CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 903

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES

Sesión núm. 121

celebrada el martes, 23 de diciembre de 2003

ORDEN DEL DÍA:


- Comparecencia del señor presidente del Consejo General del Poder Judicial (Hernando Santiago), a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del citado Consejo y de los juzgados y tribunales de justicia,
referida al año 2002. (Número de expediente 245/000005.) ... (Página 28592)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.



La señora PRESIDENTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS: Muy buenos días. Va a dar comienzo la sesión de la Comisión de Justicia e Interior que ha sido convocada para celebrar la comparecencia del excelentísimo señor presidente del Consejo
General del Poder Judicial, a fin de presentar la memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades del citado Consejo y de los juzgados y tribunales referida al año 2002. Un año más celebramos esta comparecencia del presidente del Consejo
General del Poder Judicial para presentar la memoria, y que presumiblemente será la última, por cuanto, previsiblemente la memoria del ejercicio 2003 se presentará ya ante unas nuevas Cortes constituidas debido a la expiración del mandato de esta
VII Legislatura,


En cualquier caso, un año más damos la bienvenida en nombre de la Cámara al presidente del Consejo General del Poder Judicial para que proceda a la presentación de la memoria del ejercicio 2002. Sin más prolegómenos, señor presidente, tiene
la palabra. Como es la práctica en estas comparecencias, a continuación presidirá y dirigirá los debates el presidente de la Comisión. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): Excelentísimo señor presidente de la Comisión de Justicia, señorías, por tercera vez me honro en comparecer ante esta Comisión de Justicia e Interior del
Congreso de los Diputados, en mi condición de presidente del Consejo General del Poder Judicial, con objeto de cumplimentar el deber de elevación anual a estas Cortes Generales de una memoria sobre el estado, funcionamiento y actividades de los
juzgados y tribunales de justicia así como del propio Consejo General del Poder Judicial, dación de cuenta prevista en el artículo 109 de la Ley orgánica del Poder Judicial. En esta ocasión corresponde la presentación de la memoria de 2003, que
recoge los datos correspondientes al año judicial de 2002. Esta presidencia es, sin embargo, consciente, como lo ha sido en sus dos comparecencias anteriores, de que su deber es aportar a la Cámara datos numéricos del funcionamiento de los
juzgados, de los tribunales y de la actuación del Consejo General del Poder Judicial que sean de efectiva utilidad para esta Cámara. Por ello, junto al objeto estricto de la memoria que se presenta, han venido anticipándose en el pasado los datos
correspondientes al ejercicio en curso, aunque con carácter provisional y no plenamente cerrado. Por aquella misma razón, me voy a permitir aportarles hoy alguno datos del año 2003, apuntando también, en algún caso, tendencias o evoluciones.



Esta comparecencia se produce en un momento de la máxima significación para nuestro país, como es el cumplimiento de los primeros 25 años de nuestro texto constitucional. Esta efeméride me obliga a expresar en mis primeras palabras, aunque
de forma sucinta, mi reconocimiento por el valor que dicha norma ha tenido como factor de vertebración de nuestra sociedad, como garantía de la convivencia pacífica y como modelo de encuentro de lo que hemos disfrutado. Esta referencia obligada
había de ser en extremo sucinta a fin de no desviarnos del objeto propio de esta comparecencia, que ha sido y es, como queda expresado, presentar ante los representantes legítimos de los ciudadanos la memoria sobre el estado, funcionamiento y
actividades de los juzgados, de los tribunales de justicia y del Consejo General del Poder Judicial.



Deseo en primer término llamar la atención a SS.SS sobre el momento en que este acto tiene lugar. En mi última comparecencia reconocí a la Cámara la reiteración anual de un insatisfactorio estado de cosas consistente, entre otros factores,
en el momento tardío en el que tenía lugar mi comparecencia. Siendo plenamente consciente de esa realidad, nuestro Consejo, como ya les indicaba en mi última comparecencia, en sesión plenaria del 12 de febrero de 2003, aprobó una propuesta
referente a la nueva orientación que había de darse a la memoria anual y, en concreto, en orden a la progresiva reducción del plazo para llevar a cabo esta comparecencia. Como SS.SS. recuerdan bien, sin necesidad de remontarnos más allá, la
memoria correspondiente al año 1999 fue presentada en el mes de junio de 2000; la correspondiente al año 2000, en marzo de 2001; la referida al año 2001 tuvo lugar el 17 de abril de 2002 y la correspondiente al año 2002, el 24 de abril de 2003.
Por tanto, la presentación de esta última se ha producido siete meses después de la solemne apertura de tribunales. Sin embargo, el acto que hoy tiene lugar, se produce transcurridos tan sólo tres meses después de dicho acto de apertura. Me
complace, pues, constatar el cumplimiento fiel de aquel compromiso autoimpuesto para el mejor cumplimiento de nuestras funciones y en orden al más fiel y dirigente servicio a los ciudadanos, un compromiso que, como se puede ver, se ha traducido en
un destacadísimo acortamiento de los plazos que median entre el solemne acto de apertura de tribunales, momento en el que se presenta ante Su Majestad el Rey la memoria, y esta comparecencia ante la Cámara.



El proceso de reformas de la justicia. Esta comparecencia quedaría en cierta medida descompensada si no expresase que el año transcurrido ha sido, una vez más, un año de transformaciones importantes de la justicia que arraigan en el hito
del pacto de Estado de reforma de la justicia. Un proceso de transformaciones que en mi anterior comparecencia expresaba que había alcanzado velocidad de crucero, pero que en los tiempos recientes ha experimentado, incluso, una aceleración nada
despreciable.
La mayor parte de estas reformas ha


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sido afrontada, como es propio, a través de la iniciativa legislativa, de modo que estimo oportuno hacer un breve comentario alusivo a algunos de los proyectos más destacados que en los últimos tiempos se han producido.
Incluiré en estas
referencias tanto aquellas normas o proyectos cuyo designio central es la reforma de algunos de los ramos de la justicia como todos esos otros que puedan poseer cierto efecto irradiador sobre el sistema de justicia del que disfrutamos.



Por detenernos en la modificación más recientemente producida, y en razón de su importancia, debemos resaltar la publicación en el Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre de 2003 de la Ley orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la
que se modifica la también Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Sería incurrir en una importante imprecisión glosar ahora algunos de los contenidos o los efectos que se esperan de una norma punitiva de tanta trascendencia.
Quede, pues, tan sólo apuntada la constatación de su existencia y de su relevancia destacada, pues no en vano por algunos se califica a los códigos penales como constituciones en negativo.



En el Boletín Oficial del Estado de 27 de octubre de 2003 fue publicada la Ley orgánica 13/2003, de 24 de octubre, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de prisión provisional. Con esta reforma, clave en el ámbito
procesal penal, se ha aproximado finalmente aquella relevante medida cautelar personal a los requerimientos constitucionales más exhaustivos. Todo ello de conformidad con la autocuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional se
planteó respecto a los artículos 503 y 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la sentencia del pleno de 17 de febrero de 2000, y de acuerdo con los motivos constitucionalmente legítimos para adoptar la prisión que el propio Tribunal
Constitucional vino trazando en multitud de sentencias posteriores. Debe ser saludada esta reforma, ya que no solo supone una adaptación o corrección en términos de constitucionalidad de la institución de la prisión preventiva, sino que incluso,
más allá, aventa definitivamente todo riesgo de aparición de un pronunciamiento de inconstitucionalidad sin la presencia de un marco normativo adecuado que permita garantizar la paz y la seguridad públicas frente al delito.



La Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, es otra de las medidas clave de la reforma de nuestro sistema punitivo y en concreto se dirige a combatir una de las mayores
lacras que afectan a nuestra sociedad, como es la violencia de género. No parece necesario detenerse en la imprescindibilidad de arbitrar eficaces instrumentos jurídicos, como indica la exposición de motivos de la ley, que atajen desde su origen
cualquier conducta que pueda degenerar en hechos aún más graves. La ley citada unifica en su articulado los distintos instrumentos de amparo y tutela a las víctimas de estos graves actos, consiguiendo así que, a través de un procedimiento judicial
ciertamente rápido y sencillo ante el juzgado de instrucción, pueda obtener la víctima un estatuto integral de protección que concentre de forma coordinada una acción cautelar de naturaleza civil y de naturaleza penal. En palabras posteriores haré
algún detenimiento complementario respecto a esta grave realidad de la violencia de género y sobre las actuaciones que el Consejo General del Poder Judicial viene desarrollando al efecto. Sólo quisiera, por tanto, apuntar algún dato en este lugar.
Desde la aprobación de la Ley reguladora de la orden de protección para las víctimas de la violencia doméstica, se han acordado hasta el 31 de octubre de 2003 más de 4.000 órdenes, de las cuales se ha atendido el 75 por ciento. Un 97 por ciento de
las órdenes solicitadas lo fueron por mujeres. De dichas medidas, 2.616 son órdenes de alejamiento; 1.176, prohibiciones de comunicación; y 119, privativas de libertad. Las medidas civiles adoptadas son mayoritariamente relativas a la atribución
de la vivienda -737-, al régimen de custodia, visitas y comunicación con los hijos -758- y a prestación de alimentos -621-.



Respecto a la promulgación de la Ley 22/2003, de 9 de julio, concursal, todo han de ser parabienes. Ya en el informe a su anteproyecto, aprobado por el pleno de 6 de noviembre de 2001, el Consejo General del Poder Judicial estimaba que la
iniciativa legislativa que en él quedaba plasmada constituía un meritorio intento de sentar sobre nuevas bases este sector del ordenamiento jurídico, el cual, como es bien conocido, se encontraba hasta ahora regulado por normas dispersas en textos
legales que eran procedentes de distintas épocas y que estaban basadas en muy diferentes y arcaicas concepciones. La realidad social y económica española exigía -decíamos entonces- una nueva ley concursal que estuviera fundamentada en nuevos
principios, mediante la cual se pudieran afrontar con razonable éxito las situaciones de insolvencia de un deudor común.
Después de lo andado en la tramitación parlamentaria de esta ley, no parece necesario recordar que tanto en el Libro Blanco de
la justicia como en el documento llamado Propuestas para la reforma de la justicia el Consejo General del Poder Judicial puso de manifiesto la urgente necesidad de promulgar una nueva ley concursal. De obligada referencia en este lugar, por ser
referente a la acción del Consejo General del Poder Judicial en esta área, es el acuerdo reglamentario número 7/2003, del pleno, por el que se modificó el reglamento número 1/1195, de 7 de junio, de la carrera judicial, en lo relativo a la
especialización de miembros de la carrera judicial en asuntos propios de los órganos de lo mercantil.
A través de dicha norma se ha dado cumplimiento a las disposiciones contenidas en los apartados 11 y 12 del artículo 2 de la Ley orgánica 8/2003,
de 9 de julio, para la reforma concursal, por la que se vino a modificar la Ley orgánica del Poder Judicial en lo que


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se refiere a la potestad reglamentaria del Consejo en la regulación del proceso selectivo para la obtención de la especialización en los asuntos propios de los nuevos órganos de lo mercantil. La regulación de dicho proceso selectivo se
contiene incluso en el reglamento indicado, al objeto de que se produzca la selección de un número adecuado de miembros de la carrera judicial con carácter previo a la entrada en funcionamiento de los juzgados de lo mercantil, que, conforme a lo
dispuesto en la disposición final segunda de la Ley orgánica 8/2003, deberá tener lugar a partir del 1 de septiembre de 2004.



Aunque ya me he referido a ella con cierta reiteración en otros lugares y ante esta misma Cámara, no puedo pasar por alto la importancia de la promulgación de la Ley 15/2003, de 26 de mayo, reguladora del régimen retributivo de las carreras
judicial y fiscal. Como he venido diciendo, la discriminación retributiva en función de la categoría de carrera alcanzada, de la creciente dificultad y responsabilidad de la decisión e incluso del volumen de trabajo compromete de forma decidida el
segmento de las retribuciones en la mejora general del sistema y ayuda de forma clara a la mejora del funcionamiento general de la justicia en el aspecto capital de los tiempos de producción de las resoluciones. Respecto a la Ley 14/2003, por la
que se regula el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, recordemos que el pacto de Estado para la reforma de la Administración de justicia proclamó la importancia de incorporar criterios de mérito, especialización, rendimiento y calidad de
trabajo, junto con la antigüedad, para la promoción en el seno de la carrera fiscal y el acceso a su máximas jefaturas. Estas jefaturas son órganos que, de modo obvio, además de requerir importantes conocimientos jurídicos y experiencia
profesional, incorporan aspectos de gestión, liderazgo y motivación que aconsejan una adecuada selección y la rotación de sus responsables.



Evolución de la justicia. Estadísticas judiciales del año 2002. Durante el año 2002, siguiendo la tendencia de continuo crecimiento de los años anteriores, se ha producido un incremento en el número de asuntos ingresados en los órganos
judiciales. Se ha alcanzado la cifra de 7.082.285 asuntos; por tanto, se supera, por vez primera, la cifra de siete millones de asuntos. Este incremento ha supuesto un aumento de la litigiosidad del 5,97 por ciento respecto al año anterior; es
decir, como ya apunté en mi discurso de apertura de los tribunales al referirme a este dato, supone un incremento de la litigiosidad en más de tres veces, en el mismo periodo del crecimiento, de la tasa de población nacional, que fue, según los
datos oficiales, el 1,75 por ciento. El crecimiento de la litigiosidad, medida esta como el número de asuntos ingresados por cada mil habitantes, ha sido del 5,97 por ciento, pasándose de 165 litigios por mil habitantes en 2001 a 174 en el
ejercicio 2002.
Analizando esta litigiosidad en términos absolutos por tribunales superiores de justicia, se observa que Baleares, con 242; Comunidad Valenciana, con 218; Andalucía, con 200; Madrid, con 198; Canarias, con 195 y Cataluña, con
177, presentan la más alta tasa de litigiosidad, superando la media nacional. El crecimiento relativo más alto en litigiosidad se ha dado en Murcia, con 11,14 por ciento respecto al año anterior. En Castilla y León ha crecido en un 10,19 por
ciento; Asturias, en un 8,83 por ciento, y Aragón, en un 8,33 por ciento, Por el contrario, el crecimiento más bajo se ha dado en Galicia, con 2,79 por ciento, y en Canarias, con 2,95 por ciento. La distribución de los asuntos ingresados por
jurisdicciones es similar en el año 2002 a la de 2001, con un ligero incremento de la participación de las jurisdicciones civil, que aumenta del 12,7 al 13,7, y social, que pasa del 4,8 al 5,3 por ciento. La jurisdicción contencioso-administrativa
se mantiene en el 2,7 por ciento -muy próxima al 2,8 por ciento de 2001- y la penal se reduce del 78,6 al 78,2 por ciento.



El número de asuntos resueltos también a superado la cifra de siete millones, un 4,63 por ciento más que en 2001, siendo, con 7.035.805 asuntos resueltos, ligeramente inferior a la de asuntos ingresados. En todas las jurisdicciones se ha
producido un incremento en el número de asuntos resueltos respecto a 2001, salvo en la contenciosa, que, a pesar de presentar una reducción del 3,6 por ciento, es la única en la que el número de asuntos resueltos no ha superado el de los ingresados.
Pese al incremento de la labor resolutiva, el número superior de asuntos ingresados ha provocado un incremento de la pendencia del 3,08 por ciento, quedando en 2002 2.056.425 asuntos pendientes por resolver, lo que representa un 29,23 por ciento del
total de los asuntos que ingresan en cada año. Por tribunales superiores de Justicia, la tasa de pendencia de todo el Estado -0,29 por ciento- se supera en Canarias con el 0,37; Asturias, con el 0,36; Galicia, con el 0,36 también; Castilla-La
Mancha, con el 0,31; Murcia, con el 0,34 y La Rioja, con el 0,30. Los tribunales superiores de Justicia con menor tasa de pendencia son: Extremadura, con el 0,21 por ciento; Navarra, Aragón y Castilla y León, con el 0,25 por ciento.



En cuanto a los módulos de dedicación, los primeros órganos en cumplimiento son los de Galicia, con un 87,11 por ciento, y los últimos los de Baleares, con un 67,11 por ciento. En cuanto a la capacidad de respuesta, los primeros son los
órganos de Extremadura, con un tiempo medio de 3,59 meses, y los que tienen un mayor tiempo medio de respuesta son los de Asturias, con una media de 7,51 meses.



Estadísticas judiciales correspondientes al ejercicio de 2003. El número de asuntos ingresados durante el primer semestre de 2003 al que se refieren los datos que voy a exponer a SS.SS., en todas las jurisdicciones ha sido de 3.697.744
asuntos, dato que, extrapolado, permite estimar que en el año 2003 ingresarán en los órganos judiciales españoles más de 7.300.000 asuntos,


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suponiendo un incremento de litigiosidad en asuntos ingresados respecto al año 2002 de un 4,21 por ciento. Los litigios resueltos en este mismo período, primer semestre de 2003, han sido 3.715.566 asuntos, con lo que al final del año
previsiblemente se habrán resuelto cerca de 7.200.000 asuntos, lo que permite cifrar asimismo un incremento de la capacidad resolutiva de nuestros juzgados y tribunales en un 2,85 respecto a la ya elevada cifra de asuntos resueltos en el año 2002.
No obstante, es de apreciar que la carga de trabajo que pesa sobre los órganos jurisdiccionales crece en mayor medida que la posibilidad de estos en incrementar su resolución, 4,21 frente a 2,85, lo que inevitablemente produce mayor pendencia de
asuntos que en el año anterior y aconseja un rápido, aunque madurado, redimensionamiento de la planta judicial adecuándola para atenderla en condiciones de eficiencia. Las sentencias dictadas por los órganos judiciales en el primer semestre del año
2003 han sido 758.078, con un incremento del 2,25 por ciento respecto a igual período de 2002, mientras que los autos, cifrados en 405.486, han tenido un incremento del 16,64 por ciento.



Análisis por jurisdicciones de los datos de 2002. Concretando lo expuesto por jurisdicciones, y sin perjuicio de ofrecer el necesario detalle exhaustivo, cabe señalar: Jurisdicción civil. La jurisdicción civil, que ha vivido todavía los
efectos del cambio de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es la que presenta una evolución más irregular: los 973.487 asuntos ingresados, un 13,74 por ciento del total, representan un incremento de cerca del 15 por ciento, concretamente el 14,29 por
ciento, respecto al año 2001 y superan los datos del año 2000, en el que, a consecuencia de la inminente entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, como todos ustedes conocen, se produjo un fortísimo incremento en los asuntos
ingresados, rompiéndose así la larga tendencia decreciente que se venía observando. Durante el año 2001, por el contrario, se produjo una reducción a niveles inferiores a los de 1999.
En la jurisdicción civil se ha producido un incremento en las
resoluciones del 6,94 por ciento. El número de sentencias en esta jurisdicción se ha reducido en un 10,2 por ciento, con lo que la tasa de sentencias ha pasado en la jurisdicción civil del 0,54 por ciento de 2001 al 0,45 por ciento de 2002. En
ello ha incidido la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil por la forma de conclusión de los procesos monitorios que, como SS.SS. conocen, quedan resueltos por auto y no por sentencia.



En el orden civil, una parte importante del esfuerzo de los órganos jurisdiccionales se ha dedicado a los procesos de ejecución, cuyo aumento ha afectado a la capacidad resolutiva de los juzgados y tribunales. La aplicación de la nueva Ley
de Enjuiciamiento Civil ha exigido una atención preferencial por parte del servicio de estadística judicial con el objeto de analizar la evolución durante sus dos primeros años de vigencia. En términos comparativos con los años 2000 y 2001 los
asuntos contenciosos ingresados en 2002 han aumentado notablemente con respecto a los años anteriores. En el año 2002 se produjo un incremento del 17,25 por ciento frente al 16 por ciento de 2000 y el 14,28 por ciento de 2001.
El nivel resolutivo
también ha crecido, pasando de ser un 9,8 por ciento superior a 2001 y un 16,2 por ciento superior a 2000. El total de asuntos resueltos en 2001 y 2002 (el 55 por ciento y el 15 por ciento, respectivamente) son procedimientos de la antigua Ley de
Enjuiciamiento Civil, de los que a finales de 2002 quedaban pendientes poco más de 75.000. La pendencia tras el descenso operado a comienzos de 2001 ha aumentado, volviéndose a niveles de finales de 2001 Es de significar el crecimiento de los
asuntos de familia (un 13 por ciento más que en 2001 y un poco más que en 2000), aunque el incremento de la capacidad resolutiva (el 17 por ciento más que en 2001) establece una tendencia decreciente en el porcentaje de asuntos resueltos del 3,5 por
ciento con respecto a 2000 y del 0,5 por ciento con respecto a 2001. En los anexos de la memoria se incluyen datos específicos según tipos de órganos y según clases de procedimientos, por lo que a ella me remito. Sólo quisiera indicar que el
incremento de asuntos afecta también al de ejecuciones forzosas, cuyo número total se elevó en 2002 a 730.000 asuntos, incluyendo en ellos la materia de familia y entre ellos sólo un 20 por ciento se trataba de ejecuciones en virtud de título no
judicial o extrajudicial. Con todo, no quiero dejar de señalar que en los procesos contenciosos el crecimiento mayor es el de los procesos monitorios, cuyo número alcanza un tercio de los asuntos civiles registrados y cuya tasa de resolución es del
74,24 por ciento. Los juicios verbales han sido el 26,2 por ciento de los registrados, sin contar los posesorios ni los arrendaticios, con una tasa de resolución del 93,64 por ciento. Los juicios ordinarios han representado en 2002 el 21,8 por
ciento de los registrados y su tasa de resolución ha sido del 73,95 por ciento.



Jurisdicción penal. Señorías, la jurisdicción penal ha tenido durante el año 2002 5.540.661 asuntos ingresados, con un incremento del 4,14 por ciento respecto al año anterior, aunque este crecimiento ha sido casi la mitad del ocurrido en
2001, que fue del 7,38 por ciento. En la jurisdicción penal, la mejora en el número de resoluciones ha sido del 4,38 por ciento, con un incremento del número de sentencias del 8,95 por ciento, lo que significa un ligero incremento de la tasa de
sentencia, que pasa del 0,10 al 0,11 por ciento.



Análisis por jurisdicciones de los datos correspondientes a 2003. El orden jurisdiccional civil es el que ha experimentado el aumento más significativo en cuanto al número de asuntos ingresados (600.998), que alcanza un incremento del 16,59
por ciento respecto a igual periodo del año 2002. A pesar del aumento del 5,63 por ciento en la resolución de asuntos por los juzgados y tribunales del orden civil de la jurisdicción, 563.843 procedimientos, el fuerte incremento de la litigiosidad
en


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este ámbito se ha traducido en un incremento de la pendencia del 10,14 por ciento, restando al final del semestre 699.772 asuntos pendientes de resolver. Merece especial mención el muy destacado incremento de los juicios monitorios
presentados ante el orden jurisdiccional civil, de tal manera que en el primer semestre del año 2002 fueron 73.176 procedimientos de esta naturaleza, mientras que en el mismo período del año 2003 han duplicado casi su número hasta alcanzar la cifra
de 135.260.
En el orden jurisdiccional penal se ha experimentado, respecto a su referencia del año anterior, un suave incremento en el período analizado en el número de asuntos ingresados que supone un 2,29 por ciento al haberse incoado 2.792.695
procedimientos, respondiendo los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional con un incremento muy similar en su capacidad resolutiva, que alcanza el 2,14 por ciento, con un número de asuntos resueltos de 2.855.724, mayor por tanto que el
número de asuntos ingresados, lo que permite continuar reduciendo la pendencia en este orden jurisdiccional. Merece destacarse que el mayor incremento resolutivo se ha realizado a través de sentencias, cuyo número ha aumentado en un 5,80 por
ciento, cifradas en 340.142, lo que supone la forma más completa de finalización del procedimiento y por tanto una meritoria y eficaz adaptación de los órganos jurisdiccionales al incremento de litigiosidad.



El orden jurisdiccional contencioso-administrativo ha experimentado asimismo un incremento en los asuntos ingresados en el primer semestre del año 2003 respecto al mismo período del 2002 que supone un 4,84 por ciento. La capacidad
resolutiva de los juzgados y tribunales de este orden jurisdiccional ha crecido el 1,47 por ciento, demostrando una ligera elasticidad en el incremento de resoluciones que sin embargo no es suficiente para hacer frente al crecimiento de recursos
contencioso-administrativos, lo que produce una mayor pendencia al final del período, que alcanza la cifra de 290.027 asuntos. Sin embargo, en el orden jurisdiccional social en el primer semestre del año 2003 hay una ligera disminución en la
presentación de demandas con respecto a idéntico semestre del año anterior que podemos cuantificar en una reducción del 0,41 por ciento, con un total de asuntos ingresados que se cifra en 199.261. Este orden jurisdiccional ha incrementado su labor
resolutiva en el período de referencia en un 6,55 por ciento que, al suponer 187.022 asuntos, no permite alcanzar el nivel de entrada, produciéndose un leve aumento de pendencia de asuntos.



Análisis de la evolución de la litigiosidad por comunidades autónomas. La mejor comparación de la situación de la carga de trabajo que pesa sobre los juzgados y tribunales de un determinado territorio así como su capacidad de respuesta
resolutiva a la entrada de procedimientos ha de realizarse a través de la tasa de litigiosidad, que supone un más completo examen del estado de la cuestión que el manejo de valores absolutos. De esta forma, el número de asuntos ingresados en los
órganos jurisdiccionales por cada 1.000 habitantes, que constituye la citada tasa de litigiosidad, se erige en un indicador homogéneo de la entrada de asuntos que permite la comparación territorial. Los más altos valores en tasa de litigiosidad se
alcanzan en el ámbito del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares, 58,35; Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 54,45; Tribunal Superior de Justicia de Valencia, 54,09; Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, 53,05 y Tribunal
Superior de Justicia de Canarias, 51,23. Por el contrario, la menor tasa de litigiosidad corresponde a los tribunales y juzgados de Navarra, con el 27,66. Si consideramos la jurisdicción penal, por ser la de mayor volumen en régimen absoluto de
asuntos, se obtienen resultados similares. Destacan Baleares, con 46,25; Valencia, con 43,04; Andalucía, con 42,57 y Madrid, con 42,24. La más baja se da en Navarra con el 20,06 y La Rioja con el 21,32.



La situación final queda bien reflejada en la tasa de pendencia, ratio entre los asuntos pendientes al final del periodo y los resueltos en el mismo. Este indicador muestra que la mayor tasa de pendencia se produce en Canarias con el 1,39,
en Galicia con el 1,35, Murcia con el 1,28 y Asturias con 1,27. La menor tasa de pendencia, por el contrario, es la de los órganos jurisdiccionales de Extremadura, que lleva a la cifra de un 0,77. La tasa de resolución, ratio entre los asuntos
resueltos y los ingresados, muestra que el esfuerzo resolutivo equilibra el volumen de entrada de asuntos en los juzgados y tribunales de La Rioja, 1,08, y Cantabria y Navarra, ambos con 1,03. En el otro extremo, los órganos jurisdiccionales del
ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, a pesar del incremento de resolución de asuntos, quedan ligeramente por debajo del volumen de los procedimientos iniciados cifrándose la tasa o su ratio en un 0,98.



Referencia singular a los juicios rápidos. Señorías, el Consejo General del Poder Judicial se ha mantenido atento a la importante reforma procesal acometida en el año 2002 y entrada en vigor durante el año 2003 en relación con el
enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, disposición que está destinada a agilizar el enjuiciamiento penal en el caso de alguno de los hechos punibles más frecuentes y que generan mayor alarma ciudadana cuando el presunto
autor de los mismos ha sido puesto a disposición de la autoridad durante la comisión del delito o falta o cuando aún mantenía el dominio del hecho; una reforma que entronca directamente con el pacto de Estado para la reforma de la justicia de mayo
de 2001 dentro del cual ocupaba un lugar destacado la necesidad de elaborar una nueva ley de enjuiciamiento criminal que abordase entre otras cuestiones la agilización de los procedimientos, la mejora de los procedimientos abreviados, el
enjuiciamiento inmediato de los delitos menos graves y flagrantes y la simplificación de los trámites en


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las grandes causas. Esa atención se hizo patente durante el trámite preceptivo de informe a los anteproyectos de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y orgánica del Poder Judicial y tras la publicación en el Boletín Oficial del
Estado de las leyes orgánicas 8/2002 y 38/2002, de 28 de octubre, que incorporan esta importante reforma procesal. No obstante, el Consejo General del Poder Judicial, después de esta fecha, debía mantener el interés por la reforma, toda vez que la
misma afectaba de manera directa al modo de organizar el funcionamiento de aspectos relevantes de la justicia penal y, al mismo tiempo, implicaba un cambio de mentalidad en los juzgados de instrucción, amén de un gran esfuerzo de coordinación entre
el personal de los juzgados, la autoridad judicial policial, los testigos, peritos, víctimas y, en definitiva, de todos los implicados en los primeros momentos de la investigación criminal incluyéndose al propio autor del hecho.



La reforma de los juicios rápidos está permitiendo imprimir una importante aceleración a la tramitación de buena parte de los procedimientos penales, para lo cual ha sido decisivo el compromiso de los medios personales de los órganos de
instrucción penal, desde los agentes judiciales hasta el personal juzgador, y ello porque a partir de la vigencia de la reforma todos los delitos castigados con penas privativas de libertad de hasta cinco años de prisión comprendidos dentro de su
ámbito de aplicación -robos, hurtos, violencia doméstica, inseguridad en el tráfico y todos los flagrantes- deben ser investigados dentro de la guardia judicial y juzgados en el plazo máximo de 15 días. Por su parte, las faltas flagrantes en el
ámbito de la violencia doméstica y por el hurto deberán ser juzgadas inmediatamente por el juzgado de guardia. Debe reconocerse, señorías, que ese esfuerzo colectivo es el que está contribuyendo a paliar los negativos efectos de las dilaciones en
el ámbito tan sensible al ciudadano como es la aplicación del derecho penal.



