DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 888

POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA

Sesión núm. 46

celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2003

ORDEN DEL DÍA:


Debate y, en su caso, aprobación del informe elaborado por la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectiva de futuro. (Número de expediente 154/000011.) ... (Página
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El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión, que tiene como único punto del orden del día el debate y, en su caso, aprobación del informe elaborado por la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y
perspectivas de futuro.



La sesión se va a desarrollar con una intervención en primer lugar de la señora Martín con relación a las conclusiones de este informe; a continuación intervendrán los grupos que presentaron propuestas de resolución, por el orden de menor a
mayor, y finalmente, si lo desean, los grupos que no presentaron propuestas de resolución.



Para desarrollar el orden del día con ese formato, que por supuesto someto a la consideración de todos los señores portavoces, tiene la palabra la señora Martín, como he dicho, para una intervención sobre las conclusiones que se proponen
para ser objeto de votación y en su caso de aprobación.



La señora MARTÍN VIVAS: Señorías, permítanme que inicie mi intervención manifestando mi satisfacción por un doble motivo: primero, por la conclusión de los trabajos llevados a cabo en la subcomisión sobre la discapacidad que culminan con
la presentación y aprobación de este informe que nos ha permitido enriquecer nuestros conocimientos y acercarnos un poco más a la problemática que viven las personas discapacitadas, dándonos asimismo la oportunidad de participar en la mejora de su
futuro, impulsando todas aquellas iniciativas que permiten avanzar hacia su plena integración social; y, segundo por las aportaciones que supone para la discapacidad el desarrollo de estos trabajos. Muchas de las propuestas planteadas por el
sector durante el transcurso de la subcomisión ya han sido recogidas por el Gobierno, que ha estado atento al desarrollo de la subcomisión y a las reivindicaciones expuestas en la misma y, sensible con los planteamientos, se ha adelantado a la
conclusión y ha ido aprobando una serie de medidas que van a mejorar sustancialmente la vida de las personas discapacitadas y también, por supuesto, de sus familias.



El 23 de noviembre de 2001 el Pleno de la Cámara, a propuesta del Grupo Popular y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que fue respaldada por todos los grupos con representación parlamentaria en el Congreso, acordaba la
creación en el seno de esta Comisión de Política Social y Empleo de una subcomisión para el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro. Recibíamos entonces el mandato de elaborar un estudio global sobre la
problemática existente en el ámbito de la discapacidad. Como paso previo, la subcomisión recabó un volumen importante de documentación y programó una serie de comparecencias a propuesta de los diferentes grupos parlamentarios. En total se han
celebrado 36 comparecencias. Por el Congreso de los Diputados han pasado representantes de la Administración del Estado, como el director general del IMSERSO, el secretario de Estado de Telecomunicaciones, la subsecretaria de Justicia, la
secretaria general de Educación y la secretaria general de Empleo; representantes acreditados del sector de la discapacidad, encabezados por el CERMI, representantes sindicales, universidades y representantes de las diferentes comunidades autónomas
y de sus gobiernos con responsabilidades en el ámbito de asuntos sociales.



La subcomisión, en su última reunión, celebrada el pasado día 5 de diciembre, hizo suyo este documento que hoy traemos a esta Comisión de Política Social para su aprobación. Nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, asumimos con ilusión
la defensa de este estudio, que hacemos nuestro, y que es un documento que incluye propuestas de actuación y recomendaciones que en un porcentaje elevado incluíamos todos los grupos parlamentarios en nuestros escritos de conclusiones. El Grupo
Popular ha incluido obviamente sus propuestas en este documento, pero también ha incorporado otras de los grupos de Convergència i Unió, Socialista e Izquierda Unida. El informe sobre la situación actual de la discapacidad evidencia algo que todos
conocemos y es la necesidad de seguir prestando una especial atención a los más de tres millones y medio de personas con discapacidad que, según la encuesta sobre discapacidades de 1999, hay en España. La discapacidad no es un asunto que competa
única y exclusivamente al ámbito de los servicios sociales. Los poderes públicos y las distintas administraciones han de considerar la discapacidad como eje de acción transversal de toda su política, teniéndola en cuenta en la acción política
general y en la acción política sectorial.



En el informe se detalla con amplitud el conjunto de reformas llevadas a cabo por el Gobierno en esta legislatura. Ese era el mandato de la subcomisión y por ello se incluye en el informe el balance de la acción del Gobierno en materia de
discapacidad. Nuestro grupo está convencido de que es mucho lo realizado en estos últimos años: apoyo a las familias, conciliación de la vida laboral y familiar de los familiares cuidadores, nuevos programas específicos como el dirigido a los
enfermos de Alzheimer o el primero y segundo plan de acción de las personas con discapacidad, ambos con dotaciones presupuestarias para acciones de cooperación con las comunidades autónomas, beneficios fiscales en el impuesto sobre la renta de las
personas físicas, nueva regulación de los internamientos de personas carentes de voluntad, nuevas formas procesales que permiten la satisfacción más eficiente de los derechos familiares, nueva ley de propiedad horizontal, que mejora las
posibilidades de accesibilidad en la vivienda, y otros programas que promueven la eliminación de barreras y la accesibilidad. Explica con amplitud el importante impulso a la integración laboral que se ha


