CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 874

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES

Sesión núm. 114

celebrada el lunes, 17 de noviembre de 2003

orden del día:


Comparecencia del señor ministro de Justicia (Michavila Núñez) para informar sobre:


- La puesta en marcha de los juicios rápidos. A petición propia.
(Número de expediente 214/000183) ... (Página 27738)


- La puesta en marcha de los denominados juicios rápidos. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001277) ...
(Página 27738)


- Las previsiones de nuevos juzgados en la provincia de Cádiz y las necesidades derivadas del narcotráfico. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001334) ...
(Página 27758)

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- Las medidas que va a adoptar el Gobierno para evitar las excarcelaciones, por cumplimiento del plazo máximo de prisión preventiva, de personas sobre las que pesan acusaciones de gravísimos delitos. A solicitud del Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 213/001444) ... (Página 27758)


- El proyecto del Gobierno para ampliar las competencias de la Fiscalía Anticorrupción. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001378) ... (Página 27769)


Se abre la sesión a las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (MICHAVILA NÚÑEZ) PARA INFORMAR SOBRE:


- LA PUESTA EN MARCHA DE LOS JUICIOS RÁPIDOS. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente 214/000183)


- LA PUESTA EN MARCHA DE LOS DENOMINADOS JUICIOS RÁPIDOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001277)


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Justicia e Interior con la presencia del ministro de Justicia, don José María Michavila, al objeto de exponer los diversos temas
que figuran en el orden del día. Damos la bienvenida al ministro de Justicia por su presencia hoy aquí entre nosotros.



Advierto a SS.SS. que teniendo en cuenta la amplitud de los puntos que figuran en el orden del día, se va a aplicar por esta presidencia una interpretación estricta de los tiempos, a fin de que pueda cumplimentarse debidamente el orden del
día y no queden asuntos pendientes.



Sin más, reiterando de nuevo la bienvenida al ministro de Justicia, le cedo el uso de la palabra para que proceda a intervenir sobre los dos primeros puntos del orden del día, que se van a acumular, relativos a los juicios rápidos.



Señor ministro, cuando desee tiene el uso de la palabra.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor presidente, señores miembros de la Mesa, señorías, quiero agradecer a la Mesa la citación a una comparecencia que, en origen, era a iniciativa propia. Entiendo que la comparecencia
relativa a juicios rápidos ha quedado finalmente acumulada, para proceder luego separadamente a las comparecencias relativas a la lucha contra la droga y anticorrupción. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.)


Quiero comenzar mis palabras con un agradecimiento y una felicitación a los grupos parlamentarios. La justicia penal rápida es sin duda una apuesta de todos los grupos parlamentarios, de todas SS.SS., de todos los que por unanimidad
aprobamos una ley para hacer que nuestra justicia, en un tema esencial, en algo tan importante para el ciudadano como es dar una respuesta a quien comete un delito y una falta desde la ley, sólo desde la ley, pero con la máxima eficacia de la ley y
cuanto antes, funcionara mejor. Cuando se suscribió el pacto de Estado para reformar la justicia dijimos que el pacto era una herramienta, pero que lo importante eran los objetivos: la mejora y la modernización de la justicia. Un objetivo, el
número 17, era que no podía ser que en España los españoles aceptaran a perpetuidad que cuando se acude a un juez después de ser objeto de un robo, después de ser objeto de un delito, la primera respuesta la diera nuestra justicia como pronto a los
ocho meses, cuando no al año y medio. Por esa razón convenimos todos en la necesidad de elaborar una nueva ley, un nuevo procedimiento que concluyó con unanimidad, unanimidad que no ha sido una rara avis, ha sido muy habitual, pues ha habido hasta
13 iniciativas por unanimidad; en este momento incluso se tramitan por unanimidad la ley de la Corte Penal Internacional y la nueva ley de arbitraje, tan importante para evitar que siempre y en todo caso sea necesario acudir a los tribunales cuando
hay un conflicto. Esa unanimidad, que dio nacimiento a esa nueva ley, se mantiene ahora en las leyes que se tramitan, ha sido beneficiosa y ha sido resultado del trabajo y del esfuerzo de todas SS.SS. y de todos los grupos parlamentarios para
hacer una ley necesaria, una ley mejor.



Los juicios rápidos, señorías -y lo saben ustedes igual de bien que el ministro-, han dado lugar a que en seis meses de funcionamiento se hayan resuelto, según el informe del Consejo General del Poder Judicial, cerca de 105.000 asuntos,
105.000 cuestiones que se han tramitado por el procedimiento de juicios rápidos, algunas de las cuales han sido después trasladadas al procedimiento ordinario, según las válvulas de garantía de los derechos previstas por la propia ley, 105.000
asuntos que suponen que cada semana se están realizando hoy en España tantos


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juicios rápidos como los que se realizaron en el año 2002, todas las semanas, de todos los meses, de todo el año. Es decir, desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2002 se celebraron en España 5.000 juicios rápidos; ahora, cada semana,
de lunes a domingo, se celebra esa misma cifra de juicios rápidos. Eso es lo que ha hecho posible que en seis meses se hayan celebrado 105.000 juicios rápidos, 105.000 asuntos en los que la víctima encuentra una respuesta a la defensa de sus
derechos en 72 horas o en 15 días. Eso es lo que hace que ese procedimiento funcione y también que 4.043 víctimas de violencia doméstica hayan encontrado, desde el 2 de agosto al 31 de octubre, una respuesta del juez en 24 horas, cuando antes la
primera respuesta que recibía una víctima de la violencia doméstica por parte del juez era al cabo de seis u ocho meses o incluso de año y medio. En todo caso, la víctima tenía que ir a un juez de lo civil y a un juez de lo penal, tenía que
transitar por un complejo sistema procesal; hoy eso se ha simplificado gracias también al acuerdo que el 1 de agosto, de nuevo por unanimidad -y digo que la unanimidad sigue siendo una constante en la mejora de la justicia-, pactamos todos los
grupos parlamentarios. Esas 4.043 respuestas a solicitudes, 3.044 acordadas, demuestran que nuestra justicia podía dar una respuesta más rápida, más ágil, más eficaz; y como podía hacerlo, hemos querido hacerlo entre todos y, en este momento, así
lo está haciendo nuestra justicia.
Esos juicios rápidos, que permiten que hoy en una semana se resuelvan tantos asuntos como ayer en todo un año, han sido posibles gracias, primero, a esa ley aprobada por unanimidad, pero después a 10 razones que
voy a sintetizar, 10 motivos concretos, entre los cuales hay más medios, más recursos, más dinero, más jueces, más fiscales, y todos ellos mejor organizados, todos los medios mejor utilizados, todos ellos mejor coordinados y todos ellos con una ley
mejor.



En primer lugar, ha sido posible que los juicios rápidos sean hoy una realidad modélica en nuestro país. Basta con señalar que en las tres últimas reuniones bilaterales con los gobiernos de Alemania, Francia y Portugal, los tres ministros
de Justicia -la ministra de Justicia alemana, el ministro de Justicia francés y la ministra de Justicia portuguesa- han manifestado su deseo y su interés por conocer nuestra experiencia y por trasladar a su país lo que de positivo tiene una justicia
penal que en 72 horas o en 15 días está resolviendo agresiones a los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos, puesto que son agresiones de naturaleza penal, en un breve periodo de tiempo, con todas las garantías y con respeto a los
derechos humanos y a todos los principios de un proceso judicial justo, con todos los derechos de defensa y sin renunciar ni un milímetro al patrimonio ético que constituye en nuestra democracia el principio de presunción de inocencia y de que hay
que acreditar fehaciente y suficientemente ante un juez imparcial que se produzca una posible condena.



Esto es resultado, en primer lugar, de una ley por consenso pero, en segundo lugar, del trabajo común de todos. El precedente sirvió también para aplicar la orden de protección, está sirviendo para poner en marcha la implantación de los
juzgados de lo mercantil y está sirviendo también para poner en marcha el Observatorio de lucha contra la desigualdad para la integración de los discapacitados en la justicia. Por primera vez el Consejo General del Poder Judicial -es decir, el jefe
de los jueces-, asociaciones judiciales, Fiscalía General del Estado y cada una de las fiscalías, cada uno de los tribunales superiores de justicia, fiscales jefes de cada comunidad autónoma, comunidades autónomas con competencias transferidas en
materia de justicia, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, Colegio de Abogados -a través del Consejo General de la Abogacía y de cada uno de los colegios de abogados-, procuradores y
Ministerio de Justicia se pusieron a trabajar juntos durante un largo año y medio para hacer un plan de implantación de los juicios rápidos. Fue posible hacer un protocolo de implantación de los juicios rápidos en el que colaboraron todas las
comunidades y tengo la satisfacción de que ese protocolo fuera aprobado por el Gobierno vasco, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de Canarias, el Gobierno de Galicia, el de Valencia y el de Madrid, por todas las comunidades con competencia
transferidas y hasta por la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial. Ese protocolo de implantación de los juicios rápidos fue seguido de un protocolo territorial de implantación de los juicios rápidos elaborado por el
consejero de Justicia respectivo, con un representante del Ministerio de Justicia, el presidente del TSJ, los jueces decanos de las grandes ciudades y el decano del Colegio de Abogados. Se hizo un trabajo serio, un trabajo riguroso y también un
trabajo exhaustivo como no tiene precedentes, desde luego nunca en el ámbito de la justicia, en el que todos colaboraron, incluso las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de aquellas comunidades que lo tienen. La Ertzaintza dio un ejemplo
verdaderamente importante, como los Mossos D'Esquadra, para ser capaces de incorporarse a la celebración del proceso de juicios rápidos.



Junto a eso, han sido necesarios más recursos, que ha puesto el ciudadano a través de los Presupuestos Generales del Estado. Un crecimiento de los presupuestos que este año supone un 25,4 por ciento, destinado en buena medida precisamente a
juicios rápidos, y un crecimiento de los presupuestos de cada una de las comunidades autónomas, que no me extenderé en detallarles para no ser exhaustivo, pero es una evidencia que cada consejería de Justicia de cada comunidad autónoma ha puesto
dinero para hacer que estos juicios rápidos funcionen tal y como queríamos todos que funcionaran.



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En tercer lugar, ha habido más jueces. Se ha culminado este año la creación de 800 nuevas plazas de juez, que son exactamente, ni una más ni una menos, las que preveía el informe del año 1997 del Consejo General del Poder Judicial, y eso ha
permitido que haya 1.273 órganos judiciales de primera instancia. El ritmo de crecimiento de la planta judicial en estos últimos cinco años ha sido tal que si hubiéramos mantenido el ritmo de crecimiento de los cinco años anteriores deberíamos
esperar al año 2011 para tener el número de jueces que tenemos hoy, lo cual supone que ha aumentado el número de jueces de instrucción. Sin ese aumento del número de jueces de instrucción hubiera sido imposible que funcionaran los juicios rápidos,
que cada semana se celebren tantos juicios rápidos como se celebraban durante todo el año, en el año 2002.



A su vez, hay otro factor esencial. Los juicios rápidos requieren de calidad de nuestros jueces y haber profesionalizado toda la planta judicial el 27 de mayo en el esfuerzo de profesionalización puesto en marcha por una ley, a un plazo de
36 meses, aprobada en este Parlamento, ha hecho posible que en la primera y en la segunda instancia, pero sobre todo en la primera instancia que es donde se celebran los juicios rápidos, todos los jueces titulares sean profesionales. Difícil
hubiera sido celebrar cada semana tantos juicios rápidos como todos los que se celebraron en todo el año 2002 si hubiéramos seguido manteniendo, como hace año y medio, 644 órganos judiciales cubiertos por jueces sustitutos, por jueces no
profesionales. También es evidente que ha sido necesario un esfuerzo por aumentar el número de fiscales. En estos cinco años ha crecido un 33 por ciento el número de fiscales, frente al 13 por ciento que creció en los cinco años anteriores. De
nuevo tendríamos que irnos al año 2017 para tener el número de fiscales que hoy, año 2003, tenemos si se hubiera crecido al ritmo de los cinco años anteriores. Es evidente que ese aumento de jueces y de fiscales también ha ido unido a una mejora de
sus retribuciones. Una ley pendiente desde hace 18 años, y 18 años son muchos años, por fin ha sido aprobada, también de nuevo prácticamente por unanimidad, en este Parlamento, que permite retribuir las guardias, que permite retribuir la mayor
dedicación de jueces y de fiscales, que sin duda han hecho un esfuerzo, pero un esfuerzo que, como dicen por unanimidad los jueces y los fiscales, está valiendo la pena para prestar un mejor servicio público al conjunto de los ciudadanos.



Esta ley también ha sido posible por un cambio radical del modelo del juez de guardia. Hasta el 28 de abril, el juez de guardia era un órgano que recibía una demanda de la comisaría y, a partir de ese papel, ponía en marcha la petición de
informes a todo el mundo: informe al ministerio fiscal, comunicación al Colegio de Abogados para que se designe un abogado de oficio si fuera el caso, comunicación al forense, solicitud a la comisaría de nueva ratificación de la denuncia, informe
pericial de la cuantía de los daños causados por el delito cometido, etcétera. Ese órgano de guardia, que se convertía en un solicitante universal de informes, trasladaba la recepción de esos informes a un distinto órgano judicial. El diseño ha
cambiado absolutamente. El juez de guardia no recibe una notificación de la comisaría, sino que recibe la fijación de una fecha y una hora para celebrar el juicio y es receptor de todos los informes que se ponen en marcha en el momento de la
denuncia, informes que emiten en breve tiempo todos los demás partícipes del proceso judicial.



Hay otro eje esencial. Ha mejorado el papel de coordinación de cada uno de los protagonistas que hacen posible la justicia penal, no sólo el papel del juez de guardia, también el papel protagonista del ministerio fiscal, que ha requerido un
gran esfuerzo. Pero quiero recordar las palabras del fiscal general del Estado y de las asociaciones de fiscales que señalaban la semana pasada que vale la pena el esfuerzo que los fiscales han hecho para tener una justicia más rápida. Exactamente
igual, el esfuerzo de los colegios de abogados. Hoy, los colegios de abogados designan inmediatamente el abogado de guardia, de manera instantánea. Antes del 28 de abril se tardaba incluso seis meses en que un acusado tuviera un abogado, y además
tenía dos abogados, uno para el momento de la detención y otro para el proceso del juicio. En este momento, cuando hay detención, no sólo la designación es instantánea sino que tiene una continuidad para que el mismo abogado que asiste en la
detención asista también en el juicio, lo cual consolida y garantiza, como ha dicho el señor Carnicero, presidente del Consejo General de la Abogacía, la defensa, en todos sus derechos, del acusado. Exactamente igual, la función del forense,
mediante la modernización que supuso el acuerdo de 8 de octubre del año 2002, para actualizar y modernizar el papel de los médicos forenses y de los institutos anatómicos forenses.



Como noveno eje, ha sido necesario un gran esfuerzo de todos, de comunidades autónomas y del Gobierno, para introducir las nuevas tecnologías. Siempre se había dicho que en ningún sector del Estado las nuevas tecnologías podían hacer un
beneficio cualitativamente tan eficaz como en el de justicia, y así se ha demostrado. El primer eje es la agenda judicial. Hoy están conectados 3.331 puntos, entre los 1.300 de la Policía Nacional, los 290 de la Guardia Civil, los 1.273 de los
juzgados de instrucción y todas las fiscalías territoriales, con las comunidades autónomas. La conexión de 3.331 puntos permite trabajar en una agenda de citaciones judiciales única para todos los que componen el proceso de resolución judicial en
materia penal: para abogados, para fiscales, para jueces, para forenses, para Policía judicial, sea la Ertzaintza, sea la Guardia Civil, sea la Policía Nacional. Esa conexión telemática instantánea, que permite que el detenido, en el momento de la
denuncia, salga con el papel en el que se le emplaza


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al juicio en la agenda judicial, el que la Policía judicial entre en la agenda de citaciones del juez y, a partir de ese momento, solicite a todos el informe y emplace al acusado detenido y a todas las partes, es sin duda el eje motor de lo
que es un proceso de revolución silenciosa, pero de auténtica revolución en los métodos de trabajo de nuestra justicia para hacerla más eficaz en defender los derechos y libertades de los ciudadanos. Junto a eso, otra apuesta que sin duda ha sido
esencial y que demuestra que las nuevas tecnologías bien utilizadas son muy útiles.
Antes no era posible juzgar a alguien sin tener, como es lógico, sus antecedentes penales. Antes del 28 de abril, para tener los antecedentes penales de un
ciudadano hacían falta, al menos, cinco documentos, que se tramitaban en un plazo que iba de seis a ocho meses. Eso en este momento se hace instantáneamente. A fecha 11 de noviembre, es decir a fecha de la semana pasada, se habían emitido desde el
28 de abril hasta el 11 de noviembre 274.000 certificaciones de antecedentes penales instantáneas y por vía telemática, con todas las garantías de respeto a la intimidad y de fiabilidad, pero también con toda la eficacia.



Es evidente que esto ha supuesto otra revolución silenciosa, y que este modelo se está extendiendo ya a ámbitos tan sensibles y tan importantes como es, por ejemplo, todo lo que se refiere a la gestión de la tramitación de un inmigrante que
viene a nuestro país con el deseo de buscar un futuro mejor para él y para para sus hijos y que encontraba antes que el papeleo para obtener un certificado de antecedentes penales necesario para el permiso de trabajo le obligaba a una demora de seis
a ocho meses y que ahora, mediante la aplicación de esto que se diseñó para los juicios rápidos, se ha obtenido una ventaja humanitaria excepcional, que es aplicarla también a aquel inmigrante que quiere regularizar sus papeles, que quiere obtener
en nuestro país un permiso de residencia para trabajar por un futuro mejor para él y para los suyos. Todos estos esfuerzos en estos diez órdenes han dado un resultado sin duda positivo.
No hay que hacer triunfalismos, ninguno de nosotros ni SS.SS.
lo vamos a hacer, pero es evidente que podemos estar más que satisfechos por haber dado a los ciudadanos una ley que pone una sentencia en 72 horas o en 15 días y que resuelve en una semana, por un procedimiento ágil y eficaz, tantos asuntos como se
resolvían en toda España en todo el año 2002. Ésa fue nuestra apuesta y en esa creo, señorías, que hemos acertado.



Los juicios rápidos no sólo se celebran en Barcelona o en Sevilla: en Andalucía se han celebrado 24.302 juicios rápidos, según el Consejo General del Poder Judicial, a los seis meses de entrar en funcionamiento; 8.361 por delitos, 15.941
por faltas; en Aragón, 2.540; en Asturias, 2.515; en Baleares, 2.836; en Canarias, 9.393; en Cantabria, 1.373; en Castilla y León, 2.976; en Castilla y la Mancha, 2.490 en seis meses; sólo en Cataluña se han celebrado casi cuatro veces más
juicios rápidos de los que el año anterior se celebraron en todo el año en toda España, 18.374; en Ceuta; en Valencia, más del doble de juicios rápidos en seis meses de los que se celebraron en toda España el año anterior; en Extremadura, 1.335;
en Galicia, 3.939; en La Rioja, 2.159; en Madrid, en seis meses ha habido casi el doble de juicios rápidos de los celebrados en toda España en todos los meses de todo el año anterior, 8.223; en Melilla, 2.077; en Murcia, 2.697; en Navarra, 872;
y en el País Vasco, con 4.112. En total, 104.228. A fecha 28 de octubre, 40.357 delitos, 63.871 faltas. Esto supone un cambio notable en la mejora de nuestra justicia. Quienes tenían el temor de que no se defendieran los derechos de presunción
de inocencia y de defensa de abogado con todas las garantías pueden ver que el hecho de que el 30, 34 ó 36 por ciento -según las comunidades autónomas- de los juicios que se inician como procedimiento rápido culminen en otras vías, es una nueva
prueba de que esa ley tenía las válvulas de garantía suficiente, como fue fruto de alguna de las enmiendas de los grupos parlamentarios, para que se tramiten por el procedimiento ordinario los juicios que deben tramitarse por tal procedimiento.



Finalmente, señorías, los juicios rápidos han permitido también mejorar la agilidad de nuestra justicia en otros ámbitos. Había quien decía que el hecho de que hubiera más eficacia en la justicia penal rápida haría que el resto de los
procedimientos fuera más lento. Es verdad que cada vez que se pone en marcha una ley hay quien anuncia una catástrofe y un cataclismo, pero luego es bueno ver las cosas como son y no quedarse en las amenazas de catástrofe o de cataclismo. Yo lo vi
cuando se puso en marcha la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo vi cuando se puso en marcha la Ley de lo Contencioso, lo hemos vuelto a ver cuando se puso en marcha la de juicios rápidos, y al final la realidad es la realidad. La realidad es que
105.000 asuntos, que antes se resolvían en un año, ahora se han resuelto en 15 días o en setenta y dos horas, y que los otros asuntos se están resolviendo también de manera más rápida. La realidad la da las cifras y los datos del propio Consejo
General del Poder Judicial, a 4 de noviembre del año 2003. Los asuntos penales se están resolviendo más de los que ingresan en menos tiempo. El tiempo de tramitación de los asuntos penales que no van por juicios rápidos también se está reduciendo.
Se han resuelto 4.142 asuntos más de los que han entrado en este año 2003 de los que no se tramitan por juicios rápidos, por procedimiento rápido.



La cuestión era obvia, lo dijimos desde el principio: que hubiera justicia penal rápida no suponía que hubiera más delitos, más asuntos, más temas que resolver, más carga de trabajo. Más bien debería suponer lo contrario, y así ha sido.
Les doy un dato: en seis meses de juicios rápidos en Cataluña se ha reducido un 10,41 por ciento la delincuencia; en seis meses de juicios rápidos en Cataluña se han reducido en un 41 por ciento los


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tirones de bolso. Lo pensaba y lo he visto. Si alguna de SS.SS. se iba a sonreír, lo lamento. Yo creo que no es para reírse el que a alguien le puedan robar el robo, y eso quede impune. Sinceramente, es muy bueno que se luche contra los
tirones de bolso en las calles y que los juicios rápidos permitan en seis meses reducir en las calles de Barcelona y de Cataluña en un 41 por ciento el número de tirones de bolso, y que los juicios rápidos hayan permitido en Cataluña reducir en un
24 por ciento los robos con violencia en los domicilios. Me parece que es también un avance importante. Y que los juicios rápidos haya podido reducir también los robos de cassettes, los robos de vehículos de motor y que haya generado una inflexión
en la curva del crecimiento de nuestra delincuencia.



A su vez, señorías, según los datos del propio Consejo General del Poder Judicial, el tiempo de resolución en el conjunto de nuestras órdenes jurisdiccionales se va reduciendo progresivamente. Es un esfuerzo que hay que agradecer a jueces,
a fiscales, a abogados y también a legisladores que han hecho mejores leyes. Los plazos en los que los problemas de los ciudadanos se van resolviendo en la justicia son cada vez más cortos. En el ámbito civil se ha reducido un 15 por ciento la
tramitación de los procesos. Hoy la duración media de los procesos civiles es de siete meses, y siete meses todavía es mucho tiempo. Por eso, una vez que los juicios han funcionado bien en materia penal de manera ágil y eficaz, es nuestro
propósito para el 2004 -y así se contempla en los presupuestos- extender la justicia rápida en materia civil, empezando por separaciones, divorcios, alimentos, tutela de menores y los asuntos de vivienda.



El modelo debe ser distinto, el funcionamiento, obviamente, no es idéntico, pero no hay ninguna razón para negarnos a que una tramitación de una separación y un divorcio se pueda resolver en dos o en tres meses; no hay ninguna razón,
señorías. Sobre todo algo esencial, la justicia civil, en situaciones de crisis debe ser mucho más flexible una vez que ha resuelto la primera situación crítica, es decir, una vez que se produce el divorcio, siguen quedando relaciones de quienes
fueron cónyuges o de quienes son padres, madres e hijos. Es evidente que esa situación es dinámica y cada vez lo es más en una sociedad en la que la apertura de las familias es cada vez más amplia, en la que cada vez hay más cambio en la relación
padres e hijos y en las relaciones de pareja.
Hacemos un grave perjuicio a nuestra sociedad si la justicia es tan lenta que no permite flexibilizar la realidad dinámica de una pareja que ha roto su relación, que la deja cristalizada en una
resolución judicial y que precisamente por la lentitud y la rigidez del proceso judicial, no se atreve a adaptar conforme a derecho la realidad que sí que va cambiando.
Haríamos un gran beneficio a la sociedad si entre todos somos capaces de que
esa relación dinámica tenga un más fluido y flexible acceso a nuestra justicia, a nuestro Estado de derecho y, a su vez, apostamos por que la justicia no sea sólo el rigor de la sentencia y del auto, sino que sea también la facilidad del mediador,
del conciliador, del agente social que puede contribuir a que relaciones muy tensas no sean más tensas, precisamente por las rigideces del propio sistema judicial que pretende solucionar un problema y, a veces, su rigidez lo que hace es, sin
voluntad de nadie pero como consecuencia real, agrandarlo y ahondarlo.



