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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 6, de 16/05/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 6
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 6
celebrada el martes, 16 de mayo de 2000
ORDEN DEL DÍA:
- Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores Diputados . . . (Página 166)
Proposiciones no de Ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Saura) sobre ayudas urgentes a
los países afectados por la sequía en el África Oriental. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 5, de 24 de abril de
2000. (Número de expediente 162/000016.) . . . (Página 166)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre servicio universal de
telecomunicaciones. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 5, de 24 de abril de
2000. (Número de expediente 162/000003.) . . . (Página 174)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el derecho de
asociación y su desarrollo normativo. «BOCG. Congreso de los
Diputados», serie D, número 13, de 12 de mayo de 2000. (Número de
expediente 162/000031.) . . . (Página 182)
- Elección de los Diputados a los que se refiere el Punto Tercero de
la Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992. (Número de expediente 052/
000001.) . . . (Página 189)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos
señores diputados . . . (Página 166)
Proposiciones no de ley . . . (Página 166)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Saura Laporta) sobre ayudas
urgentes a los países afectados por la sequía en el África Oriental .
. . (Página 166)
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
proposición no de ley presentada por Iniciativa-Els Verds, sobre
ayudas urgentes a los países del Africa Oriental afectados por la
sequía. Alude a un reciente informe de Naciones Unidas sobre el
desarrollo humano, en el que se recogen numerosos datos sobre la
situación de los países más pobres, afirmando que desde hace 10 años
hay 80 países que cada año que pasa son más pobres que el anterior,
mientras que el patrimonio de las tres personas más ricas del mundo
supera a los ingresos y patrimonio de 600 millones de personas de los
países menos desarrollados. Hay otros muchos datos relativos a las
desigualdades sociales en estos momentos de globalización y de
crecimiento económico importante. Añade el señor Saura que no se
trata de parar la globalización, sino de gobernar la misma desde la
política y la democracia sobre la base de los cuatro criterios
siguientes. Primero, el criterio de la ética, haciendo que en el
mundo aumenten los derechos humanos y la dignidad de las personas;
segundo, el de la equidad, en un momento en el que crecen las
desigualdades entre países ricos y pobres y dentro de los propios
países; tercero, el de la sostenibilidad ecológica y, cuarto, el del
desarrollo, es decir, la necesidad de que haya cada vez menos
pobreza. Piensa que en este contexto es en el que hay que situar lo
que está pasando en el África Oriental, cuya sequía no es
absolutamente natural, puesto que según informes científicos es
producto fundamentalmente del cambio climático que se está
produciendo como consecuencia del calentamiento de la atmósfera. Sin
embargo, los países industrializados continúan incrementando las
emisiones contaminantes que influyen negativamente sobre el cambio
climático, y ecológica y socialmente sobre los países más pobres.
Termina pidiendo al Gobierno el envío urgente de productos
alimentarios y ayudas humanitarias a esa región, en coordinación con
el resto de la Unión Europea y de acuerdo con las directrices
emanadas del Programa alimentario mundial. En segundo lugar, que el
Gobierno presente en esta Cámara, en el plazo de 15 días, un plan
detallado sobre cómo piensa ayudar a esa zona. Finalmente, que el
Gobierno promueva, especialmente en el ámbito de la Unión Europea, la
coordinación de esfuerzos para que se adopten medidas similares a las
hoy propuestas por su Grupo parlamentario.
En defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley
intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida; Pérez Casado, del Grupo Parlamentario
Socialista; Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió); Izquierdo Juárez, del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, y señora Julios Reyes,, del Grupo
Parlamentario de Coalición Canaria.
A los efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas
presentadas a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto
interviene de nuevo el señor Saura Laporta.
El señor secretario (Oliart i Pons) da lectura a una enmienda
transaccional presentada por todos los Grupos de la Cámara y aceptada
por el señor Saura Laporta.
Sometida a votación la proposición no de ley del señor Saura Laporta,
en los términos resultantes de la aceptación de la enmienda
transaccional, es aprobada por unanimidad, con 314 votos a favor.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre servicio universal de
telecomunicaciones . . . (Página 174)
La señora Pleguezuelos Aguilar defiende la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, por la que pretenden fundamentalmente
que el Gobierno, a través de un detallado plan a presentar en este
Parlamento, concrete y amplíe la aplicación del servicio universal de
telecomunicaciones, de su financiación y estructura tarifaria, así
como la calidad del servicio. También consideran importante que se
amplíe el concepto de servicio universal para que incluya el acceso a
Internet de todos los ciudadanos y de las pequeñas y medianas
empresas a un precio asequible. Agrega que la regulación actual del
servicio es insuficiente y su desarrollo se encuentra bloqueado por
la falta de voluntad política del Gobierno, no garantizando los
derechos de los ciudadanos a disfrutar de un servicio de calidad. A
través de la proposición no de ley pretenden también facilitar la
igualdad y la cohesión entre los territorios del Estado, anunciando
ya que si esta iniciativa es rechazada su Grupo volverá a insistir en
la misma, ya que es su propósito que el acceso a los servicios de
Internet sea universal para todos los ciudadanos y pequeñas
y medianas empresas, permitiéndoles beneficiarse de lo que la nueva
sociedad de la información ofrece hoy a todos y no sólo a unos pocos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores
Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida;
Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Jané i Guasch, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y señora Mato
Adrover, Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Azpiazu
Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)
Hace nuevamente uso de la palabra la señora Pleguezuelos Aguilar para
expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas.
Sometida a votación la proposición no de ley, en los términos
derivados del debate, es aprobada por unanimidad, con 315 votos a
favor.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el derecho de
asociación y su desarrollo normativo . . . (Página 182)
El señor Bermúdez de Castro Fernández defiende la proposición no de
ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, cuyo objeto es
instar al Gobierno a que impulse la elaboración de una ley orgánica
que desarrolle el derecho de asociación. Recuerda que el derecho de
asociación, contemplado en el artículo 22 de la Constitución, es uno
de los compromisos recogidos en el programa electoral con que su
partido concurrió a las pasadas elecciones generales y que asimismo
fue enunciado por el presidente del Gobierno en el discurso de
investidura, justificando la iniciativa en el hecho fundamental de
que, después de más de 20 años de vida de nuestro texto
constitucional, continúa vigente la ley de asociaciones de 1964,
inspirada en unos principios políticos incompatibles con la
Constitución. De ahí la necesidad de desarrollar este derecho
fundamental, que fue una de las conquistas democráticas que llegaron
a España a mediados del siglo XIX.
Termina señalando que el proyecto de ley orgánica que pudiera
elaborarse a resultas de la aprobación de esta iniciativa partiría de
un estudio riguroso y fruto de un diálogo lo más amplio posible,
contando en su elaboración con la opinión de las comunidades
autónomas y de instituciones públicas y privadas e incorporando
también la doctrina del Tribunal Constitucional. Asimismo habría de
tener en cuenta la realidad social, tratando de favorecer y
garantizar el libre desenvolvimiento de este derecho fundamental. En
aras a ese consenso, y creyendo recoger en gran parte las
aspiraciones de los grupos enmendantes, propone el texto
transaccional al que seguidamente da lectura.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Saura
Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto; López de Lerma y López, del
Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Mardones
Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka
Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y señora Del Campo
Casajús, Del Grupo Parlamentario Socialista.
A efectos de manifestar la aceptación o denegación de las enmiendas
presentadas interviene de nuevo el señor Bermúdez de Castro
Fernández.
Por alusiones, hace uso de la palabra el señor Rejón Gieb.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, en los términos resultantes del debate, es
aprobada por 307 votos a favor y dos abstenciones.
Elección de los diputados a los que se refiere el punto tercero de la
Resolución de la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre
secretos oficiales, de 2 de junio de 1992 . . . (Página 189)
La señora Presidenta da lectura de los nombres de los candidatos
propuestos por los grupos parlamentarios a los efectos de esta
elección. Asimismo informa de las normas por las que se regirá la
elección, según lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara.
Realizada la votación y verificado el escrutinio, resultaron elegidos
don Luis Martínez Noval, con 303 votos; don Xavier Trías Vidal de
Lobatera, 302
votos; don Luis de Grandes Pascual, 301 votos; don Luis Mardones
Sevilla, 300 votos; don Luis Felipe Alcaraz Masats, 299 votos, y don
Iñaki Anasagasti Olabeaga, 296 votos, al haber superado los tres
quintos de los votos de los diputados que componen la Cámara.
Se suspende la sesión a las siete y cuarenta y cinco minutos de la
tarde.
- JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS
SEÑORES DIPUTADOS.
La señora PRESIDENTA: Señorías, comienza la sesión.
Como asunto previo al orden del día, corresponde el juramento o
promesa de cuatro señores diputados que se incorporan en el Pleno de
hoy. Ruego a los señores miembros de la Mesa se pongan en pie.
Conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento, se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don José Fernández Chacón, en sustitución de don Alfonso
Perales Pizarro para prestar juramento o promesa de acatar la
Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Sí, prometo.
La señora PRESIDENTA: Don José Fernández Chacón ha adquirido la
condición plena de diputado. (Aplausos.)
Asimismo, conforme al artículo 20.1.3.o del Reglamento se procede al
llamamiento de la diputada proclamada electa por la Junta Electoral
Central, doña María Fernanda Faraldo Botana, en sustitución de don
Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, para prestar juramento
o promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la
Constitución?
La señora FARALDO BOTANA: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Doña María Fernanda Faraldo Botana ha adquirido
la condición plena de diputada. (Aplausos.)
Asimismo, conforme el artículo 20.1.3.o del Reglamento se procede al
llamamiento del diputado proclamado electo por la Junta Electoral
Central, don José Luis Juan Sanz, en sustitución de doña María del
Carmen Martorell Pallás, para prestar juramento o promesa de acatar
la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?
El señor JUAN SANZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don José Luis Juan Sanz ha adquirido la
condición plena de diputado. (Aplausos.)
Por último y asimismo, conforme al artículo 20.1.3.o
del Reglamento se procede al llamamiento del diputado proclamado
electo por la Junta Electoral Central don José Manuel Tortosa Ruiz,
en sustitución de don Francisco Utrera Mora, para prestar juramento o
promesa de acatar la Constitución. ¿Juráis o prometéis acatar la
Constitución?
El señor TORTOSA RUIZ: Sí, juro.
La señora PRESIDENTA: Don José Manuel Tortosa Ruiz ha adquirido la
condición plena de diputado.( Aplausos.)
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR SAURA LAPORTA) SOBRE AYUDAS
URGENTES A LOS PAÍSES AFECTADOS POR LA SEQUÍA EN EL ÁFRICA ORIENTAL.
(Número de expediente 162/000016.)
La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Proposiciones no de
ley. En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Mixto, sobre ayudas
urgentes a los países afectados por la sequía en el África oriental.
Para su defensa, el señor Saura tiene la palabra.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, paso a defender la proposición no de ley
que desde Iniciativa-Els Verds hemos presentado con relación a las
ayudas urgentes a los países afectados por la sequía del África
oriental. Quisiera en primer lugar enmarcar el momento histórico en
el que se produce esta situación en el África oriental recogiendo
unas palabras que recientemente han sido publicadas por las Naciones
Unidas en el Informe sobre el desarrollo humano, que dicen que en
estos momentos de globalización el progreso del mundo no es ...
(Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Saura, un momento.
Señorías, ruego a las señoras y señores diputados que vayan a
permanecer en el hemiciclo lo hagan en silencio y a los que deseen
abandonarlo que lo hagan en silencio también.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Decía que en un reciente informe de las Naciones Unidas sobre el
desarrollo humano se indica que en un momento de globalización el
progreso del mundo no es
ni justo ni está bien repartido; y hay un libro de 300 ó 400 páginas
con numerosísimos ejemplos, datos y cifras que fundamentan esta
afirmación. Yo quisiera simplemente dar cuatro cifras.
En estos momentos el patrimonio de las tres personas más ricas del
mundo es superior a los ingresos y el patrimonio de todas las
personas de los países menos desarrollados, exactamente de 600
millones de personas. Desde hace 10 años hay 80 países que cada año
que pasa son más pobres que el año anterior. En un país como Estados
Unidos hay 40 millones de personas que no tienen derecho a cobertura
sanitaria y anualmente 40 millones de personas mueren de hambre en el
mundo. Estos son algunos datos de los muchos que hay con relación a
la situación de las desigualdades sociales en un momento de
crecimiento económico importante. Y el informe de las Naciones Unidas
pregunta: ¿se trata de parar la globalización? Dice: no. Nosotros
decimos también no; no se trata de parar la globalización, entre
otras razones, porque no se puede, sino de gobernar la globalización
desde la política, desde la democracia. Por tanto, hoy uno de los
retos fundamentales de las fuerzas políticas y de las fuerzas
democráticas y sociales es que este gobierno, el de la globalización,
se haga sobre la base de cuatro criterios que también recoge el
informe del desarrollo humano. El primer criterio es el de la ética;
es necesario que en el mundo aumenten los derechos humanos, la
dignidad de las personas. El segundo criterio es el de la equidad;
estamos asistiendo a un momento histórico en el que crecen las
desigualdades entre países ricos y países pobres y también crecen las
desigualdades dentro de los países. El tercer criterio es el de la
sostenibilidad ecológica. Y el cuarto criterio es el de desarrollo,
es decir, la necesidad de que cada vez haya menos pobreza. Es en este
contexto en el que hay que situar también hoy lo que está pasando en
esta región del África oriental. ¿Qué está pasando en el África
oriental? Sus señorías lo saben: hay prácticamente 20 millones de
personas que están expuestas hoy y en los próximos meses a una
hambruna que no será la primera. Sus señorías recordarán aquellas
terribles imágenes de Etiopía de hace quince años, en 1984 y 1985,
que significaron que más de un millón de personas murieron de hambre
en Etiopía. Hoy, en Etiopía, en Somalia, en Sudán, en Kenia, en
Uganda, en otros países de esa región, como producto de la sequía que
invade esa región, existe una situación dramática, trágica; situación
que nos debe mover a dos reflexiones. La primera es ecológica, y es
que la sequía que padece África oriental no es, si ustedes me lo
permiten, absolutamente natural. Hoy hay informes de diversos
científicos y además de algunas organizaciones no gubernamentales
importantes como Greenpeace que dicen clarísimamente que la sequía de
África oriental es producto fundamentalmente del cambio climático que
se está produciendo en el mundo como consecuencia de su
calentamiento. Sólo hay que
recordar que en los últimos diez años se han producido los cuatro
años más calurosos desde que se registra la temperatura del mundo, o
que 1998 fue el año más caluroso del mundo desde hace 150 años que se
registra la temperatura. Y hay que hacer una reflexión para decir
que, independientemente de esto, los países industrializados, entre
ellos España, continúan no sólo no reduciendo las emisiones
contaminantes, sino incrementando, aumentando unas emisiones
contaminantes que tienen repercusiones sobre el cambio climático y
que afectan de forma negativa, ecológica y socialmente,
fundamentalmente a los países más pobres. La segunda reflexión es
ética y moral: ¿cómo puede ser que, ante fenómenos de estas
características, la comunidad internacional no prevenga, no reaccione
rápidamente ante una catástrofe de esta naturaleza? La comunidad
internacional reacciona tarde, poco y mal. Y ha sido el propio
secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, quien el mes
pasado hizo un dramático llamamiento a la comunidad internacional
advirtiendo de que en los próximos meses pueden morir millones de
personas en esa región del África oriental y, además, de que la
comunidad internacional no estaba reaccionando debidamente. Hemos
visto también cómo el Programa alimentario mundial de las Naciones
Unidas ha estimado la necesidad de recursos alimentarios y ayudas
humanitarias de dinero no para resolver pero sí para aliviar la
situación de esos países. Nos ha indicado el Programa alimentario
mundial la necesidad de un millón de toneladas de alimentos anuales
sólo para Etiopía para hacer posible que dos millones de personas no
mueran de hambre o de dos millones de toneladas alimentarias para
aliviar a la población de doce millones de personas que están pasando
hambre en esa región.Señoras y señores diputados, las cifras que las
Naciones Unidas, la FAO y el Programa alimentario mundial reclaman
para hacer frente a esta situación trágica son ridículas en
comparación con los gastos que los países ricos tienen en otros
programas. Sólo hace falta decir que la séptima parte del dinero que
España dedica a investigación y desarrollo militar haría posible dar
una respuesta contundente a esta situación.
