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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 865, de 11/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 865
PRESUPUESTOS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOAQUÍN ALMUNIA AMANN
Sesión núm. 33
celebrada el martes, 11 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
- Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
(Número de expediente 121/000173.) ... (Página 27360)
- Ratificación de la ponencia designada para informar sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004. (Número expediente 121/000173.) ... (Página 27441)
Elección vacantes. Mesa de la Comisión: - Elección de secretario segundo.
(Número expediente 041/000012.) ... (Página 27441)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
- EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2004.
(Número de expediente 121/000173.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión para elaborar el dictamen sobre el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2004.
La semana anterior, en la reunión de la Mesa de la Comisión y junto con los portavoces de los diferentes grupos acordamos la ordenación del debate, que es sustancialmente igual a la que realizamos el año pasado y por tanto debatiremos los
títulos del proyecto de ley uno a uno salvo los títulos I y II, que serán objeto del primer bloque de debate, y los títulos IV y VIII, que junto con la sección 7 también se debatirán conjuntamente. Una vez acabado el debate de los títulos y
disposiciones del proyecto de ley pasaremos a las secciones. Las votaciones tendrán lugar a partir de las ocho de la tarde.
Sin más indicaciones por parte de esta presidencia, iniciamos el debate de los títulos I y II del proyecto de ley de presupuestos para lo cual, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra en primer lugar el señor Fernández
Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, nosotros entendemos que al inicio de este tipo de sesiones, donde vamos a analizar los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, tiene sentido que tratemos de averiguar cuál es la
orientación cíclica de estos presupuestos. Para eso convendría recordar que hay varios procedimientos, hay varios criterios: la OCDE utiliza el del déficit estructural, el FMI utiliza el del impuesto fiscal y en la Unión Europea se utiliza el
filtro de Hodrick Prescott. Nosotros no vamos a recurrir a extenuaciones econométricas, simplemente vamos a tratar de llevar a cabo una interpretación económica y política de lo que viene ocurriendo en la economía española y de la adecuación de
estos presupuestos a esa coyuntura económica.
Todos sabemos que el 2002 fue un año de desaceleración donde se registró el mínimo cíclico, que estuvo inducida por la caída de las inversiones, particularmente de la inversión en bienes de equipo, y que pudo ser compensada por la marcha del
consumo tanto privado como público. La demanda interior fue el gran protagonista del sistema económico español con dos elementos de anclaje poderosos. En primer lugar, el consumo privado y, en segundo lugar, la construcción de viviendas, y que esa
intensa actuación de la demanda interna originó una serie de desajustes que están ahí y que todavía no han sido corregidos suficientemente. En el año 2003 ha habido unos cambios en el escenario que entendemos que merece la pena ser relatados. Los
primeros seis meses, los dos primeros trimestres, la primera parte del año, registra una pequeña recuperación y el PIB llega a crecer en tasa interanual el 2,3 por ciento. Por tanto hay un recorrido desde el 1,8 por ciento del mínimo cíclico del
segundo trimestre del año 2002 hasta el 2,3 por ciento del segundo trimestre del año 2003. Quizá ahí hay un punto de mayor equilibrio porque los bienes de equipo vuelven a recuperar valores positivos y la construcción, aunque declina, mantiene un
nivel todavía destacado. La financiación de la economía española ha sido holgada, tanto la de las familias, que han gozado del mayor valor de la riqueza neta como de menos costes financieros y de unas retenciones fiscales más reducidas, como de las
empresas, que tienen unas condiciones crediticias definidas por la Unión Europea que hacen que la abundancia de dinero determine que los tipos de interés experimenten en este momento mínimos históricos. Estamos hablando en el hipotecario de tipos
del 3,5 por ciento, en el crédito al consumo de poco más del 6 por ciento y en la financiación empresarial en torno al 4 por ciento. Pero los desajustes no se corrigen y en el año 2003 volvemos a estar en el predominio de la demanda interna con una
tasa reducida de ahorro, con un alto déficit de la balanza corriente, con un sector industrial estancado y con una inflación que está bastante lejos de la de nuestros socios comunitarios, por lo que resta competitividad a la economía española. En
ese sentido el deflactor se ha convertido en el bálsamo del señor Montoro y el que consigue equilibrar ejercicio tras ejercicio las cuentas públicas, y el gasto ha sido el abanderado de la recuperación de la economía española, pero un gasto que no
tiene su origen en las rentas generadas o percibidas, sino un gasto que incorpora una fuerte tasa de endeudamiento que se refleja en el crecimiento del crédito hipotecario, que viene experimentando alzas por encima del 16 por ciento y en el
descuento comercial por encima del 13 por ciento.
Ahora bien una economía donde el gasto se convierte en el abanderado de la recuperación, que no tiene su origen en las rentas generadas o percibidas sino en el endeudamiento, propende a filtrar una parte importante de su demanda fuera del
territorio nacional. Así nos encontramos con que los productos españoles no sólo tienen dificultades para competir con productos de otras zonas comunitarias en el viejo Estado nación, sino que también encuentran dificultades para avanzar hacia las
zonas en las que nuestras exportaciones han tenido mayor penetración desde que formamos parte de la Unión Europea. Quizá por eso el tercer trimestre del año 2003 incorpora una serie de datos que son distintos a los de los trimestres anteriores y
ponen de relieve que la aceleración del PIB se ha detenido, que la economía
Títulos I y II
española experimenta en este momento un parón y merece la pena que hagamos una reflexión sobre el mismo porque aquí caben dos escenarios. El primero, el escenario deseable, es el del arranque definitivo de la recuperación económica que
permita un mayor crecimiento de la economía internacional, expanda las exportaciones españolas y origine un crecimiento del PIB más elevado como consecuencia de una menor detracción del sector exterior.
Un segundo escenario es que haya una atonía en el crecimiento de la economía internacional y que eso se traduzca en una actividad renqueante en España. Hemos de decir que no estamos en un escenario deseable, que cerraremos el año con mucha
más demanda interna, pero con poco más crecimiento en el PIB, y que hay razones para pensar que la demanda interna crecerá a lo largo del año 2003 el 3,5 por ciento, con una fortísima detracción de 1,2 por ciento del comercio internacional, lo que
determinará una tasa de crecimiento del 2,3 por ciento. En esta situación deberíamos admitir que lo más probable es que si se pierde de nuevo la senda de la recuperación en el próximo semestre o, para ser más precisos, en el semestre en el que
estamos, nos habremos instalado en el escenario renqueante. Ahora bien, instalarse en el escenario renqueante no es óbice para que tratemos de aprovecharlo. Se puede tratar de aprovechar este momento de la economía española para hacer frente a
algunas cuestiones que son necesarias, que están pendientes y que nos pueden ayudar en la fase de recuperación cuando ésta se produzca. Lo que ocurre es que en este sentido el Gobierno es mucho más locuaz que eficaz, y lo es hasta en personajes tan
subalternos como el señor Montoro, a los cuales se les va casi siempre la fuerza por la boca y no aciertan a comprender que los factores de dinamización de la economía española habidos entre el año 1995 y el año 2000 han desaparecido y que se
encuentran agotados, que en este momento optimizar esta situación y tratar de sacar partido del escenario renqueante en el que vivimos debería efectuarse haciendo cosas nuevas, no adaptándose mecánicamente a las tendencias procíclicas y entre esas
cosas nuevas, desde luego, estaría la de ampliar la zona de transparencia de la economía española y la de evitar la regresividad de la política económica.
He dicho -y lo reitero- que este Gobierno está enganchado al alza de los precios, que trata de evitar esta adicción y que también muestra un impulso difícilmente refrenable a jugar a los dados con los datos económicos. Creo que este
ejercicio es relativamente inútil porque cada vez que conocemos algún dato nuevo en el área del sector público, la respuesta es siempre la misma: No, ese dato no forma parte del déficit público. La verdad es que uno llega a preguntarse qué es lo
que forma parte del déficit público. En el contexto de la economía española, señor presidente, señoras y señores diputados, lo que está claro es que el presupuesto lo equilibra la Seguridad Social. La Seguridad Social es la que estabiliza la
economía española porque tiene en este momento un superávit histórico. Sin embargo, tenemos que recordar que la pensión media mensual del sistema de la Seguridad Social en España es de 546 euros, que la pensión de jubilación es de 620 euros y que
la pensión de viudedad es de 396 euros. Para ser quizá más gráfico, hay que decir que el 73 por ciento de los pensionistas españoles tienen unas pensiones inferiores a 650 euros. Esa es la solidez de un mecanismo al cual constitucionalmente,
social y políticamente, le está atribuida la función de articular el lazo social.
En el año 2004, que es el que se trata de prever en el proyecto de presupuestos cuya discusión estamos iniciando aquí en este momento, el Gobierno aparece abonado al 3 por ciento. La verdad es que desearía que alguna vez alguien consiguiera
esta cifra y tengo que decir que contemplo con muchísima satisfacción que el señor Montoro y el señor Rato dejen sus obligaciones en el Gobierno en los próximos meses porque ya es un avance el que ellos desaparezcan para poder conseguir ese objetivo
del 3 por ciento. Creo que la insolvencia de ambos ha quedado demostrada por la cantidad de fallos de sus previsiones. Lo digo jocosamente, porque el otro día el señor ministro de Hacienda nos dijo que el presupuesto se cumplía y que se podía
someter al principio de verosimilitud, pero olvidó decir que en el año 2002 el PIB creció 9 décimas menos que lo que él había traído en el presupuesto aquí y que en el año 2003 seguramente crecerá 7 décimas menos, y digo seguramente porque estamos
en noviembre y todavía pueden ir a peor las cosas, aunque nosotros no lo deseamos, señor presidente. Por tanto, hay fallos en la previsión de crecimiento y en la previsión de inflación. La verdad es que lo que no va en lágrimas va en suspiros y
los fallos en el crecimiento se traducen en un deflactor del PIB que indica de verdad el grado de crecimiento de los precios en España; también estamos instalados ahí en el 4,4 por ciento. El 4,4 por ciento para el año 2002, el 4,3 por ciento para
el año 2003 y todos los analistas dicen que la inflación va a elevarse en el año 2004 y que lo hará por encima de la previsión del deflactor del PIB en más de un punto; 2,9 por ciento más un punto, nos volvemos a situar en el 4 por ciento.
De este objetivo de política económica se deducen dos cosas. Primero, que el Gobierno continúa apostando por un diseño de política económica que estimula la demanda interna, cuando la verdad es que los factores que la empujan están
relativamente agotados. Lo digo sinceramente, creo que va a resultar difícil que las familias españolas puedan seguir endeudándose, bien para créditos hipotecarios o bien para créditos al consumo, de la manera que se han endeudado en los últimos
años. Por consiguiente, ese estímulo de la demanda interna y del consumo privado lo veo relativamente difícil y, desde luego, no dejo de preguntarme -porque así lo hicimos en las comparecencias- qué ocurrirá
en esta sociedad si el ciclo de los tipos de interés hipotecario bajista cambia con alguna intensidad.
El segundo factor en el que este Gobierno apoya sus hipótesis de crecimiento está en una recuperación del comercio exterior. Esto es discutible. Es discutible que se vaya a producir una recuperación del comercio exterior en la zona euro o
fuera de ella y que podamos superar esa recuperación habida cuenta de las devaluaciones competitivas con las que viene funcionando el dólar en los últimos años. En cualquier caso, la hipótesis que nosotros señalamos es que terminaremos el año 2003
con una detracción del sector exterior superior a un punto -1,2- y el Gobierno cree que la detracción del sector exterior en el año 2004 tan sólo será del 0,4 por ciento. Nosotros preguntamos: ¿Qué cosas tienen que suceder en la economía mundial
para que se produzca un giro tan copernicano? ¿Cuánto de lo uno y cuánto de lo otro? ¿Cuándo se puede producir la tan deseada y tan esperada recuperación de la economía europea? En ese sentido, créanme, tenemos la sensación de que las previsiones
que realizan el señor Rato y el señor Montoro son el resultado de juegos de azar; y siendo fundamentalmente el resultado de juegos de azar que se lanzan a la arena de esta Cámara, me va a permitir que señale que no merecen mucha más consideración
que la que acabamos de hacer hasta este momento, dado que carecen de coherencia.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Iniciamos, señor presidente, la intensa jornada del debate en Comisión de la ley de presupuestos con el debate de los títulos I y II. Iniciamos el análisis del título I -la parte probablemente más típica y
esencial de la ley de presupuestos- que se refiere a la aprobación del presupuesto y a sus modificaciones, en cuyo capítulo I se aprueban el estado de gastos y de ingresos; se aprueba eso que el artículo primero del texto refundido de la Ley
general presupuestaria actualmente vigente llama la expresión cifrada, conjunta y sistemática, de las obligaciones que como máximo puede reconocer el Estado, los organismos autónomos y, en definitiva, el sector público estatal.
En su artículo 1 define el ámbito de aplicación de este proyecto de ley, que se extiende, obviamente, al sector público estatal, al Estado, a los organismos autónomos, y en su artículo 2 establece un estado de gastos, que importa la cantidad
de 220.516 millones de euros. Si desagregamos el gasto total que representa, sobre todo en los capítulos I a VII, que son los que se refieren a ese gasto, en una clasificación funcional, podremos ver cuáles son las prioridades de gasto del Gobierno
y por tanto la información que nos proporciona tal desagregación, lo que nos permitirá valorar, ver, pesar, medir cuál es el compromiso del Gobierno con esas políticas de gasto que se priorizan en el estado de gastos en este presupuesto. Si lo
analizamos, podremos ver exactamente cuáles son las características fundamentales del último presupuesto de la legislatura, que define, insisto, las prioridades políticas que animan la acción presupuestaria por definición del Gobierno. Dichas
características son las siguientes. En primer lugar -hace un momento el portavoz del Grupo Socialista lo criticaba-, este es un presupuesto social. Seguridad y protección social, promoción social, sanidad, educación, vivienda, urbanismo, cultura y
otros servicios comunitarios y sociales se nutren de la mitad del gasto presupuestado, casi un 50 por ciento. Por mandato constitucional, España es un Estado social y democrático de derecho que interviene en el tejido nervioso de las relaciones
económico-sociales para garantizar el bienestar colectivo de la sociedad. Y el Gobierno, además de en la sociedad del bienestar, cree en el Estado del bienestar, que garantiza esos niveles de cobertura social. Por eso este es fundamentalmente y en
primer lugar un presupuesto social.
En segundo lugar, se trata de un presupuesto que invierte. Si la primera prioridad del gasto público mira la cobertura social de las necesidades, la segunda mira claramente al futuro. Este es un presupuesto con visión de futuro y prioriza
la inversión pública, que se incrementa por lo que al Estado y al sector público estatal respecta en más de 10 puntos. Sin duda, la dotación del capital público representa un medio fundamental para avanzar en productividad, en competitividad, en
creación de empleo y en crecimiento, que son los objetivos fundamentales. El primer objetivo de este presupuesto, además de mantener los actuales niveles de cohesión social, no es otro que impulsar el empleo y el crecimiento. Por eso una vez más
hay una fuerte dotación presupuestaria para infraestructuras en el estado de gastos y, si lo complementamos con la consignación presupuestaria de otros entes públicos, como AENA o el GIF, nos da la medida de nuestro compromiso presupuestario, de
nuestro compromiso político y también electoral con lo que es la dotación de infraestructuras en nuestro país. La batalla por la competitividad, por la cualificación del producto, por el valor añadido, es decir, la batalla por la dotación
tecnológica en un escenario de integración monetaria en el que no es posible ya recurrir a devaluaciones competitivas para arañar cuota de mercado a nuestros competidores está también presente en el estado de gastos, fundamentalmente bajo el
epígrafe Investigación científica y técnica aplicada e industria. El fomento de la investigación más desarrollo más innovación tecnológica junto con una política tributaria constante en esta legislatura, y sobre todo en la pasada, de estímulo en
ese ámbito han convertido a la I+D+I en una de las prioridades de la acción del Gobierno.
La tercera característica fundamental es que estamos ante un presupuesto que prioriza los servicios públicos
esenciales y fundamentalmente la seguridad y la justicia. La justicia y la seguridad, la protección civil, tienen su protagonismo en el estado de gastos. A mí me gusta citar siempre una frase de Galbraith, aquella que dice que la seguridad
jurídica tiene una aportación muy importante al desarrollo económico. Así es. Se trata de fortalecer, de potenciar el Estado de derecho, que, como muy bien decía el brutalmente asesinado Tomás y Valiente, es Estado y es derecho. Es ordenación
jurídica de la libertad como derecho y es Estado y por tanto seguridad como presupuesto de la libertad. No existe esa contradicción que en muchas ocasiones queremos ver entre la libertad y la seguridad. No hay libertad sin seguridad ni seguridad
sin libertad y por ello ambos aspectos, seguridad y justicia, priorizan como servicios públicos esenciales el presupuesto cuyo debate hemos iniciado hace unos minutos.
En cuarto lugar, es un presupuesto que refleja un notable nivel de descentralización política y administrativa. El estado de gastos incluye una importante asignación financiera para transferencias a administraciones públicas territoriales,
lo que evidencia desde el punto de vista económico algo que nosotros siempre hemos dicho y es que nuestro Estado de las autonomías, nuestro modelo de descentralización territorial y política, ha alcanzado ya un notable nivel de madurez. Tanto es
así que nuestro nivel de descentralización del gasto público no es que sea homologable a otros Estados descentralizados, sino que incluso se dota a las comunidades autónomas -hay algún dato expresivo de ello en el libro amarillo- de un nivel de
autonomía financiera muy superior al que tienen los Estados federales, como es el caso de Estados Unidos. Nuestras comunidades autónomas tienen una participación en el gasto público hoy en día muy superior a la que puedan tener los Estados en la
federación americana.
En cuanto al estado de ingresos, las estimaciones de los derechos económicos que se pretenden liquidar ascienden a 218.562 millones de euros. Ese estado de ingresos refleja los efectos económicos de dos bajadas consecutivas de impuestos en
la imposición personal directa, siendo el efecto acumulado de ambas rebajas (me estoy refiriendo básicamente al protagonista esencial de nuestro sistema tributario, al impuesto sobre la renta de las personas físicas) una contracción media de la
carga tributaria que originariamente soportaban los contribuyentes, en torno a un 25 por ciento, reducción que es especialmente sensible para aquellos contribuyentes que tienen niveles de renta más reducidos. Por eso hablo de una reducción media,
porque tanto el efecto de la reforma fiscal del IRPF de 1998 como el efecto de la última rebaja fiscal durante esta legislatura supone en términos medios, efectivamente, esa reducción de un 25 por ciento, habiendo sido especialmente intensa o más
intensa para los contribuyentes con niveles de renta más reducidos. Por tanto, hemos reducido la carga fiscal soportada por los contribuyentes y hemos ganado en progresividad del impuesto.
El IRPF se ha revelado como un impuesto con una elasticidad muy fuerte y capaz de convalidar en la práctica el viejo esquema de Laffer, que bajando los tipos impositivos podemos aumentar la recaudación. Pero no recaudamos más por el hecho
de que al bajar el impuesto animemos el consumo, que probablemente también, sobre todo en aquellos contribuyentes con niveles de renta que presentan una mayor propensión marginal al consumo. Por tanto no es que recuperemos vía IVA lo que dejamos de
ingresar con el IRPF, que también, sino que fundamentalmente, al reducir un impuesto como este, estamos contribuyendo a producir un efecto renta, a animar la actividad económica, a suavizar las barreras fiscales; en definitiva, a animar una
actividad económica que se traduce en una mayor recaudación y sin duda contribuyendo a la creación de empleo, que es lo que da lugar a que haya más contribuyentes que pagan menos. Una vez más este año, pese a esa segunda reforma fiscal, los
ingresos tributarios experimentan una previsión de crecimiento: alrededor de un 5,5 por ciento en el impuesto sobre sociedades, un 7,9 por ciento en el caso del IVA y un 5,5 por ciento en el caso del IRPF. La financiación del gasto público corre a
cargo de los derechos económicos que se prevén liquidar y del nivel de endeudamiento, que se discutirá más adelante.
El título I de la ley se cierra, señorías, con la aprobación del presupuesto de beneficios fiscales, el presupuesto de Radiotelevisión Española, el presupuesto del Banco de España como régimen presupuestario especial, mínimos a garantizar
durante la tramitación parlamentaria en esta Cámara del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, y con diversas normas sobre competencias para abordar modificaciones presupuestarias y créditos vinculantes. Por cierto, en varias ocasiones,
respecto a esas modificaciones presupuestarias, se establece la obligación de remitir a la Comisión de Presupuestos la información necesaria sobre ese tipo de modificaciones y por tanto se hace un esfuerzo adicional, a nuestro juicio, en términos de
transparencia y de suministro de información a esta Cámara y concretamente a esta Comisión.
Quisiera hacer una última reflexión sobre este título I, relativa al artículo 12 del proyecto, en que se consigna que el Estado hará una aportación de 906 millones de euros como complemento de mínimos de las pensiones de la Seguridad Social.
Es un compromiso presupuestario que actúa como fiel trasunto de un compromiso político y de un acuerdo adoptado en ese sentido y que, junto con la separación de las fuentes de financiación de la Seguridad Social, viene a desmentir a aquellos que
como el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, venían afirmando que se consolida el presupuesto a través del déficit de la Seguridad Social.
En cuanto al título II, el proyecto establece un módulo económico para la distribución de fondos públicos para el sometimiento de centros concertados y ciertas reglas sobre transferencias y generaciones de crédito de los presupuestos del
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria y del Inserso, así como la aplicación de los remanentes de tesorería de este ente y la fijación de un porcentaje de participación en la recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Señor presidente, no podemos hacer referencia a todas las enmiendas que se han presentado a los títulos I y II. Sin embargo, y sin olvidar que estamos en el trámite de Comisión, sí que quisiéramos hacer referencia a algunas enmiendas que
han presentado determinados grupos para mostrar nuestro parecer contrario a las mismas. Sin ánimo de ser exhaustivo, podríamos referirnos, entre otras, a la enmienda 274, que presenta Izquierda Unida, que pretende modificar el estado de ingresos.
Hay que decir que figura en el artículo 2.3 del proyecto, que en principio éste no es enmendable por sí mismo, por cuanto en él se recoge una distribución de ingresos que se prevé liquidar en el ejercicio, de conformidad con las estimaciones
incluidas en los presupuestos de ingresos del Estado, organismos autónomos y de la Seguridad Social. Por tanto, para modificar las cantidades reflejadas en el citado artículo serían necesarias enmiendas concretas de modificación de los diferentes
conceptos presupuestarios a los que se aplica el ingreso, así como en su caso la indicación de las causas que justifican esa enmienda. Por eso vamos a rechazar la enmienda 274, de Izquierda Unida, conscientes de que ciertamente el estado de
ingresos es básicamente, como se deduce de la Ley General Presupuestaria, una previsión económica de realización de derechos económicos.
También vamos a rechazar la enmienda 275, que propone la puesta en funcionamiento de la oficina presupuestaria que asesore a las Cortes. Al respecto habría que decir que la oficina presupuestaria, según se desprende del propio tenor literal
de la enmienda, dependería básicamente de las Cortes, por lo que entendemos que la ley de presupuestos no es la norma apropiada -ni lo era probablemente la Ley General Presupuestaria- para establecer una oficina presupuestaria. Parece más propio
que sea materia del Reglamento de la Cámara.
Rechazaremos la enmienda 276, de Izquierda Unida, que pretende que de igual forma que existe un presupuesto de beneficios fiscales se especifique un presupuesto de beneficios sociales, es decir, de las bonificaciones, deducciones y
desgravaciones que se aplican a las cotizaciones sociales. Vamos a rechazarla por los mismos argumentos que la rechazamos durante la tramitación de la Ley General Presupuestaria, en la medida en que para los beneficios fiscales existe un mandato
constitucional que establece la obligación de que en el presupuesto figure el importe total de los beneficios fiscales, pero dicha norma no existe para el caso de los beneficios sociales.
Rechazaremos también, señor presidente, la enmienda 277, de Izquierda Unida, que pretende computar en la inversión nueva para determinar la dotación del Fondo de Compensación Interterritorial la inversión de las entidades públicas
empresariales o de cualquier otra entidad del sector público estatal. Y lo haremos pensando que no parece procedente incluir la inversión de las entidades públicas empresariales o de cualquier otra entidad del sector público estatal en el conjunto
de la inversión nueva, ya que su actividad prestacional o de gestación de servicios o de producción de bienes de interés público es susceptible de contraprestación en algunos casos. Por tanto, no parece que deba de incluirse en el cómputo de
inversión del Fondo de Compensación Interterritorial. Por lo demás, y de acuerdo con el artículo 65 de la Ley de organización y funcionamiento de la Administración general del Estado, la LOFAGE, la financiación de estas entidades públicas
empresariales procede básicamente de los bienes y valores que constituyen su patrimonio, los productos y rentas de dicho patrimonio y los ingresos ordinarios y extraordinarios que deriven de la misma. Por tanto, no parece asumible admitir esta
enmienda.
Votaremos en sentido negativo la enmienda 281, de Izquierda Unida, en cuanto viene a establecer medidas sobre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Defensa, ya que pretende suprimir el párrafo relativo al crédito de
inversiones reales y transferencias de capital a créditos para operaciones corrientes a realizar por la citada gerencia destinadas a atender las necesidades operativas de las Fuerzas Armadas. Entendemos que no parece razonable lo que propone la
enmienda. En el capítulo VI, inversiones reales del presupuesto del organismo, se contienen proyectos de inversión para obras de infraestructura y adquisición de armamento y material para las Fuerzas Armadas cuya financiación procede de la venta de
bienes inmuebles. Ello, obviamente, no impide que unos mayores ingresos por la venta de dichos bienes puedan ser transferidos al Estado para que posteriormente generen crédito en los Ministerios de Defensa y Hacienda en los gastos operativos de las
Fuerzas Armadas.
Hay una enmienda muy curiosa de Izquierda Unida, la 302, en la que se propone nada más y nada menos que la disminución de la cuantía de la ayuda oficial al desarrollo. Nosotros no somos partidarios de reducir el importe de la ayuda oficial
al desarrollo. Las cifras previstas para el FAD, tanto su dotación presupuestaria anual como la que se establece en el límite de operaciones que pueda aprobar el Consejo de Ministros con cargo al FAD, reflejan la estimación de las necesidades
financieras derivadas de la demanda de créditos concesionales en materia de crédito a la exportación y de los compromisos internacionales, y no parece que puedan reducirse. En cualquier caso -en 2001 se destinaron
576 millones de euros y 612 millones en 2002-, son cantidades muy superiores a las que pide Izquierda Unida y yo quisiera decir en ese sentido que el Gobierno no es partidario, tampoco el grupo que le presta apoyo parlamentario, de reducir
el importe de esa ayuda oficial al desarrollo.
La enmienda 304, de Izquierda Unida, pretende la creación de un fondo de condonación de la deuda externa. También hay una enmienda en ese sentido del Grupo Parlamentario Socialista, enmienda que no vamos a aprobar por cuanto parece que ese
fondo de condonación de la deuda externa, si se quisiera crear un fondo en ese sentido, habría de hacerse por ley y establecer su finalidad concreta, su régimen de administración y un plan de actuación. Por lo demás, las actuaciones de condonación
de deuda no se traducen en rigor en un aumento del gasto, sino en la disminución de un ingreso.
Existen otras enmiendas. Por ejemplo, respecto a la enmienda propuesta por el Bloque Nacionalista Galego, que se refiere al aumento de la masa salarial del personal funcionario, hemos de decir que el Gobierno ha mantenido unas
actualizaciones del poder adquisitivo de los funcionarios públicos que año tras año se han ido aplicando y junto a ello hay otros aspectos que han incidido directamente en la masa salarial. El coste que en términos de estabilidad presupuestaria
podría suponer la medida, no puede asumirse ni por el Gobierno ni por el grupo parlamentario que le presta apoyo en esta Cámara.
La enmienda número 1254, del Grupo Socialista, pretende aumentar la aportación del Estado a la Seguridad Social para el complemento de mínimos de pensiones. En ese sentido hay que decir que lo pretende aumentar en la cantidad de 300
millones de euros. Nosotros tenemos fijado -cuando digo nosotros, me refiero al Gobierno- en el proyecto de ley, en esta tramitación, 906 millones de euros. Como SS. SS. saben, ello procede básicamente del Acuerdo para la mejora y el desarrollo
del sistema de protección social, de 9 de abril de 2001, que prevé una dotación durante una serie de años de esas aportaciones para complementar los mínimos de la Seguridad Social, y en función de las pensiones de la Seguridad Social, en función de
esos mínimos, año tras año vamos dando cobertura legal a ese acuerdo. Por tanto, por criterios de oportunidad, en principio, no somos partidarios de aumentarlo, sin perjuicio de que en los años siguientes exista la correspondiente dotación
presupuestaria, hasta completar los acuerdos políticos adoptados en ese acuerdo.
En cuanto a la enmienda 1272, del Grupo Socialista, sobre la deuda pública, entendemos que no aporta nada a lo que ya se establece en el propio precepto con relación a este aspecto. Estas son algunas de las enmiendas que mi grupo va a
rechazar.
Dicho esto, concluiríamos nuestra intervención, señor presidente, señalando que nosotros entendemos que este es un presupuesto creíble.
Nosotros hemos hecho -lo dijo en una ocasión el vicepresidente para asuntos económicos y creo que es
así- de la credibilidad la primera política presupuestaria. Lo hicimos ya en el año 1995, cuando entramos en el Gobierno dictando una Ley de disciplina presupuestaria. Lo hemos seguido haciendo al hacer que los presupuestos no se desvíen y se
cumplan rigurosamente. Hemos sido capaces de hacer de esa credibilidad, como instrumento de la política presupuestaria y de la política económica, un instrumento fundamental; hemos sido capaces, junto con otras políticas, como la fuerte y rigurosa
política fiscal de contención del gasto público o las reformas fiscales que han incidido y han contribuido a la creación de empleo y al crecimiento económico, de conjugar esas políticas y mantener un patrón de crecimiento determinado, incluso en
momentos de atonía cíclica, porque cuando ha existido atonía cíclica en otras zonas económicas, tanto de Europa como de Estados Unidos, España ha sido capaz de mantener un diferencial de crecimiento. Por tanto, ciertamente nos hemos apoyado en la
demanda interna y en los efectos que han producido las reformas fiscales en términos de renta disponible, que han animado al consumo, a la inversión, etcétera. Confiamos y esperamos que haya una aportación también del sector exterior a nuestro
crecimiento económico durante el ejercicio siguiente; una aportación que durante este ejercicio ha sido negativa, básicamente por la apreciación del euro y por el escenario de incertidumbre internacional que hemos venido viviendo. Aún así,
nosotros consideramos que sí hemos sido capaces de mantener un diferencial de crecimiento en términos de renta y de empleo, es decir, de avanzar en el proceso de convergencia real con la Unión Europea. Hemos estado planteando la política económica
correcta, la política económica que este país necesita para seguir creciendo y para seguir creando empleo.
El señor PRESIDENTE: Les ruego, por favor, a los señores diputados que en las réplicas sean autocontenidos.
Señor Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Estos dos primeros títulos lo único que han hecho es anticipar los contenidos de un debate que se va a producir a lo largo de las próximas horas, donde tanto el grupo que apoya al Gobierno, como el principal
grupo de la oposición, hemos puesto de relieve algunas cosas generales que nos parece relevantes.
En primer lugar, nosotros entendemos que estos presupuestos adolecen de coherencia interna. La verdad es que llevamos ya bastantes ejercicios oyendo la misma cantinela, que es la de que nos va a ir muy bien a lo largo del ejercicio con muy
poquitos desajustes. Luego, a lo largo del ejercicio nos va bastante menos bien y los desajustes en lugar de corregirse se acumulan. Nosotros
creemos que eso hace escasamente coherente una parte importe del diseño de política económica. Lo que está sucediendo con los precios y con el deflactor del PIB en un corto plazo a lo mejor puede soportarse, pero esta economía lleva 5 ó 6
años creciendo todos los años en precios un punto por encima de los socios comunitarios. Respecto de Francia y Alemania, que son a fin de cuentas nuestros principales clientes, el crecimiento todavía es superior. Por lo tanto, en algún momento
esos desajustes en precio van a tener su reflejo en los niveles de producción y en los niveles de empleo.
En segundo lugar, la marcha de los precios origina un hecho bien curioso y es que determina el crecimiento del PIB monetario, y a fin de cuentas los impuestos no giran sobre otra base imponible que la de las cuentas de explotación de las
empresas, que están medidas en pesetas corrientes, pero los gastos no experimentan la misma evolución. Aquí se produce un desajuste que hace que este mecanismo a través del cual la inflación va añadiendo nuevos recursos al erario público, se haya
utilizado a unos niveles extremos y en este momento sinceramente sea un impuesto poco conocido, pero bastante contundente en materia de fiscalidad en España.
Termino -al igual que el señor De Juan- hablando de la credibilidad del cuadro macroeconómico. En primer lugar, nosotros creemos que este presupuesto por razones económicas y por razones políticas no está abocado a un alto grado de
cumplimiento, porque va a pasar lo que en ejercicios anteriores: que la erosión de los precios la van a pagar los ciudadanos, pero va a beneficiar al Ministerio de Hacienda. En segundo lugar, nosotros tenemos unos desequilibrios muy serios en
precios, en tecnología, en comercio exterior y en endeudamiento de esta sociedad, que es vertiginoso y alto, que de alguna manera establecen un interrogante que deberíamos ser capaces de ir resolviendo en el próximo futuro, para que los riesgos de
esta rápida evolución del endeudamiento a unos niveles como los que ha venido experimentando en los últimos años no pasen de ser graves.
En cualquier caso, señor presidente, señoras y señores diputados, estos presupuestos tienen otro interrogante, que es el interrogante político.
En mayo se constituirá un nuevo Gobierno y existen muchas posibilidades de que, cualquiera que
sea la combinación política que esta Cámara se dote a partir de la segunda mitad del año 2004, este documento presupuestario no sea entendido por ese Gobierno como un elemento referencial. Por lo tanto, está abocado a ser pasto de un proceso
electoral y se va a ver obligado a tomar en cuenta una serie de desajustes que la economía española ha venido planteando y acumulando a lo largo de los últimos años y que el Gobierno del Partido Popular no ha querido resolver.
El señor PRESIDENTE: Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy brevemente, señor presidente, quiero dejar constancia de mi discrepancia con el señor Marugán, como no podía ser de otra forma.
Concluimos un ciclo político de dos legislaturas y durante ese ciclo político las cosas nos han ido razonablemente bien en política económica.
Si analizamos la evolución del gran reto de la economía española, que ha sido avanzar en el
proceso de convergencia real en términos de renta y empleo en el período 1995 a 2003, veremos que durante ese período hemos sido capaces de mantener un promedio de un 3,4 por ciento de crecimiento del PIB, de mantener un diferencial de crecimiento
de más de un punto en relación a nuestros socios comunitarios, incluso en momento de atonía cíclica, y lo mismo podemos decir en relación a la creación de empleo. Ha sido un crecimiento económico intensivo en creación de empleo, que se ha
trasladado a creación de empleo más que en otras fases expansivas del ciclo. Hemos sido capaces de crear más de cuatro millones de empleos y de situar el número de afiliados en la Seguridad Social en una cifra récord.
Esos son datos positivos. Es
cierto que, hablando de diferenciales, también existe un diferencial de inflación en relación a la Unión Europea, pero no es un diferencial importante que nos haya de preocupar en términos de pérdida de competitividad. España ha ido ganando durante
estos años cuota de mercado, sin duda por el efecto euro y por la internacionalización de nuestra economía. Por cierto, cuando uno describe un mal -y ése es el problema del principal partido de la oposición- debe suministrar la medicina, máxime si
uno quiere considerarse alternativa de Gobierno. De la inflación le llevo oyendo hablar al señor Marugán en muchas ocasiones, pero nunca nos dice cuál es la medicina que hay que aplicarle al enfermo, y probablemente en un escenario como el actual,
donde la política monetaria, que es el principal instrumento para combatir la inflación, está en el Banco Central Europeo, esa medicina tiene que venir -lo dijo aquí el gobernador del Banco de España-, primero, de reformas estructurales de mercados,
como por ejemplo reformas fiscales, reforma del mercado de trabajo, liberalización de políticas, de sectores y de mercados de factores que son estratégicos para la economía española, que es lo que ha hecho el Gobierno; y segundo, de una política de
estabilidad presupuestaria.
Algunos se quejan de la inflación y hasta hace poco -ahora he de confesarle, señor presidente, que lo ignoro- eran partidarios de una política de alegría en el gasto y de aumentar el déficit público. Creo que este presupuesto se va a
cumplir y creo en la certidumbre de las previsiones económicas. Recuerdo otro debate de presupuestos, el de octubre de 2002, cuando acababa de pasar lo que acababa de pasar, con el efecto del 11 de septiembre. Existía un panorama de incertidumbre
internacional y se nos dijo por parte del Partido Socialista:
este presupuesto no se va a cumplir, y básicamente se cumplió. Por tanto -y ése es el primer dato que adorna la política presupuestaria de los gobiernos centristas del Partido Popular-, la previsión presupuestaria se va a cumplir. Es
cierto que existe un nivel de endeudamiento de las familias, pero los niveles de morosidad están actualmente en mínimos históricos, y he de decirle que ese endeudamiento va respaldado por un patrimonio importante y que los tipos de interés están en
este país en mínimos históricos. Probablemente, algún día subirán, pero en estos momentos estamos en una situación en la que las condiciones de financiación son históricamente bajas.
Dice el señor Marugán que hay una situación de incertidumbre por lo que pueda ocurrir en marzo y da por supuesto que el Gobierno se formará en mayo, porque ha dicho: en mayo del año siguiente. Aquí puede pasar dos cosas: puede ocurrir una
cosa en la que no creo y una cosa en la que sí creo. La cosa en la que no creo es que gane el Partido Socialista, pero ya parece que nos dice que no van a cumplir el proyecto presupuestario.
Me soplaba mi compañero, el señor Albendea, que el
Partido Socialista parece que no va a cumplir la ley de presupuestos. Nosotros sí cumplimos la prórroga presupuestaria que heredamos en el año 1995, pero en cualquier caso no se preocupe, señoría, porque ese escenario no va a pasar. El escenario
que yo creo que va a pasar es que las próximas elecciones los ciudadanos van a premiar la política económica del PP, que ha dado un gran resultado para el progreso económico y el bienestar social de este país. Señoría, desde aquí quiero decir lo
que yo creo que va a pasar, y es que el Partido Popular va a ganar esas elecciones y éste va a ser el presupuesto del primer Gobierno Rajoy.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el debate sobre este primer bloque, pasamos al segundo, relativo al título III del proyecto de ley.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Yo desde luego espero que gane el Partido Socialista, precisamente para el bien de los empleados públicos, que es de lo que vamos a hablar en el título III.
Me gustaría empezar por una cita muy querida, al menos se la he leído en dos ocasiones al señor Fernández Marugán, una cita del conde de Cavour, que fue ministro de Hacienda en el Piamonte en el siglo XIX, y que decía: dadme un presupuesto
y os diré cómo está gobernado un país. Pues bien, si llevamos eso al título III es verdad que leyéndolo, aunque solamente se refiera a los gastos de personal, se ve perfectamente cuál es el tipo de política de personal que en este ámbito está
llevando a cabo el Gobierno; y si además, puesto que estamos finalizando la legislatura y éste es el último presupuesto para el año 2004, hacemos una breve comparación con los presupuestos de los años anteriores, vemos que efectivamente en este
sector la política de personal ha sido bastante caótica y errática, y quizá una de las causas fundamentales viene del fundamentalismo que el Gobierno ha mantenido en relación al déficit cero.
Dicho esto, el Grupo Parlamentario Socialista en esta fase de debate va a defender 15 enmiendas, ocho al articulado del título III, artículos 19, 20, 23, 25 y 35, cinco enmiendas correspondientes al apartado de las disposiciones adicionales
y que están relacionadas naturalmente con las retribuciones del sector público y con la oferta pública de empleo, y dos enmiendas a las disposiciones transitorias cuarta y quinta sobre indemnización por residencia del personal del sector público y
sobre los planes de pensiones. Naturalmente, defender las enmiendas siguiendo el índice del articulado sería algo bastante inconexo, de manera que para aclararnos mejor SS.SS. y fundamentalmente el señor Albendea y yo, he decidido que las voy a
agrupar en torno a tres ejes o núcleos temáticos, que son las retribuciones, la oferta pública de empleo y la transparencia, precisamente la transparencia en este ámbito de las retribuciones es fundamental para que las administraciones públicas
cumplan con el mandato constitucional de objetividad y de neutralidad, mandatos constitucionales que a veces dudamos que estén cumpliendo.
Entrando en el primer bloque, el de las retribuciones, como SS.SS. saben, el artículo 19 establece fundamentalmente tres cuestiones de carácter básico, y quiero subrayarlo: en primer lugar, el incremento general del 2 por ciento, conforme
a la inflación prevista para el año 2004 -por cierto, señor Albendea, inflación nunca cumplida, nunca conseguida, según los planes del Gobierno-; en segundo lugar, establece que habrá dos pagas extraordinarias, como ustedes saben, este año ya con
el 40 por ciento del complemento de destino, al margen naturalmente del salario y trienios, y en tercer lugar, una dotación del 0,5 por ciento adicional para financiar planes de pensiones o contratos de seguros colectivos para los empleados
públicos. ¿Qué vemos de positivo en estas tres normas que se establecen? Nos parece positivo lo de las pagas extraordinarias y la dotación del 0,5 para los planes de pensiones. Son dos medidas que vienen derivadas del acuerdo
Administración-sindicatos y en ese sentido nos parece positivo, pero también quiero recordar, precisamente al señor Albendea, que las pagas extraordinarias las hemos venido defendiendo a lo largo de estos años y que, sin embargo, siempre hemos
sufrido la contestación contundente de que no se podían llevar a cabo porque daría lugar a una política de incremento de la inflación. Vemos que ahora sí que está en estos presupuestos del año 2004 y nos felicitamos de que el Gobierno por fin se
vaya acercando a las posturas que ha mantenido durante estos años el Grupo Parlamentario Socialista.
Título III
¿Qué es lo que vemos de negativo en estos presupuestos en el ámbito de las retribuciones? Que, a pesar de que concedemos una gran importancia al acuerdo adoptado -acuerdo que, curiosamente, ha traído la paz social en estos años electorales,
en los años 2003-2004, y, sin embargo, antes no había habido forma de que se estableciese con los sindicatos- y a las medidas que acabo de señalar, no se recupera el camino perdido en dos cuestiones fundamentales, en la estabilidad de las
plantillas, de la que hablaré posteriormente, y en la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. A veces al señor Albendea no le parece muy correcto que usemos algunos medios de comunicación, pero precisamente el jueves 23 de octubre
aparece en los medios de comunicación, cosa de la que no nos congratulamos -no nos gusta que aparezca en los medios de comunicación sin habernos enterado antes en el Parlamento- que una de las cosas negativas que ve la comisión de expertos encargada
de realizar un informe sobre la reforma de la Administración que inició el anterior ministro, el señor Arenas -ya llevamos tres ministros de Administraciones Públicas en esta legislatura- es que todos estos años haya habido nada menos que una
pérdida de 19 puntos en el salario de los empleados públicos.
Naturalmente, estos 19 puntos se obtienen de la diferencia entre el incremento del IPC de los últimos años, que ha sido del 39 por ciento, y el incremento del salario real, que ha sido
solamente del 20 por ciento; es decir, que los empleados públicos han perdido en los últimos años nada menos que 19 puntos en cuanto a su poder adquisitivo. Sin embargo, en estos presupuestos generales para el año 2004, a pesar de las medidas que
hemos señalado y con las que estábamos de acuerdo, no se contemplan dos cuestiones que formarán naturalmente parte de nuestras enmiendas: la garantía de recuperación de la pérdida de poder adquisitivo y la cláusula de revisión salarial. El
Gobierno no puede negar que conoce perfectamente esa pérdida de poder adquisitivo, porque precisamente las dos fórmulas que establece por fin en estos presupuestos, las pagas extraordinarias y el salario diferido a través de los planes de pensiones,
de alguna manera vienen a avalar lo que está diciendo mi grupo y esta diputada, pero estas dos fórmulas nuevas son claramente insuficientes.
En cuanto al artículo 19, por otro lado, quería recordar -lo venimos diciendo una y otra vez toda la legislatura-, puesto que las retribuciones son de carácter básico, que en estos momentos solamente uno de cada cuatro empleados públicos
pertenecen a la Administración general del Estado a causa de las transferencias a las comunidades autónomas.
¿Qué indica esto? Nadie niega las competencias, el carácter básico de esta normativa, pero no debería tomarse unilateralmente como se
viene haciendo año tras año por el Gobierno, sino que tendría que haber un diálogo constructivo y leal con las comunidades autónomas a la hora de establecer precisamente estas retribuciones. Nos encontramos este año con que la avalancha de
enmiendas al título III es inmensa porque, aunque fuesen de carácter básico, no provienen del diálogo entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Por lo tanto, nosotros seguimos incidiendo, y en lo que queda de
legislatura volvemos a hacerlo, en la necesidad de que se cree una conferencia sectorial de administraciones públicas.
Ahora vendrían las enmiendas que nosotros presentamos al bloque de retribuciones, como les indicaba. La enmienda número 1255, al artículo 19, propone que en lugar del incremento general del 2 por ciento, debería decir el 2,5 por ciento,
para que incluya el 0,5 adicional del plan de pensiones del que habla el apartado 3. ¿Cuál es la razón? Precisamente que, por ser de carácter básico, plantea algunos problemas. Esta enmienda pretende que las administraciones públicas que decidan
no establecer el plan de pensiones, puesto que no es obligatorio sino voluntario, puedan incrementar las retribuciones de sus empleados hasta el 2,5 por ciento, que es el incremento que van a tener precisamente los empleados públicos de la
Administración general del Estado, tal y como viene en los presupuestos. Eso es así dado que el artículo 24 de la Ley 30/1984 señala claramente que las retribuciones básicas han de ser iguales para todos.
Hay que recordar que las retribuciones
establecidas en el artículo 19 son básicas y si alguna comunidad autónoma no fuera a llevar a cabo ese plan de pensiones, sus empleados se quedarían simplemente con el incremento máximo del 2 por ciento. Nos parece que debería reformularse y sería
importante que lo tuviese en cuenta el Grupo Parlamentario Popular a la hora de aceptar esta enmienda.
La enmienda número 1257, al artículo 23, se refiere a esa política errática que ustedes han aplicado estos años en los presupuestos generales, ya que cada año le toca la loto a uno de los colectivos o de los altos cargos del Gobierno o de
sus órganos consultivos. Este año el agraciado ha sido nada menos que el Consejo de Estado. ¿Por qué tiene que tener un incremento en sus retribuciones del 9 por ciento? Nosotros decimos que no, que el presidente del Consejo de Estado no tiene
que cobrar igual que el vicepresidente del Gobierno, sino igual que los ministros, pero no porque sea un capricho nuestro, señor Albendea, es que el reglamento del Consejo de Estado establece precisamente para el presidente del Consejo los mismos
honores y emolumentos que para los ministros del Gobierno. No sabemos por qué ustedes, el Gobierno, se sacan de la manga este año que tiene que ser igual que el vicepresidente. (Un señor diputado: Porque es Romay Beccaría.) Exacto. Por lo tanto,
tampoco queda justificado el incremento retributivo de los consejeros permanentes y del secretario general, sino que tiene que equipararse -y es la segunda parte de la enmienda- al de los secretarios de Estado, que es lo que dice el reglamento por
el que se rige el Consejo de Estado.
La enmienda número 1261, al artículo 25, se refiere a los funcionarios interinos y a la necesidad de que los funcionarios interinos de larga duración cobren los trienios. Además está basado en dos cuestiones: una, en lo que dice el
Defensor del Pueblo, en la necesidad de que esto sea así, porque realmente es una injusticia importante para unos empleados que tienen una eventualidad, no porque ellos quieran, sino porque el Gobierno así lo ha establecido por la congelación de
plantillas que ha habido. Y dos, en que hay pronunciamientos jurisdiccionales que están diciendo en relación con otras administraciones públicas que esos trienios deben ser cumplidos. Por lo tanto, nuestra enmienda propone la supresión del inciso
que dice que quedan excluidos los trienios para los funcionarios interinos.
En cuanto a la enmienda número 1295, que propone la adición de una disposición adicional nueva, le recuerdo de nuevo, puesto que se trata de la compensación de la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, que los empleados
públicos han perdido 19 puntos. De alguna manera el ministerio y el Gobierno lo han reconocido, y precisamente a eso se debe el acuerdo al que se llega con los sindicatos y desde luego a las dos fórmulas de incremento de retribución de las pagas
extraordinarias y del salario diferido del 0,5 por ciento. De la misma manera y con el mismo sentido, la enmienda número 1296, propone la adición de una disposición adicional nueva para garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo de las
retribuciones de los empleados públicos por la subida de inflación del año 2003, que en estos momentos está en el 2,8 por ciento.
La enmienda número 1297 también propone la adición de una disposición adicional nueva sobre la acción social en la Administración general del Estado. Como es absolutamente conocida la cicatería que tiene este Gobierno en cuanto al bienestar
de los empleados públicos, la tesis que mantiene nuestra enmienda es que debe consignarse una partida en los presupuestos equivalente al menos al 1 por ciento de la masa salarial.
Del mismo modo, la enmienda número 1316, a la disposición
transitoria quinta, propone que haya un incremento de la indemnización por residencia semejante al incremento general de las retribuciones porque está quedando totalmente obsoleta. Llegamos a la enmienda número 1315, a la disposición transitoria
cuarta, referida a los planes de pensiones de empleo o seguros colectivos, que me parece muy importante. Esta enmienda, a la que voy a dedicar brevemente un par de minutos, porque me gustaría que quedase toda la argumentación reflejada en el
'Diario de Sesiones', viene a decir que hay un claro conflicto entre normas. Me gustaría que la atendiesen con bastante interés los señores diputados del Partido Popular, concretamente el señor Albendea. La disposición transitoria cuarta, aunque
contempla la existencia de planes de pensiones en el ámbito del sector público con anterioridad al 1 de octubre de 2003, sin embargo, no dice nada sobre la situación en que quedan los otros compromisos que aún se encuentran en la fase de
externalización de las pensiones. Señor Albendea, la normativa actual en materia de planes y fondos de pensiones, que está recogida en el Real Decreto legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la ley de
regulación de los planes y fondos de pensiones, y en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios,
ambos obligan a externalizar los compromisos por pensiones de carácter general. En el ámbito del sector público se consideran empresas obligadas a externalizar sus compromisos a todas aquellas entidades públicas y sociedades mercantiles
empresariales participadas, directa o indirectamente, por las administraciones públicas o por entidades u organismos dependientes de las mismas. Pues bien, en esta normativa se prevén situaciones transitorias que aún no han sido resueltas. Por
ejemplo, existen acuerdos, los surgidos de la negociación colectiva de ámbito supraempresarial, cuyos compromisos de jubilación aún no han sido externalizados, porque tienen de plazo para hacerlo hasta el año 2004, y tampoco se prevé la situación de
aquellos acuerdos en los que se ha pactado la constitución de un plan de pensiones, pero este aún no se ha formalizado, o situaciones de externalización incorrecta y que a requerimiento de la Inspección de Trabajo nada menos o de alguna instancia
judicial necesite de aportaciones suplementarias. Pues bien, en estos casos que le estoy indicando hay un claro conflicto entre normas, ya que la obligación de externalizar los compromisos por pensiones y, por tanto, de hacer aportaciones por parte
del promotor o tomador puede verse impedida por la existencia de un límite de aportaciones. De ahí que lo que diga la enmienda es que hay que tener en cuenta estas situaciones, porque no solamente tienen que ser para aquellas que estuviesen
autorizadas con anterioridad al 1 de octubre de 2003, sino también para las que se cuentan en la situación que le acabo de señalar.
En cuanto al segundo bloque de nuestras enmiendas, la oferta pública de empleo, saben que el artículo 20 establece por fin, y gracias al acuerdo entre la Administración y los sindicatos, que la oferta pública de empleo será como máximo igual
al cien por cien de la tasa de reposición de efectivos. De nuevo vemos algo positivo en este asunto. La cuestión está en que esta es una norma por la que hemos luchado durante toda la legislatura. Nos felicitamos de que el Gobierno se haya
acercado a las posiciones que ha mantenido no solamente el Grupo Socialista, sino toda la oposición durante el debate de los anteriores presupuestos generales.
¿Qué vemos de negativo? Que durante años se ha producido una congelación de plantillas
muy importante con dos nefastas consecuencias: una, el incremento
altísimo de la temporalidad en el ámbito del sector público y, la siguiente, el envejecimiento de plantillas. Como ustedes saben en este momento la media de edad de los empleados públicos de la Administración General del Estado está ya
cerca de los cincuenta años y sólo un 2 por ciento tiene menos de treinta. El Defensor del Pueblo presenta a las once aquí un informe monográfico sobre la temporalidad (en este momento ya está presentado, señor Albendea; lo digo por el disgusto
que se llevó el otro día en la Comisión de Presupuestos que dio lugar a que elevase una queja a la Mesa del Congreso por el uso de datos de un informe que no se había presentado. De nuevo le indico que no estaba presentado pero sí estaba publicado
en los medios de comunicación, por tanto, era legítimo absolutamente que usásemos esos datos y que además preguntásemos alarmados al secretario de Estado para la Administración Pública por la certeza de los mismos). Repito, hoy el Defensor del
Pueblo va a presentar a las once, creo que en la planta de abajo, ese estudio monográfico sobre la alta temporalidad del empleo público. Esto es un descalabro en el ámbito individual por la inestabilidad laboral que la temporalidad produce en cada
uno de los empleados públicos que se encuentran en esta situación y porque esto da lugar a algo importantísimo que también venimos denunciando durante toda la legislatura, la bajada de la calidad de los servicios públicos. Señor Albendea, esta
temporalidad no es algo que solamente vaya a decir el Defensor del Pueblo. El día 15 de octubre la ministra de Administraciones Públicas acepta esta temporalidad por primera vez y le voy a citar no lo que dice el informe del Defensor del Pueblo,
sino lo que dice la ministra: En este momento la temporalidad en la AGE (Administración General del Estado) es de un 27 por ciento, de la cual más de un 21 por ciento está en el ámbito de los laborales. En las comunidades autónomas esa tasa de
temporalidad es de un 24 por ciento y en las corporaciones locales de un 34 por ciento. Subrayo estas cifras porque de ahí vienen las enmiendas que el Grupo Socialista presenta al título III. ¿Cuál es la causa principal de esta cuestión? La
congelación de plantillas que ha habido durante estos años, que ha generado este incremento de temporalidad y esa bajada de la calidad en los servicios públicos.
Como le decía al principio de mi intervención -iré acabando pronto-, si no hubiese habido esa visión tan religiosa e incluso tan patriótica del déficit cero esto no se hubiese producido, porque al final el déficit cero se ha convertido en el
dios de la política económica del Gobierno del Partido Popular, pero además lo han defendido con la bandera de España en todos los foros de la Europa comunitaria. No se lo niego, le aseguro que en este momento España debe estar a la cabeza del
Pacto de Estabilidad presupuestario con el déficit cero, aunque ya le han explicado en múltiples ocasiones mis compañeros, el señor Fernández Marugán y el señor Sevilla, que lo del déficit cero tiene muchas trampas, pero yo se lo acepto. Lo que es
inaudito es que vayamos enarbolando la bandera de la patria, de que España es la mejor en este asunto cuando precisamente el déficit cero ha dado lugar a que, siendo los primeros en el Pacto de Estabilidad, somos los últimos de la Europa comunitaria
en el ámbito de la prestación de servicios sociales e incluso de inversiones.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo que se inició como un proceso de convergencia hace unos años, con los gobiernos socialistas, durante todo el proceso democrático de la
convergencia hacia los niveles de bienestar europeo, desde que están ustedes gobernando se ha transformado en un proceso de divergencia. ¿Quiere significar eso que el Grupo Socialista no está de acuerdo con la estabilidad presupuestaria? En
absoluto; estamos totalmente de acuerdo, pero con una visión más laica del asunto y, por tanto, más flexible. Ese fundamentalismo acientífico que ustedes han tenido en este ámbito ha dado lugar al tema que nos ocupa, de una altísima temporalidad
en el sector público y de una baja calidad de los servicios públicos. De ahí vienen precisamente las enmiendas que en este momento paso a defender en el ámbito de la oferta de empleo público.
Son tres y de alguna manera tienen un carácter extraordinario. Una de ellas estaría en relación con que debería haber un incremento importante de plantillas en el plazo de cinco años, para que se dupliquen las existentes nada menos que en
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por toda la problemática gravísima que hay de tan alta siniestralidad en nuestro país, y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y del Instituto Nacional de Empleo. La otra es el desempleo en el
sentido de falta de atención a los desempleados por el INE, tal y como nos viene en las respuestas del mismo Gobierno al Grupo Socialista que dice que es por falta de personal. En ambos casos debería incrementarse el personal de una forma
extraordinaria para que España pueda atender la calidad, e incrementarla, de estos dos servicios públicos en el ámbito de la Inspección de Trabajo y del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene.
Planteamos luego que debería haber un proceso
extraordinario de provisión de plazas del personal funcionario, tanto en las comunidades autónomas como en las corporaciones locales. Las razones, señor Albendea, ya se las he indicado; en el ámbito de las administraciones públicas nada menos que
la congelación es del 25 por ciento de la oferta de empleo público y del 24 por ciento en las corporaciones locales; nos encontramos con una temporalidad inaudita, que no habrá tanta en Europa, que es de un 34 por ciento. Ambas cosas son muy
graves y se necesitaría que hubiese un proceso extraordinario de oferta de empleo público.
Voy acabando, señor presidente. El último bloque de enmiendas que presenta mi grupo está en relación con la transparencia que debe haber necesariamente en las decisiones que toma la Administración pública. He
hablado antes de la opacidad y de las cuestiones erráticas que hemos estado discutiendo durante tres años y ahora, por fin, van apareciendo en algunas de nuestras enmiendas, pero le guste o no al Gobierno sigue habiendo caos y oscurantismo
en algunas de las parcelas de las retribuciones. Ya le he señalado la arbitrariedad que supone que al presidente del Consejo de Estado, a sus consejeros permanentes y secretarios se les suba nada menos que un 9 por ciento. En ese sentido va la
enmienda 1258 al artículo 23, donde se dice que la causa de todo esto es la oscuridad y la arbitrariedad con que se reparte la retribución variable de la productividad. Nosotros decimos que para estos altos cargos de ninguna manera la retribución
variable de productividad debería superar el 30 por ciento de las retribuciones establecidas en el apartado dos del artículo 23, y en todo caso estas cantidades siempre tienen que ser públicas y transparentes. No hemos conseguido en toda la
legislatura que ustedes nos indiquen el cobro de la productividad de los altos cargos, y me estoy refiriendo a secretarios de Estado, directores generales y subsecretarios. No ha habido forma de conocerlo, y usted lo sabe.
La penúltima enmienda, la 1259 al artículo 23, viene a decir lo mismo, que es necesario que las Cortes Generales tengan conocimiento de las retribuciones que perciben los presidentes y directores generales nada menos que de todos los entes
del sector público y que no aparecen en los presupuestos generales de este año. No sabemos qué pasa con el Banco de España, con Radiotelevisión Española, con las sociedades mercantiles públicas y con las entidades públicas empresariales; es un
desconocimiento total, eso no viene en los Presupuestos Generales del Estado. No quiero decir que es una desvergüenza y retiraría esa palabra, pero desde luego es inaudita la opacidad de las retribuciones nada menos que a los entes del sector
público. En la enmienda 1260, de adición, al artículo 23, apartado siete, se dice que también tiene que haber una comunicación del Gobierno con relación a los órganos colegiados directivos o consejos de administración, así como sobre la cuantía de
las dietas e indemnizaciones, respecto a lo que tampoco estas Cortes Generales consiguen tener nunca ni el más mínimo informe. Por último -y acabo-, en la enmienda 1262 al artículo 35, sobre contratación de personal laboral con cargo a los créditos
de inversiones, de nuevo incidimos en lo mismo: transparencia, transparencia, transparencia.
Solicitamos que el Gobierno con carácter trimestral indique a las Cortes Generales y a las organizaciones sindicales el volumen de contratación de
personal realizado conforme a este artículo 35, es decir, a los créditos de inversiones.
En definitiva, señor presidente, señorías, las enmiendas que presenta mi grupo traen como causa última tres cuestiones fundamentales: recuperar la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos, acabar con la temporalidad que hay en
este momento en el sector público e intentar incrementar el rejuvenecimiento de las plantillas y, por último, algo fundamental para cumplir el mandato constitucional de objetividad y neutralidad en las administraciones públicas, que haya
transparencia en las informaciones que el Gobierno del Partido Popular está dando a las Cortes Generales.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A este título III del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el venidero ejercicio 2004 nuestro grupo parlamentario tiene presentadas ocho enmiendas que paso seguidamente a defender. Las
numeradas como 1855, 1856 y 1859 se refieren a algo que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha venido -si se me permite la expresión, ya que ha hablado de iconos religiosos- predicando respecto de los funcionarios al servicio de las
administraciones públicas. Nuestro grupo parlamentario está por la labor de elevar el 2 por ciento de incremento de las retribuciones del personal del sector público hasta un 2,5 por ciento. ¿Por qué? Pues porque deseamos compensar parcialmente
-sólo parcialmente, porque en las cifras que se nos han ofrecido hay un diferencial mucho más notable por los ejercicios transcurridos- el esfuerzo en pro de la contención del gasto público realizado por los trabajadores al servicio del sector
público a lo largo de estos últimos años, lo que ha provocado un incremento de las retribuciones inferior a la evolución real de los precios, es decir, la situación hoy es distinta, a la baja, respecto del poder adquisitivo que tenían hace algunos
ejercicios.
Desde siempre, señor presidente, señorías, el establecimiento de topes a los incrementos retributivos se ha fundamentado no en los gatos de personal, como dice el gazapo que se ha publicado en el pegote de las enmiendas de los presupuestos,
sino en los gastos de personal, que constituyen uno de los elementos más importantes del gasto público; por tanto, su limitación para todo el sector público es un importante instrumento de política económico-presupuestaria, como es obvio y además
se ha puesto aquí de manifiesto en intervenciones anteriores, y corresponde a una materia que se introduce en lo que es la planificación general de la actividad económica, cuya competencia, de acuerdo con la Constitución, le corresponde al Estado en
exclusiva. Sin embargo, y sin perjuicio de lo dicho, la fijación del tope en un 2 por ciento se ha demostrado del todo, reitero, insuficiente, y en modo alguno consigue paliar la pérdida del poder adquisitivo del personal al servicio del sector
público, por lo que nosotros, reitero de nuevo, señor presidente, sometemos a la consideración de esta Comisión un incremento del 0,5 por ciento para dejarlo en el 2,5 por ciento, en vez del 2 por ciento que nos propone el Gobierno del Estado.
Las enmiendas 1857 y 1862 se refieren a las aportaciones a planes de pensiones de empleo y contratos de seguro colectivos, que puedan incluir entre otras las coberturas de la contingencia de jubilación para el personal incluido en los
ámbitos que se prevén. Nuestro grupo parlamentario al enmendar estos dos aspectos considera que este artículo está referido únicamente a la Administración General del Estado para dar cumplimiento a algo de lo que también se ha hablado aquí hace un
momento, que es ese acuerdo entre la Administración y los sindicatos para el período 2003/2004 aprobado por una resolución del 15 de noviembre de 2002 de la Secretaría de Estado para las Administraciones Públicas, que contenía precisamente el
compromiso para configurar un plan de pensiones dentro del ámbito de dicha Administración, es decir, la Administración General del Estado. La extensión al resto de las administraciones públicas de las condiciones específicas de dicho plan, así como
la fijación en la ley de presupuestos del límite de aportaciones, la fijación de la obligatoriedad de cubrir la contingencia de jubilación, la fórmula del cálculo del límite de la aportación total, así como la asignación individual de las
aportaciones, exceden de las competencias otorgadas al Estado en el artículo 141.1, regla 13 de la Constitución, y está vaciando de contenido las competencias del resto de las administraciones públicas. Por tanto, a nuestro parecer esto debe ser
rectificado en la línea del respeto más escrupuloso a lo previsto por la Constitución y a lo que ya ha interpretado el Tribunal Constitucional.
La enmienda 1858 incide precisamente en lo que acabo de mencionar respecto de la previsión de ingresos y habilitación de gastos y en base a lo que tiene dicho el Tribunal Constitucional mediante la doctrina, que en este ámbito es
absolutamente rectilínea. Para que la regulación de materias distintas en dicha ley sea constitucionalmente legítima es necesaria una relación directa con los gastos e ingresos que integran el presupuesto, y su inclusión en esta ley esté
justificada en el sentido de que sea un cumplimiento necesario para la mejor ejecución del presupuesto. En este caso concreto la regulación de las condiciones específicas referidas a los planes de pensiones, así como la fijación de la
obligatoriedad de cubrir la contingencia de jubilación, la forma de cálculo, etcétera, son materias que no afectan al ámbito estrictamente presupuestario. En consecuencia, es del todo contraproducente, al menos porque está en línea opuesta a lo que
viene diciendo el Tribunal Constitucional respecto del proyecto de ley de presupuestos generales, con lo que debería contener este proyecto de ley y excede, reitero, en la línea que ha sido expuesta por el Tribunal Constitucional, a las previsiones
constitucionales.
La enmienda 1858 se justifica en estos mismos términos, mientras que la 1860 trata sobre una discrepancia que mantiene nuestro grupo parlamentario respecto del documento presupuestario entregado por el Gobierno a esta Cámara. Se refiere a
la convocatoria de plazas para ingreso de nuevo personal del sector público durante el año 2004. La competencia del Estado para la fijación de las bases y la coordinación de la planificación general de la actividad económica, es decir, aquello que
se recoge en los artículos 149.1, regla 13, y 156.1 de la Constitución, en modo alguno puede habilitar al Estado hasta el extremo de fijar límites cuantitativos al número de efectivos que pueden ser objeto de oferta de empleo público. Al entender
de nuestro grupo parlamentario, Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, los títulos competenciales invocados por el Gobierno del Estado no otorgan a éste competencia alguna para recortar una competencia de marcado carácter organizativo de las
comunidades autónomas y de las corporaciones locales, como es la fijación del número de plazas que se oferta, en función de sus propias necesidades de recursos humanos.
Por otro lado, Constitución al margen (por supuesto no podemos estar al margen de la misma, pero en expresión coloquial), nos parece poco razonable que el Gobierno del Estado se preocupe de fijar el número de plazas disponibles o a ofertar
por las tan numerosas corporaciones locales existentes en el conjunto de España o de las comunidades autónomas. No entendemos bajo qué criterios y bajo qué porcentajes se estipula un número de plazas de oferta en función de las necesidades de entes
territoriales que, de acuerdo con la Constitución, tienen autonomía en sus competencias.
En cuanto a la 1861 nuestro grupo parlamentario trata de enmendar el artículo 20, apartado uno, párrafo cuarto, justificándolo en el siguiente sentido. El texto que nos sugiere el Gobierno recoge como excepción a la limitación de la tasa de
reposición de efectivos la Policía local en el ámbito lógico de las corporaciones locales, básicamente los municipios; sin embargo, estimamos necesario, señor presidente, ampliar la excepción también a la prevención y extinción de incendios y a
todos los municipios con poblaciones inferiores a 50.000 habitantes. La supresión del límite de la tasa de reposición de efectivos en lo relativo a protección civil, prevención y extinción de incendios y en los municipios con población inferior a
50.000 habitantes dificultaría el cumplimiento de las competencias mínimas y obligatorias de las corporaciones locales, previstas precisamente en la Ley de Bases de Régimen Local. Es decir, a nuestro entender, si no lo hemos leído de manera
errónea, lo que nos propone el Gobierno se contradice precisamente con la exigencia regulada por ley por las Cortes Generales respecto de las competencias mínimas y obligatorias de las corporaciones locales. En el caso de los municipios medianos y
pequeños el problema además se agravaría, ya que, de no excepcionarse, aquellas corporaciones locales en las que no haya vacantes, o sean muy escasas, por jubilación o fallecimiento, verían prácticamente congelada su oferta de empleo público y, en
consecuencia, menoscabado el
servicio que están prestando o que de acuerdo, reitero, con la Ley de Bases de Régimen Local deben prestar de manera obligatoria.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Rejón tiene la palabra.
El señor REJÓN GIEB: Empezando por la parte final, desde el artículo 35 hasta el 19, hay una serie de enmiendas de mi grupo parlamentario que plantean desde el principio transparencia, control e información, en la misma línea de lo que han
dicho anteriores portavoces. En el artículo 35, por ejemplo, lo que planteamos en la contratación de personal con cargo a los créditos de inversiones es que cada seis meses se produzca una información a este Parlamento por parte del Gobierno de
forma detallada de las contrataciones que se hayan realizado con cargo al capítulo de inversiones.
En cuanto al artículo 25, que recoge todo el tema de la productividad, nosotros planteamos dos enmiendas: por un lado, que la productividad no sea un cajón de sastre donde los jefes de cada departamento premien a funcionarios diligentes en
el sentido de diligencia hacia los superiores, sino que ese plus de productividad se distribuya, se aplique conforme a lo pactado con los sindicatos; y, por otro, que trimestralmente o incluso semestralmente, no tenemos ningún inconveniente, este
Parlamento tenga información por parte del Gobierno de a dónde se han ido estos créditos de productividad.
Como decía, bajando, porque vamos de menos a más en el articulado, aunque aquí sea para subir de categoría, en el artículo 23 planteamos que lo de la productividad en los altos cargos es muy fuerte. Yo creo que los altos cargos tienen
muchísimas razones para tener un salario digno, que tienen muchísimas razones para que se apliquen otras cuestiones, pero que el plus de productividad en los altos cargos, que se supone que cuando uno es propuesto y acepta sabe a qué va,
consideramos que es algo que debe desaparecer. No estoy planteando que se les rebaje, sino sencillamente que desaparezca este apartado y se recoja en otras cuestiones.
