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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 890, de 15/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 890
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 118
celebrada el lunes, 15 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de la apertura de alguna investigación sobre la actuación de los mandos policiales responsables de las órdenes de registro y requerimiento a diversos
trabajadores de la organización Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL), situada en el Pozo del Tío Raimundo de Madrid, el día 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 181/003856.) ... (Página 28248)
- De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas ante la previsible fuga y alarma social generada por la puesta en libertad del conocido 'Clan Antón' de Barbate (Cádiz). (Número de expediente 181/003771.) ...
- Del señor Mayoral Cortés (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la coincidencia de los fines de la Fundación Guardia Civil con los que tiene estatutariamente establecidos la Asociación pro huérfanos de la Guardia Civil. (Número de
expediente 181/003815.) ... (Página 28258)
- Del mismo señor diputado, sobre los motivos por los que se ha constituido la Fundación Guardia Civil, así como su financiación, fines, fundadores y representantes. (Número de expediente 181/003817.) ...
(Página
28258)
- De la señora Romero López (Grupo Parlamentario Socialista), sobre circunstancias en las que se ha producido la huida de los narcos imputados en la operación 'Más Madera'. (Número de expediente 181/003740.) ...
Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE LA APERTURA DE ALGUNA INVESTIGACIÓN SOBRE LA ACTUACIÓN DE LOS MANDOS POLICIALES RESPONSABLES DE LAS ÓRDENES DE REGISTRO Y REQUERIMIENTO A DIVERSOS
TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN, MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD (MPDL), SITUADA EN EL 'POZO DEL TÍO RAIMUNDO' DE MADRID, EL DÍA 20 de agosto de 2003. (Número de expediente 181/003856.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Damos comienzo a la sesión de la Comisión de Justicia e Interior para sustanciar las preguntas que figuran en el orden del día, que serán contestadas por el secretario de Estado, a quien agradecemos su disposición, como siempre, a venir a
esta Cámara a efectos de facilitar a las señoras y señores diputados la información solicitada por los mismos.
Por alguno de los intervinientes se había solicitado la alteración del orden del día. Entiendo que nadie manifiesta cosa en contrario, los demás portavoces nada señalan a este respecto, con lo cual será sustanciada, en primer lugar, la
pregunta que formula doña Delia Blanco, que figura en el punto número cuarto del orden del día.
Cuando desee, señora diputada.
La señora BLANCO TERÁN: Señor presidente, gracias por su deferencia al permitir que comience yo, ya que lamentablemente dentro de un rato tengo que ausentarme.
Señor secretario de Estado, la pregunta que le formulo es la que figura en el orden del día. Como usted bien sabe, el día 20 de agosto de este mismo año una unidad de la UCRIFD, de los agentes de la Policía judicial, concretamente la
Brigada Provincial de Extranjería y Documentación, se personó en la sede del Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, sita en la calle Martos, en el barrio del Pozo del tío Raimundo. Hubo algunas irregularidades, las cuales se han hecho
constar en las diligencias judiciales, y queremos saber si el ministerio va a adoptar algún tipo de medida, como hacer una investigación de los mandos policiales.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Buenas tardes a todos.
La respuesta a su pregunta, señora diputada, es que en principio no existe previsión alguna de adoptar medidas en el seno del ministerio, ya que creemos que no hay ningún motivo para ello. Se trata de que a continuación examinemos juntos
los hechos para ver si es posible que coincidamos en que esta es una apreciación razonable. Y los hechos son que el día 20 de agosto del presente año por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, concretamente por la Brigada Provincial de
Extranjería y Documentación, se efectuó, como S.S. ha dicho, un registro en un local de la calle Martos, de Madrid, en donde tiene su sede la asociación civil Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad, cuyas siglas son MPDL, todo ello, como
es lógico, con la previa correspondiente autorización e intervención judicial, concretamente del Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, ordenadas en las diligencias 4041/03.
Las causas de la práctica del mencionado registro son las siguientes.
En los primeros meses del año se inició por esa Brigada Provincial de Extranjería y Documentación una investigación sobre una red de personas dedicadas a favorecer la inmigración ilegal.
La actividad a la que se dedicaban era fundamentalmente a la obtención de visados de trabajo en un consulado español en un país sudamericano, concretamente en Perú, mediante la presentación de ofertas de trabajo fraudulentas y las
consiguientes solicitudes de permiso de trabajo y residencia. Los principales implicados en estas actividades fueron detenidos y puestos a disposición judicial, hasta un total de nueve, y en el curso de la investigación se pudo saber que ante la
Delegación del Gobierno en Madrid se habían presentado solicitudes de permiso de trabajo y residencia con las correspondientes ofertas de trabajo y otros documentos en los que aparecía estampado el sello del Movimiento por la Paz, el Desarme y la
Libertad. Se puso también de manifiesto la vinculación entre las solicitudes y ofertas de trabajo presentadas de forma fraudulenta por las personas que habían sido detenidas como integrantes de la red a la que me he referido y otras solicitudes y
ofertas presentadas con el sello del Movimiento, en las que aparecían algunas irregularidades: en unos casos los mismos empleadores o datos falsos, en otros casos la documentación era sólo accesible a los primeros, etcétera.
A partir de todas esas investigaciones, ante las irregularidades detectadas, se solicitó el mandamiento de entrada y registro en la sede de la organización al objeto de tratar de determinar la existencia o no de responsabilidad en algunas de
las personas que en la misma trabajaban.
Fíjese que digo con toda precisión lo de determinar la existencia o no de responsabilidad en algunas de las personas que en la misma trabajaban. El registro, como he manifestado, se practicó el 20 de agosto
del presente año en presencia -esto me parece importante- de la correspondiente comisión judicial, nombrada por el propio juzgado que había librado el mandamiento. Se intervinieron efectos, material y documentos que se encuentran depositados a
disposición judicial: unos en los servicios de la policía científica, para el oportuno estudio y dictamen pericial, y el resto en la unidad policial actuante. No se produjo la detención, pero sí la citación por el juez de 4 personas que
comparecieron al día siguiente.
La conclusión del examen de cómo se desarrollaron estos acontecimientos, sin perjuicio de lo que ahora S.S. quiera comentar, es que la actuación policial de referencia se realizó con la asistencia de la comisión
judicial nombrada al efecto -como he expresado anteriormente- en presencia de los testigos preceptivos, con observancia del procedimiento y de todas las garantías legalmente establecidas y -añado- con la máxima discreción, propia de este tipo de
operaciones policiales. Con estos hechos he llegado al juicio que he expuesto al principio de mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor secretario de Estado, los hechos que ha relatado son exactamente la misma información que obraba en nuestro poder y que nos ha sido suministrada por el propio Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad,
así como por el auto del propio Juzgado número 46.
Estos son los hechos, así que estamos de acuerdo hasta ahí y está ajustado a derecho. No sabíamos que en la operación inicial de la búsqueda de las ofertas ilegales de trabajo se habían detenido a
9 personas, pero nos sorprende que a partir de que los 9 funcionarios de la UCRIF llegan a esta sede, en la calle Martos, el comportamiento y la actitud que llevan a cabo no son los más idóneos. El MPDL es una organización humanitaria sin ánimo de
lucro, como usted sabe, que viene trabajando desde hace muchísimos años en la defensa de los inmigrantes y también se dedica a realizar proyectos de desarrollo en los países de origen de dichos inmigrantes. Han venido colaborando de forma
continuada con la Policía judicial y con la Brigada Provincial de Extranjería y Documentación -de hecho nos han enviado esos documentos- y han colaborado con ellos siempre que han tenido indicios de que había algo irregular.
Por tanto, nos
sorprende que en una operación que en principio se ajusta a derecho -por supuesto, todos estamos de acuerdo en que se luche contra las mafias que trafican con las personas y las que hacen ofertas de trabajo irregulares, etcétera, porque todos
sabemos a qué conlleva esto-, haya sido la propia organización la que ha puesto esos hechos en conocimiento de la brigada de extranjería.
A partir de ahí, la Policía, los miembros de la UCRIF, comienzan un registro en el que se incautan de 2 ordenadores y de 200 expedientes que estaban guardados dentro de los ordenadores, y del propio servidor de la organización. Todo este
material todavía no está a disposición del Juzgado número 46, porque se han personado en la causa y el propio juez les ha dicho que la Policía todavía no ha puesto a su disposición el material incautado, por lo que esta organización está sin
material informático en esta sede, aunque sí lo tiene en otras sedes. Hay más de 200 personas que son inocentes, que no tienen la culpa de nada, que no están en ninguna mafia, sino que simplemente son demandantes de su proceso de regularización y
con ofertas en firme, que se encuentran entre este material incautado y que tienen paralizado su procedimiento porque no tienen documentación. Esta es la realidad. Además de esto, los policías que interrogan a varios miembros de la organización
-en concreto a tres: dos abogados y un asistente social- vierten una serie de afirmaciones sobre la orientación política de esta organización, sobre los miembros que trabajan en ella y sobre los propios inmigrantes, que están recogidas y han sido
notificadas al juez.
Dos días después, el 22 de agosto -y uno después de que estos trabajadores fueran llamados a declarar ante el juez-, la presidenta de esta organización se dirigió al Ministerio del Interior pidiéndole que devolviera el material informático
en el momento en que hubiera
sido revisado por la Policía. Cuatro meses más tarde no se ha terminado por lo visto la investigación dentro del ámbito policial, no ha pasado al ámbito judicial y la organización sigue sin servidor general y sin todo el material
informático. Insisto, doscientas y pico personas con todo su proceso de regularización paralizado. El día 28 de octubre, el jefe de gabinete del ministro del Interior escribió a esta organización diciéndole que no había nada que investigar y que
el procedimiento judicial seguía en curso, cosa que no es cierta porque el propio juez afirma en un escrito a la organización que no puede seguir las diligencias del procedimiento judicial porque la Policía no ha puesto todavía a su disposición el
material incautado.
Yo creo que este tipo de cosas crean bastante alarma entre las organizaciones que trabajan con inmigrantes y también entre los propios inmigrantes. Una cosa es la lucha contra las mafias, en la que estaremos siempre de acuerdo, también las
organizaciones que trabajan con los inmigrantes -y usted sabe, como el delegado del Gobierno para la Inmigración y Extranjería, que estas organizaciones son las más interesadas en la lucha contra las mafias-, y otra cosa es que se distorsione la
marcha de una organización y se dé un toque de atención muy serio a otras organizaciones en el cuerpo de una de ellas, avisando que no gusta cómo se trabaja con los inmigrantes, que no gusta al Ministerio del Interior que haya determinadas
organizaciones que trabajen en la defensa de los derechos de los inmigrantes. No es bueno, no es nada bueno, señor secretario de Estado, ni para los inmigrantes ni para nuestra sociedad. Por lo tanto, si la investigación policial, como usted
afirma, sigue abierta le pido que se cierre lo antes posible porque en cuatro meses ya podía haberse llegado a alguna conclusión y haber puesto en manos del juez todas las pruebas que tengan para poder seguir el procedimiento judicial y que no quede
atascada la organización y el procedimiento de las mafias que trafican con personas.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Muchas gracias, señoría, por sus apreciaciones y por el tono constructivo que ha empleado para avanzar en un asunto como este.
En primer lugar, creo que es importante que dejemos claro -S.S. lo ha hecho, y se lo agradezco- que no estamos hablando de una actuación arbitraria e irregular; estamos hablando de una actuación que nace de algo que no tiene nada que ver
en principio con el movimiento, que es el que nos trae aquí, que es la existencia de una investigación policial sobre un tema gravísimo. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en que estamos hablando de falsificación de ofertas de trabajo a
personas que tienen una debilidad jurídica gravísima en manos de las redes que realizan esta serie de operaciones y todos coincidimos -y no hay duda de eso- en que la Policía española tiene que trabajar con la máxima intensidad para evitar ese tipo
de actuaciones. Por los datos que le he dado, y que S.S. decía que coincidían con los suyos, la razón de la actuación policial del 20 de agosto única y exclusivamente es la conocida, que es la obtención de pruebas respecto a estos delitos tan
serios de los que estamos hablando, sin poner en cuestión ni entonces ni ahora el buen trabajo que en su caso ha venido desarrollando el movimiento y que seguro que estará en condiciones de seguir desarrollando, habida cuenta de lo que sabemos de su
actividad hasta el día de hoy, sencillamente para trabajar en el descubrimiento en toda su dimensión de los delitos de la naturaleza que estamos tratando. Admitirá S.S. que son delitos de muy difícil investigación, porque las personas que realizan
este tipo de tareas tratan de encubrir su actividad con los paraguas legales que más cerca puedan encontrar, en perjuicio nuevamente de las personas afectadas, a las que se engaña y se acaba metiendo en un lío vital gravísimo. Incluso podría darle
datos sobre las cantidades que se pagan, pero me parece que es cargar las tintas y no es necesario, porque S.S. y yo tenemos muy claro de qué estamos hablando.
