CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 860

JUSTICIA E INTERIOR

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES

Sesión núm. 110

celebrada el miércoles, 5 de noviembre de 2003

orden del día: Comparecencia del señor secretario de Estado de Seguridad (Astarloa Huarte-Mendicoa) para informar sobre:


- La detención de personas presuntamente relacionadas con la red Al Qaeda en España. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001202.) ... (Página 27198)


- La información que trasladó al presidente del Gobierno en relación con los cuatro detenidos en Cataluña, el día 24 de enero de 2003, por su presunta implicación con el terrorismo islámico, cuya puesta en libertad ha sido ratificada por la
Audiencia Nacional. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001419.) ... (Página 27198)

Página 27198


- La operación Estela en la provincia de Cádiz. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001333.) ... (Página 27210)


- La construcción de nuevos centros penitenciarios y la ubicación prevista para los mismos. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001217.) ... (Página 27219)


- Las causas de los sucesos ocurridos en la comandancia de la Guardia Civil de Albacete, a resulta de los cuales falleció el comandante segundo jefe, el médico de la comandancia y resultaron heridos de gravedad el teniente coronel jefe de la
comandancia y el teniente coronel Peñafiel, antiguo jefe de la misma. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/001321.) ... (Página 27228)


Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.



COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (ASTARLOA HUARTE-MENDICOA) PARA INFORMAR SOBRE:


- LA DETENCIÓN DE PERSONAS PRESUNTAMENTE RELACIONADAS CON LA RED AL QAEDA EN ESPAÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001202.)


- LA INFORMACIÓN QUE TRASLADÓ AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LOS CUATRO DETENIDOS EN CATALUÑA, EL DÍA 24 DE ENERO DE 2003, POR SU PRESUNTA IMPLICACIÓN CON EL TERRORISMO ISLÁMICO, CUYA PUESTA EN LIBERTAD HA SIDO RATIFICADA POR LA
AUDIENCIA NACIONAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001419.)


El señor PRESIDENTE: Comenzamos la sesión de esta Comisión de Justicia e Interior con la comparecencia del secretario de Estado, señor Astarloa, al cual agradecemos una vez más su presencia. Se va a sustanciar un orden del día bastante
amplio y por un compromiso previo del secretario de Estado, ruego a los señores portavoces que intervengan que se ajusten al máximo al tiempo establecido reglamentariamente para facilitar el buen orden y desarrollo de esta sesión tan amplia.



Por el Grupo Parlamentario Socialista se había solicitado la alteración del orden del día para que fueran tratados en primer lugar y de forma acumulada el punto segundo y tercero, a lo cual han prestado su anuencia los demás portavoces aquí
presentes. Por lo tanto damos la palabra al señor secretario de Estado para que, a propósito de los puntos recogidos en los números 2 y 3, referidos a las personas relacionadas con la red Al Qaeda en España, presente la información solicitada por
esta Cámara.



Señor secretario de Estado, tiene usted el uso de la palabra.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Señoras y señores diputados, mi primera intervención, tal y como ha quedado establecido finalmente el orden del día, es para informar sobre la detención de personas
presuntamente relacionadas con la red Al Qaeda en España, según consta en la primera solicitud. En los últimos años han sido varias las actuaciones policiales practicadas en España contra presuntos implicados en acciones de terrorismo islámico o
por presunta vinculación con actividades relacionadas con la organización terrorista Al Qaeda. Aunque del tenor literal del objeto de la solicitud que acabo prácticamente de leer podría entenderse que se refiere al conjunto de operaciones, con la
conjunción de las dos solicitudes queda claro que se refiere a la concreta operación policial que se inició el día 24 de enero del presente año en diversas poblaciones de las provincias de Barcelona y Gerona. Esta actuación policial tiene su
origen, como bien saben sus señorías, pues ha sido objeto de comentario repetido, en la recepción de una comisión rogatoria internacional, cursada por el Tribunal de Gran Instancia de París, con fecha de 30 de diciembre de 2002, y dirigida a la
Audiencia Nacional, así como en las órdenes subsiguientes impartidas por la autoridad judicial española que recibe esa comisión rogatoria, en el marco de la cooperación y colaboración existente al amparo de las disposiciones contenidas en el
Convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, de 20 de abril de 1959. No es sólo eso; a su vez, es la culminación de una investigación muy prolija, realizada sobre ciertos individuos procedentes del Magreb, caracterizados por su
radicalismo islámico y vinculados presuntamente a organizaciones terroristas del mismo matiz, originarias de Argelia y se encuadra en un conjunto de operaciones policiales y judiciales desarrolladas en diversos países europeos sobre una red de
terroristas islámicos vinculados a la organización Al Qaeda.



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La investigación que ha precedido a la operación se remonta atrás en el tiempo -aunque no voy a entretener a SS.SS yendo hasta el principio- y me parece importante que quede claro que lo que finalmente se llamó la operación Lago tomó cuerpo
cuando de diversas fuentes de informción fidedignas se tuvo conocimiento de la llegada a España de varios terroristas islámicos procedentes del valle del Pankisi, en Georgia, donde habían recibido adiestramiento en el manejo y confección de
productos químicos, gases tóxicos y artefactos explosivos. Las investigaciones llevadas a cabo, principalmente en España y Francia aunque no sólo en estos países, permitieron concretar la existencia de una red terrorista islámica vinculada a Al
Qaeda que había recibido instrucciones de enviar al Cáucaso productos tóxicos fabricados por la red del jordano Ahmad Fail al Khallailah, probablemente en el norte de Irak, bajo la protección de la organización Ansar el Islam, los Partidarios del
Islam. Estos productos tóxicos estaban inicialmente destinados a atacar a las tropas rusas en Chechenia. Si no se pudo realizar el ataque fue porque sobrevino una gran presión militar por parte de Rusia y un mayor control de las autoridades de
Georgia en el valle del Pankisi, donde se venía apoyando a la guerrilla islámica chechena. Todo ello generó un cambio de los planes originarios y muchos de esos activistas recibieron la orden de venir a diversos países de Europa, como España,
Francia, Reino Unido y algún otro país de la Unión Europea. En ese contexto se pudo iniciar la localización de la red constituida en su mayoría por argelinos que se habían ido estableciendo en estos países europeos constituyendo grupos en cada uno
de ellos aunque vinculados entre sí en lo que respecta a los activistas más significativos. Los tres principales terroristas que luego fueron detenidos en Francia -eso lo contaré más adelante con más detalle- habían estado por ejemplo residiendo en
España. Nourredine Merabet fue detenido el pasado 21 de diciembre del año pasado, cerca de Perpiñán, cuando viajaba desde Bañolas, en Gerona. Se considera que el grupo de Francia era el más avanzado en su capacidad operativa y con los datos que se
han ido acumulando desde el año pasado hasta la fecha de hoy, se prefigura que el grupo de España podría ser fundamentalmente un grupo de apoyo logístico, con los matices que luego diré. Como ya comenté, el grupo de Francia fue desmantelado en
diciembre y en los registros que se practicaron en aquel país se descubrió, entre otro material, una lista de componentes químicos, junto con las dosis precisas, una balanza para pesar sustancias químicas, tarros herméticos de farmacia, una máscara
de gas, un uniforme militar de protección NBQ, etcétera. El grupo de Francia, entre otras cosas, estaba preparando un atentado contra la embajada de Rusia en París, mediante un artefacto explosivo que iba a ser activado mediante un teléfono móvil
manipulado y también quedó acreditada la conexión del grupo de España con el de Francia, así como su función de apoyo, ya que hay pruebas de que habían comprado emisoras cuya factura apareció en un domicilio de los detenidos en Francia,
walkie-talkies, diverso material electrónico manipulado, varios scaners, documentos falsificados, etcétera.



Con estos antecedentes la operación a la que aquí nos referimos se inició a las 3,30 horas de la madrugada con el registro de doce viviendas en Barcelona, en Santa Coloma de Gramanet, en Sant Boi de Llobregat, Salt, Bañolas, Olot y San Jaume
de Llierca, estas últimas cuatro localidades en Gerona. La operación fue dirigida por el Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional y contó con la colaboración de las autoridades judiciales francesas, según comenté. La red
contra la que se actuó esa noche, lo que llamaríamos la parte española del complejo que antes comenté, estaba compuesta principalmente por dos grupos, uno radicado en Barcelona y presuntamente liderado por el argelino Mohamed Taharaoui, de 30 años
de edad y antiguo responsable, según la documentación policial argelina, de la Falange Forkane, una organización terrorista argelina integrada en el grupo de partidarios de la Corriente Salafista, y otro grupo, asentado en Bañolas, que tenía como
cabecilla más significado al también argelino Mohamed Amine Benaboura. Les ruego que retengan este nombre porque aparecerá luego con caracteres muy señalados. En los diferentes registros efectuados se encontraron documentos de identidad
falsificados, diferentes útiles de falsificación, sellos, fechadores, troqueladoras, tampones, etcétera, y abundante documentación complementaria, certificados de nacimiento, inscripciones consulares, fotografías, etcétera. Se intervinieron también
efectos y componentes electrónicos, tales como herramientas de precisión, destornilladores de comprobación de tensión, voltímetros, soldadores eléctricos, etcétera, así como diverso material susceptible de uso como componentes de aparatos de
ignición de artefactos explosivos, temporizadores tipo PQS, utilizados habitualmente por ejemplo por la banda terrorista ETA, relojes digitales y mandos a distancia manipulados, cableado de diferentes tipos, conectores, jacks, etcétera. Entre los
numerosos teléfonos asimismo incautados se encontró uno sin tarjeta telefónica al que se le habían practicado dos orificios en la parte superior. Les quiero aclarar que este tipo de aparatos manipulados del modo indicado pueden ser utilizados como
activadores a distancia de artefactos explosivos que han sido encontrados en otras operaciones policiales en poder de activistas radicales islámicos implicados en atentados terroristas como el de Bali. De igual modo se incautaron tres transmisores-
receptores portátiles, de los llamados walkie-talkies, y se comprobó que habían adquirido dos emisoras de radio con alcance de 3.000 kilómetros, así como equipos de radiotransmisión portátiles y dos scaners. Otros efectos intervenidos en los
registros a reseñar son dos manómetros de presión en los que se había


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instalado una serie de tubos de los empleados en las conducciones de gas, y, finalmente, material diverso, como libros, publicaciones, folletos, casetes y vídeos con contenidos relativos a la Yihad, al atentado realizado contra las Torres
Gemelas de Nueva York, mártires en atentados suicidas, etcétera, así como discursos de líderes del movimiento radical islámico, de Abu Qutada y Osama bin Laden, efectos que habitualmente están en posesión de miembros de organizaciones terroristas
islámicas para el reclutamiento de activistas. Especial mención merece la incautación de diversos restos de material inorgánico y líquidos, a los que más tarde me referiré y que, como saben -la historia de los líquidos ha ido y ha venido-, han sido
objeto de análisis en laboratorios especializados, no sólo de España sino también de Estados Unidos con el resultado que más adelante también precisaré.



Desde la perspectiva de la operativa policial, todos estos datos llevan a la convicción conocida en cuanto reveladores de las actividades a las que presuntamente se podían estar dedicando. Se cree que constituía una célula de apoyo de
infraestructura y logístico integrado en la red terrorista islámica, compuesta por otras dos células operativas que actuaban una en Reino Unido y otra en Francia. Para tener una impresión aunque sea pequeña de la red, diré que en Reino Unido, en la
operación desarrollada por los servicios policiales del día 5 y siguientes de noviembre del pasado año, se incautó, aparte de un gran número de folletos, posters y demás, tarjetas de crédito y bancarias y diversa documentación falsa, todo ello en el
marco de una investigación realizada ante la posible comisión de atentados mediante la utilización de productos o sustancias químicas. Entre los días 5 y 7 de enero del presente año, en actuaciones ampliatorias a las anteriores, se encontró en una
de las viviendas registradas restos de una composición de ricino, así como un documento en el que se describía el procedimiento para la obtención de esta sustancia tóxica o venenosa.



En cuanto a Francia, en la operación inicial al día 16 de diciembre de 2002, al norte de la ciudad de París, la policía desarticuló una célula dirigida por un activista vinculado a su vez a un comando desarticulado en Frankfurt en diciembre
del año 2000, un comando, recordarán, relacionado con la hipotética voladura de la catedral de Colonia. Se realizaron algunos registros domiciliarios que permitieron descubrir una lista de componentes químicos y dosis precisas para la elaboración
de una potente sustancia explosiva y gas tóxico tipo cianuro. Uno de los detenidos reconocía haber participado en tareas de apoyo logístico a islamistas radicales, haber confeccionado la lista de componentes químicos antes mencionada y haber
adquirido la formación necesaria en el uso de estos productos para participar en las acciones de la Yihad. Otro de los detenidos declaró que el objetivo del grupo era cometer atentados mediante el uso de productos tóxicos contra objetivos rusos
-antes salió la embajada de Rusia en París-, identificó al jefe del grupo terrorista al que antes se ha hecho referencia y reconoció que este había participado en la preparación del atentado que se iba a cometer en la catedral de Estrasburgo, una de
las acciones proyectadas por el comando desarticulado en Frankfurt que ya cité.



La relación de conexión de los detenidos en España tanto con los detenidos en Reino Unido como en Francia quedó acreditada en la investigación policial a través de una serie muy compleja de elementos, que no puedo reproducir aquí y ahora
porque necesitaría muchísimo tiempo, pero no tengo ningún inconveniente en poner a disposición de SS.SS. el informe completo. Cito algunos para que vean de qué estamos hablando. El 16 de diciembre de 2002 los servicios franceses detuvieron a
Merouane Benahmed, a su mujer, Saliahlebik, y a Ahmed Belhout. Todos ellos habían estado en nuestro país; los dos primeros fueron detectados cuando llegaron a Barcelona, en marzo de 2002, tras ser expulsados de Georgia -remóntense al inicio de mi
intervención-. De hecho, Merouane Benahmed se había empadronado bajo la identidad de Mohamed Amine Benaboura -vuelve a aparecer el nombre Benaboura, sobre el que les llamé la atención- en el piso alquilado por Mohamed Taharaoui en Barcelona, piso
en el que en esa época vivía el propio Taharaoui y en el que fueron reconocidos como asiduos asistentes gran parte de los miembros del grupo de Bañolas al que he antes me he referido. En uno de los registros de Francia apareció la factura de una
tienda de Barcelona, El Pirata Loco, donde habían sido adquiridas dos emisoras de radio de largo alcance, 3.000 kilómetros, y una antena, que no fueron encontradas en los registros de Francia ni en los de España y cuya compra fue efectuada, según
reconocimiento fotográfico, por Mohamed Taharaoui. La utilización de este tipo de emisoras ya dije que es habitual en los grupos terroristas asentados en Argelia y también se ha detectado su uso en Chechenia por los rebeldes islámicos. Por su
parte, el otro detenido en París en esa fecha, Ahmed Belhout, era uno de los residentes en el domicilio de la calle Gerona, de Bañolas. Tras su detención en Francia, algunos de los ocupantes de ese piso de Bañolas intentaron deshacerse de
documentos y fotografías de él que tenían en la vivienda. Es significativo que como consecuencia de dichas detenciones en Francia y al mismo tiempo del intento de deshacerse de los documentos y fotografías de Ahmed Belhout, parte de los miembros
del subgrupo de Bañolas también intentaron desprenderse de los restos inorgánicos y de las sustancias líquidas que cité. El 21 de diciembre de 2002 fue detenido en la frontera franco-española Nourredine Merabet. En el momento de su detención,
Merabet procedía del inmueble de la calle Gerona, de Bañolas, donde se había ocultado tras la detención de Merouane Benahmed. Fue trasladado hasta la estación


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de tren de Gerona por algunos miembros del subgrupo de Bañolas.



En Reino Unido, el 5 de noviembre de 2002, los servicios británicos detuvieron, en aplicación de su ley antiterrorista, a Rabah Kadri, nacido también en Argelia, lugarteniente de Abu Doha, del que se sabe que estuvo residiendo junto a
Merouane Benahmed en Francia tras la desarticulación de la estructura del anteriormente citado Abu Doha en agosto de 2001. En la investigación española se descubrió que algunas tarjetas de crédito utilizadas por Mohamed Tahraoui en España,
concretamente en el establecimiento de Barcelona donde adquirió el material de radiodifusión cuya factura fue encontrada en uno de los pisos registrados en Francia, habían sido sustraídas en Reino Unido. Con anterioridad a las detenciones, los
servicios británicos habían detectado también la celebración de una reunión en dicho país en la que determinados individuos, entre los cuales se encontraban algunos de los detenidos, así como otros que actualmente son objeto de investigación, habían
acordado la comisión de atentados con material o sustancias químicas tóxicas o con venenos, en Londres. Entre esos asistentes estaba un individuo conocido con el apodo de El japonés. Pues bien, al parecer, en la declaración prestada en Francia por
Ahmed Belhout como consecuencia de la desarticulación de la célula en dicho país, éste identificó El japonés como Djamal Boudjeltia, que, como luego se verá, es el nombre verdadero de otro de los detenidos en España en la operación de Barcelona,
Larbi Ben Ahmed Allag, uno de los miembros del subgrupo de Bañolas.



Termino este rapidísimo repaso de las conexiones. El 24 de diciembre de 2002 fueron detenidos otra serie de presuntos terroristas en Francia, entre ellos Belmehel Beddaidj, que indicó que el objetivo del grupo era cometer atentados mediante
productos tóxicos contra objetivos rusos y reconoció al mismo tiempo que Merouane Benahmed era el jefe del grupo que había participado en el comando que atentó contra la catedral de Estrasburgo. Tras las primeras detenciones en Reino Unido,
Merouane Benhamed y Ahmed Belhout se marcharon de España a Francia, donde fueron detenidos ese 16 de diciembre de 2002. Ese mismo día la prensa española se hizo eco de esas detenciones y de los efectos ocupados, con una amplia información.
Seguramente por ese motivo -la difusión que tuvieron aquellas detenciones-, al día siguiente Larbi Ben Ahmed Allag, junto con otros, se deshizo del material que se indica en esta información, ocultándolo en dos bolsas de basura que sacó de su
domicilio de Bañolas y arrojó en un contenedor cercano. Todo ello quedó registrado, con todos los requisitos legales, por el equipo de vigilancia policial para su posterior utilización como prueba en España. Una de las bolsas contenía fotografías
de Nourredine Merabet y documentos que acreditaban trámites en España por parte de Said Rafik, uno de los individuos identificados como miembros de la célula de Francia que consiguió huir. En otra bolsa había un bidón de plástico cerrado con tapón
de rosca, de unos cinco litros de capacidad, casi lleno, con una etiqueta con la marca Finish Kare, fabricado en Estados Unidos y con avisos en su anverso sobre su toxicidad, y un bidón metálico, cerrado con tapón de rosca, casi vacío, de la misma
marca y con etiqueta e indicaciones similares. Como saben sus señorías -esto ha recibido una gran publicidad-, los laboratorios de los Estados Unidos, tras el análisis autorizado y ordenado por la autoridad judicial española de las sustancias que
contenían los recipientes mencionados, elaboraron un informe en el que destacan los siguientes extremos: el líquido inflamable hallado en el interior del bidón con la etiqueta Finish Kare, mezclado con la sustancia hallada en la botella de
plástico, un líquido viscoso compuesto en su mayoría por estirenos, podría ser un producto conocido como napalm casero, sustancia altamente abrasiva, susceptible de ser utilizada como un componente más de artefactos explosivos con el fin de aumentar
su poder de destrucción y, por consiguiente, el número de víctimas. Ese mismo día, un poco más tarde, Souhil Kaouka y Bard Eddin Ferdji salieron también del inmueble portando otras bolsas, que trasladaron en un vehículo a unos 22 kilómetros de
Bañolas, donde las arrojaron también a un contenedor de basura. Igual que en el caso anterior, estas operaciones fueron registradas cumpliendo todos los requisitos legales para su ulterior utilización como prueba. En el contenido de estas bolsas
destacaron unas fotocopias de la revista Nueva Electrónica correspondientes a un capítulo sobre un mando a distancia a 433 megahercios potenciado, fotocopias de documentos del trámite regulador de la residencia en España de Ahmed Belhout -recuerden,
detenido en Francia-, y diferentes documentos correspondientes a distintos individuos que no fueron localizados.



Voy a terminar, señorías, porque esto se está alargando demasiado -ya les dije que era más prolijo de lo debido-. Conocen ustedes el desarrollo que las actuaciones policiales han tenido en sede judicial y creo que es importante que conozcan
también los antecedentes de terrorismo de algunas de las personas que fueron detenidas en esta operación, al margen de lo que les he contado de su pertenencia a las redes Francia, Inglaterra y España. El tantas veces citado Mohamed Tahraoui tiene
antecedentes desde el punto de vista judicial en 1997 en Argelia, por creación de grupo armado, destrucción de bienes del Estado y privados, incendios voluntarios y posesión de armas de guerra. Larbi Ben Ahmed Alag -al que también he citado varias
veces en mi exposición- figura como peligroso terrorista implicado en acciones terroristas, amenazas, robo y destrucción de bienes del Estado y está conceptuado actualmente como miembro activo del DHDS, una escisión del GIA argelino. Smail
Boudjelthia tiene antecedentes desde 1997 por actividades terroristas y


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Mohamed Amine Benaboura -el hombre sobre el que puse tantas veces el acento en ocasiones anteriores- tiene desde 1996 antecedentes como miembro de un grupo terrorista implicado en acciones terroristas. Otro de los detenidos, Youb Saoudi,
era objeto de una orden de detención internacional, emitida el pasado mes de septiembre por las autoridades argelinas y difundida por Interpol, por creación de un grupo armado terrorista y por haber propuesto colocar una bomba de circuito
electrónico; fue detenido en España, en Salt (Gerona) el pasado 11 de septiembre, por funcionarios de la Comisaría General de Información, puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia de la Audiencia Nacional y se
dio comunicación al Juzgado Central de Instrucción número 1 por su implicación en el procedimiento que el mismo sigue sobre este asunto, todo ello a efectos de cumplimentar la solicitud argelina.



¿En qué situación está el resto en España, desde el punto de vista jurídico? De todos los detenidos en España durante la operación y en el momento de la misma, sólo realizaban alguna actividad laboral regularizada una serie de ellos. En
cuanto a su situación documental, la mayoría se encontraban de forma ilegal, bien por no poseer la documentación pertinente o bien por haberla tramitado desde un principio con datos falsos. Añado -y esto es información de última hora- que, además
de la detención de Youb Saoudi el pasado 11 de septiembre de 2003 -para el que había orden internacional de detención con fines de extradición emitida por las autoridades argelinas-, el 2 de noviembre fue finalmente detenido nuevamente en su
domicilio en Gerona -en la calle Girona, de Banyoles- Mohamed Amine Benaboura, también por una orden internacional de detención con fines de extradición, cursada por las autoridades argelinas, por creación de grupo terrorista, homicidio voluntario
con premeditación y emboscada contra las víctimas, robo con agravante y sabotaje de bienes públicos y privados con numerosas víctimas. Asimismo, el 25 de marzo de 1998, el Tribunal Penal de Chlef (Argelia) emitió sentencia, en rebeldía, condenando
a Benaboura a la pena capital. El detenido pasó a disposición de la Audiencia Nacional, por medio del Juzgado Central de Instrucción en funciones de guardia a través del de Instrucción de guardia de los de Gerona. Igualmente, se ha comunicado
dicha detención al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.



