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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 883, de 09/12/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 883
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 93
celebrada el martes, 9 de diciembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley
- Sobre la construcción de la carretera de Campdevànol (Girona) a la Pobla de Lillet y Guardiola de Berguedà (Barcelona). presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002102.) ...
- Sobre emisión de una moneda, de sellos y demás signos de franqueo conmemorativos del vigesimoquinto aniversario de la aprobación del estatuto de autonomía del País Vasco. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/002346) ... (Página 28063)
- Sobre financiación de las obras de infraestructura del metro ligero de Granada. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista (Número de expediente 161/002272.) .(Página 28066)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa (Folgado Blanco), para informar sobre la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012. A petición del
Gobierno. (Número de expediente 212/001828.) ... (Página 28068)
Se abre la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE CAMPDEVÀNOL (GIRONA) A LA POBLA DE LILLET Y GUARDIOLA DE BERGUEDÀ (BARCELONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002102.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Primer punto del orden del día, debate sobre la siguiente proposición no de ley: Construcción de la carretera de Campdevànol (Girona), a la Pobla de Lillet y Guardiola de Berguedà, en Barcelona. Es su autor el Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: El 20 de febrero de 1998, el Ministerio de Industria y Energía y el presidente de la Generalitat de Catalunya firmaron un protocolo de colaboración y de desarrollo económico alternativo a las zonas mineras del
carbón, en el que figuran varias iniciativas.
Actualmente y después de varias actualizaciones y revisiones está vigente el acuerdo suplementario que llevaba este protocolo, en el que hay varios proyectos. Desde entonces algunos de los proyectos están paralizados o no se ha acordado su
desarrollo definitivo. Entre los que parece que estén paralizados o que tengan algún tipo de problemas para su desarrollo figuran las obras de la carretera de Campdevànol, en Girona, a la Pobla de Lillet y Guardiola de Berguedà, en Barcelona.
Esta, señorías, es una infraestructura vital para la vertebración de las comarcas del Ripollés y Berguedà y su integración en el resto del territorio de Catalunya. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de comarcas de alta montaña que se han
visto muy afectadas por las crisis industriales, sobre todo de finales de los ochenta y principios de los noventa. Ripollés era una comarca con una industria de textil muy desarrollada que como consecuencia de las crisis y reconversiones que ha
habido, que han sido varias, ha quedado muy deteriorada. Igual ocurre con la comarca de Berguedà, que compartía también la industria de cabecera en textil con la industria del carbón. En algunos casos han desarrollado actividades ligadas al
turismo rural y también al turismo de invierno, por lo que las infraestructuras cobran una importancia vital, sobre todo para la interrelación entre los pueblos de la zona. Por eso, los ayuntamientos de esta zona vienen reivindicando la urgente
necesidad de que se inicien las obras y que se desarrolle este proyecto, y los ciudadanos de las dos comarcas se han manifestado a favor de este proyecto.
La cooperación entre las administraciones públicas es buena y deseable en todos los casos, pero en este es fundamental porque no podemos trasladar a los ciudadanos la imagen de una discrepancia entre la Administración del Estado y la
Generalitat de Cataluña y que, al final, los que paguen las consecuencias sean los ciudadanos de estas zonas que, como les decía, ya han sufrido toda una serie de circunstancias que les ha creado una situación económica complicada.
Lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es que entre la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña se suscriba un convenio específico que garantice el cumplimiento del tercer acuerdo de protocolo entre el Ministerio de
Industria y la Generalitat de Cataluña, para proceder a la construcción de la citada carretera de Campdevánol, en Girona, a la Pobla de Lillet y Guardiola de Berguedà, incluyendo la conexión con la N-620, un eje pirenaico, mediante la ejecución de
una variante de dicha carretera a su paso por Campdevánol.
Pedimos que se acuerden con la Comunidad Autónoma de Cataluña las fórmulas compartidas de financiación que sean necesarias para garantizar la cobertura de los costes del proyecto, porque en una carta que el señor Folgado, secretario de
Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, envió en 2002, hace un año, al alcalde de la Pobla de Lillet, don Joan Casanova Guitart, le manifiesta que uno de los problemas que existe para el desarrollo de
esta carretera es el coste. Al parecer, en el momento en que se firmó este acuerdo se establecieron unos costes que posteriormente, a la hora de proceder al desarrollo del proyecto, resultaron superiores a los previstos. En dicha carta se
hace notar que ha habido otras comunidades autónomas que han establecido planes complementarios cuando se han producido problemas de este tipo. Lo que pretende esta proposición de mi grupo parlamentario es que se desarrollen los acuerdos necesarios
entre la Administración del Estado y la Generalitat de Cataluña, al nivel que corresponda, pero que se haga con urgencia y se inicien las obras de esta carretera que, como les indicaba anteriormente, es vital para estas dos comarcas y su
integración, no sólo en la red de infraestructuras de Cataluña en igualdad de condiciones, sino para el desarrollo del Ripollés y del Berguedà, para que la gente joven y las personas que en estos momentos habitan estas dos comarcas tengan la
posibilidad de desarrollar proyectos económicos e industriales que les permitan trabajar y permanecer en sus comarcas, cosa que, sin infraestructuras, señorías, es más que difícil que puedan realizar en el futuro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Señor presidente, no querría reiterarme sobre lo que ha dicho la señora López i Chamosa, ya que hemos estado hablando antes de empezar la sesión de la Comisión y hemos visto que podríamos llegar a una
transaccional en el sentido de la propuesta que trae el Grupo Parlamentario Popular, es decir, que se respetaran los criterios del Plan del carbón de reparto de fondos mineros, para lo que se propondrá a la Generalitat la cofinanciación de la
actuación propuesta.
¿Qué es lo que queremos decir con esto? Como muy bien ha dicho la señora López i Chamosa, es una realidad que en las comarcas del Berguedá y del Ripollés había anteriormente unas zonas mineras que se tienen que reconvertir, con cargo a las
comunidades autónomas, y así ha quedado de manifiesto por los protocolos firmados por el Ministerio de Industria y Energía para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras, tal como se recoge en el Plan del carbón del año 1998-2005 y sus
anexos. Dado que todavía estamos dentro de este periodo y que ésta es una comarca en expansión que en este momento tiene unas infraestructuras insuficientes, nosotros proponemos esta transacción para llevar a cabo la actuación propuesta en la
comarca del Berguedá y del Ripollés. También tenemos que decir que tiene que haber una coparticipación por parte de la Generalitat, ya que tiene que existir una ayuda mutua entre ambas administraciones. Desearíamos que esta infraestructura se
desarrollara lo antes posible para el bien de la Comunidad Autónoma de Cataluña y especialmente de estas dos comarcas, tanto del Berguedá como del Ripollés.
Nos gustaría saber si la señora López i Chamosa nos aceptaría esta transaccional, que haríamos llegar a la Mesa antes de las votaciones.
El señor PRESIDENTE: Señora López, tiene la palabra para manifestar su aceptación o rechazo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Acepto la transaccional. Durante el debate de las otras proposiciones no de ley la redactaremos y la haremos llegar a la Mesa antes de la votación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE EMISIÓN DE UNA MONEDA, DE SELLOS Y DEMÁS SIGNOS DE FRANQUEO CONMEMORATIVOS DEL VIGESIMOQUINTO ANIVERSARIO DE LA APROBACIÓN DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DEL PAÍS VASCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/002346.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 3.º, proposición no de ley sobre emisión de una moneda, de sellos y demás signos de franqueo conmemorativos del vigesimoquinto aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País
Vasco, dejando para el debate siguiente el punto 2.º, sobre infraestructura del metro ligero de Granada.
Para la defensa de esta proposición no de ley, de la que es autor el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: El motivo de presentar nuestra proposición no de ley tiene que ver con la celebración, en este año 2003, del vigesimocuarto aniversario del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Como es obvio, en el año 2004
celebraremos el vigesimoquinto aniversario. Tal y como ocurrió en la fase de elaboración del Estatuto de Autonomía del País Vasco, nos hallamos en esta ocasión ante una convocatoria electoral, hecho que nos obliga a plantear con una suficiente
antelación a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que realice la impresión de todos aquellos signos de franqueo y demás elementos que puedan dar un valor añadido a la conmemoración de esta fecha.
El Estatuto de Autonomía de Gernika supuso la plasmación normativa del anhelo del País Vasco de desarrollarse como pueblo insertado en una Europa constitucional. Es a su vez, y de manera inseparable, un marco de autogobierno y un marco de
convivencia. Es fruto de una negociación que se dio entre los representantes políticos e institucionales y la Administración central. Es el resultado de un pacto interno entre los propios vascos. Quien diga que el Estatuto de Autonomía de Gernika
no fue aprobado por los vascos dice una falsedad. Se aprobó en los tres territorios del País
Vasco y con una sobrada mayoría. El estatuto es una expresión de autogobierno de la sociedad vasca y de la legalidad democrática respaldada por la ciudadanía en un referéndum en el año 1979. En esa fecha se reparaba, para nuestro país, una
injusticia histórica. Se daba satisfacción a profundas y legítimas aspiraciones que durante décadas habían sido secuestradas por la dictadura, finalmente alcanzadas en un contexto de recuperación de todas las libertadas en el conjunto de España.
Además el estatuto es un marco de autogobierno. Gracias al estatuto el País Vasco ha podido vivir el mayor período de autogobierno de toda su historia contemporánea, al dotarse de un entramado de instituciones que responden tanto a su tradición
histórica como a sus peculiaridades políticas. Nunca como hasta el presente el País Vasco ha disfrutado de tanto poder político del que hoy disfruta y que se concreta en el Concierto Económico que nos concede una envidiable capacidad fiscal, una
policía autonómica con plenas competencias, un Gobierno y un Parlamento con amplias atribuciones y unas competencias amplísimas en materias vitales para la vida cotidiana de las personas, como son la educación, la sanidad, los servicios sociales y,
en general, todo lo que tiene que ver con el bienestar de la ciudadanía. Como fruto de un pacto ha sido y sigue siendo el punto de encuentro necesario que requiere el especial pluralismo del país, un pluralismo que se acentúa en todo aquello que se
refiere a la definición y vivencia de la singularidad vasca y a la relación que ésta debe tener con el conjunto de España; por un lado, como fórmula que ha permitido relacionar nuestra tradición foral con un marco constitucional y, por otro,
consagrando el valor del consenso como método adecuado para avanzar en la construcción de un país unido en su pluralidad interna y en su convivencia democrática.
Cualquier aproximación a etapas anteriores nos muestra que los vascos nunca jamás tuvimos tanto autogobierno como el que se ha creado con el estatuto. Cualquiera que sea el país que tomemos como referencia, ya sea un Estado federal o uno
confederal dentro de un Estado, no hay ninguna región o nacionalidad o comunidad autogobernada que tenga tanta autonomía como tiene Euskadi. Las principales actividades públicas de un Gobierno, las que afectan más a la ciudadanía porque responden a
servicios públicos esenciales están en manos del Gobierno vasco desde hace más de diez años.
La aplicación, durante los últimos veinte años, del Concierto Económico, asumido por todos los españoles, nunca hemos de olvidarlo, ha permitido al País
Vasco salir de la crisis industrial de los ochenta, modernizar las infraestructuras y el aparato productivo y alcanzar un alto grado de cohesión social como consecuencia de un importante esfuerzo en política redistributiva. Ninguna comunidad
autónoma ha llegado a este grado de desarrollo y ello ha sido gracias a una sociedad laboriosa y esforzada, pero también al Concierto Económico, que nos ha dado un nivel de financiación muy elevado.
Estas apreciaciones pueden condensarse en una, que el autogobierno vasco es una realidad incuestionable y de gran solidez, producto del esfuerzo conjunto de muchos años, una realidad de la que nadie se puede apropiar en exclusiva. Es mucho
lo que se ha construido durante más de veinte años, pero que nadie trate de ponerlo en cuestión irresponsablemente abriendo un período constituyente para Euskadi como el nacionalismo soberanista pretende. El desarrollo estatutario ha ido poniendo
en manos del País Vasco los medios indispensables para abordar con eficacia nuestros principales problemas políticos, económicos, sociales y culturales. Nos concede una evidente capacidad de decisión prácticamente en todos los ámbitos que tienen
que ver con el bienestar de los ciudadanos. Hoy se puede afirmar que nueve de cada diez actuaciones de la vida diaria y el futuro de nuestra sociedad dependen fundamentalmente de las decisiones que se adoptan o pueden adoptarse desde nuestras
instituciones de autogobierno. No nos limitamos pues al poder político que los vascos hemos conseguido. El lehendakari Ardanza dijo: Somos el Estado dieciséis de la Unión Europea. No lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, señorías, no lo
dice ninguna persona que no ponga en valor aquello que gracias al Concierto y que gracias al estatuto de autonomía ha conseguido el País Vasco, que es un autogobierno pleno.
Queremos dejar en esta Comisión una valoración que nos hacen muchas personas, muchos ciudadanos y ciudadanas vascos. Es la siguiente: si puede ponderar o valorar algo de cero a diez, ¿qué calificación daría usted a un estatuto que se ha
transferido en el 9,6? Todo el mundo dice un sobresaliente. Esa es la calificación y la nota que obtiene el Estatuto. El estatuto en la actualidad tiene un sobresaliente. En la estrategia política hemos decidido que vamos a apoyar más estatuto y
vamos a pedir más estatuto. Sin embargo, tenemos 34 medidas por las cuales queremos que el estatuto avance, siga desarrollándose y siga transfiriéndose. Lo que no podemos obviar es que es necesaria una cohesión interna, el respeto a las
libertades, el respeto a los derechos constitucionales, el respeto a la libertad, el respeto a que todas las personas puedan defender en igualdad de condiciones los valores cívicos y los valores de ciudadanía. Estamos convencidos de que utilizando
nuestro poder político para garantizar libertades y derechos, niveles de bienestar y respeto al pluralismo obtendremos un clima de sosiego que permita caminar por la senda del pacto y del acuerdo en nuestro país.
Pensamos que en la estrategia
actual hay un pequeño problema, que nadie está debatiendo con relación al plan Ibarretxe, sino que los debates que se están planteando en nuestra sociedad van más a los procesos y a los procedimientos que al fondo de la cuestión y también esto se
debe recuperar y retomar en otra línea. Ya lo dijo el Rey: La Constitución no es de nadie, tratémosla con moderación, dialoguemos y seamos participativos. Por ello digo, señorías, con relación al estatuto, que se merece un homenaje, es algo que
puede
y debe acometer simbólicamente la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
Quiero decirles también que en relación con la enmienda presentada por el Grupo Popular en el Congreso, estamos de acuerdo en que se eliminen las monedas. Sabemos muy bien que las monedas de curso legal hace ya tres años que no se acuñan en
nuestro país, pero eran monedas de carácter simbólico que también se han hecho para el 25.º Aniversario de la Constitución o para muchas otras actuaciones que son simbólicas. Cuando decíamos en la Fábrica de Moneda y Timbre pedíamos que se acuñaran
monedas, pero monedas que fueran simbólicas o para coleccionistas. Si el Gobierno considera que no es oportuno ni es adecuado, nos parece bien, y vamos a aceptar la enmienda.
Por último, lo que sí quiero decir es que el Estatuto de Autonomía del País Vasco tuvo cuerpo de ley y alma de pacto, y esta alma es la que no queremos desde el Grupo Socialista, desde los socialistas vascos, que se pierda en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Carriegas.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: En primer lugar, agradezco a la portavoz del Partido Socialista que acepte la enmienda y que traiga esta proposición no de ley a este foro porque siempre es un buen momento para celebrar el Estatuto de Autonomía
del País Vasco y recordar todos y cada uno de los valores y principios que hacen que este estatuto sea hoy uno de los mayores símbolos de la democracia y la libertad de todos los ciudadanos en España. También querría aclarar, una vez manifestado el
agradecimiento, que la enmienda que hemos planteado recoge íntegramente la parte dispositiva de la proposición no de ley que plantea el Grupo Socialista, excepción hecha, como ya ha aclarado la señora Cortajarena, de la propuesta de emisión de
monedas. Quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' que, como saben, las monedas españolas de euro tienen unos diseños establecidos, en comunión con nuestros socios de la Unión Europea, que no podemos modificar en este momento.
Decía que siempre es buen momento para defender el Estatuto de Autonomía del País Vasco, que esta excusa, permítame la expresión, de pedir que se emitan sellos y demás signos de franqueo es una buena excusa para reivindicar, desde la postura
en la que lo ha hecho la señora Cortajarena, la vigencia del estatuto de autonomía. Más del 90 por ciento de los vascos el 25 de octubre de 1979 votaron a favor del estatuto de autonomía. Parece razonable pensar que cualquier iniciativa legítima
que plantee modificar el estatuto de autonomía cuente al menos con una voluntad de alcanzar consensos cuando menos que se equiparen o superen a los logrados hasta el momento, es decir, consensos que puedan suponer un incremento del 90 por ciento de
los ciudadanos vascos en apoyo de dichas modificaciones. Se hacía referencia hace muy poco a las declaraciones de Su Majestad el Rey acerca de la flexibilidad. Hay que ser flexible en la lectura de la Constitución, pero debemos de ser inflexibles
en el extraordinario apoyo ciudadano que debe ser capaz de respaldar las modificaciones que se puedan plantear, tanto en la Constitución como en los estatutos de autonomía.
El desarrollo estatutario ha sido signo de progreso en el País Vasco y por ende de la España constitucional. El estatuto de autonomía tanto en el País Vasco como en el resto de las comunidades autónomas española emana de la Constitución que
le da sentido y encaje. Tanto la Constitución como los órganos que emanan han sido fruto del diálogo y del pacto, nunca de la presión y nunca de la ruptura, siempre desde la búsqueda permanente de puntos de encuentro y desde luego de acuerdos que
hagan posible una mejora, un crecimiento de nuestro país. El otro día oía un ejemplo que creo que puede ser traído a colación y que parece muy oportuno. No parece razonable derribar el edificio cada 25 años, parece razonable hacer las
modificaciones que por el paso del tiempo vaya necesitando el edificio, pero no parece razonable y nosotros no estamos dispuestos a aceptar que se derribe el edificio de nuestra convivencia cada 25 años por mor de unos intereses minoritarios que son
los que en este momento representa el nacionalismo gobernante en el País Vasco, gobernante pero minoritario. El plan que nos plantea en estos momentos el lenhendakari Ibarretxe desea modificar consensos desde posturas unilaterales que sólo
producirán frenos históricos a nuestro desarrollo y desde luego una mayor dosis, si cabe, de incomodidad y miedo de los ciudadanos que opinen de manera diferente a los nacionalistas vascos. Resulta de todo punto imprescindible recuperar la senda
del diálogo y el pacto, como diría el lehendakari Ibarretxe del diálogo hasta el amanecer, pero es algo que hay que llevar a efecto no sólo predicar, y entendemos que es imprescindible hoy también en esta sala del Congreso de los Diputados hacer una
reivindicación sobre lo que supone y lo que estamos seguros vamos a seguir suponiendo como de enorme valor que es la potencialidad y el valor, insisto, del estatuto de autonomía y de la Constitución española.
Estoy seguro que esto que hoy hacemos
aquí, que es instar al Gobierno a que la Comisión de programación de sellos y demás signos de franqueo de Correos emita un sello conmemorativo del 25.º Aniversario del Estatuto del País Vasco, se repetirá en el 50.º aniversario y en el centenario
del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Dios quiera que así sea.
El señor PRESIDENTE: Señora Cortajarena, tiene usted la palabra.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Solamente es una cuestión de matiz. Las personas y el Grupo Parlamentario Socialista, que hemos presentado esta iniciativa parlamentaria no creemos que sea una excusa la celebración del 25.º aniversario del
Estatuto de Autonomía de Gernika, e implicar en algo tan simbólico como eran los signos de franqueo o la moneda su celebración, es decir, implicar a las instituciones del Estado de la Administración
central a que se solidaricen y se sientan vinculados con ella. Por eso digo que para nosotros no era una excusa sino un motivo importante.
El señor PRESIDENTE: Señor portavoz del Grupo Popular.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Muy brevemente.
Lo he dicho en el tono adecuado, porque no pretendía minusvalorar la iniciativa del Grupo Socialista, sino justamente lo contrario, que me parecía oportuna, valga la expresión y si es equivocada rectifico, la excusa, en el sentido de que
entendamos la oportunidad de la iniciativa que planteaban para una vez más reivindicar la validez, la permanencia y desde luego el enorme valor que tiene en sí mismo el Estatuto de Autonomía del País Vasco.
- SOBRE FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL METRO LIGERO DE GRANADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 161/002272.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la proposición no de ley del punto número 2, sobre financiación de las obras de infraestructura del metro ligero de Granada, de la cual es autor el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa,
tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, como es conocido, el desarrollo de grandes áreas urbanas en el entorno de las ciudades, sin duda está generando serios problemas de movilidad, de tráfico y de contaminación.
Eso que hace unos años
sólo se veía en ciudades como Barcelona, Bilbao, Valencia o el propio Madrid, hoy ya afecta a algunas de las ciudades andaluzas. Sevilla, Málaga y Granada son tres ejemplos de que es necesario configurar ámbitos metropolitanos que sean sostenibles,
tanto desde el punto de vista ambiental y energético en general como sobre todo de desarrollar modelos alternativos de transporte, en definitiva metro ligero urbano y también metropolitano, que resuelva esos serios problemas.
