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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 873, de 13/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 873
MEDIO AMBIENTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO
Sesión núm. 51
celebrada el jueves, 13 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la responsabilidad por atropellos de especies cinegéticas.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001900.) ... (Página 27712)
- Para regular la responsabilidad en caso de atropello de especies cinegéticas en accidente de tráfico. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió). (Número de expediente 161/001799.) ...
- Sobre los pasos marítimos de Poio (Pontevedra). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002161.) ... (Página 27718)
Preguntas:
- Del señor Contreras Pérez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre recuperación de la playa de la Fabriquilla en Almería. (Número de expediente 181/003928.) ... (Página 27721)
- Del mismo señor diputado, sobre ejecución de las actuaciones en el anexo II de inversiones del Plan Hidrológico Nacional para la provincia de Almería (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
(Número de expediente
184/062058.) (Número de expediente 181/003929.) ... (Página 27724)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Aguas y Costas (Fernández Martínez) para informar sobre:
- El servicio de abastecimiento en alta de la comarca de El Condado, en la provincia de Jaén. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/001094.) ... (Página 27726)
- Los reiterados cortes en el abastecimiento en alta que ha sufrido en agosto la comarca de El Condado, en la provincia de Jaén, y sobre la consideración para su declaración como obra de emergencia por parte del Gobierno debido al estado tan
lamentable en que encuentra esta red en alta que gestiona la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001627.) ... (Página 27726)
- Los trámites administrativos de la presa de Castrovido en Burgos. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001820.) ... (Página 27732)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- RELATIVA A RESPONSABILIDAD POR ATROPELLOS DE ESPECIES CINEGÉTICAS.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001900.)
- PARA REGULAR LA RESPONSABILIDAD EN LOS CASOS DE ATROPELLO DE ESPECIES CINEGÉTICAS EN ACCIDENTE DE TRÁFICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/001799.)
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Medio Ambiente.
Como ya saben todos los portavoces con los que contacté a principios de semana, el orden del día de la Comisión ha sufrido dos modificaciones: la primera en lo que se refiere a la hora de inicio, que pasamos de las once a las doce y la
segunda en el orden estricto de los debates pues, primero examinaremos las tres proposiciones no de ley del orden del día y a la una comparecerá el secretario de Estado de Aguas y Costas para responder a las preguntas pendientes y efectuar las
comparecencias. El retraso se produce por un viaje ineludible que ha tenido que hacer esta mañana.
Vamos, en primer lugar, a debatir las proposiciones no de ley. Hay una del Grupo Popular, relativa a la responsabilidad por atropello de especies cinegéticas, otra en el mismo sentido, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
así como otra del Grupo Socialista sobre los paseos marítimos de Poio, Pontevedra. Teniendo en cuenta que tanto la del Grupo Popular como la de Convergència tienen un texto parecido, que el tema es el mismo y que la primera que se presentó fue la
del Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó el mes de noviembre del año pasado, hace prácticamente un año, la proposición no de ley que ahora vamos a debatir, siendo
calificada en su momento para su trámite en la Comisión de Justicia e Interior. Lamentablemente se ha producido una dilación de un año, circunstancia que este portavoz lamenta porque hubiera sido muy interesante poder discutir este asunto en otro
momento.
Hoy tenemos ocasión de debatir esta proposición no de ley en la Comisión de Medio Ambiente. Posteriormente a la presentación de esta iniciativa parlamentaria el Grupo Parlamentario Popular, al cabo de un mes y medio, presentó en el
registro de esta Cámara una iniciativa similar, como
decía la presidenta con un contenido parecido, con lo que se ha acumulado su debate al de la presente iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán.
Ante la problemática que se deriva de la responsabilidad de los accidentes de tráfico por los daños producidos en los casos de atropellos de especies cinegéticas, sus consecuencias económicas y la preocupación que la situación actual genera
entre los miles de cazadores, ciudadanos del Estado y también propietarios de terrenos sometidos a regímenes cinegéticos y administraciones implicadas, mi Grupo Parlamentario, aparte de la iniciativa que ahora debatimos, ha presentado dos propuestas
más: una proposición de ley que fue presentada en su día en el Senado, con el mismo contenido que ésta, con el objeto de modificar directamente la ley aplicable; posteriormente presentamos también una enmienda al proyecto de ley de acompañamiento
de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, con el mismo contenido, para intentar agilizar el cambio legislativo que propugna nuestra formación política.
¿Qué pretendemos con la iniciativa parlamentaria que ahora debatimos y con las otras dos que acabo de citar? Queremos modificar la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de
vehículos a motor y seguridad vial. Hace pocas fechas decía que con la presentación de la enmienda al proyecto de ley de acompañamiento intentaríamos que fuese mucho más práctica esta vía, si el Partido Popular accede a ello, y que se hiciera una
modificación positiva para clarificar cuál es la situación que se aplica cuando se producen accidentes de tráfico, cuando se cazan especies cinegéticas, sucesos que últimamente se producen con una cierta asiduidad y cuyas consecuencias son
conflictivas pues repercuten negativamente en las personas que se encuentran en esas situaciones.
Decía que la Ley 19/2001 atribuye la responsabilidad al conductor del vehículo por los daños producidos en los casos de atropellos en accidentes de tráfico de especies cinegéticas. Cada accidente de esta naturaleza obedece a situaciones de
diferente índole, atribuibles a distintos parámetros y circunstancias. El Grupo Parlamentario Catalán entiende que no es lógico ni deseable que la responsabilidad sea unidireccional. En ese sentido existen normas legales de ámbito autonómico, como
la Ley Foral 18/2002, de 13 de junio, de Navarra, y la Ley 5/2002, de 4 de abril, de Caza, de Aragón, que regulan dicha pluralidad de situaciones, así como existen otras regulaciones legales en la mayoría de los países de la Unión Europea. Somos
uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene esta regulación. Hay una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de enero de este año, publicada en todos los medios, en la que éste condena a la Administración
autonómica al abono de casi 2.600 euros por una colisión con un jabalí. Es un caso que se repite constantemente.
Ante esta realidad y para dar cauce a las demandas y aportaciones de todos los colectivos afectados, en una línea de racionalidad y lógica ponderación de las circunstancias que concurren en ese tipo de accidentes, mi grupo parlamentario ha
presentado esta proposición no de ley, de contenido análogo a la proposición de ley presentada en el Senado -como decía anteriormente- y a la enmienda al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, que tiene como
objetivo la reforma de la Ley 19/2001 basándose en cuatro ejes principales.
Planteamos, en concreto, que el Gobierno promueva la modificación legal oportuna, en el plazo de tres meses, a los efectos de considerar responsable de atropello de
especies cinegéticas en accidente de tráfico a cuatro sujetos, personas físicas o jurídicas, en función de cuatro supuestos diferentes que se producen frecuentemente. En primer lugar, la Administración responsable de la vía en los casos en los que
la carretera o vía no esté debidamente señalizada con carteles que indiquen la presencia de especies cinegéticas y que no haya la debida señalización del riesgo que significa la proximidad de animales salvajes. El segundo supuesto sería el de la
Administración competente en materia de caza en los supuestos en los que el daño sea consecuencia de las disposiciones de ordenación del aprovechamiento cinegético. En el tercer supuesto recaería la responsabilidad en el titular del terreno
sometido a régimen cinegético especial, en los casos en los que el atropello sea consecuencia directa de la acción de cazar o de negligencia en la conservación del terreno sometido a régimen cinegético especial. En cuarto y último lugar, la
responsabilidad recaería sobre el conductor del vehículo en los casos en que la carretera sí esté debidamente señalizada pero éste no tome las precauciones suficientes para evitar el atropello o simplemente no cumpla con la normativa de tráfico
aplicable.
Esta problemática, señorías, afecta a miles y miles de personas en el Estado español, más allá de afectar a las mismas especies cinegéticas.
Quiero recordar que en Cataluña hay cerca de 100.000 personas con licencia de caza. Según los
datos que tiene este portavoz, en el Estado español hay unas 1.300.000 licencias de caza, con lo que ustedes se harán a la idea de cuál es la profundidad del problema que estamos analizando e intentando arreglar en la medida de lo posible.
A mi grupo parlamentario le gustaría que esta iniciativa viera la luz, al objeto de que, pese al poco recorrido que tiene la ley aplicable, la número 19/2001, la Administración competente en materia de caza, normalmente las administraciones
autonómicas y/o los organismos jurisdiccionales encargados de interpretar y aplicar la norma tuvieran menos margen de discrecionalidad del que actualmente tienen. Con el texto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular -es opinión
de este grupo parlamentario- no se va a avanzar demasiado en la dirección que propone
el Grupo Parlamentario Catalán, debido a que una recomendación de esta Cámara o de esta Comisión a esas instancias, que son en último término las competentes para aplicar la norma, no tendría la fuerza ni el carácter vinculante que tendría
con toda seguridad la modificación objetiva de la Ley 19/2001, que intentamos modificar. El texto actual de la disposición adicional sexta de la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, no es suficientemente claro como para dar salida a las expectativas y
las demandas de esos miles y miles de ciudadanos del Estado que pretenden tener un campo de actuación en el ámbito de la aplicación de la norma jurídica mucho más claro del que tenemos con esta ley de hace prácticamente dos años.
Pese a todo, mi grupo parlamentario quiere manifestar cuál va a ser su posición sobre las enmiendas a nuestra iniciativa, de las que acaba de tener noticia hace cinco minutos, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo
Parlamentario Socialista. La mejor solución sería la aprobación textual de la iniciativa parlamentaria propia, por lo que obviamente vamos a votarla a favor. La enmienda del Grupo Parlamentario Socialista intenta abrir nuevos campos de actuación,
por lo que no vemos mal la iniciativa, pero el debate requeriría otro momento procesal para analizar cuáles serían las consecuencias reales de la aplicación de incorporar las especies no cinegéticas al tema que ahora estamos debatiendo. Creemos que
es interesante el debate pero desaprovecharíamos la situación si admitiéramos sin más la enmienda del Partido Socialista.
Por tanto, no vamos a apoyarla, aunque estamos de acuerdo en debatir el contenido con más profundidad en otro momento
procesal. Por lo que respecta a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular ya hemos dicho que el contenido coincide con el de la proposición no de ley del Partido Popular, va a ser un paso adelante muy limitado y con poco alcance.
Votaremos a
favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, pero no podemos aceptar una enmienda que sería prácticamente de sustitución, con lo que habríamos de renunciar a nuestra propia iniciativa. No tenemos por qué transigir en este
trámite, el contenido puede ser positivo aunque muy limitado, por lo que no la aceptaremos, y avanzamos que apoyaremos tanto la propia iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán como, complementariamente, la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Popular, pero no la enmienda que nos presentan con el objeto de sustituir a la nuestra.
Nada más, muchas gracias por su atención. Esperamos que acabe el debate de esta proposición no de ley para intentar con nuestro voto dar alguna solución práctica, que de eso se trata, a los ciudadanos que tienen un problema desde hace dos
años, que son miles y miles de ciudadanos con licencia de caza; no solamente a los interesados en la caza, sino también a muchas empresas aseguradoras y a muchas administraciones autonómicas responsables de regular esta situación. Veremos cómo
acaba esta iniciativa, pero lo que nos gustaría sería que el voto final sirviera para dar una solución a las expectativas creadas ante esa situación.
La señora PRESIDENTA: Como bien ha dicho S. S., a su proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Socialista y otra el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, le vamos a dar la palabra al portavoz del Grupo Socialista
para que exprese su posición sobre su enmienda y le rogaría que se pronunciara también sobre la otra proposición no de ley del Grupo Popular, que se debate conjuntamente.
Adelante, señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Me alegra que me haga esa recomendación porque me parecía que era lo que debía hacer.
En relación con ambas proposiciones no de ley, puesto que a las dos el Grupo Parlamentario Socialistaha presentado la misma enmienda, quisiera suscitar una cuestión que me gustaría que también sirviese de reflexión al portavoz del Grupo
Parlamentario de Convergència i Unió para que reconsiderara su posición. A ver si soy capaz de convencerle con mi intervención. Haciendo un análisis cronológico de la normativa sobre el tema que nos ocupa, encontramos que el primer responsable fue
el titular del coto de caza. Después, con una enmienda que se presentó en el Senado por parte del Grupo Parlamentario Popular, apareció un segundo responsable que era el conductor del vehículo. Ciertamente, en la normativa actual, que está
reflejada en la disposición adicional sexta de la Ley 19/2001 sobre tráfico y circulación de vehículos a motor y seguridad vial, existen una serie de carencias que esta mañana van a intentar enmendarse. No se tienen en cuenta diversas
circunstancias que aparecen en estos accidentes de tráfico, por lo que hay que hacer una ampliación de posibles responsabilidades, tal como acaba de señalar el portavoz del Grupo de Convergència i Unió. Yo sí considero que ambas proposiciones no de
ley buscan lo mismo. Ahora bien, es cierto -y quiero decirlo en honor a la verdad- que hay una cierta virtud importante desde el punto de vista jurídico en la enmienda tal y como está planteada y es que tiene un orden, que yo llamaría cartesiano,
que le confiere una gran claridad a la nueva disposición adicional sexta, tal y como quedaría si se respeta el texto que se propone. Ese orden cartesiano tiene dos virtudes a su vez: una es que nos acerca a la actual normativa comunitaria -que le
leído y estudiado- en el tema que nos ocupa y, por otro lado, cumple algo muy importante desde el punto de vista legislativo -que es nuestra responsabilidad-, cumple mejor con lo que llamaríamos la aplicación de la ley y lo cumple mejor en dos
sentidos porque fija claramente las responsabilidades tanto para la Administración responsable de la vía -cualquiera que fuese, central o autonómica- como para la Administración responsable
en materia de caza, el titular del coto y el conductor del vehículo. Por lo tanto, da mayor seguridad jurídica a los aplicadores del derecho, que es lo que continuamente nos están demandando. Se nos dice que a veces hay falta de claridad
en la legislación tal y como sale del Parlamento. Por tanto, sería muy importante que hiciésemos caso a esas recomendaciones de claridad porque eso es lo que da seguridad jurídica, a los aplicadores de la ley y a los ciudadanos. Por gastar una
pequeña broma, no se pueden ustedes imaginar lo poco que nos quieren los actuales preparadores de las oposiciones en el ámbito judicial y del ministerio público porque a veces ven con muy poca claridad las normas que emanan del Parlamento. La gran
virtud que yo le veo a la proposición no de ley del Grupo catalán es que, efectivamente, es clara. Nosotros pensábamos votar a favor de esta proposición no de ley, aunque no se aceptase nuestra enmienda. Estamos a la espera de ver cómo va a quedar
después de la enmienda que va a defender el Grupo Popular porque es verdad que presenta una cierta confusión, aunque en cuanto al contenido buscan lo mismo. En principio nos íbamos a abstener, pero, dependiendo de cómo quede el debate, daremos o no
un voto positivo.
En cuanto a la defensa de nuestra enmienda, habla de la Administración responsable de la vía en los casos en que la carretera o vía no esté debidamente señalizada con carteles que indiquen la presencia de especies cinegéticas y no
cinegéticas y de señalización del riesgo que significa la proximidad de animales salvajes. Señora presidenta, ambas proposiciones no de ley se iban a debatir en la Comisión de Justicia e Interior porque su fin se ceñía a la búsqueda de
responsabilidades civiles y penales, pero cuando pasa a debatirse en esta Comisión de Medio Ambiente, es importante que introduzcamos el punto de vista medioambiental, que es lo propio de nuestra Comisión. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este
momento? El mayor índice de atropellos de especies no se da en las especies cinegéticas, sino en las no cinegéticas, y ahí no hay ningún tipo de responsabilidades. Consideramos que sería importante introducir el punto de vista ecológico,
medioambiental, porque las administraciones, la que fuese en su momento,también son responsables.
