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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 878, de 26/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 878
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FERNANDO LÓPEZ-AMOR GARCÍA
Sesión núm. 30
celebrada el miércoles, 26 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica (Cortés Martín) para informar sobre:
- Las cifras y datos de la cooperación española en el período 1996-2001 y su comparación con períodos anteriores. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001459.) ...
- La evolución del programa de microcréditos de la cooperación española. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001461.) ... (Página 27866)
- El esfuerzo y razones de la atención preferente que la cooperación española presta a los países de renta media. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001462.) ...
- La estrategia sectorial 'sanidad básica' recogida en el Plan anual de cooperación internacional para el año 2003. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) (Número de expediente 212/001558.) ...
- La estrategia sectorial 'participación social, desarrollo institucional y buen gobierno', recogida en el Plan anual de cooperación internacional para el año 2003. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) (Número
de expediente 212/001559.) ... (Página 27867)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Comercio y Turismo (Utrera Mora) para informar sobre:
- Las actuaciones del Gobierno para favorecer el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001531.) ... (Página
27893)
- La posición del Gobierno español y de los resultados de la quinta conferencia ministerial de la Organización Mundial de Comercio, celebrada en Cancún (México). A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente
212/0011631.) ... (Página 27893)
- La situación en la que se encuentra la condonación, por parte del Estado español, de la deuda externa contraída por los países incluidos en la Iniciativa HIPC reforzada, así como acerca de las actuaciones previstas por el Gobierno en esta
materia. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) (Número de expediente 212/000428.) ...
(Página 27893)
- Las operaciones financiadas a través del FAD en el año 2002, los destinatarios de los recursos de dicho Fondo, así como los proyectos que se dirigían a financiar y el volumen de recursos destinados a éstos. A solicitud del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.) (Número de expediente 212/001419.) ... (Página 27893)
- La política del Gobierno respecto del tratamiento de la deuda externa de los países en desarrollo, de su integración y coherencia con los principios y orientaciones de la cooperación internacional española y de la coordinación de los
órganos de la Administración en este ámbito. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000397.) ... (Página 27894)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (CORTÉS MARTÍN) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS CIFRAS Y DATOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN EL PERÍODO 1996-2001 Y SU COMPARACIÓN CON PERÍODOS ANTERIORES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001459.)
- LA EVOLUCIÓN DEL PROGRAMA DE MICROCRÉDITOS DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001461.)
- EL ESFUERZO Y RAZONES DE LA ATENCIÓN PREFERENTE QUE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA PRESTA A LOS PAÍSES DE RENTA MEDIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001462.)
- LA ESTRATEGIA SECTORIAL 'SANIDAD BÁSICA' RECOGIDA EN EL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL AÑO 2003. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número de expediente 212/001558.)
- LA ESTRATEGIA SECTORIAL 'PARTICIPACIÓN SOCIAL, DESARROLLO INSTITUCIONAL Y BUEN GOBIERNO', RECOGIDA EN EL PLAN ANUAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL AÑO 2003. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número
de expediente 212/001559.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a dar comienzo a la sesión número 30 de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en cuyo orden del día, que todos ustedes conocen, hay diversas comparecencias del secretario de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica: una solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, para evaluar las cifras y datos de la cooperación española en el período 1996-2001 y su comparación con períodos anteriores; otra del Grupo
Parlamentario Popular, para analizar y evaluar la evolución del programa de microcréditos de la cooperación española; otra del Grupo Parlamentario Popular, para evaluar el esfuerzo y razones para la atención preferente que la cooperación española
presta a los países de renta media; una del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para informar sobre la estrategia sectorial Sanidad básica recogida en el Plan Anual de Cooperación Internacional para el año 2003, y otra del Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), para informar sobre la estrategia sectorial Participación social, desarrollo institucional y buen gobierno, recogida en el Plan Anual de Cooperación Internacional para el año 2003. Por acuerdo de
portavoces se ha decidido agrupar las diferentes peticiones de comparecencia, que van a desarrollarse de la siguiente manera: en primer lugar intervendrá el secretario de Estado, como es habitual, y después intervendrán los portavoces de los
diferentes grupos parlamentarios que lo soliciten, teniendo en cuenta que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado repartir el tiempo entre tres portavoces.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado para la Cooperación Internacional y para Iberoamérica.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Señor presidente, el hecho de hacer una sola intervención sobre cinco cuestiones diversas me lleva a empezar con una referencia breve al
marco general en el que hay que situar las estrategias y el conjunto general de la cooperación española. Este marco general parte de la Ley de cooperación, aprobada en el año 1998 con un respaldo amplísimo de todos los grupos parlamentarios. Esta
ley, entre otras cosas, se refiere en su artículo 8 a la planificación de la política española de cooperación internacional, que se establece a partir del Plan director y de los planes anuales y, a partir de estos, en los documentos de estrategia
relativos a las áreas geográficas que sean objeto preferente de la cooperación.
Pues bien, refiriéndome a las estrategias sobre las que se ha solicitado esta comparecencia, la aprobación de la estrategia de promoción de la democracia y del Estado de derecho y de la estrategia de la salud, que presento en esta Cámara,
parte de la indicación que establece la Ley de cooperación y se enmarca en el proceso de configuración de los principios de actuaciones de la cooperación española que se ha llevado a cabo durante esta legislatura 2000-2004 y que ha tenido los
siguientes puntos centrales: en primer lugar, la aprobación del primer Plan director de la cooperación española para el periodo 2001-2004; en segundo lugar, la aprobación de los planes anuales 2001, 2002 y 2003 -el plan anual 2004 está en estos
momentos en el proceso final de tramitación y será aprobado por el Consejo de Ministros antes de finalizar el año en curso-; en tercer lugar, la elaboración de estrategias de la cooperación española -se han aprobado ya las de sanidad, medio
ambiente, promoción de la democracia y del Estado de derecho; las estrategias de educación y de patrimonio y promoción del tejido económico están en proceso de elaboración y se aprobarán en los próximos meses, una vez que hayan pasado, como es
preceptivo, por los órganos consultivos de la cooperación española-, y en cuarto lugar, la elaboración de una serie de programas regionales para concentrar los esfuerzos y obtener más eficacia en nuestra ayuda -cito sólo algunos de los que se han
hecho, como el Programa de salud para África, el Programa Azahar para el Mediterráneo, el Programa Nauta de pesca para África, el Programa de cooperación regional con Centroamérica-. Finalmente, hay que señalar también la reforma en estos tres años
largos del Consejo de Cooperación, que se realizó previamente a la aprobación de estos documentos. Desde su reforma, el Consejo tiene un funcionamiento muchísimo más ágil, más representativo y más eficaz. La reforma del Consejo de Cooperación ha
sido uno de los pasos más importantes en el funcionamiento más intenso del mismo, abriendo cauce a la participación de instituciones con auténtica representatividad, y como prueba me remito a las sesiones que ha celebrado y al trabajo que ha
producido y sigue produciendo. Todo esto permite una mejor planificación de la política española de cooperación internacional para el desarrollo, pues con todos estos planes y documentos de estrategia se cuenta con una clara definición de los
principios generales y de las directrices básicas de la política española de cooperación, de sus objetivos y de las prioridades geográficas horizontales y sectoriales, así como de un marco presupuestario determinado.
Entrando en la primera de las estrategias, la de la cooperación española para la promoción de la democracia y del Estado de derecho, quiero señalar que la Ley para la cooperación internacional señala expresamente como prioridad de la
cooperación española el
fortalecimiento de las estructuras democráticas y de la sociedad civil y el apoyo de las instituciones. Paralelamente, el Plan director de la cooperación española establece de manera expresa como sector prioritario la participación social,
el desarrollo institucional y la gobernanza o buen gobierno. Detrás de esas afirmaciones hay una idea clave, que hemos tenido ocasión de tratar en esta Cámara a lo largo de estos años de legislatura y que vuelvo a resaltar una vez más en esta
comparecencia, que es la vinculación entre democracia y desarrollo. Democracia y desarrollo sintetizan uno de los puntos que el Gobierno considera capitales a la hora de sentar las bases y ejecutar la ayuda al desarrollo. Por eso -lo he dicho
muchas veces y lo reitero de nuevo- el fomento de los derechos humanos, la exigencia del respeto de los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la buena gestión de los asuntos públicos son parte integrante y esencial de la política
de cooperación al desarrollo que España realiza. Queremos que en los países en desarrollo se establezcan un sistema de democracia, de Estado de derecho, de responsabilidad de los poderes públicos ante el Parlamento, ante la opinión pública y ante
los ciudadanos, un sistema judicial independiente, una Función pública capacitada y profesional, libertad de mercado, libertad de expresión garantizada por unos medios de comunicación plurales y libres, la extensión universal de la educación y de la
sanidad, el respeto universal de los derechos humanos y la igualdad entre hombre y mujer. En definitiva, no queremos para los demás nada distinto de lo que queremos para nosotros mismos. Este es un principio básico y central de nuestra
cooperación. Por eso, para este Gobierno, los aspectos más importantes de la cooperación son los que se refieren a la consolidación de un Estado de derecho en los países con los que cooperamos, esto es, la promoción de la democracia y de las
instituciones que permitan el funcionamiento libre de una sociedad, de ahí la importancia y la justificación de esta estrategia. España considera que para que se pueda producir un desarrollo armónico es preciso que existan un marco adecuado de
gobierno democrático y un Estado de derecho. Por eso la cooperación española presta a las cuestiones de gobernabilidad una atención muy especial, tanto a través de la ejecución de proyectos en este sector -por ejemplo, las reformas judiciales, el
fortalecimiento de las capacidades de los organismos públicos, etcétera- como a través de actuaciones transversales en cuestiones de gobernabilidad y en el resto de las actuaciones que se llevan a cabo. En este ámbito España tiene además una cierta
ventaja comparativa con otros donantes en determinadas zonas; así lo ha reconocido el Comité de Ayuda al Desarrollo en su examen de las políticas de cooperación de España llevado a cabo en 2002. En este documento de conclusiones y recomendaciones,
que esta Cámara conoce bien porque ha sido objeto de varias comparecencias, el Comité de Ayuda al Desarrollo reconoce que la reciente experiencia española en la construcción de un Estado democrático otorga valor añadido a la cooperación española en
el área del buen gobierno; he citado textualmente. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE aconseja a España que lidere a otros donantes en la cooperación en este sector, pues la experiencia adquirida por España en su transición política y
económica constituye un activo para nuestra cooperación en Iberoamérica y también en otras zonas del mundo, como Europa del Este o países árabes del sur del Mediterráneo.
Señor presidente, para la cooperación española la democracia y el respeto de los derechos fundamentales y libertades públicas forman parte del desarrollo humano. Este no se limita al crecimiento económico o a las mejoras en el bienestar
material, la dignidad de la persona no puede entenderse sin el pleno respeto a los derechos fundamentales y las libertades públicas. No existe justificación alguna, y por supuesto tampoco desde una perspectiva de crecimiento económico o extensión
de los beneficios sociales, para que un gobierno niegue a sus ciudadanos derechos básicos como la libertad de opinión, el derecho de voto, el derecho a presentarse a cargos públicos o el derecho de asociación, o para que un gobierno pueda alegar
costumbres o peculiaridades para discriminar, cuando no maltratar abiertamente, a mujeres o a parte de su población sencillamente porque son de otra raza, practican una religión distinta o no practican ninguna. Por todas estas razones, el
Ministerio de Asuntos Exteriores ha elaborado la estrategia de la cooperación española para la promoción de la democracia y el Estado de derecho, que recoge las líneas de actuación de los actores de nuestra cooperación y los principios que deben
inspirar la misma.
El primero de estos principios es la asunción de que la democracia forma parte del desarrollo. Más allá de la transferencia de capitales hacia los países en desarrollo, lo que tiene que haber son instituciones democráticas, protección de
los derechos fundamentales y de las libertades públicas, elecciones periódicas, control de la gestión y del destino de los fondos públicos y paulatina desaparición de las distorsiones económicas y estructurales que les permitan organizarse como
economías abiertas a la inversión y al comercio mundial. Sin la existencia de todos estos elementos, cualquier concepto de desarrollo está incompleto. Esta estrategia fue aprobada el 17 de marzo del año en curso, en las respectivas reuniones que
celebraron el Consejo de Cooperación al Desarrollo, la Comisión interterritorial de Cooperación al Desarrollo y la Comisión interministerial de Cooperación al Desarrollo.
El documento es el resultado de un proceso eminentemente participativo en el
que han tomado parte los distintos actores de la cooperación española a través de los órganos consultivos que acabo de mencionar. Así, cabe citar a las distintas administraciones públicas involucradas, especialmente
el Ministerio de Asuntos Exteriores y la Agencia Española de Cooperación Internacional; otros ministerios implicados; los actores de la cooperación descentralizada: comunidades autónomas y entidades locales; las universidades y los
centros de investigación y organizaciones no gubernamentales de desarrollo. A su vez, estos actores mencionados, junto con los sindicatos, los partidos políticos y sus fundaciones dependientes son los destinatarios del documento.
La estrategia para la promoción de la democracia y del Estado de derecho no sólo da cumplimiento al mandato legal de la Ley de cooperación y del Plan director 2001-2004. En la práctica, está llamada a erigirse en el punto de referencia para
todos los actores de la cooperación, creando y consolidando instrumentos de coordinación que permitan la valoración política institucional de las actuaciones en aras de una mayor eficacia técnica. En su desarrollo, la estrategia ha dado lugar a un
proceso que está proporcionando nuevas herramientas de utilidad para una mayor eficacia y eficiencia de la cooperación española en este sector. Puedo citar los siguientes a título de ejemplo: el Plan de fortalecimiento de las instituciones
democráticas en Iberoamérica, cuyos ejes principales son los sistemas democráticos, la reforma de la Administración pública, la descentralización municipal y la integración regional. A medio plazo, se está en proceso de elaboración de una serie de
documentos de carácter metodológico: metodología para la elaboración de proyectos de fortalecimiento y apoyo a los partidos políticos, metodología para la elaboración de proyectos en el sector justicia, metodología para la elaboración de proyectos
en el ámbito de la descentralización y fortalecimiento de las entidades locales. A largo plazo se prevé también la elaboración de metodologías para proyectos en los ámbitos siguientes: profesionalización de la Función pública y reforma del sistema
impositivo. Todo esto se está haciendo trabajando en el ámbito de los consejos, sobre todo en el Consejo de Cooperación al Desarrollo con la Agencia, junto con todos los actores interesados, tanto españoles como de muchos de los países receptores.
Estamos celebrando seminarios con grupos de trabajo para ir avanzando en cuestiones que si son importantes y creemos que deben tener un carácter universal, no es menos cierto que afectan a cuestiones sobre las que los países receptores tienen
distintas opiniones respecto a la profesionalización de la Función pública, la cuestión fiscal o los procesos de descentralización o de integración regional, que es algo en lo que podemos mostrar nuestra experiencia, facilitar asistencias técnicas,
animar y apoyar las decisiones políticas que estos países quieran tomar.
Finalmente, quiero señalar que se va a realizar una presentación pública de esta estrategia el próximo día 15 de diciembre en Valladolid, en el marco de un seminario sobre cooperación al desarrollo y promoción de la democracia y el Estado de
derecho. Es un seminario académico abierto al público, organizado en colaboración con la universidad de Valladolid y englobado dentro de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Constitución española. En definitiva, es una expresión de
que lo que quiere España es compartir con otros lo que para nosotros ha tenido unos resultados tan positivos desde luego en nuestra convivencia, pero también en materia de desarrollo. No podemos olvidar que hasta el año 1981 España era un país
receptor de ayuda al desarrollo, y hoy somos uno de los países de cabeza del mundo en cuanto a país donante que contribuye al desarrollo de otros países.
Para finalizar daré unos datos breves en relación con algunas actividades que la Agencia Española de Cooperación Internacional lleva a cabo en este terreno. En los años 2000-2002 -todavía no tenemos los datos definitivos del año 2003, como
es lógico-, la ayuda oficial al desarrollo en materia de promoción de la democracia ascendió a 237 millones de euros. En cuanto a las actuaciones, puedo mencionar el Plan de fortalecimiento de las instituciones democráticas en Iberoamérica que
antes cité, como una consecuencia directa de la estrategia para la promoción de la democracia y el Estado de derecho. La aportación de la cooperación española durante los últimos años en este campo ha sido significativa en Iberoamérica, no sólo por
la cultura jurídica e institucional común, sino también por la reciente experiencia de cambios constitucionales, desarrollos legislativos y adaptación de la Administración a las nuevas realidades de un sistema democrático y descentralizado, como ha
reconocido el Comité de ayuda al desarrollo de la OCDE en su última evaluación realizada a la cooperación española, donde destacaba -recuerdo- el valor añadido que España podía aportar compartiendo sus recientes experiencias con los países del área
iberoamericana.
El plan ofrece un marco de intervención para la cooperación española en el ámbito de la gobernabilidad y, a partir de un conjunto de principios generales que deberían guiar las intervenciones, se establecen las posibles actuaciones en cada
una de las áreas de intervención que componen ámbitos de la gobernabilidad democrática: sistema democrático, reforma de la Administración pública, descentralización, municipalismo y gobiernos locales e integración regional. Durante 2004 se
desarrollarán documentos de definición de la cooperación en Iberoamérica en materia de reforma tributaria, fortalecimiento de partidos políticos, descentralización y gobierno local y reforma del sistema judicial. Además de este plan regional, se
pueden citar como ejemplos de actuaciones concretas para la promoción de la democracia y el fortalecimiento institucional el programa de fortalecimiento municipal en Centroamérica y la República Dominicana; las actuaciones del aula iberoamericana
para la especialización de jueces y magistrados; en Colombia se han iniciado 11 proyectos de fortalecimiento de la sociedad civil; en Bolivia, proyectos
de fortalecimiento del Poder Judicial y de apoyo a la Fiscalía general, así como de apoyo a la Escuela nacional de gestión pública municipal y a la Defensoría del Pueblo en Perú. Fuera del área iberoamericana, puedo mencionar un proyecto de
capacitación de la policía en Mozambique y el de acceso al sistema jurídico-administrativo en Yugoslavia, Croacia y Bosnia-Herzegovina. Por último, hay que señalar también que la Agencia Española de Cooperación Internacional trabaja en este campo
colaborando con organismos internacionales. Así, con la OCDE, con la Organización de Estados Americanos, en concreto en la Comisión interamericana de Derechos Humanos, que ha supuesto unos 573 mil euros en el programa 2000-2004; con la
Organización para la seguridad y la cooperación en Europa, la OSCE, en cuyas misiones hemos contribuido con 1.382 mil euros en el periodo de esta legislatura en beneficio de la gobernabilidad de países de su área de competencia.
La estrategia de la cooperación española en materia de salud, igualmente, da cumplimiento al mandato recogido en la Ley de cooperación y en el Plan director. A lo largo de su elaboración se han ido incorporando los conocimientos, la
experiencia y las visiones de distintos actores de la cooperación española que han sido consultados, y lo han sido, desde luego, institutos de salud pública del Gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales especializadas en temas
sanitarios. El documento fue debatido el 17 de marzo de 2003 en el seno de los órganos de la cooperación española: el Consejo de Cooperación, la Comisión interministerial y la Comisión interterritorial. Su presentación pública se hizo en Madrid,
el 21 de mayo de 2003, en un acto en el Palacio de Santa Cruz que presidieron las ministras de Asuntos Exteriores y de Sanidad y en el que estuvieron representados todos los embajadores de los países receptores de nuestra cooperación en materia de
salud, casi todas las organizaciones no gubernamentales y casi todas las comunidades autónomas que colaboran en el marco de esta estrategia.
El objetivo de la estrategia de salud es establecer un marco de actuación común para el conjunto de actores de la cooperación española en el sector de la salud, de modo que sus intervenciones sean coherentes con las de los organismos
internacionales y del resto de donantes, incrementando así su impacto en la lucha contra la pobreza. La salud es un factor clave para el bienestar individual y colectivo y, por tanto, para el desarrollo del ser humano. La actividad principal de la
cooperación en materia de salud es la atención a las necesidades sanitarias de los más desfavorecidos, lo que requiere combatir ciertas enfermedades que inciden de manera especial en los países pobres, a menudo asociadas a un medio ambiente
degradado o a condiciones de nutrición e higiene deficientes, como el sida, la tuberculosis, el paludismo, las enfermedades del aparato digestivo y otras parasitarias, que constituyen un lastre para la vida y el desarrollo de esos países.
La estrategia de la cooperación española en salud tendrá un primer plazo de vigencia de cuatro años. Al tercer año de su entrada en vigor será sometida a evaluación con objeto de realizar una valoración del grado de cumplimiento de sus
objetivos así como de las dificultades surgidas en su puesta en práctica, de modo que los resultados de dicha evaluación permitan una continua mejora y adaptación de este instrumento. La estrategia define los principios y las líneas horizontales y
verticales de actuación de la cooperación española en salud. Me voy a referir por separado brevemente a cada una de estas cuestiones. En primer lugar, los principios que van a guiar las actuaciones de la cooperación española en materia de salud
son los siguientes. Primero, la lucha contra la pobreza como principal objetivo de la cooperación española. Segundo, la equidad en la salud en cuanto igualdad de acceso e igualdad de utilización para toda la población. Tercero, la solidaridad y
sostenibilidad del sistema de salud. Cuarto, especial atención a la mujer en la cooperación en el ámbito sanitario por su protagonismo como factor de salud en el seno de las familias y en la población en su conjunto y por la vulnerabilidad de la
propia mujer en países en vías de desarrollo. Quinto, la integración entre niveles asistenciales: atención primaria, comunitaria, atención especializada, medicina tradicional, etcétera. Sexto, el refuerzo de la participación ciudadana y el
control social del sistema sanitario.
Séptimo, el principio de eficacia de las intervenciones, interviniendo en los grupos de población y actividades más eficaces en la lucha contra la pobreza y basándose en el valor añadido que pueda aportar el
sistema sanitario español. Octavo, el principio de coordinación interna dentro de España. Noveno, el principio de coordinación internacional.
Según el informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2000, el sistema sanitario español está entre los más eficientes del mundo tanto en niveles de salud, accesibilidad, equidad y calidad como en términos coste-beneficio. El
actual Sistema Nacional de Salud español es fruto de un proceso de descentralización administrativa y de desconcentración de los recursos que la cooperación española pondrá a disposición de los países en desarrollo, así como los sistemas de
formación, información sanitaria, de vigilancia epidemiológica y de investigación en salud, siempre que estos se adapten a las necesidades y características de los países receptores de esta ayuda.
Las líneas horizontales o modalidades de intervención que deben figurar en cualquier proyecto de la cooperación española en el sector salud son, según establece esta estrategia, el fortalecimiento institucional y la reforma de sistemas
sanitarios a través del apoyo en la elaboración de normas que afecten al ámbito de salud, la planificación sanitaria en estrategias e infraestructuras, la asignación eficaz de los recursos, mejora de la
capacidad de gestión del sistema sanitario en todos los niveles.
Los proyectos de infraestructuras y de suministros de equipos médicos deben figurar en segundo lugar en cualquier proyecto en materia de salud, haciendo hincapié en la necesidad de que estos se adecuen a las necesidades de la población más
desfavorecida, que sean identificados por el país receptor y se asegure su sostenibilidad financiera; en tercer lugar, la investigación en áreas de salud y desarrollo especialmente en relación con las enfermedades y amenazas que más afectan a los
países en desarrollo; en cuarto lugar, la formación en los países en desarrollo en ámbitos de salud con especial incidencia en la lucha contra la pobreza; quinto, la formación en salud de los agentes de la cooperación española con el fin de
incrementar la calidad de las intervenciones, sexto, la evaluación de la cooperación española en el sector salud, de modo que sirva como elemento de retroalimentación para la continua mejora de las actividades sanitarias; y séptimo, el desarrollo
de indicadores en salud, adaptando los indicadores establecidos en los objetivos del milenio a las especificidades de la cooperación española.
Finalmente, las líneas verticales o ámbitos prioritarios de la actuación de la cooperación española son, primero, la cobertura de enfermedades prevalentes en los países en desarrollo, enfermedades transmisibles, en las que se dará prioridad
a las actuaciones encaminadas a combatir el VIH sida, la tuberculosis, la malaria y otras enfermedades transmisibles, como el dengue, especialmente presentes en los países en desarrollo, y en las enfermedades crónicas no transmisibles se dedicarán
esfuerzos en la lucha contra otro tipo de enfermedades cada vez más presentes en esos países, como son las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer, etcétera; segundo, la intervención en situaciones y actividades con especial
incidencia en la salud, en los países en desarrollo, como son la promoción de estilos de vida y de medio ambiente saludables, la intervención en situaciones de emergencia y catástrofes y la promoción de la calidad e inocuidad de los alimentos y
medicamentos: tercero, y por último, la concentración de actividades en grupos de población especialmente vulnerable, con especial atención a la salud del niño y del adolescente, los programas sobre salud reproductiva y la salud de la mujer.
Para terminar esta exposición quiero referirme a algunas actuaciones concretas en este sector, en primer lugar a una de las más importantes, que es el programa VITA. Durante todo el año 2003 se ha venido diseñando y preparando por la
Agencia Española de Cooperación Internacional un programa de cooperación al desarrollo en salud para África denominado programa VITA. El objetivo principal del programa consiste en mejorar las condiciones de vida de las poblaciones africanas y el
acceso a sistemas de salud de calidad. Asimismo se persigue lograr una mayor coordinación entre los diferentes actores españoles de la cooperación al desarrollo en el ámbito de actuación del programa. El diseño del programa se ha consultado a
diversos organismos, como la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud, que han valorado muy positivamente el documento y han señalado su enorme potencialidad. También se ha contado durante su elaboración con la participación de
centros de investigación, universidades y organizaciones no gubernamentales de desarrollo.
El programa ha identificado cuatro ámbitos de actuación preferentes. Tras un diagnóstico realizado sobre la situación en África en materia de salud y la experiencia de los actores de la cooperación española, se ha identificado la salud
maternoinfantil, la lucha contra las enfermedades tropicales y transmisibles, con especial atención al VIH sida, la malaria y la tuberculosis, los servicios de salud básica y el fortalecimiento de los sistemas nacionales de salud. Se incidirá en
estos ámbitos a través, entre otros, de instrumentos habituales de la cooperación española, como la formación, la investigación, la asistencia técnica, la prestación de servicios y finalmente la dotación de infraestructuras y equipamiento. El
programa VITA ha suscitado un gran interés por parte de las comunidades autónomas y ministerios, y se cuenta ya con la participación de las siguientes doce comunidades autónomas: Galicia, Andalucía, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La
Mancha, Canarias, Navarra, Cataluña, Baleares y Castilla y León. Asimismo han confirmado su participación los ministerios de Sanidad y Consumo, Economía, Ciencia y Tecnología y, por supuesto, el Ministerio de Asuntos Exteriores. La presentación
pública de este programa regional se hará a principios del año 2004.
Hay que reseñar también la contribución española a la Organización Panamericana de Salud, a través de los planes de actuación conjunta, firmados anualmente desde 1992, todos los años, a excepción de 1996, del Ministerio de Sanidad y Consumo,
la Agencia Española de Cooperación Internacional y dicha organización. A través de estos acuerdos se han financiado, con una contribución global de 4.824.000 euros, programas de carácter plurianual elegidos entre los que componen mandato de la
Organización Panamericana de Salud, como son la erradicación del sarampión, prevención y evaluación del impacto del sida y las enfermedades de transmisión sexual, control de las enfermedades emergentes y reemergentes, capacitación de personal
sanitario, apoyo al Centro Latinoamericano de Perinatología para reducir la mortandad por parto y control de las enfermedades prevalentes en la infancia.
Actualmente está en vigor el décimo plan de actuaciones conjuntas, firmado el 24 de abril de
2003, que incorpora como nueva parte al Instituto de Salud Carlos III. Finalmente se pueden citar además otras actuaciones y proyectos más específicos de la Agencia Española de Cooperación Internacional: el programa para el control de endemias,
un programa de infraestructuras sociales para la salud y educación básicas en Bolivia, programa de gestión de hospitales en La Paz, Beni, Potosí, Chiquisaca, en Bolivia todos ellos; la creación de un centro de salud oftalmológico de
referencia en Manila; la construcción de un centro maternoinfantil en Marruecos; la construcción y el mantenimiento de una casa de salud para la asociación de mujeres parteras kichuas, en Alto Napo, en Ecuador, o el equipamiento de centros
hospitalarios en Kisoro y Kamui, en Uganda, o centro de emergencia en Nanin, en China. Les he enumerado una serie de actuaciones que son de las más significativas presupuestariamente, pero que no son sino una parte menor de las actuaciones que
tiene la cooperación española en materia de salud y que ahora estarán enmarcadas dentro de la estrategia de salud, que creo que podrá dar mucha más coherencia y permitir que se sumen esfuerzos de una manera mucho más eficaz para los objetivos que
persigue la cooperación española.
Señor presidente, en la medida en que han decidido que hablemos de todo, no sé si esto tiene mucho que ver con lo anterior, pero en cualquier caso seguimos hablando de cooperación y puede imaginarse que desde que estoy en esta casa, tanto
cuando he estado a ese lado de allá como en el de acá, soy muy disciplinado respecto a las decisiones de la Presidencia.
Paso, entonces, a hablar sobre las cifras y datos de la cooperación española en el periodo 1996 a 2002 y su comparación con
años anteriores.
En esta legislatura, junto al establecimiento de un marco general de la cooperación española, al que me he referido con anterioridad, se ha llevado a cabo también una reforma de los instrumentos de actuación de la cooperación española para
adaptarla a las nuevas circunstancias y al hecho de que nuestra política exterior es hoy mucho más activa que hace una década. Así, se ha aprobado un nuevo estatuto de la Agencia Española de Cooperación; se ha creado un nuevo sistema de
financiación de las actividades de cooperación de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo, que sustituía el modo de financiación anual por uno que permite estrategias, programas y proyectos; se han implantado nuevos esquemas de
cooperación, en colaboración con otros ministerios y comunidades autónomas, facilitado por la puesta en marcha de la Comisión interministerial de cooperación internacional y por la Comisión interterritorial de cooperación para el desarrollo, con la
finalidad de lograr convergencia de objetivos, que se ha plasmado en actuaciones concretas, como el programa Azahar, el programa Araucaria o los programas en materia de pesca o de salud para África, que son algunos ejemplos claros de colaboración de
comunidades autónomas y de otros actores de ayuda al desarrollo.
Junto a estas actuaciones, de forma paralela en estos últimos años, especialmente en los de la legislatura que termina ahora, las cantidades dedicadas por España a la cooperación internacional se han ido incrementando sustancialmente y han
consolidado una clara tendencia al alza, especialmente en el momento actual en el que España se encuentra comprometida para cumplir con el objetivo de alcanzar en el año 2006 una relación ayuda oficial al desarrollo-producto interior bruto, del 0,33
por ciento. Como SS.SS. conocen España tiene un plan director de la cooperación española de vigencia cuatrienal, hasta 2004, aprobado por el Gobierno y dictaminado favorablemente por el Congreso en el que, además de establecerse las áreas
geográficas prioritarias de la cooperación española y las diferentes estrategias de intervención con las prioridades horizontales y sectoriales, se fija un marco presupuestario para esos cuatro años que posteriormente se va concretando a través de
los planes anuales y de los Presupuestos Generales del Estado. Por consiguiente España cuenta ahora, a partir de lo hecho en esta legislatura, con una previsibilidad presupuestaria por primera vez que nos permite una mayor eficacia en la
cooperación. Esta tendencia al alza y ese incremento tiene un mayor valor por producirse en unos años de presupuestos equilibrados, sin déficit, de cumplimiento de los criterios establecidos en el Plan de Estabilidad y Crecimiento de la Unión
Europea, pues es precisamente ese equilibrio, junto con las adecuadas medidas de política económica, lo que ha proporcionado a España la estabilidad y el crecimiento económico que nos permite ser más generosos en la ayuda a los demás.
Voy a dar unas cifras que son una muestra de lo que acabo de indicar. En 1997, que es el año que se aprueba el primer presupuesto elaborado por el Gobierno del Partido Popular, el conjunto de la ayuda oficial española se situó en 1.091
millones de euros -evidentemente entonces se aprobó en pesetas-, lo que significaba el 0,23 por ciento de ayuda oficial al desarrollo en relación con el producto interior bruto. En 2001, el primero de esta legislatura, la ayuda al desarrollo,
siguiendo también en moneda constante, ascendió a la cantidad total de 1.906 millones de euros, de 1.091 pasó a 1.906, lo que significa el 0,30 por ciento. En 2004, último año de vigencia del plan director, las cifras previstas para el año que
viene son las siguientes: 2.435 millones de euros, que supone un porcentaje del 0,31 de ayuda al desarrollo en relación con el producto nacional bruto. De esta manera habrán podido ver que la evolución del porcentaje alcanzado por España durante
esta legislatura ha ido aumentando durante los últimos años, situando a España en línea para alcanzar el compromiso asumido por España en el Consejo Europeo de Barcelona y ratificado en el de Sevilla, asumido por todos los países europeos durante la
Presidencia española de la Unión Europea, así como el compromiso de la conferencia de Monterrey, el único compromiso internacional que está vigente en relación con la ayuda al desarrollo, en virtud del cual para el año 2006 debe situarse en el 0,33
por ciento de nuestro producto interior bruto.
Respecto de las razones para la atención de la cooperación española a los países de renta intermedia, querría decir que, de acuerdo con el mandato de la Ley de cooperación, todos los países de Iberoamérica y los países árabes del norte de
África son los destinos prioritarios de la cooperación española, los únicos que señala la ley como prioritarios. Me imagino que el legislador, cuando tomó esta decisión que se aprobó por unanimidad, tenía en cuenta los vínculos históricos,
culturales y afectivos que unen a España con esas regiones. Este planteamiento implica defender en el seno de la Unión Europea el desarrollo de políticas de cooperación con Iberoamérica, como expresión de nuestro vínculo con la misma. Todos los
países iberoamericanos y todos los países árabes del norte de África, menos Mauritania, son países que en esa convención que se ha creado se califican como países de renta intermedia. Por tanto, nosotros estamos ligados por ley, por ley que aprobó
esta Cámara con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, a tener nuestra prioridad en estas zonas territoriales. Sin embargo, hay una tendencia en algunos sectores de la comunidad de donantes, sobre todo en los sectores más activos anglosajones
o franceses que precisamente por su vinculación histórica excolonial con zonas que, por las razones que sean, tienen hoy unas situaciones de pobreza más acusada que estos países de renta intermedia, hay quienes defienden que hay que concentrar
esfuerzos de la cooperación de forma creciente en los países de renta baja, lo que evidentemente supone un riesgo de disminución de los fondos de la cooperación destinados a los países de renta media que son la mayoría con los que España coopera.
Para España es fundamental que los países calificados como de renta intermedia puedan seguir siendo beneficiarios de la ayuda al desarrollo y no sólo los países menos avanzados de África subsahariana. De no hacerlo, significaría, al margen de
incumplir nuestra norma, penalizar a aquellos países que, por haber realizado esfuerzos en estabilidad democrática, en buen gobierno o en políticas económicas acertadas, han conseguido abandonar niveles máximos de pobreza, pero países en los que
esta pobreza todavía existe en amplios sectores de la población, y supondría abandonarlos precisamente cuando más lo necesitan porque han iniciado el camino al desarrollo.
