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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 881, de 26/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 881
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ-CRUZ PÉREZ LAPAZARÁN
Sesión núm. 56
celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley: - Sobre modificación del reglamento (CE) 2561/2001. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001934.) ... (Página 27992)
- Relativa a la creación de un fondo de compensación económico y planes de regeneración para las zonas afectadas por el desastre del Prestige.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002185.) ...
- Relativa a una participación más activa del Gobierno en la fijación de los cupos de tomate de Marruecos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002250.) ... (Página
28000)
- Relativa a los olivos milenarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002243.) ... (Página 28004)
- Relativa a la problemática que se plantea tanto en la reestructuración industrial como en la modificación de la OCM del tabaco. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002333.) ...
- Relativa al establecimiento obligatorio de chips de seguimiento de la trazabilidad de determinados alimentos. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001590.) ...
(Página
28009)
- Relativa al apoyo a los comercializadores de pescado y marisco y demás colectivos afectados por la marea negra del Prestige. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002227.) ...
- Sobre la defensa del cultivo del algodón. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002359.) ...
(Página 28017)
- Relativa a la defensa de un sistema de ayudas al cultivo del algodón.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002363) ... (Página 28017)
- Sobre promoción durante las campañas de vacunación contra la gripe del consumo de cítricos como alimento que refuerza el sistema inmunológico contra dicha enfermedad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/002366.) ... (Página 28020)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO (CE) 2561/2001. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001934.)
El señor PRESIDENTE: Iniciamos esta sesión número 56 de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, que incluye en el orden del día hasta diez proposiciones no de ley. Les comunico que las votaciones no se producirán antes de las doce y
media, es decir, que antes de esta hora únicamente realizaremos los debates de las proposiciones no de ley.
Comenzamos con la primera, sobre modificación del reglamento 2561. La iniciativa es del Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Fernández Chacón.
El señor FERNÁNDEZ CHACÓN: La Unión Europea aprobó el 17 de diciembre el Reglamento 2561/2001 con el visto bueno del Consejo de Ministros de Pesca, para fomentar la reconversión de los buques de pesca dependientes hasta 1999 del acuerdo de
pesca con Marruecos. Se establecieron una serie de condiciones y requisitos, que nosotros ya vaticinábamos en ese momento que eran difíciles de cumplir por las partes afectadas del sector pesquero, al que iban destinadas las ayudas e
indemnizaciones. El Gobierno cometió, en nuestra opinión, dos grandes errores, el primero fue aceptar una cifra que considerábamos totalmente insuficiente si se consideraba el daño producido a la flota que faenaba en el caladero de Marruecos, que
perdía un caladero tradicional, con más de 30 años de historia, y que se saldaba con una cifra de 186,36 millones de euros.
Dicha cifra, además de ser insuficiente, según en un estudio que realizamos en el Grupo Socialista, significaba un ahorro
considerable para la Unión Europea, porque si se hubiera seguido pescando en Marruecos mediante el acuerdo correspondiente, la Unión Europea en el horizonte hasta 2008 tendría que haber desembolsado del orden de 1.200 millones de euros por la
renovación sucesiva de este acuerdo pesquero. Sin embargo, considerando estos 186,36 millones de euros y además el gasto que significa para la Unión Europea la recolocación de los barcos que se han obtenido mediante la aplicación de este reglamento
y el real decreto español que lo plasma, hasta el 2008 se veía claramente que los costes asumidos por la Unión Europea iban a ser del orden de los 600 millones de euros. Como verán -ya nosotros lo denunciábamos-, la Unión Europea hacía una jugada
perfecta: desguazaba flota y no sólo le salía barato y rentable, sino que además dejaba de pagar hasta el año 2008 unos 90.000 millones de pesetas que hubieran correspondido a nuestro territorio y a nuestros pescadores.
El segundo gran error que se cometió, en nuestra opinión -también lo vaticinábamos entonces y por ello presentamos en febrero esta proposición no de
ley-, era que el reglamento aprobado era muy rígido y, en ese sentido, decíamos que no se iban a gastar todas las partidas contempladas en el reparto de los 186 millones de euros, como ya se ha comprobado y hoy expondremos aquí, y que además
el 40 por ciento de las partidas destinadas al desguace de la flota se han gastado, casi al cien por cien, se ha alcanzado el objetivo de desguazar flota de la Unión Europea con la aquiescencia del Gobierno español; en el 32 por ciento dedicado a
medidas económicas se ha hecho un ahorro considerable al no poderse aplicar por la rigidez del reglamento y el real decreto español, y el 28 por ciento, dedicado a fomentar las sociedades mixtas, tampoco se ha gastado en su totalidad. Esto
significa que, a fecha actual, unos 50 millones de euros de los 186 no se han gastado y se tendrán que devolver a la Unión Europea si no se aprueba hoy esta iniciativa, que va encaminada a modificar el reglamento en el Consejo de Europa y a que el
Gobierno español sea el defensor de esta modificación del reglamento para corregir los problemas suscitados por la propia acción del Gobierno.
De las partidas que he comentado, las que creemos todavía más perjudiciales son las destinadas a las medidas socioeconómicas que no se han podido aplicar; hay miles de afectados, marineros que faenaban en el caladero de Marruecos que no han
podido acceder a estas indemnizaciones contempladas en el reglamento y real decreto. Decimos indemnizaciones porque así es como hay que llamarlas, son indemnizaciones porque han perdido un derecho histórico a pescar, no son ayudas provenientes de
la reestructuración de un sector. Hay que recordar -y poner este símil puede ser muy ilustrativo- que cuando en una fábrica hay un cierre patronal se indemniza a los trabajadores, y en este caso, por la rigidez del reglamento, se ha producido el
cierre de la fábrica -el caladero-, se desguaza la maquinaria -la flota, actualmente hay 150 barcos desguazados o próximos a serlo de los 397 que había censados en el caladero marroquí- y a los trabajadores se les despide sin ningún tipo de
indemnización. Me referiré más adelante a las cifras concretas a nivel nacional y de la comunidad autónoma que me ha facilitado datos. Creemos que es totalmente injusto y que hay que modificar el reglamento. Hay partidas destinadas, por ejemplo,
a medidas socioeconómicas de 12.000 euros contempladas como ayudas por primas globales individuales, pues actualmente en todo el territorio nacional de los 3.588 marineros que podrían acogerse a este tipo de ayudas, que son el cien por cien de los
que estaban censados en este caladero, se han acogido unos 700. Por lo tanto, una parte muy importante, más de 2.000 marineros, no han podido acogerse a esas ayudas.
En cuanto a las prejubilaciones, por las cifras que conocemos, en Andalucía se
han solicitado 129 prejubilaciones, a las cuales 50 marineros no tienen derecho porque han cumplido la edad reglamentaria y no se pueden acoger a este tipo de ayudas, y podemos hablar también de la famosa partida dedicada a la diversificación
profesional de los 60.000 euros, que es como se la conoce, que ha sido un fiasco si nos atenemos a los marineros que se han acogido a estas ayudas contempladas como primas globales individuales no renovables. El 5 por ciento de los marineros, del
cien por cien que podrían haberlo hecho, es la cifra final que en todo el territorio nacional se ha acogido a este tipo de ayudas; los marineros no tenían ni capacitación profesional para emprender un proyecto empresarial y ya avisábamos que esa
partida iba a quedar también sobrante y se iba a tener que devolver dinero a la Unión Europea. Si nos referimos a cifras por comunidades autónomas, en Andalucía, de las 1.500 solicitudes presentadas para acogerse a los dos tipos de ayudas, tan sólo
se han aprobado unas 600, es decir, actualmente hay 761 solicitantes de ayudas de 12.000 euros que ya no se pueden acoger por la rigidez de este reglamento, más del 50 por ciento de los marineros afectados, y de ellos 500, en una población como es
Barbate, no se pueden acoger a este tipo de ayudas de primas de 12.000 euros por la rigidez del reglamento aprobado.
En concreto, en el número de proyectos empresariales, de los 1.509 marineros afectados se han presentado 79 para acogerse a las
ayudas de diversificación profesional; fíjense de qué límite estamos hablando y la situación de indefensión en que han quedado los marineros afectados por la aplicación de este reglamento y el real decreto español que lo plasma.
Hay que recordar
que había 3.588 marineros que estaban faenando en ese caladero cuando perdieron el derecho histórico a pescar.
Señorías, presentamos esta proposición no de ley que pretende corregir los errores que se han cometido; ya avisábamos que se iban a producir estos hechos, la inaplicabilidad, del reglamento y del real decreto, y por ello proponemos que el
Gobierno promueva en la Unión Europea la modificación del reglamento que permita desvincular del destino del buque el derecho de todos los tripulantes a las ayudas por primas globales individuales.
Con esto conseguiríamos que muchos de estos
marineros afectados que no han recibido la prima de 12.000 euros puedan acogerse a ella sencillamente desvinculándolos de la suerte del barco, porque si no han ido a paralización definitiva o a desguace estos marineros no pueden cobrar estas primas.
En segundo lugar, proponemos que el Gobierno promueva en el seno de la Unión Europea la modificación de este reglamento para las primas individuales globales no renovables fijando su horizonte hasta el año 2006, para que se favorezca el desarrollo
más tranquilo y sosegado de proyectos colectivos o individuales de diversificación profesional; con esto pretendemos que sean efectivas esas ayudas de 60.000 euros para quien quiera emprender una empresa, pero para eso hay que dar tiempo, entre
otras cosas, porque una estructura empresarial es compleja. Proponemos que el Gobierno promueva que estas primas globales individuales no renovables
se extiendan hasta 2006 y no hasta finales de 2003, como se encuentran actualmente en el reglamento. Por último, creemos que el dinero que se va a devolver a la Unión Europea por la no aplicabilidad del reglamento y real decreto no debe
devolverse, promoviendo en la Unión Europea la modificación del mismo para que aquellas partidas sobrantes de las medidas socioeconómicas reviertan en los marineros afectados mediante la aprobación de una serie de medidas de tipo social que vayan
dirigidas hacia el colectivo de marineros que faenaban en el caladero de Marruecos.
Y en segundo lugar, para que no se devuelva ni un solo céntimo de estas ayudas aprobadas, proponemos que el dinero sobrante en partidas como la de formación de
sociedades mixtas reinvierta en este sector afectado para la modernización y seguridad de los barcos que siguen faenando en otros caladeros. Tengo que comentar que, desgraciadamente, la recolocación de barcos tampoco ha sido exitosa si se tiene en
cuenta que 99 de los 390 barcos han ido al caladero nacional con el consiguiente perjuicio del mismo, tema que será objeto de otra proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista si nos atenemos al daño que la sobrepesca está produciendo
como consecuencia del aumento en el número de licencias de pesca en estos caladeros.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Al finalizar el acuerdo de pesca de la Unión Europea con Marruecos el 30 de noviembre de 1999, se inicia un largo proceso de negociaciones que no culminan con la firma de un nuevo acuerdo debido a las exigencias del Reino de Marruecos.
Durante este largo periodo, del 1 de diciembre de 1999 al 31 de diciembre de 2001, tanto armadores como tripulantes estuvieron percibiendo las ayudas por la paralización temporal de la actividad pesquera. Rotas las negociaciones, se plantea un plan
de reconversión de la flota afectada que fue aprobado por la Unión Europea y que ha permitido mejores condiciones que el Reglamento 2792/1999, la modernización de parte de la flota, la constitución de sociedades mixtas a buques menores de 10 años y
mayores de 5, el desguace y las medidas socioeconómicas incrementadas en un 20 por ciento, es decir, que raro hubiera sido que este plan no fuera aprobado por la Unión Europea.
El Reglamento 2561 /2001, al que se refiere el portavoz que me precedía en el uso de la palabra, se publica en el Diario Oficial de las Comunidades Autónomas el 28 de diciembre de 2001 y pone en marcha la llamada acción específica de
Marruecos, que fomenta la reconversión de los buques y los pescadores dependientes hasta 1999 del acuerdo de pesca con Marruecos. El importe de la participación comunitaria asignada a esta medida es de 197 millones de euros, correspondiendo a
España el 94,6, es decir, 186,3 millones de euros. El reglamento y Real Decreto 137/2002 establece como plazo para resolución de ayudas el 30 de junio de 2003 y como fecha límite para el pago de las ayudas el 31 de diciembre de 2003. Como conocen
SS.SS., las excepciones contempladas en el reglamento han permitido que buques menores de 10 años hayan podido percibir ayudas a la constitución de sociedades mixtas o a la exportación, además del incremento de las primas en un 20 por ciento en
todos los casos. Un total de 231 buques se han acogido a esta medida en sus tres posibilidades, desguace, exportación o sociedad mixta; en cuanto a la modernización, 63 buques de la antigua flota del caladero de Marruecos han sido modernizados y,
en cuanto a las medidas socioeconómicas, por el momento 1.175 pescadores se han podido acoger a estas ayudas, 94 prejubilaciones, 966 primas individuales de 12.000 euros y 115 primas de 60.000 euros que implican el abandono de la profesión. En
cuanto se apruebe y se publique la propuesta de modificación del Reglamento 2561/2001, se prevé que podrían beneficiarse alrededor de 1.500 pescadores. En cuanto a la situación de la flota, de los 397 buques a los que se refería S.S. que faenaban
al amparo del acuerdo, 21 barcos causaron baja tras aplicarse la medida específica por diferentes causas, por lo que quedaron 376 barcos para acometer la reconversión de dicha flota. Un total de 213 buques de la antigua flota que operaba en el
caladero de Marruecos sigue ejerciendo la actividad pesquera, bien en el caladero nacional, 90 de ellos, al amparo de distintos acuerdos o permisos temporales de pesca, 53 unidades, o al haberse constituido en sociedades mixtas o exportación, 70
unidades.
En ese sentido, de los 376 barcos totales, se ha podido evitar el desguace, en cuanto a unidades se refiere, de más de la mitad de dicha flota, bien para recolocación en otros caladeros o bien en la creación de sociedades mixtas, lo que
implica un alto porcentaje en conservación de puestos de trabajo y generación de actividad económica. En el plazo de año y medio se ha conseguido llevar a término un plan de reconversión de la flota que faenaba en el caladero marroquí y los
armadores y tripulantes han optado por aquellas medidas señaladas anteriormente.
Por tanto, sobre la posibilidad de modificación del Reglamento 2561/2001 y en cuanto a las medidas socioeconómicas, durante el largo proceso de aprobación del reglamento la Administración pesquera española puso de manifiesto y luchó para
conseguir una flexibilización de los requisitos de las medidas socioeconómicas; no obstante, el reglamento se publica exigiendo los mismos requisitos que los establecidos en el 2792/1999 con la sola mejora del incremento de las primas en un 20 por
ciento.
Publicado el reglamento, la Administración española, que es lo que está intentando solicitar el portavoz del grupo socialista, solicita
modificación a la Comisión en lo referente a las medidas socioeconómicas con los siguientes fines: primero, desvincular el derecho del beneficiario a la obligación de la paralización definitiva del buque en el que estaba enrolado; segundo,
que el plazo de un año en que el beneficiario tiene que estar sin ejercer la profesión de pescador se pueda contar desde el 1 de enero de 2002 y no un año después de percibir la ayuda, como establece el Reglamento 2792/1999; en tercer lugar, que la
fecha límite de subvencionalidad de los gastos fijada en el Reglamento 2561/2001, artículo 5.4, se prorrogue hasta el 31 de diciembre de 2004 en lugar de hasta 31 de diciembre de 2003, tal como estaba previsto, y la fecha límite para presentar a la
Comisión la solicitud del pago del saldo sea 30 de junio de 2005. Esta propuesta de modificación está pendiente de dictamen del Parlamento Europeo, que será tratado en su sesión del 3 de diciembre y que ha sido adoptada a nivel de Correper 1. En
cuanto se haya cumplido el trámite de aprobación parlamentaria, será aprobado como punto A en el próximo Consejo de Pesca del mes de diciembre, previsto del 16 al 19.
En cuanto a la utilización de los excedentes, que es el punto 4 de la proposición no de ley, como consecuencia del accidente del buque Prestige, se publicó el Reglamento 2372/2002, por el que se establecen medidas específicas para compensar
a los sectores pesquero, marisquero y acuícola españoles afectados por el vertido del fueloil del petrolero. La participación comunitaria complementaria asignada a los fines de este reglamento es de 30 millones de euros, que se obtienen de los
fondos asignados previamente para los fines del reglamento 2561/2001. Los 30 millones de los fondos complementarios asignados a la aplicación del reglamento fueron destinados al pago de las ayudas a los sectores afectados por la catástrofe del
Prestige. En cuanto al remanente que pueda quedar, una vez que haya finalizado el pago a las ayudas a 31 de diciembre de 2003 y con la aplicación de la modificación del reglamento, pendiente de aprobación en lo referente a medidas socioeconómicas,
la propuesta del punto 4 de S.S. de utilizar este reglamento para la modernización y seguridad de los buques dependería de un consejo de ministros de la Unión Europea, en el que los diferentes Estados miembros no son proclives a que el dinero de
una acción específica se traslade a cuestiones de carácter general. Por otra parte, con el IFOP asignado a España, la propuesta de este punto está más que encubierta. Por lo tanto, referente al punto 4 y con respecto al punto 1, 2 y 3, de la
proposición no de ley, la Administración española está intentando precisamente que se modifique el reglamento en el sentido en el que estamos comentando, especialmente la reforma de las medidas socioeconómicas; de ahí que, por parte del Grupo
Parlamentario Popular, no tendrá buena acogida la proposición no de ley.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UN FONDO DE COMPENSACIÓN ECONÓMICO Y PLANES DE REGENERACIÓN PARA LAS ZONAS AFECTADAS POR EL DESASTRE DEL 'PRESTIGE'.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002185.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la segunda proposición no de ley, relativa a la creación de un fondo de compensación económico y planes de regeneración para las zonas afectadas por el desastre del Prestige. Es una iniciativa del
Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Espero que en este segundo tema el señor Mantilla tenga una mayor sensibilidad, porque en este caso, como el anterior que defendía mi compañero, los realmente afectados son los hombres y mujeres del mar que vieron sus
economías y sus vidas afectadas por la marea negra y por ellos queremos que esta propuesta se apruebe. La nuestra es una propuesta seria, no alarmista, y está pensada para dar tranquilidad en el futuro; es una propuesta que contribuye a eliminar
incertidumbres.
Sabemos que su aprobación requiere que sea asumida por el grupo mayoritario, por ello demandamos del señor Mantilla y del Grupo Parlamentario Popular una atención serena a lo que voy a comentar. En primer lugar, no es una propuesta
que vaya contra el Gobierno, tampoco contra el Partido Popular, sino que va simplemente a favor de la gente del mar para asegurarles cobertura ante eventuales daños futuros.
Aparentemente, es una propuesta contra corriente porque el Gobierno está
tomando todas las medidas para que los damnificados del Prestige renuncien a las indemnizaciones por los daños que esta catástrofe les pueda crear en años venideros, pero la postura del Gobierno parte de una posición largamente publicitada de que el
Prestige es pasado, que la situación es de normalidad, con playas esplendorosas, rocas limpias y aguas llenas de peces. Esta posición entendieron que les dio resultado en las últimas elecciones y quieren volverla a repetir. Señores del Grupo
Parlamentario Popular, por nosotros, si les va bien, sigan diciendo lo mismo, pero abran una puerta a lo que ustedes entienden como imprevisible, cubran también con esta propuesta los imprevistos; recuerden que una institución como el FIDAC
mantiene un periodo de tres años después de una catástrofe de este tipo para plantear reclamaciones.