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dado en estos últimos años, destacando los dos acuerdos suscritos con el Comité Español de Representantes de Minusválidos, CERMI, en el año 1997 y el segundo plan de empleo para personas con discapacidad, firmado en diciembre de 2002, en el
que el Ministerio de Trabajo se compromete a llevar a cabo una serie de medidas para adaptar normas y prácticas en las políticas de empleo a las necesidades y particularidades de los trabajos de las personas discapacitadas. Estas medidas se
inscriben en los ámbitos de intermediación laboral, la formación e inserción laboral, la contratación, la promoción de la iniciativa empresarial, la adecuación al entorno social y laboral, la lucha contra la discriminación y la igualdad de
oportunidades en el empleo.
Recoge también el informe los avances hechos en materia de protección patrimonial de los discapacitados, haciendo referencia a la ley 41/2003, de 18 de diciembre, de protección de las personas con discapacidad y de
modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la normativa tributaria, con la finalidad de dar respuesta a la preocupación de las familias por el futuro de su familiar discapacitado. De la misma manera se menciona la
reciente aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad. Esta ley complementa la LISMI, vigente desde hace veinte años. En su elaboración se han tenido presentes todas aquellas actuaciones de
movimiento asociativo para que sirva como impulso de las políticas que hacen posible alcanzar el objetivo de integración social de estas personas. En materia de accesibilidad se recoge también la aprobación del primer plan nacional de accesibilidad
2004/2012, que tiene como objetivo inmediato la promoción de la accesibilidad mediante estrategias transversales que refuerzan y complementan la acción de las restantes administraciones sin colisionar sus competencias.



Estas son sólo algunas de las medidas que han sido llevadas a cabo por el Gobierno -y que no ampliaré, ya que constan todas ellas en el informe de conclusiones- y que ponen de manifiesto el panorama de la intensa actividad desarrollada, que
nos muestra una situación mucho más favorable y optimista para el futuro de nuestras personas discapacitadas, pero obviamente del desarrollo de los trabajos de esta subcomisión se evidencia también la existencia de problemas que deben ser abordados
y que precisan de un nuevo impulso para conseguir esa tan deseada plena integración de las personas discapacitadas en todos los ámbitos de nuestra sociedad.



La segunda parte de este documento de conclusiones es la que contiene las propuestas o recomendaciones; voy a hacer referencia solamente a algunas, en aras de la brevedad. En el ámbito de las barreras se recoge una treintena de propuestas
para la eliminación de barreras, tanto arquitectónicas como de comunicación. Para ello y a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología se recomienda la adopción de medidas para garantizar la integración social y laboral de las personas
discapacitadas, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación y promoviendo el acceso a las nuevas tecnologías con un desarrollo tecnológico adecuado y orientado a sus posibilidades y
necesidades y el impulso del diseño para todos en este ámbito. En relación con los medios de comunicación de radio y televisión se propone el desarrollo de un plan de medidas para favorecer el acceso a dichos medios, incluyendo la obligación de
subtítulos, tanto para operadores de ámbito nacional como autonómico. En el apartado de acceso a los servicios se incluyen algunas recomendaciones para la mejora de las condiciones básicas de acceso a las oficinas públicas, incluyendo las
diferentes administraciones, Justicia, Sanidad, etcétera, así como el acceso a las páginas web y muy especialmente aquellas de titularidad pública. Educación y formación es un apartado básico muy importante en el que se incluyen del orden de
dieciséis propuestas que inciden en la educación y la formación como requisito indispensable para, aprovechando las capacidades de cada caso, poder mejorar el grado de empleabilidad en condiciones de igualdad.



Grandes discapacidades es otro de los apartados de especial relevancia en estas recomendaciones. Las grandes discapacidades es uno de los graves problemas que afectan a este mundo de la discapacidad. Los grandes discapacitados requieren
una atención continuada y además no pueden utilizar el camino de la educación, la formación o el empleo como forma de integración, significando para su entorno familiar una preocupación constante en el presente y también en el futuro. Se incluyen
diversas propuestas, pero destacan entre ellas las que se refieren a que se continúe impulsando la creación de centros estatales de referencia, desde los que se investigue y se siga una atención especializada en función del tipo de gran
discapacidad. Existe en la actualidad el CEADAC, Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral, que fue creado en el año 2002, y la previsión por parte del Gobierno de creación para el año 2004 de tres centros más para salud mental, para Parkinson y
para síndromes minoritarios o, como normalmente llamamos, enfermedades raras. Junto a éstas, existen otras muchas propuestas en el informe de gran relevancia e interés para el mundo de la discapacidad; alguna de ellas, como la que se refiere a la
jubilación anticipada para trabajadores con discapacidad que acrediten un importante grado de minusvalía, ya ha sido regulada mediante desarrollo reglamentario por parte del Gobierno hace muy pocos días, lo que va a suponer la posibilidad de
adelantar la edad ordinaria de jubilación de estas personas sin merma de su pensión.



Señor presidente, señorías, tanto esta diputada como el Grupo Parlamentario Popular, al que represento, estamos satisfechos con la presentación de este documento, pues responde al objetivo que nos habíamos planteado en el inicio de esta
legislatura, que era trabajar por y


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para el futuro de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Es además un documento dialogado y consensuado, que se ha enriquecido con las aportaciones de todos en mayor o menor medida. También quiero dar las gracias a todas
aquellas personas que han participado de forma directa o indirecta en su elaboración y de forma muy especial a todos aquellos comparecientes que con sus aportaciones han hecho posible la elaboración de este informe de conclusiones. Finalmente,
quiero decirles que hoy es un día en que todos debemos felicitarnos por el trabajo realizado y sobre todo por lo que ello está significando para las personas con discapacidad y sus familias, que ya han visto cumplidas muchas de sus reivindicaciones
en las medidas adoptadas por el Gobierno paralelamente al desarrollo de esta subcomisión y que ven asimismo reflejadas en el contenido de las propuestas que se incorporan hoy en este informe de conclusiones aquellas otras que aún no se han
desarrollado.
El señor PRESIDENTE: Como hemos dicho, voy ahora a dar un turno a aquellos grupos que presentaron propuestas de resolución para que, en su caso y en los términos que estimen oportuno, hablen sobre las mismas. También, si alguno de
los grupos tiene la intención de formular algún voto en relación con el texto de las conclusiones que pudieran ser objeto de aprobación por la Comisión, es momento de que hagan las consideraciones que estimen pertinentes.