Decía que en materia civil se han reducido en un 15 por ciento los plazos de tramitación, en materia contencioso-administrativa un 12, 48 por ciento y en el conjunto de nuestra jurisdicción del año han bajado en un 8,61 por ciento los plazos
de tramitación de las instancias. En materia penal los asuntos que no se ven por juicios rápidos en primera instancia se están resolviendo en un plazo de dos meses. Eso no ocurría antes. Eso es fruto del esfuerzo de los jueces que, al estar
también de guardia, tienen tiempo, y lo están haciendo, para agilizar los otros asuntos. Me parece que el acierto de la Ley de juicios rápidos es haber agilizado el resto de la jurisdicción penal en primera instancia y todos debemos de encontrar un
motivo para seguir trabajando en esa buena dirección.



Señorías, la agilización de la justicia al ámbito civil también exige abordar una agilización de la justicia en ámbitos esenciales como son la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo. Por eso, cuando se aprobaron los Presupuestos Generales
del Estado presenté un plan de mejora de refuerzo de nuestro Tribunal Supremo y de nuestra Audiencia Nacional. Nos hemos reunido ya el Ministerio de Justicia -yo mismo como ministro- con toda la Sala de gobierno del Tribunal Supremo. Los órganos
técnicos del Ministerio de Justicia, con los órganos técnicos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Lo hemos puesto en marcha con la Audiencia Nacional. Comparto con SS.SS. lo que puede ser un proyecto de refuerzo y
mejora del Tribunal Supremo haciendo una reforma en profundidad de la casación en todos los órdenes jurisdiccionales, haciendo una reforma del sistema de asistencia letrada técnica en el Tribunal Supremo, estableciendo principios de calidad y
especialización en la cobertura de plazas en la Audiencia Nacional y en el personal al servicio de la Audiencia Nacional, estableciendo el criterio pionero de la nueva Ley orgánica del Poder Judicial para una oficina judicial ágil en el Tribunal
Supremo y en la Audiencia Nacional e impulsando el plan de nuevas tecnologías en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional.
Creo que podemos hacer también algo necesario en nuestro sistema judicial por agilizar la tramitación de los
procedimientos.



Esto exige mantener la apuesta por la mejor financiación de nuestra justicia. En tres años -estamos en la tercera anualidad, 2004- se han incrementado en un 24,41 por ciento los presupuestos en materia de justicia. Cierto es que alguna de
SS.SS. hizo


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una lectura, quizá, no suficientemente informada y vio que no había tanto dinero porque no cayó en la cuenta de que hoy la Comunidad de Madrid tiene, ni más ni menos, que casi 80 millones de euros que no están en la sección 13, que es el
capítulo de Justicia, sino en el de las comunidades autónomas. Pero no tengan ninguna duda de que esos 80 millones de euros siguen pagando a los 5.000 funcionarios de Justicia que todas las mañanas se levantan para ir a trabajar a sus juzgados, a
los centenares de órganos judiciales que hay en Madrid y a los miles de funcionarios que trabajan en la Administración de justicia. La realidad, no las apariencias, demuestra que los presupuestos han crecido un 25,41 por ciento en estos años. Pues
bien, la oferta que quiero hacer a los grupos parlamentarios esta mañana es la de que todos nos comprometamos a mantener el ritmo de crecimiento de los presupuestos de aquí al año 2008.
Simplemente, con mantener el ritmo de crecimiento de los
presupuestos, con que no desciendan los presupuestos en lo que ya han crecido, no crecer un 25 por ciento cada tres años, nos encontraremos con que en el año 2008 habrá una financiación adicional de 1.507 millones de euros para la justicia desde que
se firmó el Pacto de Estado, es decir, superar lo previsto en el Pacto de Estado. Lo que les digo a SS.SS. no sólo es que congelemos el crecimiento ya producido y lo mantengamos, sino que mantengamos un ritmo análogo de crecimiento. Lo cual nos
permitirá llegar, sin duda, a más de 2.000 millones de euros de financiación adicional, lo que superará lo pactado en el Pacto de Estado, teniendo en cuenta, además, el esfuerzo que ya vienen haciendo las propias comunidades autónomas, que no vienen
recogidos en estos 1.500 millones de euros y que, sin duda, son una cifra muy importante. Me he propuesto convocar una conferencia sectorial de comunidades autónomas para la semana del 22 de este mes, en la cual hablemos de una financiación estable
de la justicia y de algo que era de sentido común: que a los grandes bancos, a las grandes compañías de seguros, a las grandes entidades no les saliera gratis la justicia; es decir, los ingresos por tasas judiciales que se han puesto en marcha
este año será algo que permitirá financiar los nuevos planes de modernización de la justicia conjuntamente entre el Estado y las comunidades autónomas y hablar de un proceso de acuerdo de financiación conjunta entre el Estado y las comunidades
autónomas de iniciativas que permitan modernizar y agilizar nuestra justicia. El esfuerzo del conjunto de los juicios rápidos está valiendo la pena y a los seis meses de entrar en funcionamiento las evaluaciones por los jueces, por el Consejo
General del Poder Judicial, por los fiscales, por los abogados en su conjunto, son satisfactorias. No tengo duda alguna de que habrá cosas que seguir mejorando, como en toda gran meta siempre hay cosas que seguir mejorando, pero tampoco tengo duda
alguna de que encontraré en SS.SS. la capacidad de diálogo que hemos venido manifestando en esos casi cuatro años para seguir impulsando estas mejoras y reformas.



El señor PRESIDENTE: Además de la petición del propio Gobierno, también había solicitado la comparecencia del mismo el Grupo Parlamentario Socialista para tratar sobre el tema que ahora es objeto de sustanciación. Por consiguiente, tiene
la palabra el señor Barrero.



El señor BARRERO LÓPEZ: Gracias por su comparecencia, señor ministro. Su intervención ha sido -y estamos acostumbrados a ello- triunfalista, apenas hay errores en la venta del producto que viene aquí a vender y, además -también nos está
acostumbrando a esto últimamente- ha sido una comparecencia un poco enredada en cifras que obligan a la oposición a desenredar, como si fuera una red que pone encima de los que tenemos que escuchar, para ver si de esta manera nos convertimos en
seres impotentes a la hora de escuchar tantas cifras que. Insisto en que algunas de ellas son pura demagogia, señor ministro, si usted me lo permite.



Los jueces no están, en absoluto, encantados con este asunto de la justicia y reclaman eficacia y no lentitud, es decir, prestancia, rapidez, etcétera. Sólo -y no era de esto de lo que yo venía a hablar, pero usted quiere hacer este debate-
en los juzgados de Madrid hay 300.000 asuntos pendientes -ahora creo que habrá alguno más, en enero había 300.000- y el Tribunal Superior de Justicia en Madrid pedía 28 nuevos juzgados. Esos jueces que usted dice que le aplauden de manera cotidiana
a la vista del éxito de su gestión, en el término de Madrid el Tribunal Superior de Justicia dice que al menos se precisan 28 juzgados nuevos. Los propios fiscales están solicitando más fiscalías y más medios para los juicios rápidos, con lo que
iniciaré mi intervención dentro de un segundo. Por tanto, 300.000 asuntos sólo en Madrid, 28 juzgados, los fiscales pidiendo más fiscales para que no tengan que estar 24 horas en los juzgados, más juzgados... No es verdad, señor ministro, por
mucho que quiera variar las cifras de los presupuestos en lo que nos comprometimos en el pacto de Estado por la justicia y cuya desvinculación del Grupo Socialista tiene un solo responsable que es el Gobierno, precisamente por esa falta de
cumplimiento en la financiación. De ahí que vengan ustedes reiterando, por activa y por pasiva a todos los medios de comunicación, que esa financiación se da. Y hoy se ha atrevido a decir aquí que eso es cierto. No es verdad, es absolutamente
incierto. Dicho de otra manera, es mentira. Además, señor ministro, resulta molesto que nos tome por irresponsables políticos, por incapacitados para conocer las cifras o, en el peor de los casos, incapacitados para ir desmembrando


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toda la red que usted nos tiende. Al contrario, hay una deuda histórica de 60.000 millones de las antiguas pesetas. Fueron 1.500 millones añadidos al incremento vegetativo de los presupuestos lo que se firmó en el pacto por la reforma de
la justicia en mayo de 2001. Cualquier testigo, por poco objetivo que sea, es consciente, por la lectura de los presupuestos de estos tres años de que lo que usted dice no es verdad, que es mentira, que miente a la Cámara. En el peor de los casos,
sólo a efectos dialécticos, si consideráramos que ha aumentado el 24 por ciento -que no es cierto porque en el año 2004 apenas aumenta un 2 por ciento-, si aceptáramos esa tesis, no dejan de ser unos 30.000 millones de las antiguas pesetas, que,
insisto, dividiendo los 250.000 millones entre ocho (llevamos ya tres presupuestos) llevarían a una deuda de más de 60.000 millones de antiguas pesetas, para que nos entendamos bien. No es verdad. Lo dicen todos los operarios jurídicos. El único
que se empeña en insistir en esta tesis, en la confianza de que martillear sobre una idea es capaz de hacerla, no sólo posible sino real, es S.S., señor ministro.
Haga, si es posible, el acopio de responsabilidad que le lleve a que en esta Cámara,
al menos, no nos diga algo que no es cierto. Como no es cierto el número de jueces que usted dice que existen. Como no son ciertas tantas cosas. Dijo usted hace poco en este Parlamento que existían 11.000 jueces, sumando los jueces de paz.
¿Quiere que le traiga el 'Diario de Sesiones' de la Comisión en la que usted se atreve a valorar esto como algo positivo y sumar jueces profesionales con quien no lo son para hacer valer unas estadísticas que si no no le salen? ¿Es mentira lo que
estoy diciendo? ¿Es mentira que tenemos la ratio por juez más baja de Europa en términos porcentuales? Ha tenido que sumar jueces de paz para aumentar esa ratio. ¿Es mentira esto, señor ministro? Pero esto no era lo que aquí nos convocaba,
aunque merece una conversación. Y por terminar esta conversación, ¿es mentira que el Consejo General del Poder Judicial ha solicitado más jueces para hacer posible la legislación penal del menor y su cumplimiento? ¿Es mentira que el Consejo
General del Poder Judicial ha solicitado más medios en la Audiencia Nacional porque si no no va a funcionar? No soy yo quien está dándole los datos. ¿Miente el Consejo General del Poder Judicial? ¿Es mentira que se han levantado por parte de la
inspección del Consejo General del Poder Judicial 109 expedientes por disfuncionalidades en los juzgados y los 109 expedientes han tenido que archivarse, sobreseerse, o no han concluído en resolución, con un mismo argumento que viene a decir: no se
puede solicitar responsabilidad en estos juzgados porque no tienen medios suficientes para hacer posible y correcto su trabajo? ¿Es mentira esto, señor ministro? Es el Consejo General del Poder Judicial el que está diciendo lo que yo estoy
comentando.



Han bajado los datos de seguridad. Me alegro, porque ustedes en la programación publicitaria en la que han entrado es como si el Boletín Oficial del Estado fuera el que pudiera solventar los problemas de inseguridad que hay en este país.
Nos ha dicho que en los últimos días han bajado los pequeños delitos de la inseguridad de la calle, que es la que a ustedes les preocupa. Pero hasta agosto del año 2003, por ejemplo, siguen aumentando los delitos graves. De manera que contra las
personas han aumentado un 6,5; contra la libertad sexual un 24,3; la tasa de criminalidad, de acuerdo con datos de la Guardia Civil, en Baleares es de 73 infracciones por mil, en Valencia 50,1 infracciones por mil, o en Murcia 36,5 infracciones
por mil ¿Estamos hablando de esto? ¿Quiere que hablemos de ello o nos limitamos al tema de los juicios rápidos sobre los cuales algo tendremos que decir también en este Parlamento, del que nació la idea, su desarrollo, y que ustedes, a nuestro
entender, no ejecutan correctamente? Ya que le preocupan los delitos, déjeme decirle algo. A nosotros nos preocupan los pequeños y los grandes, señor ministro. Le recuerdo algo que le dije hace poco al fiscal general del Estado. En delitos
fiscales, en 1.997 hubo 293 sentencias. En el año 2002, 38. Sin embargo, los inspectores de Hacienda vienen a reclamarle que persiga una serie de asuntos que tienen un vacío legal, por lo que son fáciles y permisibles los delitos fiscales en
nuestro país. ¿Hablamos de estos temas?


Volvemos a los juicios rápidos. A nosotros nos agrada, en la parte positiva, que tengan los datos que usted ha dado a este Parlamento -lo decimos seriamente-, porque ya desde 1997 hubo unas iniciativas parlamentarias buscando que los
juicios rápidos entraran en vigor, sin cambiar la legislación, sin ir a más medios, porque nosotros también entendíamos que era una buena forma de solventar parte de la inseguridad que tenía este país y de la cual estará usted conmigo porque
gobiernan, son los primeros responsables. Pues bien, no es tan triunfalista el asunto como usted lo plantea. No se trata sólo de dar datos totales de ingresos de juicios rápidos, es decir, de registros de juicios rápidos, sino datos totales de los
juicios rápidos que acaban. Y en eso, señor ministro, hay algunos cambios. No lo digo para hacer de esto una denuncia que muestre satisfacción por lo que pudiera ser un fracaso en su gestión, en el compromiso que tiene con el Parlamento que hizo
posible esta iniciativa legislativa. No tengo interés en ello. Pero sí quiero que no caiga en el error de creer que todo funciona bien. Usted no ha dicho, pero merece la pena decirlo, que el 40 por ciento de los 104.000 son delitos, y el 60 son
faltas. Por lo tanto, las limitaciones de inseguridad ciudadana no parece que sean excesivas si un porcentaje importante de estos datos totales de juicios rápidos son falta.



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¿Cuál es el nivel de no continuación de estos delitos en las causas por delitos? En general, el 40 por ciento de todos estos delitos no continúa.
Por lo tanto, no acaban como juicios rápidos. Hay que decirlo para que las estadísticas sean
correctas. Y hay que añadir que, por ejemplo, Madrid es uno de los sitios donde esa dificultad, esa no continuación, es mayor con un 46 por ciento. Uno de cada dos juicios que se inician como juicios rápidos no acaban. Son datos del Consejo
General del Poder Judicial. Ahora usted lo comenta y, si me lo permite el presidente, tendré mucho gusto en comentarlos en la réplica. Si no fuera así, créame, señoría, que sería una satisfacción el poder cambiarlos y asumir los datos reales.
Ojalá usted hiciera ese ejercicio, que es un ejercicio de responsabilidad al que le convoco. En Cataluña un 43 por ciento no continúan, en Andalucía un 38 por ciento, en Canarias, un 42 por ciento, en Valencia un 43, etcétera. Sin embargo, en las
causas por falta hay una ejecución general muy correcta del 17 por ciento. No sé si usted tiene otros datos. Estoy usando los datos del Consejo General del Poder Judicial. Por ejemplo, en los juzgados de lo Penal hay 8.174 causas seguidas, pero
sólo se llegaron a celebrar 6.311 -si tiene otros datos nos los da-. De esos 6.311, el 85,41 por ciento son robos, hurtos y alcoholemias, pero sólo el 15 ó el 14,59 son lesiones, salud pública, o sea drogas, y violencia doméstica. Usted ha hablado
antes de la violencia doméstica y estoy seguro de que le preocupa y que comparte con nosotros esa preocupación. No está esto para mostrar excesiva satisfacción, no sólo por la sensibilidad de la materia, sino porque no debe agradar a nadie que
usted haya sido triunfalista en estos datos concretamente. Me parece que este año estamos ya en el asesinato o en el homicidio número 65 y por lo que estamos viendo, la respuesta en juicios rápidos para la violencia doméstica es muy pequeña. A
nuestro entender, señor ministro, la ejecución de los juicios rápidos que ustedes están haciendo sirve fundamentalmente -no digo que no sirvan para todos- para las grandes capitales, porque por los datos que tenemos del Consejo General del Poder
Judicial, en las poblaciones más pequeñas esas suspensiones se disparan.
Hace poco aparecía en los medios de comunicación, y ustedes no dijeron otra cosa, que en Madrid hubo anunciados 7.080 juicios, celebrados 4.058 y no celebrados 3.022. En
Alcalá de Henares, por dar algunas cifras, 26 se celebran; 53, no. En Getafe 50 se celebran; 53, no. En Navalcarnero 20 se celebran; 18, no. Yo creo que en las guardias sí hay un éxito o por lo menos hay una buena aplicación de los juicios
rápidos, pero fundamentalmente por conformidades. Es decir, el reo asume la rebaja de la pena y en atención a esa conformidad, se termina el juicio. De manera que significa un cierto éxito en estas guardias.



Esos son los datos que nosotros sacamos de los que aparecen en el Consejo General del Poder Judicial y algunos de los cuales usted ha dado. Pero hay otras cuestiones que nos han venido preocupando y sobre ellas queríamos emplazar al señor
ministro para una contestación lo más clara posible. Nos ha dicho que no incide la preferencia de juicios rápidos sobre otros asuntos de tipo penal o de otro tipo. Nosotros tenemos algunos datos de Madrid en los que eso no ocurre o parece que no
ocurre.
Por ejemplo, el nuevo fiscal general de Madrid, don Pedro Martínez...



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): ¿Cómo?


El señor BARRERO LÓPEZ: Perdón, don Pedro Martínez no es. Tiene usted razón. Don Pedro Martínez es el teniente fiscal de Madrid, que es el que aparecía en medios de comunicación que decía lo que yo le voy a expresar para que usted, que
tendrá conocimiento de ello, lo recuerde. Decía que en la sección de delitos económicos de la Fiscalía en Madrid había menos jueces porque habían sido trasladados a la sección de juicios rápidos. Se lo diré de otra manera: los juicios rápidos
están teniendo algunos problemas en Madrid. Hay infraestructuras, pero la cifra de vistas está muy por debajo de las previsiones del Gobierno. En los cuatro primeros meses de funcionamiento de estas vistas sólo se han tramitado como rápidos el 8
por ciento de los 36.000 asuntos con autor conocido que llegaron a los juzgados. Se ha reducido en dos plazas los jueces de delitos económicos de la Fiscalía de Madrid y solicitaba apoyo para que, a la vista de la importancia que tiene esa Fiscalía
y esos delitos, se pudieran seguir persiguiendo con normalidad.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, le ruego vaya concluyendo.



El señor BARRERO LÓPEZ: Sí, sí. Después si quiere le doy el comentario o se lo traslado a la Mesa. Apareció en los medios de comunicación. También le puedo trasladar lo que dice la memoria de la Fiscalía sobre insuficiencia de medios en
juicios rápidos, para que usted tenga un conocimiento más cercano de lo que estoy hablando.



Señor ministro, ha habido algo que nos preocupa. Se están haciendo cambios legislativos porque no se quiere evitar el problema de la falta de medios y se quieren solventar las dificultades por las que está pasando las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, que habiendo reducido sus efectivos, ahora tienen que hacer un mayor trabajo con los juicios rápidos al tener unas mayores competencias. Ustedes, a través de un cambio legislativo que ha tenido lugar en el Senado, sin debate
previo en el Congreso y hace poco se ha ratificado con sus votos en el Congreso, han permitido que no sea preciso la contradicción del atestado llevado a cabo por un policía con su presencia en la vista. De manera que tiene una presunción de prueba
lo que es valor de simple denuncia. Como usted sabe bien, el artículo 297


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da ese valor de denuncia y se ha venido diferenciando claramente lo que son actos objetivos de una denuncia, y tiene un valor especial, como es lógico, de lo que es una declaración policial que emite opiniones sobre lo que se ha visto. Esa
declaración escrita en el atestado, de acuerdo con los cambios que se han operado en la legislación, pasa a tener un valor probatorio que no tiene declaración contradictoria en el acto de la vista, y eso va en contra del derecho de defensa, solventa
problemas de falta de medios de los policías e incide de manera desgarradora en contra de lo que expone el artículo 24 de la Constitución española. En esto usted, señor ministro, que es un fino jurista, estará de acuerdo, y me temo muy mucho que ha
caído en la presión a la que haya podido ser sometido por el Ministerio del Interior, que hace poco también reclamaba que no tuvieran que tener presencia policial en los juzgados y a efectos de la vista los policías que habían hecho atestados en
delitos menores sujetos a los juicios rápidos. Con esto parece que ustedes solventan el problema de la falta de la plantilla, las quejas de los funcionarios por el incremento del trabajo, pero acarrean con los juicios rápidos una infracción clara
del artículo 24 de la Constitución.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, por favor, concluya.



El señor BARRERO LÓPEZ: Sí, termino inmediatamente.



Dicho de otra manera, a nosotros nos satisfacen los datos que nos ha aportado y que en el porcentaje correspondiente, mucho menor del que usted ha comentado, hayan significado algo positivo en la aplicación de los juicios rápidos. Seguimos
sosteniendo -como usted bien sabe nos acompañan en ello el Consejo General del Poder Judicial, las asociaciones de jueces, de fiscales, etcétera- que faltan medios, que la justicia es lenta y es ineficaz por mucho que sea el esfuerzo que usted haga
de publicitar la gestión de su ministerio, la gestión de su Gobierno.
Nosotros seguimos pensando que la apuesta real, cuando se quiere apostar por la eficacia y por la modernidad de la justicia, es a través de medios materiales y personales que la
hagan posible. Mientras tanto, eso no va a ser posible, y tengo miedo de que (en atención al sorprendente posicionamiento cerrado, publicitario y de propaganda del Ministerio de Justicia, y que parece avalar el Gobierno) este grupo pueda ser
cómplice de esa gestión que usted considera tan triunfal y que nosotros consideramos fracasada en gran medida en el tema de los juicios rápidos y, desde luego, de manera muy particular, en el tema de la persecución de los delincuentes menores y
mayores, para conseguir un incremento de la seguridad ciudadana en nuestro país.



El señor PRESIDENTE: ¿Alguno de los grupos presentes quiere utilizar la palabra?


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.



La señora URÍA ETXEBARRÍA: Sea usted bienvenido a esta comisión, señor ministro, junto a sus colaboradores, pero me va a perdonar que empiece con una reflexión levemente crítica. Es usted un ministro en estado de comunicación permanente.
Yo me siento capaz de decir si tiene usted un buen o un mal día, porque le sigo todos los días en la televisión. Ahora bien, a lo que se dice control, usted se ha sometido más bien poco. Son tres las ocasiones en las que ha comparecido ante esta
Comisión, si no me equivoco. En su comparecencia inicial nos contó las líneas generales de la política de su departamento que, si lo comparamos con lo que luego se ha hecho, tendría curiosas conclusiones, como tuve ocasión de manifestarle en una
pregunta oral el jueves pasado.



En su segunda comparecencia, en diciembre del año pasado, habló del número de plazas convocadas de jueces y fiscales, del plan financiero y de la reimplantación de las tasas judiciales. Finalmente, compareció en el mes de mayo, donde
también se habló de medios personales y materiales de la Administración de justicia y, en términos que yo califiqué entonces como misteriosos, de las acciones que el Gobierno estaba utilizando para lograr resarcirse de los daños causados por la
catástrofe del Prestige, cuestión de la que me habría gustado volver a hablar, dado que ha hecho un año desde que se produjo la catástrofe sin que sepamos a ciencia cierta qué ha pasado con sus acciones en Nueva York y si han superado el trámite de
la admisibilidad, como ha ocurrido con las vascas, o si han superado la litispendencia respecto del asunto de Corcuvión. Yo le daría datos sobre cómo le ha ido al Gobierno vasco, pero tampoco sé si se tiene interés en contar con ellos.



Además, señor ministro, creo que es usted especialmente amable en la comunicación con las portavoces y que accede a nosotros con cierta frecuencia, para preguntarnos nuestra opinión sobre diversas cuestiones, pero me permitirá que le haga el
matiz de que eso sólo ocurre en un sentido: cuando usted quiere hablar con nosotros siempre nos encuentra y siempre es posible la comunicación, pero en sentido contrario le aseguro que es dificilísimo. Es posible dejarle infinidad de recados en
todos los lugares posibles sin que usted nos conteste, aunque también soy consciente de que yo soy sólo portavoz de un grupo pequeño y usted es el señor ministro. Es usted fácil para la comunicación, pero sólo cuando usted quiere comunicarse. Lo
demás es complicado.



