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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 870, de 05/11/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 870
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 45
celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley:
- Relativa a medidas para incluir en el Plan estatal de accesibilidad anunciado entre las prioridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
161/001965.) ... (Página 27624)
- Sobre el futuro del sector del tabaco en España y su repercusión en el empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente 161/002235.) ... (Página 27628)
- Sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz pertenecientes al grupo Altadis. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002236.) ...
(Página
27628)
- Sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz, pertenecientes al grupo Altadis. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002244.) ...
- Sobre el plan industrial del grupo Altadis (antigua Tabacalera).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002266.) ... (Página 27628)
- Sobre el cierre de las factorías del grupo Altadis en Tarragona y Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 161/002339.) ...
- Para impulsar convenios con las distintas comunidades autónomas, instituciones sin ánimo de lucro y empresas, al objeto de potenciar las prácticas e integración laboral de los jóvenes. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso. (Número de expediente 161/002242.) ... (Página 27636)
- Para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria a efectos del cómputo de la pensión de jubilación. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i
Unió). (Número de expediente 161/002304.) ...
(Página 27640)
- Para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio a efectos del cómputo de la pensión de jubilación. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
(Número de expediente 161/002305.) ... (Página 27640)
- Sobre la promulgación de un estatuto del periodista profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002307.) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A MEDIDAS PARA INCLUIR EN EL PLAN ESTATAL DE ACCESIBILIDAD ANUNCIADO ENTRE LAS PRIORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/001965.)
El señor PRESIDENTE: En primer lugar y en relación con el orden del día, el portavoz del Grupo Catalán presentó el día 3 de noviembre un escrito en el que solicita que se acumule la proposición de ley de dicho grupo, presentada el día 2 de
septiembre de 2003 con número de registro 146.300, al resto de proposiciones no de ley que figuran en el orden del día de la Comisión que se celebra hoy, por tratar el resto de proposiciones no de ley de un contenido similar y prácticamente
coincidente. Dicha proposición no de ley es sobre el cierre de las factorías del Grupo Altadis en Tarragona, Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz.
Como la modificación del orden del día ya corresponde en este término procesal al pleno de la Comisión, someto a ésta la decisión de alterar el orden del día incorporando dicha proposición no de ley al mismo y se debatirá junto con el resto
de las que tienen el mismo objeto, esto es, con las cuestiones que en este momento afectan a las circunstancias que en este momento tienen lugar en el Grupo Altadis.
¿Se acuerda la incorporación de esta proposición no de ley? (Pausa.)
Queda modificado, por tanto, el orden del día con la inclusión de dicha proposición no de ley.
En segundo lugar, me habían solicitado la alteración, ya no del contenido, sino del desarrollo temporal del orden del día. Hay dos solicitudes.
Rogaría a los señores diputados que me lo han planteado que lo manifiesten y, si después
hubiera unanimidad, se alteraría.
El señor NÚÑEZ LEÓN: Señor presidente, parece que había alguna salvedad por parte del portavoz de Izquierda Unida porque estaba apurado de tiempo y le pido que en este momento se manifieste.
El señor PRESIDENTE: ¿Qué era lo que se solicitaba?
El señor NÚÑEZ LEÓN: Pasar la proposición no de ley de juventud al primer punto del orden del día.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Cuando se va a cambiar el orden del día hay que consultar primero con los que presentan la alternativa porque en esta casa los que tenemos pocos diputados tenemos que estar en varias comisiones; por ejemplo, yo
tengo que estar en Radiotelevisión española a las diez y media con la segunda pregunta. Lo que nos plantea nos parece bien, pero yo le he dado una solución. Puesto que la primera proposición no de ley es también del Partido Popular, que esa
primera pase después de Altadis y la que ellos plantean pase a ser la primera, con lo cual los tiempos quedan tal como se pide y no alteramos el lugar de otros tiempos que necesitamos otros grupos, ya que no se nos había avisado.
El señor NÚÑEZ LEÓN: Lo dejamos tal como aparece en el orden del día, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, efectivamente es una decisión que sólo corresponde al pleno de la Comisión. Tratándose de una alteración, aunque sea en el desarrollo de los puntos del orden del día, entiendo que debe producirse por
unanimidad. Es verdad que el hecho de tener mermados efectivos, supone también que en más ocasiones su grupo y otros que están en las mismas circunstancias acuden a más rogativas de este tipo.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, cuando nosotros queremos una sustitución, primero hablamos con los grupos, no con S.S., pues es una prerrogativa de los grupos cambiar por unanimidad el orden del día.
Hablamos un día antes. Éste
es el problema, que conmigo no se ha hablado hasta esta mañana a las diez menos cinco, cuando estuve toda la tarde en el Pleno, desde las cuatro hasta las nueve de la noche.
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con el desarrollo del orden del día. En primer lugar, figura la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a medidas para incluir en el plan estatal de accesibilidad anunciado entre las
prioridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Muy buenos días.
Señorías, si hace dos décadas parecía imposible ofrecer a las personas con discapacidad unas condiciones adecuadas de acceso a los transportes públicos utilizados por sus conciudadanos, hoy día sabemos que esto es técnica y socialmente
posible. Para llegar a ello ha tenido que pasar el tiempo, muchos debates y un esfuerzo legislativo, tecnológico y económico por parte de todos que hoy empieza a dar frutos.
Nuestro grupo, preocupado por los problemas con los que deben enfrentarse día a día las personas que padecen algún tipo de discapacidad, presentó el pasado mes de marzo esta proposición no de ley que hace referencia a los transportes
públicos y que incorpora medidas que deberían incluirse en el plan estatal de accesibilidad que debía ser aprobado por el Gobierno en el plazo de seis meses desde la aprobación de la Ley de igualdad de oportunidades, y no discriminación y
accesibilidad universal, que se encuentra en estos momentos en fase de trámite de enmiendas en el Senado. No obstante, el Gobierno del Partido Popular sensible a esta preocupación y con el ánimo de acelerar al máximo aquellos aspectos que afectan a
la accesibilidad, aprobó ya el pasado mes de julio de este año el plan estatal de accesibilidad, por lo que no ha sido necesario esperar a la aprobación definitiva de la ley, ni a los seis meses que contempla la misma para disponer de dicho plan.
Han transcurrido siete meses desde que el Grupo Popular presentara esta proposición no de ley y lo cierto es que en estos siete meses se ha avanzado más de lo previsto en el propio proyecto de ley de no discriminación e igualdad de oportunidades de
las personas con discapacidad. El plan estatal de accesibilidad propuesto por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y aprobado el pasado mes de julio es una respuesta a la inquietud creciente de distintos sectores que pretenden, con
sensibilidad y acierto, convertir la supresión de barreras arquitectónicas urbanas y de todo tipo en un reto social del siglo XXI para avanzar hacia una nueva convivencia más humana y más solidaria.
Una vez más, quiero recordar que el año 2003 ha sido declarado como año europeo de las personas con discapacidad. Por ello, nuestro grupo, el Grupo Popular, quiere incidir de nuevo en beneficio de la accesibilidad y defiende el contenido de
esta proposición para que se preste una especial consideración a la dotación de plena accesibilidad a los transportes públicos, tanto urbanos, por ferrocarril, aéreos o marítimos, de forma que las personas con discapacidad, las personas mayores o,
simplemente, aquellas personas que vayan acompañadas de niños pequeños con sus correspondientes carritos no tengan ningún tipo de dificultad en el momento de acceder a dichos transportes.
En España, como todos sabemos, las normativas sobre accesibilidad varían entre las diferentes comunidades autónomas, lo que dificulta la armonización de las distintas legislaciones y prácticas urbanísticas. De ello se desprende la necesidad
de afrontar estos retos en colaboración, no sólo con las propias comunidades autónomas, sino también con los ayuntamientos, con el fin de asegurar el resultado que se persigue en el contenido de esta proposición. Sabemos que desde el Gobierno y en
el ámbito de sus competencias se está trabajando, y a buen ritmo, a favor de la accesibilidad. Prueba de ello y a título de ejemplo son los convenios que se han firmado, entre otros, con la Federación Española de Municipios y Provincias, con una
aportación de 3,8 millones de euros, destinados a financiar la
parte de precio de los autobuses imputable a los elementos accesibles del vehículo. El número de autobuses incorporados desde 1998 ha sido de 1.972. También se ha firmado un convenio con la fundación ONCE para el transporte por auto taxi
accesible aportando cada entidad 6.010 euros. En el año 2002 entraron en funcionamiento cincuenta y actualmente hay en servicio cuatrocientos en toda España. Al margen de ello, somos conscientes de que, para alcanzar los objetivos deseados de
plena accesibilidad, será necesario el transcurso de cierto tiempo. Mientras esto sucede, hay un aspecto que entendemos que puede ser fácilmente mejorado. Nos referimos a la necesidad de que las personas con accesibilidad reducida puedan conocer
de antemano cuáles son las instalaciones y servicios de transporte accesibles para ello.
Por ello, nuestro Grupo ha presentado la siguiente enmienda de modificación, que mejora técnicamente el texto de nuestra proposición y que espero que reciba el apoyo de todos los grupos parlamentarios presentes en esta Comisión pues las
personas con movilidad reducida necesitan el soporte de todos nosotros para mejorar su calidad de vida.
El texto de la enmienda dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en colaboración con las comunidades autónomas y los
ayuntamientos, para que, en el mismo plazo que fije el proyecto de ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal para el establecimiento de las condiciones básicas de accesibilidad, se impulsen medidas para que figure
de manera clara información sobre accesibilidad en todas las instalaciones y servicios de transporte para personas con accesibilidad reducida, de modo que estas personas puedan conocer de antemano sus posibilidades de utilización.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Hay dos enmiendas a esta proposición no de ley. Una ya ha sido expuesta por la portavoz del grupo que formula la iniciativa y que autoenmienda su propio texto, en los términos que ha expuesto, y la otra es del Grupo de
Convergencia i Unió.
Tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Nuestra propuesta inicial pretendía dar apoyo al planteamiento del Grupo Popular. La enmienda que ha presentado la señora Martín mejora el texto inicia, con lo cual la vamos a apoyar. Estamos de acuerdo en la
actuación coordinada de los ayuntamientos, comunidades autónomas, Administración del Estado y compañías estatales en la mejora de la accesibilidad en los medios públicos, pero como existe el precedente -lo ha citado en su exposición la señora
Martín- de una normativa de accesibilidad para los discapacitados en Cataluña, proponemos añadir al texto definitivo que se transacciona en esta Comisión el punto que habíamos presentado como enmienda. Por tanto, mantenemos nuestra enmienda en el
sentido de añadir al texto propuesto: todo ello se desarrollará con pleno respeto a las competencias en materia de accesibilidad que tengan atribuidas las comunidades autónomas.
Apoyamos la propuesta que ha realizado la señora Martín y el Grupo Parlamentario Popular al que representa porque el respeto que ha tenido RENFE hacia los discapacitados sólo se ha visto mejorado en los servicios de lujo de la compañía, que
son el AVE Madrid-Sevilla. Ha tenido que aprovechar estas mejoras y no ha hecho ninguna aportación positiva en la mejora de accesibilidad en las estaciones tradicionales. Supongo que este era el objetivo de esta propuesta, aunque la mejora del
servicio en las estaciones tradicionales de RENFE tenía que haber estado en las indicaciones anteriores porque era obvio que cualquier nueva construcción tenía que incluir el nuevo diseño de las estaciones, cosa que se ha hecho, y nos felicitamos
por ello, pero no en las instalaciones tradicionales.
Habría que recordar que esta enmienda insta al Gobierno a que especialmente en las estaciones tradicionales, en las más antiguas que tiene RENFE, mejore esta accesibilidad y la competencia autonómica que le corresponda contemple las normas
de accesibilidad para los discapacitados.
Nada más señor presidente
El señor PRESIDENTE: ¿Don Antero Ruiz desea intervenir?
El señor RUIZ LÓPEZ: Sí, señor presidente.
En relación con la accesibilidad, diferentes agrupaciones de discapacitados físicos coinciden en afirmar que los principales problemas son las barreras arquitectónicas que, en muchas ocasiones, se convierten en obstáculos insuperables que
les obligan a renunciar a ciertas actividades o a alterar la marcha normal de su propia vida. Debe recordarse que el Defensor del Pueblo y diversos expertos han señalado que si se cumplieran taxativamente los reglamentos que existen, se
solucionarían buena parte de estos problemas que estamos hoy discutiendo.
Al menos, SS.SS. deberían proponer al Gobierno que garantizara su obligación, como es facilitar la sensibilidad en los centros públicos.
El hecho objetivo es que la persona discapacitada ve excluido su acceso a los edificios y a los lugares de ocio y, de una u otra manera, a todas estas actividades. No hará falta recordar a SS.SS. que la responsabilidad política y la de los
gestores del planteamiento es evidente. Nos encontramos con aceras sin rebajar, falta de ascensores en muchas construcciones, escasez de rampas en los lugares donde la accesibilidad en sillas de ruedas es imposible, puertas de anchura inapropiada o
puertas giratorias en determinados establecimientos públicos, entre otros impedimentos. Todos estos elementos hacen
de la vida diaria de los discapacitados físicos una carrera de obstáculos y, dependiendo del grado de minusvalía que sufran, es superada con esfuerzo o, en muchos casos, resulta insuperable. El origen de todas estas trabas que cortan la
autonomía de los minusválidos físicos está en la falta de planificación de los responsables que tienen competencia en esta cuestión. Esto resulta especialmente incomprensible si pensamos que planificar bien no cuesta dinero, mientras que reformar
lo que en origen está mal hecho puede ser muy costoso.
Los problemas de accesibilidad para personas sordas, por ejemplo, vienen dados por todo aquello que genera barreras de comunicación. La única manera de recibir información es a través de la televisión. El inconveniente está en que mientras
que ésta no adapte los medios y las técnicas para hacerse accesible al colectivo, no hay posibilidad de que éste pueda estar informado. Lo mismo sucede con actividades culturales, como el teatro o el cine, que resultan ininteligibles para estas
personas. Estos factores negativos pueden hacer del ocio, la cultura y la formación un artículo de lujo para este colectivo.
Quisiera señalar para terminar que no sólo la armonización de legislaciones urbanísticas o las políticas sobre transportes públicos, como sugiere la propuesta, es el objetivo de una política de accesibilidad. Lo que sugiero es que se inicie
el debate de un programa global de accesibilidad con amplia participación social en esta Cámara que nos permita disponer de un programa de actuación claro en la próxima legislatura.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: En primer lugar, quisiera decir que al Grupo Parlamentario Socialista le extraña profundamente que se haya traído a debate esta iniciativa parlamentaria. El Consejo Español de Representantes de Minusválidos,
el CERMI, aprobó el 17 de mayo de 1999 el plan estatal de accesibilidad y entonces la secretaria general de Asuntos Sociales, la señora Dancausa, se comprometió durante el ejercicio del año 2000 a poner en práctica este plan estatal de accesibilidad
y cuál no será nuestra sorpresa que hasta julio del año 2003 no ha visto la luz el plan nacional de accesibilidad 2004-2009. Les llamo la atención porque en el enunciado de este plan estatal, que aparece en la página web de Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, se dice Pon un nuevo paradigma.
El diseño para todos. Hacia la plena igualdad de oportunidades. No se entiende que lo que sustancia esta iniciativa parlamentaria, que es el diseño para todos, no se vea reflejado ya en el primer
plan nacional de accesibilidad que, como digo, fue aprobado en julio de este año por el Consejo de Ministros y que, además, ha sufrido otra modificación curiosísima pues se ha incluido en la Ley de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal para las personas con discapacidad y va a tener rango de ley el propio plan estatal de accesibilidad.