Como el señor Ruiz, de Izquierda Unida, se ha ausentado de la sala, si no tienen inconveniente, voy a conceder la palabra al señor Campuzano, en nombre de su grupo.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: En el próximo Pleno vamos a tener ocasión de debatir este informe y entonces mi grupo procederá a manifestar con más profundidad los correspondientes agradecimientos a todas aquellas personas y colectivos que
van hacer posible que al final de esta legislatura y al final de este Año europeo de las personas discapacitadas podamos aprobar un informe que sirva de estímulo a las políticas que se deben desarrollar en España en los próximos años, para seguir
las previsiones de la Constitución de 1978 en este ámbito y lo que la Ley de integración social de los minusválidos de 1982 marcó como aspiración colectiva del conjunto de la sociedad. Además, vamos a aprobar este informe hoy que es el día
internacional de los derechos humanos. Porque, señorías, también la cuestión de incapacidad es fundamentalmente una cuestión de derechos humanos, de crear un marco legal, un marco político y un marco social que haga posible y real que aquellos
derechos que las personas discapacitadas tienen como tales puedan ser ejercidos por los mismos. Precisamente desde esta perspectiva de ejercicio de los derechos de ciudadanía, Convergència i Unió desde siempre, y también en esta subcomisión, ha
querido impulsar sus políticas de atención a las personas discapacitadas. No hemos querido hacer nuestras reflexiones, nuestras propuestas, nuestra acción política desde una lógica asistencial, ni desde una lógica paternalista, ni desde una lógica
de compasión simplemente sentimental. Hemos querido acompañar nuestras posiciones políticas desde la convicción de que las personas discapacitadas deben poder ejercer sus derechos. Mientras sus derechos no puedan ser ejercidos, viven una situación
de discriminación, entendiendo además que la imposibilidad del ejercicio de estos derechos no se encuentra en la propia situación de discapacidad, sino en la realidad de la sociedad en la que vivimos, en la realidad de los entornos, de los procesos,
incluso de las actitudes del conjunto de la sociedad frente a las personas con discapacidad. Por tanto, desde la convicción, por un lado, y las políticas públicas, por otro, respondiendo a un mandato constitucional del artículo 30, pueden remover
las condiciones que hacen imposible el ejercicio de esos derechos; el conjunto de la sociedad debe cambiar su aproximación, su perspectiva, su enfoque frente a las personas discapacitadas. Sin estos dos hechos, sin esa lógica de políticas públicas
orientadas a superar esa desigualdad y, al mismo tiempo, sin un cambio de aproximación de la sociedad, sin una acción pedagógica sobre la sociedad, va a ser imposible avanzar hacia esa plena igualdad, avanzar hacia el pleno ejercicio de esos
derechos, a avanzar hacia esa consideración como personas en todas sus dimensiones de las personas con discapacidad.



Desde nuestra perspectiva, esa lógica exige reconocer que nuestras sociedades son diversas y que las personas discapacitadas son la expresión de esa diversidad de la propia sociedad. Y en esa lógica de asunción de la diversidad de la
sociedad, hay que crear las condiciones necesarias para que las personas discapacitadas ejerzan sus responsabilidades cívicas, nos parecen fundamentales como sujeto de derecho pero también como personas que responsablemente participan de la
sociedad. El reconocimiento de esa diversidad exige no sólo que se desarrollen actuaciones específicas en el ámbito de las políticas públicas de la discapacidad, sino que el conjunto de las políticas públicas incorporen en su núcleo duro, en su
enfoque principal, la dimensión de la discapacidad. Nos podemos remitir a los discursos de Ramón Trías Fargas en el proceso de elaboración de la LISMI, a principio de los años ochenta. También hemos querido abordar en nuestro informe un elemento
que nos parece de una absoluta convicción, que el desarrollo de un modelo de Estado basado en la autonomía de los territorios que componen España es garantía de un mayor y mejor desarrollo social y de un mayor y mejor ejercicio de los derechos de
ciudadanía. Mi grupo ha rechazado con mucha preocupación algunas argumentaciones que se han producido en los últimos tiempos que asocian la desigualdad entre las personas al modelo de Estado que nos hemos dado. Estamos


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convencidos de que, si existen desigualdades, no están en el hecho de que en algunas autonomías el desarrollo de las políticas sociales, de las políticas sanitarias o de las políticas de rentas mínimas, vaya en determinada línea, sino que se
derivan de las diferencias salariales, de las diferencias de género y de las diferencias de oportunidad de participación en los procesos educativos o de empleo. Trabajando sobre esas circunstancias es cómo podemos superar realmente esas
desigualdades, no desde el rechazo a las posibilidades que en el ámbito de las políticas sociales genera el modelo de Estado basado en las autonomías y basado en el reconocimiento de la pluralidad de territorios que componen el Estado español.