Con la finalidad de obtener la mayor coordinación entre las distintas instituciones concernidas y con el expreso designio además de alcanzar la mayor eficacia posible, fue constituida la comisión nacional de coordinación para la implantación
de los juicios rápidos. De ella forman parte, además del Consejo General del Poder Judicial, representantes de los ministerios de Justicia y del Interior, las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, la Fiscalía General del
Estado y el Consejo General de la Abogacía Española. En el ámbito técnico dicha comisión actúa además a través de la labor continuada de un grupo de expertos designados por distintos de sus integrantes. Los trabajos de dicha comisión han culminado
en la elaboración de un protocolo general de actuación que ha sido aprobado y ratificado por las más altas representaciones de todas las instancias jurídicas afectadas. Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, en esta materia y en el
ejercicio de sus competencias de gobierno del Poder Judicial ha realizado una pluralidad de actuaciones a fin de contribuir a la más completa eficacia en la aplicación de los juicios rápidos. Entre estas destaca singularmente la creación de una
comisión de implantación de juicios rápidos, en octubre de 2002, que ha desarrollado una importante labor hasta la entrada en vigor de la ley, ocupándose principalmente de la modificación del Reglamento 5/1995, de aspectos accesorios de las
actuaciones judiciales en las cuestiones relativas a la organización del sistema de guardias en los juzgados, elemento clave y nuclear para poder alcanzar el éxito en la efectiva implantación del nuevo sistema de enjuiciamiento rápido. Junto con
esta tarea, la citada comisión ha puesto en marcha toda una serie de actividades complementarias a fin de agotar de modo adecuado la previsión de las eventualidades y dificultades que pudieran surgir con motivo de la vigencia de la nueva ley. En
este sentido, el Consejo ha abordado un plan global de formación en materia de juicios rápidos, ha difundido entre los jueces y magistrados una guía práctica de actuación en dicha materia, tanto por lo que se refiere a los juicios de faltas como a
los juicios por delitos, dirigida a los ciudadanos y a los operadores jurídicos, y ha procedido a realizar estudios sobre los sistemas de coordinación de señalamientos inmediatos de juicios rápidos, cargas de trabajo, situación de los edificios,
medios personales, medios materiales y normas de reparto. Además, a través de esta comisión, el Consejo se ha mantenido en contacto permanente con los jueces decanos de todo el territorio nacional como medio para alcanzar una percepción directa y
real de los problemas que surgen en la práctica diaria en nuestros juzgados y tribunales a fin de evitar que un diagnóstico equivocado de estos pudiera frustrar el éxito de esta importante reforma, reforma, señorías, que podrá afectar seguramente al
60 por ciento del volumen de los litigios que se concentran en la jurisdicción penal. Esta comisión de implantación de juicios rápidos, una vez producida la entrada en vigor de la ley, se ha transformado por decisión del pleno del Consejo en
comisión de seguimiento de juicios rápidos con el claro objetivo de llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de todas las incidencias que pudieran plantearse por la aplicación de la nueva ley, que permita en un plazo de seis meses desde su entrada en
vigor acometer las reformas organizativas que fueran pertinentes en el modelo de guardias y de coordinación institucional establecidos al efecto. En este sentido, señorías, el trabajo de la comisión ha comenzado a dar sus frutos proporcionando unas
primeras cifras estadísticas fiables relativas al nuevo sistema de enjuiciamiento y unificando los criterios de las distintas salas de gobierno, siempre en el sentido más favorable a la efectividad de la ley al resolver las consultas planteadas por
los distintos tribunales superiores de Justicia. En estos meses de vigencia se ha recibido en la comisión de seguimiento diferentes escritos de petición y queja de diversos colectivos y órganos, principalmente reclamando una mayor dotación de
medios humanos y


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materiales, solicitando la ampliación de la plantilla y la presencia de traductores, peritos, forenses y fiscales, así como planteando problemas puntuales en el acceso a la agenda de las citaciones y señalamientos por la autoridad policial y
también a las bases de datos de antecedentes penales, averiguación patrimonial y Tesorería General de la Seguridad Social, que poco a poco se han ido solventando por las distintas administraciones competentes. Se tiene también noticia de la
iniciativa desde la Dirección General de la Policía de elaborar un informe sobre las incidencias constatadas en relación con los juicios rápidos, y la representación de la Guardia Civil ha puesto de relieve el buen funcionamiento de las
conformidades, aunque también su preocupación por la excesiva permanencia de sus agentes en dependencias judiciales.
Asimismo se han recibido sendos escritos de los colegios de abogados de Madrid y Zaragoza manifestando disfunciones en lo referente
a los tiempos de espera, al incumplimiento de la hora establecida, al escaso número de atestados y al alto porcentaje de transformaciones de procedimientos, entre otras materias.



En cuanto a las estadísticas de aplicación de los juicios rápidos, el total de asuntos ingresados desde la entrada en vigor de la ley hasta el pasado día 22 de octubre era de 103.829, con un promedio de 72,20 por cada juzgado de instrucción
o mixto. Los juzgados con mayor media de asuntos por comunidad autónoma son los de Melilla, con 431 asuntos por juzgado, los de Extremadura, con 30,04, y los de Castilla y León, con 32,46 asuntos. Las que presentan un mayor promedio de juicios
rápidos por número de tribunales, por debajo de Melilla y por provincias, son: La Rioja, Alava y Las Palmas, las tres por encima de 150 aunque por debajo de los 200; Palencia, con un promedio de 18,22 y Ávila, Cáceres, Lugo, Orense, Salamanca,
Soria y Zamora, con un promedio entre 20 y 30 asuntos, son las provincias que tienen el promedio más bajo. Por otra parte, se ha efectuado un estudio especial de tendencias en los partidos judiciales con decanos liberados. Según dicho estudio,
Barcelona es el partido judicial que presenta mejores cifras de juicios señalados ante el Juzgado de lo penal, con un promedio superior a los cuatro juicios diarios por juzgado, a los seis meses de vigencia de la ley. Sin embargo, las peores cifras
son las de Bilbao y Palma de Mallorca, con un promedio diario inferior a un asunto por juzgado. En cuanto a las conformidades, son Barcelona de nuevo y Madrid las que presentan mejor promedio, en torno a cuatro diarias, y las que tienen un promedio
inferior son Bilbao y Valencia, las dos por debajo de un 1,5 de promedio diario, también a los seis meses de vigencia de la ley.



Voy a hacer una referencia singular al proceso de aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000. Señorías, continuando la labor iniciada ya desde su entrada en vigor en enero de 2001, el Consejo General del Poder Judicial, a
través de la comisión de seguimiento para la aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha pretendido profundizar a lo largo del año 2002 en una serie de materias que tras la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil se habían
revelado como extraordinariamente importantes para evaluar el verdadero impacto de una ley llamada a sustituir a una de las normas más antiguas existentes en el ordenamiento jurídico español, la más que centenaria Ley de Enjuiciamiento Civil de
1881. A tal fin, a instancias de dicha comisión, se ha puesto en marcha en el seno del Consejo General del Poder Judicial una serie de trabajos que necesariamente habrán de prolongarse aún durante cierto tiempo, habida cuenta de la entidad
cuantitativa y cualitativa que tienen, entre los que podemos destacar los siguientes. En primer lugar, se ha procedido a la actualización de los informes ya elaborados por el servicio de inspección con datos de la actividad de los órganos
jurisdiccionales cerrada a fecha 30 de junio de 2000. En segundo lugar, se ha procedido a realizar un nuevo estudio sobre la incidencia que la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil está teniendo en los órganos jurisdiccionales en aspectos atinentes a
las siguientes cuestiones: el nuevo proceso de ejecución, y dentro del mismo en concreto, los tiempos de respuesta, la eficacia del proceso o realización forzosa y los porcentajes de la utilización de la ejecución provisional; funcionamiento de la
segunda instancia, con atención también a los tiempos de respuesta y al análisis de las posibles variaciones de las cargas de trabajo como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil; incidencia del nuevo proceso
civil en la oficina judicial, punto con el que se busca el análisis sobre la incidencia que la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil puede haber generado en los sistemas de distribución de trabajo y utilización de los medios
personales, así como de la negativa incidencia que puede venirse produciendo por el sistema de nombramiento de personal interino en el proceso de ejecución, que, como es sabido, es esencialmente escrito; también se debe prestar atención a los
señalamientos y en especial a los tiempos medios, número de días de los señalamientos y número de los mismos por sesión, franja horaria de dichos señalamientos, tiempos de espera, porcentajes de suspensión y sus causas. En último término, el
estudio debería completarse con el análisis de los medios materiales de la jurisdicción civil y también de las posibles disfunciones apreciadas en los sistemas audiovisuales y de las aplicaciones informáticas. Este segundo estudio ha fructificado
en un informe elaborado por el servicio de inspección en fecha 26 de junio de 2003 sobre el examen de la incidencia en la aplicación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, que consolida la tarea constante de seguimiento desde este Consejo de esta
importante ley, con examen de sus efectos sustantivos y de análisis de sus resultados estadísticos. Este informe sucede al producido por el mismo servicio de inspección el 17 de junio de 2001, cuya última actualización estadística es de abril de
2002. Desde esa fecha, ningún otro informe sobre la incidencia de la Ley de


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Enjuiciamiento Civil se ha elaborado, sin que ello deba interpretarse en el sentido de entender que el servicio de inspección haya hecho dejación de la evaluación de que se trata en momento alguno. Muy al contrario, las tareas de la
inspección desarrolladas a lo largo del periodo intermedio han venido incidiendo de forma sistemática en el examen de las consecuencias prácticas derivadas de la nueva legislación, en particular en lo que hace al nivel de respuesta temporal en la
resolución de los litigios, la incidencia en el comportamiento del personal jurisdiccional, la inmediación y las modificaciones de organización de la oficina judicial derivada de los nuevos trámites y obligaciones impuestas por la ley. Esta
información no está agregada a ningún informe, pero es un acervo indudable del conocimiento del servicio de inspección a través de cada uno de sus miembros, que ha venido de hecho a integrar como elemento interpretativo y valorativo la tarea
encomendada a la inspección por el Consejo.



Las conclusiones de este informe presentan perfiles de indudable interés práctico acerca del estado aplicativo de los novedades de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por lo que a estadísticas se refiere, debe destacarse en primer lugar que una
vez generalizada la aplicación de la nueva ley se ha producido un incremento en el registro de asuntos del año 2002 que ha sido correlativo al mayor volumen resolutorio por la jurisdicción. El tipo procedimental más utilizado ha sido el juicio
verbal, si bien es preciso destacar que por lo que hace a las reclamaciones de cantidad, el de mayor uso ha sido el monitorio, equivalente a casi un tercio del total de los asuntos registrados. La ejecución por su parte está dominada por el título
judicial, que representa más del 80 por ciento del registro total, situándose el nivel medio de resolución en un 25 por ciento. En materia de señalamiento de las actuaciones judiciales orales, el núcleo de los nuevos procesos civiles está
condicionado por la disponibilidad de salas de audiencia dotadas de medios de grabación y reproducción audiovisual, dotación que no está ausente en ningún caso. La situación generalizada es la disponibilidad compartida de las salas por varios
órganos judiciales, mayoritariamente del orden de un 65 o un 70 por ciento con otro juzgado.



La tendencia detectada es al incremento de los tiempos de señalamiento, algo que incide en la duración de los procesos. Los criterios de señalamiento, discriminados en función de la complejidad del asunto o de su prueba, están evitando de
forma mayoritaria esperas a partes, a profesionales y al público en general. Las conclusiones en materia de ejecución se dividen por lo que al despacho de ejecución, al apremio y a la ejecución profesional se refiere. El despacho de ejecución se
hace con prontitud en periodos que no superan de ordinario los 20 días. No existe un criterio uniforme en la exigencia al ejecutante de una investigación previa de la solvencia de lo ejecutado en los términos que previene la Ley de Enjuiciamiento
Civil, aunque se ha extendido la utilización de oficio del requerimiento al ejecutado para que manifieste personalmente sus bienes. Sin embargo, la imposición de multas coercitivas periódicas en caso de negativa de éste, prevista en la Ley de
Enjuiciamiento Civil, es prácticamente excepcional, sobre todo en los órganos mixtos. La práctica del embargo ordenado por resolución judicial no ha conseguido eliminar o reducir el embargo por diligencia en los estrictos términos de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, con una mayor implantación en el caso de los órganos mixtos. Tampoco se ha generalizado el impulso de oficio en la garantía de la traba, ya que sólo un 52 por ciento de los órganos impulsa sin instancia de parte tales
garantías. Sin embargo, sí se ha extendido el uso del fax para comunicar a los registros de la propiedad las trabas sobre bienes inmuebles que son acordadas. Por cuanto a la vía de apremio se refiere, cabe destacar la inexistencia de problemas en
el trámite de designación de peritos para el avalúo. Las subastas son señaladas en la generalidad de los juzgados en un plazo no superior a los dos meses y el auto de adjudicación no se demora más de un mes. Por lo que se refiere a los mecanismos
alternativos de la subasta y los medios de publicidad de las mismas, unos como otros son observados con prevención por los órganos incluidos en el estudio, los primeros por razones que pueden ir desde la falta de interés, de información o de
conocimiento hasta para evitar gastos adicionales que encarezcan la ejecución. En cuanto a los señalamientos de subastas, hay que constatar que es mayor su número en los juzgados puros debido a la mayor especialización de estos juzgados con
respecto a los mixtos. El porcentaje de suspensiones es muy poco elevado, siendo la causa más repetida de suspensión la propia instancia de la parte ejecutante, y por lo tanto, por causas no imputables al juzgado. En lo relativo a la ejecución
provisional, su utilización en los juzgados es mínima, ya que sólo representa una media de un 6,35 por ciento de las ejecuciones registradas en los juzgados mixtos y de un 5,9 por ciento en los juzgados puros. Estos datos contrastan con las
previsiones hechas en su día sobre un espectacular crecimiento de las demandas de ejecución provisional debido a la inexistencia o inexigibilidad de fianza al ejecutante. Por otro lado, los datos facilitados sobre interposición de oposición a la
ejecución provisional son los siguientes. En los juzgados puros la media de los órganos consultados da un porcentaje de oposición del 4,3 por ciento de las ejecuciones provisionales. En un 29 por ciento de los órganos no consta ninguna. En los
juzgados mixtos la media da un porcentaje del 20 por ciento, si bien debe hacerse constar que los datos son muy dispares. Así, por ejemplo, en el 36 por ciento de los órganos no consta ninguna oposición y, sin embargo, en un 15 por ciento consta un
cien por cien de oposiciones a la ejecución provisional. La entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento


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Civil ha supuesto para la oficina judicial un cambio radical consecuencia del nuevo diseño del proceso, básicamente oral, más en lo que hace a la actividad propiamente judicial, con la consecuente reducción de actividades asumidas
tradicionalmente por funcionarios, que a la distribución del trabajo interno de la oficina. La distribución del trabajo en la oficina judicial no distingue en la mayoría de las ocasiones entre trámite y ejecución. No hay uniformidad en los
sistemas informáticos, existiendo uno distinto en cada comunidad autónoma con competencias en materia de justicia. Todo el personal, con la excepción de los agentes judiciales, está dotado de terminales informáticos. Los programas responden bien y
en tal sentido son mayoritariamente utilizados para las tareas de registro, tramitación y consultas, pero no para utilidades como listados, dependencia o estadística.



La violencia doméstica es una cuestión en la que el Consejo General del Poder Judicial ha permanecido especialmente sensible en cuanto a la problemática jurídica derivada de esta violencia. El 21 de marzo de 2001 el pleno del Consejo aprobó
ya un primer acuerdo en el que se realizaba un completo análisis de esta realidad, se examinaban con detalle los problemas que presentaba nuestra legislación y se intentaba, en último término, agotar las posibilidades interpretativas de la misma,
sugiriendo la conveniencia de acometer una serie de reformas legislativas, a fin de alcanzar mayor eficacia en la lucha contra esta lacra social. La última parte del acuerdo se plasmó en una guía práctica de actuación contra la violencia doméstica
de la que se editaron y distribuyeron más de 100.000 ejemplares. Este acuerdo sirvió además de base a la adopción de múltiples medidas de lucha contra la violencia doméstica que con posterioridad serían acordadas conjuntamente por las diferentes
administraciones públicas en los planes integrales de actuación desarrollados en esa materia hasta el momento. En la misma línea, y animado por la misma preocupación, el 26 de septiembre de 2002, el Consejo General del Poder Judicial, junto con los
ministerios de Justicia y Trabajo y Asuntos Sociales, firmó el convenio constitutivo del Observatorio sobre la violencia doméstica, hoy llamado Observatorio contra la violencia doméstica y de género, al que más adelante se han incorporado la
Fiscalía General del Estado y una representación de las comunidades autónomas con competencias en materia de justicia, que hoy corresponde al País Vasco, por ser la que ostenta dichas competencias con mayor antigüedad. A través de este observatorio
se pretendía dotar de mayor eficacia las actuaciones que cada una de estas instituciones venía desarrollando por separado en esta materia, con el objetivo de lograr la plena erradicación de esa gravísima lacra social que es la violencia doméstica.
El observatorio es un instrumento de primera magnitud para plasmar en la práctica el principio constitucional de coordinación administrativa, en este caso, en defensa, garantía y protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, a veces
violentados en el ámbito de la familia y que, a partir de ahora, van a ser objeto de una completa y específica atención por parte de los poderes públicos que se integran dentro del Observatorio sobre la violencia doméstica. En esta línea, señorías,
han comenzado a desarrollarse una serie de actuaciones coordinadas de muy variada índole, que abarcan desde el seguimiento y análisis de los resultados de los procesos judiciales hasta la sugerencia de las reformas legislativas que se estimen
procedentes en cada caso, sin olvidar que, para que la colaboración sea realmente provechosa, es preciso planificar adecuadamente las tareas que corresponden a cada institución.



Desde el inicio de su mandato este Consejo se propuso profundizar y avanzar aun más en la senda que inició con su acuerdo de 21 de marzo de 2001, desarrollando algunas ideas, sugerencias o soluciones incluidas en él y planteando otras nuevas
que pudieran resultar de utilidad para el logro del objetivo perseguido. Así, antes incluso de la primera sesión del observatorio, el Consejo ya había diseñado un elenco de actividades que sería preciso acometer en el ámbito interno del Consejo, a
fin de poder ofrecer desde el primer momento resultados concretos y visibles que pusieran de manifiesto el interés con el que el máximo órgano de gobierno del Poder Judicial ha afrontado la creación y el comienzo de la andadura del observatorio.
Entre las diferentes medidas cabe destacar las siguientes: a) creación de una base de datos sobre resoluciones judiciales en materia de violencia doméstica; b) realización de un estudio completo y sistematizado de todas las cuestiones que pudieran
derivarse de la creación de un registro nacional de medidas contra la violencia doméstica, así como de la posibilidad de usar la videoconferencia en los procesos sobre violencia doméstica; c) diseño de un modelo de norma de reparto que en esta
materia se considere eficaz, partiendo del análisis de las existentes, con la posibilidad de introducir la conexión con los procedimientos civiles de familia que estén en cada caso relacionados, así como de programas específicos de formación para
jueces y magistrados; e) elaboración de una instrucción dirigida a los órganos de gobierno inferiores, en relación con la instauración de las normas de reparto que contemplen específicamente la cuestión de la violencia doméstica y la creación de un
canal permanente de información, a través del establecimiento de una red de órganos de gobierno que permita la captura instantánea de la información en la materia.



Esas actuaciones, entre un amplio grupo de medidas que se especifican en el volumen primero de la memoria, han sido puestas en marcha en su mayoría antes de la primera sesión del observatorio, en la que se expusieron los resultados obtenidos
y se acordó la realización de diferentes actuaciones de carácter prioritario, entre las que destacan las siguientes: a) la elaboración


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de un concepto único de violencia doméstica que resulte de utilidad a los efectos sociológicos, estadísticos e informáticos perseguidos por el observatorio; b) la iniciación del seguimiento de los procesos judiciales, con análisis de las
resoluciones judiciales relacionadas con la violencia doméstica, desde la reforma penal de 1999, mediante la constitución de un grupo de expertos; c) la propuesta de creación de un registro nacional de medidas contra la violencia doméstica; d) el
diseño de un plan integral de formación dirigida a personas que prestan sus servicios en las administraciones públicas; f) la adopción de medidas que favorezcan la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en orden a la celebración de juicios
rápidos en materia de violencia doméstica lo antes posible; y, por último, la puesta a disposición del observatorio de todas las iniciativas relacionadas con la violencia doméstica que se vayan produciendo. En cumplimiento de dichos compromisos,
el Consejo adoptó los acuerdos concretos que han servido para profundizar en la línea de las acciones emprendidas en el observatorio, así como para la mejor concienciación de jueces y magistrados acerca de la verdadera dimensión del problema que
representa la violencia doméstica, pudiendo calificarse, en suma, de enormemente positiva la labor desarrollada en este campo por el Consejo y demás instituciones firmantes en el convenio durante el año.



Desde entonces hasta hoy han sido diferentes las actuaciones desarrolladas a iniciativas del observatorio. En primer lugar, la creación, el 22 de julio de 2003, de la comisión de seguimiento de la implantación de la orden de protección de
las víctimas de la violencia doméstica, integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, de los ministerios de Justicia, Trabajo y Asuntos Sociales, Interior, de las comunidades autónomas con competencia transferida en materia de
justicia, de la Fiscalía General del Estado, del Consejo General de la Abogacía, del Colegio de los Procuradores y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Más adelante, tras la aprobación por las Cortes Generales de la Ley 27/2003,
reguladora de la orden de protección de las víctimas de la violencia doméstica, la comisión de seguimiento aprueba el protocolo para la implantación de la orden de protección y el modelo de solicitud de orden, así como los protocolos de coordinación
entre los juzgados y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en orden a garantizar la rápida comunicación de la orden de protección y el aseguramiento del cumplimiento y control de la ejecución de las medidas penales, que se encuentra prácticamente
ultimado, así como el de coordinación entre jurisdicciones civil y penal, en trámite de elaboración, y el de coordinación entre juzgado y administraciones públicas competentes para adopción de las medidas de protección y asistenciales, con
determinación y desarrollo del punto de coordinación. También se ha elaborado material divulgativo, folletos, guías, dirigidos a profesionales y personal de atención y se está elaborando un folleto informativo dirigido a las víctimas de la
violencia doméstica, una guía a profesionales de los servicios sociales de las administraciones competentes y otra de actuación dirigida a la carrera judicial.



Breve apunte sobre el seguimiento por el Consejo de la actividad de los jueces. El Pleno del Consejo General del Poder Judicial, celebrado el 24 de octubre de 2002, acordó, por unanimidad, impulsar el diseño y desarrollo de un modelo de
valoración del desempeño para jueces y magistrados, a fin de superar el método de medición vigente basado, esencialmente, en módulos de trabajo y poder contemplar, no solo con criterios cuantitativos sino también cualitativos y determinar con
absoluta transparencia las consecuencias asociadas con su cumplimiento.
En definitiva, el proyecto tiene por finalidad el establecimiento de unos objetivos a alcanzar y unos estándares de desempeño que constituirán los parámetros necesarios que
permitan mediciones y valoraciones más objetivas de la actividad de los jueces. Tras el oportuno proceso de contratación pública, se cuenta con la asistencia de una consultoría externa que desde entonces viene desarrollando los pertinentes trabajos
dirigidos a la obtención de un sistema de gestión de la actividad de jueces y magistrados que, con absoluto respeto a la independencia judicial -esto debe quedar nítidamente claro-, fuese acorde con los principios de objetividad, equidad y
transparencia. Los trabajos desarrollados por el expresado grupo se han venido realizando bajo un principio inspirador esencialmente participativo de los propios jueces y magistrados, quienes contribuyen así a la elaboración y al diseño de su
modelo de valoración del desempeño. La construcción y desarrollo del sistema se basa en la recogida de información sobre conductas, comportamientos e indicadores del desempeño relacionados con los rendimientos excelentes de los jueces y
magistrados, implicándose los mismos en el desarrollo y definición del propio modelo. Bajo esta idea participativa los consultores externos han venido desarrollando, en síntesis, las siguientes acciones: a) entrevistas con vocales del Consejo
General del Poder Judicial con la finalidad de obtener indicadores generales de la actividad judicial sobre los que se profundizaría en las etapas siguientes; b) entrevistas con asociaciones de jueces y magistrados; c) entrevistas individualizadas
con un número significativo de jueces y magistrados; d) visitas a los diversos órganos judiciales; e) finalmente, los resultados obtenidos de las etapas anteriores han sido llevados a paneles de intercambio celebrados entre jueces y magistrados en
los meses de septiembre y octubre, siendo su finalidad validar incidencias e indicadores de actividad recogidos en las entrevistas celebradas. Por su parte, la comisión de organización y modernización judicial, consciente de la importancia y
trascendencia de la necesaria participación en el proyecto de los propios jueces y magistrados, dentro de un contexto


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de máxima transparencia, ha venido informando puntualmente a los miembros de la carrera judicial de cada una de las etapas o hitos por los que se desarrollaban los expresados trabajos mediante la remisión de diversas cartas fechadas los días
3 de junio, 16 de junio y 5 de noviembre, en las que, además de ponerse a disposición de los jueces y magistrados, se les indicaba el correo electrónico establecido al efecto, denominado proyectovaloración@consejogeneraldelpoderjudicial.es, a fin de
que hiciesen llegar cuantas reflexiones o sugerencias se considerase oportuno efectuar vía que ha sido utilizada por un número muy significativo de jueces y magistrados. Finalizada prácticamente la necesaria recogida de información por parte del
grupo consultor, se está en el momento de dar un primer avance sobre las características y estructura básica del modelo de valoración del desempeño de jueces y magistrados obtenido y elaborado por las empresas consultoras.



Incorporación de las nuevas tecnologías a la Administración de justicia.
La incorporación al ámbito de la Administración de justicia de las denominadas nuevas tecnologías, además de contemplarse en el pacto de Estado para la reforma de la
justicia, se presenta como una medida ineludible que posibilitará una agilización generalizada de los procedimientos judiciales. El proceso de incorporación de estas nuevas tecnologías se nos presenta, pues, como una gran ayuda para afrontar la
evidente complejidad organizativa que supone la tramitación de los procedimientos judiciales y, en especial, la coordinación de medios para atenderlos. Supone, por tanto, un salto cualitativo y, también, situar al sistema judicial en la era de la
sociedad de la información. Además, la Administración de justicia no puede seguir siendo ajena a la realidad social en este preciso ámbito y, en consecuencia, está llamada a asumir y a adaptar y reconocer con naturalidad las nuevas tecnologías. No
obstante, debe advertirse que la implantación de aquéllas debe ir pareja a un cambio o modificación de las estructuras organizativas; dicho con grafismo, organizar antes de informatizar para no informatizar el desorden.



Este proceso de modificación organizativa es el que viene a incluirse en el proyecto de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, recientemente aprobada por esta Cámara. Consciente de todo ello, el Consejo General del Poder
Judicial, desde su nueva constitución, viene apostando de forma firme y decidida por la incorporación de las nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y telemáticas al ámbito de la Administración de justicia. Tales labores se vienen llevando a
cabo en el seno de la comisión de informática judicial y en la de organización y modernización judicial, así como a través del centro de documentación judicial. Las diversas acciones que en este ámbito viene desarrollando el Consejo están amparadas
por un proyecto integral llamado e-justicia, cuya ejecución posibilitará un vuelco sustancial en la eficacia general del sistema y, por ende, en la mejora de la imagen de la justicia y de nuestros jueces. Supone, así, un cambio relevante hacia la
modernización, y situará al Poder Judicial español dentro de la comunidad jurídica internacional, con una dimensión eficaz y con una imagen corporativa institucional reconocible, sin renunciar, obviamente, al conjunto de retos propios de la sociedad
de la información y al desarrollo de la Carta de los derechos de los ciudadanos. En este proyecto innovador y tecnológico se apuesta decididamente por el denominado punto neutro judicial. Es este concebido como un nodo central de comunicaciones
seguro y restringido entre las distintas redes judiciales territoriales, cuyo objeto es integrar los distintos sistemas y conectar las aplicaciones de gestión procesal actualmente existentes en nuestros órganos judiciales.
Ello, en primer lugar,
facilitará la comunicación telemática entre todos los juzgados y tribunales integrados en el sistema de gestión procesal de cualquier comunidad autónoma o territorio del Ministerio de Justicia. Por otra parte, pero no menos importante, dicho nodo
de comunicaciones posibilita a los órganos judiciales el acceso a diversos servicios, registros y organismos públicos. En este sentido, y pese al escaso año y medio de su funcionamiento real, estamos en condiciones de afirmar que cabe calificar de
óptimo su funcionamiento, y así lo han entendido tanto las administraciones públicas competentes como terceros portadores de servicios. Así lo demuestra el hecho de que tanto aquellas como estos estén ofreciendo o demandando constantemente la
prestación de nuevos servicios.



Hoy en día, la oferta de servicios que se vienen prestando a través del punto neutro adquiere ya una gran importancia, tanto por la calidad de los mismos como por el tráfico que vienen generando. Estos servicios son: Agencia Tributaria,
pudiendo los órganos judiciales efectuar determinadas consultas de interés para los procedimientos que tramitan; Instituto Nacional de Estadística, por el que se efectúan diversas consultas al padrón de habitantes, de gran interés y utilidad para
los órganos judiciales, a fin, por ejemplo, de poder localizar a los que deban ser considerados parte en los procedimientos. En materia de Seguridad Social, pueden efectuarse diversas consultas a la Tesorería de la Seguridad Social, al Instituto
Nacional de la Seguridad Social y al Instituto Social de la Marina; acceso directo a la cuenta de consignaciones de la entidad financiera Banesto; y, por último, de gran importancia e interés para los denominados juicios rápidos, consultas al
Registro Central de Penados y Rebeldes, que los órganos judiciales pueden efectuar de forma inmediata, así como las denominadas agendas de señalamiento, que hacen posible que los señalamientos de estos juicios se efectúen de forma coordinada y
rápida. Por último, se puede producir -y se produce- a través del nodo central de comunicaciones la remisión de sentencias al centro de documentación judicial, así como la realización


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de consultas a determinadas bibliotecas judiciales. Como servicios previstos a efectuar a corto y medio plazo, podemos citar los siguientes: conexión con el Registro Mercantil central, conexión con el Registro de Bienes Inmuebles, conexión
con el Registro de Violencia Doméstica y conexión con las bases de datos de la Policía, de la Guardia Civil, etcétera. Por último, el punto neutro judicial va a constituir el soporte de la aplicación del sistema de intercambio de documentos
judiciales, que en fechas próximas comenzará su andadura, mediante el establecimiento de diversas pruebas piloto. Por medio de esta herramienta, los órganos judiciales de toda España podrán intercambiar información, a fin de hacer más ágil y rápida
la tramitación de los procedimientos, y la misma posibilitará, a la vez, que el Consejo disponga de un canal permanente de comunicación con todos los órganos judiciales, en especial con los gubernativos, que haga más ágil y eficaz la necesaria
comunicación que entre ellos debe existir.



En otro orden de cosas, debe mencionarse en este campo el portal web del Poder Judicial, www.poderjudicial.es, inaugurado el 22 de noviembre de 2002, que está en constante renovación. En él se ha transformado lo que, en el inicio, no era
más que una página web pasiva en un portal corporativo del Poder Judicial. Igualmente cabe señalar, teniendo en cuenta su condición de órgano de gobierno de jueces y magistrados, que el Consejo General del Poder Judicial pretende dotar de firma
electrónica a todos los jueces y magistrados, a fin de dar cumplimiento a los requisitos de autenticidad, integridad, confidencialidad y no repudio en las comunicaciones electrónicas que aquellos puedan mantener con el propio Consejo y, en su
momento, dar igualmente cumplimiento a las exigencias previstas en el artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. A tal efecto, en breve se suscribirá con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y la Real Casa de la Moneda el pertinente
convenio para la prestación de los servicios de certificación de firma electrónica de jueces y magistrados.



