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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 887, de 10/12/2003
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 887
ECONOMÍA y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 94
celebrada el miércoles, 10 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Por la que se insta al Gobierno a promover la aprobación de una norma que prohíba la comercialización de productos fabricados con pieles de animales domésticos. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número
de expediente 161/001881.) ... (Página 28176)
-Relativa a la creación de una oficina insular de gestión catastral en la isla de Lanzarote (Canarias). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002297.) ... (Página
28179)
Comparecencia del señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) para explicar las actuaciones desarrolladas en el ámbito de su departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001448.) ...
(Página 28183)
Se abre la sesión a las nueves y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER LA APROBACIÓN DE UNA NORMA QUE PROHÍBA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS FABRICADOS CON PIELES DE ANIMALES DOMÉSTICOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número
de expediente 161/001881.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
El primer punto del orden del día corresponde al debate de la proposición no de ley de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a promover la aprobación de una norma que prohíba la
comercialización de productos fabricados con pieles de animales domésticos. Para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó prácticamente hace un año, porque fue el pasado mes de enero, la iniciativa parlamentaria que ahora vamos a debatir con el ánimo de que fuera
sustanciada en su día en la Comisión de Medio Ambiente, pero por razón de determinadas circunstancias que no vienen al caso se va a tramitar finalmente en esta Comisión, con un retraso que mi grupo lamenta, teniendo en cuenta que nos encontramos ya
en el tramo final de la legislatura. Dicho esto, con la presentación de esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiso en su momento no sólo hacerse eco de una concreta y puntual pretensión de un conjunto de
entidades e instituciones defensoras de los derechos de los animales, tanto del Estado como de la Unión Europea, sino también intensificar una labor política, parlamentaria y pedagógica en la defensa de los derechos de los animales que el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha venido desempeñando a lo largo de la presente legislatura. Esta es una línea política definida y concretada en la presentación y defensa de varias iniciativas parlamentarias durante la presente
legislatura, que están orientadas -como decía- a homologar el Estado español con la Unión Europea en relación con la protección y promoción de los derechos de los animales y en especial de los animales domésticos, referidos expresamente a los perros
y gatos, que es la materia que nos ocupa hoy. Nadie podrá negarle a este portavoz y al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) un cierto liderazgo parlamentario, en todo caso compartido con otros grupos parlamentarios de esta Cámara, en
relación con estas cuestiones que abordamos hoy. Quiero recordar que han sido numerosas las preguntas parlamentarias, las proposiciones no de ley, las interpelaciones y las mociones, tanto en Pleno como en Comisión, que este diputado, como portavoz
de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Catalán, ha impulsado con el objetivo de adecuar nuestra legislación a las normativas de la Unión Europea más punteras en la defensa de los derechos de los animales y especialmente de los animales
domésticos. Quiero recordar -aquí hay diputados de otros grupos que también han protagonizado esta batalla parlamentaria a favor de los derechos de los animales- el impulso a la no nacida ley de protección animal -que esperemos que vea la luz en la
próxima legislatura-, la concreción de la tipificación como delito del maltrato de los animales y como falta su abandono como falta en el Código Penal recientemente aprobado y otras iniciativas de este tenor. En este contexto tiene plena
justificación la presentación de esta proposición no de ley, cuya aprobación esperamos y deseamos, una iniciativa parlamentaria que pretende erradicar de nuestro país una práctica comercial absolutamente impresentable que merece nuestro frontal
rechazo.
Me refiero, como todas SS.SS. conocen de acuerdo con el contenido y la exposición de motivos de esta proposición no de ley, a la comercialización de productos elaborados con pieles de perros y gatos domésticos procedentes de países
básicamente orientales como China, Corea del Sur, Filipinas, Tailandia y otros países. Esta es una práctica muy extendida en esos y otros países que obviamente les reporta unos ingresos muy importantes gracias a la exportación de los mismos a
países occidentales, entre los que se encuentra lamentablemente el Estado español, casi siempre vulnerando las normas estatales aplicables, sean o no de la Unión
Europea; en el caso de la Unión Europea solamente hay un país que al margen de las decisiones de la misma ha regulado y ha prohibido tajantemente esta comercialización, que es Italia. Falsifican la naturaleza de las pieles y enmascaran la
procedencia real con especies supuestamente exóticas o inexistentes etiquetando falsamente, como si fuesen procedentes de animales como el lobo de Asia o el perro de Mongolia, que son especies que no existen, como todas SS.SS. conocen. En cierto
modo, esta práctica comercial responde a una cierta cultura propia de países como Corea del Sur, donde cada año se sacrifican 50.000 perros para servir su carne en más de 5.000 restaurantes y se dice que en China se sacrifican anualmente más de dos
millones de perros con destino similar, pero en ningún caso ello debería comportar que nuestra sociedad aceptara la comercialización de productos elaborados con pieles de animales, cuyo maltrato hemos tipificado como delito en la reciente
modificación del Código Penal. Son diversas las entidades proteccionistas y algunas instituciones también de la Unión Europea que persiguen desde hace tiempo el final de este tipo de prácticas. De hecho, países como Estados Unidos de América e
Italia, como citaba anteriormente, ya han prohibido la comercialización de este tipo de productos que podemos encontrar -como decía antes- en comercios y establecimientos de nuestro país, aunque tras el proceso de curtido, secado y tinte es casi
imposible reconocer si son naturales o sintéticas y sólo mediante concienzudas pruebas del ADN se puede comprobar su verdadero origen y todas SS.SS.
conocen los elevadísimos costes de este tipo de pruebas que hacen casi inviable que se puedan
llevar a cabo de una manera generalizada.
Evidentemente me voy ahorrar describir a SS.SS. algunos de los métodos utilizados en aquellos países para obtener las pieles de perros y gatos domésticos cuando todavía están vivos, porque se los pueden
ustedes imaginar. En cualquier caso, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) considera que nuestro país en ningún caso debería permitir que nuestro mercado interno sea el destinatario de esos productos y que se puedan encontrar en los
comercios, como ha sido denunciado recientemente, abrigos hechos con la piel de decenas de cachorros de pastor alemán, que aparentan otro tipo de prendas, con etiquetados falsos. Teniendo en cuenta que mi grupo parlamentario ya ha presentado
preguntas por escrito al Gobierno en relación con el tema que nos ocupa y que de las respuestas del mismo se derivan que el Ejecutivo está a la espera de un pronunciamiento de la Comisión Europea, consideramos que es oportuno seguir una doble
estrategia, que nos gustaría consensuar con los grupos de la Cámara y especialmente con el grupo mayoritario: por un lado, continuar presionando y apostando en el seno de la Unión Europea, en concreto ante la Comisión Europea, para que se apruebe
una directiva contundente que ponga fin a esas prácticas en todo el territorio de la Unión Europea y mientras tanto, en el orden interno -para evitar que la actual indefinición de la Unión Europea continúe dejando la puerta abierta a esos productos
en nuestro mercado-, aprobar una norma de carácter legal -como la de que dispone Italia, como ya he dicho antes- que prohíba radicalmente la comercialización de los mismos. En el texto de la proposición no de ley no sugerimos ningún tipo de norma
legal que el Gobierno deba modificar o impulsar. Dejamos la puerta abierta a que sea cualquier tipo de norma. Podría ser la ley de protección animal -a la que antes me refería y que no hemos sido capaces de impulsar y aprobar durante la presente
legislatura- o cualquier otra norma que este Parlamento o, en todo caso, el Ejecutivo considere oportuno. Partiendo de la reciente declaración del Parlamento Europeo, de fecha 22 de septiembre de 2003, por la que se pide a la Comisión Europea que
elabore de inmediato un reglamento en el marco del mercado interior con el fin de prohibir la importación, exportación, venta y fabricación de productos elaborados con pieles de perro y gato y de acuerdo con la posición de los ministros de
Agricultura de nueve países de la Unión Europea que durante este año y el anterior han apoyado claramente dicha prohibición, mi grupo parlamentario pide a los grupos parlamentarios su apoyo a esta proposición no de ley por la que se insta al
Gobierno a prohibir la comercialización de productos fabricados con pieles de perros y gatos domésticos y a promover y apoyar tal prohibición en el ámbito de la Unión Europea. Consideramos que la adopción de esta medida no puede demorarse más,
estamos a final de la legislatura, pero en todo caso lo que pide mi grupo parlamentario hoy es un compromiso político explícito de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para terminar con estas prácticas que son absolutamente impresentables,
como decía anteriormente.
Consideramos que esta norma, la que sea, no puede demorarse más -como decía- y su aprobación responde a lo que se espera de una sociedad avanzada, europea y respetuosa con los derechos de los animales.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra su portavoz, el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: En efecto, la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es una demostración evidente de lo que viene siendo la posición de ese grupo -así lo reconozco-,
coincidiendo con la mantenida por el mío en múltiples debates en la Cámara, de un manifiesto respeto a la vida de los animales.
Me permito el lujo de afirmar que mi grupo también ha sido líder en esta Cámara de esa posición de respeto a los
animales y si repasamos los antecedentes
-como ahora pienso hacer ahora, como ha hecho igualmente el señor Martí-, veremos que lo que digo no es simplemente una declaración en el ámbito de un debate político, sino que responde a una realidad perfectamente contrastada en los
registros, en la documentación y en los distintos debates que se han celebrado tanto en Comisión como en Pleno. En efecto, nuestras acciones en pro de la defensa de la vida animal no se han restringido exclusivamente al animal de compañía; durante
las dos últimas legislaturas también hemos hecho una labor continuada dedicada a poner en marcha distinto tipo de iniciativas impulsadas desde mi grupo en beneficio de la protección del reino animal y del conjunto de especies de nuestra fauna. Yo
personalmente he desarrollado más de 26 iniciativas; me estoy refiriendo a preguntas orales y escritas, en Comisión y en Pleno, sobre problemas que afectan a distintas especies de nuestra fauna salvaje que tienen un gran valor como patrimonio
natural, pues somos el país que tiene el patrimonio natural más variado de todo el continente europeo.
Hemos aprobado distintas proposiciones no de ley, instando al Gobierno a proteger determinadas poblaciones que tienen una problemática especial,
pues algunas están en una situación altamente preocupante, como es el caso del lince ibérico, sin olvidarnos de otras que tienen un carácter singular y que están disminuyendo de forma apreciable, como son la perdiz salvaje autóctona y el conejo de
monte, que es una pieza fundamental en la cadena trófica de nuestra fauna. Para recuperar las poblaciones de estas especies son necesarios un compromiso político y una acción concreta por parte del Ejecutivo. El señor Martí, en su intervención,
hacía mención al término pedagogía. Mi grupo parlamentario es perfectamente consciente de esto, y así lo señalaba yo recientemente en un debate en la Cámara, cuando hablaba de las especies que se conservan en parques zoológicos y recordaba una
proposición no de ley que dio lugar a un libro blanco sobre educación ambiental. Consideramos que es fundamental elevar y perfeccionar los parámetros de educación ambiental en el seno de la población, porque estamos convencidos de que quien conoce
respeta y quien respeta conserva. Desde luego, es un objetivo manifiesto y contrastado que uno de los ejes de nuestra acción política en los últimos ocho años ha sido el incremento de los parámetros de conservación de todo nuestro patrimonio
natural.
En relación con los animales de compañía, mi grupo parlamentario ha demostrado a través de su actividad en esta Cámara que el compromiso con el respeto y la calidad de vida de los animales de compañía o los animales que viven en el entorno
del ser humano es una verdad incuestionable. Recuerdo que en la legislatura pasada se produjeron en esta Cámara distintos debates con ocasión del ataque a personas por parte de determinados animales de compañía. Esto dio lugar a una clara posición
de mi grupo instando al Gobierno a que elaborara una ley sobre tenencia de animales potencialmente peligrosos. Aquel planteamiento, que fue en principio una proposición no de ley aprobada en Comisión y posteriormente se convirtió en un proyecto de
ley remitido por el Gobierno, pretendía no solamente proteger el legítimo derecho de quienes deseaban tener en su compañía un determinado tipo de animal, sino también no lesionar al animal. Entonces existía un debate en la sociedad: unos defendían
la esterilización de cierto tipo de animales y otros defendían la eliminación de perros de determinados ejemplares o razas del panorama cinófilo español. Nosotros, en cambio, por el enorme respeto que tenemos a los animales y por la alta valoración
que damos a lo que la tenencia de un animal reporta a su propietario y al conjunto de la sociedad, en ningún caso, ni en esa ley ni en la proposición no de ley que dio lugar a ella, mantuvimos criterios que pudieran perjudicar la existencia de
determinadas razas, ni que provocaran la lesión, castración o esterilización de ningún tipo de animal; ahí hay un componente de protección y de respeto manifiesto que queda demostrado con los hechos.
Cuando a mediados de esta legislatura -no recuerdo exactamente el año- se produjo el maltrato injustificado de animales en una entidad protectora de Tarragona la posición de mi grupo fue incuestionable. Hubo un desencuentro entre mi grupo y
los distintos partidos políticos representados en la Cámara, ya que nosotros, en una administración prudente de nuestra mayoría absoluta, intentamos que fuera la comisión que revisaba el Código Penal la que determinara si era necesario o no
modificar el mismo para hacer más efectiva la protección a los animales y evitar hechos antisociales como los que habían dado lugar a los acontecimientos de Tarragona. Nuestra posición no fue comprendida por los demás grupos. En varias ocasiones
nos encontramos solos, pero sacamos adelante una proposición no de ley en la Comisión de Justicia, en la que manteníamos esta posición. Posteriormente, presentamos otra iniciativa en la Comisión de Agricultura, en la que no solamente reclamábamos
una mayor efectividad en el cumplimiento de la legislación, tanto autonómica como nacional, para la protección de los animales y para evitar su maltrato, sino que además introducíamos la conveniencia de que, previa conversación con las comunidades
autónomas, elaborásemos entre todos una ley de protección de los animales, a la que también ha hecho referencia el señor Martí. Por cierto, este es un proyecto que no ha nacido, porque el señor Martí sabe perfectamente igual que yo que para que
prospere es necesaria una perfecta comunión, un perfecto diálogo y comunicación entre las comunidades autónomas, algunas de las cuales ya han regulado esta materia, y la Administración central. Hoy podemos decir que las posiciones que mantuvimos en
relación con el Código Penal se han hecho realidad. El señor Martí ha hecho un repaso de ellas. El maltrato de animales está tipificado
como delito en el artículo 337 del Código Penal recientemente aprobado en la Cámara y también lo está el abandono, que era una demanda de los colectivos que defendían la protección de los animales. Nosotros hemos sido los impulsores de
estas iniciativas y desde luego, si el artículo 631.2 existe hoy tipificando el abandono de animales domésticos como delito, aun cuando sea considerado falta, se debe a una iniciativa que hemos sacado entre todos, pero en la que mi grupo
parlamentario tiene un papel protagonista evidente, no solamente por su mayoría, sino porque es el grupo que apoya al Gobierno.
En relación con el contenido de la iniciativa que hoy se somete a debate en esta Comisión de Economía, no puedo dejar de
señalar que mi grupo, en coherencia con su trayectoria política en esta Cámara, es absolutamente receptivo a asumir en los términos recogidos en nuestra enmienda -acerca de la cual el señor Martí y yo estamos en proceso de negociación- el
planteamiento que la misma hace. Hoy no existe una posición única en el seno de la Unión, solamente hay una posición manifestada por algunos de los países integrantes de la misma. Nosotros consideramos que sería una posición no demagógica pero sí
poco efectiva que no fuéramos conscientes de que la existencia de un mercado único, donde no hay control de fronteras, hace necesario que, para hacer efectiva una restricción a esta práctica, exista una posición única del conjunto de la Unión. De
nada vale que en un determinado supuesto un país de la Unión prohíba el comercio cuando por sus fronteras pueden entrar, vía otro país de la Unión, este tipo de productos, sobre todo si existe la dificultad de identificación que ha señalado el señor
Martí. Hay que considerar que este no es un asunto exclusivo del ámbito de la Comisión de Agricultura, porque tiene también un componente económico importante, ya que los países a los que se ha referido el señor Martí generan una considerable
cantidad de ingresos con este inaceptable tráfico comercial. Por tanto tiene que existir una posición única en el ámbito de agricultura y en el ámbito de economía.
Por otra parte, para hacer efectiva la norma, el señor Martí señalaba que el Grupo de Convergència i Unió no cerraba el campo al Gobierno y le pasaba la pelota para que legislase estableciendo una prohibición. El instrumento legal y
oportuno para establecer una prohibición, tal como recoge la enmienda de mi grupo, es una ley de protección de animales. No sé si al señor Martí le gustaría que lo introdujésemos in voce en la ley de acompañamiento, pero supongo que no es el caso,
porque merece la pena que vaya en donde le corresponde, que es la ley de protección de animales. Por tanto consideramos que este debate, en el que no nos resulta nada incomodo posicionarnos, repito, por la propia historia de mi grupo parlamentario,
debe concluir con la aceptación de la enmienda que tenemos en proceso de negociación el señor Martí y yo y que en resumen contiene un mandato al Gobierno para que adopte una posición única en el seno de la Unión, por las razones que antes hemos
invocado, y que esa posición única signifique la posibilidad de incluir la posibilidad de prohibir la comercialización de productos elaborados con pieles de perros y gatos y que esta posición común adoptada, y por tanto efectiva, en el conjunto de
los países de la Unión en donde existe el tráfico comercial libre pueda ser incluida entre los parámetros que queden regulados en la ley de protección de animales. Creo que si sacamos adelante este planteamiento de mi grupo, que es responsable y
coherente con la idea inicial que se presenta en el debate político en este momento, habremos conseguido dar un paso más para la efectiva protección de esos animales de compañía que significan mucho para sus propietarios y realizan una serie de
aportaciones muy interesantes para el conjunto de la sociedad.
Repito que desde mi grupo negociaré con el señor Martí el texto de la enmienda para que sea sometida a votación en el momento procedente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: A mi grupo le preocupan mucho las personas, los animales también, pero no vamos a rivalizar con los dos grupos anteriores sobre a quién le preocupan más los animales. A nosotros, repito, nos preocupan los animales.
Compartimos con el grupo proponente la propuesta que hace. Entendemos también los razonamientos que nos expone el Grupo Parlamentario Popular. Pensamos que la iniciativa que se presenta es coherente con la posición existente en esta Cámara sobre
el trato a los animales. Por otra parte, al tratar la propuesta en principio de perros y gatos, que en nuestro país tienen una categoría especial como animales de compañía, nos lleva a tener una mayor sensibilidad. Creemos por ello que es oportuna
y que, con matizaciones si es necesario, debe salir adelante y va a contar con nuestro apoyo.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿El Grupo Catalán acepta la enmienda, van a discutirla? (Pausa.) Después nos lo manifestarán.
-RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA OFICINA INSULAR DE GESTIÓN CATASTRAL EN LA ISLA DE LANZAROTE (CANARIAS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002297.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día: proposición no de ley relativa a la creación de una oficina insular de gestión catastral en la isla de Lanzarote, de la que es autor el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Intervengo en nombre del Grupo Popular para defender la proposición no de ley para instar al Gobierno a que implante una oficina de gestión catastral en
la isla de Lanzarote, con el fin de agilizar y atender adecuadamente los niveles de expedientes existentes en la actualidad, derivados del crecimiento poblacional y urbanístico que ha experimentado la isla. Señorías, la isla de Lanzarote ha
experimentado un crecimiento poblacional importante en los últimos años. Tanto es así que en el año 1991 la población era de 64.900 personas y hoy, a finales de 2003, estamos ya rozando las 124.000, lo que supone que se ha duplicado la población en
12 años. Esta iniciativa está enmarcada en dos cuestiones, en este crecimiento poblacional y urbanístico y en el hecho insular. Quiero decir que evidentemente ha experimentado un crecimiento urbanístico importante, fruto del crecimiento turístico
de la isla. Valga el dato de que en el año 1987 nos visitaban 1.900.000 personas y en 2003 superan ya los cinco millones las personas que visitan la isla de Lanzarote.
El hecho insular, señorías, hay que vivirlo. Siempre que tengo la oportunidad de hablar con algún compañero en Madrid se lo traslado y se lo trasmito. No es lo mismo vivir en una isla que vivir en un terreno continuo, y nosotros sufrimos
el hecho insular con claridad. Hay dos oficinas de gestión catastral en Canarias, concretamente en Tenerife y Gran Canaria. La de la isla de Tenerife sirve a las islas de La Palma, Gomera y Hierro y la de la isla de Gran Canaria sirve a las islas
de Fuerteventura y Lanzarote. Para desarrollar cualquier actuación en el catastro es necesario trasladarse a la isla de Gran Canaria y esto supone una dificultad y un aumento de costos importante y, sobre todo, retrasos en todo lo que concierne a
resolver cualquier expediente en la gestión catastral. Es por eso por lo que proponemos que se cree en la isla de Lanzarote dicha oficina.
La actividad económica en la isla, señorías, ha crecido muchísimo. En el año 1999 se han creado 708 empresas; en el año 2000 se han creado 728; en el año 2001 se han creado 752. En Lanzarote las unidades urbanas ascienden a 78.871, lo
que supone el 13,45 por ciento de las existentes en la provincia de Las Palmas y que dependen de esa gerencia catastral; las rústicas ascienden a 58.979, lo que supone el 24,04 de todas las de dicha gerencia catastral. En cuanto al volumen de
expedientes que se realiza en la Gerencia catastral de Las Palmas, puedo decir que de transmisiones de dominio urbano no sometidas a convenio son 3.498 los expedientes y en transmisiones de dominio rústico tampoco sometidas a convenio, el número es
de 943. En cuanto a alteraciones físicas urbanas estamos en 2.179 expedientes y en certificaciones en 1.758, todo esto en los años 2001 y 2002; ahora la cantidad es superior. En total, señorías, en la gestión catastral de Las Palmas se han
tramitado 8.378 expedientes referentes sólo de la isla de Lanzarote. Sin duda, por el volumen de estos expedientes está más que justificada la creación de esa oficina insular de gestión catastral en la isla de Lanzarote. Se han puesto en marcha, a
través de la Dirección General del Catastro otros métodos, como convenios con notarios o con registros y hay infinidad de temas que se pueden resolver vía telemática, pero esto no es suficiente. Nosotros creemos que es necesaria y urgente la
creación de esta oficina insular en Lanzarote, que sin duda va a permitir que los expedientes se resuelvan en un período de tiempo mucho más corto que el actual y no sólo va a beneficiar directamente al ciudadano lanzaroteño, sino que también va a
beneficiar a las instituciones lanzaroteñas y corporaciones locales, que en muchas ocasiones se ven dificultadas porque los padrones no están al día, debido a los atrasos que supone tramitarlos en la isla de Gran Canaria. A partir de muy pronto, a
partir de esta iniciativa que espero que cuente con el apoyo de todos los grupos políticos, vamos a poder contar con que Lanzarote tenga esta oficina de gestión catastral que nos permita agilizar estos trámites y mejorar al final la calidad de vida
de los ciudadanos, no ya sólo en cuanto a la cuestión económica sino también en cuanto a resolver los expedientes de una forma rápida, lógica y propia del siglo XXI. Por ello solicitamos el apoyo de los diferentes grupos y estoy plenamente
convencido de que dentro de que muy poco contaremos con esa oficina de gestión insular en la isla de Lanzarote, que sin duda alguna será bienvenida por los lanzaroteños.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley hay presentada una enmienda por parte del Grupo de Coalición Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el señor Pérez Tabares.