Estamos convencidos de que España necesita un salto hacia delante en materia de gasto social para hacer frente a los déficits históricos que en materia social venimos arrastrando -la construcción del Estado de bienestar en España es en términos
históricos reciente; va a asociada a la llegada de la democracia y a los primeros gobiernos democráticos- pero también para hacer frente a las nuevas realidades que el conjunto de las sociedades avanzadas de occidente está viviendo en estos años y
vivirán con más intensidad en los próximos, como son los retos asociados al envejecimiento, a las transformaciones de la familia y a las transformaciones de un modelo económico basado en la sociedad industrial y del conocimiento, etcétera. En ese
sentido, ese impulso del gasto social en España es absolutamente prioritario. Mi grupo ha querido enfatizar la importancia de todas aquellas políticas orientadas hacia la prevención de la discapacidad. Las cifras que conocemos nos indican
claramente que, junto a la discapacidad asociada a situaciones de carácter congénito, desde el propio nacimiento de las personas y que deben orientar la puesta en marcha de sistemas de diagnóstico precoz, la universalización de la atención sanitaria
de protocolos de detección precoz y el desarrollo de mecanismos más potentes en la atención materno-infantil, va a ser absolutamente necesario afrontar el drama de los accidentes de trabajo -recordamos que según la encuesta de 1999 de discapacidad,
de las personas que tienen alguna discapacidad, a 95.000 les viene esta como resultado de un accidente de trabajo- y el drama de los accidentes de tráfico. Según esta misma encuesta, más de 62.000 personas tienen esa discapacidad como consecuencia
de un accidente de tráfico. También, señorías, va a ser necesario hacer frente a una gestión basada en una idea en cuyo impulso creo que hemos sido pioneros desde Cataluña y que es acompañar el proceso de envejecimiento con una mayor calidad de
vida para las personas mayores, para evitar o para retardar sus situaciones de dependencia. El concepto de mejor vida para más años configura esta idea. Este conjunto de actuaciones orientadas hacia la prevención nos parece absolutamente
fundamental. El reto de disminuir el número de personas que tendrán dificultades para desarrollar su vida con plena normalidad debe formar parte también de un eje de las políticas de atención a la discapacidad.



Por otro lado, la puesta en marcha de la sociedad del conocimiento abre importantísimas posibilidades en el reto de la prevención y de la adaptación del conjunto de nuevas tecnologías al mundo de la discapacidad. Nos parece central avanzar
hacia una movilización de recursos públicos y privados en materia de investigación para abordar las situaciones que afectan a las personas con cualquier tipo de discapacidad. Hay que reconocer que la investigación con células madre abre muchísimas
posibilidades para estas políticas en este ámbito de la investigación y del desarrollo de la prevención de la discapacidad.
Quiero insistir también en que el conjunto de nuestro sistema de protección social necesita una orientación nueva para hacer
frente a las situaciones específicas de las personas discapacitadas, físicas, psíquicas y sensoriales. El Pacto de Toledo apuesta por una adaptación de nuestro sistema de protección social a esta realidad y esa adaptación; según entiende
Convergència i Unió, pasa en primer lugar por una revisión de la Ley de pensiones no contributivas de 1990, dejando de vincular la percepción de la pensión no contributiva a los ingresos de la unidad familiar y pasando a considerarla como un derecho
personal e individual del sujeto discapacitados. Nos parece que garantizar esa autonomía financiera de la persona con discapacidad es un requisito indispensable para permitir ese ejercicio de los derechos de la ciudadanía y para permitir además su
autonomía en la sociedad. Reconocemos el avance que supone la regulación de la jubilación anticipada para las personas discapacitadas. El Grupo de Convergència i Unió introdujo para ello una enmienda en la Ley de jubilación gradual y flexible;
enmienda que fue rechazada en su tramitación en el Congreso de los Diputados por la actual mayoría gubernamental pero que finalmente aceptaron en el Senado. Hoy tenemos esa regulación, que es un primer paso y que como tal valoramos, pero continúa
sin darse respuesta a muchísimos de los problemas de envejecimiento prematuro de las personas discapacitadas o a su imposibilidad de mantener una vida laboral hasta los 65 años. En este ámbito de las pensiones, quiero insistir en la necesidad de
avanzar hacia esa regulación de la compatibilidad entre trabajo y pensión no contributiva, como medida para no condenar a la recepción de una pensión que es muchas veces escasísima para hacer frente a la autonomía de las personas discapacitadas.
Nos parece esencial, en esa revisión a fondo de nuestro sistema de protección social, introducir ciertos mecanismos que favorezcan la incorporación al mercado de trabajo de las personas que hoy reciben una pensión no contributiva.



En el ámbito de la protección social, nos parece necesario hacer frente de una vez por todas al reto del envejecimiento de nuestra sociedad, a través de


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la puesta en marcha de un sistema de atención a las dependencias. Me refiero al desarrollo de una ley general del Estado que articule la política de atención a las dependencias con plena capacidad de organización y definición por parte de
las comunidades autónomas y con las previsiones presupuestarias suficientes. El problema de la dependencia -cuestión asociada al envejecimiento- afecta precisamente a uno de los colectivos más amplios de personas con discapacidades, que son los
mayores de 65 años, pero también al conjunto de personas con discapacidad. El escaso desarrollo de los servicios sociales en España, resultado de la insuficiencia de los recursos públicos que hemos destinado a este ámbito, ya es una de las
principales preocupaciones de las familias españolas. A nuestro entender, una política global de atención a la discapacidad debe ser un elemento central en el desarrollo de la política de atención a la dependencia.
En estos cuatro años de
legislatura nos parece que se ha perdido la oportunidad de avanzar en la definición de esta política global. Será cierto que en el Pacto de Toledo y en esta Comisión se va a hacer referencia a este elemento, pero es obvio que se han perdido muchas
oportunidades para avanzar en su puesta en marcha. Es bueno recordar que el acuerdo de abril de 2001 entre la CEOE, Comisiones Obreras y el Gobierno, mandató explícitamente la puesta en marcha de esta política de atención a la dependencia y que la
legislatura terminará sin que se haya avanzado prácticamente en nada. Dentro de este contexto de las necesidades de carácter social nos parece necesario continua con las políticas de apoyo a las familias, ya que las familias constituyen un espacio
privilegiado de solidaridad y afecto y que, en la realidad, la mayoría de los gastos y de las responsabilidades derivadas de la situación de la discapacidad encuentran respuesta en el ámbito de la familia, especialmente por parte de las mujeres.
(La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la Presidencia.) Son las madres, las esposas, las hijas, las hermanas, quienes se hacen cargo de las situaciones derivadas de las necesidades más básicas de las personas con discapacidad.
Precisamente la ausencia de esa política global de atención a la dependencia ha hecho recaer en ese segmento de la población mayores responsabilidades. Por tanto, junto con la puesta en marcha de esa política de atención a la de dependencia, es
fundamental continuar reforzando las políticas de atención a las familias.