Como dice el Grupo Popular, no habría titular de coto de caza, pero estarían todas las patas sobre las que habría que sustentar esa responsabilidad.
Hay tres elementos bien visibles en todos los accidentes de tráfico: la vía o la calzada, el vehículo y el conductor, pero hay que introducir el punto de vista del animal. La responsabilidad que como legisladores tenemos nos llevaría a introducir,
de una forma transversal en aquellas leyes que correspondan, el cuidado y la conservación de las especies. El mayor riesgo de mortandad de las especies cinegéticas, como su nombre propio indica, es la caza, pero el mayor índice de atropellos sucede
con las especies no cinegéticas que no se cazan y están protegidas. (Rumores.)
La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, señora Serna. Ruego que haya un cierto silencio en la sala y una cierta atención para que podamos seguir sus palabras y ser transcritas adecuadamente.
Adelante, señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: En definitiva -y con ello voy acabando-, los documentos que tenemos sobre el lince ibérico, que es una de las especies que sufren más atropellos, hablan de que el lince ibérico no pasa por uno de sus mejores momentos
y que está en vías de extinción. Una de las causas es la presión humana. Dicen literalmente: Entre las principales causas de mortandad del lince ibérico se encuentra el alto porcentaje que se está produciendo de atropellos en las carreteras. En
el Museo de la Ciencia de la Fundación la Caixa, en Alcobendas -y va dedicado al portavoz de Convergència-, hubo hace un año una excelente exposición que tuve la suerte de ver, donde se hablaba precisamente de que había un informe de la organización
medioambiental World Institute que decía que en la última década del año 2002 había comenzado a registrarse la extinción masiva de especies motivada por la acción del hombre. Hoy en día se estima que son más de 2.000 las especies en peligro de
extinción y España (advierte el estudio) es el país europeo con mayor número de especies amenazadas. No en vano, la península Ibérica alberga en su conjunto más de 100.000 especies y reúne el 54 por ciento, nada menos, de los hábitats catalogados
como de interés especial por la Unión Europea.
En ese mismo informe se dice: Las carreteras y las pistas forestales son las causantes de la muerte por atropello de muchas especies y, por lo tanto, hay que tener en cuenta y empezar a tomar y a
adoptar medidas en este sentido. El Grupo Parlamentario Socialista consideraba de enorme interés no solamente hablar de las especies cinegéticas. Como la causa principal de muerte de las especies no cinegéticas es precisamente el atropello -de las
otras es la caza-, ya que vamos a introducir esta modificación de mayor claridad y ampliación de responsabilidades en la disposición adicional séptima de la ley que nos ocupa y puesto que estamos en la Comisión de Medio Ambiente y debemos introducir
precisamente ese punto de vista, considerábamos importante e interesante que este pequeño grupo de diputados adoptase una visión más ecologista del tema que hoy nos ocupa.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, y en las mismas condiciones que he mencionado a la señora Serna -defender su proposición no de ley y, al mismo tiempo, fijar posición frente a la del Grupo Catalán (Convergència i
Unió) y a las
enmiendas presentadas a esta misma proposición no de ley-, tiene la palabra el señor De Luis.
El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Las dos proposiciones no de ley de los grupos que han intervenido anteriormente, que se encuentran en este momento en debate de la Comisión de Medio Ambiente, giran en torno a una misma preocupación. El debate
que hemos suscitado hoy entre Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Popular puede ser de sumo interés para que, quienes tienen que administrar la Ley de tráfico y seguridad vial del año 2001, puedan comprender e interpretar cuál es el
espíritu del legislador cuando introdujo la enmienda en el Senado, que dio lugar a la disposición adicional a la que se ha hecho referencia anteriormente. Para poder analizar la situación -y ciñéndonos a las proposiciones no de ley en debate, ya
que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha introducido una segunda derivada que tiene el máximo interés, pero no está contenida en la iniciativa que se presentaba-, es bueno repasar los antecedentes que justificaron la proposición de mi
grupo en el Senado, porque si hoy existe esta disposición en el ordenamiento jurídico español, intentando restituir la equidad, la justicia y el equilibrio entre los posibles parámetros que pueden dar lugar a un accidente por atropello, como ha
definido el señor Martí, es precisamente por la sensibilidad del Grupo Parlamentario Popular de solucionar el problema.
En efecto, es una realidad incuestionable que en los últimos años ha existido en España un incremento muy notable de
determinadas especies de la fauna salvaje, fundamentalmente los que están involucrados en accidentes de tráfico, tales como la población del ciervo, del corzo y del jabalí, al igual que se ha producido un incremento de la circulación.
Los
ciudadanos frecuentan nuestra rica naturaleza por la mejora de los medios de comunicación y de las propias infraestructuras. Por lo tanto, existe una gran circulación en las carreteras en los lugares donde habitan las poblaciones de estas especies.
Según algunos datos que teníamos nosotros en octubre del año 2000, el número de accidentes que se producían en España, causados por especies cinegéticas que irrumpían en vía pública, podía rondar los 5.000. La reclamación media de esos
accidentes podía estar en torno a lo que hoy son 3.000 euros, aproximadamente, si bien, en el caso de graves lesiones para los conductores o acompañantes, incluso, si alguno de ellos llegara a morir, las reclamaciones podían superar los 180.000
euros de hoy. Según algunas estadísticas que he estado revisando últimamente, casi el 40 por ciento de los accidentes se producen durante el fin de semana en determinadas zonas de España. El análisis que estoy haciendo tiene una cierta coherencia:
cuando grandes poblaciones asentadas en núcleos urbanos se desplazan a zonas rurales es cuando hay un repunte del accidente. Es bueno que como antecedente tengamos presente que las especies de la fauna, en principio, salvo que existan vallados,
tienen una circulación libre y no es posible controlar sus movimientos. Esto incide sobre la presunta responsabilidad derivada de la aplicación incorrecta de la norma, de estimar que es el titular del coto o del terreno cinegético el responsable.
También es bueno tener claro como antecedente algo que es obvio en las normas de circulación y seguridad vial, y es que el conductor juega un papel determinante, tanto en la responsabilidad como en la seguridad de la conducción: es el agente activo
fundamental. En estas condiciones, cuando la Ley de Seguridad Vial se tramitó en el Senado, nosotros consideramos que era necesario matizar o, al menos, mostrar nuestras inquietudes, que, tal y como ha señalado el señor Martí, son compartidas por
el conjunto de la sociedad que circula en torno al mundo de la caza, tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, tanto del cazador como de aquel gestor cinegético que lícitamente desarrolla una actividad económica. Intentamos
solucionar esa preocupación con la disposición adicional que se introdujo vía enmienda en el Senado, que intentaba -y es posible esperar que todavía consiga parte de sus objetivos- eliminar lo que a mí no me importa nada definir en esta Comisión de
Medio Ambiente como una falta de justicia en la Administración de la justicia, valga la redundancia. ¿Por qué afirmo que lo que se venía haciendo antes carecía del principio de justicia? Porque la pieza de caza no es propiedad de nadie. Según la
sentencia del Tribunal Constitucional, del año 1978, la pieza de caza es res nullius, es decir, que solamente se accede a su propiedad por ocupación. Cuando los jueces, en una interpretación no correcta desde mi punto de vista de la acción legal
anterior y de la normativa actual, pueden suponer que el titular del terreno cinegético siempre es el responsable están cometiendo un error muy importante, porque puede no tener ninguna responsabilidad directa en el accidente que se produce y la
razón fundamental es el carácter de res nullius de la pieza de caza. Por otra parte, como ya he señalado anteriormente, las especies se mueven libremente. El fallo en la aplicación de la norma se deriva de que en muchas leyes de caza -y he
revisado la legislación sobre la caza, que es autonómica, por cuanto son las comunidades autónomas las que tienen competencias expresas en la materia- de rango autonómico se establece clara y literalmente que en los terrenos que tengan un régimen
cinegético especial, cuyo titular no sea la Administración pública correspondiente, las indemnizaciones de los daños producidos por las especies cinegéticas será responsabilidad del titular. Se refiere al titular del coto. Este texto se refiere a
los daños, no necesariamente por atropello, que se pueden producir en la actividad agrícola, sobre las cosechas o sobre el ganado. Hay una extrapolación del supuesto por parte de los jueces que está en el trasfondo de este texto que acabo de leer,
al entender que los daños pueden estar causados tanto por
un atropello, por un accidente de tráfico como sobre la producción agrícola.
Cuando abordamos la presente proposición no de ley se incluyó esta enmienda en el Senado y que posteriormente fue ratificada en el Congreso, por cierto, con la falta de apoyo de algún grupo mayoritario, porque entendía que pretendíamos
circunscribir la responsabilidad exclusivamente al conductor. Sin embargo, nosotros hemos introducido esta solución porque el papel del conductor es muy importante, así como el nivel de conservación de las vías públicas cuando se circula. Entre
los parámetros que el señor Martí señalaba está el manejo irresponsable del gestor cinegético. Si en un momento determinado de una batida, una montería o cualquier otra actividad cinegética en un terreno acotado, no se toman precauciones para
evitar que las piezas que se están moviendo por el monte puedan entrar en la vía pública, puede haber un cierto grado de responsabilidad del gestor cinegético. Nosotros en aquel entonces considerábamos que era imprescindible introducir esta
matización, porque el concepto de inseguridad que conllevaba la acción legal lastraba lo que para nosotros es una actividad lícita, una actividad económica que tiene un gran peso en el sector primario, que se desarrolla en el mundo rural y que
afecta a un buen número de personas. Tal y como el señor Martí ha señalado, en España hay más de 1.100.000 licencias de escopeta y hay otras 100.000 licencias de rifles con lo cual, podemos estar hablando de un colectivo, grosso modo, de un millón
de personas, sin contar los que desde el punto de vista de la oferta, participan en la actividad. Ese concepto de inseguridad lastra el desarrollo de la actividad y nosotros como grupo parlamentario y como fuerza política nosotros siempre estamos
en disposición de considerar y conseguir que los agentes económicos puedan desarrollar su actividad en beneficio del crecimiento de la riqueza del país. La inseguridad es un dato muy negativo que convenía despejar.
El texto que nosotros introdujimos -lo leo para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', dice: En accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas será causa legal que permita atribuir la responsabilidad al conductor del
vehículo por los daños producidos en un accidente de circulación el hecho de que se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. Si no hay incumplimiento de las normas de circulación, el conductor, en principio, no está
directamente afectado como responsable del accidente. Y sigue diciendo: Ello, sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien corresponda conforme a la normativa específica y sean probadas debidamente las circunstancias del accidente.
Esta segunda parte de la disposición abre la posibilidad a que, en una administración correcta y rigurosa del principio de la justicia, se puedan determinar las personas que antes hemos repasado que pueden estar involucradas: el responsable de la
vía pública o el gestor del terreno acotado. Por tanto, nosotros creemos que la aportación que hizo mi grupo, en sintonía con la preocupación que existía en el sector, contribuye a despejar la inseguridad jurídica que afecta a esta muy legítima y
lícita actividad.
Puede ser muy interesante que este debate se cuele por el circuito y llegue a quienes tienen que administrar, para que conozcan la idea, tanto del Grupo de Convergència i Unió como la nuestra, padres del texto inicialmente
aprobado en la enmienda del Senado y actuemos como transmisores del espíritu del legislador. El espíritu legislador intentaba, como se desprende de la lectura del texto, que se pudiera evaluar convenientemente la responsabilidad de los posibles
agentes.
Creemos que es una buena aportación.
Por otra parte, la ley, como señalaba el señor Martí, todavía tiene una vida corta; probablemente no se le haya extraído todo lo que se le tenga que extraer en cuanto a restituir el principio de equidad, pero estamos convencidos de que este
debate contribuirá a conseguir los objetivos que pretendemos con el mantenimiento de la Ley de seguridad vial en los términos que figuran en el ordenamiento jurídico. No creemos que sea necesario, puesto que todavía no han pasado dos años desde la
entrada en vigor de la ley, proceder a la modificación de ese texto. Estamos convencidos de que con debates como éste, contribuyendo a trasladar lo que yo he definido como el espíritu del legislador, conseguiremos que este factor de inseguridad
desaparezca, que se restituyan la justicia y la equidad y que quien sea responsable de un accidente ocasionado por atropello de especies cinegéticas asuma su responsabilidad y que no se lea imputada a una persona que no ha tenido parte activa en el
accidente.
Dando por defendida la proposición no de ley de mi grupo en los términos en que se presentó, entro a valorar la iniciativa de Convergència i Unió.
Es una realidad que estamos al final de la legislatura -queda escasamente mes y medio- y
Convergència i Unió solicita al Gobierno que actúe en tres meses. No hay tiempo legislativo y los representantes de los grupos lo saben; no hay tiempo para asumir el trámite legislativo de ninguna modificación, lo que hace inviable la iniciativa
de Convergència i Unió.
En el texto de Convergència i Unió, en el punto b), relativo a la administración competente, se dice: Podrá ser responsable la Administración competente en materia de caza en los supuestos de que el daño sea consecuencia de
las disposiciones, de la ordenación del aprovechamiento cinegético. Es una redacción un tanto ambigua. Supongo que se refiere a que la Administración cinegética no hubiera permitido, por ejemplo, el vallado de un determinado coto. Esa es la única
explicación que encuentro a este texto, que, desde luego, no es excesivamente claro. En cuanto al punto d), que se refiere al caso de que el conductor del vehículo no tome las precauciones suficientes para evitar el atropello, tengo que decir que,
desde el punto de vista jurídico, lo correcto sería poner: siempre y cuando
el conductor del vehículo incumpla las normas de circulación, que es a lo que realmente está obligado el conductor. De acuerdo con las referencias que ha hecho la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, su enmienda pretende hacer
responsable a la Administración pública titular de la vía; no sé si de forma automática, pero sí pretende elevar su grado de responsabilidad. Creo que ha quedado claro por mi intervención que, en la disposición adicional, el texto vigente entre
los demás responsables está implícito el titular de la villa si la conservación no es adecuada.
En cuanto a especies no cinegéticas, si lo son de la fauna salvaje, comparto plenamente la preocupación de la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Ahora bien, si son especies no cinegéticas y no pertenecen a la fauna salvaje, los
animales llamados domésticos o los de abasto tienen un propietario, que tiene que garantizar el control de esos animales -o de los miembros del rebaño- y sería el responsable si uno de ellos causara un accidente.
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado su preocupación por el lince ibérico. La Comisión de Medio Ambiente y la Cámara -por el 'Diario de Sesiones'- son plenamente conscientes del compromiso firme de mi grupo
parlamentario con la conservación del lince ibérico. Aunque algún diputado del Grupo Parlamentario Socialista me dice que no con la cabeza, él sabe que mi grupo parlamentario -y yo, personalmente- está firmemente comprometido con la conservación
del lince ibérico. En torno a esta especie, es mi grupo el que ha promovido mayor número de debates en esta Comisión. Si hiciéramos un repaso de las iniciativas escritas o de las preguntas orales en el Pleno, comprobaríamos que nuestro compromiso
es sincero y real y no es ajeno a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno para garantizar la supervivencia de esta especie singular de la península Ibérica, que tiene tan alto valor como patrimonio natural de nuestro país. Si no estoy mal
informado, en el presupuesto de 2004 hay una importante dotación de crédito para la conservación del lince ibérico. Estoy absolutamente seguro de que, respetando los plazos que impone la naturaleza -porque no se puede fabricar un lince ibérico en
el laboratorio, en 24 horas-, con las medidas puestas en marcha por el Gobierno central, la colaboración del sector privado y la de las administraciones públicas -incluidas, por supuesto, las administraciones autonómicas que tienen población de
lince en su territorio-, el lince no desaparecerá del panorama de nuestro país, y eso será un gran éxito.