Termino con dos conclusiones. Como ven SS.SS., hablamos de un tema muy importante -lo fue en su momento y lo es hoy-, y con la importancia y el alcance que tiene lo tratamos y estoy seguro de que todos lo vamos a tratar así. Sencillamente,
seguimos trabajando. Aquello empezó en la fecha en que empezó y han ido pasando una serie de cosas; se van sumando los elementos que tienen que sumarse, se van produciendo las novedades que se van produciendo y seguimos trabajando.



El señor PRESIDENTE: Como ha solicitado la comparecencia el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Pedret.



El señor PEDRET I GRENZNER: Voy a ajustarme a sus indicaciones, señor presidente, de que seamos extremadamente celosos en el cumplimiento del tiempo reglamentario, y lo haré en todo lo que me sea posible, que será casi en todo.



La prolija intervención del señor compareciente -y prolija es un calificativo absolutamente neutro desde el punto de vista valorativo- parece referirse sólo a la primera de las comparecencias solicitadas, porque nada se nos ha dicho sobre la
segunda. Estamos aquí, señor compareciente -lo sabe usted perfectamente y lo sabemos todos los que nos encontramos en la sala-, en sede política. No voy a caer en la tentación de argumentar a favor o en contra de los indicios policiales a los que
usted se ha referido con la prolijidad que he indicado, mezclando de forma notable actuaciones producidas en distintos países y pasando por encima de asuntos fundamentales, a pesar de su prolijidad en temas no solicitados directamente. Se nos ha
dicho, simplemente que el desarrollo del tema en sede judicial es conocido por todos. Cuando llegamos al final de su intervención nos enteramos de que lo que usted llama situación judicial de algunos de los intervinientes -si no he oído mal-
consiste en que sólo algunos de ellos desempeñaban actividad laboral regularizada y que otros muchos estaban en España en situación administrativa irregular.
Desde luego, señor compareciente, como resultado final de las complejas intervenciones
policiales que nos ha referido con harto detalle, parece poco. Todo esto parece más bien al alcance de la oficina de extranjería de una subdelegación del Gobierno y no lo que es. Lo cierto es que el asunto, que usted ha completado con acciones muy
posteriores al momento de solicitud de comparecencia, lo utilizó políticamente en esta casa en ocasión solemne -en el Pleno del Congreso, en la sesión celebrada el 5 de febrero de 2003- el presidente del Gobierno, como el cuarto de los cuatro
argumentos que utilizó para justificar la invasión de Irak. Desde luego, lo que usted no ha mencionado, porque es muy difícil de mencionar, es la relación, conexión, acuerdo o lo que fuere, entre esta posible red de terrorismo islámico y el
entonces presidente de la República de Irak.
Cito textualmente el 'Diario de Sesiones' del 5 de febrero de 2003, Pleno: 'En cuarto lugar, como les decía, el Gobierno entiende que hay un riesgo gravísimo y un vínculo amenazador entre la
proliferación de armas de destrucción masiva y el terrorismo. Sé bien que no es agradable precisar estos riesgos, pero sé muy bien que no estamos hablando, señorías, de ninguna fantasía. No son hipótesis de ciencia ficción. Hemos visto hace pocos
días en Londres y también,


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por desgracia, en Barcelona que hay grupos terroristas dispuestos a atacar causando el mayor daño y destrucción posibles y que cuentan con sustancias que podrían causar centenares, si no miles, de muertos'. Esta era la intervención inicial.
En la réplica del señor presidente del Gobierno a las intervenciones de todos los grupos parlamentarios, en la misma sesión, nos dice textualmente: 'Por lo que se refiere al terrorismo, he dicho en esta Cámara los vínculos que ha tenido el régimen
de Sadam Husein con grupos terroristas' -cosa que no se ha dicho hoy ni con este grupo ni con otros-. 'Sigo diciendo que a mí me gustaría no tener que decir que existen riesgos fundados de que grupos terroristas puedan acceder a armas de
destrucción masiva; me gustaría no tener que decirlo, pero tengo la obligación de decirlo. Tengo la obligación de decir que recientemente se ha descubierto y detenido a peligrosos terroristas que están vinculados a esos grupos.'


Pues bien, el objeto de esta solicitud en la Cámara política -no en los juzgados- era conocer realmente la información que se había transmitido por el ministro del Interior -se solicitaba-, desde luego por el Ministerio del Interior al que
usted representa en este momento aquí, al presidente del Gobierno para que afirmara como relación exacta con Sadam Husein y como justificación de la actuación ilegal de ataque a la República de Irak la detención en Bañolas y en Barcelona de
determinadas personas a las que se ha referido usted con gran lujo de detalles y respecto de los cuales ha citado usted uno solo de los análisis, pero resulta que en cuanto a los productos realmente encontrados se entiende en la valoración judicial
de los análisis realizados -si no recuerdo mal, en dos ocasiones en Estados Unidos y en una ocasión al menos por los peritos españoles- que eran sustancias inocuas y que contenían restos de detergente. Esta operación Lago, señor compareciente, se
convirtió entonces en la prensa y en el hablar popular de nuestro país en el conocido comando Dixán y algo debía tener de comando Dixán cuando resulta que su situación judicial no es la administrativa que usted ha dicho, en la que no me voy a meter
en absoluto, como tampoco lo voy a hacer con ninguno de los datos ni voy a defender a nadie ni hablar en contra de los indicios y sus relaciones; lo que ocurre es que todos aquellos que fueron detenidos el 24 de enero de 2003 causaron una reacción
absolutamente sorprendente en Cataluña, única hasta el momento e inaudita, de grupos sociales y vecinos de los detenidos en defensa de alguien acusado de terrorismo, cosa que jamás se había producido y que no he visto que se vuelva a producir,
posiblemente porque los vecinos conocían la situación irregular en que por desgracia se encuentran muchos inmigrantes en nuestro país y conocían cuáles eran al menos aparentemente las actividades de aquellos detenidos, luego puestos en libertad por
la Audiencia Nacional y sobre los cuales recae en este momento la terrible acusación de situación administrativa irregular. Me parece, señor Astarloa, realmente desproporcionado y exagerado -por más que ahora se vista con todas las implicaciones
mundiales que se pueda, jamás, jamás relacionadas desde luego con el régimen baazista de Irak- que este sea el cuarto y último de los motivos para justificar la invasión. Es cierto -y no me estoy refiriendo a usted, señor Astarloa, lo dejo
clarísimo a efectos del 'Diario de Sesiones': no me estoy refiriendo a S.S.- que la primera víctima de las situaciones bélicas es la verdad y que la utilización de cualquier falso indicio o de cualquier posibilidad sirve para justificar cualquier
acción bélica. Es por desgracia una constante en la historia de la humanidad, pero desde luego nosotros no podemos consentir que caigamos en ello, no podemos consentir que personas en situación administrativa irregular sean equiparadas a la
existencia de un peligro inmediato, directo y real para los ciudadanos españoles por parte del régimen baazista, que supondría la justificación del ataque a la República de Irak. No, señor Astarloa. Sobre este tema se ha mentido demasiado, en el
sentido político de la palabra, que es una expresión que se le oyó a un destacado representante del Grupo Parlamentario Popular en el Pleno del Congreso, cuando dijo: no, he dicho que ha mentido usted en el sentido político. Pues bien, la voy a
usar yo, porque parece ser la doctrina de la mayoría. Se ha mentido en el sentido político. Se ha utilizado de una forma absolutamente inaceptable la existencia de pequeños indicios que han sido desestimados luego por la Audiencia Nacional,
dejando en libertad a las personas afectadas, para la justificación de una acción que insisto es ilegal y que la Resolución 1511 de Naciones Unidas no viene a legalizar a posteriori en absoluto.
Nos preocupa porque la utilización para efectos de
propaganda política de actuaciones policiales por parte de los responsables de esta policía -es decir el Gobierno- es algo que está apareciendo en la actualidad en nuestro país con demasiada frecuencia y nos parece que los que debemos ser defendidos
en nuestra libertad y seguridad por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que realmente lo hacen, no nos merecemos que se utilicen sus actuaciones de una forma estrictamente partidista a efectos políticos claramente demostrados por parte de
sus responsables políticos, es decir, el Gobierno. No podemos continuar consintiendo que cada vez que haya un problema salgan titulares para justificar una cosa u otra, y le recuerdo a usted, señor Astarloa, el asunto de la destitución del portavoz
de policía en Barcelona por fingir un delito en la plaza de Cataluña para justificar determinadas cosas. Conoce usted la condena en estos momentos por simulación de delito en relación con actividades de grupos antiglobalización en Barcelona, en
concreto en el barrio de Sants.
Conoce usted la devolución a sus legítimos propietarios de cantidades enormes de DVD y CD, que fueron también utilizados al nivel político más bajo pero con un enorme despliegue de propaganda para decir que se había
realizado por parte de la policía


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española la mayor operación antipiratería de Europa. La policía hizo lo que tenía que hacer, pero ustedes utilizan esto no sólo para propaganda, sino para justificar actividades, actitudes y decisiones que no tienen justificación en ningún
otro lugar, y al no ser ciertos del todo los resultados que ustedes dicen de las actuaciones policiales, tampoco tienen razón en ellas. De que los habitantes de Bañolas y de las otras localidades que usted ha mencionado estuvieran en situación
regular o irregular a justificar la guerra de Irak me parece que el salto es demasiado grande para poderlo seguir.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señorías, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), agradecemos la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad y también los datos aportados. Es
cierto que ha sido una explicación prolija, también lo decía el señor Pedret, pero debe serlo, debe ser detallada para poder en este supuesto y en esta comparecencia diferenciar dos ámbitos que cree mi grupo que se han producido, por un lado, el
ámbito estrictamente policial, el que es de su competencia como secretario de Estado y de la competencia del ministro del Interior, la investigación de unos indicios y la realización de unas detenciones y la puesta a disposición judicial de los
detenidos -este es un capítulo-; otro capítulo distinto es la utilización que pudo hacerse de esa actuación policial que nada tiene que ver con la misma, que ha seguido su lógica y que puede al final haber tenido un resultado, esperado o no, como
tantas otras actuaciones policiales. Por tanto mi grupo quiere distinguir en esta comparecencia estos dos ámbitos.



En cuanto al primero de ellos estamos ante una investigación importante que requiere siempre de las máximas cautelas y mi grupo no va a discutir el iter de los procesos de información que llevaron a la policía a realizar unas detenciones que
al final no han obtenido el resultado esperado. En estos supuestos siempre nos debe guiar la prudencia y evidentemente pensamos que cuando desde el Ministerio del Interior, desde la Secretaría de Estado de Seguridad, se practica una serie de
detenciones tras informaciones o indicios de conexiones, que pueden ser equivocadas pero que les llevan a ustedes a realizarlas, mi grupo no quiere discutir políticamente si se actuó bien desde el punto de vista policial o no. Nos merece un respeto
toda la actuación, puesto que si existía la presunción de la existencia en España de células de terrorismo islámico, la Policía, y a través de ella el Ministerio del Interior, intentaba esclarecer la verdad. Por tanto, hay un capítulo de actuación
policial que mi grupo respeta. Es cierto que se creó una expectativa de resultado con la operación, con la propia difusión de las detenciones; se creó una expectativa que después, judicialmente, no ha tenido una confirmación. Existían unos
indicios y después, tras la investigación judicial de la Audiencia Nacional, se ha puesto en libertad a esos detenidos; por tanto, judicialmente no se confirmó el resultado esperado por parte de quien practicó las detenciones. ¿Qué ha pasado aquí?
Por parte del Gobierno y en pleno debate sobre nuestra intervención en Irak de alguna forma se aprovecharon esas detenciones para dar un salto peligroso en la presunción de inocencia; nos saltamos la presunción de inocencia. Ahora se releían
algunos fragmentos del 'Diario de Sesiones' del Pleno, donde por parte del presidente del Gobierno no se afirmaba que había unas indagaciones abiertas y que había unos presuntos delincuentes o una presunta trama de terrorismo... No, no; se
afirmaba: Existe, es un peligro, y si ustedes no se dan cuenta es que no están viendo lo que pasa en el mundo. Se venía a hacer una especie de extrapolación, rompiendo lo que es la presunción de inocencia. En ningún caso y en ningún debate en el
Pleno (de acuerdo que es una Cámara política) se planteó desde el Gobierno la posibilidad de que después judicialmente se comprobara que esas detenciones no tenían justificación por los datos que se tienen ahora. Repito que siempre debemos ser
respetuosos y cautelosos con las informaciones que pueden venir en un futuro. Lo cierto es que desde la Audiencia Nacional no se ha confirmado lo que eran esos indicios. Cierto es también que esas detenciones causaron sorpresa a quienes convivían
de forma más cercana con los detenidos, aunque ese tampoco es un argumento para definir una inocencia, porque a menudo causa sorpresa pero después se confirma la culpabilidad.



En este supuesto concreto, lo que mi grupo quiere afirmar es respeto a la actuación realizada por parte del Ministerio del Interior y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero posición crítica por la utilización política que se
realizó en este Congreso de los Diputados, saltándonos la presunción de inocencia, afirmando que existían unos delincuentes y que debíamos actuar; por eso la alarma estaba activada dentro de España y no actuar sería una posición irresponsable en el
ámbito internacional y en el ámbito de la intervención del Gobierno y de nuestro compromiso con Irak, que sabe el secretario de Estado que mi grupo no compartió; no compartió entonces y no comparte ahora. Este no es un debate sobre Irak, aunque sí
que es un debate sobre ese proceso de investigación policial que se utilizó políticamente, y cree mi grupo que se magnificó. Lo que era una actuación policial, que, repito, no queremos discutir, se magnificó para buscar un elemento más de
justificación a lo que era la intervención española en Irak, de ahí la transcendencia de esta comparecencia.



Termino mi intervención reafirmando en nombre de mi grupo la importancia de estos temas, la importancia de las investigaciones que se llevan a cabo y las cautelas con que siempre debemos tratarlos; pero, repito, esas mismas cautelas
aconsejarían a los máximos


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responsables del Gobierno no saltarse la presunción de inocencia y actuar con el máximo respeto a esa garantía constitucional. Nadie ha cometido una acción delictiva hasta que no se demuestra judicialmente, y en este supuesto, por fortuna,
se ha demostrado que por el momento y con los datos que se tienen no había una actuación delictiva que justificara esas detenciones.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Popular, señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Tengo que comenzar mi intervención expresando la felicitación de mi grupo parlamentario por el conjunto de exitosas operaciones que se vienen realizando en este país contra el terrorismo islámico, en una actuación que
no dudo en calificar de brillante, conjunta y coordinada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado bajo el mando único real operativo de la Secretaría de Estado de Seguridad, del señor secretario de Estado de Seguridad, que es
persona solvente, aunque algún grupo parlamentario, como toda crítica, entienda como argumento último que no tiene cara de mando único. Hay que señalar que estamos ante una operación muy importante, desarrollada en el contexto de una mucho más
amplia investigación internacional, en donde una vez más se hace patente ese principio de coordinación y de actuación conjunta de servicios de los cuerpos y fuerzas policiales en esa comunidad internacional de seguridad. Por eso, no deja de
sorprenderme que el principal argumento en contra utilizado por el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista -es chocante- haya sido precisamente quejarse de alguna manera -quejarse limitadamente porque resultaría mucho más chocante quejarse
abiertamente- de lo prolija que ha sido la información dada por el señor secretario de Estado de Seguridad.
Comprendo esa queja porque de la prolija información que ha dado el señor secretario de Estado de Seguridad se desmorona el discurso que
algunos construyeron a propósito de esta operación. Algunos construyeron en su momento, y hoy lo han reiterado aquí, que ésta era una operación poco menos que sacada de la chistera, con un efecto meramente mágico e imaginativo, sin más
fundamentación que intentar generar una especie de instrumentación política. Eso es profundamente falso en atención precisamente a la prolija información dada por el señor secretario de Estado de Seguridad, en la que ha quedado acreditado que aquí
había y sigue habiendo un trabajo conjunto importante de la seguridad del Estado francesa, británica y española, junto con la de otros países. Además, esa queja, a nuestro juicio, pone de manifiesto que muchas veces o se desconoce de lo que se está
hablando o se quiere desconocer de lo que se está hablando para intentar justificar una determinada diatriba política.



Yo no voy a hacer aquí historia, pero simplemente para la curiosidad de algunos diré que es un hecho indiscutible en la llamada comunidad internacional de inteligencia y en el ámbito de las políticas exteriores de seguridad que en los años
noventa, una vez se producen determinados y muy graves atentados en París, en concreto los célebres atentados que se produjeron en el metro, hubo una presión de las autoridades de seguridad de esa comunidad internacional que obliga a todas las redes
vinculadas a terrorismo islámico, fundamentalmente la red vinculada al grupo GIA, a trasladar sus bases operativas de Francia a España. Ese es un hecho acreditado, largamente acreditado. Es un hecho largamente acreditado, si se sabe de esto por
parte de la comunidad de inteligencia internacional, que esos grupos GIA y las derivaciones o escisiones -a algunas de ellas ha hecho referencia el señor secretario de Estado de Seguridad por la vinculación que algunas de las personas detenidas
tenían- de ese grupo inicial GIA, evidentemente escisiones mucho más radicales y más violentas que la de suyo ya radical y violenta del grupo GIA, desde finales de los noventa y principios de esta década entraron en contacto con los más radicales y
violentos grupos islámicos de la comunidad internacional. Eso es un hecho absolutamente reconocido. Tengo que recordar, por ejemplo, que en su momento la secretaria de Estado de Seguridad, la señora Robles, en una acción inteligente por su parte,
previniendo precisamente estas cuestiones, estableció unos especiales sistemas de seguridad y de control sobre la línea marítima Orán-Alicante, sistemas y controles que se siguen produciendo y que han dado resultados muy útiles para las
investigaciones.



Venir hoy aquí a frivolizar un discurso para tratar de presentar una operación importantísima como algo puramente propagandístico para justificar no sé qué me parece cuando menos irresponsable y además delata un profundo desconocimiento de
lo que hay detrás de lo que estamos hablando. Este no ha sido un hecho aislado y porque sí, instrumentado por el capricho de la autoridad política, del Ministerio del Interior o del Gobierno, sino que, como ha relatado de forma prolija,
afortunadamente, el señor secretario de Estado de Seguridad, es el resultado de una investigación muy seria y rigurosa, y con toda seguridad el conjunto de esa operación ha impedido graves situaciones de riesgo para España y para países concretos
del ámbito de la Unión Europea, como Francia e Inglaterra. Probablemente también las vicisitudes de esta operación, aunque a algunos les puedan parecer chistosas -se han utilizado expresiones que me parecen profundamente frívolas e irreponsables
por pretender ser chistosas y descalificadoras, como la célebre expresión comando Dixan-, han producido un efecto disuasorio o en todo caso de retirada de algunas de las estructuras y planes inmediatos de actuación que podían tener determinados
grupos. Desde luego, nosotros creemos que hablar así de esta operación, inscrita además como ha querido hacerlo el Grupo Parlamentario Socialista en un contexto mucho más general de utilización policial para


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propaganda política partidista, sencillamente es una nueva irresponsabilidad y frivolidad. Yo reto al Grupo Parlamentario Socialista a que encuentre un solo 'Diario de Sesiones' en el que mi grupo estando en la oposición hablase de que se
utilizaba la Policía para fines partidistas, sectarios y de propaganda política, porque eso me parece sobre todo y ante todo, en primer lugar, una ofensa hacia la dignidad profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y, en segundo
lugar, una ofensa profunda hacia el sentido de lealtad y de servicio al Estado de los responsables políticos de esas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, hoy los del Partido Popular y mañana -un mañana yo creo muy lejano, permítaseme que lo diga- los del
Partido Socialista, si así lo quieren los ciudadanos españoles. Concebir que una estructura tan básica del Estado para la definición del valor de libertad y la defensa del Estado de derecho puede pretender ser utilizada por un responsable político
para fines de propaganda partidista me parece, utilizando un calificativo moderado, sencillamente un esperpento monumental.



El presidente del Gobierno tenía toda la razón cuando dijo lo que dijo en aquella intervención, cuando manifestó que no estábamos hablando de fantasías en cuanto al riesgo evidente de la presencia de estos grupos de terrorismo islámico en
España. Tenía toda la razón porque, como he dicho al principio de mi intervención, ese es un hecho consolidado y acreditado desde principios de la década de los noventa. En segundo lugar, tenía toda la razón cuando decía que existía y existe el
peligro de ataques de estos grupos terroristas islámicos a nuestro territorio nacional. Ha sido así desde principios de la década de los noventa y lo es recientemente.
El padre, para que no sea solamente el argumento de la valoración que hace este
grupo, el negro padre, el oscuro padre, el criminal padre de todas esas operaciones, el señor Bin Laden, lo ha dicho con toda rotundidad y claridad. Desde luego tenía razón el presidente del Gobierno cuando decía que los detenidos en esa operación
en concreto estaban vinculados a grupos afectos al terrorismo islámico. Esta es una realidad que no se puede tratar de desmontar sobre la base de chistes y chascarrillos, puesto que es una realidad objetiva e incontrovertible en términos
policiales, en términos de antecedentes, en términos de datos objetivos y contrastados, suministrados no por los servicios de información y de inteligencia españoles, sino por los servicios de inteligencia y de información de distintos países de la
Unión Europea, en virtud de la cual esa operación se realizó con un carácter multinacional y no circunscrita al territorio español.