En el ámbito de las políticas educativas y formativas continuamos con el reto de hacer reales aquellos objetivos que se proclamaron en 1994, en el marco de la Conferencia mundial sobre necesidades educativas especiales, organizada por el
Gobierno español en cooperación con la UNESCO, donde se apelaba a esa inclusión de los niños y niñas con discapacidad en el sistema educativo general. Esa era la filosofía de la LISMI en 1982 y hoy continúa siendo un elemento de movilización social
y política para las familias y para los profesionales. Recientemente el Gobierno de Cataluña aprobó un plan de inclusión de las personas con discapacidad en el sistema educativo, plan que pone el énfasis no en una educación segregada, sino en una
presencia de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas normales y ordinarias. Hacia eso debemos orientar de manera activa nuestras políticas educativas. Corresponde fundamentalmente a los gobiernos autonómicos, pero a mi grupo le ha
preocupado -y así se puso de manifiesto en los trabajos de la subcomisión- que la nueva Ley de calidad de la educación pueda poner en riesgo esta lógica inclusiva en nuestro sistema educativo y que termine apostando por una segregación de los
alumnos con discapacidad del sistema educativo normal. Quizá sea por una experiencia personal pues en la escuela donde yo estudié la enseñanza general básica compartí aula con chicos con discapacidades de carácter psíquico. Siempre he creído que
la incorporación con normalidad de los discapacitados al sistema educativo nunca irá en menoscabo de la capacidad de los niños normales, de los niños en plenitud de condiciones; es más, puedo afirmar que compartir aula con chicos en esta situación
supone un enriquecimiento humano más que evidente.



En este ámbito de la educación y de la formación también quiero recordar la necesidad de hacer efectiva una previsión de la LISMI, la gratuidad de las tasas en los estudios superiores para las personas con discapacidad.
Ha sido noticia que
la semana pasada la Universidad Autónoma de Barcelona aprobó esa gratuidad; más de 20 años después de la LISMI es noticia que una universidad de Cataluña decida que sean gratuitas las tasas para los estudiantes con discapacidad. En el eje de estas
políticas están las políticas de empleo como algo de sentido común. La plena incorporación al mundo del trabajo debe formar un eje central en cualquier política orientada hacia las personas con discapacidad. Las políticas activas de empleo deben
incorporar en sus núcleos duros esta dimensión porque, además, las tasas de paro y las tasas de actividad de las personas con discapacidad sitúan a España en los últimos puestos del ranking europeo y nos indican que el conjunto de las políticas
activas de empleo, a pesar de haber sido útiles en la creación de empleo, están siendo claramente insuficientes.



Mi grupo apuesta -y el texto que hoy vamos a aprobar es un tímido avance sobre esa perspectiva; mi grupo entiende que ahí hay que hacer un esfuerzo de mayor concreción, de mayor revisión- por una revisión global del funcionamiento de las
políticas activas de empleo orientadas hacia la discapacidad. Estamos convencidos de que hay que superar la concepción de empresa protegida para ir hacia la idea de trabajador protegido, equiparando por tanto las políticas de apoyo a la creación de
empleo entre las empresas ordinarias y los centros especiales. Al mismo tiempo, actualizar


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las ayudas para la creación de puestos de trabajo en los centros especiales de empleo nos parece absolutamente necesario, precisamente con la perspectiva de hacer real esa cuota de reserva del 2 por ciento, que hoy, de manera escandalosa y
después de más de 20 años de LISMI, continúa incumpliéndose por parte de las empresas privadas, pero también -y ahí todos los grupos somos responsables porque todos tenemos o hemos tenido responsabilidades- en la Administración pública. Nos parece
necesario un nuevo enfoque, una nueva movilización, una nueva política de empleo para acabar con esa discriminación absoluta, con esa imposibilidad de las personas con discapacidad para acceder al mundo del trabajo.
Todo el ámbito de accesibilidad,
movilidad y vivienda debe formar parte asimismo de nuestra preocupación, especialmente una vez incorporado a nuestros discursos políticos el concepto de diseño para todos, concepto impulsado por la sociedad civil organizada y que nos obliga a hacer
evidente aquello que ya preveía la LISMI hace 20 años, como es la puesta en marcha de las políticas de supresión de barreras arquitectónicas.
Nosotros reiteramos nuestra frustración porque la Ley de igualdad de oportunidades ha vuelto a situar en
plazos absolutamente impresentables cosas como la supresión de esas barreras arquitectónicas para obras ya realizadas o incluso de nueva realización, o la incorporación de políticas que eviten la fractura digital y la infoexclusión, dejar a las
personas con discapacidad al margen de los avances de la sociedad del conocimiento y de la información. Tengo que recordar que existen organismos públicos dependientes del Estado, como son RENFE y AENA, que aún continúan lejos de cumplir con las
previsiones de la propia LISMI. Y la supresión de las barreras físicas para las personas con discapacidad continúa siendo fundamental en ámbitos en los que el actual Gobierno también tiene sus responsabilidades.



