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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 875, de 17/11/2003
CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 875
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 59
celebrada el lunes, 17 de noviembre de 2003
orden del día:
Preguntas:
- Del señor Leguina Herrán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre resultados reales en lo que se refiere a la creación de la nueva Filmoteca Nacional y al Centro de Conservación y Restauración en la Ciudad de la Imagen. (Número de
expediente 181/003900.) ... (Página 27776)
- Del señor Ripa González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de si la realización de la prueba general de Bachillerato será la misma en todo el Estado o por comunidades autónomas.
(Número de expediente 181/003824.)
... (Página 27777)
- De la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la opinión que le merece al Gobierno el informe de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) sobre la educación en España.
(Número de expediente
181/003854.) ... (Página 27779)
- De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre trámites que establece el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la concesión de becas y ayudas al estudio para el curso 2002-2003. (Número de
expediente 181/003557.) ... (Página 27783)
- De la señora Díez de Baldeón García (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de revisar al Real decreto sobre integración de las Universidades españolas en el espacio europeo. (Número de expediente 181/003871.) ...
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la intención del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de mantener en su puesto al actual director de la Aneca. (Número de expediente 181/003762.) ...
- De la señora Vázquez Blanco (Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), sobre situación actual de la oferta y demanda de las titulaciones oficiales en las Universidades públicas españolas. (Número de expediente 181/003558.) ...
- De la misma señora diputada, sobre la valoración por el Gobierno del desarrollo de elección de rectores llevado a cabo en las Universidades conforme al sistema previsto en la ley orgánica de universidades. (Número de expediente
181/003559.) ... (Página 27793)
- Del señor Nieto González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones por las que el Consejo Superior de Deportes ha permitido hipotecar el inmueble de la Real Federación Española de Fútbol. (Número de expediente 181/003912.) ...
Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR LEGUINA HERRÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE RESULTADOS REALES EN LO QUE SE REFIERE A LA CREACIÓN DE LA NUEVA FILMOTECA NACIONAL Y AL CENTRO DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN EN LA CIUDAD DE LA IMAGEN. (Número de
expediente 181/003900.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señor secretario de Estado, bienvenido a la Comisión. Vamos a proceder al desarrollo del orden del día con la siguiente modificación que anuncio a sus señorías. Primero va a intervenir el secretario de Estado de Cultura, don Luis Alberto
de Cuenca, contestando a la pregunta número 12, pasando la número 1, que corresponde al secretario de Estado de Educación y Universidades, a ocupar el lugar de la número 11 y la número 11 a ocupar el lugar de la 12. Sin más preámbulos, pasamos al
punto 1 del orden del día, que, de acuerdo con esta nueva ordenación, es la pregunta que formula el diputado don Joaquín Leguina, sobre resultados reales en lo que se refiere a la creación de la nueva Filmoteca Nacional y al centro de conservación y
restauración en la Ciudad de la Imagen. Tiene la palabra el señor Leguina.
El señor LEGUINA HERRÁN: Señor presidente, antes de formular formalmente al señor secretario de Estado la pregunta, quiero darle a usted las gracias por el cambio que ha propiciado y también al señor secretario de Estado, porque he sido el
causante de dicho cambio y quisiera que constase mi agradecimiento personal a la Mesa y a usted, así como al secretario de Estado por haberse desplazado a esta hora, aunque bien es cierto que, para suerte de esta casa, tiene su despacho no lejos de
la misma.
La intención de la pregunta es la siguiente. En el programa electoral que resultó ganador en las últimas elecciones, esto es, el del Partido Popular, había una serie de propuestas y de proyectos que se podían inscribir y se inscriben en el
área de cultura, siendo este uno de ellos.
Pues bien, puesto que estamos al final de la legislatura, no sería malo que desde el Parlamento el Gobierno diera explicaciones de lo realizado con respecto a su paradigma, que es el programa electoral.
Por eso le formulamos esta pregunta.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): Voy a intentar resumir
los resultados reales y a continuación analizaré lo que aún se está haciendo al respecto, ya que hay noticias de muy última hora.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, dispone usted de alrededor de cinco minutos para contestar.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): Seré brevísimo.
Todo el mundo sabe que durante la legislatura se ha rehabilitado el Palacio de Perales, en la calle Magdalena, 10, y que el proyecto ha sido dirigido por el arquitecto Feducci, habiendo dado lugar el conjunto de las obras a una sede muy
digna de la Filmoteca Española en sus distintas estancias. Durante estos años hemos prestado especial atención al material fílmico, que es especialmente frágil y de difícil conservación.
Hemos destinado a la conservación de tal patrimonio más de
4,26 millones de euros. Además, dentro del programa patrimonio.es, de conservación, catalogación y digitalización del patrimonio histórico, hemos iniciado un proyecto para la digitalización de materiales de la filmoteca anteriores a 1953, cuyo
soporte original, insisto, es frágil y de precaria conservación. En cuanto al centro de conservación y restauración de fondos fílmicos de la Filmoteca Española, este proyecto, redactado por Víctor López Cotelo, fue presentado públicamente por la
ministra de Educación, Cultura y Deporte, Pilar del Castillo, en el acto de conmemoración del 50.º aniversario de dicha filmoteca. El centro se construirá en una parcela reservada a tal fin en la Ciudad de la Imagen y las obras se realizarán según
lo acordado por los ministerios de Cultura y de Obras Públicas en la época de la ministra doña Carmen Alborch, proyecto esbozado que no llegó a materializarse o a consignarse presupuestariamente, pero que nos ha permitido avanzar en esta dirección.
El objetivo del proyecto es crear un centro dotado con todos los adelantos técnicos para la conservación de los materiales fílmicos. El proyecto del nuevo centro de conservación y restauración de fondos fílmicos de la Filmoteca Española ya completo
consta de tres volúmenes.
El bloque de archivos subterráneo tendría 8.507 metros cuadrados de superficie útil total y 10.016 de superficie construida, sería el centro conceptual del edificio, con seis archivos no inflamables. Consta también de
otro volumen sobre el cuerpo del servicio administrativo-técnico y de comunicaciones, situado en superficie, con planta baja y dos plantas, con 3.469 metros cuadrados útiles y 4.000 construidos. El tercer volumen de superficie albergaría los
equipos de climatización con dos alturas. Eso es más o menos lo que se irá realizando en un proyecto plurianual con respecto al centro de conservación fílmica. He intentado ser lo más breve posible.
El señor PRESIDENTE: Señor Leguina, tiene la palabra.
El señor LEGUINA HERRÁN: Entenderá que me interese por esto no sólo como miembro del Grupo Socialista sino porque me afecta personalmente, ya que fui yo, como concejal de Hacienda, quien compré el cine Doré y, como presidente de la
Comunidad, con muchísima gente más, quien empujó la Ciudad de la Imagen. Queda claro que ustedes tenían en el programa la realización del centro de rehabilitación en la Ciudad de la Imagen y todavía no está hecho. Sería estupendo que esos
proyectos, que estoy seguro que son los buenos y los que hay que hacer desde el punto de vista arquitectónico, los pudiéramos hacer nosotros después de las elecciones.
Les prometo, señores del PP, que lo meteremos en el programa electoral.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE CULTURA (De Cuenca y Prado): Yo le agradezco al señor Leguina sus buenos propósitos para llevar a cabo ese proyecto. En cualquier caso, para ir facilitándoles la tarea de cara a lo que tienen que pedir para
llevar a cabo el proyecto -hemos propuesto una enmienda para que haya dotación presupuestaria para 2004, cuyo texto tengo a su disposición-, le diré que las anualidades serían 650.000 euros en 2004, 4.634.000 en 2005, 9.800.000 en 2006 y 1.209.000
en 2007. Está más o menos ajustado respecto a lo que podría valer. Queremos que en 2004, mediante una enmienda, porque no hemos podido hacerlo por otro sistema, se consigne al menos esta cantidad de 650.000 euros.
El señor LEGUINA HERRÁN: Un brevísimo comentario, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: No es posible, señor Leguina.
Señor secretario de Estado, muchas gracias por su intervención.
- DEL SEÑOR RIPA GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE SI LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA GENERAL DE BACHILLERATO SERÁ LA MISMA EN TODO EL ESTADO ESPAÑOL O POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente
181/003824.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a las preguntas que corresponde contestar al secretario de Estado de Educación y Universidades, don Julio Iglesias, a quien doy la bienvenida. De acuerdo con la ordenación a la que me he referido al comienzo de
esta sesión, la primera pregunta corresponde a don Vicente Ripa González, quien tiene la palabra.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Antes de nada, quiero decir que normalmente cuando hago una pregunta oral la suelo hacer también por escrito, para que el Gobierno me informe acerca de cómo está la situación para así poder yo después debatir aquí
con más elementos de juicio. La pregunta escrita que hice está fechada el día 23 de septiembre. El Congreso de los Diputados dice que hay de plazo para contestar por parte del Gobierno hasta el 24 de octubre. Hoy es 17 de noviembre y todavía no
tengo la contestación.
Por tanto solicito que cuando se hagan preguntas por escrito se contesten en tiempo y forma para poder desarrollar bien nuestra labor de control.
En este caso, repito, no ha sido contestada.
La pregunta yo creo que está mal recogida en el orden del día de la Comisión porque dice: previsiones acerca de si la realización de la prueba general de bachillerato será la misma en todo el Estado español o por comunidades autónomas.
Digo que está mal recogida porque no se trata de saber si va a ser diferente por comunidades autónomas o no, sino simplemente en qué va a consistir la prueba general de bachillerato o cómo se va a realizar. Esa es la pregunta que yo quería hacer al
secretario de Estado y la que quiero que me conteste.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): En relación con el retraso que excepcionalmente pueda haberse producido le garantizo que voy a averiguar cuál ha sido la razón y se responderá de
inmediato.
La pregunta que creo que quiere que le conteste es cuál es la metodología que se va a emplear para la prueba general de bachillerato con arreglo a la nueva Ley de calidad. Efectivamente, se introducen algunas mejoras en el desarrollo de las
pruebas que van a seguir una metodología análoga en su organización a la que existe actualmente con las pruebas de selectividad; es decir, que las administraciones autonómicas, como gestionarias de la actividad de la educación, van a tener un papel
relevante en sus respectivos territorios. Se han implantado ciertas reformas y ciertas mejoras, como una prueba oral en la materia de enseñanza del idioma, cosa que ya ha existido en la historia educativa española en época bien reciente, que
refleja la necesidad de mejorar los niveles formativos del sistema educativo. Hay otra novedad importante y es que cuando la calificación de una de las partes de la prueba de bachillerato sea aprobada, la misma queda aprobada indefinidamente, algo
que no sucede ahora, pues hay que tener una aprobación global de la prueba y no parcial o segmentada de la misma. Asimismo, por una multitud de presiones habidas por parte de la comunidad educativa, se ha introducido la materia común de historia de
la filosofía o de historia del arte en la específica de humanidades, etcétera, es decir, se han introducido ciertas mejoras en cuanto al diseño, cobertura y organización de esa prueba general. En cualquier caso, el sistema organizativo, si es ese
el objeto de su pregunta, va a ser análogo al que hoy existe en el ámbito de la prueba de selectividad, en el que la organización material de esas pruebas, la implantación de los mecanismos de gestión administrativa y otros asuntos está en manos de
quien tiene la actividad de gestión del sistema educativo, como son las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Tenía un compañero en la enseñanza que fue nombrado director provincial de Educación, que mantenía que la mejor forma de hacer ver que uno llegaba como director provincial era cambiar todos los despachos de la sede
de orden, de lugar, etcétera, y así donde estaba el director provincial ponía al inspector jefe, donde estaba el inspector jefe ponía al director de planificación e inversiones, donde estaba éste colocaba al director provincial, es decir, que hacía
una especie de cambio general porque según él era la mejor manera de hacer ver que había sido nombrado un nuevo director provincial de Educación.
Los objetivos que llevaba a cabo como director provincial quedan en segundo o tercer orden, porque lo
importante, como decía, era hacer ver que había un nuevo director provincial. A mí me da la impresión de que el Partido Popular, en el tema de la educación, ha hecho algo parecido: ha cambiado todas las leyes, porque había que cambiarlas, pero
cuando vas a los centros y preguntas qué repercusiones está teniendo la LOCE o la LOU, los profesores dicen que no saben en qué consiste el cambio, porque al final parece que todo está exactamente igual.