Hay que decir que la lucha contra la pobreza exige la cooperación con estos países. El criterio de la renta per cápita no puede ser un indicador absoluto para calificar el nivel de desarrollo de un país. La renta per cápita y las
clasificaciones basadas en dicho indicador ocultan numerosas deficiencias estructurales que, además, son indicativas de problemas de subdesarrollo. En primer lugar, hay un dato revelador de la concentración de grandes bolsas de pobreza en los
países de renta intermedia. Aproximadamente 600 millones de personas, que viven en países de renta intermedia, subsisten con menos de dos dólares al día; es decir, en torno al 80 por ciento de los pobres de todo el planeta viven en países de renta
intermedia, si tomamos como tal criterio clasificador lo que establece este dato como renta per cápita en solitario. Por otra parte, al ser un criterio puramente económico la renta per cápita no revela cuál es exactamente la situación social de un
país en desarrollo, por ejemplo, la situación del sistema educativo, de sus instituciones, del respeto a los derechos humanos, del sector sanitario o de los derechos de la mujer. Se dan casos de países en desarrollo con una elevada renta per cápita
en los que, sin embargo, se observa una situación social muy precaria. Imaginemos países que pueden obtener ingresos altos de alguna materia prima, con unos sistemas fiscales altamente injustos; no hay ningún criterio redistributivo en el interior
de esas sociedades. En esos países nominalmente tendrían una renta per cápita media o incluso alta y, sin embargo, la pobreza, la falta de desarrollo que sufren partes amplísimas de esa población no podemos desatenderla por un criterio tan frío y
puramente económico como es considerar sólo la renta per cápita, sin perjuicio de que esa sola consideración sea la que pueda interesar a países que, por su pasado colonial, les interesa orientar exclusivamente la cooperación hacia esas antiguas
colonias africanas o asiáticas y donde por ese pasado tienen, además, también otro tipo de intereses políticos y económicos. No estoy diciendo que esos países no deban ser ayudados, estoy diciendo que no se debe considerar que sólo los países con
renta per cápita más baja deben ser objeto de la ayuda, sino que la política de ayuda al desarrollo debe ir dirigida a combatir la pobreza allí donde la pobreza exista. En nuestras relaciones la situación de España es clarísima, que no sólo fue
tomada -y con pleno acierto- por el Congreso de los Diputados y por esta Comisión en la pasada legislatura, sino que las zonas prioritarias que señala la Ley de cooperación son también las zonas prioritarias de la cooperación descentralizada, de las
organizaciones no gubernamentales, de las universidades, etcétera. Es una misión del conjunto de la nación y no sólo de las instancias políticas que tomaron esa decisión que nos obliga.
Finalmente, señor presidente, en esta serie de comparecencias por adición hablaré de los microcréditos e intentaré dar alguna coherencia lógica.
Los microcréditos se han convertido en un instrumento vital para la lucha contra la pobreza
donde la cooperación española está siendo pionera. Esto lo ha reconocido también el Comité de Ayuda al Desarrollo. Con la propuesta del Gobierno, recogida en los presupuestos para 2004, en el período 2001-2004 se alcanzará una cifra cercana a los
280 millones de euros, situando a España en los primeros lugares de los países desarrollados que utilizan este instrumento de ayuda oficial al desarrollo. Actualmente, tras las dotaciones presupuestarias y la ejecución de operaciones de los
ejercicios 1998 a 2003, el fondo de microcréditos se ha situado en un nivel presupuestario muy consolidado, que requiere una adaptación
para atender los siguientes objetivos. El primer objetivo es la ampliación del ámbito geográfico de los microcréditos. Si bien los países iberoamericanos concentran una gran mayoría de los recursos del fondo, debido a la prioridad que la
cooperación española asigna a esta región y a la alta capacidad de absorción y gestión eficaz de recursos por parte de instituciones financieras en los países iberoamericanos, el objetivo de los próximos años es, junto con la consolidación en
Iberoamérica, incrementar la presencia en el ámbito geográfico del Mediterráneo, Oriente Medio, Europa Central y Oriental y Asia. El segundo objetivo es la articulación de la asistencia técnica, ligada tanto a las operaciones aprobadas como a la
regulación e incremento de la eficacia de los mercados de microfinanzas en los países de destino. Mediante esta asistencia técnica se podrá reforzar la capacidad de las instituciones microfinancieras locales, a la vez que se podrá realizar un
efectivo seguimiento de las operaciones en los distintos países. En este sentido, ha concluido el diseño de un sistema informático para el seguimiento de los microcréditos concedidos con el que se agilizará el flujo de información desde las
instituciones receptoras para su posterior análisis. Finalmente, este gran desarrollo de los microcréditos requiere una gestión adecuada y eficaz de un volumen importante de recursos, lo cual implica el objetivo de la correspondiente dotación de
recursos humanos especializados, tanto en la sede central -el Ministerio de Asuntos Exteriores- como en los países de destino de las operaciones. A pesar del poco tiempo transcurrido desde su creación, el fondo para la concesión de microcréditos ha
tenido una notable actividad, sobre todo en Iberoamérica. Por ello el Gobierno considera que el programa está teniendo unos resultados muy positivos y va a proponer esa ampliación del ámbito geográfico más allá de Iberoamérica y la dotación de
recursos humanos especializados, tanto en el Ministerio de Asuntos Exteriores como en los países de destino de las operaciones, para obtener una mejor gestión del mayor fondo de este tipo que existe en el mundo y que, además, es un instrumento
especialmente adecuado para aquello que yo decía al principio cuando hablaba de la democracia, del fortalecimiento institucional. Si nosotros queremos para los demás lo mismo que queremos para nosotros, el sistema de los microcréditos es la ayuda
menos asistencial posible es la ayuda para generar un tejido productivo, para generar empresas, para que tengan la satisfacción del autoempleo o de iniciar el empleo de otros. Tiene un valor decisivo para incluir en la formalidad a sectores
informales: que estas personas que emprenden un pequeño negocio paguen sus impuestos, que serán pocos, pero los pagan; que formalicen sus créditos; que se introduzcan por esta vía en un sector financiero imprescindible para obtener un desarrollo;
que hagan las contrataciones de acuerdo con la legalidad, cotizando a la Seguridad Social o al sistema que tengan, de acuerdo con unas condiciones laborales legales, con unas condiciones de higiene en el trabajo, es decir, todo lo que significa la
incorporación a la formalidad de amplísimos sectores informales que pueden encontrar en el microcrédito, y en una concesión de microcréditos exigente, pero que al mismo tiempo ayuda la posibilidad de este desarrollo, tanto de las personas como de su
comunidad.
Una de las experiencias más estimulantes que se pueden tener visitando los proyectos de la cooperación española es ver cómo personas que tuvieron un microcrédito hace pocos años -es un programa muy reciente, se inició en la pasada
legislatura- han prosperado y donde había un autoempleo ya tienen una pequeña empresa, incluso algunos más avezados, que han tenido más fortuna o que entraron en un sector de negocio que ofrecía más oportunidades, han llegado ya a tener una mediana
empresa, y esto para los países en vías de desarrollo es la mejor ayuda que podemos prestar, como lo fue para España, un país que hasta el año 1981 estaba clasificado como país receptor de ayuda al desarrollo. Esa combinación de la gran inversión
extranjera que recibimos y la emergencia de pequeños negocios -entonces no se contaba con fórmulas como el microcrédito- mediante sistemas de ayudas al empleo de las cajas de ahorros o en sectores sociales nos podían ayudar. Este es, por tanto, uno
de los programas en los que consideramos que la cooperación española en el futuro debería poner más esfuerzo político, humano y, por supuesto, presupuestario.
El señor PRESIDENTE: De mayor a menor, empezando por el Grupo Socialista y terminando por el Grupo Popular, tiene la palabra doña Leire Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Señor presidente, si le parece, el Grupo Parlamentario Socialista va a repartir el tiempo entre varios diputados, entre otras cosas porque, como bien decía el secretario de Estado, es una acumulación de
comparecencias de temas diversos y, por tanto, apelamos a la generosidad, también en el tiempo, del presidente, aunque intentaremos ser lo más precisos y breves posible. Es verdad que hemos acumulado distintos temas, pero no es menos cierto que
tanto la cantidad como la calidad de la ayuda y, por tanto, la orientación geográfica y sectorial de la cooperación tienen mucho que ver.
Por tanto, no está de más que hayamos acumulado esta comparecencia, que -insisto- se esperaba desde hace bastante tiempo.
Quiero empezar diciendo que, si no estuviéramos acostumbrados a cierto tinte de autocomplacencia del Gobierno español, cualquiera que le escuchara -los agentes de la cooperación, la ciudadanía o la oposición- pensaría que vivía en un país
distinto, puesto que el análisis que ha hecho el secretario de Estado de la cantidad y la calidad de la ayuda es, cuando menos,
generoso y yo diría que no se corresponde con la realidad. Al inicio de la presente legislatura, el Partido Popular señalaba como uno de sus logros fundamentales en política de cooperación el incremento de la ayuda oficial al desarrollo.
Argumentaban -el señor Izquierdo se acordará- que tal incremento había situado a España, con un 0,25 del PIB, por encima de la media de los países del CATT, con un 0,23 por ciento del producto interior bruto en 1998.
El conocimiento posterior de los datos oficiales del PACI de 1999, acreditaron todo lo contrario acreditaron que la ayuda oficial al desarrollo de España era, en realidad, el 0,23 por ciento del PIB, lo que nos situaba, por un lado, por
debajo de la media de la Unión Europea, que destinaba el 0,31 por ciento y, por otro y a pesar de la propaganda del Gobierno, por debajo de la media de los países del CATT, que era un 0,24 por ciento en 1999. En el año 2000 las cosas fueron aún
peor: la ayuda oficial al desarrollo española sólo llegó al 0,22 por ciento. España terminó el siglo, sin lugar a dudas, con el peor porcentaje del PIB para ayuda oficial al desarrollo; no sólo por debajo del 0,28, alcanzado durante 1992 y 1993,
sino también por debajo del peor porcentaje de los años de Gobierno socialista, desde la entrada de España en el CATT -el 0,24 en 1991 y en 1995- e igualando el 0,22 por ciento del primer año de gobierno del Partido Popular. Al año siguiente se
produjo un inesperado repunte de la ayuda oficial al desarrollo, al que el secretario de Estado se ha referido esta mañana. Sin embargo, ya advertimos entonces que esa circunstancia se debía a una situación excepcional e irrepetible, como la
condonación de más de 500 millones de dólares de deuda que el Gobierno del señor Aznar había realizado a favor de los gobiernos conservadores de Nicaragua y Guatemala, en una operación tripartita, y que el volumen de ayuda oficial al desarrollo no
se sostendría durante los años siguientes, al no existir previsiones de mantenimiento de una estrategia bilateral de alivio de deuda de forma continuada lo que, desgraciadamente, se ha cumplido. En 2002 la ayuda oficial al desarrollo española
volvió a situarse en el 0,26 por ciento del producto interior bruto, de nuevo por debajo de las cifras de 1991 y de 1992. Ciertamente, las previsiones del Gobierno para este año pretenden que la ayuda se recupere un tanto, volviendo al 0,28, pero
habrá que esperar a las cifras de ejecución del PACI -el secretario de Estado ha hablado del 0,30- para comprobar que se cumple este significativo aumento.
Si tuviéramos que hacer un balance de esta legislatura, habría que reconocer, al menos, que se ha avanzado en un aspecto: parece que el Gobierno, y especialmente, la Secretaría de Estado, ha renunciado ya -lo hemos visto esta mañana de
forma muy clara- a su cuando menos extravagante idea de que el esfuerzo de cada país en AOD no se mide en porcentaje del PIB, idea a la que nos tenía acostumbrados el señor Cortés, y que era uno de sus leitmotiv, o argumento recurrente, en esta
Comisión. Sin embargo, hay que reconocer que aún queda mucho por hacer para que el secretario de Estado asuma los consensos y compromisos internacionales como prioridades y criterios de la política de cooperación española. El más
internacionalmente reconocido es, sin lugar a dudas, el de llegar al 0,7 por ciento del PIB en ayuda oficial al desarrollo. En España, ni de lejos podemos aventurar que nos estemos acercando a esa cifra, como tampoco nos acercamos al 0,5 que
firmaron, como compromiso intermedio, todos los partidos, incluido el Partido Popular, en el pacto por la solidaridad, hace siete años, antes de las elecciones de 1996. Es indiscutible, no obstante, que España está comprometida con ese objetivo,
tan indiscutible como que el 0,7 por ciento también es uno de los objetivos o compromisos acordados en la conferencia de Monterrey, aunque algunos sólo quieran ver como hemos comprobado el corto plazo del 0,33 por ciento en 2006. Quiero recordarles
que, en la conferencia de Monterrrey, los Estados miembros de la Unión Europea no sólo se comprometieron a alcanzar en 2006 el 0,33 por ciento, sino que nunca abandonaron tampoco el objetivo por el que se debe trabajar, que es además objetivo de
Naciones Unidas: el de llegar al 0,7 por ciento del producto interior bruto.
En cuanto al objetivo intermedio del año 2006, debería explicarse también por qué el Gobierno se ha venido negando a aceptar sistemáticamente las diferentes iniciativas que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado para llevar a cabo
una revisión urgente del Plan director de la cooperación española 2001-2004, que incluyera la adaptación del marco presupuestario al incremento del porcentaje de AOD sobre el PIB comprometido en Monterrey, de tal manera que el incremento de la ayuda
oficial al desarrollo se produjera paulatinamente. Además, la distribución de la ayuda oficial al desarrollo es tan importante como la cantidad y, a este respecto, se han asumido compromisos internacionales cuyo cumplimiento por parte de España
deberíamos cuestionar. Estos compromisos son como sigue. En primer lugar, el incremento de los programas y proyectos de cooperación no reembolsable, con la consecuente disminución del peso de la ayuda ligada. En segundo lugar, el compromiso
20-20, de destinar el 20 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo a sectores sociales básicos; las últimas cifras arrojan un porcentaje inferior al 10 por ciento, según el CATT, lo que pone en entredicho la eficacia de la ayuda española en la
lucha contra la pobreza. En tercer lugar, el compromiso de alcanzar el 0,15 por ciento del PIB en ayuda para los países menos adelantados, la mayoría de los cuales están en África subsahariana, aunque este asunto será objeto de otro punto del orden
del día y lo tratará otra compañera. En cuarto lugar, el compromiso de alcanzar el 8 por ciento y el 25 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo bilateral para la educación básica y la educación
en general, respectivamente. Este es, además, un mandato de la Cámara, materializado por la aprobación, el 29 de septiembre de 1999 -se lo recuerdo-, de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Por cierto, yo me
pregunto: ¿cuál es el grado de cumplimiento de este mandato, en la actualidad? Porque, según el CATT, la cooperación española está especializada entre comillas en la cooperación educativa, pero sólo en el ámbito universitario. Así, mientras
dedicamos un 2,4 por ciento de la AOD bilateral no reembolsable a la educación básica, cuando el compromiso era del 8 por ciento, aportamos al sector de ayuda universitario un 13,6 por ciento, muy por encima del 3,6. Si recordamos, además, en esta
Cámara cómo se ha producido la gestión de las becas de postgrado, la cosa adquiere mucha más relevancia. Esa es la verdadera cuestión que afronta hoy la cooperación española. Probablemente la Secretaría de Estado no ha desaprovechado estos cuatro
años, porque tenía un objetivo claro: su política está supeditada a los intereses económicos de España, y no a la lucha contra la pobreza.
Un último aspecto de la distribución de la ayuda al que quiero referirme es el de la distribución orgánica. La ayuda oficial al desarrollo proveniente de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales es, sin lugar a dudas, la que
más ha aumentado durante los últimos años: la que conocemos todos como cooperación descentralizada. La política de cooperación es parte fundamental de la acción exterior del Estado y, por tanto, corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores,
como responsable de la ejecución de la política exterior, la dirección de la política de cooperación internacional para el desarrollo y, en este caso, también la adopción de las medidas oportunas para conseguir el cumplimiento de los compromisos en
materia de AOD. La Ley de Cooperación, a la que tanto apela el Partido Popular, dispone además la creación de la Comisión interterritorial de Cooperación, como órgano de coordinación, concertación y colaboración entre las administraciones públicas
que ejecuten gastos computables como ayuda oficial al desarrollo. En todo caso, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la política de cooperación internacional para el desarrollo es parte fundamental, como decía, de la política exterior del
Estado, y se basa en el principio de unidad de acción del Estado en el exterior, correspondiendo su dirección, y por tanto la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos internacionales, al Ministerio de Asuntos Exteriores. En segundo lugar,
que la acción de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en cooperación para el desarrollo es, como dice la Ley de Cooperación, la expresión solidaria de sus respectivas sociedades, y se basa en los principios de autonomía
presupuestaria y autorresponsabilidad. En tercer lugar, que debido al distinto carácter de la cooperación llevada a cabo por las diferentes administraciones, la cooperación descentralizada no puede utilizar los instrumentos de cooperación con que
cuenta la Administración del Estado. Así sucede, por ejemplo, con la cooperación multilateral, en la que España participa fundamentalmente mediante contribuciones a organizaciones internacionales de carácter financiero y no financiero. Además, la
Ley de Cooperación prevé que la cooperación bilateral se financie fundamentalmente mediante recursos gestionados por el Ministerio de Asuntos Exteriores vinculados a la ejecución de programas y proyectos de desarrollo social básico, recursos
evidentemente gestionados por el Ministerio de Economía y Hacienda y administrados conjuntamente por ambos ministerios. Por todo ello, según el plan director, corresponde que la ayuda de la cooperación de la Administración autonómica y local se
canalice mayoritariamente a través de organizaciones no gubernamentales, aportando una experiencia muy valiosa para la participación y la educación; le es atribuible alrededor de un 14 por ciento de la ayuda oficial al desarrollo española.
Otro de los argumentos utilizados por el Gobierno es que el presupuesto de la AECI ha tenido un incremento sustancial durante esta legislatura, lo ha dicho el secretario de Estado. Es cierto, pero tampoco puede olvidarse que a ello ha
ayudado la reforma de la estructura de la Agencia que se produjo al inicio de la legislatura y que supuso la incorporación a la misma de la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio de Asuntos Exteriores. Por tanto, el
presupuesto de esa unidad y de sus funciones es parte de ese aumento, por lo que debería compararse no el presupuesto de la AECI sino la parte del mismo destinada a la cooperación internacional al desarrollo. Lo cierto es, en definitiva, que en el
volumen de la ayuda, y por tanto en su gestión, cada vez están ganando más peso otros departamentos ministeriales como es el de Economía en lo que se refiere al FAD y a la deuda. Sabemos además que, por ejemplo, ha superado en AOD bilateral este
ministerio en el año 2002 y el Ministerio de Defensa, por primera vez en esta legislatura, se ha situado como el tercer ministerio en ayuda oficial al desarrollo.
Quiero acabar diciendo -si me lo permite el compañero señor Pedret- que el señor Cortés ha hablado del consejo de cooperación como una forma más ágil de participación. El señor Cortés habla de agilidad y el Grupo Parlamentario Socialista
habla de la desnaturalización del consejo de participación. Cuando hablamos de incrementar la participación en los países en vías de desarrollo deberíamos mirar a nuestro propio país, porque es evidente que este Gobierno ha querido elegir a dedo
qué organizaciones no gubernamentales estaban en el consejo de cooperación y ha desnaturalizado lo que éste suponía. Pero además, cuando el señor Cortés habla de la necesidad de enseñar nuestro modelo democrático a otros países en vías de
desarrollo, deberíamos darnos cuenta de que el propio consejo interterritorial se reúne de puro trámite y que la voluntad política del
Partido Popular en lo que se refiere a la participación ciudadana está todavía por demostrar.
También -y con esto acabo- cuando hablamos de democracia en los países en vías de desarrollo, algo en lo que cree profundamente el Grupo Parlamentario Socialista, deberíamos tener en cuenta que nuestra ministra de Asuntos Exteriores y
nuestro presidente del Gobierno van a Guinea Ecuatorial y reciben con todos los honores a una persona tan poco democrática como el señor Obiang, algo que pone especialmente los pelos de punta a un Grupo Parlamentario Socialista que ha visto en
muchas ocasiones que sus compañeros socialistas en Guinea han tenido que pagar con la cárcel por ser simple y llanamente la oposición en ese país. Por tanto, cuando se dan lecciones primero habría que mirar a la propia gestión.(El señor Izquierdo
Juárez pide la palabra.- La señora Blanco Terán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Izquierdo, ¿con qué motivo quiere intervenir?
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Para una cuestión de orden, señor presidente.
La señora BLANCO TERÁN: Pido la palabra para una cuestión de orden, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra brevemente, señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Brevemente, señor presidente.
El hecho de que se haya ordenado el debate de esta manera es una petición del Grupo Parlamentario Socialista a este portavoz por dos cuestiones: una, que se acumularan todos los debates y, otro, que el Grupo Parlamentario Socialista
dividiera su intervención en tres portavoces. En toda esta legislatura y en la pasada, creo que con amplísima generosidad, nosotros siempre hemos aceptado estas cuestiones, a pesar de que dificulten nuestra estrategia particular.
En consecuencia, señor presidente, rogaría a la Mesa, si los grupos no tienen inconveniente, que el secretario de Estado hiciera una intervención -aunque no es habitual, porque suele contestar a todos los portavoces a la vez- por separado
para cada uno de los portavoces que intervienen.
La señora BLANCO TERÁN: También una cuestión de orden.
El Grupo Parlamentario Socialista efectivamente pidió la acumulación de todas las comparecencias del secretario de Estado pero interviniendo tres portavoces: Leire Pajín, Jordi Pedret y yo misma. Pediría a la Mesa que el secretario de
Estado contestara también en bloque, tal como se ha producido la comparecencia, a los que componemos el Grupo Parlamentario Socialista y no a cada diputado.
El señor PRESIDENTE: Según las facultades que tengo de ordenación del debate, después de lo oído creo que lo correcto sería que el secretario de Estado respondiera al Grupo Socialista cuando éste terminara su intervención.
La señora BLANCO TERÁN: Señor secretario de Estado, buenos días y gracias por comparecer hoy. Es una alegría para esta Comisión que usted venga de vez en cuando, aunque suponemos que es la última vez en esta legislatura, porque los tiempos
se nos están echando encima. En primer lugar, quiero excusar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Pérez Casado, porque lamentablemente está levemente indispuesto desde el viernes pasado, por lo que yo misma voy a asumir ese
papel.
Hemos dividido esta comparecencia en tres bloques porque el Grupo Parlamentario Socialista tiene bastantes diputados que pertenecen a esta Comisión y de alguna forma nos parece importante dividir el tiempo de esta manera y que todos podamos
intervenir. Eso lo digo fundamentalmente por el portavoz del Grupo Popular, por si acaso tiene alguna duda sobre la negociación de este bloque.
Voy a entrar directamente en dos puntos fundamentales del orden del día, que son los puntos 3 y 4: las razones de la atención preferente que la cooperación española presta a los países de renta media y la estrategia sectorial de sanidad
básica recogida en el Plan anual de cooperación del año 2004. En cuanto a la primera cuestión, la atención preferente que la cooperación española presta a los países de renta media, lo que tiene que decir mi grupo parlamentario es que no discutimos
en absoluto las prioridades que se marcan en la Ley de Cooperación en torno a las relaciones históricas de nuestro país con la comunidad iberoamericana y con el norte de África, por lo que no vamos a cuestionar -lo digo por si hay alguna duda- la
atención preferente a Latinoamérica y al norte de África, pero sí tenemos que comentar bastantes cosas al respecto, porque lo que la Secretaría de Estado y la Agencia están llevando a cabo no es exactamente lo que marca la Ley de Cooperación.
Creemos poder afirmar que uno de los mayores problemas que se han dado, fundamentalmente en estos cuatro últimos años de mandato del Partido Popular, que no en los ocho que lleva en el poder, ha sido que ha habido una cierta perversión en el ámbito
de la cooperación internacional. Me refiero en concreto a varias afirmaciones que se han hecho, no sólo en el día de hoy sino anteriormente en esta Comisión y también en alguna ocasión en Pleno.
Se dice -ustedes lo mantienen- que la cooperación española es mucho menos efectiva en los países más empobrecidos que en los llamados de renta media,
y se dice eso, entre otras cosas, por nuestras relaciones históricas con determinados continentes. Se dice también que aun cuando nuestra cooperación se refiere fundamentalmente a los países de renta media va dirigida a los sectores más
empobrecidos de estos países. Tampoco es cierto, señor secretario de Estado, y voy a intentar explicarle por qué piensa mi grupo parlamentario que eso no es así. Ustedes han hecho de la cooperación un instrumento al servicio no de la acción
exterior, que es como debía ser, sino de intereses dentro de la acción exterior que no tienen nada que ver ni con la cooperación al desarrollo ni siquiera con el consenso en materia de política exterior, al que esta Cámara llegó hace mucho tiempo y
que lamentablemente se rompió con la guerra de Irak.
Ustedes han supeditado gran parte de la cooperación a intereses estratégicos que tienen más que ver con Irak, que tienen más que ver con la acción exterior, supeditada a la lucha contra el
terrorismo en los términos que por la Administración republicana del señor Bush -que no de los Estados Unidos, insisto, por la Administración republicana del señor Bush- se han establecido de forma unilateral con España y con el Reino Unido en
materia de política internacional. Así, por ejemplo, han convertido la ayuda humanitaria en algo que nunca debió ser, han pervertido incluso el lenguaje y el concepto de lo que es ayuda humanitaria en la operación Plus Ultra; han llamado ayuda
humanitaria a lo que no lo es. Incluso dentro de su discurso, los países de renta media -América Latina, el Norte de África y el arco euromediterráneo- serán nuestras prioridades. No es cierto en términos de cifras. Cómo es posible, si no, que se
hayan encontrado China o Indonesia entre los principales países receptores de ayuda española, precisamente coincidiendo con la aplicación de los planes de inversión en la costa del Pacífico, elaborados por el Ministerio de Economía. ¿China e
Indonesia forman parte de nuestras relaciones privilegiadas con determinados países de renta media? ¿Es así, o más bien nuestros intereses en cooperación internacional están supeditados al Ministerio de Economía y al Ministerio de Defensa?
Nosotros creemos que usted ha hecho dejación clara del mandato que tiene de preservar la cooperación en los términos en que está pactada en la Ley de cooperación en torno a los intereses del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, a
veces ni siquiera del Ministerio de Asuntos Exteriores, en materia de cooperación internacional.
En los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, que en breve votaremos en esta Cámara, se dice -y cito textualmente- que la promoción empresarial, los intercambios culturales, el equilibrio en las relaciones políticas,
estratégicas, económicas y comerciales marcarán la actuación de la cooperación internacional en nuestro país. Ni una sola mención a la lucha contra la pobreza; ni una sola mención a las estrategias del milenio; ni una sola mención a los sectores
sociales básicos; ni una sola mención a algo que nos interesa profundamente y que, ojalá, con el nuevo Gobierno que salga en marzo del próximo año, se modifique, porque yo estoy convencida de que la cooperación internacional al desarrollo variará
fundamentalmente. Incluso -generosidad que les doy- si ganan las elecciones, que no lo creo, incluso en esa consideración, ustedes mismos tendrán que cambiar sus prioridades, por una razón muy simple: nuestro país es frontera con el continente más
empobrecido del planeta, África, no sólo con el Norte de África, sino con África subsahariana.
La inmigración es un reto que tiene que asumir este país de forma muy seria, y tiene que hacerlo trabajando en codesarrollo con los países originarios de los flujos migratorios más importantes que llegan a nuestro país no sólo como destino
sino como tránsito hacia otros lugares de Europa. Eso va a variar fundamentalmente el mapa de la cooperación española, así que si no lo hacen por solidaridad lo van a hacer por egoísmo, y estoy absolutamente convencida de que cualquiera con sentido
común en este país considerará que África subsahariana debe empezar a ser una prioridad para la cooperación, no sólo en términos de codesarrollo sino de lucha eficaz en los objetivos del milenio con el continente más empobrecido.
Volviendo al hilo conductor, decía que ustedes no han respetado siquiera lo que dice la propia Ley de cooperación, los países del Sudeste asiático y China reciben más ayuda bilateral española, 64 millones de euros, que los países del Norte
de África, que sólo reciben 59 millones de euros. En el artículo 2.e) de la Ley de cooperación se declara que una de los principios básicos de la política internacional para el desarrollo es el respeto a los compromisos adoptados en el seno de los
organismos internacionales, y entre estos se encuentra el objetivo de destinar del 0,15 al 0,20 del producto interior bruto a la prestación de ayuda oficial a los países más empobrecidos. Su Gobierno, nuestro Gobierno, lamentablemente destina a
estos países el 0,03, sólo por encima de Grecia y Estados Unidos entre los países del CAD. Es el CAD mismo quien dice esto, no esta diputada.
No tengo que recordarle que Naciones Unidas indica que 35 países africanos, 20 de los cuales tienen flujos migratorios hacia nuestro país, no lograrán los objetivos del milenio para el año 2015. Durante la pasada década la población
africana en situación de extrema pobreza, menos de un dólar por día, creció hasta un 25 por ciento, y 300 millones de personas en África están en esta situación. El G-8, ese grupo de países ricos al que España puede que se incorpore en breve plazo,
acordó en junio del año 2002 destinar la mitad de la ayuda oficial al desarrollo a estos países.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, le pido un esfuerzo de síntesis en lo posible.
La señora BLANCO TERÁN: Voy a intentarlo. Gracias, presidente.
Le voy a recordar algo que para nosotros sí fue importante. En el año 2000, en el inicio de esta segunda legislatura del Partido Popular, el presidente del Gobierno, señor Aznar, anunció en la cumbre de El Cairo, realizada entre la Unión
Europea y los países africanos, que España condonaría deuda a los países del África subsahariana por valor de 400 millones de dólares y duplicaría los fondos no reembolsables de la ayuda oficial al desarrollo a ese continente. Pues bien, fueron
grandes declaraciones sin ninguna verdad. En aquel momento la ayuda oficial al desarrollo no reembolsable para África era de 132 millones de euros y las previsiones para el año 2004 son de 123 millones de euros. Luego no sólo no se incrementó,
como dijo el señor Aznar, sino que se ha reducido en un 10 por ciento.
Yo no quiero pensar que estos cálculos que hizo el señor Aznar en el año 2000 sean los que le llevaron a dejar su trabajo como inspector de Hacienda, porque no podría mantenerse en ese puesto con estas cifras. Un 60 por ciento de la
inmigración que entra en nuestro país procede de Marruecos. No estuvo entre los diez países más favorecidos de la ayuda oficial al desarrollo bilateral ni en 2002 ni en 2003.
Nosotros pensamos que tienen que reflexionar, que tenemos que reflexionar todos en torno a esta cuestión. Como decía al inicio, es muy difícil que las estrategias de la cooperación española sigan manteniéndose en su discurso, en el que
usted ha mantenido hoy, dada la situación de nuestro país respecto a los retos del futuro. No es ni siquiera razonable, señor secretario de Estado. Usted sabe, lo sabe tan bien como yo misma o como mi grupo parlamentario, la preocupación que
existe en nuestro país por tratar de ordenar flujos y si a ustedes no les importan las causas que los producen, a mi grupo parlamentario sí. Usted sabe perfectamente que la causa es la extrema pobreza en la que se hallan muchos de los países de los
que proceden las personas que llegan a nuestro país; países donde se violan los derechos humanos, países que niegan los derechos básicos a la sanidad y a la educación, a una vida mínimamente razonable. La edad media de los ciudadanos y ciudadanas
de África está en 49 años, señor secretario de Estado. Yo misma no estaría aquí hablando si hubiera tenido la mala suerte de nacer en ese continente.
Voy a entrar en la segunda parte de la comparecencia, que son las estrategias en sanidad, y voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero felicitar a la Secretaría de Estado porque finalmente tenemos un documento de la cooperación española
en las estrategias de salud. Lo veníamos demandando desde el año 2000. Fue una decisión del año 2002 de esta misma Comisión, un mandato a la Secretaría de Estado para que estas estrategias se llevaran finalmente a buen puerto y tuviéramos un
documento de trabajo. Así que, en primer lugar, no tengo ningún inconveniente en felicitarle. Creo que es un buen documento, pero tiene problemas porque olvida cosas fundamentales para nosotros. Por ejemplo, ¿van a incluir previsiones
presupuestarias para las estrategias o vamos a seguir en el 9 por ciento en lugar de llegar al 20/20 en sectores básicos, siguiendo el mandato de todas las cumbres internacionales en materia de cooperación? ¿Qué mecanismos se van a utilizar para
valorar los criterios de eficacia de impacto sobre las poblaciones más desfavorecidas de esos países? Ayer, ONU-Sida nos recordaba el incremento enorme del número de ciudadanos y ciudadanas, en África fundamentalmente, que se han contagiado de esta
endemia: 28 millones se encuentran en ese continente, cerca del 70 por ciento de los enfermos. La tuberculosis, que usted ha mencionado, las enfermedades endémicas como la malaria, el dengue, etcétera, y otras que no ha mencionado, como aquellas
enfermedades relacionadas con la violencia, con la violencia de género.
Ayer fue el Día internacional contra la violencia de género, contra la violencia que sufren las mujeres. Entre 100 y 140 millones de niñas han sido ya mutiladas y dos millones
más se añaden a esta cifra cada año. Se generaliza esta práctica en más de 28 países africanos y en algunos de Oriente Medio. No sólo es la mutilación genital, son las secuelas que deja en las mujeres. Este tema debe ser una prioridad. Usted ha
hablado -y el documento de estrategias hace referencia a ello continuamente- de la salud materno infantil, pero las mujeres sirven para algo más que para traer hijos al mundo; no se puede contemplar a las mujeres sólo como madres. Es verdad que la
mortalidad de las mujeres en el puerperio en los países en vías de desarrollo y en los países más empobrecidos es muy alta, pero muchas veces son más importantes las secuelas que sufren las mujeres por la violencia y por el hecho de ser mujer, y
usted lo sabe.
Falta en ese documento una mirada de las mujeres hacia las mujeres. No sé cuántas mujeres han intervenido en ese documento, pero le aseguro que si hubieran intervenido más mujeres, de otra manera o con otra mirada, la óptica de las
estrategias en salud sería distinta; solamente atendiendo la salud y la educación de las mujeres como agentes verdaderos de desarrollo -que lo son y usted lo sabe-, cualquier dólar, cualquier euro destinado a las mujeres se multiplica
exponencialmente, porque son el 70 por ciento. Ellas son las que mantienen sus hogares en los países más empobrecidos. Las mujeres están solas, son la larga legión de refugiadas y desplazadas, son el 75 por ciento de las poblaciones más
vulnerables y con ellas están sus hijos. Los hombres, los varones, lamentablemente, están en las guerrillas o en los ejércitos en los países en conflicto bélico y en aquellos países que no están en conflicto bélico, a veces no se sabe dónde están,
porque las familias las mantienen las mujeres, señor secretario de Estado y en este documento faltan fundamentalmente las mujeres. No vale que usted se dirija a ellas en ese documento
sólo en relación con la salud materno infantil. Eso es un error y un error táctico de cooperación en materia de salud.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, vaya terminando, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Voy terminando, señor presidente, y le agradezco su benevolencia con el tiempo. Sólo quiero decirle...(El señor Izquierdo Juárez pronuncia palabras que no se perciben.) Rogaría al portavoz del Grupo Popular que no
interrumpa, porque él va a tener también su tiempo Gracias.
Para terminar, quisiera decirle que nos oiga, que no somos gente que no sepamos de qué estamos hablando. La oposición tiene cosas que decir y en términos de cooperación deberíamos volver a hablar en un diálogo generoso por ambas partes. Le
ruego que nos oiga, que mire al África subsahariana y que mire más allá de la cooperación cultural y de la cooperación comercial y económica; sé que lo hace, pero con una mirada demasiado tímida para nuestro gusto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Vamos a interrumpir la sesión un par de minutos por necesidades técnicas. (Pausa.)