En cuanto al artículo 20 nosotros planteamos que haya una adición de un punto seis de oferta de empleo público, y la voy a leer porque yo creo que es la mejor explicación. Dice: 'Las administraciones públicas evitarán la contratación
precaria y fomentarán contratos que garanticen la estabilidad en los trabajadores. No contratarán con empresas de trabajo temporal o con sociedades prestatarias de servicios personalizados. El personal en formación, médicos, investigadores,
etcétera, tendrán contratos laborales, con todos los derechos derivados de esta relación contractual'. Sencillamente ponemos sobre el papel el que la Administración pública cumpla la legislación laboral vigente y todo el espíritu de las relaciones
laborales que dicen que debe ser la norma y el norte. Me conformaría con que se cumpliera nada más que el 50 por ciento del otro tótem que ha estado saliendo con el tema de la estabilidad presupuestaria.
Con respecto a Radiotelevisión lo que planteamos en una de las enmiendas es mayor información y mayor control, ya que en los últimos tiempos se están externalizando demasiados servicios. Es decir, la gente se va de Televisión a montar algo
fuera, porque desde luego cuando contrata con Televisión va a ganar más. No hago relación a ningún evento.
Por último, con respecto al artículo 19 en la misma línea que otros portavoces he de plantear que se corrija inmediatamente con el incremento porcentual correspondiente la pérdida de poder adquisitivo, tanto de éste como de los últimos años
de gobierno del PP.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, antes de entrar a comentar las enmiendas quiero sencillamente agradecerle muy sinceramente a la señora Serna el protagonismo que me ha dado en su intervención cuando todavía no he fijado mi
posición ni he dicho una palabra. Si no me ha citado quince veces - ahí está el 'Diario de Sesiones'- no me ha citado ninguna. Se lo agradezco muchísimo, sinceramente. Lamento que no le pueda corresponder, porque lógicamente tengo que hacer
referencia a todas las enmiendas de todos los grupos parlamentarios, aunque es verdad que haré algunas consideraciones a las cosas que S.S. ha dicho y lo hago con mucho gusto; no es una manifestación, es una expresión sincera, tanto la gratitud
como mi preocupación por no poderle corresponder de la misma manera.
Habla usted de que me molesta que ustedes lean los periódicos y digan lo que dicen los periódicos. No me molesta en absoluto, lo que no parece muy lógico es que no lo cite usted y diga que es el informe del Defensor de Pueblo; no es el
informe del Defensor del Pueblo, es la versión que un periódico da al informe del Defensor del Pueblo, que no sabemos si se trata de un borrador o de la declaración de algún funcionario afín a ustedes poco discreto. Tampoco hemos formulado una
queja a la presidenta, como ha dicho usted, señora Serna. Lo que hicimos fue simplemente constatar en el Registro de la Cámara que ese informe no había tenido todavía entrada el día de autos, el día de la celebración de la Comisión.
También quiero decirle -lo lamento- que no voy a poder corresponder a las consideraciones que ha hecho S.S. sobre las disposiciones transitorias, dado que, siguiendo el orden del debate preestablecido, mi grupo ha decidido que a ese
respecto, a las disposiciones adicionales, transitorias y a los anexos, intervenga el señor Bardisa, que por supuesto contestará con mucho gusto
a sus intervenciones. También quiero expresarle mi satisfacción por la manifestación que ha hecho de que están ustedes de acuerdo con la estabilidad presupuestaria. Sin duda alguna siempre produce gran satisfacción la fe de los conversos.
Entrando en el debate del título III, sin duda alguna todos los grupos de la oposición han formulado enmiendas al apartado dos del artículo 19 del proyecto de ley. Todas ellas proponen un incremento en las retribuciones del personal al
servicio del sector público superior al previsto en el proyecto. Cuando no se tiene la responsabilidad de gobernar es evidente que se puede pedir la luna sabiendo que no está a su alcance. Llaman la atención las enmiendas del BNG que proponen un
incremento del 5,5 por ciento. En el acuerdo Administración-sindicatos del 13 de noviembre del pasado año se preveía una serie de medidas dirigidas a aumentar la eficacia y la calidad en la prestación de servicios, a favorecer la estabilidad en el
empleo público y la formación continua, además de prever un incremento general de retribuciones del 2 por ciento para el año 2003, igual a la previsión presupuestaria de inflación para dicho año. Quiero recordar una vez más a todos los portavoces
que el objetivo de inflación no lo fija el Gobierno, entre otras cosas porque no dispone ya de los instrumentos de la política monetaria; los objetivos de inflación los fija el Banco Central Europeo. Parece que eso todos los días lo tenemos que
recordar, pero no es ocioso, por lo que veo, porque siempre se vuelve a decir lo mismo. En el proyecto de ley que estamos debatiendo se da cumplimiento a todas las medidas señaladas, además de la modificación de la estructura de las pagas
extraordinarias, en las que se aumenta la cuantía a incluir del complemento de destino, lo que supone que haya un incremento adicional de retribuciones del 0,7 por ciento. Si a esto le añadimos el 0,5 por ciento previsto para aportación a un plan
de pensiones, el incremento de retribuciones en términos generales será en torno al 3,2 por ciento, superior a la inflación prevista para el año 2004. También quiero decirle, señora Serna, en relación con su posición respecto a este incremento del
0,5 para el fondo de pensiones que sostenía S.S. que aquellos ayuntamientos o comunidades autónomas que no quisieran hacer uso de él deberían tener el incremento del 0,5 por ciento, que opino lo contrario. Creo que el 0,5 por ciento se ha fijado
para el fondo de pensiones y parece que las administraciones que quieran hacer uso de esa facultad de incrementar el 0,5 por ciento pueden hacerlo, pero no destinarlo a otra cosa, porque entonces estaríamos desvirtuando totalmente el objeto y el
acuerdo sindicatos-Administración.
Señorías, saben ustedes que una de las políticas que más han contribuido al crecimiento económico y, por tanto, a la creación de empleo ha sido el mantenimiento en los tres últimos años del equilibrio
presupuestario. La auténtica política de solidaridad exige moderación en el gasto para que aquellos que no tienen ningún salario porque no tienen empleo lo tengan lo antes posible. Nuestro objetivo de política social sigue siendo alcanzar cuanto
antes el pleno empleo.
Al apartado tres del artículo 19 sobre fondo de pensiones de los empleados públicos se han formulado enmiendas tan heterogéneas como la del BNG que propone suprimir la creación de dichos fondos o seguros, o las de CiU que sostiene que el
acuerdo con los sindicatos afecta sólo a la Administración central y no a las demás administraciones. Es obvio que en la redacción del citado apartado tres el establecimiento de dichos planes de pensiones es potestativo de las administraciones
autonómica y local, lo que no es potestativo es el porcentaje de aportación, pues entonces se estaría vulnerando el carácter básico de dicha norma y, por tanto, el artículo 149.1.13.ª de la Constitución. De la otra enmienda de CiU, que considera
que no es adecuada la ubicación en la ley de presupuestos del tema de los fondos de pensiones, es evidente que discrepamos pues fija los colectivos de empleados públicos susceptibles de beneficiarse de la aportación presupuestaria, y para las
contingencias se remite a la Ley de regulación de los planes y fondos de pensiones.
Enmiendas de Izquierda Unida al apartado 4 del artículo 19 olvidan la vigencia durante el ejercicio de 2004 del acuerdo Administración General del Estado-sindicatos de 13 de noviembre de 2002. La enmienda 284 de Izquierda Unida propone que
las modificaciones de la relación de puestos de trabajo se realicen previa negociación con los sindicatos representativos del sector público. En las modificaciones sustanciales de las relaciones de los puestos de trabajo participan las
organizaciones sindicales ya; sin embargo, los ajustes puntuales de dichas relaciones corresponden fundamentalmente a decisiones de carácter organizativo, tratándose, por tanto, de una competencia exclusiva de la propia Administración. Otra
enmienda de Izquierda Unida, la número 285, propone compensar con una cláusula de revisión en enero de 2004 la supuesta pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Señorías, nosotros negamos la mayor: no hay, ni es previsible que la
haya, pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos. Para el próximo año al incremento del 2 por ciento hay que añadir, como ya he señalado anteriormente, el aumento en las pagas extraordinarias, que implica un incremento del 0,7 por
ciento y la aportación del 0,5 por ciento al plan de pensiones. Todo ello supone un incremento total del 3,2 por ciento superior a la inflación prevista para este año.
Las enmiendas de Eusko Alkartasuna, tanto al artículo 19 como al 20, invocan invasión de competencias del Estado en competencias exclusivas en esta materia de la comunidad autónoma vasca, y cita a tal efecto el artículo 10.4 del Estatuto de
Guernica, pero lo cita mutilado, de tal suerte que omite el inciso final de dicho artículo que dice expresamente: sin perjuicio de lo establecido en el artículo 149.1.18.ª de la Constitución,
el que expresamente reserva al Estado las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, y también del régimen estatutario de sus funcionarios. Lo mismo podemos decir de la enmienda
número 977 del BNG y 1859 de CiU, que proponen suprimir el apartado seis del artículo 19 en el sentido propugnado por la señora Lasagabaster.
Con la petición de supresión o modificación de la tasa de reposición de efectivos, o la eliminación de los dos años para la inclusión en la oferta de empleo público de aquellos puestos o plazas desempeñados interinamente que proponen
prácticamente todos los grupos de la oposición, se olvida de la gran cantidad de excepciones que se hacen a esa limitación: a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al personal de la Administración de Justicia, a la Policía de
la Administración local y excepcionalmente a otros con autorización conjunta de los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas.
Por tanto, la norma es prudente en la dotación de las necesidades, sin incurrir en la laxitud de otras
épocas. Por otra parte, parecen olvidarse que la limitación al cien por cien, partiendo del 25 por ciento anterior, es fruto del acuerdo Administración-sindicatos, del 13 de noviembre de 2002. Por cierto, que la tasa de reposición del 25 por
ciento, que nosotros hemos suprimido, fue un invento del Gobierno socialista del año 1995. En la enmienda 292 de Izquierda Unida parece no haberse enterado dicho grupo de que la tasa de reposición del 25 por ciento ya fue elevada el año pasado al
cien por cien.
De las enmiendas presentadas a los artículos 21 y 22 sobre regímenes retributivos al personal del sector público estatal sometido a régimen administrativo y estatutario, así como al personal laboral, podemos predicar lo mismo que expresamos
al comentar las enmiendas al artículo 19. Es fácil desde la oposición gastar sin medida y proponer demagógicamente incrementos desorbitados, como el del 5,5 que propone el BNG. El éxito de la política económica de un gobierno radica precisamente
en adoptar criterios absolutamente opuestos a los que pretenden estas enmiendas.
Respecto a las enmiendas del Grupo Socialista al artículo 23, la 1257 que se refiere a las retribuciones del presidente, de los consejeros permanentes y del secretario general del Consejo de Estado, es preciso tener en cuenta que estos altos
cargos del Consejo de Estado tienen autorizado desde el año 2000 el complemento de adecuación, pero no lo han establecido y su retribución es muy inferior a la de otros altos cargos de organismos constitucionales. Pero sobre todo el argumento
jurídico es que la señora Serna está hablando de un reglamente frente a la ley de presupuestos. Porque el reglamento del Consejo de Estado es un decreto.
La enmienda del Grupo Socialista 1258 que propone limitar al 30 por ciento el complemento de productividad, al que califica de proporción razonable, es un término totalmente subjetivo y lo sería cualquier otro, ya que el límite queda
definido, tanto para los funcionarios como para los altos cargos en cuestión, por los créditos presupuestarios que las Cortes Generales aprueban al respecto cada año, tal y como se ha establecido en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de medidas para la
reforma de la función pública.
En cuanto a las enmiendas 1259 y 1260 que proponen la adición de los apartados 6 y 7 al artículo 23, para que por las Cortes Generales se tenga conocimiento de las retribuciones y dietas de presidentes y directores generales de todos los
entes del sector público estatal, es preciso señalar que la publicidad y transparencia de los gastos de personal de las citadas entidades se encuentran plenamente garantizadas en el ordenamiento vigente. Así, el artículo 55.3 de la LOFAGE y
artículo 58 de la Ley General Presupuestaria, pero sobre todo por el Parlamento.
Éste, a través de su propia normativa, dispone de suficientes mecanismos para ejercer su primordial función de control del Ejecutivo, por lo que la información con
rango de ley que pretende puede llegar a los distintos grupos parlamentarios por los cauces habituales previstos en los reglamentos de las Cámaras, evitándose una mayor burocratización general de una casuística de contratación, ya de por sí bastante
recargada.
Varias enmiendas al apartado 1 del artículo 25 proponen incrementos de los diferentes conceptos retributivos superiores a los previstos en el proyecto de ley.
Como reiteradamente hemos venido manifestando a lo largo de la mañana con el proyecto de ley que estamos debatiendo, no tienen poder adquisitivo los empleados del sector público y un incremento superior al previsto supondría comprometer los
objetivos macroeconómicos previstos por el Gobierno, especialmente el equilibrio presupuestario, que tantos frutos positivos está reportando a la sociedad española. Por cuantificar algo de lo irresponsable de alguna de las enmiendas, solamente el
incremento del 5,5 por ciento relativo a la Administración general del Estado, propuesto por el BNG, supondría un mayor coste de 420 millones de euros; aplíquese, además, a las administraciones autonómica y local y las cifras se elevarían
sideralmente, haciéndolas absolutamente insoportables.
Sendas enmiendas de Izquierda Unida y del Bloque Nacionalista Galego se refieren al complemento de productividad. Una enmienda pretende recabar la intervención de los sindicatos en su distribución y otra solicita su supresión. Ambos la
apoyan y se les asigna según criterios subjetivos, lo cual implica una gran desconfianza hacia los funcionarios responsables de dicha asignación. No podemos compartir los juicios de valor contenidos en la enmienda relativos a abusos y
arbitrariedades de los jefes del departamento porque éstos son responsables, a su vez, del cumplimiento de los objetivos y de la consecución del grado de eficacia exigible en la prestación de los servicios públicos. La supresión
del complemento de productividad supondría una disminución de la retribución de los funcionarios del orden del 7 por ciento.
La enmienda número 1261 del Grupo Socialista propone que el personal interino perciba también trienios. Las leyes que han regulado hasta este momento la Función pública han considerado siempre como una característica propia y exclusiva de
aquellos que han merecido la condición de funcionarios de carrera no sólo el derecho a percibir dicho concepto retributivo, sino también el del grado personal en el ámbito de la Ley 30/1984 de medidas para la reforma de la función pública.
La enmienda 994 del Bloque Nacionalista Galego pretende que se reconozca la antigüedad a los períodos de funcionarios en prácticas. Consideramos que el tratamiento de reconocimiento de servicios previos debe ser homogéneo para todos ellos y
su ubicación lógica no es la ley de presupuestos, ya que modifica otra ley sustantiva, la Ley 70/1978 de servicios previos en la Administración. Distintas enmiendas del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Andalucista proponen subidas del 5,5
por ciento y el 2,8 por ciento respectivamente, a las retribuciones contempladas en los artículos 26, retribución del personal de las Fuerzas Armadas; 27, Cuerpo de la Guardia Civil; 28, Cuerpo Nacional de Policía; 29, carreras judicial y fiscal
y personal al servicio de la Administración de justicia y 30, personal de la Seguridad Social. Hasta en las recompensas, cruces, medallas y pensiones de mutilación proponen dichos incrementos. Finalmente, el BNG propone eliminar la posibilidad de
contratar personal laboral con cargo a crédito de inversiones y justifica la enmienda en que constituye una práctica reiterada y fraudulenta. Es lamentable la desconfianza que demuestra este grupo hacia todas las administraciones y hacia los
funcionarios. No puede olvidarse que el artículo 35 del proyecto regula, de forma muy detallada y precisa y por ello con suficientes garantías, este tipo de contratos realizados con cargo a créditos e inversiones.
El señor PRESIDENTE: Esta primera parte del debate de este bloque ha sido larga, por lo tanto, les pido a los portavoces que vayan a intervenir ahora en el turno de réplica la mayor síntesis posible en sus argumentos.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Sí, señor presidente, me atendré concretamente a lo que nos pide y, además, con mucha razón.
Cuatro cuestiones simplemente, señor Albendea. Para hablar de fe de conversos, la que en este momento ha tenido el Gobierno en cuanto que las enmiendas que habíamos presentado en los tres Presupuestos Generales del Estado de los tres años
anteriores, las enmiendas que presentaba el Grupo Parlamentario Socialista y que habían sido consideradas como anatemas y causa de la quiebra de la política económica del Gobierno, hoy están en los presupuestos generales para 2004 convertidas en
norma. Por lo tanto, nosotros le felicitamos por el acercamiento del Gobierno a las posiciones del Grupo Parlamentario Socialista.
Lamento, por otro lado, que usted no haya querido -no creo que sea por su capacidad, puesto que yo le respeto y le considero un buen parlamentario- salirse del guión. En este sentido tengo que decirle, en primer lugar, que la temporalidad
en el sector público no es la opinión torticera de un periodista, sino que en este momento en la sala de abajo está el Defensor del Pueblo hablando sobre este tema y yo le invito a que vayamos conjuntamente a atender sus explicaciones para resolver
ese pequeño -e incluso divertido- conflicto en el que nos hemos metido. Hoy es un hecho la temporalidad e inestabilidad de las plantillas, tal y como reconoció la señora ministra de Administraciones Públicas el 15 de octubre en la Comisión
correspondiente.
Asimismo, lamento que no conteste precisamente a la enmienda que hemos planteado a la disposición transitoria cuarta, dado que se refiere a los planes de pensiones. Que usted tenga un guión tan concreto y tan pequeño le hace perder altura
parlamentaria, porque los temas hay que debatirlos cuando surgen y esta enmienda a esta disposición transitoria cuarta no es para mañana, pasado mañana o esta tarde. Es precisamente algo que tiene una profundísima relación intrínseca, no
extrínseca, con el artículo 19, que estamos debatiendo. Por otro lado cuando habla del 0,5 adicional para el fondo de pensiones y dice que es gracias al acuerdo de los sindicatos, le recuerdo que en última instancia los sindicatos han pensado que
más vale pájaro en mano que ciento volando; se lo digo porque sabe perfectamente, por lo que hemos venido debatiendo, que el envejecimiento de la plantilla de los empleados públicos en la Administración general del Estado es muy importante y por
tanto para ellos este 0,5 adicional va a ser muy poco rentable, sólo lo será para el 2 por ciento de los empleados públicos de la Administración general del Estado que tienen menos de 30 años; el resto recibirá algo durante el tiempo que les queda,
que es muy breve.
En cuanto a la cuestión del incremento de un 9 por ciento en las retribuciones de presidente, consejeros y secretario del Consejo de Estado, dice usted que es una ley. Yo le digo que de todas maneras cúmplase su reglamento y si ese
reglamento es inadecuado, para que no se cree inseguridad jurídica, que es lo peor que puede generar un Ejecutivo, lo que tendría que haberse hecho es cambiar ese reglamento. Expuso su propio argumento en cuanto a los trienios de los funcionarios
interinos y dice que es que hay una ley que impide. Yo le digo que lo mismo que la ley lo ha convertido en norma, en contra del reglamento que rige el Consejo de Estado, igualmente
esta Ley de Presupuestos Generales del Estado tendría que haber asumido la justicia de dar a estos empleados que tienen una tan alta inestabilidad de larga duración esos trienios que les corresponden, y ya tenemos sentencias que dicen que
eso es así. Y en última instancia, puesto que la Ley de acompañamiento se ha convertido en un cajón de sastre, la normativa que usted dice que impide el cobro de los trienios en tantas y tantas cosas que vemos de cambios -casi cerca de 40 leyes,
que en día y medio se van a debatir en la Ley de acompañamiento-, hubiese sido de justicia introducir modificaciones a esa normativa para cumplir con esos mandatos que se están produciendo en los tribunales superiores de justicia de las comunidades
autónomas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma renuncia a hacer uso de su turno de réplica.
¿Desea intervenir, señor Rejón?
El señor REJÓN GIEB: Sí, señor presidente, con brevedad.
Decía en un momento de su intervención el portavoz del Grupo Parlamentario Popular: No se han enterado en Izquierda Unida ni el señor Rejón de que la tasa de reposición ya no es del 25 sino del cien por cien. Yo le recomiendo que si lo
tiene a bien se lea la exposición de motivos de la enmienda número 286, que dice: Hay que recordar que las severas limitaciones a la dimensión de la oferta de empleo público mediante la fijación a nivel general del 25 por ciento máximo de la tasa
de reposición de efectivos ha venido siendo recogida en las leyes de presupuestos desde 1997 a 2002; en el año 2003 las limitaciones han sido similares a pesar de que fruto del acuerdo Administración-sindicatos se sustituyó la citada limitación por
un máximo del cien por cien de la tasa de reposición de efectivos. Las cifras reales de las plazas incluidas en la oferta de empleo público de 2003 han sido muy inferiores al número máximo permitido. Se dispone por tanto ya de un periodo
suficiente, etcétera, etcétera.
Es decir las reflexiones y relaciones que se hacen mi grupo parlamentario las conoce, como le digo, y ahí tiene la exposición de motivos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señora Serna, sin duda alguna en lo de la altura parlamentaria estoy de acuerdo, la altura parlamentaria me la da usted citándome tanto y este humilde diputado no quiere que se personalice tanto la posición de su
grupo en mi persona. O sea que se lo agradezco mucho, sinceramente.
En cuanto a lo del fondo de pensiones no obedece a un triunfo de las tesis del Partido Socialista sino a una negociación con los sindicatos fruto de la política de diálogo y de consenso que es siempre una de las características del Gobierno
del Partido Popular. Tampoco he dicho yo, señora Serna, que el tema del informe del Defensor del Pueblo, que usted prematuramente citó en la Comisión, fuera la opinión torticera de un periodista. Lo que le he dicho o lo que le he recriminado es
que no citara usted que era de un periódico, no del informe porque éste no había tenido entrada, no tenía estado parlamentario porque todavía no había entrado en la Cámara.En cuanto a la disposición transitoria cuarta, déjenos que nosotros
organicemos nuestro debate como queramos. Esas disposiciones adicionales y transitorias se las había asignado mi grupo al señor Bardisa, por tanto no me parecía correcto invadir sus competencias ni su intervención fijando la posición de mi grupo en
ese tema.
Por lo que se refiere al señor Rejón, estoy de acuerdo con S.S. en que el grupo conoce perfectamente que lo del cien por cien era una barbaridad, yo simplemente me he referido a la enmienda número 292 -ya sé que en otras anteriores sí se
cita eso- para poner de relieve que quizá fuera una fotocopia de una del año pasado.
El señor PRESIDENTE: Finaliza así el bloque relativo al debate del título III del proyecto de ley.
Damos comienzo al siguiente apartado, en el que vamos a debatir conjuntamente los títulos IV y VIII del proyecto de ley y la sección 7, clases pasivas.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista...
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, le rogaría un breve receso de dos minutos para el señor Fernández Marugán. Le agradecería, si puede ser, que empezase otro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea otro grupo parlamentario iniciar el debate? Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Pausa.) ¿Tampoco está el portavoz?
Señor Rejón, tiene la palabra durante todo el tiempo que desee. (Risas.)
El señor REJÓN GIEB: No, tanto tiempo no pensaba, por Dios. ¡Vive Dios que no!, le puedo asegurar que intervendré con bastante brevedad, yo creí que iban a pedir el receso para bajar a la Comisión del Defensor del Pueblo.
Pero no
tendríamos ningún inconveniente, seguro que vendría a dar la razón a la intervención de la portavoz socialista. (El señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la presidencia.)
Dentro del cúmulo de enmiendas a los títulos IV, VIII y sección 7, yo me voy a centrar en la enmienda número 300, al artículo 41.1. Dice este artículo 41.1: Pensiones no revalorizables durante el 2004: 1) En el año 2004 no experimentarán
revalorización las pensiones siguientes..., y entre otras habla de aquellas que tengan un cómputo mensual excepto las que excedan de una determinada cantidad, y dice: Excepto las originadas por actos terroristas; b) las pensiones de clases
Títulos IV y VIII Sección 7
pasivas reconocidas a favor de los camineros del Estado; c) las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, a favor de huérfanos no incapacitados; las pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez o invalidez. Parece que
estemos hablando del chocolate del loro. Además estamos hablando de una situación totalmente injusta cual es la referida al hecho de que estas pensiones no se revaloricen durante el año 2004.
Como ejemplo de otras enmiendas lo que planteamos es
sencillamente que se suprima este artículo 41.1 y por tanto desaparezcan estas pensiones no revalorizables, por entender que son pocas, que son mínimas y sobre todo que es injusto el hecho de que no se revaloricen.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor presidente, en el debate de la sección 60 entrará mi grupo en los detalles correspondientes al título de pensiones, pero en este trámite del proyecto de ley quisiera fijar algún criterio general en materia
de revalorización de pensiones.
A lo largo de los últimos años ha venido produciéndose un fenómeno derivado de la abundancia e importancia que han adquirido los fenómenos de la desviación de la inflación y estos inciden fundamentalmente sobre aquellos ciudadanos que
experimentan y sufren una situación de debilidad superior. En ese sentido la situación de debilidad quienes más la vienen padeciendo en los últimos años en España son los pensionistas. Citaba antes unos datos que nos resultan reveladores, y es que
en el sistema de pensiones en España el 73 por ciento de los beneficiarios del mismo tienen unas pensiones inferiores a 650 euros. Eso indica que la renta disponible de estos ciudadanos experimenta una fuerte contracción en el momento en que pasan
de estar en una situación de activo y entran en una situación de pasivo. Esa situación debería ser tenida en cuenta, y en el próximo futuro habremos de plantearnos algunos sistemas y algunos procedimientos en virtud de los cuales la inflación no
castigue de una manera permanente a este tipo de españoles que, por otra parte, son muy numerosos, porque una de las cosas que ha demostrado el grado de sensibilidad española en los últimos tiempos es el reconocimiento al derecho a la percepción de
una pensión por colectivos muy destacados. Por tanto, nos encontramos con un número importante de ciudadanos, con un sistema que tiene todavía un nivel de prestaciones reducido, que tendremos que ir esforzándonos todos en lograr que ese sistema de
prestaciones adquiera una mayor solidez en el próximo futuro, y eso va a depender de la productividad, de la economía, de su salud en cuanto a la capacidad para mantener un nivel de precios relativamente razonable y de los esfuerzos que hagamos por
determinar qué tipo de redistribución personal de la renta queremos en esta sociedad. En ese sentido, nosotros llevamos algunos años señalando que el mecanismo de apostar sistemáticamente por un binomio crecimiento-precios, que no se cumple, como
dije en mi anterior intervención, ni en el renglón del crecimiento ni en el renglón de los precios, puede generar y genera algunos perjuicios para algunos colectivos importantes. Este es el caso de los pensionistas.
A nosotros nos parece que hay demasiado mecanicismo y demasiada comodidad y hay escaso realismo en la previsión que viene haciendo el Gobierno de España tanto del crecimiento como de la inflación. Como consecuencia de esa comodidad del
Gobierno de España en la determinación de los objetivos de crecimiento y del objetivo de inflación, se produce un perjuicio a un número destacado de españoles, del que como siempre -que no debería ser así- forma parte el colectivo de los
pensionistas. Por tanto, la principal enmienda que nosotros hemos presentado hace referencia a la necesidad de que los incrementos en las prestaciones públicas, en las pensiones públicas, se fijen, en lugar de en un 2 por ciento, por cuya
credibilidad no apuesta nadie en nuestra sociedad, en una cantidad que a nosotros nos parece más razonable, con el fin de que esos pensionistas no se vean perjudicados y también con la idea de que sea el Gobierno, el Estado, el conjunto de la
sociedad la que comparta con ellos desde el primer momento las desviaciones que se pueden producir. Junto a esta enmienda, se hizo antes alusión a otra que nosotros hemos considerado también muy importante. En España tenemos que definir los
ámbitos de la política redistributiva y tenemos que hacerlo en dos aspectos muy importantes. Primero, en qué medida nosotros contribuimos a que las pensiones no se financien única y exclusivamente desde la contributividad y, también, a que las
políticas de generación de empleo tengan un componente público.
La polémica sobre el equilibrio hecho a costa de la Seguridad Social tiene dos aspectos destacados. Primero, que la Seguridad Social proporciona un paraguas macroeconómico. Cuando decimos que el Estado tiene déficit, que las
administraciones territoriales incurren en déficit y que la Seguridad Social tiene un superávit, ¿significa que hay un tráfico de recursos? No.
No hay un tráfico de recursos entre el menos 4, menos 4, más 8, aunque sea la suma de esos tres
factores lo que determina el equilibrio presupuestario. Hay un fenómeno que nos parece de extrema gravedad y es que la Seguridad Social asume competencias del Estado, competencias que se financian con cotizaciones, cuando en honor a la verdad
deberían financiarse con impuestos. Hay dos competencias que para nosotros son muy significativas: los complementos a mínimos y las bonificaciones a las políticas de empleo. Los complementos a mínimos han experimentado una evolución a lo largo de
los últimos años, y nosotros no tenemos ningún
inconveniente en reconocerlo. Los complementos a mínimos en los primeros años del Gobierno del Partido Popular eran raquíticos, pero hoy no lo son. Hoy son más cuantiosos y por ello nosotros presentamos enmiendas de menos importancia.
Ahora bien, la asunción de la financiación de los complementos a mínimos con cargo a recursos de los Presupuestos Generales del Estado tenía un periodo dilatado de tiempo, que de alguna manera las fuerzas signatarias de la segunda versión del
llamado Pacto de Toledo van a reducir en el espacio temporal, y a nosotros nos parece correcto. A nosotros nos parece correcto que una evolución prevista para 10, 12 ó 13 años se quiera ahora reducir a aproximadamente un quinquenio. Pero para eso
se necesita cerrar el espacio temporal y acelerar el proceso de contribución de recursos desde el Estado a la financiación de esta modalidad de pensiones en la Seguridad Social.
En tercer lugar, el señor Rejón hablaba de colectivos diferenciables.
Nosotros también creemos que en esta sociedad puede y debe haber colectivos diferenciables. Hemos identificado una serie de colectivos en el SOVI y en las pensiones de
viudedad, que casi siempre se suelen identificar con las viudas. Esta sociedad tiene recursos financieros en el ámbito de la Seguridad Social para, sin poner en riesgo en modo alguno la solvencia del sistema, hacer un esfuerzo de mayor intensidad.
Una organización empresarial ha calculado cuál puede ser la evolución del excedente de la Seguridad Social a lo largo del año 2004. Comparando la marcha de las cotizaciones y los compromisos de las prestaciones todavía calcula que se pueden
producir algo así como 2.000 millones de euros por encima de la previsión que tiene el Gobierno.
El Gobierno que salga en mayo de 2004, en cualquiera de sus combinaciones políticas, no puede seguir abusando de un tipo de cotización muy por encima del tipo de equilibrio, y como no va a poder seguir abusando de un tipo de cotización muy
por encima del tipo de equilibrio, va a tener que plantearse una articulación entre prestaciones, fondo de reserva y cotizaciones, que no puede ser tan extrema como la que se ha producido en los últimos años y que debería contemplar algunas
posibilidades a favor de algunos colectivos que merecen una mayor atención, como el colectivo de las pensiones de viudedad e inclusive nos hemos atrevido a hacer algunas propuestas en forma de enmienda donde los sistemas de protección social
vinculados a Seguridad Social y los sistemas de protección social, ambos en materia de pensiones vinculados al Estado, es decir, las llamadas pensiones contributivas y no contributivas, tengan algún nexo de unión, con el fin de que las personas que
han podido contribuir durante algún tiempo a la Seguridad Social, pero durante algún tiempo reducido que no les ha generado derecho a pensión, sí perciban algo más que la cuantía de la pensión contributiva y se tomen en cuenta esas cotizaciones que
han podido hacer a lo largo de algunos años.
Esta es la filosofía que inspira las enmiendas del Grupo Socialista. Esta es la posición que nosotros vamos a defender en este título y será cuando se discuta la sección 60 cuando se podrán adquirir mayores concreciones y mayores
puntualizaciones por personas más conocedoras que yo de esta materia de la Ley de Presupuestos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señoras y señores diputados, a este grupo, que engloba los títulos IV, VIII y sección 7, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, mantenemos cuatro enmiendas, tres lo son
al título IV y la otra, la 1870, al título VIII. No hemos presentado ninguna a la sección 7.
Las tres primeras de nuestras enmiendas, las números 1863, 1864 y 1865, hacen referencia a las pensiones. Para nuestro grupo parlamentario es un asunto nuclear, sustantivo, que explica el porqué, aunque sea parcialmente, de nuestra
abstención respecto del proyecto presentado por el Gobierno de España y las enmiendas presentadas al mismo que estamos en estos momentos debatiendo. Nosotros entendemos que objetivamente el crecimiento económico conseguido, y el previsible, sumado
con la creación de millones de puestos de trabajo en los últimos años, y con otros factores no menos importantes que coadyuvan al bienestar que genera una riqueza, valga la redundancia, también general, posibilita una atención mayor y mejor respecto
de las pensiones, en el bien entendido que es un asunto que debe ser tratado con racionalidad, con seriedad, teniendo en cuenta lo que está aconteciendo en los países de nuestro entorno, como Alemania y Francia, pongamos por caso. El Estado del
bienestar, una de cuyas patas es precisamente las pensiones, puede llegar a ser un punto de debilidad para el crecimiento económico, pero no lo es en estos momentos gracias a que en la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno
del Partido Popular, con nuestra ayuda, yo diría que apreciable y apreciada, pudimos sanear las cuentas de la Seguridad Social con un déficit astronómico que nos había dejado el Gobierno socialista y pasar de las cuentas negativas a las positivas y
sobre esas cuentas positivas crecer este año respecto de las posibilidades de contención o de previsión negativa en el futuro, que no se observa precisamente en negativo. De ello se ha hecho eco la Comisión llamada del Pacto de Toledo, en la cual
hace ya bastantes años, algunas legislaturas, nosotros tuvimos un papel protagonista respecto de su creación para evitar que las pensiones, como sucediera en 1993, fuera el tema nuclear de una campaña electoral y por lo tanto los pensionistas fueran
objeto de tratamiento electoralista. Creo que se hizo y
se ha vuelto a hacer un buen trabajo, que los resultados y las previsiones nos unen más a todos y no nos sitúan en una posición de recelo unos respecto de otros, todo lo contrario. Pero precisamente porque hay ese encuentro y ese colchón,
valga la expresión coloquial y entrecomillada, nuestro grupo parlamentario apuesta por crecer en un 4 por ciento en lo que hace referencia a las pensiones no contributivas, a las contributivas del sistema de la Seguridad Social y a las pensiones más
bajas, en este caso las del SOVI, en vez del 2 por ciento previsto en el proyecto, que es exactamente el incremento de inflación que se prevé para el año próximo.
Es cierto que las cosas van razonablemente bien, pero es igualmente cierto que hay bolsas de pobreza en España y que esas bolsas de pobreza se encuentran mayoritariamente en el ámbito que integran los pensionistas, no todos afortunadamente,
pero sí algunos, numerosos, importantes, desde el punto de vista de la necesidad de ayudarlos a disponer de los suficientes euros cada mes para sobrevivir. Entendemos que esto puede tener sus dificultades objetivas, no lo negamos; entendemos que
esto representa un esfuerzo presupuestario importante, pero también entendemos que la solidaridad llama a la puerta y que en consecuencia debería haber una respuesta positiva por parte de las Cortes Generales a esa necesidad perentoria, objetivable,
que se llama pobreza en el ámbito de los jubilados. Por eso, hemos presentado tres enmiendas, por eso nuestro portavoz el señor Trías lo plasmó en su intervención ante el Pleno de la Cámara y por eso mantenemos nuestra posición discrepante respecto
del proyecto enviado por el Gobierno. Creemos que deberían tener una atención especial, si me permiten preferente, discriminatoria en sentido positivo, aquellas pensiones más bajas, las contributivas, las no contributivas y las del SOVI. Además,
en el caso del SOVI, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el llamado acuerdo sobre el desarrollo de la Seguridad Social, para dar cumplimiento a lo que allí se expone.
Respecto del título VIII, mantenemos la enmienda 1870, en la que intentamos que no haya la discriminación que observamos, que creemos que no tiene sentido, pero que quizás tampoco tenga una voluntad política manifiesta por parte de quien ha
originado este proyecto, que es el Gobierno, pues para nosotros no tiene sentido, y además resulta una injusticia social notable que personas que reúnen los mismos requisitos y que pueden cotizar bien por el REASS o bien por el RETA, unos deban
hacerlo por contingentes profesionales un 3,3 por ciento mientras que los otros tienen que cotizar el 4,35 por ciento. Nosotros proponemos que el tipo de variación del REASS por contingentes profesionales se adecue a lo establecido para el régimen
de autónomos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: En primer lugar, debo decirle al señor Marugán que estaría encantado, en otras condiciones distintas a las físicas en que me encuentro, porque no estoy en el mejor estado posible, de entrar en un debate sobre
interesantes cuestiones que en ocasiones hemos abordado en el Pacto de Toledo. Simplemente le he de decir que como corolario a su intervención, en la cual venía a concluir afirmando que es posible, según algún informe había dictaminado, que la
recaudación de la Seguridad Social a fin del ejercicio 2004 sea todavía superior a la prevista en el presupuesto, lo único que significa es que en todo caso el presupuesto es prudente y que tiene una vocación de realización y no un presupuesto que
esté haciendo estimaciones inalcanzables y que pueda provocar frustración, porque no recaudar en materia de Seguridad Social se traduce al final en frustración y lo contrario siempre es bien recibido, y más aún cuando en las recomendaciones del
Pacto de Toledo ya se da un destino definitivo a los excedentes que se puedan recaudar y doten al fondo de reserva constituido hace ya unos años.
En segundo lugar, del debate que acabamos de tener, señor presidente, hay que agradecer a todos los participantes su tono, aunque ha sido un minidebate del debate de los tres ejercicios anteriores, en el sentido de que hay una repetición
material. Voy a reproducir argumentos que he dado en anteriores ocasiones para explicitar los motivos de oposición en que se funda el Grupo Popular a la hora de rechazar las enmiendas que se nos presentan.
Comenzaré desde una visión global, en el sentido de que hay tres grupos enmendantes que han formulado pretensiones de incremento de pensiones en sus diversas vertientes. Así, el Grupo Parlamentario Socialista plantea básicamente un
incremento del 2,8 por ciento -y digo básicamente porque en algún caso concreto llega casi al 4 por ciento-; el Grupo de Convergència i Unió solicita un 4 por ciento (también el año pasado hizo una petición de incremento superior al de los
presupuestos y, sin embargo -y espero que este año finalmente también sea así-, fueron capaces de entender la bondad del presupuesto y apoyarlo, y efectivamente cooperaron en los buenos resultados que hace un momento mencionaba su portavoz) y, por
último, el Bloque Nacionalista Galego plantea un incremento del 5,5 por ciento. El denominador común de los planteamientos diferenciados que se nos formulan, señor presidente (y que no se configuran en base a un elemento objetivo, al menos no se
establece un patrón referencial de por qué la subida ha de ser del 5,5 ó del 4 por ciento; quizá la más próxima a un criterio objetivo es la del 2,8 del Grupo Socialista), es la falta de financiación
con que se vienen dotando las enmiendas que pretenden este aumento de gasto.
Empezaré por la enmienda 1019 del Bloque Nacionalista Galego, cuya petición supone incrementar en un 28,4 por ciento la cuantía del año 2003. He de recordar a la Cámara y a esta Comisión que desde el año 1996 al 2003, el incremento
producido en las pensiones del Sistema de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva es del 25,69 por ciento, nominal, lo que traducido a términos reales supone un incremento del 4,23 por ciento. El Gobierno del Partido Popular también es
sensible y la realidad demuestra cómo está progresiva y reiteradamente produciendo un incremento en las pensiones mínimas y no contributivas. La propuesta que formula esta enmienda del Bloque Nacionalista Galego, de admitirse, supondría alcanzar en
el medio plazo, en tres años, el salario mínimo interprofesional, lo cual provocaría una situación distorsionadora de la estructura actual de la cuantía de mínimos, ya que aquella cuantía llegaría a ser mayor que determinados mínimos fijados para
beneficiarios que han llegado a efectuar cotizaciones en algún momento de su vida. Esto se traduciría en una desincentivación de la participación en el mercado laboral y en la correspondiente cotización de nuestros ciudadanos; o, dicho de otro
modo, en un incremento de la llamada economía sumergida, de la economía en negro, que no es buena para nadie.
La enmienda 298, de Izquierda Unida, viene vinculada a la número 301 y hay básicamente tres razones para desecharla; el año pasado las expuse y las repito ahora. En primer lugar, no incluye las pensiones a favor de familiares causadas en
acto de servicio, como son las de viudedad, orfandad y en favor de padres, por lo que si la admitimos, estas pensiones quedan fuera de una manera discriminatoria. Por otro lado, cuando las repetidas pensiones concurrieran con otras que no tuvieran
la consideración de extraordinarias, éstas últimas se beneficiarían de la aplicación de un límite máximo de percepción de cuantía superior al que les correspondería de no existir tal concurrencia, con el consiguiente trato discriminatorio. Por
último, y quizá el dato más relevante y obvio, las pensiones extraordinarias causadas en acto de servicio se corresponden con las que por accidente de trabajo o enfermedad profesional se reconocen en el sistema de la Seguridad Social, que no se
incluyen en la enmienda y, por lo tanto, se establecería un tratamiento diferenciado sin razón alguna ni motivo que sostuviera esta distinción.
El señor Rejón, en su breve intervención, ha hecho alusión expresa a una sola enmienda, que es la número 300. He de decirle que el artículo 27 de la Ley de clases pasivas del Estado, a través de la modificación introducida por la Ley
66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, ya contiene esta cláusula de revisión que contiene la enmienda, es decir, que ya se garantiza el poder adquisitivo de las pensiones del régimen de clases pasivas
del Estado en idénticos términos que los establecidos en el artículo 48 de la Ley general de la Seguridad Social. Respecto a esta enmienda, hay que decir que el criterio de no revalorización que se contempla en el artículo 41 del proyecto de
presupuestos afecta, única y exclusivamente, a aquellas pensiones cuyo importe íntegro mensual supera el límite máximo de percepción que se fija para todas las pensiones públicas, tanto para su señalamiento inicial -artículo 39-, como para su
revalorización -artículo 42-, así como a determinadas prestaciones que tienen carácter residual y que se vienen manteniendo, por no extinguirlas, en los sucesivos ejercicios presupuestarios. Tal es el caso, por ejemplo, de las pensiones reconocidas
al amparo de las leyes 5/1979, de 18 de septiembre, y 35/1980, de 26 de junio, a favor de huérfanos mayores de 21 años no incapacitados o de las pensiones integradas en los fondos especiales de las mutualidades de funcionarios. En el supuesto de
este elenco de pensiones, hay una razón objetiva por la cual el Gobierno mantiene la no revalorización de pensiones, que el Grupo Parlamentario Popular apoya, por un lado, como queda dicho, porque tienen que tener un límite porque si no superaríamos
el tope máximo que el sistema permite de percepción del conjunto de las pensiones de los sistemas públicos y, por otro, porque se trata de una serie de pensiones residuales que probablemente habría que extinguir, aunque todavía no se haya adoptado
esta decisión.
En relación con la pensión SOVI, a la que también han aludido varios intervinientes, en el periodo 1996-2003 se ha incrementado un 24,51 por ciento, lo que en términos reales supone un incremento del 3,25 por ciento. De este modo rechazamos
la pretensión de la enmienda 1024, del Bloque Nacionalista Galego en la que se pretende el incremento de un 20,73 por ciento. Asimismo, rechazamos la enmienda 1030, del Bloque Nacionalista Galego que pretende la supresión de la expresión 'salvo
disposición expresa en contrario', porque lo que permite al Gobierno esta frase es dar amparo legal a algunas excepciones en las que se cotiza por una base menor del salario mínimo interprofesional. Hay un ejemplo claro que se está produciendo
crecientemente en nuestro país, que es el supuesto de los contratos a tiempo parcial. En el supuesto de un contrato a tiempo parcial de media jornada o de un tercio de jornada, por bien que esté salarialmente retribuido de acuerdo con el convenio
colectivo, puede resultar que su prestación y su cotización sea inferior al salario mínimo interprofesional, cuestión que se vería imposibilitada en caso de aceptar esta enmienda que rechazamos.
Por lo que se refiere a la enmienda 1285, del Grupo Socialista, hay que recordar que la revalorización de pensiones para el año 2004 está fijada en el proyecto de presupuestos en función de la variación prevista del IPC, que para dicho
ejercicio es del 2 por ciento, sin perjuicio de la inclusión de la disposición adicional en
función de la desviación del IPC en el periodo noviembre 2002-2003 para rectificación base de las pensiones de este año, que posteriormente tendrán el incremento del IPC. Si el año que viene el IPC es superado, finalmente se verá
garantizado porque, gracias al Gobierno popular, por ley se estableció definitivamente un mecanismo de garantía de todos los pensionistas españoles, que no están sujetos al albur de nadie, a la arbitrariedad o al interés político del momento, sino a
la seguridad jurídica con que se ha dotado en un marco legal, que tienen derecho al mantenimiento de su capacidad y poder adquisitivo.
La enmienda número 1269, del Grupo Socialista, al artículo 41.1 pretende que se actualice con el IPC el umbral de renta para poder percibir los complementos a mínimos; lo decía el Grupo Socialista y estamos totalmente de acuerdo. Tan
estamos de acuerdo como que lo estamos haciendo de modo tal -le daré las cifras- que los incrementos que se establecen en los rendimientos a la hora de considerar los complementos a mínimos, en el año 1999 se incrementó el 1,8 por ciento en relación
con el año anterior; en el año 2000, el 2,9 por ciento; en el año 2001, el 4,10 por ciento; en el año 2002, el 4,10 por ciento y en el año 2003 el 2,70 por ciento, porque se hace un sumatorio de la inflación prevista más la desviación de la
inflación. No es que se quede cojo, hay una garantía plena de que, al final, hay una recuperación a la hora de la evaluación aquí del rendimiento en la consideración o no de acceso a mínimos, que no es la inflación prevista, sino la inflación
finalmente producida en el periodo.
Por lo tanto, la tabla viene reflejando año tras año la pretensión que nos formulan. Me permito decirles que estudien la conveniencia de retirar la enmienda porque estamos de acuerdo y así está sucediendo.
No aceptamos en este momento la enmienda número 1290. Aparte de discusiones sobre el contenido técnico de la misma, he de decir que tienen una parte de razón porque es verdad lo que arguyen en su motivación y puede llegar a ser verdad
definitiva y lo sabremos cuando concluya el debate del proyecto de ley de reforma económica. Si el proyecto de ley de reforma económica concluye en los términos que se prevén y se aprueba definitivamente con las incorporaciones que ha tenido a las
cuales aluden en su texto, efectivamente habrá que modificar los Presupuestos Generales del Estado. No sé si lo tendremos que hacer en fase de Senado o mediante alguna modificación legal, pero, efectivamente, tienen razón en que se produce una
situación que habrá que rectificar.
Compartimos el espíritu, aunque literalmente yo ahora no admita esta enmienda que, insisto, también hay que estudiar con más detenimiento y pulirla un poco más. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Por último y en referencia al representante de Convergència i Unió, no me voy a referir al 4 por ciento que, como he dicho antes, ya fue motivo también de enmiendas el año pasado, sin perjuicio que finalmente concluyera en un voto favorable
de Convergència i Unió al presupuesto, al cual apelo porque yo creo que el presupuesto es bueno, igual que ha sido bueno el de estos años, igual que tienen legítimo derecho a rentabilizar los frutos y los resultados de una política económica y
social que se está pronunciando ante la sociedad como objetivamente buena y más si analizamos la realidad competitiva de los países de nuestro entorno. Yo creo que tienen derecho a hacerlo. Nosotros estamos satisfechos del apoyo y ustedes no deben
de tener ningún motivo para no estarlo. Los hechos demuestran que ha sido un buen camino y en el momento electoral en el que nos encontramos se lo deberían plantear, es un ejercicio de realismo y de pedagogía política.
En la enmienda concreta número 1870 que voy a concluir debatiendo, relativa al artículo 97.3, ustedes se olvidan de una de las partes de la cotización. Así he de decirle que la incapacidad temporal incluye en el REAS contingencias comunes y
profesionales y, por tanto, la enmienda que ustedes proponen supondría una mejora cualitativa del régimen agrario dado que los trabajadores del régimen de trabajadores autónomos tienen, además de la cotización por incapacidad temporal, una
cotización adicional por contingencias profesionales, cotización profesional que es, además, diferente en función del tipo de actividad. Por tanto, se ha hecho una lectura, si se me permite, parcial de la cuestión. Si la premisa es como ustedes la
plantean, tendrían razón, pero estimamos que están olvidando que hay una parte de la cotización que quedaría sin producirse, una discriminación positiva sin causa si asumiéramos la enmienda en los términos en que está redactada. Esta es la razón
por la cual nos vemos abocados a rechazarla.
El señor PRESIDENTE: Turno de réplica.
Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Con extraordinaria brevedad y poniendo de relieve la generosidad del esfuerzo del señor Azpiroz y la satisfacción que produce ver que, a pesar de no estar en un buen momento físico, ha querido cumplir con sus
obligaciones de representante de los ciudadanos españoles. Quienes hemos oído siempre con satisfacción en esta Comisión sus intervenciones año tras año, este año tenemos que añadir un plus a esa satisfacción dado que no se encuentra en un buen
momento físico.
Nosotros coincidimos con otros grupos en que en esta sociedad se empiezan a dar algunas situaciones que deberíamos ser capaces de ir mitigando.
Desde luego, si en algún ámbito esas circunstancias se producen con mayor intensidad es en el
ámbito de las pensiones. Los sistemas de protección social en España han madurado con lentitud, pero hoy están maduros y consolidados. Estando maduros y consolidados, cabe la
posibilidad de intensificar algunas políticas que se han podido llevar a cabo en los últimos años.
Mi grupo señala que a lo largo del periodo de Gobierno del Partido Popular se han producido algunas disfunciones que deberían ser corregidas, que no son en modo graves, pero sí importantes. Estamos viendo cómo la pensión contributiva de las
cotizaciones se eleva sin el correlato correspondiente de la protección social. Debería producirse si no un giro, una modulación en este tipo de políticas, porque no tiene mucho sentido, como diré más adelante cuando hable de la imposición de las
personas físicas, que nos estemos encontrando con reformas sistemáticas de la imposición directa y otra modalidad de imposición directa, que es la que se establece en las cotizaciones sociales, experimente una situación de movilidad cero, que hace
que en este momento el coste del factor trabajo sea relativamente importante en España y, desde luego, en términos relativos, muy próximo a la media de las naciones de la Unión Europea y, en cambio, esa situación en medio del espectro de la Unión
Europea no se alcance en materia de prestaciones.
Sin querer extenderme más en esta cuestión, estos últimos años se han caracterizado por la elevación del esfuerzo en la pensión contributiva, que algunos señalan próxima al medio punto, pero hemos visto cómo el gasto en pensiones, incluida
la cuantía del fondo de reserva, se ha reducido en ese medio punto. Desde esa perspectiva, cabe la posibilidad de realizar una actuación hacia aquel conjunto de pensionistas que tienen una peor situación. Esa era la idea que defendía mi grupo en
las enmiendas que ha presentado a este título de la ley de presupuestos. Ha sucedido lo que en otras ocasiones.
Le agradezco al señor Azpiroz que nos haya anunciado que su grupo le va a prestar una atención especial a la enmienda 1290 para, en las fases siguientes del proceso parlamentario, mejorarla, si es que es mejorable, o aceptarla si supera
satisfactoriamente la duda que ha expuesto en su inicial intervención.
El señor PRESIDENTE: Señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Solamente quiero hacer unas matizaciones, por cuanto en aquel momento el señor López de Lerma no estaba presente.
Señor Azpiroz, estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho relativo a qué cosas han funcionado bien, hasta cierto momento. Usted intuye que nuestra actitud actual en los presupuestos se debe a la coyuntura en la que estamos, pero yo le
pediría que releyese el discurso del señor Trías en presupuestos, en el que explicó claramente cuáles eran los motivos.
Estos días hemos oído en Cataluña al señor Aznar diciendo que hay gente que está arrepentida de haber alcanzado el pacto. Nosotros no estamos arrepentidos, estamos plenamente convencidos de que si los acuerdos hubieran continuado como en
los primeros años de las legislaturas, podría haber ido bien, pero S.S. sabe -repáselo en documentos presupuestarios- que de un tiempo a esta parte, esto ha cambiado mucho. En estos momentos, no podemos apoyar los presupuestos por las
circunstancias que se dan, que con detalle el señor Trías, nuestro portavoz, en el debate a la totalidad explicó.
Entrando en el detalle, le podría decir en cuanto a la sección 17, yo le recomendaría que se leyera las enmiendas que se nos aprobaron en esta Comisión de Presupuestos en anteriores años con lo que S.S. comprobará que hay muchas aprobadas,
pero muy pocas realizadas. Nos encontramos con que son acuerdos son acuerdos según a ustedes les vaya bien, con que no son acuerdos entre dos sino para hacer uno lo que desee. Si acompañamos esto a otras figuras que vamos encontrando durante los
últimos años, en estos momentos nos sentimos dolidos del trato que el Partido Popular ha dado al Grupo Catalán y a las iniciativas que nuestra federación de partidos ha ido presentando.
El señor PRESIDENTE: Señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Quiero agradecer las palabras de mi compañero López Marugán por su comprensión en estos momentos.
Ha planteado una cuestión muy interesante, el relativo a las cotizaciones.
Habrá la oportunidad de abordar el debate en la sección 19, como hemos hecho en algún presupuesto precedente. Sigo entendiendo que las cotizaciones se deben
mantener y que hay que seguir con una política selectiva para favorecer la contratación de diversos colectivos con poca empleabilidad en el mercado laboral y la transformación de los contratos en indefinidos, etcétera; pero que no se debe realizar
una bajada generalizada en las cotizaciones. Es un debate importante porque la Seguridad Social no sólo debe funcionar hoy sino en el futuro también, y no lo debemos en modo alguno rehuir.
En gasto social, voy a dar cuatro datos para que consten en el acta, pero al final los números también evidencian las realidades políticas. En el período 1996-2003, las pensiones de jubilación de mayores de 65 años e incapacidad absoluta
subieron 20,04; en términos reales, 3,52. La jubilación de menores de 65, un 5,81 por ciento en términos reales, voy a olvidar el incremento real. La pensión de viudedad, a la cual todo siempre nos referimos -el problema de la viudedad es un
problema real-, la de los mayores e iguales a 65 años, del 3,52; de 60 a 64 años, la subida fue del 5,81 por ciento; menores de 60 años con cargas familiares, la subida del incremento total fue de 60,81 y la subida real, la ganancia sobre poder
adquisitivo, del 38,69 por ciento; en los menores de 60 años sin cargas familiares, la subida de ganancia sobre poder adquisitivo fue el 10,66 por ciento, y pensiones con regularización general,
subida mínima 1,60 por ciento. Es decir, que no sólo se ha garantizado el cobro de las pensiones con la actualización y rectificación del IPC, sino que todas las pensiones en España han sido incrementadas. En el caso de pensiones tan
sensibles como las de viudedad, las de los menores de 65 años con cargas familiares, prácticamente han tenido un incremento del 40 por ciento.
Si hablamos de las pensiones de orfandad, saben todos ustedes que se ha ampliado el número de años para que el beneficiario pudiera disfrutar de la prestación, fuera huérfano absoluto, de un padre o de los dos, e incluso se ha permitido la
compatibilización con la percepción de determinados rendimientos económicos que hasta entonces le impedía el cobro de la pensión. El Grupo Popular está evidenciando con hechos en estos años (espero que este año también lo pueda hacer y que
finalmente haya margen en las pensiones mínimas para ello) que, dentro del equilibrio necesario con el mantenimiento de la viabilidad y la estabilidad del sistema, sigue subiendo este tipo de pensiones.
Al portavoz de Convergència i Unió quiero hacerle una precisión en cuanto al encaje que hacían de las tres enmiendas que pretendían subir las pensiones un 4 en vez de un 2 por ciento. En primer lugar, no ponemos en tela de juicio la
sensibilidad ni la voluntad del grupo proponente, cuando menos de nosotros mismos, porque aquí obras son amores y no buenas razones. Una cosa es gobernar y otra pedir, pero quien gobierna sabe las cargas que tiene; sabe si el camino es estrecho o
mas ancho, pero sabe que el camino es limitado y que hay que optar, elegir y renunciar. Si con un 4 por ciento hubiéremos resuelto todo, no dude de que probablemente lo hubiéramos hecho. Se han referido a ese grave contexto de personas mayores en
la pobreza. Es verdad que hay ciudadanos mayores nuestros en la pobreza. y a veces una pobreza que no es sólo de índole económica sino que va más allá de la pobreza social, la pobreza del aislamiento, la pobreza de la soledad, la pobreza del
abandono, la pobreza de sentirse desplazado, marginado, olvidado, inútil, no querido; que no es una pobreza económica, no es una pobreza de la carencia de una pensión que le permita tener los mínimos vitales. Le diré más aún, no va justamente la
radiografía sociológica que se viene haciendo en la materia en el sentido que ustedes han apuntado. El último informe FOESA venía a decir que el rostro humano de la pobreza en España ha cambiado del año 1964 a aquí. Si en el año 1964 podríamos
claramente ser contundentes en la descripción de una pobreza de esas viejiñas de negro, de 60, 64 ó 70 años, que nada tenían, hoy en día la pobreza está en gente en la marginalidad, en gente de 25 años, en gente menor de 30 años en nuestro país.
Con eso no quito impotencia a la enmienda, sino que hago una nueva apelación a que estamos haciendo las cosas bien, como todo, es mejorable, y que nos gustaría seguir compartiendo su ayuda. Evidentemente, dos no hablan si uno no quiere.
Me acaban de pasar un dato diciéndome que el incremento en infraestructuras para este año en Cataluña es del 18 por ciento, que hace 8 años no se llegaba al 8 por ciento. Yo sé que mis compañeros en Cataluña en sus acuerdos han votado
sistemáticamente y sin fisuras a favor de los pactos establecidos; cada uno es muy libre de hacer donde está lo que le parezca. Se habla aquí de la ejecución de la sección 17.
Yo no soy el titular de la sección 17, pero todos sabemos que si por
algo se caracterizan las infraestructuras es que precisan un plazo de maduración incluso existiendo una dotación. No siempre el tener el dinero ahora va a suponer que en agosto en Cataluña esté resuelta una obra, no; hay que hacer proyectos; hay
que hacer a veces expropiaciones; tiene que haber actuaciones con los ayuntamientos; hay usuarios y particulares que inciden y afectan a la materia con los cuales hay que actuar y negociar; hay un cauce legal que cumplir; hay unas leyes sobre
las que hemos legislado en las que se debe dar oferta a los concurrentes para que puedan licitar y ser parte o no en las obras públicas. Evidentemente la parte económica es fundamental, pero hay otras partes en esto, incluida una parte real, que
ustedes conocen bien, y es que en este momento la construcción en España está a plena mecha, la construcción de obra pública y privada, la construcción de vivienda y de infraestructuras, y ustedes saben que no siempre todos los proyectos se pueden
realizar en los plazos, porque no hay empresas con posibilidad material de ejecutarlos. Recurran a sus ayuntamientos y pregunten a sus alcaldes a ver si están ejecutando todas las obras en los plazos previstos, y a ver si no es verdad que algún
alcalde les responde que no están encontrando quiénes realicen la obra en el plazo en que desean hacerlo.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido este debate.
Pasamos al siguiente bloque, compuesto por el título V del proyecto de ley y la sección 6.
En nombre del Grupo Socialista, el señor Fernández Marugán -que no López Marugan- tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: A este título mi grupo le viene prestando bastante atención a lo largo de los últimos años porque en él se produce una característica muy especial, que es el que cierra de alguna manera la bóveda de la
financiación de las administraciones centrales, que son, en definitiva, las destinatarias del proyecto de ley que hoy debatimos.
El gasto público tiene dos renglones: uno muy convencional, muy ortodoxo, muy clásico, que es el impuesto; y otro, tanto como él, pero quizás en cuantía más reducida, que es el endeudamiento. La primera de las características que nosotros
hemos querido poner de relieve en los últimos años en esta Cámara es que el
Título V y Sección 6.
endeudamiento ha sido creciente en los períodos de Gobierno del Partido Popular. Lo ha sido desde el primer momento, porque en una de las primeras intervenciones que se ha producido esta mañana aquí el representante del Partido Popular
hablaba de que en el año 1996 se produjo la prórroga del presupuesto. Es verdad, pero como consecuencia de que por primera vez en la historia de España no hay presupuesto en ese ejercicio, el incremento de la deuda pública fue extraordinariamente
significativo, del 13,61 por ciento. Ahí ya se marca, yo no digo que una orientación, pero sí un criterio. En España en los Gobiernos del Partido Popular la cantidad de deuda del Estado en circulación se ha ido elevando hasta cuantías importantes.
El informe económico financiero, en la página 143, establece un cuadro donde se pone de relieve que, comparado el final de 1995 con el final del año 2003, la elevación de la deuda del Estado en circulación supera los 94.000 millones de euros, y si
se tiene en cuenta la previsión del ejercicio del 2004, llegaremos a 107.000 millones de euros, cantidades importantes que ponen de relieve que una parte destacada del gasto público en España se financia con cargo a la deuda pública.
Mi grupo se pregunta cómo es posible que eso ocurra entre nosotros, entre otras cosas porque hay un hecho bien conocido, y es que no se han producido fenómenos de inestabilidad macroeconómica que hayan podido generar dificultades en la
política fiscal que hubieran obligado, como pudo ocurrir en tiempos muy pretéritos de la historia de España, a hacer unas políticas de emisión de deuda extraordinariamente importantes con las cuales tratar de conjurar esa marcha de los precios. Por
tanto, no ha habido que cambiar las condiciones de emisión, no ha habido que hacer frente a contingencias extraordinarias, a pesar de lo cual el endeudamiento viene subiendo en los últimos años de una manera creciente, y con lo que vamos a aprobar
para el ejercicio del 2004, va a continuar subiendo más.
¿A qué se debe este hecho y a qué se destina este endeudamiento? Nosotros hemos tenido la preocupación de averiguar el destino. Si somos capaces de averiguarlo, seguramente habremos encontrado algunas razones para entender por qué se hace
esa emisión. En principio, lo correcto sería que el endeudamiento se dirigiera única y exclusivamente a cubrir los desajustes que se producen en el presupuesto no financiero para financiar el déficit de caja. Ahí podemos encontrar una explicación
parcial y limitada. El aumento de la deuda en circulación hasta el año 2002, que es el único que está cerrado en este momento, se sitúa en una magnitud próxima a los 82.600 millones de euros, pero la cobertura de los déficit de caja en la parte no
financiera del presupuesto tan sólo justificaría 55.500. Aquí se está haciendo una emisión de deuda pública que va más allá de la cobertura del déficit. Nosotros nos preguntamos: ¿Qué tipo de deuda pública va más allá de la cobertura del déficit
y cómo es posible que esto ocurra? Analizando el presupuesto, vemos que el Gobierno se endeuda para hacer múltiples actividades, unas las materializa en forma de préstamos dirigidos a empresas encargadas de llevar a cabo la investigación
tecnológica y la fabricación de bienes que entran a formar parte del sistema de armas, y esa financiación es importante, hay unos proyectos conocidos como pueden ser los de la fragata, los del carro o los aviones de combate, pero la gama de
proyectos se está ampliando de una manera considerable. En el presupuesto del 2004 ya se hace un avance en esa dirección y se nos anuncia que en un próximo futuro este tipo de industrias vinculadas a la tecnología avanzada de la defensa van a
adquirir un fuerte predicamento. Ese es un conjunto de actividades que no computan en el déficit público, que se financian con deuda pública y nosotros entendemos que se compadece mal con esa idea de que este Gobierno solamente gasta aquello que
ingresa, y solamente destina a gasto público lo que procede del mundo de los impuestos.
El segundo bloque de líneas de endeudamiento está vinculado a la constitución de sociedades en los Ministerios de Hacienda, Medio Ambiente y Cultura, que tienen como finalidad el poner en marcha un conjunto de sociedades instrumentales a las
cuales se hacen aportaciones para el incremento del capital constitutivo, pero ese tipo de actividades van a funcionar en el futuro en el ámbito del sector privado, con lo cual los recursos los van a reclamar del mercado financiero, y ahí se abre
una zona de endeudamiento cuya magnitud habrá que hablar lamentablemente en el próximo futuro.
En tercer lugar, el ámbito de estas nuevas modalidades de endeudamiento se produce con aportaciones a la generación de algunas infraestructuras muy significativas y muy en boga en este momento en la sociedad española. Las aportaciones al
GIF en el presupuesto de 2004 adquieren ya la cuantía de 1.350 millones de euros, pero en los seis o siete últimos años el volumen total de recursos que se han manejado por este procedimiento superan el billón de las viejas pesetas.
Por tanto, el primer fenómeno que nos encontramos aquí es que hablamos de un título de operaciones financieras que debería estar única y exclusivamente dedicado a financiar el déficit de caja en la parte no financiera del presupuesto, pero
que salta a un amplio elenco de políticas públicas llevadas a cabo al margen de los criterios de ortodoxia de los cuales, por otra parte, el Gobierno se dice estricto defensor. Además, en ese tipo de instrumentos, los llamados activos financieros,
nos estamos encontrando con que se están poniendo en marcha políticas como las de defensa, investigación tecnológica, infraestructuras, agrarias, obras hidráulicas, promoción de infraestructuras ferroviarias, carreteras, etcétera, que en realidad
son políticas públicas de una enorme dimensión.
Por último, hay una nueva modalidad, una tercera modalidad de operación que de alguna forma también
se legaliza o se lleva a cabo al amparo de este título, que es la deuda avalada. Las deudas avaladas son una modalidad de ayudas del Estado sin que se materialicen ni en el cómputo del déficit ni en el cómputo del endeudamiento. Suelen ser
empresas con unas fuertes pérdidas que financian su desenvolvimiento y su actividad recurriendo al mercado financiero, que no habría en el mercado financiero ningún ente privado o público que les prestara recursos para seguir funcionando pero que
consiguen esa financiación porque el endeudamiento en el que incurren es avalado por el Estado.
En ese sentido hay una nueva zona no clara, no precisa, que ha saltado recientemente a la opinión pública como consecuencia de algunos comentarios, de algunos criterios establecidos en la Unión Europea respecto de la financiación de
Televisión Española, que, como es sabido, se prevé que va a incurrir en unas pérdidas de 623 millones de euros en el próximo ejercicio, que acumula un endeudamiento de 6.600 millones de euros desde los últimos años, que es una organización cuya
actividad no se refleja ni en el déficit ni en la deuda y que el día de mañana necesariamente esas pérdidas serán asumidas globalmente por el Estado e irán directamente a un creciente endeudamiento.
Aquí hay unos hechos que nosotros queremos poner de relieve. En primer lugar, un volumen creciente de inversiones públicas fuera de los capítulos VI y VII, fuera de la financiación habitual. El AVE de ahora se construye con cargo al título
VIII, el AVE de antes -por cierto, el que funciona bien- se construyó con cargo a los capítulos VI y VII y más o menos cuesta lo mismo.
En segundo lugar, hay un núcleo importante de actividades que hace el sector público a través de organismos que tarde o temprano pasarán por esta casa. Porque uno puede tener el 50 por ciento de la inversión pública fuera de los capítulos
VI y VII y cuando conviene sumarla al VI o al VII y cuando no conviene esconderla como activo financiero. Ese juego ya no es habilidoso porque ya nos hemos enterado; estos juegos son habilidosos mientras la gente no se entera, pero cuando la gente
se entera dejan de ser habilidosos. El año pasado -lo he dicho muchas veces- alguien preguntó al ministro de Defensa dónde tenía las inversiones y dijo: Las tienen en Industria. Ya está, ya sabemos lo que pasa. Tardamos en averiguar que la mitad
de la inversión no está sometida a la norma del equilibrio presupuestario y mientras tanto aquí había un cierto interrogante, pero ahora ya lo sabemos: la mitad del esfuerzo inversor de las administraciones centrales españolas no está sometido a la
Ley de estabilidad presupuestaria. ¿Por qué? Porque existe esa figura de la valoración neta de activos financieros que ha experimentado una fuerte expansión a lo largo de los últimos años; estaba en torno a los 24.000 millones de euros hasta el
año 2002, no sé dónde se pondrá en el año 2003, pero ya nos anticipan que en el año 2004 en términos netos estará próxima a los 5.800 millones de euros.
En tercer lugar, existe un número destacado de empresas creadas ex profeso, creadas única y exclusivamente con ampliación de capital, que están trabajando bajo la lógica de funcionamiento del sector privado, que están funcionando
endeudándose y corremos el serio riesgo de que cuando que haya que asumir ese endeudamiento, porque no tienen posibilidades ni recursos para hacerle frente, las cantidades que han ido pidiendo al sector privado pasen al sector público como
incremento de deuda pública.