Concluyo, señor presidente, señor secretario de Estado, diciendo que el presidente del Gobierno tenía razón cuando señaló que la alarma está activada dentro de España, que sería una irresponsabilidad que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado y la estructura de mando único del Ministerio del Interior, personalizada en términos políticos en el secretario de Estado y en el ministro del Interior, no hubieran dispuesto, como lo han hecho desde hace mucho tiempo y como continúan
haciéndolo, de los elementos de prevención necesarios para que ese riesgo, esa alarma activada pueda no tener, afortunadamente, consecuencias lamentables para la libertad y la seguridad de nuestro país y de sus ciudadanos. Por más que se intente
buscar una piedra sobre la que construir un discurso frívolo y a nuestro juicio irresponsable, nosotros animamos al mando único de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a que continúe desarrollando la tarea de coordinación de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado español y esa tarea de coordinación de las mismas con el conjunto de las fuerzas y cuerpos de seguridad de los distintos países de la Unión Europea y de la comunidad internacional para seguir previniendo este riesgo.
Luego vendrá S.S. aquí y escuchará cosas tan sorprendentes como las que ha escuchado esta mañana, pero se podrá ir con la seguridad de que mi grupo parlamentario y muchos ciudadanos españoles pensamos que están ustedes cumpliendo con su deber y
haciéndolo bien.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado de Seguridad.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): En primer lugar, quiero dar las gracias a los señores Pedret, Jané -no está con nosotros, aunque está muy dignamente representado- y Gil Lázaro.
Señor Pedret, me ha
parecido que S.S. no quería hablar conmigo hoy de la operación policial de Barcelona que nos está ocupando en esta comparecencia, ni siquiera de las dos solicitudes de comparecencia que han dado lugar a la mía y que han sido formuladas por su
grupo, porque la primera es para informar de la detención de las personas presuntamente relacionadas con la red Al Qaeda en España -creo haberlo hecho- y la segunda no es para hablar, y menos este secretario de Estado de Seguridad, ni de Irak ni de
la guerra, sino para dar cuenta de la información que se trasladó al presidente del Gobierno en relación con los cuatro detenidos en Cataluña por su presunta implicación con el terrorismo islámico. Esa es la información que recibió el presidente
del Gobierno, la misma que S.S. tiene en este momento y que recibió de quien la tiene que recibir, de este secretario de Estado de Seguridad, que naturalmente se hace responsable tejas abajo de todo. Yo no voy a negarle su derecho a que en esta
comparecencia S.S. hable de lo que quiere hablar, que es de Irak, pero sí le voy a pedir una cosa y es que por lo menos durante dos minutos hagamos una bolsa en la que no hablemos de ello, luego si quiere lo hacemos. ¿Por qué? Porque esto se
produce cuando se produce, es decir, cuando un juez remite una comisión rogatoria desde Francia para que actúe un juez español (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.), y lo hace porque se han producido


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importantes actuaciones contra terroristas islámicas en Francia que tienen que tener inmediata sucesión en otro país, en este caso en España, ya que existe una vinculación entre lo que está aconteciendo en Francia en esa red terrorista y lo
que está aconteciendo en España en dicha red, del mismo modo que existía una conexión entre la red inglesa y las redes francesa y española. Eso se produce cuando se produce, y con independencia del momento en el que se produce, sobre el cual S.S.
hace una serie de reflexiones, a mí me gustaría que en esta burbuja de cinco minutos, no más, que yo le propongo hablemos de la operación en sí misma, de la importancia de la operación que yo he pretendido contar, ha dicho S.S. de forma prolija sin
duda, esto es extremadamente complicado para todos, no sólo para este compareciente, sólo por la falta de relación y de costumbre habitual con los propios nombres que uno tiene que manejar, y que yo tendré que dejar ahora a las señoras y señores
taquígrafos porque los habré pronunciado todos mal. Esta es una operación sobre cuyas consecuencias podremos hacer tal o cual valoración (algunas se han hecho y con mucho juicio por algunas de SS.SS.), pero en relación con la cual lo que no podemos
permitirnos, creo, nadie, ninguno de los que estamos aquí, es rebajar un ápice su importancia y su significado en cuanto pone de relieve lo que es claramente una directa manifestación y muy gráfica de lo que significa el peligro del terrorismo
islámico radical, uno, y, dos, de la extremada dificultad (yo creo que es una segunda enseñanza que hay que sacar también de esta operación, no sólo de ésta, de todas, pero desde luego de ésta que nos ocupa ahora), de la extremada complejidad que
tiene en cada país concreto el tratamiento de unas redes que aquí operan haciendo una parte de la actividad y en otra operan haciendo otra parte de la actividad. Decía S.S., y también el señor Jané, que no ha visto cumplimentada hasta hoy la
expectativa judicial que inicialmente se plantea. Sobre eso podemos hacer reflexiones, eso tiene que ver con que la actividad policial que ha generado una determinada documentación puesta en la Audiencia Nacional no es suficiente (es una posible
lectura, no la han hecho SS.SS., y yo además les agradezco que no la hayan hecho), o puede tener que ver con algo que a mi juicio sin duda es parte muy importante del problema, que es que la complejidad de la persecución de este terrorismo hace que
cosas que nos parecen evidentes en otras actuaciones terroristas, en relación con las cuales tenemos desgraciadamente una larga experiencia, no nos parezcan naturales e incluso -y valga la broma- nos parezcan hasta chistosas en otras actuaciones.
Uno de los problemas que viví al principio de esta legislatura era un problema judicial serísimo en relación con el terrorismo de ETA; si un señor llevaba la gasolina en un bolsillo, la mecha en el otro y el resto de los componentes en el bolsillo
del pantalón, los jueces no podían condenar la acción de terrorismo urbano que hiciese ese señor, salvo que alguien le cogiese en el momento en el que todo lo tenía montado y estuviera a quince segundos de tirárselo a alguien a la cabeza. Eso lo
hemos vivido todos los que estamos aquí, tanto lo hemos vivido que en esta legislatura se ha reformado el Código Penal para evitar que quedasen sin condena ese tipo de situaciones. Le decía que tenemos un caso práctico muy claro de que frente a
otras cosas en relación con las cuales no tenemos (este es un planteamiento muy reciente) la misma forma de acercarnos a los problemas, nos resulta todavía más complejo dentro de la extraordinaria complejidad que tiene en sí mismo ya un fenómeno
como el del terrorismo islámico radical. De esto yo creo que tenemos que aprender todos, porque lo que sí creo que ninguno de los miembros de esta Comisión me va a discutir es que este es un problema serísimo, que este es un problema en relación
con el cual este país y todos tienen que adoptar el máximo de las medidas policiales y jurídicas posibles para vencer incluso esa resistencia mental para aproximarnos al problema y darle el tratamiento y la resolución en sede policial y en sede
judicial.



Yo creo que eso, con toda honestidad, describe muy bien lo que es la dimensión y la importancia de la operación, y sobre todo lo que es la dimensión del problema en el que la operación se inscribe. Su señoría, que es un hábil parlamentario
desde hace mucho tiempo, ha reducido toda mi larguísima y prolija exposición a que al final resulta que de lo que estamos hablando es de un problema de inmigrantes ilegales, con los que el barrio inmediatamente se solidariza. Alabo la habilidad
parlamentaria pero no es ese el problema, ese ha sido un elemento más de los datos que yo he ido desgranando para que ustedes tengan toda la información con la que luego formen su juicio, que no tiene por qué ser exactamente igual que el mío. El
problema es que hay efectivamente unas redes manifiestas y patentes. Esos hechos usted no me los va a discutir y no han sido discutidos por el Grupo Socialista en el Pleno del Congreso cuando se ha tratado de esto. Son hechos que están reconocidos
y que están en el sumario, cuyas responsabilidades jurídicas exigibles serán las que sean, pero los hechos son estos; podemos discutir alguno, y podemos discutir su alcance, y podemos discutir si son pequeños o grandes para justificar una
determinada decisión de un fiscal y de un juez, y yo soy el primero en respetar la que en este caso concreto el Poder Judicial adoptó, el primero, y seguir trabajando, como terminaba mi primera intervención. Hay que seguir trabajando para intentar
que esta operación, que tiene la importancia que tiene, que es la que se deduce de las cosas que yo les he contado, en su caso, si tiene que acabar con la detención de personas que judicialmente queden finalmente acreditadas como miembros de una
red, como policialmente se piensa, tan significativa en este momento en Europa para el desarrollo de una de las manifestaciones, no la única, del terrorismo islámico radical, finalice así. Hay que vencer la complejidad y establecer ese cambio


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incluso cultural de acercarnos a un problema para el cual no estamos acostumbrados. Eso para mí es lo sustancial del debate que tenemos aquí esta mañana.



Cierro mi burbuja sobre esta cuestión para añadir dos cosas. La primera, yo creo que vista desde la distancia de un debate que fue, como era el de aquellos días, no es sólo la dimensión del problema en los términos que yo le acabo de
describir la que debe llevarnos a conclusiones no en la línea que S.S. establecía, sino la propia reflexión del presidente del Gobierno a la que S.S. se refería, también apartada de la referencia concreta a Irak y a la guerra. Yo creo que también
SS.SS. pueden compartir eso, alejado de Irak y de la guerra. La seguridad hoy de los ciudadanos de nuestros países está íntimamente ligada no sólo a las tradicionales relaciones de conflicto entre Estados, sino a la relación de muchas personas en
redes del terrorismo internacional. Yo creo que uno de los debates más importantes que tenemos no en esta Cámara, en este país, en este momento encima de la mesa, y que tenemos que hacer todos juntos porque nos da la seguridad del Estado y, en
definitiva, la seguridad y la libertad de los ciudadanos, es ese; hay que hacerlo sin prejuicios políticos, hacerlo desde la perspectiva de lo que es bueno para el país frente a los nuevos retos que se están planteado hoy a los Estados modernos.
Eso es tal y como yo lo entiendo a lo que se refería el presidente del Gobierno, y desde esa perspectiva no tengo ninguna duda de que no sólo yo lo comparta sino que creo que todos lo compartimos, creo.



La segunda y última, me va a permitir que de lo que ha dicho haya dos cosas que no le acepte. Una es: Se ha mentido. Yo no he pronunciado ni una sola palabra en la que no crea, y entiendo que en este proceso nadie ha pronunciado una sola
palabra en la que no crea. Digo más, enlazo con lo que me decía el señor Jané. La dimensión -alguien lo ha llamado propaganda-, la repercusión de esta operación en cualquier tiempo y lugar hubiese sido la misma, porque vivida en el día en que la
vivimos era de una importancia como la que estoy hoy recordando en esta comparecencia.
Si se hubiese producido mañana en vez del día en que se produjo tendría a mi juicio el mismo tratamiento y la misma repercusión, porque ese es hoy un problema
que nos preocupa a todos. Que nos expliquen que señores que actúan con ricino en Inglaterra están yendo y viniendo a Francia y a España y trasladándose la documentación falsa con una red de otros señores que en Francia están pensando atentar contra
la embajada de Rusia en París, y que esos señores han vivido en Barcelona durante no sé cuántos años y han dejado aquí a otros señores con los que se relacionan y que inmediatamente pasan la frontera cuando los otros son detenidos; todo eso, que es
lo que estamos viendo esta mañana, de una significación real, ahí no hay mentira ninguna.



La segunda cosa que no le puedo aceptar -lo ha dicho también el señor Gil Lázaro- es que diga, en este caso si quiere lo personalizo, que se utiliza, que utilizo, que utilizamos las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con no sé
que fin; eso no es verdad. Sencillamente no es verdad, y de hecho ha citado algunos ejemplos que todavía ponen más de relieve que no es verdad, porque si hay algo en lo que no hubo ni la más mínima declaración ni comentario político -puede usted
repasar las hemerotecas- fue la operación que S.S. ha citado, ni más ni menos. Salió de una información policial en Barcelona y se difundió. Además, es importante que en esto me crea, porque sería muy malo lo contrario.
Afortunadamente, como ha
dicho el señor Gil Lázaro, ni cuando el Partido Popular estuvo en la oposición lo pensó del Gobierno socialista (Risas.), y yo espero que no lo piensen SS.SS. ni un segundo del Gobierno.



Señor Jané, le agradezco su intervención. No estaba S.S. cuando empecé, su intervención. Ya he contestado a la idea del se magnificó con la perspectiva que le acabo de dar de que si se produjese mañana tendría exactamente la misma
repercusión. Hay una cosa en la que no puedo estar de acuerdo, que es que nos saltamos la presunción de inocencia. Con eso, estoy completamente de acuerdo con S.S., siempre hay que ser cuidadoso; pero no sólo en lo general de decir que una
operación tiene tal significado sino persona a persona. Cada una de esas personas hasta que finalmente un juez decida lo que tenga que decidir tiene que recibir el tratamiento debido, el de una persona presunta delincuente, presunta terrorista. En
esa condición persona a persona han sido tratadas y el respeto del Gobierno luego con las decisiones judiciales es absoluto y máximo. De todas maneras, si en algún momento se ha podido dar la sensación de eso, lo que yo quiero es disipar en todo
momento la sensación de que se podía intentar magnificar o de que alguien puede haber rozado el tema de la presunción de inocencia. En ningún caso esa ha sido la intención, y creo sinceramente que se ha conseguido. (El señor Pedret Grenzner pide
la palabra.)


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret, tenemos todavía un amplio orden del día, que queremos sustanciar en su totalidad. Hay un acuerdo entre los grupos de que se actúe con la mayor brevedad. Esta es una comparecencia
que ha sido larga. En cualquier caso sólo puedo concederle tres minutos.



El señor PEDRET GRENZNER: Gracias, señor presidente. Voy a intentar estar exactamente en los tres minutos.



No voy a caer en la tentación de contestar al señor Gil Lázaro en un debate que no existe entre grupos en este trámite. El señor Gil Lázaro que, aunque a veces intenta disimularlo, sabe mucho de política, sabe que esto no es así, le diré
que desde luego recogemos su incitación de actuación y felicitación al mando único y cuando lo creemos le transmitiremos este deseo de su señoría. (Risas.) Va a ser pronto, a partir de marzo, por lo tanto S.S. va a ser satisfecho rápidamente.



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Su Señoría ha satisfecho la curiosidad (no sé de quién, desde luego no de los miembros de su grupo, porque estaba solo en aquel momento en cuanto a su grupo), pero nos ha servido para iluminarnos sobre su adhesión absoluta al convencimiento,
espero, del presidente Bush y la Administración americana de que el terrorismo islámico está conectado con Irak. Yo no pienso lo mismo.



Señor Astarloa, le agradezco desde luego su referencia inmerecida y su constatación objetiva de antigüedad; le agradezco por igual una cosa y otra. Me incita usted a una cosa de la que intento retenerme, pero casi cada vez suelto un
latinajo en la Comisión. No tendré más remedio que citar a Agustín de Hipona y decir aquello de Credo quia absurdum. No me diga usted que crea, porque el fundamento de creer es que la realidad sea absurda. Vea usted a qué contradicción podríamos
llegar si tenemos que creer sobre estos temas.



Señor Astarloa, el problema es que tenemos dos temas completamente diferenciados y lo que estamos discutiendo aquí es su conexión, el tema de las redes de terrorismo islámico, que desgraciadamente parecen existir, hay indicios de objetivos,
y el tema de las actuaciones policiales respecto a las redes de terrorismo islámico, sobre las cuales no voy a entrar; en absoluto voy a entrar sobre si tiene razón juez, fiscal o fiscal y juez, porque es una cuestión en que desde luego tenemos
todos que actuar para intentar evitar que puedan llevar a fin sus objetivos. Pero el problema que tenemos aquí es el de la conexión de estas redes de terrorismo islámico con la justificación de la guerra en Irak, este es el problema político que
tenemos aquí. Desde luego no he dicho nunca y he hecho constar, he pedido que constara en el 'Diario de Sesiones' que no me refería a usted, señor Astarloa, al utilizar la palabra mentir, me refiero a la Administración de Estados Unidos y a quienes
le siguen que dicen que el terrorismo islámico está conectado con Irak, y aquí es el problema. Desde luego esta conexión con Irak se produjo, me alegro de saberlo, no por las informaciones que transmitiera usted, señor Astarloa, al presidente del
Gobierno, puesto que creo que sean las que ha dicho hasta este momento sino que se inventaron directamente por el presidente del Gobierno, como aparece el 5 de febrero en el 'Diario de Sesiones' de esta casa, pero que también a la salida del Consejo
de Ministros de Santiago de Compostela por el tema del Prestige manifestó que se había detenido a terroristas sin presunción de inocencia y que aquello justificaba la actuación contra Irak. Por tanto, señor Astarloa, le agradezco el resultado de
esta comparecencia en cuanto a la aclaración de responsabilidades políticas. Claramente no fue S.S. sino el presidente del Gobierno quien conectó sin justificación alguna el terrorismo islámico, problema que nos afecta a todos, con el régimen Bass
y el ataque ilegal a la república de Irak.



Nada más. He manifestado antes a la presidencia y al señor compareciente las razones de trabajo parlamentario en otras comisiones que me obligan a ausentarme de esta Comisión. No lo tomen SS.SS. como descortesía parlamentaria. Desde
luego leeré atentamente el resto del debate en el 'Diario de Sesiones'. Siento tener que ausentarme.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Con mucha brevedad, señor presidente.



Señor Astarloa, con el máximo respeto, usted nos pide que le creamos y yo también le pido que crea a mi grupo cuando afirmamos que en este caso concreto nuestro grupo no ha querido discutir la importancia que podía tener desde un punto de
vista de investigación policial; yo le pido que nos crea a nosotros cuando afirmamos, y está documentado, que en pleno debate sobre Irak, cuando tantos grupos discutíamos, criticábamos la participación española en esa guerra de Irak, se utilizó y
se saltó esa presunción de inocencia. Se salta la presunción de inocencia cuando se afirma con rotundidad -esto está documentado y existe- por parte del propio presidente del Gobierno: Existe en España una red de terrorismo islámico. Está
conectada con el régimen de Irak. Hoy hemos detenido en Barcelona a los autores... Se daba como un hecho, pero afortunadamente tras las indagaciones de la Audiencia Nacional se ha comprobado que esos indicios no se han visto correspondidos. Puede
seguir la investigación, y nosotros no vamos a discutir la importancia del trabajo que puede realizar el Ministerio del Interior en hacer indagaciones, porque es su deber y es el derecho de los ciudadanos de que se realicen. Usted pide que le
creamos y yo le pido que me crea a mí. Se saltó la presunción de inocencia; en ese puzzle de Irak muchas piezas no encajaban y para intentar encajarlas se dijo: Fíjense si es útil nuestra intervención que los tenemos al lado, hoy mismo los hemos
detenido en Barcelona. No, no; se realizaron unas detenciones por unos indicios pero después se demostró que no iban por el buen camino. Por tanto, es cierto que en ese debate se saltó la presunción de inocencia y se afirmaron unos resultados que
después judicialmente, afortunadamente, no se han visto correspondidos.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Intervengo con toda brevedad.



Decir que el presidente del Gobierno se inventa algo ante la opinión pública o ante esta Cámara sencillamente me parece un monumental despropósito; y quiero dejarlo solamente ahí porque me parece de tan escasísimo


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rigor intelectual y político que ni siquiera merece mayor comentario.



En segundo lugar, creo que la derivación discursiva del señor Jané esta mañana solamente se puede comprender en clave de política catalana, porque pese a su buen sentido común, a su tradicional sentido común en las últimas horas nos viene
haciendo algunas excursiones -ayer en el Pleno, hoy en esta Comisión- que no se entienden si no es precisamente porque estamos en puertas de unas elecciones. Señor Jané, pretender afirmar que no existe en España una red de terrorismo islámico y,
por tanto, acogiéndose S.S. a un concepto jurídico, que no operativo ni político, de la presunción de inocencia, intentar sembrar por ahí ciertas dudas sobre la actuación política del presidente del Gobierno en este caso, me parece sencillamente
sólo justificable en virtud de la coyuntura que yo le estoy señalando, que se agotará el próximo domingo; seguramente a partir de ahí volverá S.S. al buen sentido tradicional.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Contestaré primero a través del 'Diario de Sesiones', como ya nos anunció, al señor Pedret. Sólo quiero decirle una cosa, en este caso contumaz, y es que sigue siendo
un parlamentario hábil. Acabar concluyendo que de mis palabras sale con la idea clara de que fue el presidente del Gobierno el que se inventó no sé qué cosa, es sólo ser un parlamentario hábil, nada más que eso.



He dicho dos cosas, las mantengo e insisto en las dos para el 'Diario de Sesiones' y para las señorías del Grupo Socialista y de los demás grupos que están aquí. Primero, fuera del contexto en el que se produce el debate del que quería
hablar el señor Pedret, que no yo, porque yo quería hablar de lo que SS.SS. me habían pedido que hablase, estoy seguro de que no se haría la interpretación de que el presidente del Gobierno ha usado eso como uno de los motivos básicos, porque no es
verdad. Segundo, he dicho que no sólo comparto yo las palabras del presidente del Gobierno, sacadas del contexto en el que las quiere meter el señor Pedret, sino que estoy seguro de que las comparten todos los miembros de esta Cámara.
Vuelvo a
repetir que uno de los problemas, si no el más importante, que hoy tienen los países es el de hacer frente a los retos que están planteando a nuestra seguridad realidades como la que estamos tratando esta mañana, con la manifestación de Barcelona o
con cualquiera de los otros cientos de manifestaciones. El señor Gil Lázaro lo ponía antes en su contexto: hoy hablamos de una situación y de una operación que tendrá el fruto que tenga que tener, pero es que no es la única operación ni el único
terrorismo islámico en el mundo del que podemos y tenemos que hablar, y concretamente en Europa.



A partir de ahí, enlazo con lo que quería decirle al señor Jané, para terminar. En primer lugar, le digo que le creo a pies juntillas; siempre le he creído porque su biografía no me lleva a pensar otra cosa, aunque no coincido en su
interpretación, nada más. Coincido en este caso -al margen del comentario simpático sobre la situación electoral- con las palabras del señor Gil Lázaro en el sentido de que efectivamente decir aquí que se ha pretendido justificar una cosa con esta
otra pequeña, que además se desinfla, primero, no es verdad y, segundo, no es sólo esta pequeña cosa. La referencia que hace el presidente del Gobierno en su momento, que haría hoy, que hago yo y que estoy seguro de que hacen todos ustedes es que
este es un problema muy serio en el que tenemos que trabajar todos muy unidos para darle una respuesta potente desde cada uno de los Estados, trabajando juntos frente a la actuación en red de los señores que quieren cometer atentados terroristas, y
lo tengo claro.



- LA OPERACIÓN ESTELA EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001333.)


El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día previsto para hoy, que es el relativo al asunto de la operación Estela.



Para desarrollar su comparecencia y exponernos los datos que tenga por conveniente, tiene la palabra el señor Astarloa.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): La comparecencia es para informar acerca de la operación Estela en la provincia de Cádiz. En cuanto a lo que se refiere al Ministerio del Interior la información que
sobre la denominada operación Estela puedo ofrecer a SS.SS. es la que resulta de las actuaciones llevadas a cabo en su día por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En ese sentido, los datos más relevantes de la operación por la que se muestra
interés serían, a mi juicio, los siguientes. Por parte de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz se dio inicio a las investigaciones en fecha 20 de septiembre del año 2002 a raíz de la incautación de un alijo de 1.200 kilogramos de hachís en
la playa de La Muralla del Puerto de Santa María, en Cádiz. En esta primera actuación, llevada a cabo por el Servicio de Vigilancia Aduanera, se procedió por su presunta responsabilidad en los hechos a la detención de una persona que implicó
posteriormente en sus declaraciones a otros vecinos de la localidad de Barbate, a los que identificó con imprecisión mediante apodos como responsables del alijo. A partir de entonces, como consecuencia de las investigaciones realizadas, en los
últimos días del mes de junio del presente año se sucedieron


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dos actuaciones más de la Guardia Civil. En la primera se procedió a la detención de catorce personas y a la aprehensión de un alijo de siete toneladas de la misma clase de droga, así como a la incautación de numerosos efectos. En la
segunda se realizaron cuarenta registros en distintos domicilios, establecimientos comerciales y otro tipo de locales de las poblaciones de Barbate, Vejer, Chiclana, Alcalá de los Gazules, San Fernando, Conil, Tarifa y Estepona, practicándose la
detención de veintiséis personas, la incautación de cincuenta kilogramos de hachís y la intervención de quince turismos, dos motocicletas, otros vehículos, diversas joyas, documentos y efectos diversos, así como 60.000 euros en efectivo y
decretándose el bloqueo de cuentas corrientes con saldo superior a 100.000. En definitiva, como fruto de la denominada operación Estela, integrada por la incautación inicial del Servicio de Vigilancia Aduanera y las actuaciones desarrolladas
después por la Guardia Civil, a las que he hecho referencia, puede hablarse de la desarticulación de tres importantes organizaciones de tráfico de droga que estaban operando en la zona. Con esto podría dar por concluida la intervención en este
primer turno, pero me parece inevitable añadir algún comentario sobre el procedimiento seguido por los efectivos de la Guardia Civil en cuantas diligencias llevaron a cabo y se formalizaron para conseguir el resultado anteriormente expresado. En
fecha 14 de octubre de 2002, el mismo año, por la unidad actuante de la Guardia Civil se remitió el atestado instruido al titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del Puerto de Santa María, dando así traslado a la autoridad
judicial de todas las informaciones obtenidas y de la identidad de las personas presuntamente responsables del primer alijo intervenido en la playa del Puerto. En este momento se solicitó del titular de este juzgado la intervención de varios
teléfonos, y del resultado de la observación de las comunicaciones intervenidas se dio cuenta quincenal a la autoridad judicial mediante los correspondientes oficios e informes y se solicitaron oportunamente las prórrogas de intervención telefónica,
así como los ceses e inicios que en función de las circunstancias y del desarrollo de las investigaciones eran precisos. De toda esa documentación se remitió oportunamente copia al ministerio fiscal, al igual que de todas las diligencias, informes,
atestados, etcétera, que en cada momento se iban elaborando o instruyendo. Sin perjuicio de lo que acabo de exponer, el ministerio fiscal decidió pedir la nulidad de la causa por supuestas irregularidades observadas en la intervención de las
comunicaciones, otros defectos formales o bien por estimar que el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 del Puerto de Santa María que entendía del asunto no era el territorialmente competente para la instrucción de las diligencias
judiciales que se estaban tramitando.