Me voy a referir ahora al asunto de los juicios rápidos, que es el primero que hoy nos traía. Sabe que mi formación política fue una de las firmantes para que esta ley fuese hoy posible, no sólo porque éramos partidarios, y lo seguimos
siendo, de una mayor agilidad en la justicia, en cuanto una buena prestación de servicio público, sino, sobre todo, porque siempre hemos pensado


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que las dilaciones indebidas van en perjuicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Por lo tanto, la salvaguarda de un derecho fundamental en las tramitaciones judiciales nos llevó a la tramitación de la ley, además de
contar con nuestro apoyo para la Ley de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Jurisdicción Contenciosa, de cuya implantación creo que se siente orgulloso. Es más, la Ley de Enjuiciamiento Civil no habría tenido mayoría bastante - en los tiempos en
los que no tenían mayoría absoluta- sin el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco. Para que luego se nos impute la no participación en el quehacer institucional y legislativo. Usted ha citado tres leyes y en todas ellas ha contado con nuestro apoyo.



Le adelanto que, respecto de la implantación de juicios rápidos (a lo mejor se prolonga en el tiempo la puesta en marcha de un procedimiento distinto, por los ajustes necesarios en toda puesta en marcha de tramitaciones distintas), la
valoración de mi formación política es optimista. Creemos que es una ley que va a funcionar y que está funcionando bien, si somos capaces de salir al paso de las distintas objeciones que se nos puedan ir haciendo por todos los agentes implicados en
su puesta en marcha y vamos rectificando conforme la realidad nos los vaya indicando. Nos parece especialmente valiosa la colaboración de todos los entes relacionados con la puesta en marcha de los juzgados. Se ha hecho todo lo posible por jueces,
magistrados y colegios de abogados para que esto funcione, pero creemos que también es importante la colaboración manifestada por las comunidades autónomas con competencias asumidas, que no han reparado en medios para conseguir que esta ley -ley
importante, repito, que contó con todo el apoyo de la Cámara- logre ser implantada en términos bastante aceptables, si bien nosotros creemos que será mejorable en el futuro.



Me interesaban especialmente las actuaciones policiales, y usted se ha referido a ellas. Fue inquietud de la formación política a la que represento que la instrucción de los llamados juicios rápidos supusiera una carga excesiva para las
distintas policías, puesto que en ellas se residencia de una manera intensísima la instrucción de estos procedimientos. Posteriormente, al menos la Ertzaintza, manifiesta que, aunque la carga de trabajo inicial es superior a la que suponían los
asuntos tramitados por los procedimientos previgentes, sin embargo, piensan que en el futuro se les va a evitar acudir dos o tres veces a los juzgados para declarar sobre la misma materia. Con lo cual, transcurrido un tiempo, se comprobará que es
un procedimiento que resulta mucho más cómodo en las tramitaciones para la policía. Tuve ocasión de efectuar la misma pregunta, porque fue algo que nos inquietó de cara a su implantación, la semana pasada en la subcomisión que se está celebrando en
esta Cámara sobre seguridad vial, y el general de la Guardia Civil al mando de las unidades de tráfico se manifestó en idéntico sentido. Nos decía que, de momento, la carga de trabajo les parece mayor, puesto que ellos tramitan prácticamente toda
la instrucción, pero creen que en un futuro evitarán este ir y venir a los juzgados, lo cual será beneficioso para que los efectivos de la Guardia Civil puedan dedicarse al cometido concreto del que estábamos hablando en la subcomisión: la atención
al tráfico. Así pues, señor ministro, creemos que en este asunto también es adecuada la puesta en marcha de los juzgados.



Querría que me diera alguna noticia, que seguro serán mejores que las mías, sobre las actuaciones que se producen en sede judicial y el conjunto de las tramitaciones, si es que en alguno de los procedimientos ya sentenciados ha habido
recursos ulteriores. Según algunas noticias de prensa, conocemos que, en algún caso, el exceso de rapidez en lo que está previsto como general en la norma ha ocasionado recursos que pueden suponer violación de la tutela judicial o de algún otro
derecho fundamental. Sé que todavía es prematuro conocer datos al respecto, pero a lo mejor sí sabe si existen impugnaciones. Nos parecería un punto importante a tener en cuenta en modificaciones normativas futuras si ha habido casos de denuncia
en este sentido. Por lo demás, insisto en que la ley contó con nuestro apoyo y tiene nuestra confianza en cuanto a su implantación, sin dejar de lado las formulaciones que se puedan hacer desde otras formaciones políticas, en el sentido de la
financiación y de la mejor adecuación de los medios materiales, puesto que lo que yo más conozco, señor ministro, como usted bien sabe, es de una comunidad que tiene un sistema de financiación distinto, que puede redundar en beneficio de una cierta
autocomposición en la dación de esos medios materiales.



Señor ministro, voy a cometer una incorrección, pero me lo ha permitido el presidente. A la una y media se celebra una ponencia de una iniciativa que primero se residenció en esta Comisión, y que ahora ha pasado a otra: la trasposición de
una directiva en la lucha contra la morosidad. Le voy a adelantar algo del criterio de mi formación política sobre otro de los puntos de la comparecencia en términos muy breves, como le he prometido hacer al presidente. Simplemente, en relación
con los anuncios de posible modificación de la llamada Fiscalía Anticorrupción, muestro mi perplejidad ante la Comisión y ante usted mismo; perplejidad que también traducía la pregunta que le hice el jueves pasado en el Pleno, a la que me he
referido con anterioridad, y es la diferencia entre lo que estamos aprobando como normas y lo que después se va manifestando ante la opinión pública en los medios de comunicación. Estábamos tramitando el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, con
la circunstancia añadida de que no se había admitido ninguna de las enmiendas referidas a posibles modificaciones de la regulación de la Fiscalía Anticorrupción; es más, ni siquiera se quiso adecuar el listado de delitos de los que entiende dicha
Fiscalía, para adecuarlo al Código de 1995, cuya troncalidad se mantiene


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también en la reciente reforma, de modo que el artículo vigente sigue respondiendo al esquema del Código de 1973; incluso se imputó a determinadas formaciones políticas que se hubieran hecho eco de sugerencias que había hecho el entonces
titular de la Fiscalía Anticorrupción, cuando no les movía otro ánimo -al menos, a la que represento- que el de conocer la opinión de quien llevaba años al mando de la Fiscalía para introducir así elementos que pudiesen servir a su mejor
funcionamiento. Pues bien, recién aprobado el Estatuto orgánico del ministerio fiscal, vimos en la prensa un anuncio -matizado después por usted, y también por el fiscal general del Estado- de que se iban a introducir modificaciones en el cometido
actual de la Fiscalía Anticorrupción. No nos parece serio; una ley orgánica es una ley orgánica: ha pasado por esta Cámara siguiendo los sucesivos trámites y, recién aprobada, las instancias políticas no deben hacer anuncios de su posible
modificación. Esto nos lleva a la pregunta, que le formulaba el otro día, de si existe norte y proyecto, o si simplemente se va actuando a la que salta, según circunstancias y sucesos concretos.



Nos parece poco serio, ya se lo manifesté el otro día. Nos gustaría pensar que, cuando se hace una norma, se han barajado ya todas las opciones posibles, y no se va a modificar al día siguiente o se va a anunciar su posible modificación al
día siguiente, en los periódicos.



Concluyo mi intervención, señor ministro, pidiéndole excusas, porque me voy a ausentar a la una y media.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señor ministro, sean mis primeras palabras de bienvenida a esta Comisión, y para agradecerle las explicaciones que, de manera tan cumplida -como siempre-, nos ha dado acerca de los juicios rápidos.



Creo que usted lo conoce sobradamente, pero quisiera, no obstante, repetirle que Convergència i Unió apostó claramente, desde el primer momento, por el refuerzo de la justicia rápida e inmediata. Lo hizo porque consideraba -y era una
opinión compartida con otros grupos parlamentarios y formaciones políticas- que el hecho de que la justicia fuera rápida e inmediata en determinados supuestos beneficiaría a todo el mundo. A la sociedad, que percibía que el sistema judicial
funcionaba realmente; al presunto delincuente, ya que no existe mejor solución que, cuando una persona está privada de libertad, lo esté por una sentencia tras ser juzgado; y, en definitiva, a las víctimas, porque se iba a reducir el número de
delitos -se ha reducido, como ha puesto usted de relieve en su intervención- y porque, al ser España un país turístico, las mismas tenían que volver en muchas ocasiones a su lugar de residencia antes de la celebración del juicio, lo que conllevaba
la absolución del presunto delincuente.



Por todo ello, a principios de esta legislatura, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una propuesta de resolución, con ocasión del debate sobre el estado de la Nación, que pretendía la introducción de modificaciones
procesales y sustantivas que contribuyeran a luchar más eficazmente contra la pequeña delincuencia, en los supuestos de delitos contra la propiedad y de faltas contra las personas. Creíamos, y así ha ocurrido, tal como se desprende de los
porcentajes que nos ha dado, que con ellas se reduciría este tipo de delitos. Por la misma razón, una de las contribuciones del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al pacto de Estado por la justicia fue la introducción del
enjuiciamiento inmediato para los delitos menos graves y para las faltas.



Quiero resaltar que, aprobada la ley, la Generalitat de Cataluña ha llevado a cabo muchas y buenas actuaciones para que los llamados juicios rápidos e inmediatos sean una realidad que despliegue toda la eficacia para la que fueron pensados.
Usted ha señalado ya en su intervención la eficacia de las actuaciones de la Generalitat, y yo no quiero hacer ahora una relación pormenorizada de las mismas, porque me parece que no es el momento y tampoco dispongo del tiempo necesario para ello.
No obstante, quisiera señalar algunas de ellas, aunque sea muy sucintamente. En primer lugar, ha tenido una actuación presupuestaria muy notable. Las inversiones realizadas hasta el momento por la Generalitat de Cataluña ascienden a 10 millones de
euros, lo que supone, como no se le puede escapar al señor ministro, un grandísimo esfuerzo económico.



En segundo lugar, ha llevado a cabo actuaciones señaladas en la agenda judicial. La Generalitat de Cataluña ha diseñado una agenda judicial que permite la coordinación de todas las partes implicadas en los señalamientos de comparecencia de
los ciudadanos ante el juzgado de juicios rápidos y de faltas: Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, juzgados y otros operadores jurídicos. Esta agenda permite los señalamientos de citaciones para comparecer en el juzgado de guardia, en los juzgados
penales y en los de instrucción, y permite igualmente la reserva en tiempo real de fechas y horas para el señalamiento de los juicios rápidos. Todo esto ha permitido que los señalamientos anotados en la agenda y posteriormente cumplimentados sean
20.058, hasta ahora. Es, pues, un instrumento realmente ágil y eficaz para todos los operadores jurídicos.



En tercer lugar, se ha creado una comisión catalana de juicios rápidos, y se han creado también grupos de trabajo con jueces fiscales, forenses, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abogados, procuradores, peritos e informáticos,
para coordinar los diversos estamentos y operadores durante la implantación de las reformas legislativas. Ha participado también la Generalitat en la comisión estatal de juicios rápidos, participa en la comisión del Consejo General del Poder
Judicial y participa igualmente en la comisión nacional


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de la policía judicial. Asimismo, se han adoptado medidas para reforzar la guardia de los juzgados durante la implantación de los juicios rápidos, y, por último, se ha establecido un módulo específico para juicios rápidos en el turno de
oficio de abogados, que supone el pago a los mismos de una cantidad específica -concretamente, 390 euros- por cada juicio rápido a que asisten.



Todo este esfuerzo se ha traducido, como usted bien señalaba, en la celebración de un número muy elevado de juicios rápidos: 18.000; número que contrasta poderosamente con el de los celebrados mientras estuvo en vigor la ley anterior, a
pesar de que en Barcelona tuvo bastante éxito; puesto que, como tuvimos ocasión de ver por la memoria de 2001 de la fiscalía, un tercio de los juicios rápidos que se habían celebrado en el Estado, algo más de 1.600 -observemos qué alejada está esta
cifra de la que se señala ahora-, correspondía al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. De modo que hablábamos de 1.600 juicios rápidos versus 18.000 celebrados desde la implantación de la nueva ley. Igualmente, con la anterior legislación,
la cifra de juicios señalados y celebrados en Cataluña era muy superior a la de los celebrados, por ejemplo, en Madrid, donde, durante ese año, se celebraron sólo algo más de 300.



Cataluña, pues, ha apostado siempre por este tipo de justicia, que, como decía, redunda en beneficio de la víctima y del presunto delincuente, que ve que su situación se debe a una sentencia, y no sólo a una medida cautelar o anticipatoria.
Ya se ve claramente que Convergència i Unió ha apostado por el refuerzo de los juicios rápidos e inmediatos, y, globalmente, estamos satisfechos del resultado que se viene produciendo.
No obstante, quisiera trasladarle algunas cuestiones que
creemos que requieren atención prioritaria y respuestas concretas. La primera cuestión es la económica y de recursos. Como ya le he dicho antes, las inversiones realizadas por la Generalitat de Cataluña han supuesto el desembolso de 10 millones de
euros. Tal como ha hecho Cataluña, también el resto de comunidades autónomas con competencias en materia de administración de justicia han tenido que hacer un desembolso cuantioso que supone un esfuerzo económico desmesurado para dichas comunidades
autónomas.



Por ello, el Grupo Parlamentario Catalán ya en el trámite parlamentario de la ley planteó una enmienda que consideramos de gran importancia, cuyo objetivo hemos reclamado también en otras leyes, que es la necesidad de que la Administración
del Estado proceda a efectuar las transferencias de medios suficientes a las comunidades autónomas con competencia en materia de administración de justicia, a fin de garantizar un correcto funcionamiento de la justicia rápida e inmediata. Además de
estas enmiendas, cuando se trató la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, también a instancia de Convergència i Unió, se aprobó un apartado, que era de lealtad institucional, en función del cual cada vez que se creaba un
servicio nuevo existía la responsabilidad y la obligación de que se transfirieran recursos suficientes para poder garantizar su puesta en marcha y su funcionamiento. Lo pregunté el otro día al hablar del tema de los presupuestos y es una cuestión
que traslado también al señor ministro: si hay alguna previsión para efectuar la transferencia a Cataluña de estos 10 millones de euros que se han necesitado para la puesta en marcha de los juicios rápidos inmediatos. El señor ministro ha dicho en
su comparecencia que se va a celebrar una conferencia sectorial próximamente para tratar de diversas cuestiones relacionadas con el funcionamiento de los juicios rápidos. Me gustaría que me adelantara, si pudiera, si es una de las cuestiones que se
van a tratar y en qué sentido existe dicha previsión.



Segundo tema. En la práctica de los juicios rápidos se está demostrando que en algunas ocasiones no se pueden celebrar por problemas en las notificaciones. Por ello, desde Convergència i Unió planteamos en la reforma de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, por ejemplo, que se hablara de la posibilidad de externalizar el servicio de notificaciones, citaciones y emplazamientos en determinados supuestos. A nuestro juicio deben distinguirse los actos de comunicación -citaciones,
notificaciones y emplazamientos-, como actuaciones procesales propiamente dichas, de su práctica o de su ejecución material. Aunque su realización corresponde sin duda al juzgado o tribunal, tanto desde un punto de vista procesal como desde la
perspectiva de su ejecución, entendíamos que es posible que por el órgano judicial se delegara su ejecución material a la policía judicial o a entidades homologadas por el Ministerio de Justicia o por las comunidades autónomas con competencias en
materia de justicia, al objeto de obtener la máxima celeridad y eficacia en la tramitación de los procedimientos.



Por otra parte, la realidad nos demuestra que los actos de comunicación realizados dentro del horario de la oficina judicial no suelen ser demasiado efectivos, dado que a menudo no se encuentra en su domicilio al interesado. Entendemos que
dicho cometido, la práctica de las citaciones y notificaciones, tampoco debe encomendarse con carácter ordinario a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, por no ser una función propia de dicho cuerpo de funcionarios y pensamos que de
ahí la conveniencia de que los actos de comunicación se lleven a cabo por entidades públicas o privadas ajenas a la Administración de justicia, bajo supervisión, control y debidamente coordinados por la Administración competente, evidentemente.
Esto, como sabe bien el señor ministro, lo introdujimos como una enmienda en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reforma que ha visto la luz sin que esta enmienda haya sido aceptada, pero que estamos intentando que pueda verse en la Ley
orgánica del Poder Judicial y nos gustaría saber si hay alguna previsión al respecto.



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Una tercera cuestión es la necesidad de proceder a la implantación de nuevas adscripciones permanentes de fiscales. La Generalitat de Cataluña ha venido solicitando en más de una ocasión la ampliación de la plantilla del ministerio fiscal,
de manera que cada partido judicial pudiera contar con un fiscal de guardia. Somos conscientes de que se ha hecho un esfuerzo importante por incrementar el número de fiscales, pero ha sido para la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y no para la
implantación de los juicios rápidos inmediatos. Me gustaría trasladarle, señor ministro, la preocupación y también preguntarle si hay alguna previsión al respecto.



El señor PRESIDENTE: Señora Pigem, le ruego, por favor, que vaya concluyendo.



La señora PIGEM I PALMÉS: Concluyo lo más rápidamente posible.



Quisiera hacerle algún breve comentario con respecto a lo que usted ha dicho de aplicar a la justicia civil los juicios rápidos inmediatos.
Señor ministro, sabe usted que es un tema que me preocupa inmensamente, como todos los demás, pero
éste especialmente por razones profesionales y quisiera trasladarle la preocupación que hay en los sectores implicados por el anuncio que se ha hecho desde el ministerio de que se van a aplicar los juicios rápidos a los temas de familia,
separaciones y divorcios. No sé si el mensaje se ha realizado en los términos adecuados o si la percepción ha sido la adecuada, pero le quiero trasladar que hay una gran preocupación porque, señor ministro, los juicios de familia son rápidos, son
rapidísimos, son juicios verbales, lo que no es rápido es el señalamiento de estos juicios. Más rapidez de un juicio verbal no puede ir más que en detrimento del derecho de defensa y de la seguridad jurídica y ya no digo la preocupación que hay por
parte de los hombres.
En los juicios de familia hay una tendencia a hacer una aplicación inmediata de custodias a las madres, atribución del uso del domicilio a las madres y prestaciones económicas y realmente hay una gran alarma en el sector de
los hombres separados y divorciados porque piensan que si a este automatismo se les añade una gran celeridad en el propio juicio, no van a tener ninguna posibilidad de trasladar al juzgador la preocupación por demostrar cuáles son las circunstancias
de cada caso concreto. Le diría que no se necesitan juicios rápidos, que lo que sí se necesita y con gran urgencia es rapidez en los señalamientos y esto es una cuestión distinta. Le agradecería que diera alguna explicación al respecto y que si en
realidad lo que se pretende es dar rapidez en los señalamientos, que se diga así y no que los juicios serán más rápidos de lo que realmente son. Se necesita rapidez en los señalamientos porque no puede ser que en algunos lugares -y no estoy
hablando precisamente de Cataluña donde los señalamientos son aceptablemente rápidos-, como por ejemplo Madrid, se tarde 10 meses en que te señalen para un juicio de medidas cautelares. Realmente, creo -le traslado también este convencimiento- que
el apoyo a la familia se hace también apoyando a las familias en crisis para que cuando una familia necesita la intervención de un juzgado para regular sus relaciones, para separarse, para divorciarse o para después de ello, no tenga que esperar
estos 10 meses para que se le fije un señalamiento. Usted sabe que para esto son necesarios medios materiales y personales, la creación de nuevos juzgados, la mejor dotación de los que existen y también plantearse la creación de una jurisdicción de
familia en todo el territorio porque para tratar estos temas se necesitan jueces y juzgados con la especialización y la sensibilidad suficientes. Juicios rápidos, no; rapidez en los señalamientos, sí. Sería la conclusión de la preocupación que le
quiero trasladar.



Dos cuestiones relacionadas con los juicios rápidos y con la violencia doméstica. Esta última semana hemos tenido también unos datos terribles sobre violencia doméstica. Hemos adoptado una serie de medidas de modificación sustantiva muy
importantes de las que mi grupo parlamentario se siente también corresponsable y muy satisfecho, a la espera de que veamos qué eficacia despliegan en la práctica, como todo tipo de legislaciones que se realizan. Se dice que muchas de las agresiones
con resultado de muerte se realizan en los trámites de separación, cuando las mujeres anuncian que se van a separar. Hemos leído en los medios de comunicación que por parte de su ministerio, concretamente el director general para la Modernización
de la Justicia, se ha aludido a la necesidad de que existiera rapidez en los señalamientos, aspecto con el que estoy absolutamente de acuerdo. Pero yo le planteo: se anunció hace tiempo que en los casos de violencia doméstica se realizaría una
reforma del Código Civil para que se pudiera solicitar directamente el divorcio sin necesidad de pasar por la separación. Quisiera saber qué hay de esto, si el Gobierno piensa realmente llevar a la práctica esta medida y por qué se rechazó una
iniciativa de mi grupo parlamentario que iba justamente en este sentido, ampliándolo a todos los supuestos, pero que se podía haber admitido para éste, cuando menos.



Finalmente, quiero trasladarle la percepción de que la orden de protección para la violencia doméstica funciona razonablemente muy bien, pero justamente para buscar la optimización de la misma quisiera trasladarle el siguiente planteamiento,
porque actualmente, por simplificar la orden de protección, sin agresor no hay comparecencia y sin comparecencia no hay orden de protección. Esta dinámica que le traslado simplificadamente hace que haya un veto fácil por parte del agresor para que
no haya orden de protección, que es no compareciendo. Es cierto que, a pesar de que aunque no haya comparecencia ni orden de protección, el juez penal puede adoptar las medidas cautelares en el orden penal que estime convenientes; que el juez
civil puede adoptar, in audita parte, medida importantes como, por


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ejemplo, la atribución de la custodia de los hijos o la atribución del domicilio -insisto, in audita parte- y que las personas que se encuentren en los supuestos legales pueden pedir la renta activa de inserción y, por tanto, los 300 euros.
Como el señor ministro sabe muy bien, la orden de protección nació como respuesta a la dispersión de tener que acudir a un juez penal, a un juez civil y a la Administración. Por lo que le traslado la siguiente pregunta: ¿Tendríamos que plantearnos
un retoque de esta orden de protección -porque si realmente es necesario que haya comparecencia del agresor, porque si no la hay no hay orden de protección- para que si no hay comparecencia ni presencia del agresor el juez pudiera dar, in audita
parte, las medidas que, in audita parte, puede dar el juez penal, por un lado, el juez civil, por el otro, y la Administración, por el otro? Imagino que no es una pregunta sencilla de responder, con un sí o un no, pero más que una respuesta
concreta me gustaría que se manifestase en el sentido de que si realmente existe este punto negro se vayan a poder estudiar las posibilidades, sobre todo, porque como usted sabe muy bien, sin orden de protección no hay un acceso directo a estos 300
euros de la renta activa de inserción.



Pido perdón por la extensión.



El señor PRESIDENTE: Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bueso.



El señor BUESO ZAERA: Señoras y señores diputados, señor ministro, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecer su presencia en esta comparecencia y, por supuesto, tengo que decir que ha comparecido
puntualmente en todas y cada una de las ocasiones en las que ha sido necesario y que mientras el pacto de Estado por la justicia se ha desarrollado con normalidad, usted ha sido el motor del mismo hasta hace escasamente muy pocos meses y que su
comparecencia se celebre en este momento ha sido debido a ajustes del calendario y no a ninguna otra cuestión, como parecer ser que algún grupo ha querido poner de manifiesto.



Por otro lado, antes de entrar en el fondo de la cuestión, no quisiera pasar por alto la demagogia, el discurso catastrofista, la falta de rigor y de estrategia radical a que nos tiene acostumbrados el Grupo Parlamentario Socialista desde
hace ya unos cuantos meses, concretamente, su portavoz el señor Barrero. Puesto que en este momento no está, como parece ser que es costumbre en sus últimas intervenciones en las que lanza sus diatribas y luego se ausenta, puede leerlo en el
'Diario de Sesiones', como ya hizo con ocasión de la comparecencia del Fiscal General del Estado. Nos sorprende que lo que hace unos meses era correcto, ahora no lo es. Ha hecho una digresión en relación con el consenso y con la falta de
financiación, con la falta de jueces, de fiscales y de seguridad y, por último, ha entrado en el tema que es propio de esta comparecencia que son los juicios rápidos. Quisiera manifestar que precisamente el pacto de Estado por la justicia muestra
el talante dialogante del Ejecutivo, que ha buscado el consenso en materia de Estado con un objetivo muy claro, que precisamente está dentro del mismo, que es la despolitización de la justicia, sacando este tema del debate político y evitando hacer
electoralismo.