Tiene la palabra don Jordi Pedret con el ruego explícito de que sintetice al máximo, ya que el secretario de Estado tiene que marcharse, por razones de agenda.
El señor PEDRET GRENZNER: El ruego de la síntesis, señor presidente, es difícil de conseguir, pero el de la brevedad, que es más fácil que la síntesis, vamos a intentarlo. A pesar de esta necesaria brevedad, quisiera indicar que lo único
que me sabe mal de tomar la palabra justo en este momento es la coincidencia temporal con el homenaje que se está rindiendo en estos momentos al compañero Ernest Lluch, asesinado por ETA, mediante el descubrimiento de un busto en el hall de columnas
de esta casa. Estoy convencido de que todos nosotros nos adherimos, desde nuestro trabajo parlamentario ininterrumpido, al homenaje al que trabajó siempre políticamente de una forma ininterrumpida, incluso en el mismo momento de su asesinato.
Siento esta coincidencia temporal de tener el absoluto placer del debate con el señor secretario de Estado y la permanencia en la memoria de dicho homenaje.
Dicho lo cual, señor presidente, señores comisionados, señor secretario de Estado, debo indicar que lo que constituye la auténtica democracia no es simplemente reconocer a los iguales, sino crearlos, como dijo el gran tribuno Gambetta? en
los primeros tiempos de la III República francesa.
Desde luego, me adhiero absolutamente a la idea: la auténtica democracia es crear iguales. Los iguales se crean, señor secretario de Estado, a través de la participación social. El
fortalecimiento de la democracia es participación social, siendo la única vía posible para hacer una democracia sólida y entre iguales creada entre ellos. Cualquier otra fórmula de establecimiento de determinadas formas en la vida política no es la
auténtica democracia que reivindicaba Gambetta y que reivindicamos los socialistas ahora. Por esta razón, señor secretario de Estado, no puedo estar satisfecho ni con las explicaciones escritas en el PACI 2003 ni con sus explicaciones en el día de
hoy respecto al sector de la participación social, desarrollo institucional y buen gobierno. El sector no se titula por azar, en primer lugar, participación social, porque el desarrollo institucional y el buen gobierno se entienden como
consecuencia de la participación social. La creación de instrumentos de gobierno y desarrollo institucional sin la participación social, es fabricar estructuras en el vacío, tendentes a ser derruidas inmediatamente, en cuanto cualquier fuerza
incontrolada las ataque. Esto es lo que no vemos, señor secretario de Estado, en el desarrollo de las labores de cooperación al desarrollo por parte del Gobierno popular.
En la información escrita, coincidiendo con la que ha dado usted hoy en esta sesión, aparece de forma casi obsesiva el fortalecimiento de determinadas ramas de la Administración, concretamente las policías. La única actuación en el África
subsahariana ha sido el fortalecimiento de la policía de Mozambique, en Bolivia se han fortalecido los jueces y en Perú se fortalece un comité interministerial. Estoy hablando de la información escrita facilitada por su Gobierno. En Colombia se
han fortalecido las organizaciones sindicales. Éste es prácticamente el único caso en que hay un proyecto que tiende a fortalecer la participación social, a través de las organizaciones sindicales, pero desarrollado por una ONG, no por el Gobierno.
En El Salvador se ha fortalecido la policía y en Bolivia las prisiones. En Perú se ha fortalecido el gobierno en general -hecho por la Comunidad Autónoma de La Rioja, en colaboración con ONG- y en Guatemala se ha fortalecido el Ministerio de
Asuntos Exteriores. En el Líbano, única también en el área mediterránea, se ha fortalecido el Poder Judicial. En Europa central y del este se ha fortalecido el desarrollo legal y judicial, el Defensor del Pueblo, hay que reconocerlo, y los
colegios de abogados. Los colegios de abogados, desde nuestra concepción, son sociedades civiles, son participación social, pero también -pues si no, no tendrían la consideración que tienen en la Constitución- son administración pública, desde el
momento en que desarrollan finalidades propias del Estado.
Este breve resumen de la información que usted nos ha facilitado -que posiblemente no he realizado de una forma sintética-, nos da una visión absolutamente descompensada de la realidad del trabajo que debiera de hacerse. El trabajo que
ustedes han estado realizando, resulta descompensado respecto a las finalidades que debiera tener. Y no nos parece una cuestión baladí. Nos parece bien que la policía y los juzgados funcionen,
pero si la policía y los juzgados funcionan en un ámbito en el que no se ha hecho nada sensible, eficaz, que tenga trascendencia más allá de un programa concreto para desarrollar realmente la participación social, básicamente a través de las
comunidades locales, estamos construyendo castillos sobre arena, y esta no debe ser la finalidad fundamental de la participación social del desarrollo, de la cooperación en la participación social. Estando de acuerdo con el fundamental
fortalecimiento de la democracia al que usted se ha referido (yo añado que la democracia y el desarrollo van estrictamente unidos, sin democracia es imposible el desarrollo y sin desarrollo es imposible la democracia-, esta democracia debe ser
sólida, debe estar fundada en bases sociales y absolutamente impregnada en la sociedad. A esto debería dirigirse la actividad de cooperación al desarrollo. Esto es lo que acordamos el conjunto de los legisladores al poner la participación social
en el frontispicio de este sector. Todo lo que signifique ignorarlo y dejar de lado esto para hacer pura cooperación intergubernamental, sólo con determinadas ramas de la Administración pública, como está ocurriendo últimamente, no conduce a la
finalidad que nosotros queremos.
Por ello, señoría, sintiéndolo mucho, porque en los temas de cooperación internacional deberíamos conseguir no sólo el acuerdo en textos legislativos sino actuaciones acordadas entre todos y permitir también la participación política para
concretar las políticas que debamos desarrollar, debo decirle que no podemos estar de acuerdo con lo que han hecho ustedes. Nos gustaría estarlo, no por adherirnos críticamente a cualquier cosa que hiciera el Gobierno del Grupo Parlamentario
Popular, sino por haber participado y decidido entre todos algo tan fundamental como la tendencia al fortalecimiento de las democracias en el mundo, que es la única vía posible para llegar a establecer una justicia y paz perpetua de la que hablaba
Kant. No ha sido así, por lo tanto, reitero nuestro desacuerdo. No me ha convencido usted en la intervención anterior. Espero que me convenza en la posterior, pero la experiencia en estas materias me hace creer que es difícil que esta esperanza
se convierta en realidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Quiero empezar poniéndome la venda antes que la herida, porque, sin duda, mi intervención será menos ordenada y más deshilvanada que la
anterior, pues las tres intervenciones que me han precedido no han seguido el orden que yo había planteado. Intentaré ir respondiendo las cuestiones que se han planteado sobre la base de puntos separados, renunciando desde ahora a dar un discurso
coherente.
Respecto del incremento de la ayuda oficial al desarrollo al que se refería la señora Pajín, es un asunto que se ha repetido en otras intervenciones tomando datos aislados, lo cual es correcto, y no digo que se hayan falseado los datos, pero
también se podrían dar otros. Por ejemplo, yo podría preguntarme también quién estaba gobernando en España en el año 1989 cuando la ayuda al desarrollo era de un 0,14 por ciento o cuando era de un 0,20 en el año 1990 o del 0,21 por ciento en el año
1996, que irá creciendo a partir del año 1997 a un 0,23 por ciento, en el año 1998 un 0,25 por ciento, hasta llegar al 0,31 actual. Me parece un poco peor el comentario de que esto se ha hecho porque era un Gobierno de derechas. Eso es lo que ha
dicho y en cualquier caso, está el 'Diario de Sesiones'. Eso me ha parecido un poco peor, pero cada uno se expresa como quiere. Lo que sí quiero decir rotundamente es que en estos momentos estamos en el 0,31 y estamos en una posición holgada para
cumplir con el único compromiso internacional que existe, que es el 0,33 en el año 2006.
Estamos ya mucho más que acostumbrados a las distintas voces que surgen dentro del Partido Socialista, pero me voy a referir a una que me parece autorizada y
que, dentro de las distintas sensibilidades que existen, es básicamente coincidente con la suya. En el periódico El País del día 23 de noviembre -bastante reciente-, refiriéndose a don José Luis Rodríguez Zapatero -¿le suena?-, dice -entre
comillas-: El líder socialista se comprometió a incrementar la calidad y cantidad de la ayuda oficial al desarrollo. Y se puso objetivos -abre comillas de nuevo-: que alcance el 0,4 del producto interior bruto en 2008 -cierra comillas-. Antes de
esa fecha -de nuevo, abre comillas-, en 2006, un gobierno socialista debería situar la ayuda al desarrollo en el 0,33 del PIB. Esto es lo que dice Rodríguez Zapatero. No hay ningún otro compromiso, y yo me alegro. No lo ha dicho otras veces, pero
está bien que ahora lo haya dicho o que le haya asesorado alguien distinto de la señora Pajín para que no diga eso del 0,7. Él marca el 0,8, que es un compromiso político que puede adquirir quien quiera, pero el único compromiso internacional que
han asumido España, la Unión Europea y la comunidad internacional en Monterrey es el 0,33 en el año 2006.
Es verdad, y lo he dicho en muchas ocasiones, que España tiene una cooperación con una especialización en algunos sectores, tiene una especialización territorial que viene marcada por la propia ley. A mí no me parece que la ley sea sagrada
y que no se pueda cambiar, es más, me parece que es mejorable en algunos aspectos. Durante esta legislatura, en esta Comisión -figura en el 'Diario de Sesiones'-, asumí el compromiso de no promover ninguna reforma de la Ley de cooperación
precisamente porque había sido acordada por todos, aunque veía muchos aspectos en los que se podía modificar. Por tanto, si alguien quiere que pase a ser prioritaria África subsahariana, lo puede plantear,
pero la ley dice esto y nosotros cumplimos la ley. Creo además que este fue uno de los aciertos de la ley, porque coincide con las orientaciones básicas de todos los actores de la cooperación. Para no salirnos de los datos, la señora Pajín
ha dicho que la única cooperación que sube es la descentralizada y que las demás no suben. Pues bien, para el año 2004, la cooperación descentralizada, la autonómica, la que viene de la suma de todas las administraciones autonómicas, ascenderá a
244 millones de euros, mientras que la total de España será de 2.435 millones de euros; estamos hablando del 10 por ciento, cuando en España el gasto público autonómico es algo más del 33 por ciento del gasto público. Lo digo a los efectos de que
sepamos en qué dimensiones nos estamos moviendo, porque si no parece que el esfuerzo que está haciendo la Administración del Estado no cuenta y sólo cuenta que las administraciones locales hayan pasado de 91 a 95 millones de euros, cuando la
Administración del Estado ha pasado de 2.078 a 2.435 en un año. Es una cuestión que sólo quiero dejar apuntada, porque los datos se pueden dar de muy distintas maneras.
Sí que tengo mucho interés en una cuestión que no se había planteado hasta ahora de una forma tan específica como lo ha hecho hoy la señora Pajín -hay otras que son recurrentes y en las que, por pura economía, no voy a insistir-, que es el
esfuerzo que hace la cooperación española en el ámbito universitario. Es verdad que hace un enorme esfuerzo, aunque mi opinión es que deberíamos hacer todavía más. ¿Por qué? Los países de renta intermedia, si tienen una política fiscal justa y si
dedican a ello -como deberían hacerlo- los recursos que obtengan en sus países, están en condiciones de atender la enseñanza primaria e incluso la secundaria, pero es muy difícil pedir a países con unos niveles de desarrollo de 1.500 ó 2.000 dólares
de renta per cápita que tengan un sistema de educación superior que pueda tirar del conjunto del país. Este debate se ha planteado hoy aquí, pero antes se había planteado en otros foros, en el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, en una
reunión ministerial en la que yo participé, y también en el Consejo de Ministros de Desarrollo de la Unión Europea mientras existió. Había algunos países que decían cosas parecidas a las que ha dicho la señora Pajín -no está sola en este punto- y
que pensaban que la ayuda al desarrollo en materia de universidades no se debía hacer porque era elitista -digo lo que decían ellos, no lo que decía usted-, porque sólo llegaban a la universidad las personas que ya habían superado la primaria y la
secundaria y por tanto eran los más preparados.
Yo trasladé ese debate a una sesión pública con la ministra holandesa, y le pregunté: ¿Es que en Holanda no consideran que sea fundamental para el desarrollo del país que haya ingenieros, arquitectos, médicos o abogados? Es evidente que
sí. ¿Y por qué si lo consideras bueno para Holanda, no lo consideras bueno para Ecuador, para Guatemala o para Bolivia? ¿Cuál es la razón que te lleva a pensar que lo que es bueno para tu país, lo que necesitas en tu país, no es bueno para países
en vías de desarrollo? Porque a menos que un país tenga un porcentaje -que siempre será minoritario, como en España- de titulados superiores, de doctores en la Universidad, de profesores, será siempre un país dependiente, un país que tendrá gente
letrada, gente alfabetizada, pero que tendrá que depender de fuera para tener ingenieros, arquitectos, médicos, etcétera. Esos países no están en condiciones de hacerlo en la forma en que necesita el país.
Por eso España es un país que tiene
ventajas comparativas. La señora Blanco ha dado la vuelta a una cosa que yo he dicho. Dice que yo he dicho que es menos efectiva en esos países pero yo lo he dicho al revés, lo he dicho en positivo, he dicho que España tiene ventajas comparativas
actuando en los países que actúa. La propia OCDE y el Comité de Ayuda al Desarrollo, por sentido común, entienden que cuando se tiene una comunidad cultural y lingüística se puede hacer más. Es mucho más fácil que se formen licenciados, titulados
superiores, jueces, inspectores fiscales, agentes municipales del catastro o policías en España que en Suecia. Además resulta que son los países receptores los que piden la cooperación española, porque ésta se basa en el acuerdo con el país
receptor. Esa es una característica de la cooperación española, lo ha sido siempre y además creo que es buena, porque supone un respeto hacia el otro país y supone adaptar nuestra cooperación a sus necesidades. Hay otros países que no lo hacen
así; hay otros países que acuerdan esto con sus ONG y deciden que van a mandar tal sistema de ayuda sanitaria a tal país, pero no lo hacen contando con el ministro de Sanidad de ese país.
Nosotros no lo hacemos nunca así. Hay razones a favor y en
contra, pero yo encuentro muchísimas más a favor de hacerlo todo mediante comisiones mixtas y de acuerdo con el país receptor de la ayuda. Pues bien, esos países son los que dicen que necesitan policía, y le piden, porque es muy difícil que se de
la participación social y un mínimo nivel de bienestar en países donde hay niveles elevados de violencia, de criminalidad, donde la policía no es respetuosa con los derechos humanos; es decir, hay que formar a los policías. Son países que han
salido de enfrentamientos civiles, ya sea en Centroamérica, ya sea en Mozambique. Es verdad. Es una cooperación muy importante, como es enormemente importante, y es un preprerrequisito para que el país se pueda desarrollar, la presencia de tropas
de pacificación, léase en la antigua Yugoslavia, léase en Afganistán, léase en Irak. (Rumores.) Si no hubiese tropas ahí ya me dirán cómo se iba a tener una expectativa de remontar la atroz dictadura que tenían antes y el desorden profundo que
existe hoy en el país, en Afganistán o en la antigua Yugoslavia. Si el señor Pérez Casado no estuviese enfermo nos contaría, yo lo he visto también pero él mucho más, cómo la población de Mostar se te
agarra cuando te ve llegar y te pide que, por favor, se queden los soldados españoles. Lo hemos hablado en otras ocasiones con el señor Pérez Casado. Por tanto, si estamos tratando de ayudar a países a que superen situaciones atroces, las
cosas se tendrán que hacer así. ¿Eso lleva a que las cosas han cambiado? Es evidente y seguro que van a seguir cambiando. Para mí como miembro del Partido Popular, pero también como español, resulta muy tranquilizador la seguridad que tiene la
señora Blanco de que el próximo Gobierno va a seguir siendo del Partido Popular.
(La señora Blanco Terán: No, no.) (Risas.- Rumores.) Me tranquiliza y aunque la hipótesis contraria es inverosímil, resulta inquietante cuando se oyen las cosas que
se dicen por ahí. Las cosas van a seguir cambiando, como han cambiado en esta legislatura, como cambiaron en la anterior, como han venido cambiando, porque España es un país que se va adaptando a la cooperación. Por ejemplo, en estos momentos no
sé si hay un peso excesivo de los créditos FAD o no. Más bien me inclino a pensar que es buena la tendencia de reducción progresiva de los FAD. Más bien me inclino a pensar eso. (Risas.) Lo que digo es que conviene recordar que hasta el final de
los gobiernos socialistas los créditos FAD suponían el 50 por ciento de nuestra ayuda oficial al desarrollo. En estos momentos, es el 17 por ciento. Estoy de acuerdo. Es bueno que se siga dando esta tendencia y algunos nos ocupamos de ello.
Ahora, de la misma manera que agradezco mucho sus palabras tan amables de felicitación por el hecho de que ya haya una estrategia en el ámbito de la cooperación en la salud, que venían pidiendo desde el año 2000, hubiera sido bueno que se les
hubiera ocurrido a ustedes en 1982, en 1983, en 1985, en 1989. Se les podría haber ocurrido en muchos momentos. (La señora Pajín Iraola: En 1981 éramos receptores.) He dicho en 1982, señora Pajín, pero digo que se les podría haber ocurrido.
Casualmente sólo se les ocurre en el año 2000.
Es bueno. Si arrepentidos los quiere Dios. Es bueno y me parece que la autocrítica, que es una cosa que gusta mucho en la izquierda, es porque consideran que tienen la verdad absoluta y no puede
haber crítica de fuera. Es un poco como la religión, como es una verdad absoluta no puede haber crítica de fuera y la tienen que hacer desde dentro. (Rumores.) La autocrítica no está mal, pero no voy a entrar en el masoquismo. La situación es
mejorable como todo lo humano, pero los datos son relevantes, es decir, haber pasado del 50 por ciento de ayuda oficial al desarrollo en créditos FAD, en toda la época socialista, al 17 por ciento ahora me parece que es un avance.
Seguimos con los datos aislados para que se vea en el puro debate político, porque este es un debate demasiado general o un poco atípico, por la generalidad que tiene de aspectos muy diversos. Ha dicho usted que a China y Asia se dedican 64
millones de euros. No tengo los datos desglosados. En el supuesto de que S.S., como estoy seguro, haya estudiado con detalle y seriedad la documentación que maneja, estamos hablando de 64 millones de euros de un total de 2.435 millones de euros.
(Rumores.) ¿De verdad cree que sobre eso puede hacer un discurso de casi la tercera parte de su intervención, no especialmente breve, para decirnos que no se atienden las prioridades que dice la ley? No es serio y, por tanto, no voy a extenderme
sobre estas cuestiones. Me limito a repetir el dato que ha dado su señoría.
En cuanto al Consejo de Cooperación, no creo haber hablado de agilidad, pero si lo he dicho me parece muy bien porque resulta que además tiene más agilidad. De lo que sí estoy seguro que he hablado es de mayor y mejor participación, sí he
hablado de mejor representación y sí he hablado de mayor eficacia. Agilidad, a lo mejor resulta que también.
Dice que la Comisión Interterritorial se reúne por puro trámite. No sé si ve las actas, no es cierto y es ofensivo para todos los que están allí y que vienen de muchos sitios, porque todas estas cosas se han aprobado allí, se han visto
dentro de esa comisión, se han creado grupos de trabajo. Bien es verdad que estos consejos también son, como todo el mundo sabe, una creación socialista hecha en esta legislatura. Es seguro que lo habían pensado ustedes hace mucho tiempo, pero
casualmente cuando se han establecido los mecanismos de participación en la cooperación española ha sido también durante esta legislatura. No nos cabe ninguna duda de que nos hemos inspirado en lo mucho que lo habían venido pensando ustedes y que
manejábamos toda la documentación, pero el hecho cierto es que se ha creado en esta legislatura y por este Gobierno. Ese Consejo de Cooperación es más representativo que el anterior porque están las organizaciones más representativas y no elegidas
a dedo, es decir, se ha utilizado el mismo criterio que cuando hay que hablar con los sindicatos, en cuyo caso, por ejemplo, no está el sindicato de bomberos de no se dónde, etcétera, y si UGT y Comisiones Obreras, que dice la norma que son los más
representativos. Están las organizaciones no gubernamentales más representativas, según el decreto, aunque no está una, Intermón Oxfam. No está porque no quiso estar, pero lo tiene ofrecido y ahí está su sitio.
Es otro criterio. Antes lo que
ocurría es que estaban aquellas que elegía la Coordinadora, pero las que están ahora son las más representativas.
Antes había algunos que se representaban a ellos mismos porque estaban allí y yo he tratado con ellos. Ahora los que están sí
representan. Esto además se recurrió -voy a seguir, señora Pajín-, se llevó a los tribunales y los tribunales dijeron que era plenamente legal. Quienes dijeron que no querían participar, a pesar de todo eso siguen sin querer participar. En fin,
que no participen, la gente es libre, pero desde que existe este Consejo de Cooperación es cuando se han aprobado todos estos documentos sobre los que estamos hablando, cuando se han planteado todas estas normas rectoras de la cooperación
española, cuando se ha permitido cosas como -hablamos de la participación, en esta legislatura, no en la anterior- que se ha triplicado la cantidad que se dedica al fortalecimiento institucional a través de fundaciones vinculadas a partidos
políticos y a través de organizaciones vinculadas a sindicatos para el desarrollo del fomento, de la participación política en los países en que consideren a través de organizaciones políticas, de partidos políticos, de organizaciones sindicales y
de organizaciones empresariales.
Nosotros dedicamos bastante, en términos absolutos, al África subsahariana. Primero porque son países prioritarios. Por ejemplo, Guinea Ecuatorial, que es un país prioritario, país con el que la cooperación se hace sólo a través de
organizaciones no gubernamentales, no a través del Gobierno, para marcar alguna diferencia. Se hace exactamente lo mismo que se venía realizando antes de 1996, a través de la Federación de Religiosos de la Enseñanza y a través de la Federación de
Religiosos de Sanidad. Es la única que se hace. No hay nada distinto. Lo digo para que se vea la diferencia. Son países prioritarios: Angola, Mozambique, todos los países lusófonos, Namibia y Sudáfrica como ayuda a la transición democrática y
el Senegal. No es zona prioritaria. Así como un 50 por ciento en todos los países iberoamericanos, un 15 por ciento puede ser en el África subsahariana. Además de todo esto, para el año 2004, y lo habrá podido ver la señora Blanco en los
presupuestos que manejaba, en la aportación fondos multilaterales del Gobierno español, tanto Unión Europea, como organismos internacionales financieros y organismos internacionales no financieros, España aporta 1.031 millones de euros que siguen
los criterios de distribución que tienen esos organismos donde se favorece enormemente al África subsahariana. Pues bien, de todo eso que hace la Unión Europea en el África subsahariana, que es muchísimo, el 8 por ciento es español. Nosotros
estamos batallando en la Unión Europea para que ésta preste también atención a América Latina. Les aseguro que no conozco -y leo los debates de otras comisiones- debates de comisiones como ésta, la del Parlamento británico, del Parlamento francés o
del Parlamento belga (me imagino que tampoco en el Parlamento sueco, pero como ahí, digan lo que digan, no lo entiendo, pero estoy seguro que no lo dicen-) en los que los diputados, ya sean del Gobierno o de la oposición, pidan al Gobierno que
preste más atención a América Latina. Aquí sí tenemos quien dice que el Gobierno debe prestar más atención a África, lo cual significa prestar menos a América Latina, porque el conjunto tiene que sumar cien. (El señor Campuzano i Canadès: O no.)
No hay hecho diferencial que permita que todos los sumandos no lleven a sumar cien. Al final la aritmética es la aritmética. En cualquier lugar del territorio el hecho diferencial no llega a eso. Eso no se plantea en otros sitios.
Como tampoco
conozco que organizaciones de raíz anglosajona planteen debates en su organización internacional sobre por qué no se ayuda a Centroamérica o a Bolivia, por ejemplo, con las dificultades que tiene ahora. Sí lo plantean algunas españolas anglosajonas
que dicen que hay que hacer no sé qué en África. Eso sí. Nosotros lo estamos haciendo, que quede bien claro, y lo estamos haciendo muchísimo. Si se pudiesen hacer los números de cuánto va de la Unión Europea al África subsahariana, teniendo en
cuenta que nosotros aportamos 500 millones de euros a la misma, el 8 por ciento de eso resulta ser nuestro. Por lo que se refiere a cuánto de los organismos internacionales financieros o internacionales no financieros va a esa zona del mundo, ahí
nuestro porcentaje es menor en la Unión Europea, pero seguimos siendo el octavo contribuyente al sistema de Naciones Unidas, al Banco Mundial o al Fondo Monetario Internacional; o sea que, además de lo que hacemos directamente, que, insisto, es en
torno al 15 por ciento, no tengo aquí los datos exactos, para los países prioritarios Guinea Ecuatorial, Angola, Mozambique, Guinea Bisao, Santo Tomé Príncipe, Namibia, Sudáfrica y Senegal, a través de la cooperación multilateral hacemos todo esto y
estoy seguro de que haremos más. El próximo Gobierno que, con la señora Blanco, pienso que seguirá siendo del Partido Popular, tendrá que hacer más cosas porque es evidente. (La señora Blanco Terán: Lo haremos nosotros.)
No se puede mencionar el dato de la cooperación con Marruecos, refiriéndose sólo a los años 2002 y 2003, y silenciar lo que se hacía en 2001, 1999 ó 1998, cuando Marruecos ha sido y sigue siendo el primer país receptor de la cooperación
española. Ahora bien, es difícil que se pueda ejecutar si el propio Gobierno marroquí durante un año y medio decide que las reuniones de las comisiones mixtas que son las que tienen que ejecutar esos programas no se reúnen. He visto que han usado
sólo los años 2002 y 2003. Pues bien, si hubiesen dado el año 2001, 2000 ó 1999 hubiesen visto que es exactamente lo que les estoy diciendo.
Es verdad que en la reunión del G-8 se dijo que había que destinar el 50 por ciento para África, pero no es menos cierto que en la única reunión del G-8 que estuvo el presidente del Gobierno, porque al presidir la Unión Europea estuvo en la
reunión de Canadá, éste fue el único que habló a favor de América latina. En ese momento les recuerdo que Argentina estaba en la situación en que se encontraba, Brasil bastante agobiado financieramente y varios países de América latina tenían
dificultades extremas en ese momento. Es verdad que el G-8 dijo eso, pero no es menos cierto que nosotros tenemos que reforzar eso precisamente porque los otros no lo hacen. Ahora bien, si lo que piensa usted es que tenemos que hacer el seguidismo
de lo que digan los otros, dígase, pero no se use una cosa y la contraria, porque, si no, estamos falseando la información.
No puedo estar más de acuerdo en que la salud materno-infantil no es sólo una cuestión sanitaria. Por eso he puesto al principio de mi intervención la cuestión de democracia, de Estado de derecho y de fortalecimiento institucional. Ahí, si
no lo he dicho seis veces, no lo he dicho ninguna, la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres me parece que es central. Estaría hasta encantado de que se pudiera llegar más allá en la condicionalidad de la ayuda. Yo soy partidario de la
condicionalidad de la ayuda, no sólo de la cláusula democrática que ha hecho la Unión Europea, sino de llevarlo más allá y de decir que con aquellos países que no respeten unos mínimos estándares que creo que son universales, y que alguien piensa
que son eurocéntricos, no se puede cooperar. Hay que pedir una vigencia universal de respeto a determinados niveles de respeto a derechos humanos, de combate a la corrupción, de prohibición de la tortura, de libertad en los medios de comunicación,
de libertad de los partidos de la oposición porque, si no, no se puede colaborar. Lo que no vale es que haya países que se nieguen a hacer esto con carácter general y que selectivamente lo quieran hacer con países que no hablan la lengua que hablan
ellos. Eso es lo que me parece que no es de recibo. Aquí establecemos ese criterio y, si se quiere, ahora, decimos que todos los que se presenten como candidatos a distintas elecciones que tienen que tener un tachado limpio e intachable. Esto yo
estaría dispuesto a decirlo y también, que si saliese alguien que ha tenido un pasado golpista, se le cierran las líneas de cooperación internacional. Ahora bien, decir que eso se hace si eso ocurre en un país de habla española, pero que no se hace
en países de habla francesa o inglesa, no creo que sea de recibo porque esos principios, o son universales o si no no son. Nosotros hemos planteado que sean universales, pero hay cosas en las que se gana y otras en las que se pierde, como, por
ejemplo, en lo que ocurrió ayer con lo de la estabilidad y el déficit.
Estoy convencido de que la democracia exige la participación social, aunque no estoy tan de acuerdo con que sea la única causa. La participación social es imprescindible y no hay participación si no hay partidos políticos, sindicatos, ni
elecciones, pero también, y esto no tiene que ver con la participación social, si no hay jueces independientes, órganos de control, prensa libre, ni sistema fiscal justo. De todo esto es de lo que se habla en la estrategia de democracia y
fortalecimiento. Es una pequeña caricatura usar casos ad exemplum, como diciendo: se hace sólo en determinadas áreas. Insisto, es verdad, y creo que es una espléndida cooperación la que se hace en formación de policías, de jueces y si en un caso
se ha hecho algo en la construcción de un presidio es porque lo ha pedido el gobierno con el que nosotros cooperamos, porque nuestra cooperación, precisamente porque quiere el fortalecimiento institucional de esos países, fortalece a los gobiernos
respectivos y no intenta suplirles o sustituirles.
El señor PRESIDENTE: El señor Campuzano tiene la palabra
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer el esfuerzo que hace todo el mundo para acumular en un solo debate esta multitud de comparecencias, lo que seguramente redunda en las dificultades de todos para profundizar en tan diversos
aspectos y también quiero agradecer la primera intervención del señor Cortés de la que discrepo en muchísimos de sus puntos. Previsiblemente esta es su última comparecencia en esta legislatura y el contenido de la misma y el debate al que acabamos
de asistir invitan a hacer un cierto balance sobre la legislatura.
A este respecto, y enlazando con otras discusiones que hemos tenido en esta Comisión -especialmente me vienen a la cabeza los debates suscitados por el último informe del CAD sobre la cooperación española-, la cuestión principal es si estos
recursos de la AOD española van efectivamente destinados a erradicar la pobreza en el mundo. Ahí está el núcleo de la cuestión, señor Cortés. El propio informe del CAD, de manera muy correcta, como es propio de un organismo como ese, plantea
interrogantes sobre la eficacia de la política española en Iberoamérica, sobre la eficacia de la política española en la utilización del FAD en el objetivo de erradicar la pobreza. Incluso nos podemos plantear si un instrumento interesantísimo,
como es el microcrédito -y comparto al cien por cien su filosofía en este sentido-, lo estamos utilizando con ese objetivo de erradicar la pobreza. El debate de fondo que se le plantea por los grupos de la oposición -y ahí mi grupo viene
insistiendo desde hace tiempo- va en la línea de entender que la Ley de Cooperación al Desarrollo, aprobada con ese consenso amplio y a la que al señor Cortés le gusta hacer referencia, mandata ese objetivo de erradicar la pobreza, de hacer frente a
la situación de los sectores más desfavorecidos de las sociedades, de los países pobres. Estoy seguro de que, tomando como base esa ley, es posible hacer otra política de cooperación al desarrollo, precisamente orientada a esa erradicación de la
pobreza de manera clara.
Por otro lado -no se ha mencionado en el debate, pero creo que es muy importante-, debemos evaluar si el conjunto de la política exterior del Gobierno español tiene esa orientación. De ahí, por ejemplo, que debamos cuestionarnos si las
posiciones mantenidas en el seno de la última ronda de la Organización Mundial de Comercio han sido suficientemente valientes para favorecer el desarrollo de los países pobres basado en el comercio, si las posiciones mantenidas por la Unión Europea
-y tendremos otro debate al respecto después con el señor Utrera-, por ejemplo, por lo que hace referencia a la implantación de las reglas de Singapur hacia los países pobres, fue la correcta o si fue correcto el debate sobre las facilidades para
que los países pobres de África puedan producir algodón.
Otra crítica a formular a la política de cooperación española es la falta de liderazgo de la Secretaría de Estado de Cooperación al Desarrollo en el conjunto de la política del Gobierno para ese objetivo de erradicación de la pobreza. Esta
legislatura va a terminar con la sensación de que no hemos tenido un secretario de Estado que en el seno del Gobierno, haya pretendido liderar una posición activa de España en ese combate del mundo contra la pobreza. Mi grupo se va a ir con esa
sensación. Me ha faltado ver en el señor Cortés pasión política, pasión personal en la defensa de ese objetivo y, por tanto, mi grupo tiene la sensación de hemos perdido cuatro años, habiéndose hecho cosas interesantes a las que luego haré mención.
En esta línea es evidente que España tiene un compromiso internacional, el 0,33, pero también tiene otro compromiso internacional, el 0,7, un compromiso de la comunidad internacional. En estos cuatro años el señor Cortés ha mejorado mucho en su
dialéctica sobre cooperación, muchísimo. (El señor Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Cortés Marín: Estar con usted ayuda mucho.) Todos, señor Cortés, hemos aprendido mucho. Si yo releo mis intervenciones de
estos cuatro años me doy cuenta de que gracias a discutir con usted he aprendido cosas; todos hemos aprendido cosas y el señor Cortés también.
El señor Cortés aterrizó en esta secretaría de Estado con una experiencia política amplia, potente y
densa en otros ámbitos, pero no en este y ha mejorado un montón. Estamos encantados de que sea así. Si hablamos de tantos por ciento, el 0,7 es un compromiso de España y un compromiso asumido por la comunidad internacional, si no en Monterrey no
se habría hablado de lo que se habló. Por tanto, hay que asumir el compromiso del 0,7 y hay países de la Unión Europea que han marcado calendarios más contundentes que España. Me viene a la cabeza Bélgica, que, igual que Cataluña, marca el
objetivo del 0,7 para el año 2010. Es decir, que no sólo debe haber voluntad política para cumplir el compromiso de Monterrey, sino para cumplir el compromiso del 0,7 por ciento asumido en el marco de Naciones Unidas y quizá eso nos ha faltado.
Además, hay que cumplir los objetivos del milenio, que supongo que también son objetivos del Gobierno español en ese horizonte más cercano del año 2015 y ante la preocupación manifestada por el Banco Mundial, por Naciones Unidas, por la Unión
Europea, por el sistema internacional de que falta empuje suficiente en el conjunto de la cooperación al desarrollo para alcanzar aquellos objetivos de la declaración del milenio para el 2015. Esa cuestión va a quedar como un debe en la política de
esta legislatura, reconociendo, eso sí, ese incremento en las cuantías, con elementos que estadísticamente generan dudas, como la famosa operación de conversión de deuda con Nicaragua, con un impacto importante en la estadística, pero que no sabemos
si se va a terminar de consolidar en el crecimiento de nuestra política de cooperación al desarrollo. En esa política de reducción del peso del FAD en el conjunto de la cooperación, coincido con usted en relación con la crítica a los anteriores
gobiernos socialistas por el excesivo peso del FAD en la cooperación española, ahí nos va a encontrar, pero también le queremos manifestar nuestra preocupación por el cambio de orientación en los últimos presupuestos en relación con la presencia del
FAD o por el hecho de que la modificación de la Ley del FAD se haya llevado a cabo con una enmienda del PP en el trámite de la Ley de acompañamiento y no planteando un debate a fondo sobre si el FAD es un instrumento útil a ese objetivo de erradicar
la pobreza, en la línea de lo que manifestó el CAD de la OCDE en su última evaluación sobre España.