Dentro de las medidas que oferta este plan estatal de accesibilidad, hay cuatro apartados sobre el transporte especial para personas con discapacidad. La enmienda que nos ha leído la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es una
cuestión más instrumental que de otro tipo porque no añade nada nuevo más que se hagan campañas de comunicación o publicidad para que las personas de movilidad reducida puedan acceder a ello. Aprovechando que nos ha dado capacidad para debatir
sobre este tema, les quiero decir que hay tres lagunas importantes dentro del plan estatal de accesibilidad que se las están cuestionando todas las organizaciones de discapacitados. La primera laguna importante es cuál va a ser la financiación de
este plan porque se enuncian los fondos FEDER, las aportaciones de las comunidades autónomas y las partidas adscritas en los diferentes ministerios, pero no se ve una partida concreta. Yo le recomendaría al Grupo Parlamentario Popular que le
dijeran al ministro Montoro que, dado que este año tiene un superávit de 3.500 millones de euros, dedique al menos un veinte por ciento al plan estatal de accesibilidad para que se vean beneficiados los tres millones y medios de discapacitados de
este país, las personas con movilidad reducida como son las personas mayores, las madres que van con niños en sillas de ruedas -como se ha dicho aquí- o las mujeres y, cada vez más, los hombres -esperemos que aumente el colectivo- que van a hacer la
compra o a verificar determinadas actividades en relación con las tareas domésticas.
El segundo elemento que genera bastante inquietud con relación al plan estatal de accesibilidad es quién va a ser el responsable del seguimiento. Tenemos una yuxtaposición de comisiones que hay que aclarar: la comisión de accesibilidad, el
consejo general del Inserso, la mesa de seguimiento del plan y, por último, el flamante y recientemente creado, a través del proyecto de ley que está en el Senado y que volverá a esta Cámara, consejo nacional de la discapacidad. Nos quedaríamos muy
a gusto, sobre todo las organizaciones de discapacitados, si supiésemos qué órgano va a ser el responsable para que podamos exigir el seguimiento, la evaluación, los indicadores, las variables, los compromisos económicos y las actuaciones temporales
que el plan conlleva.
Por último, quiero poner sobre la mesa que, en relación con el no nato plan de accesibilidad a los medios de comunicación y, sobre todo, a las nuevas tecnologías, el Plan Info XXI que ahora se ha visto convertido rápidamente en el España.es,
también la accesibilidad a los instrumentos de la informática y a las nuevas tecnologías tiene bastantes lagunas. Es un elemento que tendrá que volver a esta Cámara porque haremos alguna
iniciativa para responder a los planteamientos y las reivindicaciones hechas por el colectivo de discapacitados.
Nuestra postura va a ser la de abstenernos en la toma en consideración de esta iniciativa porque a veces es mucho mejor retirar iniciativas cuando ya las actuaciones del Gobierno están aprobadas y a los ciudadanos no nos pagan para
justificar determinadas iniciativas parlamentarias.
El señor PRESIDENTE: Las votaciones no tendrán lugar antes de las doce horas y treinta minutos.
- SOBRE EL FUTURO DEL SECTOR DEL TABACO EN ESPAÑA Y SU REPERCUSIÓN EN EL EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA.
(Número de expediente 161/002235.)
- SOBRE EL CIERRE DE LA FACTORÍA DE SEVILLA Y LA REORGANIZACIÓN DE LA FACTORÍA DE CÁDIZ PERTENECIENTES AL GRUPO ALTADIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002236.)
- SOBRE EL CIERRE DE LA FACTORÍA DE SEVILLA Y LA REORGANIZACIÓN DE LA FACTORÍA DE CÁDIZ PERTENECIENTES AL GRUPO ALTADIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002244.)
- SOBRE EL PLAN INDUSTRIAL DEL GRUPO ALTADIS (ANTIGUA TABACALERA).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002266.)
- SOBRE EL CIERRE DE LAS FACTORÍAS DEL GRUPO ALTADIS EN TARRAGONA Y SEVILLA Y PARTE DE LA ACTIVIDAD DE LA PLANTA DE CÁDIZ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002339.)
El señor PRESIDENTE: A continuación, salvo que algún señor o señora diputados estimara que no es pertinente, la presidencia agrupa en un solo debate la proposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre el futuro del
sector del tabaco en España y su repercusión en el empleo; la proposición del Grupo Mixto, sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz pertenecientes al Grupo Altadis; la proposición del Grupo Socialista,
sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz pertenecientes al Grupo Altadis; la también proposición del Grupo Socialista, sobre el plan industrial del Grupo Altadis y, finalmente, la que hemos incorporado
al orden del día al inicio de la sesión del Grupo de Convergència i Unió, sobre el cierre de las factorías del Grupo Altadis en Tarragona y Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz.
Para la defensa de la iniciativa más antigua, de 8 de septiembre de 2003, y puesto que tienen un denominador común, tiene la palabra, por el Grupo de Izquierda Unida, el señor Alcaraz.
El señor ALCARAZ MASATS: Todos apuntamos en la misma dirección. La parte dispositiva de las disposiciones así lo indica, tanto la nuestra como la del resto de los grupos que vamos a apoyar con nuestro voto. No estamos de acuerdo con el
plan industrial que se ha planteado a partir de la segunda mitad del mes de julio ni estamos de acuerdo en que, a partir de los razonamientos de la empresa, no se pudiera aprobar un expediente de regulación de empleo. La empresa debería retirar el
plan industrial preparado si quiere -no sabemos en qué condiciones- tener algún contacto con los trabajadores para analizar la situación real y no la situación subjetiva que se nos ha presentado a partir del mes de julio.
Estamos hablando de una empresa tabacalera que desde su creación como tal, en 1945, ha estado siempre relacionada con beneficios. Pero al igual que existe desde siempre una relación directa entre Tabacalera y beneficios -se crea con este
nombre en 1945, pero desde hace cuatro siglos está en Sevilla la empresa más antigua del mundo-, también existe una relación entre esta empresa y la reducción de empleo. En 1990, la plantilla de la entonces empresa pública Tabacalera tenía 8.336
trabajadores y hoy, después de algo más de una década, se ha dado una reducción del más del 40 por ciento de los puestos de trabajo en el seno de una empresa con grandes beneficios anuales. No se trata de una empresa que pierde dinero, sino de una
empresa que quiere ganar mucho más dinero despidiendo a los trabajadores y que quiere cotizar mucho mejor en Bolsa sobre la base de un nuevo despido de trabajadores, después del cierre de una serie de factorías. En efecto, en el período 2000-2002,
la empresa emprendió un proceso de reordenación industrial en España, fruto de esa reestructuración ocho centros de trabajo cerraron sus puertas y 1.884 trabajadores y trabajadoras perdieron su empleo. Cerraron Coruña, Alicante, Gijón, Madrid,
Málaga, San Sebastián, Santander y Valencia.
Después, recuperaron la factoría en nuevas condiciones Alicante y Santander.
Señor presidente, el último proceso de reestructuración industrial finalizó el 31 de diciembre del año 2002, por tanto, hace unos cuantos meses. Ha sido valorado por la empresa como adecuado y reconoce textualmente que, tras la finalización
del plan de reestructuración industrial en España 2000-2002, el grupo ha quedado
con una capacidad industrial de tamaño adecuado, lo que incrementa su productividad. Y ahora se anuncia el cierre de Tarragona, el cierre de Sevilla y el cierre de una parte importante de Cádiz, que puede estar entre el 30 y el 40 por
ciento de su producción actual, ocho meses después de considerar que el tamaño que había quedado y la estructuración, tanto objetiva como laboral, eran absolutamente adecuados. En el propio informe anual del pasado año se reconoce por la empresa
que Altadis ha consolidado su posición entre los mayores grupos empresariales europeos en producción y venta de cigarrillos, así como que es uno de los primeros grupos europeos del sector tabaquero por capitalización bursátil. La empresa está
situada como número tres de Europa occidental en cigarrillos y como número uno en el mercado mundial de cigarros. En mayo de este año, el grupo, en función de sus grandes expectativas, ha comprado por 1.675 millones de euros la Compañía Real de
Tabaco marroquí que, curiosamente, en referencia a centro de trabajo y volumen de empleo, cuenta con cuatro plantas de producción, tres de negro y una de rubio, y con una plantilla superior a los 2.300 trabajadores.
Nos encontramos con que las
propias palabras de la empresa, que yo he citado textualmente, desmienten los argumentos que está dando desde el 23 de julio del año 2003 para un nuevo plan industrial que va a suponer el cierre de dos factorías y el cierre parcial de una de ellas,
en este caso la de Cádiz.
El cierre tiene unas características laborales muy específicas. Me voy a referir a las de Sevilla, pero coinciden en gran parte con las de Cádiz y con las de Tarragona, a las que ahora se hará una referencia más específica. El empleo
directo generado por la fábrica de tabacos ha sido desde siempre estable y de calidad y cuenta, además, con unas características que le hacen muy importante en el panorama general de este país. La primera de ellas es que el empleo estable generado
es mayoritariamente femenino, siendo mujeres el 65 por ciento de la plantilla en Sevilla -esto coincide con el resto de las factorías-. Por tanto, hay 151 mujeres por 82 hombres. La segunda importante característica de este empleo es que la
plantilla de la fábrica cuenta con 207 personas que superan los 45 años de edad. En concreto, el 88 por ciento de la plantilla de la fábrica está por encima de los 45 años, lo que administración y sindicatos consideran alto riesgo para afrontar el
desempleo. Esto coincide también con el resto de los grupos que estamos hoy analizando. Las medidas propuestas por Altadis llevaría, a prejubilar con 53 años al 23 por ciento de la plantilla y a que el 77 por ciento restante tuviese que optar por
la pérdida de su puesto de trabajo o por una movilidad geográfica de más de 600 kilómetros.
Teniendo en cuenta la situación objetiva, cómo funciona en este país la cultura, la falta de posibilidad de compatibilizar la vida familiar y la vida laboral, el trabajo estable femenino y el carácter al que hemos hecho alusión, nos llevan a
pensar que la mayoría de mujeres mayores de 45 años optarán por la baja en la empresa en vez de acceder a una movilidad geográfica de 600 kilómetros. Este hecho puede producirse debido a los efectos demoledores que sufriría en la estructura
familiar un traslado de estas características. Esta apreciación es conocida por la fábrica y ha sido repetida constantemente como argumentación fundamental.
Sabe que en el fondo está imponiendo despidos encubiertos.
Señor presidente, el plan industrial presentado pretende justificar su necesidad pero ellos mismos se desmienten en documentos oficiales. Por ejemplo, habla de que decrece el mercado de cigarrillos, de que se mueve hacia el formato de
pequeño tamaño y de que crece la competencia; habla de que la presión social antitabaco crece y de que hay nuevas y mayores restricciones a la publicidad y promoción. Son argumentos que, en abstracto, están bien y parecen lógicos pero que,
después, ellos mismos desmienten. Por ejemplo, el informe anual del año 2002, en la publicación del grupo, afirma: Gracias a la posición ocupada en nuestros principales mercados de cigarrillos en España, Francia y Alemania, y al continuo
crecimiento de otros mercados europeos y/o emergentes, Altadis está bien colocado para resistir los avatares futuros. También en este informe, la empresa analiza su entorno indicando lo siguiente: La evolución de signo contrario que se refleja en
el consumo en los países occidentales se ve compensada por el crecimiento demográfico y el crecimiento del nivel de vida de los países en vía de desarrollo. Y todavía dice más: Altadis había ya resuelto -dice textualmente-, incluso en algunos
aspectos anticipándose, los contenidos mínimos de sustancias o las medidas en el campo de cigarrillos. Por tanto, ellos mismos desmienten la argumentación que se está dando a los comités de empresa en los últimos informes -no nos estamos refiriendo
a informes superados, sino recién salidos del horno- elaborados por la empresa Altadis.
Respecto a la competencia que pudiera desarrollarse, Altadis no sólo ha comprado nuevos medios y ocupado muchos más mercados, como el caso de Marruecos, sino que ha conseguido posiciones muy ventajosas en el lanzamientos de productos de
Altadis -como es el caso de Fortuna- en el mercado italiano. El plan industrial que se plantea a los comités de empresa añade, cómo no, la fuerte caída del mercado de Altadis en cigarros en el año 2002. Sin embargo, si analizamos el informe anual
de la empresa del año 2002 en lo referente al apartado del producto cigarros, se advierte que la unidad de cigarros de Altadis ha seguido consolidando durante 2002 su liderazgo mundial con casi el 25 por ciento de cuota de mercado, lo que equivale a
3.200 millones de cigarros vendidos. Añade que Altadis cuenta con un amplio portafolio de marca que cubre todos los segmentos del mercado y con una presencia geográfica bien ponderada en los mercados. Continua
diciendo que Altadis USA, creada en agosto del 2000, ha establecido en el 2002 un récord de volúmenes de venta. Lo mismo cabe decir de los mercados europeos, tanto del español como del francés, donde, a pesar del aumento de la competencia
-dice la empresa en el año 2002-, Altadis sigue manteniendo el liderazgo en cigarros con un 35 por ciento de cuota de mercado en volúmenes y de un 32 por ciento en valor a más de nueve puntos de su principal competidor. Yo respondo a la empresa con
los informes de la empresa del año 2002. A finales del año 2002 termina el plan industrial a partir del cual se cierran ocho factorías, después se recuperan dos y, por tanto, netamente se cierran seis. A partir de entonces, pasan siete meses,
hasta julio, en los que la empresa no tiene en cuenta sus apreciaciones y propone un nuevo plan industrial. Este es el problema de fondo: beneficios. Rompen lo que habían considerado adecuado, han desmentido ellos mismos todos sus argumentos en
el informe anual del 2002 e, incluso, van a verse afectadas zonas que tienen un lastre estructural respecto al empleo muy importante.
Estas características que se refieren, no solamente al caso de Sevilla y Cádiz, sino también al de Tarragona, no hacen viable comprender que se pueda dar cobertura a este plan industrial y que se pueda aprobar el expediente de regulación de
empleo. El único sentido que tiene es que quieren ganar más dinero, que quieren cotizar mejor en Bolsa y que quieran transformar los territorios de la fábrica, no la de Tarragona porque están protegidos patrimonialmente, sino los de Sevilla, porque
pueden valer muchos miles de pesetas -hace unos cuantos años ya les daban 9.000 millones- en un auténtico negocio especulativo.
El Gobierno tiene una responsabilidad política y accionarial, pues tiene el dos por ciento de Altadis. Si se aprueba este plan industrial y el subsiguiente plan de reestructuración en forma de expediente de regulación de empleo, se aprueba
una auténtica barbaridad y no sólo por las fábricas que se cerrarían - Sevilla y Tarragona-, sino porque una parte muy importante de las compras se van a llevar a Marruecos y a otros sitios -como ya he anunciado- distanciándose de cara a próximas
operaciones. El plan industrial que de nuevo se plantea no tiene sentido después de aquel que cerró ocho fábricas e hizo desaparecer casi dos mil empleos. Nosotros planteamos que esta Comisión -incluso el Partido Popular en Sevilla, Cádiz y
Tarragona ha dicho que no está de acuerdo- vote en contra del plan industrial y de la posible aceptación del expediente de regulación de empleo.
El señor PRESIDENTE: El siguiente registro es el que corresponde el Grupo Mixto.
Para la defensa de su proposición y para su pronunciamiento sobre las restantes, tiene la palabra el señor Núñez.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: He escuchado al portavoz que me ha precedido referirse a la situación de buena salud de Altadis y, sin embargo, el intento de la misma por estar más sana. Recuerdo esa anécdota moderna sobre la obsesión por estar
sanísimo y por estar interviniéndose continuamente para estar más sano, y que habla de ese epitafio en la losa del cementerio que decía: Este señor estaba bueno y quiso ponerse mejor.