El mismo FIDAC entiende que los daños se extienden como mínimo durante tres años, plazo en el que se pueden plantear reclamaciones, y ustedes lo
quieren cerrar a 31 de diciembre de este año, el primer año. Nosotros decimos que lo cierren pero que dejen una puerta abierta, un fondo para lo que pueda venir,
que se cubran las incertidumbres, los imprevisibles, si ustedes lo prefieren.
Nuestra propuesta parte de una posición realista no catastrofista; frente a una normalidad de barcos faenando y playas esplendorosas, la realidad nos dice, como no podía ser de otra manera, que en el mar desaparecieron ya algunas especies
de sus bancos tradicionales y en otras existe una merma importante de capturas que no sabemos si es coyuntural o no. En Galicia, algunas especies desaparecieron materialmente de su espacio marino habitual y no se sabe si existen, dónde fueron o si
volverán. La experiencia de otros ecosistemas azotados por mareas negras nos dice que estos nunca se recuperan plenamente a su estado anterior y su nivel productivo, que es importante para la gente que vive del mar, en el mejor de los casos, tarda
años en recuperarse. Por ello, si pensamos que el mar es una fuente de riqueza y empleo, la catástrofe del Prestige va a afectar a una parte de la economía pesquera de Galicia y del Cantábrico varios años, quizá demasiados. Que la fotografía que
ve el Gobierno de la situación empiece a aparecer clara sólo indica que el problema aparentemente no se ve, pero realmente a nivel productivo sigue ahí, porque el ecosistema, por razones naturales, no por comportamientos malvados de nadie, estará
dañado en mayor o menor medida durante varios años. Si ustedes quieren, les reconocemos que las playas están limpias, que la mayoría de las rocas están más limpias de lo que cabía esperar, más limpias que años anteriores, pero también que no
sabemos si son más productivas; en todo caso, la experiencia en otras catástrofes similares nos dice que la recuperación de este medio marino natural no se produce de inmediato, que requiere un tiempo y este puede ser menor si la actividad del
hombre colabora con la naturaleza en la recuperación del medio. Ante una situación como la que estamos planteando, el Parlamento no puede mirar para otro lado o limitarse a aplaudir. Los poderes públicos no pueden conformarse con corregir los
efectos aparentes de la catástrofe, hay que afrontar los problemas estructurales derivados de la misma si no queremos que el Prestige y sus secuelas signifiquen a corto y medio plazo el fin de la pesca costera y de bajura, del marisqueo y de una
parte importante de la cultura pesquera de Galicia y de la costa cantábrica. Señores del Grupo Parlamentario Popular, una merma de un 5 por ciento en las capturas del próximo año en cualquier zona de Galicia y del Cantábrico por la marea negra
(estamos hablando de pesca costera, pesca muy castigada antes del Prestige), justificaría claramente nuestra propuesta. Ustedes, como yo, saben que el impacto va a ser mayor por una razón fundamental: porque ni el chapapote se solidificó ni los
peces comen chapapote. Por esa razón, el año próximo previsiblemente va a haber una reducción de capturas, lo que implica una disminución de rentas de los pescadores afectados. Por ello, no apoyar nuestra propuesta, con mayores o menores alegrías,
con las matizaciones que se quiera, es un acto de ceguera y de prepotencia política, que espero que no se dé hoy en esta Comisión, porque nuestra propuesta sólo quiere evitar que la merma de recursos que van a tener los trabajadores del mar durante
varios años afecte lo menos posible a unas economías que ya estaban en crisis antes del propio Prestige ni a las economías dependientes del sector afectado.
Por ello, consideramos que deben habilitarse compensaciones que faciliten la espera hasta
que la recuperación productiva de las zonas afectadas sea una realidad.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, le recuerdo que en el día de hoy los medios de comunicación de Galicia se hacen eco de que el 40 por ciento de los teóricos afectados demandan ante los tribunales el intento del Gobierno de
cerrar la crisis a 31 de diciembre, demanda presentada ante los tribunales; 12.000 pescadores afectados demandan ante los tribunales al Gobierno por un decreto que consideran lesivo porque pretende cerrar el problema a 31 de diciembre. Es una
medida que se rebela contra la decisión del Gobierno de cerrar un tema cuando la experiencia histórica de catástrofes similares dice que esos temas no se pueden cerrar, que la recuperación productiva del medio marino no se puede hacer por decreto
sino que la naturaleza requiere su tiempo. Lo que pretendemos simplemente es que los trabajadores del mar de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco que se vieron afectados por la marea negra y que, previsiblemente, van a tener mermas en sus
producciones en años venideros tengan una cobertura por el lucro cesante, para que de estas zonas fuertemente azotadas por la crisis económica no tenga que seguir escapando más gente. Pedimos un fondo que pensamos que debe articularse con la Unión
Europea, que debe contribuir a su financiación porque ésta tampoco debe ser ajena al problema, y este fondo debe no solamente hacerse cargo del lucro cesante sino financiar las vedas y paros biológicos que se estimen necesarios para facilitar la
recuperación más rápida de los caladeros y, sobre todo, la supervivencia digna de los trabajadores del mar, que es lo que más nos interesa; también debe elaborar planes de legislación adecuados a cada una de las zonas afectadas, así como planes de
población de las especies, en lo que sea posible. Comentaba que el mar tiene unos tiempos de recuperación, pero si se ayuda, esos tiempos pueden acortarse. Nuestra propuesta es una apuesta en positivo, a favor de unos trabajadores que hace poco
más de un año sufrieron una catástrofe; una parte importante de ella en estos momentos está superada pero quedan las secuelas y nosotros queremos responsablemente hacer frente al conjunto del problema y no quedarnos en los aspectos aparentes de una
catástrofe que ustedes cifran en aguas limpias y playas esplendorosas. Lo que nos preocupa es la recuperación de ese medio porque es fuente de vida para una parte importante de una esforzada población que vive del mar. Por ello, pedimos el
apoyo a esta proposición y estamos dispuestos a buscar la fórmula que la haga viable; lo que no nos parece razonable es que esta Comisión, que entiende de temas de pesca, pueda decir que el tema está cerrado. El acta de defunción del
problema la pueden dictar en otros despachos lejanos de la problemática del mar, pero es difícil de entender que en esta Comisión tan cercana a esos problemas se pueda firmar el acta de defunción de un problema que ustedes saben que no está cerrado.
Por ello, les pido que piensen lo que van a votar, porque este grupo está dispuesto a buscar una fórmula que permita que el problema se resuelva y que el Parlamento inste al Gobierno a habilitar un mecanismo para hacer frente a las eventualidades
que pueden surgir en años venideros como consecuencias de la catástrofe del Prestige. (Aplausos.)
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, existen enfermedades que padecen congéneres nuestros que tienen periodos de latencia en los cuales la enfermedad no se manifiesta, de repente sobreviene una crisis, esta se supera pero el siguiente periodo
de latencia de la enfermedad deja a la persona con menos autonomía y un estado de salud más precario; las subsiguientes crisis van empeorando más ese estado general de salud hasta que, fatalmente, a muchas de ellas les sobreviene la muerte. En
Galicia, en los últimos 30 años, bajo gobiernos franquistas, centristas, del PSOE y del Partido Popular, cada seis o siete años tenemos una catástrofe marítima, una marea negra como la del Urkiola, como la del Mar Egeo o como la del Prestige, y cada
vez parecen superados los efectos de esas mareas negras y se dice que la situación es normal; parece normal, pero el envenenamiento y la situación general de nuestras aguas y de nuestras costas son peores que antes de esa marea negra: hay menos
pesca, hay problemas con las especies con valor comercial, disminuye el empleo en el mar, las diferentes administraciones del PSOE y del Partido Popular aprovechan esas crisis para reconvertir al sector -siempre hay algunos que se benefician y se
lucran a costa de la miseria de los demás-, y esa es la situación en la que nos encontramos hoy en día. Uno cuando lee esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista tiene la tentación de apoyarla -y adelanto que la vamos a apoyar-,
pero tampoco puede dejar de destacar ciertas incoherencias, en primer lugar por lo que se refiere a la propia creación de un fondo de compensación; no se trata de crear un fondo de compensación, señor portavoz del Grupo Socialista, se trata de
indemnizar a todos los afectados. El Grupo Socialista tendrá que decir qué opina del Real Decreto Ley de 20 de junio, en el que usted, aunque pidió turno de intervención en contra, luego su grupo se abstuvo, lo recuerdo perfectamente, Señor Díaz, y
si no, ruego a los servicios de la Cámara que puedan constatar ese dato. Usted realizó una maniobra de filibusterismo parlamentario, utilizó el turno en contra y se abstuvo; y sigue manteniendo esta posición de indefinición -luego hablaremos de
sus contradicciones- en muchas de sus actuaciones. Que tampoco se envalentone el señor del Partido Popular porque su actitud, si bien es más coherente, lo es en la indignidad y en el chantaje a los afectados. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Señor Mantilla, le ruego silencio.
El señor AYMERICH CANO: El Real Decreto Ley de 20 de junio, por si SS.SS.
no lo recuerdan, establece el siguiente sistema. Un tope de 160 millones de euros financiados no con cargo a los presupuestos generales del Estado (de hecho en el
proyecto que volverá en breve a esta Cámara después de su paso por el Senado, no hay, y lo reconoció el señor Montoro contestando una pregunta oral de este diputado, ninguna partida específica para el Prestige y para indemnizar a los afectados),
sino que esos 160 millones se financiarán exclusivamente con dos fuentes, FIDAC y sorteo extraordinario de la lotería nacional. Les ruego que consulten también el texto del Real Decreto Ley. El FIDAC hasta ahora únicamente ha adelantado 57.500.000
euros y con eso pretenden ustedes indemnizar -chantajear, y diré ahora por qué- a los 20.000 marineros y mariscadores de Galicia; súmenle comercializadores, que luego hablaremos de ellos, hostelería y los de Asturias, Cantabria y País Vasco. Les
van a decir ustedes, o cobran ya esta miseria o actuaremos como lo hizo el Partido Socialista, es decir, cobrarán esta miseria pero diez años después. Nosotros ni queremos cobrar la miseria ahora ni que se haga diez años después, queremos que haya
una indemnización integral, que se tenga en cuenta el daño efectivo, el lucro cesante y que se tenga en cuenta, porque así lo dice la evidencia científica, la experiencia del Mar Egeo, recogida en una publicación del Ministerio del Medioambiente del
año 1996, cuando ya estaban ustedes; les ruego que la consulten. En las zonas afectadas por el Mar Egeo, el stock y la situación de las especies con valor comercial anterior a la producción de esta catástrofe sólo se recuperaron ocho o nueve años
después. Ahora pretenden hacer comulgar a unos y a otros con ruedas de molino, que los afectados renuncien a reclamar daños futuros y se conformen con esta limosna.
El Bloque Nacionalista Galego tiene clara su posición. No se trata de crear un fondo de compensación, sino de que, como llevamos reclamando desde el principio de la crisis, el Estado realice una evaluación objetiva, no conforme a los
criterios del FIDAC y no sólo realizada por agentes del Gobierno, sino que existan científicos independientes que, conforme a criterios
objetivos, realicen una evaluación real de los daños, integral y abierta, es decir, que permita también evaluar, de cara a su futura compensación, los daños futuros. Realizada esa evaluación, que el Gobierno adelante toda la indemnización.
Si este año hay -por lo menos es lo que dice su Gobierno, señor Mantilla- un superávit presupuestario de 350 millones de euros, espero que no tengan ningún problema... (El señor Mantilla pronuncia palabras que no se perciben.) Vuelvo a reclamar el
amparo de la Presidencia.
El señor PRESIDENTE: Señorías, ruego a los dos grupos parlamentarios, tanto al Socialista como Popular, que se abstengan de hacer comentarios para que podamos escuchar al portavoz. Anteriormente ha sido el Grupo Parlamentario Socialista,
ahora es el Grupo Parlamentario Popular, pero ha habido comentarios desde los dos partidos y les rogaría que guardasen silencio.
El señor AYMERICH CANO: Les comentaba que si, como dicen sus propagandistas, tienen 3500 millones de euros de superavit, espero que no tengan ningún problema en dedicar una parte de ese superávit presupuestario a indemnizar a los afectados
por la catástrofe que el propio Gobierno español produjo; no digo que fuera el actor directo pero sí por omisión y por falta de la diligencia necesaria del propio Gobierno español. Seguridad marítima y otras son competencias del Gobierno, que, por
cierto, el Partido Popular se niega a transferir a Galicia. La cuestión no es un fondo de compensación sino una indemnización integral, que el Estado adelante no esos 160 millones sino el dinero que haga falta; una vez que haga eso el Estado, se
puede subrogar en las acciones de los afectados, pero una vez que haya indemnizado de forma integral los daños. Pretenden pagar 160 millones y luego demandar a ABS en Estados Unidos, (veremos porque parece que las cosas se le están torciendo con la
contrademanda de ABS contra el Gobierno) y que todo ese dinero que después se pueda eventualmente conseguir de esas otras acciones judiciales que realiza el Gobierno no revierta en absoluto en beneficio de los afectados, tampoco nos parece una
actuación que se pueda calificar como de buena administración o ni siquiera como una actuación honesta. No se puede aprovechar la crisis para reconvertir la bajura, para no decretar paros biológicos, ni financiar las actuaciones de recuperación,
por cierto, en el segundo punto estamos absolutamente de acuerdo y de hecho ya existen iniciativas de las cofradías, apoyadas por la solidaridad ciudadana y por instituciones científicas gallegas, de recuperación de zonas determinadas, de creación
de hacheris para que esa recuperación de determinadas zonas permita colonizar zonas que también están afectadas.
Me refería a las incoherencias del PSOE. Señores del Partido Socialista, ¿cuál es su actitud en este tema, es la que manifiesta hoy Ceferino Díaz o la que manifestó Paco Vázquez cuando le impusieron la medalla de Isabel la Católica? (El
señor EDO GIL: Hombre, ya lo ha nombrado.) ¿Cuál es su actitud, es la actitud de decir señor Aznar, es más lo que nos une que lo que nos separa, como dijo el ínclito Alcalde de A Coruña, es la actitud de rechazar la contestación de cualquier
pregunta relativa al aniversario del Prestige, es la actitud de alabar la gestión gubernamental de esta catástrofe, o es la de Ceferino Díaz defendiendo esta proposición no de ley? Las fuerzas políticas deben actuar con coherencia; debemos saber
cuál de esos dos mensajes es el que realmente importa, el que representa el sentir y la línea política de una formación. A día de hoy (siento tener que reconocerlo así por la amistad que me une con Ceferino Díaz, y que me gustaría que esa fuese la
línea que siguiese el Partido Socialista en Galicia), tiene más peso Paco Vázquez que Ceferino Díaz, y a los últimos hechos me remito. Parece que no ha sido Ceferino Díaz el escogido para dirigir ninguna federación o ningún ente supramunicipal.
Pensamos que es necesaria una cierta coherencia y no engañar a la opinión pública.
Ustedes se abstuvieron en la votación del Decreto-ley de 20 de junio, y no dicen claramente cuál es su posición, no dicen claramente si siguen apoyando que los
afectados tengan que renunciar a daños futuros o no.
Manifiéstense, mójense de una vez e impongan la autoridad interna en su partido; díganos cuál es su mensaje, el suyo don Ceferino Díaz o el de Paco Vázquez, porque haciendo pinza con el Partido
Popular va a ser bastante complicado que los afectados puedan recibir una compensación digna y que realmente puedan ver algún futuro.
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos desea intervenir, señor Díaz?
El señor DÍAZ DÍAZ: Artículo 73, un turno de un minuto.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz, aquí han sido citados el Grupo Parlamentario Socialista y usted mismo. En cuanto a ese artículo, usted bien sabe cuáles son sus fundamentos y objetivos, por lo tanto, no procedería darle la palabra. La
interpretación del artículo la hace el presidente; usted ha sido citado, pero no aludido, y esa es mi interpretación. Ha habido reflexiones, comentarios y críticas, como su grupo y usted mismo realizan sus críticas, en virtud de la legitimidad que
tiene como portavoz de su grupo, a otros grupos parlamentarios. No obstante, cuando se trate el punto número 7, también referido al Prestige, usted va a volver a intervenir y si considera que utilizando ese artículo puede quizá volver a intervenir
en esta materia, puede contestar.
Esta es la interpretación que hace esta Presidencia, por lo tanto, no tiene la palabra y pasamos al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra tuvieron dos posturas totalmente distintas en la defensa de sus puntos de vista.
Empezando por el señor Aymerich, le quiero decir que si algún grupo indigno hay en esta Cámara posiblemente sea el Bloque Nacionalista Galego; me sorprenden sus calificativos. Quiero recordarle que el Partido Popular ha logrado que, desde
el primer momento de la crisis, los marineros y armadores cobraran sus indemnizaciones, cosa que no ocurría en anteriores ocasiones. Usted viene aquí en plan demagogo y populista, yo tengo que asumirlo, pues el pueblo le ha votado para que usted
exponga sus opiniones, pero me parece que sus comentarios están fuera de tono, son totalmente demagogos y populistas.
Aparte de esto, está usted mezclando las churras con las merinas, porque empieza a hablar de pagos e indemnizaciones. Le vuelvo a repetir que pago e indemnización son conceptos que no tienen por qué ser sinónimos, que pueden ser antónimos.
Yo le pregunto por qué tiene que pagar el Gobierno español indemnizaciones; si alguien ha cometido una infracción, quien tiene que pagar será el culpable, lo dice usted y lo dice Nunca Mais, su brazo político populista, por tanto, lo dicen
solamente ustedes. En cuanto al Prestige, estamos aburridos de discusiones en esta Cámara, y le vuelvo a recordar que todavía no he escuchado ni a usted ni a nadie de su grupo decir cuál sería la mejor solución para evitar esa grave catástrofe;
usted no lo ha comentado nunca, ni nadie de su grupo, ni ninguno de esos 422 científicos, o pseudocientíficos. Le vuelvo a repetir, para indemnizar tendrá que hacerlo el culpable y, de momento, no hay ningún culpable. Le recuerdo que el juez de
Corcubión ya ha desistido de la demanda contra tres o cuatro personas vinculadas a la Administración española, y de momento creo que queda sólo uno. En el caso del Mar Egeo, los tribunales han condenado al Estado español porque consideran que una
de las partes actuantes en aquella catástrofe dependía de la Administración y era culpable o coadyuvante por lo que sucedió con motivo de esa catástrofe. El comportamiento del Partido Popular ha sido totalmente digno en la solución de la
catástrofe; podrá haber discusiones acerca de la mejor o peor solución pero no hay ninguna encima de la mesa que diga que aquello ha sido malo y que otra cosa podría haber sido mejor. En segundo lugar, han cobrado las indemnizaciones a partir del
primer día de la catástrofe. Usted decía al Partido Socialista que en la catástrofe del Mar Egeo han tenido que ser pagadas las indemnizaciones, después de llegar a un acuerdo FIDAC con los afectados, por un Real Decreto-ley que se aprobó en el
Parlamento bajo Gobierno del Partido Popular. Hace pocos meses he tenido el honor de defender aquel Real Decreto-ley, que ha sido el que ha permitido cobrar indemnizaciones por el Mar Egeo.
