Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 895, de 10/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 895
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 57
celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas: - Del señor Fernández Chacón (Grupo Parlamentario Socialista), sobre gestiones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la instalación de una planta de producción de bioetanol en la pedanía de Jédula, en Arcos de
la Frontera. (Número de expediente 181/003890.) ...
(Página 28368)
- Del señor Cuadrado Bausela (Grupo Parlamentario Socialista), sobre valoración del estado en España de las medidas obligatorias contra las encefalopatías espongiformes transmisibles (EET). (Número de expediente 181/003830.) ...
- Del señor Fernández Chacón (Grupo Parlamentario Socialista), sobre actuaciones para ordenar y preservar el caladero del Golfo de Cádiz.
(Número de expediente 181/003886.) ... (Página 28377)
- Del señor Díaz Díaz (Grupo Parlamentario Socialista), sobre descuentos a aplicar en la liquidación final de las ayudas correspondientes a las indemnizaciones del Fondo para indemnización de daños causados por la contaminación de
hidrocarburos (Fidac) a los afectados por la catástrofe del Prestige. (Número de expediente 181/003876.) ... (Página 28381)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la protección del ecosistema Dehesa. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001977.) ...
(Página 28385)
- Relativa a la adopción de medidas para compensar a los marineros y armadores afectados por la escasez de capturas en las zonas abiertas a la pesca después de la catástrofe del Prestige. (Número de expediente 161/002175.) ...
- Sobre elaboración de planes de regeneración de las zonas afectadas por el Prestige. (Número de expediente 161/002284.) ... (Página 28393)
- Sobre cambio en la financiación del plan de regadíos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002371.) ...
(Página 28396)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR FERNÁNDEZ CHACÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE GESTIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE BIOETANOL EN LA PEDANÍA DE JÉDULA, EN ARCOS DE LA FRONTERA
(CÁDIZ). (Número de expediente 181/003890)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Iniciamos la sesión número 57 y última de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca de esta VII Legislatura. Antes de iniciar la tramitación del orden del día les quisiera comentar, en materias de intendencia, que las votaciones no
serán antes de las doce.
En segundo lugar, damos la bienvenida a la secretaria general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, doña Isabel García Tejerina, que hoy comparece en esta Comisión para contestar a una serie de preguntas. En
concreto, contestará a las dos primeras.
Para que pueda formular la primera pregunta, tiene la palabra su autor, el diputado don José Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Buenos días, señora secretaria general del Ministerio de Agricultura.
La pedanía de Jédula, perteneciente al municipio de Arcos, tiene actualmente unos 2.300 vecinos, que han vivido tradicionalmente de una molturadora o transformadora de azúcar proveniente de la remolacha que se cultiva en la provincia de
Cádiz. La fábrica dependía de Ebro Puleva, con capital público, se vio abocada por la dirección al cierre de la factoría de esta azucarera de Jédula. Hubo movilizaciones sociales importantes porque, como se recordaba en aquellos momentos, la
subsistencia de esta pedanía dependía directamente de que la fábrica se mantuviera. Sucedió lo que sucedió y todos lamentamos esta decisión política y empresarial, puesto que el Gobierno pudo hacer más de lo que hizo y no dejar a su suerte a estos
habitantes, a los que prácticamente se les condenaba a emigrar por la falta de actividad económica que se iba a producir.
En Arcos gobernaba entonces el Partido Popular y su alcalde, llevado más por detener ese movimiento social que le afectaba directamente y que venía del cierre de esta fábrica, anunció a la opinión pública, junto con otros altos dirigentes
del Partido Popular de la provincia de Cádiz, que para compensar a la pedanía de Arcos, a Jédula, el Gobierno estaba haciendo gestiones con la dirección de Ebro Puleva para que se abriera en esa localidad una fábrica destinada a la producción de
biocombustible. El alcalde vendió a los medios de comunicación, junto con el ministro Arias Cañete, -también se le menciona como autor de este hecho-, el que esta fábrica iba a suponer una inversión de 18.000 millones de pesetas; se iba a instalar
en Jédula (Arcos); iba a crear un centenar de puestos de trabajo directos provenientes de los desempleados que iba a producir el cierre de la azucarera; iba a generar también setecientos empleos indirectos en el pueblo y en los alrededores por la
economía que se deriva de las industrias y los servicios que iban a tener una relación directa con esta nueva planta industrial; y en labores
agrícolas se iban a crear 2.400 puestos de trabajo directamente relacionados con la producción, fundamentalmente de cereales, de girasol y la pulpa de remolacha necesaria para la producción de este biocombustible.
El presidente de Ebro Puleva comunicó a los medios de comunicación posteriormente que la instalación de esta fábrica dependía de dos hechos fundamentales: primero, de que hubiera una exención fiscal del Ministerio de Hacienda respecto al
tratamiento fiscal que se le da a la producción de estos biocombustibles, tanto bioetanol como biodiésel y la producción de grano derivado como subproducto de estos biocombustibles; y en segundo lugar, dependía también de la colaboración de la
Junta de Andalucía, quien se mostró dispuesta a colaborar. Hasta aquí lo que se conoce de la instalación y puesta en marcha de esta fábrica, no se conoce nada más de este proyecto y mucho nos tememos que suceda lo que nosotros pensábamos: que para
paralizar el movimiento social generado por el cierre de una fábrica, se anuncian la instalación de otra fábrica, rememorando el film Bienvenido Mr. Marshall, para paralizar ese movimiento social, quitarse los problemas de encima y luego el tiempo
dejaría las cosas transcurrir sin que hubiera más problemas sociales y la gente se olvidara de este asunto.
El Gobierno asumió una responsabilidad directa con la población de Arcos y Jédula y por eso hoy le pedimos cuentas al ministerio que usted representa, para saber si existe este proyecto, qué criterios de implantación hay o si definitivamente
el Gobierno ha renunciado a hacer algo sobre este tema.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la secretaria general del ministerio.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García Tejerina): Yo empezaré diciendo que no todo lo que se dice en la prensa es rigurosamente cierto, cuando S.S. hace alusión a las palabras del ministro Arias Cañete, porque
me consta que en ningún momento el ministro Arias Cañete ha hecho ninguna intervención a este respecto. Quiero añadir que al ministerio no le consta en absoluto que en ningún protocolo de desarrollo del acuerdo interprofesional que estableciera las
bases para la reestructuración y la reordenación del sector remolachero, cañero, azucarero, ni en ningún otro acuerdo interprofesional, que es donde el ministerio tiene que velar por que se cumpla con la normativa comunitaria, se incluyera
expresamente el compromiso de implantar una planta de producción de bioetanol en Jédula. Por el contrario, de lo que sí ha tenido conocimiento el Gobierno es de la existencia de algún contacto entre directivos de la empresa Ebro Puleva y la Junta
de Andalucía para explorar los apoyos que desde la comunidad autónoma, competente en materia de promoción de desarrollo industrial, pudieran prestarse al efecto de favorecer el establecimiento de una planta de esta naturaleza. Lo que también conoce
este ministerio es que no hay noticia alguna de que la Junta de Andalucía haya mostrado el mínimo interés de apoyo a dicho proyecto. Tenemos declaraciones de prensa de la Junta de Andalucía en las que se interesaba por esta materia, pero no que
haya respondido a las sucesivas cartas que le fueron remitidas para que concretara el apoyo del que hacía gala ante los medios de comunicación.
De lo que sí puedo informarle, señoría, es de que el Gobierno, por su parte, ha trabajado intensamente para establecer un régimen fiscal atractivo para los biocarburantes, tal y como se deriva del compromiso asumido en el Real Decreto-ley
6/2000, de 23 de junio, en cuyo artículo 6 el Gobierno asumía el compromiso de promover la utilización de biocombustibles y por otra parte se creaba una comisión interministerial para el estudio de los biocombustibles, de la cual forma parte el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dicha comisión elaboraría un informe sobre las implicaciones fiscales, medioambientales y económicas derivadas de la utilización de biocombustibles. Dicho informe se elaboró y se elevó a la Comisión
Delegada para Asuntos Económicos el 12 de julio de 2001, y fruto del mismo es la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en la cual se establece un tipo de cero euros por mil litros para los
biocarburantes hasta el 31 de diciembre de 2012, estando en estos momentos en proceso de elaboración el real decreto que regula las condiciones de aplicación de dicha exención, que verá pronto su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Igualmente, se definieron los proyectos piloto para el desarrollo tecnológico de productos menos contaminantes. España se anticipó de esta forma a la Directiva de 2003/96, del Consejo de las Comunidades Europeas de 27 de octubre, que
permite a los Estados miembros aplicar exenciones o tipos impositivos reducidos a determinados productos energéticos, entre los que se encuentran los biocarburantes. Quiero con esto poner en su conocimiento que el Gobierno ha creado el marco
jurídico necesario para favorecer y fomentar el establecimiento de plantas de bioetanol en Jédula o en cualquier otro lugar, lo que no puede hacer es asumir competencias que la Constitución y los estatutos de autonomía dejan claros, como es la
competencia sobre el desarrollo industrial.
El señor PRESIDENTE: Para que pueda repreguntar, tiene la palabra de nuevo el diputado señor Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Lamento decirle que el ministro Arias Cañete sí se pronunció, incluso prometió su mediación para que también participaran otros departamentos del Gobierno para evitar el posible cierre de la planta que poseía Ebro
Puleva en Jédula.
Incluso se cita al ministro Rodrigo Rato como uno de los valedores para evitar este cierre y la posterior solución que se planteaba.
Lo que se traduce de su contestación es que el Gobierno se ha limitado a establecer un marco jurídico fiscal para que sea viable este tipo de fábricas de elaboración de biocombustible dentro del territorio nacional.
Pero eso no alcanza el
compromiso del ministro con Jédula, porque de alguna manera no se hizo lo suficiente para evitar el cierre de esta azucarera. Además, el ministro ha incumplido su palabra de compensar a Jédula por el cierre de la azucarera; hubo declaraciones
públicas que este diputado le oyó al ministro, con la colaboración del alcalde del Partido Popular de Arcos, que tenía el problema como alcalde de la ciudad, en el sentido de instalar allí una fábrica de bioetanol. En cuanto a la Junta de
Andalucía, en este caso el consejero mostró su apoyo a la instalación de esta fábrica siempre que Ebro Puleva presentara un proyecto y el ministerio añadiera algo a ese marco jurídico fiscal al que usted ha hecho alusión, porque eso puede dar lugar
a que la fábrica se instale en Jédula, en Salamanca o en cualquier otra parte del territorio nacional. El compromiso del ministro y de varios miembros del gabinete, como el ministro Rato, según conocemos por medios de comunicación, era el de que
esa fábrica se iba a instalar en la provincia de Cádiz, ya que aquí es donde se producía el cierre de la azucarera. No pueden SS.SS.
eludir ahora esos compromisos adquiridos con esta población que ha sufrido una pérdida de su actividad económica,
de puestos de trabajo, que ha sido la más castigada por el paro de España y decir que los culpables son otros. No, señorías, los culpables son aquellos que permitieron que esto le sucediera a una empresa pública en parte que tiene el monopolio del
azúcar en este país, con una producción que se acerca al 80 por ciento. No es de recibo que ahora el Ministerio de Agricultura se lave las manos diciendo que no pueden hacer nada más, y le echan las culpas a otros. ¡Por favor, tengan un poco más
de decoro cuando se les pregunta, den soluciones y no eludan sus responsabilidades! Nada más.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la secretaria general del Ministerio.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García Tejerina): Si hay que hablar de culpables, habrá que hablar de competentes. Será culpable quien tiene la competencia de ejercer unas determinadas actuaciones y no las lleva
a cabo. Lo que yo le puedo asegurar es que el consejero de Andalucía manifestó su apoyo; pero debo añadir que por tres veces, por lo menos, no contestó al presidente de Ebro Puleva, que le pedía que por favor concretara el apoyo del cual hablaba
en la prensa. Por eso le digo que no todo lo que se dice en la prensa es rigurosamente cierto. El Gobierno no solamente ha modificado lo que es necesario para que cualquier planta de bioetanol sea viable, que es el régimen fiscal. Ese era el
marco necesario. Nos hemos adelantado a las normativas comunitarias para establecer el marco necesario. El ministerio, a través de la línea de modernización de la normativa básica de fomento de inversiones para la mejora de las condiciones de
transformación y comercialización de los productos agrarios y agrícolas y de la alimentación, tanto en el Decreto 117/2001 como el de su modificación, el Real Decreto 326/2003, contempla la posibilidad de que esas instalaciones sean beneficiarias.
Hasta el momento, desde el año 2000 el Ministerio de Agricultura ha transferido a la Junta de Andalucía 17 millones 757.800 euros, que es una forma de apoyar. Pero la decisión última de qué industrias quieren tener en su territorio y qué
expedientes se priorizan o cuáles no es de la Junta de Andalucía, con lo cual, es gratuito decir que las responsabilidades son del Gobierno. El Gobierno ha hecho todo lo que tenía que hacer, porque ha modificado toda la normativa necesaria, y ha
ido más allá y por delante de cualquier otro Estado miembro, para que el establecimiento de este tipo de plantas sea viable.
La decisión final es de la empresa, que bien por cuestiones de mercado o bien porque la Administración que verdaderamente
tiene las competencias tiene que respaldarle, no ha mostrado en ningún momento, solamente ante la opinión pública, algún interés en el establecimiento de esta planta en Jédula o en cualquier otro punto de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
- DEL SEÑOR CUADRADO BAUSELA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE VALORACIÓN DEL ESTADO EN ESPAÑA DE LAS MEDIDAS OBLIGATORIAS CONTRA LAS ENCEFALOPATÍAS ESPONGIFORMES TRANSMISIBLES (EET). (Número de expediente 181/003830.)
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta tiene la palabra su autor, el diputado señor Cuadrado Bausela.
El señor CUADRADO BAUSELA: La pregunta tiene que ver con la situación en España de las medidas de lucha contra las EET. Lo que haré en este turno de intervención es concretar las preguntas, para que, a ser posible, tengan la utilidad de
clarificar estados concretos de la cuestión.
Como sabe S.S., en el año 2000 éramos el octavo país en casos de EEB, vacas locas, hacía muy poco tiempo, antes de que aparecieran esos dos primeros casos, que se había calificado nuestra situación por el ministerio como de no riesgo y al
poco tiempo, como recordará, se produjo la situación que se produjo. Como digo, en el año 2000 éramos el octavo país, en el
año 2001 pasamos a ser el séptimo en todo el mundo en número de casos, en el año 2002 pasamos a ser el cuarto, y en lo que llevamos de año 2003 somos ya el tercer país del mundo en casos de EEB. Resumiendo los datos, se puede comprobar la
evolución de muchas maneras, pero es suficientemente expresiva la siguiente. Se puede ver cómo hay una evolución progresiva muy fuerte, un ritmo acelerado en el número de casos: en el año 2001 cada diez días teníamos dos casos, se producían dos
casos en España; en el año 2002 cada diez días pasamos a tener más de tres casos y en lo que llevamos del año 2003 cada diez días se producen seis casos; 2, 3 y 6. Mi primera pregunta, por tanto, tiene que ver con este hecho: ¿cuáles son los
estudios que tiene el ministerio y qué le dicen sobre la previsión futura inmediata, en los próximos años, de casos de encefalopatía espongiforme bovina? ¿Cuál es la evolución que prevén? Y una segunda pregunta asociada a este hecho. Han pasado
ya unos cuantos años, esta es una legislatura marcada de manera muy importante por este hecho que afecta a la seguridad alimentaria, a la sanidad animal y al estado de nuestra cabaña. ¿Tiene ya el ministerio una opinión fundada sobre el origen en
España de este problema? Aquí hemos visto abrir telediarios con agricultores que aparecían supuestamente en una situación complicada, delante de la Guardia Civil. La verdad es que nunca vi a otros hipotéticos responsables, pero después de tanto
tiempo seguro que el ministerio tiene ya una opinión. Como recordaba el señor presidente esta es la última Comisión que celebramos, por eso le pregunto: ¿tiene ya el ministerio un estado real, una opinión real fundada, objetivada y resultado de
sus propios estudios, de cuál ha sido el origen de este mal? Y permita que le añada a esa pregunta ¿y los responsables? Una tercera cuestión en relación con esos datos. Sabe S.S. que hay ganaderos españoles que tienen presentada una denuncia
ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Indudablemente, aquí ha habido un daño gravísimo. Es una pregunta y lógicamente no me da tiempo a hacer una precisión sobre los daños y los perjudicados, pero ¿piensa el Gobierno presentar alguna
actuación jurídica; después de esos estudios, tiene intención de apoyar a estos ganaderos en sus denuncias, o no piensa hacer absolutamente nada en esa materia?
Segundo bloque en relación con la pregunta general. Como sabe S.S., el 17 de enero del 2002 se firmó un acuerdo marco para la competitividad y la normalización de la cadena alimentaria cárnica (Horizonte 2002-2004, de 17 de enero de 2002),
un título francamente voluminoso, pero no sé si los resultados -esta es la pregunta-, de ese acuerdo marco para la competitividad y la normalización de la cadena alimentaria cárnica han sido tan espectaculares como el título. La pregunta es ¿qué
resultados ha dado ese complejísimo acuerdo cuya elaboración duró varias semanas y agentes importantes de este sector no lo firmaron? Era un acuerdo muy complejo, porque se trataba de poner una tasa sin ponerla, de hacer una recaudación sin
establecer en términos jurídicos estrictos su aplicación; es decir, se basaba en la voluntad de que se recaudaran unos recursos al final de la cadena alimentaria que al final repercutieran en el ganadero y en el matadero. ¿Qué ha pasado con este
acuerdo? ¿Qué resultados prácticos ha tenido? Con esta cuestión, quiero preguntar algo más preciso. Se creó en aquella orden un grupo de seguimiento del acuerdo marco y de la orden ministerial, ¿cuándo se ha reunido la última vez?, ¿con qué
resultados?
Usted sabe que en España, aproximadamente, se producen cada año 400.000 toneladas de harinas de origen cárnico. Estoy hablando de las medidas concretas de lucha contra la EET y esta, como puede imaginar es muy importante. El ministerio
firmó con las cementeras otro acuerdo marco.
Esta propia organización (tengo aquí su comunicación exacta) dice que de esas 400.000 toneladas en sus cementeras, en todas las de España, sólo se queman al año 40.000. ¿Sabe el ministerio dónde están
las otras 360.000 toneladas? Más exactamente, porque es mi obligación en la función de control, ¿dónde están? Le estoy hablando de una cuestión que no solamente afecta a residuos de origen animal, le estoy hablando de un aspecto que afecta
directamente a la seguridad alimentaria. Baste recordar los recientes estudios de la Agencia de Seguridad Alimentaria francesa, contundentes sobre esta materia. ¿Dónde están las 360.000 toneladas restantes? Si han hecho un seguimiento de este
acuerdo que firmaron el día 11 de enero del 2001, qué resultado ha dado este acuerdo marco con las cementeras que firmó el ministerio, lógicamente (supongo pero no estoy seguro), para conseguir un resultado concreto.
El tercer bloque tiene que ver con los animales -podemos hacer muchas traducciones de los documentos franceses- caídos en granja, es decir, los animales muertos en granja. Desde el día 1 de mayo, sabe S.S. que la normativa es muy estricta
en esta materia. Yo estoy seguro de que estará de acuerdo conmigo en que la primera obligación de los poderes públicos es garantizar que estos MER son retirados y eliminados correctamente, que no andan por ahí sueltos. Todavía la semana pasada vi
una de esas fotografías espectaculares de animales tirados en el campo, en una comunidad autónoma, en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que es la que más espectáculos fotográficos de esta naturaleza suele proporcionar. ¿Tiene previsto el
ministerio, en su obligación, buscar un método, un sistema que como primer objetivo tenga que ni un solo animal muerto en granja ande por ahí tirado?, ¿tiene resuelto este problema? Y si no está resuelto ¿qué previsiones tiene para hacerlo?
¿Tenemos instrumentos técnicos suficientes para la eliminación de estos MER, incluidos cadáveres animales? Como S.S. comprenderá, el seguro es una opción de financiación, pero no es la respuesta
a este problema; el seguro puede hacer que un 20, 30, 40, 70 u 80 por ciento de los ganaderos españoles lo firmen y establezcan un mecanismo de financiación para la retirada, pero yo no hablo del 40, del 20, del 50 ó del 80 por ciento,
hablo del cien por cien en una medida de control sanitario, de gran trascendencia para la seguridad alimentaria de nuestro país.
Otra cuestión. Yo he estado siguiendo una serie de noticias que a mí me alarman, supongo que a usted también. Por ejemplo, la última con este tema: Disminuyen las partidas españolas con restos de MER detectadas en el Reino Unido. Usted
será consciente (igual que lo soy yo) de lo que esto significa de cara a la imagen pública de la seguridad alimentaria.
Todos solemos decir que no se preocupen los consumidores, que el cien por cien de los MER son eliminados correctamente. ¿Cómo
reacciona su ministerio, qué ha hecho el ministerio frente a noticias como esta (esta es la última, pero se han venido repitiendo, desde el Reino Unido especialmente): Partidas españolas de carne de vacuno con restos de MER detectadas en el Reino
Unido? Se da el número de partida, lógicamente el lugar de origen, etcétera, ¿Qué actuaciones en relación con este hecho tan importante para nuestros mercados, pero sobre todo para nuestra seguridad y la sensación de seguridad también, ha adoptado
el ministerio?
Hay muchas más cuestiones en relación con este tema. Yo entiendo que es el marco de una pregunta y, por lo tanto, de momento, esas son las cuestiones concretas que le planteo.