Continuar en esta línea, como lo está haciendo el Grupo Parlamentario Socialista, sería hacer un flaco favor. Por parte de nuestro grupo, como ya lo hemos dicho en anteriores ocasiones, volvemos a decir: Mano tendida y diálogo para
garantizar la independencia de la justicia y su buen funcionamiento, como se está desarrollando hasta estos momentos gracias precisamente a este pacto de Estado por la justicia.



En cuestiones como la financiación, tengo que decir que simplemente es una de las políticas prioritarias de este Gobierno, que se está continuando con las reformas, que -como ha dicho el señor ministro- se ha incrementado la financiación en
más de un 25 por ciento en 3 años y que se van a destinar 165, casi 166 millones de euros, a la tercera anualidad del pacto de Estado para la reforma de la justicia. En el año 2008, como bien ha dicho el señor ministro, va a ver más de 1.507
millones de euros, es decir, más de 250 millones adicionales para la reforma de la justicia.
No hay que olvidar que las comunidades autónomas también aportan sus inversiones a ese pacto.



Nos alegra y congratula las referencias que ha hecho a la conferencia sectorial, porque, en definitiva, se cumplen sobradamente los compromisos financieros sobre las dotaciones del Estado. Este es un indicador muy sólido de cómo crece
nuestro país y de que hay más dinero para la justicia. La justicia, en épocas de otros gobiernos, siempre ha sido la hermana pobre de los Presupuestos Generales del Estado, con un incremento del 25,4 por ciento con 443 millones de euros adicionales
entre 2002 y 2004, pero con la inversión que se llegará a realizar hasta el año 2008, de más de 1.507 millones de euros adicionales, creemos que hay más recursos y que se está gastando mejor, porque se han hecho reformas que están en marcha.



Entrando en otra cuestión, a la que ha hecho referencia el Grupo Parlamentario Socialista, no quiero pasar por alto todo lo referente al tema de la seguridad, porque creo que no se ha ajustado en absoluto a la realidad y que ha vuelto a
repetir los datos que nos facilitó en la comparecencia del Fiscal General de Estado. A este respecto, tengo que decirle que se han adoptado una serie de medidas legislativas, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, es decir, los
juicios rápidos que entraban en vigor, como todos saben, el 28 de abril; la modificación de la prisión provisional; la modificación del Código Penal; la Orden europea de detención y entrega y los equipos conjuntos de investigación; la Ley
orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana,


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violencia doméstica e integración social de los extranjeros; el Estatuto orgánico del ministerio fiscal y una serie de medidas operativas que son: más policía, más guardias civiles, mejoras retributivas específicas, incremento de la
productividad, liberalización de efectivos de las tareas logísticas, programas intensivos en determinadas zonas, atención a las víctimas de violencia doméstica y nuevas formas de delincuencia, como la lucha contra grupos y bandas organizadas. En
definitiva, atención al ciudadano, cooperación entre las administraciones y colaboración de la policía local con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como el acuerdo de colaboración entre los ministerios implicados y la Federación
Española de Municipios y Provincias y los convenios con los ayuntamientos, aparte del refuerzo de la cooperación internacional.



Por otro lado, no se puede decir -como se ha venido diciendo últimamente por el Grupo Parlamentario Socialista- que la delincuencia ha subido más del 6 por ciento. La delincuencia en absoluto ha subido más del 6 por ciento. Los delitos
contra el patrimonio han disminuido durante este año un 8,31 por ciento en toda España; los hurtos han disminuido un 30 por ciento; los robos en los inmuebles con fuerza en más de un 6 por ciento y los robos con violencia e intimidación de las
personas han descendido más de un 11 por ciento. Prácticamente en todas las comunidades autónomas baja la criminalidad. Estos datos son actuales y reales y no los que ha dado el señor Barrero.



Por lo que respecta a Madrid, tengo que decir que los delitos en su conjunto han bajado en un 1,06 por ciento, pero tenemos que hacer un esfuerzo especial en las muertes violentas y en las faltas. La delincuencia en España creció en el año
2001, se desaceleró y estabilizó y en los años 2002 y 2003 está descendiendo. Estamos en el buen camino, aunque queda mucho esfuerzo y mucho trabajo por realizar y, por supuesto, mucho por mejorar, pero no quiero terminar sin decir que nuestras
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han acreditado su profesionalidad, su eficacia y su capacidad de esfuerzo y sacrificio para esclarecer los delitos que se producen. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado esclarecen el 95 por ciento de los
asesinatos y homicidios que suceden en España; el 93 por ciento de los delitos de lesiones y malos tratos; el 77 por ciento de las violaciones, y el 95 por ciento de los delitos de tráfico de drogas.



Entrando en lo que es objeto de esta comparecencia, que son los juicios rápidos, simplemente voy a decir lo siguiente. Como muy bien ha dicho el señor ministro, fruto precisamente de la unanimidad constante dentro del pacto de Estado, se ha
llegado a promulgar la Ley de juicios rápidos. En este momento se han juzgado nada más y nada menos que del orden de 105.000 asuntos, como él ha señalado. En los 12 meses del año 2002 se celebraron por delito, 5.426; en 1.811 casos de violencia
doméstica, se ha dictado orden de alejamiento para el agresor en 24 horas y se han expedido 228.000 y pico certificados telemáticos de antecedentes penales.
Creo que son muy buenas noticias. Además, hay que tener en cuenta que nuestro grupo
comparte, como no podía ser de otra manera, esa realidad modélica a la que ha hecho referencia el señor ministro, puesto que Francia y Portugal han tomado ejemplo de algo que está funcionando en España perfectamente. Por supuesto, compartimos todo
lo que ha dicho sobre ese proceso de revolución silenciosa, todo lo referente a los operadores en cuanto a lo que es la intervención en ese año y medio de trabajo de lo que son el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado,
los tribunales superiores de Justicia, los fiscales jefes de las comunidades autónomas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todas, absolutamente todas, tanto las del Estado como de las comunidades autónomas y los operadores jurídicos,
como son los colegios de abogados y procuradores y, por supuesto, el Ministerio de Justicia para poner en funcionamiento ese proceso de revolución silenciosa como lo ha llamado el señor ministro.



El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, le ruego que vaya concluyendo.



El señor BUESO ZAERA: Termino enseguida, señor presidente.



El resultado, como no puede ser de otra manera, es sencillamente agilizar la justicia y llegar a la conclusión de que se puede perfectamente extender esa misma experiencia a otras actuaciones en el orden civil.
Desde luego, termino diciendo
que los juicios pueden ser más rápidos de lo que son y no solamente los señalamientos, porque la rapidez depende de muchas circunstancias dentro del mundo de la justicia.



El señor PRESIDENTE: A continuación, tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Quiero agradecer a todos los portavoces parlamentarios el tono de su intervención y, singularmente, agradecer a todos los portavoces parlamentarios la valoración positiva que hacen de algo
que no es ni mucho menos mérito de uno u otro. El hecho de que la justicia penal hoy sea más justa porque es más rápida y el hecho de que 105.000 asuntos se hayan resuelto en 72 horas o en 15 días es algo que está en el haber de quienes lo hacen
posible, que son las comunidades autónomas con competencias transferidas en la materia, que son las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que son nuestros jueces y nuestros fiscales que han hecho posible esta ley, que son todos los grupos
parlamentarios que por unanimidad aprobaron esta reforma, que es el conjunto de quienes han trabajado en todos los ámbitos de la justicia. Esa percepción de la justicia como un ámbito de confrontación partidista y política afortunadamente la hemos
enterrado la inmensa


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mayoría -aunque alguno trate de rescatarla- y ha quedado muy claro de la participación de todos los portavoces, excepción hecha de la participación hoy del portavoz del Partido Socialista, no ayer ni anteayer donde sí que deseó enterrar esa
concepción. Hoy sí que ha hecho una visión partidista de la justicia, pero a eso me referiré con más detalle después. El resto de los portavoces han hecho una intervención en esa línea, en la de que la justicia es algo que debemos mejorar todos,
legisladores, comunidades autónomas, jueces, fiscales, abogados, porque al final es un servicio público y un poder del Estado. Es algo que venía funcionando mal y está empezando a funcionar mejor, porque todos hemos decidido tirar del mismo carro
en la misma dirección y, desde luego, es algo que el ciudadano se merecía y por lo que vamos a seguir trabajando en ese espíritu de no hacer partidismo ni confrontación política. Por eso quiero agradecer muy singularmente las palabras al portavoz
del Partido Popular, a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco y a la portavoz de Convergència i Unió, que sigan en ese clima y que tratemos todos de sumar esfuerzos para hacer cada día la justicia mejor y también la parte de ese espíritu de lo
que ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.



Quiero agradecer todas sus palabras al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y sólo hay un puntito en el que discrepo: yo no me voy a acostumbrar nunca a que haya alguien que no quiera escuchar a los demás.
Yo creo que es bueno que
todo el que habla quiera escuchar a los demás, aunque en esta ocasión todos los demás estén aislándole en su posición y hayan hecho que todos los demás estén en la posición de mejorar la justicia, de no hacer catastrofismo y de seguir haciendo un
esfuerzo por sumar mejoras en la justicia.



En primer lugar, a la portavoz de Convergència i Unió quiero agradecerle, lo he hecho ya en más de una ocasión, su colaboración para hacer posible tantas leyes como hemos hecho juntos en esta legislatura, a la Generalitat, a la consejera, a
su esfuerzo, esos 10 millones de euros que, sin duda, son una aportación importante para los juicios rápidos y el esfuerzo que se hizo por el plan de implantación de los juicios rápidos en Cataluña, y la valoración positiva que sin triunfalismo
hemos compartido sobre cómo la justicia penal hoy es más justa porque atiende antes al ciudadano. Entre los tres temas que me plantea se encuentra el tema de externalizar las notificaciones. Sinceramente, creo que es una cuestión delicada. Así se
lo hice saber a don Manuel Silva, al que quiero expresar un grato recuerdo por su gran colaboración junto con S.S. en tantas leyes como hemos elaborado y seguimos todavía haciendo juntos en este período de sesiones. Le manifesté que es un tema en
el que yo no podía compartir una propuesta tan concreta, tan inminente, como se hacía para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en ese sentido, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado no aceptó esa propuesta. El hecho de agilizar
las notificaciones va a encontrar su lugar adecuado y es fortalecer el papel del procurador. Al procurador le vamos a dar, con la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, un papel extraordinariamente activo en la comunicación del ciudadano y también
en la ejecución de las resoluciones judiciales. Creo que por ahí se puede encontrar una respuesta mejor que lo que algunos llamarían privatizar el sistema de notificaciones.



En segundo lugar, me habla usted de extender los juicios rápidos al ámbito civil. Yo soy muy consciente de que usted hoy se ha hecho eco aquí de las palabras de algún sector, de alguna parte, de algunos abogados y hace bien de hacerse eco
de esas palabras porque yo mismo soy sensible a esas expresiones, sin perjuicio de lo cual le tengo que decir que el modelo es el acordado con su propio grupo parlamentario, con el señor Silva, y el modelo es el que se ha puesto ya en marcha en la
Ley Orgánica del Poder Judicial, que mañana se verá en el Senado con dos enmiendas y que efectivamente se refiere a lo que usted señala. La Ley de Enjuiciamiento Civil está siendo una magnífica ley. No se trata de cambiar el modelo de juicio, por
eso decía que es un sistema distinto. Estoy de acuerdo en que es necesario cambiar el modelo de señalamiento y en esa dirección va precisamente la enmienda en la Ley de Enjuiciamiento Civil que mañana tramita en la Ley Orgánica del Poder Judicial
el Senado y que ha firmado su grupo parlamentario, Convergència i Unió, Partido Nacionalista Vasco y el partido que apoya al Gobierno, el Partido Popular. Yo creo que si algún día el Partido Socialista tiene interés en verla seguramente también la
firmará, porque es muy de sentido común. Se trata de que haya oficinas de señalamiento inmediato que registren, hagan el reparto y los señalamientos de la vista de manera mucho más rápida, prácticamente como funciona la agenda de citaciones
judiciales en este momento, de manera automática, es decir, hacer un señalamiento inmediato y mediante sistema telemático; que haya juzgados civiles en turnos de atención continúa, similar al sistema de las guardias que puedan atender esos
señalamientos rápidos, que permitan adoptar algunas de las medidas, luego hablaré con más detención de algunas de las medidas que usted pide que se hagan in audita parte, algunas de las que ya se hacen, que son muchísimas más en todo caso de las que
antes se podían hacer, sobre todo teniendo en cuenta que son tanto de lo civil como de lo penal y finalmente, la incorporación de la participación activa in audita parte y decisiva del procurador en el proceso de notificación y del señalamiento a la
parte demandada. La reforma va orientada en el sentido que usted indica y espero que ese grupo de abogados de un sector de la abogacía entienda que incluso también para el ejercicio de la abogacía es bueno agilizar los señalamientos. Yo no tengo
ningún problema además en reunirme, conozco perfectamente el sector al que usted se refiere, a su portavoz y creo que incluso tengo previsto en mi agenda una reunión


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con ellos no sé si la próxima semana o la siguiente. Creo que se van a entender, porque cuando las cosas son de sentido común como son las que hemos pactado con Convergència i Unió y Coalición Canaria para hacer posibles los juicios rápidos
en materia civil, al final se acaban apoyando.



Me habla usted de la posibilidad de ampliar las decisiones en las que se puede adoptar in audita parte. Ahí hemos dado un paso importante, es decir, se pueden adoptar medidas del 544 bis, como es el alejamiento físico del agresor, no
estando presente el agresor. Esto en derecho penal tuvo sus dificultades, en fin, hay muchos sabios para todas estas cosas y al final fue una decisión unánime de todos los grupos parlamentarios, es una conquista en el derecho que estamos impulsando
para proteger a la víctima. Lo he dicho muchas veces, hemos conseguido poner a la víctima en el centro de nuestro derecho penal. Hasta ahora, era el delincuente el centro del derecho penal y estamos manteniendo las garantías de un sistema ético,
al que no vamos a renunciar, que establece como principio la presunción de inocencia, como criterio el proceso judicial justo, como necesidad el principio de legalidad y como imperativo el que nadie sea condenado sin las pruebas pertinentes,
manteniendo todo ese patrimonio en beneficio del acusado. Es evidente que también hay que poner a la víctima en el centro de nuestro derecho penitenciario; lo hemos hecho en el Código Penal, en la fase del juicio y en la fase de ejecución de las
condenas, que era algo esencial; lo hemos hecho también y lo vamos a hacer, lo queremos hacer en la Ley de responsabilidad penal del menor, también en la fase de realización de las medidas; obviamente lo hemos hecho también en lo que es la
protección en la violencia doméstica. El hecho de que se puedan adoptar todas las medidas civiles, las del 158 inmediatamente in audita parte también es un avance extraordinariamente importante. En la propuesta que usted me hace de que se puedan
adoptar ya medidas de fondo de derecho penal en ausencia del acusado, sabe usted que en España en este momento sólo tenemos juicio de rebeldía para condenas inferiores a un año. Yo creo que ese es un tema en el que usted lo que esperaba de mí no
era una respuesta, y por eso, como no lo esperaba, no se la voy a voy a dar. Creo que es un tema delicado. Estoy de acuerdo con usted en que los temas delicados se pueden abordar y estoy de acuerdo en consecuencia en que si es una realidad lo
abordemos.



Sólo llevamos desde el 2 de agosto con una orden de protección. Quiero decir que yo no he expresado en la orden de protección triunfalismo alguno. Lo ha dicho el señor portavoz del Grupo Socialista, y me ha dolido, no he expresado
triunfalismo alguno en la orden de protección, he expresado que 4.000 mujeres hoy en 24 horas reciben una respuesta del juez, lo que ha sido satisfactoriamente recogido por la portavoz de Convergència i Unión, del PNV y del Partido Popular. No es
triunfalismo alguno, sí que hay que seguir haciendo cosas, las cosas que se han hecho con este Gobierno, con esta mayoría parlamentaria y en esta legislatura, las que no se hicieron en otras legislaturas, por ejemplo, modificar el Código Penal para
que la primera agresión sea delito. Por ejemplo, que el quebrantamiento del alejamiento suponga prisión provisional inmediata, a lo que el Partido Socialista ha votado en contra; por ejemplo, la tipificación del delito de violencia doméstica con
más firmeza; por ejemplo, el establecimiento de la pérdida del derecho a utilizar armas del agresor; por ejemplo, la pérdida del derecho de visitas del agresor, y tantas cosas como todos los grupos parlamentarios hemos venido haciendo en esta
legislatura, que no se hicieron en otras legislaturas, y que tenemos que seguir haciendo los grupos parlamentarios para erradicar una lacra como es la violencia doméstica, lacra en la que estamos avanzando por el buen camino, y es que antes la
víctima tenía que callarse, vivía bajo una lápida de silencio, vergonzantemente tenía que soportar la violencia, la agresión y el hecho de no poder acudir a la sociedad, porque a veces la sociedad y las instituciones no le querían ni escuchar ni
amparar. Hoy, por un movimiento de mujeres que se pusieron a la cabeza para sensibilizar a las instituciones públicas en la lucha y en la defensa de los derechos de la mujer y en la lucha contra la agresión doméstica, por ese valiente papel de
aquellas organizaciones de mujeres, hoy están todos los poderes públicos, municipales, locales, autonómicos, parlamentarios, trabajando juntos para acabar con esta lacra social de la que nadie, nadie, debe hacer lecturas políticas y partidistas, y
agradezco mucho la lectura y la aportación que han hecho los portavoces de los grupos parlamentarios.



Agradezco a Marga Uría que haya tenido el detalle conmigo y con el resto de los grupos parlamentarios de anunciarnos -no lo han tenido todos- que iba a abandonar la Cámara a una determinada hora. Para que quede constancia en el 'Diario de
Sesiones', voy a contestarle y luego se lo transmitiré. Ella dice que es cierto, que estoy muy disponible cuando quiero, pero luego le doy la razón, quiero siempre, con lo cual es que ella misma es consciente, tiene mi móvil, e incluso sábados y
domingos hablamos con mucha fluidez de tantos y tantos temas como hemos venido trabajando en esta legislatura. A Marga Uría le agradezco la capacidad que creo que hemos compartido los portavoces de todos los grupos parlamentarios para aislar otras
cuestiones y sabernos concentrar y trabajar juntos. Ahora mismo estamos trabajando sobre la ley de arbitraje, estamos trabajando juntos en la Corte Penal Internacional, que se está aprobando por unanimidad; hemos trabajado juntos en los juicios
rápidos, y sin duda los juicios rápidos también funcionan extraordinariamente bien porque es una apuesta que hemos compartido. Me pedía datos sobre la excesiva rapidez del recurso, sobre que se han generado acusaciones o recursos de indefensión.
Yo creo que las mejores palabras para contestar a Margarita Uría son las del propio presidente del Consejo


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General del Poder Judicial que, cuando presentó a todos los decanos de los colegios de abogados los juicios rápidos dijo que las reformas introducidas en la tramitación parlamentaria garantizaban el derecho a la defensa en su plenitud, y lo
garantizaban entre otras cosas porque se designa instantáneamente el abogado y además porque el abogado es el mismo durante todo el proceso judicial.



Al portavoz del Grupo Socialista quiero agradecerle algún tono de su intención, don Javier Barrero. Yo lamento que hace un mes ustedes decidieran poner el cartel de suspendido por vacaciones al pacto de Estado y ahora a todo lo que hicimos
juntos, que les pareció bien cuando lo hicimos juntos, trate de darle otra lectura. Le agradezco mucho el tono de su intervención, sinceramente, el tono en el que ha hablado, por un lado, de opiniones, y por otro lado de datos, y eso me lo pone a
mí muy fácil porque así también podemos ver si las opiniones son conclusiones de los datos o a lo mejor es que los datos no los manejamos todo lo correctamente que se podrían manejar. Le pongo un ejemplo. Usted me cita la memoria de la Fiscalía
General del Estado, que creo que la tiene ahí mismo. Hágame sólo un favor. ¿De qué fecha es esa memoria?


El señor BARRERO LÓPEZ: La memoria es del año 2003.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Del año 2003 no puede ser porque estamos en este año. Está editada en el año 2003 pero la memoria es del año 2002.



El señor BARRERO LÓPEZ: Si usted ha hablado de datos que no conoce, como son los de la memoria, se los voy a dar yo para que sepa que en el tomo que nos remite la Fiscalía General del Estado aparece: Memoria elevada al Gobierno de Su
Majestad, 2003. Y, como es obvio, y que tampoco se le tiene que escapar a un ministro, ahora un poco despistado, es del año 2002.



El señor PRESIDENTE: El señor ministro de Justicia tiene el uso de la palabra.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): No estaba nada despistado, todo lo contrario. Se lo he agradecido, porque el señor Barrero en la última comparecencia hizo algo parecido. Él hace una lectura de los datos, que no son los
datos sino la lectura que él hace que no son los datos. Yo le pedí que me dejara los documentos que utilizaba y no me los dio. Hoy los ha ofrecido. Entonces le pregunto de qué fecha es la memoria, es del año 2002. ¿Usted cree que en la memoria
relativa al año 2002 se habla de la evolución de los juicios rápidos que empezaron el 28 de abril de 2003? Señoría, no. Usted me dice que la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid está pidiendo 27 nuevas plazas. Yo tengo la copia de
la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y pide para este año tres secciones. Claro, al final los datos son los datos. La lectura que uno quiere hacer de los datos le lleva a lecturas contradictorias. Usted me dice que los
presupuestos han crecido un 2 por ciento, y se olvida de que Madrid sigue teniendo oficiales, agentes, auxiliares, secretarios judiciales, órganos judiciales, ordenadores, sedes, arrendamientos, que suman casi 90 millones de euros, que siguen
pagándose todos los años y que no están en la sección 13. Pero si usted le suma esos 90 millones de euros estamos hablando de un crecimiento de los presupuestos para este año de 7,59 por ciento, a lo que además se le tiene que añadir la generación
de dinero de la cuenta de depósitos judiciales, lo que genera por lo menos un crecimiento del 10,02. Este crecimiento del 10,02, más el 8,31 del año anterior, más el 6,99, suma un 25,41 por ciento. Esas no son opiniones, señoría, son datos, y los
datos son de los presupuestos, y le agradezco que escoja ese debate, que es un debate muy fácvil y muy cómodo, porque lo puede leer tanto el portavoz del Grupo Socialista, como cualquier ciudadano, como cualquier portavoz. No se trata, por tanto,
de tergiversar los datos. Yo entiendo que cuando usted dice que un crecimiento que es del 10,02 por ciento en cifras, en hechos, para usted es del 2 por ciento porque no me suma lo que siguen cobrando los jueces oficiales auxiliares de Madrid,
evidentemente a usted no le cuadran las cifras. O como cuando usted dijo el primer día que presentamos los presupuestos, que bajaba el dinero para juicios rápidos en 10 millones de euros, cuando lo que era es que había 10 millones más adicionales a
los 22 del año pasado y por eso este año hay 32 millones de euros. (El señor Barrero López: No mienta.) Señoría, así es imposible que a usted le cuadren las cifras, y además tiene el valor de llamar mentiroso al ministro porque el ministro se
refiera sólo a los hechos. Señoría, por favor. (El señor Barrero López muestra una hoja de periódico.) Usted saca una hoja de periódico, vale. Yo le saco un informe con membrete del Consejo General del Poder Judicial.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, le ruego por favor que deje continuar al señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Es bueno ser respetuoso con la realidad; las opiniones yo las respeto también, pero hay que ser respetuoso con la realidad.



