Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 872, de 05/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 872
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 57
celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la información a los usuarios sobre los precios y condiciones de prestación del servicio telefónico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001993.) ... (Página
27692)
- En relación con el desarrollo reglamentario de la nueva normativa sobre acreditación de actividades de I + D + I a efectos fiscales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002218.) ...
- Sobre ampliación de la plantilla de trabajadores en el centro de 'La Mayora', en Algarrobo, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/002286.) ... (Página 27699)
- Sobre contratación de becarios post-doctorales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002325.) ... (Página 27701)
- Relativa a evitar que el acceso a Internet se haga de forma fraudulenta.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002219.) ... (Página 27705)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA INFORMACIÓN A LOS USUARIOS SOBRE LOS PRECIOS Y CONDICIONES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO TELEFÓNICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001993.)
La señora VICEPRESIDENTA (García Alcañiz-Calvo): Se abre la sesión.
Proposición no de ley relativa a la información a los usuarios sobre los precios y condiciones de prestación del servicio telefónico, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición y defensa tiene la palabra la señora
Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Actualmente, la prestación del servicio telefónico al público en general ofrece un amplio abanico, bastante complejo, de servicios, de precios y también de operadores que trabajan en un mercado libre y que,
sin duda, origina al usuario una creciente confusión, confusión que redunda, la mayor parte de las ocasiones, en el propio desconocimiento del abonado de cuáles son los servicios que está utilizando y, sobre todo, los precios de esos servicios.
Esta situación supone en muchas ocasiones una imposibilidad de aprovechar las circunstancias más favorables para la prestación de los servicios que tienen contratados, que es el objetivo de un mercado liberalizado donde la competencia acaba
redundando en la bajada de precios para los usuarios. Ésta, por la competencia, por ese abanico y complejidad, y por la imposibilidad, por desconocimiento, de aprovechar las circunstancias más favorables para la prestación de los servicios que
tienen contratados, al final, no es rentable en términos de aprovechamiento para el usuario. Eso se agrava en aquellos usuarios que tienen más edad o un mayor desconocimiento de los progresos tecnológicos. En ese sentido, desde el Grupo
Parlamentario Socialista, tenemos claro que podemos afirmar que en el mercado de las telecomunicaciones no es suficiente la información que se publica en el Boletín Oficial del Estado sobre las aplicaciones y las tarifas del operador dominante,
Telefónica, o tampoco la publicidad por parte del resto de los operadores de la comunicación a la Administración en cuanto a tarifas y a las aplicaciones de los servicios que están prestando. Si toda esta información ya es complicada para el
usuario en general, y mucho más para esos usuarios que he comentado con menor cualificación, mayor edad o menor contacto con las nuevas tecnologías, debe quedarnos claro que hay que resolver de alguna manera esta situación pidiendo a los operadores
que sean más claros en la información que ofrecen. En este sentido está orientada nuestra proposición no de ley, que a los consumidores y usuarios lleguen con claridad todas las ofertas que prestan los servicios, sus precios y beneficios para el
usuario; creemos que es importante que poco a poco se vayan implantando medidas que contribuyan a la mejora de esa información al usuario sobre los precios y las condiciones de la prestación del servicio telefónico que contratan. Por eso, instamos
en esta proposición no de ley al Gobierno a que, a su vez, con las medidas que considere necesarias, inste a los operadores de telefonía que incorporen de forma permanente a la factura que pasan a los abonados toda la información sobre los tipos de
tarifas que usan más habitualmente, las condiciones de aplicación de esas tarifas, los precios y, en definitiva, una información clara y veraz que permita al usuario, especialmente al que tiene menor conocimiento o acercamiento al progreso
tecnológico, que tenga clara la información. Y, sobre todo, porque aunque nosotros, que estamos más cerca del progreso tecnológico que esos otros colectivos, la desaparición de la atención física directa al usuario tiene ventajas, porque podemos
utilizar otros medios que no son sólo la presencia física de la atención directa, como son el fax, el
teléfono, el correo o los E-mails, aquellas personas que no tienen esos hábitos al no encontrarse con una persona que les aclara cuáles son las mejores condiciones encuentran una barrera. En este sentido va esta proposición no de ley, que
entendemos que el Grupo Parlamentario Popular debe apoyar, porque no les decimos qué medidas se deben tomar, sino simplemente que busque aquellas medidas que como Gobierno está obligado a ofrecer a los usuarios de la telefonía, en este caso de la
prestación de servicios telefónicos para los consumidores. Espero que se apruebe, porque si no no lo entenderíamos. Estamos totalmente desanimados porque no nos aprueban nada. Me están hundiendo en la mayor de las depresiones.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo de Convergéncia i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Por la amistad y cortesía que nos tenemos los distintos portavoces en esta Comisión de Ciencia y Tecnología, no quiero que la señora Pleguezuelos se me deprima, porque estamos ante un texto de una proposición no de
ley que creo que, en este caso, el Partido Socialista lo ha redactado para que sea aprobado, porque no exige ni plazos ni que tenga que ser un real decreto, sino simplemente lo que pide es instar al Gobierno para que éste a su vez inste a los
operadores del servicio de telefonía la incorporación permanente en la factura, o en su reverso, de la información sobre los tipos de tarifas usados más habitualmente y las condiciones de aplicación de las mismas. Es un derecho de los usuarios y
consumidores; cada vez es más complejo entender una tarifa telefónica y cada vez es más complejo cuando hay más competencia, con lo cual debería ser muy clara la tarifa que se nos aplica para poder comparar, porque la competencia es libre cuando
permite al usuario y al consumidor final comparar datos y, por el mismo servicio y tipo de llamada, saber exactamente qué nos están facturando.
No es muy ambiciosa la proposición no de ley que nos plantea la diputada Pleguezuelos, que consiste simplemente en que desde el Gobierno se inste y promueva que los operadores en las facturas fijen de forma detallada las condiciones de esa
facturación, que pagamos todos los ciudadanos, y nosotros, que desde el Congreso de los Diputados tenemos la representación de esos ciudadanos, nuestro deber es votar a favor de esta proposición no de ley. Señora Pleguezuelos, no se deprima, por lo
menos tiene el apoyo de Convergéncia i Unió, y espero que desde el Grupo Parlamentario Popular se votará a favor, porque ante un texto como el que hoy se nos presenta, incluso yo estaba tentado de realizar una enmienda que concretara más y que
exigiera más, porque es un texto absolutamente abierto, en el que se pide al Gobierno una función que todo gobierno debe tener, instar a que en esa facturación queden incorporados claramente los conceptos de esa factura, lo que va a redundar en una
mejor competencia, una mejor claridad de los datos y seguro que puede ayudar también en un abaratamiento a la larga de esas tarifas.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Jauregi.
El señor JAUREGI BEREZIARTUA: En nombre de nuestro grupo decir que nos parece oportuno presentar una iniciativa en estos términos. Por añadir un poco más a lo que se ha comentado hasta ahora, entiendo que la libre competencia lo es en la
medida en que beneficia a los usuarios. Yo, como usuario de telefonía, vivo también en el más absoluto despiste, y no creo que esta complejidad tarifaria y de operadores afecte solamente a personas mayores o que no tengan acceso a las nuevas
tecnologías, sino que nos afecta a la gran mayoría de los ciudadanos que no disponemos de mucho tiempo. No sé si les sucede a SS.SS. o no, pero estar al día en las tarifas de teléfono, de los manuales, aparatos electrónicos y demás, es tan
complejo que al final funcionamos más por instintos que por datos objetivos. Añadiría también que la información que aparezca en las facturas sea concreta y que no se pierda en datos marginales. Me gustaría repetir una vez más que nos parece que
la iniciativa del Partido Socialista, en este caso, es muy oportuna.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ TABARES: Más que nada intervengo por salvaguardar la salud de nuestra compañera diputada. Vemos su planteamiento con una vehemencia clara; siendo posiblemente mi primera intervención en la Comisión de Ciencia y Tecnología,
la veo tan clara que entendería también que el Partido Popular se sumara a ella. Nos consta que el Gobierno ha ido introduciendo paulatinamente diversas medidas encaminadas a una mayor transparencia por parte de los operadores telefónicos en la
información que deben facilitar a sus usuarios, sobre todo en los servicios que prestan y las tarifas que aplican. No obstante, consideramos que aún se puede avanzar más en este sentido, dado que todavía son muchas las quejas que se presentan ante
los propios operadores por las organizaciones de consumidores y usuarios por este asunto. Las campañas publicitarias, con cláusulas que apenas llegan con claridad al usuario y la poca claridad de las tarifas son dos de los factores que inciden en
que exista poca transparencia en esta materia. Insisto en que nuestro Grupo Parlamentario es consciente de los avances que ha realizado el Gobierno para exigir a los operadores que sean claros en este aspecto, pero nuestro deber en base a los
planteamientos que he citado, es apoyar esta iniciativa parlamentaria, porque creemos que aún existen muchas asignaturas pendientes en este asunto.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular. Señora Pleguezuelos, desearía que su iniciativa fuese más concreta y más progresista. Nuestro grupo no la ve progresista, y si lo fuera contaría con nuestro
apoyo. Vamos a votar desfavorablemente a su iniciativa, por varias razones. En la orden de Presidencia 131 de 2002, de 14 de febrero, se refuerza lo relativo a los derechos de usuarios y al servicio de tarificación adicional; desarrollando el
título cuarto del Real Decreto 1776 de 1998, de 31 de julio, este persigue cuatro objetivos: desarrollar los derechos de los usuarios del servicio telefónico disponible al público; los derechos de los usuarios del servicio telefónico en relación
con el acceso por éstos a los servicios de tarificación adicional; ordenar mediante autorregulación la prestación de los servicios de tarificación adicional a través de la participación de todos los actores implicados, principalmente la
Administración, los operadores de telecomunicaciones, los proveedores de servicios de tarificación adicional y los representantes de consumidores y usuarios; y prever la aprobación de nuevos rangos de numeración a través de los que se prestarán los
servicios de tarificación adicional. Por otra parte, en cuanto a la información al usuario sobre tarifas telefónicas, en la norma se establecen obligaciones específicas para los operadores de acuerdo con los criterios marcados por las directivas
comunitarias sobre el sector, en concreto se establecen respecto a los precios de los servicios. La información que se proporcione comprenderá debidamente diferenciados todos y cada uno de los conceptos que repercutan en el precio que paga el
abonado por la prestación del servicio, incluidos todos los impuestos aplicables y, en su caso, el coste de establecimiento de llamadas. Se hará especialmente referencia a los precios de acceso y todo tipo de cuotas periódicas de utilización y
mantenimiento, con inclusión de información detallada sobre programas de descuento, planes, bonos y tarifas especiales. Además, SS.SS. conocen también que existe el contrato firmado entre el operador y usuario, que deberá ser aprobado por la
Administración siempre y cuando el operador tenga impuestas obligaciones de servicio público en sus respectivas licencias; en él se establecen obligaciones de información al cliente sobre las tarifas que se le aplican y sobre las modificaciones en
las mismas. En la práctica real, en estos últimos años, las tarifas han experimentado continuas y reiteradas modificaciones a la baja y la información suministrada por los operadores se ha encaminado a publicitar suficientemente estos cambios. Lo
que la iniciativa propone en definitiva es hacer llegar a los usuarios, con la mayor exactitud, la infinidad de tarifas existentes en el mercado, la infinidad de bonos de los diferentes operadores, y esto, si se analiza con detenimiento, sería
prácticamente inviable, entre otras razones porque si cualquiera de SS.SS. accede a cualquier página web de Telefónica o de cualquier operador, observará la infinidad de tarifas que ofertan en sus diferentes modalidades. Esta bajada se produce
básicamente porque los operadores tratan de captar a los usuarios y para esto la mejor forma es presentando la mejor oferta y, sin duda alguna, son los operadores los primeros que tratarán de hacer llegar a los usuarios sus ofertas, sus servicios,
sus diferentes precios y con esto consiguen captar al usuario porque, en definitiva, están en el mercado. Si hubiese un sólo operador, podría entender esta iniciativa, pero existiendo la liberalización del mercado, entendemos que es una medida no
progresista.