He leído y he oído algunas cosas sobre si la operación fue más o menos delicada, y S.S. ha mencionado en algún momento algo de eso. No tenemos datos que nos permitan afirmar que se ha producido con indelicadeza, tanto más -y eso nos da
tranquilidad- cuando existe la correspondiente acta elevada por el secretario del juzgado, en la que se pone de relieve que todo se ha desarrollado con normalidad y que cosas que luego han sido objeto de comentario, vistas en el momento de los
hechos y traducidas en el documento jurídico que las refleja, no parece que respondan a la realidad. Es verdad que he leído algunos juicios, como los que decían que para determinados tipos de sujetos la dureza de los métodos no tiene que ser la
misma. Yo creo que no ha habido una especial dureza de los métodos, pero en todo caso entiendo humanamente ese tipo de comentarios.
Se han dicho también algunas cosas que afortunadamente S.S. y yo no estamos comentando en este momento, porque eran muy desproporcionadas y supongo que estaban dichas al calor del disgusto de más de una persona, lo que también es
comprensible. Hay una cosa que S.S. ha comentado y que me gustaría que quedase bien clara entre nosotros y para que figure en el 'Diario de Sesiones': esto responde única y exclusivamente a lo que responde y de ahí no cabe elevar ni la más mínima
conclusión, en el sentido de que estamos hablando -como decía S.S.- de un toque de atención para otras asociaciones que trabajan con la inmigración. Al contrario, en este país hay afortunadamente un importante número de personas y de agrupaciones
sociales trabajando en algo tan extremadamente complejo como es la inmigración en todas sus facetas,
que no merecen de nosotros, estemos en el Gobierno o en la oposición, más que la mayor de las admiraciones y el mayor de los apoyos, cada uno en la medida de sus posibilidades. De verdad, en la operación que estamos comentando no hay
absolutamente nada dirigido a la propia asociación afectada en este caso, ni al conjunto de las asociaciones que vienen trabajando en la inmigración. Que quede claro: no se trata de amedrentar, ni de desprestigiar, al revés, todo esto se hizo en
su día con el mayor cuidado posible para no dañar más allá de lo necesario, que era lo que se quería obtener a efectos de continuar la investigación.
A partir de todo esto, terminaría mi contestación diciendo que probablemente lo más sensato de todo lo que ha ocurrido en este suceso es la posterior expresión pública de la propia asociación, queriendo colaborar en la lucha contra las
mafias y contra la inmigración ilegal y diciendo que a partir de este momento va a poner toda la carne en el asador, no sólo de hecho, sino jurídica, presentándose en los procesos a efectos de prestar su propia y particular colaboración. Estoy
seguro que eso es lo más bienvenido que podemos imaginar.
Un último detalle en el que S.S. ha insistido varias veces es que todo lo incautado está desde el primer momento a disposición judicial y es el propio juez el que tiene que tomar la decisión de si procede o no la devolución en su momento.
Por lo que dice S.S., entiendo que se está produciendo una investigación sobre la base de ese material, que a lo mejor no ha permitido hasta hoy al juez tomar la decisión definitiva sobre esa devolución. En la medida en que eso sea como dice S.S.,
yo me comprometo a que agilicemos absolutamente todo lo que podamos, para que esa decisión, sea sí o sea no -no quiero prejuzgarla, porque es del juez-, se pueda tomar.
- DE LA SEÑORA ROMERO LÓPEZ (GRUPO PARlaMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS MEDIDAS ANTE LA PREVISIBLE FUGA Y ALARMA SOCIAL GENERADA POR LA PUESTA EN LIBERTAD DEL CONOCIDO 'CLAN ANTÓN' DE BARBATE (CÁDIZ). (Número de expediente 181/003771.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, procedemos a sustanciar la pregunta que figura en el número 1 del orden del día, presentada por la diputada doña Carmen Romero López.
Cuando desee, tiene la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor Astarloa, a día de hoy todavía el narcotraficante Antón sigue en la calle. Esta pregunta debió sustanciarse mucho antes, pero aquel día el señor Astarloa tuvo que marcharse anticipadamente. La información que
va a dar a los ciudadanos acerca de las circunstancias que han rodeado este hecho ha debido darse mucho antes. Como usted sabe, este fenómeno se produjo durante el verano, conjuntamente con el fenómeno de la Operación Estela. Pese a eso, este
asunto no se ha podido tratar en el Parlamento hasta este momento, entre otras cosas, como sabe bien S.S., porque a la Comisión de Drogas se le ha dado el cerrojazo, a pesar de que se produjeron excarcelaciones no solamente en el caso de El Negro
-que nunca ha querido explicar el Gobierno-, sino después en la operación Carro y otros sucesos que vamos analizar hoy, como este del caso Antón. Desgraciadamente, a día de hoy los ciudadanos no tienen información sobre lo que realmente ha ocurrido
en este caso y por qué este señor sigue todavía en la calle.
Aquí hay algunos asuntos exclusivamente de su responsabilidad y otros que son responsabilidad del ministro de Justicia. Como usted está aquí para responder a este tema, imagino que no obviará algunas respuestas que también desean tener los
ciudadanos. En primer lugar, las referidas a Interior. Este individuo se ha considerado como prototipo del narcotraficante y con todo el descaro no solamente hace ostentación de todos los bienes que proceden del narcotráfico, sino que además
incluso ha llegado a estar en la sede de las comisarías y de los juzgados y no ha sido detenido. A todo ello hay que añadir la provocación que supone conducir un Mercedes y no llevar carnet de conducir, lo que ha provocado un escándalo para el
pueblo.
Barbate es un municipio que ha pasado de ser un pueblo que vivía de la pesca, con recursos abundantes para su población, a ser un pueblo sin ley que no vive de más recursos que los que proceden del narcotráfico y desgraciadamente con una
dotación policial exigua. Todo eso lo hemos comprobado. La propia Asociación Unificada de la Guardia Civil ha dado algunos datos que son preocupantes, como la escasez de patrulleras de la Guardia Civil. Últimamente estaban a disposición solamente
aquellas patrulleras que son decomisadas a los narcotraficantes porque las demás tenían problemas de averías. Sin embargo, no solamente hay problemas en las patrulleras, sino también en las brigadas de la costa y sobre todo en los equipos de
investigación, que son los más escasos. Existe una gran preocupación policial porque gran parte de los guardias civiles que están destinados a Barbate pertenecen a guardias en formación, guardias en práctica, cuando en realidad los temas de
investigación del narcotráfico son muy importantes y exigen competencia y preparación. Si sigue Antón en la calle tendríamos que preguntar: ¿Por qué no ha sido ya detenido? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué información tiene el Ministerio del Interior?
¿Qué cooperación policial y judicial tienen con Marruecos? Estos equipos conjuntos de los que se habla ahora -ya se habló en el 1991- llevan muchos años de retraso. Quisiéramos saber si en estos equipos conjuntos existen comisarios de enlace,
policías de enlace o jueces de enlace y si existe verdaderamente una cooperación con el vecino país que nos haga pensar que realmente no va a ser un
refugio de todos estos casos que puedan producirse en nuestras costas y que podemos tener este caso resuelto. ¿Qué personal tienen destinado a la búsqueda y captura de este sujeto y de tantos otros que aparecen ligados al narcotráfico?
Estas explicaciones las necesita la población para tranquilizar la situación que viven. Por una parte, está la presentación del subdelegado del Gobierno y de los mandos de las fuerzas de seguridad de que las operaciones son desmanteladas, de que se
decomisan grandes cantidades y, al mismo tiempo, los narcotraficantes están en la calle, son excarcelados y las razones no son comprensibles para la opinión pública.
Esta es una primera parte de la pregunta, pero hay una segunda parte que sí quisiera destacar, aunque sin duda conoce el asunto. Se trata de que en el proceso del caso Antón ha coincidido la excarcelación del clan Antón, del padre y del
hijo, y ahora me estoy refiriendo al hijo, porque tiene más condenas pendientes. Es un caso que ha sufrido una dilación de la justicia e imagino que el Ministerio de Justicia habrá tenido alguna información al respecto, porque, si bien el tribunal
de Andalucía dijo que el recurso se había hecho en el tiempo requerido, lo que sí es cierto es que se tardó más de nueve meses en saber a qué juzgado correspondía la competencia de la causa, si al de Barbate o al de Chiclana. Parecen muchos meses y
lo cierto es que la mitad del tiempo de la condena se había consumido sin que el recurso se hubiera resuelto. Aquí hay una serie de causas que habría que investigar y conocer; habría que saber dónde radican las responsabilidades y por qué se ha
actuado así, por qué se ha producido esa dilación, cuántas causas tenían pendientes esos juzgados, por qué no ha actuado la fiscalía durante ese proceso, por qué la Inspección de la fiscalía no funciona, cuando hay casos semejantes a este, en el que
se está viendo que está transcurriendo la mitad de la condena y sin embargo todavía no se ha fallado el recurso.
Todas estas cuestiones que estaban ya en la mente de todo el mundo y que no tenían una explicación aún siguen sin tenerla, porque aún no se sabe por qué se produjo esa dilación, dónde estaba la responsabilidad, si esas responsabilidades se
han investigado y si ha habido por parte del Ministerio de Justicia alguna actuación. Ha habido una comparecencia del ministro de Justicia ante los medios y ponía el ejemplo del juez de Alcoy, señalando que dicho juez, y citaba aquel famoso caso
que también se trajo al Congreso, no tenía muchas causas pendientes, por lo que no se trataba de un problema de acumulación de causas. La opinión pública en Cádiz tiene derecho a saber si realmente hay una acumulación de causas en esos juzgados,
tanto en el de Barbate como en el de Chiclana, qué actuación tiene la Audiencia Provincial, si no hay medios, de quién es la responsabilidad de la carencia de medios, por qué una parte del caso de blanqueo de capitales del clan Antón se archiva,
porque no hay pruebas sobre dicho blanqueo de capitales, siendo evidente que se hace ostentación de esos medios y en definitiva sobre todo aquello que esclarezca cuál ha sido el proceso para que se haya llegado a esta situación. Y ahora mismo tiene
derecho a saber qué información tiene el Gobierno acerca del caso Antón.
Además de la información que el ministro de Justicia ha dado sobre las plazas de jueces de la nueva promoción que va a haber en España y que algunos podrían ir a la provincia de Cádiz, me gustaría decirle que este plan de transparencia
judicial tiene un margen y que en la provincia de Cádiz hay que actuar de una manera especial, porque si no se actúa de esa manera especial probablemente haya que hacer una reorganización de la planta judicial y eso desde luego no nos corresponde a
los diputados, porque no tenemos datos; pero sí le corresponde al Ministerio de Justicia hacer un estudio de lo que está ocurriendo y poner a nivel de las necesidades la situación no sólo de la justicia sino también de las fuerzas de seguridad, de
la Agencia Tributaria, de la fiscalía, del servicio de prevención de blanqueo de capitales y de tantas otras instituciones que puedan estar relacionadas con sucesos como éste, para que no se produzcan las excarcelaciones que se están produciendo.
Sobre todo, para que no se produzca una desinformación de la ciudadanía, que ve cómo pequeños narcotraficantes, reincidentes o no, que muchas veces han visto cumplido su periodo de condena, y habiendo sido rehabilitados, tienen que reintegrarse a la
cárcel y sin embargo hay narcotraficantes, como el de este caso, que todavía siguen libres y que, para escándalo de la ciudadanía, no parece que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tengan información, a pesar de que hay muchos que puedan
incluso conocer dónde se encuentran dichos sujetos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Señoría, si le parece, examinamos el desarrollo de los hechos, para tenerlos fijados, y luego debatimos sobre las valoraciones de cada quien.
Los hechos, muy resumidamente, porque S.S. los conoce bien -sólo lo reflejo para que pasen en debida forma al 'Diario de Sesiones'-, son los siguientes. La operación policial que llevó a la detención y al posterior ingreso en prisión de
varios miembros de una familia de Barbate, en Cádiz, a los que S.S. hace referencia en la pregunta y en su intervención de esta tarde, tuvo lugar entre enero y marzo del año 2000. Es una de esas operaciones a las que S.S. se ha referido, de mucho
trabajo, mucho sacrificio y, afortunadamente, buen éxito final, importante éxito final de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Concretamente, fue una operación desarrollada por la Guardia Civil, con la denominación de Operación Espejo, y
supuso la aprehensión de 1.500 kilogramos de resina de hachís en la
localidad de Conil de la Frontera, la detención de personas y la incautación de vehículos de lujo y otros efectos, documentos, joyas y dinero, en los registros que se practicaron en distintas viviendas de las localidades de Barbate, que S.S.
mencionó, y de Zahora, también en la provincia de Cádiz.
