estoy seguro,
señorías, que ese capítulo del real decreto no va a quedar igual,
estoy convencido de que ese capítulo lo van ustedes a modificar, a
través de la vía parlamentaria, como es natural. Pero usted tendría
que explicar aquí las modificaciones que piensa el Gobierno que
podrían evitar ese encadenamiento fiscal o esa ingeniería fiscal para
eludir un volumen muy importante de impuestos que está alarmando a
esta fuerza política -y nosotros pensamos que al conjunto de la
ciudadanía- y no escudarse en su grupo parlamentario. Nosotros
creemos que usted no puede eludir ante esta Cámara explicar los
mecanismos para evitar que esa interpretación fiscal se haga a partir
de la aprobación del proyecto de ley hoy en debate en esta Cámara,
como pensamos también que usted sobre todo no puede evitar
explicar aquí si el real decreto en vigor -no si tal cuestión puntual
sobre el canje de valores, no si tal cuestión puntual sobre la rentas
de fuente extranjera-, si el encadenamiento de estas políticas y
medidas fiscales puede permitir a estas empresas la elusión de los
impuestos.
Yo solamente le doy dos datos, señoría, y no me refugio en expertos.
El primero es que estas empresas desbloquean la venta e intercambio
de acciones inmediatamente después de aprobado el real decreto. El
segundo es que lo argumentan mediante un documento, teóricamente
riguroso, de un banco riguroso, en el que dicen que una de las
ventajas para realizar esta operación es la capacidad de ahorrar una
parte de sus plusvalías. Es un argumento de peso. Pero es que hay
otro, señoría, y es que inmediatamente después de ser realizada esta
operación y de ser argumentada técnicamente estas empresas obtienen
ya una mayor rentabilidad en el mercado de valores. De nuevo,
señorías, blanco y en botella, leche. Usted puede eludir la
interpelación, lo hace habitualmente, puede tener la descortesía
parlamentaria de hablar de las cuestiones internas de los partidos
que estamos en esta Cámara, pero, señoría, usted no ha hecho nada
para aclarar la situación creada por el real decreto ni para aclarar
las medidas que piensa tomar con relación al futuro proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Llamazares.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor
presidente.
Si ha habido en mis palabras un tono de descortesía, las retiro de
inmediato. Yo creía que a esta Cámara veníamos a hablar de política.
También he hablado de técnica fiscal, de la técnica fiscal que se
contiene en el real decreto y francamente creo que usted no me ha
escuchado cuando he leído el contenido del real decreto. Además, no
se lo he leído, he levantado la vista del papel y se lo he explicado
con las manos, a ver si conseguíamos entendernos. Porque es verdad
que yo tengo un problema con usted en fiscalidad, señor Llamazares,
y es que no sé si exactamente hablamos de lo mismo. Se lo digo con toda
franqueza.
Le voy a explicar esto de forma todavía más sencilla, por lo menos
voy a intentarlo. Si cambiamos el régimen fiscal de las ETV y en ese
régimen fiscal precisamos que estarían exentas las plusvalías de las
rentas en el extranjero y la operación que tanto le preocupa a S.S.
es una operación nacional, yo creo que el decreto es expresivo. ¿Qué
quiere decir eso? Que, de acuerdo con el decreto-ley, no se puede
hacer la operación,como he dicho. Más claro, el agua.
Señoría, yo estoy dispuesto a todo el debate político que usted
quiera, pero no me haga afirmar cosas que no tienen sentido. Yo le he
explicado a S.S. que en España rige otro régimen fiscal, que data de
una ley de 1991, trasposición de una directiva comunitaria. Una
normativa comunitaria, es decir, lo mismo que se aplica en toda la
Unión Europea, exactamente lo mismo. Todavía se lo voy a explicar con
palabras más sencillas, a ver si conseguimos aclararnos, porque estos
debates políticos de contenido fiscal yo sé que son un poco pesados
de seguir para S.S. y yo estoy a su disposición para aclarar lo que
sea necesario. En definitiva, con ese régimen fiscal, en España y en
los países miembros de la Unión Europea el canje de acciones que se
hace para la concentración de empresas no tributa realmente hasta que
esa plusvalía no se pone de manifiesto por fin en una operación de
venta. Eso es lo que hace el sistema. Y de ahí surge un
planteamiento, insisto, que S.S. sigue con gran rigor, de expertos.