Lo que usted propone es que cada factura se convierta en un libro de tarifas, y eso generaría confusión y no clarificaría en absoluto las tarifas porque, como usted manifiesta en la exposición de motivos, existen algunos mayores que no
tienen esa información y si se les da un libro de tarifas donde no se detallan con claridad y donde es muy complejo establecer las diferentes variedades de esas tarifas, les generaría una profunda confusión. Y, por otra parte, también generaría un
aumento de costos a los diferentes operadores que realizasen ese libro de tarifas que usted propone, porque al final, ese tiempo que se dedica a preparar las tarifas que tienen que ser continuas y cambiantes generaría un aumento de coste que,
reconocerá conmigo, a quien va a repercutir va a ser al usuario.
Por tanto, por estas razones entendemos que no procede esta iniciativa. No dudo de su buena voluntad y de su interés; estoy seguro que S.S.
pretendía un objetivo, pero lo que se conseguiría con esta medida sería el efecto contrario, y por
eso nuestro grupo va a votar en contra de esta iniciativa que presenta el Partido Socialista. Espero que en la próxima ocasión S.S. presente una iniciativa más progresista que contará con nuestro apoyo.
- EN RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA NUEVA NORMATIVA SOBRE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE I + D + I A EFECTOS FISCALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002218.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley en relación con el desarrollo reglamentario de la nueva normativa sobre acreditación de actividades de I + D + I a efectos fiscales. Permítanme
Señorías que antes les comente que las votaciones se realizarán al final de la sesión, cuando hayan sido defendidos todos los puntos del orden del día.
Esta proposición no de ley es del Grupo Parlamentario Popular y para su defensa y exposición tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Desde el Grupo Parlamentario Popular estamos convencidos de que el gasto público en I + D + I debe servir para potenciar la investigación básica, ampliar y mejorar la infraestructura científica referente a
los centros y grandes instalaciones, estimular el desarrollo de grandes proyectos tecnológicos e industriales, estimular la inversión privada en actividades de I + D + I, integrar la iniciativa pública y la privada, y acelerar la convergencia de
España con la Unión Europea.
A modo de introducción, me gustaría esbozar algunos datos sobre la inversión pública del Estado en I + D + I para el año 1995, que era de 207.032 millones de pesetas, hoy 1.244 millones de euros. Este año pasado ha sido de 3.790 de euros, o
630.602 millones de las antiguas pesetas, es decir, se ha multiplicado por 3,3 veces. Una adecuada política de I + D + I es decisiva para aumentar la competitividad empresarial y crear nuevas oportunidades de empleo. Las actividades de I + D + I
son clave en el crecimiento económico de las sociedades modernas y en el bienestar de los ciudadanos. Uno de los compromisos del Partido Popular ha sido el de acabar con la tradicional debilidad del sistema español en ciencia y tecnología apostando
decididamente por la innovación; con el plan nacional de I + D + I 2000-2003 se está cumpliendo este compromiso. El vigente conjunto de desgravaciones fiscales en el impuesto de sociedades por gastos de investigación, desarrollo e innovación es de
los más favorables de cuantos existen en los países de nuestro entorno, sin embargo, la utilización de estos incentivos por parte de nuestras empresas no está alcanzando el nivel que consideramos conveniente. España cuenta con una de las normativas
fiscales más ventajosas de los países de la OCDE para fomentar la I + D empresarial; una compañía que realice este tipo de actividades puede deducirse del impuesto de sociedades entre un 30 por ciento y un 50 por ciento de los gastos de I + D, con
una desgravación adicional de otro 10 por ciento para determinadas inversiones. La desgravación por gasto de innovación tecnológica oscila entre un 10 y un 15 por ciento. Sólo en los tres últimos años, los beneficios fiscales en el impuesto sobre
sociedades asociados a la inversión de I + D + I han alcanzado 600 millones de euros, o 100.000 millones de pesetas; en la pasada legislatura, se incrementaron los beneficios fiscales para I + D + I, especialmente en la ley de acompañamiento del
año 2000. En virtud de esta ley se introdujeron importantes mejoras. Respecto a la investigación y desarrollo, como ya he comentado, se introdujo una deducción en la cuota íntegra del 30 por ciento de los gastos efectuados en I + D. En el período
anterior se fijaba esta cantidad en un 20 por ciento. Si los gastos fueran mayores a la media de los dos últimos años, se aplica un 50 por ciento sobre el exceso respecto de la media, que anteriormente era de un 40 por ciento.
Finalmente, se
aplica una deducción adicional del 10 por ciento en determinados casos. Respecto a la innovación, como también he comentado, se introdujo una deducción del 10 por ciento con carácter general y del 15 por ciento si el gasto es consecuencia de
acuerdos con universidades y centros tecnológicos nacionales.
En la presente legislatura, se ha continuado apostando más decididamente por el bienestar fiscal de las inversiones en I + D + I, se han intentado beneficiar fiscalmente estas inversiones. Constituye esto un paso importante para estimular
la inversión en I + D + I por parte de nuestras empresas, que deben adoptar un papel protagonista como motor de la investigación y desarrollo tecnológico en nuestro país y en Europa, de acuerdo con el objetivo marcado en la cumbre de Barcelona;
lograr que para el año 2010 el gasto en I + D alcance el 3 por ciento del producto interior bruto en la Unión Europea, y que dos tercios de esa cantidad sean aportados por el sector privado. Sin embargo, para hacer efectivo el sistema de emisión de
informes sobre I + D + I vinculantes para la Agencia Tributaria, es preciso determinar reglamentariamente la forma de petición, los requisitos de evaluación de que serán objeto los proyectos y el contenido de los informes emitidos. Dado que según
la disposición adicional primera, introducida por una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el debate sobre el proyecto de Ley de sociedad limitada nueva empresa, hoy ya en vigor, la nueva redacción del apartado 4 del artículo 33 de la Ley del
impuesto de sociedades tiene efectos para los ejercicios impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, es necesario que se lleve a cabo con prontitud el desarrollo reglamentario que permita al sujeto pasivo del impuesto poder aportar
informes motivados emitidos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por un organismo adscrito al mismo, como fija la disposición adicional.
Por todo ello, Señorías, el Grupo Parlamentario Popular quiere instar al Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias oportunas, con el fin de hacer efectivo el sistema de emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por sus
organismos adscritos de los informes motivados que faciliten la aplicación de las deducciones fiscales por actividades de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Esta proposición no de ley es de las que se podría denominar campanario, se hace para que repique. Lo que ocurre es que
repica en contra de lo que está llevando a cabo el Gobierno, porque de alguna manera deja al descubierto las vergüenzas o la inoperancia de éste. En la redacción de la parte propositiva no tenemos inconveniente en manifestar nuestro
acuerdo, quién no va a estar de acuerdo con aspectos que tienen que ver con el sentido común, pero vamos a hacer un repaso de lo que ha ocurrido en los últimos meses. No es el momento de entrar a valorar la primera parte de la intervención del
señor Pérez-Hickman, en la que hablaba de las grandes bondades del sistema de ciencia y tecnología español, de los esfuerzos del Gobierno, porque creo que va a ser difícil que nos pusiéramos de acuerdo; una cosa es leer unas cifras y otras ver la
realidad. Se dijo en el Plan nacional que íbamos a gastar el 1,21 por ciento en el año 2001, último ejercicio contabilizado totalmente, y estamos en el 0,96 por ciento. La realidad es que se han dejado de gastar 1.020 millones de euros en los tres
años de vigencia del Plan nacional. Con toda esta situación, leer cifras que no se ejecutan, y que en muchos casos no tienen aplicación al propio sistema de ciencia y tecnología, es absurdo. No voy a entrar en ese debate porque estamos hablando de
una proposición no de ley específica, pero me he referido a ello porque creo que usted se está creyendo la propaganda que hace el Gobierno en este tema. Desde hace dos o tres años, cuando todavía era ministra la señora Virulés, se comentaba que
España tenía el marco fiscal más favorable de la Unión Europea en estos aspectos, y nosotros nunca dijimos que no fuera así, pero la realidad es que ese marco fiscal más favorable de toda la Unión Europea no ha supuesto hasta el momento beneficios
para el sistema de ciencia y tecnología suficientemente importantes, porque todos los estudios del Instituto Nacional de Estadística muestran que se ha estancado -y digo algo más-, ha disminuido la participación del sector empresarial en la
financiación del sistema de ciencia y tecnología; son datos del INE. Por lo tanto, será el marco fiscal muy bueno pero no ha tenido aplicación real. Nosotros estuvimos a favor de ese marco fiscal y también saludamos el que rectificara el Gobierno
que no fuera la Agencia Tributaria la que gestionara directamente estas desgravaciones sino que se ubicaran en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, o en sus organismos adscritos, la tramitación y el informe sobre esas certificaciones. Esa fue la
primera rectificación.
Pero ustedes dicen que hay que realizar esto con prontitud; la ley de la nueva empresa se aprueba en abril de este año, ustedes registran esta proposición no de ley en julio de este año, la estamos tratando en noviembre de
este año, han pasado siete meses y no se ha hecho nada, porque no existe un decreto aprobado por el Gobierno como se prometió, incluso el actual ministro. Hemos perdido siete meses. Y para mayor gravedad, esto tiene efectos desde el 1 de enero del
2003, y tenemos que debatir aquí una proposición no de ley que expone que el Congreso insta al Gobierno a dictar las disposiciones reglamentarias oportunas a fin de hacer efectivo el sistema. Esto es mostrar las vergüenzas del Gobierno, es una
proposición no de ley campanario y se repica lo que no se está haciendo. En ese sentido, nos llama mucho la atención que se trate este tema aquí, es una inoperancia y usted comenta que con prontitud, ¡viva la prontitud de este Gobierno para estos
aspectos!