El que fue considerado máximo responsable de la organización, y lo sigue siendo, Antonio Vázquez Gutiérrez, conocido como Antón, S.S. sabe que no pudo ser detenido en los momentos iniciales de esa operación, junto a las restantes 19
personas detenidas; sí lo fueron otros miembros de su propia familia. Finalmente, Antonio Vázquez compareció en abril del mismo año, un poco más de un mes después de la fecha de la operación y de las detenciones, ante el juzgado de Chiclana de la
Frontera, que era el que había interesado su busca y captura por la presunta responsabilidad del mismo en todos estos hechos. Tanto el mencionado Antón como su padre, conocido como Antón viejo y detenido inicialmente en la misma operación, fueron
finalmente condenados por la Audiencia Provincial de Cádiz a la pena de seis años y seis meses de privación de libertad. Ambos, como S.S.
ha recordado, fueron puestos en libertad en el verano pasado cuando cumplieron el tiempo máximo de prisión
provisional establecido, al no haber adquirido firmeza la sentencia por la interposición de recurso ante el Tribunal Supremo, aún pendiente de resolución. Quiere decirse que han estado en prisión, antes de esa decisión judicial, tres años, cuatro
meses y quince días, previa la correspondiente prórroga prevista por la ley una vez transcurridos los dos primeros años, que se adoptó en marzo del año 2001. Desde el mes de agosto, Antón ha sido detenido dos veces.
La primera, el 31 de agosto del
presente año, fue detenido, también por la Guardia Civil, por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas sin el correspondiente permiso y enfrentarse a los agentes actuantes, siendo condenado en este caso a ocho meses de prisión. Esta
decisión judicial no se ejecutó, de acuerdo con una decisión judicial, por no ser reincidente en esta figura penal. El 16 de septiembre siguiente nuevamente fue detenido por delito contra la seguridad del tráfico, siendo en este caso emplazado por
la autoridad judicial competente para que se personara ante ella con posterioridad, para la celebración del correspondiente juicio rápido, al que no se presentó y en el que fue sancionado con 150 euros de multa.
Interesa también saber, para tener completos todos los hechos, que con carácter previo al año 2000, que es cuando da inicio todo lo que estamos comentando, en el año 1999, se realizó una actuación policial que llevó a su detención,
concretamente por estar en posesión de casi 1.000 kilos de hachís y en este momento tiene interesado su ingreso en prisión por el Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz, con relación a la condena de tres años y seis meses de prisión que se le impuso
en su día por la incautación en marzo de 1999 de ese alijo. De todos los elementos procesales de los que le acabo de dar noticia, ninguno de los tres primeros llevan a la obligación de que nadie ordene la busca y captura en este momento de esta
persona, y concretamente la que dio origen a su pregunta tampoco, en la medida en que la decisión de puesta en libertad es adoptada por el juez de acuerdo con lo previsto en la ley y punto.
Está pendiente la resolución del recurso ante el Tribunal
Supremo y el Tribunal Supremo resolverá y en su caso habrá que proceder al cumplimiento de la condena. Lo que hace, sin embargo, que Antón tenga hoy la condición de huido es precisamente la condena posterior, la última a la que acabo de referirme
relacionada con los hechos de 1999. A partir de la misma digo, cosa que no hubiese podido decir si contestase exclusivamente a la pregunta inicial, que tiene jurídicamente la consideración de huido y las Fuerzas de Seguridad del Estado en este
minuto trabajan con toda la intensidad de que son capaces en una operación de esta naturaleza para su descubrimiento, puesta a disposición judicial y cumplimiento, insisto, de momento, de esta última condena, no todavía respecto a lo que se decida
por el Tribunal Supremo sobre el resto del cumplimiento de la pena en relación con la detención producida en el año 2000.
Me ha hecho S.S. una serie de preguntas en relación con la cooperación con Marruecos a partir de la consideración, entiendo, de que Antón pueda no encontrarse en el territorio nacional, donde le buscan insistentemente las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, sino que haya podido desplazarse a otro país, concretamente al que usted citó, a Marruecos. Lo primero que tengo que decir es que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no tienen constancia de que eso sea así. Han
aparecido algunas informaciones que dicen que puede estar en tal o cual parte del territorio nacional o puede incluso haberse ido fuera y concretamente a Marruecos, pero tengo que decirle, para que tenga toda la información que tenemos nosotros, que
no consta que eso sea así. No obstante, le hago una aclaración concreta en relación con la colaboración policial con Marruecos para este caso y en general: la colaboración policial con Marruecos no parte de las decisiones de las que últimamente se
ha tenido noticia -su señoría ha mencionado el posible acuerdo sobre el establecimiento de líneas específicas de colaboración y en concreto me preguntaba por el tema de los oficiales de enlace-, sino que es intensa y antigua. Hay representantes de
la Guardia Civil trabajando en Marruecos hace muchos años, hay representantes del Cuerpo Nacional de Policía trabajando en Marruecos hace muchos años en las figuras concretas de agregadurías y enlaces policiales de España en el extranjero con toda
normalidad. Las últimas noticias que S.S. tiene sobre ese incremento de la cooperación van dirigidas específicamente no en general a toda la cooperación policial sino a los acuerdos que se han adoptado en estos últimos meses
para intensificar la lucha común contra la actuación de las redes de inmigración ilegal y contra el fenómeno tremendo de la inmigración ilegal que genera las situaciones humanitarias que conocemos y que tantas veces se han condenado en esta
Comisión. No relacione lo uno con lo otro, porque las figuras precisas previstas en este último tiempo van dirigidas a eso, la colaboración es, como le digo, antigua e intensa desde hace tiempo. Eso quiere decir que, si estamos hablando de una
fuga a otro país, concretamente a Marruecos, no sólo hay que sumar el esfuerzo que se está haciendo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino que, cuando se dicte la correspondiente orden internacional de busca, cuando para ello haya
los indicios que en su caso
lo determinen, y ha de ser el juez lógicamente el que lo haga, a través de la antigua e importante colaboración que ya hay con la policía marroquí, se pueda hacer este trabajo también en Marruecos.
Hacía S.S. apreciaciones sobre el Ministerio del Interior y apreciaciones sobre el Ministerio de Justicia. En relación con el Ministerio del Interior en concreto -del Ministerio de Justicia, el propio ministro ha estado aquí hablando de
circunstancias parecidas a éstas no hace mucho tiempo-, en lo que se refiere a mi responsabilidad, lo que es muy evidente es que en modo alguno -eso sí que me gustaría dejarlo rotundamente claro- ni en este caso ni en ningún otro caso de la misma
naturaleza existe otro sentimiento que el de máxima frustración, la misma frustración de cualquier ciudadano. La misma frustración que tiene la sociedad cada vez que se produce una circunstancia de esta naturaleza multiplíquela por el exponente que
quiera; hablamos de las personas que han estado mucho tiempo trabajando para hacer la operación que ha permitido poner a estas personas en la cárcel, que ha permitido presentar las pruebas necesarias para su condena y que hoy tienen que volver a
trabajar otra vez, como consecuencia de decisiones que no son de las propias Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, sino derivadas del estricto cumplimiento de nuestro ordenamiento, para volver a poner -cosa que harán, no tengo ninguna duda- a disposición
judicial a la persona por la que tanto habían trabajado en el pasado.
Es importante que eso lo tengamos claro, es importante además que tengamos claro que no existe posibilidad ninguna de sentar el criterio de que, respecto de personas que están en libertad condicional, de personas que se encuentran en el
trámite de remisión condicional de la pena o de personas que disfrutan de beneficios penitenciarios, esas personas que abandonan la celda en la que están y por cada uno de los respectivos motivos jurídicos que sea salen a la calle, las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad van a vigilar a todas y cada una de esas personas. Ni siquiera, fíjese, a las más llamativas. Por imposibilidad material en primer lugar, que no es pequeña cosa, porque es un número incalificable de personas las que están en
esa situación; pedí los datos correspondientes para podérselo contar a S.S. Estamos hablando de cerca de 80.000 permisos en lo que va de año, estamos hablando de decenas de miles de personas, sumadas la libertad provisional, terceros grados,
suspensiones de ejecución, etcétera. Digo más, siempre desde la perspectiva material, tendríamos que desatender la generalidad de las actividades policiales ordinarias para dedicarnos exclusivamente a eso, cosa que ni el ordenamiento quiere ni
nadie ha pedido, dicho sea de paso, no sólo por su número sino por las dificultades de planificación, por el gasto que eso genera, etcétera.
Hace unos días, un juez específicamente ha acordado -uno de los pocos casos en los que los jueces acuerdan por razones que consideran especialísimas- que esa vigilancia tenga lugar. Eso significa para una sola persona un mínimo de entre 25
y 30 policías exclusivamente destinados a la vigilancia de esa persona y sin tener nunca la seguridad de que una persona de estas características no vaya a vulnerar el control policial que se establezca. Pero añado más -me parece importantísimo que
esto lo tengamos todos claro en esta Comisión porque tenemos que coincidir en ello-, no hablo sólo de imposibilidad material. Ahí podríamos decir: establezca usted alguna prioridad y por lo menos vamos a intentarlo con cinco, diez o quince. Hablo
de imposibilidad jurídica; la Policía no puede vigilar por sí y ante sí, salvo que esté siguiendo una investigación para el descubrimiento de un hecho delictivo, a personas que se encuentran en cada una de estas circunstancias, en libertad
provisional, en situación de remisión condicional de la pena, en el disfrute de un beneficio penitenciario concreto, etcétera. Sólo si se produce una instrucción judicial expresa y específica ello es posible. No suele haber muchas, las más
numerosas suelen establecer cuando menos una cautela, que es: haga usted todo lo posible para que no se cruce la frontera, para que se le retire el pasaporte y no se pase ilegalmente la frontera. Pero no pueden ni suelen ir mucho más allá, entre
otras cosas porque detrás de todo esto -y termino- hay una discusión importante, que es cómo se garantizan los derechos y las libertades de las personas, incluso cuando están en una situación como esta, en libertad provisional, remisión de condena o
cumpliendo condena pero disfrutando de un beneficio penitenciario. Hay quien defiende que en ningún caso, ni siquiera los jueces, pueden acordar, por la presunción de inocencia, por la libertad de circulación, por el modelo de reinserción, este
tipo de medidas, incluso respecto a jueces que ya las han acordado. Más aún, en esto tenemos hasta jurisprudencia en ambas direcciones, hay jueces que han acordado lo que le acabo de contar y otros que han significado que no están en condiciones de
acordarlo porque el ordenamiento no les faculta específicamente a ordenar una vigilancia sobre una persona con estas características.
Me parece muy importante que por lo menos esta tarde tengamos clara una cosa, que aquí no hay ninguna
responsabilidad de la policía, ninguna. Que no es que se tenga que trasladar a los ciudadanos la sensación de que porque un señor que está en libertad condicional y la viola, porque está en el ejercicio de un beneficio penitenciario y viola
los límites del disfrute de ese beneficio o porque está en una situación de remisión condicional de la pena, tiene que estar la policía detrás de cada uno de esos señores. No es posible, no sería razonable ni tendría lógica desde el punto de vista
material, pero tampoco jurídicamente podemos trasladar a los ciudadanos la sensación de que eso lo podemos hacer. No lo podemos hacer, las garantías de nuestro ordenamiento lo dicen, y cuando se produce una circunstancia de esta naturaleza lo único
que nos queda es lo que le decía a S.S.: trabajar, trabajar y trabajar, para volver a repetir el trabajo que ya teníamos hecho y que había provocado que una persona de estas características entre en prisión y que luego, en aplicación legítima de la
ley, haya salido en una u otra condición a disfrutar otra situación.
En todo caso, en eso estamos, trabajando para que esta persona u otras que puedan estar en esta situación pueda comparecer ante la orden de busca y captura formulada por el juez
para el cumplimiento de su pena.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor Astarloa, estamos hablando de política criminal, y usted me está hablando de otros casos que no son el que estamos analizando, en el que, como muy bien ha dicho, hay una orden de búsqueda y captura, aunque no
sea por el caso de la Operación Espejo y aunque sea por el otro caso, pero efectivamente aquí hay un gran fracaso de las fuerzas de seguridad. No puede decir que las fuerzas de seguridad no tienen responsabilidad, hay un gran fracaso mientras que
Antón siga en la calle, en la provincia de Cádiz, en Marruecos o donde esté. Hay una política criminal que es la que realmente decide cómo se actúa en materia de narcotráfico, de excarcelaciones, etcétera. Usted puede echar balones fuera, yo
comprendo que tengan máxima frustración, pero con eso los ciudadanos, como es natural, no se quedan satisfechos, porque si la Policía dice que está muy frustrada más frustrados están los ciudadanos y más frustrados están quienes están viendo
sucesivamente el descaro y la desfachatez que tienen aquellos que trafican y las dificultades para vivir de manera ciudadana y honrada en algunos municipios.
