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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 97, de 18/07/2001
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2001 VII Legislatura Núm. 97
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión de la Diputación Permanente núm. 5
celebrada el miércoles, 18 de julio de 2001
Página
ORDEN DEL DÍA:
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior (número
de expediente 062/000019), con el siguiente orden del día:
comparecencia del Fiscal General del Estado, para que explique las
actuaciones de carácter general de la fiscalía en casos con
implicación de aforados. (Número de expediente 212/000578.) . . .
(Página 4780)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior (número
de expediente 062/000022), con el siguiente orden del día:
comparecencia del Ministro de Justicia, a fin de informar sobre el
funcionamiento del Ministerio Fiscal, en los casos que conciernen a
aforados, a la luz del pacto por la Justicia. (Número de expediente
212/000477.) . . . (Página 4780)
- Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior (número
de expediente 062/000023), con el siguiente orden del día:
comparecencia del Fiscal General del
Página
Estado, a fin de informar de los criterios utilizados por el
Ministerio Público, en relación a actuaciones procesales penales de
las que pudieran derivarse responsabilidades de personas aforadas. .
. . (Página 4780)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda (número
de expediente 062/000019), con el siguiente orden del día:
comparecencia del Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de
Economía, con el fin de que informe sobre las medidas de todo tipo
que piensa adoptar el Gobierno ante el anuncio reiterado por parte de
las compañías eléctricas de cortes de energía eléctrica en varias
Comunidades Autónomas por falta de inversiones de las compañías en la
distribución y el incumplimiento de las medidas del coste de tránsito
a la competencia. (Número de expediente 213/000471.) . . .
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Consumo (número de
expediente 062/000019), con el siguiente orden del día: comparecencia
de la Ministra de Sanidad y Consumo para que explique los criterios
por los que el Gobierno ha tomado la decisión de retirar del mercado
el aceite de orujo. (Número de expediente 213/000466.)
. . . (Página 4804)
- Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria conjunta de las Comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Sanidad y Consumo (número de expediente 062/
000020), con el siguiente orden del día: comparecencia del Ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación y de la Ministra de Sanidad y
Consumo, para explicar las causas y el alcance de la decisión de la
retirada del mercado del aceite de orujo. (Número de expediente 213/
000469.) . . . (Página 4804)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca (número de expediente 062/000022), con el siguiente orden del
día: comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para que explique la falta de coordinación con el Ministerio de
Sanidad y Consumo en el caso del aceite de orujo de oliva. (Número de
expediente 213/000474.) . . . (Página 4805)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca (número de expediente 062/000021), con el siguiente orden del
día: comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
para explicar la aplicación de las medidas dirigidas a la detección
de casos de encefalopatía espongiforme bovina y su eficacia para la
erradicación de esta enfermedad. (Número de expediente 213/000472.) .
. . (Página 4814)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores (número de
expediente 062/000022), con el siguiente orden del día: comparecencia
del Ministro de Asuntos Exteriores, con el fin de que explique los
compromisos del Estado español con el futuro del Sahara Occidental y
la celebración de referéndum de autodeterminación. (Número de
expediente 213/000476.) . . . (Página 4819)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Consumo (número de
expediente 062/000022), con el siguiente orden del día: comparecencia
de la Ministra de Sanidad y Consumo, para que explique las
actuaciones de la salud pública frente a la aparición de una epidemia
de «legionella» con más de 200 afectados en Murcia. (Número de
expediente 213/000473.) . . . (Página 4842)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca (número de expediente 062/000022), con el siguiente orden del
día: comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para que explique la actuación
Página
del Gobierno ante la Unión Europea en reestructuración de la flota
pesquera que faenaba en Marruecos. (Número de expediente 213/000475.)
. . . (Página 4831)
- Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca (número de expediente 062/000023), con el siguiente orden del
día: comparecencia del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para que informe sobre las medidas que tiene previsto adoptar ante la
extensión de la peste porcina clásica a todo el territorio español. .
. . (Página 4838)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso y Socialista, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del
Pleno del Congreso de los Diputados (número de expediente 062/
000024), con el siguiente orden del día: elección, de acuerdo con la
legislación vigente, de los miembros del Tribunal Constitucional, del
Consejo General del Poder Judicial y Consejeros del Tribunal de
Cuentas. . . . (Página 4843)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Popular en el
Congreso y Socialista, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de la Comisión Consultiva de
Nombramientos del Congreso de los Diputados, al objeto de dar
cumplimiento a lo establecido en la Resolución de la Presidencia de
la Cámara, de 25 de mayo de 2000, en relación con las autoridades
anteriores que procedan. (Número de expediente 062/000024.) . . .
(Página 4843)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria extraordinaria del Pleno del
Congreso de los Diputados (número de expediente 062/000025), con el
siguiente orden del día: comparecencia del Presidente del Gobierno,
para que explique el vacío y descoordinación de la acción de Gobierno
y el deterioro de los servicios públicos en temas como: caos
aeroportuario, «legionella», pesca, peste porcina y aceite de orujo
de oliva. . . . (Página 4843)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Mixto y Federal
de Izquierda Unida, de convocatoria de la Diputación Permanente para
que acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Infraestructuras (número de expediente 062/000026), con
el siguiente orden del día: comparecencia del Ministro de Fomento,
para explicar el caos en los servicios aeroportuarios. (Número de
expediente 213/000480.) . . . (Página 4843)
- Petición, formulada por un número suficiente de Diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del
Pleno de la Cámara (número de expediente 062/000027), con el
siguiente orden del día: comparecencia urgente del Gobierno, para que
informe sobre su actuación ante la grave situación creada por la
decisión tomada por el Consejo de Administración de Iberia y de las
medidas que piensa adoptar para que no se produzcan nuevamente
situaciones como la que tuvo lugar entre las cero horas hasta,
aparentemente, las 5,25 horas del viernes 13 de julio con la
suspensión total de servicios aéreos de la citada compañía, precedida
de una comunicación del Gobierno en los términos de los artículos 196
y siguientes del Reglamento de la Cámara. (Número de expediente 210/
000008.) . . . (Página 4843)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia del fiscal general del Estado,
para que explique las actuaciones de carácter general de la fiscalía
en casos con implicación de aforados . . . (Página
4780)
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia del ministro de Justicia, a
fin de informar sobre el funcionamiento del Ministerio Fiscal, en los
casos que conciernen a aforados, a la luz del pacto por la Justicia .
. . (Página 4780)
Página
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia del fiscal general del Estado,
a fin de informar de los criterios utilizados por el ministerio
público, en relación a actuaciones procesales penales de las que
pudieran derivarse responsabilidades de personas aforadas
. . . (Página 4780)
En primer lugar, el señor Llamazares Trigo, en nombre del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende las peticiones de
comparecencia del fiscal general del Estado y del ministro de
Justicia, preguntándose si el Grupo Parlamentario Popular va a
permitir las comparecencias y el control democrático o si, por el
contrario, va a continuar, en los períodos extraordinarios de
sesiones y ante evidentes
necesidades de debate parlamentario, amordazando a la
representación popular de los españoles.
En segundo lugar interviene el señor Saura Laporta, del Grupo
Parlamentario Mixto, que suscribe en buena parte la intervención del
señor Llamazares, acusando al fiscal general del Estado de no
garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, que es el
papel que tiene asignado, sino de ser un instrumento partidista del
Gobierno.
En tercer lugar interviene el señor López Aguilar, del Grupo
Parlamentario Socialista, para pedir la comparecencia del fiscal
general del Estado ante la Comisión de Justicia e Interior, a fin de
informar de los criterios utilizados por el ministerio público en
relación a actuaciones procesales penales de las que pudieran
derivarse responsabilidades de personas aforadas. Considera que la
Diputación Permanente tiene como finalidad asegurar las constantes
vitales democráticas del Parlamento y una de ellas es debatir sobre
los asuntos de interés público que requieren claridad, contraste de
opiniones y explicación.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Llamazares Trigo y López
Aguilar, duplicando el señor Ollero Tassara.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Justicia e Interior, para celebrar la comparecencia del fiscal
general del Estado para que explique las actuaciones de carácter
general de la fiscalía en casos con implicación de aforados, se
rechaza por 18 votos a favor y 30 en contra.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Justicia e Interior, con el siguiente orden del día: comparecencia el
ministro de Justicia, a fin de informar sobre el funcionamiento del
ministerio fiscal en los casos que conciernen a aforados a la luz del
pacto por la Justicia, se rechaza por 18 votos a favor y 30 en
contra.
Sometida a votación, la petición, formulada por un número suficiente
de diputados miembros titularesde la Diputación Permanente,
pertenecientes al
Grupo Socialista, de que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior con el siguiente
orden del día: comparecencia del fiscal general del Estado a fin de
informar de los criterios utilizados por el Ministerio Fiscal en
relación con actuaciones procesales penales de las que pudieran
derivarse responsabilidades de personas aforadas, se rechaza por 18
votos a favor y 30 en contra.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con el
siguiente orden del día: comparecencia del vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economía, con el fin de que informe sobre las
medidas de todo tipo que piensa adoptar el Gobierno ante el anuncio
reiterado por parte de las compañías eléctricas de cortes de energía
eléctrica en varias comunidades autónomas por la falta de inversiones
de las compañías en la distribución y el incumplimiento de las
medidas del coste de tránsito a la competencia . . .
Defiende la petición de comparecencia la señora Urán González, del
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, confiando en que el
Grupo Parlamentario Popular no se escude en la falta de argumentos
para rechazar dicha solicitud. Considera que los cortes de suministro
eléctrico, anunciados por las compañías eléctricas, que afectarán a
un número importante de ciudadanas y ciudadanos de este país y a un
sector estratégico como es el turístico, es un problema lo
suficientemente serio como para que se produzca la comparencia del
ministro de Economía para explicar cómo se van a poner en práctica
las medidas recogidas en la Ley de ordenación del sector eléctrico.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, defiende la petición de
comparecencia el señor Vázquez Vázquez. Respalda lo expuesto por la
diputada de Izquierda Unida y, en nombre del Bloque Nacionalista
Galego, pide la comparecencia del ministro de Economía en la Comisión
de Economía y Hacienda para que explique el trasfondo de lo que está
pasando en el sector eléctrico.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sánchez i
Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Cuevas
Delgado,
del Grupo Parlamentario Socialista, y MartínezPujalte López, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica intervienen la señora Urán González y el señor
Vázquez Vázquez.
Por alusiones interviene el señor Cuevas Delgado, haciendo uso de la
palabra a continuación, duplicando al turno de réplica, el señor
Martínez-Pujalte López.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Economía y Hacienda con el siguiente orden del día: comparecencia del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con el fin
de que informe sobre las medidas de todo tipo que piensa adoptar el
Gobierno ante el anuncio reiterado por parte de las compañías
eléctricas de cortes de energía eléctrica en varias comunidades
autónomas por la falta de inversiones de las compañías en la
distribución y el incumplimiento de las medidas del coste de tránsito
a la competencia, se rechaza por 16 votos a favor y 30 en contra.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Consumo, con el
siguiente orden del día: comparecencia de la ministra de Sanidad y
Consumo para que explique los criterios por los que el Gobierno ha
tomado la decisión de retirar del mercado el aceite de orujo . 4804
Página
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria conjunta de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Sanidad y Consumo, con el siguiente orden del
día: comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
y de la ministra de Sanidad y Consumo, para explicar las causas y el
alcance de la decisión de la retirada del mercado del aceite de orujo
. . 4804
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que explique la falta de
coordinación con el Ministerio de Sanidad y Consumo en el caso del
aceite de orujo de oliva . . . (Página 4805)
Defiende la petición de comparecencia formulada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Alcaraz Masats.
Considera un problema extraordinario, que debe ser explicado y
debatido en el Parlamento, el caso del aceite de orujo, porque ni los
intereses de la salud pública ni los intereses del sector olivarero
han sido defendidos en el momento adecuado.
El señor Saura Laporta, anuncia el voto afirmativo del Grupo
Parlamentario Mixto a la petición de comparecencia formulada por el
señor Alcaraz Masats.
La señora Pozuelo Meño defiende la petición de comparecencia
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista en base a que la red
de alerta alimentaria que se puso en marcha el 3 de julio por el
Ministerio de Sanidad y Consumo no respondía, según su opinión, al
objetivo de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la
seguridad de los alimentos sino exclusivamente al interés de la
señora ministra por defender su propia imagen. Critica todo el
proceso seguido por el Ministerio en relación con este problema del
aceite de orujo y considera que la ministra de Sanidad y Consumo y el
ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca tienen que dar respuestas
en esta Cámara de manera inmediata y rápida.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Madero Jarabo y Mingo Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de réplica intervienen el señor Alcaraz Masats y la señora
Pozuelo Meño, duplicando los señores Madero Jarabo y Mingo Zapatero.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, para que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Sanidad y
Consumo, con el siguiente orden del día: comparecencia de la ministra
de Sanidad y Consumo para que se expliquen los criterios por los que
el Gobierno ha tomado la decisión de retirar del mercado el aceite de
orujo, se rechaza por 15 votos a favor y 30 en contra.
Sometida a votación la petición, formulada por un número suficiente
de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria conjunta de las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y Sanidad y Consumo,
para celebrar la comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación y de la ministra de Sanidad y Consumo, para explicar las
causas y el alcance de la decisión de la retirada del mercado del
aceite de orujo, se rechaza por 17 votos a favor y 30 en contra.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con el siguiente orden del día:
comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para
que explique la falta de coordinación con el Ministerio de Sanidad y
Consumo en el caso del aceite de orujo de oliva, se rechaza por 17
votos a favor y 30 en contra.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación para explicar la aplicación de las
medidas dirigidas a la detección de casos de encefalopatía
espongiforme bovina y su eficacia para la erradicación de esta
enfermedad . . . 4814
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
petición de comparecencia por entender que es necesario y conveniente
que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación explique con
claridad a la sociedad la eficacia de las medidas adoptadas hasta
ahora para conocer la extensión de la encefalopatía espongiforme
bovina en el conjunto de la cabaña del Estado y la situación del
sector.
El señor Alcaraz Masats anuncia su voto favorable a la petición de
comparecencia formulada por el señor Vázquez Vázquez.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Cunillera i
Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y Madero Jarabo, del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica interviene el señor Vázquez Vázquez, duplicando
el señor Madero Jarabo.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, para que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con objeto de que se produzca la
comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para
explicar la aplicación de las medidas dirigidas a la detección de
casos de encefalopatía espongiforme bovina y su eficacia para la
erradicación de esta enfermedad, se rechaza por 15 votos a favor y 29
en contra.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores, con el
siguiente orden del día: comparecencia del ministro de Asuntos
Exteriores, con el fin de que explique los compromisos del Estado
español con el futuro del Sahara Occidental y la celebración de
referéndum de autodeterminación . . . (Página
4819)
El señor Alcaraz Masats, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, defiende la petición de comparecencia del ministro
de Asuntos Exteriores porque, afirma, se está transformando la
situación en el Sahara Occidental de manera rápida y con
consecuencias prebélicas, existiendo una auténtica conspiración de
silencio respecto al sufrimiento del pueblo saharaui y a la necesidad
de una solución permanente.
Interviene el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto,
que comparte el sentido de la exposición del señor Alcaraz y opina
que, en el caso del Sahara Occiental, se está ante un caso
representativo de la hipocresía política que preside las relaciones
internacionales.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Maldonado
Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marín
González,
del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Becerril Bustamante,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica interviene el señor Alcaraz Masats.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, para que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Asuntos Exteriores, con el siguiente orden del día: comparecencia del
ministro de Asuntos Exteriores, con el fin de que explique los
compromisos del Estado español con el futuro del Sahara Occidental y
la celebración de referéndum de autodeterminación, se rechaza por 15
votos a favor y 28 en contra.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Consumo, con el
siguiente orden del día: comparecencia de la ministra de Sanidad y
Consumo para que explique las actuaciones de salud pública frente a
la aparición de una epidemia de legionella con más de 200 afectados
en Murcia . . . (Página 4824)
El señor Alcaraz Masats defiende la petición de comparecencia de la
ministra de Sanidad y Consumo en la Comisión de Sanidad y Consumo, en
nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida,
describiendo la situación creada en Murcia por la epidemia de la
«legionella» que ha producido alarma en la sociedad.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Valentín
Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Mingo
Zapatero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de réplica interviene el señor Alcaraz Masats, duplicando el
señor Mingo Zapatero.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad
y Consumo, con el siguiente orden del día: comparecencia de la
ministra de Sanidad y Consumo para que explique las actuaciones de
salud pública frente a la aparición de una epidemia de «legionella»
con más de 200 afectados en Murcia, se rechaza por 17 votos a favor y
29 en contra.
Página
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que explique la actuación del
Gobierno ante la Unión Europea en reestructuración de la flota
pesquera que faenaba en Marruecos . . . (Página
4831)
El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la
petición de comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, para que explique la posición del Gobierno
en relación al famoso plan de reestructuración de la Unión Europea
que en definitiva lo que pretende, según opinión de su grupo, es el
desguace de una parte importante de la flota que faenaba en el banco
canario-sahariano al amparo del anterior acuerdo de pesca con
Marruecos.
El señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, defiende la petición de comparecencia de su grupo, abundando
en las argumentaciones dadas por el señor Vázquez, y hace una
descripción de los hechos ocurridos en la negociación con Marruecos
de la renovación del acuerdo pesquero.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Maldonado
Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); De la
Encina Ortega, del Grupo Parlamentario Socialista.
Por alusiones, interviene el señor Maldonado Gili, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Continuando con el turno de fijación de posiciones, interviene el
señor Madero Jarabo.
En turno de réplica intervienen los señores Vázquez Vázquez y Alcaraz
Masats, duplicando el señor Madero Jarabo.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con el siguiente orden del día:
comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, para
que explique la actuación
del Gobierno ante la Unión Europea en relación con la
reestructuración de la flota pesquera que faenaba en Marruecos, se
rechaza por 14 votos a favor y 29 en contra.
Página
Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con el siguiente orden del día: comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que informe sobre las medidas
que tiene previsto adoptar ante la extensión de la peste porcina
clásica a todo el territorio español . . .
Defiende la petición de comparecencia del ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, la señora Cunillera i Mestres, quien considera que el
señor Arias Cañete debe informar de cuestiones relativas a su
responsabilidad en cuanto a la ganadería y más específicamente por lo
que hace a los brotes de peste porcina clásica aparecidos en España
en los últimos tiempos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Companys
Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Madero Jarabo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Replica la señora Cunillera i Mestres, duplicando el señor Madero
Jarabo.
Sometida a votación la petición, formulada por un número suficiente
de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con el siguiente orden del día:
comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para
que informe sobre las medidas que tiene previsto adoptar ante la
extensión de la peste porcina clásica a todo el territorio español,
se rechaza por 12 votos a favor y 27 en contra.
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso y Socialista, de convocatoria de la diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de una sesión extraordinariadel
Pleno del Congreso de los Diputados,
Página
con el siguiente orden del día: elección, de acuerdo con la
legislación vigente, de miembros del Tribunal Constitucional, del
Consejo General del Poder Judicial y Consejeros del Tribunal de
Cuentas . . . (Página 4843)
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Petición, formulada por los grupos parlamentarios Popular en el
Congreso y Socialista, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria extraordinaria de la Comisión
Consultiva de Nombramientos del Congreso de los Diputados, al objeto
de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de la
Presidencia de la Cámara, de 25 de mayo de 2000, en relación con las
autoridades anteriores que procedan . . . (Página
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La señora presidenta comunica a la Cámara que los puntos
decimotercero y decimocuarto del orden del día han sido retirados.
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Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del
Pleno del Congreso de los Diputados, con el siguiente orden del día:
comparecencia del presidente del Gobierno para que explique el vacío
y descoordinación de la acción del Gobierno y el deterioro de los
servicios públicos en temas como caos aeroportuario, «legionella»,
pesca, peste porcina y aceite de orujo de oliva . . 4843
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Petición, formulada por los grupos parlamentarios Mixto y Federal de
Izquierda Unida, de convocatoria de la Diputación Permanente para que
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria dela Comisión de
Infraestructuras, con el siguiente orden del día: comparecencia del
ministro de Fomento para explicar el caos en los servicios
aeroportuarios . . . 4843
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Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del
Pleno de la Cámara, con el siguiente orden del día: comparecencia
urgente del Gobierno para que informe sobre su actuación ante la
grave situación creada por la decisión tomada por el Consejo de
Administración de Iberia y de las medidas que piensa adoptar para que
no se produzcan nuevamente situaciones como la que tuvo lugar entre
las cero horas hasta, aparentemente, las 5,25 horas del viernes 13 de
julio con la suspensión total de servicios aéreos de la citada
compañía, precedida de una comunicación del Gobierno en los términos
del artículo 196 y siguiente del Reglamento de la Cámara
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En primer lugar interviene el señor Alcaraz Masats, del Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para decir que a su juicio
la petición de comparecencia del señor Aznar está plenamente
justificada ante el panorama ciertamente desalentador que ofrece el
país a los pocos días del debate del estado de la nación.
El señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, interviene
para decir que comparte los argumentos del señor Alcaraz Masats y que
votará a favor de las tres peticiones de comparecencia.
Defiende la petición de comparecencia del Gobierno, formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista, el señor Segura Clavell, quien se
refiere a todo el proceso de privatización de Iberia y a los
acontecimientos ocurridos desde que se convocó la huelga del Sepla.
En turno de fijación de posiciones interviene los señores Silva
Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
En turno de réplica intervienen los señores Alcaraz Masats y Segura
Clavell, duplicando el señor Martínez- Pujalte López.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida
y Mixto, de convocatoria de la Diputación Permanente para que acuerde
la convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno del Congreso
de los Diputados, con el siguiente orden del día: comparecencia del
presidente del Gobierno, para que explique el vacío y descoordinación
de la acción de Gobierno y el deterioro de los servicios públicos en
temas como: caos aeroportuario, «legionella», pesca, peste porcina y
aceite de orujo de oliva, se rechaza por 12 votos a favor y 26 en
contra.
Sometida a votación la petición, formulada por los grupos
parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de convocatoria de
la Diputación Permanente para que acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras, al objeto
de que comparezca el ministro de Fomento para explicar el caos en los
servicios aeroportuarios, se rechaza por 12 votos a favor y 26 en
contra.
Sometida a votación la petición, formulada por un número suficiente
de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de convocatoria de
la Diputación Permanente para que acuerde la convocatoria de una
sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden
del día: comparecencia urgente del Gobierno, para que informe sobre
su actuación ante la grave situación creada por la decisión tomada
por el Consejo de Administración de Iberia y de las medidas que
piensa adoptar para que no se produzcan nuevamente situaciones como
la que tuvo lugar entre las 0 horas hasta, aparentemente, las 5.25
horas del viernes 13 de julio con la suspensión total de servicios
aéreos de la citada compañía, precedida de una comunicación del
Gobierno en los términos del artículo 196 y siguiente del Reglamento
de la Cámara, se rechaza por 12 votos a favor y 26 en contra.
Se levanta la sesión a las doce de la noche.
Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDAD Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 062/000019), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA
DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EXPLIQUE LAS ACTUACIONES DE
CARÁCTER GENERAL DE LA FISCALÍA EN CASOS CON IMPLICACIÓN DE AFORADOS.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 212/000578.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 062/000022), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE JUSTICIA, A FIN DE INFORMAR SOBRE EL
FUNCIONAMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL, EN LOS CASOS QUE CONCIERNEN A
AFORADOS, A LA LUZ DEL PACTO POR LA JUSTICIA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE
213/000477.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS
TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 062/000023), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DEL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, A FIN DE INFORMAR DE LOS
CRITERIOS UTILIZADOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO, EN RELACIÓN A
ACTUACIONES PROCESALES PENALES DE LAS QUE PUDIERAN DERIVARSE
RESPONSABILIDADES DE PERSONAS AFORADAS.
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión de la Diputación Permanente
de acuerdo con el siguiente orden del día. En primer lugar, se
procederá al debate conjunto de los puntos números 1, 6 y 11.
Punto número 1: Petición, formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración
de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior,
con el siguiente orden del día: Comparecencia del fiscal general del
Estado, para que explique las actuaciones de carácter general de la
Fiscalía en casos con implicación de aforados. Punto número 6:
Petición, formulada por los grupos Federal de Izquierda Unida y
Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria
de la Comisión de Justicia e Interior para la comparecencia del
ministro de Justicia, a fin de informar sobre el funcionamiento del
ministerio fiscal, en los casos que conciernen a aforados, a la luz
del pacto por la justicia.
Y punto número 11: Petición, formulada por un número
suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación
Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de que
se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión
de Justicia e Interior con la comparecencia del fiscal general del
Estado, a fin de informar de los criterios utilizados por el
Ministerio Público con relación a actuaciones procesales penales de
las que pudieran derivarse responsabilidades de personas aforadas.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, en el trámite del día de hoy y en el primer punto del orden
del día, en opinión del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, la cuestión fundamental no va a radicar en los argumentos que
demos para el debate en relación con la comparecencia del fiscal
general del Estado y del ministro de Justicia, ni siquiera en la
extensión de este debate a otras comparecencias de ministros del
Gobierno o la del propio presidente del Gobierno, el señor Aznar. La
cuestión fundamental es si ustedes, señores del Grupo Parlamentario
Popular, van a permitir la comparecencia y el control democrático o
si, por el contrario, van a continuar, en los períodos
extraordinarios de sesiones y ante evidentes necesidades de debate
parlamentario, amordazando a la representación popular de los
españoles, a este Parlamento. Sobre los problemas de los que vamos a
hablar hoy aquí y de su importancia no necesitamos extendernos
demasiado, están en la calle y en los medios de comunicación, son
evidentes. Si ustedes optan por amordazar al Parlamento, se
demostrará que su mayoría absoluta no sólo ha sido una rémora, no
sólo es un lastre para ustedes, para su Gobierno, sino que puede ser
un cáncer que se extienda al Poder Judicial y al Poder Legislativo, a
esta Cámara, en período ordinario y, en particular, en período
extraordinario de sesiones, deslegitimando con ello la política y las
instituciones democráticas. Esperamos que no sea así por el bien de
este Parlamento.
No les servirá, señores del Grupo Parlamentario Popular, sustituir el
debate político y el control democrático por la propaganda, no les
servirá sustituir el debate político y el control democrático por la
presencia del fiscal general en Televisión Española ni por la
presencia del señor Piqué en una entrevista con preguntas
complacientes, y tampoco les va a servir, señores del Grupo
Parlamentario Popular, sustituir el debate político y el control
parlamentario por la desviación o la distracción política. Es verdad
que el país tiene gravísimos problemas, pero existen problemas
políticos que ustedes y nosotros no podemos eludir.
Los problemas que motivan esta comparecencia son evidentes para la
gran mayoría de la sociedad y para la opinión pública, están en el
debate de la sociedad y en la opinión pública, y tienen que ver con
la incapacidad de gestión del Gobierno, con la crisis de un Gobierno
que no funciona como colectivo y, en general, con las instituciones y
la relación del Gobierno con esas instituciones. Es evidente que en
estos días continúan -y eso motiva esta petición de comparecencias-,
si no se degradan, viejos problemas; al parecer, viejos problemas que
ya para el Gobierno no tienen solución: inflación, política de los
oligopolios en el sector eléctrico, política de inmigración,
responsabilidades políticas del Gobierno. Todos ellos problemas
antiguos, que no tienen trazas de solución sino de degradación cada
vez más evidente. Es también obvio que a estos viejos problemas se
les suman nuevos problemas, algunos de ellos provocados por el propio
Gobierno y otros, por las circunstancias. Por ejemplo, el problema
del aceite de orujo, la crisis de Iberia, la situación del fiscal
general del Estado y del ministro del Interior en casos de aforados.
Todos estos problemas, algunos de ellos nuevos, son evidentes y no
tienen solución por parte del Gobierno.
El Gobierno parece no tener alternativas, quizás porque sus
compromisos están más con quien provoca las crisis que con quienes
las sufren o con quienes pueden solucionarlas. El Gobierno se
encuentra del lado de los oligopolios eléctricos, frente a los
consumidores; el Gobierno se encuentra del lado de los accionistas,
frente a los usuarios; el Gobierno, en general, se encuentra del lado
de una minoría que provoca los problemas o que no tiene interés en
solucionarlos y no del lado de la gran mayoría de los ciudadanos
interesados en que estos problemas tengan, cuanto antes, una solución
desde el Ejecutivo.
Además de esta incapacidad del Gobierno para afrontar y solucionar
los problemas, es evidente que en estos momentos el Gobierno sufre
una grave crisis de liderazgo. Por ese motivo, creemos que no
solamente es necesaria la comparecencia de ministros sino la del
propio presidente del Gobierno. Da la impresión de que al presidente
del Gobierno le aburre la política la política interior y está
dedicado fundamentalmente a la política exterior, a sustituir a un
canciller inexistente. De vez en cuando, también tiene la reacción de
equilibrar su falta de liderazgo mediante el escapismo o mediante el
ordeno y mando; ordeno y mando que está muy presente en esta primera
petición de comparecencia, la del fiscal general del Estado y del
ministro de Justicia, en torno al denominado caso Ercros o caso
Piqué. En nuestra opinión, existen razones más que suficientes para
que comparezca ante esta Cámara.
Esta ausencia de liderazgo, sustituida a veces por el escapismo o por
el ordeno y mando, no puede impedir que veamos una clara
descoordinación en el seno del Gobierno, que si alguna vez funcionó
como tal hoy ya
es un Gobierno del sálvese quien pueda. El último dato de la crisis
ha sido el reciente anuncio de dimisión del señor Ferreras, que
parece ser la primera cabeza de turco en todo este proceso. En todo
caso, además de la falta de liderazgo, asistimos a algo que no puede
ser denominado más que como una situación de descoordinación, de
sálvese quien pueda o, mejor dicho, de crisis en el seno del
Gobierno.
Por todo ello, señorías, consideramos imprescindible que el Gobierno
comparezca, que comparezca el fiscal general del Estado, que
comparezca el ministro de Justicia y que comparezcan los ministros
que tienen problemas viejos y nuevos y no son capaces de
solucionarlos, que comparezcan para someterse al control democrático
de este Parlamento, que no se amordace a este Parlamento solamente
porque nos encontramos en periodo extraordinario de sesiones, que no
se avergüence a este Parlamento viendo cómo estos debates se producen
en la sociedad y no en sede parlamentaria. Deseamos esta
comparecencia para dar una mejor imagen y que la actividad
parlamentaria refleje mejor la realidad.
Querríamos que el Gobierno no solamente se sometiese al control
parlamentario sino que asumiese sus responsabilidades políticas ante
la representación popular de los españoles. Asumir responsabilidades
políticas, en este caso, nos lleva a plantear la necesaria
remodelación del Gobierno, de un Gobierno en crisis, en nuestra
opinión; una remodelación aplazada que debería tener lugar ahora, no
esperando a que el Gobierno se degrade. Hay que abordar la
remodelación en estos momentos y solucionar los problemas, entre
ellos la propia cohesión del Gobierno.
Con relación a la comparecencia del fiscal general del Estado,
creemos que una imagen vale más que mil palabras. Ha sido el propio
fiscal general del Estado el que ha comparecido -es verdad que con
preguntas orientadas, pero ha comparecido- en los medios de
comunicación para dar explicaciones de por qué ha intervenido en los
casos de aforados, relativos tanto al señor Piqué como al señor
Matas. Ha sido también el propio fiscal general del Estado quien ha
dado pormenores de su instrucción y quien, en los medios de
comunicación, ha dado las razones por las que consideraba inmaduras
las acciones de los fiscales en cada uno de estos casos, por qué era
necesario llevar a cabo más acciones y más solventes sobre estas
materias. Ha sido el fiscal general del Estado quien, a preguntas de
un periodista de esos mismos medios de comunicación orientados, ha
dicho claramente que su dependencia jerárquica, su dependencia
directa, es del Poder Ejecutivo y que se considera parte del Poder
Ejecutivo. Es verdad que es discutible esa opinión del fiscal general
del Estado, pero es su opinión. Lo que hace es echar por tierra los
argumentos que se han dado hasta ahora en esta Cámara para que no
comparezca el fiscal general del Estado. El fiscal general del Estado
ha comparecido ya ante los medios de comunicación y sería debilitar
el papel de este Parlamento si lo que se puede hacer en los
medios de comunicación mediante una entrevista orientada no se puede
hacer en el seno parlamentario, no se puede hacer ante la
representación popular de los españoles. Por eso queremos que el
fiscal general del Estado comparezca ante esta Cámara para que se
explique en función de su dependencia jerárquica, para que explique
su relación y vinculación con el Ejecutivo, para que nos explique su
actuación en estas dos cuestiones, en particular en el denominado
caso Ercros o Ertoil, en el que el fiscal general del Estado,
siguiendo instrucciones del Gobierno, ha intervenido de una forma
discutible que debería conocer esta Cámara. Nuestra opinión respecto
a esta intervención es que ha creado gran incertidumbre; ha dado la
imagen de un Gobierno que interviene a través del fiscal general del
Estado en la Fiscalía; ha dado la imagen de una Fiscalía que
entorpece la acción judicial; ha dado la imagen también de una
situación, la de nuestro país, donde no existe igualdad ante la ley
entre los que están en el ámbito del Gobierno y del poder político y
el conjunto de los ciudadanos. Estas incertidumbres, estas
situaciones creadas por la intervención del fiscal general del Estado
en el caso de Ercros o Ertoil, deberían ser explicadas y motivadas
ante esta Cámara y deberíamos tener el mismo tratamiento que ha
tenido al menos algún medio de comunicación, teniendo en cuenta el
papel del Poder Legislativo. De la misma manera, viendo la actuación
del Gobierno en esta materia, el ministro de Justicia debería dar
explicaciones y por eso pedimos su comparecencia, es decir,
consideramos que la materia obliga a la comparecencia del fiscal
general del Estado y del ministro de Justicia ante esta Cámara para
explicar sus actuaciones en torno a estos casos que han creado alarma
social e inseguridad jurídica en sectores importantes de la
ciudadanía.
Sé que el Grupo Popular está reflexionando en estos momentos si va a
permitir estas comparecencias, sé que lo hará durante esta larga
sesión de la Diputación Permanente, pero lo importante no van a ser
las peticiones que hagamos los grupos parlamentarios de la oposición,
lo importante y fundamental es si ustedes permiten funcionar al
Parlamento, si permiten el control parlamentario del Gobierno o si
finalmente amordazan al Parlamento en los temas que son hoy objeto de
debate en los medios de comunicación y en la calle, es decir, si
ustedes prestigian la actividad parlamentaria o contribuyen, como
decía antes, a deteriorar las instituciones democráticas y la
actividad parlamentaria, si contribuyen a empobrecer, a rebajar la
calidad de nuestra democracia. Espero que, como están reflexionando,
decidan que estas comparecencias se produzcan para que haya control
parlamentario, control democrático del Gobierno, incluso en período
extraordinario de sesiones.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor Saura, ¿el Grupo Mixto va a realizar una o dos intervenciones?
El señor SAURA LAPORTA: Una, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Una y de forma breve, porque suscribimos en
buena parte la intervención del señor Llamazares en lo que respecta
al primer punto del orden del día, en el que hemos agrupado los
puntos 1, 6 y 11, sobre la comparecencia del fiscal general del
Estado y del ministro de Justicia.
El señor Llamazares decía que hoy los grupos de la oposición
solicitamos toda una serie de comparecencias para que se expliquen
cuestiones graves que en otro momento hubieran tenido que significar
la iniciativa del propio Gobierno para explicar en sede parlamentaria
cuáles eran sus propuestas. A lo largo de esta sesión veremos algunos
de estos temas.
En concreto, en este punto, la petición que hacemos es la
comparecencia del fiscal general del Estado y del ministro de
Justicia. ¿Por qué? En primer lugar, porque una vez más el fiscal
general del Estado aparece no como un garante de las libertades y de
los derechos, que es el papel que tiene asignado, sino como un
instrumento partidista del Gobierno.Esta es una orientación que el
fiscal general del Estado actual creo que tiene desde el inicio y que
está conllevando una degradación de la institución, de la figura del
fiscal general del Estado. Se puede discutir si es cierto o no que el
fiscal general del Estado ha aparecido en estas semanas como un
impedimento para lograr la no imputación del señor Piqué; es decir,
no ha aparecido una figura del fiscal general del Estado que
garantizara las libertades y los derechos, que intentara profundizar
la investigación que se estaba haciendo en la Fiscalía, sino que el
señor Cardenal ha aparecido utilizando medidas precipitadas, en
algunos casos medidas irregulares con un solo objetivo, que no se
imputara al señor Piqué, y por lo tanto el señor Cardenal ha
aparecido como un instrumento del Gobierno, como un abogado del
Gobierno. A pesar de ello, no ha logrado conseguir lo que pretendía,
que era cerrar el caso, que se lograra el sobreseimiento, sino que
fundamentalmente lo que se ha conseguido ha sido que se profundice la
investigación.
He de decir que desde el punto de vista democrático no deja de ser
degradante que en un informe reciente del Consejo de Europa se haya
dicho que en estos momentos en España el fiscal general del Estado
tiene una línea de actuación que no es independiente de las
orientaciones o de los objetivos del Gobierno, y por lo tanto hay una
acusación, una acusación política, de que el fiscal general del
Estado está sometido a las orientaciones
del Gobierno. Evidentemente, esto tiene que ver con el tipo de
nombramiento y de cese que en estos momentos se produce en relación
con el fiscal general del Estado que, como ustedes saben, depende
absolutamente del Gobierno.
Es fundamental que el fiscal general del Estado venga a este
Parlamento a explicar cuál ha sido su actuación y, como otras veces
también hemos reclamado, que el ministro de Justicia comparezca para
explicar cuál es su opinión con relación a la actuación del fiscal
general del Estado. En todo caso, creemos que sigue existiendo ahí un
reto, una asignatura pendiente, que es cambiar el sistema de
nombramiento y de designación del fiscal general del Estado.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista solicita la celebración
de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior en
la que pueda tener lugar una comparecencia del fiscal general del
Estado, a fin de informar de los criterios utilizados por el
ministerio público con relación a actuaciones procesales penales de
las que pudieran derivarse responsabilidades de personas aforadas.
Estamos a 18 de julio, fecha bien avazada de un mes veraniego que, de
acuerdo con nuestro ordenamiento, es un mes de vacación
constitucional, pero eso no significa que el Parlamento esté muerto
ni que no deba cumplir sus funciones porque hay una institución que
lo mantiene vivo. Esa institución es esta Diputación Permanente, que
tiene la finalidad de asegurar las constantes vitales democráticas
que el Parlamento cumple en democracia. Una de esas constantes
vitales es ser capaz de debatir los temas de interés público que
requieren esclarecimiento, que requieren contraste y requieren
explicación. Prueba de que en este mes de julio hay una verdadera
catarata, un verdadero aluvión de estos asuntos de gran interés
público que están exigiendo discusión democrática, es que celebramos
hoy una sesión en la que se ventilan nada menos que 17 peticiones de
comparecencia de altas personalidades que ostentan importantes
responsabilidades en el Estado democrático, seis de ellos ministros,
y el séptimo es el fiscal general del Estado. El Grupo Socialista
concurre con otros grupos en solicitar su comparecencia ante la
Comisión de Justicia e Interior, y lo hace apoyado en muy buenas
razones; razones que tienen que ver no solamente con la preocupación
que sus actuaciones han suscitado en la opinión pública, lo mucho que
se hadebatido la actuación del fiscal general del Estado
recientemente, sus comparecencias extemporáneas en foros que nada
tienen que ver con el debate democrático ni con el contraste
democrático de posiciones, y sobre todo con el hecho de que esas
actuaciones afectan naturalmente al modo en que se conduce el
Gobierno. La manera de ventilar la responsabilidad política del
Gobierno es traerlo aquí y hablar en esta Cámara en sesión ordinaria,
en Pleno o en Comisión, y en sesión extraordinaria en la Diputación
Permanente. ¿Por qué estamos convencidos de que el fiscal general del
Estado tiene que comparecer ante esta Cámara? Porque evidentemente ha
sido protagonista de una secuencia de hechos bastante estridentes que
ha dado lugar a discusión y a escándalo, y lo peor de todo subvierte
los principios constitucionales que ordenan la actuación del
ministerio fiscal que lo configuran constitucionalmente para hacer
cabalmente lo contrario de lo que la Constitución quiere que haga. La
Constitución define al ministerio fiscal no como Poder Judicial sino
como una organización constitucionalmente relevante que tiene como
función promover la acción de la justicia en defensa del interés
público tutelado por la ley y ejercer en los distintos procedimientos
jurisdiccionales las acciones oportunas que se corresponden con el
interés público tutelado por la ley. El interés en el proceso penal
reside en esclarecer los hechos que parezcan delitos; esclarecer todo
aquello que parezca delito y ejercer las acciones oportunas ante la
jurisdicción Penal para esclarecer lo que parece delito y hacer más,
identificar a los presuntos responsables, a los aparentemente
responsables de lo que parece delito, identificarlos e incluso instar
de la jurisdicción Penal la adopción de las medidas cautelares, de
todas aquellas medidas provisionales que puedan tender a asegurar que
la justicia puede realizarse, es decir la realización de la acción de
la justicia; por tanto medidas cautelares que ayuden a esclarecer lo
que parece delito y a asegurar la puesta a disposición de la justicia
de las personas aparentemente responsables.
Pues bien, esto lo hace el ministerio fiscal de manera ordinaria en
nuestro sistema, en nuestro sistema jurídico, en particular en
nuestro sistema penal, y como consecuencia de eso miles, decenas de
miles, cientos de miles de españoles declaran ante distintos órganos
judiciales de competencia penal porque un ministerio fiscal, un
representante del ministerio fiscal les señala con el dedo y dice:
aquí hay hechos que parecen delitos y usted parece responsable; por
tanto, acuda ante la jurisdicción Penal y declare lo que sepa; ayude
a esclarecer la verdad, ayude a la acción de la justicia, y las
responsabilidades a que hubiera lugar se depurarán en el curso del
proceso con todas las garantías constitucionales. La primera de
ellas, naturalmente, la presunción de inocencia, que no está puesta
en cuestión de ninguna manera por la imputación; no está puesta en
cuestión de ninguna manera por la solicitud de imputación judicial;
no está puesta en cuestión ni siquiera por la formalización
de la imputación judicial, ni por la acusación ni por el
proceso, ni siquiera por la condena. Sólo por la sentencia firme se
disuelve la presunción de inocencia y la presunción de inocencia
acompaña al imputado, al acusado, al procesado a todo lo largo del
proceso hasta que la sentencia es firme. Evidentemente no es esto lo
que aquí está en cuestión; lo que está en cuestión es que cuando el
ministerio fiscal señala con el dedo a uno aparentemente responsable
para que acuda ante la justicia penal a responder de lo que parece
delito, los españoles de a pie acuden; los españoles de a pie que
tienen esa desgracia normalmente acuden y es anómalo, muy anómalo que
el principio de jerarquía en la estructura del ministerio fiscal obre
de sí el milagro de que algún español, estadísticamente improbable,
acabe no acudiendo, algún español acabe librándose del oneroso deber
de colaborar con la justicia y acudir ante la jurisdicción Penal para
esclarecer lo que parece delito que involucra su responsabilidad
personal.
Pues bien, nos tropezamos aquí con el caso de un español
estadísticamente improbable; un español cuya única diferencia
objetiva respecto de todas esas decenas de miles de ciudadanos que
acuden ante la jurisdicción penal porque los imputa un ministerio
fiscal competente en el esclarecimiento de asuntos que están bajo su
competencia objetiva, es que ese español estadísticamente improbable
se sienta en el Consejo de Ministros que nombró al fiscal Cardenal y
que le puede cesar cada viernes. Es la única razón objetiva por la
cual se produce una secuencia anómala, institucionalmente anómala, y
es que una imputación no basta para llamar a un imputado a decir lo
que sabe ante la jurisdicción penal competente, sino que se producen
una cadena de presiones, de conflictos internos dentro de la
estructura fiscal, de tal forma que el fiscal general del Estado
acaba convocando nada menos que a la Junta de fiscales de Sala, el
máximo órgano consultivo de la estructura del ministerio fiscal en
materia doctrinal y garantía de interpretación de la legalidad, para
ventilar el caso de un imputado muy particular, un imputado que no es
un ciudadano cualquiera. ¿Contempla el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal de 1981 la Junta de fiscales de Sala para este
menester? Evidentemente, no. Se trata de unificar criterios de
interpretación de la legalidad penal, se trata de asegurar la
unificación de criterios de interpretación uniforme de la legalidad
penal, problemas de interpretación doctrinal de la ley, pero este no
es el caso. Lo único que hace excepcional este caso es que el
imputado se sienta en el Consejo de Ministros, y por tanto el fiscal
general del Estado desarrolla un especial celo protector del que no
disfruta el resto de la ciudadanía imputada ante la jurisdicción
Penal, que no consigue anudar todo el estrépito institucional que ha
conseguido anudar en este caso un imputado aforado que además se
sienta en el Consejo de Ministros. ¿Y qué hace? Anuncia como sifuera
preceptivo, a través de medios de comunicación
que nada tienen que ver con el circuito democrático de
esclarecimiento, de explicación, y en su caso de contraste de
responsabilidades, que se propone seguir una cadena, como si fuese
legalmente preceptiva. Primero, agotar a los fiscales competentes en
el órgano de que se trata, el Tribunal Supremo. En segundo lugar, que
se convoque a los fiscales de sección de lo penal de la Sala Segunda
del Tribunal Supremo, que se convoque a todos los fiscales del
Tribunal Supremo, toda la fiscalía ante el Tribunal Supremo. Y
tercero, que se convoque a la Junta de fiscales de Sala, como si
fuese una cadena de trámites preceptivos. No lo son, en absoluto son
preceptivos. De hecho, la cadena no sólo no es preceptiva, sino que
es anómala. No es nomal que esto suceda. Lo normal es que el fiscal
competente, después de estudiar concienzudamente asuntos de su
competencia objetiva, asuntos que no le han sido señalados con el
dedo de manera arbitraria sino que le han caído en función de reglas
de competencia objetivas del ministerio fiscal, fiscales de probada
competencia también en el sentido técnico, fiscales sobre los que no
cabe hacer recaer ninguna sospecha de parcialidad ni de seguidismo de
posiciones puramente políticas, después de estudiar concienzudamente
un asunto que tiene clara relevancia penal, que afecta al
esclarecimiento del destino último de cientos de miles de millones de
pesetas y en particular a tres delitos que conciernen a 20.000
millones de pesetas cuyo destino no se ha esclarecido y sobre el que
caben fundadas sospechas de que hayan ido a parar por algún desagüe
de comisiones ilícitamente obtenidas. Los delitos son exactamente
esos, apropiación indebida, fraude fiscal y alzamiento de bienes,
hechos que claramente tienen relevancia penal y de los que por la
competencia objetiva está entendiendo un fiscal que además es
técnicamente competente, acaban en la mesa de la Junta de fiscales de
Sala como si ahí hubiese un problema de interpretación de la
legalidad, como si ahí hubiese un problema de interpretación
doctrinal, que no lo hay. Lo cierto es que tampoco tuvieron nunca
lugar los eslabones de la cadena anunciada. ¿Por qué milagro? ¿Porque
hubo percepción clara, llegaron ecos claros de que esa partida no se
iba a ganar? ¿Llegaron ecos claros de que los fiscales competentes de
lo penal en el Tribunal Supremo cuando estudian concienzudamente
hechos que parecen delitos acaban concluyendo que efectivamente todos
los que se sentaron hace diez años en la mesa del consejo de
administración de Ertoil tienen razones fundadas para aparecer como
responsables de presuntos delitos?
La cadena no tiene lugar porque llegan hechos claros de que los
fiscales que han estudiado concienzudamente el tema no le van a dar
la razón a la predeterminada voluntad del fiscal general del Estado
de torcer el curso de las cosas, torcer el signo del informe y acabar
haciendo lo posible para obrar el milagro: exonerar de
responsabilidad a ese imputado estadísticamente improbable que se
sienta en el Consejo de Ministros.