Dicho esto, estamos de acuerdo en que esa gestión tenga que depender del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de sus organismos adscritos, pero en la línea de dar seguridad y certidumbre a las empresas, hemos presentado una enmienda al texto
de la proposición no de ley, que es totalmente etéreo. Queremos ponerle un poquito de salsa y proponemos que estas disposiciones reglamentarias contemplarán la gestión directa del Ministerio del Ciencia y Tecnología o de sus organismos adscritos y
que no tendrá coste para las empresas solicitantes. En cuanto a la primera cláusula, gestión directa, según los datos que tengo, en un borrador que circula por ahí de real decreto, se va a crear incluso una subdirección general para tratar este
tema. No tenemos nada en contra de esto. Tenemos funcionarios en el Ministerio que pueden llevar a cabo una gestión directa para dar estos informes; en lo que no estamos de acuerdo es en crear un sistema de entidades intermedias que sean las que
acrediten si esos gastos son realmente de innovación, de I + D, etcétera, porque crearemos un sistema que será más caro y que redundará en contra de las empresas, que parece que ya tienen que pagar unas cantidades bastante elevadas -con lo que no
están de acuerdo- a la hora de pedir esa certificación. Por lo tanto, nuestra enmienda quiere aportar claridad, y votaríamos que sí si se tuviera en cuenta, si no nos abstendríamos, y que se nos explique por qué no se tiene en cuenta. Pedimos sólo
que haya una gestión directa por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología que no tenga un coste excesivo para las empresas, es decir, que cada empresa pueda presentar los documentos y que ese informe motivado y vinculante para las desgravaciones
tenga efecto. Todo lo que sea montar una estructura intermedia y nebulosa, pagando las empresas, no beneficia al sistema, y por lo tanto estaríamos encantados de que se nos aceptase la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ TABARES: Esta proposición no de ley fue presentada por el Grupo Parlamentario Popular el pasado 29 de julio, es decir, hace más de tres meses, y esperamos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología haya efectuado el desarrollo
reglamentario que permita al sujeto pasivo del impuesto poder aportar los informes de los que habla la disposición adicional e introducía en la Ley 2/1995, del 23 de marzo, de sociedades de responsabilidad limitada. Mediante esta nueva disposición,
tal y como se indica en la proposición
no de ley, se facilita la aplicación de la deducción por actividades de I + D + I. En el caso de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no haya puesto en marcha este mecanismo, nos tememos que será muy difícil su aplicación durante el
presente ejercicio económico, a pesar de que la nueva medida tiene efectos para los ejercicios impositivos iniciados a partir de enero de 2003. Nuestro grupo va a apoyar esta iniciativa, dado que coincidimos en la necesidad de que se avance en
todos los aspectos relacionados con la investigación y el desarrollo tecnológico y se contribuya a que se cumplan los objetivos del Gobierno fijados en el Plan estatal 2004-2007.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo de Convergéncia i Unió, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: El tema que nos ocupa tiene un enorme interés. Los incentivos fiscales a la investigación científica y al desarrollo tecnológico e innovación, contenidos en el impuesto de sociedades, son uno de los instrumentos más
potentes de los que disponen los poderes públicos para incentivar este tipo de inversiones por parte del sector privado, debiendo partir de la premisa de que el porcentaje de inversión en I + D + I en relación en el producto interior bruto en el
conjunto del Estado, además de la participación que en ese esfuerzo inversor tienen las empresas, se encuentra muy por debajo de la media de la Unión Europea y de las perspectivas que podíamos contemplar y que se facilitaban por el Gobierno hace
pocos años. Mi Grupo Parlamentario además fue partícipe activo en 1999, en la ley de acompañamiento de los presupuestos para el año 2000, de la introducción de dichas medidas. Se ha señalado reiteradamente que el conjunto de medidas fiscales son
las más favorables no ya de la Unión Europea sino incluso de la propia OCDE y esto es un hecho muy positivo en cuanto manifiesta la unanimidad en torno al hecho de que el mejor modo de estimular la inversión tecnológica de las empresas es el de
aplicar incentivos fiscales en lugar de conceder ayudas directas por proyecto. Sin embargo, y a pesar de esta buena situación de partida, las desgravaciones fiscales aplicadas a las empresas ascendieron en el año 2000, con respecto a los últimos
datos con los que contamos nosotros, simplemente a 160,12 millones de euros, una cantidad incluso inferior a las previsiones efectuadas por la propia Agencia Tributaria.
La razón de esta limitada utilización de las deducciones había que buscarla,
según las principales organizaciones empresariales, en la divergencia de criterios acerca de lo que se considera investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Hacienda,
así como las dificultades de algunas empresas para preparar toda la documentación previa que se necesita para poder aplicarse la deducción. Podemos poner de manifiesto las contradicciones e incoherencias que se producen en el ámbito de estos dos
ministerios cuando, a los efectos de conceder un PROFIT, el Ministerio de Ciencia y Tecnología entendía que nos encontrábamos en este ámbito de investigación, desarrollo e innovación, mientras que con posterioridad el propio Ministerio de Hacienda
entendía que esa misma actividad no merecía ese calificativo. Consecuencia de ello es que muchas empresas que empezaron a aplicar las deducciones por investigación y desarrollo han tenido problemas con la Hacienda pública y, en muchos casos, se han
visto obligadas a devolver las cantidades deducidas por este concepto, con los intereses de demora que, como saben SS.SS., en el ámbito de la Hacienda pública son superiores al propio interés legal del dinero.
El Grupo Parlamentario Catalán, de Convergéncia i Unió, considerando imprescindible para la competitividad futura de nuestra economía que se incrementen las inversiones al sector privado en estos procesos de I + D + I, ha reclamado
reiteradamente que la aplicación de los incentivos hacia esas inversiones, las deducciones contenidas en el impuesto de sociedades, se base en créditos claros y unívocos que no generen inseguridad jurídica y que puedan contribuir a retraer bien sea
este tipo de inversiones o el intento de obtener la deducción correspondiente. De ahí que hubiéramos presentado con fecha 4 de septiembre de 2002 una proposición no de ley en Pleno para clarificar los criterios que dan derecho a la aplicación de
estas deducciones fiscales por inversiones en I + D + I, una pregunta oral que formulamos en Pleno el día 20 de marzo de 2002, así como también una moción consecuencia de interpelación urgente que pude defender sobre medidas de carácter general que
piensa desarrollar el Gobierno para continuar impulsando la competitividad del sector productivo español en general, y del sector textil en particular; incluso llegó a aprobarse por el Pleno del Congreso la necesidad de mantener la colaboración
-aquí mantener era un eufemismo- entre los ministerios de Hacienda y de Ciencia y Tecnología a los efectos de avanzar en la aplicación del marco fiscal de apoyo a I + D + I, favoreciendo el acceso a los incentivos fiscales correspondientes.
Para terminar, me gustaría comentar que la Ley 7/2003, de 1 de abril, de sociedad limitada nueva empresa, por la que se modifica la Ley de sociedades de responsabilidad limitada, en su disposición adicional primera y con efectos para los
periodos impositivos iniciados a partir del 1 de enero de 2003, modifica el apartado cuarto del artículo 33 de la Ley de impuestos sobre sociedades, modificación que introduce un sistema de homologación de gastos en actividades de I + D + I con
carácter vinculante para toda la Administración. La proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Parlamentario Popular insta al Gobierno a desarrollar reglamentariamente el contenido de dicha modificación; ciertamente no podemos estar más de
acuerdo. Sin
embargo -y llegamos tarde ayer al registro por problemas burocráticos- nuestro planteamiento, y a esos efectos formularíamos una enmienda in voce, es que el Gobierno, desde la entrada en vigor de la Ley, ha dispuesto de un tiempo más que
prudencial para proceder al desarrollo reglamentario de sus disposiciones, cosa que todavía no ha realizado, y no sólo de aquellas disposiciones referentes al sistema de homologación sino también al conjunto de sus disposiciones que hacen referencia
a las medidas que permitan la mejora y simplificación de las condiciones necesarias para el desarrollo de las nuevas empresas, por ejemplo, la aplicación del sistema de contabilidad simplificada. Es por ello por lo que anunciamos que votaremos a
favor, pero lo que desearíamos es que el Grupo Parlamentario Popular incluyese en el contenido de su proposición no de ley esta referencia genérica al desarrollo reglamentario de la Ley 7 /2003, de 1 de abril, de sociedad limitada nueva empresa, a
fin de completar no sólo las medidas dirigidas al sistema de emisión de los correspondientes informes o de certificados para la aplicación de la reducción fiscal sino también completar el resto de medidas que permitan la mejora y simplificación de
las condiciones necesarias para la creación de empresas.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Pérez-Hickman, a efectos de aprobar o rechazar la enmienda presentada, tiene la palabra.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Respecto al comentario del representante de Convergéncia i Unió, no hay ningún problema en que las conversaciones con el Ministerio vayan en esa línea.
En relación con la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, quiero decirle al señor Lissavetzky que respecto a la primera parte de la adición in fine que propone 'estas disposiciones reglamentarias completarán la gestión
directa del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de sus organismos adscritos', entiendo que ya está recogida en la literalidad de nuestra propia proposición en el aspecto que comentaba de hacer efectivo el sistema de emisión por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología o por sus organismos adscritos. Y respecto a la segunda, este portavoz no tiene la capacidad de valorar los costes que va a suponer para las empresas solicitantes la emisión de estos informes y, por tanto, tampoco voy a valorar
la tasa o no tasa que debiera cobrar el Ministerio, creo que no me corresponde a mí. En el momento en que el Ministerio exigiera las condiciones económicas en que se pudieran emitir los informes, podríamos fijar una posición al respecto. Tenga en
cuenta que no somos conscientes en este momento ni podemos valorar el esfuerzo presupuestario que conllevaría esta medida, por lo tanto no la vamos a aprobar.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Agradezco la intervención del señor Pérez-Hickman. Intervengo para intentar hacer una mínima transaccional, es decir, si como dice está en el espíritu que exista gestión directa del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, ¿no podría incluirse en su texto, quitando la parte en la que no tienen criterio sobre costes para las empresas -lo que es comprensible- esta disposición reglamentaria que contemplará la gestión directa del Ministerio de Ciencia y
Tecnología?, porque de esta manera podríamos conseguir una votación favorable por unanimidad.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Insisto al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Lissavetzky, que la literalidad de lo que pide está en la frase 'las disposiciones reglamentarias oportunas con el fin de hacer efectivo el
sistema de emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o por sus organismos adscritos', no se habla de ninguna otra fórmula que no sea por el Ministerio. Creo que sería redundar.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero aclarar que se puede hacer efectivo el sistema de emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, es decir, es el que pone el sello; lo que comento es que no solamente ponga el sello sino que haga el
informe. Si se está de acuerdo en que la gestión la lleve el Ministerio, con poner la frase 'por gestión directa del Ministerio de Ciencia y Tecnología u organismos adscritos' estaríamos de acuerdo, porque una cosa es quien pone el sello y otra
quien realiza el informe, y me da la sensación de que se pretende crear un sistema en el que quien realice el informe sean otras entidades fuera del Ministerio; eso encarece el sistema como tal y perjudicará a la empresas, en mi modesta opinión.