Decía S.S.: Le voy a traer un argumento muy serio, de un banco, que
es el propietario principal de la venta, que es el banco que ha
generado una plusvalía mayor en la venta. Y es muy legítima esa
plusvalía, pero, señoría, el informe de ese banco, evidentemente,
está interesado en aupar el valor de mercado de esa venta, por
razones obvias. Ha citado usted el banco, ha citado la venta de la
que estamos hablando y ha citado como gran autoridad un informe del
mismo banco que hace la venta y que obtiene la gran plusvalía, la
plusvalía latente, no gravada fiscalmente aún. Esa es toda la
información que trae a esta Cámara. Yo le agradezco esa información,
agradezco la información a los expertos, como responsable del
Ministerio de Hacienda. Y le decía, por si todavía cupiera alguna
duda, que comprenderá, señoría, que cuando un real decreto-ley se
tramita en las Cámaras, no es para reparar los errores del Gobierno,
porque usted, con esa lógica parlamentaria que luce, estaría diciendo
que lo que hace realmente el Congreso es rectificar al Gobierno
sistemáticamente, porque, si los gobiernos acertaran, no harían falta
los planteamientos parlamentarios a continuación. Esto es lo que
acaba de decir. Cuando va a completar cualquier proyecto de ley con
la iniciativa parlamentaria de su grupo, lo que usted hace es aportar
una iniciativa política que le da su representación popular. No
corrige los errores del Gobierno, señoría. Es que estamos hablando ya
de los roles políticos de cada uno en esta Cámara. Siento tener que
hablar así, pero es que me ha hecho este planteamiento de nuevo.
Usted necesita que se le rectifique en esta Cámara. Tengo que
escuchar cada cosa, señoría, que lo tengo que aclarar.
Ese decreto-ley está en tramitación parlamentaria, insisto, señoría,
y si las cosas fueran tan graves, creo que S.S., su grupo
parlamentario, que me merece el mayor de los respetos, por eso lo
digo. Por cierto, y no únicamente su grupo parlamentario, el día en
que esta Cámara debatió el proyecto de ley, tendría que haber
dedicado sólo una palabra, sólo le pedía una palabra, señoría, al
régimen fiscal internacional que abría ese decreto-ley. No lo hizo S.
S., ni una palabra le dedicó; no es que no detectara el problema del
régimen fiscal nuevo, es que no dedicó ni una palabra a una
valoración política de lo que significaba ese cambio fiscal para
España. Insisto, no fue el único grupo de la oposición que hizo esto;
no dedicaron ni una palabra. Eso les quita mucha autoridad moral para
protagonizar una interpelación sobre estas materias, precisamente,
insisto, cuando se está tramitando como proyecto de ley en esta
Cámara. Hagan lo que tienen que hacer en esa tramitación. Estoy
convencido de que el Grupo Popular también tendrá que hacerlo. En
definitiva, es aclarar el contenido de unas normas que el Gobierno
entiende que ya son suficientemente claras, pero, por si hubiera
alguna duda, y para evitar operaciones de ingeniería fiscal, insisto,
señorías, los grupos parlamentarios tienen esa responsabilidad, para
lo cual contarán con la colaboración de los departamentos del
Ministerio de Hacienda, para dejar que, efectivamente, las cosas y
los fines pretendidos sean los que se cumplan. Ese es el único
objetivo al que aspiraba el nuevo cambio fiscal que se hizo en
nuestro país. Señoría, ese es el sentido también de su papel
parlamentario y estoy seguro de que durante esta legislatura
tendremos ocasión de debatir largo y tendido sobre los proyectos
fiscales del Gobierno, puesto que serán muy numerosas las iniciativas
en este campo que traeremos a la Cámara.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.)
Señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señor presidente, señor ministro, señorías,
el Grupo Vasco considera que el Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de
junio, tiene bastantes deficiencias, algunas de ellas puestas ya de
manifiesto en el debate que se produjo en esta Cámara. Consideramos,
en este sentido, que la modificación del régimen fiscal de las
entidades de tenencia de valores extranjeros ha sido un grave error
que, de no subsanarse en la nueva ley, va a suponer, y con razón, un
alto coste para el Gobierno popular. Utilizando el término que ha
empleado anteriormente el señor Pérez Rubalcaba y que ha encontrado
en el diccionario, en este tema el Gobierno también está
malbaratando. Estoy seguro de que el señor ministro hará un esfuerzo
para cambiar la situación planteada por el real decreto.