Estamos ante el choque de una estrategia puramente economicista de una multinacional con una realidad social y laboral sangrante en España y en los centros que hemos descrito porque acabamos casi de terminar -está aún fresquito- el pasado
año el anterior expediente de regulación con su plan industrial. Después de que una empresa que tiene beneficios -esto es muy importante- y que no está en pérdidas tiene una reconversión salarialmente costosa, con un número importante de
prejubilaciones y de despidos, y después de haber elaborado unos informes que supongo que en su momento decían que eso era necesario para la optimización de la empresa, en un plazo de seis meses y sin haber pasado nada en el mercado internacional y
nacional del tabaco, de pronto se pone encima de la mesa una decisión que, aunque administrativamente no existe porque no se ha presentado la regulación en el ministerio, nos hace ser conscientes de lo que pasa.
¿Cuál es el problema político? ¿Qué estamos debatiendo, señorías? El problema político es un temor, el temor -entre comillas- de neutralidad o pasividad del Gobierno diciendo que está ante un acto reglado y que está esperando una serie de
papeles, informes y pólizas para decir que sí a un expediente. Efectivamente, el expediente de regulación de empleo es un acto reglado, pero dentro de esas reglas son necesarias unas justificaciones y unos informes en los que ya sabemos que no
estamos de acuerdo. Esta Cámara puede instar al Gobierno a que no es necesario ni posible ahora mismo autorizar este plan de expediente de regulación de empleo. Incluso -y así lo llevo en la propuesta que presento a esta Comisión-, si hubiera en
el futuro planes, que se negocien antes con el sector social y se vea cuáles son las soluciones para la gente que se relocaliza. En esta Comisión, después de haber aprobado el Pacto de Toledo, todos hemos analizado lo conveniente que es prolongar
la jubilación de los ciudadanos y ciudadanas españoles y, sin embargo, detrás de esta reconversión hay otra vez muchas prejubilaciones. Antes he mencionado las cuentas de Sevilla y en el caso de Cádiz, por citar otras, el expediente afecta al 35
por ciento de la plantilla, a 186 personas, de las cuales 100 se van a prejubilar con más de 53 años en una provincia como Cádiz que posee el triste récord de tener el índice de paro mayor y que ha sufrido reconversiones industriales importantes con
una población prejubilada también muy importante.
Señorías, dada la situación de la empresa, el momento en que se produce el expediente, los informes de la empresa, la posición de los sindicatos y de los trabajadores y el conocimiento que tenemos, me parece más que razonable que hubiera un
acuerdo unánime en esta Comisión de rechazo a este plan de reconversión y de las prevenciones que hay que poner ante el futuro. El único contrapeso a ésta, no sé si necesaria pero sí inevitable globalización que se está produciendo en el mundo,
está en los poderes políticos territoriales fuertes que sean los únicos que defiendan los intereses de las personas, los intereses sociales y no se limiten exclusivamente a un incremento frío de unas cifras de productividad o de beneficios. No
tiene ningún sentido que un plus de beneficios -los números de los que habla la empresa son de 70 millones de euros de beneficio hasta el 2006- suponga que haya miles de personas afectadas.
Por supuesto, yo voy a apoyar el resto de las proposiciones que tienen los grupos porque van todas en la misma dirección. Creo que en el caso de Andalucía el Gobierno andaluz ya ha anunciado que quiere personarse en el expediente y
políticamente está en contra; también es cierto que los representantes del Partido Popular de Sevilla y Cádiz han dicho que no está de acuerdo. Esperamos que el Gobierno tome nota, -si se produce esta aprobación- de que el Parlamento le insta a no
pasar por este aro y a no aprobar este plan.
El señor PRESIDENTE: Las siguientes dos iniciativas son del Grupo Socialista. Han solicitado intervenir el señor De La Encina y, después, la señora López i Chamosa.
En primer lugar, tiene la palabra el señor De La Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Como ya se ha dicho, el Partido Socialista rechaza las pretensiones del grupo tabaquero Altadis respecto al cierre o al reajuste de las distintas factorías. No lo hacemos nosotros sino, fundamentalmente, los
trabajadores que rechazan el expediente de regulación de empleo, cuando se presente, porque el plan es injustificado. En primer lugar, la empresa no tiene déficit económico sino que, muy al contrario, obtiene ingentes beneficios empresariales. En
segundo lugar, la empresa no tiene ningún problema en los centros de producción de las fábricas que se pretenden cerrar. Ninguna de ellas tiene pérdidas, sino al contrario. En tercer lugar, no es razonable que a los pocos meses de haberse
terminado el anterior expediente de regulación de empleo, en el que se prejubilaron a más de dos mil personas y que conllevó el cierre de seis factorías en España, se plantee la empresa un nuevo plan industrial. En último lugar, hay que mantener el
tejido industrial en las comunidades autónomas afectadas, es decir, en Andalucía, en Cataluña y en Extremadura; especialmente en los centros de Sevilla y de Cádiz donde, desgraciadamente, se soportan unas altas tasas de desempleo. Creemos que esta
empresa debería desarrollar nuevos estudios de industrialización de esos lugares, realizar inversiones necesarias para revitalizar las zonas afectadas y, en su defecto, paralizar las pretensiones del expediente de regulación de empleo.
El Partido Socialista cree que la justificación que está esgrimiendo algún responsable del Partido Popular -seguramente la planteará en su intervención- en el sentido de que el expediente de regulación de empleo no ha sido formalmente
presentado y que, por tanto, no cabe pronunciarse sobre el mismo, es un burladero, una salida. Quieren esconderse como los toreros detrás de la barrera para no pronunciarse. Eso sí, doña Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz y presidenta de la
regional del Partido Popular, en los medios de comunicación dice que rechaza el expediente de regulación de empleo. Pues que sus diputados aquí hoy y las Cortes Generales respalden esa posición y no busquen el burladero de que el expediente de
regulación de empleo no está formalmente presentado en la Dirección General del Ministerio de Trabajo para políticamente pronunciarse sobre el mismo pidiendo al Gobierno que lo rechace. Si no lo hacen así, estará muy claro lo que muchos pensamos y,
especialmente, los trabajadores -y lo han dicho ya-. Están intentando apaciguar esas manifestaciones permanentes que se están produciendo, y que van a ir a más, hasta después de las elecciones generales y autonómicas que será cuando digan que es un
acto reglado y que no hay ningún impedimento para decir sí al expediente de regulación de empleo.
Queremos que hoy haya una posición política de rechazo claro en las Cortes y que todos digamos que no vamos a admitir que una empresa que crea adicción al tabaco, puesto que lo produce, no tenga la misma adicción con sus trabajadores
apoyándoles en sus puestos de trabajo, sino que los pretende tirar a la basura, como el cigarrillo cuando se termina.
El Partido Socialista tiene claro que hoy hay que aprobar un compromiso político para decirle a Altadis que hasta aquí hemos llegado. Señorías, estamos hablando de una empresa que va a pasar en un lustro de tener 14 fábricas en España a
tener tan sólo cinco. Se ha reducido el número con el severo y fuerte plan industrial anterior, de 2.400 personas. Se cerrarían con este plan seis fábricas y con los reajustes y cierres se pondrían en ocho plantas productivas. En el verano del
2005, si los planes de la empresa van adelante, lo que era un grupo español productivo se convertirá en una multinacional hispano-francesa con solamente tres plantas de producción en España y dos centros de labores de procesamiento. En el ámbito
laboral, el ajuste conllevará más pérdidas de empleo en zonas donde no lo se lo pueden permitir.
Por último, como he hablado de toros, quisiera seguir en tono taurino. Me voy a adelantar diciendo -en
este caso saliendo de la barrera-, por lo que pueda expresar el representante del Partido Popular o, si no, por lo que ha dicho ya la dirigente regional del Partido Popular, Teófila Martínez, que no nos saquen la excusa barata, porque es una
burda manipulación, de que cómo se puede compaginar que la Junta de Andalucía -el presidente Chaves- encabece una lucha judicial contra las tabaqueras con el rechazo del expediente de regulación de empleo. Nos parece que es una manipulación absurda
la relación que se está intentando hacer en el Partido Popular con la demanda interpuesta por la Junta de Andalucía contra las tabaqueras y el cierre de la fábrica de Sevilla y el reajuste de Cádiz relacionando ambos conceptos. El motivo del
reajuste de Altadis está muy claro: pretende buscar nuevos centros de trabajo por el mundo allí donde el coste laboral sea mucho más barato. No pretende otra cosa, y por tanto no hay ninguna relación, ni la puede haber, entre la demanda que ha
interpuesto la Junta de Andalucía contra las tabaqueras y lo que pretende el Partido Popular. Por cierto, el objetivo de la Junta es razonable: que las tabaqueras cubran una parte del coste sanitario de las enfermedades que produce el tabaco. Y
esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que aquí se está debatiendo. Lo digo porque éste ha sido el argumento recurrente del Partido Popular en Andalucía para intoxicar -nunca mejor dicho hablando de tabaco- a los ciudadanos y confundirles
respecto al fondo del problema, que es que esta empresa tiene una capacidad ingente de obtener beneficios y no quiere tener ningún compromiso con sus trabajadores. Desde el Partido Socialista rechazamos esa posición y creemos que éste es el momento
y el lugar de instar al Gobierno a que no autorice el expediente de regulación de empleo anunciado por Altadis. Le damos una salida al Gobierno: ya que este expediente pudiera afectar a distintas comunidades autónomas, le decimos al Gobierno de la
nación que si a través de la Dirección General del Trabajo no quiere resolver el expediente, arrogue a las comunidades autónomas donde están ubicadas las factorías -en el caso de Sevilla y Cádiz, en Andalucía y en el caso de Tarragona, en Cataluña-
para que sean ellas las que resuelvan el expediente de regulación de empleo. Los socialistas estamos convencidos de que hoy por hoy la Junta de Andalucía lo rechazará, y como nos queda muy poco tiempo para gobernar en Cataluña, los socialistas
también rechazaríamos allí ese plan de regulación de empleo.
El señor PRESIDENTE: Señora López i Chamosa, le ruego brevedad porque, aunque son dos proposiciones, es la misma.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, intentaré ser breve, pero le recuerdo que son dos proposiciones.
El señor PRESIDENTE: Pero las hemos agrupado, y no pueden convertirse en dos intervenciones sobre lo mismo.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Señor presidente, no vamos a discutir porque perderíamos más tiempo.
El señor PRESIDENTE: Adelante.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Como en las anteriores intervenciones ya se ha hablado de las argumentaciones que plantea la empresa, incluso se han dado cantidades, sobre todo en lo referente a los beneficios que esta empresa tiene, y se ha
dicho también que es inadmisible el expediente, yo voy a plantear mi intervención desde otra vertiente.
Voy a hacer especial mención a la factoría de Tarragona, factoría que conozco personalmente y que afecta a 200 trabajadores de los cuales más del 60 por ciento son mujeres y además en edades comprendidas en torno a los 40 ó 45 años. La
empresa plantea aquí el traslado a la factoría de Logroño, que es lo mismo que plantear el cierre porque es inviable plantear el traslado a una mujer de 40 ó 45 años, con familia, hijos, marido, casa y demás y que no puede desmontar su casa, su
familia y llevársela a Logroño. Por lo tanto, está planteando directamente el cierre. Además, esa factoría, al igual que el resto de la empresa, tiene beneficios. Por consiguiente, no existe justificación económica, técnica ni tecnológica, porque
no se está hablando de un cambio tecnológico en la empresa. Por tanto, desde el punto de vista jurídico, legal y del Estatuto de los Trabajadores, no hay ninguna justificación para plantear el cierre.
Creo que ya es hora de que los organismos oficiales, los que nos dedicamos a gobernar este país, no planteemos cosas distintas en distintos sitios.
¿Por qué digo esto? Recientemente hemos aprobado todos el Pacto de Toledo. Es un acuerdo
parlamentario que ha sido valorado por todos los grupos parlamentarios como un objetivo y un pacto fundamental para mantener nuestro sistema público de pensiones, incluso el Gobierno ha intentado en algunas declaraciones apropiarse del acuerdo hecho
por todos. Pues bien, señorías, en su recomendación número once el Pacto de Toledo hace expresa mención a algo que en estos momentos está en la boca de todo el mundo, y que es la gran sangría que supone para este país la jubilación a los 50 años,
coste que esta sociedad no se puede permitir porque es elevado y el país no lo puede pagar. En estas recomendaciones hablamos de dos objetivos. En primer lugar se pide desde distintas instancias del Gobierno y también desde el grupo de la
oposición, porque creemos que es razonable, la posibilidad de que se prolongue la vida laboral más allá de los 65 años. En segundo lugar, el Pacto de Toledo dice expresamente que se impida cualquier tipo de discriminación por razón de edad que
tenga como consecuencia la expulsión prematura del mercado de trabajo de trabajadores con plenas facultades físicas y psíquicas.
Señorías, en el plan de Altadis se habla expresamente de bajas incentivadas para los mayores de 53 años y de la recolocación de los menores de 53 años. Lo que pretende la empresa es la renovación encubierta de plantilla, la eliminación de
toda persona de más de 53 años -os miro a vosotros porque representáis al Partido Popular y seréis, al tener la mayoría en este Parlamento, los que decidiréis si esto sigue adelante o no, y porque mis compañeros ya saben lo que estoy diciendo- y lo
que está haciendo la inmensa mayoría de las empresas, que es proceder luego a la contratación en los centros que reagrupe -bien sea el de Logroño o el de Cantabria- de gente joven con los salarios y la precariedad que todos conocemos. Por lo tanto,
éste es un motivo fundamental para rechazar cualquier pretensión de la empresa de hacer un expediente en estas condiciones. Pero no estamos hablando sólo de los 4.900 empleos que tiene directamente la empresa Altadis. Estamos hablando también de
una comunidad como la extremeña, donde están fundamentalmente -también en Andalucía- los productores de tabaco y en la cual se emplea directa o indirectamente a más de veinte mil familias. Estamos hablando de una comunidad -como bien decía mi
compañero anteriormente- en donde la recolocación de esta gente va a ser difícil y condenamos a gente al paro y sin solución de continuidad. En definitiva, hablamos no sólo de los 4.900 empleos directos que hay en la empresa, sino de veinte mil
familias. Decía el ministro de Trabajo, en una contestación a esta diputada, que él no tiene medidas para poder rechazar o no el expediente.
Señorías, creo que no haría falta recordar a nadie que el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores da
competencia a la autoridad laboral para decidir si un expediente es aceptado o no. Creo que el Gobierno no debería hacer justificaciones que van contra las normas que le dan esas competencias.
Nosotros planteamos aquí dos cosas claras que todos los grupos, con unas palabras u otras o con unas justificaciones u otras, compartimos. En primer lugar, que si llega el expediente a la autoridad laboral, sea rechazado si no va acompañado
del acuerdo de los comités de empresa. Creo que el comité de empresa ha demostrado a lo largo de los últimos años haber negociado y no creo que voluntariamente sino por las circunstancias de la empresa y pensando en el futuro de la misma, un plan
que supuso reducción de plantilla de más de 1.820 personas. Pues bien, señorías, creo que es razonable volver a remitir cualquier expediente que plantee la empresa para que sean los representantes de los trabajadores los que negocien conjuntamente
con la dirección el futuro de la misma, aunque la empresa no cumpla luego sus compromisos, como ha sucedido con el plan anterior. En segundo lugar, planteamos otra posibilidad en nuestra resolución, y es que, en su caso, se considerase en el ámbito
estatal que, en vez de un expediente, la empresa planteara los expedientes de forma individualizada por cada factoría. Es decir, que se trasladase la competencia en el caso de Tarragona a la Generalitat de Cataluña, y así, como el Partido
Socialista gobernará en Cataluña a partir del 17 de este mismo mes -como bien decía mi compañero-, tendríamos el compromiso de que este plan sería rechazado porque no tiene ninguna justificación.