A principios del mes de abril de este año el oficial jefe de la unidad investigadora actuante de la Guardia Civil acudió oportunamente convocado a una reunión con representantes del ministerio fiscal de la provincia de Cádiz, siendo
informado en el transcurso de la misma de la designación de un determinado miembro de la carrera fiscal para seguir las investigaciones que se estaban realizando y de la decisión que se había adoptado en el sentido de formular la petición de nulidad
de la causa como anteriormente expresé. Algunos días más tarde, en una nueva reunión a la que asistían uno de los representantes del ministerio fiscal, el oficial jefe de la Guardia Civil antes mencionado y el capitán jefe de la unidad orgánica de
Policía judicial de la Comandancia de Cádiz se reiteró a estos últimos la comunicación de que se iba a solicitar la nulidad de las actuaciones. Desde la Guardia Civil, a raíz de la primera de estas dos reuniones, se puso en conocimiento del juez
instructor lo que se le había hecho saber en la misma, haciéndole llegar simultáneamente un informe en el que se le informa del proceder de la Guardia Civil, en este caso ajustado a lo previsto en el ordenamiento jurídico. Algunos días más tarde,
en efecto, el ministerio fiscal formalizó la solicitud de nulidad de las actuaciones, al estimar que el juez de Primera Instancia e Instrucción número 3 del Puerto de Santa María no era el competente para entender del asunto, petición que fue
desestimada por el juez. Volvió a formalizar la misma pretensión unos 30 días después, en esta ocasión por vulneración de los derechos fundamentales, con idéntico resultado: desestimación por parte del juez. Por la Guardia Civil en las dos
ocasiones se emitió el informe requerido por la autoridad judicial sobre los aspectos concretos interesados y explicando la regularidad de las actuaciones de la Guardia Civil. En esta situación, al ser desestimadas por el juez de Primera Instancia
e Instrucción número 3 del Puerto las iniciativas o recursos que impulsó el ministerio fiscal, continuaron las diligencias de investigación que la Guardia Civil estaba desplegando para la desarticulación de estas organizaciones de traficantes que
operaban en la zona, ya muy avanzadas, y que culminaron, como conté al principio de la intervención, a finales del mes de junio. La operación, su desarrollo y resultado, cuyo balance SS.SS. asimismo conocen, debe calificarse desde el ámbito de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad como una operación plena de entrega, comprometida y exitosa, opinión que con la consiguiente satisfacción a buen seguro comparten, a pesar de que las circunstancias que rodearon la actuación policial no fueran las más
sencillas.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, que es el autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Romero.



La señora ROMERO LÓPEZ: Por fin, señor secretario de Estado, viene al Parlamento la operación Estela, operación que ha llenado páginas y páginas de los periódicos de la provincia de Cádiz durante todo el


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verano y de la que se han hecho mil comentarios por parte de ministros del Gobierno, diputados del Grupo Popular. Prácticamente todos los políticos de la provincia han opinado sobre ella. Este asunto podría no haberse visto en el
Parlamento, y lo más grave de este caso podría haber sido que no hubiéramos entrado en el fondo del asunto y que los ciudadanos no hubieran tenido información de por qué se están produciendo estos hechos relativos al narcotráfico. Que no se trate
en la Comisión de drogas es absolutamente inusual, ya que en ella es en la que se debaten estos asuntos. De hecho, a ella ha venido el fiscal general del Estado, el fiscal especial antidrogas, ministros. De un tiempo a esta parte, pese a los
problemas que están ocurriendo con el narcotráfico, han decidido dar un cerrojazo a la Comisión de drogas. Su grupo ha decidido ser el cancerbero, incluso vulnerando el Reglamento, puesto que ya tenemos el informe jurídico del letrado en el que se
afirma la validez de la Comisión para las comparecencias en ella de los ministros. Ustedes no han querido ir a la Comisión de drogas a dar información. Esta Comisión, que se instrumentalizó durante la etapa del Gobierno socialista, ahora no
tendría ninguna vigencia si no fuera porque el Grupo Parlamentario Socialista está presentando iniciativas, exigiendo comparecencias y dando vigencia a una Comisión que sigue afrontando uno de los temas más importantes que sigue viviendo la sociedad
española, como es el narcotráfico y las secuelas de las toxicomanías. Por lo tanto, esperamos que al menos esta Comisión sirva hoy para que podamos llegar al fondo del asunto, ya que ha habido un auténtico escándalo, una auténtica indignación, pues
llueve sobre mojado. La operación Estela no es la única que ha presentado una complejidad, como ha indicado al final de su intervención. Indudablemente, el tema es complejo, pero también presentaba complejidad la operación Semilla y la operación
de origen, Manzanilla. Llueve sobre mojado en la provincia de Cádiz, donde las redes de narcotráfico existen, los decomisos por toneladas de hachis han sufrido un incremento brutal en los últimos años y existe la conciencia de que los grandes capos
no están en la cárcel, aparte de que el aparato de la justicia no está preparado para afrontar el narcotráfico y las fuerzas de seguridad no tienen los medios suficientes para afrontar la problemática que estamos viviendo. Hay que decir que ustedes
están mirando para otro lado, que la lucha contra el narcotráfico y contra las grandes redes no ha sido prioridad de este Gobierno ni en la etapa anterior ni en la que vivimos actualmente. Las medidas que han anunciado desde el año 1996, cuando
empezaron a hablar de endurecimiento de las penas, del cumplimiento íntegro, etcétera, han ido evolucionado a golpe de escándalos en la prensa. En mayo de 2001 se anunciaban algunas medidas sobre subasta anticipada de bienes, decomisos a los
narcotraficantes, pruebas indiciarias, etcétera, que había producido la excarcelación del caso Bioque. Debido a la inseguridad ciudadana, a los abundantes asesinatos, ajustes de cuentas, a todo lo que estamos viviendo en las calles de nuestro
territorio, anuncian modificaciones del Código Penal sobre reincidencia y demás, se hace la gran campaña sobre esto y sobre algunos otros temas coyunturales, pero no se entra en el fondo del problema. Desde nuestro punto de vista, para la lucha
contra la criminalidad organizada y contra las grandes redes, no se entra en el fondo del problema.



Aquí hay cosas muy paradójicas, por no usar otro adjetivo, respecto a un mismo fiscal, a una misma fiscalía, la de Cádiz. En primer lugar, la operación Estela se presenta como el mayor golpe al narcotráfico a finales de junio, con 41
personas detenidas, 62 registros domiciliarios, 100 intervenciones telefónicas, 150 agentes de las comandancias de Sevilla y de Cádiz, registros en Barbate, Vejer, Chiclana; se piden medidas y a partir de ahí empieza toda esta historia, que más
parece una película que nos podríamos haber ahorrado. Señor Astarloa, habrá que entrar a fondo en el asunto, en por qué se ha producido así y si realmente este espectáculo no nos lo podríamos haber ahorrado.
Inmediatamente, 30 de los 40 detenidos
quedan libres, sólo 10 quedan a disposición judicial y, que sepamos, en este momento no hay más que una persona detenido, pero tal vez ni siquiera ella esté detenida. La Fiscalía pide la nulidad por las razones que ha dado: por no ser competencia
del juez, por las intervenciones telefónicas, por los defectos de forma, etcétera.



Sin embargo, hay tres elementos: la coordinadora Redein, que se persona como acusación particular, el Ayuntamiento de Barbate, que anuncia personarse como acusación particular, y la Asociación Unificada de la Guardia Civil, que también se
persona como acusación particular, que le dan una connotación específica a este caso, porque no es muy frecuente que la Asociación Unificada de la Guardia Civil se persone como acusación particular para defender los derechos de los ciudadanos, y
también los suyos.



A partir de ahí, el fiscal y el juez se enfrentan. El fiscal Cardenal, inmediatamente, apoya a Hidalgo, el fiscal jefe de Cádiz, diciendo que actúa correctamente, etcétera. Se sucede una serie de enfrentamientos entre fiscal y juez. El
fiscal dice que el juez miente en su auto, el Consejo General del Poder Judicial inicia la investigación, avala al juez y, a partir de ahí, el ministro Michavila pide al fiscal Cardenal que abra una inspección fiscal en la Fiscalía de Cádiz.
Entonces, Cardenal se contradice y ordena que se inspeccione la Fiscalía de Cádiz y desaprueba a Hidalgo, fiscal de Cádiz, estamos en fecha de 1 de agosto, y según el fiscal Cardenal la nulidad debió de ser parcial . En octubre el fiscal general
parece que no va a decir nada hasta que se pronuncie la Audiencia Provincial sobre la nulidad de las actuaciones.



Realmente, en este asunto, ¿dónde está el principio jerárquico de la Fiscalía? ¿No se podría haber evitado


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todo eso si la Fiscalía hubiera actuado antes, cuando el juez desestimó, antes de que saliera el tema a la calle, en julio, con el escándalo de la nulidad y con el de la puesta en libertad de los 40 detenidos, al principio unos cuantos y,
después, poco a poco el chorreo, hasta que al final no queda nadie? Y tenemos las sucesivas declaraciones del fiscal jefe de Cádiz diciendo que si las intervenciones telefónicas eran válidas sería competencia del juez, pero que, de todas maneras,
el proceso no era válido.



Señor Astarloa, el asunto es que, además de toda esta polémica procesal, hay problemas de fondo graves. Problemas de fondo que se refieren a que en sucesivas ocasiones hemos pedido que Cádiz sea un objetivo prioritario en la lucha contra el
narcotráfico. De hecho, no es una figura que nos hayamos inventado. Los informes del GAFI siempre ponen sobre la mesa la posibilidad de lo que llaman el target, un objetivo prioritario en determinadas zonas. Se ha aplicado un objetivo prioritario
para hacer una actuación específica cuando realmente los acontecimientos lo requieren.
Hemos pedido juzgados especializados y jueces de apoyo en asuntos de importancia, como pueda ser éste: más fiscales especializados y sólo dedicados al
narcotráfico; más dotación a la Agencia Tributaria y al servicio de prevención de blanqueo; más dotación del antiguo servicio de vigilancia aduanera, ahora se llama de otra manera, lo han cambiado de nombre, pero ahí está; una base en Barbate;
más dotación de plantillas.
Como saben, en Barbate no existe una unidad del servicio de información y el servicio de investigación es mínimo. No vamos a exponer aquí los números, porque sería mostrar nuestras miserias, pero con dos patrullas de
vigilancia que, aparentemente, todo el mundo conoce no se está dotado para lo que el SIVE detecta, de ninguna de las maneras. Es decir, las fuerzas de seguridad no tienen medios la justicia no tiene medios, y los narcotraficantes no sólo tienen
medios sino muchos recursos y muchos mecanismos para dilatar, para complicar, para utilizar todos los procedimientos posibles para que las pruebas sean nulas.



No voy a entrar en más temas, aunque podríamos entrar en asuntos verdaderamente escandalosos que se han publicado en la prensa de allí sobre si realmente el fiscal tenía la misma posición que los abogados de los narcotraficantes. Es grave
que se diga eso. Como es grave que después también salga en la prensa el hecho de que en una cinta telefónica se dice por parte de la mujer de un narcotraficante que hay destinada una cantidad para pagar al fiscal. Son graves, muy graves, esas
acusaciones.
Pero no vamos a entrar en eso porque lo que realmente quisiéramos tener es la información de fondo de lo que ha ocurrido, y de si se podría haber evitado. Francamente, nosotros creemos que sí, que se podría hacer evitado. Pero usted
tiene ahora la palabra para explicar qué es lo que ha ocurrido en el fondo, porque, en realidad, usted representa aquí al Gobierno. No viene sólo para decir que las fuerzas de seguridad habían hecho una buena operación, lo que nadie discute.
Podemos discutir sobre si los macroprocesos son o no eficaces, podemos discutir muchas cosas, pero no sobre otras. Usted conoce el asunto mejor que yo, porque no viene de nuevas y porque sus diputados de la provincia se han encargado de decir que
han entregado mil dossieres al fiscal general, al ministro Michavila, supongo que también al ministro Acebes. Efectivamente, ustedes están conociendo el asunto a fondo desde el principio, así que diga usted si se podría haber ahorrado o no este
espectáculo y por qué se ha producido así, para que los ciudadanos lo sepan. Diga también cuál es el fondo de este asunto y qué medidas se han adoptado para que esto no se vuelva a producir y qué medidas tienen, de verdad, para que los procesos no
sean nulos y para que de verdad tengamos instrumentos para luchar contra las redes del narcotráfico.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Sobre el fondo del asunto va a intervenir el señor Sánchez Ramos, diputado por Cádiz Yo simplemente, de forma breve y a efectos de precisión, voy a expresar mi sorpresa por la afirmación literal que ha hecho la señora
Romero: por fin llega la operación Estela al Parlamento, que casi no llega. Sólo quiero recordar, a efectos del 'Diario de Sesiones', que llega cuando por vez primera en esta Comisión el Grupo Socialista ha solicitado su inclusión en un orden del
día. Para ser más exacto, en la configuración inicial de este orden del día el Grupo Socialista no lo había solicitado. Unas horas o unos días después nos pidió cambiar una de sus comparecencias por ésta y accedimos gustosamente. Por tanto,
insisto, llega a esta Comisión en la primera ocasión en que el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado su inclusión en un orden del día.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Sánchez Ramos.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su comparecencia.



La portavoz del Grupo Socialista conoce perfectamente la actuación de la Guardia Civil en la operación Estela, que ha sido rigurosa e impecable, como suele ser habitual, y, además, con unos medios, que la portavoz ha cuestionado. En este
caso no era cuestión de falta de medios sino, más bien, de normas para poder utilizarlos correctamente, como comentaré más tarde.



Compartimos con el Grupo Socialista la alarma social que se ha creado en la provincia de Cádiz por actuaciones inexplicables, tanto de la Fiscalía como de una guerra abierta entre un fiscal y un juez, así como ver en declaraciones de prensa
cómo se han retransmitido mediáticamente esas divergencias jurídicas o


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de competencias, pero quiero precisar a la portavoz del Grupo Socialista que no confunda unas operaciones con otras y unas actuaciones con otras.
Hay que haber vivido día a día y con intensidad el tema para no confundirlo y para conocerlo
en profundidad. No se pueden mezclar, como ha hecho, actuaciones de una operación con actuaciones de otra, porque eso confunde a la opinión e incluso confunde la verdad que debe prevalecer en los diarios de esta Comisión.



Ha habido las operaciones Semilla, Manzanilla, Estela, Negrí, Antón, que han sido una serie de actuaciones que han creado alarma social, y desde el Partido Popular hemos sido los primeros en reconocerlo y los primeros en actuar. Nosotros
hemos dado por muy buena la actuación de un juez joven, un juez comprometido, que no se conforma con detener al pequeño camello, al pequeño traficante, sino que quiere llegar a las mafias organizadas, quiere llegar a las cabezas que mueven todas
estas operaciones de drogas en la provincia de Cádiz. Además, también hemos manifestado que este juez ha conseguido coordinar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como así me lo han manifestado miembros tanto de la Policía Nacional y
Guardia Civil, como de vigilancia aduanera.



Hemos dicho públicamente que la Fiscalía no ha estado a la altura de ese compromiso, llevándose por ello las críticas de toda la sociedad gaditana. Hemos criticado que la Fiscalía no asistiera a las vistillas, pues estaba el juez, el
detenido y la policía, pero al no estar el fiscal no se podía pedir la entrada en prisión. Se ha cuestionado si las escuchas telefónicas eran o no correctas, incluso, se ha cuestionado la actuación de la Guardia Civil. Yo tengo aquí un informe,
puntilloso como él sólo, de todas y cada una de las actuaciones que ha hecho la Guardia Civil, con el sello de entrada en la Fiscalía, que pone en duda un titular muy llamativo sobre el juez que dice que la operación se estaba haciendo a espaldas de
la Fiscalía, cosa que se demostró que no era correcta. También hemos criticado el sistema de actuación de la Fiscalía.
La instrucción comenzaba con el trabajo conjunto, codo con codo, del fiscal y el juez, y cuando la instrucción estaba
prácticamente concluida se nombraba a otro fiscal que decía que todo lo actuado no era correcto.
Incluso, la Fiscalía llegó a solicitar a los abogados defensores que pidieran la nulidad de las actuaciones, después de todo el trabajo realizado y de
haber detenido a un número considerable de personas, de droga, dinero, medios, vehículos de lujo y de todo lo que conllevan estas operaciones. También hemos dicho que podía ser un exceso de celo del juez, pero que pedíamos ese mismo celo para la
Fiscalía. Por lo tanto, no es de recibo que un fiscal jefe manifieste en un titular de grandes proporciones que lo que dice el juez es falso o diga que es un juez que tiene mucho poder y que alguien tiene que controlarlo. Estos titulares crean una
alarma en los medios de comunicación que nosotros compartimos con el Grupo Socialista.



Lo que no podemos compartir con el Grupo Socialista son las críticas que está haciendo. No son unas críticas para buscar soluciones, sino buscando un nuevo chapapote de este tema en la provincia de Cádiz, porque se han dedicado a pedir (no
solamente diputados y miembros del Partido Socialista, sino consejeros de la Junta de Andalucía) la dimisión del ministro del Interior o del ministro de Justicia. Todo el mundo sabe que en un Estado de derecho hay una división de poderes y el
ministro de Justicia no puede acudir a un juez o a un fiscal para preguntarle qué está haciendo o para decirle que haga tal cosa. El ministro del Interior ha puesto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a disposición de este juez, como
policía judicial, y sus actuaciones, como ha ratificado aquí el secretario de Estado, han sido correctas y suficientes, puesto que se ha conseguido detener a las personas y ponerlas a disposición judicial. Lo que yo critico es que no han sabido
llegar a ser altruistas y poner todos los medios para que el objetivo sea la lucha contra el narcotráfico en Cádiz y no la crítica por la crítica al Gobierno para sacar rentabilidad política.



Este diputado ha tenido dos reuniones con el fiscal general del Estado, al que le ha pedido normas claras y precisas para que puedan actuar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y no se cuestione si los pinchados de teléfono están
suficientemente motivados o no, porque eso no precisa el grado de motivación. No puede ser que, teniendo como tienen los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado medios técnicos para hacer esa investigación, se pongan reparos jurídicos o legales.
Por supuesto, nosotros pensamos que eso tiene que estar amparado por la ley, pero con normas claras y precisas. Se lo hemos al fiscal general del Estado y se lo hemos hecho saber al ministro del Interior y al ministro de Justicia.
Nosotros hemos
estado en la Comisión Nacional contra la Droga, y aquí se cuestiona por qué no se contempla este asunto en dicha Comisión. El fiscal general del Estado, cuando el Partido Socialista lo ha pedido, ha venido inmediatamente a Comisión. En la
operación Semilla compareció el fiscal general del Estado y este diputado tomó posición por parte del Grupo Parlamentario Popular. Lo que no puede ser de ninguna manera es la utilización que se hace del asunto.



El Grupo Parlamentario Popular ha sido mucho más beligerante que ustedes en este tema y más comprometido, pero sabiendo que hay que pedir la responsabilidad a quien la tiene, que en unos casos será el fiscal general del Estado, en otros
casos será el Tribunal Superior de Justicia y en otros el Tribunal Supremo. Usted dice que el fiscal general del Estado ha dado la razón al fiscal jefe de la Audiencia. No, el fiscal general del Estado dijo que la Audiencia Provincial de Cádiz dio
la razón en un auto al fiscal. Esa era la operación Manzanilla. Después, en la operación Estela no le ha dado la razón, sino que ha mandado a la inspección fiscal


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y a su secretaría técnica para que hiciera el informe correspondiente.
Usted se ha confundido y ha mezclado dos operaciones en una sola y no es así. Las cosas hay que decirlas en sus justos términos y tal cual son.



Nosotros hemos intervenido en la Comisión mixta para la Droga, con el delegado del Plan Nacional contra la Droga, y estamos exigiendo responsabilidades a quien no las cumple y no nos duelen prendas. Queremos que ustedes hagan lo mismo, pero
sin ese interés que están demostrando.
Por eso yo les llamo a colaborar de nuevo en esta lucha tan importante contra el narcotráfico y dejen ese chapapote. También me gustaría agradecer la comparecencia del secretario de Estado y reiterar la
felicitación de nuestro grupo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que han actuado correcta y eficazmente.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Su señoría siempre me riñe al empezar, porque estamos en esta Comisión y no en otra, pero el caso es que S.S. y yo debatimos en esta Comisión temas muy importantes y
yo, desde luego, lo hago con mucho gusto.



Agradezco a los dos intervinientes, la señora Romero y al señor Sánchez Ramos, que dejen claro algo que a mí me parece importante aclarar en esta operación y también respecto al conjunto de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
en su lucha contra el narcotráfico, concretamente, en la provincia de Cádiz. Como saben SS.SS., ha habido mucho esfuerzo en este asunto, con un número muy importante de actuaciones. Hay un índice de éxito policial muy alto, de los más altos que
uno pueda encontrar por sectores en el conjunto de actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En definitiva, se pone de manifiesto algo que decía la señora Romero, con la que estoy completamente de acuerdo, y es que esto tiene que ser una
prioridad. El conjunto de éxitos policiales se refuerza extraordinariamente si todo lo que sigue a la actuación policial se desarrolla de forma que no se generen alarmas ni problemas como aquellos a los que SS.SS se estaban refiriendo esta mañana.
Como pueden imaginar, y me parece que no les digo nada que les suene a nuevo, el primer interesado en que el fruto de su tan sacrificada actividad se consolide es quien ha estado poniendo, persona a persona, horas y horas de investigación y trabajo
policial. Por eso terminé mi primera intervención haciendo un pequeño homenaje a quienes han realizado esta operación en condiciones no precisamente sencillas.