El señor PRESIDENTE: Señor Cuadrado, como bien sabe S.S., el turno de preguntas es concreto y específico sobre el tema. Ha hecho usted un abanico muy amplio, sobre el mismo tema. Pero la formulación de la pregunta estaba en otros términos
más genéricos. Le voy a ceder la palabra a la secretaria general para que le pueda contestar a su pregunta.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García Tejerina): Trataré de contestar a todo, pero si me quedara alguna, le remitiría la información posteriormente. Efectivamente hay mucho que hablar en esta materia y que dar
un repaso a todas las cuestiones que afectan.
En España, las medidas obligatorias de lucha contra las encefalopatías espongiformes transmisibles están orientadas en tres direcciones. Por una parte, el programa de retirada de los MER y subproductos; por otra, el plan de erradicación de
la enfermedad, y una tercera, el control de la alimentación animal. Las medidas obligatorias contra las encefalopatías espongiformes transmisibles en España están reflejadas en el Real Decreto 3454/2000, que aprueba el programa integral coordinado
de vigilancia y control de las encefalopatías espongiformes transmisibles de los animales. Ese programa se desarrolla por los servicios competentes de las comunidades autónomas y se coordina a través de una comisión creada en este mismo real
decreto, presidida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Centrándonos en el programa de retirada de MER y de subproductos, tiene como objetivo garantizar la seguridad alimentaria de los consumidores apartando de la cadena
alimentaria los órganos y tejidos que representan un mayor riesgo de presencia de priones. Es un programa común para el conjunto de la Unión Europea y España ha seguido en todo momento los dictámenes del Comité Científico de la Unión Europea. En
el futuro está previsto que el comité estudie la edad de retirada obligatoria de la columna vertebral, que, como S.S. conoce, es una de las cuestiones más solicitadas y que más preocupa hoy al sector ganadero e industrial español. Quiero matizar
respecto a los restos de MER encontrados en el Reino Unido que se han hecho gestiones. Me consta que la Agencia Española de Seguridad Alimentaria ha tenido reuniones bilaterales en el Reino Unido y lo que también puedo reiterarle, que el control
final es de las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas; son ellas quienes deben velar por la correcta eliminación de los MER.
El segundo conjunto de medidas lo constituye el programa de erradicación de la enfermedad. En el año 2002, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establece un plan coordinado de erradicación de esas enfermedades. En ese momento
-y aquí contesto a una de sus preguntas puntuales- se planteó la hipótesis epidemiológica de trabajo, relacionada con el origen de la enfermedad en España, que entendemos no es otro sino el consumo de harinas contaminadas durante los años 1994, 1995
y 1996.
Como SS.SS. saben, en 1996 se prohibieron las harinas para rumiantes, pero nunca hasta el año 2000 se llegó a una aplicación tan severa como la actual, de prohibición total en todos los animales de harinas de carne, lo cual ha dado lugar a
contaminaciones cruzadas, donde podemos encontrar el origen de la enfermedad. Es difícil encontrar directamente un responsable, porque tampoco en muchos casos había una prohibición concreta. El origen de la enfermedad nosotros lo establecemos en
el consumo de harinas contaminadas durante los años 1994, 1995 y 1996. No obstante, y respondiendo a su pregunta anterior respecto al apoyo solicitado, los demandantes tienen a su disposición en el ministerio, toda la información que necesiten. Yo
creo que hemos trabajado todos con total transparencia y se seguirá haciendo; la información que sea necesaria y que les pueda servir en su proceso estará a su disposición.
Siguiendo las pautas del programa de erradicación en los Estados miembros de la Unión Europea en los que ya existía la enfermedad y otros ejemplos de fuera, como es el caso de Suiza, se pusieron en marcha diversas líneas de trabajo
orientadas todas ellas a acelerar la erradicación de la enfermedad. Algunas de las medidas que se tomaron en el año 2001 fueron posteriormente
propuestas por la Comisión y aprobadas por el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, como es la revisión obligatoria de todos los animales muertos en las explotaciones. Lo que quiero decir con esto es que el plan establecido en el año
2002 era un plan acelerado de erradicación, y eso explica el crecimiento importante en número de casos, que hemos tenido en España, pero también eso nos dice que España está llegando al pico. Como usted bien conoce, la enfermedad tiene la forma de
una campana de Gauss: hay que llegar al número máximo de casos lo antes posible para comenzar a descender. Pues bien, nosotros hoy podemos decir, comparándonos con otros Estados miembros, que vamos a alcanzar ese pico en menos tiempo, tenemos más
casos, pero con toda probabilidad erradicaremos antes la enfermedad.
Eso explica por qué España se está situando entre los países que tienen más casos estos últimos años.
Las líneas de trabajo de este plan se pueden resumir en las siguientes: control de todos los animales muertos en explotación, control de los animales destinados al consumo humano y control de la destrucción de los MER. Para el control de
los animales muertos en explotación se fueron organizando por las comunidades autónomas sistemas de recogida de cadáveres para su destrucción, previa toma de muestras para el diagnóstico de la encefalopatía espongiforme bovina. A pesar de las
dificultades para la puesta en marcha del sistema de recogida, la medida se demostró totalmente positiva para detectar de manera precoz las explotaciones afectadas. En los últimos años se ha detectado un número importante de casos positivos por
este sistema. En segundo lugar, se estableció el control analítico de los animales destinados a consumo, a partir de los treinta meses de edad en primer lugar, y más tarde a partir de los veinticuatro meses. Esta medida obligó al Ministerio de
Agricultura y a las consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas a poner en marcha una estructura de laboratorios de una importancia considerable en un periodo de tiempo muy corto. Este esfuerzo ha permitido el control en plazo adecuado,
para no perjudicar el funcionamiento del sector, de todos los animales de más de veinticuatro meses que llegaron a los mataderos españoles, consiguiendo por un lado reforzar el control sanitario, ayudando a detectar precozmente las explotaciones
afectadas y, por otro, para conseguir un alto nivel de confianza en los consumidores en los controles sanitarios establecidos por las administraciones para garantizar la seguridad alimentaria. Todo el proceso laboratorial ha sido controlado por
nuestros dos laboratorios de referencia, el del ministerio y el de la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, que trabaja con nosotros de manera concertada a través de un convenio de colaboración. La tercera línea del programa consiste en la
inspección de los establecimientos de transformación de subproductos y animales muertos y el control de los materiales específicos de riesgo.
Desde su puesta en marcha se ha realizado un completo programa de controles para las industrias de
transformación y a su adecuación a la normativa comunitaria relativa a las normas aplicables a los productos animales no destinados al consumo humano, y se ha continuado con la retirada de los MER en los mataderos, así como con la retirada de los
animales muertos en explotación, tratándose en el casos de lo rumiantes como MER y, por lo tanto, destruidos siguiendo las normas comunitarias.
El tercer pilar del plan acelerado de erradicación es el plan nacional de control de la alimentación animal. El objetivo es actuar sobre el origen de la enfermedad, que, como he dicho antes, son las harinas en piensos, y garantizar de
manera total esta ausencia de harina de carne en la alimentación de todos los animales hoy, evitando la retroalimentación del sistema de transmisión de la enfermedad. Para este objetivo se diseñó, de manera coordinada entre el ministerio y
comunidades autónomas, un plan de control de la alimentación animal dirigido a las fases de producción, distribución, comercialización, almacenamiento y utilización de sustancias empleadas en alimentación animal y de la legislación aplicable, tanto
comunitaria como nacional. Este programa abarca el control y la toma de muestras en la totalidad de las fases que intervienen en el sector de la alimentación animal, en la producción de materias primas, transporte, almacenamiento y etiquetado de
materias primas, fabricación de piensos, transporte, almacenamiento y etiquetado de piensos, alimentación en explotaciones ganaderas, así como el control de importación de materias primas y piensos elaborados.
Desde la confirmación del primer caso de encefalopatía espongiforme bovina en España, y desarrollando la normativa obligatoria vigente, se han puesto en marcha impulsadas por el Ministerio de Agricultura una importante cantidad de medidas.
La primera de ellas, como he dicho anteriormente, fue la estructura de laboratorios en las comunidades autónomas, capaces de efectuar los análisis necesarios para el programa.
Para ello, el ministerio, mediante convenios de colaboración suscritos
con las comunidades, suministró y sigue suministrando todos los reactivos y material fungible necesario, así como, en su día, el personal encargado de realizar las determinaciones analíticas. Igualmente, para asegurar la retirada, transformación y
eliminación de los MER, y también a través de convenios con las comunidades autónomas, el ministerio financió el 50 por ciento de los costes de este aspecto en el plan coordinado. Señoría, permítame que haga aquí un breve análisis de la aplicación
de cada una de las tres directrices de este programa nacional coordinado. En relación con la retirada de los MER y su posible eliminación, existen garantías totales de su cumplimiento. Podemos asegurar que en la actualidad ningún material
específico de riesgo pasa a la cadena alimentaria y que su eliminación
y destrucción, a pesar de las dificultades, se plantea de manera satisfactoria.
En relación con el programa de erradicación, y a través de nuestro triple sistema de vigilancia: muertos, animales destinados al consumo y animales con sintomatología sospechosa, se han analizado en estos tres años 1.400.000 bovinos
aproximadamente; 386.000, 546.000 y 450.000 en cada una de estas categorías. Estas determinaciones nos han permitido detectar los dos casos del año 2000: 83 en 2001 y 127, en el año 2002, y los del presente año, que ya en estas fechas nuestras
previsiones cifran en un número de positivos de 165. Es interesante indicar en este punto que estos casos se reparten en las diferentes poblaciones de riesgo de la siguiente manera: 42 por ciento de positivos muertos en explotación, 14 por ciento
con sintomatología y el 37 por ciento en matadero; el resto con otros síntomas, un 4 por ciento, y un 3 para los animales sacrificados de urgencia. Desde nuestro punto de vista, este reparto de los casos encontrados se ajusta a las previsiones y
muestra un adecuado funcionamiento de la red de alerta en las comunidades autónomas, que nos permitirá, como indiqué anteriormente, acortar el periodo de erradicación de la enfermedad.
El tercer apartado del programa de erradicación consiste en la inspección de los establecimientos de transformación de subproductos y animales muertos y el control de los materiales específicos de riesgo. Desde su puesta en marcha, se ha
realizado un completo programa de controles a las industrias de transformación y a su adecuación a la normativa comunitaria relativa a las normas aplicables a los subproductos animales no destinados a consumo humano. Es importante también destacar
que el programa ha funcionado de manera satisfactoria: a partir del año 2002 no se ha detectado ningún caso positivo. Esto significa que en España no se han producido nuevas posibles infecciones de la enfermedad y, por otra parte, que las
garantías sanitarias que podemos presentar de cara a futuras modificaciones de la legislación comunitaria, son muy elevadas, al poder justificar la ausencia de harinas en la alimentación de rumiantes y, por lo tanto, demostrar la fecha a partir de
la cual no se han producido nuevas exposiciones al riesgo de la enfermedad de nuestra cabaña ganadera.
En relación con el sector ovino, que también es susceptible de padecer encefalopatías espongiformes transmisibles, no se ha demostrado la existencia de encefalopatía espongiforme bovina en ovinos y caprinos en condiciones naturales. No
obstante, y como medida de precaución, la normativa europea ha regulado el establecimiento de medidas obligatorias ante la aparición de una encefalopatía espongiforme transmisible distinta de la bovina a partir del 1 de octubre del presente año, que
consiste en el sacrificio obligatorio de la explotación afectada o bien de un sacrificio selectivo sobre la base del genotipado.
En relación con el programa de vigilancia y control de scraping durante el año 2003, deseo indicar que se han detectado 31 explotaciones positivas.
A partir del año 2004 el Ministerio de Agricultura, de manera coordinada con las comunidades
autónomas, va a desarrollar un programa de genotipado para seleccionar nuestra cabaña ovina según la resistencia de estas enfermedades. Quiero señalar también que la última norma comunitaria que establece nuevas exigencias con el fin de garantizar
la sanidad de los consumidores y de nuestra cabaña ganadera es el Reglamento 1774/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, que establece las normas sanitarias aplicables a los subproductos no destinados al consumo humano. Esta norma prohíbe de
manera definitiva el enterramiento de los animales de todas las especies ganaderas, autorizando exclusivamente la incineración o su transformación en harina de carne para su posterior destrucción o almacenamiento. No podemos obviar que la
aplicación de esta norma plantea a los ganaderos de especies no rumiantes nuevas exigencias. Recientemente se ha publicado el Real Decreto 1429/2003, mediante el que en la legislación española se desarrolla el mencionado reglamento. A este
respecto hay que destacar dos nuevas líneas de actuación del ministerio.
La primera de ellas es la extensión del seguro para la recogida y la eliminación de cadáveres a todas las especies ganaderas en condiciones similares a las que se aplican para
los rumiantes, y en segundo lugar la firma de un convenio, que se formalizará en los próximos días, con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con las asociaciones de ganaderos, para el estudio y propuesta a la comisión nacional de subproductos de
origen animal, para elevarlo posteriormente a la Comisión de la Unión Europea, de métodos alternativos al enterramiento de las explotaciones ganaderas.
El señor PRESIDENTE: Un momento, secretaria general. Este es un turno de preguntas. Yo he sido flexible tanto a la hora de la formulación como de la contestación, pero no se puede convertir en una comparecencia. Lo que le pediría es que
abreviase en la finalización de este primer turno, para que brevemente pueda el señor portavoz del Grupo Socialista finalizar con su intervención, y todo lo que sea información complementaria, que pueda ser remitida a los diferentes grupos
parlamentarios. Hay que entender que tanto la formulación como la contestación, los dos turnos, en teoría, reglamentariamente son quince minutos. Llevamos quince minutos tanto en la formulación como en la contestación. Le pediría que concluyese
para que pueda el señor portavoz socialista finalizar con su repregunta.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García Tejerina): Las preguntas eran muchas y las respuestas tienen que ser muchas. Por otra parte, es cierto que esta materia
abarca muchas cuestiones. Respecto al acuerdo marco de la calidad alimentaria ha servido, porque el sector se ha recuperado; se ha recuperado la confianza del consumidor y se han puesto en marcha un montón de actuaciones y de apoyos, la
última de las cuales es una orden ministerial recientemente aprobada por la que se establecen ayudas destinadas a las explotaciones ganaderas, a las industrias cárnicas para la mejora de las condiciones de eliminación de los subproductos, residuos y
materiales específicos de riesgo. Asimismo, se aprueban préstamos bonificados por un volumen global máximo de 300 millones de euros. Luego, en el turno de réplica, contestaré a alguna cosa más.
En cuanto al control de las harinas y las cementeras, con éstas se firmó un convenio como posibilidad de explotar todas las posibles vías de destrucción de las harinas. Pero la quema en cementeras no es la única manera, pueden ser
incineradas o llevadas a vertederos controlados. El que al final comunidades autónomas hayan convenido con las cementeras, escapa del ámbito de actuación del ministerio. Hay control de dónde están todas las harinas y dónde se destruyen, pero
quiero dejar muy claro que las cementeras no es la única fórmula de destrucción de las harinas. Como he dicho, la mayor parte de ellas hoy día están yendo a vertederos controlados.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Socialista. Yo le pediría también brevedad y concreción en las preguntas.
El señor CUADRADO BAUSELA: Conoce el señor presidente mi voluntad de colaboración en el desarrollo de los debates. Me voy a conformar con unas preguntas muy concretas respecto a la pregunta general, que era cómo está en España el
seguimiento de las medidas contra las ETT. Esa era la pregunta marco, pero todo el mundo entiende que detrás de eso hay qué pasa con los residuos cárnicos de los mataderos y con los animales muertos en granja, preguntas que he concretado.
Desgraciadamente -porque a lo mejor el formato no lo facilita-, la señora secretaria general me ha leído una contestación como respuesta general, pero no me siento contestado en las preguntas concretas que he hecho. No las voy a repetir
porque constan en el 'Diario de Sesiones', pero sí le voy a solicitar al señor presidente que facilite lo más rápidamente posible que la contestación escrita a esas preguntas concretas me sea proporcionada. Me doy por satisfecho con esto para no
romper el formato de una pregunta, que entiendo que tiene que ser breve. Muy sintéticamente lo recuerdo: responsabilidades concretas de la enfermedad. Ya sabemos que el asunto viene de las harinas, de un comportamiento de alimentación animal muy
concreto; responsabilidades en el caso concreto de España.
En segundo lugar, efectivamente, le he pedido un análisis de la evolución de los datos. Ahora bien, saca S.S. una teoría que ya quedó desbordada hace mucho tiempo, un estudio que publicó el ministerio en su momento sobre la situación
general de la ganadería extensiva. Decir ahora que son los animales que se alimentaron en 1994, 1995 y 1996, cuando hemos visto las fechas de nacimiento de los animales que ahora están cayendo... Yo sé que era una teoría muy buena para el
comienzo, era culpa de Felipe González, pero, a estas alturas la cosa está tan clara, es tan evidente, que sólo hay que estudiar la fecha de nacimiento de los casos que se han ido produciendo en estos últimos meses. Me doy por satisfecho, repito,
con que se me conteste por escrito a las preguntas que he hecho.
Me explica usted la evolución de los datos en relación con la campana, de Gauss. Yo he comparado a Francia, Suiza, o Alemania con España por una sencillísima razón: ¿la Comisión Europea es irresponsable porque quiere calificar a España con
un nivel de riesgo? Y luego ha pasado lo que ha pasado !Qué le vamos a hacer! A estas alturas no se pueden hacer interpretaciones que quedaron viejas hace mucho tiempo. Yo espero que cuando me conteste por escrito me conteste a las preguntas
concretas que he hecho porque es importante aclararlas y, en ese sentido, creo cumplir con mi obligación al plantearlas.
Dice S.S. que el Ministerio de Agricultura garantiza que el cien por cien de los MER son eliminados. Yo le creo, pero conteste de otra manera a las denuncias del Reino Unido sobre aparición de restos de MER en piezas de carne de vacuno de
origen español. Estas cosas son muy graves desde el punto de vista de la seguridad y de los mercados. Estamos hablando de un producto de origen español que se exporta. Si a mí un país me dice que ha encontrado restos de MER de piezas de carne de
origen español, y me cita el origen concreto, tengo que responder de otra manera, tengo que responder con absoluta contundencia, pero S.S. no ha respondido así.
Responder que es competencia de las comunidades autónomas en un tema de comercio
exterior, puede servir para salir del paso en una circunstancia de apremio, pero no es la respuesta que uno espera.
¿Dónde están, dígamelo, se lo suplico, dónde están 360.000 toneladas que se producen en España cada año y dice usted que han ido a vertederos controlados? Dígame dónde están los vertederos controlados ¿Qué vertederos controlados? ¿Dónde
están? Porque es una pregunta que en sí misma no tiene demasiada importancia, lo que tiene importancia es la respuesta que se dé a esa pregunta, eso sí es importante. Porque estamos diciendo desde el Ministerio de Agricultura, desde el Gobierno de
España, si está controlada la situación o no está controlada la situación. Así de sencillo. Me gustaría que la respuesta que me dé por escrito sea desde luego mucho más contundente que la que usted ha dado
aquí en este momento en relación con las cementeras, etcétera.
Para terminar le voy a pedir un documento. Le solicito en esta comparecencia que le proporcione a mi grupo el documento de la Dirección General de Ganadería que estudia las ayudas nacionales otorgadas por los Estados miembros para las
distintas medidas de lucha contra las ETT, que es un documento en el que se compara lo que se hace en Francia o en Alemania. Le pido que me proporcione el texto de ese estudio de la Dirección General de Ganadería, entre otras cosas, porque es muy
interesante ver nuestra comparación con el sistema que se aplica en Francia, por ejemplo.
Y una conclusión, señor presidente, y termino con esto. (Ha dicho que a estas alturas la prohibición de enterramientos a partir del 1 de mayo, norma europea, le ha provocado al Ministerio de Agricultura una urgencia para firmar un convenio
con el Ministerio de Ciencia y Tecnología con la participación de organizaciones ganaderas (le he entendido) para buscar una alternativa a los enterramientos; me dice que se va a firmar un convenio en el que participa el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y se van a estudiar las alternativas que podemos aplicar. Claro, eso hubiera estado muy bien hace un año, pero es que esta medida de prohibición de los enterramientos está en vigor desde el 1 de mayo. ¿Qué está pasando ahora? ¿No
tenemos alternativa a los enterramientos? Y la reflexión es: sin infraestructuras, sin medios para dar respuestas a las medidas obligatorias, es muy difícil cumplir, y este es el gran problema que tenemos: no tenemos sistemas alternativos para
incineración o coincineración y, como no los tenemos, tenemos un gravísimo problema. La pregunta sería muy sencilla: ¿qué piensa hacer el ministerio ante una situación cómo esta, cómo piensa poner en marcha la solución a esa gravísima
contradicción?
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su comprensión, señor Cuadrado.
Tiene la palabra la secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN (García Tejerina): Su señoría insiste en hacer responsable al Gobierno de competencias que no son suyas, porque ni el Ministerio de Agricultura ni ningún otro es responsable de la
infraestructura que cada comunidad autónoma quiera establecer en su territorio para la eliminación de estos cadáveres, igual que para la eliminación de las harinas. Nosotros facilitamos, como va a suponer este convenio, métodos alternativos que
pueden ser planteados a la Comisión por España o por cualquier otro Estado miembro. Ahí trabajaremos con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y con las asociaciones para facilitar métodos alternativos, pero de la infraestructura, desde luego, el
Ministerio de Agricultura no es responsable; igual que en su ansia de hacer responsable al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Sanidad de absolutamente todo habla de comercio exterior, de los envíos al Reino Unido, pero todos sabemos que
en la Unión Europea hay mercado único y que en todo lo que se mueve en mercado único, es decir, dentro del territorio de la Unión Europa, no podemos hablar de comercio exterior, sino de envíos intracomunitarios.
Con lo cual, tampoco es
responsabilidad del Gobierno, sino de las comunidades autónomas, el velar por la correcta eliminación de los MER.