En ese sentido es prioritario que se articule ese nuevo modelo, y en esa estrategia de gestión coincide la Junta de Andalucía con las recomendaciones sin duda del Libro Blanco de Transporte Europeo. El Gobierno andaluz ha desarrollado en
esa línea tres proyectos de metro ligero para las tres ciudades andaluzas que antes he nombrado, para Sevilla, Málaga y Granada. Para ello ha contado sin ninguna duda, en primer lugar, con los ayuntamientos de las capitales y, cómo no, con los de
las respectivas áreas metropolitanas. Además lo ha hecho contando con la financiación, que entendemos muy positiva, del Banco Europeo. Estos convenios que se han firmado con los ayuntamientos, aseguran por supuesto una titularidad pública para la
inversión en unos porcentajes que están en el 75,25 por ciento entre lo que es la Junta y los ayuntamientos, pero entendemos que las aportaciones del Gobierno central deberían también reducir esos esfuerzos inversores de las administraciones
autonómica y la local, como se ha venido haciendo en los casos que he citado del metro de Bilbao, de Barcelona, de Madrid o de Valencia. La realidad no ha sido así y es que la Junta de Andalucía ha hecho varias peticiones al Ministerio de Hacienda,
pero aún no se ha asumido ningún compromiso de financiación con los tres metropolitanos andaluces. Es verdad que llevan distintas fases. El metro de Sevilla va más avanzado, incluso se han iniciado las obras, mientras que en el caso de Granada el
cambio de Gobierno municipal en las últimas elecciones ha retrasado parte del trayecto, no así la totalidad del mismo. Por eso, señorías, quiero centrarme en el caso del metro ligero de Granada, que tanto la provincia como el Grupo Parlamentario
Socialista entendemos necesario para un área metropolitana que cuenta ya con 32 municipios y que tiene una población de casi medio millón de ciudadanos, donde además la ciudad se ha convertido en el núcleo al que se desplazan muchísimas personas a
trabajar y con un casco histórico muy complicado. En ese sentido, la Junta aceptó las alegaciones del Ayuntamiento de la ciudad de Granada para ampliar la propuesta inicial que hizo la Junta de una sola línea de metro a otra, una segunda línea, en
este caso urbana, que cruce la ciudad por el centro y así también resolver los problemas de tráfico del casco histórico. Es verdad que a pesar de haberse aceptado estas alegaciones y que el metro ligero de Granada pudiera empezar su andadura
administrativa, y según las previsiones de la Junta de Andalucía haber iniciado la licitación de las dos líneas en 2004, la realidad es que este verano con la nueva corporación se anunciaron cambios importantes tanto en el modelo como en el trazado.
Por tanto, en este momento estamos en la siguiente situación.
El proyecto prevé dos líneas para Granada, la metropolitana y la urbana; la metropolitana lógicamente que unirá los pueblos y la zona urbana, que será la que pasará por el centro. La
línea urbana ya ha anunciado la Junta que se va a retrasar por las peticiones del nuevo equipo municipal, que en parte han aceptado algunas de las alegaciones, aquellas que implican el soterramiento en las zonas en donde lo exige la propia orografía
de la ciudad o la zona de casco histórico que son menos complicadas, pero hay otra parte que necesita un nuevo estudio informativo de viabilidad de ese nuevo ramal. Me estoy refiriendo obviamente a la zona centro, donde además confluye el paso del
río Darro.
En ese sentido, la Junta se ha comprometido a contratar antes de final de año ese nuevo estudio informativo para agilizar los trámites de la línea urbana, pero también ha anunciado que va a seguir actuando en la primera línea que va a
enlazar la capital con el área metropolitana y que ya ha superado la fase de alegaciones, tiene el trazado definitivo y se prevé licitar en el año 2004. Por tanto, es importante, es prioritario y además entendemos es el momento de iniciar contactos
con la Administración central, con el Gobierno, para poder concretar definitivamente lo que
es la financiación de la inversión por parte de la propia Administración central, la autonómica y la local. Además, las ciudadanas y ciudadanos granadinos no entenderían que se discriminaran a las ciudades andaluzas, y lo mismo que se ha
hecho con otros transportes metropolitanos de otras ciudades, hay que contribuir al menos aportando el 33 por ciento a la financiación de este metro ligero de Granada. Es verdad, señorías, que el Grupo Parlamentario Popular acaba de ofrecernos una
transaccional, que vamos a estudiar y a contestar en su momento oportuno al portavoz, pero quiero decirles sobre todo que para la ciudad de Granada es importante el desarrollo de esta infraestructura, porque resolvería no sólo esos graves problemas
de configurar el área metropolitana y resolver de forma sostenible esas soluciones que nos daba el Libro Blanco del transporte europeo, sino también porque se trata de una ciudad realmente complicada por su casco histórico. En ese sentido, la
propuesta que hace el Partido Socialista es instar al Gobierno para que en el plazo más breve posible firme un convenio con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada, que recoja las aportaciones económicas de cada una de las tres
administraciones para financiar esta obra de infraestructura del metro ligero de Granada. Espero que podamos llegar definitivamente a un acuerdo con el Partido Popular, porque les aseguro que para Granada es vital esta infraestructura.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Ayllón.
El señor AYLLÓN MANSO: Después de haber estudiado con detenimiento la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y después de haber consultado a nuestros compañeros de la circunscripción de Granada y de analizar
en profundidad todas las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de unos nuevos sistemas de transporte urbano y metropolitano para la ciudad de Granada y su zona de influencia, hemos de decir que el Grupo Parlamentario Popular siempre ha
sido favorable a los proyectos de cofinanciación de las infraestructuras de transporte.
Entendemos que en una buena solución para los problemas de transporte que tenemos en una sociedad que cada vez es más avanzada y con una economía cada vez más
fuerte, es importante que tanto la Administración local como la Administración autonómica y la Administración general del Estado se involucren en la solución y en la financiación de ese tipo de proyectos.
Así se ha hecho en el pasado con otras
obras de infraestructuras muy importantes, como puede ser el metro de Madrid o el metro de Barcelona, tal y como lo ha anunciado también en su intervención la señora Pleguezuelos, y creemos que no tiene que ser de forma diferente en el caso de
Granada. Es cierto que en una obra de esta magnitud y en una innovación tan importante en materia de transporte como de la que estamos hablando aquí esta mañana, no es únicamente una cuestión a discutir la financiación de la misma, sino que también
tiene evidentemente en su período anterior una serie de situaciones importantes, como es el decidir cuáles son los trazados, cuáles son las mejores circunstancias para poder proveer ese tipo de infraestructuras de transporte, y esa ha sido la labor
en la que durante todos estos meses anteriores al momento en el que nos encontramos ahora, han trabajado las dos administraciones más directamente involucradas, como son en este caso el Ayuntamiento de Granada y la Junta de Andalucía.
En la exposición de motivos de la proposición no de ley se hace una explicación prácticamente histórica de lo que han sido estos meses anteriores al momento en que nos encontramos, y sí es verdad que me llama la atención hablar de la
improvisada propuesta del Ayuntamiento granadino en el momento de presentar estas alegaciones al proyecto de la Junta de Andalucía. Hablar de improvisada propuesta del Ayuntamiento granadino sería tanto como hablar de que la orografía, de que las
circunstancias del casco urbano, de que las circunstancias de todo el arte que se encuentra dentro de la ciudad de Granada es también improvisado, y como SS.SS. saben la ciudad de Granada afortunadamente no es nada improvisada, sino que viene del
fruto de muchos años de historia que han hecho posible una de las joyas arquitectónicas, una de las joyas de arquitectura civil más importantes de nuestro país. Por eso nosotros entendemos que para poder llegar a una solución razonable en la
consecución de esta infraestructura tan importante, es necesario que todas las administraciones se pongan de acuerdo, que se escuchen y que se tengan en cuenta todas las alegaciones presentadas por todas las partes, especialmente las presentadas por
al corporación municipal de Granada. Es motivo de orgullo para todos saber, por el anuncio que acaba de hacer la señora Pleguezuelos, que esas alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Granada van a ser tenidas en cuenta. Creemos que es una
noticia importante, porque nosotros entendemos que el casco histórico de la ciudad de Granada es incompatible con un sistema de transporte metropolitano en superficie y que es importante hacer un esfuerzo para conseguir que la infraestructura de
transporte cubra la primera necesidad, y es que muchos ciudadanos, medio millón de ciudadanos, como ha comentado anteriormente la señora Pleguezuelos, vean solucionados sus problemas de acceso a la ciudad y de movimiento dentro del casco de la
ciudad, pero que también se preserve la riqueza arquitectónica, la riqueza cultural y la riqueza artística de la ciudad de Granada. Por eso el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda de modificación al texto de la proposición no de
ley que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva e inicie las conversaciones pertinentes con su participación y con la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Granada para estudiar la financiación del metro
ligero de Granada, valorándose las aportaciones a realizar por cada una de las partes. En el texto inicial de la enmienda la palabra que habíamos puesto era: para estudiar la necesidad, que estaríamos dispuestos a sustituirla, si así le parece
bien a la señora Pleguezuelos, por la financiación; es decir,
para estudiar la financiación del metro ligero de Granada valorándose las aportaciones a realizar por cada una de las partes. En cualquier caso, nos felicitamos de que el Ayuntamiento de Granada pueda ver también cumplida una necesidad
importante, como es esta infraestructura de transporte, y de que también el Partido Socialista decida involucrarse en la solución de un problema tan importante para los ciudadanos y ciudadanas de Granada. Por tanto, si el Grupo Parlamentario
Socialista acepta la enmienda que acabamos de presentar podríamos votar a favor de la proposición no de ley presentada esta mañana.
El señor PRESIDENTE: Señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En efecto, vamos a aceptarla. Solamente quiero decirle al representante del Partido Popular dos cosas: Primero, que el grupo municipal hizo en agosto un anuncio sin ningún tipo de estudio y sin que se
hubieran presentado todas las alegaciones en el que pedían que se soterrara en su totalidad, consecuentemente eso es lo que yo valoraba cuando se redacta la proposición no de ley. Segundo, por si no me ha interpretado bien, que la Junta no ha
aceptado todas las alegaciones sino sólo algún soterramiento, concretamente en la zona del Zaidín y prácticamente en todo el trazado del camino de ronda. También he dicho que como necesita un estudio pormenorizado para conseguir un mayor nivel de
detalle de ese soterramiento posible, se tiene que hacer un nuevo estudio informativo que se han comprometido a encargar, pero es verdad que hay partes de esa alegación que ya se han aceptado. Para terminar quiero decirle que el Partido Socialista
se involucró desde el principio. La idea partió de un Ayuntamiento y de un área metropolitana donde de los 33 municipios prácticamente el 80 por ciento tiene Gobierno municipal socialista, el de la ciudad era socialista, la Junta de Andalucía lo es
también, y cuando ha llegado el Partido Popular ha asumido este proyecto, pero no nos hemos sumado ahora, tenemos la iniciativa desde hace tiempo, los que se han sumado después han sido el Partido Popular cuando llegó al Gobierno de la ciudad y le
agradecemos todas las aportaciones, sobre todo, el llegar a acuerdos que es lo que nos exigen a los políticos la ciudad de Granada y su área metropolitana.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayllón.
El señor AYLLÓN MANSO: De las palabras de la señora Pleguezuelos entiendo que hay un interés por parte de la Junta de Andalucía de analizar en profundidad todas las alegaciones que se han presentado hasta el momento por parte del
Ayuntamiento de Granada en este caso y por eso creo que la transacción que el Grupo Parlamentario Popular presenta a esa proposición no de ley deja abierta esas posibilidades de diálogo para llegar a un consenso por parte de todas las
administraciones implicadas , a partir de ahí, poder encontrar esas vías de financiación que hagan posible que una infraestructura tan importante pueda hacerse realidad, independientemente de quién se haya sumado antes o después. Lo que está claro
es que al final lo importante es que entre todos podamos sacar adelante un proyecto que va a redundar en beneficio de todos los ciudadanos de Granada.
El señor PRESIDENTE: Interrumpimos la sesión hasta las diez y media. Las votaciones de estas proposiciones serán no antes de las trece treinta.
Se suspende la sesión.
Se reanuda la sesión.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (FOLGADO BLANCO), PARA INFORMAR SOBRE LA ESTRATEGIA DE AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ESPAÑA 2004-2012. A PETICIÓN DEL
GOBIERNO. (Número de expediente 212/001828.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, se reanuda la sesión.
Entramos en el punto cuarto del orden del día, comparecencia del secretario de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, para informar sobre la estrategia de ahorro y eficiencia energética en España en el
periodo 2004-2012. Señor secretario de Estado, bienvenido de nuevo a la Comisión de Economía y Hacienda y tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, comparezco ante esta Comisión para presentarles el documento de estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012, aprobado por acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre pasado, que tiene como principal
objetivo aumentar la eficiencia en el consumo y producción de la energía, de forma que se reduzca la intensidad energética y se contribuya a la consecución de un modelo de desarrollo sostenible, todo ello sin renunciar al crecimiento económico ni a
los niveles de bienestar alcanzados por los ciudadanos españoles. La estrategia constituye así un instrumento más -es importante resaltar esto- para la mejora del funcionamiento del sistema energético español y para hacer frente a los retos
medioambientales que se nos presentan.
El anuncio de aprobación de un plan de ahorro y eficiencia energética realizado por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la Nación, en julio de 2002, se materializó en forma de resolución de esta Cámara en la que se
instaba al Gobierno a impulsar campañas de información a los usuarios que favorecieran el ahorro
energético, en especial la racionalización del consumo de energía eléctrica, y a la presentación de un plan de eficiencia energética que contemplara medidas y acciones dirigidas a los diferentes sectores de la economía. Dicha resolución se
tradujo en el mandato del 17 de octubre de 2002 de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos a la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pyme de elaboración de la presente estrategia.
La estrategia responde a la evaluación del potencial de mejora de la eficiencia energética y de las medidas que deben desarrollarse para alcanzarlo. El proceso seguido para su redacción ha dado cabida a la participación de todos los
departamentos ministeriales con competencias en esta materia a través de diversos grupos sectoriales consultivos, siete en total, constituidos para cada uno de los sectores consumidores de energía para los que la estrategia propone medidas de ahorro
y que se corresponden, obviamente, con los sectores que mayor presión al alza, ejercen sobre los consumos de energía: transporte, industria, edificación, terciario residencial, servicios públicos, transformación de la energía y agricultura. La
selección de las medidas que habían de incluirse en la estrategia se ha realizado después de preparar y analizar una veintena de estudios específicos encargados por el IDAE, que han permitido evaluar el potencial de mejora de la eficiencia
energética en los distintos sectores a los que la estrategia se dirige. De los estudios encargados a diferentes ingenierías y universidades diez correspondieron a sectores industriales, tres al sector de transformación de la energía, dos al sector
del transporte, dos al de la edificación, uno al terciario residencial y uno a la agricultura, ganadería y pesca. La presente estrategia ha sido fruto de un gran consenso institucional y social. Por ello, en una primera fase se solicitó a las
administraciones territoriales, y por supuesto a los sectores implicados y organizaciones sociales, su colaboración a través de la cumplimentación de un cuestionario que quedó también colgado de la página web del IDAE. Una vez elaborado el primer
borrador, la estrategia se ha remitido para comentarios y alegaciones a diferentes organismos: Comisión Nacional de la Energía, comunidades autónomas, administraciones locales, sindicatos, ONG, asociaciones de consumidores y asociaciones
empresariales. En concreto se han mantenido dos reuniones de la Conferencia sectorial de la energía, dos reuniones con el Consejo de Usuarios y Consumidores, dos con los sindicatos, dos con grupos ecologistas y varias con diferentes organizaciones
empresariales, además de las mantenidas con la Federación Española de Municipios y Provincias. La estrategia de ahorro y eficiencia energética en España, que cubrirá el periodo 2004-2012, da respuesta al plan de acción para la mejora de la
eficiencia energética en la Unión Europea, publicado por la Comisión Europea en el año 2000, con el objetivo de mejorar la intensidad energética global en un 1 por ciento anual hasta el año 2010. Este plan de acción para la mejora de la eficiencia
energética contribuye a los tres objetivos básicos de la política energética comunitaria desde la aprobación en 1995 del libro blanco: liberalización de los mercados, mejora de la competitividad y mejora de la protección medioambiental. Estos
objetivos fueron asumidos por el libro verde Hacia una Estrategia Europea de Seguridad del Abastecimiento Energético del año 2000.
La estrategia que hoy les presento persigue hacer frente a los siguientes tres retos. En primer lugar, garantizar el suministro mediante, primero, la reducción de las elevadas tasas de dependencia energética exterior.
Alrededor del 75 por
ciento de la demanda energética nacional se cubre con importaciones, frente al 50 por ciento de la media de la Unión Europea. En concreto se importa el 99 por ciento de la demanda de petróleo y el 97 por ciento de la demanda de gas. Esta
dependencia hace a nuestro país más vulnerable a los incrementos de los precios de las materias primas energéticas y a las eventuales situaciones de escasez de oferta. Segundo, la contención del crecimiento de la intensidad energética, definida
ésta como el cociente entre los consumos de energía y el producto interior bruto. El segundo gran reto es mejorar la competitividad y contribuir a la convergencia real de la economía española. La necesidad de alcanzar a nuestros socios europeos en
renta per cápita -convergencia real- implica que debemos crecer por encima de la media comunitaria. Desde el punto de vista energético significa que la demanda energética en España seguirá creciendo en los próximos años por encima de la media de la
Unión Europea, lo que supone que necesariamente la oferta energética en nuestro país tiene que crecer también de forma diferencial. Una reducción de las intensidades final y primaria -definida esta última por cociente entre los consumos de energía
final más los consumos en transformación y pérdidas en transporte y distribución y el producto interior bruto-, en la medida en que hacen más eficiente el consumo de energía, liberan recursos y aumentan en este sentido la oferta, por lo que
contribuyen al crecimiento económico y a la capacidad de converger de nuestra economía, además de favorecer la capacidad de competir de nuestro tejido productivo. El tercer gran reto es el de mejorar la protección medioambiental para garantizar la
sostenibilidad del desarrollo.
Como consecuencia del fuerte crecimiento económico de España en los últimos años, el consumo de energía final se ha incrementado en un 90 por ciento en nuestro país entre 1980 y 2002. Los indicadores de intensidad final muestran, asimismo,
una tendencia ligeramente creciente, contraria a la de la mayoría de los países de la Unión Europea. En concreto, durante la década de los noventa España ha aumentado su intensidad energética final alrededor del 3 por ciento en términos acumulados,
mientras la Unión Europea, como media, la ha reducido del orden del 8 por ciento. Esa tendencia decreciente la muestran en particular países miembros como Francia, Alemania o el Reino Unido. La intensidad energética primaria, calculada a paridad
de poder de compra, esto es, corregida de las diferencias en los niveles de precios de los diferentes Estados miembros, era en el año 2000
en España inferior a la de la media comunitaria en un 3 por ciento. Si no se aplicara ningún tipo de medidas de las contenidas en la planificación y en la presente estrategia, lo que se denomina escenario tendencial, el indicador superaría
al de la media de la Unión Europea en un 28 por ciento en el año 2012. Todo ello, en una importante medida, es fruto del proceso acelerado de convergencia de nuestra economía con la de los países de nuestro entorno, pero aun así es algo sobre lo
que hay que actuar a fin no sólo de mantener la competitividad de nuestras empresas en los mercados internacionales, sino también de cumplir con los retos del desarrollo sostenible. Lo anterior, unido a la necesidad de reducir las emisiones de
gases de efecto invernadero a la atmósfera, justifica la redacción y aprobación de la presente estrategia, cuya aplicación, conjuntamente con la planificación de redes, permitirá, como se observa en la transparencia, modificar notablemente la senda
tendencial de los indicadores de intensidad energética. La estrategia de ahorro y eficiencia energética se ha elaborado partiendo de un escenario base que recoge los mismos parámetros de la planificación de redes, al que se le han aplicado las
medidas de ahorro de la estrategia para conseguir un escenario de eficiencia. En el escenario base la intensidad energética primaria crecería un 1,6 por ciento en el periodo, mientras que en el escenario de eficiencia la intensidad primaria se
reduce en el mismo periodo en un 7,2 por ciento. El propio documento de planificación ya suponía una mejora de la intensidad primaria con respecto a lo que se denomina escenario tendencial, toda vez que la entrada en funcionamiento de nueva
potencia eléctrica en plantas de ciclo combinado de gas natural, hasta alcanzar los 14.800 megavatios en 2011, y la nueva potencia de cogeneración, hasta los 7.100 megavatios en ese mismo año, mejoran los indicadores de intensidad primaria.
En definitiva, la estrategia supone una mejora de la intensidad energética primaria adicional a la esperada por el aumento de la cogeneración y los nuevos ciclos combinados a gas natural previstos ya en la planificación.