Voy a terminar como he empezado. Si realmente queremos la plena incorporación de la mujer al mercado laboral y que la compatibilidad de la vida familiar y laboral se produzca como todos decimos y según las leyes que aquí aprobamos, este
expediente no debería tener ni siquiera la posibilidad de ser presentado. Pero como la ley da esa posibilidad, nadie que esté en la Administración, sea del color que sea, debería poner en duda que este plan no puede ser admitido y que tiene que ser
rechazado porque no reúne ninguno de los requisitos que establece en sus artículos 51 y 52 del Estatuto, ni causa económica, ni tecnológica, ni organizativa para que se proceda a la aprobación de este expediente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Expósito.
La señora EXPÓSITO MOLINA: Señorías, en primer lugar déjenme agradecer a los diferentes grupos que hayan permitido la introducción de esta proposición no de ley, que, como ustedes saben, no estaba en el orden del día porque nosotros
habíamos pedido que se debatiera en Pleno y no en Comisión, y al final, como el resto de proposiciones venía a Comisión, hemos creído oportuno debatirlas conjuntamente. Por tanto, mi agradecimiento a todos los grupos. No obstante, tengo que
recordarles que nuestra proposición había entrado con fecha 2 de septiembre y, por tanto, de haber sido presentada para debatirla en Comisión, hubiésemos sido los primeros en intervenir.
Lo que voy a comentar en este momento será una repetición, ya que todos estamos en una misma línea contra el cierre de las fábricas, pero es indiscutible que el nuevo plan industrial que se va a presentar no es lo que en su momento se acordó
con la empresa y con los trabajadores.
Sabemos que este plan no ha sido todavía presentado al Gobierno, pero queremos dejar clara nuestra posición para que cuando llegue al ministerio no se acepte dicho plan industrial. Es incomprensible que,
después de varios meses desde la regulación del expediente de regulación llevado a cabo por Altadis, haya una nueva presentación que deja en clara indefensión a sus trabajadores, a no ser que desde el inicio Altadis ya estuviese pensando en que esta
reestructuración se llevase a cabo. No digo esto de una manera altruista, sino por lo que se deriva de la lectura de diferentes documentos. Cuando hablamos de las fábricas
que en su momento se cerraron, también hablamos de la apertura de dos nuevos centros, que precisamente son los que en este momento deberían acoger -esperemos que no sea necesario- este nuevo plan industrial.
Estamos hablando de los centros
de Alicante y de Cantabria, que fueron nuevos, y sospechamos que cuando se abrieron ya se estaba pensando en la reestructuración. Por tanto, no estaríamos hablando de un nuevo plan sino de un seguimiento del plan industrial que se hizo al inicio.
Es inaceptable, como ya se ha dicho, que cuando la empresa tiene unas ganancias clarísimas se intente hacer un nuevo plan industrial que deja indefensos a los trabajadores. Déjenme que les diga que yo podría estar entre las 250 familias afectadas
porque soy antigua trabajadora de la fábrica de Tabacalera en Tarragona, aunque por circunstancias familiares tuve que dejarlo. Por tanto, no sólo conozco su funcionamiento sino también sus instalaciones y su forma de trabajar, así como a todos los
compañeros y compañeras con los que he trabajado durante unos años y que en este momento se encuentran en una situación difícil debido al nuevo plan industrial que parece que presentará la empresa Altadis.
Como conozco su problemática, me gustaría centrarme, no ya en los números, que se han citado muy bien, ni en la importancia de esta reestructuración o en el tema de la antigüedad de la fábrica de Sevilla o del año en que se inauguró la de
Tarragona, que fue 1932, sino en la gran problemática que todo esto conlleva. Cuando se hace el primer expediente de regulación de empleo ya nos encontramos con una serie de trabajadores que son derivados del sitio habitual en el que viven para ser
trasladados a otro centro, como fue el caso de las personas que vinieron a trabajar a la fábrica de Tarragona. En menos de seis años, estas personas tendrán que hacer un doble cambio de situación de vivienda, con los perjuicios que eso comporta en
el ámbito familiar. Quiero que ustedes tengan muy claro, en primer lugar, qué es lo que significa la desestructuración de una familia y, en segundo lugar, y ya que la mayoría de personas que trabajan en la fábrica de Tarragona son mujeres, qué es
lo que supondrá para estas personas tener que desplazarse a otro lugar de trabajo y cuál es la posición en la que quedan los hijos, ya que en menos de seis años van a tener que cambiar de colegio, de amistades y de todo su entorno.
Entendemos que
en un momento determinado estos hijos pueden determinar no seguir a los padres, con lo cual la desestructuración de la familia es completa, y por eso quiero poner énfasis en este tema tan importante.
Para el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió el anuncio del cierre de la planta del grupo Altadis en Sevilla y Cádiz, con la consiguiente pérdida de puestos de trabajo, es una coyuntura del crecimiento de los beneficios de la
empresa y no se corresponde con el comportamiento que cabría esperar de una empresa que hasta hace pocos años era de titularidad pública y gestionaba el monopolio del tabaco.
Por ello, la intención de la empresa Altadis de cerrar estos centros no
resulta aceptable ni justificable ni económica ni socialmente, puesto que cabe recordar que el anuncio para proceder a esta nueva reestructuración se ha llevado a cabo por parte de la empresa sin haber negociado previamente con los representantes de
los trabajadores. Estamos repitiendo constantemente lo mismo. Lo más importante es que hay una serie de familias que en este momento están angustiadas por lo que se les viene encima y creemos que el Gobierno no puede llevar a trámite este nuevo
plan de estructuración. Repetiré hasta la saciedad que tengan muy en cuenta esta desestructuración. Sobre todo en la fábrica de Tarragona la gran mayoría de los trabajadores son mujeres, y ya que el Gobierno siempre habla de la conciliación entre
la vida laboral y la familia, que es el eje vetebrador de nuestra sociedad, debe tenerlo en cuenta a la hora de no aceptar este nuevo plan de estructuración de la empresa Altadis.
Convergència i Unió pone de manifiesto, como el resto de los grupos, porque todas nuestras iniciativas van por el mismo camino y las votaremos favorablemente, su oposición al cierre de las factorías de Altadis en Tarragona, Sevilla y Cádiz,
y pide que se realicen todas las acciones necesarias para que Altadis se replantee estos cierres, promoviendo el diálogo con los trabajadores y, en su caso, buscando las soluciones que impidan o minimicen las consecuencias, que no se autorice el
expediente de regulación de empleo anunciado por el grupo Altadis sin la existencia previa de un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y la empresa y que, en el caso de ser necesaria una decisión acerca de la resolución del expediente
de regulación de empleo que afecta a la factoría de Altadis en Tarragona, atribuya las competencias para la resolución del mismo a la autoridad laboral de la Comunidad Autónoma de Cataluña o, alternativamente, ratifique la propuesta que eleve la
Consejería de Trabajo de la Generalitat al Ministerio de Trabajo.
Por último, déjenme que le diga al Partido Socialista que, aunque estén muy seguros de que ganarán las elecciones en Cataluña, llevan veintitrés años perdiéndolas. (Un señor diputado: Ahora sí.) Por tanto, creo que ya se deberían haber
acostumbrado y ser un poco más humildes, trabajar más e intentar que su portavoz, el señor Maragall, sea consecuente con lo que dice y que tenga un poco de coherencia ya que lo que se rumorea en Cataluña es que el señor Maragall perderá solo las
elecciones si le dejan ustedes seguir hablando. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Para concluir este debate, sin duda enriquecido por las justas electorales en curso, tiene la palabra la señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Mis primeras palabras son para dirigir un saludo cordial a los representantes del comité de empresa de Altadis, concretamente a los representantes de Comisiones Obreras y de UGT, que me consta que han sido
invitados por el Grupo Parlamentario Socialista y con los que tuve la oportunidad de reunirme no hace muchos días, así como con los representantes del otro sindicato que forma parte del comité de empresa. En la ocasión en que nos reunimos con
ellos, el portavoz de esta Comisión, que ha confiado en mí para defender la posición de nuestro grupo parlamentario ya que no ha podido asistir por temas de salud, y yo misma tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano las circunstancias por
las que están pasando los representantes de los trabajadores del comité intercentros de Altadis, y esto es importante, como también lo es que los representantes del comité intercentros nos hayan brindado esa oportunidad.
Tras este primer saludo, me voy a referir a las intervenciones de alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En primer lugar quisiera dejar claro de una manera inequívoca y rotunda que el Grupo Parlamentario
Popular, al cual represento, y el Gobierno del Partido Popular, al que sustenta mi grupo parlamentario, no están a favor en absoluto del cierre de ninguna empresa. Creo que ha quedado constancia de ello en distintos puntos del territorio español a
través del voto afirmativo de mociones que se han presentado en distintos ayuntamientos, así como el posicionamiento de nuestro partido en distintos parlamentos autonómicos. Quisiera que esto quedara bien claro. Como digo, el Partido Popular no
está a favor del cierre de ninguna empresa ni tampoco está a favor de que se destruya ningún puesto de trabajo. Ha habido pruebas evidentes de ello en los años que lleva gobernando el Partido Popular.
Por poner un ejemplo reciente, se han creado
460.000 nuevos empleos en el último año en nuestro país, es decir, se vienen creando 1.260 empleos diarios, lo que supone más de 52 empleos nuevos a la hora. En cuanto a las referencias que hacía la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista,
señora López i Chamosa, en relación con la planta de Tarragona y a las argumentaciones que ha esgrimido en torno al tema del empleo femenino, me gustaría decirle que de esos 460.000 nuevos puestos de trabajo, el 70 por ciento corresponde a empleo
femenino. Es decir, la sensibilidad del Partido Popular y del Gobierno respecto al incremento de nuevos puestos de trabajo para las mujeres está sobradamente demostrada. Por lo tanto, nosotros somos conscientes de que existe una buena evolución
del empleo y de la tasa activa de empleo femenino en nuestro país, y los datos lo refrendan. Lógicamente, seguiremos trabajando, porque el objetivo del Gobierno del Partido Popular siempre ha sido conseguir reducir progresivamente el desempleo.
Estamos en ello y estamos consiguiendo buenos resultados, aunque no suficientes porque nunca lo son.
Por otra parte, el señor De La Encina, portavoz del Grupo Socialista, ha hecho - si se me permite utilizar terminología del mus- un envite a mi grupo parlamentario en el sentido de que quería que nos posicionáramos mostrando unidad de
criterio con lo que en otros lugares de la geografía española se ha hecho respecto a Altadis. Quisiera decirle que resulta irrisorio que sea el Partido Socialista el que nos pida unidad de criterio no sólo en este tema sino también en cualquier
otro. Él ha dicho que no tiene nada que ver la denuncia que la Junta de Andalucía ha planteado respecto a las empresas tabaqueras porque argumentan que produce perjuicios a la salud, pero mi grupo discrepa de esa cuestión.
Voy a entrar en el fondo del asunto lo más brevemente posible y desde el primer momento quiero dejar claro que hasta el momento no ha entrado en la Dirección General de Empleo ninguna solicitud de expediente de regulación de empleo. Todos
sabemos, porque así nos lo han transmitido los representantes del comité intercentros, que existe un documento que no tiene carácter oficial y que la empresa ha presentado al comité, pero el Ministerio de Trabajo no tiene conocimiento oficial de la
existencia de ningún expediente de regulación de empleo. Por tanto, no podemos decir que el procedimiento haya empezado. También quisiera dejar claro, porque esto compete a las distintas proposiciones no de ley presentadas por distintos grupos,
tanto a la del Grupo Mixto como a la del Grupo Parlamentario Socialista como a las del resto, que la competencia para la tramitación de un expediente de regulación de empleo cuya resolución corresponde a la Administración general del Estado sólo
está prevista en las normas sobre traspasos de competencias de funciones y servicios a las comunidades autónomas cuando el 85 por ciento, como mínimo, de la plantilla de la empresa radique en el ámbito territorial de la comunidad autónoma,
circunstancia que no se produce en este caso, con lo cual no tiene sentido legal desde la normativa vigente que se pretenda que los gobiernos autonómicos se hagan cargo de este asunto.
Sin perjuicio de lo anteriormente dicho, como bien ha señalado también la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, las únicas exigencias que la autoridad laboral puede hacer a una empresa que presenta un expediente de regulación de
empleo son las que establece el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero. Es decir, nos tenemos que atener a la ley y además a la legalidad vigente en tiempos de otros gobiernos. El expediente no está
en manos del Ministerio de Trabajo y nosotros no debemos entrar a prejuzgar lo que el Gobierno vaya o no vaya a hacer. Entendemos que la situación es dolorosa, como todas las situaciones de expedientes de regulación de empleo, no sólo para el caso
de Altadis sino también para otros, y que pretender imponer a una
empresa concreta condiciones distintas o restrictivas de las que señala la ley, como pretenden las proposiciones no de ley presentadas, implicaría discriminar también a Altadis respecto al tratamiento que se ha dado a otras empresas, y ello
supondría ir contra la legalidad y la seguridad jurídica. Se quiere determinar también la necesidad de un acuerdo obligatorio de las partes para la autorización del expediente sin haber comenzado el procedimiento, lo que supone vulnerar
directamente la ley, que no exige tal condición en modo alguno. Además, el plan de acompañamiento de las medidas sociales que fija la ley determina un período de consultas y negociaciones, sin que la Administración tenga competencia para imponer
ningún resultado.
En definitiva, quisiera dejar bien claro cuatro cuestiones: en primer lugar, que el Gobierno del Partido Popular y el Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al Gobierno, no están, ni por la destrucción de un solo puesto de trabajo ni por
el cierre de ninguna fábrica; en segundo lugar, que nosotros, más que nadie, si se me permite, debemos ser los que defendamos por encima de todo los procedimientos legalmente establecidos, y como en estos momentos el Ministerio de Trabajo no tiene
conocimiento oficial, nosotros no debemos entrar a prejuzgar ni debemos entorpecer el procedimiento establecido por la ley; en tercer lugar, que nosotros, como no podía ser de otra manera, en cada una de las comunidades que se van a ver afectadas o
no, en función de si se llega o no a un acuerdo por parte de los trabajadores y de la empresa, estamos apoyando a los trabajadores en la mayoría de nuestras posibilidades; y, en cuarto lugar, que nosotros no podemos de ninguna manera interceder en
el diálogo social y en el normal desarrollo de este proceso de negociación entre trabajadores y empresa y mucho menos anteponernos a lo que pueda ser el inicio del procedimiento y del expediente oficial.
Por lo anteriormente expuesto, el voto del Grupo Parlamentario Popular, al cual represento, va a ser negativo respecto de las cinco proposiciones no de ley presentadas en el día de hoy.
- PARA IMPULSAR CONVENIOS CON LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO Y EMPRESAS, AL OBJETO DE POTENCIAR LAS PRÁCTICAS E INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/002242.)
El señor PRESIDENTE: Concluido el debate de estas proposiciones no de ley, vamos a continuar con el orden del día.
El siguiente punto es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso para impulsar convenios con las distintas comunidades autónomas, instituciones sin ánimo de lucro y empresas, al objeto de potenciar las prácticas
e integración laboral de los jóvenes.
La señora CORRES VAQUERO: Perdón, señor presidente. Si se me permite, intervendré yo en lugar de mi compañero don Carlos Núñez.
El señor PRESIDENTE: Sí, cómo no.