Quiero hacer referencia también al ámbito de la fiscalidad; el reconocimiento a las dos últimas reformas del IRPF han supuesto un avance en esas mayores oportunidades para las familias con discapacitados y para las personas con
discapacidad, pero continúa siendo necesario, en próximas reformas fiscales, la mejora sustancial de los aspectos relacionados con este ámbito. Otras cuestiones que no son menores, pero que cada vez más forman parte de las reflexiones en el ámbito
de las políticas de atención a la discapacidad, son las relativas a la dimensión de género. La percepción, la concepción y la convicción de los colectivos de mujeres discapacitadas, que acumulan una doble situación de discriminación, la derivada de
su condición de mujer y la derivada de su condición de persona discapacitada, hacen necesario desarrollar acciones específicas que den respuesta a los problemas concretos de este colectivo. Otra de las grandes asignaturas pendientes del conjunto de
nuestro sistema de atención social y sanitaria es la relacionada con la salud mental, que necesita de acciones específicas; y ya en el seno de la subcomisión los colectivos de familiares de enfermos mentales expresaron su preocupación.



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Señor Campuzano, debería ir terminando.



El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy terminando, señora presidenta.



Hay nuevos colectivos que se van incorporando en nuestras reflexiones, como es el colectivo de personas con inteligencia límite. Habríamos de tener más presentes ciertas realidades, todo ello bajo una doble lógica que también hemos querido
incorporar en nuestro informe y que además tienen su origen en la puesta en marcha de esta subcomisión, que, como ha recordado la señora Martín, fue resultado de sendas propuestas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y
posteriormente del Grupo Parlamentario Popular; por ejemplo el papel de la sociedad civil organizada y el papel del Parlamento en este ámbito. En España, en los últimos años, se ha reforzado ese papel de la sociedad civil, pero es bueno recordar
que precisamente la LISMI es el resultado de la capacidad de movilización de la sociedad civil organizada para dar respuesta a estas realidades. Al mismo tiempo, históricamente, el Parlamento ha sido el espacio de encuentro alrededor de la
discapacidad. Creemos que en esta legislatura, a pesar de que este informe lo vamos a aprobar por unanimidad, y ahí yo creo que el papel de la diputada Martín ha sido fundamental (en el Pleno insistiré en esta idea) de cara al futuro, o recuperamos
el empuje, el sentido común y la capacidad de diálogo entre grupos políticos, Gobierno y sociedad civil alrededor de las políticas de discapacidad o difícilmente vamos a ser capaces de hacer esa transformación de las políticas públicas y esa
transformación de la mentalidad de la sociedad respecto a la discapacidad.



Mi grupo va a reiterar en la próxima legislatura la necesidad de la creación de un marco permanente y específico de trabajo en este Parlamento alrededor de la discapacidad como espacio de diálogo con la sociedad civil pero también como
espacio para la construcción de consensos políticos alrededor de estas políticas. Espero que en la próxima legislatura seamos capaces de comprometernos. Nuestro texto de resolución proponía una línea que finalmente el Grupo Popular no ha
considerado oportuno incorporar pero que para nosotros es fundamental. Yo confío en que el trabajo de la subcomisión sea útil a ese empuje que en este ámbito creo que el conjunto de la sociedad nos reclama.



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.



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El señor RUIZ LÓPEZ: La intervención del portavoz de Convergència i Unió, el compañero Carles Campuzano, ha sido muy exhaustiva en muchos de los aspectos que ha expuesto y mi grupo se siente reflejado en ella. Yo voy a hacer una
intervención más bien corta, porque tendremos la oportunidad de volverlo a debatir en el Pleno.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar a favor del informe, que goza del apoyo, hay que decirlo, de las entidades sociales más
importantes. Sin embargo, a la hora de valorar el informe de la subcomisión presentado por la comisión redactora, creemos que el mismo peca de exhaustivo en cuanto al relato de la documentación recibida, que es preciso respecto de las
comparecencias, completo en cuanto a las sesiones celebradas y detallado en cuanto a las solicitudes de documentación. También nos parece algo pretencioso en cuanto a la situación de la discapacidad, excesivo en cuanto al desarrollo de las
políticas a ejecutar y exagerado en cuanto al balance de la acción del Gobierno en materia de discapacidad en los últimos años. Sin embargo, pese al escepticismo que pueda haber en algunos de los aspectos del informe, repito que vamos a votarlo
favorablemente.



Queremos destacar nuestra insatisfacción con el texto que debatimos hoy después de un breve análisis de Izquierda Unida que deseo dejar patente.
Falta contenido en cuanto a las consideraciones generales, fundamentalmente porque no hemos
encontrado, como pensamos que debe aparecer, una definición exhaustiva de las características de lo que se debe entender como discapacidad, los tipos de discapacidad y sus consecuencias. Puede parecer un tema menor pero es de gran importancia,
sobre todo en comunidades como la de Madrid, donde se traspuso el plan de acción para personas con discapacidad del Gobierno central; se consideró como discapacitados al 2,8 por ciento de la población sin que se hubiera realizado ninguna encuesta
aparte de la que sobre discapacidad, deficiencias y minusvalías, realizó el Instituto Nacional de Estadística en 1986. El citado plan estatal cifraba la población afectada directamente por el mismo en torno al 15 por ciento, al englobar a todos los
ciudadanos con deficiencias susceptibles de convertirse en discapacidad y/o minusvalía, situando en torno a un 6 por ciento la población aquejada por una minusvalía. Los porcentajes indicados se corresponden en términos generales con los manejados
por las instituciones de la Unión Europea, sin embargo, la Comunidad de Madrid presupuestó el plan en función del 2,8 por ciento de población afectada.