Con respecto a la curva de Gauss, esto tiene mucha importancia. Antes ya he explicado por qué nosotros en estos momentos teníamos esa situación.
Hay países, los más importantes, que han tardado casi seis o siete años en alcanzar el pico
que hace que la enfermedad empiece a descender, en España lo hemos hecho en tres años. La Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid acaba de terminar un estudio epidemiológico con la posible evolución de la enfermedad, y las
hipótesis de la evolución que nos han sido presentadas, y que aparecerán en breves fechas en revistas científicas, nos indican que previsiblemente, según la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense, el número de casos el próximo año
será inferior a los encontrados en este año. Es decir, estamos erradicando pronto y bien. Es un dato de gran interés, porque nos sitúa en el principio del fin de esta enfermedad, cuyo periodo de incubación es muy largo y que hará que el programa
tenga que ser mantenido durante varios años más hasta que esta enfermedad sea erradicada. Pero sin duda esto nos anima a continuar trabajando en la línea que se está haciendo, porque vamos por el buen camino.
Las comunidades autónomas nos remitirán los datos debidos de la destrucción de las harinas, pero le vuelvo a decir: el método utilizado no es ni mucho menos responsabilidad del Ministerio de Agricultura. Yo lo que desde luego puedo afirmar
es que a fecha de hoy es ampliamente reconocido por el conjunto de los sectores que el ministerio ha actuado en la lucha contra la erradicación de la encefalopatía espongiforme bovina más allá de lo que sus competencias en la materia le obligaban.
Hay una tranquilidad absoluta desde el Gobierno de que se ha actuado con total diligencia en todos los ámbitos, desarrollando toda la normativa necesaria, estableciendo todas las comisiones de coordinación con las comunidades autónomas (los
controles ya no los podemos hacer nosotros), garantizando la seguridad alimentaria y la erradicación rápida de la enfermedad, ayudando al sector en su recuperación económica y a los consumidores a recuperar su confianza. Y siendo evidente la
complejidad de implantar todas estas medidas, y además en los cortos periodos de tiempo que se nos daban, no es sino un elemento más para el reconocimiento por parte de todos de que se va por el buen camino. En todo caso, si en cualquier momento
S.S. conoce de alguna irregularidad, pues yo
creo que lo que compete a todos es proceder a su denuncia ante la Administración, ante la jurisdicción competente o, si así lo prefiere, de ser conocido por el Ministerio de Agricultura; cualquier irregularidad, cualquier falta de
cumplimiento de la vasta legislación que desde el ministerio se ha llevado a cabo, no dude en ponerlo en nuestro conocimiento porque no tardaremos nada en ponerlo en conocimiento de la jurisdicción competente en beneficio de todos.
El señor PRESIDENTE: Se ha solicitado una documentación por parte del portavoz socialista; se remitirá o no en función de las disponibilidades de información del ministerio. Su formulación ha quedado realizada y sus demandas han sido
incluidas en el 'Diario de Sesiones'.
Le agradecemos tanto a la secretaria general de Agricultura como a sus colaboradores su presencia en esta Comisión así como desearles unas felices Pascuas, porque esta es la última sesión que celebraremos antes de la Navidad.
- DEL SEÑOR FERNÁNDEZ CHACÓN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE ACTUACIONES PARA ORDENAR Y PRESERVAR EL CALADERO DEL GOLFO DE CÁDIZ.
(Número de expediente 181/003886.)
El señor PRESIDENTE: Ruego a los diputados que van a formular preguntas que se atengan a los tiempos fijados, habida cuenta de la hora y el orden del día. Pasamos a la número 3, que formula el diputado señor Fernández Chacón. Antes de
darle la palabra, permítame que dé la bienvenida también a la secretaria general de Pesca.
Tiene la palabra el señor Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Nosotros también le damos la bienvenida a la secretaria general de Pesca.
El sentido de la pregunta que hacemos guarda una relación muy directa con los efectos que han provocado en los diferentes caladeros nacionales, que están por ver en algunos casos -en el caso concreto del caladero del Golfo de Cádiz ya se
sabe qué efecto ha provocado-, el nuevo acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos. Hay que recordar que 397 barcos aproximadamente, creo recordar que era la cifra, pescaban en este caladero alauita hace unos años, hasta que cesó el último
acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos y, como todo el mundo sabe, la Unión Europea reconvirtió esta flota. Hay que decir que, desde el punto de vista de nuestro país, en el Grupo Parlamentario Socialista estamos convencidos que hicimos
un mal negocio en todo este asunto. Primero porque quizás la Unión Europea actuó de acuerdo con sus premisas y consiguió sus objetivos, que creemos que eran dos objetivos básicamente.
Un primer objetivo de la Unión Europea era desguazar flota.
Efectivamente, de estos 397 barcos, creo que son 155 barcos los que han sido desguazados desde entonces, disminuyendo claramente la flota española que faenaba en el caladero marroquí. Evidentemente, también consiguió un ahorro económico importante,
porque si se hace una proyección del gasto al que hubiera tenido que hacer frente la Unión Europea continuando con el acuerdo de pesca con Marruecos y teniendo en cuenta el resultado del desguace de la flota y de los barcos que han ido a pescar a
otros caladeros internacionales, el ahorro probablemente en el horizonte hasta 2008 puede llegar hasta los 100.000 millones de pesetas.
O sea, que la Unión Europea ha conseguido dos objetivos claramente: uno, desguazar flota; dos, ahorrarse
dinero por no firmar el acuerdo de pesca con Marruecos. ¿Y quiénes han sido los perjudicados? Pues a los perjudicados ya los conocemos, son los pescadores que faenaban en este caladero, poblaciones que dependían directamente en su actividad
económica, en algunos casos casi en su totalidad, como en el caso de Barbate, del caladero de pesca marroquí, y donde se está produciendo ahora un daño ecológico importante. Pero donde se está produciendo un daño ecológico que habrá que evaluar, y
nosotros creemos que en eso se estará ya haciendo algo, es en el caladero del Golfo de Cádiz. ¿Por qué? Porque más de una veintena de barcos que estaban pescando en el caladero marroquí con doble licencia de pesca, que tenían también licencia para
caladero nacional, caso concreto de la flota de Barbate, están pescando actualmente en el caladero del Golfo de Cádiz. ¿Y eso a qué ha llevado? Pues eso ha llevado a que haya una sobrepesca en este caladero, a que los propios armadores y
tripulantes se estén quejando de la escasez de capturas que están obteniendo desde que se reincorporaron a este caladero obligados por la expulsión de esta flota del caladero de pesca marroquí.
Evidentemente, hay menos cantidad de capturas y una
calidad de capturas inferior a la que se obtenía en el caladero marroquí. Me estoy refiriendo concretamente casi en su totalidad a la flota de cerco que pescaba en el caladero marroquí. ¿Esto qué significa? Esto significa menos rentabilidad
económica por barco y menos tripulación por barco. Evidentemente, debido también a la presión de la comercialización que tienen establecida países como Marruecos e Italia, me estoy refiriendo a las capturas del boquerón y otras de la pesca del
cerco, al tener mayor presión comercial por parte de estos dos países, la rentabilidad económica es mucho menor y prácticamente están llevando a la ruina a muchas empresas que hacen esta pesquería en el caladero marroquí, que actualmente están
obligados a hacerlo en el caladero del Golfo de Cádiz, y con ello el horizonte inmediato tiene un panorama muy difícil.
Nosotros creemos que hay que corregir esta situación y quien lo tiene que hacer en primer lugar es la Unión Europea, que es quien provoca el problema, evidentemente con la aquiescencia del Gobierno español, que no supo negociar, que no tuvo
la suficiente fuerza ante la Unión Europea, siendo una potencia de pesca en el mundo como lo es España, para paliar las consecuencias de esa falta de acuerdo y de las medidas que conllevaba el cierre de este acuerdo pesquero con Marruecos, pues
evidentemente esto ha perjudicado al sector, a la flota española y está perjudicando a los caladeros, sobre todo al caladero del Golfo de Cádiz.
Nosotros creemos que hay que hacer una política de sostenimiento del caladero basándose sobre todo en vedas y paradas biológicas. ¿Y quién debe de pagar? Creemos que es la Unión Europea la que debe de pagar estas paradas biológicas, pues
hay que recordar que es quien se ahorra un dinero importante al no haber más acuerdos pesqueros, y, en segundo lugar, porque en concreto esta actuación ha llevado como he dicho anteriormente, a que muchas empresas que se dedicaban a esta pesquería
estén prácticamente abocadas a desaparecer si no se actúa inmediatamente.
Los pescadores ya lo saben, han solicitado estas paradas biológicas subvencionadas por la Unión Europea, vuelvo a repetir, y creemos que es de justicia que así se haga.
Hay que recordar que el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición no de ley con medidas concretas para que el Gobierno las llevara a cabo. Una de esas medidas era un mayor control y erradicación de la pesca ilegal en el
caladero del Golfo de Cádiz. Una segunda medida solicitaba que se intensificara la realización de estudios científicos solventes para comprobar la situación de las diferentes especies de peces que están presentes en el caladero del Golfo de Cádiz.
Y una tercera medida que era fundamental, que se aprobó por parte de esta Comisión y por lo tanto el Gobierno debe de dar cuenta de lo que ha hecho en esta dirección, y en este sentido nosotros admitimos una enmienda del Partido Popular, era que se
estudiara la posibilidad de solicitar de la Unión Europea fondos adicionales para que se establecieran paradas biológicas en el caladero del Golfo de Cádiz. Señor presidente, ahí están las preguntas que me gustaría que me contestara la secretaria
general de Pesca: qué se ha hecho de estas medidas que se aprobaron en su momento en el seno de esta Comisión que obligan al Gobierno español y qué es lo que se está haciendo con estas medidas concretas para reparar, recuperar y sobre todo
preservar el caladero del Golfo de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: Para contestar a la pregunta que figura con el número 3, tiene la palabra la señora secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Fraga Estévez): En contestación a la pregunta formulada por el señor diputado, tengo que decir que para la mejora de la ordenación y la preservación de los recursos del caladero del Golfo de
Cádiz, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Secretaría General de Pesca Marítima, ha decidido una serie de actuaciones, tanto en el marco general de la próxima revisión y ordenación del caladero nacional como
específicamente dirigidas a las condiciones que se dan en este caladero, cuyos rasgos generales paso a detallar a S.S., poniéndome en todo caso a su disposición por si deseara mayores y ulteriores detalles.
Como SS. SS. conocen, la Secretaría General de Pesca Marítima se ha propuesto acometer una revisión detallada del caladero nacional con el fin de trazar la fotografía de la situación en que nos encontramos en este momento tanto en lo que
se refiere a la situación de los recursos como a la de sus flotas: su edad, las especies sobre las que actúan, sus características, la cantidad y el valor de sus capturas y, en definitiva, su estructura socioeconómica. En un segundo paso esta
situación se comparará con la normativa actual, tanto comunitaria como local y autonómica para, a partir de ahí, proceder a las modificaciones que se estimen necesarias, actualizando las medidas de gestión a los nuevos tiempos y a las nuevas
situaciones. Estas nuevas situaciones vendrán dadas por el estado de los recursos en relación con la capacidad de la flota pesquera, los resultados que se observen de la aplicación de la normativa actual, tanto de las diversas normas estatales como
autonómicas, y del nuevo panorama que resulte de las nuevas medidas comunitarias. Entre éstas, y en lo que se refiere al Golfo de Cádiz, nos enfrentaremos a la situación resultante de la nueva propuesta de taxicuotas para el año 2004 y las
limitaciones de esfuerzo en las pesquerías de merluza y cigala, fundamentalmente, que aunque esperamos que no resulten tan extremas como hasta el momento tiene planteado la Comisión, sí contribuirán a la definición de un nuevo escenario, ya que
resulta evidente que existe un problema de descenso del recurso y que es necesario su salvaguardia. Nos encontraremos también con el resultado de un nuevo reglamento de medidas técnicas, actualmente en discusión en Bruselas, y que puede obligar
también a nuevas adaptaciones. Pero el escenario final sobre el que actuar vendrá dado también porque es objetivo de la Secretaría General de Pesca Marítima que la ordenación final se lleve a cabo con el menor coste socioeconómico posible, es
decir, con un coste mínimo, si es que así se deduce del estudio que se llevará a cabo en flota y empleos. Y creemos que precisamente en el Golfo de Cádiz hay margen de maniobra para que esto posible, como luego explicaré.
La previsión del ministerio es abordar este repaso exhaustivo de la situación del caladero nacional por tramos, habiéndose decidido (y esto se decidió en conferencia sectorial) comenzar por el caladero Cantábrico-Noroeste,
sobre el que ya se ha iniciado un proceso de recolección de datos, al que seguirá precisamente el caladero del Golfo de Cádiz. No obstante, en este caladero concurren una serie de circunstancias que han obligado a la Administración a ir
tomando una serie de medidas para ir procediendo a su mejor ordenación, con el objetivo, como se desprende de la pregunta de S.S., de garantizar su preservación.
En el caladero del Golfo de Cádiz hay censados 867 buques, de ellos, 540 de artes menores, aunque la flota en general se caracteriza por su pequeño porte y su actividad artesanal, con una débil estructura empresarial, siendo las empresas en
su mayor parte de carácter familiar.
Este esquema ha propiciado en parte un problema claro de sobreexplotación del caladero que hay que abordar, agravado por otra de las características claves de esta zona, y que S.S. ha señalado, como es la pesca
ilegal practicada por un número importante de buques sin regular, además de ser un caladero donde se detecta un gran número de infracciones a la normativa, incluso por los buques legales, infracciones que tienen su continuidad tanto en las descargas
ilegales como en la entrada de los productos pesqueros procedentes de infracciones en los canales comerciales, con problema serio en los circuitos de primera venta, y en particular en determinadas lonjas, que no impiden como debieran esta
comercialización fraudulenta. Todo ello dibuja un panorama muy complejo que ha llevado a la Administración a abordar una serie de medidas de carácter más inmediato para tratar de mejorar y sacar mayor partido a los medios de inspección y control y
para tratar de ir ordenando el caladero mediante una primera lucha contra la pesca ilegal y las infracciones administrativas.
En lo que respecta a la pesca ilegal, podemos definir tres tipos de casuística a los que nos enfrentamos y sobre los que ya se ha comenzado a actuar. En primer lugar, los buques ilegales construidos para dedicarse a la pesca al margen de
toda normativa, que no se han censado, que carecen de licencia de pesca y que simplemente se echan al mar a esquilmar los recursos, ejerciendo una competencia totalmente desleal con los buques legales que descargan sus capturas fuera de los puntos
de venta y venden en el mercado negro. En segundo lugar, hay una serie de buques que si bien cuenta con su preceptiva hoja de asiento en el registro oficial de matrícula de buques de la Dirección General de Marina Mercante, como es preceptivo para
poder navegar, nunca se han dado de alta en el censo de flota pesquera, por lo que igualmente carecen de licencia aunque también ejercen la pesca y comercializan sus capturas. Y en tercer lugar, los buques en los que sus características reales en
nada se asemejan a las reflejadas en la hoja de asiento, es decir, buques que cuando se construyeron tenían unas determinadas características de material de construcción, arqueo y potencia, y que posteriormente fueron sustituidos por sus armadores
por buques distintos, de materiales más modernos y generalmente de mayor tamaño y potencia, sin que esos cambios quedaran reflejados en el censo operativo de flota.
Podemos decir, por tanto, que tenemos tres grados de ilegalidad en una gran parte de la flota que faena en el caladero del Golfo de Cádiz. Ahora bien, desde que la Secretaría General de Pesca incrementó la presión sobre la actividad ilegal,
tengo que decir que en colaboración también con la comunidad autónoma, algunos de los buques pertenecientes a estos dos últimos grupos han venido expresando su interés, fundamentalmente a través de los ayuntamientos -y especialmente, debo subrayar,
de los ayuntamientos de la provincia de Huelva-, desde la que ejercen su actividad para reinsertarse en la legalidad, por así decirlo. Ante este interés, la Secretaría General de Pesca Marítima ha mantenido varias reuniones con los alcaldes de
estas localidades, así como con las autoridades de Marina Mercante, para estudiar las posibilidades existentes. En este sentido, quiero anunciarles que en este mes de diciembre presentaremos una modificación de la normativa en vigor para que, en el
marco de la Ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social, dichos barcos puedan ser dados de alta en el censo de flota operativa, siempre y cuando cumplan con los requisitos de la normativa comunitaria y estatal en vigor. Así pues, los
barcos de estas dos últimas categorías que lo deseen y estén en disposición de cumplir con dicha normativa, fundamentalmente la aportación de las correspondientes bajas en el caso de los buques irregulares, dispondrán de seis meses, desde el 1 de
enero al 30 de junio del año 2004, para presentar la solicitud y la documentación correspondiente. Respecto al primer grupo de buques, los total y conscientemente ilegales, no hay, como ustedes supondrán, posibilidad de legalización posible, y en
ese sentido también aprovecho para reafirmar la decidida voluntad de la Administración de continuar con las medidas de inspección y control que se están llevando a cabo para el decomiso y, en su caso, destrucción de dichas embarcaciones ilegales.
Finalmente, la preocupación de la Secretaría General de Pesca Marítima respecto a la ordenación y control del caladero se ha puesto de manifiesto en su voluntad de reducir hasta su progresiva eliminación las distintas infracciones que se
llevan a cabo en el caladero del Golfo de Cádiz, fundamentalmente la extracción de especies de talla inferior a la reglamentaria y su descarga y comercialización, actuando en los tres frentes, así como las diversas irregularidades documentales que
se dan en estas flotas, como no cubrir adecuadamente los partes de capturas, la ausencia del diario de a bordo, la ausencia de licencia y la pesca sin autorización en aguas de Portugal. La abundancia y reiteración de estas infracciones había
llegado a ser verdaderamente preocupante, por lo que se imponía optimizar los medios materiales y humanos de los medios de inspección pesquera, fundamentalmente a través de una mejora de la
coordinación entre los medios de la Secretaría General de Pesca Marítima, la Armada, la Guardia Civil, por una parte, y los medios de la Junta de Andalucía, por la otra. Para ello, la Secretaría General de Pesca Marítima elaboró un plan de
acción que fue presentado a las autoridades de la Junta de Andalucía por el propio ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en el transcurso de una reunión de alto nivel y monográfica sobre este tema, que tuvo lugar en Sevilla el pasado 8 de
septiembre.
Fruto de esta reunión, ambas administraciones se comprometieron a llevar a cabo un plan de actuación conjunto que implique además a las administraciones locales, al propio sector pesquero y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado cuando sea necesario. Posteriormente, el 24 de septiembre, se reunían los directores generales de Pesca de ambas administraciones, que concretaron las medidas de este plan de choque en el control de la zona, acordando un calendario de
actuaciones, planificando inspecciones conjuntas y estableciendo una armonización de las acciones, entre otras medidas. Las noticias que tenemos sobre la puesta en marcha de este plan, que acaba de iniciarse, son por el momento altamente
esperanzadoras.
Estas son en resumen las medidas puestas en marcha y las actuaciones futuras que están previstas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la ordenación y preservación del caladero del Golfo de Cádiz. Como he dicho, estoy
a disposición de S.S. para cualquier ulterior puntualización.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra de nuevo el portavoz señor Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: Teníamos noticias de que había medidas ilegal, de actuación conjunta con la Junta de Andalucía también para ejercer este control, pero no me ha contestado a una pregunta que le formulé que creemos que es básica, y
es qué están haciendo ustedes ante la Unión Europea para que se puedan establecer paradas biológicas que contribuyan al sostenimiento del caladero del Golfo; si tienen intención de hacerlo, si han tenido ya algún contacto y, en concreto, cómo
pueden establecer estas medidas y qué opinión le merece al ministerio este tipo de medidas.
Porque está muy bien el control de la pesca ilegal, esto es lo que hay que hacer, reponer la legalidad, porque el caladero está sobreexplotado ilegalmente
además, pero no nos olvidemos la cantidad de barcos que hay pescando allí, es fruto, como hemos dicho al principio de nuestra intervención, de la falta de acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos, por ello creemos que la Unión Europea debe
de responder solidariamente del futuro de estos pescadores que actualmente necesitan y se sustentan de este caladero. Por lo tanto, me gustaría que usted expusiera concretamente las medidas que se están llevando a cabo desde la Secretaría General
de Pesca y desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en relación con la Unión Europea para subvencionar paradas biológicas y vedas en este caladero del Golfo de Cádiz.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Fraga Estévez): Como S.S.
sabe, el tema de las paradas biológicas quedó finalmente regulado en la última modificación del reglamento estructural después de la reforma que se aprobó en
diciembre del año pasado. Ahí, en el famoso artículo 16, quedaron definitivamente reguladas las paradas biológicas en un sentido, tengo que decir, un poco más restrictivo que en la reglamentación anterior. Hay solamente dos situaciones en que
están previstas las paradas biológicas: por causas imprevisibles, que son paradas biológicas vinculadas a un plan de recuperación. Esto por un lado. (El señor vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa la Presidencia.) En segundo lugar tengo que decir
que las paradas biológicas son solicitadas por las comunidades autónomas, no es la Administración central la que solicita directamente a Bruselas las paradas biológicas, sino las comunidades autónomas las que solicitan la posibilidad de acceder a
una financiación, siempre y cuando se cumpla con los requisitos prescritos en el artículo 16 del reglamento estructural. Actualmente, con la situación sobre todo de la merluza y de la cigala y algunas otras especies con que los planteamientos que
ha hecho la Comisión en el reglamento de taxicuotas son inaceptables para la Administración española, pero se prevé que en un futuro pueda haber algunos planes de recuperación, en cuyo caso las paradas biológicas estarían vinculadas y obviamente
estarían financiadas para estos temas. En cualquier caso, insisto, la petición de las paradas biológicas proviene de las comunidades autónomas, todo esto esta regulado y reglamentado en el artículo 16 del reglamento estructural y, en cualquier
caso, la Administración española, la Administración central, apoya siempre las peticiones que formulan las comunidades autónomas, unas veces con mayor éxito y otras con menor éxito, pero al fin y al cabo, ya digo, la solicitud no proviene de
nosotros.