En cuanto al lucro cesante, es una utopía técnica. ¿A qué le llama usted lucro cesante? Desde el punto de vista técnico y económico sabemos lo que es, lo que se pierde por no ejercer una actividad impedida. Ya son ustedes capaces de
determinar el lucro cesante, porque usted me está intentando decir que el pago por lucro cesante del Prestige tiene que ser prácticamente por tiempo indefinido; si esto es así, las cantidades serían ilimitadas, no bastaría el presupuesto del Estado
español para hacer frente a esas indemnizaciones. Comenta las grandes catástrofes, hubo una gran catástrofe ecológica en 1962. Quiero recordar que el Cason por poco causa una gran tragedia en Galicia y no era por chapapote. Según parece, hay más
de 400 barcos hundidos en todo el mundo, que pierden mucho o poco chapapote, y no le he oído a usted decir que en otros caladeros se hayan resentido los stocks. ¿Sólo en Galicia. Se han resentido los stocks? Hay que recordar, si usted sigue la
tendencia de determinados tipos de capturas, que la caballa ha desaparecido en 1982, 1985, 1987 y también en 2002. ¿Por la incidencia negativa de la catástrofe del Mar Egeo? No lo sé. Estaba diciendo, señor Díaz, que ha desaparecido prácticamente
en 2002 y en aquella época no había ocurrido lo del Prestige. Hace dos años aparecieron en la bocana de las Islas Cíes cantidades ingentes de caballa que fueron el mejor regalo que Papá Noel les podía hacer a nuestros armadores. Efectivamente, en
estos momentos hay especies, como el verdel y la anchoa, que tienen problemas, pero también los han tenido la sardinilla, la xoubiña o la parrocha, como la llamamos en Galicia, en el mes de junio y de julio; sin embargo, aparecieron cantidades
importantes en el mes de noviembre. Por desgracia, todavía no somos capaces de determinar cuáles son y dónde van las especies que desaparecen. ¿Dónde está el bacalao famoso de los canadienses? Quiero recordar que algunas organizaciones
ecologistas echaban la culpa de que desapareciese el bacalao de las costas canadienses a los depredadores españoles, pero hemos desaparecido de allí hace más de diez años y, sin embargo, el bacalao no se ha recuperado.
Allí no hubo Prestige y el
bacalao sigue sin existir. También hay problemas en otros caladeros; se está demostrando que el fletán también está en una situación crítica y allí no hubo Prestige; hay problemas con la merluza en los caladeros del Gran Sol y allí no hubo
Prestige. Por tanto, no vengan ustedes en plan demagogo diciendo que, si desaparece el verdel o la anchoa puntualmente, puede deberse al Prestige.
En cuanto al lucro cesante, quiero comentarles que si ustedes no capturan el marisco en una determinada fecha, lo pueden capturar después, salvo que haya
muerto; de momento no se ha demostrado que se haya muerto ningún tipo de marisco debido a la catástrofe del Prestige, porque quiero recordar a SS.SS. que gran parte del marisco se encuentra en las rías gallegas y allí no llegó el
chapapote. El marisco gallego está en una situación excepcional, no solamente en cantidad sino en cuanto a su tamaño.
Cerrar la crisis no sé qué significa, es una palabra que utilizó don Ceferino Díaz; el Gobierno no pretende cerrar ninguna crisis, actuará donde sea necesario y tendrá que intentar defender a los damnificados en este caso a los marineros y
armadores, y buscar la solución donde corresponda; en la Unión Europea ya lo ha hecho con el Decreto de 20 de junio, contra el que ha despotricado el señor Aymerich, que ha permitido anticipar las indemnizaciones, que se tendrán que cobrar del
culpable de la catástrofe, y serán los tribunales los que decidan si es o no el Gobierno español, y yo le anticipo que el Gobierno español no va a ser, cosa que sí sucedió otra vez.
Por tanto, me considero satisfecho y apoyo las decisiones del Gobierno referentes al Prestige. Tengo que lamentar que el señor Aymerich hoy esté despotricando contra el PSOE y el Partido Popular, pero me da la impresión de que va a llegar a
algún entendimiento con el Partido Socialista; parece que ustedes en Galicia también van a hacer algo raro con el Partido Socialista y tampoco se entiende muy bien eso. ¿Usted da una de cal y otra de arena o anda por la vida en plan puro? No,
señor Aymerich, usted no anda en plan puro por la vida porque, vuelvo a repetir, parece que hoy, a las doce de la mañana, ustedes también tendrán una entente cordiale con el Partido Socialista. Le repito que las playas están esplendorosas, señor
Díaz, y lo saben todos los turistas que han ido este año a veranear a Galicia; están más limpias que los años pasados, porque gracias a los voluntarios y a Tracsa se han limpiado las playas, cosa que no ocurría posiblemente desde hace muchos años
(El señor EDO GIL: las teníais mal antes). Es cierto que hay grandes catástrofes y, por desgracia, va a ser prácticamente imposible evitar que las pueda haber en el futuro; se podrá poner todo tipo de medios, pero nadie está a salvo de que pueda
ocurrir alguna desgracia, y Dios quiera que no suceda en España y en ninguna parte del mundo.
Termino diciendo a S.S. el señor Díaz que lo que pide en el primer punto prácticamente está cubierto por el decreto denostado por el señor Aymerich. En cuanto al segundo punto, la regeneración, le recuerdo que este es un tema de
competencia autonómica, y ustedes parecen que andan con un aire nacionalista, que tira para atrás, o sea que no intenten hurtarle competencias a la comunidad autónoma. Lamento no poder apoyar la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y me
considero totalmente gratificado por las decisiones que está adoptando el partido en el Gobierno y les recuerdo a los dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra que en la práctica totalidad de la Costa da Morte quien está gobernando
democráticamente, con los votos de muchos marineros, es el Partido Popular.
- RELATIVA A UNA PARTICIPACIÓN MÁS ACTIVA DEL GOBIERNO EN LA FIJACIÓN DE LOS CUPOS DE TOMATE DE MARRUECOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002250.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al punto número 3 del orden del día, relativo a una participación más activa del Gobierno en la fijación de los cupos de tomate de Marruecos. Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Para defenderla tiene la palabra su portavoz, el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Efectivamente, cuando presentamos esta proposición no de ley, en julio, pretendíamos que el Gobierno, y especialmente el ministro de agricultura, señor Cañete, hubiese tenido una postura mucho más activa en la
fijación de la posición de la Unión Europea respecto del acuerdo de asociación con Marruecos. Lamentablemente no ha sido así, y nos hemos visto forzados en este momento a presentar una enmienda de sustitución dados los acontecimientos.
En primer lugar, quiero comentar la situación del sector del tomate en nuestro país en relación con su exportación a la Unión Europea y a la forma de producción en España. El gran peso de la producción del tomate en nuestro país se
encuentra fundamentalmente en tres comunidades, Murcia, Canarias y Andalucía, que producen 1.800.000 toneladas, lo cual representa prácticamente el 50 por ciento de toda la producción nacional.
Más significativo es si tenemos en cuenta cuál es la
producción bajo superficie protegida; en esos parámetros, del total de la superficie de tomate protegido en España -15.552 hectáreas-, 13.912 de ellas están en estas tres comunidades autónomas, es decir, el 90 por ciento del tomate protegido que se
produce se encuentra en Canarias, Murcia y Andalucía.
También quería resaltar que, dentro de Andalucía, la provincia que más tomate tiene es Almería, con prácticamente el 70 por ciento de todo el tomate que se produce en la comunidad andaluza.
También es significativo resaltar que dentro de Murcia son fundamentalmente tres municipios, Mazarrón, Águilas y Lorca, los que producen este producto y en Almería, El Ejido, Roquetas y Níjar. Por tanto, una de las características de este producto
es su extraordinaria concentración, por lo que tiene sus consecuencias socioeconómicas, no de forma difusa sobre un territorio, sino de forma muy concentrada sobre determinados municipios.
Es importante resaltar algunos datos de la Cámara de Comercio y del Instituyo Socioeconómico de Cajamar.
En Almería en los últimos años se ha ido incrementando considerablemente la producción de tomate. Así, se ha pasado de una producción en el quinquenio 1981-1985, de 58 toneladas hectárea, a 61 en el quinquenio 1986-1990, 70 en el quinquenio
1991-1995, a 90 en el quinquenio 1996-2000. Es importante resaltar que, a partir del año 2000, se estanca, si no disminuye, esa producción, tanto en Almería como más acentuadamente en Murcia, como consecuencia de los problemas de virosis que han
tenido lugar en la última temporada. Por dar datos de la última temporada en Almería han estado en producción 8.400 hectáreas de tomate, la producción total ha sido de 806.736 toneladas y el valor de la producción 572 millones de euros. A pesar de
estos datos, que aparentemente son muy positivos, en la campaña 2001-2002 se ha producido un descenso del 5,3 por ciento de las exportaciones de tomate, concretamente en Almería; en Murcia también ha habido un descenso muy considerable de la
producción, y se ha pasado de 242.000 a 229.229 toneladas. Gracias a que el precio del tomate ha subido, se ha podido salvar satisfactoriamente la campaña, a pesar de que también los costes de producción han subido de 0,357 euros por kilogramo a
0,615 euros por kilogramo.
Todos estos datos sirven para hacernos una idea de que la inversión que han hecho los productores de tomate es muy poderosa, muy fuerte y que muchas veces se hace con unas perspectivas de futuro; si esas perspectivas se truncan, estos
productores sufren frustración y tienen una grave preocupación por su futuro. Una de las frases del último estudio del anteriormente citado Instituto de Estudios Socioeconómicos de Cajamar dice lo siguiente. El tomate se ha convertido de manera
destacada en la hortaliza más importante del campo almeriense, representando el 33 por ciento de las cantidades producidas, el 34 por ciento del valor de la producción y el 22 por ciento de las exportaciones. En los últimos diez años, la producción
de tomate se ha multiplicado por 2,8 frente a un incremento de la producción total de hortalizas de 1,8.
Todos estos datos ponen de manifiesto la extraordinaria importancia que tiene esta hortaliza en las tres comunidades que he señalado anteriormente, Canarias, Murcia y Almería; por tanto, es lógico que cualquier incremento de las
exportaciones que se concedan a terceros países produzca una enorme inquietud e incertidumbre, y afecta no solamente a sus perspectivas económicas sino también a inversiones presentes y futuras. Habría sido fundamental que el Ministerio de
Agricultura hubiese dado respuesta, en primer lugar, a una carta que le envió el consejero de agricultura de la Junta de Andalucía, Paulino Plata, en el mes de enero, en la que pedía al ministro que se celebrase un encuentro a tres bandas entre el
ministerio, la consejería y las organizaciones agrarias, con la finalidad de consensuar una postura e informar al sector. Esto no se hizo, el ministro no contestó y ha llevado con sigilo las negociaciones, que eran de la Unión Europea, no ha
informado con claridad y transparencia al sector, sino ha estado desinformando porque ha estado manteniendo una postura que al final se ha visto que no es la que ha resultado; finalmente, cuando se firma ese acuerdo el 25 de octubre, según el señor
ministro es un acuerdo equilibrado y que satisface a todas las partes. Desde luego, a los sectores del tomate no les ha satisfecho, aunque sí es cierto que ha habido maniobras por parte del Partido Popular para tratar de romper la manifestación que
a mediados de este mes se produjo en Madrid. Esas maniobras han producido una ruptura en el sector, han producido una quiebra que dificultará sus perspectivas de futuro pues, al no estar unido, el sector tendrá dificultades en fijar precios de
origen y una postura unitaria de cara a la comercialización.
Por todas estas razones, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley con el objetivo de que de cara al futuro, en primer lugar, se restablezca la unidad del sector y, en segundo lugar, que no se ratifique en los
términos en los que está actualmente este acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos. Es muy importante también que en la futura OCM de frutas y hortalizas se incluyan algunos mecanismos compensatorios por el perjuicio que se va a
crear en este sector si se ratifica este acuerdo. Se va a pasar de un contingente de 168.000 toneladas de exportación de Marruecos a la Unión Europea, en un periodo de 4 años, a las 220.000 toneladas en la campaña 2006-2007; de ese orden son las
exportaciones de Almería y de Canarias. De producirse este incremento de 50.000 toneladas que se contempla en el acuerdo, afectaría a las economías de estas tres comunidades autónomas. Además, al estas tres sino por estar esta producción muy
centrada en determinados territorios, afectaría muy considerablemente a los municipios en los que se concentra fundamentalmente la producción de tomate. Por todas estas razones, presentamos esta proposición no de ley que en primera instancia
propone, como he comentado, que se tomen las medidas necesarias para la no ratificación en los términos establecidos en el acuerdo entre la Comisión Europea y Marruecos del pasado 25 de octubre. En segundo lugar, que se restablezca el sistema de
certificados de importación para las importaciones de tomate procedentes de Marruecos y que se reforme el sistema de verificación de los precios de entrada. Todos sabemos que no se han respetado los cupos establecidos, por eso pedimos nuevamente el
restablecimiento de las certificaciones. Creemos que se debe de garantizar para los productos importados el cumplimiento de las normas fitosanitarias de calidad y comercialización obligatorias en la Unión Europea; se debe de asegurar el
establecimiento de un contingente cerrado, no como en estos momentos que existe un contingente abierto; se debe presentar, se tenía que haber hecho ya, una evaluación de los impactos sobre los ingresos y rentas del sector, así como de
los territorios dependientes de esta producción, fundamentalmente Almería, Murcia y Canarias; y que se establezca de forma inmediata una mesa de seguimiento de las negociaciones del acuerdo, formada por los representantes del Gobierno de
las comunidades autónomas y de las organizaciones representativas del sector. Mediante esta última fórmula, se generaría confianza en el sector, se repararían divisiones que se han planteado y se podría avanzar nuevamente en la unidad del sector,
cosa imprescindible no para la subsistencia del sector, pero sí para que este siga siendo competitivo. Hoy tenemos la competencia de Marruecos, pero no tardará mucho en llegar la competencia de Turquía y de Egipto; si este sector se tiene que
acomodar a nuevas circunstancias, no se puede pretender que se haga de la noche a la mañana, sino que habrá que darle un tiempo, porque son muchas las inversiones que se han planteado. Este sector ha invertido en nuevas tecnologías y en
invernaderos de alta productividad y calidad, por lo que tiene deudas; solamente si esa adaptación se realiza de forma progresiva será posible que se superen las dificultades que se va a encontrar de ratificarse el acuerdo entre la Unión Europea y
Marruecos en los términos en los que está planteado en el acuerdo del 25 de octubre.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergéncia i Unió, tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Nuestro grupo parlamentario ya se posicionó de una forma clara en el año 2001 en una proposición no de ley que iba básicamente en el mismo sentido. En los años 2001 y 2002, el contingente de importaciones de
tomate procedente de Marruecos se incrementó en el conjunto de la Unión Europea y pasó a 168.000 toneladas; esa acción incidía en el marco de los acuerdos favorables que se firmaron entre la Unión Europea y Marruecos, por los cuales se favorecía el
acceso de los productos marroquíes a los mercados europeos. En estos momentos, la Unión Europea y Marruecos han llegado a otro acuerdo, que aún no ha sido ratificado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que comportará que el contingente
de importación de tomate procedente de Marruecos se eleve hasta 175.000 toneladas en los meses de octubre a mayo, con una cuota adicional entre noviembre y mayo, que comenzará a aplicarse a partir del segundo año, de 15.000, 30.000 el tercer año, y
45.000 el cuarto y siguientes, con el agravante, que se ha puesto encima de la mesa, de que efectivamente existe una falta absoluta de control de las importaciones.
La iniciativa planteada por el Partido Socialista pretende la defensa de los legítimos intereses de los productores de Murcia, Badajoz, Almería y Granada, unas zonas que el portavoz ha explicado perfectamente. La propuesta que está encima
de la mesa es de carácter proteccionista, que en el futuro inmediato puede que incluso tenga algún problema en el marco del la organización mundial del comercio, pero la obligación del Gobierno es la de defender los legítimos derechos de los
productores, así como mantener el statu quo que en este momento tenemos y mantenerlo en el futuro lo máximo posible. Se ha comentado que, con la incorporación de nuevos países y con el incremento de los nuevos cupos, puede haber problemas en el
futuro y sería bueno comenzar a planificar qué se podría llevar a cabo en caso de que eso sucediese. No obstante, algunos temas son muy importantes, y en este momento se demuestra que no existe una política global agraria y pesquera en la Unión
Europea. Hace un tiempo teníamos problemas con Marruecos con la pesca y ahora ampliamos las importaciones de tomate. Estos temas tendrían que ser vistos de una forma global. Es un problema importante y a mí me duele que vaya a afectar a una serie
de gente que ha invertido y está realizando un trabajo bien hecho. En algunas ocasiones, cuando modificamos las normativas comunitarias, terminamos castigando a los que hacen mejor las cosas y favoreciendo a los que no hacen nada; estamos pagando
para no producir y a la gente que ha invertido en tecnologías nuevas, la castigamos. En ocasiones ocurre algo peor, que les arruinamos, y no hay nada peor que arruinarse trabajando. La situación es delicada y sería bueno que en temas como este,
los dos partidos mayoritarios, el Partido Socialista y el Partido Popular, llegasen a un acuerdo. He leído la propuesta que ha presentado el Partido Socialista y creo que en general sus puntos son bastante aceptables, con lo cual, como la votación
será dentro de un momento, le pediría a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, antes de posicionarse sobre su voto, estudiase el tema porque que exista más control en las importaciones y que se intente por parte del Gobierno español luchar
hasta el último momento para mantener el statu quo, cosa que no se hace en este momento, son acciones que no tendrían que suponer para el grupo mayoritario un problema importante. El sector no entiende que nosotros no seamos capaces de ponernos de
acuerdo en temas como este.
Por ello les pediría que se pusieran de acuerdo en estos temas, que no creo que sean de partido, sino de viabilidad, de cultivos de unas zonas determinadas en las que se ha hecho unas inversiones muy importantes, parte
de ellas inducidas por los propios gobiernos, diciendo que la gente tiene que trabajar mejor y hacer las cosas bien, y ahora se pueden encontrar en una situación difícil. En base a ello les pediría que antes de votar se analizase si existe una
posibilidad de encontrar una posición común, que creo que sí existe, para que el Gobierno insistiese ante la Unión Europea a fin de mantener el statu quo en temas tan importantes como el control de los residuos fitosanitarios, controlando las
importaciones, que son básicos para que se cumpla la propia normativa.
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Creo que a lo largo de mi exposición comprenderá el portavoz del Grupo Catalán por qué nos resulta tan difícil en este, como en otros temas, llegar a acuerdos con los representantes del Grupo Parlamentario
Socialista. Hoy estamos debatiendo sobre una situación que se genera por el acuerdo agrícola Unión Europea-Marruecos. Este acuerdo es consecuencia de la conferencia euromediterránea de Barcelona, celebrada en 1995. En ella se diseñó una zona de
libre cambio para los países mediterráneos en el año 2012. Este acuerdo fue propuesto en su día y firmado por los señores Solana, González y Atienza, entonces ministro de agricultura, siendo consejero de Agricultura de la Junta de Andalucía don
Paulino Plata. Tengo constancia de que ninguno de estos señores se inquietó en aquel tiempo, y supongo que el señor Contreras, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco se inquietó en 1995. Me imagino que el señor Plata no escribió
en 1995 a nadie, seguro que no. El acuerdo, por tanto, nace en 1995, estableciendo un contingente inicial a precio de entrada reducido de 145.000 toneladas, a importar por la Unión Europea entre noviembre y marzo. También se estableció un
contingente adicional a precio de entrada reducido de 5.000 toneladas para el mes de octubre, con un incremento anual del 3 por ciento. La suma de los dos contingentes era de 150.000 toneladas. Para las campañas 2001-2002 y 2002-2003 se prorrogó
el acuerdo inicial con algunas variaciones, en las que se fijó un contingente de 168.000 toneladas a importar entre enero y diciembre.
El nuevo acuerdo, el que se va a firmar, y que ha sido ya acordado por la Comisión Europea, va a proporcionar el marco definido y estable para los intercambios agrícolas Unión Europea-Marruecos hasta el año 2007, y este acuerdo pasa de las
168.757 toneladas a otras cantidades que podrán ser exportadas siempre que se cumplan unos requisitos inexcusables de precios de entrada y contingentes mensuales; de lo contrario, serían penalizados y no se respetarían las cantidades acordadas.