Dice S.S. que debatamos el fondo jurídico de lo que se ha producido; eso que S.S. ha llamado, con muy buen sentido, las polémicas procesales. Pues bien, yo voy a hablar no ya en mi condición de miembro del Ministerio del Interior y no
del de Justicia, sino en mi condición de miembro del Gobierno, como me ha dicho S.S. Tratándose específicamente de una discrepancia de criterio entre un fiscal y un juez, esta Comisión -esta Cámara, y no hablo ya del Gobierno- debe hacer todos los
juicios políticos que considere convenientes, pero no puede meterse en el debate, en lo que S.S. ha llamado polémica procesal. Estamos sustanciando un asunto de carácter jurisdiccional, que tiene un recurso presentado -S.S.
lo ha recordado- donde
debe estarlo, y estoy seguro de que quien tiene que resolver en derecho la polémica procesal o el debate jurídico lo hará con buen juicio; en todo caso, espero que así sea. Su señoría ha hablado también de las líneas de investigación que se han
ido abriendo para conocer si, en las conductas de cada una de las personas que han intervenido en el proceso, existe algo más que un error jurídico. Ahora bien, todos los que estamos aquí -y no sólo yo- nos tenemos que quedar ahí.



Para terminar, añado lo siguiente. Creo honestamente que los medios de que disponen en este momento las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad son los necesarios para realizar esta actividad, concretamente en Cádiz. No hablamos sólo de los medios
periféricos; ahí están también las unidades centrales: el EDOA, por ejemplo, desplazándose cuando es necesario. En consecuencia, creo que los éxitos policiales de los que hablamos esta mañana -como este- y otros muchos más se deben a que se han
puesto los medios. Dicho esto, coincido con usted en que este es un tema rigurosamente prioritario; ya se lo dije en la comparecencia anterior, en la que hicimos un repaso general de las relaciones entre seguridad y drogas. Tiene manifestaciones
en la seguridad ciudadana en todos los órdenes: no sólo en el consumo o en el gran tráfico de drogas, sino también en la generación de redes mafiosas que hacen de todas las manifestaciones de la vida delictiva su forma de vivir, sobre la base de la
gran cantidad de dinero que mueve la droga. Así, no puedo dejar de añadir que todos y cada uno de los esfuerzos -de los esfuerzos principales- que estamos haciendo con las medidas que hoy constituyen los planes para mejorar la seguridad ciudadana
van encaminados a una de las máximas prioridades: sin duda, el combate contra las redes mafiosas; relacionadas con la droga o no, pero especialmente si están relacionadas con la droga.



En esa línea vamos a seguir; y esto no es sólo una constatación, sino también un compromiso de este secretario de Estado. A esto puede añadir que hay un punto en el que no puedo estar de acuerdo con S.S., cuando dice: están haciendo
ustedes reformas legislativas chiquitas, que no van a la almendra de la cuestión. No es verdad; las reformas legislativas que se vienen haciendo son de gran importancia. En general, pretenden cubrir los agujeros que tenía nuestra legislación,
para que se pueda hacer una tarea efectiva de lucha contra la delincuencia que hoy se presenta; y así son las que se han aprobado: la legislación provisional, por


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ejemplo, y S.S. ha mencionado la multirreincidencia, de la que hablaremos luego y se pondrá de relieve la importancia de una reforma legislativa en esta materia; y las reformas que están pendientes de aprobación. Por cierto que, como de
alguna de estas últimas vamos a tener que hablar también más tarde, le pediré que voten las que están pendientes de aprobación, porque, para esta lucha, es bueno el Grupo Parlamentario Socialista.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Romero, sea breve, por favor.



La señora ROMERO LÓPEZ: Teniendo en cuenta que son siete las comparecencias del ministro del Interior, pedidas por la Comisión de Drogas en enero de 2002, que no se han sustanciado, pido un poco de benevolencia a la presidencia. Es cierto
que tratamos este tema ahora y también lo es que hemos hablado de ello en alguna otra ocasión, pero existe una Comisión de drogas para hablar de estas cuestiones, en la que el ministro debería haber comparecido si les hubieran parecido importantes
asuntos como el de la intoxicación de Málaga y otros que no vamos a enumerar y que tiene pendientes esa Comisión, a la que han dado cerrojazo; es decir que, de aquí a que finalice el período de sesiones, probablemente no podamos ver ninguna
comparecencia. El Parlamento está justamente para entrar a fondo en la política criminal, y la Comisión de drogas también está para entrar a fondo en la política criminal. Si las comparecencias no se producen, no se puede hablar de política
criminal, de modo que esta es la única ocasión -al hablar de la operación Estela- en que podemos hablar de algunos de los asuntos pendientes.



Tengo que decir aquí que la postura del Grupo Parlamentario Popular en este tema ha sido bienintencionada; estamos en una política de consenso y de lucha contra el narcotráfico. El problema es por qué no hemos llegado al fondo de la
cuestión. Puede que me haya interpretado mal el señor diputado del Grupo Parlamentario Popular, don Aurelio Sánchez, cuando he hablado de cuál va a ser el final de este asunto y de cuál será la posición de la Audiencia Provincial; evidentemente,
no me estaba refiriendo a la operación Semilla, sino a esta. No sabemos cuál va a ser la posición de la Audiencia Provincial en cuanto a la nulidad de las pruebas. Ahora bien, yo quiero llegar al fondo; usted no ha querido, señor Astarloa, porque
lo ha dejado para la próxima pregunta. El fondo del problema son los mecanismos que tiene un Estado de derecho para luchar contra las redes de narcotráfico; mecanismos extraordinarios, a veces, y por tanto complejos, pero que tienen que tener su
regulación.
Ahí están las intervenciones telefónicas, la prisión preventiva y todas las demás figuras extraordinarias contra la criminalidad organizada, y su práctica procesal.



Quiero recordarle -y no lo ha mencionado usted ni se ha mencionado en toda esta polémica- que el fiscal general del Estado, en la memoria de 2000, presentó dos propuestas legislativas, necesarias e inaplazables -son sus palabras-: las
intervenciones telefónicas y la regulación de la prisión preventiva. No vamos a tratar de la prisión preventiva, porque estamos hablando de las intervenciones telefónicas; probablemente, en la próxima pregunta podremos discutir a fondo sobre la
prisión preventiva, que también hace al caso aquí. Insisto en que, en la memoria del año 2000, el fiscal señala estos asuntos como inaplazables. Además, el señor Astarloa sabe que tanto la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 18
de febrero de 2003, contra España, como la doctrina del Tribunal Constitucional, piden la regulación de las intervenciones telefónicas, para dar un marco de mayor seguridad jurídica a estos problemas procesales. Ahora bien, si el Gobierno no ha
presentado de momento tal regulación, razón por la cual el Estado español ha sido sentenciado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y por la cual hay doctrina abundante del Tribunal Constitucional pidiéndola, es porque no es una prioridad para
él, señor Astarloa. No me diga que sí es una prioridad, porque no es cierto. Ustedes han tenido como prioridad la reincidencia, pero no esa otra prioridad, porque lleva mucho tiempo ya el tema sobre la mesa y si lo propone el fiscal en el año 2000
es porque el tema venía de antiguo. Efectivamente, ustedes ni siquiera han entrado tampoco en ese tema al abordar la cuestión de fondo, porque tanto en ese caso como en el de la prisión preventiva no han buscado llegar con la oposición realmente a
un acuerdo de fondo para que pudiéramos tener mecanismos que fueran útiles en el futuro. ¿De qué vale que ustedes pongan medidas sobre la mesa? Nosotros podemos considerar que son parches porque puede que no vayan al fondo de la cuestión
realmente, como hablar del sistema de alerta cuando se cumplan los dos tercios de la prisión preventiva, etcétera. Estamos hablando de temas mucho más profundos, es decir, si se genera alarma social o no, qué tipo de motivación puede haber, que es
además el fondo que subraya el propio fiscal general del Estado en la memoria del año 2000. En ese fondo no se ha entrado porque no es una prioridad para este Gobierno y, como no es una prioridad, entonces podemos hablar de muchas otras cosas de
las que se han escrito páginas y páginas en los diarios de la provincia de Cádiz: Que si hay discrepancias entre el juez instructor y el fiscal, que si hay un exceso de celo, que si hay una incompatibilidad de caracteres... En fin, podríamos decir
que es marear la perdiz. Todo este espectáculo en la prensa nos lo podríamos haber ahorrado y cuando hay un escándalo en la prensa normalmente suele haber unos responsables. Ahí está nuestra tarea como oposición.



El señor diputado del Grupo Popular no quiere que exista la oposición, incluso para poder pedir la dimisión de los ministros; el señor diputado no quiere que exista la oposición para que realmente se diga que este


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Gobierno está hurtando ese debate y no planteando en el Parlamento las reformas necesarias para que polémicas procesales de esta naturaleza no se planteen. Ese es el fondo de la cuestión. Además, está hurtando otro debate básico, que es el
que se ha producido este verano, que no es un enfrentamiento entre un juez y un fiscal, porque cuando a nivel provincial se plantea un tema de estos, siempre hay instancias superiores de muy diverso tipo que pueden cortar de raíz la cuestión,
incluso antes de que se haya planteado. ¿Qué ha hecho el Gobierno en este tema? Hay que pedir responsabilidades. ¿En qué no ha funcionado el principio jerárquico de la Fiscalía? Es que hay un responsable, que es el fiscal general del Estado, que
no ha funcionado antes de que se produjera el escándalo en la prensa; si es verdad que había conversaciones telefónicas -que se supone que las ha habido- entre el fiscal jefe de Cádiz y el fiscal general, se podría haber evitado el escándalo en la
prensa. ¿Qué hace el señor ministro de Justicia echando balones fuera? ¿Qué hizo el señor ministro Acebes cuando era ministro de Justicia? ¿Qué han hecho durante estos ocho años con las medidas legales pendientes contra el narcotráfico? Es que
no son problemas de exceso de celo, no, no; hay problemas más graves, responsabilidades políticas, escándalo y hay indignación.



Usted me habla de medios, señor Astarloa, pero yo le digo que las dos patrulleras que tiene la Guardia Civil en la Comandancia de Cádiz, que son las que actúan en Barbate, están averiadas; las que se están usando son las dos decomisadas a
los narcotraficantes. Usted sabe que el servicio de información no existe y sabe también que sólo hay dos patrullas en la costa, cuando el número de pateras y barcos que introducen drogas es altísimo y además diariamente. No hay medios. Los piden
las Fuerzas de Seguridad y todos los ciudadanos. Ni hay jueces suficientes ni hay secretarios judiciales -87 faltan en Andalucía- ni hay ahora mismo una operatividad por parte del Estado para enfrentarse realmente a esta mafia del narcotráfico, y
ya no digamos en lo que se refiere al blanqueo de capitales.



Señor Astarloa, siento que no haya querido entrar en este asunto, porque no ha querido dar información a los ciudadanos. Espero que ahora en la réplica nos informe de verdad del fondo de la cuestión y de por qué este asunto y este escándalo
no se ha evitado. Realmente no estamos en el buen camino de una lucha contra el narcotráfico, donde no se produzcan más estas polémicas procesales y podamos avanzar en la regulación eficaz de estos dos procedimientos en concreto, y de otros muchos
que están pendientes también, que son urgentes para la lucha contra las redes del narcotráfico.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Sánchez Ramos.



El señor SÁNCHEZ RAMOS: Muy rápidamente, quisiera decir que desde nuestro punto de vista el secretario de Estado sí ha entrado en el detalle porque es su competencia. Lo que pasa es que la portavoz del Partido Socialista, la señora Romero,
está hablando de un conjunto de actuaciones que han ocurrido y de responsabilidades y, como he dicho antes, cada cual debe asumir la suya. El señor secretario de Estado ha dado perfecta y detallada cuenta de las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado en el caso Estela, que es el motivo de su comparecencia.



Dice la señora Romero que no se ha llegado al fondo de la cuestión. Yo le puedo decir una cosa, señora Romero, y es que se ha actuado con los medios suficientes y ahí está el cuerpo del delito: los detenidos, la droga, los vehículos, el
dinero, los pinchazos de teléfono, los medios para poder hacerlo -efectivamente antes no los había y ahora sí los hay-, pero lo que ocurre es que el resultado no ha sido el apetecido por ustedes ni por nosotros; por supuesto que no, pero ¿por qué
no ha sido el resultado apetecido, por qué no están en prisión esos señores? Porque hay una Audiencia que en el caso Semilla, por ejemplo, decide separar un auto en 15 piezas y esas 15 piezas van ahora a 15 juzgados y se ponen en cola de esos
juzgados y los 140 detenidos están ahora mismo fuera de prisión; porque hay una Audiencia Provincial de Cádiz que es la competente y la que tiene que decidir sobre un recurso, que es la operación Estela, y que en el ámbito del derecho, de la
legalidad y de su responsabilidad y competencia tendrá que pronunciarse y decidir. A ustedes y a nosotros nos gustaría que eso estuviera ya resuelto y yo he pedido normas claras para actuar, pero de ahí a pedir la dimisión de un ministro del
Interior o de un ministro de Justicia por esas actuaciones que son competencia legal de una Audiencia o de otro estamento como la Fiscalía, va un trecho. Ahí es donde yo hablaba del interés partidista o político del tema y no ir al fondo y al
meollo de la cuestión que debe ser el objetivo, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, en la lucha contra el narcotráfico.



El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Primero permítanme agradecer las palabras del portavoz del Grupo Popular.



En cuanto a las últimas consideraciones de la señora Romero, diré que empezaba S.S. afirmando que esta es una política de consenso. Debe ser una política de consenso y lo he apuntado aquí muy grande y subrayado, pero no sabía lo que venía
a continuación: que ni esta ni ninguna política se encamina hacia una política de consenso. No me diga más veces que entre en el fondo de la cuestión. Nunca he estado más cerca del fondo de la cuestión que con las explicaciones que le he dado en
esta comparecencia. Pero, usted quiere que hable además de un montón de cosas sobre las que si yo hablase


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estaría metiéndome donde no me corresponde, estaría haciéndolo mal.



Estoy seguro de que, cuando S.S. quiera, el señor ministro de Justicia le explicará por qué no tiene razón al hacer los juicios de valor que ha emitido sobre su actuación, siendo así que ha sido S.S. la que ha recordado su actuación en
este asunto, que ha sido instar -a quien tenía que instar- a que se examine esto desde la A hasta la Z.



Insisto en que no voy a entrar en el problema que usted denominó la polémica procesal y considero que no debemos entrar y de hecho S.S.
tampoco lo ha hecho. Aquí me va a permitir que haga mención a una cierta paradoja, porque en su primera
intervención me decía: ustedes enfocan esto siempre por las leyes. Y cuando S.S. dice: Ahora voy a entrar en el fondo, me ha hablado de leyes. Quiero decir una cosa importante y útil si de verdad hablamos de consenso y de política de consenso,
aunque puedo estar equivocado, pero para mí, en este caso, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no plantea duda alguna en relación con el régimen jurídico de las escuchas telefónicas. Entre otras cosas, por una razón bien
simple, y es que no ha habido ni una sola actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado -en este caso concreto de la Guardia Civil- en este asunto que no haya sido una directa ejecución de los mandatos judiciales correspondientes. Lo
que, por otra parte, a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado les da la tranquilidad jurídica de saber que es el juez quien dirige la operación y la corrección jurídica de la misma.



Decía usted una cosa, que me ha llamado mucho la atención, que es: ustedes no quieren entrar en el fondo de la regulación de la prisión provisional.
¿De dónde se saca esa afirmación? Permítame que le recuerde cómo ha sido la evolución de
la regulación de la prisión provisional que han acabado aprobando las Cortes Generales hace unos días y de una reforma de la misma que se va a aprobar -espero- el próximo jueves, porque es muy útil para los fines que perseguimos S.S. y yo, desde
luego. La Ley de prisión provisional ha nacido de la mano de una sección especial de la Comisión General de Codificación, creada al hilo del pacto de Estado para la reforma de la Justicia y como uno de sus primeros frutos, en el que desde la
composición de la sección especial de la Comisión General de Codificación hasta cada uno de los pasos del trabajo que esa Comisión ha ido produciendo se ha hecho de consuno entre todas las fuerzas de esta Cámara hasta un determinado momento y, desde
otro determinado momento, sin el consuno de algunas de las fuerzas de esta Cámara. No se hablaba más en serio de los fondos de la regulación de la prisión provisional en este país desde que se aprobó la Constitución. Este ha sido el momento en el
que con más profundidad se han afrontado los problemas que tenía -y que tiene- el ordenamiento jurídico español hasta la aprobación de la ley, en relación con la libertad provisional y la prisión provisional. A continuación lo veremos, porque hay
un caso práctico muy claro en este orden del día. Por tanto, la afirmación de que el Gobierno y el grupo mayoritario no quieren ir al fondo del asunto no es que no la comparta, es que no responde a la verdad, porque son quienes han ido al fondo del
asunto. Hubiese estado bien que hubiésemos ido juntos, no sólo desde el principio -que lo estuvimos-, sino hasta el final.



De todas las maneras, voy a terminar agradeciéndole una cosa, señora diputada. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Constantemente pido más patrulleras, porque de vez en cuando se averían, es verdad, pero no están eternamente
averiadas y cuando se averían se reparan y vuelven a funcionar, pero sí que es buena la reflexión -aunque a veces no se comparte por todo el conjunto de los afectados- de que en esta lucha no sólo hablamos de un esfuerzo muy grande en medios
personales, sino que esta lucha también requiere un esfuerzo muy grande en medios materiales y en una cosa que me parece que, con toda seguridad, todos tenemos en el horizonte, que es en la progresiva tecnificación de los medios -usted mencionó el
SIVE y no cabe duda de que a estos efectos es un gran logro-, porque si hay algo en lo que no sólo este Estado, sino todos los Estados tienen hoy un reto espectacular, es en estar a la altura de la capacidad tecnológica que tienen las redes de
delincuentes que actúan, entre otros campos, en el de la droga. Esta es una buena reflexión que, en todo caso, tiene que quedar encina de la mesa, porque enlaza -aquí tuvimos no hace muchos días el debate presupuestario- con las líneas
fundamentales que, desde el ministerio del Interior, estamos tratando de impulsar en este momento a los efectos de provocar ese incremento de medios, pero no cualquier incremento de medios, sino el de los medios técnicos más solventes y más modernos
para combatir la alta tecnología que utilizan los delincuentes en el día de hoy.



El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto. (La señora Romero López pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Romero, por favor. Usted ya ha consumido los dos turnos.



La señora ROMERO LÓPEZ: No.



El señor PRESIDENTE: Dada la sustanciación del debate, entiendo que ya ha habido dos intervenciones por parte de los portavoces que han intervenido.



La señora ROMERO LÓPEZ: No.



El señor PRESIDENTE: A mí se me comunica que usted ha realizado dos intervenciones, por tanto, no


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procede continuar el debate por su parte ni por parte del señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Intervengo por una cuestión de orden, precisamente porque entendía que S.S. daba ya por finalizado este debate.



El señor PRESIDENTE: En efecto, doy por finalizado este debate, entendiendo que la señora Romero ya ha intervenido en dos ocasiones.



Por tanto, continuamos con el orden del día.



La señora ROMERO LÓPEZ: Señor presidente, se lo ruego, entre otras cosas porque por el bien del fondo del asunto hay alguna pregunta que no ha sido contestada. Perdóneme, pero es habitual que se dé un segundo turno de réplica.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, usted ha intervenido en dos ocasiones.



La señora ROMERO LÓPEZ: En muchas ocasiones se ha dado un segundo turno de réplica.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, no procede una tercera intervención.
(El señor Gil Lázaro: ¡Ya está bien!) Señor Gil Lázaro, por favor, un momento.



Señora Romero, usted ya ha intervenido en dos ocasiones y por esa regla de tres, estos debates se alargarían indefinidamente. Por tanto, por esta presidencia se da por concluida la sustanciación de este punto ya tramitado. (La señora
Romero López pide la palabra.)


No señora Romero, no tiene el uso de la palabra.



La señora ROMERO LÓPEZ: Como en la Comisión de drogas tampoco se puede hablar, le ruego, por favor, que me deje intervenir, porque hay asuntos que no han sido respondidos en este tema.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, usted ha podido hablar en dos ocasiones. La mayor o menor satisfacción con las manifestaciones del compareciente serán a su juicio, pero usted ha tenido oportunidad para decírselas porque ha intervenido
en dos ocasiones.



La señora ROMERO LÓPEZ: Entonces, ¿tengo que decir que hay mordaza en el Parlamento para hablar de la operación Estela?


El señor PRESIDENTE: Señora Romero, no existe mordaza.



La señora ROMERO LÓPEZ: Que hay mordaza para hablar de la operación Estela.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, por favor. No existe mordaza en este Parlamento.



La señora ROMERO LÓPEZ: Que hay mordaza para hablar de la operación Estela.



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, no existe mordaza en este Parlamento.



La señora ROMERO LÓPEZ: Hay mordaza para hablar de...



El señor PRESIDENTE: Señora Romero, por favor, le llamo al orden.



Señora Romero, no existe mordaza en este Parlamento, usted ha tenido oportunidad reiterada de intervenir en dos ocasiones.



Por tanto, queda concluido. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)


Señor Gil Lázaro, no reabra el tema, por favor.



El señor GIL LÁZARO: Es para una cuestión de orden. Precisamente era para recordar que en este momento quedan aproximadamente entre una hora y tres cuartos o como máximo dos horas, en relación con el compromiso de finalización de la sesión
que habíamos adoptado todos los portavoces.



El señor PRESIDENTE: Así se hará.



El señor GIL LÁZARO: Desde luego, rogaría que nos atuviéramos a los tiempos reglamentarios. Por cierto, recuerdo que por aquello de la mordaza, la señora Romero en su segundo turno ha tenido un tiempo archidimensionado en relación con los
demás.



El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor, que no mencione ni una sola palabra sobre el asunto. Nada más.



Doy por concluido este punto del orden del día.



- LA CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS CENTROS PENITENCIARIOS Y LA UBICACIÓN PREVISTA PARA LOS MISMOS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001217.)


El señor PRESIDENTE: Continuamos con el siguiente punto del orden del día: Comparecencia del secretario de Estado para informar sobre la construcción de nuevos centros penitenciarios y la ubicación prevista para los mismos.



Señor secretario de Estado, cuando desee.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): La siguiente comparecencia es para informar sobre la construcción de nuevos centros penitenciarios y la ubicación prevista para los mismos.



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Sus señorías conocen que desde la aprobación del plan de amortización y creación de centros penitenciarios se ha realizado una muy intensa y esforzada labor dirigida a la construcción de este tipo de centros que puedan dar una respuesta
adecuada a las necesidades existentes, y de hecho en esta Cámara más de una vez hemos hablado de la legítima satisfacción del Gobierno por el esfuerzo importante que se está realizando en este terreno.



Desde el año 1996 -lo saben también- han sido inaugurados trece centros penitenciarios. Los recuerdo cronológicamente: Huelva, año 1996, 1.180 celdas; Albolote, en Granada, en 1997, 1.211; La Moraleja, Palencia, en 1997, 1.180;
Teixeiro, A Coruña, en 1998, 1.211; Alhama, Pontevedra, en 1998, 1.211; Madrid 6, Aranjuez, en 1998, 1.157; Mallorca, en 1999, 1.180 celdas; León, en 1999, 1.211; Córdoba, en 2000, 1.180 plazas; Algeciras, en 2000, también 1.180; una tercera
en 2000, Segovia, 439; Zaragoza, en 2001, 1.180, y Villena, Alicante, en 2002, 879 plazas.