Este es el caso. Por tanto, no tiene lugar el pleno de los fiscales
del Tribunal Supremo. Se hace saber claramente al fiscal general del
Estado que esa partida está perdida y se pasa directamente a la
casilla siguiente. Cero al cociente y paso a la casilla siguiente,
Junta de fiscales de Sala, y la Junta de fiscales de Sala interpreta
como si hubiese un problema de interpretación de legalidad el
dictamen de 65 folios en el que se resumen tres años de investigación
concienzuda de hechos complejos. Un fiscal competente cuyo trabajo es
puesto en cuestión por fiscales de Sala que pertenecen a un órgano en
el que por su propia naturaleza se integran fiscales competentes en
el orden jurisdiccional Militar, fiscales competentes en el orden
jurisdiccional Civil o en el orden jurisdiccional Contencioso-
administrativo, pero que en todo caso no han dedicado un solo segundo
de su tiempo útil a estudiar todo ese material laborioso, acopiado
por el fiscal competente durante tres años de investigación
monográfica, y lo desmontan en un día.
Lo peor de todo no es eso; lo peor de todo es que todo el mundo sabía
que lo iban a desmontar en un día, que iba a suceder, estaba
pronosticado. ¿De qué dependía el milagro? Evidentemente, de la
composición de la Junta de fiscales de Sala y de la predeterminada
voluntad del fiscal general del Estado de hacer valer ese foro para
que pasase por decisión colegiada, sometida a votación ganada por
amplia mayoría, lo que en realidad significa el torcimiento del
designio de imputación de un fiscal competente dedicado a investigar
un asunto de forma monográfica durante años. Lo peor de todo es que,
además, esa votación era innecesaria, porque el criterio en su caso
le corresponde al fiscal general del Estado bajo su responsabilidad.
No necesita la votación de la Junta de fiscales de Sala, incluso
puede contradecirla si tiene lugar; es su responsabilidad.
Pues bien, por eso, porque es su responsabilidad y puesto que toda
esa secuencia tiene lugar claramente porque el fiscal general del
Estado la desencadena con estrépito con el objetivo último de hacer
exactamente lo que hace al final -exonerar de responsabilidad al
imputado estadísticamente improbable-, precisamente por eso, porque
es su responsabilidad, es por lo que el fiscal general del Estado
tiene que acudir a explicarlo ante al órgano que representa la
soberanía popular; tiene que explicarlo ante el órgano que puede
discutir esa responsabilidad, ante el órgano que puede someter
a crítica política tal actuación y puede deducir consecuencias
políticas de la misma; consecuencias políticas que afectan al órgano
que legítimamente lo nombró y legítimamente lo puede cesar. ¿Qué
órgano es ese? El Gobierno.
Los socialistas no discutimos el diseño constitucional del ministerio
fiscal, no discutimos el diseño constitucional del fiscal general del
Estado; siempre hemos aceptado un diseño constitucional que
encomienda al Gobierno democráticamente legitimado la responsabilidad
de designar y cesar al fiscal general del Estado,
que puede ser un instrumento o una pieza crucial, un sujeto activo
crucial en la realización de la política criminal que es parte de la
política interior de la que responde el Gobierno. ¡Pero que responda!
Que responda el fiscal general del Estado de lo que hace y de lo que
deja de hacer, y que responda el Gobierno; que tenga el coraje de
hacerlo. Evidentemente eso no se hace en un programa de televisión
amigable; no se hace en una comparecencia extemporánea en medios de
comunicación amigables; no se hace de ninguna manera que pueda
sustituir la comparecencia ante la institución en la que se sustancia
la política y se explican democráticamente las cosas que son
políticamente discutibles: se hace aquí, en el Congreso de los
Diputados.
Ante este hecho grave nos enfrentamos. El fiscal general del Estado
ha irrogado en primer lugar un conflicto dentro de la carrera
enfrentándose con el Consejo Fiscal, con el que pudo perfectamente
haber conducido el asunto en los mismos términos que lo hizo con la
Junta de fiscales de Sala puesto que no había materia alguna de
interpretación legal en discusión. En segundo lugar, con la Fiscalía
Anticorrupción porque ha puenteado sus informes y ha ignorado que hay
otras vías fiscales de acceso al esclarecimiento de los hechos y a la
individualización de las responsabilidades penales de las personas
que parecen responsables; en definitiva, con toda la carrera fiscal
en un momento que queda de manifiesto que la competencia objetiva
puede ser revocada sin acudir a los criterios establecidos en el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal, para hacerlo bajo la
responsabilidad del fiscal general del Estado.
Hay un mecanismo descrito entre los artículos 24 y 27 del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal para conseguir, cuando el fiscal
general del Estado se lo propone, llevarle la contraria a un
subordinado de la carrera fiscal, pero este mecanismo no se ha
seguido. No ha habido expresa relegación de responsabilidades, no ha
habido convocatoria del Pleno de los fiscales de la Sala Segunda ni
del Tribunal Supremo; lo que se ha hecho es ir directamente a la
casilla en la que el fiscal general del Estado podía agazapar su
responsabilidad, podía camuflar su voluntad predeterminada de
exonerar a Piqué.
Ahí radica la gravedad de los hechos, el deterioro ocasionado a la
credibilidad de la institución y al modo en que deben funcionar el
sistema judicial y el ministerio fiscal en democracia, y el gravísimo
perjuicio causado al objetivo que todos deberíamos compartir de
preservar a toda costa la igualdad ante la ley. De la misma manera
que decenas de miles de ciudadanos tienen que acudir cada año ante la
jurisdicción Penal porque un fiscal competente les señala con el dedo
de ser aparentemente responsables de un accidente de tráfico, de un
delito de lesiones causado en un bar o en una reyerta tumultuaria, de
un impago; de la misma manera que decenas de miles de ciudadanos
tienen que enfrentarse a esa responsabilidad de acudir a colaborar
con la
justicia, por igualdad ante la ley ese imputado que se sienta en el
Consejo de Ministros, ese imputado estadísticamente improbable que
tanto ha blasonado de querer colaborar con la justicia, de querer
ayudar, de querer esclarecer, debía haber aprovechado cualquier
ocasión para tomar la iniciativa y hacerlo bueno, sin ningún
perjuicio de su presunción de inocencia, que está garantizada hasta
el final de la secuencia procesal, aun hasta la condena, y aun
después hasta que la condena sea firme.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego que concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Quiero terminar diciendo que éste no es el
último caso, hay otro aforado que está siendo investigado por el
ministerio fiscal y todos los indicios apuntan a que la técnica será
exactamente la misma: utilizar al fiscal general del Estado para
exonerar a ese aforado de tener que responder de lo que sabe ante la
justicia penal. Eso es un grave perjuicio a la credibilidad de la
justicia, que ya está bastante dañada como para que el Gobierno
perpetre ningún daño adicional actuando de esta manera. Por tanto, es
imprescindible que el fiscal general del Estado acuda; es
imprescindible que explique en función de qué criterios ha elegido la
secuencia institucional que he descrito, y en última instancia es
imprescindible que el Gobierno asuma su responsabilidad de prestigiar
las instituciones, de reforzar el crédito del sistema de justicia
y la calidad de la democracia; es imprescindible que cuando haya un
ministro aforado que pueda ser investigado por el ministerio fiscal o
sobre el que proceda algún tipo de imputación o solicitud de
imputación por parte del ministerio fiscal, sin ningún tipo de
vorágine, sin ningún tipo de orgía indiscriminada de solicitud de
dimisiones apresuradas, con decencia política, simplemente declare lo
que sabe; que declare lo que sabe y luego ya vendrá naturalmente la
justicia penal a dar de sí y a poner a cada uno en su sitio. Se
supone que eso es lo que quería el ministro Piqué. Lamentamos que la
secuencia de hechos no solamente no le esté dando la razón, sino que
lo esté contradiciendo por completo.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego que concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo enseguida.
Sabíamos que el ministro Piqué blasonaba y presumía de lo que él cree
que es su derecho a la optimización fiscal; ahora entendemos que no
lo habíamos entendido por completo. Creíamos que la optimización
fiscal era la optimización de sus rendimientos fiscales; ahora vemos
que comprende también la optimización del fiscal Cardenal, la
optimización de los rendimientos del ministerio fiscal para discurrir
por un cauce paralelo, por una segunda vía, por un segundo carril
distinto a aquél por el que discurren las vicisitudes procesales
penales del resto, del común de los ciudadanos y ciudadanas
de este país. Esto nos parece democráticamente intolerable y creemos
que el modo de empezar a subsanar el callejón en el que se han metido
el ministro, el Gobierno y desde luego el fiscal general del Estado
empieza por traer al fiscal general del Estado aquí a explicar su
actuación. Por eso solicitamos del resto de los grupos que vote
favorablemente la solicitud de comparecencia del fiscal general del
Estado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar. ¿Turno en
contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señora
presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco comparte los argumentos expuestos por
los portavoces de Izquierda Unida, Grupo Mixto y Grupo Socialista, y
consecuentemente va a votar a favor de la toma en consideración de
estas iniciativas, para que tanto el fiscal general del Estado como
el ministro comparezcan ante los órganos de esta Cámara para que la
misma pueda ejercer sus funciones de control.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) entiende que
para discernir mejor el asunto que nos ocupa, debiéramos distinguir
-al menos así lo hace mi grupo parlamentario- tres aspectos
diferentes. Por un lado saben SS.SS. la resistencia que siempre ha
tenido Convergència i Unió a hacer declaraciones en razón del fondo
sobre asuntos judiciales o sobre asuntos que están en manos del
ministerio fiscal. Nunca lo hemos hecho, nunca lo hemos querido hacer
y quizá encontremos un buen apoyo en esa afirmación que efectúa el
propio Estatuto orgánico del ministerio fiscal cuando señala que el
ministerio fiscal se ubica, con autonomía funcional, en el Poder
Judicial. En cualquier caso, no queremos dejar de hacer constar la
perplejidad que puede sentir cualquier ciudadano -y no es la única
que ha podido sentir a lo largo de estos meses- ante la contradicción
de que por un lado la Junta de fiscales de sección del Tribunal
Supremo entiende que los hechos tal y como se reflejan en unas
actuaciones judiciales son suficientes como para que un ciudadano
declare como imputado, mientras que la Junta de fiscales de Sala, por
una mayoría tan abrumadora
prácticamente como la otra, entienda lo contrario. Desde luego
esto no es algo que contribuya a que gane credibilidad la justicia
entre los ciudadanos. Hemos visto también votaciones en la Sala
Segunda del Tribunal Supremo en las que se ha producido una fracción
importante, y algo habrá que hacer para que esto no pase; pero ya
digo, señorías, señora presidenta, que mi grupo no desea entrar en el
fondo de los hechos, creo que los otros grupos tampoco han entrado en
el fondo, y es algo que hemos ganado todos. Por otro lado, hay un
aspecto de procedimiento. Ciertamente, el Estatuto orgánico del
ministerio fiscal es complicado, y al menos en la experiencia de este
portavoz tanto en la legislatura pasada como en la actual nos hemos
encontrado ante supuestos y comportamientos del ministerio fiscal
ubicados o que podrían ubicarse dentro del espíritu de las normas del
Estatuto orgánico del ministerio fiscal y quizá más difícilmente a
veces en la propia literalidad. Mi grupo entiende -y quizá en eso
discrepemos del planteamiento de otros grupos- que los artículos 24 y
27 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, juntamente con el
artículo 14, atribuyen a la Junta de fiscales de Sala una función de
informe y asesoramiento al fiscal general del Estado no sólo desde el
punto de vista de la creación de doctrina y del mantenimiento de la
unidad de actuación y de unidad de doctrina que fundamentalmente se
refleja en el artículo 24, sino que concretamente en el artículo 27
se pone de manifiesto también la intervención de la Junta de fiscales
de Sala no ya para la creación de doctrina sino para la resolución o
la determinación del comportamiento del ministerio fiscal en casos
muy concretos, cuando conforme establece el artículo 27 se produce
una situación de contienda o de discrepancia entre los individuos del
ministerio fiscal, que es resuelta finalmente por el fiscal general
del Estado oída la Junta de fiscales de Sala. Ciertamente podrá
perfeccionarse este sistema de resolución de conflictos o se podrá
actuar de otra manera, a lo que mi grupo se resiste porque uno de los
aspectos fundamentales que llevaríamos al pacto de Estado por la
justicia sería atribuir mayor valor a las decisiones de la Junta de
fiscales de Sala, también a las resoluciones del Consejo Fiscal, y al
menos, como hemos manifestado públicamente, que en aquellos supuestos
en los que el fiscal general del Estado se aparte de los acuerdos o
de los informes de estos órganos deba hacerlo motivadamente, con lo
cual el problema de procedimiento al margen ciertamente de que unas
actuaciones pasen por la Junta de fiscales de Sala da -entendemos
nosotros- más garantías y no menores garantías.
Pero yo creo que aquí estamos quizá hablando de otra cosa, que es lo
que mi grupo quiere señalar; estamos hablando fundamentalmente de si
nuestro ordenamiento jurídico regula correctamente o no las
situaciones procesales y si la figura del imputado que se crea a
través del procedimiento abreviado tiene o no garantías
suficientes. Tengo que decir que al menos la posición del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como pusimos de
manifiesto entre otras cosas en el programa electoral con el que
hemos acudido a estas elecciones, es modificar la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, y así lo solicitábamos, además de para
introducir una doble instancia en los procesos, para garantizar
también en el procedimiento abreviado la determinación formal del
inculpado. Creo sinceramente que no es un interés puro y exclusivo de
Convergència i Unió. Por un lado, cuando el 16 de febrero de 1999
esta Cámara aprobó por unanimidad una proposición no de ley de
reforma global de la justicia, nos planteábamos una reforma en
profundidad de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pretendiendo
salvaguardar sobre todo las situaciones de los sometidos a
procedimiento, y finalmente incluso en el propio pacto de Estado de
la justicia, en el apartado 17 también nos estamos planteando una
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y, tal y como dice la
letra f), que establezca una delimitación precisa de los sujetos
durante el proceso y por tanto del imputado, del acusado y del
condenado.
No quiero dejar de hacer mención a un informe tremendamente valioso
por lo que hace a mi grupo, el elaborado por el letrado de la
Comisión de Suplicatorios del Senado el 19 de marzo de 2001, donde
después de efectuar un análisis respecto de la situación de los
aforados parlamentarios -y no sólo de ellos- sujetos a suplicatorio
ante los procesos penales, establece un análisis de la legislación
vigente, de la doctrina del Tribunal Supremo y concluye en la
necesidad de efectuar una reforma en profundidad de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal. Señorías, si me lo permiten mi grupo está
dispuesto a asumir planteamientos que han efectuado los grupos
Socialista y de Izquierda Unida; mi grupo parlamentario está
dispuesto a asumir que no todos los ciudadanos han podido gozar de
las garantías de que ha podido gozar el señor Piqué y que no todos
los ciudadanos cuando se acercan a la Administración de justicia han
podido gozar del mismo criterio que la Junta de fiscales de Sala ha
establecido respecto del señor Piqué. Pero la gran pregunta que nos
hacemos es si hay que tratar al señor Piqué como a todos los
ciudadanos o a todos los ciudadanos como al señor Piqué, porque lo
que en el fondo estamos planteando a través de la reforma de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal es aportar absolutamente a todos los
ciudadanos las garantías que en este momento la Junta de fiscales de
Sala ha atribuido al señor Piqué, y que cuando una persona sea
sometida a un procedimiento lo sea previo juicio de inculpación que
determine realmente no ya la posibilidad de haber cometido un delito,
sino un juicio de probabilidad; en última instancia, señorías, lo que
constituye el auto de procesamiento en los juicios y en los
procedimientos abreviados. Mi grupo al menos así lo entiende en este
caso, no discute esas garantías; lo que le gustaría, y hará
ciertamente todo lo posible a través de la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es extender estas
garantías a todos los ciudadanos, porque a SS.SS. tampoco se les
escapa esa situación de decenas de miles de ciudadanos a los que
hacían referencia el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, por el efecto de una doctrina -muy
juiciosa, todo hay que decirlo- del Tribunal Constitucional de que la
acusación particular, el afectado por un delito, la víctima tiene
derecho a la tutela judicial efectiva, nos encontramos en estos
momentos en un supuesto en el que casi unánimemente, desde luego por
una amplísima mayoría, cualquier querella se admitía a trámite sin
efectuar un juicio profundo, un juicio adecuado, un juicio que tenga
en cuenta cual es la situación en que se coloca a un ciudadano desde
el momento que pasa a esa situación de imputado. Tampoco se escapa a
SS.SS. que la mayor parte de los jueces y magistrados entienden que
es en el juicio oral y no precisamente en las diligencias previas
donde esa situación debe solventarse, y por tanto tampoco extrañará a
SS.SS. que al menos en lo que es el mundo del derecho se hable tanto
de esa pena de banquillo, que a veces es más abundante que la pena
que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que a fuer de ser más
abundante desde luego es muchísimo más injusta. Por tanto, señorías,
al menos desde la perspectiva de Convergència i Unió, traslademos
esos criterios de la Junta de fiscales de Sala, que no son
estrictamente suyos sino también del Tribunal Constitucional y del
Tribunal Supremo, a una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
y demos a todos los ciudadanos las garantías de las que mi grupo no
tiene por qué privar al señor Piqué.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.
En los primeros compases de esta sesión no he podido menos que
recordar un libro del todavía presidente del Tribunal Constitucional
español donde utiliza la metáfora de un visitante persa que
analizaría desde fuera cuál era el alcance de nuestra Constitución, y
he pensado que si aquí hubiera entrado un parlamentario persa durante
la primera fase de esta sesión se habría devanado los sesos
intentando adivinar sobre qué pretendíamos debatir hoy aquí.
Realmente ha sido un surtido tan prolijo, amplio y generoso de
cuestiones, todas ellas absolutamente ajenas al fiscal general del
Estado siquiera remotamente, que se quedaría enormemente perplejo
acerca de por donde iban los tiros. Afortunadamente, en otras
intervenciones se ha ido más al grano y se ha disparado un poquito
más a la diana, con lo cual nos hemos enterado de qué se trataba de
debatir aquí
porque la verdad es que mi cometido era muy complicado en la medida
que yo no sabía muy bien qué se pretendía que aquí se argumentara.
Bien es verdad que se me ha dicho al principio de la intervención que
los argumentos eran lo de menos, lo cual evidentemente excusa de
cualquier otra consideración. (Risas.)
Yo creo que estamos en un período extraordinario de la actividad de
este Parlamento y no sé si será un exceso sugerir que para que el
Parlamento, precisamente para hacerse respetar, ejerza su actividad
en un período extraordinario sus motivos sean extraordinarios, y yo
observo que hoy son de un ordinario aplastante. Es lo de siempre. Se
trata de meterse con el fiscal general del Estado (asunto muy poco
original -las cosas son como son-, puestos a buscar escenarios
extraordinarios yo hubiera buscado otro), criticarlo por el hecho de
que es nombrado por el Gobierno y a continuación defender que lo siga
nombrando el Gobierno para que cuando gobierne el Partido Socialista
pueda manejarlo, como lo ha manejado, y cuando gobierne el Partido
Popular pueda acusarlo de todo lo que le interese asegurando que lo
manejan como ellos lo manejaron, y así evidentemente se le saca
partido a la fórmula. Otros han sugerido que habría que cambiar el
sistema, pero lo han sugerido de tal manera que parece que fuera algo
ajeno a sus posibilidades parlamentarias, de las que no tenemos
noticia que hayan presentado propuesta alguna de cambio, con lo cual
es un asunto un tanto sorprendente pero ahí queda.
No parece que haya razones extraordinarias. Es más, 13 fiscales de
Sala, que son la cúpula del ministerio fiscal -y digo la cúpula
porque el ministerio fiscal, como es bien sabido, funciona con el
principio de jerarquía, por tanto tiene cúpula-, pues bien, la cúpula
del ministerio fiscal, 13 de los 15 fiscales de Sala, reunidos con el
fiscal general, han decidido que desde el último auto del año 2000 no
hay hecho alguno en ese proceso que justifique un cambio de criterio
respecto a la postura del ministerio fiscal. Yo no sé si, al
contrario, debo entender de lo que ha dicho el profesor López Aguilar
que estos fiscales de Sala practican el seguidismo. Alguno de ellos
entró ahí con cero votos del Consejo Fiscal y él lo conoce. (El señor
López Aguilar: Fungairiño.- Risas.) No. El señor Martínez Zato, sin
ir más lejos, con cero votos del Consejo Fiscal. (El señor López
Aguilar: Es falso.) Comprendo perfectamente que tenga algunas dudas
sobre el particular, pero la verdad es que no creo que los otros
merezcan ese tratamiento. Me asombra mucho esa actitud que observo en
su displicente tratamiento de lo que dicen los fiscales de Sala, que
son los que dan prestigio, porque además por razón de su específica
competencia no es un órgano representativo, como muy bien sabe el
profesor López Aguilar, sino que están ahí precisamente en razón de
su peculiar competencia y conocimiento de la materia.
Por otra parte, se ha llegado a criticar, como si fuera una especie
de juego de la oca, que la Junta de fiscales
se haya pronunciado. Quiero recordar que hace un año el Consejo
Fiscal le echó en cara al fiscal general del Estado que no hubiera
convocado a los fiscales de Sala. Aquí ya se ve que el bueno del
fiscal general haga blanco o haga negro se las lleva siempre, de ahí
lo ordinario de la cuestión y lo absurdo de pretender convertirla en
extraordinaria, porque es enormemente ordinaria. Además, yo que
conocí al profesor López Aguilar en sede académica y por eso veo en
él al catedrático más que otra cosa, me asombra cómo ha tratado el
artículo 14 del Estatuto del ministerio fiscal. No sé si es que no se
lo ha leído o que a fuer de parlamentario en apuros ha preferido
simular que no lo ha leído, porque nos ha asegurado que la función
del Consejo Fiscal es elaborar los criterios generales en orden a
asegurar la unidad de actuación del ministerio fiscal. De acuerdo.
Esa es la letra a) del artículo 14.1, pero es que da la casualidad de
que hay hasta la letra h) y no hay que bajar mucho, basta ir a la b)
para encontrar lo siguiente: Asesorar al fiscal general del Estado en
cuantas materias éste le someta. Si usted quiere modificarlo y decir:
Salvo que tenga que ver con el deseo de la oposición de que se impute
a un ministro del Gobierno, dígalo y lo estudiamos, pero lo que dice
es lo que dice: Asesorar al fiscal general del Estado en cuantas
materias éste le someta. Al igual que la letra c) dice: Ser oído en
las propuestas pertinentes respecto al nombramiento de los diversos
cargos. (El señor López Aguilar: Está hablando del Consejo Fiscal.)
Con su argumento de hoy, si sólo es la unidad de doctrina lo que
tiene que hacer el Consejo Fiscal no podría ser oído para el
nombramiento de los cargos, porque usted, por lo visto, quiere
reducir el artículo 14.1 a la letra a), quizá por pereza... (El señor
López Aguilar: Está hablando del Consejo Fiscal, no de la Junta de
fiscales de Sala.)
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego guarde silencio.
El señor OLLERO TASSARA: Yo comprendo que leerle una ley es un acto
de crueldad, pero esto es lo que dice la ley. (Risas.) ¿Qué quiere
que haga? Perdónemelo como colega pero lo dice la ley. ¿Qué quiere
que le diga? ¿Quiere que le recuerde que la figura del fiscal natural
no existe? ¿Quiere que le recuerde algo como eso? Se lo puedo
recordar. Puestos en período de exámenes se lo recuerdo.
Desde otra disciplina, desde la filosofía del derecho, le diré que la
manera de distinguir lo que es un argumento racional de un
apasionamiento partidista es si el argumento es susceptible de ser
generalizado. Por eso yo quiero preguntarle al profesor López-
Aguilar: ¿Qué es lo que usted está defendiendo, que lo que diga
cualquier fiscal no pueda ser contradicho por ningún otro, como si
fuera el fiscal natural, o por el contrario admite que está en vigor
el artículo 24 del Estatuto del ministerio fiscal en el que se señala
que para mantener la unidad
de criterio -precisamente- en los acuerdos, después del libre
debate, prevalecerá el criterio del fiscal jefe? Sin embargo, si esta
opinión fuese contraria a la manifestada por la mayoría -cosa que ha
ocurrido en este caso-, deberá someter ambas a su superior
jerárquico, cosa que ha hecho en este caso. Por tanto, no está
jugando nadie a la oca, están cumpliendo el artículo 24 del Estatuto
orgánico del ministerio fiscal. Como hay principio de jerarquía,
resulta que cuando un fiscal vaya a imputar a cualquier español y el
fiscal jefe entienda que no hay indicios racionales para hacerlo, esa
discrepancia se solventa yendo al inmediato superior, y en este caso
ha querido oír al Consejo Fiscal, a lo que tiene perfecto derecho.
Habría que haber oído qué se hubiera dicho hoy aquí si el fiscal
general hubiese adoptado una decisión sin consultar a los fiscales de
Sala. Se habría armado la marimorena y se habría dicho que, como
quiere hacer lo que le dice el Gobierno, no va a correr el riesgo de
reunir al Consejo Fiscal para exponerse a ganar trece a dos. Pues
bien, se ha expuesto a ganar trece a dos, qué le vamos a hacer. ¿Que
usted ya sabía que sólo contaban con dos? Ese es su problema, y el de
los dos (Risas.); desde luego no es el nuestro. Se está cumpliendo la
ley letra a letra.
Además, habla de cómo ha sido tratado cualquier español. Sin ir más
lejos, ¿cómo han sido tratados los 30 españoles que formaban parte
del consejo de administración de esa empresa? Sólo han sido llamados
a declarar cinco, y tres de ellos fueron llamados a declarar primero
como testigos y sólo luego como imputados. Y usted quiere que,
después de que de los 30 sólo se haya llamado a cinco y a tres de
ellos primero como testigos, al señor Piqué, por ser el señor Piqué,
cuanto antes y como imputado. Eso es lo que ha querido usted,
mientras que los fiscales de Sala han dicho que todos como testigos.
Esa es la diferencia entre un fiscal de Sala y alguien que tiene que
hacer el papelón que S.S. ha tenido que hacer hoy aquí (Rumores.);
esa es la diferencia, así de fácil.
Ustedes vienen haciendo propuestas enormemente sugestivas y en cuanto
se salen del pacto de Estado lo que nos ofrecen es un poco llamativo.
Por ejemplo, yo he oído la propuesta de que se cree el fiscal
particular de la oposición. Asunto novedoso e interesante, sobre todo
para el persa; si viniera por aquí se quedaría asombrado. Según
ustedes, cuando el fiscal general se encuentre con un problema en el
que esté afectado un miembro del Gobierno no debe intervenir. Don
Carlos Granados, cuando era fiscal general, sí que intervino cuando
se discutió si se imputaba o no a don Felipe González y ustedes no lo
consideraron ningún problema; al contrario, les pareció muy normal
que interviniera. Ahora quieren un fiscal particular de la oposición
para que intervenga cuando alguien del Gobierno pueda, remotamente,
verse afectado por alguna posible decisión. Pues bien, esto es lo que
da de sí este asunto.
Si nos detenemos un poco en los argumentos, por parte de Izquierda
Unida yo he visto una mezcla de alarmismo y de a mí el pelotón que
los arrollo. (Rumores.) Ha dicho usted: Aquí estoy yo y ni miro donde
está el defensa. Se ha llevado todo por delante, absolutamente. Quizá
ha sido extraordinario en cuanto a la cantidad, pero en cuanto a la
calidad, yo no veo ningún suceso extraordinario digno de ser
contemplado en un período como éste -es una opinión-, porque lo suyo
ha sido una enmienda de totalidad a la totalidad total (Risas.), o
sea, un asunto supremo. ¿Se está perturbando al Poder Judicial? No.
Lo que ha dicho la Fiscalía es que prosiga la investigación, que por
cierto está en fase de instrucción todavía. Es más, desde un punto de
vista de rapidez en la causa, si prosperara esta idea de pura
economía procesal, que evidentemente no es la decisiva, se alargaría
todo porque el Tribunal Supremo tendría que volver a nombrar
instructor y empezar de nuevo. No crea usted que eso es un atajo
porque procesalmente sería algo muy distinto. Aquí la fiscalía no
entorpece la labor judicial -qué va a entorpecer-, lo que ha dicho es
que sigan investigando y que apunten un poco mejor a ver si
encuentran algo. (El señor Llamazares Trigo: No ha probado nada.) Por
lo demás, esa es la realidad, como la realidad es que no se debe
decidir un cambio de competencia que afecta a la garantía de un
derecho y una libertad, como se ha dicho desde el Grupo Mixto; a la
garantía de un derecho y una libertad afecta el mantener el juez
natural y cambiar la competencia a otro juez afecta a una libertad de
los ciudadanos, de todos los ciudadanos, también los que son
ministros, sobre todo por hechos realizados cuando no lo eran. Por
cierto, profesor López de Aguilar, ustedes que son tan amigos de
convocar aquí a todo tipo de fiscales -ya nos han convocado también
al fiscal anticorrupción- ¿por qué no convocan al fiscal Bartolomé
Vargas para que explique por qué entre su penúltimo informe y el
último desaparecen los nombres del señor Aranzadi y del señor
Solchaga? Es una cosa curiosísima. Puestos a preguntar a lo mejor se
lo explica. ¿Por qué no cuenta las conversaciones del señor Escámez
con Aranzadi, por qué se le va ese nombre, por qué desaparece el
señor Solchaga? Ya puestos, tráigale aquí y pregúntele, pero en
período ordinario, porque si no esto va a parecer una tertulia
radiofónica; tráigalo en período ordinario y pregúntele.
La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego que concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Voy concluyendo.
Esta es la cuestión. Ningún organismo internacional ha puesto en duda
la imparcialidad subjetiva del fiscal general del Estado español; han
dicho que el procedimiento del nombramiento influye en que se discuta
la imparcialidad objetiva. Pero como aquí hay un grupo
que lo va a cambiar, encantados de la vida; ya veremos cómo lo hace.
En resumen, no ha habido secuencia de hechos estridentes; ha habido
simplemente cumplimiento puro y duro, exhaustivo, sí, que es lo que
ha enfadado a algunos. A mí me hace gracia que dos miembros del
Consejo Fiscal pidan por favor que no los reúnan. Me ha dejado
asombrado que un órgano consultivo diga que por favor no les pidan
consejo. ¿Entonces qué hacen ahí? (Risas.) No lo entiendo. (La señora
Cunillera i Mestres: ¡Qué zafio!) Enseguida pensé que dijeron que no
los reúnan porque van a perder, y en efecto perdieron. Era tan fácil
la quiniela que no tiene mayor mérito, no me tocó ni el reintegro.
(Risas.)
Por supuesto, se trata de promover la acción de la justicia, señor
López Aguilar, pero ¿me permite una pregunta? (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Ollero, le ruego concluya.
El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta. ¿Forma parte de
la acción de la justicia imputar sin indicios? ¿Desconoce S. S. lo
que dijo textualmente el propio señor Vargas en la reunión de la
Junta de fiscales del Tribual Supremo? Dijo: Respecto del aforado no
hay indicios en el sentido del artículo 384 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pero sí una suerte de preindicios -fíjese
qué figura conceptual- que aconsejan citar a aquél en calidad de
imputado. Preindicios dijo el señor Vargas, y los otros trece han
dicho que aquello no había por dónde cogerlo; eso sí, le han alabado
su laboriosidad; hasta ha quitado a Aranzadi, fíjese si le ha
dedicado tiempo (Risas.)
Ustedes ya han abandonado la teoría de la estigmatización, aunque ya
se ve que no del todo porque parece que sigue funcionando por ahí.
Además -y con esto termino-, han demostrado hoy aquí una animosidad
respecto a determinados medios de comunicación que tampoco entendemos
porque siempre habíamos pensado que los medios de comunicación
formaban parte del elemento que permite el pluralismo político, base
de nuestro ordenamiento, por lo cual el artículo 20 tiene una
especial protección (El señor López Aguilar: Nosotros también lo
pensábamos.)
La señora PRESIDENTA: ¡Señor López Aguilar!
El señor OLLERO TASSARA: Ver a todo un catedrático de derecho
constitucional olvidando eso me ha dejado un poco impresionado, pero
al fin y al cabo es lo ordinario y en lo ordinario estamos.
Nada más. (Aplausos.-El señor Caldera Sánchez- Capitán: Tú eres
catedrático y él no.)
La señora PRESIDENTA: Señor Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: No sé muy bien si la intervención del
Grupo Parlamentario Popular, del señor Ollero, entra dentro de una
lección magistral o de otra cosa con mayor nivel de humor, pero desde
luego no hemos visto en esa intervención nada que indique que el
Grupo Parlamentario Popular va a bloquear la comparecencia del fiscal
general del Estado y del ministro de Justicia y sí algunos elementos
curiosos. Para el Grupo Parlamentario Popular, la situación en
general es ordinaria, no quiere hablar de política y habla
técnicamente de la fiscalía general del Estado, del procedimiento y
demás. No voy a reiterar que para nosotros la situación no es
ordinaria, por lo que nos lleva a pedir comparecencias
extraordinarias, pero reconocerán que no es ordinario lo que ha hecho
el fiscal general del Estado en este caso, y no es ordinario tampoco
la aparición en Televisión Española prácticamente de todos los
afectados, sólo ha faltado el señor Aznar. Ha estado el señor Piqué,
ha estado el fiscal general del Estado y a ustedes les parece que
estamos en una situación ordinaria. Es una situación extraordinaria
para los demás pero ordinaria para el Parlamento. Es decir, lo
extraordinario siempre pasa fuera de este Parlamento, nunca se
refleja en el debate político parlamentario. Es una concepción
curiosa de la dignidad de las instituciones que el problema y la
realidad ocurren fuera, pero dentro de la institución no hay nada, es
todo extraordinario y no merece la pena debatir ni comparecer en sede
parlamentaria.
La actitud profesoral es también la del fiscal general del Estado,
que como no va a comparecer aquí -parece ser- hay que deducirla de su
comparecencia en los medios de comunicación. Digo actitud profesoral
porque así como el fiscal general del Estado suspende a todos los
fiscales, sobre todo a aquellos que han imputado a algún miembro del
Gobierno diciéndoles que no han estudiado lo suficiente, usted nos
suspende a los portavoces de los grupos parlamentarios de la
oposición diciendo que estamos hablando no se sabe muy bien de qué.
Actitud profesoral del portavoz del Grupo Popular y del fiscal
general del Estado.
Dice usted cosas que no son reales, aparte de lo extraordinario y lo
ordinario, que en el caso del Grupo Popular significa la actitud de
los monos de Gibraltar: ni oigo ni siento ni padezco. En este caso
usted argumenta que en la cúpula fiscal le dan la razón, además de
que confunde el Consejo Fiscal con la Sala en materia legal; ha
utilizado usted argumentos y artículos que tienen que ver con el
Consejo Fiscal y no con la Sala convocada. Pero en la cúpula fiscal
las cosas no entran y salen de la misma manera. No vaya usted a decir
que diez horas de negociación y de trabajo fiscal quedan en nada, en
dar la razón al fiscal general del Estado. Deeso nada. De esa Sala no
sale dar la razón a todo lo que decía el fiscal general del Estado,
no vaya a ser que el fiscal general del Estado propusiera a la cúpula
fiscal que compareciese el señor Piqué como testigo. Nada
de eso aparecía en las propuestas del señor fiscal. La cosa ha salido
de otra manera, digamos, complaciente para el señor fiscal general
del Estado y para el Gobierno, pero en algunas materias también
salvando la dignidad del órgano fiscal y de la justicia. En ese
sentido, no hay nada de lo que usted dice de que las cosas entran
y salen de la misma manera y de que se ha dado la razón al fiscal
general del Estado. Eso no es así porque el fiscal general del Estado
no llevaba concretamente esa propuesta y tampoco lo ha dicho
previamente a la reunión de la cúpula fiscal.
Ha terminado usted en un argumento que en los últimos tiempos produce
cansancio. Produce cansancio el argumento, por una parte, de que
vosotros más en el pasado (es el argumento del ventilador, del y tú
más; parece un patio de colegio en vez de una Cámara política);
y también producen cansancio los continuos argumentos de su grupo con
relación a la legitimidad que les dan los votos, a la legitimidad que
han obtenido como mayoría y por eso son Gobierno y nosotros
oposición, pero que no sirven de nada en este caso.
Termino diciéndole, señor Ollero, que lo que he manifestado es que en
el día de hoy no se les valorará por los argumentos que den, sino en
la medida en que permitan el control parlamentario de esta Cámara o
en la medida en que amordacen a esta Cámara. Me parece que con esos
argumentos usted va camino de amordazar a esta Cámara.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor López Aguilar.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero decir que la condición profesoral a la que
reiteradamente ha apelado mi colega Andrés Ollero no tiene nada que
ver con la que ha justificado mi intervención aquí esta tarde en esta
Cámara. Es la condición de un parlamentario que forma parte de un
Parlamento, una de cuyas funciones es controlar al Gobierno y la
acción del Gobierno democráticamente responsable. De eso es de lo que
se trata y no de otra cosa. Lo primero que tengo que recordar, por
tanto, es que si hay un examen aquí esta tarde es el examen que
efectúan los grupos parlamentarios que no apoyan al Gobierno,
cumpliendo una función constitucionalmente necesaria,
constitucionalmente indispensable, sobre la mayoría que apoya al
Gobierno y sobre el Gobierno. Respecto a esta condición profesoral,
recuerdo que esto no es un examen de derecho constitucional, es una
sesión parlamentaria en la que los grupos que no apoyamos al Gobierno
tenemos derecho a controlar al Gobierno y a controlar las decisiones
que el Gobierno adopta, una de ellas el nombramiento de un fiscal
general del Estado cuya legitimidad nosotros no discutimos
en ningún momento. De manera que lo primero que hago es invitar al
señor Ollero a que abandone la vía estéril de deformar los argumentos
del adversario, intentando exhibir siempre la contradicción entre que
seamos capaces de legitimar el mecanismo por el cual el fiscal
general del Estado, de acuerdo con la Constitución, es nombrado por
el Gobierno y puede ser cesado por el Gobierno y que el fiscal
general del Estado tenga que acudir a esta Cámara a explicar
decisiones políticamente discutibles, porque no solamente no hay
contradicción alguna sino que hay plena congruencia. Precisamente
porque el fiscal general del Estado desempeña una importante
responsabilidad, tenemos derecho a exigírsela, y correlativamente
exigírsela al Gobierno que lo nombra y que lo puede cesar. Por tanto,
de eso es de lo que estamos hablando aquí.
En segundo lugar le diré que no solamente he leído el Estatuto
orgánico del ministerio fiscal sino que da la impresión de que quien
no lo ha leído es el señor Ollero, o lo lee parcial y sesgadamente,
porque me ha recitado las competencias del Consejo Fiscal, que es el
órgano que aquí no ha entrado en juego; el que ha entrado en juego es
el órgano que se relaciona en el último párrafo, el segundo del mismo
artículo 14, la Junta de fiscales de Sala, que es la tecla a la que
acudió el fiscal general del Estado, no al Consejo Fiscal, por lo que
es inútil que me recite de la a a la hache las competencias del
Consejo Fiscal, que aquí no ha jugado su papel; el que ha jugado su
papel ha sido la Junta de fiscales de Sala, uno de cuyos miembros es
el fiscal inspector jefe Juan José Martínez Zato. Le invito a
reiterar el error de apreciación que se ha permitido vertir sobre su
presencia en el Consejo Fiscal, porque si hay un solo alto cargo en
la jerarquía del ministerio fiscal que no haya contado con un solo
voto para su promoción en Consejo de Ministros, y aún esa competencia
la ejerció, se llama Fungairiño, como usted sabe perfectamente. Por
tanto, es falso que el fiscal jefe de la inspección haya llegado sin
ningún apoyo, pero en todo caso eso no sería relevante porque, como
bien ha dicho, la estructura del ministerio fiscal se rige por un
principio de jerarquía, y de esa jerarquía no podemos colegir de
ninguna manera irresponsabilidad absoluta. Hay un superior en esa
jerarquía que es el fiscal general del Estado y debe acudir aquí a
explicar las decisiones que toma. Pues bien, en las decisiones que ha
tomado en este asunto no es normal en absoluto contradecir el informe
de un fiscal que ha ejercido su competencia, que ha investigado un
caso monográficamente y que ha concluido en un dictamen que procede
llamar a declarar ante la jurisdicción competente, que es la Sala
Segunda, por su condición de aforado contra una persona. Tiene que
acudir como imputado, y eso es lo estadísticamente normal. Aquí se ha
obrado un milagro, una excepción a la regla. Por tanto, siguiendo su
razonamiento de que la consistencia de los propios argumentos
consiste en resistir la prueba de la generalización,
yo invito a venir aquí al fiscal general del Estado a explicar
si es capaz de decir a la sociedad española que se toma el mismo
trabajo por el resto de las personas sobre las cuales pesa una
solicitud de imputación estrictamente fiscal, obediente al fiscal
competente en el ejercicio de sus competencias. ¿Por cuántos
españoles se toma ese trabajo el fiscal general del Estado? ¿Por
cuántos decide convocar la Junta de fiscales de Sala? ¿Por cuántos se
consume una sesión completa de diez horas de deliberaciones de todos
los miembros de la Junta de fiscales de Sala? Quizás haya algún otro.
¿Se llama Jaume Matas por casualidad? ¿Ese español es improbable que
acompañara en esa estadística tan selectiva al señor Piqué en el
forzamiento de la convocatoria de una Junta de fiscales de Sala para
llevarle la contraria a un fiscal que lo único que pretende es que
alguien que está involucrado en hechos que parecen delito acuda ante
la jurisdicción a decir lo que sabe y acuda revestido de todas las
garantías procesales y penales que son las propias de la condición de
imputado? Ese es el argumento que tiene que resistir la prueba de la
generalización.
En tercer lugar, a mí me parece que el señor Ollero se ríe a menudo
de este asunto, sus compañeros de banco en el Partido Popular se ríen
de este asunto, y los miembros del Consejo de Ministros, confiados
como están en que en esa función de primeros auxilios y de pronto
socorro, en la que tan solícito es el fiscal general del Estado, con
su ayuda nunca tendrán que acudir a declarar como imputados, se ríen
también mucho, y efectivamente el señor Piqué se ríe mucho confiado
en que el ángel de la guardia, el ángel custodio de la Fiscalía
general del Estado le exonerará del oneroso deber de compararse con
los españoles de a pie.Pero la sociedad española no se ríe de eso, no
se ríe del sistema judicial, no se ríe de la desigualdad ante la ley,
no se ríe de la manipulación y de la perversión de los procedimientos
ante la jurisdicción penal, no se ríe de la falta de garantías, no se
ríe de esa desigualdad clamorosa. La sociedad española está
preocupada por este asunto y la sociedad española, si tiene que reír,
reirá la última, y el pronóstico no les va a hacer gracia porque
estos asuntos continúan su curso. Por tanto, le invito a que no se
ría tanto con lo que constituye un asunto que preocupa a la sociedad
española, un asunto que afecta a la médula de la calidad democrática
en este país.
La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego concluya.
El señor LÓPEZ AGUILAR: Concluyo, señora presidenta.
En cuarto término, queremos que comparezca el fiscal general del
Estado, claro que sí, para que expliqué por qué se ha tomado ese
trabajo, por qué ha sido tan solícito, por qué esos auxilios en
carretera a los ministros en apuros que no se toma por el resto de
los españoles
de a pie. Queremos que acuda, pero naturalmente a través de
ello estamos llegando a algo que tiene sentido en nuestro sistema
democrático, que es la responsabilidad del Gobierno por nombrar a ese
fiscal, por mantenerle en el cargo y por no cesarle, porque eso lo
puede hacer legítimamente el Gobierno, políticamente responsable ante
este Parlamento. El mecanismo no significa que el fiscal general del
Estado sea irresponsable ni que el Gobierno sea irresponsable;
significa exactamente que el fiscal y el Gobierno tienen que explicar
lo que hacen y cuando lo que hacen produce escándalo o discusión
social tienen que acudir a esta Cámara y explicarlo, y lo contrario
es instalarse en la doble vara, en el doble rasero que degrada la
democracia. Ustedes se llenaron la boca con fraseología muy
encendida, muy flamígera, de regeneración democrática, de
colaboración con la justicia, de esclarecimiento de todo lo que
parezca delito, de lucha contra la corrupción, pero en el Gobierno
ocupan las instituciones con voluntad de poder, implacablemente
tuercen las instituciones en su curso normal para que si hay una
terminal que se salga de pronóstico, un fiscal competente que señala
con el dedo a un miembro del Consejo de Ministros, se las arregla
para que al final eso no llegue a ninguna parte y quede silenciado. Y
pretenden aplicar esa vara de medir retrospectivamente sin
aplicársela ustedes mismos ahora cuando se enfrentan con la
responsabilidad de su contradicción. Estoy seguro de que la sociedad
española toma muy buena nota de esa contradicción en la que ustedes
están instalados y la sociedad española reirá la última y ustedes
reirán menos. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: La verdad es que no hay muchos elementos de
juicio nuevos. En primer lugar, en cuanto a las alusiones a
Televisión Española, no sé si aquí estamos en un juicio de
contraprogramación. Supongo que Televisión Española informa
lógicamente de lo que entiende oportuno y no de sucesos
extraordinarios que ¡qué más quisiera! a veces los hay y a veces no.
No veo que sea la razón.
El fiscal general no ha suspendido a nadie. El fiscal general ha
reunido a la Junta de fiscales de Sala -en efecto, puede que en algún
momento haya cambiado el nombre de los órganos, es un viejo vicio que
tengo, porque la verdad es que no es muy fácil lo del estatuto-
y ésta por 13 a 2 ha decidido y, además, uno detrás de otro -está en el
acta- han ido opinando, amablemente muchos de ellos y alabando la
laboriosidad del señor Vargas, que no hay indicios por ningún sitio,
menos dos. Ese es un hecho y ahí está. No sé si eso esun suspenso o
no; está previsto y así se ha hecho.
En cuanto a la intervención del diputado López Aguilar, en efecto, en
el artículo 14 quería contextualizar porque se habla de asesorar al
fiscal general, pero si nos vamos al párrafo siguiente encontrará,
porque sigue al fin y al cabo la misma línea argumental, que la Junta
que asiste al fiscal general del Estado es competente no sólo, como
dijo S.S., en orden a la formación de los criterios unitarios de
interpretación o actuación legal, sino en orden a la resolución de
consultas. Este paralelismo es el que me ha llevado a la confusión,
pero en el fondo el argumento es el mismo. Resolver consultas del
fiscal general está en el artículo 14 del Estatuto, que era mi
referencia, como una de las competencias de esa Junta de fiscales, le
guste o no. (El señor López Aguilar: No es el caso.)
Insisto en lo de generalizar o no el criterio. Cuando se hizo el
Estatuto orgánico del ministerio fiscal y se previó la posibilidad de
una discrepancia entre lo que dice un fiscal, dentro del principio de
jerarquía, y lo que dice su superior, ¿se estaba pensando en algo que
no iba a ocurrir nunca, en algo que exigiría un milagro o en algo
perfectamente normal dentro de una estructura jerárquica? ¿Defiende
S.S. la figura del fiscal natural? ¿Defiende S.S. que cuando un
fiscal ha dicho a este señor se le imputa ya nadie pueda discrepar de
él? Pues dígalo y cambie el estatuto, pero el estatuto prevé esa
función. El estatuto prevé que si hay una discrepancia se consulte al
superior, y es lo que se ha hecho. Si lo preveía el estatuto es para
todos los españoles. ¿O es que esto es un invento que se ha hecho a
última hora en beneficio de un español? No. Esto está en el estatuto
para todos los españoles. ¿Qué pasa? ¿ Se puede aplicar a todos los
españoles menos a los miembros del Gobierno? ¿Por qué? Eso es lo que
tendría S.S. que explicar, porque la verdad es que no se entiende.
Resulta chocante que S.S. hable de ocupar las instituciones porque
debería hacer una operación tan simple como contar cuántos y cuándo
han sido nombrados algunos miembros de esa Junta de fiscales de Sala.
Haga cuentas S.S. Así será creíble o no esa afirmación. Acusar de
ocupar la Fiscalía general cuando la Constitución dice que se nombra
a propuesta del Gobierno, siempre va a tener algún tipo de cobertura.