El señor PÉREZ TABARES: La presentación de esta proposición no de ley por parte del Grupo Popular ha sorprendido a nuestro grupo parlamentario, debido a que considerábamos que se trataba de un hecho consumado o, por lo menos, así lo
transmitió en su momento el anterior director insular de la Administración general del Estado en Lanzarote, que antes de su renuncia anunció la inminente creación de la oficina del catastro en la isla de Lanzarote. A través de la respuesta
parlamentaria a una pregunta escrita realizada por mi parte, el Ministerio de la Presidencia informaba el 12 de agosto de este año que la Dirección General del Catastro valoraba positivamente la apertura de una unidad local en la isla de Lanzarote
dependiente de la Gerencia territorial del Catastro de Las Palmas, si bien no daba una fecha concreta debido a que en aquellos momentos se estaban realizando los estudios oportunos para concretar las necesidades de medios materiales y humanos. Por
ello nuestro grupo parlamentario ha considerado oportuno presentar una enmienda, dado que el proyecto ya se ha puesto en marcha y el debate de esta proposición no de ley llega a destiempo. Por tanto solicitamos que
se especifique un periodo concreto de ejecución para evitar que su realización no se prolongue más allá de lo que nosotros pedimos, que son seis meses. No queremos que la oficina del catastro sea un ejemplo más del retraso con el que se han
llevado a cabo otros proyectos en la isla de Lanzarote, como fue en su momento la Jefatura local de Tráfico, la creación del Juzgado de lo Social y el punto de inspección fronteriza, entre otros. Consideramos que la apertura de una oficina del
catastro es necesaria para que se subsanen los problemas que se plantean en la actualidad por la centralización del servicio en la isla de Gran Canaria, lo que provoca que los usuarios de la isla tengan que esperar una media de casi un mes antes de
recibir los certificados que se emiten en las dependencias provinciales. Esta situación, como sabe el diputado del Partido Popular, crea numerosas dificultades y obstáculos a los ciudadanos de Lanzarote, que en algunos casos deben desplazarse a
Gran Canaria para tratar de acelerar los trámites, con los cuantiosos gastos que ello conlleva. Existen numerosos argumentos que justifican la implantación de una oficina del catastro en Lanzarote, entre los que cabe destacar el importante
crecimiento de la población y de la propia economía en las últimas fechas, crecimiento que ha provocado un aumento paralelo de la demanda de los servicios catastrales. Hay que felicitar al compañero del Grupo Popular por toda la documentación que
ha presentado, porque todos sus datos son correctos y exactos del crecimiento y de las necesidades de la isla de Lanzarote. El Gobierno, a través de la mencionada respuesta, destacó que las funciones a desarrollar en la oficina del catastro
incluirán, entre otras, la emisión de certificados catastrales, actas de resolución de recursos, atención al público, etcétera, en definitiva todas aquellas que supongan una mejora en la prestación de los servicios a los ciudadanos y que permitan
que estos no tengan que desplazarse a la isla de Gran Canaria para obtener los productos catastrales necesarios. Por todo ello, para que no quede simplemente en fuegos artificiales, rogaría al Grupo Popular que aceptara la enmienda de Coalición
Canaria, en la que se pide que esta ejecución de la oficina del catastro se materialice antes de los seis meses, porque, si no, me temo que va a caer en el mismo saco en que han caído otros temas importantes para la isla de Lanzarote.
El señor
PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, para fijar su posición, tiene la palabra su portavoz, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista quiere fijar claramente su posición favorable a la iniciativa, tanto si se produce la aceptación de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria,
consiguientemente, mediante la adición de temporalizar la aspiración de disponer de una oficina de la que se está hablando en el plazo de los seis meses próximos, es decir, el primer semestre del ejercicio presupuestario próximo, como si se somete a
votación en los términos en los que la ha defendido el grupo proponente.
Permítanme una reflexión. Este diputado y el grupo al que pertenece valoran positivamente el hecho de que un diputado por una circunscripción la quiera representar con dignidad con iniciativas en positivo que puedan ser de interés para la
colectividad a la que representa, pero, señorías, estamos en la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados, estamos en el Congreso de los Diputados, es decir, que todos tenemos, teóricamente, claro, la obligación de presentar
iniciativas sólidas, densas y con análisis de calado. Esta es una iniciativa pura y exclusivamente administrativista que pone de manifiesto el fracaso de la gestión tributaria en Canarias, fracaso en el que podríamos hacer un análisis detallado y
eso es lo que a mí me hubiese gustado que el Grupo Parlamentario Popular hubiera hecho, y con ello no quiero erosionar en absoluto la iniciativa del diputado proponente que la ha defendido, pero es hora de analizar la situación de la gestión de la
hacienda en Canarias, porque, señorías, Canarias se ha dotado de un régimen económico especial, que deriva de la Ley del Régimen Económico Fiscal del año 1972, que en democracia ha sido adaptada a la realidad y a la fiscalidad comunitaria y además
impulsando políticas específicas en función de la insularidad, de la distancia, de las características geográficas de un archipiélago como es el archipiélago canario, que constituye una comunidad autónoma que es la única del Estado español que ha
figurado con nombre y apellidos, permítaseme este término coloquial, específicamente referenciada en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht en la disposición adicional vigesimosexta, con posterioridad en un artículo correspondiente montando y
vertebrando derechos propios comunitarios y, ahora, en la próxima Constitución de la Unión Europea, va a figurar también de forma específica en reconocimiento a su singularidad. Por ello es por lo que las Cortes Generales en el año 1991 aprobaron
la Ley fiscal del Régimen Económico Fiscal canario y en el año 1994 la Ley económica del Régimen Económico Fiscal canario, en la que se decía clarísimamente que el Gobierno se obligaba en el plazo de un año a presentar un texto refundido de ambas
leyes, la ley fiscal de 1991 y la ley económica de 1994. Sin embargo, primero, no existe el texto refundido, y este es un grave problema fiscal de Canarias. Segundo grave problema fiscal de Canarias, la reserva para inversiones, la coloquial y
familiarmente conocida a través de los medios de comunicación en Canarias como RIC, reserva para inversiones en Canarias, constituye una fórmula fiscal excepcional sin paralelismo en el resto del Estado español, que significa la exención y
bonificaciones en los beneficios fiscales a las sociedades que operan con sede en Canarias, que no tributan a la Hacienda pública, que hacen dotaciones pertinentes para luego reinvertirlas
en la ampliación de la actividad empresarial desarrollada y que según informó por escrito, a pregunta de este diputado, el secretario de Estado del Ministerio de Hacienda, hay del orden, hablando en pesetas del plan antiguo, de un billón
200.000 millones de pesetas por fiscalizar, repito, por fiscalizar. Así, señorías, podría seguir enumerando importantes lagunas de gestión tributaria en Canarias. Me podría decir el proponente: señor Segura -como dicen algunos que otros
políticos-, esto ahora no toca. No, no. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en esta Comisión en esta materia en este punto de hoy estima que sí que toca. El grupo proponente trae una propuesta tibia de algo que pone de manifiesto el
gran fracaso de la gestión tributaria en Canarias por parte del Ministerio de Hacienda. Dice el grupo proponente en la exposición de motivos de su iniciativa que en los últimos años prácticamente se ha duplicado la población residente en la isla de
Lanzarote, qué duda cabe, y se ha multiplicado por cinco o por seis el número de visitantes que a lo largo de los años pasan unos días alimentando la columna vertebral de la economía de Lanzarote, que es el sector turístico. Nos dice que se trata
de instar al Gobierno para que monte una oficina. Pero si es que la Dirección General del Catastro, a través del director general, como ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, en reiteradas ocasiones en los dos últimos años viene diciendo que se
va a montar una pequeña oficina en Lanzarote, se va a montar innegablemente. ¿Cómo vamos a pedirle a la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y al Gobierno que monte una oficina que sabemos que la va a montar, que está empezando a
seleccionar personal, que ya tiene mesas y ordenadores y que la va a montar un día? Da la impresión de que el diputado proponente está convencido de que se va a montar, porque además permanentemente en la prensa se lee, los diputados en el
Parlamento canario por esa circunscripción lo dicen constantemente, las emisoras radicadas en la isla de Lanzarote también y sabemos que se va a montar. Estoy seguro de que ya tienen compradas las mesas y ahora la Comisión de Economía del Congreso
de los Diputados, en su altura, en su nivel intelectual, va a aprobar con nuestro voto instar al Ministerio de Hacienda, a la Dirección General del Catastro, para que monte una oficina insular en la isla de Lanzarote, que debía de haberla montado y
que son unos ineficaces.
Permítanme, con el mayor de mis respetos, decir que a una Comisión parlamentaria no hay que hacerla jugar a las casitas. A mí me hubiese gustado, y termino, señor presidente, un debate a raíz de esta iniciativa sobre la
gestión tributaria en todas sus componentes en la comunidad autónoma canaria, que pone de manifiesto el fracaso del ministerio, el fracaso de la gestión tributaria, de la Secretaría de Estado de Hacienda, el fracaso de la Consejería de Hacienda del
Gobierno de Canarias y los incumplimientos que reiteradamente se vienen llevando a cabo por parte del Ministerio de Hacienda en materia de gestión tributaria en Canarias, en la que hay grandes lagunas.
Estas son reflexiones que mi grupo quiere
dejar patentes y reflejadas en el 'Diario de Sesiones' y ello no obsta en modo alguno para que instemos a que en el plazo de seis meses o de tres o, si es posible, en los dos primeros meses del ejercicio próximo, la doten de personal, tres o cuatro
personas, con una terminal de ordenador que les permita conectarse a internet, cuatro mesas, y alquilen un local, que debían de haberlo hecho hace mucho tiempo, para que se disponga de algo que es absolutamente necesario. Que quede muy claro, para
que no se distorsione, que vamos a dar nuestro voto favorable a esta proposición no de ley histórica, en la que sin duda alguna por unanimidad la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados se va a dirigir al ministerio para decirle: haga lo
que tiene que hacer, que no ha hecho en los últimos meses ni en los últimos años, y hágalo porque ya sabemos que ha comprado las mesas y está seleccionando el personal.
El señor PRESIDENTE: Señor Reguera, a los efectos de la aceptación o no de la enmienda.
El señor REGUERA DÍAZ: Señoría, seguro que la iniciativa la aprobaríamos si supiésemos que las mesas se habían comprado. A mí no me consta que eso haya sido así. No sé si el representante del Partido Socialista sabe si han comprado las
mesas y los ordenadores, yo realmente no lo sé. En cuanto a la enmienda que presenta Coalición Canaria, hasta el momento de la votación vamos a ver si buscamos una fórmula que sea beneficiosa para ambas propuestas. Agradezco a los grupos el apoyo
de esta iniciativa, aunque me hubiese gustado que hubiesen hablado también de la gestión catastral en La Palma y en Fuerteventura, que espero que a partir de ahora igualmente se pongan en marcha, así como también las oficinas catastrales de las
islas periféricas occidentales. Aquí da la impresión de que solamente ha gobernado el Partido Popular, también lo ha hecho el Partido Socialista y este texto refundido podía haberse puesto en marcha desde el año 1993, que es cuando se aprobó la
ley, y entonces no gobernaba el Partido Popular sino otros. Da la impresión de que aquí solamente ha gobernado el Partido Popular y también lo han hecho otros grupos.
Señor presidente, esperaremos hasta el momento de la votación, en que manifestaremos si aceptamos o no la enmienda en sus términos o presentarnos una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Las votaciones de ambas proposiciones no de ley se harán no antes de la una treinta.
- COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA (MONTORO ROMERO)
PARA EXPLICAR LAS ACTUACIONES DESARROLLADAS EN EL ÁMBITO DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 213/001448.)
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al punto tercero del orden del día, que es la celebración de la comparecencia del señor ministro de Hacienda, a petición del Grupo Parlamentario Popular, para explicar las actuaciones
desarrolladas en el ámbito de su departamento.
Señor ministro, bienvenido a la Comisión de Economía y Hacienda, y tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señorías, tengo el honor de comparecer una vez más ante esta Comisión de Economía y Hacienda para informar de las actuaciones desarrolladas por el Ministerio de Hacienda durante esta
legislatura que, como SS.SS. saben, ha sido una etapa de importantes reformas que afectan a prácticamente todas las políticas del departamento. Se cumplen tres años y medio desde mi primera comparecencia en la Comisión de Economía y Hacienda. Han
sido tres años y medio en los que se ha trabajado intensamente, y en este sentido me gustaría agradecer el esfuerzo de esta Comisión, especialmente en la tramitación de los proyectos de ley; un total de quince proyectos de ley del Ministerio de
Hacienda tramitados en esta legislatura, sin contar los proyectos de ley relativos a cesiones de tributos a las comunidades autónomas. En definitiva, un total que es una muestra de la importante actividad desarrollada por esta Comisión.
En mi primera comparecencia expliqué los objetivos que nos habíamos marcado para nuestra acción política, y esos objetivos los englobé en su momento en cinco puntos fundamentales: en primer lugar, la consecución del equilibrio
presupuestario, con vocación de permanencia en el escenario económico español. En segundo lugar, el mantenimiento del esfuerzo en el control del gasto. En tercer lugar, la reducción de los impuestos. En cuarto lugar, el establecimiento de los
nuevos modelos de financiación autonómica y local. Y por último, continuar las privatizaciones de empresas públicas y la racionalización del patrimonio inmobiliario del Estado. Estos objetivos de la Hacienda público están al servicio de un nuevo
modelo de crecimiento económico, que ya he tenido también la ocasión de explicar en esta Comisión. El nuevo modelo de crecimiento económico se caracteriza por la apuesta por la estabilidad macroeconómica, por la intensiva creación de empleo, por la
financiación holgada de nuestra economía y por su marcada apertura internacional.
Vamos a cerrar las dos primeras legislaturas de gobiernos del Partido Popular con un año 2003 que será el octavo año consecutivo de crecimiento económico, de intensa creación de empleo y de convergencia con los países de nuestro entorno
europeo. Entre 1996 y 2002 el crecimiento promedio de la economía española ha sido del 3,4 por ciento; cifra que se sitúa 1,2 puntos porcentuales por encima del promedio comunitario en ese período y que es demostrativa del importante paso adelante
que hemos conseguido dar en convergencia real con nuestros socios de la Unión: del 78,2 por ciento de la renta per cápita comunitaria del año 1995, a más del 85 por ciento con que se cerrará el presente ejercicio del 2003. Es más, en la todavía
incierta situación económica internacional en la que nos encontramos, la economía española está logrando sostener tasas de crecimiento económico en el entorno del 2,3 por ciento, que prácticamente multiplican por seis las que logrará el área del
euro en este ejercicio. Pero les decía también que otro de los rasgos característicos del nuevo modelo de crecimiento económico español, sin duda el principal, es su carácter creador de empleo. España cuenta hoy con 16.800.000 personas ocupadas,
frente a los 12.500.000 del año 1995. Por cierto, esta última cifra -los 12 millones y medio de ocupados- era prácticamente la misma que la que había en el año 1977, al comienzo de nuestra democracia. Desde 1996 España ha logrado crear más de
4.300.000 nuevos empleos, y se han afiliado a la Seguridad Social un promedio de 1.500 personas cada día.
Este importante incremento de la filiación es la base del saneamiento de nuestro sistema de protección social que garantiza el futuro de las
pensiones y nos permite mejorar las pensiones más bajas y en concreto las pensiones de viudedad, como recientemente ha anunciado el Gobierno. A este respecto quiero anunciarles hoy la subida también de las pensiones más bajas de los funcionarios,
de las clases pasivas en el año 2004.
Pretendemos un incremento de las pensiones más bajas del sistema de clases pasivas que beneficiará a más de 200.000 pensionistas acogidos a la regulación anterior de 1985. Así, damos también cumplimiento a
nuestro programa electoral que pretendía una mejora de las pensiones acogidas a esa legislación anterior a 1985. Por tanto, las pensiones de viudedad se verán incrementadas en cuatro puntos y los demás jubilados en tres puntos. El Grupo
Parlamentario Popular en la tramitación de los presupuestos en el Senado va a proponer este incremento de las pensiones de las clases pasivas del Estado. Las pensiones de jubilación aumentarán un 11 por ciento sobre la actualización general, es
decir, un 3 por ciento en conjunto, y las de viudedad subirán un 2 por ciento adicional, o sea, un 4 por ciento en total.
España es hoy un país capaz de ofrecer oportunidades de empleo y esta circunstancia tiene su claro reflejo en el hecho de que nos hemos convertido ya en un país receptor de inmigrantes. Son prácticamente un millón los trabajadores
extranjeros afiliados a la Seguridad Social que se están beneficiando del progreso de la economía española como país atractivo en el que trabajar,
invertir y, en definitiva, vivir. Señorías, la positiva evolución de la economía española en los últimos años no es fruto de la casualidad. Antes al contrario, es el resultado de una política económica coherente, bien meditada y que es la
plasmación del programa político del Partido Popular. Como es sabido, y como ha reconocido el Fondo Monetario Internacional en su último informe, esta política económica se basa en dos pilares: en primer lugar, en un continuado esfuerzo de
reformas estructurales que, junto con el ambicioso programa de privatizaciones que lo ha acompañado, ha aumentado de una forma muy significativa tanto el potencial de crecimiento económico, como la capacidad de adaptación de nuestra economía a
perturbaciones de origen interno y externo. En segundo lugar, es una apuesta firme y creíble por la estabilidad presupuestaria, entendida no como un dogma, sino como un instrumento muy poderoso en su contribución al crecimiento y a la estabilidad
macroeconómica del país. Y es que la firmeza con que el Gobierno del Partido Popular ha apostado por la estabilidad presupuestaria ha permitido generar importantísimos efectos positivos sobre el comportamiento de nuestra economía.
La estabilidad
presupuestaria ha posibilitado un cambio sin precedentes en las condiciones de financiación de la economía española. La consolidación fiscal, desde un déficit del 6,6 por ciento del producto interior bruto en 1993, hasta el equilibrio
presupuestario, ha gravitado fundamentalmente sobre el gasto público. De esta manera, el sector público en lugar de absorber recursos financieros ha contribuido, con un incremento del ahorro público de más de 6 puntos del PIB -desde el menos 1,8
por ciento en 1995 al 4,3 por ciento en 2003-, a potenciar la financiación del conjunto de la economía. Es innegable, además que ha sido precisamente la disciplina fiscal la que explica por qué nuestro país ha logrado eliminar completamente una
prima de riesgo respecto de la deuda alemana que en 1995 llegó a los 600 puntos básicos. De hecho, en el período reciente el bono español a diez años ha cotizado en varios días por encima del alemán. En segundo lugar, la apuesta por la disciplina
presupuestaria en los años de rápido crecimiento económico nos permite contar hoy con margen suficiente para dejar jugar a los estabilizadores automáticos y seguir apostando por la inversión pública. En tercer lugar, la propia disciplina del gasto
crea también margen para llevar a cabo reducciones de impuestos que son percibidas como permanentes por los agentes económicos y, por tanto, estos -los agentes económicos- las trasladan a sus decisiones de gasto e inversión con el consiguiente
impacto positivo sobre la actividad agregada. En cuarto lugar, estas reformas tributarias no sólo han consistido en bajar los impuestos, sino que nos han permitido acometer una verdadera reforma estructural de nuestro sistema tributario hacia
figuras impositivas más favorecedoras de la oferta de trabajo, del ahorro, de la inversión y sobre todo también contar con un sistema tributario más equitativo, más justo. En quinto lugar, y muy importante para un país integrado en una unión
monetaria, la estabilidad presupuestaria evita que se generen presiones indebidas sobre la demanda agregada y contribuye de este modo a garantizar que nuestro diferencial de inflación con nuestros socios comunitarios se mantenga en niveles
compatibles con la garantía de la competitividad exterior de nuestra economía. Prueba de ello es que estamos logrando reducir de forma acelerada, una vez que remiten los factores que transitoriamente han distorsionado el comportamiento de nuestros
precios, el nivel de la inflación, situado hoy en el 2,6 por ciento y nuestro diferencial con el promedio de la eurozona, que registró en octubre 0,7 puntos porcentuales.
Un diferencial de precios de esta magnitud es razonable para un país que,
como el nuestro, está siguiendo un intenso proceso de convergencia real.
Es imprescindible, en todo caso, que los agentes sociales continúen asegurando un grado adecuado de moderación salarial para que las retribuciones se muevan cada vez más en
función de la productividad.
Señorías, en 1996 comenzamos un proceso de consolidación presupuestaria que nos ha permitido pasar de un déficit público, equivalente al 6,6 por ciento del producto interior bruto en 1995, a presupuestar en equilibrio en los últimos cuatro
años. Es más, en septiembre Eurostat aceptó la revisión de nuestras cuentas de 2002, identificando un superávit de las administraciones públicas españolas en el 0,1 por ciento del producto interior bruto. Los últimos avances de liquidación
prevista en los Presupuestos Generales del Estado de 2003 apuntan a un nuevo superávit en este ejercicio del 0,5 por ciento del producto interior bruto. Esta opción por la disciplina fiscal supone limitar el crecimiento del conjunto del gasto
público para que no supere el crecimiento nominal de la economía y mejorar la inversión pública, la protección social y los servicios públicos esenciales. En efecto, desde 1996 los gastos de funcionamiento han evolucionado por debajo del
crecimiento del PIB. El fuerte recorte del desempleo ha reducido el gasto de este capítulo y, sobre todo, la política de reducción de la deuda pública, implícita en la consolidación fiscal, nos ha permitido reducir el importe del presupuesto
destinado a gastos financieros. Si la deuda pública tuviera hoy el mismo peso que en 1996, en los presupuestos de 2004 tendrían que haberse destinado a cubrir los intereses de la deuda 17.500 millones de euros más de los previstos. En cambio, este
capítulo -capítulo de intereses- se reduce para el año que viene en más de 600 millones de euros respecto a 2003. Esto nos permite reforzar la inversión. Con el proyecto de presupuestos para 2004 en la mano el esfuerzo inversor de todo el sector
público estatal alcanzará los 27.420 millones de euros en 2004, un 10,5 por ciento más que en 2003 y más del doble que la cifra invertida
por el Estado, sus organismos autónomos y las empresas públicas estatales en 1996.
Entre las actuaciones inversoras en infraestructuras, destacan las autovías y las autopistas, la red de ferrocarriles de alta velocidad, los puertos y
aeropuertos, el Plan Hidrológico Nacional y el programa de protección y mejora del medio ambiente. Otra de las grandes prioridades de los presupuestos para el año próximo y, en definitiva, como explicaré a continuación, de la continuidad de la
política que hemos seguido estos años, es el apoyo a la investigación y la innovación tecnológica. La capacidad total de financiación para 2004 se sitúa en más de 4.400 millones de euros, que supone un 9,1 por ciento más que en 2003 y un 251 por
ciento por encima de la cifra que se destinó a esta política en 1995.
Esta cuantía equivale a que el gasto en I+D per cápita se haya incrementado un 238 por ciento respecto a 1995. El esfuerzo presupuestario del sector público en I+D+I, un 0,69
por ciento del PIB en 2002, nos sitúa prácticamente a la par con la media de la Unión Europea, que es del 0,75 por ciento del producto interior bruto. Y en porcentaje del gasto total la inversión destinada a I+D+I en 2002 sitúa a España en el
tercer puesto de la Unión Europea, con un 1,73 por ciento.