Nuestra proposición no de ley va en la línea de que el Estado
español, el Gobierno, el conjunto de las administraciones den una
respuesta hoy a esta situación del África oriental, pero sin olvidar
la necesidad de gobernar la globalización e introducir unos criterios
que no sean exclusivamente los del mercado. ¿Qué les proponemos? En
primer lugar, el envío urgente de productos alimentarios de ayuda
humanitaria a esta región de forma coordinada con el resto de países
de la Unión Europea y de acuerdo con las directrices que han emanado
del Programa alimentario mundial. En segundo lugar, proponemos que en
un plazo de 15 días el Gobierno español presente en esta Cámara un
plan detallado sobre cómo piensa ayudar a esta zona. Y en tercer
lugar, el Gobierno español ha de promover activamente,
en el ámbito internacional pero especial y concretamente en la Unión
Europea, que ésta y el resto de países de la misma coordinen sus
esfuerzos para adoptar medidas similares a las que proponemos desde
Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
Señoras y señores diputados, estamos ante un hecho dramático, trágico
que no es nuevo ni en estos momentos ni históricamente. No puede ser
que los programas de cooperación de los países ricos, como el Estado
español, dediquen a estas situaciones de emergencia cantidades de
dinero que no dejan de ser ridículas en comparación con otros gastos
o en comparación con las necesidades de millones de personas que hoy,
mañana y pasado mañana se van a morir de hambre.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de
los grupos Federal de Izquierda Unida, Socialista, Catalán
(Convergència i Unió), Popular y Coalición Canaria.
En primer lugar, y para defender la enmienda del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.
El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, la proposición
no de ley que hoy se nos propone nos sitúa ante un problema muy serio
y dramático donde las palabras suenan cada vez más huecas, más vacías
frente al cinismo de una llamada comunidad internacional que ve cómo
se deteriora la situación sin que se tomen medidas realmente
eficaces. Hablar de la situación en el África oriental como hacerlo
de África en general o de otras zonas del mundo es hablar del fracaso
de un sistema que no puede escudarse exclusivamente en desastres
naturales para evidenciar cómo sólo en Etiopía ocho millones de
personas sufren una de las peores hambrunas del siglo. Por poner un
solo ejemplo, en Goré murieron durante el pasado mes de marzo 400
personas, la mayor parte de ellas niños. Como se dice en la
proposición no de ley, en estos momentos hacen falta más de dos
millones de toneladas de alimentos para salvar una situación
desesperada que viven 16 millones de personas en Somalia, Eritrea,
Sudán, Kenia, Uganda y Etiopía. Además, la escasez de agua en toda la
zona no puede resolverse con la excavación de pozos ya que la capa
freática se encuentra a 200 metros de profundidad y es casi imposible
su excavación; y un estudio reciente pone de manifiesto cómo en
algunos campos de desplazados la desnutrición alcanza al 30 por
ciento de los niños que allí viven. Todo esto ocurre, señorías,
repito, cuando la preocupación del mundo occidental es blindar
nuestras fronteras para evitar que a estos desgraciados se les ocurra
venir a occidente a buscar comida, a perturbar nuestra tranquilidad.
Por el contrario, los niños que sufren desnutrición
tienen que quedarse en sus campos de desplazados, donde un 16
por ciento seguramente tendrá la posibilidad de no cumplir ni un año
y donde un 25 por ciento morirá antes de cumplir los cinco; eso sí,
los que logren sobrevivir pertenecerán a esos 206 millones de
africanos que sufren anemia y cuyas expectativas de vida no son
superiores a 51 años. Esta es la realidad, ante la que no podemos
taparnos los ojos ni seguir sin tomar medidas eficaces. Tenemos la
obligación de asumir posiciones políticas que mejoren la estabilidad
de la región, pero sobre todo tenemos la responsabilidad de proponer
medidas económicas de carácter estructural que alivien la creciente
brecha entre el norte rico y el sur cada vez más empobrecido. El
oriente africano es solamente una parte del problema, pero una parte,
eso sí, que evidencia el cinismo, como decía, de una comunidad
internacional que pretende dirigir el planeta desde estos postulados.
El problema, señorías, no es otro que el peso que ejerce la llamada
deuda externa sobre los países más pobres del mundo. Por eso, hemos
presentado una enmienda, para que se tramite de forma reglamentaria y
se pueda crear una ponencia parlamentaria en el seno de la Comisión
de Cooperación, para evaluar toda la problemática de la deuda externa
que tienen los países más pobres del mundo. Se trata ni más ni menos
que de ampliar esta proposición sin cerrar, evidentemente, el debate
de otras iniciativas sobre el mismo tema que tendrán lugar
posteriormente. Se trata de plantear una postura valiente; lo hacemos
con el objetivo de encaminar de una vez por todas la solución del
problema, solución que no es otra que acabar con una situación que
produce un aumento cada vez mayor de la pobreza, de la miseria y
sobre todo de la dependencia de unos países con respecto a otros.
Porque la deuda externa lo que está haciendo es permitir a las
instituciones de crédito internacional intervenir en los asuntos
internos de los países deudores. La deuda ha servido y está sirviendo
para que los organismos multilaterales de crédito sean un instrumento
para ejercer el gobierno en los países deudores, en los países más
pobres del mundo, ya que éstos se han convertido en marionetas que
han permitido a los Estados acreedores manipular los organismos de
política internacional, los organismos regionales y mundiales.
Señorías, otro tanto ha ocurrido con la llamada globalización de la
economía. En nombre de ella lo que se está exigiendo es acabar con
los pocos recursos naturales que estos Estados poseen. Gracias a esta
deuda externa los Estados acreedores han logrado, sin necesidad de
hacer uso de la fuerza bélica, un nuevo modelo de imperialismo.
Entidades tan poco sospechosas como la Iglesia, a través del Consejo
Episcopal Latinoamericano, han declarado que los créditos conseguidos
a los Estados deudores han sido cancelados ya, señorías, varias veces
y que las tasas de interés que se cobran son una verdadera usura. Por
tal motivo, se insta a losEstados deudores a que recurran a la Corte
Internacional
de Justicia de La Haya para que se pronuncien de una vez por todas
sobre si es lícito cobrar los intereses de la deuda externa o si, por
el contrario, repito, se trata de una verdadera usura.
La gravedad del tema lo menos que exige es un debate en profundidad,
así como que se ponga fin a una situación que es un verdadero
atentado al derecho a la vida y al desarrollo de muchos pueblos. Los
países endeudados sufren enormes presiones para obtener divisas
destinadas a pagar el precio de esa deuda y para comprar productos
esenciales de importación. De esta manera, cuando se habla de
estabilizar la economía, en realidad lo que se está haciendo es
hablar de políticas de ajuste, de políticas negativas que están
produciendo recortes de los gastos sociales y recortes en salud, en
educación y en bienestar; se está produciendo en nombre de esa
reducción del déficit público el cierre de numerosas empresas locales
que no pueden competir claramente con las multinacionales
extranjeras. Se producen reducciones de plantilla en la empresa
pública y muchos de los trabajadores son despedidos como consecuencia
de estos recortes presupuestarios y saben, señorías, que un despido
en estos países es bastante diferente a un despido en nuestro cálido
mundo occidental. Las inversiones se hacen con cuentagotas y
generalmente de mala manera. También se ve perjudicado el medio
ambiente, ya que estas políticas, como se ha dicho ya en esta
tribuna, llevan aparejada la necesidad de aumentar las exportaciones
que en muchos países dependen de una explotación indiscriminada de
los recursos naturales, como son la madera, la minería o algunos
productos agrícolas. Por lo tanto, la deuda externa es una
manifestación más de la dramática subordinación en la que viven las
economías de los países del sur dentro de la estructura económica
internacional. Mientras que el crecimiento de los países ricos es
cada vez mayor, mientras que el crecimiento de los países ricos
alcanza cotas elevadas de desarrollo, buena parte del mundo pasa por
una situación humana catastrófica, como la que hoy se nos trae aquí
de los países del oriente africano. Cada vez se abren más brechas
entre estos países pobres, entre estos países excluidos de los
procesos de crecimiento, de los procesos de mejora de la calidad de
vida y el mundo desarrollado, y el mundo del norte, cada vez más
rico. Por eso hay que acabar con esta situación, que está provocando
una realidad de muerte y de sufrimiento en los pueblos y en las
personas, que son utilizados como depositarios de unos compromisos
que jamás han asumido. Con esto solamente se puede acabar desde la
condonación de la deuda externa, terminando con una situación de
dependencia que, repito, solamente justifica un enriquecimiento de
unos pocos a costa de unos muchos.
Tenemos que hablar de solidaridad, aunque a algunos les suene a
utopía, a algo lejano. Tenemos que hablar de compromisos que este
Parlamento debe de adoptar en beneficio de una situación
internacional
cada vez más injusta y no puede alarmarnos, no puede extrañarnos
situaciones de crisis, de desastre. Por eso reclamamos la condonación
de la deuda, en función no solamente del comportamiento del país
deudor, sino también de criterios de desarrollo humano, de
inversiones sociales y medio-ambientales. Debían incluirse dichos
criterios en la toma de decisiones del Club de París, aunque esto a
algunos les suene como a música celestial, ya que la realidad que
impera es muy diferente; es la realidad del beneficio y de la
especulación. Es necesario -y esta es nuestra propuesta- que el
Gobierno español condone unilateralmente la deuda y que nuestra
cooperación internacional quede vinculada de una vez por todas a
inversiones en desarrollo humano, a inversiones que impulsen
programas de conversión de la deuda en inversión en programas
sociales, en salud, en educación, en vivienda, etcétera; programas
que vayan dirigidos de una vez por todas a los colectivos sociales
más desfavorecidos y también a una preservación del medio ambiente;
que el Gobierno español establezca relaciones y consultas con la
sociedad civil de estos países, además de con los gobiernos.
Por todo ello, proponemos la constitución de esta ponencia, en el
seno de la Comisión de Cooperación, para que en la misma se pueda
discutir, se pueda escuchar a los colectivos, a las ONG, a todos
aquellos que puedan aportar una idea de progreso, para que España
pueda asumir un papel de liderazgo en los foros internacionales. Ya
es hora de que nuestro país, de que nuestro Gobierno, demuestren una
auténtica voluntad de acabar con el problema, ya es hora de que no
seamos noticia por ser los policías de occidente, por ser los que
impedimos que puedan venir estos desgraciados a intentar comer en
nuestra tierra, ya es hora de que nuestras playas dejen de ser
noticia por aparecer llenas de inmigrantes y seamos noticia por que
encabecemos, por que lideremos la solución de un problema que no
tiene otra salida que la condonación de la deuda externa, que acabar
con un mundo injusto, en el que unos pocos seguimos siendo cada vez
más ricos a costa de unos muchos.
Esta sería, a nuestro modo de ver, la mejor forma de confirmar que
hay un interés en implicarse en la resolución de estos problemas.
Otra cosa sería simplemente poner paños calientes, seguir
tranquilizando conciencias, que a la larga no resuelve ningún
problema.Esta es la propuesta de Izquierda Unida y esta es la
propuesta para la que, junto a nuestro apoyo a la proposición no de
ley, pedimos el voto favorable de esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señora presidenta, señoras y señores
diputados, no les voy a amargar la dulce presiesta hablándoles de
alguien que ha visto el sudor del miedo en las gentes, que ha
experimentado el dolor del hambre en las caras y en las figuras de
niños, de mujeres y de hombres en más de una parte del mundo. Creo,
señorías, que esta es una sociedad solidaria y que en virtud de ese
carácter solidario de nuestra sociedad esta Cámara, hoy, por
unanimidad, me atrevo a pedir, va a acordar ayudas de emergencia
ciertamente, porque la situación no admite demora ni dilación alguna;
pero va a acordarlo cumpliendo, además, lo que es el mandato de toda
una sociedad. Esta Cámara va a cumplir aquello que quiere la
sociedad.
Hay un quinto jinete del Apocalipsis en África oriental y en otros
lugares del mundo, que es el olvido. Es la reacción inmediata ante
una emergencia y el olvido del día a día. Como somos solidarios, como
lo conocemos y lo sabemos, el Grupo Socialista va a votar a favor de
la proposición no de ley del Grupo Mixto, presentada por el señor
Saura. Y vamos a hacerlo incorporando nuestra enmienda. Una enmienda
que trata de mejorar y de profundizar en ese objetivo que no
solamente será de esta Cámara, sino de toda una sociedad. Nuestra
enmienda precisa el motivo que suscita el señor Saura y esperamos que
él mismo recoja nuestras iniciativas y las incorpore a un acervo que
entendemos común.
Es cierto que tenemos un plan director, pero que no ha alcanzado
todavía a estos escaños e instamos al Gobierno y al grupo mayoritario
que le apoya para que nos lo haga llegar, de tal modo que no sean
sólo las urgencias y las emergencias, sino la continuidad de toda una
política de Estado, de solidaridad con todos los pueblos afectados
por la desgracia ya sea física, ya sea de la guerra o del hambre.
Desde esa perspectiva es necesario volver a insistir en el debate
sobre la condonación de la deuda externa. Por eso nosotros proponemos
que el Gobierno articule medidas concretas, calendarios, condiciones
a que debe acogerse esa condonación, que no sea fruto de ninguna
improvisación, sino fruto de la convicción. Por ello les pido el voto
favorable a nuestra enmienda, no sin antes concluir con algunas
reflexiones.
Señorías, la solidaridad y la equidad son nuevos derechos humanos. La
ampliación de los derechos humanos alcanza a la solidaridad y a la
equidad entre los pueblos y entre las gentes, de la misma manera que
un nuevo derecho, el derecho de la tierra, al que aquí se ha aludido,
debe formar parte de nuestro ordenamiento y, sobre todo, de nuestro
comportamiento como gentes de bien que hemos progresado juntos y en
libertad y que seguimos haciéndolo.
En definitiva, este va a ser un ejercicio de solidaridad procedente
de un país que ha cancelado muchas de sus deudas históricas merced al
trabajo de todos los ciudadanos y ciudadanas. Si hace 20 ó 25 años
éramos un país receptor de ayudas y emisor de emigrantes, hoy,
en virtud de esa memoria histórica, pero también de la
responsabilidad como gobierno o como oposición, tenemos la obligación
de acudir raudos y sin dudar a acoger estas iniciativas como la que
hoy nos ha traído el Grupo Mixto y confío en que también nos voten
nuestra enmienda.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez Casado.
Por el Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor
Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Intervengo desde el escaño tanto para presentar la enmienda del Grupo
Catalán, como para mostrar nuestra posición con respecto a la
iniciativa del señor Saura. Es evidente que hay que felicitarla y
todos los grupos parlamentarios podemos tener una gran coincidencia
tanto en el fondo como en la forma de lo que se nos plantea esta
tarde. Como el conjunto de las intervenciones han puesto de
manifiesto, podemos abordar esta cuestión no sólo desde la
perspectiva de la crisis que se puede producir en estos momentos en
determinados países del África oriental, sino de la situación del
desarrollo del continente africano en toda su complejidad.
En la propia exposición de motivos de esta iniciativa y en la
intervención del propio señor Saura se ha plasmado cuál es el
situación en estos momentos en Etiopía; se han recordado las cifras
que da la directora del Programa mundial de elementos, dependiente de
Naciones Unidas, la señora Bertini; se nos han recordado esos cerca
de ocho millones de personas que están en Etiopía faltos de
alimentos. Podemos recordar el hecho de esos 14 niños que mueren al
día por desnutrición absoluta, y también sería bueno recordar hoy, en
este hemiciclo, las dificultades reales para que un Estado como
Etiopía pueda gestionar de manera correcta las necesidades
alimentarias de urgencia que hoy se plantean, así como la propia
situación del puerto de Djibouti, que dificulta una actuación
intensiva y masiva como la que quizá la situación requeriría.
Además -y ahí está el sentido principal de nuestra enmienda- el
problema no se sitúa tan sólo en la dimensión estrictamente
alimentaria, sino que también deberíamos tener en cuenta la dimensión
derivada de la falta de medicamentos, de la falta de vacunas y de la
falta de agua potable. Entendemos, por tanto, que es una situación
compleja la que hoy se vive en esa parte del mundo, en esa parte de
África, que exige una intervención urgente del conjunto de la
comunidad internacional.