La entrada de
nuevos megavatios de potencia de cogeneración y gas natural en ciclo combinado y la aplicación y puesta en marcha de las medidas contenidas en la presente estrategia reducirán la intensidad primaria desde las 204 toneladas equivalentes de petróleo
por cada millón de euros de 1995 hasta las 179 en 2012, que suponen un cambio de tendencia en el indicador con respecto a la evolución más reciente. Por lo que se refiere al grado de autoabastecimiento, esto es, el opuesto del grado de dependencia
energética, que en el año 2002 era del 24,2 por ciento, se situaría en el escenario tendencial en el 19 por ciento, lo que supondría un aumento de la dependencia energética de cinco puntos. En el escenario de eficiencia, en cambio, el grado de
autoabastecimiento mejora en cerca de tres puntos con respecto al 2002. La actuación conjunta de la planificación y de la estrategia permite elevar el grado de autoabastecimiento en 2012 desde el 19 por ciento hasta el 26,8 por ciento. Quisiera
además llamar la atención de SS.SS. sobre la positiva contribución que la E4 -así llamada para abreviar- va a tener en la contención de las emisiones de CO2 de España, como consecuencia directa de la fuerte reducción del consumo de energía por
unidad de PIB creada.
Este Gobierno ha diseñado tres grandes líneas de actuación a medio plazo en materia de planificación energética, dos de las cuales ya están a pleno rendimiento: el plan de fomento de energías renovables, la ya citada
planificación de redes y la estrategia que hoy les presento.
Gracias a la acción conjunta y coordinada de estas tres palancas, España no sólo podrá seguir creciendo a los mismos ritmos de estos últimos ocho años consumiendo menos energía, sino que
además lo hará emitiendo menos CO2 al ambiente. Gracias a nuestro modelo, entre 2004 y 2012 la estimación más conservadora de emisiones evitadas sólo en lo relativo a CO2 -las políticas energéticas sólo actúan sobre CO2, los otros cinco gases de
efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kyoto necesitan actuaciones correctoras focalizadas- se sitúa entre 450 y 500 millones de toneladas respecto al escenario tendencial. De esta cantidad, 190 millones de toneladas corresponden a la
E4, lo que revela a SS.SS. la importancia de esta estrategia para nuestro desarrollo sostenible.
Además, a partir de 2012, todas las inversiones realizadas en España como fruto de nuestra triple política energética evitarán de manera permanente la
emisión de más de 100 millones de toneladas de CO2 anuales, de las cuales la E4 aporta el 42 por ciento.
Las medidas de ahorro recogidas en la estrategia se dirigen a los principales sectores de consumo, entre ellos al sector de transporte, donde se prevé alcanzar un ahorro anual de 4,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo, un 30,7
por ciento del objetivo global de ahorro previsto en la estrategia. Las medidas aplicadas en el sector industrial permitirán conseguir ahorros del orden de los 2,4 millones de toneladas equivalentes de petróleo, un 15,1 por ciento del total. La
edificación es el tercer sector de consumo final en importancia, con ahorros anuales de 1,7 millones de toneladas equivalentes de petróleo, un 11,4 por ciento del total. En el sector transformador se contabilizan unos ahorros anuales de 5,8
millones de toneladas equivalentes de petróleo, un 37 por ciento del total. De estos ahorros sólo 1,5 millones de toneladas tienen su origen en la mejora de la eficiencia en generación eléctrica, refino y cogeneración, fundamentalmente en plantas
ya existentes. La parte más significativa de los ahorros atribuibles al sector transformador, es decir, 4,26 millones de toneladas equivalentes de petróleo, se debe a los menores consumos de energía final en el resto de los sectores consumidores,
básicamente industria, edificación, equipamiento residencial y ofimática, agricultura y servicios públicos.
Los menores consumos de energía, fundamentalmente eléctrica, en los sectores consumidores finales suponen ahorros en los sectores
transformadores por menor consumo de combustible necesario para generar una demanda de electricidad inferior. Los ahorros que produce la estrategia se localizan, por tanto, no sólo en los sectores consumidores finales sino en los sectores
transformadores,
donde se computan los ahorros de combustibles que se producen por la menor demanda de electricidad y las menores necesidades de generación siguientes.
Las medidas contenidas en la estrategia requieren unas inversiones globales de 26.108 millones de euros durante todo el período. De este importe global serán inversiones privadas un total de 24.098 millones de euros. Los apoyos públicos
ascenderán a 2.010 millones de euros. De esta forma el porcentaje de apoyo público sobre la inversión privada es del 8,3 por ciento para el conjunto de la estrategia. En el sector industrial, donde este porcentaje resulta más elevado, asciende al
28,6 por ciento. Cercano también al 20 por ciento es el porcentaje de apoyos públicos sobre el total de la inversión privada en el sector transporte, el 19,6 por ciento. Cabe señalar que en las cifras de inversión de transporte que se recogen en
la presente estrategia -2.553 millones de euros en el sector transporte, de los que 2.134 millones corresponden al sector privado- no se incluyen los costes relativos a infraestructuras, de las que se derivarán mejoras de la eficiencia energética.
Por citar un ejemplo relativo a infraestructura de transporte podría referirme a la línea de alta velocidad ferroviaria. El peso de los apoyos públicos es más reducido en el sector agrícola y en los servicios públicos. En el sector de la
edificación el porcentaje de apoyo público sobre la inversión privada es del 4,2 por ciento; esto es, el apoyo público destinado a este sector es reducido en comparación con el esfuerzo que se exige a los inversores privados, 13.837 millones de
euros de inversión privada en edificación, el 57,4 por ciento de la inversión privada total de la estrategia, frente a unos apoyos de 577 millones de euros, que es el 28,7 por ciento del total. Me gustaría señalar que las elevadas cifras de
inversión en edificación que se reflejan en la estrategia son el resultado de las expectativas de crecimiento, el parque de viviendas de edificios no residenciales en el período de aplicación de la misma, que deberán acomodarse a las exigencias de
la nueva directiva comunitaria sobre eficiencia energética de los edificios. Los apoyos públicos en este sector se destinarán fundamentalmente al parque de edificios existente, a través de actuaciones que afectarán a la envolvente edificatoria, a
las instalaciones térmicas y a la iluminación. En este sector se consideran especialmente necesarios el desarrollo y la aplicación de nuevas normativas, que se espera que posibiliten la consecución de las inversiones y los niveles de ahorros
previstos. Con carácter general, en el ámbito de la estrategia el sector privado asumirá las inversiones previstas en la misma, dado que las medidas contempladas son rentables y contribuyen a la mejora de la competitividad de los diferentes
sectores y a la reducción de las emisiones de CO2. Por otro lado, el esfuerzo público se canalizará principalmente hacia aquellas actuaciones de promoción que contribuyan a difundir el conocimiento sobre tecnologías eficientes cuya adopción, como
se ha puesto de manifiesto en los anales del coste-beneficio que se han desarrollado para evaluar la rentabilidad pública y privada de la estrategia, proporciona tasas de rentabilidad suficientes para los inversores privados. En definitiva, los
apoyos públicos, conjuntamente con la regulación correspondiente, que se destinan a cada uno de los sectores de la estrategia se consideran adecuados para movilizar el volumen de inversión privada previsto y conseguir los objetivos en términos de
ahorro que se proponen. Por último, también con esta estrategia se pretende que el objetivo de mejora de la eficiencia energética forme parte de las diferentes políticas sectoriales a aprobar y desarrollar por los diferentes departamentos
ministeriales de la Administración general del Estado y por las diferentes administraciones territoriales en el ámbito de sus respectivas competencias. Por esta razón se ha hecho un enorme esfuerzo por asegurar el consenso institucional y social
que se requiere para la mejora de la eficiencia energética en España. La eficiencia energética se convierte así en un parámetro que debe estar presente en todas y cada una de las políticas públicas y no constituirse sólo y exclusivamente como una
política independiente. Si a ello unimos el hecho de que el acento de las actuaciones se haya puesto en los aspectos normativos y de promoción, formación y comunicación, sin computar planes, como el de infraestructuras, ya articulados, podemos
concluir que la dotación de apoyos públicos es adecuada y realista, así como compatible con el objetivo de estabilidad presupuestaria. Quiero resaltar además que dichos apoyos corresponden a todas y cada una de las administraciones en el ámbito de
sus respectivas competencias, como no podía ser menos.
Los instrumentos de los que se dota la estrategia para favorecer la efectiva puesta en marcha de las medidas consideradas en la misma pueden agruparse en cuatro tipos diferentes: económicos; reglamentarios, normativos y de normalización;
de información y promoción y, por último, de investigación y desarrollo y demostración. En cuanto a los instrumentos económicos, como ya he señalado con anterioridad, las medidas propuestas en la estrategia presentan tasas de rentabilidad privadas
suficientes para ser acometidas por el sector privado en el horizonte temporal considerado, contando con los apoyos públicos previstos en la estrategia. La adopción de nuevas tecnologías con modos más eficientes de producción se fomentará mediante
líneas de financiación con bonificación del tipo de interés para la adquisición de equipos eficientes o para la implantación de nuevas líneas de proceso con nuevos métodos de control, habiéndose previsto también exenciones fiscales y la posibilidad
de exenciones de impuestos locales y deducciones especiales por amortización acelerada de equipamientos, que exigirán un estudio detallado para su diseño e implantación. Los instrumentos reglamentarios y normativos cobran una especial relevancia en
esta estrategia, como ya he señalado. Cito a modo de ejemplo el instrumento que podría considerarse más relevante, la trasposición de la directiva comunitaria de eficiencia energética en edificios ya en marcha. Igualmente habrá que valorar la
oportunidad de avanzar normativamente en otros ámbitos como el del alumbrado público y el de la movilidad. La responsabilidad
en ambos casos es compartida entre la Administración general del Estado y las diferentes administraciones territoriales. El tercer grupo de instrumentos de los que se servirá la estrategia para conseguir los objetivos previstos es el de los
agrupados bajo la denominación instrumentos de información y promoción, mediante los que se pretende conseguir la sensibilización y toma de conciencia en el consumo y ahorro energético por parte de los ciudadanos. Una encuesta encargada por el
IDAE, con metodología del Centro de Investigaciones Sociológicas, puso de manifiesto la inexistencia de una conciencia y cultura en materia de ahorro de energía por parte de la sociedad española en general. Por último, los instrumentos de I + D y
demostración tratarán de promocionar la evolución hacia tecnologías eficientes dentro del Plan Nacional de I + D en energía. En esta línea, el programa nacional de energía, dentro del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2004-2007, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 7 de noviembre, tiene entre otros objetivos el desarrollo de tecnologías energéticas eficientes y el incremento de la contribución de las energías renovables.
Conscientes de la importancia de los aspectos contenidos en el documento de estrategia, hemos comenzado a trabajar en algunas medidas a fin de que las mismas estén en vigor a principios del año 2004, fecha de arranque de la estrategia.
Entre ellas cabe destacar, como aparece en la transparencia, la Ley 36/2003 de reforma económica, aprobada el 11 de noviembre pasado, que contempla reducciones del 10 por ciento en la cuota del impuesto sobre sociedades para inversiones en activos
materiales para la mejora del medio ambiente, incluidas las inversiones en fuentes renovables, excluida la eólica, antes restringidas a las empresas de reducida dimensión y ahora de aplicación a cualquier empresa. En el proyecto de ley de medidas
fiscales, administrativas y del orden social para el año 2004 se han introducido enmiendas con el siguiente contenido: la modificación de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, que permitirá a los autoproductores que utilicen la
cogeneración con alto rendimiento reducir al 10 por ciento el porcentaje de autoconsumo para beneficiarse de las ventajas previstas por el uso de esta tecnología, aumentando así la eficiencia energética de los procesos industriales. Como medidas
específicamente dirigidas a disminuir nuestro grado de dependencia energética y favorecer la eficiencia global, básicamente en el sector de la edificación, se introducen las dos siguientes enmiendas que modifican la Ley reguladora de las Haciendas
locales: por un lado, la eliminación de los condicionantes para la bonificación opcional de hasta el 50 por ciento en la cuota del IBI en inmuebles con instalaciones para el aprovechamiento de la energía solar, que consistían en que el inmueble
estuviera destinado a vivienda, y la energía producida para el autoconsumo; y por otro lado, la eliminación de la condición existente para la bonificación opcional de hasta el 95 por ciento en la cuota del ICIO -impuesto sobre construcciones,
instalaciones y obras- de las obras que incluyan sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, que consistía, como en el supuesto anterior, en que la energía por ésta producida fuera destinada al autoconsumo. Está
previsto también que la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 apruebe una nueva dotación para el IDAE por importe de 15 millones de euros para el desarrollo de actuaciones relacionadas con la presente estrategia. Una parte
significativa de esta dotación se dedicará a una campaña de comunicación y sensibilización, tal como solicitó esta Cámara al Gobierno en la misma resolución en la que se le instaba a la elaboración de la estrategia, y a la formalización de acuerdos
voluntarios con los sectores industriales, en los que se incluirá la realización de auditorías energéticas con costes compartidos entre la propia administración y los sectores afectados.
Los resultados del análisis coste-beneficio de la estrategia realizados permiten afirmar que en cinco años, a partir del fin del periodo contemplado para la implantación de la estrategia de 2012, los ahorros energéticos cubrirán los costes
de implantación de la estrategia asumidos por los sectores público y privado durante el periodo 2004-2012. Los ahorros de energía primaria en todo el periodo de aplicación de la estrategia alcanzarán prácticamente los 70 millones de toneladas
equivalentes de petróleo -concretamente 69.950 kilotoneladas equivalentes de petróleo-, lo que supone en términos económicos 12.853 millones de euros, considerando un precio medio de 25 dólares por barril de petróleo.
El ahorro anual a partir del
año 2012, una vez finalizado el periodo de aplicación de la estrategia, será del orden de 15.574 kilotoneladas equivalentes de petróleo al año, que supone en términos monetarios 2.862 millones de euros en cinco años. Por tanto, a partir del año
2012, los ahorros económicos acumulados desde el año 2004 ascenderán a 27.163 millones de euros, cifra ya claramente superior a la de la inversión total asociada a la estrategia. Hay que añadir a ello los ahorros económicos por menores emisiones de
CO2 a la atmósfera. En términos acumulados, para el periodo 2004-2012 estos supondrán entre 2.090 y 6.080 millones de euros, considerando un precio medio por tonelada de CO2 de entre 11 y 32 euros en un futuro mercado de derechos de emisión, según
datos tomados de la propia Comisión Europea. De nuevo, a partir del año 2012, los ahorros anuales se sitúan en un intervalo de entre 462 y 1.344 millones de euros.
Una vez comentados los grandes números de la estrategia, inversiones y apoyos públicos en los nueve años de aplicación de la misma, objetivos y procedimientos para su elaboración, me gustaría presentarles agrupadas, según la tipología, las
diferentes medidas que se incluyen en la estrategia, sector por sector, que se muestran en las transparencias siguientes.
En el sector industrial las medidas se agrupan en tres categorías: medidas en tecnologías horizontales, medidas en tecnologías de proceso y medidas en nuevos procesos. Las primeras -medidas en tecnologías horizontales-
son técnicas, no específicas de un sector, sino de aplicación a todos los sectores industriales, entre ellas, medidas de aislamiento térmico y de monitorización y control. En cuanto a las segundas -medidas en tecnologías de proceso- son
medidas técnicas específicas aplicables a un proceso productivo o sector, medidas tales, a título de ejemplo, como la mejora en la molienda en el sector cemento o la introducción de quemadores de alta velocidad en hornos del sector cerámico. El
tercer y último grupo, medidas en nuevos procesos, hace referencia a aquellas medidas técnicas específicas aplicables a nuevos procesos productivos como la ultrafiltración u ósmosis inversa en concentración en la industria láctea. Los instrumentos
previstos en la estrategia para superar las barreras que obstaculizan la mejora de la eficiencia energética en el sector industrial se dirigen a fomentar la formación y la información en el sector a través de las asociaciones empresariales y,
especialmente, en las pequeñas y medianas empresas. La realización de auditorías energéticas y la firma de acuerdos sectoriales voluntarios se proponen como herramientas para incentivar la utilización en el sector de las mejores tecnologías
disponibles, cuya penetración en el mercado se ve dificultada por una elevada percepción del riesgo asociado a las mismas por parte de los industriales. No obstante, el sector industrial ha realizado un esfuerzo de modernización que ha implicado
una reducción del 11 por ciento en la intensidad energética durante los últimos 10 años.
Este sistema de acuerdos sectoriales voluntarios ya se está aplicando con éxito en algunos otros países, como por ejemplo en el Reino Unido, aunque está en sus
albores.
En el sector transporte las medidas consideradas en la estrategia se agrupan bajo tres epígrafes. Estamos hablando, entre otras medidas, de la aprobación de planes de transporte para empresas de más de 200 trabajadores y para municipios de
más de 100.000 habitantes, del fomento del uso del transporte público y del aumento de los tráficos de mercancías por ferrocarril. En este caso nos referimos a la implantación de la conducción eficiente, conjuntamente con la Dirección General de
Tráfico, y la mejor utilización de todos los medios de transporte y a medidas para la mejora de la eficiencia energética de los vehículos mediante el cumplimiento de los acuerdos de la Comisión Europea con los fabricantes de automóviles y la
renovación de flotas. Los planes de transporte en las empresas están muy extendidos en Estados Unidos, Holanda, Italia y el Reino Unido, y se diseñan para cada centro de trabajo, para favorecer el desplazamiento al centro de trabajo evitando el
recurso mayoritario al vehículo privado con un solo ocupante. Los planes de movilidad en las ciudades incluyen medidas de mejora del transporte público, con restricciones razonables y consensuadas en el uso de los medios privados, especialmente en
los centros urbanos y para distancias muy cortas. Por supuesto, estas medidas entran en el ámbito de la autonomía local y es precisamente en ese ámbito en el que deben ser adoptadas y consensuadas. No me resisto a hacer referencia a la reciente
medida adoptada en el Ayuntamiento de Madrid para que, determinados días, algunas vías, como, por ejemplo, la Gran Vía, sean sólo peatonales, lo cual es una actuación consensuada, aceptada por la ciudadanía, que permite caminar en esta dirección.
Es sólo un ejemplo, pero hay que caminar en esta dirección.
En el sector del transporte, las medidas que se prevé adoptar en el marco de la estrategia deben salvar las barreras sociológicas, económicas, normativas y de comunicación que impiden el uso más eficiente de los medios. Los instrumentos
contemplados por la estrategia -desde incentivos fiscales a las empresas hasta nuevos desarrollos normativos, pasando por medidas de formación y promoción- pretenden modificar los hábitos de uso del vehículo privado, caminando en la senda del uso
racional del mismo; mejorar el transporte público colectivo e, incluso, favorecer la introducción de nuevos combustibles en el transporte por carretera -los biocarburantes y el hidrógeno- aun cuando estas sean medidas que entran más en el ámbito de
la diversificación que en el de la eficiencia energética.
En cuanto al sector de la edificación, las medidas se agrupan en dos: las de aplicación al parque existente de edificios y las de aplicación al parque nuevo. En las de aplicación al parque existente de edificios, donde se concentran los
apoyos públicos dirigidos a este sector, se prevén actuaciones de rehabilitación de la envolvente edificatoria, de renovación del parque de calderas de calefacción y agua caliente y de renovación del parque de grupos de frío. En cuanto el parque
nuevo de edificios, se prevé incrementar los requisitos exigibles de eficiencia energética a las nuevas construcciones, como resultado de la trasposición de la Directiva 2002/91 de la CEE, sobre eficiencia energética en edificios. La trasposición
de la directiva, que deberá completarse antes del 4 de enero de 2006, se hará, previsiblemente, mediante tres reales decretos: el decreto por el que se apruebe la nueva normativa edificatoria; el real decreto por el que se revise el reglamento de
instalaciones térmicas de los edificios -conocido como RITE-, que fija los requisitos mínimos de eficiencia de las instalaciones de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria, y el real decreto de certificación energética de
los edificios, que obligará a calificar energéticamente los edificios y a informar a los compradores y usuarios sobre la eficiencia energética de los mismos, tal como se viene haciendo ya con otros equipos consumidores de energía, como los
electrodomésticos de mayor consumo e incluso, más recientemente, con los turismos.
Conscientes de la importancia de estas disposiciones en el ámbito de la edificación, debo señalar que ya han comenzado los trabajos de trasposición de la citada
directiva, con el ánimo de que entren en vigor lo antes posible las disposiciones nacionales correspondientes, sin agotar el plazo máximo, que, como mencioné anteriormente, finaliza el 4 de enero de 2006.