Nos ha dicho que la prueba general de bachillerato ya está hecha, aunque yo no sé en qué estadio se encuentra, si el real decreto está elaborado, si ha sido consensuado con las comunidades autónomas, si han participado las universidades,
porque dice que es análoga a la selectividad de antes, si realmente va a haber una coordinación entre los profesores de bachillerato, la inspección, los catedráticos de instituto y la universidad o si realmente esta no va a tener nada que ver con la
prueba general de bachillerato, tema importante que habría que apuntar porque estos días en los medios de comunicación está apareciendo, con cierta intranquilidad por parte de la sociedad, cómo se va a producir el acceso de los alumnos a la
universidad, etcétera. Ahora con ustedes va a haber dos pruebas, una de las cuales es la prueba general de bachillerato, en la que los alumnos, a modo de reválida de los años cincuenta o sesenta del siglo pasado, no a modo de una prueba de futuro
del siglo XXI, sino volviendo la vista atrás, van a hacer una prueba de los dos cursos de bachillerato. Esta situación produce ante el profesorado una desconfianza importante. Los profesores de bachillerato parece que no son suficientemente
profesionales como para dar clase, examinar y evaluar a sus alumnos, sino que después tiene que haber un control, un nuevo obstáculo, una nueva valla, para que los alumnos demuestren que la enseñanza que han recibido y la evaluación
que han hecho ha sido correcta. Hay desconfianza con el profesorado de bachillerato y desconfianza sin duda ninguna con el sistema; el sistema no nos sirve. Si los profesores han estado enseñando y evaluando a unos alumnos y les han
evaluado positivamente, esos alumnos tendrán la capacidad y la madurez suficiente como para acceder a la universidad. Hay desconfianza con la inspección. ¿Para que tenemos la inspección? Si realmente es la que debe controlar y vigilar si se
cumplen o no los objetivos, el currículo y la evaluación, esa inspección queda totalmente en el aire. No hay en ella prácticamente ninguna novedad. El secretario de Estado ha dicho que existe una novedad, que se hace un examen oral del idioma,
como una recurrente a etapas anteriores; un examen oral que sin duda ninguna va a discriminar a los alumnos. Hay alumnos que habrán estudiado a lo mejor en colegios que impartan las clases en francés, o en inglés o en alemán, pero, que yo sepa, no
existe ningún instituto en todo el país en que se den clases en inglés, en francés o en alemán; sin embargo, hay colegios privados, incluso concertados, que ofrecen este tipo de enseñanzas y evidentemente, estos alumnos se verán favorecidos por el
sistema, porque no cabe duda...
El señor PRESIDENTE: Señor Ripa, le queda un minuto.
El señor RIPA GONZÁLEZ: ... que recibirán esa enseñanza. Yo le preguntaría: ¿cuántos profesores serán necesarios para el examen oral de la lengua extranjera? ¿Hay alguna limitación en el número de lenguas extranjeras para los alumnos
para examinarse? ¿Qué función van a tener los profesores del centro, además de escuchar? ¿Quién va a pagar esto? ¿Para el Ministerio de Educación es lo mismo doble corrección de exámenes que revisión?
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Evidentemente, lo primero que le quiero decir es que no sé con quién habla usted, no lo ha dicho pero ha aludido a ello, pero evidentemente son personas
que están fuera de la órbita europea, puesto que el diseño del sistema de la prueba general de bachillerato es estrictamente el que prevalece en todos los países europeos. Por consiguiente me parecen muy bien sus observaciones y sus distancias,
pero son distancias respecto a lo que existe en Europa. Usted dice que no hay cambios. Pues le voy a enumerar algunos: se introducen nuevas asignaturas en las materias comunes o no, como la historia de la filosofía o la historia del arte; se
introduce la prueba oral; hay materias de primero y de segundo curso de Bachillerato; examinan igualmente los profesores de secundaria, por lo que difícilmente se puede mantener la existencia de una posición de desconfianza respecto a ellos,
cuando son los que van a examinar en la prueba general de bachillerato; se mantiene el aprobado con fases sucesivas. Respecto a la perspectiva de la enseñanza del inglés, evidentemente, ese argumento puede ser trasladable a cualquier materia. Si
usted quiere mantener que cualquier persona pueda sufrir discriminación por cualquier tipo de circunstancia, lo puede mantener genéricamente, pero realmente resulta que ese argumento se vuelve contra quien lo formula. Cuando está establecido en la
enseñanza obligatoria que son profesores que durante siete u ocho años han estado impartiendo docencia en cualquier materia, incluyendo naturalmente la del inglés, al decir que al final de esa enseñanza de siete u ocho años no pueden examinar de
forma oral que es justamente el objetivo directo de la enseñanza, a quien agrede usted con sus afirmaciones no es al ministerio, sino al cuerpo de profesores de enseñanza de inglés en los centro públicos, ya que usted está considerándoles incapaces
de dar una formación de calidad para que esos alumnos puedan recibir esa enseñanza.
Naturalmente, cualquier otra circunstancia es subsanable e integrable dentro del sistema. Respecto a unos profesores que han dado durante siete u ocho años a sus
alumnos enseñanzas de inglés, al sostener ustedes que al final sería un elemento de discriminación que los alumnos puedan recibir un examen oral, sencillamente están descalificando al profesorado y no al ministerio, que sencillamente establece un
sistema para que esos mismos profesores evalúen y examinen a sus propios alumnos.
Si le parece poco además, lo que sí se ha hecho de una manera clara -que tampoco lo habían hecho ustedes- es establecer un decreto de enseñanzas comunes definiendo los perfiles de las materias y de los contenidos de las distintas
programaciones de enseñanza de bachillerato que tienen que cursar los alumnos en las materias comunes en todos los centros públicos de nuestro país. Por consiguiente estas reformas van en la dirección estricta que prevalece en toda Europa. Si a
ustedes no les gusta, probablemente lo que ocurra es que tienen en esto -como en otros campos- unas anteojeras que van dirigidas no hacia el siglo XX sino a siglos anteriores todavía. (El señor Ripa González pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No existe la posibilidad. Hay dos intervenciones y usted las ha agotado, señor Ripa.
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA OPINIÓN QUE LE MERECE AL GOBIERNO EL INFORME DE LA ORGANIZACIÓN DE COOPERACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) SOBRE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA.
(Número de expedien<00AD>te
181/003854.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente pregunta que formula doña María Amparo Valcarce García, que tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor secretario de Estado, no tenga ningún problema, ya le convocará este grupo parlamentario aquí para que podamos debatir sobre la situación comparada de la educación en España y en Europa. En cualquier caso,
lo que es inadmisible es su desconocimiento sobre el sistema educativo español, puesto que usted hoy ha hecho afirmaciones que son verdaderamente muy graves, tan graves como no aceptar que ustedes lo que se proponen con el acceso a la universidad es
gravar a los alumnos de bachillerato. El gravamen significa colocar dos barreras: la que pondrá la universidad, que ya...
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, el objeto de su pregunta es distinto. Ruego se atenga a la pregunta.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señor presidente, mi pregunta se refiere al informe de la OCDE y dése cuenta de que dicho informe se refiere al rendimiento de los alumnos españoles en lengua, en matemáticas y en ciencias experimentales y, como
usted comprenderá, tiene una relación directa con el acceso a la universidad y la prueba de reválida. Por lo tanto, señor presidente, le aseguro que no me he salido en absoluto de la pregunta. Lo único que estoy haciendo es enmarcarla para que la
misma tenga sentido. Mi grupo parlamentario plantea las preguntas al secretario de Estado también en un conjunto que tiene un sentido y es conocer cuáles son las previsiones del Gobierno para afrontar los principales problemas de la educación en
España. Por lo tanto le ruego, señor presidente, que no me interrumpa, puesto que no me he salido de la cuestión en absoluto.
Dicho esto, prosigo, señor presidente, indicándole al señor secretario de Estado nuestra preocupación por el borrador que hemos conocido sobre la prueba de acceso a la universidad, un borrador que supone un trato discriminatorio para los
alumnos. Señor secretario de Estado, explíquenos por qué un ciudadano español mayor de 45 años no necesita tener bachillerato, no necesita hacer prueba general de bachillerato ni ningún otro tipo de prueba y puede acceder a la universidad sin
ninguna prueba y, sin embargo, un alumno de bachillerato tiene que pasar todo un cúmulo de exámenes. Señor secretario de Estado, explíquenos también por qué un alumno de bachillerato que hasta ahora en la selectividad se examinaba de las materias
correspondientes al segundo curso, ahora ha de hacerlo de primero y de segundo. Señor secretario de Estado, explíquenos también por qué hay alumnos que podrán mejorar su nota no sólo a través de una prueba escrita y oral de inglés, que es
obligatoria para todos, sino con una prueba además voluntaria de un segundo idioma. Explíquenos por qué, ya que habrá una minoría de alumnos que podrá mejorar su nota con un segundo idioma. Sin embargo, señor secretario de Estado, sabe que son una
minoría, por no decir simbólica, los centros públicos que pueden ofertar dos idiomas en la educación española. Díganos también por qué los alumnos hoy tienen derecho a la doble corrección y a la revisión de su examen y por qué a partir de la PGB un
alumno, aunque el tribunal se haya equivocado, no podrá ver revisado su examen, sino que se verá necesariamente sumado con la primera nota. Díganos por qué se somete a los estudiantes españoles a este calvario. Díganos también por qué, señor
secretario de Estado, el primer tirón de orejas de la OCDE al Gobierno es por cómo están funcionando en nuestro sistema educativo las asignaturas instrumentales; díganos por qué el segundo tirón de orejas es porque ustedes han conseguido que en
sólo cinco años se dediquen en este país seis décimas menos de PIB a la educación, lo que supone que España invierte en educación la mitad que Estados Unidos -en España, 5.000 dólares, en Estados Unidos, 10.000 dólares-; díganos por qué han
conseguido colocar a España a la cola de los países de la OCDE, solamente por delante de México, en lo que se refiere a la incorporación de las nuevas tecnologías a la educación. ¿Por qué nuestro sistema educativo es menos igual? ¿Por qué es menos
equitativo? Nada menos que han conseguido que en lo que se refiere a becas y ayudas al estudio España dedique de su PIB la tercera parte de lo que dedica la media de los países de la Unión Europea. Señor secretario de Estado, si han conseguido que
el rendimiento de nuestro sistema educativo y el esfuerzo presupuestario que se dedica a la educación en España empeoren, también han logrado que empeore la situación de asistencia a clase. Nuestro país, junto con Bulgaria e Israel, está a la cola
en materia de absentismo escolar. Le advierto a usted que es el secretario de Estado de Educación y Universidades del Gobierno de España, por tanto alguna responsabilidad tendrá. No puede ser que usted, diciendo que la educación está transferida a
las comunidades autónomas, haga también que esa responsabilidad se residencie única y exclusivamente en ellas. Usted sabe que las comunidades autónomas y este Grupo Socialista le venimos exigiendo al Gobierno que de una vez por todas convoque el
Consejo de Política Fiscal y Financiera para debatir y acordar la financiación de la educación en España, una financiación que tiene que afrontar los retos fundamentales de nuestro sistema educativo: falta de recursos, pero sobre todo también
necesidad de que sea un sistema de igualdad de oportunidades más equitativo, que tiene que afrontar la mejora del rendimiento académico de nuestros estudiantes, pero también mejorar la asistencia a clase de nuestros alumnos.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, le he dejado que diga lo que estime conveniente en el tiempo de que dispone. Al secretario de Estado le digo que la pregunta tenía un tenor concreto y que a lo que debe responder, si así lo estima el
secretario de Estado, es al contenido de la misma. Para ello tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Con mucho gusto contesto a la pregunta y sus afluentes, sin problema.
En primer lugar, lo que observo es que la señora diputada, al articular sus reiteradas orientaciones siempre en la misma dirección y sobre la base de titulares de prensa, no capta los matices que la vida pública tiene en los artículos de
prensa y las decisiones que se difunden en los mismos. Por consiguiente hace afirmaciones carentes de contenido o carentes de significado o sencillamente falsas. Se ha sacado de la manga lo de que los mayores de 45 años van a entrar en la
universidad sin ningún tipo de prueba. Le felicito por su argumentación, pero diríjaselo usted a quien corresponda, pero ni al Gobierno ni a los papeles ni siquiera a los artículos de prensa, y le diría más, aun en el caso de que se hiciera, sería
una decisión que iría destinada a corregir deficiencias estructurales del pasado, porque en el ámbito de la corte generacional de 45 y más años la presencia de titulados, no sólo universitarios sino de todos los niveles pero específicamente
universitarios, en España es más baja en relación con otros países europeos. Por tanto cualquier medida que se destine a facilitar, racional, equilibradamente y con las pruebas que sean necesarias, ese destino será una decisión correcta, pero para
eso tendrá que leer no sólo los titulares de periódicos sino algo más.
En relación con la prueba de idiomas su crítica a la existencia de una prueba oral en la reválida, destinada a verificar los niveles últimos adquiridos de formación, en esa materia como en cualquier otra, es que se trata de una agresión al
sistema, cuando el profesorado español es muy capaz en todos los ámbitos y evidentemente lo que se va a exigir es lo que se va a exigir que se enseñe. Si una persona, por razón de nacionalidad o por razón de cualquier otro tipo, mantiene unos
niveles que sobrepasan los que se exigen objetivamente en la prueba, eso no significa ningún tipo de imposición de un ranking homogéneo de este tipo de excelencia para todos. Hay ciudadanos españoles que conocen, por razones de lengua familiar, un
idioma extranjero y eso no significa que esos niveles sean los que vayan a exigirse a nadie, porque las gestiones de las decisiones educativas, incluso en el supuesto, que no es el caso, de que hubiera equivocaciones, se aplican con un grado de
racionalidad que veo que en los discursos no es necesario emplear porque se parte de la base de que se va a exigir unos niveles inaccesibles.
En relación con la materia económica que también señalaba, ahí no hay ningún tipo de tirones de orejas al Gobierno. El hecho de que el Gobierno argumente que la gestión del sistema educativo le corresponde a las comunidades autónomas no es
una excusa; es una realidad constitucional.
En lo que a nosotros se refiere estamos haciendo las tareas; por ejemplo, hemos duplicado la financiación a la UNED. Esos son datos presupuestarios y por tanto son hechos, y también son hechos que en
todos los estudios, incluyendo los formulados por responsables políticos socialistas, se dice que las comunidades autónomas socialistas son las que menos financiación dedican al sistema educativo. Esos son elementos objetivos, incluyendo estudios
formulados por responsables políticos socialistas. Basta preguntar a los responsables de las universidades andaluzas, que han hecho un informe demoledor sobre la financiación de esas universidades comparativamente, que ponen de relieve no sólo esa
financiación, sino que las comunidades socialistas son, por ejemplo, las que menos respaldan las actividades educativas del profesorado universitario, puesto que no las dotan de ningún tipo de complemento retributivo, como existe en la inmensa
mayoría de las comunidades autónomas, etcétera. Eso no lo digo yo, sino los rectores de las universidades andaluzas, que como rectores, a ustedes lógicamente como a mí, nos merecen absoluto relieve.