También aparece en todo el debate esa dialéctica entre un gobierno español que defiende de manera apasionada esa ventaja comparativa de España en relación con los países de renta media frente a posiciones de otros países de la comunidad
donante y a los mandatos de las propias Naciones Unidas y a los mandatos y peticiones del propio Banco Mundial hacia los países menos adelantados, hacia los países más pobres. Ahí, junto con esa duda que yo le manifestaba al principio de si
efectivamente nuestras políticas hacia los países de renta media van efectivamente orientadas a erradicar la pobreza y esa duda sobre si nuestra política global en otros ámbitos -comercio, armas, etcétera- en relación con esos países va orientada a
su efectivo desarrollo, lo que le estamos planteando todos -y en todos se incluyen desde los grupos de la oposición hasta la sociedad civil y hasta los convenios internacionales- es donde España, en una perspectiva de incremento de su AOD, debería
incorporar con mayor importancia la situación en el África subsahariana. Es más, señor Cortés, en términos de los intereses generales de España, la África subsahariana hoy ya debe ser prioritaria; en términos de los intereses generales, no ya en
términos de una concepción ética del mundo, de una concepción apasionada en la defensa de que es posible un mundo más justo, sino en términos del interés general de España, fundamentalmente vinculado al reto de la inmigración. La apuesta de España
en el medio plazo es que el África subsahariana se desarrolle como garantía, por ejemplo, de desarrollo y estabilidad de Marruecos, que ya no es sólo un país de origen de inmigración, sino un país de tránsito de la inmigración subsahariana. En
Canarias, hoy, el fenómeno de la inmigración es un fenómeno relacionado con el África subsahariana. Por ello, señor Cortés, no es casualidad que en mi ámbito político se haya optado por un cambio en la orientación política del Gobierno de la
Generalitat, si continuamos gobernando a partir de esta Navidad en Cataluña, hacia África, desde la convicción de que necesitamos reducir sustancialmente los factores de empuje del África negra hacia Europa y hacia el Magreb de los ciudadanos del
África negra. En este sentido, Intermón Oxfam, una
organización de carácter estatal con sede en Barcelona que se ha vinculado a una trama de organizaciones de carácter anglosajón, lo cual me parece muy bien porque implica esa voluntad de apertura y de internacionalización de una ONG que
nació en Barcelona con un marcado sello catalán, en su último informe apunta un dato y me gustaría conocer la opinión del señor Cortés. Dice que varios países del África negra (Etiopía, Uganda, Lesoto, Camerún y Malawi) tienen un retorno en deuda
externa superior a la AOD que España les hace llegar. Me gustaría conocer si el señor Cortés me lo puede confirmar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): ¿Es tan amable de dar las cifras de cuánto supone ese retorno?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: No lo tengo aquí, pero si quiere...
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Yo, sí. Diez millones al año para los cuatro.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Perfecto. La pregunta es si usted cree que esa es una política buena en relación con ese objetivo de favorecer a los países menos adelantados, o si, por ejemplo, en un país como Costa de Marfil, el segundo
país receptor de AOD bilateral por parte del Estado español, es bueno que el 95 por ciento de la cooperación al desarrollo sea en FAD, microcréditos y condonación de la deuda. Pregunto.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): ¿Costa de Marfil es el segundo país?
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sí, AOD bilateral, señor Cortés.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Con Guinea, con Mozambique, con Angola...
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor Cortés, le ruego que me deje hablar, por favor. Le hago esa pregunta. O si el peso que están alcanzando países como Irak, Afganistán o Pakistán responde a los objetivos marcados en la propia Ley de
Cooperación al Desarrollo en sus prioridades geográficas, en sus prioridades sectoriales y en ese objetivo de erradicar la pobreza.
Mi grupo tiene la sensación que en esta última fase de la legislatura la política de cooperación al desarrollo se ha
convertido en instrumento de apoyo a una determinada política del Gobierno español en su alianza con el gobierno norteamericano por los conflictos derivados del post 11 de septiembre.
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, vaya concluyendo.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy terminando, señor presidente, pero le recuerdo que mi grupo era uno de los peticionarios de estas comparencias, igual que el Grupo Popular, y que nuestros colegas del Grupo Socialista han utilizado
vastamente sus turnos diversos y plurales. Voy terminando, no se preocupe porque tengo costumbre de ser breve en mis intervenciones.
Decía también que nos queda la duda sobre esa utilización del FAD en esos objetivos, nos queda la duda sobre la utilización del FAD en las situaciones de emergencia (la utilización del FAD en la última crisis de Irak, en la que finalmente se
nos anuncia que el FAD va destinado a apoyar a los refugiados que van a huir de Irak, lo que finalmente no se produce, gracias a Dios, porque no hay refugiados en los países limítrofes de Irak) y en cambio tenemos esa utilización del FAD para
terminar ayudando a las organizaciones de Naciones Unidas. ¿Qué nos falla ahí? Nos falla algo que en esta legislatura no hemos resuelto, que son nuestros operativos de emergencia en ayuda humanitaria, ahí nos continúa fallando ese mecanismo.
Continuamos de manera lamentable sin haber cumplido la ley en lo que hace referencia al estatuto del cooperante y continuamos sin avanzar en una mayor contribución española a las agencias de Naciones Unidas. Ayer, esta Comisión tuvo un encuentro de
trabajo con la representación del PNUD, y el PNUD manifestaba esa sensación de frustración sobre lo que eran las aportaciones de España.
Finalmente, porque han sido muchas las comparecencias que se han agrupado, tres apuntes muy rápidos sobre tres cuestiones. En estrategia de salud nos parece interesante que se haya elaborado ese documento, era una cuestión pendiente y nos
felicitamos por ello; sabemos además que se ha discutido a fondo con los sectores sociales implicados en esta dimensión.
Eso sí, nos preocupa que la estrategia no haya incorporado previsiones presupuestarias ni haya marcado objetivos verificables
y evaluables en el medio plazo, que no introduzca mecanismos para hacer esa evaluación específica en la estrategia y nos gustaría saber cuál va a ser el desarrollo de esa estrategia en el nivel sectorial y geográfico correspondiente. También, señor
Cortés, le diré que echamos en falta referencias explícitas a las cuestiones de salud sexual y reproductiva.
Quizá convendría que España, en materia de salud sexual y reproductiva, elaborase una estrategia propia. Nos parece fundamental, en ese
proceso de planificación familiar en los países en vías de desarrollo, que España apueste
por esa línea, huyendo de algunos planteamientos del actual Gobierno norteamericano, que ese concepto de salud sexual y reproductiva y de planificación familiar lo está combatiendo de manera radical.
Sobre la estrategia de democracia, tan sólo he de manifestarle que sería bueno que el conjunto del Gobierno la conociese y que el conjunto del Gobierno se impregnase de esa dimensión. Por ejemplo, Indonesia, un principal receptor de apoyo
vía FAD en el año 2001, no es exactamente un país democrático; o China. Por tanto, señor Cortés, le invito a que esa concepción democrática impregne al conjunto del Gobierno.
Sobre microcréditos, cinco apuntes muy breves.
El señor PRESIDENTE: Muy breves, por favor.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Lo lamento, señor presidente, porque esto es dramático.
Nos gustaría saber cuál es la participación de España en los organismos del Banco Mundial que trabajan y hacen el seguimiento sobre microcréditos. ¿Cuál es el nivel de evaluación de las relaciones con los partners que participan en la
gestión de los microcréditos en sus países de origen? Algunas fuentes nos hacen llegar la sensación de que quizá no son los mejores interlocutores que España podría encontrar. Nos gustaría conocer su opinión al respecto. ¿Cómo se incorpora la
cuestión de género y la cuestión de la sostenibilidad en la gestión de los microcréditos? ¿Cuál es la relación de las oficinas técnicas de cooperación (OTC) con la gestión de los microcréditos? ¿Cuál es la evaluación del impacto de la pobreza en
la utilización de los microcréditos? Son cuestiones que nos gustaría conocer.
Señor Cortés, esperamos su respuesta y esperemos que en la siguiente legislatura, con independencia de quien gane y de quién deba desarrollar estas políticas, seamos capaces de recuperar la pasión por el objetivo de erradicar la pobreza, que
en esta legislatura, al entender de Convergència i Unió, el Gobierno ha perdido.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMERICA (Cortés Martín): No sé si con pasión, o simplemente con rigor y con convicción. No es que una parte de la política de cooperación española vaya destinada a
erradicar la pobreza, es que el conjunto de la política de cooperación sólo va destinada a erradicar la pobreza.
Vamos a aceptar que puede interpretarse de distinta manera si las cosas se hacen directamente o se hacen indirectamente, pero yo me hago algunas preguntas. Por ejemplo, ¿la construcción de un hospital con un crédito FAD, construido por una
empresa española en una zona sin dotaciones sanitarias, es o no es combate a la pobreza? ¿La construcción de un puerto pequeño en un sitio en que hace falta para que puedan comerciar los productos agrícolas que se cultivan allí combate o no combate
la pobreza? Eso se hace con créditos FAD. Con créditos FAD que tienen una liberalidad muy grande y que en muchos casos, como por ejemplo los que ha habido en Irak, son abiertamente créditos-donación. Es verdad que eso significa que lo hace una
empresa española, pero a mí personalmente no es un asunto que me cause ningún desasosiego, lo que me importa es que se hagan las cosas en ayuda de esos países. Digo más, la formación de universitarios ¿es o no es combate contra la pobreza? Porque,
según algunos puristas, por no darles otro calificativo, todo lo que no sea enseñanza primaria o alfabetización no es combate a la pobreza.
Sinceramente, discrepo. ¿La restauración de un monumento en Iberoamérica o en el norte de África, como
estamos haciendo, por medio de una escuela-taller es o no es combatir la pobreza? Yo he escuchado decir tanto en el Comité de Ayuda al Desarrollo como en el Consejo de Ministros de la Unión Europea que era inmoral que nos ocupásemos de las piedras
cuando había gente que estaba pasando hambre. Ese comentario lo he escuchado yo y lo he rebatido diciendo que si en sus países dejan que se caigan las catedrales. La contestación ha sido que de ninguna manera y yo he replicado que si por el hecho
de que sean pobres hay que dejar que se les caigan. ¿No importa nada que se les caigan? Pues resulta que además esa restauración está dando formación a través de la escuela-taller, está atrayendo turismo y, de las personas que se están formando,
no sólo el cien por cien va a salir colocado mediante el sistema de microcréditos, sino que más de un 20 por ciento fundará una microempresa. El programa de Patrimonio de la cooperación española es muy importante y no está considerado por algunos
como un mecanismo de ayuda básica para combatir la pobreza. (El señor vicepresidente, Fariñas Sobrino, ocupa la Presidencia.) Sin embargo, yo creo que sí lo hace, puesto que en caso contrario no estaríamos presentes en esos países pobres, sino
ayudando a restaurar en Inglaterra o en Italia y no es eso lo que estamos haciendo.
No sé si lo hacemos con pasión, con convicción, con rigor o con seriedad, pero a eso es a lo que nos dedicamos. Es algo cultural y también afecta al empleo y al
desarrollo turístico. Cuando hay un desarrollo turístico, surgen restaurantes, hoteles y tiendas de artesanía alrededor y eso es lo que genera empleo. Cuando España es un país que ha tenido y sigue teniendo en el turismo su principal industria y
su primordial elemento de desarrollo, me parece poco correcto desde el punto de vista ético, si se quiere, pensar que lo que ha sido bueno para nosotros para otros no puede serlo porque pertenecen a otra latitud, a otra raza o tienen otro credo.
A
mí personalmente no me parece bien y defiendo que eso es combatir la pobreza. Me imagino que todo lo que tiene que ver con la Ronda Cancún y con el comercio del algodón
será algo de lo que hablará el secretario de Estado de Comercio cuando venga. Sigo sosteniendo que tenemos enormes ventajas comparativas no con respecto a los países de renta intermedia -los países que tienen este tipo de renta son Pakistán
y algunos países asiáticos-, sino en relación con aquellos que son prioritarios según la Ley de Cooperación, todos los países iberoamericanos y los países árabes del norte de África y, si les prestamos proporcionalmente más atención que a otros, es
entre otras razones para compensar la desatención de la que son objeto por parte de otros países del mundo. Se puede defender lo que se quiera, pero los que defendemos una posición también podremos decir que alguien defiende esto porque sus
intereses son los anglosajones. Comprenderá que no se nos puede acusar de ser amigos de los norteamericanos y de los británicos y que luego pronunciar la palabra anglosajón suene como algo peyorativo. Yo soy bastante filo, anglosajón, y pienso que
no es necesaria ninguna interpretación, pero sí una descripción y lo que digo es que son prioridades anglosajonas.
Hay una cuestión en la que discrepo, señor Campuzano, y es que usted diga que es portavoz de todos. Con ser portavoz de CiU su señoría ya tiene una responsabilidad bastante grande; ahora bien, decir que es portavoz de toda la sociedad me
parece que es una osadía (El señor Campuzano i Canadès: No he dicho eso.), porque entonces yo no sé a quién represento que también fui elegido diputado, aunque luego tuve que renunciar. Si usted representa a la sociedad civil, ¿yo represento a la
eclesiástica y a la militar? (El señor Campuzano i Canadès: Represento a CiU.) Ahí estamos de acuerdo. Entonces, si S.S. representa a CiU (El señor Campuzano i Canadès: Es obvio.), no se puede hablar en nombre de todos.
(El señor Campuzano i
Canadès: Nadie habla en nombre de todos.) Es que lo ha hecho, ha dicho que todos dicen no sé qué, incluida la sociedad civil y los que están fuera, y no es así. (El señor Campuzano i Canadès.
Todos.) No, todos no; algunos sí y otros no (El señor
Campuzano i Canadès: Lea, lea.) A los que dicen eso los leo y a los que no lo dicen y escriben defendiendo que las líneas preferentes de la cooperación española deben ser Iberoamérica y el norte de África, también. (El señor Campuzano i Canadès:
Todos lo dicen.) Gracias a Dios, existe la pluralidad y cada uno defiende lo que considera oportuno. Pues bien, de esa pluralidad ha salido un compromiso político que está reflejado en la Ley de cooperación y yo, además de tener convicción, cumplo
con la legalidad. También es importante que se completen los datos y que estos se den con certeza. Puede resultar muy lucido como titular escribir que Etiopía, Uganda y Leshoto necesitan 10 millones de euros, pero no me parece que sea riguroso
manifestarlo en un debate. Es verdad que se está gestionando el reintegro de la deuda de unos créditos FAD que fueron concedidos por los gobiernos socialistas, que yo no critico que se concediesen, me parece bien, pero saben ustedes, que los
créditos FAD tienen 10 años de cadencia y por lo tanto lo que ahora se está pagando se había concedido 10 años antes. En cualquier caso, estamos hablando de 10 millones de euros entre todos en dos años. Seamos serios, porque si no puede parecer
que lo que se está haciendo desde España es una especie de succión a lo vampiro de la poca sangre que tienen aquellos países. Cuando se habla en un informe del conjunto de la cooperación española de 2.435 millones se pueden decir más cosas que
esas, aunque el titular pueda ser llamativo. Eso sobre todo gustará mucho en Londres para poder demostrar que defendemos lo nuestro. Por otra parte, Costa de Marfil no puede ser el segundo país de ayuda bilateral de África. No sé si se referirá a
un sector concreto o si el dato estará mal, pero no puede ser porque ni siquiera es país prioritario y en África están todos los del norte, pero es que, si vamos al África subsahariana, nos encontramos con Guinea Ecuatorial, con Angola y con
Mozambique, que están moviéndose en un margen de 600 millones de pesetas. Por tanto, no puede ser. Estará mal hecho el informe. (El señor Campuzano i Canadès: No lo creo.)
En cuanto al estatuto del cooperante, no sé si tienen información. El Gobierno presentó un anteproyecto de dicho estatuto, siendo nuestro compromiso con el Consejo de Cooperación en esta Comisión que se haría cuando hubiese un acuerdo. Ya
digo que el Gobierno presentó un anteproyecto y fue en el Consejo de Cooperación en donde los representantes de los sindicatos y los de las organizaciones no gubernamentales más representativas, las que están presentes en el Consejo de Cooperación,
pidieron que no se elevase a proyecto ya que había cuestiones que no encajaban. Después de colaborar con ellos y con más instancias -la Administración del Estado y los ministerios de Trabajo, de Hacienda, de Economía y de Asuntos Sociales-, vio la
luz un texto que permitía un estatuto del cooperante con limitaciones, puesto que muchas cuestiones resultan contrapuestas. El trabajo voluntario, por ejemplo, que quieren las ONG choca con planteamientos sindicalistas en algunos casos. La
legislación laboral española impide determinadas muestras de voluntariado y nosotros no somos quiénes para regular las normas laborales de países en donde van a actuar, ni las laborales ni las consulares. Por tanto, cuando alguien se refiere a
esto, no puede ser.
Hay un texto que se ha hecho público y que se ha repartido, un buen texto, pero estas personas que digo consideraron que era mejor que se siguiese discutiendo y por eso se ha adjuntado al acta del Consejo de Cooperación. Como
dice el lema, por nosotros no queda, pero había un compromiso de que sólo se haría si había un amplio acuerdo.
Respecto a los microcréditos, creemos que es uno de los instrumentos más claros para combatir la pobreza y nuestra participación en el Banco Mundial es la que tenemos como socios en el directorio de dicho Banco
en todas sus ramas, que luego hace el seguimiento de los microcréditos.
España es el país que va en cabeza en relación con la línea del programa de micréditos en el mundo, ya que consideramos que es uno de los programas más claros para
ayudar al desarrollo de estos países. Tenemos que permitir que las personas lo hagan por ellas mismas, con la ayuda, poniendo el marco, pero no con una visión asistencial. Por ello, nos parece que es muy importante la incorporación del mayor
número de personas a lo que podríamos llamar la formalidad, es decir, al sistema con el que se paga impuestos, al sistema de relaciones laborales transparente, no a las contrataciones por debajo de las condiciones salariales o de seguridad social o
de seguridad laboral en el empleo, que a eso es a lo que se ayuda y se exige también a quienes son receptores de estos microcréditos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A continuación, y para finalizar este turno de comparecencia, tiene la palabra el señor Izquierdo Juárez, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, otro de los solicitantes de esta comparecencia.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Gracias, señor secretario de Estado, por su larguísima explicación y además por el esfuerzo que ha hecho al aceptar generosamente la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista de que se acumule el debate; crea
una complicación, nada insalvable, excepto que quienes somos autores del mayor volumen de las iniciativas -tres de cinco- que se están debatiendo apenas vamos a tener tiempo para exponer nuestros argumentos. Lo voy a hacer de manera muy rápida, con
el permiso del presidente y del resto de los grupos parlamentarios.
¿Por qué el Grupo Parlamentario Popular se planteó en su momento solicitar la comparecencia del Gobierno para hablar de tres cuestiones: balance de datos y cifras de la cooperación española y su comparación con periodos anteriores; el
esfuerzo y el criterio del Gobierno en apoyo a los países de renta intermedia y el programa de microcréditos? Estos han sido dos planteamientos fundamentales de lo que ha sido una parte muy importante de nuestra política exterior, que es la
política de cooperación internacional y un ejemplo. Se pueden decir muchas cosas, pero al término de la legislatura se pueden sumar las cifras y se pueden aportar datos, como ha hecho el secretario de Estado y como han hecho otros grupos. Se
pueden tomar los datos de manera parcial y se pueden tomar los datos de manera global. Nosotros hemos hecho un esfuerzo por sumar los datos de manera global y en ese sentido queremos aportar un solo dato: entre 1982 y 1996 -marzo de 1996, la fecha
de las elecciones-, la cooperación española, España, el Gobierno español destinó para sus políticas de cooperación al desarrollo 6.900 millones de euros. No es una cifra pequeña. Esto aproximadamente en catorce años. En 1996, mediados de año,
ejecutamos entonces un presupuesto prorrogado de 1995, porque el Grupo Parlamentario Socialista entonces no consiguió aprobar los presupuestos.
Entre 1997 y el año 2003 la cooperación española, España, el Gobierno de España ha destinado 11.700
millones de euros. Esto es algo así como el doble, en términos absolutos. La pregunta que viene después es ¿cómo ha sido esto posible con los malos augurios que había sobre el compromiso, planteamientos, impulso del Gobierno de José María Aznar
desde 1996? Tengo que decir que estoy en esto desde hace muchos años por una persona que se llama José María Aznar, y tengo que decir también que no me cabía la menor duda en 1996, cuando accedió a la presidencia del Gobierno por decisión de los
españoles, que las cosas iban a cambiar y mucho, y que no me cabía la menor duda de que en materia de cooperación internacional las cosas iban a cambiar y mucho. Algunos nubarrones teníamos entonces, porque España estaba instalada en el déficit, en
la deuda, en el desempleo, en la crisis económica, en la inflación, etcétera, y hacía falta que los españoles hicieran un esfuerzo de austeridad muy importante para poder hacer las políticas que a España le correspondía hacer en el mundo, de acuerdo
con el papel que España quería desarrollar.
¿Cómo fue posible que esto fuera así? Con el esfuerzo que les pedimos al llegar al Gobierno a los funcionarios de este país de congelar sus salarios, que hicieron de manera extraordinaria; llegando al equilibrio presupuestario en pocos
años; saneando la Seguridad Social y creando los puestos de trabajo que se han creado, o sea, justo lo contrario de lo que había pasado anteriormente. ¿Cómo es posible que, además, un gobierno de José María Aznar hiciera este esfuerzo
extraordinario de multiplicar por dos la ayuda española a los países en vías de desarrollo, en la mitad de tiempo que los gobiernos anteriores? Si no tuviéramos memoria, si nosotros hubiéramos inventado esto, y no lo hemos inventado, como muy bien
ha dicho el secretario de Estado, si la democracia española no tuviera 25 años, si no hubiera habido otros gobiernos para poder comparar, probablemente mi discurso no tendría mucho sentido, pero creo que tiene algún sentido el discurso del Grupo
Parlamentario Popular.
Yo, señor secretario de Estado -y lo digo con un extraordinario convencimiento en representación del grupo mayoritario de esta Cámara, de 21 diputados del Grupo Parlamentario Popular-, concluyo que los españoles tenemos el mejor gobierno de
la democracia y el impulso que se le ha dado a la cooperación española en los años de su responsabilidad, señor secretario de Estado, desde el año 2000 hasta ahora, es extraordinario y diré por qué: porque ha habido trabajo; porque ha habido
planificación; porque ha habido desarrollo de un acuerdo mayoritario del Parlamento que es la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo; porque lo que nos ha explicado sobre cómo se están arbitrando
las estrategias sectoriales de nuestra cooperación, cómo se están desarrollando los programas regionales indica mucho trabajo y muy bien hecho, y no reconocer esto es, por lo menos, faltar al respeto a cientos de personas, por no decir
miles, que trabajan en la cooperación española.
Hay mucho trabajo, un buen trabajo hecho y, sobre todo, ha habido mucha participación y mucho diálogo porque nadie está en posesión de la verdad absoluta. No puedo más que suscribir las palabras del
secretario de Estado cuando ha comparado determinados planteamientos ideológicos con los dogmas religiosos; esto es verdad, algunos piensan que la democracia sólo sirve si es un sistema para alcanzar el poder e instalarse en él, porque tampoco
creen en la alternancia ni en los valores de la libertad individual o de la libertad colectiva. No iré por ese camino, pero tiene mucho que ver con el no creer exactamente en la estrategia de buen gobierno, fortalecimiento institucional y
desarrollo de la democracia que ha impulsado, de manera muy eficaz, este Gobierno. (El señor presidente ocupa la Presidencia.)
Mucho trabajo, mucha planificación, mucho esfuerzo y dos modelos, evidentemente, porque algunas personas, algunos grupos políticos siguen instalados en esas posiciones, y permítanme que diga después de ocho años como portavoz -y siento mucha
satisfacción por ello y orgullo y agradecimiento a mi grupo- en esta Comisión del Grupo Parlamentario Popular que han cambiado poco el discurso, la retórica, los grandes planteamientos, sin nada de fondo por detrás. En algunos grupos políticos
siguen instalados en el asistencialismo; siguen instalados -y luego diré una cosa que les va a sorprender más- en las políticas de la caridad, en planteamientos bastante poco modernos, por no decir muy antiguos y arcaicos, de lo que es la
cooperación internacional y las relaciones internacionales. No está mal, no discuto que haya personas que piensen que lo que hay que hacer es dar de comer y no enseñar a comer, pero es que ni siquiera lo hacen, a la luz de los datos y de las cifras
aplicadas. Sin embargo, señor secretario de Estado, hoy tenemos un modelo de cooperación que si puede definirse de alguna manera es como el modelo de la responsabilidad, el modelo de la corresponsabilidad de todos en el desarrollo, es el espíritu
de Monterrey adoptado por los países en vías de desarrollo y por los países donantes, lo cual es de extraordinaria importancia. ¿Por qué planteábamos que el Gobierno hiciera una valoración sobre los países de renta intermedia? Porque queremos
animar y pedir al Gobierno de España que siga apoyando a Iberoamérica con todas las consecuencias. Y constatamos que si fueran otros los que gobernaran Iberoamérica, que es la zona preferente de la cooperación, como dice la ley y como alguna vez
estuvimos todos de acuerdo, sería eliminada como ese objetivo preferente de la cooperación española.
Se dice que el esfuerzo que España hace en el África subsahariana debe ser más importante. Se ha hecho; observen los datos desde el año 1982 hasta el año 2004 y comparen cifras dividiendo el período por 1996. Divídanlo y vean que el
esfuerzo de cooperación que hicieron los gobiernos socialistas para el África subsahariana fue absolutamente ridículo, que es el calificativo adecuado para contestar a lo que aquí se ha planteado.
Con el Gobierno del Partido Popular el esfuerzo
realizado se ha multiplicado por diez. Se critica la falta de compromiso, pero no se aportan datos sobre la posición del Gobierno español en cuanto a la mejor utilización de los FAD y del tema del microcrédito con mucha rapidez.
Como ha dicho el
secretario de Estado, tenemos que constatar que, efectivamente, el 50 por ciento de la cooperación de los gobiernos socialistas eran créditos FAD y no hicieron ninguna operación de condonación de deuda externa. Es más, el Gobierno del Partido
Popular, que ha multiplicado por 20 las operaciones de condonación de deuda externa que hizo el Gobierno del Partido Socialista, ha venido a resolver la deuda externa de créditos generados por gobiernos anteriores, como en el caso de Centroamérica.
Luego lo veremos, pero es el Gobierno del Partido Popular el que incluye en los reglamentos de los FAD que no se utilicen estos fondos para la exportación de armas, por ejemplo. Y diputados de esta Cámara tuvimos que comprobar con sonrojo cuando
estábamos en la oposición cómo ustedes utilizaron los FAD para exportar minas antipersonales. Yo me siento muy orgulloso de haber sido presidente de la ponencia que informó la Ley de prohibición de minas antipersonales, y me siento muy orgulloso de
que fuera José María Aznar quien impulsó la ley en este país. Cambien de discurso, acérquense al modelo, porque no es el modelo del Partido Popular ni de José María Aznar; es el modelo de la comunidad internacional. Estar afincados en la pancarta
con la última noticia no es muy provechoso; no les ha de traer ningún beneficio electoral, cuando además dejan caer cuestiones que nos preocupan y nos inquietan como que España deje de prestar el apoyo actual a Latinoamérica o a Iberoamérica, fruto
de una acción política intensa en la comunidad internacional y, sobre todo, en la Unión Europea para que esto siga siendo así. (Rumores.)
Señor secretario de Estado, quizás esto haya sido un desahogo, pero debo concluir para no alargar más mi intervención. Si inicié mi intervención con el agradecimiento por su esfuerzo de explicación ante las iniciativas del Grupo
Parlamentario Popular y del resto de los grupos, ahora la terminaré con una felicitación que no nace de la autocomplacencia. Nosotros le pedimos al Gobierno de España que siga impulsando la cooperación sobre la base de la responsabilidad de todos
en su propio desarrollo; le pedimos al Gobierno de España que siga apoyando a Iberoamérica; le pedimos al Gobierno de España que siga liderando con el programa de microcréditos una manera de hacer cooperación
que se puede medir; le pedimos al Gobierno de España que siga impulsando una política de cooperación porque lo que es bueno para nosotros, como ha dicho el secretario de Estado, es bueno también para los países en vías de desarrollo, y le
pedimos a los grupos parlamentarios de la oposición lo más fácil: que desde el control, la crítica, el impulso -que es legítimo y necesario en la democracia- se sume a esa responsabilidad, como siempre se sumó el Partido Popular a la
responsabilidad de los ejecutivos anteriores en el impulso de sus políticas exteriores. Cuando decimos que esto son políticas de Estado estamos diciendo que son políticas de todos y, señorías, son más eficaces si son políticas de todos.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y PARA IBEROAMÉRICA (Cortés Martín): Intervendré brevemente en esa línea de balance a la que se refería el señor Campuzano. Las tres solicitudes de comparecencia del Grupo
Parlamentario Popular dan pie a que se puedan poner de relieve unos datos muy reveladores a los que se ha referido el señor Izquierdo. Si decían que dura ley, pero ley; dura historia, pero historia. ¡Qué le vamos a hacer! Esta es la historia de
lo que ha pasado y comprendo que pueda haber a quien no gusten los datos que ha dado el señor Izquierdo, pero es lo que ha pasado. Estoy convencido de que España es hoy un país con una cooperación madura, con experiencia, capaz de tener voz propia
y de influir en la comunidad internacional. Digo de influir porque, evidentemente, en la toma de decisiones en la comunidad internacional o en ámbitos más reducidos o que nos son más próximos como pueden ser la Unión Europea, la Comunidad
Iberoamericana de Naciones o el área mediterrénea hay que contar con mucha gente y siempre que hay que transigir para llegar a acuerdos. A la hora de plantear posiciones porque haya que dar respuestas nuevas a situaciones nuevas, es importante
tener las ideas claras y contar con una experiencia como ha ocurrido en el caso español, un país que desde el año 1977 aproximadamente -ahora estamos en vísperas de conmemorar el 25.º aniversario de la Constitución- ha tenido una voluntad decidida y
un compromiso a sangre y fuego para entre todos lograr grandes acuerdos políticos en lo institucional, en lo económico y en lo internacional y que ha desarrollado un marco institucional que además se va adaptando -ahora estamos modificando
cuestiones importantes en la justicia, en los partidos políticos o en cuanto a la descentralización de los poderes locales- pero en el que se mantienen los acuerdos básicos. En la política exterior ha habido también -y sigue habiéndola- una
continuidad básica. No voy a hacer creer que desconozco que hay discrepancias en cuestiones que no son menores, pero existe una continuidad en la línea de un país que desde el principio de la recuperación de la democracia quiere estar en el lado
del mundo libre y, por lo tanto, en las instituciones libres, en la Unión Europea, en la Alianza Atlántica o en la Comunidad Iberoamericana de Naciones, impulsando los procesos democratizadores, ayudando en algún momento al proceso de Contadora y
haciendo cosas tan importantes como las que hizo el Gobierno de entonces consistentes en enviar allí fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales -creo que aquella fue una decisión muy adecuada que se ha continuado-, o como participar
militarmente y de una manera muy comprometida en la antigua Yugoslavia y en la primera Guerra del Golfo; acción en la que también fue otro gobierno el que tomó la decisión de dar pleno respaldo. Ha habido una continuidad; también ha habido
episodios de agrias diferencias, pero en definitiva hay una continuidad.
La cooperación española -y pido permiso para este excurso final, señor presidente, puesto que el señor Campuzano me ha avisado que es la última intervención que hago en esta legislatura, aunque yo vengo todas las veces que quieran- es una
cooperación joven básicamente, si se compara con otras, con antecedentes de otro tipo. Con la creación de la Agencia hace unos 20 años se van creando sus estructuras y se va tejiendo toda una red de oficinas, de centros, etcétera. Hoy, este
personal ya tiene experiencia, pues ha ido rotando; tiene contactos en materia de cooperación tanto en España como en los organismos multilaterales que se ocupan de ella. Eso nos facilita tener una voz y unos criterios propios que precisamente por
ser una cooperación muy joven, hemos ido definiendo.
Ha habido momentos en que se han podido dar pasos -no voy a entrar a analizar las razones por las que no se dieron antes-, con lo que se ha logrado en la pasada legislatura una Ley de cooperación
que, vuelvo a insistir, me parece muy importante que haya sido lograda con un acuerdo tan amplio. Creo que es muy bueno que haya ya un plan director, planes anuales, estrategias, que funcionen tanto el Consejo de cooperación como las comisiones
interministerial e interterritorial; que la mayor parte de las comunidades autónomas se haya sumado para coordinar sus posiciones dentro de la común de España con todos los servicios en el exterior a su disposición, ya sea cooperación
descentralizada, ya sea la que se hace a través de organizaciones no gubernamentales, que también han pasado por un proceso de experiencia. Antes eran más y más pequeñas y ahora son menos, aunque sigue siendo muchas las que reciben fondos de la
Agencia española de cooperación, cerca de un centenar. Hay mecanismos de financiación que permiten que haya una previsibilidad, como son las estrategias, los programas, que son perfectibles y que seguro que en próximos años se irán ajustando las
nuevas necesidades y da, a la vista de la experiencia. España
es un país que ha cambiado, ha cambiado de ser un país con emigrantes a ser un país con inmigrantes. Eso también cambia nuestra situación en el mundo, por lo que hay que llegar a acuerdos o por lo menos a normas en el interior y en la Unión
Europea porque hay fronteras comunes; cambian también los avances tecnológicos, que permiten tener otra información y hacer otras cosas. Por lo tanto, a todo eso hay que ir dando respuesta.
Cuanta más amplia sea la base de este acuerdo y cuanto
más se sienta que la política de cooperación es una parte esencial de la política exterior de España, como lo es la cultural, como lo son las relaciones educativas, sobre todo entre las universidades, como lo es la política económica en el exterior
de un país que ha multinacionalizado su economía, mejor será para todos. Esos no son compartimentos estancos, no es el corralito del Ministerio de Asuntos Exteriores, el de Economía, el de Defensa, el del Gobierno, puesto que hay muchos mecanismos
de coordinación y control. El primero, desde luego, el Consejo de Ministros, pero luego hay muchas comisiones en las que estas cosas funcionan de manera coordinada. Sin duda, este proceso de adaptación, de mejora, de reforzamiento de nuestra
posición en el interior y en el exterior seguirá adelante y el prestigio que puede tener la cooperación hará que haya un compromiso del mayor número posible de ciudadanos con esta cooperación, con esta necesidad de que España comparta con los demás
su propia experiencia, que es la experiencia y el bienestar de un éxito en estos 28 años de reinado de don Juan Carlos. Eso es lo que nos lleva a ser un país crecientemente más activo en la cooperación. Más allá de lo que es natural en esta Casa y
de quien hoy está aquí, pues se ha pasado muchos años en ese lado de allá, donde la pendencia es connatural al propio sistema, si enfriamos -a lo mejor a costa incluso de que se nos diga que ponemos poca pasión en esto- el discurso, podemos ver que
hay una continuidad básica, que es seguro que la va a seguir habiendo, porque al final los principios, los valores y los intereses de España son constantes. Quienes tienen la responsabilidad coyuntural de defenderlos van cambiando, son los
españoles los que tienen que decir cómo cambian, pero yo, en estos años, he sentido en todo momento que pisaba sobre un terreno de acuerdo básico y que las discrepancias, que sin duda las había, nunca han puesto en peligro ni en cuestión el acuerdo
básico de que la política de cooperación es una parte central, y cada vez más importante, de la política exterior de España. Desde luego, poder comparecer en esta Comisión ha sido una satisfacción y espero poder seguir teniendo el contacto personal
con SS.SS., del que desde luego -en eso estoy plenamente de acuerdo con el señor Campuzano- yo en esta materia -no sé si de alguna otra sabía algo-, era completamente lego. Algo de interés sí he procurado poner, aunque no sé con qué resultado.