Las cantidades se conforman por un contingente de base fijo y de cuantía creciente cada año, del que sólo se puede utilizar cada mes el 30 por ciento de su totalidad. El contingente de base fijo va de los meses de octubre a mayo y es de 175.000
toneladas distribuidas mes a mes; el contingente adicional se fija en principio en 15.000 toneladas y es de cuantía creciente cada año, de cumplirse todas las condiciones en cuanto a precio de contingentes mensuales. De no ser así, Marruecos
perdería el derecho a la bonificación de estos contingentes adicionales en los años siguientes y sería penalizado con una reducción importante del contingente adicional; por ejemplo, si Marruecos sobrepasa ese 30 por ciento del contingente
adicional, sólo podría exportar 5.000 toneladas en la campaña 2004-2005, en lugar de las 25.000 previstas. Debo añadir que, a efectos de contabilidad del contingente, se incluyen todas las cantidades importadas mensualmente, entren con precio de
entrada reducido o en condiciones de arancel, en la Organización Mundial de Comercio.
En la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se autoenmienda, se recogen de forma intempestiva pretensiones ya atendidas por el Ministerio de Agricultura de forma mucho más amplia, a propuesta de la
organización agraria ASAJA y de otros representantes del sector productor agrario de España y de Almería, con fecha 18 de noviembre. La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, su autoenmienda, es del día 20 de noviembre y viene
más o menos a fusilar acuerdos e iniciativas mucho mejores adoptadas en el seno del Ministerio de Agricultura con representantes del sector agrícola.
Ayer un representante del sector agrícola de Almería y también representante a nivel nacional del
sector agrícola les dijo textualmente: Un partido político no está para criticar al sector o al Gobierno, sino para escucharlo y tomar iniciativas; si no, les puede pasar que se vayan a manifestaciones y hagan el ridículo. Ridículo que yo pienso
que se agudiza cuando, además, pide que no se ratifique un acuerdo que fue tomado por el Gobierno de Felipe González en 1995 y cuando, este mismo año, su portavoz en la Comisión de Asuntos Exteriores de esta casa dijo, y cito textualmente: que el
Gobierno se cierre de manera firme cuando se trata de extender la liberalización comercial a sectores que consideramos sensibles; esto es a productos agrícolas de los países del mediterráneo.
Eso lo dijo su portavoz en la Comisión de Asuntos
Exteriores en marzo de este año. El portavoz de mi grupo parlamentario en esta misma Comisión de Asuntos Exteriores, el señor Isasi, recalcó la necesidad de extremar la prudencia a la hora de tomar estos acuerdos, por afectar a un sector sensible
español, a nuestro sector agrario. Esto fue en marzo, pero para más bochorno y para que quede clara la imposibilidad de tomar acuerdos serios con ustedes, les tengo que decir que su presidente nacional, señor Chaves, a la vez presidente de la Junta
de Andalucía, ha ido no hace ni un mes al Comité de las Regiones de la Unión Europea a decir que tenemos que avanzar más rápidamente hacia la zona de libre comercio prevista en el acuerdo mediterráneo en 2012. A mí me da miedo que un representante
de la Junta de Andalucía analice estos problemas con el sector porque no tengo muy claro qué es lo que quiere; no sé si quiere lo que dice el señor Chaves en el Comité de las Regiones o lo que dice usted aquí. Como usted comprenderá, la
agricultura es un tema sensible y muy serio, y hay que tener mucho cuidado con la gente que se tiene en las mesas.
Ustedes con esta iniciativa sólo tratan de crear una sensación de crisis total, que es perjudicial y que no se
corresponde ni con la iniciativa del Ministerio de Agricultura ni con las expectativas de un sector que va a ampliar su mercado a 97 millones de nuevos consumidores, como consecuencia de una ampliación de la Unión Europea, un sector que ha
pasado de exportar 705.000 toneladas de tomate a 856.000 en el último año, que el día 18 ha tomado, junto con el Ministerio de Agricultura, iniciativas para enfrentarse con garantías a una zona de libre cambio que ustedes decidieron para el año 2012
y firmaron en 1995, y que aún hoy siguen defendiendo aunque no lo hagan en España; o hay muchos partidos socialistas o mucho desdoblamiento de personalidad en dirigentes socialistas como el señor Chaves. Señores del Grupo Parlamentario Socialista,
les adelanto que este grupo parlamentario no apoyará su iniciativa por todas estas razones, porque nos parece oportunista, porque nos parece que sólo tratan de hacer ruido y realmente no refleja la posición de su grupo parlamentario y, por supuesto,
que ustedes no están hablando claro a los agricultores de Almería, de Murcia y de Canarias.
El señor CONTRERAS PÉREZ: En mi intervención he dejado clara cuál es nuestra posición. No entiendo nada.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente en su intervención ha quedado clara la posición del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CONTRERAS PÉREZ: ¿Puedo plantear una enmienda in voce?
El señor PRESIDENTE: Puede presentarla en esta Mesa.
El señor CONTRERAS PÉREZ: La enmienda es que, tal y como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, puesto que esto deriva de un acuerdo de 1995 y se estableció con unas condiciones determinadas, que se mantenga ese acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Usted la redacta, la pasa a la Mesa y ya la someteremos a votación.
- RELATIVA A LOS OLIVOS MILENARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002243)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley número 4 del orden del día, relativa a los olivos milenarios, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Edo.
El señor EDO GIL: Quería hacer historia. Con fechas 24 de septiembre de 2002, 27 de noviembre del mismo año y 26 de noviembre del 2003 el grupo socialista trajo una iniciativa y el Partido Popular dos meses después otra donde nos
abstuvimos en la votación. Avisamos entonces que una vez más la proposición no de ley que nos presentó el Partido Popular, y por lo tanto la que se aprobó, decía muy poco y lo poco que decía no se iba a cumplir; desgraciadamente, no nos
equivocamos. Tengo el presentimiento de que un año después no se ha cumplido ni siquiera aquel mínimo aprobado en aquella proposición no de ley, la cual consistía en que de forma coordinada Gobierno y comunidades autónomas impulsasen la creación de
las normas necesarias en las que se contemplase la regulación de la venta, así como su destino. Digo creo porque no lo sé, ya que no me ha contestado todavía el Gobierno a una pregunta escrita que le formulé donde le preguntaba si habían llevado a
cabo alguna iniciativa con respecto a la proposición no de ley aprobada. No me han contestado ni las preguntas ni las cartas que he enviado. No la apoyamos en aquel momento por una cuestión básica, y es que el Grupo Popular en la toma de posición
claramente defiende el arranque y nosotros no; son dos posturas radicalmente opuestas, con lo cual no podemos apoyar una iniciativa que defiende el arranque.
Un año después estamos aquí otra vez el mismo número de diputados debatiendo, pero también un año después existe un buen número de olivos milenarios, menos en el lugar donde nacieron, y quién sabe si de los trasplantados, producto de la
especulación, algunos han desaparecido por haber muerto durante ese trasplante. Veremos quién tiene esa responsabilidad, que nunca se conocerá por la sencilla razón de que no existe ningún seguimiento después de que el árbol se ha arrancado.
Quiero que sepan SS.SS. que mediante la actuación del Grupo Popular estamos dejando sin amparo legal esos monumentos a la historia y a la belleza como son los olivos milenarios. Ya anuncié también, en la defensa que hice el 27 de noviembre de
2002, que volveríamos a traer para su debate esta iniciativa, que tiene el mismo texto que la de 24 de septiembre, la primera que presentamos. Esto es señal inequívoca de que desde el Gobierno no se ha hecho absolutamente nada. Espero que el Grupo
Popular en su intervención no esgrima las mismas tesis que ha defendido en anteriores ocasiones, como la defensa del arranque y trasladar el problema a las comunidades autónomas. También espero y deseo que en su defensa no nos exponga como
actuaciones llevadas a cabo las iniciativas privadas, porque eso ya lo conocemos desde el Grupo Socialista. Ustedes no nos pueden engañar porque son gobierno y como tal tiene que legislar; es su responsabilidad la que debatimos aquí hoy, es su
gestión en esta actuación sobre los olivos milenarios. Las actuaciones privadas -quiero destacar la que se está
llevando en Castellón- están consiguiendo frenar ese expolio, eso es una realidad.
Pongo en conocimiento de SS.SS. que una cooperativa de Castellón está llevando a cabo la comercialización de aceite de olivos milenarios y este hecho convierte en rentable su mantenimiento. Este año, concretamente, tras la catalogación de
un centenar de ellos por la cooperativa, ya se han envasado 1.740 botellas de medio litro, las cuales salen al mercado a 15 euros. Creo que la iniciativa no puede basarse solamente en los datos técnicos, sino también en lo bonito de la iniciativa.
Pagar esos euros significa mantener un olivo milenario, de ahí que haga esa propaganda, espero que lo entienda la Mesa. Desde la lucha que mantengo también quiero agradecer la defensa de los olivos milenarios al señor Damiá, como director de
Intercoop, al señor Mampel, como presidente de la cooperativa Clot d'en Simó, otras asociaciones y ciudadanos particulares como Gabriel Cruz Marcos por su defensa desde tierras toledanas y a tantos otros ciudadanos y ciudadanas de la geografía
hispana que están por la defensa de los olivos milenarios. Vaya mi felicitación a la cooperativa en cuestión y a la capacidad de concienciación, ya que han conseguido que ahora sea rentable su cultivo, pero quiero que conozcan que nunca será a
corto plazo tan rentable como la venta. La venta de un buen ejemplar iguala a la cosecha entera citada anteriormente. Si los agricultores no los venden y los trabajan para comercializar este excelente aceite, no es por otra razón que por su
capacidad de lucha y seguro que por una buena dosis de romanticismo. A quien no tenemos absolutamente nada que agradecer quienes luchamos por la defensa de los olivos milenarios es al Partido Popular hasta este momento, porque inexplicablemente
parece que siguen empecinados en apoyar el arranque, lo que queda claro en la enmienda y en el voto en contra de nuestras iniciativas.
Espero que el interviniente del Partido Popular se atenga en su defensa de posición a su responsabilidad y que su grupo haga cumplir al Gobierno, el cual le sostiene, los acuerdos de esta Cámara, cuando menos; y espero que en el punto
referente a la realización de un catálogo no conteste con la frivolidad de que ya se está realizando desde la iniciativa privada. Esto sería prueba inequívoca de que el grupo socialista tenía razón. No existe el catálogo de olivos milenarios; por
lo tanto, es imprescindible crearlo, ya que el único existente es el que está realizando en Castellón dicha cooperativa. Les quiero recordar que existen olivos milenarios en Castilla La Mancha, resto de Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña.
Pido el apoyo de todos los miembros de la Comisión a esta iniciativa, muy alejada de cualquier intención partidista, y que sin embargo está cargada de iniciativas, con el único fin de preservar la historia y la belleza por encima de la especulación
y el poder del dinero.
Paso a leer los puntos que se someterán a votación. Primero, que el Gobierno adopte las medidas oportunas y urgentes para acabar de forma inmediata con el arranque de olivos milenarios; segundo, que mediante acuerdos con las comunidades
autónomas se realice un inventario o catálogo de los olivos milenarios existentes y de otros olivos que por sus características especiales de belleza, dimensiones o de cualquier otra característica merezcan ser preservados; tercero, que se redacte
un proyecto de ley para garantizar la protección de todos los olivos milenarios donde quiera que se encuentre su ubicación actual, los arrancados y los transplantados también; cuarto, que se haga un seguimiento de aquellos olivos milenarios que
hayan salido de nuestras fronteras, así como impulsar acuerdos con aquellos países donde se encuentren ubicados en la actualidad; quinto, que se garanticen ayudas suficientes para el mantenimiento de estos olivos a los propietarios que los utilicen
para producción agrícola; y sexto, que cumpla el mandato que se le dio mediante una proposición no de ley debatida en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados el 27 de noviembre de 2002 en la que se le instaba a llegar a acuerdos
con las comunidades autónomas para realizar un seguimiento de los olivos milenarios que fuesen arrancados.
Finalmente, voy a comentar la enmienda que presenta el Grupo Popular, que habla de que continúe impulsando el Gobierno el acuerdo. Pediría al portavoz del Grupo Popular que me explique qué es lo que se ha impulsado y si nos convence puede
ser que lo aceptemos. En el segundo punto admiten otra vez que no han hecho nada, porque dicen que esa coordinación será en base a la experiencia puesta en marcha en varias provincias durante los últimos doce meses. Si se refieren a las
iniciativas privadas que he mencionado, reconocen que no se ha hecho nada desde la Administración.
Espero su intervención y después con la venia de la Presidencia, cuando tenga que decidir el voto sobre la enmienda, lo aclaro.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al grupo de Convergéncia i Unió. Tiene la palabra el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: Me he quedado sorprendido cuando he visto esta proposición no de ley, porque el año pasado ya la debatimos en un par de ocasiones. Por lo tanto, nuestro posicionamiento será el mismo que el que tuvimos el año
pasado. Quiero recordar que las competencias relativas a la conservación de la naturaleza están transferidas a las comunidades autónomas y, en consecuencia, el caso que conozco más es el de Cataluña.
En este caso, la Generalitat protege sus
árboles monumentales de acuerdo con las competencias y mediante los decretos 214, de 9 de junio de 1987; 47/1988, de 12 de febrero y el 120/1989, de 7 de abril, sobre declaración de árboles y arboledas monumentales. Por lo tanto, tiene una visión
más amplia que el
tema de los olivos, y en este momento existe un catálogo y toda una serie de árboles y arboledas protegidos al respecto.
Por lo que hace referencia al olivo, en Cataluña existen pocos porque, desgraciadamente, las heladas de 1956, en unas zonas donde las bajas temperaturas se cebaron, mataron a la gran mayoría. En todo caso, continúo con el mismo discurso que
hice el año pasado al respecto: que esas competencias son de las comunidades autónomas y los parlamentos autonómicos tienen que trabajar en este tema. No estamos de acuerdo en tratar este tema a Madrid. Si el Gobierno legisla, sobre el tema
estudiaremos muy bien de que no se metan en competencias que no les corresponde. El Parlamento de la Comunidad Autónoma de Valencia, de Andalucía o de donde sea, como el Partido Socialista tiene diputados en esas comunidades, que presente
proposiciones de ley y que legislen como hemos hecho nosotros, y que el Gobierno del Estado se dedique a sus competencias, que bastante tiene. Entendemos que la finalidad es buena, pero ese plan de protección tiene que ser a nivel de gobierno
autonómico, como hemos hecho nosotros, que tenemos protecciones no sólo sobre olivos, sino sobre árboles monumentales. Creo que tiene que llevarse esa proposición no de ley al parlamento autonómico que interese al respecto.
El señor PRESIDENTE: Pasamos al Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Prim.
El señor PRIM TOMÁS: No habrá que hacer historia, como ha hecho el señor Edo, porque ya está dicho, pero el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a la carga sólo porque dice algo nuevo: que se cumpla el mandato del 27 de noviembre de 2002.
Todo lo demás es más de lo mismo de lo que dijimos en anteriores comisiones el año pasado. Si quiere que volvamos sobre lo dicho, está recogido en el 'Diario de Sesiones' que los olivos son de propiedad privada, que existe un inventario general,
que no se considera oportuno hacer una ley. Comenta también que el Partido Popular ha defendido el arranque, y yo creo que eso no es exacto. Ha comentado un tema muy importante, que es una de las provincias que tiene el abanderamiento de los
olivos milenarios; precisamente la comarca del Alto Maestrazgo es donde se ubican una cantidad considerable de olivos milenarios y ha hablado una cooperativa comarcal, la Clot d´en Simó, pero ha mencionado de pasada la fundación Peñaglosa y que
estas son iniciativas privadas. Tengo que decirle que en la fundación Peñaglosa están como patronos principales la unión de cooperativas, Intercoop, y la diputación provincial de Castellón, y eso no la ha mencionado, quizá porque es del Partido
Popular. Son 205 árboles los que se han inventariado y lo ha hecho la diputación provincial de Castellón, que es una entidad pública cuya competencia es esa. Se han envasado 1.740 botellas de diseño singular y se ha revalorizado el precio del
aceite, con lo cual es un problema añadido muy importante, y ha sido una iniciativa que indirectamente existe en base a la inquietud que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular como todos los grupos de esta Comisión tienen por el tema de
los olivos milenarios.
La experiencia de Castellón indica que el señor Edo no se ha enterado de que, al menos indirectamente, algo ha tenido que ver lo acordado en la Comisión de Agricultura. Analice el periodo que hubo con cambios de gobiernos autonómicos y
comprenderá lo que le digo. Es más, si de mediados del 2002 al 2003 la diputación provincial de Castellón ha realizado el inventario junto con Intercoop, el punto sexto, que cree que no se ha cumplido y que no le han contestado, para mí es cuanto
menos artificial. Se sacan las siguientes conclusiones; que se ha frenado el arranque de los olivos, cosa que celebramos todos, no el PSOE con su iniciativa; que se está haciendo inventario de dichos olivos de forma más barata de lo que el PSOE,
el señor Edo como portavoz, propugnaba y que, evidentemente, esa forma de hacerlo no lo encarece y hay que dar prioridad a otros temas. No hace falta aprobar ningún proyecto de ley para garantizar la protección. Con el valor del incremento del
precio del aceite se logran las ayudas para su mantenimiento y no con uno de los puntos que habla de que se den ayudas para mantener los olivos milenarios. ¿Usted ha pensado seriamente en el seguimiento de los árboles en el extranjero? Priorice
usted los presupuestos y agudice el ingenio, como lo han hecho Intercoop y la diputación de Castellón, cuyo presidente, del Partido Popular, está dando un ejemplo de sensibilidad hacia este tema de los olivos milenarios, que al parecer a usted sólo
le preocupan de forma demagógica.
Hemos presentado una enmienda, pero yo quisiera añadir una palabra. La enmienda dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que continúe impulsando de manera coordinada con las comunidades autónomas lo acordado en la Comisión de
Agricultura, Ganadería y Pesca del día 26 de noviembre del 2002. Dicha coordinación será en base... Y yo añadiría: dicha coordinación, además, será en base a la experiencia puesta en marcha en varias provincias durante los últimos doce meses, de
la cual se salvaguarda el patrimonio vegetal y se obtienen valores añadidos. Es evidente que en estos doce meses se ha adelantado mucho en base a la iniciativa en Castellón de la diputación provincial, gobernada por el Partido Popular y la unión de
cooperativas de esas 16 localidades del Alto Maestrazgo. Es evidente que de alguna manera no estamos solamente diciendo que se regule la venta, estamos apartando la teoría del señor Edo de que sólo preconizamos la venta y el arranque, estamos
diciendo que en base a la experiencia, por ejemplo, de Castellón, se ponga en marcha esa coordinación para aprender más, salvaguardar el patrimonio y obtener valores añadidos, algo real. Para terminar quiero agradecer al Grupo Socialista que
haya presentado esta proposición no de ley, pues ha dado pie, si vota a favor de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, a enriquecer lo acordado el 27 de noviembre de 2002.
El señor PRESIDENTE: Para aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra el señor Edo.
El señor EDO GIL: No vamos a aceptar la enmienda porque es más, hay un acuerdo idéntico anterior, que lo sigan cumpliendo.
- RELATIVA A LA PROBLEMÁTICA QUE SE PLANTEA TANTO EN LA REESTRUCTURACIÓN INDUSTRIAL COMO EN LA MODIFICACIÓN DE LA OCM DEL TABACO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/002333).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición de ley número 5, relativa a la problemática que se plantea tanto en la reestructuración industrial como en la modificación de la OCM del tabaco.