Hemos hecho la valoración de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, y, naturalmente, votaremos a favor de nuestra proposición no de ley. Si el señor Martí no acepta nuestra enmienda, no somos partidarios de modificar el texto de la
vigente Ley de tráfico y seguridad vial.
La señora PRESIDENTA: Señor Martí, tiene usted la palabra para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas. Creo que ya ha expresado su rechazo; no obstante, confírmelo.
El señor MARTÍ I GALBIS: Si me lo permite la señora presidenta, quisiera repetirle a don Teófilo de Luis que, como él sabe perfectamente, la proposición no de ley fue presentada en diciembre de 2002; de modo que los tres meses de plazo
para que el Gobierno modifique la ley vigente tenía todo...
La señora PRESIDENTA: Señor Martí, no es un turno de réplica. En el 'Diario de Sesiones' consta de forma clara lo que ha dicho en su primera intervención.
El señor MARTÍ I GALBIS: Me parecía que no lo había entendido suficientemente bien.
Quiero reiterar la posición que hemos adoptado respecto a las enmiendas que se han presentado. En primer lugar, le diré al Grupo Parlamentario Socialista que estamos de acuerdo con el contenido de su enmienda, en cuanto a ampliar los
supuestos previstos para las especies no cinegéticas. En todo caso, creemos que es un debate medioambiental, y no de seguridad vial. Por la importancia que tiene el tema, debería sustraerse del debate que mantenemos ahora, porque merece uno
aparte.
Así, volveremos a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista en el momento procesal oportuno, pero no aceptaremos el texto de la enmienda en esta coyuntura parlamentaria.
En cuanto a la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, ya hemos dicho que no la aceptaremos, en tanto en cuanto resultaría renunciar a nuestra iniciativa parlamentaria. Evidentemente, el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) no puede admitirlo de ninguna manera. Tampoco vamos a admitir la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero nuestro grupo parlamentario sí va a dar su apoyo a la proposición no de ley de dicho grupo por cuanto creemos que
es un pequeño, más bien pequeñísimo, pero avance hacia el objetivo último, que quedaría muy bien recogido con nuestra proposición no de ley tal como se ha encargado de reconocer muy amablemente la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martí.
- SOBRE LOS PASEOS MARÍTIMOS DE POIO (PONTEVEDRA), A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002161.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la siguiente proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista. Anuncio que nada más acabar el debate
de la misma se someterán a votación las tres proposiciones no de ley.
Proposición no de ley sobre los paseos marítimos de Poio (Pontevedra).
Para su defensa tiene la palabra la señora Varela.
La señora VARELA VÁZQUEZ: Señorías, es evidente que cada vez hay mayor concienciación social acerca de la necesidad de conservación de la naturaleza y, dentro de ella, el mantenimiento de las zonas costeras es de vital importancia no sólo
para los ciudadanos que viven ahí de manera permanente sino para los millones de turistas que visitan nuestro país y que suponen una parte importante en el mantenimiento de nuestra economía.
Por ello la recuperación, defensa y mantenimiento del
borde litoral debe ser un objetivo prioritario para el Gobierno.
En los últimos años se ha mostrado un cierto interés por la Administración para conservar y mantener algunas zonas del litoral potenciando con ello sus atractivos. En este sentido, también ha sufrido modificaciones la legislación que ampara
estas actuaciones, como la Ley de costas, que consagra el principio de protección del litoral como bien público y constituye el elemento legal a aplicar. Dicha Ley de costas declara que son bienes de dominio público no sólo la ribera del mar sino
también las rías así como el mar territorial y las aguas interiores con su lecho y su suelo y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
La defensa del medio litoral, señorías, comprende diversas actuaciones, a desarrollar en los planes de dotación de infraestructuras ambientales, entre ellas, pueden citarse los senderos litorales y accesos peatonales a la ribera del mar, las
instalaciones de educación ambiental e interpretación de la naturaleza, las infraestructuras para el fomento de uso recreativo sostenible, como áreas recreativas, zonas verdes, etcétera, la construcción de accesos al mar y la construcción y
remodelación de paseos marítimos. Pues bien, de todas las actuaciones para la defensa del medio litoral, el paseo marítimo es una pieza fundamental en la ordenación del litoral y sirve para definir la correcta utilización de la costa; y
precisamente esta proposición no de ley que trae hoy aquí para su debate el Grupo Parlamentario Socialista se enmarca dentro de la Ley de costas y tiene como objetivo fundamental dotar a un pueblo costero, por cierto de una belleza singular, de un
paseo marítimo que permita disfrutar de la ría de Pontevedra tanto a los residentes permanentes como a los visitantes turistas.
Esta proposición no de ley insta al Gobierno a que elabore los estudios pertinentes y ejecute en Poio, en la provincia de Pontevedra, los siguientes paseos marítimos: el tramo de Campelo-A Seca y A Seca-Combarro, en la parroquia de San
Juan; el tramo Cobelo-Laño, en la parroquia de Samieira; el tramo playa de Sinás-playa de Raxó en la parroquia de Raxó y el tramo que continúaría el paseo de la margen derecha del río Lerez, que actualmente termina en una especie de plaza junto a
la autopista del Atlántico, y que discurriría paralelamente a la autopista hasta la Puntada, pasando por el lugar de Saiñas y continuaría hasta enlazar con el paseo de Lourido, en la parroquia de San Salvador.
Señorías, aparte de que el paseo marítimo pueda servir para el disfrute de la ría, lo que se pretende también su construcción es evitar la dejadez, la precariedad y el abandono en que está sumida esa zona. Además los paseos marítimos
propuestos crean un efecto positivo en todo el entorno, suponen el mantenimiento de la transitabilidad y accesibilidad a la costa, asimismo una recuperación ambiental y permite respetar las tradicionales relaciones de Poio con el mar. Con este
paseo marítimo, además de todo lo expuesto, se persigue coadyuvar al desarrollo económico de la zona creando espacios de calidad ambiental que hagan atractivo el lugar para garantizar las oportunidades turísticas que ofrece este espacio litoral.
Para terminar, señorías, insistiré en que con este paseo se persigue el embellecimiento, la recuperación, el mantenimiento y, como consecuencia, estamos seguros de que se garantizará la calidad de vida de sus habitantes, ya que esto
supondría la consecución para los ciudadanos de un gran paseo marítimo que se iniciaría en la margen derecha de la ría hasta llegar a Combarro, en Poio, además de los otros dos tramos que ya he expuesto en mi intervención y que están situados en las
parroquias de Samieira y de Raxó. Por tanto, pido el apoyo a esta proposición no de ley a todos los grupos de esta Comisión, sobre todo al Grupo Parlamentario Popular, que sistemáticamente suele votar en contra de todas las iniciativas presentadas
por la oposición. Ésta es una proposición no de ley interesante que surge de los propios ciudadanos y no se entendería muy bien que el Grupo Parlamentario Popular no apoyase las iniciativas de la gente de la zona.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Vázquez.
El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Permítanme recordar que hoy se cumple un año del inicio de la catástrofe del Prestige. Me parece que convendría recordarlo en esta Comisión.
Muy brevemente, señora presidenta, para decir que el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de esta proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista y que hace referencia a la construcción de un gran paseo marítimo que una la
desembocadura del río Lerez en su margen derecha con Combarro, como expresa la exposición de motivos; se trataría de construir diversos tramos, complementando algunos ya existentes. Nuestro grupo lo hace en la creencia de que esta propuesta se
presenta de buena fe para un mejor servicio de los ciudadanos, aunque somos conscientes
de la necesidad de estudiar cada una de estas actuaciones con más detalle, más pormenorizadamente. Si el Gobierno, en su momento, llegase a contemplar esta iniciativa yo creo que se debería tener en cuenta la opinión del Ayuntamiento de
Poio. En todo caso, nosotros seríamos cuidadosos a la hora de plantear una solución que propusiese la urbanización de todo un tramo de costa. Vuelvo a decir que habría que estudiar con detalle el impacto ecológico que tal actuación tendría ya que
todos tenemos experiencia sobrada de actuaciones que se hicieron, y que aún se hacen, en materia de construcción de los llamados paseos marítimos que no siempre fueron afortunadas.
Algunas de las actuaciones concretas que se proponen en esta proposición no de ley, como en el caso de Raxo, podrían considerarse positivamente y nuestro grupo, como decía anteriormente, la va a votar favorablemente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Chapela.
El señor CHAPELA ASEJO: Señorías, querría, en primer lugar, ubicar geográficamente el municipio de Poio. El municipio de Poio, al cual se refiere la propuesta presentada por el Grupo Socialista, está a caballo entre la capital de la
provincia de Pontevedra y la zona más turística de la provincia que también es la zona más turística de Galicia, la zona de Sanxenxo O Grove. Es un municipio de transición entre la capital y esta zona turística.
A la hora de instar este tipo de actuaciones debemos de considerar previamente una serie de circunstancias. La primera es una circunstancia legal, y es que tenemos que jugar con la Ley de costas, que establece de forma taxativa que los
paseos marítimos no se pueden realizar en la ribera del mar, ribera del mar que obviamente comprende, entre otras zonas, las playas o las zonas de dunas. Ello implica que este tipo de actuaciones necesariamente habrá que realizarlas en aquellas
zonas colindantes con la ribera del mar, zonas, normalmente, de dominio de público; digo normalmente porque, como pasa en este caso concreto, veremos que hay casos en que esas zonas colindantes con el dominio público no son de carácter público sino
que son propiedad privada.
Dicho esto, y en el supuesto de que en Poio hubiese esas zonas donde poder realizar los paseos marítimos que solicita la autora de esta propuesta, habría que conjugar, como bien ha dicho el representante del Grupo Parlamentario Mixto, del
Bloque Nacionalista Galego, una serie de circunstancias ecológicas y medioambientales, porque no siempre es conveniente para el medio marino o terrestre la realización de un paseo marítimo. En muchos casos, como en éste, habría que valorar incluso,
siempre que fuese posible su realización, la posibilidad de sustituir un paseo marítimo por otro tipo de actuación menos agresiva para el medio ambiente como puede ser una simple senda litoral, una senda peatonal o incluso no hacer nada en ciertos
sitios.
Teniendo en cuenta, pues, esta serie de consideraciones y entrando ya en lo que es la propuesta del Grupo Socialista, tenemos que manifestar que vamos a rechazar esta propuesta y no porque venga del Grupo Socialista sino, simple y
llanamente, porque este tipo de actuaciones, señorías, no pueden realizarse en estos momentos en el municipio de Poio. Decimos que no se pueden realizar porque no existen los terrenos necesarios para llevarlas a cabo. El municipio de Poio, por
razones históricas, por la concentración demográfica enorme que tiene la costa, por el enorme minifundio que existe en esa zona de la provincia de Pontevedra, carece prácticamente de zona de dominio público. La zona de dominio público, incluso la
servidumbre de tránsito, está ocupada en muchas de sus zonas por construcciones particulares y forma parte de fincas particulares. Eso implicaría, como requisito sine qua non para ponerlo a disposición de la Jefatura provincial de Costas que el
organismo oportuno que, como en todos los casos y antecedentes que conocemos en la provincia, es el Ayuntamiento de Poio, negociase con los particulares al objeto de poner a disposición de la Jefatura provincial de Costas los terrenos necesarios
para realizar las actuaciones que propone S.S., actuaciones que, volvemos a indicar, podrían ser unos paseos marítimos -como se han realizado, por cierto, con anterioridad en este municipio- o podrían ser sendas litorales; pero incluso esta
actuación, con ser una actuación bastante menos agresiva y necesitar menos terreno para llevarse a cabo, es muy difícil de realizar en este municipio porque, vuelvo a repetir, por circunstancias históricas, en muchos casos anteriores a la propia
entrada en vigor de la Ley de Costas, la costa en Poio forma parte de fincas particulares e incluso en las zonas más próximas al mar hay construcciones privadas.
Es necesario previamente buscar soluciones a ese problema, y una vez solucionado, poner a disposición de la Jefatura provincial de Costas, como se ha comunicado en varias ocasiones por cierto al alcalde de Poio, esos terrenos y tenga S.S.
la seguridad de que a partir de ese momento la Jefatura provincial de Costas y el Ministerio de Medio Ambiente procederían a la redacción de los proyectos necesarios para mejora del litoral de Poio como, vuelvo a reiterar, ha hecho en otras
ocasiones.
Para terminar, señorías, quiero hacer referencia aquí a otra cuestión que creo importante y que al final va a incidir de alguna forma también en la mejora del litoral de este municipio y, por extensión, de sus gentes, cual es el avanzado
estado en que se encuentra actualmente la inclusión de una parte de este municipio, como es la isla de Tambo, dentro del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. En este momento las actuaciones administrativas están avanzadas y podemos afirmar que
en un breve plazo de tiempo la isla de Tambo que, reitero, forma parte del municipio de Poio, pasará a integrar el
Parque Nacional de las Islas Atlánticas con los beneficios y ventajas de todo tipo que ello va a reportar.
Aquí termina mi intervención, señorías.
La señora PRESIDENTA: Vamos a pasar a la votación de las tres proposiciones no de ley. En primer lugar vamos a votar la proposición no de ley que corresponde al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Rechazadas por su portavoz
las dos enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular y por el Grupo Parlamentario Socialista, se somete a votación en los términos planteados por el propio Grupo de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular sobre la materia que se ha debatido hace unos momentos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se somete a votación la proposición no de ley planteada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, nueve; en contra, 21.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Suspendemos la sesión por cinco minutos. (Pausa.)
La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CONTRERAS PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE RECUPERACIÓN DE LA PLAYA DE LA FABRIQUILLA EN ALMERÍA. (Número de expediente 181/003928.)
La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la segunda parte de esta Comisión con la comparecencia del señor secretario de Estado de Aguas y Costas, señor Fernández, a quien agradecemos, como siempre, su presencia aquí.
Continuamos el orden del día con las dos preguntas del señor Contreras, que devienen de preguntas escritas planteadas en su momento. Comenzamos con la pregunta relativa a la recuperación de la playa de la Fabriquilla en Almería.
Tiene la palabra el señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Buenos días, señor secretario de Estado.
Esta pregunta se refiere al proyecto de recuperación de la playa de la Fabriquilla, aunque algunos ya la llaman la playa de la Bella Durmiente, porque el proyecto se hizo, se quedó durmiendo y no sabemos cuándo despertará; a ver si hay
algún príncipe azul que la despierte. Como usted sabe, la playa de la Fabriquilla se encuentra enclavada en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, en los municipios de Almería y Níjar. En el año 1996, la Jefatura Provincial de Costas solicitó
una actuación urgente a la Dirección General de Costas como consecuencia de un fuerte temporal que inundó las casas colindantes con la playa. En el año 1999, ya estaba redactado el proyecto, como dije anteriormente, denominado recuperación
ambiental de la playa de la Fabriquilla, con un presupuesto de ejecución de 258,6 millones de las antiguas pesetas. La tramitación ambiental comenzó a partir de ese momento y, en febrero de 2001, solamente estaba pendiente de la correspondiente
declaración de impacto ambiental; el resto del proceso administrativo estaba completado.
