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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 21, de 13/07/2000
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2000 VII Legislatura Núm. 21
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión de la Diputación Permanente núm. 2
celebrada el jueves, 13 de julio de 2000
ORDEN DEL DÍA:
- Petición, formulada por un número suficiente de Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia del Ministro del Interior,
para explicar las razones de la inacción de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de
Almoradí (Alicante) con la quema de viviendas y graves daños en otras
ocho en las que habitaban ciudadanos españoles de etnia gitana
(número de expediente 213/000107); y comparecencia del Ministro del
Interior, para informar de las circunstancias y razones de la
expulsión de 36 inmigrantes, interceptados por la Policía en el
término municipal de Mijas (Málaga). (Número de expediente 213/
000106.) (62/000002.) . . . (Página 930)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia del Ministro del Interior con
el fin de que informe sobre la situación y procedimiento seguido con
los inmigrantes detenidos en Mijas (Málaga). (62/000003.) . . .
(Página 930)
- Petición, formulada por un número suficiente de Diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con el
siguiente orden del día: comparecencia del Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para que informe sobre los criterios
y actuaciones de la Comisión en materia de información privilegiada.
(Número de expediente 212/000047.) (62/000002.) . . . (Página 941)
- Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con el
siguiente orden del día: comparecencia del Presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, para que informe sobre la
investigación abierta con relación a la posible información
privilegiada por parte del presidente de Telefónica, señor
Villalonga. (62/000003.) . . . (Página 941)
S U M A R I O
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana
Petición, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia del ministro del Interior,
para explicar las razones de la inacción de los Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de
Almoradí (Alicante) con la quema de tres viviendas y graves daños en
otras ocho en las que habitaban ciudadanos españoles de etnia gitana;
y comparecencia del ministro del Interior, para informar de las
circunstancias y razones de la expulsión de 36 inmigrantes,
interceptados por la Policía en el término municipal de Mijas
(Málaga) . . . (Página 930)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: comparecencia
del ministro del Interior, con el fin de que informe sobre la
situación y procedimiento seguido con los inmigrantes detenidos en
Mijas (Málaga). . . . (Página 930)
En primer lugar, la señora Fernández de la Vega Sanz defiende la
petición de comparecencia del ministro del Interior para explicar las
razones de la inacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de Almoradí
(Alicante) con la quema de tres viviendas y graves daños en otras
ocho en las que habitaban ciudadanos españoles de etnia gitana, y
para informar de las circunstancias y razones de la expulsión de 36
inmigrantes, interceptados por la policía en el término municipal de
Mijas (Málaga), en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
En segundo lugar interviene el señor Frutos Gras, para defender la
petición de comparecencia del ministro del Interior, formulada por
los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, con el
fin de que informe sobre la situación y procedimiento seguido con los
inmigrantes detenidos en Mijas (Málaga).
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor González de
Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora
Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y
los señores Jané i Guasch, del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Gil Lázaro, del Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso.
Sometida a votación, en primer lugar, la petición formulada por un
número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Socialista de
que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Justicia e Interior, en la cual se contemple la
comparecencia del señor ministro del Interior, para explicar las
razones de la inacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del
Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de Almoradí, y
también la comparecencia del mismo ministro para informar de las
circunstancias y razones de la expulsión de 36 inmigrantes,
interceptados por la policía en el término municipal de Mijas, se
rechaza por 17 votos a favor y 30 en contra.
Sometida a votación, en segundo lugar, la petición, formulada por los
grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Justicia e Interior, en la que se contemple la celebración de la
comparecencia del ministro del Interior con el fin de que informe
sobre la situación y procedimiento seguido con los inmigrantes
detenidos en Mijas, se rechaza por 17 votos a favor y 30 en contra.
Petición, formulada por un número suficiente de diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con el
siguiente orden del día: comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores para que informe sobre los criterios
y actuaciones de la Comisión en materia de información privilegiada .
. . (Página 941)
Petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con el
siguiente orden del día: comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores, para que informe sobre la
investigación abierta con relación a la posible información
privilegiada por parte del presidente de Telefónica, señor Villalonga
. . (Página 941)
El señor Martínez Noval defiende, en nombre del Grupo Parlamentario
Socialista, la petición de comparecencia del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores en la Comisión de Economía
y Hacienda, para que informe sobre los criterios y actuaciones de la
Comisión en materia de información privilegiada.
A continuación, el señor Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, defiende la petición, formulada por los
grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, de
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, para que informe sobre la investigación abierta en relación
a la posible información privilegiada por parte del presidente de
Telefónica, señor Villalonga.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González
de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez
i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y
Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Sometida a votación la petición formulada por el Grupo Parlamentario
Socialista, para que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, en la cual se
incluya la comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores, para que informe sobre los criterios y
actuaciones de la Comisión en materia de información privilegiada, se
rechaza por 15 votos a favor y 30 en contra.
Sometida a votación, finalmente, la petición formulada por los grupos
parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, para que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Economía y Hacienda, en la cual comparezca el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que informe sobre la
investigación abierta en relación con la posible información
privilegiada por parte del presidente de Telefónica, señor
Villalonga, se rechaza por 15 votos a favor y 30 en contra.
Se levanta la sesión a la una y cincuenta y cinco minutos de la
tarde.
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
- PETICIÓN, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR,
PARA EXPLICAR LAS RAZONES DE LA INACCIÓN DE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO EN LOS GRAVES SUCESOS OCURRIDOS EN EL PUEBLO DE
ALMORADÍ (ALICANTE) CON LA QUEMA DE TRES VIVIENDAS Y GRAVES DAÑOS EN
OTRAS OCHO EN LAS QUE HABITABAN CIUDADANOS ESPAÑOLES DE ETNIA GITANA(
Número de expediente 213/000107); Y COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL
INTERIOR, PARA INFORMAR DE LAS CIRCUNSTANCIAS Y RAZONES DE LA
EXPULSIÓN DE 36 INMIGRANTES, INTERCEPTADOS POR LA POLICÍA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE MIJAS (MÁLAGA). (Número de expediente 213/
000106.) (62/000002.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA E INTERIOR, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL MINISTRO DEL INTERIOR CON
EL FIN DE QUE INFORME SOBRE LA SITUACIÓN Y PROCEDIMIENTO SEGUIDO CON
LOS INMIGRANTES DETENIDOS EN MIJAS (MÁLAGA). (62/000003.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, comienza la sesión.
Se ha convocado esta sesión de la Diputación Permanente con el
contenido previsto en el orden del día y que son los cuatro puntos
que figuran en él. En primer lugar, petición formulada por un número
suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Socialista, para que
se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión
de Justicia e Interior, con el siguiente orden del día: Comparecencia
del señor ministro del Interior, para explicar las razones de la
inacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en los
graves sucesos ocurridos en el pueblo de Almoradí (Alicante) con la
quema de tres viviendas y graves daños en otras ocho en las que
habitaban ciudadanos españoles
de etnia gitana. Y, también, la comparecencia del ministro del
Interior, para informar de las circunstancias y razones de la
expulsión de 36 inmigrantes, interceptados por la policía en el
término municipal de Mijas (Málaga). Asimismo, en el orden del día de
esta sesión de la Diputación Permanente figura, en el punto número 4,
la petición, formulada por los grupos parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: Comparecencia del ministro del Interior con
el fin de que informe sobre la situación y procedimiento seguido con
los inmigrantes detenidos en Mijas (Málaga).
Ante la coincidencia parcial entre las dos peticiones, tanto del
Grupo Socialista como del Grupo de Izquierda Unida y del Grupo Mixto,
para la convocatoria de la Comisión de Justicia e Interior, vamos a
realizar, en función de lo acordado, el debate conjunto de estas dos
peticiones.
En primer lugar y para la presentación y defensa de la petición
formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
señora doña María Teresa Fernández de la Vega.
La señora FERNÁNDEZ DE LA VEGA SANZ: Muchas gracias, señora
presidenta.
Señorías, mi grupo solicitó, los pasados días 21 y 22 de junio, la
comparecencia del ministro del Interior para que informase a esta
Cámara sobre dos acontecimientos de especial gravedad, que cobran
singular relevancia por afectar en su núcleo esencial a los derechos
humanos. El primero tiene que ver con los graves sucesos ocurridos en
el pueblo de Almoradí, que terminaron con la quema de tres viviendas,
graves daños en otras ocho viviendas en las que habitaban ciudadanos
españoles de etnia gitana, varios ciudadanos magrebíes heridos que
vivían en el mismo barrio y cuyos coches fueron destrozados. En el
segundo solicitábamos información de las circunstancias y razones de
la expulsión de 36 inmigrantes interceptados por la policía en el
término municipal de Mijas.
Pedíamos, dentro del período ordinario de sesiones, algo fundamental:
información, razones, explicaciones, argumentos. Pedíamos información
al ministro del Interior, información directa, en esta Cámara, sobre
unos hechos, graves, que han merecido declaraciones y
contradeclaraciones de todo tipo de los responsables gubernamentales
y de los mandos policiales a los medios de comunicación, pero que al
parecer no han merecido la pena facilitar al Parlamento, contestar a
la oposición en los diez días que restaban para finalizar el período
ordinario de sesiones. Por ello nos hemos visto obligados, mi grupo,
a solicitar a esta Diputación Permanente la convocatoria urgente de
la Comisión de Justicia e Interior, a fin de que el ministro del
Interior nos dé ahora,aquí, razones, explicaciones e informaciones
precisas
sobre hechos graves y que no es ni lógico ni razonable deban
posponerse dos meses. Los graves incidentes de Almoradí, en los que
una manifestación teóricamente convocada contra el tráfico de drogas
a las 48 ó 72 horas de la muerte a cuchilladas de un joven,
supuestamente, por un habitante del barrio donde se produce la
manifestación y que termina con la quema de tres viviendas, con
graves daños en otras ocho, en las que, repito, habitaban ciudadanos
españoles de etnia gitana, que se vieron obligados a pasar la noche
en el campo tras huir de sus casas asaltadas; una concentración que
termina con agresiones a nueve inmigrantes marroquíes que habitaban
en un inmueble contiguo al propio barrio en el que se producen estos
hechos, con tres heridos por golpes y pedradas y cuatro vehículos
destrozados, creemos que son datos inicialmente suficientes para
avalar que, al menos en este caso, nos encontramos ante un nuevo
brote de racismo y de xenofobia. Y, señorías, cualquier actuación que
engendre un brote de racismo o xenofobia requiere una respuesta
inmediata, ahora, no en septiembre. Una respuesta que pasa ante todo
por tener la información sobre los hechos, sobre cómo han sucedido
los acontecimientos, sobre la actitud adoptada frente a estos hechos
por los responsables políticos. Exige una respuesta que nos permita
saber si estos hechos eran previsibles y si eran evitables o no, una
respuesta que determine las eventuales responsabilidades políticas.
En estos hechos de Almoradí, señorías, hay dos aspectos que a mi
grupo le parecen de especial relevancia. El primero se refiere a la
oportunidad o no de modificar o incluso prohibir, porque la ley lo
permite, una manifestación en un momento en el que una población está
sometida a un clima de tensión derivado del asesinato de un joven 72
horas antes. ¿Era previsible o no que, en el clima de ira y rabia
contenida existente - porque así se ha puesto de manifiesto-, la
concentración que se iba a producir terminara en tragedia. ¿Era
previsible o no lo era? ¿Concurrían o no las circunstancias que
establece la Ley orgánica del derecho de reunión para limitar el
ejercicio de este derecho o prohibirlo cuando hay peligro grave?
Nos gustaría conocer las razones que motivaron la actuación del
subdelegado del Gobierno, del alcalde y de los mandos policiales. El
subdelegado del Gobierno -que, por cierto, estuvo al día siguiente de
ocurrir estos hechos en Torrevieja, en una inauguración, y ni
siquiera se dignó acercarse a la población de Almoradí, que está a 15
kilómetros- hizo declaraciones a los medios de comunicación del
siguiente calibre: Por una parte es verdad que hubo que desalojar a
varias familias porque corrían peligro; por otra parte, el hecho es
un hecho puntual, que no tiene mayor importancia. Finalmente, dijo
cosas como que la manifestación sólo fue autorizada verbalmente, por
teléfono, al hablar con el alcalde de Almoradí, quien reconoció que
se estaba viviendo una situación de máxima tensión y de nervios, con
posibles brotes de venganza.