A nivel de Secretaría General de Pesca Marítima, yo sí creo que las paradas biológicas podrían ser en algunas zonas un instrumento muy positivo de gestión, pero esa no es por el momento la posición que tiene la Unión Europea. Yo
personalmente creo que puede ser un instrumento válido de gestión, pero por el momento la Unión Europea no considera que este sea un instrumento válido de gestión, y claramente en el artículo 16 dice que las paradas biológicas no pueden ser un
instrumento simplemente para conseguir en un periodo concreto una reducción de esfuerzo. Ya le digo, tienen que estar vinculadas a una reducción incluso de capacidad, que
es lo que persiguen los planes de recuperación, o bien a una situación muy extrema de un recurso que lo justifique y normalmente esa justificación vendría vinculada a lo que ahora se denominan planes de recuperación. En cualquier caso, en
la Administración central, y contesto a su pregunta, siempre hemos sido valedores de las propuestas que han formulado las comunidades autónomas, y como tal lo seguiremos haciendo.
- DEL SEÑOR DÍAZ DÍAZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE DESCUENTOS A APLICAR EN LA LIQUIDACIÓN FINAL DE LAS AYUDAS CORRESPONDIENTES A LAS INDEMNIZACIONES DEL FONDO PARA INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR LA CONTAMINACIÓN DE
HIDROCARBUROS (FIDAC) A LOS AFECTADOS POR LA CATÁSTROFE DEL 'PRESTIGE'. (Número de expediente 181/003876.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Pasamos a la pregunta que figura con el número 4 en el orden del día, cuyo autor es don Ceferino Díaz, que tiene la palabra para formularla.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora secretaria general de Pesca, es un placer verla por esta casa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
El real decreto que nosotros calificábamos y calificamos de punto y final, porque con él se pretende cerrar definitivamente el tema del Prestige, se justificaba en que después del Mar Egeo esta vez los afectados cobrarían antes porque se
adelantarían las indemnizaciones. Por cierto, la Administración nunca aclaró que en el tema del Mar Egeo había un contencioso entre el Gobierno español y la compañía aseguradora, contencioso que duró varios años, que es la justificación de este
retraso, y que en ese contencioso también se subrogó el actual Gobierno de España. Volviendo al tema, lo que nunca quedó claro, no lo estaba en el decreto ni se clarificó en el debate y se creó confusión en declaraciones del comisionado, es el
tratamiento que se iba a dar a las indemnizaciones percibidas por una parte de los afectados. Como era un tema importante, ya en el debate del decreto pedimos aclaraciones y no obtuvimos respuesta, queríamos que se clarificara oficialmente el tema
y no quedase a interpretaciones interesadas según los casos y los interlocutores, como pasó y sigue pasando.
Hay declaraciones que nos dicen que las indemnizaciones recibidas podrán -quiere decir que en unos casos sí y en otros no- ser descontadas de las finales. Otras nos dicen 'según los casos', que es otra manera de decir podrán. Otras,
oficiosas, que para los que se acojan al decreto no habrá descuento y a los que no se les descontarán. Entre tanto no tengamos una aclaración oficial, el Gobierno sigue jugando con la ambigüedad, que es como seguir jugando con los afectados. Y
decimos con rotundidad, señora secretaria general de Pesca, que el Gobierno no tiene derecho a jugar con las necesidades de las personas, y los afectados son antes que nada personas con necesidades. Por ello demandamos que hoy aquí, en sede
parlamentaria, se nos diga cuál era la decisión del Gobierno sobre este tema y por ello preguntamos: ¿De la liquidación final de las ayudas correspondientes a las indemnizaciones del FIDAC se van a descontar las ayudas ya percibidas de la
Administración del Estado o de las autonómicas? Si se van a descontar, ¿qué ayudas se van a descontar y a qué colectivos?
Señora Fraga, aprovechando que pasa por aquí -lo siento, pero el Gobierno no viene muchas veces a esta Comisión a responder preguntas- quisiéramos saber dos cuestiones que nos intrigan relacionados con este mismo tema.
En primer lugar, el
FIDAC estima que sólo tiene fondos para asumir el 15 por ciento del valor de las indemnizaciones, el 15 por ciento, y para pagar el 15 por ciento el FIDAC dispone de algo más de 126 millones de euros. En el decreto de punto final y en declaraciones
posteriores del señor Rato y del señor Montoro se nos dice que el Gobierno no va a aportar nada para financiar esto y ustedes, con el 15 por ciento del FIDAC, dicen que van a financiar el cien por ciento de las indemnizaciones, el cien por ciento de
los daños causados. El FIDAC aporta el 15 por ciento y ustedes dicen: nosotros con esta cantidad financiaremos el cien por ciento de los daños causados. Y además dicen: y no pondremos un céntimo, no habrá crédito extraordinario, nos llega con la
aportación del FIDAC. Está escrito en el 'Diario de Sesiones'. Es más, yo quisiera saber si esto es un milagro, que con el 15 por ciento se cubra el cien por ciento, o es un simple juego malabar. En todo caso, quisiera que se explicaran, porque
uno ha leído el Antiguo y el Nuevo Testamento y está convencido de que los milagros en temas de dinero no tienen precedente, se multiplican otras cosas, los dineros no se multiplican, no hay precedentes ni milagros en temas de dinero.
Pero hay algo más difícil todavía, como en el circo. Se dice: bueno, nosotros queremos que se nos adelante una parte de esos 126 millones, y el FIDAC dice: vamos a adelantar 57 millones. También con los 57 millones, que cubren el 7 por
ciento, según el FIDAC, de los daños causados, ustedes dicen: con esto también pagamos el cien por cien. La verdad es que es difícil entender que lo que antes costaba 126 se cubra ahora con 57 cuando representa el 7 por ciento de lo que el FIDAC
estimaba el daño causado. Ustedes, con el 7 por ciento del daño causado, cubren el cien por cien. La verdad es que tenemos necesidad de que usted nos lo explique, porque nosotros le damos muchas vueltas y no lo entendemos.
Voy con la última curiosidad, señora Fraga. En el tema del Prestige el Gobierno hizo valoraciones varias.
En la Unión Europea presentó una primera valoración de 436 millones de euros, después hubo una mayor. El comisionado valoró el tema en 700 millones de euros. Ante el Tribunal de Justicia de Nueva York, la demanda contra la compañía ABS
alcanza los 2.000 millones de euros. En este contexto tenemos que ustedes le piden en el decreto a los afectados que firmen y renuncien a reclamaciones futuras. Si firmaran el cien por cien de los afectados, cobrarían 126 millones de euros al
final, y ustedes, si prospera la demanda contra ABS, cobrarían 2.000 millones de euros. ¿Usted cree que esto es normal? ¿Usted cree que es normal que el Gobierno saque beneficio, cuando menos contable, con el Prestige, mientras las comunidades
afectadas soportan costes cuando menos medioambientales que no están estimados? Nosotros creemos que sería una inmoralidad que el Gobierno acabara haciendo negocio -explíqueselo usted a los miles de voluntarios- con el tema del Prestige porque le
pagan mucho más de los costes que realmente tuvo, entre otras cosas, porque ustedes contabilizaron mal y dejaron fuera una serie de gastos, como son los gastos de recuperación y los daños ecológicos. Al no contabilizarlos, la cantidad contabilizada
no llega con mucho a la cantidad demandada. Yo le diría en este tema que cuando menos fueran coherentes, que modificaran la valoración, que modificaran el decreto, entre otras cosas porque si ustedes quieren seguir adelante con su demanda, su
demanda de alguna manera pierde fuerza si están reclamando 2.000 millones y ustedes están indemnizando como máximo con 57 o con 126. Para que la demanda tenga coherencia y tenga fuerza tienen que revisar la valoración y dejar una puerta abierta
para que los afectados puedan también cobrar si al final ustedes acaban cobrando 2.000 millones de euros. En caso contrario, pensamos que la demanda no tiene credibilidad y parecería, o si no explíqueme a qué viene, que el Gobierno quiere hacer
caja con este tema o quiere aumentar el superávit presupuestario en base a la desgracia del Prestige.
Señora secretaria general de Pesca, las preguntas son bien concretas y la verdad es que no quisiéramos irnos hoy de esta Comisión sin una respuesta. Además, sabe que para las o pocas veces que viene usted por aquí, aunque hoy nos diga la
verdad y toda la verdad, no se lo vamos a contar a nadie y el año próximo será otro año.
El señor PRESIDENTE: Para contestarle, tiene la palabra la secretaria general.
La señora SECRETARIA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Fraga Estévez): Yo intentaré contestar lo que está dentro de mis competencias y en segundo lugar le diré que yo tengo por norma contestar siempre la verdad, lo cual no quiere decir que la
verdad sea infalible. Yo intento por lo menos contestar mi verdad, que no sé si es la suya y desde luego no sé si es infalible, pero no intento engañar a nadie porque creo que engañar a la gente en estos temas sólo produce mayor confusión, y yo
creo que bastante confusión ha habido ya con el tema del Prestige, para crear nuevas dudas.
De todas maneras, quiero decir que el tema del Prestige, como usted muy bien sabe, no está cerrado y es muy difícil llegar a cifras definitivas hasta que
incluso gran parte de los que puedan ser beneficiarios de ayudas no invoquen su derecho, y tienen todavía un plazo relativamente largo, porque en el caso de que vayan por la vía normal y no por la de la subrogación del famoso decreto, tienen todavía
un plazo de tres años, con lo cual son cálculos aproximados que en cualquier caso el Gobierno puede hacer en función de lo que aportamos los distintos departamentos.
Antes de pasar a la lectura de lo que tengo preparado, usted ha dicho que de alguna manera las comunidades autónomas han tenido una serie de gastos. En cuanto al tema pesca desde luego por el momento Galicia ha aportado cero, todo se ha
pagado con cargo a fondos comunitarios o bien con cargo a cofinanciación que en este caso ha sido cofinanciación cien por cien por parte de la Administración central. Usted sabe que es regla normal de funcionamiento de los fondos estructurales que
en la cofinanciación también las comunidades autónomas, incluida Galicia, que es objetivo 1, aporten una parte. Pues en este caso no ha sido así. Es verdad en lo que respecta al famoso reglamento comunitario, porque después hay una serie de
aspectos que no están contemplados. Pero paso a contestar a la pregunta tal y como está redactada y de todas maneras si quiere luego puntualizaremos lo que yo le puedo puntualizar, obviamente.
En relación con el accidente del Prestige, desde el inicio de la crisis el Gobierno, así como las comunidades autónomas afectadas, pusieron en marcha una serie de iniciativas legislativas para adoptar medidas específicas para compensar a los
sectores pesquero, marisquero y acuícola. Por otra parte, a instancia del Gobierno español, el Consejo de la Unión Europea aprobó el Reglamento 2372/2002, por el que se establecen las medidas específicas para compensar a dichos sectores. Este
reglamento, que modifica y amplía el reglamento base del IFOP, ha permitido dar la cobertura necesaria al sector marisquero y acuícola, que no estaban comprendidos en el reglamento base, así como cubrir determinados gastos que no hubieran podido
recibir ayudas en aplicación del Reglamento 2792/1999, como eran la limpieza de buques, sustitución de artes de pesca dañadas por la contaminación, repoblación necesaria para la recuperación de las poblaciones de marisco en los lugares afectados por
la contaminación, etcétera. También se eliminaron algunos límites establecidos en dicho reglamento de ayudas al IFOP sobre la cuantía total y el tiempo de actuación en relación a la paralización temporal a las actividades pesqueras y otras
compensaciones financieras, lo que ha permitido indemnizar a
los afectados por el accidente del Prestige. En aplicación de la normativa comunitaria, el Reglamento 2372/2002, y de la normativa nacional, reales decretos leyes 7 y 8 de noviembre y diciembre respectivamente de 2002, así como las
normativas autonómicas que regulan las concesiones de ayudas, los afectados por la catástrofe del Prestige en relación con el sector pesquero han recibido ayudas por un importe de 131 millones de euros. Estas ayudas han permitido atender las
necesidades que afectaban a un colectivo cercano a las 20.000 personas, compuesto por tripulantes, mariscadores, personal auxiliar de embarcaciones (y aquí me refiero exclusivamente a los rederos), personal de cofradías, de lonjas, comercializadores
en primer nivel y colaboradores familiares, todos ellos previstos en los artículos 7 de los citados reales decretos leyes números 7 y 8 de 2002. También ha sido posible indemnizar a los armadores propietarios de buques que se vieron afectados en el
ejercicio de su actividad pesquera y cuyo colectivo se situaba en unos 6.500 buques afectados. En la actualidad, ya se han podido abrir a la actividad pesquera todas las zonas -usted sabe, como diputado gallego que es, que la última fue Galicia-,
por lo que se puede afirmar que se ha recobrado la normalidad en lo que es la actividad productiva.
El coste de las indemnizaciones abonadas a los colectivos afectados, que como ya hemos indicado se eleva a 131 millones de euros, ha sido financiado por los fondos de la Unión Europea, es decir, por el fondo IFOP, que ha participado con 98
millones de euros, y el resto con cargo a los presupuestos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que ha puesto a disposición de las comunidades autónomas afectadas los fondos nacionales necesarios para la cofinanciación del IFOP. Las
cifras, si quiere, las tengo por comunidades autónomas, pero el monto total ha sido de 131 millones de euros y el 90 por ciento más o menos ha ido a paralizaciones temporales. Si quiere, luego por comunidades autónomas se lo puedo detallar. De
aquí, lógicamente, Galicia ha sido la que más ha recibido porque ha sido la más afectada y sobre todo la que ha tenido sus caladeros cerrados durante un periodo más largo de tiempo.
De todos los gastos citados únicamente se solicita al FIDAC la parte de cofinanciación nacional abonada exclusivamente por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que consideramos que es totalmente lícito recuperar, aunque
sólo sea en parte, los gastos ocasionados al ministerio por este accidente. Por ello, y respondiendo expresamente a su pregunta, en absoluto se va a descontar a los afectados las ayudas ya percibidas de la Administración general del Estado o de las
autonomías.
Tengo que decir que no se van a imputar al FIDAC ninguna de las indemnizaciones pagadas con cargo al IFOP, ninguna, esto es normal en cualquier reglamentación del IFOP, y además figuraba así en el famoso reglamento que se aprobó de
ayudas específicas para el Prestige, y sólo se va a imputar la cofinanciación, que, como digo, ha sido aportada exclusivamente con cargo a la Administración central. En cualquier caso, yo no me quiero meter en las cifras porque creo que todavía no
se saben estrictamente, se han hecho evaluaciones que pueden ser más o menos al alza o a la baja, en función de lo que cada uno consideremos, pero lo que sí está claro es que primero van a cobrar los afectados, los privados, mucho antes que las
administraciones. Es decir, nosotros pedimos, e imputamos al FIDAC esa cofinanciación que ha tenido el ministerio, en nuestro caso el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pero sí es verdad que si al final faltan fondos o no son
suficientes se va a pagar primero al sector privado y obviamente las administraciones quedan en último lugar.
El tope máximo del fondo FIDAC es de 171,4 millones de euros y, efectivamente, el anticipo que se va a recibir es de 57,5 millones de euros, como usted ha indicado. Dicho lo cual también me gustaría añadir, y me he centrado simplemente en
los datos del IFOP, que también en este caso el ministerio al que yo represento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha participado en actuaciones ligadas al Prestige que obviamente no están imputadas y en financiaciones como son
ayudas a las federaciones regionales de cofradías, con las que se han formulado convenios. También se han hecho importantes actuaciones en el campo de la promoción con el fin de fomentar otra vez el mercado, que en algunos casos podía haberse visto
deteriorado; se han hecho campañas de promoción con cargo al FROM por cantidades alrededor de un millón de euros, campañas creo que importantes, y usted sabe también que se han hecho subvenciones a los famosos créditos ICO que se han concedido a
las cofradías de pescadores por un cómputo total de alrededor de 4 millones, de los cuales el ministerio subvenciona 1,5 millones, es decir, los afectados sólo tendrán que devolver en los cinco años un 65 por ciento de los créditos que han
solicitado al ICO.
Estas son las cifras que yo tengo y tengo que decir que en pesca no está cubierto, efectivamente, el lucro cesante, esto es lo que se podrá reclamar por parte de los afectados. Usted sabe que con el último real decreto, el 1053, se pueden
hacer dos tipos de solicitudes, la que se hace por módulos, es decir, aquellas personas que ya han percibido ayudas, en cuyo caso su solicitud es muy sencilla, y aquellas que tienen que demostrar por primera vez que han tenido daños causados en
función del Prestige. En cualquier caso, las personas que no se quieran someter a este tipo de real decreto, como ha ofrecido el Gobierno con el fin de cobrar anticipadamente, y es verdad que en este caso el Gobierno se subroga en acciones que
pueda emprender en el futuro, tienen libertad absoluta. Me imagino que también un número importante de personas aceptarán recurrir directamente al FIDAC, pero ahí tienen un plazo (por
eso digo que es difícil ahora mismo saber las cantidades) todavía de tres años a partir del accidente del Prestige para presentar sus solicitudes.
Ahora mismo no tengo cifras exactas dentro del sector pesquero de la cantidad de personas que
van a optar por la vía del real decreto o van a optar directamente por presentar su solicitud al FIDAC, tienen un plazo, ya les digo, de tres años desde el accidente del Prestige, y me imagino que todo el mundo estará valorando qué les interesa más.
Yo creo que la oferta del Gobierno ha sido una oferta importante para aquellas personas que tengan interés en recibir los pagos a la mayor brevedad posible, pero obviamente queda abierta la otra vía, que es igual de justa y legítima y cualquiera
puede acceder a ella.
Sobre que el Gobierno vaya, como usted ha dicho, a beneficiarse de unas cantidades, yo creo que el Gobierno está pidiendo unas cantidades dentro de lo que se calcula aproximadamente que pueden ser las peticiones finales, que obviamente, por
desgracia, todavía no las sabemos. Incluso nosotros al principio con los cálculos del IFOP, tuvimos dificultades en llegar a cifras exactas, lo cual nos hizo mandar anticipos rápidamente a las comunidades autónomas y algunas los han tenido que
devolver porque les han sobrado, felizmente, porque nadie podía prever hasta dónde y cuándo podía llegar esta desgracia y, sobre todo, hasta cuándo podíamos normalizar la situación pesquera en nuestra caladero.Yo creo que el Gobierno no tiene ningún
interés en beneficiarse de esto, tiene interés en que obviamente se pueda llegar a todo aquel que ha tenido un daño o un perjuicio. Las evaluaciones serán complicadas, sobre todo en el tema del lucro cesante, hay otros hechos que son mucho más
fáciles de evaluar.
Creo que en el tema de pesca se ha cubierto una parte muy importante, incluso, como he dicho anteriormente, una parte muy importante que no estaba prevista en la reglamentación del IFOP, por ejemplo, el tema de mariscadores, el
tema de rederos, que obviamente nunca ha estado cubierto por el reglamento IFOP, y creo que de alguna manera el tema no ha salido del todo mal y debemos felicitarnos todos por ello.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz socialista para que pueda repreguntar.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señora Fraga, creo que me ha contestado lo que ha podido, pero voy a intentar que me conteste algo más, porque me quedaron algunas dudas.
En principio yo entendí, no sé si entendí bien, que no se van a descontar en modo alguno las ayudas nacionales, pero no me quedó claro si se van a descontar las ayudas del IFOP.
El señor PRESIDENTE: Yo le rogaría al señor Díaz concreción.
El señor DÍAZ DÍAZ: Sí, por eso estoy haciendo preguntas, para que me conteste después. Porque las ayudas nacionales son una parte pequeña de la ayuda del IFOP. Las nacionales me quedó claro que no se van a descontar, no sé las del IFOP.
La señora Fraga ha planteado que en principio hay un problema con el lucro cesante, y el problema con el lucro cesante es un problema serio, señora Fraga, y por una razón, porque el decreto cierra la posibilidad de reclamación a 31 de
diciembre del año actual, partiendo de una premisa científicamente falsa de que el tema se terminó y que el año próximo la pesca va a ser lo mismo que era en 1994, en 1997, en 1998, en 1999 y en 2000, antes de la catástrofe, luego ya no hay lucro
cesante más que en el año 2002 y 2003. El tema es un cierre en falso, porque todos sabemos que los peces no comen chapapote y todos sabemos que la producción de los años próximos puede cuando menos ser menor que la que está habiendo actualmente, y
ese lucro cesante no se contempla, se contempla hasta el 31 diciembre. Pero curiosamente, ¿qué ocurre? Que el FIDAC, más experto en la materia porque se dedica a eso, contempla tres años para poder reclamar, y nosotros cerramos el tema en un año,
el que quiera reclama ahora y, a partir de ahí, se terminó el problema. ¿Y el lucro cesante futuro? Ah, esa es otra historia, usted ya renunció, ya firmó, se conforma con el lucro cesante del periodo anterior, pero renuncia al lucro cesante de los
años venideros; o sea usted cuando firma acepta que la situación del sector pesquero y marisquero está totalmente normalizada y si no está normalizada y si ustedes tienen pérdidas, va por cuenta de sus ingresos. Me parece que la situación es
bastante injusta y que se está jugando con la necesidad de la gente, que prefiere cobrar ahora, porque el año que viene no sé lo que puede pasar, además mi hijo se puede ir a Canarias.
El señor PRESIDENTE: Señoría, le recuerdo que, estamos en el turno de preguntas, y nos hemos pasado más del doble del tiempo que tenemos reglamentariamente.