Ya en el campo estrictamente normativo, cabe citar el denominado código de conducta para usuarios de equipos y sistemas informáticos al servicio de la Administración de justicia, en cuya redacción se han tenido en consideración la
procedencia, cada día más habitual en muchas organizaciones, de adoptar unas ciertas normas de comportamiento o buenas prácticas en relación con el uso de los medios tecnológicos que tales organizaciones ponen a disposición de su personal; a la vez
se busca trasladar un mensaje inequívoco a los diferentes usuarios con respecto del carácter imperativo del uso de los sistemas de gestión procesal existentes en los órganos judiciales. En la actualidad, el Consejo es consciente de la problemática
derivada de la seguridad de los sistemas de información en general y sobre los aspectos relacionados con el cumplimiento de la Ley orgánica sobre protección de datos en particular.
Por ello, en el seno de la comisión de informática judicial se han
iniciado los estudios tendentes a proponer al pleno la elaboración de un reglamento de seguridad específico para los ficheros judiciales, y se está llevando a cabo en la actualidad una auditoría de seguridad de los sistemas de gestión procesal
utilizados para comprobar los niveles de seguridad existentes en la actualidad. Por último, con objeto de cuantificar y analizar el proceso de implantación y uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, el Consejo General del
Poder Judicial está elaborando un informe de recursos tecnológicos de la información en la Administración de Justicia, el IRTAJ, recabando al efecto de las administraciones públicas los datos pertinentes, previéndose una periodicidad bianual en su
elaboración.



Escuela Judicial. Pieza esencial de la reforma y modernización de la justicia es una adecuada política de selección y formación de jueces. De los aciertos que podamos cosechar en este terreno se derivarán de modo inmediato mejoras en el
funcionamiento del sistema de justicia, una mayor calidad en su prestación a los ciudadanos y, en suma, progreso económico y social generalizado en terrenos que aunque inicialmente nos pudieran parecer ajenos a nuestro ramo de actividad en realidad
respiran el oxígeno que aportan el derecho, la seguridad jurídica y la confianza en el tráfico comercial y la estabilidad social. Todos estos aspectos se convierten así en indicadores externos de la salud y calidad de la justicia que posee un país
en un momento determinado. El modelo de juez que pretendemos en nada se aleja del previsto en el pacto de Estado para la reforma de la justicia: un juez técnicamente preparado de mente y modos de operar modernos y que sea buen conocedor de la
realidad social que disciplina el derecho que cada día aplica al dirimir las controversias entre los ciudadanos. En sintonía con este modelo de juez, nuestra Escuela Judicial, la Escuela Judicial de Barcelona, no sólo pretende, por tanto, realizar
una adecuada política de formación inicial sino que su visión es más amplia y global y gira en torno a tres ejes fundamentales: a) una selección adecuada de jueces; b) una formación inicial que sirva como adecuado puente entre la oposición y la
función jurisdiccional y que tiene como misión central la adquisición de experiencia y el aprendizaje en el proceso de toma de decisiones complejas; c) una ambiciosa formación continuada que permita a los jueces la profundización constante en el
torrente inagotable del saber jurídico que aplican y al mismo tiempo la actualización permanente en las novedades normativas que se van produciendo en un mundo constante de proceso transformativo.



Selección y acceso a la carrera judicial. Desde la comisión de selección se ha ido perfeccionando el método para el acceso a la carrera judicial que se asienta, como es sabido, en los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad. El importante cuerpo


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de opositores, lindante en sus efectivos a los 5.000, había provocado en el pasado algunas disfunciones que han sido corregidas por la comisión de selección mediante la reducción del número de tribunales y la descentralización de las
oposiciones. Tengan SS.SS. bien presente que en tiempos anteriores el número de tribunales había llegado a 13, a los que se deben añadir los creados para la evaluación del ingreso en la carrera fiscal, con lo que el principio de igualdad de trato
en el acceso a estos puestos de tanta responsabilidad pública quedaba gravemente afectado. Con la disminución del número de tribunales a cuatro en la presente convocatoria se consigue obviamente una mayor uniformidad y en consecuencia una más
adecuada selección. Esta reducción de tribunales se ha logrado con la introducción de un nuevo ejercicio tipo test, donde se puede realizar una valoración rápida de la suficiencia de los conocimientos jurídicos generales y por tanto nos permite
limitar los esfuerzos personales y el tiempo de todos así como los recursos económicos públicos sujetos al mandato constitucional de eficiencia para con aquellos opositores que tenían alguna posibilidad de culminar con éxito el proceso selectivo.



La selección de jueces en España es de las más rigurosas en el sistema continental europeo, pero siempre hay lugar a la mejora y así deberemos hacerlo, a mi juicio, en sintonía con lo previsto en el pacto de Estado mediante la introducción
de otras pruebas que permitan valorar también la madurez y la capacidad de razonamiento y de análisis del futuro juez.
También los ingresos laterales, los denominados cuarto y quinto turno, pueden ser y deben ser mejorados. El llamado cuarto turno
de ingreso para juristas de reconocida competencia se ha revelado de utilidad. La forma de mejorarlo pudiera ser complementar una rigurosa selección por especialidades con su paso formativo por la Escuela Judicial, de esta forma no sólo se
perfecciona el sistema de selección sino que se potencia una herramienta impagable cual es la Escuela Judicial, como al efecto se ha previsto en la reciente reforma aprobada por el Parlamento. Con estos ingresos laterales, aun suprimiendo el tercer
turno, se logra una carrera judicial plural y adecuada a la composición de nuestra sociedad por los conocimientos de estos juristas de reconocida competencia que aportan de modo claro una mejora de la carrera judicial mediante su adecuada y
contrastada experiencia profesional.



Formación inicial en la Escuela Judicial. Es éste un aspecto que está de plena actualidad por causa de distintas noticias aparecidas en los medios de comunicación e incluso por tomas de posición personales que han sido adoptadas
probablemente a partir de datos que quizá no han sido interpretados en forma adecuada. Por ello pretendo hoy explicar a los representantes legítimos de los ciudadanos, en esa actitud de transparencia que debemos adoptar todos los responsables
públicos en un Estado democrático y que yo mismo todos los días me impongo, cuáles son esos hechos y cuáles son las razones justificativas de las medidas que hemos adoptado. Como idea de partida quisiera expresar lo desconocido del trabajo y de los
esfuerzos que se despliegan en la Escuela Judicial ya no sólo en su sede de Barcelona sino en los diferentes lugares donde se desarrollan tareas de formación judicial. Podríamos decir así que hay Escuela Judicial en todos y cada uno de los lugares
en los que en especial por el Consejo se despliegan esfuerzos públicos para la formación de los jueces; aunque es cierto que en una primera fase estos esfuerzos se realizan en la sede de Barcelona, posteriormente, en la segunda fase, la de jueces
en prácticas, se desarrolla en todos los órganos judiciales de España. Por otra parte, conviene resaltar que los planes docentes de la escuela han sido siempre aprobados por unanimidad por la comisión pedagógica, el Consejo rector y el pleno del
Consejo General del Poder Judicial. ¿Cuáles pueden ser los problemas y dónde residirán los errores entonces? Lo veremos al abordar la respuesta a los reproches.



Se nos ha reprochado en ocasiones que el nuevo esquema de formación de nuestros jueces no se adapta suficientemente a la realidad social y que por el contrario, a diferencia de lo que ocurría en otros tiempos, les coloca en una especie de
torre de marfil desde la que no pueden dictar resoluciones verdaderamente pacificadoras de los conflictos sociales. A este respecto debo afirmar con toda rotundidez la persistencia de los contenidos docentes. Ninguno de ellos, insisto, ninguno, ha
sido suprimido; al contrario, se han aumentado y se ha ahondado en la línea de apertura de la Escuela Judicial a la realidad social. Como ejemplo recordaré los actos de conmemoración por nuestra escuela de los 25 años de la Constitución. La
invitación a tales actos a quienes redactaron la Constitución y a agentes destacados de la transición política así como a representantes ciudadanos es un claro ejemplo de aquella apertura social.
Los portavoces parlamentarios o quienes ellos
designaron acudieron a nuestra Escuela Judicial aportando vivencias, experiencias y expresando conocimientos y perspectivas enriquecedoras. Como segundo ejemplo, diré que en la segunda fase de la formación inicial, las prácticas, hemos incrementado
las estancias en despachos de abogados, establecimientos penitenciarios, policiales, centros de tratamiento de drogadicción y otros establecimientos de asistencia social.



Por otra parte, se ha transmitido a la opinión pública que se está produciendo una drástica reducción del profesorado y al propio tiempo una escasa utilización del gran potencial de la sede de la Escuela Judicial en Barcelona. Veamos los
números. En 2001, el número de jueces en prácticas fue de 300; en 2002, de 223; en 2003, en la actualidad, 124 y en 2004 -se iniciará en septiembre la nueva promoción- será de 52. La estructura de la Escuela Judicial fue diseñada inicialmente
para un número estimado de 100 a 140 jueces en


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prácticas; en anualidades precedentes, por necesidades de planta, se realizó un esfuerzo para completar la planta judicial que en la actualidad no sólo se ha completado sino que en marzo de 2004, cuando se entreguen los despachos a los
jueces en prácticas, la planta judicial sólo podrá absorber o dar cabida, con destino en propiedad, a 40 de los 233 jueces a los que se entregarán los despachos. Para resolver este problema se ha creado la figura de jueces en expectativa de destino
y, con la nueva redacción de la recién aprobada Ley orgánica, jueces adjuntos, que reforzarán los órganos judiciales. De esta manera se logra al propio tiempo intensificar el proceso de adquisición de madurez profesional del juez recién incorporado
y se coadyuva a la liquidación de eventuales bolsas de asuntos pendientes en los órganos a los que quedan adscritos y, en suma, a una aceleración de la justicia.



Es claro que, desde esta perspectiva numérica, la planta de profesores ordinarios se encontraba sobredimensionada y con un adecuado planteamiento presupuestario, a mi juicio, por estar asentado en aquel mandato constitucional de eficiencia
del gasto que recoge el artículo 31.2 de nuestra Norma suprema, se ha decidido no renovar cuatro contratos de profesores, tres en el mes de julio y uno en el presente mes de diciembre. Pero ello no significa la infrautilización o pérdida del
potencial formativo, sino sólo un adecuado redimensionamiento del órgano técnico, la escuela, para el más adecuado y eficaz alcance de sus objetivos serviciales. Se ha afirmado con error que se ha operado una reducción de la planta de profesores a
la mitad, pero lo cierto es que se ha reestructurado la organización en tanto que parte de ellos pasan a integrar la segunda fase a la que se ha hecho referencia. De los 19 existentes, la planta de la escuela pasa a 15, contando el equipo directivo
y el área de relaciones externas e institucionales y todas las actividades, participaciones externas, profesorado no permanente, sigue acudiendo a impartir los contenidos docentes que no se han reducido en ningún caso sino mejorado, como lo
justifica y prueba que el plan docente previo, nervio y eje central de la formación, ha sido consensuado y unánimemente aprobado.



Todos somos servidores públicos, señorías, y todos hemos de ser por ello conscientes de que ningún sentido tiene ya mantener estructuras burocráticas sobredimensionadas y costosas, al contrario, aquellos mandatos constitucionales de eficacia
en el funcionamiento y eficiencia en el gasto nos deben llevar a todos, como en el seno de las administraciones públicas, a constituir estructuras administrativas adelgazadas pero con músculo, es decir, contar con los efectivos personales y medios
materiales necesarios para un impecable desarrollo de la función, pero ni uno más, ni uno innecesario, ni uno sobrante, ya que al final son los ciudadanos los que con sus impuestos sustentan ese aparato público. Por otra parte, para el futuro y con
el fin de rentabilizar al máximo la extraordinaria herramienta que es la Escuela Judicial, para el próximo año tenemos el propósito de realizar una pluralidad de actividades complementarias de formación, tanto a nivel nacional como en el contexto
internacional. En este sentido debo indicar que el prestigio internacional de la Escuela Judicial del Consejo en Barcelona se encuentra fuera de duda. Como ejemplo, baste indicar que en Roma, los pasados días 13 y 14 de diciembre de 2003, la red
de escuelas judiciales europeas ha asignado a la Escuela Judicial de Barcelona la formación de los jueces europeos. Igualmente en la Escuela Judicial se forma a los jueces hispanoamericanos mediante el aula iberoamericana, por cuya sede han pasado
en estos siete años más de 700 jueces y magistrados iberoamericanos, que con profesorado no continuado, sino puntualmente contratado, desarrolla una extraordinaria labor docente y de difusión de nuestra cultura jurídica en el mundo. Además, la
Escuela Judicial de Barcelona continuará desarrollando en el futuro apoyos para la creación de carreras judiciales en el ámbito hispanoamericano a través del aula iberoamericana y de la red de escuelas de formación iberoamericanas. En el próximo
año, la III asamblea de la red de escuelas iberoamericanas tendrá lugar en la Escuela Judicial de Barcelona donde se prepararán los nuevos métodos formativos para la formación de jueces en toda Iberoamérica. Todo ello con participación de los
profesores de la Escuela y de los jueces y magistrados españoles. La decidida vocación internacional de la Escuela Judicial de Barcelona es pues reconocida mundialmente y, sin temor a equivocarnos, podemos calificarla de ejemplo de formación
inicial en todo el mundo. Conjuntamente con la Escuela Judicial francesa, con la que anualmente realizamos actividades bilaterales, podemos sin vanagloria calificar a ambas de vanguardia mundial en la formación inicial de los jueces y magistrados.



Formación continuada. También estamos incrementando la formación para todos los jueces de España en la Escuela Judicial, que dispone de unos medios modernos y suficientes. Así hemos acordado potenciar esta sede de la siguiente manera: a)
Desarrollando en ella cursos temporales de reciclaje de los jueces jóvenes. Estos cursos serán realizados por magistrados expertos en determinadas materias que se encuentran ejerciendo jurisdicción; b) Colaborando en la preparación de las
especializaciones judiciales. En la actualidad se desarrolla la formación de los jueces que han aprobado la especialización social por magistrados del Tribunal Supremo, que se desplazan a la sede judicial de Barcelona para desempeñar esta labor
docente; c) Participación en tareas de formación internacional de jueces europeos e hispanoamericanos, como he señalado anteriormente.



Señorías, el derecho es un área del conocimiento humano que por la profundidad de sus principios rectores y la complejidad del sector que pretende regular, nada menos que el comportamiento de las personas, y


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también por estar sometido a continua mudanza, obliga al juez a formarse y a estudiar durante toda su vida profesional. Es también en la Escuela Judicial donde se radica la formación continuada del Consejo, si bien en este caso se
materializa principalmente en la sede de Madrid y se imparte también de forma descentralizada en otros foros que están repartidos en todo el territorio nacional mediante convenios con las comunidades autónomas. A guía de ejemplo, hemos de recordar
además que, si bien hasta el presente momento la formación continuada no era obligatoria, tras la reforma realizada en la Ley orgánica del Poder Judicial ha pasado ya a serlo. Esos parámetros, unos nuevos y otros preexistentes, nos obligarán a
realizar un esfuerzo de inversión condicionado desde luego al rigor presupuestario.



El aumento presupuestario en formación continuada para la próxima anualidad es considerable. Se cifra así en un 54,8 por ciento de incremento. La inversión en formación continuada pasa así de 2.835.474 euros a 4.390.467 euros por parte del
Consejo General del Poder Judicial, sin perjuicio de las aportaciones de las comunidades autónomas, a través de convenios que vienen realizando con el Consejo General del Poder Judicial, convenios que serán también objeto de organización futura.

Señorías, considero que todos estos datos y reflexiones ponen claramente de manifiesto el error o la insidia de los que se parte cuando se afirma que el Consejo General del Poder Judicial está reduciendo la escuela hasta un punto que le impide
cumplir con eficacia su función.



Señorías, señor presidente, estas son a juicio de esta Presidencia las cuestiones que interesaba destacar en la dación de cuentas que la Presidencia del Consejo General debe efectuar en su comparecencia ante las Cortes. Creo haber cumplido
con el mandato legal, con el imperativo que me impone la ley. En cualquier caso, agradezco a SS.SS. su atención y quedo a disposición de todos ustedes para realizar las aclaraciones o consultas que consideren pertinentes.



El señor PRESIDENTE: Vamos a hacer un receso de cinco minutos. (Pausa.)


Señorías, vamos a reanudar la sesión.



En primer término quisiera agradecer al presidente del Consejo General del Poder Judicial su presencia hoy aquí y la exhaustiva información que ha facilitado a todos los comisionados. Es la primera vez que una memoria del año judicial es
presentada en sede parlamentaria el mismo año en que es publicada y creo que este es un buen hecho y todos tenemos que celebrarlo. Sin perjuicio de lo manifestado por el presidente en orden al cumplimiento de su compromiso -y así ha sido- en su
comparecencia anterior del pasado 24 de abril, quiero también destacar el gran interés que todos los grupos parlamentarios, y también, modestamente, esta Presidencia, han tenido para hacer posible su presentación en el mismo año en que es presentada
ante Su Majestad. Estoy seguro de que este precedente se convertirá en un uso consolidado en los años futuros. No quiero dejar de saludar a los miembros y demás vocales del Consejo General del Poder Judicial que hoy están presentes en sede
parlamentaria.



Sin más, comenzamos ya el turno de intervención de los portavoces, dando el uso de la palabra, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Mixto, concretamente a la diputada de Eusko Alkartasuna, la señora Lasagabaster.



La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Yo también quiero dar la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a los miembros del Consejo que hoy nos acompañan en este probablemente último día de trabajos parlamentarios no
solamente del período de sesiones, sino también de la legislatura.



Nos ha explicado de manera bastante exhaustiva los datos correspondientes a la memoria del año judicial 2002, con la lógica actualización del año 2003. Quiero centrar brevemente, si puedo, en nueve puntos las cuestiones que me gustaría
plantear al presidente del Consejo. En primer lugar, abordaré un tema que siempre nos ha parecido importante que esta diputada conoce mucho mejor ya que trabaja en un territorio concreto, que es la Comunidad Autónoma del País Vasco, como es la
comisión de coordinación del Consejo con el Ministerio de Justicia y con las comunidades autónomas, cuestión esta por la que trabajaron y realizaron mucho esfuerzo las comunidades autónomas porque entendían que era muy importante que existiera este
órgano de colaboración con los ejecutivos, no solamente con el Gobierno del Estado, sino también con otros gobiernos que tienen competencias en la materia. Ciertamente, al inicio de su mandato se dio un impulso a este foro de colaboración, pero lo
que queremos trasladar hoy brevemente es que creemos que en los últimos meses ese impulso no ha seguido esa tónica. Nos gustaría trasladar al presidente del Consejo la necesidad de que esa comisión tenga auténticos contenidos en una línea de
cooperación absolutamente necesaria entre los agentes que conforman la misma. Le quiero transmitir muy sinceramente nuestra preocupación por que no se esté dando ese impulso y para que se potencie este tema.



Segundo punto. Habla usted de manera muy extendida de los datos correspondientes a la actividad de los órganos jurdisdiccionales.
Lógicamente, me centraré más en los que conozco mejor que son los de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En términos generales, es cierto que los datos que nos ha facilitado resultan muy representativos y confirman, en líneas generales, que se van superando los hitos de pendencia y que se resuelven más asuntos de los que entran en los juzgados,
probablemente debido a la actividad de jueces y magistrados, al incremento de la planta judicial y también -y esto es muy importante- al incremento de los medios materiales que deben ser puesto al servicio


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de tal actividad. Todo ello es positivo, pero nos gustaría descender a un escalón inferior al de los datos que usted ha analizado, al menos en lo que se refiere a la Comunidad Autónoma del País Vasco, donde es cierto que esos esfuerzos se
están realizando de manera ímproba por parte de todas las instancias del Consejo, también del Departamento de Justicia del Gobierno vasco y de manera clara de los jueces y magistrados. Nos gustaría hacerle una pregunta -sin perjuicio de que hoy no
sea el día adecuado para contestar; no tendríamos inconveniente en que nos remita la respuesta de la manera que estime más oportuno- en relación con la comparación entre los datos de actividad del año 2001 y del año 2002.
Según los datos que
nosotros conocemos, en los juzgados de Primera Instancia sin familia, en las secciones civiles de las audiencias provinciales y en los juzgados de lo Social, la tasa de resolución ha sido significativamente inferior en el año 2002 a la del año 2001.
Si se confirman estos datos, quisiéramos saber cuál es la razón y qué medidas se propondría adoptar el Consejo para que no se produjera ese descenso de actividad en el futuro.



El tercer punto que queremos abordar -ya ve que son una lista de preguntas y reflexiones- hace referencia a la planta judicial. Es importante que exista un adecuado dimensionamiento de la planta judicial y las demarcaciones, lo que
lógicamente lleva a conseguir consecuencias muy positivas para el funcionamiento normalizado de la justicia. Es verdad que hay que seguir impulsando este proceso, para evitar volver a situaciones anteriores.



Mención especial nos merece la jurisdicción civil que, tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, parece haber mejorado sus niveles de respuesta, pero que ha de llevar aparejada la adecuada planta. Queremos recabar el apoyo del
Consejo para la creación de dos nuevos juzgados de Primera Instancia en San Sebastián y Bilbao, inicialmente previstos para el año 2002, informados favorablemente por el Consejo e impulsados, en este caso, por el departamento de justicia del
Gobierno vasco y todas las demás instancias, pero que, sorpresivamente, el Ministerio de Justicia dejó fuera de la programación en octubre de 2002, después de que finalizaran las oportunas obras materiales por parte del Gobierno vasco, lo que dio
lugar a quejas unánimes de los operadores judiciales del País Vasco que estimamos imprescindibles. A lo largo del año 2003 el Consejo no ha propuesto ninguna creación en el País Vasco, aunque sí lo ha hecho en otras comunidades, al igual que
observamos cómo la política diseñada por el Gobierno central trata de minorar las dotaciones de jueces, lo que llevaría a perjudicar el funcionamiento normalizado de la justicia al que entiendo todos aspiramos. Este es un tema que nos preocupa.



Otra cuestión que me gustaría abordar hace referencia a un tema que nos es muy propio: la euskaldunización de jueces, magistrados y operadores del ámbito de la justicia. Entendemos que hay que dar un impulso a las llamadas lenguas
autonómicas, lenguas propias y oficiales en determinados territorios, recogidas en el ordenamiento jurídico como un elemento del patrimonio común, debiendo realizarse tareas importantes de fomento de su aprendizaje. Después de 25 años recogido en
la Constitución, parece que es un objetivo que no se puede aplazar más. En el año 1999 el Consejo suscribió un convenio con el Gobierno vasco para colaborar en este proyecto y otorgar las oportunas licencias para los jueces, pero creemos que se
deben tomar otra serie de medidas de fomento e impulso desde el ámbito institucional. El porcentaje de jueces y magistrados que asisten a los planes de formación y aprendizaje individualizados son cada vez menores y, realmente, no se está
cumpliendo ese objetivo clave para defender los derechos lingüísticos de los ciudadanos, su propio derecho de defensa y de utilización de la lengua que consideren oportuna, también en el ámbito de la justicia. Señor presidente, le trasladamos la
necesidad de un compromiso más activo en el uso del euskera en juzgados y tribunales y en las políticas de euskaldunización. Es evidente que nos hemos centrado en lo que nos es más próximo, pero también podríamos trasladarlo a otros territorios y a
otras comunidades con lenguas propias.



Otro punto que usted ha suscitado, relevante también para nosotros, es el relativo a los juicios rápidos. Desde este Parlamento entendimos que era importante la reforma que introdujera en la Ley de Enjuiciamiento Criminal posibilidades
hasta ahora quizá inéditas, en la medida en que respondían a la voluntariedad, que no habían quedado plasmadas de manera clara. Esto ha llevado a un lógico esfuerzo común de todas las instituciones y operadores para que estuviera todo dispuesto y
se pudiera poner en marcha. Es una realidad que en la realización de este objetivo han realizado una gran labor el Consejo, todos los operadores y, en este caso, los gobiernos con competencia en la materia, especialmente en lo que se refiere a
medios materiales. Después de haber hecho este esfuerzo importantísimo nos surgen dos reflexiones. En primer lugar, la referida a los graves problemas de la ejecución en el ámbito penal, que todavía concita grandes críticas y lógicas
preocupaciones de los ciudadanos. Y, en segundo lugar, que se mantenga lo hecho hasta ahora, es decir, que el Consejo asegure y establezca mecanismos de inspección que garanticen la pervivencia en el tiempo de la reforma, para que en lo hecho hasta
ahora, que parece funcionar correctamente de manera general, no se produzca el llamado efecto relajo y no vayamos hacia atrás a los pocos meses de la puesta en marcha e implantación de un cambio de tal calado como el que hemos visto en la cultura de
funcionamiento de los juzgados. Esas dos son las dos reflexiones que queremos trasladar el Consejo y, en este caso, a su presidente, para que lo tengan presente en sus prioridades.



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Hay que hacer referencia también a un tema de gran relevancia por sus dramáticas consecuencias en la sociedad, como es la violencia de género o las víctimas de violencia doméstica. Ha preocupado profundamente a todo el arco parlamentario,
hemos reflexionado sobre él y ha dado lugar a esa orden de protección muy importante, pero todos tenemos que vigilar que su puesta en práctica se adecue a los objetivos que pretende. Asimismo nos parece importante el Observatorio contra la
violencia de género en el que participan todas las instituciones y los órganos que coordinan esas políticas, con el fin de erradicar esta lacra. Es un elemento importante y todos debemos estar vigilantes. Este es el punto más grave que tenemos en
la sociedad y todos debemos prestarle atención desde los distintos ámbitos para que, a través de estas medidas de diferente índole y naturaleza, se evite que se puedan producir víctimas en el futuro, como estamos viendo en la actualidad, por lo que
supone de desgracia para la sociedad y personalmente para los afectados.



Otro punto relevante que S.S. ha suscitado es el relativo a la necesidad de fomentar las vocaciones judiciales en nuestro territorio, y lo circunscribo al ámbito del País Vasco. Es un hecho incuestionable que ha habido una falta histórica
de vocación a las carreras judiciales de las licenciadas y licenciados en derecho en Euskadi. Esto da lugar a muchos problemas de movilidad que han incidido en el servicio público que se debe prestar en el ámbito de la justicia. Es verdad que se
está mejorando de manera sustancial y que cada vez hay más estabilidad. Es una cuestión muy importante y fundamental, y está reconocida por todos, recientemente lo fue en palabras del presidente del Tribunal Superior de el País Vasco, que apenas se
producen traslados fuera del territorio. Haría la reflexión -y me atrevo a decir conjunta- de que debemos transmitir mensajes en positivo para que no haya -si se me permite, lo diré con toda sinceridad- declaraciones catastrófistas, a pesar de que
sabemos que existen problemas, para favorecer esa necesidad de estabilidad y alentar que se produzca un mayor números de vocaciones en estudiantes y licenciados en derecho para que no se repitan los problemas de movilidad que hemos tenido en el
pasado. Es verdad que, de manera general, podemos adoptar medidas concretas, que es lo que nosotros propugnamos en este trámite, respecto a los exámenes de las oposiciones para que se puedan celebrar a través de tribunales descentralizados. Esto
significaría -y así se lo trasladamos al presidente- un signo de compromiso importante del Consejo con relación al mundo de la justicia en el País Vasco. Todo ello se complementaría de manera muy adecuada con la política que está llevando a cabo el
departamento de justicia del Gobierno vasco con relación a las becas y a la necesaria labor de formación-información en las facultades.
Esto nos parece fundamental, al menos en la realidad que vemos en nuestro territorio, como elemento clave para
ese fomento y para evitar lo que en pasado fue una disfunción importantísima respecto a la necesaria estabilidad.



Ha hablado S.S. de nuevas tecnologías, un elemento que, en nuestra perspectiva, ha sido clave en el pasado. En la Comunidad Autónoma del País Vasco se han realizado importantes trabajos en esta materia, siempre en estrecha colaboración
entre el Gobierno vasco y el Consejo General del Poder Judicial. En este campo, que nos parece muy relevante, el Gobierno vasco -y hablo del Gobierno vasco en general, sin perjuicio de las formaciones políticas que hayan tenido la responsabilidad
de ese departamento en cada momento; a día de hoy la tiene Eusko Alkartasuna, pero la han tenido otras formaciones políticas- siempre ha considerado que esta era una cuestión clave en la reforma de la justicia. En el ámbito de la comunidad
autónoma, todos los partidos políticos, aunque no hayan tenido responsabilidad en la gestión de esta materia, han dedicado ímprobos esfuerzos, materiales y de toda índole, para que esto fuera así; somos pioneros en esta materia y hemos realizado
proyectos conjuntos y actuaciones para reforzar políticas propias entre el Consejo y el ambiente y operadores de la justicia.



Nos ha sorprendido que, siendo así en el pasado -incluso en el año 2002 esto dio importantes frutos porque se elaboró el código de conducta para los usuarios de las operaciones informáticas-, curiosamente esto se acaba de romper de forma
unilateral, y nos parece inaudito, por una decisión del Consejo General del Poder Judicial de adquirir para todos los jueces y magistrados un pack de firma digital de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que ha llevado a obviar los trabajos que se
estaban desarrollando en esta materia por parte otras administraciones públicas con competencias en la materia. Este hecho nos sorprende y nos gustaría que el presidente nos explicara esta actuación y nos dijera qué medidas piensa adoptar para
evitar que haya un divorcio entre las actuaciones de las administraciones legalmente competentes en esta materia y que el trabajo pasado nos demuestra que han dado importantísimos frutos; qué medidas piensa tomar para que no se rompa la
colaboración que ha habido hasta ahora. Aunque pudiera pensarse que es una cuestión menor, hay que ponerla encima de la mesa.



El último punto -verá el señor presidente que trato de ser breve- afecta casi directamente a este Congreso de los Diputados. Evidentemente es una pregunta política, parlamentaria, pero me atrevería decir que casi personal: ¿Qué piensa el
presidente de la última reforma del Código Penal, que se origina con unas enmiendas en el Senado por parte del grupo mayoritario, enmiendas que reforman un Código Penal, que, como bien decía el presidente del Consejo, reforman un texto que es casi
una Constitución en negativo; es decir, que tiene una trascendencia que no necesito describir y, curiosamente, esta reforma no tiene el preceptivo informe


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del Consejo General del Poder Judicial. Han hecho un montón de informes -las reformas legislativas han sido profusas a lo largo de esta legislatura, y no entraré en más; cada reforma ha obtenido nuestro posicionamiento concreto- sobre una
materia clave. Ante una reforma que restringe de manera sustancial derechos fundamentales, ¿qué piensa usted?, ¿qué piensa el Consejo General del Poder Judicial?, ¿qué piensan hacer en el futuro para que esto no se reproduzca?, ¿qué piensa -y no
sé si es conveniente o no decirlo- de la dirección de esta casa, que, habiendo pedido que se realizara este informe por parte del Consejo General del Poder Judicial, no lo ha estimado oportuno? Nos parece que es una cuestión grave y que, si no
damos una solución o, por lo menos, si no reflexionamos sobre lo que no debe hacerse, en el futuro puede volver a producirse una situación como esta.



Nada más, señor presidente. Sólo me queda, en estas fechas -lo cortés no quita lo valiente-, felicitar las fiestas al presidente, al Consejo y a la Comisión, y desearles a todos un feliz año que viene. Quizás no podamos coincidir en más
deseos, pero, en todo caso, zorionak.



El señor PRESIDENTE: Zorionak, señora Lasagabaster. El turno final de intervenciones tendrá lugar al final de la sesión.