No sólo me parece importante recordar los centros que han ido naciendo, sino también que el carácter de la modernidad lógica de los centros más contemporáneos hace que hoy prácticamente la mitad de los reclusos estén en estos centros más
modernos creados en estos últimos años. Dicho eso, el número total de nuevas plazas creadas, en consecuencia, ha sido de 14.399, que, descontando el número de plazas amortizadas -hay que hacerlo para hacer bien las cuentas- por el cierre de los
centros viejos, que asciende a 4.372, deja un total de plazas nuevas que se han incorporado al sistema desde el año 1996 de 10.027.



Pues bien, no obstante todo lo que acabo de decir, el crecimiento de la población reclusa -lo saben bien SS.SS. y es una constante en la realidad española de estos últimos años- en un período que va desde finales de 2000 hasta la
actualidad, por no referirme a esa misma evolución de tendencia en los años anteriores, pasa de la cifra de 41.131 internos al cierre de 2001 a 44.928 en 2002 y a 48.491 a 31 de octubre del presente año, que es el último dato que les puedo dar. (La
señora Gallizo Llamas: ¿Y Cataluña?) No, me refiero a los del territorio de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, las competencias del Estado.



Por eso en su día el ministro Acebes puso desde el principio de manifiesto, incluso en esta Cámara, la necesidad de potenciar con todo el empeño y el esfuerzo posible la política de creación de nuevos centros penitenciarios que sean capaces
de cubrir las necesidades actuales y las que surjan en el futuro, según las previsiones existentes, en función de las variables o factores determinantes de los incrementos de población reclusa. Se han estudiado con todo detalle en este tiempo, que
SS.SS. me reconocerán que ha sido razonablemente breve, las posibles ubicaciones geográficas donde sería más razonable construir las nuevas infraestructuras, al objeto de corregir además los desequilibrios existentes entre comunidades autónomas y
reducir el número de traslados de internos fuera de su lugar de origen, y se ha culminado una negociación compleja (ya saben que siempre es complejo hablar de estas cosas y de la instalación de este tipo de centros en cualquier parte del territorio
nacional), primero con lo que fue la modificación del plan de amortización y creación de centros el 24 de enero de 2003, y luego con la confirmación de la ubicación de los nuevos centros penitenciarios que se van a construir.



De esos nuevos centros penitenciarios que se van a construir, de los que seguidamente le haré relación, ya han sido firmados los correspondientes convenios de colaboración entre el Ministerio del Interior, la Sociedad Estatal de
Infraestructuras y Equipamientos, SIEPSA, y el ayuntamiento de cada municipio donde se van a ubicar, de forma tal que precisándole la comunidad autónoma donde se van a construir, la localidad afectada y la fecha de firma del convenio, la relación de
esos cuatro sería la siguiente: en la Comunidad de Andalucía, el del Puerto de Santa María, cuya firma tuvo lugar el día 4 de abril de este año; en la zona de Levante, el de Albocácer, en Castellón, suscrito el día 8 de julio de 2003; en la
Comunidad Autónoma de Madrid, el centro de Estremera, firmado a su vez el 9 de julio de 2003, y finalmente, en la Comunidad de Andalucía, el centro de Morón de la Frontera, cuya formalización de firma tuvo lugar el 17 de julio de 2003.



Las características principales de estos nuevos centros son las siguientes. Los centros penitenciarios proyectados en estos municipios que acabo de decir responden a la tipología denominada de centro tipo y, por tanto, tales características
son básicamente idénticas a las de los ejecutados en los últimos años por SIEPSA. Se van a construir sobre una superficie aproximada -superficie hábil para la construcción- de 90.000 metros cuadrados cada uno de ellos, van a tener una capacidad de
unas 1.008 celdas funcionales, más 72 para ingresos y tránsitos, unas 36 de aislamiento y los espacios precisos para alojar 64 camas de enfermería para la asistencia y atención sanitaria. Lógicamente van a disponer de los equipamientos necesarios
complementarios suficientemente dotados, debiendo destacar entre ellos los destinados a educación, formación profesional, instalaciones deportivas y culturales. Vienen dotados -no podía ser de otro modo- del moderno sistema perimetral de seguridad
que se ha estado estableciendo también en los que les han precedido, que están, como saben, a la vanguardia en este tiempo y que bueno es que podamos decir que son de eficacia comprobada por el bien de todos, y la inversión prevista en cada uno de
ellos está un poco por encima de los 60 millones de euros, sin incluir el impuesto sobre el valor añadido y sin considerar la inflación que se pueda producir durante la ejecución del proyecto. Estamos hablando en principio de un total de unos 252
millones de euros para la ejecución de la operación completa.



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El plazo de ejecución de las obras de edificación que se ha previsto es alrededor de los dieciocho o veinte meses y, tras cumplir la preceptiva licencia municipal y la aprobación definitiva de cada uno de los planes especiales que deben ser
redactados en función de las diferentes legislaciones urbanísticas vigentes, esto está ya en movimiento de ejecución.



Termino. Si bien la información que les acabo de facilitar responde a la cuestión que con la solicitud de comparecencia han planteado, y sin perjuicio de que SS.SS. formulen todas las observaciones u objeciones que estimen oportunas,
parece que es bueno no concluir esta exposición sin hacer un reconocimiento a los municipios en los que se van a ubicar los centros penitenciarios proyectados, que hacen, a mi juicio, un buen servicio al país. Me parece muy positivo participar a
esta Cámara el conocimiento sobre el incremento visible del interés municipal en esta materia que antes califiqué como una cosa compleja, donde se asumen compromisos y también algún tipo de buenas posibilidades, pero que en todo caso lleva a
decisiones complicadas de mucho debate interno en cada una de las corporaciones. No ha sido ese el caso de los municipios en los que ahora se van a construir los cuatro centros nuevos; su colaboración a estos efectos ha sido y es muy de agradecer,
permítanme que lo ponga de relieve con énfasis y con el mismo énfasis quiero poner de relieve, para que conste en el 'Diario de Sesiones' y lo sepan SS.SS., que no es, a día de hoy, la de rechazo a asumir este compromiso de solidaridad la tendencia
que estamos viviendo en nuestro país, porque en el tiempo en el que se han producido múltiples contactos hasta acabar de concretar por razones técnicas las mejores ubicaciones posibles a día de hoy, lo cierto es que se ha podido constatar que se va
generando un interés significativo sobre esta cuestión y que hoy ya hay un buen número de localidades que van mostrando su disposición a proseguir una línea que no acaba aquí -este es otro buen empujón tras los anteriores-, porque en todo caso hay
que tener también en el horizonte para el futuro. No quiero olvidar que la construcción de estos centros va a suponer para las ciudades y sus zonas de influencia un revulsivo económico importante. No me refiero sólo a los evidentes ingresos por
licencias, que también; me refiero a que durante el período de ejecución de las obras se emplearán entre 300 y 500 trabajadores y me refiero también a los 500 empleos directos que se van a producir en el propio centro cuando cada uno de ellos entre
en funcionamiento.



El señor PRESIDENTE: Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gallizo.



La señora GALLIZO LLAMAS: Señor Astarloa, cada cual cuenta la historia como le conviene, pero eso es poco razonable casi siempre. Por eso voy a tratar de completar la parte que no ha contado de esta historia. Ha hecho referencia al plan
de amortización de centros penitenciarios. Quiero recordar que este es un plan que hizo el Gobierno socialista, que fue quien lo diseñó y quien inició la construcción de los centros, algunos de los cuales se han inaugurado por gobiernos
posteriores, pero no nos ha contado la continuación de la historia. No nos ha contado que en abril de 1998, el Consejo de Ministros aprobó revisar este plan de amortización y creación de centros penitenciarios; que aprobó prescindir de algún
centro penitenciario que estaba previsto construir, concretamente el de Guadalajara; que aprobó, sin embargo, mantener los centros penitenciarios de Algeciras, Córdoba y Gran Canaria, con capacidad de 1.008 plazas funcionales cada uno, y que aprobó
construir los centros de Villena, del País Vasco, estos dos con 720 plazas, de Navarra, con 400 plazas, y de Segovia. Cuando el Gobierno del Partido Popular hizo esta planificación decían que no se preveía un incremento de la población
penitenciaria, con una gran capacidad de análisis de lo que iba a venir después. Quiero recordar que desde 1998 hasta hoy la población penitenciaria se ha incrementado casi en un 50 por ciento. Es una cifra impresionante. El señor Astarloa nos ha
dado la cifra de las plazas netas que se han creado. Luego hablaremos también sobre los números, pero aceptando lo que nos ha dicho de que se han creado más o menos 10.000 nuevas plazas, quiero decirle que del año 1996 hasta hoy hay 20.000 personas
más en centros penitenciarios, es decir, si esas cifras fueran exactas, habríamos respondido a la mitad de la demanda que se ha producido. El centro previsto para el País Vasco se cayó, sin mediar ninguna explicación, de los presupuestos para el
año 2003, en los que no se consignaba ninguna partida aunque sí se mantenía una previsión para el año 2006. Sin embargo, esos presupuestos mantenían las partidas para los centros de Canarias y de Navarra. Este año también se han caído del
presupuesto los centros de Navarra y de Canarias y aparecen unos centros nuevos, que son los que ha referido hoy el secretario de Estado: un centro en Madrid, dos en Andalucía y otro en levante. Sin embargo, el Defensor del Pueblo en su informe
del año 2000, señalaba que las comunidades autónomas del País Vasco, Navarra y Canarias tenían un déficit de infraestructuras penitenciarias y que era importante resolverlo y acelerar la construcción de los centros que estaban previstos. No sólo no
se ha acelerado esa construcción, sino que, inexplicablemente, se han caído del presupuesto. Digo inexplicablemente porque no se nos ha dado ninguna explicación y usted tampoco lo ha hecho hoy.



Nosotros pensamos que tienen ustedes una política totalmente errática y no saben hacer previsiones. Ya se ha visto desde 1998 en que previeron que sucedería algo que no ha sucedido, como que se iba a estabilizar la población penitenciaria.
Tampoco saben llevar adelante las inversiones que proponen, porque ha habido inversiones en años sucesivos para diversos centros penitenciarios que no han llevado adelante porque no


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han sabido o no han querido enfrentarse con algunos problemas. Anuncian cosas que nunca piensan hacer. Gobiernan de cara a los medios de comunicación para transmitir imágenes a la opinión pública cuando hay una cierta presión. De todos
los ministros del Interior, el señor Rajoy ha sido el campeón en hacer ruedas de prensa, hasta en cuatro ocasiones que yo recuerde, anunciando la construcción de centros para los que no se consignaba nada en los presupuestos. El año pasado se dio
la paradoja de que mi grupo parlamentario presentó enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado, que el grupo que apoya al Gobierno rechazó, para incluir partidas para la construcción de los centros que se habían anunciado y que ahora empiezan
a incluirse en los presupuestos. Podrían llevar un año de adelanto en la construcción de los mismos si se hubiesen atendido las enmiendas que hicimos que, como se ha visto este año, eran razonables porque se necesitaban estos centros, y de hecho
ahora se plantea que se hagan.



Es una política también, en nuestra opinión, irresponsable. ¿Por qué? Porque la política penitenciaria que hace este Gobierno es despectiva y destructiva del mandato constitucional de que la prisión esté orientada hacia la reeducación y la
reinserción social. Van estirando la capacidad de los centros como si fuera chicle. Quiero recordar, lo he dicho varias veces, que el plan de amortización y de creación de nuevos centros penitenciarios que pusieron en marcha los gobiernos
socialistas tenían como objetivo dignificar la vida en prisión y crear unas infraestructuras que permitieran convertir los centros penitenciarios en centros de formación y trabajo. Esa política se está viniendo abajo. Ahora resulta que la
capacidad operativa de los centros tipo no es de 1.008 personas, como se decía hasta ahora. Hoy nos dice el señor secretario de Estado que son de 1.180. Parece que se van estirando porque se suman las celdas que están pensadas par otra finalidad y
no para albergar habitualmente a los internos. No sé si usted sabe que en su día ya hubo un importante debate sobre este modelo, sobre si macrocentros de esta capacidad permitían cumplir su función o no, y le estoy hablando de los centros pensados
para 1.008 personas. Eso ya fue debatido. Pues bien, ahora los centros de 1.008, que siguen figurando así en el papel hasta que ustedes no lo cambien y ponga esto de 1.180, si es que lo piensan poner, son de 1.404 personas en Topas, 1.550 en
Albolote, 1.508 en Huelva, 1.528 en Córdoba y 1.645 en Soto del Real. La excepcionalidad de que en una celda puedan convivir dos personas se ha convertido en la norma, obviando el derecho a la intimidad de las personas que están en prisión, que
deben compartir su celda con otra persona o con varias. El último centro inaugurado, que es el de Villena, lo definían ustedes con una capacidad de 720 plazas. ¿No decidieron hacer allí un centro con 1.008? Pues no hay 720 personas, ni siquiera
1.008, sino que a estas alturas ya hay bastantes más.



Volvamos a los centros que no se harán. Yo quiero que nos explique aquí por qué se renuncia a los centros del País Vasco y de Navarra, que tienen las infraestructuras totalmente obsoletas; por qué se renuncia al centro de Canarias, una
decisión totalmente incomprensible, porque en esta comunidad autónoma, como usted seguramente sabe, hay una situación de hacinamiento extraordinaria. Son centros que tienen además muchos años a la espalda. Canarias tiene una presión muy fuerte en
cuanto a la ocupación penitenciaria. Se están trasladando reclusos a la Península de manera constante, a centros de cualquier comunidad autónoma, sin comunicación aérea ni siquiera de forma directa con Canarias. ¿A usted le parece, señor Astarloa,
que el desarraigo familiar va a ayudar a la integración de estas personas en la sociedad o no piensan en esto? ¿Por qué esta política de dispersión de presos canarios con arraigo en Canarias a un centro u otro de la Península? También me gustaría
que nos explicase por qué deciden hacer centros en un lugar y no en otro, qué razones son las que les impulsan a ello, qué lógica, qué parámetros se analizan, qué cosas tienen en cuenta. ¿Cómo podemos creer -también le pido que nos haga creíble su
propuesta- que las previsiones actuales no cambiarán otra vez más, que el año que viene no decidirán que hay que hacer otros centros en otros sitios, cambiarlo todo una vez más? Porque de Canarias, Navarra, País Vasco, hemos pasado a Madrid,
Andalucía y levante. El Partido Popular ha promovido hace pocos días en Teruel que las instituciones ofrecieran terrenos para la construcción de un nuevo centro, no sé a qué responde esto. ¿Es quizá una previsión pensando en el futuro? Yo le
pregunto también, señor Astarloa, si a usted le parece que es bueno que en una localidad se concentren tres centros penitenciarios.
Me gustaría que me explicase si lo han valorado y les parece que es una política coherente y positiva para los
internos. ¿Cree que es positivo que los centros se construyan en lugares que no tienen índice de población penitenciaria alto y que por tanto albergarán a personas cuyas familias viven a kilómetros de distancia? ¿Cuál es la lógica de todo esto?
Porque yo no me puedo creer que se muevan ustedes sin lógica, sin criterio, sin sentido. ¿Cree usted que las islas deben tener infraestructuras suficientes para albergar a su población penitenciaria, sí o no? ¿Creen ustedes que vale la pena seguir
esforzándose por dignificar las infraestructuras penitenciarias? ¿Tienen previsto sustituir algunos de los viejos centros, modernizarlos? ¿Creen que el principio unicelular debe ser suprimido, que el derecho a la intimidad no es importante para
los reclusos? ¿O van a hacer algo para que la presencia de dos o más personas por celda sea un hecho verdaderamente excepcional y para que se aplique el principio unicelular? ¿Han evaluado ustedes cuál será la población penitenciaria en 2006 ó
2007, cuando estén concluidos los centros que ahora proponen? Ha dicho usted que se prevé que estos centros tengan 18


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ó 20 meses de ejecución, pero en los presupuestos los programan para 2007.
El programa plurianual dice que se concluirán en 2007, y si la población penitenciaria se viene incrementando en torno a 4.000 personas al año, en una visión
optimista, porque la aplicación de las nuevas leyes ya veremos qué efectos tiene, en cuatro año habrá 16.000 presos más. Por tanto yo le pregunto qué medidas van a tomar ustedes para que esto no se convierta en un polvorín.



Señor Astarloa, no tienen ustedes credibilidad. Los ministros del Interior han jugado con los anuncios de nuevos centros penitenciarios de una manera escandalosa e impropia de la responsabilidad que ostentan. Yo espero que conteste a las
preguntas que le he hecho. Espero que rectifiquen la práctica que han desarrollado hasta ahora y espero que empiecen a tomarse esto en serio.



El señor PRESIDENTE: Por parte de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.



El señor MARDONES SEVILLA: Mis primeras palabras quiero que sean de bienvenida a don Ignacio Astarloa, secretario de Estado y buen conocedor por su pertenencia al cuerpo prestigioso de letrados de Cortes en esta casa. Después de este
saludo, paso rápidamente, señor secretario de Estado, a hacerle un planteamiento sobre la situación en Canarias -aunque la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ya se ha referido ampliamente también a algunas cuestiones-, que, como bien conoce
tanto usted como el ministro, nos viene preocupando en las conversaciones bilaterales que venimos manteniendo entre el Gobierno, el Gobierno autónomo de Canarias y mi grupo parlamentario.



Señor Astarloa, partimos del problema de la disponibilidad de terrenos. La saturación de las plazas es evidente. Esa es la situación que se viene generando por la aplicación de las nuevas normas de enjuiciamiento criminal, el tema de
menores, los juicios rápidos, que es lo que va a producir una sobrecarga. En el programa 222.F que el Gobierno ha presentado para el Ministerio del Interior, en Instituciones Penitenciarias, para el próximo año se da la cifra estimada de población
reclusa de 50.316. La cifra que usted citó en su primera intervención para el año 2003 es de 48.600. Por tanto hay un incremento evidente.
Supongo que está calculado el aumento de la población reclusa que provoca la aplicación de juicios rápidos,
que en Canarias, según los informes de que dispongo facilitados por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, indica este flujo de condenados en juicios rápidos hacia los centros de prisiones. El problema es municipal por la disponibilidad de
terrenos y en este sentido le querría preguntar si hay algún avance o alguna previsión, sobre todo en Las Palmas de Gran Canaria con la prisión del Salto del Negro, que ha sufrido demora no por cuestiones imputables al Ministerio del Interior -y
tengo que reconocerlo aquí en honor a la verdad-, sino por la no disponibilidad de terrenos, autorizaciones o licencias de los ayuntamientos donde pueden ubicarse estos centros penitenciarios. En lo que sí estamos todos de acuerdo es en que, según
los principios que dirigen y dirigieron en su día la Ley general penitenciaria, los penados estén en el entorno de su domicilio, de su familia, sobre todo teniendo en cuenta el agravante para los desplazados a la Península, que obliga a las familias
canarias a sufrir una especie de pena económica por el coste del transporte aéreo a la Península para visitar a esos penados. Por tanto, me gustaría conocer en qué situación se encuentra el diálogo por parte de su departamento, del Ministerio del
Interior y de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias con los alcaldes o municipios afectados en Canarias en cuanto a la posibilidad de ubicar allí el centro penitenciario correspondiente o la ampliación del actual por la sobrecarga y
hacinamiento que tenemos en estos momentos. Mi grupo se brinda a hacer gestiones ante los ayuntamientos y ante los alcaldes, pertenezcan o no a nuestra formación política, para llevarles a la racionalización de dar facilidades en todos estos
aspectos, aunque muchas veces se producen contestaciones de organizaciones ciudadanas de residentes que, lamentablemente, no quieren que se ubique un centro penitenciario en su término municipal por una serie de razones extrajurídicas o
extraeconómicas.



Otra cuestión que me gustaría plantearle, señor secretario de Estado, es cómo está actualmente en Canarias la plantilla de funcionarios de prisiones, si hay posibilidad de un incremento. Los sindicatos de dichos funcionarios nos han hecho
llegar sus quejas de que junto al fenómeno del hacinamiento y sobrecarga de población penitenciaria en los centros actualmente existentes en Canarias, las plantillas se ven también desbordadas e insuficientes para atender los compromisos que se
derivan de la propia Ley general penitenciaria a este respecto. Por tanto me gustaría saber si piensa hacer ampliaciones de las plazas de funcionarios en estas actuaciones. Como he dicho antes, en el desglose de las cifras del programa 222.F la
previsión de población reclusa para 2004 es de 50.316 penados y me gustaría conocer si se tiene una previsión hecha precisamente en este asunto de los juicios rápidos. Comprendo que en este tema tiene que haber una conexión con el Ministerio de
Justicia. Usted tiene en su currículum el añadido de haber sido subsecretario de Justicia y por tanto conoce esta problemática. Esto me obliga a hacer algo que he venido haciendo siempre que han comparecido en las últimas legislaturas los señores
ministros de Justicia y del Interior. Ya se lo dije al señor Mayor Oreja, cuando tomó posesión de la cartera de Interior en la legislatura pasada, a la entrada del Gobierno del Partido Popular.
Entonces se hizo una reorganización, se sacó la
Dirección General de Instituciones Penitenciarias de la competencia del Ministerio de Justicia y se llevó al Ministerio del Interior. Desde entonces, me veo obligado por un compromiso doctrinal a seguir


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abogando por que la Dirección General de Instituciones Penitenciarias esté donde entiendo que debe estar y donde siempre estuvo la antigua Dirección General de Prisiones, es decir en el Ministerio de Justicia, porque de ello se derivan una
serie de vinculaciones: los jueces de vigilancia penitenciaria, el cumplimiento de condenas o las concesiones de grado, que permiten evacuar al penado en las horas diurnas, en el grado en el que se puede integrar en una reinserción laboral, aunque
tenga que ir a dormir a la prisión.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Intervendré con toda brevedad porque tengo que ser el primero que haga disciplina de mi propia mención anterior.



Quiero comenzar, como es natural, porque me parece de justicia, haciendo mías las palabras del secretario de Estado expresando en nombre de mi grupo el reconocimiento a los municipios que van a acoger estos nuevos centros, porque
indudablemente, como ha dicho el secretario de Estado, prestan un servicio muy importante al país, pero también asumen una decisión cuando menos muy interesante para su promoción y crecimiento socioeconómico.



Desde luego, agradezco y valoro en nombre de mi grupo el tono y el ofrecimiento constructivo de don Luis Mardones, en nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.