Es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista y tiene la palabra su portavoz el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Hace poco tiempo en esta misma sesión, lo comento con cierta envidia, se ha debatido una proposición no de ley sobre un tema de la provincia de Almería, para lo que ha venido un diputado que no es de la Comisión a
defender ese tema muy importante para su región y ha sido contestado por una diputada también de la provincia; se ha demostrado el interés que existía por este tema. Observo, mirando a los diputados presentes del Grupo Popular, que no hay ningún
extremeño ni de la provincia de Cáceres; simplemente lo constato porque se ve la diferencia de interés por los temas en unas formaciones y en otras y las distintas sensibilidades. Después de constatar esto con tristeza, iremos al fondo de la
cuestión.
Estamos inmersos en un proceso complejo de reestructuración del sector tabaquero. Fíjense que digo del sector tabaquero. No estoy hablando de la organización común del mercado del tabaco, sino del sector tabaquero.
Esto se está haciendo
en tres planos distintos. Uno de ellos es la reestructuración de Altadis. Dirán que Altadis es una empresa totalmente privada y que, por lo tanto, hará lo que juzgue oportuno en función de las proyecciones y perspectivas económicas que tenga. Hay
que recordar que Altadis proviene, de la fusión de Tabacalera y que esta es una empresa que existía ya a finales del siglo XVII, que empieza a crecer en el siglo XVIII, se consolida después a finales del XVIII, y en la que durante tres siglos muchas
generaciones de españoles de una u otra manera han estado invirtiendo. Por ello ha sido una empresa que en todos los aspectos ha tenido mucho que ver no sólo con el cultivo del tabaco, sino incluso con otros aspectos muy importantes de la expansión
en el lejano oriente y en América. Por lo tanto, no se puede despachar la cuestión diciendo que es una empresa más. Aceptando que lo fuese, lo que es cierto es que es la única empresa que tenemos en este momento en la industria final de tabaco y
que de ella y de su comportamiento y estrategia van a depender muchas cosas, entre ellas la propia evolución que tengan nuestras producciones nacionales, puesto que es una de nuestras principales compradoras de materia prima de tabaco nacional.
Existe otro proceso que fue parado, potencialmente en reestructuración, que fue Cetarsa, la segunda empresa que hace las primeras transformaciones del tabaco y transforma el tabaco crudo en uno ya preparado para la segunda transformación.
(El señor vicepresidente, Isasi Gómez, ocupa la Presidencia.) Cetarsa es nacional cien por cien, por lo que no se puede argumentar que las competencias son otras o de una empresa privada. En estos momentos, Cetarsa se encuentra en un impasse que ha
llevado la inquietud a muchas familias y no acabamos de saber el futuro de la misma. Se argumenta que no se va a privatizar, que es una de las inquietudes que tenemos. Me gustaría saber qué opina el Grupo Popular sobre esta cuestión, si aquí nos
va a ratificar de nuevo que Cetarsa no se va a privatizar o si, por el contrario, sí se va a privatizar.
Tendremos que entender el silencio a este respecto como afirmativo, que va a existir un proceso de privatización, y si esto se lleva a cabo,
desearíamos también saber cómo tiene pensado el Gobierno encauzarlo, si se va a subastar o se van a tener en cuenta otros condicionantes, y si se van a meter en la subasta o en la venta, porque es muy importante para el futuro del sector.
Voy a comentar una tercera cuestión, que es la inquietud por la organización común de mercado. Existe una presión por la zona donde hay tabaco, en este caso Extremadura. Allí no queremos esta organización común de mercado con el sesgo que
lleva, no la quieren los agricultores ni nadie. Tal y como se orienta es nociva para todos, para 30.000 familias, y hay que tener en cuenta si se ha evaluado el impacto económico que se tendría en el supuesto de que se hiciera presión, que debe ser
del Estado español y no de una región, para cortar esta organización común de mercado y darle un sesgo totalmente diferente.
Queremos saber si se han evaluado las pérdidas económicas que pudiera haber para que la Unión Europea fuese consciente de
la pérdida importante que podríamos tener. Existen zonas en España, todas ellas en Cáceres, en las cuales toda la actividad económica gira alrededor del cultivo del tabaco, es decir, que este cultivo lo es todo: en los bares, en la restauración,
en el transporte y en los servicios. Por lo tanto, es el eje motor porque la inmensa mayoría de la población, directa o indirectamente, vive del mundo del tabaco. Esta proposición no de ley que presentamos
tiene como objetivo ser constructivos, introducir determinados factores a la hora del debate de la organización común del mercado del tabaco y de la política del tabaco en general.
Desde el punto de vista del marco ético respecto a si el tabaco es nocivo o no, vamos a asumir todos que el tabaco no es bueno para la salud; lo dicen las autoridades médicas y lo tendremos que admitir así. Siendo esto así, ¿cuál es el
posicionamiento de los gobiernos? ¿es gradualista o radical? Una vez que los gobiernos, entre ellos el nuestro, descubren que el tabaco es nocivo para la salud se prohíbe inmediatamente la venta y los gobiernos, entre otras cosas, renuncian a los
cuantiosos ingresos que tienen como consecuencia de la renta del tabaco vía impuestos. Ese sería un posicionamiento ético muy purista, que se podría haber dado pero no se ha dado en ninguna parte del mundo ni es de creer que se dé. Ningún gobierno
renuncia a cobrar los impuestos de la venta de tabaco y, por lo tanto, está admitiendo que no es un mal radical sino que admite distintos grados. En este esquema nos tenemos que mover, y es un marco políticamente muy importante porque, una vez
admitido y admitido también que el tabaco es nocivo, tendríamos que plantear una segunda pregunta que tiene respuesta científica: ¿Todos los tabacos son igualmente nocivos o hay tabacos que son mucho más nocivos que otros? Si se da esto último y
las políticas de los gobiernos -y la del nuestro-, fuesen disminuyendo progresiva y gradualmente la producción del tabaco, tendríamos que concluir que aquellos que son más nocivos serían los primeros que tendrían que desaparecer. En las políticas
de salud tendrían que imponer a toda la industria que determinados tipos de tabaco, por el grado tan nocivo que tienen para la salud, tendrían que salir del mercado; tendríamos entonces unos criterios para poder establecer qué labores y qué clases
de tabaco iban a tener una disminución más lenta y cuáles tendrían que desaparecer más rápidamente del mercado. Existen elementos de evaluación y clasificación que están en función de las recomendaciones de la política agraria comunitaria. Cuando
se habla de buenas prácticas de cultivo refiriéndose a la planta de tabaco, se está estableciendo un marco tecnológico estable y contrastable que permite la clasificación sanitaria a la que aludía anteriormente, y si podemos establecer estas
clasificaciones, sería lógico que las defendiéramos porque, afortunadamente para nosotros, como consecuencia de las políticas de los sucesivos gobiernos referentes al tabaco, los tabacos españoles están entre aquellos que desde el punto de vista
sanitario son menos nocivos, siendo todos perjudiciales, con lo cual, en el contexto de la desaparición progresiva del tabaco en años, estos debieran ser los últimos en desaparecer. Este elemento, que no es baladí sino importante, tendría que estar
presente en el debate de la organización común de mercado del tabaco, de igual manera que el Gobierno tiene, por otro lado, que valorar -y a estas horas debería haberlo hecho- profundamente todos los aspectos de actividad económica derivados de la
disminución o la pérdida del cultivo.
Creo que sería malo que buscáramos burladeros basados en la letra de lo que se prevé que puede ser la organización común de mercado; debemos ser muy honestos e intentar resolver un problema que es de todos, del Gobierno en primer lugar, y
también de los extremeños, y los políticos estamos para resolver los problemas no para enredarlos, para eso nos han elegido. Este es el momento de intentar buscar para un problema muy crítico, que en algunas comarcas puede ser incluso dramático,
unas soluciones prácticas que nos permitan avanzar y que nos den un horizonte y la seguridad de que no se van a perder ni disminuir las rentas de los ciudadanos de las comarcas tabaqueras, que no va a disminuir la actividad económica y que no se van
a convertir, como consecuencia de la dejación del Gobierno, en zonas de pura emigración. Espero que ustedes apoyen esta proposición no de ley. No tengo noticias de enmienda alguna, con lo cual entiendo que están de acuerdo en su redacción, pero si
las hubieran hecho, las hubiéramos estudiado con toda atención porque pensamos que debemos buscar un consenso lo más amplio posible.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Seré breve en mi intervención sobre la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista referida al tabaco. Quisiera comentar que la situación del sector del tabaco es difícil. La sociedad española, la europea y la
mundial se encuentran ante un dilema que para nuestro grupo es preocupante porque no responde a la realidad pero está en la sociedad: la Unión Europea habilita importantes fondos para el cultivo del tabaco y al mismo tiempo para la lucha contra los
resultados en la salud de aquellas personas que fuman. Nos encontramos en un dilema y entendemos que la propuesta de reforma de la OCM que la Comisión ha presentado conjuntamente para el cultivo del tabaco, el olivo y el algodón plantea en el caso
del tabaco como principal objetivo el fomento de un desarrollo sostenible, que se conseguirá -según dice la Comisión- mediante la reorientación de la ayuda con vistas a recompensar las prácticas y los productos saludables de gran calidad, y sobre
todo a desarrollar fuentes alternativas de ingresos y de actividad económica.
Esto va unido a que en la práctica las distintas labores de cigarrillos que existen en el mercado, tanto los llamados rubios como los negros, están formados por tabacos
de distintas variedades, agronómicas no solamente una variedad, que han sido cultivadas, curadas y transformadas de distintas maneras. Es cierto que estos tabacos corresponden a diferentes cosechas y han sido producidos en zonas de cultivo de muy
diversos países del
mundo, y por lo tanto cualquier país fabricante de labor del tabaco, con independencia de su capacidad de producción agrícola, requiere importar tabacos de otros orígenes para fabricar las distintas labores de cigarrillos que demanda el
mercado. En ese sentido, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a través de la Dirección General de Agricultura, y con independencia de su participación en proyectos de investigación enmarcados en el Fondo Comunitario del Tabaco, viene
firmando desde 1993 con la compañía Cetarsa diversos convenios de colaboración para la realización de trabajos de investigación de nuevas variedades de tabaco que sean menos nocivas y de mejores métodos de producción y secado.
Llegado a este punto, mi grupo quiere ser prudente y no emitir demasiadas opiniones, y entendemos que no es adecuado el momento en que se está negociando en la OCM del tabaco para presentar una iniciativa como la que nos trae el Grupo
Parlamentario Socialista, sobre todo -así lo entiende mi grupo-, cuando aquí ya se citan las normas: Yo traigo esta iniciativa, y como no me contesten a lo que yo pregunto, interpreto de esta manera.
Esa forma de debatir y hacer democracia es
nueva y no cabe duda de que es un método novedoso que a mi grupo le interesa como estudio sociológico, pero quiero que conste bien claro que si mi grupo silencia cualquier cuestión es porque quiere silenciarla, y no se interprete ese silencio en una
dirección ya predeterminada porque eso es una necedad; como nos parece otra necedad hablar aquí, en este momento y con la que está cayendo, de tabacos que perjudican más que otros, es decir, de unos tabacos que matan más y mejor, o antes o después.
Entendemos que es un disparate en estos momentos hablar de esa materia sobre todo cuando algunos políticos recomiendan que hay que intentar resolver problemas. La prudencia es buena consejera; si no el problema se enreda. Lo ha comentado el señor
Amarillo, y en este caso él ha sido un maestro del enredo; no se puede hablar en estos momentos de manera más desafortunada e inoportuna sobre el tema del tabaco. No sé si el señor Amarillo, al enarbolar la bandera de Extremadura de forma casi
privada para él, está defendiendo el cultivo de tabaco o le está asestando un golpe más, porque hay que tener cuidado con lo que se redacta. No se puede votar afirmativamente una iniciativa que en su motivación dice -y cito textualmente-: Por otra
parte, estando demostrada la nocividad del cultivo del tabaco y su carácter altamente perjudicial para la salud humana...' Es decir, ¿el cultivo del tabaco es nocivo? El cultivo del tabaco es el medio de vida para muchas familias en Extremadura y
otros lugares. El cultivo del tabaco no es nocivo, en todo caso lo será su consumo. Cuando no solamente hay errores sino conceptos absolutamente distorsionados con el único fin de empeorar la situación para que, como el Partido Socialista ha hecho
siempre, sea mejor para él en contra del Gobierno, entendemos que no es muy serio entrar a fondo en una iniciativa en la que creen positivamente sus autores.
En cuanto al primer punto de la iniciativa, yo no soy lingüista ni castellanista de primera, pero no lo entiendo; no podemos dar nuestro voto afirmativo ni negativo porque no entiendo lo que dice. Podrían admitirse el segundo y el tercero
porque dicen muy poco y no sirven para nada, y en estos momentos un tratamiento inocuo es el mejor para un tema tan difícil como es el del tabaco. Lo mejor es hablar menos, callar más, apoyar por una vez, y sin que sirva de precedente, que incluso
el grupo mayoritario de la oposición apoya al Gobierno, como por cierto en muchas ocasiones el Gobierno de Extremadura apoya al señor Arias-Cañete, al Gobierno de la nación, en una negociación muy difícil que tiene planteada respecto al tabaco.
Nosotros nos apuntamos a la esperanza de que esa negociación, con el silencio aquí de nuestro grupo, llegará finalmente a la obtención de una OCM equilibrada, que respete y salvaguarde los intereses españoles y sobre todo los extremeños, respecto al
tabaco.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Gracias, señor Amarillo.
El señor MADERO JARABO: Por una cuestión de orden, quiero decir que le tengo mucho cariño al señor Amarillo, pero mi nombre, como conoce S.S., es otro.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Perdone el error que ha cometido la Presidencia.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO OBLIGATORIO DE CHIPS DE SEGUIMIENTO DE LA TRAZABILIDAD DE DETERMINADOS ALIMENTOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 161/001590.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Concluido el debate de la quinta proposición no de ley, pasamos a la proposición que figura en el número 6 del orden del día, relativa al establecimiento obligatorio de chips de seguimiento de la
trazabilidad de determinados alimentos, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Amarillo.
El señor AMARILLO DOBLADO: Señor presidente, el señor Madero nos ha llamado necios o algo peor en la intervención anterior, y yo no he pedido la palabra por alusión.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Señor Amarillo, no se ha dicho que personalmente nadie sea necio, sino que se ha podido decir una necedad.
Por tanto, para mantener el debate con la máxima paz parlamentaria, le ruego que continúe.
El señor AMARILLO DOBLADO: Hay que tener en cuenta que creemos que tanto en este caso como en anteriores hay que hablar antes porque después las OCM se aprueban y tenemos los problemas que tenemos. Cada uno es muy libre de hacer las
interpretaciones que quiera, pero cuando no se responde y se pregunta reiteradamente o es porque no se sabe o porque a uno le da vergüenza responder y, para evitar una respuesta vergonzosa, lo que hace es callar.
El objeto de esta proposición no de ley es la calidad alimentaria, y nosotros proponemos unos chips que son instrumentos para poder detectar la trazabilidad de la calidad de los alimentos; tecnológicamente, los chips están totalmente
conseguidos y se están utilizando ya en estos momentos con unos precios y un coste económico muy altos. Llamaría la atención sobre las fechas. El 14 de junio del 2002 era muy conveniente haberlo visto, seis meses después era urgente, y en estos
momentos es de una urgencia extrema. Este es probablemente uno de los problemas mayores que tenemos, porque fíjense en cómo evolucionan las cosas: tenemos leche con cacao, yogures con soja, productos que ayudan a reducir el colesterol malo,
enriquecedores con ácido omega 3 y hay otras empresas que añaden un producto llamado naturcol, etcétera. En frase de un catedrático eminente de dietética, lo que nos están descubriendo las grandes empresas para vender son los piensos humanos, lo
que ya descubrió la veterinaria hace tiempo, piensos para la alimentación humana, con sus correctores y vitaminas. Estas empresas son muy libres de hacer piensos para la alimentación humana, pero hay ciudadanos que no queremos comer piensos, sino
productos naturales. Creo que algún derecho tenemos para hacerlo. Lo que sucede es que se ampara a una serie de empresas, todas multinacionales y poderosas, que quieren captar mercado, pero muchos ciudadanos, y yo me encuentro entre ellos,
queremos saber lo que comemos y a lo mejor no queremos ni omega 3 ni la leche con calcio, etcétera. Eso se llama trazabilidad, y para tener trazabilidad hay que hacer una política de muchos pasos y en muchos frentes. Uno de los frentes es
precisamente el que proponemos en esta proposición no de ley, el de los chips, que permiten que se testen e inmediatamente pasarlos a la red de Internet y que se utilizan ya en animales vivos y en productos curados y por los que cualquier consumidor
puede seguir la trazabilidad. Puede haber legislaciones que obliguen a que se explicite la trazabilidad de manera clara y entendible por todos los ciudadanos y que sepamos, cuando comemos un jamón, por ejemplo, qué tipo de jamón es y cómo ha sido
alimentado. Hay que empezar cuanto antes, ya teníamos que haberlo hecho; por eso pedimos que se establezca el marco jurídico adecuado que, en combinación con las comunidades autónomas, permita la incorporación de estos chips de lectura inmediata
que puedan después incorporarse a Internet y que esto para determinados tipos de productos -después se extendería a todos- se haga de una manera obligatoria. Al principio esto tiene unas repercusiones económicas. No son unos costes económicos muy
elevados desde un punto de vista global para el Gobierno, pero sí son a veces significativos para pequeñas y medianas empresas y en general para todos. Por lo tanto, sería conveniente que tuviesen alguna subvención o incentivo, aunque fuese de
manera transitoria, y después se incorporaría como un coste más a la producción final, pero que en esta primera fase sirviera para incentivar el proceso. No estamos hablando de un tema secundario, de incorporar un aparato pequeño, sino que se trata
de una mentalidad, de una opción. Se trata de ver si en el campo de la alimentación los grandes intereses no van a tener obstáculo alguno para poner en el mercado una serie de alimentos que garantizan algo, cuando a lo primero que se tendría que
obligar es a que aquello que garantizan sea cierto, cuestión enormemente delicada, y que después tuviéramos la garantía de la trazabilidad de los alimentos y nuestra capacidad para elegir. Porque -y termino como empecé- la industria de los piensos
está muy bien para la alimentación animal, pero para los humanos se deben propiciar cosas muy diferentes.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió, el señor Companys.
El señor COMPANYS SANFELIÚ: He quedado bastante sorprendido con la intervención del señor Amarillo. He leído su proposición no de ley, pero después de escucharle me encuentro más confuso que antes. El tema es muy serio, complejo y
delicado, y creo que todos los portavoces, las formaciones políticas y los ciudadanos sobre todo en los países más modernos, estamos en el línea, de la mayor información posible. Pero estos temas no son fáciles y tenemos que llegar a unos acuerdos
para ver cómo somos capaces de ir prosperando entre todos en esta línea. En Europa, donde las producciones en general son más caras que en otros países, tenemos que ser capaces de producir productos de calidad y que esa calidad la podamos explicar
en las etiquetas de los productos. La tecnología electrónica puede ser en un futuro próximo una de las grandes soluciones al respecto.