No nos sirve de nada esa respuesta, como tampoco nos sirve de nada que el señor Michavila nos hable de reformas del Código Penal, etcétera, cuando estamos hablando de casos tan graves como el de la Operación Estela y de la conexidad de los
delitos, etcétera. No tienen ustedes una política criminal en materia de narcotráfico ni tienen ustedes un programa de prioridad en materia de narcotráfico, no tienen esas prioridades. Los diputados del Grupo Popular votaron en contra de que la
provincia de Cádiz fuera declarada objetivo prioritario en materia de narcotráfico. No es una figura legal que nos inventamos. Otros países lo han hecho. ¿Acaso su situación geográfica no justificaría que en la provincia de Cádiz hubiera un
tratamiento especial, no solamente para la plantilla de fuerzas de seguridad -y estamos hablando del decremento que ha habido en los últimos años- sino cómo podemos rentabilizar la enorme inversión en el programa SIVE si no hay recursos humanos, si
estamos hablando de los recursos humanos de Barbate? No solamente son las fuerzas de seguridad.
Si va a haber un nuevo juzgado con nuevos jueces y fiscales, ¿cómo el Ministerio de Justicia no ha hecho ya un plan específico para la provincia de
Cádiz, de acuerdo con los abundantes decomisos y causas que se están produciendo en determinados juzgados? Por eso le estaba preguntando cuántas causas pendientes hay en Chiclana o en Barbate. ¿Por qué han transcurrido esos nueve meses para
dirimir qué juzgado es el competente? Son cosas demasiado graves las que están ocurriendo en esa provincia como para que no haya una declaración de objetivo prioritario.
Y no quiero hablar de la misión que tendría que desempeñar en este momento la Agencia Tributaria, el servicio de prevención de blanqueo de capitales y la propia fiscalía. El fiscal jefe está muy cuestionado en la provincia de Cádiz por
todas las actuaciones que ha venido teniendo y que, en otros casos que aquí se han tratado, como el de la Operación Estela, con sus enfrentamientos con determinados jueces de la provincia producen un auténtico escándalo judicial. Llegamos a oír
declaraciones donde el propio fiscal jefe dice que, si no es por nulidad de las pruebas, será por competencia de los juzgados, pero determinados juicios no saldrán adelante. Parece demasiado escandalosa la situación como para que no exista una
política criminal en cuanto a los asuntos del narcotráfico y no exista una prioridad para la provincia de Cádiz. Estamos hablando del caso Antón. No se escude diciendo que no hay responsabilidad de la policía, porque ahora mismo, aunque no sea por
la Operación Espejo, son responsables las fuerzas de seguridad de que este señor no esté en la cárcel. La primera noticia que los ciudadanos esperan en Barbate es que este señor sea detenido. Eso lo primero. Después empezaremos a hablar de las
razones y de las causas que están detrás y por qué este Gobierno no tiene política criminal.
Ustedes tienen que hacer una nueva reordenación de la planta judicial, al menos esa ha sido la intervención del ministro Michavila. Probablemente es que hay algunos juzgados que tienen muchas causas pendientes y otros que no tienen tantas.
Bien, hagan ustedes un nuevo estudio en la provincia de Cádiz y definan cuáles son aquellos juzgados que están viéndose atiborrados y que no dan abasto. Lo que sí es cierto es que no se pueden producir situaciones como esta que, por estar nueve
meses dirimiéndose si es el de Barbate o si es el de Chiclana, haya pasado el plazo y este señor tenga el
recurso planteado y esté en la calle. Vamos a esperar si a lo largo de la resolución del recurso surge otra nueva orden de búsqueda y captura, pero no vamos a esperar, si existe una, a cual va a ser la situación que se plantee para que esto
sea un objetivo prioritario.
Señor Astarloa, el caso Antón es un objetivo prioritario en la provincia de Cádiz. Lo es, lo ha sido durante todo el verano. Después de la excarcelación de los presuntos imputados en la Operación Estela, en el que todos fueron
excarcelados, este caso ha sido un auténtico escándalo.
Si me dice que tiene máxima frustración, le diremos que sí, que es cierto, pero probablemente tenga que asumir sus responsabilidades.
Recuerdo una pregunta del señor Robles en el Pleno del
Congreso, siendo diputado del Grupo Popular, con la que exigía al entonces ministro del Interior, señor Corcuera, que dimitiera porque un narcotraficante turco estaba huido de la justicia. Reconoció el señor Corcuera que estaba huido y que estaban
poniendo todos los medios. Si uno no comienza por reconocer y por asumir, difícilmente se puede caminar después en el sentido en el que los ciudadanos puedan tener una mínima satisfacción de que lo que ha habido, el impedimento que ha existido para
que el caso no haya llegado a una feliz resolución sea resuelto. Como aquí el impedimento es una dilación en la justicia y aún no hemos tenido respuesta de por qué se ha producido, hoy es el caso Antón, pero mañana podría ser otro. Y si mañana
puede ser otro, teniendo en cuenta que todavía se espera la resolución del caso Estela y ese sí que va a ser grave, porque estamos pendientes de que la Audiencia Provincial acepte o no las pruebas o de si se produce la nulidad, puede haber un gran
escándalo también en la provincia de Cádiz a propósito de este asunto. Así es que no es el único asunto grave que hemos vivido. No se ha podido ver en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, que era su sitio natural, y hoy su
respuesta, señor Astarloa, es desgraciadamente de máxima frustración para los ciudadanos, no para el ministerio.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Para tratar asuntos como el que nos ocupa tenemos de desbrozar las cosas, porque si hacemos una evaluación genérica en la que metemos todo en la misma bolsa, nos vamos
todos con frustración pero sin haber resuelto nada, y se trata de que intentemos resolver algo, es decir, hay que tener claras las cosas y ver cómo se tienen que resolver en la medida de lo posible. Hay que analizar con finura detalle a detalle y
dando a cada detalle el valor que tiene y no de otra manera. Empiezo por decir -primer detalle- una cosa con la misma rotundidad con la que la decía antes y en dirección contraria a la rotundidad con la que dice lo contrario su señoría. Dice usted
que hay aquí una gran responsabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero no es verdad. Y es importante que tengamos claro que no es verdad para que a las fuerzas de seguridad les pidamos lo que puede hacer, no les pidamos lo que
no puede hacer y las juzguemos sobre la base de lo que les podemos pedir y no sobre la base de lo que no les podemos pedir. Y añado más: no demos la sensación de que les pedimos lo que no les podemos pedir porque no es bueno, porque es estupendo
que las fuerzas de seguridad se tengan que atener a los límites que les marca el ordenamiento jurídico y que a eso se ajusten. Así es que, señoría, acépteme que no me escudo en nada. Más rotundo y más claro no puedo ser para decirle que no hay
ninguna responsabilidad. Y si S.S.
me demuestra lo contrario, lo aceptaré y constará en el 'Diario de Sesiones', pero no la hay.
Su señoría, después de hacer esa afirmación genérica, concreta en esta segunda intervención que sí que hay una responsabilidad, no en que se hayan producido los hechos de forma tal que han llevado al escándalo en el verano en Barbate y en
Cádiz, porque en eso -insisto- la Policía y la Guardia Civil, las fuerzas de seguridad, no tienen ninguna responsabilidad, sino en que a día de hoy, habiendo otro mandato judicial por otra causa, este señor no haya ingresado todavía en prisión y se
encuentre todavía en paradero desconocido. Ese es un juicio que si S.S.
quiere hacer en cada situación en la que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tratan día a día de detener a los que tienen que detener, lo podemos hacer uno a uno.
Es más, se puede pedir la responsabilidad del ministro y del secretario de Estado uno a uno, con lo cual lo sumamos todo y son muchas peticiones de responsabilidad. En otros casos tal vez no tendría más remedio que darle un poquito la razón, pero
en este caso concreto, desde el tiempo que lleva transcurrido, yo no me atrevería a decir que aquí se ha producido un gran fracaso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado porque todavía no está detenido este señor. Acépteme que estamos
trabajando con toda intensidad para que cuanto antes -y no es tanto el tiempo transcurrido desde principios de octubre- efectivamente eso se produzca.
Decía su señoría que durante mucho tiempo ha habido ostentación de la persona en la localidad. Desde luego, la ostentación se ha acabado porque en este momento este señor está huido de la justicia, pero las Fuerzas de Seguridad le están
persiguiendo, y, como decía en mi primera intervención, conociendo la eficacia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la naturaleza de este asunto, pocas dudas tengo -dé esperanzas a los ciudadanos- de que de un momento a otro esta
persona va entrar a cumplir la condena que ahora le corresponde cumplir, y si además finalmente en el caso que S.S. me plantea el Tribunal Supremo sentencia de forma firme a Antón, un caso iniciado en el año 2000, también para cumplir esa condena.
Al hilo de todo esto, S.S. ha dicho dos cosas, en una de las cuales no me voy a detener puesto que se ha
debatido aquí muchas veces, que es aquello de que no es una prioridad, que no se hace todo lo que se puede, que los medios que se ponen a disposición podrían mejorar -claro que podrían mejorar-, etcétera. En relación con esta discusión que
ya hemos tenido, me limito al resumen de mi resumen: créame cuando le digo que se hacen todos los esfuerzos posibles. Le digo más -y ya que no voy a hacer un examen de las causas, tampoco voy a hacer un panegírico de los éxitos-, sabe S.S. que el
resultado de ese esfuerzo está siendo muy positivo tanto en el número de operaciones como en el de detenciones y como en la cantidad de droga que en los últimos tiempos, y particularmente este mismo año -y podríamos repasarlo-, se está decomisando.
En fin, no quiero entrar en este debate puesto que sería la crónica de un debate que hemos tenido muchas veces, pero sí hay una cosa en la que me gustaría detenerme un poco más ya que no es justo que se diga y, a mi juicio, no responde a la verdad.
Se trata de lo que S.S. resume como ausencia de política criminal en relación con el narcotráfico. Mi concreta y humilde opinión es que nunca como ahora hemos forjado entre todos una política criminal para la persecución del narcotráfico más
potente, a la altura del reto que S.S. sabe bien que plantea la criminalidad en relación con el narcotráfico. Esta es la Comisión de Justicia e Interior, y no procede que yo me ponga ahora a hacer un repaso de los elementos que se han ido sumando
para conseguir ese principio, que es el que es -ya lo dijimos algunos en la comparecencia anterior con motivo de la operación Estela-, entre otras cosas, porque el caso Antón a mí me parece que es un caso de libro para examinar cómo muchas de las
reformas normativas que se han llevado a cabo precisamente van dirigidas en el ámbito de la justicia a dar respuesta a los problemas que el sistema tiene para afrontar situaciones como esta.
Eso se llama la reforma de la prisión provisional, la
reforma complementaria del Código Penal, que establece una serie de consideraciones sobre las medidas cautelares de prisión provisional en relación con el crimen organizado, la creación de un sistema de alarmas que impida -este no es el caso- que
transcurra el período de instrucción sin proceder al enjuiciamiento definitivo de los acusados, la reforma de la multirreincidencia, y se llama también otras muchas cosas. Su señoría no me hizo caso, pero yo le pedí en la última comparecencia que
votasen a favor. No lo hicieron, qué le vamos a hacer. En todo caso, si suma el nacimiento de la nueva oficina judicial con la flexibilización para obtener más recursos en el tiempo y cada una de las propuestas vivas -yo he leído el 'Diario de
Sesiones' correspondiente a debates en los que no me ha tocado hablar, pero que se refieren al ámbito de la justicia-, me parece que avanzamos en la dirección de ir sumando elementos de fortaleza frente a estos problemas. Probablemente a S.S., a mí
y a todos los que estamos aquí nos gustaría que esto se resolviese de un plumazo, pero de momento no se puede decir que no se están adoptando las medidas que se tienen que adoptar para que esto no se produzca, y me estoy refiriendo en concreto a las
dilaciones judiciales.
Por último, haciendo referencia a lo que decía S.S., traslade a los ciudadanos de Cádiz y a los de Barbate que, dentro de las limitaciones que todos tenemos, esté quien esté en el Gobierno, para trabajar ante los problemas que se producen en
el territorio nacional, porque S.S. me habla de Barbate, pero podríamos hacerlo de otras zonas del territorio nacional según la representatividad de cada señoría, se está haciendo el máximo esfuerzo posible -aunque usted me habla de los juzgados,
no le puedo dar más detalles de los que habrá expuesto claramente el señor ministro de Justicia porque no me los sé- y desde la perspectiva de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se están haciendo todos los esfuerzos posibles, siendo
conscientes de que ahí hay que desarrollar -como dice S.S. y lo comparto- un trabajo prioritario ya que hay problemas que se han de afrontar con toda la intensidad que seamos capaces de desarrollar.