Sin embargo, es evidente que -como lo han señalado otros portavoces-
este debate no se puede escapar a otras consideraciones y si me
permiten sería bueno
que las tuviésemos en cuenta. En primer lugar, nuestro objetivo
principal en esta materia debe ser garantizar un conjunto de
actuaciones orientadas fundamentalmente a garantizar la seguridad
alimentaria de la población de estos territorios.
Más allá de una acción de urgencia, el conjunto de políticas de
cooperación al desarrollo debe mantener ese objetivo y, al mismo
tiempo, ser capaces de que esta ayuda, que tiene como objetivo
garantizar esta seguridad alimentaria, sea capaz de mantener la
viabilidad de los mercados locales de producción agrícola.
Muchas veces actuaciones de carácter internacional en este ámbito
producen unos determinados efectos en el propio funcionamiento de
estas sociedades, que no ayuda precisamente a aquello que pretendemos
resolver. Es evidente que, en clave estrictamente del Estado español,
nos deberíamos plantear dos cuestiones: una, que no ocurra como nos
pasó varias veces en la anterior legislatura, en donde la aparición
de desastres de orden ecológico, que provocaban una necesidad de
actuación rápida o urgente, supusieron un detraimiento de partidas
previstas para otras operaciones. Sería bueno que ante la situación
en África oriental fuésemos capaces de acumular nuevos recursos.
También sería bueno que asumiésemos que la situación en Etiopía, en
Eritrea, no se escapa de la existencia de un conflicto militar y que,
por tanto, el Gobierno recogiese un mandato -no lo podemos reflejar
en esta proposición no de ley, pero creo que todos los grupos
coincidiremos en ello- sobre la necesidad de que sin conseguir una
paz duradera y estable en Etiopía no es posible una solución a los
problemas que se nos plantean en el fondo.
Señorías, hay tres debates de fondo que me parece que son básicos y
que son fundamentales. Uno, la situación de hambruna no tan sólo en
el África oriental, sino en muchísimos otros países. Hay que recordar
las situaciones en Etiopía, Eritrea, Somalia, Kenia, Sudán, Tanzania,
Uganda Ghana, Nigeria, Senegal, Mauritania, Botswana, Malawi,
Sudáfrica, Gambia, con desastres ecológicos, con situaciones de
guerra etcétera, que deberían obsesionarnos profundamente en esta
legislatura.
En segundo lugar, creo que el señor Saura en su intervención hacía
referencia a ello, estos desastres ecológicos tienen mucha relación
con el cambio climático. Lo que sucede en Etiopía y en Mozambique
forma parte de un mismo bloque y deberíamos preguntarnos en esta
Cámara si hemos avanzado de manera suficiente en el desarrollo de las
conclusiones de la cumbre de Kioto.
Finalmente, deberemos contemplar también la cuestión de fondo que se
nos plantea: hoy África es escenario de diversas luchas políticas,
que quizá pudiéramos tener una tendencia fácil a atribuir a las
oligarquías locales y quizá olvidaríamos la intervención de fondo que
determinados países occidentales tienen en estos procesos.
A mí me parece que el debate que hoy tenemos en esta proposición no
de ley es sobre la dimensión ética
del conjunto de la política exterior española. Por tanto, más allá de
aprobar por unanimidad un texto, en base a la actitud del Partido
Popular, deberíamos ser capaces de creernos que en esta legislatura
vamos a estar en condiciones de incorporar a la política del Gobierno
español una dimensión orientada a reducir la pobreza y a prevenir los
conflictos. Esta va a ser la posición de Convergència i Unió, por lo
que anuncio nuestro voto favorable a esta iniciativa, con las
enmiendas que previsiblemente el señor Saura va a admitir para
incorporar al texto final.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Popular, tiene la palabra el
señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular celebra la iniciativa del
diputado Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya-Els Verds.
Aplaudimos esta iniciativa porque es oportuna y porque es importante,
sin lugar a dudas.
Durante el pasado mes de marzo, habiendo apenas transcurrido un mes
de las trágicas inundaciones en Mozambique, el programa mundial de
alimentos hacía un llamamiento a la comunidad internacional alertando
sobre la pertinaz sequía en la región del cuerno de África que, de
prolongarse, podría provocar una hambruna de grandes dimensiones. Los
conflictos armados, intermitentes en la región, agravan la situación
y dificultan la ayuda internacional, como nos ha recordado
recientemente el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan.
Señorías, África tiene el 60 por ciento de la población y sólo el 36
por ciento de los recursos hidráulicos; Europa posee el 13 por ciento
de la población y el 8 por ciento del recurso hídrico; en África,
vive el 13 por ciento de la humanidad y tan sólo tienen el 11 por
ciento del agua; América del norte y central tienen el 8 por ciento
de la población y el 15 por ciento de los recursos hidráulicos;
América del Sur tiene sólo el 6 por ciento de la población, pero
disfruta del 26 por ciento de los recursos hidráulicos. Ya dijo en
los años sesenta el presidente Kennedy que quien fuera capaz de
resolver los problemas del agua sería merecedor de dos premios Nobel,
uno el de la paz y otro el de la ciencia.
En el análisis de la situación, podríamos aportar reflexiones de
carácter ecológico y medioambiental. Lo ha hecho muy bien el diputado
Saura y le ha seguido el diputado Campuzano. Podríamos hacer
reflexiones económicas e incluso morales y también estratégicas.
Quiero recordarles, señorías, un artículo de VincenÁ Fisas, titular
de la Cátedra de la Unesco por la
paz en Barcelona, recientemente publicado en El País, y que cito
literalmente para la reflexión de SS.SS.
En Sudán hay -dice Fisas- una operación humanitaria que lleva más de
diez años en funcionamiento, con más de 1.500 millones de dólares
invertidos, que sirve también para alimentar a los soldados que
masacran a las poblaciones civiles y que las obligan a desplazarse
continuamente en situaciones cada vez peores. Lo mismo sucede -dice
Fisas- en Congo, en Etiopía, en Somalia y otros muchos países en
conflicto. La ayuda humanitaria -termina el autor- debe ir de la mano
de una intensísima actividad diplomática que presione para llegar a
acuerdos de alto el fuego y al cumplimiento de los acuerdos de paz ya
firmados.
La pregunta que sigue a esta reflexión es inmediata: ¿Qué hacen y qué
pueden hacer Naciones Unidas, la Organización de Estados Africanos,
la Unión Europea y todas las cancillerías con capacidad de influir en
estos conflictos? Abordar esta cuestión desde una óptica o interés
bilateral únicamente resuelve muy poco, señorías. Con la mejor
intención, esto es lo que plantea la iniciativa del diputado Saura.
España ha acudido al llamamiento del programa mundial de alimentos
con 117 millones de pesetas, que supone la mitad de la aportación
española a esa institución. Son significativas también -SS.SS. lo
saben- las aportaciones de España, nuestras contribuciones anuales a
Naciones Unidas y a la Unión Europea. España no puede actuar -lo
saben ustedes y lo sabe muy bien el diputado Pérez Casado-, por
ejemplo, directamente en Etiopía, donde no estamos presentes ni
tampoco están presentes, por dificultades obvias, nuestras
organizaciones no gubernamentales. La contribución principal,
señorías, señora presidenta, para paliar la hambruna en la región
debe de ser a través de la Unión Europea, quien se ha comprometido en
la reciente cumbre de El Cairo y tiene los mecanismos adecuados para
ello. La coordinación internacional es defendida insistentemente por
España y nuestros representantes tanto en Naciones Unidas como en la
Unión Europea. Tras la insistencia española, la Comisión Europea
decidió convocar, el pasado 11 de abril, una reunión consultiva
monográfica sobre la crisis de seguridad alimentaria en la región, en
la que participaron representantes de ECHO, la Oficina Europea de
Ayuda Humanitaria, la Dirección General de Desarrollo, la Secretaría
General de la Comisión, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Reino Unido y
también, por supuesto, España.
En cuanto a la condonación de deuda, España ha manifestado reiteradas
veces su firme compromiso de aliviar el sobreendeudamiento de los
países más pobres a través de la iniciativa HIPC, reforzada, que
flexibiliza los criterios para la elección de los países y condiciona
las operaciones de condonación y reestructuración a la aplicación de
políticas de desarrollo coherentes, tanto desde el punto de vista
económico como vinculadas a
la reducción de la pobreza, en estrecha colaboración con la sociedad
civil.
Son muchas las razones que aconsejan que el problema de la deuda
externa no sea abordado desde el interés bilateral de ningún país, y
condicionar (y lo digo con mayúsculas y entre comillas) dichas
operaciones desde el principio de la corresponsabilidad de los países
beneficiarios y sus gobiernos en su propio desarrollo, humano,
social, económico, político, democrático, de respeto a los derechos
humanos y a las libertades, se me antoja muy coherente si queremos,
desde la comunidad internacional, contribuir eficazmente al
desarrollo, a la paz y a la erradicación de la pobreza, para no
seguir cayendo en las contradicciones a las que hacían referencia las
acertadas palabras del señor Fisas a las que antes he hecho
referencia.
Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de
modificación a la iniciativa del diputado Saura. Pensamos que
realizar el mayor esfuerzo de coordinación internacional para
resolver o intentar paliar la grave situación y consecuencias
provocadas por la sequía en el África oriental, atendiendo además al
llamamiento del Programa mundial de alimentos (institución de
Naciones Unidas que, como he dicho antes, es la competente en esta
materia y a la que España contribuye de modo significativo), es una
modificación que puede sustentarse en la iniciativa del diputado
Saura, de Iniciativa per Catalunya. Al igual que seguir promoviendo e
impulsando la participación y principal contribución de la Unión
Europea en la crisis, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la
cumbre de El Cairo, y tener en cuenta en el futuro plan director la
situación actual del continente africano, sin menoscabo de las
prioridades geográficas y sectoriales que -naturalmente, por
consenso- esta Cámara ha establecido en la Ley de cooperación.
Termino, señorías, dando las gracias una vez más y felicitando la
iniciativa del diputado Saura. Nosotros estamos dispuestos a alcanzar
el mayor de los consensos y el mayor de los acuerdos. Lo hicimos en
la legislatura pasada, sin mayoría suficiente (lo recordarán los
portavoces y lo recordarán todas SS.SS.), donde fuimos capaces de
aprobar una ley de cooperación, donde fuimos capaces de aprobar por
unanimidad una ley de prohibición de minas antipersonas, donde fuimos
capaces de impulsar una presencia de España definitiva, estable y
orientada en la comunidad internacional. Sin más, y dando las gracias
al diputado que ha presentado la iniciativa, esperamos que el resto
de los grupos discutan, reflexionen y acepten las enmiendas que
proponemos y podamos, una vez más, aprobar esta iniciativa por
unanimidad.
Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Izquierdo.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Buenas tardes, y muchas gracias, señora
presidenta.
Voy a manifestar brevemente, desde el escaño, la posición del Grupo
de Coalición Canaria en torno a esta propuesta y en torno a la
exposición del señor Saura. Vamos a apoyar la propuesta, ya que
entendemos que es oportuna tanto por sus objetivos como por la
necesidad de dar una respuesta urgente a la actual situación.
Entendemos que la brecha que actualmente separa a los países pobres
de los países ricos cada vez se ensancha más y cada vez se hace más
profunda. Creemos que la situación actual de globalización y de
internacionalización genera cada vez una mayor concentración de la
riqueza y del capital en ciertos territorios del planeta y, a su vez,
profundiza en la miseria y en el subdesarrollo de otros.
En este sentido, estando de acuerdo con la propuesta presentada en la
urgencia de las medidas para paliar la situación, fundamentalmente
alimentaria, de los países del África oriental, hemos presentado una
enmienda para ampliarla al resto de los países en vías desarrollo del
continente africano, porque entendemos que la situación de penuria
que se vive en ese continente así lo requiere.
Son muchos los datos que han aportado tanto el señor Saura como los
portavoces de otros grupos, pero por añadir alguno más, que menoscaba
no sólo el presente, sino, de forma irreversible, el futuro de los
ciudadanos de estos países, comentaré que se prevé que para el año
2010, en el África subsahariana, la mitad de la población sea
portadora o esté infectada por el virus del sida. La situación actual
en el continente africano es de aproximadamente unos 30 millones de
personas que padecen o que están infectadas por este virus. En este
sentido, planteamos en nuestra enmienda -específicamente en relación
al punto 2 de la propuesta del señor Saura- que, estando de acuerdo
con la necesidad de condonar la deuda externa, esta medida debería ir
acompañada del desarrollo de programas y convenios específicos de
colaboración, que abarcaran no sólo los aspectos alimentarios, sino
también aspectos básicos del bienestar, referidos a sanidad,
educación, etcétera. Por eso, planteábamos que en el seno de la
Comisión de Cooperación Internacional se debatieran propuestas
específicas hechas por el Gobierno y se conociera también cuál es la
situación de cada país, la deuda que mantenemos con ellos y los
programas de colaboración que estuvieran en marcha en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por último, ¿grupos que no han presentado enmiendas y desean fijar
posición? (Pausa.)
Señor Saura, tiene la palabra al objeto de indicar la aceptación o
rechazo de las enmiendas presentadas.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Siento una gran satisfacción por el debate que se ha producido, que
muestra el dramatismo de esta situación, y que, como mínimo, ha hecho
aflorar un debate pendiente en esta Cámara, que es el de la deuda
externa.
También quiero agradecer al conjunto de los grupos parlamentarios las
enmiendas que han presentado, que van a permitir llegar a un texto
transaccional, que espero que sea aprobado por unanimidad.
Como decían el señor Campuzano y otros portavoces, es necesario pasar
de las palabras a los hechos. Hemos estado trabajando con el resto de
los portavoces en un texto transaccional, que evidentemente no es el
que cada uno de nosotros quisiera, pero que creemos que es lo
suficientemente ambicioso y responsable como para que pueda ser
aprobado por unanimidad, y en el que sólo queda fuera el tema de la
deuda externa. En la iniciativa inicial yo había planteado el tema de
la deuda externa de esa zona de África oriental. En el debate ha
aparecido la necesidad de crear una comisión o plantear otras
iniciativas que contemplen el conjunto de la deuda externa. Este tema
ha de ser tratado en otro punto de la discusión en el Congreso de los
Diputados. Por tanto, rogaría a la señora presidenta que, desde la
Mesa, diera instrucciones de leer una transaccional de cuatro puntos
que recoge el espíritu y la mayoría de las propuestas que se han
hecho desde los distintos grupos parlamentarios.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por parte del secretario primero se va a dar lectura al texto
transaccional.
El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Enmienda transaccional. El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1) Realizar el mayor esfuerzo de coordinación internacional para
resolver o intentar paliar mediante ayuda humanitaria la grave
situación y las consecuencias provocadas por la sequía en el África
Oriental atendiendo al llamamiento y a las cifras estimadas por el
Programa Mundial de Alimentos (PMA), institución de las Naciones
Unidas competente en esta materia y a la que España contribuye
significativamente.
2) Seguir promoviendo e impulsando la participación y principal
contribución de la Unión Europea en la crisis, de acuerdo con los
compromisos adquiridos en la cumbre de El Cairo.
3) Tener en cuenta en el futuro Plan director la situación actual del
África Oriental, Etiopía, Somalia, Eritrea, Sudán, Kenia y Uganda sin
menoscabo de las
prioridades sectoriales y geográficas establecidas por consenso en la
Ley de Cooperación.
4) Presentar ante la Comisión de Cooperación Internacional las ayudas
y proyectos de colaboración que actualmente mantenga el Estado
español con dichos países y las previsiones de futuras actuaciones.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Oliart.
Vamos a proceder a la votación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
314; a favor, 314.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre ayudas urgentes a los
países afectados por la sequía en el África Oriental.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SERVICIO UNIVERSAL DE
TELECOMUNICACIONES. (Número de expediente 162/000003.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre servicio universal de telecomunicaciones.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Pleguezuelos. (Rumores.)
Perdone, señora Pleguezuelos. Un momento, por favor.
Ruego a SS.SS. abandonen el hemiciclo en silencio, los que lo vayan a
hacer, al objeto de que podamos seguir con el debate.
Adelante, señora Pleguezuelos. (Rumores.)