Mi grupo parlamentario ha estudiado la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista y la idea de profundizar en el tema de la trazabilidad de los alimentos nos parece encomiable, por lo que estoy seguro de que todos estamos de acuerdo en que
en ese tema habrá que profundizar. En otro punto en el que estaríamos de acuerdo es que los productos de denominación de origen tendrían que tener un tratamiento especial en ese aspecto, porque si no, no tendría sentido. Pero la propuesta crea una
cierta confusión porque cuando se
habla del origen de los productos, en el caso de los animales, puede ser el de los animales o el de la carne. En el caso de los animales ya existen mecanismos de carácter electrónico -chips-, pero la experiencia es que en este momento la
tecnología no está aún al nivel adecuado para que se incorporen en la carne. Para la carne se utiliza el código de barras, que también se puede leer. En los casos del vacuno y el bovino ya están regulados y ya existe la obligación de hacer ese
seguimiento. Por lo que hace referencia a la identificación electrónica en animales vivos, en algunas comunidades autónomas ya existen grupos de trabajo, y eso es muy importante ya que nos puede permitir en la mayoría de los casos luchar de una
forma efectiva, por ejemplo, contra la propagación de las enfermedades. Es un tema fácil, en el que los costes ya se están adaptando para hacerlo posible. En cambio, en la carne y en otros productos es mucho más complicado, y la propuesta que en
este momento está encima de la mesa, que es continuar trabajando con los códigos de barras, es mucho más asequible. Pero después de escuchar su propuesta creo que hay que profundizar más en el tema del etiquetaje y que no sólo las etiquetas sean de
obligado cumplimiento y que se cumplan, porque si no, nos están engañando, sino que hay que determinar qué es lo que deben tener las etiquetas para que nos faciliten toda la información posible.
Les puedo comentar que en Cataluña hemos trabajado en
ese tema, y en el caso de marcas de calidad, es decir, la especie de denominaciones de origen a las que usted se refiere; existen las etiquetas de carácter facultativo, no obligatorias, que incorporan un conjunto de indicaciones diferentes a las
obligatorias y que se basan en la propuesta que hace el propio operador; por lo tanto, las etiquetas no son exactamente iguales, son diferentes para cada sector y contienen más información de lo que sería obligatorio. En cambio, los productores
han apostado por otro tipo de etiquetaje, que es el voluntario, que se convierte en una magnífica herramienta para dar a conocer elementos diferenciales de la carne que se comercializa, como, por ejemplo, la raza, la alimentación del animal y dónde
se ha sacrificado. Es, efectivamente, por tanto, un asunto complejo en el que en estos momentos se está trabajando, pero hay que profundizar más al respecto.
Los sistemas de identificación electrónica que ha planteado el Partido Socialista a través de su portavoz el señor Amarillo son la gran solución del futuro, pero en algunos casos no son de aplicación de forma general, sino que se pueden
aplicar en algunos casos concretos. Ese sistema nos puede dar una correcta información y una rápida identificación en los casos de los animales de producción, lo que nos permitiría el control de los movimientos de los mismos y una lucha más clara
contra las enfermedades. Creo que en este momento también está en marcha la creación de un comité español de identificación electrónica y que hay que hacer un esfuerzo por parte de todas las comunidades autónomas y de todo el sector en ese aspecto.
No es un tema sencillo, tendremos que profundizar en él, pero para el futuro de nuestra industria agroalimentaria, que es muy importante como se pone de manifiesto en las comparecencias que tenemos en el marco de esa comisión que se ha creado y que
está funcionando en este momento, será necesario tener una información muy amplia, y con la electrónica puede que no necesitemos un envase muy grande para explicar todo, sino que se podrá leer de una forma mecánica. El tema es complejo; creemos
que hay que caminar en esa dirección y que se está haciendo. Se ha creado en el marco del Ministerio de Agricultura esa comisión de trabajo para entrar en ese tema. Desde la Consejería de Agricultura se les ha invitado a trabajar; nosotros
tenemos un grupo de trabajo propio, pero estamos dispuestos a aportar todas las experiencias, y creo que de aquí pueden salir unas propuestas para el futuro próximo. No quiero decir con esto que haya que dejar aparcado este tema, sino que hay que
trabajar en esa línea, y si somos capaces de llegar a acuerdos y a poner en marcha sistemas de trazabilidad, continuaremos valorando nuestros productos, daremos seguridad a los consumidores y seguiremos siendo punto de referencia en los modelos
mundiales de sistemas agroalimentarios. No sé si la propuesta que he realizado es la más adecuada, pero es cierto que hay que trabajar en esa línea.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albiach.
El señor ALBIACH CHISBERT: Comentaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que está acostumbrado a la cortesía parlamentaria del señor Madero. Yo quisiera decirle para comenzar que la cortesía parlamentaria del señor Madero es la
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que es mucha y buena. Ha aprovechado usted para descalificar al principio al señor Madero por una mala interpretación de sus palabras. Creo que mi intervención debe tender a reducir un poco la
tensión que a lo largo del debate de esta mañana ha existido en algunos puntos, fundamentalmente por dos motivos, primero por la petición que el propio presidente nos ha hecho para que impere la paz parlamentaria y en segundo lugar porque hoy para
cualquier valenciano es un día feliz, en el que nos sentimos satisfechos como valencianos y también como españoles porque hemos conseguido algo importante para nosotros y para España, que es, por fin, la designación como sede para la Copa de
América, y por lo tanto nada tiene que empañar la alegría de este día.
El Grupo Popular tiene mucho que decir a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en relación al establecimiento obligatorio de chips de seguimiento de la trazabilidad de
determinados alimentos. Respecto al primer punto, si bien la trazabilidad es un concepto que se va imponiendo en todo el ámbito agroalimentario, no se considera conveniente establecer en estos momentos unos elementos de identificación
basados en chips de lectura inmediata para todos los productos. Sería preciso realizar un estudio en profundidad sobre los posibles sistemas a aplicar y teniendo en cuenta la diversidad de productos, presentaciones y formas de distribución.
Definir de una forma anticipada un sistema concreto no parece adecuado. Por otro lado, ya se está llevando a cabo un seguimiento de la trazabilidad en algunos productos, como la carne de vacuno, para la que no se ha definido un sistema concreto,
sino que aquellos que se emplean deben garantizar la trazabilidad completa desde el matadero hasta el punto de venta. Además, hay que señalar que con el reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero de 2002, por el que se
establecen los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la autoridad europea de seguridad alimentaria y se fijan procedimientos relativos a ella; se establece que en todas las etapas de la producción, la
transformación y la distribución deberá asegurarse la trazabilidad de los alimentos, piensos, animales destinados a la producción de alimentos y de cualquier otra sustancia destinada a ser incorporada a un alimento o pienso o con probabilidad de
serlo; los explotadores de las empresas alimentarias y de piensos deberán poder identificar a cualquier persona que les haya suministrado un alimento, a un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o cualquier sustancia destinada a
ser incorporada en un alimento, a un pienso o con la probabilidad de serlo.
Para tal fin dichos explotadores pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes si así lo
solicitan; asimismo deberán poner en práctica sistemas y procedimientos para identificar a las empresas a las que hayan suministrado sus productos poniendo también esta información a disposición de las autoridades competentes si lo solicitan. Los
alimentos o los piensos comercializados o con probabilidad de comercializarse en la comunidad deberán estar adecuadamente etiquetados e identificados para facilitar su trazabilidad mediante documentación o información adecuada, de acuerdo con los
requisitos pertinentes en disposiciones más específicas. En algunos sectores, como la carne de vacuno y los productos a base de carne de vacuno, ya se han establecido normas específicas con anterioridad al reglamento citado. En el reglamento
1760/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de julio de 2000, que establece un sistema de identificación y registro de los animales de especie bovina y relativo al etiquetado de la carne de vacuno y de los productos a base de carne de
vacuno y por el que se otorga el reglamento 1825/2000 de la Comisión de 25 de agosto de 2000, por el que se establecen disposiciones de aplicación del reglamento 1760/2000, se establece que todos los agentes económicos y las organizaciones
dispondrán en las diversas fases de producción y venta de un sistema de identificación y registros completos. Este sistema se aplicará de tal modo que se garantice una relación entre la identificación de la carne y el animal o animales
correspondientes según lo previsto en el reglamento 1760/2000, donde se establecen las indicaciones que han de figurar en la etiqueta. Por lo tanto existe un marco jurídico donde se establece la obligación de garantizar la trazabilidad y como
elemento indispensable para ello se disponen normas para el correcto etiquetado o identificación. No obstante, establecer, como se pretende en esta proposición no de ley, que se utilicen chips de lectura inmediata de forma obligatoria no parece
oportuno, ya que se restringirán las posibilidades de los operadores comerciales para poder utilizar otros sistemas, siempre que mantengan la trazabilidad. En cuanto al punto segundo, por los mismos motivos anteriormente expuestos, no se considera
necesaria la incorporación obligatoria de los chips de identificación a los elementos unitarios de producción para todos los productos de denominación de origen cuyo precio unitario supere los 30 euros. En este caso concreto, las denominaciones de
origen disponen de sistemas de etiquetado y aseguramiento de la trazabilidad perfectamente definidos en sus reglamentos y cuyos productos están certificados conforme a la norma EL-45011. Por otro lado, de implantarse este sistema de los productos
indicados supondría acoger en la práctica muy pocos productos, dado el umbral propuesto de los 30 euros; además, en algunos de estos, como jamones y quesos, que normalmente se expiden al corte, el sistema propuesto sería inoperante.
Finalmente, no
procede aceptar la tercera propuesta; en todo caso, en el momento en que existiera una generalización de la aplicación del concepto de trazabilidad a todos los alimentos y previos los estudios de viabilidad técnica, debería acometerse un estudio
económico seguido de un análisis específico en el que se tuviese en cuenta la posible compatibilidad de los incentivos económicos propuestos por la normativa comunitaria. Acabaré diciendo que este es un tema debatido ya en sede parlamentaria, en la
que el Partido Popular defendió la misma posición que en este momento y que procedía de una proposición no de ley en idénticos términos y promovida igualmente por el Grupo Parlamentario Socialista, que se votó de forma desfavorable también en la
Comisión de Agricultura celebrada en el mes de julio de 2002. En este sentido, el Grupo Parlamentario Popular rechaza la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
- RELATIVA AL APOYO A LOS COMERCIALIZADORES DE PESCADO Y MARISCO Y DEMÁS COLECTIVOS AFECTADOS POR LA MAREA NEGRA DEL 'PRESTIGE'. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002227.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación pasamos a debatir la proposición no de ley número 7, relativa al apoyo a los comercializadores de pescado y marisco y demás colectivos afectados por la marea negra del Prestige,
presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, para cuya defensa tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, no es la primera vez que en esta Comisión el Bloque Nacionalista Galego trae los problemas del colectivo de comercializadores de pescado y marisco que para ellos se derivan de la catástrofe del Prestige.
No es la primera vez que el Bloque Nacionalista Galego, en solitario, trae al Parlamento la difícil situación de un colectivo importante en términos de empleo y en términos de creación de valor añadido, ni tampoco es la primera vez que reclamamos
que por parte de los diferentes grupos sea abordado este tema con sensibilidad y también, con justicia. Tras el debate antes del verano de una anterior proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego rechazada con los votos del Partido
Popular, el Gobierno tuvo también ocasión de contestar una pregunta formulada por este diputado diciendo que no había previsión alguna de ayudas directas, bonificaciones fiscales o exenciones en las cuotas de la Seguridad Social para este importante
colectivo. En este momento ya se terminaron las ayudas de 35 euros diarios financiadas íntegramente por la Xunta de Galicia y que sólo recibían parte de los comercializadores, los que operaban -decía la orden de la Consellería de Pesca- en lonjas
cerradas por decisión administrativa; pero no hay que olvidar, desde luego nosotros no lo hacemos, que comercializadores como los que se aprovisionaban en el puerto de A Coruña -lonja que no fue cerrada por decisión administrativa- quedaron
absolutamente fuera de cualquier tipo de ayudas, cuando para alguien que conozca mínimamente la realidad de la pesca y de la comercialización de pescado en Galicia debería saber que eran igual de merecedores que los demás de este apoyo público.
¿Por qué razón? Estamos hablando de las pequeñas pescaderías, de los transportistas, los que llaman los cochitos, personas que llevan por zonas rurales el pescado en camionetas frigoríficas para vender y que compran pescado de bajura, pescado del
día, y en la lonja de A Coruña durante la catástrofe del Prestige no llegó ese pescado, sino que llegaba otro tipo de pescado, de Gran Sol o pescado congelado, que no es el sector del mercado que ocupan los comercializadores a los que hoy quiero
hacer referencia. De esta manera se rompe una promesa que el señor Aznar había hecho en la torre de control de A Coruña, en una visita vergonzante, casi un mes después de la catástrofe del Prestige, rodeado por un imponente cordón policial, en la
que les dijo a estos comercializadores que iban a tener ayudas y que esas ayudas -estamos hablando en concreto de los beneficios fiscales- se iban a prorrogar durante el año 2003. La cuestión es que la única ayuda, el único amparo gubernamental al
que han podido acceder los comercializadores de pescado hasta este momento es la bonificación en las cuotas fiscales correspondientes al IVA, régimen simplificado, y al IRPF, en el caso del régimen de estimación objetiva, correspondientes a los
meses de noviembre y diciembre. Existe una orden del Ministerio de Hacienda del 11 de diciembre de 2002 -que seguramente el portavoz del Grupo Popular conocerá-, en la que se dice que la prórroga de estas ayudas o de estos beneficios fiscales para
el año 2003 se haría depender de un informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; trampa saducea porque este informe aún no se produjo. La respuesta del Gobierno a una pregunta escrita de este diputado fue que habrá que esperar, en
su caso, a que termine el año 2003 para ver cuál ha sido la afectación y para ver si las ayudas se prorrogan; prórroga, en este caso señor Mantilla sí que no hay adelanto, con carácter retroactivo. Estas prórrogas, señora Faraldo, compañera de
circunscripción y amiga, se aplicarán con carácter retroactivo a un colectivo que ya ha pagado sus obligaciones fiscales o bien que para no tener que pagarlas -y eso es lo peor- han tenido que abandonar la actividad. En definitiva, es un sector que
ha sido sometido por el Gobierno del Partido Popular a una reconversión en seco, a una reconversión sin ningún tipo de matiz, sin ningún tipo de apoyo, eso sí, en favor de las grandes beneficiadas -ya decía que hay siempre alguien se aprovecha de la
miseria de los demás- de este asunto, que son las grandes superficies. Hasta ahora las grandes superficies comerciales que se dedican a la venta de pescado y marisco han sido las únicas beneficiarias de las medidas adoptadas por el Gobierno de
fomento del consumo de pescado, ayudas técnicas, etcétera. Estas ayudas en absoluto han beneficiado a los pequeños comercializadores. Por tanto es evidente que estamos ante un ejemplo más de una gestión no brillante por parte del Gobierno de la
catástrofe del Prestige, que estamos ante un colectivo olvidado, un colectivo condenado a esa reconversión en seco y todo a mayor gloria de ese déficit cero. Yo me atrevo a solicitar -no será una cuestión, como decía el señor Mantilla, que
comprometa los presupuestos del Estado para el año 2004 ni para el año 2005- que por parte del Grupo Popular, que al final es el que va a decidir con sus votos si esta proposición no de ley es tomada o no en consideración, haya un mínimo de
sensibilidad y una actitud de escuchar y una actitud de conocer, porque hasta ahora no la ha habido -los representantes
del sector se quejan de esa falta de diálogo y de esa falta de interlocución con el Gobierno y la Administración que el Partido Popular apoya-, cuál es la realidad de un colectivo que está pasando por un trance muy difícil. Sigo insistiendo
en que no se habla de responsabilidad criminal sino de responsabilidad administrativa, y la obligación de indemnizar le corresponde al Gobierno. El señor López Sors sigue imputado en el juicio que se está tramitando en estos momentos en Corcubión.
La experiencia de la catástrofe del Urquiola, del Mar Egeo y otras muchas ponen de manifiesto que en todos esos casos, sin excepción alguna, se declaró la responsabilidad civil subsidiaria de la Administración del Estado por una mala gestión
precisamente de las competencias que les son propias y mucho me temo que en este caso no va a haber diferencia. Al margen de esa responsabilidad jurídica existe una responsabilidad política y esta nos obliga a todos -y en especial al grupo que
apoya al Gobierno- a actuar con sensibilidad, a actuar con justicia, a estudiar y conocer los problemas y actuar también en consecuencia adoptando medidas para que se resuelvan.
Lo que se pide con esta proposición no de ley no es nada extraordinario.
Mi grupo insta al Gobierno: A acelerar la aplicación a los comercializadores de pescado y mariscos y demás colectivos afectados por la marea negra del Prestige de las
desgravaciones fiscales establecidas en los artículos 2 y 3 de los reales decretos-leyes 7/2002 y 8/2002 prescindiendo, en su caso, si es que este es el obstáculo, del informe del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación previsto en la Orden
ministerial 225/2003, del Ministerio de Hacienda; a reconocer a los comercializadores de pescado y marisco el derecho a beneficiarse de las mismas ayudas, reducciones y exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social que ya han sido
reconocidas a otros afectados -es decir, que se acabe con este agravio comparativo que se les ayude para no tener que cerrar sus negocios-, y a que estas medidas se mantengan durante todo el tiempo que se extiendan los efectos de la catástrofe del
Prestige, que van -y ya quedó de manifiesto en un debate anterior- mucho más allá del 31 de diciembre del año 2003.
Señor presidente, para acabar quisiera hacer unas aclaraciones sobre un debate anterior, sin ningún ánimo de reabrirlo ni de ofender a nadie.
Primero, este diputado en ningún momento acusó de indignidad a ningún grupo parlamentario. Este
diputado habló de que hay actuaciones de gobiernos a los que ese grupo parlamentario apoya que desde mi punto de vista son indignas. Eso no es acusar de indignidad al Grupo Parlamentario Popular. Segundo, hay barcos hundidos, a los que se refería
el señor Mantilla, que echan fuel. Por ejemplo, el barco que se hundió en la Costa da Vela, en la bocana de la ría de Pontevedra hace un año en el temporal que provocó también la catástrofe del Prestige y que en este momento está echando el fuel
que llevaba hacia afuera. No se conoce ninguna actuación ni de la Xunta de Galicia ni del Gobierno español para reflotar este barco y eliminar el peligro que supone para la navegación y la contaminación que está produciendo. Por tanto, señor
Mantilla, tiene una ocasión para reaccionar. Sobre la responsabilidad del Gobierno se mantiene la imputación al señor López Sors. Usted acusó de indignidad y de otras cosas a la plataforma Nunca Máis. Si algo se hizo durante este año, si el
Gobierno se vio impelido a tomar medidas, por más que esas medidas sean insuficientes, discriminatorias y estén mal financiadas, señores, este diputado piensa y, quiero pensarlo así, la mayoría del pueblo gallego entiende que no se debe a una
especial sensibilidad del Partido Popular o del señor Aznar con Galicia, sino a la presión cívica y a la presión democrática y pacífica ejercida por Nunca Máis. ¿Que el Bloque Nacionalista Galego forma parte de Nunca Máis con más de 400
organizaciones y que es el único partido político de los que están aquí representados que forman parte de esa plataforma? Pues sí y desde luego estamos orgullosos de formar parte de la misma y de haber apoyado esas movilizaciones. Unos se oponen a
ellas y otros las apoyan cuando les conviene.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Señor Mantilla.
El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Me remito simplemente a lo que se recoge en el 'Diario de Sesiones' sobre la indignidad de un partido y la indignidad de Nunca Máis, que yo no he dicho en ningún momento.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación, para fijar posición sobre la proposición no de ley que estamos debatiendo -no se nos olvide-, en nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Los encuentros coyunturales, siempre superables, no nos impedirán ver la realidad y perder nuestra objetividad. Por ello estábamos y estamos contra las cláusulas de un decreto que impide reclamar daños futuros y hoy
apoyamos que se haga justicia a una parte de los afectados del Prestige, como propone el Grupo Mixto. Nuestra coherencia política nos impide boicotear las propuestas positivas de otros grupos. Estamos en contra de aquel decreto, y quedó claro en
el 'Diario de Sesiones' y en iniciativas posteriores, algunas de las cuales se defenderán en la próxima Comisión; por ello consecuentemente defendemos a todos los afectados y apoyamos la propuesta del Grupo Mixto.