Tampoco le voy a abrumar con los datos sobre el
número de guardia civiles, 2.366 entre las dos comandancias, etcétera. Créame cuando le digo -y trasládelo a los ciudadanos de allí- que no hay ninguna impresión de desidia ni de que esta zona está abandonada, sino bien al contrario, como lo
demuestra que estemos hablando de una operación que tiene su origen en un éxito importante, como comentábamos recientemente sobre la operación Estela, aunque luego, por aplicación de la ley, se producen los efectos que se producen. (La señora
Romero López: No.) ¿Ah, no, no es sólo por aplicación de la ley? ¿Es alguien que ha tomado individualmente esa decisión? El éxito de las Fuerzas de Seguridad está ahí y demuestra no sólo el trabajo de los que están sobre el terreno, sino también
el de las UDICO y el de cada una de las unidades centrales de Policía y Guardia Civil que se suman al desarrollo y ejercicio de cada una de esas operaciones. Le aseguro que ahí no tenemos que hablar en absoluto de exigencia de responsabilidad, no
digo ya del Ministerio del Interior, porque S.S. siempre me puede exigir a mí, como es natural, la responsabilidad que me corresponde, sino que respecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no sólo no se puede decir que estamos ante una
responsabilidad, sino que, una vez más, en cosas como la que estamos debatiendo hoy se pone de relieve el gran trabajo que están haciendo y que tendrán que volver a realizar en la medida en la que hay un señor que tendría que estar a disposición de
la justicia y que serán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las que lo vuelvan a poner nuevamente a disposición de la justicia.
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA COINCIDENCIA DE LOS FINES DE LA FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL CON LOS
QUE TIENE ESTATUTARIAMENTE ESTABLECIDOS LA ASOCIACIÓN PRO-HUÉRFANOS DE LA GUARDIA CIVIL. (Número de expediente 181/003815.)
- DEL SEÑOR MAYORAL CORTÉS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE SE HA
CONSTITUIDO LA FUNDACIÓN GUARDIA CIVIL, ASÍ COMO SU FINANCIACIÓN, FINES, FUNDADORES Y REPRESENTANTES. (Número de expediente 181/003817.)
El señor PRESIDENTE: A continuación se van a debatir acumuladamente las preguntas que figuran con los números 2 y 3.
Tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor Astarloa, sea bienvenido. Tengo que reconocer que S.S. ha cumplido su compromiso y ha comparecido aquí esta tarde para culminar aquella comparecencia que no se pudo terminar y que hoy tenemos la esperanza de
poder finalizar.
Quisiera plantearle dos cuestiones que están íntimamente unidas, aunque quizá las preguntas que figuran en el orden del día estén planteadas de una manera distinta. La primera cuestión se refiere a los motivos por los que se ha constituido
la Fundación Guardia Civil, una fundación que se constituyó el 28 de noviembre de 2002, curiosamente en un momento en el que ya se estaba finalizando la tramitación y aprobación en esta Cámara de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.
La segunda cuestión se refiere a la coincidencia de los fines de la Fundación Guardia Civil con los que tiene establecidos estatutariamente la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil. Sorprende, señor secretario de Estado, que dicha fundación
se haya constituido como fundación privada por cuanto las personas promotoras son el director general de la Guardia Civil, su jefe de gabinete, los subdirectores del Cuerpo; el domicilio de la misma es la Dirección General de la Guardia Civil, en
Guzmán el Bueno, por lo que está clarísimo que esta fundación privada tiene su sede en la Dirección General de la Guardia Civil; las aportaciones que se realizan, según estimamos, no han salido del bolsillo del director general ni de los
subdirectores, y también por los fines de interés general que se le atribuyen. Desde nuestro punto de vista, esta fundación, constituida como fundación privada, debería acogerse al capítulo XI de la nueva Ley de fundaciones, que antes mencioné, y
debería ser una fundación del sector público estatal y, por tanto, someterse igualmente a la Ley General Presupuestaria y a toda la normativa que tiene establecido el Estado de derecho para los correspondientes controles públicos en lo que se
refiere al uso de fondos y al control de las decisiones, acuerdos, etcétera.
Señor secretario de Estado, la primera pregunta en relación con la Fundación Guardia Civil es por qué no es fundación pública, pudiendo y debiendo serlo. Ya le he dicho que se tramita su constitución de manera paralela a la finalización del
trámite de la ley de 2002 que establece las fundaciones de promoción pública. No queremos suponer que se trate de eludir controles o limitaciones que no tienen las fundaciones del sector privado, y le hago una pregunta que es muy importante. Vamos
a suponer que en aquel momento todavía estaba en vigor la Ley de fundaciones que permitía fundaciones privadas de este género, y ahora ya está en vigor la Ley de fundaciones que insta a la constitución de fundaciones del sector público. Parece que
hay un plazo de dos años para acomodarse al régimen público de la nueva ley. Es una pregunta que le formularía porque en el supuesto de que la contestación fuera afirmativa estaríamos ante la solución de parte del problema. Si eso no fuera así, y
debiendo ser fundación pública y habiéndose constituido como fundación privada, ¿no estaremos ante una actuación nula realizada por autoridades públicas en el ejercicio de funciones públicas? La aportación económica que se ha hecho ante el notario
de Torrejón de Ardoz -dato también significativo ya que hay notarios más próximos a la Dirección General, puesto que el centro de Madrid está lleno de notarios- es de tres millones de pesetas, 18.000 euros. Nos gustaría saber si eso se extrajo de
las arcas públicas o es una aportación generosa -en cuyo caso no tendremos nada que decir- realizada por las personas que comparecieron ante el notario para constituir esta fundación.
Los fines de la Fundación Guardia Civil son los de ofrecer prestaciones sociales, asistenciales y culturales a los miembros del Cuerpo. La primera pregunta es: ¿Con qué recursos? La segunda es: ¿Cómo es posible, si hasta la fecha tales
fines los venía asumiendo la Asociación pro huérfanos de la Guardia Civil? Existe una preocupación entre los miembros de la Guardia Civil, pues, como sabe S.S., todos los guardias civiles obligatoriamente aportan una cuota mensual, extraída de su
sueldo, a la Asociación pro huérfanos de la Guardia Civil. Hay una asociación, constituida como tal pro huérfanos, y según alguna información que nos ha llegado parece que estaríamos ante un intento de trasvasar desde la Asociación pro huérfanos a
la nueva fundación una serie de recursos e ir resolviendo el problema de la asociación de huérfanos como entidad que carece de configuración legal. Usted es jurista y tiene mayor preparación, profundidad y trayectoria profesional que el que le está
hablando y sabe perfectamente que la Asociación pro huérfanos de la Guardia Civil es una asociación sin socios, por decirlo de alguna manera; es una asociación de pertenencia obligatoria en lo relativo al pago de una prestación mensual por parte de
todos los guardias civiles, pero que no está constituida conforme a los órganos que establece la Ley de fundaciones: asamblea general, elecciones, órganos representativos,
etcétera. Sabe S.S. perfectamente que esta asociación no ha sido acomodada ni a la Ley de asociaciones anterior ni a la actual ni ha sido transformada en fundación. De ahí que algunos piensen si no estaremos ante una forma atípica de
transformación de la Asociación pro huérfanos en fundación mediante la creación de una organización que aparece como tal y que de pronto empieza a conectar con esa asociación. Es preocupante este hecho, como tantas y tantas cosas que se producen
ahí, y da la impresión de que está al margen de una ordenación legal o reglamentaria adecuada.
Hay testimonios que prueban -esto lo tengo que reconocer públicamente y no se me caen los anillos, aunque tengo pocos, al decírselo- que el director general de la Guardia Civil, el señor López Valdivielso, en una reunión con representantes
de la Asociación unificada de Guardias Civiles, en el año 2001, dijo lo siguiente: Les doy una primicia: ya casi está finalizado el decreto que democratizará las estructuras internas de la Asociación pro huérfanos; espero que en menos de un año
vea la luz. Me hubiera gustado que al señor Valdivielso se le hubiera permitido -si es que ha tenido dificultades, porque si no, no tengo nada que decir- desarrollar esta política, pues era una política de apertura no solamente en estos temas, sino
también en otros. En este momento, cuando está terminando ya esta legislatura, algunos reconocemos los intentos aperturistas que ha desarrollado el señor Valdivielso en lo relativo al asociacionismo profesional de la Guardia Civil, al régimen
disciplinario, con la supresión de la sanción de arresto, y también en este asunto, en el que, al parecer, también se comprometió a desarrollar determinadas medidas de cambio significativo y favorable a las aspiraciones de gran parte de los
componentes de este cuerpo. Finalmente no parece que eso haya sido posible, y yo tengo la convicción de que no ha sido precisamente por responsabilidad del señor López Valdivielso. El problema es que en este momento está planteada una cuestión
bastante confusa, que yo le planteo no con el ánimo de añadir más confusión, señor secretario de Estado, sino para ver si usted nos puede dar una pista sobre cuál es la línea de salida de este asunto. En este momento tenemos, por una parte, la
Asociación pro huérfanos de la Guardia Civil, que no funciona como asociación y que cobra una cuota mensual a todos los miembros de la Guardia Civil, y, por otra parte, una fundación privada, creada por los cargos oficiales de la Dirección General
de la Guardia Civil, que comienza a asumir funciones propias de la Asociación pro huérfanos.
Comprenderá S.S. que esto a cualquiera le da la impresión de ser una madeja difícilmente interpretable, y habría que buscar la manera de que se
resolviera. Alguna solución habrá que tomar, porque o bien la Asociación pro huérfanos es una asociación con funcionamiento propio del sistema asociativo, o bien se configura como fundación, para lo cual no tiene sentido haber constituido una
fundación privada como la que he comentado inicialmente en mi intervención. En todo caso, hay un último elemento que habría que clarificar si los elementos más de fondo no se quieren resolver, y es que la nueva Fundación de la Guardia Civil debe
configurarse como fundación estatal pública, según establece la ley vigente en materia de fundaciones. En definitiva, lo único que planteamos, señor Astarloa, es si todo esto puede -y a nuestro juicio puede y debe- ajustarse al Estado de derecho.
No es cuestión de buscar ahora culpabilidades anteriores, posteriores o sucesivas. Este es un problema que está planteado, y sería bueno que el Gobierno dijera cómo se va a solucionar. Nos gustaría que nos dijera los motivos por los que se ha
constituido la Fundación Guardia Civil y nos explicara la coincidencia entre los fines de esta fundación y la Asociación pro huérfanos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Señor Mayoral, en primer lugar le doy las gracias por su bienvenida, como siempre.
Como tendrá ocasión de comprobar -eso espero-, S.S. no debe tener preocupación sobre lo que planteaba, más bien al contrario, está todo muy claro, y voy a intentar que quede así a lo largo de la sesión. No hay ningún elemento extraño ni en
lo que se refiere a las razones de la constitución de la fundación ni en lo que se refiere a la no confusión de la fundación con la Asociación pro huérfanos de la Guardia Civil. Su señoría tiene unos datos muy exactos sobre los que ha basado el
análisis de sus preocupaciones. La Fundación Guardia Civil fue constituida mediante escritura pública otorgada ante notario el 28 de noviembre de 2002, con el número 3569 del protocolo de notario de Torrejón de Ardoz.
Se trata de una organización
privada, sin ánimo de lucro, que tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. Todo esto ha nacido al mundo jurídico con toda transparencia, en la medida en que, mediante orden del Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales de 13 de febrero de 2003, la Fundación Guardia Civil ha sido registrada como fundación de asistencia social y figura inscrita en el registro de fundaciones asistenciales, correspondiendo desde ese momento al Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales la función de protectorado respecto a la misma. De forma tal que, partiendo de la doble premisa que acabo de señalar, naturaleza privada y ausencia de dependencia del Ministerio del Interior, que todo tengo que decirlo,
el resto de la información que les paso a exponer como contestación a las preguntas que me ha planteado, prácticamente se desprende para cualquier ciudadano que la quiera leer de la orden ministerial allí donde está publicada.
Sobre los fundadores de la citada entidad -una de las preguntas que S.S.
me hacía-, efectivamente, S.S. tiene la información correcta: son el director
general y los subdirectores. Actualmente son alguno más que cuando se formuló la pregunta, porque lo son los subdirectores que lo eran en aquel momento y los subdirectores que se han incorporado con posterioridad a la subdirección al
dejarlo los anteriores. Por supuesto, todos aquellos que ostentan en la actualidad el cargo de patronos, según se establece con toda claridad en los estatutos, lo tienen con carácter gratuito y, entre ellos -que también me lo preguntaban S.S.-, la
representación de la fundación ante toda clase de personas, autoridades y entidades la ejerce su presidente, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de los estatutos. Las razones, los fines y los objetivos de la constitución de esta fundación
también se pueden deducir con toda tranquilidad de lo que está publicado en el Boletín Oficial: ofrecer prestaciones sociales, asistenciales, culturales y de reforzamiento de la imagen institucional de la Guardia Civil. Tal como también allí
figura, incluso se aclara cuáles son las actividades a través de las cuales se pretenden conseguir esos objetivos, que son fundamentalmente de dos órdenes: en primer lugar, promover la implantación y gestión de todo tipo de actividades de
asistencia social referida a los miembros de la Guardia Civil, con independencia de su situación administrativa, sus familias y otras personas destinadas a la Guardia Civil y sus familias; y en segundo lugar, desarrollar todo tipo de actividades de
carácter cultural, académico y deportivo, cualquier tipo de actividades que fomenten la reflexión y el debate sobre los problemas en el ámbito de la seguridad o aquellos que permitan un mejor conocimiento de la Guardia Civil por la sociedad. Si
S.S. me permite, quiero indicar que, además de lo que recoge el papel oficial, se puede añadir sin gran dificultad, en lo que yo sé, que con la fundación se trata sencillamente de dar respuesta -podemos discutir si es la mejor o no- a una necesidad
sentida, que es la de encauzar iniciativas del sector privado que puedan revertir en el bienestar de los miembros de la Guardia Civil y en el favorecimiento de la imagen de la institución. ¿Por qué esta figura? Porque convendrá S.S.
conmigo en
que es una figura jurídica especialmente apta, ágil y también transparente para ambos fines.