El 13 de febrero de 2003, hubo un debate en esta Comisión de Medio Ambiente en el que el Grupo Socialista pedía que se licitase en ese mismo año la realización de este proyecto. Voy a leer aquí la soflama de la diputada del Partido Popular,
la señora Espinosa, que decía: La regeneración de la playa de la Fabriquilla en Almería era una actuación urgente -era, se ve que ya no lo es- y prioritaria para el Ministerio de Medio Ambiente y para la Dirección General de Costas, en la que viene
poniendo su interés, como demuestra el exhaustivo estudio que ha hecho para la realización del proyecto. Para eso sí que ha puesto interés y desde luego ha tardado muchísimo, pero nos gustaría que el mismo interés lo pusiese para la realización de
las obras. Continuaba: El Ministerio de Medio Ambiente ha demostrado un gran compromiso con Almería -en este tema desde luego no-; nunca ningún Gobierno de este país había adquirido con esta provincia un compromiso como el del Gobierno de José
María Aznar, en particular a través del Ministerio de Medio Ambiente...
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, si sigue citando permanentemente a la señora Espinosa en vez de hacer una pregunta al secretario de Estado, le voy a tener que dar la palabra, que ya la está pidiendo, a la señora Espinosa para
defenderse, porque es una alusión clarísima. Se lo advierto.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señora presidenta, está relacionado con este tema.
La señora PRESIDENTA: Todas las intervenciones de todos los diputados en un momento determinado pueden estar relacionadas con el tema que sea. Lo que le digo es que usted no está aludiendo al secretario de Estado ni al Gobierno ni al
Ministerio de Medio Ambiente sino a una diputada en concreto que está presente en esta sala, que no va a intervenir en este acto parlamentario puesto que es una pregunta oral. Lo que ocurre es que usted la utiliza como único argumento. Se lo
advierto.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Como único argumento no.
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, usted distribuya su tiempo como quiera.
Adelante, señor Contreras, pero que sepa que está usted entrando en una alusión personal a alguien presente en esta sala.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señora presidenta, estoy haciendo una introducción al tema que voy a plantear.
Quiero decir que esto tiene una trayectoria larga, no solamente a través de peticiones para que se incluya en los presupuestos, sino que se ha demandado por el Grupo Socialista una petición muy concreta, que se licitase esta obra en el año
2003. No se argumentó nada en contra de esa licitación, ni tan siquiera que no había presupuesto en 2003, que era un argumento bastante sencillo de dar, y no existe tampoco presupuesto en el año 2004, en un presupuesto en el que hay partidas
presupuestarias de la Dirección de Costas, como por ejemplo trabajos previos inversión costas, 4.180 euros, hay partidas presupuestarias incluso de 40 euros -esto no lo había visto yo en un presupuesto de inversión-, pero cuando se es tan
exhaustivo, tan preciso, por parte de la Dirección General de Costas en la plasmación presupuestaria, no hay ninguna partida presupuestaria para la playa de la Fabriquilla.
Por eso, señor secretario de Estado, la pregunta que le quería hacer era cuál es la fecha de comienzo de la obra de la playa de la Fabriquilla prevista en este momento y teniendo en cuenta que no hay presupuesto en 2004. ¿En qué plazo ha
previsto el Gobierno que terminase esa obra? ¿Cuál sería el plazo de ejecución del proyecto que se ha diseñado? Preguntaba también si había partida en los Presupuestos Generales del Estado para 2004. Esta iniciativa se presentó el 1 de agosto, ya
hemos visto los presupuestos y no hay partida presupuestaria en el año 2004.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Buenos días, señoras y señores diputados.
Señor Contreras, en primer lugar tengo que decirle que estoy de acuerdo con todo lo que dijo en esta Comisión la señora diputada doña Rosalía Espinosa, lo que ha leído usted. Quiero manifestárselo para que quede totalmente claro. Primera
cuestión.
Segunda cuestión, un poco al margen. Si no me equivoco, señoría, los presupuestos se hacen en miles de euros. Esa partida a la que se refiere usted no son 40 euros, serán 40.000 euros, las partidas presupuestarias vienen todas reflejadas
en miles de euros. (El señor Contreras Pérez: Pero es que pone 0,040 euros.) Podemos comprobar esa cifra a la que se refiere usted.
Si me permite, voy a intentar contestarle con toda claridad a esta pregunta que usted me hace, fecha, plazo de ejecución, etcétera. Yo supongo que usted no me está diciendo que esta obra tenemos que hacerla en cualquier caso y en cualquier
circunstancia, interpreto que su pregunta no es esa, porque tengo que decirle que, si su pregunta va en ese sentido, el culpable, en parte, de que esta obra no esté en ejecución en este momento, como ahora verá, es el ayuntamiento de Almería,
gobernado en marzo del año 2003 por su partido político. Lo que ocurrió, para darle la información precisa, es que en esas fechas el Ministerio sometió a información pública el proyecto y el ayuntamiento -tengo que decirle que con buen criterio,
que yo comparto, pero quiero darle la respuesta con toda precisión para que no tenga ninguna duda- nos señaló que el proyecto se podría mejorar desde el punto de vista medioambiental.
Lógicamente nosotros queremos hacer las cosas bien, incluso aunque la sugerencia venga de un ayuntamiento socialista, como ve S.S. Cogimos esa propuesta, que nos pareció muy interesante, así como otras que se hicieron en ese proceso de
información pública, concretamente una alegación del grupo ecologista Mediterráneo oponiéndose al proyecto tal y como estaba contemplado, y lo que estamos haciendo es reformar el proyecto para que, en un sitio medioambientalmente tan importante, tan
delicado y que tenemos que cuidar tanto, como es el parque natural del Cabo de Gata-Níjar, en el litoral de la provincia de Almería, nuestra actuación sea la más adecuada. Esa es la única razón que ha hecho que se retrase este proyecto.
El ministerio, ante la situación que se estaba produciendo y que estaban sufriendo los habitantes y los visitantes del lugar, que habían visto peligrar sus lugares de convivencia y de recreo ante la paulatina desaparición de la playa,
redactó, como usted ha señalado, un proyecto constructivo a través de la Dirección General de Costas de mi departamento, proyecto que se denomina: acondicionamiento de las playas del Cabo de Gata. Segunda fase: recuperación ambiental de la playa
de la Fabriquilla. Se sometió a información pública y concretamente el día 4 de marzo del año 2003 el Ayuntamiento de Almería nos envió este informe diciéndonos que entendía que se debía modificar el proyecto en el sentido que le acabo de decir.
En este momento el proyecto está sometido a declaración de impacto ambiental, y créame, señoría, que se están siguiendo todos los pasos y trámites necesarios previstos en la legislación medioambiental para garantizar que el proyecto se haga
como se tiene que hacer. Es un proceso absolutamente necesario, acorde con la política de desarrollo sostenible.
Esta actuación, señoría -quiero que esto quede muy claro-, se hará si se cumplen todos los requisitos ambientales necesarios y se hará
tan pronto como sea posible, cuando se acabe este procedimiento. Yo no le puedo decir si el proyecto tendrá mañana la declaración de impacto ambiental positiva. Ojalá lo tenga; yo estoy deseando que así sea. Le garantizo que cuando se acabe esta
tramitación el proyecto se iniciará de manera inmediata por el Ministerio de Medio Ambiente. Insisto, tenemos que tener un proyecto constructivo que nos dé todas las garantías de que no produzca más daño que beneficio.
Señoría, quiero señalarle el gran esfuerzo inversor que el Ministerio de Medio Ambiente está realizando en las costas de Almería. Concretamente, la inversión en playas prevista para este año 2003 va más allá de 4,8 millones de euros y
tenemos presupuestados 5,1 millones de euros para el año 2004 en los presupuestos que en estos momentos se discuten en el Parlamento. En este momento hay actuaciones en ejecución tan importantes como el Camino de Ribera de Almería, 3.ª fase; el
acondicionamiento del borde litoral de Balanegra, 1.ª fase, en Berja; los accesos peatonales y de minusválidos a La Cala de la Balsa y de Villaricos en Cuevas de Almanzora; el paseo marítimo de El Pozo del Esparto, en Cuevas de Almanzora; el
tramo de conexión entre diferentes paseos existentes en Balerma, en el municipio de El Ejido, o la recuperación ambiental de las playas de Guardas Viejas y Balerma, también en El Ejido; el paseo marítimo de las Salinas de San Rafael, en Roquetas de
Mar o diversas obras de accesibilidad en playas de Almería. Señoría, todos estos proyectos de la costa de Almería que le acabo de señalar están en ejecución. Para el año que viene vamos a licitar la recuperación ambiental de la playa de El Toyo;
el paseo marítimo del núcleo costero del Calón en Cuevas de Almanzora; la estabilización de la playa entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora, también en Cuevas de Almanzora; una recuperación del paseo marítimo de Balerma en el
municipio de El Ejido; el acondicionamiento ambiental para los usos sostenibles en la zona de San Juan de los Terreros; Calarreona, en el municipio de Pulpí, y si tenemos toda la tramitación ambiental terminada también el proyecto de la playa de
La Fabriquilla en Almería.
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor secretario de Estado, el proceso de declaración de impacto ambiental comenzó en febrero del año 2001. Estamos terminando el año 2003, han pasado dos años y medio largos para hacer este trámite
administrativo. Me parece que es excesivo, máxime si tenemos en cuenta que, por ejemplo, las más de 200.000 alegaciones que se han hecho al Plan Hidrológico Nacional las han resuelto en dos meses. Eso sí es agilidad administrativa para resolver un
trámite. Lo que ocurre en este tema, por muchas vueltas que le dé, no satisface ni al Grupo Socialista, ni a los ciudadanos, ni mucho menos al presidente de la asociación de vecinos de La Fabriquilla. No le voy a leer lo que dice la prensa porque
probablemente, aunque fuese por carta, se le llamaría para que viniese, para darle la palabra, pero evidentemente se ha caído en la mayor de las desmoralizaciones posibles entre los ciudadanos porque se ha repetido que se iba a reiniciar esta obra y
no se ha hecho. La excusa no puede ser que ahora no está la tramitación administrativa porque en los Presupuestos Generales del Estado no está contemplada ninguna partida presupuestaria. Y usted me dirá que no está contemplada porque no se ha
hecho el trámite administrativo. ¿Cómo es posible que en los Presupuestos Generales del Estado se contemplen para la sociedad Acusur 64,8 millones de euros para la segunda fase de la desaladora de Carbonera cuando, según la propia información del
ministerio, está en fase de estudio previo? En el año 2003 ya se habían presupuestado 64,8 millones de euros para la desaladora de Carboneras, y está en estudio previo, no está terminado el proyecto, y se presupuesta en la playa de la Fabriquilla,
que falta muy poco; no se presupuesta nada, luego, difícilmente -si no es así, me corrige- se van a poder hacer actuaciones si no hay una partida presupuestaria para esa actuación. Como usted ha dicho muy bien, todas las demás están perfectamente
relacionadas en los Presupuestos Generales del Estado -regeneración del borde litoral, Salinas de San Rafael, la costa de Garrucha, playas de Almería, Pozo del Esparto, El Calon, Poniente (Adra), etcétera-, están todas perfectamente diseñadas y
definidas en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, como es lógico cuando se acerca un periodo electoral, no así ésta, que era un compromiso no del Grupo Socialista, sino del Gobierno de la nación, que se consideró una actuación
urgente en el año 1996 y todavía no se ha terminado. Por tanto, en este caso, de eficacia no pueden hablar.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Señoría, voy a intentar explicárselo otra vez. En el año 2001 se inició la tramitación ambiental de un proyecto que teníamos redactado en ese momento, consecuencia de lo
cual, señoría, hemos decidido cambiar el proyecto, entre otras cosas, por las modificaciones que el Partido Socialista en Almería, el Ayuntamiento de Almería, nos
ha pedido que hagamos. Quiero que le quede totalmente claro. Quiero señalarle que entendemos que el Ayuntamiento de Almería tiene razón, que el planteamiento que hizo era muy adecuado, y por eso lo hemos asumido.
Por tanto, estamos
modificando el proyecto constructivo. Quiero recordarle que recibimos la alegación del Ayuntamiento de Almería, como le acabo de decir, en el Ministerio de Medio Ambiente el día 4 de marzo del año 2003, hace siete meses, señoría. Terminó el
proceso de información pública, se estudiaron todas las alegaciones, y como consecuencia de ello hemos decidido modificar el proyecto en aquellos aspectos que hemos identificado que, efectivamente, se pueden mejorar.
Consecuentemente, señoría, la
tramitación ambiental no ha terminado.
Usted no lo quiere ver, pero está muy claro. Por tanto, señoría, la respuesta es clara.
Sobre la desaladora de Carboneras vamos a tratar en su siguiente pregunta; si le parece, la dejamos aparcada un momento y dentro de unos minutos hablamos de ella. Pero quiero contestarle a la afirmación que ha hecho sobre las alegaciones
del Plan Hidrológico Nacional, que no es correcta.
Señoría, hemos recibido 246.000 alegaciones al Plan Hidrológico Nacional (no más de 200.000, 246.000 alegaciones, para darle la cifra exacta) y quiero que su señoría sepa que esas alegaciones
responden a 400 modelos de alegaciones distintas; dicho de otra manera, contestando 400 se contestan 246.000 alegaciones, no nos confundamos con las cifras porque es importante que lo tengamos en cuenta. Decir 400 alegaciones distintas es exagerar
un poco; cuando digo distintas me estoy refiriendo a que cambian en un punto o en una coma, porque cuando cambian un punto o una coma ya son distintas para nosotros. Realmente los modelos distintos son 150 alegaciones. También quiero señalarle,
señoría, que no las hemos contestado en dos meses, sino en más tiempo; coja usted una agenda, compruebe el proceso de información pública, que acabó el día 3 de agosto, y verá que la evaluación de impacto ambiental se ha publicado hace una semana.
Si hace usted las cuentas, verá que no han sido dos meses. Ciento cincuenta alegaciones distintas, señoría, todo lo demás son fotocopias.
- DEL DIPUTADO SEÑOR CONTRERAS PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES RECOGIDAS EN EL ANEXO II DE INVERSIONES DEL PLAN HIDROLÓGICO NACIONAL PARA LA PROVINCIA DE ALMERÍA, PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL
GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA EXPEDIENTE 184/062058. (Número de expediente 181/003929.)
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, también del señor Contreras, proveniente de otra pregunta escrita sobre ejecución de las actuaciones recogidas en el Anexo II de inversiones del Plan Hidrológico Nacional para la provincia de
Almería.
Adelante, señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Comenté con uno de sus asesores la posibilidad de retirar esta pregunta. Así pensaba hacerlo, pero, en vista de la respuesta que me dio el ministerio y de las buenas noticias que aparecieron ayer en un medio de
comunicación, he creído oportuno mantenerla para felicitarle e informarle de que tanto en portada como en las tres primeras páginas de un diario de Almería se decía ayer que el encauzamiento del río Andarax se llevará a cabo en el año 2006, y se
mostraba una foto con el presidente de la Confederación Hidrográfica del sur y el alcalde de Almería en la construcción del muro. Esta es una noticia que le gustará saber, aunque es posible que algunas de las señorías aquí presentes se pregunten
cómo es posible que un diputado de la oposición dé esta noticia al secretario de Estado del Ministerio de Medio Ambiente, que tendría que saberlo ya. Pues parece que no lo sabía, a no ser que ayer leyera la prensa, porque en su respuesta de 24 de
octubre de 2003 a una pregunta sobre la situación en que se encontraba el anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional, hay dos cosas que son bastante curiosas. En el primer apartado se indican las actuaciones que se encuentran en fase de
estudio previo, para el posterior planteamiento y elaboración del correspondiente proyecto, y se nombra a la desaladora de Carboneras, segunda fase. En el año 2003 se presupuestaron 64,8 millones de euros, que, evidentemente, no se han gastado. Si
está en esta fase, ¿cómo es posible que se presupuesten 64,8 millones de euros? No lo entiendo. Pero tampoco entiendo que ahora se presupuesten nuevamente 64,8 millones de euros, cuando el Consejo de Ministros aún no ha dado el visto bueno a esta
actuación, a la que no va a dar tiempo, pero es que además está en la fase de estudio previo. Todo esto es difícil de entender.