Lo único que quiero decir es que si entra la frase 'de gestión directa por el Ministerio de Ciencia y Tecnología o sus organismos adscritos', votamos todos a favor. (El señor Silva Sánchez pide la palabra.)
La señora VICEPRESIDENTA: Se ha reabierto el debate y vamos a ser flexibles, porque para tomar una decisión es conveniente que expresen y clarifiquen sus puntos de vista.
Tiene la palabra el señor Silva Sánchez.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Seré breve, señora presidenta.
La posición del Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió, y he de manifestar discrepancia con el Grupo Parlamentario Socialista, es que podemos entender y aún discutir quién es competente para emitir un
certificado, pero excluir de la emisión de informes a las propias autoridades de las comunidades autónomas, a organismos de las comunidades autónomas o a centros de homologación o evaluación que pueden tener incluso en algunas ocasiones un
carácter privado pero sobre la base de la concesión administrativa, nos parece que es ir bastante mas allá. Desde luego, lamento si rompemos la unanimidad que pretende el señor Lissavetzky, pero si lo que se pretende es que la proposición no de ley
diga que no ya la emisión de un certificado -que estaríamos en condiciones de discutirlo- sino que los informes han de ser emitidos directamente por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la valoración positiva que hemos hecho de la proposición no
de ley nos determinaría a retirar esa valoración positiva y a votar en consecuencia.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Siento haber introducido este debate por el tiempo que estamos gastando. Yo no le he dicho eso, señor Silva, yo no voy en contra de las comunidades autónomas ni de ningún organismo.
Póngase gestión directa del
Ministerio, lo que quiero es que sean las entidades públicas las que realicen la certificación, aunque después el sello y la emisión la haga el Ministerio; no va ni contra las comunidades autónomas ni en contra de entidades públicas que pueden
realizar estos informes. Yo aviso de un peligro que cuentan los empresarios, de que se cree un sistema en torno a estas certificaciones que vaya a costar más dinero a las empresas, que entren entidades privadas, que tienen todo mi respeto, para
realizar esos informes que después va a emitir el Ministerio. Como creemos una burocracia exagerada en torno a esto, a mí personalmente no me asegura la transparencia, sino que la transparencia me la dan los funcionarios, sean del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, de la Generalitat de Cataluña o de la Junta de Andalucía, o de una Universidad, pero lo que no quiero en este caso, donde se va a mover mucho dinero si sale bien esta apuesta, es no tener una transparencia suficiente. Por eso
insisto en que tiene que existir una gestión directa del Ministerio de Ciencia y Tecnología o de cualquier otro ente público.
No estoy de acuerdo con la interpretación del señor Silva de mis palabras que en absoluto iban referidas a eso.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Pérez-Hickman, tiene la palabra.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Este portavoz lo único que había hecho era fijar la posición de su grupo respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Lo que quería comentar respecto a las palabras del señor
Lissavetzky es que nuestro grupo reconoce cierto retraso en la aplicación de estos desarrollos reglamentarios para aplicar estas deducciones fiscales; él se refiere a proposiciones de ley campanario, para que repiquen las campanas. Pues gracias a
Dios que podemos presentar proposiciones no de ley campanario, porque nosotros admitimos la autocrítica, y por qué no el Grupo Parlamentario Popular va a poder instar al Gobierno a que lleve a cabo asuntos que tendría que tener ya en marcha. Por
supuesto que lo puede hacer. Cada vez que el Partido Popular presenta una proposición no de ley en el sentido de instar al Gobierno a realizar algo, ustedes siempre dicen que son innecesarias. Creo que, precisamente, las empresas están muy atentas
a estos desarrollos reglamentarios para poder acceder a estas deducciones fiscales, luego no está de más que el Grupo Parlamentario Popular inste al Gobierno a que se hagan estos desarrollos reglamentarios lo más rápidamente posible.
Respecto al señor Silva, quiero decirle que lejos de mi intención el que pierda la valoración positiva con la que este portavoz ha presentado esta proposición no de ley en el sentido de no querer instar al Gobierno a hacer lo que tenga que
hacer. Yo no dejo la puerta cerrada a que tenga que ser precisamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología el único referente a la hora de la emisión de estos informes; lo que pido es que el desarrollo reglamentario para poder aplicar estas
deducciones fiscales se haga cuanto antes y en la fórmula en la que los grupos, en nuestras conversaciones con el Gobierno, podamos pactar.
- SOBRE AMPLIACIÓN DE LA PLANTILLA DE TRABAJADORES EN EL CENTRO DE 'LA MAYORA', EN ALGARROBO, DEPENDIENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/002286.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
Proposición no de ley sobre ampliación de la plantilla de trabajadores en el centro de 'La Mayora', en Algarrobo, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, del Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: La estación experimental 'La Mayora' es un centro que depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que se creó en 1962 en el municipio malagueño de Algarrobo-Costa. Debido a las características
subtropicales de la zona costera malagueña se ha especializado en investigaciones sobre los cultivos hortícolas intensivos bajo plásticos: tomates, melón o sandías, y en el cultivo de especies frutales subtropicales: aguacates, chirimoyas o mango.
Según se señala en la página web de los centros
de investigación andaluces, presenta cinco áreas de investigación en estos momentos: fitopatología, fruticultura, cultivo de tejidos, mejoras genéticas y virología. Además, presenta una importante infraestructura compuesta por una
residencia, un edificio central que aloja cinco laboratorios de investigación, algo más de 16.000 metros cuadrados de invernaderos estándar, 3.000 metros cuadrados de invernaderos tecnificados climatizados y refrigerados, así como dos insectarios de
30 metros y otros 2 en fase de construcción. Todo esto demuestra que el centro de 'La Mayora' tiene una gran importancia en la agricultura experimental. Sin embargo, desde que el Partido Popular llegó al Gobierno hasta la fecha se ha reducido
incomprensiblemente su plantilla de trabajadores. Según reconoce el Gobierno en una respuesta parlamentaria, desde 1999 hasta la fecha se ha reducido en un 11 por ciento la plantilla. Ese año el centro tenía un total de 98 trabajadores: 29
funcionarios y 69 como personal laboral. Sin embargo, al día de hoy, sólo cuenta con 88 -me refiero al último año facilitado en la respuesta del Gobierno de 2002-, de los cuales 28 son funcionarios y 60 son personal laboral. Las previsiones del
Gobierno para 2003, que también se incluyen en la respuesta del Gobierno, hablan de mantener el personal funcionario e incrementar en dos el personal laboral; no obstante, con ello no se cubre la plantilla existente en 1999. Además de estos
fuertes recortes de personal, hay que destacar que las inversiones en 2002 para estas infraestructuras científicas fue de sólo 108.000 euros, una cantidad insuficiente para un centro tan amplio y de tanta importancia como éste.
Hay que recordar que
el pasado año los socialistas presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado por valor de otros 2 millones de euros para el centro, pero el Partido Popular votó en contra.
Ahora hemos conocido, a través del Ministerio del señor
Montoro, que en los presupuestos del próximo año 2004 el Gobierno prevé un superávit de 3.500 millones de euros; cuando al Gobierno le sobra tanto dinero, no se entiende que se recorte en algo tan importante como en la investigación en nuestro
país. De hecho, el bajo crecimiento de la productividad es fruto de la política económica del Gobierno que no apuesta por la innovación y la difusión de las nuevas tecnologías. La dotación presupuestaria en investigación, desarrollo e innovación
en España es insuficiente, apenas alcanza el 0,44 por ciento del PIB, mientras que la media de la Unión Europea es del 0, 67 por ciento. Ello incide en que el gasto total de I + D + I sobre el PIB alcance apenas el 0,96 por ciento, muy lejos de la
Unión Europea que tiene el 1,93 y en la OCDE que es del 2,33 por ciento. Con esos 3.500 millones de euros de superávit pueden hacerse muchas cosas. Los socialistas hemos presentado una alternativa presupuestaria económica y socialmente solidaria a
los presupuestos del Gobierno, dentro de la cual hemos incluido un plan de choque por valor de 719 millones para que se aumente el número de investigadores en nuestro país y se mejoren las condiciones en que estos desarrollan sus funciones.
En este
sentido, si sobra dinero y ante el recorte que en este momento tiene el Centro Experimental de 'La Mayora', presentamos esta proposición no de ley, donde se instan al Gobierno a dos cuestiones: la primera, que se incremente para el próximo año la
plantilla de personal, tanto funcionario como laboral, en la Estación Experimental de 'La Mayora', y en segundo lugar, que se incrementen las inversiones para infraestructuras científicas en dicho centro.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Pérez, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
El señor PÉREZ TABARES: Una respuesta parlamentaria publicada el pasado 17 de marzo en el 'Boletín Oficial de las Cortes Generales' revela que el personal adscrito a la Estación Experimental de 'La Mayora' se ha reducido en tres
trabajadores desde 1996 hasta 2003. El número de funcionarios, 28, se ha mantenido invariable, mientras que el personal laboral ha pasado de 65 a 62, según los informes propios del Gobierno.
Hemos realizado un seguimiento de las iniciativas que se
han presentado a este respecto en las Cortes Generales, que han sido escasas, aunque siempre se repite la crítica del Grupo Parlamentario Socialista en el sentido de que este centro ha pasado a ocupar un lugar secundario dentro de las prioridades
del Ministerio correspondiente desde la llegada al Gobierno del Partido Popular. Dado que no poseemos suficientes datos objetivos para valorar la necesidad de que exista o no un incremento del personal en este centro, nuestro grupo se va a
abstener, aunque consideramos que la labor que se empeña en el mismo, consistente en investigaciones sobre diferentes tipos de cultivos, es de una gran importancia y debería de contar con el respaldo permanente del Gobierno.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Febrer.
La señora FEBRER SANTANDREU: En relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Partido Popular considera que debe ser rechazada por las razones que les voy a exponer.
Si hacemos memoria, desde
1996 se está llevando a cabo una política de refuerzo de los organismos públicos de investigación, incrementando de manera sustancial sus dotaciones presupuestarias en el 61 por ciento entre 1996 y 2003, y en el caso del CESIC en un 60,57 por
ciento.