En relación con becas y ayudas al estudio, les da igual lo que digan las leyes de presupuestos de un año para otro, como lo que he afirmado aquí reiteradamente. Se han duplicado y para el año próximo el crecimiento de las becas es un 7,9,
cuando está descendiendo sistemáticamente el número de alumnos y se ha prolongado la enseñanza obligatoria y por consiguiente gratuita. Sin embargo, a usted le da igual lo que digan las leyes de presupuestos o lo que digan las estadísticas. Usted
ha bautizado que las becas descienden...
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene un minuto como máximo.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Decía que usted ha bautizado que las becas descienden y da igual que se aporten las pruebas de las leyes presupuestarias o de documentos estadísticos, porque no
le interesa ese crecimiento en la financiación, que es responsabilidad absoluta por parte del Estado y que está ejerciendo con esa dedicación que acreditan los datos de duplicar la financiación del sistema de becas. Esa es la realidad y lo demás
son discursos electorales.
El señor PRESIDENTE: Doña Amparo Valcarce, tiene dos minutos en su segundo turno porque agotó ampliamente su primer turno. Se lo recuerdo para que administre su tiempo.
La señora VALCARCE GARCÍA: En primer lugar, quiero recordarle al señor secretario de Estado que lo que contemplan los Presupuestos Generales del Estado es que habrá 25.400 becarios menos en España en el año 2004, y le aseguro que eso no lo
ha escrito este grupo parlamentario ni ninguna comunidad autónoma con gobierno socialista. Los Presupuestos Generales del Estado todavía son responsabilidad del Gobierno que preside el señor Aznar, pero eso es algo que, a
pesar del presupuesto, no es usted capaz de explicar en esta Cámara, señor secretario de Estado.
No son ciertas, y usted lo sabe, las continuas imputaciones que hace a los gobiernos de las comunidades autónomas de carácter socialista. Usted sabe muy bien que tanto en inversión por estudiante como en presupuesto con relación a su PIB
son justamente las comunidades de gobierno socialista las que tienen como prioridad la educación. Usted ha hecho una referencia a la financiación de las universidades andaluzas, pero lo que ignora o bien oculta es que justamente es en Andalucía -y
es un informe al cual usted tiene un acceso muy sencillo, puesto que es un informe del INCE- donde se ha conseguido duplicar en sólo diez años el número de estudiantes universitarios. Es, por tanto, Andalucía la comunidad autónoma que ha hecho un
mayor esfuerzo por la enseñanza universitaria en España, tiene más universitarios en el sistema pero también del sistema universitario andaluz salen mayor número de titulados. Por tanto, es el sistema más eficiente, de lo cual, por cierto, siendo
usted universitario, andaluz y de una universidad andaluza, debería sentir algún tipo de orgullo, pero no es así, porque usted lo que practica es un sectarismo vergonzante.
Lo que es absolutamente inadmisible es que usted tache algo de falsedad.
Acogiéndome al Reglamento de la Cámara, señor presidente, voy a leer lo que dice el Real Decreto por el que se regulan las condiciones básicas de acceso de estudiantes
a los estudios universitarios de carácter oficial.
Esto es un proyecto de real decreto que, como usted muy bien sabe, está en el Consejo de Universidades, es un documento oficial del Gobierno que ha sido ya informado por el Consejo de
Universidades, no es ningún titular de prensa. Este proyecto de real decreto, en la disposición adicional primera, dice: Los mayores de 45 años que deseen cursar estudios universitarios de carácter oficial podrán acceder directamente a cualquier
universidad pública sin estar sujetos a los procedimientos de admisión que puedan establecerse de conformidad con este real decreto. No se exige, según se dice en su punto 2, ningún tipo de estudio académico, y con toda libertad podrán acceder los
mayores de 45 años a la universidad. No es verdad...
El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: No es verdad lo que usted dice, señor secretario de Estado. Por eso le pido que se disculpe.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Con mucho gusto me disculpo por adelantado si cualquier expresión no ha sido correcta, no hay ningún problema. Ahora, las mantengo, que es otra cosa
muy distinta, en el fondo del asunto.
En primer lugar, dice usted que ese proyecto -que no es proyecto sino borrador, que no es lo mismo- ha sido informado por el Consejo de Coordinación Universitaria. No es cierto, señora Valcarce, usted ignora los procedimientos
administrativos. (La señora Valcarce García: Consejo de Universidades.) El informe del Consejo de Coordinación Universitaria se formula cuando se aprueba por el Consejo de Coordinación Universitaria. Ese informe no ha sido aprobado por el Consejo
de Coordinación Universitaria y, por consiguiente, si usted hace afirmaciones está sometida a las afirmaciones que hace, no las hago yo.
(La señora Valcarce García: Si no se llama así, si ya no existe.)
El señor PRESIDENTE: Le ruego silencio, señora Valcarce.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Hay informe cuando es aprobado por el Consejo de Coordinación Universitaria, y no hay tal informe. Eso es inequívoco, no es susceptible de opinión, son
hechos. ¿Que existe un borrador, que existe un análisis, etcétera? Los debates del Consejo de Coordinación Universitaria no son debates parlamentarios. No existe tal informe emitido por el Consejo de Coordinación Universitaria.
En segundo lugar, dice usted que yo me debería sentir orgulloso del sistema universitario andaluz. Sin duda, me siento muy orgulloso y he dedicado muchas horas de mi vida a trabajar con absoluta dedicación. Otra cosa es que me sienta
orgulloso de cómo está gestionando la Comunidad Autónoma de Andalucía el sistema educativo universitario, ese es otro tema. Yo llego hasta donde llego, al otro lado no llego, y no porque lo diga yo, vuelvo a decir que aduzco la argumentación
inequívoca de los propios rectores de las universidades andaluzas, que no los ha puesto el Gobierno del Partido Popular.
Dice usted que hay imputaciones a las comunidades autónomas socialistas.
Yo no hago imputaciones en el sentido de la expresión, que me parece que es de contenido penal. Lo único que digo es que hay informes inequívocos, que he mencionado
en esta sesión y en otras anteriores, que ponen de relieve que las comunidades autónomas socialistas son las que menos dinero destinan al sistema educativo, punto, eso es lo que digo, y doy las fuentes de la información, que no se corresponden con
informes de autores, especialistas, etcétera, simpatizantes o militantes del Partido Popular, sino del Partido Socialista. Eso es lo que le puedo decir.
Hay una afirmación inicial suya de que desciende el número de becarios. Lo repetiré cuantas veces haga falta, pero lo he explicado en sede parlamentaria: el descenso en el número de becarios es en una partida
concreta, la de familias numerosas. Como desciende el número de familias numerosas que acceden a la universidad, que está descendiendo desde hace dos o tres años -no recuerdo exactamente con precisión-, es la única partida de becas que
disminuye, y todas las demás disminuyen en conjunto, pero incluso con este descenso aumenta el 7,9 por ciento el dinero destinado a las becas.
El señor PRESIDENTE: Tiene treinta segundos para concluir.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): De modo que la aportación es decisiva y el compromiso es evidente cuando está descendiendo el número de alumnos universitarios.
(La señora Valcarce
pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, ha concluido este punto del orden del día.
La señora VALCARCE GARCÍA: Sí, es por una cuestión de orden, señor presidente.
De la explicación del señor secretario de Estado se ha desprendido una afirmación en la cual ha dicho que el Consejo de Universidades no ha emitido ningún informe. (El señor secretario de Estado Iglesias de Ussel y Ordís: Yo no he dicho
eso.)
El señor PRESIDENTE: Yo creo que al señor secretario de Estado se le ha entendido perfectamente, ha dicho lo que ha dicho.
La señora VALCARCE GARCÍA: Yo pido que por parte del letrado se nos indique qué es lo que ha dicho el señor secretario de Estado y si ha dejado claro que no hay tal informe, porque en ese caso el Grupo Parlamentario Socialista pedirá, en
apoyo de la dignidad como grupo y de la veracidad de sus afirmaciones, la lectura de ese informe del Consejo de Coordinación Universitaria.
El señor PRESIDENTE: Yo he entendido al secretario de Estado que lo que ha sucedido es que el Consejo de Coordinación Universitaria no ha aprobado un informe en relación con este tema, sin perjuicio de que pueda existir -yo desconozco el
procedimiento- algún tipo de informe. Eso es lo que ha dicho.
La señora VALCARCE GARCÍA: Ha dicho que no había ningún informe.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): En ningún momento he dicho eso.
La señora VALCARCE GARCÍA: El acta la hará el letrado.
El señor PRESIDENTE: Señora Valcarce, figura en el 'Diario de Sesiones' los términos en los que el señor secretario de Estado se ha expresado y este incidente queda concluido. Dejo al señor secretario de Estado que aclare un segundo. Yo
he entendido lo que ha dicho usted, pero en el 'Diario de Sesiones' se refleja el contenido de las afirmaciones de quienes han hablado en esta Comisión.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Lo que he dicho y reitero es que el Consejo de Coordinación Universitaria no ha aprobado ningún informe, eso es lo que he dicho y lo mantengo.
- DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO), SOBRE TRÁMITES QUE ESTABLECE EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE PARA LA CONCESIÓN DE BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO PARA EL CURSO 2002-2003. (Número de
expediente 181/003557.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, que formula doña Ana Belén Vázquez Blanco.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, por haber sido operada la diputada que formula la pregunta, solicitaría de la presidencia, por analogía con lo que se hace en los plenos, que pueda hacer yo, en nombre de la diputada Ana Belén
Vázquez, las preguntas correspondientes. No creo que haya oposición de ningún grupo.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui, tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: La pregunta es qué trámites establece el Ministerio de Educación y Cultura para la concesión de becas y ayudas para el curso 2002-2003.
Quiero hacer una aclaración, porque se está hablando una y otra vez del tema de becas y quiero dar las cifras que se han hecho públicas en el documento Datos y cifras, curso escolar 2003-2004. El número de becarios, así como en el año
1995-1996 era de 832.311, y hablo de becarios del Ministerio de Educación sin incluir las que da el Gobierno vasco, que tiene competencia al respecto, en este curso es de 1.280.930. Si hablamos del importe en miles de euros, hemos pasado en estos
años de gobierno Popular de 578.855 a 785.725. Yo creo que debe de quedar constancia de una vez por todas en el 'Diario de Sesiones', pero
además está en los documentos públicos, que facilitaré a la presidencia con el ruego de que se distribuya a los grupos de la Cámara, el número de becarios y el importe correspondiente, máxime teniendo en cuenta que al ser la educación
obligatoria hasta los 16 años se ha excluido del número de becarios a los chicos que hacen actualmente tercero y cuarto de la ESO.
Por eso le pregunto al secretario de Estado sobre los trámites, porque ha repetido una y otra vez este grupo y este portavoz en su nombre que el número de becarios en los presupuestos se calcula aproximadamente, pero la ventanilla está
abierta y todo el que reúne los requisitos correspondientes recibe su beca, por tanto, el número es estimativo, dada, como bien ha dicho el secretario de Estado, por ejemplo, la reducción del número de alumnos de familias numerosas que acceden a la
universidad. El Grupo Popular querría que el secretario de Estado nos aclarara los trámites y si realmente, en frase vulgar pero muy explicativa, la ventanilla se cierra cuando se llega a un número equis de becarios o al importe correspondiente que
figura en el presupuesto.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): En primer lugar, el procedimiento genérico se ha simplificado notablemente desde el curso 2001<2011>2002 porque los solicitantes de las becas no tienen
que aportar ninguna justificación de los ingresos de su familia, esa es una modificación reciente, de 2001, puesto que la misma la busca el ministerio directamente en la Agencia Estatal de Administración Tributaria. En segundo lugar, la ventanilla,
en el sentido que usted mencionaba, se cierra cuando se termina la lista de personas que cumplen los requisitos académicos y económicos. Por consiguiente, cualquier persona que cumple las condiciones que están establecidas, que no han sido variadas
nada más que en la progresividad del tema de la renta y de requisitos académicos, como ahora diré, automáticamente tiene derecho a que se le conceda la beca.
¿Qué se ha hecho en el ámbito que le decía? Se han ido incrementando paulatina y mecánicamente con el incremento del coste de la vida los umbrales de renta. En lo que se refiere a los requisitos académicos, desde el año 1999 se ha
suprimido la exigencia de haber obtenido cinco puntos en las pruebas de acceso a la universidad para conseguir beca en el primer curso de estudios universitarios, sustituyéndose por cinco puntos en la nota de acceso que, como se sabe, está formada
tanto por el examen más la nota media del expediente del bachillerato. Por consiguiente, se ha eliminado cualquier exigencia académica para poder obtener beca, puesto que es obvio que cualquier persona que entra en la universidad tiene que haber
aprobado la prueba de selectividad. Pues bien, cualquier persona que tenga los requisitos para acceder a la universidad, que puede haber accedido con un suspenso en el examen pero aprobado como consecuencia de la nota media del expediente, puede
también solicitar la beca. En consecuencia, se han flexibilizado en relación con la legislación anterior.