Estas comparecencias, como tantos otros foros, consejos o reuniones nacionales e internacionales, son las que me han permitido tener las ideas que hoy tengo y que he querido compartir con SS.SS.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado por su comparecencia aquí esta mañana.
Antes de levantar unos segundos esta sesión para acompañar al secretario de Estado, yo quería sumarme, en nombre de todos los miembros de esta Comisión y de la Mesa, al recuerdo y memoria de Ernest Lluch, a quien en otro lugar de la Cámara
se le está recordando de manera oficial. Quiero que aquí, de forma oficiosa, recordemos todos lo que fue su vida y sobre todo su muerte. En memoria de Ernest Lluch, que conste en el 'Diario de Sesiones'. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO (UTRERA MORA) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO PARA FAVORECER EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS EN LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001531)
- LA POSICIÓN DEL GOBIERNO ESPAÑOL Y DE LOS RESULTADOS DE LA QUINTA CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO, CELEBRADA EN CANCÚN (MÉXICO). A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/001631)
- LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA CONDONACIÓN, POR PARTE DEL ESTADO ESPAÑOL, DE LA DEUDA EXTERNA CONTRAÍDA POR LOS PAÍSES INCLUIDOS EN LA INICIATIVA HIPC REFORZADA, ASÍ COMO ACERCA DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN ESTA
MATERIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/000428)
- LAS OPERACIONES FINANCIADAS A TRAVÉS DEL FAD EN EL AÑO 2002, LOS DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS DE DICHO FONDO, ASÍ COMO LOS PROYECTOS QUE SE DIRIGÍAN A FINANCIAR Y EL VOLUMEN DE RECURSOS DESTINADOS A ÉSTOS. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ) (Número de expediente 212/001419)
- LA POLÍTICA DEL GOBIERNO RESPECTO DEL TRATAMIENTO DE LA DEUDA EXTERNA DE LOS PAÍSES EN DESARROLLO, DE SU INTEGRACIÓN Y COHERENCIA CON LOS PRINCIPIOS Y ORIENTACIONES DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL ESPAÑOLA Y DE LA COORDINACIÓN DE LOS
ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN EN ESTE ÁMBITO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000397)
El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar la sesión de la Comisión de esta mañana con la comparecencia del secretario de Estado de Comercio y Turismo, que ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista, para conocer las actuaciones
del Gobierno para favorecer el acceso a los medicamentos en los países en vías de desarrollo; también por el Grupo Parlamentario Socialista, para saber la posición del Gobierno español y los resultados de la quinta Conferencia ministerial de la
Organización Mundial del Comercio, celebrada en Cancún; por el Grupo Parlamentario Catalán, para averiguar en qué situación se encuentra la condonación, por parte del Estado español, de la deuda externa contraída por los países incluidos en la
iniciativa HIPC reforzada; también por el Grupo Parlamentario Catalán, para informar sobre operaciones financiadas a través del FAD en el año 2002, y por el Grupo Parlamentario Socialista, para que informe sobre el tratamiento de la deuda externa
de los países en desarrollo, de su integración y coherencia con los principios y orientaciones de la cooperación internacional española.
Los grupos parlamentarios intervendrán de menor a mayor y contestará a todos conjuntamente el secretario de Estado.
Dicho lo anterior, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO (Utrera Mora): Señorías, es para mí un honor comparecer para dar cumplimiento a estar cinco solicitudes de comparecencia, relativas tanto a la iniciativa HIPC reforzada como a las
operaciones financiadas a través de créditos FAD correspondientes al año 2002, que me permitirán que complete con la información disponible al año 2003, que incluye el primer semestre del año 2003, así como al acceso a los medicamentos para países
en vías de desarrollo, una evaluación de los resultados de la quinta Conferencia de la Organización Mundial de Comercio, la conferencia ministerial que se celebró en Cancún a principios del mes de septiembre, y, por último, tratamiento de la deuda
externa de los países en desarrollo y su integración y coherencia con los principios y orientaciones de la cooperación internacional española. Ahí tendríamos las cinco comparecencias que, agrupadas, constituirían el objeto de esta reunión de la
Comisión.
En primer lugar, en cuanto a la iniciativa HIPC, que corresponde a las iniciales anglosajonas de la iniciativa correspondiente a países pobres que están altamente endeudados, que fue aprobada en el año 1996 por el Fondo Monetario y el Banco
Mundial en una primera versión y que fue reforzada en el año 1999, me cabe decir que el objetivo de esta iniciativa es contribuir a que los países beneficiarios, que han de ser pobres y al mismo tiempo estar altamente endeudados, alcancen una
situación de deuda que sea sostenible a largo plazo. Para definir esta estrategia se utilizan fundamentalmente tres elementos de juicio: en primer lugar, ha de incluir una sustancial reducción de la carga de endeudamiento de los países; en
segundo lugar, estos países se tienen que comprometer a adoptar unas programas de ajuste y de reforma que les permitan precisamente salir de la pobreza, en algunos casos pobreza extrema; en tercer lugar, que tiene que haber un reparto equitativo
del esfuerzo de reducción de deuda por parte de todos los acreedores, tanto bilaterales oficiales, como acreedores multilaterales, como acreedores por operaciones privadas comerciales.
Los directorios del Fondo Monetario y del Banco Mundial consideran una lista de 43 países como elegibles para ser incluidos en la iniciativa HIPC. Se trata de las economías, más pobres y las más endeudadas, y se utilizan dos criterios; por
un lado, la elegibilidad que actualmente tienen para recibir financiación concesional del Banco Mundial y, por otro, tener un nivel de endeudamiento que se considere insostenible, para lo cual se establece un criterio de insostenibilidad. No
obstante, la relación está abierta y cualquier otro país que reúna los requisitos de la iniciativa puede solicitar su inclusión en la misma, por lo que, esta lista podría ampliarse. De hecho, la situación está evolucionando y la lista no es una
lista permanente en el tiempo.
Como criterios de acceso para la iniciativa HIPC, los países deben satisfacer una serie de requisitos para tener acceso a la misma, y en concreto podemos señalar cuatro. El primero -ya lo he mencionado-, estar habilitado para recibir
asistencia concesional del Fondo Monetario y del Banco Mundial; el segundo, enfrentarse a una situación de endeudamiento insostenible; el tercero, mostrar una trayectoria satisfactoria en materia de reforma y aplicación de políticas económicas
adecuadas en el marco de los programas respaldados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y el cuarto, destinar una parte del servicio de deuda que se condona a programas sociales, principalmente a educación y salud.
La ejecución de la iniciativa funciona básicamente en dos etapas. En una primera etapa, para tener derecho a recibir asistencia, el país debe adoptar los programas de ajuste y de reforma respaldados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial
y ejecutarlos durante un
periodo, acotado, que puede llegar a ser de tres años. En ese plazo de hasta tres años, seguirá recibiendo asistencia concesional tradicional de los donantes y de las instituciones multilaterales, así como alivio de la deuda que le otorguen
los acreedores bilaterales, fundamentalmente el Club de París. En esta primera etapa se llega a lo que se denomina el punto de decisión. Al finalizar la etapa se realiza un análisis de la sostenibilidad de la deuda para determinar cuál es la
situación de deuda externa del país. Puede ocurrir que el análisis determine que, con los mecanismos tradicionales de alivio de deuda, el país alcanza un endeudamiento sostenible. En ese caso automáticamente el país queda excluido de la iniciativa
HIPC, sólo si se alcanza la conclusión de que el montante de deuda con relación al montante de exportaciones o algún otro indicador económico da lugar a la conclusión de que es sostenible en el tiempo. Si, por el contrario, el ratio entre el valor
actual neto de la deuda y los ingresos por exportación sobrepasa el 150 por ciento, en ese momento el país miembro tendrá derecho a recibir la asistencia en el marco de la iniciativa HIPC y los directorios, tanto del Fondo Monetario como del Banco
Mundial, elaborarán un documento sobre punto de decisión.
Con la aprobación de este documento sobre punto de decisión, los directorios del Fondo Monetario y del Banco Mundial acuerdan oficialmente el acceso de cada país a la iniciativa HIPC, tras lo cual la comunidad internacional se compromete a
aportar asistencia suficiente para que se logre la sostenibilidad de su deuda. La asistencia que asignen el Fondo y el Banco Mundial dependerá de la obtención de garantías satisfactorias de la participación de los demás acreedores, bilaterales y
deuda comercial.
En el documento se calcula el stock de deuda después de la aplicación de los mecanismos tradicionales de reducción por parte de acreedores no multilaterales y sobre ese stock se determina el porcentaje de reducción de deuda a
aplicar por todos los acreedores. La aplicación de ese porcentaje de reducción, que se conoce como el factor común de reducción, se traduce en la práctica del Club de París en la condonación del 90 por ciento o más de la deuda comercial anterior a
la fecha de corte que se determine.
Entramos en la segunda etapa de la ejecución de la iniciativa, y es que, una vez acordada la aplicación de la iniciativa, el país debe cumplir los programas respaldados por el Fondo Monetario y por el Banco Mundial. Este segundo período no
tiene límite cronológico, a diferencia de la HIPC original, de la HIPC uno, la diseñada en el año 1996, que sí establecía un límite cronológico, sino que el caso de la HIPC reforzada, el período depende de la aplicación satisfactoria de las
reformas, tanto de política estructural como de las políticas de estabilización, acordadas en el punto de decisión definido al final de la etapa primera. Durante esta segunda etapa se espera que los acreedores bilaterales y comerciales concedan
alivio provisional refinanciando las obligaciones que vayan venciendo, con una reducción del 90 por ciento de su valor actualizado.
Se llega así al punto de culminación, que es el momento en que el país recibe la mayor parte de la asistencia en el
marco de esta iniciativa, que se concreta en la condonación efectiva del stock de deuda en el porcentaje adecuado para asegurar los ratios de sostenibilidad. Según la HIPC original, el país llegaba a este punto, el punto de culminación, cuando
completaba una trayectoria de buenos resultados durante la segunda etapa, la de compromisos de ejecución de reformas, las planteadas por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, cuya duración se especificaba en el punto de decisión.
Al amparo de esta iniciativa de la HIPC reforzada, el punto de culminación es por tanto flotante en el tiempo y se alcanza cuando los directorios de ambas instituciones deciden que el país ha cumplido las condiciones acordadas, incluidas las
reformas estructurales, la estabilidad macroeconómica y la ejecución de los programas de estrategia de reducción de pobreza, también llamados programas PRSP. Con la adopción de la iniciativa HIPC reforzada en 1999 se buscó ofrecer una condonación
de deuda de mayor cuantía, más amplia y más rápida, a los países pobres que demuestren un compromiso real de estabilidad, reforma y reducción de pobreza. Especial hincapié se hizo en el estrechamiento del vínculo entre el alivio de la deuda y la
reducción de pobreza, y de hecho todos los países que soliciten asistencia en el marco de la iniciativa deberán haber adoptado, al llegar al punto de decisión, el ya mencionado documento de estrategia de lucha contra la pobreza, el Poverty Reduction
Strategy Program, el PRSP, y haber avanzado en la aplicación de esta estrategia durante por lo menos un año al llegar al punto de culminación.
Todos estos detalles técnicos en cuanto a la ejecución han permitido que actualmente el número de países beneficiarios de la HIPC reforzada se eleve a veintiséis, de los cuales ya han alcanzado el punto de culminación, el punto de
cumplimiento, Bolivia, Burkina Fasso, Mauritania, Mozambique, Tanzania y Uganda. Se estima que, en el curso de los próximos nueve meses, Costa de Marfil y la República Democrática del Congo alcancen el punto de decisión y Malí, Benín, Senegal y
Guyana alcancen el punto de cumplimiento. Para estos veintiséis países la HIPC reforzada supondrá una reducción de su stock de deuda del entorno de 25.000 millones de dólares, esto es, una reducción de casi el 50 por ciento del total de su deuda.
La posición española en la iniciativa HIPC, tanto en la originaria como en la HIPC reforzada, se concreta en el compromiso de condonar hasta el cien por cien de la Ayuda Oficial al Desarrollo anterior a la fecha de corte, junto con el 90 por
ciento de la deuda comercial anterior a la fecha de corte, superando el tratamiento HIPC que otorga el Club de París. Hasta el momento, la condonación a los países HIPC ha supuesto para España
un esfuerzo de algo más de 740 millones de euros; en términos absolutos España es el séptimo país contribuyente a la iniciativa HIPC, sólo por detrás de seis países del G-7, y el coste que España asume en la iniciativa es de un 3,89 por
ciento del total del coste de la iniciativa HIPC, más del doble de su cuota de participación en el Banco Mundial. En términos de esfuerzo per cápita relativo, el esfuerzo español es superior al efectuado por casi todos los países del G-7, grupo que
lidera la iniciativa HIPC. Además de su participación junto al resto de acreedores en esta iniciativa HIPC, España, con el objeto de fomentar el desarrollo de estos países, está poniendo en marcha otros mecanismos de gestión de deuda. De entre
ellos destacan los programas de conversión de deuda que veremos posteriormente, creo que en quinto lugar, siguiendo el orden de las solicitudes de comparecencia.
Procedo ahora a contestar a la segunda de las cuestiones planteadas en esta solicitud de comparecencia, correspondiente al Fondo de Ayuda al Desarrollo y a la ejecución durante el período 2002. Permítanme que les diga previamente que el
Fondo de Ayuda al Desarrollo es un instrumento financiero creado por el Estado español en el año 1976, con el doble objetivo de contribuir al desarrollo económico y social de los países en vías de desarrollo y de apoyar el proceso de
internacionalización de la empresa española. Es uno de los instrumentos básicos del plan de internacionalización de la empresa española y es además uno de los componentes esenciales de la Ayuda Oficial al Desarrollo de España. Se instrumenta
fundamentalmente mediante créditos y donaciones a países en desarrollo para financiar proyectos de su interés prioritario, ejecutados por empresas españolas, así como mediante contribuciones a instituciones multilaterales de financiación al
desarrollo. El Fondo de Ayuda al Desarrollo es administrado por el Ministerio de Economía con el apoyo de una comisión interministerial, la CIFAD, y además está sujeto a regulaciones internacionales, muy específicamente al denominado consenso OCDE
sobre crédito a la exportación con apoyo oficial.
Tras veintisiete años de actividad, el Fondo de Ayuda al Desarrollo ha financiado unas 920 operaciones, por un importe superior a los 8.500 millones de euros. En cuanto al grado de ejecución en el ejercicio 2002, la ley de Presupuestos
Generales del Estado para dicho año estableció un incremento de la dotación FAD de algo más de 480 millones de euros y un límite máximo de aprobación de operaciones por Consejo de Ministros de 631 millones de euros. Las operaciones aprobadas
durante el año 2002 agotaron la totalidad del crédito presupuestario, como ya saben SS.SS.
por el informe que se remitió a esta Cámara el pasado mes de mayo, lo cual es reflejo también del muy elevado nivel de actividad del Fondo de Ayuda al
Desarrollo. El Consejo de Ministro en el año 2002 autorizó 56 operaciones con cargo al FAD, por un importe total de 612,36 millones de euros, el 97 por ciento del importe presupuestado. A esta cifra hay que añadir el importe de las pólizas de la
Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, CESCE, financiado parcialmente con cargo al FAD en las operaciones financiadas con crédito mixto, normalmente 50/50, crédito FAD, crédito comercial con apoyo oficial, lo que ha permitido,
tanto aprobaciones del Consejo de Ministros más pólizas CESCE, llegar al cien por cien de la cifra presupuestada para el año 2002. La Comisión interministerial del FAD, la CIFAD, por otra parte, ha desarrollado una intensa actividad en 2002, con
reuniones mensuales -está prevista la periodicidad de esta comisión interministerial- que han permitido la aprobación por este órgano, previo al Consejo de Ministros, de 49 operaciones por un importe de 700,28 millones de euros, lo que supone casi
un 10 por ciento más de las aprobaciones del ejercicio anterior, año 2001.
Las operaciones aprobadas pueden dividirse en tres grupos. En primer lugar, las aportaciones a instituciones financieras multilaterales, que en el año 2002 totalizaron el 18 por ciento del total operaciones del FAD; en el año 2001 este
porcentaje fue del 49 por ciento, y esta variación de un año a otro se debe fundamentalmente a los calendarios establecidos para realizar aportaciones a estas instituciones financieras multilaterales. En el año 2002 concretamente se realizaron
nueve aportaciones a estas instituciones, por un importe total de 110,3 millones de euros, de las cuales destacan los 33,3 millones de euros aportados a la Agencia Internacional de Desarrollo del grupo Banco Mundial y los más de 57 millones de euros
que se aportaron en ese ejercicio en el marco de la séptima contribución al Fondo Asiático del Desarrollo. En segundo lugar, junto a las aportaciones a instituciones financieras multilaterales tenemos los créditos y líneas de crédito. El Consejo
de Ministros aprobó 43 créditos para proyectos concretos y abrió tres líneas de crédito durante el ejercicio 2002, por un importe total de 489 millones de euros. En tercer lugar, la donación a Afganistán. En el año 2002, el Consejo de Ministros
aprobó la concesión a Afganistán de una línea de ayuda no reembolsable por importe de 12 millones de dólares.
Esta ayuda se suma a la séptima contribución al Fondo Asiático de Desarrollo, antes mencionada, de más de 57 millones de euros y a los
esfuerzos de la comunidad internacional se sumaron estas aportaciones al objeto de colaborar a la reconstrucción de ese país.
Por áreas geográficas, en la distribución del FAD en el año 2002, como ya conocen por el informe que se remitió el pasado mes de mayo, fue Iberoamérica el principal destino de los créditos FAD, absorbiendo el 33 por ciento del importe total
de créditos aprobados en el año 2002. En segundo lugar y a corta distancia se sitúa Asia, con un 31 por ciento de los créditos aprobados. Obsérvese que Asia es un área prioritaria, junto con Iberoamérica, para la Secretaría de Estado de
Comercio y Turismo, debido al enorme potencial económico y comercial de estos países y al papel que este instrumento puede jugar para mejorar el nivel de vida de su población. La tercera área receptora del FAD en 2002 ha sido el norte de
África, con el 18 por ciento de los créditos. El Magreb concretamente ha sido una de las prioridades establecidas en el plan de internacionalización y como zona natural de expansión económica para España y área de interés estratégico, observando
sobre todo la estabilidad social y económica de la misma, el FAD interviene activamente también.
En cuanto a la distribución por sectores cabe señalar, en primer lugar, que en el año 2002 se destinó el 19 por ciento del total de créditos a la financiación del sector naval, en operaciones realizadas con Filipinas, Argelia y Namibia. En
segundo lugar, después de la industria naval, aparece el sector energético con el 15 por ciento del total, con cinco proyectos, cuatro de los cuales han sido de electrificación rural en Asia, África e Iberoamérica. En tercer lugar, en el sector
transporte se aprobaron operaciones por valor de 68 millones de euros, con un 14 por ciento del total de créditos. En el sector medio ambiente, sector también prioritario, que en el año 2002 alcanzó aprobaciones por valor de 64 millones de euros,
un 13 por ciento del total. Se incluyen en estas cifras ocho proyectos de plantas desalinizadoras, de tratamiento de aguas, residuos sólidos urbanos y un proyecto de energía eólica. Este tipo de proyectos fueron especialmente recomendados -como
SS.SS. sabrán- en la Cumbre mundial sobre Desarrollo Sostenible, celebrada en Johannesburgo el año 2002. De entre los sectores sociales cabe destacar educación, que alcanzó 42 millones de euros de la cartera FAD, un 8 por ciento sobre el total, y
que se materializó en siete proyectos, fundamentalmente equipamiento de laboratorios bien para centros de formación profesional, bien para universidades. En cuanto a proyectos destinados al sector de sanidad, que alcanzaron el 6 por ciento del
total del FAD en el año 2002, se financiaron operaciones fundamentalmente hospitalarias. Un porcentaje similar, el 6 por ciento, de la financiación del FAD ha tenido el sector bienes de equipo: actuaciones destinadas a mejora del sector agrario.
El sector de infraestructuras y servicios, con 16 millones de euros el primero y con urna cartera reciente en el caso del sector de servicios y la aprobación de un proyecto cerrarían la clasificación sectorial de las operaciones realizadas por FAD
en el año 2002. En el año 2002 se ha ejecutado el 97 por ciento de lo presupuestado gracias a las 56 operaciones aprobadas con cargo a estos fondos. Este hecho pone de manifiesto la voluntad de mantener la actividad en la financiación de proyectos
del desarrollo y, simultáneamente, apoyar la internacionalización de la economía española.
En cuanto a la ejecución del FAD en el ejercicio 2003, permítanme que les diga que hasta el 31 de octubre el Consejo de Ministros ha autorizado 41 operaciones con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo, por un importe total de 550,5 millones
de euros. Nueve son aportaciones a instituciones financieras multilaterales, por un importe de 195 millones de euros y 32 proyectos de crédito concesional por un importe de 355,5 millones de euros. Refiriéndonos específicamente al primer semestre
de 2003, que tenemos ya desagregado tanto por sectores como por áreas geográficas, el Consejo de Ministros ha aprobado operaciones con cargo al FAD por un importe total de 325,96 millones de euros, lo cual representa más de la mitad, exactamente el
51,6 por ciento, de las aprobaciones máximas que pueden ser autorizadas por Consejo de Ministros en el presente ejercicio.
Todo ello da idea del elevado nivel de actividad de las operaciones de este fondo, también en el ejercicio 2003, que, junto
al ejercicio 2002 esperamos se llegue al cien por cien de ejecución presupuestaria. El FAD contribuye de una manera decisiva, también en el año 2003, a la ayuda oficial al desarrollo española, a la vez que apoya el proceso de internacionalización
de la empresa española en mercados emergentes. Por sectores, refiriéndonos a las cifras correspondientes al primer semestre del año 2003, el que ha recibido más financiación ha sido el de transporte, con un 59,9 por ciento del total de operaciones
del primer semestre, debido principalmente a la aprobación de una importante operación de rehabilitación de un tramo de línea férrea entre Ankara y Estambul, en Turquía. Le siguen contribuciones y aportaciones a instituciones financieras
internacionales y a la Organización de Naciones Unidas, 16,2 por ciento del total, y en este ámbito destaca la aportación española al Fondo mundial de lucha contra el Sida, la malaria y la tuberculosis, así como las aportaciones a diversas agencias
de Naciones Unidas para asistencia de emergencia al pueblo iraquí. Otros sectores destacables son la financiación de bienes de equipo, 9,2 por ciento, medio ambiente, 4,5 por ciento e infraestructuras, 2,5 por ciento. En cuanto a aprobaciones por
países vuelve a destacar Turquía, no podía ser de otra forma dada la operación que se ha financiado de rehabilitación de ese tramo de línea férrea a que hemos hecho referencia, con el 49,5 por ciento del total de operaciones aprobadas durante este
primer semestre del ejercicio 2003. Siguen a Turquía las instituciones financieras internacionales multilaterales y la Organización de Naciones Unidas con el 16,2 por ciento del total, así como China, que un año más vuelve a ocupar un lugar
relevante como receptor de financiación FAD con el 15,5 por ciento del total de créditos aprobados en este semestre. A continuación con un 6,2 por ciento se encuentra la aportación bilateral de 20 millones de euros que el Consejo de Ministros
aprobó para ayuda al pueblo de Irak, adicionalmente a las contribuciones ya mencionadas canalizadas a través de Naciones Unidas.
Pasamos a la tercera de las cuestiones que nos ocupan hoy relativa a favorecer el acceso a medicamentos en los países en vías de desarrollo.
En la conferencia
ministerial de la Organización Mundial del Comercio de Doha, en el año 2001, se consiguió un muy importante logro plasmado en la declaración relativa a los ADPIC, los acuerdos sobre los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio y la salud pública, dirigida a afrontar los graves problemas de salud de los países en desarrollo, especialmente de los países menos avanzados. En esta declaración se dice textualmente que el acuerdo sobre los ADPIC, derechos de propiedad
intelectual relacionados con comercio, no impide ni deberá impedir que los miembros adopten medidas para proteger la salud pública, y además se prevé una interpretación flexible del acuerdo de manera que -y cito también textualmente esa resolución-
cada miembro tiene el derecho de conceder licencias obligatorias y la libertad de determinar las bases sobre las cuales se conceden tales licencias, así como -cito también textualmente- determinar lo que constituye una emergencia nacional -se cierra
la cita-, que justificaría por tanto la declaración y la necesidad y el uso de la flexibilidad para otorgar las licencias obligatorias que permiten de hecho acceder a medicamentos a precios reducidos. No obstante, de aquella declaración quedó
pendiente de solución la situación de los miembros de la Organización Mundial de Comercio con capacidades de fabricación en el sector farmacéutico insuficientes o inexistentes, que podrían tener dificultades para hacer un uso efectivo de las
licencias obligatorias. Para encontrar una solución se enfrentaban ciertamente importantes dificultades sobre todo de naturaleza técnico-comercial, debido sobre todo a los riesgos de desvío de los medicamentos a precio reducido hacia los países
desarrollados y a su vez debido a la potencial promoción de industria farmacéutica de países que podrían especializarse en fabricar copias sin poseer las patentes, con las consiguientes pérdidas para los ingresos de los titulares de las patentes,
que son por otro lado quienes están alimentado y financiando la investigación de nuevos medicamentos.
En el primer semestre de 2002, como SS.SS. recordarán, España se hizo cargo de la Presidencia de la Unión Europea, por tanto inmediatamente después de la finalización de la conferencia ministerial de Doha de la Organización Mundial de
Comercio, y realizó desde los primeros momentos un gran esfuerzo para conseguir una posición común dentro de la Unión Europea que pudiera conducir a un acuerdo en el seno de la OMC. Esa posición que recogía en gran medida las líneas defendidas por
España incluía los siguientes elementos. En primer lugar, que se autorizara la exportación de medicamentos a países sin capacidad o con capacidad insuficiente de fabricación en el sector farmacéutico. Es decir que la solución que se había dado
para los países que sí tenían capacidad de fabricación y que al no disponer de la propiedad intelectual sobre los medicamentos que necesitan ante un serio riesgo de salud definido por ellos mismos, el uso de esa flexibilidad no debía estar negada a
los países que no tuvieran la capacidad de fabricación y, por tanto, había que arbitrar un mecanismo que permitiera que a esos países se les exportaran los medicamentos a bajo coste fabricados en terceros países, que a su vez estuvieran autorizados
para adoptar la misma flexibilidad que se otorgaba para su suministro interno cuando se tratara de exportaciones a países sin capacidad de producción. En segundo lugar, para los países en grave crisis de salud se proponía utilizar las
flexibilidades incluidas en la declaración de Doha con el fin de facilitar su acceso a los medicamentos que necesitan. En tercer lugar, el control del comercio de productos farmacéuticos de manera que se evitaran importaciones paralelas, en
definitiva desvíos de comercio de los países fabricantes de las copias a los países sin capacidad de producción y los desvíos potenciales que podrían producirse hacia otros países desarrollados que sí tienen capacidad de producción y que, por tanto,
ante casos de crisis grave de salud podrían o bien emitir sus propias licencias obligatorias para su industria nacional, o bien pagar los medicamentos a su precio, puesto que podrían hacerlo. En cuarto lugar, el propietario de la patente debería
tener la oportunidad de ofrecer los productos relevantes a precios reducidos. Se ha comprobado precisamente -y es particularmente cierto en el caso de la industria farmacéutica europea- que hay una disposición a colaborar en este sentido con la
propia industria que puede ofrecer los productos farmacéuticos necesarios para atender crisis graves de salud bien con segundas marcas, y desde luego con cambios de formato, color, diseño, etcétera, para atender la demanda a precios reducidos de
países sin capacidad de producción.
El 16 de diciembre del año 2002, hace casi un año, el entonces presidente del consejo ADPIC de la OMC, bajo su responsabilidad, presentó un proyecto de decisión que podría haber salido aceptado por la mayoría de los países miembros de la OMC
y que desde luego fue aceptado por la Unión Europea. Finalmente no se alcanzó un acuerdo en relación con este proyecto de decisión, que básicamente intentaba llegar a un consenso mediante la presentación de una lista cerrada de enfermedades que
podrían ser objeto de licencia obligatoria para los casos -vuelvo a insistir- de exportación de medicamentos a países sin capacidad de producción; pero no se alcanzó el consenso debido sobre todo a la interpretación de algunos países en relación
con la amplitud de la definición de epidemias que podrían ser atendidas y también por la amplitud percibida por quienes se negaron a alcanzar el consenso en cuanto a los potenciales países beneficiarios de la medida. Posteriormente se hicieron
nuevos intentos para mejorar este proyecto de decisión y concretamente a comienzos de 2003, el propio presidente del consejo ADPIC añadió a su propuesta de 16 de diciembre una nueva declaración donde se especificaba que el sistema estaba diseñado
para hacer frente a emergencias
nacionales u otras circunstancias de extrema urgencia, con lo cual se acotaba el ámbito de aplicación del proyecto inicial, el nonnato proyecto inicial y, el no acordado proyecto inicial para casos exclusivamente de emergencia nacional o
circunstancias de extrema urgencia. La Unión Europea y España aceptaron tanto ésta como las anteriores propuestas de compromiso; los países africanos también se mostraron dispuestos a aceptar la propuesta de la Presidencia; pero finalmente no se
alcanzó un acuerdo. Durante el año 2003 la Administración de Estados Unidos hizo un esfuerzo considerable para convencer a su propia industria farmacéutica de la necesidad de buscar una solución aceptable para todos los miembros de la Organización
Mundial de Comercio antes de que tuviera lugar la reunión de la conferencia ministerial OMC en Cancún, de septiembre del año 2003. Al acercarse las fechas de la conferencia de Cancún se redoblaron los esfuerzos para encontrar una solución a fin de
que los países que no cuentan con suficiente capacidad de producción interna de medicamentos pudieran beneficiarse de la flexibilidad de conceder licencias obligatorias de fabricación para los exportadores, y se alcanzó una solución, como digo, ya
en fecha muy próxima, concretamente el 30 de agosto, diez días antes de iniciarse la conferencia, y la solución parte del proyecto de decisión presentado el 16 de diciembre por el presidente ADPIC acompañada de una declaración del presidente del
consejo general de la Organización Mundial de Comercio.
La declaración del presidente del consejo general de la OMC establece adecuadas salvaguardias para evitar el abuso del sistema en contra del debido derecho de patente. Un segundo escollo para vencer en aquellos momentos fue la resistencia
de algunos países -no de los potenciales beneficiarios que estaban de acuerdo, sino principalmente de algunos países especializados en la producción de genéricos que tenían un interés comercial- a potenciar el uso del sistema y, por tanto, querían
un acuerdo sin restricciones o con las menores restricciones posibles. Como digo, se llegó a un acuerdo el 30 de agosto consistente en ese proyecto original de diciembre de 2002 al que iba unida esa declaración del presidente del consejo general.
Básicamente el sistema consiste en establecer una exención temporal, un waiver en terminología de la OMC, aplicable a los productos farmacéuticos patentados o con patente de procedimiento a los ingredientes activos necesarios para su fabricación y a
los equipos de diagnóstico necesarios para su utilización respecto de las obligaciones contenidas en el artículo 31 del ADPIC, de modo que se permiten las exportaciones de productos farmacéuticos fabricados bajo licencia obligatoria, que era el
objetivo esencial. Se permite la exportación, puesto que el artículo 31 del acuerdo lo que prevé precisamente es que cuando se emiten licencias obligatorias lo son exclusivamente (se habla de principalmente, pero el término que se usa en la
práctica es exclusivamente) para el abastecimiento del propio mercado.
Pues bien, con ese waiver, con esa excepción al artículo 31, se pasa a permitir las exportaciones de productos farmacéuticos que han sido fabricados bajo licencia obligatoria.
En segundo lugar, que no sea precisa la doble retribución al titular de las patentes tanto por el exportador como por el importador. Obsérvese que el importador es en este caso el país beneficiario, el país que no tiene capacidad industrial y que
necesita el suministro de sus medicamentos a precio reducido porque no tiene capacidad para producirlos. El importador quedaría exento de la obligación de retribuir al propietario de la patente, esa obligación correspondería al exportador, pero a
precios correspondientes al valor que ese medicamento tiene para el país importador; consecuentemente, una situación muy favorable para los países beneficiarios.
La declaración del presidente del consejo general establece, además -y esta sería la adición que se hizo al proyecto inicial de diciembre de 2002-, que el uso de esta facilidad se hará de buena fe, que los miembros de la OMC importadores
deberán estar habilitados para poder hacer uso de esta excepción, para lo cual deberán haber hecho previamente una notificación al consejo ADPIC en la que se especifiquen los productos y cantidades necesarios, se confirme que el miembro en cuestión
no tiene capacidad suficiente de fabricación de los productos de que se trate y, además, si el producto está patentado en su territorio se confirme que tiene la intención de conceder una licencia obligatoria, de conformidad con el resto de las
disposiciones del artículo 31 ADPIC, las que no están sometidas al waiver temporal acordado en Ginebra el 30 de agosto. Los miembros de la OMC exportadores deberán identificar claramente los productos fabricados al amparo de la licencia obligatoria
que expida, anunciarán la información relevante en una página web y notificarán en el consejo ADPIC la concesión de la licencia para exportar, no para abastecimiento interno, y -como decíamos antes- la remuneración al titular de la patente en el
país exportador será adecuada, habida cuenta del valor económico para el miembro importador, que quedará exonerado de la obligación de ofrecer retribución alguna al titular. Los miembros importadores habilitarán medidas razonables para impedir la
desviación de comercio y todos los miembros de la OMC se asegurarán de contar con medios legales eficaces para impedir la importación en su territorio y la venta de los productos fabricados bajo este sistema por desvío de comercio. Se establecen
disposiciones para hacer posible la exportación de estos medicamentos entre países en desarrollo miembros de un acuerdo comercial regional y para la concesión de patentes a nivel regional.
Mientras dure esta exención no se impugnará ninguna medida
que cumpla las disposiciones establecidas en esta decisión. Por tanto, se aplica efectivamente el waiver, la excepción, y por eso no será impugnable ninguna de las decisiones que se adopten al amparo de este waiver.
Se trabajará para modificar el ADPIC -esto forma parte también del acuerdo-, los trabajos se iniciarán inmediatamente comenzando no más tarde de finales de 2003 y con un plazo de seis meses. La solución no formaría parte del compromiso
único, del single undertaking, que habrá que adoptar finalmente aunque ahora la fecha puede haberse alejado del tiempo, sobre el conjunto de las negociaciones de la ronda de Doha, de la ronda de liberalización comercial de la Organización Mundial de
Comercio.
La Unión Europea ya ha presentado una comunicación al consejo ADPIC en la que pone de manifiesto que la negociación para la modificación del acuerdo de propiedad intelectual relacionado con el comercio, necesaria para acoger los cambios que
se derivan del acuerdo de agosto, comience en diciembre de 2003 para terminar a más tardar a finales de junio de 2004.
El presidente del consejo ADPIC comenzará las consultas a partir de enero de 2004 y, por tanto, es previsible y desde luego forma
parte de la voluntad de la Unión Europea, y también de España, que en los próximos seis o siete meses se alcance un acuerdo definitivo que permita incluir dentro del ADPIC la solución que actualmente está simplemente sometida a un waiver, a una
exención temporal. España, en el ámbito comunitario, ha sido el principal mediador durante todo este proceso entre los intereses contrapuestos de las partes, tanto los países especializados en la fabricación de genéricos como los potenciales países
beneficiarios, fundamentalmente de África, para alcanzar una solución que a nuestro juicio es equilibrada. El Gobierno confía en que este mecanismo multilateral, primero bajo la forma de waiver, de exención temporal, y posteriormente, cuando se
alcance el acuerdo definitivo para ser incorporado en el ADPIC, rinda los frutos deseados.