Pero lo que más me preocupa es el encauzamiento del río Andarax, porque en un segundo punto de su respuesta dice: Actuaciones para las que se está redactando el proyecto o ya se dispone de proyecto redactado, que se encuentra en distintas
fases de tramitación. Por lo tanto, se habla de trámite de redacción de determinadas actuaciones, entre ellas, el encauzamiento del río Andarax. Me gustaría saber en qué situación está, porque sería bueno que la documentación se correspondiera con
la realidad. Es decir, si hay obras, supongo que el proyecto estará redactado y licitado, como se licitó el 28 de enero de 2003, se adjudicó a la empresa Sando, no sé si en el mes de junio o julio, y las obras empezaron en agosto. Últimamente se
han dado mucha prisa, porque en menos de una semana han levantado un trozo de muro. Es verdad que no va a estar el muro terminado hasta dentro de tres años, pero ya hay un trozo levantado. Le digo esto porque esta obra tiene un plazo
de ejecución de 40 meses. Sin embargo, el señor Hernando, que en esto se las pinta sólo, ha salido como un héroe diciendo que el ministerio iba a conseguir que se realizara la obra en 30 meses. Si se va a conseguir en 30 meses, ¿por qué no
se dijo así cuando se licitó la obra?
Voy a relatar una breve historia de esta actuación porque es un poco rocambolesca. Usted adquirió aquí compromisos que no ha cumplido. Ahora me podrá decir que se trata de una modificación del proyecto. No sé si será eso, será otra cosa o
será un error, espero que ahora me lo aclare.
En la Comisión del 28 de junio de 2001, hace ya bastante tiempo, yo le comentaba que esta obra tenía un presupuesto de 2.800,5 millones de pesetas y le preguntaba cuál iba a ser la programación
económica. En aquel momento, usted, como secretario de Estado, se comprometió a que para el año 2002 -estamos hablando de junio de 2001- habría un presupuesto de 900 millones de pesetas, en el año 2003 habría un presupuesto de 1.050 millones de
pesetas y el resto sería para el año 2004. El día 26 de junio de 2002 hay una Comisión sobre el mismo tema y vemos que el presupuesto había pasado a 21 millones de euros, aproximadamente, 3.500 millones de pesetas. Entonces yo le pregunté -porque
no veía una partida específica de 900 millones para esa actuación- dónde estaba esta partida. Usted me dijo que era una partida genérica del programa 512.A, proyecto 1988/17600906, acondicionamiento...
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, perdone, pero le recuerdo que es una pregunta oral y está usted rozando el límite del tiempo acumulado de las dos intervenciones.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Voy terminando. Tendré que sintetizar.
En junio de 2002 le pregunté si se iban a gastar esos 900 millones de pesetas. Le felicité porque dijo que se estaba actuando, que esa partida estaba ahí, aunque yo no lo veía, y usted me dijo que la previsión del Ministerio de Medio
Ambiente cuando hizo el presupuesto del año 2002 era gastar 900 millones de pesetas, a través de esta partida presupuestaria, específicamente en esta obra. En este momento sigue siendo exactamente la misma; por tanto, prevemos que efectivamente se
van a gastar 900 millones de pesetas. Estoy hablando del año 2002. No se gastó nada. En el año 2003 se presupuestaron 314.000 euros, 52 millones de pesetas. Y en el presente ejercicio, si es cierto que toda la partida que hay en ese crédito -que
son 5,2 millones de euros-, se destina exclusivamente a esta actuación -que no lo creo-, serían 800 millones de pesetas. Luego, según lo que usted dijo, en los años 2002 y 2003 se tenían que haber gastado casi 2.000 millones de pesetas y se van a
gastar menos de 900 millones de pesetas. Con la hoja de presupuestos, la previsión...
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, ha consumido su tiempo.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Termino, señora presidenta, formulando estrictamente la pregunta.
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, no tiene ni réplica.
El señor CONTRERAS PÉREZ. Está claro que no se puede clarificar un tema como este porque no le interesa al Gobierno, pero no hay ningún problema.
¿Cuál es la razón de que aparezca en redacción el proyecto nuevamente cuando ya estaba
redactado?
La señora PRESIDENTA: Señor Contreras, esta presidencia ha sido profundamente condescendiente, permitiendo un debate más allá de la pregunta que usted ha formulado. Y no soy yo, sino el reglamento de la Cámara, quien marca los tiempos.
Adelante, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Perdone, señoría, pero en el orden del día la pregunta que yo tengo aquí se refiere a las ejecuciones recogidas en el Anexo II de inversiones del Plan Hidrológico
Nacional para la provincia de Almería. ¿Es esto correcto o no?
El señor CONTRERAS PÉREZ: Esas actuaciones están.
La señora PRESIDENTA: Señor secretario de Estado, no abra debate. Responda usted a la pregunta tal y como ha sido planteada, y con esto habremos acabado las preguntas formuladas por el señor Contreras, en los términos que están planteados
en esta Comisión, al margen de las disquisiciones.
(El señor Contreras Pérez pide la palabra.)
No tiene la palabra, señor Contreras.
Señor secretario de Estado. (El señor Contreras Pérez pronuncia palabras que no se perciben.)
No tiene la palabra, señor Contreras.
Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Señorías, esta pregunta forma parte de la batería de preguntas que el Grupo Parlamentario Socialista ha enviado al Gobierno en relación con las actuaciones del Anexo II
de la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que han batido un récord del libro de los Guinness, puesto que han mandado 15.000 preguntas, todas a la vez, lo cual es algo asombroso.
Señoría, cuando el Gobierno contesta esas preguntas, evidentemente da toda la información que tiene en ese momento con la mejor voluntad de dar la información que se solicita, pero esa información, como es
lógico y natural, va variando en el tiempo. Y una actuación como la de la Playa de la Fabriquilla en Almería, que está prevista para realizarla en un momento concreto, con un presupuesto determinado, puede variar si después surgen unas
circunstancias perfectamente establecidas y absolutamente legales del procedimiento administrativo. No hay otra razón. Estas divergencias que usted encuentra en las cifras no tienen otra razón.
Hace un momento me enseñaba un periódico que yo no he visto, pero está claro que la actuación del encauzamiento del Andarax es ya una realidad que va a resolver definitivamente un problema que tenía preocupados a los ciudadanos de Almería y
también al Gobierno, por lo que hemos puesto en marcha una actuación para resolver un problema que podía generar unas inundaciones en el término municipal que, claramente, con la realización de ese proyecto se van a resolver definitivamente. Esa es
la realidad, señoría. Todo lo demás -y le doy la razón, no tengo ningún inconveniente- pueden ser defectos en la presupuestación que se hace. Pretendemos hacer unas cosas que posteriormente, desafortunadamente, no podemos llevar a cabo. Pero,
señoría, le ruego que no me eche eso en cara. Crea en nuestra buena voluntad, crea que queremos hacer las cosas bien, crea que si se producen desajustes en la programación presupuestaria, somos nosotros los primeros que las sufrimos y que tomamos
las medidas correspondientes para ejecutar el presupuesto de la forma más adecuada. Insisto, este proyecto ya es una realidad -ese es el dato importante-, este y el 54 por ciento de las obras del Plan Hidrológico Nacional que el ministerio tiene
programadas en Almería, que suponen 690 millones de euros. El 54 por ciento está hecho; concretamente, la desaladora de agua de mar de Carboneras, la conexión de la presa de Cuevas de Almanzora con el Poniente almeriense, la conexión de la
carretera de Almanzora, la impulsión de la desaladora de Carboneras a la Venta del Pobre, el saneamiento, la depuración y la reutilización de aguas del Campo de Dalías, la defensa y recarga de los acuíferos del poniente almeriense, el cuenco
amortiguador de la presa de Cuevas de Almanzora y el encauzamiento del río Andarax son ya una realidad. Esto, junto con el trasvase del bajo Ebro, que se aprobó con el Plan Hidrológico Nacional, que le recuerdo que su grupo no quiso apoyar, va a
resolver definitivamente los problemas de agua de Almería.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (FERNÁN-DEZ MARTÍNEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO EN ALTA DE LA COMARCA DE EL CONDADO, EN LA PROVINCIA DE JAÉN. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/001094.)
- LOS REITERADOS CORTES EN EL ABASTECIMIENTO EN ALTA QUE HA SUFRIDO EN AGOSTO LA COMARCA DE EL CONDADO, EN LA PROVINCIA DE JAÉN, Y SOBRE LA CONSIDERACIÓN PARA SU DECLARACIÓN COMO OBRA DE EMERGENCIA POR PARTE DEL GOBIERNO DEBIDO AL ESTADO TAN
LAMENTABLE EN QUE SE ENCUENTRA ESTA RED EN ALTA QUE GESTIONA LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001627.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a las comparecencias planteadas, en primer lugar la del Grupo Parlamentario Popular sobre los trámites administrativos en la presa de Castrovido en Burgos y, en segundo lugar, las dos comparecencias solicitadas
por el Grupo Parlamentario Socialista sobre el servicio de abastecimiento en alta de la comarca de El Condado en la provincia de Jaén.
Ha habido un acuerdo entre los dos grupos parlamentarios para alterar el orden de estos puntos, pero el señor secretario de Estado no lo sabe. Por lo tanto, le pregunto si no tiene inconveniente en que se cambie el orden. (Pausa.)
Al no haber inconveniente, vamos a tratar en primer lugar conjuntamente las dos comparecencias relativas al abastecimiento en alta de la comarca de El Condado en la provincia de Jaén.
Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): El Grupo Parlamentario Socialista solicita que el Gobierno informe sobre la situación del abastecimiento de agua a la comarca jienense de El Condado.
Voy a comenzar por lo más
general, para que entiendan desde el principio de qué estamos hablando, y luego pasaré al detalle de los hechos concretos por los que se pregunta y, particularmente, a la problemática de los cortes de agua que se produjeron este verano en esta
comarca.
Desde el año 1967, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está gestionando el abastecimiento de agua a la comarca de El Condado. Lo que comenzó siendo una actividad temporal, ya que otras mancomunidades o entidades análogas, juntas,
asumieron la explotación de las infraestructuras locales de abastecimiento a lo largo del tiempo, en este caso se ha prolongado en el tiempo y hemos llegado al siglo XXI, y eso que en el año 1984, concretamente el 18 de junio de aquel año, se
publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' el decreto de transferencia de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de abastecimiento, saneamiento, encauzamientos, defensa de márgenes y regadío. Es decir, que la
competencia para el abastecimiento de agua potable en Andalucía y, por tanto, para los municipios de la comarca jienense de El Condado, que están en Andalucía, es de la Junta de Andalucía, pero el único que da la cara cuando surgen
problemas de abastecimiento es el Gobierno central. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigue prestando los mismos servicios que venía prestando hace años, cuando las competencias están asumidas por todas las comunidades
autónomas, incluida la Junta de Andalucía, y esto no lo digo como excusa y usted lo sabe. Al problema de abastecimiento puntual, que solucionamos, se suman otros muchos ejemplos de actuaciones para mejorar el abastecimiento de esta comarca y de
otros rincones de Andalucía.
Para ser justos, quiero recordar que en el año 1998 los alcaldes de los municipios de El Condado -Jaén- realizaron algunas actuaciones destinadas a mejorar las condiciones de distribución del agua en la comarca. En ese momento, la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se comprometió a financiar parte de las obras, con un presupuesto de 900.000 euros. Pues bien, estas actuaciones se han realizado, señoría. Desde 1999, la Confederación Hidrográfica ha invertido en esta
comarca más de 200.000 euros para sustituir tramos de tubería de la conducción de Sorihuela, más de 550.000 para la sustitución de tramos de tubería de conducción de las poblaciones de Montizón y Aldeahermosa, y más de 150.000 euros para la
reparación de la estación elevadora del depósito regulador de bombeo de las poblaciones de Chiclana, Campillo y Camporredondo. Señorías, todas las peticiones que hicieron los alcaldes y los representantes de El Condado han sido atendidas. Lo que
ocurre es que el Consorcio, al que representan estos alcaldes, nunca llevó a cabo la recepción de las obras.
Una vez más, la gestión la asumió la Administración del Estado, en lugar de aquella que tiene la competencia de la gestión.
Ya en el apartado de lo concreto, durante el mes de agosto se produjeron averías puntuales, debidas fundamentalmente a los problemas que generaron las elevadísimas temperaturas que sufrimos en aquel momento y, en concreto, a los cortes de
energía que se produjeron como consecuencia de la ola de calor. Estas averías se produjeron especialmente durante los primeros días del mes -concretamente, los días 3 y 6 de agosto- y fueron reparadas en todos los casos por los técnicos de la
Confederación en plazos que oscilaron entre una y siete horas, como media. De todos modos, en la mayoría de los casos, el problema no fue ese, sino la deficiente explotación de los depósitos internos de los municipios. Cuando, tras el corte, se
puso de nuevo en marcha el suministro, se produjeron en muchos casos, por la deficiente explotación de los depósitos, roturas de tuberías que fueron las que generaron el problema de verdad. Lo que inicialmente había sido un problema muy concreto,
se complicó y se convirtió en otro mucho mayor. Es decir, que el verdadero origen del problema, señoría, está en los depósitos municipales y en la fatiga que ha sufrido la red, unido, sin duda, al estado de las tuberías.
Aun así, señoría, y aunque los técnicos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no tienen por qué asumir el trabajo de otros, el día 15 de octubre, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, el Consorcio de El Condado y la
Diputación Provincial de Jaén se reunieron, en un exceso de responsabilidad de la primera, si usted me lo permite. En aquel encuentro se acordó, entre otras cuestiones, que la Confederación asumiría el presupuesto presentado por el Consorcio para
renovar las infraestructuras totalmente: un presupuesto de 3,7 millones de euros para la ejecución de las nuevas conducciones, que son obviamente necesarias, para la redacción de un proyecto constructivo en el plazo de cinco meses, y para la
tramitación del proyecto, licitación y demás trámites administrativos necesarios para llevar la obra a buen fin. Una vez realizada esta actuación, 36 años después, la Confederación entregará al Consorcio las obras que procedan, para su explotación
y mantenimiento, para todos los habitantes de El Condado.
Llegados a este punto, se preguntará usted, señoría, como nos preguntamos los demás: ¿Y la Junta de Andalucía? Me parece que no he mencionado a la Junta de Andalucía como participante en esas reuniones ni ninguna propuesta que haya hecho
la Junta de Andalucía, que es la Administración que tiene las competencias de abastecimiento desde 1984. Pues tiene usted razón: la Junta de Andalucía sigue sin aparecer. Efectivamente, es correcto, no ha aparecido.
Ahora bien, para hacer efectivo este compromiso, primero tenemos que firmar un convenio bilateral para que, una vez terminadas las obras, el Consorcio asuma la explotación, sin la participación de la Junta de Andalucía, que es la que tiene
las competencias de abastecimiento, repito. La Confederación, por su parte, está redactando el proyecto dentro del plazo marcado. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ministerio de Medio Ambiente, dan la cara una vez más, para
solucionar los problemas de los ciudadanos; problemas que, sean de la entidad que sean, estamos dispuestos a resolver como Administración.