Quiero recordar a S.S. y a todos los miembros de la Comisión que la presencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial tiene por objeto exclusivo la presentación de la memoria de actividades de los órganos jurisdiccionales,
correspondiente a 2002. Por tanto, su intervención queda limitada, en principio, a esos extremos. Como S.S.
puede haber solicitado su opinión sobre otros, le recuerdo que la obligación del presidente del Consejo de contestar queda limitada a los
extremos contenidos en la memoria del año judicial 2002.



En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Sean también mis primeras palabras de bienvenida y salutación al señor presidente del Consejo General Judicial, y de agradecimiento por comparecer aquí, por la amplia información que nos ha dado y por la
exhaustiva que hemos recibido por medio de la memoria y anexos correspondientes al pasado ejercicio judicial. Quiero saludar también a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial que acompañan al señor presidente, y, como
representante de Coalición Canaria y por cuestiones de territorialidad, quiero dar un saludo muy cordial a los consejeros don Agustín Azparren y don José Merino, vocales de la delegación territorial para Canarias. Quiero decirle, señor presidente,
que ha habido un entendimiento perfecto entre este portavoz y los citados vocales, y un respeto mutuo de nuestros respectivos campos profesionales -el jurisdiccional de ellos, y el político de este diputado- que ha tendido siempre a buscar el modo
mejor y más efectivo de sustanciar la justicia en Canarias, de proteger las garantías del justiciable y de resolver los problemas que se han presentado. Por nuestra parte, hemos servido de mediadores en la comunicación con el Gobierno de Canarias
en aspectos de intendecia, de logística y de apoyos materiales y personales, para que se realice adecuadamente la justicia en Canarias. Por tanto, mis palabras quieren expresar cordialidad y agradecimiento, tanto hacia su persona, señor presidente,
como hacia la de estos dos consejeros, señor Azparren y señor Merino, a los que he citado con reconocimiento.



Como es lógico, voy a dedicar mi intervención, sobre todo, a la Administración de justicia en Canarias, aunque me referiré también a algunos aspectos generales del resto del Estado. Recientemente, el señor presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Canarias, don Fernando de Lorenzo, presentó la memoria correspondiente a dicho tribunal. En términos generales, muestro mi satisfacción porque su actividad se ha desarrollado con un nivel de eficacia muy alto. Esto no quiere decir
que no haya algunas cuestiones polémicas, como lo que ocurre con los juzgados de Arona, en la isla de Tenerife.



Quiero pedirle al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial que tome conciencia -creo que ya lo ha hecho, gracias a los dos vocales territoriales, Merino y Azparren- de que Canarias tiene problemas estructurales en la
Administración de justicia, algunos de ellos de cantidad: las últimas cifras que publica el Instituto Nacional de Estadística sobre nuestro censo de población sitúan a ésta en cerca de 1.900.000 habitantes de derecho, a los que se suma una
población turística que incide tanto en la sanidad como en la Administración de justicia. Por mi parte, le pido al señor presidente que muestre la máxima sensibilidad hacia todas las propuestas que lleguen de los órganos de justicia sobre creación
de nuevos juzgados, elevación de categoría de juez a magistrado, etcétera. Sabe el señor presidente que mi grupo defendió, presentando enmiendas siempre positivas, la Ley 15/2003, de retribuciones de los señores jueces, magistrados y fiscales.
Queríamos reconocer una retribución más justa y adecuada al trabajo tremendo que se les encomienda por los aspectos que el pacto de Estado por la justicia ha ido añadiendo, como las cuestiones mercantiles, juicios rápidos o tribunales de menores.
Era necesario que esta carga tuviera el adecuado respaldo presupuestario en cuanto a sus retribuciones.



No quiero pasar por alto, señor presidente, que la situación de los juzgados del partido judicial de Arona se ha calificado a veces incluso de caótica; así lo recoge la memoria de nuestro Tribunal Superior de Justicia. Los cinco juzgados
actuales están totalmente saturados; han hecho frente a 6.000 diligencias penales al año y a 500 procesos civiles, más del doble de lo que aconseja


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la buena práctica que el Consejo General dicta. Aquí se plantea una cuestión: o ampliamos la demarcación judicial creando otro partido judicial, reformando la Ley de Demarcación y Planta Judicial, o vamos a un equilibrio de plazas de
jueces y magistrados respecto al vecino partido que en su día agrupó esta zona de Arona, que es el partido judicial de Granadillas. Habrá que buscar una justa satisfacción y un equilibrio.



Sabe el señor presidente que en las islas Canarias, por la presencia del turismo, existen mafias que actúan no solamente en el campo de la inmigración ilegal sino también en el de la droga o en el de la prostitución encubierta o no, hecho
que aumenta los procedimientos penales. En el sur de Gran Canaria, en el sur de Tenerife y en alguna otra isla de fuerte destino turístico, por la implantación de estas bandas organizadas los procedimientos penales tienen mucha importancia cuya
gravedad es manifiesta y esto se ve reflejado en los juzgados.
Nosotros apoyamos la propuesta que ha elevado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias de adoptar medidas urgentes, como sería la creación de nuevos juzgados, fundamentalmente en el
área de lo Penal, y dotación de más medios, sobre todo cuando hablamos de los fiscales, de los que hay una manifiesta carencia. Para el sur de Tenerife se ha pedido que haya un destacamento fiscal que se pueda desplazar desde la capital, formado
por cinco representantes del ministerio fiscal.



Hay una cuestión a la que somos sensibles, que se encuentra en la logística de los juzgados de las zonas turísticas, es la relativa a los traductores. Hay que estimular a quienes tengan que dar la habilitación (a veces la da el Ministerio
de Asuntos Exteriores) el que aumente el número de traductores en estas zonas turísticas para que ayuden en los juzgados dado que, como acusadores o como acusados, comparecen ante ellos ciudadanos que no hablan castellano sino que hablan en alemán,
en inglés, en italiano o en francés.



Quiero hacer una llamada sobre un instituto que profesionalmente está funcionando muy bien y de forma eficaz, que es el Instituto de Toxicología. Algunos juzgados se quejan de lentitud en la entrega de los dictámenes forenses toxicológicos,
lo que nos indica que hay que tomar nota de que hay que reforzar su plantilla de especialistas técnicos en toxicología. Hacemos, pues, una llamada al señor ministro de Justicia para la pertinente salvaguarda de la cuestión del Instituto de
Toxicología.



Quisiera hacer algunas reflexiones respecto a los retrasos que se pueden dar en los juzgados de lo Civil. Hay un anexo a la memoria que nos han presentado, señor presidente y quiero hacer un elogio de lo bien sistematizados que están los
datos y de lo exhaustivos que son, lo que nos permite ver una auténtica radiografía de todo el sistema; esa radiografía ha sido ayudada -y quiero felicitarles por la iniciativa que han tenido- de la macroencuesta que el pasado mes de septiembre ha
realizado el Consejo General del Poder Judicial. Hay que resaltar que está dirigida a los justiciables, no es una macroencuesta sobre lo que opina el ciudadano de la calle sobre la Administración de justicia en España sino que se ha dirigido a los
usuarios de la justicia, lo que da una buena perspectiva para hacer un diagnóstico lo más acertado posible.
Han respondido a esa macroencuesta los denunciantes, los denunciados, los testigos y las víctimas del delito, pero no sé su grado de
cumplimiento, no tengo los datos en detalle de Canarias. No obstante, de la macroencuesta que han hecho se desprende un dato curioso, que es que la mayoría de los encuestados, un 56 por ciento, se queja de la impuntualidad del juez en citas y
comparecencias. Estas demoras de los jueces y magistrados han motivado algunas veces en el archipiélago canario -sobre todo cuando hay personas de otras islas que tienen que asistir a los juzgados de la audiencia provincial- que se reflejan después
en una serie de inconvenientes porque ya no hay siquiera un servicio de transporte para volver a la isla de donde provengan.



En el tema de la litigiosidad sale otra vez Canarias -vuelvo a pedirle que nos apoyen, por favor-, junto a Baleares, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid y Cataluña, en cuanto a los índices más altos de litigiosidad. Hay una serie de
razones que se nos alcanzan y otras que vienen muy bien recogidas en la memoria, pero ello quiere decir que si hay un aumento de la litigiosidad, comparando Canarias con ámbitos jurisdiccionales como Valencia, Madrid, Andalucía o Cataluña, algo hay
ahí que hay que destacar.



Quisiéramos también que Canarias bajara en el ranking relativo a la tasa de pendencia que figura en los anexos. La pendencia en Canarias es la número uno de España, con el 0,37 por ciento; le siguen Asturias, Galicia, Castilla-La Mancha,
Murcia y La Rioja, pero el primer puesto lo tiene Canarias, lo cual nos lleva a decir que tenemos que seguir abogando por las dotaciones en la Ley de demarcación y planta judicial, por decisiones del Consejo General del Poder Judicial, respecto a la
creación de plazas de jueces y magistrados, dotación de juzgados, etcétera, para que no se produzcan retrasos en estas cuestiones. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.)


Respecto a los retrasos, quisiera preguntar al señor presidente del Consejo General del Poder Judicial sobre las ejecuciones de una cuestión de la que nos estamos vanagloriando en Canarias, como es el eficaz funcionamiento de los tribunales
de justicia en los juicios rápidos.
Están funcionando muy bien en todo el Estado, y concretamente en Canarias (los juzgados de Santa Cruz de Tenerife capital fueron pioneros incluso antes de aprobarse la Ley de juicios rápidos ya los estaban
ejerciendo y tenían esta experiencia), pero esperemos que no ocurra que haya muchos juicios rápidos bien llevados y después ejecuciones muy lentas, y me refiero a los juzgados de ejecutoria. Señor presidente, conozco casos, como los denunciados en
Madrid, con


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23 juzgados de lo penal y solamente dos juzgados de ejecutorias, y querría preguntarle si entiende que para Canarias debería buscarse alguna fórmula para que no se produzca un embalse de sentencias dictadas por vía de juicios rápidos y que
después los delincuentes no ingresan en prisión. A este respecto, también quería indicarle un problema que, aunque es del Ministerio del Interior, tiene reflujo en la justicia, que es lo relativo a la saturación de los centros penitenciarios,
porque nos estamos encontrando con unos delincuentes que son los patronos de las pateras. La llegada masiva de pateras y la eficacia de la Guardia Civil para detener a los patronos de esas pateras está produciendo una saturación de los centros
penitenciarios, y nosotros pedimos que se traslade a los patronos de las pateras ilegales que llegan a Canarias para el cumplimiento de su pena a centros peninsulares que no tengan el grado de saturación que tienen en este momento los centros
penitenciarios de Canarias.



Paso a continuación, señor presidente, a unas cuestiones más genéricas. El año pasado le preguntaba si existía alguna medida del Consejo General del Poder Judicial respecto a los juzgados de familia, que vienen realizando un papel
fundamental. No digo que se pudiera ir a los tribunales de juicios rápidos, como con la delincuencia, pero sí posiblemente a la consideración de una modificación de la Ley del divorcio, sobre todo en los pleitos de separación y de divorcio, para
que los juzgados de familia lo puedan tramitar cuando hay mutuo acuerdo de los cónyuges.



En cuanto a los jueces de los juzgados de lo mercantil, el señor presidente se ha referido acertadamente a que una vez que entre en vigor la Ley concursal se vea qué previsiones hay de la dotación de estos órganos especializados en la
cuestión mercantil.



Hay también una cuestión que mi grupo, en sus comparecencias y en las de sus antecesores, ha venido denunciando, que es la relativa a los jueces sustitutos. Quiero dejar claro -ya que se ha planteado esto en las nuevas reformas- que a lo
que mi grupo se ha opuesto frontalmente siempre es a una especie de segundo escalafón de jueces sustitutos que había, en paralelo con los jueces titulares. Nosotros no hemos abogado nunca por la desaparición total, absoluta y reducción a cero de
los jueces sustitutos, porque incluso en el ámbito de las islas Canarias muchas veces no es fácil encontrar un juez de carrera, por ejemplo, en el caso de islas periféricas, como puede ser la isla de Hierro, que es pequeña, y la figura del juez
sustituto resuelve este problema. Siempre hemos abogado por una calidad profesional, por que la representación judicial sea de los jueces de carrera profesionales para evitar cualquier degradación, aunque sea de escenario y de personajes, de la
Administración de justicia. Si una Administración tiene un cuerpo de profesionales que han ingresado por concurso, oposición, mediante la formación en la Escuela Judicial, etcétera, esto es lo básico para dar garantía de profesionalidad y la
seguridad jurídica fundamental, radicada en la persona que administra justicia, que es el juez. No hay ningún demérito para los jueces sustitutos, pero pedimos que se utilicen con prudencia y sensatez y que no haya un doble escalafón de jueces
sustitutos. Por tanto, me gustaría también escuchar el criterio del señor presidente en esta nueva etapa respecto a los jueces sustitutos.



Para ir terminando, señor presidente, quiero manifestar que el criterio que ha seguido la representación de Coalición Canaria en esta Comisión siempre ha sido de solidaridad con los grandes principios. Hemos acordado en el pacto de Estado
por la justicia la máxima consideración como dijimos antes, con la Ley 15/2003, de régimen retributivo de jueces, magistrados y fiscales para compensarles el extraordinario y magnífico trabajo que se está haciendo. Incluso, el resultado de la
memoria con respecto a Canarias es muy bueno y positivo, salvando situaciones localizadas y perfectamente explicables. Pero mientras defendemos esa figura profesional del juez, siempre lo hemos interpretado de una manera doble: defenderlo y
preocuparnos por su situación económica o profesional, tanto en los Presupuestos Generales del Estado como ante el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Y le quiero decir, señor presidente, que este portavoz y mi grupo
serán siempre defensores de toda cuestión que vaya en prestigio de las instituciones del Poder Judicial, junto con otros grupos políticos, por supuesto, porque somos complementarios y no excluyentes. De ahí que siempre hayamos criticado al
Ministerio de Justicia cuando ha tratado de introducir modificaciones a preceptos legislativos clave, vía enmiendas en el Senado a los proyectos de ley, sin que haya sido posible escuchar el parecer del Consejo General del Poder Judicial. En el
último debate que hemos tenido en esta Cámara, respecto al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 6/1985, del Poder Judicial, mi grupo se sorprendió con un aspecto que se refiere a la promoción de la carrera judicial -lo quiero
dejar bien claro- en un texto del artículo 330, apartado 5, sobre los concursos para la provisión de plazas de jueces en las audiencias provinciales. El texto que teníamos en el Congreso de los Diputados respetaba la posibilidad de promoción de los
jueces que querían ir en los concursos de provisión de plazas de los tribunales superiores de justicia, y vimos con sorpresa que en el Senado se recortaban una serie de derechos de estos jueces, lo que daba pie a una verdadera frustración al perder
la mitad de sus méritos en beneficio de otros supuestos órganos jurisdiccionales mixtos. Pues bien, gracias a un entendimiento con el Ministerio de Justicia, una vez que se debatió la semana pasada, con el portavoz del Grupo Parlamentario Popular
-que entendió también esta medida- y con los otros portavoces de los grupos a los que me dirigí para hacerles entender que teníamos que votar separadamente esta


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enmienda del Senado, ésta se rechazó porque, con todos los respetos a la alta Cámara, esto hubiera sido una frustración para los jueces que están en los juzgados de primera instancia e instrucción. Afortunadamente, votamos en contra de esta
enmienda, se suprimió y se volvió al texto del Congreso de los Diputados, reconociendo, en el orden jurisdiccional correspondiente, los seis años inmediatamente anteriores a la fecha de la convocatoria. Creemos que lo hemos hecho en conciencia,
señor presidente; lo hemos hecho precisamente en el ámbito político, pero está expresado en términos de racionalidad para la carrera judicial en estas cuestiones.



Nosotros abogaremos también siempre, como le dijimos al señor ministro de Justicia, entendiendo la necesidad de aprovechar el trámite en el Senado -y no voy a entrar en las cuestiones polémicas que motivaron un fuerte debate aquí por la
modificación que por vía de disposiciones adicionales se ha hecho a textos legales importantísimos-, por la necesidad de la opinión del Consejo General del Poder Judicial expresada formalmente. Un Estado de derecho tiene que velar por la calidad
democrática y procedimental de sus leyes, no solamente en cuestión de fondo sino también en la cuestión formal. Por esta vía de disposiciones adicionales se ha modificado la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las carreras judicial y
fiscal, y se ha modificado la Ley 38/1988, de demarcación y planta judicial, en cuestiones nimias, pero esto no es óbice para que hubiera opinado el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, hemos pedido al señor ministro de Justicia la máxima
escrupulosidad en el cumplimiento de los procedimientos formales, que acreditan y dan calidad y garantía, después el Gobierno puede tomarlo o no en consideración, pero el dictamen legislativo de proyectos que venga amparado por una información
previa del Consejo General del Poder Judicial merece un aval y un plus de garantía. Se ha modificado la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha modificado la Ley de la jurisdicción contencioso-administrativa de 1988, se ha modificado la Ley de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, al igual que el Estatuto orgánico del ministerio fiscal. Todo esto lleva a que tengamos una línea de máximo respeto por la labor que viene realizando el Consejo General del Poder Judicial, en la que usted, señor
presidente, y todo el Consejo pueden sentirse arropados por mi grupo.



Nosotros siempre hemos mantenido una actuación de prudencia. No obstante, le quería indicar, porque me lo ha pedido desde Canarias mi grupo, que, ante una propuesta que elevó el Parlamento de Canarias al Consejo General del Poder Judicial
para la provisión de una plaza de magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en la que se mandó una terna, el Consejo General del Poder Judicial, en vez de elegir al primero de la terna, eligió a la
segunda persona. Las tres tienen para mi grupo y para este portavoz los máximos respetos, pero ha habido siempre una cuestión de cortesía por parte del Consejo General del Poder Judicial al recoger en las propuestas de los parlamentos autonómicos
el orden de prelación, que no se expresa alfabéticamente por la primera letra del primer apellido, porque si eso estuviera así dispuesto, debiera hacerse. Pero entendemos que son cuestiones que en el ámbito nacional pueden pasar desapercibidas,
pero en el local producen a veces sensaciones que mi grupo y este portavoz, por el respeto a la figura institucional del Consejo General del Poder Judicial, no ha querido manifestar, aunque lo mencionemos en este momento. Me consta que al señor
presidente del Consejo General del Poder Judicial estas cuestiones siempre le han preocupado.



No tengo nada más que añadir, señor presidente, sino darle las gracias y sumarme a la felicitación navideña para usted y todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, con los cuales mi grupo se honra en colaborar en el bien de
la justicia en toda España.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial y cuantos vocales le acompañan, reciban en nombre de mi formación política nuestra cordial bienvenida. Representan ustedes a un alto órgano constitucional,
y para mi formación política es siempre un honor estar en presencia de un órgano de este estilo.



Concluía mi intervención del año pasado, señor presidente, manifestándole a usted la esperanza de poder ser este año menos crítica. Lo intentaré, pero la verdad es que me han salido muchas cosas, y creo que es -le decía entonces- mi
responsabilidad política ponérselas de manifiesto en este acto de presentación de la memoria anual ante este Congreso. Por supuesto, quiero hacer la salvedad de que las críticas que se hagan responden al funcionamiento colectivo o a lo que yo
percibo en cuanto órgano de gobierno del Poder Judicial, nunca en lo individual, respecto a lo cual todos y cada uno de los miembros del Consejo tienen todo el aprecio y consideración tanto en lo personal como en lo profesional. Es en lo que se
percibe como funcionamiento que afecta al Consejo, al alto órgano constitucional al que antes me he referido, a lo que van dirigidas las críticas.



Comenzaré, señor presidente, como hice con el fiscal general del Estado.
La primera decepción respecto a esta memoria para esta diputada fue su discurso de apertura del año judicial. Decía usted que iba a hacer un balance no exento de
autocrítica. Yo le escuché con mucho entusiasmo, y ni entonces me pareció que usted, como presidente del Consejo, no en lo personal, tuviese nada que reprocharse ni en el día de hoy he deducido


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que el Consejo no esté satisfecho en algo de la actuación que viene desarrollando. Además, usted sabrá lo que dijeron los medios de comunicación durante esos días. Yo estuve presente y oí comentar a muchas personas la excesiva cercanía que
nos pareció que el contenido de su discurso tenía con el discurso político habitual del partido mayoritario, el Partido Popular. La prensa atribuyó a un miembro del Consejo la manifestación de haber evidenciado la absoluta dependencia de su
presidente del discurso del Partido Popular. Señor presidente, yo no soy la única que ha apreciado estas cuestiones, sino que también lo hizo la prensa de los días siguientes, y si ustedes acuden a las hemerotecas, me darán la razón. Creo que la
alta institución que usted preside lo padece y debiera evitarse en la medida de lo posible.



Llegando al día de hoy y a la exposición que ha hecho usted con motivo de la presentación de la memoria, comienza el volumen I diciendo, tras citar los artículos correspondientes a la Ley orgánica del Poder Judicial, que este año se iban a
hacer méritos para evitar en la exposición un torrente de datos. Pues bien, creo que no ha sido así, y les remito al 'Diario de Sesiones', que reflejará que ha habido un mayor torrente de datos que de política judicial previamente diseñada y
posteriormente concretada y ejecutada, que es lo que se dice en la página 7 del volumen I de la memoria que se va a intentar respecto a este año.



Ha manifestado usted -eso se lo reconocemos- que es la primera vez que a las Cortes Generales se le presenta la memoria con esta premura. Pues bien, he de decirle que siempre se le adelanta el fiscal general del Estado y que en esta ocasión
había una razón para que los distintos portavoces hayan solicitado su presencia, y es que concluye no sólo el período de sesiones, sino también la legislatura, y parecía evidente que se diese cuenta a estas Cortes, y no a las que se configuren, de
lo actuado durante el año 2002. Ocurre además que las relaciones del Consejo General del Poder Judicial con la Cámara, con el órgano de la soberanía popular, son más bien escasas, aunque tenemos un atisbo de esperanza de que en un futuro esto sea
distinto. Como usted y todos los vocales bien saben, solamente en cuanto al sistema de elección y después el paso por la Comisión de Nombramientos que se instauró recientemente, algo que desde mi punto de vista es más simbólico que real, y en la
presentación de la memoria anual se produce ese encuentro entre el Poder Judicial y las Cortes Generales o el Congreso de los Diputados, Cortes Generales si hablamos del sistema de elección y Congreso de los Diputados en los demás casos. Sabrá el
señor presidente y los señores vocales que a principios del mes de diciembre -no sé el día exacto- el Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en relación con un recurso de amparo. Como todavía no ha sido publicada, no puedo decirle el
número, pero ha sido notificada a esta Cámara, y en ella se condena a la Mesa de las Cortes Generales por haber violentado el ius in officium del grupo mayoritario de la oposición, el Grupo Socialista, por haber infringido el artículo 23.2 y
haberles denegado la posibilidad de que compareciese el presidente del Consejo General del Poder Judicial para un asunto concreto. No se trataba de usted, sino de su predecesor, puesto que estamos hablando de un asunto del año 2001, pero que la
sentencia diga que ha habido violación del derecho fundamental al ejercicio del cargo como diputado, vinculado a la petición de comparecencia del presidente del Consejo General del Poder Judicial, no expresamente previsto en el ordenamiento, abre un
campo de posibilidades, y si estamos presentes en la próxima legislatura, no tenga usted ninguna duda de que por lo menos mi formación política intentará explorarlas.



Siguiendo el orden de la memoria, cuando se mencionan las competencias correspondientes al pleno se hace especial referencia a la nueva definición y composición de las comisiones, ya que estas se han incrementado creándose otras ad hoc. Me
parece magnífica la relativa a los derechos de los menores incapacitados y sujetos a organismos tutelares y la de organización y modernización judicial -ha de existir siempre y es conveniente sobre todo si ahora han de ponerse en práctica
importantes reformas referidas a la oficina judicial-, pero me permitirá un comentario en tono crítico respecto a la de comunicación social. Puede decirse que en los últimos tiempos el Consejo ha estado en estado permanente de comunicación, aunque
a veces quedaba la duda de si realmente lo que se comunicaba era de una facción del Consejo o correspondía a la voluntad entera del mismo. Desde nuestra perspectiva, en tantas ocasiones como le he indicado respecto al primer punto ha habido un
exceso de comunicación o de valoración próxima al discurso político del Gobierno y, en ocasiones, con la duda de si se estaba representando a la totalidad del órgano o solamente a una parte del mismo. De la misma manera que cuando se habla de la
labor consultiva que corresponde al pleno sobre los anteproyectos de ley, ustedes hacen especial mención a la Ley orgánica de partidos políticos. Señor presidente, usted conoce que mi formación política fue muy crítica de que usted mismo -me
perdonará que sí personalice en este caso- participase en la elaboración del informe como órgano consultivo y que, a la vez, como presidente del Tribunal Supremo, fuese llamado a presidir la Sala 61, que iba a fallar lo que en definitiva era el
objeto único de esta ley, puesto que no era la regulación de los partidos sino la ilegalización de formaciones políticas concretas de un cierto entorno. En todo caso, esta cuestión está abierta y sujeta todavía a debate en instancias jurídicas
internacionales y algún día se sabrá lo que se decide definitivamente y si el derecho al pleito fue todo lo limpio que debiera -si me permite utilizar la expresión entrecomillada-, pero, puesto que se hace mención específica de esta ley dentro de la


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labor consultiva y puesto que es una crítica política que mi formación política le ha hecho, considero que debo manifestársela en este momento.



Respecto a la potestad reglamentaria que ha ejercitado el Consejo en el período de este año, en principio me parece poca porque solo citan cuatro modificaciones concretas, pero a lo mejor me puede usted contestar que estoy poco informada
-quizá sea cierto- y que ya hay mucho normado o regulado, por lo que no hacía falta modificar grandes cosas. Le quiero preguntar sobre un aspecto concreto, porque ustedes han modificado el Reglamento 2/1995, de 7 de junio, de la Escuela Judicial,
mediante al acuerdo reglamentario 1/2002, de 8 de mayo, en un aspecto específico única y exclusivamente para introducir en el consejo rector la figura de alguien en representación de la comunidad autónoma, en este caso la catalana, en la que radica
la Escuela Judicial, nombrado por el Consejo por supuesto, pero a petición de la comunidad autónoma, y me gustaría saber si tienen ya una valoración concreta sobre el resultado que ha dado la introducción sesgada de alguien a propuesta de la
comunidad autónoma en el órgano rector de la escuela mediante el acuerdo reglamentario que le he citado. Le adelanto que, aunque no es objeto de esta memoria, las modificaciones que ha introducido la recientemente aprobada Ley orgánica del Poder
Judicial respecto a la Escuela Judicial a mi formación política le parece que introducen un excesivo intervencionismo respecto a su funcionamiento, pero quizá por eso me pueda usted decir que hay una cierta compensación si me valora qué resultado ha
dado esta modificación mediante el acuerdo reglamentario que le he citado.



Al llegar al apartado de responsabilidad patrimonial por funcionamiento anormal de la Administración de justicia, ciertamente me he llevado una decepción puesto que, tratándose de una cuestión tan importante, es muy poco lo que se recoge,
apenas siete líneas, y que como programa político, puesto que lo que se dice en la primera página que se va a hacer para evitar el torrente de datos es dar pautas de conducta política o de criterio político y de cómo este se ha plasmado en las
actuaciones, simplemente se dice que al Consejo le parece un aspecto muy importante y que le preocupa. Esto me parece que es evidente, pero algo más podría haberse dicho puesto que estamos hablando de responsabilidad patrimonial por funcionamiento
anormal. A continuación se recoge como dato, en cuatro líneas también, que ha habido 94 casos este año en los que sí se ha apreciado que existía esa responsabilidad. Me gustaría saber qué conclusiones se han sacado de la existencia de estos
supuestos, a qué suelen referirse o cuál es el mayor número de supuestos y si les parecen muchos o pocos, aunque el número de reclamaciones es desde luego mayor y hay algunas desestimadas. A mí personalmente me parece que 94 son bastantes y me
gustaría saber si hay alguna valoración respecto a esta cuestión.



Respecto a la provisión de cargos discrecionales, el señor presidente conocerá de sobra la crítica que desde esta Cámara se realizó -sin aceptación del Gobierno, pero también con alguna receptividad por parte incluso del grupo mayoritario-
sobre las reformas que se introducían en la modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial sobre el personal al servicio del Consejo General del Poder Judicial, puesto que si la disculpa era no perpetuar el aislamiento de jueces y magistrados de
extracción jurisdiccional, no se entiende bien para los que no eran de extracción jurisdiccional, el porqué de esa disposición de tan enorme dureza que abocará a su conclusión prácticamente inmediata una vez esté publicado el texto de la norma.
Todos los grupos políticos intentamos que eso no fuese así y desde el Congreso salió una fórmula distinta, pero mediante enmiendas en el Senado nos devolvieron para su aprobación definitiva un texto notablemente más duro, y repito que incluso desde
el grupo mayoritario hubo gestiones con el señor ministro hasta última hora para intentar corregirlo. No sé si es cuestión del Gobierno o del Consejo, que prefería librarse o desprenderse de un personal de esta determinada extracción o simplemente
le parecía más aceptable una rotación distinta, y por eso se lo pregunto.



Respecto a la dimensión de la planta judicial, le ruego encarecidamente que nos aporte datos. Esta legislatura ya no da mucho de sí, como no nos lo mande como regalo de Reyes, y creo que las Cámaras ya estarán disueltas, pero es que tanto
cuando era ministro de Justicia el señor Acebes como después con el ministro actual, señor Michavila, yo he pedido una y otra vez lo que dicen que existe o que se estaba elaborando junto con el Consejo, que es el llamado plan de transparencia, plan
que a mí me parece fundamental para evitar lo que siempre ocurre con el aumento de juzgados y tribunales: quien más insiste y más presiona consigue los de su circunscripción, cuando yo creo que el aumento de la planta judicial y del número de los
juzgados debiera hacerse siempre en función de las reales ocupaciones de la totalidad de los juzgados y tribunales, intentando optimizar primero al máximo, como suele decirse, los órganos judiciales ya existentes. Se está elaborando y algún día lo
veremos. A través del artículo 7 del Reglamento, que nos permite a los diputados obtener la información necesaria para el cumplimiento de nuestra misión, lo he pedido reiteradamente, no me lo han dado nunca y tampoco me han contestado con las
razones fundadas en derecho que lo impidan. Quiero saber si realmente existe o no.



En cuanto a otras áreas temáticas, se hace referencia a la nueva orientación que se ha dado al servicio de Inspección. Respecto a esto, me permitirá que me haga eco de lo que es conocido en el ámbito judicial y también, por qué no, entre
quienes tenemos interés en esta


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cuestión, sobre algunos problemas o disfunciones que en épocas recientes han existido en relación con la jefatura de la Inspección. ¿En qué se han concretado estas cuestiones? ¿Han tenido realmente algún alcance, o simplemente, al
modificar o dar un nuevo sesgo al servicio de Inspección, se ha tenido que actuar por tanteo y se puede corregir en el futuro? ¿Ha sido simplemente un problema de puesta en práctica o han existido problemas distintos? Nos parece que tenemos el
derecho a conocer qué sucede quienes formamos parte de esta Comisión de Justicia.