En el sector residencial y de ofimática, las medidas que propone la estrategia pretenden orientar la demanda
de equipos electrodomésticos hacia aquellos menos consumidores, los de clase de eficiencia energética A. Para conseguir este objetivo, la estrategia propone la realización de campañas orientadas a la compra responsable de equipos eficientes,
al buen uso de los equipos y a la difusión del etiquetado. Recientemente se han aprobado nuevas directivas de etiquetado de frigoríficos y congeladores con criterios más exigentes -nuevas categorías A+ y A++-, que deberán trasponerse antes del 30
de junio del próximo año. La conjunción de unos criterios más exigentes de eficiencia energética para los diferentes equipos electrodomésticos y de campañas de información al consumidor permitirá modificar la demanda y dirigirla preferentemente
hacia los equipos de menor consumo. La firma de acuerdos voluntarios con agentes de mercado se considera también un instrumento para la consecución de los objetivos propuestos. Estos acuerdos deben firmarse con tres colectivos diferentes: con
fabricantes de equipos electrodomésticos, para realizar conjuntamente con la Administración campañas de promoción que favorezcan la adquisición de electrodomésticos más eficientes; con distribuidores, para facilitar las ventas de equipos clase A
mediante la capacitación de vendedores y otras campañas de promoción, y con promotores inmobiliarios -muy importante este tipo de acuerdos-, para que el equipamiento de las nuevas viviendas sea de clase A y para instalar alimentación doble -agua
caliente y fría- para electrodomésticos bitérmicos. También está previsto el establecimiento de acuerdos específicos con el Instituto Nacional de Consumo para impulsar medidas dirigidas a este sector.
La estrategia en cuanto a servicios públicos propone medidas para la reforma del alumbrado público mediante la sustitución de lámparas de vapor de mercurio por lámparas de vapor de sodio de alta presión, la sustitución de luminarias, la
instalación de sistemas de regulación del nivel luminoso, la instalación de relojes astronómicos y la sustitución en semáforos de lámparas incandescentes por tecnología LED, lo que permitirá alcanzar ahorros del 85 por ciento en el consumo de estos
equipos de señalización.
En el sector de depuración, potabilización y suministro de agua las medidas propuestas van desde la incorporación de sistemas de regulación electrónica de motores a la cogeneración con biogas en depuración. La estrategia contempla el
desarrollo de normativa estatal, autonómica y local para la mejora de la eficiencia energética en el alumbrado público, la apertura de líneas de financiación con bonificación del tipo de interés y la realización de campañas de sensibilización,
dirigidas de manera preferente a los responsables políticos municipales.
En cuanto a la agricultura -el último de los sectores de uso final-, las medidas se agrupan en dos grandes epígrafes: modernización de flotas agrícolas e implantación de sistemas de riego localizado en sustitución de sistemas de riego por
aspersión.
Por último, en cuanto al sector transformador de la energía se proponen medidas para la mejora de la eficiencia en el refino, la generación eléctrica y la cogeneración. Como indicaba anteriormente, la mejora de la eficiencia más
significativa en el sector eléctrico se conseguirá por la puesta en marcha de nuevos megavatios de potencia de generación eléctrica en plantas de ciclo combinado de gas natural y cogeneración. Estas inversiones en nueva potencia ya estaban
recogidas en la planificación y, por tanto, ambas actuaciones son complementarias en el ámbito de la política energética del Gobierno. Las medidas incluidas en la estrategia son adicionales a lo contemplado en la planificación y se refieren, en el
sector refino, a la recuperación de aguas de refrigeración o mejoras en destilación y, en el sector de generación de energía eléctrica, a mejora en alumbrado o de ciclos termodinámicos, sistemas de control y alumbrado.
Las mejoras de la eficiencia
energética en cogeneración vendrán de la trasposición al ordenamiento jurídico español de la futura directiva sobre el fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil y sobre la que ya existe posición común del Consejo desde el
pasado mes de septiembre. Las mejoras de la eficiencia contempladas en la estrategia se concentran en las instalaciones ya existentes, en la medida en que la nueva capacidad de generación estaba ya prevista y evaluada en el documento de
planificación de los sectores energéticos aprobado el pasado año. Y, como ya he dicho, se ha incorporado una enmienda a la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año 2004 para fomentar el uso de la cogeneración. Los
ahorros energéticos en el sector transformador proceden en su mayoría de la menor demanda energética final en los sectores anteriores, lo que reduce el consumo de combustibles en el sector de transformación para la generación eléctrica o la
reducción de productos petrolíferos refinados. Asimismo, la menor demanda final de electricidad reduce las necesidades de transporte y distribución y en consecuencia las pérdidas por este concepto.
Como conclusión a todo lo expuesto cabría señalar los puntos siguientes.
Primero, es realista y posibilita una reducción de la necesidad energética primaria del 7,2 por ciento durante todo su periodo de aplicación. Segundo, permite mejorar
la posición española en tres aspectos estratégicos importantes: mejora la competitividad de nuestra economía al reducir el peso de la factura energética en sus costes, reduce la dependencia energética exterior, contribuye al cumplimiento de los
objetivos medioambientales, especialmente a aquellos que se derivan de la firma y ratificación por la Unión Europea del Protocolo de Kioto.
Tercero, es asumible por los sectores y ciudadanos afectados; en este sentido, incluye medidas de ahorro no
traumáticas que en ningún caso supondrán pérdida de competitividad o empleo en los sectores industriales a los que se dirige. Por otra parte, las medidas incluidas en la estrategia se estratifican a lo largo de un horizonte temporal de nueve años,
lo que facilita la ejecución de las inversiones que se prevé que asuma el
sector privado y posibilita el mantenimiento del equilibrio presupuestario. Por lo que se refiere a los ciudadanos, se ha intentado poner énfasis en las medidas de información, comunicación y formación.
Cuarto, la estrategia es compatible
con el objetivo de estabilidad presupuestaria y así se ha recogido en el propio acuerdo del Consejo de Ministros. Quinto, contribuye al cumplimiento de los objetivos vinculados al desarrollo sostenible. Y seis, la estrategia de ahorro y eficiencia
energética se configura como un nuevo instrumento para dar solidez al actual modelo energético español.
Para alcanzar el ineludible objetivo de convergencia plena con la Unión Europea antes de que finalice esta década, España necesita seguir creciendo y para crecer es necesario consumir energía. Puede resultarles obvio a SS.SS., pero no por
obvio o evidente deja de ser menos cierto: la energía es el motor del crecimiento económico, eso sí, y esto ya no es tan obvio, la energía es sinónimo de crecimiento siempre que el Gobierno de un país tenga la necesaria visión de largo plazo y
siempre que se sepan aplicar las correctas medidas de política económica y política energética, algo sobradamente probado hasta la fecha en el caso de este Gobierno al que pertenezco y que nadie en su sano juicio pone en duda, según la opinión
unánime de organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional, Comisión Europea y agencias de rating) Permítanme, señorías, que incida en este aspecto de visión de largo plazo y coherencia entre política económica y energética porque en
sentido opuesto, sin visión de largo plazo y sin una correcta política energética, la energía se convertiría en un cuello de botella que estrangularía sin remisión a nuestra economía. Simplemente y a modo de recordatorio, quiero decirles, como ya
les he comentado en diferentes ocasiones, que el modelo energético español se basa en tres pilares fundamentales: liberalización de los mercados, garantía de seguridad de suministro y mejora de la protección medioambiental.
El Gobierno español ha dado ya los pasos necesarios para garantizar la liberalización plena de los mercados eléctrico y del gas. Todos los consumidores tienen la condición de cualificados y por tanto pueden elegir libremente el
suministrador de electricidad y gas desde enero de este año, con un adelanto de 4,5 años respecto a la fecha marcada por la Unión Europea. Nuevo marco regulatorio para dar seguridad al suministro y protección ambiental.
El segundo de los pilares antes enunciado, la garantía de suministro, cobra especial importancia en España por la elevada dependencia energética del exterior. El nuevo marco regulatorio se basa en la nueva metodología de tarifas, la
planificación de los sectores de electricidad y gas 2002/2011 y el Plan de fomento de las energías renovables 2000/2010. La nueva metodología de tarifas establece una senda previsible de evolución de las tarifas máximas de suministro, lo que
proporciona señales eficientes de precio para los inversores, mercado de capitales y nuevos entrantes. La planificación de los sectores de electricidad y gas 2002/2011 tiene también como objetivo reducir la incertidumbre de estos mercados en la
medida en que proporciona la mejor información disponible sobre la evolución de la demanda y las previsiones de nuevas infraestructuras de transporte, lo que facilitará las inversiones en nueva capacidad de generación suficiente para satisfacer la
demanda a medio y largo plazo.
El Plan de fomento de las energías renovables 2010 tiene por objetivo la garantía de suministro mediante el recurso a fuentes autóctonas y a la mejora de la protección medioambiental. Espero que SS.SS. entiendan la importancia de la
energía medida en términos de crecimiento. Un país que crece a ritmos cercanos al 3 por ciento anual necesita en su momento de máximo esfuerzo para lograr la convergencia aumentos anuales de entre 2.000 y 3.000 megavatios de nueva potencia de
producción eléctrica al año. Por el contrario, un Gobierno que reconoce su incapacidad para crecer limita la capacidad de producción para evitar excesos de oferta.
Así, puesto que las previsiones de crecimiento realizadas a mediados de los ochenta
eran imposibles de cumplir apenas iniciados los noventa, se decidió paralizar la construcción de instalaciones de producción. La potencia paralizada entonces (algunas instalaciones estaban finalizadas) equivale a la nueva potencia puesta en
explotación sólo el año pasado, 2.800 megavatios de ciclo combinado. No es mi intención comparar los equipos de Gobierno ni las políticas económicas de principios de los noventa con las actuales, simplemente estoy planteando desde el plano
energético cómo con distintas políticas se consigue el mismo fin: adaptar la oferta energética a la demanda generadora de riqueza.
Desde el punto de vista de la eficiencia económica de nuestro modelo energético, quisiera plantear a SS.SS. dos aspectos importantes, la relación del volumen de las tarifas con las inversiones realizadas y la seguridad del suministro.
Empezando por este último punto, el de la seguridad del suministro, el modelo energético español, caracterizado por sus tres pilares de planificación, regulación y competencia, consiguió superar el verano de apagones y falta de suministro
generalizado en buena parte de los países más desarrollados del mundo: cincuenta millones de estadounidenses en la costa este durante más de un día sin suministro eléctrico, en pleno verano, debido a la falta de coordinación entre los operadores
del sistema; el downtown de Sidney colapsado debido a un fallo en la red de distribución de la capital de Australia por las mismas fechas; los aeropuertos cerrados y los trenes de alta velocidad daneses parados en medio del campo debido a un corte
en una línea de conexión con Suecia; la mitad de la city londinense sin suministro eléctrico durante media jornada laboral debido a un fallo en la operación de las redes, o el apagón total de Italia, coincidiendo con una de las horas de menor
demanda, debido a un fallo generalizado de sus conexiones internacionales y a la falta de respuesta rápida de la generación de fuel en el país transalpino. España ha sabido responder con previsión y antelación a esta situación, prueba de ello es
que apenas se han producido pequeños cortes de escasas horas en puntos concretos
de nuestra geografía. Con todo, nuestro TIEPI (índice que mide la calidad) volverá a estar otro año más por debajo de las tres horas (2,86 en 2002 y 1,30 horas en la primera mitad de 2003). Las interrupciones de Reino Unido, Dinamarca o
Italia han colocado sus TIEPI en niveles superiores en dos o tres veces a los niveles de España. No es fruto de la casualidad, la planificación de redes, la instalación de casi 5.000 megavatios de ciclo combinado entre 2002 y 2003, el saneamiento
financiero de nuestras empresas, la integración de transportista y operador del sistema en una misma empresa, la coordinación entre los operadores de la electricidad y el gas o los contratos voluntarios de consumidores de electricidad y de gas con
sus respectivos operadores han permitido al sector energético español disponer de una combinación alta de robustez y flexibilidad ante la situación de alta volatilidad que caracteriza estos mercados.
Lejos de querer dar una imagen de conformismo o de relajación, quiero decir a SS.SS. que este invierno va a ser extremo, ya lo estamos sintiendo en las conexiones climatológicas. El jueves de la semana pasada, la punta horaria de potencia
eléctrica alcanzó 36.900 megavatios/hora a las seis de la tarde, a tan sólo 600 megavatios del récord histórico del 18 de febrero de este año. El miércoles y el jueves de la semana pasada el consumo diario de gas natural superó los 1.000
gigavatios/hora, situándose en 1.034 y 1.037 gigavatios/hora, estando el récord histórico en 1.137 gigavatios/hora el 18 de febrero de 2003. Esto viene a confirmar que cada vez es más probable que se alcancen los niveles previstos por ambos
operadores del sistema (Red Eléctrica y Enagas) para este invierno: 39.000 megavatios y 1.300 gigavatios/hora, respectivamente. Estamos preparados para superar de nuevo ambas puntas en las adecuadas condiciones de calidad y seguridad de
suministro.
Respecto a los niveles de inversión y a las tarifas reguladas, me complace informar a SS.SS. que a lo largo de esta mañana será enviada a la CNE la propuesta de tarifas para el año 2004. El aumento propuesto para las tarifas domésticas es
del 1,6 por ciento, por debajo de la previsión del IPC y muy similar a la subida del año pasado, y para el uso no doméstico será del 1,7 por ciento. Entre los aspectos más importantes de esta propuesta, quisiera destacar la dotación de una partida,
por importe de 50.000.000 de euros, destinadas a mejorar la calidad de suministro de aquellas zonas más alejadas de las cifras medias de TIEPI mediante acuerdos de colaboración y cofinanciación con las comunidades autónomas.
También quisiera
destacar el incremento de la partida destinada a cubrir la actividad del transporte, casi un 11 por ciento, como consecuencia directa del cumplimiento de la planificación de redes eléctricas. Es importante resaltar estos datos, puesto que ello
significa un aumento relevante de la dotación de infraestructuras, cumpliendo los planes previstos, un aumento importantísimo de las nuevas plantas de cogeneración y también un aumento de la oferta en las distintas tecnologías de energías
renovables, todo ello en un contexto de subida moderada de las tarifas, mejor dicho, bajada en términos reales. Como digo, una subida de tarifas que para los usuarios domésticos en general es del 1,6 por ciento y para los usuarios industriales del
1,7 por ciento. Y hay que compaginar la estabilidad de precios, es decir, la contribución a la estabilidad macroeconómica, la contribución a la competitividad de las empresas y un aumento muy moderado de las tarifas, bajada en términos reales,
insertado todo ello al mismo tiempo en la metodología de tarifas, algo que permite a los operadores ser previsibles. Es por esta razón por la que se está invirtiendo como se está haciendo, tanto en inversiones en generación como en transporte y
distribución.
Por último, señorías, quería hacer referencia a la adenda, a la planificación de los sectores de electricidad y gas en relación con las infraestructuras para el abastecimiento energético de las Islas Baleares, en cumplimiento del compromiso
asumido sobre esta materia. Se da cumplimiento, como digo, a lo recogido en el documento de planificación, en el que se refleja la necesidad de disponer en el curso del año 2003 de una propuesta detallada de la solución óptima de suministro
energético a las Islas Baleares, incorporando la interconexión eléctrica Islas Baleares-sistema eléctrico peninsular. Esta ampliación de estudio de alternativas se recogió también en las conclusiones de los trabajos de la subcomisión para el
seguimiento de las infraestructuras energéticas, que fue creada por esta Comisión. Las infraestructuras aprobadas van a dar respuesta a la previsión de cobertura de la demanda y a las necesidades mínimas de desarrollo de las conexiones e
infraestructuras eléctricas y gasistas con el fin de garantizar la satisfacción de la demanda en condiciones adecuadas de seguridad y calidad en un horizonte de 10 años.
La unificación del sistema eléctrico balear se realizará con fecha de
ejecución 2007 mediante la conexión de los subsistemas Mallorca-Menorca e Ibiza-Formentera, reforzándose esta última con un cable submarino de 50 megavatios, que entrará también en funcionamiento en 2007. El acceso al gas natural para cubrir tanto
el mercado eléctrico como el no eléctrico se llevará a cabo mediante un gasoducto entre Oliva-Valencia e Ibiza-Cala Gració-Mallorca, que entrará en los terrenos de la actual central térmica de San Juan de Dios. Esta infraestructura estará operativa
en el año 2007. También se prevé la interconexión eléctrica Península-Islas Baleares, con una aportación de 300 megavatios, por medio de un enlace monopolar con cable de retorno, que entrará en funcionamiento en el año 2011. Y para alcanzar el
objetivo previsto, esto es, que estas infraestructuras estén operativas en las fechas marcadas, se les confiere el carácter de infraestructura urgente. La adenda se completa con la identificación de las infraestructuras de refuerzo del sistema
eléctrico balear para el mantenimiento de la seguridad y la calidad de suministro.
Señorías, de esta manera cumplimos con lo estipulado dentro del ejercicio 2003, tal como lo había aprobado el Consejo de Ministros y la subcomisión creada por esta
Comisión de Economía, para completar la planificación energética que se aprobó hace
poco más de un año. El coste total de estas infraestructuras que aparecen en la adenda para el sistema eléctrico y gasista de las Islas Baleares es el siguiente: 267 millones de euros corresponden a las infraestructuras gasistas, 117
millones de euros a los enlaces Mallorca-Ibiza e Ibiza-Formentera, que es la unificación eléctrica, y 223,3 millones de euros a la interconexión eléctrica Península-Mallorca. En total, 607,3 millones de euros. Como quiera que para las principales
inversiones -el tubo de gas y la interconexión eléctrica entre islas- se ha establecido como fecha tope el año 2007 y todos los procesos constructivos duran aproximadamente cuatro años, eso motiva que se le dé carácter de urgencia para que entre
inmediatamente en funcionamiento el sistema de las construcciones eléctricas y gasistas. Y en cuanto al otro cable, el de Vandellós-Mallorca, estará disponible en 2011. Esto permitirá realizar progresivamente todas las interconexiones entre
Baleares y el sistema eléctrico y gasista peninsular, lo que proporcionará sin ninguna duda una mayor eficiencia.
Muchas gracias, señorías, y estoy a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Entramos en el turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra el señor García Breva, portavoz del Grupo Socialista.
El señor GARCÍA BREVA: En nombre del Grupo Socialista, quiero agradecer al señor Folgado su comparecencia de esta mañana. Yo pensaba que íbamos a hablar sólo de la estrategia de ahorro y eficiencia, pero el señor Folgado ha comentado
también otras cosas, así que trataré de referirme a todas ellas. En cuanto a la estrategia de ahorro y eficiencia, quiero empezar por decir al señor Folgado que más vale tarde que nunca. Esta estrategia o este documento que usted presenta hoy fue
anunciado por el señor Aznar, por el señor Rato el año pasado y este año creo que también por usted. Casi no llegan y, después de tanto tiempo, tengo que manifestar que nos ha defraudado. Se trata de un documento con un nivel de compromiso
bajísimo, como luego explicaré. Asimismo nos ha defraudado porque con motivo del documento de planificación contamos con un proceso parlamentario más vivo e intenso; sin embargo, este documento va a pasar por el Parlamento sin pena ni gloria e
incluso yo diría que el Partido Popular y el Gobierno se han encargado de que el Parlamento sea un convidado de piedra en relación con este documento de la E4. Por otra parte, nos sorprende que usted presente hoy este documento cuando el pasado
viernes, 5 de diciembre, nos enteramos por los medios de comunicación de que el señor Rato se está reuniendo en secreto con la CEOE para buscar una solución a Kioto en cuanto a las empresas contaminantes. No sé si están ustedes haciendo algo serio
o simplemente, que es lo que yo intuyo, se trata de una declaración de intenciones.
Señor Folgado, en su última comparecencia en la Comisión de Economía manifestó usted -hoy no lo ha dicho, pero ha estado a punto de hacerlo cuando ha empezado a hablar de los apagones del mundo mundial- que teníamos la mejor envolvente del
mundo en cuanto a nuestro modelo energético. Pues bien, sinceramente tengo que decirle que lo que usted ha hecho ha sido un envoltijo, que es otra cosa diferente. Un envoltijo es cuando uno envuelve un objeto con distintas capas de papel. Usted
ha hecho eso y ha superpuesto distintos documentos: el Plan de fomento de energías renovables, el documento de planificación y ahora la E4. Y yo le pregunto qué hay debajo de todo ese envoltijo. A nuestro juicio, lo que usted trata de esconder es
la deficiente política energética de este Gobierno y del Partido Popular y los problemas que la misma va a plantear, si no lo está haciendo ya, a la economía española. Usted, señor Folgado, es el encargado de que la política energética del señor
Aznar y del señor Rato sea un rosario de incumplimientos y de ausencias de control sobre las variables más importantes que afectan a la eficiencia de nuestro sistema energético.
Me voy a referir brevemente a algunas de esas variables, empezando por nuestro elevado grado de dependencia energética. Según los últimos años que consideremos, estamos en el 77, 76 ó 75 por ciento de dependencia energética y sin embargo
nuestra dependencia energética respecto al petróleo no ha bajado en absoluto. Hay un crecimiento no ya descontrolado sino desbocado de nuestra intensidad energética. Me remito al libro que usted nos trajo aquí en su última comparecencia, un libro
del Ministerio de Economía, La energía en España en el año 2002, en el que se puede ver como entre los años 1995 y 2002 la intensidad energética ha subido en España un 9 por ciento. Si nos remitimos al documento que nos ha presentado usted hoy,
veremos que se dan datos parecidos referidos a la década de los noventa, y que mientras en la Unión Europea la intensidad energética se reduce un 9 por ciento, en España se incrementa un 9 por ciento, según el libro del Ministerio de Economía al que
antes me refería, o un 5 por ciento, según la E4. El incremento de nuestras emisiones de CO2 está también descontrolado, pues, según la fuente de información que cojamos, se sitúa entre un 38 y un 34 por ciento, cuando el compromiso de Kioto, como
usted sabe, lo limita a un 15 por ciento; luego me remitiré a lo que se establece en la E4. También se está incumpliendo el Plan de fomento de las energías renovables. Remitiéndome al libro del Ministerio de Economía, La energía en España en el
año 2002, vemos que en el año 2002 el consumo de energías renovables está en el 3,8 por ciento del consumo final y no ha habido ninguna variación entre el año 2001 y el año 2002; estamos en el mismo porcentaje que cuando se aprobó el Plan de
fomento de las energías renovables, incluso han mandado un mensaje negativo el 31 de diciembre del año pasado con una bajada de las primas de las renovables. Por otro lado, han suprimido los programas de gestión de la demanda y el PAE -Plan de
ahorro y eficiencia energética- del anterior Plan energético nacional, y con todo esto han conseguido aumentar las incertidumbres en nuestro sistema energético.