En tercer lugar, para la gestión del sistema de becas el Ministerio financia, puesto que se hace también en colaboración con la Agencia Tributaria, las universidades y las comunidades autónomas, y paga todos los años a 517 auxiliares
administrativos durante tres meses y medio para que en los puntos de destino hagan las tareas de gestión de esa información en las universidades pertinentes, etcétera, para poder agilizar el procedimiento; contrata y paga a esos 517 funcionarios
durante tres meses y medio.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En resumen, lo que se ha hecho es facilitar al máximo las becas, es decir, que teniendo aprobada la selectividad se puede acceder a la beca siempre y cuando se esté en el umbral de rentas y demás condiciones que
se exigen.
Me alegro, en nombre del Grupo Popular, de que realmente accedan a la beca todos aquellos que reúnen los requisitos, y es una falacia cuando se dice que disminuye el número de becarios, no solamente por los datos que yo he dado que se
reflejan en los documentos oficiales que ha hecho el ministerio, sino además por los resultados una vez efectuada la concesión de becas. Señor secretario de Estado, nos alegramos enormemente de que se faciliten las becas y le felicito porque en el
presupuesto de educación haya subido el importe de las mismas en algo más del 9 por ciento.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Tanto en las cuantías económicas, como en el número de beneficiarios, en los requisitos académicos y en la financiación desde el punto de vista de la
renta familiar, se ha ido impulsando y profundizando para que cada vez tenga mayor grado de cobertura el sistema de apoyo a la educación en nuestro país.
- DE LA SEÑORA DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE REVISAR EL REAL DECRETO SOBRE INTEGRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS EN EL ESPACIO EUROPEO. (Número de expediente 181/003871.)
El señor PRESIDENTE: Siguiente pregunta, que formula la diputada y vicepresidenta de esta Comisión doña Clementina Díez de Baldeón, que tiene la palabra.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Quería preguntarle sobre la situación que se está produciendo actualmente en torno a los borradores de real decreto de grado y postgrado que van a regular la libre circulación de estudiantes y profesores en
las universidades europeas, así como la homologación de los títulos universitarios en base a unos criterios de calidad reconocidos, siguiendo la Declaración de Bolonia y de acuerdo también con la última reunión que se celebró el pasado 19 de
septiembre en Berlín. Hoy son ya más de mil universidades -entre ellas las españolas- de 40 países que avanzan por esta senda, una revolución importante en el sistema universitario que descansa sobre tres pilares, como usted bien sabe: el primero,
los créditos europeos; el segundo, el suplemento al título; y, el tercero, establecer la titulación correspondiente a los niveles de grado y postgrado, incluyendo en este último los máster y los doctorados.
Hay acuerdo sobre los dos primeros, es decir, sobre el suplemento al título y el crédito europeo, pero el problema en este momento está planteado en torno al borrador de grado y a las incertidumbres que genera el borrador de postgrado. Por
eso quería preguntarle, señor secretario de Estado, qué piensa el Gobierno respecto al borrador de real decreto de grado, porque hay una versión diferente de la primera que se dio en mayo.
En la última versión del 6 de octubre se elimina una
cuestión que estaba en el primer borrador, que decía que el nivel de grado correspondería a los títulos de licenciado, arquitecto o ingeniero. Ahora esto ha desaparecido del último borrador del 6 de octubre y, por tanto, se abre una incógnita,
porque no sabemos si también dentro del título de grado se incluirán la diplomatura, las arquitecturas técnicas y las ingenierías técnicas. Como bien sabe, el espacio europeo universitario únicamente establece un título por cada área de
conocimiento y un título, que es el de licenciado, arquitecto o ingeniero, en cada área profesional. En España, si mantenemos esto, habrá un gran problema; primero plantearía un problema con respecto al espacio universitario europeo, que sólo
admite estas titulaciones de licenciado, arquitecto o ingeniero. Pero también, como usted bien sabe, eso está planteando un problema grave de competencias entre los colegios profesionales y también las escuelas de ingeniería técnica y superior, las
de arquitectura e incluso en carreras como empresariales o derecho, donde hay dos títulos, uno de grado medio y otro de ciclo largo. Esto ahora se queda en una ambigüedad grande. Los rectores, en el último documento de la CRUE, dicen que se aclare
la situación para ver qué quiere hacer realmente el Gobierno al respecto, porque hay un problema de competencias profesionales que está provocando una lucha ahora mismo larvada en las escuelas técnicas y superiores por ver qué nivel de conocimiento
tiene que haber en estas titulaciones. Pero es que además, señor secretario de Estado, hay una incertidumbre grande y un problema muy considerable entre los estudiantes de carreras llamadas de ciclo medio, de ciclo corto, porque, ahora mismo, ¿qué
va a ocurrir con los maestros, por ejemplo? ¿Qué va a ocurrir con los arquitectos técnicos? ¿Qué va a ocurrir con las ingenierías técnicas, las enfermerías, la fisioterapia, todas estas carreras en esta estructura, en este diseño? Es un problema
que está preocupando considerablemente, máxime cuando el director de la ANECA, don Ismael Crespo, ha dicho que en el plazo de dos años prácticamente el número de titulaciones universitarias pasará a ser la mitad del actual.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, le queda un minuto.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Voy concluyendo, señor presidente, es que son muchas preguntas respecto a este tema.
Le decía que Ismael Crespo ha dicho que van a reducirse a la mitad, y la preocupación aquí es enorme, porque, ¿qué carreras son las que se van a reducir, cuáles van a desaparecer? En el caso de las diplomaturas, ¿tendrán que hacer alguna
formación complementaria?
Señor secretario de Estado, hay otro problema que señalan los rectores y por el que estamos preocupados todos, porque no se sabe muy bien cuál va a ser la financiación para todo este proceso, qué financiación va a poner el Gobierno; como se
va a financiar la consolidación del título de máster que se solicita que tenga precios públicos y que se oficialice dentro de las universidades públicas. Eso conlleva un considerable gasto y queremos saber cuál va a ser.
Finalmente, hay otro problema que ponen sobre la mesa. Ahora mismo se están invadiendo competencias que corresponden a las comunidades autónomas y a las propias universidades, y esas competencias están siendo invadidas precisamente por la
ANECA, que está llegando a tener funciones que corresponden al Consejo de Coordinación Universitaria y al propio Gobierno. Me gustaría que me contestara a todas estas preguntas.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Me gustaría hablar mucho tiempo y no sé si me lo va a permitir el señor presidente.
Le voy a decir, en primer lugar, cómo se está haciendo eso, porque a lo mejor explica algunas cosas ulteriores. En concreto, recordará que el diseño de la adaptación del sistema universitario español al sistema europeo de enseñanza superior
arranca no sólo en la LOU, sino materialmente con un documento que el ministerio reparte muy profusamente en el mes de febrero a universitarios, a la sociedad, al Consejo de Coordinación Universitaria, obviamente, y que tenía establecidos los
parámetros de las líneas de acción,
incluso con las dudas y alternativas del camino a escoger. A partir de ese momento ha habido un proceso muy intenso de diálogo, de reuniones, de debates en medios universitarios, unas veces con participación del ministerio, otras veces no;
los propios rectores han organizado multitud de seminarios, jornadas, debates. Evidentemente el ministerio los ha organizado y en otras ocasiones hemos acudido a reuniones, multitud de entrevistas, de debates, etcétera, con los colegios
profesionales, a veces individualmente y a veces en grupo. La última reunión se celebró el viernes, una reunión de cuatro horas y media con la mesa de la ingeniería. Es decir, que estamos teniendo reuniones no sólo con los universitarios, sino
también con los colegios profesionales, por tratarse de un asunto que desborda lo pura y exclusivamente económico. En todo momento está habiendo una enorme participación y por parte de todos una enorme flexibilidad, no queremos hacer nada
precipitado: sin precipitaciones, pero también sin retrasos indebidos.
Gracias a todo eso creo que se está articulando -y usted misma lo ha subrayado- un sustantivo marco de acuerdos en el proceso. Usted ha mencionado dos: el primero es el suplemento europeo al título del crédito europeo, que está ya en el
Boletín Oficial del Estado, donde el acuerdo ha sido prácticamente unánime, como, dicho sea de paso, pasa en casi todas las cuestiones en el Consejo de Coordinación Universitaria, que no tiene una estructura, por así decirlo, parlamentaria. Allí
nadie va a defender un documento sino que se va a analizar críticamente, y muchas de las críticas que emergen en cualquier análisis son aportadas por los propios representantes del ministerio que, al oír unas u otras intervenciones, ven perspectivas
de mejora. Eso es lo que se ha hecho en todo momento. Lo que está claro es que esto pasa tanto en el Consejo de Universidades formalmente como en la CRUE, que también está apoyando básicamente el sistema, el procedimiento y los objetivos. El
hecho de que como resultado del debate se hayan producido modificaciones y precisiones en los textos no debe interpretarse ni como una marcha adelante ni atrás; de lo que se trata es de no dibujar al inicio del proceso el final del recorrido. Es
decir, el objetivo del decreto de grado es diseñar la arquitectura del sistema, no diseñar el sistema, puesto que es un proceso que será más largo y realmente se desenvolverá en las directrices específicas que de cada titulación se hagan, que es
donde hay que regular igualmente qué es lo que ocurre con los actuales titulados, con los estudiantes que en un momento estén en esa misma titulación y haya que hacer el trasvase a la titulación nueva, etcétera. Es decir, que tampoco era necesario
cerrar radicalmente ese sistema, máxime cuando hipotéticamente tenemos, en una perspectiva extrema (que naturalmente no es la secuencia con la que el Consejo de Coordinación Universitaria ni el Gobierno trabajan), incluso hasta 2010 para
reflexionar, articular acuerdos, etcétera. Desde ese punto de vista -y está desarrollado en el decreto, aunque no se diga el nombre de la titulación-, el título va a ser único paulatinamente como consecuencia de las decisiones que se adopten en los
decretos que regulen cada una de las titulaciones, y eso está establecido incluso en el borrador del decreto, aunque se haya suprimido la mención a los títulos que van o no a desaparecer. Creo que el decreto no contiene ambigüedad en esa dirección
y tampoco creo que haya incertidumbre, los problemas son de otra naturaleza y quiero decir que en la reunión, en la que lógicamente estuve yo también, de cuatro horas y media del pasado viernes con los colegios profesionales percibimos un enorme
grado de acuerdo sustantivo en el proceso, en los objetivos y en las medidas que habrá que adoptar.
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): En relación con el número de titulaciones, habrá titulaciones que posiblemente haya que fundir porque tendrán más sentido como de postgrado que de
grado, y otras que se han fragmentado demasiado probablemente habrá que fundirlas. Estamos articulando acuerdos y ya hay realidades en este sentido. Otras muy probablemente habrá que desagregarlas porque no las tenemos en España, pero no hay una
estrategia, digamos, de numerus clausus en el número de titulaciones; se hará lo que la comunidad científica y las perspectivas europeas nos indiquen, en el sentido de conseguir una semejanza en el esquema de titulaciones que permita la movilidad
de nuestros estudiantes y que puedan tener una empleabilidad clara, que es el objetivo esencial del proceso europeo.
En cuanto al tema de la financiación, cuando se establezcan los másters como títulos oficiales naturalmente en ese momento habrá que contemplar el tema de la financiación, por ejemplo, de las becas para estudiar esos cursos de másters como
título oficial que será. En relación con las invasiones de competencias, a mí no me ha llegado ninguna queja en ese sentido; las desconozco. Si usted me lo dice lo analizaré, pero me extraña que no me hayan llegado.
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Si usted no tiene conocimiento de las quejas, empiezo dándoselas yo. Son reiteradas las denuncias contra la actuación de la ANECA. La última es un informe del catedrático Andrés de la Oliva, que es el
director del departamento de derecho procesal de la Universidad Complutense y ex vocal del Consejo General del Poder Judicial -por cierto, nombrado por el Partido Popular- en el que dice: La ANECA es un disparate totalitario, generador de graves
injusticias. Esto lo dice el ex vocal del Consejo General del Poder Judicial. Las
reclamaciones del profesorado por lo que consideran que está siendo un verdadero escándalo en cuanto a la evaluación y homologación del profesorado del ANECA son reiteradas y continuas. Señor secretario de Estado, ustedes empezaron diciendo
que las universidades españolas tenían un problema gravísimo porque estaban sometidas a un sistema endogámico y para corregir ese sistema crearon la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación -la denostada ANECA-, que está
demostrando ser un instrumento totalmente totalitario, ineficaz e injusto. Esta es la realidad a tenor de todas las denuncias que se están produciendo. Pero es que, señor secretario de Estado, son los propios rectores quienes dicen que la ANECA es
un instrumento que está invadiendo competencias del Consejo de Coordinación Universitaria y de las propias comunidades autónomas. En el informe que ha elaborado la CRUE se dice literalmente -y también le cito lo que dicen los rectores de las
universidades españolas en dicho informe-: Es contrario a la ley y afecta a la autonomía universitaria que se confiera a la ANECA la potestad de establecimiento de criterios y procedimientos de evaluación que corresponden al Ministerio de Educación
y al Consejo de coordinación universitaria. Y añade: En materia de homologación han de precisarse las funciones y procedimientos a los que estará sujeta la ANECA...
El señor PRESIDENTE: Señora Díez de Baldeón, le queda un minuto.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Y circunscribir su actuación a las funciones de carácter técnico que le son propias, a partir de los criterios establecidos por el Consejo de Coordinación Universitaria y el Gobierno. Es decir, ustedes
desconfiaron de las propias universidades y han dado una potestad a la ANECA que está invadiendo competencias.