Yo creo que si algo era evidente era el clima de tensión creciente
que se había ido gestando en esta población desde el asesinato del
joven el sábado anterior, las numerosas muestras de rabia que se
habían producido en el multitudinario entierro en la mañana del lunes
y, desde luego, una exaltación de la animosidad contenida hasta la
propia noche del martes. En esa situación, ¿era razonable dejar que
se celebrase en sus propios términos la manifestación? ¿No hubiera
sido sensato establecer mayores garantías de las que se
establecieron: cambiar el itinerario, posponer la fecha, cosas que la
ley permite? ¿Era lógico que sólo se encontraran 20 efectivos
policiales en aquel momento? ¿Qué medidas se adoptaron para
garantizar la seguridad de las personas y de los bienes?
En relación con estos hechos, el segundo extremo que nos preocupa,
señorías, y sobre el que nos gustaría tener información y no tenemos,
es la actuación policial. El conjunto de los afectados denuncia la
inacción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, cuyos
efectivos, como he señalado, al parecer no pasaban de la veintena. El
subdelegado no consideró, a pesar de la tensión existente, que había
que mandar más agentes. ¿Es verdad que no intervinieron a tiempo? ¿Es
verdad que no protegieron con eficacia las viviendas de las familias
del presunto homicida? ¿Es verdad que hubo improvisación en su
actuación por culpa o negligencia de sus jefes, que debieron
preverlo? ¿Hubo inactividad? ¿Qué medidas se han adoptado con
posterioridad a estos hechos? ¿Ha habido alguna medida especial
respecto a los responsables de la manifestación o de la
concentración?
Señorías, los hechos de racismo y xenofobia no pueden pasarse por
alto y exigen una respuesta no protocolaria. Si ha habido -como
parece que ha habido aquí- responsabilidades políticas por acción u
omisión, es imprescindible, al margen de las responsabilidades
penales, que están en marcha judicialmente, fijarlas y exigirlas. Si
ha habido ineptitud o ineficacia en el subdelegado del Gobierno,
habrá que cesarle. Y no es razonable que tengamos que esperar al mes
de septiembre para conocer y en su caso determinar hechos y
responsabilidades que, en boca de algún miembro del Gobierno y
responsable político del Partido Popular, son racistas y xenófobos. Y
no hablo del subdelegado, que le quitó importancia al tema; ni del
alcalde, que dijo que no era un hecho racista. Hablo del propio
ministro de Trabajo, que dijo -y cito literalmente-: Las autoridades
están trabajando para evitar que se repitan los sucesos xenófobos
registrados en Almoradí. Hay que rechazar cualquier tipo de
violencia, que si bien nunca es justificable, menos cuando puede
haber en ella actitudes de carácter xenófobo. O las de un diputado
del Partido Popular en las Cortes valencianas, que tacha los
incidentes de acto racista. Los vecinos -dice- han tomado la justicia
por su mano en un acto racista contra los gitanos.
Estos hechos, señorías, son muy graves. El ministro del Interior está
obligado a dar una explicación aquí y ahora. Tiene que explicar qué
ha pasado, qué medidas adoptó, cuáles va a adoptar, qué
responsabilidades políticas existen y en qué está trabajando su
departamento para evitar que hechos como éste se vuelvan a repetir.
Y más en un lugar en el que era conocido que hay problemas de tráfico
de drogas, que también son responsabilidad del ministro del Interior.
Para acabar con este tema, insisto en dejar constancia de que mi
grupo quiere que nos quede a todos bien claro que los problemas
relacionados con el consumo y tráfico de drogas son del conjunto de
la sociedad y no del pueblo gitano.
El segundo acontecimiento de relevancia por el que hemos solicitado
la comparecencia del ministro del Interior es el que comienza,
señorías, en la madrugada del lunes al martes 20 de junio, cuando la
Guardia Civil intercepta en Mijas una furgoneta con 36 inmigrantes
hacinados en su interior, en un estado físico lamentable, que
llevaban, al parecer, cuatro días sin apenas comer ni beber, cuyas
imágenes nos conmocionaron yo creo que a todos en este país. Ese
acontecimiento terminó ese mismo martes por la noche, con la
expulsión fulminante de todos a bordo de un ferry que cubre la línea
Algeciras-Ceuta, a excepción de uno de ellos al que se reconoció como
menor de edad, tras determinadas pruebas medicas.
En este caso, como en el anterior, el conocimiento que tenemos de los
hechos -no a través del Gobierno, por supuesto, sino de los medios de
comunicación, que, por cierto, le dieron un tratamiento extensivo
durante varios días y desde luego, en mi opinión, adecuado a la
gravedad de los acontecimientos- apunta a que la rapidez y los
instrumentos utilizados en la resolución del destino de 36 personas,
a las que se encuentra en las condiciones que todos pudimos ver -las
imágenes las vimos todos por la televisión-, no es ni el correcto, ni
el adecuado, ni el razonable, ni el exigible, desde el punto de vista
de los derechos humanos fundamentalmente, ni siquiera el adecuado a
la legalidad. Ni siquiera está cubierto por la legalidad ordinaria,
por la Ley de extranjería.
Este acontecimiento recuerda aquello que ocurrió hace cuatro años,
por estas mismas fechas, creo recordar, que ya todos creíamos que no
iba a volver a ocurrir, aquello de teníamos un problema y lo hemos
solucionado. Más bien. Porque, señorías, aquí parece -y digo parece,
porque mientras el ministro del Interior no se digne venir no
podremos contrastar la información- que nos hemos saltado todo a la
torera, desde el procedimiento para determinar si los que alegaron
ser menores de edad lo eran o no hasta el procedimiento adecuado para
determinar el destino de 36 personas. Para empezar, los seis
inmigrantes que alegaron la minoría de edad, que decían que eran
menores, fueron trasladados, como primera providencia, al hospital
maternoinfantil de Málaga, donde fueron observados por los
facultativos, que les practicaron una prueba médica que se hace en
relación con los huesos de la muñeca y que al parecer sirve para
determinar de forma aproximada la edad, con un margen variable. Eso
se hizo ya vulnerando la ley, porque fueron tratados con la clara
vulneración de lo que establece el artículo 32 de la actual Ley de
extranjería, que dice claramente, y leo, sin que haya ningún lugar a
dudas ni a interpretación de ningún tipo: En los supuestos en que los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado localicen a una persona
indocumentada respecto de la que no pueda ser establecido con
exactitud si es mayor o menor de edad, lo pondrán en conocimiento de
los juzgados de Menores, para la determinación de la identidad, edad,
y comprobación de las circunstancias personales y familiares.
Debieron ser puestos a disposición del juez de menores, y no lo
fueron; debió ser el juez de menores el que actuase y determinase, a
través de los procedimientos procesales y periciales adecuados, su
identidad, su edad y sus circunstancias personales y familiares; y
debió ser el juez de menores el que determinase su destino. Nada de
todo eso ocurrió. Nada de todo eso. Más bien, en virtud del
expeditivo e ilegal método utilizado, sólo uno de los seis jóvenes
fue considerado menor de edad e ingresado en un centro de acogida de
la Junta de Andalucía; el resto recibió el mismo tratamiento que los
otros detenidos y, por tanto, fueron expulsados horas más tarde.
Señorías, el ministro del Interior tenía que haber venido de
inmediato a explicar estos hechos y, si me apuran, tenía que haber
venido hasta voluntariamente. Lo que pasa es que este Gobierno le
está cogiendo una alergia a este Parlamento que es más que
preocupante. Y lo más gordo, y desde luego no admisible para
nosotros, es que explicaciones de lo ocurrido, en este caso como en
el de Almoradí, no han parado de darse, eso sí a través de los medios
de comunicación, lo cual está muy bien, porque no permite que haya
contradicción, no les lleva nadie la contraria y por tanto impide que
los ciudadanos puedan formarse una opinión libre después de oír a
todo el mundo. Sólo se les oye a ellos, fijan una posición, y aquí
paz y después gloria.
A mí me parece que este método tan cómodo a nadie se le oculta que
engendra algo que yo llamaría manipulación. Porque, señorías, la
cobertura legal que el ministro del Interior ha intentado dar a esta
operación es inadecuada, no está prevista en la Ley de extranjería,
constituye un auténtico fraude de ley y, sinceramente, yo creo que ni
los propios responsables de Interior se creen que la ley autoriza a
aplicar un procedimiento de devolución -retorno, dice la ley actual-
en el que no es preciso expediente de expulsión, porque está previsto
legalmente para los que pretendan entrar ilegalmente en el país.
Repito, la ley prevé que no haya expediente de expulsión para los que
pretendan entrar ilegalmente en el país, no para los que llevan
danzando varios días por nuestros caminos o no se sabe cuándo ni cómo
han
entrado y se encuentran a más de 100 kilómetros de la frontera.
Además de todo ello, algunas organizaciones no gubernamentales, como
Málaga Acoge, pretendieron prestarles asistencia letrada, que les fue
denegada con el pretexto de que la ley sólo prevé la asistencia
letrada para cuando hay un procedimiento judicial o administrativo de
expulsión. Y como en este caso no había procedimiento, porque la ley
autorizaba que no lo hubiera, no había asistencia letrada. Sin
embargo, la ley dice claramente, en el artículo 20, que los
extranjeros tienen derecho a asistencia letrada de oficio en los
procedimientos administrativos y judiciales que puedan llevar a la
denegación de su entrada o a su expulsión o salida obligatoria del
territorio español. Y la primera falacia estriba precisamente en que,
amparándose en un sistema de expulsión que conlleva la devolución o
el retorno del inmigrante sin más, pero que no es para este caso
porque es para el que pretende entrar, no para el que está ya dentro,
lo que se ha hecho ha sido denegar un derecho fundamental, el derecho
a la asistencia letrada, a 36 inmigrantes, que ya estaban dentro de
nuestro territorio, y que la ley reconoce. Aun suponiendo, que no es
el caso, que hubiera que aplicar ese procedimiento expeditivo de
devolución que les pone inmediatamente fuera, también habría que
haberles otorgado el derecho a la asistencia letrada, ya que, en una
interpretación coherente, la expulsión fulminante o el retorno, como
dice la ley, lleva consigo la salida obligatoria del territorio
nacional. Y eso es precisamente lo que establece la ley como
requisito para que se devengue el derecho a la asistencia letrada. Si
todo esto no fuese ya más que suficiente, en este caso concreto y con
este método, se ha impedido que los inmigrantes llegasen a prestar
declaración contra los responsables de traficar con ellos poniendo en
peligro su vida. Es decir, se ha impedido que puedan testificar los
36 inmigrantes, en los procesos penales correspondientes, contra los
traficantes de seres humanos, de los que son principales víctimas,
además de testigos.
Este Gobierno, señorías, no hace más que pregonar que su objetivo
fundamental de política criminal es la lucha contra la criminalidad
organizada, las mafias ilegales que trafican con seres humanos.
Estamos oyendo todos los días que van a modificar la ley, que van a
subir las penas, y que para ello no van a escatimar ni medios ni
esfuerzos. Pues bien, si esto fuera cierto -y desde luego no quiero
dudarlo-, con esta actuación se está impidiendo una colaboración
imprescindible de la justicia, cual es la prueba testifical. Hemos
impedido que testifiquen contra los presuntos traficantes de seres
humanos las propias víctimas, que son los principales testigos, con
lo cual ya veremos qué pruebas tenemos para reprimir esas mafias.
Hemos impedido la prueba fundamental que lleva a reprimir lo que
ustedes están diciendo, que es su objetivo de política criminal.
Además parece que todo ello se realizó sin ponerlo en
conocimiento del juez de guardia ni del ministerio fiscal, a pesar,
repito, de que nos encontramos en este caso claramente ante testigos
e incluso víctimas de una actuación delictiva prevista y penada en
los artículos 312 y 318 del Código Penal; a pesar de que el conductor
de la camioneta interceptada, sin carné de conducir, con antecedentes
penales al parecer variados y sustanciosos, fue detenido y puesto a
disposición judicial al día siguiente, pero no hay testigos, no habrá
pruebas porque a los demás los hemos devuelto.