Para la intervención correspondiente al grupo autor de la iniciativa, que es el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: No me gusta empezar de esta manera la intervención, pero creo de justicia hacer al menos una referencia a que a veces la flexibilidad y la cortesía de los grupos parlamentarios no se demuestran en esta Cámara. Hoy
hemos asistido tristemente a un episodio que yo creo que sería bueno que no se volviera a repetir y que ha protagonizado el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Si bien es cierto que mi grupo no había consultado previamente
la posibilidad de modificar el orden del día de hoy en el sentido de que mi compañero Carlos Núñez, diputado por Sevilla, pudiese hacer uso de la palabra en orden distinto al que aparecía en el orden del día, el diputado señor Alcaraz, argumentando
que tenía una intervención a las diez y media en la Comisión de Radiotelevisión Española, se ha negado a esta cuestión. Y como las palabras se las lleva el viento y hay cosas que son indemostrables, esta portavoz que está en el uso de la palabra ha
tenido a bien consultar con la Comisión de Radiotelevisión Española para ver si esto era cierto o no y me gustaría que constara en el acta de la sesión de hoy que, efectivamente, el Grupo Federal de Izquierda Unida había solicitado en Mesa y
portavoces el aplazamiento de su pregunta hasta el momento en que pudiera entrar un representante de Izquierda Unida a defender su pregunta en la Comisión de Radiotelevisión Española, y ningún grupo ha puesto pegas. Simplemente, quisiera que
quedase constancia en el acta de la sesión cómo se demuestran la flexibilidad y la cortesía parlamentaria los grupos parlamentarios.
Dicho esto, voy a defender la proposición presentada por el diputado don Carlos Núñez, de Sevilla. Tal y como ha quedado explicado en la exposición de motivos de esta proposición no de ley, una de las dificultades más importantes con las
que se encuentran hoy en día los jóvenes que abandonan la universidad tras haber cursado sus estudios y que quieren incorporarse al mercado de trabajo es la falta de experiencia laboral, requisito indispensable que imponen la mayoría de las empresas
a la hora de hacer nuevas incorporaciones.
Este hecho suele desanimar a algunos jóvenes y dejarles fuera -entre comillas- del mercado laboral, sin que aparentemente puedan remediarlo.
Según un estudio elaborado por la Universidad de León, el tiempo medio que los graduados de las
universidades españolas tardan en encontrar un primer empleo es aproximadamente de once meses y medio. Actualmente existen convenios entre algunas universidades y empresas privadas para potenciar las prácticas durante los últimos años de carrera.
Por otro lado, hay que significar que en la actualidad se encuentra en vigor un acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la red de fundaciones Universidad-Empresa a través del cual se están impulsando las prácticas laborales en
empresas a los titulados universitarios. En este sentido, cabe recordar que la red española de fundaciones Universidad-Empresa la componen actualmente veintiséis entidades que desde hace tres décadas trabajan para favorecer precisamente la relación
entre la universidad y la empresa, con presencia en dieciséis comunidades autónomas y vinculada institucionalmente a través de sus miembros con 39 universidades, así como con 868 organizaciones, entre las que se encuentran asociaciones
empresariales, entidades financieras, cámaras de comercio, etcétera. En este campo destaca la gestión de más de veinte mil prácticas nacionales, cuarenta mil alumnos formados y mil quinientas becas internacionales en 2002 en las que colaboran
alrededor de cuarenta mil empresas. Del mismo modo cabe señalar que mediante convenios entre el Instituto de la Juventud, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias se viene apoyando con recursos económicos la
integración laboral de los jóvenes. Igualmente, los centros de orientación e información de empleo, conocidos como COIE, que algunas universidades tienen creados en su seno y de forma dependiente, cumplen con los objetivos básicos de informar,
orientar y favorecer la inserción laboral de los universitarios y potencian las relaciones universidad-empresa. Por todo esto, el Grupo Parlamentario Popular cree conveniente y necesario que se promueva el empleo tanto por las Administraciones
públicas como por las empresas privadas, siendo en este último caso las pequeñas y medianas empresas las que mayor número de puestos de trabajo generan y deben seguir generando.
Señorías, todos coincidimos y estamos de acuerdo en que un trabajo estable es el medio real y eficaz que proporciona a los jóvenes la posibilidad de asumir en verdadera libertad su emancipación y afrontar el futuro con ilusión y optimismo.
Por esta razón, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso presenta la proposición no de ley siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a proponer a las comunidades autónomas el impulso de convenios con instituciones sin fines de
lucro y empresas al objeto de potenciar las prácticas e integración laboral de los jóvenes.
(El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Alcaraz, le doy un minuto y medio porque supongo que pide la palabra para exponer sus circunstancias.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, no conocía las prácticas policiales del Grupo Popular. Yo no he preguntado cuál era la labor de los dos diputados que no han querido alternar su pregunta y no sé si su trabajo era dentro de la
Cámara o fuera. Ni lo he preguntado ni lo voy a preguntar. No tengo vocación policíaca. Pero ya que ha investigado, le tengo que decir que también tengo que ir a votar a Infraestructuras el metro de Sevilla, tengo la pregunta de Radiotelevisión y
después la comparecencia del señor director general. Quien ha roto la cortesía parlamentaria es el diputado que habló con otro grupo ayer, según me ha dicho, para sustituir su proposición no de ley, pero no ha hablado conmigo hasta esta mañana, sin
que yo pudiera realizar las previsiones correspondientes. Ése es el problema. Y hasta ahora, cada vez que nosotros o el Grupo Popular ha querido cambiar algo, lo hemos planteado con tiempo, bien a don Jorge Fernández Díaz o a quien fuera, y
estableciendo la situación. Yo todavía no le he preguntado si me pedía cambiar mi trabajo parlamentario por otro que no fuera parlamentario.
Usted ha ido a investigar policialmente si yo tenía o no preguntas.
Pregunte también si tengo una
proposición no de ley sobre el metro de Sevilla. Tengo esas tres cosas más la comparecencia de Radiotelevisión Española a la vez, y he tenido que dejar los documentos porque aquí hemos empezado veinte minutos tarde.
Por tanto, señora diputada, le ruego que no vaya por esa dirección porque han fallado ustedes. Yo estuve ayer todo el día, desde las cuatro hasta las nueve, en el Pleno, y es en ese momento cuando los grupos, fundamentalmente los grupos
pequeños como el de Izquierda Unida, conciertan la hora de establecer su programa de trabajo. Los miércoles, no sé si usted lo sabe, son muy complicados en esta casa por la asistencia a comisiones, sobre todo para los grupos pequeños, lo que
ustedes no han tenido en cuenta esta vez. Conmigo no se ha hablado, señora diputada, hasta las diez de la mañana. (La señora Corres Vaquero pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Quisiera hacer sólo una precisión, que no es de debate ni conceptual, sino puramente práctica y temporal. Si no recuerdo mal, la sesión ha comenzado exactamente a las diez y ocho minutos.
Señora Corres.
La señora CORRES VAQUERO: Me reitero en todas las palabras de las que he dejado constancia en el acta de la sesión y además quiero decirle al señor Alcaraz
que por mi parte no existe ninguna investigación de tipo policial, aunque también quiero dejar claro que no tengo nada en contra de las investigaciones policiales ni de la policía. Si usted lo tiene, es su problema. (Protestas: Una señora
diputada: Es una vergüenza.) En aras de que quede claro para esta Comisión, -creo que ha sido así porque además había testigos-, lo que ha argumentado el señor Alcaraz para impedir la modificación del orden del día ha sido que tenía una
intervención a las diez y media, y yo quiero que quede constancia de que eso no era cierto.
El señor ALCARAZ MASATS: Señor presidente, esta señora está mintiendo.
El señor PRESIDENTE: Su señoría ha hecho sus manifestaciones, la señora diputada ha hecho las suyas y, en definitiva, ni S.S. ni la señora Corres tienen ninguna autoridad notarial, como es patente.
Tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Voy a intervenir para la cuestión objeto del debate y también para criticar el estilo que estamos planteando en esta Comisión.
Quisiera recordar que en esta Comisión hemos funcionado unas veces con acuerdo y otras sin
él y no ha pasado nada. No entiendo el estilo que se está planteando ni a dónde se quiere llegar. Sugeriría al señor presidente, que siempre ha tenido un buen criterio en esta Comisión, que cortara estas insinuaciones que se están haciendo porque
no tienen fundamento alguno y no se pueden permitir.
Entrando en el objeto del debate, si nos referimos al grave problema del empleo juvenil entre los sectores más cualificados, entenderemos que los problemas y objetivos en este sector no son precisamente la creación de convenios que se citan
en la propuesta que nos presenta el Grupo Popular.
Nosotros plantearíamos al grupo proponente algunas gestiones que deberían analizarse en este campo de los contratos para universitarios: potenciar la contratación indefinida; utilizar
adecuadamente las modalidades de contratación en formación y prácticas como instrumento para la inserción profesional, garantizando los períodos legales previstos para la formación; controlar las subvenciones y bonificaciones a las empresas,
destinándolas prioritaria y fundamentalmente a la creación de empleo indefinido y al apoyo de la economía social; mayor control de las acciones que se llevan a cabo a través del voluntariado; garantizar que las prácticas en las empresas respondan
a los objetivos previstos, velando por la calidad de las mismas e impidiendo que estas supongan en la práctica la sustitución de puestos de trabajo; incremento e intensificación de los convenios del INEM con administraciones públicas, estableciendo
un porcentaje obligatorio de contratación de jóvenes; fomentar el uso de los contratos de relevo por jubilación con la finalidad de aumentar el número de contrataciones que se realizan para la juventud e intensificar las actuaciones de las
inspecciones de trabajo y de los subinspectores en las modalidades contractuales de duración determinadas así como los contratos a tiempo parcial; nueva oferta pública de empleo dirigida a incrementar el número de inspectores y subinspectores, de
tal modo que se garantice la realización de su labor, y, por último, un mayor apoyo y reconocimiento de la labor dinamizadora y generadora de las organizaciones juveniles en la creación de un empleo juvenil digno. (La señora vicepresidenta, López i
Chamosa, ocupa la presidencia.)
La mayor parte de las universidades españolas disponen de gabinetes de orientación, acuerdos con empresas, etcétera, que cumplen las funciones que ustedes señalan. La cuestión no estriba, por tanto, en desplazar a las comunidades autónomas
su responsabilidad, sino en ejercer la responsabilidad de gobierno con una adecuada política de empleo hacia los jóvenes. No deja de resultar sorprendente que después de haber definido recientemente en la Ley básica de empleo el carácter sin ánimo
de lucro para los servicios regionales de empleo, ustedes no reflexionen sobre la función que estas instituciones pueden jugar en cooperación con las universidades en este campo. Entenderán que la muestra de confianza que ustedes demuestran
respecto a los sistemas regionales de empleo nos inquieten.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Por parte de Convergència i Unió tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Voy a fijar la posición de mi grupo en el sentido de que una iniciativa de este tipo no puede por menos que recibir el apoyo de la Comisión y, en definitiva, instar a su funcionamiento. Entendemos que las condiciones
de acceso de los jóvenes al mundo del trabajo conforman uno de los aspectos importantes para la juventud en una etapa en que su vida está bien definida y con una entidad propia y diferenciada.
Nosotros queríamos hacer una enmienda a esta propuesta de que el Gobierno inste a las comunidades autónomas a hacer estas acciones en el sentido de que esto se realice dentro de un marco de actuación que al menos en Cataluña ya tenemos
definido. En Cataluña se ha elaborado y consensudado por todas las fuerzas políticas el 'Pacte per l'ocupaciò juvenil de Catalunya' que se refiere al período 2001-2003. El pacto fue voluntad del Gobierno de la Generalitat de Cataluña a partir del
impulso del departamento de Trabajo que regula los diferentes programas en el ámbito de las políticas activas de ocupación, así como de otro organismo propio de la Generalitat de Cataluña, como es la Secretaría General de Juventud, que coordinan
dentro del marco del plan nacional de la juventud las diferentes
políticas de gobierno dirigidas a los jóvenes y a las jóvenes conjuntamente con los agentes sociales, movilizando todos los recursos disponibles en beneficio de una estrategia integrada y coordinada que permita responder a las necesidades
laborales de la juventud, del mercado de trabajo y del entorno productivo. Por ello, en Cataluña se ha priorizado el desarrollo de acciones vinculadas a la realidad social de la juventud para poder satisfacer sus necesidades de formación y
conseguir su mejora profesional, la correspondencia entre el nivel de formación y el puesto de trabajo y facilitar también la integración laboral. También se ha hecho una consideración de aspectos más específicos, como es la incorporación de la
mujer en el mercado de trabajo, la plena igualdad de acceso y de sus condiciones con la posibilidad real de hacer compatibles los estudios y el trabajo y la aproximación de las aulas al mundo de trabajo, entre otras.
Por esta razón y por este espíritu, dentro del desarrollo de nuestro marco competencial y de las transferencias que tiene el Gobierno de Cataluña, la propuesta que podríamos hacer al Congreso de los Diputados es una redacción alternativa
que, respetando al máximo su propuesta, diría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a promover actuaciones coordinadas de los gobiernos autonómicos y sus organismos dependientes, con pleno respeto de sus competencias, con instituciones
sin fines de lucro y empresas al objeto de potenciar las prácticas de integración de los jóvenes. El resto quedaría como se propone. Entendemos que esto se correspondería con la legislación vigente y con el pleno respeto a las transferencias
autonómicas. En definitiva, la propuesta insta a esta promoción al Grupo Popular y esperamos que obtenga el consenso o, al menos, el entendimiento en esta Comisión.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Gracias, señor Grau, pero dado que la portavoz del Grupo Popular no está en la sala ni hay ningún otro representante, la presidencia le sugeriría que hable con los representantes del Grupo Popular
antes de la votación y luego aclararemos el tema.
Para defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Pérez.
La señora GARCÍA PÉREZ: Quiero comenzar diciendo que aquellos que hablan de cortesía parlamentaria deberían practicarla porque no me parece muy cortés que la persona que ha defendido esta iniciativa no esté presente para conocer la posición
de los distintos grupos parlamentarios. (Un señor diputado: Eso es cortesía parlamentaria.)
Entrando en el contenido de la proposición no de ley que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular respecto al impulso de las prácticas en empresas de los universitarios, quisiera decir que me ha sorprendido el atrevimiento y la osadía del
Grupo Parlamentario Popular al presentar esta iniciativa tan comprometida para el Gobierno. Permítanme que les diga que una iniciativa que insta al Gobierno a instar a una comunidad autónoma a que, a su vez, impulse, me parece excesivamente
comprometida y no entiendo cómo el Gobierno ha sido capaz de permitir al Grupo Parlamentario Popular que presente esta iniciativa en la Comisión.
Estamos hablando de la incorporación laboral de los jóvenes en el mercado laboral. Es una situación preocupante, y lo es no sólo y exclusivamente por lo que relata esta proposición no de ley. En la actualidad, el 60 por ciento de los
contratos tienen una duración aproximada de un mes y en el caso de los jóvenes la media de los contratos es cercana a los diez días.
Hoy mismo han salido los datos del paro registrado en el mes de octubre y nuevamente vemos que son casi 60.000
personas más las que se incorporan en nuestro país a las listas del paro. Esto refleja una situación bastante preocupante respecto al mercado laboral actual, respecto a la precaridad laboral y respecto a un colectivo que encuentra todavía mayores
dificultades para incorporarse a este mercado laboral como es el de los jóvenes. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular hacía referencia a la emancipación, algo que me sorprende por completo porque difícilmente vamos a hablar de emancipación
cuando -reitero estos datos- la duración media de los contratos es cercana a los diez días, hay dificultades para acceder a este mercado laboral y hay dificultades para acceder a una vivienda. Es decir, los problemas de los jóvenes son mucho más
graves de lo que esta proposición no de ley nos puede plantear en este momento.