El señor DÍAZ DÍAZ: Solamente quiero la mitad del tiempo que se tuvo en la pregunta anterior.
El señor PRESIDENTE: La anterior ha sido bastante escueta y el tiempo similar.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino, señor presidente.
Por otra parte solamente me queda aclarar dos temas. Un primer tema, si el FIDAC estima los daños o la indemnización en el 15 por ciento, cómo el Gobierno de España, y está dicho por el señor Montoro y por el señor Rato y consta en el
'Diario de Sesiones' que con el 15 por ciento ellos cubren el cien por cien de la indemnización, ¿cómo? ¿Cómo se puede hacer eso? Y todavía más, cuando el FIDAC adelanta 57 millones, que es bastante menos del 15 por ciento, usted dice que
siguen cubriendo lo mismo, que siguen cubriendo todo, cuando el FIDAC dice que eso es menos del 7 por ciento de la cantidad.
En segundo lugar, si al final en su reclamación a nivel internacional se consiguieran, ¡que ojalá se consigan! 2.000 millones de indemnización, y ustedes liquidaron con 57 o 121, ¿no cree que es una inmoralidad? Los que suscribieron el
decreto están renunciando expresamente a indemnizaciones futuras. Explíquemelo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora secretaria.
La señora SECRETARIA GENERAL DE PESCA MARÍTIMA (Fraga Estévez): Bueno, yo creí que lo había dejado claro, pero parece que no.
En cualquier caso, no hay ninguna devolución, no se va a pedir ninguna devolución de las ayudas entregadas con cargo al IFOP, ninguna, y esas no se van a imputar tampoco al FIDAC. Creo que contesto claramente. No se pide ninguna devolución
y esas cantidades de 131 millones no se imputan al FIDAC, mejor dicho no se imputan al FIDAC los 97,977, es decir, 98 millones, que son estrictos de hecho, IFOP, pero sí se van a imputar los 32,6 millones, que es la cofinanciación nacional pagada
cien por cien a cargo de la Administración del Estado. Es lo único que se va a imputar.
Es decir, las ayudas que han percibido los ciudadanos nuestros, es decir los pesqueros, se quedan con ese dinero. Lo que pasa es que no van a poder reclamar
dos veces por el mismo concepto. O sea, si yo por una parada, por haber parado seis meses he reclamado los 40 euros diarios, lo que no puedo es imputar eso yo también y reclamárselo al FIDAC. Es decir, no se podrá hacer una petición al FIDAC en
pago de lo mismo que ya se ha percibido, pero tampoco se va a pedir ninguna devolución de lo que ya se ha pagado. No sé si con eso queda claro.
En segundo lugar, insisto, se va a imputar al FIDAC solamente la parte de cofinanciación nacional, también he dicho que la parte que reclaman las administraciones éstas van a ser las últimas en cobrar en el supuesto de que falte dinero; eso
también ha quedado claro.
En tercer lugar, respecto a los tres años y los seis meses, que a usted le parece poco, el lucro cesante en principio efectivamente siempre ocurre un mínimo riesgo de que el lucro cesante pueda pasarse a otro año. Yo entiendo que en el
sector pesquero, que es del que estamos hablando, no parece que vaya a haber problemas a posteriori una vez que se ha normalizado la situación pesquera, con lo cual en principio el lucro cesante es que se ha tenido los que han sufrido las
consecuencias del Prestige. ¿Qué hay un mínimo riesgo? Efectivamente, pero es un mínimo mínimo, y en principio para la persona que prefiere esperar a hacer todas sus cosas y presentar una solicitud más completa y tener más tiempo para tener
previsión de futuro de alguna posible anomalía y alguna posible reivindicación futura, pues tiene el plazo de tres años. Efectivamente, nadie obliga a presentar las solicitudes con cargo al real decreto; ahora el real decreto facilita, es verdad,
un pago más rápido y yo creo que también es una alternativa más. Yo creo que en la vida hay que abrir alternativas y no cerrar posibilidades, la posibilidad del FIDAC queda abierta y la otra es una posibilidad que ha abierto el Gobierno, que es una
alternativa más que algunos podrán pensar que es más beneficiosa o más interesante.
Respecto al famoso 15 por ciento y si cubre o no cubre, le vuelvo a insistir que hablo del tema pesca y en el tema pesca yo creo que se ha cubierto hasta el momento un importante porcentaje de necesidades, y considero que queda
exclusivamente el tema del lucro cesante. Espero que el lucro cesante para el tema pesca se podrá pagar absolutamente conforme a los fondos que está previsto que se recuperen, puesto que en pesca hemos podido pagar con cargo al IFOP una cantidad
importante de necesidades que si no se hubieran visto incrementadas en las reclamaciones ulteriores que se hubieran hecho con cargo al FIDAC. Es lo más que puedo contestar a S. S. No tengo las cifras de todos los departamentos ministeriales y
realmente sería por mi parte muy osado contestar si la cifra de 2.000 o no 2.000 es demasiado baja. En pesca creo que vamos a poder cumplir, pero no puedo asegurar con el cien por cien, porque ya hemos cubierto la parte más importante, e insisto
solamente queda el lucro cesante, que tendrán que demostrar los afectados, y yo creo que para la pesca no va a haber ningún problema. No me atrevo a hablar por el resto de los departamentos ministeriales, que en algunos aspectos el señor Rato
tendría que contestar con mayor conocimiento de causa.
El señor PRESIDENTE: Muy bien.
Agradecemos sus contestaciones y mientras despedimos a la secretaria general también le felicitamos las Pascuas y las vacaciones antes de proceder al debate y continuar con el orden del día.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PROTECCIÓN DEL ECOSISTEMA DEHESA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001977.)
El señor PRESIDENTE: Proposiciones no de ley. Ruego a los señores portavoces que se atengan al Reglamento en cuanto a la duración de sus intervenciones. Sé la parte sintética que tiene cada exposición, conozco la capacidad que tienen los
señores portavoces de sintetizar todo lo que es relativo a esas proposiciones no de ley y en ese sentido sí apelo a su responsabilidad para terminar a una hora prudencial.
En primer lugar vamos a debatir la proposición que figura en el orden del día con el número 5, relativa a la protección del ecosistema de la dehesa. Es autor el
Grupo Parlamentario Socialista, y recordándole el reglamento, su portavoz,es el señor Amarillo. Tiene la palabra, señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: En esta última sesión de la legislatura y de esta Comisión traemos una proposición, una propuesta no de ley, que aunque hayamos tratado en distintas ocasiones, incluso podría decir que en numerosas ocasiones sobre
cuestiones relacionadas con la dehesa, la verdad sea dicha nunca lo hemos hecho de una manera global, sino que casi siempre hemos tocado aspectos parciales de la misma, como no podía ser de otro modo, porque hay elementos muy concretos que obligaban
y han obligado a actuaciones de carácter puntual. Algunas de ellas recuerdo, y lo recuerdo con mucha satisfacción, fueron aprobadas por unanimidad en esta Comisión, entre ellas por ejemplo, pasar a la oveja merina de una situación en la cual se la
consideraba ganado de leche a ser especie de carne, y otras correcciones que ha habido en este sentido.
Aunque estemos al final de una legislatura y por tanto estemos también en los últimos momentos, en los últimos meses de un Gobierno, ello no es óbice para que esta proposición no de ley, en la cual, como en todas ellas, se insta al Gobierno
a que haga unas actuaciones, se hagan estas actuaciones y se hagan ahora, antes de que acabe la legislatura, porque tienen urgencia. Si observan ustedes o leen el 'Diario de Sesiones' verán que cada vez que hemos tocado cuestiones del ecosistema
dehesa hemos hecho un llamamiento a la debilidad del mismo. Ciertamente el ecosistema dehesa es un ecosistema débil, de gran debilidad. Esta es una apreciación del mundo científico que yo lo único que hago es trasladar aquí, y en la cual hay
unanimidad dentro del mundo científico. ¿Por qué? Porque el ecosistema dehesa es un ecosistema no exactamente natural, sino que procede de la interrelación del pastoreo de la ganadería y normalmente de una foresta básicamente unida al encinar y
unida al alcornocal, pero en general unida a todo lo que es el género quercus, también al robledal.
No es un ecosistema que esté geográficamente delimitado a regiones muy concretas de la Unión Europea, es un ecosistema muy amplio. Abarca, por ejemplo, en la Península Ibérica toda la orla mediterránea, todo el sur de la Península, más allá
de la región andaluza, gran parte de Castilla-La Mancha, Extremadura, todo el sur de Portugal, está en el norte de África, también está en zonas de las islas del Mediterráneo, en el sur de Italia, en Grecia, en definitiva es un ecosistema
enormemente amplio. Es un ecosistema en el cual tenemos las huellas palpables de lo que es la degeneración del mismo como consecuencia de que se ha abandonado el pastoreo. Son frecuentes las superficies de jarales en las zonas adehesadas, jarales
normalmente pero también de otros, en los cuales cuando se ha llegado a esa situación estamos ya al borde de un proceso de desaparición incluso de esa vegetación. ¿Y al final qué ocurre en el proceso de degradación de la dehesa? Pues que aparece
la roca y se convierten en berrocales. Tenemos muchos berrocales en España, hay muchos berrocales también en Portugal y los hay en el Mediterráneo en zonas donde antes hubo dehesa. Si la dehesa no se pastorea, entonces el renuevo de la parte
arbórea, el renuevo de la foresta es imposible, porque es ahogado totalmente por una vegetación que se cierra por falta total de luz, el bosque no puede reponerse y como consecuencia de ello muere.
El pastoreo es un elemento clave, ahora nos tenemos que preguntar en que circunstancias lo tenemos actualmente, cuál es el porvenir que tienen las razas pascícolas unidas a la dehesa, razas pascícolas que todas ellas tienen un denominador
común, todas ellas consumen pastos naturales, producen carnes naturales, pero todas ellas por producir pastos naturales o productos naturales, bien sea el cerdo ibérico, bien sea la oveja merina, bien sea la vaca retinta o avileña, por decir las
españolas, podíamos ir a la retinta portuguesa, a la bertoleña, por decir razas portuguesas, o incluso en el Mediterráneo especies tan conocidas como la propia cabra de Malta, etcétera, son muy amplias las ganaderías que están unidas en distintos
países al ecosistema dehesa.
Pero para que haya pastoreo tiene que haber pastores y para que haya pastores tiene que haber condiciones económicas que hagan que esa ganadería sea rentable. En estos momentos tenemos dos frentes muy difíciles, casi uno procede del otro.
En primer lugar tenemos en marcha la reforma de la Política Agraria comunitaria. La reforma de la Política Agraria comunitaria produce un desacoplamiento en la especie ovina. A los efectos que tratamos, importa ya poco que sea parcial o total,
mejor que sea parcial por supuesto, pero es una cuestión meramente de tiempo, como todos sabemos esa desaparición, ese desvincular ayudas comunitarias a la producción conduce a una caída de actividad económica, que en el caso de la dehesa es una
disminución drástica de la ganadería y como consecuencia de ello la dehesa se pone en peligro.
Tenemos otro segundo factor. Las condiciones económico sociales hacen que cada vez sea más difícil encontrar pastores. La rentabilidad todavía baja de las especies ligadas a la dehesa hace que se necesiten unidades grandes, y encontrar
pastores por razones económico-sociales, es francamente difícil. Yo diría que en el sur, y lo diría sin exageración de ninguna clase, en gran parte del sur de la península Ibérica son los pastores andinos los que no están salvando en gran parte las
cabañas de ovino. Este es otro punto que nosotros tenemos que tener en cuenta, que obliga a este tratamiento singular, que es en definitiva lo que vamos a pedir.
Hay que tener en cuenta que este ecosistema tiene otros enemigos, como son ganaderías que se pueden industrializar, donde se pueden obtener no los mismos productos que la dehesa, que son productos naturales y
normalmente de un valor económico elevado, sino productos que no están ligados a la dehesa; son productos que tienen una calidad menor pero también tienen cierta calidad, y se producen entonces en unas condiciones económicas muchísimo más
favorables.
Todo esto hace que nuestro Gobierno, si es posible, junto con otros gobiernos, porque es una cuestión a la cual yo creo que estaría abierta a muchos países de la Unión Europea, sobre todo del área mediterránea, obliga a que la Unión Europea
tenga una consideración especial sobre la dehesa, sobre el ecosistema dehesa, para que las legislaciones que han de ser legislaciones en las cuales se esté al margen, tengan una aplicación especial. Por ejemplo, las medidas de desacoplamiento que
tiene la Política Agraria comunitaria, sin duda que en la dehesa tenían que tener sus grandes excepciones, tendrían que ir de una manera totalmente distinta, es decir tendrían que mantenerse, incluso incrementarse, pero en ningún caso podrían
desvincularse de la producción.
Claro si el leitmotiv, uno de los leitmotiv que tiene y de los ejes de la reforma de la Política Agraria comunitaria es precisamente liberalizar mercados y desvincular las ayudas de las producciones, entiendo que esto va en sentido
totalmente contrario; pero la Política Agraria comunitaria la tendremos que ver en su globalidad, no podemos ver sólo uno de los capítulos, porque otro de los ejes que tiene la Política Agraria comunitaria es precisamente la condicionalidad, y
dentro de las normas de condicionalidad las básicas están en la ecocondicionalidad, es decir en algunos elementos, y ahí pone un énfasis especial la política comunitaria, aquellos elementos clave que permiten que el medio natural se conserve. Y hay
toda una política destinada en ese sentido y con ese objetivo, que es lógica, que es digna de apoyar y que es digna de desarrollar. Hay por tanto una contradicción muy grande cuando se habla del ecosistema dehesa entre la aplicación de la Política
Agraria comunitaria en los aspectos de desvinculación o desacoplamiento, y sin embargo obviar y olvidar aquellos otros elementos que están unidos a la conservación de los ecosistemas.
El señor PRESIDENTE: Señor Amarillo, ya va terminando el tiempo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, voy a terminar.
Esto obliga sin duda a que haya un tratamiento especial, y eso es lo que pedimos al Gobierno, además le decimos al Gobierno que lo haga ya, que no espere, que ésta será una negociación larga, que es un ecosistema frágil, que es un ecosistema
singular, pero que tiene una importancia económica muy grande y tiene una importancia social aún mayor, que está en zonas en muchas de las cuales hay unos niveles económicos muy bajos, en toda Europa y en España también está en las zonas de renta
per cápita más bajas, pero además dentro de regiones de la renta per cápita más baja, precisamente las zonas adehesadas muchas de ellas son las zonas más despobladas, aquellas que están en mayor peligro de despoblamiento y aquellas que tienen
menores rentas dentro de las que tienen rentas más bajas.
Por todo ello yo creo que con urgencia, hay que tomar cartas en este asunto. El Gobierno, aunque ya esté en una fase crepuscular, porque estamos ya en los últimos momentos, en el ocaso del Gobierno existente, ya veremos después lo que las
urnas deparan, pero en cualquier caso ello no es óbice para que inicie este camino, y lo inicie con urgencia.
Nosotros se lo agradeceremos mucho y con seguridad estamos dispuestos a continuarlo posteriormente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Voy a ser muy breve. En primer lugar voy a felicitar al señor Amarillo por su insistencia, yo creo que es la tercera o cuarta vez que estamos hablando de la dehesa y por tanto me parece importante que
efectivamente, él que viene de la tierra de Extremadura luche por la mejora de la calidad de ese ecosistema.
Su intervención yo creo que ha sido clarísima al respecto y ha explicado que efectivamente la dehesa es un ecosistema, es el sitio de encuentro de varias situaciones, y efectivamente cuando alguna de esas falla puede que terminase incluso
por desaparecer. A nosotros nos parece, y por tanto nuestro posicionamiento al respecto ha sido claro en las diferentes intervenciones, que donde se tenía que hacer la mayor presión tendría que ser en las comunidades autónomas, que a nuestro
entender, son las que tienen, competencias al respecto, y efectivamente cuando ese tema además sobrepasa las competencias de la propia comunidad, porque son más comunidades las que están afectadas por la misma problemática, seguramente en el marco
de la mesa sectorial se podría hacer un esfuerzo.
Eso no es óbice para que nosotros instemos a que se llegue a un acuerdo, pero sí me gustaría que los acuerdos a que se pudiesen llegar fuesen más bien el resultado de un debate de carácter
sectorial, para que los diferentes consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas afectadas pusiesen encima de la mesa cuáles son efectivamente las medidas que hay que tomar al respecto. Si no podríamos nosotros desde aquí instar al
Gobierno a hacer algunas cosas que son competencia de otras administraciones, y a lo mejor no estaríamos en la línea adecuada.
Por tanto, yo creo que la propuesta es una propuesta interesante, nosotros la vamos a estudiar, no es contradictoria con
lo que estamos pensando al respecto; pero para que esa propuesta tenga cierta posibilidad de éxito en el futuro debería ir acompañada de posicionamientos
claros de las comunidades autónomas afectadas, ya sea de los propios gobiernos o de los parlamentos de dichas comunidades autónomas, y a través de proyectos de ley de esas comunidades autónomas creo que eso tendría una fuerza más importante
al respecto. De todas formas nosotros nos vamos a estudiar el tema, en la medida de nuestras posibilidades, intentaremos, que efectivamente se tomen las medidas adecuadas para que efectivamente se pueda mantener este sistema de equilibrios en el
ecosistema de las dehesas. De hecho el tema es complejo, porque las ayudas a las ovejas pueden estar en una situación complicada, es difícil encontrar pastores y contra las agresiones del desarrollismo y de la mundialización muchas veces es difícil
luchar, pero quizá esa es una de las particularidades y una de las diferencias que tenemos que poner encima de la mesa.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, señora Rogado.
La señora ROGADO HERNÁNDEZ: Buenos días, señorías.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista insta al Gobierno a la consideración del ecosistema de la dehesa en la Comisión Europea, a la necesidad de asegurar la continuidad de las explotaciones en un verdadero
régimen de dehesa, como un patrimonio, un paisaje, un ecosistema y un sistema de protección multifuncional que optimice los recursos escasos implica una mano de obra y un sistema de subarriendo de los pastos que favorece la permanencia de la
población en el mundo rural. En este sentido, argumenta el Partido Socialista que aparentemente determinadas medidas de la actual normativa comunitaria y de las previstas en la reforma de la PAC y en alguna Organización Común de Mercado, ponen en
peligro la viabilidad de este complejo y delicado equilibrio ecológico, económico y social que denominamos dehesa.
La propuesta no se limita solamente a solicitar alguna ayuda complementaria a las rentas o medida agroambiental, que hay que señalar que ya existe en un reglamento de la Comunidad Económica Europea, y concretamente en el 2.078/1992 del
Consejo Económico ya se trabajó sobre este tema; además ahora hay un nuevo reglamento de desarrollo rural y unas posteriores aclaraciones donde se especifica expresamente todo lo relacionado con la dehesa, que dice y lo voy a leer textualmente.
Con la aprobación del reglamento 1.257/1999, de desarrollo rural, y la posterior aclaración 445/2002, se inicia un nuevo periodo de programación y en este periodo, en el programa de desarrollo rural, las medidas de acompañamiento en España para el
periodo 2000-2006, aprobado por decisión de la Comisión Europea el 21 de diciembre, incluyen medidas básicas para el desarrollo de la agricultura, concretamente las medidas que se aplican en diversas comunidades autónomas en igualdad de condiciones,
y será cada comunidad autónoma la que en función de sus objetivos agroambientales pondrá en marcha unas u otras. Tambien dice: 'El programa contempla distintas medidas y actuaciones encaminadas a la conservación de los sistemas adehesados, tales
como la gestión integrada de las explotaciones, ayudas de 48,8 euros por hectárea para los beneficiarios que cumplan una serie de compromisos agroambientales en los sistemas adehesados, una prima para la regeneración del arbolado de los géneros
quercus, especialmente el alcornoque, la encina y el quejibo, y otra al mantenimiento de las razas autóctonas puras en peligro de extinción. Los beneficiarios que cumplan los requisitos establecidos para la acogida a la producción vegetal ecológica
descritos en el reglamento 2.092/1991 de la producción ecológica, y comercialicen sus producciones como ecológicas podrá recibir la ayuda de la ganadería ecológica con una prima de 140,64 euros / hectárea. También la extensificación de la
producción agraria, la actuación 1.4 tiene por objeto la retirada de tierras de la producción para la creación de espacios reservados para la fauna y la conservación de la biodiversidad. Todas estas líneas de actuación en mayor o menor medida
tienen aplicación en los ecosistemas de dehesa, especialmente la submedida 9, gestión integrada de explotaciones.
Respecto a los compromisos medioambientales actualmente en vigor, la mayor parte de las actuaciones tienen aplicación en las zonas de dehesa, especialmente la de protección de razas autóctonas ganaderas en peligro de extinción, fomento de la
agricultura ecológica o biológica, transformación de cultivos herbáceos en pastos, conservación del paisaje y prevención de incendios en sistemas de pastoreo extensivo y mantenimiento de tierras abandonadas, que sigue en vigor. Esto quiere decir
que aunque estamos de acuerdo y sabemos que la dehesa ha de tener una protección especial por todo lo dicho ya de hecho se está haciendo.
No obstante, es preciso hacer las siguientes observaciones a la proposición no de ley. Ya hemos hablado de cómo está la normativa y además la aplicación de esta medida, de esta proposición no de ley, en todo su potencial, tal como está
diseñada, permitiría junto a otras actuaciones de carácter complementario conseguir el objetivo de conservar y regenerar estos ecosistemas, que no olvidemos es encuentran en grave peligro de extinción por su baja rentabilidad, por lo que la
repercusión económica de un programa como este se estima que estaría en 120 millones de euros anuales de financiación adicional a la ya existente dentro del programa aprobado por la Comisión.