Señorías, en este caso todos los datos nos llevan a que el Gobierno
no actuó bien y luego ha intentado justificar su actuación con una
cobertura legal que no existe, y la prueba de lo que estamos
diciendo, la interpretación que hemos realizado de la aplicación
abusiva de la ley con eSE artículo para los que pretenden entrar,
viene avalada por la actuación del propio Gobierno, del propio
ministro del Interior, que el domingo día 2 de julio detiene a otros
once inmigrantes en circunstancias similares y, ante las críticas
recibidas por lo que había pasado en días anteriores, decide
incoarles expediente de expulsión con asistencia letrada en este caso
y puesta a disposición judicial; es decir, esta vez lo hace bien,
antes lo hizo mal.Lo que nos preguntamos desde mi grupo, señorías, es
cuántas veces el Ministerio del Interior ha hecho o está haciendo un
uso abusivo de este precepto legal, porque ya no lo sabemos; cuántas
veces está impidiendo incluso -y aunque este es otro aspecto del tema
no quiero dejar de mencionarlo- que se presenten solicitudes de asilo
por aquellas personas que son potencialmente demandantes de asilo.
Miren ustedes, este último fin de semana ha llegado a nuestras costas
un número significativo de personas procedentes del África
subsahariana, muchos de ellos de países en conflictos bélicos como
Sierra Leona. Me pregunto: ¿se les ha dado la oportunidad de demandar
el derecho de asilo?. Porque, señorías, las organizaciones no
gubernamentales están denunciando que tienen muchísimas dificultades
para prestarles asistencia letrada. Lo que estamos viendo es que
empiezan a existir ya unas prácticas comunes en el Ministerio del
Interior que nos pueden hacer sospechar que se están vulnerando
derechos fundamentales de las personas.
Y lamento tener que decirlo, pero de verdad no se puede seguir
haciendo demagogia, denunciando que la ley en vigor produce un efecto
llamada cuando no se está cumpliendo la ley, cuando, señorías, además
todos sabemos que el verdadero efecto llamada es el hambre, la guerra
y la violencia. El tema de la inmigración hay que abordarlo por
supuesto nunca a costa de que se puedan vulnerar derechos
fundamentales, y por ello, señorías, para saber y tener la
información necesaria, solicitamos que antes de que lleguen las
vacaciones, sin esperar a septiembre, el ministro del Interior
comparezca en esta Cámara y nos dé la información precisa y necesaria
sobre estos graves acontecimientos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Fernández de Vega.
Para la presentación y defensa de la petición formulada por el Grupo
Federal de Izquierda Unida y Mixto, en primer lugar tiene la palabra
don Francisco Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.
Voy a intentar no reiterar argumentos que se han dado ya por parte de
la señora Fernández de la Vega, que me parecen razonables y que
deberían recibir aquí, en sede parlamentaria, una respuesta seria y
rigurosa por parte del ministro y porel Gobierno, no en las tertulias
o las comparecencias en la calle.
Treinta y seis inmigrantes hacinados y sin comer ni beber durante
varios días. Primera pregunta: ¿nos acostumbraremos a esto? ¿Será un
elemento recurrente del cual no haremos caso dentro de poco tiempo?
Además, en este caso concreto, la detención que se produjo en un
momento determinado posiblemente salvó la vida a algunos de los que
viajaban de esta forma, porque parecía que las circunstancias eran
bastante extremas para mucha gente.
Nos encontramos ante una canallesca y criminal situación y las
situaciones canallescas y criminales se tienen que abordar, en el
momento en que se tenga que hacer, con todos los medios coercitivos
del Estado y con todos los medios políticos, a lo cual me referiré en
la segunda parte de mi intervención en relación con la Ley de
extranjería y a más cosas que desbordan su marco. Se trata de un
problema de derechos humanos, de desarrollo de la Ley de extranjería.
Voy a remitirme a argumentaciones que vienen de gentes documentadas,
preocupadas por el tema y además con estudios sustanciales sobre
estas cuestiones desde hace bastante tiempo. Los magistrados de la
Sala Segunda del Supremo, José Antonio Martín Pallín y Cándido Conde
Pumpido, o el mismo fiscal de Sala del Supremo, Juan José Martín
Casallo o el fiscal José María Paz, coinciden en lo siguiente: la
repatriación, la expulsión en definitiva puede vulnerar los derechos
constitucionales. Lo lógico es que hubiesen tenido la posibilidad de
asistencia letrada o de ejercitar algún mecanismo legal, dice Martín
Pallín. Añade Conde Pumpido: La Ley no contempla como causa de
expulsión el mero hecho de estar en situación ilegal, sino que debe
haber otras circunstancias como, por ejemplo, la alteración del orden
público. Dice Martín Casallo. No se puede devolver a nadie sin la
asistencia de un letrado. El Ministerio de Interior no se ha ajustado
al espíritu de la nueva Ley, ha habido una restricción al derecho de
la defensa. Son todas personas significadas. Pero luego, yendo a
servicios colectivos, referentes también a la inmigración y a la
extranjería, los responsables de los servicios de extranjería de
treinta y seis colegios de abogados expresaron su preocupación por el
cercenamiento del derecho de asistencia gratuita. Enrique de
Santiago, coordinador de la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado, la CEAR, dijo que lo
sucedido en Mijas es un ataque frontal a la Ley de extranjería.
Para terminar estas argumentaciones y elementos que están situados en
el debate, y que exigen la presencia del ministro y una posición
clara por parte del Gobierno, la Fiscalía de Málaga no interrogó a
los expulsados, dice, porque no fue informada de que se les iba a
expulsar; si lo hubiese sido esto hubiera permitido a la Fiscalía
proponer a la autoridad gubernativa el interrogatorio de estas
personas, que son víctimas, perjudicados y además testigos, para
saber con qué procedimientos y a través de qué mafias han llegado. La
ley dice que si el ministerio fiscal tiene conocimiento de alguna
expulsión puede proponer a la Administración que la posponga, si cree
que debe tomar declaración a alguna persona en concreto. La Fiscalía
lo habría propuesto, aunque luego fuera potestad de la autoridad
gubernativa aceptarlo o no, pero en todo caso la Fiscalía de Málaga
tenía voluntad de ejercer su responsabilidad. Carlos Rubio, delegado
del Gobierno en Málaga dice algo tan peregrino o exótico como que no
había voluntad de colaboración por parte de los detenidos porque
daban nombres falsos, porque tenían miedo a las mafias, miedo a las
represalias, etcétera. Es lógico. ¿Pero cuál es la obligación del
Gobierno, de la autoridad, de la Policía? Proteger a esta gente que
tiene miedo a las represalias y al mismo tiempo intentar sacar la
verdad a través de las declaraciones. ¿Qué opina el Gobierno? ¿Qué
opina el ministro? Nosotros deseamos que venga aquí y que nos lo
explique. ¿Normalidad y tranquilidad? Es un problema serio y grave. Y
el problema es tan serio y tan grave que paso a su segunda parte en
relación con la Ley de extranjería. Permítanme volver a reiterar
algunas de las cosas que hemos dicho ya en este Parlamento. Hay un
retroceso de esta ley en la contrarreforma que ustedes quieren
aplicar. La ley actual es una ley de mínimos, básica, menos policial,
más política y más humanista que la de 1985, por tanto, es una ley
que se debe desarrollar. Han sucedido muchas cosas desde el año 1985
hasta el año 2000 para que realmente haya habido de forma natural y
progresiva un aumento de los derechos contenidos en una ley de
extranjería y, naturalmente, de la solución política de los problemas
que pueden aparecer y no la solución policial. Por tanto, se trata de
aplicar la ley, no de aplicar la contrarreforma, como en este caso
concreto se ha aplicado. Exigimos, de nuevo, poner en marcha el
mecanismo de observación, evaluación e información, según el artículo
60.1 de la ley. Exigimos la elaboración y la aprobación del
reglamento de desarrollo de la ley y exigimos la constitución del
consejo superior de política de inmigración a través del cual se
podría dar cumplimiento a las propuestas, reivindicaciones
y exigencias de comunidades autónomas, y en concreto la de Cataluña,
que dice que quiere participar en eso. Pensamos que ese Consejo sería
el marco para
la participación y para tener una buena documentación de lo que
ocurre a nivel general, pero al mismo tiempo una buena documentación
para la posterior acción política de lo que ocurre en cada comunidad
autónoma con las acciones de solución a los problemas que se han
presentado en cada uno de los lugares, porque hay sitios en donde se
han abordado bien los problemas y se les ha dado soluciones
parciales.
Acerca de las mafias, permítanme, señores del Grupo Popular, señores
del Gobierno, la mejor propaganda relativa al trabajo de las mafias
la han hecho ustedes cuando han planteado que esta ley era un
coladero. Es una propaganda concreta para que las mafias expliquen a
los engañados, a las víctimas que por tal cantidad de dinero pueden
venir aquí porque ya hay una ley absolutamente permisiva. El mejor
efecto llamada, debemos reiterarlo, aunque a veces sea cansino, para
las gentes que quieran huir de la miseria, del hambre, de la guerra,
es la demanda de mano de obra y las contrataciones ilegales, no de
personas ilegales, no las contrataciones de ilegales, sino
contrataciones ilegales de personas que lo único que buscan es comer,
vivir dignamente y huir de la miseria, del hambre y de la guerra.
Naturalmente, para determinados sectores del capital, para
determinados sectores de empresarios sin escrúpulos, lo más fácil y
barato es que el mercado provea, y en el mercado a veces da la
impresión de que las mafias pueden moverse como pez en el agua porque
forman parte del mercado. Por tanto, este es un primer elemento a
tener en cuenta, y aquí tienen todo el apoyo de nuestro grupo en el
momento que se trata de endurecer el Código Penal y todas las
acciones frente a estas mafias; sin embargo, en lo demás, en derechos
humanos, en el desarrollo de los mismos para gente que tiene que huir
de determinadas circunstancias no van a tener ninguna colaboración
por nuestra parte, si se trata de contrarreformar lo que son ya leyes
básicas.
Es verdad, además, que están entrando muchos más inmigrantes que en
otras ocasiones, empíricamente hablando, con datos concretos
comparados con otros años. Para poner un ejemplo, en Ceuta y Melilla
había un hacinamiento de inmigrantes concentrados, ahora no lo hay,
ahora están intentando desbloquear las fronteras de Canarias, de
Andalucía, etcétera; es decir, hay una situación bastante diferente.
Ninguna ley, por rígida o flexible que sea -y este es el problema de
fondo para la propuesta que hago inmediatamente-, cambiará la
tendencia; pero, además, si la ley es muy rígida o muy represiva,
aumentará el sufrimiento de la gente y el negocio de las mafias,
porque hará más difícil la huida y, por tanto, aumentará todo el
elemento especulativo y criminal que hay alrededor de ellas.
El problema, amigos y amigas, compañeros de Parlamento, señoras y
señores diputados, es de fondo. Es uno de los problemas más
importantes de España y de Europa para los próximos años y no tiene
salida, a nuestro entender. No será util si además de poner en
marcha leyes como la Ley de extranjería -esta ley básica,
fundamental, sin grandes alharacas, sin grandes concesiones-, sus
reglamentos, sus consejos, etcétera, no hay un programa general
articulado, coherente y total de la Unión Europea, en la cual está
España, basado en los siguientes subprogramas: programa de desarrollo
económico, según las necesidades de las gentes de estos países y no
de las multinacionales y de los oligarcas locales. Esto quiere decir
poner en marcha los recursos propios, no ir a soluciones, como se ha
hecho en el pasado, de grandes programas agrícolas que han fracasado
al cabo de pocos años porque se han cargado la cultura agrícola, la
cultura industrial, la cultura que hay en cada uno de estos países;
segundo subprograma, un programa sanitario concreto, con medidas
urgentes, en la línea de lo que se está planteando en la conferencia
de Durban, que es terrible, con unas conclusiones terribles y que
debemos abordar de forma inmediata. Toda la medicación occidental
simplificada hay que ponerla a trabajar de forma inmediata para
subsanar los problemas más graves de este momento concreto, evitando
decir que no hay tratamientos adecuados para el sida -no se sonrían,
señoras diputadas y señores diputados, es bastante serio lo que
planteo-. Es preciso un programa educativo que dé conocimientos
precisos ara sus necesidades y coherencia de pueblo a los que son
pueblos frente a la disgregación tribal, que es una forma de
intervenir también en la posibilidad de avanzar en la solución del
problema; la inmediata suspensión, controlada por las Naciones Unidas
o por quien sea preciso -aquí su OTAN puede jugar perfectamente un
papel de control de todo esto-, de las ventas de armas; la
intervención ante las guerras que se están produciendo, cuya
responsabilidad en algunas de ellas, según informes bastante
documentados que han salido últimamente en algunos casos, la de
Ruanda por ejemplo, son nada menos que de los Estados Unidos, de
Francia, de Bélgica y de la jerarquía religiosa de la Iglesia (me
imagino que de la católica y de otras jerarquías), que es un elemento
flagrante que incide negativamente en todo lo que ocurre. Por tanto,
si el sida y las guerras son formas de reducir la demografía y de
reducir el problema, la intervención de Europa ha de servir para
reducir estos efectos devastadores sobre una población ya diezmada
por las enfermedades, el hambre y las guerras.