Para concluir, señoría, le recomiendo que esta misma comparecencia se la planteen ustedes a la Junta de Andalucía en el Parlamento andaluz, a ver qué dicen.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Quirós.
El señor QUIRÓS PULGAR: Agradezco al secretario de Estado su comparecencia en esta Cámara, sobre todo en un día tan señalado como el de hoy, primer aniversario del desastre medioambiental del Prestige, y me va a permitir S.S. hacer un
inciso en esta comparecencia para hacer al menos un recordatorio positivo.
Han querido ustedes transmitir a la opinión pública en estos días la normalización de la situación y que han actuado en esta crisis perfectamente y de una manera eficiente. En definitiva, parece que quieren pasar página aun sabiendo, aunque
no quieran reconocerlo, que aún quedan muchos años para la normalización de Galicia y del resto de comunidades afectadas por los impactos ambientales a largo plazo originados por su ineficaz gestión.
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, comprendo su sensibilidad respecto al caso del Prestige y creo que hoy todos nos podemos dar por satisfechos por cómo se ha resuelto. En cualquier caso, no es el motivo de la comparecencia; estamos
hablando de la comarca de El Condado, no de Galicia.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señora presidenta, me he permitido un inciso...
La señora PRESIDENTA: Pues se ha acabado el permiso para el inciso, señor Quirós. Volvamos al tema que nos trae, que es la comarca de El Condado.
El señor QUIRÓS PULGAR: Quizá haya faltado hoy en esta comisión de Medio Ambiente una mejor valoración de la presidenta en esta situación en un día tan señalado. Al no hacerlo usted, me he permitido hacerlo yo.
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, no tiene la palabra.
El señor QUIRÓS PULGAR: Le guste o no le guste, ¿o es que quiere imponer aquí unas leyes como la ley del látigo? (La señora García-Hierro Caraballo pronuncia palabras que no se perciben.)
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, no tiene usted la palabra. En primer lugar, el papel de la presidenta institucional es el que es y no otro diferente, y yo aquí ejerzo de presidenta de la Comisión, (El señor Quirós Pulgar: De Medio
Ambiente.), no de otra cosa. Le recuerdo que no es usted la primera persona que habla aquí del Prestige simplemente lo han hecho de pasada, y por eso me ha parecido razonable, el señor Vázquez y anteriormente el Grupo Popular, pero no ha sido un
debate sobre el Prestige, que es lo que usted está haciendo. Por tanto, señor Quirós, vamos a hablar de la comarca de El Condado, que es la petición que usted ha realizado.
El señor QUIRÓS PULGAR: Esto es lo más gordo que yo he visto en esta vida parlamentaria, que es muy corta en esta legislatura, que es querer cortar mis valoraciones políticas en el tiempo que tengo concedido en esta Comisión. Sólo voy a
decir que los socialistas manifestamos hoy nuestra solidaridad y nuestro apoyo a las comunidades afectadas por la catástrofe del Prestige.
Centrándome en el tema que nos ocupa, diré en primer lugar al secretario de Estado que deje ese discurso para los diputados del Partido Popular en la provincia de Jaén. Usted no puede venir a esta Comisión a intentar confundir y engañar en
el sentido de que sabe a ciencia cierta que las transferencias a la comunidad autónoma de Andalucía en materia de aguas son de auxilio a los ayuntamientos, y las está ejerciendo en baja, donde los ayuntamientos están haciendo la gestión. Y las
inversiones que ha hecho la Junta de Andalucía en este periodo de tiempo en baja superan a las que ha hecho la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir desde que ustedes gobiernan. Porque hay otro cantar. Usted se olvida de que hay un convenio
que se firmo en 1987 y que hicimos los socialistas. Le gustará más o menos, pero ese no es el problema. El problema es que está vigente hasta el año 2007 y usted tiene que garantizar que se cumpla. Aparte de que se hayan hecho las transferencias,
hay un compromiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de asumir la competencia, la gestión total y con plena autonomía de este abastecimiento en alta. La cláusula primera dice que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por
medio de sus servicios, realizará las actividades que se citan mientras esté en vigor este convenio. ¿Lo está o no lo está? ¿Lo está hasta el 2007, o no comparte usted esta afirmación? Los servicios que asumía eran la construcción, explotación,
administración y conservación de los abastecimientos de agua potable en alta de los municipios que suscriben este convenio; la obtención de los caudales de agua precisos para el abastecimiento y la elaboración de proyectos, contratación y dirección
de proyectos y de obras que tengan por objeto satisfacer los fines anteriormente citados. Por tanto, al margen del compromiso real que puede haber de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, hay cuatro abastecimientos en Andalucía que la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir está explotando: tres en la provincia de Jaén, el Quiebrajano, el de Martos y el de El Condado. Podemos decir que este convenio le compromete aún más a resolver los problemas de abastecimiento que puedan
tener estos municipios.
La causa fundamental de los problemas de abastecimiento que vive la comarca de El Condado es la falta de cumplimiento de este convenio, que se traduce en la ausencia de inversiones importantes en la mejora de la red en alta desde que ustedes
gestionan. No hay sequía de agua, lo que hay es sequía inversora desde 1996, desde que ustedes gobiernan porque desde 1987 hasta 1996 gobernando los socialistas, en este sistema de abastecimiento se invirtieron ocho millones de euros y el Partido
Popular ha invertido 900.000 euros, como usted acaba de reconocer. No se trata de ver quién puso más, sino de quién estaba comprometido realmente con la resolución de los problemas del agua.
Señor secretario de Estado, lo vergonzoso de la mala gestión que está realizando actualmente la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en este sistema de abastecimiento queda plasmado en una fotografía que tengo aquí, en la que queda
reflejado que los camiones cisterna tienen que suplir muchas veces las conducciones en alta por la mala gestión que ustedes están realizando. Me imagino que estas no serán las maravillas de su Plan Hidrológico Nacional. También le digo que
nosotros votamos en contra de la ley, pero no del anexo de inversiones del Plan Hidrológico Nacional. No confundan ustedes las cosas. Y no son 15.000 preguntas las que les hemos hecho, sino 888 -ahí están los registros del Congreso de los
Diputados-; otra cosa es que ustedes no quieran contestarlas, como no las han contestado, para tener una patente de corso para ir haciendo lo que les dé la gana en este país en relación con el Plan Hidrológico Nacional.
Ya que estamos hablando del Plan Hidrológico Nacional, señor secretario de Estado, no se entiende que no incluyera en el Plan Hidrológico Nacional una gestión que tiene plena autonomía, una gestión total, como se define en este convenio, si
sabían los problemas de abastecimiento que tenía esta comarca. Lo que no puede ser es que ustedes quieran invertir, según dicen -aunque hay que ponerlo en duda-, 2.815 millones de euros en resolver los problemas de abastecimiento de agua de este
país y estén denegando una inversión de 3,7 millones de euros -lo han estado denegando hasta el 15 de octubre, fecha en la que, según ha avanzado usted, llegaron a un acuerdo-. ¿Qué quiere usted que le diga? No le puede usted pedir a la Comunidad
Autónoma de Andalucía que asuma una gestión que no le compete porque la tiene la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y cuando además hay un Plan Hidrológico Nacional que quiere resolver los problemas de abastecimiento de este país, a no ser
que esta comunidad autónoma, como es territorio comanche, como dice más de un ministro, sea de segunda categoría y no necesitemos instrumentos de planificación, sino que lo asuma la Junta de Andalucía porque ya le transfirieron en 1984 las
competencias. Le recuerdo que las competencias son de auxilio al ayuntamiento, no a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.
Ya está bien de hechos dantescos en este sistema de abastecimiento, señor secretario de Estado. Asuman sus responsabilidades y no intenten engañar más a la opinión pública, como usted ha intentado también hacer en sede parlamentaria, por
eso le he dicho que es mejor que se lo dejara a los diputados del Partido Popular, que lo hacen muy bien en la provincia de Jaén. ¿Se acuerda usted de la alta concentración de manganeso que tuvo este sistema de abastecimiento en noviembre de 2001?
¿Sabe cuáles fueron las causas, según la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir? La alta temperatura del mes de noviembre. ¿Qué hubiese pasado en los meses de julio o agosto? Sabe usted a ciencia cierta que el problema que hubo ese día para
que las concentraciones de manganeso supusieran un 2000 por ciento por encima de lo permitido por la reglamentación técnica sanitaria se debió a que la estación de tratamiento de agua potable que gestiona la Confederación no tiene agitador y el
decantador estaba lleno de fango. Es decir, no hay mantenimiento ni conservación y ustedes están haciendo una mala gestión de ese sistema, por eso se contaminó el agua de tanto manganeso, porque no es nuevo que se acumule manganeso, pero si se
hacen los tratamientos adecuados no tienen por qué llegar esas altas concentraciones a la población.
En las manifestaciones que ha hecho ha eludido sus responsabilidades y ha aludido a la empresa que está gestionando en baja, que tiene los problemas de los cortes de agua que hubo en los meses de junio y agosto.
¿Dónde se produjeron las
roturas de las tuberías, en las conducciones en alta o en baja? ¿Cómo va a gestionar una empresa el agua que no le llega a su depósito? El problema no estuvo desde los depósitos hasta las conducciones de cada casa de cada particular en el sistema
de abastecimiento de baja; el problema estuvo en la red de alta porque no llegaba agua a los depósitos. Ese fue el problema. Creo que es hora de que ustedes asuman sus responsabilidades, que no hagan más dejación de sus funciones y que haya un
compromiso real. Nosotros lo pedimos por una sencilla razón, porque hay un compromiso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que no hay que agradecérselo porque está implícito en el convenio que firmaron en 1987. Es decir, lo del
compromiso de la Administración central o que el único compromiso que hay es el de la Administración central déjenlo ustedes para quien no conozca este convenio ni a qué se comprometió la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Por tanto,
nosotros lo único que pedimos es que estas obras sean declaradas de emergencia. No puede ser que en una misma provincia haya ciudadanos de primera y de segunda, y me estoy refiriendo al Ayuntamiento de Jaén, porque ustedes aprobaron en el sistema
de Quiebrajano una obra de emergencia para resolver los problemas de abastecimiento. Apliquen ustedes la misma filosofía a El Condado. No mire usted el color político, porque los ciudadanos, en definitiva, no tienen que sufrir las consecuencias
del color político de quien gobierne en un lado o en otro.
Ha dicho que se va a hacer la obra, que se han redactado los proyectos, pero mucho nos tememos, señor secretario de Estado, que en el año 2004 estas actuaciones no se van a poder llevar a cabo. Se lo recalco para que me escuche, aunque si
tiene el don de poder hablar y a la vez escucharme, no tengo nada que objetar. Le pido que si hay un compromiso ya para redactar estos proyectos y para que se hagan las obras, aparezca la consignación presupuestaria en los Presupuestos Generales
del Estado de 2004, porque en la partida de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en abastecimientos y saneamientos, sólo aparecen 216.360 euros, 36 millones de las antiguas pesetas. Como le he recordado anteriormente, la Confederación tiene tres sistemas de abastecimiento en
la provincia de Jaén, el Víbora, el Quiebrajano y El Condado, y si hacemos un reparto proporcional de esta cantidad, vemos que sólo le van a tocar 72.000 euros a cada uno de estos sistemas de abastecimiento, 12 millones de las antiguas pesetas, que
están muy lejos de los 3,7 millones de euros, por encima de los 600 millones de las antiguas pesetas, que costarían estas actuaciones. Pero soluciones hay si ustedes quieren. Aprueben una enmienda que ha presentado el Grupo Socialista a los
Presupuestos Generales del Estado de 2004 para que pueda ser una realidad esta obra en ese tiempo, porque si no, se va a quedar simplemente en una promesa electoral y los ciudadanos de El Condado sabrán que si en el próximo mes de marzo hay un
cambio de color político, por suerte, sí se va a poder realizar esta actuación; con ustedes, lo dudamos mucho, si no aparece una consignación presupuestaria para realizarlo.
Para terminar, me parece bochornoso que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir esté más preocupada por hacer un parque periurbano en Jaén capital, que no es de su competencia, que por resolver los problemas de agua de El Condado, que
sí es de su competencia. También me parece bochornoso que el Ministerio de Medio Ambiente esté más preocupado por hacer un parque de atracciones en la ciudad de Jaén para suplir la falta de liquidez de este Ayuntamiento, que por resolver los
problemas de abastecimiento que tienen tanto El Condado como el Quiebrajano o el Víbora. Por tanto, señor Secretario de Estado, espero que, ya que estamos en sede parlamentaria, nos dé unos argumentos que no sean propios de un mitin político,
confundiendo a la opinión pública; déjeselo a los diputados del Partido Popular, que lo hacen muy bien; concretamente, el señor García, aquí presente, en la última Comisión de Medio Ambiente dijo que hubo escasez de agua porque la población de El
Condado tuvo que beber mucha agua ese día o dejarse los grifos abiertos. No sé si usted lo compartirá, pero es una anécdota más del ejecicio de justificar lo injustificable que usted ha hecho anteriormente.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor García.
El señor GARCÍA GÓMEZ: En el turno de fijación de posición, mi grupo quiere agradecer la presencia del secretario de Estado de Aguas y también las explicaciones e informaciones proporcionadas sobre este asunto, que es reiterativo ya en esta
Cámara y en esta Comisión de Medio Ambiente.
Digo que es reiterativo, señor secretario de Estado, señorías, porque no es la primera vez, como he dicho, que debatimos en esta Comisión sobre el abastecimiento de agua a la comarca de El Condado en la
provincia de Jaén. Quizá sea, insisto, reiterativo mi discurso, porque reiterativo es el discurso del Grupo Parlamentario Socialista y reiterativos son los argumentos tanto de un grupo como de otro. Aunque al señor Quirós le moleste, los
argumentos del Grupo Parlamentario Popular están en total consonancia con los del Gobierno de la nación.
Desde el Grupo Parlamentario Popular siempre hemos sido coherentes, siempre hemos manifestado lo mismo y no tengo más remedio que referirme a mis intervenciones anteriores. El debate sigue siendo uno. Por parte del Gobierno de la nación
siempre ha habido diálogo a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, con los alcaldes de la zona, con el Consorcio de Aguas; siempre que éstos lo han querido, claro está.
Se ha llegado a acuerdos de inversión en 1999 de cerca de
un millón de euros en los municipios de esta zona, Sorihuela, Montizón, Navas, Castellar, etcétera, acuerdos que se cumplieron por parte de la confederación, del Gobierno. En ese acuerdo también existía el compromiso de los ayuntamientos afectados
de que, una vez realizadas las obras, el organismo autonómico competente se haría cargo de todas las instalaciones, de las ya reparadas y de las no reparadas, como así recoge el estatuto de autonomía. Pues bien, este último punto no se materializó
en absoluto y me vengo preguntando, igual que se pregunta el secretario de Estado, ¿tiene interés la Junta de Andalucía, gestionada por el Partido Socialista, sus compañeros, de recibir estas instalaciones que son de su competencia? ¿Tiene interés
el Partido Socialista, tiene interés la Junta de Andalucía? Creo que no, en absoluto, y lo viene demostrando desde hace tiempo. De lo que sí estoy seguro es de que el Gobierno del Partido Popular y este grupo que lo apoya quieren que se realice
esa transferencia.