Tampoco debe esperarse que la dehesa se convierta en el principal factor que contribuya directamente en las zonas que ocupa al mantenimiento de la población y al incremento de la contratación de mano de obra. Se
trata de sistemas extensivos que basan su rentabilidad en parámetros distintos, y serán precisamente sus características y multifuncionalidad las que se deban aprovechar para lograr los objetivos citados.
Actualmente cualquier mantenimiento
de población en el medio rural pasa por el desarrollo de otras actividades de carácter complementario a la agricultura, y eso sí la dehesa puede ser una base para el desarrollo. Si bien se comparte el interés en la defensa del ecosistema de la
dehesa, dada su peculiaridad y limitado ámbito geográfico, puede resultar excesivo pretender una legislación comunitaria que abarque aspectos tan completos como la determinación de cargas de maderas y las condiciones para la explotación agraria, que
dependerán en cada caso de las características del terreno y condiciones físicas de estos espacios. La protección de la dehesa tiene que ser considerada desde el punto de vista comunitario en el contexto del interés que tiene mantener la actividad
agrícola, forestal y ganadera en espacios de especial importancia medioambiental de cara a la conservación de los mismos. En cualquier caso, la legislación actual relativa a medidas agroambientales permite a las autoridades competentes y a las
comunidades autónomas, como también ha dicho el señor Companys, establecer condiciones de explotación agraria que aseguren la defensa de la dehesa por razones medioambientales, e igualmente hay que tener en cuenta la nueva ley de montes, donde
también se contemplan todos los espacios, y como en este caso el espacio de la dehesa.
En este sentido, el Grupo Popular deberá considerar esta proposición no de ley como inviable por los objetivos que plantea y votará en contra de la misma.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA COMPENSAR A LOS MARINEROS Y ARMADORES AFECTADOS POR LA ESCASEZ DE CAPTURAS EN LAS ZONAS ABIERTAS A LA PESCA DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE. (Número de expediente 161/002175.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley que figura con el número 6, relativa a la adopción de medidas para compensar a los marineros y armadores afectados por la escasez de capturas en las zonas abiertas a la
pesca después de la catástrofe del Prestige. Autor el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, y tiene la palabra su portavoz, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, efectivamente más de un año después de la catástrofe del Prestige, la experiencia y la evidencia científica, publicaciones del Ministerio de Medio Ambiente del año 1996 sobre la evolución de los ecosistemas
afectados, y en especial de las especies de interés comercial, en las zonas afectadas por la catástrofe del Mar Egeo, la experiencia del Exxon Valdez, en Alaska, la experiencia de la marea negra del Erika, en Bretaña, ponen de manifiesto lo que era
evidente: un año después de la catástrofe las capturas se han reducido, la facturación también se ha reducido, a pesar de que desde la Xunta de Galicia y desde el Gobierno español se insista en la normalidad y en que esas reducciones, siempre
minimizadas, en ningún caso obedecen al impacto del Prestige, sino a otras razones que no se explican.
Yendo a los datos, por ejemplo la Xunta de Galicia valora en el 15 por ciento la disminución de capturas y la achaca a que durante determinados meses del año 2003 no se pudo faenar, y esa es según la Xunta la razón de la disminución. El
conselleiro de Pesca olvida que esta disminución se da no sólo en cómputo anual sino en cada uno de los meses comparados con los meses equivalentes del año anterior. Deja caer también el conselleiro que quizás esta disminución, que él minimiza,
pueda deberse a la sobreexplotación de determinadas zonas de captura por la pesca artesanal, por la pesca de bajura, preparando así el camino (ya lo explicitó también expresamente en otras ocasiones) para una reconversión en frío, para una
reconversión sin indemnizaciones por la misma.
El Gobierno español se manifiesta en el mismo sentido. En contestación a una pregunta del compañero Francisco Rodríguez, diputado del Bloque Nacionalista Galego, se dice también de forma críptica que la reducción de capturas no obedece al
impacto del Prestige, sino, y cito literalmente, al estado de los stocks. pero si estos stocks, se reducen, si aumentan la biomasa de estas especies obedecerá a algún tipo de razón y no sólo al azar.
La comisión de cofradías afectadas por el Prestige, es decir la organización, el ente que agrupa a las cofradías afines al Partido Popular, comisión presidida por el patrón mayor de Caion, señor Evaristo Lareo, valora también las reducciones
por encima desde luego de las previsiones gubernamentales, pero incluso por encima de la disminución calculada por la coordinadora de cofradías, es decir las cofradías rebeldes de cara al Partido Popular, aquellas que no se quieren someter, como
decía antes la secretaria de Estado de Pesca, a las leoninas condiciones establecidas por el Gobierno a través del Real Decreto-ley de 20 de junio. La comisión de cofradías valora la reducción en el 24 por ciento, la coordinadora de cofradías la
valora en el 23 por ciento las capturas, las descargas, y en el 17 por ciento la facturación. Existe por tanto un dato incontestable, existe por tanto una evidencia científica de que las capturas se han reducido y que esta reducción se debe
claramente al impacto de la marea negra del Prestige.
Los distintos organismos de investigación también lo dicen sin lugar a ningún género de dudas. El Instituto Español de Oceanografía en un reciente informe que después fue censurado y ocultado por el Gobierno,
decía de forma muy clara y muy rotunda que faltaba toda una generación de peces, moluscos y crustáceos. Es evidente y la experiencia de otras mareas negras así lo muestra, son precisamente los ejemplares más jóvenes, las puestas y las
larvas las que padecen la mayor mortandad después de una marea negra, tanto debido al envenenamiento causado por estos hidrocarburos aromáticos policíclicos, como los que resultaron por la marea negra del Prestige, como debido directamente al
ahogamiento, al haberse visto estas puestas y estas larvas literalmente cubiertas por el asfaltado de los fondos, que por cierto siguen con fuel, y eso también lo dicen estos informes. Informes de la Universidad de Santiago de Compostela, en
concreto de equipos de investigación de la Facultad de Económicas, demuestran también que, con relación a la catástrofe del Mar Egeo, en el año 2002, es decir diez años después, en las zonas afectadas aún no se recuperaron los niveles de captura
anteriores a esta marea negra, y que sólo en los cinco años posteriores, es decir entre los años 1993 y 1998, el impacto económico en el sector equivale a 252 millones de euros. Hablamos de los cinco años posteriores a la catástrofe del Mar Egeo,
estamos hablando de hace ya casi seis años, y el Gobierno dice que ese impacto en el caso del Prestige, un impacto mucho mayor, una zona de costa afectada muchísimo más amplia, no va a existir. El impacto, desde luego, dice también este equipo de
investigación liderado por la profesora García Negro, se multiplica al ser trasladado al conjunto de la economía gallega, es decir el impacto no es un impacto sectorial, sino un impacto general en el conjunto de la economía.
Diferentes asociaciones ecologistas siguen evidenciando también lo que todos sabemos: sigue llegando fuel en los aparejos de pesca y el impacto, se dice, se notará preferentemente a largo y medio plazo. En el caso del marisqueo, supongo
que esos son datos que también difícilmente se podrán negar, la mortandad, la falta de ejemplares jóvenes es evidente en el caso del percebe, es evidente en el caso del erizo, y en el caso del mejillón esta reducción del 50 por ciento de los
ejemplares se ve agravada además por la falta de mexilla, es decir el alevín del mejillón que se utiliza para cultivar las cuerdas de las bateas donde el mejillón se cultiva y después se recoge.
Estamos ante un problema grave que el Gobierno y el Partido Popular quieren ocultar. Estamos además ante una muy mala gestión de la crisis.
La situación del caladero gallego, responde a esta desastrosa situación inicial y primariamente del
impacto del Prestige, pero desde luego hay en zonas concretas también impactos que no se pueden dejar de apuntar: vertido de lodos tóxicos procedentes de dragados en una zona de caladero habitual de la flota de bajura coruñesa, voladura en pleno
verano, en un momento bastante inoportuno, porque hubo ya casi treinta años para hacerlo, de las agujas del Urquiola en plena época que se faenaba, lo cual provocó cerrar una zona muy importante del caladero coruñés a la flota de bajura y la
sobreexplotación de otras zonas, hoy mismo la prensa dice que esta voladura no fue suficiente y hay que proceder de nuevo a volar otra parte de estas agujas del Urquiola. La falta de seguridad, ayer mismo un pesquero con base en Sada fue abordado
por un gasero que salía del puerto de A Coruña y se hundió a dos millas de la Torre de Hércules, en una zona que hoy también la prensa así lo reconoce no está controlada por los radares de la torre de control de A Coruña, que parece sirve únicamente
para que los señores Paco Vázquez, Aznar y compañía ejerzan allí sus funciones de virreinato. ¿Ceferino también? No, Ceferino no estaba, Ceferino es de otro sector. Y así las cosas, como digo, pensamos que esta evidencia y que esta situación
hacen necesario que se cumpla lo que esta Cámara, lo que el Pleno de esta Cámara aprobó el 19 de noviembre del año 2002 a propuesta del Bloque Nacionalista Galego, algo tan simple y tan lógico como que las ayudas a todos los sectores afectados se
mantengan durante todo el tiempo que se extiendan los efectos de la catástrofe del Prestige sobre los ecosistemas marino y litoral.
Esta es una resolución que el Pleno de esta Cámara ya aprobó, el 19 de noviembre de 2002, una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego consensuada y transaccionada por el Partido Popular, y se decía exactamente esto: que se
mantengan las ayudas a todos los afectados mientras se mantengan los efectos de la catástrofe del Prestige sobre los ecosistemas marino y litoral. Es evidente que los efectos no han cesado, es evidente que sigue habiendo fuel en los fondos, es
evidente que las capturas se han reducido y es evidente, la evidencia científica así lo demuestra y la experiencia de otras catástrofes también así lo demuestra, por lo menos a quien se acerque a los datos científicos sin prejuicios de partido y sin
prejuicios políticos, que estas consecuencias no sólo no van a desaparecer, sino que infelizmente nos van a acompañar como mínimo durante diez años.
También solicitamos que a través de esta proposición no de ley y en segundo lugar, algo que pensamos es difícil que alguno de los grupos aquí representados se pueda oponer a que inmediatamente se aprueben las disposiciones y se habiliten los
créditos oportunos para hacer efectivo este derecho de los marineros y de los armadores afectados. La miseria, porque no otra calificación merece, que van a recibir los afectados con cargo al FIDAC y con cargo a ese chantaje, porque es la
denominación que los propios afectados le dan, representado por el Decreto ley de 20 de junio establecido por el Gobierno, no cubre en absoluto el daño emergente ni el lucro cesante. El otro día decía el señor Mantilla que es difícil calcular el
lucro cesante. Es facilísimo, es simplemente ver cuál era el nivel de las capturas antes de la catástrofe, cuál era el nivel de la facturación antes de la catástrofe y cuál es el que se produce después.
Mientras
el nivel anterior no se recupere, desde luego hay lucro cesante. En eso el señor Mantilla seguro que tiene experiencia, no sé si la tiene pero seguro que tiene conocimientos suficientes para hacer una operación tan sencilla. Desde luego,
como ya digo, desde el Bloque Nacionalista Galego aplaudimos la celeridad del Gobierno, pero esa celeridad no debe servir para pagar una miseria. Nos opusimos en su momento a la miseria que se pagó por el Mar Egeo, y diez años después nos oponemos
ahora a que se pague una miseria por el Prestige, aunque sea inmediatamente.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor Díaz Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: En la anterior sesión de la Comisión demandábamos un apoyo, que no tuvimos, para la creación de un fondo Prestige para cubrir los daños que pudieran derivarse de la catástrofe. Lo hacíamos porque el Gobierno con su
decreto quiere cerrar el tema a 31 de diciembre del 2003, y lo hacíamos con seriedad, considerando que un decreto respaldado por un Gobierno con mayoría absoluta no puede cambiar las leyes de la naturaleza. Y es que son ya demasiadas las veces que
nos dicen que después de un vertido como el del Prestige la limpieza aparente, que tenemos que reconocer es un éxito del Gobierno, puede conseguirse antes o después según los medios que se pongan, pero la recuperación del medio natural afectado, la
recuperación de la capacidad productiva lleva tiempo, no es lineal y depende de complejas leyes biológicas aún no bien conocidas.
Es por ello que el decreto de punto y final contó con nuestro rechazo.
Nosotros no nos oponíamos ni nos oponemos al pago adelantado de las indemnizaciones, pero demandábamos su tramitación como proyecto de ley para que el tema no se cerrara
a 31 de diciembre. Rechazada la propuesta, pedimos la creación de un fondo Prestige y otras iniciativas que ayudaran a la recuperación del medio y que ayudaran también en el futuro a los afectados.
Hoy vamos a apoyar la propuesta del Bloque Nacionalista Galego. A algunos esta propuesta, formulada en el mes de junio o julio, les puede parecer una propuesta extemporánea, porque vivimos una situación de normalidad aparente, pero no es
así, la normalidad es sólo aparente, el proponente daba una serie de razones y nosotros daremos otras, porque todos los días conocemos casos que demuestran que esta normalidad es sólo aparente. Un día conocemos por los medios de comunicación que
marineros de Cangas vuelven de las islas Cíes con chapapote en sus redes, es cierto que se van a pagar estas redes, pero después de un tiempo, y ellos son marineros, viven del mar, ¿y mientras tanto, qué? Otro día sabemos que se abrió la veda de la
navaja en Aurosa, pero también sabemos que no hay navaja. Otro día sabemos que en Ribeira también se abrió la veda de la almeja, pero la almeja, una parte importante se murió. Otro día sabemos que hay percebe en las mejoras zonas de Barbanza, pero
que no hay cría, y eso indica que el año próximo no habrá cosecha. Podríamos seguir, pero para qué. La realidad es y no podía ser de otra manera, que una catástrofe como la del Prestige deje secuelas, lo dicen los científicos y lo dice la
experiencia de otras catástrofes. Sólo el Gobierno cree que el tema se arregla por decreto. Ustedes, representantes del Grupo Popular saben también que no es así, pero ¡qué van a decir ustedes!
En consecuencia, nosotros pedimos, no por solidaridad sino por justicia, por la gente del mar que está sufriendo día a día esta merma de capturas, esta merma de ingresos, que se apruebe esta proposición no de ley que nosotros vamos a apoyar.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Para posicionarnos en el tema de la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto. Efectivamente, nuestra posición en ese tema y en temas parecidos ya la hemos manifestado en diferentes ocasiones; y por
tanto en este momento el desgraciado accidente del Prestige ha afectado efectivamente a Galicia y a una zona importante de la cornisa cantábrica, y por tanto la propuesta que ha presentado el Grupo Mixto, el Bloque Nacionalista Galego para concretar
más, es una propuesta que va a tener nuestro soporte, porque dice: prorrogar las ayudas previstas a los afectados por la marea negra del Prestige durante el tiempo que se extiendan sus efectos sobre el ecosistema marino y litoral, tal como se
aprobó en el Congreso de los Diputados el día 19 noviembre del 2002.
Me parece absolutamente justo eso al respecto, y efectivamente poner en marcha, aprobar las medidas, las disposiciones y habilitar créditos para que eso se pueda hacer. Me parece absolutamente de justicia que mientras duren los efectos del
desgraciado accidente, desde el Gobierno se pongan en marcha todos los mecanismos adecuados para evitar que los efectos sean negativos en ese sector. Por tanto, nuestro grupo parlamentario votará a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra su portavoz, señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto del Congreso, Bloque Nacionalista Galego, contempla la necesidad, como se ha dicho, de que se adopten las disposiciones necesarias y se habiliten los créditos
precisos
que hagan posible prorrogar las ayudas que los afectados por la marea negra del Prestige venían percibiendo, durante todo el tiempo que se extiendan los efectos sobre los ecosistemas marino y litoral. A continuación veremos una proposición
no de ley que habla de la regeneración y también la recuperación de la capacidad productiva, por eso yo entraré más bien en lo que son las ayudas, el contenido de esta proposición no de ley relativo a las ayudas, puesto que más tarde tendremos
tiempo para debatir sobre la regeneración y la repoblación de las zonas afectadas.
Hay que decir que la reapertura de las zonas afectadas se produjo paulatinamente desde finales de enero de este mismo año, cuando pesca levantaba la prohibición de la actividad marisquera entre A Guarda y Muros, hasta la apertura definitiva,
el 8 de octubre de este mismo año.
Esa apertura escalonada se hizo siempre avalada por análisis científicos y también, cómo no, por un diálogo constante con las cofradías de pescadores, a las que permítame señoría que no les ponga signo político,
todas ellas creo que son legítimas representantes del sector pesquero, marisquero y acuícola, que en constante diálogo con la Consellería de Pesca y también con la comisión interministerial, fueron acordando esa reapertura de zonas y también de las
especies afectadas.
Señorías, no sólo esto, sino también se debería llevar a cabo, por supuesto, una validación, un balance de cómo iba siendo esa reapertura, de cómo iba siendo la situación en cada una de las lonjas que se iban abriendo, y podemos decir que no
todos los datos han sido negativos.
Hablaba el portavoz del Grupo Socialista que esta proposición es de junio y que hoy podemos hablar de una normalidad, normalidad aparente -yo diría que no tan aparente-, pero sí de una normalidad que es lo que
todos queremos. Decía yo que estos datos no siempre han sido negativos, puesto que podíamos ver en el mes de junio, cuando esta proposición fue presentada, las especies de mayor valor comercial ofrecieron en mayo rendimientos superiores a meses
anteriores, que por ejemplo las capturas de sardina en mayo también, superaron en casi 100 toneladas las de esta misma mensualidad en el año pasado, así que la comparación se hacía no sólo anual, sino también mes a mes.
Entrando ya en lo que es en cierto modo objeto de esta proposición no de ley, que son las ayudas, antes quisiera resaltar también que el día 5 de diciembre la Xunta de Galicia daba luz verde a un proyecto de creación del Instituto
Tecnológico para el control del medio marino. Se decía, señorías, que todos debemos ser conscientes de que la naturaleza altamente cambiante y de difícil predicción del medio marino hace necesario la creación de este instrumento. Necesitamos un
instrumento especializado que por su naturaleza tenga capacidad económica y funcional para poder actuar con agilidad y con urgencia, como así lo requieren las funciones que este instituto recoge. Este instrumento, señorías, venía recogido en el
Plan Galicia y yo creo que nos va a ayudar a valorar todo de lo que aquí estamos hablando.
En cuanto a las medidas paliativas y reparadoras con el fin de recuperar cuanto antes la normalidad en las zonas afectadas, porque como muy bien dijo aquí la secretaria general de Pesca el tema Prestige no es un tema cerrado, señorías, me
referiré sucintamente a ellas, porque hemos tenido ocasión de debatir sobre las mismas hace muy pocos días en esta misma comisión cuando tratamos una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego sobre los comercializadores de pescado.
Hablábamos que estas medidas era la declaración de zonas de actuación especial, las áreas afectadas con objeto de que los departamentos ministeriales competentes puedan llevar a cabo las restauraciones de infraestructuras de titularidad estatal por
los daños causados en las mismas, hablamos también de concesión de determinados beneficios fiscales, concesión de determinados beneficios relacionados con la Seguridad Social, bonificándose el cien por cien del pago de las cotizaciones, tanto a
empresarios como a trabajadores por cuenta propia, ayudas a pescadores y mariscadores afectados por el cese, y a esas ayudas, señoría, hay que añadir también la instrumentación, por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, de forma
coordinada con la Xunta de Galicia, de campañas de información y promoción y, cómo no, también la instrumentación por parte del Instituto de Crédito Oficial, de dos líneas preferenciales de crédito, cada una por importe de 100 millones de euros y
con carácter ampliable, para reposición o reparación de las instalaciones industriales, pesqueras, acuícolas o marisqueras, y destinadas tanto a personas físicas como a pequeñas y medianas empresas, con un tipo final para el prestatario del cero por
ciento. También el 21 de marzo del 2003 el Consejo de Ministros autorizaba la suscripción de un convenio entre el Ministerio de Administraciones Públicas y el Instituto de Crédito Oficial para la instrumentación de la línea de préstamos a las
cofradías de pescadores de Galicia por importe global máximo de cuatro millones de euros, a un plazo de cinco años, con una carencia y a un tipo de interés del cero por cien. Además, el Ministerio de Administraciones Públicas establecía ayudas a
las cofradías de pescadores en Galicia en forma de subvención del 50 por 100 del importe de las tres primeras anualidades de amortización del principal de los préstamos y al coste de la comisión de gestión de los avales concedidos por la Sociedad
Anónima Estatal de Caución Agraria, hasta el 1 por 100 del saldo deudor. Todo ello, señorías, con el fin de colaborar en las estrategias de sostenimiento económico del sector pesquero, e indirectamente en el mantenimiento de la actividad económica
en las zonas afectadas. Creo, señorías, que la referencia a estas ayudas, tanto a los beneficios y a las ayudas directas como a la instrumentación
de estas líneas preferenciales de crédito, pone de manifiesto la voluntad por parte del Gobierno de que las ayudas al sector, ese sostenimiento económico se mantenga en el tiempo y no esté cerrada a día de hoy.
También me gustaría destacar el Plan Galicia, cuya reunión se celebró en enero del 2003 en La Coruña y en el que se contemplan importantes medidas, al margen de quien escenificara este plan, y no hablaré yo aquí de si Ceferino pertenece a un
sector o a otro distinto que Paco Vázquez.
El Gobierno aprueba en este plan medidas importantes para el desarrollo económico y social de Galicia. Los objetivos fundamentales de estas medidas son la recuperación medioambiental de las zonas
afectadas, la potenciación de la inversión productiva privada en la zona y el desarrollo y diversificación sectorial de la actividad económica, promoviendo así el desarrollo de nuevos sectores. Igualmente, se pretendía conseguir un reequilibrio y
cohesión territorial mediante el desarrollo de nuevas infraestructuras, así como potenciar la imagen de Galicia.