Habiéndose presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2004 y después de haberlos estudiado, sobre todo en temas que afectan a esta Comisión, se deduce un claro compromiso del Gobierno por continuar con esta política, y
esta continuación se ha demostrado por el
incremento de un 9,31 por ciento en los presupuestos de dos OPI que alcanzan la cifra de 577 millones de euros, y son precisamente los capítulos de gastos de personal y de inversiones reales los que experimentan un mayor incremento.
Estudiando hasta el último punto el capítulo de gastos de personal, somos conocedores del incremento que sufre este capítulo, un 8,47 por ciento, todo ello con el objeto de adaptar las relaciones de puestos de trabajo a las necesidades de estos
organismos y seguir trabajando en la mejora de las retribuciones. En el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, este crecimiento es mayor en un 9,7 por ciento. Respecto a la política de personal, es preciso tener en cuenta que en los
distintos centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, incluyendo la Estación Experimental de 'La Mayora', una parte relativamente importante de personal es contratado para realizar proyectos concretos, que reciben el apoyo de las
administraciones públicas o de la Comisión Europea, de acuerdo con los correspondientes procedimientos de selección, o bien son desarrollados a través de los convenios firmados con empresas y entidades privadas. El número y la dimensión de estos
proyectos tiene su reflejo en la variación del personal de estos centros. En el capítulo de inversiones reales, crece en un 13,67 por ciento y en el caso del CESIC en un 16,3 por ciento, alcanzando un importe total de 78.000,79 miles de euros. Las
asignaciones presupuestarias específicas para determinado centro responden a las necesidades puestas de manifiesto por el CESIC; además, destaca de manera muy importante el incremento en un 10,92 por ciento de los recursos destinados al programa de
investigación científica, y este incremento supone disponer de fondos por importe de 370 millones de euros. Por otra parte, otra de las líneas seguidas en la política del Gobierno con los organismos públicos de investigación ha sido dotarles de
mayor autonomía, y entre otras medidas adoptadas que flexibilizan y agilizan su funcionamiento destaca, por ejemplo, el hecho de que sus planes estratégicos se integran ahora en el nuevo Plan nacional para el periodo 2004-2007, garantizándose así
una optimización de sus capacidades y una mejor respuesta a sus necesidades de los próximos años.
En definitiva, estos incrementos presupuestarios, con el objeto de reforzar sus medios personales y materiales, así como la mayor autonomía de la que gozan, permiten a estos organismos hacer buen uso de estos instrumentos, de acuerdo con sus
necesidades. En este caso concreto, no parece adecuado ni procedente comprometer desde el Parlamento al Gobierno a que refuerce un centro concreto del CESIC sin tener en cuenta la situación de los más de 130 centros que dependen de éste; es, en
todo caso, el propio Consejo Superior de Investigaciones Científicas el organismo que debe estudiar las necesidades de cada uno de esos centros y, en consecuencia, valorar cuál sería una adecuada distribución de sus recursos entre dichos centros,
recursos que, como hemos constatado, el Gobierno ha incrementado y continúa incrementando de manera muy sustancial. Por las razones expuestas rechazamos esta proposición.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Me gustaría hacer una pequeña puntualización si me permite la presidenta.
Me gustaría decirle a la portavoz del Partido Popular que leer las respuestas que facilita el Gobierno conduce a decir falsedades o a no decir la verdad. Usted ha hecho una apreciación en cinco minutos referida a la política científica del
Gobierno, lo cual no voy a entrar a valorar, pero yo he presentado una proposición no de ley sobre un centro específico de Málaga, que es 'La Mayora', y no le he escuchado ni una sola palabra al respecto. En ese centro ha habido un recorte de un 11
por ciento de la plantilla en los últimos cuatro años, la inversión es ridícula, y usted no ha hecho referencia de ningún tipo a este centro.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Febrer, portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La señora FEBRER SANTANDREU: Quiero decirle al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que en referencia a la disminución de la plantilla, se necesita personal en función de los proyectos que se están estudiando en este centro, y
eso depende de todos los convenios que se firman con entidades y empresas privadas.
- SOBRE CONTRATACIÓN DE BECARIOS POST-DOCTORALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002325.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley sobre contratación de becarios post-doctorales, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista quiere traer a la Comisión un tema que creo que es bastante preocupante y en algunos aspectos es increíble que todavía siga como está. El sistema
de ciencia y tecnología español tiene problemas de financiación. Es un dato, no se invierte suficientemente ni por el sector público ni por el privado, por lo tanto estamos en una situación en la que hay que tomar una serie de decisiones para
favorecer el funcionamiento del sistema. El principal cuello de botella del sistema, a mi modo de
ver, son los recursos humanos, y dentro de estos existen unos datos preocupantes, datos que provienen del Instituto Nacional de Estadística, no son datos de elaboración propia, y es que de 80.000 investigadores en el territorio español en lo
que se denomina con equivalencia a dedicación plena, 20.000 son becarios, es decir, el 25 por ciento de los investigadores españoles -uno de cada cuatro- son becarios pre o post-doctorales, y al ser becarios se encuentran en una situación en muchos
casos de precariedad y, por lo tanto, creo que hay que tratar en este Parlamento de llevar adelante una serie de medidas que permitan mejorar la situación de este colectivo porque así se mejorará también la situación del sistema de ciencia y
tecnología.
Hemos intentado acotar la proposición no de ley a un aspecto concreto, que son los becarios post-doctorales, con el ánimo de intentar conseguir el voto de todos los grupos, pero sobre todo del grupo que tiene la mayoría, y en ese sentido no
hemos hecho un discurso general sobre el sistema de becas, que podríamos haberlo hecho, porque nuestra posición está ya marcada y es que los becarios post-doctorales tengan contrato ya, ahora explicaré las razones, y que los becarios pre-doctorales
de tercer y cuarto año tengan derecho a esos contratos y que los de primer y segundo año que tienen un carácter más formativo tengan acceso a la Seguridad Social. Pero para hacer más sencillo un lugar de consenso y acuerdo, hemos querido centrarlo
en los becarios post-doctorales. En nuestro país tenemos problemas en lo que se refiere a hacer atractiva la carrera investigadora. Es decir, se dan unas paradojas curiosas, como por ejemplo, somos el cuarto país de Europa en número de licenciados
e ingenieros y, por el contrario, en cuanto al número de doctores pasamos a ser el décimo. ¿Qué es lo que hace que teniendo un número bastante elevado de licenciados e ingenieros pasemos a ser el décimo a la hora de contabilizar el número de
doctores? Ocurre por varios motivos; las cifras muestran que la media europea es de 0,56 doctores por 1.000 habitantes, mientras que España está en 0,36 por 1.000 habitantes, y son datos de la OCDE. Hay que hacer atractiva la carrera
investigadora y para eso habrá que desarrollar una serie de programas, que es generar vocaciones científicas dentro de las enseñanzas anteriores a la universidad -no entro en ello ahora-, pero también habrá que dar un mensaje para que se conozca que
existe una cierta garantía de estabilidad a la hora de emprender la carrera investigadora. Si uno quiere ser doctor tiene que saber que va a tener un cierto grado de estabilidad, por supuesto por tiempo determinado; esto no quiere decir que el que
haga el doctorado tenga que entrar en la Administración pública, pero sí que las personas con el doctorado puedan tener una posibilidad de cotizar a la Seguridad Social y de poder repercutir en su jubilación esos años trabajados, porque existen
casos verdaderamente sangrantes. ¿Saben ustedes que la edad media de ingreso en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ahora es de 37,5 años? Es decir, para entrar en este organismo se tiene que tener -entre comillas- 37 años y medio
para poder tener una plaza estable de investigador. Esto no es razonable y ha ido aumentando a lo largo de estos años. Como ejemplo, el año pasado se convocaron 60 plazas de investigador en el CESIC, y se jubilaron 34 investigadores; saldo neto:
26 plazas nuevas, lo que da una idea de que el sistema no absorbe un porcentaje razonable de doctores, y este año 2003 se han convocado otra vez sólo 60 plazas. Mientras eso ocurre, los que se han formado como investigadores se encuentran en una
situación de inestabilidad absoluta, es decir, no tienen ningún contrato, y por eso planteamos que se acabe con esta situación y planteamos algo en lo que -y también lo quiero dejar aquí patente- hemos trabajado conjuntamente con la Federación de
Jóvenes Precarios, en este aspecto concreto de los post-doctorales. Lo primero que planteamos es que haya una conversión inmediata de las becas post-doctorales vigentes que han sido otorgadas a las diferentes convocatorias de la Administración
General del Estado o de sus organismos de investigación para incorporarse a universidades y centros de investigación españoles en contratos laborales por tiempo determinado. Convertir becas post-doctorales en contratos laborales por tiempo
determinado en el ámbito de la Administración General del Estado.
Esto hay que extenderlo a aquellas becas post-doctorales que vienen con cargo a proyectos de I + D. Conocen ustedes que en la convocatoria de proyectos existen unas partidas
específicas a estos efectos, también tendría que afectar a esa parte del colectivo que realizan las mismas funciones. Así mismo, pedimos que no se vuelvan a convocar becas post-doctorales, sino que se convoquen contratos para llevar a cabo labores
post-doctorales. El cuarto punto es el establecimiento de las condiciones en las que los investigadores doctores que reciban ayudas de las administraciones públicas para incorporarse a centros de investigación internacionales o extranjeros coticen
a la Seguridad Social en términos similares a los de los trabajadores contratados por tiempo determinado. Si uno va al extranjero, durante ese plazo no cotiza a la Seguridad Social y se encuentra en desventaja con respecto a los que se queden en
España. Yo creo que este punto es de justicia. Por último hay una petición de que se desarrolle un modelo de carrera investigadora en los organismos públicos de investigación y universidades que incluya expresamente a los doctores formados por el
sistema español de ciencia y tecnología.
Termino repitiendo que hemos querido acotar en aspectos concretos a un colectivo concreto la conversión de las becas en contrato, que creo que es de justicia. Además, estamos viviendo lo que se puede calificar de fiasco en la aprobación del
denominado estatuto del becario, donde extrañamente, aunque uno intenta conocer cuáles son realmente las causas, estamos asistiendo
a que se excluye a un porcentaje importante de becarios de la afiliación al régimen general del la Seguridad Social, donde sólo se contemplan 4.159 becarios que se puedan adscribir al régimen de la Seguridad Social, en el que a los de los
dos primeros años los dejan con seguro escolar, e incluso en la convocatoria de becas de este año ni siquiera tendrían el seguro escolar, creo que se va a corregir, y solamente tendrían derecho a Seguridad Social los de tercer y cuarto año de
pre-doctorales y los post-doctorales. En este sentido, repito, ha sido un auténtico fiasco, así lo cataloga nuestro grupo; no se ha tenido en cuenta la realidad y creo que se está cometiendo un fraude haciendo que se cotice por la afiliación a la
Seguridad Social como si cobraran el salario mínimo interprofesional, cuando lo que cobra un becario es en torno a 1.000 euros, y se cotiza como si fueran en torno a 450 euros. Eso es hacerse trampas en el solitario. El propio Gobierno hace una
especie -entre comillas- de fraude a la Seguridad Social, no sé a quién se intenta engañar, para ahorrarse un cierto dinero, y se perjudica a los propios becarios porque no se les considera socialmente como lo que son y tendrá unos efectos negativos
a la hora de la jubilación.