En el año 1999, según el propio informe, la población afectada representaba el 9 por ciento de la población total y se exagera en cuanto al balance de la acción del Gobierno en materia de discapacidad en los últimos años. Leyendo el informe
parece que no hay situación en el mundo equiparable a la española, cuando en realidad el plan de ayuda a las personas con Alzheimer o a sus familias duerme el sueño de los justos. El primer plan de acción a favor de las personas con discapacidad
mediante la colaboración con las comunidades autónomas habrá tenido éxito, desde nuestro punto de vista, donde no gobierna el Partido Popular, ya que donde lo lleva haciendo algunos años, como en el caso de la Comunidad de Madrid, el resultado, ya
referido en el apartado anterior, amén de no tener previsto un plan de Alzheimer, no tiene tampoco evaluado un plan de discapacitados; parece que todo está hecho para cubrir el expediente sin más historias.



Citar como un logro la elaboración de la encuesta de 1999 o los dos acuerdos con el CERMI parecen elementos surrealistas, ya que la encuesta es una de las obligaciones previas a cualquier política que se precie de rigurosa para conocer las
necesidades y acordar políticas con el CERMI para incrementar las medidas a aplicar. En todo caso, nos parece que éste sería un triunfo del CERMI y no del Gobierno, como se quiere hacer creer.



Hay una serie de modificaciones de los sistemas de protección por desempleo que no son tal como nosotros pensamos. En el Pleno ya hablaremos de una serie de aspectos que consideramos que habría que tener en cuenta, así como del desarrollo
de las políticas a ejecutar y de una serie de aspectos que en el propio documento se desarrollan, yo creo que con más voluntad que acierto. Este documento, que repito una vez más que nuestro grupo va a apoyar, entendemos que está lleno de buenas
voluntades que luego, en la práctica, por lo que estamos viendo, no se corresponden con la realidad. Sin embargo, nos parece que éste no es un mal camino; no sabemos a dónde nos llevará, pero no es malo, aunque sí desconocido.
Esperamos que el
próximo Gobierno, después de las elecciones generales, sea capaz de dar respuesta a esta incógnitas y de potenciar estos planes y programas. Reitero una vez más nuestro apoyo al documento. Por último, me gustaría hacer una pregunta porque no me ha
quedado claro y es qué plazo hay hasta que se presente este documento en el Pleno, que me parece que es la semana que viene, para la presentación de votos particulares o enmiendas.



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): El plazo es de 48 horas desde la votación, señor Ruiz.



El señor RUIZ LÓPEZ: Señora presidenta, no sé si voy a poder estar a la hora de la votación, puesto que tengo que intervenir en otra Comisión, pero quería dejar claro el voto favorable del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a
este documento.



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Pérez.



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La señora GARCÍA PÉREZ: En primer lugar, antes de entrar a valorar el contenido del informe desarrollado por la subcomisión, quisiera agradecer a todas las personas y organizaciones que han pasado por dicha subcomisión que nos hayan
aportado una visión muy cercana de la realidad del mundo de los discapacitados, de las necesidades de este colectivo y de las distintas iniciativas y políticas que han de ser puestas en marcha por las diferentes administraciones públicas. Asimismo,
quiero agradecer en mi nombre y en el de mis compañeras del Grupo Parlamentario Socialista que hemos participado en esta subcomisión la buena disposición que ha existido por parte de los distintos grupos, siendo de merecer hacer una referencia a la
diputada del Grupo Parlamentario Popular, a la señora Martín Vivas, por la capacidad de diálogo y de entendimiento que ha tenido con los demás grupos. Ojalá que la buena disposición que ha habido en esta subcomisión sirva para otras muchas veces en
que es necesario entenderse en temas tan importantes como el que ha ocupado a dicha subcomisión durante todo este tiempo de trabajo.
El Grupo Parlamentario Socialista valora positivamente el informe de la subcomisión sobre el estudio de la
situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro, fundamentalmente las propuestas que los distintos grupos políticos han incorporado al documento inicial. Este documento puede y debe servir de manera valiosa como guía para las tareas
que se precisa acometer en el futuro inmediato hasta la efectiva realización de los derechos de 3.500.000 personas con discapacidad y de sus familias. En coherencia, el Grupo Parlamentario Socialista apoya en términos globales la aprobación del
informe y recibe con satisfacción que la mayoría de los grupos haya alcanzado un acuerdo que rubrica los trabajos de esta subcomisión; no obstante, consideramos que este documento hubiera sido mejorable y que debería haber incidido en algunos temas
que no han sido recogidos en el que finalmente se ha presentado.



De una parte, es conocida la posición marcadamente crítica del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el balance de la acción del Gobierno en el ámbito de la realización de los derechos de las personas con discapacidades. Hemos de
reconocer que en este último período se han puesto en marcha iniciativas y políticas en materia de discapacidad, como la Ley de accesibilidad y derechos de las personas con discapacidad, y en este sentido hubiera sido deseable una mayor capacidad de
diálogo y de entendimiento por parte del Gobierno del Partido Popular, ya que por desgracia esta ley no ha recogido aspectos fundamentales que se deberían haber tenido en cuenta. Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista no ha podido aprobar
el contenido de esta ley, la cual entendemos que se ha quedado corta y que no ha respondido a las esperanzas del colectivo de las personas con discapacidades, existiendo distintos aspectos que frustran realmente los deseos de estas personas, como
anteriormente comentaba el compañero Carles Campuzano, por poner un ejemplo, en materia de accesibilidad, estableciendo plazos tan dilatados en el tiempo en cuanto a la eliminación de las barreras. De este modo, nosotros creemos que los proyectos
del Gobierno durante todo este tiempo deberían haber tenido una mayor incidencia y haber considerado mucho más la realidad y las necesidades del colectivo de las personas con discapacidades.