Como saben SS.SS., bajo el eufemismo de la internacionalización de
las empresas, el decreto ley modifica y reduce los requisitos para
acogerse a las entidades de tenencia de valores extranjeros. Son las
denominadas holding españolas. El decreto-ley prepara el sistema
tributario para ejercer la práctica de la competencia
fiscal perniciosa. Hay que recordar aquí que las entidades de
tenencia de valores extranjeros han estado incluidas en los
borradores del código de conducta de la Unión Europea. Están
inspiradas en las holding de Luxemburgo. Luego, si somos coherentes,
no llamemos más paraíso fiscal a Luxemburgo.
Este decreto-ley pretende dejar exentos de tributación los grandes
beneficios obtenidos en el extranjero por las empresas grandes,
algunas importantes y bien conocidas. Se declaran exentos los
dividendos y plusvalías de fuente extranjera, se elimina el requisito
de participación mínima del 5 por ciento en el capital. Si no se
corrige este desaguisado, liberará de tributación a las plusvalías
multimillonarias que determinadas entidades han obtenido en la venta
de Airtel, concretamente. ¿Hay que dejar exentos los impuestos de
estas plusvalías multimillonarias? ¿Dónde está el principio de
equidad? Este decreto-ley puede suponer unas pérdidas recaudatorias
de más de 500.000 millones de pesetas. Estamos en un caso parecido a
las licencias de telefonía. Mientras tanto, se niega a reducir el
gasóleo de los agricultores o transportistas y pescadores. ¿Ha
comunicado el Gobierno del Estado este régimen fiscal a la Dirección
General de la Competencia?
A pesar de todo, incluso de lo que el señor ministro comentaba,
nuestro grupo cree que la interpelación de Izquierda Unida es hoy una
interpelación aún oportuna, que nos puede facilitar el debate que se
vaya a producir en Comisión y posteriormente en el Pleno con motivo
del proyecto de ley. Nuestro grupo, a tal fin y con la intención de
corregir la situación, ha presentado una enmienda al artículo
correspondiente para preservar el principio de equidad que debe
caracterizar a todo sistema tributario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Azpiazu.
Señor Padrol.
El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señor ministro, señoras y
señores diputados, la verdad es que la posición de mi grupo puede
intuirse si alguien hace la lectura del «Diario de Sesiones» del
debate de convalidación respecto al real decreto-ley. Pero quisiera
hacer una pequeña reflexión sobre el debate producido en esta Cámara.
Creo que hoy hemos asistido -es una opinión mía- a lo complejo que
resulta debatir políticamente sobre una cuestión estrictamente
técnica. Es realmente complejo, y lo digo por experiencia. Porque
hacer un debate sobre una operación concreta, o se conoce
perfectamente hasta sus últimos detalles o es muy difícil. Por esto,
mi grupo no va a entrar a efectuar valoración alguna de la operación
a que se refiere la interpelación del portavoz de Izquierda Unida. No
vamos a entrar en la operación concreta, vamos a hacer un análisis
político
de las normas que se han aplicado o se aplican en una operación de
este estilo y sobre si son convenientes o no modificaciones de las
mismas.
Lo cierto es que las normas son dos, lo ha indicado el señor ministro
en su intervención. En primer lugar, una norma sobre el régimen de
canje de valores. Una norma de la que poco hay que decir desde el
ámbito español, porque es un reflejo de la directiva 90/434 de la
Unión Europea, y este régimen está en vigor en España desde la Ley
29/1991. Poca cosa hay que decir. Por una parte, por tanto, la
normativa de canje de valores está vigente en toda la Unión Europea y
es perfectamente válida para la creación de riqueza y atracción de
inversiones y el crecimiento económico en el ámbito de la Unión. En
segundo lugar, el Real decreto-ley 3/2000. Particularmente lo dije en
mi intervención en el debate de convalidación: a mi grupo
parlamentario la regulación de las entidades de tenencia de valores
le parece una buena regulación, homologable con otros países de la
Unión Europea. Y además, por encima de debates más o menos
apasionados, lo cierto es que nuestros vecinos disponen de regímenes
similares y, si no nos dotamos de un régimen parecido, desde un punto
de vista pragmático, lo que haremos será perder inversiones.