Señorías, este plan identificaba 15 sectores como objetivos prioritarios, así como un total de 70 municipios, y venía a suponer unas inversiones adicionales, en el horizonte del año 2008, de más de 5.200 millones de euros. Recogía también
el propio plan, en colaboración con la Xunta, el diseño de un plan para la puesta en marcha de polígonos o parques industriales en las zonas afectadas, esta medida se vendría a desarrollar por SEPI y a la cual destinaría 70 millones de euros.
También, señorías, no nos podíamos olvidar de programas de desarrollo rural, así lo recoge el plan, a los cuales se destinaban otros 75 millones de euros. Desde el Grupo Popular, señorías, no vamos a valorar si las medidas son suficientes, pero sí
consideramos que han sido las oportunas, y en cualquier caso no descartamos medidas adicionales.
Las disposiciones que se nos piden en el segundo punto de la proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego se encuentran en vigor.
Hablamos, cómo no, de Reales Decretos, tanto el 7/2002 como el 8/2002, así como el Real Decreto ley
4/2003, de 20 de junio. Estos decretos, especialmente el Real Decreto 7 y el Real Decreto 8, marcaban el tiempo de ayudas, que lo regulaban en seis meses y al mismo tiempo establecían que de acuerdo con el seguimiento que hiciera la comisión
interministerial podría ser prorrogado durante otros seis meses, consideramos que era un periodo suficientemente largo. Así se hizo la prórroga y, como decía, esas disposiciones que he mencionado se encuentran en vigor.
(El señor vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa la Presidencia.)
Por todo ello, señorías, nuestra posición va a ser considerar desfavorable esta proposición no de ley.
- SOBRE ELABORACIÓN DE PLANES DE REGENERACIÓN DE LAS ZONAS AFECTADAS POR EL PRESTIGE. (Número de expediente 161/002284.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Pasamos a continuación a debatir la proposición no de ley que figura en el orden del día con el número 7, cuyo autor es el Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Aunque el Gobierno decretó la normalidad en las zonas afectadas por el Prestige, la realidad es que tal normalidad es sólo aparente. Los marineros salen a faenar con mayor o menor fortuna, las mariscadoras y los
mariscadores salen a mariscar, los viejos se sientan frente al mar, todo cuando el tiempo lo permite, en los bares se habla de pesca, se habla de fútbol, se habla de Canarias, todo o casi todo como hace unos años. En el mar hay menos peces, algunas
especies se fueron y no se sabe si volverán, en las limpias playas hay arena, arena limpia, pero en algunas no hay marisco, está muerto, o hay menos del que había, en las rocas hay percebes, en algunas más que en otras, pero no hay cría en muchas de
ellas, hay escasez de mejilla, y el año próximo no se sabe cómo será. El Gobierno dice que el problema terminó y llama catastrofistas a todos los que defienden o todos los que defendemos con prudencia, con mucha prudencia, las enseñanzas de la
ciencia.
Los científicos y los hombres del mar nos dicen que los vertidos del Prestige afectaron a una amplia franja de fondos y ecosistemas marinos de Galicia y del Cantábrico. La experiencia histórica de casos similares nos dice que la
recuperación de este medio natural no se produce de inmediato, que requiere un tiempo y que este puede ser menor si la actividad del hombre colabora con la naturaleza en la recuperación del medio. En consecuencia, nosotros proponemos hoy elaborar,
en colaboración con las comunidades autónomas afectadas, planes de regeneración adecuados a cada una de las zonas dañadas, así como planes de repoblación en las especies en las que esto sea posible, diseñados también en función de las zonas a
recuperar. Creemos que la propuesta que hacemos es oportuna, es necesaria y también es coherente; por ello creemos que debe ser aprobada por esta Comisión. Defender que no es necesario contribuir a la recuperación y regeneración de las zonas
dañadas es negarse a reconocer la evidencia y defender, en contrario, que los peces se alimentan con chapapote. Si fuera así, si los peces se alimentaran con chapapote, la flora y la fauna marinas gozarían hoy de buena salud, pero las cosas no son
así, y al no alimentarse con chapapote, la flora y la fauna marina sufren los efectos negativos de los vertidos, porque estos afectaron a los fondos marinos que debemos ayudar a recuperar. No debemos conformarnos con limpiar las rocas
y playas más visibles, sino que también tenemos que actuar sobre los fondos, porque ahí está una parte de la riqueza productiva del mar, y hay que hacerlo porque es nuestra obligación legar a las generaciones futuras una naturaleza limpia,
pero también porque la recuperación y regeneración de las zonas afectadas es fundamental para la vida de la gente del mar, para la vida de la gente que vive de trabajar en el mar, del fruto del mar y para la gente que vive dependiendo de este medio.
Este diputado que les habla lo siente, pero no entiende que se siga negando la evidencia y si los diputados del PP siguen negando la evidencia, llegará un día en que el señor Aznar se empeñe en que el sol también sale por la noche y ese día
seguro que no le va a creer nadie ya.
De todos modos, esta es la última proposición de la legislatura y yo le pediría que hicieran una excepción y dieran una satisfacción, no a este diputado sino a los afectados, votando que sí a esta propuesta.
En todo caso, señor presidente, esto se termina. Fue un placer compartir trabajo con todos ustedes. Nos hubiera gustado más flexibilidad y menos prisas por parte de la mayoría, pero entendemos que donde hay patrón no manda marinero. De todos
modos, fue una experiencia positiva y agradecemos a la Mesa en su conjunto y a su presidente titular, que en estos momentos no está, el talante para facilitar los trabajos; también al personal de la Cámara, a la letrada, a los taquígrafos, por
esforzarse en entendernos a todos, que a veces no es fácil, pero, señorías, nos veremos y, por favor, terminemos aprobando algo, que esta Comisión del día de hoy sirva para algo positivo, y algo positivo no es demostrar que tienen ustedes mayoría,
ya lo sabemos; es demostrar que esa mayoría en este caso sirve para construir.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Gracias, señor Díaz, le aseguro que el placer es compartido también por esta Presidencia en funciones y pienso que por todos los miembros de la Mesa. A continuación tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Efectivamente, nuestro grupo parlamentario en diferentes ocasiones ya hemos explicado nuestra posición; hace pocos momentos también en una propuesta del Bloque Nacionalista Galego hemos explicado qué es lo que
creemos al respecto y sin alargarme más y sin entrar más en profundidad en el tema, sólo ciñéndome a la propuesta de resolución que presenta el Grupo Socialista, dice: elaborar en colaboración con las comunidades autónomas afectadas planes de
regeneración adecuados a cada una de las zonas dañadas, así como planes de repoblación de las especies en las que esto sea posible, diseñados en función de las zonas a recuperar. Yo creo que es una propuesta absolutamente de mínimos y por lo tanto
sería bueno que esas cosas tuviesen un consenso de todas las fuerzas políticas. Por lo tanto nosotros lo vamos a apoyar.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Nosotros también apoyaremos esta proposición no de ley del Grupo Socialista, aunque no puedo dejar, como diputado nacionalista gallego, de poner de manifiesto ciertas cuestiones. Desde luego estamos de acuerdo en
que se elaboren planes de regeneración en cada una de las zonas dañadas, lo que sucede es que nosotros pensamos que esto tiene que hacerse respetando lo que son las competencias que tiene cada entidad. En el caso de Galicia, la Comunidad Autónoma
gallega tiene competencias en materia de aguas interiores y en materia de marisqueo, o sea, aguas interiores o en aguas exteriores, es decir, en el conjunto del mar territorial, y por tanto no debe ser el Estado quien elabore en colaboración con las
comunidades autónomas, sino justo al revés, la Comunidad Autónoma de Galicia y las demás afectadas, quienes elaboren, en su caso con la colaboración del Estado, estos planes de regeneración. Lo digo porque no vaya a ser que la catástrofe del
Prestige se utilice no sólo como excusa para reconvertir la flota, sino también como excusa para recentralizar competencias que, al menos nominalmente, tiene asumidas la Comunidad Autónoma gallega, reforzando a un ente, el Estado que aquellas
competencias que tiene no las ejerce, y se demostró de una forma fatal no sólo en materia de costas sino sobre todo en materia de salvamento y seguridad marítima, y no sólo con ocasión de la catástrofe del Prestige, sino con ocasión de catástrofes,
afortunadamente sin víctimas mortales, como a la que me refería antes, la que se produjo ayer a dos millas de la Torre de Hércules: no había un radar que funcionase, no se recibió en la torre de control de A Coruña la llamada de socorro del buque
abordado que después se hundió y, como digo, en este caso felizmente no hubo que lamentar víctimas mortales, pero es una muestra de que la situación sigue igual y de que lo que hay que hacer no es precisamente reforzar las competencias del Estado,
porque al Estado, en definitiva, Galicia le importa más bien poco y en lo que se refiere a la pesca, al marisqueo y a la seguridad marítima más bien absolutamente nada.
Quiero aprovechar también esta mi última intervención en la Comisión de Agricultura y Pesca para despedirme o decir un hasta luego y agradecer a todos los grupos y desde luego a la letrada y a los servicios de la Cámara la manera en que
facilitaron un trabajo, que esperemos que en próximas legislaturas sin mayorías absolutas, por tanto con mayor protagonismo del Parlamento, pueda ser bastante más fructífero y bastante, como digo, más ágil.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: En primer lugar, como portavoz también en esta Comisión, quiero adherirme a las atinadas palabras, solamente en lo que se refiere a esto obviamente, de los portavoces del Grupo Socialista y el Grupo Mixto- BNG,
en el sentido del agradecimiento a la Mesa, al personal, letrados, taquígrafos, por el comportamiento que han demostrado en esta legislatura y en la anterior también, en la que no tenía mayoría absoluta el Grupo Parlamentario Popular y sin embargo
ha demostrado día a día que se ha colaborado con todos los grupos, como vamos a demostrar en esta proposición no de ley del Grupo Socialista. Digo que atinadas solamente en ese aspecto porque, en lo demás, tanto en la anterior proposición no de ley
como en la actual, vienen diciendo lo mismo que desde hace muchísimo tiempo, prácticamente hace un año, en el tema del Prestige. Yo creo que tenemos aburridos a SS.SS. y a la Mesa con el mismo tema de siempre. Es cierto que hubo una catástrofe y
nadie lo niega, se han aplicado las medidas de forma inminente, se ha intentado corregir todas las desgracias que hubo, económicas y personales, y por tanto en estos momentos la normalidad es prácticamente absoluta y estamos cumpliendo puntualmente
todos los acuerdos de este Parlamento y todos los decretos emanados por parte del Gobierno.
Al portavoz de Convergència i Unió, que se refería al primer punto de la moción anterior del Bloque Nacionalista Galego, le tengo que decir que no tiene ya sentido, porque eso se ha cumplido y se sigue cumpliendo. Es cierto que hay algunas
especies que han desaparecido o que han disminuido, pero estoy harto de repetir que, por ejemplo, la anchoa otros años había desaparecido y ha aparecido en diciembre y este año apareció la xoubiña, la sardinilla, en diciembre en unas cantidades
importantes, o sea, mucho más que en anteriores ocasiones. También quiero decir a SS.SS., -supongo que muchos de ellos no los saben- que la sardinilla, la xoubiña, en estos momentos en la plaza está a 1.500 pesetas el kilo, que es un dato también a
tener en consideración, cuando no hace muchos años todavía estaba a 25 pesetas, o sea, a unos cuantos céntimos de euro. Me estoy refiriendo a todos los aspectos que hay que considerar. El portavoz del Grupo Mixto-Bloque Nacionalista Galego parecía
que quería indicar algo de lo que pueda venir a continuación. En primer lugar, quiero decirle al señor Aymerich que es cierto que la Ley de pesca marítima que se aprobó en la anterior legislatura reconoce a las autonomías las competencias
adjudicadas por la propia Constitución. Es cierto que Galicia, aparte de tener la de los mares interiores o entre puntas, como vulgarmente se dice, tiene el marisqueo, siempre y cuando se efectúe por artes adecuadas, o sea, no es que sea ilimitada,
y, por tanto, fuera de puntas, en cuanto a la pesca marítima corresponde su organización y responsabilidad al Gobierno central, y estamos hablando precisamente de ese ámbito, que es donde se han ocasionado mayores perjuicios, fuera de puntas, porque
en ninguna de las rías gallegas ha entrado el chapapote, gracias a Dios, y por tanto no sé a qué marisqueo en concreto se refiere el señor Díaz, porque hablaba del mejillón, supongo que hablará del mejillón en roca, pero el sabemos que este no es
comercializable, que únicamente se está comercializando el mejillón de batea, y en las rías, gracias a Dios, especialmente en la Vigo y en la de Arosa, que son los mayores productores del mundo casi de mejillón, no ha entrado chapapote.
Es cierto que algunas especies pudieron verse afectadas, pero también hay que recordar una cosa, que los peces, si tienen chapapote, se van de ahí, no van a estar ni engordan con el chapapote, como pretendía o quería decir el señor Díaz.
Hay una serie de medidas que sin duda pueden incidir en que haya en unas especies más capturas que en otras y sabemos, y vuelvo a retomar el tema que el señor Aymerich venía apuntando, que tenemos un gravísimo problema en nuestro litoral, el
gallego, y el cántabro: que en este momento los stocks están bajo mínimos, y eso lo dicen todos los informes del CIS, del IEO, etcétera, etcétera, y entonces va a haber que tomar decisiones. En estos momentos ya está todo el mundo anticipando sus
quejas porque la reducción que pretende la Unión Europea, pero con informes científicos, es importantísima en la pesca litoral, lo cual puede suponer el amarre de muchas unidades de flota. Yo supongo que no se quería referir a eso el señor
Aymerich. Es decir, que hay muchas circunstancias y situaciones; stocks que en determinados momentos parecía que se recuperaban fácilmente, como nos ocurría con el fletán en NAFO, estamos viendo ahora que hubo que reducirlo porque la
sobreexplotación, que también existe, estaba dando lugar a que determinados stocks no se recuperan como se debían recuperar. Sin embargo, creo que podemos anticipar que en el Gran Sol el stock se ha recuperado y posiblemente se nos incrementen
nuestras cuotas de merluza y gallo, lo cual no deja de ser una buena noticia, dentro de las que estamos siempre sufriendo. De ahí que lucros cesantes, etcétera, palabras que no tienen mucho sentido, señor Aymerich, porque repito, ¿hasta cuándo?,
como decía el otro día, ¿Ilimitadamente? Porque, claro, si se apoyan en algún informe de algún elemento, -tengo que utilizar la palabra elemento-, pseudocientífico, el cual ha hecho unas declaraciones totalmente perniciosas para la economía
gallega, aunque después tuvo que tragárselas y envainárselas, perdonen la expresión...
Eso se ha publicado recientemente. Alguien que se autotitulaba profesor no sé qué, no sé cuantos, de la Facultad de Biológicas. Entonces, ya digo, se han
publicado y se han dicho barbaridades en ese tema y lógicamente el Partido Popular no está por aceptar estas barbaridades y ha acudido puntualmente a donde ha debido para intentar paliar, vuelvo a repetir, los efectos del desastre
que ha ocasionado el Prestige. No quiero recordar en tiempos pasados el del Mar Egeo, porque usted decía antes, señor Díaz, que el Estado se subrogó en el caso del 'Mar Egeo'. ¡Qué se iba a subrogar! No se subrogó; el Estado fue imputado
y condenado responsable solidario, por la catástrofe del Mar Egeo y tuvo que pagar el Estado, no se subrogó en nada; fue condenado a título individual. (El señor Díaz Díaz pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Díaz, yo no le he
interrumpido. Por lo tanto, vuelvo a repetir, señor presidente, que las intervenciones han sido atinadas en el aspecto de agradecer la colaboración de toda la Mesa y de todas las personas que pueden tener alguna incidencia en la misma, pero en lo
demás han sido muy poco atinadas. De todas maneras y no como despedida -me gustaría de verdad, señor Díaz, verlo a usted en la próxima legislatura, lo cual significaría que también estaríamos otros por aquí-, dándole la razón una vez más, le vamos
a proponer una enmienda alternativa a su propuesta que literalmente diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a analizar, en colaboración con las comunidades autónomas, las propuestas de actuaciones en el caladero nacional cuyo objetivo
sea la recuperación a medio plazo de las poblaciones de interés pesquero (hago un inciso simplemente para decirle, al señor Aymerich que hablamos del caladero nacional, por tanto de lo que afecta a la Ley de pesca marítima, la del Estado.) hasta su
nivel de biomasa reproductora de seguridad (BPA), mediante la repoblación y la gestión responsable de las pesquerías. Lógicamente, si por parte del Grupo Socialista se aceptase esta enmienda, obviamente tendría el apoyo del Grupo Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): El portavoz del Grupo Popular ha hecho llegar a la Mesa la enmienda in voce que acaba de manifestar. Por lo tanto, señor Díaz, a los efectos de posicionarse.
El señor DÍAZ DÍAZ: En principio, aceptamos la propuesta, en el día de despedida y concordia, pero con una matización que pienso que va a aceptar el señor Mantilla. Tomando las palabras anteriores de la señora secretaria general de Pesca,
que hablaba de que se iba a actuar en el caladero Cantábrico-Noroeste, yo diría: analizar en colaboración con las comunidades autónomas la propuesta de las actuaciones en el caladero nacional Cantábrico-Noroeste, y el resto seguiría igual. Fueron
las palabras de la señora Fraga y donde dijo que se iba actuar. Luego centrémoslo ahí y no dispersemos la cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE: Isasi Gómez: Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: No tengo inconveniente, señor presidente, pero el caladero nacional, obviamente, integra al Cantábrico-Noroeste, al occidental y al gallego y a todos.
El señor VICEPRESIDENTE: (Isasi Gómez): En qué quedamos entonces? (Pausa.)
La enmienda in voce sería como se ha leído por el señor Mantilla, añadiendo a continuación del caladero nacional lo que ha propuesto el señor Díaz. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
- SOBRE CAMBIO EN LA FINANCIACIÓN DEL PLAN DE REGADÍOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Numero de expediente 161/002371.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al debate de la proposición no de ley número 8, sobre cambio en la financiación del Plan Nacional de Regadíos, del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra su portavoz, el señor Cuadrado.
El señor CUADRADO BAUSELA: Es la última proposición no de ley que vamos a debatir en la Comisión de Agricultura, lo más brevemente posible, por la hora. En primer lugar, es una propuesta por la que, en síntesis, el Grupo Socialista
pretende que se modifique el Plan Nacional de Regadíos y que se modifique en un sentido práctico, para que su estado actual de parálisis no continúe y que, en definitiva, nuestra política de regadíos, en la parte correspondiente a la modernización,
sirva para algo, en la modernización de los regadíos, es decir, justamente en el instrumento más importante que tenemos para conseguir un ahorro y un uso racional del agua en el sector que más consumo de agua tiene en España. No olviden SS.SS. que
el 80 por ciento del consumo de agua en España se utiliza para regadíos. El Plan Nacional de Regadíos no está funcionando, señorías. Yo les podría dar muchos datos, pero les voy a ahorrar unos cuantos y voy a seleccionar aquellos que me parece a
mí que pueden ser más claros y más contundentes.
El Plan Nacional de Regadíos en su estado actual es un plan previsto para los años 2000-2008, es decir, quedan cuatro años para que termine. ¿Y saben cómo estamos en el programa de modernización de regadíos en España? Pues de 1.134.891
hectáreas previstas para modernizar-, es decir, para ahorrar agua, en una situación bastante lamentable en la que están esas hectáreas de regadío en nuestro país, se pierde mucho agua, se usa mal el agua y además cuesta más regar- antes del año
2008, a fecha de hoy se está actuando en toda España sobre 39.928 hectáreas, según datos del propio Ministerio de Agricultura proporcionados lógicamente a través de la información de las Seiasa, es decir, un 14 por ciento. Al ritmo al que va el
Plan Nacional de Regadíos, necesitaríamos treinta años para cumplir lo previsto en ocho. Señorías, es tan inadmisible esta situación que exige al menos una reflexión sobre por qué está pasando lo que está pasando y una alternativa para que no
ocurra lo que está ocurriendo.
Señorías, no
puede ser que el instrumento más importante para modernizar los regadíos y ahorrar agua esté en este estado calamitoso en el que se encuentra. Así, ni planes hidrológicos nacionales, ni trasvases, ni nada, sirven como burladero para ocultar
esta realidad a la que nos ha llevado el Gobierno de España: el 14 por ciento cuando estamos, a punto de empezar el año 2004 y el año 2008 está a muy poca distancia del momento en que nos encontramos. Esta es la realidad.
¿Por qué ocurre esto? Señorías, porque, fundamentalmente, -no es la única razón-, los regantes españoles no pueden firmar los convenios que se les ofrecen, y luego hablaré en concreto de ello, porque si los firman se arruinan. El canon que
tendrían que pagar cada año por hectárea y los márgenes con los que están trabajando, ajustadísimos en muchos casos, hacen que si tuvieran que pagar ese canon cada año por hectárea, no podrían subsistir. Las operaciones son muy sencillas, señorías,
y están hechas, es muy fácil: cuánto pagan hoy, por metro cúbico en unos casos, en la mayor parte de los casos, desgraciadamente, por hectárea, puesto que no hay contadores; cuánto pagan hoy, cuántos ingresos obtienen y qué costes tienen -y les
puedo hacer algún cálculo que ha hecho la propia Administración del Partido Popular-. Al subírseles el canon que les supone la firma de los convenios de modernización, los arrojan del mercado, los expulsan del mercado, y saben hacer cuentas; saben
que aquellos que cultivan maíz, cultivan remolacha u otro tipo de cultivos, haciendo cuentas, no pueden pagar el canon que les supone la firma del convenio y por tanto no lo firman. Cuando se reúnen en asamblea los regantes levantan la mano y dicen
que no firman el convenio, ahí estamos, con un supuesto plan nacional para modernizar los regadíos en España absolutamente paralizado, señorías.