Me preguntaba S.S. por la financiación. La fundación se ha constituido con un modesto patrimonio inicial -S.S. tiene el dato exacto- de 18.000 euros, aportados por sus fundadores en el acto de constitución.
Naturalmente, no hay un
desembolso del bolsillo del director general y de los subdirectores. Ese desembolso se produce como consecuencia de la que creo que todos coincidiremos también en calificar de modesta oferta de acción social presentada en su día por la financiera
que hoy se responsabiliza de todos los temas económicos y financieros de la Guardia Civil. De esa modesta iniciación se pretende llegar a lo más que se pueda -es un buen deseo- en el sentido de que como es habitual en las personas jurídicas de
derecho privado, la dotación de la fundación está pensado que se integre, además de por esta aportación inicial, con la que no llegaría verdaderamente muy lejos, por todas aquellas otras que durante la vida de la fundación se acepten por los
fundadores -lo veo complicado- o por el patronato de la misma, con este especial carácter, o mediante los convenios que se puedan formular con terceras personas que se relacionen con la fundación. En especial, se menciona en los papeles, por
rentas, productos, frutos y beneficios, tanto de la dotación como del resto del patrimonio de la fundación, bienes que se puedan adquirir en lo sucesivo, a título oneroso o gratuito, de cualquier persona, herencia o legados que reciba, los
rendimientos obtenidos en el ejercicio de las actividades que constituyen su objeto o finalidad específica, y añade -desde luego hasta ahora con poco éxito-, de las subvenciones que pueda percibir del Estado, corporaciones locales, comunidades
autónomas y otros organismos o entes públicos nacionales o internacionales. En definitiva, creo que hay que unir todo esto a unos motivos que se vinculan claramente con el interés manifestado hacia la institución por muchos sujetos de la sociedad
española; desde luego, de los fundadores, promotores y, a partir de su experiencia personal de tantos años, de quienes han desarrollado gran parte de su trayectoria profesional vinculados a la Guardia Civil que con esta iniciativa han querido
seguir contribuyendo a la mejora del bienestar social de los miembros del cuerpo y de la imagen de la institución.
A S.S. le preocupa -y dice que ahí se genera un panorama confuso- cómo se superpone esto con la Asociación pro-huérfanos. Quiero que esto quede muy claro esta tarde, para que no haya ninguna confusión porque, si hay elementos de confusión
entre S.S. y yo los tenemos que disipar. Las relaciones de la fundación con la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil no existen en lo que se desprende de los fines, ni de las actividades, ni de los beneficiarios de las mismas. Como S.S.
sabe mucho mejor que yo, la Asociación pro-huérfanos dice en sus estatutos que la misma tiene por primordial objeto acoger y dar educación a los huérfanos de los socios fallecidos con arreglo a los recursos económicos, centros, colegios, talleres y
oficinas, además de prestar las ayudas de tipo social previstas para los huérfanos del cuerpo, relacionadas con la enseñanza y educación en sus propios centros, a todo el resto de la institución. No se pretende que haya confusión de fines. Es más,
por lo que yo sé, se pretende que quede aclarado al máximo que los fines de una entidad son para lo que son y los fines de la otra también son para lo que son, porque con la fundación -y esto me parece todavía más importante dentro de lo importante-
no se ha dado un paso para modificar, afectar o preparar hacia el futuro nada que tenga que ver con la Asociación pro-huérfanos. Hoy son, y así han sido diseñados, dos sujetos jurídicos diferentes, con la finalidad y el objeto propio de cada uno de
ellos.
Añado otra cosa,
y S.S. también lo sabe, que cuando se acometa eso que S.S. decía que explicó el director general en algún foro en un momento determinado -y yo añado que también esta Cámara porque en esta Cámara SS.SS. han tratado de esta cuestión por
última vez, que yo sepa, allá por el año 2001-, se hará sobre la base de dos cosas. Su señoría sabe que la Asociación pro-huérfanos ha vivido -y no hace al caso entrar en ello aquí- momentos muy azarosos en su historia contemporánea. Su Señoría
hace justicia, y yo me alegro de que la haga, diciendo también en este punto que el director de la Guardia Civil de estos últimos ocho años, don Santiago López Valdivielso, ha hecho un buen trabajo. Efectivamente, desde el punto de vista fiscal, de
Seguridad Social y de tantas otras cosas, hoy tenemos un ente que trabaja con menos elementos de complejidad que aquéllos con los que contaba en su momento.
Dicho eso, SS.SS. han tenido ese debate aquí -lo recordaba yo hace un momento-, un debate que efectivamente está abierto. No es el debate de esta tarde porque -insisto, quiero que quede claro- no estamos hablando de la utilización de una
figura para afectar a la otra. No, son dos figuras distintas, como lo son las dos fundaciones que existen separadas en el ámbito del Cuerpo Nacional de Policía y como es por otra parte habitual, según he podido comprobar y aprender en el derecho
comparado, en otros muchos cuerpos policiales.
En todo caso, la fundación por la que S.S. se interesa esta tarde responde con toda claridad a lo que le acabo de contar. Desde luego, no existe preocupación de que tengamos ninguna dificultad legal en todo lo que yo acabo de reproducir.
El tiempo dirá si ésta ha sido una buena idea para relacionar a la Guardia Civil, de un modo nuevo además, con la sociedad y con el interés sin duda existente en la sociedad por colaborar en cosas muy concretas que ayuden a la acción social y al
desarrollo de la cultura, el deporte, los estudios históricos, la formación y demás, en el ámbito de la Guardia Civil, todo eso separado de lo que tiene que ser, en su caso, ese proceso sobre el que en su día debatieron SS.SS. aquí para seguir
construyendo de forma mejor todavía en el futuro la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor secretario de Estado, dice usted algunas cosas que son realmente incomprensibles. Yo no sé cómo se puede decir que hay una ausencia de dependencia del Ministerio del Interior de la Fundación Guardia Civil y,
a renglón seguido, decir que sus fundadores son el director general, los subdirectores generales y que el domicilio está en la Dirección General de la Guardia Civil. Como chiste, me parece realmente de los mejores que he escuchado yo durante toda
la legislatura, aunque este chiste no es la primera vez que lo oigo. Así que, efectivamente, no tiene nada que depender del Ministerio del Interior, a pesar de que esté el director general, que al parecer tiene una doble dimensión. El director
general de la Guardia Civil tiene una dimensión privada y otra dimensión pública. Yo no voy a decir que sea como el doctor Jekill, pero la verdad es que puede tener dos personalidades. En cuanto a la Dirección General de la Guardia Civil, todo el
mundo sabe que cualquiera puede ir allí y establecer la sede de cualquier fundación o asociación, porque son asociaciones privadas. Cualquier guardia civil que esté prestando servicios en Guzmán el Bueno puede pedir que se registre una asociación o
fundación, especificando que la sede es la Dirección General de la Guardia Civil. Usted comprenderá que esto no es creíble. Yo se lo atribuyo al buen humor con que viene S.S. esta tarde. No vamos a hacer un drama de esto, pero el tema tiene,
obviamente, su trascendencia y su enorme importancia.
Transparencia. Señor Astarloa, yo le digo que de acuerdo, se constituyó en un momento en el que todavía se podía constituir una fundación con gestores públicos de carácter privado, pero después ha venido una ley que dice que todas las
fundaciones que estén en esa situación se tienen que acomodar al nuevo régimen. En la Ley de presupuestos de este año ya aparecen relacionadas fundaciones estatales de iniciativa pública. Es una aportación reciente que se pueda constituir este
tipo de fundaciones con ese carácter. Pues bien, constitúyanse, pero que se haga de acuerdo con la normativa legal, que aparezcan en la ley de presupuestos, que precisamente esa transparencia de la que habla usted -fórmula ágil y ley transparente-
sea de verdad, pero solamente será así sometiéndose a ordenación pública que permita de verdad controlar sus acuerdos y controlar sus decisiones; si no, tenemos una parte de los elementos de dominio público sometida a la discrecionalidad y al
oscurantismo, elementos que pueden ser manejados por personas de cuya honorabilidad no dudo, pero se pone en su mano una serie de elementos, de actuación discrecional, que nada tiene que ver con el sistema ordinario de funcionamiento de las
autoridades y poderes públicos.
Por otra parte, ha dicho usted muy finamente que la aportación no la hicieron de su bolsillo, que fue una modesta oferta de una financiera.
Por lo tanto, ha habido una entidad, que supongo que será una empresa, que ha puesto ese dinero.
¿Me podría decir, señor Astarloa, si esa financiera es la Caixa? ¿Me podría decir si la Caixa es la entidad que se ha quedado con la constitución de los planes de pensiones del personal de la Guardia Civil? ¿Me puede afirmar esas dos cosas? Para
mí la tarde habría sido útil si me dice que el dinero lo ha dado una entidad privada también, la Caixa, y que esa entidad es la que en este momento gestiona los planes de pensiones del personal de la Guardia Civil. Díganoslo.
Sería un gesto de
transparencia. Posiblemente nos lo va a decir.
La otra parte de su intervención me ha gustado más, señor Astarloa. Espero que sea como usted lo que ha planteado: son dos entidades distintas, que tienen orientaciones distintas, que no se van a mezclar en ningún momento en lo que se
refiere a su actuación. Sin embargo, me ha dejado pendiente de resolver todavía el problema de cuándo va a despejarse finalmente la situación en la que se encuentra la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil. He hecho un elogio del señor
López Valdivielso porque creo que ha intentado resolver algunas cosas honestamente, pero no ha podido.
No ha podido resolver las tres o cuatro cuestiones fundamentales que conozco que él quería hacer en la Guardia Civil, las fundamentales, las que
significan cambios políticos de verdad; no sé por qué motivos no habrá podido, ni sé si se ha vuelto atrás. Las tres cuestiones que tenía planteadas el señor López Valdivielso son: reforma del régimen disciplinario, asociacionismo profesional de
la Guardia Civil y la Asociación pro-huérfanos. En relación con esta última, hay cartas, constitución de comisiones, según declaraciones del señor López Valdivielso que he leído. Debiera decirnos cuándo se va a resolver esta cuestión de la
Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil. Dice usted que tiene menos elementos de complejidad que en otras etapas, pero no han faltado elementos de complejidad recientes, señor Astarloa. No le voy a hablar de un reciente suceso de enorme
importancia, llamado Gescartera, cuando hubo una administración que originó una pérdida económica para esta asociación, pues no es este el tema que quiero traer aquí esta tarde, sino cuándo se va a resolver el problema de la Asociación pro-huérfanos
de la Guardia Civil. La cuestión inicial se refiere a la Fundación Guardia Civil. ¿Por qué se ha constituido como entidad de carácter privado cuando sus promotores y domicilio son de carácter público?
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Su señoría me plantea esencialmente tres cuestiones en este segundo turno.
En cuanto a la primera, que S.S. calificaba como fruto de mi sentido del humor, es obvio que
se trata de una fundación de iniciativa pública, lo cual no quiere decir que dependa del Ministerio del Interior. (Risas.) La normativa dice lo que dice y a mí me deja al margen de este asunto.
Fuera de bromas, S.S. conoce bien el régimen jurídico de las fundaciones.
Es importante que dejemos claro que el origen de la fundación está íntimamente vinculado a la Guardia Civil, que es deseo y propósito de la Guardia Civil trazar un
determinado camino que entiendo, porque S.S. no lo ha puesto en cuestión, que es un camino que compartimos y que es razonable. Tengo que repasar mis conocimientos sobre las fundaciones porque hace ya tiempo que ando en otros menesteres y lo poco
que sabía seguro que se me ha olvidado, pero lo que ha hecho la Ley de fundaciones, si no estoy mal enterado -estoy en la Comisión de Justicia, su presidente sabe mucho de esto y me desmentirá, como SS. SS. pueden hacerlo también-, es establecer
un régimen jurídico muy estricto en aras de la transparencia y en aras del control de todas las fundaciones. Son muy poquitas las fundaciones propiamente públicas; otra cosa son las fundaciones que un sujeto público constituye de acuerdo con la
Ley de fundaciones que naturalmente se ajustan al régimen jurídico de la Ley. En todo caso, como ya he empezado por reconocer que no ando muy actualizado en todos los aspectos legales en materia de fundaciones, quiero que no quede la más mínima
duda de que esta fundación tendrá todos los instrumentos de control que deba tener; los repasamos juntos, vemos si falta alguno y el que falte se establecerá porque no hay ningún propósito de eludir nada por la vía de la creación de esta fundación.