Usted ha hablado de seguridad de abastecimiento. Yo, sinceramente, cuando leo los
informes de la Comisión Nacional de la Energía sobre lo que pasó en enero del año 2003
con el abastecimiento de gas o sobre los retrasos en las infraestructuras gasísticas que ha denunciado la Comisión Nacional de la Energía, o cuando veo que las propias compañías eléctricas están diciendo que la tarifa está muy ajustada o que
los presidentes de las compañías eléctricas auguran nuevos apagones no creo que sea una envolvente tan magnífica como usted dice.
La segunda crítica que le quiero hacer es que no he encontrado todavía la coherencia entre el Plan de fomento de las energías renovables, el documento de planificación energética y la E4. En este documento que ha presentado usted hoy dicen
que la política de eficiencia energética debe abarcar todo el sistema energético. Sinceramente, creo que ustedes llegan tarde, pues esto lo tendrían que haber dicho al principio, y sobre todo se contradicen entre lo que dicen ahora y lo que hacen.
Me voy a remitir a unas manifestaciones que hizo doña Carmen Becerril en la comparecencia que tuvo lugar en la subcomisión de planificación de la energía. Dijo que la planificación energética no tenía vocación de entrar en los temas de eficiencia
energética, ni de reducción de emisiones, ni de lucha contra el cambio climático, ni de la intensidad energética, ni siquiera de la planificación de hidrocarburos, es decir, prácticamente despojó la planificación energética de todo aquello de lo que
viene a hablarnos usted hoy aquí. Eso me parece una incoherencia manifiesta y una grave contradicción. En aquel debate nosotros pedimos que se revisara ya el Plan de fomento de las energías renovables, porque -como usted bien sabe- el escenario de
ahorro y eficiencia del Plan de fomento de las energías renovables preveía un incremento de la demanda energética de un 1,2 por ciento al año, mientras que el documento de planificación preveía un incremento del 3,4 por ciento, por lo que había que
revisar el plan de fomento, pero ustedes no lo quisieron hacer.
Sin embargo, para mí la mayor incoherencia es la que resulta precisamente de la resolución que aprobó el Congreso de los Diputados el 16 de julio del año 2002, después del debate del estado de la Nación, en el cual el señor Aznar anunció que
antes del año 2003 -ha pasado ya- se presentaría un plan de eficiencia y ahorro energético, junto con una campaña de información a los usuarios y de racionalización del consumo de energía.
Me acuerdo vivamente que en aquel debate el señor Aznar
también prometió que en los próximos años 3 millones de hogares españoles tendrían energía solar. Pues bien, al cabo de año y medio de esa resolución del Congreso de los Diputados, le tengo que decir, señor Folgado, que no se ha cumplido
absolutamente nada. En vez de presentar un plan antes de diciembre de 2002, ustedes han presentado una estrategia cuando finalizamos el año 2003, es decir, un año después. Quizás a ustedes la diferencia entre plan y estrategia les parece
insignificante, pero a mí me parece muy importante, porque la diferencia entre un plan y una estrategia se refiere al nivel de concreción, al nivel de compromiso y al nivel de responsabilidad y de seguimiento. Realmente, un plan no tiene nada que
ver con una estrategia. Frente a soluciones vinculantes de cara a resolver los graves problemas de nuestra política energética, ustedes presentan un documento cien por cien voluntarista, con ausencia de mandatos, de calendario, de plan económico
realmente creíble y con asignación de responsabilidades. Además, hay otra cosa interesante: derivan todos los resultados de la E4 para después de 2006. Es decir, los resultados que ustedes esperan hasta el año 2006 son insignificantes y de alguna
manera derivan el problema real de ahorro y eficiencia que tiene nuestro sistema energético para después de ese año, como si tuvieran dudas sobre lo que va a pasar el año que viene. Por último, anecdóticamente, respecto a esos 3 millones de hogares
con energía solar, que fue un tremendo error que usted no fue capaz de corregir, le quiero decir una cosa: ¿Sabe cuántos metros cuadrados de paneles solares se han instalado en el año 2002? Algo más de 65.000, cuando en Alemania se han instalado
900.000 metros cuadrados. Eso supone el cumplimento del 0,02 por ciento del compromiso del señor Aznar. Yo creo que el señor Aznar le tendría que cesar inmediatamente, porque el cumplimiento de un 0,02 por ciento de un compromiso tan importante no
parece en absoluto trivial.
A continuación voy a analizar la E4, y quiero relatar brevemente cuáles son sus objetivos, que usted ha descrito rápidamente y en algunos de los cuales me quiero detener. ¿Cuál es el objetivo de intensidad energética que plantea usted? Si
compara los cuadros de las páginas 25 y 31 del documento que hoy ha presentado, verá que el consumo final se reduce solamente un 0,7 por ciento al año. Ustedes ni siquiera se plantean cumplir el objetivo de la Unión Europea de reducir la intensidad
energética en un 1 por ciento al año, se quedan en el 0,7 por ciento.
Respecto a la dependencia energética, se plantean simplemente reducirla del 75 al 73 por ciento, es decir, seguimos teniendo un elevadísimo nivel de dependencia energética.
Respecto a las emisiones de CO2, en las últimas páginas del documento se plantea que el incremento de dichas emisiones, cuando termine el periodo de la E4, se quedará entre el 58 y el 60 por ciento, cuando nuestro compromiso internacional no nos
permite incrementarlas en más de un 15 por ciento. Con respecto a las energías renovables, se citan muy de pasada, cuando el asunto es bastante grave en lo que se refiere a biocombustibles y energía solar. No voy a darle los datos que figuran en
el documento, pero usted sabe perfectamente que el sector transportes y el sector edificios pueden asegurar no solamente el cumplimiento de la E4, sino el de todos los objetivos de ahorro y eficiencia que nos queramos plantear. La escasa referencia
que he encontrado a los biocombustibles y a la energía solar me parece francamente un error. Respecto a la generación, ustedes están entrando en una contradicción -aunque por las enmiendas que han anunciado parece que algo quieren corregir-, puesto
que aquí piden su potenciación cuando el año pasado bajaron la prima. Sinceramente, esto me deja un poco perplejo, porque no sé cómo quieren alcanzar el objetivo de la Unión Europea, que es conseguir el 18 por ciento del consumo energético de
origen en
la cogeneración. La cogeneración está estancada desde 1998, seguramente por la deficiente política energética que ustedes practican. Dejan fuera todo lo que se refiere a infraestructuras de obras públicas y de ordenación del territorio.
Yo no sé si al señor Cascos le gustará la E-4 o no, pero me parece que en nuestro transporte el cambio modal es fundamental y solamente lo citan ustedes de pasada, no hay ningún compromiso o concreción sobre la que pudiéramos hablar más en
profundidad.
Respecto al sector edificación, no solamente es que lleguen tarde.
Conociendo los datos facilitados por el Ministerio de Economía o el Banco de España, según los cuales desde el año 1999 al año 2003 se va a iniciar la construcción de
2.800.000 viviendas, qué fácil lo hubiera tenido el Gobierno, sin necesidad de E-4 ni de ningún invento de estos, para haber aprobado el código técnico de edificación, que lo tenían que haber aprobado en mayo del año pasado, y hubieran llegado a
tiempo con una norma de obligado cumplimiento, con lo que se hubiera desarrollado no solamente la energía solar, sino que se hubiera conseguido un ahorro en el sector edificación y en el sector servicios, pero no hay hecho absolutamente nada.
En el sector generación, yo echo en falta medidas concretas y decisivas para evitar la generación menos eficiente; es más, veo contradicciones.
En los primeros borradores del documento, ustedes no daban un duro de ayuda pública al sector
generación y en el último documento que ha presentado usted aparecen 66 millones de euros, pero en el boletín de Unesa, del mes de julio -donde se puede leer lo más duro que yo he leído sobre la E-4-, pide prácticamente 1.250 millones de euros para
que se pueda cumplir la E-4, para el sector generación, y ahora creo que han pedido 220 millones más cumplir con Kioto. Yo no sé si esto es coherente o no, pero sinceramente, señor Folgado, cuando usted dice que esto viene aquí consensuado, me
pongo a temblar. Estos son los objetivos de la E-4, absolutamente insuficientes, no llegan ni a los mínimos europeos. Sigo analizando la E-4. En cuanto a los instrumentos que nos han relatado aquí para cumplir esos objetivos tan poco ambiciosos,
tengo que decir que en el documento que usted ha presentado hoy no hay instrumentos para conseguir esos objetivos. En primer lugar, analizo lo que yo llamaría las barreras financieras que el Gobierno y el Partido Popular ponen a la E-4.
El
montante financiero de la E-4 son aproximadamente 26.000 millones de euros, de los cuales algo más del 92 por ciento lo pone la iniciativa privada, y los apoyos públicos solamente llegan al 7,5 por ciento, cuando, por ejemplo, el Plan de fomento de
las energías renovables contó con un porcentaje de ayudas públicas del 36 por ciento. No hay ni compromisos presupuestarios concretos ni planificación financiera de la E-4 ni calendario ni una clara asignación de responsabilidades de quién tiene
que aportar esa financiación. El hecho de que más del 92 por ciento de la E-4 corra a cargo de la iniciativa privada, y yo añadiría -que usted no lo dice- de los consumidores, hace que sea un plan voluntarista al cien por cien y poco creíble.
Quisiera referirme a los presupuestos de 2004. Se dice que los ministerios, para cumplir la E-4, tendrán que ajustarse al presupuesto de 2004 y yo en ese presupuesto solamente he visto la partida que usted ha citado, de 15 millones al IDAE
para la estrategia, y ahora me entero que es para acciones de promoción; luego hablaré de eso porque me parece importante. De los algo más de 2.000 millones de euros de apoyo público, para el año 2004 sólo se presupuestan 15 millones, esa es la
única financiación. Ustedes dan por perdido el año 2004, no sé si todo el año, hasta marzo o incluso hasta las elecciones generales, pero con un montante de apoyos públicos de 2.000 millones de euros, dígame qué hacemos con 15 millones para el año
2004. No es creíble, sobre todo cuando, analizando el presupuesto que usted ha presentado hoy, de esos 2.000 y pico millones de euros, más del 63 por ciento de esos apoyos públicos corresponderían a la Administración central, por los datos que yo
he visto en el documento. No es creíble, no hay voluntad, en absoluto, de que sea un documento creíble y que se lleve a la práctica.
Luego está lo que yo llamaría las barreras normativas que ustedes han puesto. Le agradezco alguna explicación que ha dado respecto a una normativa europea. Ustedes dicen que la normativa para cumplir la E-4 se seguirá definiendo en el año
2004, es decir, en el documento ustedes no adquieren ningún compromiso. Hoy, en su intervención, ha avanzado un poquito más, pero a mi modo de ver es insuficiente. Yo quisiera pedirle, simplemente, el compromiso de que ustedes van a cumplir todas
las directivas europeas, y me voy a referir a algunas en concreto. La directiva de energías renovables se tendría que haber traspuesto por el Gobierno español a la normativa nacional el 27 de octubre de 2003, es decir, hace ya casi dos meses. ¿Se
puede comprometer el señor Folgado a que antes del 31 de diciembre van a cumplir con la trasposición de la directiva europea de energías renovables? Respecto a la directiva de cogeneración -usted se ha referido a ella-, va en la misma línea que la
directiva de energías renovables y, en principio, se tendrá que trasponer en julio del año 2004. ¿Se puede comprometer el señor Folgado a que en el mes de julio del año que viene estará traspuesta a la legislación española la directiva de
cogeneración? En cuanto a la directiva de eficiencia energética en edificios, que me parece importantísima, yo le agradezco la información que nos ha dado porque nadie de su ministerio, en el debate presupuestario, nos ha sabido dar una explicación
ni sobre esto ni sobre los 15 millones de euros famosos. Ahora nos enteramos de que hay tres reales decretos, pero llega tarde, señor Folgado. El RITE y el código técnico de edificación se tenían que haber puesto al día en mayo del año 2002. Eso
refleja muy poco interés por parte del Gobierno en llevar adelante esta directiva. Si la directiva, como usted dice, tiene un plazo de trasposición hasta el 4 de enero de 2006, yo le pediría hoy el compromiso de que el Gobierno español va a
adelantar la trasposición de esta directiva, porque me parece fundamental.
Hay una directiva que usted no ha citado en absoluto, la de biocombustibles, que se tiene que trasponer antes del 31 de diciembre de 2004 y el Gobierno español tiene que presentar un informe en julio de 2004. Usted sabe que esa directiva de
biocombustibles ha dejado muy por debajo los compromisos del Plan de fomento de las energías renovables. Si en el Plan de fomento de las energías renovables se cuenta con tener 500.000 tep de biocombustibles para el año 2010, la directiva europea
transforma ese objetivo en 1.600.000 tep para el año 2010, es decir, se multiplican por tres los objetivos del Plan de fomento de las energías renovables. ¿Están ustedes dispuestos a revisar el Plan de fomento de las energías renovables, a
trasponer la directiva de biocombustibles y a fomentar los biocombustibles en el sector transportes?
La última directiva es la relativa al comercio de emisiones de CO2. Usted no ha hablado de esta directiva, pero el Gobierno español tiene la obligación de trasponer la directiva al 31 de diciembre de 2003, dentro de unos días, y el 30 de
marzo de 2004 el Gobierno tiene que presentar el plan nacional de asignación de emisiones. Me sorprende que usted no haya dicho nada sobre ello y me parece que es una falta de coherencia tremenda. Creo que esto debe entrar también dentro de la
estrategia de eficiencia, pero en el documento no hay ningún compromiso, no solamente de trasponer y cumplir estas directivas, sino de revisar los planes nacionales de España para igualar nuestros objetivos a los de la Unión Europea. Yo le diría
una cosa, muy brevemente. Si el Partido Popular se comprometiera a cumplir estas directivas europeas, sobraría la E-4, porque usted sabe bien que esas directivas están muy por encima de los objetivos que usted acaba de diseñar en la mañana de hoy.
Me gustaría hablarle de más cosas, por ejemplo, de la descoordinación de los ministerios. Yo no sé si el Plan nacional de regadíos está en coherencia con la E-4. Creo que no, porque al Plan nacional de regadíos le gusta el riego por
aspersión y usted hoy ha hablado del riego localizado. Léalo porque yo no sé si hay coherencia entre los ministerios y el Gobierno a la hora de aplicar esta estrategia. A las comunidades autónomas y, sobre todo, a los ayuntamientos a los que usted
se ha referido les ha dejado sin recursos, con lo cual yo no sé cómo van a poder llevarlo adelante. Información y promoción. Si esos 15 millones del IDAE son para información y promoción, yo quiero que me lo explique, porque en los primeros
borradores de la E-4 se hablaba de 45 millones de euros que se dedicarían a campañas en los medios de comunicación. Para mí sería muy triste que mañana, en Nochebuena y en Nochevieja, salieran usted o el Ministerio de Economía anunciando la E-4 en
televisión. Si puede, evítelo, porque esto me parecería un espectáculo lamentable y una tomadura de pelo. Todo lo que se refiere a I+D -usted ha hecho una referencia- me parece escaso y breve y no es creíble porque el esfuerzo tiene que ser por lo
menos el que usted estaba dispuesto a hacer en el ITER de Vandellós, y dos huevos duros más. Es decir, si usted estaba dispuesto a poner ahí 900 millones de euros, el ahorro y eficiencia energética en este país merece por lo menos lo mismo en I+D
para tecnologías energéticas.
La valoración final que puede hacer el Grupo Socialista es que la E-4 no va a mejorar nuestra eficiencia energética, no cumple los objetivos de la Unión Europea; no cumple la resolución del Parlamento español de julio de 2002 que pidió un
plan, no una estrategia; llega tarde y nos parece que es insuficiente, porque es más una declaración de intenciones que un compromiso concreto. El señor Montoro se ha vuelto a salir con la suya, esa apelación al equilibrio presupuestario condena
la E-4 al voluntarismo total del cien por cien, lo cual no la hace creíble en absoluto. Yo no creo, como usted afirma, que sea un documento suficientemente debatido y consensuado, por lo menos no en el Parlamento, y tengo aquí escritos que nos han
hecho llegar muchos de los sectores a los que usted se ha referido con bastante críticas a la E-4; me imagino que las mismas que le habrán llegado a usted, pero me parece que no es suficiente el debate que ha habido. Este documento de Unesa deja
claro que no solamente falta voluntad política suficiente, sino que falta voluntad en uno de los sectores más importantes, los sectores económicos, para que esta estrategia sea creíble.
Termino ya, señor presidente, diciendo algo de lo que me gustaría haber hablado más. El problema más importante de nuestro sistema energético al día de hoy, seguramente para el año que viene y a partir de entonces, son los incrementos de
emisiones en CO2. El que ustedes dediquen a este tema solamente dos páginas y media en la E-4 es lamentable; no solamente que dediquen dos o tres páginas nada más, sino que no le dediquen ni un euro, ni un solo compromiso. Esta tendría que ser la
prioridad de este documento, incluso para lo que vayan a ser el año que viene las necesidades de nuestra economía y de nuestras empresas. Que ahora desde algún sector económico se quiera echar la culpa del incremento de CO2 a la señora Tocino, me
parece lamentable. Renegociar el 15 por ciento sería un error manifiesto y lo que le pediría el señor Folgado es que, bajo esa prioridad, se dé coherencia a los distintos documentos que nos ha presentado en esta legislatura: el plan de fomento de
las energías renovables, el documento de planificación de infraestructuras energéticas y la E-4. Hay que dar coherencia a esos documentos, dando prioridad en la reducción de emisiones al objetivo principal de nuestro sistema energético para que sea
un sistema energético eficiente y que se base fundamentalmente en tres cosas: en el cumplimiento de las directivas europeas, en las energías renovables y en dar prioridad a dos sectores fundamentales, que son el sector transporte y el sector
edificación y servicios, con objetivos más ambiciosos, con un esfuerzo normativo que haga que los compromisos sean vinculantes para todas las administraciones. Todo ello para conseguir el objetivo -en eso sí estoy de acuerdo con usted- que se marca
en el Libro Verde de seguridad de abastecimiento de la Unión Europea, y es hacer compatible el crecimiento económico
con la seguridad en el abastecimiento de energía y la lucha contra el cambio climático.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Señor secretario de Estado, gracias por su comparecencia ante esta Comisión.
Quisiera dividir mi intervención en cuatro grandes apartados: primero, una valoración global del plan que se ha presentado, el plan E-4; en segundo lugar, unas consideraciones específicas sobre algunos aspectos del plan que consideramos
mejorables; en tercer lugar, me referiré a los aspectos de cogeneración y al desimpacto ambiental, y, en cuarto lugar, a las energías renovables.
Con relación al primero de los aspectos, a la valoración global del plan E-4, a nuestro grupo parlamentario este plan nos parece una herramienta útil para tratar de cumplir los compromisos de Kioto y la directiva europea de emisiones para
moderar el consumo de energía del país, incrementar la competitividad de las empresas y mejorar la balanza de pagos por la menor importación de combustibles. Desde la Generalitat de Catalunya hemos valorado positivamente el esfuerzo hecho en los
trabajos de soporte necesarios para la realización de la E-4 teniendo en cuenta la dificultad que supone hacerlo después de 15 años con precios bajos de la energía que han hecho que ni las empresas ni los tecnólogos hayan tenido los incentivos
necesarios para continuar el trabajo iniciado tras la crisis del petróleo de los años setenta. Esta situación ha provocado, a nuestro entender, una falta de interés hacia la eficiencia energética que se manifiesta en una falta de información fiable
sobre usos de la energía y, sobre todo, en el desconocimiento de qué tecnologías energéticas son presentes en los diferentes sectores económicos y de cómo se utilizan. La sociedad española no es plenamente consciente del protagonismo que la
eficiencia energética puede adquirir en la consecución de los objetivos ambientales que España tiene planteados. Creemos que han sido la presión social por las cuestiones ambientales y los acuerdos internacionales sobre estos temas los que han
hecho volver la eficiencia energética a un primer plano de la actualidad. Esta E-4 se encontrará unos receptores -empresas, técnicos, entidades financieras, público en general- poco preparados técnicamente, poco sensibilizados respecto a la
importancia de la eficiencia energética y, en general, poco interesados por esta estrategia. Este es el marco del plan E-4.