En cuanto a la señora Gallizo, ha dicho inicialmente que cada cual cuenta la historia como le conviene y que ella iba a completar la parte que el señor secretario de Estado no había contado porque no le convenía. Yo, siguiendo el hilo
argumental de la señora Gallizo, voy a completar la parte de su argumento que no le conviene; quiero pensar en beneficio de la señora Gallizo que no le conviene y no que lo ignora. Ha dicho, y es cierto, que el plan de amortización y creación de
nuevos centros penitenciarios fue una formulación inicial del Gobierno socialista. Esto es rigurosamente cierto. Ha dicho que en 1998 se produjo una revisión del plan por parte del Consejo de Ministros y ha querido sugerir una especie de
devaluación de aquel magnífico plan inicial socialista en virtud de esa reconsideración, pero las cosas hay que contarlas como son, señora Gallizo. Mire usted, el plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios, aprobado en su
momento por el Gobierno socialista, se convirtió al poco tiempo en un plan absolutamente inviable, porque en sus previsiones se había establecido que la financiación del mismo se haría en un 65 por ciento contando con las disponibilidades económicas
que ingresaran por la amortización -es decir, por la venta- de los terrenos sobre los que estaban asentados los centros que se iban a cerrar. Eso se escribió así, a la ligera y sin más, sin que nadie se preocupara previamente de saber si la
titularidad de esos terrenos era de la Administración del Estado y, por tanto, podían o no podían ser enajenados. La mayor parte de aquellos terrenos -y no voy a extenderme ahora en cuanto a su régimen jurídico- estaba en situación de no
titularidad por parte del Estado, de manera que desafectados del fin penitenciario, revertían a sus propietarios, tanto privados como corporaciones de distinto signo, público o privado. Por tanto la revisión del plan de amortización que tuvo que
hacer el Consejo de Ministros en el año 1998 fue esencialmente para hacer viable ese plan, es decir, para darle financiación, sobre una previsión ciertamente grave que lo hacía inviable. Por cierto, S.S. cuenta también otra historia, no sé si
porque le interesa o en virtud de qué datos, porque dice a la ligera que desde el año 1998 hasta hoy -ha cogido la cifra de referencia de 1998, puesto que ha citado este año como referencia a su vez de esa revisión del plan por parte del Consejo de
Ministros- la población penitenciaria española ha crecido en más de un 50 por ciento. Pues mire usted, señora Gallizo, eso no es verdad. Su señoría me dice eso porque sí y ante sí y probablemente porque le conviene decirlo. En el año 1998,
incluida la población penitenciaria dependiente de la Generalitat de Cataluña, el total era de 44.370 internos; réstele usted a eso unos 6.005 dependientes entonces de la Generalitat de Cataluña. A fecha de hoy, incluida la Generalitat de
Cataluña, el total de la población penitenciaria española es de 55.800 internos, sobre los que usted debería restar aproximadamente una cifra igual a la anterior de dependientes de la Generalitat de Cataluña. Por tanto ese incremento del 50 por
ciento que dice S.S. lo dice por sí y ante sí, y por sí y ante sí también, quiero pensar que de una manera intencionada más que por ignorancia, argumenta la desatención de este Gobierno a la política penitenciaria en la falta de consignación
presupuestaria en los Presupuestos Generales del Estado de dotaciones destinadas a la creación de nuevos centros. Le hemos explicado, señora Gallizo, por activa y por pasiva que las dotaciones financieras para la creación de nuevos centros
penitenciarios no vienen incorporadas a los Presupuestos Generales del Estado, sino que forman parte del presupuesto específico de SIEPSA -la Sociedad Instrumental de Equipamientos y Construcciones Penitenciarias- y por tanto afecta a su cuenta de
resultados. Quiero pensar que no es que S.S. ignore eso, sino que le interesa no hacer referencia a ello para justificar su discurso.



Después, concluye S.S. diciendo que la actuación de este Gobierno en materia de política penitenciaria es irresponsable, porque -dice literalmente- es despectiva y destructiva del mandato constitucional.
Para argumentar esa afirmación, la
señala S.S. en dos cuestiones: una, en el modelo de macrocentro penitenciario -modelo que está instaurado en el plan de amortización y creación de nuevos centros penitenciarios originalmente aprobado por el Gobierno socialista, por lo cual me
sorprende el argumento-, y dos, en la desaparición del principio unicelular. El artículo 13 del Reglamento


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penitenciario admite la posibilidad de la convivencia de varios internos en la misma celda, pero lo que S.S. ignora o no le cuenta a esta Cámara es que ese artículo es nuevo, aprobado por Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. Quédese
S.S. con la fecha. Tampoco señala S.S. que hay una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional -le puedo citar la sentencia 89/1997, la sentencia 57/1994 o la sentencia 195/1995- en la que se establece de una manera clara que el interno
no tiene un derecho subjetivo a celda individual. Todas esas cuestiones S.S. las ignora, lo que sería grave, o las omite, que es más grave, porque de alguna forma falta al rigor intelectual y político de su discurso, para intentar construir una
imputación genérica al Gobierno que no se sostiene. Yo le recomendé en una ocasión -y ciertamente no por la parte que a mí me concierne, sino por la parte que concierne al otro interlocutor- que leyera los muy interesantes, extensos y amplísimos
debates que hubo aquí en la legislatura 1993-1996, entre quien entonces actuaba, en nombre del Gobierno, como portavoz de asuntos penitenciarios, don José Luis Rodríguez Zapatero, y -excluyo modestamente la parte que me corresponde- quien entonces
actuaba, en nombre del principal partido de la oposición, como responsable de la política de asuntos penitenciarios, que era yo mismo. En la parte que a mí me corresponde, puede S.S. omitir la lectura, pero le recomiendo ciertamente, si S.S.
quiere aprender algo de esto, que lea a don José Luis Rodríguez Zapatero, que por lo menos dio a la defensa entonces de las posiciones del Gobierno una nota de altura. Cuando hablamos de esto es mucho mejor quedarse en los tonos constructivos del
señor Mardones que en la formulación de un panfleto, que además ni se sostiene con los datos de la realidad, ni se sostiene con la evolución que la Administración penitenciaria ha llevado a cabo en estos años gracias al impulso del Gobierno popular;
y eso, señora Gallizo, que no le he hecho recordatorio de los innumerables escándalos que en aquella época salpicaron precisamente a la Administración penitenciaria, algunos de ellos fraudes sentenciados por los tribunales por valor de más de 1.000
millones de pesetas.



El señor PRESIDENTE: A continuación tiene el uso de la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Voy a ser muy disciplinado, señor presidente, y voy a seguir no ya sus indicaciones sino su orden de que sea muy breve. Tengo que decir cuatro o cinco cosas en relación
con las intervenciones de los señores portavoces.



En relación con la intervención de la señora Gallizo yo tengo una dificultad, no desconocida en esta Cámara, y es que cuando se hace una descalificación tan rotunda, tan tremenda, tan absolutamente de negro y blanco como la que S.S. ha
hecho de lo que ha sido la tarea de buen trabajo en relación con la creación de centros penitenciarios, su buena instalación, y añadiré también su buen funcionamiento, es muy difícil entrar en lo que decía el señor portavoz del Grupo Parlamentario
Popular: en un debate en el que vas sumando ladrillo a ladrillo para avanzar juntos en lo que es mejor para los ciudadanos. Decía S.S. al empezar su intervención que iba a completar lo que yo no he dicho. No, no. Ha demolido rigurosamente no ya
lo que yo he dicho, sino todo lo bueno, lo malo y lo regular de estos años, y no es verdad. Además, señoría, yo creo que según van pasando cosas, sobre todo si son buenas, no es necesario mantener a rajatabla, sin matices, el discurso que se tiene
antes de que las cosas pasen. Yo creo que el anuncio que hace en el mes de julio el señor ministro del Interior de la creación de estos cuatro centros penitenciarios nuevos, con el horizonte temporal hacia atrás, es decir, el breve tiempo
transcurrido desde su asunción de las responsabilidades en el ministerio hasta dar respuesta a esta necesidad, y sobre todo con el horizonte temporal hacia delante, porque estamos hablando del año 2005 para la conclusión y puesta en funcionamiento
de estos centros, es un añadido cualitativo muy importante a las buenas actuaciones que se venían realizando desde el año 1996. A mi juicio, no se puede seguir planteando que los problemas, en consecuencia, son los mismos que había antes de hacerse
ese anuncio, cuando el horizonte podía ser otro.



De hecho, S.S. ha centrado gran parte de su intervención en comentar aquellas otras posibilidades que en estos años han estado encima de la mesa y que a día de hoy, por las razones que sea, no aparecen en la prioridad de lo directamente
realizable con la máxima prontitud, que es lo que en este momento está -y ahí sí quiero hacerle una pequeña corrección a un dato- pensado, planificado, ideado. No. Como le decía a S.S., los convenios están firmados, las actuaciones necesarias para
su puesta material en ejecución están realizadas y estamos ya en esta fase de puesta material en ejecución. No estamos hablando de hipótesis que el viento se llevará, igual que -decía S.S.- se llevó otras hipótesis.



Como yo le decía que cuando se hace un planteamiento de siniestro total eso no permite avanzar, tengo que recordar algunas cosas. Saltaré muchas porque el señor Gil Lázaro -que tiene en esta Cámara memoria personal histórica, entre otras
cosas, para esto- ya ha dado respuesta a algunas de las cosas que han ido pasando en estos años y que SS.SS. han vivido juntos en esta Comisión. Su señoría dice que el tiempo pasado fue mejor.
Probablemente S.S. tiene que decirlo pero no es
verdad. Cuando S.S.
tomaba pie del plan de amortización del año 1991, que dijeron que lo iban a ejecutar en cinco años y pusieron en funcionamiento dos, Soto del Real y Topas en Salamanca, frente a las previsiones, pues esa es la realidad de las
cosas y no otra. Cuando se habla de cómo cohonestar el número de personas, que va creciendo en la población reclusa, con las instalaciones que se tienen, es muy importante


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recordar que el índice de ocupación se ha venido reduciendo durante los últimos años, y S.S. lo sabe. El nivel de saturación, de complitud actual, en líneas generales, es inferior a otros años. Tengo aquí algunos datos: Alicante, año
1995, 1095; 2003, 919. Castellón, año 1995, 619; 2003, 581. Y podría seguir. Hablaba S.S. de los dos reclusos por celda.
No. El desiderátum del recluso por celda se ha planteado cuando se ha planteado y, de hecho, los diseños de los centros
que se prepararon a partir del año 1991 estaban ideados para albergar dos reclusos por celda.
(Rumores.)


Podemos seguir con datos y datos, pero yo creo que lo importante no es -entre otras cosas porque si no voy a incumplir lo que me ha mandado la presidencia- seguir dato a dato. Como se han mencionado diversos lugares y tanto la diputada del
Grupo Socialista como el señor Mardones han hablado de Canarias, en Canarias centro la contestación a dos de las cuestiones que me han planteado sus señorías. ¿Cuál es el criterio que sigue el Gobierno para decidir la localización? A lo largo de
mi intervención he mencionado criterios técnicos, no criterios aleatorios ni menos aún de capricho, centrados fundamentalmente en el grado de concentración de la población reclusa a día de hoy. Creo que no discreparemos si decimos que Madrid,
Comunidad Valenciana, Andalucía y Canarias son las zonas de España que tienen un mayor grado de concentración, y a Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía van a parar esos centros.



Canarias. El señor Mardones lo ha explicado, como siempre, muchísimo mejor que lo que yo podría hacer. Se han hecho y se están haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber para salvar las dificultades que efectivamente existen, que no
se inventa ningún grupo político, ni el Grupo Socialista ni el Grupo Popular ni el Grupo de Coalición Canaria, para planear una nueva instalación en Canarias. Tengo aquí la larguísima lista de municipios con los que se ha hablado a fondo,
explorando uno a uno, con la mejor voluntad por las dos partes, para ver la posibilidad de instalar un centro en ese término municipal y lo cierto es que por una u otras razones, a día de hoy -y digo a día de hoy porque seguimos y seguimos-, ha
resultado todavía no hacedero lograr la implantación del centro penitenciario tipo en una de estas circunscripciones, lo que va especialmente unido a la orografía tan especial de la isla. No obstante, está dentro de las previsiones presupuestarias
existentes. Precisamente las últimas modificaciones-revisiones del plan de amortización que antes mencioné son para garantizar lo que en este momento está garantizado, que el dinero necesario para poder ejecutar presupuestariamente los cuatro
centros cuyos datos les di efectivamente existe, y no sólo existe para los cuatro centros sino que además está previsto añadir a los que yo mencioné el coste estimado de las obras de ampliación del centro de Arrecife, en Lanzarote, que supone 6.616
miles de euros, incluidos los impuestos generales, el impuesto indirecto canario y la inflación. En cuanto a la disponibilidad de la que hablaba en particular el señor Mardones, como siempre, ya sabe que yo le tomo inmediatamente la palabra.
Hay
que seguir hablando y hablando porque efectivamente en Canarias hay una necesidad objetiva que todos -y está claro que son todos los grupos de esta Cámara- tienen el deseo y la necesidad de afrontar.



Seguiría, señor presidente, pero haré sólo una última mención a otra de las cuestiones, hablando de futuro. Siendo sensatos, no es todavía momento de introducir las variables de evolución inmediata a medio plazo previsible sobre la base de
la aplicación de las nuevas leyes. Hay que esperar a ver cómo evolucionan. Ustedes, los dos, han citado la Ley de juicios rápidos y la reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal; yo citaría también las reformas del Código Penal con el
incremento de penas, que también afecta. Al otro lado del debe y el haber, saben que hay una previsión bien importante en este momento que también afecta al régimen penitenciario en España como consecuencia de otra reforma legislativa, que es la
reforma de la Ley de Extranjería, que establece la capacidad de los jueces para sustituir la pena de privación de libertad por la pena de expulsión. Conocen bien cuál es la evolución de la población reclusa de carácter extranjero y, en
consecuencia, intuyen bien que no sólo estamos hablando de elementos de crecimiento, sino también de los correspondientes elementos de descenso. Los datos que ha dado S.S. no coinciden para nada con mis datos, pero es llegada la hora -cuando
termino- de decir que en estas cuestiones me fío fundamentalmente de lo que me dice el muy buen director general de Instituciones Penitenciarias que tenemos, con el que sin duda se seguirán este y otros debates en esta Comisión en el futuro. Los
datos, como decía S.S., no son de incremento de 20.000 frente a la creación de 10.000. El número de personas que ha incrementado la población reclusa, según los datos que tengo desde el año 1996, es muy inferior a 10.000. Y contestando a otra de
las cuestiones que me planteó el señor Mardones, no tengo el dato concretamente del personal que va a ir a Canarias. Se lo haré llegar en las próximas horas porque ese dato existe. (La señora Gallizo Llamas pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, con mucha brevedad, como máximo tres minutos.



La señora GALLIZO LLAMAS: Con brevedad, señor presidente, en primer lugar quiero reconocer que he dado mal una cifra porque he comparado dos que no eran iguales y me he dado cuenta ahora. En un caso he sumado los catalanes y en otro no;
no se ha incrementado en un 50 por ciento sino en un 30 por ciento. Me sigue pareciendo una cifra impresionante pero es cierto que no ha sido mi intención exagerar la nota, que ya está bastante exagerada, por otra parte.



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Señor Astarloa, no estoy satisfecha con sus respuestas. Habré sido más o menos contundente en las afirmaciones que he hecho, pero sus respuestas no me parecen satisfactorias porque sigo sin saber cuáles son sus previsiones sobre la
ocupación que vamos a tener, sobre lo que sucederá cuando los nuevos centros estén construidos, sobre las razones de que se ubiquen en unas poblaciones determinadas o no. Seguiremos hablando de este tema. Quiero decir al señor Gil Lázaro y a usted
también que para mí esto no son juegos florales. La arrogancia en estos terrenos me produce risa; es bastante ridícula la actitud arrogante. Yo tengo una actitud de aprender de casi todo. Desde que me ocupo de estos temas me he leído no sólo los
debates anteriores que ha habido, sino toda la bibliografía en hay en este Congreso sobre cuestiones penitenciarias; de algunos de los libros tengo que decir que casi he despegado las páginas porque antes no los había leído nadie. He visitado
también 25 centros penitenciarios. En fin que algo sé, pero no voy a manifestar una actitud de arrogancia sobre nada. Siempre estoy dispuesta a aprender, aunque el señor Gil Lázaro hasta hoy no me ha enseñado nada, y estoy deseosa de que lo haga.

También me precio de tener la mayor documentación sobre los temas en los que trabajo. El Gobierno no suele facilitar la documentación de una forma precisa y puntual. De hecho tuvimos que hacer el debate de presupuestos sin los datos de lo que no
gestiona directamente Instituciones Penitenciarias, sino a través de la sociedad de infraestructura y equipamiento, que se nos han facilitado posteriormente y de donde yo he sacado obviamente las cifras a las que he hecho referencia, que por
supuesto no me las invento. A nuestro grupo no le satisface la política que se desarrolla. Me parece muy interesante el debate jurídico sobre si el principio unicelular es de obligado cumplimiento o no. Mi opinión es que el sistema penitenciario
tiene que facilitar a las personas que viven en él unas condiciones de dignidad y de respeto a su intimidad por encima de otras consideraciones. Esa es mi opinión, pienso defenderla y pienso pelear para que así sea. El sistema penitenciario tiene
que ofrecer tratamiento a las personas que están recluidas en los centros y, como he dicho muchas veces, no es lo mismo trabajar con 1.000 personas que con 1.500 o con 1.600, lo cual está llevando a que sea imposible hacer un tratamiento
penitenciario y trabajar en la rehabilitación de las personas que están recluidas en los centros penitenciarios.



El señor PRESIDENTE: Señora Gallizo, concluya, por favor.



La señora GALLIZO LLAMAS: Con estas previsiones que hace el Gobierno no se va a abordar y resolver este problema, que es lo que debería interesarnos.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Gil Lázaro. Dispone del mismo tiempo.



El señor GIL LÁZARO: Cinco ideas tan sólo. Yo no pretendo enseñarle nada a nadie porque no es ese mi estilo. En primer lugar, coincido con la señora Gallizo en que yo siempre estoy dispuesto a aprender. En segundo lugar, también coincido
con la señora Gallizo en que para nada me gusta la arrogancia. Como no me gusta la arrogancia, tampoco me gusta el catastrofismo. Son extremos que conviene limar. En tercer lugar, diálogo y trabajo constructivo juntos ha sido siempre la oferta de
este grupo parlamentario en este ámbito de cosas; lo sigue siendo y lo quiero reiterar hoy aquí. No tiene ningún sentido intentar hacer política partidista de una cuestión como esta que afecta a la sensibilidad más elemental de cualquier
demócrata. En cuarto lugar, nosotros, señora Gallizo, sí que creemos y coincidimos con lo dicho por S.S.: que es imprescindible facilitar siempre la dignidad y el respeto a los internos para poder hacer efectiva esa opción individual que significa
la posibilidad de que la pena privativa de libertad sea, sobre todo y ante todo, una función resocializadora y reeducadora. Créame, señora Gallizo, que con errores y con aciertos, como es natural, se está trabajando por parte del Gobierno. Y me
gustaría que en este ámbito trabajáramos juntos y le hago el ofrecimiento de que trabajemos juntos. Finalmente, las cosas han cambiado. Ha citado S.S. un dato que le honra y quiero expresarlo públicamente porque acredita su disposición y su
vocación en estos temas, pero al mismo tiempo acredita que las cosas han cambiado. Ha dicho S.S.
que ha tenido ocasión de visitar 25 centros penitenciarios. Nosotros en otra época no teníamos ocasión de visitar centros penitenciarios simplemente
porque había instrucciones de prohibir el acceso a los diputados de la oposición. (Rumores.)


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio. Tiene la palabra el señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Empezaré por decir que en la intervención anterior reconocí que en todo caso el que sabe menos de esto soy yo; eso que quede establecido en beneficio de quienes están
todo el día en esta Comisión ocupándose de esta materia.



Gracias, señora diputada, por reconocer la suma que bailó. No sé si yo me equivoqué también. Me gustaría dejar claro que antes pretendí hablar de 1.008 reclusos por centro, si se me escapó otra cifra que quede claro que de 1.008 estamos
hablando, así como del mantenimiento del criterio de 1.008 para los cuatro nuevos centros.



Es lo propio de estos debates que S.S. diga que no le satisface ni mi respuesta ni nuestra política. Yo me quedo con esa parte, que también retomaba el señor Gil Lázaro, de que la evolución es muy positiva; que la perspectiva que abre
aquello por lo que S.S. me ha preguntado en esta sesión, que es el inmediato futuro, es sensata. No hay improvisación ni falta de planificación;


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va por el camino que tiene que ir. Añado que el camino que queda por recorrer me parece muy importante y muy bueno que lo podamos hacer juntos, en lo que estoy diciendo y en lo último que mencionaba y ponía el acento final S.S., como
también lo había hecho en la primera intervención, que es el objetivo del desarrollo integral de los recursos.
Esa tiene que ser -es- una preocupación común. Los datos que yo tengo encima de la mesa son importantes y en ellos hay que trabajar
juntos para crecer todavía más. En enseñanza reglada no universitaria, que incluye los estudios de enseñanza básica, bachillerato y formación profesional, este año están matriculados 10.657 internos; en enseñanza universitaria -existe un convenio
tripartito que conocen SS.SS.- este año están matriculados 828 internos; en programas educativos no reglados (idiomas, cursos de garantía social, etcétera) están matriculados 435 internos.
Sume a eso las 13.803 actividades culturales que se
organizan en los centros, sume los procesos para el desarrollo físico y social, etcétera.
Creo que ese es el camino y sin duda alguna es también el que S.S.
planteaba y en el que nos podemos encontrar. Muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado.



- LAS CAUSAS DE LOS SUCESOS OCURRIDOS EN LA COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL DE ALBACETE, A RESULTA DE LOS CUALES FALLECIÓ EL COMANDANTE SEGUNDO JEFE, EL MÉDICO DE LA COMANDANCIA Y RESULTARON HERIDOS DE GRAVEDAD EL TENIENTE CORONEL JEFE DE LA
COMANDANCIA Y EL TENIENTE CORONEL PEÑAFIEL, ANTIGUO JEFE DE LA MISMA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 213/001321.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día, comparecencia para informar sobre los sucesos ocurridos en la Comandancia de la Guardia Civil de Albacete. Señor secretario de Estado, cuando desee puede comenzar la exposición de
este punto.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): La comparecencia fijada en este punto del orden del día tiene por objeto -es obvio- analizar las causas de los dramáticos, muy dramáticos sucesos ocurridos en la
Comandancia de la Guardia Civil de Albacete a resulta de los cuales falleció el comandante segundo jefe, el médico de la comandancia y resultaron heridos de gravedad el teniente coronel jefe de la comandancia y el teniente coronel Peñafiel, antiguo
jefe de la misma.
La tarea de analizar de forma objetiva y desapasionada las causas por las que fallecen dos personas y otras dos con heridas graves estaría íntimamente ligada con la identificación de un responsable o responsables. Por ello y en
la medida en que en este momento los hechos se están conociendo por la jurisdicción competente, concretamente por el Juzgado Togado Militar Central número 2, yo me voy a limitar a exponer de la forma más ordenada posible la concatenación de hechos
que les precedieron en el tiempo, sin perjuicio de las reflexiones y conclusiones que luego entre todos podamos hacer.