Hay que señalar que la Unión Europea es uno de los mayores contribuyentes internacionales para la salud, con intervenciones en los problemas de sida y de pobreza en los países en vías de desarrollo. Desde 1990 la Unión Europea ha
proporcionado con esta finalidad cerca de 4.200 millones de euros. Los más recientes desarrollos de las directrices políticas de la Unión Europea tienen como objetivo reducir la pobreza a través de una serie de acciones coherentes: el plan de
acción contra la pobreza 2001-2006, sobre temas humanitarios de desarrollo e investigación, y dentro de ellos el problema de salud se identifica como un sector prioritario para ser apoyado. Uno de los elementos más importantes de la ejecución de
este plan de acción ha sido la promoción y participación en el fondo mundial para combatir el sida, la tuberculosis y el paludismo o malaria, el denominado Fondo Global. En enero de 2002, el Fondo Global creado el año anterior, 2001, para ayudar a
combatir estas tres enfermedades, hizo su primer llamamiento para financiar proyectos de asociación pertenecientes a países muy afectados por estas epidemias. El 23 de abril del año 2002, el secretario general de Naciones Unidas dio un nuevo
impulso al Fondo Global proponiendo completar la cifra de financiación para enfrentar las dolencias más propagadas y aniquiladoras en los países pobres. Hasta el momento se han llevado a cabo dos rondas de financiación de proyectos por un importe
total de 1.500 millones de dólares en dos años para 85 países beneficiarios. El 16 de julio del año 2003 ha tenido lugar la tercera Conferencia de donantes para recabar fondos para financiar proyectos. Hasta el momento ha habido compromisos de
aportación por valor de 4.700 millones de dólares hasta el año 2007.
La cuarta Conferencia de donantes está prevista para el 10 de enero del año 2004 y se tiene como cifra de necesidades a cubrir durante el año 2004 en torno a 3.000 millones de
dólares. España ha tenido una activa participación, comprometiéndose a hacer una donación de 50 millones de dólares a fondo perdido destinada al fondo global, distribuidas en tres anualidades, dos de 20 millones y una última de 10 millones de
dólares.
Asimismo, este fondo que en principio se iba a dedicar a países africanos, va a destinar el 17 por ciento de su cuantía global a países iberoamericanos como consecuencia de la insistencia por parte de nuestro país, en que también habría
que atender los problemas de salud en estos territorios. El Gobierno español ha colaborado también con la Comisión Europea para una eficaz ejecución del plan de acción, y seguirá desarrollando actuaciones tendentes a alcanzar el objetivo de acceso
a medicamentos esenciales a los países en desarrollo. En la actualidad se están dando los últimos retoques para una propuesta de decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la participación de la Comunidad Europea en un programa de
investigación y desarrollo por el que se pretenden desarrollar intervenciones clínicas para luchar contra el sida, paludismo y tuberculosis. Ni que decir tiene que todas estas actuaciones de la Unión Europea, aparte del apoyo por parte del Gobierno
español, también tienen la financiación que dentro de los fondos de la Unión Europea corresponde a nuestro país.
La cuarta cuestión planteada se refiere a los resultados de la quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio celebrada en Cancún. Como saben SS.SS., los días 10 a 14 del pasado mes de septiembre tuvo lugar en Cancún
la quinta Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio. El papel de esa conferencia era la revisión a medio plazo del desarrollo de las negociaciones lanzadas en la anterior Conferencia Ministerial, la de Doha. Precisamente en la
reunión de Doha se estableció lo que se llamaba la agenda de Doha, con unos objetivos muy ambiciosos para proseguir la liberalización del comercio en bienes agrícolas, en no agrícolas, también en servicios y fortalecer y aclarar las reglas del
sistema multilateral de comercio y contemplar la extensión de las disciplinas multilaterales a nuevas áreas relacionadas
con el comercio. La conferencia de Cancún tenía que tomar nota de los progresos realizados en las negociaciones establecidas en la agenda de Doha, el programa de negociaciones de Doha, también llamada la agenda del desarrollo, y relanzar la
fase decisiva de esas negociaciones. Por tanto, no era en Cancún donde se pretendía alcanzar acuerdos finales de negociación, sino simplemente la revisión a medio plazo del avance de las negociaciones para impulsar su tramo final, puesto que en la
agenda de Doha se comprometió la fecha de comienzo del año 2005 como la fecha en que tendría que adoptarse el single undertaking, es decir, el compromiso final de negociación comercial. De acuerdo con el mandato de Doha y las fechas previstas en el
mismo, antes de la conferencia de Cancún se deberían haber cumplido unos plazos en diversas áreas de negociación. Lo cierto es que aquellos plazos no se cumplieron en ninguna de ellas. En primer lugar, en modalidades de negociación, tanto en
bienes agrícolas como no agrícolas, se había establecido como plazo la primavera/verano del año 2002. Tal plazo no se alcanzó, y por tanto fuimos a Cancún sin haber alcanzado un acuerdo de modalidades, o lo que es lo mismo de parámetros de
negociación, no de negociaciones mismas, pero sí de parámetros de negociación para la liberalización de productos agrícolas y no agrícolas. Tampoco se alcanzó la mejora del tratamiento especial y diferenciado a favor de países en desarrollo, y
dentro de ellos los países menos adelantados, PMA, que estaba previsto alcanzar modalidades de negociación para finales del año 2002. Lo cierto es que a septiembre de 2003, la fecha de Cancún, tampoco teníamos modalidades de negociación en este
punto. También se había establecido finales del año 2002 para obtener una solución en el área de los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con comercio, el acuerdo ADPIC, y salud pública, que finalmente aunque no se cumpliera
la fecha de finales de 2002 sí se pudo alcanzar unos días antes de la conferencia de Cancún, el acuerdo que ya hemos descrito en el punto anterior, por lo que en este caso se trata de un incumplimiento relativo. No se alcanzó en la fecha
establecida en la agenda de Doha, pero sí se comprometió el acuerdo antes de la celebración de la quinta Conferencia Ministerial la de Cancún.
En cuanto a los preparativos de la conferencia de Cancún, hay que señalar que el incumplimiento de los plazos anteriores fue el resultado de posiciones divergentes entre los países miembros, que es normal que se produzcan en las primeras
fases de unas negociaciones tan complejas y amplias como las lanzadas en Doha. Al acercarse la conferencia de Cancún, se reanudaron los esfuerzos para encontrar posiciones comunes y conseguir que la conferencia cumpliera razonablemente con su papel
de revisión a medio plazo y revitalización de las negociaciones en la fase final. Los esfuerzos se hicieron especialmente intensos en el área considerada como más difícil, negociaciones sobre productos agrícolas, y en otra con menos dificultades,
la de industriales, pero con una enorme importancia para la liberalización del comercio internacional. Concretamente en una mini conferencia, así denominada por la convocatoria restringida en torno a 20 ministros de comercio de los países miembros
de la OMC celebrada en Montreal, se instó a la Unión Europea y a Estados Unidos a elaborar un documento de compromiso entre estas dos partes, Unión Europea y Estados Unidos, que sirviera de base para diseñar el marco sobre el cual habría que
trabajar en la conferencia de Cancún. Los trabajos realizados las semanas previas -estamos hablando de finales de agosto- permitieron finalmente la elaboración de un proyecto de texto de declaración ministerial presentado a los ministros por el
presidente del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio, el señor Pérez del Castillo, bajo su responsabilidad y en estrecha colaboración con el director general de la OMC.
En cuanto al desarrollo de la conferencia, obsérvese que llegamos con plazos incumplidos, llegamos con un documento no satisfactorio para todas las partes, pero basado fundamentalmente en el documento común elaborado por la Unión Europea y
Estados Unidos. Al llegar a Cancún, en la primera fase de la conferencia de Cancún los miembros siguieron manteniendo posiciones muy divergentes, buscando precisar el texto a la luz de sus propios intereses. Se asistió a una fuerte presencia de
las posturas de todos los países, ya sea individualmente ya sea agrupados. Emergieron grupos hasta entonces no completamente identificados, el grupo 21, el grupo de los ACP, el grupo de la agricultura, los Cairns, aunque estos tuvieron un papel
mucho más reducido que lo habían tenido en el pasado.
En cuanto a los países desarrollados, la consolidación de posiciones de la Unión Europea y de Estados Unidos se mantuvo también durante la conferencia. No fue casual que se alcanzara un acuerdo
importante a mediados de agosto entre la Unión Europea y los Estados Unidos, que orientaba precisamente las premodalidades, que en definitiva es lo que pretendía este documento conjunto de cara a Cancún, tanto en negociaciones de agricultura como en
negociaciones industriales.
No fue una negociación sencilla. Conseguir que 146 países lleguen a un consenso que refleje un equilibrio satisfactorio para todos en temas de tanta significación como la liberalización del comercio y el fortalecimiento del sistema
multilateral, no es tarea fácil como pueden imaginarse. Quizá lo que nos queda ahora es especular sobre si se estuvo más o menos cerca de alcanzar un acuerdo final que, vuelvo a repetir, no es un acuerdo sobre las negociaciones últimas de la ronda
de desarrollo, sino un acuerdo sobre lo que se vino a llamar allí el contexto general, que debería de permitir en el plazo de unos meses alcanzar acuerdos de modalidades, que como he dicho anteriormente les he referido para el año 2002/2003 las
fechas establecidas en Doha para alcanzar
modalidades que permitieran posteriormente iniciar negociaciones concretas de liberalización comercial. El hecho es el que el consenso no pudo alcanzarse en una de las áreas de negociación, posiblemente la más simple, a la luz de la
percepción que teníamos allí en Cancún, que son los denominados temas de Singapur, los nuevos temas de comercio internacional que se querían incorporar a la agenda de Doha, precisamente en la conferencia ministerial de Cancún, quedando en el aire la
pregunta de si una vez desbloqueados los temas de Singapur se hubiera alcanzado o no también un consenso en otras áreas.
El texto de borrador de la declaración ministerial, sobre el que no pudo obtenerse un acuerdo en Cancún, presentaba no obstante una base razonable para poder haber llegado a un consenso, desde nuestro punto de vista básicamente en dos
aspectos: en el más difícil de los temas, que eran las modalidades en agricultura, y en el menos difícil aunque también complicado de las modalidades de acceso a productos no agrícolas. Se partía por parte de la Unión Europea de un enfoque
realista que reconocía la imposibilidad de establecer en Cancún plenamente las modalidades con sus correspondientes parámetros numéricos, limitándose a acordar un marco que señalase unas líneas de acción suficientes para orientar los trabajos y la
posterior concreción de las modalidades completas. Los países en desarrollo, por su parte, fueron muy activos en la defensa de sus prioridades, y el proyecto de declaración dedica una gran atención a sus preocupaciones, pero no deben caracterizarse
las negociaciones de la OMC como un simple conflicto entre países Norte-Sur. En cada apartado de la negociación existían posiciones negociadoras muy distintas por parte de los países, también entre los países en vías de desarrollo, que nada tenían
que ver con ese potencial o teórico conflicto de países Norte-Sur.
En su comunicado final los ministros encomendaron a sus representantes que siguieran trabajando sobre las cuestiones pendientes con determinación y sentido de urgencia renovados y teniendo plenamente en cuenta todas las opiniones expresadas
en la conferencia. De hecho, los ministros en su comunicación han pedido al presidente del Consejo General de la Organización Mundial de Comercio, señor Pérez del Castillo, que convoque una reunión del Consejo General a nivel de altos funcionarios
no más tarde del 15 de diciembre del 2003, a fin de tomar en ese momento las disposiciones necesarias que permitan avanzar hacia una conclusión exitosa y oportuna de las negociaciones. Cumpliendo este mandato, el señor Pérez del Castillo ha
emprendido activas consultas en Ginebra, sede de la organización, y en muchas capitales de los países miembros, para encontrar la manera de reanudar las negociaciones. En cuanto al fondo de la cuestión, el señor Pérez del Castillo ha organizado sus
consultas dedicándolas a las cuatro áreas que resultaron más difíciles de resolver en Cancún: la agricultura, algodón -dentro de la agricultura-, el acceso al mercado de productos no agrícolas y los denominados temas de Singapur.
Muy brevemente
voy a hacer una revisión de cada uno de ellos.
En cuanto a la agricultura, la propuesta conjunta Unión Europea-Estados Unidos, de mediados del pasado mes de agosto, entendemos que hubiera sido y sigue siendo una buena base para un progreso significativo de la reforma de la agricultura y
de la reducción de las subvenciones distorsionadoras del comercio y para unas negociaciones de acceso al mercado dirigidas a incrementar sustancialmente las cifras de comercio de los países en desarrollo. La reciente e importante reforma de la
política agrícola común emprendida por la Unión Europea tanto para afrontar las negociaciones agrícolas en el marco multilateral como para la propia ampliación de la Unión Europea, constituyen una magnífica base de partida para encauzar las
negociaciones dentro de la Organización Mundial de Comercio.
En cuanto a la cuestión específica del algodón, la propuesta del presidente de la conferencia de Cancún, el ministro Derbez, del Ministerio de Exteriores mexicano, era muy parecida a la de Estados Unidos y trataba de buscar una solución en
el contexto general del comercio de productos textiles, ya sean fibras naturales o artificiales, y en el comercio de productos confeccionados, de vestido. La Unión Europea estaba dispuesta a la eliminación de las subvenciones a la exportación. De
hecho, la Unión Europea no exporta y por tanto no subvenciona la exportación de este producto. También estaba dispuesta al libre acceso a los mercados. También hay libertad de acceso de este producto, de esta materia prima, algodón, al mercado de
la Unión Europea, y también estaba dispuesta a una reducción de las ayudas internas distorsionantes del comercio.
Para España, como ustedes saben muy bien, este es un tema sensible, y desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista conceptual haber aprobado la propuesta del algodón en Cancún hubiese supuesto una ruptura de dos principios
esenciales de la Organización Mundial del Comercio. En primer lugar, el de single undertaking es decir no se toman decisiones parciales, excepto si está convenido cuando se trate de cuestiones relativas a procedimientos, pero no a negociaciones
específicas de ningún producto; no se adoptan decisiones previas al single undertaking es decir, al acuerdo final. En segundo lugar, la propuesta adolecía de un gravísimo problema, crear una especie de compensación financiera dentro de la propia
Organización Mundial de Comercio, siendo ésta una institución que no se dedica a pagar compensaciones financieras a nadie, sino sencillamente a ordenar y regular las normas que rigen el comercio multilateral. El tercer tema sensible dentro de la
agenda de la Organización Mundial de Comercio, el acceso al mercado de productos no agrícolas, sigue siendo un aspecto importante en la liberalización de las negociaciones multilaterales, tal y como
subrayan todos los operadores económicos. La Unión Europea entiende que en este esfuerzo deben participar de forma sustantiva, tanto los países desarrollados como los países en desarrollo, aunque aceptamos el principio de que no haya plena
reciprocidad, como ya se había determinado por los ministros en la Conferencia Ministerial de Doha, ya que es necesaria la expansión del comercio en la dimensión Sur-Sur, puesto que ha de jugar un importante papel en el futuro. El concepto de la
reciprocidad o no en las concesiones comerciales es parte angular de los problemas a los que nos estamos enfrentando y exige una concepción equilibrada de lo que puede suponer esa no reciprocidad. De hecho en Doha se ha acordado, y nosotros hemos
apoyado, tanto la Unión Europea como Gobierno español puesto que somos parte en la OMC a título individual, que no se exija la plena reciprocidad y que todos los textos de los acuerdos estén impregnados de medidas especialmente favorables para los
países en vías de desarrollo, y sobre todo a los países más pobres y menos avanzados, a los PMA. Tampoco puede entenderse el principio de la no plena reciprocidad como la capacidad por parte de algunos de acceder libremente a los mercados de los
demás, al tiempo que se mantienen completamente cerrados con niveles arancelarios por encima del 80 por ciento en algunos casos los propios mercados, tanto en productos agrícolas como en productos industriales. Consecuentemente el concepto de
reciprocidad, y sobre todo abrir el comercio internacional al comercio entre los países menos desarrollados entre ellos mismos, y no exclusivamente con los países desarrollados, forma parte esencial de este concepto. Entendemos que aun sin plena
reciprocidad, el principio de la reciprocidad debe seguir plenamente vigente en las negociaciones comerciales.
España defiende en el seno de la Unión Europea un tratamiento especial y flexible para los productos procedentes del sector pesquero, tanto en el área industrial -puesto que ahí están incluidos los productos pesqueros, aunque parezca un
contrasentido- como en las negociaciones sobre subvenciones, dado el carácter de recursos naturales agotables de estos productos. La gestión sostenible de recursos agotables debe primar tanto en el tratamiento de acceso al mercado, como en el
tratamiento de las subvenciones autorizadas al sector.
Por último, dentro de los temas que se van a debatir en Ginebra el próximo mes, tenemos los cuatro temas de Singapur: comercio e inversión, comercio y competencia, transparencia de la contratación pública y facilitación del comercio. A
pesar de que la declaración de Doha había establecido un compromiso para lanzar negociaciones en estos cuatro aspectos, siempre sobre la base de un consenso explícito sobre las modalidades que se tendrían que alcanzar en Cancún, no se pudo llegar a
un acuerdo. La Unión Europea era sin duda el principal impulsor de la negociación en estas cuestiones, pero al mismo tiempo la Unión Europea había mostrado gran flexibilidad, tanto en la preparación de las negociaciones, la fase previa a Cancún,
acomodándose al máximo posible en sus propuestas a las preocupaciones en vías de desarrollo, como en la fase posterior en Cancún, donde se siguió mostrando flexibilidad hasta el momento final. La Unión Europea se mostró dispuesta a dejar caer los
dos temas que representaban mayores dificultades para los países en vías de desarrollo, concretamente los temas de inversión y de competencia. Sin embargo, no se alcanzó el consenso en esta área precisamente en los temas de Singapur, y ello
precipitó el tropiezo final de las negociaciones.
En estos momentos se trata de ver la mejor manera de reanudar las negociaciones en Ginebra y encaminarlas hacia el éxito final de los objetivos establecidos en Doha. Entiendo que en esta fase no se trata de buscar culpables ni beneficiados
del fracaso, entre comillas, de la Cumbre de Cancún. La Unión Europea se mostró suficientemente flexible en la preparación de la conferencia y en la misma conferencia y la Unión Europea, y España dentro de la Unión Europea, están dispuestas a
colaborar activamente en los trabajos para la reanudación de las negociaciones en Ginebra en el próximo mes de diciembre. Para ello se está reflexionando internamente, con el fin de adoptar una nueva posición comunitaria ante el cambio de
circunstancias. Concretamente, el próximo día 2 de diciembre habrá reunión de ministros de Comercio de la Unión Europea para concretar precisamente esa nueva posición de la Unión Europea, que no le puedo anticipar puesto que todavía se están
elaborando los documentos de base.
Fundamentalmente, las cuestiones sobre las que se está reflexionando en la Unión Europea son los temas de Singapur, la reforma institucional de la propia Organización Mundial de Comercio, las indicaciones geográficas y las cuestiones
relativas al medio ambiente. Entendemos que la posición en términos de negociaciones agrícolas y de negociaciones no agrícolas, industriales, de acceso al mercado de productos industriales, están suficientemente detalladas en la posición que ya se
llevó a Cancún y sobre esa posición mantendremos a la Unión Europea para las negociaciones que posiblemente se inicien a partir del próximo mes en Ginebra. En definitiva, nos encontramos cómodos dentro de las propuestas que ha realizado la Unión
Europea, que entendemos muy generosas en materia agrícola y muy coherentes en materia de productos industriales, y al mismo tiempo hemos llegado a la conclusión de que el retraso en el avance de la ronda de negociaciones iniciada en Doha, de la
ronda del desarrollo, a quien perjudica en mayor medida es a los países más pobres, los países para los cuales precisamente se quiere otorgar un trato especial y diferenciado, países a los cuales se quiere integrar dentro de los circuitos
comerciales multilaterales internacionales, como uno de los elementos esenciales para contribuir a que
salgan de su situación de insuficiente desarrollo. (El señor vicepresidente, Fariñas Sobrino ocupa la Presidencia.)
Por último, y con mucha brevedad, el quinto de los aspectos a tratar se refiere a la política de Gobierno respecto del tratamiento de la deuda externa de los países en desarrollo. El tratamiento de la deuda externa se lleva a cabo
básicamente, de dos formas: a través de acuerdos multilaterales y en segundo lugar mediante un tratamiento autónomo bilateral. El tratamiento multilateral de deuda exige el cumplimiento de unos requisitos, bien sean los establecidos en el club de
París, del que España es miembro, y en este foro los principales acreedores públicos del mundo coordinan las directrices que deben seguirse en materia de deuda exterior. Las líneas definitorias de esta política, no de la multilateral que se hace en
el club de París básicamente, sino de la política autónoma o bilateral, las establece la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo y se basan en criterios de ayuda al desarrollo fundamentalmente, pero también en criterios de eficiencia para el
propio desarrollo de estos países. Entre esos criterios cabe destacar la lucha contra la pobreza, buen gobierno, promoción de desarrollo sostenible y mejora general del proceso de crecimiento, de desarrollo, entendido en sentido muy amplio, no sólo
en el económico sino también social y político de los países.
Estos criterios se aplican de forma individualizada, adaptándolos a las necesidades de cada país, con objeto de que la actuación sea coherente.
Estas medidas se toman siempre contando
con la colaboración de todos los departamentos implicados en política de cooperación al desarrollo y en coordinación con los organismos multilaterales correspondientes. La actuación española respecto a ayuda al desarrollo se concreta a través de
las diferentes acciones, cuando hablamos de políticas de deuda. En primer lugar la participación en la iniciativa a favor de países pobres altamente endeudados, la iniciativa HIPC a la que ya hemos hecho referencia; en segundo lugar, mediante la
firma de programas de conversión de deuda; y en tercer lugar, mediante actuaciones de condonación bilateral de deuda.
En cuanto a la firma de programas de conversión de deuda, hay que señalar que su importancia radica en que permiten que lo que originariamente es servicio de la deuda revierta en financiación de proyectos para el desarrollo de los países
beneficiarios, que así destinan a sectores de especial interés para ellos, a través de un fondo contravalor que se dota mediante la condonación de la deuda que financia proyectos de infraestructuras, de educación, de reconstrucción de zonas
afectadas por catástrofes naturales, etcétera. Asimismo, estos programas normalmente conllevan un importante elemento de reducción de las obligaciones de pago que pueden llegar perfectamente al 70 por ciento. España ha firmado recientemente los
programas de conversión por inversiones públicas con Costa Rica, Perú, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Bolivia, Jordania, Uruguay y Guinea Ecuatorial. Igualmente, se han firmado programas de conversión por inversiones
privadas con Marruecos, Jordania, Bulgaria, Argelia y Guinea Ecuatorial. En esta modalidad, la de conversión por inversiones privadas, cualquier empresa privada compra la deuda al Estado español a un valor muy inferior a su nominal y la revende al
país deudor para obtener la moneda nacional correspondiente a la financiación de proyectos relacionados siempre con el desarrollo. También en esta modalidad hay un elemento importante de condonación que supera en todos los casos el 50 por ciento.
Por último, las actuaciones de condonación directas de deuda y dentro del margen de actuación permitido por el marco multilateral que constituye el club de París, condonación de deuda con origen FAD en aplicación de criterios de ayuda al
desarrollo, se ha practicado la condonación de deuda en algunos casos vinculados sobre todo a situaciones de extrema gravedad vinculadas a fenómenos naturales, terremotos, huracanes, etcétera.
Entiendo que se ha dado respuesta a cada una de las cinco cuestiones, con más extensión en unos casos que en otros, y me someto a la Presidencia y a las preguntas que se me formulen.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Muchas gracias, señor secretario de Estado, por la extensa y prolija información que nos ha dado en su comparecencia.
A continuación pasamos a las intervenciones de los grupos solicitantes y de los que deseen fijar posición, no sin antes advertirles y rogarles que sean breves, dada la hora y sabiendo además la capacidad de SS.SS. para hacer síntesis e ir
directamente al grano cuando lo estiman oportuno. Con este ruego doy la palabra a la señora Blanco, del Partido Socialista Obrero Español.
La señora BLANCO TERÁN: Sólo intervendré un momento porque van a intervenir mis compañeros el señor Díaz y la señora Pajín.
Señor secretario de Estado, le agradecemos enormemente su presencia en esta Comisión. Probablemente usted no es consciente hasta qué punto nos ha clarificado muchísimos aspectos que no hemos podido clarificar casi en tres años. Sin más
dilación doy la palabra al señor Díaz.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Gracias, señora Blanco.
Esta Presidencia da la palabra al señor Díaz. (Risas.)
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor secretario de Estado de Comercio, agradecemos sinceramente su presencia y su comparecencia hoy aquí para hablarnos del FAD, de la deuda y de otros temas, que aclara mucho más que las palabras la raíz del problema.
Desde el Ministerio
de Economía el FAD se contempla como un instrumento de apoyo a la internacionalización de la empresa española; un instrumento que junto con otros puede facilitar la apertura y consolidación de mercados emergentes a las empresas españolas,
al tiempo que contribuye al desarrollo de los países beneficiarios. El resultado de este planteamiento es que los dos instrumentos cuantitativamente más importantes de ayuda al desarrollo, paz y deuda, dependen del Ministerio de Economía que no
tiene entre sus objetivos esta finalidad. Por otra parte, el Ministerio de Exteriores, de quien dependen los programas de ayuda oficial al desarrollo, no tiene el control de los dos instrumentos más poderosos. Y, lo que es más grave, en los
últimos años, con la justificación de que crece el FAD, que Cooperación no controla, se congelan los demás instrumentos de lucha contra la pobreza. Resulta chocante que en un contexto de restricciones presupuestarias para todos el FAD tenga un
incremento importante. Este incremento, justificado en parte para atender a compromisos con organismos financieros internacionales, sirve sobre todo para alcanzar objetivos cada vez más dispares. El FAD es hoy una bolsa de recursos para usar en
cualquier situación. Como decíamos, al hacer del FAD el centro cuantitativo de la cooperación española, el Gobierno justifica regatear recursos para otros instrumentos más orientados a la lucha contra la pobreza. Así, la partida de ayuda
humanitaria y de emergencia gestionada por la AIC sufre limitaciones presupuestarias que impiden cumplir satisfactoriamente sus obligaciones. En el contexto actual, el FAD es un instrumento controvertido que no contenta a nadie. Para unos no
cumple su finalidad fundamental de ser un instrumento de ayuda al desarrollo, y para otros no apoya a las empresas españolas en su proyección exterior o lo hace con muy pocas. Cuando los instrumentos se prestan a uso ambivalente, y el FAD se
presta, es necesario mantener el equilibrio. Las cosas se complican cuando el Gobierno, rompiendo todos los consensos en política exterior, instrumentaliza la cooperación al servicio de una política exterior partidaria. Así, mientras el FAD
aumenta su volumen, se constata que es cada vez menos un instrumento de ayuda al desarrollo de los países menos adelantados. Lo anterior explica una política errática en la gestión del FAD en los últimos años, en la que priman los criterios
políticos en la asignación de los créditos y las condiciones de los mismos.
A comienzos del milenio, entre los países receptores los primeros lugares los ocupaban países en los que España o los aliados exteriores del Gobierno tienen intereses estratégicos que en general no cuestionamos-estaban Turquía, Argelia,
China-, pero sí cuestionamos si los créditos de estos países se consideran como créditos al desarrollo y por qué estos créditos no tienen como prioridad la ayuda al desarrollo.
Aún en este contexto sorprende que el África subsahariana, una zona que
por sus condiciones internas de pobreza y por su situación geoestratégica debiera tener atención preferente, tenga un papel testimonial en los créditos españoles. América Latina tampoco sale bien parada de los créditos FAD de 2002, aunque en las
estadísticas, por la apertura de una línea de crédito a Argentina, se puedan maquillar las cifras. Desde que el señor Aznar decidió resituarnos en la historia las cosas van a peor.
Los datos del año 2002 y la base que tenemos de 2003, en el que se
avanza el crédito a Turquía y se abre por razones humanitarias y estratégicas la línea a Irak, nos reafirman en la idea de que cuando menos existe confusión en la gestión del crédito FAD. El Gobierno no diferencia las operaciones de apoyo político
de las operaciones de ayuda al desarrollo.
En este contexto se explica que Turquía tenga un trato preferente. Si se trata de un crédito comercial, no tenemos nada que objetar a esta operación, pero si encuadramos la operación en la ayuda al
desarrollo, tenemos que discrepar. El Gobierno da una explicación que no nos sirve.
Nos dice que la operación de Turquía fue firmada en el año 1988, pero, señores, esta operación fue aprobada por el Consejo de Ministros en el año 2002 cuando se
está negociando el paso de las tropas americanas por Turquía para invadir Irak. (La señora Blanco Terán: ¡Qué casualidad!) Es una casualidad, y esto hace que a Turquía se le dé un crédito preferencial para construir una línea ferroviaria con una
donación del 35 por ciento. En ese mismo paquete entra un crédito a Mozambique, una donación para una planta de refino de sal, del 50 por ciento. Aún en este contexto, es difícil de entender que si los créditos FAD son ante todo un instrumento de
ayuda al desarrollo, un crédito para la electrificación en el África subsahariana tenga condiciones más duras de tipos de interés, plazo de amortización y carencia que un crédito a China para un centro de entrenamiento de pilotos, por no citar a
Mozambique, que tiene una línea de créditos menos favorable que Turquía.
Nosotros creemos que los créditos FAD como parte importante de los instrumentos de ayuda oficial al desarrollo para los países menos avanzados, deberían tener un papel relevante en los países que generan mayores flujos migratorios hacia
España para facilitar su desarrollo y, en consecuencia, ayudar a la regulación de estos flujos. Por otra parte, es esencial para nosotros desvincular la ayuda oficial al desarrollo de intereses coyunturales, comerciales o políticos. La ayuda
oficial al desarrollo debe orientarse en exclusiva a su impacto sobre la pobreza y sobre la población más desfavorecida. Es necesario calificar el FAD para saber cuánto de ese fondo se destina a ayuda al desarrollo y se gestiona consecuentemente
desde Cooperación y qué parte o que nuevo fondo se destina a apoyar a las empresas españolas en los mercados emergentes. El FAD destinado a cooperación no puede gestionarse por Economía y debe desligarse de operaciones comerciales, la ayuda
humanitaria debe desligarse de operaciones comerciales. La penetración de las empresas españolas
en mercados emergentes no puede hacerse con fondos destinados a ayuda al desarrollo, debe hacerse con un fondo específico para ese fin, y mientras esto no se haga, señor secretario de Estado, queremos que se evalúen los FAD y se dé
publicidad a los resultados, lo que hoy por hoy no se hace.
Con la deuda ocurre algo similar. El Gobierno no asumió que la deuda a los países menos adelantados debe tratarse como un instrumento más de ayuda al desarrollo. Es cierto que el Gobierno en este tema cumple el expediente, supera el
listón, aunque por muy poco, pero la verdad es que se limita a cumplir sin excesos sus compromisos internacionales. Respecto al programa estrella de la iniciativa HIPC, reforzada o no, tenemos que decir que es insuficiente porque tiene grandes
limitaciones. Usted sabe, como nosotros, que de cuarenta y dos países elegibles, sólo siete o diez como máximo alcanzarán el nivel de endeudamiento sostenible según la definición del FMI. De los veinte países que han alcanzado el punto de
decisión, cuatro tendrán un servicio anual de la deuda entre 2003/2005 superior al que tenían en 1998/2000. Más de la mitad de los países de la iniciativa HIPC están gastando más de un 15 por ciento de su presupuesto en el servicio de la deuda.
Por lo que se refiere a la actuación del Gobierno en este tema, al margen de la iniciativa HIPC, señor secretario de Estado, muy poco o nada se hace. Además existen errores importantes de base, el principal un error de enfoque. El Gobierno
considera las políticas de tratamiento de la deuda externa como una cuestión de gestión financiera, olvidando el tremendo potencial que la condonación tiene como herramienta para enfrentarse a la pobreza.
Hay también un déficit de calidad que es consecuencia de una miope visión política. Si el Gobierno quiere hacer de las políticas de tratamiento de la deuda externa una herramienta para el desarrollo, es tan imprescindible como urgente que
cambie de concepción y tratamiento de la deuda externa, implicándose en los procesos de desendeudamiento y en la elaboración de sus estrategias de lucha contra la pobreza siguiendo el modelo europeo. Son este tipo de medidas las que verdaderamente
impulsan la corresponsabilidad en las políticas globales de desarrollo. ¿Por qué no se han aplicado? La deuda externa en los países menos avanzados es un problema global que tiene vías de solución si hay voluntad política por parte de los países
acreedores. Por eso preguntamos a nuestro Gobierno si existe esa voluntad política. ¿Tiene previsto el Gobierno un cambio de actitud? ¿Va a participar activamente y promover en las instituciones y organismos financieros internacionales en los que
participamos iniciativas más amplias de condonación y resolución de la deuda, así como la flexibilización de las existentes? ¿Va a traer el Gobierno iniciativas bilaterales de condonación y conversión de deuda que vayan más allá del Club de París y
compensen el escaso peso del tratamiento bilateral de la deuda en la ayuda oficial al desarrollo español? ¿La conversión de deuda en educación puede ser un camino para la consecución del objetivo del milenio? ¿Lo creen ustedes así? ¿Por qué no lo
intentan? Por último, tenemos que destacar una importante carencia en el tratamiento de la deuda de la que también hablábamos en lo referente al FAD, y es la falta de información en el tratamiento de la deuda. Falta claridad, y en ello ustedes
tienen que coincidir conmigo, como coinciden también las ONG y los especialistas en la materia. La falta de información contribuye también a generar el desencuentro entre la política y las organizaciones que trabajan en el sector, y ustedes no
están haciendo nada por superar ese problema.
Para terminar, le diré que nosotros creemos que la política de deuda externa con los países menos adelantados debe integrarse en los objetivos y en la política de cooperación. Dentro de este enfoque consideramos necesario establecer una
política más firme de conversión de deuda en inversión en desarrollo con participación de la sociedad civil. También creemos que a nivel internacional España debe jugar un papel más activo y respaldar la condonación inmediata de la deuda a los
países menos adelantados y un sistema de arbitraje justo y transparente para el resto de los casos. Entre tanto, demandamos del Gobierno un informe anual de actuación y previsiones en todo lo referente a la deuda externa y vigilar los niveles de
sobreendeudamiento de los países receptores de los créditos FAD.
Por último, le recuerdo que hay que redefinir el FAD y hay que integrar la deuda externa de los países menos adelantados entre los instrumentos de cooperación y ayuda al desarrollo. Si esto se hace así, es posible que la próxima
comparecencia en esta Comisión no la tenga que llevar a cabo un secretario de Estado de Comercio.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): Para completar el turno del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pajín.