En cuarto lugar, aparece un servicio público, como es la televisión, al que se ha situado fuera del déficit y fuera del endeudamiento. En este momento Radiotelevisión Española tiene una deuda de 6.600 millones de euros que en algún momento
será preciso, será ineludible, que se asuma por parte del Estado; en ese momento aparecerá un renglón nuevo sin que esta institución haya tenido que cumplir ninguna de las restricciones de la buena administración que siempre se debe exigir a los
organismos públicos. Esta situación no está agotada, se mantiene en el ejercicio del año 2004. Este es un presupuesto, como les decía en la comparecencia del secretario de Estado de Hacienda, que tiene un déficit de caja de 6.800 millones de
euros, que tiene una variación neta de activos financieros de 5.800 millones de euros y que avala la deuda de Televisión Española por una cantidad superior a los 668 millones de euros. Por tanto, hay autorizaciones de endeudamiento en cuantía
superior a los 12.000 millones de euros y autorizaciones para avales en Renfe, en Radiotelevisión y en otros organismos públicos por una cuantía superior a 1.700 millones de euros. Traducido a pesetas: autorizaciones para endeudamiento superiores
a dos billones de pesetas; cantidades para avales en una cuantía cercana a los 300.000 millones de pesetas. La pregunta es: si el Gobierno dice que estamos en equilibrio presupuestario, ¿por qué hay que mantener esa dinámica de seguir aumentando
ejercicio tras ejercicio el volumen de deuda pública pretendiendo hacer creer al conjunto de los españoles que estamos ante una administración austera y bien llevada? Esa es una de las razones por las cuales, a lo mejor, el equilibrio económico
encuentra tantas dificultades en España. Junto a los problemas de transparencia, que se presentan con tanta frecuencia y que hacen que cada vez sea más lo que se oculta que lo que se ve, aparece otro fenómeno muy importante: el sector público, a
lo largo de los últimos años, ha venido teniendo una política económica cuyo tono no es neutral, sino expansivo; por ese tono expansivo, en lugar de contribuir a la estabilidad de la economía española, se ha convertido en un elemento de mayor
inflación. Sin embargo, lo correcto sería que, estando en esta zona del mundo y teniendo una política financiera holgada definida por el Banco Central Europeo en función de la situación económica de las naciones centrales de
la Unión Europea, se hiciera aquí una política económica más estricta, con el fin de evitar que los precios subieran tanto, que el desequilibrio de las cuentas exteriores fuera tan grande y que el endeudamiento de las empresas españolas
fuera tan significativo.
Creo sinceramente que el crecimiento español tiene algunos desajustes que no se abordan y que la política financiera del Estado contribuye en alguna medida a que no se aborden. Como creo, además, que estos problemas se plantearán en el
futuro inmediato, hemos establecido una enmienda muy significativa: queremos saber cuál es el destino, la orientación y las condiciones de riesgo que vienen contrayendo las autoridades españolas por ese número tan abundante de políticas que no se
financian ya de una manera ortodoxa, sino heterodoxa y que, en lugar de por el presupuesto de estabilidad, se financian por el de expansión. Algunas las podemos identificar y cuantificar, y podemos evaluar sus riesgos; pero, en cuanto a otras,
seguramente durante los próximos años veremos cómo pasan por esta Comisión empresas de las que hemos sabido que han estado llevando a cabo una actividad pública que respondía a los criterios del Gobierno, a las que éste, consciente y
deliberadamente, había situado fuera del ámbito del presupuesto -había hecho que las mismas huyeran del presupuesto- para presentar, pretenciosamente y a corto plazo, unas cuentas públicas bastante saneadas.
Esa actitud indica poca responsabilidad y poca credibilidad, y como, por otra parte, nos parece que el largo plazo sitúa a cada gobernante en su sitio, hemos reclamado y hemos pedido -lo haremos también en el Pleno y en el trámite del
Senado- que se proporcione a las Cortes Generales, con carácter periódico, información concreta, puntual y detallada de todas las políticas públicas que se financien bajo el eufemístico nombre de activo financiero. Ese tipo de políticas públicas es
muy poco conocido y seguramente estamos corriendo -o podríamos correr en el futuro- grandes riesgos.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) intervenir en este turno? (Pausa.) ¿El señor Rejón? (Pausa.)
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Concluimos, señor presidente, el debate del título V y de la sección 6 del presupuesto, que se refiere a las operaciones financieras y a la deuda pública. El artículo 46 del proyecto establece una
autorización genérica de endeudamiento, a la que hacía referencia hace un momento el señor Marugán, con una limitación concreta: la de que el saldo vivo de la deuda pública no supere el 31 de diciembre de 2004 en más de 12.000 millones de euros el
saldo del 1 de enero; es decir, que hay una limitación al incremento de los activos financieros públicos, que viene establecido por el principio de la estabilidad presupuestaria. Esa previsión se complementa adicionalmente con otra, aplicable a
las operaciones de crédito que contraigan los organismos autónomos, con la obligación de transparencia e información que establece el artículo 48 del proyecto en aras a garantizar el suministro de información necesaria que recaben la Comisión de
Presupuestos del Congreso y la del Senado sobre la evolución de la deuda pública.
Yo comparto la afirmación que hacía el señor Marugán de que el tiempo pone a los gobiernos en su sitio. Probablemente, por eso hemos revalidado dos mayorías importantes, suficientes para gobernar en este país: porque la situación de
endeudamiento y de déficit que heredamos del Partido Socialista no era buena, y lo sabían los ciudadanos, que debían pagar elevadísimos tipos de interés y que habían de soportar incrementos muy significativos de la presión fiscal y de la presión
tributaria; en definitiva, de los impuestos. Pues bien, precisamente para hacer efectivo el principio de máxima transparencia e información a que hacía referencia el señor Marugán, se introduce esa previsión en el artículo 48 del proyecto.
El proyecto establece también el importe máximo de los avales de la deuda futura, de los avales que puede otorgar el Estado -en el supuesto de que el responsable principal no haga frente a la obligación-, incluyendo en este importe los
avales que se conceden a RENFE y a Radiotelevisión Española. En el mismo sentido se regulan los avales que concede la Sociedad Española de Participaciones Industriales y se reitera el principio de información a la Comisión de Presupuestos de la
Cámara Alta y a la de la Cámara Baja, es decir, a esta Comisión. Esta obligación de información y transparencia la establece el proyecto de ley en su redacción originaria. Finalmente, con el objeto de mejorar la financiación de la actividad
productiva empresarial, el proyecto prevé en su articulado que el Estado pueda otorgar avales para garantizar los valores emitidos por los fondos de titulación de activos, así como el incremento de la dotación del Fondo de Ayuda al Desarrollo.
La sección 6 del presupuesto es, sin duda, la sección con mayores créditos dentro del presupuesto de gastos del Estado, y distingue dos aspectos distintos: los gastos financieros y los pasivos financieros. En cuanto a gastos financieros,
destaca el menor gasto tanto en intereses de bonos, obligaciones y eurobonos en moneda nacional, como en letras del Tesoro.
Estas reducciones se compensan con los aumentos en intereses de préstamos en moneda extranjera, por las diferencias de
cambio en deuda extranjera y por el diferencial del tipo de cambio que registra el euro en relación con otras monedas. Los pasivos financieros, por su parte, presentan el mayor descenso absoluto en su importe. La variación resulta básicamente de
la reducción de las amortizaciones
de bonos y obligaciones en moneda nacional. El gasto se distribuye fundamentalmente entre amortización de gastos financieros de deuda pública en moneda nacional y amortización de gastos financieros de deuda pública en moneda extranjera.
El tiempo pone a los gobiernos en el lugar que merecen. Probablemente, no sólo el tiempo, que es un juez inapelable, sino también los ciudadanos, que saben apoyar aquellas opciones políticas que tienen mayor credibilidad y que presentan
proyectos y programas de Gobierno capaces de suscitar el suficiente apoyo electoral. Eso ocurrió, quizá de una forma tímida, en 1995 con el Partido Popular, y de una forma holgada -a nosotros nos gusta decir suficiente- en el año 2000. Tenemos la
esperanza de que vuelva a ocurrir en el año 2004 porque volveremos a plantear un proyecto, un programa de Gobierno, un nuevo contrato con los ciudadanos.
Creo que durante estos años ha quedado claro que el Gobierno ha hecho un notable esfuerzo en
la contracción del déficit público y del endeudamiento en relación con el producto interior bruto, obviamente, porque si la riqueza la medimos en relación al producto interior bruto, ¿por qué no tendríamos que medir también nuestro endeudamiento en
relación al producto interior bruto? ¿Cómo ha sido esa estrategia de contención del gasto público, de reducción del déficit público? O, ¿cómo ha sido esa estrategia de consolidación fiscal que venimos haciendo desde el año 1995, que ha dado lugar
a resultados tan positivos y tan favorables para el déficit y para el endeudamiento? Pues el primer elemento de esa estrategia de consolidación fiscal ha sido un programa ambicioso en la cuantía, porque en el año 1995 teníamos en torno a 7 puntos
de déficit, 7 puntos de PIB en déficit público, y hoy estamos en equilibrio y en superávit presupuestario. Además, ha sido ambicioso en el tiempo, de tal suerte que hemos conseguido reducir considerablemente el nivel de endeudamiento público que
existía en este país. En el año 1996 -y hablo en términos relativos porque, aunque no le guste al señor Marugán, creo que es importante- el nivel de endeudamiento público estaba en el 68 por ciento y en el año 2002 estaba en el 53,8 por ciento y
basado fundamentalmente en la disciplina del gasto corriente. Ello ha supuesto una reducción considerable de la prima de riesgo a la que tradicionalmente se había enfrentado la economía española; hoy la deuda pública española en relación con la
deuda pública alemana, el diferencial del bono español y del bono alemán es cero. Ha sido una consolidación fiscal que se ha basado en la disciplina del gasto. No hemos exigido más ingresos, no hemos incrementado más impuestos, hemos contraído el
gasto con lo que ello supone en términos de elevación de la expectativa de renta disponible y por tanto de influencia en decisiones de consumo e inversión y con lo que ello supone en el sentido de que los ciudadanos saben que este Gobierno no les va
a exigir más impuestos para cubrir déficits, en absoluto.
El segundo elemento ha sido la importante contribución que ha tenido esa reducción del déficit y del endeudamiento en la estabilidad macroeconómica. Nos hablaba el señor Marugán, cuando hemos iniciado el debate parlamentario de los títulos
I y II, de la inflación. Nosotros consideramos que eso es fundamental para obviar presiones indebidas sobre la demanda agregada que nos puedan llevar a tensiones inflacionistas.
Ello nos ha permitido también mantener una política fiscal que no sea
pro cíclica y por tanto mantener un margen de maniobra que ha dado lugar a la tercera característica fundamental de esta estrategia de consolidación fiscal, y es que el Gobierno ha podido enfatizar las áreas de gasto que sean susceptibles de
priorizar. Otros gobiernos en otras épocas, en otros momentos, no podían plantear prioridades del gasto público. Si hemos sido capaces de reducir ese endeudamiento, de reducir ese déficit, eso significa que somos capaces de plantear determinadas
prioridades de gasto. Ese es el caso del gasto social -hace un momento el señor Azpiroz ha hecho referencia con brillantez a la situación de la política social-, pero ese es el caso también de la inversión pública a la que aludía el señor Marugán.
Desde el año 1995 hemos incrementado el nivel de inversión pública en más de un 130 por ciento y en más de un 200 por ciento la dotación de capital tecnológico de I+D+I y todo ello lo hemos conseguido porque hemos sido capaces de reducir el
endeudamiento y de reducir el déficit. Creo que por eso los ciudadanos nos pusieron donde estamos, asumiendo responsabilidades de Gobierno, porque nosotros garantizamos la estabilidad macroeconómica, garantizamos la reducción de esa hipoteca
generacional que es el endeudamiento público en relación al producto interior bruto y garantizamos, en definitiva, que nuestra política económica es la válida para crear empleo, para impulsar el crecimiento y para que haya más políticas de
solidaridad.
El señor PRESIDENTE: ¿Desea hacer uso del turno de réplica, señor Fernández Marugán?
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Sí.
En este título sólo puedo decir que no comparto prácticamente ninguna de las posiciones políticas del Partido Popular, por razones que hemos dado con mucha frecuencia a lo largo de los últimos años y que muy brevemente voy a reiterar.
¿Heredamos una situación de endeudamiento elevado? Es posible, pero lo que sí le digo es que le han añadido 107 miles de millones de euros, es decir, le han añadido 18 billones de pesetas más.
Por tanto, podían haber corregido el sesgo del Partido
Socialista que ustedes consideraban equivocado. Si por eso los ciudadanos dejaron de prestar la confianza a este partido, no ha habido un propósito distinto por parte del Partido Popular, sino todo lo contrario. Lo de la bajada de los tipos de
interés me parece ya más preocupante, porque siempre he creído que los
tipos de interés los determina fundamentalmente el mercado. Si ahora resulta que los tipos de interés los determinan los gobiernos de la nación, de cualquier nación, es un dato sorprendente. Creo que ese tipo de cosas no deberían
argumentarse; se pueden buscar otro tipo de argumentos sin faltar a la verdad, pero ese es un mal argumento.
Además, el segundo quinquenio de la década de los noventa y los dos primeros años de este siglo, pero fundamentalmente aquel quinquenio, fue un período bueno para la economía española. Entre el año 1995 y el año 2002 la economía española
tiene un crecimiento en torno al 3,5 por ciento y generó un volumen de recursos que podían haber permitido la financiación ortodoxa del gasto público. Además, tuvimos la oportunidad -ustedes la llevaron a cabo- de hacer uno de los procesos de
privatización de empresas públicas más rápido e intenso que se ha producido en esta parte del mundo. El señor vicepresidente del Gobierno pasó un día por aquí y dijo algo, aunque dijo poco. Dijo que el valor de las empresas privatizadas había sido
de 26.000 millones de euros. Por tanto, cuando uno ve el caudal de recursos generados por la vía del ingreso público, cuando uno ve el volumen de las privatizaciones habidas en estos años, no encuentra la justificación suficiente para los modestos
niveles de corrección del porcentaje, que no el saldo global, de la deuda pública. ¿Por qué digo esto? Si hay 24.000 millones de euros por un lado, podía haberse aplicado un porcentaje significativo a la reducción de la deuda. La deuda no se ha
reducido, la deuda se ha incrementado; en términos de PIB la ratio baja, ¿por qué? Porque el PIB monetario sube.
Este es un ejercicio matemático, pero el volumen de deuda está ahí y habrá que satisfacerlo y pagarlo, y eso va a depender de la
solidez del crecimiento económico, de la solidez del sistema fiscal español; de alguna manera nos lo dirá el próximo futuro. Pero a esa deuda que nosotros reconocemos que está en el saldo del presupuesto hay que añadir otras deudas que se van a ir
generando y que son las deudas que crean las compañías establecidas ex profeso para funcionar lejos de los confines del presupuesto público, que diría un ilustre economista norteamericano, y las deudas privadas avaladas que no están en el déficit y
que, por ser privadas o de organismos públicos, no forman parte del endeudamiento del Estado. Por tanto, el panorama de la deuda en España no es transparente ni podemos definir su cuantía. Aquí nos podemos encontrar en el futuro con alguna
situación más paradójica. Sinceramente, ustedes tenían varias alternativas y podían haber hecho las cosas de otra manera. Mi pregunta es por qué siempre la opacidad ¿Por qué? Hoy especulamos todos, porque ya no se lo cree nadie, respecto a la
representatividad del déficit público.
Y especulamos por dos motivos: porque entendemos que el equilibrio presupuestario se logra con la Seguridad Social y porque además dicho equilibrio tiene zonas enteras de ausencia de transparencia que
convendría conocer. No hay ninguna razón para que un elenco amplio y diverso de políticas públicas, típicas del Estado, como las inversiones en Defensa, estén al margen del equilibrio presupuestario, y que esto ocurra en este momento no deja de ser
paradójico. Que en lugar de haber clarificado y haber puesto de relieve si el déficit público era 1, 1,5 o algo más de 1,5, estemos enrocados en ocultar la magnitud del desajuste y en justificar el equilibrio a base de un agente como la Seguridad
Social, en el momento en el que el 73 por ciento de los pensionistas españoles tienen pensiones por debajo de 650 euros, me parece que es una política sobre la que puede haber primero críticas, segundo, valoraciones y, tercero, otras políticas.
Nosotros consideramos que en este momento no hay ninguna razón para que las cosas en materia de transparencia y de endeudamiento se estén llevando a cabo con la opacidad con la que se está llevando en el capítulo de las operaciones financieras.
Esto se sabrá, y lo más probable es que se sepa siendo usted y yo diputados en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias por la última afirmación del señor Marugán; francamente, también lo deseo, sobre todo porque hemos empezado el debate hablando del mes de mayo, etcétera.
Sólo quiero manifestar un par de cuestiones. El Gobierno ha hecho esfuerzos por la transparencia y en esta Cámara también se han hecho.
Quisiera citar algunos ejemplos, porque nosotros hemos hecho una política de disciplina fiscal que
hemos complementado con una política de disciplina jurídica del gasto público. Le voy a citar dos cosas que van en esa línea de transparencia: la Ley de subvenciones y el texto refundido de la Ley General Presupuestaria. Lo que le molesta al
señor Marugán es que nosotros hayamos creado entes públicos, como si tuviéramos la paternidad biológica, genética o jurídica de los mismos. La creación de entes públicos es un fenómeno que se viene registrando desde hace muchísimos años, se le
llama la huida del derecho administrativo y es un fenómeno que empezó en España con los Gobiernos del Partido Socialista, pero también se produjo en Francia, en Portugal, en Italia, etcétera. No he dicho en ningún momento que el Gobierno fijara los
tipos de interés, aunque históricamente hubo épocas en las que así fue. En mi época no, no sé si fue en la época del señor Marugán, pero hubo una época en este país, hace muchísimos años, en que el ministro de Hacienda fijaba los tipos de interés.
Luego hubo otra época en que el tipo de interés lo fijaba el Banco de España porque España tenía soberanía monetaria, pero hoy estamos en una época en la que España ha cedido la soberanía monetaria al Banco Central Europeo. ¿Y qué digo yo? Digo
simplemente que cuando gobernaba el Partido Socialista teníamos unos
tipos de interés, y cuando empezamos a gobernar nosotros hicimos importantes esfuerzos a la baja, cuando España tenía soberanía monetaria y, por tanto, el Banco de España fijaba el tipo de interés. Lo único que he querido decir es que la
estabilidad macroeconómica contribuye sin lugar a dudas a la mejora de las condiciones de financiación de nuestra economía, y que hoy incluso España disfruta de tipos de interés reales negativos, históricamente bajos. Y tener tipos de interés
bajos, mire por dónde, es uno de los factores de la confianza en los gobiernos, como también lo son tener perspectiva de bajada de impuestos y tener una ley absolutamente justa, lo que se logró con la Ley de racionalización y consolidación del
sistema de la Seguridad Social en el año 1997, para garantizar la integridad de las pensiones y su inmunidad a las desviaciones inflacionarias, y todo esto se ha podido hacer porque este Gobierno ha hecho un importante esfuerzo en la estabilidad
macroeconómica.
Concluyo ya, señor presidente. El nivel de endeudamiento público en el año 1995 era de en torno a un 68 por ciento en relación con el PIB -efectivamente, una ratio- y hoy es de en torno al 50 por ciento; por tanto, se ha reducido en
términos relativos en relación con el PIB. Al señor Marugán no le gusta que hablemos de endeudamiento público en términos relativos y prefiere hablar en términos absolutos, pero el crecimiento económico lo medimos en relación con el PIB y el
déficit público lo medimos en relación con el PIB, en Madrid y en Bruselas. Por tanto, si los ciudadanos se hipotecan en relación con su patrimonio, ¿por qué no vamos a medir la situación de endeudamiento en relación con la situación de nuestro
producto interior bruto, que quiero recordarle que desde el año 1995 crece a un promedio del 3,4 por ciento y con un punto diferencial en relación con la Unión Europea? Es, evidentemente, un ejercicio matemático, y yo no se lo voy a discutir porque
soy persona de letras y ahí no iba a ganar, pero en cuanto a las deudas avaladas, si la economía es una ciencia especulativa, el derecho es una ciencia dogmática, y las deudas avaladas se rigen por el artículo 1.837 del Código Civil, con lo cual
quiero decir que habrá deuda en el momento en que el responsable principal no pague su obligación.
El señor PRESIDENTE: Finaliza así el debate correspondiente al título V, sección 6.
Iniciamos el siguiente bloque: Título VI del proyecto de ley de presupuestos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Vaya por delante una consideración de método.
A mí no me molesta nada ni el ratio ni la cantidad básica.
En este título, señor presidente, siempre nos ocurre un fenómeno curioso, y es que ante las persistentes actuaciones de opacidad que el Gobierno de España introduce en materia de ingreso, de gasto y de endeudamiento, en estas fechas la OCDE
siempre viene en nuestra ayuda. La OCDE tiene la buena costumbre de publicar un voluminoso estudio sobre el ingreso público en los países de esa área, con una componente de impuestos de matriz salarial que ayuda a ver cuál es la evolución del
ingreso público y cuál es la distribución del mismo. Por tanto, lo que no podemos conseguir del Ministerio de Hacienda nos los proporciona una autoridad internacional en este caso.
Hemos sabido que en España, desde 1995 hasta el año 2002, la presión fiscal se ha elevado en 2,8 puntos, es decir, ha pasado del 32,8 al 35,6, que es un incremento notable comparado con el conjunto de la OCDE, donde solamente se ha elevado
un 0,9 por ciento; es notable respecto a la zona europea de la OCDE, donde se ha elevado un 0,4 por ciento, y también es notable respecto a la Unión Europea, donde también se ha elevado un 0,4 por ciento. Por lo tanto, aquí nos encontramos con una
elevación de los impuestos en los siete años de Gobierno de los conservadores, y uno se pregunta con qué parangón. Estamos detrás de Corea y de Islandia -no sé si es bueno estar detrás de estas nobles naciones- y delante de Grecia y de Turquía,
pero la verdad es que esta operación de estar los terceros en la OCDE en incremento de los impuestos tiene esta curiosidad geográfica.
A la vista de ello, nosotros nos hemos preocupado de averiguar algunas cuestiones. La primera es cómo se
distribuye ese incremento y cuál es, digamos, la composición del nivel. Averiguar puntualmente la distribución del incremento en términos del informe de la OCDE no resulta tan sencillo, porque la OCDE ha dado un flash para el año 2002, pero la
distribución por figuras tributarias la ha hecho única y exclusivamente hasta el año 2001. Hasta el año 2001, el nivel de los impuestos, desde que llegó el Gobierno del Partido Popular, creció 2,4 y hasta el año 2002 creció 2,8.
¿Cómo se distribuye ese 2,4 por ciento? Se distribuye de una manera muy sencilla: un punto se debe a incrementos del nivel de la presión fiscal en el impuesto sobre sociedades -eso dice la OCDE-; a cotizaciones sociales se deben 0,7
décimas; a los impuestos del tráfico patrimonial y a los propios impuestos de patrimonio se deben 0,4 décimas y a la imposición indirecta se debe otro punto. He citado cuatro áreas: la imposición sobre la renta de las sociedades, la imposición
sobre las cotizaciones sociales, los impuestos del tráfico patrimonial y la imposición sobre los consumos, donde el incremento mayor ha sido en el IVA, -0,9 puntos- y el menor ha sido en impuestos especiales, una décima.
Hay un solo impuesto que ha
bajado en la época del PP, el IRPF, que ha bajado 0,8 décimas. ¿Estos son datos incorrectos? No me atrevería yo a decir que, viniendo de la OCDE, sean datos incorrectos. ¿Podemos decir que estos datos no son los adecuados porque se quedan única y
exclusivamente en el año
Título VI
2001? Tampoco me atrevería yo a decirlo, porque si se ven las cuentas de las administraciones públicas -que es una publicación de la IGAE que no se quiere publicitar mucho porque quizá sea inoportuna-, los bloques de imposición obedecen al
mismo criterio. Las cuentas de las administraciones públicas ya están publicadas hasta el año 2002 y hay un excelente trabajo en una revista especializada sobre esa cuestión. En las cuentas de las administraciones públicas nos encontramos con que
el impuesto sobre sociedades pesa un poco más; se llega a decir que la subida del impuesto sobre sociedades ha justificado la elevación de la presión fiscal en 1,5; las cotizaciones sociales siguen estando en 0,7 y la imposición indirecta también
ha subido un poco más. Si se toma en cuenta el año 2002, habrá que ver el dislate que cometió Montoro en el impuesto del año 2002 y que ha constituido el lamento permanente de los responsables del Ministerio de Hacienda, que cada vez que han venido
aquí nos han dicho que el IPC había crecido en el año 2002 porque había habido una fuerte elevación de la presión indirecta -yo les oía y decía: Estos se están metiendo con el otro y le estaban imputando 0,4 décimas de la subida de los precios del
año 2002 al bueno del señor Montoro. En la estimación de la IGAE, el IRPF cae 0,7 empero respecto al IRPF que había en el año 1995.
Las coincidencias son bastante importantes, y eso nos lleva a nosotros a decir que en España, desde que gobierna el Partido Popular, han subido todos los impuestos menos uno, el IRPF. Digo eso porque en estos días en los que viven ustedes
tan intensamente el rifirrafe del señor Gallardón, he oído decir al señor vicepresidente económico del Gobierno, señor Rato, con el desparpajo que le caracteriza, que él nunca ha subido los impuestos. Si la presión fiscal en España ha crecido un
2,8 por ciento en la época del PP y no lo ha hecho él, lo habrá hecho el pobre Montoro.
Cuando uno ve los datos de la OCDE, esto no se compadece con la verdad; debe ser que varían según las características de las personas. Medido en el tiempo, en
la primera legislatura la presión fiscal en España subió 2,2 puntos y en ese período Rodrigo Rato debió de tener alguna responsabilidad en materia de política tributaria. En la primera parte de la segunda legislatura es cuando se ha producido la
elevación de las otras seis décimas. No es que yo quiera defender al señor Montoro; quiero hacer una modesta contribución a la verdad. Creo que no es verdad eso de más seguridad y menos impuestos. Me produce una cierta curiosidad ver cómo se van
sacudiendo unos y otros el mal dato de la OCDE. En estos años, los señores Rato, Montoro, Rajoy y Aznar han subido la presión fiscal de los flujos de renta y han procurado tener un buen tratamiento para los stocks de capital. Y punto.
Hecha esta reflexión en términos de marcha de la presión fiscal, vamos a ver cuál es su composición. En España tenemos una composición importante.
Tenemos 35,6 puntos del PIB que se justifican en términos de ingresos públicos. ¿Cuál es el
primer ingreso público? El primer ingreso público son las cotizaciones, que pesan el 12,6 por ciento. Le siguen muy parejos la imposición sobre la renta -cuando digo renta incluyo la de las personas físicas y la de las personas jurídicas- y la
imposición sobre el consumo, es decir, IVA e impuestos especiales, que justifican 10,4 y 10,2 puntos. La primera fuente de recursos de las administraciones públicas españolas, en un país con los problemas de empleo que tiene este, son las
cotizaciones sociales, que no van hacia atrás sino hacia adelante. En el año 2000 pesaban 12,4 y en el año 2002, 12,6 puntos. Lo mismo ocurre con otros segmentos importantes entre los cuales está la renta. En renta hay que diferenciar dos hechos:
renta de las personas físicas y renta de las personas jurídicas. En renta de las personas jurídicas el buen momento de los negocios ha determinado que suba el peso del impuesto de sociedades.
Entre 2000 y 2002, la política de no deflación de las
tarifas que ha hecho el Gobierno del Partido Popular ha determinado que seamos víctimas de la progresividad en frío y que realmente la parte imputable a la gestión de Montoro en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en los años 2000,
2001 y 2002 haya sido una subida de tres décimas. Es decir, bajó un punto en la primera legislatura, subió tres décimas en la segunda y ahora se aborda una nueva modificación para volver a situar las cosas en su punto.
¿Cuál es la estructura fiscal española? La estructura fiscal española es muy curiosa y alejada de la OCDE, de la OCDE europea y de la Unión Europea. Nosotros tenemos un nivel de cotizaciones sociales ocho puntos en términos de PIB por
encima de estas zonas. Las cotizaciones sociales en España pesan el 35 por ciento, cuando en esas zonas del mundo pesan el 28 por ciento. Nosotros tenemos un nivel de imposición sobre la renta siete puntos por debajo de esa zona. Los impuestos
sobre la renta en Europa se sitúan en torno al 35 ó 36 por ciento y en España se sitúan en torno al 28 por ciento. Eso ha dado origen a un fenómeno curioso que quisiera poner de relieve aquí, y es que en el año 1995 el IRPF tenía un peso del 7,7
por ciento y en el año 2001 -que es el último año del que tengo información- pesa 6,9 por ciento; la diferencia son las siete u ocho décimas de las que he hablado anteriormente. Esta es una reducción realmente importante porque determina, no ya en
términos de PIB sino de recaudación, una pérdida de cinco puntos en el volumen de recaudación del impuesto sobre la renta de las personas físicas. En España, en el período del Gobierno del Partido Popular, la recaudación del impuesto sobre la renta
de las personas físicas ha bajado cinco puntos respecto al global de los ingresos públicos, cuando en Europa ha bajado únicamente cuatro décimas. Por lo tanto, ¿qué evaluación haríamos nosotros de la fiscalidad en la época del gobierno de los
conservadores? En primer
lugar, que se ha elevado la presión fiscal casi tres puntos. Por lo tanto, en España se pagan más impuestos que los que se pagaban antes -eso sí, los pagan otros, que casi siempre son los asalariados-; se ha llevado a cabo una política
regresiva, incidiendo en los rendimientos menos volátiles y favoreciendo a los más móviles -es fácil gravar la renta y conseguir el crecimiento de elementos patrimoniales, pero el capital y la actividad empresarial han demostrado que en el mundo de
la globalización son más volátiles y más móviles que los anteriores-, y el impuesto sobre la renta ha quedado reducido exclusivamente a un impuesto sobre los salarios. Además, como le decía antes al señor Azpiroz, cuando uno suma renta y
cotizaciones sociales, el peso de las cargas en los costes brutos de la mano de obra son importantes, de un 38 por ciento, mientras que en la media de la Unión son del 42 por ciento. Nosotros tenemos pues una estructura de costes fiscales en la
mano de obra cercana a la media europea, pero las prestaciones están más alejadas. Además de esta situación, España, durante los años 2000 y 2001, fue la nación de la Unión Europea donde se produjo el mayor incremento de la presión fiscal salarial.
Cuando se hicieron las reformas fiscales se dijo que se quería ser neutral, y yo creo que el manejo de la fiscalidad por parte del PP ha sido distorsionador, porque no ha conseguido recuperar el ahorro. El ahorro está en España en mínimos
históricos y lleva siete años cayendo.
Lo único que ha conseguido la reforma fiscal ha sido desorientar al ahorrador y desencadenar un proceso inacabado de sustitución de activos financieros. Si yo no tuviera seguridad de lo que estoy diciendo, se
podría recurrir a la OCDE. A mí me gusta mucho recurrir a ella porque da solvencia en todos estos asuntos. La OCDE ha dicho que la política de neutralidad fiscal en España es compleja, casuística y, desde luego, no puede ser estable. Eso es lo
que un hacendista conservador, como es el señor González Páramo, viene reclamando en los últimos meses, sorprendido de los efectos distorsionadores que ocasiona la política fiscal del Partido Popular.
Termino mi intervención recordando a Samuelson. A mí me gusta recordar a los buenos maestros y leer los buenos libros. Samuelson decía que en materia de política fiscal había que proporcionar confianza a los grupos de gran tamaño y
dimensión, y que proporcionar confianza a estos grupos en los momentos de desaceleración económica implicaba reducir las cargas fiscales a favor de quienes están dispuestos a gastar sin ser poderosos, sin estar altamente acomodados, y que esa
política a favor de grupos de gran tamaño y dimensión, sin ser poderosos, es la política que estabiliza los ciclos. En cambio, Samuelson consideraba precipitados los recortes fiscales que se hacen discriminadamente a favor de los contribuyentes
poderosos. Este es el caso de la política del Partido Popular. El Partido Popular ha sido extraordinariamente radical en materia de política fiscal, pero no en términos de suficiencia, sino en términos de equidad, no sólo porque haya contribuido a
vaciar el impuesto, dejándolo únicamente como un impuesto que grava las nóminas y porque haya distorsionado los mecanismos de la asignación del ahorro, generando una enorme confusión entre los ahorradores, sino también porque se viene negando a
deflactar las tarifas. Eso da origen a algunas dificultades importantes que se manejan mal: aumentos autónomos de la presión fiscal, reparto desigual de la presión fiscal, elevaciones no deseadas, no buscadas, o buscadas pero sin ser reconocidas,
en el tipo medio de gravamen. Porque hay dos tipos de contribuyentes en estas sociedades: los que se ven sometidos íntegramente al impuesto cuya base imponible forma parte de la base imponible que siempre se regula -y esos difícilmente pueden
eludir el pago de los impuestos-, y aquellos otros que pueden modular, pueden corregir, pueden eludir legalmente muchas veces las obligaciones tributarias porque las leyes incorporan una serie de tratamientos preferenciales a favor de este tipo de
colectivos.
Yo creo que el Partido Popular ha hecho un abuso total y absoluto de este tipo de preferencias, lo que está produciendo, como tendremos ocasión de poner de relieve en el Pleno del Congreso, una distribución poco equitativa, poco justa y poco
equilibrada de las cargas tributarias, que en este caso y en esta circunstancia han castigado preferentemente a un factor muy importante, que es el factor trabajo, y han favorecido la deserción tributaria de otros tipos de rendimiento que no hay
razones serias para que se beneficien de la manera que se han beneficiado.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Como ustedes conocen perfectamente, hemos presentado dos enmiendas a este título VI. La número 1886 trata de garantizar la transferencia de recursos del Estado hacia las comunidades autónomas para la
aplicación efectiva de aquellas leyes que a lo largo del próximo ejercicio fundamentalmente, a no ser que se aprueben a finales de este año y con posterioridad, que no lo creemos, a la aprobación definitiva del proyecto de ley Presupuestos Generales
del Estado, pueden ser objeto de aprobación por las Cortes Generales en el año 2004, y que impliquen un incremento de gastos para las comunidades autónomas.
Esto es algo habitual, señorías. Como ustedes conocen, no pertenece a esta legislatura sino a todas las legislaturas constitucionales, y consiste en la aprobación de leyes que comportan o tienen una implicación respecto a los gastos de las
comunidades autónomas; es decir, aquí se acuerda lo que en otros lugares los gobiernos autonómicos concretamente deben llevar a
cabo. Además, se aprueba sin tener en cuenta la repercusión presupuestaria hacia las comunidades autónomas y sin prever cómo se solventa una cuestión no menor, que es el incremento del gasto en las comunidades autónomas a pesar de lo que
aquí se acuerda en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y muy a pesar de las correspondientes leyes presupuestarias autonómicas. En consecuencia, lo que propone nuestro grupo es que durante el primer trimestre del año 2004 el Gobierno
determine el mecanismo, el procedimiento, el sistema por el cual deberá producirse la compensación a las comunidades autónomas en concepto de incremento de gasto que hayan supuesto o vayan a suponer para dichas administraciones las leyes aprobadas
por las Cortes Generales. Creemos que es bueno que ese mecanismo se discuta y se acuerde en el primer trimestre, para no generar dudas o expectativas de dudas o expectativas de gasto para las comunidades autónomas por legislación aprobada por las
Cortes Generales.
La enmienda número 1887 trata de algo que en los últimos meses, y en algún periódico este fin de semana, se ha observado y, lamentablemente, hemos conocido, que es que en materia de siniestralidad laboral España está en la cola de la Unión
Europea, es decir, peor imposible. Y en ese peor imposible todos debemos asumir nuestra responsabilidad. No seré yo quien diga que estas Cortes Generales no han ido aprobando legislación sobre esta materia; no seré yo quien diga que el Gobierno
del Estado y los gobiernos autonómicos, cada uno en su ámbito competencial correspondiente, no han propiciado la mentalización por parte de la empresa, empresario y trabajador, respecto de la siniestralidad laboral; no seré yo quien diga que, de
manera muy reiterada, los medios de comunicación ayudan en positivo a esa nueva cultura en el ámbito laboral, la cultura de la seguridad en el trabajo. Pero no es menos cierto, repito, que estamos en la cola de la Unión Europea en datos objetivos,
es decir, a través de las estadísticas de la propia Comisión. Por eso al lado del palo, entrecomillas, es decir de las prevenciones legislativas y también reglamentarias respecto de siniestralidad laboral, deseamos aportar incentivos para que, vía
bonificación de la cuota empresarial en un 0,25, ayuden también a esa cultura de la seguridad, es decir, a reducir el índice de siniestralidad laboral. A esa finalidad sirve la enmienda número 1887 de nuestro grupo parlamentario.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: En defensa de las enmiendas 305 y 306 al título VI quiero decir que sencillamente son dos mejoramientos desde una posición constructiva. Por un lado, plantear que, con efecto de 1 de enero de 2004, del ejercicio que
estamos hablando, se actualicen todas las cuotas del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Tengan ustedes en cuenta que los cuadros de tarifas regulados en la Ley 39/1988 no están actualizadas y estamos en una obsolescencia en términos
monetarios muy fuertes, puesto que en varios ejercicios no se han corregido. Por tanto, creo que esto debería realizarse. Al mismo tiempo proponemos en la enmienda 306 un nuevo punto 60.ter.3, modificando el Real Decreto 1.175/1990, de 28 de
septiembre, un nuevo epígrafe que diga: Producción de energía termoeléctrica en centrales térmicas de ciclo combinado. Por cada kilovatio de potencia en generadores: 0,60 euros. El motivo es que las nuevas tecnologías, en el ámbito de la
generación de la energía, han dado lugar a una nueva actividad de ciclo combinado no contemplada en su día por el Real Decreto 1990. Por tanto, sería bueno actualizar la tarifa, las formas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Comenzaré contestando al profesor Fernández Marugán porque para mí que estaba dando una clase en la Facultad de Económicas cuando nos ha disertado esta mañana. Pero, la verdad, es que los que aquí estamos ya
superamos esos cursos y algunos avatares más.
Francamente considero que ha dado una clase de macroeconomía perfecta, pero lo que es hablar de lo que nos trae a colación, como son las normas tributarias, reflejadas en el capítulo 6 y donde se
recogen los impuestos directos e indirectos del sistema tributario español, me parece que le hemos oído muy poco. Como digo, ha hecho un totum revolutum magistral con su oratoria, pero me ha dejado perplejo porque yo pensaba si estaba donde estoy o
me había desubicado. Creo que los impuestos en España han bajado y han bajado sustancialmente.
No voy a darle ahora explicaciones exhaustivas una por una, porque no es el caso, pero le preguntaría qué pasó con los 2.200.000 contribuyentes que dejaron de pagar el impuesto de actividades económicas. ¿A estos señores se les suprimió o
no el impuesto? ¿Qué pasó con el impuesto sobre la renta, con esos tipos impositivos que ustedes tenían en el 56 por ciento y en el 25 y que, en principio, se rebajaron en la tarifa mínima al 18 y al 48 y actualmente, en el año 2003, al 15, para
las personas con menos capacidad económica, y al 45? Si eso no es bajar los impuestos, no quiero decir una frase muy vulgar, pero la realidad es que en la calle todo el mundo sabe que el Gobierno del Partido Popular ha bajado los impuestos, ha
cumplido con el programa prometido. Ustedes hicieron todo lo contrario. Y ahora, paradojas de la vida, ustedes dicen que gracias a las cotizaciones sociales se mantiene este equilibrio presupuestario.
Nosotros no hemos tocado para nada los tipos
impositivos en la Seguridad Social, ¿ustedes los tienen igual? Cosa curiosa. Ustedes llegaron a tener
medio billón de pesetas de déficit, de agujero. ¿Cómo les ocurrió eso si tenían unos tipos impositivos altos, igual que los de ahora? ¿Cómo administraron ustedes para conseguir que las cuotas de la Seguridad Social causasen ese perjuicio a
las arcas y pusiesen en peligro las pensiones futuras? ¿Cómo lo consiguieron? Explíquemelo. No quiero entrar en esa disyuntiva porque me parece que no es el caso y lo que vamos a tocar aquí hoy es otra cosa.
En cuanto a la enmienda 1274, piden la deflactación y el incremento de los mínimos personales y familiares en el impuesto sobre la renta. La deflactación se produce siempre cuando hay un índice elevado de inflación excesiva en la sociedad o
en el mundo económico y cuando la inflación origina un aumento considerable de las rentas nominales. Aquí estamos en el caso inverso. La inflación está contenida. Es verdad que puntualmente en los últimos años se ha incrementado unas centésimas
más de lo previsto, pero es cierto, y usted lo reconocerá perfectamente y ahí sí le puedo remitir también a la OCDE que usted tanto admira, para ver si el producto interior bruto efectivamente ha crecido en los límites que ha crecido por encima de
la inflación, usted que es tan aficionado a eso. A ver si estamos en el 5,9, a ver si superamos o no a la inflación real.
Por otro lado, mire también en el crecimiento de la política económica española. Según los datos de la OCDE, que tanto cita,
estamos en el 2,8 de crecimiento, cuando nuestro entorno de la Unión Europea no está creciendo, al contrario, está paralizado, y superamos con creces más del doble del crecimiento de la media de la Unión Europea. Esos datos parece que no le gustan,
pero están ahí. También están en la OCDE, señor Fernández Marugán. (El señor vicepresidente, Sedó i Marsal, ocupa la presidencia.)
Con relación a las modificaciones en estos años, en la ley de reforma del IRPF, que debatimos el año pasado y que no voy a traer a colación en este momento, se ha producido una media de reducción de tipos del 11 por ciento. Usted me dirá
que no, que sólo son centésimas porque porcentualmente el índice global... No, coja usted, una por una, todas las tarifas, todos los grupos de ingresos y observará perfectamente -y no hace falta ser un gran matemático ni profesor- que el tipo
impositivo que teníamos desde 1999 hasta 2002 era el 18, que era el mínimo, y se redujo al 15 por ciento. Si usted no ve eso necesita volver a la facultad. Ahí está la realidad palpable. Y si vamos al tipo marginal máximo, es notorio que desde el
48 por ciento se rebajó al 45 por ciento. Le digo esto porque con estos datos y con esta reforma que se ha introducido y que ha comenzado a principios de este ejercicio 2003 no va a ser posible aplicar la deflación que usted pide en su enmienda al
artículo 57 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, contestando al señor Rejón, quiero recordar que esta enmienda es idéntica a la presentada a los presupuestos para el ejercicio 2003 y ahora la vuelven a insertar en los
presupuestos para el ejercicio 2004, que es idéntica a la enmienda 838 del señor Saura, de Iniciativa per Catalunya, y a la enmienda 1700 del señor Puigcercós, de Esquerra Republicana.
Quiero decirle que efectivamente el impuesto está ahí, pero no es menos cierto que en el ejercicio anterior, concretamente quiero recordar en la Ley 51/2002, se daban atribuciones a los ayuntamientos, en la reforma de la Ley 39/1988, de
haciendas locales, para poder modificar tributos incrementando, aplicando bonificaciones o exenciones a su arbitrio. Hay que recordar que el impuesto de vehículos de tracción mecánica, conocido vulgarmente como impuesto municipal de circulación, es
un tributo eminentemente local; el Estado establece unos parámetros básicos, unas bases mínimas para que cada ayuntamiento con las facultades normativas que tiene pueda implementarlo. En este caso que usted cita haría falta que cada municipio
estableciese el incremento que considerase oportuno sobre las tarifas establecidas, puesto que ahí está la reforma antes citada de las haciendas locales, aprobada el año pasado para este ejercicio, mediante la cual se pueden aplicar perfectamente
los índices correctores incrementando la recaudación del impuesto de vehículos de tracción mecánica.
La enmienda número 306 se refiere a la modificación del IAE. También solicitan ustedes actualizar los parámetros del 5 por ciento. Como el señor Rejón conoce, también el año pasado y en esta misma Ley, antes citada, 51/2002, se ha dado un
amplio margen de maniobra a todas las entidades locales o municipios para que puedan aplicar las tarifas del IAE en sus parámetros correspondientes. Quiero decirle que en el impuesto sobre actividades económicas hay una gran participación de las
haciendas locales. Por tanto, no votaremos favorablemente la enmienda propugnada por ustedes al considerar que efectivamente son las haciendas locales las competentes para regular o implementar este tributo.
No contesto al señor portavoz de Convergència i Unió puesto que me parece que no ha hecho alusión a las enmiendas que yo tengo anotadas en el título VI, como es la adición en el IAE de un epígrafe nuevo de producción de energía
termoeléctrica y otras modificaciones de la tarifa del IAE. No voy a entrar en este tema y lo dejaremos para el debate en el Pleno.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señor Blancas, no renuncie -no debemos renunciar ninguno de los que estamos aquí- a aprender. A mí me gusta este tipo de debates y procuro fundamentarlos con algún tipo de solvencia.
Creáme, yo aprendo. Creo
que hay que acercarse al sistema tributario de una manera sólida.
Ya me gustaría a mí que el Ministerio de Hacienda diera otros datos que tiene. Una vez se lo dije en el Pleno, yo recurro a informaciones de fuera; en España la gente de izquierdas con mucha frecuencia ha recurrido a informaciones de
fuera, porque los de dentro nos privan de las informaciones pertinentes. La OCDE es un faro que aparece ahí, como pudieron aparecer otros faros en otros momentos de la historia de España.
Por lo tanto, es un documento solvente, con prestigio, que
yo no despacharía de una manera despectiva.
Dice que le he dejado perplejo. Sinceramente lo lamento, pero tengo la sensación de que usted está equivocado; ahora bien, en política esta es una sensación muy subjetiva, porque incluso en los sitios donde la rivalidad política es más
tenue las personas defienden distintos puntos de vista. En este momento los españoles saben que el Partido Popular ha hecho una política, la de bajar los impuestos visibles y subir los impuestos invisibles. Eso es lo que ha hecho. Y hay quien le
compra esa política; otros no se la compramos y punto, y como no se la compramos y tenemos la posibilidad de decirlo en las instituciones, lo expresamos. En términos del sistema fiscal español la política que ustedes han seguido en los últimos
siete años en el ámbito de las administraciones centrales es una política caracterizada por la bajada de la imposición sobre la renta de las personas físicas y por la subida del resto de las políticas, de los mecanismos de financiación tributaria.
Las cotizaciones sociales. Aquí se produce un fenómeno muy curioso.
Permaneciendo el tipo de cotización en el 28,3 por ciento desde el año 1996, la primera pregunta es: ¿por qué no hacen ustedes lo que dijeron que iban a hacer? Porque
hay oleadas de manifestaciones electorales del Partido Popular diciendo que bajarían las cotizaciones y no tantas diciendo que bajaría el impuesto sobre la renta, pero ustedes han descubierto que permaneciendo altas las cotizaciones pueden seguir
bajando el impuesto sobre la renta. Lo dije alguna vez y no quisiera repetirme, pero ustedes han creído más en la felicidad de los empresarios que en la solvencia de las empresas y han querido que los empresarios paguen pocos impuestos,
preocupándoles poco que el coste salarial de esas empresas, el coste de la mano de obra sea alto. Pues, si queremos competir, deberíamos tener una estructura de costes distinta y, si queremos tener una estructura de costes distinta, a lo mejor
merece la pena que nos preocupemos de qué pasa con las cotizaciones. Siete años sin bajar las cotizaciones. Hombre, algo tendría que producirse en esta dirección. Este año no lo hemos enmendado -lo hemos enmendado en otros ejercicios-, pero, como
decía, en la próxima legislatura no va a ser posible mantener tanta rigidez.
La deflación de la tarifa. Esto tiene mucho que ver con la ausencia de neutralidad. Un asunto tributario tiene que ser neutral, debe tratar por igual todos los rendimientos o de la manera más parecida, o de la manera más justa. ¿Qué
sucede con el rendimiento del trabajo? Que está dentro del impuesto. ¿Y qué sucede cuando un sistema tributario goza de buena flexibilidad, como gozan los sistemas tributarios modernos? Que la dinámica del impuesto hace que vayan subiendo los
peldaños de la tarifa y, como consecuencia de ese movimiento al alza, te encuentras en tipos impositivos no deseados y actúa eso que se llama la progresividad en frío. Pero, ¿qué ocurre a aquellos contribuyentes que pueden evitar esta situación?
Porque hay gente que no la puede evitar; los asalariados no la pueden evitar porque prácticamente todo su rendimiento es base imponible, pero hay otros contribuyentes que solamente tienen una parte de su renta total sometida a tributación porque el
resto de los rendimientos gozan de tratamientos preferenciales. El Partido Popular se ha preocupado mucho de dejar correr la progresividad en frío y se ha preocupado mucho de vaciar la base del impuesto sobre la renta de las personas físicas. Se
ha preocupado tanto que en este momento en renta están sólo los salarios, que padecen la inflación, y en cambio las rentas y las ganancias del capital están fuera del impuesto, por tanto no padecen ni la inflación, o cuando están es a tipos
simbólicos. Ese es el manejo que ha hecho el Partido Popular, que no deflacta las tarifas y hace cada tres o cuatro años movimientos de acomodación de la escala del tributo para hacerlo más regresivo, para bajar todavía más aquellos rendimientos
que de alguna manera están sometidos a tributación. Creo que ese es un juego que indica una determinada ideología política. No tengo que recurrir a Stiglitz para decir que el sistema fiscal es una institución de clases. Y no tengo que apoyarme
mucho en algunas cosas que esta mañana he leído en los periódicos porque cada vez que toman alguna decisión importante marcan una preferencia social. Ahora lo correcto sería deflactar la tarifa con más frecuencia que la deflacta el Partido Popular
y modular cada cuatro o cinco años la distribución de la carga, y que en esa modulación de la distribución de la carga no fuera el impuesto sobre la renta un impuesto que grava exclusivamente a los rendimientos del trabajo dependiente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señor presidente, como seguramente no se le ha pasado por alto se ha producido una confusión y deseo dejar las cosas en su sitio.
El no uso de las gafas combinado con el astigmatismo que padezco (Risas.) me han llevado a confundir el seis por un ocho y en consecuencia defender las enmiendas 1886 y 1887 en vez de las correspondientes a ese título, 1866 y 1867 que en
este momento doy por defendidas en los propios términos que las justifican.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Rejón, ¿quiere intervenir?
El señor REJÓN GIEB: Sí, señor presidente, con bastante brevedad para contestar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
¡Hombre!, no quiero meterme donde nadie me llama, pero es que usted me invita. Basta releer la intervención del Gobierno y de los portavoces del partido que soporta al Gobierno cuando se debatió la modificación de la Ley de haciendas
locales para ver el canto excelso que se hizo al coeficiente 1,5 a aplicar a las viviendas vacías. ¡En aquel momento hubo un canto, es que nos superaban por la izquierda! Yo estaba a punto, si ellos proponían el 1,5, a proponer el 2 y así quedaba
un poco más rojo que el Partido Popular. Y ahora, porque uno se les descanta lo apedrean.
No me vengan con la fórmula de que lo hagan en los ayuntamientos. Si eso hacen ustedes con los suyos, con el verde, qué no harán con el seco. Yo no le
estoy planteando poner patas arriba el sistema impositivo español, lo que le estoy diciendo es que en el caso del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica es verdad que los ayuntamientos pueden y tienen unas competencias y simplemente le pido
que actualicen las cuotas de impuestos y que luego los ayuntamientos trabajen en las bonificaciones con todo lo que introdujeron ustedes en la ley. Lo mismo digo en la cuestión de la producción de energía termoeléctrica en centrales térmicas de
ciclo combinado, porque no creo que haya muchos ayuntamientos en España que tengan centrales térmicas de ciclo combinado, le puedo asegurar que no.
Sencillamente le estaba planteando que ha habido una omisión, por eso le he dicho que eran enmiendas
de leal oposición. Ha habido una omisión en este apartado y sería conveniente corregirla. ¿Que no? Pues muy bien, pues no lo corrijan, qué le vamos a hacer, otra vez será.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Señor presidente, muy brevemente. También a mí, a pesar de tener las gafas, se me quedó atrás la enmienda viva de mi grupo parlamentario, la número 1223, en el ardor del debate. ¡Ah! perdón, me dicen que fue
incorporada en la ponencia. Pues entonces retiro lo dicho, era una corrección técnica que si ha sido incorporada me ahorro tener que explicarla, porque no tiene trascendencia alguna.
Es una mera corrección técnica del sector de los servicios fijos de telefonía y corrige el coeficiente aplicable a la tasa de reserva del dominio público radioeléctrico. Nada más, pero si está incorporada ahorramos tiempo y espacio.
Simplemente quisiera contestar, por cortesía parlamentaria, al señor Marugán que parece ser que estamos -vuelvo a reiterarlo- en dos mundos distintos. Él dice que los impuestos han subido y yo creo que el pueblo español -no hace falta que
lo diga este diputado- sabe perfectamente que los impuestos se han bajado y se ha cumplido lo prometido. Ahí están los 2.200.000 autónomos que creo que podrán decir algo y ahí están los contribuyentes que no tienen que hacer declaración de la
renta. Pero de lo que se olvida el señor Marugán es de que las cotizaciones sociales y las rebajas de impuestos han hecho que se incorporen al mundo laboral más de 4.300.000 afiliados a la Seguridad Social, curiosamente, con los mismos tipos que
ustedes tenían, pero se ha incentivado la economía, se ha incentivado la creación de empleo y eso ha generado que se marquen pautas firmes sobre la Tesorería de la Seguridad Social, casi en quiebra técnica, como he dicho antes, y que hoy día haya un
fondo de reserva con 13.000 millones de euros garantizando las futuras pensiones. No es el caso de hablar más de temas sociales, puesto que no es objeto de este título, que son normas tributarias.
Quisiera decirle que los impuestos -no los directos o los indirectos, porque usted ha manifestado astutamente que nosotros hemos reducido un poco los directos- directos se han bajado y los indirectos no se han subido, se han mantenido, se
han congelado y los impuestos especiales también se han congelado, se han mantenido. Eso les duele porque ustedes no lo hicieron, ustedes hicieron la política inversa: aumentar el tipo impositivo del impuesto sobre la renta, aumentar el tipo
impositivo del IVA como impuesto indirecto; y no me puede decir usted que no, porque ahí están los anales y ahí está la Ley de renta, la 18/1991, en la que ustedes incrementaron los tipos impositivos en vez de subir la renta. No quiero extenderme
sobre este tema porque a buen entendedor pocas palabras bastan. Ustedes creen -al menos eso se deduce de sus palabras- que el impuesto sobre la renta descansa sobre las rentas de trabajo y yo reconozco que así es en gran parte, pero también tiene
que ser consciente usted de que hay otros apartados, como son las rentas de actividades económicas, comerciantes y profesionales, que tributan por el mismo impuesto y que están aumentando la recaudación fiscal -no la presión fiscal sino la
recaudación fiscal, porque a veces nos confundimos o tratamos de confundir- y ahí están las ganancias y pérdidas patrimoniales que se están produciendo porque el español está declarando; bien es verdad que se le ha reducido al 15 por ciento, pero
es que con ustedes no tributaba nadie porque no se generaba ninguna venta. Todo el mundo esperaba 20 años en el caso de los inmuebles, los 15 o los 10 años, dependiendo de los bienes enajenados, para quedar exento de impuestos.
Esa es la
diferencia entre la política del Partido Socialista y la del Partido Popular; esa es la política, y no es otra.
En cuanto a lo que ha dicho el señor Rejón, efectivamente no voy a entrar en disquisiciones y matices producidos últimamente en algún ayuntamiento sobre el tipo impositivo aplicable a las viviendas vacías. Los
números y las explicaciones están ahí y serán ellos quienes tengan que aclarar por qué se han estudiado los presupuestos y no se ha incrementado el 1,5 por ciento a este tipo de viviendas vacías. Creo que hay normas establecidas justamente
en la reiterada Ley 51/2002 que tratan de incrementar el número de viviendas en alquiler, independientemente de que haya otras medidas -y las puede haber- incentivando o deduciendo en renta a los inquilinos que no tuvieron la fortuna de que sus
casos estuvieran recogidos en la antigua Ley de renta que sí recogía bien, aunque modestamente para cierto tipo de ingresos, la deducción por alquiler de viviendas. Pienso que en un futuro próximo se puede también introducir alguna modificación en
la ley de acompañamiento o en una futura legislación de tipo fiscal.
En cuanto al IAE, quisiera decirle que efectivamente el IAE es un impuesto sobre el que pesan y cuantifican las haciendas locales y que efectivamente su supresión para una gran parte, 2.200.000 personas físicas, autónomos y pequeñas y
medianas empresas, como he citado anteriormente, habrá supuesto una minoración en las arcas municipales.
Está clarísimo, y no voy a repetir ahora lo que se debatió el año pasado con motivo de la reforma de la Ley reguladora de las haciendas locales, puesto que existen artículos en la legislación y hay capacidad normativa en las comunidades
autónomas y en los municipios para poder compensar esa minoración que sin duda han tenido algunos contribuyentes con la supresión del impuesto sobre actividades económicas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Finalizado el debate del título VI, pasamos a debatir el siguiente, el título VII.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Me voy a referir con brevedad al título VII, de los entes territoriales, que desde el punto de vista del articulado recoge el mecanismo, trasladable a la ley de presupuestos para el año 2004, de los sistemas de
financiación tanto para las corporaciones locales como para las comunidades autónomas como consecuencia de los modelos financieros aprobados relativamente hace poco tiempo, en el año 2002 para las corporaciones locales y en el 2001 para las
comunidades autónomas a través de la regulación de las medidas fiscales y administrativas que adaptaban el nuevo modelo de financiación para las mismas. En definitiva, supone la clave financiera y jurídica que permite establecer en el articulado la
trasposición a la sección 32, de los entes territoriales, en donde se fijan los mecanismos económicos y financieros para las corporaciones locales y para las comunidades autónomas.
Nosotros hemos presentado a este título VII un número importante de enmiendas, de la misma manera que prácticamente lo han hecho todos los grupos parlamentarios de este Congreso no sujetos a los sistemas específicos de financiación, tanto
autonómicos como locales, es decir, las comunidades autónomas de régimen foral y las del régimen económico fiscal y financiero, como Canarias. Como digo, prácticamente todas las comunidades autónomas hemos presentado enmiendas a este título VII, lo
cual significa que, a pesar de lo que se esté diciendo permanentemente, esto es, que hay un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales aprobado por este Congreso y que debiera ser suficiente, resulta
insuficiente tanto por los flecos que el sistema de financiación autonómica dejó en el camino y que mi grupo parlamentario ha vuelto a presentar al proyecto de ley de presupuestos a través de enmiendas, como por los que hacen referencia a la
financiación de las corporaciones locales.
El nuevo sistema financiero de las comunidades autónomas, en vigor desde el año 2002, está basado fundamentalmente en cuatro figuras: los tributos cedidos, la participación en los ingresos e impuestos estatales -en los grandes impuestos
estatales-, el fondo de suficiencia como clave de bóveda que cierra prácticamente el modelo financiero y, para aquellas comunidades autónomas que lo necesitan, el Fondo de Compensación Interterritorial, son los ingresos básicos de las comunidades
autónomas.
La participación en los ingresos estatales en función de los porcentajes que están recogidos en la Ley 21/2001 tienen su mecanismo de funcionamiento, las comunidades autónomas están ejerciendo con autonomía y con relativa suficiencia sus
decisiones financieras, pero lo que se vuelca en los pocos artículos que recogen la financiación autonómica son básicamente tres elementos financieros: el fondo de suficiencia, las garantías de financiación de los servicios de asistencia sanitaria
y el Fondo de Compensación Interterritorial. Al fondo de suficiencia mi grupo parlamentario ha presentado varias enmiendas. La número 1280 incrementa sensiblemente dicho fondo en su vertiente de cantidades entregadas a cuenta y recogidas en la
sección 32. Entendemos que la evolución que hace el Gobierno en los diferentes fondos de suficiencia adjudicados a cada una de las comunidades autónomas y recogidas en la sección 32 es claramente insuficiente con la evolución correspondiente en
función de la interpretación del artículo 15.1 de la LOFCA, de tal forma que la evolución del fondo de suficiencia tendría que haber llevado una cantidad superior. El artículo 93 del título VII, de entes territoriales, recoge el mecanismo de la
liquidación definitiva del fondo de suficiencia del año 2002. Sin embargo, nosotros creemos que sería oportuno -y lo hacemos a través de la enmienda 1281- recoger con carácter previo y en el ejercicio actual el mecanismo con el que debe de operar
la liquidación definitiva del fondo de suficiencia correspondiente al año 2004, que es el que se está regulando en
Título III
la Ley de Presupuestos para el año 2004 y que está recogida y defendida en la enmienda 1281.
Al artículo 94, que recoge la aplicación de garantías de financiación de los servicios de eficiencia sanitaria, presentamos las enmiendas 1283 y 1284 que modifican los puntos 2 y 3, de tal forma que para el cálculo de la garantía sanitaria,
se deben eliminar aquellos recursos proporcionados por el rendimiento definitivo de la tarifa complementaria del IRPF por la recaudación de los tributos cedidos sobre patrimonio, transmisiones y actos jurídicos documentados y por la recaudación de
tasas afectas a los servicios transferidos, dando cumplimiento a aquella disposición transitoria sexta de la Ley 21/2001, que define cuáles deben ser los recursos que proporciona el sistema para financiar la asistencia sanitaria en el ejercicio
2002. La financiación de la sanidad, englobada en el acuerdo de financiación definitiva, no debe de ser tan satisfactoria cuando comunidades autónomas conservadoras -primero fue Madrid y ahora parece ser que va a ser Galicia- tienen que echar mano
de los mecanismos de elevación de determinados impuestos, a través de recargos estatales, para financiar la sanidad. Aquellos partidos políticos que defienden claramente, como decía mi compañero Marugán, la disminución fiscal se ven en la necesidad
-antes hablábamos del señor Gallardón y ahora estamos hablando incluso de la comunidad gallega- de tener que elevar la recaudación, a través del impuesto sobre la gasolina, para financiar el gasto sanitario, que el artículo 94 no garantiza.
Nuevamente tenemos que presentar, porque es un problema antiguo, discutido, debatido, argumentado por todos los grupos parlamentarios, tanto por el Socialista como por el de Izquierda Unida, y contrarreplicado por el Grupo Parlamentario
Popular, las enmiendas relacionadas con las asignaciones complementarias para dar cumplimiento a las disposiciones adicionales de los estatutos de autonomía de Andalucía y de Extremadura respecto a lo que se llamaba la deuda histórica, así como la
liquidación definitiva y pendiente de resolver de lo que es el modelo de financiación de la Comunidad Autónoma andaluza en el quinquenio 1997-2001, hoy todavía sin resolver. Se podrá decir que la culpa la tiene Andalucía, pero en mi grupo
parlamentario pensamos que la culpa la tiene la interpretación cicatera del Gobierno central en la evolución de las variables.
Las enmiendas 86 y siguientes, a las que no haré más que una mínima referencia, pretenden elevar la participación en la inversión pública del Fondo de Compensación Interterritorial, tratando de mejorar la financiación de las comunidades
autónomas en la parte de inversión tan necesaria en función de una interpretación más a favor de las comunidades autónomas que la que hace el proyecto de ley.
La primera parte del título VII, el capítulo I, hace referencia a la nueva financiación local, surgida de la nueva ley de financiación local, en la que se trasponen los artículos correspondientes de la modificación de la Ley de haciendas
locales, en su aplicación en el ejercicio 2004 de la mayor parte de los ayuntamientos españoles, es decir, aquellos que tienen un sistema de financiación vinculado, regido y apoyado en la participación de los ingresos del Estado, por tener más de
75.000 habitantes. A ésos no haré referencia, es un modelo experimental, que este año entra en vigor, y veremos cuál es el grado de cumplimiento y de satisfacción que tiene. Sin embargo, la financiación local no sólo se regula básicamente por la
participación en los ingresos del Estado y en el fondo de suficiencia, sino que descansa sobre la participación en una serie de fondos en los que de nuevo el Gobierno ha sido absolutamente cicatero, como es la subvención a las entidades locales por
servicio del transporte colectivo urbano, que aumenta muy poco con relación al déficit histórico que los ayuntamientos españoles han calculado en los últimos años, con un déficit de 450 millones de euros y que, sin embargo, la aportación en los
presupuestos del Estado este año es de tan sólo 52 millones. La enmienda 1275 la quiere elevar a 93,37 millones, tratando de responder a las necesidades óptimas de los ayuntamientos. En la interpretación que hace el proyecto de ley respecto a lo
que serían compensaciones de beneficios fiscales que disfrutan las corporaciones locales, de nuevo, vemos que hay un olvido clamoroso que todos los años los ayuntamientos españoles nos lo reclaman, y es que se compensen por los beneficios fiscales
que las autopistas de peaje dejan de percibir en el impuesto sobre bienes inmuebles.
En la enmienda 1278 -y voy terminando ya- proponemos la creación de un crédito para que los pequeños ayuntamientos españoles (y de menos de mil habitantes hay 4.905) puedan disponer de una pequeña cantidad, recogida en los Presupuestos
Generales del Estado, en la sección 32, para que aquellos gastos institucionales y de funcionamiento democrático de las corporaciones locales puedan tener una cantidad suficientemente digna.
Me quiero referir, aunque no es del título VII pero sí tiene que ver con él, a la enmienda 1294, que propone (todos los grupos parlamentarios hemos coincidido curiosamente en la misma enmienda, porque ha sido sugerida por varias federaciones
de municipios) la modificación del texto que propone el Gobierno para la disposición adicional vigésimocuarta, para garantizar la compensación por las pérdidas de ingresos a las corporaciones locales derivadas de la reforma del impuesto sobre
actividades económicas de la Ley 51/2002. El proyecto de ley establece una interpretación -y así lo interpretan los ayuntamientos españoles- claramente insuficiente, claramente cicatera, claramente a beneficio de la Hacienda estatal, de la
compensación por las pérdidas de ingresos de las corporaciones locales por la modificación del IAE, en la medida en que el IAE ha sido suprimido a todas aquellas entidades jurídicas
cuya facturación es inferior a un millón de euros. El Gobierno, de acuerdo con la disposición adicional vigésimocuarta, dice que compensará a aquellos ayuntamientos que hayan tenido una reducción sustancial en la recaudación en el año 2003,
y establece que esa reducción sustancial se producirá cuando en el año 2003 haya habido una diferencia respecto a lo que hubiese percibido si no hubiese desaparecido el IAE en ese año superior a diez puntos de recaudación. Nosotros pensamos que lo
que no pueden los ayuntamientos españoles es dejar de percibir ni el 10 ni el 9 ni el 8 ni el 7, como en las ferias, señor Martínez-Pujalte, nada; sino que, por el contrario, tienen que seguir la evolución que se hubiese producido de una forma
natural y normal si las corporaciones locales hubiesen tenido en vigor este impuesto, que tan importantes aportaciones a los presupuestos producía. Lo que proponemos es garantizar a cada entidad local que será compensada por aquellas pérdidas
reales de ingresos que, como mínimo, será la suma de la compensación, de tal forma que la compensación, junto con la recaudación real, tiene que llevar la evolución que hubiese tenido en el año 2002 en función del IPC real. Esto no lo garantiza el
Gobierno y esto lo están demandando todas las corporaciones locales.
Señor Martínez-Pujalte, el modelo de financiación local surgido con la modificación de la Ley de las haciendas locales lo que está demostrando, de nuevo, es una insuficiencia financiera de las corporaciones locales.
El modelo que estableció
la ley fue el que denunciamos en su momento, y es que el Gobierno sigue dando más alas, más libertad para que los ayuntamientos incrementen la presión fiscal porque la participación en los ingresos estatales se congela o se reduce. Eso es lo que
está haciendo el señor Gallardón y eso es lo que están haciendo cientos y miles de alcaldes ahora, que están modificando fundamentalmente las ordenanzas y los tipos impositivos para tener los ingresos suficientes que las arcas estatales y la
participación en los ingresos estatales no están dando. Yo estoy absolutamente de acuerdo con las declaraciones que el domingo día 9 hacía Jesús Mota cuando, hablando de la evolución y los problemas surgidos a raíz del problema fiscal, financiero y
político del Ayuntamiento de Madrid, decía que, mientras las autonomías tienen un marco financiero estable, los ayuntamientos carecen de recursos sostenidos de funcionamiento porque su única tabla de salvación, que a veces es un trasatlántico, es el
suelo público o -diría yo- las elevaciones fiscales en los impuestos que establece y que no modificó la Ley de haciendas locales.
Por eso, señor presidente, hemos presentado este grupo de enmiendas al título VII.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A este título VII nuestro grupo parlamentario ha presentado dos enmiendas. La primera de ellas, al artículo 85, trata de aplicar las ayudas concedidas por servicios de transporte colectivo urbano a todos
los municipios mayores de 20.000 habitantes que presten efectivamente ese servicio, con independencia del número de unidades urbanas censadas. La segunda de las enmiendas, al artículo 86, va en la línea que aquí ha expuesto el señor Martínez
Sanjuán. Nuestro grupo parlamentario también ha sido receptivo al posicionamiento de las distintas federaciones de municipios y, a esa situación de incertidumbre derivada de la última normativa sobre las haciendas locales, cuya entrada en vigor
-aunque formalmente ya se ha producido- no deja de crear dudas en las haciendas locales.
Efectivamente, la disposición transitoria segunda de la Ley reguladora de las haciendas locales establece la vigencia de la antigua bonificación del 95 por
ciento de la que, de acuerdo con el texto refundido de la Ley del régimen local, gozaban las sociedades concesionarias de autopistas respecto a la antigua contribución territorial urbana. La vigencia de esta bonificación hasta la extinción de la
concesión administrativa en la disposición transitoria indicada se hace recaer sobre el nuevo impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana; impuesto de nueva creación en la ley, de entrada en vigor el 1 de enero de 1990, y que constituye
uno de los impuestos de carácter local respecto de los cuales, según la nueva normativa reguladora de las haciendas locales, toda la bonificación o exención que se constituya ha de ser compensada por el Estado, que es la única administración que
tiene competencias para aprobarlas y concederlas. Respecto de estas bonificaciones el Tribunal Supremo, en una sentencia de 16 de octubre de 2000, confirmada posteriormente el 15 de junio de 2001 en un incidente de nulidad de actuaciones, recaída
en un recurso de casación en interés de la ley correspondiente, ha venido a reconocer la aplicación de dicha bonificación en los supuestos de ampliaciones de autopistas, ya sea en su prolongación como por la construcción de nuevos carriles, que se
hubieran aprobado con posterioridad al 1 de enero de 1990 respecto a concesiones anteriores a esa misma fecha. Con esa decisión judicial del más alto tribunal competente en esta materia, que es coincidente con otras muchas de tribunales superiores
de justicia de distintas comunidades autónomas, se pone fin, a nuestro entender, a la interpretación que sobre el alcance de la bonificación respecto a las ampliaciones existía y sobre las que se había pronunciado erróneamente un estudio del
Gobierno remitido a esta Cámara a través de la Mesa del Congreso de los Diputados en el año 2000.