Desde Izquierda Unida intentaremos impulsar en el trabajo
parlamentario de este Parlamento, del Parlamento Europeo, de los
parlamentos regionales y de nacionalidad, de los ayuntamientos una
especie de manifiesto por las gentes de África, una especie de
plataforma en la cual puedan intervenir desde partidos políticos con
voluntad de solucionar el problema, sindicatos que están ya
implicados a fondo y con los cuales coincidimos en las alternativas,
en la defensa de la Ley de extranjería, fuerzas o sectores de la
cultura -que son los que tienen en este momento la
oportunidad y la responsabilidad de dar pinceladas para que la gente
sepa qué es lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo- hasta
sectores religiosos, caritativos que están trabajando ya en esta
línea. Nosotros vamos a impulsar esto, lo cual quiere decir que este
Parlamento debería estar a la altura de las circunstancias y ponerse
al frente de todo esto. Al mismo tiempo, vamos a exigir desde este
Parlamento y desde todas las partes donde tengamos una mínima
presencia el desarrollo de medidas de choque ante las necesidades más
urgentes de este momento concreto, como la alimentación, la
asistencia sanitaria, la asistencia jurídica, etcétera.
Como han visto, mi grupo ha defendido una ley de extranjería,
denuncia los hechos concretos, espera que el ministro y, por
consiguiente, el Gobierno se expliquen y propone un debate de fondo
que dé soluciones en los próximos años, en vez de parchear cuando se
producen determinadas situaciones como las que están apareciendo
ahora, que eran previsibles años antes. Mi grupo estará en
disposición de hablar con cualquier otro grupo para intentar impulsar
estas iniciativas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Frutos. ¿Turno en contra?
(Pausa.)
Fijación de posición. (Pausa.)
Señor González de Txabarri, por el Partido Nacionalista Vasco.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Vasco quisiera fijar la posición sobre estas
decisiones de comparecencia del ministro del Interior. El Grupo Vasco
comparte los argumentos que han manifestado la portavoz socialista,
señora Fernández de la Vega, y el señor Frutos en relación con los
acontecimientos que hacen referencia a estas peticiones. Salvo en lo
relativo a las posiciones de la jerarquía eclesiástica y en lo de la
OTAN, estamos en condiciones de suscribir los argumentos que a lo
largo de la mañana se han expuesto por ambos portavoces y, en
consecuencia, apoyaremos con nuestro voto la solicitud de
comparecencia del ministro del Interior ante cuestiones que
entendemos graves y que merecerían un análisis en tiempo y forma en
esta Cámara. Señora presidenta, desde el Grupo Vasco pensamos que la
gravedad de estas actuaciones merecen que el ministro del Interior
comparezca ante la Cámara con la mayor brevedad. Al Partido
Nacionalista Vasco le resulta llamativo con qué facilidad comparece
el ministro del Interior ante los medios de comunicación y cuántas
dificultades encuentra para comparecer en esta Cámara. En
consecuencia, apoyaremos las dos peticiones de comparecencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señora Urán, en representación del Grupo Federal de Izquierda Unida,
tiene la palabra para fijar la posición con respecto a la petición de
comparecencia del ministro de Interior en los sucesos de Almoradí.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida considera
que los incidentes ocurridos en Almoradí, en la provincia de
Alicante, son lo suficientemente graves como para que el ministro del
Interior comparezca en esta Cámara y dé las explicaciones oportunas
ante este tipo de actuaciones. Ello es así fundamentalmente,
señorías, porque de la información que tiene este grupo parlamentario
a nuestro juicio se desprende una negligencia total y absoluta en la
actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En las
imágenes de la televisión valenciana, por la mañana, se avisaba
precisamente a las familias de raza gitana que viven precisamente en
el barrio donde ocurrieron los sucesos de que abandonaran sus casas
en previsión de que se pudieran producir incidentes y, después,
señorías, aparecen imágenes en las que la actuación policial, cuando
ya se producen los incidentes, deja bastante que desear. Es decir,
por nuestra parte hay una necesidad de explicación del Ministerio del
Interior acerca de las actuaciones llevadas a cabo tanto para
prevenir este tipo de sucesos como de la propia actuación policial en
ellos. Señorías, el hecho de que por parte de determinadas
autoridades se intente restar importancia al tema no oculta la
realidad de que es un hecho lo suficientemente grave, entre otras
cosas porque, por desgracia, ya no es tanto un hecho puntual, sino
que se están produciendo a todo lo largo del Estado, y también en la
Comunidad Valenciana, ataques racistas constantes -y no hay por qué
ocultarlo, porque son así, ataques racistas- tanto a familias de raza
gitana como a inmigrantes, sea cual sea su situación administrativa.
Es verdad, señorías, que había un clima de tensión en la población de
Almoradí y lo sigue habiendo -sigue existiendo un clima de tensión
y cabe la posibilidad de que se produzcan más sucesos que no serían
deseables, esperemos, por la ciudadanía general y, en concreto, por
la mayoría de la población de Almoradí-. Y el ministro del Interior
tiene que venir a explicar aquí cuáles son las medidas que se van a
adoptar para impedir que vuelvan a producirse hechos de estas
características. Quizá se pretenda restar importancia a estos hechos,
habiéndose quemado viviendas de familias gitanas, y sobre eso también
tiene algo que explicar el ministro del Interior. Además, señorías,
esos actos tienen también una vinculación clara con una situación
social que se vive dentro de determinadas barriadas en muchas de las
poblaciones de todo el Estado español, en las que tampoco se están
tomando medidas desde el Ministerio del Interior para prevenir
este tipo de actuaciones, siendo después la población totalmente
incontrolable.
Los actos de racismo y de xenofobia se están produciendo en nuestro
país cada vez más con una violencia más creciente y la falta de
prevención ante este tipo de actuaciones es cada vez más clara. Por
ello, por parte del Ministerio del Interior se tendrá que dar
bastantes explicaciones, no solamente de este hecho puntual, sino
también de los que van sucediéndose por todo el Estado. Por suerte no
hay que lamentar desgracias personales, solamente daños materiales,
pero quizá no se estaría hablando de un hecho sin importancia con la
tranquilidad con que se está haciendo si hubieran conseguido atentar
contra la vida o contra la salud de alguna de las personas que estaba
dentro de las viviendas quemadas o de las viviendas atacadas que no
sufrieron el incendio. Por lo tanto, señorías, hay que tomar
decisiones y prevenir. Esta Cámara tiene el derecho a estar informada
de cuál ha sido la actuación, tiene que conocer por qué se actuó de
la manera que se hizo en los hechos de Almoradí, cuando en la
subdelegación del Gobierno y la delegación del Gobierno en la
Comunidad Valenciana se sabía, eran conscientes de que existía una
situación excepcional en la población, de que había una gran tensión
y un clima de nerviosismo en la mayoría de la población y no se
tomaron medidas preventivas. Además, la actuación de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado fue totalmente negligente, pudiendo
apreciarse en imágenes que se han emitido por la televisión
valenciana. Por lo tanto, señorías, es imprescindible que el ministro
del Interior comparezca y dé las explicaciones oportunas a esta
Cámara, que es la que debe tener la suficiente información para poder
tomar medidas, en el caso de que el Gobierno no las tome, para
impedir este tipo de actuaciones. Las medidas que deberá adoptar el
Ministerio del Interior habrán de ser no solamente coercitivas, sino
también -probablemente las más necesarias- sociales, impidiendo que
se puedan producir determinadas situaciones de pobreza y de miseria
que vayan a determinar la necesidad de una actuación policial por
parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Señorías, hay razones suficientes para que esta Diputación Permanente
apruebe la comparecencia del ministro del Interior y se nos puedan
dar las explicaciones oportunas en unos hechos que no son ya ni tan
puntuales ni tan siquiera tan sin importancia como se pretende
establecer, sino todo lo contrario; son hechos cada vez más
cotidianos, cada vez más graves y lo que no nos gustaría es que
después, cuando sucedan desgracias personales, se busquen las medidas
necesarias para evitar que se repitan. Es necesario actuar antes, de
manera preventiva, y cuando se producen los hechos hay que actuar de
una manera contundente para evitar que se produzcan alteraciones de
la convivencia y daños a la propiedad e incluso daños a las personas.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario, Convergéncia i Unió, comparte
en el debate de hoy la preocupación por los hechos acaecidos el
pasado 20 de junio con la detención en Mijas, así como por los hechos
acaecidos en Almoradí el pasado 17 de junio. Son hechos, como han
dicho otros portavoces de diferentes grupos parlamentarios, que deben
preocuparnos a todos y tender a que se debata sobre ello con el
sosiego necesario y realizando el análisis preciso que requieren unos
hechos de tal magnitud.
Debemos hacer algunas reflexiones sobre los hechos de Mijas. En Mijas
la Guardia Civil de Tráfico para una furgoneta a altas horas de la
madrugada, en la que 37 personas estaban en unas condiciones
deplorables, muchas de ellas acababan de bajar de una patera,
llevaban, parece ser, sus ropas aún mojadas y les hacen entrar en una
furgoneta en un espacio de cinco metros de largo por dos de ancho, en
unas condiciones deplorables.
El debate que estamos celebrando hoy, sobre solicitar o no la
comparecencia del ministro del Interior en una sesión extraordinaria
en este mes de julio, debería abrirnos otro, que es cómo se da el
caso de que mafias organizadas prometan a ciudadanos de otras
nacionalidades entrar en el territorio español, conseguirles un
trabajo, generalmente en el ámbito agrícola, y un rápido traslado. El
hecho grave que debería invitar a la reflexión a todos los grupos
parlamentarios es la situación en que se encontraban estas personas.
La pasada legislatura se aprobó en esta Cámara una ley
importantísima, una ley que es como una Constitución en negativo,
puesto que reconoce derechos. Se la llama popularmente Ley de
extranjería, pero no es de extranjería, sino que su denominación es
Ley orgánica sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social. Tendremos oportunidad de debatir acerca de
ella, puesto que parece ser que el Gobierno, con demasiada rapidez,
ya que no sabemos aún si están todos los dictámenes preceptivos o no,
ha aprobado ya el proyecto de ley y su reforma se debatirá durante el
próximo período de sesiones. Nuestro grupo parlamentario cree que
cualquier debate de la índole del de hoy, que no es un debate sobre
la ley vigente ni sobre una posible reforma de la misma, sino sobre
unos hechos puntuales, debe llevarse a cabo con el consenso de todos
los grupos parlamentarios, especialmente con el de los dos grupos
mayoritarios de esta Cámara, por lo que apelamos a que cualquier
modificación se haga desde el consenso. Asimismo, desde el consenso
también nos gustaría conocer del Gobierno la forma en que
se aplicó la Ley orgánica sobre derechos y libertades de los
extranjeros en España en los supuestos de la detención en Mijas, pero
creemos con toda sinceridad que éste no es el marco adecuado para
debatir dicho tema, puesto que un debate así en pleno mes de julio no
contribuiría a ese necesario clima de consenso que todos debemos
intentar encontrar. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Jané.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.)
Señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.
Repito que el debate de hoy parecía que era sobre la Ley de
extranjería cuando era para solicitar la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior y que
compareciese el ministro del Interior. Creemos que este caso debe
debatirse con sosiego, así como otros -ya lo han dicho algunos grupos
parlamentarios-, puesto que no se trata de hechos puntuales, sino que
desgraciadamente se dan a menudo y van a ser objeto de polémica a lo
largo del verano. Por tanto, debiéramos celebrar un debate, estando
nuestro grupo a favor de encontrar entre todos vías de consenso.