Por lo tanto, dejando esos aspectos al margen, digo que demos un paso y propongamos, como existe en otras comunidades autónomas, la labor post-doctoral como un contrato por tiempo determinado. Creo que eso sería razonable y no excesivamente
costoso, 1.020 millones de euros en tres años que no ha gastado el Gobierno, 170.000 millones de pesetas en tres años que se han dejado de gastar. Simplemente apretando un poco en la gestión habríamos resuelto uno de los problemas más lacerantes
que hay ahora mismo en el sistema de ciencia y tecnología, que es el de los becarios y, muy concretamente, el de los becarios post-doctorales. Por tanto, les ruego que atiendan esta petición justa del Grupo Parlamentario Socialista y que voten a
favor.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Pérez.
El señor PÉREZ TABARES: Un manifiesto firmado por la Federación de Jóvenes Investigadores pone en evidencia la situación que se denuncia en la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. La labor investigadora en el Estado
viene siendo realizada por el llamado personal investigador de formación y perfeccionamiento, un colectivo heterogéneo en el que se incluyen estudiantes de doctorado, becarios de investigación pre y post-doctorales y otras figuras no muy bien
delimitadas. Dicho colectivo, fundamentalmente para el sistema de investigación, realiza durante su periodo de formación y posterior perfeccionamiento labores que contribuyen al desarrollo de los proyectos científicos a los que están adscritos, a
las publicaciones de resultados, a la obtención de patentes tecnológicas y, muy a menudo, a tareas docentes universitarias propias de ellos. Consecuentemente, nadie pone en duda que el trabajo llevado a cabo durante la elaboración de la tesis
doctoral o el desarrollo de un proyecto convierte a estos investigadores en la base del futuro científico. A pesar de todo, este trabajo sigue sin considerarse productivo. Tal falta de reconocimiento lleva asociada la ausencia de los derechos que
cualquier trabajador tiene garantizados por ley, como la cotización a la Seguridad Social, la baja por enfermedad, el permiso de maternidad y otros. Además de la prolongación durante varios años de una precariedad laboral, los afectados deben hacer
frente al hecho de que las instituciones que componen el sistema de investigación en España no son capaces de absorber más que a una mínima parte del personal que ha contribuido a formar, con independencia de lo excelente de su cualificación. Es
por esto por lo que nuestro grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa, dado que tal como se indica en el manifiesto firmado por los jóvenes investigadores, creemos conveniente que se reconozca la labor productiva desarrollada por el personal
de investigación en formación y perfeccionamiento a través de una regulación explícita de sus derechos y deberes, y que se sustituya el actual sistema de becas de investigación por otros contratos que proporcionen a este colectivo la cobertura
social que todo profesional se merece.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergéncia i Unió, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Intervengo para anunciar el voto favorable a los puntos 1 a 4 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, mientras que procederíamos a votar en contra del punto 5.
Como SS.SS. conocen, el
'Boletín Oficial del Estado' del día 3 de noviembre publicó el Real Decreto 1326 /2003, de 24 de octubre, por el que se aprobó el Estatuto del Becario de Investigación. En relación a este estatuto, mi grupo parlamentario tiene que realizar algunas
consideraciones críticas. En primer lugar, sólo considera becarios a los doctores o los investigadores con reconocida suficiencia investigadora, tal y como señala el artículo 1 en su apartado 2, limitación a la que mi grupo no encuentra otras
motivaciones que las de ahorro económico y que, en cualquier caso, limita gravemente el alcance de la regulación de una figura básica en el sistema de formación de investigadores. En segundo lugar, mantiene todavía el carácter de becario a los ya
doctores, en lugar de optar por la contracción laboral, que es el sistema que ha seguido la Generalitat de Cataluña. El artículo 2 en su apartado 1 deja claro que la ayuda económica no tiene naturaleza salarial. El artículo 6 en su apartado 2
excluye la protección por desocupación y desempleo, y el artículo 5, en su apartado
1 letra G y la disposición adicional cuarta limitan los beneficios de la inclusión en el régimen general de la Seguridad Social a los investigadores becados por las instituciones públicas. En resumen, mi Grupo Parlamentario de Convergéncia
i Unió considera que además de llegar tarde, ya que hace más de tres años que en esta Comisión estamos tratando este estatuto, su contenido no se adecua a las aspiraciones que desde muchos sectores sociales y políticos se habían manifestado, y muy
concretamente de las agrupaciones de becarios. Es por eso por lo que procederemos a votar favorablemente los puntos 1 a 4 de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, mientras que el punto 5 nos parece confuso y algo endogámico
cuando hace referencia a la carrera investigadora para aquellos investigadores formados en España. En cualquier caso, como he comentado anteriormente, valga nuestro juicio crítico del decreto por su insuficiencia y retraso, y el voto favorable a
los puntos citados de la proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: El Grupo Parlamentario Popular se va a posicionar en contra de esta proposición no de ley que ha planteado el Grupo Parlamentario Socialista y que ha defendido su diputado, el señor Lissavetzky. Una defensa que
inició con algo en lo que todos estamos de acuerdo, la financiación no nos satisface a nadie, pero no nos satisface en ninguno de los ámbitos de la Administración, porque todos desearíamos una mayor capacidad financiera para todas las actividades en
las que tenemos responsabilidades. Ha sido una intervención amparada en esa colaboración con asociaciones de investigadores, y he apuntado una frase que me ha sonado a eslógan: 'contratos ya'.
Voy a iniciar mi intervención analizando algo que el señor Lissavetzky no ha querido hacer, que es la exposición de motivos de su propia proposición no de ley. Nos comenta que hay una inexistencia de proyecto de política científica del
Gobierno, especialmente en lo que se refiere a los recursos humanos, inexistencia de carrera definida, creación de plazas, etcétera. Ante esto tengo que decir que la propia creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología demuestra no sólo la
existencia de un proyecto de política científica y tecnológica, sino además que el desarrollo de este proyecto constituye una de las políticas prioritarias del Gobierno. Si analizan SS.SS. el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para
2004, este demuestra que esta prioridad tiene una clara traducción en los recursos que se destinan a esta política, y el crecimiento global de esta política, de la función 54 del Estado, crece un 9,1 por ciento, un mayor crecimiento que el producto
interior bruto nominal. En total, la llamada función 54 civil crece en 13,8 por ciento este año. Por otra parte, uno de los ejes del Plan nacional actual lo constituye la política de refuerzo de recursos humanos que se desarrolla a través del
programa nacional de potenciación de recursos humanos. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística nos muestran un porcentaje de investigadores por población activa del 4,4 por mil en 2001, superando el objetivo que habíamos establecido
en el plan 2000-2003 del 4 por mil en 2003, es decir, este porcentaje lo hemos superado en 2001. Además, el esfuerzo de nuestros recursos humanos dedicados a la investigación continúa siendo una de las grandes prioridades del nuevo Plan nacional,
lo cual se ha reflejado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2004.
Respecto a los puntos concretos de la proposición no de ley que se plantea, tendría que comentarles respecto del punto primero, la conversión inmediata de las becas post-doctorales vigentes en contratos laborales por tiempo determinado, en
primer lugar, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no convoca becas post-doctorales, salvo para estancia en el extranjero. La incorporación de doctores a universidades y centros de investigación españoles se apoya a través de las ayudas a la
contratación mediante programas como el Ramón y Cajal y el Torres Quevedo; además, en el marco del nuevo Plan nacional para el periodo 2004-2007, se ponen en marcha dos nuevas variantes del programa Ramón y Cajal; la primera facilitará la
inserción de jóvenes doctores, aquellos que tienen una experiencia menor a cuatro años después del doctorado, y la segunda permitirá mejorar las capacidades de nuestros grupos de investigación gracias a la contratación de investigadores de dilatada
experiencia. A través de la convocatoria de becas de especialización en organismos internacionales, el Ministerio concede becas a las que pueden acceder tanto doctores como titulados superiores, y sólo a través de la concesión de una beca se puede
proponer y financiar la incorporación de nuestros investigadores a organismos internacionales, de los que España es miembro. No es posible que sean contratados por un centro nacional, ya que tienen que realizar su función en el organismo
internacional, y tampoco es posible que el organismo internacional les contrate, ya que la selección de candidatos y de las áreas de formación la realiza el Gobierno español. En cualquier caso, el Real Decreto por el que se aprueba el Estatuto del
becario de investigación, que fue aprobado el pasado 24 de octubre, prevé que los becarios que puedan acogerse a esta norma se asimilarán a los trabajadores por cuenta ajena a los efectos de su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social.
Respecto de la conversión inmediata de las becas post-doctorales vigentes con cargo a proyectos de I + D de los diversos organismos de investigación en contratos laborales por tiempo determinado, el Ministerio concede ayudas para personal que se
pueden destinar a la incorporación de
doctores, y se prioriza la contratación laboral de doctores y no la concesión de becas post-doctorales. En cuanto al punto tercero, habremos de considerar que para financiar por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología la contratación
de doctores mediante los programas Ramón y Cajal y sus nuevas variantes, así como el programa Torres Quevedo para la incorporación de investigadores y tecnólogos en el sistema productivo, tendremos que tener en cuenta lo que se ha comentado
anteriormente respecto a los proyectos de I + D. En cuanto al punto cuarto, cuando hablamos de becas para la incorporación a centros u organismos en el extranjero, hay que tener en cuenta que el acceso a las prestaciones correspondientes a la
Seguridad Social no depende de la voluntad del Gobierno español de incluirlos o no en el régimen general de la Seguridad Social, sino de la legislación aplicable en cada caso según el país de destino. Y, por último, respecto al punto quinto, el
desarrollo de un modelo de carrera investigadora, el Ministerio está impulsando la estructuración de la carrera del personal investigador de los OPI y esto a supuesto una toma de medidas muy importantes en materia de reordenación de escalas,
integración del personal de estos organismos en estas escalas, y en este proceso se continúa trabajando en colaboración con los ministerios de Hacienda y de Administraciones Públicas. Los crecimientos que propone el Gobierno en el capítulo primero,
gastos de personal de los OPI y, particularmente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muestran, a mi juicio, un claro compromiso del Gobierno con el personal de estos organismos. El refuerzo de las dotaciones en este capítulo nos va
a permitir además mejorar las posibilidades de incorporación a través de la oferta pública de empleo de los doctores que se incorporen a estos organismos a través de programas como el Ramón y Cajal.