Otro aspecto que hemos venido denunciando en los últimos tiempos es la cuestión presupuestaria. Por todos es sabido que para poner en marcha todas estas políticas es necesario hacer un esfuerzo presupuestario y consideramos que el Gobierno
no lo ha hecho. Por poner un ejemplo, este año en los presupuestos hemos visto cómo en el plan de acción para las personas con discapacidades la partida presupuestaria está congelado con respecto a la cantidad con la que se dotaba el pasado año.
Si realmente queremos impulsar y poner en marcha más medidas para este colectivo, es necesario hacer una apuesta presupuestaria para que se puedan llevar a cabo.



Por otra parte, celebramos el documento fruto del trabajo de la subcomisión. No nos cuesta reconocer que este afortunado consenso es resultado de la flexibilidad de todos los grupos parlamentarios, incluyendo como he dicho anteriormente a
la propia mayoría, pero también nos hubiera gustado que hubieran sido consideradas y aceptadas algunas cuestiones que hemos planteado y que no se han visto reflejadas en el documento final. Por hacer referencia a algunas de ellas, en materia de
comunicación, el plan de medidas para favorecer el acceso de las personas con discapacidades a los medios de comunicación de radio y televisión carece de actuaciones concretas. Nosotros planteamos la necesidad de que en el documento apareciera el
incremento anual del tanto por ciento del número de horas subtituladas de la programación de Televisión Española, las emisiones en lengua de signos, la accesibilidad e interactividad en todas las páginas web de Radiotelevisión Española, la
realización de campañas de sensibilización con los profesionales y el programa de alfabetización. Asimismo, con respecto al lenguaje de signos, es cierto que en el documento aparece una reseña a este tema, pero nosotros incidíamos en la necesidad
de que se regulara en el plazo de seis meses el uso de la lengua de signos española como instrumento importante para eliminar las barreras de comunicación, que dificultan la integración de las personas sordas y con discapacidad auditiva. Esta
iniciativa fue presentada por el propio Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura y rechazada por la mayoría del Grupo Popular, pero también reivindicada por el colectivo de los discapacitados, con lo cual entendemos que era necesario que
hubiera aparecido en el informe que hemos elaborado. En materia de dependencia, su atención representa sin duda alguna uno de los grandes retos y desafíos para


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las políticas públicas en los primeros años del presente siglo. Se deben anticipar las respuestas necesarias para garantizar la atención desde la cobertura pública a las personas con discapacidad. Para el Grupo Parlamentario Socialista es
necesario garantizar la cobertura pública del cien por cien de las necesidades de las personas en situación de gran dependencia y del 60 por ciento en el resto, ampliando las plazas en los centros hasta situarnos en la media europea, de la cual por
desgracia todavía nos encontramos muy lejos. En materia de empleo, consideramos importante que se incorporara alguna cuestión, como por ejemplo en relación con el empleo público. Hemos presentado una iniciativa, una proposición de ley, que de
forma gratificante ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios en cuanto a la reserva de la cuota de empleo público, pasando del 3 al 5 por ciento, pero han sido eliminados todos los instrumentos que a través de enmiendas de los distintos
grupos parlamentarios se presentaban para poder hacer efectivo el cumplimiento de esa norma. Incluso en un principio el propio portavoz del Grupo Parlamentario Popular hizo referencia a que pasar del 3 al 5 por ciento no garantizaba ya el
cumplimiento de esta norma, por lo cual es necesario poner en marcha estos instrumentos que hagan efectivo su cumplimiento, a lo que también se debería hacer referencia en este informe, así como a otra cuestión que el otro día debatimos en la
subcomisión y que tampoco aparece en el documento, que es poder valorar positivamente cuando las administraciones hacen concursos públicos a aquellas empresas que cumplan o sobrepasen la cuota de reserva de empleo para los discapacitados. En
definitiva, estas son algunas de las cuestiones que se deberían haber incorporado en este documento.
Para finalizar, anuncio la presentación en el Pleno de un voto particular al documento por parte del Grupo Parlamentario Socialista, pero vuelvo a
reiterar nuestro apoyo. Este documento ha sido fruto de un trabajo muy intenso por parte de todos los miembros de la subcomisión y de las personas que han participado en la misma, y tenemos la esperanza de que pueda servir para que las distintas
administraciones y responsables públicos pongan en marcha todas estas medidas que van a mejorar la calidad de vida y van a favorecer los derechos de las personas con discapacidad.



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Monzón.



La señora MONZÓN CABRERA: En primer lugar, quiero felicitar a todos los miembros de la subcomisión que han participado en el desarrollo de los trabajos que han concluido con el informe que hoy debatimos en esta Comisión. Asimismo quiero
dar las gracias a todos los comparecientes que nos han trasladado la información necesaria. Nuestro grupo va a apoyar el informe, teniendo en cuenta su contenido y las valoraciones que se han hecho a lo largo de la mañana. En el Pleno tendremos la
oportunidad de desarrollar de forma más amplia nuestra posición.



La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Suspendemos la sesión durante dos minutos para ordenar las votaciones. (Pausa.-El señor presidente ocupa la Presidencia.)


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.



Procedemos a la votación del informe que ha sido objeto de debate y que ha sido elaborado por la subcomisión sobre el estudio de la situación actual de la discapacidad y perspectivas de futuro.



Efectuada la votación, dijo


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.



Intereso a la Comisión para que se pronuncie sobre la oportunidad de plantear a la Mesa de la Cámara remitir el informe a la Presidencia del Congreso, para su discusión en el Pleno y, por haberlo acordado así con los miembros de la
subcomisión, que en este caso, teniendo en cuenta el resultado de la votación de este informe, sea el presidente de la Comisión quien lo presente en el Pleno al iniciarse su debate.



¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.)


Queda aprobado.



Terminado el orden del día, se levanta la sesión.



Eran las once y quince minutos de la mañana.