Cerca de 110.000 millones de euros, casi el 50 por ciento del presupuesto total no financiero para 2004, se destinan a las diferentes políticas del gasto social, que aumentan cerca de un 7 por ciento con relación a este año. A las pensiones
se asignan 71.633 millones de euros, un 7,1 por ciento más que en 2003, para garantizar su poder adquisitivo e incrementar las pensiones de viudedad. El fomento del empleo se dota con 5.828 millones de euros, una cifra que supone un aumento del 8,8
por ciento respecto a 2003. Como he explicado, una de las prioridades del gasto es el saneamiento de la protección social, en particular el fondo de reserva de la Seguridad Social, que asciende hoy ya a 10.000 millones de euros y, por tanto, está
muy por encima de la cantidad que se había previsto para toda la legislatura. Próximamente el Gobierno aprobará una nueva dotación del fondo de 2.000 millones de euros. Además, el proyecto de presupuestos para 2004 prevé un nuevo superávit de la
Seguridad Social del 0,4 por ciento del producto interior bruto, que irá destinado a engrosar la dotación del fondo, lo que permitirá en 2004 una nueva aportación de 3.000 millones de euros.
En cuanto a los servicios públicos esenciales, en el proyecto de presupuestos para 2004 el gasto en justicia registra un crecimiento del 7,5 por ciento respecto de 2003, aumento que alcanza el 91 por ciento, en términos homogéneos, si lo
comparamos con la dotación de 1995. Por otra parte, el gasto en seguridad ciudadana se ha incrementado en más de un 50 por ciento desde 1995. A todo lo anterior debemos añadir que gracias al proceso de consolidación presupuestaria emprendido desde
1996, hemos podido abordar reformas tributarias orientadas, como antes explicaba, a mejorar la eficiencia y la equidad, con bajadas de impuestos que han impulsado el crecimiento económico y el empleo. De esta manera hemos logrado ampliar las bases
tributarias y con menor carga impositiva individual se han conseguido incrementos de las recaudaciones.
Señorías, siempre hemos estado convencidos, y la experiencia de estos años ha reforzado nuestra opinión, de que el crecimiento de nuestra economía y la creación de empleo no se consiguen con déficit públicos y endeudamientos, sino al
contrario, se alcanzan con posiciones equilibradas y previsibles del sector público. Por eso reforzamos el saneamiento de las cuentas públicas cuando en diciembre de 2001 aprobamos las leyes de estabilidad presupuestaria. El compromiso con la
disciplina fiscal, institucionalizado en las leyes de estabilidad, nos ha garantizado el margen de maniobra suficiente para diseñar la política fiscal más adecuada al actual momento cíclico de la economía, permitiendo el libre juego de los
estabilizadores automáticos, poniendo el énfasis en las áreas de gasto, como la inversión pública o el gasto social, que son más relevantes desde el punto de vista de la equidad y del crecimiento a medio y largo plazo, estableciendo el margen
necesario para responder a situaciones extraordinarias y reduciendo los impuestos.
En mi primera comparecencia como ministro de Hacienda, el 12 de junio de 2000, destaqué ya la importancia de abordar una reforma de nuestra legislación presupuestaria, actualizando las bases de la función interventora y de control financiero
y la contabilidad del sector público estatal, unido a la necesidad de introducir normas que regulasen el ámbito de las subvenciones y ayudas públicas. Una vez reforzada, desde la perspectiva general, la institución presupuestaria era imprescindible
descender a una esfera, si se quiere, microeconómica, para aplicar los principios rectores de la Ley de estabilidad a los distintos componentes del presupuesto. Con la reciente aprobación de la Ley General Presupuestaria y la Ley General de
Subvenciones completamos la normativa reguladora de la materia presupuestaria que se inició con la aprobación de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
Señorías, cuando se observan las numerosas modificaciones de la legislación tributaria de estos años se aprecia que no son cambios puntuales y aislados, sino que pertenecen a una reforma amplia y gradual del sistema impositivo, integrada en
un marco de política presupuestaria estable y acompasada a la evolución de la economía española y a la descentralización política y administrativa del Estado. Con esta reforma tributaria hemos pretendido mejorar la eficiencia económica y la equidad
de los impuestos y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
Las reformas realizadas en el ámbito del IRPF en los años 1998 y 2002 se han fundamentado en el impulso al crecimiento económico, la neutralidad en el tratamiento
de las rentas de capital, la protección a la familia y a los discapacitados y personas dependientes, a las personas mayores y a la simplificación del impuesto. La primera reforma del impuesto supuso un cambio de filosofía al definir la
capacidad contributiva a partir de la renta disponible. Se sustituyeron el tramo de renta gravado a tipo cero y las deducciones de la cuota por circunstancias personales y familiares por reducciones de la base imponible en concepto de mínimos
personales y familiares en función de las características de la unidad contribuyente.
Este sistema otorga una protección a la familia en forma de beneficios fiscales que se sitúa entre las más avanzadas de la Unión Europea. Otro de los objetivos
de la Ley 40/1998 fue la consecución de un impuesto más neutral, reduciendo las distorsiones que afectan a las decisiones de inversión, siendo más eficiente en la creación de empleo al reducir la brecha fiscal de los salarios. La segunda reforma
del impuesto sobre la renta de las personas físicas ha seguido la línea de la reforma marcada por la anterior, permitiendo conseguir un impuesto más eficiente, más equitativo, más sencillo y también y sobre todo un impuesto más justo.
El efecto
conjunto de ambas reformas determina que el impuesto medio pagado por los contribuyentes españoles en el año 2003 sea un 25 por ciento inferior al satisfecho en 1998. Permítanme que destaque algunos aspectos de la segunda reforma del IRPF. En
primer lugar, insistiré en el avance en la equidad del impuesto. Los contribuyentes con rentas inferiores a 12.000 euros se ahorran un 78 por ciento y se incrementan todas las reducciones con especial atención a 4.700.000 familias que hay en
España, de las cuales 3.250.000 son familias con personas mayores de 65 años, un millón de familias tiene hijos menores de tres años, 700.000 son familias numerosas y hay 650.000 familias en las que alguno de sus miembros es discapacitado.
La segunda reforma del impuesto ha tenido entre sus objetivos esenciales el fomento del empleo, para lo cual se han introducido diversas medidas: se han mejorado las reducciones de trabajo, se han aprobado medidas para estimular la
movilidad laboral de los trabajadores y prolongar su vida laboral y para conciliar la vida laboral y familiar. A este último respecto se introduce una nueva figura tributaria que significa la aparición por primera vez en nuestra historia tributaria
de un impuesto negativo sobre la renta para las madres trabajadoras con hijos pequeños que trabajan fuera del hogar, las cuales pueden recibir 1.200 euros anuales por cada niño menor de tres años. Son 580.000 las mujeres en estas circunstancias que
ya se han beneficiado de esta medida para un total de 635.000 hijos pequeños.
Para aumentar la oferta de viviendas en alquiler y así facilitar la movilidad geográfica del factor trabajo, se ha mejorado la fiscalidad de las rentas generadas por alquileres, que se ha complementado con nuevas bonificaciones en el
impuesto sobre sociedades. Otra de las líneas de actuación ha sido aumentar la neutralidad en el tratamiento de las distintas formas de ahorro y el impulso del ahorro a largo plazo, en especial el ahorro previsión. En esta legislatura se han
reducido las plusvalías patrimoniales, se ha impulsado el ahorro a largo plazo mediante la reducción de la tributación de los seguros y se ha potenciado el ahorro previsión. Se han elevado los límites de las cantidades aportadas deducibles a planes
de pensiones, especialmente para mayores, discapacitados y cónyuges. Se ha introducido una mayor competencia en la gestión de fondos de inversión al quedar exentas las ganancias patrimoniales reinvertidas en otro fondo. Por último, la segunda
reforma del IRPF ha permitido contar con un impuesto mucho más sencillo, un impuesto que facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales a los contribuyentes y que aumenta los medios de la Administración para colaborar con los ciudadanos.
Así, para la campaña de renta del próximo año la Agencia Tributaria enviará el borrador de declaración a todos los contribuyentes que lo soliciten y puedan recibirlo según determina la ley. Estimamos que el borrador de declaración será solicitado
por unos seis millones de contribuyentes, los cuales a su vez se beneficiarán del adelanto de las devoluciones. El próximo año las devoluciones de renta comenzarán a realizarse desde el primer día del plazo de presentación de declaraciones de IRPF
y los contribuyentes que confirmen el borrador de IRPF recibido serán los primeros en obtener su devolución. La mayor sencillez y el incremento de eficacia de la Agencia Tributaria del Estado ha permitido agilizar notablemente las devoluciones, de
forma que en los dos últimos años se ha consolidado el pago del 50 por ciento de las devoluciones antes de acabar la campaña de renta el 30 de junio, y el 80 por ciento de las devoluciones se abonan a los contribuyentes antes de finales de julio.
Para mejorar la competitividad entre nuestras empresas y contribuir al crecimiento económico y la creación de empleo se han introducido medidas para favorecer la tributación de las pymes, impulsar la internacionalización, establecer un
régimen fiscal que incentive las actividades de I+D+I y adoptar medidas que favorezcan la inversión productiva y la capacidad financiera de las empresas. Para favorecer la tributación de las pymes, motor del crecimiento y de la creación de empleo
de nuestra economía, se ha ampliado sucesivamente el régimen especial de reducida dimensión del impuesto sobre sociedades hasta los 6 millones de euros. De esta forma, entre otras medidas, más del 80 por ciento de declarantes del impuesto pueden
acogerse a un tipo del 30 por ciento y al régimen fiscal positivo que conlleva este tipo para los primeros 90.000 euros de beneficio. Se crea una nueva deducción del 10 por ciento sobre las inversiones y gastos destinados al fomento de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones, se crea una nueva forma societaria,
una sociedad limitada nueva empresa a la que se aplican importantes incentivos fiscales en forma del aplazamiento del gravamen sobre operaciones societarias de las cuotas del impuesto sobre sociedades y de las retenciones del IRPF de sus
trabajadores para las empresas de nueva creación. Los trabajadores autónomos y la gran mayoría de pymes, por un total de 2,2 millones de contribuyentes, se están beneficiando de la eliminación de un impuesto, el impuesto sobre actividades
económicas, que justamente antes solía pagarse por estas fechas. Asimismo este año, como el anterior, las pymes y los autónomos se beneficiarán de la congelación de módulos en el IRPF y en el IVA.
El apoyo a la internacionalización de las empresas
españolas ha sido el segundo de los ejes en los que se ha centrado la reforma de la fiscalidad empresarial. Entre otras medidas se han establecido: una nueva deducción en el impuesto sobre sociedades por implantación de empresas en el extranjero;
la mejora de los mecanismos para eliminar la doble imposición internacional sobre rentas, dividendos y plusvalías obtenidos en el extranjero por medio de filiales y sucursales; flexibilización del régimen especial de las sociedades holding de
participaciones en filiales extranjeras; como incentivos al desplazamiento se amplía a 60.101,21 euros la exención establecida en el IRPF para los rendimientos obtenidos por los trabajadores españoles en el extranjero. Asimismo durante esta
legislatura se ha realizado una profunda ampliación de la red de convenios de doble imposición, habiéndose cerrado la negociación de 17 nuevos convenios y se han renegociado tres, lo cual permite incrementar la seguridad jurídica de las empresas
españolas sobre la tributación de sus inversiones y mejora el rendimiento de estas inversiones en el exterior.
El tercer eje de reforma de la fiscalidad empresarial con el que se pretende impulsar la competitividad y eficacia de las empresas españolas es el decidido apoyo a las actividades de I+D+I. Nuestro país cuenta a día de hoy con el esquema de
incentivos fiscales más avanzado de toda la OCDE. De cada cien euros que la empresa española dedica a I+D+I puede deducirse una media de 33. Esta cuantía es la máxima de todos los países de la OCDE y equivale a más del doble del país de régimen
más avanzado que es Canadá. Esta posición de liderazgo se ha conseguido tras un proceso continuo de mejora del régimen fiscal de fomento del I+D+I, en el que seguimos trabajando en la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para
el próximo año. Por último, hay que señalar que ha sido recientemente aprobado el reglamento que desarrolla el procedimiento que preveía la Ley de sociedad limitada nueva empresa para la certificación de las inversiones en I+D+I, con la
intervención del Ministerio de Ciencia y Tecnología, procedimiento que permitirá potenciar el uso de los potentes incentivos fiscales recogidos en esta normativa.
El último eje de reforma de la actividad empresarial ha sido la adopción de numerosas medidas dirigidas a favorecer la inversión productiva y la capacidad financiera de las empresas. Así podemos destacar: nueva deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios del 20 por ciento del importe de las plusvalías en el momento en que éstas se reinviertan; ampliación de la consolidación fiscal, rebajando el porcentaje necesario de participación del 90 al 75 por ciento; reducción del
plazo para la deducción de las provisiones por deudores morosos de 12 a 6 meses; aumento del plazo para la compensación de pérdidas de 10 a 15 años; elevación de los coeficientes máximos de amortización fijados en las tablas del impuesto sobre
sociedades en un 10 por ciento para las inversiones realizadas en 2003 y 2004.
Junto con las dos reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y el mejor tratamiento fiscal de las actividades empresariales, otra de las áreas de actuación de la política tributaria ha sido promover una mayor participación
de la sociedad civil en las actividades de interés general. En líneas básicas, la nueva Ley de mecenazgo supone una mayor simplificación en el régimen aplicable a estas entidades, reduciendo la intervención administrativa y aumentado la seguridad
jurídica de las mismas, y una importante mejora con relación a los incentivos fiscales que el antiguo régimen ofrecía, no sólo para los donativos, sino también respecto de las actividades y rentas que las entidades pueden realizar sin tener que
tributar por ellas.
Este proceso de reforma tributaria completa y gradual culmina con la aprobación de una nueva Ley General Tributaria, ley que resulta imprescindible para dotar al sistema tributario español de una norma general de referencia adaptada a los
preceptos de la Constitución española de 1978. Se pretende reforzar los medios con los que cuenta la Administración tributaria para luchar contra el fraude y la evasión fiscal a través de la nueva regulación del fraude de ley y de las infracciones
y sanciones tributarias; integrar en la Ley General Tributaria los preceptos recogidos en la Ley de derechos y garantías de los contribuyentes y regular la utilización de las nuevas tecnologías informáticas que permiten simplificar las relaciones
entre el contribuyente y la Administración. En relación con los servicios de apoyo al contribuyente que facilitan el cumplimiento voluntario, además de los ya reseñados, se puede destacar el aumento de la presentación telemática de declaraciones.
Así en el año 2000 se presentaron 115.244 declaraciones de IRPF por Internet, mientras que en el año 2003 las declaraciones han ascendido a 1.714.548. Junto con el apoyo al cumplimiento voluntario se ha mantenido un esfuerzo constante en la lucha
contra el fraude, que ha llevado a superar cada año los objetivos que se habían marcado. En este sentido, es necesario poner de manifiesto la excelente evolución de la recaudación tributaria gestionada por la Agencia Tributaria del Estado,
evolución que es debida,
además de a la mejora de los servicios de apoyo a los contribuyentes y a las reformas tributarias, al permanente impulso en la lucha contra el fraude. Así la recaudación líquida de los principales impuestos gestionados por la Agencia
Tributaria ha aumentado en el periodo 1995-2003 -incluyendo para el año 2003 previsiones- un 80 por ciento. Hay que recordar que el PIB en dicho periodo lo ha hecho en un 69,6 por ciento. En este tiempo el IRPF ha aumentado un 48 por ciento, con
dos reformas tributarias de bajada; el impuesto sobre sociedades ha incrementado un 191 por ciento; el IVA lo ha hecho un 95 por ciento y los impuestos especiales un 57 por ciento.
La evolución de los resultados recientes de control demuestra
igualmente la eficacia de la Agencia Tributaria en la lucha contra el fraude. Así los resultados ordinarios de control de 2002 han ascendido a 11.046 millones de euros, lo que significa un 13 por ciento más que los de 2001 y los del año actual
-2003- hasta agosto sumaban 8.517 millones de euros, lo que supone un 19 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Las comparaciones a largo plazo tienen mayor dificultad debido a la necesidad de homogeneizar datos. No obstante, se
puede destacar que los resultados de control de la Agencia Tributaria se han incrementado en el periodo 1995-2002 un 86,6 por ciento. Dentro de éstos, hay que señalar los resultados de la inspección, que han pasado de 3.116 millones de euros en
1995 a 5.315 millones de euros en 2002, un aumento del 70,6 por ciento, y el número de denuncias de delitos contra la Hacienda pública puestos en conocimiento de las autoridades judiciales, que han aumentado de 203 en 1995 a 553 en 2002. Las
reformas tributarias de estos años han configurado un sistema tributario más justo, más equitativo y con impuestos más reducidos. La Administración tributaria está facilitando constantemente el cumplimiento de las obligaciones fiscales y actúa de
manera decidida para detectar y corregir el fraude fiscal.
Uno de los mayores avances de los últimos años ha sido el proceso de descentralización política y administrativa del sector público, proceso al que el Gobierno ha contribuido decididamente. Este proceso, tanto en su vertiente financiera
como tributaria, ha tenido como principal objetivo dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de mayor autonomía y también mayor responsabilidad en el ámbito de los ingresos y de los gastos. En los 25 años de vigencia de nuestra
Constitución se ha desarrollado ampliamente el Estado de las autonomías de manera que el peso de la Administración central en el conjunto del gasto consolidado del sector público ha pasado de representar el 91 por ciento en 1978 al 53,5 por ciento
actual. Este proceso descentralizador ha ido acelerándose progresivamente. Mientras que entre los años 1978 y 1995 el sector público se descentralizó a un ritmo medio de 1,3 puntos anuales, entre 1996 y 2000 el ritmo medio fue de 1,58 puntos
anuales y ha sido todavía mayor en el periodo 2000 a 2003. En este tiempo el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta y ha impulsado el ritmo descentralizador hasta una media anual de 2,23 puntos. Es decir, en los tres últimos años el
ritmo descentralizador se ha duplicado con respecto al periodo 1978-1996.
De acuerdo con la actual descentralización política y administrativa, se hacía imprescindible dotar a las administraciones territoriales de los medios necesarios para hacer frente a ese mayor volumen de gasto. El primer capítulo de este
proceso fue el diseño y la puesta en práctica, a lo largo de los años 2002 y 2003, de un sistema de financiación autonómica estable, que otorga a las comunidades autónomas de régimen común mayores competencias en gasto, con la transferencia íntegra
de la sanidad, y unos ingresos estables suficientes y con amplia capacidad normativa. Con el acuerdo de todas las comunidades autónomas, en el año 2002 se puso en funcionamiento un nuevo sistema de financiación para las comunidades de régimen
común. Por primera vez, el sistema nació con vocación de estabilidad, y la mejor muestra es que su estructura de funcionamiento se plasma en una ley ordinaria, introduciéndose también las oportunas modificaciones en la LOFCA.
Esta estabilidad del sistema viene dada por una serie de características.
Financia, en primer lugar, todos los servicios que prestan las comunidades autónomas, incluida la sanidad y el Imserso. Las comunidades autónomas tienen más
responsabilidad en la obtención de sus recursos y en la aplicación de las diferentes políticas de gastos. Pasan a obtener, por término medio, un 68 por ciento de sus ingresos a través de fuentes autónomas de financiación, mientras que en el sistema
anterior sólo obtenían el 49 por ciento. Con el nuevo sistema, el Estado les cede el 33 por ciento del IRPF, un 35 por ciento del IVA y un 40 por ciento de los impuestos especiales sobre hidrocarburos, tabaco y alcohol. Igualmente, se ceden
íntegramente los impuestos especiales sobre la electricidad y sobre determinados medios de transporte, y se crea un nuevo impuesto minorista sobre hidrocarburos destinado a financiar la sanidad. Es un sistema suficiente, ya que, como también exige
nuestra Constitución, garantiza los recursos necesarios para que todas las comunidades autónomas hagan frente a sus competencias. De hecho, la financiación se reparte entre las comunidades en función de unos índices de necesidad adecuados a los
servicios que tienen que prestar: población, superficie, dispersión, insularidad, escasez poblacional, renta relativa, población protegida y mayores de 65 años.
La solidaridad queda garantizada. Cualquier comunidad autónoma prestará a sus ciudadanos un nivel de servicios equivalente al del resto, con independencia de su mayor o menor disposición de recursos autónomos.
Instrumentos como el fondo de
suficiencia, las asignaciones de nivelación o el fondo de cohesión sanitaria
son la mejor muestra de esta función solidaria del sistema de financiación autonómica.
Asimismo, en este sistema se refuerzan las relaciones entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, potenciando la coordinación al crear
nuevos órganos y dar mayor protagonismo a los ya existentes; en definitiva, la unanimidad de todas las comunidades al aceptar el sistema.
La mayor corresponsabilidad y el hecho de compartir con el Estado una misma evolución de las fuentes de
financiación, refuerzan la estabilidad de este sistema.
Una vez puesto en marcha el sistema de financiación autonómico, el siguiente reto para el Gobierno fue la consecución de un sistema de financiación estable para las entidades locales. En noviembre de 2002 se firmó un acuerdo con la
Federación Española de Municipios y Provincias, acuerdo que ha dado paso a un nuevo sistema de financiación estable, corresponsable y moderno, que en el año 2003 ha dotado de mayor capacidad normativa a los ayuntamientos en los impuestos locales y
ha eliminado el impuesto sobre actividades económicas a más del 92 por ciento de los contribuyentes.
El sistema de financiación local es más moderno porque adapta la financiación a la nueva realidad económica y social. Más eficiente, porque mejora la asignación de los recursos y fomenta la creación de empleo. Más corresponsable, porque
eleva la capacidad normativa de los ayuntamientos y, en definitiva, es un sistema suficiente porque garantiza a todas las corporaciones locales los recursos necesarios para atender a sus gastos. El sistema se implanta de manera gradual y prevé dos
fases para su entrada en vigor: la primera, desde el 1 de enero de 2003. Se refiere a la reforma de los tributos locales, y la segunda, en enero de 2004, incluye la reforma de la participación en los ingresos del Estado.
Desde enero de este año, las corporaciones locales tienen mayor capacidad para diseñar su política tributaria, en función de sus objetivos y de sus necesidades, y pueden establecer nuevos beneficios fiscales de apoyo a la familia, al empleo
y al medio ambiente. Con esta reforma se han modificado cinco impuestos locales, pero la principal novedad es que se suprime el impuesto sobre actividades económicas para 2.200.000 autónomos, profesionales y Pymes, todas las personas físicas que
ejerzan una actividad económica y las jurídicas cuya facturación sea inferior a un millón de euros. Este impuesto incluye, asimismo, modificaciones importantes dirigidas a fomentar la creación de empleo y a facilitar el nacimiento de nuevas
empresas. En los demás impuestos locales, se incrementa considerablemente la capacidad para variar los tipos impositivos y establecer bonificaciones a favor de políticas sociales y medioambientales.
Respecto a la reforma de la participación en los ingresos del Estado, que entrará en vigor a partir de 2004, se ha diseñado un sistema para municipios de más de 75.000 habitantes, capitales de provincia y capitales de comunidad autónoma, y
otro para el resto. A los primeros se les cede un 1,67 por ciento del IRPF, un 1,78 del IVA y un 2,04 de los impuestos especiales, recibiendo el resto de los recursos a través de un fondo complementario de financiación. Los segundos, los pequeños
municipios, recibirán una transferencia en función de sus necesidades de gasto, determinadas por su población, su capacidad tributaria y el esfuerzo fiscal. Se establece también un régimen especial para los ayuntamientos calificados como
turísticos, que les permite acceder a la cesión del 2,04 por ciento de los impuestos especiales sobre hidrocarburos y sobre labores del tabaco, al estar los establecimientos de venta de estos productos claramente localizados. En definitiva, el
nuevo sistema garantiza mayor estabilidad en la obtención de los recursos por parte de las corporaciones locales. Al igual que en el sistema de financiación autonómico, el unánime acuerdo político del que nace la financiación local, junto con la
mayor corresponsabilidad y variedad de las fuentes financieras, contribuyen claramente a darle estabilidad en el tiempo.