Pero acusar de ocupar las instituciones hablando de la Junta de
fiscales de Sala, es demasiado. Todo el mundo sabe cómo ha llegado
cada uno ahí. Todo el mundo sabe cómo ha llegado alguno después de no
tener ningún apoyo de sus compañeros, argumentándose que como iba a
la Secretaría técnica era un cargo de confianza, pero resulta que al
poco tiempo se convierte en el número tres de la carrera en la
inspección. Eso lo sabe todo el mundo, sobre todo los fiscales que se
lo cuentan a todo el que lo quiere oír. No estoy desvelando secretos
de alcoba. Son cosas perfectamente conocidas. Aclárese S.S. Si lo que
quiere es modificar el Estatuto del ministerio fiscal y que a partir
de ahora no haya discrepancia entre fiscales, sino que lo que diga el
primer fiscal
dicho está, es cosa juzgada, pues dígalo. Si quiere que la Junta de
fiscales de Sala desaparezca, dígalo también. Pero si la Junta de
fiscales de Sala está para evacuar consultas y si el mismo estatuto
dice que cuando hay discrepancia debe remitirse al superior, lo único
que S.S. puede hacer aquí es echarle en cara al señor fiscal de Sala
que haya convocado a la Junta de fiscales de Sala, asunto que ningún
español en su sano juicio entenderá nunca.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Pasamos a la votación.
Sometemos a votación el punto 1 del orden del día: Petición,
formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria
de la Comisión de Justicia e Interior, para celebrar la comparecencia
del Fiscal general del Estado para que explique las actuaciones de
carácter general de la Fiscalía en casos con implicación de aforados.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
48; a favor, 18; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la petición.
Votamos, a continuación, el punto número 6 del orden del día:
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de Justicia, a
fin de informar sobre el funcionamiento del ministerio fiscal, en los
casos que conciernen a aforados a la luz del pacto por la Justicia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
48; a favor, 18; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación el punto número 11: Petición, formulada por un
número suficiente de diputados, miembros titulares de la Diputación
Permanente, pertenecientes al Grupo Socialista, de que se acuerde la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e
Interior con el siguiente orden del día: Comparecencia del fiscal
general del Estado a fin de informar de los criterios utilizados por
el ministerio fiscal en relación con actuaciones procesales penales
de las que pudieran derivarse responsabilidades de personas aforadas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
48; a favor, 18; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el referido punto del orden del
día.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 062/000019), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA
DEL VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMÍA, CON
EL FIN DE QUE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS DE TODO TIPO QUE PIENSA
ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL ANUNCIO REITERADO POR PARTE DE LAS
COMPAÑÍAS ELÉCTRICAS DE CORTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIAS
COMUNIDADES AUTÓNOMAS POR LA FALTA DE INVERSIONES DE LAS COMPAÑÍAS EN
LA DISTRIBUCIÓN Y EL INCUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DEL COSTE DE
TRÁNSITO A LA COMPETENCIA. (NÚMERIO DE EXPEDIENTE 213/000471.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del punto segundo. Petición
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria
de la Comisión de Economía y Hacienda con el siguiente orden del día:
Comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de
Economía, con el fin de que informe sobre las medidas de todo tipo
que piensa adoptar el Gobierno ante el anuncio reiterado por parte de
las compañías eléctricas de cortes de energía eléctrica en varias
comunidades autónomas por la falta de inversiones de las compañías en
la distribución y el incumplimiento de las medidas del coste de
tránsito a la competencia.
Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Espero ser suficientemente clara como para que el Grupo Parlamentario
Popular no se escude durante su intervención en la falta de
argumentos para la solicitud de esta comparecencia. (El señor
vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)
Con toda seguridad, es un problema serio que afecta a un número
importante de ciudadanas y ciudadanos españoles y a un sector
económico estratégico para nuestro país, como es el sector turístico,
puesto que los cortes de suministro eléctrico o apagones se producen
fundamentalmente en la costa mediterránea y en los meses de verano.
Este año se ha popularizado más el problema, pero éste se ha venido
produciendo en años anteriores con apagones sufridos fundamentalmente
en la zona costera y con cortes de suministro por parte de las
compañías eléctricas.
Tampoco podemos olvidar que han sido las propias compañías eléctricas
las que han sacado a la luz esta situación utilizándola como medida
de presión al Gobierno y en persecución de intereses que no son
precisamente los de la ciudadanía -la calidad y garantía del
suministro-, como son los de mantener la pugna con el Gobierno, con
el Ministerio de Economía, para conseguir mayores ventajas de las que
ya tienen.
Creo, señorías, que el panorama que tenemos delante es
suficientemente serio como para que se produzca la comparecencia del
ministro para anunciarnos cómo va a poner en práctica las medidas
recogidas en la Ley de ordenación del sector eléctrico. Aunque están
recogidas en la ley, las compañías las vienen incumpliendo
sistemáticamente en lo que se refiere a la mejora de la calidad y de
la distribución. Además, no ha de cumplirse la ley únicamente en
cuanto a que se les pueda multar o sancionar o a que se pueda
producir una rebaja en la tarifa eléctrica, puesto que esta situación
no deja de perjudicar a los ciudadanos y ciudadanas.
No es asumible por parte del Gobierno, y desde luego no lo asume este
grupo parlamentario, que las compañías eléctricas pretendan culpar a
la Administración autonómica y local para justificar su falta de
inversión en la distribución de energía eléctrica. Hay datos que
dicen todo lo contrario: el problema no es de la Administración
local, sino de las compañías, que han recortado alrededor de 50.000
millones de pesetas, sólo en el año 2000, de la inversión en
distribución. Y ello sin profundizar en la falta de programas de
eficiencia energética o de gestión de la demanda, que contribuirían
a que el suministro fuera mejor y de mayor calidad.
La responsabilidad está en las propias compañías eléctricas y en el
Gobierno, que se ha inhibido desde hace tiempo de exigir lo que la
propia ley demanda a las compañías eléctricas. El Gobierno debe
exigir eso en uso de las atribuciones que la propia ley da, tanto a
las administraciones en general como a la Administración general del
Estado en particular.
En el artículo 48 de la Ley del sector eléctrico, cuando se habla de
la calidad del suministro, en uno de sus apartados se dice que la
Administración general del Estado determinará los índices objetivos
de calidad del servicio, así como los valores entre los que estos
índices pueden oscilar, entrando en determinar, según las zonas,
cuáles deben ser esos valores o cuál puede ser la calidad del
suministro. Y dice, además, que estos índices deben tener en
consideración tanto la continuidad en el suministro como el número
relativo y la duración de las interrupciones y la calidad del
producto relativa a las características de la tensión. Y en el
penúltimo
apartado de este artículo se dice que la administración competente
podrá establecer las directrices de actuación, que deberán ser
llevadas a cabo por las empresas distribuidoras para restablecer la
calidad del servicio.
Con independencia de que en estos momentos nos puedan reducir la luz
en esta sala (no creo que las compañías vayan a determinar nuestra
decisión por estos apagones; creo que los sufren más y más
continuamente los ciudadanos), la Administración tiene competencia,
es competente para decir a las compañías eléctricas qué es lo que
tienen que hacer para garantizar la calidad en el suministro de la
energía y para que puedan hacer las inversiones precisamente en la
distribución. Esto no es lo que ha hecho el Gobierno. El Gobierno,
hasta ahora, lo que ha hecho ha sido conceder a las compañías
eléctricas mayores beneficios, concederles unos costes de transición
a la competencia que no han servido para mejorar las compañías ni
para mejorar el suministro a los ciudadanos. No ha servido para
darles ventajas en aras a una liberalización, a una competencia en el
mercado que todavía no se ha producido y que, tal y como está,
tampoco parece que se vaya a producir. La Administración también ha
hecho dejación de sus funciones cuando no se han acometido los planes
de eficiencia energética o los planes de gestión en la demanda y se
han ido reduciendo las inversiones y los presupuestos, tanto por
parte del Estado como de las compañías eléctricas en estas materias.
Por ello es necesario que venga aquí el vicepresidente segundo del
Gobierno, el ministro de Economía, y nos explique qué es lo que va a
hacer para que no vuelva a ocurrir lo que está pasando este año y lo
que ha sucedido en años anteriores, ya que esto no es novedoso. Al
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no le sirve la excusa
de un aumento no previsible en la evolución económica de nuestro país
que ha desbordado cualquier planificación, sino todo lo contrario;
precisamente, las compañías eléctricas tenían que haber tenido
previsto esto desde hace mucho tiempo y no, como vienen haciendo,
reducir las inversiones y el personal, que tiene que atender no
solamente las averías, sino las obras que se tienen que realizar.
También se ha culpado a las organizaciones ecologistas de la
imposibilidad o del freno a las obras que se tienen que llevar a
cabo. Señorías, a las compañías eléctricas hay que exigirles no
solamente que cumplan con la legislación vigente al respecto, sino
que cumplan también con la legislación medioambiental, que les obliga
a que determinadas obras en las redes de distribución o las nuevas
redes de distribución tengan unas características determinadas para
permitir no solamente el suministro de calidad a los ciudadanos, sino
también el respeto al entorno y al medio ambiente.
El Gobierno tiene esa obligación; el Gobierno no puede seguir
inhibiéndose de hacer cumplir la legislación y, además, tiene
mecanismos a su alcance para obligar a las compañías eléctricas a
cumplir con las
obligaciones que tienen desde la aprobación de la Ley del sector
eléctrico.
Nosotros creemos que se ha dejado morir este tema para no obligar a
las compañías a que hagan lo que la ley les obliga a hacer, y ahora
se va a dar respuesta cuando las propias compañías lo emplean como
arma arrojadiza hacia el Gobierno utilizando a los usuarios para
sacar otras compensaciones que no son precisamente la de la calidad
del suministro o la del suministro como corresponde. Por lo tanto,
señorías, el Gobierno tiene la doble responsabilidad de exigir el
cumplimiento de la ley y las inversiones necesarias para garantizar
la calidad del suministro, así como la de no dejarse chantajear por
las compañías eléctricas en un sector tan importante, tan estratégico
y tan fundamental como es el sector energético, el eléctrico en este
caso. Queremos que el vicepresidente segundo del Gobierno venga a
darnos las explicaciones pertinentes y a decirnos qué se va a hacer
desde el Gobierno para impedir que una situación de estas
características se pueda producir, con el perjuicio económico que
representa para sectores tan importantes como el turismo, en este
caso, y desde luego, que nos garanticen que van a tener controladas
a las compañías eléctricas para que no puedan utilizar a los ciudadanos
como chantaje por la falta de suministro a la hora de negociar otros
aspectos que nada tienen que ver con el suministro eléctrico y con el
Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, voy a intervenir brevemente para
respaldar esta solicitud de comparecencia, porque como Bloque
Nacionalista Galego creemos oportuno que se convoque la Comisión de
Economía y Hacienda para que el ministro explique el trasfondo de lo
que está pasando en el sector eléctrico y lo que se esconde detrás de
los sucesivos anuncios de las compañías en el sentido de que estamos
ante la posibilidad cierta de que se produzcan cortes en el
suministro de energía eléctrica en determinadas zonas; anuncios que,
como ya se dijo, preocupan a la ciudadanía en general y a
determinados sectores económicos en particular, que se verían
perjudicados claramente de producirse esta situación; yo diría que de
producirse más esta situación, porque esta situación de cortes de
energía lleva produciéndose desde hace mucho tiempo. Creo que debería
explicar también el Gobierno las medidas que van a tomar para
garantizar ese suministro. A nosotros nos parece preocupante para los
intereses de los ciudadanos el panorama que de alguna manera empieza
a dibujarse tras la liberalización, que, según el Gobierno, iba a
suponer sólo ventajas para los consumidores y tras la que, sin
embargo, parece que todo apunta en dirección contraria, no sé si
tomando todos el ejemplo de California.
Hablamos de unas pocas empresas que controlan la producción y la
distribución de la energía eléctrica, alguna de ellas de una manera
notable; empresas que también obtienen sustanciosos beneficios cada
año, que disfrutan de importantes apoyos gubernamentales dirigidos
a que no corran riesgos sus cuentas de resultados, que actúan además
-aprovecho la ocasión para decirlo aquí- como auténticos poderes
fácticos ante los que los ciudadanos se sienten muchas veces
indefensos (ya saben aquello de que si usted se retrasa en el pago de
un recibo, ipso facto le cortan la luz, pero si a usted le cortan el
suministro, vaya aguantándose como pueda, es decir, poderes
auténticamente fácticos) y que, aun obteniendo grandes beneficios,
como ya aparece con claridad, no realizan las inversiones necesarias
para garantizar un suministro de calidad a los ciudadanos.
Es verdad que esta situación de los cortes no es tan novedosa -al
menos, yo, que soy de Galicia, sé, como todos, que esto es algo
habitual- y que además hay una circunstancia añadida: ustedes saben
que las administraciones públicas sufragaron con miles de millones de
pesetas la mejora de la red eléctrica en Galicia, mejora que
obviamente debería corresponder a esas empresas, y sin embargo,
después de estas subvenciones multimillonarias, la calidad del
servicio en muchas zonas es pésima, y no solamente en lugares
recónditos, sino en zonas altamente pobladas, con cortes de energía
más que frecuentes que ocasionan importantes pérdidas económicas y
molestias importantes a miles de ciudadanos. Se trata de un servicio
malo en un lugar, como también saben ustedes, donde durante muchos
años fueron notables los excedentes de energía producida frente a la
consumida. En este contexto, es difícil de entender este tipo,
digamos entrecomillado, de amenazas de cortes de suministro en una
situación como que no parece justificar esa posibilidad. La pregunta
que a uno le viene a la cabeza es por qué sucede esto, qué pretenden
conseguir estas empresas y qué nuevas ventajas quieren obtener para
seguir ganando cada vez más. De todo esto nos debería hablar el señor
ministro y también debería tranquilizar a los ciudadanos, y ningún
foro mejor para hacerlo que esta Cámara, de que el suministro
eléctrico estará garantizado; un suministro que los ciudadanos van a
recibir, porque tienen derecho, en buenas condiciones de calidad y
precio.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.
Grupos que deseen fijar posición. (Pausa.)
Señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) también quiere manifestar su preocupación ante
los posibles cortes de suministro eléctrico que se puedan producir
durante el próximo periodo estival, ya que si no se evitan pueden
perjudicar notablemente la actividad industrial, comercial y de
servicios en las zonas en que se puedan producir dichos cortes de
suministro eléctrico.
Son por todos conocidas las consecuencias negativas que pueden causar
las incidencias producidas por los minicortes en los sectores
industriales que utilizan los procesos continuos y de tecnología
avanzada, así como en las zonas turísticas, sin olvidar aquellos
sectores en los que se está desarrollando la denominada nueva
economía que, como todas SS.SS. saben, piden incrementos de demanda
de energía con más intensidad que los sectores industriales
tradicionales. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)
También hay que recordar que desde el año 1996 se inició un proceso
de liberalización del sector eléctrico en el que se diseñó un marco
de actuación para que existiera más competencia. Aunque es verdad que
se ha desarrollado una cierta competencia en el sector eléctrico
español, tampoco hay que olvidar que veníamos de una situación de
monopolio-oligopolio y en este caso existe un largo camino por
recorrer. Asimismo se pretendía una rebaja efectiva de los costes
energéticos y se han producido rebajas significativas tanto desde la
óptica de la energía doméstica que va a los consumidores finales como
desde el punto de vista de la energía industrial. En esta
modificación especial e importante del sector eléctrico el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tuvo una participación
efectiva y muy activa en la tramitación de la ley en el Congreso de
los Diputados e incorporó toda una serie de enmiendas dirigidas a
reforzar la potencia y la calidad del servicio energético, así como a
implementar un marco de actuación para que las compañías eléctricas
incorporaran procesos de inversión importantes en las redes de
distribución para garantizar la calidad del suministro eléctrico.
¿Cuál es la situación actual en cuanto a las inversiones que están
realizando las compañías eléctricas para mantener la calidad de la
distribución del suministro eléctrico? Si atendemos a ciertas
informaciones aparecidas recientemente en algunos medios de
comunicación, vemos que por parte de las compañías eléctricas existen
inversiones muy importantes orientadas a la diversificación del
negocio eléctrico y que no hay inversiones del mismo volumen y del
mismo monto orientadas a la inversión para mejorar la distribución y
garantizar la calidad del suministro eléctrico. Concretamente en el
año 2000, algunos medios de comunicación han especificado que de cara
a las inversiones de diversificación de otros negocios las compañías
eléctricas
han invertido alrededor de 452.000 millones de pesetas, y para
inversiones orientadas a garantizar la distribución y la calidad del
suministro eléctrico han invertido 185.000 millones de pesetas.
Podrán comprobar SS.SS. que las inversiones dirigidas a mantener la
calidad suman menos de la mitad que las dirigidas a la
diversificación de los negocios. Convergència i Unió considera lógico
que las compañías eléctricas traten de satisfacer a sus accionistas
diversificando sus negocios para poder atender a la rentabilidad de
las mismas, pero no hay que olvidar la satisfacción de sus clientes,
que son a los que va dirigido el servicio, tanto industriales como
consumidores finales. No solamente hay que garantizar un buen precio
-ya he dicho en mi intervención inicial que se han conseguido unas
rebajas sustantivas-, sino que hay que garantizar la calidad, y no
podemos mermar su calidad a costa de mantener una rebaja de los
precios.
Es en este campo donde Convergència i Unió cree que hay que actuar
con decisión, con rapidez, con eficacia y, sobre todo, en
coordinación con todas las administraciones implicadas, la
Administración central, la Administración autonómica y las
corporaciones locales. En este sentido ya se han dado avances
significativos e importantes que van en la dirección de la
coordinación de las administraciones implicadas con el objetivo de
buscar la complicidad de las compañías eléctricas. Concretamente,
ayer se celebró una reunión del secretario de Estado de Política
Económica con todos los consejeros de Industria de todas las
comunidades autónomas existentes en España, con el objetivo de lograr
una mayor coordinación, a fin de poder evitar dichos cortes de
suministro eléctrico. Se constató que podían existir estos cortes de
suministro de energía eléctrica y también se pusieron encima de la
mesa propuestas para que se pudiera actuar con celeridad, a fin de
poder evitarlos. También hubo acuerdo en el sentido de buscar esta
coordinación entre las administraciones autonómicas y la
Administración central, con la implicación de las compañías
eléctricas para poder evitar dichos cortes en estos suministros.
En este caso el problema no es de generación de electricidad, no es
un problema de producción, sino de garantizar la calidad en la
distribución de la energía eléctrica. También es una realidad que
estamos ante una sociedad cada vez más exigente, y es una obviedad
que los consumidores finales de electricidad, ya sean consumidores
industriales o ya sean los consumidores de las economías domésticas,
a través del pago del servicio por el suministro eléctrico, tienen el
derecho a que una parte de lo que pagan por dicho servicio se
revierta a las compañías eléctricas para que se produzcan inversiones
importantes para mejorar y garantizar la calidad a través de la
distribución de la energía eléctrica. Esta exigencia todavía cobra
más fuerza por parte de las compañías eléctricas, por lo que es
necesario que las mismas inviertan en las proporciones adecuadas
para garantizar dicho servicio de calidad y, sin dejar de atender a
los accionistas -como he dicho anteriormente-, porque, en definitiva,
también tendrán que rendirles cuenta, tampoco se debe olvidar a los
clientes y a los usuarios. Nosotros creemos que hay que mimar mucho
más a los clientes, que son los consumidores finales, en definitiva,
invirtiendo los recursos suficientes para garantizar que dicha
calidad produzca una satisfacción a esta exigencia que tienen desde
todas las ópticas políticas y prácticas los consumidores finales, que
no dejan de ser los industriales y las economías domésticas.
En esta misma dirección ayer se dieron pasos significativos por parte
del Gobierno central, en el sentido de que tiene preparados dos o
tres decretos para mejorar y consolidar las retribuciones de la
distribución para garantizar dicha calidad, así como también se están
preparando otros decretos en coordinación y colaboración con las
administraciones autonómicas implicadas para una mejor planificación
de nuevas estructuras con el objetivo de incrementar más líneas
eléctricas de alta tensión y de nueva construcción.
Por estos motivos y por el sentido en el que van orientadas las
directrices, creemos que se pueden resolver dichos problemas, siempre
y cuando las comunidades autónomas que tienen competencias exclusivas
en la distribución de la energía eléctrica puedan participar en el
control de las cantidades que, a través de las compañías eléctricas,
han de revertir en las inversiones dirigidas al mantenimiento
necesario para garantizar la calidad del suministro eléctrico. Esta
cuestión está perfectamente clarificada en la Ley de liberalización
del sector eléctrico español aprobada en el año 1996 y, por ello, las
comunidades autónomas, en este caso el Gobierno de la Generalitat,
queremos el compromiso y la complicidad de la Administración central
para que, a través de nuestras competencias, podamos coordinarnos
para participar en el control de las cantidades que necesariamente
han de revertir en la mejora de la distribución del suministro
eléctrico. Consideramos que hasta ahora son insuficientes para
atender la demanda eléctrica actual de electricidad y la de los
próximos meses y años.
Ya se han tomado medidas desde la óptica de la coordinación de las
diferentes administraciones implicadas, Administración central,
comunidades autónomas y corporaciones locales; desde la óptica
legislativa, a través de la puesta en marcha de los citados decretos,
que complementarán la posibilidad de que las compañías eléctricas
puedan atender con más recursos las inversiones orientadas al
mantenimiento de la calidad en cuanto a la distribución de la energía
eléctrica, y existe también la complicidad y el compromiso de la
Administración central y de las administraciones autonómicas con
competencias en dicha materia para que, a través de esta
coordinación, se pueda participar en el control de estas cantidades
que finalmente revertirán en
una mayor garantía de calidad en la distribución de la energía
eléctrica.
Por todas estas consideraciones, nuestro grupo parlamentario no cree
necesaria la comparecencia del ministro de Economía y vicepresidente
del Gobierno en la Comisión de Economía, ya que se han dado todos los
pasos necesarios para que, finalmente, se produzcan las mínimas
incidencias en los cortes de suministro eléctrico en los próximos
meses.
Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Cuevas.
El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, teniendo en cuenta la escasa explicación que ha dado el
Gobierno -porque con este asunto de los cortes en el suministro
eléctrico llevamos ya algún tiempo-, es obvio que el grupo que lo
sustenta considerará que no hay nada extraordinario en esta petición.
Les parecerá algo normal, pero no lo es. Es cierto que otros años ha
habido apagones, que los va a seguir habiendo y que hay un cierto
porcentaje de apagones de tipo técnico, pero también es verdad que ha
habido una serie de declaraciones, tanto por parte de las empresas
como de la patronal que las agrupa, Unesa, y del Gobierno, en las que
yo creo que se han lanzado mensajes cruzados. Esto tiene su origen no
en la producción de apagones, sino en la alarma social de este
fenómeno después de la frustrada fusión de Endesa e Iberdrola, con la
lamentable y descarada intervención del Gobierno en este proceso, y
además contradictoria, puesto que varios miembros del Gobierno no se
ponían de acuerdo. Después de aquella frustrada fusión, se produjo
una serie de declaraciones en las que algunos presidentes -yo creo
que los más llamativos- empezaron a advertir de la posibilidad de que
hubiera cortes en el suministro eléctrico. Independientemente de la
alarma que haya creado o de la importancia que se haya dado al
asunto, incluso también de la presión que se hace sobre el Gobierno
por las compañías eléctricas para conseguir mejorar una posición
negociadora, pues también reclaman incrementos en las tarifas,
estamos en presencia de una postura insaciable. No olvidemos que
estamos ante un sector respecto del que se nos ha convencido que era
necesario hacerle un regalo de casi un billón y medio de pesetas,
justificándolo con unos supuestos costes de transición a la
competencia, porque había que introducir competencia en el sector y
eso iba a generar unos costes.
Sabemos que las inversiones en el sector se han garantizado; si las
comparamos, como ya se ha dicho, con las inversiones en otros
negocios ajenos al suministro
de energía eléctrica, y además se pide reiteradamente por las
eléctricas una subida de tarifas porque las consideran insuficientes,
estamos en una situación un poco kafkiana. Ante todo esto, ¿qué hace
el Gobierno? Pues no hace nada, como en otros muchos asuntos. Sabemos
que existen problemas de calidad en el suministro de energía -los
apagones son una prueba, aunque no la única- y el Gobierno no da
ninguna explicación.
Desde que en 1997 se aprobó la Ley del sistema eléctrico, el Gobierno
ha venido mostrando desinterés en regular este sector; más bien ha
habido componendas privadas con los presidentes de las eléctricas,
pero no ha producido una regulación que mejorara la calidad del
suministro de energía eléctrica, aunque la calidad es muy desigual en
función de las zonas del Estado. Tuvimos que esperar hasta el 1 de
diciembre de 2000 para que el Gobierno aprobara un real decreto que
desarrollara una regulación, pero, haciendo gala una vez más de una
falta de responsabilidad o intentando tomar el pelo a la mayoría de
los españoles, dice que va a regular esto y, al final, aplaza hasta
enero de 2003 la posibilidad de que los consumidores individuales
tengan descuentos en sus facturas cuando las empresas suministradoras
incumplan los indicadores de calidad establecidos en la citada norma.
Por cierto, todavía está por ver que las empresas estén invirtiendo
para que se cumplan esos indicadores de calidad.
Por tanto, nos encontramos ante una situación de no intervención del
Gobierno y, cuando lo hace, incrementa la incertidumbre;
incertidumbre que se ha evidenciado en la actuación regulatoria sobre
los CTC, porque hemos venido asistiendo a muy diversas
interpretaciones. En el transcurso de los últimos tres años se ha
cambiado tres veces esa regulación, y eso que la primera vez se nos
dijo que era algo fundamental y que no había ninguna duda, por lo que
había que dar pocas explicaciones porque era algo asumido y
absolutamente necesario para el sector. Pues bien, se ha cambiado
tres veces, con elementos tan importantes en lo que se refiere a los
CTC como la titulización, haciéndolo también con motivo de la fusión
de Endesa e Iberdrola. Éste es un ejemplo, pero en el caso del
control de calidad del suministro la incertidumbre planea sobre el
régimen retributivo de estas actividades de distribución. En cinco
años, el Gobierno ha cambiado tres veces ese régimen retributivo
y parece que actualmente está otra vez en negociaciones con el sector
para un nuevo cambio.
Yo no sé si esto es consecuencia de la desgraciada decisión de este
Gobierno de suprimir el Ministerio de Industria, que ha echado sobre
los ministros adyacentes demasiadas responsabilidades y algunas de
ellas siguen sin asumirlas. Yo creo que ministros que tienen
responsabilidades del antiguo ministerio no se ocupan para nada de la
situación del sector, desde luego el ministro de Economía no da la
cara en este asunto, no la da hoy, no la dio el mes pasado y
seguramente no lova a dar este verano cuando sigan produciéndose esos
apagones y sólo la dio al final con motivo de la fusión de Endesa e
Iberdrola. Ustedes sabrán los problemas que tienen con el sector o
con las compañías, pero lo cierto es que esos problemas y esas
negociaciones que se están llevando a cabo desde hace mucho tiempo
están contribuyendo a que el ciudadano no tenga garantizado el
suministro y no tenga ninguna capacidad de defensa ante una situación
abusiva.
Las empresas ralentizan los planes de inversión sin que nadie les
ponga freno y ustedes siguen haciendo de don Tancredo, siguen sin dar
explicaciones y dejan que pase el verano a ver si con el invierno
tenemos otra situación energética o bien han llegado a algún acuerdo
respecto de las muchas peticiones que tienen las empresas y dejan los
empresarios de decir que va a haber apagones.
Señorías, debería ser innecesario que pidiéramos esa comparecencia.
El ministro debería haber estado aquí dando cuentas de por qué esta
situación es la que es y por qué no interviene, pero ya que no lo ha
hecho, nos vamos a sumar a esta petición y vamos a pedir que el
ministro tenga la valentía de dar la cara, de venir aquí, de no
esconderse ante los problemas a los que no ve solución o que no es
capaz de solucionar. Por tanto, que tenga esa responsabilidad que
siempre dice de los demás, porque a cada crítica que se le hace al
señor Rato acude a la responsabilidad. Pues bien, ésta es suya y que
no la delegue ni la esconda. Que venga aquí, la aclare y dé las
explicaciones que le pedimos.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Cualquiera que oiga las intervenciones anteriores se puede llevar a
engaño. El día 28 de junio, señoría, hace menos de un mes, compareció
el señor Rato en esta Cámara. Habló del sector eléctrico. Sin
embargo, SS.SS. no encontrarán en el «Diario de Sesiones» ninguna
mención al sector eléctrico ni de Izquierda Unida ni del Grupo Mixto
ni del Grupo Socialista. El 28 de junio no les interesaba. Hoy tienen
un interés enorme y el señor Cuevas incluso dice que no se han dado
explicaciones ni este mes ni el mes pasado. Señor Cuevas, está en un
error, pero subsanable. Sólo tiene que ir al «Diario de Sesiones» de
la Comisión de Economía del 28 de junio y ver que el señor Sánchez i
Llibre habló del sector eléctrico, que el ministro habló del sector
eléctrico y que ni el Grupo Mixto ni Izquierda Unida ni el Grupo
Socialista dijeron una palabra del sector eléctrico. Sus razones
tendrían y no voy a entrar a discutir el porqué. Cada uno asume su
tiempo como quiere. Señor Cuevas, le digo que ni siquiera me va a
callar en un día de julio por la tarde por el hecho de que usted me
diga que hemos actuado de una manera descaradamente intervencionista.
Antes de empezar, me permitirá que le diga que le debería dar
vergüenza hablar de intervención en los sectores económicos viniendo
usted de Sevilla y siendo diputado de Sevilla, porque intervención en
los sectores económicos como la de la Caja de Ahorros de Sevilla no
la he visto en España en mi vida. (La señora Fernández de la Vega
Sanz: ¡No grites!) No se da en ningún país civilizado, sólo en un
Gobierno socialista de Andalucía. No me hable más de intervención,
señor Cuevas, porque por ese camino va mal.
Si hablamos del sector eléctrico, me gustaría referirme a una
diferencia que se puede establecer entre la percepción y la realidad,
porque al final de mi intervención mi conclusión última será: ¿A
quién hacen el juego los grupos de la oposición al hablar de este
tema? Señorías, puede que exista esa percepción, pero la realidad es
que hay menos apagones que el año pasado, y sólo los tontos discuten
de hechos, como decía Lenin, autor consagrado. (La señora Fernández
de la Vega Sanz: ¡Lo que me faltaba!). Ese es un dato cierto.
La única medida que existe para hablar de calidad en el suministro
eléctrico es un indicador que se llama Tiepi, señorías, que es el
tiempo de interrupción equivalente de la potencia instalada, y ese
indicador señala que hasta hace diez días, que es el último dato de
que disponemos, los apagones en el año 2001 son menores que en el año
2000. Simplemente por poner un ejemplo -ya que la diputada de
Izquierda Unida lo es por la Comunidad Valenciana-, en la Comunidad
Valenciana en el año 2000 era 1,23 y en el año 2001 es 1,03. Sepuede
decir que 1,03 es todavía mucho, eso es subjetivo, pero que vamos
avanzando es evidente.
Además, les recomiendo que cojan algún cuadro sobre cómo evoluciona
este indicador, porque es claramente una manifestación de que se está
reduciendo. En 1995, este indicador señalaba 2,69; en el año 1996,
2,66; se ha ido reduciendo a lo largo del tiempo, y en el año 2000 ha
sido 2,42. Señorías, ustedes pueden decir que avanzamos poco, eso yo
no lo voy a discutir, pero que vamos avanzando y que cada vez se va
avanzando más eso es una realidad.
También es verdad, señorías, que hay una percepción de que este año
hay más apagones, eso no lo voy a discutir; es una percepción, es
cierto, está en los medios de comunicación. El año pasado, cuando se
apagaba la luz, uno pensaba que se le habían fundido los plomos o que
se había cortado un cable en la zanja que estaban haciendo en la
calle de al lado. Este año, cada vez que hay un apagón las personas
dicen: Estamos en California, esta es la situación que existe en
California, esto ya es un problema del Gobierno. Incluso el propio
señor Caldera, cuando pide la comparecencia de Rato en rueda de
prensa dice: Se están produciendo apagones. A mí mismo, ayer, en una
cena, se me apagó la luz
(Rumores.) Yo he intentado averiguar por qué se le apagó la luz al
señor Caldera para ver si era un problema de generación, de
transporte o de distribución, porque estando el señor Caldera cenando
en el casino se apagó la luz desde las 21,22 hasta las 21,31, que se
volvió a encender. La explicación no tenía nada que ver con la
generación ni con el transporte ni con la distribución, tenía que ver
con una avería que se había producido en la calle Segovia esquina
calle Ronda de Segovia, que fue reparada por la compañía a la mañana
siguiente, pero que la noche anterior en siete minutos hicieron un
puente para que pudieran tener todos los vecinos luz en sus
domicilios. (Rumores.-Una señora diputada: ¡Qué nivel!) Señorías, esa
percepción existe y, por tanto, conviene decir con claridad aquí, ya
que estamos reunidos en esta Comisión, que no hay problemas de
generación en este país. No hay ningún problema de generación en este
país ni a corto ni a medio plazo. Lo sabe S.S., señor Cuevas, lo
saben los españoles y lo sabe la portavoz de Izquierda Unida. Tenemos
actualmente 52.000 megavatios de potencia instalada y la demanda
máxima producida en España en el último repunte -el punto máximo de
demanda se produjo el 25 de enero de 2000- fue de 33.000 megavatios.
A corto plazo, todavía hay el margen de 33.000 a 52.000. Se puede
decir que el crecimiento de la demanda puede ser muy elevado, pero en
España, gracias a la liberalización del sector, hay más de 30.000
megavatios solicitados de nueva instalación, muchos de ellos en ciclo
combinado, y de ellos hay 8.000 que ya tienen autorización
administrativa, hay 750 con declaración de impacto ambiental, y se
espera que en el año 2002 se instalen 3.200 y en el año 2003 otros
3.600 de ciclo combinado. No hay ningún problema de generación,
señorías, ni a corto ni a medio plazo. A largo plazo, como decía
Keynes, todos muertos, pero a corto y medio plazo no hay ningún
problema. ¿Hay problemas de transporte? No hay ningún problema de
transporte, señoría. Hasta el propio don Miguel Angel Fernández
Ordóñez señalaba en un artículo que los problemas de España no tienen
nada que ver con los apagones de California. Los problemas de ese
estado norteamericano se deben fundamentalmente a insuficiencia de
generación y estrangulamiento en el transporte, y en España, por
contra, no hay problemas de generación y tampoco hay problemas de
transporte, porque Red Eléctrica, según reconoce el señor Fernández
Ordóñez, tiene bastante bien dimensionado el transporte. En la
distribución ya no es lo mismo. No ha habido más problemas que el año
anterior, pero es verdad que en la distribución puede haber puntas
que ocasionen problemas. Esto lo señaló el señor Rato el día 28 en la
Comisión y nadie le contesto. El señor Sánchez i Llibre me hace una
seña. Efectivamente, el señor Sánchez i Llibre habló del tema, pero
no los grupos de la oposición. (Risas.) El señor Sánchez
i Llibre, colaborador del Gobierno. No se dijo nada en la
Comisión cuando el señor Rato habló de ello el día 28 y, por tanto,
me extraña esta petición de comparecencia. Todas SS.SS. saben que en
la distribución, desde que se aprobó la Ley del sector eléctrico, las
autorizaciones son competencia de las administraciones autonómicas y
locales. El Gobierno se ha dirigido a los presidentes de todas las
comunidades autónomas diciendo dónde puede haber problemas de
distribución y señalando las autorizaciones que deberían agilizar. El
Gobierno se reunió ayer con todos los consejeros de Industria para
analizar dónde puede haber problemas de distribución. El secretario
de Estado que se ocupa de los temas de energía se ha dirigido a todos
los consejeros de industria señalando donde están los problemas de
estrangulamiento en las autorizaciones administrativas.
Evidentemente, hay que avanzar. ¡Cómo no vamos a querer seguir
mejorando la calidad en el suministro eléctrico! En el Real Decreto
1955/2000 se establece lo que podría denominarse calidad de servicio
estandarizada y ahí se recoge, como un elemento de calidad
imprescindible, la continuidad del suministro relativa al número y
duración de las interrupciones y consagra lo que establece la Ley del
sector eléctrico como uno de sus principales principios que es que la
calidad llegue a los consumidores. Eso, de verdad, es lo que nos
preocupa, que los consumidores tengan un nivel de calidad alto.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.
El señor MARTINEZ-PUJALTE LÓPEZ: Voy concluyendo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Le ruego concluya, no que vaya concluyendo.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me quedan dos argumentos, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que los resuma
en un minuto.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los resumo, señora presidenta.
En la calidad tienen que intervenir tanto la Administración central
como las administraciones autonómicas y locales para buscar la mejora
de la red de distribución que, por cierto, no ha sufrido una
disminución en su inversión, como se ha dicho en algún medio de
comunicación, sino que se sigue invirtiendo a un ritmo entre 150.000
y 180.000 millones, pero se tienen que poner de acuerdo las
administraciones. Un ex alto cargo socialista decía: sancione a las
empresas y éstas ya se preocuparán de hacer todo lo necesario para
convencer como sea a los ayuntamientos. Pues bien, no setrata de
convencer como sea a los ayuntamientos porque
esa expresión en un ex alto cargo socialista suena muy mal; suena
al Ave Madrid-Sevilla-Navarra-Suiza.
Señoría, la liberalización en España ha mejorado sustancialmente el
suministro y, sobre todo, ha mejorado a los consumidores. Hay un
cuadro clave en la liberalización, y es que en España el recibo de la
luz ha subido continuamente hasta 1996, pero desde entonces ha bajado
continuamente también en números absolutos. No parece que nos vaya
tan mal.
Sobre la percepción de los apagones, habría que plantearse quién está
generando el movimiento en la opinión pública. A veces da la
impresión de que desde la oposición se hace el juego más a las
compañías que quieren subir el precio a los consumidores que a los
consumidores. Este grupo parlamentario quiere seguir trabajando para
que los consumidores, es decir, todos los españoles tengan un
servicio eléctrico de mayor calidad y además más barato.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Tiene la palabra la señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez-Pujalte, como no sólo existen los gráficos sino que
además en esta casa contamos con los diarios de sesiones de las
comisiones, sabemos que el señor Rato compareció en la Comisión de
Economía el jueves 28 de junio, a solicitud de diferentes grupos
parlamentarios, pero en ningún momento para hablar del sector
eléctrico. Entre otras cosas, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida solicitó la comparecencia del señor Rato para hablar
de las ayudas a la minería, y en el inicio de su intervención el
señor Rato no hizo ningún tipo de alusión al sector eléctrico. En
todo caso contestaría, puesto que no estuve y no me ha dado tiempo a
leer todo el «Diario de Sesiones», a alguna pregunta que le hiciera
algún grupo parlamentario, pero el señor Rato no venía a hablar del
sector eléctrico. Lo que le reclamamos al señor Rato es que
comparezca en esta Cámara para explicarnos esas medidas que dice
usted que se están adoptando. Entre otras cosas, señor Martínez-
Pujalte, porque yo en mi intervención inicial ya le he dicho que el
Gobierno, además de la obligación de velar por el suministro y la
calidad del mismo, tenía la obligación de no ceder al chantaje que
las compañías eléctricas están haciendo precisamente en uno de los
temas que usted apuntaba, en subir la tarifa eléctrica. Las compañías
se quejan de que les perjudica la bajada de las tarifas del recibo de
la luz.
Señor Martínez-Pujalte, la información sobre los recortes en las
inversiones en distribución no se sacan de un artículo de un
periódico, se sacan del informe realizado por Unesa, agrupación de
compañías eléctricas, que habla precisamente de los recortes en las
inversiones
en distribución, aunque dice que sólo afectan a personal y al
resto de gastos operativos. Se reconoce por Unesa, y no lo dice esta
diputada porque sí, ni porque lo haya dicho un periódico. Sale de las
propias compañías.
Señor Martínez-Pujalte, nos daba S.S. unos datos sobre un indicador
del que soy incapaz de repetir el nombre. Nos decía que, en estos
momentos, en el país valenciano está en el 1,03 por ciento. Supongo
que comparándolo con el mismo período, porque los mayores apagones se
producen a partir de este mes de julio en la Comunidad Valenciana,
además de en otras comunidades autónomas del resto del Estado
español. Se puede hacer referencia a la intervención del portavoz del
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Vázquez, que habla de los
continuos apagones en Galicia, donde además de hacerse las
inversiones, continúan sufriendo la misma situación. Pero no sólo nos
hacemos eco de lo que dicen las compañías eléctricas, sino que lo
están diciendo los sectores económicos afectados por los apagones en
la Comunidad Valenciana. Lo están diciendo los sectores de la
cerámica, lo están diciendo los grandes consumidores de energía y no
lo dice sólo esta diputada.
Señor Martínez-Pujalte, no es cuestión de hacerle el juego a nadie
sino de que el Gobierno diga por qué ha consentido llegar a esta
situación y no se han tomado antes las medidas correspondientes,
cuando ya se sabía lo que estaban haciendo las compañías eléctricas.
Por parte de esta diputada no se ha hablado de problemas de
generación, entre otras cosas, porque esta diputada tiene claro desde
hace muchos años que hay exceso de potencia instalada en nuestro país
y, con la que se tiene prevista, va a haber muchísimo más.
Por tanto, señor Martínez-Pujalte, hemos venido a hablar -y pensamos
que el ministro debe venir a hablar- de los problemas de distribución
que hay en nuestro país, que tienen que ser resueltos. No se puede
permitir que las compañías eléctricas utilicen el suministro a los
ciudadanos y ciudadanas para otros objetivos que no sean los de
mejorar la calidad; no se puede permitir que lo utilicen como arma de
negociación con el Gobierno.
Queremos que el señor Rato venga a esta Cámara y se lo explique a los
representantes del pueblo español, que somos todas y todos nosotros.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias señora presidenta.
Este debate es interesante, sin duda, y según va avanzandola tarde se
va haciendo más interesante todavía.
Sea cierto o no el dato que ha dado el señor Martínez- Pujalte,
y que la señora Urán acaba de desmentir, de que el ministro habló el
28 de junio sobre el sector eléctrico y de que en esa sesión, al
parecer, estos de la oposición -socialistas, Izquierda Unida y Mixto-
no hablaron, esto podría llevar a pensar que la comparecencia del
señor ministro no está justificada. En la medida que no hablaron en
ese momento, ya no pueden hablar más en esta Cámara. Le quiero decir
al señor Martínez-Pujalte que su argumento es sublime, pero que
confunde una boda con la Cámara. En una boda le dicen a usted: Hable
ahora o calle para siempre. Pero esto es el Congreso de los
Diputados. (Risas.) Me parece que es algo distinto. Usted mismo dice
que la polémica sobre los apagones que se producen en el verano es
reciente, que en este momento los ciudadanos tienen mayor
preocupación que hace un tiempo. Existe la percepción de que las
cosas van peor a este respecto y eso suscita preocupación. En función
de eso precisamente pedimos la comparecencia, no por lo que pasó hace
cuatro o cinco meses o hace un año. Este es el momento justo para que
el ministro comparezca.
Quiero decirle otra cosa también: que comparezca el ministro, y que
no se encargue usted de dar explicaciones a la ciudadanía, que es lo
que acaba de hacer en este momento. Estoy seguro de que va a ser
usted ministro, estoy seguro de ello; pero en este momento no lo es.
Quien tiene que dar explicaciones no es usted, portavoz del Partido
Popular, y se lo digo con todo respeto. Usted puede hacer lo que
quiera, pero no es su función; quien tiene que hacerlo es el señor
ministro.
Acabo, señora presidenta, porque estamos en el tono relajado que
requiere el mes de julio. Veo al señor Martínez-Pujalte muy instruido
en cuanto a Lenin. (Risas.) Yo le recomendaría que no insistiera en
lecturas peligrosas; no sé si eso será bueno para su futuro político.
Permítame también que comparta su preocupación por el apagón que
sufrió en la cena. Es un asunto que, a partir de ahora, preocupará a
los ciudadanos y les aliviará muchísimo, puesto que dirán: si al
señor Martínez- Pujalte, nada menos que al señor Martínez-Pujalte, se
le va la luz... que se nos vaya a nosotros es poca cosa. (Risas.-El
señor Martínez-Pujalte López: ¡Fue a Caldera!) Muchas gracias, señora
presidenta. (El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)
La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, en la ordenación de este debate
las réplicas se suceden entre los grupos proponentes.
El señor CUEVAS DELGADO: Presidenta...
La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, le estaba indicando que las
réplicas en este debate se corresponden única y exclusivamente entre
el grupo peticionario y el que hace el turno en contra. Aunque el
señor Martínez-Pujalte
no había utilizado el turno en contra, esta Presidencia
ha entendido que había argumentos suficientes para que los grupos
peticionarios de la comparecencia tuviesen réplica, no en su caso que
era una fijación de posición.
El señor CUEVAS DELGADO: Señora presidenta, ya sé que no tengo turno
en contra.
La señora PRESIDENTA: No, turno en contra, no; no tiene réplica.
El señor CUEVAS DELGADO: Me refiero a los artículos 71 y 73. El señor
Martínez-Pujalte, durante el 80 por ciento de su intervención, se ha
dirigido a este portavoz y no al peticionario del punto de que se
trataba. Incluso ha hecho alusiones personales a mi condición de
diputado por Sevilla, inexactas por cierto.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, la intervención del señor
Martínez-Pujalte, que esta Presidencia ha seguido con atención, como
la de todos ustedes, ha aludido a su condición de diputado por
Sevilla únicamente al principio. Tiene un minuto para aclarar esa
situación; un minuto respecto a su condición de diputado por Sevilla,
que es la única alusión que esta Presidencia ha comprobado en la
intervención del señor Martínez-Pujalte. (Rumores.-Una señora
diputada: ¡Es increíble!)
El señor CUEVAS DELGADO: Sí, la duración del minuto que el señor
Pujalte consumió cuando usted le dijo: un minuto.
La señora PRESIDENTA: Señor Cuevas, el minuto que esta Presidencia le
da es el minuto que cuando haya finalizado le cortará su
intervención.
El señor CUEVAS DELGADO: Como es habitual.
La señora PRESIDENTA: Para acotar -insisto- y aclarar su condición o
no de diputado por Sevilla.
El señor CUEVAS DELGADO: Señor MartínezPujalte, respecto a la
referencia que usted ha hecho a mi condición de diputado por Sevilla
y a una hipotética intervención del Gobierno andaluz, quiero decirle
que no se ha producido. Lo que ha pasado allí es que hay una Ley de
Cajas que alguien se empeñaba en no cumplir y el Gobierno, como usted
pretenderá que haga su Gobierno, intenta que se cumpla. En todo caso,
en su condición de diputado por Alicante (Rumores.) o por Valencia,
preocúpese por los muchos apagones que hay por todo el Levante, que
sí produce miles de millones de pérdidas a los valencianos;
preocúpese por eso y no haga gracias sobre que esos apagones no
tienen importancia. Sí la tienen y mucha, para la economía y paralos
ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias.
En primer lugar, quiero contestar a esto. Yo no sé si se ha
intervenido o no, en la prensa se decía que un comisario del Partido
Socialista...
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que se atenga
a la cuestión y demos por zanjado este debate.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Todos los ciudadanos saben lo que
pasó en las Cajas de Ahorros de Sevilla y no voy a profundizar.
Señorías, en la Comunidad Valenciana, en el mismo período -lo que va
a pasar en el posterior no lo sé; para saber lo que va a pasar dentro
de cinco días tendría que ser profeta-, hasta ahora mismo, vamos
mejor; el año pasado, 1,23 y este año 1,03. Vamos mejor. ¿Se podría
avanzar más? No lo sé, pero vamos mejor. Además, eso se refleja en
los datos de crecimiento económico, de creación de empleo, de cómo
está la Comunidad Valenciana, de cómo está el sector turístico en la
Comunidad Valenciana y, por el contrario, habrá que ver cómo está el
sector turístico en las comunidades que gobierna el PSOE, como
Baleares. Se puede ver y se puede comparar. Unos crecen y otros van
peor; donde gobierna el PP vamos mejor y donde gobierna el PSOE van
peor. Que cada uno lo valore como quiera.
Señor Vázquez, en Galicia, el dato del mismo período es mejor este
año que el pasado. Yo no discuto si hay que citar a Lenin o no, lo
que digo, señor Vázquez, es que los datos son los datos y son los del
único indicador posible, el Tiepi -tiempo de interrupción equivalente
de la potencia instalada-, y este año van mejor que el año anterior.