Señorías, ruego guarden silencio.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para defender
esta proposición no de ley sobre el servicio universal de
telecomunicaciones, que pretende fundamentalmente que el Gobierno, a
través de un plan detallado que debe presentar en el Parlamento, por
una parte, nos concrete y amplíe la aplicación en España de la
obligación del servicio universal, de su financiación y desde luego
de lo que es la estructura tarifaria y la calidad del servicio, y por
otra, también muy importante, que amplíe ese concepto de servicio
universal para que incluya el acceso a Internet de todos los
ciudadanos y de las pequeñas y medianas empresas a un precio
asequible.
Señorías, es evidente que hasta ahora la regulación del Gobierno en
esta materia es insuficiente. Afecha de hoy, la normativa vigente
sigue sin cubrir las pequeñas y medianas empresas en este acceso a
Internet y desde luego tampoco a todos los ciudadanos. Además -algo
más preocupante-, en estos años, en la práctica, el servicio
universal que ha ido estableciendo la Ley General de las
Telecomunicaciones entendemos que no ha avanzado prácticamente en lo
que son las prestaciones ni en el control de la calidad, ni desde
luego ha garantizado a los ciudadanos precios asequibles; esas
prestaciones que estableció en su momento otro Gobierno, el Gobierno
socialista, cuando entonces se contaba con el servicio telefónico
básico en el marco del contrato del Estado con Telefónica.
Por tanto, entendemos que ni la Ley General de las Telecomunicaciones
ni las normas que posteriormente la han desarrollado, tanto el real
decreto como la orden ministerial, en su concreción práctica han
supuesto, de cara al ciudadano, nada que no esté en este momento
bloqueado. ¿Por qué? Sin duda por la falta de voluntad política del
Gobierno hasta este momento, porque hay que recordar que el
Ministerio de Fomento, ahora de Ciencia y Tecnología, no ha
considerado necesario aprobar ningún plan de implantación de ese
servicio universal ni tampoco ha considerado oportuno proponer a la
Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos fijar los
precios de los servicios incluidos en el concepto de servicio
universal. Esto es, hasta este momento podemos decir que no se ha
avanzado mucho, y lo único que sí es verdad que hizo el antiguo
Ministerio de Fomento fue aprobar una orden ministerial en materia de
calidad del servicio, que en realidad entendemos que no es tal,
porque los parámetros de calidad de servicio obligatorio en los que
trabaja no son de carácter individual sino estadístico, con lo cual
sin duda se evita que se pueda ejercer esa posibilidad de reclamar de
forma individual, es decir, que no garantiza derechos a los
ciudadanos en el sentido de la calidad. Todo esto sin contar con la
dualidad, y yo creo incluso que con la confusión, que añade la nueva
distribución competencial que en materia de garantía de estas
obligaciones del servicio público ha introducido el Gobierno en esta
nueva etapa, porque no debemos olvidar que tanto la Secretaría
General de Comunicaciones como la Comisión del Mercado de las
Telecomunicaciones tienen competencia en esta materia.
Esta proposición no de ley, señorías, para mi grupo es muy
importante, porque entendemos que el servicio universal tiene una
finalidad redistributiva entre los ciudadanos, que es además la que
garantiza su desarrollo personal, pero también porque es un elemento
básico de cohesión social y territorial que no podemos desaprovechar
de ninguna manera. Por tanto, depende de cómo definamos el ámbito de
ese servicio universal el que los ciudadanos y las ciudadanas se
beneficien de las posibilidades que hoy nos ofrece a todos la
sociedad de la información, y uno de esos instrumentos fundamentales
es el acceso a Internet. Por eso entendemos que ampliar el concepto
de servicio universal al acceso de todos los ciudadanos, y también
por supuesto de las pequeñas y medianas empresas, a esos servicios de
Internet no es otra cosa que facilitar la igualdad y la cohesión
entre los territorios.
Señorías, sin duda este no es un tema nuevo. En la pasada legislatura
en varias ocasiones el Grupo Socialista, tanto a través de enmiendas
en la Ley General de las Telecomunicaciones como en proposiciones no
de ley, lo abordamos. El Gobierno Popular en aquel momento lo
rechazó. Es verdad que vimos con satisfacción que en el programa
electoral del Grupo Popular se adquiría el compromiso de ampliar el
concepto de servicio universal para que incluyese el servicio de
acceso a Internet. En este momento tenemos sin duda la oportunidad de
hacerlo en esta Cámara, y si en esa pasada legislatura el Grupo que
apoya al Gobierno no fue capaz de aprovechar la oportunidad que otros
grupos de la Cámara le brindamos para poner al servicio de todos los
ciudadanos esos beneficios de la sociedad de la información, creemos
que éste es un buen momento.De hecho, las propias enmiendas que se
presentan a esta proposición no de ley parece que al menos tienen un
espíritu de mayor disponibilidad. No podemos olvidar, señorías, que
el número de usuarios de Internet en este momento está todavía muy
lejos del de otros países europeos de nuestro entorno. En este
momento, menos del 10 por ciento de la población española son
usuarios de Internet. Por tanto, no podemos perder la oportunidad que
ofrece esta iniciativa, como ya se hizo en otras ocasiones con el
tema de la tarifa plana.
Señorías, señores del Grupo Popular, recordarán que la pasada
legislatura, no sólo esta iniciativa sino otras como la relativa a
poner una tarifa plana, fueron, en materia de telecomunicaciones, la
batalla que mantuvimos en la Cámara. Además de eso vamos a seguir
insistiendo, y le anuncio que la batalla será la de pedir que
Internet sea servicio universal, porque es un acceso que consideramos
vital para el desarrollo de la cohesión territorial y social de
nuestro país.
Queremos que Internet esté al alcance de todos los ciudadanos y muy
especialmente de esos usuarios discapacitados o con necesidades
especiales. Queremos que sea asequible y que se ayude a las pequeñas
y medianas empresas a acceder a Internet. Queremos que los
instrumentos de la sociedad de la información estén, en definitiva,
al servicio de los ciudadanos, de las escuelas, de los centros
sanitarios y de todo aquello que puede mejorar nuestra calidad de
vida. Por todo esto presentamos esta proposición no de ley y
esperamos que el Grupo Popular que respalda al Gobierno la apoye,
porque, de no ser así, lo que sí le anuncio, señora Mato, es que
insistiremos y serán años de legislatura en los que pasaremos de la
tarifa plana al acceso a Internet. Mi grupo seguirá insistiendo para
que sea una realidad que el acceso a esos servicios de Internet sea
universal para todas las ciudadanas y todos los ciudadanos y podamos
beneficiarnos de lo que la nueva sociedad, la sociedad de la
información, ofrece hoy a
todos los ciudadanos. Sin embargo, si el Gobierno no ayuda, está
ofreciéndolo sólo a unos pocos, y eso va en detrimento del resto.
Señorías, pido el apoyo para esta iniciativa del Grupo Socialista.
Gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Pleguezuelos.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas de los
siguientes grupos: Federal de Izquierda Unida, Grupo Parlamentario
Mixto, Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y Grupo
Parlamentario Popular.
Para la defensa de las enmiendas correspondientes al Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace poco más de un par de años aprobábamos la Ley General de
Telecomunicaciones, por tanto, superábamos la Ley de Ordenación de
las Telecomunicaciones, y se daba en este país un paso involutivo de
enorme importancia en cuanto al anonimato ante las grandes masas
populares que conllevan estas leyes tan difíciles de explicar pero
que tanto influyen en la vida cotidiana de las personas. Pasamos de
una ley, la LOT, que incluía el término de servicio esencial, a otra
ley, que naturalmente nosotros criticamos a fondo y sobre la cual
presentamos una enmienda de totalidad con texto alternativo, que sólo
contenía el término de servicio de interés general. Por tanto, no
sólo se pasaba de un concepto rotundo, fundamental a la hora de
defender el interés general, sino que se hacía una relectura, también
involutiva, del artículo 128 de la Constitución; artículo que habla
de elementos de servicio público para los cuales incluso se prevé la
posibilidad de monopolio. En este caso, se pasaba de la idea del
monopolio a la hora de preservar el servicio universal y el servicio
público -incluso últimamente se unen los dos conceptos, servicio
público universal- a la plena discrecionalidad del Gobierno, y no
sólo a la plena discrecionalidad, señora presidenta, sino que lo que
hasta ese momento era un derecho pasaba a la categoría de mercancía,
lo que era un derecho en el mundo de la comunicación, en el mundo de
la cohesión territorial, en el mundo de la igualdad social, personal
y territorial, empezaba a meterse en el mundo de la competencia, y la
competencia es el término piadoso que oculta el beneficio privado, el
sintagma de beneficio privado.
Por lo tanto, lo que era un derecho, y en sentido laxo un derecho del
llamado Estado del bienestar, dejaba de serlo y entraba por el
vericueto siempre incontrolable de la dialéctica del mercado. Tema de
fondo, la relectura del artículo 128, e involución, a través de la
cual se volvía a confundir, como siempre ha hecho el Gobierno del don
José María Aznar, el tema de la liberalización
con el de la privatización. En el tema de la privatización, señora
presidenta, la señora Thatcher con respecto al señor Aznar era una
especie de Heidi por las lomas de Suiza. El señor Aznar ha
privatizado en cuatro años más que la señora Thatcher en toda su
carrera política. Por consiguiente, estábamos retrocediendo en un
momento de enorme importancia, retrocediendo ante un texto que no
preservaba la cohesión territorial, que no preservaba a la gente de
cara a un siglo XXI que fundamentalmente va a ser el siglo de la
comunicación y la información. En los temas de la tecnología, de la
información y la comunicación, al pasar de la LOT, que indudablemente
había que superar, a la Ley General de las Telecomunicaciones, se
pasaba a un marco de injusticia social, de injusticia redistributiva,
de separación, de distanciamiento progresivo de las diferencias
territoriales.
Nosotros presentamos cien enmiendas y una enmienda de totalidad con
texto alternativo. El PSOE también presentó una serie de enmiendas y
una síntesis de todas esas enmiendas reproduce esta proposición no de
ley, que nos parece un poco corta pero interesante. Nosotros
criticamos la discrecionalidad del Gobierno. Por ejemplo, a la hora
de marcar lo que es el precio asequible, no figura de ninguna manera
cuál es la asequibilidad, cuáles son los términos de esa
asequibilidad en función del grado de riqueza o de pobreza de los
usuarios, en función de que sean discapacitados o en función de los
territorios. Hay que pensar que en España, por ejemplo, Asturias,
León o Galicia están utilizando una telefonía rural de acceso
celular, que es lo menos que se despacha en botica, y a partir de
este servicio universal reducido, raquítico, constreñido y golpeado
por la competencia, por el beneficio privado, no se logrará superar
esta limitación de territorios como, repito, Asturias, León o Galicia
en temas fundamentales como es la telefonía en este momento.
Nosotros criticamos también -cuestión a la que se responde, sin duda,
en la proposición no de ley del PSOE- la escasez, el alcance mínimo
cuantitativo y cualitativo del servicio universal, muy por debajo de
cómo se ha recogido el servicio universal o el servicio público
universal en las leyes análogas a ésta que se han hecho en el resto
de los países europeos. Ya tuvimos ocasión de demostrarlo país a país
en las intervenciones que hicimos tanto en la Comisión como en el
Pleno de esta Cámara. El Gobierno decía en la ley, que defendió
ardorosamente la señora Mato, que el servicio universal era la
preparación de la ciudadanía de cara al siglo XXI y, sin embargo, lo
único que consideraba servicio universal era la telefonía básica y
poquito más, y de cara al siglo XXI la telefonía básica es como el
carro de ruedas frente a la explosión evolutiva y revolucionaria que
está teniendo el sector de las telecomunicaciones. También
criticábamos que se hubiera cambiado el término servicio público por
obligaciones de servicio público que después se iban a desarrollar a
través
del reglamento de hace poco menos de dos años, que no desarrolla
las obligaciones de servicio público y mucho menos hace un desarrollo
justo en términos de cohesión social y territorial. Tampoco se
desarrolla el tema del precio asequible.
Consecuentemente, señora presidenta, nosotros pensamos -no nos ha
dado tiempo a introducir todas las enmiendas sobre las que hemos
trabajado- que el Gobierno debería presentar en el plazo de seis
meses, por ejemplo, un libro blanco para la promoción de la
infraestructura de banda ancha, cosa que no se prevé, que no se ha
hecho hasta ahora y que es absolutamente imprescindible; un libro
blanco que contenga el desarrollo territorial de esta infraestructura
necesaria y que contenga la fórmula de financiación de la banda ancha
que, como se sabe, contiene también Internet. Tampoco se sabe
-cuestión esta de enorme importancia- cómo se va a regular el acceso
de los discapacitados al servicio universal. El acceso que ahora
tienen no se puede llamar servicio universal. Es una paradoja, una
ironía y un sarcasmo, porque no se tiene esa sensibilidad. Es un tema
de enorme importancia a la hora de hablar de la mínima sensibilidad
de un gobierno. Hemos presentado enmiendas sobre la necesidad de que
se avance con velocidad de crucero de cara al siglo XXI, no como se
está haciendo, con velocidad de carro de ruedas. Queremos que el
servicio universal, en temas fundamentales como Internet, sea
gratuito. Por eso pedimos un plan especial que debería empezar a
pergeñar el Gobierno de cara a la utilización de este servicio, que
todavía no circula de manera adecuada ni a velocidad adecuada. Por
eso se piden los 35.000 bits y poco más para escuelas, para
bibliotecas, para universidades, para hospitales, para servicios de
la Administración. Esto es lo mínimo que se debería planificar -no
decimos hacer de inmediato- y meter en el zurrón de los proyectos de
cara al siglo XXI en el que parece que ya estamos andando.
Pedimos otra cuestión muy simple, solamente como ejemplo de por qué
no se están haciendo las cosas de forma socialmente sensible. Señora
Mato -me parece que no hay ningún ministro del Gobierno oyéndonos- ,
sabe que hace falta un ordenador; aunque haya que pagar la tarifa de
Internet, por lo menos tendría que haber locutorios con ordenadores,
por ejemplo, en las instalaciones de Correos o en otros sitios, para
que la gente, lo mismo que llama por teléfono echando su monedita o
su tarjetita, pudiera utilizar los ordenadores de cara al disfrute de
Internet, ya que, en principio, esto cuesta muy poquito. Pues ni
siquiera esto se ha previsto ni se está haciendo de cara al inmediato
futuro.
Finalmente, la tarifa plana. No figura -me parece que es un olvido-
en el texto, tal como yo lo he leído, de la proposición no de ley que
ha presentado el Partido Socialista. La tarifa plana es muy urgente.
A pesarde que cuesta caro, Internet ha subido muchísimo el
consumo de telefonía, como sabe S.S., casi un 50 por ciento, pero con
un gran sacrificio de los que menos tienen. Hay en torno a 3 millones
de personas utilizando Internet, pero hay gente que lo utiliza muy
poco no porque no tenga necesidad, no porque no quiera prepararse,
sino porque no tiene dinero. Por lo tanto, hay que ir a una tarifa
plana mínima; me parece que es imprescindible y urgente.
Esperemos que se tengan en consideración algunas de estas previsiones
por parte del Partido Popular y algunas de las enmiendas que hemos
presentado por parte del Partido Socialista. En todo caso votaríamos
a favor de esta proposición no de ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor
Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego comparte totalmente la aspiración de
que el acceso a los servicios de información en línea, en general, y
en particular a Internet, se ofrezcan a un precio asequible para
todos los ciudadanos. Creemos, con todo, que el Gobierno debe asumir
la responsabilidad de la determinación de dicho precio asequible
estableciendo los precios máximos para cada uno de los servicios que
integren el servicio universal de telecomunicaciones. ¿Y por qué
decimos esto? Porque la experiencia de la evolución reciente de los
precios de los carburantes nos hace albergar serias dudas sobre la
bondad de los mecanismos de determinación de precios basados en la
autorregulación del mercado, particularmente en aquellos mercados
que, como el de carburantes o el de los servicios de
telecomunicaciones, están constituidos por un número muy limitado de
operadores, entre los cuales, además, existe un operador dominante.
Por esto creemos que el Gobierno debe asumir esa responsabilidad y
garantizar que en todo momento los precios del servicio universal
sean realmente asequibles para todos los ciudadanos. Y en esta
dirección va la primera enmienda de sustitución que presentamos a la
proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista.