De la comisión disciplinaria me han gustado especialmente los gráficos que en el volumen II de la memoria se contienen, que son extraordinariamente fáciles de entender hasta para alguien tan poco habilidosa en esas cuestiones como yo.
Evidencian con notable claridad lo que pretenden y, por lo tanto, a quien haya tenido la responsabilidad de la confección, sea el centro de documentación o sean fuentes del propio Consejo, mi más cordial enhorabuena. Se habla de que ha habido más
casos que en el periodo anterior, y me gustaría saber si son más casos de apertura de expedientes disciplinarios por mayor exigencia de los ciudadanos -lo cual me parecería magnífico- o si hay más casos porque se ha detectado un peor funcionamiento,
aunque luego se dice que las resoluciones sancionadoras han sido menos, pero yo no sé si hay expedientes abiertos que no tendrán conclusión hasta el periodo siguiente. Por eso me gustaría saber si esa mayor apertura de expedientes es porque los
ciudadanos son más conscientes cada vez y reclaman más o, insisto, porque se ha detectado un peor funcionamiento. También me gustaría hacerle una petición concreta sobre esto. En numerosas ocasiones se dirigen a los diputados, y puesto que la
materia disciplinaria o sancionadora es una de las que más cultivo cuando tengo ocasión de impartir clases en esta materia, me gustaría saber por qué no se le da un tratamiento distinto, dentro de los expedientes disciplinarios, a la figura del
denunciante. Conoce usted que ya hay procedimientos sancionadores concretos en los que el denunciante es parte igual que en los procesos penales y algún derecho tiene por lo menos a que se le comunique la resolución definitiva de lo por él
requerido. Muchísimos ciudadanos se quejan de que han puesto en conocimiento una determinada cuestión creyendo que dará origen a la apertura de un expediente disciplinario, y nunca llegan a saber qué ha sido exactamente de la que queja o denuncia,
que podía dar lugar a un expediente disciplinario, que ha provocado o no ha provocado y por qué razón no lo ha provocado. Quiero decir que al regularse el expediente disciplinario debiera tenerse, puesto que es una figura de apertura relativamente
reciente en la materia administrativa, en mayor consideración o en alguna consideración, como parte que pone en marcha el proceso pero que también puede tener derecho a conocer qué ha sido de él, al denunciante, a la parte actora, además de la
Administración, en este caso el Consejo General del Poder Judicial, que es el que decide.



Cuando se hace referencia a la comisión de calificación mencionan las propuestas de peticiones formuladas por miembros de la carrera judicial sobre reconocimiento del mérito del conocimiento de idiomas y también del derecho propio de las
comunidades autónomas. Vistos los datos, es interesante y exhaustivo lo que se contiene en el volumen segundo, pero me gustaría saber qué valoración se hace desde el Consejo, si les parece que va bien, si les parece que es escaso lo que se va
obteniendo en esta materia o si les parece que es interesante o que no lo es, puesto que estamos hablando de parámetros que se utilizan en distintas disposiciones legales como mérito para determinadas plazas judiciales. Me gustaría conocer cuál es
el parecer del Consejo respecto de esa cuestión.



En cuanto a la comisión presupuestaria, no seré yo quien les niegue ni les escatime los medios con que el Consejo debe contar para realizar lo mejor posible su función, pero permítame que le diga que me ha parecido gracioso que ustedes
mismos califiquen su proceder de ponderado, austero y riguroso. Tal vez eso correspondería decirlo a quienes vean o valoren sus presupuestos y no al propio Consejo. Sobre la comisión de Escuela Judicial, usted únicamente se ha referido a la mayor
especialización o a las especializaciones en áreas concretas y ha citado a los jueces de lo mercantil. Quisiera aprovechar para hacerle otra pregunta y es qué le ha parecido al Consejo que en la nueva regulación sobre el cuarto turno en la Ley
Orgánica del Poder Judicial, los magistrados que lo son por este sistema no puedan cambiar de orden jurisdiccional. A nosotros nos parece que no hay un porqué; no tienen por qué estar privados de derechos en distinta medida que los que acceden por
la forma normal de oposición.
Pensamos que, habiendo ingresado por un área específica, de la misma manera que hay jueces o magistrados de lo penal que luego han sido excelentes magistrados de lo contencioso -y casos los hay-, no hay razón para que
a quienes ingresan como juristas de reconocido prestigio se les prive de esta posibilidad. Me gustaría conocer el parecer del Consejo a este respecto. De igual manera, y aun saliéndome de los límites temporales de la memoria -el presidente quizá
me riña, pero usted ha indicado que podíamos hacerle preguntas al respecto-, al hablar de la comisión de comunicación se menciona que se iba a hacer un barómetro de opinión entre jueces y magistrados y también una encuesta sociológica a usuarios de
la Administración de justicia. Hecha ya esta encuesta -por lo menos, así lo relatan los medios de comunicación- parece que los resultados son dispares. Entre los jueces y magistrados existe una relativamente buena opinión sobre cómo está
funcionando la justicia, pero no parece que eso sea tan laudatorio cuando son los ciudadanos quienes opinan. Si tiene algún dato o alguna valoración distinta de la que


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han trasladado los medios, también me gustaría conocerla.



En cuanto a la comisión de estudios e informes, me ha llamado la atención que estando tan bien recogidos y resumidos dentro del volumen segundo los que se citan, por qué no se hace igual gala de los que tienen voto particular. Se enuncia
que tienen voto particular pero no se describe el voto. Puesto que se refieren a anteproyectos de ley de extraordinaria importancia -ustedes citan especialmente la Ley de partidos, pero creo que también está incluido el relativo al cumplimiento
íntegro de penas o a la modificación o centralización de los juzgados de vigilancia penitenciaria-, a lo mejor también sería bueno que en ocasiones futuras se pudiese recoger lo que ha sido objeto del voto particular de alguna de las partes, con
igual rigor con que se resume el contenido de la doctrina de lo que el Consejo ha aprobado por mayoría. Me ha preocupado especialmente -y usted también lo ha manifestado así- la incompatibilidad o la falta de compatibilidad -si se pretende que sea
más tenue en la exposición- de los sistemas informáticos. ¿Qué ocurre con esto? Porque se están gastando auténticas fortunas, tanto el propio Consejo como las administraciones con competencia, para llegar luego a la conclusión de que todos tienen
métodos magníficos pero absolutamente incomunicables. No sé si, en su criterio, esto obedece a que el Consejo debiera dar órdenes y que los demás le obedezcan o a que por parte de todos -no atribuyo culpas a nadie- se debería ser capaz de ponerse
de acuerdo a la hora de utilizar sistemas informáticos que permitiesen, como es lógico y esperable por parte de todos, la compatibilidad de todos ellos.



Al Consejo le preocupan la seguridad y la protección de datos. Creemos que es importante que de acuerdo con la Agencia de Protección de Datos se proceda cuanto antes a la actualización y elaboración de los reglamentos específicos de
seguridad, puesto que en esto la ciencia y la tecnología sí avanzan por delante de las utilidades propias del mundo de lo judicial y debiera procurarse la posibilidad de protección de los datos que afectan a procedimientos judiciales.



Hablan ustedes de la comisión mixta de relaciones con el Ministerio de Justicia. En la memoria se dice se ha reunido en cinco ocasiones. Me permitirá que en este aspecto le comunique lo que le puede parecer una maldad, pero la sensación
que se tiene desde determinadas perspectivas es que la comunicación entre el Ministerio de Justicia y el Consejo ha sido de índole permanente. Con alguna frecuencia, al examinar los anteproyectos de ley, parece como si el Gobierno no se hubiese
atrevido o se le hubiese olvidado introducir alguna cuestión concreta y polémica de lo que luego acaba siendo el proyecto de ley y es el informe del Consejo quien sugiere, por ejemplo, la retroactividad o no de ciertas disposiciones, si tienen
carácter penal o meramente procesal. Era cuestión no tocada en alguno de los proyectos -no sé si en el de cumplimiento íntegro de penas o en el de vigilancia penitenciaria-, siendo el Consejo el que lo sugiere, facilitando al Gobierno la
introducción de esa parte de polémico tratamiento con mayores garantías dentro del texto , que después venía a informe de la Cámara, insisto, sin que se hubiese hecho mención expresa a esa cuestión ni diera pie para que el Consejo entrase a
examinarla.



Nos parece magnífico que exista la comisión de organización y modernización, mencionando la anécdota -pues para mí ha sido tal- de que es la única mención que se hace al Libro Blanco de la justicia. Parece que aquel texto que todos alabamos
tanto cuando se elaboró en 1997 ha quedado difunto ya para las menciones que hace el propio Consejo de aquello que también fue trabajo del Consejo anterior al que usted preside. El propio Consejo General del Poder Judicial no tiene más cita al
Libro Blanco de la justicia, ni en la memoria ni en el volumen inicial ni tampoco en los complementos, que esta referencia que se hace al hablar de la comisión de organización y modernización y a la necesidad de que la justicia sea lo más moderna y
adecuada posible.



La comisión de seguimiento para la aplicación de las normas relativas a los derechos de los menores era objeto de comentario en la prensa en el día de ayer, si no recuerdo mal. Tengo una excelente opinión, en lo que conozco, y me parece
absolutamente adecuado que haya existido, puesto que se trata de una ley de polémica puesta en práctica, pero de lo recogido en los medios de comunicación no queda excesivamente claro si el Consejo piensa que el texto legal no es adecuado o si, como
uno de sus vocales manifestaba, faltan medios materiales, es decir, que es una buena ley a la que nunca se han dado los medios requeridos para la correcta puesta en práctica de esta ley que pretende ser tan recuperadora de los menores para la
sociedad. Mi mejor valoración respecto de la comisión de implantación de los juicios rápidos, lo mismo que de la comisión de seguimiento y aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, dos normas que, poco a poco, según se van implantando, van
evidenciando -de lo que, en la medida en que he sido ponente de ambas, me corresponde vanagloriarme, si se permite- que están resultando adecuadas para lo que se pretendía, aunque las labores de tanteo, de ir corrigiendo lo que se evidencia como
menos adecuado, deberán seguir efectuándose en el futuro.



Sé que estoy extendiéndome mucho, señor presidente, pero hay más cuestiones en la memoria que me han suscitado una enorme curiosidad.
Cuando se habla de las vocalías delegadas para las relaciones institucionales, en el volumen segundo
solamente se hace gala de cita y de pormenor respecto a la vocalía que hace referencia a las relaciones con el Defensor del Pueblo. Por tanto me queda la tremenda duda de de qué se encargan


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las vocalías encargadas de las relaciones con la Casa Real y con las propias Cortes Generales, si bien les reconozco que en las relaciones que se mencionan con el Defensor del Pueblo en muchos casos sí han intervenido las comisiones de
peticiones del Congreso y del Senado.
Quisiera saber exactamente qué cometido se prevé respecto de estas dos vocalías, puesto que citadas en el volumen primero, no se les recoge actividad concreta ninguna en el volumen segundo. También me gustaría
preguntarle si tienen ya datos concretos de qué experiencia o valoración se puede hacer de la vigilancia penitenciaria centralizada y si los requisitos de inmediación y garantía de los derechos efectivos de quien está privado de libertad, aunque sea
por la comisión de tremendos crímenes, se han podido cumplir por los métodos que el propio sistema preveía y que algunos de los que fuimos ponentes de la norma dudábamos que fuesen posibles. Me gustaría saber qué experiencias hay respecto de esta
cuestión.



En cuanto a las oficinas de seguimiento de la violencia doméstica, mi enhorabuena concreta y personal a quienes son encargados de esta comisión, y aunque no podamos estar extraordinariamente satisfechos en cuanto a los resultados, pues sigue
habiendo víctimas, agradecemos especialmente al Consejo, lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones al Gobierno y a la Fiscalía, la cuidadosa atención para cuantas iniciativas ha habido en esta Cámara y la ayuda enorme, profesional y doctrinal, que
se nos ha proporcionado, así como por la puesta en práctica de instrumentos que en un futuro se evidenciarán utilísimos para sacar conclusiones de qué es lo que está detrás de estas tremendas cifras y de qué es lo que se puede hacer para su
corrección futura. En concreto, y puesto que está presente, me gustaría citar la labor realizada por la vocal Monserrat Comas.



Respecto a la atención al ciudadano hay un dato anecdótico pero que me parece grave. La única referencia que se contiene a la Carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia se hace en la página 472 del volumen segundo, cuando fue un
instrumento al que desde esta Cámara le dimos extraordinaria importancia e incluso desde el propio Consejo. Ustedes recordarán aquella firma conjunta que con enorme solemnidad se hizo con el Gobierno, con las Cámaras y con el propio Consejo en
pleno; que sólo tenga esta referencia en la memoria y que además sea porque se hace una propuesta para elaborar un cartel que los enuncie nos parece pobre, nos parece poco. Nos gustaría saber si es que es de difícil concreción o si no es posible
prestar una mayor atención a cómo resulta la puesta en práctica, puesto que el Consejo se involucró -y esto también es de agradecer- en la puesta en marcha de este catálogo de derechos de los ciudadanos.



Plantearé tres últimas cuestiones, en una de las cuales coincido con los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, son de aproximación temporal, por tanto, extramemoria, y solamente si a usted le parece bien, le pediré que
me las conteste. En primer lugar, me quiero hacer eco de noticias aparecidas en medios de comunicación -no conozco otros datos- respecto a la insuficiencia de medios con que cuenta en este momento la Audiencia Nacional. Así, hace referencia a
datos procedentes de la inspección. Me gustaría conocerlo y saber si la planta es suficiente o insuficiente para el cometido que tiene en este momento atribuido. De igual manera me gustaría saber qué ha sido de algo que se publicó en el mes de
septiembre referido a un acuerdo del Consejo para crear una unidad médica para la evaluación de las capacidades o incapacidades del personal judicial; septiembre no estaba incluido en la memoria, pero me gustaría saber qué ha ocurrido. Finalmente,
una cuestión genérica. No le preguntaré qué opina de las reformas penales últimas, sí le preguntaré qué opina del método de introducir reformas importantísimas, no de preceptos puntuales, sino auténticos bloques normativos de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o de otras leyes procesales o del Código Penal, sin que pasen por el Consejo; es decir, este puenteo, si me permite la expresión coloquial, del Consejo es el objeto de mi pregunta y no tanto los contenidos materiales de la
reforma, respecto de los cuales ya ha tenido ocasión de pronunciarse esta diputada cuando ha intervenido en Pleno.



Concluyo como mis compañeros, con iguales deseos de felicidades a todos los miembros de la Comisión, al presidente y a los miembros del Consejo, tanto para estas fiestas como para el próximo año, en el que si sigo siendo diputada, espero
poder ser menos crítica de lo que he sido en esta legislatura, como manifesté en ocasión anterior.



El señor PRESIDENTE: Este presidente carece de antecedentes. No soy consciente de que en ninguna ocasión haya procedido a reñir a S.S. ni a ninguno de los demás miembros de la Comisión. No habiéndolo hecho en otra ocasión y menos a
usted, imbuido por el espíritu navideño, menos lo voy a hacer ahora. Ni lo he hecho ni lo haré. En cuanto a los deseos de que usted siga en la próxima legislatura como miembro de esta Cámara, estoy seguro que, unánimemente, todos los miembros que
estamos aquí deseamos que así sea, por el bien precisamente de la justicia.



Continuando con el turno de palabra, por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y sin perjuicio de la presencia, siempre agradable, de la señora Pigem, tiene la palabra el señor Silva.



El señor SILVA SÁNCHEZ: Después de lo que comentaba la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco parece que uno tiene que empezar la intervención con aquello de feliz Navidad y próspero año nuevo a todos. Agradezco su presencia, aunque al
final haya sido casi en tiempo de descuento. Ya nos pilla a todos un poco cansados, pero es cierto que la convocatoria de un


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Pleno extraordinario impidió la comparecencia anterior. En cualquier caso, nos debemos congratular de la proximidad de esta comparecencia a la presentación de la memoria y al discurso de la apertura de tribunales.
Debe ser un objetivo que
deberemos perseguir en años sucesivos. De la misma manera que agradezco su presencia, quiero agradecer la de un número muy importante de vocales del Consejo. Quizás en esta legislatura ha sido la mayor que puedo recordar. Por lo tanto, muy
directa y personalmente a los vocales del Consejo General del Poder Judicial quiero hacer patente mi agradecimiento y mi satisfacción porque se encuentren aquí presentes.



Corresponde al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), después de lo exhaustivas que han sido las anteriores intervenciones, modular su intervención e intentar que sea no reiterativa sino complementaria y por lo tanto no volver a
suscitar cuestiones que han sido planteadas por los anteriores intervinientes. Eso quizá determine una intervención un poco desordenada, pero atendiendo la fecha, la hora y que a las cuatro empieza el Pleno de presupuestos, todos los agradecerán.



Señor presidente, empiezo mi intervención con alguna referencia a la actuación de la inspección, muy documentada en el tomo segundo de la memoria. Manifestamos nuestro interés y nuestra satisfacción por la actualización de su composición,
por el señalamiento de un objetivo cuatrianual respecto al informe de inspección de todos los órganos judiciales de España. Es cierto también que es muy positivo que se propongan medidas como consecuencia de las inspecciones que se han ido
practicando: mejora de instalaciones, equipos informáticos, medios personales, reforzar equipos o prolongar jornadas; es decir, la sugerencia de medidas en materia de organización y distribución de trabajo, así como el hecho de que la estadística
muestre un incremento medio de recuperación de asuntos como consecuencia de las inspecciones también muy positivo, especialmente en la jurisdicción contenciosa y en la civil. Sin embargo, si bien debemos manifestar nuestra satisfacción por lo que
se hace constar en la memoria, no podemos obviar que a lo largo de este último año se han ido produciendo acontecimientos que han provocado una cierta alarma en la opinión pública, como son los relativos a acusados, algunos de crímenes muy graves
-concretamente, uno de un acusado de triple asesinato que abandona la cárcel por haber transcurrido el periodo máximo de prisión preventiva, supuesto que mereció opiniones aparentemente discordantes de diversos vocales del Consejo General del Poder
Judicial-, y otros posiblemente de menor gravedad porque no estaríamos en presencia de delitos de sangre, pero sí de delitos que nuestro Código Penal contempla como de mucha gravedad. De ahí que, como digo, por un lado, debamos manifestar nuestra
satisfacción por lo que recoge la memoria, pero, por otro, debamos trasladarle nuestra preocupación, porque en última instancia entendemos que una inspección rigurosa, periódica, quizás una inspección en circuitos más cortos de tiempo, debiera dar
la alarma respecto de situaciones, que, sin ser muchas, acaban provocando una alarma importante en los ciudadanos.



Mi grupo parlamentario valora en alto grado la inspección y los nombramientos, fundamentalmente porque lo que más valora del Consejo General del Poder Judicial es, por decirlo de alguna manera, lo que él no puede hacer. Valoramos
positivamente que haya informes -hemos pedido el tan reiterado informe sobre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado-, pero este tipo de informes, que son valiosos, que siempre nos producen esa sensación de
perplejidad porque son informes muy divididos, también nos llegan de la Fiscalía General del Estado o del Consejo de Estado, pero, desde luego, lo que no pueden hacer el Consejo de Estado, ni la Fiscalía, ni la Comisión de Justicia del Congreso de
los Diputados es inspeccionar los tribunales ni hacer nombramientos. Mi grupo quiere transmitirles que eso es lo que más valora del Consejo General del Poder Judicial y, realmente, la esencia de su función y de su organización: hacer lo que no
pueden hacer el Ejecutivo ni el Legislativo ni otros órganos asesores. Por tanto nos vamos a limitar pura y simplemente a trasladarles nuestra preocupación porque, sin perjuicio de que existan causas últimas de insuficiencia de medios, incluso
causas directas, como se ha puesto de manifiesto posteriormente a través de la apertura de expedientes disciplinarios, y si bien también es cierto que a través de modificaciones legislativas pueden anticiparse señales de alarma, evitar que se
produzcan estas situaciones, advertirlas a tiempo, es función fundamental de la inspección y del Consejo General del Poder Judicial y por tanto ahí deseamos encarecer la actividad del mismo.



Paso a un segundo aspecto que tiene poco que ver con lo anterior. La memoria -a ello hacía referencia la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, la diputada Uría-, también trata sobre el grado de eficiencia y conocimiento de la lengua y del
derecho civil propio de las comunidades autónomas. Se hace constar que el 4 de marzo de 2003 la comisión permanente encargó al gabinete técnico la elaboración de un informe sobre el grado de eficacia del sistema actualmente establecido en cuanto al
conocimiento oral y escrito de las lenguas oficiales distintas al castellano, así como sobre el derecho civil especial o foral. No podemos estar más de acuerdo y aquí también queremos manifestar una cierta preocupación. Sin ser una cifra
escandalosa en términos absolutos, es cierto que ya en las reclamaciones relativas a los medios, tal y como hace constar la memoria, página 481, hay un 7 por ciento de quejas que hacen referencia al uso de la lengua cooficial. Nos encontramos con
ciudadanos que efectúan esa protesta. Me gustaría conocer cuál es el contenido concreto de la


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reclamación; me imagino que hacen constar protestas relativas al no uso o a la imposibilidad de uso de la lengua cooficial, la lengua oficial propia de la comunidad autónoma. Me gustaría tener un poco más de información sobre esta materia,
como le digo, y, en cualquier caso, excitar el celo respecto a la misma.



En cuanto a la atención a los ciudadanos -quizá tengamos una apreciación diferente de la de anteriores intervinientes-, valoramos muy positivamente la forma en que la memoria recoge datos y estadísticas sobre reclamaciones presentadas por
los ciudadanos sobre la Administración de justicia. En alguna comparecencia anterior de presentación de memoria habíamos solicitado datos desagregados, y vienen desagregados. Cierto es, como se ha dicho, que no nos consta que la tramitación
posterior de la reclamación -fundamentalmente, su archivo o la resolución que la culmine- se notifique al demandante y parece que este ignora cuál es el futuro de su reclamación. Sin embargo, es cierto que se produce una desagregación de los datos,
tal y como nosotros habíamos solicitado, y que eso nos produce satisfacción y tenemos que hacerlo constar.



El número de reclamaciones ha subido -nos encontramos ya con cuatro mil y pico- y se incrementan las reclamaciones por dilaciones indebidas, así como las que hacen referencia a organización. A pesar de que el número continúa siendo elevado,
hay que decir que disminuyen porcentualmente las reclamaciones por el trato recibido. Si eso se debe a la actuación del Consejo o a la instrucción que el Consejo General del Poder Judicial está elaborando o ha elaborado y puesto en marcha ya, tiene
motivos para considerarse satisfecho. Podríamos hacer referencia a alguna otra cuestión, pero lo que nos gustaría es conocer cuáles son los planes del Consejo General del Poder Judicial sobre la base de los últimos datos sobre reclamaciones; por
ejemplo, qué actuaciones, qué planteamientos o qué reflexiones se hace el Consejo en cuanto al futuro. Precisamente, en relación con la memoria del año 2001, el Congreso de los Diputados aprobó la resolución número 5, que hacía referencia a estos
temas.



Podríamos decir que el presidente del Consejo me ha dedicado -entre comillas- buena parte de su intervención sobre la Escuela Judicial; sabía del interés del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y le agradezco la intervención
que ha hecho. Sin embargo, me gustaría poner de manifiesto mi perplejidad. Casi todos los que estamos aquí -posiblemente, todos-, puesto que somos del mundo del derecho -abogados, juristas, magistrados-, sabemos que hay cosas que son opinables;
ahora bien, yo siento perplejidad o nerviosismo cuando no nos ponemos de acuerdo sobre datos objetivos. Me pasa cada año con el presupuesto del Ministerio de Justicia, cuando las informaciones que facilita el Grupo Parlamentario Popular discrepan
absolutamente de las que facilita el Grupo Parlamentario Socialista. En este caso, lo único que le puedo hacer constar es que me siento perplejo cuando oigo afirmar, por un lado, que el número de profesores disminuye de 19 a 15 y, por otro, que
disminuye de 14 a siete. En teoría, en cuanto a números deberíamos ponernos de acuerdo; me limito a hacerle constar mi deseo de que nos pongamos de acuerdo en los números. Ciertamente, de la misma manera que se dice que para hacer una buena
bioética hace falta una buena ciencia, hay que decir que para hacer una buena política de justicia, hace falta una buena estadística o, al menos, que nos pongamos de acuerdo en los datos.



He atendido con interés a su explicación sobre la formación continua: en la Escuela Judicial, en otras sedes de la misma, descentralizada o en convenio con las comunidades autónomas. Me gustaría preguntarle cuál es el motivo del cambio de
criterio respecto de la formación continua que debería realizarse en Barcelona, entre la comisión de la Escuela Judicial, que aprobó una serie de actuaciones, y el pleno. Lo digo porque desde luego se puede cambiar de criterio, por descontado,
pero, como dice el Tribunal Constitucional, cuando se cambia de criterio es bueno motivarlo, porque, si no, existe cierta presunción de arbitrariedad o de discrecionalidad; lo digo con el mayor respeto. Me gustaría conocer por tanto qué es lo que
ocurre para que salga de la comisión de la Escuela Judicial una propuesta de formación continua con localización de las actuaciones en Barcelona y que luego el pleno acuerde una cosa diferente y cambie el criterio o la resolución.



Tengo que hacer alguna referencia a la inclusión en la memoria del apartado de las relaciones institucionales. En su última o penúltima comparecencia mi grupo había solicitado que hubiese un apartado de la memoria que tuviese por contenido
las relaciones institucionales entre el Consejo General del Poder Judicial y las Cortes Generales y en el que se hiciese constar tanto aquellas solicitudes -no sé si es la denominación más exacta- de modificaciones legislativas que desde el Consejo
General del Poder Judicial se dirigen a las Cortes Generales o a los grupos parlamentarios de las Cortes Generales como, viceversa, cuáles son los planteamientos las resoluciones que son aprobadas por el Congreso de los Diputados y que tienen por
destinatario el Consejo General del Poder Judicial, cuáles son las vicisitudes tanto de unas propuestas como de otras. Eso se contenía en la memoria de 2002, que tenía precisamente un capítulo de relaciones institucionales entre el Consejo General
del Poder Judicial y las Cortes Generales y que además hacía referencia a estos dos supuestos. Sin embargo, lo que nos sorprende es que al menos en la memoria de 2003 no hemos sido capaces de encontrar ese capítulo que yo creo que para una
comparecencia como la de hoy es especialmente útil, así como para poner de manifiesto y convertir la relación entre el Consejo y los grupos parlamentarios de las Cortes Generales o entre las Cortes Generales y el


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Consejo en una relación normal y fluida. Lo digo porque esa fue una de las propuestas, la número 13, que aprobó el Congreso de los Diputados en relación con la memoria del año 2001, que creo que determinó su incorporación en el año 2002.
No entendemos su exclusión de la memoria del año 2003.



Quisiera hacer referencia a algunos aspectos más concretos de estadística judicial. Me gustaría conocer cuál es la valoración que se hace de la estadística que nos ofrece la jurisdicción civil. El presidente del Consejo General del Poder
Judicial ha comentado en su intervención que la litigiosidad civil continua aumentando, que las expectativas que se habían depositado, ciertamente las habíamos depositado los grupos de la Cámara en la regulación de la ejecución provisional, que
podían ser de una disminución de la litigiosidad, no se han visto cumplidas. Más que entender que de esa regulación de la ejecución provisional se iba a producir una disminución de la litigiosidad, lo que entendíamos era que se iba a producir una
disminución del recurso, porque no tenía sentido a través de esta regulación y sabíamos que asumíamos riesgos -y alguna modificación ligera se ha debido introducir precisamente en este año-, pero el planteamiento era intentar eliminar el recurso que
únicamente tenía por objeto dilatar la ejecución de la sentencia. Me gustaría saber si de la estadística que está a disposición del Consejo resulta que ha disminuido efectivamente el índice de recursos de las sentencias de la primera instancia
civil, tanto de los juzgados mixtos como de los juzgados de primera instancia. Otra cuestión diferente en esta materia es el tema de los juzgados de familia. También es cierto que la fiabilidad de la estadística es la que es, pero creo recordar
que en la memoria del año 1999 nos daba un índice enorme de recurso de las sentencias dictadas en primera instancia, aproximadamente de un 50 por ciento si leíamos bien la estadística. Haciendo una lectura muy grosso modo da la impresión de que
llevamos un par de años en los que el índice de recurso de las sentencias de la primera instancia puede estar entre el 12 o el 13 por ciento, no lo sé. Me gustaría, si no en estos momentos, que quizá no sea posible, que en algún momento posterior
pudiéramos tener esa información.



A mi grupo parlamentario y a mí personalmente nos gustaría tener una valoración del índice de revocación de las sentencias de la jurisdicción civil, porque nos sigue pareciendo alto. Hace tres o cuatro años nos movíamos en un índice de un
41 por ciento aproximadamente y ahora estamos en un treinta y nueve con algo en apelación y no llega al uno por ciento de anulación, pero nos seguimos moviendo en un índice de un 40 por ciento. Además, si nos vamos a una desagregación de este
índice de revocación de sentencias por comunidades autónomas, nos encontramos con que algunas están en un 43 por ciento, en el caso de Navarra, en el 43,8 por ciento, en el caso de Asturias, un 44 por ciento de porcentaje de revocación. Puede que
sea normal; se lo pregunta una persona que está en el mundo del derecho pero no en la carrera judicial, pero les tengo que reconocer que no nos deja de parecer sorprendente que haya índices de revocación, de estimación de recurso de estas
características, sobre todo cuando luego en otras jurisdicciones como la penal ya bajamos a cifras que no dejan de ser altas, pero que son del 25,3 por ciento, o en el caso de la jurisdicción social, donde nos movemos alrededor de un 20 por ciento.
Nos gustaría saber cuál puede ser la justificación de ese índice de revocación que nos sigue pareciendo relativamente anómalo.



Por lo demás, debo decirle que en la gran estadística nos encontramos una situación no sé si decir de impasse. Da la impresión de que cumplimos el Pacto de estabilidad y convergencia que hace referencia a la pendencia de los procedimientos
-hay un incremento de pendencia del 3 por ciento que precisamente es el límite del incremento del déficit público, desde el punto de vista de la Unión Europea, en el Pacto de estabilidad y convergencia- pero da la impresión que de lo que no somos
capaces es de reducir la deuda pública, para entendernos; lo que no somos capaces es de reducir la bolsa de procedimientos pendientes. Yo querría preguntarle si estamos en la perspectiva de lograr reducir de forma seria la bolsa de asuntos
pendientes y en qué periodo de tiempo pudiéramos realizarlo, porque tenemos la sensación de que no empeoramos pero tampoco logramos mejorar de forma sustancial.