La asignatura pendiente para completar la vertebración del sector público territorial eran las haciendas forales. Así, en el año 2002 se renovó, después de 20 años de vigencia, el concierto económico con el País Vasco y en enero de 2003 se
ha procedido a la actualización del convenio económico con Navarra. Después de arduas negociaciones, tenemos ahora el mejor concierto económico, que dota al País Vasco de un marco estable y duradero y por primera vez en la historia foral del País
Vasco el concierto alcanza su plenitud y se consagra como una institución permanente sin plazos de renovación. Igualmente, la actualización del convenio económico con Navarra supone un nuevo avance del proceso de modernización territorial
emprendido por el Gobierno de España. Con estas reformas, las comunidades autónomas de Navarra y del País Vasco acceden a mayor capacidad fiscal y financiera, se facilitan las relaciones entre contribuyentes y las administraciones tributarias, se
refuerzan los mecanismos de colaboración entre el Estado y las haciendas forales y se potencia la integración de estas comunidades en el proceso de desarrollo económico del conjunto del país. Después del acuerdo sobre el convenio económico con
Navarra, todas las comunidades autónomas disponen ya de un sistema de financiación estable. Hemos completado así una nueva estructura financiera del Estado de las autonomías.
Han sido tres años largos de intensos trabajos y de profundas modificaciones a favor de un Estado de las autonomías fuerte, estable e independiente, que por primera vez en la historia de la reciente democracia española dota a todas las
comunidades autónomas de las mayores competencias y responsabilidades, tanto en sus ingresos como en sus gastos. Y esto respetando siempre, e incluso ampliando, las competencias de las
entidades locales, al proporcionarlas una financiación estable suficiente y más autónoma.
Precisamente los presupuestos para 2004 recogen la madurez del sistema de financiación autonómico y al tiempo instrumentan, como primer año, la parte
financiera del nuevo sistema de financiación de las entidades locales. Estamos asistiendo, pues, a la rápida culminación del proceso de descentralización administrativa emprendido hace 25 años y, ejercicio tras ejercicio, las estructuras de
nuestros presupuestos y de los presupuestos de las entidades territoriales han acusado estos cambios.
Las comunidades autónomas y las entidades locales ganan autonomía y responsabilidad y sus haciendas comparten con la Hacienda del Estado las
obligaciones y los recursos que en definitiva tienen la única fuente que pueden tener los recursos presupuestarios, que son los impuestos que pagan los españoles.
Señorías, durante estos últimos años hemos continuado el proceso de privatizaciones iniciado en 1996 como pilar fundamental para la mejora de la competitividad y eficiencia de nuestro tejido industrial. Continuando con el programa de
modernización del sector público empresarial, durante esta legislatura hemos abordado la enajenación total o parcial de las siguientes empresas: Conversión Aluminio, Aerolíneas Argentinas, Babcock & Wilcox, Coosur, Olcesa, Ence, Expasa, Iberia,
Química del Estroncio, Santa Bárbara, Trasmediterránea, Enausa y Musini; dos enajenaciones de participaciones minoritarias, COPE y Ebro Puleva, y la integración de CASA en el consorcio aeroespacial EADS. En total, han supuesto unos ingresos netos
de 3.734 millones de euros, y próximamente está prevista la enajenación de la participación del capital público de la empresa Turbo 2000.
Las privatizaciones, junto con las reformas para incrementar la competencia, han contribuido al crecimiento económico y a la creación de empleo en España y han conseguido situar a estas empreasas, las privatizadas, en condiciones de
competencia en el mercado, mejorando considerablemente su eficiencia económica en la protección de bienes y servicios en beneficio de toda la economía nacional.
Asimismo, las privatizaciones han fomentado la internacionalización de nuestras empresas, que han sabido aprovechar la mejora de su competitividad para buscar nuevos mercados en el exterior. De esta manera, podemos decir que España se ha
convertido en uno de los principales países inversores en el ámbito internacional y que somos el segundo país inversor en América latina. Es decir, la mayor competividad de nuestras empresa es lo que permite confiar en un futuro más prometedor para
ellas. En esta legislatura hemos continuado, repito, ese proceso de privatización. Proceso que se ha llevado adelante con todos los controles establecidos por nuestra legislación, incluido el propio control parlamentario, ya que hemos tenido el
funcionamiento ordinario de la subcomisión de privatizaciones de este Congreso de los Diputados.
En las ventas industriales se han seguido aplicando los planes industriales por los cuales la empresa compradora define una serie de compromisos futuros para el mantenimiento de la actividad y la plantilla, que quedan incorporados a los
contratos de compraventa. En este sentido, SEPI está aplicando un procedimiento de control del cumplimiento de los compromisos mediante evaluaciones periódicas, semestrales y anuales, en las que se analiza el cumplimiento de los principales
parámetros, como pueden ser las inversiones o las plantillas. Controles en vigor están siendo cumplidos y los indicadores de las compañías privatizadas han mejorado notablemente.
Las ventas industriales han estado acompañadas de acuerdos sindicales, que demuestran la vocación de diálogo y colaboración con los interlocutores sociales. En esta legislatura se han suscrito ocho acuerdos sindicales en el marco de los
procesos de privatización terminados. En Radiotelevisión Española hemos llevado a cabo una gestión para reducir su déficit de explotación, lo que permite ahora plantearnos un plan de viabilidad en los próximos ejercicios. Y dentro de este programa
de viabilidad el Gobierno tiene tomada la decisión de asumir la deuda acumulada para así facilitar el saneamiento definitivo del ente público y garantizar una gestión equilibrada para el futuro.
También durante esta legislatura hemos llevado a cabo un proceso de reestructuración del sector público empresarial por el que SEPI ha asumido la responsabilidad de un grupo de empresas del grupo Patrimonio, con el fin de mejorar su
saneamiento y su administración. Por otra parte, el grupo Patrimonio ha continuado la gestión de sociedades estatales, en especial de las sociedades estatales de carácter instrumental, y en el seguimiento y control de sus actividades. En este
punto quisiera hacer referencia a la importante labor emprendida desde el grupo Patrimonio con el fin de mejorar la eficiencia en la gestión del patrimonio del Estado y a la hora de desarrollar la política de compras públicas. La nueva Ley de
Patrimonio del Estado permitirá mejorar la gestión y la coordinación entre los diferentes niveles de la Administración y servirá para instrumentar una política patrimonial más ágil, conectada con las diferentes políticas públicas y, en particular,
con la política de vivienda.
Señor presidente, la favorable evolución de las cuentas públicas de estos años más que una consecuencia del crecimiento ha sido una de sus primeras causas. La estabilidad presupuestaria ha sido un estímulo decisivo de la confianza de los
inversores y la verdadera palanca de la reducción de los costes de financiación de nuestra economía. Su capacidad dinamizadora no se ha agotado, sigue aportando seguridad a la iniciativa empresarial y mantiene en sus valores mínimos los tipos de
interés a largo plazo.
Además, sigue facilitando la política
anticíclica de los presupuestos, contribuye a la estabilidad de los precios, genera expectativas creíbles de bajadas de impuestos, asegura un esfuerzo financiero sostenido en la inversión pública en infraestructuras y en I+D+I y, sobre todo,
fortalece el sistema de protección social y los servicios públicos básicos.
Las reformas legislativas que hemos emprendido y el claro avance de la sociedad española en la cultura de la estabilidad de las cuentas públicas ayudarán a la Hacienda
pública en los próximos años, para prolongar el equilibrio presupuestario con un gasto público moderado, que debe mantenerse en los próximos años por debajo del 40 por ciento del producto interior bruto; abordar nuevas bajadas de impuestos para
proteger a los contribuyentes más débiles, estimular el ahorro y favorecer la contratación laboral; mantener un elevado ritmo de inversión pública en infraestructuras y también en investigación e innovación tecnológica de nuestra economía, y seguir
avanzando en el saneamiento y racionalización del sector público empresarial y, asimismo, hacerlo en la gestión del patrimonio del Estado y particularmente en su patrimonio inmobiliario.
Todo ello, forma un conjunto de políticas del Estado que
deben reconducirse, en definitiva, a que la renta per capita española siga acercándose lo más rápidamente posible a la media europea y a que dentro de esta década alcancemos una sociedad de pleno empleo en España.
El señor PRESIDENTE: En el turno de portavoces, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista señor Bel.
El señor BEL I QUERALT: Gracias, señor ministro, por esta larga, pero no aburrida, exposición suya. Es para mí un placer, en la que será seguramente su última comparecencia durante la presente legislatura, tener el encargo de compartir
algunas reflexiones con usted en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Ha hecho una exposición muy larga, ha tocado muchos puntos, pero ha estado bien que haya introducido este resumen final, porque puede ser una buena guía, con algunos añadidos, para las reflexiones que podamos compartir durante mi
intervención que, lógicamente, será más breve. En algún momento, sobre todo al principio de su intervención, aunque el objetivo de la comparecencia es la presentación del conjunto de la legislatura, ha rescatado el último debate presupuestario.
Podemos dedicar un momento a esto, al menos a ciertas cuestiones.
He dicho algunas veces que uno de los aspectos positivos de la política del Partido Popular ha sido tener una idea de que el gasto público no debe ser excesivo, sin que esto presuponga que estoy de acuerdo con el tipo de volumen de gasto y
su composición que el Partido Popular prefigura en sus presupuestos. De todas maneras, usted es consciente, respecto al tema del equilibrio presupuestario, de que a los diferentes y múltiples congresos de economía, que afortunadamente cada vez se
realizan más en España, en los últimos años se ha añadido un nuevo congreso, un tanto virtual, que convoca el Ministerio de Hacienda cuando presenta los presupuestos a las Cortes y que consiste en lo que pudiéramos llamar la convocatoria de
trabajos, el call for papers, de investigadores económicos, académicos y analistas de prestigio, para estimar afinadamente el volumen y el peso del déficit oculto en los presupuestos.
Estas aportaciones, encabezadas siempre por las inestimables
apreciaciones del profesor Barea, una persona con conocida trayectoria en esta institución, cada vez cuentan con más participación, repito, de analistas y académicos que se expresan en este foro virtual, que son los medios de comunicación, a través
de artículos en prensa, etcétera.
Déficit oculto en el presupuesto, entre otras cosas, y como titulares Guide lines, porque ha habido prácticas importantes de centrifugación de déficit de organismos estatales hacia organismos estatales, por
ejemplo, Radiotelevisión Española.
Es conocido, es público, que el volumen de deuda de Radiotelevisión Española se ha multiplicado prácticamente por cinco desde que ustedes llegaron al Gobierno; ahora ya supera generosamente el billón de pesetas antiguas. El problema con el
déficit público es como el cartero, que siempre llama dos veces. Parece que en el caso de Radiotelevisión Española hace poco ha llamado el cartero, en este caso en forma de Comisión Europea, pero usted ya sabía que esto pasaba, ahora sabe que
tendrán que abordarlo de alguna forma, y esperaremos noticias adicionales en otros frentes del déficit oculto para el futuro.
Esto me sirve para conectar con las dos o tres cuestiones a las que usted ha dedicado más énfasis en el asunto del debate de actualidad presupuestario, conectado con lo de la centrifugación del déficit.
Si uno va al María Moliner, por ejemplo, el término esfuerzo, lo digo a raíz de sus consideraciones sobre el esfuerzo inversor del Estado de infraestructuras, indica coste de una acción, o sea, para que haya un esfuerzo una acción tiene que
costar algo. Usted sabe que en torno a la mitad de las inversiones programas por el Estado no le cuestan nada al Estado más allá del esfuerzo de programación, ahora, en la actualidad, aproximadamente la mitad del volumen de inversión programada por
el Estado es financiada por los usuarios a través de tasas. Le avanzo, como sabe, que el sistema de financiación por tasas de usuarios en algún tipo de grandes infraestructuras a mí me parece estupendo y magnífico, por ejemplo, en aeropuertos o en
puertos, pero yo creo que ustedes cuando dicen que su política fiscal ha sido consistente con un esfuerzo del aumento inversor, deberían decir con una programación de inversiones, porque el hecho es que la participación del presupuesto del Estado,
el esfuerzo del Estado, que hacemos los contribuyentes porque pagamos impuestos y entonces el Estado de esos impuestos, la Hacienda estatal, aplica
recursos, ese esfuerzo -digo- ha decrecido; donde se sostiene el volumen de inversión pública estatal, fundamentalmente más que en cualquier otra época reciente de la Hacienda española, quizás como final de los sesenta y principios de los
setenta, es en el pago por los usuarios. No veo por tanto el acierto de esa frase de la política fiscal es consistente con el aumento del esfuerzo presupuestario en infraestructuras, sea del diseño de la programación, pero no del esfuerzo si le
tenemos que hacer caso al María Moliner o a cualquier diccionario de la lengua análogo.
Algo similar pasa con lo de investigación, desarrollo e innovación, porque yo le he oído a usted hoy, aunque uno siempre puede maltender o confundirse porque
son sucesiones de porcentajes y sobre todo parámetros de referencia, por ejemplo, que estaba usted muy contento porque creo que decía que estábamos en una situación en torno a la media de la Unión europea, en términos de gasto público respecto al
PIB, en innovación y desarrollo, y, en términos de composición interna del porcentaje del gasto, estábamos los terceros de la Unión Europea. Yo le felicito por estar contento porque los indicadores anuales que sacan los evaluadores internacionales
tanto institucionales como individuales indican que seguimos bajando posiciones. Ayer tuvimos noticias sobre el último informe internacional en avance de la sociedad del conocimiento de las tecnologías de información y resulta que seguimos
descendiendo posiciones.
Además, en la descomposición factorial de factores que contribuyen al descenso de nuestras posiciones comparadas con otros países, la acción del Gobierno ocupa un lugar importante. Igual, cuando lleguemos a situaciones quizás ya a nivel de
Zimbabue, usted no esté tan contento con la acción del Gobierno con la innovación y desarrollo, porque, créame, en términos de perspectiva comparada con el resto de países de la Unión Europea, lo que me preocupa todavía más, con los diez que van a
entrar y con otros países incluso fuera de la OCDE, nuestros resultados no están siendo muy adecuados, y esto no lo salva una comparación del volumen del gasto actual nominal con el volumen del gasto en 1995, porque pasa al final que prácticamente
cualquier cociente dividido por cero da un aumento de infinito. Va más allá, si usted se pone a comparar con los gastos de Internet en el año 1980, seguro que le sale un aumento infinito. No tiene ningún sentido comparar el gasto de 2003 ó 2004
con el gasto de 1995 en un sector sometido a tantos cambios. Supongo que son formas de presentar lo que uno está haciendo. Le agradecería en todo caso que sea consciente de la realidad en este sector, que es clave para la productividad y para la
competitividad de nuestra economía, porque los resultados son absolutamente diferentes de lo que uno podría derivar de su valoración sobre la acción de Gobierno. Usted y yo sabemos que esta seguramente es una de las grandes prioridades del futuro.
Esto se traduce en algunas cuestiones, por ejemplo, en términos de sistema fiscal. Comentaba usted que España es uno de los países que ha diseñado un sistema más ambicioso de deducciones fiscales, de gastos fiscales para empresas por
innovación; es verdad, si uno mira los ratios nominales de deducción, si una empresa accede a la deducción fiscal, son generosos.
Claro, lo que pasa es que usted sabrá, mejor que yo claro, que recientemente han trasladado el asunto de la
certificación de la adecuación para deducciones fiscales de proyectos de innovación de empresas al Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque el sector sobre todo de pymes lo que planteaba es que el elevado grado de incertidumbre que imponía el
hecho de que después de incurrir en una inversión susceptible de beneficio fiscal, la Agencia tributaria la calificara como no apta, introducía incertidumbre y costes finales. Conclusión, no emprender la acción. Quizás ahora mejore la situación en
cuanto a certidumbre de las empresas con el nuevo sistema de certificación. Es verdad que quizás el hecho de que se hayan impuesto tasas elevadas para entrar al sistema hará que sobre todo las pymes más pequeñas al final no planteen proyectos
porque les salga lo comido por lo servido. Si se van a gastar en tramitación lo que esperan obtener de descuento fiscal, y además es incierto que lo obtengan, quizás no sea para ello una fuente de estímulo. ¿Algo así con las correcciones que me
quiera hacer podría explicar que a pesar de tan generoso esquema nominal de apoyo fiscal para investigación, el esfuerzo, lo que gastan de nuestro sector productivo, particularmente de las pymes sea tan pequeño y por el momento haya respondido tan
poco a esos cambios legislativos? Si mejoráramos eso, todos también saldríamos beneficiados porque el país saldría bastante beneficiado. Esto lógicamente me conecta con el asunto de la evaluación de la política fiscal en términos de ingresos en su
conjunto.
En fin, sabe que tenemos un informe reciente de la OCDE, donde no hay demasiadas interferencias gubernamentales, aunque el embajador de cada país ante la OCDE lo nombra el Gobierno; en el caso de España es Elena Pisonero, que fue una
magnífica portavoz de economía en el Grupo Popular, mientras que tuve durante un breve periodo de tiempo la oportunidad de coincidir con ella. Diría yo que los nuevos informes de la OCDE no pueden ser objeto de demasiada disputa sobre los datos que
ofrecen, sobre las valoraciones por supuesto que sí.
Usted sabe que la presión fiscal en España en 1995 estaba en el 32,8 por ciento del PIB, en el año 2002 estaba en el 35,6 por ciento, es decir, ha crecido en 2,8 puntos porcentuales. Primero, en términos de perspectiva comparada, cuando uno
observa todos los cambios en presión fiscal en los países de la OCDE, lo que se da cuenta es, en primer lugar, que la presión fiscal en España ha crecido bastante por encima de la media de la OCDE, y en segundo lugar, que ha crecido por encima
de la media de la Unión Europea, en ambos casos con cambios muy moderados de décimas. En tercer lugar, que España en la Unión Europea, por ejemplo, es el país que encabece el ranking de crecimiento de la presión fiscal, aunque no sea el
país que encabece el ranking del crecimiento económico, que es Irlanda. Es una primera cuestión que choca algo, y es que si aumenta la presión fiscal porque crecemos, ¿por qué no crece más en Irlanda, que crece más? ¿O por qué en los últimos años,
que la economía griega está mostrando un comportamiento macroeconómico magnífico, la presión fiscal en Grecia no crece más que en España? Seguramente, señor Montoro, porque en el crecimiento de la presión fiscal en España hay algunos elementos que
se derivan del ciclo económico, probablemente en algunos impuestos como el de sociedades, que tienen una elasticidad positiva con el PIB y, por tanto, si crece el PIB crece más que proporcionalmente el ingreso, y ahí tendríamos un aumento de presión
fiscal derivado del ciclo, además ayudado seguramente por un sistema que usted ha comentado de reducción de presión fiscal sobre las sociedades, que supone -no sé si ha comentado usted específicamente- la reducción de la carga impositiva por
reinversión. La articulación que se decidió sobre esta medida en la Ley de acompañamiento para el 2002 consistió en que las empresas adelantaban a Hacienda el impuesto sobre sociedades en su conjunto y en los años siguientes se iban realizando
deducciones en la cuota, hasta llegar a la deducción total. Esto supone que las empresas al final del período tendrán ese impuesto con exención por la inversión mejor considerado que antes, pero al inicio del período habrán ingresado a la Hacienda
todo el impuesto sobre sociedades. Esto quizá también explica un poco el crecimiento del impuesto sobre sociedades, además del elemento de ciclo, pero en otros impuestos, como el de la renta, tampoco le daría mucha importancia al efecto de ciclo,
porque la creación de empleo en la economía española no ha destacado por ser una creación de empleo en sectores de alto valor añadido y altas retribuciones. Imagínese usted, por ejemplo, la parte importante de creación de empleo que se ha
registrado con empleos ocupados con personas procedentes de la inmigración, nuevos o regularizados. Uno no diría que son tipos de empleo con remuneraciones que generen un gran aumento de recaudación por Hacienda, aunque todo aumento de recaudación
por nuevo empleo es bienvenido.
¿Por qué no pensar que gracias a su política -usted lo ha explicado muy bien hace poco- de no ajustar el impuesto sobre la renta por el IPC los tipos efectivos de presión por IRPF en el año 2002 fueron superiores a los anteriores a la
reforma de 1998? Por tanto, si los tipos efectivos de presión fiscal del 2002 son superiores a la presión fiscal real por IRPF de 1998, es normal que crezca la presión fiscal. Usted ya ha explicado que en el 2003 han hecho reforma, porque usted
dice que es preferible rebajar el impuesto que actualiza por tipo, con lo cual nos está diciendo que no rebaja el impuesto, que cada rebaja no es sino una actualización por inflación en un determinado momento. Sin embargo, usted sabe que dentro de
dos o tres años estaremos igual porque otra vez -es su política, la respeto pero no la comparto- para el 2004 se han negado a actualizar el IRPF por el IPC. Dentro de unos pocos años, poquitos, la presión efectiva por IRPF en los tipos reales
volverá a ser superior a los del 2002, y si en aquel momento algún informe internacional dice que la presión fiscal ha crecido tampoco dejará de ser tan extraño, porque si los tipos efectivos reales crecen, la presión fiscal crece. Eso por no
mencionar que algún nuevo impuesto ha habido -esto es algo que uno siempre lleva en su vehículo-, como ese nuevo impuesto de primas sobre seguros de vehículos que ustedes introdujeron en el año 1997, que a lo discreto, lo discreto, ya va por décima
y pico del PIB de ingresos, que no existía, y ya hay por ahí una décima y pico del PIB de nuevo impuesto.
¿Sabe qué? Que más o menos la verdad debe estar en medio. Si nuestra presión fiscal sube en parte es porque el ciclo económico induce a un aumento de ingresos en algunos rubros de la Hacienda que son compatibles con el mantenimiento de la
presión fiscal individual, y en otros no, y ambos factores son los que explican que seamos líderes en crecimiento de la presión fiscal en Europa y en la OCDE. Dice que a raíz de la primera reforma fiscal. Esa es una discusión que la hemos tenido
en otras ocasiones, pero como es el último día de la legislatura podemos rescatarla. Hay dos maneras de presentar la reducción de impuestos generada por la reforma, usted ha dicho una, ha hablado del elevadísimo porcentaje de ahorro fiscal que
supone la reforma del IRPF para las rentas menores. Tuve ocasión de discutir en su día con el vicepresidente, antes segundo ahora primero del Gobierno, señor Rato, sobre mi tía, además fue una discusión realmente muy amena, de hecho la fiesta del
año pasado de la Asociación de periodistas parlamentarios se hizo eco de ella. Yo le decía a mi tía: tía, usted no se queje que le han bajado el 100 por ciento del impuesto, usted es la más beneficiada. Y replicaba ella: si me han bajado dos mil
pesetas, y me acaban de subir el butano -hablábamos de hace un poquito más de año y medio-, ¿cómo me vas a decir que yo soy la más beneficiada si me han bajado dos mil pesetas? Yo le explicaba: ¿cómo le van a bajar más? Dice: no, hombre, no, es
que con lo que me suben del butano y de estas cosas a mí lo comido por lo servido.
Ésta es la consecuencia de la forma por la que ustedes han optado, y no me extraña, al presentar los resultados de la reforma. Al igual que cuando dicen, ya en términos de indicadores sintéticos de desigualdad, que la participación de los
distintos segmentos de renta en la cuota percibida experimenta aumentos de progresividad porque aumenta la parte de la cuota pagada por los
contribuyentes de mayor renta y disminuye la parte de la cuota pagada por los de menor renta; pero usted y yo en alguna ocasión hemos podido comentar que uno puede mirar la distribución de la cuota como consecuencia del impuesto o puede
mirar el cambio en la renta disponible.