En relación con la enmienda número 2, de adición, tenemos que decir
lo siguiente: Conforme con la exposición de motivos de la proposición
no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y con lo establecido en
la Ley General de Telecomunicaciones, nuestra segunda enmienda
pretende garantizar el equilibrio territorial en la oferta de los
servicios que integren en cada momento el servicio universal de
telecomunicaciones. Desde una perspectiva estrictamente económica,
bienes o servicios que presenten niveles de calidad diferentes
constituyen bienes o servicios distintos. Por lo tanto, el acceso
de todos los ciudadanos al servicio universal de
telecomunicaciones debe realizarse con niveles de calidad homogéneos
en todo el territorio estatal. De igual forma, la implantación de
nuevas infraestructuras o tecnologías que permitan mejoras en los
servicios preexistentes o la oferta de nuevos servicios deberá
producirse simultáneamente en todas las comunidades autónomas. Se
debe garantizar el índice de cobertura semejante para todas y evitar
que demoras en el despliegue de dichas tecnologías lastren las
posibilidades de desarrollo de determinados territorios, sobre todo
de aquellos económicamente menos favorecidos. La dispersión
geográfica, el clima o la orografía no podrán ser esgrimidos para
justificar dilaciones en el despliegue territorial de dichas
infraestructuras o tecnologías. A este fin va destinada nuestra
enmienda de adición, que propone añadir: la consecución de niveles de
calidad homogéneos de forma simultánea en todas las comunidades
autónomas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señorías, nuestro grupo
parlamentario comparte las finalidades que el grupo proponente
establece en esta proposición no de ley y todos sus objetivos.
También comparte nuestro grupo parlamentario el sentido de las
diversas enmiendas presentadas por otros grupos parlamentarios de
esta Cámara.
Paso a continuación a defender la enmienda presentada por nuestro
grupo y su finalidad. Es una enmienda que intenta llegar a un punto
de acuerdo, a un punto de consenso, en el debate de esta tarde.
Concretamente, nuestra enmienda ha recogido de forma textual gran
parte del sentir de la proposición no de ley del grupo proponente,
pero ha intentado de alguna forma resumir sus aspectos más
importantes y llegar a un punto de consenso con otros grupos de esta
Cámara. Así, nuestro grupo parlamentario solicita con esta enmienda
que el Gobierno presente un plan detallado ante la Comisión de
Ciencia y Tecnología. Lamentamos que en este momento no esté presente
la ministra de Ciencia y Tecnología, la nueva ministra, porque, si se
aprueba finalmente esta proposición no de ley, es un mandato dirigido
al Gobierno y concretamente al nuevo Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Señorías, la consideración de servicio universal, como decían otros
portavoces, es esencial para llegar a un equilibrio territorial, para
favorecer que las nuevas tecnologías lleguen a todas las partes del
territorio y a todos los ciudadanos. Para facilitar esa implantación
delas nuevas tecnologías es necesario profundizar en esas
obligaciones de servicio universal. Y el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) ha presentado su primera proposición de ley en
esta legislatura -ya fue presentada en anteriores legislaturas pero
decayó- para que se considere Internet como servicio universal. Este
no es el debate de hoy, aunque va implícito; tampoco lo es la tarifa
plana, tema con el que coincidimos pero que no es el objeto de esta
proposición no de ley. El objeto de la proposición no de ley que
ahora debatimos es concretar un plan que recoja aspectos tarifarios.
Sin decir ahora cuál debería ser exactamente la tarifa, porque al
ritmo que estamos avanzando sería muy difícil concretar, sí queremos
que sea a precio asequible.
También haré mención específica -como lo hace el grupo proponente- al
tema del acceso a los usuarios discapacitados o con necesidades
sociales especiales. Debemos encontrar un punto de equilibrio que
permita a todos los usuarios poder utilizar las telecomunicaciones en
condiciones de igualdad. Y pedimos el acceso de todos los ciudadanos
a los servicios de voz y datos a precios de mercado. Todo ello,
señorías, debemos hacerlo de acuerdo con la normativa europea y lo
que ella nos exige en cada momento. Asimismo debemos instar al
Gobierno a que impulse, en el marco de la Unión Europea, aquellas
modificaciones necesarias para implementar esta importante
proposición no de ley, por ejemplo, en aspectos tan esenciales como
la velocidad. Nosotros creemos que esa velocidad debe superar
ampliamente los 2.400 bites actuales. Debemos, por tanto, dar ese
impulso especial a las nuevas tecnologías y crear un régimen especial
de precios para prestar servicios a centros educativos, escolares,
universitarios, bibliotecas, hospitales y demás centros sanitarios.
Creemos que es una prioridad, que deberíamos caminar hacia la
gratuidad en todos estos centros públicos o de interés general, y en
ese sentido va nuestra proposición no de ley.
En definitiva, la enmienda que presentamos a esta proposición no de
ley de alguna forma quiere armonizar lo que debe hacer el Gobierno
con lo que el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa nos pidió, que
fue que hiciéramos posible la eliminación de barreras para el acceso
de las nuevas tecnologías. La mejor forma de eliminar barreras es
extender esta consideración de servicio universal. Nosotros pensamos
que es necesario aprobar hoy en esta Cámara un texto de consenso, un
texto que dé una buena noticia a los ciudadanos de este país en el
sentido de permitir que las nuevas tecnologías lleguen a todos los
lugares, con independencia de si se vive en una gran ciudad o se vive
en un núcleo rural alejado. Por último, en un apartado de la
proposición no de ley del grupo proponente se habla de desarrollar un
decreto que ya fue aprobado por el Gobierno, quizás debido a que fue
redactado con anterioridad. Y una referencia final a que el Gobierno
debe adoptar todas las normas pertinentes para el pleno desarrollo de
las obligaciones del servicio universal en España.
Señorías, nuestra enmienda intenta que se llegue esta tarde a un
consenso sobre la proposición no de ley. Coincidimos con lo que han
manifestado tanto el grupo proponente como los demás grupos
intervinientes y esperamos que al final de esta sesión podamos llegar
entre todos a un acuerdo.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Mato.
La señora MATO ADROVER: Señora presidenta, señorías, en primer lugar,
y con el permiso de la Presidencia, quiero dar la bienvenida a la
señora Pleguezuelos como portavoz de esta materia en el Congreso -y
creo que ya venía siéndolo en el Senado- y desearle el mayor de los
éxitos, ya que estoy segura de que sus éxitos lo serán también para
todos los ciudadanos. También quiero alentarle en su amenaza de
insistir en estas cuestiones; la aliento, pero me parece que no va a
tener oportunidad de repetir, porque, como en la otra legislatura, el
Gobierno y el Grupo Popular seguiremos un paso por delante en estas
materias.
Debatimos hoy, señorías, una proposición no de ley que ha presentado
el Grupo Parlamentario Socialista relativa a una cuestión sobre la
que nadie, absolutamente nadie, y menos que nadie el Gobierno y el
Grupo Popular, puede estar en desacuerdo: el servicio universal de
telecomunicaciones. Digo esto porque fue precisamente este Gobierno,
el Gobierno del Partido Popular, el que, por la prioridad que otorga
a todo lo relacionado con la sociedad de la información, ha venido
demandando planes específicos al objeto de facilitar la accesibilidad
de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías. La Ley General de
Telecomunicaciones, el reglamento que la desarrolla, de julio de
1998, y la orden de 14 de octubre, en la que se regulan las
condiciones de calidad, son una buena prueba de ello. Sin duda,
responden o, mejor dicho, ya han respondido a las inquietudes del
Grupo Socialista en su proposición, que, a través de las enmiendas
que se han presentado, se ve hoy más actualizada.
Señorías, las normas a que me he referido son unas normas relativas
al servicio universal de telecomunicaciones, cuya finalidad es
garantizar la existencia de un conjunto de servicios con una calidad
determinada y que tienen que ser accesibles, con un precio asequible.
Esto se delimita perfectamente en el reglamento de desarrollo de la
Ley General de Telecomunicaciones, ya aprobado por esta Cámara, que
dice que todos estos servicios tienen que ser asequibles, tienen que
ser iguales, con independencia del territorio donde se habite. Por
tanto, señor Alcaraz, no tenga usted pena por los ciudadanos de León
-alguno se ha sentido aludido-, porque ellos también han dejado de
estar en la prehistoria
desde que el Gobierno del Partido Popular está al frente. (Aplausos.-
Rumores) Señorías, el contenido de buena parte de su proposición ya
está reflejado en el decreto que he comentado y en la orden que
regula la calidad de los servicios. Ahora bien -y aprovecho para
decirlo-, si ustedes me preguntan si el Grupo Popular, si el Gobierno
del Partido Popular está satisfecho con el alcance del concepto de
servicio universal de telecomunicaciones que inicialmente se fijó en
la ley, directamente les tengo que decir que no; no estamos
satisfechos con el alcance que se dio al concepto de servicio
universal y, por eso, nosotros, en el debate de la Ley General de
Telecomunicaciones, dijimos que ese concepto tenía que ser dinámico,
que tenía que evolucionar, que tenía que extenderse de acuerdo con
las necesidades de la sociedad. Yla normativa española ya prevé los
procedimientos para esa modificación. Sin embargo, señor Alcaraz,
como S.S. sabe, la revisión y en todo caso la extensión de los
componentes o del contenido del servicio universal no puede
realizarse unilateralmente por el Gobierno de España, sino que tiene
que hacerse en un concepto armonizado entre toda la Unión Europea. No
obstante, y para que no queden dudas, diré que el Gobierno español,
firmemente partidario de ampliar el alcance del servicio universal de
telecomunicaciones para incluir el acceso a Internet, ha venido
formulando durante estos dos últimos años las correspondientes
propuestas ante las instancias comunitarias; la última de ellas fue
aprobada por todos los países en el pasado Consejo de ministros de
Telecomunicaciones, que tuvo lugar en Bruselas el 2 de mayo, donde
España presentó formalmente la propuesta de que las directivas
comunitarias, que se van a revisar ahora en el marco regulatorio,
incluyan dentro del concepto de servicio universal de
telecomunicaciones tres puntos, que básicamente están recogidos en la
proposición que hemos presentado. En primer lugar, la conexión a la
red telefónica pública que permita a los ciudadanos una velocidad
adecuada, mayor de los 2.400, que ustedes también apoyan; en segundo
lugar, la posibilidad de que dicha red de acceso pueda ser mejorada,
pueda ser sustituida conforme la tecnología vaya avanzando y las
infraestructuras vayan mejorando, de manera que cada vez se ofrezca
una mayor calidad, una mayor prestación de servicio y sobre todo un
precio más asequible para los usuarios; y, en tercer lugar, que en
cualquier caso el empleo para el acceso a Internet de la
infraestructura de red debe estar contenida en ese concepto de
servicio universal con un régimen especial -también lo contiene la
enmienda que hemos presentado- de precios para prestar servicios a
centros educativos, a centros escolares, a centros universitarios y a
hospitales. Nadie, en esta Cámara ni fuera de ella, puede pensar o
pretender que el Grupo Popular no quiere que haya acceso a Internet
en las escuelas o en la sanidad, porque eso sí que sería meternos en
un mundo del que ya hemos salido.
En sólo cuatro años hemos salido de una situación en la que había
únicamente una compañía, la Compañía Telefónica, y la gente tenía un
teléfono fijo en su casa, y en tres años los avances tecnológicos y
también los avances legislativos han propiciado que el panorama en
España sea absolutamente diferente. Nadie puede dudar de la voluntad
del Grupo Popular, de la voluntad del Gobierno del Partido Popular en
seguir con estos temas.
Señoría, estos tres puntos están recogidos básicamente en la enmienda
que presentamos y por ello pedimos a su grupo que le acepte, que la
tenga en consideración. El primer apartado, con la enmienda
presentada por su propio grupo, es prácticamente igual al nuestro. En
cuanto al apartado segundo, como digo, algunas de las cuestiones que
ustedes plantean sobrepasan lo que significa el concepto de servicio
universal, que ya está aprobado por el Consejo de ministros de la
Unión Europea y, por tanto, en estos momentos no podría incorporarse.
Y, por último, hacen ustedes referencia a la calidad de los servicios
y a las tarifas, propuesta que ya está recogida en parte en el
reglamento, pero que en todo caso hay que desarrollar; ese sería el
tercer punto de nuestra proposición, el desarrollo del reglamento que
regula los aspectos del servicio universal, la prestación de las
obligaciones del servicio universal que delimiten objetivos y
también, algo que preocupaba mucho al señor Alcaraz, áreas
geográficas prioritarias. En segundo lugar, condiciones de calidad
para la prestación del servicio. En tercer lugar, criterios, cómo no,
para la elaboración y modificación de las guías telefónicas. Y, en
cuarto lugar, criterios para la oferta suficiente de teléfonos
públicos de pago.
Señor Alcaraz, quiero decirle que sin ninguna duda, y así está
contenido en nuestro programa electoral de esta legislatura, tiene
que haber ordenadores de pago en las calles, ordenadores públicos
para conexiones a Internet públicas. Y así está contenido en nuestro
programa electoral, que para nosotros es un compromiso con los
electores, y, como usted sabe, en el anterior programa electoral
dijimos que queríamos competencia en liberalizar el mercado. Ya se ha
hecho. El segundo paso es llevar esa sociedad a todo el mundo y por
eso se van a instalar también cabinas públicas para el uso de
Internet en todas las calles de España. Criterios, como digo, para
ofertas de teléfonos públicos, establecimiento de mecanismos de
accesibilidad al servicio telefónico para discapacitados y también
para colectivos con necesidades especiales. Una de las cuestiones que
se planteó en el reglamento era que había que hacer una especie de
encuesta nacional para ver cómo funcionaba el servicio telefónico,
habiéndose demostrado con dicha encuesta que en la mayoría de los
hogares o en muchos hogares hay personas discapacitadas o personas
mayores que no están suficientemente capacitadas para poder utilizar
el servicio telefónico. En eso hay que hacer unesfuerzo especial para
que el servicio telefónico, el
servicio de Internet llegue a todos los ciudadanos, con independencia
de cuál sea su posición física o geográfica en España.
Todo esto, por cierto, y como conclusión, va a completar lo que es el
desarrollo de la Ley General de Telecomunicaciones, garantizando que
todos los ciudadanos del territorio español puedan acceder a los
servicios en condiciones adecuadas de calidad y precio. Además, es
intención de nuestro grupo y del propio Gobierno que existan precios
promediados y uniformes en todo el territorio nacional, con lo que se
garantizaría lo que usted llamaba, señora Pleguezuelos, la cohesión
territorial de España con los servicios telefónicos y con el servicio
universal de telecomunicaciones. Planes especiales de precios para
jubilados, planes especiales de precios para pensionistas, para
usuarios de bajo consumo, para usuarios invidentes o personas que
tengan dificultades visuales, bastante dificultad visual, y también
para usuarios sordos, que muchas veces nos olvidamos de ellos, o con
graves dificultades auditivas. Esto, señorías, creo que queda
recogido en la enmienda del Grupo Popular; también, en buena medida,
en la del Grupo de Convergència i Unió y en parte en la proposición
no de ley que presenta su grupo, si bien su proposición yo creo que
en estos momentos está un poco desfasada, por los decretos y órdenes
del Gobierno en los últimos meses.
Por tanto, señoría, le pedimos que acepte esta enmienda del Grupo
Popular y, en todo caso, como decía al principio, en nuestro programa
electoral nos hemos comprometido a hacer realidad una sociedad de la
información para todos, nos hemos comprometido a asegurar el acceso
de todos los ciudadanos, sin exclusiones, con objeto de que no haya
ninguna discriminación y que todos puedan participar en el desarrollo
y aprovechar los beneficios de la sociedad de la era de la
información que nos ha llegado.