La señora PAJÍN IRAOLA: Decía mi compañera que teníamos que agradecerle al secretario de Estado de Comercio -y es verdad, yo quiero empezar dándole la bienvenida a esta Comisión- su comparecencia porque ha sido muy clarificadora. Minutos
antes de llegar usted estábamos en el debate sobre el peso que tenía el FAD, sobre la ayuda oficial al desarrollo según el Gobierno del Partido Popular, y después de esa discusión ha llegado usted y nos lo ha aclarado perfectamente. Asia es
prioritaria como objetivo de ayuda oficial al desarrollo, y además se sienten orgullosos del peso que tiene el FAD dentro de la ayuda oficial al desarrollo. También hemos visto que el FAD tiene mucho que ver con la condonación de la deuda y, cómo
no, con lo que este país ha ayudado de forma solidaria -entre comillas- a Irak. Por tanto, le agradezco sus palabras, que quizá nos deberían hacer replantear nuestra
estrategia como oposición y llamarle a usted cada vez que queramos una comparecencia del secretario de Estado de Cooperación, porque es evidente que el que lleva la política de cooperación al desarrollo es el Ministerio de Economía y no el
Ministerio de Asuntos Exteriores. La prueba más evidente es que esta Cámara ha conocido por la puerta de atrás, como le gusta hacer al Partido Popular y al Gobierno, la modificación del FAD a través de una enmienda en la ley de acompañamiento,
modificación que va a alejar el instrumento de la lucha contra la pobreza, que además va a contradecir las recomendaciones del CAD, que va a contradecir también la Ley de cooperación y que, lejos de haber sido un debate abierto y consensuado en esta
Cámara, se hace una vez más por la puerta de atrás en la ley de acompañamiento, y lo que se pretende al final es elevar a evidente lo que el Grupo Parlamentario Socialista y los sectores de la cooperación veníamos advirtiendo. Pero vamos al tema
porque, efectivamente, no hay mucho tiempo. Voy a empezar, según su orden, por el acceso a los medicamentos genéricos, que era la comparecencia que se había solicitado.
Señor secretario de Estado, usted ha hablado de los compromisos internacionales en la presidencia de España en la Unión Europea. Le quiero recordar que, además de los compromisos internacionales, que, por supuesto, hay que cumplir y que son
deseables, tenían ustedes también un compromiso con esta Cámara, que es la representante de todos los ciudadanos. Le recuerdo que hubo una iniciativa aprobada por unanimidad en esta Cámara para que la Presidencia de España en la Unión Europea
hubiera sido activa en lo que se refería a la agenda de Doha yo la recuerdo con cariño no sólo por el tema, que, por supuesto, me preocupa y me ocupa, sino también porque debe ser la única iniciativa o de las pocas que el Grupo Parlamentario Popular
aprueba en esta Cámara a los grupos de la oposición. Pero lamento decirle que hay cosas de su exposición que no son convincentes, entre otras cosas, porque a cualquier pasito que se da ustedes lo llaman avance sin precedentes en la historia de la
humanidad, o al menos en esta Comisión nos tienen acostumbrados a que sea así. Usted ha hablado del acuerdo como un logro muy importante, y a mí me gusta llamarle, para ser más realista, un buen paso, pero que no ha llegado a la meta.
No faltan razones para la preocupación, tal y como han destacado numerosos especialistas, organizaciones y gobiernos que sí están verdaderamente involucrados en la causa, porque el texto final -y usted lo sabe- introduce numerosos obstáculos
burocráticos que dificultan, en el mejor de los casos, el acceso de la población de los países en vías de desarrollo a los medicamentos esenciales. Pensemos en un caso extremo pero real: Boswana, por ejemplo, donde uno de cada tres adultos está
infectado por el sida, o Zambia, que perdió hace cinco años 1.300 profesores por culpa de esta pandemia. Por muy grave y urgente que sea la situación de cualquier país, este se verá obligado a esperar a que el gobierno de otro estado con capacidad
de producción de medicamentos suspenda una patente específica y permita a una empresa local producir y explotar un medicamento. No es una hipótesis cualquiera, no es una previsión sin más, es simplemente un reflejo de la realidad que a nadie le
puede dejar impasible. Pero hay más, el Acuerdo de libre comercio de las Américas -el ALCA- introduce un capítulo dedicado a los derechos de la propiedad intelectual que podría suponer un debilitamiento de las garantías contempladas en el acuerdo
sobre derechos de la propiedad intelectual reforzadas en la declaración ministerial de Doha, a la que usted se ha referido. Por otro lado, las nuevas leyes sobre prioridad intelectual que se han aprobado en algunos países de América Latina bajo la
presión de la Administración de Estados Unidos podrían dificultar, como usted sabe, enormemente el objetivo de proporcionar medicamentos esenciales a precios asequibles, ya que condicionan la posibilidad de que estos países puedan emitir licencias
obligatorias o importar medicamentos genéricos de terceros países. Ante la gravedad de estos hechos, no son pocos quienes echan de menos la voz de un país como el nuestro. Es generalizada la sensación de que nuestro Gobierno vuelve a desaprovechar
una oportunidad de trabajar para mejorar las condiciones de vida de los muchos millones de personas que viven en los países pobres. Ya sabemos que emprender medidas de este tipo no le dará al Gobierno español ninguna foto como la de las Azores; ya
sabemos que la lucha contra la pobreza mundial ocupa uno de los últimos puestos en las políticas del Gobierno español, pero, créanme, merece la pena hacerlo. Merece la pena, en primer lugar, porque América Latina es una de las áreas prioritarias
que señala la Ley de cooperación española, y al señor Izquierdo y al señor Cortés se les llena la boca hablando de América Latina, pero, luego, de las palabras a los hechos, como dice el refrán, va un trecho; y en segundo lugar, porque simplemente
es una cuestión de justicia y solidaridad.
Acabo de exponer dos casos concretos en que los obstáculos burocráticos y la situación pueden entorpecer este trabajo, dos casos que pertenecen a un escenario que tampoco invita al optimismo: las
enfermedades infecciosas, que, como todos sabemos, cada año acaban con la vida de 17 millones de personas, el 90 por ciento de los cuales viven en países en vías de desarrollo. Por tanto, la situación en que vivimos impide cualquier brote de
triunfalismo.
Además existen al menos dos cuestiones que, siendo específicas, afectan directamente al presente y al futuro de millones de seres humanos. El señor secretario de Estado ha dicho que es importante avanzar, pero hacen falta más que palabras,
hace falta más que lamentarse de lo lentas que van las cosas; hay que involucrarse, y este Gobierno, a la vista de los acontecimientos, ha estado quieto y ha sido inmovilista. Su evidente falta
de iniciativas tan sólo puede deberse a dos razones, desinterés o desconocimiento de las cuestiones. Por eso queremos poner como ejemplo a Canadá, que recientemente aprobó una modificación de la legislación sobre propiedad intelectual con
el objetivo de facilitar la exportación de medicamentos genéricos. Le pregunto cuál es la posición española respecto a esta iniciativa ¿Contempla el Gobierno la posibilidad de promover en el seno de la Unión Europea una medida de este tipo? Señor
secretario de Estado, es posible que ustedes ya se hayan acostumbrado a llegar en el último momento a todos los pasos que la comunidad internacional trata de dar para enfrentarse al principal reto de nuestro planeta en este siglo, la lucha contra la
pobreza mundial, pero le voy a decir quién no se ha acostumbrado: la sociedad española, porque la ciudadanía española no se contenta con ver su firma al pie de los tratados internacionales, sino que le hace falta algo más, su implicación. La
ciudadanía española quiere pasar de las palabras a los hechos, y por esa razón, sabiendo que la actual estrategia de cooperación española en salud asume que el acceso a los medicamentos esenciales es una condición básica para garantizar el derecho a
la salud de los países pobres, se pregunta en voz alta cómo se ha plasmado esta declaración en los planes por países. He de confesarle que, basándome en la experiencia, temo que su respuesta vuelva a confirmar lo que ya sabemos, lo que ya han
reflejado organizaciones como Médicos del Mundo, Médicos sin Fronteras y Prosalus, al afirmar que la cooperación internacional española no prioriza sus intervenciones según los problemas de salud prevalentes o causantes de altas tasas de mortalidad
ni se focaliza en asegurar el acceso universal a los servicios de salud y, en consecuencia, el acceso a los medicamentos esenciales. Por tanto, me gustaría saber si el Gobierno español va a hacer un llamamiento a los países del continente americano
para que cumplan con su obligación de anteponer las necesidades de salud a sus poblaciones o a los intereses comerciales, si va a manifestar públicamente la necesidad de que se respete la declaración de Doha en todas las negociaciones comerciales de
América Latina, si va a promover un respaldo conjunto de la Unión Europea, pero de verdad, a la necesidad de respetar las declaraciones de Doha en todas las negociaciones comerciales en las que se encuentran inmersos los países de América Latina.
Sólo espero que de esta Comisión salga, si puede ser, una mayor voluntad, insisto, no de palabras, sino de hechos a partir de ahora.
La segunda cuestión se refiere a la cumbre de Cancún, y aquí le quiero recordar unas palabras que -no sé si usted se acordará- forman parte de unas declaraciones suyas con motivo de la cumbre de Doha y que vinieron recogidas en algún
periódico el 14 de septiembre. Por si no se acuerda, se lo haré llegar. Son unas palabras suyas y dicen lo siguiente: La Organización Mundial del Comercio no es un organismo para promover el desarrollo de nadie. Después de estas palabras, le
quiero preguntar si sigue manteniendo esa posición, si sigue pensando que el comercio no es un instrumento importante para conseguir que los países pobres puedan desarrollarse, si lo piensa así también su portavoz del Grupo Parlamentario Popular o
si lo piensa así también el secretario de Estado de Cooperación, que quizá por eso le ha dejado a usted esta comparecencia. Porque estoy segura de que ustedes entenderán mi curiosidad y perplejidad cuando he escuchado y leído estas palabras.
Centrándonos en sus palabras de hoy, he de decirle que me recuerdan a las que fueron pronunciadas por el ministro Rato el pasado 17 de septiembre en esta misma Cámara al considerar que no hemos podido aprovechar la ocasión propicidada en
Cancún, debemos conseguir que se aproveche la oportunidad la próxima vez. ¿Qué significan estas declaraciones? Permítame que se lo diga: cinismo. Porque Cancún significaba una gran oportunidad para mejorar las condiciones de vida de la mitad de
la población mundial que vive con menos de 2 euros al día. Significa falta de responsabilidad y significa miedo, miedo a la verdad y, por lo tanto, a sus causas y consecuencias. Comenzaré subrayando lo evidente diciéndoles lo que no se atreven a
decirnos de forma nítida y clara: la cumbre de Cancún fue un fracaso rotundo. Con comillas y sin comillas. Así lo hemos calificado la oposición, así lo ha considerado la sociedad civil, así lo han calificado otros gobiernos y así incluso lo
calificaron los comisarios europeos Pascal Lamy, quien afirmó textualmente que habíamos perdido todos, y Fischer, al señalar que el resultado de Cancún generaba una situación triste y preocupante. Puesto que, según parece, sus puntos de vista no
hacen cambiar de opinión al Gobierno, espero que al menos lo logrará el hecho de que el mismísimo secretario general de la Organización Mundial del Comercio calificase como muy grave el resultado de la cumbre, especialmente en una coyuntura -lo digo
entre comillas- económica como la actual, en la que el crecimiento global está por debajo de la media de los años noventa, y por tanto en una situación en la que este tipo de resultados puede provocar una contracción del comercio internacional.
Señor secretario de Estado, ¿por qué cree usted que el secretario general de la OMC y dos comisarios europeos han hecho estas declaraciones? ¿Cómo las valora el Gobierno? Me veo obligada a decirle que en mi caso -como en el de la mayoría-
sí me preocupa el resultado de Cancún y me parece que no es menor el desconcierto que me sigue generando ver cómo un Gobierno que se muestra tan liberal, aunque sólo lo sea en lo económico, tan partidario de la libertad en el comercio internacional,
actúe como lo hizo en Cancún. En Doha ya se demostró que se puede aunar la defensa de los intereses nacionales con el desarrollo global. Pero es evidente que la delegación española no supo hacerlo
así, que la oportunidad fue desaprovechada y, por tanto, que el Gobierno español no había conseguido sus objetivos. Alguien tiene que asumir su parte de responsabilidad, señor secretario de Estado. Ni siquiera sirve como disculpa la
tradicional incomodidad o la habitual torpeza de su Gobierno a la hora de desenvolverse en las organizaciones internacionales. Se nota que no se sienten muy a gusto con esto del multilateralismo. El señor Aznar, lo hemos visto de forma muy clara,
se siente mucho más cerca de la política internacional unilateral hecha en las Azores única y exclusivamente con la Administración norteamericana.
En algunas ocasiones -he de reconocerle que no en Cancún, han llegado a actuar sin disimulo, a cara
descubierta.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Pajín, llevan ustedes consumidos 25 minutos, que es un tiempo prudencial. Le ruego termine cuanto antes.
La señora PAJÍN IRAOLA: Acabo ya, señor presidente. Si esta Comisión se reuniera más frecuentemente, todos tendríamos oportunidad de debatir de cosas que nos interesan al Grupo Parlamentario Socialista, a la ciudadanía y a todos en
general.
En definitiva, señor secretario de Estado, ya que el tiempo me impide seguir hablando, sólo le pregunto si tiene previsto el Gobierno promover modificaciones en la estructura, el funcionamiento y las normas de la Organización Mundial del
Comercio, si piensan tomarse en serio todas las medidas que implican que los países en vías de desarrollo puedan acceder a los mercados internacionales y, por tanto, si rectifica y piensa que es muy importante que gobiernos como el nuestro lideren
la lucha contra la pobreza y, de una vez por todas, sacamos del rincón de la historia, de verdad, el que le preocupa al Grupo Parlamentario Socialista, que no es el de la guerra de Irak, que no es el de las Azores, a la lucha contra la pobreza.
El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor Campuzano, para intervenir en nombre de Convergència i Unió.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, agradezco también la comparecencia del señor Utrera, y coincido con mis colegas en el sentido de que su intervención de esta mañana ha sido extremadamente interesante y enlaza con una de las
reflexiones que he trasladado a su homónimo de Cooperación al Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores. El señor Utrera, del Ministerio de Economía, es responsable de gestionar alrededor de un tercio, un poco menos, de la AOD española. Por
tanto, no es un tema menor en su agenda en la medida en que representa una parte significativa del esfuerzo español de ayuda oficial al desarrollo. Cuando ha abordado la cuestión de la gestión de la deuda externa, ya sea en el marco del Club de
París, ya sea en el marco de las iniciativas bilaterales españolas, o cuando hablaba del FAD, que representa en estos momentos un 15 por ciento de la AOD española, es evidente que sus planteamientos expresaban claramente que su prioridad no es la
lucha contra la pobreza.
Eso fue objeto ya de una de las críticas que mi grupo formuló al señor Cortés. En este sentido, la intervención ha sido clara y precisa y por tanto nos va a obligar a todos, no ya en esta legislatura sino en la siguiente,
a insistir en unos argumentos que en la legislatura 1996-2000 fueron recurrentes y que no son nuevos, por otro lado, en la cooperación española, como es la división entre las prioridades de aquellos que ejercen sus responsabilidades desde el
Ministerio de Asuntos Exteriores y las de quienes las ejercen desde el Ministerio de Economía y la necesidad de que seamos capaces de que el Gobierno destine el cien por cien de los recursos de la ayuda oficial al desarrollo a la lucha contra la
pobreza.
Quiero recordarle que sobre alguno de los instrumentos que usted gestiona, el FAD y la deuda externa, el CAD de la OCDE -no Intermón-Oxfam, para no citar a nadie- advierte de que la utilización de estos instrumentos no responde
precisamente a los objetivos de erradicación de la pobreza y de hacer frente a las necesidades de los sectores más desfavorecidos de los países beneficiarios de la ayuda oficial al desarrollo española. Esa es la cuestión política de fondo que en
esta comparecencia se ha evidenciado.
Entrando ya en sus informaciones -y entiendo que el tiempo no ha permitido al señor Utrera profundizar en todo-, mi grupo quisiera trasladarle algunas inquietudes y consideraciones. Sobre la deuda externa, es evidente que España debe ser
capaz de plantear en el seno del Club de París o quizá en el marco de la Unión Europea una revisión de la misma.
Existe una cierta coincidencia sobre la lentitud en todo ese proceso tan complicado, que usted nos ha explicado de manera muy clara
para que los países puedan acceder a una efectiva reducción de su deuda externa. Hoy hay aún demasiados países cuyos ingresos deben ser en gran parte orientados al servicio de la deuda -lo comentaba el portavoz del Grupo Socialista-; nosotros
manejamos la cifra de que siete de estos países destinan más del 20 por ciento de sus ingresos a la gestión de la deuda.
Además, los criterios de condicionalidad que ha introducido históricamente el Fondo Monetario Internacional en la iniciativa
HIPC, tanto en la primera como en la segunda, por ejemplo, no han incorporado el casamiento -si se me permite esa expresión coloquial- con el cumplimiento de los objetivos del milenio, es decir, aquello que permite a un país acceder a esta
iniciativa HIPC es el cumplimiento de determinadas ratios en relación con los ingresos por exportaciones-deuda externa y el desarrollo de determinadas políticas; pero el alcance de los objetivos del milenio marcados por Naciones Unidas no figura en
la dimensión del instrumento de condonación de la deuda externa. Es bueno recordar que el director general del FMI
-para no citar a nadie que pueda poner nervioso a alguien- viene reclamando desde hace poco tiempo la necesidad de que seamos capaces de impulsar un desarrollo con equidad. Nos gustaría encontrar un gobierno español que en el seno de la
Unión Europea abriese a fondo ese debate sobre la revisión de la iniciativa HIPC y que usted, que está más en la dimensión de las relaciones exteriores españolas en esos ámbitos, nos dijera qué posición estamos manteniendo en la revisión de la
iniciativa HIPC.
También es interesante la reflexión que le traslado. El señor Cortés, en su anterior intervención, hacía gala de la defensa de una política de cooperación orientada a los países de rentas medias. Y sabemos que la iniciativa HIPC afecta a
los países más empobrecidos.
En relación con la deuda externa de los países de renta media, ¿qué posición mantiene España en el seno de la comunidad internacional? Y con respecto a Irak, ¿qué posición mantenemos ante la enorme deuda de este país y las condiciones de la
misma, deudas de un dictador que muchas veces están orientadas hacia la represión de su propia ciudadanía? ¿Qué posición mantenemos en el seno de la comunidad internacional en cuanto a la deuda de Irak? ¿Y qué posición mantenemos en relación con
la deuda argentina o por ejemplo en cuanto a la deuda de Ecuador, dos países con flujos migratorios intensos respecto de nuestra sociedad? Me gustaría conocer la opinión del Gobierno.
Sobre la cuestión de la deuda me gustaría hacer dos apuntes más. Hubiese sido interesante que lo que ha manifestado al final de su intervención hubiese estado acompañado de cifras, de dinero, de si estamos hablando del servicio de la deuda
y que esa información se nos traslade por escrito cuando sea oportuno. Señor Utrera, es evidente que de cara a la siguiente legislatura debemos elaborar una ley reguladora de la política de la deuda externa, que dé transparencia a esta política,
que la vincule a la política de cooperación al desarrollo desde la perspectiva de la erradicación de la pobreza, en definitiva, que la incorpore de manera sistemática a la AOD española, cosa que hoy no sucede. El propio CAD ha puesto en duda, por
ejemplo, la eficacia desde la perspectiva del desarrollo de la conversión de deuda por inversión privada. Necesitamos esa vinculación de la deuda externa a la política de cooperación al desarrollo.
En cuanto al FAD, coincido -creo que ha sido la señora Pajín quien lo ha afirmado- en las dificultades que ha originado la forma en que el Grupo Popular ha decidido reformar el instrumento del FAD, porque no ha sido a través de la ley de
acompañamiento, sino mediante una enmienda a dicha ley, una manera original que tenemos en esta casa de legislar. Lo normal es que en la ley de acompañamiento figuren los artículos que se quieren modificar y no en una enmienda del Grupo Popular, en
relación con la cual los grupos no tenemos capacidad para pronunciarnos, sino que tenemos que esperar a que llegue al Senado. Estamos hurtando una discusión a fondo sobre el 15 por ciento de la AOD española y además tenemos la sensación de que no
damos respuesta a esos problemas de vinculación del FAD precisamente con la reducción de la pobreza, la evaluación ex ante sobre el impacto que tienen estas actuaciones en la erradicación de la pobreza y su enlace con los objetivos y las prioridades
de la cooperación al desarrollo de España, la contradicción que supone la cooperación de un Estado que no apuesta suficientemente por la sanidad primaria y básica, en donde, a pesar de lo que opine el señor Cortés, hay un cierto consenso
internacional y es que hay que dedicar recursos a los países más pobres y ser capaces de potenciar estructuras sanitarias de tercer nivel, que quizá sean necesarias, pero que no permiten abordar los problemas reales de salud pública de determinados
países a los que destinamos nuestros recursos.
La utilización del FAD como un instrumento de ayuda humanitaria se ha vuelto a evidenciar en la guerra de Irak y con ello ha aparecido una noticia que me ha dejado perplejo -ya me leeré con calma el 'Diario de Sesiones'- y es el hecho de que
nuestras aportaciones al fondo de Naciones Unidas contra el sida sea a cargo del FAD. Me quedo alucinado.
Encuentro alucinante, si me permiten la expresión coloquial, que la ayuda humanitaria de emergencia para los refugiados que deberían haber
huido de Irak hacia Jordania, Siria e Irán, los países limítrofes, sea a cargo del FAD. Puede entenderse que no haya presupuesto para la ayuda de emergencia y que se saque del FAD, en donde hay un montón de dinero, pero insisto en que el hecho de
que la aportación española al fondo de Kofi Annan contra el sida sea a cargo del FAD es absolutamente alucinante. (La señora Pajín Iraola: ¡Es el colmo!) Por tanto, con respecto al FAD habremos de ser capaces en la siguiente legislatura de
mantener instrumentos que ayuden a esa presencia de la empresa española en el exterior, instrumentos que, efectivamente, sirvan al objetivo del desarrollo. Usted lo ha dicho sin complejos y me alegro: el 31 por ciento del FAD va destinado a Asia.
Me parece bien desde la perspectiva de los intereses comerciales; ahora bien, desde la perspectiva de los objetivos de la cooperación al desarrollo o desde la perspectiva de la Ley de Cooperación al Desarrollo, que su colega, el señor Cortés, nos
ha reiterado hoy 225 veces que es el norte de la actuación, nada tiene que ver. Asia no es prioritaria para la cooperación española, pero el FAD le destina el 31 por ciento. Por tanto, ahí tenemos muchísimo trabajo que realizar todos.
Respecto al paquete Organización Mundial de Comercio y acuerdos Doha en relación a acceso a medicamentos básicos para la población de los países pobres, sí hago una lectura moderamente optimista de los avances que se han producido a lo largo
de estos últimos años. Estos planteamientos que hoy a nuestra compañera, señora Pajín, le parecen poco, hace cinco
años podían ser absolutamente utópicos. ¿Qué riesgos tenemos? Dos. Y ahí mi grupo sí le va a pedir que España juegue un papel más activo. Primer riesgo, clarísimo, que ese sistema tan complejo y tan cargado de burocracia termine por
imposibilitar que determinados países se puedan beneficiar del acceso a medicamentos genéricos para hacer frente a estas enfermedades. Y ahí una posición atenta y activa de España para procurar que el sistema de la OMC funcione. Y, en segundo
lugar, enfrentarse, y aquí sí coincido con la señora Pajín, a la política actual del Gobierno norteamericano en América Latina, que puede dejar sin contenido los acuerdos de Doha. Y ahí reforzar la capacidad de los países latinoamericanos en
defensa de sus sistemas de salud. Es una opción estratégica de España que precisamente en función de su ventaja comparativa a favor de los países de América Latina, sería bueno que jugase. En ese mismo sentido conocer un poco, si el señor Utrera
lo tiene aquí, si no nos lo hace llegar, los esfuerzos que hacemos de investigación para enfermedades de países pobres que no son prioritarias para las industrias farmacéuticas, ya sea la española, ya sea la europea, y qué medidas concretas cree el
Gobierno que se deben impulsar para facilitar la investigación del sector farmaceútico en estas empresas.
Y sobre algodón, normas, temas, reglas de Singapur, y agricultura, que era la agenda principal de Doha, me choca la posición que ha mantenido contraria al acuerdo que parecía que se había alcanzado en la reunión de Cancún. Y si es así,
expresión de otra cuestión que le decíamos al señor Cortés hace un rato. Ha de ser el conjunto de la política del Gobierno la que vaya orientada a la erradicación de la pobreza. Si no entendemos que facilitar las exportaciones de algodón de los
países africanos es un factor para el desarrollo de un país como Mali, nuestro discurso a favor del libre comercio es un discurso tramposo, que no responde a los problemas de fondo que tenemos. Hay que ser capaces de superarlo y de iniciar los
procesos con los sectores productivos españoles que sean necesarios para apostar por ese cambio de determinadas prioridades de nuestra economía. Tendríamos mucho de que hablar, pero hoy no hay tiempo.
Sobre la OMC dos comentarios, y termino. Qué posiciones mantiene el Gobierno español en relación con la necesidad o no de cambiar las reglas de funcionamiento de la OMC, en aras de una mayor transparencia, a un mejor funcionamiento y a una
mayor capacidad de los países empobrecidos de encontrar espacios para defender sus necesidades. Al mismo tiempo, señor Utrera, la comparecencia de hoy pone de manifiesto que, de cara al futuro, va a ser necesario que la presencia española en el
Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional y en la Organización Mundial del Comercio vaya acompañada de mayor debate político en esta casa. Un mea culpa que todos los grupos debemos expresar es que no hemos sido capaces, y los grupos somos
responsables -al Gobierno no hay que exigirle más de lo que hace-, no hemos sido suficientemente diligentes para garantizar que la participación española en el seno de estos organismos internacionales venga precedida de un debate serio y de fondo
por parte de la Cámara para intercambiar posiciones y marcar la posición del Gobierno español en el seno de estos organismos, que son tan fundamentales para las políticas que el conjunto del mundo va a necesitar. De cara a la siguiente legislatura
es un asunto pendiente para todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A continuación, tiene la palabra el señor Izquierdo.
El señor IZQUIERDO JUÁREZ: Señor presidente, intervengo con mucha brevedad para agradecer al secretario de Estado de Comercio su comparecencia de esta mañana ante la Comisión porque, en nuestra opinión, ha sido de extraordinaria profundidad
en el tratamiento de los cinco temas y porque ha sido extraordinariamente clarificadora de muchas cuestiones que no hemos tenido oportunidad de debatir en esta legislatura, y esto no es responsabilidad del Gobierno sino probablemente de los grupos
parlamentarios.
En opinión de mi grupo se pone de manifiesto una tercera cuestión, que es la intensidad del trabajo desarrollado por el Gobierno, así como el buen trabajo desarrollado por el Gobierno. Probablemente hoy podemos concluir que la posición de
España, la influencia de España en el conjunto de la comunidad internacional ante temas tan importantes como los que hemos tratado es muy activa, muy intensa y de enorme prestigio. Eso es algo que nuestro grupo parlamentario le tiene que agradecer
a usted personalmente, señor secretario de Estado, por muchas razones: porque conocemos de su dedicación de años a estas cuestiones, sobre todo en el caso concreto de la posición internacional de España de impulso al acceso de los países en vías de
desarrollo a los medicamentos esenciales, conocido por toda la Cámara.
Su intervención pone también de manifiesto algunas cuestiones que yo solamente voy a señalar. De una vez por todas debemos ponernos de acuerdo en algunos criterios básicos para no estar revisándolos permanentemente.
Hicimos una Ley de
cooperación donde, entre otras cuestiones, manifestamos que el objetivo fundamental de la cooperación española era la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones, porque todos sabemos que la pobreza tiene muchas caras. Por tanto, alguien
querrá definir, una vez más, qué es la pobreza, aunque esto nos llevaría a un debate que hoy no procede. Creo que está suficientemente debatido que la pobreza tiene muchas caras y tiene muchas manifestaciones. Eso quedó sentado con gran consenso
de esta Cámara, de la sociedad y del conjunto del Gobierno y
de las administraciones públicas, en lo que es la lucha contra la pobreza.
Segunda cuestión. Las intervenciones de los grupos parlamentarios -a las cuales no me corresponde contestar, por supuesto- ponen de manifiesto que claramente existen dos modelos: un modelo anclado en la retórica de la cooperación que yo
llamo folclórica, con grandes discursos pero vacíos de contenido y con acciones que después no se corresponden con la realidad.
Es muy fácil hacer una campaña de publicidad y propaganda con discursos pretendidamente solidarios y poniendo de
manifiesto -lo que creo que va contra la dignidad de las personas- la pobreza y el sufrimiento de los más débiles, pero después no existe un desarrollo de esa cuestión. Son aquellos que en el siglo XXI siguen pensando que la ayuda es el objetivo
final de la cooperación, cuando no es así, porque el objetivo de la cooperación o de la ayuda es el desarrollo y éste no solamente es la ayuda. Por eso no entienden, señor secretario de Estado -y me apena decirlo porque tiempo hemos tenido de
profundizar todos en estas cuestiones-, el instrumento del fondo de ayuda al desarrollo. El CAD nunca ha cuestionado el fondo de ayuda al desarrollo como un instrumento eficacísimo para la cooperación internacional. Lo que ha cuestionado el Comité
de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, del que España es miembro desde principios de los años noventa, no recuerdo bien la fecha -y lo cuestionó en el examen de la ayuda española en el año 1994, aunque en el año 1998, gobernando ya el Partido Popular,
certificó notables avances en la coherencia de los diferentes instrumentos de la cooperación española y una vez más lo ha hecho en el último examen de la cooperación española-, lo que cuestiona la comunidad internacional y lo que cuestionamos todos
es la utilización del fondo de ayuda al desarrollo, el condicionamiento, el prestar para devolver, aunque sea una mínima parte de la ayuda que se da; es un instrumento que incentiva de manera muy importante el desarrollo y la responsabilidad sobre
todo de los gobiernos de los países en vías de desarrollo.
En el debate anterior con el secretario de Estado de Cooperación hablábamos, y lo repetimos ahora, del extraordinario avance de la adecuación del FAD, como un instrumento potente y eficaz de cooperación para el desarrollo, que ha sido
espectacular en los últimos años. Si mi opinión no vale que sirva la opinión del Comité del Ayuda al Desarrollo de la OCDE sobre ese particular. Recoger los datos y cifras por separado y no coger el conjunto del pastel para hacer un análisis
cuantitativo de las prioridades de la cooperación española, no lo entiendo. Es un ejercicio libre, probablemente legítimo, pero desde mi punto de vista no lo entiendo correcto. Asia no es la prioridad de la cooperación española.
El FAD es un
instrumento más de la cooperación española y forma parte del conjunto de la ayuda oficial al desarrollo española. Por lo tanto, no es esa una aseveración realmente acertada.
Es muy difícil ponernos de acuerdo cuando se siguen empleando argumentos de pancarta, cuando se siguen empleando argumentos vacíos de contenido y cuando se hace una continua llamada a la retórica. Recuerdo que una organización no
gubernamental muy importante de carácter internacional hacía un llamamiento a los gobiernos y a las organizaciones internacionales sobre que la cooperación internacional tenía que acabar ya con los discursos retóricos y pasar a los hechos. Creo que
algunos siguen en los discursos retóricos y en los contrarios, pero nunca pasan a los hechos. No se puede decir aquí, por ejemplo, que no se hace lo que sí se hace. Se puede decir que se hace poco, se puede decir que se haga mejor o se puede decir
que se oriente, pero no se puede decir que la política activa de gestión de la deuda española -iniciada en 1996 y no antes-, que es una política activa de conversión de deuda en desarrollo y por lo tanto un instrumento muy eficaz para el desarrollo,
no se hace, porque se hace. El secretario de Estado nos ha dado cifras, datos y prueba de ello. La posición de España en la comunidad internacional es muy intensa.
Haré un par de reflexiones más. Algunas manifestaciones a nuestro grupo parlamentario le parecen inquietantes. Que después de tantos años se siga pretendiendo una falta de coordinación entre diferentes ministerios cuando la cooperación
para el desarrollo es multidisciplinar y no solamente la realiza la Administración central del Estado, sino también las administraciones territoriales, como las comunidades autónomas o los ayuntamientos dentro de la acción exterior, que se siga
planteando ese argumento, en fin, me consuela mucho porque mientras se digan esas cosas no se dirán otras probablemente más interesantes. La coordinación del funcionamiento eficaz de la CIFAD y de las comisiones interministeriales se puede medir en
términos reales, y sobre todo la adecuación y la coherencia de la cooperación española a sus principales objetivos, algo que no se puede decir que no se haga. Hay cuestiones que se plantean y que son realmente preocupantes. No entender a estas
alturas que la propia internacionalización de la empresa española en países en vías de desarrollo -por lo tanto, en países de riesgo donde probablemente no existe la suficiente estabilidad institucional, seguridad jurídica, etcétera-, sea grande,
pequeña o mediana es un elemento de desarrollo, de favor, de apoyo y de lucha contra la pobreza es no entender nada. Es estar incluso por detrás de las propias empresas que se consideran agentes legítimos del desarrollo en su acción exterior, que
acuerdan tener una responsabilidad social corporativa y que son motor principal de la defensa de los derechos humanos, la democracia y las libertades. Es no entender nada; es seguir estando en ese discurso decimonónico de que el beneficio es malo.
El beneficio genera empleo y las
empresas españolas, allá donde trabajan, generan empleo, bienestar y riqueza, y son tan motores del desarrollo como lo son las organizaciones no gubernamentales o las administraciones públicas. Plantear eso ahora es, a mi modo de ver,
anacrónico, y preocupante porque yo pensaba que después de tantos años de debate estas cuestiones estaban completamente superadas.
Hago un llamamiento a la reflexión, a la unidad de criterio y al apoyo de políticas que son de todos, como he dicho en mi anterior intervención. La posición de España, ante la Organización Mundial de Comercio, en la conferencia de Cancún ha
sido de extraordinario protagonismo y, con toda seguridad, lo será en los próximos meses. España lidera, de manera clara, las políticas de condonación de deuda externa, además vinculándolas al desarrollo. España es hoy un país escuchado y líder en
impulsar el acceso a los medicamentos esenciales en los países que están en vías de desarrollo. Todo es mejorable, no podemos estar en la autosatisfacción; nunca podremos estar en esto. El reconocimiento de esto no solamente es el reconocimiento
de un Gobierno -que también, porque cuando las cosas se hacen bien conviene reconocerlas-, porque detrás del Gobierno está la Administración del Estado y, en ese sentido, hay muchas personas trabajando que están perfectamente convencidos de la labor
pública que tienen. Porque decir cosas como las que se dicen aquí es poner en tela de juicio el trabajo de cientos de miles de personas, dentro de España y fuera de ella, lo que en estos momentos es un poco preocupante, al menos para el Grupo
Parlamentario Popular.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino): A continuación, para responder a todos los portavoces, tiene la palabra el señor Utrera.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE COMERCIO Y TURISMO (Utrera Mora): Gracias, a todos los portavoces y a quienes han intervenido en esta Comisión, porque he entendido que en todos los casos se ha valorado positivamente la información que se
ha aportado en esta comparecencia, que es precisamente lo que se pretendía.
También aprovecho el final de la intervención del diputado, señor Izquierdo, porque considero que efectivamente enmarca bien la cuestión principal que aquí se está debatiendo y es que el desarrollo es complejo, ya que se lleva hablando de
desarrollo desde el siglo XIX. La definición, la medida y las implicaciones del desarrollo abarcan muchos ámbitos de actividad, por lo que es un fenómeno difícil de aprehender, pero lo cierto es que la simple ayuda -que yo no me atrevo a calificar-
de corte clásico, realizada mediante aportaciones anuales que simplemente iban destinadas a que los países más pobres del mundo fueran tirando, no ha dado los resultados esperados. Este es un fenómeno constatado. También es desarrollo otro tipo de
actuaciones de internacionalización de la empresa, como favorecer la instalación de empresas españolas o de otros países en el exterior y como la financiación de proyectos que contribuyen a la mejora de infraestructuras de todo tipo, de capital
humano, de capital social, etcétera. Consecuentemente, todos los instrumentos, en términos de crédito concesional FAD, Fondo de Ayuda al Desarrollo, en términos de donación, que también se realizan a través del FAD, como la condonación de deuda,
han de mirar a ese fenómeno tan complejo que es el desarrollo, pero, sobre todo, han de contribuir al desarrollo de los pueblos, siempre de forma directa, pero con distintas modalidades de actuación, y desde luego han de superar esa visión
anacrónica y ciertamente fallida del desarrollo como simple mantenimiento de la situación actual mediante aportaciones que no siempre encuentran el campo adecuado en el que prosperar, puesto que en muchos casos se dan auténticos problemas de
institucionalidad o gobernabilidad en muchos de estos países, ni tampoco generan un semillero desde el que promover las sucesivas etapas de desarrollo, empezando desde lo más sencillo hasta lo más complejo.