A eso obedece nuestra enmienda 1869, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señorías, espero culminar la mañana con el éxito de que el Partido Popular me admita una enmienda, en concreto, la que se refiere al artículo 85, toda vez que se trata de un error de fotocopia.
Al hablar de
subvenciones a entidades locales por servicios de transporte colectivo urbano, dice: se fija inicialmente el crédito destinado a subvencionar el servicio de transporte colectivo prestado por las corporaciones locales de más de 50.000 habitantes de
derecho, según el padrón municipal vigente, a 1 de enero de 2003. Yo querría que dijera 1 de enero de 2004, igual que el año pasado decía 1 de enero de 2003.
Espero que me aprueben esta enmienda y yo culminaría la mañana con un éxito clamoroso.
En nuestro grupo de enmiendas, empezando por el final, planteamos el tema del Fondo de Compensación Interterritorial, donde existen algunas comunidades autónomas a las que todavía se adeuda la deuda histórica, valga la redundancia. Respecto
al Fondo de Compensación Interterritorial sería conveniente fijar un baremo más riguroso. No digo que no sea rigurosa la obra nueva, pero hay que ver si se trata de obra nueva de la Administración o no. Yo creo que el PIB es un baremo
suficientemente riguroso. Incluso, nosotros planteamos un porcentaje en decimales, tendente a llegar al 0,20. Se puede poner el porcentaje que sea, pero empecemos a trabajar con unos baremos sobre los que no se pueda jugar. La obra nueva se puede
desviar -en el buen sentido de la palabra- hacia otro tipo de contrataciones o de acciones.
Entre nuestras enmiendas se encuentra una muy similar a la que defendió el señor Martínez Sanjuán, sobre la fijación de una cantidad para los pequeños municipios, relacionado con un asunto que aparecía de forma extraña en la llamada Ley de
grandes ciudades, cuando se refería a la potenciación de las mancomunidades. Nosotros queremos que se asigne una cantidad determinada a este tema. Además, tenemos una serie de enmiendas tendentes a que las bonificaciones del Gobierno hacia la
construcción de autopistas y otro tipo de actuaciones no se realicen con el dinero de los demás, es decir, que no sean generosos dañando los ingresos municipales.
Por lo tanto, tiene que haber un elemento de compensación de aquellos beneficios
fiscales que ustedes les den a algunos aspectos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Con toda brevedad, pues ya tendremos tiempo para debatir con mayor profundidad, tanto el título VII como las secciones 32 y 33, que también entraban en el debate de este turno.
Como muy bien ha dicho el señor Martínez Sanjuán, el título VII y las secciones que debatimos trasladan al proyecto de presupuestos los modelos de financiación local y autonómica, uno aprobado por ley y el otro aprobado por una ley del año
anterior, con un gran consenso, tanto político como territorial. Es común que en los debates de presupuestos la oposición pida más gasto público. En este debate es lógico que el Partido Socialista o Izquierda Unida pidan más gasto público, más
compensación a los ayuntamientos, más inversión, más transparencia, etcétera. Por otra parte, hay que decir que aquí se aprobó un modelo de financiación autonómica con un consenso territorial y político importantísimo, que era la culminación de un
proceso de transferencias que se habían acompañado de transferencias financieras, primero a través del mecanismo del coste efectivo y, después, a través de los mecanismos de financiación autonómica de los distintos quinquenios. Una vez transcurrido
un tiempo prudencial, y cuando ya se habían producido casi todas las transferencias de los servicios más importantes a todas las comunidades autónomas, se requería un modelo definitivo que tiene muchísimas virtualidades. Una muy importante es la
corresponsabilidad fiscal. Por supuesto que es un modelo que incorpora los principios de suficiencia. Decía el señor Martínez Sanjuán en su intervención que en muchísimos apartados es insuficiente y cicatero. El modelo de financiación autonómica
avanzaba en suficiencia, como han reconocido todos los analistas y como reconocieron las comunidades autónomas que firmaron el pacto bilateral. Es un modelo que avanzaba en autonomía de las comunidades autónomas, pero había dos aspectos que fueron
muy importantes: uno, la corresponsabilidad fiscal.
Las comunidades autónomas también han asumido mayores competencias en materia de ingresos. Ahora las comunidades autónomas que tenían una capacidad enorme de distribución del gasto -había muy
poquito gasto finalista, sólo el de sanidad- ahora asumen mayores competencias en materia de ingresos, de tal manera que pueden hacer políticas adecuadas a su territorio con los impuestos. Ahora las comunidades autónomas tienen capacidad para
decidir si gastan más o menos, y una cosa debe conllevar necesariamente la solicitud de más contribución a los ciudadanos y otra cosa conllevará en paralelo la rebaja de impuestos. Las comunidades autónomas pueden hacer lo que entiendan conveniente
para el cumplimiento de las tareas que tienen asumidas.
La corresponsabilidad fiscal es importantísima. Se ha hablado, -quizá el señor Martínez Sanjuán lo ha mencionado poco aquí- de que hay que transferir más dinero a las comunidades autónomas. Está bien, yo entiendo que está en la razón de
ser, pero hay que decir que ahora las comunidades autónomas ya participan en todos los grandes tributos del Estado. Hoy leía en un
periódico catalán algunas cuestiones programáticas de un determinado partido en Cataluña que se referían a una rebaja de impuestos; justo era el único impuesto que no tenía transferido no mencionaba todos los que tenía transferidos. Me
choca que el programa electoral de un partido de una comunidad autónoma que ya tiene muchísimos impuestos transferidos pida la rebaja del impuesto que no lo está. Lo que hay que hacer es que las comunidades autónomas asuman las competencias que
tienen transferidas, que firmaron y que dijeron que eran suficientes para prestar los servicios que ahora tienen transferidos.
Por otra parte, son muy importantes en el modelo de financiación autonómica aprobado los instrumentos de solidaridad; se refería a ellos el señor Martínez Sanjuán. ¿Pueden ser más? Pueden serlo, desde luego.
Hay tres modelos: el Fondo
de Compensación Interterritorial (FCI), el fondo de suficiencia y las garantías de financiación de los servicios de asistencia sanitaria, pueden ser más, pero el fondo de suficiencia no estaba dotado en la LOFCA. Ahora está dotado. ¿Qué se
persigue con esos fondos? Dos objetivos: primero, que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, reciban unos servicios públicos esenciales de la misma calidad y, segundo, que las comunidades autónomas puedan crecer y tengan un crecimiento que les
haga converger con las comunidades más prósperas. Los instrumentos están dotados con las cantidades necesarias y, por eso, mi grupo no va a votar a favor de las enmiendas que piden mayores transferencias.
Respecto al modelo de financiación local, se podría aplicar lo mismo. Yo pongo un ejemplo. Decía el señor Martínez Sanjuán sobre el IAE: hay en la ley un precepto que no se les compensa por la totalidad o que la compensación no es
necesariamente la totalidad. Yo le pregunto, ¿Hay que mirar sólo los ingresos derivados de un impuesto? Y si la supresión del IAE ha conllevado unos mayores ingresos a los ayuntamientos, a las corporaciones locales por la mayor actividad, por el
crecimiento del empleo, por el crecimiento de las personas que pueden tener acceso a una vivienda, por el incremento del IBI derivado de que hay más viviendas; ¿no se podría decir que eso también tendría que entrar en el mecanismo de compensación o
es que nos tenemos que fijar sólo en cada capítulo? Evidentemente se ha suprimido el IAE y esa supresión para el 92,5 por ciento de las empresas ha ayudado este año a que haya más actividad económica, a que haya más crecimiento y a que los
ayuntamientos tengan más ingresos por otros conceptos. Entiendo las enmiendas que presenta el señor Martínez Sanjuán, pero también debe entender el señor Martínez Sanjuán que no hay que ver un capítulo aislado, sino el conjunto de los capítulos de
ingresos. Eso es lo más lógico en términos económicos y creo que los ayuntamientos tienen hoy un modelo de financiación que les hace más autónomos, que les da más competencias, que su financiación es mayor y se podría decir que es más suficiente y
que además tiene una senda que les va a permitir cubrir con mecanismos de solidaridad todos los servicios que tienen encomendados.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Solamente quiero dar dos pinceladas a esa especie de mensaje de peces de colores, de un mundo magnífico y de un mundo en el que los ayuntamientos conviven desde la libertad dada por la modificación de la Ley de
Haciendas Locales en la que los alcaldes y las corporaciones locales nadan en la abundancia debido al modelo.
Señor Martínez-Pujalte, me imagino que habrá hablado con el señor Ruiz Gallardón, que no tiene más remedio que ejercer la libertad y la autonomía que le dan el nuevo marco financiero para tener que elevar considerablemente los impuestos, las
tasas e incluso quería subir el IBI, como decía anteriormente el señor Rejón, de tal forma que la supresión del IAE no sé si ha llevado implícita toda esa panacea de mejora de la actividad de los incrementos recaudatorios, etcétera, que se ven en la
necesidad, no sólo el señor Ruiz-Gallardón sino casi todos los ayuntamientos españoles y sobre todo al comienzo de una legislatura, de tener que elevar sus ingresos en función de las libertades que le dan los marcos financieros. El problema no es
que suban los impuestos, las tasas en un momento determinado de una forma razonable en función de una especie de acuerdo entre corporaciones y ciudadanos, porque está en la ley de la vida, está en la ley de la evolución de los precios, está en la
ley de la evolución de las sociedades civilizadas; lo que ya no creo que sea tan lógico, señor Martínez-Pujalte, es hacer declaraciones como se hacen, de tal forma que yo bajo los impuestos -en teoría, !he!- en el ámbito nacional disminuyendo la
evolución de los fondos complementarios, de los fondos suficientes, de fondos de suficiencia, es decir el colchón para que cada uno se tenga que resolver la vida como buenamente pueda en función de sus decisiones que es lo que en definitiva consagra
el nuevo modelo financiero tanto autonómico como local. Yo no digo que eso esté mal, mi grupo no cree que esté mal ejercer la corresponsabilidad, ejercer la autonomía, lo que me parece mal es que cuando se utiliza se haga la demagogia que se hace
muchas veces, a veces por unos y a veces por otros, con relación al ejercicio de la libertad. ¿Por qué? Yo no sé si se puede hacer más con menos, como decía el señor Rato. Yo siempre he creído que hay que hacer más, que es lo que necesitan los
ciudadanos, con los medios necesarios que tienen que tener las corporaciones locales. Si llevamos un modelo en el que se va achatando los fondos de compensación, los fondos de suficiencia, los fondos complementarios en base a decisiones políticas,
para que tenga que resolverse los
problemas cada uno en el marco donde son más autónomos, resulta que no sé si estamos en un modelo suficientemente eficaz.
Sí quiero dejar muy clara una cosa, señor Martínez-Pujalte, porque es una especie de latiguillo dialéctico respecto a que cuando se hace referencia al Partido Socialista y también a Izquierda Unida es que nosotros estamos pidiendo más gasto
público, más transferencias.
No. En materia de corporaciones locales estamos pidiendo justicia muchas veces, de tal forma que usted sabe que la participación de las corporaciones locales en los fondos complementarios o de compensación en el IAE, que luego al final del
ejercicio se tienen que compensar, realmente se están aplicando mal, y lo que se está produciendo muchas veces es una decisión de las corporaciones locales de tener que adelantar dinero que luego con posterioridad y posiblemente van a tener que
recibir, porque las compensaciones siempre se terminan haciendo a demasiado largo plazo pues, al final, si no hubiese habido estos mecanismos complementarios, no tendríamos necesidad, como se viene históricamente haciendo, de calificar como créditos
ampliables la compensación a las corporaciones locales y a las comunidades autónomas de aquellos ingresos tributarios, de aquella participación de los ingresos del Estado que son suyos, es decir que a veces nosotros no estamos pidiendo más gasto
público, porque en definitiva el gasto público si no es hoy se va a producir mañana, ya que son cantidades que las corporaciones locales tienen derecho a percibir en función de las decisiones jurídicas y legislativas de esta Cámara. El problema
está en que a veces el Gobierno lo que hace es jugar con esas cantidades a beneficio de parte, de tal forma que las corporaciones locales son las que tienen que adelantar los dineros que muchas veces terminarán cobrando demasiado tarde y en
demasiadas malas condiciones.
Así que muchas veces mi grupo parlamentario no está pidiendo más gasto público, está pidiendo que el gasto público se realice de otra forma.
El señor VIPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Para terminar el debate de este título VII, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: En primer lugar, referirme a la enmienda del señor Rejón. Mi grupo la va a estudiar con todo cariño. Yo no me había fijado en esa enmienda pero voy a procurar satisfacer al señor Rejón, intentando aprobar
la enmienda por la que tiene tanto interés.
Refiriéndome a lo que ha dicho el señor Martínez Sanjuán, voy a empezar por la segunda parte. Decía él: mi grupo no siempre pide más gasto público. Claro, no siempre pide más gasto público, lo evidente es que en los Presupuestos Generales
del Estado las enmiendas que presentan son de más gasto público. El conjunto de ellas supone más gasto público y por tanto incurrir en cierto déficit, eso es evidente; y el sumatorio de las enmiendas de esta sección son más gasto público. No
todas son de más gasto público, no, en eso tiene razón, no todas, pero sí una parte.
Entonces, como no hay ninguna que sea menos gasto público el sumatorio es que representan más gasto público.
¿Pasa algo? No, si yo creo que es la razón de ser de las cosas que desde el Partido Socialista y desde Izquierda Unida se pida más gasto público, y que desde el Partido Popular queramos tener una línea económica más ortodoxa. (Un señor
diputado: Más ortodoxa dice.) Está en la razón de ser de las cosas. Me parece bien.
Ahora quiero decir una cosa. Primero, en el modelo de financiación autonómica se establece un pacto de lealtad, por el cual cada vez que se toma una decisión en el Congreso se compensa a las comunidades autónomas.
Eso es así, lo cual no
quiere decir que las comunidades autónomas no puedan tomar decisiones en el ámbito de sus competencias. Por ejemplo, no tiene sentido que el Partido Socialista diga: yo quiero que un determinado impuesto se cambie sólo en Madrid. Se puede cambiar
también en las comunidades autónomas si así lo entienden los presidentes de las comunidades autónomas, y se compensa.
Segundo, en ningún caso nosotros estamos eliminando compromisos de gastos que tengamos con las corporaciones locales o las comunidades autónomas; otra cosa es que el Grupo Socialista pida que el incremento sea mayor, pero nosotros queremos
que se produzca.
Tercero, yo no digo que las comunidades autónomas o las corporaciones locales naden en la abundancia; digo que todas las administraciones públicas, en el ejercicio de su responsabilidad, tienen que saber prestar los mejores servicios en las
condiciones más eficientes posibles, y por tanto ahí tiene que hacer un esfuerzo todo el mundo, porque eso es mejor para los ciudadanos. Prestar los mejores servicios con el uso más eficiente del dinero público, eso es lo que he dicho.
En cuanto al IAE, señor Martínez Sanjuán, le vuelvo a reiterar que hemos quitado el IAE y que se va a compensar a los ayuntamientos, el IAE se les está compensando ya, pero no se fije usted sólo en una parte del mecanismo compensatorio,
fíjese en el conjunto de la actividad económica y verá que se les está compensando con creces a los ayuntamientos por el beneficio que han tenido los ciudadanos de ver desaparecer el IAE.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Finalizado el debate del título VII, nos quedan pendientes las disposiciones adicionales, transitorias y anexos. Como tenemos tiempo suficiente para ir cumpliendo el horario, suspendemos ahora la
sesión durante un cuarto de hora para que diez minutos antes de las tres podamos reanudar el debate con esas disposiciones. Mientras, en esos diez minutos podemos reponer fuerzas.
(El señor Fernández Marugán pide la palabra.) Es que el presidente
no tiene recambio.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Quería ofrecerle una posibilidad, yo me comprometo a intervenir en menos de un minuto.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: En esas condiciones puedo igualar los cinco minutos o incluso estar por debajo de esa cifra.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Pues abrimos de nuevo el debate, no hacemos suspensión. El señor Fernández Marugán nos dice que en un minuto estará, le daremos algo más, pero sea rápido.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: No quiero rivalizar ahí.
Me voy a referir única y exclusivamente a la enmienda 1303. La enmienda 1303 es el trasunto a enmienda parlamentaria de una iniciativa adoptada por mi grupo en otro momento y que trata de hacer frente a un problema que es muy frecuente:
cada vez hay más españoles en el mundo moviéndose con mayor autonomía, con mayor libertad, y muchos de ellos en zonas de riesgo, en zonas conflictivas, en medio de conflictos bélicos. Forma parte de la cooperación de la sociedad española, de la
modernización de la sociedad española, de un sano sentimiento de esta sociedad por participar activamente en el logro de mayor libertad. Lamentablemente hemos vivido accidentes que han afectado a cooperantes, a informadores, a funcionarios
públicos, en unas condiciones que están produciendo cierta preocupación en el seno de la sociedad española. ¿Por qué? Pues porque no siempre se han podido cubrir las más graves contingencias que ocurrían a estos ciudadanos, y no es menos cierto
que no tenemos regulado en este momento el sistema de protección social para hacer frente a este tipo de situaciones.
La enmienda que nosotros hemos presentado, que es una enmienda larga, prolija y detallada, trata de hacer frente a esta situación, a las indemnizaciones que en favor de algunos españoles, si es que mantienen la vida, de sus herederos o las
personas que ellos determinen puedan establecerse en el caso de graves accidentes ocurridos en procesos vinculados esencialmente a la ayuda humanitaria y a la defensa de los derechos humanos, y también un procedimiento que hace referencia a los
derechos pasivos, bien en el Estado o bien en otras clases de pensiones, como las de la Seguridad Social, que puedan también percibir los herederos. No quiero referirme a hechos concretos que me producen cierto rubor, pero que los lee uno en los
periódicos o los ha visto lamentablemente en la televisión y han convulsionado el ánimo de algunos españoles.
Si fuéramos capaces, y nosotros hemos querido hacer esa aportación, de que este tipo de regulaciones fuera adquiriendo carta de naturaleza y llegaran al Boletín Oficial del Estado, esta sociedad no solamente habría demostrado lo cálidos que
son sus sentimientos en muchas zonas del mundo, sino que también reconoce a esos españoles el derecho a tener algún grado de protección.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Gracias por su brevedad, señor Marugán, en su primera intervención en este debate de las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, que al iniciar el debate no lo he citado y es interesante
para el 'Diario de Sesiones'.
Señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Nuestro grupo también ha presentado y se mantienen 40 enmiendas a este grupo de disposiciones adicionales, finales, transitorias y los anexos. En aras a la brevedad las doy por defendidas en los propios
términos que las justifican, en la esperanza de que el Grupo Parlamentario Popular haya tenido la atención de leerse nuestras propuestas.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muy brevemente voy a hacer referencia a algunas enmiendas a las disposiciones adicionales y transitorias que correspondía defender no a este portavoz sino al ponente Ismael Bardisa, pero que por razones de
agenda ha tenido que ausentarse. Hay varias enmiendas que nos parecen interesantes que hemos rechazado, por ejemplo de la señora Lasagabaster, una sobre incremento de porcentajes a fundaciones que romperían lo que es la acción social, y otra
referida al incremento de la participación de la cantidad que se destina a ayuda al desarrollo, que vamos a rechazar por cuanto el incremento de esa cuantía hasta el 0,33 por ciento tiene que producirse con la participación de todas las
administraciones públicas.
Hay una enmienda del señor Saura que no podemos aceptar en cuanto al destino del 1 por ciento del presupuesto, respecto a la promoción de la cultura de la paz. Entendemos que esas son finalidades de nuestro sistema educativo, de acuerdo con
la Ley de ordenación general del sistema educativo que debe promover, según el preámbulo de este texto legal, la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
Quiero subrayar que hemos incorporado a esta parte del debate en trámite de ponencia una importante enmienda que se va reproduciendo año tras año que es la actualización del poder adquisitivo de pensiones, tanto por Clases Pasivas, como por
la Seguridad Social, a la que hemos hecho referencia y que procede de la ley de 1997, de racionalización del sistema de la Seguridad Social. Hemos incluido una muy importante enmienda, a nuestro juicio, sobre la ampliación de periodos de carencia y
moratoria de hospitales concertados, de instituciones sanitarias concertadas, lo que se conoce como la deuda histórica de este tipo de instituciones sanitarias que están concertadas. Rechazamos
Disposiciones adicionales transitorias y anexos
algunas enmiendas del Partido Socialista, como la que propone la reducción de los efectivos de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, reduciéndolas de 80.000 a 75.000, y también las que proponen reducir la asignación tributaria a la
Iglesia Católica, que no compartimos desde la perspectiva del artículo constitucional que se cita, el artículo 16, que configura al Estado español no como un Estado laico, sino como un Estado aconfesional.
Dicho esto quiero hacer una sucinta referencia a la enmienda a que aludía el señor Marugán, para decirle que suscribo el espíritu de sus palabras, señor Marugán.
Estoy de acuerdo con el señor Marugán en que es bueno que haya unos niveles de protección por las contingencias y riesgos que derivan de las situaciones que él describía y que pueden producirse como consecuencia de la cada vez mayor
internacionalización, ya no del Estado sino de las ONG, de voluntarios que participan en acciones humanitarias, en conflictos bélicos, etcétera; pero quisiera subrayar que en gran medida esa protección ya está reconocida en la legislación vigente.
Pensemos en la legislación de la Seguridad Social, donde se prevé por accidente de trabajo un incremento de la indemnización que correspondería; pensemos en el caso de funcionarios públicos, sean civiles o militares, en la Ley de Clases Pasivas,
donde se contemplan dos tipos de pensiones, la pensión ordinaria y la pensión extraordinaria, según se produzca o no el fallecimiento en acto de servicio.
En virtud de este planteamiento, insisto, suscribiendo en espíritu, aunque no el planteamiento, rechazaremos también esta enmienda.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Dos cosas telegráficamente.
Estas sociedades tienen muy desarrollada la idea de la solidaridad lejana, y tienen poco desarrollada la idea de la solidaridad cuando estás muy cerca. Nosotros a veces nos escandalizamos cuando nos enteramos de que a un cooperante, a un
informador o a un soldado le ocurren estas cosas, eso origina una llamada de atención, y luego poco a poco, conforme el tiempo se va alejando de la noticia nos olvidamos. Usted me puede decir, y me lo ha dicho, que no hay ámbito legal para esto,
apliquemos la ley tal como está, me lo puede decir, pero la ley se puede cambiar. Nosotros estamos aquí entre otras cosas para cambiar leyes. Me parece que de alguna manera, si no es en este momento sí en otros, tendríamos que ser capaces en esta
Cámara, a iniciativa de quien sea, del Gobierno, de la oposición o del partido del Gobierno, de ir abriendo ámbitos de protección a este colectivo que se puede ver en este tipo de contingencias, porque van a ser cada vez más frecuentes en el mundo,
y si lo son y hacen una reivindicación delante de todos nosotros, más temprano que tarde esto terminará siendo una aplicación. Nosotros hemos hecho una iniciativa, insistiremos en ella, pero nos hubiera gustado haber encontrado más comprensión,
porque en realidad lo que pretendemos es ayudar a algunos españoles en este tipo de situación difícil.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor De Juan.
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Dos segundos, señor presidente, para reiterarnos en nuestro planteamiento.
Considero que hacemos un ejercicio de comprensión. Comprendemos perfectamente lo que está diciendo el señor Marugán. Yo creo que no nos separa un planteamiento de fondo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Lo único que
decimos nosotros es que en gran medida esa mayor protección puede y debe encauzarse por los mecanismos existentes, y los hay. Para aquellos que están vinculados con un contrato de trabajo y se encuentran en el exterior en una situación, por ejemplo
de conflicto bélico con riesgo para la vida, existe la legislación social donde se prevé el accidente de trabajo, y para aquellos que sean funcionarios existe el régimen de Clases Pasivas con la distinción entre la pensión ordinaria y
extraordinaria, todo ello sin obviar los mecanismos tanto del derecho internacional como del derecho a la protección diplomática de los extranjeros que se hallen fuera del territorio nacional.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Finalizado el debate de los títulos I a VIII, de las disposiciones adicionales, transitorias y anexos, y de las secciones 6 y 7, suspendemos la sesión hasta las cuatro de la tarde, que empezaremos
con las distintas secciones.
Eran las dos y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.
- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2004. (Continuación.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señorías, reanudamos la sesión.
Entramos en el debate de las secciones. Debatiremos en primer lugar las secciones 1, 2, 3, 4, 5 -la 6 y 7 se han debatido esta mañana- y 8. A la sección 2 solo ha
presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista, para cuya defensa tiene la palabra el señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Mi grupo ha enmendado la sección de Cortes Generales en dos aspectos relacionados con la conveniencia, que consideramos muy importante, de actualizar las subvenciones a los grupos parlamentarios para que este
volumen
Secciones 1 a 5 y 8
de recursos que reciben de la Cámara se adecuen a la evolución de los costes de los servicios que ellos han de adquirir en el mercado. En los últimos años se vienen produciendo algunos fenómenos que deberíamos ser capaces de conjurar. La
vida parlamentaria es una vida exigente, los ciudadanos se dirigen con harta frecuencia a los distintos grupos parlamentarios de las Cortes, del Congreso y del Senado, reclamando que el trabajo parlamentario se desarrolle en condiciones de calidad.
El trabajo parlamentario en condiciones de calidad obliga y exige a la adquisición de un conjunto de bienes que los grupos parlamentarios pueden concretar en compra de bienes y servicios o en la dotación de los equipos humanos que están al servicio
de los diputados y senadores. A pesar de que este tipo de bienes y de contraprestaciones, como es lógico, se tienen que adquirir a los precios actuales de la economía española, nos hemos encontrado con que está función, este concepto
presupuestario, aparte de no estar bien dotado, esta peor tratado en relación con otros programas que se desarrollan en la sección Cortes Generales.
No tengo por qué ocultar, porque es conocido por parte de los grupos, que quienes representan al Grupo Parlamentario Socialista en esta institución han puesto de relieve en más de una ocasión las dificultades con que tropezamos y carencias
que tenemos. Por ello, hemos enmendado en estos dos aspectos una sección que no debería enmendarse, pero no es menos cierto que tampoco hemos encontrado en la mayoría la comprensión a lo que entendemos es una justa reivindicación. Si queremos que
la democracia sea de calidad tiene que incorporar las posibilidades de un desenvolvimiento a la altura del momento en que vivimos. Nosotros creemos que eso no se da en estas circunstancias, no se da en esta sección y no se da en este ejercicio.
Pero es que ni se daba en esta sección ni se daba en este ejercicio en años anteriores y se vienen acumulando una serie de carencias que no ayudan a que la Cámara haga el mejor trabajo posible.
Hay otros aspectos, a los que no voy a referirme,
relativos al coste de la política en España y que también podrían argumentarse, pero, insisto, sólo queremos plantear esta cuestión. El año pasado votamos en contra y en esta oportunidad hemos enmendado y votaremos en contra si no se nos aceptan
las enmiendas, pero, desde luego, nada está vedado a la crítica política. Es una frase conocida de un político español sobre aspectos más trascendentes que el que planteo en este momento, pero una frase que se puede aplicar a esta cuestión. Mi
grupo va a seguir poniendo de relieve que esta casa tiene algunas tareas manifiestamente mejorables; estas dos, desde luego. Y, porque lo creemos así, lo defendemos aquí y ahora con brevedad, pero seguramente haremos alguna intervención más
extensa y más precisa en la sesión plenaria de la próxima semana.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez de Castro.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Voy a defender los presupuestos que ha presentado el Gobierno en la sección 2, Cortes Generales, tal como aparecen contemplados en el proyecto de presupuestos.
La sección 2, Cortes Generales, gestiona, como SS.SS. conocen, el programa 111.B, denominado actividad legislativa, que tiene por objeto cubrir las necesidades personales, materiales y económicas para el desarrollo de las funciones que
tienen asignadas las Cortes en su conjunto, el Congreso de los Diputados, el Senado, la Junta Electoral Central y el Defensor del Pueblo. Al conjunto de dicha sección, que tiene una asignación presupuestaria de casi 154 millones de euros, se han
presentado, y han sido defendidas por el representante del Grupo Socialista señor Marugán, dos enmiendas, cuyo objetivo principal es incrementar la partida correspondiente a las subvenciones a los grupos parlamentarios, tanto en el servicio 2, que
corresponde al Congreso de los Diputados, como en el servicio 3, correspondiente al Senado. En concreto, las enmiendas pretenden, con cargo a la sección 31, elevar en 224.000 y 157.000 euros, respectivamente, las partidas correspondientes a dicha
subvención en el Congreso y en el Senado.
Mi grupo puede admitir que todos pretendemos mejorar el funcionamiento de la actividad parlamentaria, que todos deseamos ir mejorando los medios puestos a disposición de diputados y senadores, pero una cosa en eso y otra hablar de
precariedad, de ausencia o carencia de medios en esta legislatura, para concluir -afortunadamente, el señor Marugán no lo ha hecho; sí lo han hecho otros compañeros en otros lugares- que con tan escasa partida poco menos que se está impidiendo el
normal funcionamiento de los grupos o que esa carencia de medios impide hacer una labor en condiciones a los diputados y senadores. Esto, además de ser una falacia, llevaría a otra conclusión: que cuando ustedes gobernaban impedían esa labor
conscientemente. Yo -vuelvo a reiterar- me alegro de que hoy, en su intervención, el señor Marugán, que ha rezumado de buenas intenciones, suavice esas intervenciones de otros compañeros y hable ya de mejorar la calidad del trabajo en la función
parlamentaria. Me alegro porque ese es un buen camino, señor Marugán.
En todo caso, este presupuesto, y también esta partida, guardan relación con los principios y el marco de la política presupuestaria general del Gobierno, caracterizada por la disciplina y la austeridad en el gasto. En ese sentido, de cara
al presupuesto del año que viene no es oportuno ni necesario incrementar las subvenciones a los grupos parlamentarios y tampoco se justifica la cuantía que ustedes proponen. ¿Por qué esos 224.000
euros para el Congreso o esos 157.000 euros para el Senado? ¿Por qué no el doble o el triple? ¿Por qué justamente esa cuantía? No hay ratio que justifique el incremento de esos 37 millones de las antiguas pesetas para la subvención de los
grupos del Congreso, ni de los 26 millones para el servicio 3 correspondiente al Senado. Creo que el Gobierno ha tenido en cuenta la sensibilidad que todos los grupos -todos, insisto- tienen en este asunto, y ha venido adecuando año tras año las
cantidades destinadas a sufragar los gastos de los grupos parlamentarios -teniendo en cuenta las necesidades de los mismos- a los principios ya enunciados de su política presupuestaria. No obstante, tengo que decir que sí hay una ratio que es
importante resaltar, señor Marugán: desde 1995, que fue el último presupuesto que ustedes gestionaron, la subvención a los grupos se ha incrementado en casi 327 millones de pesetas para el Congreso y en prácticamente 292 millones de pesetas para el
Senado; la partida ha crecido a un ritmo similar al de la inflación acumulada desde 1995. Creo, señor Marugán, que, si les hemos venido pidiendo a los españoles durante estos años que se aprieten el cinturón, tiene lógica que, a pesar de nuestras
necesidades -coincido con usted en que hay muchas necesidades en los grupos parlamentarios-, nos apretemos también el cinturón.
Por otra parte, además de en las subvenciones a los grupos, se están haciendo otros esfuerzos de importancia por mejorar la actividad parlamentaria. Muchos de ellos traen causa del presupuesto, y otros la traen de decisiones de la Mesa;
aquí hay otro miembro relevante de la Mesa del Congreso -el vicepresidente, señor López de Lerma-, que seguro que coincidirá conmigo en esta consideración final que voy a hacer. Las mejoras para dar más medios a la actividad parlamentaria sí se han
reflejado; no sé si en este concepto que enmiendan ustedes, pero sí en el servicio 2 y en el servicio 3, que tienen su reflejo en los Presupuestos Generales del Estado y que desde 1995 han experimentado un crecimiento de en torno al 35 por ciento.
Esto responde precisamente a la puesta en marcha de un programa muy importante de asistencia en la labor parlamentaria: el programa de asistentes a diputados y presidentes de comisiones, que se impulsó -como usted recordará, señor Marugán- durante
la pasada legislatura, y que viene suponiendo una gran ayuda a la labor parlamentaria. Así, en la pasada legislatura se crearon 34 plazas de asistente, y en ésta, y con el presupuesto recogido para el año que viene, el número de asistentes puede
alcanzar la cifra de 166, con una ratio de 3,3 diputados por asistente; figura, por cierto, inédita durante las legislaturas en que ustedes gobernaron y que supone -repito- un cambio cualitativo muy importante en la ayuda a la labor parlamentaria.
A eso se suma la puesta a disposición de los diputados de más medios materiales: el ordenador portátil y la posibilidad de acceso a Internet desde cualquier punto del territorio nacional, así como la futura ampliación del Congreso de los
Diputados, que ha sido financiada durante estos años con cargo a Patrimonio Nacional y que supondrá una notable mejora en cuanto a espacio y a medios puestos a disposición de la actividad parlamentaria y de la de los grupos. De modo que se está
realizando un esfuerzo notable -y con esto termino- para mejorar los medios puestos a disposición de los grupos parlamentarios.
Entendemos, pues, que, en el marco del presupuesto austero y disciplinado que ha presentado el Gobierno, no es conveniente ni oportuno -ni se justificaría en 2004- el incremento de esta partida; si bien no descartamos, por supuesto, la
valoración de esa posibilidad para futuros presupuestos, de acuerdo con todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: La verdad es que le agradezco mucho la referencia a la posibilidad de abordar esta cuestión en años venideros y con composiciones distintas de la Cámara; sinceramente, no esperaba otra cosa. De todos modos, esa
posibilidad existía antes de sus palabras y existirá después. Estas cosas se abordan mejor cuando los mecanismos de definición de la política parlamentaria están en más manos. Cuando están en más manos, cuando existen más posibilidades, casi
siempre se llega a acuerdos.
No me parece extraño que haya hecho usted un recorrido por las realizaciones que puedan haberse culminado en esta o en otras legislaturas, y por las carencias de esta y de otras legislaturas. A estas alturas del recorrido político, después
de dos legislaturas, volver a decirnos a los socialistas que en aquel otro tiempo debieron haberse abordado estas y otras cuestiones no está mal, lo hemos oído en múltiples ocasiones, no es nada original y desde luego ayuda poco a resolver la
cuestión.
La función parlamentaria en España adolece de algunos problemas, adolece de alguna valoración en el conjunto de los españoles y, a poco que nos empleáramos, obtendríamos productividades mucho más elevadas. Cuando uno se desenvuelve en otros
parlamentos de la zona OCDE, se da cuenta de lo limitado de los recursos que tiene el Parlamento en España, y hay dos maneras de verlo. Una manera es la que usted ha expuesto, que es legítima, que es la de que la austeridad tiene que ser un ejemplo
en el funcionamiento de las instituciones públicas, y otra manera de verlo es que quizás el poder se sitúa en otras cuestiones y ésta se termina convirtiendo en una institución de refrendo de decisiones que se toman fuera de esta casa. En otro
momento, le garantizo que con otra mayoría esto lo arreglaremos. Ustedes no han querido, ustedes no han hecho del Parlamento el centro de la vida política española. Ustedes han hecho
que esta Cámara, en este momento, sea una institución de refrendo, inclusive en materia presupuestaria. Tendría que recordar mis conocimientos, pero no estoy muy seguro de si esta institución no puede utilizar mejor de lo que ha utilizado
hasta este momento los márgenes de su propia autonomía, que están garantizados no ya en el Reglamento sino en la Carta Magna.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Señor Bermúdez, tiene la palabra.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Señor Marugán, yo creo que he sido tremendamente respetuoso con la defensa de su enmienda y los argumentos que ha expuesto, si bien he finalizado diciendo que no comparto ni entiendo que sea oportuno y
necesario poder aceptar su enmienda a los presupuestos del año 2004. He partido del año 1995 precisamente porque su argumento venía a reflejar la necesidad de actualizar, de cara a los costes reales, la subvención a los grupos parlamentarios. He
hecho esa brevísima referencia histórica para demostrarle, como creo haberlo hecho, con cifras y datos que tienen su refrendo en los Presupuestos Generales del Estado que el incremento que se ha producido en estas dos legislaturas gobernadas por el
Partido Popular ha sido un incremento, incluso, levemente superior al IPC acumulado y que, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno sí han sido sensibles a esa labor constitucional tan importante que se otorga a la vida
parlamentaria.
No he pretendido ser original en mi contestación. Sencillamente, lo que pretendo es ser serio y riguroso en una cuestión a la que no sólo son sensibles los grupos parlamentarios, también es sensible el conjunto de la sociedad española. Los
recursos que se destinan a los partidos, fundaciones y grupos parlamentarios -y en algunos casos a los que acabo de hacer referencia hemos tenido ocasión también de hablar en sede parlamentaria S.S. y yo- es dinero para la democracia. Por lo
tanto, no piense que el Grupo Parlamentario Popular tiene ningún complejo para abordar una cuestión que consideramos que es muy positiva para nuestro sistema. Lo que digo es que en un presupuesto serio, ajustado, austero y riguroso, entendemos que
con las mejoras que se han venido produciendo a lo largo de estas dos legislaturas, en el próximo ejercicio presupuestario, no consideramos oportuno atender esa petición, lo cual no significa en modo alguno ni que aquí se venga a refrendar, se viene
a dialogar -en el Grupo Parlamentario Popular lo solemos hacer-, ni mucho menos que neguemos la mayor y no seamos capaces entre todos los grupos parlamentarios de abordar con seriedad y rigor en un futuro esta cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE (Sedó i Marsal): Damos por concluido el debate de las secciones 1 a 5 y 8.
Entramos en el debate de la sección 12: Ministerio de Asuntos Exteriores.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Señoras y señores comisionados, el Grupo Socialista presenta dos enmiendas de devolución. Me referiré, con su benevolencia, señor presidente, a la sección 12 y también al programa 134.A, de cooperación internacional
al desarrollo.
Debo comenzar diciendo que si en algún lugar este presupuesto para 2004 es increíble es precisamente en la sección 12 y en el programa 134.A, de cooperación al desarrollo. Me llega a la mente la referencia a un libro publicado en París en
los años setenta por Ignacio Fernández de Castro, que se titulaba La demagogia de los hechos. Si algo demuestra más el abismo existente entre las declaraciones, los propósitos y los hechos sería este presupuesto. Demagogia de los hechos. Pero es
que, además, este presupuesto, en la sección 12, viene a consagrar una desavenencia que mi grupo no ha consolidado sino que ha luchado siempre por mantener, que era el consenso básico sobre la política exterior del Reino de España, por un lado, y el
ejercicio de la solidaridad, al que se refería mi compañero Fernández Marugán esta mañana, que experimentan, sienten y desean los pueblos de España. Yo no soy de los que creen que las cifras describen la realidad pero sí que ayudan a conocer la
realidad y si en algún momento España ha vuelto a su rincón es precisamente en la política exterior y de cooperación que nos plantea el Gobierno a través de los presupuestos para el año 2004.
Yo no sé si estamos de nuevo en el rincón -afirmo que sí, me da la impresión que vamos directamente a ello- y si en el caso de la cooperación -permítanme, señorías, que mezcle los dos niveles en mi intervención- no estaremos ante un largo
adiós. No sé si recordarán una novela de Dashiell Hammet, pero sería de aplicación. Aquí olvidamos, nos alejamos y cada vez estamos más distantes de lo que son los objetivos proclamados y las solemnes declaraciones exhibidas en el marco
internacional y también dentro de esta Cámara.
Este portavoz y su grupo piensan que la Cámara no es ya el centro del debate político en este país y no me extraña en absoluto que el portavoz del Grupo Popular que intervino en la sección anterior aludiera a los gastos o a los dispendios de
esta Cámara. Señor presidente, señorías, si la Cámara trabaja, resultamos baratísimos, pero si el Gobierno hurta el debate a la Cámara, resultamos carísimos, e incluso prescindibles.
Volveré al hilo de mi intervención. En primer lugar, la sección 12. Un incremento del 2,8 por ciento en el presupuesto para la sección 12 significa un decremento en términos reales para ambiciones de política internacional, al parecer,
desmesuradas, y desde luego desmesuradas respecto de las dotaciones que se tienen. Uno se llega a preguntar si, más que una política exterior del
Secciones 12 y 34
Reino de España, estamos ante una franquicia del presidente Bush en forma de política internacional del Reino de España. Y si es una franquicia, también resultaría cara incluso con este incremento tan modesto, no haría falta tener dotación.
Nosotros saludamos con ganas el incremento del año 2003 respecto del año 2002, que era casi de un 13 por ciento, pero dijimos entonces -lo averiguamos con detalle dentro de la dificultad que hay, porque creo que los diputados más que tener medios lo
que tenemos es tesón artesano para conseguir los datos- que aquel incremento de casi el 13 por ciento del año 2003 respecto a 2002 se debía a actualizaciones en las cuotas y contribuciones obligatorias de España a los organismos internacionales,
incluido el sistema de Naciones Unidas, o a los numerosos eventos, algunos en términos de festejo, que tuvieron lugar en nuestro país en 2003. En definitiva, para la sección 12 se me ocurre aquello de ¡qué lastima, tan lejos de Europa y tan cerca
de Estados Unidos!, que es lo que suelen decir nuestros colegas de los Estados Unidos mexicanos. Por eso, desde la convicción de que es posible una rectificación y de que es posible elaborar una nueva política exterior para el Reino de España
acorde con esas ambiciones, que durante decenios hemos compartido y cuya ruptura sólo ha propiciado el Partido Popular y su Gobierno, nos hemos propuesto hacer 36 proposiciones, en forma de enmiendas parciales, a la ley de presupuestos de 2004. Por
supuesto, la primera es de devolución por los argumentos que ya he podido desgranar y que el tiempo no me permite detallar con mayor precisión. Si SS.SS. del Partido Popular y del Gobierno se han tomado la molestia de leer esas 36 propuestas,
verán que tienen objetivos sencillos, elementales y francamente compartibles. Dudo del sentido del voto de la mayoría, pero desde luego una nueva mayoría en 2004 las aplicará. En primer lugar, hay más de 10 propuestas tendentes a modernizar
nuestro servicio exterior; desde cosas tan elementales como contar con sistemas de información eficaces y modernos a disponer de material de oficina o de reparación de agencias consulares. Más de 10 iniciativas a las que nadie que conozca el
servicio exterior, que haya visto la enorme dedicación de estos servidores públicos expatriados, podría negarse sensatamente. Además, como este Gobierno y el partido que lo sustenta en la Cámara insisten en las grandes declaraciones y en los
grandes acuerdos, nos hemos ocupado también, como no podía ser de otro modo, de los españoles que están fuera de España, es decir, de los emigrantes y de aquellos conciudadanos de otros países del mundo que quieren venir al nuestro. (El señor
presidente ocupa la presidencia.) Hemos visto que se firmaban acuerdos sobre flujos migratorios, hemos visto que se ampliaba el derecho de nacionalidad para descendientes de nuestros compatriotas que, bien por razones de exilio político o de exilio
económico, están en el exterior. Sin dotación material es difícil que se puedan atender las solicitudes de renacionalización o de petición de nacionalización o para acceder al mercado de trabajo en nuestro país en condiciones dignas. A ello
dedicamos una serie de enmiendas que SS.SS. conocen y que doy por defendidas en su integridad. Pero, además, nos ocupamos también de las condiciones materiales. Quien les habla ha tenido la oportunidad de conocer numerosas legaciones diplomáticas
españolas y en qué condiciones materiales y de seguridad se desenvuelve un trabajo que nos representa a toda la ciudadanía de este país. Es decir, queremos -si me permiten la expresión coloquial- seguridad para nuestros diplos y para sus amigos, o
sea, para todos los trabajadores y funcionarios de las embajadas y consulados de España en el exterior. No hago alusión a nada cercano, sino simplemente a aquello que son necesidades cuya magnitud subrayan precisamente nuestros funcionarios
públicos en el exterior. Pero además España forma parte de la Unión Europea -de lo cual quien les habla por supuesto se alegra muchísimo- y forma parte además de la ampliación.
Nosotros nos hemos ocupado de hacer propuestas para ese Este que por
fin ya es Oeste y que ya está dentro de casa y abrir las legaciones en Lituania, en Estonia y en otros países. Entendemos que esta Cámara debería saludar de manera unánime esa iniciativa e incorporarla.
Dentro de la sección 12 también queremos corregir algún elemento que se nos antoja como mínimo producto de un enfado momentáneo con algunas organizaciones como los Amigos de las Naciones Unidas, que tal vez por haberse expresado en contra de
la política del Gobierno sufren la consecuencia de carecer de subvención para el 2004. Tratamos de remediarlo en una cantidad menor, pequeña. De la misma manera pensamos que se debe abrir el paso a secciones de gasto de este país, el Reino de
España, para la defensa de los derechos humanos o para la erradicación de los cultivos de drogas a través de programas de cooperación, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores, con los países que quieren erradicar ese cultivo negativo para ellos y
negativo para sus sociedades.
En lo que concierne al programa 134.A, yo no sé si hablar de sarcasmo o de desprecio a la inteligencia. Es decir, frente a una sociedad solidaria, capaz de expresar esa solidaridad de modo espontáneo a través de sus instituciones más
próximas como los ayuntamientos, la respuesta del Gobierno es un crecimiento que no llega al 0,58 por ciento respecto del presupuesto de 2003. Hablo del presupuesto, no de la ejecución, que podría ser todavía más esperpéntico. En este sentido, el
proyecto de presupuestos para el 2004 en cooperación internacional al desarrollo significaría lo que ya anticipaba del largo adiós, adiós a Barcelona, adiós a Monterrey y qué lejos nos queda el 0,7, cada vez más lejos, prácticamente ya no alcanzamos
a verlo. Por otra parte, en nuestro argumento para la devolución les pido, señorías, sobre todo al partido de la mayoría, que atiendan a
lo que significa una ruptura con la sociedad, una ruptura que consagra este presupuesto. ¿Cómo llegar al 2006 con los compromisos adquiridos? Tal vez al Gobierno socialista que salga de las urnas en marzo de 2004 le toque proponer a esta
Cámara un incremento drástico de las dotaciones para poder recuperar una senda que por voluntad de este Gobierno y de la mayoría se ha perdido. Señorías, ante la vehemencia de las declaraciones está la frialdad de las cifras cada vez menos y cada
vez peor repartidas, porque en ese largo adiós incluyo a los países menos adelantados, el adiós al combate contra la pobreza, el adiós al combate por la salud y por la educación y, en la parte que nos corresponde como legisladores y como
controladores del Gobierno, el adiós al plan director de cooperación internacional, a los planes anuales de cooperación internacional, a las estrategias, a cualquier otro documento que de buena fe esta Cámara con sus opiniones discrepantes ha
logrado elevar. Por ello nos hemos permitido hacer una docena frailuna de proposiciones, porque son trece, entre ellas -desde la modestia- volver a proponer alcanzar el 0,33 por ciento del PIB para 2006 y con ello elevar las dotaciones de
cooperación internacional al desarrollo del Reino de España para 2004 a 2.438 millones de euros, muy lejos de aquello que se propone en este proyecto de presupuesto.
Nosotros proponemos en esa docena larga de propuestas que el MAE, el Ministerio de Asuntos Exteriores, vuelva a ser el centro de dirección de la cooperación internacional al desarrollo. Estos estadios compartidos, con objetivos
probablemente discrepantes entre ministerios, sólo consagran ese descenso y ese olvido de la centralidad de la política de cooperación para la política exterior del Reino de España. De la misma manera hemos visto cómo se abandonaban -confieso
cierto rubor- programas muy modestos de la cooperación internacional: los lectorados, las becas para jóvenes cooperantes, una ayuda humanitaria sin fotografías ni aviones de combate en primera línea y un día, sino una continuidad. Hemos asistido
estas semanas pasadas a cómo exigíamos la devolución de deuda de países que estaban necesitando ayuda alimentaria directa -es el caso de Etiopía o Somalia- y nos hemos permitido también volver a recuperar programas como el de la erradicación de las
drogas o el de los alimentos.
Y desde luego no quiero dejar pasar la oportunidad para subrayar que de un modo poco ortodoxo -aunque llevo poco tiempo en esta Cámara algo he ido aprendiendo-, como es mediante enmiendas fuera de plazo, se ha llevado
a cabo una modificación radical de los fondos de ayuda al desarrollo. Señorías, señor presidente, esto merecería la reprobación de una actuación que se me antoja distante absolutamente de las normas y reglamentos de esta Cámara y, desde luego, poco
acorde con una política de transparencia y de capacidad de convicción. Ese instrumento para el desarrollo se ha convertido en gran parte en un instrumento para la promoción económica de nuestras empresas en el exterior, objetivo que este portavoz
comparte, pero que en absoluto se puede sumar a políticas activas de ayuda al desarrollo puesto que obliga a una ligazón entre el otorgamiento de esos créditos y la compra de bienes y servicios en nuestro país. Desde luego, no sería deseable que
pasara este trámite como enmienda de adición a discutir no precisamente hoy sino -si no me equivoco- mañana.
Señorías, hemos propuesto también algunas novedades que me ruborizan, como es instar al Gobierno a que cumpla la Ley 23/1998 y envíe el informe anual de cooperación internacional al desarrollo al mismo tiempo que el proyecto de presupuestos
para el año siguiente junto con la liquidación del presupuesto anterior. Nosotros somos realmente solidarios y a la vez rigurosos; solidarios para la cooperación internacional al desarrollo, solidarios con el personal que representa al Reino de
España en embajadas y legaciones con carencias tan elementales como el material, disponer de comunicaciones o poder viajar. Cuando uno redacta y firma la propuesta de enmienda, estas cosas, de verdad, avergüenzan frente a la solemnidad de las
declaraciones, a esa capacidad de invitarnos a grandes aventuras del mundo, a sacarnos del rincón de la historia cuando realmente estamos retrocediendo.
Finalmente, señor presidente, señorías, sostenemos nuestras enmiendas de devolución por los argumentos que he podido exponer y los que figuran en de las exposiciones de motivos respectivas, y mantenemos nuestras enmiendas parciales como
contribución a hacer real una política exterior que recupere dentro de nuestro país el consenso básico, esas líneas básicas que han sustentado hasta hace muy poco gobiernos sucesivos de nuestro país, del Reino de España, al mismo tiempo, que demos
un mensaje claro tanto a nuestros trabajadores del servicio exterior como a aquellos ciudadanos españoles que están fuera, que se han visto desasistidos, que se han visto con pocos medios o ninguno para retornar o a aquellos otros ciudadanos de
otros países que quieren venir al nuestro en condiciones.
Por todo ello me voy a atrever a pedir el voto a todos los grupos de esta Cámara para sostener estas enmiendas de devolución y, en todo caso, las enmiendas parciales.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se van a debatir en este trámite las enmiendas correspondientes a la sección 34.
El señor García Breva, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra. Le ruego que tenga en consideración el tiempo compartido de las dos intervenciones del Grupo Parlamentario Socialista en este bloque.
El señor GARCÍA BREVA: Sí, señor presidente. Lo que pasa es que el Grupo Parlamentario Socialista habría preferido otra ordenación del debate.
El señor PRESIDENTE: Si no se ponen de acuerdo los portavoces de los diferentes grupos, la presidencia se tiene que atener al orden del día tal como fue aprobado por la Mesa y portavoces.
El señor GARCÍA BREVA: De todas las maneras quisiera hacer una primera aclaración. La enmienda a la totalidad que hemos presentado a la Sección 34 no es contra los flujos financieros sino contra la forma en que se ha presentado dicha
sección y el capítulo de los fondos europeos por parte del Gobierno. Se ha hecho haciendo más hincapié en la reducción del saldo financiero neto, minimizando también el impacto de los fondos europeos para España. A nosotros nos parece una
presentación totalmente equivocada, ya que se ha de tener en cuenta, por ejemplo, que los presupuestos de la Unión Europea para 2004 son los primeros presupuestos comunitarios con la ampliación. Es decir, son presupuestos para una Unión Europea con
25 Estados que representan ya de entrada un incremento del presupuesto comunitario de un 12,5 por ciento, con unas variaciones muy significativas en cuanto a la reducción del recurso IVA, que para del 0,75 por ciento al 0,50 por ciento, y un
incremento del recurso PNB, lo que hace que la aportación española al presupuesto comunitario crezca en un 9 por ciento. Sin embargo, al hacer más hincapié en lo que significa la reducción del saldo financiero neto, el Gobierno da la sensación de
que se van a reducir las transferencias de fondos estructurales, cuando mirando las cifras nos podemos dar cuenta de que los retornos o los pagos comunitarios a España se van a incrementar en un 0,4 por ciento o, lo que es lo mismo, en 66 millones
de euros más con respecto al año 2003.
Mirando las cifras que nos ha dado el Gobierno, hemos detectado dos variaciones muy importantes de las que no figura ninguna justificación en la documentación que nos ha facilitado. La primera de ellas se refiere al Fondo Social Europeo.
La previsión de transferencia del Fondo Social Europeo para 2004 disminuye en 400 millones de euros con respecto al año 2003. Cuando nosotros hemos pedido explicaciones en las comparecencias de altos cargos, fundamentalmente del Ministerio de
Hacienda, que es el que controla esta sección, nos han dado explicaciones bastante peregrinas.
Incluso recuerdo ahora la explicación del secretario de Estado para Asuntos Europeos diciendo que baja el Fondo Social Europeo porque en España hay menos
parados, demostrando una ignorancia enorme de cómo se distribuyen y se ejecutan los fondos estructurales. El Fondo Social Europeo no se distribuye en función de la mayor o menor tasa de paro, sino en función de una distribución que se hace al
principio del periodo de programación, que dura del año 2000 al 2006, y con arreglo a una serie de políticas activas que no tienen como objetivo fundamental exclusivamente a los parados sino también la formación ocupacional. Es curioso que cuando
hace pocas semanas se ha dado la noticia de que España se encuentra lejos de cumplir los objetivos de Lisboa, se nos diga aquí por parte del Gobierno que se reduce el Fondo Social Europeo porque hay menos paro, cuando en la presentación del proyecto
de ley de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004 se puede comprobar que la tasa de paro que el Gobierno prevé que exista en diciembre de 2004 prácticamente es invariable con respecto a diciembre de 2003. Es decir que el Gobierno y
el Instituto Nacional de Estadística prevén que va a haber más parados en España en diciembre de 2004. No se explica este descenso enorme de 400 millones de euros en la partida del Fondo Social Europeo, como tampoco se explica otra variación. En
el Fondo de Cohesión hay una disminución respecto a lo que se presupuestó para el año 2003. Si comparamos la cifra que aparece en el presupuesto de 2003 con la que aparece en el 2004 vemos que ha disminuido el Fondo de Cohesión en 300 millones de
euros. El problema es que nada de esta variación se explica o aclara en la documentación y en la memoria que ha presentado el Gobierno, lo cual nos hace abrigar dudas con respecto a los problemas que pueda haber de ejecución de los fondos
estructurales y del Fondo de Cohesión en el actual periodo de programación. Como hemos pedido explicaciones a los responsables de Hacienda y a los de asuntos europeos y no hemos tenido respuesta, ello nos ha llevado a presentar esta enmienda a la
totalidad.
Además, tampoco se nos dice nada de algo fundamental con respecto a los fondos estructurales para el año 2004, como son los efectos que puede tener para España la aplicación de la regla n+2, que no me voy a extender en lo que significa,
ni los efectos que puede tener para España la aplicación del 4 por ciento de la reserva de eficacia. Esta información debería de contenerse en la documentación de presupuestos que el Gobierno ha enviado a la Cámara; como no está, estas dudas las
hemos tenido que trasladar a esta enmienda a la totalidad.
Quiero incidir en otra cuestión. Se minimiza el impacto de los fondos. Hay una frase que me parece importante recalcar. Se dice que los fondos estructurales son importantes pero que apenas representan dos décimas en el incremento de la
capacidad de gasto de la economía española.
Sinceramente creo que es una mala posición del Gobierno de España frente a las negociaciones que se iniciarán la próxima primavera sobre las perspectivas financieras. Yo creo que esta estrategia es de
perdedores.
Si el Gobierno español minimiza la importancia de los fondos estructurales, ¿cómo se van a defender las perspectivas financieras en la próxima negociación? Si apenas significan dos décimas, damos a entender que podemos prescindir de
ellas. Yo creo que esto responde a una visión absolutamente euroescéptica de esta sección en la documentación que nos ha mandado el Gobierno y significa algo grave a mi modo de ver, y es que en todo el proyecto de
presupuestos del Gobierno para el año 2004 prácticamente se omite cualquier mención a algo tan importante como la ampliación de la Unión Europea, que se producirá en mayo de 2004, lo cual va a afectar de manera muy significativa a todos los
ciudadanos, a todas las empresas y a todas las instituciones, un fenómeno sobre el que parece que el Gobierno carece de estrategia. Nos hubiera gustado que en estos presupuestos se hubieran planteado algunas bases en los números de cara a esa
negociación futura sobre las perspectivas financieras y, sobre todo, políticas públicas para optimizar la aplicación de los fondos estructurales en lo que queda del actual periodo de programación. Creemos que eso es fundamental para poder
garantizar que nuestras regiones Objetivo 1 van a poder gozar por lo menos de periodos transitorios, tanto en las situaciones de convergencia real como de convergencia por el efecto estadístico, así como potenciar los criterios de España en esa
futura negociación para que el presupuesto de la Unión Europea consiga mantener o incluso llegar a esa cuota del 1,25 por ciento del PIB comunitario.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor López de Lerma tiene la palabra.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señorías, este grupo parlamentario no ha presentado ninguna enmienda a la sección 34, que debatimos conjuntamente con la 12. Sin embargo, sí lo ha hecho a la segunda, que de hecho es la primera de las
secciones, la número 12, y al Organismo Autónomo Agencia Española de Cooperación Internacional que en este trámite tratamos. El conjunto de estas siete enmiendas intentan -no creo que lo consigan, señor presidente- solicitar del Grupo Parlamentario
Popular y del Gobierno una cultura más favorable a distintos organismos que no tienen, a nuestro juicio, un trato justo ni ajustado en el proyecto presupuestario. Se olvidó el Gobierno de mantener la subvención a la Asociación de Amigos de las
Naciones Unidas en España y no entendemos por qué. Debemos incrementar la contribución voluntaria española al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, al objeto de responder a las distintas peticiones de fondos hechas por
dicho organismo ante la urgente necesidad de atender a los refugiados y para alcanzar paulatinamente el nivel medio de contribución de los Estados miembros de la Unión Europea. Si no hacemos guerra la practicamos pero nos olvidamos de ACNUR.
Solicitamos incrementar la contribución voluntaria española al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que nuestra presencia es menor y desdice el papel protagonista que se desea -y que nosotros no discutimos- en el ámbito
internacional y el programa queda ahí cojeando. Proponemos incrementar la contribución voluntaria española al Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas al objeto de responder a la petición especial de fondos hecha por dicho organismo en
muchas ocasiones. No es algo que haya propuesto nuestro grupo parlamentario, aunque también a través de esta enmienda, sino que la ONU, es la que ha pedido a los países un incremento de contribución a ese programa. No lo observamos al menos en la
línea que pensamos que se debía dotar la correspondiente partida. Sugerimos aumentar la contribución voluntaria al fondo para el sida, contribuyendo de esa manera a salvar millones de vidas, e incrementar los recursos españoles destinados a
financiar programas específicos de desminado y asistencia a las víctimas a través de apoyo financiero, tanto de carácter bilateral como multilateral que se están produciendo en estos momentos; programas de acciones educativas y de sensibilización a
la población civil y programas para la detección, desactivación y desmantelamiento de minas en otros Estados. Es necesario aumentar los recursos destinados a los programas de carácter general elaborados por las ONG, etcétera. A partir de estas
siete enmiendas intentamos reforzar la contribución española a todos los programas de ayuda humanitaria, digámoslo así, y de una cierta cultura de la paz, a la vez que criticar, en el mejor sentido de las palabra, la actitud del Gobierno respecto de
la misma.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.
El señor REJÓN GIEB: En primer lugar, tal como recordaba el presidente en funciones, quiero dar por defendidas las disposiciones del articulado.
Respecto a estas secciones, el portavoz socialista sacaba de paseo a Dashiell Hammet con El largo adiós y yo le voy a seguir sacando de paseo con Cosecha roja, si me permiten. El grupo de enmiendas que presenta mi grupo parlamentario
-perdón por la redundancia- al Ministerio de Asuntos Exteriores tiene forma un poco de madre Teresa de Calcula. Es algo así como ir componiendo entuertos y arreglando los desaguisados que el Gobierno del Partido Popular y la ministra del ramo van
dejando por todos los sitios, esa especie de cosecha roja que la práctica del Gobierno va dejando por esos sitios. Por tanto, nuestras enmiendas intentan paliar, arreglar, recomponer muchos de estos desaguisados, aunque evidentemente los
desaguisados estético-oratorios no tienen componenda presupuestaria, de ahí que nuestras enmiendas se centren fundamentalmente en la defensa y protección de los derechos humanos, en un aumento de las partidas dedicadas a la erradicación del trabajo
infantil, en ayuda de emergencia ante crisis humanitarias, en cancelación de deuda a los países del sur, en ayudas oficiales al desarrollo y en convenios básicos de cooperación.
Son todas ellas enmiendas, tendientes -como decía-, en
una actitud casi caritativa y beatífica, intentan a arreglar los desaguisados del Gobierno y del Ministerio de Asuntos Exteriores.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señorías, tomo la palabra en primer lugar para hablar de las cuestiones generales de la sección relativa a la política exterior, a continuación hablaré de la cooperación internacional al desarrollo, para concluir
haciendo lo propio con las relaciones financieras con la Unión Europea. Quisiera señalar que estamos en el más político de los debates, dada la consideración del presupuesto como el instrumento principal de la política económica de un gobierno.
Concretamente este presupuesto es la expresión de una política económica, la del Gobierno del Partido Popular, que teniendo como principal objetivo la consecución de una mayor prosperidad, tanto económica como social para todos los españoles, está
cimentando la consecución del equilibrio presupuestario en la seriedad y sensatez tanto en la gestión de los recursos como en la política de gasto, en el logro de un crecimiento sostenido del producto interior bruto y en el control de la inflación,
y ha dado a nuestra nación y a su política exterior una imagen de país serio, imagen impagable, señorías.
Centrándome en el presupuesto de Asuntos Exteriores, me gustaría destacar el importante esfuerzo que se ha realizado con un incremento del 3,64 por ciento, que a efectos prácticos es del 15 por ciento respecto al del año pasado si tenemos en
cuenta, de forma conjunta, el incremento citado del 3,64 por ciento, la consolidación del crecimiento del año pasado valorado en un 12 por ciento, las partidas presupuestarias del año pasado de 4 millones de euros para la reunión ministerial de la
OTAN y de 24,4 millones de euros para las deudas de contribuciones a organismos internacionales y operaciones de mantenimiento de la paz, así como el efecto del cambio del euro/dólar, que está teniendo especial importancia este año y el previsto
para el año 2004 que está cifrado en un 1,05 por ciento. Todo ello lo explicó la señora subsecretaria de Asuntos Exteriores en la reunión de la Comisión celebrada el pasado 8 de octubre, explicaciones que -recuerdo- sólo escuchó mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, dada la injustificable ausencia de los demás grupos durante la comparecencia del cargo citado.
Señor Rejón, este presupuesto, es el que va a permitir seguir profundizando en un servicio exterior cada vez más moderno, adecuado al ciudadano, que tiene entre sus prioridades el fomento de las relaciones políticas y económicas con otros
Estados y la atención a nuestros ciudadanos en el exterior. Además, este presupuesto va a posibilitar avanzar en cuestiones tan prioritarias para nuestro servicio exterior como la mejora de la estructura de personal, con un incremento de ese
capítulo de un 7,67 por ciento, que permitirá dotar de mayores medios personales tanto a los servicios centrales como a las representaciones, especialmente a aquellos consulados que por la aplicación de la nueva Ley de nacionalidad han visto
incrementada su actividad de forma notoria. Va a posibilitar también, señorías, las comunicaciones entre las embajadas y los consulados con los servicios centrales del ministerio, que con el establecimiento de un plan de comunicaciones y gestión
integrada de la información se van a mejorar considerablemente, ya que el mismo va a permitir dotar de un correo electrónico seguro para todas nuestras embajadas va a dotar a las mismas de un mejor acceso a la documentación e información necesaria
para el desempeño de sus funciones. Asimismo va a posibilitar la apertura de las embajadas en Letonia, Estonia, Lituania y Malta, de forma que, como bien decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el Este sea ya el Oeste. Son cuatro
países, que van a ser miembros de la Unión Europea, en los que España no tiene una representación diplomática permanente. Se abrirá también la embajada en Omán, de especial interés geoestratégico y comercial, y el consulado de Monterrey.
Finalmente, se consolidarán y pondrán en marcha las embajadas de Singapur y Qatar.
Al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, le tengo que decir que con estos presupuestos conseguimos salir, después de todos estos años, de ese rincón al que hacía referencia en su intervención.
En lo relativo a las cuestiones de cooperación internacional al desarrollo, en primer lugar quiero mostrar mi incredulidad ante las manifestaciones de algunos ponentes de otros grupos parlamentarios, que, ante la carencia de argumentos, han
criticado la falta de compromiso de nuestro Gobierno con la cooperación internacional al desarrollo, poniendo en duda que con estos fondos se puedan cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país. Lo que no dicen algunos grupos
parlamentarios es que los compromisos se están cumpliendo de forma progresiva y coherente con lo establecido, tanto en el Consejo Europeo de Barcelona como en la Conferencia internacional de financiación del desarrollo de Monterrey. Así, el total
de la ayuda oficial al desarrollo española en el año 2004 se va a situar en 2.384 millones de euros, cifra que, en porcentaje, supone el 0,31 de la ayuda oficial al desarrollo sobre el producto interior bruto, lo que es razonable suponer que entre
los presupuestos de 2005 y de 2006 se pueda cumplir con el compromiso que tiene España: conseguir llegar al 0,33 por ciento en el año 2006. Es más, si tenemos en cuenta que el plan anual de cooperación de 2003 habla de 2.078 millones de euros y,
como he señalado antes, el total de la ayuda oficial española al desarrollo en el año 2004 se va a situar en 2.384 millones de euros, estaríamos hablando
de un incremento de 305,98 millones de euros; es decir, de un incremento del 14,7 por ciento.
En conclusión, nuestro país cumple sus compromisos en materia de cooperación y este presupuesto se vuelve a enmarcar en una política ambiciosa de cooperación internacional al desarrollo, que es la que ha llevado el Partido Popular desde el
año 1996 y la que ha posibilitado que nuestro país haya aportado entre los años 1996 y 2003, como ayuda oficial al desarrollo, la cantidad de 11.699,96 millones de euros; vuelvo repetir -es una cifra importante-, 11.699,96 millones de euros. Si
esta cifra se compara con lo que fue aportado por España como ayuda oficial al desarrollo entre 1982 y 1995, etapa de Gobierno socialista, que fue de 6.657 millones de euros, resulta que lo aportado en la citada etapa de Gobierno del Partido Popular
es prácticamente el doble en la mitad de tiempo. Eso es compromiso social y compromiso de España en cooperación internacional al desarrollo. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista decía que ellos eran solidarios. Para nosotros ser
solidario es comprometerse con los más necesitados con políticas como las que desarrolla el Gobierno sustentado por el Partido Popular.
Por lo que respecta a la cuestión relativa a la Unión Europea, y en primer lugar a las relaciones financieras con la Unión Europea, tengo que decir que estamos ante unos presupuestos que, a pesar de las afirmaciones en sentido contrario
manifestadas por ponentes de otros grupos parlamentarios, no generan inquietud alguna, ya que están dentro de las previsiones contempladas por nuestras posibilidades financieras, manteniéndose el equilibrio alcanzado en años anteriores y arrojando
un salto netamente positivo cifrado en 6.414 millones de euros, que son un reflejo claro del avance progresivo y constante de nuestro país en la convergencia real con la Unión Europea y de nuestras mayores posibilidades de aportación al proyecto de
construcción europea.
En el marco de las relaciones de nuestro país con los demás miembros de la Unión Europea y con los que próximamente se van a adherir, son de destacar tanto los importantes incrementos que se producen en las partidas presupuestarias de
personal, comunicaciones e informática, que van a permitir a nuestras embajadas el mejor desarrollo de sus funciones, como la apertura de nuestras embajadas en Letonia, Estonia, Lituania y Malta, los cuatro países que van a ser miembros de la Unión
Europea donde España no tiene una representación diplomática permanente, lo que sin lugar a dudas es una acción más por parte de nuestro país en apoyo de la ampliación y de salir de ese rincón al que se refería el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista.
Hay que decir también que hay una disminución del Fondo Social Europeo que se explica por sí misma, ya que, por suerte, la situación social del empleo en este país está cambiando desde hace unos años -fundamentalmente, desde 1996-, y las
aportaciones del Fondo Social Europeo están en función de las necesidades y, sobre todo, del número de desempleados. El número de desempleados de este país ha disminuido mucho durante los últimos años. El ritmo de creación de empleo ha sido muy
intenso, como todo el mundo sabe: España ha creado más del 50 por ciento de los empleos creados en Europa durante los últimos seis años, y hemos pasado de tener casi un 20 por ciento de desempleados a tener una tasa del 10 por ciento. Lógicamente,
las aportaciones caen porque el Fondo Social Europeo no tiene una cantidad fija, sino que la misma está en función de las necesidades.
Voy acabando, señorías. En cuanto al comentario del Grupo Parlamentario Socialista sobre los fondos estructurales, el flujo de estos que entra en un país lo hace por anticipos -así lo dijo el secretario de Estado de Asuntos Europeos-, por
lo que la evaluación correcta debe hacerse al final del período. Además, todos sabemos que si hay una máquina bien engrasada en la Unión Europea esa es la nuestra. Viene de lejos. Desde hace mucho tiempo hay unos equipos que han funcionado -y
siguen funcionando- muy bien. Somos el ejemplo de la Unión en formulación de proyectos y en ejecución de fondos estructurales, y llegamos a utilizar casi siempre el cien por cien de los recursos que ponen a nuestra disposición.