Usted me dice: el 40 por ciento de los juicios rápidos no se celebran y, por tanto -ha dicho literalmente-, el modelo ha fracasado. (El señor Barrero López: Yo no he dicho eso.) Yo no voy a hacer triunfalismo, entre otras cosas porque si
los juicios rápidos funcionan no es mérito del ministro de Justicia, ni de la consejera de Justicia de Catalunya o de Andalucía, que tienen mucho mérito las dos, ni es mérito del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que tiene
mucho mérito también, ni es mérito del fiscal jefe de


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Andalucía, de Cataluña, del País Vasco, o de Madrid, que tienen mucho mérito también, sino que es mérito y esfuerzo de todos. Usted me dice: el 40 por ciento no funciona. Yo no le leo un papel de periódico como usted enseña, yo le leo el
informe del Consejo General del Poder Judicial y dice: 14.822 asuntos; es decir, el 14,2 por ciento del volumen total de los que fueron tramitados en un principio como juicios rápidos no continuaron por esta vía, informe con membrete del Consejo
General del Poder Judicial. Si usted a los 17.443 que son conformidad los considera que no se ha celebrado el juicio, es que usted entonces está manipulando las cifras. Señor Barrero, no se trata de tergiversar la realidad sino de ser respetuoso
con la verdad y con una iniciativa que hasta anteayer para ustedes era buena y que hoy, porque toca hacer campaña electoral, han decidido que todo es un desastre, todo es una catástrofe y todo está tan mal. De verdad, señor Barrero, un poquito de
seriedad en estos temas (El señor Barrero López: ¡Qué vergüenza!), rigor y seriedad. Respetemos las cifras. (El señor Barrero López: Pero sume.) Lo dice el Consejo General del Poder Judicial, son 14.822, es decir, sólo el 14,2 por ciento, los
que luego no se tramitaron. Si usted va sumando esos 14.822 asuntos con los que hay conformidad, y me dice que donde hay conformidad no hay un juicio rápido. ¿La conformidad qué tarda en hacerse? ¿Ocho años, doce años, ocho meses, doce meses? La
conformidad es una de las formas de terminar el juicio rápido, y precisamente porque usted y su grupo parlamentario apoyaron esa ley por unanimidad. ¿Qué pasa, que cuando hay conformidad no se ha celebrado el juicio? Yo creo que es bueno ser
respetuioso con las cifras. Ni un 2 por ciento de los presupuestos, sino un 7,59; ni un 40 por ciento, sino, como dice el Consejo, un 14,2 por ciento.



Luego de la ratio juez por habitante, usted haga todas las consideraciones que quiera. Me dice: es el país de Europa en el que menos jueces hay por habitante. A lo mejor para usted Inglaterra no es Europa, pero yo creo que para los demás
lo es, y hay 4,5 jueces por cada 100.000 habitantes en Inglaterra; Gales a lo mejor no es para usted Europa, pero hay 4,5 jueces por cada 100.000 habitantes en Gales; es posible que Francia no lo sea, en Francia sumando jueces y fiscales, por cada
100.000 habitantes hay 10,2; en España jueces profesionales, no de paz, que también ponen sentencias, y fiscales hay 15 por cada 100.000 habitantes; en los Países Bajos, contando jueces y fiscales, 10,9. Yo creo que es bueno atenerse a las
cifras, a los datos y a los hechos. ¿Que usted no quiere sumar los jueces de paz? Pues no los sumamos, de acuerdo, quedémonos en estos datos que son muy reales. (El señor Barrero López: Increible.)


Me habla usted también de algunas otras cifras, y la verdad es que en eso no ha estado muy afortunado, pero como veo que les irrita que les hable de las cifras voy a dejar esto, porque mi ánimo no es irritar a nadie, mi ánimo era tratar de
ayudarles a que conozcan las cifras, porque estoy convencido de que su ánimo también es tratar de mejorar las cosas.
Sinceramente, al final, si de estas cifras salen sus conclusiones, no me extraña. Las cifras que maneja el PNV, Convergència i
Unió, Coalición Canaria y Partido Popular son otras, y por eso podemos sacar otras conclusiones distintas. Por eso no voy a rebatir sus opiniones, porque están basadas en unas cifras que no son exactas, que no son ciertas. En todo caso, permítame
que le diga una cosa. Por favor, no llame mentiroso a alguien cuando cita documentos y cifras que no son suyas. También le pido que acredite usted las cifras y los documentos y póngalos encima de la mesa.



Acabo ya. Estamos en el final de una legislatura en la que sin duda hemos trabajado mucho juntos por mejorar la justicia, y lo hicimos con un propósito que yo voy a mantener, y es que la justicia no sea campo de confrontación partidista.
Por eso es por lo que no puedo considerar que yo gane nada haciendo oposición ni a la consejera de Justicia de Cataluña ni al consejero de Justicia de Valencia o de Galicia ni haciendo oposición a nadie, sino que gano tratando de generar climas de
diálogo, de consenso y tirando del mismo carro en la misma dirección. Usted de repente me cita a alguien como crítico y yo le puedo citar a muchos; ha habido muchas personas que han hablado bien de los juicios rápidos: la consejera de Justicia de
Cataluña, que ha hecho una valoración de que esto está funcionando; la consejera de Justicia de Andalucía, que hizo una valoración de que esto está funcionando; el señor Bono, que hizo una valoración positiva de que la Justicia penal era más
rápida; el presidente del Consejo General de la Abogacía; el presidente del Consejo General de los procuradores; el presidente de los secretarios judiciales, etcétera. En ese clima seguimos. Acabamos de cerrar un acuerdo unánime con Comisiones
Obreras, UGT y CESIF, que seguro que en el fondo a usted también le satisface -sé que no ha contribuido mucho a ese acuerdo, pero seguro que también le satisface-, para impulsar la nueva oficina judicial. En ese clima de diálogo, pero respetando
las cifras y los hechos ciertos, creo que podemos divergir de muchas cuestiones, pero también creo que vamos a poder confluir en muchas.



No tengo ninguna duda de que cuando pase esta etapa en la que ustedes han colgado el cartel de suspenso por elecciones y en donde han decidido que todo lo que antes era bueno ahora es malo, volveremos a saber que es bueno trabajar juntos sin
colores políticos por mejorar la Justicia. En esa posición me van a encontrar hasta que acabe la legislatura, y me encontrarán a mí y al Partido Popular en la próxima legislatura estemos cada uno donde estemos. (El señor Barrero López pide la
palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, llevamos dos horas y quince minutos con este primer punto


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del orden del día. Hay dos asuntos más pendientes y corresponde a esta presidencia -y usted lo sabe especialmente- la dirección de los debates.
Por mi parte sería una irresponsabilidad dar ahora un turno de palabra que haría imposible que
se sustanciasen los demás puntos. En todo caso, simplemente, le añado una cosa: el Reglamento, en su artículo 203, ordena que los turnos de intervención de los portavoces sean de 10 minutos; usted ha consumido 21 minutos. Se ha sido flexible y,
por tanto, debemos continuar con la celebración de los restantes puntos del orden del día.



El señor BARRERO LÓPEZ: Disculpe, señor presidente. Reglamentariamente también cuando uno es autor de una de las comparecencias tiene al menos derecho a la réplica. Por tanto, quiero que eso se tenga en consideración y se traduzca
correctamente la interpretación del Reglamento.



El señor PRESIDENTE: El artículo 203 del Reglamento -insisto en que usted se lo conoce muy bien- habla de casos excepcionales. En caso excepcional le voy a conceder el uso de la palabra. Señor Barrero, lo voy a hacer pero le voy a dar
exclusivamente tres minutos, a efectos de la adecuada ordenación de los demás puntos.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Ha pedido la palabra sólo para agradecer al presidente su flexibilidad al concederle un turno al portavoz del Grupo Socialista.



El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, tiene el uso de la palabra por tres minutos.



El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, quiero que sepa que lo que está haciendo con mi grupo no es una cuestión de flexibilidad, sino de justicia porque -insisto- una de los autores de la solicitud de comparecencia es el Grupo
Parlamentario Socialista. Así que creo que es consecuente con la interpretación del Reglamento y no generoso. El Reglamento no necesita de ninguna generosidad sino de una correcta interpretación del mismo.



No voy a dar más datos. Quiero pedir a SS.SS. -y deseo que así conste en el 'Diario de Sesiones'- que en la Comisión queden los datos del Consejo General del Poder Judicial. Con suma y resta aparece claramente la diferencia a través de la
cual yo deducía que el 40 por ciento de algunos asuntos no se celebran. La opinión pública y alguna de las personas que dedican su esfuerzo a dar valor a lo jurídico y también a la comunicación están empezando a ver al ministro como a una persona
que no cuenta bien la realidad, por decirlo de forma más suave. El Consejo General del Poder Judicial ha dicho lo que he dicho yo cuando ha advertido de que no hay medios en la Audiencia Nacional, ni hay medios para ejecutar y ejercer correctamente
la legislación penal del menor. Eso lo ha dicho el Consejo General del Poder Judicial. Por eso yo he querido avalar mis palabras con la opinión de colectivos que las puedan legitimar más correctamente.
Todos piden medios. En la memoria de la
Fiscalía del año 2002, presentada en 2003, como sabían que iba a ocurrir lo de los juicios rápidos, se advertía -voy a leerlo para tranquilizar al señor ministro-: Se estima que la actual plantilla y la dotación de medios son totalmente
insuficientes para cumplir la función que se atribuye al ministerio fiscal en la tramitación de los juicios rápidos. Continúa: La correcta implantación de los juicios rápidos -por eso hablaba de implantación- requerirá la presencia permanente de
un fiscal por cada partido judicial y un incremento de guardias de 24 horas. Denunciaban asimismo: una suficiente dotación material y personal para la adecuada celebración de los juicios rápidos, con especial mención a los peritos e intérpretes y
a un ágil registro informático de causas y denuncias referidas a la violencia doméstica para poder conocer todos los datos necesarios en el servicio de guardia. Por cierto, que yo recuerde, en los presupuestos generales para el año 2004 no se
contemplan nuevos peritos, aunque no lo sé con exactitud. Déjeme decirle algo que es importante. Nosotros vamos a seguir hablando en nombre del partido al que representamos. Nunca me ha gustado cuando en el Parlamento español, a pesar de que el
artículo 1 de la Constitución habla del pluralismo político, se habla de una acción partidista como si fuera negativa. Nunca me ha gustado porque yo estoy aquí en atención a mi partido y al instrumento de poder que para el pueblo significa el PSOE.
Evidentemente, estoy aquí en una situación muy alejada en forma y en contenido de la del ministro, pero ambas nos enriquecen. Si todos estuviéramos juntos -por eso no me preocupa estar aislado muchas veces-, no seríamos capaces de enriquecernos.
Por lo tanto, señor presidente, no cuenten con nosotros cuando hablen de posiciones comunes, no como consecuencia de debates diferentes en los que se resuelve de manera común, sino como consecuencia de posiciones comunes por no ser nadie capaz de
pensar sino de manera única. En ese pensamiento único, señor ministro, no nos va a encontrar; no insista en ese tema.



El señor PRESIDENTE: Señor Bueso, tiene la palabra con idéntica brevedad.



El señor BUESO ZAERA: Intervendré muy brevemente porque será el señor ministro quien conteste.



Simplemente quiero decir que de pensamiento único, al que hace referencia el señor Barrero, nada de nada. Creo que el señor ministro ha puesto de manifiesto su talante y actitud de diálogo y generosidad durante toda la legislatura y en todo
momento a lo largo y ancho del proceso de debate de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado por la justicia. En absoluto hay un pensamiento único, sino una pluralidad de opiniones y una actitud y un talante dialogante que ojalá tuviese
continuidad


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en el supuesto de que hubiese otros gobiernos en otras épocas.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Quiero agradecer que, finalmente, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista haya acudido a los datos. Yo no he manifestado opiniones, sino que he leído el documento del Consejo General
del Poder Judicial. Traer aquí la memoria de diciembre del año 2002 estando en noviembre de 2003 no sé si es justicia rápida o agilidad en las decisiones. Podemos quedarnos en las valoraciones más recientes de la comisión de seguimiento, que son
las que han hecho los fiscales y los jueces, para ver cómo todo lo que se puede mejorar se está tratando de mejorar, y ahí vamos tirando entre todos.
Vuelvo a insistir que en justicia, que es un poder del Estado, se trata de no hacer colores
políticos. Yo he trabajado en la oposición en este Parlamento muchos años y nunca vi ni una sola ley en materia de justicia que saliera por consenso y por unanimidad. Llevo casi cuatro años trabajando como secretario de Estado y como ministro de
justicia y hemos sacado 13 leyes por unanimidad. Me parece que este estilo de dialogar con todos y de hacer las cosas de común acuerdo es mucho mejor que el que se aplicó cuando yo estaba en la oposición, en la que no se ofreció diálogo, consenso
ni acuerdo en ninguna ley. A los hechos me remito. Este clima de consenso ha permitido un 25,41 por ciento más de financiación, que haya más jueces, que todos sean profesionales y que tratemos de mejorar la justicia. Quiero darle un dato, ya que
a usted le preocupa la opinión de la gente: los sindicatos UGT, Comisiones Obreras y CSIF, por unanimidad, han cerrado un acuerdo con el Gobierno para hacer la reforma estructural esencial de los libros V y VI de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En el año 1987, ya que a usted le preocupa tanto su opinión, sólo el 16 por ciento de los jueces creía que la justicia estaba mejorando. Hoy, y son datos del Consejo General del Poder Judicial, el 70 por ciento de los jueces cree que en el último
año la justicia está mejorando. Hoy sólo un 8 por ciento de los jueces, y son datos del Consejo General del Poder Judicial, cree que la justicia ha empeorado en el último año. El 70 por ciento cree que ha mejorado. En el año 1987 eran ocho veces
más los que creían que empeoraba, cuatro veces más los que creían que empeoraba de los que creían que mejoraba. Hoy son casi 10 veces más los que creen que mejora de los que creen que empeora. Supongo que también le interesa a S.S. esa opinión, y
no porque sea buena o mala para un ministro, para un consejero o consejera de justicia, sino porque es ir generando un clima para mejorar nuestra justicia, que, seguro, es un objetivo compartido por todos.



El señor PRESIDENTE: Suspendemos durante unos instantes la sesión.
(Pausa.)


- _LAS PREVISIONES DE NUEVOS JUZGADOS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ Y LAS NECESIDADES DERIVADAS DEL NARCOTRÁFICO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001334.)


- _LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR LAS EXCARCELACIONES, POR CUMPLIMIENTO DEL PLAZO MÁXIMO DE PRISIÓN PREVENTIVA, DE PERSONAS SOBRE LAS QUE PESAN ACUSACIONES DE GRAVÍSIMOS DELITOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001444.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión tratando los puntos 3.º y 4.º del orden del día, relativos al narcotráfico, de forma acumulada.



Advierto a SS.SS. que, teniendo en cuenta los dos puntos que quedan y dado que el Pleno comienza a las cuatro de la tarde, seré especialmente riguroso en la interpretación y aplicación de los tiempos. (La señora Romero López pide la
palabra.)


¿Señora Romero?


La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, a mi grupo no le importaría agrupar las dos comparecencias del ministro de Justicia, la referida a la provincia de Cádiz y la siguiente. Es decir, las números 3 y 4.



El señor PRESIDENTE: Están ya acumuladas, de acuerdo con el portavoz de su grupo parlamentario, señor Barrero.



Señor ministro, cuando desee.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor presidente, señorías, voy a referirme a los siguientes puntos del orden del día en el sobreentendido de que fue una decisión de la Mesa la acumulación de ambas comparecencias a las que
voy a referirme, relativas tanto a las necesidades derivadas del narcotráfico como a las peticiones de juzgados en la provincia de Cádiz y las medidas para evitar la excarcelación por cumplimiento del plazo máximo de prisión preventiva de personas
sobre las que pesan acusaciones de gravísimos delitos.



Quiero poner de relieve la evidencia de que en esta legislatura, y creo que no se les escapa a ninguna de SS.SS., desde luego no a quienes han estado en la Comisión de Justicia trabajando activamente, se han adoptado medidas de diverso orden
para tratar de que nuestro Estado de derecho sea más eficaz en la lucha contra el narcotráfico y contra los narcotraficantes. El compromiso que arranca ya del debate de investidura del presidente del Gobierno fue compartido por los grupos
parlamentarios y se ha expresado en distintas


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iniciativas que, es cierto, no han sido fruto del consenso, del pacto de Estado para la reforma de la justicia. Cuando se sentó el Gobierno con los grupos parlamentarios para elaborar el plan de modernización de la justicia y se consideró
que el objetivo debía tener un instrumento que fuera el pacto de Estado, fue el propio Partido Socialista quien de antemano solicitó excluir del pacto de Estado para la reforma de la justicia la reforma del Código Penal. Evidentemente, una vez que
en el programa electoral del Partido Popular y el compromiso de investidura del presidente del Gobierno hablaban de la necesidad de reformar el Código Penal, que el Partido Socialista no quisiera abordar esa reforma de una manera amplia como había
propuesto el Partido Popular era un obstáculo absolutamente insalvable para llegar a un pacto de Estado para la reforma de la justicia, razón por la cual creo que de manera inteligente se entendió que la parte penal quedaba al margen del pacto de
Estado para la reforma de la justicia. Además había otro elemento esencial, y aquí sí puedo yo estar de acuerdo con lo que ha dicho algún portavoz. Hay evidentemente políticas distintas, orientaciones distintas, partidos políticos distintos con
proyectos distintos y eso se refleja indudablemente en el Código Penal e incluso también puede reflejarse en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cambio, en eso ya no estoy de acuerdo, no puede haber políticas distintas para lo que son ejes
esenciales de la estructura de la justicia como poder y como servicio público, en lo cual yo creo que el acuerdo, el consenso, el que no haya confrontación política y el que no haya diferencia de colores políticos es el mejor beneficio que a ese
servicio público y a ese poder del Estado podemos hacerle los que estamos en el Parlamento, los que estamos en el Gobierno. Porque que otros dos poderes, Parlamento y Gobierno, confronten entre sí la definición de un tercer poder es precisamente lo
que más daño le ha hecho al Poder Judicial.



Hecha esta salvedad, quiero señalar que se han manifestado distintos proyectos legislativos: la Ley de medidas urgentes para la reforma del Código Penal, la propia reforma del Código Penal, la Ley de prisión provisional y alguna otra
reforma pactada con los grupos parlamentarios en las que se han incorporado distintas iniciativas. El conjunto de las medidas ha tenido tres ejes. El primero, un tratamiento penal más adecuado, es decir mayor firmeza del derecho penal frente al
gran narcotraficante, frente a quien comercia con las expectativas de tantos jóvenes como son enganchados precisamente por el trabajo del narcotraficante. En segundo lugar, una oportunidad para que el que comete delitos siendo un enfermo, es decir
un drogodependiente, pueda rehabilitarse. Y, en tercer lugar, garantizar un correcto enjuiciamiento de los hechos, es decir garantizar la reforma de la prisión provisional: que no pueda ser que se esté esperando juicio durante años, pasen los años
previstos y se salga de la cárcel sin ser enjuiciado.



El primer eje, un tratamiento penal más adecuado, tiene distintos ámbitos.
De una parte, la mayor firmeza en el cumplimiento de las condenas. En este sentido se publicó la Ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las condenas por
terrorismo y algunos otros delitos graves, y esto afecta claramente a los delitos de narcotráfico, en los que se establece por primera vez la posibilidad de que el narcotraficante condenado a muchos años no entre en la cárcel y salga de ella al día
siguiente de haber entrado. Es decir que no sea posible ni la libertad condicional ni el tercer grado para el narcotraficante condenado. Esa ley establece la necesidad de un período de garantía, de cumplimiento, para el narcotraficante; igual que
establece la vinculación del patrimonio presente o futuro del narcotraficante a la responsabilidad civil derivada de la necesidad de indemnizar a las víctimas; igual que establece el derecho de las víctimas del delito del narcotraficante que hayan
sido acusación particular a conocer del proceso de cumplimiento de la condena impuesta al narcotraficante, a conocer y a ser escuchados en ese proceso de cumplimiento de la condena; igual que establece un criterio esencial y es que la reincidencia
supone una agravante cualificada que permite elevar a quien delinque de manera reincidente al grado superior la condena que se impone. Se establece también algo esencial como es la ampliación no sólo de la pena de cárcel sino también de otras
condenas como es el decomiso. En este momento nuestra legislación establece el decomiso para el traficante sólo del fruto obtenido como consecuencia del delito. Ahora, atendiendo a una decisión marco de la Unión Europea que compartimos plenamente
en sus objetivos y en su filosofía, se decomisan, es decir se expropian, los beneficios del delito, como es lógico, pero también todos los instrumentos que hayan podido servir para preparar el delito, todos los elementos que, de manera directa o
indirecta, tienen que ver con la comisión de un delito. Pensemos, por ejemplo, en un chalé, una casa o unas barcas de gran velocidad que se utilicen para cometer un delito, pues todos esos instrumentos, que no son fruto o beneficio del delito
realizado sino que son instrumentos que sirven para perpetrar el delito, también entran inmediatamente en el decomiso. Se ha establecido además algo que me parece esencial y es la responsabilidad de las personas jurídicas. Los narcotraficantes
operan en muchas ocasiones a través de sociedades interpuestas, de sociedades anónimas para las que nuestro Código Penal establece hasta ahora una muy débil responsabilidad.
Lo que se establece con la reforma del Código Penal es que las sociedades
interpuestas tengan también una responsabilidad y que si un narcotraficante utiliza una sociedad interpuesta como tapadera para la comisión de sus delitos, para el encubrimiento de los medios con los que los perpetra o para esconder los beneficios
obtenidos, alcance la responsabilidad


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a toda la sociedad y se puedan embargar e incluso se pueda suspender al consejo de administración o el funcionamiento de toda la sociedad implicada en el delito. Finalmente, se establecen también algunas medidas cautelares muy claras. Una
de ellas, la de la anotación preventiva de todos los bienes del entorno del delincuente, para que no sirva simplemente transferir a terceras personas, a hombres de paja, a familiares, a personas conocidas y de confianza del narcotraficante los
bienes a fin de sustraerlos a la acción de la justicia, en el nuevo ámbito ampliado de la figura del decomiso. Estas son, señorías, medidas que han sido aprobadas en esta legislatura y he de decir que lamento que no hayan contado con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios. Sí lo tuvieron de Convergència i Unió, de Coalición Canaria, del Partido Nacionalista Vasco, pero no contaron con el apoyo del Partido Socialista ni de Izquierda Unida. Es evidente que el Código Penal de 1995 podía
y debía ser reformado en estos ejes, algunas de estas reformas además están en el marco de decisiones de la Unión Europea y sinceramente creo que podríamos haber llegado a votar afirmativamente esa reforma tan necesaria del Código Penal con una
mayoría en la Cámara todavía más amplia que la que ha habido.



El segundo eje de la reforma me parece de contenido esencial. La lucha contra el narcotráfico exige más firmeza contra el narcotraficante, pero también mayor eficacia en nuestro Estado de derecho para resocializar, para rehabilitar al
drogodependiente. En el ámbito del Ministerio de Justicia, en el ámbito de la aplicación de la ley, hemos hecho una apuesta ambiciosa pero realista. Hasta ahora el Código Penal no permite al drogodependiente sustituir condena por plan de
desintoxicación y no lo permite por dos razones: la primera, porque el límite máximo de sustitución que es de carácter genérico es de tres años; es decir, sólo son sustituibles por otra cosa -se llame plan de rehabilitación o cualquier otra
cuestión- condenas con el límite de tres años.
Evidentemente, en muchos casos las condenas de los drogodependientes superan los tres años. Pero sobre todo hay otra válvula de cierre que en este momento hace absolutamente inviable la posibilidad de
rehabilitación del drogodependiente: la reincidencia. Señorías, el Gobierno, de acuerdo con muchos de los grupos parlamentarios, ha querido ser más firme a la hora de luchar penalmente con el que de manera habitual convierte el delito en su
profesión y por eso hemos establecido algo que es de sentido común, esto es, que la cuarta falta se convierta en delito. Pero hemos hecho una excepción, una singularísima excepción que es extraordinariamente importante. Si hoy el Código Penal al
drogodependiente que sea reincidente no le permite la sustitución de la condena de cárcel por un plan de rehabilitación, precisamente lo contrario ocurre con el nuevo Código Penal. A aquel que es drogodependiente, el hecho de ser reincidente no le
impide acogerse a un plan de rehabilitación. Esta reforma es la más eficaz y la más necesaria, puesto que el drogodependiente por definición es una persona que roba, que trata de vivir de la propiedad ajena, ya que es un enfermo dependiente de las
drogas que lo hace de manera sistemática para poder suministrarse el producto carísimo al cual se encuentra enganchado. Por eso no tenía ningún sentido de justicia la prohibición de que al reincidente no se le rehabilitase ni que el límite para la
rehabilitación sean condenas de tres años. En consecuencia, la reforma se une a una propuesta que es ambiciosa y es que se puedan sustituir condenas de hasta cinco años prorrogables, ampliables a dos, es decir, condenas de hasta siete años, para
quienes estén enganchados a la droga. Ahora bien, condenas de hasta siete años de cárcel que se puedan sustituir por un plan de rehabilitación, pero con una filosofía muy clara. Yo no comparto la idea de que el delincuente es la sociedad. El
delincuente es el delincuente, aunque esté enfermo, y, si lo está, hay que darle una oportunidad de rehabilitarse, pero bajo el principio de la responsabilidad. El delincuente, aunque esté enfermo, tiene una responsabilidad y no sólo la sociedad.
Por tanto, la sociedad, el Estado de derecho, la justicia, tenemos que hacer un esfuerzo para rehabilitar a esa persona, pero el esfuerzo debe ir acompañado de un plan de desintoxicación que se siga de manera responsable. La reforma del Código
Penal que se ha aprobado prevé suprimir la cláusula de la reincidencia como elemento para evitar acogerse a un plan de desintoxicación, ampliar el tramo hasta los siete años y hacer un seguimiento individualizado de los planes de desintoxicación, de
tal manera que si el condenado no sigue de manera responsable el plan de desintoxicación, sepa que lo que le ofrece el código es lo que le ofrecía de manera excluyente el Código de 1995, esto es, el cumplimiento de la condena en los términos en los
que se le impuso. Es evidente que se trata de una apuesta ambiciosa, la cual exige poner en marcha un plan de implantación. Este nuevo Código Penal, del que se ha hablado detenidamente con las asociaciones de drogodependientes, con las
asociaciones de rehabilitación de drogadictos, con las consejerías de Sanidad y con el ministerio de Sanidad, Trabajo y Asuntos Sociales, tiene un período para su implantación. El modelo entrará en funcionamiento el 1 de octubre de 2004. A partir
de ahora, nuestro desafío es hacer posible lo que hemos hecho posible con otras leyes. Tenemos que trabajar juntos Gobierno, comunidades autónomas, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, instituciones penitenciarias, Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales, Ministerio de Sanidad, jueces, fiscales, Consejo General del Poder Judicial y ministerio fiscal para hacer que estas posibilidades sean ciertas. Esto supone muchas cosas, habiendo puesto en marcha el ministerio algunas, entre
otras un registro de medidas penales, un registro de medidas cautelares y un registro de medidas sustitutivas de las medidas penales que permita conocer


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tanto al órgano sentenciador como al ministerio fiscal como también, en su caso, a las víctimas cuál es el plan de desintoxicación, el plan de rehabilitación en sustitución de la condena de cárcel que se esté siguiendo.