Al contrario, hay el máximo deseo de que esto sea lo más transparente y lo más conocido, entre otras cosas para que su propósito se pueda cumplir, que es que la sociedad acuda de verdad, en la medida en que esto abre una posibilidad legal, a ayudar
a la Guardia Civil en determinados empeños de acción social, en determinados empeños de fomento de la cultura, el deporte, la formación, etcétera.
Yo no sé cuál es la entidad financiera, pero no tengo ningún problema en preguntarlo y decírselo. Sé que es aquella que ofertó, como le he dicho, esta cantidad para tareas de acción social en el concurso que ganó.
Revisaremos cuál es para
ver si es la financiera que S.S. dice u otra.
Su pregunta era cuándo acometer el trabajo relativo a la Asociación pro-huérfanos. Mi respuesta, lo más honesta posible, en relación con lo que le decía en mi primera intervención, es que desde ya hace muchos años trabajamos mucha gente en
eso. Cuando decimos que su complejidad es la que es y que se ha realizado ya un gran trabajo previo a todo lo demás, en el tema fiscal, en el tema de Seguridad Social, etcétera, estamos diciendo que se van desbrozando los factores de complejidad
que existían y que afortunadamente hoy han dejado de existir. Sus señorías han tenido este debate y se volverá a celebrar en esta Cámara porque este debate tiene que ser público y de él ha de salir la mejor solución; estoy convencido que será la
que le demos entre todos, porque también creo que ninguno discutimos que éste es un ente de una importancia muy grande no sólo para la Guardia Civil sino en general para todos nosotros, desde luego para el Ministerio del Interior y creo poder decir
que para la sociedad española.
Me queda un cabo suelto. Los dos hemos coincidido en la intervención anterior en la muy importante tarea que se ha hecho en estos años en la Guardia Civil bajo la dirección general del señor López Valdivielso.
Alguna de las cosas que S.S.
ha dicho que no ha podido
hacer ya están hechas, porque me reconocerá S.S. que hemos constituido el consejo asesor, es el que ha dado cauce a la realidad que en este momento tenemos y que permite unas vías de actuación que antes no existían.
Del otro tema que S.S. me planteó, eso que en la sesión anterior llamó un gesto, ya hemos hablado usted y yo, y también coincidimos en que hay un trabajo importante para hacer y que hay voluntad de hacerlo; desde luego, la voluntad no es
sólo de una persona o de dos, sino una voluntad de algo que todos compartimos. El tercero sería el que estamos comentando, y yo espero que, a pesar de su complejidad, todos seamos capaces de darle salida en el plazo más inmediato posible, como le
he dicho a S.S., sin que se cree la más mínima confusión entre la Fundación Guardia Civil y la Asociación pro-huérfanos de la Guardia Civil.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado, por la pretensión de unir a las funciones que el reglamento atribuye a los presidentes de comisiones la de corregir, pero mientras no se lleve a cabo una reforma del reglamento no
será posible corregir
a SS.SS. ni a ningún compareciente.
- DE LA SEÑORA ROMERO LÓPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE HA PRODUCIDO LA HUIDA DE LOS NARCOS IMPUTADOS EN LA OPERACIÓN 'MÁS MADERA'. (Número de expediente 181/003740.)
El señor PRESIDENTE: La última pregunta que figura en el orden del día es la que presenta la señora doña Carmen Romero, que tiene la palabra.
La señora ROMERO LÓPEZ: En este caso, el tema que queríamos abordar es el del narcotráfico gallego. Desgraciadamente tengo que decir, como dije al formular la anterior pregunta, que debió responderse hace mucho tiempo.
Incluso lleva años
pendiente de respuesta en la Comisión de Drogas el tema del narcotráfico gallego, aunque este caso concreto es posterior. El narcotráfico gallego, como muy bien sabe el señor secretario de Estado para la Seguridad, se ha incrementado últimamente en
cantidades muy importantes, desde las cuatro toneladas del año 1996 hasta por encima de las cuarenta toneladas de estos momentos, porque los decomisos por toneladas son muy fuertes últimamente. Por tanto, es un crecimiento de las entradas de
cocaína por los puertos gallegos absolutamente escandaloso.
Así como hay jueces en la provincia de Cádiz que están verdaderamente batiéndose el cobre, tenemos que hacer desde aquí un homenaje al juez de Pontevedra, Vázquez Tain, por la enorme tarea que está haciendo para combatir el narcotráfico
gallego. La provincia de Pontevedra está sufriendo exactamente las mismas circunstancias por las que atraviesa la de Cádiz, por lo que quisiéramos reclamar los mismos medios para la provincia de Pontevedra, cuyas características son muy semejantes,
desde el punto de vista de los accesos de narcotráfico, a las de la provincia de Cádiz.
Esta pregunta, dado que la noticia que salió en la prensa relacionaba a Vioque con los narcotraficantes fugados, está impropiamente formulada como el caso de la Operación Más Madera, porque Vioque, que salió en la prensa como imputado y
condenado en el caso de la Operación Más Madera, tenía relación con el caso que hoy es motivo de la pregunta, que no es el de la Operación Más Madera, sino el de los narcotraficantes que se fugaron y que estaban implicados en el caso Dobell, los
cuatro narcotraficantes que aparecieron en la prensa en junio de 2003 como fugados antes de ser condenados por la Audiencia Nacional.
Las preguntas aquí son muy semejantes a las que pudiéramos hacernos en el caso de Antón. En este caso me imagino que será la propia sociedad gallega la que se pregunta, pero también fue un escándalo aquí en Madrid porque era un caso que se
llevó en la Audiencia Nacional. ¿Cómo es posible que narcotraficantes que están condenados a diecisiete, quince, catorce y diez años de prisión se fuguen y no puedan pasar a disposición de la justicia? Fue un caso que alarmó en gran medida a la
sociedad española y son preguntas difíciles de responder. Por ejemplo, se entiende mal que con presunción de penas tan altas no estén en prisión preventiva y hayan utilizado la fianza; concretamente en este caso las fianzas menores en un principio
facilitaron la huida de estos narcotraficantes.
Se entiende peor la lentitud de estos procesos, que provoca la excarcelación forzosa. Ya sé que me va a hablar de la nueva reforma, pero tenemos el convencimiento de que ni siquiera con la nueva
reforma, como muy bien dijo el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se va a poder abordar el tema que estamos viendo, porque ya existía un sistema de alerta previo por el que a los preventivos de esta naturaleza ya se les
consideraba prioritarios, es decir, no era necesario haberlo puesto en la ley puesto que ya era una prioridad. A pesar de haber sido una prioridad, se producían fenómenos de esta naturaleza, luego el tema es más complejo y por tanto, debido a estos
casos que se están produciendo, habría que hacer un estudio más pausado y una investigación más a fondo.
Tengo que lamentar aquí las noticias de hoy, con el señor Acebes hablando del primer grupo de trabajo que se va a crear con el delegado del Plan Nacional sobre Drogas, un estudio referido al consumo del cannabis. No tiene mucho sentido que
un ministro de Interior esté hablando del consumo del cannabis, en todo caso, sería la ministra de Sanidad quien pudiera haber hablado de los efectos del consumo del cannabis. No se ve muy bien qué tiene que hacer un ministro de Interior hablando
de este tema. En segundo lugar, hay que lamentar
que no esté abordándose a fondo toda la problemática que se está produciendo con estas excarcelaciones, los efectos que se están produciendo y las causas que han originado estas excarcelaciones.
Quisiera también decir que los juicios
rápidos, cuestión que muchas veces hemos afrontado en esta Comisión, están relegando a segundo término casos muy graves de narcotráfico por abordar temas menores, dedicando las escasas fuerzas policiales a juicios que se pueden sustanciar en poco
tiempo y, sin embargo, no abordar a fondo aquellos que exigen investigación.
Este caso, que fue muy llamativo, merece la explicación que estoy segura que usted me va a dar. No se trata de incrementar o no la fianza, sino del momento en que se notifica la sentencia a quienes tienen que sufrir sus efectos y las
circunstancias que se producen en ese momento, que es cuando aprovechan para huir o no. Esperamos la respuesta del Gobierno, en este caso representado por usted, queremos saber en qué situación se encuentran los que huyeron, si existe una orden de
búsqueda y captura.
Por cierto, como el señor Astarloa se ha hecho un maestro en evasivas, no me ha contestado la anterior pregunta y quisiera que me aclarara si existe, en el caso de Antón, la orden de búsqueda y captura por el Juzgado de Cádiz y
no por el caso de la Operación Espejo. Como esto no me lo ha respondido no tengo más remedio que preguntárselo ahora.
Evidentemente, si no existe la orden de búsqueda y captura, difícilmente se pueden poner los medios, pero si existe, me imagino
que tendrán que poner los medios necesarios. Si en este caso existe una orden de búsqueda y captura, quisiera saber en qué situación se encuentran, si el Gobierno ha acudido a la cooperación internacional para el caso de estos tres narcotraficantes
y si se va a hacer un estudio y crear un grupo de trabajo para valorar los casos de excarcelaciones que se han producido, las raíces y las razones que lo producen y, al mismo tiempo, las medidas que se puedan tomar para que estos fenómenos no se
sigan produciendo. Se entiende mal que el primer grupo de trabajo que se crea en el Plan Nacional sobre Drogas vaya el eslabón más débil, señor Astarloa, puesto que hay temas suficientemente importantes denunciados en todos los observatorios
europeos; el último Observatorio Europea de la Droga situaba a España como el país en el que los jóvenes tienen más posibilidad de acceso a la droga en los locales de ocio. Existiendo esa responsabilidad por el producto que se ofrece tan
fácilmente, denunciado por el Observatorio Europeo de la Droga, derivar esa responsabilidad, repito, al último eslabón, no parece que sea la política criminal más acertada en materia de narcotráfico. Quiero señalar esto porque acaban de producirse
esas declaraciones. Desde nuestro punto de vista, un grupo de trabajo que trate sobre eso y no aborde qué es lo que está pasando con el narcotráfico y con las excarcelaciones en España, sería un escándalo y un disparate.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Romero.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Tengo que confesar, señorías, que esta vez sí me ha descolocado absolutamente. Su señoría me pide que comparezca para hablar de la Operación Más Madera, pero, según
empieza su intervención, me dice que no quiere que hablemos de la Operación Más Madera, sino de la Operación Dobell. Yo he preparado, como persona disciplinada, para comparecer en esta Comisión todo lo necesario para hablar de la Operación Más
Madera y no para hablar de otra operación, la Dobell o la triple o la que sea. (El señor Mayoral Cortés: De las dos.- La señora Romero López: Da lo mismo, son iguales.) Si quieren, hablamos de cualquiera de las dos, pero en el caso de la
Operación Más Madera, no se da ninguna de las circunstancias que ha dicho S.S. (La señora Romero López: Porque no ha habido excarcelaciones.) Por lo que S.S. quiera, pero es que como una operación es una cosa con unos hechos y unas consecuencias
y la otra es otra, con otros hechos y otras consecuencias...
El señor PRESIDENTE: Si me permite un momento, señor secretario de Estado, usted sabe que reglamentariamente la contestación puede limitarse a la pregunta que figura en el orden del día y, por tanto, no tiene obligación de entrar en otros
detalles, salvo si usted mismo lo considera conveniente.
Puede continuar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Lo hago encantado, señor presidente, en la medida de mis fuerzas.
En cuanto a la Operación Más Madera, para que quede claro jurídicamente y por respeto a todas las personas que hay en esta sala que han venido a asistir a la comparecencia sobre esta cuestión, les diré que en el año 2000, por investigaciones
de la Unidad Central de Estupefacientes se detecta la existencia en España de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes, en concreto, cocaína a gran escala. El modus operandi de dicha organización consistía en introducir la droga
perfectamente empaquetada en el interior de palés de madera, por ser este uno de los productos donde dicha sustancia pasa más desapercibida, ya que es difícil que el olfato de los perros la perciban. La cocaína provenía de Brasil y se desembarcaba
en el puerto de Valencia desde donde era trasladada a una nave en Valdemoro para su almacenamiento y posterior distribución. En abril de 2001 es desarticulada la citada organización, siendo detenidas y puestas a disposición judicial cinco personas
españolas y cuatro colombianas. De estos detenidos en la actualidad se encuentran tres en prisión por decisión judicial y, por otra parte, el día 5 del
pasado mes de marzo, previa solicitud, a través de los oficiales de enlace, se procedió a la detención
por las autoridades locales en el aeropuerto de Tánger, Marruecos -S.S. me hablaba antes de la cooperación con la policía marroquí-, de otro de los implicados en la operación que no había podido ser detenido con anterioridad, que
actualmente se encuentra en prisión en Marruecos pendiente de extradición.