Lamentamos la situación que se dio, no la actuación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, que debemos analizar si fue correcta
o no, y sobre todo quiénes propiciaron una situación como ésta,
quiénes propiciaron que estas 37 personas estuvieran esa noche, de
madrugada, en ese transporte hacia tierras levantinas. Este es
realmente un debate que a todos nos debe preocupar y entre todos
deberemos encontrar medidas de solución, al igual que con
preocupación nuestro grupo analiza los hechos ocurridos en Almoradí,
hechos racistas -también lo decía ahora la portavoz de Izquierda
Unida- que no son puntuales. Entre todos debiéramos encontrar una
solución. Desgraciadamente no se va a solucionar un hecho como éste
por la comparecencia en julio del ministro del Interior en la
Comisión de Justicia e Interior, es claro que no es la vía para
solucionarlo, pero desde luego no debemos rehuir el debate y en el
próximo período de sesiones debemos intentar buscar las vías de
consenso necesarias para debatir todos estos temas.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con suma brevedad.
Quisiera comenzar mis palabras con una expresión de solidaridad y de
afecto hacia un ilustre miembro de esta Cámara, don José Cruz Pérez
Lapazarán, que esta misma mañana ha sido objeto de un ataque en su
domicilio por parte de los violentos, afortunadamente sin mayores
consecuencias.
En relación con el asunto que nos reúne hoy aquí, he de señalar que
el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a la pretensión
defendida esta mañana por los grupos parlamentarios Socialista y de
Izquierda Unida. Nosotros entendemos que probablemente este debate
esté viciado en algún origen. Nos hemos enterado esta mañana del
extremo interés por parte del Grupo Parlamentario Socialista de no
esperar al mes de septiembre para hablar de estos hechos y desde
luego no constatamos que en el período de tiempo hábil del anterior
período de sesiones ordinario, entre que se produjeron estos hechos y
la conclusión de dicho período de sesiones, por parte de ningún
responsable del Grupo Parlamentario Socialista se nos informara de la
urgencia en la consideración de dicho grupo de poder ejercer este
tipo de trámite, ni tampoco que a través de los procedimientos
reglamentarios establecidos, tanto en Pleno como en Comisión, el
Grupo Parlamentario Socialista incentivara la posibilidad de que se
hubiera hablado de estos asuntos.
Almoradí y Mijas son dos referencias sobre las cuales se ha
construido este primer debate de la Diputación Permanente de hoy y
nosotros no podemos compartir en absoluto alguna de las valoraciones
que se han hecho por parte de alguno de los grupos en cuanto a la
inacción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el caso
de Almoradí, como tampoco en cuanto al incumplimiento por parte de
las autoridades de extranjería e inmigración de la vigente ley en el
caso de Mijas. Nosotros entendemos que los hechos, que son conocidos
por parte de todos, podrían establecer otras conclusiones distintas,
mucho más rigurosas y mucho más atenidas a la realidad que las que se
han formulado esta mañana por parte de alguno de los grupos que han
intervenido. Tomamos nota de alguna valoración que nos resulta
ciertamente llamativa, por no calificarla de otra forma. Porque no
deja de ser curioso -y anotamos esa expresión del Grupo Parlamentario
Socialista- que a estas alturas de nuestra democracia el Grupo
Parlamentario Socialista haga expresión o ponga el acento en la
necesidad de limitar el derecho de manifestación y de reunión, cuando
ese derecho de manifestación y reunión ejercido en los términos en
que estaba convocado originariamente en la localidad alicantina de
Almoradí no presentaba ningún género de riesgo para la seguridad
ciudadana, para los derechos de las personas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
El señor GIL LÁZARO: Solamente actuaciones incontroladas posteriores
al ejercicio legítimo de ese derecho de manifestación y de reunión
por parte de un pequeño, pequeñísimo, reducido número de personas
pudieron provocar y provocaron los hechos que hoy son objeto de
análisis. Por parte del Grupo Parlamentario
Socialista y por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, al
relatar lo sucedido en Almoradí se han hecho algunas valoraciones que
están en la mente de todos y en el juicio y en el valor compartido
por todos: nadie puede apoyar, nadie puede dar sustento, nadie puede
dar ni el más mínimo elemento de comprensión a cualquier género de
violencia, se ejercite donde se ejercite y se ejercite contra quien
se ejercite. Eso está por completo fuera del debate, pero no deja de
sorprendernos que algún grupo haya hecho un relato de hechos a su
medida para obviar al final la conclusión más importante, que no es
otra, y que no ha sido citada por ninguno de los grupos
intervinientes, que el hecho de que los presuntos responsables de
unas actuaciones que todos condenamos, acaecidos en la localidad de
Almoradí, están ya a disposición judicial e ingresados en prisión.
Ninguno de los grupos intervinientes ha mencionado ese hecho, que nos
parece fundamental, entre otras cosas, para acreditar que no tiene
rigor la afirmación de inacción por parte de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y que, desde luego, ninguna institución, ningún
grupo político, grupo social, grupo ciudadano de este país está por
mantener el más mínimo nivel de incomprensión o de mirar hacia otra
parte cuando se producen hechos del género de los que ocurrieron en
la localidad de Almoradí.
Nos sorprenden también algunas consideraciones que se han planteado a
propósito del planteamiento de los hechos ocasionados en Mijas. Nos
sorprende que se diga que este Gobierno demuestra alergia al
Parlamento cuando las propias estadísticas parlamentarias acreditan
lo contrario. Nos sorprende y nos parece tan gruesa y tan poco
sostenible esa afirmación que ni siquiera vamos a entrar a realizar
una especial mención de ella, pero no podemos dejar de anotar que
resulta grueso, por no decir otra cosa, que se diga como todo
argumento que este Gobierno ha impedido que las víctimas de un
tráfico repugnante e ilegal de seres humanos puedan testificar contra
sus agresores, contra sus explotadores. Nos parece también
sorprendente alguna construcción dialéctica que se ha pretendido
hacer esta mañana, en virtud de la cual el Gobierno de España -el
Gobierno del Partido Popular, pero en este caso, más allá del trazo
político, el Gobierno de España- resulta ser, en la valoración de
algún grupo, el mejor propagandista, el mejor llamador de los efectos
nocivos de esas repugnantes mafias. Creemos que son afirmaciones que
se contestan a sí mismas y que, en definitiva, lo que buscan es
quedar plasmadas hoy para poder ser repetidas mañana en determinados
ámbitos sociales, con muy poca relación con los hechos que son objeto
de este debate. Decir, a estas alturas y desde determinado grupo
parlamentario, que se constata por parte de ese grupo parlamentario
que se vienen consolidando prácticas comunes en el Ministerio del
Interior que causan la vulneración de derechos fundamentales -y cito
literalmente la expresión utilizada por la portavoz de ese
grupo parlamentario- nos parece que está absolutamente fuera de
lugar, absolutamente ajeno al sentido común y a la razón,
absolutamente ajeno a la realidad de los hechos y, en todo caso, muy
chirriante con lo que fue la realidad del Ministerio del Interior en
otros momentos. (Rumores.) Y me limito a decir en otros momentos, no
en estos o en aquellos. (Rumores.) No ha sido, por ejemplo, este
Ministerio del Interior, no ha sido este Gobierno el que en un
determinado momento remitió directamente a Ankara a 60 militantes del
PKK. (Rumores.) Por eso coincidimos absolutamente con la conclusión
de la señora portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cuando dice
(después de su intervención, eso sí, lo cual supone una conclusión
desde nuestro punto de vista chirriante con el tono de toda ella) que
sobre estos asuntos no se puede seguir haciendo demagogia.
Efectivamente, sobre estos asuntos no se puede seguir haciendo
demagogia, no se puede intentar rebuscar con lupa esta o aquella
situación para intentar construir un discurso falso, en virtud del
cual existe un Gobierno no comprometido con la defensa de los
derechos fundamentales, existe un Gobierno insolidario con las
carencias de los sectores más necesitados, existe un Gobierno no
comprometido con la defensa de las libertades y de los derechos
fundamentales y de las libertades cívicas. Ese discurso, a estas
alturas de la España de hoy, se cae por sí mismo. No somos nosotros
los que vamos a dar consejos a nadie, simplemente, son los electores,
son los ciudadanos los que, cuando llega el momento de la verdad,
dicen a quienes construyen esos discursos que esos discursos están
completamente fuera de lugar, de la percepción que el ciudadano tiene
del Gobierno que le gobierna. Me remito, como es natural -y
permítanme SS.SS. que yo pueda hacer referencia a ella, puesto que
respeto profundamente el derecho de todos a hacer las valoraciones
que quieran- a la valoración que considero más sagrada y más
incontrovertible en democracia, que es, sin lugar a duda, el
resultado de las elecciones, y el 12 de marzo los ciudadanos dijeron
muy claramente qué percepción tenían de la salud democrática de este
país después de cuatro años de Gobierno del Partido Popular.
Al final, lo que nadie ha dicho en relación con los dos asuntos que
hoy hemos debatido, el de Almoradí y el de Mijas -y haré una
excepción, porque el señor Frutos sí lo ha dicho, y es probablemente
en lo único que puedo coincidir con el sentido de su intervención-,
es que en Almoradí, produciéndose como se produjeron unos hechos
absolutamente inadmisibles y no siendo en absoluto aceptables, estos
no tuvieron consecuencias todavía más dramáticas merced a la acción
preventiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Lo que
nadie ha dicho es que la acción de esas Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado ha permitido que los presuntos responsables
estén ya a disposición de la justicia e ingresados en prisión. Lo que
nadie ha dicho en relación con el asunto de Mijas,
excepción hecha del señor Frutos -y yo comparto esa valoración-, es
que la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
apenas veinticuatro horas después de la espantosa tragedia de Dover,
probablemente salvó la vida a esas 36 personas. ¿Que puede haber
interpretaciones sobre la aplicación de ésta o aquella institución
jurídica de extranjería por parte de éste o de aquel grupo? Pues es
absolutamente legítimo. Mientras un grupo puede pensar que la
institución jurídica que debió entrar en juego fue la figura de la
expulsión, las autoridades de extranjería, legítimamente, entendieron
que la que debía entrar en juego, precisamente por consideraciones
que nosotros no vamos a reproducir ahora, porque supongo que
tendremos oportunidad de hacerlo cuando en el próximo periodo de
sesiones ordinario hablemos particularmente de este asunto, era la
figura jurídica del retorno.
Para concluir, señora presidenta, tengo que decir que, efectivamente,
sólo el instrumento del diálogo nos va a permitir a todos poder hacer
más amplio el consenso, poder formular espacios comunes de consenso
para dar una respuesta que sea estable, que sea solidaria, que sea
realista y que sea un respuesta posible a un fenómeno como el de la
inmigración o la extranjería, que va a ocupar de una manera
definitiva los próximos años de la vida española. Nosotros nos
sentimos absolutamente legitimados y sin ningún complejo, señorías,
para defender los términos de la reforma que estamos planteando. Y lo
hacemos así por dos razones esenciales. En primer lugar, porque
dijimos a la sociedad española cuál iba a ser el sentido de nuestra
reforma y le posibilitamos que pudiera pronunciarse sobre eso, antes
de las elecciones, a través de su voto. No nos hemos sacado del
bolsillo, no nos hemos sacado de la bocamanga de manera tramposa una
orientación de la reforma, habiendo rehuido un debate social; la
planteamos con tiempo, con rigor democrático y con respeto a la
decisión soberana de los ciudadanos. Antes de que los ciudadanos
tuvieran la oportunidad de emitir su decisión legítima en las urnas,
les informamos sobre cuál iba a ser el sentido de nuestra reforma.
Esa es la primera consideración.
La segunda consideración, señorías, es muy clara. Este grupo
parlamentario, este partido, este Gobierno está tan comprometido -no
vamos a decir que más- como cualquier otro grupo parlamentario, como
cualquiera otra de SS.SS., con la defensa de los derechos humanos,
con la cultura de la solidaridad, con los valores de la tolerancia y
de la convivencia. Queremos, precisamente, que esa reforma permita de
una manera definitiva que esa convivencia, que ese futuro desarrollo
de las políticas de inmigración y de extranjería en este país,
gobierne quien gobierne, puedan tener un sentido estable, permanente
y duradero. Nosotros hacemos una reforma para el realismo y por el
realismo, que es la mejor manera de asegurar el principio de la
integración y que es la mejor manera de asegurar el principio
de la convivencia. No vamos a tener ningún género de complejos en
decir, como hemos estado diciendo, hacia dónde creemos que debe
conducirse ese futuro principio de convivencia, de integración y de
solidaridad. Nuestra mano estará permanentemente tendida y abierta al
diálogo, al diálogo y al consenso, aun a sabiendas de que en el tramo
final de la pasada legislatura algunos grupos parlamentarios, quizás
porque pensaron que en las proximidades de una convocatoria electoral
podía resultar rentable meter un gol al Gobierno, no quisieron acudir
con nosotros a esa vía de consenso sobre esta cuestión. Diálogo y
consenso, búsqueda de acuerdos, para intentar que en este país el
principio de la integración, el principio de la convivencia, el
principio del respeto recíproco, en definitiva, esos valores que son
esenciales a cualquier sociedad democrática avanzada puedan tener
realidad.