El tercer eje de las reformas, que conecta quizás más directamente con la otra de las dos intervenciones, es el destinado a garantizar el correcto enjuiciamiento de los hechos. Es imposible enjuiciar los hechos correctamente si, por
ejemplo, el delincuente tiene posibilidades de huir y de sustraerse a la justicia; es evidente que es difícil enjuiciar los hechos correctamente cuando una de las posibilidades de sustraerse a la justicia es haber estado cuatro años en la cárcel
sin ser juzgado. Por eso, la reforma de la prisión provisional introduce algunos mecanismos de reforma en el artículo 504 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La reforma es extraordinariamente importante. Es la primera vez, desde el año 1978,
desde que se aprobó la Constitución, que se hace una propuesta constitucional de la prisión provisional. Hoy tenemos una prisión provisional que es de 1881, con parches en los años 1984, 1986, 1991 y 1993. No se ha abordado una reforma de la
prisión provisional acorde con los cánones, principios y valores de nuestra norma constitucional. Era acorde a finales del siglo XIX, en que los derechos humanos, los derechos del imputado, no se valoraban como se valoran con nuestro texto
constitucional. De ahí que la reforma que se ha hecho sea la adecuada no sólo al texto constitucional, sino a la amplia, a la fecunda jurisprudencia constitucional en todos sus criterios: en los de proporcionalidad, en el de correspondencia entre
la medida que se adopta de privar, que es muy grave, de la libertad a quien se ha imputado y los indicios en los que se basa la acusación, así como la posibilidad o no de fuga. Se trata de incrementar en este sentido la eficacia del Estado de
derecho, garantizando e incrementando las garantías del imputado.



Fíjese, señoría, si sobre este tema caben posibilidades que cuando el 8 de enero presenté a los grupos parlamentarios la propuesta de la Comisión de Codifición, la cual hizo el borrador de la reforma de la prisión provisional, y que estaba
compuesta, de común acuerdo con todos los grupos parlamentarios, por catedráticos de todas las tendencias, ese día el Grupo Parlamentario Socialista me salió con que ellos no querían la propuesta del grupo al que se había encargado, porque tenían
otra. Y repartieron a los medios de comunicación otro texto de prisión provisional que establecía la prisión provisional a partir de un año de imputación de delito. Es decir, a partir de un año de condena por el delito imputado se establecía la
prisión provisional. Aquel no diré disparate, pero muy grueso, porque era meter en la cárcel a todo el mundo, al cabo de un tiempo -y no me lo negarán los portavoces que participaron-, fue corregido porque al final se retiró ese texto, no se
presentó como proposición de ley alternativa y se hizo una enmienda de totalidad al texto del Gobierno y sí se presentó otro distinto como enmienda alternativa al texto del Gobierno. Y no lo digo para recordar la mudable posición de un grupo
parlamentario en la Cámara, sino para poner de relieve que en estos puntos hay mucha doctrina, muchas opiniones e incluso sugerencias, pero al final de lo que se trataba era de hacer una ley acorde con la Constitución, una ley eficaz, una ley que
garantice mejor el principio de presunción de inocencia, que establezca proporcionalidad entre la privación de la libertad y la imputación que se hace y que establezca una mayor protección del Estado de derecho y de la víctima. Así lo ha entendido
la inmensa mayoría de la Cámara que ha aprobado esta iniciativa y así no lo ha querido entender el Grupo Parlamentario Socialista, que de nuevo en este tema quiso votar en contra de esta iniciativa.



En esa reforma se trata de establecer mecanismos que agilicen los procesos judiciales. Hay veces que se dice que se produjo una excarcelación por falta de medios. Yo se lo he oído decir al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en
materia de justicia, como que en Alcoy una juez estuvo cuatro años sin juzgar a un imputado, autoinculpado de tres delitos por falta de medios. Podrá hacer ese debate, ¿pero sabe cuántas causas con un acusado e imputado por delitos en prisión tenía
ese juzgado en esos cuatro años? Una sola causa. Por eso, a esa juez se le ha abierto un expediente disciplinario por parte del Consejo General del Poder Judicial.



Podemos acudir a lo de siempre, que es que faltan medios. Sin embargo, cuando un juez, el titular inicial, está tres años y medio, con una persona que la tiene en la cárcel, esperando un juicio y tiene mal calificado el expediente, creo
sinceramente que no es responsable que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en materia de justicia hable de que en ese juzgado de Alcoy faltaban medios. A lo mejor es necesario exigir responsabilidad, como ha hecho el Consejo General del
Poder Judicial, y también a lo mejor lo que es necesario es que la ley fuera mejor. Y eso es lo que ha hecho el trámite en el Senado de la prisión provisional: que no pueda estar una persona 4 años en la cárcel sin ser juzgado, que cuando pasa un
tiempo de prisión provisional razonable con una causa con imputado preso no pueda ocurrir que la dilación, multiplicación de trámites, genere que trasciendan más de 4 años. En derecho existen, en el ámbito comparado, mecanismos para evitarlo y por
eso se han incorporado en nuestro ordenamiento jurídico, para tratar de agilizar los procedimientos. En este tiempo se ha demostrado que en 15 días se puede condenar a un delincuente que roba, imputado con una condena de hasta 5 años. Se ha
demostrado que eso es posible. Para eso, ¿qué ha hecho falta? Que haya más medios y sean mejor utilizados; que haya más coordinación. Ese es el esfuerzo en el que estamos, señorías.



Hay una segunda línea de actuación, que S.S. también plantea en parte de sus intervenciones: el reforzamiento


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de los medios en la Administración de justicia y, singularmente, lo plantea S.S. en el ámbito de la provincia de Cádiz. Es evidente que hoy nuestra justicia cuenta con más medios de los que contaba hace años. Es evidente que la planta
judicial ha crecido en 5 años en 800 nuevos jueces, lo cual supone un incremento de 800 sobre los 3.400 que había, que lo lleva a 4.200 jueces, es decir, 800 sobre 3.400 es una cifra extraordinariamente importante y abultada. A ese crecimiento de
800 nuevos jueces se añade la profesionalización de 644 plazas de las 3.400 que estaban desempeñadas por jueces no profesionales, por jueces sustitutos. Eso no pasaba en ningún otro sector del Estado. No había médicos en los hospitales operando,
que no hubieran hecho el MIR en los hospitales públicos. No había inspectores de Hacienda, que no sean inspectores de Hacienda. No había abogados del Estado ni diplomáticos, que no sean abogados del Estado o diplomáticos. Y, sin embargo, había
jueces poniendo sentencias que no eran jueces, 644 personas, cada una de ellas muy meritorias sin duda, pero que en su conjunto no habían superado las pruebas de mérito y capacidad. Ese fue uno de los graves problemas de nuestra justicia así
definido y detectado por asociaciones, por sindicatos, por grupos parlamentarios, por el Consejo General del Poder Judicial en su libro blanco que había que remediar. Se ha hecho un doble esfuerzo: creación de 800 nuevos órganos judiciales y plena
profesionalización de esas 644 plazas, lo cual supone, en tan sólo 5 años, 644 profesionalizadas, más 800 nuevas creadas, 1.444 nuevos jueces profesionales. Por eso, este año ha salido una promoción de 298 jueces, la más abundante de nuestra
historia. Eso supone que en todos los juzgados, los titulares, no los que cubrieron la baja por enfermedad o una baja por maternidad, son jueces profesionales, lo cual garantiza sin duda mejor el trabajo de aplicación de las leyes.



Me hablan de medios en la Audiencia Nacional. Soy plenamente consciente de la necesidad de más medios y mejor administrados en la Audiencia Nacional. Precisamente por ser consciente de ello es por lo que cuando presenté los Presupuestos
Generales del Estado en materia de justicia para el año 2004 fijé siete prioridades y una de ellas era hacer un plan de refuerzo, de mejora, de modernización de la Audiencia Nacional. En ese plan -que también es necesario para el Tribunal Supremo-
ya está trabajando el Ministerio de Justicia con el Consejo General del Poder Judicial, con la propia Sala de gobierno del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional porque creemos que es una necesidad. Primero, hemos abordado una agilización de
la justicia en primera instancia en materia penal; era absolutamente imprescindible hacerlo. Ahora, vamos a abordar una agilización de la justicia en la Audiencia Nacional y en el Tribunal Supremo. Si hay más órganos judiciales y si hay un plan
de mejora de la Audiencia Nacional, S.S. también se interesa por la situación en Cádiz.
Todos somos plenamente conscientes que en Cádiz, como en otras zonas de nuestra geografía, la lucha de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la lucha
del ministerio fiscal y la lucha del Estado de derecho, es decir, de los jueces, para combatir el narcotráfico es especialmente relevante e importante. Son necesarios medios, pero ¿de qué sirven policías y de qué sirven fiscales, y de qué sirven
jueces si al narcotraficante o al delincuente se le puede detener, entrar por una puerta y salir por la otra? ¿De qué sirven policías, jueces, fiscales y órganos judiciales si no hacemos una reforma del Código Penal como la que se ha hecho, si no
hacemos una reforma de la prisión provisional como la que se ha hecho? Por eso era necesario reformar el derecho material y el derecho sustantivo y esa es una fórmula eficaz de combatir el narcotráfico, de combatir la delincuencia. También son
necesarios más medios. Por eso en la provincia de Cádiz en estos últimos cinco años se han creado 19 nuevos órganos judiciales frente a los seis que se crearon en el período anterior; es decir, se ha incrementado en un 300 por ciento la creación
de plazas de juez en la provincia de Cádiz en los últimos años.



En cuanto a los fiscales, se han creado 15 nuevas plazas. Aquí el incremento es infinito puesto que desde 1991 a 1996 el número de plazas de fiscales creadas en Cádiz fue de cero. Es cierto que 15 fiscales pueden ser insuficientes, pero es
más infinito que el número de fiscales que se crearon antes en Cádiz, cuando por cierto, señorías, el Gobierno estaba presidido por un presidente distinto del que lo preside desde 1996, en el que se han creado, insisto, infinitas más plazas de
fiscales que las que se crearon con el presidente del Gobierno anterior. Es una manifestación de sensibilidad, es una manifestación de que se pueden crear más plazas. El hecho de que se hayan creado cero entonces y 15 ahora, 19 de jueces ahora y 6
entonces, supone que hay un esfuerzo; esfuerzo que no cae del cielo, sino viene del bolsillo de los ciudadanos.
De lo que se trata es de que los ciudadanos están poniendo más dinero para la justicia, pero también de que se gaste mejor. Por eso
una pieza esencial de gastar mejor esos recursos es el esfuerzo por una mayor coordinación, el esfuerzo por que entre los jueces, los fiscales, los abogados haya una mayor eficacia en la aplicación de la justicia. Una prueba evidente de esos
esfuerzos son los juicios rápidos, que también afectan en buena medida a quienes cometen delitos de menor intensidad. Se llaman de narcotráfico, pero son un modelo que permite agilizar, como ha quedado de relieve esta mañana, el juicio del otro
tipo de delincuencia más grave. El esfuerzo por seguir creando órganos unipersonales en la provincia de Cádiz lo vamos a seguir manteniendo.



Sin embargo, hay un factor esencial a considerar. A partir del primero de enero de 2004 entra en funcionamiento el plan de transparencia judicial.
Se trata de conocer cuánto entra en cada órgano judicial y cuánto


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sale con carácter trimestral. Creo que en la provincia de Cádiz es evidente que se puede reestructurar la planta judicial, se pueden seguir creando nuevos órganos unipersonales, pero también es muy bueno que ajustemos la planta a las cargas
reales de cada órgano judicial. Hay algunos que están muy por debajo de las cargas medias que considera razonable el propio Consejo General del Poder Judicial, hay otros que pueden estar sobrecargados y eso exige un plan de reordenación de la
planta que se podrá poner en marcha cuando se haya cerrado el segundo capítulo del plan de transparencias, es decir, superado el segundo trimestre del año 2004. Para ese plan, lo he dicho esta mañana aquí, lo he dicho en algunas otras
comparecencias, pretendemos crear 300 nuevos órganos judiciales conjuntamente con el Consejo. Algunos si fuere necesario pueden ir a Cádiz, pero también es bueno que los ciudadanos de Cádiz sepan cuánto entra y cuánto sale en cada órgano judicial
para ver cómo redimensionar esta planta judicial.



Finalmente, la petición de comparecencia hace mención a la actuación, tanto de un juez titular de un órgano judicial como de la fiscalía de Cádiz. En ese aspecto, señorías, querría remitirme tanto al informe que ha hecho público el Consejo
General del Poder Judicial como al expediente abierto por la Fiscalía General del Estado y del cual dio cuenta el fiscal general del Estado, el pasado 30 de octubre del año 2003, precisamente en esta sede parlamentaria. Creo que no es el ministro
de Justicia quien debe dar cuenta del funcionamiento de un órgano judicial ni del funcionamiento de un fiscal concreto. El respeto a la autonomía que tienen los fiscales, el respeto a su estatuto, del cual soy exquisitamente respetuoso, me lleva a
no hacer injerencias de ese tipo.
En su día solicité al fiscal general del Estado que se abrieran una investigación y unas diligencias sobre estos hechos. Así se ha hecho, pero saben SS.SS. que el ministro de Justicia no es el inspector jefe ni
puede -no lo consienten la Constitución ni la ley- injerir en el funcionamiento del ministerio fiscal. El ministerio fiscal tiene una autonomía constitucionalmente garantizada, y en ese sentido yo sé que la comparecencia del fiscal general del
Estado es precisamente la forma en la que esta Cámara pide al mismo responsabilidades sobre la actuación del ministerio fiscal en su conjunto.



El señor PRESIDENTE: La comparecencia había sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene el uso de la palabra la señora Romero.



La señora ROMERO LÓPEZ: Agradecemos la comparecencia del señor ministro de Justicia, ya que la Comisión de drogas se ha convertido en la bestia negra y no comparecen los ministros en ella. Esta Comisión se creó por consenso precisamente
porque la política de drogas era una política de consenso, pero después el Grupo Popular decidió que compareciera solamente el delegado del plan nacional para evitar que lo hicieran los ministros para hablar, entre otras cosas, de la excarcelación
de El Negro y de muchos temas cuyos efectos estamos viviendo ahora. Vulnerando el Reglamento de la Cámara, porque es una comisión permanente que se crea cada comienzo de legislatura, le dieron el cerrojazo y aquí nos vemos, porque podríamos
habernos visto desde hace ya mucho tiempo en la Comisión de drogas para haber podido abordar ese tema, pero ni el presidente de la Comisión, que se ha convertido en un fiel servidor del Grupo Popular, ni su grupo han permitido que esta Comisión de
drogas se pueda reunir.



Desgraciadamente, señor Michavila, me temo que las respuestas que aquí nos ha dado no van a ser satisfactorias para la sociedad gaditana ni para la sociedad en general, que está viendo cómo estas noticias referidas a las excarcelaciones de
los narcotraficantes se convierten día a día en un escándalo. Ya no son sólo las últimas de la operación Carro, que han sido las más sangrantes, sino también las anteriores, que nos han llenado todo el verano de noticias en los periódicos a
propósito de la excarcelación del clan Antón y a propósito de la operación Estela, y comenzó el verano hablando de la excarcelación de los capos gallegos ligados a Vioque, es decir, todo este semestre, si no nos remitimos a la situación anterior que
vimos ya con el caso de El Negro.



Es un tema antiguo y al que durante ocho años ustedes no han prestado la atención necesaria, y además no se trata de pequeños narcotraficantes, en el caso de El Negro eran sesenta años, pero en el caso de la operación Carro, según el fiscal,
acumulaban entre todos 250 años de petición fiscal, en fin, casos muy graves y que han generado una gran alarma.
Tengo que decir que a usted no le ha pasado como al ministro Acebes, que extraditaba a narcotraficantes, como el caso de El Greco,
cuando no se encontraban en prisión, estaban ya fugados, pero teniendo en cuenta lo que es de su período le tengo que decir que las declaraciones de jueces y fiscales alarman aún más que lo que pueda estar ocurriendo con los casos concretos, porque
hemos leído declaraciones referidas a que no hay medios suficientes para abordar los grandes delitos de narcotráfico y las estafas inmobiliarias o todos aquellos delitos referidos a corrupción. Me tengo que referir a declaraciones que han salido y
que el señor ministro también ha leído porque lee la prensa que se refiere a sus temas.



Las operaciones de narcotrafico son complejas, y esta complejidad, desde nuestro punto de vista, no ha tenido una respuesta decidida por parte de este Gobierno. No tengo que decirle que algunas de las medidas que ha anunciado y que componen
los ejes de su actuación se han hecho a propósito y con el seguimiento de las directivas europeas. En ese sentido no hemos hecho nada más que adaptar nuestra legislación a lo que es la directiva europea, como se hizo con la orden de búsqueda y
captura en la etapa anterior, y como se hace normalmente cuando hay directivas europeas que así lo aconsejan. Lo que sí es cierto es que el resto de las


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medidas, o bien porque son puntuales, o bien porque todavía no se han puesto en marcha, en absoluto pensamos nosotros que componen el cuadro de medidas que en este momento son necesarias para abordar esta situación.
Una decidida respuesta
exige poner en marcha todos los medios de que dispone la Administración de justicia y seguir la evolución de los instrumentos legales de estos años. Este Gobierno no ha puesto esos medios presupuestarios, y es evidente, porque no hay más que leer
el informe del Consejo General del Poder Judicial en donde se decía que hasta un radiocasete era necesario para escuchar las cintas, porque el que había pertenecía a la secretaria.



Cuando se ponen en evidencia esos datos, que pueden ser simbólicos pero tienen el valor que tienen, la cuestión es grave, y ustedes han puesto la prioridad en los delitos menores, en los delitos de reincidencia, que no ponemos en cuestión,
pero siendo este un problema evidente hay, sin embargo, otros más gordos que son los que afectan al gran tráfico y que no se han abordado. Ustedes no han abordado en serio las medidas que hoy se exigen, no ha sido su prioridad. Han tenido una
retórica que no se corresponde con la práctica política, y no han protegido a los adictos para librarlos del pequeño tráfico al que se ven obligados.



Me ha hablado de la reforma del cumplimiento alternativo. Tengo que decirle que, evidentemente, está el problema al que ha hecho referencia, pero había otras situaciones que podían haberse abordado perfectamente, incluso en la situación en
la que están, y que tampoco se han puesto en marcha. No es que todos aquellos con menos de tres años tuvieran ya la posibilidad de cumplimiento alternativo, sino que usted dice que lo va a mejorar con un plan de desintoxicación, pero ni siquiera en
las anteriores circunstancias, no ya cuando en octubre de 2004 se ponga en marcha esa reforma que anuncia, ese cumplimiento alternativo ha sido real. Difícilmente puede haber credibilidad cuando ni siquiera en las anteriores circunstancias eso se
ha visto.



Tengo que decirle que han reaccionado a golpe de escándalo y de oportunismo político, anunciando medidas que después no se han cumplido y, sin embargo, han dejado en el tintero medidas urgentes y necesarias y vacíos por los que el Estado
español ha sido condenado en Estrasburgo, y a las que también estamos urgidos por sentencia del Tribunal Constitucional, como es el caso de las intervenciones telefónicas.



Se anunciaron nuevas figuras jurídicas acerca de pruebas indiciarias, subasta anticipada de bienes, pero después no se cumplieron. Era la etapa Rajoy y ésta podría haber sido su seña de identidad, pero no se cumplió.
La nulidad de las
pruebas procedentes de las intervenciones telefónicas está a la orden del día y está en el origen de multitud de los escándalos de excarcelaciones. Las recientes de la operación Estela son las últimas que se han vivido en Cádiz, 60 registros, 100
intervenciones, 40 imputados, todos hoy excarcelados. El juez López Marchena está amenazado y el fiscal cuestionado por la sociedad gaditana. Hay procesos que originan diligencias informativas del Consejo General del Poder Judicial e inspecciones
en la fiscalía de Cádiz, a las que ha hecho referencia; primero inspecciones que avalan la actuación del fiscal de Cádiz, después que desautorizan la actuación del fiscal, etcétera; y hay operaciones que no son las primeras, porque ya vienen de
atrás, de actuaciones de grandes operaciones que se han dado en la provincia de Cádiz, como la operación Semilla o la operación Manzanilla.



El resultado de todo este desorden y de toda esta penuria judicial conduce a macroprocesos que no llevan aparejadas graves condenas y excarcelaciones que generan la alarma social. Primero, desde nuestro punto de vista -lo digo porque son
los temas que están sobre la mesa-, en el tema de las pruebas que sucesivamente se ven anuladas. Es el caso de las intervenciones telefónicas y la regulación del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ahí, desgraciadamente (pese a que
el fiscal se refirió a ello en la memoria del año 2000 y pese a que es una necesidad por las sentencias contrarias de Estrasburgo y del propio Tribunal Constitucional de aquí), no han entrado tampoco ustedes, siendo esa la causa de la nulidad de
abundantes juicios por narcotráfico.



En lo que se refiere a la lentitud de la justicia y a la reforma de la prisión preventiva, tengo que decirle que la situación de escándalo por las explicaciones que se han venido dando acerca de este tema en toda la sociedad, no solamente la
generada en Cádiz con el caso Antón, sino la que hemos visto hace poco con la operación Carro, ha sido muy grande, precisamente por la alarma que se genera. En el caso Antón, nueve meses para dirimir si la competencia es del juzgado de Barbate o si
es del de Chiclana, donde se produce el decomiso del alijo. Ninguno de los dos juzgados se quería hacer cargo. La pieza de blanqueo esta vez sí iba separada, no como en el caso de la operación Carro, donde se hablaba de separar las piezas; en
este caso sí fue archivada, y los antones, con gran asombro, en la calle excarcelados por haber cumplido la mitad de la pena. Además son casos que, aunque no tengan la gravedad de los antones, de lo que hemos visto en la operación Carro, porque las
peticiones fiscales en este caso han sido menores, sin embargo el escándalo por la desfachatez de estos narcotraficantes, que en un tiempo se paseaban con leones por la calle, últimamente con Mercedes y que son un auténtico escándalo en la sociedad
barbateña, justifica que la preocupación sea enorme por parte de la sociedad. Que sea la Audiencia, que sea el Tribunal Superior, que sea el Supremo el causante de esta dilación o del retraso, ¿qué le importan al ciudadano estas explicaciones?


Estamos viviendo la etapa de las exculpaciones. Nadie se siente responsable de lo que aquí sucede. Los fiscales reprochan por la carencia de jueces; Cardenal


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reprocha al fiscal especial contra la droga; el presidente de la Audiencia también; en este caso fiscales contra jueces, jueces contra fiscales. La verdad es que estamos viviendo una etapa de un gran escándalo judicial.