Además, señor secretario de Estado, usted no nos dice nada. Creo que una cosa es consultar a las universidades, una cosa es consultar a
los rectores y a las comunidades autónomas y otra tener una gran confusión y un gran lío en torno a cómo se va a elaborar el nivel de grado. No nos dice claramente qué va a pasar con las diplomaturas y las carreras de ingenierías técnicas o de
arquitectura técnica y dónde van a tener cabida. No me ha contestado a ninguna pregunta, señor secretario de Estado.
Respecto a la financiación, es muy importante que haya financiación suficiente para que en el nivel de postgrado pueda realmente hacerse aprecios públicos, porque lo contrario significará que los estudiantes con más recursos económicos
podrán estudiar los másters y, sin embargo, no podrán tener acceso a los mismos los estudiantes con menos recursos económicos, generándose una grave desigualdad social.
El señor PRESIDENTE: Ha concluido su tiempo, señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señor presidente, acabo ya.
Es importantísimo que existan becas. Queremos consolidar los niveles de postgrado y generar una verdadera igualdad de oportunidades para todos los españoles.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordis): O bien ha habido un problema por mi parte de entendimiento del final de su intervención, o bien por su parte de la mía. Yo había tomado nota de que estábamos
invadiendo competencias de comunidades autónomas. A eso es a lo que le he dicho que no tenía conocimiento de que ninguna comunidad autónoma me hubiera puesto ese extremo de relieve. Me alegra que utilice usted como argumento de autoridad a un
distinguido representante elegido por el Gobierno del Partido Popular en el ámbito del Consejo General del Poder Judicial porque eso prueba que mejoran sus fuentes de información y, por consiguiente, seguramente sus aciertos en términos generales.
En este caso, evidentemente, no puedo entrar a juzgar ni opinar sobre el contenido de un documento que probablemente no es conocido por todos.
Además, se trata de un recurso en apoyo a unas pretensiones concretas de una persona, por lo que no puedo
pronunciarme en manera alguna sobre ese documento.
Si juzgar siempre es difícil, suspender todavía lo es más, máxime en unas instancias como las universitarias donde el profesorado no tenemos un historial asentado de que instancias ajenas supervisen directamente nuestra actuación. No
olviden ustedes que eso también puede estar -y no me refiero a un caso concreto; lo excluyo abiertamente- inscrito en el ámbito de las dificultades objetivas -en unos porcentajes que, vistos desde el exterior, son los que son- que se generan para
unas personas que no logran sus pretensiones y que de alguna manera se sienten -hablo siempre genéricamente- en una situación de lamento, de queja, etcétera.
En relación con el tema del espacio europeo de enseñanza superior, creía que con la respuesta que le he dado quedaba meridianamente claro. No me importa en absoluto manifestárselo de nuevo con toda claridad. El decreto contempla en su
estado actual que habrá un único título de grado. La pregunta que usted me hacía sobre la arquitectura técnica o alguna otra carrera técnica está respondida en dirección de futuro cuando se elaboren, se discutan y se aprueben las directrices
concretas de esa titulación. Por tanto, en el nuevo modelo que irá siendo debatido paulatinamente -como se dice específicamente y como impone, no ya la Declaración de Bolonia, sino también la realidad comparativa europea- el título tendrá que ser
único. Cosa distinta son otros extremos sobre los cuales hay mucho que debatir, mucho acuerdos que lograr y mucho que reflexionar.
En relación con la financiación, me he adelantado a su reflexión en el sentido de que, naturalmente, cuando el máster se establezca como título oficial el Estado tendrá obligación de establecer, por ejemplo, la financiación de los estudios
con un plan general de becas destinado a que los alumnos puedan cursar un título oficial de esa naturaleza.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA INTENCIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE DE MANTENER EN SU PUESTO AL ACTUAL DIRECTOR DE LA ANECA. (Número de expedien<00AD>- te 181/003762.)
El señor PRESIDENTE: Como ya está entre nosotros el señor Lissavetzky, formulamos ahora la pregunta que figura en el orden del día con el número uno.
Señor Lissavetzky, tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero agradecer su gentileza de retrasar la pregunta. Asimismo, quiero también agradecer la presencia del secretario de Estado en la Comisión.
La pregunta tiene que ver con la ANECA, que es la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que surge como desarrollo de la LOU y que se ha constituido con una fórmula de fundación. Es una fundación que está financiada totalmente
con fondos públicos. Tiene un patronato compuesto por miembros nombrados por la Administración general del Estado, es decir, tiene cargos públicos, gestiona un servicio público, pero curiosamente no podemos controlar esos fondos públicos. Por eso
hemos hecho numerosas preguntas. Recientemente hemos formulado dos peticiones de información para pedir cosas tan sencillas como las actas del patronato, la relación de los puestos de trabajo de la fundación ANECA, las retribuciones del director y
sus altos cargos, así como todos los conceptos retributivos o el presupuesto de la fundación, que no es conocido por este Parlamento. A falta de estos datos, aprovecho para preguntar al señor secretario de Estado: ¿Es verdad que se van a destinar
11,6 millones de euros para un edificio de la ANECA a través de una transferencia del Ministerio de Educación? ¿Es verdad que la transferencia es de la partida 781 del programa 541.A, cuyo epígrafe es: Becas y ayudas para formación,
perfeccionamiento y movilidad de los profesores, sea a través de una incorporación del Ministerio de Hacienda o no? ¿Sale de esa partida? En tercer lugar, ¿es verdad que ese dinero o parte del mismo es del Fondo Social Europeo? Si tuviéramos los
datos de la ANECA no tendríamos que hacer este debate hoy aquí, ni posiblemente en los medios de comunicación. Le pido que conteste. Hemos solicitado datos, en petición de información, sobre los gastos de representación, los viajes, etcétera. No
hay respuesta. Hemos pedido amparo a la presidenta del Congreso, han pasado ya los plazos, por lo tanto, opacidad. Pregunta.
¿Qué tiene que ocultar la ANECA para no dar estos datos? La trayectoria del director es muy negativa. Como dice la
ministra de Educación, lo único que hemos nombrado en la ANECA es el director, luego reconoce que le ha nombrado la ministra de Educación, que es la presidenta. De acuerdo. No sabemos ni sus retribuciones; opacidad. Está acusado -anécdota- de
intertextualidad: copiar un discurso, precisamente de un coordinar que no pudo mantener él en su equipo. Es incapaz de mantener un equipo. Se le cesan y se le van los coordinadores. Veta la participación de los profesores que discrepan con él,
como el caso de este coordinador en reuniones conjuntas. Además, hay unas críticas enormes por los grandes retrasos en las evaluaciones, tanto de la Conferencia de Rectores, de los sindicatos, de profesores prestigiosos de la comunidad
universitaria, de todos los sectores. La pregunta concreta es la siguiente. ¿Piensa el Gobierno, señor secretario de Estado, mantener al director de la ANECA en su puesto?
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): El señor Lissavetzky que no solo tiene responsabilidades parlamentarias, sino que ha tenido también responsabilidades de gestión y bien importantes,
sabe perfectamente que los gobiernos no gobiernan con anuncios y, por consiguiente, ni con pensamientos íntimos o no, sino sencillamente con decisiones. Es obvio que como está en su cargo, le podría responder que el Gobierno -entre comillas porque
luego hablaré de eso- no lo va a cesar en manera alguna.
Señor Lissavetzky, en esta cuestión hay dos planos sobre los que me gustaría hacer una reflexión. Me gustaría saber qué es lo que cree el Partido Socialista de la ANECA, porque, una de dos: O cree que es una institución privada o cree que
es una institución pública. Lo que no puede ser es que dirija sus críticas porque una vez cree que es privada y va en esa dirección y otra vez crea que es pública y va en esa dirección.
No puede reprochar al Gobierno que haya creado una fundación
privada y reprocha entonces que sea privada, si luego lo censura igualmente porque considera que tiene aspectos que son públicos. Tendría que coordinar una línea de acción y actuar en razón de su consideración, bien sea privada o pública. La línea
de actuación desde el punto de vista puramente público, es que la fundación tiene personalidad jurídica propia y es totalmente independiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Además, le recuerdo que no solo tiene en su patronato
representantes públicos, como usted ya ha dicho, sino que también hay representantes de otras esferas, que son miembros designados por el Consejo
de Coordinación Universitaria entre rectores y forman parte de él tres personas de reconocido prestigio. Por tanto, la composición del patronato es claro.
Respecto al fondo del asunto, que es el que más me preocupa, señor Lissavetzky, usted sabe, porque es universitario y conoce perfectamente las biografías de las instituciones académicas y públicas, cómo nació la ANEP en el año 1986; sabe
cómo nació en el año 1989 la CNAI y sabe también cómo ha nacido la ANECA. Hay un par de rasgos que son absolutamente distintivos y merecen ser recordados. Cuando el Gobierno socialista puso en marcha la ANEP, que es la Agencia Nacional de
Evaluación y Prospectiva, en el año 1986, como cuando puso en marcha la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora, la que concede los sexenios a los profesores, en el año 1989, hubo una cosa básica, y es que no fueron públicos los
nombres de las personas que evaluaban. Los nombres de las personas que decían sí o no a una persona eran secretos, tanto en la evaluación de los tramos de investigación, como en la evaluación de los proyectos de investigación. Únicamente se
hicieron públicos los nombres de los componentes de la Comisión nacional, es decir, de los sabios, básicamente, que lo coordinaban, pero en ningún momento el de las personas concretas que nos respondían -porque yo también me presenté en aquel
momento- y nos decía que sí o que no. Sus nombres fueron en todo momento secretos y quiero recordar que hasta muy avanzados los años noventa fue cuándo se hizo público. No recuerdo bien cuando empezaron a ser transparentes los datos, pero tardaron
muchos años. La ANECA, por el contrario, ha nacido desde el principio con una transparencia absoluta de los nombres del coordinador de los sistemas y de los evaluadores, que son notorios.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, le queda un minuto.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Por consiguiente, ha habido voluntad de absoluta transparencia. Cualquier crítica que se haga a los resultados de la ANECA -y hay que distinguir, si me
permite, señor presidente, lo que significa la gestión institucional del organismo y lo que se refiere a la evaluación concreta-, en primer lugar, el director no tiene ninguna intervención en la resolución concreta de las evaluaciones y los
evaluadores tienen una media de 4,8 sexenios de investigación. Por tanto, cualquier crítica que se haga a las evaluaciones de la ANECA, señor diputado, se está haciendo a universitarios prestigiosos, generosos en su tiempo, en su dedicación, sin
ningún tipo de mandato de ningún signo y, por consiguiente, se está poniendo en quiebra algo que es esencial para el sistema y que resulta sumamente grave cuestionarlo. Otra cosa es que usted cuestione la naturaleza jurídica o cualquier otra
dimensión, pero están ustedes directamente amparando y respaldando críticas a los resultados específicos de decisiones de universitarios, cuya idoneidad nadie puede poner en tela de juicio en la acción del resultado de sus propias decisiones en
materia de evaluación, que no tienen ningún mandato en ninguna dirección y con una transparencia no sólo de las personas, sino también por los criterios que tienen que adoptar para fundamentar sus decisiones, que están puestos incluso en red. Por
tanto, han nacido con voluntad de transparencia que no tuvieron ni la ANEP ni la CNAI en sus orígenes y con unos niveles de eficiencia que han evaluado, entre otras muchas cosas, a muchos miles de profesores ya a estas alturas y tiene muy poco
derroteros administrativos. Eso es lo que le puedo decir en el tiempo de que dispongo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Me quedo como estaba. Usted no me ha contestado absolutamente a nada, y cuando no se contesta es porque hay algo que ocultar, si no, contésteme ahora, se lo pido por favor. Parece que usted no ha escuchado mi
intervención. Yo no he dicho nada de los evaluadores.
Me quiere usted enfrentar inteligentemente con los evaluadores. No, yo me meto con el método y con los retrasos y con la actitud y comportamiento de opacidad, de ineficacia y de
irresponsabilidad del director actual.
Pido la responsabilidad política del ministerio, porque la ministra es la presidenta del patronato y es la que le ha nombrado, y también usted como secretario de Estado. Este es el tono de la pregunta.
Usted me pide que le haga unas reflexiones sobre si controla la oposición.
No me importa. Nosotros queremos una ANECA que tenga la flexibilidad en el funcionamiento que pueda tener el sector privado pero que, a su vez, tenga un control
público porque está financiada con fondos públicos. No hay que inventar grandes cosas. Le pongo dos ejemplos, la Agencia Tributaria, el Instituto de Salud Carlos III, pero lo que no queremos es que con dinero público algo se convierta en un reino
de taifas, muchas veces en un cortijo de su director y se niegue a este Parlamento la información. Por dignidad del Parlamento usted tendría que contestar a estas preguntas. Si usted no quiere contestar, presentamos peticiones de información y
tampoco contestan. Es una tomadura de pelo al Parlamento y es una vergüenza, desde el punto de vista democrático, el comportamiento del director de la ANECA. Lo digo así de claro. Así es como queremos nosotros una ANECA. En cuanto a que es
independiente, no voy a entrar en ello porque no tengo tiempo, pero, ha dicho ya la ministra que el nombramiento lo realiza ella, fue el anterior director general de universidades anterior y no voy a entrar en la valoración personal del señor
Crespo. Posteriormente usted me pone unos ejemplos de ANEP o CNAI, pero ahí sabíamos todos, porque eran subdirecciones
generales y figuraban el sueldo, los gastos de representación, etcétera, en los presupuestos generales. Sí, figuraban. Le pongo otro ejemplo del Gobierno PP, la FECIT, la Fundación Española de Ciencia y Tecnología.