Por eso nosotros, señora presidenta, y con esto concluyo, diremos que
este Gobierno, sobre este asunto o sobre cualquier otro, no tendrá
nunca ninguna rémora para comparecer en esta Cámara. Por cierto, no
entendemos por qué el señor Txabarri, en nombre del Grupo
Parlamentario Vasco, hace esa percepción de lo que es, de lo que ha
sido y de lo que viene siendo y será la trayectoria acreditada del
ministro del Interior en cuanto a su facilidad y a su disposición
permanente para estar presente en esta Cámara.
No podemos compartir en modo alguno, respetándolos como es natural,
los análisis y las percepciones de la realidad que la señora Urán ha
hecho en relación con el asunto de Almoradí.
Finalmente, en relación con los planteamiento del Grupo Catalán
(Convergència i Unió) formulados por el señor Jané, volveré a
insistir en lo que entendemos que él ha marcado como elemento clave y
que yo acabo de expresar: la búsqueda del diálogo, la búsqueda del
consenso, la búsqueda del acuerdo, el entender que no tiene ningún
sentido, que no tiene ninguna razón de ser, que no hay ni la más
mínima justificación moral para hacer de las políticas de extranjería
y de inmigración políticas partidistas o elementos para la mera
confrontación dialéctica entre Gobierno y oposición. Aquí estamos
hablando de los intereses de España y estamos hablando de seres
humanos. Esos dos valores, señorías, nos obligan a todos, desde la
responsabilidad y desde el sentido común, a hacer posible esos
acuerdos, a buscar esos puntos de encuentro y, en todo caso, a
renunciar permanentemente a la más elemental y burda de las
demagogias.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gil Lázaro.
Vamos a proceder a la votación de los dos puntos debatidos.
Señorías, iniciamos, en primer lugar, la votación porel punto I
debatido, que es la petición formulada por un
número suficiente de diputados del Grupo Parlamentario Socialista,
para que se acordara la celebración de una sesión extraordinaria de
la Comisión de Justicia e Interior, en la cual se contemplara la
comparecencia del señor ministro del Interior, para explicar las
razones de la inacción de los Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en los graves sucesos ocurridos en el pueblo de Almoradí, y
también la comparecencia del mismo ministro para informar de las
circunstancias y razones de la expulsión de 36 inmigrantes,
interceptados por la policía en el término municipal de Mijas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
47; a favor 17; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la petición de
convocatoria de la Comisión de Justicia e Interior.
Sometemos a votación, señorías, el punto IV del orden del día:
Petición, formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de
Izquierda Unida y Mixto, de que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia e Interior, con el
siguiente orden del día: Comparecencia del ministro del Interior con
el fin de que informe sobre la situación y procedimiento seguido con
los inmigrantes detenidos en Mijas.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
47; a favor, 17; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda igualmente rechazada la
petición de referencia.
- PETICION, FORMULADA POR UN NÚMERO SUFICIENTE DE DIPUTADOS DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES PARA QUE INFORME SOBRE LOS CRITERIOS
Y ACTUACIONES DE LA COMISIÓN EN MATERIA DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA.
(Número de expediente 212/000047.) (62/000002.)
- PETICIÓN, FORMULADA POR LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS FEDERAL DE
IZQUIERDA UNIDA Y MIXTO, DE QUE SE ACUERDE LA CELEBRACIÓN DE UNA
SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍAY HACIENDA, CON EL
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: COMPARECENCIA DEL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES, PARA QUE INFORME SOBRE LA
INVESTIGACIÓN ABIERTA EN RELACIÓN A LA POSIBLE INFORMACIÓN
PRIVILEGIADA POR PARTE DEL PRESIDENTE DE TELEFÓNICA, SEÑOR
VILLALONGA. (62/000003.)
La señora PRESIDENTA: Iniciamos, señorías, el debate de los puntos II
y III del orden del día de esta sesión, que son los siguientes:
Petición, formulada por un número de diputados del Grupo
Parlamentario Socialista, para que se acuerde la celebración de una
sesión extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con la
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para que informe sobre los criterios y actuaciones de la
Comisión en materia de información privilegiada. Asimismo, petición,
formulada por los Grupos Parlamentarios Federal de Izquierda Unida y
Mixto, para que se acuerde la celebración de una sesión
extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda, con la
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores para que informe sobre la investigación abierta en relación a
la posible información privilegiada por parte del presidente de
Telefónica, señor Villalonga.
Para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra don Luis Martínez Noval.
El señor MARTÍNEZ NOVAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, mi grupo parlamentario presentó hace
unos días una solicitud de comparecencia del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, señor Fernández Armesto,
convencido de que esa petición sería aceptada inmediatamente por
parte de la mayoría de la Cámara, o al menos por parte del grupo
mayoritario de la misma, puesto que en el origen de nuestra petición
no había más que una actitud de defensa del prestigio y de la imagen
que dentro y fuera de España puede tener o debiera de tener un órgano
supervisor de la importancia y naturaleza de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Ante la Mesa de la Comisión de Economía y
Hacienda, donde ese presidente debe de comparecer, hicimos los
esfuerzos necesarios para que esa comparecencia se produjera en fecha
previa a la conclusión del precedente periodo de sesiones. Todos
nuestros esfuerzos, señorías, fueron inútiles, aunque bien es verdad
que nos sorprendió la cerrazón a esa comparecencia fundamentalmente
por dos motivos. En primer lugar, porque el propio presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores manifestó públicamente que
quería comparecer en esta Cámara
para proporcionar información y para tratar por todos los medios de
solventar el entuerto en el que vivió la Comisión Nacional del
Mercado de Valores los pasados días y en el que sigue viviendo,
señorías. Es el propio señor Fernández Armesto el que manifiesta a
toda persona de esta Cámara con la que se encuentra que está
dispuesto a comparecer con la mayor celeridad en el Congreso de los
Diputados para dar las explicaciones convenientes, sobre todo,
supongo que para transmitirlas hacia el exterior, tanto de la
realidad nacional como de la realidad internacional de la que forman
parte los inversores que actúan en nuestros mercados bursátiles. En
segundo lugar, hay otro elemento fundamental que avala nuestro empeño
y nuestra esperanza de que esa comparecencia sea posible, y es que el
propio Grupo Parlamentario Popular ha solicitado la comparecencia de
ese presidente. Luego entonces uno no acierta a comprender si esa
decisión tomada en su momento se corresponde con alguna actitud
dilatoria o si de verdad se desea esa comparecencia.
Señorías, en este caso no cabe el argumento de que si la Comisión
Nacional del Mercado de Valores está investigando que el Parlamento
espere a que concluya esa investigación. Esa doctrina, que es suya,
puede operar en los casos en los que la investigación es judicial
y en los que el Congreso de los Diputados solicita la constitución de
una Comisión de investigación, pero no estamos, en modo alguno, en
casos de esa naturaleza. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
no es una instancia jurisdiccional, no es una instancia judicial,
y el Grupo Parlamentario Socialista no desea constituir una Comisión de
investigación sobre ese caso en el Congreso de los Diputados, lo
único que desea es que se reúna la Comisión de Economía y Hacienda y
que comparezca el presidente de la Comisión para dar explicaciones
que él está pidiendo a gritos proporcionar a esta Cámara.
Además de esos dos argumentos fundamentales que avalarían sensata y
cabalmente nuestra pretensión, hay un tercer elemento que espero no
les pase desapercibido y es que un miembro de la Comisión Nacional
del Mercado de Valores ha hecho saber que está en desacuerdo con las
manifestaciones del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. Señorías, no es inaudito que en un órgano supervisor,
compuesto por humanos, se manifiesten diferencias, pero lo insólito
es que las discusiones y decisiones de un órgano supervisor, tan
delicado como es el que controla y supervisa los mercados bursátiles,
se trasladen a la opinión pública; eso sí es insólito. Imagínense
ustedes que eso ocurriera en otros órganos supervisores. ¿Alguien
conoce alguna discrepancia en la tarea supervisora que lleva a cabo
un órgano como el Banco de España que también tiene competencias no
en mercados bursátiles, pero sí en otro tipo de mercados como en los
monetarios? ¿Alguien conoce alguna discrepancia interna en ese
órgano? Por supuesto que hay que dar por hecho
que se producirán diferencias, pero filtraciones a la opinión
pública, que quieran ustedes o no dañan irreparablemente la imagen de
independencia y solvencia de ese órgano supervisor, no se han dado
nunca.
Señorías, está plenamente justificada nuestra petición de
comparecencia, está fundada además en unos hechos que se produjeron
de modo sorprendente y que dan la idea de una jugada en terreno de
juego de ésas que se trenzan desde atrás y que acaban
irremisiblemente en la portería contraria. Ustedes conocen los hechos
como yo, pero voy a refrescar la memoria de SS.SS. El hecho cierto de
la inversión en opciones sobre acciones de su propia compañía del
presidente de Telefónica, el señor Villalonga, fue conocido en su
momento en los inicios del año 1998, en el mes de enero. La Comisión
Nacional del Mercado de Valores abrió y cerró una investigación sobre
esa operación financiera del máximo responsable de la compañía
Telefónica. Insisto, abrió y cerró. Un medio de comunicación publica
informaciones escandalosas sobre aquella operación financiera que
tuvo lugar en el mes de febrero del año 1998. Ese medio de
comunicación traslada de nuevo a la superficie informativa española
esa noticia, y al día siguiente un periodista le pregunta al
presidente del Gobierno, en Lisboa, su opinión sobre la información
que ese medio de comunicación había publicado el día anterior. El
presidente del Gobierno, en una actitud intachable -ciertamente
intachable, lo digo sin ninguna ironía-, declara que la Comisión
Nacional del Mercado de Valores tiene los instrumentos y la
competencia para llevar a cabo una investigación sobre esa materia.
Episodio final. Al día siguiente de la declaración del presidente del
Gobierno, el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores decide reabrir la investigación sobre el caso dando la
impresión cierta de que trabajaba en ese tema y con esa decisión de
reapertura, sencillamente a instancias y a dictado del señor Aznar.
No me digan que ésta no es una jugada trenzada desde el campo propio:
un medio de comunicación publica una noticia, un periodista hace una
pregunta, el presidente del Gobierno responde y la Comisión Nacional
del Mercado de Valores reabre el caso.
Créanme que el modo en el que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores se ha pronunciado y toda la cadena de episodios que conducen
a la reapertura de la investigación -con la que nosotros estamos
plena y completamente de acuerdo- ha producido reacciones importantes
y preocupantes para la buena imagen de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores. Cuando se trata de buscar hechos ciertos para
apoyar estas afirmaciones, nada mejor que acudir a las opiniones de
otros, como son los periódicos o la prensa salmón, que en estos
asuntos tiene -me lo deben reconocer- un plus de credibilidad y un
plus de crédito en cuanto a las afirmaciones que en esos órganos de
comunicación se hacen. Un periódico nacional salmón (un medio, sin
duda sensato y prudente que mide mucho en sus editoriales todas sus
afirmaciones por los efectos que pudieran tener en mercados donde se
dirimen patrimonios y recursos de cuantías importantes) decía el 27
de junio: Cualquiera que sea el desenlace del affaire del que estamos
hablando, el prestigio del órgano supervisor quedará inevitablemente
dañado. Unos días antes, para llamar la atención de los inversores
extranjeros, otro medio de comunicación, también salmón y éste de
mayor difusión mundial, decía lo que les leo: La investigación de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores es el último episodio de una
disputa entre el señor Villalonga y el Gobierno del Partido Popular
que precisamente lo apoyó para gestionar la compañía Telefónica. Es
una noticia del 21 de junio.
He aquí entonces que tanto la prensa nacional como la prensa
internacional han entendido ese episodio del mismo modo, exactamente
del mismo modo que lo ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista,
entendimiento que ha dado lugar a la petición de comparecencia.