Algunas de las afirmaciones que ha hecho, referidas a las medidas que piensa poner en marcha en cuanto a la modificación de la planta judicial, a la petición de nuevos juzgados para la provincia de Cádiz, así como acerca de la creación de
juzgados durante este periodo y la ausencia de jueces en la etapa anterior, hacen que estemos esperando a que haya una mayor especialización en el tema de la fiscalía para la lucha contra el narcotráfico. Hubo una fiscalía que se creó en la etapa
anterior, pero esa fiscalía nunca se ha ocupado exclusivamente de los asuntos contra el narcotráfico, y ha sido una demanda sustancialmente pedida por toda la sociedad. Por eso cuando habla de nuevos fiscales o cuando habla de nuevos órganos
judiciales -y ojalá vengan más a la provincia de Cádiz con la reforma a la que está haciendo referencia- tengo que decirle que, desgraciadamente, han perdido la credibilidad en la sociedad gaditana.
Cuando el señor Robles hablaba de que el Plan
nacional sobre drogas abrigaba un incremento del presupuesto de un 70 por ciento, nada más comprobar las cifras con los años anteriores, con 1985, resultaba que tal incremento no era cierto. Aunque incluso hubiera habido un incremento, como es
natural, porque es así, la sociedad cambia y afortunadamente la evolución económica permite que se puedan afrontar nuevas mejoras y en el campo judicial también, aunque eso fuera así, tengo que decirle que la situación actual que hay en Cádiz no es
sostenible, sea por reorganización, sea por competencia, sea por la razón que sea, que eso no importa a los ciudadanos, porque lo que importa a los ciudadanos es que el servicio de la justicia sea de verdad eficaz, lo cierto es que están demandando
ustedes una policía europea de fronteras pero los decomisos generan procesos y estos procesos no están siendo atendidos. Esa es la razón por la que se pueden dar situaciones como la que hemos visto en el caso Antón, en la que después de nueve meses
la Audiencia Provincial no dirime si es un juzgado u otro el que tienen que ocuparse de eso.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, le ruego que vaya concluyendo.



La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, me quedan cinco minutos porque hemos acumulado las dos comparecencias y corresponden diez minutos a cada una de ellas. Le ruego que me deje terminar porque el turno reglamentario...



El señor PRESIDENTE: Señoría, repito que la ordenación de los debates corresponde al presidente. El hecho de que se hayan acumulado no quiere decir necesariamente que sean diez minutos más otros diez minutos, máxime teniendo en cuenta,
señora Romero, que es un debate completo, con un orden del día completo, en el cual figuran otras iniciativas de su propio grupo parlamentario, con lo cual, aun cuando se hayan acumulado no quiere decir que el tiempo se multiplique para algunos
intervinientes. Usted ya ha sobrepasado con creces los diez minutos y simplemente le estoy pidiendo que vaya concluyendo, cosa que le ruego haga.



La señora ROMERO LÓPEZ: Comprendo, señor presidente, pero siempre es riguroso en los temas que afectan al narcotráfico y desgraciadamente es uno de los problemas que más sensibilidad tiene. Tendré que explicar a la sociedad gaditana que
tampoco aquí en la Comisión de Justicia se puede hablar con libertad de este tema, porque efectivamente cada vez que hablamos está el Reglamento como una amenaza para no poder hablar de la sociedad gaditana y de los problemas que allí se están
viviendo ni de otros problemas que no sólo afectan a la provincia de Cádiz y que desgraciadamente son muy graves.



Señor ministro, no nos ha respondido a pesar de algunas líneas que ha esbozado aquí y que han sido los ejes de su política. No nos ha respondido porque desgraciadamente con las reformas que ha planteado van a seguir produciéndose los mismos
fenómenos; algunas de ellas porque son puntuales y no van al nudo de la cuestión y, otras, las gordas como son las que estado citando, provocan la nulidad porque ni siquiera las ha tocado aquí. Tengo que decirle, por tanto, que se volverán a
plantear estas situaciones.



Es muy curioso que usted se escude en el Estado de derecho.
Desgraciadamente hay cuestiones que no tienen nada que ver con el Estado de derecho y que son su responsabilidad -aunque no las asuma aquí son su responsabilidad-, no solamente la
dotación de medios sino lo que es una política criminal y una prioridad en la lucha contra el narcotráfico, que debe ser el eje sustancial de una política criminal. No ha sido así, no solamente para usted como ministro de Justicia actual sino
tampoco para los anteriores, pues si eso hubiera sido verdad no estaríamos contemplando circunstancias como las que vemos ahora. De eso es testigo toda la sociedad española. Otra cosa es que usted haya hecho esfuerzos puntuales o haya modificado
aspectos importantes del Código Penal referidos a eso. No le negamos que en algunas cuestiones puntuales el propio marco europeo está exigiendo unos avances, pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de entrar en el fondo de algunas
cuestiones que son precisamente las que están provocando las excarcelaciones. Ni las intervenciones telefónicas ni desde nuestro punto de vista la reforma que ha presentado como modificación de la prisión preventiva van a ser acertadas para evitar
los escándalos que hemos vivido. Desgraciadamente, la situación no es para estar satisfechos; si así lo fuera tendríamos que decirle que efectivamente se han puesto


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las líneas y solamente esperaríamos que se pusieran los medios necesarios.
Desde nuestro punto de vista, ni los medios son los necesarios ni las líneas son las acertadas para resolver este problema que estamos viviendo. El problema va a
seguir existiendo y desgraciadamente vamos a seguir viendo esta polémica que se está planteando y que escandaliza a la sociedad española. Oír hablar en su comparecencia como si no existieran estos problemas que hemos planteado y que vamos a seguir
planteando, es hacer un flaco favor a la solución de estos problemas que deberían ser abordados como prioritarios, pese a que también haya habido en la sociedad española, como en toda la sociedad internacional, el problema del terrorismo, que ha
sido un problema fundamental y prioritario a la hora de ser abordado, pero el narcotráfico sigue siendo un problema sustancial y el señor ministro sabe de sobra que si eso no ha sido la prioridad tendrá que serlo en el futuro para que no nos
encontremos con situaciones como ésta, en la que nos escandalizamos por su falta de abordaje.



Señor ministro, muchas gracias y espero que pueda responder a las preguntas que le he hecho.



El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones. Por favor, con brevedad.



El señor MARDONES SEVILLA: Lo haré con brevedad, señor presidente.



En primer lugar, quiero saludar al señor ministro de Justicia. En cuanto a este problema globalizado, mi grupo entiende que a raíz de las decisiones adoptadas en el pacto de Estado por la justicia se ha hecho un avance significativo en
todas estas cuestiones. El problema de fondo estaba en el atasco en los juzgados, el enorme caudal de una serie de enjuiciamientos, de judicialización de procesos que no tenían que ir por lo que se entendía vía ordinaria de acuerdo con la Ley de
Enjuiciamiento Criminal y las leyes procesales. De ahí que se haya establecido la pieza de los juicios rápidos, en la que tienen cabida todos esos delitos o faltas de baja intensidad que entran dentro de una nueva sistemática. Por otro lado, está
el nuevo proyecto de ley de arbitraje para quitar a los juzgados todo ese magma que había de causas judiciales por accidentes de tráfico, etcétera. Ahora bien, un Estado de derecho democrático se caracteriza por la línea garantista de sus leyes, y
la garantía va dirigida no solamente a perseguir al delincuente, sino evitar que el inocente pueda ser castigado por unos procesos de dilación; y aquí está el caso de la prisión preventiva. ¿Que se han dado casos de escándalo, llamativos o de
alarma social? Se dan en todos los países, sobre todo cuando se entra en determinado tipo de delitos donde no son solamente una, dos o tres personas las encartadas en la culpabilidad; son lo que se llaman macrojuicios. Por tanto, si existen una
serie de responsabilidades por aplicación de leyes defectuosas, es el Poder Legislativo el que tiene que corregirlas. En este sentido, comparto lo que ha dicho el señor ministro, que hay una serie de cuestiones aquí planteadas cuya responsabilidad
en la respuesta es del Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de los jueces. O sea, no es una mera asociación benéfica, es un órgano que tiene que disponer esas cuestiones. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa
la presidencia.)


Se ha entrado en el tema de la prisión preventiva, y ahí tienen que estar las garantías para que un inocente no pueda ser sometido a unos procesos dilatorios que vayan en contra de unos derechos constitucionales que existen. Después está la
sistemática con que el ministerio fiscal hace el encausamiento y todo el proceso. Si el fiscal se empeña en llevar treinta piezas, si el fiscal se empeña en que se sienten en el largo banquillo de acusados 30, 40 ó 50 personas, eso está produciendo
unos efectos que no pueden ser imputados salvo que modifiquemos las leyes de enjuiciamiento criminal, como se ha hecho en determinados casos actualmente, o toda la ley procedimental. ¿Es que no recordamos casos que se han dilatado? ¿Qué paso con
circunstancias anteriores, con los códigos que había con el caso Sofico? No hay delitos que puedan ser homologados en cuanto a su origen, génesis y terminación. Entre los delitos procesalmente más complicados que hay están los delitos de
narcotráfico, como el de las grandes estafas inmobiliarias, porque se producen incluso en áreas territoriales extrajudiciales. El delito de narcotráfico en España tiene sus orígenes en países como Colombia o Bolivia de donde sale esa primera
cocaína o droga que llega a nuestro país, donde hay unas mafias internacionales cuyo descubrimiento y evidencia no es tan fácil en un proceso fiscal. No es el clásico crimen o asesinato localizado en los que el juez del lugar dispone de todas las
piezas como en una secuencia cinematográfica. Estos delitos de narcotráfico están en una situación intermedia de los que transportan esa droga hasta que llega a nuestras costas. Está el área de la distribución. Existen diferentes áreas desde el
gran traficante local, hasta el pequeño camello que distribuye la papelina de turno en el ambiente que tenga que vender. Si el ministerio fiscal lleva un macroproceso por unas vías legítimas y legales, las garantías judiciales se alargan en ese
tiempo. Nosotros hemos de tener la sensibilidad para saber cómo podemos contribuir a agilizar todos los procedimientos judiciales. Como ha dicho el señor ministro, nosotros participamos en ello en función del sentido común y de la lógica judicial
de las leyes procesales. Ahora hay que agilizar los procesos judiciales en la medida que siempre se introducen cláusulas garantistas. Esto no es un código militar de juicios sumarísimos, porque entonces habría que decidir qué ponemos como juicios
sumarísimos: por la tarde te juzgo y de madrugada te aplico la pena definitiva. Creemos que tenemos que hacer


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un esfuerzo para mantener, junto a la agilización del proceso judicial, todas las medidas garantistas. En este momento se están cumpliendo, pero adoptar las medidas garantistas a veces lleva a estos efectos de alarma social como
consecuencia de que, cumplidos los plazos de dos o cuatros años, la justicia tiene que poner en libertad a quien no ha sido juzgado.
A todos nos llama la atención -y lo hemos entendido así; también lo ha hecho en estos momentos el señor ministro-
que una persona que no haya sido juzgada después de cuatro años tenga que seguir en prisión, pero, ¿cuál es la solución? ¿Más prórroga de la prisión preventiva? Eso en un Estado de derecho y democrático sería inadmisible. Por tanto, todas las
instituciones que actúan en el proceso -concretamente, el Consejo General del Poder Judicial- deben solicitar al Poder Legislativo y al Poder Ejecutivo aquellas medidas que ellos entiendan que pueden agilizar los procesos. Lo que no puede ser es
que el juez vaya en contra del ministerio fiscal si el fiscal entiende que tiene que sentar en el banquillo a 40 señores; pero juzgar a 40 señores de un clan del narcotráfico -pongamos de los charlines o el que sea- no es lo mismo que juzgar a dos
personas. Por tanto, mi grupo se inclina por la línea que seguimos actualmente: seguir apoyando el pacto de Estado por la justicia y encontrar aquellas soluciones en que lo mejor es enemigo de lo bueno para que se pueda realizar.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Bueso, intervenga con brevedad dada la hora.



El señor BUESO ZAERA: Intervendré muy brevemente.



En primer lugar, quiero decirle a la señora Romero acerca de esa manifestación que ha hecho al principio sobre la Comisión de estudio del problema de la droga, que esa Comisión creo que cumple perfectamente su función. No es la primera vez
que ha hecho la intervención de hoy; ya se la he oído otras veces. En cuanto a esa referencia a hablar con libertad, me parece que tiene toda la libertad del mundo para hablar. En la presentación de su memoria del pasado día 30 de octubre, el
fiscal general del Estado expuso todo sobre la Fiscalía especial para la prevención y represión del tráfico ilegal de drogas.



Entrando en el fondo de la cuestión, el Grupo Parlamentario Popular comparte totalmente lo que ha dicho el señor ministro puesto que la reforma del Código Penal es una reforma importante; es un compromiso que contrajo el presidente del
Gobierno en su discurso de investidura: reformar el Código Penal ofreciendo un método que fue el del rigor jurídico y constituyendo una comisión técnica compuesta por expertos de todos los ámbitos y de las más variadas sensibilidades. Dentro de
esa reforma se contempla todo lo referente al narcotráfico con el endurecimiento de las penas de los narcotraficantes, las reformas para hacer que las sociedades tapadera de los narcotraficantes paguen sus responsabilidades y que quienes venden
droga en los colegios tengan una sanción mucho más firme y más dura. Al mismo tiempo, se persigue que las redes de narcotráfico cumplan con las sentencias y que la prisión provisional se aplique inmediatamente a las redes de crimen organizado, y en
consecuencia a los narcotraficantes. Que también se aplique para que quien vende drogas tenga una sanción más eficaz y más firme. Esto ha quedado reflejado en la reforma del Código Penal que aprobamos hace pocos días, estableciendo la
responsabilidad de las personas jurídicas y por favorecer a los drogodependientes que aprovechan de manera responsable la nueva oportunidad que la sociedad les ofrece y realizan un esfuerzo para rehacer sus vidas. Se debe acudir para ello a
tratamientos específicos que faciliten la deshabituación de las drogas y estupefacientes, en definitiva su reinserción social que es lo importante, es decir ampliando las posibilidades de aplicación de la suspensión de la ejecución de las penas de
prisión y la realización de los programas de prevención correspondientes e incrementando también las garantías de los drogodependientes en la aplicación de las medidas de seguridad de internamiento en un centro de deshabituación.



En lo que respecta a la prisión provisional, y termino con esto, tengo que decir que se ha hecho un esfuerzo importante adaptando al marco de los principios constitucionales la prisión provisional que garantiza a cualquier acusado que no se
le priva de libertad por cualquier causa, atendiendo a que la privación de libertad está sujeta a criterios constitucionales que están bien determinados con arreglo al principio de legalidad; es decir se trata de una reforma obligada por los
principios constitucionales, por la ley y por el pacto de estado; por la ley porque ha sido la Ley de juicios rápidos, precisamente aprobada por consenso de toda la Cámara, la que dijo que en seis meses el Gobierno remitiría a la Cámara el nuevo
proyecto de prisión provisional que hemos aprobado, por el pacto de Estado suscrito en su día y que viene reflejado perfectamente en el punto 17 y también se incorporan los principios de nuestra Constitución vigentes en la jurisprudencia del
Tribunal Supremo. Hay una apuesta clara para que se tengan en cuenta los principios constitucionales de excepcionalidad y de proporcionalidad, por tanto, automatismo, y que haya también una motivación; por consiguiente, una vez que se han cumplido
estos principios constitucionales, se ha hecho un gran servicio a estas dos cuestiones importantes, que nuestro grupo las comparte totalmente.



Nada más.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias por su capacidad de síntesis, señor Bueso.



Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señorías, sólo quiero agradecer la intervención


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y el tono de cada uno de los intervinientes y dar la bienvenida a la diputada, señora Romero, al deseo de cambiar leyes. Me alegro de que quiera cambiar una ley como consecuencia de una sentencia del Tribunal Constitucional, nosotros lo
hemos hecho también como consecuencia del sentido común en muchas de las que hemos cambiado. Es posible que cuando algún portavoz de Justicia de su propio grupo parlamentario oiga esa propuesta que usted hace no esté del todo de acuerdo, pero
también comprendo lo difícil que tiene usted explicar en Cádiz por qué no quiere que al reincidente narcotraficante se le aplique la pena con más firmeza, por qué no desea que se amplíe el decomiso, por qué no quiere que se cumpla la condena del
narcotraficante condenado, por qué ha votado en contra la reforma del Código Penal y de la prisión provisional, comprendo la dificultad que tiene usted para explicarlo, pero esta vez usted se ha puesto del lado de la necesidad de reformar las leyes.
Lo hizo en su comparecencia anterior; la vez anterior usted le decía al secretario de Estado de Seguridad, al señor Astarloa, cuando compareció aquí para hablar de este mismo tema, que hacía falta entrar en el fondo y cambiar las leyes, y cuando
llega el ministro de Justicia no le puede explicar por qué votan en contra las leyes que hemos cambiado; comprendo la dificultad que tienen para resistirse a los cambios llenos de sentido común, además algo que usted ha reconocido al hilo de la
normativa europea que hemos introducido en nuestro Código Penal y en nuestra legislación para luchar con más firmeza y con más medios desde el Estado de derecho contra el narcotráfico. Finalmente, y usted misma lo decía en la comparecencia del
secretario de Estado, se están produciendo cada vez más decomisos de droga, cada vez son más los decomisos que efectuán las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, lo cual quiere decir que son eficaces. Quiero recordar y agradecer las palabras
que dijo en aquella comparecencia el diputado de Convergència i Unió, Manuel Silva, cuando habló del magnífico trabajo que la Fiscalía Antidroga viene realizando desde su creación, en la que ya ha procesado a más de 3.000 narcotraficantes. Sin duda
que el camino en el que vamos a seguir luchando contra el narcotráfico es el de más fiscales y más jueces con mejores leyes.



Una última cuestión: lo que más me cuesta entender es por qué su grupo votó en contra para que a los que venden drogas precisamente en centros de menores, en centros educativos o en centros donde hay discapacitados no se les sancione con
mayor contundencia y con mayor firmeza. Comprendo que el Código de 1995 lo hicieron ustedes, pero también hay que reconocer que se podía mejorar y en ese empeño es en el que hemos coincidido la mayoría de los grupos parlamentarios. (La señora
Romero López pide la palabra.)


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Romero, entienda que la Mesa confeccionó un orden del día de acuerdo con los portavoces, que ese orden del día lo tenemos que cumplir, que son las tres y veinte minutos de la tarde, que a
las cuatro tenemos que terminar y que nos queda por debatir un punto del orden del día. No quiero dejarla sin hacer uso de la palabra, pero por favor entienda mis argumentos y sea muy breve.



La señora ROMERO LÓPEZ: Seré muy breve, señor presidente.



El señor ministro ha aprovechado la comparecencia para hablar sobre las excarcelaciones y sobre la situación de Cádiz para hacer acusaciones referidas a otras medidas contenidas en el Código Penal, que no hemos debatido y que por tanto ahora
no tengo tiempo de refutar. Me parece, no solamente una descortesía parlamentaria y una falta de elegancia del ministro plantear esos temas cuando no tengo oportunidad de refutarlas uno por uno. No esperaba del ministro este comportamiento.



Todo cuanto acaba de explicar acerca de las excarcelaciones, en absoluto satisface a la sociedad gaditana, porque el tema sustancial al que he hecho referencia, no solamente a las modificaciones de la prisión preventiva, que no van a servir,
y no lo digo yo, lo ha ratificado el presidente de la Sala de la Audiencia Nacional y lo saben los jueces, porque ponen como prioridad siempre a los preventivos y si no hay medios, esa medida no servirá para nada; además, tampoco abordaba el tema
de la nulidad de las operaciones policiales y de los procesos que se derivan de las intervenciones telefónicas, que sabe es el núcleo sustancial y una de las medidas más urgentes que hay que tomar. Echar balones fuera y hablar de otras cuestiones
que se pudieran haber debatido en el Código Penal y que puedan hacer referencia colateralamente al tema narcotráfico está bien, pero señor ministro estabámos hablando de excarcelaciones y de situaciones producidas no solamente en la provincia de
Cádiz sino en las recientes de la operación Carro, etcétera. Señor ministro ahí no nos ha dado la respuesta, y desgraciadamente no tengo la posibilidad ahora mismo de refutarle, con el breve tiempo que me ha correspondido, las anteriores
declaraciones.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Bueso.



El señor BUESO ZAERA: La señora Romero ha sido contestada por el señor ministro con toda cordialidad, con toda rigurosidad y dentro de lo que es la materia propia de las comparecencias. (El señor Barrero López: Habla del ministro, no
digas nada más.) Otra cosa es que haya estado atenta o no y que haya llevado el discurso escrito, pero creo que se ha ajustado perfectamente, en opinión de este grupo, a esa cuestión.



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El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Solo intervengo para manifestar mi sorpresa ante las palabras de la señora diputada del Grupo Parlamentario Socialista, porque el orden del día dice que el ministro de Justicia informe de la
necesidades de nuevos juzgados en la provincia de Cádiz, así como de las necesidades derivadas para seguir luchando contra el narcotráfico. Es evidente que el ministro de Justicia, el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Vasco, consideraban que para luchar contra el narcotráfico no solo hacen falta más jueces y más fiscales, sino también que el reincidente lo pague más caro,
que se luche con más firmeza con el Código Penal y que el narcotraficante cumpla las condenas. Eso es evidente incluso para su propia señoría; pero no tengo ninguna duda que es evidente sobre todo para la provincia de Cádiz, que somos muy
inteligentes y entendemos las cositas muy fácilmente. Usted puede ir a explicar a Cádiz lo que quiera, con el crédito que usted quiera, señoría, pero de lo que yo no tengo ninguna duda es de que el 85 por ciento de los ciudadanos de Cádiz querían
esta reforma del Código Penal que usted ha votado en contra. Si usted cree que esto va contra el narcotraficante, no entiendo cómo no explica en cualquier sitio por qué ha votado en contra, porque son medidas que están en el órgano del proyecto.



El señor BARRERO LÓPEZ: No enrede. Hagamos el debate. Está haciendo un debate que no procede. Vamos a hacerlo así, no con trampas ni enredos, como hace el ministro. Si quiere el debate del Código Penal que vaya al Pleno, que por cierto
no estuvo para poder escuchar.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor Barrero, no se irrite, no tiene motivos. Comprendo que es tarde, estamos sin comer, pero el tema no es para tanto.



- _EL PROYECTO DEL GOBIERNO DE AMPLIAR LAS COMPETENCIAS DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001378.)


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al último punto del orden del día, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista para que el ministro informe sobre el proyecto de Gobierno de ampliar las competencias de la
Fiscalía Anticorrupción.



A esos efectos, tiene la palabra el señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señorías, comparezco a petición del Grupo Parlamentario Socialista para informar en relación con una iniciativa que hice pública el día 17 de agosto, que mantengo, y que reiteró el fiscal
general del Estado, sobre la Fiscalía Anticorrupción, que viene realizando un magnífico trabajo en la lucha contra la corrupción. La prueba es que, cuando se creó, en el año 1995, la corrupción era el gran drama y la gran preocupación de los
españoles, y hoy, en el año 2003, la corrupción ha pasado a ser uno de los últimos problemas de los ciudadanos, sin perjuicio de que allí donde exista se combata con toda firmeza y con toda eficacia, incluso con un Código penal como el que acabamos
de renovar con mucha más contundencia, es evidente que el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción y el trabajo de la sociedad española está siendo eficaz. Hoy, la corrupción no es la gran preocupación que era en el año 1995, que fue precisamente el
motivo por el que se creó la Fiscalía Anticorrupción, como se reconoció en el debate parlamentario de creación de la misma. Hoy, según el informe Greco, el nivel de cumplimiento en la lucha contra la corrupción en España está puntuada en un 80 por
ciento, frente al 45 por ciento de Luxemburgo, el 79 por ciento del Reino Unido y otros países que tienen una puntuación muy por debajo. El último informe Greco, aprobado el 17 de octubre de 2003 por el grupo de Estados contra la corrupción del
Consejo de Europa, da una magnífica valoración de la lucha contra la corrupción que se sigue en nuestro país, siendo el único de la Unión Europea que tiene una Fiscalía Anticorrupción. Además, el informe Greco señala singularmente la aprobación de
la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre el régimen jurídico de los movimientos de capitales y transacciones económicas con el exterior, así como medidas de prevención del blanqueo de capitales. Tanto en el campo institucional, en el campo de la
prevención, en el campo de la concienciación y en la formación inicial y continuada de los funcionarios en la lucha contra la corrupción se hace un informe favorable del informe Greco, así como en la propia Fiscalía Anticorrupción, cuyos miembros
han crecido el 30 por ciento desde su creación en el año 1995. El número de fiscales con que se creó era de 8 y hoy es de 11. Estas son las razones por las que el buen funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción aconseja -a juicio del ministro de
Justicia- conservarla y mantenerla, pero también entiendo -y así lo comparten el fiscal general del Estado y el titular de la Fiscalía Anticorrupción-, que esa Fiscalía puede ser idónea, como lo fue en su momento para luchar contra la delincuencia,
el principal delito que se producía en nuestra sociedad, para luchar contra el principal delito que se produce hoy que es el crimen


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organizado. Hoy tiene lugar el crimen organizado y las redes provenientes, muchas veces, de países del Este, algunas de ellas dedicadas al narcotráfico y la mayoría dedicadas a esa nueva esclavitud que creíamos había desaparecido en el
siglo XVI y que aparece hoy con extraordinaria gravedad en nuestras sociedades, que es la explotación de seres humanos, el tráfico ilegal de personas, la explotación sexual de mujeres y niños en situaciones de ignominia dedicados al comercio sexual,
el tráfico de armas, las redes de blanqueo de capitales que financian también redes de piratería que vulneran los derechos de la propiedad intelectual, con el consiguiente perjuicio para un país como España, que es una gran potencia cultural, de
creación de artistas, generación de literatura, etcétera.
(El señor presidente ocupa la Presidencia.)