Por tanto, esos problemas de coordinación o esas diferencias de mensaje que parecen percibir algunos de ustedes, no los comparto, porque la coordinación existe entre todas las dependencias del Gobierno y también se coordinan posiciones con
otras administraciones públicas y se realizan actuaciones con todos los instrumentos disponibles. Tengo que decir que la gestión que se hace de estos instrumentos dentro del Ministerio de Economía, como parte del Gobierno, tiene una prioridad muy
clara, que es el desarrollo. Esa prioridad es compatible con que también sirva a la internacionalización de la empresa española, puesto que eso también es desarrollo. Consecuentemente no sólo no comparto la idea de que tenemos descentrados los
objetivos de la ayuda oficial al desarrollo, sino que creo que estamos en el núcleo mismo de la ayuda al desarrollo. El desarrollo no se puede concebir como dádivas vinculadas a servicios públicos, por importantes que éstos sean; el desarrollo ha
de concebirse como la capacidad de generar actividad empresarial, comercial, industrial, servicios, etcétera, en los países a los que dedican esos recursos, y esto se consigue mediante los instrumentos que estamos analizando, al tiempo que la
gestión de los mismos demuestra también que el grado de vinculación entre ejecución de los instrumentos y objetivos pretendidos es más que razonable; estoy de acuerdo que siempre puede ser mejorable, pero es razonable y positiva en los términos en
los que actualmente se está realizando. También es verdad que desde la OCDE el instrumento no está en cuestión, como tampoco están en cuestión otros instrumentos de ayuda oficial al desarrollo, lo que ocurre es que permanentemente hemos de asistir
a una mejora de esos instrumentos.
Me sorprenden algunas de las manifestaciones aquí realizadas sobre la modificación de la Ley del Fondo de Ayuda al Desarrollo, que se dice que se ha introducido por una vía no adecuada. Yo creo que la vía -la ley de medidas- es adecuada.
También entiendo que la forma en la que se ha introducido en el Congreso de los Diputados, para que fuera objeto de debate en esta Cámara y en el Senado, es razonablemente adecuada. Además, si vamos al fondo de la cuestión, la modificación de la
Ley del Fondo de Ayuda al Desarrollo tiene un doble objetivo muy claro: el primero es puramente de gestión, y consiste en ordenar y sistematizar la legislación existente en la actualidad, que está muy dispersa en textos legales, y el segundo
consiste precisamente en avanzar en la línea de las recomendaciones internacionales, tanto en lo que a la gestión del instrumento se refiere, como en cuanto a las condiciones de la ayuda. Muy brevemente les puedo decir que la nueva norma FAD
incorpora numerosas mejoras de gestión sobre la normativa actual. Así, por ejemplo, establece la posibilidad de conceder donaciones con carácter excepcional, pero establece además una mejor regulación de la ayuda desligada, en términos de la
recomendación de la OCDE. Se establece también que la adjudicación de los contratos que sean financiados mediante crédito concesional corresponderá íntegramente a los países beneficiarios, que también es una vieja aspiración de los agentes sociales
y particularmente de las organizaciones no gubernamentales, a las que también se ha hecho mención pero en sentido contrario. Se actualiza también la composición de la Comisión interministerial que ha de gestionar el FAD, se mejora la regulación del
Fondo de Estudios de Viabilidad (FEV) y se desarrolla el mecanismo de control parlamentario de la actividad del FAD. Si ustedes tienen la ocasión de leer con detenimiento estas modificaciones dentro del FAD verán que la aportación al mismo es
positiva y además es coherente con las peticiones y con los contactos que hemos tenido con las empresas y organizaciones no gubernamentales que están interesadas en el desarrollo de este instrumento.
Hay una manifestación que se ha hecho aquí que me preocupa especialmente, dicho sea con respeto y con ánimo constructivo. Se me han atribuido unas declaraciones en las que se dice que la Organización Mundial de Comercio no es la
organización para promover el desarrollo de nadie. Según se ha dicho, una publicación periodística -que yo no conozco- ha decidido poner un titular desgarrador, que posiblemente no se corresponda, como ocurre tantas veces, con el texto del artículo
que luego se desarrolla. En cualquier caso, permítame que de primera mano le clarifique a usted cuál fue mi posición el día 10 ó el 14 de septiembre, que usted ha citado, en Cancun, cuál era mi posición antes de Cancun y cuál es mi posición después
de Cancun, y además lo va a entender con extremada claridad. La cuestión se refiere a un debate señuelo que se organizó dentro de la conferencia ministerial de Cancun, vinculado con las negociaciones comerciales, pero al mismo tiempo con un alto
componente de dramatismo llamémosle desarrollista, llamémosle humanista. Ello es así hasta el punto de que algunas delegaciones -estoy hablando de la Unión Europea y de algunas otras- estábamos siendo objeto de la presentación de una cuestión como
es esta del algodón según la cual si no se producían avances en el sentido que ahora voy a decir, entonces se escenificaba un enfrentamiento entre países desarrollados y países en este caso PMA, países menos avanzados, que llevaría a poca
sensibilidad en relación con los problemas de estos países. Dicho esto con mucha suavidad, porque en algún caso, por parte de algún ministro de estos países se llegó a acusar a los productores españoles de algodón de estar atentando contra las
vidas de los agricultores de aquellos países. Por lo tanto valga también como exceso periodístico el que ha mencionado la diputada señora Pajín y el que se hizo en Cancún de las declaraciones de alguno de los ministros de estos cuatro países
africanos.
La cuestión esencial es la siguiente y pido que se me entienda bien.
Nosotros estamos empeñados en unas negociaciones multilaterales de muy alto rango y muy ambiciosas, donde están incluidos no sólo el algodón sino todos y cada uno de los
productos agrarios, donde está incluido todo el comercio agrícola mundial, donde además hay un mandato de Doha que nosotros apoyamos dentro de la Unión Europea y también a nivel particular como Gobierno, que es en favor del desarrollo. Por tanto la
integración de los países en el ámbito multilateral comercial, como requisito que es del desarrollo, tiene que ser apoyada por todos los países, los más desarrollados y los menos desarrollados, pero esa integración tiene que ser un hecho porque, si
no -enlazamos otra vez con el argumento anterior-, la ayuda al desarrollo enfocada como pura dádiva sin permitir desarrollo industrial, comercial y agrícola en esos países se quedaría en nada, es decir, no promovería realmente el desarrollo. A
partir de esa premisa, nosotros acordamos en Doha una ronda no clásica de negociaciones comerciales, en las cuales no simplemente hay concesiones de unas partes a otras, con reducción arancelaria y facilidades de acceso a mercado, sino que hay mucho
más. Acordamos una asimetría en esas concesiones, siempre favorables a los países más pobres y dentro de ellos estableciendo un cierto rango entre países en desarrollo y países ciertamente menos avanzados, que son los más pobres de todos. Siendo
claro el mandato que teníamos, también es verdad que el mandato que tenemos es sacar adelante unas negociaciones omnicomprensivas del sector agrícola, del sector industrial, del sector servicios, etcétera. La particularidad que tenía la propuesta
del algodón era que no se podía esperar a la decisión final, es decir, al acuerdo final, al single undertaking final, sino que había que tomar una medida concreta respecto a un producto concreto, fundamentalmente
de unos productores concretos, y que si no se adoptaba ya en Cancún, fuera del acuerdo general de comercio, entonces los países miembros de la Organización Mundial de Comercio asumiéramos el compromiso financiero de compensar a esos países
por la existencia de unas normas que son legales, que son reales y que además están acordadas en la Organización Mundial de Comercio, instrumentos como pueden ser las ayudas a la exportación, etcétera. Por tanto el uso de instrumentos plenamente
vigentes daría lugar a una compensación financiera a algunos países, caso de que esa propuesta fuera aceptada. Ante esa situación, la posición española fue la siguiente. Por un lado, nosotros somos productores. Creo que todos ustedes conocen que
hay una alta concentración precisamente en una región española, Objetivo 1, en la producción de algodón, y he de entender que ustedes no están manifestándose a favor de la propuesta de los países africanos y que desmontemos la producción de algodón
en España. Partiendo de esa premisa, ninguno de ustedes lo ha dicho, ni a favor ni en contra... (El señor Campuzano i Canadès: Yo sí.) El señor Campuzano dijo concretamente que no entendía la propuesta del algodón y, sobre todo, que no entendía
la posición de la Unión Europea y de España frente a esa propuesta. Es lo que le estoy explicando en este preciso momento. La propuesta es la que ya le he mencionado, es decir, eliminación de todo tipo de instrumentos vigentes, que vienen
acordados desde la ronda Uruguay -quiero recordar que la ronda Uruguay finalizó en el año 1994-, y que en la medida en que no se eliminen ya, en Cancún crear unas compensaciones financieras a los países promotores de esta iniciativa. La posición de
España frente a esta iniciativa, como estaba diciendo, consiste básicamente en que para promover soluciones a corto plazo y por tanto para permitir que estos países salieran de situaciones de extrema gravedad a corto plazo, existen otras
instituciones, concretamente el Banco Mundial, el Banco Africano del Desarrollo, instituciones multilaterales, y también la propia Unión Europea mediante instrumentos específicos de ayuda al desarrollo, ya sean estos tecnológicos, diversificación de
producción y que no se concentre exclusivamente en algodón, o ya sea económicos, mediante aportación de ayudas para facilitar esa diversificación productiva, existen instrumentos, digo, para corregir, para compensar o, si se quiere, para aliviar la
situación de esos países en el corto plazo, pero que si dentro de la Organización Mundial de Comercio se violentaba el concepto de acuerdo final omnicomprensivo de toda la negociación, el single undertaking, y sobre todo si se violentaba un concepto
hasta ahora nunca introducido en el seno de la Organización Mundial de Comercio, y es que los países miembros tienen que pagar compensaciones a otros países miembros por el hecho de aplicar instrumentos que son plenamente vigentes, autorizados y
compatibles con la Organización Mundial del Comercio, si se violentaba en estos dos términos la Organización Mundial de Comercio, nos metíamos en un grave problema que se trasladaría inmediatamente a otras producciones, de hecho ya teníamos a otros
productores internacionales diciendo que el algodón sí, pero que después venía el azúcar, después la carne de vacuno y después otros. Por tanto hubiéramos roto las negociaciones de agricultura para empezar a hacer mininegociaciones sobre productos
concretos y situaciones concretas de países, lo cual es incoherente con la naturaleza de la Organización Mundial de Comercio, y en segundo lugar crearíamos un sistema de compensaciones financieras que la Organización Mundial de Comercio no puede ni
debe atender, puesto que la financiación que esta recibe de los países miembros se limita exclusivamente a crear una estructura de naturaleza negociadora, para que se negocien acuerdos favorables a los países en desarrollo, puesto que en eso
estamos, pero en modo alguno una estructura que, además de llevar a cabo negociaciones, empiece a compensar a los países por lo que hacen los demás países, con lo cual convertiríamos la OMC en una mezcla de institución financiera internacional, de
organismo negociador más no sé qué otra combinación más, pero desde luego sí pasaría a ser una institución realmente difícil de manejar.
En esos términos tiene usted que entender la referencia periodística -que yo no conozco y por tanto no niego, señora Pajín- a la que usted ha hecho mención, es decir, la Organización Mundial de Comercio no debe atender compensaciones
financieras directas, puesto que no tiene medios financieros ni tiene en sus normas de funcionamiento atribuida esa funcionalidad. Por tanto no puede hacerlo. Existen otras instituciones para promover la ayuda de carácter inmediato, a corto o a
medio plazo, y la Organización Mundial de Comercio sí contribuye -por tanto, niego la afirmación que allí se haga- al desarrollo de los países por la vía quizá más poderosa para promoverlo, que es precisamente crear las condiciones en las cuales
haya intercambios multilaterales. Consecuentemente, entiendo por sus gestos que está de acuerdo con lo que yo digo ahora y en modo alguno con lo que viene recogido en ese periódico, pero yo le puedo garantizar que en Cancún dije lo mismo que estoy
diciendo ahora. Lo que ocurre es que a lo mejor allí se interpretó de forma distinta, de la misma manera que usted califica peyorativamente las afirmaciones del vicepresidente primero del Gobierno inmediatamente después de Cancún cuando señala que
aprovecharemos la próxima ocasión para reiniciar negociaciones y para impulsar las negociaciones. Ciertamente yo entiendo que esas son unas afirmaciones perfectamente razonables. Si en Cancún no se alcanzaron los objetivos, usted puede calificarlo
como fracaso, algunos comisarios europeos así lo han hecho, bien es verdad que desde otra perspectiva, porque concretamente el comisario de Comercio, Lamy, vino a decir
que las estructuras de la propia Organización Mundial del Comercio estaban anticuadas en el tiempo -incluso hizo una referencia a la época medieval- para administrar acuerdos por consenso. La cuestión aquí es el consenso.
Piense que la
Organización Mundial de Comercio -y con eso creo que también contesto en parte a alguna de las afirmaciones que ha hecho antes el representante de Convergència i Unió, señor Campuzano- tiene entre sus muchos activos que las decisiones se han
adoptado siempre por consenso, aunque podría aplicarse otra regla. Ese consenso se ha mantenido a lo largo del tiempo, originariamente en el GATT, que es el precursor de la Organización Mundial de Comercio, al cual, aparte de la negociación de
industriales, se han incorporado las negociaciones agrícolas y las negociaciones de servicios, el GATS, y es un valor que en la mente de todos está preservarlo, y podríamos hablar mucho de esto. La conveniencia del consenso es que si no se aceptara
por algún o algunos países los acuerdos que se adoptaren en la OMC podrían ciertamente rebajar el nivel de progreso en las propias negociaciones. Por tanto esta es una institución que es muy conveniente que funcione por consenso. Pues bien, dentro
de ese consenso, el comisario europeo de Comercio venía a hacer referencia a que es muy difícil administrar intereses muy contrapuestos como los que se dieron en Cancún. Es un hecho, es una realidad, de la cual no somos responsable ninguno. Lo
cierto es que allí se dieron intereses muy contrapuestos, muy enfrentados y, lógicamente, tomar decisiones por consenso cuando los intereses están tan enfrentados resulta muy difícil. Entonces, la derivada inmediata es cuestionar el funcionamiento
de las estructuras de la propia institución. He de decirles a este respecto que la reforma de la Organización Mundial de Comercio como concepto, como institución -reforma que, en cualquier caso, habría de ceñirse a los aspectos fundamentalmente
procedimentales, aunque es una opinión personal, hasta que no veamos cómo transcurren los acontecimientos en las próximas semanas o meses, porque la reforma de la OMC, no es para mañana, en el caso de operarse, fundamentalmente tendría que centrarse
en la propia actuación que se debe desarrollar desde la secretaría general y desde cada una de las secretarías y presidencias de cada uno de los acuerdos integrados dentro de la OMC -del GATT, del GATS, del ADPIC y de cada uno de los acuerdos
integrados- y al mismo tiempo también proceder a una reforma de procedimientos, tanto sancionadores del órgano de solución de diferencias como algún otro de los procedimientos antisubvención, etcétera, que están recogidos también en los acuerdos
OMC. Por tanto por ahí podríamos dar más capacidad ejecutiva a la Secretaría General de la Organización Mundial de Comercio y también una mayor capacidad de intervención en situaciones en que haya conflictos de intereses. En cualquier caso, vuelvo
a repetir que creo que es un activo de la organización, siempre y cuando veamos positivo que las decisiones se tomen por consenso, por un lado, garantizaremos que todos los países estarán presentes en la decisión, hasta los más pequeños, puesto que
se requiere su consenso, y, por otro lado, también garantizaremos que las negociaciones luego avancen a buen ritmo toda vez que todos los países consensúan el lanzamiento de las rondas, consensúan los términos, las modalidades y los parámetros de
esas negociaciones y luego su aplicación práctica, porque, no nos confundamos, en el comercio internacional la normativa multilateral regulada por la Organización Mundial de Comercio puede sufrir luego entorpecimientos en la práctica tremendamente
disuasorios como puede ser simplemente no gestionar con rapidez suficiente, no despachar las mercancías en aduanas, retrasar días en despacharlas, apelar a motivos de precaución por cuestiones fitosanitarias o salud pública o salud animal; en fin,
hay muchas herramientas que darían luego posibilidad a algunos países -los que no estuvieran de acuerdo en ese consenso- de entorpecer acuerdos por la vía de las hechos. Por eso entendemos que el consenso es una buena práctica.
Sirva esto para
explicar las afirmaciones que el periódico entiendo, no usted, ponía en mi boca y también las afirmaciones del vicepresidente, porque estamos en la política de facilitar los acuerdos, ahora en la reunión de diciembre en Ginebra y más adelante en
cuantas ocasiones tengamos.
En cuanto al fracaso de Cancún, es terminología. Yo no voy a negar los hechos y los hechos son que no se alcanzó un acuerdo, pero hablar de fracaso sin paliativos y, sobre todo, atribuir a ese fracaso problemas de integración de los países
más pobres en el contexto comercial internacional sería una lectura excesiva. No se alcanzó un acuerdo en Cancún, eso es verdad, y por tanto ha fracasado la cumbre porque lo que se pretendía era alcanzar un acuerdo, pero observe usted que lo que se
pretendía alcanzar no se refería al acuerdo final -no había un single undertaking que tomar ahí-, ni a las modalidades de negociación. Lo que se pretendía era un acuerdo general sobre directrices que permitirían después negociar los parámetros y
las modalidades para posteriormente entrar a la negociación tanto de aranceles como de otras barreras al comercio, cuantitativas o no contingentes u otras medidas.
Consecuentemente, una aproximación en la agenda de la ronda de Doha, que hubiera
permitido, in extremis -ya íbamos muy retrasados, toda vez que no se habían cumplido los plazos de los compromisos anteriores-, cumplir los plazos establecidos en Doha 2005 ahora ha sufrido un retraso, lo que muy posiblemente implica un retraso en
el acuerdo final de la ronda de Doha.
A partir de ahí, hay otro concepto muy importante que ha salido con ocasión de las intervenciones de SS.SS., que es el multilateralismo frente al bilateralismo. Concretamente, se suele decir que este Gobierno
no está cómodo en el ámbito multilateral y que lo rehuimos. No es verdad.
Nosotros en la OMC tenemos el protagonismo que nos corresponde como miembros de la Unión Europea y ese es un protagonismo muy fuerte, porque la Unión Europea lidera cuestiones muy importantes dentro de la OMC. Por tanto España está en línea
con los países de la Unión Europea y nos encontramos muy cómodos dentro de los acuerdos multilaterales. Tratar de derivar a partir de ahí alguna razón de lo que usted ha llamado fracaso de Cancún o simplemente de que no se han alcanzado los
objetivos de Cancún, según la terminología que utilicemos, y hablar de que España no se encuentra cómoda en ámbitos multilaterales es sencillamente dar un salto en el vacío, que además no tiene lógica, porque nosotros estuvimos cómodos en Cancún -lo
dije antes y lo repito ahora- porque la posición de la Unión Europea y, dentro de la Unión Europea, la posición española, era una posición cómoda. Nosotros llevábamos los deberes hechos, nosotros llevábamos una reforma de la política agrícola común
aprobada dos meses antes, llevábamos unos criterios muy claros de avance en relación con las negociaciones comerciales agrícolas, avance que era sustancial y muy importante para la mayor parte de los otros países miembros de la OMC, para los países
en desarrollo, hasta el punto de que habíamos propuesto una reducción de las subvenciones a la exportación en torno al 50 por ciento y además se proponía -lo digo a título de ejemplo, no vamos a entrar en todos los detalles de la propuesta o de la
posición de la Unión Europea- que para algunos productos de especial interés -así se decía- para los países en vías de desarrollo también se estaba dispuesto a renunciar a dar apoyo a las exportaciones. También habíamos conseguido que, junto a las
ayudas a la exportación tipo subvención, las restituciones de la Unión Europea, se incluyeran en el mismo saco, se consideraran de la misma forma los créditos a la exportación que practica Estados Unidos o incluso las empresas o comercio de Estado
que practican Australia o Canadá. Habíamos conseguido que todos los instrumentos de apoyo a las exportaciones, que las ayudas a la agricultura vinculadas a la producción -a mayor producción, mayor ayuda- también pasaran a un plano muy secundario y
que el grueso de las ayudas, dentro y fuera de la Unión Europea -era lo que nosotros proponíamos en términos de negociación-, no fueran vinculadas precisamente a la producción, que se desvincularan de la producción como una medida para garantizar
que no habría stocks que luego tendrían que ser apoyados o subvencionados para la exportación, con lo cual arreglábamos los dos problemas. En definitiva era una posición muy cómoda, nosotros estuvimos muy cómodos allí dentro y no se puede decir que
el ámbito multilateral nos venga grande, porque no es así de ninguna manera, ni que no tengamos capacidad de influir, como se demostró precisamente en el caso del algodón. En el caso del algodón España tuvo una actitud muy activa, puesto que tocaba
a nuestros intereses directos, para conformar la posición de la Unión Europea y esta tuvo la posición que en este caso España promovió continuamente. Por tanto nosotros no tenemos problema con el multilateralismo ni en el ámbito comercial ni en el
ámbito financiero en cualquiera de las grandes instituciones financieras multilaterales.
En materia de medicamentos las cosas pueden verse de muchas formas. Yo no creo que nadie en su sano juicio pueda negar los problemas que se dan ahora en la práctica en muchos países, subsaharianos algunos pero también de otras áreas
geográficas. Hay un problema. Este problema puede y conviene que sea atajado de muchas formas mediante la dotación de fondos que permitan financiar la adquisición de medicamentos para los países en necesidad de esos medicamentos -solución Naciones
Unidas-, mediante actuaciones Unión Europea, acción común, que supone también la dotación de fondos y de medios para promover la investigación de enfermedades básicas que aquejan a esos países, más capilaridad en la red sanitaria que permita llegar
a esos países más dotación de centros de decisión que permitan que esa ayuda sea eficaz. Por otro lado está el campo de la Organización Mundial del Comercio, el más directamente vinculado con esta secretaría de Estado. Creo que ha quedado claro
que aunque alguno de ustedes lo ha calificado como un pequeño paso, unánime e internacionalmente ha sido calificado no solamente como un paso correcto en la dirección adecuada sino como un gran paso en la solución del problema, porque lo cierto es
que estos países tenían una limitación para poder acceder a esos medicamentos a precios reducidos, hasta ahora gracias precisamente a algunas industrias farmacéuticas que han contribuido a título particular mediante la creación de segundas marcas a
precios reducidos pero con la misma eficacia terapéutica y que en muchos casos han permitido incluso campañas de gratuidad de determinados medicamentos para resolver el problema de estos países, pero todavía no tenían un marco multilateral en el
cual quedaran amparadas las relaciones comerciales en materia de productos farmacéuticos con esta finalidad. No existía, lo que existía era un derecho de propiedad intelectual relacionado con el comercio que establece que el propietario de la
patente lo es no solamente de la producción sino también del procedimiento durante un periodo de años, y se ha pasado a una situación en la que se dice: por excepción -waiver: excepción- temporal, se ha dicho a todos los países; la situación de
los países, digamos, con capacidad industrial había quedado ya resuelta en el año 2001, cuando se decía, primero, caso de emergencia sanitaria, que define usted, la puede definir usted, no le damos una regla de qué es una emergencia sanitaria,
tantos enfermos por miles de habitantes, etcétera, no, no, usted lo define, por tanto flexibilidad en la definición, usted puede además emitir una licencia obligatoria por la cual su industria nacional se hace cargo de la producción y por tanto
usted
puede conseguir a precios reducidos, a precio de coste de producción, sin incorporar el sobreprecio que supone la patente, que es por otro lado un sobreprecio razonable, toda vez que se quieren mantener los procesos de investigación, pero en
su caso concreto, ante la gravedad de la situación y por problemas de suministro o cualquier otra razón, usted puede fabricar sus medicamentos con abstracción de la patente existente. Eso que había sido un gran avance lo había dejado fuera, por los
problemas de comercio internacional precisamente, porque internamente en un país un Gobierno emite la licencia obligatoria y si dentro de ese país se puede atender y a la industria de ese país se le dice que solamente puede vender en el interior el
país, ese problema estaba resuelto, pero quedaba pendiente el problema de terceros países que no tienen capacidad industrial y que consecuentemente aunque emitieran licencias obligatorias nadie podría fabricar los productos autorizados por esas
licencias obligatorias. Consecuentemente, ahí entramos en el campo del comercio internacional donde es obvio que hay riesgos -también se ha apuntado por alguno de los intervinientes-, muchos riesgos, porque una vez autorizada una industria de un
país a exportar, podría exportar al país beneficiario y a algunos otros más a precio reducido, es decir, sin incluir como coste la recuperación de la inversión en la obtención de patente. Entonces, una vez que nos hemos puesto todos de acuerdo -y
eso ha llevado un año y medio- en las condiciones restrictivas, que no son, desde mi punto de vista, excesivamente opresivas desde la perspectiva de la administración y la burocracia de gestión el sistema no tiene dificultades. Obsérvese que lo
único que hay que hacer es informar a la Organización Mundial de Comercio y poner a disposición una página web para que el exportador que emite la licencia obligatoria informe y que el importador envíe una comunicación a la Secretaría General de la
OMC sin esperar, no hace falta, no se exige, aprobación del Consejo OMC, por tanto, no hay que aprobarlo en Consejo, simplemente comunicarlo a la Secretaría de la OMC y ya tiene derecho el importador, el beneficiario, a emitir la licencia. No
existen dificultades de administración o por lo menos nosotros no las contemplamos como insalvables y, por otro lado, sí permite resolver la situación. ¿Hasta qué punto? Pues si de lo que estamos hablando es del requerimiento de algunos países de
prestación de medicamentos a precio muy reducido que ni siquiera compense los costes de producción, sin incluir los costes de recuperación de la patente, entonces habrá que arbitrar, aparte de los procedimientos OMC, de los procedimientos
ADPIC-Salud, otros procedimientos de subvención, de aportación, que podrían venir por parte de otros fondos, del fondo global ONU, Naciones Unidas o por parte de cualquier fondo europeo u otros. Creo que eso básicamente está resuelto y sobre todo
está resuelto el entramado institucional que ha de permitir que los medicamentos fluyan hacia los países que los necesitan y a precio reducido, sin incorporar coste o gravamen como consecuencia de la patente.
Respecto a lo que me ha planteado la diputada señora Pajín en relación con Iberoamérica no lo he entendido. Lo voy a estudiar y tendremos ocasión de hablar de ello. Las propias negociaciones del ALCA están sometidas ahora a la
reconsideración por parte de los países, incluso el ritmo y los contenidos de las mismas no son plenamente conocidos. Por tanto la información que usted aporta no está en realidad consolidada y en muchos casos ni siquiera es información que podamos
considerar como relevante para el futuro. En segundo lugar, la presión de cualquier Administración de cualquier país, por grande que este sea, no puede interferir en el hecho de que todos los países miembros de la Organización Mundial de Comercio
-y los iberoamericanos lo son todos, incluido Cuba- no puedan llamar para sí el derecho que le otorga precisamente el acuerdo ADPIC-Salud de Doha, completado con el de Ginebra de 30 de agosto de este año. Consecuentemente, cualquier acuerdo en
materia regional, aunque incluya elementos relativos al acuerdo de propiedad intelectual relacionado con el comercio, en el sentido, entiendo, de mayor respeto por las patentes, no podrá abstraerse o no podrá dejar de beneficiarse del waiver
temporal, cuando el país no tenga capacidad de producción, o de la resolución de Doha, en el sentido de que ante grave crisis de salud, ese país podrá emitir licencias obligatorias que permitirán a su industria, si la tiene, producir el medicamento
y, si no la tiene, a importar el medicamento de terceros países. Por consiguiente, no he entendido su argumentación, pero creo que no es aplicable a Iberoamérica, puesto que, como miembros de la Organización Mundial de Comercio, tienen pleno
derecho a beneficiarse de los acuerdos de dicha organización, cualquiera que sea el acuerdo regional, y actualmente desconocemos los términos en que se va a alcanzar ese acuerdo.
Por último, si me permiten -dejo algunas cosas por contestar-, entro en la iniciativa HIPC y en la gestión de la deuda. Estamos en la HIPC 2, la reforzada, y se nos ha propuesto que pasemos a una HIPC 3. Pues bien, esto se puede
considerar, que empecemos a trabajar en una reformulación de la iniciativa HIPC. No voy a entrar aquí a valorar esta iniciativa en los términos en que está establecida, pero observen que las etapas que se han calificado de complejas -yo puedo estar
de acuerdo con que haya cierta complejidad en las etapas para que los países sean elegibles y por tanto se beneficien de la iniciativa- encuentran una justificación al menos conceptual en el hecho de que, y también guarda relación con lo que hemos
hablado antes, no es una dádiva, en este caso en forma de condonación pura y simple de deuda, sino que al mismo tiempo los países beneficiarios, y sobre todo los gobiernos de estos países -estamos convencidos de que los países lo quieren
y los ciudadanos también, pero sobre todo los gobiernos de los países beneficiarios- tienen que ser conscientes de esa condonación de deuda, que vuelvo a repetir está prevista en el 90 por ciento, Club de París, más el 90 por ciento de la
deuda comercial después de fecha de corte, correspondiendo más a España, puesto que lo que estamos condonando no es el 90, sino el cien por cien de la deuda oficial. Esos países han de ser conscientes de que tienen que dar pasos decididos
precisamente para desarrollarse, no pudiendo estar participando en una HIPC 1 o en una HIPC reforzada en este momento, la HIPC 2, y esperar que en la HIPC 3 del futuro otra vez se vuelvan a considerar los mismos países y se condone toda o la mayor
parte de la deuda que en ese momento tengan y que dentro de 20 ó 30 años volvamos a estar en la misma situación.
Yo entiendo que se quiera vincular la condonación de la deuda a la acción activa de los países en orden a aplicar programas que contemplan precisamente la condonación de la deuda, pero programas que les exijan que a su vez atiendan objetivos
de estabilización macroeconómica, objetivos de reforma estructural, porque en muchos de estos países o se hace eso o condonar la deuda simplemente es el preludio de que habrá que hacer una condonación dentro de cinco, de 10 o de 15 años. A mí
entonces me parece razonable. Y precisamente las etapas, tal como las he descrito anteriormente, lo que hacen es garantizar esa voluntad, vuelvo a repetir, del gobierno del país o del gobierno de la nación beneficiaria de participar activamente
precisamente en esas otras políticas y no solamente beneficiarse de la pura condonación de la deuda. En definitiva, esas etapas tienen su explicación. Ciertamente, en el futuro, con la experiencia acumulada en las dos versiones de la iniciativa
HIPC, se podrá mejorar la gestión, pero en cualquier caso es una iniciativa que nosotros entendemos que está funcionando razonablemente bien.
En cuanto a la participación española, ya la he mencionado. Atribuir a nuestra participación una iniciativa HIPC y no liderar la iniciativa por lo que a los hechos se refiere, porque muchas veces, como antes recordaba, los hechos son más
importantes que las palabras, dobla nuestra participación en el Banco Mundial. Casi el 4 por ciento del coste total de la iniciativa HIPC lo estamos financiando mediante la condonación de deuda que se realiza en España, tanto oficial como
comercial, y además con un criterio más generoso, porque vuelvo a repetir que el cien por cien de la ayuda oficial al desarrollo y no el 90, como prevé la iniciativa, es el que se está condonando a los países elegibles, a los países que forman parte
de la iniciativa.
Se aborda también la posición en relación con la deuda de otros países y subyace también en este debate la cuestión de Irak y de Turquía vinculada a Irak. Las operaciones que se realizan a través del FAD y las operaciones de deuda en estos
casos tienen una lógica, que es fundamentalmente el desarrollo y también contribuir, como se ha dicho antes, al objetivo de promover el desarrollo por la vía de la presencia de la empresa española y en el caso de estos países, como en todos los
demás, se dan las circunstancias. Quiero recordarles que cualquier país no es elegible para créditos FAD, porque ha de cumplir unos criterios, fundamentalmente de renta per cápita, y en la medida que lo cumpla es accesible al crédito concesional.
Pero es que además de esas condiciones internas del país tienen que darse otras condiciones que son mucho más difíciles de medir, mucho menos tangibles, pero presentes siempre, como la capacidad de absorción de los países y la capacidad de proponer
proyectos que tengan alguna eficacia. Siempre han de ser proyectos de desarrollo, porque piensen ustedes que en caso de que los proyectos sean autosostenibles en términos económicos, y con eso ya también desdramatizamos el aspecto comercial que se
le trata de atribuir al FAD enfrentándolo al aspecto de ayuda al desarrollo, entonces no se puede aplicar el FAD, no se puede aplicar crédito concesional. Esa es una norma que venimos aplicando desde hace muchos años. El crédito concesional sirve
sólo para financiar proyectos que en términos económicos o comerciales no son sostenibles en el tiempo y que requieren esa ayuda financiera. Por tanto, está vinculado a proyectos de desarrollo y solamente para países que son elegibles para otorgar
créditos FAD, lo cual enlaza con uno de los planteamientos que antes se hacían, sobre si Iberoamérica no es esencial en nuestra política de ayuda al desarrollo.
Iberoamérica no solamente es esencial y prioritaria, sino que afortunadamente, a pesar
del retroceso de los últimos dos o tres años, con la situación económica tan delicada de algunos de los países del área, cada vez tiene menos países elegibles para otorgarles crédito FAD, ha quedado reducido a sólo un puñado muy restringido de
países a los cuales se les puede otorgar crédito FAD, porque han superado los umbrales que permiten, en base a acuerdos internacionales con la OCDE, otorgarles crédito FAD.
Consecuentemente, en modo alguno la presencia de otras áreas que también son prioritarias y de interés, como puede ser Asia, significa oscurecimiento de la prioridad que respecto a Iberoamérica tiene la política de ayuda al desarrollo.
Antes se ha mencionado un argumento muy importante, la propia internacionalización y el apoyo que está recibiendo la internacionalización de la empresa española, fundamentalmente hacia países iberoamericanos, sería una implicación en esa política
del desarrollo. Pero el FAD, como instrumento que solamente es aplicable a algunos países, los que cumplen las condiciones, lógicamente en áreas que se están desarrollando, puede ir perdiendo eficacia y porcentaje de presencia, pero no significa en
modo alguno que la prioridad no exista.
Señor presidente, son las cuatro menos cuarto de la tarde. Creo que nos hemos extendido todos mucho, yo
el primero. Pido excusas a los portavoces por las preguntas que no haya contestado de forma expresa, y me pongo a su disposición para cualquier aclaración posterior.
El señor VICEPRESIDENTE (Fariñas Sobrino) Muchas gracias, señor Utrera. Le agradecemos su ilustrativa y generosa intervención ante esta Comisión, del mismo modo que agradecemos a todos los portavoces su trabajo y su paciencia en esta densa
sesión de comparecencias de la Comisión, la número 30.
Sin más, levantamos la sesión.
Eran las tres y cincuenta minutos de la tarde.