No sé si le molesta que dé estos argumentos, pero como la señora
portavoz de Izquierda Unida ha dicho que tenemos que dar argumentos,
he procurado hacerlo. Podía haberme limitado a votar, pero en un
debate parlamentario no sólo hay que ganar porque votamos, porque
somos más y porque los ciudadanos nos han votado en mayor medida,
sino también porque los argumentos nos avalan y el señor Rato -y
léanse el «Diario de Sesiones»- habló de la distribución en el sector
eléctrico en su comparecencia, que era para hablar de todos los temas
relativos a su departamento. Léase bien todo el «Diario de Sesiones»
y lo encontrará, señora portavoz de Izquierda Unida.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Sometemos a votación el punto 2 del orden del día, que es la petición
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto de que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Economía y Hacienda con el siguiente orden del día: Comparecencia del
vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía con el fin
de que informe sobre las medidas de todo tipo que piensa adoptar el
Gobierno ante el anuncio reiterado por parte de las compañías
eléctricas de cortes de energía eléctrica en varias comunidades
autónomas por la falta de inversiones de las compañías en la
distribución y el incumplimiento de las medidas del coste de tránsito
a la competencia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
46; a favor, 16; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado este punto del orden del día.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO (NUMERO DE
EXPEDIENTE 062/000019), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA
DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA QUE EXPLIQUE LOS CRITERIOS
POR LOS QUE EL GOBIERNO HA TOMADO LA DECISIÓN DE RETIRAR DEL MERCADO
EL ACEITE DE ORUJO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/000466.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS
TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA CONJUNTA DE LAS COMISIONES DE AGRICULTURA,
GANADERÍA Y PESCA Y DE SANIDAD Y CONSUMO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/
000020), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL MINISTRO
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN Y LA MINISTRA DE SANIDAD Y
CONSUMO, PARA EXPLICAR LAS CAUSAS Y EL ALCANCE DE LA DECISIÓN DE LA
RETIRADA DEL MERCADO DEL ACEITE DE ORUJO (NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/
000469.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE
LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000022), CON
EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA QUE EXPLIQUE LA FALTA DE
COORDINACIÓN CON EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO EN EL CASO DEL
ACEITE DE ORUJO DE OLIVA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/000474.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos a continuación el debate conjunto de
los puntos 3, 4 y 9. Punto 3: Petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda y Mixto, de que se acuerde la
celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad
y Consumo, con el objeto de la comparecencia de la ministra de Sanidad
y Consumo para que explique los criterios por los que el Gobierno ha
tomado la decisión de retirar del mercado el aceite de orujo. Punto
4: Petición, formulada por un número suficiente de diputados miembros
titulares de la Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo
Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria conjunta de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Sanidad y Consumo, con el objeto de la
comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y la
ministra de Sanidad y Consumo para explicar las causas y el alcance
de la decisión de la retirada del mercado del aceite de orujo. Punto
9: Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, para que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que explique la falta de
coordinación con el Ministerio de Sanidad y Consumo en el caso del
aceite de orujo de oliva.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Después de la intervención del señor Ollero confieso que estoy un
poco acomplejado: no sé si lo que voy a defender ahora es algo
ordinario o extraordinario y si por tanto puedo cometer una demasía.
Pero me parece que una sola cita referida a doña Celia Villalobos me
ahorrará este riesgo y este acomplejamiento. Dice doña Celia:
Prefiero que se arruinen 40 a que mueran 40. A partir de ahí creo que
puedo demostrar que estamos ante una situación no ordinaria, porque
tanto la ruina como la muerte de 40 introduce un problema serio de
inseguridad. Por lo tanto, me atrevo a intervenir, señora presidenta,
a partir de aquí, porque nosotros pensamos
que ni los intereses de la salud pública, que son intereses
a preservar siempre en primer lugar, han sido defendidos en el momento
adecuado ni tampoco el interés del sector del aceite de oliva no sólo
en cuanto a producción sino también en cuanto a cultura, porque es
una cultura, algo que no parece entender el Partido Popular, como ha
demostrado también en el caso de la pesca. Son temas culturales de
enorme importancia.
La política es el arte de los tiempos, de la coordinación, de la
elección del terreno de juego adecuado, y la política del Gobierno
debe parecerse mucho más a una sinfonía que a un solo de tambor, y en
este caso se parece más a lo segundo que a lo primero. En enero, el
CSIC detecta niveles altos de alfabenzopireno en el aceite de orujo.
En febrero, la República Checa inmoviliza un lote porque hay
contaminación alta de alfabenzopireno. Pues bien, entre estas fechas,
enero y febrero, y el 3 de julio, en que se lanza la alerta, es
cuando tiene que intervenir un Gobierno de verdad, cuando tiene que
combinar los tiempos y los terrenos de juego y tiene que defender
estos dos elementos fundamentales: la salud de la gente, en primer
lugar, con pronunciamientos proporcionales y adecuados, y
naturalmente también la cultura, la producción y los intereses del
sector del aceite de oliva virgen y lo que antes se llamaba refinado,
aceite de oliva mezcla refinado y virgen. Pero el problema es que no
ocurre esto ante una situación verdaderamente grave, porque entre
esas dos fechas, enero y 3 de julio, en principio existe la necesidad
de retirar las partidas por razones de salud, es absolutamente
imprescindible retirar todo el aceite. Hay tiempo de sobra y si tan
urgente era la retirada y había que pronunciar la alerta, ¿cómo se
tarda tanto, repito, entre enero y el 3 de julio? No parecen por
tanto proporcionales, adecuados ni bien elegidos el terreno y el
tiempo de lanzamiento de esta alerta, máxime cuando es un problema
lento, por acumulación y no remite a la posibilidad de que mueran 40
de golpe. Lo que sí puede producir es que se arruinen 40, ese extremo
sí se puede producir y con el tiempo veremos si se produce o no.
Al mismo tiempo, por razones de futuro, aunque este tema se conoce
desde mucho antes -no voy a aludir al tiempo pero se trata de años-
hay que ir a un sistema de producción que cambie esta situación, a un
sistema de producción que pase del horno que deseca la torta o los
residuos a un sistema, por ejemplo, de aire caliente, que es caro y
hay que producir subvenciones, tramos de reestructuración y que hay
que iniciar de manera concatenada, armónica, y aunque se venía
produciendo la contaminación desde mucho antes, por lo menos en este
espacio de tiempo que va de enero al 3 de julio. Al mismo tiempo
habría que haber tomado una precaución de enorme importancia, como es
preservar el aceite de oliva virgen y la mezcla de virgen y refinado,
que no tienen nada que ver con el sistema de producción del aceite de
orujo; también habría que haber tomado esa decisión. Pero, ¿qué
ocurre? Que nos encontramos
ante una auténtica descoordinación del binomio producido entre el
señor Arias Cañete y doña Celia Villalobos, que nunca se coordinan,
ni se coordinaron en el tema de las vacas locas ni en este problema
ni en otro que surja. Ahora, por ejemplo, tampoco se están
coordinando bien doña Celia Villalobos y el consejero de Sanidad de
la Comunidad Autónoma de Murcia (después hablaremos de este tema); no
sólo no se están coordinando sino que ni siquiera hablan ni visita la
zona de Murcia la señora Villalobos.
Pues bien, Agricultura realiza su función a partir del 3 de enero -y
desde antes- sobre la idea de que hay que proteger la producción
incluso por encima de la salud de la gente, y oculta las cosas.
Agricultura siempre oculta, el señor Arias Cañete en el tema de las
vacas locas y también en este caso oculta, y en lugar de llegar a una
negociación rápida y decir que en 15 días se puede retirar el aceite
de orujo, con lo que se hubiera solucionado el tema a lo largo del
mes de enero, el señor Arias Cañete negocia lentamente, oculta,
permite -hay una gran permisividad-, y lo que quería hacer que era
preservar la producción al final lo estropea totalmente, es mucho
peor el remedio que la enfermedad; ya no se puede ni producir y la
retirada no ha sido adecuada ni en tiempo ni en forma. Al mismo
tiempo, el señor Arias Cañete no sólo hace esto sino que promociona
uno de los usos y costumbres más dañinos para el aceite de oliva
virgen español, como es la promoción del aceite de baja calidad, que
está ocupando mercado, que está generando un consumo más barato, es
verdad, pero que tiene consecuencias como las que aquí se ven
determinadas y que no ayuda en absoluto al sistema de producción, a
la cultura española y a la propia imagen de España. Por tanto, el
señor Arias Cañete oculta, sigue ocultando y en un momento
determinado, el 2 de julio, se reúne con los olivareros, convocados
por Sanidad, y estos ofrecen retirar el aceite en 15 ó 20 días. Se
pudo hacer en enero, pero no, el 2 de julio ofrecen retirar el aceite
de orujo en 15 ó 20 días. Ya ha pasado el debate sobre el estado de
la Nación, ya se puede marcar la alerta porque acaba de pasar el
debate sobre el estado de la Nación. El 3 de julio la señora
Villalobos dice: A mí no me cazan en esto. Y lanza la alerta,
olvidándose de la proporcionalidad de lo que estaba haciendo y
teniendo una reacción absolutamente personal con respecto a su
imagen. Ella misma lo dice: Yo ya sé mucho de imagen, he aprendido
mucho y sé cuando hay que hacer estas cosas para que no tenga
consecuencias personales. Además nos encontramos en un momento en que
no aparece por ningún lado -y no porque sea gallego- el
vicepresidente primero, que no coordina, no dice nada; tampoco
aparece el vicepresidente segundo de temas económicos, que es lógico
que hubiera aparecido, y mucho menos aparece el señor portavoz del
Gobierno. Nadie dice nada, nadie aparece, nadie manda seguridad ni
estabilidad ni coordinación. Ni siquiera ese Beckenbauer de la
política del Partido
Popular, que es el señor Arenas, aparece, que a veces cuando se cuela
el balón al final él sale con esa tribuna que se ha hecho para él
solo y aparece en los telediarios. Tampoco aparece el señor Arenas y
nos encontramos con que doña Celia Villalobos tampoco quiere aparecer
en los primeros días. Espera unos cuantos días y nos encontramos con
un vacío total, con una descoordinación total y con una frase a
continuación tan fuerte, de consecuencias tan graves como: Prefiero
40 ruinas a 40 muertos. Me parece, señor Ollero, que en este caso no
nos puede decir que este no es un tema absolutamente extraordinario,
como todos los que hemos estado tratando anteriormente.
El día 13 de julio se aprueba la orden que regula los benzopirenos,
pero a la espera de lo que al final coordine y apruebe la Unión
Europea. En definitiva estamos ante una situación absolutamente
descoordinada con consecuencias muy graves en función de esta falta
de armonía, de esta falta de coordinación, de responsabilidades, de
tiempos, de espacio, de proporcionalidad, de adecuación a lo que se
dice con respecto a las consecuencias que se pueden producir.
Por todo ello, señora presidenta, pedimos las comparecencias que
usted ha enunciado y esperamos la justificación en contra con mucho
interés, a ver si en este caso nos reímos también.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Mixto, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Intervengo simplemente para anunciar nuestro voto afirmativo a esta
solicitud de comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señora presidenta.
Como ya todos sabemos, el pasado día 3 de julio el Ministerio de
Sanidad y Consumo comunicó la red de alerta confidencial al
detectarse la presencia de hidrocarburos en algunas partidas de
aceite de orujo de aceituna. El propio Ministerio señalaba en esa
comunicación que este tipo de compuestos son sustancias de toxicidad
bien documentada y conocida desde hacía mucho tiempo su existencia
tanto en el aceite de orujo como en una multitud de alimentos que
consumimos habitualmente y que también existen en el medio ambiente.
En la rueda de prensa celebrada ese mismo día 3 de julio en la sede
del Ministerio de Sanidad, la directora general de Salud pública
ponía de manifiesto que el
Ministerio de Sanidad conoció la existencia de este problema a través
de un comunicado que le hizo el Ministerio de Agricultura a mediados
de junio, pero que el propio Ministerio de Sanidad envió a
reconfirmar a sus propios laboratorios y la confirmación de la
existencia de altos niveles de benzopireno la obtuvo el 29 de junio.
El día 4 de julio el Ministerio de Agricultura afirmaba que no
detectaron ningún problema en el aceite de orujo de oliva hasta que
la Oficina comercial de la Embajada española en la República Checa
les informó, y que esto ocurrió a finales del mes de mayo, el 30 o el
31 de mayo. A partir del día 3 de julio, cuando se pone en marcha la
alerta alimentaria, se provoca una situación de alarma social
importante y se abre una crisis seria de grandes consecuencias que
todavía no podemos evaluar en un sector tan importante para la
economía de nuestro país como es el sector de la producción del
aceite de oliva, del aceite de orujo y de un sector industrial de
primera magnitud como es el sector de transformación agroalimentaria.
Por dar algunas cifras diré que España produce más de 800.000
toneladas de aceite, hay 250 millones de olivos plantados en nuestro
país, que suponen el 25 por ciento de la superficie mundial que se
cultiva de olivo y que se exportan a 100 países más de 200 toneladas
anuales de aceite. En la producción del aceite de orujo hay más de 60
industrias, 5.000 empleos directos, 20.000 empleos indirectos y se
exportan 20.000 toneladas a más de 50 países.
La medida que tomó la ministra de Sanidad y Consumo fue una medida
precipitada, improvisada, que se tomó sin contar con la coordinación
suficiente entre los distintos departamentos ministeriales -y diría
yo que sin el consenso y el acuerdo entre los distintos departamentos
ministeriales-, sin el conocimiento previo y la información adecuada
a las comunidades autónomas -el mismo día 30 de junio todos los
consejeros habían estado con la ministra de Sanidad y Consumo en una
reunión del Consejo Interterritorial de Salud-, y sin comunicar a la
Unión Europea de manera adecuada y debida cuál era el problema que se
había detectado, de qué partidas de aceite se estaba hablando, qué
análisis eran los que se habían hecho, por qué método, qué cifras de
niveles de benzopireno habían detectado en el aceite de orujo y a qué
países se había exportado. Se hizo sin contar con informes
científicos que avalaran esta decisión, utilizando la ministra -como
ella mismo se encargó de decir en una rueda de prensa después del
Consejo de Ministros del viernes siguiente- el principio de
precaución de una manera sui géneris. Ella dijo textualmente: He
utilizado el principio de precaución más allá de la propia evidencia
científica.
Desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista, la
decisión de poner en marcha la alerta alimentaria se tomó no con el
objetivo de proteger los derechos de los consumidores y garantizar la
seguridad de los alimentos que tenemos que consumir, en este
caso el aceite de orujo de oliva, sino con un solo objetivo: La
ministra de Sanidad lo único que quería era salvar su propia cara, y
algunas de las frases que ha dicho durante estos días son muy
explícitas. Por ejemplo: A mí no me caza nadie. A mí no me va a
estallar esta crisis como me estalló la crisis de las vacas locas.
Una vez lanzada la alerta, la gestión de la crisis ha sido un
auténtico despropósito. Ha provocado la alarma social, ha creado
desconcierto e inseguridad entre los ciudadanos, ha creado de nuevo
una falta de confianza y de seguridad por parte de los ciudadanos en
los poderes públicos, que son precisamente los que tienen que
garantizarles esa seguridad en los alimentos, y el Gobierno, durante
tres días, se mostró incapaz de reaccionar y de dar respuesta a las
demandas ciudadanas. Nadie tomó las riendas, ni el ministro de la
Presidencia ni los vicepresidentes, ante la ausencia del presidente
del Gobierno, lo cual provocó un mayor caos porque nadie, desde el
Gobierno, se atrevía a decir una sola palabra, nadie se atrevía a
hablar; la ministra de Salud, la protagonista y responsable de la
decisión, estuvo desaparecida durante tres días. Mientras tanto, se
empezaron a conocer algunos datos que preocupaban más que
tranquilizaban y que ponían de manifiesto la incoherencia de la
gestión de la crisis y la gravedad de la decisión que había tomado el
Gobierno y la ministra de Sanidad, y la falta de objetivos claros,
que en ningún momento eran los de garantizar la seguridad de los
alimentos y tranquilizar a los ciudadanos. Además, se puso en
evidencia que de poco había servido la experiencia que muy
recientemente habíamos vivido en nuestro país cuando sucedió la
crisis de las vacas locas. Esta experiencia solamente sirvió para que
la ministra tomara la decisión precipitada de salvar su cara antes
que ninguna otra cuestión.
Conocíamos, en primer lugar, que la aparición de los benzopirenos en
el aceite de orujo se debía a un cambio tecnológico producido
precisamente en un intento de evitar la contaminación medioambiental,
sobre todo de las cuencas de los ríos, que producía el alpechín.
Conocemos que, desde el mes de enero, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas y el Instituto de la grasa, el centro
específico para la investigación de grasas, venían emitiendo análisis
y detectando la existencia de altos niveles de benzopireno en el
aceite de orujo. ¿Qué pasó con esos análisis que el Consejo Superior
de Investigaciones Científicas venía realizando desde el mes de
enero, y que comunicó al Ministerio de Agricultura? Conocimos
inicialmente que el 30 de mayo Agricultura había recibido los datos
de la inmovilización en la República Checa de determinadas partidas
de orujo. Conocemos que Agricultura, el 13 de junio, envió al
Ministerio de Sanidad estos datos pero que Sanidad, no fiándose de
los mismos, no tomó ninguna decisión y volvió a repetir los análisis.
Análisis que no son concluyentes, como decía la directora general de
Salud Pública, hasta el 29 de junio, pero que luego la
ministra ya se encargaría de desmentir y decir que ella no conoció
los datos hasta el 3 de julio, mintiendo clarísimamente cuando el día
anterior, el 2 de julio, había una reunión en el Ministerio de
Sanidad y Consumo con representantes del sector para intentar llegar
a un acuerdo para retirar, de manera ordenada y consecuente, las
existencias de esas partidas de aceite de orujo que podían tener
altos niveles de benzopireno. Conocemos también que el día anterior
estaba reunida con el sector, pero rompió esas negociaciones, no
sabemos bien por qué. Han sido los datos de la República Checa los
que causaron la alarma, pero posteriormente hemos conocido que la
República Checa ya inmovilizó determinadas partidas de aceite el 22
de febrero y fue en abril cuando nuestra Embajada comunicó a la
Secretaría de Estado de Comercio la existencia de este problema, que
se habían inmovilizado partidas con niveles altos de benzopireno.
¿Qué pasó desde el 22 de febrero, cuando la Embajada española
comunica esos datos a la Secretaría de Estado de Comercio, por tanto
cuando los conocen el Ministerio de Exteriores y el Ministerio de
Economía, y no se transmite esa información -o se transmite, no lo
sabemos aún- al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Sanidad?
Todas son dudas que no aclaramos, interrogantes que se mantienen, que
ni la ministra ni nadie del Gobierno han sabido aclarar porque no han
puesto de manifiesto lo que ha pasado en realidad. Por eso, nuestro
grupo parlamentario quiere que comparezcan en este Congreso de los
Diputados, en una sesión conjunta, el ministro de Agricultura y la
ministra de Sanidad, para dar estas explicaciones a la población en
sede parlamentaria, para que hagan públicos los informes científicos
que ha avalado una decisión como la que se ha tomado; que se
explique, si ha existido riesgo real, inminente y extraordinario, tal
como establece la Ley general de Sanidad en su artículo 26 para
decretar la alerta alimentaria, por qué no se decretó esa alerta con
antelación suficiente cuando, desde el mes de enero, un centro de
investigación nacional había puesto de manifiesto la existencia del
problema. ¿Quién va a responder realmente ante la ciudadanía cuando
son los propios ministros de este Gobierno los que provocan las
crisis con su improvisación, su ineficacia y su precipitación? ¿Cómo
ha comunicado los datos el Gobierno de la nación a la Unión Europea?
¿Dijo realmente que habían aparecido niveles de benzopireno en
aceites refinados residuales? Eso se ha publicado -y creemos que así
ha sido-, aumentando de nuevo la confusión y provocando el cierre de
las fronteras de algunos países a partidas de aceite español de
manera indiscriminada, no sólo de aceite de orujo, también de aceite
de oliva.
El Gobierno no nos ha facilitado ninguna información y ha hecho caos
omiso a los principios que este Parlamento aprobó cuando se creó en
el mes de junio la Agencia de Seguridad Alimentaria. Aunque la ley no
haya entrado en vigor, habría sido imprescindible que
estos principios, que eran pautas de comportamiento, hubieran servido
de base en la toma de decisión por el Gobierno sobre la alerta
alimentaria respecto al aceite de orujo. No creemos que en ningún
momento se haya actuado con independencia ni con transparencia,
adoptando decisiones apoyadas en una valoración científica, rigurosa,
que ponga de manifiesto cuáles son los riesgos existentes y con la
participación debida de los consumidores, de los operadores
económicos y la coordinación suficiente entre los distintos
departamentos ministeriales y las comunidades autónomas, principios
en los que se basa cualquier actuación de los poderes públicos ante
la gestión de la seguridad de los alimentos.
Hemos tenido que esperar a que el Comité Científico Europeo analizara
los pasados días 10 y 11 de julio los datos que el Gobierno español
había facilitado a la Unión Europea, con mayor tardanza de la debida,
para conocer que no había habido un riesgo cierto e inminente para la
salud y para los ciudadanos en el consumo de aceite de orujo que
había en el mercado, aunque es cierto -nosotros lo compartimos- que
esas partidas de aceite debían retirarse porque probablemente no son
garantía de salud y de calidad de ese alimento.
Resumiendo, señorías, en primer lugar, a pesar de que la decisión de
la retirada era necesaria, se ha hecho de manera precipitada e
improvisada, creándose una situación caótica y de alarma que ha
provocado una crisis en el sector muy grave y de consecuencias
incalculables. En segundo lugar, el Ministerio no informó ni coordinó
con las comunidades autónomas, en un hecho sin precedentes, la alerta
de seguridad alimentaria. En tercer lugar, el Ministerio fue el
primero que rompió la confidencialidad en la alerta. En cuarto lugar,
el Gobierno comunicó mal a la Unión Europea la decisión adoptada, no
advirtiendo ni identificando los países a los que se habían exportado
las partidas, qué partidas eran, qué análisis consecuentes se habían
producido ni qué método de análisis se había seguido. Ha existido un
grave error de comunicación y de transparencia en la información
facilitada por el Gobierno, cayendo permanentemente en la
contradicción y en falsedades en la información que se ha facilitado.
El Gobierno ha hecho caso omiso de las decisiones de este Parlamento
al actuar, como decía antes, al margen de los principios y las pautas
de actuación que establece la Agencia de Seguridad Alimentaria.
Hoy en día existen muchas más preguntas sin responder que respuestas
ciertas. Por eso le preguntamos: ¿por qué si el riesgo era tan grave
se minimizó y no se actuó de manera coordinada entre todos los
departamentos ministeriales para abordar este problema? ¿Por qué
entre los Ministerios de Agricultura y de Sanidad se entra en una
guerra de cifras y de fechas para echarse la responsabilidad unos a
otros? ¿Es verdad que no existen sistemas analíticos homologados,
como admite el Ministerio de Sanidad en su declaración de alerta? ¿Es
cierto que las muestras tomadas son once o trece
en total? ¿Es cierto que los informes científicos de análisis y de
evaluación de riesgos, que aún no conocemos, no son concluyentes para
decretar esta alerta? ¿Por qué el Gobierno propone ahora una norma de
regulación de la existencia de benzopirenos en el aceite de orujo
contradiciendo su propia comunicación sobre la alerta alimentaria, en
la que establecía que no podía haber niveles máximos de benzopireno o
de hidrocarburos superiores a una parte por billón?
Mi grupo parlamentario cree que la ministra de Sanidad y el ministro
de Agricultura tienen que dar todas estas respuestas en esta Cámara y
de manera inmediata y rápida. Tienen que explicar qué ha pasado,
cuáles son las razones de la alerta, si existieron riesgos ciertos,
por qué no se actuó antes y que se faciliten los datos científicos de
expertos que han puesto de manifiesto la evidencia científica de que
existía un riesgo cierto para la salud de los ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pozuelo. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor
Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo se va a posicionar sobre los puntos 3, 4 y 9 del orden
del día, que hacen referencia a las peticiones de comparecencia de la
ministra de Sanidad y del ministro de Agricultura, efectuadas por los
grupos parlamentarios de Izquierda Unida, Mixto y Socialista.
Por desgracia, estamos frente a un tema recurrente. En primer lugar,
la ministra no ha acertado en las formas con que ha tratado este
asunto y reviste mayor gravedad por el hecho de que en las dos
últimas ocasiones, de forma reiterada, ha tocado al sector de la
ganadería en un aspecto y, ahora, al sector de la agricultura. No voy
a recordar algunas de sus frases, que pasarán a los anales de la
historia, sobre las gangas y la carne barata o sobre los huesos
porque aquello hizo mucho daño al sector. Yo estaba convencido de que
había aprendido que una ministra tiene que ir con mucho cuidado en el
momento de hacer declaraciones sobre temas de esa importancia.
Ahora estamos con el tema del aceite de orujo, que, como he dicho al
principio de mi intervención, tampoco se ha tratado de forma
adecuada. Señora presidenta, señoras y señores diputados, el problema
del aceite de orujo era un problema sanitario no especialmente grave,
por ejemplo, hoy sale en los medios de comunicación que un comité de
la Unión Europea ha afirmado que el nivel de benzopireno no era grave
y era fácilmente solucionable, es más, de hecho, en diferentes
estudios a los que he tenido acceso, algunos tipos de carne cocinada
a la parrilla o la propia pizza pueden tener un nivel de ese producto
que es el doble del máximo
que en este momento prevé la normativa que se está haciendo. Por
lo tanto, no voy a enfatizar porque el tema ha quedado claro, tampoco
voy a entrar en una guerra de cifras y de datos. De hecho, parece
cierto que la primera inmovilización de orujo se produjo en la
República Checa el 22 de febrero; que durante los meses de marzo se
produjeron otras tres prohibiciones de venta de aceite de orujo
español, siempre por los mismos motivos y por sus altos contenidos en
benzopireno; que la prensa checa destapó el tema y lo presentó como
el gran escándalo el día 31 de mayo y que a partir del 2 de junio
comenzaron las reuniones del Ministerio de Agricultura con el sector
y también parece ser que con el Ministerio de Sanidad para encontrar
una solución al tema.
El actual sistema de obtención de aceite de orujo, que es realmente
el que nos ha llevado a esta situación, se empezó a utilizar a
principios de los noventa, pero se generalizó a partir de 1997 ó 1998
y esos cambios de sistema han sido promovidos y financiados por el
Ministerio de Agricultura, entre otros motivos porque, como se ha
dicho muy bien hace un momento, la técnica que se emplea minoriza el
impacto medioambiental que produce el alpechín, pero también habría
sido interesante que se hubiese estudiado si realmente esa
modificación del sistema de producción podía tener alguna
contraindicación antes de ponerla en marcha. Parece ser además que el
sector hace unos meses se había dado cuenta que el producto que se
sacaba tenía unos altos índices de benzopireno.
En resumen, la situación es la que tenemos, y si realmente la
ministra de Sanidad, como afirma, hasta el 3 de julio no se había
enterado del tema, uno llega a la conclusión de que hay una cierta
descoordinación dentro del Ministerio y casi diría que una cierta
insolidaridad respecto a sus compañeros del Gobierno, me refiero
básicamente al ministro de Agricultura, y al sector.
La pregunta que uno se hace es una pregunta sencilla. Si realmente el
Gobierno era consciente del problema que tenía en sus manos y que una
deficiente gestión del mismo podía afectar negativamente a los
sectores implicados y de forma especial al del aceite de oliva, ¿por
qué no se ha sido más cuidadoso en la forma de administrar esta
situación? Es difícilmente explicable que durante bastantes horas la
Unión Europea no dispusiese de una documentación adecuada que le
permitiese acotar de forma inmediata la problemática del aceite de
orujo a unas pocas partidas fácilmente localizables, evitando, como
sucedió, que se pudiese poner en duda el prestigio mundial que tiene
el aceite de oliva en general.Por lo tanto, la falta de documentación
que tuvo durante unas horas la Unión Europea y las informaciones que
se dieron a todo el mundo pudieron poner en duda la calidad del
aceite de oliva, y hay que tener en cuenta el importante esfuerzo que
ha hecho el sector para llegar a este nivel. Por otra parte, dada la
baja peligrosidad del producto y la facilidad de controlar
las partidas, se hubiera podido actuar de otra forma,
y coordinando con las comunidades autónomas y con el Ministerio de
Agricultura, seguramente se hubiera podido dar una solución menos
traumática que la actual.
Se ha puesto en evidencia que estamos frente a un sector que es
altamente vulnerable, y por ese motivo en varias ocasiones hemos
pedido en el Congreso de los Diputados que en el momento de la
modificación de la OCM del aceite de oliva, aunque no es exactamente
el asunto, hay que tratar los temas fundamentales, que son la máxima
claridad por lo que se refiere a las denominaciones de los diferentes
tipos de aceites, para que el consumidor sepa exactamente lo que
consume y para que nunca pueda llevarse a engaño, y la estricta
prohibición de las mezclas de aceites con los otros aceites vegetales
para evitar problemas similares. Son elementos básicos no sólo para
potenciar el producto sino para dificultar que intereses ajenos en el
futuro puedan poner en duda la calidad del producto.
El aceite de oliva, señora presidenta, señoras y señores diputados,
con toda seguridad es uno de los productos de los que el Estado
español es el primer productor y el sector está librando en este
momento una gran batalla comercial para abrir nuevos mercados y para
dar salida a una producción creciente. En este momento exportamos
casi el 50 por ciento de nuestra propia producción en competencia con
grasas vegetales, y para conquistar el liderazgo mundial de la venta,
sobre todo del aceite envasado y con marca, que es nuestro objetivo,
en este momento en que Italia está a la cabeza, tenemos una batalla
muy importante que librar. Era inevitable que en los países no
productores de aceite de oliva, con una cultura de aceite escasa, por
ejemplo la República Checa, y con mayor presencia de intereses
vinculados a grasas competidoras magnifiquen la situación proyectando
una falsa imagen del aceite de oliva en general. Eso era previsible.
Lo dramático en este caso es que uno tiene una cierta sensación que
desde el Ministerio de Sanidad se les ha seguido el juego.
Resumiendo, a pesar de que entendemos que la primera reacción del
Ministerio no fue la más adecuada y que la coordinación con el
Ministerio de Agricultura y el sector no es un buen modelo a imitar,
que difícilmente es explicable que el Ministerio financie el cambio
al sistema de elaboración del aceite de orujo sin estudiar los
efectos colaterales que pueda producir esa misma transformación, o
que el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Economía tengan
información a partir del mes de enero y que no se actúe, entendemos
que en este momento el tema se está encarrilando adecuadamente y que
reabrir el debate aportaría sólo más confusión a los consumidores y
perjudicaría al sector. En consecuencia, no vamos a poder apoyar
estas tres peticiones de comparecencia y hacemos un voto de confianza
al Ministerio, esperando que se tomen todas aquellas
medidas tendentes a dar una solución que no ponga en peligro la salud
y que sea viable para el sector.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
El Grupo Parlamentario Popular va a compartir su tiempo.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias señora presidenta.
Quiero decir en esta Diputación Permanente, no con la autoridad ni el
gracejo granadino, sino con la sencillez y hasta sequedad castellana,
al representante de Izquierda Unida que no he escuchado ni un solo
argumento que justifique la convocatoria de las comisiones de
Agricultura y Sanidad. Le digo esto porque no vamos a entrar en
clases de elayotecnia para ver quien sabe más de cómo se extrae el
aceite de orujo, cómo se decantan los alpechines o a qué temperaturas
hay que someter la masa procedente de las almazaras para obtener el
aceite de orujo mediante disolventes -creo que es el exano- y ver,
según la temperatura, si aparecen más o menos hidrocarburos
policíclicos aromáticos, concretamente los antracenos, benzopirenos,
etcétera. Por ahí no vamos a entrar, porque entendemos que cuando
aquí se pide la convocatoria de una comisión por una presunta
descoordinación entre ambos ministerios no se ha citado, y este
portavoz no la conoce, ni una sola disposición ministerial del
Ministerio de Agricultura o del Ministerio de Sanidad que sea
contradictoria, ni una sola ¿Qué disposiciones ministeriales de
cualquiera de estos dos ministerios se contradicen entre sí? Ni una
sola. Este portavoz no las conoce, no existen y aquí no han sido
citadas.
En segundo lugar, quiero decir sencilla y llanamente que en el
Ministerio de Agricultura, concretamente en la Dirección General de
Alimentación y en los laboratorios agroalimentarios, se hacen
análisis de muchos productos alimenticios, entre ellos el aceite de
orujo, y esos análisis, señora Pozuelo, no se ocultan. Nadie oculta
nada. Todos se envían a Sanidad y Sanidad, sin precipitación, porque
hace sus contraanálisis y nos consta, y sin mentir, porque Sanidad no
miente, Sanidad entiende que el contenido concretamente del
alfabenzopireno de algunas muestras es muy superior al tolerable y,
como medida cautelar, retira del mercado el aceite de orujo. Así de
sencillo, así de simple, porque la prioridad es la salud del
consumidor; de todos. Por eso no se puede hacer una retirada
escalonada en quince días, porque tanto derecho a la salud tienen los
consumidores que compran el aceite el decimocuarto día que los que lo
compran el primero. Se retira en todos los mercados y la prioridad,
tanto en Agricultura como en Sanidad y en el Gobierno es, señorías,
la garantía de que aquellos alimentos que se vendan en el mercado
son aptos para el consumo. Así lo han reconocido todas las
organizaciones de consumidores. Tampoco entendemos que haya tanta
alarma y tanta crisis, porque ni un solo país de la Unión Europea ha
retirado los pedidos de aceite. Por mi parte nada más y muchas
gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Tiene la palabra el señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, hace escasas semanas aprobábamos con un
importante consenso de todos los grupos de la Cámara una ley que
entendíamos que tenía una gran trascendencia para la sociedad
española, para los consumidores y para la prevención de la salud. Era
la creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria. El espíritu de
todos los grupos políticos era garantizar la seguridad alimentaria.
Contempla esa Agencia el procedimiento de prevención de la salud y la
atención de los episodios de alarma, de crisis o de emergencia. Todo
ello con el fin último de garantizar la salud de los ciudadanos y la
confianza de los consumidores.
El Ministerio de Sanidad, en atribución de sus competencias y como
garante de esa seguridad alimentaria, aplica a lo largo del año
decenas, en este caso más de cien situaciones de alerta de la red de
vigilancia alimentaria para retirar del mercado aquellos productos
que no son inocuos, que pueden significar algún tipo de peligro para
la salud de los consumidores. El Ministerio de Sanidad y Consumo
decreta la alerta alimentaria número 99 de este año en relación con
el aceite de orujo de aceituna y lo hace en virtud de un hecho claro
y determinante, que la concentración de hidrocarburos aromáticos
policíclicos, que, como todos ustedes saben, tienen un importante
efecto cancerígeno, no son tributarios de una intoxicación aguda,
pero su consumo sí tiene efecto cancerígeno. Los niveles de estos
hidrocarburos eran entre 6 y 80 veces superiores a lo que está
permitido por las pautas de distintos países europeos y
fundamentalmente del Instituto de Investigación del Cáncer,
dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que determina
claramente que las cantidades permitidas por kilo de peso de las
distintas concentraciones de todos los radicales de hidrocarburos
aromáticos no deben sobrepasar las dos partes por billón americano,
o los cinco microgramos por kilogramo de peso.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es si era conveniente
determinar esa inmovilización del aceite de orujo de aceituna. ¿Era
necesaria, era políticamente defendible y oportuna para la ministra o
para cualquier miembro del Gobierno, o era intrínsecamente
obligatoria para garantizar la salud y para prevenir los efectos
deletéreos de un aceite contaminado? Es una medida necesaria y
diligente que tiene que tomar todo
político que tenga responsabilidad. Lo contrario hubiera sido una
flagrante negligencia. Estoy convencido de que los señores portavoces
hubieran tenido una actitud completamente distinta si el Ministerio
de Sanidad y Consumo, conociendo las cantidades de hidrocarburos en
el aceite de orujo de aceituna, no hubiera intervenido. ¿Hay datos
científicos que avalan esta decisión? Indudablemente: del Instituto
de investigación del Cáncer en estudios de 1998 y más recientes y en
las marcadas por la Organización Mundial de la Salud. ¿Ha sido
correcta la información a las comunidades autónomas y a la Unión
Europea? Indudablemente. Así lo han manifestado en las reuniones de
la Dirección General de Salud Pública con todos los consejeros y
directores generales de Salud de las comunidades autónomas, que, como
no podía ser de otro manera, han avalado esta decisión. Y, como es
natural, los representantes de los consumidores no les han ido a la
zaga; también han avalado lo que entienden como un criterio de
seguridad y confianza, en tanto en cuanto las autoridades sanitarias
velan por la seguridad de los alimentos. En cuanto a la Unión
Europea, su grupo de expertos en alimentación ha avalado esta
propuesta y ha ratificado la bondad de la decisión. La información
que ha aparecido hoy en los medios de comunicación venía avalada ya
por la decisión y por la comunicación del Ministerio de Sanidad:
estos hidrocarburos no tienen acción de intoxicación aguda, pero sí
tienen incidencia de repercusión cancerígena en los alimentos.
Quiero insistir, señora presidenta, en que todos deberíamos hacer un
esfuerzo para diferenciar claramente entre el sector olivarero del
aceite de oliva virgen o extra virgen y refinado y el del aceite de
orujo de aceituna. Si todos hiciéramos un esfuerzo, haríamos algo
positivo por el sector del aceite de oliva. Por supuesto que hay
conversaciones para que el aceite inmovilizado en este momento sufra
nuevos procesos de refinado, con aranceles adecuados y cambiando el
procedimiento o acreditando un refinado adecuado, para que dentro de
unas semanas pueda volver de nuevo al mercado.
El Gobierno, como es natural, coordinado en el Ministerio de
Agricultura y en el de Sanidad y en contacto con las comunidades
autónomas, ha elaborado un proyecto de orden ministerial, cuya
aprobación está pendiente exclusivamente de que la Unión Europea
avale, como es normativo, sus procedimientos y contenido. Esta orden
ministerial viene a determinar claramente la bondad del producto en
relación con la ausencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos.
En resumen, no estamos, señora presidenta, ante una crisis de
seguridad alimentaria, sino todo lo contrario: estamos ante un
incremento de la confianza de los ciudadanos, que saben que las
autoridades sanitarias cumplen la normativa legal y vigilan por su
salud pública.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Vamos a ver, señor Madero, si no hay ninguna descoordinación, ¿por
qué han puesto a Lucas a coordinarlos?, pregunto yo. (Rumores.-La
señora Cunillera i Mestres: Para darle algo que hacer.) El señor
Lucas tiene que coordinar ahora al señor Arias Cañete y a la señora
Villalobos. Contésteme a eso.Usted contestará ahora que es un asunto
formal o que no tiene importancia, pero es la demostración palpable
de que había descoordinación, sin duda.
Usted quiere situar el terreno de juego donde no se le pueda pillar.
¿Qué tipo de documento contradictorio, de normativa o de cualquier
tipo de redactado hay entre los dos ministerios? No se trata de eso.
Estamos hablando de que había negociaciones opacas, lentas y
silenciosas -fundamentalmente por Agricultura, y usted lo sabe muy
bien- desde hace mucho más tiempo del que se está diciendo aquí. Por
tanto, descoordinación, sí. La pregunta sería quién va a coordinar al
señor Lucas a partir de ahora. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz,
ocupa la Presidencia.)
En segundo lugar, decía el señor Mingo que se han decidido 99 alertas
alimentarias este año. ¿Por qué ninguna ha sido tan espectacular como
ésta, señor Mingo? ¿Tenemos que cambiar el estilo espectacular de la
señora ministra en cuanto a estos temas de enorme importancia? El
lanzamiento de esta alerta alimentaria ha sido verdaderamente
espectacular. Espectacular por lo que se ha dicho, por lo a destiempo
que se han dicho ciertas cosas y por el silencio de algunos
responsables, empezando por el señor presidente y pasando por los dos
vicepresidentes. Ha sido espectacular por todo esto; pero ustedes no
pueden realizar ningún tipo de autocrítica.
Usted, señor Mingo, dice: ¿era oportuna? Sí; era oportuna hecha en el
momento adecuado, porque usted sabe que por parte del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas se conoce desde enero, desde
febrero se conoce la inmovilización y se manda la documentación por
parte de la República Checa. ¿Era oportuna la retirada? Sí, pero si
era tan urgente, ¿por qué no se hizo en enero o en febrero y se ha
hecho el 3 de julio, señor Mingo? ¿Quiere usted explicar por qué?
¿Por qué se ha hecho cuando ya el señor Arias Cañete conocía a fondo
los niveles de benzopireno y estaba negociando con los agricultores
no sólo la retirada, sino el cambio del sistema de producción en los
meses anteriores? ¿Quizá, como ha dicho la señora ministra y algún
alto cargo del Ministerio ha trasladado a los medios de comunicación,
porque no había comunicación suficiente entre Agricultura y Sanidad?
¿Quizá ha sido por eso? Y si no había comunicación suficiente,
teniendo en cuenta que,
como usted dice, ha sido una actuación necesaria y diligente, es
posible que doña Celia haya sido diligente, pero no el señor Arias
Cañete, que se ha callado un problema muy serio, muy gordo. Ante esa
falta de comunicación, pongamos la indefensión, pongamos la sospecha
constante del Ministerio de Sanidad, el 3 de julio hayan dicho: vamos
a por todas; nos lanzamos para que no nos cacen en esta situación.
Luego me tendrá usted que reconocer que uno de los dos -por lo menos
uno de los dos; yo creo que los dos- no ha sido diligente. Por lo
menos concédame eso, porque en otro caso no vale el argumento de que
el señor Arias Cañete ya llevaba semanas, incluso meses, negociando.
No vale el argumento; pero supongo que desde la mayoría absoluta se
puede argumentar todo, como ahora harán ustedes.
Desde ese punto de vista, señores del Partido Popular, nosotros
pensamos que no se ha actuado adecuada, proporcionalmente ni de
manera coordinada, en absoluto; se ha actuado de manera espectacular.
Yo le he dicho antes una frase que deja ver la espectacularidad y la
irresponsabilidad con que se ha tomado este tema. Cuando la señora
ministra dice que prefiere 40 empresas arruinadas a 40 muertos, ¿qué
tipo de mensaje se está lanzando a la población, señor Mingo y señor
Madero? Se le está diciendo que han estado en peligro de muerte o se
está diciendo a los empresarios que se arruinen, que no pasa nada
porque ella está defendiendo lo suyo, cuando como usted mismo ha
dicho es un proceso acumulativo lento. Efectivamente, en 15 ó 20 días
se podría haber superado esto -y digo 15 ó 20 días a partir de enero,
no desde el 3 de julio- y hubiéramos salvaguardado la salud de los
ciudadanos, la salud del sector económico y cultural del aceite de
oliva español, cosa que no se ha hecho. ¿Qué más quiere que le diga?
Lo que nos interesa no es que nos lo expliquen ustedes, que
agradecemos sus explicaciones aunque hayan sido bastante débiles, lo
que nos interesa es que nos lo expliquen doña Celia Villalobos y el
señor Arias Cañete y que asuman su responsabilidad, ya que ni
siquiera han tenido la deferencia de explicárnoslo los dos
vicepresidentes del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Señora Pozuelo.
La señora POZUELO MEÑO: Gracias, señor presidente.
Por no repetir mi intervención anterior y las que han hecho otros
portavoces, simplemente diré que hasta la fecha de hoy ni el ministro
de Agricultura, ni la ministra de Sanidad, ni ningún otro miembro del
Gobierno han hecho público algún análisis científico o de expertos
que avale la decisión que han tomado; ningún análisis. Este Congreso
de los Diputados y las comunidades autónomas no hemos conocido ningún
análisis.
La venta de aceite en nuestro país ha caído en torno al 65 por
ciento. Son datos que se están facilitando por parte del sector y por
lo que están pudiendo verificar las comunidades autónomas y el propio
Ministerio de Agricultura.
En nuestro país no ha existido ninguna norma sobre niveles de
benzopireno en el aceite de orujo ni en multitud de alimentos que
pueden tener contenidos altos, bajos o medios -no lo sabemos- de este
tipo de hidrocarburo. Si en el Parlamento andaluz comparecieron ayer
conjuntamente dos consejeros, el de Sanidad y el de Gobernación, para
explicar a petición de todos los grupos políticos, entre ellos el
Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, que habían pedido su
comparecencia para que informaran al Parlamento y a la opinión
pública de la gestión de la crisis que se estaba llevando a cabo,
¿qué miedo tienen ustedes a que la ministra de Sanidad y el ministro
de Agricultura comparezcan en esta Cámara y aclaren todas estas dudas
razonables -dejémoslo en dudas- que tenemos y que se han expuesto
aquí esta tarde? Además, señores del Partido Popular, si a la
ministra de Sanidad le gusta tanto que la aplaudan por la calle y si
no existe ningún problema de verdad en la gestión que el Gobierno ha
hecho ni hay descoordinación, si está todo en orden, si todo ha sido
perfecto, ¿por qué no viene aquí a recibir las alabanzas de todos los
grupos políticos ante los datos que tiene que exponer en esta Cámara
que pongan de manifiesto que efectivamente no ha habido ningún
problema y que ha sido todo una alarma generada no se sabe por qué?
Nada más, muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Pozuelo.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, simplemente le digo, señora Pozuelo, que miedo ninguno.
Respecto a argumentaciones para que vengan, señor Alcaraz, y la
presunta descoordinación que S.S. aduce, yo le niego la mayor: no hay
descoordinación. Le repito, cíteme una sola disposición ministerial
de un ministerio y de otro que puedan ser contradictorias. Eso sería
descoordinación. Incluso la cautela de retirar una mercancía de las
estanterías de los mercados no se hace diciéndolo, sino que se hace
una disposición ministerial del rango que corresponde. Cíteme una
sola disposición ministerial de Agricultura o de Sanidad en la que
pueda haber contradicción. Y digo a la señora Pozuelo y al señor
Alcaraz que ningún ministro se ha callado nada, y no ha habido
precipitación ni ocultación ni mentira.
Nada más y muchas gracias, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Madero.
Señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Con toda brevedad, señor presidente.
La puesta en marcha de la red de alerta es confidencial, y el
Ministerio de Sanidad no es el que rompe esa confidencialidad, no lo
ha hecho en ninguna de las más de cien activaciones de la red; por
tanto, de espectacularidad, nada: confidencialidad. Pero si después
la confidencialidad se rompe por distintos sectores que no son el
Ministerio de Sanidad y Consumo ni el Gobierno ni el Ministerio de
Agricultura, no le quepa a usted la menor duda de que es obligación
del Gobierno salir a informar a todos los ciudadanos con una
información completa y veraz.
Por último, una decisión de estas características, teniendo muy en
cuenta todos los intereses del sector, se tiene que tomar con datos
suficientemente alarmantes de contenido de hidrocarburos en el aceite
para evitar, repito, y para garantizar la seguridad alimentaria.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, en primer lugar, el punto
3 del orden del día: Petición, formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, para que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Sanidad y Consumo, con el siguiente orden del día: Comparecencia de
la ministra de Sanidad y Consumo para que explique los criterios por
los que el Gobierno ha tomado la decisión de retirar del mercado el
aceite de orujo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
45; a favor, 15; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el referido punto del orden del
día.
Votamos a continuación el punto número 4 del orden del día: Petición
formulada por un número suficiente de diputados miembros titulares de
la Diputación Permanente pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista para que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria conjunta de las comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y Sanidad y Consumo, para celebrar la comparecencia del
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación y la ministra de
Sanidad y Consumo, para explicar las causas y el alcance de la
decisión de la retirada del mercado del aceite de orujo.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
47; a favor, 17; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el punto 9 del orden del día: Petición formulada por el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca con el siguiente orden del día:
Comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para
que explique la falta de coordinación con el Ministerio de Sanidad y
Consumo en el caso del aceite de orujo de oliva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
47; a favor, 17; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PETICIÓN FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DEAGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000021), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA
EXPLICAR LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DIRIGIDAS A LA DETECCIÓN DE
CASOS DE ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME BOVINA Y SU EFICACIA PARA LA
ERRADICACIÓN DE ESTA ENFERMEDAD. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/000472.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos a continuación el debate del punto 5
del orden del día: Petición formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración
de una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, con el siguiente orden del día: Comparecencia del
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para explicar la
aplicación de las medidas dirigidas a la detección de casos de
encefalopatía espongiforme bovina y su eficacia para la erradicación
de esta enfermedad.
Por parte del Grupo Mixto, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, solicitamos la comparecencia del
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión
correspondiente porque lo creemos necesario. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Vázquez.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Adelante, señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.