¿Qué es lo que hay que hacer?, tercera y última cuestión. Nosotros lo decimos en esta proposición no de ley: en síntesis, modificar el Plan Nacional de Regadíos para, con los fondos necesarios para el desarrollo rural, hacer viable la
modernización de regadíos sin expulsar del mercado a cientos de miles, a decenas de miles de agricultores que viven de esto, y para eso hacen falta, efectivamente, fondos públicos. ¿Cuál es el sistema de financiación actual de la modernización de
los regadíos en España? Pues miren, señorías, por cada 1.000 millones que se invierten en la modernización de regadíos, el 38 por ciento, de media, los convenios varían poco, lo tiene que adelantar el regante, la comunidad de regantes, y el 62 por
ciento lo pone la Seiasa. La única participación de fondos FEOGA y de comunidad autónoma por fondos de desarrollo rural llega al 24 por ciento y lo que ponen las Seiasa lo tienen que devolver en forma de canon, metro cúbico o pago por hectárea, los
regantes. En estas condiciones es imposible mantener el Plan Nacional de Regadíos. El Plan Nacional de Regadíos estuvo bien para un par de telediarios, pero no resiste el análisis de lo que está pasando. Los datos que estoy dando son datos
proporcionados hace poco más de un mes por el propio Ministerio de Agricultura.
Les pondré un ejemplo, señorías. Un regante del páramo bajo de León hoy paga (voy a hablar en pesetas) 13.800 pesetas por hectárea en su canon de riego. Si firma el convenio y pone en marcha el programa de modernización en su zona regable,
pasaría a pagar 32.300 pesetas por hectárea. Siembran cereales, maíz, remolacha. Hagan cuentas sus señorías, de 13.800 pesetas por hectárea que paga ahora pasaría a pagar, repito, 32.300 pesetas por hectárea. Le expulsa del mercado. Repito,
hagan cuentas sus señorías.
El Plan Nacional de Regadíos, y termino, va como va. Podría ponerles ejemplos, porque efectivamente no todas las comunidades autónomas están igual. Por ejemplo, mi comunidad autónoma, Castilla y León, está en el 3 por ciento, ha ejecutado
en este momento el 3 por ciento de las hectáreas previstas en el Plan Nacional de Regadíos, no llega a 5.000 hectáreas y están previstas 192.000 antes del año 2008, señorías. Lo digo por si alguien puede tener alguna duda sobre lo que está pasando.
En comunidades autónomas como la de Cataluña, que va a cambiar pronto de Gobierno, ¿qué ha pasado con el plan de modernización de regadíos? Quiero dejar hoy aquí constancia de lo que ha pasado a fecha de hoy. Pues miren, señorías, esta es la
documentación que proporciona la Seiasa del Nordeste a través del Ministerio de Agricultura. Dice: Obras terminadas en modernización de regadíos: 0 hectáreas; obras en ejecución -y ha pasado ya tiempo; esta Seiasa del Nordeste se creó en el año
1999, habría que preguntar qué ha estado haciendo en Cataluña, a qué se ha dedicado-: 0 hectáreas. Esto es lo que hay, hoy, tierra que se esté moviendo para modernizar regadíos. Lo demás son previsiones. Hay la previsión de hacer mañana o pasado
mañana o cuando toque la margen derecha del Delta del Ebro, fase 1; Tarragona, 13.000 hectáreas. Hay previsión de la margen izquierda del río Muga, cuando se pueda, si es que se firma, etcétera, pero, hoy, obras terminadas, 0, obras en ejecución,
obras que se estén haciendo ahora mismo: 0 hectáreas. Así, señorías, no puede continuar la situación en un país donde el del agua es un problema central y su alternativa no puede ser que el Plan nacional de modernización de regadíos esté
paralizado.
Así podremos estar debatiendo durante años sobre el trasvase del Ebro, sobre el Plan Hidrológico Nacional, pero la casa sin barrer.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Antes de iniciar esta intervención, quiero agradecer a la Mesa y a los letrados su
colaboración durante esta legislatura en los trabajos y en la ejecución de todas las sesiones de esta Comisión, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' nuestro reconocimiento.
Esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista pone en evidencia el fracaso o al menos la dificultad de poner en marcha el Plan nacional de regadíos en esta segunda etapa, el fracaso de integración a nuevos sistemas en la
primera mitad del mismo, y también, o la nula eficiencia que tiene el plan en Cataluña. En Cataluña nos hemos dedicado, sobre todo en esta última legislatura, a dejar en marcha el canal de Algerri-Balaguer, una obra de gran trascendencia para la
provincia de Lleida, como asimismo para Lleida y Tarragona todos los riegos del canal Segarra-Garrigues, y con ellos hemos al menos marcado una pauta de los nuevos sistemas de riego, de un aprovechamiento de agua más racional evitando el famoso
riego a manta, sobre todo del canal de Urgell y las zonas del Ampordá. Se han iniciado determinadas gestiones para que este sistema tire adelante y podemos decir que la participación de la Generalitat de Catalunya ha sido intensa; lo ha sido
intensa en el sentido de, primero, racionalizar el sistema de riego y venderlo a los agricultores para adaptar el nuevo sistema y, en segundo, de estudiar con mayor profundidad las inversiones que hacían falta. Esto lleva su tiempo.
Lógicamente,
todo lo relacionado con el riego levanta ampollas porque plantea la necesidad de cambiar estructuras históricas y representa cambios importantes. Estamos hablando de cambios estructurales, estamos posiblemente ante la necesidad de nuevas ayudas,
pero también estamos en una situación en la cual las ayudas al agricultor no tienen por qué concederse por la vía de subvencionar las infraestructuras, o sea, sistema de acequias y de las partes que les corresponden, sino a través de una política de
impulso y de estímulo a nuevos cultivos y también de ayuda a los cultivos existentes. A partir de aquí sí tendremos que combinar unas ayudas estructurales o de cultivos con unas ayudas coyunturales. Por esta razón creemos que el planteamiento que
hace el señor Cuadrado es digno de consideración, que al menos pone sobre la mesa el fracaso de un sistema y que, planteado al final de una legislatura, parece el nexo para una próxima reunión de esta Comisión, que tendrá que celebrarse ya a partir
del mes de marzo. Lógicamente, esta propuesta que nos hace el señor Cuadrado formará posiblemente parte de su programa electoral, una propuesta que tendrá que hacerse dentro de un programa de gobierno de temas agrícolas. Por esta razón se puede
pedir aquí un compromiso, pero las acciones no serán efectivas. Por lo tanto, nos gustaría dejar el tema abierto, nos gustaría dejar constancia del tema sobre la mesa. Nuestro grupo, cuando se trata de ayudar a la agricultura no va a votar en
contra, pero al ser una propuesta en un campo en el las comunidades autónomas tienen sus competencias y tienen su propia ejecución nuestro grupo se va a abstener en el sentido de promover que este tema quede abierto y se trate en una próxima
Comisión. Y reiterando nuestro agradecimiento a la Mesa y a los letrados. Termino.
El señor PRESIDENTE: Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Pintado.
El señor PINTADO BARBANOJ: En lo que hace referencia a esta iniciativa, agradezco las palabras del señor Grau, que nos han situado un poco en la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista, porque la intervención de su
portavoz nada o poco ha tenido que ver con los criterios que en la misma se marcaban y con los objetivos que se perseguían.
Entrando en la proposición no de ley, estaríamos totalmente de acuerdo en cuanto que, a la hora de definir un plan nacional de regadíos como el que tenemos hoy mismo encima de la mesa, hay una serie de elementos, como es la climatología, el
suelo y la propia situación geográfica, que marcan claramente los medios y la metodología de actuación, de acuerdo con las comunidades autónomas competentes en la materia y de acuerdo también con las comunidades de regantes. Y para eso he bajado
uno de los tres tomos del Plan nacional de regadíos y le aconsejaría al señor Cuadrado que se fuera a la página 196 del tomo II para que entendiera un poco cuál es la mecánica, la metodología a la hora de plantear un plan nacional de regadíos. En
él usted podrá conocer y estructurar cómo está previsto, desde que se empezó a elaborar el Plan nacional de regadíos, todas las actuaciones que han llevado a cabo no solamente el Ministerio de Agricultura sino también las propias comunidades
autónomas y las comunidades de regantes. Venir a esta Comisión a intentar confundir al sector agrario me parece grave siendo el último día, desde luego es totalmente legítimo, pero yo, señor Cuadrado, le hubiera agradecido mayor rigor en su
planteamiento y que hubiera ido a los hechos constatados, no solamente a coger los puntos que le puedan interesar para, una vez más, intentar sólo y exclusivamente desgastar al Gobierno. Lo que pasa es que los hechos en la calle le demuestran,
señor Cuadrado, que en lo que se refiere a esta proposición no de ley están bastante alejados de la realidad.
La cifra de 1.134.891 hectáreas en el programa de consolidación y modernización ciertamente es de las pocas cosas que usted ha acertado a decir hoy aquí y perdone quizás la impertinencia, lo que supone la actuación durante estos años en el
plan de modernización. Pero usted no ha dicho una cosa importantísima, que el acuerdo reflejado en el Plan nacional de regadíos es que la ejecución de este plan es al 50 por ciento entre el Ministerio de Agricultura y las comunidades autónomas, es
decir, que en esas 1.134.891 hectáreas tienen que actuar tanto las comunidades autónomas
como el Ministerio de Agricultura. En ese 1.134.000 hectáreas (aquí tengo un cuadro que luego le voy a poder pasar, un cuadro oficial del Ministerio de Agricultura, con lo cual no creo que nos lleven a ningún tipo de engaño.) la actuación
del Ministerio de Agricultura es de 540.000 hectáreas a lo largo del ejercicio del 2008, y en la actualidad tenemos puestas en marcha a través de los convenios del orden de 389.000, no las 39.000 que usted decía, es decir, que yo creo que a usted se
le ha caído un número en la cifra que le han pasado del ministerio.
¿Y esto por qué? Es cierto que cuando se puso en marcha el -Plan nacional de regadíos, Plan Nacional de Regadíos que se aprobó en febrero de 2002, hace dos años, aunque anteriormente se habían iniciado algún tipo de actuaciones a través, de
la SEIASAS-, cuando se llevó al sector agrario el cambio y el impulso que el Gobierno del Partido Popular ha dado a la modernización y consolidación de los regadíos huboquizás un miedo a la novedad, y en un principio costó convencer a las
comunidades de regantes para que se adecuaran a este nuevo sistema de financiación que tiene que ver con la cofinanciación de la Unión Europea. A partir de ese momento lo que se hace es, de acuerdo con las comunidades autónomas, definir las zonas
de actuación, una vez que se han definido las zonas de actuación se desciende al territorio, en el territorio se empiezan a analizar los distintos proyectos de mejora, que no son ni muchísimo menos los mismos en León que en Cataluña, en Huesca que
en Valencia, en función de las necesidades y en función de las inversiones que los propios regantes están dispuestos a hacer, porque en algunos casos entran balsas laterales de regulación; en otros, revestimiento de acequias; en otros,
automatismos. Es decir, que en definitiva al final los regantes son los que tienen la última palabra para definir cuál es el proyecto y cuál es el costo del proyecto en función de las expectativas, tanto económicas como de viabilidad de los
cultivos, y especialmente también de ahorro de agua que tiene que llevar a esos planes.
La dotación del capital social con la constitución de la, SEIASAS ascendió a 751,3 millones de euros, que están repartidos entre todas las SEIASAS españolas, en este caso la del norte, nordeste, la del sur y este y la de la meseta sur, con
un desembolso total de esa participación a través de los Presupuestos Generales del Estado.
Usted ha dado unos datos, yo le voy a dar otros datos a fecha 4 de diciembre datos oficiales del Ministerio de Agricultura que le puedo pasar en una hoja para que usted haga las reclamaciones que considere pertinentes .Y la situación actual
de lo que hay terminado más lo que hay conveniado -lo que hay conveniado es lo que se va a empezar a ejecutar, y en algunos casos se está ejecutando- son 389.000 hectáreas, como decía anteriormente, y en el caso de Cataluña, que usted ponía como
paradigma de la falta de actuaciones, hoy hay conveniadas y en ejecución 26.267 hectáreas, que suponen el 67 por ciento de las actuaciones del Ministerio de Agricultura. El 50 por ciento restante, lógicamente, son actuaciones que corresponden a la
propia comunidad autónoma. Y hay casos bastante paradigmáticos, como es el caso de Extremadura, con 68.908 hectáreas, que suponen el 216 por ciento, es decir, que el Ministerio de Agricultura, a través de sus SEIASAS, ha pasado en algunos casos por
encima incluso de las comunidades autónomas, de acuerdo con ellas, para poner en marcha más actuaciones en cuanto a la distribución de los fondos operativos recibidos del Feoga. Actualmente están comprometidos el 82 por ciento de las actuaciones
del Ministerio de Agricultura a través de la firma de convenios. Como estamos, como muy bien decía usted, en 2003 y nos quedan todavía cuatro años, lo que habrá que hacer es una proposición no de ley, que yo le animo a presentar para la próxima
legislatura, si tiene la oportunidad de estar en esta Cámara, para reeditar otra vez el Plan nacional de regadíos y hacerlo extensible a un número superior de hectáreas. Y usted sabe que desde el año 1996 el debate que se originó en el sector
agrario español en relación con al agua fue que si dotábamos con más dinero para avanzar con mayor rapidez en la construcción de nuevos regadíos o por el contrario lo que se hacía era dotar de más dinero la modernización. En estos momentos la
apuesta del Plan nacional de regadíos es que de cada 10 pesetas que se invierten, 6 pesetas se vayan al tema de la modernización. A estas cifras que le acabo de dar habría que añadir todavía las actuaciones directas con los fondos propios que
ejecuta el Ministerio de Agricultura. En estos momentos hay en ejecución un montante de 100.000 nuevas hectáreas, más los convenios directos con las propias comunidades autónomas.
Las normativas específicas que tienen las comunidades autónomas, como usted bien sabe, y de eso no ha dicho absolutamente ni una palabra, podrían intentar solucionar el problema que usted planteaba de fondo en su proposición no de ley,
problema de fondo del que usted no ha dicho ni una sola palabra, es decir, la distribución de un dinero determinado en función de la rentabilidad de los cultivos. Ahora bien, señor Cuadrado, ¿cómo contemplaría usted esto? Porque el problema que
tenemos en España, como usted bien sabe, no es solamente en las zonas de regadío sino especialmente en las zonas de secano, por su baja viabilidad económica.
Si usted tiene una zona que tradicionalmente se ha dedicado al cultivo del maíz o al
cultivo del cereal cebada o al cultivo de una hortaliza, ¿usted le va a poner una prima determinada en función del cultivo que hace? ¿Y qué pasa si ese agricultor, como suele y ocurre continuamente, al año siguiente cambia de cultivo? ¿Le volvemos
a retocar otra vez la financiación porque ha puesto un cultivo que le es más o menos rentable? Yo creo que el agricultor, cuando firma los convenios a través de las comunidades de regantes, está pensando en la globalidad de su explotación y, en
definitiva,
siempre acudirá a aquellos cultivos que le sean mucho más rentables y le sean viables dentro de las posibilidades, tanto climáticas como de suelo, que tiene en el propio territorio.Usted hablaba de la financiación europea y la financiación
que reciben estas zonas. Ya quisiéramos que ocurriera lo mismo en otros sectores, y yo como portavoz en estos momentos del sector agrario en esta Comisión me alegro de todo lo que nos llegue, de más. Pero, claro, usted ha hablado de un 24 por
ciento, un 24 por ciento en las zonas de objetivo 1, pero el resto de las zonas que no son Objetivo 1 tienen solamente un 17 por ciento, con lo cual ya hay una discriminación por parte del reglamento de la Unión Europea respecto a la financiación
que podemos aplicar en unas zonas o en otras. En concreto, viene definido por el artículo 33 del Reglamento 1257/1999. En definitiva, no se puede cambiar el Plan nacional de regadíos a la altura que estamos en lo que a los criterios que se
establecieron en el mismo se refiere, criterios que habrá que recordar nuevamente que fueron establecidos de común acuerdo con las comunidades autónomas y posteriormente con los regantes.
Volviendo a incidir en el tema de la financiación, porque de forma catastrofista desde mi punto de vista, ha hecho referencia al Plan nacional de regadíos diciendo que lo único que va a hacer va a ser expulsar del sector agrario a miles y
miles de agricultores, cabría recordar (creo que ha salido ya en distintas comisiones) cuál es el sistema de financiación de las SEIASAS del Ministerio de Agricultura. Es decir, si bien es cierto que del retorno europeo se le devuelve al agricultor
el 50 por ciento y que hasta el primer 50 por ciento tiene que anticiparlo a través de una financiación que se ha previsto y se ha conseguido que sea a través de convenios con entidades financieras a un interés preferencial, el resto del 50 por
ciento que adelanta la SEIASAS, y que tiene que devolver el agricultor, se devuelve en veinticinco años, a partir del año veinticinco, y sin intereses. Hemos ido a las comunidades autónomas y a las comunidades de regantes a explicar en qué
consistía verdaderamente este tipo de financiación, y cuando se hacen esos números que usted ha hecho -ha comentado que son de León; yo no acabo de comprenderlos exactamente, porque usted los liga además al metro cúbico de agua cuando no tiene
absolutamente nada que ver el pago de la modernización con los metros cúbicos de agua que se incorporan en la parcela, ya que lo que se paga, son las actuaciones encaminadas a conseguir esa modernización. A nosotros nos parece que el sistema de
financiación de las SEIASAS es un sistema de lo más interesante, independientemente de que haya comunidades autónomas que lo implementen a través de sus propios fondos seleccionando zonas, bien sea por cultivos, porque sean zonas degradadas o porque
sean zonas con problemas de climatología o del propio suelo. El hecho es que esa facultad también está prevista dentro del propio Plan nacional de regadíos. El propio sistema establecido para la modernización de regadíos es lo suficientemente
flexible, con el fin de que se puedan introducir las modificaciones que usted plantea, modificaciones que le recordaré al señor Cuadrado que están previstas también en la propia normativa del Plan nacional de regadíos, cuya revisión está prevista
cada tres años así como su posible modificación en aquellos criterios que no se hayan podido poner en marcha.
En definitiva, yo creo que es una iniciativa ineficaz, una iniciativa que está sustentada en unos datos que no responden a la realidad, y que la modernización de los regadíos en España, gracias a este Plan nacional de regadíos, ha tomado un
impulso importantísimo. Señor Cuadrado, el propio Gobierno se está planteando la dotación de mayor volumen económico no para atender este Plan nacional de regadíos, sino para una posible revisión del mismo al alza por la gran y alta demanda que hay
del territorio nacional, por los beneficios que produce esta modernización.
Termino como han hecho el resto de portavoces, agradeciendo a todos los compañeros de esta Comisión, y especialmente a los portavoces, el trabajo que hemos desarrollado durante esta legislatura, que, independientemente de que tengamos puntos
de vista contrarios o contradictorios en algunas de nuestras intervenciones, entendemos que siempre han estado guiados por el interés general y por llevar al sector agrario las mejores iniciativas que en este sentido se podían plantear. Agradezco
muy especialmente a la Mesa y a la letrada, y en nombre de ellos a su presidente, el rigor, la profesionalidad, la moderación de que han hecho gala para dirigir los debates y, en definitiva, el apoyo que nos han prestado a todos los diputados para
ejercer nuestro trabajo. (El señor Cuadrado Bausela pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿Sí, señor Cuadrado?
El señor CUADRADO BAUSELA: Me ha ofrecido el señor portavoz del Grupo Popular que ha actuado como portavoz en este momento una documentación que le ha proporcionado el ministerio con fecha 4 de diciembre, si no he entendido mal. Le pido
únicamente que me diga en qué Boletín figura su petición de documentación y esa documentación, porque la que yo he citado, que es de octubre está a disposición de todos los diputados, como todo el mundo sabe. ¿En qué Boletín figura?
El señor PRESIDENTE: Señor Pintado, ¿quiere contestar?
El señor PINTADO BARBANOJ: Yo no tengo por qué contestarle, simplemente le voy a pasar la documentación que tengo del propio Ministerio de Agricultura, y no sé si es de Boletín, solamente le digo que la fecha es 4 de diciembre de 2003.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el orden del día, vamos a proceder a la votación. En primer lugar, proposición no de ley número 5, relativa a la protección del ecosistema de la dehesa, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley que figura con el número 6, relativa a la adopción de medidas para compensar a los marineros y armadores afectados por la escasez de capturas en las zonas abiertas a la pesca después de la catástrofe del Prestige,
presentada por el Grupo Mixto (Bloque Nacionalista Galego).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley número 7, sobre elaboración de planes de regeneración de las zonas afectadas por el Prestige, del Grupo Parlamentario Socialista, en virtud de la enmienda presentada y aceptada por el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, proposición no de ley número 8, sobre cambio en la financiación del Plan de regadíos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor 10; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Antes de levantar esta Comisión y habida cuenta de que es la última sesión, y hablo en nombre de todos los miembros de la Mesa, quiero agradecerles la colaboración, el interés, el rigor, la participación, la cooperación que hemos tenido.
Hemos pasado una legislatura intensa, con grandes debates, con muchos problemas, en ese sentido creo que todos los debates se han producido con la cortesía que caracteriza a un órgano como el Congreso. Agradezco el trabajo desarrollado a los
funcionarios, tanto a los taquígrafos como a los ujieres y a la letrada, a todos los funcionarios en general; les deseo en la siguiente legislatura lo mejor para todos ustedes. Unos repetirán, otros no estarán aquí, pero a todos ustedes les deseo
lo mejor en su reincorporación a la vida civil, así como una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo.
Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y veinticinco minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, del miércoles, 10 de diciembre de 2003, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de
Sesiones' ya elaborados.