Como conclusión, tenemos un presupuesto que consolida el importante incremento del presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores del año pasado, que permite seguir avanzando, mediante la dotación de mayores medios tanto personales como
materiales, en el proceso de modernización de nuestro servicio exterior.
El señor PRESIDENTE: Abro un turno de réplica, pero les advierto a SS.SS.
que, dado que el primer turno ha sido largo, ahora deberán esmerarse en la síntesis de sus argumentos para no ser cortados.
Señor Pérez Casado.
El señor PÉREZ CASADO: Con su benevolencia y mi disciplina, procuraré ser brevísimo.
Hay una afición a la historia que a mí me agrada de manera singular, puesto que uno de mis títulos académicos es el de historiador. Lo que sucede es que a ningún historiador le resulta grato que le reescriban la historia, y el portavoz del
Partido Popular ha comenzado reescribiéndola.
España era un país receptor de ayuda oficial al desarrollo. Por tanto, comenzar a ser emisor de ayuda explicaría, o puede contribuir a explicarle a S.S., el porqué del crecimiento progresivo de los
sucesivos gobiernos socialistas desde 1982; cierro paréntesis.
Este presupuesto no se corresponde con la ambición de la política exterior del Reino de España. Y se corresponde menos todavía por la situación de ruptura unilateral por parte del Gobierno de los ejes y consensos básicos de esa política
exterior (creo recordar que un ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno del Partido Popular así lo afirmó en el Pleno de esta Cámara),
que constituía un eje central de la política exterior del Reino de España.
Por tanto hay un abismo entre las declaraciones y los hechos. Su señoría insiste en algunas cifras; yo le digo: las cifras no son los hechos; los hechos son más
obstinados. Los objetivos de la política de cooperación internacional al desarrollo se han alejado progresivamente incluso de los documentos formulados por el Gobierno y apoyados por la mayoría; desde el plan director de cooperación internacional
a los planes anuales de cooperación internacional de España.
Luego, dije que me sonrojaba, en parte, que hubiera que hacer enmiendas para la mejora de cosas evidentes para el funcionamiento de nuestro servicio exterior, e insisto en ello. Otro portavoz ha hecho alusión a algún tipo de represalia -yo
lo he hecho directamente- a asociaciones que se mostraron díscolas -vamos a dejarlo así- con las posiciones del Gobierno de España en la guerra de Irak; guerra que, por cierto, continúa. Mantenemos nuestras enmiendas de devolución, mantenemos
nuestras enmiendas parciales y apoyaremos -cómo no- todas aquellas de los demás grupos que completan lo que hemos propuesto. Ciertamente que los eventos del 2003 a los que aludía, desde la reunión de la OTAN a la actualización de cuotas, exigen la
continuidad. Por eso proponemos también esos incrementos en las dotaciones voluntarias y obligatorias del sistema de Naciones Unidas y de otras instituciones internacionales, porque estamos convencidos de que el multilateralismo es superior al
unilateralismo y, desde luego, que es mejor ser potencia media de un continente antiguo que una franquicia de un presidente que sus propios ciudadanos tienen serias dudas en seguir apoyando.
El señor PRESIDENTE: Señor García Breva, tiene usted la palabra.
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, muy brevemente, sólo para decir que el portavoz del Grupo Popular no ha explicado absolutamente nada de las cuestiones que hemos planteado en nuestra enmienda a la totalidad respecto a la ejecución
de los fondos estructurales y del Fondo de Cohesión. Advierto una ignorancia grande en estos temas, nuevamente, respecto a las comparecencias anteriores. Quiero recordarles que el Fondo Social Europeo no se distribuye en función de las necesidades
de cada año, sino en función de una programación que se aprobó en el año 2000 y que se va a ejecutar hasta el año 2007. Bien es cierto que puede haber diferencias en la ejecución a lo largo del periodo de programación, pero precisamente esa es la
explicación que yo esperaba para saber exactamente cuáles son los problemas para unas diferencias tan grandes. No ha habido ninguna explicación y esto nos lleva a seguir manteniendo nuestra enmienda.
El señor PRESIDENTE: Señor Landaluce, tiene usted la palabra.
El señor LANDALUCE CALLEJA: En cuanto al compromiso social de España, señorías, incluido no sólo el Gobierno de la nación sino comunidades autónomas, diputaciones, mancomunidades y municipios, está claramente demostrado que podemos
esforzarnos algo más, pero si comparamos el referente que es España en el mundo, sin lugar a dudas ha cambiado como de la noche al día en estos años. Y vuelvo a repetir, señorías: Esto sí es salir del rincón.
Respecto a esa política de franquicia que decía S.S., nosotros defendemos que Europa debe buscar las sinergias positivas, la cooperación, la colaboración y la complementariedad con los Estados Unidos desde su autonomía y desde su
independencia, tratando de ejercitar una política exterior constructiva y de influir positivamente en los demasiados conflictos que existen en el mundo, pero sin duda España tiene su peso sin ser una franquicia.
Por último, respecto a esa afición a la historia y que a nadie le gusta que le reescriban la historia, señorías, ¿verdad que mucho menos les gusta que les recuerden a algunos su historia?
La rotura del consenso en la política exterior creo que se debe simplemente a una falta de esfuerzo por parte de algunos grupos políticos, y no sé si tal vez una actuación negligente, porque no han estado dispuestos a llegar a un consenso en
temas importantes que antes decíamos, como política exterior, política de justicia o política de seguridad, y casi se rompe, si no llega a ser por la megafonía de esta sala, en política de empleo y pacto social.
El señor PRESIDENTE: Finaliza así el bloque de discusión de la sección de Asuntos Exteriores y de la sección 34.
Damos comienzo al siguiente debate en torno a la sección 13, Ministerio de Justicia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Villarrubia tiene la palabra.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: En primer lugar, yo querría decir al portavoz del Grupo Popular que acaba de intervenir que el Partido Socialista se siente orgulloso de su historia, no así otros, que se tienen que avergonzar de ella e
intentar desconocerla. Que quede claro, porque yo creo que hay que ser un poco prudente con ese tipo de afirmaciones.
En relación con la sección 13, señor presidente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado enmienda a la totalidad, como no podía ser de otra forma. Un año más nos encontramos con campañas de publicidad, del Partido Popular y del
Gobierno, que son una auténtica broma de mal gusto porque se repite año tras año, y ya llevamos ocho años, que los presupuestos de justicia
Sección 13
son prioritarios, son históricos. La verdad es que tendríamos que tener un servicio público magnífico. Sin embargo, los ciudadanos españoles, en todos los barómetros de opinión, suspenden gravemente el servicio público de la justicia, un
termómetro esencial para medir la salud de un sistema democrático, para medir la salud de una sociedad avanzada.
El Partido Popular se ha dedicado a controlar el Poder Judicial y el ministerio fiscal y nos encontramos ahora, al final de esta legislatura, con un auténtico barullo legislativo a golpe de casuística, sin rigor, sin seriedad, y por supuesto
sin sensibilidad alguna en función de las corrientes de opinión del momento; reformas claramente unilaterales y de tinte radicalmente conservador. Pero el presupuesto que nos ocupa, lamentablemente, pese a esa gran publicidad, recoge una
consignación cuantitativamente escasa de 1.059,83 millones de euros, y esto supone en términos homogéneos un aumento que escasamente llega al 2 por ciento. Aun dando por buenas las cifras del señor Michavila y del Gobierno, que hablan de un
incremento del 7 por ciento, haciéndose trampas en el solitario (no importan los gestos; los números cantan, salvo los milagros, a los que ahora aludiré), aun dando por buena la cantidad que recoge el Gobierno, el incremento total sería de 74
millones de euros, calderilla para lo que necesita la justicia. La primera trampa del solitario es que dicen que eso se va a conseguir en virtud de una generación de crédito extraordinario que van a aplicar en el año 2004. El incremento histórico
de 2003, que también era calderilla, se basaba también en una generación de crédito extraordinario que iban a aplicar en 2003. Estamos en noviembre, no se ha aplicado el crédito extraordinario y no ha habido el incremento prometido ni lo va a haber
en 2004, entre otras cosas, porque estos presupuestos, además de esa falta de voluntad política de generar ese crédito extraordinario, nacen ya con un plazo de caducidad porque a partir de marzo esperemos que afortunadamente haya un gobierno de
signo contrario que sea quien ejecute unos nuevos presupuestos y por fin priorice el sistema público de la justicia.
Don Leocadio, a ver si nos contesta la pregunta del millón; la semana próxima se lo diremos al señor Michavila. Yo sé que tanto el señor Aznar como algunos de ustedes, aunque yo creo que cada vez menos, y el propio señor Michavila creen
que hacen milagros. ¿A que cada vez son menos los que creen que hacen milagros? A ver cómo nos explica, hoy tiene ocasión para hacerlo -la semana próxima la tendrá el señor Michavila-, cómo imputan a la aplicación del pacto de Estado para la
reforma de la justicia 165 millones, que se atreven a poner por escrito y a desglosar, cuando el incremento total con la generación del crédito extraordinario, que no se va a producir, se eleva a 74 millones de euros. ¿Cómo van a efectuar ese
milagro? Porque le recuerdo un matiz para que no caiga en la trampa otra vez del solitario, don Leocadio, y es que los 250.000 millones de pesetas (1.502 millones de euros) para el pacto de Estado eran adicionales (en mayúscula y entrecomillado) al
presupuesto ordinario, y todo lo que ustedes llevan al librito amarillo y a los textos que desarrollan el proyecto de ley lo sacan del propio presupuesto ordinario. Fíjense, sólo el aumento de la aplicación del sistema retributivo para el año 2004
es de cincuenta y pico millones de euros, cantidad muy superior al total del incremento de los presupuestos de justicia. Esto es lo histórico de ustedes. Vergüenza -lo digo suavemente y con la cortesía parlamentaria correspondiente- les tendría
que dar decir y hacer todo este tipo de manifestaciones cuando lo único que hacen es controlar y deteriorar el servicio público de la justicia. A ver si nos puede dar una explicación.
Dos cuestiones muy breves, una de ellas muy general porque está ya en la propia motivación de la enmienda de totalidad. Este presupuesto guarda silencio una vez más sobre la importante deuda contraída con las comunidades autónomas, tanto
con las que tienen transferidas las competencias de justicia en materia de medios personales y materiales, como con aquellas que aún no la tienen. Por cierto, ¿saben por qué no la tienen? Ustedes querían que todas la tuvieran transferida el 1 de
enero de 2004, pero no quiere nadie, porque quieren tener las competencias, pero no las condiciones que este Gobierno ha ido transfiriendo y pretende seguir transfiriendo, porque está generando una deuda histórica importantísima por el coste
efectivo de los servicios transferidos, por la creación de nuevos órganos y por la inclusión de nuevas competencias derivadas de la aplicación de nuevas leyes. Ustedes imputan los costes a las comunidades autónomas, con el famoso yo invito y tú
pagas, y no hay nadie que quiera asumir en estas condiciones esta importante competencia.
Por cierto, las enmiendas totales que presentamos, que ascienden tan sólo -entre comillas- a 169.530.000 euros (casi todo ello va al programa 142.A, de tribunales de justicia y ministerio fiscal), pretenden responsablemente paliar la
irresponsabilidad y los incumplimientos de ustedes, que han generado ya una deuda histórica con el joven pacto de Estado de la justicia de unos 550 millones de euros. No les reclamamos todo este año, este incremento tendría que mantenerse durante
los ocho años que recogía el pacto de Estado para que pudiéramos tener medios suficientes para reformar adecuadamente el servicio público de la justicia. Por tanto, olvidan a las comunidades autónomas, desoyen al Consejo General del Poder Judicial
y para 2004 establecen tan sólo un incremento de 30 jueces y magistrados -los mismos que en 2003- y de 20 fiscales -los mismos que en 2003-, ello pese a la aplicación de nuevas leyes, como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de
responsabilidad penal del menor, los juicios rápidos, la nueva ley concursal que va a entrar en vigor en el año 2004, la antigua -de hace ya dos años- Ley de Enjuiciamiento
Civil, etcétera, a las que no dotan de recursos. Me hablará de las plazas creadas en 1998 y en 1999. ¿Sabe que el Consejo General del Poder Judicial reclamaba a este Gobierno 250 plazas de jueces durante diez años para que tuviéramos una
ratio similar a los países de la Unión Europea? Tenemos una pendencia -al señor Fernández Marugán, compañero, le gusta mucho esa expresión- de 2 millones de asuntos absolutamente incompatibles con la tutela judicial efectiva que es precisa. No hay
un plan inversor de carácter plurianual y estable. En definitiva, este Gobierno, ya con fecha de caducidad, no prioriza la justicia, sino que un año más la desprecia, pese a esas campañas de publicidad y de imagen. Damos por reproducido el
conjunto de nuestras enmiendas, indicando finalmente que no vamos a votar en contra de ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos de la oposición. En algunas nos abstendremos, fundamentalmente porque están incorporadas de forma general en
otras enmiendas nuestras, y en otras votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: A esta sección 13, Ministerio de Justicia, mantenemos algunas enmiendas, en concreto siete, que tratan entre otras cosas de dotar económicamente -vía subvención, se entiende- a aquellas asociaciones y
entidades sin ánimo de lucro que trabajan para la recuperación de los restos de personas desaparecidas durante los años de la Guerra Civil y los primeros años después de acabar la guerra; personas que fueron enterradas, como SS.SS. saben, en fosas
comunes o en fosas sin nombre y de las que sus familiares, en una labor encomiable, están intentando no sólo recuperar los cadáveres, sino también la memoria histórica.
Otras enmiendas corresponden a gastos de personal derivados del funcionamiento de órganos judiciales que se pusieron en funcionamiento con posterioridad al traspaso de los medios personales al servicio de la Administración de justicia, o
cuya puesta en marcha o creación se prevé a lo largo del periodo 2003-2004, y para los que en buena lógica no hay una previsión económica, en este caso vía Generalitat de Cataluña. Y otras reclaman precisamente algo que esta mañana hemos puesto de
manifiesto. Si en esta Cámara, y en consecuencia en las Cortes Generales, se aprueban leyes que inciden sobre gastos que deben soportar las comunidades autónomas -en este caso lo que hace referencia a los departamentos de justicia-, es lógico que
en este proyecto de presupuestos se disponga la correspondiente partida para traspasarla a las comunidades autónomas y que puedan hacer frente a estas nuevas eventualidades. Así sucede con la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los
menores, con la Ley de Enjuiciamiento Civil, pongamos por caso.
El señor PRESIDENTE: Señor Rejón, tiene usted la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor REJÓN GIEB: Haciendo mía la intervención del portavoz de Justicia del Partido Socialista Obrero Español e incidiendo en esa misma línea, aquí aparece y en todo caso en los medios de comunicación o en las campañas de divulgación-
aquel viejo dicho: justicia, señor, pero por mi casa no. Hubo un tiempo en el que el Partido Socialista, el Partido Popular y el Gobierno firmaron un pacto de Estado por la justicia en uno de cuyos puntos se decía algo así como que en ocho años se
iban a dedicar unos 250.000 millones de pesetas, que en una mala división son 30.000 millones de pesetas por año; evidentemente, no era una aplicación matemática de rasante, sino que unos años podían compensar con otros.
Nuestra preocupación
empezó a aflorar cuando en los primeros años no se alcanzaba aquella media de 30.000 millones y por parte del ministerio y de los distintos portavoces del Partido Popular se nos decía con rotundidad: No, mire usted, es que son los primeros años y
los primeros años hay que ir preparando el trabajo, hay que ir diseñando. Pero ya no son los primeros años y una vez más para el pacto de Estado por la justicia no se dedican ni esos 30.000 millones para esta anualidad, le falta un poco. Además,
como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, esto era una demasía, una recrecida sobre lo que era el presupuesto ordinario. En fin, señorías, que esto deja mucho que desear, máxime cuando en el proyecto de presupuestos se recogen unos 10
millones y pico de euros para juicios rápidos que no figuraban en la primera valoración del documento del pacto de Estado por la justicia. Por tanto, ocurre que todo el mundo que se ha creído el pacto de Estado por la justicia, que eran los años de
la justicia, que había que modernizarla, que había que ponerla al nivel de ahora y que se han puesto a trabajar verdaderamente, se han encontrado con que no tienen los medios; no hay medios para la Ley del menor ni para garantizar las medidas de
protección contra la violencia doméstica ni hay medios para impulsar la implantación del jurado ni para crear los puestos que se demandan. Las asociaciones judiciales están demandando 350-375 plazas de nueva creación para el próximo año para
atender una ratio normal; 30 son las que plantea el Gobierno, ni el 10 por ciento. Luego habrá un genio jurídico que dirá: No se preocupen ustedes que cuando vuelvan a matar a otro ciudadano en un campo de fútbol nosotros daremos una respuesta
inmediata. Uno, que no es de derecho, sino de historia, tendrá que preguntarse entonces si eso no está ya en el Código Penal. Pero no importa, porque a todo se le dará una respuesta. Parece como el catecismo de Ripalda,
que para cada pregunta había una respuesta casi matemática. El señor ministro tiene respuestas para todo, pero parece que no tiene dinero para atender a todo el dibujo que nos ilusionó, porque hubo un momento en el que nos ilusionó, de tal
manera que llamamos a la puerta de aquel pacto de Estado por la justicia. Pero como ustedes sólo han puesto palabras, y no todas, porque algunas las han expresado fuera del pacto de Estado por la justicia, pero sobre todo como no han puesto medios,
es lógico que humildemente esta fuerza parlamentaria plantee enmiendas a la totalidad y enmiendas parciales a la sección correspondiente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Bueso tiene la palabra.
El señor BUESO ZAERA: Paso a contestar y a exponer la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con la sección 13, de Justicia. En lo que respecta al Grupo Socialista, a don Julio -parece ser que le ha gustado mucho mi nombre y
no es la primera vez, ya van más veces- le voy a contestar puntualmente a las distintas cuestiones que ha planteado. En primer lugar, y como una cuestión previa, el Grupo Parlamentario Popular no tiene que avergonzarse absolutamente de nada. Yo no
tenía por qué decir esto, pero puesto que ha aprovechado la ocasión para hacer esa afirmación frente a quien me ha precedido en el uso de la palabra de mi grupo parlamentario, se lo digo. No tiene que avergonzarse absolutamente de nada, ni de la
sección de Justicia ni absolutamente de nada, desde 1996 hasta este momento. (El señor Villarrubia Mediavilla: De la historia.) Ni de la historia. Nuestra historia será la historia que ha puesto a este país en el lugar que le corresponde y que
podían haber hecho otros gobiernos socialistas que estuvieron bastantes más años que el Grupo Popular. (Una señora diputada: ¡Muy bien!) Y por supuesto no eche las campanas al vuelo, haciendo afirmaciones como con la que ha terminado su
intervención hablando de gobierno de caducidad, porque eso -la palabra la tienen los electores- lo veremos. En cuanto a las campañas de publicidad y a controlar la justicia, el Poder Judicial, el ministerio fiscal y al barullo legislativo, rechazo
todas y cada una de esas afirmaciones. Eso es sencillamente, señor Villarrubia, demagogia barata.
Entrando ya en el objeto de este debate, que son los Presupuestos Generales del Estado, parece ser que S.S. no tuvo suficiente con la comparecencia del secretario de Estado de Justicia de 8 de octubre pasado, puesto que creo que desarrolló
puntualmente todos y cada uno de los puntos a los que usted ha hecho referencia. Por tanto, me remito a ellos. En todo caso le recordaré en mi intervención algunas cuestiones.
No hacemos ninguna trampa en solitario. Si usted llama calderilla a
estos presupuestos generales, yo querría remontarme a otros, por supuesto teniendo en cuenta la parte proporcional que corresponda de estar en una época a estar en otra. Yo he estado varios años en la oposición y sé perfectamente lo que había en el
presupuesto de Justicia y lo que hay en este momento y lo que ha habido desde 1996 hasta ahora y la diferencia es sustancial y sustanciosa. Otra cuestión distinta es que ustedes desde hace escasos meses hayan optado por la estrategia política de
decir que el pacto de Estado por la justicia está roto, cuando todo funcionaba perfectamente. Eso no se tiene en pie ni un segundo.
En cuanto a la dotación presupuestaria consignada en el presupuesto, usted llama calderilla a la cantidad de 1.059 millones de euros, lo que representa en términos homogéneos un incremento altamente significativo frente a ese 2 por ciento
que usted dice, que en absoluto es cierto, porque es del 7,59 ciento respecto del ejercicio 2003. Y esta cuantía se verá incrementada a lo largo del ejercicio 2004 por una generación de crédito singular, que supondrá un crecimiento efectivo del
10,02 por ciento mediante las cuentas de consignación, que se sitúan entre 22.000.000 y 24.000.000 de euros. Se introducen nuevas dotaciones presupuestarias por importe de 5.000.000 de euros para establecer programas de reforma de la Administración
de justicia en colaboración con las comunidades autónomas. Con ello se pretende vertebrar territorialmente el servicio público de justicia, impulsando aquellas actuaciones que lideren proyectos de reforma y modernización de la Administración de
justicia en el marco del pacto de Estado y aquellas otras que el Gobierno estime necesario desarrollar en el ámbito de la política de justicia, es decir, es la creación de un mecanismo de colaboración del Estado con las comunidades autónomas. Y del
montante total de crédito se van a destinar específicamente 165,09 millones de euros a la tercera anualidad del pacto de Estado para la reforma de la justicia, mereciendo especial atención los aplicados a las siguientes actuaciones. Al nuevo mapa
judicial. Se continúa con la política de creación de nuevos órganos judiciales. Desde el año 1997 hasta el año 2003 se han creado 800 nuevos órganos judiciales, objetivo establecido en el Libro Blanco de la justicia, publicado por el Consejo
General del Poder Judicial, consolidando la tendencia de los últimos años, de tal manera que los asuntos resueltos -esto lo sabe perfectamente y no tiene nada que ver la pendencia a la que S.S. ha hecho referencia- superan los ingresados. ¿Cómo no
va a haber 2.000.000 de asuntos pendientes si cada año entran 7.000.000 de asuntos? Las nuevas unidades judiciales responden a situaciones puntuales de crecimiento demográfico, a demandas reales, a cargas de trabajo y a la puesta en marcha de los
juzgados de lo Mercantil con motivo de la entrada en vigor de la Ley Concursal.
Por otro lado, está el nuevo modelo retributivo, es decir, nuevas políticas salariales, con una cantidad de 57,80 millones de euros. Los mayores incrementos presupuestarios se destinan precisamente al capítulo 1, es
decir, gastos de personal, con la finalidad de disponer de un sistema de recursos humanos en el ámbito de la Administración de justicia que garantice la cualificación profesional y las responsabilidades inherentes a la actividad a
desarrollar. Por otra parte, a los juicios rápidos se les asigna 10,57 millones de euros, que son adicionales respecto de la anualidad de 2003, fijada en 22,2 millones. Esto no quiere decir que se baje la cantidad, sino que se trata de 22,2
millones más 10,57 millones.
Son adicionales y los resultados obtenidos durante el año 2003, en aplicación de los juicios rápidos, apoyan la continuidad de esta nueva manera de funcionamiento de la justicia, con agilidad y eficacia. Y el
incremento de dotaciones se destina a servicios de guardia en juzgados y fiscalías y a actuaciones inmediatas en el Instituto Nacional de Toxicología para peritos e intérpretes, para material de laboratorio, adaptación y equipamiento de sedes de
órganos judiciales, para materia civil, temas de familia, y para desahucios en temas de arrendamiento.
Por otro lado, por lo que respecta a la carta de derechos de los ciudadanos ante la justicia, hay una cantidad de 1,17 millones de euros y las acciones para el desarrollo de esta carta ante la justicia tienen un especial reflejo
presupuestario destinado a mejorar la información y asistencia al ciudadano a través de oficinas especializadas y para proteger a las víctimas de los delitos violentos y a los ciudadanos más débiles mediante el Observatorio de la violencia
doméstica, la orden de protección y la mejora de acceso de las personas discapacitadas. También está la reforma estructural de la oficina judicial, con 7,69 millones de euros. La mejora del funcionamiento administrativo de la justicia es un
requisito esencial para prestar una atención de calidad a los ciudadanos y las dotaciones para reformar en profundidad la organización y los métodos de trabajo y gestión de la oficina constituyen una de las prioridades.
Asimismo, quiero hacer una mención especial a los programas de agilización de la justicia destinados a acabar con los retrasos existentes y del Plan de modernización de la medicina forense, así como del Plan de modernización tecnológica de
la Administración de justicia y registros civiles, con una partida de 30,73 millones de euros. Pretende incrementar la dotación de servicios ofrecidos a los diferentes operadores jurídicos.
Entre los objetivos podríamos destacar: facilitar la
accesibilidad al ciudadano a una justicia rápida; adecuar las soluciones tecnológicas a los procesos y a la organización judicial para la consecución de una óptima gestión administrativa; dotar de mecanismos para la toma de decisiones; definir y
consensuar los medios estándares y normativos necesarios para la consecución de la interoperabilidad y el uso compartido de la información a nivel nacional. También hay un plan global de infraestructuras con una dotación de 38,86 millones de euros
para consolidar el patrimonio inmobiliario de uso judicial, con una serie de actuaciones con las que no voy a cansar a SS.SS. Así como la formación de personal al servicio de la Administración de justicia, con una dotación de 7,27 millones de
euros, con la que se financia la formación de los miembros de la carrera fiscal, de los funcionarios del cuerpo de secretarios judiciales, de los médicos forenses y del personal. El servicio jurídico del Estado, con una dotación de 3,9 millones de
euros, para incrementar los recursos humanos y materiales de la Abogacía del Estado. Hay otra serie de actuaciones en gastos de funcionamiento de los juzgados de paz, con 3,34 millones de euros; en subvenciones a los colegios de abogados y
procuradores para asistencia jurídica gratuita, con 18,30 millones, y en nuevos planes de actuación contra la violencia doméstica, con 1,16 millones de euros. En definitiva, es una auténtica prioridad dentro de los Presupuestos Generales del
Estado.
El incremento presupuestario sobre el presupuesto inicial del Ministerio de Justicia, como le he dicho antes, es de un 7,59 por ciento y tomando en consideración las perspectivas de la generación de créditos nos lleva a una cifra -como he
dicho anteriormente- cercana al 10 por ciento, porque hay que tener en cuenta que el presupuesto del Ministerio de Justicia para el año 2003 tenía incorporados una serie de créditos que fueron objeto de transferencia a la Comunidad Autónoma de
Madrid, mediante el Decreto 600/2002, de 1 de julio, y el Real Decreto 1429/2002.
En cuanto a la generación de crédito, que es otro elemento de financiación al que usted ha hecho referencia, deriva de las cuentas de consignación de depósitos judiciales que fueron objeto de una adjudicación mediante un contrato en el año
2003 a una entidad financiera, que fue la que mejor oferta presentó en aquel momento. Este presupuesto tiene un incremento -como he dicho al principio- del 7,59 por ciento en su presupuesto inicial con una expectativa muy razonable de generación de
crédito, porque los tipos de interés están evolucionando en términos que permiten valorar esa generación por encima -como le he dicho anteriormente- de los 20 millones de euros. Esto va acompañado de una mejora en la eficacia del gasto. Estamos
pretendiendo asignar recursos a cada medida de las que estamos adoptando, pero también -como dijo el señor secretario de Estado- hay que gastar mejor los recursos que los ciudadanos asignan a la justicia, a través de su representación parlamentaria.
Hay que tener en cuenta que la ejecución del año 2003 es muy satisfactoria, es del 99,27 por ciento en el conjunto del departamento del Ministerio de Justicia.
Por otro lado, S.S. ha dicho que nos tenía que dar vergüenza la deuda histórica contraída con las comunidades autónomas. No nos da absolutamente ninguna vergüenza, no porque no la tengamos, que es lo que usted parece ser que está pensando
en este momento, porque el hecho de que las transferencias sean asumidas
o no es cuestión de la negociación correspondiente, como ha ocurrido en todo momento con cualquier transferencia, tanto la de Justicia como la de Educación, la de Sanidad, etcétera. Esto no tiene absolutamente nada que ver con el eslogan al
que usted ha hecho referencia anteriormente. Que nos diga que sus enmiendas pretenden paliar las carencias de este presupuesto, permítame, señor Villarrubia, que le diga que nos da risa, por decirlo suavemente. No desoímos en absoluto al Consejo
General del Poder Judicial, en absoluto, ahí están todos los proyectos de ley y todas las cuestiones relacionadas con la justicia para que se vea si se desoye lo que dice el Consejo General del Poder Judicial o no, aunque usted dice que se desoye a
determinados miembros del Consejo General del Poder Judicial, que es otra cosa muy distinta. Lo mismo le digo con lo que respecta a jueces y magistrados.
Señor Villarrubia, tengo que decirle que su enmienda de totalidad, la 1373, no propone ninguna alternativa razonable para tal asignación de los recursos, además de que resulta técnicamente inviable, dado que el Reglamento del Congreso tan
sólo prevé la devolución de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos en su momento procedimental, el cual ya ha tenido lugar anteriormente, como S.S. sabe perfectamente. La dotación consignada en el proyecto, que será complementada con los
recursos financieros adicionales a los que he hecho referencia, dará lugar a un incremento en términos homogéneos del 10,11 por ciento sobre el ejercicio anterior. No es cierto que el presupuesto del ministerio suponga el escaso aumento de 21,06
millones de euros en relación con el ejercicio anterior, es decir, el 2 por ciento al que S.S. ha hecho referencia, puesto que el presupuesto de 2003 homogeneizado no asciende a 1.038, 77 millones de euros, sino a 985,09, resultado de descontar por
transferencia a las comunidades de Madrid y Cataluña 97,14 millones a los 1.082,23 iniciales de 2003, con lo que el incremento inicial de 2004 en términos absolutos asciende a 74,74 millones de euros, equivalente a un 7,5 por ciento, y se incrementa
con la generación de crédito a la que ha hecho referencia anteriormente. Con estas dotaciones sí que es posible destinar los 165 millones de euros al desarrollo de las actuaciones.
En cuanto al nuevo mapa judicial, ajustado a las cargas de trabajo realmente existentes, además de consolidar los órganos creados en 2003 se crearán 50 nuevos órganos judiciales, a fin de seguir reduciendo el número de asuntos pendientes y
que por primera vez en muchos años ha experimentado en el año 2002 y en el año 2003 una inflexión de su tendencia incrementista, al conseguir que el número de asuntos resueltos supere al de los ingresados, como le he dicho anteriormente.
En cuanto al compromiso del Gobierno incluido en el pacto de Estado para la reforma de la justicia de dedicar 1.502 millones de euros adicionales al presupuesto ordinario, conviene puntualizar que esta cifra se refiere al conjunto de dos
legislaturas ocho años y que en ella deben computarse los incrementos interanuales, no sólo la primera vez que aparecen en el presupuesto, sino en cada uno de los ejercicios en que se consolidan.
Además, hay que incluir en el cómputo las cantidades
adicionales aportadas por las comunidades autónomas en virtud de sus propias competencias en materia de justicia. Las comunidades autónomas disponen ya de sus propios recursos financieros, dentro del nuevo sistema de financiación aprobado por la
Ley orgánica 7/2001 y la Ley ordinaria 2/2001, inspirados en los principios de lealtad institucional y corresponsabilidad fiscal. En todo caso, será al Consejo de Política Fiscal y Financiera al que corresponderá hacer las gestiones necesarias cada
año en relación con los porcentajes que corresponden a cada comunidad autónoma. Y puesto que a sus enmiendas parciales no ha hecho ninguna referencia, en los mismos términos las doy por rechazadas en este debate y por supuesto luego serán sometidas
a la votación correspondiente, puesto que con esto no quiero caer en la trampa que S.S.
me tiende en los distintos debates, ya que parece que no le gusta esa frase; por supuesto serán democráticamente rechazadas mediante la votación
correspondiente en su momento.
Y paso a continuación a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En cuanto a la enmienda 1919, que habla de crear el concepto 483, entidades sin ánimo de lucro, de recuperar los restos de las personas
desaparecidas durante la Guerra Civil y los años posteriores, dotándolo con un millón de euros, consideramos que la recuperación de restos humanos se enmarca en el ámbito de competencias municipales y dentro del campo de la medicina forense. Son
los recursos ordinarios de las corporaciones locales los que deben financiar en principio las operaciones relacionadas con dichas competencias. Por lo que se refiere a la dignificación de las víctimas halladas en fosas comunes, si tales
circunstancias tuvieran cabida en alguna de las disposiciones englobadas en la denominada legislación de amnistía, que tiene por objeto intentar paliar, en la medida de lo posible, los perjuicios ocasionados durante la Guerra Civil, no existirían
impedimentos para que pudieran acceder a los beneficios recogidos en la ley, en cuyo caso la enmienda presentada resultaría en nuestra opinión innecesaria. La baja propuesta en la sección 31 podría ocasionar dificultades de gestión, por falta de
dotación suficiente, en unas partidas que afectan a diversos ministerios y que con la creación del Fondo de Contingencia se han visto sustancialmente disminuidas. Además la enmienda en nuestra opinión adolece de un error técnico, ya que permite dar
al concepto 483 ya existente una finalidad distinta de la que ya tiene asignada en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004.
En relación con el resto de enmiendas, puesto que tampoco se ha hecho una defensa especial, quisiera simplemente
mencionar la enmienda número 1920 referida a la ampliación de transferencias a Cataluña con destino a la financiación de traspasos.
Aparte del error técnico de que adolece la enmienda, ya que pretende dar al concepto 450 una finalidad
distinta, el grupo enmendante fundamenta su propuesta en los mayores costes de los servicios traspasados ocasionados con la puesta en marcha de diversos órganos judiciales en diciembre de 2003. Dado que la transferencia a la Generalitat de
Catalunya en materia de Administración de justicia se ha efectuado básicamente en virtud del Real Decreto 996/1990, de 20 de julio, momento al que debe referirse la evaluación económica de los traspasos, las eventuales obligaciones surgidas con
posterioridad deben, en principio, ser asumidas por los receptores de las competencias con cargo a su financiación global disponible. En cualquier caso, de existir imposibilidad absoluta para poder atender las nuevas obligaciones con los
presupuestos propios de la Generalitat, la transferencia adicional requerida debería figurar en la sección 32, entes territoriales, y no en el presupuesto del Ministerio de Justicia. Para ello sería imprescindible el acuerdo previo de la comisión
mixta de transferencias Administración del Estado-Generalitat de Catalunya y su posterior aprobación por el Gobierno mediante real decreto, como de hecho se ha venido realizando en distintos ejercicios desde el año 1994.
En relación con el resto de enmiendas simplemente quisiera decirle que no vamos a apoyarlas, algunas de ellas por las mismas razones a las que he hecho ya referencia y otras, dado que el tiempo no me permite continuar ya, por las razones que
se han expuesto en los distintos debates que ha habido en esta Cámara.
En lo que respecta al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida comprendo que el señor Rejón se adhiera al Grupo Socialista. Sin embargo, me da la sensación que no ha debido leer muy bien los presupuestos y que no tiene una información
completa, puesto que no pudo asistir por alguna razón y tampoco asistió nadie de su grupo a la comparecencia del secretario de Estado de Justicia para estos presupuestos el pasado 8 de octubre. Parece que le falta información porque no se puede
afirmar que no hay medios para la Ley de responsabilidad del menor, para violencia la doméstica y para el jurado. Tengo que decirle que para el jurado no es que no haya medios, sino que sobran, porque ningún año se cubren las partidas que se
presupuestan para el jurado, precisamente. En lo que respecta a violencia doméstica y la Ley de responsabilidad del menor se han hecho las dotaciones correspondientes para la puesta en funcionamiento tanto de la Ley de responsabilidad del menor
como de todo lo referente a la violencia doméstica y que, por cierto, funciona perfectamente y buena prueba de ello son las distintas órdenes que se han dado desde el mes de agosto en que entró en vigor.
En cuanto a esa afirmación que ha hecho de que a todos se dará una respuesta y que vendrá un genio, etcétera, simplemente es una afirmación.
Cuando llamaron, según dice S.S, a la puerta del pacto de Estado por la justicia fueron recibidos,
como todos los grupos, correctamente y muy bien. En ese pacto de Estado y en la comisión de seguimiento del mismo, a la que S.S. ha asistido siempre, creo que ha habido una gran colaboración y se han hecho las cosas muy bien. Lo que pasa es que
estamos en un momento preelectoral y no es ni el momento adecuado, ni el mejor para poder hablar con serenidad de todos y cada uno de los temas. Me parece que después del mes de marzo se podrá hablar de muchos temas que se han dejado pendientes en
este momento por finalizar la legislatura. Por supuesto, nuestra mano está tendida a todos y cada uno de los grupos, al grupo con el que se firmó, que es el Grupo Socialista, y por supuesto al de Izquierda Unida, lo mismo que al resto de grupos que
entiendan que ha habido una ruptura. Ha habido una ruptura unilateral y no por parte del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Turno de réplica. Les pido a los señores portavoces que intervengan brevemente, para poder cumplir más o menos con el calendario de debates que nos habíamos fijado esta tarde.
Señor Villarrubia.
El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Voy a ser muy breve de verdad.
He visto, don Leocadio, que es compatible la vehemencia con la tranquilidad de espíritu que debe dar la lectura. Así que le agradecería que me contestara a dos o tres preguntas concretas y si puede ser sin leer la réplica del ministerio.
¿Es verdad que van sólo 30 plazas de jueces y magistrados para el año 2004 y que son las mismas de 2003 en el proyecto de presupuestos? ¿Es verdad que sólo van 20 plazas de fiscales en el presupuesto de 2004 y también que sólo iban 20 en el
presupuesto de 2003? ¿Es verdad que el Consejo General del Poder Judicial en el libro blanco les reclama 250 plazas anuales durante 10 años para acercar nuestra ratio?
Si me escucha, le diré brevísimamente, que la afirmación de los 74 millones de euros totales de incremento se la reconozco en la enmienda de totalidad, aunque no la comparto y le explico por qué. Pero, aun partiendo y dando por bueno, que
no lo damos, que son 74 millones de euros total, incluyendo el incremento vegetativo, incluidos los 57 millones y pico de euros del aumento de retribuciones, ¿me puede explicar en este acto cómo aplican 165 millones adicionales al presupuesto
ordinario si el aumento absolutamente total, en bruto, es de 74 millones de euros? No me lea otra vez, por favor, el desglose que hacen del libro amarillo, que es todo del presupuesto ordinario; no me hable de cantidades adicionales a los juicios
rápidos porque no hay ninguna cantidad adicional, es todo del presupuesto ordinario. No es verdad, don Leocadio, que las transferencias
se hayan realizado y que ya las comunidades autónomas tienen que pagar todo. Un ejemplo solo, la Ley de responsabilidad penal del menor la aprobamos en el Parlamento y atribuimos delegación de competencias con carácter implícito, como el
tema de centros de menores, y se lo adjudicamos a las comunidades autónomas. Eso supone un incremento de coste de muchos miles de millones en total. La aplicación de nuevas leyes son nuevos costos pero, además, si el coste efectivo real es
superior al que incluía la transferencia, se produce un desfase.
Utilización del Poder Judicial. No vamos a insistir en ello porque no es momento procesal ya. Utilización del fiscal general del Estado, si es el fiscal general del Gobierno. Contésteme a estas pequeñas cositas en aras de la brevedad. La
pendencia. No se engañe usted otra vez solo, reflexione un poquito. Hay dos millones de asuntos pendientes. Eso es incompatible con el principio constitucional de la tutela judicial efectiva. Y no nos diga, porque no nos va a engañar, somos
tontos pero no tanto, que ahora se resuelven más asuntos de los que entran. ¿Sabe por qué? Porque ha disminuido el número de asuntos, en los años 2002 y 2003.
Y aunque consiguiéramos sacar el equivalente al número de asuntos que entran, si no
tiramos de esos restos de dos millones de pendencias, nos encontramos con que al justiciable le da miedo acudir a la Administración de justicia para hacer valer sus derechos. Esa es la realidad y los barómetros de opinión indican el suspenso con
mayúsculas, pese a que usted, con esa vehemencia en la lectura, ha manifestado que todo va perfectamente en la justicia y que el pacto de Estado se cumple perfectamente.
Termino. Señoría, abandonamos el pacto de Estado por dos razones fundamentales que se resumen en una deslealtad de este Gobierno por el incumplimiento. En primer lugar, en el aspecto financiero que no ha aportado ni un solo euro de los
1.502 millones de euros adicionales, insisto. Y, en segundo lugar, por la deslealtad en los contenidos, porque no ha habido consenso en leyes importantísimas con un carácter represivo y regresivo que han sacado exclusivamente ustedes, no ya no
pactando con el Grupo Parlamentario Socialista, sino ni siquiera intentando consensuar y sin existir el diálogo previo para intentar el consenso. Esa es la realidad. La manipulación por parte de ustedes del pacto de Estado, pacto en el que los
socialistas tanto creíamos en él que fuimos los impulsores del mismo.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)?
Tiene la palabra el señor Sedó para una breve réplica.
El señor SEDÓ I MARSAL: Haré una consideración muy breve. He estado atento a la réplica, señor Bueso, principalmente porque en este momento no está mi compañero. Verdaderamente, sus primeras palabras, referidas a la enmienda 1919, no diré
que me han dejado perplejo, pero casi. Lea usted el 'Diario de Sesiones' cuando se publique y en el Pleno podremos hablar sobre si verdaderamente piensa lo que nos ha dicho aquí. A mí me parece que no, que lo que piensa no es lo que ha reflejado
en palabras aquí esta tarde.
El señor PRESIDENTE: Como el señor Rejón no desea hacer uso del turno de réplica, tiene la palabra el señor Bueso.
El señor BUESO ZAERA: Señor Villarrubia, don Julio, usted ha dicho que la vehemencia era compatible con la lectura. Yo tengo por norma -lo hago en todas las intervenciones y en todos los actos de mi vida, tanto profesional como política-
hablar con datos concretos y con rigurosidad, y no hacer eslogan, hacer demagogia y limitarme a descalificar al contrario sin más, como acostumbran otros, luego no vea en esa vehemencia, en esa lectura -parece que lo dice con ironía- cualquier otra
cuestión que no sea rigurosidad. Y no estoy leyendo ahora ni he leído la réplica anterior, lo que pasa es que tengo la mala costumbre, entre comillas, de tener información, de estar informado y echar mano de los datos que se tienen.
Usted ha hecho una serie de preguntas que le fueron perfectamente contestadas por el señor secretario de Estado, pero usted dice: En cuanto a las plazas de jueces y magistrados, no es verdad -parece que el mes de noviembre es propicio para
hacer esa frase, y ya sabe a qué me refiero- que haya 30 plazas para jueces y magistrados. Hay más; hay más, señor Villarrubia, y eso demuestra que usted no estuvo atento a las explicaciones que dio en su comparecencia el señor secretario de
Estado de Justicia. El señor secretario de Estado dijo que habría las plazas de jueces y magistrados que fuesen necesarias, como consta en el 'Diario de Sesiones'; y no porque lo quiera usted o el de enfrente, sino porque existe dotación para
cubrir las plazas que sean necesarias, máxime teniendo en cuenta que en este momento hay una serie de personas que están en la Escuela Judicial. Lo mismo ocurre con los fiscales, que hay 270 plazas de fiscales que están haciendo las prácticas y los
cursos de formación en el centro correspondiente. Serán 270 plazas de fiscales y las que sean necesarias de jueces y magistrados, teniendo en cuenta que en próximas fechas, antes de que termine esta legislatura -entre noviembre y diciembre-, saldrá
un estudio que está finalizando el Consejo General del Poder Judicial en el que se verán las necesidades, las plazas que hay que crear de jueces y magistrados, lo mismo que se hizo hace varios años. Precisamente en estos años hemos llegado a cubrir
más de 800 plazas de jueces, y eso lo sabe usted perfectamente.
En cuanto a las transferencias a las que S.S. ha hecho referencia, las transferencias a las comunidades autónomas como consecuencia de las nuevas leyes que se
van aprobando -ha mencionado usted la nueva Ley de responsabilidad penal del menor y la Ley concursal-, no ha habido transferencias adicionales; es decir, no ha habido una aportación de recursos adicionales vinculados a la aprobación de las
nuevas leyes. Eso me lleva a lo que he dicho anteriormente al hablar de una enmienda de Convergència i Unió sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera: el principio de lealtad institucional permite a las comunidades autónomas poner de
manifiesto qué nuevas obligaciones se les han generado como consecuencia de la actividad del Estado legislador, es decir, de la Administración central. En este contexto es donde se evaluarán esas obligaciones, los gastos en que incurren; y si el
sistema general de financiación no tiene suficiencia, el mismo sistema general de financiación atenderá los nuevos gastos.
Ahora bien, eso no tiene nada que ver con las transferencias adicionales a las que S.S. se ha referido; ninguna comunidad
autónoma se quedará en mala situación. No confunda esto con lo que ha dicho anteriormente de si las comunidades autónomas asumen o no las competencias de justicia; es una cuestión que no tiene nada que ver.
En cuanto a la pendencia y al hecho de que haya dos millones de asuntos, ¿son de ahora o son de hace muchos años? No obstante, es la primera vez que se invierten los términos, es decir, que se resuelven más asuntos que los que entran. Lo
que ocurre es que hay una gran cantidad de asuntos y precisamente viene ocurriendo esto a partir de las reformas legislativas que se han llevado a cabo dentro del pacto de Estado por la justicia. Por cierto, aprovecho para decirle que de los 22 ó
23 puntos que tiene el pacto de Estado, se ha cumplido la inmensa mayoría; otros están pendientes, como es natural, porque es un pacto para ocho años, es decir, para dos legislaturas. Desde luego, no me venga diciendo que no existe financiación,
porque ese es un recurso fácil y demagógico que no se ajusta a la realidad.
Dice S.S., además, que no ha habido diálogo. Ha habido diálogo hasta mayo o junio, cuando el Grupo Parlamentario Socialista empezó a decir que iba a romper unilateralmente el pacto de Estado. ¿Funcionaba perfectamente hasta mayo o junio y
a partir de entonces no ha habido consenso? ¿Por qué? ¿Por el Código Penal? El Código Penal no está incluido en el pacto de Estado porque el Grupo Parlamentario Socialista se opuso totalmente, diciendo que era intocable; de una forma simbólica,
quería llevar la mayoría que no tiene -entiéndaseme la expresión- como si siguiese teniéndola a lo largo de los años. La reforma del Código Penal se ha hecho sencillamente -como se ha dicho en todos los debates- por adecuarlo a la realidad social,
y en el marco del consenso. Si su grupo no ha querido colaborar, es una cuestión muy distinta. En cuanto a las llamadas, uno se deja llamar cuando quiere y coopera cuando quiere; es un asunto que no tiene nada que ver. Lo mismo ocurre con otra
serie de proyectos a los que no voy a referirme porque el señor presidente me llamaría la atención.
Termino dirigiéndome a Convergència i Unió. La argumentación que he dado al hablar de la enmienda 1919, de Convergència i Unió, por supuesto que la mantengo; otra cosa muy distinta es que a S.S. le gustaría que se aprobase la enmienda.
Si de aquí al Pleno hubiera algún argumento que convenciera a mi grupo, cambiaríamos de opinión.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bueso, por no obligarme a llamarle la atención.
Damos por concluido el debate de la sección 13.
Pasamos a la sección 14, Ministerio de Defensa. Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moragues.
El señor MORAGUES GOMILA: Voy a sustituir en este trámite al portavoz habitual en esta materia, el señor Marsal, que asiste a la Asamblea de otoño de la OTAN, por lo que no puede estar aquí. Esto tiene un inconveniente para mí, que no es
otro que la imposibilidad de estar a su altura, pero tiene una ventaja para la Comisión: que no voy a ser tan exhaustivo como suele ser mi compañero.
Con este aviso de brevedad, señor presidente, paso a defender las enmiendas de mi grupo parlamentario, y lo hago constatando el fracaso del proceso de profesionalización o, lo que es lo mismo, el fracaso en la ejecución del dictamen de la
Comisión Mixta Congreso-Senado, porque, aun reconociendo que tenía muchas dificultades, no se han dado las respuestas adecuadas; en definitiva, no se ha estado a la altura del desafío que significaba el nuevo ejército profesional. Este fracaso, a
nuestro entender, tiene dos vertientes. Una vertiente cuantitativa, porque en estos momentos estamos rondando los 70.000 efectivos de tropa y marinería, cuando las previsiones del dictamen para este año eran 102.000 efectivos, rebajados ya en las
previsiones anteriores, tanto en el año 2002 como en 2003, por el propio Gobierno y contemplados así en el presupuesto, a 86.000 efectivos y que este año vuelven a ser rebajados hasta 80.000 efectivos, lo que para nosotros no es nada más que una
aceptación clara del fracaso del modelo, que no está tirando hacia delante, no hay suficientes solicitudes para incorporarse a las Fuerzas Armadas. Desde el punto de vista cualitativo, también hemos de decir que tenemos mucha menos tropa y que es
evidente que la calidad media ha bajado sustancialmente. Los esfuerzos del ministerio para recuperar cifras de aspirantes a soldados han tenido como eje central rebajar las condiciones de acceso, y ahora tenemos unos ejércitos con un elemento
humano con menos calidad y nos encontramos además embarcados en un proceso descendente que avanza año tras año y que, hoy por hoy, creo que no satisface a nadie y al cual la mayoría de los jóvenes españoles ha dado la espalda.
Sección 14
La evaluación de los cuatro años desde la puesta en marcha del proceso, señorías, es cuanto menos desalentadora. Tenemos unas Fuerzas Armadas más desconcertadas y menos motivadas que al principio del proceso de profesionalización, y esto es
algo que debemos rectificar de inmediato.
Señorías, esta situación debe enfrentarse urgente y seriamente, y además debe hacerse por todos, porque este fracaso es un fracaso de todos, aunque naturalmente con grados de responsabilidad distintos y
evidentes.
No podemos fracasar porque nos jugamos mucho en algo tan importante como es la promoción, en el conjunto de la sociedad, de la idea de que la seguridad y la defensa que la hace posible son un deber y una responsabilidad colectiva, y que
es imprescindible incorporar dicho principio a nuestro acervo colectivo para que, al igual que en otros objetivos de paz, de justicia, de libertad y de prosperidad, permita seguir avanzando en el desarrollo de España y de su papel en el mundo, en el
marco general de la Unión Europea.
Nosotros creemos que los presupuestos para el próximo año no van a permitir el cambio necesario para que las Fuerzas Armadas respondan con criterios de suficiencia y de tecnología a las funciones que se le han asignado, y por ello hemos
presentado una enmienda a la totalidad que nos permitirá poder debatir con el ministro algunas de nuestras propuestas, ya conocidas en este Parlamento, pero que no han tenido el debate político que a nuestro entender se merecían y que esperamos
poder retomar la próxima semana, como decía, directamente con el ministro.
El resto de las enmiendas corresponde al ya tradicional intento de que algunas partidas presupuestarias de ciencia y tecnología que no van, a pesar de lo que se dice, a dedicarse a I+D sino a financiar la ejecución de los grandes proyectos
de adquisición de armamento, tengan su encaje en sus presupuestos naturales, que no son otros que los de la sección 14. Y el resto de las enmiendas las doy por defendidas en los términos en los que están planteadas.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: No tenemos enmiendas, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, la señora Oltra tiene la palabra.
La señora OLTRA TORRES: Señor presidente, con la brevedad que me sea posible, voy a tratar de fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto del presupuesto de la sección 14, Ministerio de Defensa, para finalizar señalando la
posición de mi grupo sobre las enmiendas que ha defendido el portavoz, que me ha precedido en el uso de la palabra.
El presupuesto del Ministerio de Defensa para 2004 viene condicionado por la necesidad de continuar impulsando y potenciando fundamentalmente las políticas de profesionalización, racionalización, modernización, desarrollo y consolidación de
la dimensión internacional de la Defensa, así como la promoción y desarrollo de la conciencia de defensa nacional, que es compatible con el esfuerzo del Estado para lograr los objetivos de estabilidad establecidos de acuerdo con la Ley 18/2001
general de estabilidad presupuestaria.
El presupuesto de la Sección 14, Ministerio de Defensa, tiene un crecimiento de 4,12 puntos porcentuales respecto del año anterior. La distribución de los créditos del presupuesto del departamento se ha realizado teniendo en cuenta el
objetivo prioritario encaminado a atender las necesidades derivadas de los transcendentales cambios que en la actualidad afronta el Ministerio de Defensa para consolidar el modelo de Fuerzas Armadas profesionales y su adecuación al nuevo escenario
estratégico internacional, que demanda unas fuerzas más reducidas pero con alta disponibilidad, capaces de imponer la superioridad tecnológica de sus sistemas de armas, de integrarse rápidamente con unidades de países aliados en acciones comunes y
susceptibles de ser empleadas tanto en misiones tradicionales de defensa nacional como participando en situaciones de crisis europeas o internacionales que pueden condicionar la estabilidad internacional y nuestra propia seguridad.
En la revisión estratégica de la defensa, elaborada a tenor de lo dispuesto en la Directiva de Defensa Nacional 1/2000, se recoge la evolución deseable de nuestras Fuerzas Armadas para los próximos años y se dota a la política de Defensa de
un marco estable de referencia permanente. Para el año 2004 se ha previsto alcanzar al final del ejercicio la cifra de 80.000 efectivos militares de tropa y marinería, de forma que se puedan lograr en un horizonte a medio plazo los 102.000
profesionales, límite mínimo establecido para el actual modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas. Respecto de la profesionalización -me alegro de que sea precisamente el señor Moragues quien acuda a este debate porque parece que no ha
visto lo que de bueno tiene este presupuesto para la profesionalización y que yo voy a poner de manifiesto-, en materia de personal me gustaría destacar la posibilidad que ofrecen estos presupuestos para articular tres iniciativas que nos parecen
extremadamente importantes. En primer lugar, la previsión de los créditos necesarios para dotar un incremento a las retribuciones de personal profesional de tropa y marinería de menos de dos años de servicio, medida que se abordaría tras la
modificación del reglamento de retribuciones; en segundo lugar, la dotación de créditos que permitan el establecimiento de una prima de incorporación a partir del 1 de enero de 2004, y por último, la dotación de créditos que posibiliten el
establecimiento de especiales incentivos que remuneren
de alguna forma las especiales condiciones (responsabilidad, preparación técnica, peligrosidad, penosidad o el especial rendimiento de ciertos destinos), que hará que sean más atractivas las vacantes que actualmente son menos solicitadas.
Por otro lado, carecería de sentido el gran esfuerzo presupuestario en recursos humanos si no se dotase a esos profesionales de los instrumentos que necesitan para cumplir sus cometidos. Por tanto, es necesario que los incrementos en los
gastos de personal vayan asociados al proceso de modernización de las infraestucturas y realizar inversiones en material que obliga a asumir gastos en inversiones orientados hacia la investigación y desarrollo como un esfuerzo continuado en el
proceso de modernización de las Fuerzas Armadas. Si me he referido anteriormente a los gastos de personal, no menos importante es el gasto corriente en bienes y servicios, en los que este presupuesto contempla aumentos ligados al proceso de
profesionalización, como son la externalización de servicios y la potenciación de la formación, enseñanza e instrucción de la tropa y marinería.
Señor presidente, el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas en las áreas de personal, material e infraestructuras se enmarca en la política general de la Defensa y se considera como una expresión del desarrollo económico y social,
así como una ventaja para la creación de valores añadidos en la industria nacional y puestos de trabajo. (El señor vicepresidente, Sanz Palacios, ocupa la presidencia.)
Por último, la racionalización se pone de manifiesto dando prioridad a los tres proyectos de obra que pretenden la mejora de la calidad de vida de tropa y marinería, básicamente en alojamientos y zonas de vida en bases y acuartelamientos;
la concentración de unidades instalaciones y recursos, consecuencia de unas Fuerzas Armadas más reducidas, y la modernización de la infraestructura disponible. Como consecuencia de los motivos que acabo de exponer mi grupo rechaza las tres
enmiendas de totalidad que se han presentado por parte de los grupos Socialista, Federal de Izquierda Unida y Mixto, por parte de la señora Lasagabaster.
Comienzo contestando a la primera de ellas. En primer lugar, no nos sorprende la presentación de una enmienda de devolución por parte del Grupo Socialista, porque pocas cosas nos pueden sorprender ya de ese grupo y de su errática política.
Este año esperábamos haber podido debatir la propuesta alternativa que parece -por lo que hemos podido leer en prensa- que tenía su grupo, pero que no ha sido aportada a este debate. También esperábamos alguna crítica por parte de su grupo en las
intervenciones en la Comisión de Defensa, en la comparecencia de los altos cargos del ministerio y de los jefes de Estado Mayor, pero, señorías, ni una crítica. Sólo hemos podido escuchar preguntas por parte del señor Marsal, compareciente en
aquella Comisión, que en su mayor parte fueron contestadas a satisfacción de dicho portavoz, a tenor de lo que hemos podido leer en el 'Diario de Sesiones' de dicha Comisión.
Por último, respecto a la enmienda que ustedes presentan, si se fundamenta en el número de efectivos que se reconoce en este presupuesto como necesario para este ejercicio próximo, no entiendo por qué presentan una enmienda al articulado
diciendo que no superen la cantidad de 75.000 efectivos. Esto me parece un poco contradictorio con su planteamiento.
Decía esta mañana el portavoz de mi grupo en esta Comisión, señor De Juan, aquí presente, que el Grupo Socialista detectaba la
enfermedad pero no decía cuál era la medicina adecuada. Bien, en este caso ni siquiera ha revelado su diagnóstico, simplemente hemos tenido noticias por la prensa de que su propuesta considera que esta sección debería decrecer en un 4,2 por ciento,
sin hacer más referencia a los conceptos o programas que soportarían este decremento.
Del resto de enmiendas parciales presentadas por el Grupo Socialista he decir que la mayoría de ellas fueron presentadas en anteriores ejercicios, por lo que voy a evitarles a SS.SS. la repetición de argumentaciones dadas ya por mi grupo
parlamentario. Sólo voy a destacar la larga y concreta -en palabras del señor Marsal- explicación que el secretario de Estado de Defensa, señor Díaz Moreno, así como el AJEMA -el almirante jefe del Estado Mayor de la Armada- dieron al señor Marsal
respecto de la cuestión suscitada en su enmienda 1384 que, a tenor de la respuesta en Comisión del señor Marsal, esperábamos que se hubiese retirado.
Iba a hablar de las enmiendas de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, pero no estando presentes los portavoces de dichos grupos, me limito a decirles que lo anteriormente expuesto les da respuesta, de la misma manera que lo ha hecho al Grupo
Socialista, del rechazo de mi grupo a la enmienda de totalidad.
Hemos comprobado que el resto de enmiendas parciales responden a la voluntad de distintos partidos del Grupo Mixto de que haya una baja en ciertos créditos, sin indicar siquiera en algunos casos a qué destinarían SS.SS. esas cantidades.
Simplemente solicitan una baja que mi grupo no va a respaldar, puesto que consideramos necesarios esos créditos para dar cumplimiento al modelo de defensa que vengo exponiendo en mi intervención. El Grupo Popular entiende que el presupuesto del
Ministerio de Defensa responde a la necesidad de lograr la plena profesionalización de las Fuerzas Armadas en los términos establecidos por las Cortes Generales y la Ley 17/1999, de régimen de personal de las Fuerzas Armadas; de aumentar las
inversiones para conseguir la modernización del armamento, material e infraestructura para el mantenimiento del mismo, y de financiar la actividad de las Fuerzas Armadas para mantener un adecuado nivel de instrucción y adiestramiento y para cumplir
con los compromisos internacionales adquiridos en materia de seguridad y defensa.
Quiero finalizar poniendo de manifiesto en este debate - que será el último debate de presupuestos de la presente legislatura-, como lo hacía el portavoz de mi grupo en la Comisión de Defensa, señor Atencia Robledo, que el Partido Popular ha
cumplido en su integridad el compromiso electoral contraído en las elecciones del año 2000, en lo que se refiere al papel de España en el concierto internacional y especialmente en política exterior y de seguridad, al fin del servicio militar
obligatorio y al desarrollo del proceso de profesionalización, al impulso de los programas de modernización de nuestras Fuerzas Armadas, la racionalización de las estructuras, la cultura de defensa y la reforma de los servicios de inteligencia del
Estado.
Eso, señor presidente, ha sido posible por la responsabilidad y seriedad con las que año tras año se han formulado los Presupuestos Generales del Estado, criterios que sin duda acompañan a los que estamos debatiendo en esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): ¿Algún grupo quiere intervenir brevemente? (Pausa.)
Entonces damos por finalizado el debate de la sección 14.
Pasamos a la sección 15. Por parte del Grupo Socialista tiene la palabra el señor García Breva.
El señor GARCÍA BREVA: Voy a defender la enmienda a la totalidad que ha presentado el Grupo Socialista a la sección que corresponde al Ministerio de Hacienda. La primera razón fundamentalmente se refiere a la falta de coherencia de las
distintas políticas que aparecen en los diferentes programas del ministerio, en comparación con los objetivos generales de la sección; me refiero fundamentalmente a que se expresa al inicio de la memoria el impulso de las políticas públicas que
favorezcan el crecimiento económico a largo plazo y una mayor productividad. Realmente en el conjunto del presupuesto, no solamente en la sección 15, no se aprecian esas políticas públicas en el sentido que la memoria del presupuesto del Ministerio
de Hacienda refleja. En segundo lugar, en la presentación de los presupuestos el ministro Montoro hizo una calificación de los mismos como un ejemplo de contención del gasto público y, sin embargo, en esta sección vemos que se producen unos
incrementos de gasto corriente muy significativos. Los gastos de personal se incrementan, por ejemplo, un 20 por ciento en el Instituto de Estudios Fiscales, un 23 por ciento en la Secretaría de Presupuestos, un 12 por ciento en la Dirección de
Fondos Comunitarios, un 15 por ciento en la Dirección de Patrimonio, un 10 por ciento en la Secretaría de Política Fiscal y sube el capítulo 2 de la Secretaría General Técnica en un 15 por ciento. Creemos que de esta manera se consolida un
incremento de gasto corriente -capítulo 1 y capítulo 2- que ya se produjo en ejercicios anteriores. Hay que recordar que en ejercicios anteriores se pusieron como justificación los gastos ocasionados por la presidencia española de la Unión Europea,
pero los incrementos que se hicieron en aquella ocasión se han ido consolidando en el proyecto de presupuestos para el año 2003 y ahora para el año 2004. La justificación que se nos ha dado en las comparecencias de los altos cargos del ministerio
se refiere fundamentalmente a nuevas relaciones de puestos de trabajo, nuevas RPT, pero es el segundo ejercicio en el que se nos vuelven a dar las mismas razones para justificar -yo diría que para consolidar de manera poco transparente- un
incremento importante en los gastos corrientes que no tienen nada que ver con ese ejemplo de contención del que hablaba el ministro.
En el programa de la Subsecretaría y siguiendo con esta línea de falta de contención, se observa un nuevo incremento en la transferencia corriente a Radiotelevisión Española. Hay que significar que en los últimos ejercicios esta partida
tiene un incremento acumulado de un 18 por ciento. Es otro ejemplo de esa ausencia o falta de contención en el gasto público y de falta de coherencia de estos presupuestos con los objetivos que se establecieron al principio y los objetivos que
planteó el ministro. Hay que decir también que los indicadores que se presentan en la memoria son francamente incomprensibles, por no decir incoherentes, en el sentido de que las únicas cifras válidas son las que se dan para el ejercicio 2002 que
es lo realmente ejecutado, lo realizado y hay que decir que las previsiones que se presupuestan para 2003 y 2004 apenas tienen relación o cierta coherencia con lo realizado en 2002. No diría que son presupuestos continuistas, sino rutinarios. Los
indicadores prácticamente nos dicen lo que hay que hacer, pero el Gobierno no explica nunca ni lo que se ha hecho ni lo que se pretende hacer.
En cuanto a la Dirección General de Patrimonio tengo que poner de manifiesto la falta de transparencia de su presupuesto. Por ejemplo, no se explica claramente qué es lo que se quiere expresar o cuál es el objetivo del Ministerio de
Hacienda cuando dicen que van a plantearse acciones para la defensa patrimonial ante el planeamiento urbanístico que realizan los ayuntamientos. En los indicadores no se aprecia tampoco una gran coherencia. Por ejemplo, en las cifras que se dan
para la enajenación de bienes del Estado, el número de expedientes que se cifra en los indicadores de este concepto entre el año 2002, 2003 y 2004 es absolutamente incoherente. Hay variaciones tan significativas que merecerían por lo menos una
explicación en la memoria, que no aparece, así como en las inversiones en obras y edificios que, entre lo realizado en el 2002 y lo que se prevé para el 2003 y 2004, hay una diferencia de más de un 50 por ciento. También en esta dirección general,
después de la comparecencia del señor subsecretario, debieran constar en la memoria las actividades que se prevén realizar a través de las empresas Segipsa y Siepsa. Aquí se nos manifestó que se pretendían hacer
Sección 15
actuaciones en los edificios que había dejado el Banco de España y en centros penitenciarios, pero no hemos recibido más información, a pesar de que se nos prometió. Estas dos empresas no deben tratarse como meros apuntes contables, sino
realmente como políticas públicas que merecerían un mayor tratamiento en la memoria del presupuesto y una mayor transparencia a la hora de especificar las actividades que se pretenden hacer o se programan para el presupuesto del 2004.
Uno de los objetivos generales de la sección es la planificación, programación y presupuestación. No me voy a extender mucho, porque ya esta mañana mi compañero y portavoz Francisco Fernández Marugán, ha hablado de ello, pero el que en este
ministerio se haga una programación y una planificación de incrementos de crecimiento económico al 3 por ciento y de incrementos de inflación al 2 por ciento, que al final de cada ejercicio no solamente no se cumplen, sino que se invierten, porque
realmente lo que más crece es la inflación real y lo que menos es el crecimiento económico, hace que la función más importante de este ministerio prácticamente se haga con muy escaso rigor. En el Parque Móvil del Estado hemos observado un
incremento de un 61 por ciento en el capítulo de inversiones de reposición, sin que dicho incremento esté debidamente justificado en la memoria, y ya que se trata de un incremento importante, de más de un 61 por ciento en una partida que es un gasto
necesario y que en los años anteriores ha tenido oscilaciones muchísimo menores, debería tener también una justificación por lo menos en el sentido de que los indicadores expresaran esa variación. Hemos visto que ni los indicadores de eficacia ni
los de actividad tienen ninguna diferencia para el 2004 con respecto al 2003 y al 2002. Lo mismo cabría decir de los objetivos que se plantean en esta sección con respecto a la formación. Lo realizado en el año 2002 es mucho menor que lo que se
presupuesta para el año 2003 y 2004 en actividades de formación del Ministerio de Hacienda. La explicación que se nos ha dado es que la formación era un capítulo errático del ministerio. Esta calificación me parece absolutamente incorrecta, ya que
llamar a la formación, o a lo que deberían ser programas y planes de formación, errática, me parece que viene a decir que la formación no es un objetivo prioritario de la previsión del Ministerio de Hacienda para el año que viene.
Con respecto a la actividad de control interno del sector público nos volvemos a encontrar con unos indicadores que estos sí que cabría calificarlos por parte de mi grupo de erráticos, ya que seguimos pensando que la actividad de control es
escasa y que los indicadores revelan algunas deficiencias que yo quisiera destacar. Por ejemplo, el número de controles de beneficiarios de fondos estructurales para el año 2002 ha sido de 422 realizados, para el año 2003 está previsto que se
realicen 550, pero para el año 2004 desciende el número de controles en 330. Es decir, me parece una actividad muy escasa para unas partidas presupuestarias o para unos recursos tan importantes y un número de beneficiarios que desde luego es mucho
mayor que el de controles. En cuanto al número de auditorías a empresas receptoras, nos encontramos con la misma falta de coherencia o por lo menos con una falta de explicaciones que reflejen por qué el número de auditorías que se ha realizado en
el año 2002 son 70 para empresas perceptoras de subvenciones, mientras lo presupuestado para el año 2003 son 300 auditorías y para el 2004 otras 300. Por qué el número de auditorías a empresas perceptoras es tan bajo en el 2002, que es el único
dato cierto, y prácticamente las cantidades que se presupuestan para el año 2004 son las mismas que para el 2003 sin ninguna explicación en la memoria. Repito que nos parece que es una actividad muy escasa, así como insuficiente como actividad de
control interno del sector público por parte del Ministerio de Hacienda.
Finalmente, quiero referirme a la Agencia Tributaria. Como el año pasado también lo reflejé, este año nos encontramos con unos indicadores de la Agencia Tributaria que nos vienen a decir claramente, tanto con respecto a los indicadores de
actuaciones de control como en relación con los de recuperación de deuda, que lo que se presupuesta para el año 2004 es un 5 por ciento menos que lo realizado en el año 2002. Este dato es ilustrativo de que todo lo que se dice con respecto a la
lucha contra el fraude fiscal no está entre las prioridades del Ministerio de Hacienda ni, más allá, entre las prioridades del Gobierno del Partido Popular, ya que estos indicadores reflejan claramente que lo realizado en el año 2002, comparado con
lo que se pretende hacer en el año 2004, realmente es una regresión con respecto a la actividad en la lucha contra el fraude.