En el debate de investidura del presidente Aznar se decía
textualmente que la responsabilidad de Gobierno también es trabajar
para que nuestro país participe en las mejores condiciones en la
nueva sociedad de la información, para que España no se quede atrás y
para que nadie en España se quede atrás. A eso se añadía la tarea que
hay que hacer en los próximos años, en los próximos meses, para que
las tecnologías de la información lleguen a todas las
circunscripciones de España, para que las tecnologías de la
información lleguen a todos los ciudadanos de España. Se hablaba de
innovación, se propuso la creación de un nuevo ministerio
especialmente encargado de la sociedad de la información y del
impulso de las telecomunicaciones. Yo creo que mayor compromiso no
puede haber. En todo caso, señorías, en esa misma línea vamos a
seguir en los próximos meses, en los próximos años y cualquier
iniciativa que los distintos grupos parlamentarios presenten o
propongan para avanzar en este camino contará con nuestro apoyo más
decidido. Y, en nuestro afán de acelerar
ese proceso, intentaremos siempre, como en el día de hoy,
buscar fórmulas de consenso, fórmulas de acuerdo, para facilitar el
mejor futuro de España y de los españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Mato. ¿Grupos que deseen
fijar posición y que no hayan presentado enmiendas? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señorías, debo reconocer
que releyendo hace unos días el artículo 37 de la Ley General de
Telecomunicaciones, relativo al concepto y ámbito de aplicación del
servicio universal de telecomunicaciones, me quedé un tanto
sorprendido. No es preciso ser un gran experto en la materia para
darse cuenta de que su contenido está absolutamente desfasado y no
responde en modo alguno a la situación y evolución que está
experimentando la sociedad de la información en las economías
desarrolladas a las puertas del siglo XXI. Que el reto del servicio
universal de telecomunicaciones sea que todos los ciudadanos del
Estado puedan recibir conexión a la red telefónica pública con la
posibilidad de emitir y recibir llamadas nacionales e
internacionales, que los abonados puedan disponer de una guía
telefónica, que exista una oferta suficiente de teléfonos públicos de
pago en todo el denominado territorio nacional y que los usuarios
discapacitados tengan acceso al servicio telefónico público me parece
un objetivo realmente pobre.
En este contexto, el Grupo Vasco considera que la proposición no de
ley presentada por el Grupo Socialista por la que se insta al
Gobierno a que presente un plan en el que se amplíe el alcance y los
objetivos de los servicios universales es acertada y urgente, si bien
entendemos igualmente desde nuestro grupo que es necesario
puntualizar una serie de cuestiones que debieran ser tenidas en
cuenta en el futuro plan que se presente en esta Cámara.
El Grupo Socialista concreta en su propuesta que la velocidad binaria
por segundo de transmisión de voz, fax y datos debiera situarse en
los 36.500 bites, velocidad a todas luces insuficiente si tenemos en
cuenta el vertiginoso ritmo al que está evolucionando la sociedad de
la información. Nos parece también positivo que se amplíe el alcance
del servicio universal, facilitando el acceso de ciudadanos y pymes a
un precio asequible a Internet. La velocidad de los cambios en el
mundo de las comunicaciones o en la denominada sociedad de la
información es tal que lo que hoy parece inalcanzable o utópico
mañana puede ser objeto de consumo en masa. Además, las exigencias de
la competitividadnos obligan a que la productividad aumente
de forma considerable si se desea mantener el nivel sostenido e
importante de crecimiento económico y empleo. Y hoy en día, señorías,
los notables incrementos de productividad están vinculados a las
posibilidades que ofrecen las telecomunicaciones. En definitiva,
cuanto más amplia sea la difusión y el conocimiento, por ejemplo, de
Internet, mayores serán las posibilidades de crecimiento económico
futuro.
Permítanme, señorías, unos cuantos datos que corroboran lo que he
comentado y que reflejan a las claras todo el camino que queda aún
por recorrer. Según la asociación de usuarios de Internet, el
porcentaje de usuarios, en el año 1999, en Suecia, Canadá y Estados
Unidos fue del 44, 43 y 41 por ciento respectivamente, mientras que
dicho porcentaje en España se situó en el 7 por ciento. Bien es
verdad que en China apenas alcanzaba el 1 por ciento, pero ello no
creo, señorías, que deba servirnos de consuelo. Es obvio, por lo
tanto, que hay que facilitar y favorecer el consumo masivo de
Internet a través tanto de campañas de concienciación como desde la
formación, de la fiscalidad, etcétera.
En lo relativo a la estructura tarifaria, la definición de precio
asequible de los servicios universales como todo aquel que sea
inferior a un 125 por ciento del precio medio de las ofertas de los
operadores dominantes nos parece desacertada y poco incentivadora. En
este campo, nuestro grupo defiende la idea de que las tarifas de los
servicios universales de telecomunicaciones, precisamente por el
hecho de ser universales, no pueden ser superiores a los existentes
en otros ámbitos territoriales. Tampoco creemos acertados, por
excesivamente elevados, los porcentajes de penetración de los
servicios de telecomunicaciones que plantea el Grupo Socialista para
incluirlos en la categoría de servicios universales. Atendiendo a los
mismos, sería imposible que el servicio de Internet mereciera tal
calificación durante muchos años, a tenor de las cifras que antes les
he ofrecido.
Lo que sí defenderemos con todas nuestras fuerzas es que el plan
incluya, tal y como reza en la proposición no de ley, la obligación
de proporcionar el acceso sobre la red pública y el suministro de
servicios de acceso a Internet a todos los centros escolares y
sanitarios a un precio igual o inferior al de mercado. En este
sentido, hay que realizar un notable esfuerzo presupuestario, que
habrá ya de contemplarse a partir del próximo ejercicio. El mundo de
las comunicaciones es una auténtica revolución que va a suponer un
profundo cambio cultural. Por tanto, va a requerir recursos ingentes
destinados a la concienciación, impulso, formación, etcétera, de
manera que nos familiaricemos cuanto antes con esta nueva sociedad
del siglo XXI. Sé que los más adultos tendremos que afrontar un duro
handicap. Los jóvenes en las escuelas son los que más fácilmente se
adaptarán a los nuevos instrumentos y sistemas. Reducir la ratio
actual de alumnos por ordenador, favorecer la conexión a Internet en
todas las aulas y abrir
cuentas de correo electrónico para alumnos y profesores son algunos
de los caminos en los que hay que profundizar. Insisto en que en este
campo tendrán todo el apoyo de nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por último, tiene la palabra la señora Pleguezuelos, a los efectos de
expresar la aceptación o denegación de las enmiendas presentadas.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Con relación a la enmienda del Grupo Catalán, quisiera ofrecerle una
transaccional, puesto que, como bien decía la persona que intervenía,
se recoge básicamente el contenido de la proposición no de ley del
Grupo Socialista y alguno de los párrafos se puede decir que tienen
cierta literalidad. Sí entendemos que aquella parte relativa a
condicionarlo todo a la normativa europea en su conjunto quedaría
mejor redactada si lo hacemos especificando en cada supuesto.
Por tanto, la transaccional sería como sigue. El segundo párrafo, que
comienza con: El mencionado plan deberá contemplar..., finalizaría: A
tal efecto será necesaria, de acuerdo con lo que en cada supuesto
establezca la normativa europea... Y, consecuentemente, suprimir el
siguiente párrafo, que dice: La modificación de la normativa europea
para incluir el concepto de servicio universal de telecomunicaciones...
Entiendo, señoría, que no condiciona todo el servicio universal, sino
cada uno de los ámbitos y por tanto mejoraría el texto.
Las restantes enmiendas podríamos decir que están incluidas, tanto la
del Grupo de Izquierda Unida -y, aunque entendemos que el debate en
este momento no es el de la tarifa plana, compartimos su
planteamiento- como la del Bloque Nacionalista Galego. A la señora
Mato quería decirle que algunos de los aspectos a los que ha aludido
quedan recogidos en la enmienda transaccional que se propone al Grupo
de Convergència i Unió y que otros no puedo aceptárselos, porque su
contenido en esta materia no va un paso por delante sino varios por
detrás.
Gracias. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos. ¿Señor
Jané, a qué efectos solicita la palabra?
El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, pido la palabra para
manifestar si mi grupo acepta la transacción que se propone a nuestra
enmienda.
La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Sólo quiero decir que nuestro grupo se
congratula de la aceptación de nuestra enmienda. Y, dado que ello
favorecerá el consenso final y la aprobación de la proposición no de
ley, nuestro grupo acepta en sus propios términos la transacción que
ha ofrecido el Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, sobre servicio universal de
telecomunicaciones en los términos derivados del debate y con la
incorporación de la enmienda transaccional que ha sido propuesta por
la portavoz de dicho grupo, señora Pleguezuelos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
315; a favor, 315.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición
no de ley de referencia.
Antes de iniciar el debate de la siguiente proposición no de ley,
esta Presidencia debe indicarles que el punto II del orden del día:
Elección de los diputados a los que se refiere el punto tercero de la
resolución de la Presidencia del Congreso sobre secretos oficiales,
de 2 de junio de 1992, no se someterá a votación antes de las 19
horas o en el momento procesal que corresponda si fuera posterior a
dicha hora.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL DERECHO DE
ASOCIACIÓN Y SU DESARROLLO NORMATIVO. (Número de expediente 162/
000031.)
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso, sobre el derecho de asociación y su
desarrollo normativo.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Bermúdez de
Castro. (Rumores.)
Señorías, una vez más, ruego a los diputados y diputadas que vayan a
abandonar el hemiciclo que lo hagan en silencio y de la forma más
rápida posible, al objeto de no obstruir el debate.
Adelante, señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, intervengo para defender la toma en consideración de la
proposición no de ley presentada por mi grupo en esta Cámara, que
tiene por objeto instar al Gobierno a impulsar la elaboración de una
ley orgánica que desarrolle el derecho de asociación. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Como SS.SS. saben, a esta iniciativa hemos incorporado una enmienda
de carácter técnico sustituyendo la expresión regulación del
ejercicio por desarrollo del derecho de asociación, pues es esa la
terminología recogida en el artículo 81 de nuestra Constitución. Dado
que se trata de un derecho fundamental, acogernos a la propia
liturgia constitucional nos hace ser mucho más objetivos y precisos,
evitando además confusiones de orden doctrinal o competencial.
Señorías, el desarrollo del derecho de asociación, contemplado en el
artículo 22 de nuestra Constitución, era uno de los compromisos
recogidos en el programa electoral con que concurrimos a las pasadas
elecciones generales; compromiso que también fue enunciado por el
presidente del Gobierno en el discurso de investidura.
Fundamentalmente, esta iniciativa se justifica por el hecho de que,
después de más de veinte años de vida de nuestro texto
constitucional, continúa sorprendentemente vigente una norma
preconstitucional, la Ley de Asociaciones de 1964, en parte no
derogada por la Constitución, pero inspirada en unos principios
políticos incompatibles con ella. De ahí la necesidad de desarrollar
este derecho fundamental, que además forma parte esencial de la
historia del constitucionalismo español.
El reconocimiento constitucional del derecho de asociación fue una de
las conquistas democráticas que llegó a España a mediados del siglo
XIX, incorporándose por primera vez en la Constitución monárquica de
1869, que reconoció a los españoles el derecho de asociarse para
todos los fines de la vida humana que no fueran contrarios a la moral
pública; derecho que se reproduce, junto con el de reunión, en la
Constitución republicana de 1873. También la Constitución de 1876
amparaba ambos derechos y, posteriormente, ya en el siglo XX, la
Constitución de la II República, en el año 1931, asimiló los derechos
de asociación y sindicación, reconociendo implícitamente la gran
vinculación, la gran influencia, que para el reconocimiento de los
mismos habían tenido durante décadas los movimientos obreros.
Así, con un compendio de normativa preconstitucional que con esta
iniciativa queremos superar, llegamos a nuestra Carta Magna que ubica
el derecho de asociación dentro de su título I, en la sección 1ª de
su capítulo segundo, esto es, dentro de los derechos fundamentales.
Como tal, el derecho de asociación goza de las máximas garantías y de
la máxima protección, al tratarse de uno de los pilares básicos que
conforman nuestro sistema democrático. Recalco pilar básico, pilar
esencial del sistema democrático porque el derecho de asociación es
un derecho de libertad, que tiene una íntima vinculación con la
dignidad de la persona, sobre la que se asienta todo el edificio
constitucional; es un derecho que contribuye a crear una sociedad
civil fuerte; es un derecho que contribuye a reforzar la posición de
los ciudadanos frente al Estado, ayudándoles a proyectar
socialmente sus ideas, sus inquietudes, sus iniciativas; es un
derecho que contribuye, además, a fortalecer la participación, la
solidaridad y la cooperación entre los ciudadanos desde la propia
base social, sin perjuicio -cómo no- de la acción de los poderes
públicos. Y es también una expresión, quizá una de las más ricas, de
la sociabilidad humana, cumpliendo una función clave al servicio de
la libertad personal al dar cauce a uno de los elementos o valores
claves de nuestro sistema: el pluralismo político, social o cultural.
Estas y otras muchas reflexiones que podrían hacerse desde esta
tribuna sobre la naturaleza o el carácter del derecho de asociación,
como, por ejemplo, su carácter instrumental para el ejercicio de
otros derechos o su papel de mediación entre los ciudadanos y los
poderes públicos, no harían sino reforzar la idea de que estamos ante
un derecho cuya proyección tiene una importancia jurídica, política y
social extraordinaria. Y es que, señorías, el asociacionismo en
España es un fenómeno muy extendido y fuertemente arraigado en
nuestra sociedad. Prueba de ello es que actualmente hay más de
216.000 asociaciones inscritas en los diferentes registros,
inscribiéndose anualmente una media de 14.000 nuevas asociaciones.
Asociaciones de formas, tipos, caracteres y fines muy variados,
proliferando en los últimos años las de carácter social, que están
proporcionando un útil soporte para articular los programas de
solidaridad y cooperación con el Tercer Mundo y para trabajar para
erradicar la intolerancia, el racismo o la xenofobia. Detrás de cada
asociación hay un impresionante potencial de acción, como se
manifiesta en la diversidad de los servicios ofrecidos por estas
entidades que contribuyen a aumentar la capacidad de elección de los
ciudadanos.
Pues bien, una ley orgánica que desarrolle el derecho de asociación
supondría un reconocimiento explícito por estas Cortes Generales de
lo que ya es un importante fenómeno, con gran trascendencia social.
Pero es que, además, el examen de la legislación vigente no hace sino
corroborarnos en la necesidad de una ley orgánica que desarrolle el
artículo 22 de nuestra Constitución. Así, de un lado, junto a la
vigente y mermada Ley de Asociaciones de 1964, que constituye el
régimen general aplicable y de la que cuelgan una serie de normas
reglamentarias preconstitucionales, nos encontramos con determinadas
modalidades de asociaciones, expresamente contempladas en nuestra
Constitución, que cuentan con un régimen específico, como es el caso
de los partidos políticos, de los sindicatos o de las asociaciones
empresariales o deportivas; y, de otro, el hecho de que la materia
del asociacionismo no aparezca incluida en la Constitución, dentro
del listado de competencias exclusivas reservadas al Estado, ha
permitido la aplicación del mecanismo contemplado en su artículo
149.3, a través del cual las materias no atribuidas expresamente al
Estado podrán corresponder a las comunidades autónomas en virtud de
sus respectivos
estatutos de autonomía. Ello ha permitido a varias comunidades
autónomas incorporar en sus estatutos la materia de asociaciones,
especificando que su competencia corresponde a aquéllas de carácter
docente, cultural, artístico, benéfico-asistencial y similares en
tanto desarrollen principalmente sus funciones en el territorio
autonómico. De ahí la necesidad de desarrollar una norma que
establezca las condiciones básicas de este derecho fundamental, el
marco legal mínimo que todas las asociaciones deben respetar, y que
permita articular la legislación general con la específica y
delimitar, clarificar, las fronteras entre la legislación estatal y
la autonómica, evitando así en el futuro conflictos en la
interpretación de los límites competenciales.