No hace todavía un año, cuando presentó la memoria correspondiente al año 2002, pudimos preguntarle por el tema de los módulos, porque hay situaciones que creemos que deben merecer la atención del Consejo General del Poder Judicial y les voy
a poner un solo ejemplo. Página 502 de la memoria. En el ranking de órganos judiciales por comunidades autónomas que menos se ajustan a los módulos, en la cola está la Comunidad Autónoma de Baleares, que cumple sólo el 62,1 por ciento de los
módulos de dedicación. Lo que no deja de ser sorprendente es que, sin embargo, o quizá sea por eso, los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Baleares están también en la cola en cuanto a tiempo de respuesta; en este caso de las 17
comunidades autónomas debe de estar la 12 o la 13.
Quiero decir que nos encontramos con los órganos judiciales de una comunidad que es la que más incumple los módulos y que al mismo tiempo está entre las cuatro o cinco peores en cuanto al tiempo de
respuesta.
Aparentemente, es un síntoma de que algo ocurre o que algún planteamiento debe hacerse, porque uno puede entender órganos judiciales de comunidades que tarden en dar respuesta porque aumente la pendencia pero que están haciendo un
esfuerzo importante y que están cumpliendo los módulos, pero eso de estar en la cola en cuanto al cumplimiento de los módulos y estar casi en la cola en cuanto al tiempo de respuesta podría determinar investigar para saber qué es lo que está
ocurriendo, de la misma manera que quizá haya que proceder,


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conforme se establece en algunos otros apartados de la memoria en cuanto al cumplimiento de módulos, órganos que superan o no superan el módulo de entrada, a efectuar una revisión de los mismos.



En cuanto a la violencia doméstica, mi compañera la diputada Mercè Pigem me solicita que les manifieste su felicitación por el trabajo que está haciendo el Consejo General del Poder Judicial, que ha hecho el anterior en cuanto al informe que
elaboró en esta materia y que está haciendo el actual en cuanto al observatorio y otras medidas en esta materia. Por tanto, como es obligado, me permito trasladarle la felicitación por el desarrollo de esta materia. Del mismo modo me permito
trasladarle la felicitación por la reunión que tuvieron ayer, creo recordar, y que hoy hacen pública los medios de comunicación, con las organizaciones sindicales en materia de siniestralidad laboral. Siempre ha preocupado mucho a esta Comisión la
siniestralidad laboral; en su día pudimos solicitar del fiscal general del Estado, creo recordar que hace tres o cuatro años, la elaboración de una instrucción a la Fiscalía en esta materia, pero toda la información que se pueda recabar por parte
del Consejo y al mismo tiempo cualquier propuesta de modificación legislativa que desde el Consejo General del Poder Judicial se nos pueda hacer llegar en esta materia será bienvenida y me permito felicitarle por algo que no deja de poner de
manifiesto ese contacto con la realidad social que es tan importante.



Nos preocupan los juzgados de lo mercantil. Cuando después de la aprobación de la Ley Concursal, convocados por los colegios de abogados o de otros profesionales, hemos participado en mesas redondas sobre esta materia, todo el mundo nos ha
trasladado que la clave de que la ley tenga o no tenga éxito está en el juez de lo mercantil. Es cierto que se le ha trasladado al juez de lo mercantil una enorme responsabilidad que requiere una gran especialización e iniciativa y, por tanto, lo
único que puedo hacer es trasladar esa preocupación que, a su vez, incluso también nos es trasladada a veces, tengo que decirle, desde algunas asociaciones judiciales o desde algunas personas de la propia magistratura, porque entienden que la gran
responsabilidad que recae sobre el juez de lo mercantil y, más concretamente, sobre el juez de lo concursal, puede llevar a un fracaso de la ley. Soy optimista, mi grupo es optimista por naturaleza, pero me gustaría trasladarles esa preocupación y
preguntarles qué medidas se están adoptando para que aquellos magistrados que accedan a un juzgado de lo mercantil tengan no ya la especialización y la cualificación imprescindibles, sino las necesarias, las debidas, para poder abordar un ámbito del
derecho muy complejo que también, ojo, lo están abordando los jueces de primera instancia e instrucción.



El señor PRESIDENTE: Señor Silva, le ruego que concluya. No le voy a reñir; aunque dar una riña a un abogado del Estado puede ser contestado con alguna excepción procesal; pero vaya concluyendo, por favor.



El señor SILVA SÁNCHEZ: No me va a tener que reñir, señor presidente, porque voy a acabar ahora mismo.



Me gustaría conocer cuáles son las previsiones del Consejo respecto a la convocatoria de plazas en la Escuela Judicial, cuáles son las previsiones de los próximos años, es decir, cuál es la perspectiva de la convocatoria que se ha formulado
y con qué número de jueces y de fiscales podemos esperar contar en los próximos años. Y, finalmente, también me gustaría saber otro dato. El presidente del Consejo ha hecho referencia a las conformidades que se producen en el ámbito de los juicios
rápidos y hay un dato con el que mi grupo parlamentario desearía contar y es en qué supuestos, en virtud de la conformidad, se impone una pena privativa de libertad que se cumple. Para entendernos, en qué supuestos el imputado está dispuesto a
conformarse con una petición del ministerio fiscal que, aún a pesar de la reducción del tercio que establece la ley, le supone ingresar inmediatamente en prisión; es un dato en el que tenemos interés.



Acabo ya agradeciéndole su presencia y también haciendo una referencia que ha hecho algún otro portavoz de los demás grupos y es reconocer que es complicada la posición institucional del presidente del Consejo como presidente del Tribunal
Supremo y también como presidente de la Sala del artículo 61. Mi grupo parlamentario votó a favor de la Ley de partidos políticos y si algo nos preocupa es que se nos dijese en algún momento que es una ley que puede ser inconstitucional o que puede
vulnerar las disposiciones europeas en materia de derechos humanos y nos preocuparía que en algún momento se dijese que ha habido un cierto perjuicio porque personas que tenían que aplicar la ley han anticipado su opinión en un sentido o en otro.
Eso nos preocupa no sólo en relación con el presidente del Consejo, sino también en relación con el presidente del Tribunal Constitucional. Por tanto, la solicitud de mi grupo es que en la medida en que además de ser presidente del Consejo lo es
del Tribunal Supremo y que todavía tiene que hablar con sentencias y no sólo con resoluciones y que tiene que hablar con sentencias y no sólo con declaraciones institucionales, que sea un elemento a tener en cuenta en todos los casos.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Barrero.



El señor BARRERO LÓPEZ: Quiero también darle la bienvenida al presidente del Consejo General del Poder Judicial y a los vocales que le acompañan y obviamente también desearles lo mejor para el año 2004.



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Como grupo nos hubiera gustado que el Consejo General del Poder Judicial en la persona de su presidente y de distintos vocales hubiera estado más tiempo en el Parlamento de nuestro país y más veces, más tiempo y durante debates distintos,
compareciendo por asuntos diferentes al de la simple memoria, señor presidente, como tuvimos ocasión de explicitar mediante nuestra firma en el pacto por la reforma de la justicia que en su artículo 23 nos comprometía a todos a que hubiera una
presencia mayor del Consejo y de sus vocales para discutir, debatir y reflexionar con el Parlamento -donde tiene su procedencia, por cierto, el Consejo- los asuntos que en términos de justicia nos interesan a todos. Aunque es verdad que en este
periodo legislativo hoy viene usted antes a presentar la memoria, y se lo agradecemos, no es menos cierto que el debate de un Parlamento para ser informados de la memoria del Consejo, siendo de enorme importancia, al entender de mi grupo es escaso.
Reiteramos en su día ante la Presidencia de este Parlamento la posibilidad de que el Consejo viniera más a esta que es su casa, por serlo del pueblo y por ser aquella de donde nace su legitimidad, pero no hemos sido escuchados. Como hoy estamos en
periodo de balance, porque ya no habrá esta Comisión de Justicia cuando usted venga la próxima vez, yo quiero manifestarle nuestro desconsuelo, si así me lo permite, por no haber hecho posible algo que nos parece evidente y es que las relaciones
Parlamento-Consejo sean mayores, más habituales y más fluidas para el bien de ambas instituciones. Ojalá que otro Parlamento, que por cierto apoye a otro gobierno, con mayor vocación por salvar a la justicia de su lentitud y encaminarla por el
camino de la modernidad, haga posible ese encuentro habitual y nos podamos entender mejor los que estamos obligados a entendernos.



En segundo lugar, puesto que estamos haciendo balance -y me lo va a permitir porque sabe que soy leal a mi grupo y a la representación que ostento-, mayor es mi sinceridad, señor presidente. El Consejo, que nació de este Parlamento -lo
hemos reiterado-, que nace además de una elección distinta, con mayor vocación de evitar cualquier tipo de discusiones sobre su elección, sobre su legitimidad, con el apoyo inmensamente mayoritario de este Parlamento -hablo además en nombre de
muchos parlamentarios-, ha perdido una enorme oportunidad de ser consecuente con ese apoyo parlamentario tan unánime. Me permitirá decirle, señor presidente, porque sé también su aprecio por la libertad de expresión y por la sinceridad que es la
lealtad entre hombres libres, que esa elección no ha dado lugar a un Consejo independiente, sino a un Consejo, desde mi punto de vista, con todo respeto, cuyo funcionamiento ha sido de dependencia de la lógica parlamentaria, de la lógica de la
mayoría parlamentaria de este Parlamento. Por tanto, desde mi punto de vista, señor presidente, el funcionamiento, hasta ahora, del Consejo -sepa usted darle el valor correcto a mis palabras y obvio los adjetivos, que a veces no son los más
correctos-, hacia fuera al menos no ha sido de interés general. No ha sido útil en términos de interés general, sino excesivamente dependiente de esa lógica mayoritaria, que no es el único origen parlamentario de ese Consejo, puesto que su origen
es el de todos, o de prácticamente todos los parlamentarios. Por tanto, no tenía ninguna obediencia, no la tiene obviamente, hacia ninguna mayoría o minoría y debería haberse sentido más independiente, más autónomo -el adjetivo que uso no es desde
el punto de vista jurídico- para hacer aquello que tuviera que hacer porque estaba amparado por el aval, como nunca fue amparado ningún Consejo, por la representación del pueblo. Por tanto, ha dado la impresión, y esto es lo que yo quiero
manifestarle con sinceridad, de que en ocasiones ha sido más un instrumento en manos del Ejecutivo que un instrumento que nacía de ese poder que emana en todo caso del pueblo soberano.



Puesto que estamos en estos temas de balance y entre personas libres, que además lo sabe usted bien, señor presidente, con un enorme caudal de respeto hacia la institución que usted lleva tan legítimamente, como es obvio, yo creo que la
Presidencia no ha usado suficientemente -alguien diría que no ha usado casi nunca- su papel de moderación. Desde el punto de vista de mi grupo, la institución de la Presidencia del Consejo no ha tenido, no ha sabido o no ha podido llevar adelante
ese papel de moderación indispensable para ganar en prestigio la Presidencia que usted ostenta, que es, sin duda, fundamental como institución en un Estado democrático de derecho. Con su voto se han apoyado decisiones que tenían más de imagen
partidaria que de otra cosa y no hemos entendido en ocasiones su decisión de aferrar con su voto determinadas conformaciones de la voluntad del Consejo que precisaban de un voto más. El suyo, al hacerlo, de alguna manera barnizaba una posición
partidaria o partidista, desde mi punto de vista, más que una posición institucional. La llamada declaración institucional -voy a poner un ejemplo- de apoyo al pacto por la reforma de la justicia poco tiempo después de haberse desvinculado no sólo
el Partido Socialista, sino varios grupos de esta Cámara, daba la sensación de que seguía directrices no pensadas cuando desde este Parlamento nosotros quisimos darles el aval que ustedes merecen como muy alta institución del Estado. Por supuesto,
quiero recordar que su voto fue el que decidió que ese apoyo al pacto se produjera. La oportunidad era la correcta, con el apoyo, señor presidente, de la opinión pública y resulta que no ha sido posible, sin duda por la falta de voluntad del
Gobierno, uno de los compromisos más importantes del pacto, como es transferir durante ocho años alrededor de 1.500 millones de euros para modernizar la justicia -esto es lo que el Consejo tenía la obligación de avalar- o que no haya suficientes
medios para que


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la justicia no sea una justicia dilatada e ineficaz y en muchas ocasiones no moderna, a pesar de lo que usted nos ha dicho relativo al apoyo y al esfuerzo relacionado con la informática, que es lo que se apoyaba institucionalmente al votar
que se continuara con el pacto por la reforma de la justicia y con el voto decisivo 11-10 de su presidente. ¡Qué oportunidad y qué mensaje se mandaba con esto!


Señor presidente, voy a hablar de forma positiva para que no crea usted que tengo algún interés en realizar una intervención ácida. Sencillamente quiero que sea sincera y consecuente con lo que mi grupo piensa, aunque a lo mejor subrayo más
los defectos que las virtudes, algo que sentiría porque las virtudes también existen, como es evidente. ¿Qué se ha hecho por velar la calidad de la vida democrática? Sin duda muchos esfuerzos pero, ¿se ha tenido la sensibilidad suficiente para
adecuarlos en los momentos más oportunos cuando tiene una institución que elevar su voz para manifestar ante la ciudadanía que está ahí para defenderla en determinadas cuestiones, como por ejemplo de que no haya atropellos jurídicos en este país?
Un Gobierno remite en primera lectura a un Senado, cuyo mandato constitucional no existe en ese ámbito, un Código Penal de esa importancia, puesto que se trata de una Constitución en negativo y ni siquiera se tiene el informe del Consejo y éste no
dice nada. Eso, desde todos los puntos de vista -así lo han visto todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepción hecha del Partido Popular-, constituye un auténtico atropello democrático. Muchos de nosotros esperábamos una voz, y de
manera especial la del presidente, que cuenta, bien lo sabe él, con todos nuestros respetos, levantada con la moderación que se requiere en estos casos, pero con la contundencia necesaria que dijera que no es posible que las iniciativas legislativas
nacidas del Gobierno de la nación rompan las indispensables reglas del juego que nos hemos dado los representantes del pueblo en términos de procedimiento parlamentario.



Se ha velado suficientemente en algunos supuestos -no sé si a lo mejor ahora concreto excesivamente, señor presidente, aunque estoy seguro que cuento con sus disculpas- y a nosotros nos ha procurado una especial desazón que haya tenido que
ser un indulto el que haya terminado con una situación escandalosa en nuestro país, como es el hecho de que a un político, un mal representante del pueblo, condenado por corrupción e inhabilitado se le haya suspendido su ejecución de pena para
tramitar un indulto sin que el Consejo General del Poder Judicial haya realizado ninguna investigación, porque al margen de que podamos considerar que jurídicamente no es posible realizar la suspensión de una inhabilitación a través de un indulto,
aunque esto puede ser un tema de debate jurídico, a nuestro entender se debería haber reclamado al Consejo General del Poder Judicial una mínima sensibilidad para que elevara la voz sobre lo que, desde nuestro punto de vista, era -estoy hablando de
un mal político- un auténtico escándalo público. Por tanto, debería haber sido investigada por el Consejo General del Poder Judicial por la importancia que tiene la institución del Consejo para velar por la calidad de la vida democrática, incluso
la de aquellos políticos y servidores públicos que han sido condenados y no merecen serlo, porque representan al pueblo, pero según nuestras noticias el Consejo no tuvo ninguna aproximación al tema del que tengamos conocimiento, por lo que le ruego
que si no fuera así, me disculpe y me comente cuál fue su actuación en este caso.



Tercera reflexión. Discúlpeme que insista en el balance, pero a muchos miembros de esta Comisión nos hubiera gustado que hoy en la memoria pudiéramos haber hablado de que la justicia en nuestro país -cuyos problemas desde luego no hay que
poner en el debe del Consejo, ni mucho menos, soy consciente de ello- sigue siendo lenta, y a pesar de los esfuerzos que se están haciendo por parte de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara reclamando del Gobierno más medios, nos ha
parecido que no hemos sido acompañados por el Consejo General del Poder Judicial, porque algunos creíamos que iba a ser el primero en elevar la voz ante el Ejecutivo reclamando medios suficientes para hacer la justicia menos lenta, más moderna y más
justa.



En cuanto a los medios, señor presidente, algunos datos vienen en la memoria, por lo que algunos compañeros de escaño han tenido oportunidad de recordárselo, pero nosotros hemos aumentado la pendencia en este año, como usted bien sabe, de
acuerdo con la memoria que usted ha presentado.
En el año 2002, es verdad que ha sido superior al incremento de asuntos de entrada y, como usted muy bien decía, han superado los 7.082.000 asuntos, pero también es verdad que los asuntos pendientes
han subido un 3,08 por ciento y no es menos cierto, porque así lo manifiestan ustedes en la página 499, que siendo el incremento de asuntos de entrada del 6,47 por ciento, el incremento de respuesta en cuanto a los asuntos resueltos es del 4,67, es
decir, ha habido una caída del 1,67 por ciento en el coeficiente de resolución; por tanto, estamos peor que en el año 2001. En el año 2001 el coeficiente de resolución era 100,02 y en el año 2003 el coeficiente de resolución, es decir, la división
entre los asuntos que entran y los asuntos que se resuelven, es sólo del 98,33. Esto viene explicado en la página número 508 y S.S. lo conoce bien, por lo que no voy a incidir sobre ello. Esto significa que la bolsa de pendencia en este año,
página número 503, ha aumentado en 52.151 asuntos. Por tanto, estoy seguro de que comparto con S.S. y con todos los vocales del Consejo que esto no puede movernos a la satisfacción y que la decisión de los distintos grupos parlamentarios cuando
reclamábamos -y seguimos reclamando- más medios del Ejecutivo para que esto no vuelva a ocurrir era correcta, porque en


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todas las comunidades autónomas el incremento de la pendencia es mayor, a excepción de Cantabria, lo que se puede comprobar en el cuadro de la página número 517. Esto no es un problema de los jueces, como bien sabe lógicamente el señor
presidente, porque el 42,33 por ciento de los órganos jurisdiccionales de nuestro país tienen una carga de trabajo superior al módulo de entrada fijado por el Consejo. Por cierto, en el año 2001 era ya del 34 por ciento. Hoy es del 42,33 por
ciento. Página 505 de la memoria.



La página 506 reproduce un cuadro muy preocupante, señor presidente, y que estoy seguro que usted está teniendo en cuenta. El 22 por ciento de estos órganos jurisdiccionales, que superan en carga de trabajo el módulo, es decir, que están
haciendo un esfuerzo muy superior al que podemos reclamarles, sufren una sobrecarga superior al 20 por ciento del módulo.
Y el 14,93 por ciento, es decir, el 15 por ciento de esos órganos, sufre una carga superior al 30 por ciento del módulo de
entrada. Luego no son los jueces evidentemente los que no están haciendo un esfuerzo extraordinario por evitar la dilación y por suplir la ausencia de medios que tan rácano es el Gobierno de esta nación para poner a su disposición y resolver en
consecuencia los problemas de dilación de los procesos.
Vaya, por tanto, nuestro reconocimiento, señor presidente, a todos y cada uno de los jueces, que están haciendo un esfuerzo extraordinario intentando suplir con su categoría profesional la
falta de generosidad del Gobierno por poner medios para hacer más ágil, más moderna, la justicia. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la Presidencia.)


Me va a permitir que diga algunas cosas más concretas. Faltan medios en algunos órganos especialmente importante y cuyas dificultades, a consecuencia de esa falta de medios, crean -usted lo sabe- alarma social.
La Audiencia Nacional. La
Inspección del Consejo General del Poder Judicial ha dicho que existen en este órgano graves carencias de medios y de personas. Las consecuencias de ello, señor presidente, son importantes. Hay juicios sobre narcotraficantes sin acusados, se abre
el juicio y no hay acusados, se han ido, se ha dilatado la investigación. En segundo lugar, hay un despilfarro de fondos públicos y hay, sin duda, una alarma social porque nadie puede entender que personas a las que se persigue porque han
transgredido de forma tan grave la convivencia no tienen después la sentencia justa que reclaman los que les persiguen y los ciudadanos, que les parece importante que la justicia funcione. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional -decía la Inspección-
el sistema informático en ocasiones borra los documentos. No funciona. El sistema Libra, que parece va a ser sustituido por otro que se va a llamar Minerva, en este momento tiene graves deficiencias, particularmente en el Juzgado Central número 2.
Hay algunas anécdotas en esta Inspección que dejan en entredicho la calidad de nuestro país, la importancia de nuestro país y el interés que los parlamentarios tenemos para que la justicia sea de verdad, como usted ha proclamado, un lugar de ejemplo
para el resto de países europeos, como ha tenido ocasión de subrayar cuando nos ha puesto de manifiesto la importancia del trabajo que se desarrolla en la Escuela Judicial. No sé si estos que nos visitan para aprender estarán muy de acuerdo con el
hecho de que -leo, entre comillas-: en el Juzgado Central número 1 de la Audiencia no hay dotación de radiocasete para oír las cintas, siendo de la propiedad de la secretaria el que se utiliza para estos fines. Aparte del reconocimiento de este
parlamentario por el esfuerzo y la generosidad de esta funcionaria, parece realmente muy preocupante que esto pueda ocurrir. O que sólo existe un Código Penal y una Ley de Enjuiciamiento Criminal para todos los funcionarios. Confío en que no sea
consecuencia de la generosidad de la misma funcionaria. Esto es importante, señor presidente, y no pienso que sea lo que mejor nos pueda definir como un país que en más de una ocasión hemos querido considerar la octava potencia del mundo.



En la Audiencia no tienen conexión informática con el Registro de penados, como usted bien sabe, o al menos hasta hace muy poco no la tenían, y el correo sigue siendo la forma ordinaria de transmisión. Le pondría algunos ejemplos para que
nos demos cuenta de dónde estamos, qué hacemos y cuál es nuestra responsabilidad. La nuestra, desde luego, es decírselo al señor presidente, igual que cada poco tiempo se lo reclamamos al Gobierno. Soy consciente de que esto es una responsabilidad
fundamentalmente del Gobierno, pero me gustaría -y por eso lo reclamo- escuchar su voz junto a la nuestra para solicitar más medios de ese Gobierno tan poco generoso en procurarlos. Hace poco los medios de comunicación advertían de que el retraso
medio para la resolución de los asuntos en los juzgados civiles de Madrid doblaba la media nacional, estaba por encima de los 12 meses. En los juzgados de lo penal, y como consecuencia de los juicios rápidos, había cuatro jueces frente a 23.000
asuntos pendientes. Y los juicios rápidos lo eran, al parecer, ante asuntos de carácter menor, pero las ejecutorias cada día son más lentas, y así además lo han puesto de manifiesto varios grupos parlamentarios.



En los juzgados de familia de Madrid -estoy siendo reflejo de determinadas informaciones que aparecían en los medios de comunicación y que sin duda alarmaban a la ciudadanía- los retrasos son de diez meses aproximadamente. La inspección del
Consejo General del Poder Judicial era consciente de esta anomalía y pedía incluso cuatro nuevos juzgados. Se decía, por poner ejemplos que merezca la pena subrayar que, mientras Madrid tiene una población realmente bastante mayor que la de
Barcelona, el número de juzgados es el mismo. Este problema, que es un problema realmente alarmante en el sentido de la cuantía, en el sentido de la calidad y en el sentido del fondo del tema, es


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mucho más preocupante porque afecta a las órdenes de protección de las mujeres maltratadas; asunto frente al cual me consta -y en ese sentido quiero felicitarle- que el Consejo General del Poder Judicial está emprendiendo acciones muy
positivas. Pero esta falta de medios en juzgados de familia que hace que las órdenes de protección se realicen con una enorme dilación, está rompiendo un poco esa acción decidida y definitiva del Consejo por hacer más difícil a los maltratadores de
mujeres su acción y dar más protección a las mujeres que han sido maltratadas.



Hace poco nos recordaban que, en los juzgados de vigilancia penitenciaria, por ejemplo, en Madrid, tres magistrados tenían que recibir las quejas de alrededor de 7.000 reclusos, porque usted sabe, señor presidente del Consejo General del
Poder Judicial, que hoy tenemos la mayor población reclusa de Europa, sólo comparable a la de Rusia, como consecuencia de una política del Gobierno difícilmente entendible en muchas ocasiones.
Pues bien, hay unos magistrados sobre los que ahora
pende la responsabilidad de esa, desde nuestro punto de vista, mala política del Gobierno y tres de ellos en Madrid tienen que escuchar y resolver las quejas de 7.000 reclusos. Por lo tanto tardan más tiempo en resolver esas reclamaciones que el
resto de magistrados de España. Señor presidente, esto llevó a que, en octubre de 2003, 17 presidentes de los tribunales superiores de justicia, reunidos en Barcelona, reclamaran 300 plazas de jueces. Sin embargo, no hace mucho el Consejo ha
rechazado la solicitud de una serie de vocales del Consejo General del Poder Judicial para hacer posibles 150 plazas este año y el siguiente. Tampoco se escuchó la voz tan importante de la institución del Consejo General del Poder Judicial en su
Presidencia cuando en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en este Parlamento se aprobó por la mayoría parlamentaria del grupo que soporta al Gobierno que este año sólo se creen 30 plazas de jueces o 20 de fiscales. Insisto en que en
la reunión de presidentes de los tribunales superiores de justicia, en octubre de 2003, se reclamaban 300 nuevas plazas de jueces.



Señor presidente, señorías, no quiero prolongar mi intervención, pero les diré que nos preocupaba y nos preocupa -y estamos seguros de que ustedes van a cambiarlo; ya han realizado algún acto encaminado a hacerlo posible- la imagen que da
la Administración de justicia como consecuencia de esta falta de medios, tanto materiales como personales. Sé que ustedes, a través de una encuesta, han tenido una clara intención de que la Administración de justicia se recupere de la imagen de
deterioro en la que está. Sabe usted que esta encuesta puntuaba a la baja, para los ciudadanos y para los usuarios de la justicia, pasando la valoración de la misma de 5,44 a 4,99. Nos parece difícil que exista la complicidad que la justicia
requiere del pueblo, de la que parte y de la que emana su poder, si cada poco tiempo, desgraciadamente, la justicia es informativamente objeto de alarma o escándalo, como por ejemplo, cuando a menudo vemos cómo narcotraficantes, de recorrido
enormemente peligroso para la sociedad, no son sometidos a juicio porque hay una dilación enorme en la instrucción. Nosotros creemos que es una cuestión de falta de medios, como hemos puesto de manifiesto al reconocer el trabajo de los jueces.
También es una alarma. Creemos que el Consejo no ha hecho lo suficiente con respecto a ciertas resoluciones judiciales referidas a la siniestralidad laboral que la inmensa mayoría de la opinión pública, de la ciudadanía, no puede entender. Y
muchos juristas, tampoco. No es de recibo que en una sociedad como la española, donde desgraciadamente se produce el mayor número de accidentes laborales en términos europeos, con alrededor de 600 accidentes mortales en el mes de julio -y no sé a
cuánto ascenderá en este momento- y cerca de 600.000 accidentes en esos 6 primeros meses del año, haya sentencias judiciales donde la resolución adoptada no sea comprensible en absoluto por la opinión pública. Además, muchos ciudadanos, muchos
jueces y vocales reclaman que el Consejo se posicione frente a una lacra contra la que tenemos que trabajar todos, que se muera gente trabajando. Y el Consejo no aparece como el ariete, como la vanguardia, frente a este tipo de lacra, que también
requiere resoluciones judiciales más justas. Esto alarma a la población e impide que se cuide la imagen de la justicia por la que todos sin duda luchamos.



Lo mismo ocurre con respecto a la atención al ciudadano. Señor presidente, en el año 2002 aumentaron las quejas, por dilación en un 33 por ciento y en un 17 por ciento por organización, y durante el año 2003, hasta ahora, han aumentado, por
dilación, en un 42 por ciento y en un 19 por ciento, por organización. Los ciudadanos se sienten incómodos cuando acuden a la justicia, los ciudadanos no son bien tratados cuando van a un juzgado para que se la administren, para ser sujetos pasivos
de esa justicia por la que claman. La Carta de Derechos de los Ciudadanos subrayaba de manera especial que el ciudadano es el sujeto fundamental de la justicia y de su administración y por tanto debe ser el final, el proyecto y el objetivo de todo
nuestro interés. Pues bien, los ciudadanos no se sienten cómodos cuando llega a un juzgado, según dicen ellos mismos. En la encuesta reflejan su desazón por la impuntualidad, el 47 por ciento en el año 2001 y el 56 por ciento en el año 2003. No
hemos ayudado a los ciudadanos a sentirse a gusto cuando van a un palacio de justicia, a un juzgado. Hoy todavía el 36 por ciento de los usuarios de la justicia que van a un juzgado tienen una espera de entre media hora y una hora; el 20 por
ciento, de una hora y el 8 por ciento de más de una hora en los pasillos de los juzgados. La Ley orgánica del Poder Judicial no alude obviamente ni a la oficina de atención al ciudadano ni a la Carta de Derechos de los Ciudadanos y nos hubiera
gustado que nos acompañara, señor presidente,


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elevando también la voz para reclamar del Gobierno ese mayor interés, compromiso que además tiene firmado con el resto de los grupos parlamentarios.



Termino, señor presidente. Decía usted que se siente especialmente orgulloso de la Escuela Judicial. Ojalá que eso sea consecuente con una realidad que todos reclaman que nazca de una enseñanza llena de calidad y que permita una decisión
en las resoluciones judiciales llenas de altura y contenido. Pero, si no recuerdo mal, en este momento la Escuela Judicial ha reducido su tiempo de especialización, su tiempo de formación, lo cual es una cierta contradicción con las enormes
responsabilidades que a un juez le reclama la sociedad. Y más ahora que la mayoría de los asuntos sobre los que va a trabajar son enormemente difíciles. Decía usted que le parecía apropiado el modelo de juez y nosotros, señor presidente, tenemos
que respetar su opinión. Me gustaría que conociera la nuestra. En este aspecto nosotros creemos que se está yendo hacia atrás. No nos parece lógico -y la Ley orgánica del Poder Judicial es un buen reflejo de ello- que hoy los miembros de la
carrera, que sí es verdad que son cada vez más permeables a los valores democráticos y más conocedores seguramente del derecho, en los criterios de selección, respondan todavía a un perfil que nosotros consideramos más bien preconstitucional. Se
sigue valorando más el conocimiento memorístico del ordenamiento jurídico que la capacidad para razonar de acuerdo con las reglas de la lógica jurídica. Nosotros venimos luchando -seguramente lo sabe S.S. bien- desde el año 1985 para que ese
modelo de juez sea más apropiado a lo que consideramos una correcta lectura de la Constitución. Y no parece que haya buenos tiempos para ese estilo de juez que nosotros queremos con conocimientos muy profundos, pero con una cercanía a la realidad
también muy subrayable.



Señor presidente, con todo respeto he querido ser leal a mi grupo poniendo de manifiesto algunas de las cuestiones que nosotros consideramos más negativas en el balance que usted puede dar a mitad de su mandato, balance que yo quiero poner
de manifiesto porque previsiblemente, seguro, esta Comisión tendrá algunos miembros distintos de los que ahora estamos en ella y me parecía oportuno que usted conociera bien lo que el Grupo Parlamentario Socialista quería manifestarle. No hubiera
sido leal a S.S., que estoy seguro que eso siempre me lo va a reclamar, si no hubiera sido sincero. Créame que soy tan sincero como respetuoso con la institución que usted representa.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Vamos a suspender la sesión durante unos breves momentos. (Pausa.)


Señorías, continuamos el desarrollo de la Comisión, con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Bueso.



El señor BUESO ZAERA: Señor presidente del Consejo General del Poder Judicial, señoras y señores diputados, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero dar la bienvenida al señor presidente del Consejo General del
Poder Judicial y a todos los vocales del Consejo que le acompañan. También quiero decir que la comparecencia se ha desarrollado, en nuestra opinión, en unos términos encomiables. Mostramos nuestro absoluto respeto por el funcionamiento del Consejo
General del Poder Judicial.