Sinceramente, a mí este indicador siempre me ha preocupado. Me preocupó el año pasado y este año he hecho un ejercicio al
que les invito, que es ver lo que ustedes decían en enero, febrero y marzo del año 2003 y lo que dijeron a partir del mes de mayo. Recuerdo que a principios de año se daban cifras muy elocuentes de la acumulación de dinero negro con respecto a la
cantidad de billetes de 500 y 100 euros que circulaban por España. Concretamente, se decía que esos billetes de dinero negro podían alcanzar una cifra de más de 33.000 millones de euros, una cantidad cercana a los 5 billones de las antiguas
pesetas. Posteriormente, en el mes de febrero, el Partido Popular y el Ministerio de Hacienda dijeron que la lucha contra el fraude se centraría en el sector inmobiliario y en la piratería. Así lo manifestó también el director general de la
Agencia Tributaria en aquellos meses. El ministro Montoro y el señor Ponga llegaron a decir que la reforma de la Ley General Tributaria abría la veda contra los directivos infractores y las tramas de ingeniería fiscal estamos todavía en el mes de
marzo de este año. En el mes de mayo cambia el panorama y ustedes empiezan a modificar radicalmente sus declaraciones. En el mes de mayo ya se dice que Hacienda
da marcha atrás y deja sin sancionar el fraude de ley. El propio Gobierno, el señor Montoro dice que Hacienda rectifica y renuncia a penalizar la ingeniería fiscal, justamente cuando presentan su proyecto de ley tributaria. Realmente ya no
nos puede sorprender que recientemente hayan aparecido datos que hablan del incremento de la economía sumergida y de la denuncia que hacían más recientemente los inspectores de Hacienda acerca de numerosos coladeros del fraude fiscal. Sinceramente,
esas declaraciones han sido muy graves, pero más grave me parece el caso omiso que ha hecho el Ministerio de Hacienda y el Gobierno ante unas declaraciones que se han realizado, después de esa absoluta falta de coherencia entre lo que decía el
Gobierno y el Partido Popular a principios de 2003 y lo que han dicho a partir del mes de junio. Pensaba que eso podría ser algún error en su política, pero al ver los indicadores que el Ministerio de Hacienda presenta en la memoria de su
presupuesto para el año 2004 se ve absolutamente ratificado que, desde luego, ustedes al final han acabado identificando la lucha o la persecución contra el fraude fiscal con las actuaciones para facilitar el cobro de la deuda. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista seguimos pensando que el plan contra el fraude fiscal sigue brillando por su ausencia.
Finalizo, volviendo al principio de la falta de coherencia de una memoria del Ministerio de Hacienda que, nada más y nada menos, empieza hablando del objetivo general del ministerio de impulsar las políticas públicas para favorecer el
crecimiento a largo plazo y la productividad, cuando vemos que todos los indicadores muestran precisamente que esa es una de las grandes debilidades de nuestra economía y dentro de las políticas que se arbitran en el presupuesto del Ministerio de
Hacienda para el año que viene no hemos encontrado ninguna medida que vaya en esa dirección.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Voy a comenzar por el final para decirle al señor García Breva que efectivamente el impulso y el crecimiento de la economía es la prioridad del Gobierno del Partido Popular para la generación de empleo. Se ve que
usted se ha leído bien los objetivos que se propugnan en los Presupuestos Generales del Estado para 2004, y efectivamente la previsión es de 300.000 nuevos puestos de trabajo para el año 2004.
Estamos tratando la sección 15, del Ministerio de Hacienda, como SS.SS.
saben este no es un ministerio inversor, pero es el ministerio responsable de ordenar, como órgano de la Administración central, la política presupuestaria y
tributaria, así como la política del gasto público y de las empresas públicas. No puedo estar de acuerdo con el señor García Breva cuando manifiesta repetidamente la incoherencia.
Pienso que no hay nada de incoherencia en estos presupuestos con
respecto a los del año 2003, sino al contrario, porque hay continuidad en la austeridad y en la contención del control del gasto público. Son unos presupuestos realistas, equilibrados y sociales; no lo digo yo, sino que lo ha dicho el Instituto de
Estudios Económicos, que es independiente.
El Ministerio de Hacienda con un montante en sus presupuestos de 1.567 millones de euros incrementa la partida en el 4,10 por ciento con respecto al ejercicio anterior. Dentro de los gastos del
ministerio hay que diferenciar lógicamente, como es de sobra conocido por SS.SS. los 14 servicios centrales del ministerio, los 3 organismos autónomos incardinados dentro del propio ministerio, (el Instituto de Estudios Fiscales, la Organización
Nacional de Loterías y Apuestas del Estado y el Parque Móvil del Estado), y como ente de derecho público tenemos al organismo estrella, como he remarcado en alguna ocasión en mis intervenciones, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,
con un presupuesto de 1.082 millones de euros, incrementando su participación con respecto al ejercicio del año 2003 en el 5,2 por ciento.
Lógicamente, no puedo aceptar las palabras que se han vertido por el señor García Breva en cuanto a la no persecución del fraude, porque no he oído nunca que deje de perseguirse el fraude de ley. Nunca se lo he oído decir al ministro, señor
Montoro, ni al secretario de Estado ni me parece que se lo haya oído decir a ninguno de los inspectores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Otra cosa es que la figura del fraude de ley, tipificada en la anterior Ley General
Tributaria vigente hasta el 31 de diciembre, desaparezca como tal y se dé una interpretación que es -valga la redundancia- una penalización por interpretación de las normas tributarias.
Creo que el nuevo texto de la Ley General Tributaria en trámite parlamentario en el Senado, artículo 15 y siguientes, regula esta figura; eso de que se deje de perseguir el fraude me parece un contrasentido, y usted no lo ha entendido bien
en la primera lectura que ha hecho de la nueva Ley General Tributaria. Por otro lado, tengo que decirle que no se ha bajado la guardia ni mucho menos. Los indicadores relativos a la recaudación fiscal, no a la presión fiscal, porque existen más
contribuyentes que participan en la carga tributaria, nos dicen que se ha incrementado. Ahí están los informes, hasta el tercer trimestre del año en curso, que nos dicen que los impuestos directos e indirectos han experimentado un incremento con
respecto al ejercicio del año anterior.
Quizás les moleste la aplicación del equilibrio presupuestario porque todavía no han llegado a asimilar la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria. El hecho de que en 2001, 2002, 2003 y para el próximo 2004 se establezca el
déficit cero y se aplique el equilibrio presupuestario parece ser que les descuadra. Yo lo entiendo, porque los que hemos seguido el devenir de
los últimos años de los gobiernos socialistas estamos acostumbrados a aquellos déficit al final del ejercicio de un billón, un billón y medio, medio billón de las antiguas pesetas. Eso originaba un 7 por ciento de déficit presupuestario y
ahora mismo estamos en un déficit cero. Eso yo comprendo que les puede molestar, pero es la política de austeridad, de contención del gasto y control que está llevando el Ministerio de Hacienda. Para el periodo 2002-2004 se seguirá aplicando el
acuerdo que se aprobó en el Consejo de Ministros de 14 de marzo de 2003, en el que se fijó el objetivo de estabilidad presupuestaria del conjunto del sector público y de cada uno de los grupos que lo integran para este periodo 2004-2006, así como el
límite de gasto no financiero de los presupuestos del Estado aprobado en esta Cámara y refrendado en la Cámara Alta.
Permítame que termine con la norma que todos los parlamentarios del Grupo Popular tratamos de cumplir: el equilibrio presupuestario es el principal instrumento para alcanzar los objetivos económicos y sociales de nuestro Estado.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Abrimos un brevísimo turno de intervenciones, rogándole, señor García Breva, la máxima concisión.
El señor GARCÍA BREVA: La primera manifestación que ha hecho no compete a esta sección, la ha hecho con respecto al objetivo de generación de empleo. Yo le quiero hacer dos matizaciones. En primer lugar, los datos del Instituto Nacional
de Estadística no contemplan que al 30 de diciembre de 2004 hayamos bajado la tasa de paro. Yo esto no lo califico ni lo descalifico, pero no se va a observar una mejora en ese aspecto.
Por otra parte, deseo remitirme a un estudio reciente del
Banco de España, en el que se decía que el 60 por ciento del incremento de la productividad en Estados Unidos, que es el país con más alta productividad en el trabajo, no se debe al crecimiento del empleo, sino a la introducción de nuevas
tecnologías en los procesos productivos. Cuando he empezado diciendo los objetivos generales de la sección del Ministerio de Hacienda referidos a la productividad estoy pensando en eso y en políticas que realmente redunden en esa mejora de la
productividad.
Con respecto a las incoherencias, esta que acabo de decir es una, pero reitero lo que he dicho y que está en el presupuesto del ministerio: la contención del gasto público. En muchos programas del presupuesto de esta sección se detectan
incrementos de gasto de personal y de gasto corriente superior al 10 y al 20 por ciento, y eso es un ejemplo de que pueden estar todos los años repitiendo la misma justificación: que hay que aprobar nuevas RPT, etcétera, pero estar todos los años
así supone encubrir un incremento real de gasto corriente. A mí me gustaría que eso se reconociera así. Está reconocido en las cifras, pero en el discurso es donde yo veo esa incoherencia. Ocurre lo mismo en los gastos de Radiotelevisión
Española, donde las transferencias corrientes sufren un incremento importante que se va arrastrando año tras año y año tras año se va incrementando, no adoptándose ninguna política coherente con ese discurso que ustedes han hecho en la presentación
del presupuesto. Señor Blancas, yo no me invento los indicadores de la lucha contra el fraude.
El año pasado lo decía y este año son peores en ese aspecto. Repito, el único indicador real que refleja lo que se ha realizado es el del 2002, el del
2003 y el del 2004 son indicadores de cantidades que se presupuestan. Si comparamos lo que se presupuesta para el 2004 en objetivos de lucha contra el fraude fiscal con lo realizado en el año 2002, se observa un decremento del 5 por ciento tanto en
las actividades o resultados de actuaciones de control como en la recuperación de deuda.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Con la misma brevedad, señor Blancas.
El señor BLANCAS LLAMAS: Brevísimamente, señor presidente.
Efectivamente, no coincidimos. Con respecto al ejercicio 2003, -están en el 'Diario de Sesiones' las intervenciones de los distintos altos cargos que han comparecido para explicar la recaudación y los incrementos que en este caso concreto
han repercutido por la obtención de cuotas por inspección de los servicios de la Agencia Tributaria-, simplemente hay que atenerse a lo que dice el secretario de Estado. Los números no mienten, cantan perfectamente la realidad de lo que hay
recaudado en estos nueve primeros meses con respecto al ejercicio del 2003. Usted compara con el ejercicio 2002, yo no puedo comparar con el 2002 porque no tengo los datos que usted saca a colación.
En cuanto a los gastos de la Agencia Tributaria y del Ente Público RTVE, las aportaciones que hay, me parece que el señor Uría, subsecretario de Hacienda, le dio una satisfacción en su comparecencia del porqué de la aportación de esta
cantidad 78 millones de euros, un aumento de 3 millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Es una transferencia corriente que está en el capítulo IV, que tiende a paliar un poco el caos que realmente se heredó -y hay que decirlo- en su
día de Televisión Española. Lamentablemente el ministerio trata de paliarlo de alguna forma para que no siga esta sangría económica en este ente público.
Por otro lado, los objetivos prioritarios del Gobierno -y vuelvo a reiterarlo- de impulsar la economía y generar empleo se verán al final de este ejercicio. Se verá como la tasa de empleo global se ha reducido con respecto al ejercicio del
2002 cuando finalice el ejercicio del 2003.
Sección 16
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Finalizado el debate de la sección 15, comenzamos el debate de la sección 16.
Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Voy a ser muy breve en mi intervención.
Quiero decir, en primer lugar, que nos hemos visto obligados una vez más a presentar una serie de enmiendas en relación con el presupuesto que presenta el Gobierno en esta Cámara, sobre todo porque consideramos que el presupuesto no crece lo
que debería. Realmente tendría que subir más.
Aunque en este momento no vamos a entrar a hacer las cuentas concretas ni el razonamiento preciso de por qué motivos nosotros consideramos este crecimiento insuficiente, baste decir que efectivamente
así lo consideramos. No crece lo que se dice y no crece lo necesario para alcanzar éxito en las tres políticas fundamentales que tiene que desarrollar el Ministerio del Interior: la política de seguridad ciudadana, la política de instituciones
penitenciarias y la política de seguridad vial.
En lo que se refiere a seguridad ciudadana consideramos que el presupuesto no está a la altura del reto que significa el elevado índice de criminalidad existente en nuestro país y la necesidad de reforzar el servicio público de seguridad
ciudadana. Por lo que se refiere a instituciones penitenciarias consideramos que el incremento de población penitenciaria está reclamando un redimensionamiento de las infraestructuras y una mayor dotación de personal dedicados a la función
fundamental que debe atender la institución penitenciaria, que es la reeducación y la reinserción una vez cumplida la pena por parte de los penados. Por lo que se refiere a seguridad vial, estimamos que España se enfrenta a un problema
importantísimo de alta tasa de siniestralidad y que, por lo tanto, debiera abordarse este capítulo de una manera más decidida y con un mayor incremento de gasto, con una particularidad.
Nosotros estimamos que todo el dinero que recauda la Jefatura
Central de Tráfico en concepto de multas y tasas, que es el sustento real de la Jefatura Central de Tráfico, debía dedicarse íntegramente a seguridad vial, lo que no ocurre porque una vez más en este presupuesto se procede a transferir al Tesoro
Público 96 millones de euros que, extraídos de multados y usuarios de servicios públicos que afectan a Tráfico, van destinados finalmente a atenciones indiferenciadas que nadie sabe en qué consisten. Por tanto, nos gustaría que el Grupo Popular
compartiera esta sencilla reflexión con nosotros, que consiste en que dinero de multas y tasas que cobre la Jefatura Central de Tráfico debe dedicarse a la seguridad vial: dinero extraído de la carretera se debe dedicar a la seguridad en la
carretera.
Hemos estado examinando otros programas con la misma consideración, por ejemplo, el programa relativo a atención a inmigrantes. Los acontecimientos inmediatos recientes que hoy mismo estamos viviendo aconsejan fortalecer algunas medidas.
Hoy es motivo de debate y preocupación en la sociedad española el naufragio en Rota, la falta de recursos y naves para acudir en el momento oportuno y con más premura para atender a estos náufragos; se ha debido hacer la previsión necesaria. En
este momento en nuestra sociedad existe un impacto importante. Me gustaría aprovechar la ocasión para solicitar al Grupo Popular que el ministro del Interior, de manera urgente, procediera a comparecer en el Congreso, con la misma urgencia con que
el Defensor del Pueblo ha indicado esta mañana que iba a proceder a realizar una investigación.
Hemos realizado un estudio de todos los programas, un análisis crítico sobre sus insuficiencias, y de ahí derivan nuestras enmiendas, señorías; enmiendas que mantenemos en este momento y mantendremos en el Pleno donde tendremos ocasión de
entrar en consideraciones que en este momento no vamos a realizar.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), ¿quiere intervenir el señor López de Lerma? (Asentimiento.)
Tiene S.S. la palabra.
El señor LÓPEZ DE LERMA I LOPEZ: Nuestro grupo parlamentario ha presentado seis enmiendas a esta sección y al organismo autónomo correspondiente que inciden en la seguridad ciudadana no desde una perspectiva de crítica a la inseguridad, no
va en esta línea, pero sí a favor de la misma; comprende, a la Policía local, a la Guardia Civil y al Cuerpo de Policía Nacional, eso sí en el ámbito catalán que es el de nuestro grupo parlamentario, al menos en su origen electoral.
Otras enmiendas tratan sobre los centros e instituciones penitenciarias a los que ya se ha referido el Grupo Parlamentario Socialista, muy concretamente sobre la relación laboral de los internos que realizan actividades laborales en talleres
penitenciarios, lo que supone un incremento de sus costes adicionales en materia de cotizaciones a la Seguridad Social. Nosotros mediante nuestras enmiendas aumentamos la cuantía correspondiente a la estimación para el próximo año.
Finalmente, otra enmienda pretende incrementar la partida de subvenciones a los partidos políticos con representación parlamentaria en el mismo porcentaje que el IPC. Si no recuerdo mal, el año pasado en el debate de presupuestos para el
año 2003 observamos cómo la propuesta del Gobierno consistía en reducir las aportaciones públicas a los grupos políticos.
Entonces aquello nos sorprendió.
Entonces aquello sorprendió a todos -yo diría que incluso sorprendió al propio Grupo Parlamentario Popular-, ahora nuestra enmienda intenta que el
incremento se produzca en el mismo nivel que la previsión del IPC.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Gil Lázaro tiene la palabra.
El señor GIL LÁZARO: Voy a pronunciarme con la misma concisión que se han pronunciado los portavoces enmendantes, reservándonos, como han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra los argumentos más políticos, más de
fondo para el debate en Pleno.
Sí quiero señalar -porque no puedo dejarlo pasar- que el señor Mayoral, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ha fundamentado su enmienda a la totalidad en una afirmación mayor. Ha dicho literalmente que esa enmienda a la totalidad
de la sección 16, Ministerio del Interior, se presentaba básicamente porque el presupuesto no crece lo que debiera crecer. Frente a esa afirmación, que es la que construye y da sentido a toda su enmienda a la totalidad, mi grupo tiene que
preguntarse por qué desde la perspectiva del Grupo Socialista el presupuesto no crece lo que debiera crecer, en qué fundamenta esa afirmación tan tajante, en cuánto debería crecer ese presupuesto, cómo se debería articular la ordenación del gasto y
de las distintas partidas para que ese presupuesto creciera en los términos que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista cree que debe crecer, pero que no enuncia cualitativa ni cuantitativamente.
Frente a eso, nosotros podemos manejar la evidencia de los datos. El presupuesto de la sección 16, Ministerio del Interior, crece globalmente el 6,8 por ciento, el mayor crecimiento de los distintos presupuestos, de las distintas secciones.
Es el que más crece y no solamente eso, sino que cualitativa y cuantitativamente tiene una significación política muy importante en la medida que el presupuesto de gasto de la sección 16, Ministerio del Interior, representa algo más del 4,3 por
ciento del total de la política de gasto de los distintos ministerios, del total del presupuesto general del Estado. Cuantitativamente ese dato es fundamental, pero también lo es cualitativamente porque marca una prioridad política en la acción de
gasto del Gobierno para este próximo ejercicio. Si además tenemos en cuenta que el segundo presupuesto ministerial que sigue en crecimiento al del Ministerio del Interior es el del Ministerio de Justicia, se comprende perfectamente que hay un
señalamiento, un acento político muy claro en la combinación de ese binomio libertad/seguridad por parte del Gobierno a la hora de establecer sus prioridades políticas para el ejercicio 2004.
Tras esa afirmación categórica de que el presupuesto de la sección 16 no crece lo que debiera crecer, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha fundamentado su enmienda a la totalidad en tres referencias muy concretas: seguridad
ciudadana, administración penitenciaria y seguridad vial, aunque ha hecho ligera mención a algún otro capítulo. En términos muy sintéticos (vuelvo a repetir que frente a las absolutamente legítimas valoraciones políticas nosotros queremos jugar con
la evidencia de las cifras y los datos) quisiera recordar que en el capítulo de seguridad ciudadana, en lo que afecta a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, comprendiendo mejoras retributivas, productividad y consolidación de oferta de empleo público, el
incremento del capítulo 1 del programa 222.A, alcanza el 5,99 por ciento. También en este ámbito de seguridad ciudadana, en lo que afecta a mantenimiento y conservación de infraestructuras y equipamientos, acuartelamientos y comisarías, programas y
proyectos de comunicación, el incremento del capítulo 2 del programa 222.A es del 6,59 por ciento.
En lo que afecta a inversiones en el área de seguridad, se experimentan incrementos tan notables como el del 16,69 por ciento en el conjunto del presupuesto de la Secretaría de Estado de Seguridad, el del 7,50 por ciento en inversiones de la
Dirección General de la Policía, o del 7,55 por ciento en inversiones reales en el ámbito de responsabilidad de la Dirección General de la Guardia Civil. Hay por tanto en materia de seguridad un compromiso muy claro del Gobierno, vertebrando la
necesidad de modernizar y dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los capitales precisos para que puedan desarrollar convenientemente sus funciones. Por una parte del capital humano, mejorando cuantitativamente la plantilla de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -tanto del Cuerpo Nacional de la Policía como de la Guardia Civil- con una oferta de empleo público muy sustancial y que en conjunto verán incrementados sus efectivos en más de 7.000 nuevas incorporaciones.
Se acentúa también, como es natural, a través de las mejoras de las inversiones en comunicación, en material, en vehículos o en dotaciones técnicas, la modernización de los equipamientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que
puedan desarrollar convenientemente sus funciones.
Así, capital humano y medios materiales, sin perder nunca de vista que la mejora del capital humano no afecta sólo a la dotación de plantilla sino también a las condiciones profesionales, y por
tanto a las retributivas y a las de formación de los miembros de las mencionadas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un esfuerzo sustancial, pues, un esfuerzo muy importante que no queda circunscrito sólo a la voluntariedad o a la valoración
política meramente dialéctica, sino que tiene también su traducción práctica, numérica y financiera en el presupuesto. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Lo mismo decimos en lo que concierne a la Administración penitenciaria. Es difícil discutir con cifras el hecho de que se ha producido en los últimos años un impulso muy notable sobre la modernización y la humanización de la Administración
penitenciaria, precisamente
para poder cumplir el fin en el que este Gobierno cree profundamente que es el fin que da nuestra Constitución al cumplimiento de las penas privativas de libertad, que no es otro más que el de dotar a los internos de los medios materiales
precisos para que puedan ejercer su opción personal reeducadora y resocializadora. La Administración tiene que dotar a los internos de una calidad de vida digna, para que puedan desarrollar esa opción individual, que no es una imposición del Estado
sino una opción individual. Ahora bien, la Administración tiene la obligación de mejorar sus condiciones de vida y de servirles los instrumentos precisos para que sea posible la opción personal de reeducación y resocialización.
En ese sentido, el presupuesto para 2004 afecto a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias experimenta un crecimiento global del 4,46 por ciento. No voy a hacer mención ahora, por no alargar mi intervención -la reservo para el
Pleno- de otros crecimientos parciales muy sustanciales también en este ámbito de la Administración penitenciaria.
Sí tengo que decir que esos crecimientos son cualitativa y cuantitativamente muy importantes en lo que afecta a mejoras de la
alimentación, mejoras para la asistencia sanitaria, mejoras para las opciones educativas en los centros, mejora de las estructuras productivas afectas a la Administración penitenciaria para que sean más los internos que dentro del sistema
penitenciario puedan desarrollar un trabajo remunerado, y un largo etcétera de cuestiones que traducen en el presupuesto a cifras y números concretos el compromiso de modernización de la Administración penitenciaria y el compromiso permanente de
humanización y mejora de la propia Administración al servicio de los internos, para que estos puedan ejercitar su voluntad reeducadora y resocializadora, si así lo desean.
En materia de seguridad vial, el señor Mayoral ha realizado una serie de consideraciones. Repito que los números están ahí, y que el crecimiento que experimenta el presupuesto afecto a la Dirección General de Tráfico es del 4,34 por ciento
en relación con el del año en curso.
También nos parecen sustanciales las aportaciones y las previsiones que se hacen en materia de extranjería e inmigración, que es una materia muy sensible, que es una materia que deberíamos todos situar permanentemente en el ámbito de las
políticas de Estado, porque es una política de Estado por definición, y en donde nunca es bueno moverse en el triunfalismo ni en el conformismo; pero tampoco es bueno moverse en determinadas visiones parciales, que sobre todo son malas desde
nuestro punto de vista cuando tratan de poderse servir, aunque sea coyunturalmente, o jugar con situaciones tan dolientes, tan tremendas, tan dramáticas como las que se viven en el mundo de la extranjería y de la inmigración. En ese ámbito
recomendaríamos mucho sentido común, pero naturalmente cada cual es libre de administrar su responsabilidad y su sentido común. Nosotros, desde luego, trataremos siempre de mantenernos en esa línea de responsabilidad y de sentido común, digan lo
que digan otros, y digan lo que digan otros nuestra mano estará permanentemente tendida al diálogo y al respeto a los demás para poder construir esa necesaria política de Estado.
El presupuesto correspondiente este año a la Delegación del Gobierno para la extranjería y la inmigración, teniendo en cuenta además que esa delegación practica una política de coordinación horizontal de las acciones afectas a la extranjería
y a la inmigración que desarrollan competencialmente otros ministerios, y que por tanto no es sólo el presupuesto de la Delegación del Gobierno para la extranjería y la inmigración el que sostiene financieramente el conjunto de las políticas de
extranjería e inmigración del Gobierno, pero sólo en lo que afecta al presupuesto de la Delegación del Gobierno para la extranjería y la inmigración, para el año 2004 está previsto un incremento del 86,66 por ciento en relación con el presupuesto
del año en curso, lo que nos parece también una cifra muy notable.
En relación con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros creemos que este presupuesto de la sección 16, Ministerio del Interior, para el ejercicio 2004 acentúa de manera muy sustancial las prioridades marcadas por el
Gobierno en ese valor de defensa de la libertad desde la defensa de los derechos colectivos e individuales de nuestros ciudadanos, como es natural porque no puede ser de otra forma, desde la aplicación de políticas que sean políticas eficaces y
útiles para la garantía de la seguridad. En todo un mar de cuestiones se puede intentar difuminar u ocultar el dato, pero el dato es el dato sustancial: el presupuesto de la sección 16, Ministerio del Interior, es el que experimenta un mayor
crecimiento de todos los presupuestos de los distintos ministerios, supone un incremento de conjunto del 6,8 por ciento en relación con el presupuesto del año en curso y representa el 4,3 por ciento del total del presupuesto del Estado. Yo creo que
más no se puede decir.
Respecto a las enmiendas planteadas por Convergència i Unió, quiero saludar al señor López de Lerma, ya que aunque sea en este trámite de presupuestos volvemos a encontrarnos en cuestiones de seguridad. Su grupo tiene una representación
dignísima este año en este ámbito, pero entenderá que para este portavoz, que ha compartido con S.S. muchos debates en materia de seguridad y siempre constructivos, sea una satisfacción poder reencontrarnos hoy. Sí le tengo que decir que sus
enmiendas parciales nosotros no las podemos considerar en este momento, por distintas razones. Las que podrían afectar más directamente al ámbito de la seguridad, en los términos que lo ha planteado S.S. -y quiero agradecerlo-, no desde una
valoración catastrofista o negativa sino desde aportaciones que desde el punto de vista de su grupo podrían ser instrumentales
para mejorar los niveles de actuación, nosotros sin embargo, con todo el respeto y con toda la valoración de ese tono, señalamos que lo que afecta a las nuevas transferencias que se proponen para incrementar las dotaciones de las comunidades
autónomas en materia de mejor preparación de las policías locales, entendemos que es una necesidad financiera que tiene que ser cubierta por las propias comunidades en el ejercicio de sus competencias. Si en algún momento se abordara la necesidad
de contemplar nuevas aportaciones financieras previamente a este debate en el presupuesto, es una cuestión que se tendría que abordar en el seno de las correspondientes comisiones mixtas, y en este caso de la Comisión mixta Gobierno del Estado y
Generalitat de Catalunya. Además, también hay un instrumento marco en el que probablemente pudiéramos y debiéramos abordar el futuro de esta cuestión, que es ese convenio de colaboración en materia policial entre el Ministerio del Interior y la
Federación Española de Municipios y Provincias, de fecha 19 de septiembre de 2002.
En cuanto a la referencia que se hace en la enmienda 1927 a la Comisaría de la Policía Nacional de Vilanova i la Geltrú, conforme a las previsiones para el próximo año y con cargo a los créditos ya asignados hay previstas ciertas obras de
mantenimiento y mejora de las instalaciones que por el momento creemos pueden ser suficientes teniendo en cuenta que hay que contemplar el mapa de conjunto de lo que está siendo el despliegue, un despliegue muy satisfactorio conforme a una política
de sentido común, de colaboración y de cooperación entre la Generalitat de Cataluña y el Ministerio del Interior de los Mossos d'Esquadra y por tanto el correspondiente repliegue del Cuerpo Nacional de Policía.
También hacía referencia la enmienda 1928 a un posible incremento financiero para gastos derivados de las comisiones de servicios o servicios extraordinarios de desplazamiento del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil en tanto en
cuanto no se haya cubierto plenamente este régimen de despliegue gradual de los Mossos d'Esquadra.
Nosotros como es natural, valoramos esa aportación, pero entendemos que en el marco del presupuesto vigente pueden ser suficientes las cantidades que
en este momento están previstas. Quiero recordar el artículo 23 de indemnizaciones por razón del servicio, del programa 222.A, las previsiones de incremento del año 2003 respecto del año en curso representan el 15,30 por ciento y los conceptos 230
(dietas) y 231 (locomoción) representan un incremento del 13,64 por ciento y del 27,79 por ciento, respectivamente lo que juzgamos dentro de las previsiones disponibles como suficiente para atender esas necesidades que relataba el señor López de
Lerma.
Finalmente, respecto de las referencias que se han hecho a enmiendas que afectan a la Administración penitenciaria general, señalar que en la cuestión relativa a los gastos de depósitos municipales, creemos que por razones de competencia la
enmienda está fuera de ese marco competencial, y en lo que afecta a la enmienda 1930, en la que se propone crear una transferencia corriente a la Generalitat de Catalunya para la financiación de costes de la Seguridad Social de internos, tenemos que
referirnos a lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 782/2001, de 6 de junio, en el que se regula la relación laboral de carácter especial existente ente el organismo autónomo de trabajos y prestaciones penitenciarias u organismo autónomo
equivalente, y los internos que desarrollan una actividad laboral en los talleres productivos de esos centros penitenciarios. Hay que recordar en este sentido que el artículo 20 establece que el organismo autónomo de trabajo y prestaciones
penitenciarias, o el órgano autonómico equivalente competente, asumirá respecto de estos trabajadores, los internos que desarrollan trabajos remunerados en centros penitenciarios, las obligaciones de afiliación (alta, baja y cotización) que las
normas de Seguridad Social imponen al empresario; por tanto entendemos que en el marco del presupuesto, conforme a lo previsto en el artículo citado y en el Real decreto de referencia, probablemente esta pretensión incorporada a la enmienda 1930 no
tiene cuerpo.
En definitiva, señor presidente, y con esto concluyo, creemos que una vez más, en este caso de una manera muy sensible, el Gobierno y el Ministerio del Interior cumplen con su deber de dotar de instrumentos financieros y de previsiones
financieras suficientes a las propias políticas de seguridad en su conjunto, a las distintas administraciones parciales que dependen de esa política del ministerio (penitenciaria, seguridad vial y seguridad ciudadana), de los instrumentos
suficientes, necesarios, adecuados y válidos para poder cumplimentar sus altísimas e importantes funciones en beneficio de los ciudadanos y en defensa de la libertad y la seguridad.
El señor PRESIDENTE: Para un turno de réplica, que solicitaría fuera lo más breve posible, tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Intentaré ser breve, pero de verdad, no como en otros casos que estamos viendo en esta sala. Entre las muchas virtudes que indudablemente adornan al señor Gil Lázaro, no están la de sintético ni la de conciso. En
cierta medida, el señor Gil Lázaro nos ha hecho aquí una faena en el sentido más taurino del término, incumpliendo su palabra.
Señor Gil Lázaro, hay que ser más serio, y cuando uno dice que va a estar un minuto, se está un minuto. Yo he estado
hablando tres minutos y S.S.
lleva quince o veinte minutos. Por favor, un poquito de seriedad. Los debates tienen contenido y forma, y hay que ser serios tanto en el contenido como en la forma, pero me temo que S.S. no ha sido serio en ninguno
de estos dos aspectos del debate parlamentario. Lamento tener que hacerle este tipo de censura, lo hago con gran dolor de
mi corazón, pero el presidente que estaba anteriormente -no don Joaquín Almunia, que se incorporó posteriormente- es testigo de las palabras que le digo y de los términos que indicó S.S. respecto a la longitud de su intervención, longitud
que S.S. ha incumplido. Se lo tengo que decir, aunque no forme parte de las enmiendas que presente mi grupo; se lo tengo que decir a título de crítica y no de enmienda, porque S.S. en esto no tiene enmienda.(Risas.)
Yendo al fondo de la cuestión, el presupuesto del Ministerio del Interior no crece la cantidad que dice usted. Usted ha señalado aquí el 6,8 por ciento. Si tengo que hacer caso al ministro del Interior, señor Gil Lázaro, no es cierto lo
que usted dice. El ministro del Interior dice que el presupuesto de Interior ha crecido más del 8 por ciento y S.S. viene aquí y lo reduce al 6,8. Esto es absolutamente incomprensible. De todas maneras, yo le dije que las cuentas se las quería
hacer en el Pleno, porque estas cosas hay que decirlas con más solemnidad de la que desgraciadamente permite la Comisión de esta tarde. No es el 8 por ciento que dice el señor ministro, ni el 6,8 por ciento, con esa rebaja de casi dos puntos que le
ha hecho usted al señor ministro, el crecimiento según nuestras cuentas es del 3 por ciento, el 3 por ciento pelado, eso es lo que crece el Ministerio del Interior. ¿O es que cree usted que nos vamos a tragar el cuento de que los 333 millones de
euros que se incrementan en este presupuesto por gastos electorales forman parte del gasto en Interior o el gasto en seguridad ciudadana? En absoluto, señor Gil Lázaro, eso no es gasto en seguridad. Por tanto, si hacemos esos ajustes y otros más,
en los que no voy a entrar porque me gustaría ser fiel al compromiso que habíamos adquirido antes de este debate, tenemos que decir que no crece ni mucho menos lo que S.S. dice.
También quiero hacerle algunas puntualizaciones, señor Gil Lázaro. Termino rápidamente, señor presidente, y espero no provocar ninguna inquietud, porque deseo terminar antes de la cuenta. Usted ha estado haciendo un canto -solamente
faltaba la fanfarria y la música de fondo- en relación a los crecimientos. Por cierto, este año ya no se ha dicho que los crecimientos eran históricos, sino que son más que esto o más que lo otro. Otros años los crecimientos eran históricos, este
año ya no lo son, este año lo histórico es que lo que crece el Ministerio del Interior es muy poco y no está a la altura de los problemas que le he señalado anteriormente que se tienen que resolver en materia de seguridad ciudadana, con una alta
tasa de criminalidad; en materia de inseguridad vial, con una alta tasa de muertos y heridos en nuestras carreteras, y en política penitenciaria, sobre lo que ahora le diré también alguna cosa que es muy importante, porque tanto sentido de la
responsabilidad y tanto sentido común no se ven en la práctica. El sentido común es la coherencia, señor Gil Lázaro, y eso es lo que falta bastante por ahí. Por ejemplo, la coherencia en materia de formación del Cuerpo Nacional de Policía y de la
Guardia Civil. Usted ha dicho que se les dota de todo y de la manera que lo dice es como si fueran a sobrar los recursos. Es curioso, pero ¿cómo es posible que el año que viene, cuando teóricamente se tienen que formar más policías en Ávila, esas
grandes promociones que anuncia el Gobierno, disminuya el presupuesto de formación en la Dirección General de la Policía? ¿No se ha dado cuenta usted de que decrece la cantidad dedicada a formación? Y, ¿qué está pasando en materia de formación
policial? Pues que ustedes están con la teología del déficit cero haciendo lo siguiente: que no caben los policías a formar en Ávila, no importa, se reducen los períodos de formación; que antes había una promoción por año en Ávila que duraba
ocho, nueve o diez meses, pues ahora se reducen los meses, se ponen cinco meses de estancia en Ávila y caben dos promociones. Es una manera de ahorrarse dinero, pero es una manera también, señor Gil Lázaro, de degradar la formación de los policías
en este país. ¿No sería mejor crear más instrumentos de formación? ¿No sería mejor ampliar la academia? ¿No sería mejor ampliar el número de profesores y crear dependencias descentralizadas en comunidades autónomas para que ese amplísimo
contingente de policías a formar se pueda formar? ¿No se les ha ocurrido, no se les ha pasado por la cabeza la posibilidad de que en vez de formarse en Ávila esos 4.200 policías del año que viene, se creen otras unidades de formación más reducidas
donde ésta pueda ser más larga, más personalizada y de más calidad que la que están dando ustedes en Ávila, que cada día tiene menor calidad? Encima van y reducen el presupuesto de cara a la formación, tanto en la Policía Nacional como en la
Guardia Civil.
Puntualicemos también otras cuestiones. Habla usted de la humanización de la Administración penitenciaria. ¿A quién se refería al hablar de la humanización de la Administración penitenciaria? ¿Al trato que va a dispensar el director
general a los reclusos? ¿Al trato que van a dar los funcionarios a los reclusos? ¿O a esa situación que cada día es más penosa de hacinamiento en las prisiones? No olvide S.S. que su política, la política de seguridad que hacen ustedes, está
conduciendo a incrementar la población penitenciaria en cantidades jamás conocidas en nuestro país. Eso también va a ser histórico. Estamos, dicen algunos, en un porcentaje, en una tasa de reclusos en España similar a la de la Rusia postsoviética.
Me da igual que usted me hable de la Rusia soviética que de la postsoviética, o sea que por ahí no tiene usted ninguna salida, pero lo cierto es que en cuestión de cuatro años la población penitenciaria en España, manteniéndose el mismo número de
metros cuadrados de instalaciones e infraestructuras penitenciarias, ha aumentado del orden de 12.000 reclusos; en menos de cuatro años, sin haber entrado todavía en funcionamiento los juicios rápidos, sin haber entrado todavía en funcionamiento
toda la
reforma penitenciaria que han hecho ustedes, ¿Qué va a pasar el año que viene y los siguientes? Pues que se va a seguir incrementando de manera veloz, rápida, el número de reclusos en las prisiones españolas, cuando ya el tratamiento
penitenciario es imposible, ya no hay trabajo prácticamente y la función laboral como instrumento de reinserción y de reeducación es imposible en las prisiones españolas, señor Gil Lázaro. De los cincuenta y tantos mil reclusos solamente hay 6.000
ó 7.000 que realicen actividades que son las auténticas actividades de reinserción y de reeducación, el trabajo en la prisión. No se puede hacer con los presupuestos de ustedes, no se puede hacer con el número de funcionarios que está estancado, el
número de metros cuadrados, de talleres todo está estancado y ¿qué está pasando? Pues que el hacinamiento cada vez es más grande. Nosotros, los socialistas, en la etapa de Gobierno socialista -es parte de nuestro orgullo de socialistas haberlo
hecho- iniciamos una expansión del sistema de infraestructuras penitenciarias y creamos un montón de prisiones con un principio fundamental: cada recluso una celda.
Ustedes han llegado al Gobierno, han empezado a desarrollar su política
penitenciaria y han dicho: ¿qué derroche es éste? ¿Cómo es posible que cada recluso tenga una celda? Habrá que meter más de un recluso en cada celda. Esa política es la que se está siguiendo, y por eso las infraestructuras penitenciarias no les
corren tanta prisa. Una cosa es el conjunto de números que se pintan y otra el conjunto de actuaciones que se realizan en este terreno. Así que, de humanización de la Administración penitenciaria, nada. Al revés, cada día se está deshumanizando
más, no la Administración, porque los funcionarios y el director general serán excelentes personas, que darán obviamente un trato adecuado, un trato correcto, un trato humano, pero usted confunde el trato humano que pueda dar una persona por
cortesía con la situación de mejora de las condiciones de vida dentro de las prisiones, donde hay auténticos guetos de impunidad, sitios donde el Estado no manda. No sé si sabe usted que en el interior de las prisiones hay espacios donde no mandan
ni los funcionarios, donde no existe el Estado de derecho porque el hacinamiento y las condiciones en las que se vive en muchas prisiones origina esa situación de impunidad interna, donde la droga y otras actuaciones circulan con cierta facilidad.
Pues bien, evidentemente, más dinero para humanizar, pero eso no está en el presupuesto.
En materia de seguridad vial, señor Gil Lázaro, es auténticamente deprimente que en este país haya 5.500 fallecidos al año, que todos los lunes aparezca la noticia de 40 fallecidos en el fin de semana. A pesar de la mejora de las
carreteras, de los automóviles y de otras variables, sin embargo, la situación real es que se ha estancado el número de accidentes con víctimas. Tenemos 155.000 víctimas anuales en nuestro país y eso requiere una acción inmediata, requiere una
acción de sentido común y de responsabilidad. Aquí es donde hay que utilizar la responsabilidad, señor Gil Lázaro. ¿Usted cree que es responsable que se ingrese un conjunto de aportaciones procedentes de la tasa que paga un señor que compra un
automóvil o de una multa que paga una persona por cometer una infracción en el tráfico; que se cojan todos esos recursos y se diga: de acuerdo, con este conjunto de recursos yo me voy a quedar aquí con el 80 por ciento -no sé exactamente el
porcentaje-, pero 96 millones de euros los voy a coger y se los voy a dar al Tesoro Público? ¿Para qué? Entonces se puede plantear: ¿Por qué no investiga usted? ¿Por qué no incorpora usted una cantidad de nuevas tecnologías que son necesarias
para la prevención de accidentes? Por ejemplo, ¿por qué no crea usted nuevas plazas para algo que supone un follón permanente? No hay examinadores para conductores en este país, hay un conjunto de inquietudes, de conflictos por parte de los
funcionarios de Tráfico porque no pueden examinar al conjunto de personas que debieran ser examinadas. Sin embargo, Tráfico sigue con unas plantillas prácticamente estancadas, las ha hecho crecer un poquito, pero no lo suficiente. Es de vergüenza
que en un país donde existe ese desastre tan descomunal, con un gasto de 2,5 billones de pesetas al año que cuesta la siniestralidad de tráfico, no seamos capaces siquiera de coger estos 96 millones de euros que van al Tesoro Público y utilizarlos
para mejorar la seguridad vial. Qué operación tan elemental y qué poco costosa es. Pues la venimos pidiendo permanentemente al Gobierno para mejorar la seguridad vial. ¿O considera usted con sentido común y por sentido de la responsabilidad que
la seguridad vial está bien en nuestro país? Yo creo que es un auténtico desastre. Digo un auténtico desastre porque hay muchas víctimas y muchos heridos que habría que evitar, y ese es un problema que, sin embargo, no se aborda en estos
presupuestos. Por tanto, ni responsabilidad ni sentido común, sobre todo por transferir 96 millones de euros, que yo no sé qué pintan en el Tesoro Público porque no engordan nada.
Finalmente, el tema de la extranjería. Yo le voy a hacer una pregunta que estoy segurísimo que no me va a contestar. Señor Gil Lázaro, ¿qué ha sido de un famoso plan que lleva el nombre de un no menos famoso pintor? El famosísimo plan
Greco, que yo creía al principio que eran las iniciales de algún programa, pero resulta que se había puesto al Greco como modelo y ejemplo de inmigrante que vino desde Grecia a España. Por eso se llamó el plan Greco, según me dijo a mí el entonces
secretario de Estado de Inmigración. ¿Qué ha sido del plan Greco, señor Gil Lázaro? ¿Existe el plan Greco? Porque el plan Greco era el instrumento de acogida, integración, financiación de multitud de acciones sociales, educativas, en vivienda,
etcétera, para ese espectáculo tan extraordinario de desorden, de preocupación que se está generalizando en la sociedad española, porque no hay política de inmigración ni sabemos
siquiera el número de inmigrantes que hay en este país. ¿Y usted considera que es responsable y de sentido común lo que está pasando con la inmigración en este país? ¿Considera responsable y de sentido común que, de las 13 patrulleras de
la Guardia Civil que hay en la provincia de Cádiz, cinco estuvieran averiadas, no pudieran acudir y hubiera problemas para atender y auxiliar a los pobres inmigrantes que murieron ahogados en Rota el otro día? ¿Eso es de sentido común? El SIVE -no
sé si sabe usted lo que es, aunque posiblemente lo sepa mejor que yo- fue un despliegue tecnológico -yo mismo lo he visitado desde Tarifa- que se hizo para blindar -este es el término que se empleó- el Estrecho: El SIVE va a blindar el Estrecho y
no va a pasar nadie, se acabó la inmigración en pateras, la inmigración ilegal por el Estrecho. ¿Es de sentido común y responsable ver que las pateras llegan a la falda de la propia montaña, en donde está situado uno de los sensores y un
observatorio, el cual yo mismo he visitado? Es decir, al lado de Tarifa llegan las pateras, a pesar de que allí está el SIVE desplegado. ¿Eso es de sentido común? Son tantas y tantas cosas, señor Gil Lázaro, que por eso nosotros hemos pedido que
el presupuesto del Ministerio del Interior crezca un 13 por ciento y no el 3 por ciento que le hacen ustedes crecer.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Permítame que con toda cordialidad, señor Mayoral, le diga que usted tiene un problema grave y es que yo nunca agoto mi capacidad de sorprenderle y por eso en este acto le voy a sorprender también, haciendo mías sus
propias palabras. Es decir, voy a ser tan sintético en esta segunda intervención que al final, si analizamos el conjunto de nuestras dos intervenciones, la suya habrá sido mucho más larga, de manera que tendrá usted que reconvenirse a sí mismo en
los términos en que lo hacía al principio de esta intervención. Por tanto, para ser coherente con lo que acabo de decir y para dejarle a usted en la situación de que se tenga que reconvenir a sí mismo, le diré que si todo el conocimiento que usted
tiene de este asunto se cifra, en términos de responsabilidad, en frases como que en algunas partes de las prisiones no manda el Estado de derecho, que venga Dios y lo vea. Y si todo su conocimiento de las políticas de seguridad se atiene a lo que
usted ha querido poner como ejemplo, la Administración penitenciaria, también que venga Dios y lo vea. En el año 1996 no llegaban a 1.000 los internos que en el conjunto de la Administración penitenciaria realizaban trabajos remunerados y hoy
superan los 13.000. En el año 1996 hubo un fraude de más de 1.000 millones de pesetas, condenado por los tribunales, en el seno del organismo autónomo Trabajos y Prestaciones Penitenciarias, que es el que tenía que crear esas infraestructuras, y
hoy ese fraude no se produce. En el año 1996 no llegaban a 1.000 los internos que realizaban trabajos remunerados en el ámbito de la Administración penitenciaria.
Esta Administración ni efectuaba las correspondientes retenciones de IRPF ni la
mayoría de ellos estaban dados de alta en la Seguridad Social y hoy sí. Si ese plan al que usted alude de creación y amortización de nuevos centros penitenciarios, del que usted se siente tan orgulloso, hubiera tenido que llevarse a cabo conforme a
la financiación que ustedes mismos habían previsto teóricamente, no se hubiera podido realizar nunca, ya que cometieron ustedes un error gravísimo en cuanto a las previsiones de financiación. Por eso, en el año 1998 el Gobierno tuvo que realizar
una revisión del plan, precisamente para hacerlo viable, es decir, para darle instrumentos de financiación. Cuando usted habla de hacinamiento, de la conversión de las celdas unipersonales en celdas para más de un interno, se olvida S.S. de que en
marzo de 1996, es decir, con un gobierno socialista, se produjo una reforma por decreto acelerada y precipitada del reglamento penitenciario en cuyo artículo 13 -estoy hablando de memoria- se estableció la posibilidad de que los internos
compartieran celda. Es decir, lo hicieron ustedes. Además, ignora la repetida jurisprudencia del Tribunal Constitucional al respecto.
Concluyo. Me ha hecho una pregunta y ha manifestado que no la iba a contestar. Vuelvo a no agotar ante S.S. mi capacidad de sorprenderle.
¿Qué ha sido del plan Greco? Dicho plan ha sido y sigue siendo un instrumento fundamental para la
integración social de los emigrantes legales que llegan a nuestro país. Pero yo le voy a hacer a usted otra pregunta: ¿Por qué no crearon ustedes un plan similar? ¿Por qué no realizaron ustedes políticas de emigración con previsión? ¿Por qué
ustedes no entendieron que se podía dotar mejor a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en materia de emigración? Usted sabe, por ejemplo, que el último Gobierno socialista (El señor Mayoral Cortés: ¡Estamos hablando del presupuesto para
el año 2004!) invirtió en embarcaciones de bajura para la Guardia Civil en el archipiélago canario y que nunca pudieron salir al mar precisamente por las características de mar bravío de las aguas del archipiélago. Así en una larga y sorprendente
suma de datos que sin lugar a duda le daré en el Pleno, señor Mayoral.
Con esto termino, sume en conjunto su primera y su segunda intervención y me gana. Por tanto, reconvéngase a sí mismo.
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido el debate de la sección 16. Antes de las votaciones, pasamos a debatir la sección 25, Ministerio de la Presidencia.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Con respecto al Ministerio de la Presidencia, hemos de volver a reiterar una vez más -por cuarta vez- que los objetivos que estos años se han ido fijando en este ministerio siguen
siendo los mismos, año tras año, y que pase lo que pase en ese ministerio la situación presupuestaria sigue siendo exactamente la misma ¿Que cambia la portavocía? No pasa nada, no se modifica el presupuesto; ¿que somos presidencia primera
o segunda? Seguimos en la misma situación, siguen sin cambiar los objetivos ni sus memorias ni las materias y, por tanto, estamos ante un presupuesto claramente continuista que permanece inalterable pase lo que pase en el ministerio.
Antes de situarnos en cuál es la situación numérica del presupuesto, debemos adelantarle que, además de esa crítica, hemos de realizar previamente una crítica política que lógicamente no puede sorprender al Gobierno ni al partido que lo
sostiene, fundamentalmente porque es un ministerio cuyas características se prestan específicamente a que realicemos este tipo de conclusiones, pero el Partido Popular se dará cuenta de que lógicamente el Grupo Parlamentario Socialista nunca va a
estar de acuerdo con que se apruebe la gestión en ninguno de los conceptos del CIS. No hace falta hacer más incidencia en ese aspecto, porque está claro que sus manipulaciones llegan a límites casi insospechados, por lo que nunca vamos a aprobar la
política informativa del Gobierno, evidentemente. Asimismo jamás vamos a estar de acuerdo con las directrices políticas que se manifiestan a través de ese ministerio y que se dan a través del Gobierno. Igualmente tampoco vamos a estar de acuerdo
con las insufribles relaciones que se mantienen desde este ministerio con las Cortes que, a nuestro parecer, única y exclusivamente tienen un objetivo que no es otro que el adelgazamiento del contenido político y del control democrático de una
institución como esta Cámara.
En referencia precisa a los presupuestos de 2004 y en su contenido estrictamente numérico, hemos de hacer una reflexión que es genérica a todo el presupuesto en sí, aunque lógicamente hay algunas partidas que son más evidentes que otras,
pero en general es un presupuesto derrochador. Es un presupuesto que este año tiene 203 millones de euros, que crece en un 3 por ciento, pero hay determinadas partidas y transferencias en las que... (Rumores.) Es imposible, no puedo seguir.
El señor PRESIDENTE: Por favor, ruego guarden silencio mientras está interviniendo la señora diputada, sean del grupo parlamentario que sean.
Tiene la palabra, señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El derroche, como decía, se produce en determinadas partidas y fundamentalmente en algunas de las transferencias que se hacen a organismos que dependen del mismo. Nos referimos concretamente al presupuesto del CIS, que crece en un 12 por
ciento, y al de Patrimonio Nacional, que crece en un 13 por ciento. Por cierto, debo de hacer una reflexión en voz alta, no por mímesis con mi portavoz anterior, el señor Mayoral. Debo darle la enhorabuena al titular del ministerio porque por fin,
después de cuatro presupuestos, parece ser que ya se ha terminado el edificio Greco, así como otro edificio al que hemos ido dotando presupuestariamente todos los años, el edificio Tubular, de Moncloa, cuya construcción también ha finalizado.
Hay derroche en suministros, aparece la partida en la página web con un claro ascenso de un 22 por ciento. Por cierto, la página web de ese ministerio tampoco es un derroche de perfección y de técnica. La partida del gabinete de crisis
sube en un 21 por ciento y las inversiones, por si no le habían parecido pocas las que hemos ido sufriendo en los presupuestos anteriores, en esta ocasión se doblan a las del ejercicio anterior y las dotamos con un 79 por ciento. En cuanto al
programa 126, como le decía anteriormente, pase lo que pase, en ese ministerio las materias no cambian y los objetivos tampoco, y a pesar de que no es el ministerio que lleva la portavocía, el programa se mantiene con su dotación presupuestaria.
Hay una cuestión que nos parece de una gran relevancia. Mi compañero don Ángel Martínez Sanjuán no consiguió averiguar en las comparecencias de altos cargos en qué situación y en qué papel estaba el comisionado del Prestige. Como ustedes
bien saben, se le dio la misma categoría que a las otras dos secretarías de Estado que forman parte del ministerio, pero no hemos conseguido encontrar cómo se va a resolver, qué papel tiene dentro del ministerio, cuál va a ser el momento en que deje
de tener esa actividad y qué va a pasar con ese presupuesto.
Por otra parte, el Grupo Parlamentario Socialista presentó en su momento una enmienda a la totalidad, que lógicamente será defendida en el Pleno, y toda una serie de enmiendas parciales que no van exclusivamente a intentar determinar que el
gasto sea bastante más racional de lo que el Ministerio de Presidencia propone, sino que eso que ustedes han llamado durante estos cuatro años la contención del gasto sea verdad. Nuestras enmiendas van precisamente en esas dos direcciones: en
primer lugar, a averiguar que hay determinadas partidas con una dotación presupuestaria lo suficientemente gruesa como para saber qué es, cómo, cuándo y con quién se van a hacer esos gastos y, sabiendo dónde se van a realizar esos gastos, si es
posible tratar de contenerlos, cosa que ustedes, en estos cuatro ejercicios y fundamentalmente en este último, no han conseguido, a pesar de que el eslogan lo siguen empleando.
Como decía, hay ocho enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. La primera trataba sobre los dos objetivos que queríamos cubrir y los 300.000 euros para pagar gastos diversos. Seguimos sin conocer qué gastos vamos a pagar, por lo que
ese es el objetivo de nuestra enmienda. Moncloa no ha tenido suficiente con las inversiones realizadas en el edificio Greco y en el
edificio Tubular, como le decía anteriormente, y no se justifica para qué son esos 400.000 euros que aparecen en esa partida presupuestaria.
Proponemos la disminución de 500.000 euros en los servicios centrales del ministerio, ya que no se
justifica cuál es la inversión, en concreto en el programa 112.C, y otros 300.000 euros, cuya inversión no se justifica en el programa 112.A. Por otra parte, siguen sin justificarnos el programa 112.C, con 500.000 euros, no hemos conseguido
averiguar cuál es la inversión que se produce, y lo mismo ocurre con la inversión de 600.000 euros en el CIS, ya que a la vista del trabajo que el CIS realiza no creemos que le haga falta más dotación porque son casi 500.000 euros más que el año
pasado.En el programa 542.B, referente al CIS, hay una modificación de 600.000 euros y en el programa 126.B es de 1.000 euros.
Para terminar mi intervención vuelvo a reiterar algo que a nosotros nos ha parecido que en ningún momento, ni en este ministerio este año ni en los anteriores, se ha cumplido. Seguimos denunciando año tras año la falta de transparencia en
el presupuesto de este ministerio. Sin embargo, existe algo que aún es más grave, que es la total discriminación a la hora de la ejecución del presupuesto. Este año hemos vuelto a ver y a contrastar que las partidas vuelven a ser las mismas, con
lo cual la intención sigue siendo la misma.
El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Catalán desea intervenir? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Bermúdez.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Me corresponde, en nombre del Grupo Popular, defender los presupuestos presentados por el Gobierno correspondientes a la sección 25, Ministerio de la Presidencia y de los organismos autónomos adscritos
al mismo.
Quisiera comenzar diciendo que, a juicio de nuestro grupo, el Gobierno un año más ha hecho un importante esfuerzo para elaborar un presupuesto riguroso, ajustado y equilibrado como corresponde al escenario de estabilidad presupuestaria que
nos marca la ley. Este es un presupuesto realista, señora López, y además austero que permitirá abordar los diferentes proyectos y objetivos que se recogen en la memoria de los diferentes programas y que culminará una legislatura en la que el
Gobierno del Partido Popular, una vez más, ha cumplido con los compromisos adquiridos con los ciudadanos en su programa electoral. Nos encontramos con un presupuesto en la sección 25 que en términos consolidados, es decir, deducidas las
transferencias de los organismos autónomos, tiene un incremento de un 2,61 por ciento con relación al año 2003. Por tanto, difícilmente se puede calificar este presupuesto como un presupuesto derrochador, como usted ha dicho. En términos generales
es un presupuesto que -eso sí es cierto- presenta pocas variaciones con relación al pasado año. Además, es un presupuesto de fácil lectura y comprensión, transparente y, reitero, muy ajustado.
A este presupuesto se han presentado dos enmiendas a la totalidad: una del Grupo Socialista y otra del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sin que por cierto, un año más, acompañen a las mismas una propuesta alternativa que
indique cuáles son los objetivos que a su juicio debe contemplar esta sección ni cómo deben distribuirse los créditos. Sin embargo, como novedad este año -y así lo quiero resaltar- el Grupo Socialista por fin ha trasladado y ha acompañado a su
enmienda a la totalidad una serie de enmiendas parciales que ya adelanto que mi grupo no va aceptar y que por cierto, señora López, no se compadecen ni en su contenido ni en su cuantía con la justificación de la devolución del presupuesto de esta
sección que enuncian ustedes en su enmienda a la totalidad. Curiosamente, la justificación de la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida nos dice que esta sección tiene un presupuesto de cuantía escasa, dada la importancia de los programas y la
importancia de los objetivos que pretende, mientras que el Grupo Socialista dice justamente lo contrario, que tiene una excesiva cuantía con dotaciones presupuestarias no justificadas y que además representa la continuidad de programas mal
orientados y mal ejecutados. No les gusta a ustedes ni la estructura del gasto, ni los programas, ni los objetivos, ni los planes.
No les gusta nada, y ello a pesar de que esa estructura, esos programas los crearon ustedes; y son los mismos que
en el año 1995, cuando en la última legislatura ustedes crearon el Ministerio de Presidencia. Los cuatro programas que desarrolla la sección 25 son los mismos que ahora nosotros estamos gestionando. Por lo tanto, puede usted no coincidir con el
Grupo Popular en los objetivos o en qué medida se ha podido gestionar, pero difícilmente puede usted estar en contra ni de la estructura ni de los programas porque, vuelvo a reiterar, son miméticos a los que ustedes crearon en la V Legislatura.
Pero da igual, ahora tampoco les gusta. Para unos, el Grupo de Izquierda Unida, insuficiente para otros, excesivo. Qué le vamos a hacer. En cualquier caso a efectos de constancia en el 'Diario de Sesiones' y por cortesía parlamentaria tengo que
decir, antes de contestar a su intervención, que nosotros vamos a rechazar la enmienda a la totalidad del Grupo de Izquierda Unida porque entendemos que ni justifican esa enmienda de devolución ni se justifica, a través de sus enmiendas parciales,
la creación de un plan de seguimiento de los acuerdos parlamentarios que ya existe en el programa de relaciones con las Cortes. Tampoco compartimos que su financiación se haga a costa de supresión de dos partidas importantes, como es la dotación a
ex presidentes del Gobierno y la transferencia a Zaragoza Expo 2002.
Me dice, señora López, en su intervención -que, permítame que se lo diga, ha sido un tanto confusa-
que la desaparición de la portavocía no modifica los créditos, es que no tiene por qué modificarlos. Una cosa es el ministro que asume la función de portavoz del Gobierno, en este caso el ministro de Trabajo, antes Presidencia, y otra qué
órgano apoya técnicamente sus funciones, que sigue siendo el mismo de siempre, la Secretaría de Estado de Comunicación, que sigue, a su vez, incardinada en la sección 25, en el programa 126.B, de cobertura informativa. Por tanto, no tiene que
modificar los créditos, no requiere un mayor coste. Otra cosa es que a ustedes no les guste la política informativa, como tampoco les gusta el CIS. Hablar de manipulación cuando nos referimos a profesionales independientes me parece un exceso
verbal. Entre otras cosas, hay una diferencia del CIS que ahora se conoce al de otras épocas, porque, afortunadamente, ahora todos los trabajos del CIS, que vuelvo a reiterar, se realizan por profesionales independientes, los pueden conocer todos
los grupos parlamentarios y toda la sociedad, antes, sin embargo, no eran conocidos. Eso le permite a usted realizar las valoraciones y críticas que considere necesarias con relación a dichos trabajos técnicos.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Por favor, ¿pueden guardar silencio? Señor Fernández Marugán y demás señorías, si desean seguir hablando, por favor, salgan fuera hasta las votaciones, pero dejen intervenir a quien tiene el uso de la palabra.
Señor Bermúdez.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: De su intervención, señora López, voy a intentar ceñirme a sus enmiendas, dado lo avanzado de la hora, porque para eso estamos aquí. El debate y las valoraciones políticas, si le parece, las vamos a
dejar para el Pleno, pero ya le anuncio que será bastante interesante.
Las enmiendas 1639 y 1646, que usted ha defendido, pretenden dar de baja diversas actuaciones de la sección 25 por un importe de 4,2 millones de euros al considerar que no se justifica el gasto presupuestario. Con independencia de que
algunas de las enmiendas que ustedes han presentado adolezcan de errores técnicos que las hacen inviables, me gustaría hacerle algunas consideraciones. En primer lugar, a nuestro juicio, todos los gastos están justificados, son necesarios y,
además, tienen un presupuesto ajustado. Necesarios y ajustados. En segundo lugar, esas enmiendas parciales se compadecen mal con la justificación de su enmienda a la totalidad. Porque después de hablar de diferentes filosofía, que inspira
programas distintos, objetivos distintos, finalmente, toda esa filosofía diferente se traduce única y exclusivamente en minorar 4,2 millones de euros el gasto presupuestario, pero no hacen ni una sola reasignación de créditos entre los diferentes
programas de la sección 25 y lo derivan todo a la sección 31. Es un ahorro, sin más, de 4,2 millones de euros que están destinados al capítulo VI de inversiones y que en otro caso se imputan a gastos corrientes. Por cierto, me voy a dirigir a don
Ángel Martínez Sanjuán que algo le apunta. El señor Martínez Sanjuán en el año 1995 era presidente de la Comisión de Economía y formaba parte del presupuesto. (El señor Martínez Sanjuán: ¿Qué yo formaba parte del presupuesto?) Repásense de cara
al Pleno los gastos que se contemplaban en el capítulo II y en capítulo VI de la sección 25 y verán cómo en muchos casos han disminuido y el presupuesto en nada es derrochador, como ustedes han dicho. Tengo que decirle que la información de esos
gastos fueron solicitados con ocasión de la comparecencia del subsecretario de Presidencia por parte del señor Martínez Sanjuán. Se le ha dado traslado de esa información, ha sido informado pormenorizadamente, detalladamente, de las inversiones y
de los gastos y usted no puede afirmar aquí que carece de información suficiente para hacer una valoración del contenido de los presupuestos de la sección 25 porque esa información me costa, y al señor Martínez Sanjuán también, que se le ha dado.
En cualquier caso, ¿qué gastos suprimiría? Porque usted hace una minoración pero no dice a qué lo va a imputar ¿Qué inversiones considera injustificadas? Porque eso tampoco lo ha dicho. ¿Es que piensa que estas inversiones no son necesarias o que
se realizan de forma caprichosa o frívola? Muchas de ellas no tienen nada que ver con inversiones, digamos, de carácter político, sino que son inversiones de mantenimiento: mejora de la red de saneamiento, reforma de fachadas, construcción de un
aparcamiento, etcétera. No sé si son justificadas o no, pero si usted considera que son injustificadas tendría que explicarnos por qué y, en todo caso, eso no tiene nada que ver con el calificativo de derrochadores que usted nos ha puesto en su
intervención.
Todas estas inversiones están justificadas, tienen un presupuesto ajustado y son inversiones destinadas a mejorar la calidad del servicio público que prestan las administraciones públicas. Le puedo poner un ejemplo de dos capítulos que
usted ha mencionado. En el capítulo 2, programa 112.A, Presidencia del Gobierno, usted pretende minorar 300.000 euros del concepto 226, dedicado a material, suministros y otros. Este concepto se divide en tres: 226.01, 226.10, destinado a
atenciones protocolarias y representativas y a gastos de palacio y consejo de ministros, cuyas dotaciones no han sufrido ninguna variación en los últimos años -son créditos congelados, rígidos, que se deflactan anualmente y en algún caso en una
cantidad sensiblemente inferior a la de años anteriores-, y 226.06, que se destina a reuniones, conferencias y cursos, y que tiene asignado un crédito de 155.000 euros al que se imputa el importe de los convenios, honorarios de interpretación y
gastos de cursos y conferencias. A dicho concepto se imputa, por ejemplo, el coste de las conferencias internacionales, como la realizada la pasada semana de la OCDE o la Conferencia de Donantes,
en las que España ha sido anfitrión. Por tanto, el concepto 226 está plenamente justificado y con un presupuesto ajustado, y no entendemos en qué medida ni en qué subconcepto quieren minorar esos 300.000 euros.
Otras partidas -para no
alargarme más- tienen que ver con lo ya reseñado en el capítulo 6. Son inversiones y mejoras, y unas tienen que ver con necesidades de informatización, equipamiento, comunicación y seguridad; otras tienen que ver con la reforma del aparcamiento
del complejo de Moncloa, precisamente para facilitar el acceso al personal que trabaja al servicio de la Administración en el Ministerio de Presidencia, en el complejo de Moncloa; otras con la red de saneamiento; otras con la supresión de barreras
arquitectónicas; otras con rehabilitación y saneamiento de fachadas; otras con impermeabilización de cubiertas.
Dispone de esa información, señor Martínez Sanjuán -imagino que le habrán dado traslado de ella-, porque ha sido facilitada por el
subsecretario de Presidencia. Por tanto, ¿cuál de ellas considera prescindible e injustificada? Eso es lo que nos tendría que decir.
En relación con el CIS sólo le diré una cosa, que su enmienda adolece de un error técnico. Aquí hay dos enmiendas, digamos, inseparables, porque por un lado pretenden minorar en 600.000 euros la transferencia al CIS y, a su vez, minorar el
programa que gestiona el CIS, el 142.B, en esa misma cantidad. Su enmienda está mal formulada. En el programa 800.X, que regula transferencias entre subsectores, el concepto 410, que es el que usted minora, no corresponde al CIS sino al Centro de
Estudios Políticos y Constitucionales y, en consecuencia, la baja está mal formulada porque no existe tal concepto referido al CIS; pero si quiere salvamos el error porque aquí no está el problema. El problema está en que el concepto 227 del
programa 142.B, que ustedes pretenden minorar, tiene una dotación muy ajustada y plenamente justificada, porque se dedica prácticamente en su totalidad a la realización de estudios técnicos; es decir, a encuestas y sondeos. Todo el mundo sabe que
el próximo año se celebrarán tres procesos electorales muy importantes -las elecciones generales, las elecciones andaluzas y las elecciones europeas-, a los que podría llegar a sumarse un referéndum sobre la futura Constitución de la Unión Europea.
Eso supone un coste adicional, de modo que no se sorprenda de que se incremente este concepto. A esto hay que añadir que a partir del próximo año los gastos de encuestas generarán IVA, un 16 por ciento; lo cual supone un coste adicional. Por
tanto, el incremento está perfectamente justificado. Lo mismo ocurre con el presupuesto del programa 126.B, que se dedica a cobertura informativa, esa cobertura que a ustedes no les gusta. No voy a hacer aquí una valoración política del contenido
de las informaciones, sí del presupuesto. No entiendo por qué pretenden minorar nada menos que en un millón de euros el artículo 28. Ya sabe usted que el incremento en muchos de estos gastos, que están justificados, se deriva ni más ni menos que
de la creación de nuevas consejerías de información en el exterior, desde donde se proyecta la imagen de España a nivel internacional. Debería saber usted que el año que viene está prevista la creación de una consejería de información en el
exterior en Varsovia, a lo que hay que sumar los gastos derivados de la reciente creación de dos consejerías de información, en Pekín y en Brasilia. En consecuencia, la partida que se recoge en el programa 126.B está justificada.
En definitiva, y para no alargarme, ni se justifican sus enmiendas parciales ni su enmienda de devolución. Si se hacen inversiones, señora López, es porque son necesarias. Ya ve lo que son: aparcamientos, saneamientos, supresión de
barreras arquitectónicas, etcétera. No se hacen por capricho. Termino diciendo, para que conste en el 'Diario de Sesiones', que también vamos a rechazar la enmienda 259, del señor Labordeta. El proyecto de presupuestos que el Gobierno ha
presentado de la sección 25 y de los organismos autónomos adscritos a la misma está marcado precisamente por lo contrario de lo que usted dice. Está marcado por la disciplina del gasto, que compagina austeridad con las necesarias inversiones para
mejorar precisamente la calidad del servicio público que presta la Administración. Es un presupuesto serio y realista, como corresponde al proyecto político que sustenta el Gobierno del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Señora López, tiene usted la palabra para un breve turno de réplica.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Sólo voy a necesitar un minuto, señor presidente.
Señor Bermúdez, está claro que a usted no le gusta la oposición y que a mí tampoco me gusta su Gobierno; y está claro que la ejecución de su presupuesto tampoco nos gusta. Hay un dato que nos parece muy relevante.
Ha afirmado usted que en
ocho años no ha habido ningún cambio. Pues ya es hora de que cambien ustedes algunas cosas del presupuesto de Presidencia.
Fíjese usted en cómo con los mismo hilos y con las mismas lanas se pueden hacer dos políticas diferentes. Hace ocho años,
esta Comisión tenía enjundia y contenido político, había una discusión profunda sobre el presupuesto y se podía hacer un estudio en detalle de cada una de las enmiendas que presentaban los grupos políticos; pero como uno de los objetivos del
Ministerio de Presidencia es el adelgazamiento, mayor cada año, del contenido político de esta Comisión, hoy ya no se discute aquí.
Lo único que se hace es que ustedes rechazan las enmiendas por sistema, no se molestan en conocer el sentido de las
enmiendas de cada grupo político y se van a su presupuesto, que defienden con uñas y dientes; y comprendo que usted lo tenga que defender.
Señor Bermúdez, no sé si le suena en el CIS el apellido Montoro; no sé si le suena. Se lo digo por el
panegírico que ha hecho usted de los profesionales del CIS, sobre los que yo no tengo ninguna duda. Sí tengo dudas, sin embargo -y así se lo hemos hecho saber en distintos presupuestos-de que las directrices sean tan objetivas. Por eso le
digo que si recuerda el apellido Montoro comprenderá la afirmación que hacemos cuando le decimos que la situación del Ministerio de Presidencia no es precisamente clara y transparente.
Quería también profundizar en alguna afirmación que usted ha hecho en relación con la defensa de las enmiendas. La defensa de las enmiendas de devolución que ha hecho el Grupo Socialista se hace en el Pleno y, por tanto, en ese momento y en
ese trámite parlamentario será cuando se fijen tanto los objetivos políticos como los criterios de modificación que lleven aparejada esa enmienda a la totalidad de devolución.