Por supuesto que no soy yo quien se va a meter en el trabajo parlamentario de cada diputado o diputada de cada grupo parlamentario, pero creo que tenemos que ser un poco más serios a la hora de plantear nuestras propuestas. Entiendo que, en
cierta manera, haya que cubrir el expediente del trabajo que cada uno de nosotros realizamos, pero si tenemos que hacerlo, hagámoslo con seriedad y no con planteamientos tan alejados de compromisos como los de esta proposición. No sé si una
proposición de este tipo tiene cabida en el plan de acción global en materia de juventud que aprobó el Gobierno en el año 2000 y en el que decía que con todas las acciones que se iban a desarrollar en este plan se iba a favorecer la solución de los
problemas de los jóvenes. Además, no se qué resultado va a tener una iniciativa que propone al Gobierno que proponga a las comunidades autónomas que tomen iniciativas que ya en muchos casos están desarrollando. Por poner un ejemplo, la Junta de
Extremadura ha puesto en marcha un gabinete de iniciativa joven que depende, además, de presidencia, que está dotado presupuestariamente con una importante cantidad de dinero y entre cuyas sus actuaciones está la de impulsar convenios con las
entidades sin fines de lucro y empresas para el desarrollo de las prácticas, con lo cual, cuando aprobemos esta proposición y el Gobierno se interese por el tema y les
diga a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer, la respuesta de algunas, como puede ser el caso de Extremadura, será: Gracias por la recomendación, pero nosotros ya lo estamos haciendo.
No voy a emplear mucho más tiempo en definir la posición del Grupo Parlamentario Socialista; solamente voy a reiterar que consideramos que la actividad parlamentaria debe ser mucho más seria y que los debates que aquí se generen tienen que
venir con un compromiso claro de actuaciones y no con cuestiones de tan poco compromiso como entendemos que es la que plantea el Grupo Parlamentario Popular. Por esta causa, nuestro grupo se va a abstener en esta proposición.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Antes de pasar a las siguientes proposiciones, quisiera decir que dejamos pendiente la enmienda o no enmienda respecto a esta cuestión.
- PARA CONSIDERAR EFECTIVAMENTE COTIZADO EL PERÍODO DE TIEMPO DEDICADO A LA REALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN SOCIAL SUSTITUTORIA A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I
UNIÓ). (Número de expediente 161/002304.)
- PARA CONSIDERAR EFECTIVAMENTE COTIZADO EL PERÍODO DE TIEMPO DEDICADO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO A EFECTOS DEL CÓMPUTO DE LA PENSIÓN DE JUBILACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ).
(Número de expediente 161/002305.)
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Pasamos a las dos proposiciones que debatiremos conjuntamente, que corresponden a los puntos séptimo y octavo del orden del día, para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo
dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria a efectos del cómputo de la pensión de jubilación y la referida a la prestación del servicio miliar.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Efectivamente, vamos a defender estas dos proposiciones no de ley que, como anunciaba la señora presidenta leyendo el título de las mismas, pretenden considerar cotizados a efectos del cómputo de la pensión de
jubilación los períodos de tiempo dedicados, por un lado, al servicio militar obligatorio y, por otro, a la prestación social sustitutoria del mismo. Son dos iniciativas, señorías, que pretenden reparar una injusticia histórica, como es el hecho de
que esos períodos de servicio al conjunto de la comunidad y al interés general del Estado no cuenten a la hora del cálculo de la pensión de la jubilación, y acabar también con una situación absurda que termina muchas veces perjudicando a
pensionistas que se quedan a las puertas de poder acceder a una pensión contributiva por no haber cotizado durante los quince años mínimos que marca la legislación hoy vigente o que no pueden acceder a cobrar su pensión máxima, habiendo trabajado 33
ó 34 años, porque tampoco se les cuenta ese período de servicio al interés general.
Hoy existe una situación que la legislación vigente expresa claramente en el Real Decreto legislativo 670/1987, de 30 de abril, que aprueba el texto refundido de la Ley de clases pasivas, donde se establece de manera explícita lo siguiente:
Sin perjuicio de lo dicho en la letra b) del artículo 32.1 de esta ley, no se entenderá como servicios de Estado a los efectos indicados en el presente artículo el tiempo que permanezca el personal correspondiente en filas prestando el servicio
militar obligatorio. Tampoco se entenderá como servicio al Estado, a los efectos indicados, el tiempo de permanencia del personal correspondiente en el desempeño de la prestación social sustitutoria. No deja de ser irónico que el Estado entienda
que el cumplimiento del servicio militar obligatorio o la prestación social, una actividad vinculada al Estado y al terreno de lo público, no tenga la consideración de servicio al Estado a efectos del acceso a la pensión. Toda una concepción
generosa, entre comillas, por parte del Estado respecto a ese esfuerzo que de manera obligatoria los varones de la sociedad española han venido realizando durante muchos años hasta este siglo XXI. No deja de ser un absurdo, una injusticia y una
falta de equidad que aquellos ciudadanos que, por imperativo legal, se veían obligados a dedicar una parte considerable de su vida en esa etapa joven a un servicio público que afectaba al interés general se vean privados de esta posible mejora de su
pensión de jubilación o de acceso a la misma. Esta gente se veía obligada durante un período de tiempo a no trabajar porque debía realizar el servicio militar obligatorio, a abandonar su puesto de trabajo o a no incorporarse a un puesto de trabajo
cuando éste aparecía, que podía ser justo al terminar sus estudios.
Hay que recordar que durante etapas importantes de la historia económica de España cuando el desempleo juvenil era especialmente grave, la existencia del servicio militar obligatorio constituía una bolsa de oxígeno para las políticas de
desempleo, en la medida en que muchos jóvenes optaban por ese retraso en incorporarse al mercado de trabajo haciendo ese servicio militar obligatorio. Se produjeron situaciones absurdas como, por ejemplo la de la quinta de 1960. Cerca de la mitad
de los jóvenes fueron declarados excedentes de cupo y la otra mitad tuvo que incorporarse obligatoriamente al servicio militar. Aquellos que fueron declarados excedentes de cupo pudieron incorporarse al mercado de
trabajo e iniciar una vida laboral activa que va a tener su repercusión en el momento de plantearse su acceso al sistema de jubilación y, en cambio, aquellos que se vieron obligados a iniciar el servicio militar obligatorio, por el simple
absurdo de no poder beneficiarse de ese sorteo, van a tener consecuencias a la hora del cómputo de su pensión cuando accedan a esa jubilación.
Señorías, hoy Convergència i Unió no va a hacer causa contra el servicio militar obligatorio, entre otras cosas porque la sociedad española ya la hizo y este Parlamento ya sancionó la voluntad de la ciudadanía, que era la supresión del
servicio militar obligatorio y la supresión de la prestación social sustitutoria. Mi grupo quiere recordar que esta decisión fue resultado también de los acuerdos de 1996 que llevaron a la presidencia del Gobierno de España al señor Aznar cuando
Convergència i Unió sostuvo como uno de los elementos clave para ese apoyo político a la investidura el inicio del proceso de supresión del servicio militar.
Insisto en que hoy no es el día de hacer la causa porque la sociedad ya la hizo y el
Parlamento ya la sancionó, pero sí es el día de avanzar en la reparación de esta injusticia histórica. Señorías, hoy hay pensionistas que no alcanzan los 35 años de cotización para poder cobrar ese cien por cien de su pensión porque tienen una
laguna en su vida laboral de nueve, catorce, quince o veinticuatro meses de su vida activa que no le cuentan a efectos de pensión o, lo que es más sangrante, hay pensionistas que no llegan al mínimo de15 años para poder acceder a una pensión de
carácter contributivo y si se contabilizase a efectos de la pensión ese período de servicio a la comunidad, de servicio al Estado y de servicio al interés general podrían acceder a esa pensión. Se produce el absurdo de que personas que hoy acceden
al sistema de protección social observen que en su vida laboral existen esos vacíos, que quizá no influyan en la pensión porque terminan cobrando ya que han cotizado los 35 años o más, pero piensen que el Estado les reclamó que durante veinticuatro
o quince meses trabajasen gratis a favor de la comunidad y que ahora no se les quiera reconocer un ápice de ese esfuerzo colectivo.
Con esta iniciativa pretendemos resolver esas situaciones injustas. Lo hacemos convencidos de que esta iniciativa forma parte de la lógica del Pacto de Toledo, que recientemente aprobamos en esta Cámara, porque en una de sus recomendaciones
más discutidas en el seno de la comisión correspondiente apostaba por hacer un esfuerzo de mayor contributividad en el cálculo de la pensión. Si apostamos por esa mayor dimensión en la cuestión contributiva y si somos conscientes de que en los
próximos años se va a continuar avanzando en lo iniciado por el Pacto de Toledo en 1995, a mayor contributividad en el funcionamiento del sistema, mayor necesidad de que esos períodos de servicio al interés general también cuenten a efectos del
cálculo de las pensiones; si no, ese mayor esfuerzo de contributividad repercutiría negativamente en la generación de varones españoles que se han visto obligados a destinar una parte de su tiempo al interés general. En segundo lugar, esta es una
iniciativa que Convergència i Unió planteó como resultado de las peticiones formuladas por ciudadanos individuales, por varones que, al acercarse a esa edad de jubilación y empezar a preocuparse por su pensión, se dan cuenta de esa realidad y, en el
mejor de los casos, manifiestan lo absurdo de que no se tenga en cuenta esa vida laboral o que tengan que estar trabajando dos años más de los que tenían previstos para alcanzar esos quince o treinta y cinco años. Esta iniciativa es el resultado de
esa opinión manifestada por los ciudadanos. En último término, si hoy la mayoría del Partido Popular rechazase esta iniciativa de Convergència i Unió, mi grupo está absolutamente convencido de que sería una cuestión de tiempo y de sentido común que
se cambie esa situación. Dudo mucho de que podamos continuar diciendo a los varones del Estado español que, a efectos de la solidaridad de nuestro sistema de protección social, no se les tiene en cuenta ese esfuerzo realizado en función del interés
general. Creo que es de sentido común que se resuelva esta situación. Quizás hoy la mayoría absoluta del Partido Popular rechace esta proposición no de ley, pero el tiempo nos llevará a que en la próxima legislatura esta cuestión se cambie. Estoy
seguro de que será así.
La señora VICEPRESIDENTA (López y Chamosa): Por el Grupo de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): En relación con la carrera profesional a efectos de las pensiones, compartimos con el grupo parlamentario proponente la preocupación que ha supuesto para muchos jóvenes la realización de la prestación
social sustitutoria y del servicio militar obligatorio. Después de casi dos años de la supresión efectiva del servicio militar obligatorio, y por tanto de la prestación social sustitutoria, como señala la proposición, sería relevante aplicar el
criterio que hemos seguido en la renovación del Pacto de Toledo, es decir, mejorar en la medida de lo posible las carreras de pensiones de determinados colectivos compensando a aquellos jóvenes que realizaron la prestación social, como es el caso
que estamos discutiendo. Compartimos el criterio de que el período de tiempo dedicado por una persona a la realización de la prestación social sustitutoria le sea considerado como un período efectivamente cotizado a efectos de determinar la cuantía
de su pensión de jubilación. Con esta medida se estará compensando a todos aquellos ciudadanos que por un período de tiempo se vieron obligados a no trabajar y para los que este período es importante a los efectos de calcular su pensión de
jubilación, especialmente en el contexto de carreras irregulares y complejas
de pensiones como las que se han venido dando durante los años noventa hasta el final de la prestación.
El Grupo Parlamentario Federal, va a apoyar esta proposición que se presenta hoy aquí.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra la señora Peris, para fijar la posición del Partido Socialista.
La señora PERIS CERVERA: Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para anunciar nuestro voto favorable a las dos proposiciones no de ley que hoy nos presenta el Grupo Catalán de Convergència i Unió por las que pretende que
se considere efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado tanto al cumplimiento del servicio militar obligatorio como a la prestación social sustitutoria. Ambos supuestos, en tanto que eran prestaciones personales obligatorias, han estado
excluidos del campo de aplicación del derecho del trabajo, por tanto de la Seguridad Social.
Nuestro grupo entiende que, a partir de su desaparición el 31 de diciembre de 2001, es necesario adoptar una serie de medidas para paliar los efectos
negativos que ha supuesto para muchos ciudadanos la obligatoriedad de estas prestaciones personales que no llevaban aparejada ningún tipo de cobertura de las que reconoce el derecho laboral. Por ello, compartimos la filosofía y el objetivo final
que persiguen ambas iniciativas, que no es otro que corregir, o subsanar en parte, ese corte en las carreras de cotización que ha supuesto para muchos ciudadanos y muchos jóvenes de nuestro país el cumplir con la obligación de dedicar unos meses de
su vida a cumplir el servicio militar obligatorio o con posterioridad, como sistema alternativo, la prestación social sustitutoria.
Señorías, se trata de reparar hoy esa enorme injusticia histórica que ha terminado generando perjuicios enormes en el acceso a derechos sociales para muchos de estos trabajadores. A nadie se nos escapa las dificultades y los problemas que
ha supuesto este tipo de prestaciones personales obligatorias. El señor Campuzano hacía referencia a alguna de ellas y yo creo que todas son importantes. Todos conocemos casos de jóvenes ciudadanos españoles que han visto que sus carreras de
cotización han sido cortadas porque han tenido que suspender o perder una relación laboral para cumplir este servicio militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, casos de ciudadanos que se han encontrado con la imposibilidad de acceder
a un puesto de trabajo estable. Todos conocemos a jóvenes que han llegado a una empresa, que han cumplido con los requisitos que el empresario quería para este puesto de trabajo y que han terminado teniendo un contrato temporal porque el empresario
no ha querido convertir en indefinida esa relación laboral hasta que no hubieran terminado el servicio militar o la prestación sustitutoria.
Señorías, hemos visto cómo muchos trabajadores no han podido acceder a un puesto de trabajo porque, además
de los requisitos de su currículum, se les exigía haber terminado el servicio militar. Podemos hablar de muchos jóvenes estudiantes que han terminado sus estudios y han tenido que dedicar el tiempo inmediatamente siguiente a cumplir el servicio
militar obligatorio o la prestación social sustitutoria, en vez de dedicarlo a encontrar ese puesto de trabajo para el que durante muchos años han estado preparándose.
Por último, el señor Campuzano ha hecho referencia a un tema que para el Grupo Socialista es el más importante. Es una situación que requiere una solución que con serenidad nosotros tenemos que ser capaces de encontrar.
Todos sabemos que
nuestro sistema público de pensiones da derecho al acceso de la prestación de pensión siempre que se tenga un mínimo de cotización, que son 15 años, y que la cuantía de esa pensión va en función de cumplir ese mínimo de 15 años cotizado y a partir
de ahí va en progresión, hasta poder cobrar la prestación del cien por cien con 35 años cotizados. Los ciudadanos que han cumplido el servicio militar o el sistema sustitutorio pueden encontrarse en dos casos. El primero es que, al no tener ese
tiempo de servicio dedicado como computado a la Seguridad Social, van a tener una laguna de cotización de nueve, doce, dieciocho o veinticuatro meses -muchas personas que se están jubilando hoy hicieron servicios militares de veinticuatro meses-,
van a tener una merma en la cuantía de su pensión porque tienen, por ejemplo, treinta años cotizados y no los treinta y dos de haberse sumado este período. La situación más sangrante sería la de aquellos ciudadanos que, no alcanzando los quince
años de cotización y habiendo realizado el servicio militar en su tiempo, hoy se encuentran con que el sistema no les reconoce la pensión contributiva de jubilación porque les faltan equis días, meses o tiempo para acceder a esta pensión, por lo que
el sistema lo envía a una pensión de jubilación no contributiva. Señorías, me parece que debemos hacer un esfuerzo para encontrar posibles soluciones a esta merma en los derechos de estos trabajadores.