Mis afirmaciones no son gratuitas, y me remito al 'Diario de Sesiones' de las comisiones de Medio Ambiente celebradas en mayo de 2002 y junio de 2003, señor Quirós. En la sesión de la Comisión de Medio Ambiente celebrada en mayo de 2002,
este diputado que les habla ofreció el diálogo al ponente del Grupo Parlamentario Socialista, es decir, a usted, señor Quirós, aportando, mediante enmienda a su proposición no de ley, solución en el sentido de sentar a todas las partes implicadas:
Estado, Junta de Andalucía y Diputación Provincial de Jaén, que aunque usted decía que no tenía que intervenir de hecho lo está haciendo, e intentar llegar a un acuerdo satisfactorio, solucionar problemas a los ciudadanos y realizar las oportunas
transferencias de gestión del sistema del órgano autonómico competente. Usted, señor Quirós, ni caso; rechazó la enmienda y, por tanto, el diálogo, en esta Comisión, en sede parlamentaria. Lo mismo ocurrió en el mes de junio del año 2003. En su
proposición no de ley volvía a reiterar lo mismo y cuestionaba incluso el número de trabajadores que desarrolla la labor en estas instalaciones, que eran pocos,
decía. ¿Ahora son pocos? ¿En 1996 no eran pocos? En mi intervención le decía que era necesario el traspaso de las competencias desde los acuerdos de 1999 y que el Gobierno de la nación, el Estado, estaba dispuesto a ello y se encontraba y
se encuentra con el muro de las administraciones de Andalucía; Junta de Andalucía y Diputación Provincial.
Desde el punto de vista del Partido Popular, evidentemente las inversiones que el Gobierno de la nación hace en Andalucía, en Jaén, no son bochornosas en absoluto. Bochornoso no es que la competencia de la Junta de Andalucía en alta para
las conducciones del Víbora tenga que financiarlas, en su mayor parte, el Gobierno de la nación; bochornoso no es que las conducciones a Jaén, competencia de la Junta de Andalucía, tenga que financiarlas el Gobierno de la nación; bochornoso no es
que respecto a las competencias del abastecimiento de agua al Condado, que tendrían que ser de la Junta de Andalucía, tenga que venir el Estado, el Gobierno de la nación a decir: pongo 3.700.000 euros para arreglar eso y, por favor, cojan ustedes
las competencias. Creo que eso no es bochornoso para el Gobierno de la nación, sino para quien gobierna la Junta de Andalucía, para quien gobierna la diputación provincial, que es el Partido Socialista, señor Quirós, sus compañeros. En muchas
ocasiones le he dicho que en vez de venir aquí a decir que estamos haciendo las cosas mal o bien, en vez de venir aquí a decir cómo hacemos las cosas, se vaya a Andalucía y les diga, por favor, a sus compañeros del Partido Socialista, que inviertan
en nuestra provincia. Le repito lo que le dije en la última reunión de la Comisión del mes de junio: lo único que han hecho en estos tres o cuatro últimos años ha sido darle una licencia a un gran centro comercial en la ciudad de Linares, única y
exclusivamente; el resto no lo veo por ningún lado, señor Quirós. Creo que el Gobierno de la nación, el Grupo Popular, están respondiendo a las expectativas que de ellos se tenían en la provincia de Jaén. Me parece que esta comparecencia tenían
que pedirla ustedes en la Junta de Andalucía para que les diga su consejero qué es lo que están haciendo en la provincia y que de verdad hagan lo que tienen que hacer.
Señor secretario de Estado, señor Quirós, podríamos preguntarnos dónde está la Junta de Andalucía, entonando incluso alguna canción infantil: ¿Quizá en el fondo del mar? Hace falta ser más serios. Esta es la tercera intervención, la
tercera comparecencia, la tercera vez hablando de este asunto. Se les ofreció el diálogo, ustedes no lo han querido y al final, como le venía reiterando en mis anteriores intervenciones, el Gobierno de la nación se hará cargo de esas deficiencias
en altas. Pero no excluya usted esas deficiencias en bajas de los municipios, que también pueden existir. De hecho, existen porque, como le he dicho muchas veces, no todo está a gusto de todos.
Señor secretario de Estado, como he dicho al principio y dada nuestra sintonía, le agradezco de manera sincera que se hayan llevado a cabo los compromisos que el Gobierno, que el Partido Popular, han adquirido en sede parlamentaria y que al
final, por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, por los funcionarios que la dirigen, tanto en la provincia como en el resto de Andalucía, se haya podido llegar a ese acuerdo.
Creemos que en el tiempo que se estime pertinente, con los
proyectos que se estimen oportunos y con ese importante montante de euros que se va a invertir, esa obra estará lo antes posible. Espero que la entidad que tenga que recepcionarlo lo haga.
Me gustaría que en la próxima legislatura volviésemos a debatir sobre este tema, pero quizás al revés, señor Quirós, diciéndole yo que el Gobierno de la nación del Partido Popular ha cumplido y seguirá cumpliendo.
La señora PRESIDENTA: Para contestar a las intervenciones, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Señoría, no sé qué explicación le puede dar usted a esto, pero es algo que me sorprende y no soy capaz de entenderlo con claridad; no sé si entre todos podremos
encontrar una respuesta. ¿Es usted capaz de explicarnos a todos por qué la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sigue dando servicio de abastecimiento a 225 poblaciones en el Guadalquivir? Es una situación que no se produce -con una
excepción que ahora le voy a comentar- en ningún otro lugar de España. ¿Por qué la Confederación Hidrográfica del Guadiana no da servicio a abastecimiento en poblaciones en Extremadura, en Castilla-La Mancha; la del norte en Asturias o la del Ebro
en Aragón, que son comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista? ¿Qué razón hay para esto? ¿Hay alguna razón? Yo no la entiendo, no soy capaz de comprenderlo; se lo digo sinceramente. No lo entiendo, porque es un tema que es
competencia de las administraciones autonómicas desde hace 20 años y todas las comunidades autónomas han asumido sus competencias totalmente. Sin embargo, aquí tenemos unos debates que no tienen nada que ver con que la Administración general del
Estado y la Confederación Hidrográfica no asuman su responsabilidad. ¡Claro que la asumen! Gracias a que la tienen asumida estos 225 municipios tienen agua todos los días. Es evidente, es la prueba palpable y clara de que tienen asumidas sus
competencias. El ministerio las tiene asumidas porque no conseguimos que otras administraciones las asuman.
Señoría, este convenio es del año 1987 y en su cláusula cuarta dice: En tanto se constituye el consorcio que haya de administrar y gestionar este servicio público y puesto que hay obras en ejecución bajo dirección e inspección de la
Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y teniendo en cuenta la íntima conexión entre éste y las ya realizadas, parece conveniente que aquel organismo se haga cargo de la gestión
total que en su día asumirá el consorcio en toda su plenitud. Este convenio tiene un plazo de vigencia de diez años. (El señor Quirós Pulgar: ¡Prorrogable!) Sí, naturalmente, ya hemos pasado al siglo XXI y después se prorrogará hasta el
XXII, mientras no haya voluntad por parte de las administraciones correspondientes de asumir sus competencias. Lo que le garantizo que no va a hacer la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir va a ser dejar a los municipios sin abastecimiento,
esté seguro de ello. Mientras no se quieran asumir las competencias tendremos que seguir ahí. Lo vamos a hacer de buen grado, como lo hacemos todo, eso sí, poniendo las cosas en sus justos términos y explicándolas, porque es bueno que los
ciudadanos las conozcan con detalle.
Habla usted de muchas cosas, se ha referido a muchas cuestiones. Yo voy a intentar contestar a algunas porque me parece que es bueno. Es conocido por todos que en Sierra Morena hay un volumen muy importante de manganeso en las aguas,
primera cuestión que es relevante que todo el mundo conozca. Segunda cuestión -también es conveniente que termine usted de explicar lo que estaba explicando-, la estación depuradora a la que hace referencia ha sido construida por la Junta de
Andalucía. ¿Conoce usted esto? Porque, si no lo conoce, es bueno que lo sepa. No me diga que hay problemas en el abastecimiento por la depuradora, porque es de la Junta de Andalucía, que es quien la ha construido; y si le falta o le sobra algo
no me lo achaque a mí, porque yo no tengo la culpa, será de quien la ha construido, en este caso, la Junta de Andalucía (El señor Quirós Pulgar: ¿Quién la gestiona?), que parece ser, como veo ahora, que sí ejerce alguna competencia; se hace una
depuradora, pero no termina de hacer el resto de las infraestructuras, que es la cuestión de la que estamos hablando. Por supuesto tiene manganeso, que permanentemente se corrige, y las aguas que los municipios reciben están en condiciones
totalmente potables y no hay ningún problema para la salud. ¡Faltaría más! Creo que es bueno dar la información con toda precisión.
Hay presupuestos en el año 2004 para realizar esta actuación. El compromiso que ha asumido la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, uno más, para resolver esta problemática tiene dotación presupuestaria; hay recursos en los
Presupuestos Generales del Estado que discute el Parlamento, en este momento en las consignaciones que tiene establecidas la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, para realizar esta obra, que tiene ese presupuesto de 3,7 millones de euros al
que antes nos referimos, y la confederación está realizando el proyecto tal y como se ha comprometido. La confederación da prioridad a todas las obras que acomete, absolutamente a todas. La confederación no está realizando un parque de atracciones
en ningún sitio, está haciendo un parque periurbano; debe tener usted una información que no es correcta. La confederación está actuando en una antigua escombrera degradada para luchar contra la erosión y evitar un problema de erosión en este caso
en el término municipal de Jaén capital, en otros casos es en el término municipal de otros municipios. Es una solución para un problema que hay en el municipio de Jaén, y lo vamos a hacer bien. No nos achaque usted que hagamos las cosas bien y
que plantemos árboles y reforestemos los montes, porque parece que eso está bien. Pues eso es lo que estamos haciendo y le damos toda la importancia que tiene que tener, la misma que tienen el resto de actuaciones que realiza la Administración.
Insisto en que el compromiso del ministerio en resolver esta problemática es total y absoluto, y sería bueno que todas las administraciones trabajáramos sobre esa premisa. He leído en los medios de comunicación argumentos de los que se
utilizan algunas veces en el debate político de que Madrid hace las cosas mal, Madrid esto y Madrid lo otro. En este caso Madrid no tiene nada que ver, es la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que lo está haciendo estupendamente y que
tiene la sede en Sevilla.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
El señor QUIRÓS PULGAR: Señora presidenta, ¿no hay réplica?
La señora PRESIDENTA: No, señor Quirós, no está previsto, el trámite es el que es.
El señor QUIRÓS PULGAR: Es que he sido aludido.
La señora PRESIDENTA: Usted ha aludido permanentemente al señor García y el señor García a usted.
El señor QUIRÓS PULGAR: Me ha hecho una serie de preguntas que quisiera contestarle.
La señora PRESIDENTA: Señor Quirós, es absolutamente normal que haya alusiones en una dialéctica parlamentaria, en este caso concreto de una comparecencia, de usted hacia el diputado del Partido Popular y del diputado del Partido Popular
hacia usted. Por tanto, no es razón suficiente.
- LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE LA PRESA DE CASTROVIDO EN BURGOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001820.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Popular, para informar de los trámites administrativos de la presa de Castrovido en Burgos.
Adelante, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Comparezco ante ustedes a petición del Grupo Parlamentario Popular para informarles de los trabajos que en los últimos meses ha venido desarrollando mi departamento para
concluir una prolija y complicada tramitación administrativa del embalse de Castrovido, en la provincia de Burgos. La presa de Castrovido se incluyó en el Plan Hidrológico Nacional por su importancia social, económica y ambiental para la zona. El
pasado viernes, 7 de noviembre, la Dirección General de Obras Hidráulicas y Calidad de las Aguas aprobó definitivamente el expediente de información pública y el proyecto constructivo de la presa de Castrovido. Puede decirse que este embalse es un
ejemplo más de la complicada tramitación que las obras hidráulicas tienen para garantizar, por un lado, la correcta y escrupulosa ejecución de las obras y, por otro, el menor impacto ambiental y la seguridad de las personas. La importancia de
cualquier obra hidráulica lo merece, sin duda, pero en el caso de Castrovido esta tramitación tiene unos antecedentes que me gustaría explicar.
El primer proyecto de Castrovido fue redactado por la Confederación Hidrográfica del Duero, en el año 1995. Tanto el proyecto como el estudio fueron sometidos a estudio de impacto ambiental en los años siguientes y, después, a información
pública. Finalmente, nos encontramos con que este proyecto del año 1995 tenía algunas deficiencias que la declaración de impacto ambiental limitó en gran medida en el año 1999. Las limitaciones más significativas fueron la bajada de la cota del
embalse, que se había fijado inicialmente en 1.051 metros y finalmente se estableció en 1.045 metros sobre el nivel del mar, y la supresión de una conducción desde la cuenca del río Pedroso, además de toda una serie de actuaciones de adecuación
medioambiental. La enorme cantidad de inconvenientes que planteó el proyecto original, no por la utilidad y el servicio de la obra -a lo que luego me referiré-, sino por sus limitaciones técnicas y ambientales, hizo que tuviéramos que redactar un
nuevo proyecto que recogiese la totalidad de las condiciones impuestas en la declaración de impacto ambiental. Creo que hemos llevado a cabo este proceso de la forma más ágil y eficaz. En mayo de 2001 se autorizó la licitación de actuaciones por
el procedimiento de concurso de proyecto y obra. En julio de ese año se seleccionó la oferta adjudicataria y, a continuación, el adjudicatario inició la redacción del nuevo proyecto constructivo; y en mayo de 2003 se autorizó la información
pública de este nuevo proyecto.
En junio se publicó en el 'Boletín Oficial del Estado' y en septiembre, tras el período de información pública, la Confederación Hidrográfica del Duero envió el correspondiente informe y las alegaciones presentadas
al abogado del Estado. En octubre el abogado del Estado remitió su informe y en noviembre, como acabo de señalar, el proyecto se aprobó técnicamente junto con la información pública. Es decir, en año y medio hemos cumplido con la extensa
tramitación necesaria para que el embalse de Castrovido sea una realidad. ¿Qué nos queda por hacer en este momento? La inminente adjudicación definitiva, la firma del contrato, que se va a realizar durante las próximas semanas y que implicará el
comienzo definitivo de las obras. Esta obra tiene un plazo de ejecución previsto de 42 meses y un coste estimado de 80,2 millones de euros. Como ven SS.SS., tiene un gran presupuesto inversor. Con la aprobación definitiva y la próxima
adjudicación ya tenemos abiertas totalmente las compuertas para que el embalse de Castrovido sea una realidad.
Estamos ante una obra esencial para Burgos, para Castilla y León y para España. Su tramitación y desarrollo merece todo el esfuerzo de la Administración para que sea una realidad lo antes posible. Este embalse va a permitir consolidar unas
6.000 hectáreas de regadío que existen en la actualidad en la zona, pero también va a garantizar definitivamente el abastecimiento de unos 30.000 habitantes. Además, la presa permitirá laminar las avenidas que sufren la cuenca media y baja del río
Arlanza, en la cuenca del Duero, así como garantizar el caudal ecológico necesario para este tramo del mencionado río. Por último, esta importante actuación, y de forma subordinada a todo lo anterior, permitirá el aprovechamiento hidroeléctrico de
los caudales, generando una energía renovable, limpia y respetuosa con el medio ambiente. Técnicamente es una presa de gravedad, que se va a construir en hormigón, y de planta recta.
El máximo nivel normal del embalse se situará, como he dicho, en
1.045 metros sobre el nivel del mar y permitirá un volumen de agua embalsada de 82 hectómetros cúbicos de agua. La altura de la presa sobre el cauce será de 67 metros y la longitud de coronación de 532 metros. Hemos conseguido un proyecto
perfeccionado técnica, social y ambientalmente que va a permitirnos garantizar las necesidades económicas de la zona y que va a permitir un desarrollo sostenible en Castilla y León y en Burgos un proyecto que debe ser fruto del máximo consenso y,
por eso, apelo a SS.SS. a que desde este momento y desde esta Cámara se apoye una obra que es tan beneficiosa para todos.