Por lo tanto, rechazamos la proposición no de ley que se nos presenta, que hace referencia exclusivamente a la investigación en el sistema público y que entendemos que, tal y como comentaba el señor Lissavetzky, hay que tomar decisiones, y
creo que el Gobierno ha demostrado que las está tomando en los últimos ocho años.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero agradecer los votos favorables que se reciban y realizar dos precisiones por si puedo convencer al Grupo Parlamentario Popular de que vote a favor. Una, la cifra de 4,4 por mil investigadores viene de un
cambio en el modo de realizar las encuestas por parte del Instituto Nacional de Estadística, donde precisamente se incluyen los becarios; no se crea que esa cifra es la que es porque se hayan creado esas plazas sino porque ha cambiado la encuesta
por parte del Instituto Nacional de Estadística. Segunda precisión, existen los becarios post-doctorales, no son entes abstractos; tengo aquí la memoria económica que acompaña al Real Decreto que se ha aprobado, y contiene la cifra de 759 becarios
post-doctorales. Usted comenta que el Ministerio de Ciencia no convoca becas post-doctorales, pero el Ministerio de Educación convoca 740. Estamos en un sistema en el que no existe ninguna coordinación, el Ministerio de Ciencia va por un lado, no
se entera de lo que ocurre en el Ministerio de Educación, y el resultado es que el perjudicado es el sistema de ciencia y tecnología; eso es lo que ha ocurrido con el Estatuto del becario, que no sólo llega con retraso sino que es absolutamente
insuficiente y ha sido a mi modo de ver una tomadura de pelo con respecto a lo que se ha comentado en este Congreso desde la ministra Virulés hasta el ministro Costa. Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Yo no he dicho que los becarios no sean investigadores, y no sé si se ha cambiado la estadística o no, pero el hecho es que cumplimos el objetivo que nos habíamos propuesto. Y, por otra parte, estoy seguro de que ese
nuevo Estatuto del becario de investigación que se aprobó el pasado 24 de octubre pondrá solución a muchos de los problemas con los que nos hemos encontrado hasta ahora.
- RELATIVA A EVITAR QUE EL ACCESO A INTERNET SE HAGA DE FORMA FRAUDULENTA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002219.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley relativa a evitar que el acceso a Internet de haga de forma fraudulenta. Rogaría a SS.SS. que guardaran un poco más de silencio para facilitar la
audición.
Para la exposición de la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley relativa a evitar el acceso a Internet de forma fraudulenta ya que los continuos cambios tecnológicos y la versatilidad de los
programas informáticos ad hoc han posibilitado que, a pesar de las funciones públicas de supervisión y regulación, se hayan producido numerosas situaciones de fraude en servicios de información o comunicación prestados sobre sistemas de datos. El
acceso fraudulento a Internet mediante el uso de números de tarificación adicional, que ha dado lugar a protestas de varios colectivos, entre
otros, las asociaciones de internautas y de consumidores, es una práctica ilícita ejercida por ciertos prestadores de servicios a través de las páginas web. Éstos disponen del siguiente método lícito: cuando un usuario visita la página web
en la que se prestan servicios a través de un número de tarificación adicional, por ejemplo, sitios web de contenido pornográfico, el usuario puede desconectarse voluntariamente de su servidor contratado para el acceso a Internet y acceder al
contenido de la página web mediante un número de tarificación adicional que incluye un recargo remunerador del operador que preste sus servicios a través de tal página web. El problema se produce cuando el citado operador no informa al usuario del
nuevo precio que está pagando en la operación consistente en desconectarse del servidor habitual para pasar al número de tarificación adicional mediante la introducción en el ordenador de sistemas de marcación conocidos como dialers que marcan sin
que el usuario perciba que su conexión a Internet ha cambiado, o cuando el prestador de estos servicios proporciona información falsa asegurando que el usuario va a pasar a una conexión más rápida, barata y anónima. El daño causado al usuario puede
monetizarse dado que las tarifas de estos números de tarificación adicional pueden llegar a los 3,15 euros el minuto, esto es unas 315 veces la tarifa normal en horario reducido. Más allá de esta cuantificación cabe citar otro tipo de daño al
consumidor porque este se queda en situación de indefensión, más aún si se trata de internautas poco avezados. Dada la especial problemática suscitada por la situación descrita y a pesar de las especiales dificultades que entraña la lucha contra el
fraude informático, que multa con una velocidad vertiginosa, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha adoptado y está adoptando una serie de medidas normativas destinadas a eliminar este fenómeno, que se concretan de la siguiente manera: mediante
la resolución de 16 de julio de 2002, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' de 5 de agosto, se atribuyó un rango de numeración específica a los servicios
de tarificación adicional definida por los códigos 803, 806 y 807; estos códigos han empezado a sustituir desde el 30 de septiembre a los 903 y 906. En función de los contenidos básicos proporcionados por los proveedores de información, la
mencionada resolución estableció una clasificación inicial consistente en el uso del código 803 para los servicios exclusivos para adultos, 806 para los servicios de ocio y entretenimiento y 807 para los servicios profesionales; además, con el
objeto de proporcionar al usuario y llamante una indicación sobre el precio de sus llamadas, se definieron segmentos de numeración determinados por la cuarta cifra marcada, lo que se conoce como la cifra A. También mediante la resolución de 30 de
diciembre de 2002 de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que aprueba el código de conducta para la prestación de servicios de tarificación adicional; este código, que es vinculante para todos los
prestadores de servicios de tarificación adicional, tiene por objeto la protección de los derechos de los usuarios, tendrá especial sensibilidad para con los derechos de los colectivos sociales denominados vulnerables, como son menores, personas
mayores, discapacitados y otros y velará para que no se quebranten ninguno de los derechos fundamentales reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico, todo ello según dispone el punto 1.1 de la mencionada resolución. El punto 2 del código de
conducta para la prestación de los servicios de tarifación adicional establece las normas de publicidad de precios y contenidos de estos servicios, y en el 3 se tipifican las conductas ilícitas. Finalmente, la comisión de supervisión de servicios
de tarificación adicional queda encargada de la aplicación, modificación e interpretación del referido código de conducta. Con posterioridad, el 5 de mayo de 2003, la resolución de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de
la Información establece el procedimiento de emigración de la numeración de los servicios de tarificación adicional. Los aspectos más significativos de esta resolución son los siguientes: desde el 30 de septiembre de 2003, los códigos 903 y 906 no
son accesibles desde las redes públicas telefónicas, aunque se permitirá durante tres meses, a partir de esta fecha, la emisión de locuciones informativas sobre los nuevos números a marcar; los segmentos determinados por los valores 6, 7, 8 y 9 de
la cuarta cifra marcada por los números 803, 806 y 807 se irán introduciendo progresivamente conforme determine la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información en función del resultado de la implantación práctica
de las medidas que permitan una información adecuada a los usuarios. De esta forma, se hacen coincidir inicialmente el margen de precio de las llamadas a los nuevos números con los precios que se venían aplicando para los 903 y 906. El componente
del precio de la llamada que sirve para retribuir al prestador del servicio de tarificación adicional no podrá aplicarse hasta que el usuario sea informado mediante una locución del precio por minuto de cada llamada. La utilización de los códigos
803, 806 y 807 se circunscribe exclusivamente a la prestación de los servicios de información o comunicación de voz, no pudiendo utilizarse servicios de transmisión de datos.
Señorías, la entrada en vigor de la disposición contenida en esta norma supone una barrera normativa contra el uso fraudulento en los mecanismos de acceso a Internet, que se completará y desarrollará en los aspectos que afectan a los
usuarios finales a través de la modificación de la orden de Presidencia 1361/2002, de 14 de febrero, por la que se desarrollan, entre otros, los derechos de los usuarios de los servicios de tarificación adicional, norma que actualmente está siendo
objeto de tramitación desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular solicita del resto de los grupos parlamentarios de esta Comisión su apoyo a esta proposición no de ley, que persigue instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para evitar que el acceso a
Internet se haga de forma fraudulenta.
La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señorías, esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular no es la primera vez que se aborda en esta Comisión ; creo que es un tema que preocupa a todas las fuerzas políticas y por tanto
bienvenido sea, aunque mi grupo también presentó una iniciativa de fraude y de utilización de los antiguos 906, hoy 800, porque es un tema cada vez más preocupante. La telefonía en el mundo del consumo aparece como uno de los campos más abonados a
las reclamaciones y a las demandas por parte de los abonados, un dato, alcanza el 26 por ciento del total de las denuncias de los consumidores y las reclamaciones están aumentando día a día sobre todo porque el 906, hoy 806, amparándose en la buena
fe de muchos de los que hacen uso de este teléfono, están vulnerando intereses económicos de los consumidores, de muchos de nosotros; aunque existe la posibilidad de que cualquier abonado pueda decir que le desconecten del 906, existe una
reorientación que hace que cuando en Semana Santa me llevo el portátil a trabajar acabo pagando un 906, que esta Casa, evidentemente, no se hace cargo de ello, y que corre a cargo de mi persona, como le ha ocurrido a otros compañeros de otros
grupos. Quiero decir que este es un tema que preocupa mucho, lo comentaba el portavoz del Partido Popular, y afecta a todos los colectivos pero también a colectivos vulnerables porque conmigo venían menores que pudieron acceder a ese 906, aunque no
fue el caso.
Entendemos que esta proposición no de ley es importante pero que concreta poco, por eso hemos presentado esta enmienda que concreta mucho más y que podrá ser tenida en consideración por el Partido Popular, y así colabora a quitarme la
depresión con la que empecé esta sesión. Cuando el portavoz del Partido Popular hacía referencia a la orden ministerial de Presidencia que acaba modificando la numeración de los 900 a los 800, es verdad que ese cambio ha sido de numeración y de
intenciones en cuanto a mejorar el servicio, pero hoy por hoy les puedo asegurar, con este conjunto de respuestas parlamentarias del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, que esa orden no está dando los frutos deseados. Por tanto, bienvenida
sea esta proposición no de ley que puede llegar a resolver el problema.
Me preocupé de entrar ayer en la Asociación de usuarios de Internet-quejas, y les voy a poner algunos ejemplos porque son interesantes; un ejemplo de ayer mismo es que todos los operadores, no sólo Telefónica, pueden remitir a un usuario
una factura de 3.000 euros, medio millón de pesetas, porque alguien ha cometido contra él un delito.