En este punto sí que me quiero detener, señor presidente, señoras y señores diputados, en cuestiones que se han vertido -independientemente de que quizá las cosas que se han dicho no fueran objeto de esta comparecencia-, porque no puedo
pasarlas por alto. El portavoz del Grupo Socialista ha dicho que su intervención era sincera y no ácida. Tengo que decirle que ha estado disfrazada de suavidad pero que ha sido muy dura, excesivamente dura e injusta, en lo que respecta a la parte
que representa este portavoz, con el Gobierno. Me atrevería a decir que ha sido una intervención sibilina. ¿Cómo se puede poner en duda la independencia del Consejo General del Poder Judicial? ¿Qué es lo que mide esa independencia? ¿La votación
en cualquier cuestión, si es mayoritaria o minoritaria, da la dependencia o la independencia? No tiene absolutamente nada que ver el Gobierno con el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Mostramos nuestro absoluto respeto, porque
el Consejo no depende en absoluto, bajo ningún concepto -y eso lo hemos dicho a lo largo de toda la legislatura y lo seguirá diciendo siempre quien esté en esta Comisión-, de la mayoría parlamentaria ni ha dependido nunca. ¿Cuáles son los
instrumentos en manos del Ejecutivo para decir que el Consejo es un instrumento en manos del Ejecutivo? Ha llegado a decir que la presidencia no ha llevado el papel de la moderación. ¿Por qué? ¿Porque no le gustan determinadas cuestiones?
También ha dicho que ha habido seguidismo y que ha habido unas directrices por parte del Gobierno.



Rechazamos, señor representante del Grupo Socialista, todas y cada una de las afirmaciones que ha hecho, porque no hay ningún atropello jurídico ni democrático. Por tanto, no es cierta ninguna de esas afirmaciones. Y nosotros nos atrevemos
a decir que el Grupo Socialista se ha instalado, dentro de ese discurso suave de tono pero catastrofista en el fondo, en el catastrofismo y considero que es lamentable. Elevar la anécdota, con determinados ejemplos que ha puesto, a la categoría de
lo principal, en opinión del Grupo Popular y en opinión de este portavoz parece injusto.
Parece ser que hasta hace pocos meses funcionaba todo bastante bien dentro del pacto de Estado para la reforma de la justicia y desde hace muy pocos meses todo
funciona muy mal. Tengo que decir que precisamente el pacto de Estado para la reforma de la justicia, de mayo de 2001


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es una muestra del talante dialogante del Ejecutivo, que ha buscado, busca y seguirá buscando el consenso en materias de Estado, como es precisamente el tema de la justicia. Porque lo que se ha perseguido con este pacto ha sido precisamente
la despolitización de la justicia, sacando este tema del debate político y evitando hacer electoralismo. Eso es lo que se ha hecho aquí en esta Cámara desde hace unos meses.



Entrando ya en el fondo de la cuestión, he dicho antes que la comparecencia del señor presidente del Consejo se ha hecho, en nuestra opinión, en unos términos encomiables, porque ha hecho referencia a los que son temas tan importantes como
el proceso de reforma de la justicia.
Estamos totalmente de acuerdo en que estamos ante un año de transformaciones importantes de la justicia, como consecuencia precisamente del pacto de Estado de la justicia, y compartimos todas las
manifestaciones que se han hecho por el señor presidente sobre esas reformas de la justicia en lo que respecta a la prisión provisional, a la Ley de víctimas de violencia doméstica, a la orden de protección, a la Ley concursal y a todo lo referente
al régimen retributivo de la carrera judicial y fiscal, así como todo lo relacionado con el Estatuto orgánico de la carrera fiscal; en definitiva, a todas y cada una de las leyes que se han aprobado últimamente y por supuesto a lo largo y ancho de
estos cuatro años, si es que queremos hablar de balance.



Compartimos con el señor presidente la relación que ha hecho porque expone de manera muy clara y con mucho detalle unos datos que no hay que pasar por alto, como es todo lo referente a la evolución de la justicia. En nuestra opinión, son
unos datos satisfactorios y es el esfuerzo de todos.
Las reformas están dando un buen resultado y no hay que olvidar, frente a determinadas afirmaciones que se han hecho por parte del portavoz del Grupo Socialista, que los presupuestos para la
justicia del ministerio, desde 1996 hasta la fecha, han crecido un 81,11 por ciento y que, en cambio, desde 1990 a 1994 solamente crecieron un 24 por ciento. El número de jueces entre 1992 y 1996 era de un 7,4 por ciento, es decir, 236 jueces;
entre 1997 y 2002 el número creció un 20 por ciento, es decir, 693 jueces, y este año se completará con una cifra que ronda en torno a los 800 jueces. En cuanto al número de fiscales, entre 1992 y 1995 el incremento fue del 1,4 por ciento, es
decir, 18 plazas de fiscales, y entre 1996 y 2003, el 31,3 por ciento, es decir, 405 plazas. Esos son los datos y esa es la realidad. En definitiva, los casos resueltos han crecido, en el año 2002, un 4,63 por ciento. Durante este año se ha
producido, como se refleja en la memoria, un incremento en el número de asuntos ingresados en los órganos judiciales, habiéndose superado, como muy bien ha dicho el señor presidente, la cifra de los siete millones. El crecimiento de la litigiosidad
media, como número de asuntos ingresados por cada mil habitantes, ha sido de 165 en el año 2001, a 174 en el año 2002. La labor resolutoria, frente a determinadas afirmaciones a las que se ha hecho referencia anteriormente, ha tenido un importante
incremento, superando los siete millones de asuntos.



En cuanto a la pendencia, la memoria del Consejo pone de manifiesto que el año pasado los jueces y tribunales han resuelto más asuntos de los que entran. ¿Cómo no va a haber dos millones de asuntos pendientes si entran siete millones de
asuntos cada año? Un asunto que entra en el mes de octubre o de noviembre estará pendiente si se cierra en el mes de diciembre, lo cual no quiere decir, en nuestra opinión, que esté demorado ni que los tiempos de resolución sean extraordinarios.
Se sacan cada año unos siete millones de asuntos y los que han entrado en el último trimestre, al cerrar el año, siguen pendientes y se resuelven en febrero, marzo o meses sucesivos del año siguiente. Los tiempos de respuesta de nuestros tribunales
son bastante razonables, frente a ese panorama que se nos ha querido dibujar por parte del Grupo Socialista, porque son tres meses en el caso de juzgados penales y cuatro meses y medio en el ámbito civil en la primera instancia, independientemente
de cuando entran en funcionamiento una serie de leyes, como la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Por cierto, al final de la legislatura anterior, cuando se aprobó esta ley, nos encontrábamos en un momento parecido al actual en la que por cuestiones
puramente estratégicas y electorales se quiso votar en contra en el Pleno cuando en la ponencia y en la Comisión estábamos prácticamente de acuerdo en un 90 por ciento porque se decía que la Ley de Enjuiciamiento Civil iba a ser un auténtico
desastre. Precisamente ha ocurrido todo lo contrario. Me remito a los hechos, a la realidad, independientemente de que dentro de la comisión de seguimiento haya los reajustes correspondientes cuando el Gobierno lo estime oportuno a partir del
próximo año, puesto que es lógico que una ley de estas características tenga los reajustes y las adaptaciones correspondientes.
El balance, como ha expuesto el señor presidente del Consejo, ha sido muy positivo y alentador frente a los que decían
que no iba a funcionar.
Es un ejemplo para otras afirmaciones que se están haciendo en estos momentos. En lo que respecta a la jurisdicción penal, también ha habido un incremento respecto al año anterior, así como en la jurisdicción contencioso
administrativa; en la jurisdicción social también ha habido un incremento importante respecto al año 2001, lo mismo que en la jurisdicción civil, donde ha habido un incremento del 14,29 por ciento respecto al año anterior. La distribución de los
asuntos ingresados por jurisdicciones es similar a la del año 2001, con un ligero incremento de la participación de las jurisdicciones civil y social y en cuanto a la contencioso-administrativa se mantiene en relación con la del año anterior. El
número de asuntos resueltos, como he dicho antes, ha superado los 7 millones, es decir, ha habido un 4,63 por ciento más que en el 2001 y en todas las jurisdicciones se ha producido un incremento


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en el número de asuntos resueltos respecto del año anterior, salvo en la vía contenciosa. Creo que es un signo muy positivo. En las resoluciones de la jurisdicción civil se ha producido también ese incremento y, en la jurisdicción penal la
mejora en el número de resoluciones ha sido también importante. En lo que respecta a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los asuntos contenciosos que se han registrado han aumentado notablemente respecto de los años anteriores. El nivel resolutivo en
el año 2001 creció respecto del 2000 y en el 2002 creció un 9 por ciento y un 16,2 por ciento respecto del momento en que entró en vigor. En definitiva, del total de asuntos resueltos, son procedimientos de la antigua Ley de Enjuiciamiento Civil de
los que al final de 2002 quedaban pendientes, como bien ha dicho el señor presidente, 75.000 asuntos. La pendencia ha aumentado ligeramente, volviendo al nivel del final del año 2001. En definitiva, la Ley de Enjuiciamiento Civil se afianza, el
nivel resolutivo sigue aumentando con un incremento y hay un pequeño aumento de la pendencia que tiene una importancia mínima.



Dentro de los asuntos contenciosos, destacan por su número y por su crecimiento los procesos monitorios. Quiero hacer un paréntesis para decir que cuando debatíamos la ley, en la anterior legislatura, se ponía en entredicho qué iba a pasar
con los procesos monitorios. Pues precisamente los procesos monitorios en 2002 representaban, con 168.053 asuntos, casi el 30 por ciento de los asuntos contenciosos registrados, con un incremento de casi el 40 por ciento respecto del año anterior.
La tasa de resolución ha sido ese año de más del 74 por ciento y los juicios verbales han significado un incremento importante de los asuntos contenciosos, con un aumento respecto al año anterior y su tasa de resolución ha sido de casi el 94 por
ciento. Los juicios ordinarios han tenido en este año 2002 un incremento respecto del año anterior del 43 por ciento, significando el 21 por ciento de lo registrado en los asuntos contenciosos. La tasa de resolución para los juicios ordinarios ha
sido del 73 por ciento. Los procesos cambiarios se han mantenido estables, la entrada en los juzgados de los procesos referentes al derecho de familia se ha visto incrementada en un 13 por ciento y la resolución ha aumentado en un porcentaje
importante. Se ha producido una ligera reducción de la pendencia. Las separaciones de mutuo acuerdo han tenido los mayores niveles de registro, casi un 30 por ciento, seguidas de los divorcios consensuados, las separaciones contenciosas y los
divorcios no consensuados. El año 2002 ha sido un ejercicio caracterizado por el aumento de asuntos que han tenido entrada en los órganos jurisdiccionales, con niveles de resolución también en ascenso, aunque en derecho de familia se ha conseguido
reducir ligeramente. En las audiencias provinciales se ha producido un incremento en el registro de recursos con competencias exclusivamente civil frente a las que tienen competencia civil y penal. Las audiencias civiles puras han rebajado su
resolución y las mixtas también y consiguieron reducir la pendencia final en el último año prácticamente un 6 por ciento, lo cual nos parece un dato positivo. En lo que respecta al primer semestre del año 2003, en todas las jurisdiccionales
globalmente entendidas los asuntos resueltos han sido mayores, destacando dentro de ese aumento la jurisdicción contencioso-administrativa y la social. En cuanto a la ejecución de sentencias, en todas las jurisdicciones ha habido más ejecuciones
resueltas, destacando esas dos a las que he hecho referencia anteriormente.



Dicho esto respecto de la memoria, antes de terminar, y entendiendo que es el señor presidente quien tiene que contestar a las distintas cuestiones, quisiera hacer referencia a algunas que aquí se han planteado. Se ha llegado a afirmar que
por parte del Gobierno no hay generosidad para suplir la falta de medios, que el Gobierno es responsable de todo. El Gobierno es responsable de muchas cosas, pero es también responsable de lo que hace y dentro de ello destaca el que haya una
dotación presupuestaria que alcanza la cantidad de más de 1.059 millones de euros, y que se introducen una serie de dotaciones para programas de reforma de la Administración de justicia en colaboración con las comunidades autónomas para vertebrar
territorialmente el servicio público de la justicia dentro del marco del pacto de Estado. De ese montante total hay una serie de actuaciones importantes, como son el nuevo mapa judicial, se continúa con la creación de nuevos órganos judiciales y el
nuevo modelo retributivo mediante los mayores incrementos presupuestarios que se destinan al capítulo 1, es decir, a los gastos de personal, con la finalidad de disponer de un sistema de recursos humanos en el ámbito de la Administración de
justicia, así como todo lo referente a los juicios rápidos. Los resultados obtenidos durante este año 2003 apoyan la continuidad de esta nueva manera de funcionamiento de la justicia con agilidad y eficacia. El incremento de dotaciones se destina
a servicios de guardia en juzgados y fiscalías, a actuaciones inmediatas en el Instituto Nacional de Toxicología para peritos intérpretes, material de laboratorio, equipamiento de sedes judiciales, etcétera.



En cuanto a la carta de derecho de los ciudadanos, las acciones para su desarrollo ante la justicia, que han sido denostadas anteriormente por quien me ha precedido en el uso de la palabra, tienen un especial reflejo presupuestario,
destinado precisamente a mejorar la información y asistencia al ciudadano a través de oficinas especializadas y a proteger a las víctimas de delitos violentos y a los ciudadanos más débiles mediante el Observatorio de la violencia doméstica, a la
que hace una referencia muy amplia y que ha puesto de manifiesto el señor presidente en su comparecencia, así como a la orden de protección y a la mejora de acceso de las personas discapacitadas. En cuanto a la reforma estructural de la oficina
judicial mediante la mejora del


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funcionamiento administrativo de la justicia con las dotaciones para reformar en profundidad precisamente la organización, los métodos y la gestión de la oficina judicial constituyen una de las prioridades para este ejercicio. Hay que hacer
especial mención a los programas de agilización de la justicia destinados a acabar con los retrasos y dilaciones existentes y el plan de modernización de la medicina forense.



Cuando el Grupo Socialista afirma que hay una justicia que sigue siendo lenta y que el Consejo no la ha acompañado, tenemos que preguntarnos ¿es que la justicia de repente se ha paralizado y no tenía problemas desde hace ya años? Señoras y
señores diputados, la justicia en este momento está en unas condiciones inmejorables; por supuesto que hay que hacer muchas más cosas y nunca nos cansaremos de decirlo, todo lo que se haga es poco y hay que seguir trabajando, pero no se pueden
hacer esas afirmaciones porque la justicia no está parada ni mucho menos, la justicia está bastante mejor de lo que estaba hace unos años.



En cuanto al plan de modernización tecnológica de la Administración de justicia, del que ha hecho una exhaustiva intervención el señor presidente, pretende incrementar la dotación de servicios ofrecidos a los diferentes operadores jurídicos
y proporcionar una mejor accesibilidad al principal receptor del servicio, es decir, al ciudadano, mediante el desarrollo de las oportunidades que ofrecen nuevas tecnologías. En la exposición que el señor presidente ha hecho con anterioridad, nos
ha deleitado con una cantidad de datos importantísimos y creo que van a ser ejemplo de otros países, como ha puesto de manifiesto. Los objetivos son que haya una justicia más rápida, que la gestión administrativa sea óptima y, desde el punto de
vista procesal, que se adecuen las soluciones tecnológicas a los procesos y a la organización judicial. En definitiva, hay que dotar de mecanismos para la toma de decisiones a todos los niveles de la Administración de justicia. Hay que definir y
consensuar los medios estándares normativos necesarios para la consecución de la interoperatividad y el uso compartido de la información a nivel nacional.
De esto es responsable precisamente este Gobierno, pero dentro de un equilibrio y de una
ponderación, porque amagando y dando la sensación que nos ha dado el señor Barrero se consigue muy poco.



Se ha hecho referencia a la falta de sensibilidad para velar por la calidad democrática, a que estamos peor que en el año 2001, y se han pedido más medios para las comunidades autónomas, ignorando lo que compete al Consejo General del Poder
Judicial. Por supuesto que los jueces no son culpables. Pero es que aquí no se trata de buscar culpables, sino de buscar soluciones y el Gobierno, dentro de ese pacto de Estado por la justicia, está buscando soluciones, las cuales hasta hace muy
pocos meses, como he dicho al principio de mi intervención, eran muy válidas, aunque parece ser que hoy no lo son. No hay falta de generosidad del Gobierno, sino que existe toda la generosidad del mundo, se hace todo el trabajo y todos los
diputados de esta Comisión con el ministro de Justicia a la cabeza han hecho posible que en este momento el estado de la justicia sea bastante mejor que hace algunos años. No hay que olvidar que un 69 por ciento de los jueces dice que la justicia
mejoró durante los años del pacto, hasta hace muy pocos meses el pacto era muy positivo y, de repente, parece ser que ya no lo es.



Voy a terminar, señor presidente de la Comisión, haciendo una pequeña referencia -yo no he hablado de ello, pero algunos intervinientes sí- a algunas leyes que se han aprobado últimamente. En representación del Grupo Parlamentario Popular,
puse de manifiesto en la intervención que tuvo lugar la semana pasada, el jueves, el informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la modificación de las enmiendas introducidas en el Senado en el Código Penal. Las Cortes Generales, cuando
así lo dispongan los reglamentos de las Cámaras, podrán solicitar informe del Consejo General del Poder Judicial sobre proposiciones de ley o enmiendas que versen sobre materias comprendidas en el apartado 1 del artículo anterior. Quiero hacer las
siguientes consideraciones. El artículo 109.3 de la Ley orgánica del Poder Judicial establece una remisión expresa a los reglamentos de las Cámaras para hacer efectiva la posibilidad de solicitar el mencionado informe al Consejo, siendo así que
dichos reglamentos no contienen regulación específica alguna al respecto. No habiéndose desarrollado reglamentariamente esta previsión de la Ley orgánica del Poder Judicial, no existe un cauce jurídico que delimite con carácter general en qué
momento, en qué casos y mediante qué procedimiento debería llevarse a cabo la misma. Ello es destacable si tenemos en cuenta que la petición que en su día hizo el Grupo Socialista hace referencia a un proyecto de ley cuando el artículo 109.3 de la
Ley orgánica del Poder Judicial sólo menciona expresamente las proposiciones de ley. A falta de regulación expresa de los reglamentos de las Cámaras, la solicitud de informe que se requiere podría resultar factible únicamente para el caso de
proposiciones de ley, siendo éstos los únicos antecedentes que existen al respecto. No se tiene constancia de que, en el caso de proyectos de ley, la Mesa del Congreso haya accedido en ocasiones anteriores a recabar el informe del Consejo General
del Poder Judicial a lo largo de la tramitación parlamentaria de los mismos. De admitirse la posibilidad de tener que recabar este tipo de informes cada vez que se presente una enmienda que afecta a materias sobre las que deban informar otros
órganos en el trámite pre-legislativo se produciría la situación de que en relación con las enmiendas presentadas por todos los grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, debería cumplimentarse este trámite antes de la aceptación
de las mismas, sin que -según se ha dicho- el mismo esté contemplado en


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las normas que regulan el procedimiento legislativo. Son múltiples los casos en los que, por iniciativa de un grupo o de otro, se presentan e incorporan enmiendas a proyectos de ley del Gobierno que no son informadas por los órganos que
examinaron el texto inicial del proyecto en la fase pre-legislativa, pudiendo citarse ejemplos recientes de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en la fase pre-legislativa proponiendo adiciones al texto sobre las que dicho
grupo no planteó en ningún momento la necesidad de solicitar tal informe.
Aunque sea a título de ejemplo -valga la redundancia-, podrían citarse las múltiples enmiendas de adición presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado al
proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica del Poder Judicial, la primera que aparece es la enmienda número 387, en la que el Grupo Parlamentario Socialista planteaba precisamente añadir un nuevo párrafo al artículo 109.3, precepto
no afectado ni incluido en las modificaciones del proyecto de ley, para instaurar un sistema de comparecencias de miembros del Poder Judicial ante las Asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Esta innovación de la ley orgánica que entra
en materias sobre las que el Consejo General del Poder Judicial tiene facultades de informe, el Grupo Parlamentario Socialista no planteó en ningún momento que se recabara el parecer de dicho Consejo. En definitiva, en nuestra opinión la soberanía
de las Cámaras y de los parlamentarios permite que una vez presentado un proyecto de ley, se incorporen al mismo las modificaciones que se aprueben por los titulares del Poder Legislativo sin que el procedimiento de tramitación establecido en los
Reglamentos de las Cámaras prevea la necesidad de recabar otros informes.



Señoras y señores diputados, como no quiero reiterar más cuestiones, aunque podríamos hablar mucho más sobre otros temas a los que se ha hecho referencia, termino dando las gracias al señor presidente de la Comisión, al señor presidente del
Consejo General del Poder Judicial, a los vocales que le acompañan y a todos los comisionados por ser ésta la última intervención en esta Comisión. A partir del mes de marzo no sabemos el lugar que nos corresponderá ocupar, pero sea bien en esta
Cámara o en otro sitio, ha sido un gran honor para este diputado compartir mi labor en esta Cámara con todos SS.SS. y estoy profundamente agradecido por haber representado al Grupo Parlamentario Popular.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Sin ninguna duda, el 'Diario de Sesiones' habla de su colaboración permanente en los trabajos de esta Comisión.



Para dar respuesta a la intervención de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor presidente del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (Hernando Santiago): En primer lugar, he de agradecer a todas SS.SS. sin excepción el tono, la mesura y la ponderación con que se han producido sus intervenciones. Voy a tratar de
dar cumplida respuesta a todas las cuestiones que han suscitado los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios en la mañana de hoy. Voy a ver si lo logro siquiera sea sucintamente, en aras al tiempo que llevamos y a la hora que es, dar
contestación a las sugerencias e inquietudes que han mostrado las señoras y señores diputados.



Doña Begoña Lasagabaster me pedía, en primer lugar, la potenciación de la comisión de coordinación integrada por el Consejo General del Poder Judicial, por las comunidades autónomas y por el Ministerio de Justicia, que nosotros denominamos
la trista.



Estoy de acuerdo, pero creo que esa comisión no ha estado dormida o inactiva. Ha tenido el contenido que representa y que se necesita y en cuantos momentos ha sido necesario convocarla, se ha convocado. Por lo tanto, no hay necesidad de
darla contenido, porque lo tiene, y el impulso ya se le ha dado.



En el segundo punto se refería a las tasas de resolución de los juzgados de lo social y de lo civil circunscritos al ámbito de la Comunidad Autónoma vasca. Tenía entendido que la Comunidad Autónoma vasca era una de las comunidades autónomas
en las que la tasa de resolución era de las más homologables con el resto y si bien no se distingue en su aceleración, tampoco por su movimiento o resolución desacelerada. Lo que ocurre -y lamento que no esté presente la señora Lasagabaster, al
igual que otros miembros de la Comisión, para que escuchen la respuesta que esta Presidencia da a sus cuestiones- es que, en lo que respecta a la resolución civil, se ha modificado la tasa de resolución, pero no porque haya disminuido la resolución
de asuntos, sino por la forma en que éstos han sido resueltos. La entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en el año 2000 ha producido el efecto de que se reduce la tasa de sentencias y aumenta la tasa resolutiva por autos, porque
la mayoría de los asuntos que se tramitan con arreglo a la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil tienen expresamente marcada por la ley una tasa de resolución por medio de auto.



El tercer punto de la señora Lasagabaster se refería a la creación de dos nuevas plazas judiciales, concretamente dos nuevos juzgados en San Sebastián y Bilbao. No hay que hacerle el reproche al Consejo. El reproche, si hay que hacerlo, es
al ministerio. Lo cierto y verdad es que el Consejo, en su informe sobre la creación de los nuevos juzgados sí incluyó estas plazas. Se han dejado sin cubrir, pero no es imputable al Consejo.



El punto cuarto se refería a la euskaldización de los jueces y magistrados. Eso habría que relacionarlo con la necesidad de fomentar las vocaciones judiciales en el País Vasco, que apuntaba la señora diputada como


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una inquietud recogida en el punto séptimo de los que exponía a esta Presidencia. Pues bien, en el año 1999, el Consejo General del Poder Judicial suscribió un convenio con la Comunidad Autónoma del País Vasco con el objeto de formar a los
jueces que estaban destinados o desempeñaban su actividad en el País Vasco en el conocimiento del euskera como lengua cooficial en aquella comunidad. Ese convenio sigue funcionando y se está aplicando anualmente. El problema es que los jueces no
desean o no entienden la necesidad de aprender un idioma o una lengua que luego no va a tener mayor trascendencia, sin duda debido a los problemas que existen en el País Vasco, y pensando en que su paso por el País Vasco es transitorio. Sólo acuden
a ese programa de conocimiento del euskera aquellos que tienen una vocación de permanencia en el País Vasco.
El Consejo ha fomentado el uso de las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas a través de disposiciones, otorgando antigüedad y
algunas prevalencias en orden al desempeño de plazas, etcétera. Si no se produce un mayor fomento del uso o aprendizaje de la lengua cooficial del País Vasco, será debido a las razones que apunto, pues se me escapan otras razones. En cuanto a la
necesidad de fomentar las vocaciones judiciales en el País Vasco, decía que había que realizar las pruebas de selección de jueces de forma descentralizada. Estas se están efectuando ya de forma descentralizada, y lo que ocurre es que no vamos a
llevar la realización de unas pruebas a una comunidad autónoma en la que no hay tradición de jueces ni hay un cuerpo de opositores que pretendan acceder a la carrera judicial. En cualquier caso, sí parece oportuno afirmar que el fomento de las
vocaciones judiciales para el País Vasco es una competencia que compete -valga la redundancia- al Gobierno vasco, que es el que tiene que fomentar y hacer que los jueces permanezcan en el País Vasco de una forma continuada, como sucede en el resto
de España.



El punto quinto se refería a los juicios rápidos, y decía la señora Lasagabaster que tenía dos preocupaciones: la ejecución en el ámbito penal y la pervivencia de la reforma en la medida en que la Ley de juicios rápidos se había demostrado
eficaz, y lo que ella entendía era que no debía caer en una rutina, sino que el mismo esfuerzo que se había realizado y se estaba realizando en la implantación de la reforma de los juicios rápidos se mantuviese en el tiempo. En cuanto a la primera
cuestión, señora Lasagabaster, esa preocupación la comparte el Consejo.
Efectivamente, en los seis meses de implantación hemos resuelto aproximadamente 100.000 juicios rápidos. La duda que tiene S.S., y que mantiene también esta presidencia, es si
esa resolución habrá sido a su término y efectiva, es decir, si se habrá ejecutado la sentencia. De todas maneras, le participo que esa inquietud es también propia del Consejo y que vamos a poner nuestras miras en conseguir que esas ejecuciones
sean también lo rápidas y eficaces que se están demostrando en la consecución de los juicios rápidos. En cuanto a pervivencia de la reforma, creo que S.S. no debe tener ninguna duda. Se ha demostrado que los nuevos juicios rápidos son eficaces y
cortan de raíz la tramitación de unos procedimientos que, por su poca importancia pero que son de los que más perturban a los ciudadanos, distraen la atención de otros procesos de mayor entidad o de mayor calado jurídico, por lo que vamos a
perseverar y a proseguir en el mismo camino.



En relación con el punto sexto, la señora Lasagabaster se preocupaba por la violencia de género. Tenga la seguridad, señora diputada, de que el Consejo en pleno es sensible a la violencia de género, como lo es a otras lacras sociales que
invaden nuestra sociedad, que ha tomado una posición activa y la sigue tomando y que vamos a persistir en esa conducta.



Decía también que no entendía cómo en la implantación de las nuevas tecnologías se iba a establecer la firma digital para los jueces mediante la suscripción -como anunciaba esta presidencia en el desarrollo de su informe- de un convenio con
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre mediante el que se homologase la firma electrónica a los jueces, despreciándose, a su juicio -que no es así-, los avances que la Comunidad Autónoma del País Vasco venía ofreciendo en este capítulo. Señora
Lasagabaster, la firma electrónica es nada más y nada menos que la firma de autenticidad, el carné de identidad, personal e intransferible, de cada uno de los jueces que integramos el Poder Judicial. No debe encomendarse a distintas comunidades
autónomas el otorgamiento de una firma, sino que tiene que ser unificado. Nos podíamos encontrar, como nos hemos encontrado, con que, por la transferencia de competencias a las comunidades autónomas y por la implantación por esas comunidades
autónomas de métodos telemáticos y métodos modernos de tratamiento de textos, etcétera, se producen incompatibilidades entre unas comunidades autónomas y otras. A mi juicio, se requiere un tratamiento uniforme en una materia tan importante como es
la firma electrónica, que va a validar nada menos que resoluciones judiciales con un contenido patrimonial, personal o dirimente de derechos trascendentes.



Por último, me preguntaba qué es lo que piensa esta presidencia de la última reforma del Código Penal producida a través de unas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en la tramitación del Senado. Me ha reprochado la señora Uría que me
pronunciase -que no fue así- con ocasión del informe emitido por el Consejo sobre la procedencia o improcedencia, reproches o reparos que apreciaba respecto a la Ley de Partidos Políticos el Consejo General del Poder Judicial. Como presidente del
Consejo cumplo una función institucional porque presido el Consejo General del Poder Judicial y debo presidir también la presidencia del Tribunal Supremo y, por ello, la presidencia de una sala que ha de conocer de


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unos procesos determinados contemplados en una ley sobre la que tengo que informar, y no se me puede pedir que emita mi pensamiento o dé mi opinión sobre la reforma cuando tal reforma es objeto de un recurso de amparo ante el Tribunal
Constitucional. La más leve imputación por mi parte podía condicionar posteriormente alguna decisión o comprometer mi independencia judicial como presidente del Tribunal Supremo. Pero no crea S.S. que estoy tratando de eludir la cuestión. Esta
presidencia no acostumbra a eludir cuestiones. Lo que sí le puedo decir es que, con ocasión de esa concreta modificación legislativa, el Consejo General del Poder Judicial tomó el acuerdo de dirigirse al Gobierno para que se diera plena eficacia al
contenido del artículo 109, adoptado por unanimidad de todos los consejeros y que hizo suyo esta presidencia a propuesta de una vocal del Consejo. Si es dar contenido a lo que el artículo 109 establece respecto a los informes preceptivos, ahí está
la aplicación de lo que esta presidencia entiende que debe hacerse. No sé si he cumplido con mi promesa de dar satisfacción plena a las cuestiones, pero creo que no he dejado nada por contestar.