Decía que creíamos necesario y conveniente que el ministro explique
con claridad a la sociedad a través de esta Cámara la eficacia de las
medidas adoptadas hasta ahora para conocer la extensión de la
encefalopatía espongiforme bovina en el conjunto de la cabaña del
Estado, para conocer cuál es la situación del sector, la eficacia de
las medidas adoptadas, y de alguna manera que nos dibujase un mapa de
cuál es la realidad del problema en este momento. También creemos que
es oportuno en este momento que el Ministerio nos explique cuáles van
a ser las líneas maestras de la nueva estrategia para hacer frente a
una situación probablemente diferente a raíz de la necesidad de que,
como saben ustedes, desde el pasado 1 de julio hay que realizar
obligatoriamente los test de detección de la enfermedad a todas las
reses, lo que sin duda y según dicen todos los expertos, en el caso
de que exista la transparencia necesaria va a originar un repunte en
el número de casos positivos. En esta situación, aunque probablemente
no se lleguen a generar los niveles de alarma social que se
alcanzaron con la aparición de los primeros casos de EEB, si es
probable que se genere un nuevo aumento en la desconfianza del
consumidor, lo que también comprenderán fácilmente que tendrá
inevitables repercusiones negativas para los productores que están
muy afectados por la crisis anterior.
Sería razonable que el Gobierno diese a conocer el balance de su
actuación en este tema, que hasta el momento no se ha hecho en sede
parlamentaria, y las líneas básicas de estrategia que va a seguir
ante las nuevas circunstancias que todo el mundo prevé han de tener
lugar. Sería necesario conocer en profundidad el alcance de la
enfermedad después de que han transcurrido siete meses desde la
realización de los test y a estas alturas debería saber el Gobierno
cuál es el alcance real de la enfermedad en la cabaña, y desde luego
también deberíamos conocer la previsión de las ayudas necesarias para
el mantenimiento del sector productor, las compensatorias para el
sector industrial que se ve afectado, por ejemplo, por el cambio de
estrategia alimentaria del ganado bovino si se llega a producir a
fondo, para las inflexiones de la crisis, etcétera.
Esta Cámara debería conocer la posición del Gobierno para que no
quede lugar a dudas o para que después no vengan estos comentarios
malsanos de la oposición en un momento que aparece una confusión ante
la opinión pública. La confusión reina sobre el sector no por falta
de coordinación sino por la improvisación y el parcheo apresurado con
que muchas medidas se están
tomando por parte del Gobierno para el sector agroganadero.
Nosotros -ya lo hemos dicho en muchas ocasiones-. no somos nada
partidarios de crear alarmas innecesarias, pero es verdad que siempre
hemos mantenido y lo seguimos manteniendo que somos partidarios de
afrontar los problemas a fondo y con transparencia, porque es la
mejor política para recuperar el sector, para recuperar la confianza
en los ciudadanos y para garantizarles además unos alimentos sanos y
de calidad. No voy a remontarme a lo acontecido, porque es casi
superfluo, cuando aparecieron los primeros casos de encefalopatía
porque hubo una situación de improvisación notoria de ir tomando
medidas por detrás de lo que iba aconteciendo, en muchos casos
transcribiendo a secas las directrices o directivas comunitarias,
pero sin prever medidas para llevarlas a cabo. Sería preocupante que
algo parecido pudiese volver a suceder, aunque ya digo que no con
tanta intensidad.
Quiero hablar de un punto en concreto, que es el famoso plan de
detección de la enfermedad. Es muy llamativo que a estas alturas,
siete u ocho meses después de que apareciera el primer caso, existan
disparidades más que notorias entre comunidades autónomas, entre el
número de test realizados y sobre todo en función del censo de reses,
que yo creo debería merecer una explicación. Es también muy notoria
la disparidad en el número de casos positivos detectados. Según datos
del propio Ministerio en una respuesta parlamentaria, hasta el 25 de
mayo de este año no se había detectado ningún caso positivo en nueve
comunidades autónomas; ahora en ocho, porque parece que se detectó
recientemente un caso en Murcia. También sorprende (y esa misma
sorpresa la manifestaron recientemente los más altos responsables o
técnicos en esta materia) que haya algunas comunidades autónomas en
las que en los dos o tres últimos meses no se haya detectado ningún
caso positivo, cuando en los meses anteriores sucedía justo lo
contrario. Decía recientemente el señor Badiola en unas declaraciones
públicas, que en alguna comunidad autónoma que en este momento no
quiero recordar su nombre, probablemente se traspapelaban los
resultados, es decir podía ser que el Gobierno estuviera
traspapelando los resultados. ¿Qué pasa? La sociedad merece una
explicación. Yo no voy a discutir que sea verdad que en nueve
comunidades autónomas no haya ningún caso positivo de vaca loca.
Puede ser así, para qué nos vamos a engañar, pero en ese caso el
Gobierno debería decir algo al respecto. Si podemos suponer que esas
comunidades autónomas están libres de la enfermedad que se diga, y si
resulta que en otras, en los últimos meses, al contrario de lo que
sucedía hace poco, no aparece ningún caso, ¿quiere decir que
estaríamos ya en una fase de solución del problema en esa determinada
comunidad? Permítanme que sin querer ofender a nadie, diga que si
estas cuestiones no se explican, si el Gobierno no dice nada y el
señor ministro
calla, inducen a la sospecha de que no se está haciendo el
seguimiento necesario de esta enfermedad con seriedad. A mí me parece
que algo debería decir el Gobierno sobre esta cuestión, y digo esto
porque la sospecha es lo peor que se puede hacer para dar confianza a
los consumidores y la ocultación, no sacar toda la verdad a la luz,
es lo peor para tomar medidas eficaces que resuelvan de una vez por
todas este gravísimo problema.
A pesar de que el problema de la encefalopatía no está siendo noticia
de primera plana en los medios de comunicación ni está siendo la
primera noticia de los informativos, la solución de este problema
está muy lejos de haberse conseguido. Yo creo que es necesario seguir
hablando de las ayudas de la Administración para este sector. Es
necesaria la corrección de algunos criterios, como los relativos a
las primas por sacrificio en función del peso y no de la edad, y la
realización de un censo real de vacas nodrizas a efectos del cobro de
primas, muchas de ellas hoy excluidas, como saben SS.SS. Hay que
seguir hablando de la trazabilidad, del etiquetado de los piensos, de
las ayudas compensatorias, del lucro cesante en el caso que se
produzca, de la eliminación de los MER, etcétera. Yo creo que hay
mucho de qué hablar. Supongo que el Grupo Popular dirá que todo está
en marcha, que todo está controlado, que no hay motivo de
preocupación, pero yo no sé si estamos para que durante dos meses y
medio tampoco en este Parlamento se hable de una cuestión tan
importante.
Concluyo, señora presidenta, diciendo que vemos justificada esta
solicitud de comparecencia, repito, a la luz de lo que está
aconteciendo en los últimos tiempos, sobre todo cuando empiezo a oír
algunas voces, y no las de mi grupo político sino de técnicos muy
cualificados que hablan de que este tema no se está llevando con
suficiente transparencia.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, únicamente quiero decir
que vamos a votar positivamente esta propuesta y que compartimos
absolutamente los argumentos que se han desarrollado.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz. ¿Grupos que
desean fijar posición? (Pausa.)
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros también vamos a votar favorablemente la solicitud de
comparecencia que han presentado los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto. La intervención del representante del Bloque
Nacionalista Galego ha dejado claro cuáles eran los
motivos por los cuales el ministro debería comparecer en esta Cámara,
que serían, según yo he creído entender, el alcance real de la
enfermedad, el número de casos que hay detectados y la distribución
de estos casos por comunidades autónomas. Compartimos plenamente que
sería bueno que el seguimiento se hiciera con la seriedad que el tema
requiere. Además, sería la garantía máxima para disipar las posibles
sospechas sobre el seguimiento de la enfermedad.Antes se decía aquí
que no había descoordinación entre los ministerios de Agricultura y
de Sanidad. Siempre se ha dicho aquello de que el papel aguanta lo
que le echen, pero la demostración clara de la descoordinación es una
vivencia que cada uno de nosotros puede tener día a día, y si hay un
caso demostrativo de esa descoordinación entre ministerios sería el
de la llamada enfermedad de las vacas locas. Para avalarlo sólo
habría que recordar las declaraciones y contradeclaraciones que hubo
cuando se detectaron los primeros casos, que provocaron no sólo la
inseguridad alimentaria de los ciudadanos sino también una clara
disminución de potencialidad del sector vacuno español.
Tengo menos esperanzas que el representante del Bloque en lo que se
refiere a que el ministro quiera venir aquí a explicarse -por su
gesto veo que tiene las mismas que yo, es decir ninguna-, pero al
principio de la enfermedad se promulgó un Real Decreto por el que se
creó el plan integral coordinado entre la Administración central y
comunidades autónomas, que ha vencido el pasado día 1º de julio. Con
el vencimiento de ese plan ha vencido también su financiación. El
caos en el seguimiento es tal que, a partir del día 1º de julio,
estamos con un plan de coordinación de las acciones entre Gobierno
central y comunidades autónomas que ha caducado; se han modificado
parte de las normas en el ámbito de la Unión Europea, lo que ha
creado graves dificultades al Gobierno español para la nueva
adaptación de forma global.
Comparto lo que se ha dicho antes, que alguna descoordinación debía
haber cuando también en este caso hay un comité de crisis, por cierto
comité de crisis desaparecido en combate en estos últimos tiempos,
como desaparecido en combate está el ministro llamado a coordinar
todas las situaciones de crisis, señor Lucas. Nuestro grupo presentó
el día 3 de julio una petición de comparecencia del ministro de
Agricultura porque nos parecía que había que explicar qué pasaba una
vez agotado este plan coordinado entre los distintos gobiernos, sin
que el ministro haya sentido la necesidad de comparecer para explicar
cuáles son las medidas que piensan llevar a cabo, más allá de las
declaraciones que pueden hacer públicamente. En este caso, ha
desaparecido el ministro responsable del tema, ha desaparecido el
ministro responsable de la coordinación entre los diversos
departamentos afectados, y hoy como existe la descoordinación y la
alerta -ésa sí social, por los toros de lidia-, ha salido el
vicepresidente
primero del Gobierno diciendo que no habrá ningún problema en
la fiesta de los toros porque va a haber dinero. Sensatamente, uno
debe preguntarse de dónde va a salir ese dinero, de qué partida
presupuestaria se va a detraer el dinero necesario. Imagino que
habrán reunido ese comité de crisis de seguimiento del mal de las
vacas locas al haber decidido esto. Nada de eso consta ni parece que
el ministro tenga intención de venir aquí a explicarlo.
No hace un mes, en el mes de junio, nuestro grupo presentó una
proposición no de ley en la Comisión de Agricultura. Les voy a leer,
porque son muy cortos, los puntos que contenía. Instaba al Gobierno a
homologar y poner al día el banco de datos informatizado sobre la
cabaña ganadera; segundo, realización obligatoria de test a todas las
reses de vacuno sacrificadas de más de 30 meses; tercero, realización
de análisis a todas las reses de vacuno que mueren en la explotación;
cuarto, modificación del Real Decreto 3454/2000, que regulaba el plan
integral.
Esta proposición no de ley fue votada en contra por el Grupo Popular,
pero por la tarde recibió todo el apoyo del ministro de Agricultura,
que vino a decir lo mismo que habíamos pedido nosotros por la mañana
en la Comisión. No sé cómo llamarán a esto, a mí me parece
descoordinación, aunque seguramente en el lenguaje del Grupo Popular
es otra cosa. En este momento, además de lo que ha dicho el grupo
solicitante de la comparecencia y de lo que hemos dicho sobre el plan
coordinado, el ministro debería tener interés en explicar qué piensa
hacer con los problemas creados. Tenemos pendiente de financiar la
retirada de MER, cadáveres, animales y harinas; se está diciendo que
se ha ampliado el plan nacional de seguros, sin que eso haya supuesto
la solución para el sector. En cuanto al sacrificio selectivo, ya he
dicho que nosotros lo presentamos y fue rechazado por el PP, aunque
ellos decían que eso se podía hacer, y hay graves deficiencias en
infraestructuras medioambientales para cumplir las normas europeas
sobre la enfermedad que siguen creando graves disfunciones.
Los grupos solicitantes de estas comparecencias hemos demostrado
claramente que el Ministerio debería tener interés en venir a aclarar
estos temas. Si no viene el ministro de Agricultura porque está más
ocupado en ir de feria en feria probando cada uno de los temas en los
que tiene inseguridad, que venga el ministro coordinador de las
crisis varias o mejor el vicepresidente primero. Que venga el que
quiera, pero que venga alguien a informar de cómo está la situación
del llamado mal de las vacas locas. Escucharé con mucha atención con
qué argumentos van a rechazar Convergència i Unió y el PP solicitudes
tan sensatas como las expuestas aquí hasta este momento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cunillera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, una vez más este tema recurrente de la encefalopatía
espongiforme bovina viene al Congreso de los Diputados, y ahora en
verano y a la Diputación Permanente. Lo primero que se me ocurre
decir cuando oigo a la señora Cunillera que el ministro de
Agricultura va de feria en feria, no sé a qué ferias irá, pero ha
venido bastantes veces al Congreso, del Congreso al Senado y del
Senado al Congreso, unas veces a petición propia y otras porque los
grupos hemos reclamado su presencia, de tal manera que, de noviembre
a marzo, con este tema podíamos considerarlo como un ministro
mediopensionista en el Congreso y en el Senado. Por tanto,
información toda y claridad toda.
Señor Vázquez, dígame exactamente dónde está la confusión o la
descoordinación, para ver si es ese el argumento que me convence y
convence a mi grupo para que votemos a favor de su iniciativa. Cuando
habla de que en el plan de detección de la encefalopatía espongiforme
bovina hay unas disparidades notorias entre las distintas comunidades
autónomas, yo le pregunto, y responda si tiene respuesta: ¿Es que
sospecha de que alguna comunidad autónoma no está haciendo bien las
cosas? Si lo sospecha, dígalo claramente, diga qué comunidad autónoma
no está haciendo las cosas adecuadamente, porque si no se crea una
alarma gratuita como otras veces. Se trata de crear un aire de
sospecha, pero nunca con un punto fijo de demostración de que aquello
de lo que nos quiere convencer es cierto. Diga de quién sospecha y
qué es lo que están haciendo mal. Cuando se habla de análisis, es
pública y notoria la cifra, la información que cada semana, día
a día, tienen cualquiera de los diputados y senadores, cualquiera de
los responsables autonómicos. Por si no lo sabe el señor Vázquez, a
fecha de anteayer se habían realizado 150.000 análisis -le doy una
cifra redonda, aunque había alguno más-, de los cuales solamente han
dado positivos 50, afortunadamente. Con este tipo de iniciativas creo
que alguien siente verdaderamente que las cosas vayan bien. Es una
relación bajísima ¿No le parece bien, señor Vázquez? ¿Le parece mal
que las cosas vayan bien? Dice que hay técnicos cualificados que no
están de acuerdo con la forma en que se están llevando las cosas. Me
gustaría saber -y sería otro punto para que nos convenciera y
cambiara el sentido del voto de nuestro grupo- quiénes son esos
técnicos y qué cualificación tienen. Le ruego que diga qué
comunidades autónomas están haciendo mal, qué están haciendo mal y
qué técnicos son los que aportan ese principio de autoridad.
De refilón se saca el tema taurino. Señora Cunillera, mañana a partir
de las siete de la tarde tendrá la respuesta
a las dudas que pueda tener sobre la materia porque este
Gobierno dialoga mañana a las siete de la tarde con todos los
interesados. (La señora Cunillera i Mestres: Menos con el Congreso.)
Deseamos que ese diálogo sea fructífero y se llegue a un acuerdo
porque no hay descoordinación en la materia, no hay descoordinación
en el tema. Dice que el comité de crisis está desaparecido. No. Está
constituido y se sigue reuniendo. Además, se lo digo para su
tranquilidad, por si acabo estaba preocupada con la cuestión, no ha
desaparecido ningún ministro, señora Cunillera, todos siguen
existiendo y perfectamente aparecidos; no hay ninguno desaparecido y
no hay caos en el seguimiento.
Entiende mi grupo que lo que era mejorable al principio de la crisis
se ha mejorado y en estos momentos existe una muy buena coordinación
entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas en un
tema -repito- en el que, aunque sea competencia transferida en
exclusiva a las comunidades autónomas, ha existido siempre el
liderazgo y la coordinación por parte del Ministerio de Agricultura.
Se sigue efectuando sin ningún problema la retirada de los animales
muertos en granja; se siguen retirando sin ningún problema -y si hay
alguno se resuelve- los materiales específicos de riesgo, se siguen
retirando las harinas cárnicas que se emplean como combustibles; se
siguen haciendo por quien corresponde las inspecciones adecuadas
a granjas, a mataderos, a fábricas de piensos; en definitiva, se siguen
haciendo esos análisis a un ritmo creciente, cualquiera que sea el
resultado, pero afortunadamente hasta ahora -lo digo con todas las
cautelas y toda la prevención del mundo- es una relación muy baja, de
150.000 análisis hechos solamente 50 son positivos; y desde luego se
siguen tomando todas las medidas que permiten lo que hasta ahora ha
calado perfectamente en la opinión pública, que existe una garantía
total al consumidor de que los productos de vacuno que se ofrecen en
el mercado tienen todos los controles que deben tener, y además son
de absoluta seguridad para la salud del consumidor.
Mi grupo quiere reconocer y felicitar el trabajo de la dirección y
del personal de todos los laboratorios, especialmente de los
laboratorios de Valdeolmos y el de referencia de Zaragoza, y a todo
el personal de la Dirección General de Ganadería, que sabiendo y
siendo conscientes todos, desde el ministro hasta el último
profesional que interviene en estas materias, de que el problema no
se ha terminado, lo que sí es cierto es que siguen trabajando y
poniendo los medios necesarios para que el problema siga controlado y
la crisis siga dominada. Lo demás, dejar preguntas en el aire, lo
demás, hacer insinuaciones, lo demás, decir verdades a medias es
tratar de crear alarma social que al final se queda en humo y pocas
aportaciones positivas. Si lo único que queremos es que venga el
ministro para decir las vaguedades que aquí se han dicho, sin aportar
ni unsolo argumento por el cual deba venir para esta materia
de encefalopatía espongiforme bovina, nuestro grupo entiende que lo
mejor es que no venga porque aquí no se ha aportado nada nuevo.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta, y
perdonen, señoras y señores diputados, por abusar de su paciencia.
El que pregunta en una Cámara como ésta soy yo. El que tiene que
responder en todo caso es el Gobierno. Al señor Madero, que pasó
tiempo en Galicia, como a nosotros nos dicen que a una pregunta
contestamos con otra, igual se le pegó. Yo no tengo ningún problema
en contestar a algunas de ellas, no a todas porque fueron preguntas
de calado y de profundidad en las que yo seguramente no estaría a la
altura de las circunstancias.
Me pregunta que dónde detectamos confusión y descoordinación en la
actuación ministerial. ¿Usted se acuerda, cuando aparecieron los
primeros casos, de la alarma social que se generó en este país?
¿Usted se acuerda de cuando el Gobierno decreta que se incineren las
reses sin haber incineradoras y se empiezan a enterrar masivamente en
determinados lugares? ¿Usted se acuerda de lo que ha afirmado el
ministro de Agricultura de que la prohibición de los piensos cárnicos
no era posible porque si no se moriría el ganado y no tendría de qué
alimentarse y a estas alturas los tenemos prohibidos? ¿Usted se
acuerda de todas esas cosas? No quiero insistirle más. ¿No había
descoordinacióny confusión? Pues si en este caso del que estamos
hablando no había descoordinación ni confusión en el Gobierno, Dios
nos libre de las actuaciones gubernamentales, porque cuando las haya
será para nota, francamente. Había un despelote, señor Madero, pero
eso es lo de menos.
Le voy a contestar a otra pregunta respecto a que no venga a echar
aquí sospechas sobre determinadas comunidades. Yo no tengo que
decirle a usted ninguna comunidad autónoma que lo haga bien o lo haga
mal. En todo caso, compartirá conmigo que siete meses después de
iniciados los tests hay una zona del Estado español que no tiene
ningún caso. Yo le dije antes que eso podría ser verdad, podría ser
así, pero en todo caso creo que conviene una explicación del
Ministerio para que nos diga qué virtudes especiales y qué
circunstancias concurren para que en una determinada zona del Estado
no haya ningún caso y en otras sí. Simplemente eso creo que merece
una explicación. Si no se explica probablemente empiece a generarse
la desconfianza. Le vuelvo a insistir en que la desconfianza no la
genera este grupo político; simplemente se genera porque hay cosas
que no encajan. Le vuelvo a repetir lo mismo, ¿por qué aparecen en un
determinado momento
muchos casos positivos y en dos meses no aparece ninguno? ¿Esto
merece una explicación o no? Debe alguien explicar que esa cabaña ya
se ha saneado, ya no hay problema, y así sucesivamente. ¿En que
queda, señor Madero, aquella velocidad de crucero que nos anunció en
enero el señor ministro? Ya veo cómo va la velocidad. Los datos que
tiene usted los tengo aquí, son los del Gobierno, y no se los voy a
leer porque aburriría a SS.SS., pero ya ve usted que hay una
proporción terrible entre censo y tests. Es una comedia.
No se inquiete porque no es un problema que me preocupe a mí que las
cosas vayan bien. Al revés, por lo que me afecta -lo creerá o no-,
quiero que las cosas vayan bien y que se haga una política que saque
del atolladero a este sector en el que se le metió sin que tuviera
ninguna culpa. Usted podrá decir que no hay que hablar de
trazabilidad, de piensos, de ayudas; podrá decir lo que quiera, pero
los técnicos están diciendo que hay un posible repunte al cambiar el
número de reses que hay que diagnosticar ahora. Me pregunta usted qué
técnicos lo dicen. Yo le voy a hablar de uno que supongo que a usted
le merece la suficiente confianza porque lo han paseado como el jefe
máximo del conocimiento de la encefalopatía espongiforme bovina. El
señor Badiola cree que la Xunta puede haber traspapelado el resultado
de 50 tests prionics. No me lo invento; está aquí. Dice el señor
Badiola que se sorprende de que tal cosa esté aconteciendo, de que su
laboratorio no ha recibido desde marzo ni una sola muestra gallega.
Cosa insólita que no haya aparecido desde entonces ni un solo caso de
esta comunidad después de que se detectaran 21 reses enfermas en
cuatro meses. Supongo que el señor Badiola será una autoridad. Con
esto no digo nada, yo no lo cité, pero como usted lo pide se lo cito
en concreto. Hay más veterinarios oficiales.
Desengáñese si cree que yo vengo aquí a intentar crear alarma social.
Todo lo contrario. Vengo aquí con la intención de que las cosas se
hagan bien y que se prevea lo que puede pasar, porque lo peor que
puede suceder es que al Ministerio, calladito ahora porque no está en
los medios de comunicación, si hay esa trasparencia le vuelva a coger
desprevenido un repunte de la crisis. Por tanto, creo que lo normal
es que lo que se hizo hasta ahora, el balance de esa actuación, los
porqués de que aparece en unas comunidades y en otras no, etcétera,
y lo que se piensa hacer cara al futuro fuera objeto de explicación por
el ministro y de discusión en esta Cámara y entre todos, a lo mejor,
podríamos tirar hacia delante. Son ustedes muy libres de decir que
no.
La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, le ruego que concluya.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo, señora presidenta, y siento
abusar de su confianza.
Son ustedes muy libres para decir que no hay ningún problema. Ya
correrá el tiempo y hablaremos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señora presidenta, señorías, muy brevemente
he de decir que no he contestado con preguntas a preguntas que S.S.
hacía, simplemente le invitaba con amabilidad a que concretara esas
presuntas acusaciones y dudas. Me dice que en la prensa aparecen unas
palabras del director del laboratorio de referencia sobre el
desconocimiento de dónde están 50 tests de los 150.000 que se han
hecho. Creo que el tema no es demasiado importante. Estoy seguro,
señor Vázquez, de que no en agosto pero dentro de un mes estaremos
hablando de la materia en la Comisión de Agricultura, en el Pleno o
donde S.S. proponga. Lo que no he visto es ningún tema urgente que
justifique que nuestro grupo tenga que apoyar una razonable petición
de S.S. para las fechas próximas. Yo no soy destinatario de los
designios del Altísimo, pero cuando dice S.S. que nos libre Dios de
las actuaciones del Gobierno pienso que por ahora Dios no nos va a
librar de las actuaciones del Gobierno porque, afortunadamente, en
esta materia lo está haciendo.
Nada más. muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Sometemos a votación la petición formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto para que se acuerde
la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca, con objeto de que se produzca la
comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación para
explicar la aplicación de las medidas dirigidas a la detección de
casos de encefalopatía espongiforme bovina y su eficacia para la
erradicación de esta enfermedad.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
44; a favor, 15; en contra, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ruego a SS.SS. que una vez iniciada la votación se abstengan de
entrar en la sala.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES (NÚMERO
DE EXPEDIENTE 062/000022), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES, CON EL FIN DE QUE
EXPLIQUE LOS COMPROMISOS DEL ESTADO ESPAÑOL CON EL FUTURO DEL SAHARA
OCCIDENTAL Y LA CELEBRACIÓN DE REFERÉNDUM DE AUTODETERMINACIÓN.
(NÚMERO DE EXPEDIENTE 213/000476.)
La señora PRESIDENTA: Entramos en el debate del punto 7, petición
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria
de la Comisión de Asuntos Exteriores con el siguiente orden del día:
Comparecencia del ministro de Asuntos Exteriores con el fin de que
explique los compromisos del Estado español con el futuro del Sahara
occidental y la celebración de referéndum de autodeterminación.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la
palabra el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta, pensamos
que el Gobierno tendría que comparecer en la Comisión correspondiente
porque se están moviendo cosas en la zona citada, el Sahara
Occidental, de manera urgente y con consecuencias prebélicas. Se
están moviendo cosas en la ONU y no siempre de manera positiva, cosas
en esferas de poder en Francia, también en Marruecos, en el Sahara
Occidental y en los campamentos donde está la población saharaui.
Generalmente no se conocen estas mutaciones, estas modulaciones y la
sociedad cada vez se distancia más de esta situación perenne en el
Sahara Occidental, entre otras cosas porque las agencias
internacionales han dejado de hablar de este problema, de la
situación concreta, de cómo se van transformando las cosas. En España
hay también una auténtica conspiración de silencio respecto al
sufrimiento del pueblo saharaui y a la necesidad de una solución
permanente, tal como se pensó en un momento determinado en el plan de
arreglo de la ONU para el Sahara Occidental.
Siempre hemos defendido, señora presidenta, la necesidad de que
España tenga el compromiso que le corresponde en este caso, es decir,
un compromiso especial. España no tiene que relacionarse con el
Sahara Occidental y la población saharaui como cualquier otro país de
Europa; no. Tiene que haber una relación y un compromiso especial por
razones históricas, morales, culturales y de todo tipo.
El Estado español se olvidó hace bastante tiempo de los acuerdos de
Madrid, no los critica siquiera y mucho menos los denuncia, y no
realiza lo que a nuestro juicio tiene que realizar: una propuesta
específica para el Sahara Occidental en la ONU, en la Unión Europea y
en todas las instancias en que corresponda. Españatiene la obligación
de presentar esta propuesta específica
porque su compromiso es singular, y no la presenta. Nosotros
venimos insistiendo inútilmente, pero vamos a seguir haciéndolo de
forma incansable. España no puede jugar esta especie de celestinaje
que está jugando en cuanto a una nueva colonización por parte de
Marruecos. Me refiero a algunas cosas que se están moviendo, señora
presidenta. El 20 de junio pasado, el secretario de la ONU, Kofi
Annan, planteó una resolución que nos parece una auténtica
barbaridad: la dependencia del Sahara Occidental durante cinco años
para, a los cinco años, celebrar el referéndum de autodeterminación
tomando en cuenta para el censo real el último año. De este modo no
valdría para nada el plan de arreglo ni todo lo que hasta ahora ha
resuelto la ONU y se iría a lo que en determinados círculos se ha
calificado de auténtico complot que traspasa la legalidad
internacional. Afortunadamente, el Consejo de Seguridad de la ONU ha
rechazado esta propuesta y ha devuelto relativamente las cosas a su
sitio.
La cuestión de fondo es que a este pueblo no sólo se le está
silenciando, sino que también se le está cercando con otra serie de
métodos. Acabamos de enterarnos de que la cantidad proveniente de la
ONU para alimentos se va a reducir a la mitad; creo que era de
1.200.000 dólares y va a pasar a ser de 200.000 dólares. En estas
circunstancias esto significa un ultimátum real, con una costra
enorme de silencio, al pueblo saharaui. Creemos que la situación es
prebélica. Si no ha empezado ya la guerra ha sido por una serie de
presiones y argumentaciones de cara al derby París-Dakar, pero puede
empezar en cualquier momento. Ocurrirá entre dos frentes
absolutamente dispares y desproporcionados, que llevarán a España a
una situación de auténtica vergüenza histórica.Por ello nosotros
pensamos -y no abundo más en las cosas que usualmente decimos en esta
Cámara- que debe comparecer el señor ministro. Se están moviendo
cosas y la situación prebélica empieza a superar los límites de lo
razonable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
El señor Vázquez tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Mixto.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Intervendré muy brevemente, señora
presidenta, para compartir el sentido de la exposición del señor
Alcaraz.
Tratándose de Sahara, estamos ante un caso representativo de la
hipocresía política que preside las relaciones internacionales. Para
cualquiera es fácil de entender que el pueblo saharaui representa uno
de los casos claros a nivel mundial en que el ejercicio del derecho
de autodeterminación debería ser garantizado por los organismos
internacionales, en primer lugar por la ONU y, dado el papel activo
que últimamente vienen teniendo, también por las llamadas potencias
internacionales
o comunidad internacional; esa comunidad internacional que,
por cierto, tan activa e indignada se muestra en otros casos de
violación de los derechos de otros pueblos.Creemos que quienes tienen
algo que decir a nivel mundial deberían hacer todos los esfuerzos
posibles para garantizar ese ejercicio usando la capacidad de presión
que pueden sin duda tener sobre Marruecos en varios campos, también
en el político. En esos esfuerzos en la búsqueda de una solución
justa para el problema del Sahara Occidental creemos que debería
participar activamente, de una manera singular, el Gobierno español,
como representante de la ex metrópoli, como por ejemplo hizo el
Gobierno portugués en el caso de Timor Leste, cuando hubo que buscar
soluciones al problema de Timor.
Es verdad que el mundo se rige por los criterios que se rige y, desde
luego, hay otros intereses económicos y políticos que llevan a
abandonar al pueblo saharaui desde los niveles internacionales. La
ONU ya empezó a proponer que los saharauis acepten una autonomía,
autonomía que no desean y que, además, en ningún caso garantizaría
sus derechos como pueblo y menos en el marco de las garantías que hoy
ofrece el régimen marroquí. En fin, estamos -lo decía el señor
Alcaraz- tejiendo un manto de silencio sobre este problema de forma
que la opinión pública no esté informada sobre el mismo y, de alguna
manera, todo el mundo calla y mira para otro lado, incluso
abandonando, creo que ya sin rubor, lo acordado en su día en el plan
de paz para el Sahara Occidental. Estas circunstancias avalan que es
necesario el que el Gobierno comparezca, que no permanezca callado y
que nos explique al conjunto de la Cámara cuál es su posición al
respecto, cuáles van a ser sus líneas de actuación para intentar
resolver este problema de manera satisfactoria; que explique su
postura y que la discuta en esta Cámara. Eso es lo que convenía hacer
en estos momentos.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Muchas gracias, señora presidenta.
Los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y Mixto piden una sesión
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Exteriores para hablar sobre
el futuro del Sahara Occidental y sobre la celebración del referéndum
de autodeterminación y, realmente, esta petición es sorprendente.
Cuando uno tiene noticias de esta petición se hace diversas
preguntas, entre ellas si en estos momentos es realmente urgente y
necesaria una reunión extraordinaria sobre esta cuestión. Digo esto
porque creemos que una reunión extraordinaria, una reuniónurgente,
una reunión fuera de contexto, entre otras
cosas, puede levantar falsas expectativas. El pueblo saharaui, que
sigue con mucha atención la actitud de las administraciones, de las
entidades, de lo que pasa en el Estado español, puede pensar que hay
alguna novedad, que hay algún motivo urgente que haga que el
Congreso, en un momento determinado como éste, tenga que convocar una
sesión extraordinaria para debatir alguna novedad. Esto no es así. En
este Congreso se han debatido durante mucho tiempo diversas
actuaciones de todo tipo: preguntas parlamentarias, proposiciones, se
ha creado un intergrupo, etcétera. Por este motivo no entendemos que
excepcionalmente se tenga que convocar esta reunión urgente y,
paradojas de la vida, el Grupo Parlamentario Catalán, que ha sido
siempre solidario y defensor de la causa saharaui, votará en contra
de esta petición. Y digo que siempre hemos solidarios porque quisiera
que después no se sacara esto de contexto y se dijera que hemos
votado en contra de una petición para convocar una reunión urgente
para hablar de autodeterminación del pueblo saharaui o de la causa
saharaui. Por tanto, quiero dejar claro que el Grupo Parlamentario
Catalán siempre ha estado al lado del pueblo saharaui, siempre ha
defendido la causa saharaui. Si se comprueban los «Diarios de
Sesiones», últimos y de antaño, se verá que las intervenciones de mi
grupo siempre han ido en esta línea. A más a más, decía antes que
entre las actuaciones que ha habido en este Congreso, preguntas
parlamentarias, proposiciones, etcétera, se ha creado no hace mucho
un intergrupo, del que formamos parte, que se ha reunido con
representantes del Frente Polisario en España a los que les ha hecho
llegar la voluntad de hacer todas y cada una de las gestiones
posibles para seguir trabajando por la pacificación de esta zona y
para ayudar al pueblo saharaui a avanzar en sus reivindicaciones y en
su lucha.
Por tanto, avanzando que votaremos en contra, yo quería dejar claro y
patente que lo haremos porque la petición no es idónea, es ex
tempore, fuera del tiempo, pues no es ahora el momento de hacerla
cuando llevamos todo el año y muchos años debatiendo el tema, votando
y proponiendo, y nos parece que en este momento no hay un hecho
novedoso y puntual que nos haga realizar una convocatoria urgente. Es
más, el portavoz de Izquierda Unida ha dicho que era una propuesta
sorprendente del señor Kofi Annan y que había sido rechazada, por lo
que no tenía vigencia, y por ello nosotros queremos dejar claro que,
siguiendo con nuestra solidaridad con el pueblo saharaui, no creemos
que ahora tengamos que realizar una convocatoria excepcional con
urgencia.
Al reiterar nuestra postura y nuestro posicionamiento histórico y
presente al lado del pueblo saharaui, recuerdo solamente que si
miramos el «Diario de Sesiones» del día 3 de julio, veremos que en el
último Pleno que tuvo lugar en el Congreso, el de política general,
el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votó a favor de
una propuesta de resolución
presentada por Coalición Canaria que decía que el Congreso de los
Diputados instaba al Gobierno a que, ante la propuesta del secretario
general de Naciones Unidas sobre el Sahara Occidental y el riesgo
para la paz en esta región magrebí, se abogara ante los organismos
internacionales por la validez del plan de paz de Naciones Unidas y
los acuerdos de Houston, así como que se realizaran gestiones
urgentes ante el secretario general de Naciones Unidas y el Consejo
de Seguridad sobre la necesidad de seguir defendiendo la realización
del referéndum de autodeterminación como vía de solución justa y
pacífica al conflicto saharaui. Converència i Unió votó a favor de
esta propuesta. No se aprobó, desgraciadamente, pero nosotros votamos
a favor, lo que demuestra una vez más nuestro apoyo y solidaridad con
el pueblo saharaui. Entendemos la bondad de la petición, lógicamente;
lo que no entendemos es su oportunidad, y por eso no votaremos a
favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Marín.
El señor MARÍN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta, seré breve.
El Grupo Socialista ve con simpatía la propuesta hecha por Izquierda
Unida y por el Grupo Mixto en el sentido de que el Gobierno se
manifieste y, además, informe acerca de las últimas propuestas que se
están realizando en relación con el proceso, bien conocido por este
Parlamento, relativo al Sahara Occidental. Es cierto, como ha
señalado el señor Alcaraz, que se están efectuando en estos días una
serie de propuestas, la última la del secretario general de Naciones
Unidas, que abre nuevas perspectivas de negociación y en cierta
manera cambia lo que hasta ahora había sido la filosofía general
presentada por Naciones Unidas. No se trata, al menos por nuestra
parte -en este punto nos separamos de los comentarios hechos por el
señor Alcaraz, se lo digo con toda franqueza-, de cuestionar el papel
de Naciones Unidas, nos gusten más o menos las propuestas de Kofi
Annan, que es el secretario general. En principio, este es un
conflicto que la Asamblea General ha incluido como un elemento más de
referencia en torno a buscar en el marco de Naciones Unidas una
solución negociada y pacífica al conflicto. Con independencia de que,
tal y como ha sido el desarrollo de esta sesión, perderemos esta
votación, sí quisiera decirle al Partido Popular que sería bueno que
en octubre, cuando se reanude el curso parlamentario normal, el
Gobierno estableciera una serie de precisiones al respecto, porque yo
pienso que no se debe plantear en ningún caso la solución militar.
Hay que buscar siempre una solución pacífica, hay que tener una idea
exacta de lo que se pretende con esta
propuesta del secretario general, señor Kofi Annan, de darse un
periodo transitorio de un nivel de autonomía que no ha sido definido.
Insisto, al cabo de estos cinco años de autonomía no tiene contenido,
no ha sido definido y habría que buscar una solución definitiva a
través de la celebración de un referéndum. Esta es una cuestión que
interesa: que tengamos a nivel del Parlamento una información clara y
precisa del Gobierno porque será una de las cuestiones en las que
convendría que España tuviera una posición bastante clara, ya que sin
duda será uno de los puntos de la próxima Asamblea General de
Naciones Unidas en el próximo mes de septiembre. En la medida en que
pudiéramos tener un debate en el Parlamento y que el Gobierno,
naturalmente respetando su responsabilidad y su punto de vista, fuera
con una posición clara a esta Asamblea General, en tanto en cuanto
que Reino de España podríamos coadyuvar aceptando la propuesta de la
solución -y en eso me separo, como he señalado, del argumento de
Izquierda Unida-, que tendrá que venir forzosamente de Naciones
Unidas porque así lo ha querido la Asamblea General, con
independencia de las simpatías mayores o menores, que tengamos, y las
tenemos, hacia el pueblo saharaui. Digo, pues, que este sería un buen
punto de cara a la inauguración del próximo curso parlamentario.
Resumiendo, señora presidenta, vamos a votar a favor. Somos
conscientes de que sería bueno que el Gobierno español tomara
posición en un sentido o en otro, a ser posible antes del próximo
periodo de sesiones de Naciones Unidas que comienza en septiembre y
sabiendo que esta va a ser una cuestión delicada. A partir de ahí,
que sepamos a qué atenernos respecto de una solución que esperamos
sea la más ajustada a derecho, que tenga en cuenta los legítimos
intereses del pueblo saharaui, que permita al Reino alauita entrar en
una negociación y, sobre todo, que se aplaquen en la zona las
tensiones que pudieran existir porque la peor de todas las soluciones
es que se reanudaran las hostilidades, algo que no interesa a nadie,
ni a los propios contendientes ni a los vecinos, que en el caso que
nos ocupa somos nosotros.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Marín.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Becerril.
La señora BECERRIL BUSTAMANTE: Gracias, señora presidenta.
La cuestión que plantea el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo
Parlamentario Federal de Izquierda Unida es de enorme trascendencia y
así recuerdo yo también habérselo oído al ministro de Asuntos
Exteriores, señor Piqué, en esta Cámara. Es un asunto tratado en
repetidas circunstancias y ocasiones en Pleno, en
Comisión; y es un asunto que ha conseguido la posición unánime de
todos los grupos parlamentarios en esta casa. La Cámara se pronunció,
si no recuerdo mal, en mayo del año pasado como consecuencia, señor
Alcaraz, de una interpelación que formuló su grupo y que defendió el
señor Centella. No fue unánime, faltaron dos votos, y el resto de la
Cámara tomó una posición unánime sobre esta cuestión. En el año 1997,
en la legislatura anterior, hubo una resolución importante de esta
Cámara como consecuencia de una proposición de todos los grupos
parlamentarios representados en aquel momento y hubo unanimidad. Es
un asunto de importancia, como decía. Lo es para el Gobierno, para el
Grupo Popular y lo es para esta Cámara. ¿Cuál es la situación actual?
Porque me parece que el señor Alcaraz no ha aclarado suficientemente
los términos de la misma. Se ha referido a una posición prebélica, ha
dicho que hay algo así como oscurantismo, no hablar de la cuestión.
Me permito decirle al señor Alcaraz que no es esta la situación.
Estamos en un momento de enorme actividad diplomática, que es
conocida por todos los organismos e instancias internacionales y que
es pública porque las resoluciones, como consecuencia de toda esa
actividad, están aquí.
Se ha hecho público el informe del secretario general sobre la
situación relativa al Sahara Occidental, de 20 de junio. Como
consecuencia de ese informe largo y prolijo se ha producido un
acuerdo marco, que también está aquí, que es público y que es
conocido, y, como consecuencia también de ese acuerdo marco
propuesto, que no aceptado, se ha producido una resolución unánime
del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por tanto, no hay
oscurantismo, hay actividad y lo que sí hay es solicitud por parte de
Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad de una prórroga hasta el
30 de noviembre para dar un nuevo plazo. La verdad es que ha habido
muchos plazos a lo largo de estos 26 años, pero sería un plazo más
para continuar las conversaciones, para continuar las negociaciones y
para lograr un acuerdo porque es de interés de Naciones Unidas y,
desde luego, para España por la posición del territorio del que
estamos hablando, por la estabilidad del Mediterráneo, por el Magreb
y por tantas razones más. También por razones de nuestra historia
pasada allí, de nuestra presencia es interesante para todas las
partes que haya una solución al conflicto. Solución que se reitera en
todos estos documentos, que S.S. conoce, que tiene que ser aceptada
por todos. Como la última solución, que es este posible acuerdo
marco, no ha sido aceptada por las partes, se ha pedido una prórroga.
Por tanto, no hay parálisis en este proceso, no hay oscuridad en este
proceso, hay verdadero afán e interés en que se logre un acuerdo, que
pudiera ser este acuerdo marco o el acuerdo marco con las
observaciones que se formulen. En la última resolución, que conoce
bien el señor Alcaraz y el señor Vázquez, eso es lo que se dice, que
se puede trabajar sobre este documento sin menospreciar,
sin apartar otras alternativas o adiciones o sugerencias que
alguna de las partes pueden hacer. No querría alargarme mucho más.
Para resumir quiero decir que el papel de España a lo largo de estos
meses ha sido activo y ha tenido presente el mandato de estas Cortes
Generales. España y el Gobierno no se han movido un ápice de ese
mandato. Es más, incluso ha coadyuvado para buscar una solución hasta
el punto que tanto el Frente Polisario como el Gobierno de Marruecos
han transmitido al Gobierno de España el reconocimiento por la
posición de España para lograr un acuerdo que es verdad que todavía
no se ha logrado.
España, en el grupo de amigos de Naciones Unidas para el Sahara
Occidental, limó las asperezas o aquellos elementos del proyecto de
resolución que más lo alineaban con el informe pesimista del
secretario general y abogó por que el plan de arreglo no se
descartara, por que el plan de arreglo no se dejara en suspenso, sino
que continuara y eso ha sido reconocido, como he dicho antes, por las
partes hacia esta posición española. ¿Cuál es la posición del Grupo
Popular? Nuestra posición es que, puesto que sigue siendo de enorme
interés para España y para esta Cámara, y va a serlo mientras el
conflicto no se solucione y no se llegue a un acuerdo, vamos a seguir
manteniendo lo que aquí se expresó en junio del año 2000, que fue la
moción presentada por su compañero el señor Centella, que venía
a afirmar, primero, la neutralidad de España con respecto al plan de
arreglo -posición que España sigue manteniendo-, coadyuvar al
desarrollo de todas las actuaciones de Naciones Unidas -que creemos
que se ha hecho-, pedir al Gobierno -y así se ha solicitado- que
aliente y anime a las partes a superar las dificultades hasta llegar
a un acuerdo en todo este proceso y se mantiene la posición de
reafirmar las convicciones, de promover el respeto a los derechos
humanos y a las libertades del pueblo saharaui. España se ha
comprometido y se sigue comprometiendo a continuar prestando la ayuda
humanitaria absolutamente necesaria, y en eso estoy de acuerdo con lo
que han expresado SS.SS., hacia el pueblo saharaui.
Como conclusión, a la vista de lo que he intentado exponer y puesto
que hay una prórroga solicitada por el Consejo de Seguridad, de forma
unánime, hasta el 30 de noviembre, para continuar las negociaciones
por parte del secretario general y de su enviado especial, el señor
Baker, en el territorio; puesto que no se ha suspendido el plan de
arreglo -no queremos que se suspenda- y España ha mediado para que no
se suspenda; puesto que la posición española no ha variado y el
enviado especial, señor Baker, en estos días y a lo largo de toda la
última quincena de julio y primera quincena de agosto va a continuar
las conversaciones con los distintos representantes de los gobiernos
y de las partes implicadas, no nos parece conveniente que el ministro
comparezca en este momento y en período de sesiones
no ordinario; sería en una sesión extraordinaria. Yo estoy segura de
que el ministro no sólo no tendrá inconveniente, sino que informará
muy gustoso a SS.SS., a lo largo del mes de septiembre o quizá del
mes de octubre, de cuáles son las nuevas circunstancias, que estarán
ya mucho más avanzadas y hasta es posible que haya algunos otros
documentos. Además, podrá explicarnos cuál es el resultado de las
conversaciones y de las exploraciones realizadas a lo largo de este
verano por el enviado especial de las Naciones Unidas. Nos parece más
razonable, más conveniente esperar a que el señor ministro, en el
período ordinario de sesiones, comparezca, como ya ha hecho en varias
ocasiones, y explique cuáles son las circunstancias y cuál es (estoy
segura que seguirá siendo similar, muy parecida o casi la misma) la
posición del Gobierno español.
En consecuencia, no nos podemos sumar a la petición que han hecho el
señor Vázquez y el señor Alcaraz. Nosotros defendemos que será
conveniente esperar a lo que diga el señor ministro a lo largo del
mes de septiembre o del mes de octubre.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Becerril.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señora presidenta.
Señora Becerril y señor Maldonado, en la foto fija se vive muy bien,
no hay que mover nada y la conciencia se estabiliza, incluso se
adormece y no siente uno la punzante llamada diaria de la conciencia.
Lo que pasa es que la foto fija ya no vale, las cosas están
cambiando, de cara a septiembre y de cara a noviembre. Lo que ustedes
nos vienen a decir es: ¿Para qué sirve el Parlamento, para qué nos
vamos a reunir, para qué va a comparecer el señor ministro, qué
importancia tiene que venga al Parlamento a informar? Miren ustedes
lo que ha dicho el Frente Polisario con respecto a la resolución del
20 de junio, del señor Kofi Annan. El Frente Polisario conocía la
resolución que hemos aprobado en el Congreso, cuando era posible
aprobarla, pero miren lo que dice ahora: El Secretariado nacional del
Frente Polisario ha denunciado el pasado domingo el contenido del
informe presentado el 20 de junio último al Consejo de Seguridad por
el secretario de la ONU, Kofi Annan, calificándolo de complot
tendente a traspasar la legalidad internacional. Esa posición era
compartida cuando la foto estaba como estaba, pero se está moviendo
todo, señora Becerril y señor Maldonado.
Quiero hacer otra aclaración. La argumentación del señor Maldonado es
que no es urgente y, puesto que no es urgente, no es necesaria, ya
que estamos en la Diputación Permanente y aquí lo que se tiene que
ver es lo urgente. Yo le recomiendo que lea los artículos 56 y 57 del
Reglamento, donde se dice que una de las misiones de la Diputación
Permanente es reunirse mientras no se
reúne el Pleno, y no habla para nada de hechos extraordinarios en el
punto correspondiente a las reuniones; o léase el artículo 72.3 de la
Constitución, cuando habla de cómo y para qué hay que reunirse. No
nos vengan diciendo, como el señor Ollero, que, puesto que no es
extraordinario, la Diputación Permanente no tiene por qué reunirse.