En materia de pesca este portavoz garantiza la coherencia del grupo y nuestra propuesta de fondo es compatible con que el FIDAC indemnice por el total de los daños presentes y futuros, pero recuerdo que el FIDAC presupuesta únicamente para
indemnizar con el 15 por
ciento, y también es consecuente con el apoyo a los comercializadores de pescado que aún no superaron sus problemas para acceder a las ayudas. Al sector se lo explicamos y lo entendió así. De todos modos, como lo importante es la
apariencia, las playas están esplendorosas. En Sálvora y Segres, según me acaban de comunicar, hay unos percebes estupendos, pero no hay semilla para el año próximo; los trabajadores pueden viajar a Canarias y nosotros terminamos diciendo que con
posturas negativas no se va a ninguna parte, como el barco no pudo ser enviado a ninguna parte, como intentaba el señor Álvarez-Cascos. Anunciamos el voto positivo a esta propuesta.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación, para fijar posición por parte del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Faraldo.
La señora FARALDO BOTANA: Centrándome en la proposición no de ley que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Mixto, señorías, estaría bien recordar que la dimensión económica y social del accidente del buque Prestige ha centrado y centra
buena parte de las preocupaciones del Gobierno. Yo creo que esta preocupación fue puesta de manifiesto tan sólo nueve días después del accidente con una inmediatez no conocida en otras épocas, y creo que no debida a la presión de la plataforma
Nunca Máis, por la prontitud en el tiempo de soluciones, de actuaciones dirigidas a paliar los efectos negativos que esta catástrofe pudiera tener en las gentes del mar, en las gentes de Galicia. Como decía, nueve días después se aprobaba el Real
Decreto-ley 7/2002 sobre medidas reparadoras en relación con el accidente del buque Prestige. Entre las medidas previstas, figuraba la concesión de ayudas directas a los afectados, que venían a complementar las concedidas por la propia
Administración autonómica. Los afectados comenzaron a cobrar estas ayudas aún no transcurrido un mes del accidente, el 10 de diciembre de 2002. Con ser importante esta medida, que respondía, como ha dicho el portavoz del Bloque Nacionalista
Galego, a una cuestión de justicia con los afectados por el accidente, era una más entre el amplio paquete de las contempladas para paliar los efectos negativos sobre las personas, tanto a corto como a medio y largo plazo.
Por entrar ya en la proposición no de ley que se nos presenta, por lo que respecta al área de Seguridad Social, me gustaría informar que el Real Decreto-ley 7/2002, de 22 de noviembre, recogía la bonificación del cien por cien en el pago de
las cuotas a la Seguridad Social por todas las contingencias. Dicha bonificación alcanzaba a todos los empresarios y trabajadores por cuenta propia y por cuenta ajena que pertenecieran a alguno de los grupos que se relacionaban en el artículo 7 de
dicho real decreto. Esos grupos se vieron ampliados por el Real Decreto-ley 8/2002, que recogía textualmente ampliar esa bonificación del cien por cien a armadores embarcados y tripulantes de los buques pesqueros, mariscadores en tierra, rederos,
colaboradores, familiares de embarcaciones, comercializadores de primer nivel, operarios de lonjas y fábricas de hielo y personal laboral de las cofradías de pescadores, que por su actividad debieran cotizar a cualquiera de los regímenes del sistema
de Seguridad Social y por todo el periodo durante el cual permanezcan en vigor las medidas de prohibición de pesca y marisquero.
Leo textualmente el artículo 7 del Real Decreto-ley 8/2002: Asimismo la Tesorería general de la Seguridad Social podrá conceder al empresario una bonificación del cien por cien en el pago de sus cuotas a la Seguridad Social mientras estén
en vigor las medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma de Galicia o por la Administración general del Estado con motivo del citado accidente, considerándose dicho periodo como efectivamente cotizado. Hubo una ampliación posterior a este real
decreto y es que la Tesorería general de la Seguridad Social, a solicitud formulada por la Consellería de Industria y Comercio de la Xunta de Galicia, refería la ampliación de las bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social previstas en este
artículo del real decreto para el colectivo dedicado al comercio al por menor de pescado y otros productos de pesca y acuicultura. Esta petición formulada por la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia fue tenida en cuenta por la Tesorería
general y así se extendió a los afectados, a aquellos comercializadores al por menor de pescados y otros productos de pesca, la bonificación del cien por cien, siempre y cuando se acreditara que se tratara de personal directamente afectado por la
paralización de la actividad pesquera ordenada como consecuencia del accidente del buque Prestige. Eso se recogía en el segundo punto de la proposición no de ley. El primer punto hace referencia a las reducciones fiscales, recogidas en los dos
reales decretos-leyes, que forman parte también de ese amplio conjunto de medidas de las que hablaba anteriormente. En el artículo 3 se establecía una reducción en el impuesto de actividades económicas, que aquí no ha sido mencionado, para el
ejercicio 2002 y que en el presente año realmente ha quedado en buena medida vacío de contenido, puesto que como consecuencia de la reforma del referido impuesto operada por la Ley 51/2002, por todos conocida, quedan declaradas exentas del mismo las
personas físicas y las entidades cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros. En el artículo 4 se recogía la reducción de los signos, índices o módulos para los empresarios que tributan en el régimen de estimación objetiva del IRPF y
por el régimen simplificado del IVA. A los comercializadores de pescado y marisco, como todos sabemos, les afecta la referencia al impuesto sobre la renta de las personas físicas, dado que la tributación en el IVA se produce en su caso por el
régimen de recargo de equivalencia.
Entrando ya en lo que es la reducción de los módulos y el conocimiento de las órdenes ministeriales, ya los reales decretos recogían esta reducción a aquellas personas afectadas directa o indirectamente por el accidente del buque Prestige, y
lo recoge también -y lo amplía hasta el año 2003, puesto que se podía entender que los reales decretos lo recogían en el año 2002-; la Orden ministerial de 12 de febrero de 2003, en la cual se desarrolla para este año el régimen de estimación
objetiva del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En su disposición adicional cuarta habla de los beneficios fiscales aplicables en el año 2003 en relación con el accidente del buque Prestige. La cuestión es -al informe vamos, señor
Aymerich- que en el IRPF deberemos de distinguir, por una parte, la determinación del rendimiento anual -que, como usted sabe, es anual, no tan sólo para los comercializadores o los afectados del buque Prestige, sino para todo aquel que esté acogido
al régimen de estimación objetiva- y, por otra, la del importe de los pagos fraccionados. En lo que respecta al primero hay que esperar, no cabe duda, a que finalice el año puesto que es anual, para poder cuantificar el importe de la reducción en
función de la evolución del mercado a lo largo de todo el ejercicio, que es norma habitual. En cuanto a la posible aprobación de una reducción en lo que serían los pagos fraccionados, deberíamos tener en cuenta la naturaleza de estos pagos y que
vienen a ser a cuenta de la cantidad a ingresar en el momento de presentar la liquidación anual en mayo o junio del año 2004 y que se autorregularizan en dicho momento. Si las cantidades ingresadas trimestralmente superan el resultado final,
provocarían la devolución y, si por efecto de la reducción no alcanzan el resultado de la liquidación anual, conllevan el desembolso de la diferencia. Por tanto, señoría, las bonificaciones de la Seguridad Social están contempladas para los
colectivos que usted pide, para los comercializadores de primer grado en el Real Decreto 8/2002, textualmente en el artículo 7, para los comercializadores menores, como usted decía, a instancia de la Consellería de Industria de la Xunta de Galicia
-hoy se están aplicando a diario esas bonificaciones, y usted seguramente lo conoce igual que yo-. En cuanto a las reducciones fiscales algunas han quedado sin efecto para el año 2003, aunque lo han tenido en el año 2002 como es el caso del
impuesto de actividades económicas, y no en el caso del IRPF o del IVA porque estaríamos hablando del recargo de equivalencia. Creemos que hay que distinguir, como ya le he expuesto, en cuanto a la determinación del impuesto, por lo que nuestro
voto va a ser desfavorable a esta proposición no de ley. Señoría, queda de manifiesto que es una preocupación de todos los grupos y también del Gobierno que no se agote en el corto plazo, sino, como decía, en el medio y largo plazo.
Ahí está el
Plan Galicia y también, cómo no, infinidad de actuaciones que se han llevado a cabo para tratar de paliar estos efectos, como es el plan de mejora del pequeño comercio 2003, con una subvención de más de 820.000 euros y en el que participan 360
pequeñas y medianas empresas; por supuesto, también la promoción de los productos gallegos. Me gustaría quedarme con las palabras que su grupo parlamentario manifestó en la comparecencia del vicepresidente primero del Gobierno en la Comisión
Constitucional de mayo pasado cuando decía que, efectivamente, el efecto sobre las personas es verdad que ustedes lo paliaron y hay que reconocerlo políticamente. Tendremos que seguir haciéndolo y esperamos, para ello, contar con todos los grupos
parlamentarios.
Nada más. (El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): El debate ha concluido.
El señor AYMERICH CANO: No es para reabrir el debate, sino para precisar un dato que la señora Faraldo...
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): No, no, cada uno explica los datos que cree convenientes; los suyos son los suyos y los de ella son los de ella. No ha habido alusiones de ningún tipo, por lo tanto, ...
El señor AYMERICH CANO: Señor presidente, está la letrada, no tengo el Reglamento delante. Cuando la señora Faraldo hizo referencia a órdenes de la Xunta de Galicia para todos los comercializadores, no dijo por inadvertencia, no por mala
fe, que sólo eran comercializadores de primer nivel, vendedores en plazas de abastos y siempre que se aprovisionaran en lonjas no cerradas, provisión administrativa. Por tanto, los que tienen una pescadería pequeña en la calle, los que se
aprovisionan en la lonja de A Coruña no acceden a ninguna ayuda.
Nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Perdón, señor Aymerich, este es un nuevo turno. Es una réplica a lo expuesto por la señora Faraldo que no está previsto en el Reglamento y, por lo tanto, sobra.
Señora Faraldo tiene la palabra decir su última palabra como grupo mayoritario.
La señora FARALDO BOTANA: No sé si no me ha entendido bien el portavoz del Grupo Mixto. He leído el artículo 7 del Real Decreto 8/2002 que hablaba de comercializadores de primer grado, y luego he comentado la orden de la Consellería de
Industria, que se la he leído textualmente, en cuanto a los comercializadores menores y la petición a la Tesorería General, que ha sido recogida.
Nada más.
- SOBRE LA DEFENSA DEL CULTIVO DEL ALGODÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002359.)
- RELATIVA A LA DEFENSA DE UN SISTEMA DE AYUDAS AL CULTIVO DEL ALGODÓN.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002363.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Concluido el debate de esta proposición no de ley, pasamos a continuación a debatir las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día con los números 8 y 9, puesto que se refieren al mismo
tema, presentadas por distintos grupos parlamentarios. En primer lugar se va a debatir la presentada por el Grupo Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Pliego.
El señor PLIEGO CUBERO: El pasado 17 de noviembre la Comisión de la Unión Europea, a través de su responsable de Agricultura, Franz Fischler, presentó al Consejo de Ministros de Agricultura la propuesta de reforma de diversas OCM
mediterráneas, entre ellas la del algodón. Quiero decir que la propuesta de reforma, tal cual está presentada, es inaceptable desde cualquier punto de vista que se analice para España y también para Andalucía como región donde se cultiva de manera
mayoritaria el algodón, y, desde luego de salir adelante esta reforma todo el mundo estamos de acuerdo en que supondría el principio del fin del cultivo de algodón en España. Por supuesto, tendría gravísimas consecuencias económicas, laborales,
sociales y medioambientales. Primero, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del sector del algodón a nivel de España? Andalucía produce el 97 por ciento del algodón en España y estamos hablando de más de 10.000 familias de algodoneros, de
más de un millón de jornales al año, de que el 73 por ciento son pequeñas explotaciones familiares con menos de 10 hectáreas, de que 139 municipios son productores de algodón, de que hay una industria agroindustrial, valga la redundancia, en torno a
este cultivo que da una mano de obra bastante elevada y de que son casi 200 millones de euros las ayudas que por término medio recibe nuestro país por este cultivo. Quiero decir, hecha esta breve radiografía, que no hay absolutamente ninguna razón,
ninguna, que justifique esta reforma de la OCM.
Esta reforma se hizo hace dos años, es una OCM que está funcionando de manera equilibrada, que da unas rentas dignas y suficientes a los algodoneros, y la única razón que podría invocarse, la única, son los famosos acuerdos de la Unión
Europea con la organización mundial de comercio en cuanto a no distorsionar el comercio mundial y a los perjuicios a terceros países. La Unión Europea produce el 2,6 por ciento del algodón en el mercado mundial; no existen barreras arancelarias
para la importación de algodón por la Unión Europea desde terceros países; Europa importa anualmente 800.000 toneladas de algodón porque somos deficitarios en este cultivo. Por tanto, no existe ninguna razón, desde los acuerdos con la organización
mundial de comercial y mucho menos, insisto, desde una OCM en vigor que se reformó hace dos años y que funciona razonablemente, para cambiarla y conseguir como objetivo que desaparezca este cultivo. ¿Por qué hago la afirmación tan tajante de que no
desaparezca el cultivo? La OCM actual se basa en una ayuda a la producción (más o menos 0,69 euros por kilo producido), se han hecho progresos importantes en temas medioambientales -por supuesto, la limitación de hectáreas para que no haya
penalizaciones, es decir, está equilibrada- y la Comisión nos propone desacoplar la ayuda de tal manera que el 60 por ciento sea desacoplada, y se cobre por el hecho de ser agricultor, y el 40 por ciento restante esté ligado a la producción. ¿Qué
ocurre? Que, como el precio del árbol del algodón en los mercados mundiales está muy por debajo de los costes de producción en la Unión Europea y, por supuesto, de los costes en España, cuando el agricultor cobre un 60 por ciento de la ayuda
-produzca o no produzca, o produciendo lo que le dé la gana- de la cual sólo el 40 por ciento estará ligado a la producción, como ese 40 por ciento no va a ser suficiente para cubrir los costes de producción, el cultivo se caerá, se cobrará el 60
por ciento y la tierra quedará baldía o, lo que es más grave, los agricultores irán a otro cultivo más rentable, introduciendo distorsiones en los otros cultivos. Insisto en que no existe absolutamente ninguna razón para ello.
En este contexto, la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene seis propuestas concretas, que resumiré en cuatro líneas conductoras o ideas-fuerza: primera, exigir a la Comisión de la Unión Europea que
presente el preceptivo informe sobre las consecuencias que tiene esta OCM. La normativa comunitaria obliga a que, cuando se presenta una reforma de OCM, se presente un informe indicando qué consecuencias va a tener. Esta vez no se ha hecho,
probablemente porque las consecuencias son las que son y debilitan bastante la propuesta de reforma. Lo primero que pedimos al Gobierno de España -al que daríamos nuestro apoyo, como no puede ser de otra manera- es que exija a la Comisión que
cumpla con aquello a lo que le obliga la normativa comunitaria. En segundo lugar rechazamos el modelo de ayudas desacopladas que se pretenden. Es decir, lo razonable sería que se mantuviese la OCM tal cual estaba, porque no hay ningún motivo para
modificarla; ningún motivo de ninguna naturaleza, ni siquiera, como indicaba antes, acuerdos internacionales con la Organización Mundial de Comercio, que podría ser el elemento de mayor potencia. La tercera idea sería que en cualquier caso la
OCM definitiva que se apruebe garantice la viabilidad de las explotaciones algodoneras y el futuro del sector. La cuarta sabemos que implica una posición atrevida y arriesgada, pero tenemos que poner toda la carne en el asador, porque las
consecuencias de la reforma tienen la suficiente gravedad como para que lo hagamos, y es que la Comisión Europea sepa que el Gobierno de España estaría dispuesto a llegar a utilizar cualquier instrumento a su alcance -según la legalidad democrática,
lógicamente- para evitar que se materialice la reforma. Por tanto, el cuarto punto pretende que el Gobierno prepare el dictamen jurídico necesario para que, en caso de que la reforma se apruebe en los términos planteados, se presente recurso
judicial ante el Tribunal de Luxemburgo sobre la base de que se violentarían las normas del Acta de Adhesión de España, que en el Protocolo número 14 se refiere específicamente a este cultivo por su singularidad y por los efectos socioeconómicos que
se derivan de él. Estas son de manera resumida, pero creo que clara, las cuatro ideas-fuerza de nuestra proposición.
Quiero terminar diciendo que la proposición no de ley tiene el total apoyo del sector algodonero. Excepto el último punto -el sexto-, relativo al informe jurídico de que hablaba, que no fue considerado, la proposición no de ley fue aprobada
en todos sus términos y por unanimidad de todos los grupos parlamentarios (PSOE, PP, Izquierda Unida y Partido Andalucista) en el Parlamento andaluz. Nuestra idea es que tengamos una postura clara -la misma que tiene el sector, porque la
compartimos al cien por cien- y que el ministro tenga la fortaleza que ya tiene como Gobierno. No obstante, sería bueno que todos los grupos políticos apoyáramos esta iniciativa, por supuesto, conjuntamente con la que presenta el Grupo
Parlamentario Popular; no hay ningún problema, así el ministro tendrá detrás la fortaleza que da la unidad de los grupos políticos y del sector.
Desconozco, lógicamente, cuál será la posición del Grupo Popular como desconozco la de los demás grupos; me refiero al Grupo Parlamentario Popular como grupo mayoritario. Espero que sea de apoyo, pero en cualquier caso, y como no dispondré
de otro turno de intervención, si no fuera así, pediremos la votación separada de cada punto, en el momento procesal oportuno, con objeto de comprobar qué valor tiene la posición política en el Parlamento andaluz y en el Congreso de los Diputados.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): A continuación, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Pérez Lapazarán, para defender la enmienda que su grupo ha presentado a la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista y para manifestarse sobre la proposición no de ley que, acerca del mismo tema, ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PÉREZ LAPAZARÁN: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado también una proposición no de ley, que sometemos hoy a debate y posterior votación sobre el cultivo del algodón. La justificación de la misma tiene que ver con la
situación que vive en este momento el sector, con la modificación de la normativa comunitaria de ayudas. Como bien saben, el Consejo de Luxemburgo, celebrado en junio de este año, solicitó a la Comisión que presentase una comunicación sobre las
reformas de OCM pendientes, en concreto, la de las OCM del aceite de oliva y del tabaco, así como la del régimen de ayudas -no exactamente una OCM- del algodón sobre la base de los principios adoptados en la reforma de la PAC. Uno de los principios
fundamentales de aquella reforma -los ha recordado también el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista- era la introducción del pago único por explotación, desvinculando el derecho de recibir los pagos directos de la decisión de producir.
En septiembre de este año, el Colegio de comisarios hizo pública una comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo, que denominó implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa, a través de la PAC reformada y en los sectores
que les decía anteriormente: tabaco, algodón, aceite de oliva y azúcar. La Comisión reconocía en este documento la importancia socioeconómica del sector del algodón, que se centraba en dos países, España y Grecia. Reconocía en el documento que el
porcentaje de fibra respecto al comercio mundial era del 2,5 por ciento y proponía desacoplar el pago del algodón en un 60 por ciento, manteniendo el resto acoplado. Esta propuesta ha generado alarma, como se ha dicho aquí. En su momento generó
alarma en el sector del algodón, que, por medio de lo que se constituyó en Andalucía como la mesa del algodón, inició un proceso de defensa de su cultivo, pidiendo un sistema de ayudas más acorde con la realidad. La verdad es que el 18 de noviembre
la Comisión adoptó formalmente el acuerdo de reformar el sistema de ayudas conforme a lo dictaminado anteriormente, de modo que se inicia un proceso más concreto y definitivo que me imagino que se concretará durante las próximas semanas. En el caso
de que la reforma continúe tal como está planteada, es evidente que se produciría un abandono del cultivo que afectaría fundamentalmente a Andalucía (95-97 por ciento) y a Murcia.