Respecto de estas operaciones que se producen al amparo de estas dos
normas, quisiera recordar una cosa. Las normas son correctas. Por
tanto, la posición política respecto de las normas de mi grupo
parlamentario es considerar que son correctas. Y si alguna operación
se ha realizado de manera fraudulenta, en este caso además, no me
resisto a entrar en esta materia, no hace ni falta abrir un
expediente de fraude de ley. Es que existe una cláusula antielusión
en la directiva y en la normativa del Impuesto sobre Sociedades en la
que se dice que si un canje de valores se ha hecho con la finalidad
de elusión fiscal no se aplicará el régimen de diferimiento. Por
tanto, la posición de mi grupo es que estas normas son correctas y lo
que hay que hacer es dejar actuar a los servicios técnicos del
Ministerio de Economía y Hacienda, que son los que deberán enjuiciar
si la cláusula antielusión que existe en España y en el resto de
países de la Unión Europea es de aplicación o no a esta operación en
concreto. Si los servicios funcionaran mal o bien, sí sería una
cuestión política; pero hay que dejar actuar a los servicios técnicos
del Ministerio, en este caso del Ministerio de Hacienda.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Padrol.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, señoras y señores
diputados, yo me atrevería a decir que en el día de hoy hay un
conjunto de ciudadanos españoles preocupados por algunas decisiones
depolítica económica que ha venido adoptando el Gobierno
del Partido Popular. La compensación a las compañías eléctricas por
los denominados costes de transición a la competencia, evaluado en
1,3 billones de pesetas. Nos hemos enterado que la Comisión Europea
ha abierto expediente sobre esa cuestión al Gobierno de España. La
concesión de licencias de telefonía móvil a las operadoras móviles
UMTS a un precio de saldo ha producido preocupación y escándalo, en
tanto en cuanto se ha renunciado a 4 billones de pesetas. No hace
mucho rato se ha abierto un debate en esta Cámara sobre esta
cuestión. Por último, la posible concesión de exenciones tributarias
a una serie de empresas españolas que efectúan canje de acciones con
empresas extranjeras es otra cuestión que también ha preocupado. Se
ha hecho alusión al caso de Vodafone y al intercambio que se produce
entre unas acciones de Vodafone y las acciones de socios españoles de
la empresa Airtel. Y no es el único caso de algunos que pretenden
acogerse a la normativa fiscal del sarcásticamente denominado
decreto-ley sobre medidas urgentes de ahorro familiar y de apoyo a
las pequeñas y medianas empresas. Ahí también existen unas amplias
bases imponibles y hay un debate sobre el alcance del régimen de
tenencia de valores extranjeros y la posibilidad de que determinadas
interpretaciones y actuaciones perjudiquen a la Hacienda pública en
una cuantía superior al billón de pesetas.
La preocupación surge porque una parte importante de estas medidas
son coherentes entre sí y son coherentes con una práctica política
del Partido Popular desde que llegó al Gobierno, que es utilizar el
poder para transferir recursos públicos hacia el sector privado e
impedir que una parte importante de la riqueza que se genera en esta
sociedad no acceda al erario público. Además, por qué no decirlo, ese
mecanismo de alteración de la renta y la riqueza y de transformación
de la carga tributaria se arrima siempre a favor de unos determinados
colectivos sociales, pocos y numerosos, pero muy vinculados a poderes
reales del Partido Popular. Y se utilizan distintos instrumentos y
distintos ámbitos. Hoy nos encontramos con que muchos somos los que
creemos que este Gobierno es débil con los poderosos, que este
Gobierno es concesivo con aquellos grupos que tienen peso e
importancia en esta sociedad, que el lobbismo económico actúa dentro
de la sociedad española y que el Gobierno del Partido Popular es poco
contundente a la hora de hacerlo retroceder.