El señor Mardones, por Coalición Canaria, me pedía una explicación sobre la sobrecarga que tienen los juzgados de Arona. Él entendía que están sobrepasados, cosa que no dudamos, y que al menos deberían crearse dos juzgados más en esa
localidad y desplazar allí al menos cinco fiscales más y poner más traductores, y apuntaba también que el Instituto de Toxicología canario, que funciona muy acertada y adecuadamente, sin embargo, se retrasaba en la emisión de los informes o
dictámenes que preceptivamente debe emitir. Sí puedo decir -aunque no sea en contestación al señor Mardones, que está ausente porque sé que tenía un compromiso y así me lo ha manifestado, pero sí para que conste en el 'Diario de Sesiones' que dos
vocales territoriales, precisamente por el problema de Arona, se van a desplazar a Canarias y van a mantener una reunión con los representantes de la comunidad autónoma, con los miembros de la sala de gobierno, etcétera, para tratar de corregir la
disfuncionalidad que se produce en esa localidad canaria. He de decir que los fiscales no son competencia del Consejo, sino del Ministerio de Justicia. Los traductores son competencia de la comunidad autónoma por lo que respecta a medios
materiales y personales. En cuanto al funcionamiento del Instituto de Toxicología, aunque no sé bien de quién es competencia o de qué organismo depende, desde luego del Consejo General del Poder Judicial no depende dicho instituto, por lo que
únicamente podría hacer alguna gestión para tratar de agilizar la tramitación o la dispensación de los dictámenes preceptivos que emiten, aunque es de suponer que, por la naturaleza de los análisis o dictámenes que ha de emitir el instituto, si se
demora en el tiempo, será por la complejidad debida a la naturaleza de los análisis que debe realizar.



El señor Mardones apuntaba también que en Canarias existían retrasos en lo civil. Siendo Canarias una de las comunidades autónomas que tiene una tasa de respuesta de las menos afortunadas, sin embargo, no creo que haya preocupación por que
exista un retraso importante. Como he dicho anteriormente, se trata no tanto de retraso en la resolución como de un cambio inducido por la aplicación y puesta en práctica de la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000, que está respondiendo
francamente bien pero cuya implantación está costando más de lo previsiblemente necesario.



También se preocupaba el señor Mardones, y nosotros con él, de las ejecuciones de los juicios rápidos. He de decirle al señor Mardones, lo mismo que a la señora Lasagabaster, que nos preocupamos de que no exista un embalse en las
resoluciones de los juicios rápidos, pues nada conseguiríamos si obtuviésemos una tutela judicial efectiva hasta la sentencia y no se llenase con plenitud el derecho a la tutela judicial efectiva logrando la plena efectividad de la resolución
judicial, en la que consiste también la plenitud de la tutela judicial efectiva.



Asimismo se preocupaba el señor Mardones por la problemática de los juzgados de lo mercantil. He de decir que es una preocupación que comparte el pleno del Consejo General del Poder Judicial. Se trata de una ley por la que hemos apostado
todos, sociedad, operadores jurídicos, Consejo, etcétera, y la vamos a sacar adelante. En lo que al Consejo respecta, estamos comprometidos en satisfacer todas las necesidades personales, proporcionando los jueces necesarios, formándolos en la
medida que sea pertinente y oportuno, para hacer la ley operativamente eficaz.



Decía también el señor Mardones que los jueces sustitutos habían sido en un momento determinado una especie de segundo escalón judicial, un escalafón, digamos, de reserva, y parece que así se les degradaba y no se utilizaban adecuadamente.
Tengo que decir que la justicia interina y los sustitutos cumplieron una función en tanto en cuanto la planta judicial no estaba completa. Efectivamente, cuando la planta judicial tenía una descobertura de un equis por ciento, ese equis por ciento
estaba representado por ese segundo escalafón, como lo llamaba el señor Mardones, de los jueces sustitutos, pero a medida que se ha ido completando la planta judicial en la categoría de juez, la utilización de ese segundo escalafón ha ido haciéndose
menos necesaria porque ya estaban cubiertas las plazas de jueces. En cualquier caso, han cumplido y están cumpliendo una función complementaria y eficaz desde el punto de vista jurisdiccional.



Decía también el señor Mardones que se había elaborado una enmienda sobre la promoción de determinados jueces en la antigüedad que estos tenían, concretamente una enmienda en relación con el artículo 330.5 que, gracias a su actividad y a la
del resto de los compañeros de la Comisión, se habría logrado suprimir. He


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de agradecer la colaboración del señor Mardones y de los miembros de esta Comisión, porque si, como legisladores que son, entendieron que una enmienda que se introducía por un grupo parlamentario no era tan acertada como parecía, está bien
que no haya sido incorporada al texto legal definitivo y es de agradecer que se haya hecho así.



Por último, el señor Mardones decía que recientemente el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias había remitido al Consejo una terna con la propuesta de magistrados para la Sala civil o penal del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias y que el Consejo General del Poder Judicial, en vez de acoger a la primera persona que iba en la terna, había cogido a la segunda. Esa terna, como todas las que remiten los parlamentos de las comunidades autónomas, pasó por una comisión de
calificación, y, como el propio señor Mardones reconocía, los tres miembros que componían la terna eran equivalentes. Sin embargo, la comisión de calificación entendió que una determinada componente de la terna tenía mejores condiciones
técnico-jurídicas o personales que los otros dos; así lo propuso al pleno y así se votó. Con esto creo que doy respuesta cumplida al señor Mardones.



La señora Uría ha empezado su intervención afirmando que, pese a que yo dije en mi última comparecencia ante esta Cámara que iba a ser autocrítico, no veía ninguna autocrítica en los pasajes de la memoria que se había elevado a la Cámara.
Creo que no la ha leído con detenimiento, porque en la memoria hay muchas expresiones y muchos conceptos que son autocrítica del Consejo por no haber conseguido todo lo que se proponía o por no haber logrado todo aquello que se pretendía. La prueba
es que el señor Barrero, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ha entresacado de la memoria aspectos que ha citado textualmente que contenían elementos de crítica a la actuación del Consejo.



Ha dicho también la señora Uría que yo tenía una sintonía excesiva con el Partido Popular. Lo de excesiva a lo mejor lo acuño yo, pero que tenía una sintonía con el Partido Popular estará en el 'Diario de Sesiones'.
Pues bien, el
presidente del Consejo no tiene sintonía -porque no debe tenerla- con ningún partido político. El presidente del Consejo no es susceptible de ninguna sugerencia. Lo mismo que durante 18 años que he sido magistrado del Tribunal Supremo no he
aceptado -ni aceptaré en lo que me queda- ninguna indicación ni sugerencia, tampoco la aceptaré en el cargo de presidente del Consejo del Poder Judicial. Otra cosa es que, naturalmente, el Consejo del Poder Judicial tenga que colaborar en las
funciones de gobierno con quien tiene la iniciativa legislativa y con quien tiene la función de gobernar y de marcar las pautas de gobierno, y es crítico en ocasiones y en otras no es crítico. Por tanto, esa sintonía que se reputa al presidente no
es en absoluto fundada ni aceptable.



Me decía también que a partir de ahora, y por virtud de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, que ha amparado a los diputados de esta Cámara ante una negativa de la Mesa del Parlamento a que compareciese mi predecesor, don
Javier Delgado, esperaba que compareciese más asiduamente.



He comparecido y compareceré cuantas veces sea requerido por esta Cámara o por el Senado; compareceré y comparezco a plenitud, y en este caso concreto lo estoy haciendo a solicitud mía, después de explicarme el presidente de la Comisión de
Justicia e Interior que, habiéndose aplazado la comparecencia prevista para el día 2 por otras necesidades de la Cámara, entendía que debía comparecer antes de agotarse la legislatura, y yo he escogido un día nada propicio del calendario, por las
fechas en las que nos encontramos, para comparecer ante esta Cámara, como lo estoy haciendo. Tengan SS.SS. la seguridad de que el presidente del Consejo General del Poder Judicial quiere una transparencia absoluta en su función y en el desarrollo
de su cometido y estará dispuesto, a iniciativa personal o a requerimiento de la Mesa de la Cámara, a comparecer cuantas veces sea necesario.



Me reprochaba también por haber intervenido en la votación de la Ley de partidos. Ya he contestado con ocasión de otra intervención a este punto, pero sí he de apuntar un matiz complementario, y es que precisamente por razón de mi
intervención en la aprobación del informe que había de rendir el Consejo General del Poder Judicial al anteproyecto de la Ley de partidos, fui objeto de una recusación ante la Sala del artículo 61 y que esa recusación fue desestimada por unanimidad
con imposición de multa a la recusante por su impertinencia y su falta de fundamento.



Decía también la señora Uría que se habían modificado los reglamentos, concretamente el de la Escuela Judicial, dando intervención a la Comunidad Autónoma de Cataluña en el consejo rector de la escuela. La escuela judicial prevé en su
reglamento la presencia de un representante de las comunidades autónomas con competencias transferidas, y hemos entendido que, estando radicada la escuela en Barcelona, lo lógico es que la pertenencia al consejo rector de la escuela fuera también de
aquella comunidad autónoma donde radicaba la escuela. Pero eso no significa ni un menosprecio ni un demérito ni un detrimento en la consideración de las demás comunidades autónomas. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Me apuntaba también la señora Uría que no acertaba a entender el tratamiento o la decisión que había adoptado el Consejo respecto al personal colaborador que presta sus servicios en el cuerpo técnico del Consejo y decía que comprendía en
alguna medida el plazo de diez años que se ha marcado el Consejo para los jueces y magistrados que están prestando sus servicios en el Consejo General del Poder Judicial como letrados y que, transcurridos esos diez años, cesen en esa actividad


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y retornen a sus destinos, pero que no entendía cómo eso se producía también con el personal colaborador de otras procedencias, como pueden ser abogados del Estado, secretarios técnicos, cuerpos de categoría primera. Pues bien, la razón es
de movilidad y que el destino de un cuerpo o de otro, cuando es transitorio, no debe convertirse en permanente. He de informar a la Cámara que ha habido letrados en el Consejo General del Poder Judicial que llevaban l6 y 17 años prestando sus
servicios en el Consejo en detrimento de sus funciones jurisdiccionales, que es la principal labor que ha de desempeñar un juez.
Pues lo mismo ocurre con los otros cuerpos de la Administración del Estado.



Decía también la señora Uría que en la inspección se habían producido algunas disfunciones, disfunciones, entiendo, aunque no lo ha apuntado, por la renuncia del vocal adjunto que esta presidencia designó y posteriormente la dimisión
presentada por el jefe del servicio de inspección. Hubo unas razones de tipo personal que yo no compartí y en función de ellas el vocal adjunto manifestó sus deseos de no proseguir en esa situación y más tarde, por razones que él solo conoce, el
jefe del servicio de inspección renunció a su cargo y pasó a su destino en la Audiencia Nacional. Es un cese que se produce en un servicio como en cualquier otro y la vacante ha sido cubierta en el plazo reglamentario, a propuesta de esta
presidencia.



Preguntaba también por qué los magistrados provenientes del cuarto turno debían ampararse o quedarse adscritos permanentemente a una jurisdicción.
La razón parece clara y evidente y es que los magistrados cuando concurren por el cuarto
turno lo hacen para un determinado cuerpo de especialistas, ya que se hace el concurso por especialidades, y quien ha optado por ser especialista de una determinada jurisdicción debe permanecer en ella, pues es donde mayor rendimiento obtendrá en su
trabajo.



Aludía también a los votos particulares y decía que lo mismo que en la memoria se recogen las tesis que se mantienen en las decisiones y en los informes del Consejo, se debían recoger las tesis de los votos particulares. Estoy plenamente de
acuerdo en ello. No hay ningún inconveniente, y así lo haremos saber, en que en la memoria, al mismo tiempo que se recoge la tesis en abstracto de las decisiones de la mayoría, se recojan también las tesis que se sustenten por la minoría
discrepante.



Decía también que la Ley del Menor resultaba deficitariamente aplicada y preguntaba si era por insuficiencia de medios. Yo entiendo que la Ley del Menor es una ley compleja que necesita de la concurrencia de variadas personas, de variados
estamentos con particulares parcelas de actuación y que no todas esas parcelas se han puesto en marcha al mismo tiempo que se promulgaba la Ley del Menor.



Hablaba de la violencia doméstica y se congratulaba de que el Consejo General del Poder Judicial resultase sensible y además mantuviese una actitud vigilante, expectante y estudiosa de la fenomenología de esa lacra social que nos asola.



Apuntaba finalmente que se había acordado la creación de una unidad médica para la evaluación de la incapacidad de los jueces y magistrados.
Efectivamente, la función jurisdiccional, por las características que para su desarrollo se exigen,
necesita de un servicio médico que evalúe psicológica, física y mentalmente a nuestros jueces cuando presenten alguna sintomatología que pueda producir su incapacidad. No se ha echado en saco roto aquel acuerdo y se está buscando y viendo la forma
más perfecta de articular esa comisión evaluatoria.



El señor Silva iniciaba su intervención haciendo una mención específica a la inspección y hablaba de la necesidad de potenciar la inspección para que no se produjeran casos como el que ha ocurrido recientemente, con la puesta en libertad de
un imputado por un posible parricidio, homicidio o asesinato, no recuerdo bien. Esta presidencia, de la que, como ustedes saben, depende la inspección, en su primera actuación ha potenciado el servicio de inspección, que ha pasado de 12 a 18 las
unidades inspectoras; ha creado un plan, que otro de los señores diputados intervinientes ha aplaudido, referido a la necesidad de que en cuatro años fuesen totalmente inspeccionados los juzgados y órganos judiciales de todo el territorio nacional;
al mismo tiempo, se juzgó necesario, oportuno y eficaz, más que la adscripción de los inspectores en función de determinado territorio, el ejercicio de la acción inspectora a través de jurisdicciones, es decir, que los inspectores lo fueran no de
una determinada zona geográfica sino de todo el territorio nacional, pero unos del orden civil, otros del penal, otros del contencioso administrativo y otros del social. Se realizó un plan del servicio de inspección que se presentó al Consejo y que
este aprobó en su pleno. Ello ha dado lugar a que, hasta lo que va de año -y puede ser un monto final-, se haya duplicado la actividad inspectora del Consejo; se ha visto el doble de órganos judiciales que en otros años, habiéndose obtenido además
unas conclusiones interesantes, porque la inspección ya no tiende tanto a examinar la falta de cumplimiento por parte del juez de sus deberes como a una función asesora del juzgado y además conocedora de las razones que determinan la disfunción del
órgano judicial.



Decía el señor Silva que en la Escuela Judicial de Barcelona se había desviado la formación continua. No es cierto. Ya he explicado que se ha instaurado, porque antes no tenía, la formación continua en la Escuela Judicial de Barcelona, ya
que lo que tenía y ha mantenido es la formación inicial. También en relación con ello hablaba de que no entendía por qué yo había dicho que se había reducido en cuatro el número de profesores cuando a él le habían dicho que habían sido siete. Los
profesores que actualmente tiene la escuela son 9 y


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antes tenía 13, luego los profesores se han reducido en cuatro y esas son las cuentas que hay y esos son los números exactos, la información restante será la que se quiera o se pretenda dar o será una información deformada, pero la realidad
es que los profesores que tiene la escuela son 9 frente a 13 que tenía antes.



Me preguntaba también, y no tengo el dato en este momento pero se lo facilitaré, si la implantación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil significaba una reducción en las apelaciones. Intuyo que sí porque la capacidad de respuesta de las
audiencias provinciales está modificándose en el tiempo y porque hay signos que expresan más la conformidad y sobre todo porque normalmente la naturaleza de los juicios de la Ley de Enjuiciamiento Civil implica una menor contenciosidad entre los
litigantes.



Respecto a la pendencia en el ámbito civil, decía que la tendencia había cambiado de signo. Yo creo que no, la pendencia no ha cambiado de signo; lo que sucede es que en el año 2001, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de
Enjuiciamiento Civil del año 2000, se produjo una avalancha que incrementó necesariamente el movimiento de entrada de asuntos para ese año. Eso ha tenido una incidencia de los tiempos de respuesta en los años posteriores. Creo que el tiempo de
respuesta es adecuado, que la pendencia se viene reduciendo, si no tanto como hubiera sido deseable, sí al menos en unos porcentajes equivalentes al de los años anteriores; lo que sucede es que coyunturalmente estamos teniendo un incremento de la
litigiosidad mayor en estos dos últimos años, pero hemos conseguido reducir en el ámbito civil los tiempos de respuesta en Madrid concretamente, que es uno de los peores lugares, de 18 meses a un año, y el tiempo medio de respuesta de las audiencias
provinciales está en seis meses y medio y de los juzgados en tres meses y medio.



Le preocupaban al señor Silva los juzgados de lo mercantil y se preocupaba por la especialidad. Efectivamente, estamos todos preocupados -he dicho antes también que era una apuesta que todos habíamos realizado, la ciudadanía, los operadores
jurídicos, los abogados, los procuradores, esta Cámara- y todos estábamos comprometidos a su puesta en marcha. Pues bien, se preocupaba él y nos preocupamos todos por la necesaria especialización en una materia como es la concursal y como es la
mercantil, tan variable, tan mutante y tan compleja como se viene produciendo en estas épocas de cambios económicos rápidos y además globales. Tenemos todos en el Consejo la convicción de que cada vez hay que ir a una mayor especialización, que los
jueces debemos estar especializados en materias y trabajar especializadamente para resolver los asuntos. En relación con todo ello estamos firmando, hemos firmado y seguiremos firmando convenios con empresas, con entidades y con fundaciones para
que nos hagan los estudios y nos aporten los medios económicos con la finalidad de crear la formación necesaria y dotar a nuestros jueces de una formación mercantil de la que en este momento carecen. Con la Comunidad Valenciana se ha firmado un
convenio para que una parte de la ciudad de la justicia de Valencia se destine a la formación mercantil de nuestros jueces y magistrados.



Se preocupaba también por la relación existente entre los juicios rápidos y la conformidad de las penas privativas de libertad. Afirmaba que no alcanzaba a tener una idea clara sobre si las penas de conformidad acordadas se llegaban a
cumplir y si había mucha conformidad con las penas que conllevaran necesariamente la privación de libertad. La verdad es que hasta esos detalles no han descendido las encuestas, pero prometo que la próxima vez que venga a esta Cámara traeré el dato
y se lo ofreceré. Con esto he terminado con las sugerencias del señor Silva.



Señor Barrero, yo creía que nos encontrábamos en tiempos navideños, pero me he dado cuenta de que a pesar de ello S.S. está en plena campaña electoral. Ha dedicado toda su intervención a criticar al ministro de Justicia y al Gobierno de la
nación en su posición de principal partido de la oposición al Gobierno que está rigiendo nuestros destinos por voluntad de los ciudadanos. Toda su diatriba contra el Consejo ha radicado en que esta presidencia, si no era corifeo de su argumentación
política en contra del Gobierno, era partidaria del mismo y no cumplía con su función. Señoría, si usted quiere criticar al Gobierno, hágalo en su momento oportuno, pero no se meta con esta presidencia, que es lo que S.S. ha hecho en la mañana de
hoy.



Ya he dicho que comparezco cuando soy llamado, y tantas veces como lo han hecho SS.SS. aquí me han tenido compareciendo ante ustedes. Ha manifestado que el funcionamiento del Consejo se realiza desde la lógica parlamentaria. Yo entiendo
esa argumentación, pero inviértala usted por pasiva, es decir, unos operan como mayoría y otros como minoría, unos operan como Gobierno y otros como oposición. Parece ser que ese es el discurso de S.S., esto es, que funciona como el Parlamento: la
posición mayoritaria como gubernamental y la minoritaria como oposición. No tengo esa percepción, porque considero que el Consejo viene funcionando desde sus inicios como lo hacen los órganos de participación plural, con el ejercicio del derecho al
voto y votando lo que cada uno entiende que debe votar en cada momento.



Usted reprochaba a la presidencia personalmente que yo, en un momento determinado, con mi voto -decía 11 votos contra 10- había apoyado el pacto de Estado para la reforma de la justicia. Lo apoyé desde sus inicios, lo apoyé cuando estaba en
vigor y lo sigo apoyando, porque creo en el pacto como una voluntad política, concebida por primera vez en la historia de nuestro país, en la que todas las fuerzas del arco parlamentario se pusieron razonablemente de acuerdo para tratar de aliviar
una justicia que tradicionalmente había


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sido olvidada, preterida o postergada. Señor Barrero, le he de decir que mientras que el pacto ha funcionado, todos hemos tirado del carro hacia delante y debemos seguir haciéndolo en una misma dirección, que no es otra que la consecución
de una justicia más transparente, más rápida y más eficaz; para eso se hizo el pacto. Creo y creeré en el pacto, porque para mí el pacto está entre un paréntesis y cuanto antes se le quiten los paréntesis y empiece a funcionar, será mucho mejor
para la justicia y para España. Por eso voté y votaré siempre a favor del pacto, a favor del acuerdo, del consenso y de la conformación de voluntades.



Me reprocha que el Consejo no reclame medios. Nosotros hemos reclamado la potenciación de la justicia y cuando funcionaba el pacto había un acuerdo unánime entre todos sobre lo que había que invertir y el Gobierno está haciendo un esfuerzo
mucho mayor del que han hecho gobiernos anteriores y mucho mayor del que se hizo en épocas pasadas en hacer una inversión en justicia para tratar de situarla en su lugar. Estoy convencido de que es lo más rentable que existe -es mi creencia
personal y no tengo capacidad legislativa, solamente tengo capacidad de propuesta de informe, si no, otro gallo pudiera cantarme-, pero considero que el mejor dinero que se puede invertir es en justicia, porque da seguridad jurídica, da confianza a
los ciudadanos y porque tanto nuestra justicia como nuestro Poder Judicial son un patrimonio del que todos sin excepción y sin exclusión debemos sentirnos propietarios.



Usted decía que sube la pendencia. Ya le he explicado antes que me daba unas cifras que están extrapoladas, pero la pendencia sube porque ha habido un incremento anormal de la litigiosidad y nuestra estructura está preparada para absorber
el ritmo de asuntos más o menos que se ingresan por año, pero si un año hay un desplazamiento de la litigiosidad hacia signos más positivos o un incremento de la misma, la tasa de realización se queda corta. De todas las maneras, la pendencia está
subiendo, lo que se relaciona con otros aspectos que ha mencionado sobre el cumplimiento de algunos jueces y sobre la saturación de algunas plazas judiciales, pero, señor Barrero, le voy a decir que el Consejo está hondamente preocupado por cuál
debe ser la dimensión que debe tener nuestra planta judicial. Si en un momento determinado me imputaba S.S. que yo había votado porque entendíamos que no eran necesarias 150 plazas, le voy a decir que no sé las que se necesitan. En este momento,
de verdad, no sé las que se necesitan. No sé si son 150, 300, 400 o si nos sobran plazas judiciales, porque le he de decir, para su información, que si bien hay 1.200 jueces que superan los módulos en un 20 por ciento, hay cerca de un 60 por ciento
que no llega al 40 por ciento del módulo. Eso lo que nos dice es que existe una planta judicial heterogénea. ¿Y por qué? Porque en el año 1985 no se pensó nada más que en dimensionar la planta judicial por una ratio juez por habitantes. Se
constituyó una planta judicial en función de la ratio de un juez por cada 10.000 habitantes, y así se aplicó. Como consecuencia de los avances económicos y sociales que ha tenido España, eso ha producido un desajuste en la dimensión, porque hay
localidades que siendo antes pequeñas, con la instalación de un polígono industrial se ha producido un crecimiento litigioso muy importante que ha desbordado las previsiones que aquel juzgado tenía y el servicio que el mismo prestaba. Nos hemos
comprometido y hay que decir que hemos faltado a ese compromiso todos. El pleno del Consejo, en el mes de octubre, nos dimos el plazo de últimos de diciembre para presentar un estudio, que está muy avanzado, sobre el dimensionamiento de la planta
judicial. La verdad es que hasta el día de la fecha no se ha presentado ese estudio, aunque sé y me consta que está muy avanzado. Vamos a tener constancia de lo que son las verdaderas necesidades de nuestra planta judicial, qué es lo que
necesitamos para así proyectar las necesidades de la justicia española en los próximos tres o cuatro años. Sí le puedo decir que aunque no sé cuál es el número de jueces que necesitamos incrementar, no va a ser superior a los 300 ó 400, para tener
holgadamente cumplida nuestra planta judicial, y ello con la necesidad imperiosa de reajustar la planta judicial a las dimensiones necesarias, tanto cuantitativa como cualitativamente. Hay localidades donde el partido judicial existente es
innecesario y hay otros lugares en donde la necesidad de los juzgados es muy imperiosa. Ese sobredimensionamiento en algunos sitios e infrautilización en otros condiciona que haya que reconsiderar los recursos económicos y personales que debamos
destinar al ejercicio de la actividad judicial.



Por último, hablaba S.S. de la siniestralidad laboral. Señor Barrero, tenga la seguridad de que el Consejo, y concretamente el presidente, es muy sensible a cualquier clase de siniestralidad, pero a la laboral mucho más. Ayer mismo se lo
hice patente a los representantes de los dos sindicatos más importantes de este país, que me visitaron para tratar no del tema de las sentencias, que también, sino de cómo arbitrábamos los medios para tratar de paliar la siniestralidad laboral.
Ahí, lo mismo que en la violencia doméstica, nos va a encontrar siempre en primera línea, porque es también, como S.S. ha calificado, una lacra social que padecemos y una lacra social en algo tan importante como es el derecho y el deber que tenemos
todos los españoles de trabajar.



En cuanto a la atención al ciudadano, hemos realizado una campaña y estamos en plena instalación -creo que ya estará completada- de unos buzones de sugerencias y de quejas en todos los órganos judiciales para que los ciudadanos puedan
dirigirse al Poder Judicial. Estas quejas se tramitarán y serán resueltas en la medida en que lo que se plantea tenga solución o las quejas sean atendibles, porque no siempre los ciudadanos tienen razón en sus quejas, aunque generalmente cuando


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el ciudadano se queja algo de razón suele tener. Efectivamente, se han elevado las quejas como consecuencia de la actividad del Consejo, de la transparencia y de la información que ha transmitido a los ciudadanos sobre que sus quejas son
necesarias para que nosotros conozcamos nuestras deficiencias y podamos resolverlas. Por eso se han elevado las quejas; si no hubiéramos tenido actividad en ese sentido, seguiríamos igual que estábamos hace tres años, es decir sin enterarnos de
nada de lo que pasaba.



Por último, el modelo de juez que pretendemos no es otro que el juez constitucional. Estamos celebrando los 25 años de nuestra Constitución.
Todos los miembros del Consejo somos conscientes de lo que ha supuesto para nosotros la
Constitución y los mandatos que la misma contiene dirigidos a todos los ciudadanos, y los jueces no somos una clase especial de ciudadanos que seamos impermeables a los mandatos constitucionales, somos o debemos ser los primeros permeables a los
mandatos constitucionales. El juez que queremos es el juez constitucional, el juez que se sujete a la legalidad, que interprete la legalidad con arreglo a la realidad social en que vivimos y con arreglo a las transformaciones que se producen en
nuestra sociedad.



Termino pidiendo perdón por el exceso de tiempo consumido pero, como he dicho en anteriores ocasiones, no quería dejar sin contestar ninguna de las sugerencias de sus señorías. Sólo me resta agradecer nuevamente a todos ustedes su atención,
el tono de sus intervenciones y desearles, cómo no, la mayor felicidad en estas fiestas navideñas y en el año que se avecina. Desearía que todos ustedes renovasen sus compromisos electorales y que en la próxima convocatoria de la Comisión
estuviéramos presentes y nos viéramos otra vez cara a cara. (El señor Barrero López pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, me pedía un turno de intervención.
Entiendo que es para una cuestión de orden.



Agradeciendo su presencia al presidente y con la brevedad que impone el horario, quiero recordar lo que es sabido. Hoy es la última sesión de esta Comisión y deseo destacar que en las últimas legislaturas esta Comisión de Justicia e
Interior se ha reunido respectivamente -y doy las cifras exactas- en 63, 64, 84, 82 y 84 ocasiones, y en la presente legislatura se ha llegado a un número absolutamente récord que es el de 121. Esto refleja muy bien el gran trabajo legislativo que
se ha hecho en esta Comisión, refleja también muy bien el gran trabajo de control que se ha realizado, al igual que una tarea muy importante del ámbito parlamentario, cual es la función de impulso.



Sólo me queda decirles, señorías, que ha sido para mí un grandísimo honor ser presidente, escasamente durante un año, siguiendo la estela del magnífico presidente que fue don José Manuel Romay Beccaría, a quien quiero hacer un recordatorio
en este momento. Ha sido para mí un inmenso honor poder ser presidente de esta Comisión que engarza con valores como la justicia y la libertad, tan importantes y tan sagrados. Deseo agradecerles a todas SS.SS., particularmente a los portavoces, la
atención que siempre han tenido con este presidente y con esta Mesa, además de agradecer, por supuesto, a los letrados de la Comisión y a los servicios técnicos de la Cámara todas las atenciones que han tenido.
Reitero el honor que siento y mi más
profundo y sincero agradecimiento a todos ustedes.



Señor Barrero.



El señor BARRERO LÓPEZ: No era exactamente una cuestión de orden, sino una cuestión de justicia. Quiero felicitar las Pascuas a SS.SS y confiar en que el año 2004 sea muy positivo para el presidente y todos los vocales, además de para los
miembros de la Mesa. Además, como estamos en la última reunión de una Comisión que cierra un mandato legislativo con mucho trabajo, como ha dicho el presidente, quiero en nombre de mi grupo -ratificando algo que es voluntad de todos ellos- y en el
mío propio, especialmente, reconocer y homenajear la labor del presidente de la Comisión, que ha sido una persona muy moderada y muy justa. Nos hemos sentido muy a gusto todos, aunque en ocasiones no sea fácil. Ha habido unos debates muy duros,
tanto con los comparecientes como con los miembros de otros grupos, pero siempre nos hemos sentido muy avalados y tutelados por el impulso y el fomento a la libertad de expresión, que es una de las normas de las que ha hecho valor el presidente.
Agradezco también el trabajo de los miembros de la Mesa y de los servicios técnicos. En una Comisión tan esforzada quiero, en nombre de mi grupo parlamentario, agradecer de manera especial, reconocer y homenajear la figura del presidente.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barrero.



Señor Bueso.



El señor BUESO ZAERA: Simplemente, quiero agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Popular el honor de haber sido portavoz en esta Comisión de Justicia, haber trabajado en la misma y representado a mi grupo con ilusión y entusiasmo,
defendiendo por encima de todo el interés general de los ciudadanos, a los que representamos en esta Cámara, y recordar que lo que ha guiado siempre al Grupo Parlamentario Popular ha sido la búsqueda del consenso en una materia de Estado como es la
justicia, para trasladar el talante dialogante del Ejecutivo a la Cámara, sacando este asunto del debate político. Siempre hemos actuado de buena fe, poniendo por delante los intereses generales y respetando a todos, absolutamente a todos. Quiero
recordar que esta ha sido la legislatura


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del consenso, del diálogo y de los acuerdos, y que el trabajo realizado es fruto de todos, absolutamente de todos, sin protagonismos.



Quiero terminar recordando al anterior presidente, José Manuel Romay Beccaría, al anterior portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Popular, Andrés Ollero y, por supuesto, también a todos los portavoces de todos los grupos que han
intervenido a lo largo de esta legislatura, así como los encuentros que tuvimos en Dinamarca, Copenhague -como consecuencia del pacto de Estado por la justicia, cuando se cerraba la Presidencia de la Unión Europea-, al igual que las reuniones que
tuvimos en A Coruña y en otros debates políticos. Por lo tanto, estoy profundamente agradecido a todos y, esté donde esté, estaré a disposición de todos ustedes.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señorías.



Feliz Navidad.



Se levanta la sesión.



Eran las tres y cuarenta minutos de la tarde.