Termino diciendo que el Grupo Socialista no quiere desentenderse de estos supuestos de enorme injusticia. Tenemos la obligación de ofrecer soluciones razonables y que sean posibles. En este sentido, ambas iniciativas ofrecen una solución,
no sólo razonable y justa, que lo es, sino posible. Por tanto, es una cuestión de voluntad política y de responsabilidad del Gobierno del Partido Popular, que tiene que hacer ese esfuerzo necesario para reparar esta injusticia histórica. Señorías,
estamos en un momento adecuado para hacer este esfuerzo, para paliar estas situaciones o supuestos que generan enormes efectos negativos de manera injustificada e injusta, como son los casos que nos ocupan. No tengo ninguna duda, señor Campuzano,
de que el sentido común imperará en el Partido Popular y terminarán votando esta propuesta.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny Masip.
La señora MONTSENY MASIP: Vaya por delante que yo he dicho muchas veces, debatiendo temas de Seguridad Social, que una cosa es el corazón y otra es el sentido común y la cabeza.
Me gustaría poner un énfasis rotundo al rebatir algunas de las alegaciones que ha hecho la señora Peris como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Cuando habla de una causa tan justa, yo me pregunto cómo habiendo obtenido durante
tantos años el ejercicio del Gobierno y el poder político en España no se plantearon enmendar esa injusticia. Hay que hablar y conocer la historia de la Seguridad Social. Antes de entrar en el fondo del tema, sólo me permitiré recordar algunos
pocos datos que harán ver que las cosas no son como muchas veces se plantean por algunos portavoces que intervienen en esta Comisión. Hace escasamente siete años, había un déficit anual de aproximadamente medio billón de las antiguas pesetas en
cada uno de los tres últimos ejercicios de la Seguridad Social, que acumulaba una deuda histórica. Cuando nació el Pacto de Toledo con el consenso de todas las fuerzas políticas, hubo unos acuerdos que hay que seguir respetando y que hoy son el
sustrato básico de lo que debemos hacer en el campo de la Seguridad Social: la proporcionalidad entre la contributividad y la percepción de una pensión (ha habido modificaciones en cuanto al aumento de los años que hay que promediar para el cálculo
de la pensión), la separación de fuentes y la constitución de un fondo de reserva. Hoy se ha podido constituir este fondo no porque el Gobierno haya creado puestos de trabajo, ya que ningún gobierno es el que crea puestos de trabajo, sino porque
dicta y trae al Parlamento las normas para que se den aquellas condiciones necesarias para que la pequeña y mediana empresa cree ese puesto de trabajo. Fruto de esos años de esfuerzo, hoy tenemos, en lugar del 23 por ciento de paro, un 9 por ciento
y, en lugar de 12 millones de cotizantes a la Seguridad Social, tenemos 16.890.000 cotizantes a la Seguridad Social.
Con ese esfuerzo se han hecho cosas importantísimas en el ámbito de la Seguridad Social. Se reconoció la pensión de viudedad, aun
en el caso de que el causante no estuviera en situación de alta, ni en situación similar, cosa que no se había hecho anteriormente; se han aumentado por encima del IPC las pensiones mínimas; se ha aumentado el porcentaje de las pensiones de
viudedad, y se suprimió uno de los tramos para los perceptores o perceptoras de viudedad de menos de 60 años. Todo esto ha ayudado a paliar los estados de necesidad que se daban en el ámbito de la Seguridad Social.
El servicio militar y el servicio social como prestación sustitutoria no eran retribuidos; sobre la base de ese principio de proporcionalidad y de cotización, nos parecería hoy un tanto frívolo pasar a reconocer ese gravamen tan importante
al sistema y a las arcas de la Seguridad Social.
Acabamos de revisar las recomendaciones del Pacto de Toledo, el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social en abril del 2001 y las recientes recomendaciones aprobadas en el
seno de la comisión que estudia el equilibrio financiero del sistema de la Seguridad Social.
Sería frívolo estudiar hoy ir más allá en este momento, como pretende el grupo proponente. Ya se han hecho esfuerzos en ese sistema, como el contrato
llamado coste cero, que es de tres meses de duración, la persona que sustituye a otra que causa baja por maternidad. El hecho de reconocer como cotizados períodos de dos años, de dieciocho meses, de diecinueve meses y por la prestación social
sustitutoria o el servicio militar supondría una carga, un gravamen excesivamente oneroso en las circunstancias en las que nos estamos moviendo, por varias razones.
Tenemos una sociedad muy envejecida, los avances médicos y científicos hacen que
cada día se prolongue más la expectativa de vida y todas aquellas propuestas que queramos hacer en el ámbito de la Seguridad Social deberían ser propuestas con imaginación que pudieran favorecer el bien común, pero sin que causen grandes gravámenes
económicos al sistema de la Seguridad Social. Señorías, pongámonos de acuerdo en pensar acciones de servicios sociales y de mejora para el ciudadano que puedan contribuir a mejorar la calidad de vida, pero no gravemos más el sistema de la Seguridad
Social. Creemos que se ha hecho un esfuerzo muy importante y que ir por otros derroteros sería poner en peligro ese fondo de reserva, esas recomendaciones que hemos cumplido, en definitiva el sistema económico de la Seguridad Social.
- SOBRE LA PROMULGACIÓN DE UN ESTATUTO DEL PERIODISTA PROFESIONAL Y LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS PERIODISTAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002307.)
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Pasamos al punto noveno del orden del día que es la proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre la promulgación de un estatuto del periodista profesional y la regulación de los derechos
laborales de los periodistas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor don Luis González Vigil.
El señor GONZÁLEZ VIGIL: Señorías, todos somos conscientes y sabedores de que la actividad periodística comporta un compromiso con la sociedad de transmisión de un derecho fundamental en toda democracia, como es el derecho a la información,
derecho
que, por otra parte, está reconocido por la Carta universal de Derechos Humanos, por la Constitución española y por los estatutos de autonomía de las comunidades de nuestro país.
¿Por qué presenta el Grupo Socialista esta iniciativa? Porque creemos que la actual situación de los profesionales de la información, junto al macro desarrollo de las empresas mediáticas, están poniendo en grave peligro la libre propiedad
de la información y su libre circulación. Por un lado, estamos viviendo un proceso de concentración intenso de comunicación donde las mismas empresas agrupan diarios, revistas, cadenas de televisión, emisoras de radio, editoriales, operadores de
cable, etcétera, y por otro, vemos cómo las condiciones laborales de los periodistas profesionales se han deteriorado y se siguen deteriorando seriamente en los últimos años.
Las tendencias generales desreguladoras en el ámbito laboral en nuestro país desde que gobierna el Partido Popular, la aparición de nuevas técnicas de trabajo y la proliferación de licenciados en periodismo salidos de las cada vez más
numerosas facultades de Ciencias de la Información han sido factores que han provocado una mayor inestabilidad, salarios más bajos, abusos de distintas figuras de contratos en prácticas y de aprendizaje, trabajadores que carecen de contrato, largos
horarios y, en general, una degradación de los derechos de los profesionales de este sector. Creemos que es preciso poner coto a esta situación y para ello se hace necesaria la promulgación de un estatuto del periodista profesional que permita a
los informadores reforzar su profesionalidad y su independencia frente a los poderes políticos y económicos, un estatuto que permita que la profesión periodística se ejerza con las suficientes garantías para que se desarrolle de forma fiable y
responsable, garantías que han de responder a condiciones laborales y profesionales reconocidas y que signifiquen un punto de referencia de obligado cumplimiento.
Estamos convencidos de que la independencia de los informadores es la mejor garantía
para una información de calidad y para que se cumpla el derecho de la ciudadanía a ser informada de forma veraz y plural. Por ello y para ello, se debe desarrollar un conjunto de facultades que afirmen esa independencia frente al poder político y
que procuren el equilibrio con la independencia editorial de las empresas informativas.
Está claro que no basta con garantizar un pluralismo externo o una pluralidad de empresas informativas para salvaguardar el derecho a la información de la
ciudadanía, es también necesario un pluralismo interno dentro de estas empresas para que el pluralismo social se manifieste totalmente.
Señorías, consideramos que existe base constitucional para la promulgación de este estatuto. La Constitución española, en su artículo 20, recoge el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, y dice textualmente: A
recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Por otra parte, el Tribunal Constitucional reconoce que sin una comunicación pública libre -y leo textualmente- quedarían vaciados de contenido real estos derechos que la
Constitución consagra, reducida a formas hueras las instituciones representativas y absolutamente falseado el principio de legitimidad democrática que anuncia el artículo 1.2 de la Constitución que es la base de nuestra ordenación jurídico política.
Por otro lado, la Ley orgánica 2/1997 de 19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información, considera en su exposición de motivos que la información no puede ser objetivo de consideración mercantilista, ni
el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo. Les recuerdo a sus señorías que
esta Ley orgánica se aprobó en 1997, cuando gobernaba el Partido Popular -me imagino que ahora en su defensa nos lo van a decir-, y son ellos los que en la exposición de motivos ya están diciendo que hay que hacer justo lo que nuestro grupo pide que
haga el Gobierno.
Este Gobierno se jacta de decir que está convirtiendo a España en una gran potencia económica, en una gran potencia envidiable desde todos los puntos de vista dentro de la Unión Europea, y hay que recordar que dentro de esa Unión Europea,
España es el único país que carece de una regulación de la profesión periodística, a pesar de las recomendaciones hechas por la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa en su resolución, aprobada por unanimidad el 1 de julio de 1993, sobre el
Código europeo de deontología del periodismo, que señala en su artículo 14 que -y leo textualmente- es necesario reforzar las garantías de libertad de expresión de los periodistas, a quienes corresponde en última instancia ser los emisores finales
de la información. En ese sentido, es necesario desarrollar jurídicamente y clarificar la figura de la cláusula de conciencia y el secreto profesional sobre estas materias para ejercerlas en el marco más amplio del espacio democrático europeo. En
su artículo 32 señala que -también leo textualmente- es necesaria la elaboración de estatutos de la redacción periodística con la finalidad de ordenar las relaciones profesionales de los periodistas con los propietarios y editores en el interior de
los medios de comunicación, con independencia de las obligaciones laborales. Los países de la Unión Europea han seguido estas recomendaciones, excepto el nuestro. Podemos citar la legislación francesa, que incluye la cláusula de conciencia la
necesaria regulación laboral de los periodistas y su obligada adscripción al régimen general de la Seguridad Social sea cual fuere su tipo de contrato; il Contrato di Lavoro, de Italia, un convenio muy avanzado de derechos profesionales, el marco
jurídico belga o el más reciente estatuto de prensa de Portugal, promulgado en 1999, en el que se recoge un
completo elenco de derechos y deberes. Sin embargo, en nuestro país solo se puede citar la Ley de cláusula de conciencia aprobada en la pasada legislatura, ni siquiera se ha regulado el derecho al secreto profesional como se mandata en el
artículo 20, apartado d), de nuestra Constitución.
Por todo ello, instamos al Gobierno a elaborar un proyecto legislativo que regule los derechos de todos los periodistas profesionales en España y que constituya un estatuto del periodista profesional de obligada incorporación en todos los
ámbitos de la negociación colectiva de los sectores de la comunicación. Dicho estatuto deberá incorporar derechos y deberes profesionales que garanticen a los ciudadanos su derecho a la información y a la libre expresión, como exige la
Constitución, así como un mínimo de derechos laborales de los informadores para que puedan ejercer sus tareas por encima de presiones de todo orden, sean cuales fueren sus modalidades contractuales. La promulgación del estatuto debe ir acompañada
necesariamente de una regulación de las deterioradas condiciones laborales de los periodistas profesionales. El laissez faire que proclaman los ultraliberales, el dejar que esto camine a sus anchas sin ningún tipo de regulación, unido a la
proliferación de licenciados que salen todos los años de las facultades de Periodismo han llevado a nuestro país a la devaluación profesional, al abuso empresarial, a la explotación de los periodistas en prácticas, en definitiva a la precarización
del sector. Son frecuentes las redacciones estructuradas sobre plantillas sin contrato alguno que casi no tienen posibilidad de defender el derecho de los ciudadanos a una información veraz ni capacidad para oponerse a su manipulación. Los
estudiantes en prácticas son mano de obra barata, en algunos casos gratuita, para los medios de comunicación donde trabajan y ocupan de forma efectiva lo que se conoce como lugares estructurales de trabajo. Es decir, hacen las funciones de
redactores, de realizadores, de productores, etcétera, y desarrollan una tarea que debería ser realizada por un profesional con una remuneración adecuada.
Esta situación es especialmente grave entre los colaboradores o los denominados en el argot periodístico periodistas a la pieza que, como saben ustedes, señorías, son aquellos que, aunque no se encuentren físicamente integrados en la
estructura organizativa de la empresa, realizan su trabajo bajo las indicaciones y el control último del empresario informativo con el que existe una relación habitual, un suministro constante, a veces diario, de informaciones previamente encargadas
o realizadas conforme a un acuerdo previo, escrito o verbal.
Es decir, existe una relación laboral con la empresa. Esta figura, señorías, es cada vez más frecuente en nuestro país. En el estudio El empleo de las empresas de comunicación
1992-1996, elaborado por la Asociación de los periodistas de Vizcaya, se recogen porcentajes que indican una inequívoca tendencia al crecimiento de esta figura en los medios de comunicación. Según datos aportados por las propias empresas o
editoriales, el 34 por ciento de los periodistas empleados en la prensa diaria española eran colaboradores, porcentaje que se elevó al 35 por ciento en 1995 y que alcanzó el 42,01 por ciento en 1996. No tenemos datos completos al día de hoy, pero
los que tenemos están diciendo que casi la mitad de los profesionales de la prensa diaria trabajan en precario, trabajan con una cobertura social incierta, sin convenios laborales, sin representación sindical y con escasa o nula capacidad de
negociar sus salarios.
Señorías, en la prensa diaria, en la prensa no diaria y en los medios audiovisuales, fundamentalmente en las televisiones locales, la situación es aún peor. En las publicaciones no diarias, tanto de interés general como las especializadas,
entre el 60 y el 90 por ciento del material publicado es producido por pagos a la pieza y nos atrevemos a decir que en las televisiones locales, que están en auge desde hace unos años en nuestro país, casi el cien por cien de los trabajadores no son
profesionales, trabajan con contratos, cuando los tienen, a tiempo parcial, trabajan por encargo y además están muy mal remunerados. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Señorías, es necesario regular el trabajo de estos periodistas, tanto los de la prensa escrita diaria, como los de la prensa escrita no diaria y los de los medios audiovisuales, estableciendo para ellos una relación laboral especial que
garantice sus derechos y su inclusión en el régimen general de la Seguridad Social, ya que resulta insostenible e injustificable la situación que se da actualmente de que estos trabajadores deban recurrir al régimen de autónomos para contar con la
cobertura social que les corresponde. Se les obliga a sufragar una cuota fija, ajena al monto de sus ingresos, en lugar de contribuir, como el resto de los trabajadores, con una cuota porcentual de los salarios que perciben. Esta circunstancia
hace que muchos de estos periodistas se vean impedidos para cumplir con la Seguridad Social, ya que su seguridad de ingresos no les permite cumplir con esa obligación, y se hayan resignado a una penosa perspectiva de futuro.
Señorías, pido el apoyo afirmativo a todos aquellos grupos que realmente quieran que en España haya una información de calidad, plural y veraz que pueda sernos dada por periodistas que tengan todos sus derechos laborales recogidos y una
mínima dignidad en todos los aspectos, tanto en derechos laborales como en estabilidad en el trabajo como en remuneración.