Yo no le voy a hablar de ningún Gini, ni de ningún Kawkani, aunque están calculados, publicados y circulan, sólo le voy a decir que si uno mira el efecto en términos de aumento de renta disponible de la
primera reforma del IRPF, para los contribuyentes con menores ingresos que pagaban impuesto -porque tanto usted como yo sabemos que los de menores, menores, menores, no pagaban- la reforma del IRPF les supone un aumento del 0,3 por ciento de la
renta disponible; en cambio, para los contribuyentes en la escala superior de rentas el efecto de la reforma es un aumento de entre el 2 y el 3 por ciento de la renta disponible. Igual la lógica intuitiva de mi tía, que no ha estudiado la carrera
de economía, no iba tan desencaminada, es que ella percibía que había mejorado muy poco, además que le habían subido por otros lados.
Existe otra forma de presentarlo, y es en qué parte se beneficia cada segmento de contribuyentes del ahorro global
de la reforma, y con esto acabaré mis números. Pues bien, según datos del propio Instituto de Estudios Fiscales compaginados con los de otro informe, recuerde usted que Marugán le criticó bastante que había un informe que bailaba, entraba y salía
en la página del ministerio, pero compaginando cuadros de dos informes se puede establecer, y se estableció, que el 10 por ciento de contribuyentes sometidos a IRPF con rentas menores habían obtenido el 0,41 por ciento del total de la rebaja, y el
10 por ciento de contribuyentes con rentas mayores habían obtenido el 35 por ciento del total de la rebaja. Yo ya sé, porque es de sentido común, que cuando se rebaja el IRPF es difícil que quienes contribuyen menos tengan mayor rebaja, esto es de
sentido común, pero no me venga a presentar la rebaja como un no va más de la progresividad, porque al final nos quedaremos como nos quedaremos, usted con su forma de presentar los porcentajes, yo con mi forma de presentar las cosas y mi tía por ahí
en medio no sabiendo muy bien qué pensar, aunque sí lo que a ella le pasa. Señor Montoro, esto antes de no actualizar el impuesto por el IPC, porque ahora, en el 2002, mi tía ya volvía a pagar más de 2.000 pesetas.
En esta materia del sistema fiscal también nos ha dado guarismos, datos fragmentarios -y la realidad muchas veces es fragmentaria y no hay más remedio que abordarla así- sobre el esfuerzo de la Administración central, del Gobierno, de sus
agencias en materia de lucha contra el fraude. Ahí el esfuerzo está bien empleado porque los inspectores, el personal supone un coste para la Hacienda pública. Pues pasa un poco como en lo del I+D, que usted está muy contento de lo que se hace,
pero resulta que somos el país de la Unión Europea que tiene más billetes de 500 euros -iba a decir circulando, pero es que 500 euros y circulación está mal dicho, es una contradicción en sí- atesorados. El porcentaje de dinero en efectivo sobre el
PIB en España es el doble que la media de la eurozona, el 10 por ciento. La recomposición de carteras de dinero oculto en los últimos años ha sido excepcional, y sabemos que desde septiembre el importe acumulado por los billetes de 500 euros en la
economía española ya supera a los líderes hasta ese momento, los billetes de 50 euros, que sí es un billete que circula, que no sirve para atesorar. Por otra parte, sabemos, por otro informe del Instituto de Estudios Fiscales -por cierto, magnífica
institución, con éste y con otros informes que hagan, no me malentienda, con todos-, que entre 1995 y el año 2000 el crecimiento de la economía sumergida en España ha sido equivalente a casi 12.000 millones de euros, dos billones de las antiguas
pesetas, y se situaba en el año 2000 en 18.000 y pico millones de euros. Seguramente habrá seguido creciendo si tenemos en cuenta la evolución del nivel de acumulación de efectivo con billetes de alta nominación. Estos son resultados concretos,
son datos concretos de qué está pasando con la economía sumergida y con los circuitos que escapan a la fiscalidad.
Ese magnífico conjunto del personal público que forma la Agencia Tributaria, que han hecho -lo he dicho en otras ocasiones- que tengamos un sistema de asistencia y tramitación telemática por Internet magnífico -no es la primera vez que lo
digo-, ese conjunto de personal magnífico les ha dicho reiteradamente que hay muchos coladeros en la lucha contra el fraude. Se lo ha dicho por ejemplo esa asociación que reúne a 1.200 de los 1.400 magníficos inspectores de Hacienda que hay en
nuestro país -los 1.400, no sólo los 1.200 de esa asociación-. Me es igual, señor Montoro, si es desidia o incompetencia, otra vez lo que le pido es que sea consciente de que más allá de sus declaraciones nominales sobre el avance de la lucha
contra el fraude, la realidad agregada indica que el volumen de dinero atesorado fuera de circuitos del fisco y el crecimiento de la economía sumergida indican que el problema crece y que no se ha corregido en España algo que se originó ya antes de
que ustedes llegaran al Gobierno, esa sensación de que no todos pagan. Si pudiéramos compartir eso también tendríamos la posibilidad de tener definidas una de las prioridades del futuro.
En materia de privatización no vamos a discutir mucho, porque tampoco ha sido un eje central de su intervención. Usted ha hecho una relación de las empresas que han privatizado en esta legislatura. Con la probable excepción de ENA, de la
Empresa Nacional de Autopistas, porque a mi me parece muy mal privatizar monopolios, la decisión sobre el método para privatizar el resto de empresas que ustedes han privatizado es sensata.
En esta legislatura no ha habido tantos problemas de
privatización total, salida total del Estado de
monopolios como en la anterior, pero incluso en empresas que a priori no deberían crear problemas, como Trasmediterránea, qué poco edificante para la competencia son algunos aspectos de la privatización y la post privatización de
Trasmediterránea, por la colusión de intereses entre empresas teóricamente competidoras a partir de la existencia de acciones cruzadas en las mismas, etcétera. Yo realmente creo -lo creía antes- que en algún momento han tenido mucha fe en que la
privatización resolvía per se los problemas de competencia. Me parece que a estas alturas de la película y de las devaluaciones de políticas en otros países y en España, sería bueno saber que la privatización y la liberalización son dos políticas
diferentes, que en muchos casos no tienen ninguna conexión lógica necesaria, y que privatizar en sí no resuelve ni mejora los problemas de competencia. A este aspecto no le voy a dedicar mucha más atención, porque quería tratar algunos aspectos de
financiación territorial y no querría exceder de la media hora a la que estoy a punto de llegar.
Usted ha dicho que en el marco de esta legislatura se ha aprobado por fin un sistema estable, definitivo -bueno, definitivo se ha llamado siempre- de
financiación autonómica con el consenso general. No, señor Montoro, no, recordemos las cosas como fueron y como constan en las actas de la conferencia sectorial y en las actas de las cámaras legislativas.
Ustedes, por primera vez en la historia de
la democracia española, impusieron una transferencia, en términos que no aceptaban algunas comunidades autónomas, de la sanidad. La impusieron mediante la introducción de una enmienda en el Senado en la ley de acompañamiento -procedimiento al que
están bastante acostumbrados- que dejaba sin modelo de financiación reglado a las comunidades que no aceptaran el nuevo sistema, lo cual incorporaba necesariamente la aceptación de la sanidad en los términos en los que ustedes habían decidido
unilateralmente su transferencia. Ante esa amenaza -la primera en la historia de la democracia española- las cinco comunidades autónomas -algunas más que otras- que planteaban problemas serios en cómo ustedes habían decidido hacer la transferencia
de la sanidad, aceptaron -hicieron bien- la conferencia sectorial, porque no quisieron asumir el reto de quedarse sin modelo reglado de financiación y de que usted o el ministro de turno, cada mes de septiembre sacara en la ley de presupuestos una
rayita diciendo cuánto les tocaba. Sin embargo, se acuerda usted de que la LOFCA no fue aprobada con el voto del Grupo Socialista. ¿O no? Se acuerda usted de que nosotros mantuvimos posiciones sobre algunos elementos que creíamos que no se
resolvían adecuadamente en la definición del sistema de financiación autonómica, como era la participación de las comunidades autónomas -en ese momento, en esa discusión tocaban las comunidades autónomas- en materia de gestión tributaria. Se
acuerda usted de que propusimos -y nunca prestaron atención- el establecimiento de consorcios participados por la Administración estatal y las territoriales para la gestión tributaria. La evolución de los países, de sus sociedades, de sus sistemas
es algo dinámico y es imposible establecerlo de una forma fija como si fuera una escultura de mármol. Esas discusiones, además en términos sensatos, las vamos a volver a tener, porque de verdad, señor Montoro -y con esto acabaría-, creo que usted
-lo respeto- puede sentirse orgulloso y contento del acuerdo de financiación que tuvo y de las leyes de financiación que se aprobaron con avatares en materia de financiación autonómica en el 2001, pero de verdad, creo que es excesivo que usted
considere que eso solidifica el panorama y fija una placa de mármol como diciendo: nada más puede pasar. porque hay algunos problemas no convenientemente resueltos, la participación territorial en materia de gestión es foral, aparte de otros
elementos, y seguro que darán que hablar -y espero que dialogar además de hablar- en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Señorías, señor ministro, bienvenido a esta Comisión en la que seguramente será su última comparecencia en esta legislatura.
Ha sido una legislatura en la que desde su ministerio se han alcanzado objetivos importantes
de orden macroeconómico, orientados al crecimiento y la estabilidad. Son innegables los logros conseguidos en la tasa de crecimiento, muy superior a la media europea, tasas del 2,3 del PIB respecto al 0,4 como media en la Unión Europea; es
innegable también el crecimiento y la generación de ocupación, pero estos logros que destaco, que han permitido aplicar un modelo fiscal y unas rebajas de impuestos dirigidas al conjunto de la sociedad para alcanzar un mayor crecimiento y a dotar de
mayor capacidad financiera a las familias, no pueden esconder los déficit que a nuestro entender todavía tenemos pendientes, sobre todo los relativos a potenciar y orientar la inversión en I+D, que constituye una de las claves de la competitividad
de nuestro tejido empresarial, industrial y financiero o déficit relativos a la mejora de la ocupación estable y de calidad, así como déficit en términos de políticas sociales que, en nuestra opinión, deberían ir más allá de las aplicadas en estos
últimos años.
A lo largo de esta legislatura, señor ministro, se ha procedido a una nueva e importante reforma del IRPF y a la aprobación, últimamente, de la Ley General Tributaria. En este marco de progreso y avances, quisiera incidir en mi intervención
en aquellos aspectos que nuestro grupo parlamentario considera más críticos y para ello me centraré en cuatro grandes apartados. En primer lugar, la política fiscal; en segundo lugar, los Presupuestos Generales del Estado; en tercer lugar, la Ley
General Tributaria y, en cuarto lugar, la cancelación
de la deuda de la Seguridad Social y la asunción de la deuda de Radiotelevisión Española.
Respecto a la política fiscal, en concreto a la rebaja de impuestos y al impuesto sobre la renta de las personas físicas, usted, señor ministro,
recientemente ha manifestado que el Gobierno planteaba una nueva reducción del IRPF en su programa electoral para las próximas elecciones del año 2004. No ha concretado cómo se haría efectiva esta reducción y ha señalado únicamente que hay margen
para bajar los tipos marginales, tanto los más altos como el más bajo. Como en muchos otros aspectos, desconocemos cuáles son los objetivos concretos del Gobierno. Sí tenemos muy claro es que se van a celebrar unas nuevas elecciones próximamente y
que desde el Gobierno se están guardando una serie de medidas para el programa electoral. Si desde el ministerio consideran que el marco es el adecuado para proceder a una nueva rebaja de los impuestos, nos gustaría conocer con más detalle el
contenido y los objetivos de estos nuevos avances en términos de rebajas.
Quisiera destacar otro aspecto con relación a los impuestos cedidos, en concreto a la rebaja del impuesto sobre patrimonio y la supresión del impuesto sobre sucesiones. El señor ministro ya conoce la postura de nuestro grupo parlamentario
respecto a la supresión del impuesto sobre sucesiones. Recientemente usted se ha referido a la modificación del impuesto sobre el patrimonio. El secretario de Estado, si no me equivoco, en su intervención en el Senado a finales de noviembre,
manifestó que se trataba de adaptar este impuesto a la situación financiera actual, con el fin de que el tipo impositivo sea inferior a la rentabilidad del patrimonio. Quisiera recordar aquí la temporalidad y el carácter extraordinario de dicho
impuesto, lo cual nos obliga, sobre todo desde una óptica comparativa europea, a su selectiva reducción pero desde la acción del Gobierno.
Respecto al impuesto sobre sucesiones, el objetivo de nuestro grupo parlamentario no es otro, como usted bien sabe, que evitar la situación de discriminación que en la actualidad se plantea para los contribuyentes según las diferentes
opciones que, en el marco de sus reducidas competencias normativas, han escogido determinadas comunidades autónomas en orden a reducir la carga tributaria por este impuesto y respecto del cual su desaparición o mantenimiento depende únicamente del
Estado. De igual forma, tanto con relación al impuesto sobre el patrimonio como en coherencia con la supresión del impuesto sobre sucesiones y donaciones y para dar cumplimiento a los principios de suficiencia financiera y lealtad institucional,
que presiden el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, a nuestro entender resulta pertinente establecer las compensaciones oportunas. La titularidad estatal de la Ley del impuesto sobre sucesiones y donaciones, aunque éste esté
cedido a las comunidades autónomas con las limitaciones que establecen la LOFCA y la Ley de cesión, implica que la modificación de sus elementos básicos corresponda al Estado. En opinión de nuestro grupo parlamentario, la propuesta lanzada por el
partido del Gobierno en el sentido de suprimir el impuesto en las comunidades autónomas que este partido gobierna, puede tener una serie de efectos indeseables. En primer lugar, puede crear un conflicto en el marco jurídico de la cesión de
tributos, al asignar al ente cesionario la capacidad para eliminar un tributo que no ha establecido. En segundo lugar, la implantación de tal medida puede propiciar cambios de residencia, más o menos ficticios, en aras de aprovechar el ahorro
fiscal causado por las diferencias en el régimen fiscal de este impuesto en las diferentes comunidades autónomas. Y, en tercer lugar, la propuesta de eliminar dicho impuesto, que de momento en 2004 se aplicaría únicamente para herederos
descendientes menores de 21 años, provocaría, asimismo, la aparición de nuevas estrategias de ahorro fiscal dentro de la misma comunidad autónoma donde se hubiera aplicado tal medida, como, por ejemplo, la asignación de la condición de heredero, no
al hijo, sino al nieto menor de 21 años. Todos estos elementos justifican que deba ser el Gobierno, si lo estima necesario, quien proceda a la eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones, por su carácter estatal y para evitar que se
produzcan importantes distorsiones en materia fiscal. En ambos casos, tanto por lo que hace referencia a la supresión del impuesto sobre sucesiones como la modificación del impuesto sobre el patrimonio, en aplicación de los principios de
suficiencia financiera y lealtad institucional que, como he dicho antes, presiden el nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, resulta pertinente establecer -y lo reitero- las compensaciones oportunas a estas administraciones. En
este sentido citaré las palabras de un importante comentarista y reconocido profesor del IESE que textualmente decía: Hablan de que las comunidades autónomas deberían eliminar los impuestos sobre sucesiones y luego el del patrimonio. Esto lo dice
el Gobierno central que parece que cuando ve peligrar un impuesto, va y lo transfiere.
Dentro del marco de la política fiscal quisiera referirme en mi intervención al IAE y a las reclamaciones de los sectores empresariales que entienden que la eliminación del IAE para el 92 por ciento de las empresas españolas -para las que
facturasen menos de un millón de euros ha sido positiva-, pero que para todas aquellas empresas que superasen esta cifra de negocios, el IAE podría crecer de acuerdo con la cifra de negocios real que lograsen a lo largo del año y de su ubicación en
las ciudades. Se entiende desde sectores empresariales que los servicios, los transportes o el comercio se han visto perjudicados por la reforma y las empresas en los últimos meses, sobre todo en las últimas semanas, han reiterado y denuncian que
la eliminación del impuesto sobre actividades económicas para las pequeñas
empresas se ha compensado con mayores pagos fiscales de las grandes a los ayuntamientos. El sector empresarial por tanto ha ido manifestando un cierto desacuerdo con la nueva regulación del IAE y denuncian las subidas para medianas y
grandes empresas. El planteamiento de nuestro grupo parlamentario ha sido muy claro desde la modificación de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales. En primer lugar la supresión del IAE para todas las personas
físicas, supresión que también afecta a las comunidades de bienes y a las sociedades civiles, y la exención de este impuesto para las personas jurídicas cuando estas facturen menos de un millón de euros. Las personas jurídicas que facturen entre
uno y seis millones de euros podrán aplicarse a nuestro entender una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades equivalente al importe del IAE que soporten en sus municipios.
Lo que perseguía nuestro grupo parlamentario como complemento
indispensable a la exención del IAE de las personas físicas y a las sociedades con una cifra de negocios inferior a un millón de euros era ampliar su ámbito incluyendo a los contribuyentes que la Ley del impuesto sobre sociedades califica de
reducida dimensión. De este modo se preserva la coherencia global del sistema tributario y se refuerza el fundamento de la medida en cuestión. No obstante optamos en estos supuestos por la solución técnica de tratar el impuesto sobre actividades
económicas como un impuesto a cuenta del impuesto personal sobre la renta de tales contribuyentes con el objeto de no menoscabar los principios de autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales. Lo que sí es cierto es que dadas las
situaciones y los desacuerdos que se están manifestando desde distintos sectores empresariales y las situaciones que se están generando y a las que he hecho referencia, quizás deberíamos plantear más allá de la medida buena para el tejido y para el
crecimiento empresarial una adaptación y una revisión.
En el segundo aspecto que abordaré en mi intervención me referiré a los Presupuestos Generales del Estado. Usted, señor ministro, conoce muy bien nuestra posición respecto a los presupuestos del año próximo pero quisiera destacar,
aprovechando su comparecencia, la postura poco favorable a la negociación que ha mantenido el Gobierno como estrategia electoralista. Los presupuestos que han presentado podríamos definirlos como planos y cualquier cambio de futuro lo harán de
acuerdo con la campaña electoral. Nuestra opinión, señor ministro, es que el planteamiento del Partido Popular sí es electoral porque las cosas buenas quizás las llevarán de cara a las elecciones generales. También quisiéramos desde mi grupo
parlamentario evidenciar la posición del Gobierno del Partido Popular en la tramitación de este proyecto de ley que ha demostrado no creer en la medida que nosotros hubiésemos deseado, no creer en lo que entendemos que debería ser el debate
parlamentario. Un ejemplo. La introducción de nuevas enmiendas por parte de su grupo parlamentario en el Senado en trámite de ponencia; o enmiendas como la presentada para cargarse el acuerdo sobre el Plan hidrológico nacional y pretender
suprimir la única herramienta que servía para proteger el futuro del Ebro. Esto es lo que demuestran las palabras a que antes hacía referencia y el talante que ha conducido en esta negociación el Partido Popular. Por ello podemos decir desde
nuestro grupo parlamentario que no van a tener el apoyo, sobre todo cuando de la tramitación del mismo se desprende el desprecio o la orientación del PP en un debate parlamentario que no coincide con el que entendemos debería ser y debería darse.
Hecha esta referencia a los presupuestos para el año próximo iniciaré el tercer ámbito de mi intervención que es el referente al marco de la nueva Ley General Tributaria, ley recientemente aprobada. Desde el inicio de la tramitación del
proyecto nuestro grupo parlamentario ha compartido la necesidad, y así lo puse de manifiesto en mi intervención en el Pleno del Congreso el pasado día 27, de proceder a modernizar los procedimientos tributarios, a mejorar la definición de los
derechos y obligaciones de los contribuyentes frente a la administración tributaria, a disminuir la litigiosidad en esta materia para hacer más eficaz y efectiva la relación entre Administración y contribuyentes y hacer efectivo también el mandato
constitucional de contribución al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada contribuyente. También hemos detectado que a pesar de haber puesto de manifiesto lagunas y aspectos que tanto en el ámbito
competencial, de justicia social, como de seguridad jurídica, la ley que se ha aprobado aún adolece a nuestro entender de algunos aspectos que hemos subrayado, a los que hemos presentado enmiendas y para las que no hemos encontrado el apoyo deseado.
En concreto me referiré a la letra f) del artículo 43.1. Dicho apartado establece una derivación injusta de las responsabilidades subsidiarias del subcontratista hacia el contratista. Mientras que la responsabilidad subsidiaria que el artículo
43.1 establece respecto de otros responsables como administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas, tiene su fundamento en la imputabilidad en el nuevo supuesto de responsabilidad del empresario por las deudas tributarias del
contratista o subcontratista, se prescinde de la conducta de aquél y se le atribuye una responsabilidad objetiva.
Este precepto pretende crear una responsabilidad objetiva subsidiaria para las empresas que contraten o subcontraten ejecuciones de obra y prestación de servicios por las retenciones e impuestos repercutidos sin alcanzar a las sanciones
devengadas como consecuencia de las obras o la prestación de servicios contratados o subcontratados. A nuestro entender, señor ministro, el empresario no debe convertirse en un inspector del cumplimiento de las obligaciones tributarias de aquellos
con los que contrata. Se traslada por tanto la actividad de lucha contra el fraude que debe realizar la administración tributaria con los medios y las prerrogativas que la ley le confiere. Por estas razones si el fin de este precepto es
que las empresas contratistas y subcontratistas paguen el IVA de sus operaciones y el IRPF de sus trabajadores, estos objetivos pueden perseguirse con el incremento de las obligaciones de información, de colaboración y coordinación entre las
administraciones competentes.
Pusimos por tanto de manifiesto en este sentido que Convergència i Unió abogaba en la tramitación de la ley por la supresión de dicho artículo por entender básicamente que era perverso y desproporcionado y que su
aplicación podría causar confusión y arbitrariedad entre el administrado y el administrador, así como que dicho artículo podría atentar contra el principio de la personalidad jurídica y también contra la limitación de la responsabilidad, que no deja
de ser una de las bases y uno de los ejes del tráfico mercantil. Por ello, señor ministro, manifestaciones como las que ha realizado usted mismo anunciando controles masivos para el año 2004 para potenciar así la lucha contra el fraude fiscal,
centrando el esfuerzo en inspeccionar los posibles delitos fiscales derivados, por ejemplo, de la importación y exportación de vehículos o las realizadas por el delegado especial de la Agencia Tributaria en Cataluña, en el sentido de que preocupa
especialmente a la Agencia Tributaria el posible fraude en que incurren los subcontratistas de obras del sector de la construcción, parecen dirigidas más a incrementar la responsabilidad de los contribuyentes que a ejercer dicho control como
Administración competente. Por tanto, reiteramos con la mayor contundencia nuestra convicción de que dicho apartado debería suprimirse.
Paso a otros apartados a los que quisiera citar en mi intervención referidos a la cancelación de la deuda con
la Seguridad Social y a la asunción de la deuda de Radiotelevisión Española. En este sentido, el Consejo Económico y Social pidió al Gobierno que cancelara los préstamos que la Seguridad Social mantiene con el Estado. Estos recursos, según
argumentaba el Consejo Económico y Social, fueron utilizados para facilitar la universalización del servicio sanitario y para cubrir las deficiencias presupuestarias del seguro de desempleo. Nuestro grupo parlamentario ha presentado una enmienda a
la ley de acompañamiento por la que apuesta por la condonación total de los créditos que el Estado otorga a la Seguridad Social en los años 1992 y 1993 para cubrir insuficiencias de la Seguridad Social originadas por la asunción de gastos que
deberían haber ido a cargo del Estado en lugar de la opción escogida en el proyecto de cancelar las deudas por un periodo de 10 años más.