La legislación hoy por hoy no permite que los operadores puedan suministrar información a los clientes sobre la identidad del titular que está
haciéndonos el fraude, y eso es inadmisible. La Junta de Andalucía ha remitido al Tribunal Superior de Justicia un conjunto de reclamaciones de clientes porque considera que se está cometiendo un delito; la Dirección General de la Policía y el
departamento de delitos económicos de la Policía Nacional están tomando cartas en este asunto. Por lo tanto, señorías, sea bienvenida esta proposición no de ley y espero que el Partido Popular apruebe esta enmienda que pide dos cosas fundamentales:
primero, permitir que los operadores puedan suministrar información a los clientes sobre la identidad de los titulares de ese número de tarificación adicional que cometen el fraude para poder defenderse. Qué menos que saber quién te está timando.
En segundo lugar, se ha creado en esa orden de Presidencia, a la que hacía referencia el portavoz del Partido Popular, una comisión de supervisión de esos servicios dentro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es la que tiene que dar la
garantía tanto de la licitud de los contenidos, para proteger a la infancia, como del respeto de las normas que se están aprobando, y consecuentemente lo que habría que hacer es, y esta es nuestra segunda petición, obligar a los prestadores de
servicios, a través de esos números a los que nos estamos refiriendo, de los 806, a que se sometan a la decisión de la comisión de supervisión de los servicios de tarificación adicional del Ministerio. ¿Por qué? Porque si no lo hacen como un
requisito antes de que se les pueda conceder el número, no se estarán sometiendo a las reglas del juego. Usted cuando pide que se le habilite el uso de ese número se tendrá que comprometer a cumplir con esa comisión de supervisión. Por tanto,
presentamos esta enmienda concreta que da realmente salidas viables para resolver esto. Evidentemente la tecnología va avanzando y seguro que inventarán otros procedimientos, pero entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que esta
concreción es la única que puede hoy por hoy ofrecer una garantía a los usuarios y, en definitiva, a todos los ciudadanos que podemos ser una víctima del fraude, ya lo hemos sido muchos de nosotros. (El señor vicepresidente, Lissavetzky Díez ocupa
la Presidencia.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez ): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Pérez Tabares.
El señor PÉREZ TABARES: Uno de los problemas más frecuentes en Internet es el relacionado con las líneas 906 y 806; algunos de los sitios web se las ingenian para modificar el acceso a red de los internautas redirigiendo la conexión a un
número y provocando que la factura telefónica se dispare. El internauta se suele dar cuenta del fraude demasiado tarde, cuando recibe el elevado recibo telefónico contra el que poco puede hacer. El timo adquiere dimensiones preocupantes cuando el
estafado utiliza una tarifa plana, pues navega con un coste fijo mensual que resulta multiplicado si cae en los dialers, que son los programas que se descargan para cambiar la dirección de donde se intenta ir, y tintes dramáticos cuando el programa
que cambia la conexión es capaz de conectar a través de un 906 instalándose en el menú de inicio cada vez que se accede a Internet. Los usuarios que son víctimas de esta práctica son los que conectan a través de la red telefónica básica mediante
módem, mientras que los abonados al cable o a la banda ancha ADSL se encuentran a salvo. La asociación de usuarios de Internet denunció el pasado 21 de julio de 2003 que desde el mes de junio del presente año los timos relacionados con los números
de tarificación especial, que es el caso de los 906 y 806, ha incrementado sus cifras en un 305 por ciento con respecto a los datos que hace un año se dieron a conocer. La estafa que supone esta situación valorada en varios millones de euros ha
sido denunciada por la Asociación de usuarios de Internet, que ha solicitado a los usuarios que pidan a sus operadores la desconexión de sus líneas de este tipo de números. Además la citada asociación ha denunciado la postura del Ministerio de
Ciencia y Tecnología al tiempo que ha pedido la colaboración de medios electrónicos y portales que admiten este tipo de publicidad que quebranta la legalidad. Entre las soluciones que esta asociación ha apuntado para solucionar este problema, se
encuentra la referida a la activación de un servicio de tarificación adicional por parte de aquellos usuarios que la quieran, lo que implicaría que por defecto todos los teléfonos tendrían desactivada esta posibilidad.
Nuestro grupo se va a
posicionar a favor de esta propuesta del Partido Popular, dado que avanza en el mismo sentido que las peticiones, y este avance esperamos que sea más contundente que los ya realizados por los propios internautas.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez): Gracias, señor Pérez Tabares.
Por favor, les ruego que se mantengan en silencio porque no solamente no podemos escucharnos sino que la señora estenotipista tiene dificultades para transcribir el
acta.
Por parte del Grupo Parlamentario Vasco PNV tiene la palabra el señor Jauregi.
El señor JAUREGI BEREZIARTUA: En primer lugar, resulta clamoroso que el Grupo Parlamentario Popular ante un problema que afecta a todos los operadores de acceso a Internet manifiesta que perjudica a Telefónica en exclusiva, aparte de a los
usuarios, obviamente. O el Partido Popular sigue anclado en el monopolio o es tan poco cuidadoso en la redacción de la documentación parlamentaria que sólo transcribe los documentos que le pasa Telefónica, o ambas cosas a la vez. Dicho esto, la
proposición tiene toda la razón, puesto que las actuaciones fraudulentas descritas han de ser atajadas, y cualquier operador de acceso no es en absoluto responsable de tal hecho; el operador tan sólo cobra al usuario puesto que tiene que pagar a su
vez al proveedor de servicios. El único responsable del acto fraudulento es el proveedor del servicio de Internet que guía torticeramente al usuario hasta el número 906. En todo caso, el usuario siempre tiene la solución de pedir al operador que
le impida conectarse a los números 906, lo que resulta interesante por ejemplo en casos de menores de edad. En esta misma línea va la resolución de la comisión del mercado de las telecomunicaciones de 23 de octubre de 2003 que se ha pronunciado
sobre la materia.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Diez): Por el Grupo Parlamentario Convergéncia i Unió, tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Nuestro grupo parlamentario va a votar a favor de esta proposición no de ley y nos gustaría que se incorporara también la enmienda defendida por la señora Pleguezuelos porque entendemos que concreta más la
proposición no de ley. Lo cierto es que estamos ante un problema grave porque se produce un fraude cuando uno se conecta a Internet a través de su línea telefónica y, sin recibir la información necesaria, esa conexión telefónica deriva a un número
906 con unas tarifas mucho más elevadas, y quien se conecta a través de Internet no sabe que en ese momento ha mutado su conexión inicial a una conexión que yo me atrevo a decir que es absolutamente fraudulenta; de ahí que desde los poderes
públicos tenemos la obligación de luchar contra esas prácticas. Por ello, consideramos oportuna la proposición no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Popular, votaremos a favor de la misma y votaremos también a favor si se incorpora la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que entendemos que la perfecciona y la concreta. Por tanto, mi grupo, en este turno de fijación de posiciones, quiere manifestar su voto favorable y abrir una reflexión: Internet y las nuevas
tecnologías permiten nuevas oportunidades, nuevos canales de acceso a la información y una mejor comunicación entre todos, pero también entrañan riesgos cuando no van acompañadas de la información y de la protección necesarias, y aquí se abre el
capítulo de la necesaria protección a la infancia por una utilización inadecuada en muchas ocasiones de Internet. Consideramos oportuna esta proposición no de ley y nuestro grupo votará a favor de la
misma. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la Presidencia.)
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Quiero agradecer, en primer lugar, las palabras del portavoz de Coalición Canaria y su apoyo a esta proposición no de ley, y decirle al portavoz del PNV que este grupo ni el Gobierno que sustenta apoya a
ningún operador de telefonía específico, da igual que sea Telefónica, Amena, Vodafone o cualquier otro, si en el texto de la proposición se manifiesta expresamente a Telefónica es por la denuncia directa que nos ha planteado esta compañía. Si se
fija en el texto de la proposición, el grupo que me honro en ser portavoz habla de todos los operadores de telefonía.
Quiero manifestar a la portavoz del Partido Socialista que me alegro que sea este portavoz el que le dé satisfacción y alegría a la hora de que sus esfuerzos y propuestas, y por tanto enmiendas, no caigan en saco roto. Vamos a transaccionar
la enmienda de la señora Pleguezuelos, del Grupo Parlamentario Socialista, en el sentido de realizar una mejora técnica tanto de la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular como de la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario
Socialista. El texto que proponemos como transacción sería el siguiente: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas necesarias para evitar que el acceso a Internet se haga de forma fraudulenta y que permita, primero, que
los operadores puedan suministrar información a aquellos clientes sobre la identidad de los titulares del número de tarificación especial que cometan fraude contra ellos y, segundo, que los prestadores de servicios a través de números de
tarificación especial se sometan a las decisiones de la Comisión de supervisión de los servicios de tarificación adicional del Ministerio de Ciencia y Tecnología, siendo este un requisito exigible por el operador de telecomunicaciones antes de
habilitar el uso de estos números.
La señora VICEPRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sin duda aceptamos la transaccional porque, aparte de estar en el espíritu, es la literalidad prácticamente.
Me alegro de que por fin, casi en el final de legislatura, podamos conseguir algo.
La señora VICEPRESIDENTA: Sin más asuntos que tratar, vamos a proceder a la votación de los puntos del orden del día.
Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a la información a los usuarios sobre los precios y condiciones de prestación del servicio telefónico.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra 21.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la proposición no de ley en relación con el desarrollo reglamentario de la nueva normativa sobre acreditación de actividades de I + D + I a efectos fiscales.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Se aprueba por unanimidad.
Sometemos a votación la proposición no de ley sobre ampliación de la plantilla de trabajadores en el centro de 'La Mayora', en Algarrobo, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones 3.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación sometemos a votación la proposición no de ley sobre contratación de becarios post-doctorales en dos bloques. En primer lugar los puntos de 1 a 4.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra 21; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazados.
En segundo lugar sometemos a votación el punto 5 de la proposición no de ley sobre contratación de becarios post-doctorales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 23; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado.
Sometemos a votación la proposición no de ley relativa a evitar que el acceso a Internet se haga de forma fraudulenta, con la enmienda incorporada que ha sido defendida durante la exposición de la misma
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, agradecemos a los servicios de la Cámara su colaboración y atención que nos prestan cada día.
Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las doce y media del mediodía.
CORRECCIÓN DE ERROR.-En el 'Diario de Sesiones' número 837, correspondiente a la sesión celebrada por esta Comisión de Ciencia y Tecnología el miércoles, 1 de octubre de 2003, aparecen los errores que a continuación se indican: página
26248, primera columna, línea 44, donde dice: 'Real Decreto 38/2001', debe decir: 'Real Decreto 88/2001'; página 26257, primera columna, línea 9, donde dice: 'INDESAT', debe decir: 'HISDESAT'; página 26259, segunda columna, línea 47, donde
dice: 'CECYT', debe decir: 'CECIR', y página 26261, primera columna, línea 49, donde dice: 'CEDETI', debe decir: 'CDTI'.
NOTA.-El presente 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Ciencia y Tenología, del miércoles 5 de noviembre de 2003, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.