Señorías, la ausencia de desarrollo del artículo 22 de nuestra
Constitución ha llevado al Tribunal Constitucional a dictar una
copiosa jurisprudencia con relación a este tema, siendo especialmente
clarificadora la recogida en la célebre, y no exenta de polémica,
sentencia de 23 de julio de 1998, en la que el Alto Tribunal
recuerda, en su fundamento jurídico octavo, que el contenido
fundamental del derecho de asociación se manifiesta en una triple
dimensión: la libertad de creación de asociaciones y de adscripción a
las ya creadas, la libertad de no asociarse y dejar de pertenecer a
las mismas, y la libertad de organización y funcionamiento interno,
sin injerencias públicas. A esta triple dimensión dicho Tribunal
añade una cuarta: la garantía de un haz de facultades a los asociados
frente a las asociaciones a las que pertenecen. Pues bien, partiendo
de estos criterios, el propio Tribunal Constitucional precisa
después, en la referida sentencia, los elementos y aspectos
esenciales del derecho de asociación que tienen reserva de ley
orgánica y que deberán servir de guía para dotar de contenido al
proyecto de ley orgánica que pueda elaborarse a resultas de la
aprobación de esta iniciativa. Un proyecto de ley que, partiendo de
un riguroso estudio, sea fruto del diálogo lo más amplio posible, en
cuya elaboración se cuente con las opiniones de las comunidades
autónomas y de instituciones públicas y privadas, y que incorpore
también la doctrina del propio Tribunal Constitucional. Un proyecto
de ley que tenga en cuenta la realidad social que tendrá que amparar,
pues no se trata aquí de poner puertas al campo, sino precisamente de
favorecer y garantizar el libre desenvolvimiento de este derecho
fundamental. Un proyecto de ley que nos permita superar una obsoleta
y mermada normativa preconstitucional y que sirva de actualización
legislativa, lo cual es siempre garantía de seguridad. Un proyecto de
ley, en definitiva, cuyo contenido, al tratarse de un derecho
fundamental, nos permita alcanzar, desde el diálogo, el más amplio
acuerdo parlamentario, pues fue ese y no otro el espíritu que
impregnó el pacto constitucional.
Y precisamente recordando el espíritu que impregnó el pacto
constitucional, para que esa declaración no seasólo una declaración
de intenciones y para que esa
voluntad de acuerdo tenga también su reflejo en el petitum de esta
proposición no de ley, a la vista de las enmiendas presentadas y en
un esfuerzo de aproximación del Grupo Parlamentario Popular, es por
lo que propongo el siguiente texto transaccional que paso a leer a
continuación: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a
remitir a las Cortes Generales un proyecto de ley orgánica que
desarrolle el derecho de asociación teniendo en cuenta las
competencias que en este ámbito corresponden a las comunidades
autónomas de acuerdo con sus respectivos estatutos.
Creo que esta transacción recoge en gran parte las aspiraciones de
los grupos enmendantes, esperando con ello lograr el mayor respaldo
parlamentario a esta iniciativa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bermúdez de
Castro.
Hay enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto,
Catalán, Popular y Coalición Canaria.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré de forma muy breve. Nuestra enmienda pretende sólo
incorporar dos conceptos, uno de los cuales ya ha sido admitido.
Queríamos dejar claro que este desarrollo debería hacerse de acuerdo
con las comunidades autonómicas. El portavoz del Grupo Popular ya ha
incorporado ese concepto, con lo cual estamos de acuerdo. Ahora bien,
solicitamos al portavoz del Grupo Popular que añada que este
desarrollo se hará buscando el diálogo con el mundo asociativo.
Repito que nuestra enmienda contenía dos aspectos: el mundo
asociativo y el respeto de las competencias autonómicas, aspecto que
ya ha sido recogido. Nos sentimos complacidos, pero estaría bien que
el Congreso reconociera que debe hacerse de esta manera.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán, tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, señoras y señores
diputados, nuestro grupo parlamentario esta conforme con la propuesta
del Grupo Parlamentario Popular y se adhiere a las razones que la
motivan. Como ha expuesto su portavoz y se describe en la exposición
de motivos, la Constitución reconoce el derecho de asociación, lo
califica de derecho fundamental y precisamente lo inscribe en el capítulo
relativo a derechos y libertades. Por otra parte, la
Constitución de 1978 distingue entre asociaciones y da un carácter
relevante -específico, diría yo- a algunas de ellas, tales como los
partidos políticos, los sindicatos, los empresarios, los
consumidores, los usuarios, las organizaciones profesionales, las
confesiones religiosas, etcétera. Es la propia Constitución, por una
vía u otra porque hay varias, y muy especialmente a través del
artículo 22, la que ha otorgado carácter inconstitucional a la mayor
parte de la Ley del 24 de diciembre de 1964. Digamos, en términos
coloquiales gastronómicos, que la ha convertido en una especie de ley
gruyer, con lo que se hace necesario abordar el tratamiento legal de
un derecho fundamental.
La necesidad viene dada, además, por la proliferación en nuestra
sociedad, que entendemos absolutamente beneficiosa, de numerosas
asociaciones que no son otra cosa que una expresión de vitalidad de
la condición humana, muy atada a la libertad de hacer y de actuar.
Sin ir más lejos, nuestro grupo parlamentario en el primer semestre
del pasado año, si mi memoria no falla, presentó una interpelación y
consecuente moción sobre el tercer sector, donde expresamente
invitábamos al Gobierno del Estado a enviar a esta Cámara un proyecto
de ley que desarrollase este derecho fundamental. Inscribíamos al
tercer sector en un ámbito en el que se agrupa mucha gente, miles de
ciudadanos altruistas, es decir, una ciudad civil comprometida con
nuestra realidad.
Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda, como ya ha
sido citado por el portavoz del Grupo Popular y por la Presidencia de
la Cámara, que viene a acotar el encargo que se hace al Gobierno en
los términos resultantes de combinar Constitución y estatutos de
autonomía y a abordar, en el marco que veníamos denominando y
deberíamos continuar haciéndolo para recuperarlo, el bloque de
constitucionalidad. Un derecho cuyo desarrollo requiere el carácter
de orgánico, pero tampoco se debe obviar que algunos estatutos de
autonomía otorgan competencia exclusiva a sus órganos de autogobierno
en materia de asociaciones docentes, culturales, artísticas,
benéficoasistenciales, etcétera, sin olvidar colegios profesionales
y fundaciones.
El Grupo Popular nos propone hoy llenar esta laguna legal -nosotros
lo hicimos hace un año aproximadamente-, en lo que se refiere al
artículo 22 de la Constitución, con algo que los Parlamentos de
Cataluña y de Euskadi aprobaron hace ya algunos años, con respectivas
leyes reguladoras de las asociaciones sobre las que tienen
competencia exclusiva para dar respuesta a una demanda jurídica en la
tradición asociativa de ambos países, que se contempla históricamente
en clave de construcción del entramado social y como factor de
progreso, e incluso en épocas recientes como factor de resistencia en
tiempos no democráticos para la perdurabilidad del perfil nacional de
ambos pueblos,de Cataluña y de Euskadi.
Señor presidente, señoras y señores diputados, la elaboración de una
ley de este tenor y su posterior tramitación parlamentaria va a
llenar -reitero- una laguna existente en el desarrollo de la
Constitución de 1978. Lo va a hacer con veintidós, casi veintitrés
años de retraso, pero también será banco de pruebas para administrar
ponderadamente una parte importante del bloque de constitucionalidad,
es decir, aquello que es sustantivo para todos y debe ser
necesariamente distinto para algunos en función de sus estatutos de
autonomía. Vamos a comprobar, señoras y señores diputados del Grupo
Popular, si lo de una España plural que ustedes dicen es un concepto
realmente interiorizado o simplemente una terminología
circunstancial.
Quiero anunciar ya -y así ahorro tiempo- que vamos a aceptar la
enmienda transaccional que nos propone el Grupo Popular.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López de Lerma.
Para defender la enmienda del Grupo de Coalición Canaria, tiene la
palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Señor presidente, señorías, Coalición
Canaria se congratula de la oportunidad con que el Grupo
Parlamentario Popular ha traído esta iniciativa, porque desde la
aprobación de la Constitución española de 1978, a este derecho de
asociación reconocido en el artículo 22 le faltaba su desarrollo.
Diríamos que es una asignatura pendiente que el sistema parlamentario
democrático y pluralista español tenía hasta este momento. Esperemos
que lo tenga pronto en cuanto el Gobierno remita este proyecto de ley
que se pide en la enmienda transaccional pactada con todos los grupos
y podamos debatir en la Cámara sosegada y democráticamente el
desarrollo del derecho de asociación.
Digo asignatura pendiente porque no solamente lo ha sido en esta
democracia. Desde la primera ley, la vieja Ley de Asociaciones del
siglo pasado, de 1878, de Cánovas, de la época de la Restauración -el
portavoz del Grupo Popular ha empleado la frase feliz de que el
derecho de asociación es un derecho de libertad, indudablemente, es
un derecho fundamental-, como decía, la Ley Cánovas, en la
Restauración, lo tuvo que introducir en 1878 como un derecho que se
había ganado el pueblo español. En segundo lugar, la Ley de 1964 es
una pieza que viene respondiendo a aquellas exigencias del régimen
anterior, hoy insuficientemente acompasable al desarrollo
constitucional, de aquí que la enmienda que había presentado
Coalición Canaria introducía una cuestión puramente normativa:
pedirle al Gobierno no una ley, porque es competencia de esta Cámara,
sino un proyecto de ley orgánica. El carácter de orgánica viene
motivado porque, como derecho fundamental, está en el título I de la
Constitución, de ahí
que el artículo 22 lo recoja claramente como derecho fundamental, y
por tanto, en normativa exigible de ley orgánica. Si la aplicación
del derecho de asociación no ha sido afortunadamente estridente en
cuanto a las demandas de asociacionismo en España, bien en aquellas
comunidades autónomas que lo tienen reconocido en sus estatutos, como
la catalana o la de Euskadi, bien en las restantes comunidades como
la canaria, si no ha rechinado el uso de ese derecho ha sido porque
los poderes centrales como el registro de asociaciones del Ministerio
del Interior o las comunidades autónomas referidas han tenido la
sensatez y la prudencia de abrir generosamente una puerta a la
demanda de las instituciones o entidades civiles que han pedido
acogerse al derecho de asociación. De aquí que el registro de
asociaciones del Ministerio del Interior pocas cuestiones ha traído
que hayan sido motivo de contenciosos administrativos. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
No hay que olvidar que la fecha de la vigente Ley de Asociaciones,
modificada en los aspectos constitucionales por las leyes posteriores
a 1978, venía con una exigencia paralela, porque una ley de
asociaciones como derecho civil tiene que ir regulada en paralelo a
una ley de lo contencioso-administrativo. De ahí que no sea ajeno el
fenómeno de 1964, de la Ley de Asociaciones, a la Ley de lo
contencioso-administrativo, también de la década de los sesenta. Son
dos piezas fundamentales para garantizar el derecho civil y para que
si un registro deniega la inscripción de una asociación tenga que
motivar el razonamiento administrativo y civil.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha anunciado una enmienda
transaccional con la que coincidimos, así como con la aportación que
por el Grupo Mixto ha hecho el señor Saura como reivindicación de las
competencias lógicas del Grupo Catalán, competencias recogidas en el
estatuto de la Generalitat de Cataluña. El Grupo de Coalición Canaria
se ve reflejado en esta enmienda transaccional, por lo que va a
prestar toda su colaboración para votar consensuadamente esta
enmienda que traerá normalidad al desarrollo del derecho
constitucional de asociación, porque ya va siendo hora de que
nuestras leyes reflejen actualizadas el momento histórico-democrático
que vive España.
Muchas gracias, señor presidente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupos que sin haber presentado enmiendas desean fijar posición.
(Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Vasco para anunciar, como no podía ser
de otra manera, nuestro voto favorable a esta iniciativa del Grupo
Popular que, aunque pueda parecer chocante, propone a la Cámara
instar al Gobierno a que elabore una ley que el Partido Popular
incluyó expresamente en el programa con el que concurrió a las
elecciones generales del pasado marzo, además de que el propio
candidato a la Presidencia se comprometió explícitamente a promoverla
en el debate de investidura. En estricta lógica y a la luz de este
doble compromiso -el del programa electoral primero y el del
candidato después-, parece que el siguiente paso tenía que haber sido
la inmediata presentación del proyecto por parte del Gobierno ante
esta Cámara, pero el grupo mayoritario ha preferido dilatar este
momento y plantear una proposición no de ley a la que, insisto, como
no podía ser de otra manera, prestamos nuestro apoyo, aunque lo
hacemos en la confianza de que no significará un nuevo aplazamiento
en la regulación de un derecho fundamental cuyo ingente retraso sólo
resulta equiparable al que desgraciadamente acumula el desarrollo del
Estatuto de Gernika.
La jurisprudencia constitucional se ha hecho eco en más de una
ocasión de esta secular demora que acusa el desarrollo del derecho
fundamental de asociación haciendo notar -lo ha hecho todavía muy
recientemente en sendas sentencias de los años 1998 y 1999- que desde
la promulgación de la Carta Magna no se ha dictado ninguna norma
genérica en desarrollo directo del artículo 22 de la Constitución. El
alto Tribunal ha querido ver en esta pasividad legiferante del Estado
-así la llama expresamente- una opción del legislador que ha
permitido la supervivencia parcial de la Ley de Asociaciones de 24 de
diciembre de 1964, pero el propio Tribunal no ha podido menos que
enjuiciar esta realidad con tonos críticos al evidenciar que esta
Ley, la de 1964, se inspira en unos principios distintos y aun
opuestos en ocasiones a los valores constitucionales y que por ello
no puede cumplir la función de desarrollar el derecho de asociación
como género estableciendo, como debiera hacerlo, una regulación que
haya de ser respetada por las leyes especiales que directa o
indirectamente incidan en el ámbito de este derecho.
El derecho de asociación, como ha reiterado el Tribunal
Constitucional, constituye una de las libertades públicas capitales
de la persona y es un componente esencial de las democracias
pluralistas. Su funcionalidad social, sin embargo, no se circunscribe
a lograr una mayor participación de la sociedad en el logro de los
fines de interés general; además de ello, que también, en un Estado
social y democrático de derecho la libertad de asociación ha de
constituir asimismo un instrumento eficaz a favor de la justicia
social, un instrumento que contribuya a favorecer la posición de los
más débiles y a posibilitar la promoción social de los más
desfavorecidos, que sólo uniéndose y actuando conjuntamente,
sólo, en definitiva, asociándose pueden hacer valer sus
derechos e intereses legítimos.
La dificultad técnica que eventualmente pudiera encerrar el
desarrollo de este derecho fundamental ya no puede constituir un
pretexto atendible que justifique por más tiempo su retraso. La
abundante jurisprudencia constitucional dictada durante los últimos
años en relación con el alcance y contenido de este derecho
fundamental ha reducido el quehacer del legislador orgánico a una
tarea de casi mera sistematización de los ya sólidos y bastante
completos postulados que el alto Tribunal viene manteniendo en las
numerosas sentencias que se refieren a este derecho.
No quisiera concluir mi intervención sin recordar algo que creo que
reviste una importancia fundamental a la hora de ejercitar las
facultades normativas en un Estado compuesto. Las asociaciones -ya lo
han puesto de manifiesto los anteriores portavoces- no constituyen
una materia sustraída al reparto competencial de poder diseñado por
el bloque de la constitucionalidad, y, en consecuencia, la acción
normativa del Estado no es ilimitada en esta materia; antes al
contrario, ha de respetar y circunscribirse al estricto ámbito de las
competencias de su titularidad sin invadir espacios reservados al
acervo funcional de los entes autonómicos. En ese sentido valoramos
positivamente las enmiendas presentadas tanto por Convergència i Unió
como por el Grupo Mixto, a través de Iniciativa per Catalunya, y
lógicamente nos adherimos al texto final resultante.
Como ha postulado el Tribunal Constitucional en su sentencia todavía
reciente y polémica, como ha puesto de manifiesto el portavoz del
Grupo Popular, del año 1998, en las comunidades autónomas como la
vasca, que tienen atribuida competencia exclusiva sobre determinado
tipo de asociaciones, las facultades autonómicas no se limitan a la
regulación y el ejercicio de las potestades administrativas sobre
tales asociaciones, sino que incluyen también el establecimiento del
régimen jurídico de las mismas, tanto en su vertiente externa, es
decir, la relativa a su participación en el tráfico jurídico, como en
su vertiente interna. Por tanto, el proyecto que el Gobierno presente
ante esta Cámara habrá de respetar esta competencia autonómica y
limitarse a regular el desarrollo directo de los elementos esenciales
del derecho fundamental de asociación. En definitiva, la regulación
del derecho fundamental de asociación, que corresponde abordar a las
Cortes Generales mediante ley orgánica, de ninguna manera puede
convertirse en un pretexto para ordenar o para intervenir en la
totalidad del hecho asociativo sobre el que inciden importantes
competencias autonómicas que no se pueden desconocer.