Sabemos lo que gana el
director, dan todos los datos y no ocultan nada.
¿Por qué la ANECA tiene que tener un tratamiento especial, porque lo quiere así el señor Crespo? ¿Qué connivencia hay entre la ministra o el secretario de Estado o el Gobierno en su conjunto con
este señor que campa por sus respetos y hace lo que quiere? Por eso le solicito esos datos, si no agotaremos todas las vías, inclusive jurídicas. ¿O cree usted que debemos convocar la Comisión de Secretos Oficiales en el Congreso para poder
enterarnos de los presupuestos de la ANECA, para enterarnos de si ustedes van a pasar 11,6 millones de euros? Si usted no contesta ahora, es verdad, lo pasan: 11,6 millones de euros que no conocíamos nosotros y los pasan a la ANECA para un
edificio. En segundo lugar, viene en la partida 781 del programa 541 A, que es el de becas, formación, perfeccionamiento del profesorado y movilidad, y es dinero del Fondo Social Europeo. Quiero que me conteste si está ya incorporado o no.
El señor PRESIDENTE: Un minuto, señor Lissa- vetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Si calla otorgará una vez más todos estos datos.
Señor secretario de Estado, yo no le he hablado de los evaluadores, sino del procedimiento y del retraso. ¿Es razonable que desde enero de 2002 en que se puso en funcionamiento la LOU va para casi dos años y todavía no tengamos un solo
catedrático que haya perfeccionado su condición de tal a través de la LOU? Se están haciendo habilitaciones ahora, hay un retraso tremendo y es una de las quejas de la Conferencia de Rectores. Hay un retraso tremendo en todas estas convocatorias,
ineficacia en la gestión, una carestía para las universidades porque no se cubre totalmente el dinero del coste y deficiente regulación de las pruebas en opinión de los rectores, que yo en parte comparto. Yo no me meto con los evaluadores, ¡quién
soy yo para juzgar personalmente a nadie! O sea no entre por ahí que por ahí no vamos.
Termino, señor presidente, por esta opacidad, si no lo dice es que algo tiene que ocultar el señor director de la ANECA, por esta arbitrariedad en el veto de profesores. No me resisto a leer esta carta, que le puedo dar: Estimado -nombre
de un profesor- siento tener que comunicarle que nos hemos visto obligados a prescindir de su presencia en el congreso de inserción laboral que se celebrará en el mes de octubre en nuestra universidad, al comunicarnos la ANECA que la presencia de
ellos y la de usted eran incompatibles; dada la importancia que supone para nosotros el poder contar con la ANECA en dicho congreso hemos tenido que prescindir de su participación en este momento, perdone las molestias y esperamos que en otro
momento posamos volver a verle. Este es el comportamiento de este señor, un comportamiento poco democrático: opacidad, arbitrariedad, ineficacia, retraso en las convocatorias, megalomanía... Lo del edificio explíquelo porque si ustedes están
cambiando formación por ladrillo, dígalo claramente y sabremos cuál es su prioridad; yo no le digo que no sea legal, tendrán derecho a hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Nosotros a favor de la formación, ustedes a favor del ladrillo: reconózcalo o niéguelo o demuéstrelo. Es una pésima imagen de un servidor público.
Señor secretario de Estado, no es solamente una conspiración del PSOE, de Izquierda Unida, de los sindicatos. Están los rectores, hay destacados y prestigiosos miembros de la comunidad universitaria, hay un amplio espectro. Plantéense que
no tienen la razón absoluta, posiblemente yo tampoco, pero no es simplemente una cosa de la oposición. Rectifiquen y por favor cesen lo más pronto posible al director de la ANECA por el bien de la comunidad universitaria.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Uscel y Ordís): Señor diputado, voy a responder concretamente a sus afirmaciones. La afirmación de que se retraía dinero de las becas sencillamente no se corresponde
con la realidad. No se va a reducir ni un solo euro ni una sola peseta, por decir una cantidad todavía inferior, de la partida de becas para ninguna actividad ajena a ellas mismas. Por consiguiente creo que la respuesta es absolutamente clara y
contundente.
En segundo lugar, en relación con el origen del dinero en materia de financiación para buscar un local que no implique gastos de alquiler, como obviamente requiere la Administración, lo primero que se ha hecho ha sido conectar, contactar y
negociar y pedir a Patrimonio del Estado. Es decir que no se trata de ninguna pretensión ni juicio de valor como los que está usted formulando sobre megalomanía, etcétera. Se ha pedido insistentemente a Patrimonio del Estado si hay alguna
dependencia en algún sitio donde se pueda instalar para evitar los costes de alquiler que lógicamente hay que pagar cuando se pone una institución pública en funcionamiento. Esa es la gestión, y el dinero que se ha destinado para proveer esa
partida en manera alguna va a la reducción de ningún tipo de beca. Lógicamente cuando se logre solventar el problema cuyo patrimonio de Estado, el gasto económico será destinado a los fines que son esenciales, tanto la actividad investigadora como
la evaluadora y el propio ministerio; pero en ningún caso ni en ningún supuesto ni una sola peseta,
céntimo, etcétera, de las becas va a ir destinado al ámbito de la agencia y sus necesidades de infraestructura para su funcionamiento.
Dice usted que hay opacidad y que la CNAI y la ANEP se pusieron en marcha con una subdirección general. Desde el punto de vista del funcionamiento lo esencial no era cómo tenía que regularse la RPT o alguna cuestión por el estilo, sino que
desde el punto de vista de la función era que aquellas personas que hacían la función eran secretas para la comunidad universitaria y lo fueron durante muchos años. Por consiguiente hacían y deshacían, todavía están coleando -usted lo sabe
perfectamente porque es universitario- los resultados de la primera evaluación secreta promovida y todavía hay gestiones, impulsos -incluso alguno de ellos creo que ha venido del propio PSOE aunque no lo podría afirmar con garantías- para que se
vuelva a readaptar, a dar una relectura de aquellos resultados de aquella evaluación, que todavía colea, por personas cuyos nombres nunca fueron hechos públicos en ningún ámbito. Opacidad fue aquella, ahora no se puede decir que haya opacidad.
Evidentemente usted dice que está hablando sólo de la dirección del centro. No, han hablado de más cosas, de la dirección -ustedes y otros grupos, legítimamente- y afectan de una manera directa a los resultados concretos de la evaluación, hecha por
personas que no tienen ningún tipo de mandato y que tienen unos historiales académicos absolutamente brillantes e incuestionables y que de hecho muchas veces han estado plenamente en la CNAI sin ningún tipo de problemas. En mi opinión personal, una
cuestión es la naturaleza administrativa de la estructura del sistema -que a usted le puede gustar o no- y otra es que hay que delimitar de manera clara, y no lo han hecho, no digo en su intervención de hoy, los resultados de la evaluación
promulgada o decidida por personas que tienen una media de 4,8.
El señor PRESIDENTE: Dispone de un minuto, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Uscel y Ordís): La carta que usted ha leído aquí, al menos en el texto que ha hecho mención decía que alguien le había dicho que eran incompatibles, pero no se ha
vetado a ninguno. Lo digo por la literalidad del propio texto, no la contextualidad, de las afirmaciones que ustedes han hecho. Es decir no había ningún veto a nadie como ustedes han sostenido reiteradamente. El texto de la carta no sostiene
ningún veto sino sencillamente uno se puede autoexcluir porque se considera incompatible, que era el término exacto que empleaba la carta que usted ha mencionado. (El señor Lissavetzky Díez: Y democrático.) Sí, lo democrático era hacerlo secreto,
eso sí que era democrático, señor Lissavetzky; si nos conocemos. Eso sí que era democrático con los resultados de que la primera evaluación de la CNAI todavía anda coleando entre los sindicatos y pidiendo al ministerio que se vuelva a revisar.
Eso era lo democrático cuando nadie sabía quién le aprobaba o quién le suspendía y quién le daba un tramo o quién no se lo denegaba. Creo que los hechos prueban que con las dificultades inherentes en la puesta en marcha de una institución
administrativa u órgano de cualquier tipo tanto en eficiencia en el trabajo, en sus resultados, la ANECA ha funcionado razonablemente bien con las dificultades de puesta en marcha en un periodo muy corto. Como universitario, sabe que juzgar es
difícil, suspender todavía más difícil y suspender en un ámbito como el de los profesores universitarios, donde no había la biografía académica, la posibilidad de que nos revisaran nuestras actuaciones, mucho más complicado todavía. En cualquier
caso lo que sí quiero resaltar es que la dirección de la ANECA no tiene absolutamente ningún papel en las evaluaciones concretas. Luego delimitemos claramente la esfera de las atribuciones de cada uno.
El señor PRESIDENTE: Las siguientes preguntas, números 6, 7 y 8, las formula la diputada doña Antonia Febrer Santandreu, pero no está presente en la Comisión. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, por retraso en el avión de Palma de Mallorca -acabamos de llamar y no contesta, debe estar en el avión- solicitamos que queden para otra Comisión.
- DE LA SEÑORA VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR), SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE LA OFERTA Y DEMANDA DE LAS TITULACIONES OFICIALES EN LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESPAÑOLAS. (Número de expediente 181/003558.)
El señor PRESIDENTE: Entonces pasamos a la pregunta número 9 en el orden del día, sobre situación actual de la oferta y demanda de las titulaciones oficiales en las universidades públicas españolas.
Tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor secretario de Estado, desearíamos información respecto de la oferta y demanda de las titulaciones oficiales en las universidades públicas españolas. Por el conocimiento que tenemos a través de los medios
de prensa y de alguna otra información pero no del ministerio, sabemos que este año, salvo en algunas titulaciones la mayoría de las universidades han tenido cupo suficiente para todos aquellos alumnos que han pedido en primer instancia la
universidad y la titulación donde querían estudiar. Tenemos entendido que esto sucede salvo en arquitectura, telecomunicaciones y excluyo completamente a
las facultades de medicina, puesto que estas están sujetas a la directiva europea y, por tanto, no entran dentro de la oferta y la demanda general.
Ese es el objeto de la pregunta y desearíamos que se nos facilitaran datos oficiales al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Con mucho gusto respondo, pero no puedo mencionar los datos de este año porque todavía no contamos con ello. Le puedo mencionar algunos datos del curso
2002-2003, que sirven de parámetro, puesto que la tendencia al descenso del número de alumnos en la universidad por razones demográficas todavía se incrementará.
Para el curso 2002-2003 se ofertaron por las universidades públicas 269.679 plazas de nuevo ingreso y sólo fueron cubiertas 226.255, es decir, el 84 por ciento de las mismas. Por consiguiente los datos acreditaron ya el año pasado de una
manera bien clara que la tendencia es a que no se cubra la totalidad de las plazas. Es un porcentaje que no se repartía por igual en todas las comunidades autónomas, dadas las razones demográficas y también las razones de oferta que es diferenciada
en el conjunto del país. Todas las comunidades tienen menos matrícula que las que ofrecen, en todas ellas hay excedente de plaza. Las comunidades que tienen una matrícula de ingreso claramente por debajo de ese 84 por ciento son La Rioja,
Castilla-La Mancha, Castilla y León, Murcia, Extremadura y Andalucía. Estas son las comunidades cuya matrícula está claramente por debajo de ese 84 por ciento de media en relación con la oferta de plaza. En el otro extremo, las comunidades con los
porcentajes más elevados en cuanto a matrícula y en las que está más equilibrada la oferta y la matrícula son el País Vasco, Navarra, Cataluña y Madrid. Esas son las comunidades más equilibradas en cuanto que el número de matrícula se equilibra
globalmente con bastante aproximación en relación con la oferta de plazas. Aquí mismo hace una semana se decía que en la Comunidad de Madrid en el mes de septiembre -quiero recordar- había un excedente todavía de 3.000 ó 4.000 plazas susceptibles
de matrícula en las universidades públicas.
Podemos analizar los datos por ciclos. Las carreras de ciclo corto y las carreras de ciclo largo están en términos globales muy equilibradas. No hay un desnivel global entre ambas titulaciones. Es más, las carreras de ciclo largo tienen
un punto menos de porcentaje de matrícula sobre oferta, el 83 por ciento. Hay un ligerísimo desnivel, pero está muy equilibrada entre ciclos. Sin embargo, si comparamos por ramas de enseñanzas la cosa varía. Las ramas cuya matrícula está por
encima o próxima a la media del 84 por ciento son ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas y las enseñanzas técnicas, sobre todo la primera, ciencias de la salud que cubre el cien por cien de la oferta de matrícula. Las ciencias sociales
cubren un 87 y las enseñanzas técnicas un 84 por ciento, mientras que las ciencias experimentales cubren un 77 por ciento y las humanidades un 63 por ciento.