A pesar del ofrecimiento de la Comunidad Autónoma de Cataluña, debemos destacar el poco peso que han tenido los planes energéticos que han desarrollado las comunidades autónomas y la baja voluntad de cooperación que hemos detectado entre el
Estado y las comunidades autónomas respecto a lo que nos hubiese gustado. La Generalitat de Catalunya, mediante el Institut Català d'Energia, ha continuado el trabajo iniciado en los años ochenta referente al seguimiento de los usos de la energía y
de las tecnologías energéticas, conocimiento que ha sido fundamental en la redacción del plan de eficiencia energética, integrado en el plan de la energía en Cataluña en el horizonte del año 2010, que define la política energética catalana para esta
década. A pesar de que se pusieron a disposición de los redactores de la E-4 el plan de eficiencia energética de Cataluña, todos los estudios previos a su redacción y la disponibilidad de los responsables técnicos que los dirigieron, coordinaron y
redactaron, para aprovechar este trabajo hecho previamente, no se nos ha pedido, de la manera que hubiésemos deseado, la colaboración en la elaboración de dicha E-4. La Secretaría de Estado, teniendo en cuenta las competencias que tiene la
Generalitat de Catalunya en eficiencia energética, debería -y esperemos que tenga en el futuro- haber tenido más en cuenta las observaciones formuladas al plan.
Desde nuestro punto de vista, la E-4 no incluye algunos de los principios estratégicos fundamentales del plan de eficiencia energética de Cataluña.
Es imprescindible que la E-4 los contemple, así como deben incluirse todos los planes de
eficiencia energética aprobados por otras comunidades autónomas. La estrategia de eficiencia energética para el Estado español se debe elaborar, a nuestro entender, a partir de estos planes y con la coordinación y colaboración necesaria y
realimentación por parte de los responsables del Gobierno central de la redacción de la E-4. No es viable una E-4 en la que las políticas y estrategias de los organismos autonómicos competentes no se vean reflejadas fielmente. En el marco de la
valoración global del plan E-4, los objetivos que se establecen adolecen de cierto optimismo dados los medios públicos de los que se prevé disponer. Tampoco define políticas concretas en los sectores de transporte terciario y doméstico. A pesar de
todas estas observaciones y con los retos energéticos y medioambientales que tenemos ante nosotros, como decía al inicio de mi intervención, puede considerarse aceptable el plan con unas enmiendas que presentamos.
Quisiera hacer unos comentarios al plan E-4. En primer lugar, debería estar más relacionado con otras políticas del Gobierno. La estrategia de eficiencia energética, tal como se desprende de la redacción, parece independiente de las
estrategias de otras áreas de gobierno. En general, no se hace referencia en el documento a éstas más que para mencionarlas como limitaciones a la propia E-4 o para explicar la no inclusión de alguna acción en la E-4, por estar ya contemplada en
otro plan de acción de responsabilidad distinta. Cabría esperar que en el documento se plantearan las bases de cómo tiene que relacionarse esta estrategia con otras, explicitando, al menos, estrategias de coordinación y coherencia.
Así, esta
estrategia debería relacionarse con otras áreas como la política fiscal, la política de I+D, la política de desarrollo industrial y tecnológico, las políticas de ámbito social y también, cómo no, la política medioambiental. Asimismo, se debe
contemplar la diversidad territorial y competencial del Estado español. Un aspecto que puede ser clave para la puesta en práctica de esta estrategia se refiere al reparto de responsabilidad y
actuaciones entre las diferentes administraciones: comunitaria, estatal, autonómica y local. Debería incluirse, por tanto, en el documento un capítulo de financiación que reflejara claramente los recursos económicos públicos necesarios
para ejecutar las propuestas de la estrategia, especificando la aportación prevista de las distintas administraciones del Estado, así como las responsabilidades, en términos de la gestión de dichos recursos, por parte de cada una de ellas.
Otra de las consideraciones específicas que queremos hacer a este plan es que el enfoque estratégico está muy centrado en aspectos económicos. La estrategia se basa en el concepto de que el estímulo económico es definitivo para la
implantación de una determinada tecnología. Nuestra experiencia en los últimos años nos indica que esto no es completamente cierto. Aunque es indudable la relación del apoyo económico con la introducción de las nuevas tecnologías, cabe hacer
varias consideraciones. La idea básica es dar apoyo económico a las tecnologías, con un período de retorno superior a cuatro años, para que éstas se sitúen en unas condiciones de mercado similares a las de las tecnologías ya introducidas en el
mercado. En estas tecnologías, ¿están las mejoras introducidas al cien por cien? ¿No habrá otras palancas decisivas, especialmente para las pequeñas y medianas industrias? El criterio del límite de rentabilidad en cuanto a TIR o período de
retorno, debe ser distinto según cada actor y así la gran industria acomete inversiones con períodos de retorno de, por ejemplo, diez años. ¿No deberían dedicarse las ayudas públicas, en estos casos, a proyectos con períodos de retorno superiores?
Atendiendo al tamaño de las empresas industriales, pequeñas, medianas o grandes, y teniendo en cuenta su distinto nivel tecnológico, de capacidad financiera, de acceso a las nuevas tecnologías, de capacidad en inversión y desarrollo, etcétera,
convendría una estrategia diferenciada de eficiencia energética para cada segmento de empresas. En el documento no se encuentra referencia a la influencia de los escenarios de precios finales energéticos o de fiscalidad energética respecto al
período de retorno de estas tecnologías.
Otra consideración específica que quisiéramos comentar algunas estrategias y criterios de soporte a la inversión. Los apoyos económicos se circunscriben, exclusivamente, a los instrumentos económicos para la superación de obstáculos. Para
los instrumentos de información, promoción y valoración del coste de oportunidad, debería haber también asignaciones económicas de fondos públicos. Los instrumentos económicos parece ser que se circunscriben a las subvenciones públicas para medidas
complementarias. En bastantes casos el porcentaje de subvención pública sobre el total de la inversión es elevado. En estos casos cabe preguntarse si estas ayudas públicas son compatibles con la política de libre competencia en el sector
industrial que determina la Unión Europea.
Quisiera hacer un último comentario o consideración específica en este apartado sobre la necesaria mayor implicación de la sociedad civil. Con la aportación de 1.895 millones de euros se espera movilizar
24.098 de la sociedad civil. La transformación esperada, más allá de los recursos invertidos, tiene un alcance cultural, social y productivo tan importante que sólo con la implicación decidida del conjunto de la sociedad se puede abordar con éxito.
Este necesario papel protagonista de la sociedad civil en la E-4 requeriría, a nuestro entender, una estrategia coherente y explícita de movilización. No es suficiente el llamamiento a la conciencia ambiental voluntarista de la sociedad. Para la
movilización de la sociedad civil es necesaria una estrategia específica de análisis y actuaciones sobre los mecanismos reales de motivación.
Paso al tercer apartado al que quisiera hacer referencia con relación a la cogeneración y desimpacto ambiental. Entre las tecnologías que propone el plan E-4 para el sector industrial destaca la cogeneración, que aporta más de 4.000
kilovatios a la demanda eléctrica del país y, en ciertas comunidades, más del 17 por ciento de su producción eléctrica. Nos parece correcto que se incremente el objetivo de potencia instalada a 7.100, pero sólo con la repotenciación de las plantas
actuales no se podrá alcanzar dicha cifra. Además no prevén en el nuevo real decreto que están elaborando señales para hacer más instalaciones de cogeneración y desimpacto ambiental en los próximos años. Tampoco dan estabilidad regulatoria, con
revisiones de la estructura de remuneración económica cada cuatro años, ni tienen en cuenta la inminente directiva europea de fomento de la cogeneración en cuanto a incentivar la electricidad producida. Por otra parte, parece que el Gobierno piensa
dejar sin efecto un real decreto vigente que permite a las grandes instalaciones de cogeneración aportar estabilidad al conjunto del sistema eléctrico.
Piensan reducir el precio de venta de los excedentes para el próximo año 2004, cuando los costos
no han disminuido ni para las cogeneraciones ni para las plantas de desimpacto ambiental ni para el conjunto del sector eléctrico. Frente a esta relación de hechos desincentivadores de la cogeneración y de las plantas de desimpacto ambiental, ¿cómo
piensa alcanzar, señor secretario de Estado, los objetivos previstos en el plan?
El secretario de Estado tuvo la oportunidad de cambiar impresiones con los presidentes de algunas asociaciones representativas del sector que, como usted sabe bien, reclama una regulación estable y unificada. En palabras del presidente de
la Asociación Catalana de Cogeneradors, desde la redacción del protocolo eléctrico en el año 1996 y la publicación de la Ley 54/1997, estamos padeciendo -palabras textuales- toda una serie de leyes, decretos, resoluciones y órdenes ministeriales con
un alto grado de contradicción respecto a criterios establecidos hace dos décadas, cuando se planificó el desarrollo de la cogeneración con el resto del sistema eléctrico.
Paso al último apartado relacionado con las energías renovables. Para que el plan de eficiencia cumpla su parte en las obligaciones de la directiva europea de emisiones -que, como habrán leído en sus informes y en la prensa, España incumple
largamente-, debemos desarrollar al
máximo las energías renovables. Recientemente la Comisión Europea ha manifestado su inquietud por el aumento de las emisiones en los años 2000 y 2001, debido al mayor tráfico rodado, tras los buenos resultados obtenidos en los años noventa.
Aunque España tenía margen para aumentarlas en un 15 por ciento, ha superado sobradamente esta cifra. Las emisiones han crecido un 48 por ciento respecto a los niveles de los años noventa, con lo que España está en un 33 por ciento por encima de
esos objetivos para el periodo 2008-2012. La Comisión ha pedido al Gobierno que revise sus políticas y tome medidas urgentes para corregir esta tendencia alcista. En este sentido, su Secretaría de Estado está elaborando un nuevo real decreto para
el régimen especial que modifica las reglas de juego para las instalaciones actuales y desincentiva el desarrollo de las futuras. Entre los puntos de este real decreto que crea un nuevo escenario, destaca la obligación de que las instalaciones,
especialmente las eólicas, operen en el mercado ordinario como las grandes centrales de producción eléctrica, también la retroactividad del nuevo régimen económico en las instalaciones existentes sin considerar la legislación vigente y la
modificación de los condicionantes técnicos de operación, como la energía reactiva. Si va a ser difícil cumplir las obligaciones de emisiones de España, ¿cómo pueden, señor secretario de Estado, desarrollar un real decreto para el fomento de las
energías renovables que las paraliza y posiblemente las reduce? Sobre la base de que las energías renovables por su carácter autóctono son esenciales -estamos convencidos de ello-, en cualquier estrategia que fomente la diversificación, el ahorro y
la eficiencia energéticas, y asumiendo que su Secretaría de Estado está ultimando una nueva regulación del régimen económico de tales energías, nos hacemos varias preguntas. En primer lugar, nos preguntamos si dicha regulación beneficiará
económicamente en mayor medida que hasta ahora a los productores de estas energías, si asegurará los retornos y rentabilidades de las inversiones ya realizadas y si permitirá el despegue de la biomasa y el cumplimiento del plan de fomento de las
energías renovables. Supuesta la respuesta afirmativa de lo anterior y vista -salvo en la eólica- la negativa tendencia actual, ¿con qué medidas piensan actuar?
Queríamos hacer referencia a estos cuatro apartados. Hechas estas valoraciones, señor secretario de Estado, con la voluntad constructiva y de mejora, y entendiendo que estamos hablando de un sector importantísimo como es el sector
energético en términos de crecimiento, de convergencia y de estabilidad económica, reiteramos nuestra valoración globalmente positiva en cuanto a que consideramos al plan, como he dicho al inicio de mi intervención, una herramienta útil y necesaria
para reforzar el sector, para hacerlo más competitivo; una herramienta capaz de anticipar los cambios de futuro y cumplir con los compromisos internacionales y con los objetivos europeos, aunque será una herramienta más útil y más eficaz si somos
capaces de reforzarla y de aportar las enmiendas necesarias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gamir.
El señor GÁMIR CASARES: Señor presidente, señorías, quiero, en primer lugar, destacar el elevado grado de interrelación que ha existido entre el Parlamento y el Gobierno en este y en otros temas relacionados con la política energética.
Como ya se ha mencionado, esta estrategia proviene del debate del estado de la Nación de julio pasado, pero esta Comisión nombró una subcomisión que estudió de manera muy amplia, con más de 50 comparecencias, con amplio diálogo entre todos los
grupos parlamentarios, el borrador de planificación mandado por el Gobierno, y de allí también salió una indicación al Gobierno para que planteara una estrategia de este tipo. También hay que destacar, aunque ya se ha dicho por el señor secretario
de Estado, el diálogo con las instituciones y con los sectores. Hay que felicitar al IDAE por el magnífico trabajo realizado, pero el diálogo institucional se ha realizado con todas las autonomías, con los municipios precisamente a través de sus
organizaciones y con los sectores. Un plan de este tipo no es la suma de los planes de las diversas autonomías, sino que es un plan para toda España. Una autonomía puede tener, de acuerdo con sus competencias, su propio plan, lo cual no quiere
decir que no se procure que sean, como es lógico, interrelacionados y convergentes.
Una forma de plantearse desde el Grupo Parlamentario Popular este documento es con una conceptualización y una terminología distintas, que permite, con un enfoque no sólo técnicoeconomico sino político, ver lo bien hecho que está este
documento y engarzarlo con alguno de los comentarios que se han realizado en esta sesión. En este sentido, voy a dividirlo en tres puntos: la elasticidad renta, la elasticidad precio y la utilización del análisis cost-benefit, es decir, del
análisis de las diferencias entre costes y beneficios sociales y privados. Primer punto: elasticidad renta. La elasticidad renta es la columna vertebral de esta estrategia. Lo que se hace precisamente es buscar que la elasticidad renta de la
utilización de energía disminuya. Cuando se habla de la expresión intensidad energética, se está estableciendo una ratio entre consumo de energía y PIB; esa ratio varía según queramos cambiar la elasticidad renta. Sin duda, puede variar la
intensidad si la economía crece menos. Es la forma en que disminuyó la intensidad en la década de los noventa gobernando otro partido. Disminuye la intensidad en Europa con una Europa creciendo menos: dado que la elasticidad renta es mayor que 1
en España, ha disminuido la intensidad. ¿Es esta la fórmula que algún grupo propone, es la fórmula de no lograr la convergencia con Europa y así disminuir la intensidad? Que quede claro que es esa la fórmula que se propone. Aquí se plantea lo
contrario: que haciendo un esfuerzo de convergencia con Europa la elasticidad renta, que en este momento es mayor que 1 y si dejamos que vaya por su ritmo actual seguirá siendo mayor que 1, sea claramente menor que 1. Con esta estrategia se
consigue que en energía primaria, basada en intensidad energética,
de un crecimiento del 1,6 se pase a una reducción del 7,2, de una elasticidad de renta mayor que 1 a una elasticidad de renta claramente inferior a 1. ¿Cómo se actúa sobre la elasticidad renta? Se podría actuar de una manera mucho menos
respetuosa del mercado, que no sé si es la que algún grupo propone. Se dice: a tales sectores, que son muy intensivos en energía, se les debe dificultar su crecimiento y sólo en aquellos que son muy poco intensivos en energías actúa la elasticidad
por la vía sectorial. Si quieren ustedes, recordamos al famoso economista de izquierdas, Martia Sen, que ha estudiado muy intensamente -entre comillas- este problema. Esta no es la vía que propone el Gobierno. El Gobierno propone actuar sobre las
tecnologías para conseguir los mismos productos con menos intensidad en energía o, si acaso, dentro de un sector, actuar sobre los subsectores del sector, es decir, fomentar el transporte ferroviario respecto al transporte por carretera por ser
aquel menos intensivo en energía o, por ejemplo, en el consumo, la promoción de frigoríficos de ciertas categorías por ser, a su vez, menos energéticos.
Esta es una política -como luego diré- de bisturí, de trazo fino, porque en muchos casos si no
se hiciera así, no conseguiríamos variar la elasticidad renta. Fundamentalmente, ¿cómo se hace? Todo este plan se podría convertir -y paso a la elasticidad precio- en medidas de elasticidad renta. ¿Cuál sería el trazo grueso más simple para
disminuir la elasticidad renta? Subir las tarifas que, aunque esté el mercado liberalizado, influyen de hecho y en la actualidad en los precios de manera importante. A corto y a medio plazo, según el tiempo en que se tuvieran que tomar estas
medidas, con fuertes subidas de tarifas se actúa sobre la elasticidad renta. ¿Eso es lo que ha querido el Gobierno, es lo que algún grupo propone? El Gobierno propone precisamente lo contrario: disminuyendo los precios relativos, que, si no hay
velo monetario, quiere decir disminuyendo los precios de la energía, porque si sube el 1,6 ó 1,7 y la inflación prevista es superior, está disminuyendo el precio de la energía, con lo que se consigue que la elasticidad renta, la intensidad, se
reduzca. ¿Cómo se hace esta política y cuáles son los efectos de subir las tarifas? Ya se ha comentado, pero lo recordaré muy brevemente: nuestra economía se volvería menos competitiva, disminuiría la renta real de las familias y, por otra parte,
la economía sería claramente inflacionaria. ¿Qué hay que hacer si no se quiere esta vía? Como hay diferencias en relación con los precios, como las tecnologías alternativas unas están disponibles y otras no, actuar pensando en cada producto, en
cada sector, actuar con un bisturí fino al respecto. Además, la suma de las medidas que se toman no tiene nada que ver con la subvención presupuestaria. Ha habido una frase de un portavoz que me ha parecido curiosa -creo que lograré repetirla
literalmente-: Montoro se ha salido con la suya porque con el equilibrio presupuestario se condena la E4.
Vamos a ver. Algunas propuestas de algunos grupos parlamentarios de esta Cámara tienen fecha de caducidad. ¿Tiene fecha de caducidad ahora lo que en la última época se venía diciendo por el señor Rodríguez Zapatero de que el equilibrio
presupuestario, la estabilidad presupuestaria, es muy importante o hay un doble lenguaje? Pido perdón por la expresión sin ninguna acritud. ¿Por qué cuando se habla de problemas concretos -sea de la E-4 o sea de vías ferroviarias- se dice que la
obsesión por el déficit cero y por la estabilidad presupuestaria impiden las políticas adecuadas y cuando es el debate general se habla de estabilidad presupuestaria? Yo querría que este punto se aclarara. ¿Es que realmente se cree que con el
equilibrio presupuestario se condena la E4?
Hay una técnica, la del equivalente precio del inmenso abanico de medidas que se nos plantean. Yo tuve que hacer hace un tiempo -y perdón por esta mínima referencia personal- un trabajo relacionado con el proteccionismo español sobre el
equivalente precio de todas las medidas: aranceles, contingentes, etcétera. En este caso se puede ver el equivalente precio de una subvención, el equivalente precio de una medida de tipo fiscal, el equivalente precio de todas las medidas de
regulación. Las medidas de regulación no tienen coste para la Hacienda pública. Implican, por ejemplo, que cuesta más el edificio -ese es el equivalente precio-, pero, al costar más, tiene una intensidad energética mucho mayor, que es la
rentabilidad económico-social que va a tener ese edificio. Medido de esta manera, este es un plan muy ambicioso, que va a afectar a la elasticidad renta de todo el sistema sin utilizar la burda medida de subir fuertemente las tarifas.
Otra de las medidas será hacer que el mercado funcione mejor. Si se advierte una aversión al riesgo en la utilización de nuevas tecnologías energético-intensivas por parte de los empresarios, hacer una campaña al respecto es conseguir que
el mercado nos conduzca a situaciones menos energético-intensivas. Si se advierte que no hay concienciación suficiente por parte de los consumidores, por parte de las familias, en cuanto al ahorro de energía, hacer una campaña al respecto nos
permite, vía consumidor, un mercado más eficiente con relación al total de energía consumida.
El último punto es el análisis coste-beneficio, desarrollado mucho en los setenta, y aun hoy muy de moda dentro de la moderna economía del bienestar. Este plan tiene algo interesante, ese cálculo del coste-beneficio. Se calcula el coste
del plan en relación con el beneficio, pero no solamente en relación con la rentabilidad privada, sino también con la rentabilidad que implica la fuerte disminución de la contaminación -lo que podíamos llamar la rentabilidad ambiental- a lo que se
le da un precio, aquellos famosos precios sombra -entre comillas- que exigía el análisis coste-beneficio. En este caso el precio se relaciona hasta en términos de derechos de emisión en su futuro mercado. Se ha dicho que no se mencionaba esto;
claro que se menciona. Se calcula y se recoge; se hace más que mencionarlo, incluso se cuantifica al respecto.
Por tanto, esa rentabilidad es clara. Por cierto, este no es un plan para cumplir Kioto, sino que ayuda mucho a Kioto; este no es el
plan de energías renovables, sino que ayuda
a las energías renovables, pero tengamos la capacidad de conceptualizar cada uno de los problemas a su tiempo.