En esta ocasión ha recurrido a un mecanismo fiscal. La exención que
se concede a las sociedades de tenencia de bienes extranjeros lo es
-como bien ha dicho el portavoz del Partido Nacionalista Vasco-
suprimiendo el requisito de posesión de al menos el 5 por ciento del
capital de la entidad no residente, sustituyéndolo por otro
mecanismo, para beneficiarse del estímulo fiscal. En este caso no se
exige una participación significativa, basta con realizar una
inversión. El Gobierno ha buscado otro camino: da, sin más, una
exención a una
inversión por la única razón de su cuantía. Eso nos lleva a una
cuestión que es interesante, la de discutir una parte de la génesis
de la legislación tributaria. Políticamente hablando, el mundo de la
legislación fiscal es un campo abonado, un muestrario abierto donde
se manifiestan los intereses diversos y contradictorios que existen
en las sociedades. Hay grupos que reclaman tratamientos especiales y
se organizan para conseguirlos, hay grupos poderosos y menos
poderosos. Dentro de las aspiraciones de esos grupos está el eludir
una parte de la carga fiscal. Pero los impuestos son necesarios. Ya
hace muchos años que Einaudi dijo aquello de que cuando el impuesto
falta, el Estado falta. Por eso, en los momentos actuales hay una
lucha por evitar el soportar determinados gravámenes o por
trasladarlos a otros colectivos de la sociedad. Se recurre a
exenciones, a reducciones, a bonificaciones, a todo tipo de
estímulos, y la labor de los gobiernos es ser capaces de articular el
interés general y no estar sistemáticamente haciendo declinar el
interés general en aras de los intereses particulares de esos grupos
poderosos. Eso ocurre en esta sociedad y con harta frecuencia, y
ocurre en alguna medida sin que el Parlamento haya sido
suficientemente informado de esta cuestión.
Se ha utilizado un decreto-ley, que es un arma legislativa muy
poderosa, que supone la sustitución plena de la voluntad de la
soberanía nacional por la voluntad del Poder Ejecutivo y que se
convalida en aras de la doctrina del Tribunal Constitucional. Por
tanto, nos encontramos con un hecho muy singular: el Gobierno del PP
ha elaborado 84 decretos-leyes en la legislatura anterior y ocho en
ésta. Ha hecho uno tan curioso y tan característico como ése que nos
ocupa hoy día, el de estimular el ahorro familiar y el de la pequeña
y mediana empresa. Luego nos hemos enterado de que entre las empresas
familiares, entre las empresas pequeñas está el BCSH, el BBK, la
Kutxa, Unicaja, Caja Asturias, Alba, Jazztel, Ferrovial, Multitel o
Acciona. Aquellos cientos y cientos de miles de emprendedores a los
que el señor Montoro aludía en la convalidación del decreto-ley son
menos numerosos de lo que nosotros creíamos. En aquel «Diario de
Sesiones» no existió por parte del Gobierno referencia alguna a esta
cuestión, y en una intervención normal y corriente, el señor Montoro
nos deleitó con una interpretación naif del mismo, donde decía que
con ese decreto-ley se cumplía el programa electoral y se adoptaba un
conjunto de normas favorables a todos los contribuyentes,
favoreciendo más a quienes más lo necesitaban.
Pasado el tiempo, las aguas vuelven a otro cauce.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Fernández Marugán, le
ruego vaya concluyendo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy terminando, señor presidente.
Ni una sola referencia a esa cuestión. Hoy también ha habido pocas
referencias. Podía habernos leído algún precepto, como ha hecho luego
el digno representante del Partido Nacionalista Vasco.
Señor Montoro, pretender reñirle a la Cámara diciendo que el proyecto
de ley es de nuestra soberanía, ignorando que el decreto-ley es del
Gobierno, me parece impropio de un político serio. Por tanto, mi
grupo, señor presidente, manifiesta la preocupación por lo que está
sucediendo aquí: existe lobbismo en España; los intereses privados se
imponen sobre los intereses generales de esta sociedad; el Gobierno
no los enfrenta, simplemente los ampara, los recoge y los ordena, en
perjuicio muchas veces del conjunto de los españoles.
Se ha ocultado al Parlamento una decisión importante de la que nos
hemos enterado porque en estas sociedades existen otros poderes que
han puesto al descubierto algunas de las cuestiones de las que hemos
hablado hoy aquí.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Fernández Marugán, casi
ha duplicado su tiempo.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Termino ya definitivamente, señor
presidente, y le agradezco la amabilidad que ha tenido, permitiéndome
extenderme.
Yo creo que la transparencia es un buen desinfectante, y creo que
hemos hecho una labor importante el PNV, Izquierda Unida y el Grupo
Parlamentario Socialista. A mí me parece que en esta ocasión ese
esfuerzo que hemos hecho los distintos grupos parlamentarios va a
hacer que haya luz y, como consecuencia de que hay luz, van a tener
que huir las polillas.