En cuanto a su última afirmación respecto a los errores técnicos, no es ese el problema, señor Bermúdez. Usted sabe, porque me consta su exhaustiva lectura de todo el presupuesto de Presidencia, que los criterios políticos de ese
ministerio, pase lo que pase, como he dicho al principio de mi intervención, siguen siendo los mismos. Luego la corresponsabilidad numérica, pase lo que pase, año tras año ha seguido siendo la misma.
El señor PRESIDENTE: Señor Bermúdez, tiene la palabra para un turno final de réplica.
El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Seré breve, señor presidente.
Señora López, no me impute que no me gusta la oposición. No es que me guste o no me guste, y en cualquier caso me gusta que estén ustedes en la oposición, no lo dude. No es que disfrute de ello, pero me gusta más que estén ustedes en la
oposición y no como en otras épocas que ustedes gobernaban y nosotros estábamos en la oposición. Yo prefiero que estén ustedes en la oposición.
Me dice que no nos molestamos en estudiar sus enmiendas. Sí. Yo me he molestado en estudiar las enmiendas que ustedes han presentado. Lo que ocurre es que, en este turno de réplica, quien no se ha molestado en explicar sus enmiendas ha
sido usted, porque yo le he preguntado, a efectos de poder tener un debate -ese debate de enjundia que decía que se producía en otras legislaturas y que ahora no se produce-, qué partidas pretenden minorar, qué gastos consideran que no están
justificados, qué obras y mejoras suprimirían, y no ha sido usted capaz de decírmelo. Y ahora sí que estamos en el debate de enmiendas parciales, no se refiere a la enmienda a la totalidad. Por tanto, no me diga que no nos molestamos en estudiar
sus enmiendas porque lo hemos hecho y se lo podría hacer de manera mucho más detallada y pormenorizada.
En relación con el CIS, por supuesto que sé quién es el señor Montoro, pero no vendrá usted a decir que es el señor Montoro el que hace las encuestas. El señor Montoro dirige el CIS, no como en otras épocas en las que el CIS dependía
directamente del ministro de la Presidencia. Hoy el CIS, afortunadamente goza de autonomía y, vuelvo a reiterarle, las encuestas son proyectadas por profesionales independientes y, a diferencia de otras épocas, pueden ser valoradas, criticadas y
conocidas a la vez por todos los grupos parlamentarios y por el conjunto de la sociedad, y no se quedan en la cocina o en el microondas o en determinado departamento. Por tanto, yo creo que ha habido un cambio cualitativo y muy importante en
relación con el Centro de Investigaciones Sociológicas.
Por último, me reprocha que este Gobierno ha producido un adelgazamiento insufrible, decía, respecto a las relaciones con las Cortes, que es uno de los programas, probablemente el más importante, en que se sustenta la sección 25. Yo creo
que es un exceso verbal y una afirmación exagerada que no se compadece en modo alguno con los ratios que miden precisamente la eficacia de las relaciones del Gobierno con las Cortes Generales. El Gobierno ha tenido una importantísima actividad
legislativa tanto en la presente legislatura como en la anterior. Ha enviado más de 160 proyectos de ley a las Cámaras, cifra similar en las dos legislaturas y muy superior a las dos últimas legislaturas socialistas. Le daré algún dato más para
que vea en qué medida me habla usted de esa relación insufrible.
Sí, le niego la mayor, y además esa relación del Gobierno con las Cortes se mide por la eficacia. En el Congreso, hasta el pasado verano, el presidente del Gobierno contestó a más de
150 preguntas orales. ¿Recuerda cuántas contestaba el presidente del Gobierno en la cuarta legislatura o en la quinta legislatura, la última que ustedes gobernaban? ¿Recuerda esa cifra? Porque si hablamos aquí del incremento, imagínese en qué
porcentaje nos podríamos situar. Los ministros han contestado a más de 1.600 preguntas. Se han debatido más de 215 proposiciones de ley, más de 225 proposiciones no de ley, más de 219 interpelaciones en Pleno. Los ministros han comparecido en más
de 650 ocasiones y se han contestado más de 58.000 preguntas escritas, pulverizando todos los registros anteriores. (La señora López González: ¡Pero ese trabajo es nuestro!) Las relaciones del Gobierno con las Cortes se caracterizan por la plena
normalidad. Es verdad que en algún caso estos ratio tienen que ver con la labor de la oposición, por supuesto, pero no es menos cierto que el programa presupuestario que sustenta esas relaciones con las Cortes (112.C) se caracteriza precisamente
por la elevación de todos esos ratios, por la plena normalidad y por la plena eficacia.
Termino diciéndole lo siguiente. Nunca en la historia parlamentaria se ha producido mayor control del Gobierno y más mecanismos de control que en la actualidad; nunca en la historia parlamentaria ha habido mayor diálogo del Gobierno con
las Cortes, y nunca en la historia parlamentaria se ha permitido, por parte del Gobierno, una relación más estrecha para que haya más control del Gobierno que en la actualidad. Yo creo que las cifras, señora López, lo dicen todo.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate de la sección 25 y pasamos inmediatamente a las votaciones.
- RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR SOBRE EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2004. (Número expediente 121/000173.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar, los miembros de la Comisión deben expresar su opinión sobre si ratifican o no la ponencia de este proyecto de ley. (Asentimiento.) Queda ratificada.
ELECCIÓN DE VACANTES DE LA MESA DE LA COMISIÓN.
- ELECCIÓN DE SECRETARIO SEGUNDO. (Número expediente 041/000012.)
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar a las votaciones en relación con el proyecto de ley de Presupuestos de las secciones debatidas, procede la elección del secretario segundo de esta Comisión dado que el señor Bardisa, que hasta ahora
ocupaba el puesto, aunque está con nosotros no va a estar ya en la Mesa, por lo que hay que cubrir esa vacante. Ruego a los portavoces de los grupos que las sustituciones respecto de los miembros titulares de la Comisión las vayan haciendo saber a
la Mesa a medida que se vayan produciendo las votaciones.
Procedemos a la votación para la elección del secretario segundo de la Comisión. (Por el señor secretario se procede al llamamiento de los miembros de la Comisión, que depositan su voto en la urna preparada al efecto.)
Efectuada la votación y verificado el escrutinio, dijo
El señor PRESIDENTE: El resultado de la votación ha sido el siguiente: 35 votos a favor de don Eduardo Contreras y un voto en blanco. Por tanto, don Eduardo Contreras Linares ha sido elegido secretario segundo de la Mesa de la Comisión de
Presupuestos y puede ocupar su asiento.
(Aplausos.)
Pasamos a continuación a votar lo debatido a lo largo del día de hoy en relación con el proyecto de ley de presupuestos. Les ruego, por favor, a todas SS.SS. que colaboren con la presidencia y con la Mesa para que podamos celebrar todas
estas votaciones, que son muchas, con el mayor orden posible y sabiendo exactamente qué es lo que SS.SS. están votando para que así conste en el 'Diario de Sesiones'.
Votamos las enmiendas al título I. En primer lugar la enmienda del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1.254, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a votar el texto del informe de la ponencia al título I, artículos 1 a 12, sin perjuicio de las variaciones que puedan experimentar las cifras como consecuencia de la aprobación de ulteriores enmiendas en el curso del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos al título II, artículos 13 a 18, al cual hay presentada una enmienda del señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del informe de la ponencia, artículos 13 a 18.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título III del proyecto de ley, artículos 19 a 35. En primer lugar votamos las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez. En primer lugar las números 978, 979 y 994.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título III. En primer lugar, las números 286, 289 y 292.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título III. En primer lugar, las números 1855, 1860, 1861 y 1862.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título III.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título III. En primer lugar, la número 1255.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el texto del informe de la ponencia, artículos 19 a 35 inclusive.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el título III.
Título IV, artículos 36 a 45. En primer lugar, la enmienda 1757, del señor Núñez, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez a este título IV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida al título IV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al título IV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista al título IV.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el texto del informe de la ponencia al título IV.
Hay una corrección de errores. En el artículo 41.1.e) del proyecto de ley perteneciente a este título IV donde dice: Ayuda por terceras personas, debe decir:
ayuda por tercera persona. En esos términos votamos el texto del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título V, artículos 46 a 56. Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 1272.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1273, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del informe de la ponencia al título V, sin perjuicio de las variaciones en las cifras del artículo 46 que puedan resultar de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VI, artículos 57 a 63. Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 840, del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1025, del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 1234, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Texto del informe de la ponencia, artículos 57 a 63.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VII, artículos 64 a 96. Enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, las números 837 y 841.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16, en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista. En primer lugar, las números 1275, 1277, 1278 y 1279.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas socialistas a este Título.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Antes de votar el texto del informe de la ponencia a este título, hay que introducir una corrección de error. En el artículo 90 b), perteneciente a este título VII, donde dice: en el artículo 20 debe decir: en el artículo 85.
En estos términos, votamos el informe de la ponencia relativo al título VII, artículos 64 al 96.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Título VIII, artículos 97 y 98 del proyecto de ley. En primer lugar, enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda número 1290, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el texto del informe de la ponencia, artículos 97 y 98.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Disposiciones adicionales, transitorias y finales.
En primer lugar, enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la número 846.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, la número 1682.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, la enmienda número 1678.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En tercer lugar, la enmienda número 1702.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En cuarto lugar, la enmienda número 1707.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez a las disposiciones adicionales, transitorias y finales. En primer lugar, la número 1032.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 1035.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 953, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
El señor GARCÍA BREVA: Señor presidente, nosotros hemos pedido votación separada de varias enmiendas de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: No constaba en la Mesa. Si nos dice, señor García Breva, cuáles son separamos la votación.
El señor GARCÍA BREVA: La 321, 322, 323 y 335.
El señor PRESIDENTE: ¿Se pueden votar las cuatro conjuntamente?
El señor GARCÍA BREVA: Sí, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Votamos las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida antes mencionadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 1875.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación votamos las enmiendas 1874, 1898, 1899 y 1900, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 1292, 1293, 1296, 1297, 1298, 1299, 1300, 1304, 1311, 1315 y 1316.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del informe de la ponencia, disposiciones adicionales primera a vigesimoquinta y nuevas, disposiciones transitorias primera a séptima y nuevas y disposiciones finales nuevas, incorporando las enmiendas de
nuevas disposiciones que fueron añadidas por la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Anexos del 1 al 11. Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 1317.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas socialistas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votación del texto del informe de la ponencia, anexos 1 a 11, sin perjuicio de las variaciones que resulten de la aprobación de enmiendas en el curso del debate.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a la votación de las enmiendas y las correspondientes secciones debatidas a lo largo del día de hoy.
A la sección 1 no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 2, Cortes Generales. Procedemos a votar las dos enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la sección 2, Cortes Generales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la sección 3, Tribunal de Cuentas, no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la sección 4, Tribunal Constitucional, no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la sección 5, Consejo de Estado, no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la sección 6, deuda pública, no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la sección 7, clases pasivas, no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A la sección 8, Consejo General del Poder Judicial, no se han presentado enmiendas, por lo que procedemos a su votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 13; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 12, Ministerio de Asuntos Exteriores. En primer lugar, votamos la enmienda número 3 del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda número 847, del señor Saura.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas números 359, 360, 363, 364, 365 y 366 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1339, 1340, 1359, 1362 y 1363 del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la sección 12, según el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la enmienda 1671, del Grupo Socialista a la sección 34, relaciones financieras con la Unión Europea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el informe de la ponencia en relación con la sección 34.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 13, Ministerio de Justicia. Votamos las enmiendas números 9 y 10 del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 374, 375, 376, 383, 384 y 386, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 1919, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 1373, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el informe de la ponencia a la sección 13, Ministerio de Justicia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 14, Ministerio de Defensa. Votamos las enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas 752 y 762, de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Puigcercós.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 1799, del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 387, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 389, del Grupo Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado; votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13, en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe de la ponencia a la sección 14.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 15, Ministerio de Hacienda.
Enmienda número 20, del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1206, del señor Rodríguez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 390, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1391, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Informe de la ponencia a la sección 15, Ministerio de Hacienda.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Sección 16, Ministerio del Interior.
Enmiendas del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Saura. En primer lugar, la enmienda número 848.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 849.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 850.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del señor Núñez a la sección 16. En primer lugar, votamos la enmienda 1812.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmienda 1814.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Núñez.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del señor Rodríguez a la sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmienda 954, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a la sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a esta sección 16.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, enmienda 1926.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 34.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas 1928 y 1929.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a la sección 16. En primer lugar, votamos las números 1393, 1414, 1415 y 1428.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la número 1398, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1403, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la sección 16, conforme al informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sección 25, Ministerio de la Presidencia.
En primer lugar, votamos la enmienda 259, del señor Labordeta.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 34; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, trece, en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos el informe de la ponencia a la sección 25.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Suspendemos la sesión por unos minutos, que empezará seguidamente con el debate de la sección 17. Esta noche debatiremos las secciones 17 y 23, tal como está previsto. Mañana seguirá el debate, con una pequeña modificación del orden: no
empezaremos por la sección 18, sino por la sección 19, 60 e Imserso. En primer lugar, frente a lo que dice el orden del día que tienen ustedes; primero debatiremos la sección 19 con la 60 y el Imserso, y, en segundo lugar, la sección 18. El resto
del orden del día será igual. Las votaciones tendrán lugar a partir de la una y media de la tarde. (El señor de Juan i Casadevall pide la palabra.)
El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señor presidente, se había acordado también hacer el debate de entes públicos conjuntamente con la 17.
El señor PRESIDENTE: Se hará tal como está acordado.
Se suspende la sesión. (Pausa.-El señor vicepresidente, Sanz Palacio, ocupa la presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Palacio): Continuamos el debate abordando la sección 17.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, señor Segura.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de totalidad, una enmienda de devolución de esta sección. Lo hacemos no porque no dispongamos de determinadas informaciones sino porque entendemos que
están vertebradas de manera distinta a como nosotros creemos que deberían suministrarse a la opinión pública. Tengo en mis manos un documento que está en la página web del Ministerio de Fomento: Plan de infraestructuras del transporte 2000-2007.
El plan de infraestructuras que así definió el ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, en su primera comparecencia ante la Comisión de Infraestructuras en esta legislatura, concretamente el 15 de junio del año 2000. Alrededor de esta definición
y de la definición que ha hecho el propio ministro de Fomento, que ha criticado en reiteradas ocasiones a este grupo parlamentario, del llamado Grupo Fomento, ha continuado presentando los proyectos año tras año y este último, con el cual termina la
legislatura, continúa en una línea de vertebración de las infraestructuras que nosotros criticamos manifestando nuestras discrepancias en la exposición de motivos de la enmienda de devolución.
En primer lugar reiteramos que, terminando la
legislatura, no existe un plan de infraestructuras de políticas del transporte, que no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros -reitero, que no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros-; en segundo lugar, que no ha sido remitido a las
Cortes Generales en forma de proyecto de ley, como lo fue el anterior Plan director de Infraestructuras que remitió a las Cortes Generales el gobierno socialista en el año 1994, con independencia de los contenidos que tuviese. Desde la perspectiva
democrática, no existe un plan de infraestructuras que haya sido aprobado por las Cortes Generales, existe un listado de actuaciones en las infraestructuras del Estado español conocido por todos nosotros y cuyo listado figura en la página web del
ministerio, como he dicho. Tampoco en la vigente normativa por la que se regula la ordenación y funcionamiento de la Administración Pública española existe el Grupo Fomento.
De este proyecto de ley se desprende, señorías, que el Ministerio de Hacienda ha autorizado al Ministerio de Fomento a recuperar el modelo alemán o abono total del precio para financiar la construcción de obras públicas para el ejercicio
2004. Este mecanismo de gasto público, que como bien saben SS.SS. consiste en diferir gastos a ejercicios presupuestarios futuros, fue utilizado por primera vez por el Gobierno del Partido Popular en la VI Legislatura, por el ministro de Fomento,
señor Arias-Salgado, para el primer ejercicio presupuestario, el del año 1997, y ello haciendo referencia constante al cumplimiento del Plan de convergencia europeo y con posterioridad al déficit cero. También es cierto que se utilizó al comienzo
de la actual legislatura -me parece recordar que fue en el ejercicio de 2000-, pero por instrucciones del Ministerio de Hacienda se suspendió durante dos ejercicios, incluso en el ejercicio pasado. Ahora se reflota para el ejercicio de 2004,
financiándose obras principalmente de carreteras por un importe de 290 millones de euros. También se van a financiar actuaciones en infraestructuras ferroviarias con cargo a este modelo alemán. Este interviniente ha dicho coloquialmente en muchas
ocasiones que este modelo alemán es el modelo de: adquiere compromisos hoy y vete pagando en los años próximos. Esta es la realidad, esto es lo que va a ocurrir con la puesta en actividad de nuevo de este método, si bien
Sección 17 y Entes públicos
es cierto que la Ley reguladora del contrato de concesión de obra pública, que entró en vigor a mediados del pasado mes de agosto, establece un marco jurídico distinto del que había con anterioridad.
La inversión total del llamado Grupo Fomento -terminología con la que no nos identificamos, pero que utiliza mucho el ministro- suma en conjunto alrededor de 15.915 millones de euros, lo que representa un incremento del 14,15 por ciento
respecto al ejercicio pasado. Por segundo año consecutivo, los recursos destinados a los proyectos ferroviarios principalmente de alta velocidad -que superan naturalmente a los de carretera- ascienden a unos 6.607 millones de euros, lo que supone
el 41,52 por ciento del total, mientras que en carretera la cifra se sitúa en el 26,37 por ciento en valores absolutos de 4.196 millones de euros.
En la enmienda de devolución hemos reflejado una serie de consideraciones, a algunas de las cuales se va a referir este interviniente. Existe una desproporción notable entre lo que invierte el Ministerio de Fomento a través de los órganos
gestores -los órganos gestores son, dentro de la Subsecretaría de Fomento, la Dirección General de Transporte por Carretera, la Dirección General de Aviación Civil, la de Marina Mercante y otras- y lo que gasta por medio de los entes públicos
empresariales, que tal como hemos quedado serán objeto de este debate conjuntamente. De aquí que nosotros creamos que existe un cierto desequilibrio entre lo que se asigna a los gastos de las distintas direcciones generales del ministerio y el
fuerte volumen inversor de las entidades públicas empresariales, y debemos tener muy claro que las entidades públicas empresariales financian sus ingresos, por un lado, por fondos comunitarios y, por otro, por las tasas que pagan los usuarios. Sin
embargo, el Ministerio de Fomento, que tiene que jugar el papel de entidad reguladora, de entidad que dicta normativa para que los regulados, los organismos gestores, la cumplan, no experimenta los incrementos que razonablemente debería
experimentar. Así pues, la Ley de seguridad aérea que entró en vigor también hace muy pocas fechas, aprobada por las Cortes Generales, debería verse reflejada en las partidas presupuestarias correspondientes por las cuantías de dotación de
incremento presupuestario, debido al necesario incremento en el número de plazas. En lo que se refiere a la Dirección General de Aviación Civil, que es el organismo regulador que tiene que cumplir los contenidos recogidos en esa Ley de seguridad
aérea, el Grupo Socialista cree que tendría que haberse incrementado de forma potente el número de plazas de inspectores, de personal, que tiene acumuladas por ley las nuevas obligaciones vinculadas a las nuevas medidas de seguridad aérea y a las
nuevas medidas dictadas por las organizaciones internacionales, por la OACI, y por Eurocontrol; consiguientemente, han de ser cumplidas por el Gobierno español y los ejecutores tendrán que ser el personal de la Dirección General de Aviación Civil,
cuyo número prácticamente no experimenta ningún incremento. También la Dirección General de Marina Mercante prácticamente continúa inalterada -otra cosa es la Sociedad de Salvamento Marítimo- después de lo que ha ocurrido con el Prestige, donde se
ha puesto de manifiesto un vacío en el funcionamiento, en los mecanismos de control que se encuentran en manos de la Dirección General de Marina Mercante, que tiene la obligación de cumplir con todas las normativas de inspección de buques en
puertos, de inspección de buques en aguas jurisdiccionales, de control de las titulaciones profesionales, etcétera; tampoco este órgano regulador experimenta ningún incremento relevante. Insisto, otra cosa es la entidad pública Sasemar.
Dentro de la Subsecretaría de Fomento, nos sorprende que no experimente una potenciación la Dirección General de Transporte por Carretera a la que compete la regulación también de las normativas ferroviarias, habiéndose aprobado
recientemente la Ley reguladora del nuevo sector ferroviario que va a traer consigo una auténtica transformación estructural de la Administración pública española en materia de control, de regulación del transporte de pasajeros y de mercancías, de
la fiscalización de las infraestructuras, de la emisión de informes, de estudios y de análisis. Nos ha sorprendido también el escaso incremento, sólo de un 2,5 por ciento, que experimentan las dotaciones por las cuales se subvenciona el transporte
de personas, tanto por vía aérea como por vía marítima, con las Islas Baleares, Canarias y con las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Señorías, la ley de acompañamiento naturalmente no puede verse desligada desde el punto de vista de la
coherencia política de los planteamientos que hagamos en forma de enmiendas a este proyecto de ley. Por ello mañana en la tramitación de la ley de acompañamiento en la Comisión de Economía defenderemos disposiciones adicionales con las que
pretendemos regular, con total y absoluta claridad, las características de servicio público en el transporte aéreo dentro de las Islas Baleares y de los archipiélagos con la Península, así como de ésta con las ciudades autónomas, incluido el
transporte aéreo por helicóptero, habida cuenta de la finalización del helipuerto en la Ciudad Autónoma de Ceuta.
Así pues, señorías, valga esta primera parte de la intervención de este portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para poner de manifiesto nuestra preocupación por el hecho de que la estructuración del Ministerio de Fomento como entidad
reguladora que dicta normativa, que ejerce labor inspectora en todos y cada uno de los modos de transporte, no se vea acompañada con el importante volumen inversor que sin duda alguna conllevan estos presupuestos. Este volumen inversor puede ser
discutible, obviamente, según los criterios
que se expongan, pero es un volumen innegable y potente como consecuencia de la participación, en primer lugar, de los fondos del Estado; en segundo lugar, del importante volumen de fondos comunitarios, y en tercer lugar del importante
volumen de fondos procedentes de la iniciativa privada, que aquí no diría que se enmascaran, sino que se agrupan en una inversión global no diferenciada.
Quisiéramos destacar que en materia ferroviaria hay una inversión innegable en la alta velocidad, pero también quisiéramos poner de manifiesto nuestra preocupación por que no vaya acompañada por el volumen inversor que nosotros creemos que
debe dársele a la red ferroviaria convencional, para la modernización de sistemas de señalización y para la adopción de medidas de modernización potentes en puntos singulares que a lo largo de esta legislatura se pusieron de manifiesto como
consecuencia de alcances de ferrocarriles, sobre todo en la zona del Mediterráneo, en determinadas provincias del litoral mediterráneo. Como se puso de manifiesto por accidentes desgraciados en determinadas rutas, que fueron objeto de análisis y
debate en la Comisión de Infraestructuras, no existe una acción potente con el objeto de modernizar en el sistema de red ferroviaria algunas zonas que son recorridas en ambos sentidos y que tienen ya una tradición en el tiempo que requeriría una
modernización.
Recuerden, señorías, el informe que determinados sectores técnicos de RENFE elaboraron al respecto.
En nuestra enmienda de devolución criticamos la forma de ejecutar la inversión de alta velocidad que se está llevando a cabo, sin haberse establecido un plan de prioridades de las inversiones multimillonarias que se realizan. Hemos dicho
que RENFE cerrará el ejercicio de 2004 con un déficit de 1.434 millones de euros; ni se recogió en la Ley del sector ferroviario ni se recoge aquí no una cancelación en un solo ejercicio presupuestario de un déficit tan potente, sino un planing
temporalizado de la cancelación.
En otro ámbito, nosotros creemos que la inversión en carreteras es claramente insuficiente y nos lleva a pensar que el marco jurídico de la Ley reguladora de la concesión de obra pública está dando alas a empresas especializadas en la
explotación de autopistas de peaje, así se ha hecho por responsables máximos de las asociaciones en las que se engloban en España, que se ofrecen al socaire de la nueva normativa para llevar a cabo el mantenimiento, reposición y modernización de las
carreteras de la red viaria española en las que aún no se paga peaje, pero naturalmente ello sería como consecuencia de la imposición de un determinado peaje.
Nosotros creemos que la inversión destinada a la creación de nuevas infraestructuras que
recoge el proyecto de ley, de unos 2.140 millones de euros -como la que corresponde a la conservación de carreteras, que es de 634,5 millones de euros- es una cifra relativamente escasa si tenemos en cuenta que aún se encuentran pendientes de
realizar carreteras de gran capacidad, como la autovía de la Plata, que va avanzando de forma lenta por tramos diferenciados, o la autovía del Mediterráneo. Por lo que se refiere a la segunda cifra a la que he hecho referencia, 634,5 millones de
euros, baste con recordar que, según un reciente estudio de EuroRAP, más del 36 por ciento de los tramos de la red de interés general del Estado están calificados como peligrosos o muy peligrosos. Es necesario modernizar la información que se
suministre en la red viaria española, la información que se suministre al conductor, al usuario, mediante la incorporación de nuevas y modernas tecnologías, algo que se hace de forma muy lenta, muy pausada y muy debilitada en la red española,
existiendo tramos calificados como peligrosos o muy peligros. También es necesaria una política de detección de puntos blancos en las carreteras, de puntos en los que el índice de siniestralidad esté por debajo de determinados parámetros y,
consiguientemente, establecer un mecanismo diferenciado de puntos negros en la red viaria.
El Grupo Parlamentario Socialista ha puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones la política relativa a la vivienda. Han sido muchas las iniciativas parlamentarias que hemos promovido. Hemos planteado la modificación de la Ley reguladora
del patrimonio del Estado con el objeto de que el suelo de que disponen otros ministerios pueda ser empleado para urbanizar y promover viviendas de fácil acceso a la ciudadanía que lo necesita. El incremento de las cuantías en los planes de
viviendas resulta totalmente insuficiente, y especialmente el que se recoge en el programa 431.A, que no llega al 3 por ciento de la cuantía que recogen los presupuestos generales para esa función. Los Presupuestos Generales del Estado del
ejercicio en vigor recogían la asignación de 603 millones de euros y para el ejercicio de 2004 hay un incremento muy reducido, ya que se consignan 618 millones de euros, es decir, se produce un aumento, como he dicho, de un 3 por ciento
aproximadamente. Indico aquí un incremento de un 2,5 por ciento. En la propuesta económica del Grupo Parlamentario Socialista, que figura en las enmiendas parciales, a cuya numeración me referiré tal y como aparece en el listado que se ha
publicado, hemos planteado que el gasto público directo en materia de vivienda, programa 431.A, se debe incrementar en un 5,7 por ciento, es decir, en una cantidad absoluta de 34.380.000 euros. En los objetivos de ese programa se observa que la
subsidiación de los tipos de interés en los planes de vivienda pasa de la cantidad absoluta de 195.690.000 euros a 195.440.000 euros, es decir, hay una disminución de 250.000 euros. En el presente ejercicio estaba previsto que las subvenciones para
promoción, adquisición y rehabilitación de viviendas a comunidades autónomas alcanzasen una cuantía de 176.700.000 euros y para el ejercicio próximo estas subvenciones van a alcanzar 156.170.000 euros, es decir, ha habido una
disminución de un 11,61 por ciento. Y en cuanto al capítulo específico de rehabilitación en el patrimonio transferido y de construcción de viviendas en Ceuta y Melilla, se pasa de una dotación de 61millones de euros en el presente ejercicio
a 55,7 millones de euros.
Señor presidente, consciente del planteamiento que hemos hecho de no extendernos en el tiempo, permítame cinco minutos más, si es posible, o un poco menos, porque no quiero que se me enfaden los colegas (El señor Sedó i Marsal: ¡Hoy que
puedes!), para hablar sobre las entidades SASEMAR, AENA, GIF y sobre el ente Puertos del Estado. Es mucha la documentación que todos los grupos parlamentarios y los diputados acumulamos. En primer lugar, SASEMAR, la Sociedad de Salvamento
Marítimo, tiene la obligación de ejecutar los planes de salvamento marítimo. El Plan de salvamento marítimo en vigor, el llamado Plan 2002-2005, que entró en vigor teóricamente a comienzos del año 2002, fue aprobado por el Consejo de Ministros en
julio de 2002. En ese plan, me felicito -lo digo con absoluta claridad para que quede reflejado en el 'Diario de Sesiones'- de la decisión del Gobierno de encargar a Astilleros Españoles remolcadores de altura, que serán también de titularidad
pública, y buques recogedores de combustible, que serán también de titularidad pública. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Este diputado, en la comparecencia que realizó en su momento el subsecretario de Fomento ante la Comisión de
Infraestructuras, criticó y discrepó de las características técnicas de los buques que se recogían en ese plan nacional. Hoy tengo en mis manos el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 7 de noviembre, en el que autoriza la licitación del
contrato de suministro de dos buques polivalentes especializados en salvamento marítimo y lucha contra la contaminación en la mar. Obviamente, no voy a leer la referencia de prensa que tengo en mis manos y que ha sido emitida por la Secretaría de
Estado de Comunicación. Tengo la satisfacción de comprobar que las características de los buques que se van a contratar en Astilleros Españoles recogen la crítica que realizaba el Grupo Parlamentario Socialista respecto a que considerábamos que,
tal como se recogía en el plan, eran insuficientes.
Observen, señorías, que ahora empieza la licitación de estos buques y que los contratos correspondientes se encargarán a comienzos del año próximo.
Se ha dejado pasar todo el año 2002 y todo el año 2003, con lo que intuimos que se
acumularán las cantidades que estaban asignadas en los presupuestos de este ejercicio, aunque no está claramente reflejado, en el ejercicio próximo. Por fin, el Estado español va a disponer de buques de titularidad propia -el presupuesto total es
de 30 millones de euros- y no deja de ser un paso adelante.
Sin embargo, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta un conjunto importante de enmiendas a los presupuestos de la Sociedad de Salvamento Marítimo, porque si bien es cierto que valoramos el aspecto al que acabo de hacer
referencia, también es cierto que no se han dado pasos importantes en lo que se refiere a los equipamientos de las capitanías marítimas en el litoral español. Por eso, en la enmienda número 1452 planteamos una modificación de 5.500.000 euros, con
el objeto de poder llevar a cabo incrementos presupuestarios en distintas inversiones: en el Plan de emergencia para pasajeros en el puerto de Valencia, 1 millón de euros; en la Capitanía Marítima de Vigo, 400.000 euros; en la construcción y
equipamiento de estaciones de control de tráfico marítimo, 500.000 euros; en el servicio integral de vigilancia, 600.000 euros; en el Plan de lucha contra los vertidos en la bahía de Algeciras, 1 millón de euros; en las nuevas bases de salvamento
marítimo entre Tarifa y Cádiz y en Chipiona, 2 millones de euros más. A esto destinamos estos 5.500.000 euros. Lo decimos conscientemente y haciendo referencia a esta partida presupuestaria y a esta enmienda, porque la desgracia ocurrida en la
bahía de Algeciras, en las proximidades del litoral de Rota, con 35 fallecidos a bordo de una patera, pone de manifiesto la necesidad del reforzar el equipamiento. Esta es una desgraciada circunstancia que hemos vivido, que será menester analizar,
que no es objeto de este debate, pero nuestra enmienda viene justificada por esas necesidades.
En la enmienda 1450 solicitamos 33,5 millones de euros: 500.000 euros con el objeto de mejorar el equipamiento del salvamento marítimo en Pasajes, 30 millones de euros para el plan de remolcadores en Galicia y 3 millones de euros para
salvamento marítimo y lucha contra la contaminación marina en la Comunidad Autónoma de Canarias; 33,5 millones de euros como dotación para Sasemar, para poder afrontar ese frente marítimo del Atlántico gallego y el correspondiente a la comunidad
canaria.
Señorías, voy a emplear un minuto solamente para indicarles que nos preocupa el funcionamiento de AENA. Nosotros, al igual que en el pasado ejercicio, en la Ley de acompañamiento hemos presentado una enmienda en la que planteamos la
necesidad de abrir la gestión de AENA a la coparticipación de los gobiernos autónomos y de las entidades locales afectadas. En ese sentido, un conjunto de enmiendas que hemos planteado surgen de las preocupaciones derivadas de las contestaciones
que nos ha dado el Gobierno a preguntas que le habíamos formulado. Señorías, es algo que merece la pena conocer y no dejar pasar de largo. AENA es una entidad que se está endeudando de forma excepcional. El Gobierno, ante la pregunta de este
diputado de cuál es la cuantificación de los ingresos financieros, así como de los gastos financieros de AENA, nos contesta que los ingresos financieros previstos para el próximo ejercicio son de 3.515.000 euros y casi 159 millones de euros de
gastos financieros.
Ante la pregunta de cómo se explica el hecho de que si se prevé que los ingresos de AENA se incrementen
en más de un 10 por ciento, la previsión de cierre del próximo ejercicio aporte relevantes pérdidas frente a los beneficios del presente ejercicio, dado que es un documento público, yo les recomiendo a SS.SS.
que lean la respuesta y vean
cuáles son los ingresos derivados de las tasas de aterrizaje: 5,49 millones de euros; y los ingresos derivados de las tasas de seguridad: 1,62 millones de euros. Hoy, AENA está muy mal gestionada. Con esto se justifican las enmiendas que hemos
presentado, que no son enmiendas surgidas espontáneamente en un rato ilusionado de una serie de diputados de este grupo, no; surgen de las contestaciones que el Gobierno nos ha dado y que vuelvo a insistir en que las lean. ¿Y cuáles son los
ingresos de AENA como consecuencia de la explotación inmobiliaria de su patrimonio? Son impresionantes. Entre tiendas y superficies de todo tipo de explotación inmobiliaria se llega a la cuantía global de 335 millones de euros, aproximadamente.
Es espectacular. El aeropuerto de Barcelona proporciona casi 62 millones de euros; el aeropuerto de Palma de Mallorca, 28 millones de euros; el de Tenerife Sur, 17 millones de euros. Me estoy refiriendo sólo a tiendas, bares y restaurantes,
alquileres de vehículos, publicidad, aparcamiento de vehículos y otros ingresos comerciales, arrendamientos de toda índole.
AENA es un ente que produce una cantidad excepcional de ingresos, pero e incluso en estos instantes los gastos son muy
discutibles, con déficit en actuaciones en otros países, ya que AENA internacional está perdiendo dinero. Nosotros creemos que hay que reconducir el funcionamiento de este ente y de ahí que hayamos presentado una serie de enmiendas.
Señor presidente, señorías, una sección tan potente como esta, con todas las actuaciones que se encuentran bajo el control del Ministerio de Fomento (entidades empresariales como el GIF; Correos -dado que tendremos una sesión monográfica
dentro de muy pocas fechas en la Comisión de Infraestructuras, rehuyo el análisis del contenido-; RENFE, con un déficit de casi un billón de pesetas, un descenso en el transporte de mercancías, un envejecimiento de la red ferroviaria convencional,
una falta de definición de políticas que no sean radiales en el Estado español, de políticas transversales y, consiguientemente infraestructuras para el desarrollo de las mismas; y un ente como Puertos del Estado, con un conjunto de tasas
potentísimas que sufrimos los usuarios), en suma, un ministerio de esta dimensión justifica las razonadas discrepancias que este diputado ha intentado exponer, en unas ocasiones refiriéndome a contenidos de cada una de las enmiendas y en otras a
consideraciones complementarias, y justifican la posición del Grupo Parlamentario Socialista, que discrepa frontalmente con una manera de ejecución de políticas de infraestructuras y de entrega a la iniciativa privada de la titularidad de muchos
servicios públicos cuya eficacia va disminuyendo, en contra de la doctrina típica y oficial de algunos de que el servicio público equivale a ineficacia y la iniciativa privada en la gestión de los servicios implica rendimiento, eficacia y
consiguientemente, libertad de opciones. Ese caso no se produce en las políticas que impulsa el Ministerio de Fomento.
El señor PRESIDENTE: A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Voy a intervenir pausadamente, porque antes con las prisas logré una magnífica votación de abstención a la Casa de su Majestad el Rey, lo cual no era nuestra intención. Además, esto me obligó a concentrarme un poco
para poder dejarlo más o menos todo igual y abstenerme en las secciones 1, 2, etcétera. Lo lamento, ha sido un error mío, ya lo subsanaremos en el debate del Pleno.
Nosotros a esta sección 17, Ministerio de Fomento, hemos presentado muchas enmiendas, en total 62, de distinta índole. Otros años en estas mismas fechas habíamos podido hablar con el ministerio, también lo hemos hecho ahora, pero no en
relación con los presupuestos. Mañana por la mañana tengo una entrevista -no precisamente para hablar de presupuestos, voy acompañando a unas personas- con el secretario de Estado, con el que tengo muy buena relación, así como con el ministro, pero
desde hace unos años es difícil dialogar con la posibilidad de obtener resultados positivos.
Esta mañana no he podido intervenir, porque había gastado mis turnos, para contestar a una intervención del señor Azpiroz en la que decía que actualmente la inversión del ministerio en Cataluña es del orden del 18 por ciento. Eso lo
reconozco. Pero no es solo desde ahora. Desde 1997-1998 las inversiones de Fomento se incrementaron un 16 por ciento y en estos últimos años, mediante los acuerdos que alcanzamos en la anterior legislatura, se incrementaron en el 18 por ciento y
han continuado en esta legislatura. El problema es que muchas de estas inversiones pueden concluir y en Cataluña no se ha concretado ningún proyecto para sustituir dentro de cuatro años las obras que hoy pueden ser espectaculares, como la del
aeropuerto, en el la que se está trabajando mucho pero está en cota cero, o las obras relativas a medio ambiente, como la gran depuradora del Prat de Llobregat o el AVE. Por diferentes circunstancias, el AVE se va retrasando y las cantidades
consignadas para cada año no se gastan totalmente. De acuerdo que figurarán en el GIF o en conservación de carreteras, pero mucho de lo conseguido estos últimos años a través de enmiendas y solicitudes en el sentido de realizar estudios
informativos y su correspondiente declaración de impacto medioambiental, ahora se está retrasando. Nosotros presentamos enmiendas que solicitan pequeñas partidas para que al menos figuren en el anexo, de forma que podamos lograr acuerdos -como
digo, este año no ha habido conversaciones para lograr acuerdos- y entren las solicitudes en el esquema informático que posteriormente queda resuelto en los anexos de inversiones. Sin embargo, a veces estos proyectos se demoran tres y
cuatro años. Por ejemplo, la autovía orbital alrededor de Barcelona, que sería el tercer cinturón, desde Abrera-Olea-Viladecavalls-Terrassa, se ha iniciado hace cinco años y no hay manera de que avance al cabo de tantos años. Se decía esta mañana
que hay que realizar un nuevo proyecto porque hay ayuntamientos y demás instituciones que ponen pegas y es muy difícil la finalización de las obras. Sabemos que desde que se inicia una obra pueden pasar 6, 7 u 8 años para que entre una máquina,
pero hay obras que llevan más de 8 años en esas condiciones.
Por todo ello, nosotros en este momento estamos decepcionados respecto del futuro de las inversiones en Cataluña. Porque va pasando el tiempo, solicitamos el estudio informativo de continuidad de la N-II desde Barcelona hasta la frontera
mediante infinidad de enmiendas presentadas en las leyes de presupuestos y que no son aceptadas.
Hay otras, como la N-340 -de Valencia a Barcelona, por decirlo de una manera rápida- que está a pedacitos; obra hecha en cuatro o cinco kilómetros, carretera de dos carriles y, al cabo de diez kilómetros, en la zona de Port Aventura un
tramo de cuatro carriles, etcétera. Todo son proyectos, como el proyecto de urgencia desde Hospitalet de l'Infant, cerca de la central nuclear de Vandellòs, hasta la zona de Vilaseca, donde están Salou y Port Aventura. Este proyecto fue declarado
de urgencia por el ministro Arias Salgado y ahora ha salido a licitación.
Por otra parte, falta mucho hasta la provincia de Castellón. Cataluña no tiene autovías; quizá podamos tener una autovía continuada este verano desde Fraga, en Huesca,
pasando por Viella y empalmar al llegar a Cervera -esperemos que podamos hacerlo- con el último tramo de ese desgraciado pedazo de Cervera-Igualada, que ha tenido muchas vicisitudes de todo tipo: un proyecto hecho, impugnado, anulado judicialmente
y hecho de nuevo por otro lado. Así están muchas de las inversiones del ministerio en Cataluña.
Una solución para estas inversiones, que se hacen pero muy lentamente, con muchas dificultades, es entrar en las carreteras en que tiene competencia el Ministerio de Fomento e ir solucionando pequeñas cosas, como variantes de poblaciones,
rotondas de enlace, etcétera. En los últimos años hemos logrado algunas rotondas, como en Roselló, provincia de Lérida, y aún estamos esperando que se empiece otra, una rotonda que en el primer proyecto no subía de 50 millones de pesetas. Dicen
que falta el proyecto, pero yo diría que el proyecto de una rotonda se saca de un armario; sin embargo, al ministerio le cuesta dar la orden de inicio de muchas cosas.
Por esta parte, nosotros estamos bastante decepcionados. Hay otros problemas;
hay problemas con el AVE, con la institución catalana de urbanismo, que es la coordinadora, la encargada de estudiar la entrada a Barcelona del AVE en la zona del aeropuerto, que produce retrasos. Ya sabemos que se han producido retrasos y los
asumimos; hay retrasos en el desarrollo del AVE que tenemos que aceptar, la cuestión es que podamos llegar a buen fin.
Hay otros pactos. Nosotros presentamos una enmienda consecuencia de unos pactos, que no son muy conocidos -quizá alguien los conozca porque en su momento se comentaron-, pero la realidad es que después de esos pactos no están ni en
presupuesto las primeras partidas para iniciar los trabajos.
El Ministerio de Fomento debe hacer la contribución del Estado al plan territorial parcial de Les Terres de l'Ebre. Esta contribución del Gobierno central, incluida en el plan a cargo
del Ministerio de Fomento, estaba valorada en su momento en 95.000 millones de pesetas, al 50 por ciento entre el Gobierno y la Generalitat. Se trataba de una serie de acuerdos, de enmiendas que se aceptaron sobre la manera de replantear el delta
del Ebro. Básicamente no salieron, aunque tenía que ponerlas en marcha el Ministerio de Fomento o, al menos, el Ministerio de Medio Ambiente debía dar información suficiente al Ministerio de Fomento. Había otra partida para obras de regadío en las
tierras del Ebro que iban a incorporarse al futuro plan de regadíos por importe de 100.000 millones de pesetas con cargo al Ministerio de Agricultura; pero por el Ministerio de Agricultura no sale absolutamente nada. Sobre estos acuerdos hay algún
documento escrito, un protocolo, pero básicamente correspondía al momento en que se estaba negociando toda una serie de enmiendas para dar seguridad de buen entendimiento. Las enmiendas que nosotros presentábamos tenían que ser las que diesen
seguridad; estoy hablando de algo que debería comentar después en la sección 23, porque se referían a seguridad de las calidades: de la calidad del agua y del entorno en la zona del Ebro. Pues bien, nos quedamos esperando y no llegó nada. Puede
que haya muchas personas que no sepan que tenía que llegar; por nuestra parte no hemos hecho uso de todo esto, porque confiábamos en que se resolvería el asunto, pero no fue así. Comprendan -y a eso me refería esta mañana- que, sobre todo en lo
que se refiere a las secciones 17 y 23, nos pareciera que estábamos no diré en un callejón sin salida, pero sí en un momento en que era difícil trabajar. Por eso, cuando el señor Azpiroz me lo reprochaba -dicho amistosamente-, y se extrañaba de que
tuviésemos esta actitud frente a los presupuestos, yo le decía que leyese bien lo que nuestro portavoz, el señor Trías, dijo en el Pleno del debate de totalidad. Hay cosas que deberían hacerse y no se hacen.
Ya he dicho antes, señorías, que tenemos 62 enmiendas a esta sección; daré sólo unas pinceladas. La enmienda 1932 se refiere a unas obras que, mediante
acuerdos, se acabaron, las obras del palacio de agricultura de Barcelona; que no es tal palacio de agricultura sino donde está radicado el Teatre Lliure. Pues bien, el Ministerio de Fomento tiene pendiente el 50 por ciento de la
liquidación, y desde hace tiempo. Se crean organismos, pero la participación prometida del Estado no aparece; así sucede con el organismo de participación en el fondo de la transición para mejora de la movilidad y con la homogeneización de los
peajes de autopistas. Pues bien, hay que participar. ¿Cómo? Con lo que está comprometido. Bueno, pues no llega nada.
Carreteras. Tenemos toda una serie de enmiendas para ampliarlas, porque vemos que están siempre en estudio informativo, pero no hay manera de salir de ahí. Hay una carretera muy importante, que había avanzado bastante en la época de
ministro del señor Borrell. Tuvo muchas dificultades en una zona determinada, de modo que un presupuesto de unos 6.000 millones de pesetas de entonces acabó en una liquidación de casi 11.000 millones; me refiero a la carretera N-260, que es el eje
pirenaico. Nosotros presentamos enmiendas, pero últimamente no hay manera de que arranquen las obras. Enmiendas ¿para qué? Hay tramos como la variante de Gerri de la Sal, que en Cataluña va desde la provincia de Huesca hasta Portbou, que están
abandonados, también hay otros en los que se está trabajando muy bien, como en la zona de Olot, pero no hay continuidad en la carretera. El proyecto de Xerallo-Pont de Suert lleva años saliendo en los presupuestos. Yo consulto continuamente todos
los anexos de obras de años atrás y hay obras que ya estaban en legislaturas anteriores.
Al principio de estas legislaturas de acuerdos con el Grupo Popular, yo decía que el problema con el que nos habíamos encontrado en la época del señor Borrell era que no habían quedado proyectos a realizar en Cataluña.
Yo recuerdo dos obras
concretas que se podían encontrar en la biblioteca de proyectos -que no existía como tal- y que figuraban como proyecto realizable. El Alamús-Lleida es un tramo de la antigua N-II que al dejar de ser N-II, porque se ha construido una variante con
cuatro carriles, era necesario. Se acordó hacer un acceso a Lleida desde unos 30 kilómetros. Para mí era uno de los dos proyectos en el que hace ocho años se estaba a punto de trabajar, pero es ahora cuando se está construyendo.
El otro es Coll
de Moro, que es un pequeño collado que hay por la zona de Gandesa en la carretera N-420. Había un proyecto. Pues bien, ¿saben que ese proyecto ya no existe y que ahora hay que hacer un proyecto nuevo? Cada año ha estado saliendo en los anexos y
la cantidad prevista en ellos suman las inversiones, pero después no se gasta. Así no podemos seguir y así no avanzamos. En cuanto a los enlaces estos días se ha inaugurado un enlace de la autopista A-7, un buen acceso, con la carretera N-340, en
la zona de Amposta. Ha habido un buen acto propagandístico de prensa, con el subdelegado del Gobierno en la provincia de Tarragona, pero nadie ha dicho que este era el resultado de una enmienda nuestra de hace dos años.
Se ha hecho rápido porque
seguramente quien ha hecho la obra ha sido la propia concesionaria de la autopista A-7. Señorías, nos encontramos con todas estas cosas y en este momento estamos donde estamos.
En ferrocarriles nuestras enmiendas van muy dirigidas hacia cercanías, pasos a nivel. Todavía figura en los anexos una obra, y nosotros cada año con nuestra enmienda solicitamos dinero para que se desencalle. Señorías, el soterramiento del
ferrocarril, con un paso a nivel incluido, en Sant Feliu del Llobregat ya lo estábamos discutiendo aquí en legislaturas anteriores, cuando era portavoz del Grupo de Izquierda Unida el que era alcalde de Sant Feliu, el señor Baltasar, que debe hacer
cuatro legislaturas que ya no está aquí; creo que en la V Legislatura ya no estaba. Entonces ya trabajábamos en ello, pero está saliendo cada año en el anexo. También he de decir que este soterramiento del tren en Sant Feliu tiene muchos
problemas de convenios, papeles y más papeles. De acuerdo, esta sería aquella obra emblemática que no sale nunca, pero es verdaderamente tremendo.
Señorías, no voy a citar las 62 enmiendas (aunque cada uno me dirá: No citaste nuestra enmienda), pero sí quiero dejar constancia de lo que hay que hacer. Cuando en las comparecencias de presupuestos decía el secretario de Estado de
Infraestructuras que era muy difícil y que se tardaba mucho en hacer los estudios informativos, yo, un poco en broma porque buscaba un símil, le decía que el estudiante que hace estudios informativos es un mal estudiante porque no acaba nunca, por
tanto, hay que dejarle para septiembre. Pero, claro, si le dejamos para septiembre todavía tardará más en tener el estudio informativo. En estos momentos hay muchos estudios informativos pendientes, muchos proyectos pendientes, y nos podemos
encontrar que dentro de cuatro años el AVE llegue a donde tiene que llegar estando muy avanzado, pero que el nivel de infraestructuras baje en Cataluña. El Grupo Fomento presume de unos porcentajes altos de infraestructuras en Cataluña y nosotros
estamos contentos por ello, lo reconocemos, pero no queremos que bajen. Es muy fácil elaborar estadísticas que empiezan diciendo que las infraestructuras en Cataluña son muy bajas, pero yo no estoy muy de acuerdo con ello. Si miramos 50 años
atrás, el promedio es bajísimo; si lo hacemos de 20 años para acá ya no es tan bajo. Hay que reconocer que en la época de gobiernos socialistas se movía alrededor del 8 por ciento, anteriormente al 2 por ciento, y gracias, y en los últimos años ha
subido a un nivel muy aceptable. Es decir, según se mire la estadística según convenga, es buena o es mala. Actualmente está en niveles altos, pero queremos que se mantenga en los que corresponden a Cataluña, y que cuando se hagan las estadísticas
se hagan bien. Cuando conviene que el Grupo Fomento no tenga unas empresas no se incluyen
y entonces es más bajo, si incluimos AENA es más alto... Se pueden hacer de la manera que se quiera la estadística, pero nosotros queremos que se trabaje bien y continuadamente. Por ello, nuestras enmiendas son las que son; podríamos
haber presentado algunas más, pero sabíamos que no se iban a aceptar al igual que otros años. De todas las enmiendas presentadas lográbamos que se aprobasen cuatro, cinco o seis porque quizá la dificultad está en que en marzo o abril ya se han
aprobado las cifras del presupuesto, y en esas fechas ya se sabe que no va a haber nada de nada.
Con ello doy por defendidas las enmiendas a la sección 17.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Creo que para entender las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a la sección 23, Ministerio de Fomento, tendríamos que conocer que la cifra de inversión que plantea el Gobierno del Estado en
Galicia en las circunstancias actuales representa la cantidad de 1.045 millones de euros, de los cuales 706 corresponden a los ministerios, es decir, son presupuesto consolidado, y 338 millones a organismos y empresas públicas. Digo esto porque es
esencial saber que estamos en un año especialmente preocupante para nuestro país, al que se vienen a añadir unas circunstancias ya constantes, y es que Galicia no vive precisamente en el mejor de los mundos posibles. Incluso estos días hemos
conocido una vez más que Galicia está dos puntos por encima de la media del Estado en cuanto al paro, tres puntos por encima de la media del Estado en cuanto a trabajo precario, inestable, y por supuesto tres veces más que la media de la Unión
Europea. En estos momentos, podemos decir que desde el punto de vista relativo teniendo en cuenta la población, el envejecimiento de la misma y el grado de ocupación, tenemos más paro que en Andalucía y por supuesto unas perspectivas de desarrollo
muchísimo menores.
A esto hay que añadir los efectos de la catástrofe del Prestige, efectos que el Gobierno de España intentó paliar desde el punto de vista teórico con una inversión adicional todos los años a partir de éste. Sin embargo, curiosamente, esta
cifra que les he dado de 1.045 millones de euros -en la que hay que integrar nada menos que 200 millones de defensa que se atribuyen a Galicia para la construcción de las fragatas F-100 y el ciclo de vida de estas fragatas- representa nada más que
el 4,6 por ciento del total del Estado. De esta forma, nos encontramos con que en el caso particular de Fomento, el ministerio, más el GIF, más RENFE, más FEVE invierten 263 millones de euros, a los que hay que añadir 113 de puertos, de un total
que representa Puertos del Estado de 927 millones, es decir, el 12 por ciento para Galicia, y de 20 millones de euros de un total de 2.300 millones de los aeropuertos, que en concreto representan el 0,9 por ciento del conjunto del Estado. Esta
claro que para ser consecuentes con las necesidades de un país en estas circunstancias, para ser consecuentes con las promesas del Plan Galicia -no solamente en las obras que estaban planificadas en el Plan de infraestructuras terrestres 2000-2007,
sino en las nuevas comprometidas- y, por tanto, hacer posible que se pueda cumplir, de tal manera que en el periodo 2007-2010 las que están prometidas sean ejecutadas y aquellas que nos prometen como nuevas en el Plan Galicia empiecen antes de 2010,
no se puede actuar con las cifras inversoras del Ministerio de Fomento y en general con las que plantea el Gobierno español para Galicia.
Por esa razón hemos presentado un conjunto de enmiendas, más de 150, que representan la cantidad fundamental de nuestras enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, por una cifra mayor de la que está presupuestada de 829 millones de
euros. Esta cifra -que sería la cifra mayor, puesto que el montante global que pedimos en unas circunstancias tan especiales para Galicia sería de 1.400 millones de euros en total- viene representada por enmiendas referidas a obras de carreteras
que son competencia del Estado; a infraestructuras de carreteras que están pendientes; a obras de infraestructuras que son claramente deficientes, que están construidas, pero dejan mucho que desear; a lograr que las nuevas infraestructuras, sobre
todo de gran capacidad, que se hagan en Galicia estén libres de peaje; a demandar lo que es una constante preocupación de algunas ciudades o villas del país, que no encuentran respuesta por vía parlamentaria a pesar de haber sido solicitadas en
numerosas ocasiones y también para dar satisfacción a demandas que han provocado amplias movilizaciones sociales y populares en Galicia. En este sentido, voy a enumerar unas cuantas significativas a manera de ejemplo.
Pedimos que se haga una mejora de los viales dependientes de Fomento en algunas ciudades, para que estos viales sean integrados en la estructura urbana. En particular, tiene especial importancia para nosotros el caso de Pontevedra,
representado por nuestra enmienda 1047. Exactamente igual, para mejorar las condiciones acústicas, ambientales e higiénicas o de afectación al medio ambiente o infraestructuras muy deficientes, como pueden ser la autovía Vigo-Porriño o el
intercambiador Rebullón-Tui, pedimos unos paneles antirruido precisamente en nuestras enmiendas 1048 y 1049.
Hay unos casos que fueron objeto de preocupación en este Congreso de los Diputados, con unas respuestas francamente nada convincentes por parte del Gobierno, en relación con la seguridad vial. Queremos poner el ejemplo concreto -incluso el
delegado del Gobierno ha prometido últimamente que estudiará el tema- de la mejora de la seguridad vial en la N-650, a su paso por Pontedeume, en la travesía de Campolongo, o el acondicionamiento de un puente histórico-artístico
medieval que está tapado por una estructura de cemento, que no solamente es horrible, sino a todas luces injustificada e insegura; sería el acondicionamiento del puente de Puentedeume, en la enmienda 1059. Por supuesto, también hay grandes
infraestructuras que están prometidas y que habría que acometer sin peaje o bien acelerar su construcción. Me refiero al caso de la construcción sin peaje de la autovía Alto de Santo Domingo-Ourense, una obra competencia del Estado, que
desgraciadamente acaba siendo construida con inversión de la Xunta de Galicia e inversión privada y sometida a peaje. Nosotros pedimos en concreto que sea una autovía competencia del Estado con todas las consecuencias y, por tanto, atribuible a sus
presupuestos generales. Por eso en la enmienda 1086 pedimos 12 millones de euros, igual que pedimos 8 millones de euros para acelerar la construcción de la autovía Santiago-Lugo y otros 8 millones de euros para la autovía Lugo-Ourense. Especial
significación tiene para dos ciudades, Lugo y Ferrol, acometer obras de infraestructuras que pueden paliar el problema del tráfico en todo su perímetro de influencia.
En primer lugar, en la enmienda 1091 nos referimos a la necesidad de construir un
nuevo puente sobre el Miño, en el caso de la ciudad de Lugo, y no esperar para tener esta infraestructura fundamental para la fluidez del tráfico y para los accesos desde la periferia a que se pueda construir la autovía Santiago-Lugo-Ourense-Lugo.
En el caso de Ferrol, se trata de una obra que fue prometida -recordarán los que estuvieron en la anterior legislatura- en 1998 pomposamente y aprobada por unanimidad del Pleno del Congreso, y era realizar la ronda oeste de Fene para que el acceso a
Ferrol por As Pias fuese más fluido y se pudiese estructurar el centro de este municipio fenés, no estando sometido al impacto ambiental y acústico de una carretera nacional por su centro. Por supuesto, y para acabar el capítulo de carreteras, no
podemos olvidar el escándalo de que se vaya a contar con la primera fase construida de un puerto exterior en Ferrol sin que cuente con una carretera en las debidas condiciones; por eso pedimos que el acceso al puerto exterior de Caneliñas cuente ya
el año que viene con 30 millones de euros, sin esperar al año 2005, que es cuando prácticamente va a estar en funcionamiento el puerto, sin estar construida la carretera, de planificarse las anualidades como lo hace el Ministerio de Fomento.
Por último, hay dos obras significativas de cómo actúa el Gobierno con Galicia. La primera de ellas es la conexión de Ferrol y toda su comarca con la autovía del Cantábrico. Ustedes saben que la autovía del Cantábrico deja de ser costera
precisamente cuando llega a Galicia para introducirse vía Bahamonde y Vilalba. Pues bien, la conexión por una vía de alta capacidad que ahora se está desdoblando entre Ferrol y Vilalba se está haciendo curiosamente con fondos de compensación
interterritorial cuando estaba planificado hacerlo con fondos de la minería del carbón.
Por tanto, es transferir la carga de su construcción a la comunidad autónoma, y no precisamente algo a lo que la comunidad autónoma tenía derecho por su
participación, en cuanto al paro provocado en una comarca minera como As Pontes, en el dinero sustancioso que el Estado planificó para invertir en comarcas mineras en crisis. Por eso pedimos en la enmienda 1098 para esta finalidad 6 millones de
euros. Finalmente, que se asuma de una vez por todas por parte del Ministerio de Fomento la promesa de construir la vía rápida -ya que no se hizo la autovía del Cantábrico- entre Barreiros y el puerto de San Cibrao, donde está Alúmina-Aluminio de
Alcoa, con 1,2 millones de euros.
Para nosotros tiene especial significación la necesidad de los ferrocarriles en Galicia. Para todo el eje atlántico, en el año 2004 el Ministerio de Fomento planifica una cantidad de 137 millones de euros.
Está claro que esta cifra es
mayoritariamente para hacer obras en el tramo Santiago-A Coruña. Es evidente que con el nivel inversor y la planificación que existe no se acabará el tramo A Coruña-Vigo hasta el año 2009 como mínimo, y es más que presumible que el trayecto entre
Pontevedra-Vigo no cuente con la financiación adecuada. Por ahora hay una cifra planificada en total para todo el eje atlántico de 160.000 millones de pesetas de las de antes. Comprenderán que construir 170 kilómetros de alta velocidad en 10 años
no es precisamente una prueba animosa de preocupación y solidaridad con Galicia. Contando con que incluso el Gobierno incluyó por motivos políticos iniciar el eje atlántico en Ferrol y acabarlo en Tui -y estos días el Gobierno portugués ha
declarado la preferencia de la comunicación Porto-Vigo-, sería muy importante que pudiera estar esta conexión en el año 2009. Por eso, para que se pueda construir en un período de tiempo establecido, hasta el año 2007, es por lo que pedimos una
cifra adicional a ésta, en concreto de 240 millones de euros. Sin hacer comparaciones absurdas, les quiero recordar que solamente en el tramo Córdoba-Málaga se van a invertir más de 400 millones de euros. No creo que sea mucho pedir que en el
tramo Ferrol-Vigo se invierta en el año 2004 una cifra similar, y estoy hablando en el caso de Córdoba-Málaga de una anualidad que vi perfectamente reflejada, sobre todo cuando el Gobierno vendió semejante grado de solidaridad con Galicia que ahora
no se concreta en los Presupuestos Generales del Estado.
Por último, respecto a las promesas del plan Galicia, algunas son muy preocupantes por cuanto se postergan hasta después del año 2010 las nuevas inversiones, según respuestas del Gobierno. Pues bien, para que se pueda enfrentar el problema
del acceso Lubián-Ourense con doble vía, para que se pueda enfrentar el problema de Ponferrada-Monforte, el problema de Lugo-A Coruña y en todo caso el corredor cantábrico en territorio de Galicia, pedimos un presupuesto de 240 millones de euros
para el año 2004.
Por otro lado, nos parece que hay que atender las líneas convencionales.
Es fundamental y por eso sería conveniente que se invirtiesen 36 millones de euros más de lo que está presupuestado en el caso de Galicia.
Acabo, señor presidente, con el problema de la seguridad marítima, de los puertos y de los aeropuertos. Está claro -el señor Segura ya hizo referencia a esta problemática- que la construcción de barcos especializados en la lucha contra la
contaminación es crucial y fundamental para un Estado con tanta importancia costera y con el tráfico tan importante que padece, de mercancías contaminantes en particular, el corredor de Fisterre. En ese aspecto nosotros pensamos que hay que dotar a
los Presupuestos Generales del Estado de credibilidad y por eso sería fundamental, para la construcción de los barcos especializados en la lucha contra la contaminación y para los remolcadores en la potencia adecuada, contar con una partida de 90
millones de euros. Esperamos que parte de estos barcos se construyan en astilleros gallegos, teniendo en cuenta también las especiales circunstancias por las que pasa nuestro país.
En segundo lugar, para el problema de la seguridad y vigilancia en el tráfico costero la inversión en puertos se debería aumentar en el caso de Galicia con 50 millones de euros, no solamente para poder acometer algunas infraestructuras de
cierto gigantismo con una subvención estatal adecuada y que no recaiga exclusivamente en la autoridad portuaria su capacidad de autofinanciación y en su capacidad de endeudamiento.
Por último, comprenderán que teniendo dos aeropuertos donde no se puede aterrizar en condiciones meteorológicas mínimamente adversas, en concreto con niebla, no es de recibo que los aeropuertos de Galicia vayan a recibir este año solamente
el 0,9 por ciento de las inversiones del conjunto estatal. Para paliar esta deficiencia hacemos una propuesta de 50 millones de euros para los tres aeropuertos de Galicia. Pensamos que solamente de esta forma podríamos actuar con inversiones de
choque para unas circunstancias que como califiqué al principio eran ya de por sí bastante acuciantes y críticas -lo demuestran los datos que di- y son muchísimo mayores ahora con las consecuencias de la catástrofe del Prestige, que sin duda se
están haciendo notar no solamente en el empleo en el sector primario, sino también en el sector industrial.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Ayala tiene la palabra.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Trataré de unificar en la medida de lo posible las intervenciones anteriores, y aquella parte que pueda contestar en su conjunto así lo haré. Por tanto, fijaré la posición del Grupo Parlamentario Popular en lo
relativo a la sección 17, Ministerio de Fomento, y también lo correspondiente a entes públicos, tal y como habíamos acordado. En primer lugar, haré referencia global a la enmienda de totalidad a la sección 17 que se ha presentado por el Grupo
Parlamentario Socialista, en coherencia con los planteamientos que en la Comisión de Infraestructuras sucesivamente ha ido planteando, en los cuales se ve permanentemente una discrepancia absoluta en los modelos que estamos defendiendo, en este caso
el partido que sustenta al Gobierno y el principal partido de la oposición. Por tanto, en una exagerada simplificación de la enmienda, el Grupo Parlamentario Popular podría decir que la rechaza por sus propios fundamentos. No estamos de acuerdo
con el modelo planteado por la oposición; pensamos que no ha sido bueno para España el modelo al que nos llevó el Partido Socialista durante los años que gobernó, y los resultados que hemos tenido, estamos teniendo y que venturosamente esperamos
seguir teniendo en cuanto a la inversión pública, y fundamentalmente en infraestructuras, son tan distantes y tan distintos que, como digo, son fundamentos que no admitimos y por tanto podríamos rechazarlos de esa misma manera.
De la misma forma que el señor Segura ha hecho una magnífica defensa del planteamiento y la justificación de su enmienda de totalidad, yo también tengo que significar algunos datos globales, algunas cuestiones fundamentales que planean en la
filosofía que justifica, fundamenta y sustenta los presupuestos de la sección 17, haciendo también una referencia expresa, por qué no, a la denostada expresión de grupo Fomento que ha hecho el ministro, y que evidentemente no tiene reflejo oficial
en los presupuestos. A cada uno le corresponde una partida presupuestaria en su servicio y programa y la única manera es hacer un análisis global relativo al empeño presupuestario que hace el Estado en cada una de las cuestiones, análisis que
significa las apuestas que cada uno de los organismos que forman el grupo Fomento tienen que realizar en la esfera de sus propias competencias. Se trata simplemente de poner el prisma de la necesaria dotación presupuestaria en el momento que se
encuentra la estrategia política de cada una de las infraestructuras. Por tanto, el análisis global hay que hacerlo así, porque si en un primer momento hay que ver cómo se fundamenta la infraestructura, en un segundo momento habrá que ver quién la
gestiona; si en un primer momento no teníamos una ley de concesiones de obras públicas ni una ley del sector ferroviario y sí vamos a tenerlas en el año 2004, evidentemente eso tiene una trascendencia y una incidencia en el presupuesto y el
análisis que justifica y que da coherencia a la política es el de conjunto. Por tanto, sin tratar con esto de contraatacar el planteamiento del señor Segura, simplemente quiero justificar la razón por la cual desde el punto de vista político este
análisis es coherente, y desde ese mismo punto de vista no podemos admitir la referencia global, que por nuestra parte no evita el análisis pormenorizado que se corresponda tanto con el propio ministerio como con cualquiera de las entidades
públicas que lo conforman. No podemos evitar hacer esa comparación, con independencia de que en un momento determinado se trate de seguir argumentando sobre la existencia o no de la desproporción, aprovechando también para justificar y no
dar coherencia a las manifestaciones hechas por el portavoz del Grupo Socialista sobre la desproporción que existe en determinadas cuestiones, ya que la propia justificación de esa desproporción que él ve y que yo le señalo que es artificial viene
fundamentada, como digo, por la necesidad de que a cada uno de los entes y al propio ministerio se le otorguen las cantidades precisas y necesarias para que en el ámbito de sus competencias ejecuten su política.
Los presupuestos de Fomento para el ejercicio 2004 crecen en el grupo Fomento en una cantidad importante, el 14,15 por ciento en su globalidad.
También podemos decir que los presupuestos desglosados crecen de manera muy importante en
ferrocarriles, en lo que corresponde a la Dirección General de Ferrocarriles, crece de forma importante en aeropuertos y de una manera muchísimo más importante en puertos. Pero todo ese conjunto de subidas, en la globalidad -insisto- de la
coherencia de la política que tiene el soporte presupuestario, alcanza la cifra señalada del 14,15 por ciento. Es decir, que alcanzamos un nuevo récord, que en este caso es histórico. Esta tarde hemos oído que se hablaba de récord de una manera u
otra, pues en el caso del Ministerio de Fomento evidentemente alcanzamos un nuevo récord histórico de 16.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento sucesivo durante los últimos 5 años en los que el Ministerio de Fomento siempre ha estado
subiendo por encima de los dígitos, es decir por encima del 10 por ciento.
Por consiguiente, entiendo que los esfuerzos que se hacen por parte del Ministerio de Fomento en la dotación presupuestaria en ningún caso es una cuestión baladí. Nos podrá gustar más o menos una determinada aplicación presupuestaria;
podremos estar satisfechos con algún proyecto en concreto o podremos echar en falta cualquier otro, pero lo cierto y verdad es que el esfuerzo inversor del ministerio no tiene parangón en los últimos cinco años. Ese reflejo se ve tanto en la propia
aplicación de las cantidades correspondientes al producto interior bruto como en los propios cumplimientos del Plan Director de Infraestructuras, al que evidentemente me tengo que referir.
El Plan de Infraestructuras de Transportes, señor Segura, es un plan que está aprobado por el Ministerio de Fomento, es un plan del que hemos tenido cumplida cuenta en todas las intervenciones que ha realizado cualquier responsable del
Ministerio de Fomento, pero fundamentalmente es un plan que, nos guste más o menos, se está cumpliendo y se está ejecutando anticipadamente. Por tanto, esa crítica permanente a que es un plan que no ha sido aprobado por las Cortes -aunque considero
que un plan de gestión no tiene por qué ser aprobado por las Cortes-, no tiene más crítica parcial que esa y no quisiéramos tener que retrotraernos a las críticas correspondientes al famoso Plan Director de Infraestructuras -PDI- de épocas
anteriores; que si bien fue aprobado por el Consejo de Ministros no tuvo en ningún caso una aplicación ni un desarrollo que mereciera la consideración de tal plan, porque como usted muy bien recordará no tenía siquiera los compromisos
presupuestarios anualizados que dieran cobertura, viabilidad y credibilidad a dicho PDI. Nos encontramos con un proyecto presupuestario que está basado en la anulación y en la supresión de la deuda pública. Me gustaría que hiciéramos especial
hincapié en esta cuestión, porque las críticas al modelo de inversión son críticas que se están haciendo respecto a la situación creada hasta el año 1995 con el crecimiento de la deuda pública y que se ha logrado superar quintuplicando las
inversiones y sin deuda pública; por tanto, un modelo apoyado en la deuda pública, y un modelo que se apoya en la oferta hacia el exterior y que se emplea para anular la deuda pública y para tener equilibrio presupuestario. Por consiguiente,
volver a emplear fórmulas extrapresupuestarias, como puede ser el modelo alemán o como pueden ser los dimanantes de la nueva Ley del contrato de concesión de obra pública, están en la línea del mantenimiento de la inversión, del equilibrio
presupuestario y del déficit cero. Por cierto, el método alemán es un método que implica la posibilidad de no considerar como deuda la obra que se ejecuta hasta el momento en que sea recibida por parte del Estado, en este caso, o de la
Administración pública correspondiente, que no tiene nada que ver con la posibilidad posterior de que se pueda demorar o no el pago de esa infraestructura hasta un máximo de diez años. Por tanto, el método alemán no es en sí un método de
aplazamiento de deuda, sino simplemente la consideración de que la deuda u obligación de pago nace en el momento que se entrega la infraestructura y no antes. Por supuesto, no es una de las fórmulas que están previstas en la nueva ley del contrato
de concesión de obra pública, sino otra cuestión. Por tanto, haciendo ese tipo de críticas, haciendo ese tipo de planteamientos de manera general cuando el crecimiento de los presupuestos tiene el soporte de un Plan de Infraestructuras de
Transporte con un cumplimiento que va más allá de las previsiones iniciales respecto al producto interior bruto, nos parecen absolutamente caprichosas.