Podemos analizar el tema también por titulaciones. En ciencias de la salud hay una gran demanda, salvo farmacia que es algo menor, pero también está en unos niveles muy altos, y en ciencias experimentales, se detectan problemas para cubrir
la oferta tanto respecto a la demanda como respecto a la matrícula, pudiendo ser la situación muy dispar según la antigüedad de la universidad o centro. En ciencias experimentales hay una gran diversidad de la situación del número de matrícula
tanto en relación con la oferta como en relación con la demanda, pero varía mucho según universidades o centros. En las ciencias experimentales hay que exceptuar las diplomaturas de nutrición y óptica en las que la demanda es muy superior a la
oferta y también las licenciaturas de biología y de ciencias ambientales que mantienen una relación matrícula oferta por encima o muy próxima al cien, es decir, que se cubren prácticamente todas las plazas que se ofrecen. En las titulaciones de la
rama de ciencias sociales y jurídicas, que son las que mayor oferta ofrecen, hay tres grupos. Hay un grupo que podría ser periodismo, comunicación audiovisual, publicidad, relaciones públicas, actividad física y del deporte y en menor medida
psicología, con una situación homogónea donde todos los centros cuentan con muy alta demanda y cobertura de plazas; luego hay otro intermedio que sería administración de empresas, educación social, turismo y algunas especialidades de maestra que no
tienen problema para cubrir su oferta, y, por último, las titulaciones con situaciones muy diversas según el tipo de centro y ubicación, pero que en general tienen una demanda inferior de oferta y no llegan a cubrir plazas. En cuanto a las
enseñanzas técnicas, que tienen una demanda mayor a la matrícula que se aproxima prácticamente al cien por cien de la oferta, sin embargo, se detectan bajas en la ratio de matrícula-oferta en las ingenierías de montes, en la de minas, en las
ingenierías técnicas agrícolas y de minas, en la diplomatura de máquinas navales, navegación marítima y radioelectrónica naval. Respecto a las humanidades, tienen una demanda menor a la matrícula, con excepción de bellas artes y traducción e
interpretación. Las titulaciones de filología inglesa, historia del arte e historia de la filosofía tienen ratio de matrícula oferta en torno al 70 por ciento y el resto está por debajo del 50 por ciento. Esas son las tendencias que se observan en
el curso pasado y que yo creo que no han tenido cambios significativos en el presente.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias por la información, señor secretario de Estado, que además queda plasmada en el 'Diario de Sesiones' y
esto despeja completamente las dudas, que se han planteado a veces en este Parlamento por parte de algunos grupos cuando decían que prácticamente los estudiantes no podrían entrar en las universidades por falta de oferta. Con esto queda
todo aclarado, sobre todo con la cifra que usted ha indicado de la oferta de 269.679 que ha sido cubierta en un 84 por ciento y que excepto ciencias de la salud y algunas técnicas, lo demás queda completamente cubierto, es decir, que los alumnos
pueden ingresar en la universidad y en la titulación que eligen, cosa importantísima que venimos exponiendo desde hace varios años los representantes del Grupo Parlamentario Popular y el Ministerio de Educación.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Efectivamente, esa es la tendencia, que es creciente no sólo por razones demográficas, sino porque las universidades están incrementando muy
sustancialmente la oferta de titulaciones. Incluso todas aquellas titulaciones que tienen hoy un mayor grado de equilibrio se están popularizando en otras universidades donde no las tenían porque se están implantando incesantemente nuevas
titulaciones. La prueba de que los hechos van en la dirección que usted apunta es que ahora mismo ya es frecuente -desde hace un par de años se nos ha hecho habitual- que las universidades públicas se anuncien en la prensa como instrumento para
divulgar y difundir su oferta docente y, por consiguiente, eso acredita que las plazas están accesibles por razones de dotación del sistema universitario público para que accedan, salvo la cuestión específica de las ciencias de la salud, en el
ámbito de su propia comunidad autónoma prácticamente por todos los estudiantes que acceden a la universidad. Los hechos lo ponen de relieve y los anuncios también.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO (GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR), SOBRE LA VALORACIÓN POR EL GOBIERNO DEL DESARROLLO DE ELECCIÓN DE RECTORES LLEVADO A CABO EN LAS UNIVERSIDADES CONFORME AL SISTEMA PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE
UNIVERSIDADES. (Número de expediente 181/003559.)
El señor PRESIDENTE: Corresponde al señor Guerra Zunzunegui formular también la pregunta que figura con el número 10 en el orden del día.
Tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor secretario de Estado, querríamos saber la valoración que hace el Gobierno del desarrollo de la elección de rectores llevada a cabo en las universidades, conforme a la LOU.
Cuando debatimos la LOU se nos habló de los inconvenientes que iba a tener la elección de rector por el sistema a emplear, prácticamente por elección total, con los porcentajes, el peso del profesorado, etcétera.
Por parte de algunos grupos
de esta Cámara se dijeron algunos epítetos que no quiero repetir, puesto que ahora lo que deseamos simplemente es la valoración que ha hecho el Gobierno.
Se ha llevado a cabo un número de elecciones a rector nosotros creemos que sin problemas ni inconvenientes con el nuevo sistema, pero de todas maneras desearíamos que el señor secretario de Estado nos informara y que quedara plasmado en el
'Diario de Sesiones', puesto que por la información que hemos podido recoger de los medios de comunicación y por las declaraciones de los que han accedido al rectorado de las universidades públicas se puede decir que no ha habido problemas. También
me gustaría que el señor secretario de Estado confirmara la superior participación de estudiantes en estas elecciones, que anteriormente era muy baja. De ahí esta pregunta que ha formulado la diputada Ana Belén Vázquez Blanco.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Debo decir que el Gobierno hace una valoración muy positiva de las elecciones a rector llevadas a cabo por las universidades, en aplicación de la Ley
Orgánica de Universidades. Lo hace de una manera directa, pero también -y lo quiero subrayar- porque en todas las campañas habidas en todas las universidades no ha habido ni un solo profesor ni un solo candidato a rector ni un rector elector ni un
profesor que se haya mostrado en desacuerdo con el sistema. Sin embargo, son muy abundantes las afirmaciones en el sentido de que les ha permitido una participación que el anterior sistema impedía. De modo que desde ese punto de vista las
valoraciones públicas, constatables y documentadas en la prensa de todas las universidades han sido muy notorias en su reforzamiento. En ninguna de ellas se han percibido esas imágenes de interferencias de poderes económicos o políticos en el
desenvolvimiento de los debates y de las decisiones electorales, porque cualquier interferencia hubiera generado un rechazo de la comunidad universitaria de una manera clara. De modo que la valoración es muy positiva, ha habido más participación de
todos los sectores, y no sólo del estudiantil. La participación para elegir claustro se ha multiplicado por cinco, sobre todo cuando ha habido más de un candidato, y aunque cuando ha habido sólo uno la participación ha sido menor, nunca ha sido tan
inferior como anteriormente. La participación, pues, ha sido muy positiva.
El sistema ha introducido transparencia, que era el objetivo de la ley, con lo que los rectores salen más fortalecidos tras esas elecciones. Se han celebrado elecciones en 28 universidades, prácticamente en la mitad de las universidades
públicas españolas, con total normalidad. Solamente en una, por razones jurídicas, que no tienen nada que ver con la elección, hubo un pequeño problema por las normas que había aprobado esa universidad en relación con la comisión electoral y dónde
estaba la mayoría, casos de esa naturaleza, que retrasaron la programación. Esa es la única especificidad -no me atrevo a calificarlo de incidencia- que ha habido en el proceso, se ha mantenido la actividad académica y no se ha producido ningún
tipo de incidencia.
Salvo en los casos de las universidades autónomas de Barcelona, Córdoba, Rovira i Virgili, Rey Juan Carlos y Miguel Hernández, Carlos III, Huelva y Castilla-La Mancha, en las que ha habido un candidato único, en el resto se han presentado
varios candidatos. En seis de las 19 universidades que se han presentado dos o más candidatos, ha sido necesaria una segunda vuelta, porque ninguno de los candidatos logró más del 50 por ciento del voto ponderado. En las universidades donde se
produjo una segunda vuelta fue en la Autónoma de Madrid, Alcalá de Henares, Salamanca, Islas Baleares, La Laguna y Complutense de Madrid. La participación del profesorado-funcionario ha superado el 85 por ciento, la del personal de administración y
servicios el 90 y la del alumnado ha aumentado sustantivamente respecto a las elecciones anteriores de claustro, superando en un 19 por ciento. La mayor participación de todos los sectores de la comunidad universitaria se ha dado en aquellas
universidades en que han concurrido dos o más candidatos. Son los ejemplos de algunas universidades que he mencionado. La menor participación, no sólo de estudiantes, sino de todos los sectores de la comunidad universitaria, se ha dado donde ha
habido un único candidato.
La Complutense de Madrid fue la universidad en la que se ha presentado un mayor número de candidatos: seis en primera vuelta. A la pregunta de si les parecía bien el sistema del proceso electoral, que era una pregunta
estándar de los periodistas de cada ciudad, todos los candidatos en el conjunto de las universidades españolas respondieron que les parecía muy bien. En la prensa no se ha registrado ningún tipo de incidente, perturbación ni problema sobre ningún
proceso. Solamente se ha informado de manera transparente de los instrumentos de decisión del futuro de la comunidad universitaria. De modo que en ese sentido la respuesta es positiva a esa valoración que me solicitaba.
El señor PRESIDENTE: El señor Guerra Zunzunegui tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Con estos datos que nos ha dado el secretario de Estado se vienen abajo todas las enmiendas y toda la oposición que hubo por diferentes partidos, especialmente por el socialista, respecto del nuevo sistema de
elección de rectores. Siento que no estén algunos representantes que formularon estas enmiendas, aunque espero que lo lean con detenimiento en el 'Diario de Sesiones', vean que se equivocaron y admitan que el sistema que se ha inaugurado con la Ley
Orgánica de Universidades para las elecciones de rectores es positivo y que sus enmiendas y posiciones eran erradas.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel y Ordís): Lo que sí puedo resaltar aquí, pues recuerdo el núcleo de los debates con cierta precisión, es que los hechos prueban que la dinámica de las elecciones
a rector está siendo mucho más transparente, con lo que el rector sale fortalecido, por el procedimiento de elección, y con los instrumentos que le da la Ley Orgánica de Universidades, que es una ley que refuerza el poder del rector y le permitirá
impulsar una dinámica de la universidad en la prosperidad, mejora y calidad de la educación que en cada caso requiera.
El señor PRESIDENTE: Así concluyen las preguntas que se han formulado en esta sesión al secretario de Estado de Educación y Universidades, a quien agradezco de nuevo su presencia.
Queda una última pregunta de la sesión, que se formula al secretario de Estado de Deportes, que haremos dentro de un minuto. (Pausa.)
- DEL SEÑOR NIETO GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE RAZONES POR LAS QUE EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES HA PERMITIDO HIPOTECAR EL INMUEBLE SEDE DE LA REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL. (Número de expediente 181/003912.)
El señor PRESIDENTE: Proseguimos la sesión. Doy la bienvenida al secretario de Estado de Deportes, que viene a contestar a la última pregunta de esta sesión, formulada por don Jerónimo Nieto, del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene
la palabra.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Señor secretario de Estado, bienvenido a la Comisión, como siempre que lo hace. Mi pregunta se refiere a la situación que está atravesando la federación deportiva más importante, que es la Federación Española de
Fútbol. Como usted bien sabe y supongo que lo lamenta como lo lamentamos nosotros, esta federación está situada en el ojo del huracán desde hace mucho tiempo, prácticamente a lo largo del último año, porque o bien a través de la prensa o bien desde
dentro de la propia federación, especialmente a través del vicepresidente en aquel entonces de
la liga profesional, el señor Tebas, se ha venido denunciando reiteradamente una serie de irregularidades graves en la gestión económica de la Federación Española de Fútbol, muy variadas: en relación con los viajes de algunos directivos, en
relación con retenciones a los clubes por los seguros de los jugadores internacionales, en relación con impagos a los clubes por la primera licencia profesional de los futbolistas a los que estos clubes habían formado, por manipular facturas o por
la petición de un crédito hipotecario, que es el objeto de la pregunta, sin conocimiento de la asamblea y sin la autorización pertinente del Consejo Superior de Deportes. Esa es al menos la información que nos ha llegado.
El Grupo Parlamentario Socialista solicitó la comparecencia del presidente de la Federación Española de Fútbol con un objetivo muy concreto aclarar en sede parlamentaria la situación por la que pasa la federación, no para juzgar los hechos,
que nunca ha sido ni será nuestra pretensión, porque para eso están los comités de disciplina deportiva y en último extremo los tribunales, donde estos asuntos también han terminado llegando. El presidente, cuando recibió la comunicación de esta
petición de comparecencia -nos consta y además lo dijo públicamente-, manifestó su disposición plena a comparecer. Sin embargo, cuando se hizo el último orden del día de esta Comisión y el Grupo Socialista pidió la inclusión de esta comparecencia
en el mismo, el Grupo Parlamentario Popular, entiendo que de acuerdo con el Gobierno, de acuerdo con usted, señor Gómez-Angulo, que es el representante del Gobierno en estos temas, no ha permitido hasta el momento esa comparecencia. No sabemos muy
bien por qué, la verdad es que yo lo lamento y lo seguiremos intentando mientras dure la legislatura y, si tuviéramos que hacerlo, más allá de la misma.