Colateralmente al hecho fundamental, hemos conocido algunos
acontecimientos, algunos hechos que también nos han llamado
poderosísimamente la atención. Resulta que el señor Villalonga compró
esas acciones con créditos de un banco que en aquellos momentos era
público. En el mes de enero del año 1998 Argentaria era todavía un
banco público. Ha sido doblemente sorprendente el conocer que además
de créditos al señor Villalonga, el banco público, para financiar el
mismo tipo de operación, proporcionaba créditos a otras personas que
ciertamente no necesitan para nada la ayuda de ninguna banca pública
para financiar operaciones privadas, bien sea en el mercado de
futuros o de presente, en la Bolsa de Madrid, una cuestión que ya
manifestamos en su momento que nos extrañó muchísimo. Nos extrañó las
personas que se dieron a conocer y que otras se hayan ocultado; a
saber por qué razones se ha ocultado el total colectivo humano que
recibió esa ayuda de la banca pública de entonces para financiar
operaciones de compra de acciones. Tenemos mucho interés y no vamos a
cejar en nuestro empeño por conocer estas cuestiones colaterales que
sugieren un comportamiento curioso de esa entidad financiera, de ese
banco cuando todavía era público.
Señorías, la operación del señor Villalonga comprando acciones de su
propia empresa con apoyo financiero de una banca pública no es
exclusiva, no es la única que se ha producido. En esta Cámara hemos
conocido, de mano y por boca de los actores protagonistas de esos
hechos, confesiones similares. El presidente de Argentaria entonces,
don Francisco González, compareciendo en la Comisión de Economía,
Comercio y Hacienda a propósito de la privatización de Argentaria,
reconoció sin ningún empacho -no recuerdo bien si incluso fue él el
que lo desveló en primera instancia- que él había adquirido acciones
del banco; lo había hecho también a futuros y no a presente, como una
inequívoca muestra
de su compromiso con la empresa, de su confianza en el futuro de la
empresa de la que él era el máximo responsable. Posteriormente,
también conocimos por su boca que el presidente de Tabacalera, ahora
Altadis, en trance de privatización, había adquirido a su vez
acciones de su propia empresa, también justificadas, cómo no, por esa
pretensión de demostrar hacia los inversores que esa persona, ese
responsable tenía tanta confianza en su empresa que incluso
comprometía en ella su propio patrimonio personal. Queremos saber si
esas dos operaciones se hicieron también con créditos de alguna banca
pública. Aunque la financiación de esas operaciones fuese privada,
queremos saber si en la Comisión Nacional del Mercado de Valores,
como en el caso de Telefónica, en el caso del señor Villalonga, en
los momentos en los que se produjeron las inversiones en acciones de
su propia empresa -insisto, a futuros o a presente- de los señores
Francisco González y Cesáreo Alierta, si estos señores disponían de
información privilegiada o no, porque pudiéramos estar ante un caso
de los que expresa el reglamento regulado por decreto, del año 1991,
relativo a estas cuestiones.
Todos los argumentos, todos los hechos, todos los ingredientes de
estos episodios llevan a pensar que es incomprensible que ustedes se
empecinen en impedir que comparezca en esta Cámara el presidente de
la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Sin ir más lejos,
nosotros quisiéramos preguntarle al señor Fernández Armesto qué es lo
que está ocurriendo en estos momentos en el mercado bursátil español,
donde se han planteado algunas opas que han dado lugar a toda clase
de rumores en relación con quién tenía información privilegiada
y quién no la tenía; quién invirtió y quién no invirtió; quién se lucró
y quién no se lucró en algunas opas que no tienen nada que ver ni con
Argentaria ni con Tabacalera ni con Telefónica. Algunas opas
recientes están dando lugar a rumores y la inacción, sin duda, de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores no hace sino abonar e
intensificar las dudas que se tienen sobre la capacidad de
supervisión de este órgano fundamental para la defensa de la
transparencia en los mercados financieros.
De manera que no hay ni una sola razón que justifique su
empecinamiento en impedir esa comparecencia en el mes de julio, a la
mayor brevedad posible. La dilación en estas cuestiones no sirve
absolutamente para nada. El prestigio y la imagen de la Comisión
dentro y fuera de España no se va a reparar, créanme, en el mes de
septiembre, de octubre o vaya usted a saber cuándo, si ustedes llevan
a la práctica esa idea de que hasta que concluya la investigación no
hay comparecencia. ¿Por qué razón si nosotros no queremos investigar?
Queremos conocer información, de boca de su máximo responsable. No se
nieguen a que comparezca el señor Fernández Armesto. Créannos que es
el mejor procedimiento para mejorar su imagen, interna y externa,
y tengan además la convicción de que en su
momento, cualquiera que sea la solución a esta cuestión, les
recordaremos -y con esto concluyo, señora presidenta- su inveterada
doctrina. Si en último caso el señor Villalonga fuese sujeto de
alguna acción irregular o ilegal -como ustedes quieran llamarla- que
se hubiese separado de las leyes y ésa fuese la conclusión a la que
llegase la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tengan por
cierto una cuestión que quiero afirmar hoy -y es la segunda vez que
lo afirmo-, y es que el responsable político de la actuación, si
fuese -insisto en el condicional- irregular o ilegal, del señor
Villalonga al frente de Telefónica no sería otro que el señor Aznar
(El señor de Grandes Pascual: ¡Qué deducción!.- Rumores.), que a fin
de cuentas fue el que decidió y apoyó que el señor Villalonga fuera
presidente de la compañía Telefónica. (Aplausos.)
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Noval.
Para presentar y defender la petición formulada por el Grupo
Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor
Llamazares.
El señor LLAMAZARES TRIGO: Voy a intentar no reiterar argumentos que
comparto con relación a la necesidad de comparecencia del presidente
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero sí decir algunas
cuestiones que al grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida le
parecen relevantes.
En primer lugar, hagan lo que hagan en el día de hoy, señores del
Grupo Parlamentario Popular, permitan o no la comparecencia del señor
Armesto, lo que digan ustedes hoy aquí es fundamental para saber cuál
es su posición ante tan relevante materia, porque no estamos ante una
cuestión menor. En opinión de mi grupo, estamos ante una cuestión muy
importante porque no solamente afecta al prestigio y a la
independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino
porque afecta también a la credibilidad del Gobierno. Un tema como
este no es un tema menor.
Nosotros solicitaríamos del Grupo Parlamentario Popular que tuviese a
bien no escudarse en razones de tiempo, de oportunidad o de
discreción para negar la comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Eso iría en detrimento del prestigio
de esta Cámara. No podrán eludir su grave responsabilidad en esta
materia porque, señorías, el presidente de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores es el presidente propuesto por el Gobierno del
Partido Popular. La composición de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores es una composición mayoritaria del Gobierno y, además, con
perfiles políticos claros del Partido Popular. No consideren, pues,
ajena cualquier acción de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores; tiene todo menos independencia, tiene toda vinculación a
decisiones del Gobierno y del
Partido Popular. Aunque ustedes hoy amordacen a este Parlamento en
esta materia, tienen una grave responsabilidad y la cuestión seguirá
enredándose y afectando a la credibilidad de la Comisión Nacional del
Mercado de Valores y a la credibilidad de su Gobierno. Tampoco es
verdad que ustedes se puedan refugiar en el argumento de que está
abierto en estos momentos el expediente; no es verdad, señorías. La
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores pudiera ser sobre el expediente ya cerrado. ¿Por qué se abrió
y se cerró un expediente en 1998? Pudiera ser una pregunta. El
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores estaría
legitimado para negarse a hablar del expediente hoy en marcha, pero
no sobre las conclusiones que le llevaron a cerrar el expediente en
1998.
No hay, pues, razón de discreción ni de secreto en relación con el
trabajo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Señorías, ese
argumento resulta una burla. Resulta una burla a este Parlamento
cuando no solamente las argumentaciones sino las primeras
conclusiones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en este
expediente están ya en los medios de comunicación. ¡Pero si lo conoce
la opinión pública y ustedes no quieren que lo conozca el Parlamento
español! La opinión pública conoce un avance ya del expediente y de
algunas de sus conclusiones. Señorías, es un argumento que no se
sostiene. Por una parte, podría informar de por qué lo abrió y lo
cerró en 1998 sin ninguna sanción y, por otra, podría informar
también a este Parlamento al menos sobre lo que ya conoce la opinión
pública, para que conozcamos si quiera la mitad de lo que conoce la
ciudadanía.
Nos parece esencial la comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Nosotros creemos que está en juego
el prestigio de la Comisión Nacional; no solamente esa vinculación
política de la que hablaba antes. Estamos ante la instrumentalización
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en estos momentos o
sería peor, en 1998, porque hoy sería que el Gobierno, por su mala
cabeza y sus malas relaciones con los gestores de las empresas
privatizadas, impulsa una investigación con motivo de la aparición de
una información periodística. Sería una muestra de que la
independencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores termina
a las puertas del Gobierno. Pero más grave sería aún concluir que lo
que ocurrió en 1998 fue que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores cerró el expediente por indicación del Gobierno sin
profundizar en las responsabilidades políticas y financieras del
señor Villalonga. Recordemos que entonces la familia estaba unida. La
duda, en nuestra opinión, afecta gravemente a la credibilidad de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la credibilidad del
Gobierno; afecta a la independencia de las instituciones económicas
en este país, tan glosada por la derecha; afecta también a la
credibilidad del Gobierno, a la credibilidad hoy del Gobierno con la
Comisión Nacional del Mercado de Valores o a la credibilidad ayer del
Gobierno, que es peor, con la Comisión Nacional del Mercado de
Valores. En nuestra opinión, hay razones suficientes para que esta
comparecencia tenga lugar.
No solamente estamos ante cuestiones de fondo sobre la política del
Gobierno, sobre las instituciones financieras, sobre la
instrumentalización de esas instituciones, sino que hay cuestiones
que también están hoy en este debate, y es la tan cacareada política
de privatizaciones del Gobierno del señor Aznar. Ustedes optaron por
una política de privatizaciones en la que el catón neoliberal se
aplicaba de forma milimétrica, se abandonaba totalmente la
participación accionarial pública y se dejaban estas empresas en
manos privadas. El fallo del catón liberal está en que ustedes
dejaban un delegado o varios; es decir, ustedes no controlaban esa
empresa privatizada a través de las acciones, pero sí intervenían a
través de sus intereses políticos y sus delegados del Gobierno. Ese
es el caso de Telefónica, señorías. Y no es de extrañar que delegados
nombrados por el Gobierno en una empresa privatizada, al cabo de un
tiempo se consideren herederos de la empresa privatizada y comiencen
a utilizar mecanismos como las stocks options o como éste de la
información privilegiada para responder no solamente al papel que les
asigna el Gobierno, sino también a sus intereses personales.
Señorías, en nuestra opinión, esto supone un cuestionamiento de fondo
de la política de privatizaciones del Gobierno, no solamente sobre
los términos ideológicos o políticos que nosotros tenemos respecto de
la política de privatizaciones del Gobierno, sino en términos
morales. No es aceptable, en ningún caso, que estos delegados del
Gobierno en las empresas privatizadas se conviertan en herederos del
patrimonio público y lo utilicen para su interés personal. Y eso es
lo que está ocurriendo. En estas tres cuestiones ustedes tienen una
grave responsabilidad. Tienen responsabilidad en lo que está pasando
en la Comisión Nacional del Mercado de Valores; tienen
responsabilidad en lo que supone para la credibilidad del Gobierno y
tienen responsabilidad en su modelo de privatizaciones. En todas
estas cuestiones tienen ustedes una grave responsabilidad y ello
debería llevarles a que, al menos, si no el Gobierno a su máximo
nivel, sí el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores estuviese presente ante esta Cámara y explicase lo que ha
ocurrido en este caso.
No utilicen -termino- el argumento de que está el expediente abierto
porque es un argumento que no se sostiene. El expediente es de
público conocimiento. Falta que ustedes le permitan a esta Cámara
participar en algo que es de público conocimiento. Señorías, nos
parece evidente la necesidad de la comparecencia. Si el Gobierno no
la acepta y el Partido Popular se niega a
votar a favor de la misma, abundará en una impresión cada vez más
fuerte: la de que una cosa es el diálogo que se pronuncia, que se
anuncia y se proclama, y otra cosa es el diálogo que se efectúa, que
es nulo y que supone, entre otras cosas, amordazar a esta Cámara y
considerar que los períodos de sesiones son poco menos que períodos
en los que se limita la acción parlamentaria para luego cerrarla en
los períodos entre sesiones, como ocurre en el período en el que
estamos.