Señores Segura, Sedó y representante del Bloque Nacionalista Galego, las previsiones de compromiso presupuestario para la ejecución del PIT implicaban que en el ejercicio 2003 se iban a cubrir hasta 11.941 millones de pesetas, cantidad que
evidentemente se ha cumplido, pero en el montante total hasta el año 2004 las cantidades demandadas eran 43.269 millones desde el inicio del plan del año 2000. Con los presupuestos del año 2004 la cifra que se va a alcanzar es de 48.998 millones,
con una inversión de 13.554 millones en los
proyectos correspondientes al año 2004. Por tanto, las críticas que se hacen a cuestiones concretas responden, como digo, a las cuestiones en las que estamos en clarísimo desacuerdo y no de otra manera.
Si la inversión en carreteras va a suponer un incremento del 26,37 por ciento del total, entendemos que no puede ser superada en ningún caso y garantiza la continuidad de las redes de gran capacidad y también la conservación de las mismas,
puesto que el incremento en conservación de unas carreteras que cada vez son más nuevas y cada vez están en mejor grado de utilización no necesita un incremento más que del 5,52 por ciento, que es el que ha estado previsto. Lo mismo sucede con las
inversiones en ferrocarril, cuando tenemos en marcha toda la red de alta velocidad prevista, con independencia de cuál sea el grado en que se encuentre cada uno de sus tramos, pero que todas ellas responden a un proyecto global, todas responden a un
proyecto de vertebración territorial, con independencia de los deseos particulares de cada territorio concreto y que sí van a estar comunicados de manera total en el umbral del Plan de Infraestructuras del Transporte, lógicamente su análisis en un
momento determinado, en un punto inamovible como puede ser el del presupuesto de 2004, puede dar lugar a las críticas, pero como todo plan que está en funcionamiento tiene que ser analizado en su globalidad y yo creo sincera y modestamente que la
red de alta velocidad y la mejora de la red convencional de ferrocarriles que se realiza en el PIT, no pueden ser objeto de las críticas que esta tarde hemos oído.
Posteriormente me referiré a las cuestiones de alguna empresa en concreto que se han citado, pero no puedo dejar de hacer mención a las alabanzas que se hacen por una parte a la red de alta velocidad, y por otra a las críticas respecto a los
elementos de seguridad en la red convencional. El Ministerio de Fomento, tanto en el ejercicio del 2003 con las partidas presupuestarias correspondientes, como en el ejercicio de 2004, está haciendo un programa completo de sustitución de la
seguridad en nuestra red convencional. En algún caso concreto, al que ha hecho referencia indirecta el señor Segura, hemos tenido la desgracia de un accidente y curiosamente, prueba de la mayor desgracia, ese accidente se ha producido cuando ya
estaba contratada y en inicio de ejecución, pero no se había terminado, la mejora sustancial de la seguridad en la línea Chinchilla-Cartagena, que es en la que ocurrió el desgraciado accidente.
Los accidentes no se pueden prever y no se puede
considerar falta de previsión del ministerio cuando ya tenía adjudicada, replanteada e iniciada la obra de sustituir los sistemas de seguridad de dicha línea.
No podemos justificarlo de otra manera, nada más que si la circunstancia que motivó el
accidente se hubiera demorado unos meses en el tiempo no hubiera ocurrido y no vale para criticar la política del Gobierno y decir que el plan del AVE lleva como consecuencia una pérdida de seguridad en la red convencional porque no es el caso.
También se ha hecho referencia expresa a la política de vivienda. El problema de la vivienda, sin ninguna duda se sale del marco estricto de las políticas del Ministerio de Fomento. El problema de la vivienda es cuestión conocida y de
sobra analizada y es una cuestión que obliga al acuerdo y a compatibilizar las políticas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Por tanto, es un tema que se sale del marco propio del ejercicio presupuestario, ya que
necesita y obliga a un planteamiento mucho más amplio con los otros entes territoriales que tienen competencias urbanísticas, que por cierto el Estado no tiene, y desde luego esto lleva a una mayor puesta en escena del suelo con capacidad para ser
construido. La política de enajenación de suelo público tiene algo que ver, pero en sí la mera enajenación del suelo público lleva consigo la existencia de mayor suelo para poder edificarse.
Por tanto, no vale la crítica lineal a cual sea esta
política, sino a encontrar acuerdos con los demás entes territoriales.
El esfuerzo en política de vivienda que se contiene en los presupuestos tiene un aumento del 13,87 por ciento, respecto a 2003, tanto en lo que se refiere a ayudas directas del ministerio, como a los aumentos en los beneficios fiscales. A
mí me gustaría señalar que en el período 1996-2004 el gasto estatal en vivienda es del 0,85 del producto interior bruto, mientras que en el período 1990-1995 sólo era del 0,62 por ciento. Con esto no estoy diciendo que nadie tuviera mejor ni peor
política de vivienda, ni con esto quiero en ningún caso enfrentar unas políticas con otras, sino poner de manifiesto la sensibilidad y el esfuerzo que se ha realizado por parte del Partido Popular, que en este momento es el que tiene que sostener y
defender los presupuestos en materia de vivienda, ha tenido especial atención e incidencia en los presupuestos, con independencia de que también el mercado tiene algo que decir a la hora de utilizar o no utilizar los mecanismos que las comunidades
autónomas, los ayuntamientos y por supuesto el Estado, ponen a su disposición para que se empleen o no se empleen. Hemos apreciado en unos datos que han salido precisamente hoy mismo que existe una tendencia por parte de los particulares a no
emplear, tanto como habían empleado en otros ejercicios, las posibilidades que están ofreciendo por parte de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos en cuanto a viviendas de protección oficial.
En lo que se refiere a la empresa Sasemar y a la crítica que se hace al Plan de salvamento, con independencia de que también se haya valorado, cuestión que le agradezco, la contratación que ha hecho el ministerio, primero con los
remolcadores de altura, y segundo con los barcos para protegernos de la contaminación, es indudable que tampoco estamos de acuerdo. En el anterior período de sesiones debatimos una proposición no
de ley del Partido Socialista en la cual quedó patente que el planteamiento que sobre la propia Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo tenía el Grupo Socialista y el que tenía el Partido Popular es absolutamente distinto y distante.
Nosotros estamos cumpliendo exhaustivamente un plan de salvamento que se aprobó en julio del año 2002 con las inversiones previstas en dicho plan y se aprecian que son las necesarias para el cumplimento de sus fines, habida cuenta de que estamos en
la política del equilibrio presupuestario y de que el esfuerzo inversor, como he dicho anteriormente, se tiene que repartir en las partidas que responden a los planes existentes, con independencia de que todos quisiéramos tener más dinero para
invertir más.
Es la misma explicación que podemos dar respecto a AENA, en el sentido de que AENA responde también a un planteamiento y a un sistema de los aeropuertos españoles, que es una red mallada en la cual todos ellos contribuyen al sostenimiento de
la propia red. En este caso tenemos también la cobertura racional de la existencia de planes directores en todos los aeropuertos, que justifican de forma clarísima la aplicación de cuáles sean las partidas presupuestarias. Por supuesto que también
tienen ingresos por diversos conceptos diferentes al handling, a la tasa aeroportuaria o al servicio aeroportuario. Naturalmente. No es incompatible que dentro de lo que es la intermodalidad del transporte o del concepto de aeropuerto con una
explotación global, como hace AENA, se logren beneficios de las sinergias que la propia infraestructura lleva consigo. No obtener beneficio de esas sinergias, de esas infraestructuras que se ponen a disposición de los usuarios y también de los
empresarios que hacen las distintas ofertas de servicios, no obtener una rentabilidad económica, desde el punto de vista del Partido Popular sería una mala gestión del patrimonio público y de la inversión pública que ha supuesto la realización de la
infraestructura que es el aeropuerto. Naturalmente que sí y se potenciará que se obtengan beneficios. De la misma forma el Partido Popular ha demostrado que la incidencia de la inversión privada en las infraestructuras está dando unos buenos
resultados a la hora de los costos, a la hora del servicio total que se presta al ciudadano y a la hora de obtener España mejor oferta global respecto de los demás Estados de la Unión Europea, que son el único índice que nos puede llevar a realizar
una consideración global sobre cuál es nuestro crecimiento respecto de otros Estados que no pueden llevar las políticas presupuestarias que estamos llevando en España.
Respecto a las críticas globales que ha hecho el Partido Socialista, es evidente que la radialidad se ha roto en el Plan de Infraestructuras del Transporte. Es cierto que hay una primera tendencia a la radialidad, pero no se puede hablar de
radialidad sin saber cuál va a ser el resultado final de la red de alta capacidad para el año 2010. En absoluto. Estamos haciendo planteamientos convergentes y planteamientos de comunicación no radial con los distintos territorios que tienen
suficiente músculo desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista de número de habitantes, que están demandando una comunicación distinta a la radial.
Evidentemente que sí y así se refleja en obras que ya están en marcha cualquiera
que sea el momento en que se encuentren. Como se ha dicho aquí -y se ha dicho bien- desde el momento en que se toma la decisión de iniciar una obra hasta el momento en que se puede poner la primera piedra y hasta el momento en que se inaugura, pasa
un tiempo que parece que no se hace nada, parece que está en las catacumbas, sin embargo se está tramitando un proceso que es el que va a dar garantía medioambiental, garantía de seguridad y garantía de funcionamiento a la obra que se va a realizar
con posterioridad. No podemos olvidar que existe prácticamente el mismo plazo desde el momento que se inicia el primer trámite administrativo hasta el comienzo de esa obra, que desde el comienzo de esa obra hasta la inauguración de la misma.
En relación con lo dicho por el señor Sedó, tengo que manifestar que ha mencionado algunas enmiendas que corresponden a otras secciones. Me refiero al plan territorial parcial de Les Terres de l'Ebre o a las obras de regadío, que, como él
mismo dice, deben corresponder al Ministerio de Agricultura o al Ministerio de Medio Ambiente. Y con respecto a esas enmiendas muy parciales, es evidente que cualquiera podemos encontrar elementos mejorables, pero el presupuesto debe ser analizado
en su globalidad y hay determinadas cuestiones muy puntuales que entran dentro de la posterior negociación pura y dura de la aplicación de las partidas no territorializadas o de las partidas de conservación, en el caso de carreteras. Los proyectos
concretos que se incorporan -y este año hemos visto que por primera vez en el Ministerio de Fomento están por bloques completos, por grandes trazados- vemos que están en distintos momentos.
Esa continuidad en las carreteras a la que usted hace
referencia es una continuidad de, digamos, el último minuto, pero lo cierto es que los corredores, y lo podemos comprobar en los propios presupuestos, se encuentran en fases distintas, pero que, al final, implican la comunicación desde el punto más
importante al otro punto más importante; es decir, el corredor considerado globalmente. No puede ser de otra manera porque a nadie le interesa hacer una carretera que no conduzca a ningún sitio; todo el mundo quiere que empiece en un momento y
termine en el punto posterior, pero cada proyecto tiene su momento, como he señalado, en el sentido de que no podemos paralizarnos en un caso concreto.
Por tanto, señor Sedó, las enmiendas que se refieren a casos concretos no tienen encaje dentro del presupuesto, pero, como usted bien ha dicho, Cataluña no sale mal parada en ningún caso como comunidad autónoma en los presupuestos de la
sección 17, y no sale mal parada porque, con independencia del crecimiento,
que es de un 6 por ciento, tiene sucesivas inversiones a lo largo de los últimos años. Por tanto, este incremento debe ser considerado muy superior por cuanto en años anteriores tuvo mayor crecimiento que otras comunidades autónomas.
El mismo análisis sirve para lo que se refiere a Galicia, ya que el crecimiento que tiene Galicia para el ejercicio 2004 en la globalidad de Fomento es del 21,89 por ciento. Nos podrán gustar más unas cuestiones que otras, pero lo cierto es
que ese dinero es el que se va a invertir en Galicia cuando ya existe un plan que palia generosamente -evidentemente, el dinero no podrá pagar en ningún caso la desgracia, pero trata de paliarla- la desgracia del Prestige y que garantiza una serie
de inversiones a lo largo de los años. De la misma manera, rechazar que se incorporen dentro de la territorialización de Galicia las fragatas que se van a construir en Ferrol es no querer reconocer que los astilleros de Ferrol tienen garantizada la
carga de trabajo hasta el año 2018. De modo que se repudia la inversión que se hace en fragatas cuando eso da garantía y continuidad de trabajo hasta el año 2018 a unos astilleros que se estaban quedando sin carga de trabajo. No sé si eso es
rechazable o criticable; entendemos que no, de la misma manera que entendemos que el Ministerio de Defensa ha garantizado a los astilleros militares más importantes -aunque no es cuestión de debate ahora- una carga de trabajo para diez años como
mínimo. Se olvida que los equilibrios presupuestarios son los que son, y me parece que en Galicia no tienen ninguna queja por las inversiones.
En cuanto a la alta velocidad, se habla hoy de que la alta velocidad comunicará Oporto con Vigo, cuando se ha dicho hasta la saciedad que era un proyecto que no se iba a llevar a cabo. Hemos tenido la suerte de que la última cumbre entre
los gobiernos de España y Portugal, que ha dado lugar a un protocolo firmado, nos ahorra perder más tiempo en señalar que a partir de 2009 tendremos en funcionamiento la conexión por alta velocidad de Oporto con Vigo, de la misma manera que, en la
conexión con trenes transregionales de la red convencional, se obtendrá a partir de 2004 una gran mejora del tiempo de recorrido, con la eliminación del estrangulamiento de Guiarei que, como saben, está próximo a terminarse.
Estos son los argumentos que el Partido Popular tiene para no aceptar las enmiendas de totalidad ni las parciales que han presentado los grupos parlamentarios. A efectos de que tenga el correspondiente reflejo en el 'Diario de Sesiones',
quiero señalar, en cuanto a la enmienda 1238, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y admitida por la ponencia, que, si bien en la alta y en la baja todas las expresiones son adecuadas, tanto en la aplicación presupuestaria como en el
proyecto y en la anualidad, no ocurre lo mismo en el encabezamiento de la enmienda, que dice que el servicio es el 05, Dirección General de Carreteras, cuando es el servicio 40, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, tal como
corresponde con la referencia a la aplicación presupuestaria, que es la 1740, Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias, programa 513.A. Lo digo para que conste la existencia de un error material, que creo que se puede subsanar.
El señor PRESIDENTE: Iniciamos el turno de réplica. (Los señores Segura Clavell y Sedó i Marsal piden la palabra.)
El señor SEGURA CLAVELL: Señor presidente, dada la extensión del tiempo que la presidencia nos ha posibilitado, habíamos acordado no consumir el turno de réplica.
El señor PRESIDENTE: Celebramos ese acuerdo, pero el señor Sedó quiere hacer uso del turno de réplica, y tiene derecho a hacerlo.
Tiene usted la palabra, con moderación, señor Sedó.
El señor SEDÓ I MARSAL: Intervendré muy brevemente, para matizar dos cosas.
Señor Ayala, la enmienda al plan territorial corresponde a la sección 17, porque el plan territorial es una actuación de ordenación urbanística a cargo del Ministerio de Fomento; luego está en el Ministerio de Fomento.
No hay nada para
redes viales, y de ahí la enmienda.
Yo no estoy de acuerdo en eso de lo que usted parece muy convencido: los corredores en distintas fases; me parece que se puede ir construyendo en distintas fases, pero no del modo deslavazado que se está haciendo. Debe haber continuidad
para que se pueda ver que se realizan las obras y que no tengamos que estar siempre pidiendo que avancen los estudios y los proyectos porque no sabemos nada de muchas cosas.
Ha dicho usted que Cataluña no ha salido malparada, y yo no le he dicho lo contrario. Sin embargo, cuando repasamos con cuidado las inversiones desde hace varios años hasta ahora, vemos que no salimos nunca malparados pero que hay
acumulación de presupuesto no realizado. Esto es lo que no queremos, puesto que lo que se realiza no es obra directa, que podría tener dificultades que le impidieran prosperar, sino cuestiones de gabinete, de despacho o de gestión, que son muy
fáciles de solucionar. No se puede acabar un estudio informativo en el mes de marzo o en el mes de mayo y esperar al año siguiente para que avance el de impacto ambiental; o que el de impacto ambiental llegue en mayo y el proyecto no se empiece
hasta el año siguiente. Esta es la discontinuidad que existe en muchos proyectos.
Respecto al funcionamiento de AENA, tenemos pendiente alguna cosa, incluso unos papeles, que están allí y no están aquí.
El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez, tiene usted la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente.
Tres cuestiones. La primera es que los Presupuestos Generales del Estado para Galicia, y de forma particular los más abundantes del Ministerio de Fomento, no se corresponden con las necesidades del país y mucho menos en un momento crítico,
es decir, con estas inversiones no se produce ninguna actuación de choque en la economía gallega. Prácticamente, lo que hacen los presupuestos es dar respuesta a proyectos que ya se habían iniciado pero que estaban mortecinos en cuanto a la
inversión, o bien a deslizar cantidades de otros años que no se utilizaron para esto, que es lo que da ese abultamiento del 21 por ciento más. Nada de eso oculta el hecho de que con los planes que se están aplicando y en concreto con los
Presupuestos Generales del Estado -que es cierto que este año se incrementan respecto al anterior-, y con este ritmo, ni el año 2010 tendremos el eje atlántico construido. No quiero decir ya lo que pasará con aquellas que son promesas, que no están
ni siquiera presupuestadas y que, por lo tanto, serán muy encomiables en el papel pero van a dejar mucho que desear y mucho que esperar.
Por último, en cuanto al Ministerio de Defensa, yo no repudio nada, pero usted tiene que comprender que la construcción de las fragatas F-100 no le corresponde a Galicia en exclusiva. Primero, porque es un trabajo que se reparte... (El
señor Ayala Sánchez hace signos negativos.) Sí, sí, la mayoría de la construcción, sí, y la del ciclo F-100, sí. La vida de las fragatas nos la cargan a nosotros, y eso no es así. Ni el material se compra en Galicia ni los bienes de equipo son
gallegos, por lo tanto, lo único que nos dan ustedes son horas de trabajo. Esto es un fraude, así de clarito, es un fraude. Yo no repudio nada, todo lo contrario, pero le quiero decir que ésa no es una manera correcta de actuar en los Presupuestos
Generales del Estado haciendo la inversión territorializada.
Lo que le quiero decir es que no nos corresponde a nosotros todo ese dinero, a no ser que la Armada sea gallega, y usted comprenderá que no lo es, lo tenemos claro, ni siquiera el
mantenimiento de ella.
El señor PRESIDENTE: Señor Ayala, tiene usted la palabra.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muy brevemente, señor presidente.
Quiero decirle al señor Sedó que no tenemos conocimiento de que haya ninguna inversión en materia de urbanismo, de ordenación del territorio, que tiene más que ver con el medio ambiente. La inexistencia de los pactos nos lleva a la
inexistencia -no se conoce por lo menos en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda- de partida alguna. Respecto a la continuidad, me tengo que ratificar en lo que he dicho. Y en relación con AENA ya no le digo nada porque la respuesta iba
a dársela a él, pero nos ha abandonado.
Respecto al señor Rodríguez, dos cuestiones. Primero, yo no he querido entender de sus palabras que estos presupuestos no son los que necesita Galicia. O sea que vamos a hacer obras, vamos a construir ferrocarriles, vamos a hacer
inversiones en puertos, vamos a hacer toda la inversión que implica el Plan Galicia que se desarrolla en las distintas secciones del presupuesto y no es lo que va a servir a Galicia. Si no es lo que va a servir a Galicia, habrá que planteárselo, no
invertirlo y llevárselo a otro sitio.
En relación con las fragatas, yo le voy a decir dos cosas. Como en mi región de origen -aunque en este momento tengamos que hablar del ámbito nacional- también tenemos una aplicación presupuestaria de la misma naturaleza con la construcción
de los submarinos, que se construyen en el arsenal de Cartagena, si también le parece mal que Galicia tenga la carga de trabajo y que las fragatas se construyan en Galicia, díganlo, pónganse todos de acuerdo y estoy convencido de que en el resto de
astilleros españoles, juntando los de Cádiz, los de Sevilla, los de Cartagena por supuesto y los que tenemos en Sagunto, estarán dispuestos a hacer las fragatas que usted no quiere que se hagan en Ferrol. Si eso es así, dígalo porque estamos a
tiempo de rectificar.
El señor PRESIDENTE: Damos así por concluido el debate de la sección 17.
Pasamos a continuación a la sección 23, Ministerio de Medio Ambiente.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Señor presidente, señorías, el Grupo Socialista ha presentado a esta sección una enmienda a la totalidad de devolución y varias enmiendas parciales que afectan a algunos de los programas del Ministerio de Medio
Ambiente. Nosotros hemos planteado una enmienda de totalidad que si ustedes leen verán que hay suficientes razones para que este presupuesto sea devuelto al Gobierno. No obstante, el contenido de esa enmienda se puede complementar con otra serie
de apreciaciones que desde nuestro punto de vista son fundamentales a la hora de evaluar el contenido del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente y por qué razón nos reafirmamos en la necesidad de su devolución para que se reelabore de nuevo y
se vuelva a presentar a este Parlamento.
Nuestro grupo entiende que el presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente sigue las pautas y tendencias que vienen marcando estos presupuestos desde que se constituyó el Ministerio de Medio Ambiente en el año 1996.
Es un presupuesto
continuista, un presupuesto opaco, un presupuesto que va más en la dirección
Sección 23
de establecer partidas globalizadas de las que después se puede hacer uso en función de determinados intereses o de determinadas actitudes que tienen más que ver con la defensa de intereses de carácter partidario o de inversiones de carácter
partidario que los que afectan al nivel general. Por tanto, es un presupuesto que nosotros no compartimos, sobre todo si tenemos en cuenta que es un presupuesto en el que las cantidades asignadas son cantidades que después van desapareciendo, entre
comillas, entre lo que son sociedades de agua que se han ido constituyendo en los últimos tiempos y esas fundaciones que están generando importantes recursos del ministerio sin que en ambos casos se pueda hacer un seguimiento claro y preciso de qué
proyectos se inician, a qué proyectos se destinan y cuánto se gasta. Desde nuestro punto de vista, no existe en este presupuesto una relación entre lo que quiere hacer el Ministerio de Medio Ambiente ni con los problemas ambientales que hay
actualmente en nuestro país, ni con la solución a las catástrofes que se han sucedido este año en España, como por ejemplo el caso del Prestige. Es un presupuesto que no casa con la pertenencia a la Unión Europea, especialmente con la organización
del VI Programa de Acción de Medio Ambiente. Es un presupuesto en el que tampoco se da ninguna salida especial o se hace ninguna reflexión, aunque sólo sea en la memoria del mismo, a que sea España el país que está recibiendo más sanciones y que
tiene más expedientes abiertos por problemas medioambientales en comparación con el resto de los países de la Unión Europea y tampoco es un presupuesto que tenga mucho que ver con lo que son los compromisos internacionales adquiridos en la Cumbre de
Johannesburgo.
Indudablemente, ha habido un aumento de la inversión en el presupuesto, no lo discutimos, pero si ustedes cogen la descripción general de los objetivos del sector, que es una paginilla que viene en la memoria de objetivos del presupuesto, y
analizan lo que pasa en los años 2001, 2002, 2003 y 2004 podrán observar que el presupuesto en inversiones aumentaba en 2001 un 20,37 por ciento; en 2002, un 14,8 por ciento; en 2003, un 11,2 por ciento, y en 2004, un 7,31 por ciento. Es decir,
se ha producido una disminución porcentual progresiva del incremento del presupuesto en el capítulo de inversiones a lo largo de estos últimos cuatro años y ello tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en el tratamiento del conjunto del
presupuesto. Es decir, si uno analiza las cifras del presupuesto por programas, de acuerdo con las previsiones que tiene el ministerio, encontramos que todo lo que es gestión de infraestructuras de recursos hidráulicos (es decir, todo lo que son
políticas de agua que tienen que ver con la planificación y ordenación territorial, esa partida famosa que va en el capítulo VIII de activos financieros, que supone la no incorporación en el presupuesto a efectos de cómputo de déficit, a la que
debemos sumar la actuación en costas y la actuación en infraestructuras urbanas de saneamiento y calidad de las aguas), todo lo que tenga que ver con la Secretaría de Aguas del ministerio supone más del 80 por ciento de los recursos del ministerio.
Si a eso añadimos servicios generales y meteorología, nos encontramos con que protección y mejora del medio ambiente, parques nacionales y protección y mejora del medio natural son cifras francamente irrisorias en el presupuesto de un ministerio que
desde 1996 es el ministerio bandera, es la gran impronta que marcó el Gobierno del señor Aznar en 1996, que parecía que iba a solucionar todos los problemas ambientales de España desde esa fecha.
Como he indicado en otro momento, este presupuesto se caracteriza también por una gran opacidad. La verdad es que eso ha quedado demostrado no sólo por la falta de claridad y la no contestación de muchas preguntas que se han formulado al
Gobierno sobre aspectos relacionados con el desarrollo de obras hidráulicas u otras actuaciones del ministerio, sino también porque nos hemos encontrado con que esa desviación -entre comillas- de fondos hacia las sociedades de agua y hacia las
fundaciones ha motivado que exista falta de transparencia en la gestión de los recursos en determinadas obras, en las diversas cuencas o en los diversos territorios del conjunto del Estado.
También se caracterizan por otro aspecto fundamental, y es que no teniendo en España estrategia de desarrollo sostenible, llevamos dos años de campaña y seguimos manteniendo una estrategia española de desarrollo sostenible sin saber qué es
lo que estamos vendiendo. Yo creo que una campaña tiene unos objetivos, tiene una financiación, tiene unos criterios, tiene unos fundamentos y esto es lo que después, en función de los contenidos de esa campaña, se transmite a los ciudadanos para
que conozcan, para que se sensibilicen, para que piensen que las políticas de desarrollo sostenible son políticas que tienen que aceptar y a las que hay que dar la bienvenida, porque son buenas para el funcionamiento de la sociedad y para mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos. Sin embargo, aquí nos encontramos con una campaña sin contenido y se sigue insistiendo en que tiene que haber 11 millones de euros destinados a este tipo de campañas. En el capítulo VI, de inversiones, como ya es
tradicional en estos presupuestos desde 1996, nos encontramos con esas partidas globalizadas, genéricas, con la denominación de otras actuaciones en algunas cuencas hidrográficas concretas, con partidas globales en otro tipo de actuaciones de otras
áreas del propio presupuesto que no sabemos dónde van destinadas, porque no nos enteramos de la ejecución que tienen y de los proyectos que se quieren desarrollar.
A pesar de todo ello, señorías, lo que caracteriza este presupuesto es un aspecto fundamental, el trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional; un trasvase que nosotros rechazamos desde el principio y al que presentamos una
alternativa de gestión
del agua en el conjunto del Estado; un trasvase que consideramos injustificado y que consideramos medioambientalmente rechazable. Además, el Partido Popular ha errado ahí en una apreciación, y es que se nos acusa de que no queremos fondos
europeos, cuando todavía no se han solicitado. En los últimos meses hemos sido acusados y vilipendiados por impedir que vengan fondos europeos a España para el trasvase, cuando difícilmente se puede impedir algo que no está pedido. Eso es lo que
ha sucedido con el famoso trasvase. Por otro lado, es un trasvase que se han dado mucha prisa en poner en marcha. Se han dado tanta prisa que últimamente se ha aprobado una declaración de impacto ambiental que ha tenido una agilidad tremenda por
parte del Gobierno. Mientras que en España el término medio de desarrollo de la declaración de impacto ambiental de una obra hidráulica se sitúa en unos 410 días, en este trasvase, curiosamente, ha sido de 90 días; 90 días en los que se han
rechazado informes contradictorios y en los que no se ha sabido apreciar lo que planteaban algunos de los técnicos del propio ministerio. No se conocen todavía las consecuencias de una reunión de carácter técnico que hubo en Bruselas para analizar
unas y otras opciones respecto a la gestión del agua por la fórmula del trasvase, pero aquí nos hemos encontrado con que la prisa electoral, las ganas de decir a los ciudadanos valencianos, murcianos, catalanes y almerienses que iban a tener agua de
manera muy rápida y que se iban a colocar las primeras piedras en las próximas fechas está precipitando el desarrollo de un expediente administrativo que no está llevando el curso que tiene que llevar, que se está precipitando en muchas de las
actuaciones y que presumiblemente tendrá todas las dificultades que los afectados quieran imponer, porque entienden que las cosas no se han hecho bien. Si nosotros hemos rechazado este trasvase, también hemos planteado alternativas al mismo en las
propias enmiendas que hemos formulado a este presupuesto.
Nosotros, señor presidente, hemos presentado a este presupuesto, además de la enmienda de devolución a la que he hecho referencia, una serie de enmiendas que tienen que ver con varios puntos
que consideramos fundamentales y que hay que contemplar en un presupuesto de estas características para solucionar los diversos problemas que tenemos en el conjunto del Estado. Hemos formulado, basándonos en nuestra alternativa al trasvase del Ebro
y a la gestión del agua en el arco mediterráneo y en el conjunto del Estado, enmiendas encaminadas a que la reutilización de las aguas sea mayor y más eficaz; hemos planteado en algunas enmiendas que la desalación sea un elemento más importante en
cuanto a la obtención de agua de calidad para hacer frente a las necesidades que existen en el arco mediterráneo y hemos planteado enmiendas en las que queremos llevar a cabo un estudio rápido de lo que ha de ser el uso y gestión de un banco público
del agua con la finalidad de regularizar todo el sistema concesional que existe en las cuencas de nuestro país, pero fundamentalmente en las cuencas del arco mediterráneo. Hemos planteado enmiendas en las que hemos pretendido concretar, con cargo a
esas partidas globalizadas o a gran parte de las mismas porque algunas partidas no se han utilizado en su conjunto sino en parte, actuaciones que consideramos fundamentales en cada una de las cuencas hidrográficas que ha habido en nuestro país y
también en algunas actuaciones en costa y algunas actuaciones en saneamiento y depuración que nosotros consideramos fundamentales. También hemos planteado enmiendas con cargo a esos fondos para un problema muy especial que ha sido el de las
consecuencias del Prestige. Hemos planteado enmiendas en los diversos programas que contempla esta sección 23 de Medio Ambiente encaminadas a buscar apoyo, ayuda económica para que muchas de las consecuencias que ha producido el Prestige en
nuestras costas puedan tener una atención mejor de la que se plantea en los presupuestos y puedan mejorar las características y condiciones de los fondos marinos, de las playas y de las costas afectadas por esa marea negra. Después, hemos planteado
enmiendas que tienen que ver con programas de prevención de inundaciones, que tienen que ver con implantación de los principios de recuperación de costas de la Directiva marco de aguas. Por cierto, me gustaría que la transposición de esa Directiva
marco de política de aguas no formara parte de un artículo concreto de la ley de acompañamiento que entrará en el Senado porque desde luego, si eso fuera así, me parecería una auténtica barbaridad jurídica que la transposición de una directiva de
semejante calado, con una repercusión de semejante calado, pasara por este Congreso y por el Senado con un tratamiento tan superficial y tan marginal como el que viene motivado por su presencia en una enmienda que se presenta en el Senado por parte
del grupo que apoya al Gobierno. Es decir, hemos planteado enmiendas que tienen que ver con proyectos de lucha contra el cambio climático, con la estrategia nacional de desarrollo sostenible, con la estrategia nacional para la conservación de la
biodiversidad, con la estrategia nacional forestal española, con el desarrollo de las agendas XXI, que son fundamentales para obtener una mejor calidad en nuestros ayuntamientos, con temas de residuos, de descontaminación de suelos, de residuos
sólidos urbanos y de residuos sólidos peligrosos que nosotros evaluamos como aspectos importantes de lo que ha de ser el tratamiento de las políticas ambientales en este país. De igual manera, hemos ampliado las dotaciones que había para parques
nacionales porque entendemos que los parques nacionales y los entornos naturales son elementos de nuestro territorio, partes de nuestro territorio que tenemos que defender y preservar cara al futuro para evitar que se produzca una degradación que
implique su minusvaloración, su marginación o la posibilidad de tener algún tipo de dificultad cara al futuro.
Por tanto, estas enmiendas que hemos planteado tienden a completar y a modificar lo que plantea el Partido Popular en su texto destinado a algunos de los programas que tiene el Ministerio de Medio Ambiente, si la enmienda de devolución -que
no va a prosperar, como es lógico- no es tenida en cuenta. Creo que en este momento no es este el presupuesto que necesitan las políticas ambientales en el conjunto del Estado. Es un presupuesto que rechazamos y entendemos que puede ser el último
que hace este Gobierno porque espero que el próximo lo podamos hacer nosotros, y lo haremos con más rigor y con más atención a los problemas reales de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), el señor Sedó tiene la palabra.
El señor SEDÓ I MARSAL: Señor presidente, nuestro grupo tiene 16 enmiendas de distinto diseño a esta sección 23. Voy a citar las más importantes. La número 2089 solicita dotar con un importe de 92 millones de euros en la Dirección General
de Obras Hidráulicas y Calidad de Aguas el programa de infraestructura urbana, saneamiento y calidad del agua. Ello es debido a que existe el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, aprobado por el Consejo de Ministros de 17
de febrero de 1995, publicado, de acuerdo con la Resolución de 28 de abril de 1995, el 12 de mayo de dicho año. Este plan prevé una aportación de la Administración general del Estado a todas las comunidades autónomas del 25 por ciento de sus
respectivos planes de saneamiento. Esta es una enmienda que ya hemos presentado otras veces. Asimismo prevé que para algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, dicha aportación se debía realizar en el periodo 1995-2000. Sin embargo, a
finales del año 2003 dicha aportación no se ha completado todavía, quedando pendientes 92.224 miles de euros, a pesar de que el proceso inversor ya se ha llevado a cabo de acuerdo con las previsiones iniciales. Por tanto, sucede lo mismo que
comentaba en mi anterior intervención en relación con la sección 17. Son cosas que están y que deben hacerse y, si no, no se pueden firmar convenios o no se pueden conceder cosas porque después no se cumplen y aún es peor. A la vez, a medida que
entran en funcionamiento nuevas plantas depuradoras en Cataluña -actualmente está en marcha el plan para municipios de menos de 2.000 habitantes-, es necesario construir nuevas instalaciones para el tratamiento de lodos o ampliar la capacidad de las
plantas existentes. Actualmente ya se ha iniciado el saneamiento de diversos municipios y por la forma que está establecido el esquema debe participar el Estado porque Cataluña está dividida en dos partes de cuencas internas y obras y el Ministerio
debe participar y nosotros pedimos que participe. Igualmente, en el Plan de saneamiento de aguas residuales para poblaciones inferiores a 2.000 habitantes debería participar el Ministerio de Medio Ambiente en las zonas donde corresponde más
directamente por tener las competencias de las cuencas que no son las internas de Cataluña.
Hemos presentado una enmienda que propone mejorar los accesos al embalse de la Llosa del Cavall. Actualmente está en unas condiciones que no son las adecuadas para completar una obra importante y bien hecha. Fíjense que en algunas
enmiendas estamos hablando de cosas que se empiezan, pero no se acaban en la forma debida.
Otra enmienda se refiere a la canalización de las rieras del Maresme. Son unos proyectos que llevan muchos años realizándose son laboriosos pero van siguiendo sus pasos. Nosotros creemos que se podría agilizar y dar más rapidez a la
construcción de estas protecciones de las rieras del Maresme porque, dada su constitución orográfica, con la cadena de montañas muy cerca de la costa, cuando hay tormentas se producen riadas que son muy perjudiciales para la zona.
Otra serie de enmiendas están relacionadas con el Plan Hidrológico Nacional y que se refieren a la conexión de las redes que abastecen a Cataluña, de Abrera a la red de ampliación de Tarragona y la red de agua del Ebro, las desaladoras de la
Costa Brava y de Tarragona, la red de abastecimiento de la presa de la Llosa del Cavall, así como muchas otras obras de reutilización de la EDAR de El Prat y obras de abastecimiento de las cuencas del Ebro y otras cuencas internas incluidas en el
Plan Hidrológico Nacional. Muchas de estas obras han sido declaradas de interés general y, si el ministerio tiene que realizar una labor, algo en lo que yo no voy a entrar ahora, lo que tiene que hacer es cumplir lo pactado. El resto de nuestras
enmiendas se refieren a la prevención de avenidas y a la financiación de las actividades relacionadas con el parque nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, el cual está prácticamente abandonado con respecto a una serie de cosas, algo que
el ministerio debería considerar y no hace. Van en la misma línea que antes he mencionado relativa al Ministerio de Fomento.
Respecto a la sección 23 en general quiero decir, ampliando lo que he manifestado antes con motivo de la sección 17, que este año hay diversas enmiendas de distintos grupos a las que podemos dar nuestro voto favorable, pero tenemos una pega
con las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista a estas secciones. Este grupo, desde hace unos años, acostumbra a presentar enmiendas pidiendo inversiones para obras de infraestructuras hidráulicas o similares y carreteras; en un
solo bloque llega a haber 350 partidas. A nosotros nos interesaría votar algunas que se refieren a Cataluña, pero lógicamente no tenemos nada que decir si se refieren a otros lugares. Durante muchos años en las votaciones nos hemos abstenido
porque no nos es posible votar a favor de carreteras en Cataluña,
de vías férreas o de intervenciones en AENA, junto con cientos de proyectos incluidos en un listado muy numeroso, ya que no se permite la votación separada de las enmiendas. Si ello fuera posible podríamos apoyar sus enmiendas no todas las
que se refieren a Cataluña ya que varias de ellas se contradicen con lo que nosotros pensamos, pero sí algunas. De todas maneras, sepan ustedes que no vamos a votar en contra de ningún proyecto que haya solicitado un grupo.
Señorías, con esto doy por defendidas las 16 enmiendas dentro de la sección 23, correspondiente al Ministerio de Medio Ambiente.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy a intervenir brevemente para exponer que desde el punto de vista del Bloque Nacionalista Galego sería necesario realizar más inversiones en Galicia en el año 2004 por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Por eso hemos presentado 82 enmiendas que suponen una cantidad de 310 millones de euros más de los presupuestados.
Una parte de este dinero iría destinada a una serie de obras de saneamiento integral de lo que son unos sistemas peculiares y únicos
en el mundo que son los que constituyen las rías gallegas. Pensamos que este saneamiento podría mejorar sensiblemente la explotación de los bancos marisqueros de las mismas, que en algunos casos están en proceso de deterioro prácticamente
irreversible por la contaminación de todo tipo que padecen o por la falta de limpieza de lodos y otros materiales acumulados derivados simplemente de la contaminación humana, de la industrial y, cómo no, también de la contaminación por catástrofes
de carácter ecológico. Al margen de las catástrofes de carácter ecológico, consideramos que se debería de invertir precisamente en el saneamiento de los bordes litorales de la ría de O Burgo, que es la ría de A Coruña, para lo que pedimos cinco
millones de euros en nuestra enmienda número 1133; de la ría de Betanzos, especialmente en la zona de la desembocadura del río, a la altura de Pedrido, para lo que pedimos un millón de euros en la enmienda número 1134; de la ría de Pontevedra, que
hoy está muy condicionada por la instalación y las actividades de Hence, de la celulosa, en concreto pedimos seis millones de euros en la enmienda número 1138. Hay también tres actuaciones en rías que están abandonadas, desde nuestro punto de
vista, aunque con distintos grados de contaminación y de deterioro. La menos contaminada, aunque bastante, en la parte más interior es la ría de Noia, para la que pedimos una inversión de ocho millones de euros en la enmienda número 1145; para la
ría de Ferrol pedimos cinco millones de euros en la enmienda número 1154 y para la ría de Arousa, pedimos seis millones de euros en la enmienda número 1187. Este tipo de inversiones habría que hacerlas al margen y sin tener en cuenta para nada las
consecuencias de la catástrofe del Prestige, ya que se trataría de actuaciones que nada tiene que ver con este tipo de contaminación. Sí tienen que ver las que queremos destinar a actuaciones de limpieza, en concreto en la zona costera de
Bergantiños, para lo que en la enmienda número 1160 pedimos 16 millones de euros o para la restauración de lugares privilegiados que fueron afectados por la contaminación del Prestige, como puede ser la zona de Razo-Baldaio para lo que pedimos 8,5
millones de euros. Desde nuestro punto de vista lo fundamental sería contar con dos grandes partidas de dinero para seguir actuando en los ecosistemas afectados de toda la costa, por lo que en nuestra enmienda 1166 pedimos una cantidad de 60
millones de euros, y para la limpieza de los fondos marinos, que está muy distante de haberse realizado en toda su amplitud y profundidad, pedimos una cantidad de 90 millones de euros.
Por último, pedimos realizar unas actuaciones en Galicia (escuchando al señor Sedó quedé francamente impresionado), precisamente una comunidad autónoma con un nivel de vida, una renta per cápita y una situación de las finanzas incluso
recurriendo a deuda pública o a la imposición del impuesto sobre la gasolina, que ni siquiera se afron por el Gobierno del Estado, como son las obras de las estaciones depuradoras de aguas residuales en ciudades de más de 50.000 habitantes. Un caso
escandaloso es el de Santiago de Compostela, una ciudad de más de 85.000 habitantes, en la que su EDAR y sus colectores, que hoy están obsoletos, se postergan en los Presupuestos Generales del Estado más allá del año 2006. Pedimos, por tanto, en la
enmienda 1190 que en este año 2004 se habilite una partida de 4 millones de euros para la EDAR de Santiago de Compostela y para la restauración de sus colectores entre Pontepereda y la EDAR 2,4 millones de euros. Y para acelerar la construcción de
la estación depuradora de aguas residuales y del emisario submarino de A Coruña, una ciudad de prácticamente 300.000 habitantes tirando todo al mar -ya se ve con la gran protección de que gozan los ciudadanos de Galicia por parte de las obras de
interés general del Estado- en la enmienda 1188 pedimos 11 millones de euros y en la enmienda 1189 cinco millones de euros.
Por último, el reparto competenciales tan catastrófico que en las rías hay actuaciones que no se llevan a cabo simplemente porque manda la Autoridad Portuaria, y ésta promete pero va dilatando en el tiempo las actuaciones.
A modo de
ejemplo, hemos presentado la enmienda 1199, que fue objeto ya de debates parlamentarios a través de proposiciones no de ley y se da la callada por respuesta, para la limpieza del canal del río Belelle, en la ría de Ferrol, que es fundamental para
que la pesca de bajura pueda salir con sus barcas desde la costa e introducirse en la ría cuando hay marea baja, porque el río está cada vez más colmatado de residuos y de fangos y no pueden mover las barcas, tienen que
arrastrarlas cada vez con más dificultad. La Autoridad Portuaria promete teóricamente que va a hacer ese dragado, ya que es ella la que manda, lo cual es otro reparto competencial esotérico, pero no acaba de hacerlo.
Pedimos 1,5 millones
de euros para que lo afronte Medio Ambiente, a pesar de que la Dirección General de Costas, que sí manda en las costas interiores de las rías, dice que en el canal no es competente, que lo es la Autoridad Portuaria. También solicitamos una
actuación en un estuario de un gran río competencia del Estado, es el río Miño, en la desembocadura esplendorosa entre Camiña y A Guarda, que merecería alguna actuación de carácter medioambiental urgente, tanto desde el punto de vista de la
navegabilidad como desde el punto de vista de la limpieza de fondos. Para ello pedimos una partida de 1,5 millones de euros.
Con estas enmiendas pretendemos simplemente hacer frente a la regeneración de ecosistemas privilegiados, con planes de carácter general, también actuaciones más concretas y muy numerosas, estas sí a las que nos tiene ya acostumbrados el
Ministerio de Medio Ambiente sobre todo en forma de paseos marítimos, la depuración de aguas residuales en dos grandes ciudades de Galicia, especialmente Santiago de Compostela, en la medida en que queda tan postergado, y por último actuaciones en
ríos de competencia estatal, en un caso para beneficiar a la pesca de bajura y en otro para mantener en un estado adecuado un paraje extraordinario e interfronterizo entre Galicia y Portugal.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente, sección 23, recogen inversiones que tiene el Gobierno en materia de su competencia. Las dotaciones presupuestarias del año 2004 amparan compromisos adquiridos en
inversiones de carácter plurianual que se están ejecutando, así como los nuevos proyectos y actuaciones que se van a iniciar en el ejercicio. En materia de obras hidráulicas y calidad de las aguas los presupuestos recogen básicamente las
inversiones derivadas del anexo II del Plan Hidrológico Nacional, y los créditos presupuestarios y de carácter plurianual se ajustan a las disponibilidades presupuestarias y de financiación y a los calendarios de desarrollo de los proyectos. La
inversión en las políticas medioambientales para el próximo año superan por primera vez los 4.100 millones de euros, lo que supone un fuerte aumento del 14 por ciento por encima de la media del crecimiento de la inversión del sector público estatal,
que es del 10,5 por ciento, según consta en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
Las grandes líneas de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2004 se centran en el fuerte desarrollo de las políticas ligadas al agua, donde se encuadra el Plan Hidrológico Nacional, en la apuesta decidida por la
protección del medio natural y la política forestal y parques nacionales, así como en un nuevo impulso a las políticas en favor de la calidad y dla educación ambiental y en actuaciones que incidan en una menor contaminación. En el área de gestión
del agua los presupuestos dan prioridad a las actuaciones del Plan Hidrológico Nacional, que cuenta con unos recursos por valor de 3.339 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,4 por ciento. Casi 433 millones de euros van a servir
para dar comienzo, como ha dicho el señor Morlán, a las obras del trasvase del bajo Ebro, incluido en el Plan Hidrológico Nacional. Quiero incidir en este aspecto en que el Grupo Parlamentario Popular se siente muy orgulloso de que se vayan a
iniciar las obras del trasvase del Ebro porque es una actuación que solucionará los problemas de escasez y de calidad del agua en Barcelona, en la Comunidad Valenciana, en Murcia y en Almería. Esperamos que estas obras culminen a finales del año
2007, en cumplimiento de la Ley del Plan Hidrológico Nacional aprobada por las Cortes Generales. También en los presupuestos se hace una especial incidencia en la política forestal, que incluye actuaciones del Plan forestal español y la prevención
y lucha contra incendios forestales. Asimismo, se incrementa el presupuesto para colaborar con las comunidades autónomas en la restauración de humedales y se incrementa el esfuerzo inversor en los parques nacionales y en la lucha para proteger el
medio ambiente y contra el cambio climático. Esto es, grosso modo un resumen de las partidas más importantes que nosotros consideramos que hay en los presupuestos.
En cuanto a la intervención de los portavoces, me centraré en la enmienda de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, quiero destacar que es la primera vez en siete años que el portavoz socialista no ha
preguntado por el grado de ejecución del presupuesto, lo cual me alegra porque me indica que ya se ha convencido de que los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente tienen un grado de ejecución elevado, tal como explicó el secretario de Estado
en su pasada comparecencia.
Nos ha dicho el portavoz socialista que leyéramos detenidamente la enmienda de devolución. Yo le puedo asegurar que la he leído detenidamente y he subrayado distintos párrafos a los que voy a dedicar mi intervención. Dice textualmente la
enmienda que hay una considerable disminución de la inversión en políticas ambientales. En este aspecto podríamos preguntarnos cuál es su concepto de política ambiental, porque el concepto que tenemos en el Grupo Parlamentario Popular y en el
Ministerio de Medio Ambiente de lo que es política ambiental va más allá de los meros aspectos ambientales que usted ha reseñado. Nosotros consideramos que la gestión del agua que está efectuando el Ministerio de Medio Ambiente es política
ambiental, porque por primera vez en España la gestión
del agua tiene en cuenta los valores ambientales y tiene en cuenta el efecto ambiental que las infraestructuras pueden producir en el entorno.
Por consiguiente, tal vez usted no recuerde que el 84 por ciento de las actuaciones contempladas
en el Plan Hidrológico Nacional y que deben desarrollarse en el período 2000-2008 en cada una de las cuencas españolas para solucionar sus problemas se dirige a actuaciones relacionadas con el fomento del ahorro, del abastecimiento, saneamiento y
depuración, reutilización, restauración hidrológica forestal, prevención de avenidas y programas de control y calidad de las aguas; en suma, actuaciones de carácter medioambiental, de ahorro y de gestión eficaz del recurso. Yo creo que usted
confunde la política hidráulica que se realizaba en las etapas de los gobiernos socialistas con la política hidráulica del Gobierno del Partido Popular, en la que se ha introducido la componente medioambiental como un aspecto fundamental. Por
consiguiente no podemos admitir la escasez de políticas medioambientales en la sección 23.
El texto de su enmienda de devolución dice que aspectos como la gestión moderna y sostenible del agua no tienen reflejo presupuestario. Esto dice exactamente el texto de su enmienda. ¿Acaso no considera usted, señor Morlán, que las
actuaciones antes citadas, este 84 por ciento de actuaciones, no son propias de una gestión moderna del agua, no son propias de un carácter medioambiental de la gestión del agua? ¿Tal vez considera usted que la desalación que propone el comité
federal de su partido, como alternativa al trasvase, es una gestión moderna y sostenible del agua? Me consta que ustedes manejan documentos en los que se incide en el coste energético y el coste medioambiental de la desalación, en el incremento de
las emisiones de dióxido de carbono que se producirían y en la afectación que la desalación puede tener en las praderas de posidonia del Mediterráneo. Me consta que ustedes manejan estos papeles y pese a ello para evitar las confrontaciones con sus
líderes territoriales apuestan por la desalación como alternativa al trasvase. Nosotros creemos que esto no es defender el medio ambiente, porque si la desalación tiene efectos medioambientales adversos luego no digan que defienden el medio
ambiente.
En su texto de enmienda de devolución dice que echa en falta la definición de una estrategia para la lucha contra el cambio climático, cuando este aspecto ha quedado aclarado recientemente en el debate de una proposición no de ley en el
Pleno de la Cámara cuando se explicó detenidamente que la Comisión permanente del Consejo Nacional del Clima está elaborando una serie de propuestas para presentar al pleno y que posteriormente serán aprobadas por el Consejo de Ministros, y
explicamos que se está llegando a acuerdos importantes. Con su petición no quiero pensar que lo que quiere usted es que se usurpen las funciones de la comisión permanente del Consejo Nacional del Clima, en el que se hallan representados todos los
sectores implicados. Nosotros creemos que están haciendo un buen trabajo y que los acuerdos a los que están llegando nos permitirán, dentro de poco, tener una estrategia contra el cambio climático.
El texto de su enmienda de devolución dice que echa en falta, asimismo, la definición, contenido ye objetivos de una adecuada política forestal.
Usted ha olvidado que en España tenemos un plan forestal elaborado por el Gobierno del Partido
Popular y una ley de montes recientemente aprobada en esta Cámara. Tal vez usted discrepe de algunos puntos de la Ley de Montes o del Plan forestal, lo cual es perfectamente admisible, lógico y normal, pero decir que echa en falta la definición, el
contenido y los objetivos de una política forestal parece algo surrealista. En los presupuestos del ministerio hay 113 millones de euros para la política forestal, la política de prevención de incendios y la lucha contra la desertización.
Sigue el texto de su enmienda a la totalidad: lento desarrollo de los planes de saneamiento y depuración. Sinceramente creo que usted no lo ha corregido, alguien lo ha escrito y usted no ha visto lo que pone, sabe usted perfectamente que
el Ministerio de Medio Ambiente ha ejecutado el cien por cien de las inversiones que competen del Plan nacional de saneamiento y depuración, y en algunas comunidades autónomas más del cien por cien. Por consiguiente, no vemos la lentitud por ningún
sitio, porque el plan nacional de saneamiento y depuración indicaba las inversiones que tenía que efectuar el Ministerio de Medio Ambiente y el cien por cien de las mismas están efectuadas.
Su enmienda también hace referencia a la escasa preocupación sobre el desarrollo de los distintos planes de residuos. Quiero recordar en este aspecto que la Constitución atribuye a las comunidades autónomas la gestión del medio ambiente y
la Administración central debe ayudar y fomentar estas actividades, pero es en los presupuestos de las comunidades autónomas donde debe contemplarse la financiación de estas actuaciones que podrán contar, contarán de hecho y cuentan -precisamente en
los presupuestos de este año se ha incrementado- con el apoyo a las transferencias de recursos de la Administración central, y solamente desde una valoración conjunta de los fondos procedentes de todas las administraciones podremos analizar la
suficiencia de las partidas.
También hace referencia el texto de su enmienda a las innecesarias y opacas sociedades de aguas. No puede admitirse que exista opacidad en la financiación de las obras hidráulicas a través de las sociedades de aguas y de las confederaciones
hidrográficas, dado que ambos agentes tienen claramente establecidos en sus PAP y en sus anexos de inversiones las obras a llevar a cabo durante 2004 y sus importes correspondientes.
Además, en cuanto a su gestión, ambos organismos están sujetos a
la normativa legal sobre contratación administrativa y su actividad económico-financiera está
sujeta al control del Tribunal de Cuentas. Año tras año la enmienda socialista viene expresando su disconformidad con las sociedades de aguas; su disconformidad con que la sociedad aporte los recursos de que dispone para agilizar las obras
hidráulicas, para agilizar las obras en el tiempo; obras que la administración, no habría podido iniciar con limitaciones presupuestarias y que son necesarias no solo para muchas regiones españolas sino para todas. Por consiguiente, nuestro grupo
no comparte su apreciación ni de la opacidad ni de la no necesidad de estas sociedades de aguas.
En varias enmiendas proponen bajas en el programa 511, artículo 85, precisamente aportaciones al capital de las sociedades estatales de aguas. Tal vez convendría que conociéramos qué obras que están haciendo las sociedades o qué proyectos
de inversión son los que ustedes no quieren que se hagan, y tal vez convendría también que estas obras que ustedes no quieren que se hagan o estas obras que se están haciendo y consideran innecesarias las tuviéramos detalladas por escrito y
pudiéramos decir a las comunidades autónomas respectivas que el Partido Socialista las considera innecesarias. Tal vez sería bueno que se supiera. El texto de su enmienda dice también que no está resuelta la declaración de impacto ambiental del
trasvase del Ebro ni existe garantía de aportaciones de fondos comunitarios. En primer lugar, como usted conoce, la declaración de impacto ambiental del trasvase del Ebro está aprobada. Se va a pedir financiación ya.
En cuanto a que no exista garantía de aportaciones de fondos comunitarios, debería sentir vergüenza, señor Morlán, de escribir esto en la enmienda de devolución, porque usted dice que no han hecho nada para evitar que llegue financiación
europea, pero claro que han hecho. El presidente aragonés del Partido Socialista no hace más que acudir a Bruselas para pedir que no se financie el Plan Hidrológico Nacional, desconociendo tal vez que en el mismo están las obras del pacto del agua
de Aragón. La eurodiputada valenciana Sornosa presentó una enmienda para que la Eurocámara votase no financiar el Plan Hidrológico Nacional; una célebre enmienda que unos representantes socialistas votaron a favor, otros en contra, otros se
abstuvieron y otros salieron para no votar.
Recientemente, una gran parte de los eurodiputados socialistas han votado una enmienda de los Verdes para que no se financie el Plan Hidrológico Nacional. Estamos haciendo el ridículo en el mundo, porque
en la Unión Europea no existe ningún partido de la oposición que acuda a Bruselas a solicitar que no se financien obras para su país. Realmente es algo inaudito.
Entrando en las enmiendas parciales que han presentado tanto el representante de Convergència i Unió, como el representante gallego y el representante del Partido Socialista, diré que todas tienen algo en común: proponen altas y bajas de
una serie de partidas, reprogramación de inversiones, supresión de proyectos. Nosotros consideramos que no se puede aceptar la supresión de proyectos, ni las altas para financiar nuevos proyectos, ni incrementar dotaciones presupuestarias para
actuaciones ya previstas. Además, muchas de las enmiendas de los tres grupos parlamentarios proponen actuaciones que no son competencia de la Administración central. Tampoco se pueden aceptar las bajas que proponen todos los años en la sección 31
ni las bajas en el programa 511, artículo 85, aportaciones al capital de las sociedades estatales, porque el Grupo Parlamentario Popular considera esencial el papel que están jugando las sociedades estatales para resolver los problemas del agua en
España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Morlán.
El señor MORLÁN GRACIA: Efectivamente, me he olvidado de hablar de la ejecución del presupuesto, pero ha sido un olvido que se puede subsanar perfectamente ahora o en el Pleno, no tengo mayor problema. Y si voy a las cifras ciertas, las
que hay en el Ministerio de Hacienda y que corresponden al 31 de julio de 2003 (luego están las previsiones de liquidación, que cada ministerio sitúa en función de lo que prevé, con mejor o peor intención, ejecutar a lo largo del año, y después,
cuando vas a las liquidaciones, resulta que en el Ministerio de Medio Ambiente no se ha ejecutado el 90 ó 95 por ciento, sino unas cifras algo inferiores), tengo que decir que el Ministerio de Medio Ambiente tenía un porcentaje de realización del
41,3 por ciento, el tercero por la cola, y esta es la tónica de todos los años del presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué sucede? Pues que aquí sólo sabemos -y esto tiene que ver con las sociedades que ustedes defienden con tanto
empeño- lo que ejecutan las direcciones generales del ministerio o la subsecretaría o la secretaría de Estado, pero no sabemos cuál es el porcentaje de ejecución de las sociedades de agua. No lo dan. Ustedes, y aquí reitero la opacidad del
funcionamiento de esas sociedades de agua y de las fundaciones a las que he hecho referencia, no facilitan esos datos; ustedes dan un listado de obras, cuando lo dan. Me gustaría saber qué nivel de información pretende que tengamos los diputados
sobre el contenido de las partidas presupuestarias de las sociedades de agua. Me gustaría saberlo algún día; a ver si entre todos se aclaran y nos dan alguna cifra cierta, alguna cifra que se ajuste a la realidad, porque si hay algo claro en el
ministerio es que hay que dar la menor información posible a la oposición, no vaya a ser que se entere y nos arme alguna gresca. No; nosotros queremos saber qué pasa, que nos aclaren de manera rotunda qué está pasando con cada proyecto en cada
sociedad de agua, y no me confunda sociedades de agua con confederaciones, porque, aunque los presidentes sean los mismos, son cosas distintas y usted, cuando habla de estos temas, parece que tiende a confundir
o estimar que lo que decimos es una mentira que nos inventamos en una noche de plenilunio. No; las confederaciones sí es cierto que están aquí, en este presupuesto de liquidación, pero las sociedades de agua no. Y, como no están, quiero
saber qué es lo que pasa con ellas y en qué gastan el dinero.
No me hable de que la evolución del presupuesto es muy positiva. Le voy a poner un ejemplo: si usted coge un proyecto determinado de su circunscripción o de la mía, lo incluye en el presupuesto de 2003, no lo ejecuta y sale en el
presupuesto de 2004, la cifra de esa obra aparece en 2003 y en 2004. Por tanto, ustedes están haciendo un incremento del presupuesto que es ficticio, puesto que computan dos veces una obra. De ahí viene esa especie de decalage que se produce en el
presupuesto. Dicen ustedes: se incrementa en tal cantidad. No, no; desgraciadamente, hay muchas partidas, señora De Lara, que no se han ejecutado, han pasado al siguiente presupuesto y siguen computando como un nuevo incremento, cuando estaba
incorporado ya al presupuesto anterior.
Habla usted de confrontaciones, y yo estoy harto de discutir este tema con usted; qué quiere que le diga. Usted podrá decir que mi partido piensa de una manera en un sitio, y, en otros, de manera distinta. Yo sé que tenemos un texto de
gestión del agua en España, que presentamos y que ustedes rechazaron, con toda legitimidad; sé que hay compañeros míos que tienen una visión diferente, pero eso mismo pasa con ustedes: que los impuestos suben en un sitio de una manera, y, en otro
sitio, suben de otra. Ustedes dicen que bajan, y luego resulta que suben. Luego echan marcha atrás, y dicen que van a quitar no sé qué de los pisos vacíos, cuando resulta que ese no es el problema; el problema es que han subido ciertos impuestos
aquí, en Madrid, que en otros sitios no han subido, con lo cual desvirtúan su propio mensaje de coherencia. De modo que no entremos en esas consideraciones, porque en todas las casas cuecen habas, y, en algunos sitios, cuecen muchas; ustedes no
son ajenos a ello.
En cuanto a la lucha contra el cambio climático, señora De Lara, estamos con un 32 por ciento de emisiones; cada vez son más elevadas. Ustedes han puesto encima de la mesa la estrategia de lucha contra el cambio climático, y hay acuerdos
de Comisión y de Pleno, y manifestaciones en ambos ámbitos en muchas ocasiones. Nos han dado plazos, nos han dicho que iban a acabarla enseguida, y resulta que está todavía en fase de elaboración. Y no hablo de hace seis meses, hablo de hace
bastante tiempo; han incumplido ustedes su compromiso.
Curiosamente, no ha hecho ninguna referencia a la estrategia española sobre desarrollo sostenible, que presentaron ustedes a bombo y platillo en 2001 en el Palacio de La Moncloa. Resulta que estamos a finales de 2003, y todavía no sabemos a
qué se van a dedicar en cuanto a este tema, aunque sí es cierto que siguen manteniendo una campaña de publicidad.
Alguien se estará beneficiando de esa campaña.
En cuanto a los presidentes, el de Aragón ha ido con legítimo derecho a Bruselas, al igual que han ido los presidentes de Murcia y Valencia. El presidente aragonés no ha dicho nada en contra de las inversiones del anexo II de la ley del
PHN. Lo que ha manifestado es su oposición al trasvase, como los otros presidentes han hecho patente su apoyo al mismo.
Respecto a las inversiones, nosotros desearíamos que se realizasen las obras del pacto del agua, a las que usted ha hecho referencia y que yo no he querido sacar para que no se vea mi color aragonés. Yo, que conozco mi tierra y que la piso,
porque es mi circunscripción y es mi comunidad, le puedo decir que tengo un pantano al lado de mi casa, en Huesca, que lleva dos años parado: el pantano de Monte Aragón, para abastecer a la ciudad de Huesca, que se empezó en 1995, aún está parado,
y no sé por qué.
Además, ni siquiera se han empezado las obras de otros pantanos emblemáticos. En la provincia de Zaragoza, menos en el pantano La Roteta o la presa del Val, en los demás no se han empezado las obras. De la presa del Val, que yo
la conozco -no sé si usted la conocerá-, le puedo decir que está hecha pero no tiene construido el canal de desagüe, de modo que no sé para qué la queremos. Si va a la provincia de Teruel, sucede exactamente lo mismo; y, si vamos a otras
provincias, encontraremos los mismos problemas.
Son muchos años viendo presas, regulaciones y modernización de regadíos, y luego resulta que no llegan; que no hay máquinas trabajando, y esa es la única realidad que yo veo, y no la de los números. La realidad de los números, la tienen
ustedes aquí y la venden muy bien, porque lo saben hacer; pero máquinas trabajando para resolver esos problemas no existen.
Paséense ustedes por todos estos sitios y verán cómo las cosas son así.
Este año, ya que ponían el trasvase en
funcionamiento -lo quieren poner, vamos a ver si lo consiguen-, han puesto encima de la mesa que se había gastado en Aragón lo que no se había gastado. Para ver cifras de esas sólo hay que ir a las hemerotecas; todos los años nos ofrecen lo mismo.
Si fuera de verdad, en este momento los aragoneses seríamos ricos, con todo lo que han ofrecido y no han gastado.
Después puede usted hacer un ejercicio que yo le puedo aconsejar. Mire lo que suponen las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente en cada comunidad autónoma. ¿Sabe usted, en función de la superficie del territorio, dónde se gasta más
dinero? En Valencia, en Murcia y en Baleares. Y si usted quiere ir a la fórmula de los habitantes, le tengo que decir que en Aragón somos pocos, tenemos mucho territorio pero somos pocos habitantes y cualquier cifra que ponga usted encima de la
mesa, desde luego se va a disparar porque, al ser pocos, por pocas pesetas que ponga, mucho se distribuye.
Señora De Lara, yo entiendo que usted no acepte nuestras previsiones, no acepte nuestras enmiendas. Ustedes tienen su modelo de gestión del agua, ustedes tienen su modelo de gestión de las políticas ambientales, pero si uno va analizando lo
que sucede en el ministerio desde el año 2001 a 2004, se va dando cuenta de que se incrementan las aportaciones a la gestión de infraestructura de recursos hidráulicos, pero se mantienen en protección y mejora del medio natural, en protección y
mejora del medio ambiente y se incrementan un poco en infraestructura de saneamiento y calidad de las aguas. Esto es lo que supone la equiparación de los presupuestos del ministerio.
La verdad es que las cifras aguantan todo y el papel aguanta todo, pero indudablemente las cifras que yo le intento trasladar, aunque no sea con los números sino con la filosofía que hay detrás de ellas, lo que hacen es mantener nuestro
rechazo a este presupuesto. Yo entiendo que usted lo defienda, señora De Lara, me parece muy bien, es su cometido, pero entienda que nosotros no estamos de acuerdo porque no compartimos su forma de gestionar las políticas ambientales. Y le diré
cuáles son las políticas ambientales cuando ganemos el año próximo y usted esté en la oposición y yo se las pueda explicar.
El señor PRESIDENTE: Señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Señor presidente, solamente unas aclaraciones a lo que ha dicho el señor Morlán.
En primer lugar, señor Morlán, sabiendo cuál es el grado de ejecución del presupuesto en septiembre, porque se lo dijo el secretario de Estado en la comparecencia, usted nos ha traído aquí cifras del mes de julio. Usted sabe que el grado de
ejecución en el programa 441 es el 78 por ciento, en el 512-A es el 74 por ciento y en actuaciones en la costa es el 82 por ciento. Esto en el mes de septiembre. Usted lo conoce y nos habla de julio porque quiere dar unas cifras más bajas, lo cual
me parece poco ético.
En segundo lugar, usted habla de su texto alternativo. Nosotros, señor Morlán, no sabemos cuál es su programa alternativo al Plan Hidrológico Nacional. Nosotros no sabemos si su programa alternativo es el programa de Maragall, que dice que
ni una gota de agua para Murcia y para Levante porque la malgastan, que no tienen políticas de ahorro. No sabemos si su texto alternativo es el del representante del Partido Socialista valenciano... (El señor Morlán Gracia, mostrando unos papeles:
Éste, éste.) Perdone, éste, dice usted, pero el texto alternativo del representante del Partido Socialista valenciano dice: Agua del Ebro para Castellón, agua del Tajo para Valencia y Alicante, pero previamente habla de un trasvase del Duero al
Tajo, y ya no sé para dónde dice el agua del Jarama, señor Morlán. Este es el texto de los socialistas valencianos. El texto alternativo del comité federal habla de la desalación, y le he dicho que es una vergüenza que usted, que defiende el medio
ambiente, sea partidario de la desalación como alternativa al trasvase, por los efectos medioambientales que produce, por el coste energético y las emisiones del CO2. Por un lado, nos pide aquí una estrategia de cambio climático porque las
emisiones de CO2 se han disparado y, por otro, quiere usted una alternativa que implica un coste energético desmesurado. Esto no me parece que sea serio ni creo que usted se crea lo que me ha dicho, señor Morlán.
Efectivamente, la estrategia de cambio climático se está elaborando y yo espero que termine, lo deseo tanto como usted, pero no olvidemos que no depende del Ministerio de Medio Ambiente solamente. No olvidemos que quien más incidencia tiene
en las emisiones de CO2 son los sectores energético y de transporte. Por consiguiente, aparte de la Comisión nacional del clima, hay que poner de acuerdo a los ministerios y de una vez por todas tomar medidas en España porque, coincido con usted
absolutamente, es necesario, de esto no tengo ninguna duda.
Luego dice usted que no se ha ido a Bruselas a decir que no se financie solamente el trasvase. Señor Morlán, no es cierto, esto no es cierto. El presidente aragonés ha ido a solicitar que no se financien las obras del Plan Hidrológico
Nacional. El Plan Hidrológico Nacional es un todo, con un anexo de inversiones y con un trasvase. Si se pide que no se financie el Plan Hidrológico Nacional, se pide que no se financie ni el anexo ni el trasvase. La enmienda de la eurodiputada
valenciana pedía que no se financiaran las obras del Plan Hidrológico Nacional, entero, y lo que votaron los socialistas de su grupo, la enmienda de los Verdes, pedía que no se financiara el Plan Hidrológico Nacional, no hablaba de trasvase, señor
Morlán, y usted lo sabe, ha salido en la prensa y usted lo sabe, seguro. Quiero decirle que las inversiones de las obras del pacto del agua en Aragón suponen 2.447 millones de euros.
Finalmente, quiero indicarle -usted dice que los números se prestan a todo- que las mayores inversiones del Plan Hidrológico, señor Morlán, son en Andalucía y en Aragón, y creo que también lo sabe usted. No me venga con Murcia y con
Baleares porque no es cierto. Andalucía y Aragón, comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Porque el Partido Popular es un partido serio que lo que quiere es solucionar el problema del agua en España. No mira el color de la comunidad
autónoma donde va el agua, mira dónde están las necesidades, señor Morlán, y Andalucía y Aragón son las que mayores inversiones se van a llevar.
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de la sesión 23, se suspende la sesión hasta mañana, a las nueve de la mañana.
Eran las doce y veinte minutos de la noche.