Respecto a estas cuestiones que he dicho que están en el candelero y que queríamos que aclarase el presidente de la federación, es verdad que hay algunos aspectos que, aparte del presidente de la federación, debe ser el Gobierno quien los
aclare. Por eso, con esta pregunta, hemos pedido que sea usted, como representante del Gobierno, quien nos responda a la misma. La pregunta está formulada en los siguientes términos: ¿Cuáles son las razones por las que el Consejo Superior de
Deportes ha permitido hipotecar el inmueble sede de la Real Federación Española de Fútbol? Hacemos esta pregunta porque creemos que se han incumplido, al menos, el artículo 36 de la Ley del deporte y el artícu<00AD>lo 182 de los estatutos de la
Real Federación Española de Fútbol a la hora de autorizar o permitir que se lleve a cabo esta hipoteca. Basándonos en lo que pensamos sobre el contenido de estos artículos y sobre la información que tenemos al respecto, creemos, insisto, que no
debería haberse autorizado la misma. Evidentemente, usted tendrá otras razones. Si son razones poderosas y convincentes, así se lo reconoceremos, pero nuestra opinión, hasta este momento, es que no debería haberse autorizado esa hipoteca. Le
realizamos esta pregunta para que aquí, en sede parlamentaria, nos aclare esta situación que nos preocupa, como supongo que también le preocupa a usted y, en general, preocupa a todos los aficionados al fútbol en España. Con ese ánimo le formulo
esta pregunta y deseo que la respuesta vaya en esos términos.
El señor PRESIDENTE: Antes de dar la palabra al señor secretario de Estado, le recuerdo que su obligación es contestar al contenido de la pregunta formulada por el señor Nieto González, pero que los temas a los que se ha referido el señor
diputado no corresponden a este momento procesal, en concreto la petición del Grupo Parlamentario Socialista de la comparecencia del señor presidente de la Federación Española de Fútbol, que tiene su trámite parlamentario.
Tras este preámbulo, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Gómez-Angulo Rodríguez): Permítame que al margen de que yo, como ejecutivo, no voy a entrar en las labores del Legislativo en ningún caso, porque creo que son de las nociones básicas que
aprende uno en la facultad de derecho nada más llegar, como ha habido una insinuación a una interferencia del Consejo Superior de Deportes, a mi persona, a efectos de la no comparecencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, la rechace
tajantemente, por incierta, y pongo por testigo al presidente de esta Comisión o a los miembros del Grupo Parlamentario Popular. Yo no entro ni salgo en las razones que han llevado al Grupo Popular, en las funciones que tiene en el Poder
Legislativo, a negar esa comparecencia, pero lo que sí le aseguro, señoría, es que no ha habido la más mínima interferencia por parte del Ejecutivo a ese respecto.
Dicho esto, me parece obligado, señor presidente, contestar también con toda amabilidad al señor Nieto que me extraña la formulación de esta pregunta dado que el señor diputado sigue día a día las incidencias del mundo del deporte en general
y en particular, por las veces que sobre esta cuestión ha solicitado mi comparecencia en esta Comisión y yo, amablemente, cuantas veces lo ha hecho he acudido, puesto que el Consejo Superior de Deportes no ha permitido en ningún caso hipotecar el
inmueble, porque nadie se ha dirigido al Consejo Superior de Deportes en petición de dicho permiso. Luego no ha habido ni tal permiso ni ningún tipo de autorización al respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: El artículo 36.b) de la Ley del Deporte, refiriéndose a la posibilidad de enajenar o hipotecar bienes dice lo siguiente: Cuando se trate de bienes inmuebles que hayan sido financiados
en todo o en parte con fondos públicos del Estado, será preceptiva la autorización del Consejo Superior de Deportes para su gravamen o enajenación. Se está refiriendo por tanto a la autorización que debe realizar el Consejo Superior de
Deportes para que la Federación Española de Fútbol pueda hipotecar la sede, que sin duda en parte fue financiada con dinero público procedente del Estado. Es verdad que estamos hablando de una época del régimen anterior, que es cuando se accede a
esa sede, los vericuetos a través de los cuales puede llegar esa financiación pública pueden ser muy diversos, pero no cabe la menor duda que hay una parte de financiación pública en ese inmueble. Eso por lo que se refiere a la financiación pública
del inmueble. La obligación de la federación es solicitar autorización al Consejo Superior de Deportes, dice usted que no lo ha hecho, lo cual me sorprende, pero puede ser. Por tanto está usted trasladando las culpas a la Federación Española de
Fútbol. No sé si por no haber solicitado esta autorización habrá usted iniciado el expediente correspondiente o no ha hecho nada o ha hecho otras cosas. Por lo que se refiere al artículo 182.d) de los estatutos de la Federación Española de Fútbol,
se dice que esta no podrá comprometer gasto de carácter plurianual sin autorización del Consejo Superior de Deportes cuando el gasto anual comprometido supere el 10 por ciento de su presupuesto y rebase el período del mandato del presidente.
Evidentemente la hipoteca se realiza en un plazo de quince años, rebasa por supuesto el período de mandato del presidente, que está a punto de presentarse a la renovación de su mandato, como ha anunciado en los últimos días, y el gasto anual
comprometido, en opinión de quien habla, también supera el 10 por ciento de ese presupuesto. En cualquier caso, el período de mandato del presidente no alcanza los próximos quince años, que es el tiempo por el cual se lleva a cabo la hipoteca. Por
tanto sigo insistiendo en que, en nuestra opinión, estos dos artículos han sido incumplidos: en el caso del 36, porque la federación no ha solicitado la autorización, y si es así cada cual tendrá que asumir sus responsabilidades, o, si ha sido
solicitada esa información -usted lo ha desmentido-, por haber sido autorizada contra este artículo por parte del Consejo Superior de Deportes; en cualquier caso, se ha incumplido, en nuestra opinión, el artículo 182 de los estatutos de la
federación.
Este asunto es bastante extraño y creo que a todos nos interesa que se aclare, a nosotros pero a usted también. El 15 de julio de 2003 es cuando se lleva a cabo la constitución de esta hipoteca, se hace además al amparo de las facultades
que otorga una asamblea celebrada por la federación el 5 de junio de 1998. Cinco años antes de constituirse la hipoteca se celebra esta asamblea, que es la que autoriza la posible hipoteca de la sede de la federación o de cualquier otro bien de la
propia federación, cinco años antes, cuando aún no se han iniciado las obras de la ciudad deportiva de Las Rozas, que es para la que se solicita la constitución de esta hipoteca. Además el día 18 de julio, es decir, tres días después de la fecha de
constitución de la hipoteca, se celebra asamblea general en la federación y en esta asamblea no se informa para nada de que tres días antes se ha constituido la hipoteca -parece un poco extraño-, una hipoteca que además, según la información que ha
aparecido publicada en los medios de comunicación, se hace incluso por encima de los precios de mercado, para entendernos. En fin, hay toda una serie de acontecimientos un tanto extraños y en todo este asunto es cierto que el consejo da la callada
por respuesta, pero yo creo que esa callada por respuesta tiene unos plazos y unos límites, señor Gómez-Angulo, porque usted tendrá que responder de lo que ha hecho el consejo y de lo que ha hecho la federación -si lo ha hecho mal, si no se ha
ajustado a la legalidad- al que ha denunciado esta situación, que ha sido el señor Tebas, al que antes hacía referencia, y también tendrá que dar la información y los datos pertinentes al Juzgado 47 de Madrid, donde han terminado los hechos.
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Termino, señor presidente.
Por la información que tengo, creo que la respuesta al señor Tebas se la dio el viernes en una resolución que emitió el Consejo Superior de Deportes. Por lo que a mí me llega de esa información, usted se basa para decir que no era necesaria
la petición de autorización en que en los archivos que hay en el Consejo Superior de Deportes y en los archivos generales de la Administración pública no hay ninguna constancia de que se financiase en su momento con dinero público la adquisición de
la sede de la federación. Permítame que dude de esta aseveración tan tajante que usted hace en esa resolución. En cualquier caso, no ha pedido la documentación pertinente a la propia federación, donde estoy seguro que sí que consta la financiación
pública en parte, no total, de lo que fueron los costos de adquisición de esta sede de la Federación Española de Fútbol.
Le decía al principio y se lo digo ahora -y termino, porque así me lo indica el presidente-, sin ánimo de ir más allá, que no está aclarando usted suficientemente la situación y no entiendo muy bien por qué, porque más tarde o más temprano
se aclarará totalmente, o bien en el Juzgado número 47 o bien a través de las preguntas parlamentarias que sean necesarias pidiendo documentación e información sobre todos los detalles acerca de la financiación pública para la adquisición de la sede
de la Federación Española de Fútbol. Por consiguiente, si no se aclara ahora, si usted ahora quiere poner una cortina de humo delante, está en su perfecto derecho de hacerlo, pero si no se aclara ahora, se aclarará más adelante, o bien -y termino,
señor presidente- en sede judicial o en esta sede parlamentaria a base de las preguntas que sea menester realizar.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gómez-Angulo.
El señor PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Gómez-Angulo Rodríguez): Yo me he limitado a contestar una pregunta que se me ha formulado y esa pregunta, que usted ha tenido la amabilidad de reiterar, indicaba qué razones había
tenido el Consejo Superior de Deportes para permitir hipotecar el inmueble. Ninguna razón, dado que no se nos ha solicitado el permiso. Si usted hubiese formulado la pregunta en otros términos, yo habría contestado en otros términos. En su
réplica usted ha tocado algunos temas legales que yo sí puedo contestarle para su mayor aclaración. No obstante, ha mezclado diversos asuntos a los que no ha hecho referencia en su primer turno. Ha tocado ahora una resolución que he llevado a cabo
como presidente del Consejo Superior de Deportes por la que se decreta el archivo de una denuncia formulada por el señor Tebas, al que usted ha citado en relación con este tema. En estos asuntos, tenga S.S. la absoluta certeza de que no he dado un
solo paso como presidente del consejo sin el asesoramiento, en todos y cada uno de ellos de los servicios jurídicos de la Administración del Estado, y en este también.
Por tanto la resolución del archivo es porque la denuncia, que por otra parte
tenía otra serie de defectos formales que voy a obviar en este momento, no tenía razones suficientes para haber llevado a cabo ninguna otra actuación.
Respecto al artículo 36.b) de la Ley 10/1990 del Deporte, he de informar a S.S. que en este supuesto no concurre el requisito exigido por dicho precepto legal, es decir que se trate de un bien inmueble que haya sido financiado en todo o en
parte con fondos públicos del Estado. Quiero indicarle a S.S, que ni en la documentación obrante en el Consejo Superior de Deportes, que hubiese sido suficiente para archivarlo, pero no se ha quedado ahí la actuación del consejo, ni en las
actuaciones y comprobaciones que han sido llevadas a cabo por los servicios jurídicos y de control financiero del organismo que presido, figura documento alguno que acredite que el Estado haya financiado de forma total o parcial el inmueble sede de
la Real Federación Española de Fútbol; comprobaciones -y quiero que lo sepa S.S. para la total aclaración por mi parte de este asunto- que también se han dirigido a obtener las certificaciones correspondientes del Registro de la Propiedad
figurando de forma expresa en ellas la falta de financiación del Estado en la adquisición de la sede federativa. Tenga en cuenta, y S.S. no puede desconocerlo, que una hipoteca de ese carácter implica la actuación de algunos fedatarios públicos y
de algunas entidades financieras importantes, que han tenido también la cautela y la prudencia de hacer esta misma comprobación, que a posteriori ha hecho también el Consejo Superior de Deportes cuando ha llegado a un conocimiento formal a través de
un escrito de denuncia o de petición.
Con relación al precepto que invoca de los estatutos de la Real Federación Española de Fútbol, recogidos también en el artículo 29 del Real Decreto 1835/1991, de 20 de diciembre, sobre federaciones deportivas españolas y registro de
asociaciones deportivas, dicho artículo establece que no podrán comprometerse gastos de carácter plurianual en su período de mandato sin autorización previa del consejo cuando el gasto anual comprometido supere el 10 por ciento de ese presupuesto y
rebase el período del mandato del presidente. Son dos circunstancias concurrentes y no por separado las que hay que tener en cuenta. Es verdad que se da la segunda, pero S.S. sabe perfectamente o debe saber que no se da la primera, dado que el
importe anual del préstamo a devolver de la hipoteca no supera el 10 por ciento del presupuesto de la federación, como tengo acreditado aquí por escrito y pongo a disposición de S.S. y ahorro la lectura del mismo. A este respecto, para llevar a
cabo el archivo de esta petición, existe también un informe específico del abogado del Estado sobre algunos extremos que me permito leerle, dado que S.S. se ha detenido en el acuerdo al que ha hecho mención de la Real Federación Española de Fútbol,
que en su asamblea general, en 1998, concede y autoriza la constitución de las correspondientes acciones, entre ellas una hipoteca, dado que establece textualmente, según un informe que obra en mi poder de la Abogacía del Estado, que la asamblea
general (se está refiriendo a la asamblea general a la que ha hecho referencia S.S.) acuerda delegar funciones en el señor presidente (el señor presidente de la federación) para la adquisición de terrenos, financiación, préstamos, hipotecas y
operaciones similares, firma de contratos, autorizaciones administrativas, adjudicaciones y en general cuantos actos y negocios jurídicos fueran precisos para llevar el proyecto a buen fin. Esto tiene también el visto bueno de los servicios
jurídicos de la Administración del Estado, dando por suficiente ese poder general que obtiene el presidente de la federación en 1998. Por lo demás, también en la resolución y en los informes que obran en poder del consejo se hace constancia por muy
diversas vías a que los hechos anteriores a 1977, aunque se han investigado también y no figura aportación directa del Estado, no permiten atestiguar que el inmueble al que hace referencia S.S. haya sido, insisto, financiado total, ni siquiera
parcialmente, con fondos públicos del Estado. Luego, aunque nosotros no hemos permitido la operación porque nadie se ha dirigido a nosotros para solicitar el permiso, no lo han hecho porque en este caso legalmente la Federación Española de Fútbol
no tenía obligación para ello.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado. Concluida la última pregunta de la sesión, se levanta la misma.
Era la una y cincuenta y cinco minutos de la tarde.