Muchas gracias y buenas noches. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Fernández
Marugán.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Fernández Marugán, hoy, que dice que la sociedad está
preocupada, hemos conocido un dato extraordinario, y es que la
economía española está creciendo al 4,2 por ciento; hoy se puede
garantizar que la economía española está creciendo de una manera
estable, de una manera importante, por encima de la media
comunitaria, y además estamos creando empleo de una manera muy
sólida, y esas son noticias importantes. Además, si uno lee las
noticias de hoy se da cuenta de que ese importante crecimiento de la
economía española se produce porque hay un importante crecimiento de
la internacionalización de nuestra economía, y eso tiene mucho que
ver con el decreto-ley que se aprobó antes del verano.
Señor Fernández Marugán, le aconsejaría, aunque esperaba que usted
que es inspector fiscal lo hiciera, que en vez de leerse un artículo
de un medio de comunicación se leyera la ley, se leyera los
artículos, porque, como muy bien ha dicho el señor Padrol, estamos en
un debate técnico que hay que circunscribirlo al contenido de la ley.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
Señorías, aquí lo que se pone encima de la mesa es si la Ley del
impuesto de sociedades permite o no la exención de una plusvalía, y
la ley es clarísima: no hay exención de plusvalías cuando la
actividad se realiza en España, como muy bien señala el artículo 20
bis del impuesto de sociedades. Hay que leerse la ley para hablar,
porque es muy fácil hacer demagogia, es muy fácil hablar de fraude
fiscal y es muy fácil hacer simplemente consideraciones políticas
cuando de lo que se está hablando de verdad es de una ley que
favorece la presencia de empresas españolas en el exterior, dando el
mismo tratamiento a la actividad que esas empresas realizan en el
exterior que el que tienen las empresas que actúan en ese mercado
para que estén en condiciones de competir y para que la economía
española también esté presente en esos mercados.
Cuando se hizo la Ley del impuesto de sociedades, por cierto de 1995,
se aprobó el artículo 129, que hay que leérselo con detenimiento.
Porque, señor Llamazares, señor Fernández Marugán, aquí sólo hablan
de una noticia del periódico, pero no se leen los artículos.
Ciertamente no se los han leído, porque en el debate parlamentario ni
Izquierda Unida ni el Partido Socialista hablaron de estos artículos.
En el artículo 129 de la Ley del impuesto de sociedades se establece
lo que es una entidad de tenencia de valores extranjeros, y en 1996
se hizo posible, con una modificación, que España se convirtiera en
un país de matrices y no en un país de filiales, y lo que hemos hecho
en el decreto del 2000 es situar a las empresas españolas en igualdad
de condiciones. Y en la operación de la que hoy se ha hablado en esta
Cámara, que es un canje de acciones amparado en una Ley de 1991,
donde se incorporó al ordenamiento jurídico español una directiva
comunitaria, en esa operación queda muy claro en la Ley del impuesto
de sociedades, corregida por el último decreto-ley, que para tener
acceso a esa exención se tienen que cumplir los requisitos
establecidos en el artículo 20 bis. Y el artículo 20 bis señala muy
apropiadamente que la actividad que producen las plusvalías tiene que
realizarse en territorio español y, además, en un territorio no
paraíso fiscal. Por tanto, señorías, está clarísimo que aquí no hay
derecho a la exención cuando la actividad se realiza en España.
Mi grupo parlamentario ya ha anunciado que, independientemente de
esto y para evitar que algún asesor fiscal se quiera pasar de listo y
conduzca a las empresas a un proceso de fraude fiscal, vamos a
enmendar con una aclaración ese decreto-ley. Quiero señalar,
señorías, que ese decreto-ley de junio, que ustedes votaron en
contra, está hoy produciendo en España los efectos que queríamos, que
es poder hacer mejor frente a la crisis y alcanzar una situación que
nos conduzca a un crecimiento económico sólido, como el que estamos
teniendo, a seguir manteniendo tasas altas de crecimiento y, además,
haciendo más justo el reparto del mismo. En eso estamos y seguiremos
trabajando. Ustedes sigan leyendo artículos en medios de comunicación
y no se lean las leyes, y así les irá.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la
mañana.
Eran las nueve y quince minutos de la noche.