Señorías, nosotros reclamamos la comparecencia del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, al menos por dignidad para
esta Cámara y por credibilidad al Parlamento español.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor
González de Txabarri.
El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Vasco va a apoyar las peticiones formuladas
por los portavoces de los grupos parlamentarios Socialista y Federal
de Izquierda Unida por compartir el análisis de los hechos que nos
ocupan y los argumentos que ambos portavoces han expresado en sus
intervenciones. En consecuencia, las apoyaremos cuando sean sometidas
a votación.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la
palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) está de acuerdo con que el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezca ante la Comisión
de Economía del Congreso de los Diputados. Por este motivo hemos
entregado con fecha de hoy una solicitud de comparecencia en el
registro de esta Cámara para que el presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores nos pueda informar sobre el
expediente abierto por dicha Comisión para la investigación de
posibles infracciones de la Ley del Mercado de Valores como
consecuencia de compras en 1998 de opciones sobre acciones de
Telefónica por parte de su presidente. (Rumores.) También queremos
precisar desde Convergència i Unió que lo que realmente interesa a
nuestro grupo parlamentario son los resultados de dichas
investigaciones, y sobre la base de los datos que hoy tenemos parece
claro que los mismos no están todavía a disposición de esta Cámara,
ya que las investigaciones todavía no han concluido. Por este motivo,
señorías, nuestro grupo va a votar en contra de la comparecencia del
presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una
reunión extraordinaria de la Comisión de Economía. En cambio,
queremos anunciar que, una vez finalizada dicha investigación,
nuestro grupo se va a posicionar por la comparecencia en la Comisión
y de ahí la solicitud de esta comparecencia que yo antes he
mencionado al inicio de mi intervención.
Desde Convergència i Unió entendemos que la Comisión Nacional del
Mercado de Valores siempre ha de actuar desde una política
transparente, independiente, equilibrada y eficaz, ya que es una
pieza básica e indispensable para la credibilidad y el sostenimiento
de todo el mercado de valores, y por ello, a nuestro entender, no
debemos interferir en las actuaciones que se están llevando a cabo en
este momento. Así pues, vamos a esperar los resultados de las
investigaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para
que realmente pueda ser útil la comparecencia de su presidente en la
Comisión de Economía cuando proceda. Veremos si realmente ha existido
uso o no de información privilegiada y en caso de que así haya sido,
desde el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió vamos a pedir las
responsabilidades políticas que se desprendan. Señorías, siempre
hemos estado en la línea de perseguir tanto administrativa como
penalmente el uso de la información privilegiada, ya que dichas
conductas pueden alterar o influir en la cotización de los valores en
detrimento de los ahorros de muchas familias que depositan su
confianza en las inversiones en Bolsa. Asimismo, el uso de
información privilegiada también puede contaminar los mercados
financieros y generar incertidumbre en los mercados de valores.
Por otra parte, también es cierto que este asunto que hoy estamos
debatiendo en la Diputación Permanente ha perjudicado la imagen de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores por varias razones, como
también han expuesto otros portavoces que me han precedido en el uso
de la palabra. Es cierto que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores inició una investigación en el año 1998 por los hechos que
estamos discutiendo en esta Diputación Permanente, limitándose en
aquel tiempo a cerrar el expediente por no haber detectado que
existiera uso de información privilegiada, aunque también es cierto
que se ha vuelto a reabrir un expediente informativo por los mismos
hechos, a raíz de unas informaciones aparecidas en un medio de
comunicación, así como también a través de unas declaraciones del
presidente del Gobierno. También entendemos que no ayudan a la buena
imagen de la Comisión Nacional del Mercado de Valores declaraciones
como las que hizo en su momento el vicepresidente de dicha Comisión,
en el sentido de que se reabría la investigación de la misma a
instancias suyas y no a instancias del presidente del organismo.
Por este motivo, desde Convergència i Unió creemos que los resultados
de esta investigación son muy importantes, así como también la
comparecencia del presidente de la misma para que nos pueda dar
cuenta de los mismos y de esta forma recuperar el pulso y la fuerza
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en este asunto. Desde
Convergència i Unió creemos que en una economía cada vez más
sofisticada y globalizada se requiere que las autoridades de
supervisión den respuestas urgentes para mantener la confianza de los
mercados y proteger a los inversores.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores debe defender la
transparencia del mercado en beneficio del propio mercado, así como
de los accionistas y de los inversores. Convergència i Unió está
dispuesta a que una vez terminadas las actuaciones de investigación
de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, dentro del período
parlamentario, se solicite la comparecencia del presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores a fin de que nos pueda
informar de las actuaciones realizadas en el expediente y podamos
exigir en su caso las responsabilidades políticas que se desprendan.
Por este motivo, tal como he anunciado al inicio de mi intervención,
vamos a votar en contra de esta propuesta de comparecencia (Rumores.)
y votaremos positivamente cuando se reabra el próximo período
parlamentario.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor
Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Mi grupo entiende absolutamente
necesaria la comparecencia del señor Fernández Armesto y así lo ha
hecho constar presentando una solicitud de comparecencia en tiempo
y forma en el Registro; solicitud de comparecencia que entendemos que
se debe producir en el momento oportuno. (La señora Cunillera i
Mestres: Sin prisa.) Como bien sabe el señor Llamazares, todo tiene
su momento oportuno, incluso para presentar candidaturas
a coordinador de Izquierda Unida, que no se hace en julio, sino en
septiembre. (Rumores.) Todo tiene su momento oportuno. Y tiene su
momento oportuno la comparecencia del presidente de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores. Pero entendemos que es absolutamente
necesario que se produzca, y entendemos que debe producirse por los
hechos por los que fue solicitada. Esta mañana, a lo largo de las
intervenciones de otros miembros de la Diputación Permanente, me he
quedado asombrado, porque hemos hablado de Argentaria, de Tabacalera,
de opas, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de
relaciones del Gobierno con empresas, de la política de
privatizaciones y lo que se está sustanciando aquí es la
comparecencia del presidente del Comisión Nacional del Mercado de
Valores para informar sobre el uso de información privilegiada.
Admiro la habilidad del señor Martínez Noval para
hablar de todo sin entrar en el fondo de la cuestión. Quizás la
lectura de muchos editoriales no sólo de prensa color salmón, sino de
otra prensa color blanco, le ha llevado a seguir las indicaciones de
esos editoriales que ahora parece que están cambiando su posición con
respecto a la compañía. (La señora Cunillera i Mestres: Es el más
listo de la clase.)
Señorías, es absolutamente necesaria la comparecencia porque es
preciso que desde el Parlamento vigilemos un mandato legal que tiene
la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre el no uso de
información privilegiada para intereses particulares. El uso de la
información privilegiada es un mal camino porque desprestigia el
mercado, desanima a los ahorradores, produce una injusticia y un
quebranto económico en la mayoría de los accionistas respecto de las
personas que tienen esa información privilegiada y actúan por sí o
por terceros, y creo que se debe perseguir con toda contundencia.
Decía el señor Sánchez i Llibre que se debe exigir responsabilidad
política. Yo creo que hay responsabilidad política si se trata de un
político, pero si es un ciudadano particular, se le debe exigir
responsabilidad por vía administrativa o por vía penal, con un
proceso de instrucción serio en todos los órganos que tienen
encomendada esta tarea. La Comisión Nacional del Mercado de Valores
tiene mecanismos e instrumentos para perseguir el uso de información
privilegiada y debe actuar en todos los casos, tanto por oficio
cuando se entera de alguna situación irregular como cuando se le
denuncia, y tiene que actuar con contundencia y con independencia. El
uso de información privilegiada también se debe vigilar por vía
penal, y el Código Penal recoge en dos artículos, el 285 y el 286,
que es constitutivo de delito el uso de información privilegiada para
sí o para otros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene
instrumentos para actuar y, lo que es más importante, tiene el
mandato legal para ello. No hace falta un mandato político para que
la Comisión actúe, está en la ley. Este Parlamento, cuando aprobó la
Ley del mercado de valores, le dio un mandato taxativo para que,
entre sus competencias, vigilara el uso de información privilegiada y
debemos animarle a que así lo haga. Dentro de esa vigilancia y de esa
voluntad firme de ir contra cualquier uso de información
privilegiada, que daña al mercado, que daña a los ahorradores, que
daña a los ciudadanos y que quita transparencia, mi grupo va a estar
siempre apoyando cualquier iniciativa para mejorar el marco legal que
permita perseguirla. Mi grupo no ha cambiado de opinión respecto a
ninguna actuación. Entendemos claramente que, en un mercado
transparente, hay que delimitar el uso de la información
privilegiada. El señor Martínez Noval hablaba de créditos, de si
algunas otras personas han comprado acciones de la compañía que
dirigían, etcétera. Cuando aprobamos la Ley del Mercado de Valores no
hubo ninguna iniciativa del
Grupo Socialista que impidiera el que directivos de la compañía
pudieran acceder a la propiedad de la misma a través de la compra de
acciones. Como todos los que estamos en esta sala sabemos, es una
práctica habitual que transmite a los mercados confianza y es bueno
que los directivos, los empleados y el conjunto de los trabajadores
participen del capital de la compañía, ya porque reciban bonus
ligados al valor de la cotización, ya porque se les conceda la
posibilidad de acceder al accionariado de la compañía. De lo que sí
estamos absolutamente en contra es de que se adquieran acciones
usando información privilegiada para beneficiarse unos pocos en
detrimento de muchos. Ahí es donde hay que actuar y ahí es donde
queremos que se actúe con contundencia. La Comisión Nacional tiene
mecanismos, la Comisión Nacional debe actuar y la Comisión Nacional
ha iniciado actuaciones el 16 de junio y lo hemos conocido el 21 de
junio por los medios de comunicación. Está en un período de
instrucción informativa, para saber si ha habido uso de información
privilegiada en el caso que hoy reúne a la Diputación Permanente.
En cuanto a las actuaciones de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, los grupos políticos y también, por qué no decirlo, los
grupos mediáticos deberían dejar que la Comisión actuará con absoluta
independencia y no intentar presionar en una u otra dirección.
(Rumores.) Nosotros entendemos que el proceso de instrucción de este
caso se debe hacer dejando que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores actúe con independencia. Dice el señor Martínez Noval que el
señor Fernández Armesto dice a cualquiera que se encuentra que quiere
venir. Yo me le encontré ayer en una cena y no me lo dijo. (La señora
Mendizábal Gorostiaga: A los demás sí. ) No sé si se lo dijo a algún
miembro del Grupo Socialista, yo estaba en esa misma cena y no me lo
dijo. Sinceramente, creo que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores tiene que actuar con independencia, sin someterse a presiones
de nadie, y que este Parlamento tiene que ser respetuoso cuando los
órganos que están instruyendo están realizando su tarea. Tenemos que
ser respetuosos no prejuzgando ninguna situación. Así se quiere
comportar mi grupo y así quiere actuar. Y siendo los primeros en
decir que nos parece absolutamente mal el uso de información
privilegiada, y siendo los primeros en decir que el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene que comparecer,
creemos que esa comparecencia, como otras situaciones políticas, se
tiene que producir en el tiempo y forma oportunos.
Muchas gracias. (Aplausos.)
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte.
Vamos a proceder a las votaciones.
En primer lugar, sometemos a votación la petición, formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista, para
que se acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la
Comisión de Economía y Hacienda, en la cual se incluya la
comparecencia del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, para que informe sobre los criterios y actuaciones de la
Comisión en materia de información privilegiada.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
45; a favor, 15; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la petición de convocatoria.
A continuación, sometemos a votación la petición, formulada por los
grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida y Mixto, para que se
acuerde la celebración de una sesión extraordinaria de la Comisión de
Economía y Hacienda, en la cual comparezca el presidente de la
Comisión Nacional del Mercado de Valores, para que informe sobre la
investigación abierta en relación con la posible información privilegiada
por parte del presidente de Telefónica, señor Villalonga.
Comienza la votación. (Pausa.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos,
45; a favor, 15; en contra, 30.
La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda rechazada la petición de
convocatoria extraordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
CORRECCIÓN DE ERRORES.-En el «Diario de Sesiones» Núm. 20 del Pleno
del día 29 de junio de 2000, en la página 921, línea 16, en la
intervención del señor Rejón Gieb, figura: cur taurum fugit. Debe
decir: cur a taurum fugis?