No tiene nada que ver. (El señor Ollero Tassara: El Pleno sí es
extraordinario.) No, estamos pidiendo comparecencia en la Comisión de
Asuntos Exteriores; como usted viene de fuera, no se ha enterado. (El
señor Ollero Tassara: Yo digo lo que dije.) Entre granadino y
granadino no vale la buenaventura. Venga usted y entérese, y gaste
oído como todos, que lleva usted toda la tarde sin gastar oído, señor
Ollero. (Risas.)
A estas alturas, habría que preguntarse si es necesario el
Parlamento, ya que están las cosas así, si es necesaria la Diputación
Permanente. Léanse el artículo 72.3 de la Constitución, no son hechos
extraordinarios; esto está justificado porque, además, es un hecho
extraordinario. Si de cara a septiembre se va a reunir la Asamblea
General, si de cara al 30 de noviembre acaba uno de los plazos, nos
encontramos con que va a ser no virtual sino real la posición de Kofi
Annan. La posición de Kofi Annan ya viene absolutamente explícita;
primero, son cinco años de autonomía relativa de Sahara Occidental,
pero imbricada en el Reino de Marruecos; segundo, cuando se hiciera
el referéndum, el censo se haría sobre el último año de todos los que
estuvieran en situación de ser censados. O sea, rompe el censo
español, rompe el plan de arreglo, lo rompe todo. ¿Cómo que no hay
una situación nueva y excepcional? Claro que sí. ¿Cómo que no hay que
moverse ahora? ¿Cuándo nos vamos a mover, en septiembre? ¿Usted sabe,
señora Becerril, lo que tarda aquí una comparecencia, no en
sustanciarse por la Mesa, que es rapidísimo, para que le llegue al
señor ministro y el señor ministro tenga tiempo de venir aquí? Si
quiere, yo se lo digo, tarda meses a veces. Por tanto, no me ha
convencido en absoluto.
En ese sentido, creemos que de nuevo se desprecia la necesidad de
discutir del Sahara Occidental y se quiere volver la vista atrás.
Está presionando Francia a tope -usted lo debe saber- para que se
produzca esta integración de Sahara Occidental en Marruecos, y
nosotros estamos volviendo la vista a otro lado y con el doble
lenguaje de la bondad, como aquel que tiene un niño saharaui, pero
dice que el problema del Sahara no es político. Usted sabe que en
Sevilla hay cientos de niños saharauis y el sábado hubo una inmensa
manifestación. Yo saco todo esto que le estoy diciendo de esa
manifestación a la que asistieron miles de saharauis, no lo saco
simplemente de los periódicos, aunque también.
Esa es la situación y siento mucho que, ante este tema, la
insensibilidad es la que esté reinando; con un lenguaje más o menos
sentimental en la superficie, la insensibilidad es real, la
conspiración de silencio
es lo que está imperando de cara al futuro de Sahara Occidental.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Iniciamos la votación del punto 7 del orden del día, petición
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto para que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria
de la Comisión de Asuntos Exteriores con el siguiente orden del día:
Comparecencia del Ministro de Asuntos Exteriores con el fin de que
explique los compromisos del Estado español con el futuro del Sahara
Occidental y la celebración de referéndum de autodeterminación.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
43; a favor, 15; en contra, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE SANIDAD Y CONSUMO (NÚMERO DE
EXPEDIENTE 062/000022), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA
DE LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA QUE EXPLIQUE LAS
ACTUACIONES DE SALUD PÚBLICA FRENTE A LA APARICIÓN DE UNA EPIDEMIA DE
LEGIONELLA CON MÁS DE 200 AFECTADOS EN MURCIA (NÚMERO DE EXPEDIENTE
213/000473.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate del punto 8 del orden del
día. Petición formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, para que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Sanidad y Consumo con el
siguiente orden del día: comparecencia de la ministra de Sanidad y
Consumo, para que explique las actuaciones de salud pública frente a
la aparición de una epidemia de legionella con más de 200 afectados
en Murcia.
Por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el
señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
En principio, quiero saludar la reacción de muchos profesionales
médicos de la Comunidad Autónoma de Murcia que, como los del hospital
Morales Meseguer,han interrumpido sus vacaciones para volver al
trabajo.
La reacción que se está teniendo en gran parte frente a la legionella
depende de esta reacción autónoma no dirigida por nadie, de muchos
profesionales en la comunidad de Murcia. Quiero citar lo que han
dicho alguno de ellos para intentar situar el terreno del debate. Por
ejemplo, uno de ellos ha dicho: si esto pasa en Colombia o Rumanía
estaríamos hablando de una auténtica tragedia. Otro ha manifestado
que ya sólo queda concluir el análisis de más de 2.000 muestras a una
media de tres por paciente, dar de alta a los hospitalizados
y esperar que el récord de gravedad de la epidemia perdure por los años
como el salto de Bob Beamon, de 7,90 u 8,90 metros, no me acuerdo muy
bien, de las Olimpiadas de México que fue récord mundial durante
mucho tiempo.
Tenemos el tema situado desde la opinión de ciertos profesionales. A
partir de ahí, el señor Mingo me hablaba antes de la especial
sensibilidad de la señora Villalobos respecto a las medidas de
precaución y las situaba como argumento nodal de su intervención, que
era una intervención no circunstancial, sino que caracterizaba la
actuación de una ministra, en su opinión. Pues bien, ante una
epidemia que ya afecta a 750 personas, aunque sólo se han hecho
análisis a la mitad prácticamente o hay resultados sobre la mitad,
existe la impresión popular en Murcia y en el ámbito general de que
la señora Villalobos no hace declaraciones, de que no le dedica a
este tema ni un minuto, de que no da ningún tipo de explicación, de
que no ha visitado Murcia y que no habla siquiera con los
responsables de la gestión de la sanidad, aunque la competencia sea
del Insalud de la Comunidad Autónoma de Murcia. Si la señora
Villalobos está sensibilizada en cuanto a las medidas precautorias,
¿qué medidas precautorias se han adoptado aquí? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué
secuencias se han seguido? ¿En función de qué prioridades? ¿En
función de que estrategia organizativa?
El 28 de junio se da el primer caso de legionella. El día 6 de julio
ya había 32 casos. Silencio, silencio, silencio. El 8 de julio hay ya
200 casos y se empieza a actuar. Se insinúa algo sobre la torre de
refrigeración de unos grandes almacenes, algunos se atreven a decir
Corte Inglés que, como usted sabe, es la empresa de mayor capacidad
inversora en publicidad de este país. Ya se publica en ciertos
medios, pero se callan, se silencian otras torres de refrigeración y
se dice que se ha detectado la legionella y no se sabe si es la misma
que contagia a los ciudadanos, que todavía no se puede establecer esa
relación de causa-efecto. Ya veremos por qué se callan las otras
torres de refrigeración, por qué no se sitúan de manera concreta.
Si la señora ministra hubiese cumplido lo que prometió después del
caso del Alcoy -lo prometió a partir de noviembre del año 2000-, con
dos limpiezas al año, una cada seis meses, para finales de junio se
hubiera podido evitar esta situación si se hubiera cumplido con la
promulgación del decreto y las medidas
con las que se comprometió en noviembre del año 2000. Estamos
hablando ya de cosas muy concretas, señor Mingo, que creo es quien me
va a contestar.
Una de las medidas fundamentales, y todo el mundo lo dice, es muy
sencilla y los organismos correspondientes también lo habían dado por
hecho de antemano, es la limpieza de las torres de refrigeración cada
seis meses. Por tanto, se hubiera podido evitar si la señora ministra
hubiese tenido capacidad de reacción, sensibilidad precautoria y
diligencia, que no ha tenido en absoluto en este caso. Por cierto, ha
dicho que el decreto ya se había mandado a las instituciones que lo
tenían que ver y analizar, pero después se ha demostrado que no era
así, que ha habido burocracia -por lo visto, dice la ministra que no
conoce bien los cauces burocráticos de su Ministerio- y que hay un
desfase entre lo que declaró la ministra y la propia salida del
decreto, de hecho un par días. Estamos hablando, señor Mingo, de la
Comunidad Autónoma de Murcia, donde el Partido Popular tiene mayoría
absoluta, el 67 por ciento de los votos, con lo cual tenemos también
delimitado quiénes son los responsables políticos: en primer lugar,
la señora ministra y, en segundo lugar, los gestores de la salud en
la Comunidad Autónoma de Murcia.
Anteayer, la señora ministra, por cierto conectando con esta idea que
le acabo de dar, dice que comparte todas las medidas del señor
consejero, pero no sabemos exactamente a qué medidas se refiere,
porque el señor consejero mañana comparece -fíjese si hacen falta las
comparecencias- en la Asamblea de Murcia para poner sobre el tapete
el tema de la torre refrigeradora de El Corte Inglés y callarse que
había tres torres refrigeradoras también causantes de esta situación,
la de la Consejería de Salud, del Gobierno regional, la de la
Consejería de Agricultura, del Gobierno regional, y la de la
Presidencia de la comunidad autónoma. Eso se calla durante días y no
se limpia durante días. ¿Dónde están las medidas precautorias? ¿Dónde
está la sensibilidad con respecto a la prevención? No se limpian
durante una serie de días, y entonces todo falla, todas las
previsiones fallan, todas las imágenes fallan y todas las
caracterizaciones que se están exponiendo aquí.
A estas alturas, señores del Partido Popular, pensamos que hay que
comparecer, que estamos ante un récord mundial de legionella. Hay que
comparecer y hay que decir qué medidas se van a adoptar, porque no
vale que el señor consejero de la comunidad autónoma haya dicho:
Declaramos solemnemente que no hay epidemia. Lo dijo el viernes
pasado, pero se siguen produciendo casos. El señor consejero debe
saber que las bacterias no se van de vacaciones, que la señora
Villalobos sí, y aunque se haya hecho una declaración solemne, siguen
apareciendo casos.
En este orden de cosas, creo que es lógica la idea que ya están
teniendo muchos ciudadanos y ciudadanas de Murcia de pedir
responsabilidades administrativas y
también responsabilidades penales ante esta situación, es decir,
reclamación de daños y perjuicios a empresas, teniendo en cuenta las
responsabilidades personales y políticas, penales y administrativas
que se deducen de esta situación. Se va a producir ese tipo de
reclamación de daños.
En resumen, no existen medidas preventivas o no han existido, aunque
algunas comunidades autónomas sí las han adoptado y están limpiando
las torres de refrigeración de manera rítmica en los plazos
adecuados, como han dicho los organismos competentes en Aragón,
Madrid, etcétera; no ha funcionado el criterio de precaución, que
pasaba por cerrar las torres a tiempo y limpiarlas, porque se sabía.
Les recuerdo lo de El Corte Inglés, ya que por lo visto tuvo que ir
la Guardia Civil para que se pudiera permitir el acceso a la limpieza
de la torre. Hubo un forcejeo en un momento determinado con la
autoridad correspondiente y, al final, pasaron y limpiaron la torre,
pero se tenía retenida la información con respecto a las otras tres
torres. Pensamos que hay una responsabilidad política que corresponde
a la gestión del Partido Popular en Murcia y a la competencia plena
del Insalud a nivel de la ministra de Sanidad y que esa
responsabilidad es política, administrativa y puede ser penal, y
nosotros entenderíamos que los ciudadanos de Murcia la pudieran
establecer en su momento.
En este momento hay 750 afectados por los síntomas de la legionella,
350 confirmados, 12 personas en la UCI y dos fallecidos. Esta es la
situación, y pensamos que la señora Villalobos tendría que comparecer
aquí. Sabemos, y lo vamos a decir aquí para que conste en el «Diario
de Sesiones», que se ha establecido toda una red de presiones sobre
medios de comunicación, sobre profesionales, médicos y todo tipo de
personas que ejercen funciones relacionadas con la medicina y también
a laboratorios, pero naturalmente eso en democracia es difícil que
funcione ante un caso tan masivo como éste. En definitiva, repito que
pensamos que debe comparecer aquí doña Celia, como va a comparecer el
consejero mañana en Murcia. Estamos ante una situación grave y no nos
digan que somos alarmistas. La alarma es la situación concreta, real
que se está dando que, por ahora, no tiene una solución adecuada ni
la ha tenido en cuanto a la precaución que debía haberse tomado en un
principio.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Grupo Parlamentario Mixto. (Pausa.) ¿Algún grupo desea fijar
posición? (Pausa.)
Señora Valentín.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, presidente.
Señor Mingo, lamento sinceramente que le corresponda a usted gran
parte de esta Diputación Permanente, pero le ha tocado en suerte una
ministra que le está dando bastante trabajo.
La verdad es que he escuchado atónita las intervenciones del Grupo
Popular e incluso me ha sorprendido la votación del Grupo de
Convergència i Unió porque, al parecer, aquí no pasa nada, todo
funciona correctamente. En lo relacionado con los ministerios de
Sanidad y de Agricultura, temas de salud pública y seguridad
alimentaria, todo se ha hecho a la perfección y la verdad es que me
causa, repito, gran sorpresa porque la mayoría de los ciudadanos
observan entre atónitos y desorientados cómo se origina en nuestro
país, de nuevo, un grave problema de salud pública, el brote de
legionella de la ciudad de Murcia y cómo ante este problema la señora
ministra de Sanidad desaparece en esta representación de títeres y,
en lugar de liderar las actuaciones en colaboración con las
autoridades de la ciudad de Murcia, pretende convertir este brote en
un problema exclusivamente autonómico. Para el Grupo Socialista esta
forma de actuar es absolutamente inadmisible porque no nos
encontramos ante una situación aislada. Estamos ante el brote más
importante de legionella que jamás se ha dado en nuestro país y en
ningún país de nuestro entorno, tanto por el número de personas
afectadas (hacía declaraciones el señor Marqués, consejero de Salud
de la Comunidad de Murcia, ayer mismo y decía que iban a sobrepasar
el millar de personas afectadas por la legionella como consecuencia
de este brote) como también por la rapidez con la que se ha
propagado.
Repito, no se trata de un caso aislado. En el segundo semestre del
año 2000 veíamos cómo se producían en la ciudad de Vigo, en
Pontevedra, o en el barrio de la Barceloneta, en la ciudad de
Barcelona, o en Alcoy, que ha sufrido en menos de año y medio cuatro
brotes importantísimos de legionella, o cómo más de 250 personas
estaban afectadas por esta misma enfermedad en Alcalá de Henares.
Todos estos son claros ejemplos de que no se trata simplemente de un
caso que surge y que puede estar epidemiológicamente dentro de la
normalidad, sino que estamos en una sucesión de brotes que nos
indican que algo está ocurriendo en este país y que la máxima
autoridad sanitaria no tiene absolutamente ningún interés en
averiguarlo. Alguien tendrá que explicarnos por qué España es el país
desarrollado con más brotes de legionella, según pone de manifiesto
el catedrático de salud pública de la Universidad de Alicante, don
Carlos Alvarez-Dardet, y por qué en el año 2000 tuvimos más brotes de
legionella que el Reino Unido, teniendo este país mucha más población
que nosotros. Pero aquí, repito, nadie da explicaciones de nada. El
Ministerio de Sanidad no quiere saber absolutamente nada de salud
pública. Ya lo ha dicho la ministra en muchas comparecencias en el
Congreso de los Diputados. Se ampara siempre en la cantinela de que
las transferencias están ya en manos de las comunidades autónomas.
¿Para qué quiere la señora ministra de Sanidad una Dirección General
de Salud Pública en el Ministerio de Sanidad y Consumo? ¿O lo que
quiere es firmar el acta de defunción del propio Ministerio de
Sanidad? ¿O quizá su particular cruzada es crear la desconfianza de
los ciudadanos y alarmar a la población, como lo ha demostrado en
asuntos tan graves desde el punto de vista de la salud pública como
la encefalopatía espongiforme bovina, la crisis del aceite de orujo o
los sucesivos brotes de legionella que hemos sufrido en los últimos
años en nuestro país?
El Grupo Parlamentario Socialista apoya la petición de Izquierda
Unida para que comparezca la señora ministra de Sanidad en el
Congreso a darnos algún tipo de explicación sobre las más de 700
personas afectadas por legionella en la ciudad de Murcia. Los
ciudadanos españoles somos maduros, tenemos criterio y tenemos
derecho a saber por qué ocurren determinados problemas de salud que
se podrían haber evitado o, al menos, se podrían haber mitigado.
Queremos que la señora ministra nos explique en el Parlamento por
qué, después de ocho meses de haberlo prometido, no está todavía en
vigor la normativa básica de aplicación en todo el territorio
nacional que establezca qué condiciones mínimas han de reunir las
instalaciones de riesgo para prevenir la legionella. En noviembre de
2001, la ministra de Sanidad y Consumo hablaba de que en breve
estaría en marcha esta normativa. Estamos a 18 de julio y todavía ni
está aprobada ni está en vigor. Pero es que el 13 de diciembre esta
diputada que les habla hacía una pregunta oral en Pleno a la señora
ministra sobre la legionella, porque nos preocupaban profundamente
los más de 140 afectados de esta enfermedad en la ciudad de Alcoy.
Hacíamos exactamente la misma propuesta, una normativa básica de
mínimos, en colaboración con las comunidades autónomas, para que se
establezca qué requisitos, tanto desde el punto de vista de la
instalación como del mantenimiento, tienen que tener las torres de
aire acondicionado, los condensadores o las tuberías sanitarias de
agua caliente o fría. El 22 de febrero de 2001, en la Comisión de
Sanidad también compareció la señora ministra para hablarnos de la
legionella. Volvió a reiterar la promesa incumplida de nuevo de que
en breve vería la luz ese real decreto de prevención de la legionella
respecto a los requisitos exigidos a las instalaciones de riesgo. Es
más, decía: En un plazo muy breve se va a publicar en el Boletín
Oficial del Estado. ¿Un plazo muy breve son cinco meses desde la
última vez que la señora ministra prometió en el Parlamento este tipo
de normativa?
Queremos saber por qué la señora Villalobos, nada más conocer la
magnitud del brote de Murcia, dijo que lo iba a solucionar aprobando,
una vez más, esa normativa básica que, repito, era una promesa
incumplida. Lo único que pretendía la ministra era apuntarse como
éxito lo que era ya otro gran fracaso de su gestión. Queremos
saber por qué no dijo la verdad la señora ministra cuando habló
del envío de este proyecto de real decreto al Consejo de Estado para
su informe, y fue el propio presidente del Consejo de Estado el que
la desmintió. Señor Mingo, usted ha dicho antes que el Ministerio no
miente, y tiene toda la razón, pero la señora ministra sí lo ha hecho
en este caso. No se puede jugar con el dolor de las personas; no se
puede jugar con la preocupación de una ciudad entera; no se puede
jugar con la situación que se estaba produciendo en la ciudad de
Murcia, mientras surgían cada día 200 personas afectadas por la
legionella, faltando a la verdad al reiterar, en otro momento de la
crisis, una promesa que había hecho ya varias veces. Queremos también
que la señora ministra nos explique si va a hacer algo para prevenir
en el futuro casos o brotes de esta enfermedad. Una de las máximas
más importantes en salud pública es la prevención, y prevención
significa evitar riesgos. La señora ministra no ha sabido evitar
estos riesgos porque no ha cumplido con sus obligaciones y
competencias estableciendo, desde el punto de vista normativo, la
regulación de las instalaciones de riesgo.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Valentín, le ruego vaya
concluyendo.
La señora VALENTÍN NAVARRO: Termino inmediatamente.
Desde el Grupo Socialista hemos presentado una proposición no de ley.
En uno de los puntos de la misma aparece una medida, que consideramos
debe tomarse de forma urgente por parte del Ministerio de Sanidad en
colaboración con las comunidades autónomas, financiando la misma el
Ministerio de Sanidad, y que consiste en inspeccionar las
instalaciones de riesgo para que no estemos al albur de sorpresas
como la que nos ha dado esta enfermedad en la ciudad de Murcia por
falta de previsión y de buena gestión.
Ya es hora de pasar de la propaganda a la acción. No se puede
justificar la incompetencia de la ministra desempolvando de vez en
cuando la promesa de aprobar un real decreto que ya llega ocho meses
tarde. Sinceramente, esperábamos que la señora Villalobos
compareciese en esta Cámara a petición propia, de forma voluntaria,
para explicar el papel que ha tenido el Ministerio de Sanidad en el
control de este brote y en la atención de los enfermos. Sin embargo,
la ministra nos rehuye, parece que le da miedo el Parlamento, señor
Mingo. Prefiere venir a los cuatro meses de producirse un grave
problema de salud pública, como ya demostró con la encefalopatía
espongiforme bovina, o como ocurrió cuando el Grupo Socialista le
pidió la comparecencia urgente en relación con el problema desatado
por las listas de espera de cirugía cardiaca y compareció cuatro
meses después de hacerle la petición.
En el Grupo Socialista pensamos que la máximaautoridad sanitaria de
este país -como le gusta autocalificarse
a la señora ministra- se ha convertido en la máxima
responsable del deterioro de un servicio público tan esencial como la
sanidad. No sabe dar soluciones globales a problemas que afectan a un
número importante de ciudadanos y de comunidades autónomas. ¿Ustedes
creen que no es prioritario que la señora ministra comparezca para
explicar a los ciudadanos españoles qué ha ocurrido en Murcia y cómo
se puede prevenir en el futuro en cualquier otra parte del territorio
nacional? Si todo está tan bien hecho, no tienen que tener ningún
temor a que comparezca la señora Villalobos porque, como decía antes
mi compañera, todo serán alabanzas. Yo les pediría a los diputados
del Partido Popular que apoyasen esta iniciativa porque estarían
demostrando así que les interesa la defensa del interés general, que
les interesa resolver las dudas que se le plantean a la sociedad
española y quieren darle la información que está reclamando, y no
tanto la simple protección o defensa de un miembro del Gobierno de
España.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valentín.
Señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, señor presidente.
La verdad es que, después de escuchar las dos intervenciones, una más
apasionada que la otra, en relación con el brote de legionella
neumoniae en Murcia, creo que lo único que comparto con el señor
Alcaraz y con la señora Valentín es que ha habido un brote de
legionella en la ciudad de Murcia... (Rumores.-Una señora diputada: Los
murcianos no se ríen.) Y que son 700 casos, con una mortalidad de
dos, uno de ellos dudoso, y con una afirmación clara y definida de
300 casos con determinación de análisis de orina confirmando la
presencia de legionella. Todo lo demás me parece que es, y perdónenme
ustedes, demagógico y que se aleja extraordinariamente de la
realidad.
Señor Alcaraz, el máximo responsable de la salud pública en cualquier
comunidad autónoma es el consejero de Salud o la consejera de Salud,
y la señora Valentín, que ha sido consejera, lo sabe bien, aunque
parece que se le ha olvidado. Por eso, el señor Marqués, consejero de
Sanidad y Consumo de la Comunidad Autónoma de Murcia, es -porque es
el máximo responsable- el que ha estado al frente de todo el proceso,
en su responsabilidad de comunicación y de dirección, de la crisis de
la legionella. Por eso, el Ministerio de Sanidad, que allí tiene
responsabilidades en la atención sanitaria, ha estado a las órdenes
del consejero de Sanidad. Si la ministra hubiera actuado de otra
forma, hubiera sido acusada, con razón, de no respetar la
responsabilidad y las competencias de las comunidades autónomas.
Tanto la estructura del Insalud como el
Ayuntamiento de Murcia han estado a disposición del consejero en el
tratamiento de la crisis de la legionella en Murcia y, por cierto, lo
han hecho estupendamente bien y éste es un momento para felicitarles
aquí públicamente... (La señora Valentín Navarro: Por las 800 personas
afectadas.)
Perdón, señora Valentín, yo la he escuchado atentamente, en silencio.
Pido el amparo, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Les rogaría, por favor,
silencio para seguir escuchando la intervención del señor diputado.
El señor MINGO ZAPATERO: Muchas gracias, señor presidente.
Repito que éste es el momento oportuno de felicitar al consejero de
Salud de la Comunidad Autónoma de Murcia y, desde luego, como ha
dicho usted muy bien, señor Alcaraz, a todos los profesionales, que
han hecho un gran trabajo, pero también a toda la dirección del
Insalud, a la dirección territorial y a la dirección de los
hospitales del Insalud, que ha puesto las medidas adecuadas para que
este brote, que es grave en número y, afortunadamente, menos grave en
mortalidad, no haya tenido consecuencias peores, porque estamos ante
una enfermedad que evoluciona a veces por brotes y que luego hay
casos aislados. En determinados países mediterráneos tendrá mayor
incidencia por el clima y por las torres de refrigeración, pero hay
otros países, como Estados Unidos, que multiplican por quince y por
veinte los casos de legionella y con unos índices de mortalidad
muchísimo más altos. Pero esto lo saben los profesionales, señor
Alcaraz.
La comunicación que ha hecho la Consejería de Murcia ha sido
extraordinariamente positiva y así ha sido calificada por la mayor
parte de los medios de comunicación y fundamentalmente por los
expertos. Usted sabe que hay un grupo asesor de expertos del Comité
Olímpico y que próximamente se va a celebrar una olimpiada de los
jóvenes, y ese comité de expertos, que está formado por epidemiólogos
y por microbiólogos, ha emitido un resumen y un informe. Le voy a
leer el informe, porque creo que estas palabras del informe de los
expertos van a ser, si me lo permiten, muchísimo más creíbles para
ustedes que las de este diputado. Dice así: Se produjo un brote muy
importante en un breve período de tiempo. El brote parece haber
concluido. El origen más probable se encuentra en una torre de
refrigeración en el centro urbano de Murcia. Las medidas de control
aplicadas han sido satisfactorias. El plan de gestión de la crisis
estaba previamente planificado. Fue puesto en marcha de inmediato
-como le corresponde a las responsabilidades de las comunidades
autónomas- y ha demostrado ser enormemente efectivo. La coordinación
entre todas las instituciones implicadas ha sido muy buena. Los
pacientes atendidos por el brote recibieron una atención médica
excelente. Las
instalaciones hospitalarias y los laboratorios disponibles han sido
excelentes. La coordinación y la comunicación del grupo de trabajo
formado por la Consejería de Salud que ha atendido el brote y la
ciudadanía han sido excelentes, y la cooperación de las autoridades
locales y regionales con el grupo de expertos ha sido absoluta. Este
es el informe que emite el consejo europeo experto en legionella,
repito, con epidemiólogos y microbiólogos especializados en el tema.
Creo que esto es satisfactorio y es lógico que este diputado felicite
públicamente a la Consejería de Salud, Sanidad y Consumo de Murcia,
que ha coordinado perfectamente el tratamiento de la prevención.
Cuando se escuchan, en la Diputación Permanente en este caso,
acusaciones tan brutales -perdónenme el término- como faltar a la
verdad, mentir, jugar con la población, no asegurar la sanidad
pública, uno no termina de sorprenderse. Cuando la ministra, en su
comparecencia en la Comisión de Sanidad, señor Alcaraz y señora
Valentín, ofrece la posibilidad, que ya ha sido demandada por las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, de promulgar un real
decreto de acuerdo con las comunidades autónomas en el plazo más
breve posible, lo hace y lo cumple. Y es curioso cómo ya a finales
del mes de noviembre la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad envía a las distintas comunidades un borrador
primitivo sobre las medidas de prevención de la legionella. Hay
algunas comunidades autónomas que contestan; otras, como la suya,
señora Valentín, no lo hacen, y muchas comunidades autónomas piden
ampliación de plazo para aportar las consideraciones que estimen
oportunas. La fecha de la respuesta oscila entre marzo y mayo. Las
contestaciones de los ministerios -porque este real decreto también
afecta a distintos ministerios- tienen lugar entre marzo y mayo, las
de los consejos de colegios profesionales tienen lugar en el mes de
abril y las de las asociaciones del sector en abril y mayo. El real
decreto, como es lógico, tiene que ser tramitado y enviado al Consejo
de Estado, lo que se ha hecho en el mes de junio, y espero que muy
próximamente sea elaborado en el Consejo de Ministros y publicado.
Esa es la información en cuanto a las competencias que tiene el
Ministerio de Sanidad.
Decir que la ministra de Sanidad no tiene sensibilidad por la ciudad
de Murcia me parece que es enormemente grave y que además se aleja
extraordinariamente de la realidad. La ministra es la máxima
responsable de la salud pública, indudablemente, pero repito que las
competencias de salud pública están transferidas a las comunidades
autónomas y las medidas de prevención en la legionella se conocen
perfectamente desde un punto de vista científico y técnico y son
aplicadas por las distintas comunidades autónomas y también por los
ayuntamientos que tienen competencias. Por tanto, en mi intervención
quiero resaltar que el brote grave de legionella, afortunadamente, ha
sido bien tratado y bien
resuelto, con la colaboración de todas las instituciones y con el
apoyo de los profesionales, y esto muy probablemente ha impedido que
las cifras de mortalidad se incrementen. Me parece que eso es de
destacar y que hay que felicitar a los máximos responsables.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mingo.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
En ciertos círculos sonaba usted como futuro ministro de Sanidad,
señor Mingo, pero creo que esta intervención le ha quitado bastantes
puntos y se va a quedar, como máximo, en director general, porque
primero nos insulta y nos llamada demagogos y después intenta
encubrir una responsabilidad de manera bastante torpe, de verdad. Voy
a intentar explicárselo muy brevemente para que mejore usted también,
porque nosotros pretendíamos discutir esto con la señora ministra,
pero parece que no es posible. Dice usted: En Murcia, el brote de
legionella ha sido bien tratado y bien resuelto. Lo acaba de decir,
¿verdad?, y nosotros desde Izquierda Unida le estamos diciendo otra
cosa, que se rompió el principio de precaución por un margen temporal
diferente. La ministra prometió el decreto en noviembre; si el
decreto hubiese salido a finales de noviembre, teniendo en cuenta que
inscribe la necesidad de limpiar las torres cada seis meses, no se
hubiera producido la legionella en Murcia, se hubiera podido evitar.
Parte usted de la idea de que una vez que se produce ha sido bien
tratada y bien resuelta. Estamos diciendo dos cosas diferentes, y yo
por ahora estoy en la primera, en que no ha habido principio de
precaución. La ministra de Sanidad no ha funcionado, ni siquiera ha
funcionado a la hora de mandar el decreto al Consejo de Estado, dijo
que lo mandó el sábado, antes de que se produjera el primer caso y
don Íñigo Cavero dice que a él le llegó el martes. Yo no sé si lo
mandó por paloma mensajera o qué. (Risas.) También ha mentido, señor
Mingo. Ella ha dicho: Yo lo mandé -una astucia torpe- antes de que se
produjera el brote, pero ha llegado después. Cuatro días desde el
Ministerio hasta el Consejo de Estado. No tiene tanta importancia
pero son cosas de imagen, esas que la señora ministra ha aprendido
mal ya que fundamentalmente tiene una política de imagen. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
Desde ese punto de vista no es verdad lo que usted ha dicho, que la
responsabilidad es de la comunidad autónoma. Si fuese así, señor
Mingo, el Ministerio de Sanidad no hubiese aumentado las dotaciones
de los hospitales en un 25 por ciento el 11 de julio. Cuando vio que
eran insuficientes, el Ministerio las aumentó sabiendo que la
Consejería y el Gobierno de Murcia no tienen transferidas las
competencias. A nivel de funcionamiento
diario le aporto este dato, y a nivel de funcionamiento
estructural el decreto, que como usted sabe es fundamental para
prevenir, no depende del consejero de Sanidad de la región de Murcia,
depende de la señora ministra. Comprendo que usted tiene que sacar el
capote para intentar salvar la situación pero no lo ha hecho
adecuadamente, por lo menos a mi juicio, se lo digo respetuosamente.
Usted, hábilmente porque esos temas son delicados, dice que hay
muchos casos de legionella pero pocas muertes, tenemos que
felicitarnos. Yo ese caso no lo voy a tocar, pero creo que no se debe
poner en valor esa situación. En todo caso le digo lo mismo que los
técnicos, que es el mayor y más rápido brote de legionella de toda la
historia de este país, es decir, mayor número de casos en menor
tiempo que en ningún otro ejemplo anterior. En este orden de cosas,
donde dicen los expertos que no encuentran una respuesta
satisfactoria a la pregunta de cómo puede infectarse tanta gente en
tan poco tiempo, volvemos otra vez a las causas: están en el área
determinada en que funcionaban esas torres de refrigeración. Con
respecto a tres de las torres se ha tardado mucho tiempo en hacerlo
público y naturalmente en limpiarlas a su debido tiempo, aunque no
sea la causa fundamental. Pero demuestra que se intentaba tapar una
situación. (El señor Mingo Zapatero hace signos negativos.) Sí, sí,
¡cómo que no! Solamente una emisora se atrevió a dar en principio lo
de El Corte Inglés y a los pocos días salió que eran las torres de
Salud, de Agricultura y de la propia Presidencia de la región de
Murcia. Por tanto, señor Mingo, estamos ante un caso excepcional y
ello justificaría de plano la comparecencia de la señora ministra. No
estamos exagerando, debiera comparecer. Ustedes van a votar en
contra, pero no me preocupa que voten en contra porque no van a ser
ustedes comprendidos en este momento.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidenta.
Intervengo brevísimamente. Confunde usted, señor Alcaraz, las
competencias transferidas en asistencia sanitaria con las
competencias transferidas en salud pública. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Mingo, por favor.
La petición de comparecencia es del señor Alcaraz, por tanto el
procedimiento es grupo peticionario con grupo mayoritario.
Adelante, señor Mingo.
El señor MINGO ZAPATERO: Gracias, presidenta.
Eso es muy importante, señor Alcaraz. Y como las competencias en
asistencia sanitaria no están transferidas, el Insalud tiene la
capacidad de incrementar las medidas lógicas para garantizar la
asistencia sanitaria,
porque es competencia del Insalud y lo hace poniéndose a disposición,
como es natural, de la máxima autoridad sanitaria que -repito- es el
director general y consejero de Salud de la comunidad autónoma. Y el
Insalud, ¿qué es lo que hace? Cumplir con sus obligaciones para la
asistencia sanitaria, que es incrementar los médicos y el personal
sanitario en el área de urgencia, habilitar más camas, hacer que los
servicios de neumología y de cuidados intensivos tengan más personal
y también más camas. Hasta el propio vicepresidente de la Real
Academia de Medicina de Murcia ha hecho una manifestación en este
sentido elogiando no solamente el comportamiento de los profesionales
sino también el tratamiento de la crisis. Por tanto, dejemos las
cosas como son en la ley: competencia de las comunidades autónomas y
de los ayuntamientos, competencia de la asistencia sanitaria del
Insalud. Usted habla de planificación y prevención de los brotes de
legionella, pero estos van a seguir existiendo. Usted sabe que es una
enfermedad del desarrollo y usted sabe que muchos de los orígenes de
la legionella no son conocidos y no se llegan a identificar
adecuadamente. ¿Que la información ha sido parcial? En el momento que
se ha identificado la cepa de legionella en cada una de las torres ha
sido notificada. ¿Que quiere usted implicar que la cepa que todavía
no se sabe exactamente que es la causa del brote podamos prejuzgar
que es en una torre o en otra? Me parece que eso es demasiado grave.
(Rumores.) Cuando esté confirmado plenamente por supuesto que se
comunicará. (El señor Alcaraz Masats pronuncia palabras que no se
perciben.) Por supuesto que la prevención en el tema de salud pública
-vuelvo a repetir- es competencia de las comunidades autónomas y de
los ayuntamientos, por eso hay comunidades autónomas que tienen
decretos de prevención de legionella.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mingo.
Sometemos a votación el punto 8 del orden del día: Petición,
formulada por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto, de que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria
de la Comisión de Sanidad y Consumo, con el siguiente orden del día:
Comparecencia de la ministra de Sanidad y Consumo para que explique
las actuaciones de salud pública frente a la aparición de una
epidemia de legionella con más de 200 afectados en Murcia.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
46; a favor, 17; en contra, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el referido punto del orden del
día.
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA (NÚMERO EXPEDIENTE 062/000022), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:
COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN, PARA
QUE EXPLIQUE LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO ANTE LA UNIÓN EUROPEA EN
REESTRUCTURACIÓN DE LA FLOTA PESQUERA QUE FAENABA EN MARRUECOS
(NÚMERO EXPEDIENTE 213/000475.)
La señora PRESIDENTA: Punto 10 del orden del día. Petición, formulada
por los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de
que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el siguiente orden
del día: Comparecencia del ministro de Agricultura, Pesca y
Alimentación, para que explique la actuación del Gobierno ante la
Unión Europea en reestructuración de la flota pesquera que faenaba en
Marruecos.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Es probable que tampoco esta solicitud de comparecencia sea votada
favorablemente por el Grupo Popular y es probable también que, en su
criterio, no haya motivos para la urgencia. Sin embargo, nosotros
solicitábamos, y seguimos solicitando, la comparecencia del ministro
de Agricultura, Pesca y Alimentación en la Comisión, para que
explique los avances que el Gobierno ha realizado para reducir el
impacto para la flota que faenaba en el banco canario-sahariano al
amparo del anterior acuerdo de pesca con Marruecos. Y lo
solicitábamos, sobre todo, para que nos explicase su posición frente
a la propuesta de la Unión Europea, el famoso Plan de
reestructuración de esta flota, que en esencia proponía -y lo malo es
que hoy sigue proponiendo- desguazar una parte importante de esta
flota.
La verdad es que lo podemos resolver en este trámite, sin esperar a
ninguna comparecencia. Digo esto porque, hoy, la Comisión Europea
acaba de aprobar un plan de 31.000 millones de pesetas para
reestructuración de la flota española que faenaba en aguas de
Marruecos, y la mayor parte de esa cantidad, es decir, el 40 por
ciento, va destinado al desguace de buques o también -fíjense qué
cosas más curiosas- a la reconversión para actividades totalmente
distintas, como el turismo o la investigación. Magnífico. Resulta muy
curioso que en esta propuesta europea nos diga el señor
Fischler que no conoce exactamente cuántos barcos se van a desguazar,
pero nos confirma que en la documentación presentada por el Gobierno
español se apuntaba unos 200, es decir, la mitad de la flota que
faenaba en Marruecos.No quiero cansarles con el resto del plan,
simplemente les diré que esta propuesta de reestructuración de la
flota que faenaba en el banco canario-sahariano fue adoptada por
unanimidad del Colegio de comisarios.
A estas alturas francamente no sé qué decir. La política que lleva
adelante en los últimos años el Gobierno en relación con esta flota
sólo puede ser calificada de fracasada, es un fracaso sin paliativos.
No sólo no se consiguió la renovación del acuerdo, sino que meses
después de que la Unión Europea y el Gobierno decidiesen no seguir
negociando con Marruecos nada se sabe de aquellos famosos planes
alternativos que nos anunciaba el señor Arias Cañete. Pero sí se sabe
lo que acabo de decir en este momento: que Bruselas y el Gobierno
quieren, cuando menos, desguazar la mitad de la flota y para el
resto, la incertidumbre. Es más que evidente que a Bruselas le
estorba nuestra flota, que está dando pasos hacia el fin que
persiguen desde hace años, que es reducirla a la mínima expresión, y
desgraciadamente ya se puede decir con claridad que el Gobierno es
copartícipe de esa política. Es incapaz, como debía, de liderar la
política de pesca europea y es incapaz de frenar las decisiones que
perjudican a nuestra flota pero, por lo que se ve, encima, aplaude
entusiásticamente las medidas que se están tomando. Yo, que no suelo
ser muy grandilocuente en los calificativos, creo que esta política
es inaceptable desde todo punto de vista porque está conduciendo a
mucha gente a un callejón sin salida, a comarcas enteras al declive
económico. Desde luego, si en este contexto no es inexcusable la
comparecencia del ministro en Comisión, para que explique qué va a
hacer el Gobierno y qué posibilidades reales existen de amortiguar el
impacto de la no renovación, yo no sé cuál es el momento en el que el
ministro tiene que comparecer.
Quiero decirles también en este momento que el Gobierno ya no puede
seguir escudándose en las decisiones de Bruselas, como si con él no
fuera este asunto, porque de todo lo que está pasando, vuelvo a
decir, el Gobierno es corresponsable y cómplice de esas políticas
europeas de pesca que nos están perjudicando, como acaba de
comprobarse con la decisión que hoy tomó la Unión Europea. Nosotros
hemos presentado diversas propuestas en su momento para abordar esta
cuestión; muchas fueron rechazadas por el Partido Popular, se supone
que porque el Gobierno tenía sus propias soluciones. Por referirme a
la última, que presentamos el 17 de mayo, dos meses después de que se
rechazara esa propuesta de nuevo esas soluciones no se ven por ningún
lado; al contrario, cuanto más tiempo pasa, peor futuro tiene ante sí
la flota. No sé si lo que piensa hacer el Gobierno es seguir a este
mismo ritmo,
en esencia inactivo, a la sombra de las decisiones europeas
y esperando claramente la rendición del sector por inanición.
Vuelvo a decirles que creemos que esto es simplemente inaceptable. Lo
que está pasando es casi para nota y ejemplifica la pasividad del
Gobierno y la falta de interés -que nosotros hemos denunciado,
probablemente con escaso éxito, desde hace mucho tiempo- en intentar
solucionar casi nada. Yo calificaría de trágico, incluso podría
resultar cómico, que un alcalde de un pueblo sea el que se preste a
encabezar una delegación del sector afectado por la no renovación del
acuerdo para entablar contactos con Marruecos dirigidos a sondear si
existen posibilidades de recolocar barcos en aguas saharianas y bajo
qué fórmulas. Creo que es simplemente esperpéntico que el sector
tenga que recurrir a un alcalde para ese fin; no lo digo por el
alcalde, que hace lo que buenamente puede. Que el sector tenga que
recurrir al alcalde de una localidad para ir a hablar con
determinadas autoridades marroquíes y el Gobierno no canalice esas
inquietudes, ustedes me dirán en qué situación de desamparo deja este
Gobierno al sector. ¿Dónde está el Gobierno? Vuelvo a decir que está
desaparecido.
No voy a insistir demasiado en que es inaplazable que el ministro
comparezca en la Comisión para que explique qué va a hacer, cuál es
su política respecto de la flota afectada.Sólo les quiero decir que
durante años consiguieron mantener a este sector básicamente callado,
seguramente a la espera de tiempos mejores, con promesas de fortuna
venidera, con capacidad de ir aguantando y superando los duros
golpes, pero tienen que saber, y lo saben, que la situación está
cambiando, que la paciencia del sector está en el límite, porque cada
vez se hace más evidente lo que algunos venimos denunciando, que la
pesca no es un sector a defender ni para el Gobierno ni para la Unión
Europea, no es un sector prioritario. Lo sucedido últimamente con
Marruecos, el famoso plan comunitario de la conservación de la
merluza, del que se excluye exclusivamente a la flota española, como
saben, el acuerdo Unión Europea-Groenlandia, las previsiones del
Libro Verde, etcétera, confirman la necesidad de que se cambie la
política de pesca del Gobierno, que lidere esa política de pesca
europea en función de nuestro peso pesquero y se inicie una nueva
senda. Para hacer creíble mínimamente la intención del Gobierno de
cambiar su política, un paso imprescindible y necesario, un primer
paso, es frenar en seco este Plan de reconversión, porque este Plan
de reconversión va hacia donde va, a desguazar el mayor número de
barcos posible. En este contexto no basta con pedir tranquilidad, que
el ministro salga diciendo que si no se aportan cuartos desde
Bruselas ya los aportaremos de fondos propios, porque en este momento
la cuestión no es cuántos fondos sino para qué. Realmente para ir a
los desguaces es una política absolutamente equivocada.
Se justifica plenamente -y espero que el portavoz del Partido Popular
no me diga que no di ningún argumento que lo justifique- la necesidad
de que el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación comparezca en
la Comisión correspondiente para hablar sobre la situación de la
flota en Marruecos.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
En función de la coincidencia con las argumentaciones del señor
Vázquez, voy a ser más breve en la intervención. El ministro tiene
responsabilidades muy serias, de ahí que constantemente hayamos
pedido su dimisión y constantemente le hayamos consolidado en el
puesto, pero son cosas que pasan. Desde el principio de las
negociaciones el discurso recurrente del señor ministro era anunciar
que habría acuerdo para final de mes. Al mes siguiente lo volvía a
anunciar, con lo que cual conseguía el silencio que se busca y la
desactivación, la desmovilización total. La última escena la tuvimos
con aquel portazo mal ensayado del señor Fischler en sus
negociaciones en Marruecos en un momento en el que no había lógica
para ese portazo, hablo de la lógica de fondo, no de la que se
publicitaba. Al final el señor Fischler nos vino a decir que era un
problema de dinero y teniendo en cuenta lo que había que pagar en
términos generales, eran precios de mercado y a un señor neoliberal
como Fischler no deben asustarle. El problema de fondo que podemos
deducir y con respecto al cual tenemos una profunda convicción en
este momento, es que tanto el señor Fischler como el señor Cañete
habían decidido la reconversión, la tenían plenamente decidida e
hicieron una mala teatralización del desacuerdo, una mala
dramatización de la ruptura, como se vio en el portazo mal ensayado
del señor Fischler. Desde ese punto de vista querían hacer la
reconversión de un solo golpe. Los mensajes que llegan de Bruselas es
lo que se ahorran anualmente y lo que tienen que pagar para una
reconversión urgente que en el fondo no es tal reconversión, es el
desmantelamiento, el desguace del 60 por ciento de la flota y la
inversión en estos temas y otros de unos 31.000 millones de pesetas,
cuando el señor Arias Cañete y dirigentes responsables del Partido
Popular, en Andalucía por lo menos, habían hablado de una cantidad
que duplicaba ésta. Ahora, el señor Cañete alude a otras cantidades,
pero son cantidades para modernizar la flota en general de este país.
No sabemos en qué orden contable se sitúa el señor Cañete para los
compromisos que está adquiriendo públicamente; en todo caso, el 60
por ciento está abocado al desguace. Han aparecido 80 barcos menores
de ocho años que no tienen salida alguna para ninguno
de los programas que se establecen en las ayudas comunitarias;
aparecen dos mil y pico trabajadores sin ningún futuro ni en este ni
en otros sectores posiblemente y tendrán que improvisar profesiones,
dedicaciones y aprendizajes muy difíciles en función de la cultura
marinera. No aparece nada concreto, a pesar de compromisos, debates y
discursos para la alternativa concreta al pueblo de Barbate, ni
siquiera la desafectación de terrenos de cara a un desarrollo
turístico. Hay cosas que se pueden hacer si el Gobierno quisiera
tener una política de pesca, cosa que dudo mucho, cada vez más.
El otro día parece que hubo una visita del Partido Socialista y les
dijeron que se podía salvar la flota artesanal con algunos acuerdos
de última hora. Ya se ha acordado una cantidad. ¿Por qué no se ha
dado y se sigue dando esa batalla para lograr cantidades adicionales,
a programas adicionales, presionando como corresponde, si se tuviera
una intención política y una política pesquera adecuada? ¿Cuál va a
ser la solución para esos 80 barcos nuevos? ¿En qué los vamos a
convertir, en monumentos varados en la plaza de algunos pueblos, como
ha dicho el consejero de Andalucía? ¿Qué planes de futuro existen
para Barbate teniendo en cuenta el monocultivo intensísimo que existe
en la zona y los compromisos verbales que se habían hecho para el
futuro de este pueblo?
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Maldonado.
El señor MALDONADO GILI: Gracias, señora presidenta.
Podríamos ahorrar a SS.SS. el inicio de mi intervención diciéndoles
que me remito a las palabras iniciales expresadas en el punto 7,
sobre el Sahara, cuando hablábamos de excepcionales, urgencia,
etcétera. Sin embargo, a don Felipe Alcaraz le puede producir una
profunda preocupación si vuelvo a penetrar en las palabras
excepcional, urgente y extraordinaria. Pero, mirando el punto 10,
vemos que dice: Petición, formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración
de una sesión extraordinaria. Señor Alcaraz, de verdad que si a algún
parlamentario admiro por sus recursos lingüísticos y por sus dotes
oratorias es a usted, porque escucharle es un primor. No quiero en
absoluto enmendarle la plana, pero es que lo que no es extraordinario
es ordinario, y usted en el punto 7 hablaba de una sesión
extraordinaria, por tanto excepcional y urgente. Cuando me ha
enmendado a mí la plana diciendo que éste no era un foro de debate
urgente sino todo lo contrario, creo que estamos hablando de
convocatorias de sesiones extraordinarias, y por tanto urgentes.