Este hecho tiene una gran importancia socioeconómica: 1.100.000
jornales, 10.000 explotaciones, 90.000 hectáreas y 600 cosechadoras autopropulsadas cuando se había realizado una gran inversión en pequeñas y medianas explotaciones. Existe, por tanto, gran inquietud en el sector productor, en el desmotador y en
todo ese tejido socioeconómico.
El Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno son conscientes de la situación que ha creado esta propuesta de reforma que, en el caso de prosperar, generaría una situación complicada para el sector productor y para toda la cadena que le
sigue. El Gobierno y el
ministro Arias son conscientes también de esta situación y sus últimas actuaciones han estado encaminadas a rechazar la propuesta y a proponer modificaciones defendiendo algo de lo que aprobó el Parlamento de Andalucía: primero, que la
ayuda debe mantener una vinculación suficiente con la producción, de forma que garantice el mantenimiento de la actividad. El Gobierno defiende también un segundo principio: que la ayuda garantice la rentabilidad económica de las explotaciones
tradicionalmente algodoneras y la viabilidad del sector industrial desmotador y de los servicios vinculados a la producción del algodón.
El tercer principio que viene planteando el Gobierno es que la ayuda mantenga una relación de respeto con el medio ambiente. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, después de diferentes conversaciones mantenidas por el Gobierno y
también por el presidente de la Comisión, que hoy les habla, presentó una proposición no de ley para que pueda ser tenida en cuenta por esta Comisión y que, en el caso de aprobarse, sirviese de respaldo al Gobierno en su proceso de negociación,
transmitiendo la imagen de que el Congreso de los Diputados también se preocupa por este asunto, por este cultivo; que le sirva al Gobierno para poder negociar. En concreto, el Grupo Popular decía que instaba al Gobierno a defender un sistema de
ayudas dentro de la reforma de las organizaciones comunes de mercado que se viene produciendo en el seno de la Comisión Europea que garantice la continuidad del cultivo del algodón y el mantenimiento de la actividad industrial de las desmotadoras.
Esta proposición no de ley recoge en toda su amplitud el acuerdo tomado por el Parlamento de Andalucía; lo recoge en toda su amplitud. La proposición no de ley del Grupo Socialista añade dos temas más a lo que se aprobó en el Parlamento de
Andalucía, los puntos 1 y el 6.
Respecto a la proposición no de ley del Grupo Socialista hemos presentado una enmienda que más o menos es el texto de la del Grupo Popular, porque recoge exactamente las ideas contempladas en aquella votación que se aprobó en la Junta de
Andalucía y que se realiza después de la aprobación del documento del 18 de noviembre en la Unión Europea. Por tanto, creemos que hay que avanzar y darle bazas al ministro para que lo pueda defender.
Decía el portavoz socialista, porque lo
contenía su proposición no de ley, que el informe sobre impacto debería contener el informe preceptivo.
Tengo dudas de que estos informes sean preceptivos. Aunque todas las propuestas de la Comisión mencionan la influencia que las medidas que se
introducen en esas modificaciones tendrían sobre el objeto en cuestión, creo que ese informe no es preceptivo. Creo que más que pedir informes sobre impacto se deben conocer los argumentos y razonamientos de la Comisión y sería conveniente, como
está haciendo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, plantear la no conformidad con la propuesta, que en su caso debería incluir las modificaciones oportunas para que no se produzcan esas afecciones sobre un cultivo como es el del
algodón. Por tanto, ese punto 1 no estaba contemplado en la propuesta del Parlamento de Andalucía y nosotros consideramos que no se debe incluir en el texto que saliese del Parlamento.
El punto 2 de la proposición no de ley del Grupo Socialista contempla casi en toda su filosofía y argumentación lo que presenta el Grupo Popular acerca de las consecuencias, si no dicen otra cosa: ...las ayudas a la producción del algodón
propuestas por la Comisión de la Unión Europea, para que ambos apoyen y cooperen con todas las medidas necesarias en el sistema de producción integrada, que está permitiendo una evolución positiva del equilibrio medioambiental. Nosotros creemos que
la propuesta de la Comisión en los términos en los que está planteada supondría la práctica desaparición, como les he dicho, y creo que habría que rechazarla. Creo que es obvia esta cuestión que plantea el Grupo Socialista.
El punto número 3 de la proposición no de ley del Grupo Socialista es obvio y también viene contemplado en nuestra proposición no de ley -si usted la estudia bien lo verá- en su totalidad, y además está en línea con los tres principios que
les he comentado y que son los que defiende el ministro: que la ayuda deba mantener una vinculación suficiente con la producción de forma que se garantice el mantenimiento de la actividad, que la ayuda garantice la rentabilidad económica de la
explotación tradicionalmente algodonera y la viabilidad del sector industrial desmotador y de los servicios vinculados a la producción del algodón y, por último, que la ayuda deba mantener una relación con el respeto al medio ambiente. Creo que son
cuestiones que están contempladas en la proposición no de ley del Grupo Popular.
El punto 4 creo que también es obvio, es decir, contar con las organizaciones cooperativas, sindicales, etcétera. Creo que ha habido suficientes conversaciones tanto por parte del ministerio como por parte del Grupo Popular. El punto
número 5 dice en la proposición no de ley: Promover cuantas medidas sean necesarias para preservar el empleo y las actividades empresariales en el sector del algodón. Creo que el Ministerio de Agricultura está tratando, por todos los medios a su
alcance, de hacer posible la preservación del empleo y las actividades empresariales ligadas al sector del algodón. Por último, dice algo que no aprobó el Parlamento de Andalucía y es que se elabore un dictamen jurídico. Le quiero aclarar que esta
es una iniciativa que ya está tomada; el ministro ya ha tomado esa iniciativa de recabar y realizar consultas para presentar ese dictamen jurídico a fin de que se dilucide si esta propuesta es compatible jurídicamente con el Acta de Adhesión de
España a las Comunidades Europeas.
Le pediría, por tanto, al Grupo Parlamentario Socialista que estudie, que vea la proposición no de ley.
Somos capaces de firmarla conjuntamente para que de esta Comisión salga algo unánime. Así le podremos decir al sector algodonero que nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos políticos y que presentamos una proposición no de ley entre
los dos grupos que diga que el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a defender un sistema de ayuda dentro de la reforma de las organizaciones comunes de mercado que se viene produciendo en el seno de la Comisión, que garantice la continuidad
del cultivo del algodón. Creo que eso es lo que todos buscamos, garantizar la continuidad del cultivo del algodón y el mantenimiento de la actividad industrial de las desmotadoras. Le pediría al Grupo Socialista que tengamos una posición común en
torno a esta demanda y a esta filosofía de garantizar la viabilidad de las explotaciones y de mantener la actividad algodonera.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Gracias, señor Pérez Lapazarán, presidente de la Comisión de Agricultura; es una satisfacción para mí presidirle en esta mañana.
Concluido el debate, recabaría del Grupo Socialista su postura sobre la aceptación o no de la enmienda y la propuesta que ha hecho el Grupo Popular.
El señor PLIEGO CUBERO: Además de la fecha de la presentación, que también es obvio en la proposición, y coincidiendo plenamente con la posición de fondo que ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, vamos a votar a favor
de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular; no aceptamos la enmienda y pedimos que se voten separadamente los puntos 1 y 6, toda vez que los cuatro restantes, como dice el portavoz, se corresponden con el acuerdo que tomó el
Parlamento andaluz.
Por tanto, que se voten en un bloque los cuatro restantes -que serán apoyados, sin lugar a dudas, toda vez que era el argumento de autoridad utilizado- y que el 1 y el 6 se voten de forma separada.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Perdón, señor Pliego, pero no es costumbre en esta Comisión dividir las votaciones de los distintos puntos. Se votan conjuntamente, en bloque, las proposiciones. (Rumores.) Yo no tendría ningún
inconveniente en hacerlo así, si hay acuerdo del resto de los grupos.
El señor AMARILLO CUADRADO: El Reglamento no lo impide.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Según me dice la letrada de la Comisión, tampoco lo dice expresamente. Saben ustedes, por ejemplo, que en el Pleno no se hace así.
Señor Madero, portavoz del Grupo Popular.
El señor MADERO JARABO: ¿De qué se trata, señor presidente? ¿De la votación?
El señor VICEPRESIDENTE: Vamos a ver. Las proposiciones no de ley se votan en su conjunto. El Grupo Socialista ha propuesto la votación separada de unos puntos y desde la Presidencia se manifiesta que, si no hay inconveniente y hay
unanimidad por parte de los grupos, aceptaremos lo que todos los grupos manifiesten.
El señor MADERO JARABO: Le sugiero a la Presidencia que nos dé un poco de tiempo, mientras se debate el punto siguiente. Como las votaciones van a ser a continuación del último punto, para entonces ya tendremos formado criterio.
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Muy bien, señor Madero, así se hará.
- SOBRE PROMOCIÓN DURANTE LAS CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CONTRA LA GRIPE DEL CONSUMO DE CÍTRICOS COMO ALIMENTO QUE REFUERZA EL SISTEMA INMUNOLÓGICO CONTRA DICHA ENFERMEDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/002366.)
El señor VICEPRESIDENTE (Isasi Gómez): Pasamos a continuación a debatir el último punto del orden del día, que figura con el número 10, sobre la promoción durante las campañas de vacunación contra la gripe del consumo de cítricos como
alimento que refuerza el sistema inmunológico contra dicha enfermedad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para cuya defensa tiene la palabra el señor Edo.
El señor EDO GIL: Señorías, desde el Ministerio de Agricultura y desde este Parlamento se ha pretendido siempre promocionar nuestros productos agrícolas siempre basándonos en la información al consumidor sobre la calidad de los productos
nacionales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) De todos es sabido que el consumo de cítricos o sus zumos ayuda a la prevención de constipados y en especial de la gripe.
Esta proposición no de ley no pretende, ni mucho menos, sustituir la vacuna de la gripe. El consumo de la vitamina C nunca puede ser el sustituto de tal medida preventiva, pero sí ayudarla. Contribuir a su prevención es el objetivo que nos
estamos marcando. El consumo de cítricos en fresco, además de ser saludable y de gran apreciación para el paladar, supone una gran ayuda para, como he dicho, prevenir una enfermedad no grave como es la gripe y que, sin embargo, causa miles de bajas
laborales además de un malestar físico en las personas.
Desde el Grupo Socialista consideramos que esta iniciativa tiene sentido en la Comisión de Agricultura, ya que, aunque el consumo de cítricos frescos no evita la gripe sino que ayuda a su prevención, es el Ministerio de Agricultura el que,
con el ánimo de promocionar un producto tan nacional y cuya calidad es indiscutible, que conste que para este diputado es el mejor del mundo, como son las naranjas españolas, debe impulsar un acuerdo con el Ministerio de Sanidad para promocionar una
campaña específica que complemente las emprendidas y donde se aconseje, además de proponer la vacuna, el fomento de la nutrición adecuada para combatir la gripe, como es el consumo de naranjas, mandarinas y zumo de limón. Esta iniciativa se apoya
en otra presentada por mi grupo en la Comisión de Sanidad reclamando se elabore un plan nacional de alimentación y nutrición, pues consideramos que es vital para la prevención de las enfermedades basarnos en la nutrición y desde Agricultura
garantizar en el mercado los productos con la calidad adecuada para ese fin. Así, pues, ya que en cuanto a los cítricos tenemos esa calidad y además se da la coincidencia de la temporada con la enfermedad aludida, es conveniente y a la vez
necesario promocionar los cítricos para que los ciudadanos conozcan otras cualidades de estos y como una forma muy saludable y apetecible de contribuir a la prevención de una enfermedad no grave, como es la gripe.
Señorías, con toda seguridad si fomentamos este consumo vamos a conseguir como mínimo tres resultados favorables: primero, reforzaremos el sistema inmunológico de las personas y especialmente en los niños; segundo, bajaría el gasto que
suponen las bajas laborables y las consecuencias de dicha enfermedad; tercero, para el sector citrícola será una ayuda y un premio a su buen hacer, ya que en la actualidad presentan un producto en fresco de indiscutible calidad. Aumentar sus
ventas sería importante, a la vez de no tener que invertir en tecnología para la conservación, ya que el aumento del consumo interno en fresco haría innecesaria su utilización. Aquí vendría bien añadir una proposición no de ley presentada también
por este diputado, donde se pedía fomentar la comercialización de cítricos con hoja, como garantía del producto fresco.
Por cierto, fue rechazada por el Grupo Popular, como no podía ser de otra forma y viene siendo habitual.
También añado un deseo el cual no hay que dejar de lado: el hecho de aumentar el consumo no debe hacernos olvidar que es necesario acometer de una vez por todas la especulación desorbitada en el sector agrario, la cual nos está llevando a
que el consumidor pague hasta seis veces más por un producto que lo que ha percibido el agricultor por su venta.
Hecha esta apreciación, señorías, les pido el voto a favor a todos los miembros de esta Comisión para llevar a cabo una iniciativa que como principal objetivo tiene el beneficio de todos los sectores implicados, porque no debemos olvidarnos
de la máxima hipocrática: que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento.
Respecto a la enmienda que presenta el Grupo Popular, si su temor es que figure que ya se están haciendo iniciativas y campañas, lo he dejado claro en la exposición. El Grupo Socialista sabe que se están haciendo, pero nuestro texto es
concreto, conciso, y no veo motivo para que el Grupo Popular no la apoye. Quede claro que estamos de acuerdo en que se están haciendo campañas, que estamos de acuerdo en que se promocionan los cítricos, pero que esta proposición no de ley lo
concreta específicamente y la enmienda que presenta el Grupo Popular no hace más que decir lo mismo sólo que con una andanada de beneplácito y de un ramo de flores al Gobierno que sustenta ese partido. Nosotros en eso no entraremos, sí en la
concreción.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, que también ha presentado una enmienda, tiene la palabra su portavoz, señor Madero.
El señor MADERO JARABO: Muy brevemente, señor presidente, para decir al señor Edo, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que nos parece muy bien que hay que comer muchas naranjas, pomelos y limones. Para que nos pongamos de acuerdo en
esta iniciativa le rogaría que solamente se consideraran a efectos de aprobación de esta proposición no de ley los dos primeros párrafos de la motivación, porque nos acaba de decir que no pretende sustituir las campañas de vacunación, pero aquí se
refiere a campañas costosísimas para prevenir la gripe, que no todo consiste en gastar dinero público en vacunas. Para evitar dudas consideremos sólo los dos primeros párrafos de la exposición de motivos de esta proposición no de ley.
Después, si me acepta alguna corrección de estilo, cuando cita el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, habría que darle su denominación correcta. Tampoco es posible poner ese imperativo de que llegue a un acuerdo con el Ministerio
de Sanidad, digamos que procure llegar, que propicie, que lo intente, pero decirle que llegue, ¿y si no llega, qué pasa? A la plaza pública el señor ministro.
Luego se refiere sólo al consumo de cítricos. Le ruego, señor Edo, que admita cítricos y otros vegetales de alto contenido en vitamina C, ya que no solamente los cítricos tienen vitamina C y son buenos para la gripe, sino que hay otras
frutas y hortalizas que tienen alto contenido en vitamina C.
Con esas leves correcciones creo que no habrá ningún inconveniente en que nos pongamos de acuerdo en votar todos afirmativamente.
El señor PRESIDENTE: Para que acepte o no la enmienda, tiene la palabra el señor Edo.
El señor EDO GIL: Estoy de acuerdo en que hay una exposición de motivos escrita, pero además está la que he expuesto aquí. Creo que hay que escuchar. Mi grupo aceptaría: que el Ministerio de Agricultura impulse un acuerdo con el
Ministerio de Sanidad para promocionar durante las campañas de vacunación contra la gripe el consumo de cítricos y otros productos portadores de vitamina C, o ricos (El señor Madero Jarabo: De alto contenido en vitamina C.), portadores de vitamina
C como elemento que refuerza el sistema inmunológico contra esta enfermedad. Así aceptaríamos que se vote en estos términos.
El señor PRESIDENTE: Con respecto a la votación de la proposición, y recogiendo el sentir del Grupo Popular, vamos a admitir la votación separada, teniendo en cuenta que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que se va a
votar recoge esa filosofía; creo que el Grupo Popular va a votar en contra.
Votamos, en primer lugar, la proposición no de ley que figura con el número 1, sobre modificación del Reglamento (CE) 2561/2001, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 2, relativa a la creación de un fondo de compensación económico y planes de regeneración para las zonas afectadas por el desastre del Prestige, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición número 3, relativa a una participación más activa del Gobierno en la fijación de los cupos de tomate de Marruecos, del Grupo Parlamentario Socialista.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, pido la palabra.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, había una enmienda in voce en los siguientes términos: En caso de no aceptarse las anteriores condiciones, se vuelva en el sector del tomate a lo establecido en el Acuerdo euromediterráneo de
1995, siendo presidente del Gobierno español Felipe González.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo desea que se vuelva a leer? (Pausa.) Es una enmienda in voce, de adición, del Grupo Parlamentario Socialista.
(Rumores.)
Señorías, les ruego silencio. Les vuelvo a leer la enmienda y luego daré la palabra a la señora Espinosa.
Enmienda in voce de adición presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a su propia proposición no de ley: En caso de no aceptarse las anteriores condiciones, se vuelva en el sector del tomate a lo establecido en el Acuerdo
euromediterráneo de 1995, siendo presidente del Gobierno español don Felipe González.
Tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Simplemente quiero decir al señor Contreras que este acuerdo en su artículo 18 ya establece una cláusula de revisión progresiva liberalizadora de estas exportaciones. Lo digo por si no lo sabía.
El señor PRESIDENTE: Señor Contreras, ¿quiere hacer alguna precisión?
El señor CONTRERAS PÉREZ: Como había incluso una solicitud del Grupo catalán (Convergència i Unió) de que se tratase de llegar a un acuerdo y la señora Espinosa ha hecho referencia varias veces a que esto derivaba del Acuerdo
euromediterráneo, nosotros nos retrotraemos a mantener ese Acuerdo euromediterráneo de 1995, en las condiciones que establecía para el sector del tomate. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Les vuelvo a leer la enmienda de adición y luego la someteré a votación.
Dice así: En caso de no aceptarse las anteriores condiciones, se vuelva en el sector del tomate a lo establecido en el Acuerdo euromediterráneo de 1995, siendo presidente del Gobierno español don Felipe González.
Procedemos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición número 4, relativa a los olivos milenarios, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 23.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 5, relativa a la problemática que se plantea tanto en la reestructuración industrial como en la modificación de la OCM del tabaco, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición que figura con el número 6, relativa al establecimiento obligatorio de chips de seguimiento de la trazabilidad de determinados alimentos, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la número 7, relativa al apoyo a los comercializadores de pescado y marisco y demás colectivos afectados por la marea negra del Prestige, del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar la proposición no de ley que figura con el número 8, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la defensa del cultivo del algodón.
En primer lugar, votaremos los números 1 y 6 de la proposición.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazados.
Pasamos a votar el resto de la proposición no de ley, números 2, 3, 4 y 5.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazados.
Pasamos a votar la proposición número 9, relativa a la defensa de un sistema de ayudas al cultivo del algodón, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Votamos la proposición número 10, sobre promoción durante las campañas de vacunación contra la gripe del consumo de cítricos como alimento que refuerza el sistema inmunológico contra dicha enfermedad.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Señorías, rogaría a los portavoces de la Comisión se acerquen a esta mesa.
Se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.