Nada más por nuestra parte y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorErkoreka.
Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene
la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señores diputados
del Partido Popular, señor Bermúdez de Castro, sin acritud, me va a
permitir hacer referencia a una anécdota de la campiña de Córdoba,
allá por los años cincuenta. En una mañana de enero, en medio de la
recogida de la aceituna, paseaba el señorito, uno de aquellos que
hizo dinero con el estraperlo del aceite, y se encuentra a un
vareador que está comiendo con ansia un pedazo de pan con un tocino
entreverado, y le dice: ¡quién pudiera! Entonces le responde el
jornalero: hombre, don José, que quiere usted tenerlo todo, el hambre
y el dinero.
Señorías, con la iniciativa que ha traído aquí el Grupo Popular, en
todo su derecho reglamentario y político -Dios me guarde de
negárselo-, lo que pretenden o parecen pretender es tenerlo todo: el
Gobierno y los mecanismos de impulso político al Gobierno. Y le decía
antes que Dios me guarde de negarle el derecho, que además está
reconocido en los artículos 193 y 195 del Reglamento, y Dios me
guarde de decirles lo que ustedes deben hacer o no en su estrategia
parlamentaria. Me podría decir: dedíquese usted a lo suyo, que va muy
mal. Ya me lo doy por dicho.
Mecanismos como esos díganselos al Gobierno de un escaño a otro o en
los pasillos, cuando se reúnen en un comité en un momento
determinado, díganselos, porque si no, si se utilizan esos mecanismos
de forma tan simple, al final convertimos esta Cámara en un notario
de lujo, de lujo pero un notario al fin y al cabo en un momento
determinado. Ese mecanismo es comprensible y es razonable cuando no
existen mayorías absolutas de Gobierno sino que son minorías
mayoritarias y por mor de matemáticas parlamentarias necesitan en un
momento o en otro recibir el respaldo de la Cámara en un impulso de
este tipo; cuando hay mayoría absoluta, cuando menos, pierden
argumentos.
En todo caso, señor diputado, señor portavoz en este tema, ha
utilizado usted una técnica de Juan Palomo: yo me lo guiso y yo me lo
como. Hace usted el texto, se autoenmienda y se transacciona. Por lo
menos, aunque fuera por cortesía parlamentaria -es verdad que las
enmiendas son tales en cuanto que entran en el registro y son
calificadas por la Mesa-, debiera haber esperado a que los grupos
hubieran hecho su enmienda, y no que usted mismo ya se ha planteado
la transaccional. Hubiera sido un poco más rica si además le hubiera
metido una temporalidad, porque, ¿para cuándo? ¿para este período de
sesiones, un año, dos años, ad calendas graecas?
Evidentemente, esta fuerza política va a votar que sí. No es que lo
necesiten, pero creemos que es necesaria -aunque tarde, pero es culpa
de todos- una especie de ley que intente englobar o dar un hilo
conductor a una serie de desarrollos. No obstante, como grupo
parlamentario,
queremos mostrar al mismo tiempo nuestra preocupación. Es
verdad que vamos a apoyar también la transaccional, aunque nos raspe
la tramitación, para que pueda ser votada -al fin y al cabo no es mal
año por mucho trigo-, pero debieran haber tenido en cuenta algunos
aspectos. Que mi grupo, con los asesores o mecanismos que tengamos,
en un momento determinado tengamos un despiste de esos, pase, pero no
que a un grupo que soporta al Gobierno se le olvide decir que hay
unas competencias y unas transferencias a las comunidades autónomas:
por ejemplo, Euskadi tiene la Ley 3/1988, de 12 de febrero, sobre
Asociaciones, y Andalucía ya ha desarrollado muchos de los temas de
los que aquí se habla en la exposición de motivos.
Por otra parte, usted sabe -sin duda mucho mejor que yo- que esta
Cámara ha legislado sobre distintos temas en relación con la
asociación, sobre partidos, sindicatos, asociaciones de vecinos, de
padres de alumnos, funcionarios, religiosos, etcétera. Me imagino que
la demanda de ese proyecto de ley al Gobierno lo que plantea es que
haya un terreno común. Lo que pasa es que los terrenos comunes pueden
ser para bien o para mal. Que todavía haya una ley de 1964 exigiendo
los principios fundamentales del Movimiento es para irse a llorar a
un muro de lamentaciones. Lo que le planteaba es si va a haber
recortes o no desde el Gobierno, porque hubiera sido conveniente que
hubieran recogido una serie de elementos en la proposición no de ley.
Vuelvo a insistirle que yo no soy quién para negarle su derecho,
reconocido reglamentariamente, y más con ustedes, que, por mor de la
voluntad popular, tienen una mayoría más que absoluta. Debiera ser
una ley con estas características. Me podría decir que podríamos
haber utilizado el turno de enmiendas. No, porque entonces sería
tanto como reconocerle algo que le niego, es decir, que no lo
considero políticamente correcto en un momento determinado. Hubiera
sido interesante, no obstante, que ustedes hubieran aportado una
serie de elementos, un proyecto de ley que tuviera estas
características. Uno tiene ya el miedo, llegados estos momentos, y lo
expresaban este verano desde sitios y portavocías distintas, personas
tan diferentes como Mayor Zaragoza o el escritor Amín Maalouf, de que
entramos en un siglo donde sin duda va a haber la percepción de
mayores libertades individuales, pero donde va a haber menos
democracia. En un tema tan fundamental como las asociaciones hay que
ser tremendamente generoso y, por lo tanto, tenemos un ligero miedo
de que en un momento determinado, y desde luego es una preocupación
de mi grupo, por la vía indirecta, este futuro proyecto de ley, luego
ley sin duda de asociaciones, sea utilizada desde determinados
sectores de su partido o de su Gobierno para cobrar o arreglar
algunas deudas políticas pendientes. En todo caso, lo que sí
esperamos es que no volvamos a ver en ese proyecto de ley ni en la
ley definitiva nada que recuerde alartículo 1.3, ese que dice que no
se permitirán aquellas
asociaciones que atenten contra la moral, el orden público y
cualesquiera otras que impliquen un peligro para la unidad política y
social de España.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Del
Campo.
La señora DEL CAMPO CASASÚS: Gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que desde
luego comparte la curiosa sensación experimentada por algún otro
grupo ante el momento de presentación y el contenido inicial de esta
proposición no de ley. La verdad es que hoy, 16 de mayo de 2000,
cuando el Partido Popular ha tenido cuatro años de Gobierno para
desarrollar el derecho de asociación; cuando hay distintos textos de
propuesta de regulación y alguno incluso que lleva tres años rodando
por los cajones del Ministerio del Interior, con el que se hubiera
tenido una oportunidad de oro para practicar esa voluntad de diálogo
con el partido mayoritario de la oposición; cuando en la última
legislatura se ha dado largas en la Comisión Constitucional a la
creación de una subcomisión que hubiera podido sentar las bases para
el desarrollo del derecho de asociación y, sobre todo, cuando la
medida viene contemplada en el programa electoral del Partido Popular
y en el propio discurso de investidura del presidente del Gobierno,
la presentación por el grupo que apoya a ese Gobierno de una
proposición no de ley para que se impulse la elaboración de un
proyecto de ley nos ha dado la sensación de que quizás, en un momento
de tentación -hemos llegado a pensarlo así-, pudiera haber una cierta
falta de fe por parte del Grupo Popular en las promesas electorales
de su propio Gobierno o en el discurso de investidura de su
presidente; o quizás, más razonablemente, hemos llegado a pensar que
se podía tratar de un acto de propaganda gratuita, simplemente de un
brindis al sol por el que el Grupo Parlamentario Popular pretendía
presentarse ante el mundo del asociacionismo como el único impulsor
del desarrollo del derecho de asociación.
En fin, no es este el momento de juzgar intenciones, sino de juzgar
realidades, y sean cuales sean las intenciones de la presentación, la
verdad es que el mundo del asociacionismo y los ciudadanos en general
conocen que el Partido Socialista también es partidario de
desarrollar el artículo 22 de la Constitución; que la simple
aplicación directa de la Constitución y de los restos de la vieja Ley
de 1964 no son suficientes hoy, después de 21 años de vigencia
constitucional, para dar respuesta a los complejos problemas de ese
todavía más complejo mundo que es el mundo de las asociaciones; que
hace falta un desarrollo legal. Por ello, votaremos que sí a esta
proposición no de ley; votaremos que sí sobre todo a la fórmula
transaccional que se ha propuesto a base de las enmiendas de
distintos grupos, que nos parece más razonable, pero con una
advertencia muy real, señorías. Este sí al envío a la Cámara de un
proyecto de ley orgánica no es un sí vinculado a cualquier texto de
proyecto de ley orgánica. Decía el señor Bermúdez con mucha razón que
precisamente por tratarse del desarrollo de un derecho fundamental,
es más que nunca necesario el diálogo y el consenso entre los grupos.
Nosotros compartimos hasta los últimos extremos esa opinión, señoría.
Estamos dispuestos a dialogar y a consensuar el desarrollo legal de
este derecho, pero ese diálogo y ese consenso tienen unas exigencias
mínimas, unos listones que no se pueden rebajar y que para nosotros
son dos, en primer lugar, el respeto al propio carácter de ese
derecho fundamental. Nosotros exigiremos en todo momento que la
futura ley tenga como eje lo que la jurisprudencia ha llamado fuerza
de irradiación de los derechos fundamentales, que por ninguna vía -ni
por la vía de acrecentar de una forma más o menos directa los efectos
meramente publicitarios de la inscripción registral ni por ninguna
otra- se pongan trabas al contenido esencial de ese derecho ni se
pretenda someterlo a injerencias administrativas. Exigiremos eso en
primer lugar, pero también, como base para ese consenso, que se oiga
a los ciudadanos, que se oiga a las administraciones; que una ley que
regula una materia tan compleja y tan variada -hablaba el
representante del Grupo Popular de 216.000 asociaciones inscritas en
el registro- no puede elaborarse desde una sola visión. Es preciso
que la Comisión Constitucional, que la ponencia encargada de la
elaboración de ese proyecto de ley escuche a los representantes de
los sectores, escuche a los representantes del mundo de las
asociaciones, escuche a los ministerios que están implicados en esta
materia, escuche a esas comunidades autónomas que tienen capacidad
para regular y que han regulado ya aspectos del asociacionismo, y que
con la base de ese consenso, con la base de esa atención a todos los
colectivos implicados y a todas las administraciones implicadas, se
llegue a la aprobación definitiva de ese futura ley orgánica.
En suma, señorías, esas son las bases que planteamos para un proyecto
de ley que en el futuro pueda venir a esta Cámara. Hoy por hoy, ante
esta escueta declaración de intenciones, la postura del Grupo
Socialista será votar sí al texto transaccional que se ha propuesto.
Cuando tengamos un texto que discutir en esta Cámara será la hora de
confrontar ideas, de dialogar, de consensuar y de saber quién es
quién y cuáles son las posturas de cada cual en la defensa del
derecho de asociación.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Del Campo.
Señor Bermúdez de Castro, a los efectos de manifestar la aceptación o
denegación de las enmiendas presentadas,tiene la palabra.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora
presidenta. Permítame en primer lugar que realice una pequeña
precisión o consideración al señor Rejón.
Sin duda esta iniciativa se justifica en esta Cámara y si he cometido
una imprecisión por haber anunciado con carácter previo la enmienda
transaccional, era precisamente para facilitar a los grupos
parlamentarios que pudieran hacer una valoración objetiva de lo que
finalmente se iba a votar posteriormente.
En segundo lugar, quiero pedir al señor Saura que se incorpore a la
enmienda transaccional que hemos ofrecido, toda vez que en el trámite
de información pública que se realiza en cualquier anteproyecto de
ley ya se reciben sugerencias y observaciones del conjunto de las
asociaciones, como también podrían recibirse sugerencias del resto de
las instituciones públicas y privadas a las que habría que consultar,
con lo cual la relación sería innumerable y exhaustiva. Por tanto,
desde un punto de vista de técnica legislativa, yo le pediría que se
incorporase a la enmienda transaccional que tan amablemente nos han
aceptado tanto el Grupo de Convergència i Unió como el de Coalición
Canaria. Con la aprobación de esta iniciativa, tan importante como
oportuna y necesaria -tal como han reflejado el conjunto de los
grupos-, se pretende superar una legislación proveniente del pasado e
inspirada en principios contrarios a nuestro marco constitucional y
desarrollar los aspectos esenciales de un derecho fundamental, el de
asociación, tan íntimamente ligado al derecho de libertad y cuyo
ejercicio tiene una enorme importancia en nuestra sociedad, desde los
puntos de vista jurídico, político y social.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bermúdez de Castro. (El
señor Rejón Gieb pide la palabra.)
Señor Rejón, ¿a qué efectos pide la palabra?
El señor REJÓN GIEB: Por el artículo 71, por alusiones. Ha llamado
tontitos al resto de la Cámara, porque han estado explicando la
enmienda transaccional con tiempo para que nos enteráramos.
La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, tiene dos minutos.
El señor REJÓN GIEB: Sencillamente, el señor Bermúdez de Castro, ante
la crítica de que él mismo se ha transaccionado, sin que se hayan
presentado las enmiendas ante esta Cámara -lo que, además, es una
falta de cortesía parlamentaria-, ha dado una explicación y todavía
ha sido peor, porque ha dicho que él, generosamente, nos ha dado un
tiempo para explicarnos la transaccional, a fin de que nos
enteráramos, como si fuéramos tontos o retrasadillos. Ni una cosa ni
otra y, por favor, un poco de respeto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular sobre el derecho de asociación y su desarrollo
normativo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
309; a favor, 307; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida proposición no de
ley en los términos resultantes del debate.
- ELECCIÓN DE LOS DIPUTADOS ALOS QUE SE REFIERE EL PUNTO TERCERO DE
LA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS SOBRE
SECRETOS OFICIALES, DE 2 DE JUNIO DE 1992. (Número de expediente 052/
000001.)
La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Elección de los
diputados a los que se refiere el punto tercero de la resolución de
la Presidencia del Congreso de los Diputados sobre secretos
oficiales, de 2 de junio de 1992.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 205, en relación con el
204, ambos del Reglamento, la Presidencia va a proceder a dar lectura
al nombre de los candidatos propuestos por los grupos parlamentarios
a los efectos de la elección de referencia.
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone a don Luis de
Grandes Pascual. El Grupo Parlamentario Socialista propone a don Luis
Martínez Noval. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)
propone a don Xavier Trias i Vidal de Llobatera. El Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida propone a don Luis Felipe
Alcaraz Masats. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) propone a don
Iñaki Mirena Anasagasti Olabeaga. Por último, el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria propone a don Luis Mardones Sevilla. ¿Alguno de
los grupos desea consumir un turno de intervención? (Pausa.)
Las normas que, según lo dispuesto en el Reglamento, rigen para esta
elección son las siguientes. Cada diputado escribirá en la papeleta
hasta un máximo de seis candidatos y por parte de los señores
secretarios serán llamados uno a uno los diputados para emitir su
voto. Puesto que es la hora anunciada ya para la votación, ruego a
los señores secretarios que procedan. Para ello, se van a cerrar las
puertas del hemiciclo. Adelante, señor secretario. (Por los señores
secretarios se procede a dar lectura de la lista de miembros del
Congreso de los Diputados, quienes depositan su voto en la urna
preparada al efecto.)
Terminada la votación y verificado el escrutinio, dijo
La señora PRESIDENTA: El resultado de la votación es el siguiente:
votos emitidos, 307. Don Luis Martínez Noval, 303 votos; don Xavier
Trías i Vidal de Llobatera, 302 votos; don Luis de Grandes Pascual,
301 votos; don Luis Mardones Sevilla, 300 votos; don
Luis Felipe Alcaraz Masats, 299; don Iñaki Anasagasti Olabeaga, 296;
blancos, tres; nulos, uno.
Han resultado elegidos, a efectos de la resolución de la Presidencia,
los señores referenciados, puesto que han conseguido como mínimo los
tres quintos de los votos de los diputados que componen la Cámara.
(Aplausos.)
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana, a las cuatro de la
tarde.
Eran las siete y cuarenta y cinco minutos de la tarde.