Este muy buen ejercicio realizado en este plan sobre coste-beneficio, se podría ampliar conceptualmente en su medición, puesto que, aparte de la rentabilidad privada, hay otros beneficios sociales. Por ejemplo, el beneficio social de la
menor dependencia externa en relación con la energía. ¿Que se puede ir más lejos en la menor dependencia externa? Claro, este no es un plan que sólo se dedique a disminuir la dependencia externa, pero también ayuda a eso y eso tiene un beneficio
social mayor que el beneficio privado. Como lo tiene, por ejemplo, el que sea un plan coherente con la liberación del mercado, con la planificación unida a esa liberalización y con que la oferta sea suficiente para atender momentos punta de
demanda, ya que, sin duda, el incremento de eficiencia energética ayuda a eso; no es un plan para eso, pero ayuda y, como tal ayuda, complementa el resto de las medidas. Señorías, dos euros en el producto interior bruto, si uno está lleno de
contaminación, de incremento de la dependencia, si es incoherente con la liberalización y no ayuda para que la oferta energética sea adecuada a la demanda, ese euro, en términos de cost-benefit, en términos de diferencia entre costes y beneficios
sociales y privados, vale mucho menos que un euro que se ha conseguido que contamine mucho menos, que disminuya la dependencia, que sea coherente con la liberalización y con que la oferta se enfrente claramente a la demanda. Esto es lo que busca
este plan con esta amplia aplicación del coste y beneficio social.
Para finalizar, diré que me han extrañado algunas referencias a lo que busca el sector energético con respecto a esta planificación, las referencias a las mayores subvenciones que pide UNESA o las mayores tarifas que se piden en el sector.
Sólo diré una cosa, que Miguel Ángel Fernández Ordóñez, una persona a la que valoro mucho, cuando hacía dictámenes o daba opiniones sobre esto quizá no coincidía tanto con las opiniones de UNESA o del sector, que sin duda son tremendamente
respetables y que el Gobierno ha tenido en cuenta en el grado que ha considerado conveniente. Desde el punto de vista de la conceptualización, de la teoría de la política económica, de la elasticidad renta, de la elasticidad de precio, considerando
la diferencia entre costes y beneficios sociales y privados, este plan está, sin duda, bien hecho.
Complementaría esta exposición con un brevísimo apéndice que es una pregunta que le formulo. Señor secretario de Estado, dentro de esta amplia temática que se ha analizado hoy, de la polémica entre empresas eléctricas, según ha aparecido
hoy en la prensa, entre Iberdrola y Endesa, sobre los CTC, ¿cuál es su opinión al respecto? Concluyo con una frase que recuerda algo a aquello de que la poesía es un arma cargada de futuro. ¿Qué tiene que ver con la poesía con la energía? En
principio parecería que nada; sin embargo, la poesía tendría que ver con el ahorro energético, con la calidad de vida, con el medio ambiente. ¿Por qué digo esto? Porque hay una poesía de Chesterton con la que acabaré esta intervención. El señor
Chesterton decía que el ahorro es poético porque es creador y el derroche no es poético porque es destructor. Un plan de eficiencia energética, en términos de Chesterton, implica algo tan complejo como introducir la poesía en los sistemas tan
técnicos de producción energética.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado puede contestar a los portavoces.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Contestaré siguiendo el orden de intervención de los portavoces.
El señor García Breva viene a decir que más vale tarde que nunca. No sólo no es tarde sino que está en el momento oportuno, después de un trabajo muy intenso que lleva mucho tiempo porque se quiere hacer las cosas bien y con una relación
excelente con todos los protagonistas sociales que tenían que intervenir. Responderé a algunas de las cuestiones que se planteaban en torno a ello.
Quizá S.S. querría que hubiésemos presentado esta estrategia de ahorro y eficiencia energética en dos meses. En el mes de diciembre, cuando lo propuso el señor Aznar, el Ministerio de Economía desde el IDAE tenía elaborado un borrador de
partida para un proceso intenso y rico de relación con todos los que tenían que intervenir en ello. Se hizo un cuestionario importante para que participasen todas las comunidades autónomas y corporaciones locales; una serie de comunidades
autónomas respondieron diligentemente al mismo, otras no, así como una serie de municipios. Ello sirvió de base para la elaboración de esta estrategia.
Naturalmente, como dije en mi primera intervención, ha habido reuniones intensas de grupos de
trabajo con organizaciones empresariales, sindicales, ONG e Instituto Nacional de Consumo en varias ocasiones.
Precisamente, fruto de todo ello ha sido un documento, permítame que se lo diga, equilibrado, un documento eficaz, un documento que tiene
que compaginar muchos objetivos, y quiero comenzar por aquí. Podríamos haber hecho un documento sobre eficiencia energética en el que no importase, por ejemplo, el objetivo de estabilidad macroeconómica y utilizar, como decía el señor Gámir, una
política de precios incentivadora de la eficiencia a base de hacer que los ciudadanos encontrasen en la factura energética un listón tan elevado porque, a la fuerza, vía precio se ahorra energía, pero iríamos contra el objetivo de la estabilidad
macroeconómica, y si esa política de precios es para las empresas, entonces vamos contra otro objetivo, el de crecimiento. Se podría haber utilizado una política en la cual los recursos públicos fueran los que nos pidieron algunos de los múltiples
grupos con los que estuvimos reunidos y que atentase contra la estabilidad presupuestaria y el equilibrio presupuestario pero, obviamente, estaríamos descompensando los objetivos de política económica. Menos mal que lo dijo S.S. al final, porque
parecería que aquí el único objetivo que había era reducir las emisiones, que son importantes, pero al final
dijo que tenía que ser compatible con la convergencia real y naturalmente con la seguridad del suministro energético. Hablaba de la envoltura de esta estrategia -claro que la tiene- con los otros planes, algo absolutamente esencial, y no
necesitamos estar permanentemente en esas casi mil páginas del documento de estrategia de eficiencia energética haciendo constante referencia a otros planes que ya están ahí. Después aludiré a todo el régimen especial y las energías renovables en
el que ha insistido la señora Riera. Naturalmente que forman un empaste global de lo que se quiere en el modelo de política energética, modelo que, dicho sea de paso, se está valorando a nivel internacional y de mercados financieros como uno de los
más eficientes del mundo desarrollado y que ha superado pruebas importantes de manera más solvente que en otros países. Con los datos de eficiencia que tenemos relacionados con la calidad del suministro (tiempos de interrupción, seguridad del
mismo, la mix de tecnología de generación) en un país que ha tenido toda clase de obstáculos para incrementar al ritmo que queríamos las interconexiones con otros países, en particular con Francia, en un país que no tiene recursos naturales
energéticos, estamos utilizando una mix que se considera envidiable a nivel internacional, que es la mix de generación.
No vamos a insistir en el plan energético, pero tiene unos elementos de eficiencia muy importantes a través de la incorporación actualizada del Plan de fomento de energías renovables y a través de lo que es cogeneración, en la que insistía
tanto, me parece que acertadamente, la señora Riera, y los ciclos combinados para el aumento de la capacidad que necesita este país.
Algo importante es que las necesidades energéticas las tenemos que situar en un contexto de crecimiento del PIB del 3 por ciento, como hemos proyectado, porque en un contexto de estancamiento es obvio que no hay mucho problema, no hace falta
incrementar la capacidad de generación y por tanto no se incrementan las emisiones, pero, eso sí, aumenta el paro y no se progresa. Sin embargo, es vital como punto de partida para entender la estrategia de ahorro y eficiencia energética que lo
relacionemos con la estabilidad macroeconómica, con el equilibrio presupuestario, con la convergencia real y naturalmente con la cooperación al desarrollo sostenible.
Su señoría ha insistido mucho en el Protocolo de Kyoto y en que nos situamos de manera insuficiente en cuanto a los objetivos comprometidos.
Lamento decirle que el señor Rato, como es obvio, en una demostración de Administración
participativa, se reúne de manera informal con los interlocutores para conocer opiniones. Nosotros queremos una Administración participativa, que es lo importante, para conocer opiniones y para hacer una política socioeconómica que está considerada
como modelo en el mundo, y me remito a la evidencia empírica de cómo se está comportando la economía española en etapas de estancamiento y en etapas de crecimiento internacional. Naturalmente, hay que conocer de manera directa y en reuniones
informales y de trabajo una determinada realidad y unos determinados retos. Qué duda cabe que en materia de cumplimiento del Protocolo de Kyoto tenemos un reto, pero también tengo que insistir -parece que no se ha dicho de manera suficiente en el
propio documento- que es un documento de ahorro y eficiencia energética, no es el documento para los objetivos de Kyoto. Lo que sucede es que un documento de ahorro y eficiencia energética tiene tres ventajas importantes: en primer lugar, mejorar
la competitividad del sistema económico, porque en el escandallo de costes se va a incrementar menos la demanda de energía por unidad de producto y eso es positivo para la competitividad; en segundo lugar, contribuye a la seguridad de suministro y
a la menor dependencia exterior y mejora la factura exterior de productos energéticos; y en tercer lugar, al consumir menos energía por unidad de producto se emite menos y por consiguiente colabora o contribuye a lo que es un objetivo que tiene que
ser contemplado en su globalidad por las autoridades que correspondan y en particular por la interrelación con la estrategia de cambio climático. Esta estrategia de ahorro y eficiencia energética se tiene que subordinar en su momento, en los
aspectos a que se refiera, con el cumplimiento de los objetivos del Protocolo de Kyoto, como así se recoge específicamente en el documento -que se hagan las revisiones necesarias para que esté en colaboración con ello-, pero aquí estamos en otra
cosa. Estamos en una estrategia de ahorro de eficiencia energética que creemos que contribuye a compaginar todos esos objetivos porque eso es lo importante -estabilidad de precios, equilibrio presupuestario y crecimiento de la economía real-,
dentro, claro está, de un procedimiento o una instrumentación de objetivos que entendemos que era coherente y de participación de los distintos agentes.
Esto ha llevado tiempo pero ha sido muy importante.
De cara al futuro, como ya hemos hecho en otras planificaciones, se fijan objetivos intermedios; 2006, por ejemplo, que además será el año de la revisión y evaluación del Plan de fomento de energías renovables, debe ser un momento muy
propicio para revisar cómo está evolucionando el contenido de la estrategia de ahorro y eficiencia energética. Son cargas de profundidad. Estamos hablando de un horizonte del Protocolo de Kioto del 2012 y ya se sabe que los primeros años -siempre
pasa esto- son los años de arranque y en donde menos se visualizan los efectos o el fruto de esta estrategia. Ahora, de lo que no cabe duda es de que, si esto se va a llevar a cabo tal y como pretendemos y como establece el propio documento de
estrategia, esto es, con una Comisión de seguimiento y control, mediante reuniones -conferencias sectoriales- con las comunidades autónomas y con representantes de la CEN y con reuniones de ese consejo de control con todos los presidentes de los
grupos sectoriales para hacer un seguimiento de cada una de las áreas y se da cuenta anualmente a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ello obligará a que se convoquen las conferencias sectoriales. No creo que este secretario
de Estado haya sido el que menos ha utilizado ese mecanismo,
por cierto de manera altamente favorable para la política energética de nuestro país. Creo recordar que durante la presente legislatura he convocado la conferencia sectorial de Energía e Industria en cinco ocasiones y la de las Pyme en
otras cinco, habiendo sido la participación de los consejeros y de los representantes territoriales muy fructífera para llevar a cabo una labor empastada, algo que en este tema es indudable que es absolutamente necesario. Quiero decir a ambos
intervinientes, a la señora Riera y al señor García Breva, que las comunidades autónomas tienen importantes competencias en esta materia.
Esto no es un plan, sino una estrategia de obligado cumplimiento que desde el Estado se realiza para el
conjunto del país. Hemos tenido en cuenta a las comunidades autónomas, entre ellas a Cataluña, que han elaborado sus planes en relación con la eficiencia energética y nos han enviado sus observaciones y comentarios, en muchos casos enriquecedores,
que han sido incorporados dando siempre coherencia al documento. Esto quedaría cojo si no se hiciera un seguimiento anual en conferencias sectoriales para ver cómo se aplica y queda coherentemente ensamblado lo que establece la estrategia con cada
uno de los planes elaborados por las comunidades autónomas. El montante de recursos, distribuido conforme a lo que entendemos son competencias específicas, parece adecuado: en torno al 60 por ciento el Estado y un 40 por ciento las
administraciones territoriales.
En cuanto a la cuestión del régimen especial, empezaré por la cogeneración. Tenemos en este momento instalados en cogeneración 5.500 megavatios, estando el objetivo establecido en 7.100. Pues bien, dentro del régimen especial, no es mal
cumplimiento hasta ahora tener 5.500 megavatios instalados. Dicho sea de paso, eso es eficiencia energética medioambiental y de seguridad de suministro al ser energía distribuida -esto hay que ponerlo de manifiesto- y por eso queremos estimularlo.
No es que estemos satisfechos, sino que lo que digo es que hay un sentido razonable y objetivo de que la evolución ha sido positiva con esos 5.500 megavatios, pero, como quiera que dichos megavatios instalados no están funcionando el número de horas
que sería deseable -4.500 horas frente a las 6.000 deseables- y como quiera que en los dos últimos años se está desacelerando el ritmo de nuevas instalaciones, esto motiva que esta cuestión tenga que ser revisada y para eso estamos, para ver cómo
evolucionan, lo que han hecho favorablemente, y comprobar que en el horizonte establecido se van a cumplir los objetivos.
En cuanto a la modulación de las retribuciones, en línea con lo que ha planteado la señora Riera, es importante establecer una previsibilidad, que es lo que hace el nuevo real decreto que se está culminando; se establece una retribución
razonable de esas inversiones. Naturalmente, ello tiene que encajar con el equilibrio del sistema, ya que no se trata de que tengan que subir las tarifas a un ritmo que rompa otros objetivos para poder financiar las renovables. Ahora bien, no cabe
duda de que se hace un esfuerzo equilibrado, de manera que yo estaría tranquilo en relación con el cumplimiento de este punto incluido en el régimen especial, ya que, como he dicho antes, es importante para lograr los objetivos energéticos.
Con respecto al resto del régimen especial, en donde se incluyen las energías renovables, no es verdad que la evolución de dichas energías esté siendo un fracaso, señor García Breva, aunque es cierto que unas van mejor que otras y voy a
hacer una breve referencia, sin entrar en muchas cifras, a ello. No necesito decirle que la eólica va extraordinariamente bien y que prácticamente se han cumplido, y en exceso, los objetivos en relación con lo establecido para el año 2006. Hasta
el 2002 está en el 83 por ciento y supongo que en el 2003 el porcentaje será claramente más alto. Es más, aquí ha habido además un desarrollo tecnológico muy importante con respecto a esta energía renovable. Quiero decir a S.S. que en usos
eléctricos el biogas está en el 112,96 por ciento de los objetivos de 2006 y que en usos térmicos está en el 119,16 por ciento.
Por tanto, ya tenemos otro que está funcionando eficientemente.
Mencionaban S.S. y la señora Riera los biocarburantes. Nosotros fuimos los pioneros en establecer la destasación y la eliminación del impuesto especial sobre hidrocarburos al mismo tiempo, por no decir que nos adelantamos, que la propia
implantación de la directiva. ¿Por qué? Porque teníamos mucho interés en que se desarrollara y se está desarrollando de manera muy importante en los biocarburantes, que, al terminar el año 2002, están en el 48,48 por ciento en relación con el
objetivo de 2006 y, al ritmo acelerado al que van las nuevas plantas de biocarburantes, sin ninguna duda aquí también cumpliremos con nuestros objetivos. Con respecto a la energía solar, hay que realizar un gran esfuerzo. Estamos incentivando la
energía solar fotovoltaica de manera relevante en cuanto a facilitar el acceso a redes y desde luego en cuanto a la retribución, que es prácticamente 10 veces el precio del mercado. No importa. A esto hay que darle un nuevo impulso y, obviamente,
eso se contempla en el propio real decreto. Está claro que ahí están avanzando y mejorando las tecnologías y entiendo que esto va a ser favorable, pero la energía solar fotovoltaica es algo residual en todos los países y hay que darle un impulso
importante. En esa línea van a ir las distintas disposiciones, tanto lo contenido en la estrategia de ahorro y eficiencia energética como lo contenido en la trasposición de la directiva sobre eficiencia energética de los edificios, que es
precisamente la energía solar térmica en baja. Hay que reconocer que es necesario un impulso y, naturalmente, en ello estamos. En cuanto a la biomasa, en el real decreto que se está elaborando se le da el tratamiento que requiere para que tenga
impulso.
De hecho, hemos mantenido reuniones con los distintos protagonistas, actores e inversores en ese frente, en orden a la elaboración de la nueva norma, que esperamos que dé sus frutos, pero quiero decir a S.S. que aquí nuevamente, como en
otros ámbitos, el hecho de que la biomasa tenga éxito final depende mucho de la colaboración de las comunidades autónomas y de los municipios, en definitiva de que se
establezca una logística que permita que se garantice a las empresas que tendrán materia prima en las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo esas inversiones, que son muy voluminosas, de plantas de biomasa.
Este no es solamente un
tema de retribución, sino también de logística, y es muy importante solucionarlo con la colaboración de las comunidades autónomas. En este sentido, será muy importante lograr medidas específicas en la conferencia sectorial y en las reuniones con la
FEMP para que no falle la logística en materia de biomasa. No obstante, ya se están desarrollando iniciativas importantes con cooperativas de agricultores para el uso de subproductos agrarios o cultivos energéticos, y esto tendrá que seguir
avanzando sobre la base de esa cooperación múltiple que es absolutamente indispensable.
Naturalmente, señor García Breva, en la estrategia de ahorro y eficiencia energética no nos hemos dedicado a hacer un tratado de otras infraestructuras, sólo tocamos de pasada las relaciones con otros departamentos ministeriales, en
particular el de Fomento. La referencia que ha hecho S.S. a las iniciativas en materia de infraestructuras del transporte y ordenación del territorio que se están llevando a cabo es positiva. Nosotros también hacemos referencia a ellas, pero en
nuestra estrategia de ahorro y eficiencia energética damos por sentado que existe un plan plurianual de inversiones en infraestructuras que va a traer consigo, por ejemplo, que muchas de las líneas convencionales actuales queden liberadas para el
transporte de mercancías como consecuencia de la creación de nuevas infraestructuras para el transporte de viajeros en alta velocidad. Ese cambio modal es importante desde el punto de vista del ahorro y de la eficiencia energética, porque va a
permitir que parte del tráfico de mercancías por carretera vaya hacia el ferrocarril, que es más eficiente desde el punto de vista energético y también desde el punto de vista medioambiental. Esto lo damos por supuesto, por lo que no repetimos aquí
el plan de infraestructuras, sólo hacemos referencia a él.
Estos son los aspectos fundamentales que quería transmitir.
El objetivo de intensidad energética es realista. Si sumamos lo que se logra por la vía del plan energético y del plan de renovables con la estrategia de ahorro y eficiencia energética, prácticamente estamos en la línea del objetivo de
reducción del 1 por ciento que establece la Comisión Europea. Sin embargo, insisto en que es un reto realmente muy importante en el contexto de una economía que quiere crecer al 3 por ciento y no al cero por ciento, porque en este último caso sí
sería fácil lograr esos objetivos. Compaginar ambos objetivos es un reto importante en el que van a colaborar -porque así nos lo han dicho- el Instituto Nacional del Consumo, la Comisión Nacional de la Energía, las comunidades autónomas y las
corporaciones locales, lo cual me anima a pensar que la estrategia de ahorro y eficiencia energética va a cumplir perfectamente sus objetivos.
Creo que ya he contestado a los importantes planteamientos que ha hecho la señora Riera en torno a la cogeneración y a las energías renovables. En cuanto a las relaciones con las comunidades autónomas, insisto en que, con independencia de
que no hayamos recogido todo, ha habido una comunicación estrecha y múltiple. En particular -ya que hacía referencia a ello- ha habido múltiples reuniones con los responsables de la comunidad catalana, a petición de ellos, que han sido muy
importantes para asumir muchos planteamientos que nos parecían enriquecedores, pero obviamente esto siempre tiene que hacerse dentro de la coherencia del conjunto.
Una cuestión muy difícil que me planteaba la señora Riera era la diferenciación de la tasa interna de rendimiento que podían dar determinadas inversiones relacionadas con el ahorro y la eficiencia energética según segmentos de empresas.
Sería una labor poco menos que imposible. De hecho el IDAE encargó muchos trabajos a ingenierías para poder hacerlo y no sé si en una segunda etapa habría que proceder a realizar esta diferenciación. Lo que sí se ha hecho ha sido coger siete
grandes áreas y, dentro de los sectores industriales, coger 11 empresas.
Sin embargo, entrar a distinguir según empresas o según tamaños sería poco menos que misión imposible. Además, en un análisis coste-beneficio, el coste de esa operación sería
mucho mayor que el beneficio.