Por otro lado, y en relación con la asunción de la deuda de Radiotelevisión Española, la Comisión Europea ha exigido al Gobierno que reformara el actual sistema de garantía pública limitada del que se beneficia Radiotelevisión Española. La
deuda acumulada de Radiotelevisión Española asciende a 6.200 millones de euros y parece que será asumida por el Estado dentro del plan marco de viabilidad. Nos gustaría saber cuáles son las previsiones del Gobierno al respecto. En relación con la
cancelación de la deuda con la Seguridad Social, quisiéramos saber cuándo se prevé cancelar los créditos otorgados a la Seguridad Social.
Por último, señor ministro, usted en su intervención ha hecho referencia a los procesos de privatización. También querría hacer una breve referencia a los trabajos de la subcomisión y cómo entre los aspectos más destacables del informe
final de dicha subcomisión se señala la importancia de los órganos de control en cuanto a portadores netos en términos de mejora de los mismos procesos. También se destacaba el cumplimiento de los principios que deben guiar todo proceso de
privatización y la importancia también de cara al futuro del papel de la SEPI en cuanto instrumento de reindustrialización dentro del tejido empresarial industrial del Estado.
Concluyo dándole las gracias por su comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, sean mis primeras palabras de felicitación a Germà Bel. Es un parlamentario, sin duda, inteligente, que sabe economía y que debate bien. Nos hemos encontrado en el terreno más científico
en alguna publicación y a menudo aquí. Yo no puedo decir que pasa a mejor vida, por el sentido tétrico de esa expresión, diría que pasa a una vida mejor, elegida por él. Deja el Parlamento por la universidad. La calidad es la palabra que
probablemente define toda su actuación en el Parlamento y estoy seguro de que es la que va a definir toda su actuación en el futuro, en la universidad o donde decida dirigir su vida profesional. Felicidades, señor Bel.
Paso al debate de hoy. Querría empezar por destacar en mi calidad de portavoz de macroeconomía del Grupo Parlamentario Popular, que más que referirme a las grandes partidas de gastos e ingresos, de las que además ya ha hablado de ellas el
ministro, desea colocar la importancia de la Hacienda pública dentro del modelo macroeconómico que ha seguido el Gobierno Popular. Importancia de la Hacienda pública que ha sido regida en los últimos cuatro años por el señor Montoro bajo la
vicepresidencia del señor Rato, pero que sin duda es casi la columna vertebral de todo el modelo utilizado en economía por el Partido Popular, modelo que ha sido altamente eficaz y del que reitero dos rasgos que ha utilizado el señor Montoro, porque
son básicos. Uno, la convergencia en renta por persona, que el Partido Popular heredó con un 78 por ciento en relación con la media europea y se la ha llevado al 85
por ciento; dos, el gran problema que el 95 por ciento de la sociedad española consideraba y lo sigue considerando: el paro. Se han creado casi 4,5 millones de puestos de trabajo, con su tremenda repercusión en la tasa de paro. Este es
el modelo del cual su columna vertebral ha sido la Hacienda pública, cuyo primer rasgo heredó un déficit del 6,6 por ciento del PIB y llevamos ya varios años de estabilidad, de equilibrio en las cuentas e incluso de ligero superávit en un
presupuesto con credibilidad.
¿Por qué ha influido esto en la realidad de nuestra economía? ¿Por qué ha sido la columna vertebral de la política económica? Hay varias razones, que no tengo tiempo de exponer en su totalidad, pero lo haré con
brevedad.
En primer lugar, su influencia en la caída de los tipos de interés. La caída de los tipos de interés ha sido -llamémoslo así en el lenguaje técnico que le gusta tanto al señor Bel- una especie de shock, de oferta que ha influido de
manera muy importante en nuestro crecimiento y una de sus causas básicas ha sido sin duda la política presupuestaria, pero destacaré sobre todo entre los otros rasgos a los que me podría referir las expectativas. Las expectativas que ha creado esta
política de hacienda son fundamentales. Desde el punto de vista teórico, desde los neoclásicos a los poskeynesianos, todos destacan la importancia de las expectativas en el crecimiento, pero yendo al tema más cercano a España, les diré que desde
que empieza la crisis del 2001 se produce una cierta incertidumbre. El que España mostrara unas cuentas equilibradas, ajustadas, disminuía la incertidumbre sobre nuestra economía, daba más confianza en ella y ha sido sin duda uno de los factores
que han ayudado a nuestro crecimiento comparativo en relación con otras economías occidentales. Las expectativas de que íbamos a cumplir lo que se decía se fortalecieron con la Ley de estabilidad presupuestaria, un logro también de esta legislatura
que no solamente era porque lo que se presupuestaba se cumplía y había credibilidad, sino que además se llevaba a rango de ley con la importancia que tuvo la Ley de estabilidad presupuestaria. La credibilidad, las expectativas se incrementaron
también después del 11 de septiembre de 2001, cuando el clima económico mundial estaba cambiando y para el año 2002 se planteó un presupuesto también con estabilidad presupuestaria. Digo esto porque se estaba -entre comillas- a las duras y a las
maduras, es decir, se estaba a las maduras en épocas buenas, si se mantenía, y cuando empezaba la crisis, se creía tanto en la estabilidad presupuestaria que también se mantenía. No tengo más remedio que decir que ese elemento que dio credibilidad,
que dio fuerza y que dio expectativas favorables a nuestra economía contrasta -y me voy al 'Diario de Sesiones'- con lo que en aquel momento se decía por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en aquel debate final de 2001 sobre los
presupuestos de 2002. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista criticaba al Gobierno Popular de ser prisionero de la ley de déficit cero y ponía como ejemplo a Francia y Alemania, que para él, afortunadamente, se embarcaban en nuevas
políticas. Si diéramos marcha atrás al reloj y comprobáramos ahora qué ha ocurrido con esas políticas y el ejemplo es Francia y Alemania, pues con el máximo respeto a sus gobiernos no serían aquellas las políticas que nos estarían haciendo crecer
mucho más sin duda que la media europea. Recordemos los problemas que están teniendo precisamente por esas políticas. Repito que parte de la credibilidad del Gobierno se encuentra en que, incluso cuando la oposición proponía otra política, el
Gobierno mantenía ésta, cuando la credibilidad relativa, la creación de expectativas relativas era claramente distinta.
Habría muchas otras razones por las que esta política de Hacienda ha sido básica para el modelo económico, pero acabaré con las más importantes.
Respecto a la inversión pública en general, sobre la que volveré, recordemos, por ejemplo, la
última cifra del presupuesto de 2004, que supone un incremento del 10 por ciento en relación con el de 2003, muy por encima de cualquier otra magnitud. La reducción de impuestos es clave. Indiscutiblemente, los impuestos no se reducen
indiciándolos. Con esa técnica se hace mucho menos flexible una economía. Tampoco el sistema es de tipo único, como algún grupo parlamentario ha planteado, si sus consecuencias, aunque se prevea un mínimo exento sobre la progresividad, son graves.
Hay un maravilloso artículo de Borrell, miembro de este Parlamento, sobre los problemas que se plantean con la progresividad en el tipo único. No es ese el camino adecuado, sin duda, sino el que se ha seguido desde el Ministerio de Hacienda, en el
que además se deja este punto claro. Nunca se puede comparar por renta total lo que pierde uno y otro grupo social, como se ha podido hacer en algún caso y se ha podido oír en esta sesión. Si se suben un 3 por ciento las rentas superiores y casi
un 9 por ciento las inferiores, a lo mejor la renta total de las superiores es mayor. Hay que compararlas en porcentajes. Ha sido una política progresiva desde el punto de vista del reparto de la renta que ha implicado, al verlo la sociedad como
reducciones estructurales, no como reducciones anticíclicas, un nuevo dato estructural que les llevaba a nueva toma de decisiones sobre él, lo cual ha ayudado a la conexión entre la política de Hacienda y la política del modelo económico. Modelo
que ha sido fuertemente creador de empleo. Tampoco es el momento de analizar todas las causas, porque la política de Hacienda pública, conectada con el resto del modelo de política económica, le ha llevado a éste a ser fuertemente creador de empleo
desde 1996 a la actualidad. Muy de pasada, recordaré un punto muy breve: la buena creación de expectativas por parte del sector público traslada buenas expectativas al empresariado, al cual le es más fácil la decisión de contratar incluso con el
riesgo que otras veces había pensado que tenía tal decisión.
Pensemos en las dificultades del año 1993
y cómo decidió despedir a 400.000 puestos de trabajo con las expectativas que la política económica de aquel momento le llegaban. Pensemos también en que la caída de los tipos de interés ha sido curiosamente fuerte creadora de empleo,
porque el gran beneficiado de la caída de los tipos de interés en financiación -la caída de los tipos de interés es, sin duda, la base de la política de Hacienda- han sido las pymes, porque las grandes empresas pueden financiarse por otros caminos:
bolsas o sistemas mucho más sofisticados. Las pymes, no. Al encontrarse unas vías muy claras de financiación a las grandes creadoras de empleo de este país, que han sido las pymes, la relación lógica es política fiscal, caída de los tipos de
interés, financiación de las pymes y creación de empleo.
Luego, la interrelación del modelo en el protagonismo de la política de Hacienda pública es clara. Y, pensando en muchos otros temas que se podrían tocar, dicho sea de pasada, la disminución
de la brecha salarial entre lo que el empleador paga y lo que el trabajador recibe, las disminuciones del IRPF lo disminuyen y como tal ayudan a la política de empleo.
Existe lo que se podría llamar doctrina entre una parte de los que hablan en
nombre del Grupo Parlamentario Socialista que dicen que lo del empleo está muy bien, pero la productividad... Lo podría llamar, quizás, doctrina Zapatero-Sevilla-Miguel Sebastián. Hoy no la he oído. A este punto tendría que dedicarle más tiempo,
pero como no la he oído iré muy rápidamente y la definiré simplemente como doctrina Zapatero-Sevilla-Miguel Sebastián. En este campo, la frase que leo en la prensa de ayer sobre que la productividad es complementaria y no sustitutiva del empleo,
debemos contrastarla con la realidad de la economía española y con la teoría económica; con cualquiera de las dos.
Con la realidad de la economía española, muchas veces ha habido que elegir. Yo tuve algo que ver con el Gobierno de este país entre
1980 y 1982 y ante los fuertes incrementos del coste del factor trabajo de la década de los setenta recuerdo los informes del Banco de España de aquella época. En aquel momento, gran parte de la inversión lo era ex post, que subía la productividad
aparente, fortaleciendo el paro. Era una situación que por un efecto-precio era una alternativa, una elección, una u otra vía. Volvamos al año 1993, antes mencionado y año siempre interesante. Es el ejemplo de los incrementos de productividad.
Yo estoy seguro de que el Grupo Parlamentario Socialista dirá que es el gran año de los últimos 50 ó 60 años; es el año de gran crecimiento de la productividad en España. Empieza la crisis, se destruyeron 400.000 puestos de trabajo. Fue el año
más duro de la economía española desde la estabilización. Si es el mix de objetivos que se buscaba, ese año fue bueno en productividad. Quede claro. No estoy diciendo que no haya situaciones en que empleo y productividad no puedan crearse
simultáneamente. Como es lógico, se pueden crear. Estoy diciendo que en la realidad puede haber situaciones en que pueden ser conflictivas y que hay que elegir. En su día tuve el honor de trabajar con Amartia Sen que, desde el punto de vista
teórico, plantea situaciones en las que hay que elegir. El libro se titula Selección de técnicas, pero se debería haber titulado Elección de técnicas, dado su contenido entre técnicas más capital-intensivas creadoras de productividad por trabajador
empleado y técnicas más trabajo e intensivas. Cito el libro de Sen por no citar un libro de un neoclásico, pero la literatura al respecto es inmensa.
Acabaría mencionando que todas estas aportaciones dicen que hay que fijarse en la productividad
de la población activa, no de la empleada.
Como se sabe, la población activa incluye los parados, a pesar de lo que implica el término. Y la forma de mejorar la producción activa, la productividad de la población activa, como es lógico, es poner a
trabajar a los parados. He hecho esto como paréntesis. Si en este debate o en otros el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista quiere incidir, se puede recoger este tema, sin duda atractivo.
Cerremos este tema y planteemos que cuando se heredaba casi un 25 por ciento de paro era lógico, no sólo por razones económicas sino también por razones sociales, humanas, luchar contra el paro porque era la primera prioridad de la sociedad.
Cuando la tasa de empleados es muy alta, cuando vaya siendo muy alta, cuando siga subiendo, más que pensar en la productividad de la población activa, debemos ir pensando en la productividad de la población empleada. Es lógico. Lo fundamental de
este modelo es que está preparado para esto. Se ha dicho que este modelo está agotado -y ahora haré dos brevísimas notas sobre este tema-, pero sin duda no para eso. ¿Este mismo modelo es perfectamente válido? Antes al contrario, es el que hay
que preparar, el que hay que poner en marcha. Si hay que fijarse más en la productividad por empleado, sin duda este es el modelo adecuado para ello. ¿Y por qué es el modelo para ello? ¿Cómo se incrementa la productividad por empleado? Con los
incrementos de capital por empleado; capital de todo tipo. ¿Capital fijo? Recordemos lo que antes he comentado: el incremento del 10 por ciento en la inversión pública. ¿Capital privado? Recordemos lo que ha comentado el señor Montoro sobre
todos los incentivos al incremento de inversión. ¿Capital humano? Entre lo que hacen el Estado y todas las autonomías, recordemos los importantes ratios de incremento de educación y capital humano. ¿En I+D? En I+D hay dos tipos de enfoques.
Primero, lo que ha dicho el señor Montoro es claro. España, dentro de la OCDE es quien tiene mayores incentivos para I+D. Canadá, que es el segundo, está a la mitad en incentivos. ¿Que el empresario privado no utiliza todos los incentivos? Sin
duda. En su modelo de maximización de beneficios no los está utilizando. En el grado en que la economía española le lleve a que su modelo de maximización de beneficios se fije más en la productividad por empleado, lo utilizará. Ahí tiene el
cauce, todas las armas disponibles para que lo emplee en ese tránsito
que normalmente se producirá cuando con un Gobierno del Partido Popular se logre que las tasas de ocupación de la economía sean y vayan siendo -son ya mucho más- la mitad de paro que cuando heredó el sistema económico.
Sin duda lo empleará
más. Hay que relacionar mucho más el porcentaje de renta que se dedica a I+D con el estado de crecimiento del país; ese trabajo que hicimos entre unos cuantos economistas hace tiempo de llevar su última versión. Comparando el porcentaje que
dedica a I+D el sector público y lo que da respecto a la renta por persona de cada uno de los países europeos, el proceso de correlación-regresión es muy bueno.
Demuestra que una correlación-regresión es adecuada y España se encuentra bastante bien
si cogemos nada más los apoyos del sector público, lo que invierte el sector público en relación con nuestra renta. Coloquemos en sus términos este tema en el que sin duda hay que progresar. Una sociedad que se fije cada vez más en la
productividad por empleado se planteará con mayor asiduidad este tema. En resumen, hemos tenido un modelo que ha funcionado muy bien, un modelo que ha dado ese gran salto en convergencia con Europea, que ha implicado ese gran salto en empleo. Es
un modelo flexible para adaptarse a situaciones en las que, desde la vida económica, se pida más el incremento de productividad por empleado.
Haré un brevísimo paréntesis en cuanto a si el modelo está o no agotado.
Incluso he leído unas
declaraciones de un alto cargo de la Administración que concuerdan con algo en lo que estábamos trabajando sobre este tema.
Cuando se habla del modelo del ladrillo, etcétera, tenemos que recordar que la construcción residencial en España es el 7
por ciento del PIB, y que si la construcción residencial creciera al mismo ritmo que el resto de los sectores todo lo que perderíamos sería una décima del PIB. Luego, el modelo en absoluto está agotado. Si planteamos hacia el futuro una posible
recuperación europea, esa décima se recupera de sobra por el lado de la exportación, por la incentivación de la inversión, etcétera. Por tanto, es un modelo claramente válido y proyectable. Acabaría diciendo que es un modelo con una fuerte base
social, y traeré una anécdota al respecto y una pregunta al señor ministro. Tiene una fuerte base social, primero por lo que tantas veces se ha dicho: la mejor política social es la política de creación de empleo y a ella me he referido ya.
Segundo, porque aproximadamente el 50 por ciento de todo el gasto público de los próximos presupuestos es gasto social. Tercero, porque un gasto muy importante en el gasto social corresponde a las pensiones. Nos podemos remitir a cómo estaba la
situación de la financiación de las pensiones en el año 1995 y a los 13.000 millones del fondo de reserva que van a acabar existiendo al final del próximo ejercicio. Aparte de eso, desearía que el señor ministro se extendiera sobre la subida de
pensiones que ha anunciado que se va a realizar a los funcionarios y a los grupos de menor pensión, como son las viudas y otros jubilados. Me refiero a aquellas pensiones generadas con arreglo a la legislación anterior a 1985, con los posibles
cuatro puntos más deriva de uno de esos grupos, tres puntos más deriva de otro de los grupos.
Intentaré una brevísima nota sobre el presupuesto y las autonomías. Es muy distinto el lenguaje de las palabras al lenguaje de los hechos. En el lenguaje de los hechos, en la política de Hacienda, se ha demostrado lo claramente autonómica
que es. El lenguaje de los hechos es a qué porcentaje y a qué ritmo se han transferido fondos a las autonomías. El ritmo al que se han transferido fondos a las autonomías, con el señor Montoro de ministro de Hacienda, es muchísimo más rápido que
el ritmo de los gobiernos del PSOE. En el lenguaje de los hechos, que es el que hay que utilizar, resulta profundamente autonómico, cualquiera que sea el mucho menos importante lenguaje de las palabras. En resumen -y dicho sea sin acritud alguna-,
con el PSOE tuvimos un modelo de endeudamiento. En 1982, el PSOE heredó que España era el segundo país menos endeudado de Europa, con la única excepción de Luxemburgo, en la ratio deuda-PIB. Al final, la ratio deuda-PIB era muy superior a los
requisitos de Maastricht. El PP ha encauzado y reconducido ese tema. El PSOE mantuvo elevados niveles de déficit público, con el PP se ha equilibrado. Con el PP en el Gobierno, el PSOE ha vuelto a decir, estando en la oposición, que nos
planteemos modelos como los de Alemania o Francia, con déficit público. El PSOE no tenía gran credibilidad en sus presupuestos, por la diferencia entre el lenguaje de las palabras y el lenguaje de los hechos.
Pero la credibilidad de los
presupuestos se ha recuperado. En aquella época, sobre todo en los años noventa, se creaba paro; ahora hemos visto que lo que se ha creado es empleo. En el tema social también hemos visto fondos de pensiones, con la fijación de las pensiones en
una situación y el fondo de pensiones en otra. Las expectativas que originaban los presupuestos del PSOE no eran buenas. Las expectativas de estos presupuestos son probablemente la columna vertebral, el elemento básico de todo el modelo, tan
positivo, que actualmente tenemos. En aquella época se podía decir, sobre todo en los noventa, que era un modelo de déficit, paro y una elevada inflación. Ahora es un modelo de estabilidad presupuestaria, de empleo y de una tasa de inflación que
se va acercando y disminuyendo claramente el diferencial de su tasa de inflación con la Europa del euro.
En definitiva, en las elecciones -y lo vemos sobre todo en los analistas de las elecciones norteamericanas-, cuando un partido o un político se vuelven a presentar, la pregunta clásica es: ¿Está la situación mejor o peor que cuando empezó a
gobernar? Estamos haciendo un debate de Hacienda y de economía únicamente, pero creo que es justo y sincero decir que la situación en Hacienda y en la economía en general está
claramente mejor que cuando el Partido Popular empezó a gobernar, y ello se debe, en buena parte, a la magnífica labor que se ha realizado desde el Ministerio de Hacienda. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, puede contestar a
los portavoces.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a los portavoces que han intervenido esta mañana. La intención de una comparecencia, solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, a estas
alturas de la legislatura es rendir cuentas. Esa ha sido mi intervención de esta mañana, rendir cuentas ante la Comisión de Economía y Hacienda de un planteamiento de Gobierno a lo largo de estos tres años y medio largos ya transcurridos y comparar
el balance que he podido ofrecer esta mañana con el de la que fue mi primera comparencia en el seno de esta Comisión de Economía y Hacienda, así como la de hacer un balance de cumplimiento de aquellas propuestas de Gobierno que en su momento fueron
evaluadas y debatidas en el seno de esta Comisión de Economía y Hacienda. Esta mañana he pretendido ofrecer un balance en el que el sentido de la presencia económica del Estado en la sociedad española fuera precisamente una intervención del Estado
para favorecer el crecimiento económico del país, para impulsar la convergencia real de los españoles, para acercar el nivel de bienestar de los españoles al de los países más desarrollados de la Unión Europea y para avanzar claramente en el empleo.
Ese es el sentido de las políticas del Estado, repito: avanzar en la convergencia real y en el empleo y convertir a una sociedad que padecía esa lacra de desempleo en una sociedad que en esta primera década aspira a conseguir nada menos que ese
gran objetivo que parecía un sueño hace ocho años, el de ser una sociedad de pleno empleo. Ese es el sentido de las políticas del Estado, de las que hemos presentado balance esta mañana.
En primer lugar, quiero agradecer la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el día de hoy, el señor Gámir. Ha sido una intervención de una excelente calidad, y no sólo técnica sino de hondura política, expresión de lo
que es el papel del Grupo Parlamentario Popular en esta legislatura. Hay muchas ocasiones en las que parece que un grupo político que está apoyando a un Gobierno dispone de una posición relativamente cómoda, acomodaticia, de justificar la posición
del Gobierno. Quiero reconocer esta mañana, en esta última comparecencia ordinaria en la Comisión de Economía y Hacienda, el muy significado papel que ha jugado el Grupo Parlamentario Popular en la acción de gobierno, en concreto en el área de la
Hacienda pública española, liderando o coordinadando dicha actuación su portavoz en esta Cámara, el señor Martínez-Pujalte. Es una labor fundamental para el desarrollo de la acción del Gobierno. Es una labor de coordinación con el conjunto de la
sociedad, es una labor de iniciativa política continua, de llevar adelante iniciativas políticas desde el ámbito de la sociedad y también una labor de definición de la adecuación de los planteamientos del Gobierno a sus programas electorales. Ese
papel del Grupo Parlamentario Popular, que ha sido realizado con un gran prestigio, una gran calidad, y del que hoy hemos tenido testimonio en la intervención del señor Gemir, aúna experiencia, crédito científico e iniciativa política en una
intervención tan importante como la que hoy se ha producido en esta Cámara y que quiero agradecer, insisto, muy sinceramente, reconociendo el papel de los miembros del Grupo Parlamentario Popular a la hora de plasmar una acción del Gobierno que no
hubiera sido posible sin esa alta calificación técnica y de muy notable iniciativa política que ha sostenido durante esta legislatura, ya que el tener una mayoría absoluta no ha sido, ni mucho menos, un motivo para relajar la participación y la
aportación del Grupo Parlamentario Popular a las iniciativas del Gobierno. Creo que eso se ha plasmado en una mayor eficacia de esa acción del Gobierno.
También quiero agradecer la intervención del señor Bell, su última de carácter ordinario en esta Comisión (las de carácter extraordinario nunca se sabe, señor Bell) y la calidad de buen parlamentario, de la que hoy ha hecho otra vez
exhibición. Es una persona que se ha adecuado rápidamente a las condiciones de la política, aunque no es fácil hacerlo, porque no es fácil reunir a esa condición de buen parlamentario una calidad técnica y científica de fondo, que es muy necesaria
para el debate político en esta Cámara, particularmente en esta Comisión de Economía y Hacienda.