Es una evidencia que el crimen organizado en nuestro país procede en determinadas ocasiones de ámbitos paramilitares o parapoliciales de las antiguas repúblicas soviéticas que se han instalado con una capacidad extraordinariamente intensa,
manejando sistemas de trabajo, metodologías, redes de información, contactos, instrumentos delictivos y de ocultación de la realización del delito singularmente sofisticados, para tratar de huir de la persecución policial. Por eso, parece una
evidencia que así como la Guardia Civil y la Policía Nacional, de manera eficiente, se han especializado en establecer unidades de combate del crimen organizado, lo haga el ministerio fiscal. Una de las prioridades del ministerio fiscal ha sido la
especialización. Por eso impulsamos fiscalías para la lucha contra los delitos medioambientales, fiscalías especializadas en temas de menores, fiscalías especializadas en materia de droga, fiscalías especializadas en delitos relativos a asuntos
laborales y también, por supuesto, hay que especializar a la Fiscalía en la lucha contra esta nueva y agresiva forma de delincuencia que es el crimen organizado. Me parece una iniciativa de sentido común y vamos a poner en marcha un proceso de
reflexión. Se ha encargado al propio titular de la Fiscalía Anticorrupción que, junto con el titular de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, evalúe cuáles son los elementos de cambio. La Secretaría Técnica de la Fiscalía General trabajará
conjuntamente con ellos y cuando reciba el primer informe tendré sumo gusto en trasladarlo a los grupos parlamentarios, en dialogar con todos y hacer la oportuna reforma legislativa para crear un instrumento que, habiéndose demostrado idóneo en la
lucha contra la corrupción, también pueda serlo en la lucha contra estas nuevas formas de delincuencia.



Muchas gracias, señorías.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.



El señor LÓPEZ AGUILAR: Con toda brevedad, señor presidente.



Una constante del estilo de gobierno del Partido Popular, que cada día se hace más insoportable a la sensibilidad democrática que expresa el Partido Socialista y su grupo parlamentario, es la negación de la realidad, su enterramiento bajo
una retórica no solamente hinchada de fatuidad sino de negación de la realidad, bajo el conjuro de intentar desactivarla o hacerla desaparecer emitiendo continuamente mensajes en abierta, patente y flagrante contradicción con los datos que se ponen
manifiesto todos los días.



Vamos a hablar de corrupción y de lucha contra la corrupción, y vamos a concretar, porque la corrupción puede aludir a una fenomenología específica, la de la desviación de poder a cambio de dinero, pero también a una fenomenología de
carácter más amplio, que es lo que justifica la incardinación de una fiscalía especializada en la estructura orgánica del ministerio fiscal, la que se refiere a la delincuencia económica y, en particular, a la delincuencia económica que se realiza
de modo organizado. Hay datos que ponen de manifiesto que, en España, la delincuencia económica, lejos de disminuir, rampa; lejos de desaparecer, y por más que la propaganda del Partido Popular quiera enterrarla y la haya hecho desaparecer de las
preguntas expresas con respecto a las preocupaciones de los españoles, asciende y registra incrementos espectaculares en los años de gobierno del Partido Popular. Así queda reflejado en las sucesivas memorias de la Fiscalía y en todos los datos que
tienen que ver con el comportamiento de nuestra economía en los últimos años. En tiempos muy recientes la Asociación de Inspectores de Hacienda ha puesto sobre la mesa el dato -y, como es fácilmente perceptible, la fuente no es sospechosa de
filosocialismo- de que en cada una de las legislaturas en que ha gobernado el Partido Popular el fraude fiscal ha crecido en torno a 6.000 millones de euros, un billón de las antiguas pesetas, y lo hace aprovechando los intersticios de al menos 14
modalidades de fraude fiscal y de evasión organizada, auspiciadas bajo reformas legislativas patrocinadas por el Partido Popular.



En segundo lugar, tenemos el dato, la evidencia de que, habiendo crecido la economía española, y consiguientemente el nivel medio de riqueza de los españoles, en España, en el año 2000, sólo 180.000 personas declaran ingresar más de 72.000
euros al año; es decir, más de 12 millones de las antiguas pesetas. ¿Es creíble este dato? ¿Resulta imaginable que en España sólo 180.000 personas ganen un millón de pesetas mensuales? Es sencillamente absurdo. El solo hecho de que los poderes
públicos no estimulen la lucha contra el fraude, contra ese volumen de dinero negro, sino que, por el contrario, todos los indicadores señalen que los gobiernos del Partido Popular obstaculizan, de manera deliberada y constante, cualquier
investigación seria de esos fenómenos, nos pone en alerta sobre la realidad del incremento en España de la corrupción y de la delincuencia económica.



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En tercer lugar, hay en España una economía sumergida rampante, que compite ya con la de Italia: en torno al 25 por ciento del producto interior bruto. Un 9 por ciento del empleo es empleo negro, sumergido; empleo no regularizado ni
legalizado. Sobre todo, hay un volumen de efectivo, de billetes y monedas en circulación, que asciende nada menos que al 9 por ciento del producto interior bruto, y que duplica, por tanto, la media del dinero que circula en manos de particulares en
la Unión Europea. En plata esto quiere decir que, como media, cada español guarda en su domicilio o lleva consigo en torno a un millón de pesetas en efectivo. Es un dato que resulta absolutamente inaceptable y que nos obliga a aclarar
inmediatamente que debemos de ser casi 40 millones los españoles que apenas llevamos 10.000 ó 15.000 pesetas en el bolsillo, mientras que una reducida minoría de unas 300.000 ó 400.000 personas, que actúan impunemente al amparo de las reformas
legislativas promovidas por el Partido Popular, almacena cantidades multimillonarias de dinero negro, que no se investigan en absoluto.



Frente a eso, tenemos una institución, en efecto, que no es obra ni iniciativa del Partido Popular, sino del compromiso en la lucha contra la corrupción de un gobierno presidido por un socialista: la Fiscalía Anticorrupción, que emerge en
nuestro ordenamiento en 1995 -Ley 10/1995-, y que está dirigida, junto con otras iniciativas y otras medidas, a potenciar el instrumental del Estado de derecho en la lucha contra la corrupción. Tenemos también una severa Ley de incompatibilidades
de altos cargos, también de 1995, y un Código Penal -también de 1995- que contiene una amplia batería de tipos penales, dirigidos precisamente a crear un marco represivo suficiente contra todos los fenómenos de desviación de poder: el abuso de
poder del funcionario público, la malversación de caudales públicos, el tráfico de información privilegiada y, por supuesto, el cohecho, que es la forma de corrupción por excelencia. Y, desde que se pusieron en marcha estas iniciativas, durante los
últimos años de Gobierno presidido por un socialista, ¿en qué sentido han caminado las mismas bajo gobiernos ya del Partido Popular? En un sentido negativo, claramente regresivo, como pone de manifiesto la acumulación de denuncias del
desmantelamiento, de la operación de erosión, de sus capacidades y funcionalidades que ha venido haciendo el conjunto de la Fiscalía -de manera particular, la Fiscalía Anticorrupción- y todos los analistas del sistema.



Para empezar, está la obra legislativa del Partido Popular. Tenemos una reforma legislativa, promovida por la mayoría absoluta del Partido Popular, que explica por qué los socialistas no hemos votado favorablemente todas esas expresiones
laterales -que no centrales- de esa auténtica contrarreforma penal promovida, repito, por la mayoría absoluta del Partido Popular. Usted ha preguntado aquí retóricamente, en un buen número de ocasiones esta mañana: ¿por qué no votaron ustedes
estas reformas del Código Penal? Se lo voy a explicar. Porque iban en paquetes; en paquetes, con reformas tan infames como la que se traduce en la elevación del umbral económico para tipificar el delito fiscal, el fraude de subvenciones, el abuso
de información privilegiada, el tráfico bursátil, o la doble contabilidad. Y no sólo con estas, sino también con otras manifestaciones más difíciles de explicar con la cara alta y ante la opinión pública, como la benignidad en el tratamiento penal
de la delincuencia ecológica, de los atentados por caza abusiva o de los atentados contra especies protegidas, además del fraude fiscal, naturalmente, de los delitos contra la Hacienda pública. So pretexto de traducir de pesetas a euros las
cantidades, en realidad se ha elevado de forma espectacular el umbral económico para tipificar el delito. Además, se hace con efecto retroactivo, lo que quiere decir que es un mandato de archivo automático, promovido por la mayoría absoluta del
Partido Popular, de tantas y tantas diligencias y causas penales abiertas por hechos hasta ahora constitutivos de delito, y que, a partir de la reforma, no lo constituyen ya, lo cual lanza un mensaje no solamente de tolerancia altísima completamente
contradictorio con el de tolerancia cero y de comprensibilidad con los grandes defraudadores de impuestos y con los delincuentes fiscales solo comparable al tratamiento que en la Audiencia Nacional y bajo la jefatura de Eduardo Fungairiño se ha
promovido a ese caso flagrante de delincuencia fiscal contra la Hacienda pública española que estaba siendo investigado en la persona del primer ministro de Italia Silvio Berlusconi, amigo del presidente del Gobierno José María Aznar. Por eso no
hemos votado la reforma del Código Penal, porque bajo la cobertura retórica de un endurecimiento contra la pequeña delincuencia, contra el caco de toda la vida...



El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, le ruego vaya concluyendo.



El señor LÓPEZ AGUILAR: ... se está poniendo en marcha una operación de benevolencia, bonificación y beneficio de los grandes delincuentes económicos en este país, que nos dice cuál es la verdadera prioridad del Gobierno en la lucha contra
la corrupción. Lo pone de manifiesto todo lo que ha sucedido en la Fiscalía Anticorrupción so pretexto de una reforma clavada en los principios del pacto de la justicia, por el cual la limitación de mandatos en la jerarquía fiscal se vinculaba a
criterios de rendimiento, calidad, asunción de responsabilidades, en realidad se ha procedido, como era pronosticable, a un desmantelamiento de los fiscales más incómodos y desde luego del titular del la Fiscalía Anticorrupción, que había denunciado
con energía que junto con esa modificación venían otras que perjudican enormemente la credibilidad de la lucha contra la corrupción en España, el mandato de informar a los investigados, lo cual es poco menos que una


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invitación a que se pongan en guardia contratando los servicios jurídicos a su alcance para pertrecharse contra cualquier investigación penal que pueda perjudicarles. La inversión del principio de autonomía funcional con que viene operando
el ministerio fiscal en nuestro país, por el cual el fiscal no investiga los hechos que parecen delito sino que de acuerdo con su propia iniciativa sólo detiene esa iniciativa en caso de recibir una reconvención objetable de legalidad, de acuerdo
con el artículo 27 del estatuto orgánico del ministerio fiscal, por parte del superior jerárquico de la estructura del ministerio fiscal, que es el fiscal general del Estado; se ve obligado a obtener autorización expresa para poder investigar la
delincuencia económica. Y lo más importante, la limitación a seis meses del periodo máximo de investigación de los delitos económicos, cuando es notorio y todo el mundo lo sabe...



El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, vaya concluyendo.



El señor LÓPEZ AGUILAR: ... que en ese tiempo no resulta creíble proceder a una investigación ni mucho menos completarla en términos de presentar una carpeta completa a la instrucción y consiguientemente a la eventual apertura de un juicio
oral por delincuencia económica, fiscal, mercantil o societaria. Todo esto en combinación naturalmente con la falta de medios denunciada por la Fiscalía Anticorrupción, por el entorpecimiento sectario de los expedientes que han afectado siquiera en
séptima derivada a personas próximas a los aledaños del poder del Partido Popular y que han hecho de las investigaciones en los casos Alierta, Berlusconi, Telefónica, Matas, Piqué, Ertoil, Asamblea de Madrid, monumentos de desigualdad ante la ley,
casos que huelen de forma palmaria a delincuencia económica que han sido obstaculizados y entorpecidos por un fiscal general del Estado al servicio del Gobierno, consagrando de forma obscena esa desigualdad ante la ley que expresa el contraste de su
comportamiento en el caso de la Asamblea de Madrid respecto de cómo se comportó en la investigación del caso de transfuguismo que dio la mayoría al Gobierno del PP...



El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, le ruego que concluya de una manera efectiva.



El señor LÓPEZ AGUILAR: ... ponen de manifiesto cuál es la verdadera orientación de la política criminal del Gobierno en materia de lucha contra la corrupción. Y a este respecto no puedo terminar sin formularle una pregunta, lógicamente
apretado por el tiempo y dando por hecho que ese informe Greco saca los colores al Gobierno por mucho que, usando de los instrumentos de propaganda a su alcance, haya pretendido hacerlo pasar por lo contrario, denunciando cómo España incumple los
objetivos de ese programa del Consejo de Europa al no haber suscrito los convenios de lucha contra la corrupción ni en el orden penal ni en el orden civil y estando por tanto en un vergonzoso furgón de cola con los países menos comprometidos en la
lucha contra la corrupción de todo el Consejo de Europa. Obviando eso, y apremiado por el tiempo, le formulo una pregunta: ¿Es o no es un ejercicio de política criminal y de responsabilidad política hacer de la política de indultos en materia de
corrupción un instrumento de ejemplarización de la vida pública en España? A ese respecto, ¿cómo explica el ministro que lleve más de dos años en tramitación, pendiente de resolución por el Consejo de Ministros, el expediente de indulto solicitado
por Dimas Martín, actual presidente del Cabildo de la isla de Lanzarote con los votos del Partido Popular, condenado multirreincidente por corrupción y sobre el que pesan todavía importantes procesos penales abiertos por corrupción, cohecho y
malversación de caudales públicos? ¿Es o no es el hecho de que el Gobierno no haya dado...?


El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, se entiende por concluida su intervención.



El señor LÓPEZ AGUILAR: En el compromiso en la lucha contra la corrupción, el caso de Dimas Martín es un ejemplo más de la hipocresía que inspira la actuación política del Gobierno...



El señor PRESIDENTE: Señor López Aguilar, se entiende por concluida su intervención. Ni siquiera va a poder tener todo el tiempo necesario que el señor ministro necesitaría para contestar, dado que a las cuatro tiene que concluir
necesariamente esta sesión.



Señor Bueso, por favor, con la mayor brevedad, sobre todo para dejar tiempo para que sea el ministro el que conteste.



El señor BUESO ZAERA: Por supuesto. Simplemente voy a decir lo que dije en la comparecencia del fiscal general del Estado el pasado día 30 de octubre. Este es un discurso idéntico, mimético, solamente cambiando de actor -fue el señor
Barrero el que intervino, y por supuesto no se quedó tampoco luego a la contestación del fiscal general del Estado-: discurso catastrofista y desde el resentimiento. Me parece lamentable que el señor López Aguilar haya hecho este discurso desde el
catastrofismo y la más absoluta radicalización, porque no se puede decir bajo ningún concepto que se ha desmantelado la Fiscalía Anticorrupción, porque eso en absoluto es cierto.



En lo que hace referencia al informe Greco, en la Fiscalía especial dijo el que entonces era fiscal anticorrupción: considero que esta Fiscalía especial dispone de recursos materiales y humanos suficientes para el ejercicio de su función,
etcétera.



No quiero entrar en más cuestiones, porque creo que es el señor ministro de Justicia el que tiene que contestar.



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El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia, tiene la palabra.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Quiero agradecer al portavoz de justicia del Grupo Parlamentario Socialista su intervención y el tono de la misma. Querría contestar a ella resumiendo en tres ejes lo que entiendo que ha
sido su intervención. El primero es que en torno al indulto de Dimas Martín está o no la credibilidad de la política del Gobierno en la lucha contra la corrupción. El segundo es una línea que le agradezco extraordinariamente, y es que no ha
mencionado para nada la propuesta de que hagamos una fiscalía en la lucha contra el crimen organizado, con lo cual, al ser ese el motivo de la comparecencia y no haberlo mencionado, entiendo que le parece correcto, satisfactorio y oportuno que haya
más medios, mejores instrumentos de nuestro Estado de derecho para luchar contra el crimen organizado, y además lo esperaba de S.S. Me parece de sentido común que la Fiscalía que se ha especializado en la lucha contra la corrupción, contra la
droga, en delitos contra el medio ambiente, también se especialice en la lucha contra el crimen organizado.



En tercer lugar, la reflexión sobre la corrupción, el fraude y la realidad. Empiezo por la primera cuestión. Si usted cifra lo que es la lucha contra la corrupción en ese expediente, la verdad es que tanto en esto como en lo demás usted va
a estar de acuerdo conmigo en valorar mejor a este Gobierno que al del año 1995, que creó la Fiscalía Anticorrupción, porque el viernes pasado el Consejo de Ministros desestimó la petición de indulto que esa persona venía haciendo, igual que
desestimó hace dos semanas otras peticiones de indulto, por entender que no hay que dar privilegios y que la ley es igual para todos, por lo cual creo que usted, que había puesto el listón, a su modo de ver, muy alto a la política del Gobierno,
ahora estará conmigo en que el Gobierno ha hecho lo que le corresponde hacer.



Usted empieza su intervención diciendo: el Partido Popular tiene un problema, y es que niega la realidad; ustedes niegan sistemáticamente la realidad, se instalan en una realidad que no existe. Usted ha hecho aquí otro intento, que es
tratar de convencer, no sé si al ministro de Justicia, a los oyentes, a los medios de comunicación, al resto de los portavoces o a su propio grupo parlamentario, no sé a quién, de que la realidad es que hay muchísimo más fraude ahora que en el año
1995, que ahora hay más corrupción que en el año 1995. Usted siga en ese esfuerzo de convencer a la sociedad de que hay más corrupción que en 1995, yo creo que es un esfuerzo estéril, porque esa no es la realidad. La realidad es que hoy hay menos
corrupción que en el año 1995. No quiero entrar en nombres y apellidos de procesos, de expedientes, de aquello que cada mañana nos escandalizaba a ustedes mismos y a todos los españoles en los años 1994 y 1995. No quiero entrar en aquellos
escándalos que generaron el debate parlamentario en el que concluyó la creación de una fiscalía contra la corrupción y no voy a hacerlo por elegancia y porque además me gusta mirar al futuro y seguir construyendo una España en la que quepa el
diálogo, la convivencia y en la que además luchemos contra la corrupción allí donde la hay -afortunadamente ahora hay mucha menos que la que había en 1995- y también contra otra cosa que es muy distinta, que es el fraude. Creo que usted ha
equivocado la interpelación y no es al ministro de Justicia. El tema del fraude no es el tema de la Fiscalía Anticorrupción y si lo es no castigue tanto al anterior titular porque hace sólo dos meses que cambió el titular y menuda escena ha pintado
usted. En estos momentos los españoles cumplen con la ley mejor que antes. De los casi cuatro millones de contratos de trabajo que se han realizado, muchos han sido porque antes el trabajador no tenía siquiera Seguridad Social; si han aflorado
hoy cuatro millones de contratos es porque se han creado muchos puestos de trabajo, pero también porque había mucho trabajo en un mercado sumergido y hoy se han creado las condiciones para que esos trabajadores tengan el elementalísimo derecho de
que se cotice por ellos a la Seguridad Social, si trabajan. Por eso estamos en 16.300.000 cotizantes a la Seguridad Social, frente a los 12 millones del año 1996.



Esa es, señorías, la realidad. Ustedes creen que la realidad es otra. La verdad, no quiero insistir mucho, pero me dicen que ahora hay muchos casos y su realidad es que el Grupo Parlamentario Socialista, don Diego López Garrido y otro
jurista presentaron una demanda al Tribunal Superior de Justicia de Madrid por una trama inmobiliaria que era el mayor escándalo después del 23-F en este país y no ha sido la Fiscalía la que ha echado eso para atrás, sino que ha sido el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid; los jueces, un tribunal independiente fue quien dijo que no veía ahí indicios de corrupción y si ustedes los encuentran y los tienen, preséntenlos y presenten la demanda. Lo que pasa es que ya lo hicieron una vez y
perdieron; recurrieron y volvieron a perder. Un poco de respeto a los tribunales y también al ministerio fiscal. No voy a insistir, pero para ustedes la realidad, en relación con la Asamblea de Madrid, era que no llegaría a presidente del
Gobierno quien no ganara las elecciones de Madrid y cuando se producen las elecciones en Madrid, su realidad es decir: No hemos ganado, pero estamos más cerca de La Moncloa.



Con esas realidades comprendo lo difícil que es vivir en la realidad. La realidad hoy es que tenemos que seguir trabajando por resolver muchos problemas, que vamos a seguir dando a nuestro Estado de derecho instrumentos para luchar contra
el fraude allí donde se produce, que creo que nuestra Fiscalía tiene que tener instrumentos más eficaces para luchar contra el crimen organizado y esa realidad es la de que, con cierta modestia, pero con mucho trabajo y desde luego con


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mucho diálogo, vamos a seguir tratando de mejorar nuestro Estado de derecho.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



Señor López Aguilar, tiene usted un minuto para intervenir.



El señor LÓPEZ AGUILAR: Creo que la intervención del ministro confirma, punto por punto, lo que describí en mi primera intervención. Pongo sólo un ejemplo. Señala como confirmación de sus tesis el episodio del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid. Exactamente, un voto particular que indica cuánto hay de relevante para el derecho penal indiciariamente en esa trama que merece ser investigado; pero tres votos, incluido naturalmente el del magistrado que suscribió el voto
particular, que invitan a la Fiscalía Anticorrupción a tomar la iniciativa y que señalan que es materia para la Fiscalía Anticorrupción tomar la iniciativa y es la Fiscalía, lógicamente, la que recibe la instrucción del fiscal general del Estado de
no actuar, en un monumento de desigualdad ante la ley.
Efectivamente, la lucha contra la corrupción requiere un Gobierno que se comprometa y hubo un gobierno en el año 1995 que creó la Fiscalía Anticorrupción, un Código Penal severo, una Ley de
incompatibilidades severa, todo lo cual ha venido siendo desmochado y deteriorado bajo los gobiernos del Partido Popular. Pero requiere también jueces activos y fiscales en disposición de investigar con autonomía. Las reformas orgánicas del
Ministerio de Justicia sobre el Estatuto orgánico del ministerio fiscal hacen imposible que la lucha contra la corrupción en este país merezca la más mínima credibilidad.



El señor PRESIDENTE: Señor ministro.



El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Yo no esperaba de la oposición credibilidad, sobre todo cuando la oposición misma ha puesto el listón de credibilidad en un indulto, se le ha dicho que se ha denegado y no ha sido capaz de
mencionar nada sobre ese tema. Sí que la pongo en el Consejo de Europa, en el grupo de Estados contra la corrupción que ha evaluado el informe Greco del 17 de octubre de 2003 y sitúa a España muy por encima de otros países de la Unión Europea en el
cumplimiento de objetivos de lucha contra la corrupción. Me parece un magnífico informe, es muy satisfactorio para España y también estoy convencido de que, a pesar de estar en la oposición, les satisface ese informe satisfactorio, entre otras
cosas porque se evalúa el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción desde el año 1995 hasta el 17 de octubre de 2003.



Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.



Sin más, agradeciendo su presencia, damos por concluida la sesión.



Eran las cuatro de la tarde.