Para empezar diremos que aquí nos encontramos también con una
petición de comparecencia de ministro,
que tampoco entendemos demasiado, no por la temática, no por la
preocupación que hay en el tema, sino porque es un tema que ha estado
arduamente debatido, de los más debatidos. Este diputado, que es
nuevo en el hemiciclo, ha intervenido infinidad de veces, en Pleno,
en Comisión, y quizás si de alguna cosa he hablado es del tratado de
pesca con Marruecos y de su no renovación; he hablado al principio
alertando sobre el tema, con intervenciones delante del ministro
incluso duras; he pedido posteriormente actuaciones urgentes del
Gobierno ante la Unión Europea; incluso se ha llegado a pedir que el
señor Aznar interviniera personalmente; a posteriori se ha pedido que
buscaran soluciones urgentes alternativas a la flota, pero ahora yo
me pregunto para qué esta nueva comparecencia, si estamos en la fase
de reubicación, de reestructuración. Se puede discutir el acierto o
no, que no lo ha habido, de la Unión Europea y del comisario
Fischler, seguro; se puede incluso discutir si el ministro ha estado
diligente o no; se pueden discutir muchísimas cosas, pero lo que es
cierto es que ahora no hay nada nuevo. Estamos en un período de
diálogo del sector con el Ministerio, un período de dudas, un período
de flota recolocada. Hablamos de que hoy se aprueban en la Comisión
Europea, para proponerlo al Consejo de Ministros, 31.000 millones de
pesetas para el sector, que junto a los 40.000 hacen 70.000 millones,
que se dirigirán al sector, tristemente para desguace,
prejubilaciones, ayudas a los afectados, etcétera, pero es lo que
hay, y por tanto creemos que esta nueva comparecencia del ministro,
después de tantas, no nos puede aportar novedades, porque no las hay.
Hay diálogo. Esperamos que en septiembre, cuando lleguen las
reuniones ordinarias y no extraordinarias, las normales, las del
período legislativo normal, y no urgente, el ministro, que estoy
seguro que comparecerá de motu proprio o porque se lo pediremos los
grupos, nos explicará en qué situación se encuentra el diálogo, la
reubicación, las ayudas, etcétera.
Por todo ello, anuncio que votaremos en contra, no porque no nos
preocupe el tema, que nos preocupa y mucho, lo hemos anunciado, no
porque no creamos que hay que hacer cosas, que hay que hacerlas, sino
porque creemos que en este momento hay diálogo entre el sector y el
Ministerio y entre el Ministerio y Unión Europea. Por lo tanto, vamos
a esperar al período ordinario y no al extraordinario, que es éste,
el de ahora, el urgente.
El portavoz del Bloque Galego ha mencionado un aspecto que a mí
particularmente me ha preocupado, pues ha dicho que un alcalde
encabeza un grupo representante del sector, de autoridades o lo que
sea, que se irán a Marruecos. Tengo que recordar que en una Comisión
no muy lejana yo personalmente propuse, y pedí que se valorara, la
posibilidad de que una comisión de parlamentarios, de representantes
de este Congreso, responsables de pesca de los partidos presentes
fueran a Marruecos a interceder y a actuar, pero esto ha
caído en saco vacío. Veo que ahora un alcalde, con toda la buena
voluntad del mundo, encabeza un grupo de representantes del sector,
de la Administración, etcétera. Sigo pensando que los diputados
podríamos hacer también esto, como dije en su día. Y esto lo dice un
diputado nacionalista del Grupo Parlamentario Catalán, teniendo en
cuenta que Cataluña no está afectada inicialmente por este problema,
aunque solidariamente estamos interviniendo reiteradamente en este
Congreso aportando soluciones, requiriendo al Gobierno, al ministro y
al presidente del Gobierno actuaciones y recabando que la Unión
Europea sea sensible. Por tanto, me alegro que haya alcaldes
valientes y decididos y reitero la pregunta de por qué desde el
Congreso no hacemos lo mismo que en su día ya se propuso y cayó en
saco roto.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De
la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros consideramos que el tema pesquero nunca ha sido un
tema importante para este Gobierno y de ahí que no le haya preocupado
en exceso como este tema se merece, porque no se buscó una solución
digna al final de la negociación; no se presionó a la Unión Europea
como se debería haber hecho, se adoptó una actitud pasiva y no se fue
a Marruecos, como se debería haber ido. (El señor vicepresidente,
Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Por cierto, aprovecho para decir
que la semana pasada nuestro portavoz parlamentario, Jesús Caldera,
ha visitado Marruecos, se ha entrevistado con el primer ministro
Abderraman Yusufi y éste le ha transmitido que aún se puede reabrir
la negociación en materia de pesca artesanal y, como ya ha dicho el
representante del Bloque y de Izquierda Unida, ahí, al menos, hay una
pica en Flandes porque se puede conseguir que cien de nuestros
barcos, los del litoral más cercano que tienen una difícil situación,
puedan volver a faenar en esas aguas en las que históricamente
siempre lo han hecho. Por tanto, aprovecho para invitar al Gobierno,
como ya lo ha hecho nuestro portavoz oficialmente, para que se
intente recuperar algo que nunca se debió de romper que fue un
acuerdo, aunque no hubiera sido en las condiciones que más deseaba el
señor Fischler. Por cierto, al final fueron unas diferencias
económicas mínimas con respecto al presupuesto de la Unión Europea,
en torno a 10.000 millones de pesetas, porque, como ha dicho ya el
portavoz de Izquierda Unida Felipe Alcaraz, nunca hubo voluntad del
Gobierno y de la Unión Europea, que era la que negociaba, de llegar a
un acuerdo final en materia de pesca con Marruecos.
Por tanto, señoría, tengo que decir que el presidente Aznar ha sido
en este caso incapaz de llevar a la práctica aquellas lecciones que
antes reclamaba al Gobierno Socialista cuando estaba en la oposición,
y de ello están pagando las consecuencias nuestros pescadores. Por
eso yo podría decir en este tema aquel refrán popular de que por la
boca muere el pez, ya que estamos hablando de temas pesqueros. Y no
habrá sido por falta de tiempo porque, desde que en la primavera de
1996 asumió el Partido Popular el Gobierno de España, se sabía ya que
era necesario renegociar un acuerdo de pesca con Marruecos y, a la
vez, buscar caladeros alternativos para la flota que faenaba en esas
aguas.
Señorías, lo que nos preocupa ya no es la cuestión de la negociación.
Lo que nos preocupa mucho más es el sometimiento del señor Cañete y,
por tanto, del Gobierno, a la propuesta comunitaria de
reestructuración de la flota que allí faenaba. Nosotros desde el
Partido Socialista consideramos que esa propuesta es vergonzosa, es
una limosna en relación a las pretensiones iniciales y no puede ser
aceptada por el Gobierno de España. Nosotros creemos que introduce un
hecho que es muy grave porque a los 197 millones que hoy ha propuesto
la Comisión Europea para destinar a ese plan de reconversión -yo
diría de desguace- se suman 240 millones de euros, 46.600 millones de
pesetas, que se van a sacar de los fondos IFOP, de los fondos de
instrumentos financieros de política pesquera comunitaria, y eso va a
producir un daño inquebrantable a nuestro litoral, a la pesca
autóctona y artesanal de nuestro litoral, que no va a disponer de
esos fondos en la medida de años anteriores, con lo cual estamos
dándole también un golpe mortal a una flota que no depende de
terceros países, una flota que da empleo a miles de pescadores en
todo el litoral español. Por eso, desde el Partido Socialista hemos
venido pidiendo al Gobierno que presentara un plan con una dotación
específica en la misma cuantía que hubiera supuesto la partida
presupuestaria de haberse llegado a un acuerdo de pesca con la Unión
Europea, en torno a los 85.000 millones de pesetas. Y no ha sido así
porque el Gobierno, no voy a decir que no ha sabido negociar, no ha
querido negociar con la Unión Europea un acuerdo en esas condiciones.
Hoy ha sido cuando la Comisión Europea ha propuesto asignar esos 197
millones de euros, exactamente 32.777 millones de pesetas, que
consideramos que no dan solución al problema del sector pesquero que
faenaba en Marruecos, porque no va a reordenar nuestra flota, porque
no va a dar solución a los graves problemas que se avecinan en
algunas zonas de España que tienen monocultivo en el ámbito pesquero,
especialmente significativo en Barbate, una población de 20.000
habitantes cuya actividad está eminentemente enfocada a la pesca -el
99 por ciento de esos ciudadanos viven directa o indirectamente de la
pesca- y a los que se les había prometido un plan específico de
diversificación económica. El propio alcalde de Barbate, que es del
Partido Popular, decía no hace mucho que confiaba que el Gobierno
destinara 36.000 millones de pesetas para ese plan. El Gobierno le ha
notificado hoy a la Comisión Europea que lo que aprueba para todo el
plan son 32.0770 millones de pesetas. Para colmo, el propio ministro
ha reconocido que no puede ser destinado para el plan de
diversificación económica, porque dice la Comisión Europea que para
esos aspectos hay que destinar otros fondos europeos como los fondos
Feoga, los fondos sociales europeos o los fondos Feder. ¿Qué va a
pasar con Barbate? En parecida situación, no tan dramática, se
encuentra la comarca de Morrazo, en Galicia, o Ribeira o Arrecife o
Isla Cristina y otros muchos municipios españoles que, señores del
Gobierno, con su actitud pasiva van a conseguir que vayan a engrosar
las filas del paro, si no a producir un daño en sus hijos, puesto que
no hay alternativas. No se han previsto alternativas para estas
zonas. Por tanto, va a tardar años poderse lograr, si es que se
logra, llevar a cabo futuros planes con los que no se cuenta
económicamente.
Desde el Partido Socialista tienen nuestra ayuda. Hemos dicho que el
gobierno de Marruecos está dispuesto a llegar a un acuerdo en el
ámbito de la negociación pesquera artesanal, que al menos a esos
municipios más afectados les puede dar solución. Yo me quedo atónito
cuando oigo decir al representante de Convergència i Unió que este
tema se ha debatido por enésima vez y que prácticamente está todo
hecho. Díganme un problema que afecte a este país desde hace 22 meses
de una manera directa a 4.000 pescadores, de una manera directa a
2.000 empresarios, de una manera directa a miles de empresarios del
sector no extractivo y a miles de empresas, cuantificado todo ello en
cerca de 100.000 personas, que llevan 22 meses teniendo una causa de
fuerza mayor porque no pueden ejercer la actividad a la cual se han
dedicado siempre. ¿Cómo no se va a debatir en el Parlamento, dónde se
va a debatir entonces?
Se dice, además, que se puede esperar. ¿A cuándo, a que el plan esté
aprobado a primeros de octubre por la Comisión Europea? Saben ustedes
que tenemos vacaciones parlamentarias y que vamos a encontrarnos aquí
a finales de septiembre. ¿Cuándo se va a debatir este tema? ¿Después
de que lo haya propuesto la Comisión Europea y cuando lo aprueben los
ministros de Pesca a primeros de octubre? ¿Cuando ya no tenga nada
solución, es entonces cuando vamos a debatir? Podríamos estar hoy
muchas horas debatiendo y las que hicieran falta si realmente nos
preocupase este tema. Parece ser que hay compañeros a los que no les
preocupa, y eso me sorprende; pero lo que más me irrita es que parece
que al Gobierno no le preocupa tampoco.
El Gobierno no está para mandar, está para gobernar y para dar
soluciones a los problemas de nuestros pescadores, dejados de la mano
de Dios. Por otra parte, como ha dicho hoy la Asociación de
Empresarios de la
Pesca, tampoco podemos aceptar la limosna que se ofrece desde la
Unión Europea.
Por todo ello, señorías, nos sumamos a la petición de comparecencia
del ministro que hacen el Grupo Mixto e Izquierda Unida y, en
consecuencia, votaremos a favor. (El señor Maldonado Gili pide la
palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Maldonado, ¿a qué
efectos pide la palabra?
El señor MALDONADO GILI: Al igual que el Partido Popular ha hecho uso
del segundo turno en contra y por alusiones, quisiera hacer una
intervención muy breve.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿A qué alusión se refiere
exactamente el señor diputado?
El señor MALDONADO GILI: A la que ha hecho a mi persona.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Tiene usted la palabra por un
minuto de tiempo.
El señor MALDONADO GILI: Quiero decirle al señor portavoz socialista
que medias verdades son medias mentiras y mentiras enteras son
grandes mentiras. Yo no he dicho que esté todo hecho; he dicho que se
había debatido sobre el tema largo y tendido muchas veces. (Un señor
diputado: No es verdad.) No he dicho que esté todo hecho, y constará
en el «Diario de Sesiones» una cosa que no es cierta. Le ruego que,
en aras de la verdad, diga y transcriba bien las cosas porque yo no
he dicho que estaba todo hecho.
Si alguien ha hablado aquí largo y tendido del problema...
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Maldonado, creo que ya
ha quedado clara la cuestión.
El señor MALDONADO GILI: Si alguien ha hablado de Barbate, he sido yo
hace mucho tiempo, y no soy andaluz. (La señora Cunillera i Mestres:
¡Sí, hombre!-Rumores.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Maldonado.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señor presidente.
Señorías, estoy seguro de que cualquiera de los intervinientes
anteriores sabe mucho más que este portavoz que les habla de esta
materia pesquera.
En primer lugar, quiero decir que suscribo las palabras del señor
Maldonado en cuanto a que ni todo está hecho ni él lo ha dicho, y
tampoco desde mi grupo se
puede decir semejante cosa. Ahora que también es cierto que a ningún
grupo le he oído esos argumentos tan importantes que tienen
reservados -no sé si los expondrán en una segunda intervención- y que
justifican las prisas, la urgencia y el carácter extraordinario de la
reunión de la Comisión para tratar un asunto tan importante como el
acuerdo no firmado de pesca con Marruecos, que afecta a una parte
importante del sector pesquero español: exactamente al 8 por ciento;
afortunadamente, el otro 92 por ciento está indemne en esta materia.
Es cierto que el señor ministro ha explicado hasta la saciedad aquí,
en el Congreso, en el Senado, en la Comisión de Agricultura, en el
Pleno, ante los medios de comunicación y ante los sectores
interesados, cómo se han producido las cosas y cuál es la previsión
de lo que puede ocurrir. Cuando el señor De la Encina dice que por la
boca muere el pez -y nunca mejor traído este refrán-, le tengo que
recordar que este acuerdo era imposible de prorrogar porque ya
durante el Gobierno socialista se aceptó un acuerdo con una cláusula
que impedía la prórroga. Eso se ha dicho ya en el Congreso y se ha
dicho en tantos sitios que no sabemos por qué vuelven a esta
cuestión.
En previsión de lo que pudiera ocurrir mientras se llevaban a cabo
las negociaciones -que se sabía que no iban a llegar a buen puerto-,
se prorrogó el período de ayudas, prórroga que ha continuado después.
Además, parte de la flota se está recolocando en otros caladeros.
Otra parte de la flota afectada tiene el apoyo de algún alcalde, y no
sabemos si de algún consejero porque hablan y actúan poco. Me refiero
al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cuyo consejero
habla pero no hace nada. Por su parte, el Gobierno está ayudando a
parte de la flota dándole apoyo para establecer contratos con
empresas pesqueras de Marruecos y de otros países del Magreb de modo
que puedan faenar en los países correspondientes mediante la fórmula
de partenariado o de empresas mixtas. Mientras tanto, se negocia con
la Unión Europea -no se diga que no se hace nada y que no preocupa-
la asignación que vendrá a España en concepto de ayudas para el cese
de la actividad profesional de algunos pescadores y armadores. La
noticia de esta mañana en este sentido es que son 197 millones de
euros los que la Comisión ha aprobado. Además, también hay previstas
una serie de ayudas del Fondo Social Europeo, que se concentrarán en
las comarcas más dependientes de la materia que nos ocupa, como son
los puertos de Arrecife, las comarcas del Morrazo, la Guardia o
Ribeira, en Galicia, o Barbate, en Cádiz. Pues, además de estos 197
millones de euros, además de los millones de euros que puedan venir
del Fondo Social Europeo, están los 240 millones del IFOP. Estamos
hablando del orden de 500 millones de euros, una cifra que ya no es
ninguna broma y no se puede decir que el Gobierno no se ocupa de esta
materia.
Entendemos que la comparecencia no procede ahora, porque no hay
urgencia; hay urgencia en acabar de negociar bien, en acabar de
recolocar bien a todos los afectados, armadores y marineros. Eso sí
es urgente y es lo que el Gobierno está haciendo. La comparecencia se
producirá cuando se tenga que producir y estamos seguros que con
noticias positivas para el empleo y el desarrollo de las zonas
afectadas.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Madero.
Señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
No voy a entrar a fondo a contraargumentar la posición del señor
Madero, a quien, sin duda, le acaba de caer un marrón con este tema,
pero quisiera hacer algunos comentarios, con todo respeto.
Para empezar, siento decirle, señor Maldonado, que el nombre de mi
grupo es Bloque Nacionalista Galego y, desde luego, siento que no
entienda por qué se pide esta comparecencia urgente. Solamente le
digo una cosa: quien probablemente no entienda que no se haga esta
comparecencia es el sector. Pero, en fin, cada uno lo puede ver como
quiera. A veces pienso que menos mal que la gente no puede oír todo
lo que se dice dentro de estas cuatro paredes; menos mal, porque, en
una situación como ésta -y no es que lo diga el Bloque Nacionalista
Galego; hoy está en las agencias la preocupación de las patronales,
de los sindicatos, de todos los grupos políticos, o de casi todos,
excepto el PP, sobre este plan- esa preocupación está encima de la
mesa, no es una cosa inventada y un plan como éste comprenderán que,
efectivamente, conducirá a una mayor angustia de la que ya había
sobre el futuro de una flota tan importante como ésa. Se habla y no
se desmiente -porque ya se ve que el ministro no va a comparecer- que
se quiere desguazar el 50 por ciento de la flota; el 50 por ciento. Y
como si nada.
En cuanto al asunto del comentario del alcalde, yo quiero volver
sobre esto. No se trata -y yo no dije eso- de que el señor alcalde de
una determinada localidad encabece una delegación del sector pesquero
y tampoco se trata de que haya una delegación del Congreso de los
Diputados que vaya a Marruecos. Todo eso está perfecto, incluso
pueden ir delegaciones de todos los ayuntamientos, de todas las
comunidades autónomas, parlamentos, lo que se quiera; el problema del
que hablamos es que el Gobierno, que es el que tiene que estar
haciendo esas gestiones, el que tendría que estar apoyando las
gestiones del sector, el que tendría que estar moviéndose, no lo
hace. Ése es el problema y el sector tiene que recurrir, ya digo que
sin demérito de nadie, al alcalde de una localidad para que les
acompañe a ver si se puede arreglar algo por aquellos lares. La
falta de actuación del Gobierno, como es fácil de entender, no se
puede sustituir con una comisión parlamentaria, etcétera. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia.)
También quisiera hacer un breve comentario sobre otra cuestión. Se
habló por varios portavoces de que, en esta situación, que se salve
una parte. Es aquello de que del mal, el menos. El problema es que si
la flota está en esta situación es porque la actuación europea y la
actuación del Gobierno nos coloca en esa tesitura y mala tesitura es,
porque esa línea de acabar aceptando, porque no queda más remedio,
del mal el menos, es una muy mala línea ya que, al final, los
objetivos que se pretenden desde Europa, que es reducir
sustancialmente la flota, y que, desgraciadamente, comparte el
Gobierno español, se van consiguiendo. Desde luego, a mí nadie me va
a hacer creer que, con el volumen de intercambios tan importante que
tiene la Unión Europea con el Reino de Marruecos, si el acuerdo de
pesca se negociase dentro del conjunto de esos intercambios
comerciales no sería posible. El problema es que la pesca está siendo
utilizada como moneda de cambio, y no solamente por esta cuestión
puntual que acaba de acontecer con Marruecos, sino que es una
política general que está teniendo las repercusiones que ya relaté
antes y sobre las que no me voy a extender en este momento.
Por último, señor Madero, ya le dije que no voy a entrar demasiado en
rebatir argumentos que, francamente -perdone que se lo diga-, usted
no dio, pero la pregunta es: ¿Le está preocupando al sector en este
momento el plan de reconversión anunciado por la Unión Europea y que
aplaude el Gobierno? ¿Existe en este momento una preocupación real
del sector afectado por la no renovación del acuerdo con Marruecos
sobre su futuro? Entonces, ¿qué mayor razón puede haber para que la
máxima autoridad del Estado -no sé si es la máxima autoridad, igual
me equivoco-, el responsable en todo caso de la política pesquera
comparezca en esta Cámara para que explique cuál es su posición y nos
cuente cuáles son sus planes? Si tampoco en esta situación es
necesaria la comparecencia, yo esta vez no voy a recurrir a Dios para
nada. Lo que sí vuelvo a decir es que muchos ciudadanos, al menos
buena parte de ellos, quedarán bastante descontentos con lo que
debería ser la actividad normal de un Congreso de los Diputados para
el que, por cierto, nos eligen con sus votos otorgándonos su
confianza para que defendamos sus intereses.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señora presidenta.
Conectando con lo que ha dicho el señor Vázquez, hace unos días, en
una emisora pública, cuando terminamos
las sesiones del mes de junio, se hicieron comentarios
reiterados sobre que por fin los diputados teníamos vacaciones, que
por cierto trabajábamos poco, lo que cobrábamos y cosas por el
estilo. Fue a finales del mes de junio. Por cierto, llamó un diputado
del PP y puso las cosas en su sitio, no haciendo una defensa
corporativa de esta Cámara sino del trabajo que hacemos, conectando
el tiempo parlamentario con el tiempo real y defendiendo los
intereses de la gente, de los trabajadores, de la inmensa mayoría o
de toda la población, según los criterios. Desde ese punto de vista,
como decía el señor Vázquez, el sector no va a entender que este
Congreso, en función de no se sabe qué criterio, pero que elude una
sesión de trabajo, no discuta lo que acaba de aprobarse en Bruselas
de manera injusta con respecto al futuro del sector. No lo va a
entender. Ese es un tema de fondo, y me parece que no nos vamos a
hacer entender y que aunque podamos convencer a algún diputado, se va
a mantener el voto en contra de esta comparecencia. Yo creo que las
consecuencias son muy negativas y que hay que discutir la cuestión
ahora, precisamente ahora, como otros temas que hemos planteado, pero
parece que no hay sensibilidad. Es un error serio, porque desde luego
el sector no lo va a entender. ¿Por qué no lo va a entender?,
y termino, señora presidenta. Porque esta misma Diputación Permanente
había anunciado la convocatoria de un Pleno el día 26 para una cosa
urgentísima, esta vez sí: la elección del Consejo General del Poder
Judicial. Eso sí es urgente, aunque, por cierto, posiblemente ni se
haga, y hemos cambiado una ley orgánica y el Reglamento del Congreso
y nos vamos a ver posiblemente en julio o en agosto. Eso sí que no lo
puede entender la gente; de verdad que no lo puede entender la gente.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, intervengo muy brevemente para liberar al señor Vázquez y
el señor Alcaraz de la gran preocupación que tienen cuando se erigen
en representantes del sector: el sector pesquero está dialogando con
el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Sus legítimos
representantes están dialogando, están aportando soluciones, están
llegando a acuerdos en el marco que fija la Unión Europea y por tanto
pueden ustedes erigirse en representantes del sector pero les
recuerdo para su tranquilidad que el sector tiene sus legítimos
representantes que, repito, están dialogando con el Ministerio.
Al señor Vázquez le quiero quitar además otra preocupación. Dice que
qué lástima que nadie oiga lo que aquí se dice. Pues mire, lo que
aquí se dice no es ningún secreto, lo que aquí se dice aparece en el
«Diariode Sesiones» y a él tiene acceso absolutamente todo el
mundo. El sector también sabe lo que aquí se dice, y lo que decimos
es que los temas son difíciles (La señora Cunillera i Mestres: Por
eso se hacen las cosas.), vienen arrastrados desde atrás con
bastantes dificultades, se está dando solución satisfactoria y las
noticias de esta mañana de la Comisión de la Unión Europea son por
supuesto bastante positivas en algunos de los aspectos para el
sector.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Madero.
Señorías, vamos a someter a votación el punto 10 del orden del día:
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, con el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que explique la actuación del
Gobierno ante la Unión Europea en reestructuración de la flota
pesquera que faenaba en Marruecos.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
43; a favor, 14; en contra, 29.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el punto del orden del día.
- PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS
TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE AGRICULTURA, GANADERÍA
Y PESCA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000023), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL
DÍA: COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
PARA QUE INFORME SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR ANTE LA
EXTENSIÓN DE LA PESTE PORCINA CLÁSICA A TODO EL TERRITORIO ESPAÑOL.
La señora PRESIDENTA: Punto 12 del orden del día: Petición formulada
por un número suficiente de diputados miembros titulares de la
Diputación Permanente, pertenecientes al Grupo Parlamentario
Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, con
el siguiente orden del día: Comparecencia del ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación, para que informe sobre las medidas
que tiene
previsto adoptar ante la extensión de la peste porcina clásica a todo
el territorio español.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora
Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señora presidenta.
Hemos traído a esta Diputación Permanente la petición de
comparecencia del ministro de Agricultura para que informe de
cuestiones relativas a su responsabilidad en cuanto a la ganadería y
más específicamente por lo que hace a los brotes de peste porcina
clásica aparecidos en España en los últimos tiempos. Espero que el
señor Madero me conceda que tengo la suficiente representatividad
para poder traer un tema como éste a la Cámara y por lo menos de esta
riña me salve. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la
Presidencia.)
El primer foco de la enfermedad, que apareció en Lleida el día 14 de
junio, ha sido seguido de los que también se han producido en
Cataluña y en otras comunidades autónomas como Valencia o Castilla-La
Mancha y en este momento estamos ante un panorama de 20 focos
detectados y un sacrificio solamente en Cataluña de alrededor de
50.000 animales, más los que se han sacrificado en otras comunidades
autónomas, sin que el ministro de Agricultura haya hecho más que ir a
remolque de las circunstancias, no haya tomado la iniciativa en
ningún momento ni haya sido capaz de llevar la tranquilidad al
sector.
La verdad es que estamos hablando de la repetición de una situación
ya vivida en el pasado. En el año 1997 vivimos otra epizootia como la
actual que tuvo una dimensión enorme, que provocó daños igualmente
enormes en el sector porcino español y se están repitiendo los mismos
defectos y descoordinaciones que se vivieron en aquel momento. En un
principio nuestro grupo parlamentario alentó la esperanza de que en
Cataluña el actual conseller parecía querer aprender de los errores
de su antecesor, pero tengo que reconocer que ha quedado en vanas
esperanzas. Por lo que hace referencia al señor ministro no ha
defraudado las peores expectativas que pudiéramos tener respecto de
su actuación. El señor ministro no ha sentido la necesidad de pedir
la comparecencia en esta Cámara ni de dar explicaciones más allá de
lo que comentábamos en el anterior punto que hemos tenido ocasión de
debatir en alguna feria, con ocasión de alguna propaganda o alguna
comida, y la única vez que se ha hablado en esta Cámara después de la
detección del primer foco fue en el último pleno que tuvimos en el
Congreso al finalizar el período de sesiones, en contestación a una
pregunta oral de esta diputada y lo único que sacamos es que el señor
ministro estuvo muy contento, porque nos había podido decir dónde
estaba el origen del virus y la tipología del propio virus.
Los que seguimos atentamente lo ocurrido en el año 1997, y algunos de
ellos estamos en esta Cámara y lo volvemos a hacer ahora -imagino que
los mismos- observamos que ninguno de los pronunciamientos de los
responsables de la Administración de aquel momento ha tenido reflejo
en los actuales responsables. Por ejemplo, en aquel momento el
secretario general del Ministerio hacía continuas llamadas a la
necesaria coordinación entre comunidades autónomas y Gobierno
central, se criticó por parte de los diputados y las diputadas, pero
también por la Administración el programa Animo de la Unión Europea y
me parece que sería el momento en que el ministro viniera aquí a
responder con urgencia de qué le sirvió la experiencia del año 1997,
en qué se ha avanzado en la coordinación que antes faltaba, y si no
cree que es un poco irresponsable pedir a la Unión Europea que haga
funcionar un programa de coordinación como es el Animo y ser incapaz
de ordenar un mínimo de esa coordinación entre comunidades autónomas,
que ha llevado, por ejemplo, a que no se sepan los datos de los focos
de Valencia. Yo sé que tanto el Ministerio, el señor ministro, como
el Grupo Popular son muy aficionados a achacar responsabilidades en
temas como este a la Unión Europea por un lado, y a las comunidades
autónomas por otro, pero eso no va a poder esconder que se están
cometiendo los mismos errores del año 1997.
Si se hubiera aprendido de los errores de entonces, no tendríamos que
estar hablando en este momento de la falta de control en la entrada
de lechones procedentes de otros países y de la circulación de esos o
de los que se deriven de estos por todo el territorio español, sin
que no haya sido posible detectar nada justo hasta el momento en que
aparece el brote o foco declarado de peste porcina clásica. Si
hubieran aprendido de sus errores no se hubieran repetido algunas de
las actuaciones que hemos visto estos días, por ejemplo en el
transporte de ganado igual que el año 1997, con contradicciones en
las sucesivas órdenes que han salido del Ministerio, o se hubiera
podido prever lo que ha sucedido. En aquel momento estuvimos hablando
de un camión que había atravesado media España con ganado del que
nadie quería hacerse cargo, que tuvo que pasar por delante de dos
agencias del Seprona sin que se detectara que se estaba expandiendo
el virus por toda España. Pues bien, en este momento las granjas no
pueden sacar los lechones y tenemos granjas con todas las garantías
sanitarias, con todas las precauciones, pero como no caben, como no
hay suficiente espacio para los animales, los animales están fuera de
la granja en rediles habilitados para poderles dar espacio, y en
consecuencia sin ninguna garantía sanitaria. Si hubieran aprendido de
los errores de entonces, en estos momentos habría una dotación
adecuada de laboratorios de referencia que evitarían en primer lugar
la expansión de la enfermedad, y en segundo lugar que se agilizaran
los trámites para llevarlo a cabo. Si hubieran aprendido
de sus errores, en este momento no estaríamos, como está el sector,
demandando que se ponga en marcha un sistema de pago a los ganaderos
afectados por el sacrificio de animales que fuera más ágil que el que
se está utilizando, que el que se utilizó entonces y que, por cierto,
todavía sigue coleando en las instancias europeas.
Lo cierto es que no han aprendido nada y por eso en este momento el
conseller de Agricultura de la Generalitat de Catalunya ha permitido
movimiento de animales y llenado de granjas. Está en la prensa, lo ha
reconocido antes de ayer que lo ha hecho sin contar con el visto
bueno del Ministerio o de la Unión Europea. La pregunta consiguiente
es, si esta medida está bien, ¿por qué el Ministerio no le da el
visto bueno? y si lo ha hecho mal, ¿por qué el Ministerio lo
consiente? Entraríamos en la línea del Ministerio y de este ministro
que es tan aficionado a rectificar las órdenes que él mismo va
dictando, porque cuando sale una cosa y hay que sacar pecho da una
orden que va más allá de lo que las propias instituciones europeas le
demandan, y cuando ve que se ha pasado tiene que rectificar. Así
estamos trasladando lechones sin que nadie controle. Como he dicho
antes no han aprendido nada y por eso una vez más estamos en esa toma
de posiciones errática y contradictoria que tenemos por costumbre. En
este momento las organizaciones agrarias han demandado al Gobierno el
incremento de la indemnización por sacrificio de reproductoras,
porque saben que la cantidad estipulada hoy no cubre la pérdida. Le
han demandado también que defienda en la Unión Europea la activación
de las medidas de intervención para las indemnizaciones sin que hasta
el momento el señor ministro haya tenido a bien venir aquí o en algún
foro adecuado decirnos cuál va a ser su postura en el Consejo de
Ministros Europeos.
Queremos saber también las medidas que el Gobierno tiene pensadas
para el caso en que se planteen expedientes de regulación de empleo.
Estamos hablando, solamente en Cataluña, de la inmovilización de un
millón de animales. Teniendo en cuenta el número de animales que
también sólo en Cataluña se sacrifican cada semana, va a llegar el
momento que la industria cárnica va a tener carencia de animales que
sacrificar y va a presentar la consiguiente solicitud de expediente
de regulación de empleo. Ustedes saben igual que yo que al no haber
pasado los seis años preceptivos para cambiar la base reguladora de
los salarios que se deban pagar, vamos a tener un grave problema
cuando los sindicatos, los trabajadores de esas empresas se nieguen a
dar su conformidad a esos expedientes de regulación de empleo. No sé
si el ministro ha pensado en esto. Yo tiendo a pensar que no, porque
en otro caso estoy convencida de que le encantaría venir a
explicarlo.
Todas esas incógnitas y la consiguiente incertidumbre en el sector
ganadero, ya de por sí suficientemente castigado (estamos toda la
tarde hablando del sector de la ganadería y de lo mal que le va a ese
sector), nos sirven
como ejemplo claro de que el ministro debería solicitar
a petición propia venir a contestar. Si lo que no quiere es darnos la
razón a nosotros, lo que él quiera, pero que venga y nos dé una
información que sea veraz y clara. Es muy fácil usar -como va a ser,
seguro- los votos del Grupo Popular y de los fieles aliados para
impedir que ello sea posible, y se van a negar a que el señor
ministro cumpla con una obligación que tiene de venir a esta Cámara a
explicar las medidas que tiene previsto adoptar ante los focos que se
han detectado en más de dos comunidades autónomas. En la pasada
legislatura, el secretario general decía que cuando había focos en
dos comunidades autónomas ya estábamos ante una epidemia. Pues bien,
señorías, aquí hay una epizootia que hay que venir a explicar al
Congreso, pero estamos seguros de que se nos va a hurtar otra vez la
posibilidad de saber si el señor ministro tiene alguna previsión, no
ya para este problema sino para el futuro del sector ganadero
español.
El señor Madero, representante del Grupo Popular, ha hablado aquí
antes de que había que disipar cualquier sospecha que se pudiera
crear. Nosotros le ofrecemos la posibilidad de que el señor ministro
venga y explique todas las sospechas que están planeando sobre este
sector, en concreto en relación con la peste porcina clásica. Tenemos
pocas esperanzas, como le decía antes, porque me tendrán que
reconocer que los antecedentes que tenemos en este tiempo no empujan
a la esperanza. En los primeros presupuestos generales que aprobó el
Gobierno del Partido Popular en la pasada legislatura, lo primero que
sufrió un recorte, creo recordar de 2.000 millones de pesetas, fue la
partida destinada a sanidad animal. En segundo lugar, en la campaña
de reducción de altos cargos que pusieron en marcha en aquel momento
se suprimió la Dirección General de Sanidad Animal, para hacer de la
que había en un momento dado de Sanidad Animal y Vegetal una sola
dirección general. Evidentemente eso ha servido para la propaganda,
pero también es verdad que ha servido para que en este momento el
Ministerio no cuente con los mecanismos que le son imprescindibles
para afrontar una situación como la actual. Además, tengo que decir
que los altos cargos en lugar de reducirse se han incrementado.
No quiero dejar de referirme a uno de los incumplimientos que el
Gobierno tiene ante esta Cámara y que le vamos a repetir cada vez que
tengamos ocasión. El señor ministro nos ha dicho (lo dijo el anterior
Gobierno y nos lo dice el actual) que va a traer a esta Cámara el
proyecto de ley de sanidad animal desde el año 1997, cuando en el
debate del estado de la Nación se aprobó una resolución en ese
sentido, sin que hayamos visto ni la menor señal de que haya
intención de traer ese proyecto de ley. Ya sé, ahora me dirán que ya
está viniendo; pues viene en tren de mercancías porque llevamos desde
el año 1997 esperando ese proyecto. En ese mismo año 1997, el señor
Díaz Eimil nos explicó en la
Comisión de Agricultura la estructura que iba a tener ese proyecto de
ley, pero aquí estamos sin verla todavía. Este incumplimiento grave
se va a poner de relieve cada vez que tenemos un problema en el
sector ganadero, y me tendrán que reconocer que el ministro no siente
la necesidad de venir a esta Cámara a explicar si es que tiene
pensado tomar alguna medida, como es su obligación. Es verdad que
también puede pasar, como ha pasado otras veces, que mientras
nosotros estamos pidiendo aquí que vengan, ustedes nos dicen que no y
el Ministerio lo está solicitando por la vía de comparecencia
a petición propia. Nos enteraremos y si la van a pedir, estupendo; lo
veremos.
Antes de acabar, le querría decir que el ministro tiene obligación de
venir a explicar las medidas que ha tomado sobre ciertas cuestiones.
En primer lugar, el ministro que se mostró tan contento por saber de
dónde procedía el virus, tiene que decirnos si ya saben quién importó
esos lechones -él dijo en el mes de junio que sabía que habían venido
de Rumanía-; en segundo lugar, tiene que decirnos quiénes han sido
los responsables de que el virus de la peste porcina clásica se haya
extendido por el territorio español, como mínimo por tres comunidades
autónomas, sin control ni detección de las autoridades competentes;
en tercer lugar, tiene que decirnos qué va a hacer con la falta que
tenemos de laboratorios de referencia, que tenemos que habilitar
cuando hay una epidemia, siempre corriendo y nunca con la previsión
suficiente; en cuarto lugar, qué va a hacer en cuanto al pago de
indemnizaciones que le requieren los ganaderos, los que han
sacrificado animales y quienes los tienen inmovilizados; en quinto
lugar debe explicarnos qué va a hacer en cuanto a la reclamación de
dotaciones económicas a la Unión Europea por la vía de la
intervención. Creo que habría más medidas de las que podríamos hablar
con el señor ministro -seguro que él estaría encantado, no sé por qué
no le dejan venir-, pero como mínimo debería dar noticias de éstas,
no para el Grupo Socialista. Si quieren reírse de nosotros ríanse,
pero no se rían del sector ganadero español, del sector porcino que
después de cuatro años está viviendo otra situación de incertidumbre
como la que ya vivimos en el año 1997.
El representante del Grupo Popular nos ha dicho antes que el señor
ministro de Agricultura poco menos que vive en esta casa, que le iban
a dar el estatuto de mediopensionista; yo digo que visto lo que hay,
con el de externo va que arde.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Grupos que deseen fijar
posición? (Pausa.)
Señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, vamos a fijar posición en relación con
la propuesta de comparecencia del ministro de Agricultura, a petición
del Grupo Parlamentario Socialista, para que explique las medidas que
está tomando el Ministerio ante la extensión de la peste porcina
clásica en todo el territorio español.
Personalmente creo que a partir del 14 de junio, momento en que
aparece el primer foco de peste porcina, de forma cautelar se tendría
que haber apostado claramente por la inmovilización de los animales
en todo el territorio, a excepción de los que iban al matadero. Sin
duda, esto hubiese facilitado la detección de focos primarios y una
mayor posibilidad de éxito en la detección y el posterior control de
la enfermedad. No se hizo y agua pasada no mueve molinos.
Con la aparición de los focos en Valencia y Cuenca, el Ministerio
pone en marcha la prohibición que muchos habíamos pedido en su
momento; pero efectivamente llega tarde, sobre todo porque en el
momento que llega en algunas zonas ya se inmovilizaron de inmediato y
llevan más de 25 días sin movimiento, por tanto con muchos animales
muy pasados de peso y con la problemática que esto conlleva.
Tenemos encima de la mesa una serie de problemas y hay que ver cómo
se les da solución. Entendemos que sería adecuado derogar o matizar
dicha orden de inmovilización en un plazo breve de tiempo, y sería
una buena decisión. También tengo que decir que aunque no tengo
noticias de hoy mismo sí las tengo de que en un plazo muy breve de
tiempo se va a hacer eso, y sobre todo en las zonas que llevan
inmovilizados más de un mes puede modificarse la orden ministerial.
También sería adecuado que el Ministerio pusiera en marcha las
medidas de intervención para las zonas de protección y de vigilancia
en torno al foco, ya que en éstas no está permitido mover los
animales ni enviarlos al matadero.
Dentro de las líneas que también defendimos en 1997, y las tendremos
que volver a ponerlas encima de la mesa en este momento por la
situación tan desesperada que está pasando el sector, entendemos que
las indemnizaciones que podrían corresponder a los ganaderos por el
sacrificio de animales en ningún caso deberán tener el IVA
incorporado. Sería una barbaridad que el Ministerio de Hacienda
intentase sisar el 16 por ciento de las ayudas. Efectivamente, creo
que es de justicia un tratamiento fiscal diferenciado en el caso de
las cerdas madres y de los sementales, ya que su destrucción
representa la pérdida de un capital genético acumulado durante muchos
años, y deberían tener un tratamiento como otros productos de este
tipo.
Los diputados de la provincia de Lleida estamos muy preocupados por
la situación que está viviendo esta zona, de forma especial la
provincia.
No obstante me consta que la cooperación y la coordinación de la
Consejería de Agricultura con el Ministerio de Agricultura es muy
buena, ha sido muy buena
durante todos estos meses y por este motivo sabemos que se está
trabajando y buscando soluciones. Se ha negociado y hablado de mover
animales dentro de la zonas de protección, por tanto el Ministerio
estaría al tanto de esas acciones, con lo cual no serían acciones que
se llevan a la brava sino que estarían negociadas y como entendemos
que ni el Ministerio ni el ministro pueden hacer muchas más
aportaciones, vamos a votar en contra de la comparecencia del señor
ministro.
Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señoras y señores
diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Companys.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, señorías.
Respecto al señor ministro de Agricultura, de externo nada, y si no
le ha gustado la expresión que utilicé en alguna intervención
anterior, le diré que en lo que va del año 2001 el señor ministro de
Agricultura ha tenido 14 intervenciones relativas a distintas
iniciativas sobre la peste porcina clásica, tanto en Comisión como en
Pleno. Diré también, señora Cunillera, que mi grupo no comparte la
crítica no velada sino auténticamente directa que ha hecho del
conseller Grau. Está actuando de manera adecuada, según nuestro
criterio, y también nos gustaría que las actuaciones del fiscal
llegaran a buen puerto y que quienes están causando un daño tan
tremendo al sector acabaran ante los tribunales correspondientes.
En cuanto a las competencias, señora Cunillera, las tiene quien las
tiene en cada caso y para cada cuestión y parece que S.S. quiere
cambiar el régimen competencial de las comunidades autónomas.
Nosotros, no. Como grupo parlamentario apoyaremos al Gobierno para
que se actúe dentro del actual régimen competencial que nos hemos
dado con el reparto oportuno de competencias y responsabilidades
entre la Administración central y la Administración autonómica.
Hace S.S. una referencia a la anterior Dirección General y a la
disminución del presupuesto. Esa disminución presupuestaria y los
cambios tanto funcionales como presupuestarios habidos en la
Dirección General -por cierto existe la Dirección General de
Ganadería-, son consecuentes con las transferencias que se hicieron
en su momento, como también en su momento y más bien pronto que tarde
tendremos en este Congreso la ley de sanidad animal. Lo que nos
parece absolutamente intolerable, señora portavoz del Grupo
Socialista, es que con poco rigor en sus expresiones diga que nos
podemos reír de alguien. Ni nos reímos de su grupo ni de usted y
mucho menos del sector ganadero. El sector ganadero para mi grupo y
creo que para todos los grupos de la Cámara aunque a algunos les
parezca que no es así, nos merece la máxima preocupación,
momentos graves y difíciles como éste han tenido, y tendrán toda la
solidaridad por parte de nuestro grupo. Estamos a su disposición para
poder salir de esta grave situación en que se encuentra en estos
momentos, pero no quiero ser pesimista ni optimista, simplemente me
limito a constatar que el Gobierno central, el Ministerio de
Agricultura tomó una medida absolutamente oportuna cuando procedió a
la inmovilización del ganado en todo el territorio nacional, no
permitiendo más movimiento que el de la granja al matadero. Por
cierto, este movimiento no se ha cercenado por una cuestión
elemental, para evitar eso que S.S. apuntaba como posible
consecuencia de esta crisis, y es el desabastecimiento de los
mercados. Pues no, el movimiento de los cerdos desde la granja hasta
los mataderos está en todo momento permitido, eso sí con controles,
con guías sanitarias, con la vigilancia e inspección adecuadas para
que todas las normas se cumplan en cuanto a desinfección preceptiva
de los vehículos e instalaciones, y en todo caso del lado de la
garantía sanitaria animal para que esta epizootia que tenemos
actualmente en tres comunidades autónomas pueda ir remitiendo y
parece ser que es así porque, como S.S. sabe igual que yo, han pasado
días suficientes para poder pensar que está empezando a resolverse.
Desde luego así lo piensan los técnicos veterinarios del Ministerio
de Agricultura, que viendo que han pasado días suficientes ya han
anunciado que en las próximas fechas suavizarán las restricciones
actuales.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Madero.
Señora Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: Igualmente, con brevedad.
Voy a ir primero a lo que es el meollo de la cuestión. Se ha referido
a algunas de las medidas que ha tomado el Ministerio de Agricultura,
sobre todo en cuanto al movimiento de animales no sólo en las tres
comunidades afectadas por los focos en estos momentos, sino las que
pueden tener necesidad de trasladar lechones desde su comunidad
autónoma, por ejemplo Castilla y León hasta mataderos que están en
sitios donde los animales están inmovilizados, tienen problemas. Las
medidas de inmovilización de animales han sido rectificadas, han sido
cambiadas seguramente para bien, tendrán que volver a cambiarlas
seguramente para bien, y lo único que desde nuestro grupo se le ha
dicho al Grupo Popular, al Grupo de Convergència i Unió en este caso
porque ha anunciado el voto en contra para que venga el señor
ministro, es que le decimos al señor ministro que venga aquí y lo
explique para poderlo debatir con él.
La realidad es la que es, y si todas las medidas fueran tan
beneficiosas y fuera todo tan bien, seguramente
el sector estaría más tranquilo. Tampoco hay que ser un experto ni un
técnico en eso que antes se discutía aquí sino simplemente leer la
prensa, y tenemos cada día las noticias en cuanto a las granjas, en
cuanto a las indemnizaciones, en cuanto a la posición del Gobierno,
en cuanto a la posición del ministro de Agricultura en concreto. En
Cataluña las habrá más con el conseller de Agricultura, que por
cierto a mí me da lo mismo si se llevan bien o mal, me da exactamente
lo mismo. Yo quiero que el ministro comparezca aquí como el señor
conseller lo ha tenido que hacer en el Parlament de Cataluña, si se
llevan bien tanto mejor, y si se llevan mal me da lo mismo pues
tendrán que cumplir igualmente con su obligación.
El señor Madero se ha quedado en la anécdota, se ha quedado en la
superficie de lo que yo le he propuesto, a lo mejor también es que he
ido muy deprisa y no me explicado bien, pero yo le ruego que si no me
ha entendido bien que no me interprete. No me interprete porque lo
hace fatal. Habrá sido por mi culpa, porque seguramente S.S. es más
listo que yo, pero no he hablado en ningún momento de cambiar el
régimen competencial de las comunidades autónomas. ¡Estaría bueno que
usted, señor Madero, me quisiera dar lecciones a mí de reparto
competencial! Ni usted a mí ni yo a usted, pero no se vaya usted por
las ramas.
He pedido aquí cosas concretas. Yo he dicho aquí en concreto sobre
qué medidas quiere mi grupo que el ministro venga a informar. Ustedes
simplemente van a votar en contra, fiándose o refugiándose en la
anécdota, en la superficialidad, y eso señor Madero, aunque sea la
hora que es de la noche, usted lo sabe igual que yo que el sector lo
va a saber y el sector va a ser conocedor, pero por favor no me haga
más este tema de la interpretación, y fijándose en la anécdota no
contestar a nada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Cunillera.
Señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Señor presidente, señorías, estoy seguro que
la señora Cunillera es más lista que yo, punto primero. Punto
segundo, no me apoyo en anécdotas ni en superficialidades, y además
hablo muy claro. Mi grupo votará en contra de que comparezca el señor
ministro de Agricultura para hablar de peste porcina en la fecha o en
las fechas urgentes y extraordinarias que ustedes nos indican, y
desde luego no pienso dar lecciones, no lo he hecho nunca, de nada a
nadie, y menos de distribución competencial. Digo que las comunidades
autónomas tienen transferidas las competencias de sanidad animal,
como S.S. sabe, las competencias que tiene el Ministerio de
Agricultura las está ejercitando absolutamente de manera clara, y al
manifestar que cuando el sector se entere repito lo que he dicho
antes, ¿cómo no se va a
enterar el sector si está preocupado con este materia porque viven de
ello, porque les va en ello la vida, y seguramente esta misma noche
antes que mañana ya están detrás de lo que ha dicho cada cual?