En el registro judicial realizado en el interior de la nave de Valdemoro, así como en el camión utilizado para el transporte se incautaron 1.800 paquetes, de peso aproximado de un kilo, conteniendo en su interior una sustancia de aspecto
blanco y pulverulento, la cual tras ser sometida a la prueba del narcotest, dio positivo en cocaína. Asimismo, fueron intervenidos dos vehículos, un camión tráiler, 15 teléfonos móviles y diverso material informático, documentación y dinero.
Dichas actuaciones policiales han dado lugar a las diligencias previas 6701 del Juzgado central de Instrucción número 4, que posteriormente se han convertido en el sumario 203 del mismo juzgado, y en la actualidad no ha sido fijada todavía fecha
para el juicio, con lo cual no existe problema de orden jurídico en relación con las cuestiones que S.S. me planteaba y que han sido objeto esta tarde de un debate en varias ocasiones.
Su señoría plantea un caso en el que se da otra modalidad, que es cómo es posible que se fuguen los condenados. Como S.S. sabe, aquí el proceso jurídico se ha desarrollado de forma completa y se ha producido la correspondiente sentencia.
Si no recuerdo mal, estamos hablando de 17 personas detenidas y procesadas, de las cuales solamente 3 quedaron absueltas y las demás han sido condenadas por la Audiencia Nacional. En el momento de ordenar su ingreso en prisión se ha tenido que
ordenar la busca -me preguntaba S.S. si estaba ordenada, y efectivamente lo está- de los tres que no han comparecido para su ingreso en prisión y en eso están en este momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. S.S.
aprovechaba para
plantearme a su vez el tema de la orden de busca en el caso anterior, en el caso Antón, que no le había quedado claro. No tengo ningún problema en aclararle cómo está y lo que he querido decir. Yo me he referido exclusivamente a la orden de busca
y captura internacional en la medida en que S.S. había mencionado el tema de Marruecos para decir que cuando existan indicios que efectivamente justifiquen la orden concreta para actuar en Marruecos, se actuará. Por supuesto que está dictada la
orden nacional de busca de la persona concreta, en este caso de Antón, a la que S.S. se refería. Con carácter general diré que en todos estos casos inmediatamente la orden de búsqueda se introduce en los canales internacionales de colaboración
entre policías, fundamentalmente Interpol y Europol, con lo cual de todas las personas que estamos hablando podemos decir que desde el primer minuto (no es una cosa específica, es lo usual) está decretado que, si una persona de las que buscamos aquí
aparece en cualquier otro lugar del mundo, se ponga en conocimiento inmediato de la Policía española.
El señor PRESIDENTE: Señora Romero.
La señora ROMERO LÓPEZ: Señor Astarloa, la vinculación entre las operaciones Más Madera y Dobell no es ociosa. El imputado pertenecía a ambos casos y esa fue la razón por la que se pidió la comparecencia del Gobierno para que hablara de la
Operación Más Madera, pero nuestro interés era sobre todo conocer cómo se produjo el proceso de excarcelación. Existe una gran preocupación por cómo se produce la fuga y a esa cuestión no me ha respondido. A veces, la notificación da lugar a la
huida y en estos casos es algo grave. Ni siquiera en el caso Antón la pena que se solicita llega a lo que se pide para los narcotraficantes, que producen una gran alarma social, un argumento empleado por el propio fiscal general del Estado en el
caso de las prisiones preventivas o de las medidas cautelares. Lo cierto es que con la situación que estamos viviendo, de estos tres narcotraficantes en paradero desconocido, se incrementa nuestra lista de narcotraficantes. Ya tenemos el caso del
Negro y el de Oubiña. Señor Astarloa, si hay una orden de búsqueda y captura, es prioritario que venga a este Parlamento. Lo hizo con motivo del caso Oubiña y a este señor al final se le detuvo, aunque hubo sus más y sus menos en relación con cómo
escapó y con las condiciones en las que se le detuvo. Pues bien, que estén huidos y que no haya posibilidad de que con la cooperación internacional se consiga ningún éxito también es un escándalo. Los narcotraficantes son un peligro para la
seguridad pública. Desgraciadamente, a los ciudadanos españoles no sólo nos preocupa el fenómeno del terrorismo, sino también la introducción de toneladas y toneladas de cocaína. Quiero recoger aquí la afirmación -usted no la ha desmentido- de que
en estos momentos podemos tener más de 40 toneladas procedentes de decomisos, que S.S. no puede usted atribuir a mayores efectivos policiales, puesto que desgraciadamente no es así.
Teniendo en cuenta esas consideraciones, su respuesta ha sido
insuficiente, ya que no ha entrado en la valoración de por qué se produce esa fuga, si el Gobierno ha creado un grupo de trabajo para estudiar las excarcelaciones, si son una prioridad para el Ministerio del Interior todos los excarcelados o los
huidos de la justicia, ya que no solamente está el Negro, sino otros muchos, o si la cooperación con Colombia o con Venezuela, países con los que la colaboración debería ser muy estrecha, está haciendo posible que en el triángulo de las Azores,
además de reuniones de la naturaleza de las que se han celebrado, tengan lugar desembarcos de productos que no son muy apetecibles desde el punto de vista de la salud. Esa es la razón por la cual mi grupo estaba preocupado cuando planteó este tema
en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas. Nos hubiera gustado que el ministro del Interior y los anteriores secretarios de Estado hubieran realizado un trabajo más constructivo en colaboración con el Grupo Socialista para que
hubiéramos entrado en el fondo de por qué
hoy día todavía el narcotráfico exige una mayor eficacia. Haber traído este problema al final de la legislatura no deja de ser una constatación de que el mismo existe y, desde nuestro punto de vista, las medidas que se han adoptado no van a
servir para solucionarlo, sino que va a seguir existiendo.
Quiero rendir aquí un homenaje no sólo a la gran cantidad de jueces que se vuelcan en esta tarea, sino también a las fuerzas de seguridad. Cuando he hablado del fracaso de las fuerzas de seguridad he querido decir que probablemente las
prioridades que marca el Gobierno y la Secretaría de Estado de Seguridad son las que obedecen los mandos y fuerzas de seguridad y si no existen dichas prioridades, no se produce el éxito en las operaciones. Les brindo mi homenaje a las fuerzas de
seguridad y a todos los jueces que se siguen batiendo el cobre. El tema que estamos analizando es desgraciadamente bastante más complejo de lo que la Comisión Mixta para el estudio del problema de las Drogas ha podido analizar debido, entre otras
cosas, a la ausencia de comparecencias, a la mordaza del Grupo Parlamentario Popular para que esta Comisión no se reúna desde hace mucho tiempo, y a que las iniciativas se han presentado exclusivamente por parte del Grupo Parlamentario Socialista y
no del Grupo Parlamentario Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Con toda la brevedad, señor presidente.
En primer lugar, como ha dicho S.S. y se lo agradezco, el resultado del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este año, y en general en estos últimos años, está siendo extraordinario. El homenaje que hacía S.S.,
aunque ha dicho que no estaba satisfecha con mi contestación y manifestaba una contradicción, me resulta más que suficiente para irme satisfecho esta tarde de esta comparecencia, porque es un homenaje merecido.
En segundo lugar, si no recuerdo mal, la mayoría de las personas que han sido condenadas en el caso Dobell se encuentran en este momento en libertad, en la medida en que no se ha revocado esa libertad como consecuencia de la sentencia y se
ha interpuesto el correspondiente recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Están en esa situación decretada por los jueces a la espera de la decisión que adopte el Tribunal Supremo en relación con el recurso interpuesto, por lo que
jurídicamente la situación colectiva es la que es. Si hay tres personas que están siendo específicamente buscadas es porque el juez, en el período que media entre la celebración del juicio y el fallo de la sentencia, que si no recuerdo mal -si no,
me corrige- fue de unos meses, ha entendido que tenía que decretar la búsqueda e ingreso en prisión de esas tres personas, pero esto se debe de inscribir en el conjunto de la situación jurídica de las personas que están afectadas en ese pleito.
Respecto a sus reflexiones generales, no le sorprenda que discrepe en cuanto a que el ministro del Interior se tenga que ocupar de la preocupación que genera en este momento a toda la sociedad española el incremento del consumo del cannabis,
que es de lo que se está ocupando exactamente en este momento por la responsabilidad propia de su cargo. El señor ministro anunciaba esta mañana la constitución de un grupo específico para trabajar sobre ese tema. No es bueno que mezclemos grupos,
porque S.S. tiene razón en que, además de eso, hay muchas cosas en las que hay que trabajar, pero está claro que hay muchas cosas en las que llevamos mucho tiempo trabajando. En alguna sesión anterior hemos hablado S.S. y yo largo rato de la
coincidencia -bueno es para el país- entre el grupo que apoya al Gobierno y el grupo mayoritario de la oposición sobre la importancia de este fenómeno, pero con independencia de la discrepancia en los diagnósticos, que se ha producido tantas veces,
sigue siendo decisivo que esa coincidencia en la importancia del fenómeno se mantenga entre los grupos parlamentarios de esta Cámara. Hemos hablado de algo que me parece especialmente importante en el momento en el que estamos viviendo, que es la
especial intensidad que es necesario poner -que estamos poniendo, de acuerdo con lo que la necesidad demanda- en relación con todo lo que se refiere a las redes organizadas de la criminalidad y, en particular, lo que se refiere a las redes
organizadas en materia de narcotráfico. Alguna vez he dicho en esta Comisión que no sólo de narcotráfico, porque, como también he dicho en esta Comisión, hoy se mueve más dinero probablemente por las redes organizadas de tráfico de seres humanos
que por las redes de narcotráfico, con lo cual no sólo las redes de la criminalidad organizada en materia de narcotráfico sino también, y muy principalmente, en relación con las redes de la criminalidad organizada. S.S. desmerece -y yo creo que no
es razonable- la suma de reformas importantes que se han hecho en esta legislatura precisamente en relación con eso. Es un error desmerecerlo -se lo digo honestamente-, un error que en algún momento S.S. me reconocerá, aunque no sea en esta
legislatura.
Hay un tercer grupo de cuestiones -S.S. decía que requieren el trabajo de un grupo- que hay que separar de las dos anteriores, como son el circuito jurídico en relación con el cual resulta posible la detención, la prisión provisional, el
enjuiciamiento, la condena y el cumplimiento de la misma, sin incidencias graves respecto de personas que, por sus medios económicos, tienen fácil aprovechar cualquier facilidad que se les conceda. Esa es una reflexión en la que S.S. sabe que
encuentra al Gobierno y al Grupo Parlamentario Popular al cien por cien. Es la reflexión que está detrás de todas y cada una de las medidas -aunque S.S.
vuelva a no reconocérmelo- sobre las que se ha trabajado
en este tiempo: la prisión provisional, la multirreincidencia, la reforma del Código Penal, etcétera. Y sólo añado, para terminar, que aunque no sé muy bien por qué no ha sido posible la confluencia de voluntades sobre esas reformas en
esta legislatura, invito a que esa confluencia se produzca, esté cada uno donde esté, porque el empeño lo merece y la intensidad de las reformas que se han puesto en ejecución es muy grande y de la máxima importancia. Estoy seguro de que trabajando
juntos en la ejecución de esas medidas vamos a seguir avanzando y muy bien en un combate que es muy difícil, muy complejo, que requiere la máxima prioridad y la máxima importancia -y en eso coincidimos absolutamente-, que es el combate contra el
narcotráfico.
El señor PRESIDENTE: El señor Gil Lázaro tiene la palabra para una cuestión de orden.
El señor GIL LÁZARO: Antes de levantar la sesión, señor presidente, quería hacer uso de la palabra para una cuestión de orden que es en realidad de cortesía y de justicia.
Es obvio que salvo que se produzcan circunstancias extraordinarias, es esta la última comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad ante esta Comisión, como consecuencia del agotamiento de la legislatura y mi grupo quiere valorar
muy positivamente la dedicación del secretario de Estado de Seguridad, su plena disposición para colaborar, como así ha sido, con los trabajos de esta Comisión y nuestra satisfacción -sé que esta afirmación es discutible, como es natural- con el
ejercicio de su condición de mando único al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En estas circunstancias y en estas fechas, le ruego transmita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los mejores deseos de paz, de
bienestar, de felicidad, de este grupo parlamentario; desde luego, nuestro admirado reconocimiento a la labor que vienen desarrollando y especialmente nuestras felicitaciones por los últimos éxitos en la lucha antiterrorista, que sin lugar a dudas
van a contribuir a que éstas sean fechas de paz y de tranquilidad para todos los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Estando aquí el secretario de Estado de Seguridad, no podía ser sino una cuestión de orden lo que usted planteara. Esta Presidencia no puede por menos que sumarse a sus palabras, especialmente en lo referido a la
felicitación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por los trabajos que realizan para velar por la seguridad y por la libertad de los ciudadanos de España.
El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Por pura cortesía, quiero dar las gracias a todos en mi nombre, por el trato que he recibido en esta Comisión, pero sobre todo en el de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado.
El señor PRESIDENTE: Quiero darles las gracias por su presencia, señorías, así como a los servicios de la cámara.
Se levanta la sesión.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.