Para terminar, quisiera precisar una cuestión al señor García Breva sobre el cumplimiento de las directivas. Todas las directivas que he mencionado, salvo una, son para meses siguientes, pero tenemos el compromiso de trasponerlas porque
estamos identificados con sus objetivos. Por ejemplo, en cuanto a la eficiencia energética de los edificios, ya he manifestado anteriormente que queremos adelantarnos al compromiso del 4 de enero de 2006. Con independencia de las complejidades
técnicas que tenga culminar el RITE y el código técnico de edificación, tenemos una voluntad muy clara de anticiparnos al periodo de vencimiento que se establece para la trasposición de esa directiva. Lo mismo puedo decirle en materia de
cogeneración. Respecto a los biocarburantes, ya he dicho a S.S. que no sólo se va a trasponer la directiva en tiempo y forma, sino que en la práctica vamos por delante de otros muchos países y estamos cumpliendo los objetivos que nos hemos
planteado. Respecto al comercio de emisiones, acaba de ser aprobada la directiva, que ha establecido un listón prácticamente imposible para los distintos países que así lo han manifestado, pero quiero decirle que nosotros no tenemos ninguna
intención de no cumplir los compromisos y tampoco hay ninguna intención de no cumplir -como alguien ha dicho- el objetivo del 31 de marzo para el Plan nacional de asignaciones. Por supuesto que nosotros queremos cumplir los objetivos que se están
estableciendo. En cuanto a la directiva de promoción de la electricidad con fuentes renovables, está incluida en el real decreto de conexiones a red de instalaciones de 50 megavatios y, aunque ahora mismo no lo puedo certificar, sé que se ha
enviado recientemente a la Comisión Nacional de la Energía, lo que quiere decir que el cumplimiento de este compromiso está en curso. Créanme, señorías, para
nosotros las energías renovables son uno de los pilares de la política energética que nos va a permitir cumplir con los objetivos de seguridad en el suministro, diversificación, reducción de la dependencia exterior y contribución al
desarrollo sostenible.
El señor PRESIDENTE: Señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Intervendré brevemente, señor presidente.
Lo primero que quiero decirle es que nos hemos quedado con la incógnita -yo no lo había planteado, lo había hecho la señora Riera- de por dónde van a ir las líneas de ese real decreto en cuanto a la metodología de las primas de las
renovables o del régimen especial. Yo apunto lo que ha dicho usted hoy aquí, pero ya veremos qué pasa cuando salga ese real decreto, porque por mucho esfuerzo que usted haga, señor Folgado, sabe que la biomasa supone el 60 por ciento de los
objetivos del Plan de fomento de las energías renovables y, sin embargo, como se deduce de sus propias palabras, no está para tirar cohetes. Tampoco sé por qué no se habla nunca de esa comisión interministerial en la que se planteó hacer un plan de
arranque de la biomasa; de todo eso no se ha dicho nada. En cuanto a la energía solar, no quiero extenderme, pero ni siquiera se ha llegado al 10 por ciento de los objetivos del plan cuando ya han pasado casi cuatro años.
Sigo preocupado porque no ha dado ninguna contestación seria sobre dos sectores prioritarios, como son el sector transportes y el sector edificios. No sé si el plan de infraestructuras que elaboró el Ministerio de Fomento tuvo en cuenta los
criterios de ahorro y eficiencia energética, pero lo dudo mucho. Por la prisa que se está dando en modificar el código técnico de edificación, dudo sinceramente de esa coherencia.
Termino con las energías renovables. La trasposición de la directiva de energías renovables no está hecha y hay algo que a nosotros nos parece grave, y es que el Gobierno no ha cumplido uno de los aspectos que se regulan en esa directiva,
que es la certificación de origen de energías renovables, lo que está dando pie a esa campaña de algunas compañías eléctricas donde nos venden gato por liebre.
Paso a referirme a algo en lo que no entré en mi anterior intervención, que es la cuestión de las tarifas, a la que usted se ha referido; no era el objeto de su comparecencia pero lo ha dicho. Respecto a los apagones, usted ha sido muy
sincero pero se pone la venda antes de la herida, es decir, ha dejado entrever la posibilidad de que estamos bastante ajustados, y yo creo que será consecuencia de haberse leído los informes de la Comisión Nacional de la Energía. Yo le haría una
pregunta concreta: ¿Cómo van los proyectos de autorizaciones de centrales de ciclo combinado? En concreto, refiriéndonos a la denuncia que ha hecho la Comisión Nacional de la Energía de retrasos en las infraestructuras gasísticas, ¿por qué el
Ayuntamiento de Huelva no ha autorizado una central de ciclo combinado a Endesa?
Ha anunciado el incremento de las tarifas en un 1,6 y en un 1,7 por ciento. Usted presenta la metodología de las tarifas como un logro, pero yo quiero preguntarle sobre lo que ha planteado Iberdrola. Iberdrola ha dicho que en diciembre de
2002 ha habido un superávit en los CTC de cerca de 1.604 millones de euros, aproximadamente unos 270.000 millones de pesetas que según Iberdrola hemos pagado todos los consumidores en la tarifa como una especie de regalo a las compañías eléctricas.
Teniendo en cuenta que en diciembre del año pasado se hizo el reconocimiento del déficit tarifario, que se ha aprobado una metodología que garantiza el incremento de las tarifas durante siete años y que ahora, como yo decía en mi primera
intervención, las compañías eléctricas están pidiendo trasladar a las tarifas el coste de la reducción de emisiones de CO2 para el sector energético, parece que de su política energética se deduce la filosofía de trasladar al ciudadano y a los
consumidores todo lo que se pueda trasladar. Yo creo que las cuentas no están claras, ni las suyas ni las de las compañías eléctricas, como resultado de una política energética errática que se ha supeditado siempre no a los intereses de los
consumidores sino a los intereses del sector. Por eso yo quiero preguntarle -y con esto termino, señor presidente-: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno, y la que hace usted, sobre ese dato que ha dado Iberdrola? Si usted coincide con esa
apreciación de Iberdrola, ¿qué relación tienen los CTC con el déficit tarifario ya reconocido? Si la valoración de Iberdrola es cierta, es decir, si los consumidores hemos pagado 270.000 millones de pesetas más a las eléctricas, ¿cuánto podría
trasladarse a la tarifa eléctrica? Nosotros creemos que eso daría para rebajar la tarifa eléctrica en un 4 por ciento. Ya que es un logro tan importante, creo que lo debería explicar usted para que los ciudadanos sepan exactamente cuáles son esas
cuentas.
Respecto a Baleares, creo recordar que en los debates que tuvimos en la subcomisión de planificación de infraestructuras energéticas ya se habló de esto, incluso los representantes en aquel momento del Gobierno de Canarias hablaban del
gasoducto y de la conexión eléctrica. Aquello se quedó para estudio y yo creo que la decisión se podía haber tomado el año pasado y no haber esperado a lo que yo sospecho que han esperado ustedes, a que pasaran las elecciones.
El señor PRESIDENTE: Señora Riera, tiene la palabra.
La señora RIERA REÑÉ: En primer lugar, quiero decir que comparto los objetivos macro del Plan E4, de ahorro y eficiencia energética, a que hacía referencia el secretario de Estado sobre todo en el marco de la estabilidad, de la convergencia
y de la competitividad en un sector como el energético, que es clave para conseguir estos objetivos de estabilidad, convergencia y competitividad.
Dicho esto, quisiera agradecer al secretario de Estado sus palabras, aclaraciones y respuestas a las preguntas que desde nuestro grupo parlamentario hemos formulado.
Esperamos que puedan superarse los aspectos, a nuestro entender, desincentivadores de la cogeneración y, por tanto, que el mensaje de tranquilidad que hemos recibido del secretario de Estado sea efectivo.
Reiteramos nuestra apuesta por las energías renovables y esperamos que el real decreto para el fomento de las mismas sea real y no suponga una paralización ni una reducción, sino que se oriente a potenciarlas y a hacerlas más competitivas de
cara al futuro. Esperamos que el desarrollo del real decreto vaya en este sentido y no en el que nos temíamos al considerar que el real decreto pudiese suponer una paralización y una reducción del fomento de las energías renovables.
El señor PRESIDENTE: Señor Gámir, tiene la palabra.
El señor GÁMIR CASARES: Intervengo brevemente para decir que el tema de la eficiencia y del ahorro energético no ha sido el núcleo de las intervenciones que me han precedido. A sensu contrario, supongo que es porque la intervención del
secretario de Estado ha resultado convincente respecto a los problemas de ahorro y eficiencia energética. Sin duda, el tema de las energías renovables está relacionado pero no es el de ahora; el tema de los, entre comillas, apagones también. La
eficiencia energética ayuda a que la oferta se plantee de forma mejor, pero no es el mismo tema. Y no es que seamos el mejor país del mundo mundial, simplemente es que no nos ha ocurrido lo que en otros muchos países, y eso es la constatación de un
hecho que sin duda tendrá que ver con la política energética realizada. Los CTC que alguien ha mencionado tampoco es el núcleo de la intervención, pero el secretario de Estado podrá tratar ese tema cuando lo considere adecuado. ¿Que al sector hay
que oírle? Sin duda, y en la primera intervención también se ha hablado de ello, pero habiendo explicado antes la diferencia entre beneficios privados y sociales es lógico que el sector y las grandes empresas busquen sus beneficios, y es obvio que
la política energética busca el beneficio de toda la sociedad, entre otras cosas, integrando lo que plantea el sector.
Respecto a Baleares, solamente recordaré que en la subcomisión creada al efecto hubo una propuesta de los representantes del Grupo Parlamentario Popular para que se sostuvieran las dos alternativas, de cable y tubería, que son las que luego
se han estudiado, y precisamente aquella propuesta ha dado lugar a la solución que se ha planteado por el ministerio.
En mi opinión, es altamente positivo que en este segundo turno no se haya aludido al núcleo, al meollo de la cuestión, que era la eficiencia y el ahorro energético, con lo cual parece que llegamos a una cierta aceptación o convencimiento de
la bondad del documento.
El señor PRESIDENTE: Puede contestar el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA, DESARROLLO INDUSTRIAL Y DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (Folgado Blanco): Voy a intentar contestar brevemente a -creo- los cinco puntos que ha planteado el señor García Breva. En primer lugar,
respecto al transporte y edificios, me remito a lo que ya he dicho en mi intervención y a lo que está en la documentación. Entiendo que hace bien en insistir en el tema del transporte porque es responsable, en una parte muy representativa, de todo
lo que significa el consumo de energía que importamos y de las emisiones de CO2, y porque además es muy importante para el funcionamiento del sistema económico. Creo que la envolvente que se ha buscado, en unos trabajos muy intensos que se han
realizado en torno al tema del transporte, nos arroja unos resultados que a lo mejor le podrán parecer S.S. no muy ambiciosos, pero desde luego está claro que lo que buscamos es ser realistas y hacerlo compatible con lo que es un crecimiento
económico. Por ejemplo, qué duda cabe que en España cada vez se compran más coches por unidad familiar, coches más grandes que se mueven más, y eso se ve en gran parte contrarrestado con los acuerdos que están estableciendo las compañías
automovilísticas con la Comisión Europea para que estos vehículos sean más eficientes unitariamente, desde el punto de vista de consumo de energía y de emisiones. Pero nosotros, aparte de esos datos, hacemos hincapié en cómo hacer un uso más
eficiente del automóvil y tratamos de buscar la envolvente sobre la base de que las corporaciones locales quizá tendrán que establecer más zonas peatonales en los centros de las ciudades -no lo sé, depende de ellos- lo que sin duda ninguna
contribuirá a un uso más eficiente de vehículos, menos contaminante y con menos gasto de combustible. Tendremos que incentivar que se utilicen los medios públicos de transporte de cercanías estableciendo aparcamientos adecuados, etcétera. Todo
esto implica una serie de inversiones, por eso son tan importantes las relaciones con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales. Tenemos que establecer un sistema eficiente de tráfico del sector público de cercanías, y de hecho creo
que España puede lucir en estos momentos que tiene un eficiente servicio público de transporte de cercanías en las ciudades. Tendremos que establecer mecanismos que desincentiven el uso privado en muchos casos; por ejemplo, incentivos o estímulos
al uso de medios colectivos para ir al trabajo en las empresas más grandes. Esta es la envolvente que podemos establecer en el transporte, porque no creo que S.S. piense que haya que establecer una norma prohibiendo utilizar el vehículo privado.
Ya mencioné anteriormente -por eso no insisto ahora-, pasa al tráfico de mercancías, el uso del ferrocarril más que la carretera.
Segundo punto: si estamos ajustados en materia de energía. No he dicho nada que se parezca a eso; al contrario, puedo decir con satisfacción que España tiene garantía de suministro. Lo único que dije es que esa garantía de suministro y
esa capacidad excedentaria
se producen en un contexto en el cual las puntas de demanda van a superar todos los récords históricos en un país en el que, como fruto de la mejora del bienestar de los ciudadanos, se ponen más aparatos de aire acondicionado y sistemas
acondicionados en las viviendas, se utilizan electrodomésticos más grandes, en definitiva se usa más la energía, aparte de los elementos de temperatura que influyen en ello. Hay también más actividad económica. Todo ello hace que se consuma más
energía y que lleguemos a los 39.500 megavatios en punta, tal como prevé Red Eléctrica.
No vamos a tener problema ninguno. Lo mismo para el gas, que está aumentando a ritmos del 12,8 por ciento, lo cual quiere decir que nos organizamos bien para
establecer las infraestructuras para el acceso a las plantas de regasificación, para el funcionamiento de todas esas infraestructuras de tubos y demás, y estamos aumentando -y por eso aumenta el 12,8 por ciento la demanda de gas- a 250.000 nuevos
ciudadanos al año nuevos polígonos industriales y nuevas plantas de ciclo combinado.
Respondo ya a este punto, de las centrales de ciclo combinado. En síntesis, hasta ahora están en servicio 4.820 incluyendo los 820 megavatios de centrales en prueba en Tarragona. Esto ha ido evolucionando perfectamente con arreglo a las
previsiones. Con la aprobación del proyecto de ejecución hay otros 2.000 megavatios; con autorización administrativa previa, otros 9.150 megavatios; realizada la información pública, 10.400 megavatios, y realizándose el estudio de impacto
ambiental, 12.370 megavatios, en total 38.740 megavatios, que supera en mucho a los 14.800 megavatios establecidos en la planificación como deseables o como imprescindibles en todo ese horizonte en cuanto a ciclos combinados. Esto en términos
generales va en tiempo y forma, lo cual es importante. Ahora bien, es muy importante la cooperación de las distintas instancias administrativas para que el establecimiento de nuevas centrales de ciclo combinado siga el curso eficiente que ha tenido
hasta ahora para no tener problemas de seguridad de suministro en el medio plazo. Tenemos que compaginar los aspectos urbanísticos y medioambientales con los de seguridad de suministro y con los espaciales en esa seguridad de suministro, porque hay
unas zonas muy excedentarias y otras más deficitarias. Tenemos una buena red de transporte. Quiero decir a S.S. que probablemente en estos momentos es la más eficiente de Europa nuestra red de transporte eléctrico; no obstante hay pérdidas en el
transporte si tienen que llevarlo a zonas muy alejadas. Por eso es muy importante que se lleven adelante las centrales de ciclo combinado que están establecidas. Hay iniciativa privada y no quieren demoras en el establecimiento de las mismas, pero
hay que resolver algunos problemas administrativos.
En particular, en cuanto a la central de ciclo combinado en Huelva, que sustituiría a la térmica convencional de Cristóbal Colón que hay en la actualidad, ha habido un planteamiento de discusión en la última etapa de todo el procedimiento
administrativo entre el ayuntamiento y la empresa Endesa en torno a si cumplía o no lo estipulado en el plan urbanístico.
Como entiende S.S., yo no puedo entrar en esa materia. Lo único que he dicho es que es muy importante en Andalucía la puesta
en marcha de las centrales de ciclo combinado. Creo que el alcalde ha prometido el establecimiento de un foro para adoptar la solución más oportuna en los próximos meses. Espero que haya una solución aceptable y compatible con la necesidad de
suministro energético que tiene Andalucía. No es que tenga carencia de suministro, porque va de otras regiones, pero desde el punto de vista de un equilibrio zonal o regional Andalucía occidental necesita esa central de ciclo combinado, a mi
entender, como necesita las centrales de ciclo combinado de Arcos, y en lugar de cualquier planteamiento que entorpezca un proceso de construcción de centrales donde realmente hace falta, con tecnología limpia, eficiente energética y
medioambientalmente y necesaria desde el punto de vista de atender la demanda en toda Andalucía, y en particular Andalucía occidental, convendría una colaboración adecuada de todas las administraciones para que vaya adelante.
En cuanto a las tarifas, me dice S.S. que lo que queremos es trasladar a los ciudadanos todo lo que se pueda trasladar de las tarifas. Yo creo que ha desaprovechado una oportunidad para no insistir en esta materia, porque quiero recordarle
que para tarifas altas las que recibimos en 1995. (Rumores.) Para tarifas altas, las más altas de Europa, las que recibimos en 1995, y desde entonces han bajado, incluidas las de 2004, un 38,64 por ciento en términos reales y un 14,94 por ciento en
términos nominales, y allá en 2010 puede que nos acerquemos a las que teníamos en el año 1995. Lo que no me van a decir SS.SS. es que las tecnologías de generación eléctrica, las renovables y del gas natural son mucho más baratas. Sus señorías
hicieron dos cosas: colocar las tarifas en un nivel que era pérdida de inflación y de competitividad en España y cerrar centrales que ya estaban construidas, que es lo que ha producido una situación que ahora estamos compensando con nueva
generación.
En cuanto a los CTC que ha mencionado, la Comisión Nacional de la Energía ha elaborado un informe que nos acaba de remitir, y que yo remitiré a S.S. puesto que ha habido una solicitud de información al respecto, que da cumplida respuesta a
lo que planteaba S.S. y concluye que no se ha producido un exceso en el cobro de los CTC por el sector ni por ninguna de las empresas con derecho a percibirlos, y da un dato. En términos de euros del año 1997 dice claramente: saldo pendiente de
CTC a 31 de diciembre de 2002, 4.205 millones de euros -euros de 1997-, es decir, pendiente de cobro el 49 por ciento. Lo pone claramente de manifiesto.
Estos son datos de la Comisión Nacional de la Energía, que estudia la información que le
proporcionó no sólo Iberdrola, que parece que le gusta mucho a S.S., sino también Endesa, que dice que hay un déficit de CTC muy superior y que lo que falta por cobrar no es el 49 sino el 63 por ciento, que está en
las antípodas de lo que planteaba Iberdrola, ambos con criterios parciales. La comisión analiza el tema y concluye claramente como comienza en su exposición: estos son los CTC iniciales, esto es lo que se ha cobrado y esto es lo que queda
pendiente, el 49 por ciento en euros constantes de 1997. Esta es la cifra que concuerda claramente con la aplicación de los criterios que se establecieron en la Ley del sector eléctrico de 1997 y en la memoria económica correspondiente. La
Comisión Nacional de la Energía dice expresamente que cualquier cambio o modificación que eventualmente pudiera producirse en el sistema de los CTC debería considerar el conjunto de parámetros, variables y consideraciones que se tuvieron en cuenta
en los cálculos iniciales, así como una revisión global de modelo, algo que la comisión opina que no se debe realizar, es decir, no se deben incluir sólo unos parámetros o unas variables sino el conjunto que se establece en la ley y en el modelo.
La CNE entiende que no pueden hacerse cortes temporales y parciales en la consideración de dichos parámetros para determinar exceso o defecto de cobro de los CTC. Es decir, no se pueden utilizar de forma individualizada y en un momento del tiempo
las horas de utilización de las centrales o el coste de combustible, dejando de lado otros parámetros como, por ejemplo, los tipos de interés.
En cuanto a lo de Baleares, el entonces gobierno balear elaboró un plan energético para Baleares sin consensuarlo con la Administración central, como manda la ley, y en ese plan no se hablaba para nada de conexión eléctrica; se hablaba
únicamente de conexión con tubo de gas. Siguiendo el consejo de la subcomisión que se estableció en esta Comisión y el del propio Gobierno, durante 2003 hemos estudiado las alternativas más convenientes, y ese es el resultado que se trae dentro del
período que se dio para ello. A la señora Riera, quiero decirle que estoy totalmente de acuerdo en que exige una atención especial todo el tratamiento del régimen especial. Nosotros le estamos prestando especial atención.
Durante este año hemos
trabajado muy intensamente sobre este tema porque entendemos que es vital para los objetivos de política energética que hemos establecido.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.
A continuación procederemos a las votaciones correspondientes a las proposiciones no de ley.
El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación de la proposición no de ley correspondiente al punto 1.º del orden del día, en relación con la carretera de Campdevànol a La Pobla de Lillet.
Tiene la palabra la señora López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Para corregir un error que ya figuraba en la proposición no de ley. Donde dice Nacional 620, debe decir Nacional 260.
El señor PRESIDENTE: Sí, ya lo habíamos corregido.
Votamos la primera proposición no de ley, de acuerdo con la enmienda transaccional que ha sido aceptada por todos los grupos.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA REÑÉ: Para manifestar que damos nuestro voto favorable entendiendo que respecto al párrafo segundo, que habla de cofinanciación, es la Administración central la que asumirá plenamente los compromisos que establece el
protocolo.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la segunda proposición no de ley, en los términos de la enmienda de modificación que ha sido aceptada.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Procedemos a la votación del tercer punto del orden del día, acorde también con la enmienda de modificación que ha sido aceptada por los grupos.
Efectuada la votación, dijo.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Era la una y cuarenta minutos de la tarde.