Quedo a su disposición por si tienen alguna pregunta.
La señora PRESIDENTA: Por el grupo peticionario de la comparecencia, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Quiero que mis primeras palabras sean para agradecer al secretario de Estado su comparecencia en esta Cámara a petición del Grupo Popular. Supongo que a S. S. no le es ajeno la enorme expectación que, no sólo para los
ciudadanos de Burgos, sino de Castilla y León y en general de España, despierta una obra de tanta envergadura como es el
caso de la presa de Castrovido. De su información hoy depositada en esta Cámara se deduce que estamos ante una buena noticia, no sólo para el Grupo Popular que asumió como compromiso electoral, incluso años antes de su llegada al Gobierno
de la nación, y como prioridad de actuación la presa de Castrovido, sino para los ciudadanos de Burgos en particular, y no sólo por esta obra ambiciosa técnica y económicamente, sino por las personas que se van a beneficiar de la misma. Les puedo
asegurar a SS.SS.
que más allá de cualquier compromiso electoral que pueda acometer mi grupo, lo verdaderamente importante son las personas y, en este caso, los ciudadanos de Burgos que han reivindicado constantemente una actuación de estas
características. También es una buena noticia para los escépticos porque a lo largo de los últimos años hemos tenido que oír numerosas voces discordantes respecto a la ejecución de esta obra. Se ha hablado de falta de voluntad política, de falta
de compromiso presupuestario, de falta de viabilidad técnica del proyecto. Supongo que, una vez oída S. S.
y plasmado en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara, todas estas dudas quedarán absolutamente disipadas, tanto la relativa a la falta de
voluntad política, que siempre hemos rechazado los diputados y senadores por la provincia de Burgos, como el compromiso presupuestario y técnico que hoy nos trae a esta Cámara.
Siempre hemos defendido que la aprobación de estas obras del embalse de Castrovido daba respuesta a las necesidades de los habitantes de la zona y que podía alcanzar un equilibrio perfecto entre aquellos agricultores de la cuenca alta y los
de la cuenca baja y podía respetar perfectamente el equilibrio medioambiental. Hemos sido perfectamente respetuosos con aquellas organizaciones que han mostrado sus dudas y su disconformidad.
Del debate a lo largo de todos estos años y de la
complejidad técnica del proyecto, hoy llegamos a un inicio, al inicio real de las obras, que es lo que todos los ciudadanos de la zona están deseando, que dará satisfacción a todos los ciudadanos.
Repasando la prensa desde el año 1999 veía numerosas declaraciones de aquellos colectivos que se agruparon a favor de la presa y sus preocupaciones. Sus máximas preocupaciones se centraban en que esta obra pudiese eliminar el peligro de las
riadas, se pudiese mantener el caudal ecológico, se pudiese asegurar el pleno abastecimiento de agua a las poblaciones de la cuenca y, por supuesto, la consolidación y mejora de las condiciones de riego de las mismas. De sus palabras se deduce que
todas estas cuestiones están perfectamente contempladas en ese proyecto y, por tanto, el Grupo Popular sólo quiere señalar nuestro compromiso con la ejecución de esta obra, nuestro agradecimiento a aquellas organizaciones y aquellos colectivos que
se han posicionado a favor y a aquellos que han sido críticos con la misma pero que, con sus aportaciones, han conseguido mejorar algunos aspectos, y sólo esperamos que exista el mismo compromiso por parte del resto de los grupos y la misma
responsabilidad para acometer una obra que va a ser beneficiosa para todos los burgaleses.
La señora PRESIDENTA: ¿Grupos que quieren intervenir? Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Simón.
El señor SIMÓN DE LA TORRE: Voy a empezar refiriéndome a las últimas peticiones de consenso y colaboración del señor secretario de Estado. El tiempo demostrará esta colaboración, pero es algo que viene ocurriendo desde atrás, hasta el
punto de que, ante los detractores de esta presa, sobre todo en la zona alta, cuando ayuntamientos de todo signo estaban en contra, mi partido estuvo intentando convencer y buscar fórmulas para que esto siguiera adelante. Incluso, yo he tenido
reuniones con estos alcaldes y con su antecesor en la secretaría de Estado para buscar soluciones que evitasen, por un lado, la violencia que se ha producido y, por otro, beneficiasen a los pueblos, como Palacios de la Sierra, que están en la cola
del pantano y que tenían sus dudas y sus miedos.
Si me permite la señora presidenta, yo querría hacer una pequeña síntesis de qué ha pasado hasta ahora y en qué situación se encuentran los afectados. Es verdad que la noticia es buena y la gente de buena voluntad no puede más que
felicitarse por ello. La realidad es que, desde mediados del siglo pasado, la regulación del río Arlanza y derivados de la misma generaban una inquietud y era un problema al que todo el mundo buscaba solución. En principio fue la famosa presa de
Retuerta, que por otras razones históricas y de inundación de población no pudo llevarse a cabo, aparecieron distintos Castrovido hasta que hemos llegado al de hoy.
Finalmente, el 14 de abril de 1994, la Dirección General de Obras Hidráulicas
remitió a la Dirección General de Política Ambiental la memoria resumen del proyecto epigrafiado para iniciar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental. El 31 de marzo del mismo año, y por las carencias existentes en el mismo, se solicitó
información complementaria, que fue remitida el 12 de enero de 1999. Es decir, pasaron 5 años en los que estuvimos paralizados, por las razones que sean, pero que me gusta poner de manifiesto, porque es una paralización que no tiene explicación o
respecto de la que no se dan explicaciones. El 6 de octubre de 1999, a requerimiento de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, se completó con un informe adicional. Así, tras este largo proceso, el 18 de enero de 2000, se formuló
la evaluación de impacto ambiental. Fue tal la satisfacción que tuvo el propio Gobierno, que el ministro Álvarez-Cascos, el día 29 de septiembre de ese año, hacía unas afirmaciones rotundas ante los medios de comunicación, que voy a leer
literalmente: Manifestaba su especial interés en que las obras se ejecutasen
cuanto antes y se realizase en la primera anualidad todo el trámite necesario para contar con la adjudicación y el comienzo de la fase de replanteo e inicio de los trabajos.
Con estas afirmaciones todo el mundo dio por supuesto que ya estábamos en el buen camino y que empezábamos con los trabajos, tanto que, en el primer presupuesto del año 2001, se incluía el inicio de las obras con una cantidad de 294 millones
de pesetas; 4.011 millones de pesetas para el año 2002; 4.800 millones para el 2003 y de 4.500 millones para el 2004, año en el que se finalizaría la construcción de la presa. Con esta idea que se nos estaba vendiendo desde la Administración
central y el Partido Popular de que todo estaba resuelto, el Parlamento de Castilla y León, a una proposición no de ley que presentaron varios grupos de la oposición, el Partido Popular redactó una propuesta de resolución que, entre otras cosas,
requería al Gobierno de la nación para que, en atención a las circunstancias históricas del proyecto, se ejecutara ajustándose al máximo a las inversiones y plazos previstos en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. Este documento
no lo firmaba cualquiera sino Juan Vicente Herrera, presidente de la Comunidad de Castilla y León. Es decir, el Gobierno de la nación, a través del ministro Álvarez-Cascos; la comunidad autónoma, a través de su presidente, Juan Vicente Herrera y
el Partido Popular, a través de distintos portavoces, nos estaban trasladando a todos los ciudadanos que ya estaba todo, que no había ningún problema, que se cumplirían todos lo plazos y que la obra se realizaría sin ningún retraso.
Así vamos actuando hasta que vienen los presupuestos de 2002. Aquí tenemos la primera sorpresa, ya aparece reflejado que no se han ejecutado los 294 millones y el anuncio de que la presa no se terminaría en 2004, se retrasaba hasta 2005.
¿Y qué paso en los presupuestos de 2003? Se volvió a cuantificar la cantidad destinada para lo mismo, pero ya se avisaba que, de terminarse en el año 2005, nada de nada, que se terminaba en 2006. ¿Qué está pasando en el proyecto de presupuestos
para 2004? Estamos igual, marcamos una cantidad de dinero importante, pero decimos que del año 2006, nada, que la presa se acaba en 2007. Ahora mismo, usted acaba de decir que si todo va bien -aunque no ha pronunciado el todo va bien, lo ha dado
por sobreentendido-, se concluirá la obra no antes de 42 meses, es decir, en el año 2008. No vamos a cumplir ni lo que vamos a aprobar la semana que viene, que las obras de la presa se terminan en 2007.
Me felicito, no de que no se cumplan los plazos, sino de que el Gobierno, a través del secretario de Estado, dé una fecha clara, que queda recogida y no es un papel en unos presupuestos que se acaba perdiendo; además, como no pone
Castrovido en los presupuestos, sino regulación de Arlanza, es difícil que los ciudadanos corrientes lo encuentren. Me alegro de que todo quede claro, pero es verdad que hemos roto muchas expectativas. El escepticismo de algunos ciudadanos, como
aquí se ha comentado, viene por algunas razones, porque esta presa -usted lo ha dicho- venía a regular tres cuestiones. En primer lugar, las crecidas que todos los años se producen y, por lo tanto, padecen inundaciones desde Salas de los Infantes
hacia abajo, hasta Palencia, los ciudadanos de la comarca. En segundo lugar, venía a regular el Arlanza. Porque el Pedroso no llega a esta presa. Esta presa venía bien para el regadío en una provincia y una región donde la agricultura tiene
importancia. Hay que pensar que en Burgos las zonas de regadío abarcan unas 30.256 hectáreas, es decir, sólo el 4,7 por ciento de todo el territorio agrícola que se explota, que supone el 5,6 por ciento de la comunidad autónoma. Por tanto, se
generaban unas expectativas importantes de cara a aspectos económicos en los habitantes. También se estaban generando unas expectativas muy importantes en los ayuntamientos porque, en una región en la que cada hora se van dos personas a vivir fuera
de la región, era importante el regadío para el asentamiento de la población. También se generan frustraciones porque lo vamos retrasando año tras años. Finalmente, había un aspecto muy importante que era el abastecimiento de agua a los
ciudadanos. Piense el señor secretario de Estado que hoy hay cinco mancomunidades, con más de 120 ayuntamientos en esa zona, que están intentando abastecerse de agua y que 32 de esos ayuntamientos dependen de la presa de Castrovido. Por lo tanto,
supongo que este conjunto de personas e instituciones hoy está contento, pero también está defraudado porque hace unos días les estábamos diciendo que Castrovido se terminaba en 2007 y hoy les decimos que en 2008. La colaboración del Grupo
Socialista la van a tener, pero cuesta convencer a mancomunidades, a ayuntamientos, a ciudadanos en general, de que se van a cumplir, porque solo ven dos responsables: la clase política en general, que cada uno decimos lo que sentimos o creemos en
cada momento, y el Gobierno de la nación, que no ejecuta esas obras.
Termino, señora presidenta. En la provincia de Burgos hemos oído decir al ministro Álvarez-Cascos, al presidente de la Junta de Castilla y León, a los portavoces del Partido Popular -también del Partido Socialista- y a muchas otras
personas, que las obras se iban a hacer. Es verdad que hoy tenemos esa certeza, porque lo acaba usted de decir, pero también es verdad -y termino como ha terminado usted y como yo empezaba mi intervención- que el consenso y la colaboración la vamos
a tener, pero desde la claridad, porque hay que explicar esto seriamente a los ciudadanos. En todos estos años se ha producido un silencio y un vacío por parte de la Administración porque cuando hablaba solo decía: se va a hacer. Sin embargo, no
explicaba por qué se estaba retrasando, cuáles eran los motivos y qué día podían ver que empezaban las obras y, sobre todo, qué
día podrán ver acabar dichas obras que, por lo que usted nos ha dicho hoy, no será antes del año 2008.
La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, para responder a las intervenciones, el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE AGUAS Y COSTAS (Fernández Martínez): Si me permiten, quisiera quedarme con unas palabras en las que han coincidido los dos portavoces de grupos parlamentarios que han intervenido, son las de la buena
noticia. Efectivamente, tenemos una buena noticia, porque, como han señalado ustedes, se trata de una actuación largamente demandada en la provincia de Burgos, que por fin es una realidad.
También quiero contestar a tres o cuatro cuestiones muy precisas que se han planteado. En primer lugar, no sé si le he seguido bien, señor Simón, pero no tengo aquí ese dato. Me cuadra lo que dice: hay unas 550.000 hectáreas de regadío en
la cuenca del Duero, y en Burgos debe de haber unas 35.000, aproximadamente; pero 6.000 hectáreas no son el 4 por ciento de 35.000, son, más bien, el 18 por ciento, más o menos, si no me equivoco. Tampoco tiene mucha importancia el dato, trato
simplemente de aclararlo.
Sin embargo, tienen más importancia otras cuestiones, a las que quiero contestarle con toda precisión. Primero, el plazo. No está haciendo bien las cuentas, señoría; lo siento. Ya le he señalado que la obra va a empezar inmediatamente.
No me atrevo a decirle cuándo, no me pregunte si va a ser el día 15 de enero o el 23 de diciembre, no me atrevo a decírselo, pero empezará de manera inmediata. Dé usted por garantizado que la obra empezará en enero o febrero de este año, si no
antes; con seguridad, porque el trámite administrativo permitirá que sea así. Como le he señalado, en este momento queda la adjudicación definitiva, firmar el contrato, hacer el replanteo y empezar las obras. No estamos en la mejor fecha para
empezar, si cae una nevada en la zona, tendrán que esperar a que se den las condiciones adecuadas, pero le garantizo que, en enero o febrero, habrán empezado, con seguridad. Si suma a eso 42 meses, señoría, estará usted en el año 2007; créame,
estará en 2007. Si suma más, no, pero, si suma 42 meses, estará usted en 2007; luego la obra no se acabará en 2008.
Siguiente cuestión. Ha pedido usted explicaciones de por qué se ha retrasado la obra. Es lo que he pretendido en mi exposición, señoría: darles las explicaciones que permitan que todo el mundo entienda por qué no se ha podido realizar
esta actuación de acuerdo con el calendario inicialmente previsto. Teníamos un calendario inicial de un proyecto que no estaba bien. En ningún momento se ha dejado de actuar, en ningún momento ha estado paralizada la obra. Es obvio lo que ha
señalado usted en su exposición -se deducía de sus palabras-, que según van pasando los meses, se van produciendo acontecimientos. Si se producen acontecimientos, es porque no se está parado; si no, no se producirían acontecimientos, estaríamos
donde estábamos. Si pasa algo en un número determinado de meses y resulta que hay un nuevo proyecto constructivo encima de la mesa, es porque alguien ha estado trabajando en redactarlo, alguien ha estado trabajando para resolver el problema que el
proyecto constructivo tenía. La realidad es que se ha estado encima del proyecto en todo momento.
Después, hay que volver a la información pública y hay que volver a hacer la tramitación ambiental. Pues, naturalmente, cada vez que se producen nuevas actuaciones, todo esto se tiene que incorporar al procedimiento.
Así lo dice la ley,
así lo dice la normativa, y eso es lo que hemos hecho.
Le agradezco su ofrecimiento de consenso y colaboración en el proyecto.
Tal y como he dicho al terminar mi exposición, le solicito esa colaboración, y se la agradezco mucho.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor secretario de Estado.
Finalizado el orden del día de la sesión, agracemos una vez más al señor secretario de Estado, don Pascual Fernández, su permanente disposición a comparecer ante esta Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.