Puede sentirse satisfecho con su labor. Aquí acabo el capítulo de elogios, no vaya a estropear el final. La última intervención del señor Bell tiene
las características de las del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara, en el sentido de señalar los puntos que entiende su grupo político como críticos de la actuación del Gobierno. Obviamente estamos hablando del primer partido de la
oposición, que tiene que ofrecer los planos más críticos o débiles de la acción del Gobierno. En este juego de la política, los balances tienen luces y sombras; no todo son luces. Como entienden todos y la sociedad, a quienes tenemos la
responsabilidad de Gobierno no nos corresponde enfatizar las sombras sino, al revés, justificar y explicar las luces que se hayan podido derivar de nuestra gestión. No quiero decir que intelectualmente no reconozcamos que hay puntos débiles en esa
gestión, sin duda alguna los hay, pero ya conocen ustedes que por nuestro procedimiento parlamentario, que es el ordinario, en las sociedades modernas al Gobierno le corresponde explicar el sentido de las políticas y pedir disculpas por los fallos o
faltas de acierto que se hayan podido producir, pero también las ventajas y oportunidades que se puedan derivar de las mismas. La crítica que ha hecho el Partido Socialista, que ha vuelto a
hacer esta mañana a través de la portavocía del señor Bell, se basa en insistir en los defectos y en las sombras sin ofrecer alternativa, sin encajar esas críticas en un proyecto de alternativa. Finalizamos una legislatura sin que el
principal partido de la oposición sea capaz de explicar que sus críticas encuadran en una alternativa. Ése ha sido el principal defecto de una oposición ejercida por el Partido Socialista y ha quedado patente que no tiene una alternativa a las
políticas del Gobierno del Partido Popular, puesto que la crítica es crítica en sí misma, pero no encuadrada en un proyecto de alternativa de política económica y de política desde la Hacienda pública, un proyecto que pudiera considerarse merecedor
de un cambio o de sustituir a la política de los gobiernos del Partido Popular en estos terrenos.
El señor Bell insiste, en primer lugar, en que hay un déficit público oculto, haciendo la alegoría del cartero. El señor cartero llama todas las
veces que sea necesario a las puertas para rendir sus servicios. Sin duda alguna el cartero llama dos, tres o cuatro veces, pero la situación de finanzas públicas llama a un efecto económico. Si en España hubiera déficit oculto se manifestaría en
un efecto económico de sentido negativo o perverso. La prueba de que no hay déficit oculto está en la propia calidad de las cuentas públicas velada por los organismos públicos dentro y fuera de nuestras fronteras por la propia Eurostat, pero está
en el efecto económico que produce. Si este Gobierno hubiera sido artífice de un formidable engaño contable, lo veríamos en términos de efecto económico negativo sobre los mercados financieros presionando a los tipos de interés al alza, lo veríamos
en términos de perjuicio de actividad económica para el país. Si ese fuera el balance, si hubiéramos planteado unas cuentas formalmente equilibradas sin déficit y déficit ocultos con efectos positivos, en términos económicos, habríamos hecho ya la
exégesis de lo que es la contabilidad ficticia. Estamos muy lejos de esos planteamientos, señor Bell. Hemos hecho unas políticas presupuestarias cuyo signo han tenido unos efectos económicos positivos. Como ha señalado correctamente el señor
Gámir, lo han hecho desde la credibilidad, de la fiabilidad de las cuentas públicas, ateniéndonos obviamente a las normas contables que son las propias del SEC 95, validadas para el conjunto de la Unión Europea, y llevando adelante un planteamiento
presupuestario que articula y divide las funciones del presupuesto entre los diferentes órganos dedicados a canalizar esas funciones, incluidas las de carácter inversor, donde hay que diferenciar entre aquellas categorías de inversiones que no van a
ser autofinanciables, de aquellas otras inversiones públicas que van a ser de carácter autofinanciable. Esa división, que es una división no sólo realizable en términos de contabilidad nacional sino estrictamente económica, es la que explica que
hoy estemos haciendo también una importante inversión pública a través de organismos que están gerenciando ya infraestructuras que van a ser, en buena medida, autofinanciadas por los usuarios; política que el señor Bel celebra, como no puede ser de
otra manera ya que es racional hacerlo así.
Hay bastantes infraestructuras que tienen que ser autofinanciadas por los usuarios, por los beneficiarios directos, y tienen que tener un tratamiento presupuestario diferente, que no fuera de presupuesto
como se le llama equivocada y erróneamente por parte de algunos portavoces, no sólo políticos sino también de carácter social, que siguen hablando en España de que hay un planteamiento inversor fuera de presupuesto. No, fuera de presupuesto no hay
nada. El presupuesto del Estado contempla actuaciones relativas a la financiación de sus entes públicos y, por tanto, no hay nada fuera del control presupuestario ordinario de esta Cámara. Lo que no hay es déficit público oculto, porque si no,
insisto, estaríamos haciendo un ejercicio negativo para la propia sociedad, para la evolución económica y ahí está el resultado económico positivo en términos de credibilidad y de impacto de la política presupuestaria que estamos acometiendo.
Estamos haciendo una política presupuestaria claramente inversora y eso está ayudando a sostener la actividad económica nacional. Estamos apostando por una modernización de infraestructuras que es clave, como lo es la política de I+D+I,
donde, como también se ha señalado correctamente en la intervención del señor Gámir, el esfuerzo presupuestario en España de la actividad pública es acorde con lo que están haciendo los países de nuestro entorno europeo y se corresponde con nuestro
nivel de desarrollo económico. Es cierto que en España falta mayor presencia del sector privado a la hora de acometer esa política de I+D+I. Para eso estamos sentando las condiciones tributarias y financieras para que el sector empresarial privado
entre con más fuerza en esa participación en la política de I+D+I. Insisto en que eso, que es importante, en mi opinión se dará a partir de la evolución económica de España y del convencimiento del sector privado de que esas políticas le son
extraordinariamente oportunas para seguir favoreciendo su presencia internacional para conseguir las bases de su desarrollo económico. Desde la función pública, lo que tenemos que hacer es la apuesta por el presupuesto público en investigación,
desarrollo e innovación tecnológica, así como por los elementos fiscales, que es donde estamos siendo especialmente incisivos y favorecedores de esa modernización de la economía española.
Estamos haciendo una alta inversión pública y una alta protección social.
Estamos desarrollando unas categorías de gasto social que son importantes en nuestro país y, a medida que hemos saneado las cuentas públicas, podemos insistir en la
profundización de las mismas. Quiero reiterar esta mañana el anuncio que hacía en mi primera intervención relativa a la subida de las pensiones más bajas de los funcionarios para el año 2004, las pensiones de las clases pasivas acogidas a la
regulación anterior a 1985. El proyecto es que el Grupo Parlamentario en el Senado presente en la tramitación de los presupuestos en esa Cámara un incremento de las pensiones de jubilación que será de un 1 por ciento, además de la
actualización general, de manera que estas pensiones crecerán un 3 por ciento en su conjunto, mientras que las pensiones de viudedad subirán un 2 por ciento adicional al 2 por ciento de subida de actualización general. Las pensiones de viudedad
crecerán un 4 por ciento para el año próximo. Eso lo estamos haciendo cuando hemos saneado las cuentas del Estado. Estamos así cumpliendo nuestro programa electoral relativo a la mejora de pensiones que estaban acogidas a la legislación anterior a
la de 1985, que veían un desfase en la cuantía de esas pensiones de funcionarios, por tanto promoviendo una mejora que, como decía, beneficiará a más de 200.000 pensionistas.
El saneamiento de las cuentas de la Seguridad Social es absolutamente
básico y fundamental. Su señoría no se ha referido a la posición de las cuentas de la Seguridad Social, sin duda porque no es objeto de crítica desde el Partido Socialista. Sin embargo, quiero recordar esta mañana la importancia que tienen unas
cuentas públicas del sistema público de pensiones saneado para el fortalecimiento de la cohesión social en España, en definitiva para que el beneficio del crecimiento económico llegue a todos los estamentos de la sociedad, incluidos aquellos
estamentos que no pueden trabajar porque ya lo hicieron en el pasado y, por tanto, ya han generado los derechos suficientes.
En relación con la política tributaria, la discrepancia con el Partido Socialista es profunda. No quiero que esta mañana, respecto de esa discrepancia se venga a una mayor coincidencia. La crítica de que en España sube la presión fiscal se
deriva de la ampliación de las bases. Se justifica el incremento de presión fiscal por el incremento de las bases imponibles, que son los 4.300.000 personas que están trabajando en este año 2003 y que nunca antes lo habían hecho en España. Eso
significa una ampliación muy importante de la base del impuesto sobre la renta y también para la imposición sobre los consumos. El incremento de las bases también se deriva de la presencia de 350.000 nuevas empresas, que no existían en 1995, y que
hoy, a través de su actividad económica, están pagando impuestos, pagando impuestos sobre el valor añadido, en definitiva están explicando un incremento de la recaudación tributaria que seguramente no se da en otros países de nuestro entorno;
aunque estén creciendo, no significa que estén ampliando las bases imponibles en la cuantía y en la dimensión que lo estamos haciendo en España. Ese aumento de la recaudación tributaria está sirviendo, en primer lugar, para eliminar el déficit
público, que es un impuesto enormemente injusto y opaco, un impuesto muy elevado que teníamos en 1995, que equivalía a siete puntos de nuestro producto interior bruto. El aumento de la recaudación tributaria es para la supresión de ese impuesto y
para seguir favoreciendo una rebaja de la carga tributaria de aquellos agentes económicos y sociales protagonistas de nuestro crecimiento económico, la pequeña y mediana empresa, en definitiva el trabajador, cuya empleabilidad queremos mejorar a
través de la reforma del sistema tributario. Hoy tenemos un sistema tributario más eficiente en términos económicos, por eso recaudamos más. Parece que el Partido Socialista, a través del señor Zapatero, se ha comprometido a no subir la presión
fiscal en nuestro país. Es la promesa electoral que se le ha ocurrido formular ante la carencia de un programa de reformas tributarias mucho más completo. Como tuvimos ocasión de escuchar en el debate de presupuestos, el señor Rodríguez Zapatero
no entendía qué significaba eso de no subir la presión fiscal cuando está incrementándose la recaudación por ensanchamiento de las bases y por eficacia en la lucha contra el fraude fiscal, que en España tenemos que seguir combatiendo, sin duda
alguna. Ya me he referido en mi intervención a los avances que se han producido en materia de fraude fiscal en nuestro país en estos últimos años; fraude fiscal que se está reduciendo porque, si no, es imposible explicarse los incrementos de
recaudación tributaria que se están produciendo en España.
Es imposible explicar cómo avanza la recaudación del IVA si no fuera porque está mejorando el cumplimiento voluntario en materia de pagos del IVA, está mejorando por tanto la fidelidad de
los contribuyentes a la hora de pagar los impuestos en España, es imposible que tuviéramos semejante incremento de recaudación, como me he referido antes, en el impuesto sobre sociedades si no fuera por esa razón. Decía el señor Bel que era una
cuestión de elasticidad renta. Sí, una elasticidad renta cómo nunca habíamos alcanzado en España en el impuesto sobre sociedades. Algo habrá cambiado en el propio impuesto sobre sociedades para que desde el año 1995 a acá haya crecido su
recaudación en un 200 por cien. ¡Menuda elasticidad renta del impuesto sobre sociedades, señor Bel! Nunca habíamos alcanzado semejantes avances de recaudación, y eso significa que estamos corrigiendo también los problemas de fraude tributario y
están ateniéndose a este planteamiento.
Desde luego, hay quien explica todo en España -allá ellos con sus explicaciones, que además son muy coherentes- por el dinero sumergido, el dinero acumulado de los españoles, el dinero que aflora o no aflora. Todo lo explican así. Quiero
recordarles que algunos de los vaticinadores de nuestro comportamiento económico próximos al Partido Socialista decían que en el año 2002 en la conversión de pesetas a euros, era el afloramiento del dinero negro en España el que estaba justificando
el crecimiento del consumo y las compras de viviendas en nuestro país.
Recordarán ustedes este argumento que escuchamos hasta la saciedad a finales de 2002 y a comienzos de 2003. Se nos decía entonces que se vendían tantos automóviles, señor
presidente,
porque afloraba el dinero negro, ésa era la causa. Habían encontrado la explicación para justificarse del fallo, del craso error que cometieron en sus vaticinios económicos; ahí estaba el afloramiento del dinero negro para explicar el
comportamiento económico de los españoles causado por la conversión de pesetas a euros. Ésa era la gran explicación que se nos daba en aquel momento. Pues bien, hoy se siguen vendiendo más automóviles que entonces en España y las viviendas se han
seguido vendiendo en España todavía con más fuerza, con más intensidad, y por lo visto hay más dinero negro acumulado. Aquí ocurre de todo. En aquel momento, hace apenas dos años, afloraba el dinero negro; afloró, empujó la economía y a los
españoles les ha dado tiempo a volver a embolsar el dinero negro, se siguen vendiendo más automóviles y se siguen vendiendo más viviendas.
Esto del dinero negro explica todo, señorías. Realmente es una auténtica maravilla que un país sea capaz de
hacer ambas cosas a la vez: sostener el crecimiento económico con el afloramiento y, en dos años, volver a atesorar generando dinero negro. Es un argumento económico tan peregrino que yo comprendo que el Partido Socialista esté en él. Allá el
Partido Socialista con sus explicaciones tan coherentes, tan profundas y tan completas de la evolución económica de los españoles. La realidad económica es la que se está mostrando, hoy hay más trabajo, hoy hay más empresa, hoy más inversión, hoy
hay más internacionalización, hoy las finanzas públicas están saneadas, hoy el Estado recauda mejor y más. Ésa es la realidad, señorías, y por mucho que se quiera negar esa realidad, como bien decía el señor Gamir, ésa es la política de los hechos;
otra es la política de los lenguajes, de las simplificaciones, de las estimaciones, que por supuesto tendrán su coro mediático pertinente, pero vamos a lo que vamos, señorías, y es a explicar la evolución económica del país desde la colaboración de
unos presupuestos del Estado que no podrían financiarse como se están financiando si no fuera realmente por una recaudación que se está obteniendo con bastante más eficacia de lo que se ha hecho en el pasado. Eso no obsta para que tengamos que
luchar, como estamos haciendo, contra el fraude. Ahí están esos datos de control realizado por la Agencia Tributaria que están mostrando que hay una mayor eficacia en la lucha contra el fraude.
En términos de privatización, ya ha calificado el
señor Bel como una privatización sensata la que estamos haciendo globalmente, aparte de que él vea en alguna operación concreta que haya habido menos sensatez, pero la privatización es un proyecto de Gobierno que se está haciendo y que está
rindiendo excelentes frutos en términos de evolución económica del país y de creación de empleo. Además, se está haciendo con control parlamentario a través de la subcomisión, como ha puesto de manifiesto la señora Riera en su intervención.
Entendemos que esa participación ha sido fructífera y que esta Cámara debe continuar en esa línea en el futuro, para completar la política de financiación, que es una de las grandes reformas estructurales que ha realizado nuestro país.
En relación con la financiación autonómica, quiero recordar al señor Bel que la posición del Partido Socialista no ha podido ser más contradictoria e, incluso, si me permite S.S. en términos más coloquiales, no ha podido ser más pintoresca.
Como S.S. recordará, fue un acuerdo con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista el que cerró el sistema de financiación autonómica que hoy está vigente en España. Fue un acuerdo con las comunidades autónomas gobernadas por
el Partido Socialista; me lo dijo personalmente el presidente del Partido Socialista. Cuando llegó el momento de tramitar el cambio de la LOFCA en esta Cámara, la posición del Grupo Parlamentario Socialista fue imposible de entender. Su señoría
trata de justificarla ahora diciendo que fue falta de acuerdo en materia de gestión de la administración tributaria. Señoría, cuando se consigue un acuerdo es completo y total. Por lo tanto, ese acuerdo de cambio de la LOFCA fue el que después se
tradujo en la Ley de cesión de impuestos a las comunidades autónomas. Señoría, yo estuve presidiendo en muchos casos esas comisiones de transferencia por razón de mi cargo y no me podrá negar S.S. que hubo un acuerdo con las comunidades gobernadas
por el Partido Socialista. Hubo ese acuerdo; otra cosa es que ahora, políticamente, por la situación particular de Cataluña, ustedes digan, en un auténtico rasgo de oportunismo político, que hay que revisar ese acuerdo de financiación autonómica.
¿Qué les pareció bien hace escasamente dos años que ahora les parezca mal, señorías, si no es la falta de una política de orden nacional de la que carece el Partido Socialista? Ahora, están ustedes pactando en Cataluña con otras alternativas de
izquierda y materializando ese pacto planteándose una revisión de este acuerdo, sin importarles que esa revisión atente contra la solidaridad interterritorial en España, sin dar primacía a este valor, que fue precisamente el que permitió cerrar el
acuerdo a finales del año 2001. En definitiva, esa es la situación política de un sistema de financiación autonómica que nació con vocación de permanencia, porque nació desde el acuerdo político más amplio que se podía conseguir. Es la primera vez
que tuvimos un sistema de financiación autonómica acordado por todos los gobiernos de las comunidades autónomas de régimen común en España, al mismo tiempo, ese acuerdo de implantación de un sistema de financiación autonómica se completó con una
negociación del Concierto Económico con el País Vasco y del Convenio con la Comunidad foral Navarra. Por lo tanto, se sentaban las condiciones para que tuviéramos en nuestro país un sistema de financiación autonómico acorde con la diversidad y la
pluralidad de España que reconoce e identifica la Constitución Española. Eso es lo que hemos hecho en esta legislatura, señoría, y en modo alguno, por veleidades
políticas, podemos poner en cuestión y en tela de juicio un planteamiento del alcance político del acuerdo que dio lugar al nacimiento del nuevo sistema de financiación autonómica en aquel momento.
Quiero agradecer también la intervención
de la señora Riera, portavoz del Grupo de Convergència i Unió esta mañana, en relación con el reconocimiento de los logros macroeconómicos, que son logros -como antes de decía- de convergencia y de creación de empleo. Decía la señora Riera también
que no compartía una posición política de apoyo a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. Yo lo siento, señora Riera -lo he manifestado ya públicamente dentro y fuera de la Cámara en numerosas ocasiones- pero creo que su grupo
parlamentario se equivoca; está en una estrategia políticamente equivocada cuando no apoya unos presupuestos que S.S. ha llamado, planos y que a mí me gusta llamarlos continuistas. En los presupuestos de 2004 no estamos haciendo nada distinto de
lo que hemos hecho en los presupuestos anteriores. ¿Qué es lo que ha cambiado en la posición o en la actitud de diálogo del Gobierno del Partido Popular en relación con la presentación de unos presupuestos que en ediciones anteriores merecieron su
apoyo una política presupuestaria para el año 2004 que es continuista. Creo que su grupo y su coalición política están en una estrategia equivocada que yo lamento.
Sigo confiando en que se repare ese error, que se haga de acuerdo con el nuevo mapa
político trazado en Cataluña y que se reconozca que la colaboración de Convergència i Unió con el Gobierno del Partido Popular ha sido enormemente positiva para el desarrollo económico de todos los españoles, y de modo particular para los catalanes
donde ha habido un crecimiento económico y una convergencia real muy importante desde el año 1996 a acá y donde se han creado 670.000 nuevos puestos de trabajo.
Señoría, yo le insisto en el valor político del apoyo a los presupuestos del año
próximo, el quiebro que se hace en términos de estrategia electoral no tiene mayor sentido y no va a dar rédito político a su grupo. En fin, tendremos que seguir intentándo persuadirles de que están en una estrategia equivocada, una estrategia que
ha dado lugar a la formación de un gobierno de izquierda en Cataluña y a los problemas a los que antes me he referido en relación con la revisión del planteamiento de financiación autonómica.
No comparto su opinión en relación con la modificación de los impuestos patrimoniales porque lo que hemos hecho ha sido una cesión de impuestos patrimoniales -impuestos sobre el patrimonio neto e impuestos sobre sucesiones-, con
independencia de lo que diga una persona perteneciente al IS en una expresión poco afortunada. Respeto todas las opiniones, pero esta no me parece afortunada porque lo que dice esa persona en esa cita que usted ha mencionado ignora que no es el
Gobierno del Partido Popular el que está promoviendo la supresión del impuesto sobre sucesiones, sino que es el Partido Popular en su convocatoria de elecciones autonómicas el que lo está haciendo y lo está haciendo dentro de su legítimo
planteamiento de ofertar a los electores allí donde gobierne suprimir progresivamente el impuesto sobre sucesiones. Cuando lo hemos hecho desde el Gobierno central lo hemos compensado, como ocurrió con el caso del IAE, el impuesto sobre actividades
económicas, pero no lo estamos haciendo en el caso del impuesto sobre sucesiones y no lo estamos haciendo en el caso del impuesto sobre el patrimonio. No hay ninguna propuesta que nazca del Gobierno del Partido Popular en relación con el futuro de
ese impuesto. Por tanto, cada uno estamos en nuestra esfera de actuación. Creo que es importante que se ejerza la corresponsabilidad en las comunidades autónomas, puesto que los problemas de diferencias en el tratamiento fiscal que puedan darse
entre comunidades autónomas ya existen en España desde el momento en que tenemos haciendas forales y desde el momento en que éstas ya han ejercido la capacidad que tenían para suprimir prácticamente el impuesto sobre sucesiones.
Por lo demás, en relación con los problemas de la deuda pública, de la Ley General Tributaria, ya conocían su interpretación, lo hemos hecho para clarificar la responsabilidad subsidiaria. Hemos introducido una clarificación de los
compromisos tributarios de los agentes económicos.
En cuanto a la deuda de la Seguridad Social, no representa ningún problema. La Seguridad Social está hoy saneada y tiene un superávit que se manifiesta en su fondo de reserva. Por tanto, la deuda que mantiene con el Estado es un mero
apunte contable sin mayor consecuencia económica, no tiene mayor importancia. La supresión requeriría un cambio de la legislación básica de la Seguridad Social y de la presentación de sus balances patrimoniales.
En materia de privatizaciones, vamos a seguir en la tarea que hemos llevado adelante, insistiendo, como decía anteriormente, que en Radiotelevisión Española el objetivo del Gobierno es poner en marcha un plan de viabilidad, un saneamiento
completo, dentro del cual tendría lugar la asunción de deuda por el Estado.
Es importante, señoría, la colaboración -yo le doy un alto valor político- del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) con el Gobierno del Partido Popular, señoría. Ha funcionado muy bien en estos pasados años y yo sigo sin ver
ningún motivo en la escena política, ni en la española en general ni en la catalana en particular, para que seamos incapaces de llevar adelante una colaboración mucho más fluida, que tan positiva ha sido en términos de generación de expectativas
económicas para los agentes sociales, para los agentes económicos en toda España y en Cataluña, máxime a partir de las novedades que se dibujan en el escenario político catalán.