Simplemente decir eso, y por nuestra parte nada más, señor
presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Madero. (La
señora presidenta ocupa la Presidencia.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación el punto 12 del orden del
día: Petición formulada por un número suficiente de diputados
miembros titulares de la Diputación Permanente pertenecientes al
Grupo Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de
una sesión extraordinaria de la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca con el siguiente orden del día: Comparecencia del Ministro de
Agricultura, Pesca y Alimentación para que informe sobre las medidas
que tiene previsto adoptar ante la extensión de la peste porcina
clásica a todo el territorio español.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
39; a favor, 12; en contra, 27.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PETICIÓN FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
CONGRESO Y SOCIALISTA, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
PARA QUE ACUERDE LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/
000024), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.
ELECCIÓN, DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN VIGENTE, DE MIEMBROS DEL
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL Y
CONSEJEROS DEL TRIBUNAL DE CUENTAS.
- PETICIÓN FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL
CONGRESO Y SOCIALISTA, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN PERMAMENTE
PARA QUE ACUERDE LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN
CONSULTIVA DE NOMBRAMIENTOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL OBJETO
DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN DE LA
PRESIDENCIA DE LA CÁMARA DE 25 DE MAYO DE 2000, EN RELACIÓN CON LAS
AUTORIDADES
QUE PROCEDAN. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000024.)
La señora PRESIDENTA: Los puntos decimotercero y decimocuarto han
sido retirados.
- PETICIÓN FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN PPERMANENTE
PARA QUE ACUERDE LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (NUMERO DE EXPEDIENTE 062/
000025), CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO, PARA QUE EXPLIQUE EL VACÍO Y DESCOORDINACIÓN DE LA
ACCIÓN DEL GOBIERNO Y EL DETERIORO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS EN TEMAS
COMO CAOS AEROPORTUARIO, LEGIONELLA, PESCA, PESTE PORCINA Y ACEITE DE
ORUJO DE OLIVA.
- PETICIÓN FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS MIXTO Y FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE PARA QUE
ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE
INFRAESTRUCTURAS (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000026), CON EL SIGUIENGE
ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE FOMENTO, PARA EXPLICAR
EL CAOS EN LOS SERVICIOS AEROPORTUARIOS. (NUMERO DE EXPEDIENTE 213/
000480)
- PETICIÓN FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS MIEMBROS
TITULARES DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE, PERTENECIENTES AL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE CONVOCATORIA DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE
PARA QUE ACUERDE LA CONVOCATORIA DE UNA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL
PLENO DE LA CÁMARA (NÚMERO DE EXPEDIENTE 062/000027), CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA URGENTE DEL GOBIERNO, PARA QUE
INFORME SOBRE SU ACTUACION ANTE LA GRAVE SITUACIÓN CREADA POR LA
DECISIÓN TOMADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE IBERIA Y DE LAS
MEDIDAS QUE PEINSA ADOPTAR PARA QUE NO SE PRODUZCAN NUEVAMENTE
SITUACIONES COMO LA QUE TUVO LUGAR ENTRELAS 0 HORAS HASTA
APARENTEMENTE
LAS 5,25 HORAS DEL VIERNES 13 DE JULIO, CON LA SUSPENSIÓN TOTAL DE
SERVICIOS AÉREOS DE LA CITADA COMPAÑÍA, PRECEDIDA DE UNA COMUNICACIÓN
DEL GOBIERNO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 196 Y SIGUIENTE DEL
REGLAMENTO DE LA CÁMARA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 210/000008.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate conjunto de los puntos
decimoquinto, decimosexto y decimoséptimo.
Punto decimoquinto. Petición formulada por los grupos parlamentarios
Federal de Izquierda Unida y Mixto, de convocatoria de la Diputación
Permanente para que acuerde la convocatoria de una sesión
extraordinaria del Pleno del Congreso de los Diputados, con el
siguiente orden del día: Comparecencia del presidente del Gobierno
para que explique el vacío y descoordinación de la acción de Gobierno
y el deterioro de los servicios públicos en temas como caos
aeroportuario, legionella, pesca, peste porcina y aceite de orujo de
oliva.
Punto decimosexto. Petición formulada por los grupos parlamentarios
Mixto y Federal de Izquierda Unida, de convocatoria de la Diputación
Permanente para que acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras con objeto de
celebrar la comparecencia del ministro de Fomento para explicar el
caos en los servicios aeroportuarios.
Por último, punto decimoséptimo. Petición formulada por un número
suficiente de diputados miembros titulares de la Diputación
Permanente pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de
convocatoria de la Diputación Permanente para que acuerde la
convocatoria de una sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con
el siguiente orden del día: Comparecencia urgente del Gobierno, para
que informe sobre su actuación ante la grave situación creada por la
decisión tomada por el Consejo de Administración de Iberia y de las
medidas que piensa adoptar para que no se produzcan nuevamente
situaciones como la que tuvo lugar entre las 0 horas hasta
aparentemente las 5,25 horas del viernes 13 de julio, con la
suspensión total de servicios aéreos de la citada Compañía, precedida
de una comunicación del Gobierno en los términos del artículo 196 y
siguientes del Reglamento de la Cámara.
En primer lugar, tiene la palabra, por parte del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Gracias, señora presidenta.
Nosotros pensamos que está plenamente justificada la petición de
comparecencia del señor Aznar. A pocos días del debate del estado de
la Nación, el panorama es ciertamente desalentador. Desalentador para
una serie de sectores cada vez más amplios, puesto que los problemas
nuevos se van acumulando sin una respuesta real y sin una
respuesta dada desde el pulso político. Un diario que publica
argumentos conservadores acaba de hablar de un Gobierno deprimido y
en situación terminal. Nosotros no queremos utilizar estos términos,
pero en todo caso sí queremos decir que estamos ante un auténtico
vacío de Gobierno. Hay falta de impulso. Estamos sufriendo esa falta
de impulso y también una especie de dejación de responsabilidades,
como si el Gobierno sufriera una especie de fotofobia que le impide
salir a la luz, dar la cara y afrontar los problemas en contacto con
la sociedad y de cara a que cada ministro, en corrresponsabilidad
todos con un principio de coordinación, arrostren las cosas
ofreciendo soluciones. En todo caso quiero decir que existe, como
hemos intentado demostrar en los debates precedentes, una
descoordinación evidente. ¿Quizá gravita ya, señora presidenta, el
anuncio de Aznar de que se va a retirar y no será candidato en las
próximas elecciones? ¿Quizá en función de esta retirada anunciada
nadie se quiere quemar y se producen reagrupamientos y camuflajes de
cara a la sucesión o es simple incapacidad? ¿Quizá se trata de un
síndrome proveniente de una mayoría absoluta que no se ha sabido
asumir y que provoca dejación y una cierta apatía? En todo caso
nosotros pensamos, señora presidenta, que no estamos ante una
realidad virtual. Los problemas están ahí y son muy graves: vacas
locas, peste porcina, legionella, aceite de orujo contaminado, caos
aeroportuario, apagones de luz, fiscal general. Y si a esta lista,
que parece las siete plagas de Egipto, sumamos los nombres de los
señores Arias Cañete y Villalobos tenemos un panorama realmente
difícil de asumir, sin un principio crítico y sin la iniciativa que
estamos desarrollando en este momento de petición de comparecencia
del señor presidente del Gobierno. Ante todos estos problemas el
señor Aznar mira muy fijo y se calla, no hace nada, incluso justifica
la descoordinación. Pero todavía más, el vicepresidente primero no
realiza ninguna tarea de coordinación, ni tampoco el vicepresidente
segundo. El portavoz del Gobierno no aparece nunca en el momento
oportuno y nos encontramos con que los problemas no se afrontan a su
debido tiempo y, a la vez, se intenta poner constantemente fuera de
juego a este Parlamento.
Por ejemplo, el tema del caos aeroportuario. Resultaría fácil decir
ahora que el Gobierno debería haber evitado esta situación límite y
que ha hecho tanto daño al prestigio de España, porque es una
situación auténticamente tercermundista, como al sector turístico y a
otros sectores cercanos. Pero nosotros sí podríamos decirlo con
cierta seguridad, porque a los pocos días de declarar el Sepla la
huelga hicimos una pregunta al señor Rato en el Pleno de la Cámara.
Por cierto que el señor Rato no quiso responderla y según se nos ha
informado se la mandó al señor Álvarez-Cascos, que como quien coge el
balón ovoidal se la mandó al señorAparicio, que tampoco asumió la
respuesta, y al final
nos respondió en el Pleno el señor Montoro, que no tiene nada que ver
y que sabía bastante poco de este tema. Dijo que si las cosas se
agravaban ya vería a ver lo que hacía el Gobierno, pero que suponía
que algo se iba hacer.
Nosotros advertimos en esta pregunta que no era una huelga
cualquiera, era una huelga corporativa, insolidaria, que de hecho ya
empezaba a afectar a servicios fundamentales. Pedimos que se ayudara
a promover la formación de pilotos. Formar un piloto en este país
vale en torno a nueve millones de pesetas. Había que ver qué
subvenciones de tipo estatal consiguen que se formen pilotos
alternativos para que no se produzca esta prepotencia, esta coacción
que a veces provocan las huelgas convocadas por el Sepla. Hablamos de
que el Estado sigue siendo Estado regulador, como después se ha
demostrado que así era a raíz de la decisión del laudo obligatorio, y
esto se nos discutía. ¿Por qué se nos discutía en principio? Después
daré otra razón. En principio se nos discutía desde una posición
ideológica. Si somos neoliberales, el Gobierno ni sabe ni quiere ni
puede ni debe intervenir. El mercado es libre. Era una demostración
de los primeros de la clase en Europa en neoliberalismo. No querían
intervenir porque sería doblegar esa posición ideológica y al final
ha sido una derrota de la misma. El Gobierno al final ha tenido que
intervenir en el mercado, ha tenido que sumar un impacto fuerte a la
situación de un mercado desregulado, de un mercado que no funcionaba
de manera adecuada. Desde luego, ha restablecido unos servicios
públicos esenciales ante una situación de prepotencia por parte de
Sepla y de irresponsabilidad por parte de Iberia. Todos han tomado
como rehenes a los usuarios mientras el Gobierno esperaba jugando al
escondite, descoordinado, o quizá intentando acumular irritación -las
últimas declaraciones del señor Aparicio y otras que se han dado en
este último período- para abrir paso a la posibilidad de una ley de
huelga restrictiva. También esto podría estar funcionando en la base
de esta situación. La comparación de la huelga de los pilotos de
Sepla con una huelga de otro tipo -la de Baleares- o con una huelga
diferente -la de la basura- estaba acumulando una irritación que se
iba promoviendo a través de medios públicos de comunicación, con
vistas quizás a tomar en caliente medidas restrictivas de lo que es
un derecho constitucional, intentando confundir la huelga de Sepla
con otras a las que no se parece nada.
En definitiva, pensamos que el tema trae causa de una mala
privatización de sectores que no entienden la situación en estos
momentos, tal como hemos denunciado públicamente, lo que ha permitido
que se dé el gran espectáculo de la suspensión total de vuelos. Esto
ha supuesto una gran irresponsabilidad e implica el caos
aeroportuario que estamos denunciando, que se suma a la serie de
problemas que he enunciado anteriormente y que a nuestro juicio,
señora presidenta, justifica
la comparecencia del señor Aznar en esta Cámara durante el
período extraordinario que estamos viviendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Simplemente quiero decir que, como compartimos los argumentos del
señor Alcaraz, votaremos favorablemente las tres peticiones de
comparecencia.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Saura.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor
Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presentó formalmente ante
el Registro de la Cámara hace algo más de un mes y medio, en primer
lugar, la petición de comparecencia del ministro de Hacienda, señor
Montoro, para que explicase la inacabada y esperpéntica situación del
proceso de privatización de la compañía Iberia. La comparecencia le
correspondía al señor Montoro habida cuenta que la privatización la
ha llevado la SEPI, integrada actualmente en el Ministerio de
Hacienda. En segundo lugar, pedíamos la comparecencia también del
ministro de Fomento, señor ÁlvarezCascos, como responsable regulador
de las políticas de aviación civil, de regulación del transporte
aéreo y del seguimiento de la evolución de la compañía Iberia, que si
bien es cierto que está en estos momentos prácticamente privatizada y
lo estaba ya en el momento en que solicitábamos la comparecencia,
hace mes y medio, también lo es que está en una clarísima situación
de dominio derivada de su pasado de compañía de titularidad pública
durante 75 años. Hasta el día de hoy, señorías, no se ha producido
ninguna de esas dos comparecencias en las respectivas comisiones y no
deja de ser sorprendente que ninguno de esos dos ministros haya
comparecido con carácter voluntario, dado que hasta ahora no hemos
conseguido desde el Grupo Parlamentario Socialista que Mesa y
portavoces de las comisiones de Economía y Hacienda y de
Infraestructuras adopten la decisión de la comparecencia respectiva.
No tengan la más mínima duda, señorías, de que el proceso de
privatización de la compañía Iberia va a ser objeto de debate en las
Cortes Generales durante muchos meses, porque ha sido un proceso
esperpénticamente mal llevado. Se ha hurtado información a las Cortes
Generales. Aquí no se sabe por qué razón se fraccionó un 10 por
ciento del pastel del capital -lo digo en términos coloquiales- y se
entregó a BritishAirways y American Aerlines en determinadas condi-
ciones. Ni por qué se entregó un 30 por ciento a un grupo de empresas
españolas seleccionadas por la SEPI, que se integran en un denominado
núcleo duro, con una dureza muy difícil de situar en la escala de
dureza de Moss porque la están utilizando contra el Gobierno, que fue
precisamente quien les dio la posibilidad de participar con ese 30
por ciento. Un 6 por ciento fue a los trabajadores y un 54 por ciento
a oferta pública de venta. Y, señorías, hoy me dirán en la
intervención del representante del grupo entregado al Gobierno que es
una empresa privatizada. Ese es un argumento bastante trivial. Hoy la
SEPI continúa teniendo un 4 por ciento que los bancos colocadores de
las acciones no quisieron ejercitar y tenían derecho a ello, y por
eso la SEPI se lo está ofertando a empresas constructoras. Hoy, sin
duda alguna, la normativa aprobada por las Cortes Generales, con el
voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista en la Ley de
acompañamiento de los presupuestos generales del año 2001, convertida
en Real Decreto 343, de 4 de abril, de aplicación de régimen de
autorización administrativa previa a Iberia, Líneas Aéreas de España,
le da un carácter claro al Gobierno español para defender, analizar,
vertebrar e integrar los servicios de la compañía en las rutas aéreas
definidas por el Gobierno español y por el Ministerio de Fomento como
ente encargado de esa regulación. Y, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista ha visto con impotencia parlamentaria cómo se rehuye ese
debate y se producen una serie de acontecimientos. En primer lugar,
la huelga declarada por el Sepla. El señor Martínez-Pujalte, que
intervendrá por el Grupo Parlamentario Socialista... (El señor
Martínez-Pujalte López: No; eso no.)
La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que guarde
silencio.
El señor SEGURA CLAVELL: Quería decir por el Grupo Parlamentario
Popular. No se preocupe, señor Martínez-Pujalte, que no le daremos
ese placer.
Quería decirle que no me argumente en su momento que nosotros, los
socialistas, vamos a ser unos cancerberos que defendemos al Sepla. En
absoluto. Que quede muy claro, primero, que el Grupo Socialista no
defiende en modo alguno a un sindicato que está sometiendo a los
servicios públicos a una situación de extorsión, de deterioro, de
estas características, pero tampoco podemos ser cancerberos de un
Gobierno que se ha venido equivocando reiteradamente en el
tratamiento de una crisis, en la gestión de una crisis que lleva
cinco años, desde que gobierna el Partido Popular. No olviden que el
actual presidente de Iberia ha tenido que soportar cinco huelgas
consecutivas desde el año 1996 hasta el día de hoy. Ha ganado en
número de huelgas a todos los gobiernos socialistas en ese consejo de
administración. Y, señorías, resulta curioso que el consejo de
administración de la compañía, parece ser que sin
autorización del Gobierno, tome la decisión de producir un lock out
que tenía previsto que fuese de una semana, un cierre patronal que
produce auténtico escándalo. Por eso nosotros estamos pidiendo la
comparecencia del ministro regulador del transporte aéreo, del
ministro Álvarez-Cascos, para que explique qué ocurrió en ese tiempo.
Porque, señorías, nosotros no queremos residenciar la responsabilidad
de esta crisis y de este disparate gestor en los miembros del consejo
de administración de la compañía, lo residenciamos en quienes
nombraron al consejo de administración de la compañía, y fue un
Consejo de Ministros en los primeros días del mes de abril. Cuando se
produce la OPV, en los primeros días del mes de abril pasado, un
Consejo de Ministros designa a una serie de personas, naturalmente
afines al Gobierno del Partido Popular, personas de su más absoluta
confianza que integran la mayoría del consejo de administración: el
señor Pérez Llorca, etcétera. Estas personas adoptan una decisión en
el consejo de administración que, naturalmente, es ejecutada por el
presidente y el consejero delegado y que causa una situación de caos
no solamente en los aeropuertos españoles, sino que, transmitida por
los cauces inmediatos que utiliza la aeronáutica mundial, es conocida
por el mundo entero, causa auténtico estupor en organismos como
Eurocontrol y todas las compañías aéreas, se cancelan vuelos de muy
distintas compañías que tenían que enlazar con vuelos de la compañía
Iberia, etcétera. Ante este cúmulo de despropósitos nosotros queremos
analizar qué ha ocurrido. Creemos que es razonable y así se lo
pediremos al ministro Álvarez-Cascos si compareciese, aunque está
claro que tienen ustedes el temor de que comparezca. Precisamente se
ha caracterizado por ser un ministro que ha comparecido ante la
Comisión a lo largo de los últimos meses y que lo ha hecho -voy a
decirlo así- gustosamente, y el Grupo Parlamentario Popular le va
a impedir que comparezca a explicar qué ocurrió.
Señorías, es bueno citar editoriales de periódicos en los que se
nutren intelectualmente los miembros del Grupo Parlamentario Popular,
o en los que se han nutrido durante muchos años, y yo les voy a leer
algunos párrafos. El periódico El Mundo dice en su editorial del
viernes 13 de julio: Nadie en su sano juicio podría pensar que la
dirección de Iberia hubiese colocado a la compañía en una situación
límite sin comunicárselo previamente al Gobierno. La confusión se
adueñó del país, la oposición socialista está exigiendo la
comparecencia de miembros del Gobierno, se activaron las alarmas
nacionales y el Gobierno que ayer dio muestras, en el mejor de los
casos, de una lamentable descoordinación -lo dice el editorial del
periódico El Mundo- y falta de reflejos debe tomar medidas en su
reunión de hoy -era el viernes en el que el Consejo de Ministros
adoptó una decisión- imponiendo un arbitraje que ponga fin a la
huelga. Continúa diciendo -y disculpen- el periódico El Mundo: Los
pilotos que se hayan
negado a asumir sus responsabilidades deben ser sancionados con
dureza; el consejo de administración de Iberia deberá destituir al
presidente Irala si no contaba con la conformidad del Gobierno para
una decisión que afecta a un servicio público esencial y el Ejecutivo
está obligado a comparecer urgentemente en el Parlamento para dar
explicaciones; lo ocurrido ayer es intolerable. Editoriales de estas
características han impregnado la prensa que no se ha caracterizado
por ser belicosa, más bien generosa, en el análisis de la labor de
Gobierno del Partido Popular. La lectura de algunos de ellos es
francamente interesante y todos coinciden en la obligación urgente
del Gobierno de abrir un expediente administrativo de investigación
que conducirá a unas determinadas propuestas de resolución, las que
sean, y ese expediente, con el contenido que fuere, deberá ser
explicado e informado a las Cortes Generales y habrá que considerar
si hay responsabilidades penales, que podría haberlas habida cuenta
del conflicto que se generó, la situación de alarma social, la
repercusión en los servicios públicos incumplidos por la compañía,
que viene disfrutando de unas concesiones por cuyo cumplimiento el
Gobierno tiene la obligación de velar, de una compañía que toma una
decisión violentando contenidos de convenios bilaterales en materia
de transporte aéreo que vinculan al Reino de España con un montón de
países, del orden de 150 países; convenios bilaterales que obligan a
una compañía española, en este caso la compañía de dominio Iberia, a
cumplirlos de la misma manera que la compañía designada por el país
pertinente ha de cumplirlos también. Luego el consejo de
administración de Iberia toma, entre otras decisiones, estas a las
que me estoy refiriendo, que traen consigo el incumplimiento de
convenios internacionales. Señorías, los editoriales son, por
ejemplo, el del domingo día 15 de este mes del periódico ABC, que
intuyo es consultado con frecuencia por SS.SS. -y me dirijo,
naturalmente, a las señoras y a los señores diputados del Grupo
Parlamentario Popular- por cuanto se trata de un periódico sólido
intelectualmente, por lo que intuyo que ustedes lo leerán a diario,
como este diputado hace también, pero es un periódico que no se ha
caracterizado por su belicosidad con el Gobierno -es un hecho
objetivo-, y en su página 51 de economía, firmada por don José Luis
González Besada, con el título de Heridos de altos vuelos, entre
otras cosas dice: Muchas preguntas quedan en el aire: ¿Debería el
Ejecutivo haber intervenido antes? ¿Ha dejado la crisis al
descubierto la tirantez entre Rato y Cascos? ¿Ha jugado sucio Iberia
para forzar el arbitraje? ¿Han ido demasiado lejos los pilotos en sus
reivindicaciones? ¿Existía riesgo para la seguridad? ¿Qué papel han
jugado los accionistas de Iberia? ¿Tienen Irala y Mullor los días
contados? ¿Ha quedado sobre el paquete claramente definida la
tirantez entre los ministros de Economía, Rodrigo Rato, y de Fomento,
Francisco Álvarez-Cascos?, y se refiere al paquete del conjunto de
medidas
adoptadas por la compañía. Insisto, en la prensa bastante afecta al
Gobierno, como por ejemplo el periódico Abc, César Alonso de los Ríos
le dedica un artículo donde dice entre otras cosas, ese mismo
domingo, página 17 -señorías, en bibliografía es fundamental hacer la
referencia, es bueno que lo relean y por eso les doy las referencias
bibliográficas-: la dirección de Iberia, al deshacer el lock out de
forma inmediata, ha cometido uno de los errores de mayor
trascendencia que ha podido cometer empresa alguna en la historia de
España. Esto lo dice don César Alonso de los Ríos, que no sé si
milita en la izquierda más radical y al que no tengo el honor de
conocer, pero me identifico con lo que dice. Es decir, califica la
decisión adoptada por Iberia, repito, como un lock out que tiene que
eliminar de forma inmediata y el Gobierno tiene que exigirle
responsabilidades. Lo califica como uno de los errores de mayor
trascendencia que ha podido cometer empresa alguna en la historia de
España. Un lock out de aviación en julio -sigue diciendo el señor
Alonso de los Ríos- cosa de tribunales y de lesa patria, habida
cuenta de los riesgos nacionales por muy condenable que haya sido el
comportamiento del Sepla. Y así sucesivamente.
Señorías, la opinión unánime de todos los medios de comunicación -qué
interesante sería leerles alguna que otra referencia- no puede ser ni
desestimada ni desoída ni despreciada ni infravalorada por la
Diputación Permanente de las Cortes Generales españolas. No puedo
creer que cometan ustedes hoy o que tomen la decisión, naturalmente
en el libre ejercicio de su voluntad política, de impedir la
comparecencia del ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, que
probablemente adoptó una decisión acertada y que ha abierto un
expediente cuyo contenido tenemos que conocer. ¿Es que ha tomado una
decisión que no podía dejar de tomar? El ministro encargado del
transporte, el ministro encargado de la regulación y de la
preservación en la calidad del transporte aéreo no podía hacer otra
cosa. Señoras y señores diputados, probablemente entregados a la
defensa de los intereses del núcleo duro de la compañía Iberia, no
impidan al ministro responsable del transporte su comparecencia
-llámenla urgente, extraordinaria, ordinaria o vulgar- en las Cortes
Generales porque el pueblo español quiere que informe de lo que
ocurrió. Tiene que explicar la situación nueva. Termino, señora
presidenta.
La señora PRESIDENTA: Se lo iba a rogar, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: No es menester que ruegue, pero sus ruegos
serán mandatos, señora presidenta, sin duda alguna. (Risas.)
Tiene que explicar todas las circunstancias que han ocurrido en los
últimos días porque, señorías, si de este arbitraje se deduce lo que
intuyo que se puede deducir, podrá ocurrir que otros colectivos
adopten posturas no
deseadas. Es menester que el ministro responsable del transporte
comparezca ante las Cortes Generales, dé una explicación de las
decisiones que ha adoptado el Gobierno y si el expediente
investigador administrativo conduce a la toma de decisión de
sanciones, que ejecute las sanciones y las comunique al ministerio
fiscal. Señorías, no hurten información al pueblo español.
(Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorSegura. ¿Grupos que desean
fijar posición? (Pausa.) Señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Este portavoz también había aderezado la intervención, que en
cualquier caso será mucho más breve, con referencias a los
editoriales de diversos medios de comunicación, pero resumiré
bastante. En primer lugar, todos entendemos que es un tema que se
encuentra encauzado y bien encauzado, que el arbitraje era la mejor
de las soluciones posibles o la menos mala y que mañana en principio
debemos tener una solución de ese arbitraje. Al mismo tiempo, si en
algo han coincidido los editoriales de los medios de comunicación es
que esta huelga, a partir, por un lado, de la decisión de buena parte
de los pilotos, con la dimisión de los 99 cargos que se había venido
produciendo en goteo aquel jueves y, por otro, de la decisión de
suspensión de los vuelos por parte de la compañía Iberia, era un
conflicto que había llegado demasiado lejos, que el arbitraje era
precisamente la mejor de las soluciones posibles y que, en cualquier
caso, esas actuaciones en plena campaña turística generaban un grave
deterioro de la imagen de España como destino turístico y de sus
redes de transporte y, por tanto, las consecuencias eran
incalculables. Mi grupo parlamentario, en un momento en el que
estamos pendientes del arbitraje y además en un plazo tan breve como
24 horas, no querría contribuir aún más a ese deterioro de la imagen
de España como destino turístico y al deterioro de la imagen de las
redes de transporte españolas. Por tanto, sin incidir mucho más en
este tema, entendiendo que se encuentra en vías de solución y que
además concurren los requisitos establecidos por el Decreto-ley de 4
de marzo de 1977, precisamente para acordar el arbitraje, cuando
estamos ante un problema que se encuentra en vías de solución, lo que
no queremos es hacer un descosido y volver a poner en cuestión
precisamente la imagen turística de España o de sus redes de
transporte. Hay otros aspectos que estoy seguro de que en períodos
ordinarios de sesiones, sin lugar a dudas, podremos abordar; podrá
abordar el Ministerio de Fomento, podrá abordar, si llega el caso, el
ministerio fiscal o el Ministerio de Transporte o quien corresponda.
En estos momentos se trata de trasladar
a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que nos visitan, la
imagen de que aunque algún día parezca lo contrario, no deja de ser
un país normal, un buen destino turístico y un país al que se puede
llegar y del que se puede salir en unas circunstancias de normalidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez- Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Nunca he podido estar más de acuerdo con el señor Segura como cuando
hacía la afirmación rotunda de que el ministro de Fomento tomó una
acertadísima decisión. Lo opina el señor Segura lo opina mi grupo
parlamentario y lo opinan todos los españoles. Eso es una realidad.
Una vez le oí al diputado señor Segura una magnífica disertación
diciendo que le gustaría que alguno de los comentarios que se vertían
en el Pleno fueran retransmitidos por los altavoces de los
aeropuertos para ver si era verdad que había o no una situación de un
cierto desastre en los aeropuertos. Me hubiera gustado que la
intervención del señor Segura hoy la hubieran retransmitido en los
altavoces del aeropuerto porque habrían creído que estaba Ramón Pí
haciendo una relectura de los periódicos, pero desde luego no
relatando en absoluto cuál es la situación aeroportuaria española
hoy. Hoy existe una situación de absoluta normalidad en los
aeropuertos españoles, hoy, casi día 19 de julio, existe una
situación de absoluta normalidad en los aeropuertos y hoy, además,
todos los ciudadanos españoles saben que el Gobierno actuó
magníficamente bien para arreglar un conflicto que se había
producido.
Estamos en la Diputación Permanente dando cumplida contestación desde
mi grupo a todas las demandas que hace el resto de los grupos, pero
cuando desde algunos se dice que estamos en un vacío de poder, que
hay una descoordinación, una apatía, que esto es un desastre, uno
dice: Yo no sé qué año he vivido. Si repasamos lo que ha sido el
curso legislativo, observamos que se han aprobado más leyes que
nunca, que hemos afrontado reformas laborales (que siempre son
complejas, como SS.SS. saben), que hemos aprobado el Plan hidrológico
nacional, que hemos dado un avance espectacular en la liberalización
y en las reformas estructurales de los mercados de bienes y servicios
y que hemos abordado importantes leyes, como la de estabilidad
presupuestaria. Además, todo eso está produciendo los frutos que
nosotros creemos que debe producir: empleo, bienestar, mejora de los
ciudadanos. Eso es lo que entendemos que debe hacer un gobierno.
Un gobierno debe plantearse objetivos, plantearse retos de futuro y
tomar las decisiones oportunas paraconseguirlos. En mi grupo
parlamentario tenemos
ambiciones importantes, como son el pleno empleo y la convergencia
real con Europa. Nosotros estamos tomando medidas que a algunos les
pueden molestar, y no dudamos que eso puede ser así, porque cuando un
país quiere avanzar y piensa en los ciudadanos, a veces hay que pisar
callos de algunos sectores económicos. Evidentemente, nosotros
queremos llegar a esos objetivos y estamos tomando medidas. Un
gobierno también tiene que afrontar conflictos que se suceden
diariamente; conflictos que no son consecuencia de malas políticas,
que suceden, como el de Iberia, por una relación laboral entre unos
empresarios y unos empleados. Y el Gobierno, ante un conflicto, toma
decisiones, y en este caso la decisión ha sido correctísima. ¿Alguien
cree que actualmente hay caos aeroportuario? ¿Alguien lo cree
sinceramente? Señor Segura, usted viaja continuamente en avión porque
no puede ir a su circunscripción electoral por otro medio de
transporte de una manera rápida. ¿Alguien cree que hay caos
aeroportuario? Si ha funcionado extraordinariamente bien, incluso los
días de la huelga; si es que los días de la huelga de los pilotos el
aeropuerto ha funcionado extraordinariamente bien. Usted sabe, señor
Segura, como saben los diputados del resto de los grupos, que cuando
iban al aeropuerto el día de la huelga se estaban cumpliendo como
nunca los servicios mínimos que había fijado el Gobierno, se estaban
cumpliendo con una puntualidad extraordinaria. Si estaban los equipos
de televisión intentando grabar imágenes de caos aeroportuario y se
acercaba uno a ellos y les preguntaba: Oiga, ¿por qué no graba?
Porque no hay noticia, es que el aeropuerto está funcionando bien. Si
es que todos los que tomábamos un avión ese martes llegábamos más
puntuales que nunca, con Iberia o con otra compañía, daba igual.
¿Alguien se cree que es necesaria la comparecencia del señor Álvarez-
Cascos? Y no se puede decir (y usted lo sabe, señor Segura, como el
resto de los diputados) que el señor Álvarez-Cascos tenga miedo de
venir al Parlamento. Ha venido cada vez que se le ha solicitado, a
interpelaciones y a comparecencias, y da la cara como nadie ante los
problemas, como la dio ante un problema real que aquí se suscitó.
Estamos ante una solicitud de comparecencia para un tema concreto, y
es qué pasó una determinada noche. Lo que pasó es que había un
conflicto y que el Gobierno intervino y le dio una solución, y además
estableció al día siguiente, en el Consejo de Ministros, un arbitraje
obligatorio, con unas normas: que la compañía y los pilotos
propusieran árbitros; que en el caso de que no los propusieran, el
Ministerio de Fomento lo propondría y escucharía alegaciones de las
partes; que el árbitro tendría, a partir de ese momento, cuatro días
para dictar un laudo que resolviera la situación, que por cierto
vence mañana.
En esta situación, señor Segura, ¿usted cree, con honradez, que hay
que pedir la comparecencia urgente del señor Álvarez-Cascos, cuando
ha actuado con normalidad,
aunque los periódicos le den a usted argumentos para
escribir una novela en el futuro? ¿Usted cree que hay argumentos
suficientes para pedir la comparecencia del señor Álvarez-Cascos? Y
usted, señor Segura, es un especialista en temas de transporte, y
podemos comparar lo que hizo un Gobierno del Partido Socialista y lo
que hace un Gobierno del Partido Popular. Lo que hizo el Gobierno del
señor Antich en Baleares y lo que ha hecho el Gobierno del Partido
Popular en España. El Gobierno del señor Antich en Baleares, que
tiene competencia en transporte discrecional de viajeros, en
intermediación laboral y en turismo, cuando le dicen que hay un
conflicto, no se reúne con las partes, fija unos servicios mínimos y
no se cumplen. Y no sólo no se cumplen, sino que las Fuerzas de
Seguridad le dicen: Vamos a proteger a aquellos que cumplan los
servicios mínimos; y los empresarios dicen: Pues no se van a cumplir.
¿Sabe lo que hace el señor Antich? Irse a la sede del Gobierno y no
darse por enterado. ¿Qué produce eso? Un caos en Baleares que hoy
reflejan todos los periódicos como uno de los elementos esenciales
para un descenso espectacular del turismo en las Islas Baleares y que
hoy estén pidiendo al Gobierno socialista de Baleares que dicte
medidas para mejorar la mala imagen que tiene la isla como
consecuencia de un mal Gobierno del Partido Socialista. Eso es lo que
sucede, y que nadie se escude en la Administración central porque
tenían competencias y no dicen que se cumplan los servicios mínimos.
¿Qué hace el Gobierno del Partido Popular en la situación de
conflictividad laboral del Sepla? Establece unos servicios mínimos,
hace que se cumplan y, cuando la situación llega a mayores, nombra un
árbitro para que la resuelva. La situación se va a resolver y
nosotros vamos a apoyar que se resuelva satisfactoriamente para los
intereses de todos los ciudadanos españoles y para que en España se
siga produciendo un incremento del turismo, que en definitiva es
bienestar para todos. Ahí es donde nos encontramos nosotros, señor
Segura.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, creo que esta euforia a
estas horas es francamente preocupante (Risas.) Que no vea ni un solo
matiz crítico ni vea la segunda cara de la moneda, porque sólo ha
visto la cara del España va bien, me resulta francamente preocupante
y me parece que es realmente una mala asunción de una mayoría
absoluta en un momento muy determinado.
Nosotros hemos pedido la comparecencia del señor Aznar, como bien
sabe, señor Martínez-Pujate. Quiero decirle, junto a ese canto
idílico que ha hecho, que a míno me cuadran las cuentas.
Efectivamente, se ha creado
empleo en la secuencia del crecimiento del 4 por ciento en el último
periodo, pero absolutamente precario. Los salarios a duras penas han
seguido los precios, llegando a perder poder adquisitivo en los
últimos dos años. Las retribuciones de los funcionarios, señor
MartínezPujalte, con la congelación incluida de 1997, han registrado
un sensible descenso real, y otro tanto puede decirse del miserable
salario mínimo interprofesional. La reforma laboral de 1997,
supuestamente concebida para dar mayor estabilidad al empleo, dejó
prácticamente intacta la situación. El grado de precariedad en España
sigue superando el 31 por ciento de los asalariados. Sin embargo, en
la nueva reforma laboral impuesta -ustedes han roto el diálogo con
los sindicatos-, incluyen contratos basura de nuevo, como el contrato
de formación, que va a generar una situación de dependencia brutal de
juventud, inmigrantes y otras capas que tengan que tener un empleo
porque, si no, no podrán vivir.
La vivienda, señor Martínez-Pujalte, como consecuencia de la falta de
disponibilidad de suelo y de la especulación, ha experimentado una
subida de precio absolutamente desorbitada, convirtiéndose en un
derecho constitucional para millonarios. Las nuevas pensiones se han
recortado, como implicaba la situación que estaban diseñando, y a lo
sumo algunas han mantenido el poder adquisitivo sin beneficiarse para
nada de esa expansión económica del 4 por ciento sostenido en el
último periodo, al que me he referido.
La protección al desempleo, señor Martínez-Pujalte, se ha reducido a
cotas mínimas, hasta el punto de que las cuentas del Inem arrojan
superávit después de eliminarse las subvenciones del Estado de este
año; superávit que va a los empresarios y no a la protección bajo
ningún punto de vista.
Los gastos sociales públicos respecto al producto interior bruto se
han reducido desde el 24 por ciento en 1993, al 18,5 en el año 2000.
Si quiere usted le hablo del desmantelamiento del sector público, del
avance en la gestión privada de la sanidad y de otros puntos. Son un
ramillete de cuestiones a partir de las cuales no me cuadra su
euforia a las once y cuarenta y cinco minutos de la noche. Por tanto,
señor Martínez-Pujalte, seamos serios porque si no estamos rozando el
velo inconsistente de la simple propaganda.
En cuanto al caos aeroportuario, también pedimos la comparecencia del
señor Cascos, porque alguien tiene que asumir el espectáculo
bochornoso, sin ningún tipo de precedente en ningún otro país, en
ningún otro momento de la historia reciente desde que se creó la
aviación, de la suspensión total de vuelos decretada por la dirección
de Iberia. Alguien tiene que asumir esa responsabilidad y eso es lo
que estamos buscando, la responsabilidad política, administrativa y
quizá algún otro tipo. Alguien tiene que asumir la responsabilidad
del proceso de privatización que se ha hecho respecto a Iberia. Eso
es lo que estamos pidiendo, señor MartínezPujalte.
Ponga los pies en el suelo, vea la parte que les está
saliendo bien desde el punto de vista de su programa neoliberal, pero
vea usted también la otra parte de la moneda. Vea usted también la
situación que se está generando para una gran parte de la población,
entre otras cosas a partir de esa ley de estabilización y de la
consecución y persecución obsesiva del déficit cero que están
haciendo y que va a generar problemas muy serios, entre ellos la
imposibilidad de llegar a un acuerdo en el sistema de financiación de
las comunidades autónomas. Ponga usted esto también en la parte
negativa, por favor, y a partir de ahí podremos entrar en un debate
donde no nos aplaste su euforia a esta hora de la noche.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez-Pujalte, con el mayor de mis aprecios personales,
generados ya en varios años de debates parlamentarios y de
convivencia en esta Cámara, permítame que le diga que cuando estaba
escuchando su intervención y le observaba me ha recordado, porque su
cara se le ha puesto así, a un comandante de un Airbus 320 (Risas.)
que recibe instrucciones de la dirección de operaciones que le marca
una ruta, que le marca una altura de navegación de 10.000 pies y que
le manda un Notam al navegante. El director de operaciones, está
clarísimo, señor comandante, (Risas.) es el ministro de Economía,
señor Rato, a quien se debe, que es quien le marca la ruta, su
proceder y quien le da doctrina política.
Usted ha estado repitiendo la misma cantinela, hace la misma ruta de
ida y vuelta que viene haciendo un comandante de un Airbus 320 en el
ejercicio de su profesión. No nos ha dicho nada nuevo y lo que es más
grave, no nos ha dicho nada que tenga que ver con el debate que el
pueblo español está teniendo en este tema. A usted le han dado unas
instrucciones: argumenta como puedas, no aterriza como puedas porque
no va a aterrizar. Usted se va a quedar dando vueltas en un espacio
aéreo indefinido (Risas.) Usted ha recibido instrucciones de su
director de operaciones, señor Rato, en el sentido de que hagan lo
posible para que no comparezca Cascos. Le he dicho que el ministro de
Fomento tuvo que tomar a la una de la madrugada la decisión que no le
quedaba más remedio que tomar, porque violentaron su autoridad
gubernamental, porque violentaron las competencias que tiene que
ejercer como responsable de la regulación del transporte aéreo.
Resulta inconcebible que un consejo de administración de una compañía
hoy privada en un 96 por ciento del capital social, cuyos miembros en
su mayoría fueron designadospor un Consejo de Ministros de don José
María
Aznar, sean hombres de confianza del presidente del Gobierno y,
concretamente, de su ministro de Economía. Podemos analizar el
currículum de cada uno de ellos y el grado de confianza que generan
en el Gobierno que le ha nombrado y toman una decisión despreciando,
devaluando las responsabilidades únicas que tiene el ministro de
transporte español.
Si al ministro de transporte español le informan, según el Notam de
aviso al navegante que usted ha recibido, que a las veinte horas de
aquel día el presidente de la compañía dice que al día siguiente a
las cero horas todos los aviones van a quedar en tierra, sin la
autorización, señor Martínez-Pujalte, escrita de la Dirección general
de Aviación Civil como entidad reguladora del transporte aéreo, sin
la autorización del ministro de Fomento, ¿qué va a hacer el ministro
de Fomento, sino correr, mandar tres inspectores de la Dirección
general de Aviación Civil a Iberia a preguntar qué estaba pasando?
Esos tres inspectores elaboraron un folio dirigido al ministro, en el
que le decían: El consejo de administración de Iberia ha tomado una
irresponsable decisión, no está en juego la seguridad aeronáutica.
¿Por qué? Porque la seguridad aeronáutica es un concepto que se
integra por la adición de varios componentes vinculados a la
seguridad; uno de ellos el mantenimiento en tierra, y no falló, que
es uno de los mejores que se hacen en el mundo. El mantenimiento que
la compañía Iberia hace a sus aviones en La Muñoza garantiza el
estado exigible por toda la normativa internacional, por todas las
normas que han de cumplirse.
Lufthansa, la gran parada de sus jumbos los hace precisamente en
Madrid, y eso no es casualidad. Pero la seguridad en vuelo la
garantizan los comandantes responsables de las aeronaves, porque
todos estaban cumpliendo escrupulosamente la normativa que regía en
ese régimen de huelga cada cuatro días dictada por el Gobierno. Por
eso no ha habido caos. También los inspectores de cada una de las
flotas, los jefes de cada una de las flotas, estaban en el ejercicio
de sus responsabilidades, si bien es cierto que comunicaron que no
querían continuar y pedían que fuesen sustituidos cuando la dirección
de la compañía designase a otros. No se puede jugar con el concepto
de seguridad aeronáutica porque una toma de decisión de esas
características debe ser analizada precisamente por la Fiscalía.
Lo que estoy haciendo en este momento, señor Martínez- Pujalte, es
reproducir declaraciones públicas -termino, señora presidenta- del
subsecretario de Fomento. El subsecretario de Fomento ha indicado que
hay que abrir expediente administrativo, que previsiblemente
conducirá a una resolución de sanción, a los miembros del consejo de
administración y a los ejecutivos de la compañía designados por el
señor Aznar y, a continuación, comunicarlo a la Fiscalía. Lo dice el
subsecretario de Fomento, que está recogido en la bibliografía
periodística a la que usted no le gusta que se haga referencia.
En consecuencia, nosotros pedimos un debate en esta Cámara. Que me
dice que lo posponen para septiembre, este diputado, su grupo
parlamentario y los diputados que voten a favor de esta propuesta de
comparecencia cubriremos y dejaremos muy clara nuestra
responsabilidad si a lo largo de las semanas próximas la situación de
conflicto se recrudece por otra serie de circunstancias conflictivas
que potencialmente tiene planteadas la compañía, que el Gobierno
tendrá que acometer -y nosotros deseamos que acometa-, como son las
operaciones de wet lease, que tiene con compañías radicadas en
paraísos fiscales, por ejemplo, la compañía Air Atlanta, que presta
aviones de la Cathay Pacific, o de compañías del sudeste asiático y
que sirve la compañía Iberia en rutas de interés público con los
archipiélagos, con Canarias o con cualquier otro punto. Hay una serie
de responsabilidades que este grupo parlamentario quiere poner de
manifiesto, pide la comparecencia, y por ello es por lo que nosotros
estamos reiterando y les pedimos que cambien el voto, señor Martínez-
Pujalte.
La señora PRESIDENTA: Señor Segura, le ruego concluya, por favor.
El señor SEGURA CLAVELL: Termino, señora presidenta.
Un comandante experimentado, ante unas argumentaciones con solidez
que recibe de la torre de control, ejerce su propia personalidad,
deja las instrucciones erróneamente recibidas, las modifica y toma
tierra. Tomen tierra y permitan que el señor Álvarez-Cascos
comparezca; no le hagan el juego al ministro Rato. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Segura no venía yo a volar en el Cathay Pacific, sino que venía
a hablar de si había habido caos o no había suficiente como para que
se produzca una comparecencia y usted mismo ha dicho que no. Usted ha
dicho: Todo funciona bien. El sistema español es excelente.El
Gobierno actuó bien. Hay que ver qué hizo la compañía privada y su
consejo de administración y no hubo caos. Sus mismos argumentos, que
he ido copiando literalmente, nos llevan a decir esta noche a las
doce menos cinco que esa comparecencia no es necesaria. Son sus
argumentos, señor Segura: todo funciona bien, el sistema español es
excelente, el Gobierno actuó bien y no hubo caos. Por tanto, señor
Segura, no ha lugar la comparecencia que usted pide. En tiempo
ordinario vendrá, si usted quiere que comparezca.
Señor Segura, yo le quiero decir que lo que no se puede hacer en el
debate es emplear unos argumentos
un día y otros otro día. Usted mismo defendió una moción,
consecuencia de una interpelación, diciendo exactamente: impulsar la
OPV del tramo minorista. Impulsar, es decir, acelerar la
privatización. Por tanto, no puede decir, varios días después, cuando
hay un conflicto, el líder de su partido que la privatización se ha
hecho demasiado rápida. No se puede decir y firmar en la Cámara un
escrito de que se haga rápido y en otra ocasión decir que se ha hecho
muy rápido. Eso se llama incongruencia y descoordinación, cuando no
caos en el Partido Socialista.
Señor Alcaraz, a las doce menos cinco de la noche yo me voy a ir a
dormir sabiendo que mientras usted hace cinco años tenía un debate de
repartir el trabajo porque el paro era estructural y no iba a haber
empleo para todos, este Gobierno está consiguiendo que el pleno
empleo sea un objetivo realizable. Y eso, y el aumento espectacular
de las políticas sociales que ha tenido este Gobierno, garantizando
pensiones, mejorando su poder adquisitivo, mejorando la sanidad, la
educación, etcétera, hace que este grupo parlamentario, hoy a las
doce de la noche, vote exactamente lo que queremos votar y además
orgullosos de hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación el punto 15 del orden del
día. Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de convocatoria de la Diputación Permanente
para que acuerde la convocatoria de una sesión extraordinaria del
Pleno del Congreso de los Diputados, con el siguiente orden del día:
Comparecencia del presidente del Gobierno, para que explique el vacío
y descoordinación de la acción de Gobierno y el deterioro de los
servicios públicos en temas como caos aeroportuario, legionella,
pesca, peste porcina y aceite de orujo de oliva.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
38; a favor, 12; en contra, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el punto 16. Petición formulada por los Grupos
Parlamentarios Mixto y Federal de Izquierda Unida, de convocatoria de
la Diputación Permanente para que acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Infraestructuras al objeto de
que comparezca el ministro de Fomento para explicar el caos en los
servicios aeroportuarios.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
38; a favor, 12; en contra, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la petición formulada por un número suficiente
de diputados miembros titulares de la Diputación Permanente,
pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de convocatoria de
la Diputación Permanente para que acuerde la convocatoria de una
sesión extraordinaria del Pleno de la Cámara con el siguiente orden
del día: Comparecencia urgente del Gobierno, para que informe sobre
su actuación ante la grave situación creada por la decisión tomada
por el consejo de administración de Iberia y de las medidas que
piensa adoptar para que no se produzcan nuevamente situaciones como
la que tuvo lugar entre las cero horas hasta, aparentemente, las 5,25
horas del viernes 13 de julio con la suspensión total de servicios
aéreos de la citada compañía, precedida de una comunicación del
Gobierno en los términos del artículo 196 y siguiente del Reglamento
de la Cámara.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
38; a favor, 12; en contra, 26.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el referido punto.
Se levanta la sesión.
Eran las doce de la noche.