He visto esta mañana en un medio de comunicación de tirada nacional una noticia sobre esta iniciativa. No pone el nombre del autor, pero dice lo siguiente: Derechos de los informadores: El PP rechazará en el Congreso la propuesta del PSOE
para crear un estatuto del periodista. También aduce -y quiero que el Partido Popular se entere de una vez- el Partido Popular que
los socialistas pretenden impulsar esta ley en la recta final de la legislatura cuando no hicieron nada al respecto durante sus catorce años en el Gobierno. Señorías, no es de recibo que continuamente el Partido Popular esté aplicando a
todo la consigna que sus jefes le han dado del pasado; van a terminar ustedes refiriéndose un día al Cid Campeador o a Viriato. Por otra parte, el Grupo Socialista no ha presentado una proposición de ley, el Grupo Socialista quiere que sea el
Gobierno el que haga la ley, por tanto no nos hablen de oportunismo, ni de recta final, ni de otras monsergas, que es a lo que les suena a la mayoría de los españoles las razones que están ustedes dando en estos últimos días de esta legislatura.
Digan ustedes que van a votar en contra porque no quieren una prensa plural; digan ustedes que van a votar en contra porque quieren una prensa, tanto escrita como audiovisual, dirigida y manipulada por el poder político y, para eso, no pueden
permitir la independencia que les darían unos derechos garantizados a los periodistas; digan ustedes que van a votar en contra porque su poder político, el del Partido Popular, el del Gobierno Popular, no quiere una prensa libre, no quiere una
prensa independiente, no quiere una información de calidad y no quiere una información plural y veraz.
El señor PRESIDENTE: Por el orden correspondiente, tiene la palabra el señor Ruiz López.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Es evidente que entre los derechos que señala la Constitución Española, el derecho fundamental a la libertad de expresión y a la información ocupa un lugar esencial. Sin una comunicación pública y libre
quedarían vaciados de contenido real otros derechos. En este contexto, la comunicación pública requiere de la mediación de empresas informativas e informadores profesionales. Para el cumplimiento de ese deber, se requiere un desarrollo de las
facultades que aseguren la dignidad e independencia profesional, siempre al servicio del derecho del público. El artículo 20 de la Constitución Española no contempla como sujetos específicos a los profesionales de la información; no obstante, el
legislador constituyente remitió al ordinario la regulación de alguno de los elementos típicos de un estatuto profesional de los periodistas: la cláusula de conciencia y el secreto profesional.
Nuestra jurisprudencia constitucional ha precisado
que los periodistas no tienen en este campo privilegio alguno frente a los derechos del resto de los ciudadanos, pero sí que al ejercicio de su derecho puede serle dada una cierta preferencia, justamente en virtud de la función que cumplen en aras
del deber de información constitucionalmente garantizado. Es también jurisprudencia interpretar el requisito de veracidad de las informaciones como un deber de diligencia profesional.
Existe base constitucional para la promulgación de un estatuto del periodista profesional, cuya finalidad sea servir al derecho de la ciudadanía a ser informada garantizando la independencia de los informadores. El estatuto debe desarrollar
los derechos de la libertad de expresión e información de un conjunto de facultades que permitan a los informadores reforzar su profesionalidad y, consiguientemente, la independencia frente a los poderes políticos y económicos, independencia que es
presupuesto de la función social de informar. En esta línea se sitúa la Ley orgánica 2/1997, reguladora de la cláusula de conciencia que ya en su exposición de motivos considera explícitamente esta institución al servicio de la independencia
profesional al declarar que la información no puede ser objeto de consideraciones mercantilistas, ni el profesional de la información puede ser concebido como una especie de mercenario abierto a todo tipo de informaciones y noticias que son
difundidas al margen del mandato constitucional de veracidad y pluralismo.
En nuestro entorno, especialmente en los países latinos, es habitual el reconocimiento a los periodistas de una situación estatutaria especial.
Un organismo público, corporativo o sindical acredita la condición de periodista profesional, lo
que supone que esa actividad habitual es la principal fuente de ingresos y exige tiempo de práctica demostrada, mediante la expedición de un carné que básicamente da ciertas ventajas en el ejercicio diario, como el acceso a los lugares públicos,
aparcamientos, etcétera. En Francia, desde los años treinta, se reconoce un conjunto de derechos específicos, entre los que destaca el derecho a invocar la conciencia para ejercer la relación laboral de modo ventajoso para el informador. Más
recientemente, la Ley portuguesa de 13 de enero de 1999 promulga un estatuto con un completo elenco de derechos y deberes. Peculiar es el caso italiano y la necesidad de estar inscrito en un registro especial para ejercer la profesión, inscripción
que requiere acreditar un período de práctica previo y la superación de un examen. Por tanto, estamos ante sistemas que van de la simple acreditación profesional a la regulación estricta del acceso profesional. La cuestión de la necesidad de un
estatuto profesional ha sido sustituida por una regulación del acceso por el sistema de colegiación obligatoria, sin que estas estrategias hayan ofrecido resultados. Lo que necesitamos es un estatuto que extienda esta protección específica a todos
los que habitual y profesionalmente ejerzan el periodismo. El reconocimiento de unos derechos específicos de los informadores profesionales en nada interfiere el derecho de cualquier ciudadano a expresarse, opinar o informar.
Finalmente, y más allá de las responsabilidades de carácter penal o civil en que los informadores pudieran incurrir, debiera adoptarse como parte sustancial del estatuto un sistema de incompatibilidades y código ético cuyo control se confíe
a los consejos de información que puedan constituir las comunidades autónomas y un consejo de información de ámbito estatal.
El señor PRESIDENTE: Señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo en nombre de mi grupo para fijar nuestra posición ante esta propuesta de instar al Gobierno para que aborde un tema que nosotros creemos necesario.
Mi experiencia personal es que esta legislatura ha sido objeto de mesas redondas con los colegios de periodistas, al menos en Tarragona y en Madrid, que nos ha hecho conocer la existencia de un problema grave que necesita solución, problema
que hemos debatido en profundidad sin llegar a una posición común en esta Cámara para darle una solución. Esto es así porque es un problema de una complejidad extrema. Entre los periodistas existen intereses muy diversos; hay periodistas que
exigen libertad para percibir sus remuneraciones por artículo o a la pieza, y en definitiva quieren ser freelance para operar; hay periodistas que tienen una determinada vinculación con la empresa trabajando a tiempo parcial, y existe la posición
de la empresa contraria a la que manifiestan estos trabajadores.
Presentamos una propuesta para limar las diferencias o asperezas que pueden existir entre las dos fuerzas mayoritarias que dominan esta Cámara: hay que abrir un debate sobre este tema mediante una subcomisión.
Esta Cámara no ha tenido
ningún problema para resolver otros temas tan complejos como éste. Quisiera recordar aquí las acciones de la subcomisión del Pacto de Toledo, que no solamente llegó a un acuerdo en el año 1995, sino que durante esta legislatura hemos sido capaces
de encontrar soluciones de continuidad para mantener vivo el consenso en operaciones de futuro. Nuestro grupo propone a esta Comisión la creación de una subcomisión del estatuto del periodista en la cual, antes de llevar adelante una propuesta,
estudiáramos la incidencia específica de este estatuto del periodista en del Estatuto de los Trabajadores, escucháramos a las partes implicadas y tuviéramos una respuesta recurrente a todas las quejas o a todos los debates que se están produciendo.
Si se consulta Internet, se puede ver que el Colegio de Periodistas de Cataluña, por ejemplo, tiene una propuesta de estatuto del periodista profesional y una amplia ley de propuesta de derechos laborales de los periodistas. También habría que oír
a las empresas y conocer cómo funcionan los convenios colectivos o cómo funcionan las relaciones laborales entre estos trabajadores, que son los periodistas, y las empresas. Otro agente social que tendría que opinar sobre el tema en esta
subcomisión serían las organizaciones sindicales.
A partir de aquí, las conclusiones mantenidas sobre este tema por la subcomisión se elevarían a debate de esta Comisión en una propuesta que habría nacido del diálogo de todos los partidos de la Cámara y de todos los agentes implicados en la
redacción del estatuto del periodista. A partir de aquí, podríamos promover los cambios que generara esta propuesta en el Estatuto de los Trabajadores, y en todo el cuerpo legal, respetando los criterios de libertad, los criterios empresariales y
los derechos del trabajador, y dar una solución a este problema. Reconozco que el tema no es fácil, por lo que el diálogo tiene que ser amplio y el consenso muy dialogado para ser capaces de generar, como en el Pacto de Toledo, un estatuto
profesional del periodista que, al cabo de dos o tres años, pudiera tener una revisión manteniendo la aplicación práctica de estas conclusiones que esta Cámara podría elevar.
En este espíritu de concordia que Convergència i Unió quiere mantener en esta Cámara para los temas más graves y más contundentes que tenemos en nuestra sociedad, nuestro grupo se va a abstener en la votación de esta proposición, y no por
renunciar a las responsabilidades que tenemos como legisladores a favor de los trabajadores, ni por renunciar a escuchar las necesidades de estos periodistas, sino por la necesidad de que el diálogo que se abra aquí sea amplio y con una voluntad de
entendimiento superior al de una propuesta que se genere aquí. Es un tema que no hemos resuelto en muchos años, el Partido Popular dice que no se ha resuelto en catorce años de mandato socialista, llevamos ocho años de Gobierno Popular y el tema
tampoco ha tenido solución. Por tanto, tenemos que enfrentarnos al problema, crear una subcomisión para que tenga una solución efectiva y que todas las partes implicadas comparezcan aquí, tengan voz y den soluciones. Mientras no se así, nuestro
grupo se abstendrá porque la vía que se propone aquí tiene muchos contratiempos y no posee el consenso que a nosotros nos hubiera gustado, no es una propuesta para que pudiéramos votar en su momento una ley en el hemiciclo con el consenso de todos
los miembros de la Cámara y que fuera un éxito de este Congreso de los Diputados.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Señorías, estamos ante un debate que excede, por lo menos en el petitum de la proposición no de ley, del ámbito puramente jurídico laboral para entrar en el ámbito constitucional. Ha habido poco debate constitucional
y, salvo en el caso del señor Ruiz que ha hecho un repaso de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre esta materia, los demás grupos han pasado de puntillas.
El señor González Vigil, el portavoz del Grupo Socialista en esta materia, ha hecho un discurso maniqueo sobre la cláusula de conciencia y la regulación del secreto profesional. Es cierto que la Ley orgánica 2/1997 se hizo durante el
Gobierno del mandato popular, que no se había hecho durante el mandato del Gobierno socialista y que es una ley que regula específicamente la cláusula de conciencia y el secreto profesional. No es cuestión de atribuirse méritos o de atribuir
deméritos a nadie; esto no es lo que me molesta, lo
que me molesta es ese discurso maniqueo que dice que quienes voten a favor de esta proposición no de ley estarán a favor de una información de calidad, plural y veraz, como si en nuestro país no tuviéramos una información de calidad, no
tuviéramos una información veraz y no tuviéramos una información plural. Claro que la tenemos, lo que ocurre es que hay situaciones en las que determinados partidos políticos no pueden dar buenas noticias, como es el caso del Grupo Parlamentario
Socialista, del Partido Socialista, pero esto no es culpa de una falta de regulación o de un exceso de regulación.
Su señoría se ha colgado de la brocha de la Resolución 1003 del Consejo de Europa y no ha hecho el repaso oportuno de la Constitución española. Si usted repasara la Constitución española vería que las normas relativas a los derechos y
libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración universal de Derechos Humanos y tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España. Eso nos dice el artículo 10.2 de la
Constitución Española.
Por tanto, la Resolución 1003 del Consejo de Europa tiene un valor interpretativo, pero no un valor normativo. No es una norma imperativa, no una norma de ius cogens.
Señoría, a la vista de la jurisprudencia constitucional, a la vista de la regulación de la Ley orgánica 2/1997, retomando las palabras y la exposición que ha hecho el portavoz del Grupo de Izquierda Unida referente a la esencia de este
derecho, al plus de protección que los profesionales del periodismo tienen respecto de la cláusula de conciencia y del secreto profesional, y a la vista de numerosas declaraciones del Tribunal Constitucional sobre los titulares del derecho a recibir
información y a usar una información libre y veraz, creo que no es necesaria una regulación más en profundidad de la cláusula de conciencia y del secreto profesional.
Por otra parte, hay un punto en la proposición no de ley en el que S.S. sí incide en el ámbito jurídico laboral, que es la regulación del estatuto profesional del periodista para dar cobertura a esas nuevas modalidades de contratación o de
prestación de servicios a las que estamos asistiendo. Señoría, usted sabe que el Estatuto de los Trabajadores en su disposición adicional séptima nos dice que solamente puede haber una regulación de carácter excepcional, porque el actual modelo de
relaciones laborales basado en la autonomía colectiva de empresarios y trabajadores prevé eso, que sólo con carácter excepcional se pueda regular las condiciones de trabajo de un determinado sector o rama de actividad. Yo creo que el debate habría
que iniciarlo precisamente en el ámbito de la negociación colectiva, un ámbito al que no han hecho referencia SS.SS. No creo que los propietarios de los medios de comunicación vulneren la negociación colectiva, y no sé si S.S. lo cree. Es ahí
donde los sindicatos y la patronal deben empezar a abrir la brecha de una posible regulación de estas situaciones jurídicas. Solamente ante esa falta de iniciativa de empresarios y sindicatos podría el Gobierno, excepcionalmente, abordar esta
materia. Por tanto, instemos al diálogo social a que aborde esta materia y dejemos de complicarnos la vida nosotros y a este país, que afortunadamente cuenta con unos periodistas protegidos en relación con su derecho de secreto profesional y
cláusula de conciencia y con unos medios de comunicación absolutamente libres para transmitirnos las noticias que tengan por conveniente, siempre y cuando esas noticias sean libres y veraces, porque eso también es la esencia de un Estado
democrático.
El señor PRESIDENTE: Ha concluido el debate de todos los puntos del orden del día.
Antes de proceder a la votación y para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', tengo que poner de manifiesto que con relación al primer punto del orden del día doña Gloria Martín me comunicó que aceptaba la enmienda de Convergència
i Unió a esa proposición del Grupo Popular.
Espero que el portavoz pueda dejar constancia en el 'Diario de Sesiones' que acepta la enmienda de Convergència i Unió, como me dijo la señora Martín antes de marcharse en cuanto al primer punto del orden
del día.
La señora CORRES VAQUERO: Sí, señor presidente, efectivamente se incorpora la enmienda de adición presentada por Convergència i Unió que añade el texto siguiente: Todo ello se desarrollará con pleno respeto a las competencias que en
materia de accesibilidad tengan atribuidas las comunidades autónomas.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos durante un minuto la sesión para ordenar la votación. (Pausa.)
Iniciamos la votación. En primer lugar, votamos la proposición no de ley del Grupo Popular relativas a medidas para incluir en el plan estatal de accesibilidad anunciado entre las prioridades del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,
con la incorporación de la enmienda a la que se ha hecho mención del Grupo de Convergència i Unió; por tanto, el objeto de la votación será el texto de la proposición inicial del Grupo Popular con la adición de ese texto de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley del Grupo de Izquierda Unida sobre el futuro del sector del tabaco en España y su repercusión en el empleo, con el texto resultante de la propia auto enmienda de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Mixto sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz, pertenecientes al grupo Altadis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el cierre de la factoría de Sevilla y la reorganización de la factoría de Cádiz, pertenecientes al Grupo Altadis.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre el plan industrial del grupo Altadis (antigua Tabacalera).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió sobre el cierre de las factorías del grupo Altadis en Tarragona, Sevilla y parte de la actividad de la planta de Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Popular para impulsar convenios con las distintas comunidades autónomas, instituciones sin ánimo de lucro y empresas al objeto de potenciar las prácticas e integración laboral de los jóvenes.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la realización de la prestación social sustitutoria a efectos del cómputo de la
pensión de jubilación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió para considerar efectivamente cotizado el período de tiempo dedicado a la prestación del servicio militar obligatorio a efectos del cómputo de la pensión de
jubilación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos finalmente la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la promulgación de un estatuto del periodista profesional y la regulación de los derechos laborales de los periodistas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; votos en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Señorías, concluido el orden del día, se levanta la sesión.
Eran la una y diez minutos de la tarde.