Por último, señor presidente, me referiré a las ideas básicas. He traído un balance que pretendía explicar
cómo las políticas del Estado han impulsado la convergencia real y la creación de empleo en nuestro país. Asimismo, quería agradecer la oportunidad de poder debatir estas políticas, una vez más, en el seno de la Comisión de Economía y
Hacienda. Sin embargo, debo poner de relieve la ausencia esta mañana de buena parte de la oposición parlamentaria en esta Cámara. Cuando cerramos las comparecencias del Gobierno, varios de los grupos que están en la oposición política de este
Gobierno no consideraban suficientemente relevante su presencia esta mañana a la hora de debatir con el Gobierno su valoración política. Así son las cosas en la vida parlamentaria. Quería ponerlo de relieve porque no cabe duda de que, además de
agradecer las presencias, el tono de las intervenciones y los argumentos, hay que poner de relieve también las ausencias que, en el caso de la oposición -no en el caso de los grupos que apoyan al Gobierno, con los que hay un buen entendimiento, que
estarían plenamente justificadas-, cuando el Gobierno viene a la Cámara a debatir sus programas y sus balances, no tiene la oportunidad de hacerlo con buena parte de la oposición; seguramente tendrá otra cosa mejor que hacer la oposición fuera de
la Cámara que atender a sus obligaciones parlamentarias esta mañana. Así son las cosas, señor presidente y así las dejo planteadas. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.) El señor PRESIDENTE: Señor Bel, sea muy escueto, por favor.
El señor BEL I QUERALT: Seré muy breve, teniendo en cuenta que había fijado la hora de votación. En primer lugar, quiero agradecer las consideraciones personales de los profesores Montoro y Gámir que saben que son recíprocas, pero no me
voy a extender porque he prometido ser breve y además porque aunque sea Navidad no hace falta sonrojarnos mutuamente.
Efectivamente, estamos en una sesión de balance del Gobierno, no de balance de la oposición. Usted el próximo mes y el siguiente, con las personas que corresponda del Partido Socialista, tendrá oportunidad de confrontar alternativas. Me
temo que llegará el día de las elecciones y seguirá diciendo no solo lo que le parece bien y lo que le parece mal, sino que no hay alternativas pero eso ya llegará.
Respecto al déficit oculto no voy a reanudar la discusión. Usted y yo sabemos que el próximo ministro de Hacienda -que espero que sea de mi partido- tendrá que abordar el tema del billón y pico de deuda de la corporación de Radiotelevisión.
Usted sabe que están sin reparar sin renovar, las cuatro radiales, N-I a N-IV, porque han tardado mucho tiempo en encontrar el sistema para que los 1.800 millones de euros que tienen previsto invertir no computen como gasto cuando se hagan, sino
durante veinte años. Usted sabe esto igual que yo, pero discrepamos en la valoración de estas cuestiones.
Afloración de dinero negro. Usted ha dicho que aquellos que profetizaban que con el cambio al euro afloraría dinero negro se equivocaban. Le voy a dar unos datos, porque creo que es importante coincidir en los datos para solo discrepar en
las valoraciones. En diciembre de 2000, el efectivo en manos de las familias, billetes, era de 53.000 millones de euros, a final de 2001 era de 41.000 millones; el efectivo en manos de las familias había bajado 12.000 millones de euros. Es un
dato. En diciembre de 2002, volvemos a 54.800 millones de euros, casi como en diciembre de 2000.
Fíjese qué rapidez en la recomposición de las carteras de dinero oculto, y todo parece indicar que en diciembre de 2003 estaremos en 60.000 millones
otra vez. Usted haga su valoración y yo hago la mía, pero no parece que no pasara algo con el dinero negro en la transición al euro y no parece que no haya un ritmo rápido de recomposición de carteras ocultas.
En materia de productividad me voy a quedar con lo que me ha parecido más positivo; ya le digo al señor Gámir que yo me apunto no tanto a lo de los proponentes, que no sería adecuado, sino a lo de los seguidores. Además, eso es
microeconomía y a mí me gusta mucho; yo creo que la macroeconomía es una especialización de materias periféricas; mejor nos especializamos en micro por las ventajas comparativas. Usted ya ha dicho que sabe que va a ser un problema y que cree que
está en vías de solución. Que el modelo económico está agotado -y eso no prejuzga los resultados que haya tenido- no lo oiga de boca de un portavoz de la oposición, porque hay mucha más gente que lo dice. Tiene usted razón cuando dice que
normalmente existe una relación entre el nivel de renta, el nivel de riqueza, de PIB, de una sociedad y la inversión que hace en investigación, desarrollo e innovación. Por eso a mí me sabe mal que en términos de esfuerzo público, en términos de
PIB, no hayamos apenas superado el porcentaje que se alcanzó en el año 1991, cuando el PIB de España era bastante menor que el de ahora. Por eso, me preocupa que cinco o seis países de los diez que se van a incorporar a la Unión Europea, aunque
tienen mucho menos PIB que nosotros, tengan ratios de esfuerzo inversor público mayores que nosotros en términos de PIB, porque la regresión funciona, pero igual nosotros somos el elemento residual.
Por último, y sin ánimo de extenderme, en materia de financiación autonómica, le diré, señor Montoro, que la persona con la que usted ha dicho que tuvo esa serie de conversaciones era la única que tenía la sanidad transferida antes del
último acuerdo -qué casualidad-, presidente de comunidad autónoma gobernada por los socialistas, el señor Chaves, que ya la tenía transferida. Los otros cinco consejeros de comunidad autónoma socialista se opusieron a la transferencia en los
términos en que ustedes la querían imponer; por eso, ustedes hicieron una enmienda a la Ley de acompañamiento que dejaba a aquellos que no aceptaran esa
transferencia fuera de cualquier modelo de financiación y a expensas de lo que decidiera cada ministro de Hacienda en septiembre al presentar los presupuestos. Es la primera vez en la historia de España en que se ha impuesto por esta vía,
además a través de una enmienda a la Ley de acompañamiento en el Senado, una transferencia con la que las comunidades autónomas destinatarias no estaban de acuerdo, no estaban de acuerdo en la forma en que se efectuaba. Si ustedes le llaman a esto
amplio acuerdo, es otra cosa. Si coincidimos en los datos -porque les aseguro que la enmienda presentada en el Senado existió-, la valoración se puede hacer a gusto de cada uno, pero la cosa ha sido así. ¿Es compatible en un país aumentar los
recursos que gestionan los entes territoriales y protagonizar una involución autonómica política? Efectivamente, si se transfiere la sanidad a varias comunidades autónomas, el nivel de recursos administrados, gestionados por las autonomías, crece,
igual que puede crecer el nivel de recursos gestionados por las diputaciones y nadie hablaría de un proceso de descentralización política. Yo estoy de acuerdo con las tesis del Gobierno de que la modificación del impuesto de sucesiones es materia
de decisión autonómica. ¿Por qué? Porque es un impuesto competencia de las comunidades autónomas y, como me creo lo de la corresponsabilidad fiscal, estoy de acuerdo -aunque mi postura no coincida con el fondo del asunto- con la idea de que es una
materia autonómica, sin embargo, sí es competencia autonómica decidir cuánto paga un viudo o viuda de sucesiones, que tiene que ver con su renta disponible, ¿por qué se ponen ustedes como se ponen con los complementos de pensiones, que también es
renta disponible? A ustedes, como no les gustaba que las comunidades autónomas pudieran establecer complementos de pensiones, aprueban en solitario una ley prohibiéndolo. ¿Que un viudo o una viuda pueden pagar diferente impuesto, según la
comunidad autónoma? Estoy de acuerdo con eso. Eso afecta a su renta disponible, pero las comunidades autónomas no pueden establecer complemento de pensiones. Creo que simplemente les molesta que las comunidades autónomas ejerzan su autogobierno.
Pero una cosa es la administración de recursos en un proceso de descentralización administrativa, y otra el ejercicio del poder político por parte de las comunidades autónomas.
Acabo. Hoy, al menos un medio de comunicación, el de más difusión en
España -espero y supongo que otros lo harán también, no he podido leer todos-, publica íntegramente el acuerdo de financiación al que han llegado los protagonistas del pacto de gobierno que dará lugar a una mayoría estable en Cataluña. Le
recomiendo que lo lea; bueno, no se lo recomiendo porque si no lo ha leído ya -que igual me he excedido-, usted sabe que tiene que estar al tanto. Habla de solidaridad interregional y de varios ítems más. Cuando lo lea, aparte de sorprenderse
mucho si se ha creído lo que han dicho antes de conocerlo, le va a pasar como con la Constitución: llevan ustedes mucho tiempo diciendo que, no se toca ni una coma de la Constitución, hasta que la semana pasada -si no recuerdo mal-, después de
algunas incursiones del señor Fraga y de algún otro prohombre del PP, como el señor Piqué, tanto el señor Aznar como el señor Rajoy empezaron a hablar de una reforma -de detalle- de la Constitución. Ya estamos pues, en un escenario en el que la
Constitución no es intocable.
De verdad creo que con el modelo de financiación autonómica va a pasar lo mismo, y sin traumas, y llegará el momento en que el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos tendrán que dialogar sobre el asunto. Ese
diálogo se tendrá que producir, lo que no prejuzga la posición que tenga cada agente, porque tampoco sabemos qué Gobierno va a haber en España.
Creo que es bueno que las relaciones entre las instituciones de un país como el nuestro, que se parece
más -aunque no sea igual- a Alemania que a Francia, sean respetuosas, flexibles y dialogantes, porque quizá descubran cosas que les sorprendan.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera; por favor, sea lo más breve que pueda.
La señora RIERA REÑE: Voy a hacer algunas referencias breves. En primer lugar, quisiera insistir en la validez, que tiene para mi grupo parlamentario, el modelo fiscal que se ha ido aplicando, y reconocer la mayor eficiencia del sistema
tributario. Ahora bien, al mismo tiempo que reconocemos la validez del modelo fiscal y los activos que el mismo tiene y ha representado, también queremos evidenciar -lo he hecho en mi intervención anterior- los aspectos más criticables de algunos
impuestos, como sucesiones y donaciones o patrimonio. Sucesiones y donaciones es un impuesto de carácter estatal, por lo que su eliminación corresponde al Gobierno, y en caso de suprimirlo, habría que proceder a las compensaciones oportunas entre
administraciones. Además he querido resaltar los aspectos mejorables de otras reformas que hemos llevado a cabo, positivas en términos de crecimiento, como la reforma del IAE. De todos modos, vista la percepción del tejido empresarial, una mejora
sobre la base de lo que ya se ha hecho podría quizá contribuir más a su efectividad.
En cuanto a la Ley general tributaria, insisto en nuestra postura, que el ministro conoce perfectamente, en relación con el apartado f) del artículo 43.1. También quería referirme a los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año,
que continuamos sin poder apoyar. Lamentamos sobre todo la nula implicación del Gobierno durante la negociación y la tramitación con nuestro grupo parlamentario y también entendemos que los presupuestos para el próximo año adolecen de poca ambición
especialmente en lo social y en las formas, en términos de comunicación y de implicación con nuestro grupo parlamentario en este caso concreto y especialmente en el sentido del ejemplo que he señalado
en mi intervención acerca de una serie de enmiendas introducidas en el Senado que son importantes y que afectan a los Presupuestos Generales del Estado y a nuestros objetivos, en especial al Plan Hidrológico Nacional.
Haré asimismo una
referencia de orden macroeconómico a la intervención del señor Gámir. He destacado en mi intervención los resultados positivos que hemos tenido en términos económicos y presupuestarios y que nos han permitido mantener unos niveles de déficit y
deuda acordes con los objetivos europeos y con el Pacto de Estabilidad. Recogiendo la reflexión del portavoz del Grupo Parlamentario Popular acerca de la importancia de dicho pacto, destaco la necesaria vigencia del mismo y su necesaria defensa
dentro del marco de flexibilidad que el mismo deba tener sobre todo como un elemento de estabilidad y de crecimiento. Pero reitero que ello no nos debe hacer olvidar los déficit que aún tenemos y a los que he hecho referencia en mi intervención,
así como algunos problemas que tenemos de orden macroeconómico como es la elevada tasa de inflación, que, de persistir, puede ser y será un elemento contraproducente en términos de competitividad y crecimiento. La competitividad en este caso
-siguiendo la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular- implica ocupación de calidad, estable, formación y también productividad porque aún tenemos unas tasas de productividad más bajas que la media europea y hemos de
incrementarlas. No voy a entrar en este debate porque sería objeto de una nueva sesión, pero sí reitero en el reto que en términos de productividad tenemos en España. Tampoco podemos olvidar los retos de presente y de futuro que desde el punto de
vista del análisis macroeconómico tiene nuestra economía, entre ellos, la ampliación europea o el proceso de deslocalización debido al fenómeno de la globalización que enfrentan nuestras empresas. Todo ello nos tiene que obligar a acelerar las
medidas orientadas a conseguir más y mejor empleo, más formación, más inversión en I+D+i, sobre todo la inversión orientada a las pequeñas y medianas empresas, para las que es más difícil incorporar la innovación en sus procesos; en definitiva una
serie de medidas en orden a acentuar y mejorar nuestra convergencia con Europa y a reforzar nuestra economía y nuestra competitividad.
Respecto al gasto social y a los presupuestos del próximo año, no eludimos reconocer las mejoras que se han registrado en las políticas sociales en los últimos años, de muchas de las cuales nos sentimos también impulsores, y reconocemos la
situación del fondo de reserva y de mayor tranquilidad respecto a la media europea que tiene la Seguridad Social, y que nos permite afrontar desde unas finanzas públicas saneadas la reforma y adaptación del sistema de pensiones como ha quedado
reflejado en las conclusiones del informe del Pacto de Toledo. Pero también es cierto que, reconociendo los avances y la situación de mayor tranquilidad y de saneamiento de las finanzas públicas eso es lo que nos tiene que permitir mejorar e
impulsar más mejoras sociales y sobre todo más efectivas, algo que, a nuestro entender, reitero, falta en los presupuestos.
Por último, y respecto al breve debate que se ha abierto en torno al sistema de financiación autonómico y a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, la posición de nuestro grupo parlamentario es suficientemente
conocida, y no quisiera dejar de mostrar mi perplejidad ante la intervención del señor Bel y de relacionarla con un oportunismo político, que es en este caso y momento la situación de Cataluña; no podemos entender la intervención de su portavoz de
otra manera.
Sólo me resta reiterar el posicionamiento que en defensa de nuestro ámbito competencial en materia de complementos de pensiones hemos mantenido y continuaremos manteniendo, porque sólo y exclusivamente, queremos el reconocimiento de lo que
constitucional y estatutariamente está establecido, en este caso, y a lo que hacía referencia el señor Bel, en términos de complementos de pensiones.
El señor PRESIDENTE: Señor Gámir.
El señor GÁMIR CASARES: Con toda brevedad, señor presidente.
La señora Riera, en su magnífica intervención, ha hecho una relación entre productividad y convergencia. Simplemente le recuerdo que en convergencia estamos mucho más cerca en lo referente a productividad que en lo referente a ocupación, y
que nuestro problema mayor para la convergencia sigue siendo el nivel de ocupación mucho más que el nivel de convergencia y que en estos momentos el ratio productividad PIB es incluso mejor que el ratio renta per cápita. Cierro ese tema.
En cuanto a lo que ha dicho otro portavoz respecto a la productividad, si medimos el incremento de la productividad en los últimos años no respecto a la población ocupada sino respecto a la población activa, que es como hay que hacerlo con
los niveles de paro que tenemos, la productividad ha crecido un 11 por ciento en vez de un 4 por ciento. No es que haya un problema de futuro, sino que, en el grado en que vaya acercándose la población ocupada a la población activa, tenemos
precisamente el modelo flexible adecuado para distintas situaciones de ocupación.
Estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que el nivel que se dedica en I+D en relación con el PIB es lógico que tenga correlación con el nivel de renta en relación con el PIB, es cierto, pero ocurre que se hace
un ejercicio de correlación regresión; incluso, dada su magnífica formación al respecto, utilizando la técnica SURE, mucho más complicada, resulta que en el nivel de I+D público en relación con el PIB en España, el valor teórico y el valor real se
igualan si hacemos la correlación regresión con los sistemas más sofisticados al respecto, lo cual nos da
otra situación, que es la que es buena para acoplarnos a modelos en los cuales haya que seguir incrementando la productividad de la población ocupada dentro de un modelo flexible que ha tenido unos excepcionales frutos de pasado (la
convergencia española ha pasado del 78 al 85 por ciento, hemos creado 4,5 millones de puestos de trabajo) y que es indudablemente el mismo modelo que podemos seguir aplicando en el futuro dada su flexibilidad.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro,
puede intervenir, si lo desea.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Con la mayor brevedad, señor presidente, voy a intentar aclarar que desde la posición del Gobierno los comentarios críticos del Grupo Socialista son normales puesto que forman parte de lo que
es la distribución de papeles de la democracia. No voy a insistir en los argumentos que ya he tratado de explicar uno por uno, algunos de ellos explicados con gran brillantez por el portavoz del Grupo Popular esta mañana, en concreto en relación
con la productividad, resumiendo una vez más un criterio político que ya ha quedado expresado con toda claridad en la sesión de esta mañana: no hay nada más improductivo más carente de productividad que para un país, que una persona desocupada;
por tanto, eso es lo que debe inspirar las acciones y las políticas del Gobierno, confiando claramente en que vencer la falta de puestos de trabajo debe inspirar toda la orientación de las políticas del Estado, que son las políticas que están en la
Hacienda pública. En cuanto a su estrategia política, insisto en que la oposición, en mi opinión, tiene en democracia la obligación no sólo de ejercer un papel crítico sino además de elaborar una alternativa. Reservar la alternativa para el
programa electoral, habiendo utilizado toda una legislatura para hacer crítica pero no para formular alternativa, hace que la falta de credibilidad con la que el Partido Socialista aborda el final de legislatura no pueda ser más completa porque el
programa electoral debe ser reflejo de la posición de toda una legislatura. El programa electoral no debe nacer como algo diferente de lo que ha sido la posición política de una legislatura, sino que es consecuencia de las posiciones adoptadas
durante esa legislatura. Y que el Gobierno de España se entere de los proyectos del Partido Socialista en el momento de la convocatoria de elecciones generales es una carencia gravísima, en definitiva, del debate político en nuestro país, que es la
carencia con la que afrontamos el trayecto último de estas elecciones generales, señor Bel. Así no se trabaja en política, en democracia, a no ser que se trabaje por necesidades del guión porque como no se tiene alternativa, ni en materia
presupuestaria ni en materia de equilibrio presupuestario, ni en materia de privatizaciones de empresas públicas ni en ninguna materia de reformas estructurales del país, y nos plantamos al final de legislatura en el discurso de que ya se enterarán
ustedes cuando se publique el programa. Obviamente, nos teníamos que haber enterado no en estos meses finales sino en los años pertinentes de legislatura si realmente hubiera habido esa capacidad de elaborar alternativas. Pero no la ha habido,
señor Bel, ha habido unas posiciones que son las del actual Partido Socialista, unas posiciones quebradas, incoherentes, que se manifestaron además en la negociación política de la financiación autonómica, señor Bel. Me correspondió dentro del
Gobierno alcanzar ese acuerdo político, para el que llevé conversaciones con todos los gobiernos autonómicos presididos por socialistas; con una persona -me refería a la persona porque es el presidente del Partido Socialista- y usted lo está
consagrando diciéndome que el acuerdo se ha conseguido con el Partido Socialista, aunque ya pude comprobar después que eso no era tanto así, pero en definitiva el acuerdo está conseguido con todos los gobiernos autonómicos socialistas y mediante las
conversaciones llevadas adelante con ellos, y lo que quería era poner en valor ese acuerdo político. Es la primera vez que tenemos un sistema de financiación autonómica en España que nace del acuerdo político de todos, es un sistema de financiación
que garantiza la cohesión territorial de España y la solidaridad no sólo entre los territorios sino también todos los ciudadanos españoles y que además promueve unos avances en términos de corresponsabilidad fiscal y de autogobierno financiero de
nuestro país como nunca antes se habían alcanzado. Por tanto, si eso se consigue, no se puede hablar de involución autonómica cuando se está desarrollando plenamente el sistema de financiación autonómica, incluida la transferencia de la sanidad,
que está incluida a su vez en la financiación; no es una financiación incondicionada sino que es una financiación dentro del sistema de financiación autonómica, razón por la cual no se podía hacer esa transferencia de sanidad si se estaba fuera del
nuevo sistema de financiación autonómica. Eso es lo que ocurrió y lo que tiene que ocurrir en adelante con la negociación, con las conversaciones con el nuevo Gobierno de Cataluña, con el que tendremos que tener las relaciones institucionales
ordinarias, normales, advirtiendo que el Gobierno de España no va a admitir ningún sistema de financiación autonómica que sea insolidario -eso es lo que quiero decir-, y por tanto, antes que entrar en el detalle de la propuesta del nuevo Gobierno de
Cataluña, tengo que esclarecer que nos preocupa fundamentalmente la solidaridad interterritorial en España y que eso es perfectamente compatible con llevar adelante una negociación y un diálogo fructífero, y estoy convencido de que lo haremos así
con el nuevo Gobierno que se forme a partir de la coalición en Cataluña.
En relación con la posición política de Convergència i Unió, su portavoz reitera argumentos como la falta de diálogo y de entendimiento. En definitiva, creo que estamos ante una posición política equivocada, señora
Riera, e insisto en que la disposición del Gobierno es superarla en las nuevas circunstancias y condiciones que se han dado en Cataluña y recabar su colaboración en la tramitación última en el Senado de los Presupuestos Generales del Estado
para el año próximo. También quiero insistir en que la preocupación por la productividad guía las acciones y las políticas del Gobierno.
Finalmente quiero reiterar mi agradecimiento al Grupo Parlamentario Popular, hoy tan dignamente representado
por el señor Gámir, pero insistiendo en lo que ya he dicho en mi primera intervención, y es que el papel del grupo parlamentario es fundamental a la hora de desarrollar, y dar plenitud a las acciones de gobierno, a la hora de conectar las acciones
de gobierno con la realidad social y, en definitiva, a la hora de plasmar esas acciones de gobierno y concretarlas en un proyecto político como el que representa hoy el Partido Popular en España. Por eso quería agradecer en esta última sesión
ordinaria de la Comisión de Economía y Hacienda el papel básico del Grupo Parlamentario Popular a la hora de desarrollar una importante iniciativa legislativa y una importante acción en materia de modernización de las políticas de la Hacienda
pública.
También quiero agradecer el papel de la Mesa de esta Comisión de Economía y Hacienda a la hora de facilitar la acción del Gobierno y agradezco y felicito al presidente de la misma, señor Lanzuela, por la excelente disposición que ha tenido
desde su acción institucional para desarrollar los trabajos de esta Comisión. Asimismo, agradezco a los letrados y a los diferentes servicios de la Cámara su apoyo, así como a los medios de comunicación, que han trasladado fielmente los mensajes y
los planteamientos que hemos desarrollado en las diferentes sesiones a las que he tenido la oportunidad de asistir en el seno de esta Comisión. Es un capítulo de agradecimientos sinceros, como se corresponde con una acción y con un debate político
tan importantes y tan completos como los que nos ha permitido desarrollar la Comisión de Economía y Hacienda a lo largo de estos casi cuatro años de legislatura que comenzó en 2000 y que apunta ya hacia una nueva legislatura en 2004.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
A continuación procederemos a las votaciones, en primer lugar la de la primera proposición no de ley del orden del día, que vamos a votar de acuerdo con el texto acordado que tienen los portavoces, por lo que no hace falta que lo lea.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley del punto segundo, relativa a la creación de una oficina insular de gestión catastral en la isla de Lanzarote. (El señor Reguera Díaz pide la palabra.)
Señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Señor presidente, hemos llegado a un acuerdo sobre una transaccional que dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que implante una oficina de gestión catastral en la isla de Lanzarote a la mayor
brevedad posible, con el fin de agilizar y atender adecuadamente el nivel de expedientes existentes en la actualidad, derivado del crecimiento poblacional y urbanístico que ha experimentado la isla.
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna intervención más, pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.