Creo que podemos fijar un dies a quo en esa cronología y ese dies a quo probablemente sería el acto de nombramiento del teniente coronel Peñafiel como mando de la 2023 Comandancia de Albacete. Concretamente, por Resolución del secretario de
Estado de Seguridad de 7 de noviembre de 2001 se destinó al teniente coronel del cuerpo de la Guardia Civil don Antonio Peñafiel para el mando de esa Comandancia de la Guardia Civil en Albacete. Posteriormente y ya en ejercicio de sus funciones,
concretamente durante el año 2002, a través de diferentes cauces llegaron a la zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, nivel jerárquico superior y directo del jefe de la Comandancia de Albacete, diversas informaciones sobre un posible estado
de malestar entre el personal y los mandos de la comandancia referida. Durante el mismo periodo, el general jefe de la zona de Castilla-La Mancha reiteró por escrito al jefe de la Comandancia de Albacete la necesidad de que se ajustara a las
directrices y órdenes recibidas tanto por los órganos centrales de la Dirección General de la Guardia Civil como por la jefatura de esa zona, ambos niveles jerárquicos competentes para dictar dichas directrices y normas, al objeto de conseguir la
necesaria unidad de acción y doctrina en el desempeño de los servicios propios de esa unidad. Debido a las reiteradas llamadas de atención que desde la jefatura de la zona se le hacían, el 7 de noviembre del pasado año, con la finalidad de
comprobar dicho supuesto estado de malestar, el general jefe de la zona de Castilla-La Mancha dispuso se instruyese una información previa con el fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia de iniciar o no el procedimiento.
Como resultado de dicha información, el citado general jefe de zona apreció que el teniente coronel Peñafiel ejercía el mando de la comandancia de forma inadecuada, existiendo falta de conexión y de relaciones profesionales y personales entre dicho
jefe y sus mandos subordinados, en especial los de categoría de oficial. Asimismo se observa una constante y reiterada inobservancia de los criterios y directrices dimanantes de la jefatura de la zona de Castilla-La Mancha y una profunda división y
desorientación en sus subordinados en cuanto a la necesaria unidad de doctrina y de ejecución del servicio hacia el ciudadano. Como consecuencia de todo ello, el citado general jefe de la zona, el 16 de noviembre del pasado año, elevó a través del
conducto regular propuesta de cese en el destino del repetida


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mente citado teniente coronel Peñafiel, a la vista de las conclusiones de la información previa en la que se observó que el teniente coronel de la Comandancia de Albacete había dispensado un trato desconsiderado de forma pública y notoria
ante subordinados y personas ajenas al cuerpo a algunos de los mandos de la unidad, incluso hacia su antecesor en el cargo, a quien había llegado a prohibir la entrada en las dependencias oficiales de la unidad. Con fecha 26 de noviembre de 2002 se
acuerda la incoación al teniente coronel Peñafiel de un expediente gubernativo por falta muy grave por haber incurrido supuestamente en el apartado 9 del artículo 9 de la Ley Orgánica 11/1991, de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que dice:
Observar conductas gravemente contrarias a la disciplina, el servicio y la dignidad de la institución que no constituyan delito. Y en esa misma fecha se procedió a la suspensión cautelar de su destino. En atención a todo lo anterior, el director
general de la Guardia Civil finalmente me propuso la revocación del destino conferido en su día al teniente coronel Peñafiel el 30 de diciembre de 2003 como jefe de la Comandancia de Albacete, dado que a su juicio había dejado de reunir las
condiciones personales de idoneidad para el desempeño de dicho puesto; revocación que firmé el 25 de febrero y que fue notificada al teniente coronel Peñafiel con fecha 26 de febrero, quedando el mismo en situación de activo pendiente de asignación
de destino. El mismo 26 de febrero se hace cargo de la Comandancia de Albacete con carácter interino el comandante don Jesús Arribas Revuelto, a quien por ordenanza le correspondía.



Llegados a este punto, haré una muy brevísima reflexión sobre la asignación y revocación de destinos que como el mando de comandancia, que es el caso, son calificados como de libre designación. Los criterios generales de asignación y en
consecuencia también de revocación o cese en los destinos asignados a miembros de la Guardia Civil son los principios de mérito, capacidad y antigüedad proclamados en el artículo 6.6 de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad. Y en desarrollo de este precepto las normas reguladoras de la asignación, revocación y cese de los destinos son las contenidas en el título VII de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia
Civil, y el Reglamento de provisión de destinos del personal del cuerpo de la Guardia Civil aprobado por Real Decreto 1250/2001, de 19 de noviembre. Conforme a esas normas, los destinos del personal de la Guardia Civil, como saben muy bien, se
clasifican en destinos por antigüedad, de concurso de méritos y de libre designación. El mando de la 2023 Comandancia de la Guardia Civil en Albacete es un destino clasificado de libre designación, de tal manera que la autoridad facultada para
conceder el destino valora las condiciones personales de idoneidad entre aquellos postulantes que reúnan los requisitos exigidos para el puesto. Del mismo modo, la revocación de uno de los destinos de libre designación cuando se acuerda no es
necesariamente una decisión que cuestione la profesionalidad, la honorabilidad o incluso la eficacia del interesado, puede deberse a un juicio de valor sobre otras condiciones que habría dejado de reunir. En particular, los guardias civiles que
desempeñan el mando de una comandancia son jefes policiales y precisamente en beneficio de la seguridad ciudadana deben ser elementos moderadores o de equilibrio dentro de las unidades a su cargo y las autoridades superiores a las que corresponde la
dirección de la seguridad ciudadana. El jefe policial debe ser capaz de ejercer su autoridad con sus subordinados y además mantener una relación de jerarquía con las autoridades superiores. La asignación y revocación de destino en ejercicio de
potestades discrecionales en ningún caso -debe quedar claro- puede equipararse a arbitrariedad o a indefensión, puesto que está sujeto, por supuesto, a criterios, a revisión, primero, en sede administrativa a través de los recursos y,
posteriormente, en sede jurisdiccional.



El nombramiento y posterior cese del teniente coronel Peñafiel como mando de la 2023 Comandancia de Albacete se inscribe dentro del ejercicio de potestades administrativas con arreglo a derecho. Es más, si me permiten, añadiré que el cese,
la revocación por falta de idoneidad, si bien no es habitual, tampoco puede calificarse como excepcional. Ese mismo año otros tres oficiales fueron cesados en puestos de libre designación, si bien, afortunadamente, sin las consecuencias tremendas
que ahora analizamos.
Hasta aquí la cronología del nombramiento y del cese. El propio 26 de febrero se iniciaron además las actuaciones encaminadas a retirar las armas con carácter cautelar al teniente coronel Peñafiel. Dice el escrito: Vistos
los antecedentes de conducta y estado del teniente coronel, se deduce que dicho oficial se encuentra en una situación de inestabilidad o desequilibrio emocional, considerando que existen elementos que conducen a poner en duda la aptitud para la
tenencia y porte de armas de fuego, con peligro para el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas.



Consecuencia en el ejercicio de sus atribuciones. El director general de la Guardia Civil acordó ese 26 de febrero lo siguiente: la retirada con carácter cautelar de cuantas armas de fuego, oficiales o particulares, tuviera en su poder el
teniente coronel Peñafiel, con suspensión de la eficacia como licencia de armas de la tarjeta de identidad militar del interesado y someter al citado teniente coronel a exploración psicológica y médico- psiquiátrica por el servicio de psiquiatría
del hospital central de la Defensa, para determinar con precisión su estado de salud y, en su caso, determinar su aptitud para el servicio en el marco del correspondiente expediente administrativo. Dichos acuerdos fueron notificados por escrito al
teniente coronel Peñafiel informándole de los derechos y recursos que le asistían, tanto ante este


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secretario de Estado de Seguridad, para el tema de la retirada de armas, como ante el ministro de Defensa, reconocimiento psicológico y médico-psiquiátrico.



Personado un oficial en la sede de la Comandancia de la Guardia Civil al objeto de retirarle las armas y dar cumplimiento a los acuerdos del director general, y dada la negativa del teniente coronel a cumplir lo ordenado, se procedió a la
instrucción de unas diligencias por un supuesto delito militar de desobediencia, como consecuencia del parte promotor emitido por el mencionado oficial. Estas diligencias fueron presentadas en el Tribunal Central Togado número 1 de los de Madrid,
una vez que le fueron retiradas las armas por una comisión judicial nombrada al efecto.



En el momento de ocurrir los últimos sucesos del pasado día 17 de junio, el expediente sancionador incoado se hallaba pendiente de resolución con propuesta de declaración de responsabilidad, habiendo nuevos datos objetivos que podrían dar
lugar a la incoación de nuevos expedientes sancionadores, decisión que se hallaba pendiente del resultado del examen psiquiátrico previsto. A partir de ahí, brevemente, la secuencia de los hechos del día 17 de junio, que consta descrita en el
atestado, es la siguiente. A las 9,43 horas del citado día el referido teniente coronel se trasladó desde su alojamiento en la residencia de oficiales de la base área de Los Llanos de Albacete al acuartelamiento de la comandancia en vehículo de su
propiedad que aparcó en el patio del cuartel. Se dirigió al cuerpo de guardia preguntando por el brigada comandante de puesto, con el que se entrevista sobre las 10,16 horas, pidiéndole realizar una llamada telefónica desde su despacho. Una vez en
el interior del despacho, se hizo con el arma adjudicada a dicho suboficial, la cual se encontraba guardada en un cajón del archivador del despacho, saliendo a continuación, despidiéndose y comunicando al brigada que no había podido hablar por
teléfono al estar las líneas ocupadas, desplazándose a continuación a los aseos situados en las inmediaciones de las oficinas del puesto. A las 10,21 horas sube a la primera planta, donde se encuentran los despachos del jefe de la comandancia y del
comandante. Una vez en dicho lugar, abrió la puerta del despacho del jefe de la comandancia, teniente coronel Lázaro Gabaldón, el cual se encuentra despachando con un industrial de dicha ciudad, siendo invitado a pasar por parte del reseñado jefe,
rechazando la invitación el teniente coronel Peñafiel, el cual tras cerrar la puerta se dirige a la sala de oficiales.
Sobre las 10,22 horas llega el comandante don Isidoro Turrión a su despacho, sentándose ante el ordenador de su oficina, siendo
sorprendido por el teniente coronel Peñafiel que le dispara por la espalda en la cabeza una sola vez, causándole heridas muy graves con resultado casi inmediato de muerte.



Acto seguido, cuando el jefe de la comandancia abrió la puerta de su despacho, alertado por el disparo efectuado segundos antes, disparó dos veces el arma que portaba, sin mediar palabra, contra dicho oficial superior, hiriéndole el primer
impacto en el pecho y el segundo en la pierna derecha, resultando dicho oficial superior herido muy grave.
Posteriormente, bajó las escaleras a la carrera y se dirigió al botiquín de la comandancia, que está situado en un segundo patio de este
acuartelamiento, abriendo la puerta del despacho del comandante médico, al cual no vio al encontrarse éste detrás de la puerta archivando documentos. Acto seguido, se dirigió a la sala donde el doctor don Francisco Naharro se hallaba pasando
consulta a un componente del cuerpo, encontrándose presente el guardia civil ATS de esa comandancia, y sin mediar palabra alguna disparó el arma que portaba contra la cabeza de dicho doctor, al que hirió gravemente, falleciendo inmediatamente
después. A continuación, en una habitación contigua a la sala de consultas, disparó el arma contra sí mismo, hiriéndose en la cabeza con resultado de herido grave.



Alertados los servicios sanitarios se evacuaron los heridos al hospital general Universitario de Albacete donde ingresaron cadáveres el comandante Turrión y el doctor Naharro, muy grave el teniente coronel Lázaro y grave el teniente coronel
Peñafiel. Por el equipo de Policía Judicial de la zona de Castilla-La Mancha se instruyeron las diligencias número 1/2003, que fueron entregadas al Juzgado de Instrucción número 8 de los de esa capital, que se encontraba en funciones de guardia, el
cual hizo presencia en el acuartelamiento y levantó acta de una primera inspección ocular.



El último dato es aquel con el que comenzaba mi exposición. Por auto de fecha de 29 de septiembre de la Sala de conflictos del Tribunal Supremo la instrucción del sumario ha pasado a la jurisdicción militar, cesando en la misma el Juzgado
número 8 de Albacete y haciéndose cargo el Juzgado Central Togado número 2.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral, rogándole también la máxima premura en cuanto al tiempo, dado lo señalado ya por esta presidencia.



El señor MAYORAL CORTÉS: Intentaré tenerlo en cuenta, señor presidente.



El relato que nos hace el señor secretario de Estado, y que efectivamente así debió ser, es sobrecogedor. A pesar de lo desagradable que implica el relato que usted acaba de hacer, estimábamos que el Gobierno debía venir a la Cámara y
explicar esta cuestión. Nosotros como oposición responsable estamos también en el deber de preguntar, y es lo que hemos hecho pidiendo la comparecencia del señor ministro, al cual sustituye S.S. en este momento. Por tanto, nosotros hemos
planteado esta cuestión por sentido del deber y responsabilidad política, no por intentar ninguna manipulación ni poner contra las cuerdas a nadie con ocasión de una cuestión que es lamentable y que todos obviamente sentimos. Por eso, para mi grupo
fue realmente desagradable que,


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con ocasión de una pregunta parlamentaria que hicimos al señor ministro del Interior en un Pleno de control al Gobierno que se celebra los miércoles, fuéramos tachados de mezquinos, fuéramos prácticamente insultados, cuando en definitiva
nosotros lo que queríamos era conocer por boca del Gobierno, que es el que nos tenía que informar, y particularmente del propio ministro del Interior, los hechos que se habían producido.



Señor secretario de Estado, lamentamos el suceso. Manifestamos solidaridad y compasión por las víctimas y respeto por el dolor de estas personas que han pasado este trance tan tremendo. No queremos, y tampoco es el objeto de nuestra
petición de su comparecencia aquí, entrar en debate alguno de culpabilidades, no es la cuestión que aquí tenemos que sustanciar porque consideramos, este sí que es un principio que todos compartiremos, que en todo caso nadie tiene derecho a quitarle
la vida a nadie por ningún motivo. Es el momento de reflexión sobre lo sucedido, de extraer también conclusiones de cómo han ocurrido las cosas. Los tribunales tendrán que tomar la decisión que en justicia corresponda, pero no cabe duda de que
nosotros aquí, y el Gobierno, tenemos que asumir también una dimensión de este asunto que debe ser objeto de tratamiento, de consideración y de medidas. Estas cosas tan graves, tan importantes, tan tremendas tienen que dar lugar no solamente a una
reflexión, a una consideración, a una ponderación, sino también a ciertas medidas.



Antes de entrar en alguna consideración que al respecto le quisiera hacer, señor secretario de Estado, sobre lo que estimamos que tendría que hacerse, debiéramos ser informados sobre algún detalle en cuanto a lo que usted ha dicho y, para el
buen entendimiento de esta cuestión, debiera ser puesto en conocimiento de la oposición y particularmente del grupo que ha pedido la comparecencia. Aquí había una situación que se ha valorado como de desequilibrio por parte del teniente coronel
Peñafiel.
Quisiéramos saber quién firmó el documento oficial, la valoración médica sobre esa situación de desequilibrio, así como si se llegó a hacer finalmente el examen que estaba previsto en el hospital central de la Defensa, que no sé si se
hizo o no.



Por otra parte, ha habido manifestaciones previas a este suceso que algunos consideraron eran premonitorias de que algo pudiera pasar en relación con este asunto, no quizá con la gravedad con que ocurrió finalmente ni con las consecuencias
tan tremendas que sucedieron. No obstante, en una reunión que al parecer celebró el consejo asesor de personal, creado dentro de la Dirección General de la Guardia Civil, hubo un suboficial de la Guardia Civil, don Francisco Javier García Ortiz,
que hizo una solicitud dirigida al presidente de dicho consejo, concretamente es el propio director general de la Guardia Civil, para que incluyese en el orden del día un documento titulado, Nuevo estilo de mando y situación generada a miembros del
Cuerpo de la Comandancia de la Guardia Civil de Alicante. En dicho documento proponía reintegrar al señor Peñafiel en su puesto de mando y la apertura de una investigación, según su juicio objetiva; investigación que fuera quizá de otro orden,
según la pretensión de este profesional de la Guardia Civil con relación a lo que él entendía que estaba ocurriendo con el teniente coronel Peñafiel.



Le repito, señor secretario de Estado, que no quiero entrar ni salir en valoraciones ni en considerar culpabilidades o no. Lo que sí creo es que hay que pensar si es necesario hacer alguna modificación en lo que se refiere a la solución de
determinados conflictos que pudieran plantearse en la relación jerárquica, que existe dentro de un cuerpo que tiene estatuto militar como es la Guardia Civil. Esa es una pregunta, es una impresión, es una sombra que no seríamos capaces de quitarnos
de encima en este momento, porque parece que en el sistema de relaciones actualmente existente pudiera plantearse, por el estilo de mando que decía este sargento de la Guardia Civil, este tema en el consejo asesor, por si hubiera alguna cuestión que
debiera ser estudiada.



Como está usted viendo, señor secretario de Estado, quiero tratar este tema con absoluta delicadeza, con una ponderación que espero que no se me escape de los sucesos, de las posiciones de unos y otros, pero en todo caso hay una preocupación
de fondo que yo quisiera trasladarle, que quizás sería la consecuencia final, desde el punto de vista político, que pudiéramos extraer de estos sucesos. Repito, yo no parto de la culpabilización del Gobierno ni de la sospecha de ninguna actuación
incalificable o inaceptable por parte del Gobierno ni del director general de la Guardia Civil, pero hay unos hechos lo suficientemente tremendos y graves como para que el resultado final sea la simple consideración disciplinaria o penal del asunto,
sin que por parte de las autoridades responsables de la Guardia Civil se adopte alguna medida que vaya más allá.



Como sabe S.S., nosotros hemos venido pidiendo, a lo largo de estos últimos dos años, en esta legislatura reformas en el ámbito de la Guardia Civil; hemos planteado una reforma del régimen disciplinario de la Guardia Civil, la supresión de
la sanción de arresto y la actuación de la Guardia Civil, cuando actúa como fuerza de seguridad del Estado en defensa de la libertad y la seguridad de todos los españoles, que tiene la consideración de policial. Por tanto, habría que matizar esas
actuaciones en esas situaciones para prever un régimen disciplinario práctico más flexible que el que actualmente se aplica, que obviamente tiene la consideración de militar.



Nosotros creemos que esa es una cuestión que debe examinarse, la hemos sometido a consideración de este Parlamento y también hemos pedido otras medidas de reforma. El propio director general de la Guardia Civil en su momento convocó unas
jornadas sobre las libertades y derechos de los guardias civiles, que a mí me pareció una iniciativa excelente pero que luego no


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ha tenido ninguna consecuencia. En esa línea pedimos al Gobierno una reflexión, una actuación, en el entendimiento de que nosotros como grupo parlamentario estamos en la disposición de colaborar y de entender siempre que lleguemos a
acuerdos sobre medidas que deben ser adoptadas.



El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, le ruego vaya concluyendo.



El señor MAYORAL CORTÉS: Termino ya.



Señor secretario de Estado, nosotros le pedimos algún gesto en ese sentido. Quiero terminar mi intervención pidiendo, en primer lugar, paz y respeto a la memoria de los fallecidos, piedad para quien perdió la razón y responsabilidad y
reflexión al Gobierno y a todas las fuerzas políticas para que estas cosas no puedan ocurrir, porque tuvieron unas causas que posiblemente en el relato que S.S. nos ha hecho sea difícil encontrarlas todas.



El señor PRESIDENTE: ¿Otros grupos que deseen intervenir?


Tiene la palabra el señor Mardones, con la misma brevedad solicitada a los portavoces.



El señor MARDONES SEVILLA: Con brevedad, señor presidente.



Mi grupo quería decir unas palabras aquí, dado que el teniente coronel jefe que resultó gravemente herido en este atentado acababa de ser destinado desde la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife. Este diputado tenía
amistad personal con dicho teniente coronel, que había dejado un recuerdo de eficacia en la Comandancia de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y posteriormente en su destino, donde ocurrieron estos luctuosos hechos.



Comprendiendo los sentimientos que se han expresado, tengo que discrepar del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en que no se puede utilizar el motivo de este hecho tan luctuoso y lamentable para una reforma del régimen disciplinario
de la Guardia Civil. Los conflictos jerárquicos y las tensiones de estrés habitualmente han terminado en una casuística de enajenación, de baja por esta circunstancia, y los antecedentes de casos extremos que hay en la Guardia Civil y en las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sometidos a ambientes de tensión en áreas terroristas, como el País Vasco, etcétera, son de suicidio, se han aplicado la pistola en la sien y se han pegado un tiro.
No se conocían antecedentes de este tipo,
son situaciones imprevisibles.
Ya podemos tener todos los reglamentos que queramos, todas las vías y la buena disposición, que no cabe más que desear que eso no ocurra, y los accidentes imprevisibles de este tenor, son simplemente eso. Nunca
podremos evitar que en un momento determinado se le dispare la neurona correspondiente y salga a relucir el desequilibrio agresor que tuviera.
¿Que había antecedentes de este individuo? Desde luego, pero dentro de una escala de lo que son
conductas atípicas que nadie en su sano juicio puede presuponer en un individuo sometido a tensiones de estrés, de si le quitan el mando, si no se lo quitan. Se habían adoptado medidas, conocidos sus antecedentes, y tomado precauciones pero no hay
neurólogo en el mundo ni psiquiatra que sea capaz de determinar en qué día, fecha, hora y circunstancias, una patología de este tipo se dispara y se producen los hechos.



Mi grupo se remite a los informes y dictámenes que en el procedimiento sumarial tiene en este momento abiertos la Guardia Civil, y no tiene nada más que añadir, sino pedir la prudencia y la reflexión necesarias.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Gil Lázaro.



El señor GIL LÁZARO: Con toda brevedad para decir que, como no puede ser de otra forma, hago mías las palabras de solidaridad hacia las víctimas pronunciadas por el señor Mayoral.



De la misma forma valoramos el tono en el que ha planteado su intervención, y me parece de justicia decirlo así. En los mismos términos, y sin ir más allá, señalaría que de un caso individual sacar conclusiones generales puede resultar
ciertamente inadecuado, pero insisto en la cuestión, porque me parece fundamental. Cuando se expresan con claridad las discrepancias hay que expresar también con claridad las coincidencias, e insisto en que valoramos el tono en el que se ha
planteado la intervención en este asunto por parte del Grupo Parlamentario Socialista.



Sí querría señalar algo que es claro, y lo ha citado el señor secretario de Estado en su intervención. Revocación y cambio de destino no es igual a arbitrariedad, sino que es el ejercicio de una potestad legítima por parte de la
Administración. En el caso que nos ocupa, apreciada, por quien tiene legitimidad para hacerlo, una circunstancia no idónea para el ejercicio del mando, por parte de quien tenía la responsabilidad se adoptaron las medidas correspondientes: cese en
ese mando, retirada de las armas, y sometimiento a examen médico.



Las reflexiones hechas por el señor Mardones son tan acertadas y tan oportunas que simplemente las suscribo y no las reitero.



Finalmente, ha dicho el señor Mayoral, y me parecen unas palabras profundamente acertadas, diálogo y trabajo en común. Siempre diálogo y trabajo en común. Esa ha sido, quiere seguir siendo y seguirá siendo la política de este grupo
parlamentario en todo lo que afecte a las políticas de seguridad y al ejercicio profesional de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque hemos dicho muchas veces que las políticas de seguridad son políticas de Estado. Y desde luego
suscribo también las palabras del señor Mayoral que me parecen profundamente hermosas: respeto y piedad hacia las víctimas.



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El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.



El señor SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURIDAD (Astarloa Huarte-Mendicoa): Señor presidente, con toda brevedad por mi parte para tres o cuatro cosas, entre otras para cumplir el horario que nos habíamos marcado, con un poquito de retraso, pero
casi, casi tal y como lo habíamos previsto.



Quiero agradecer a los tres portavoces que han intervenido las palabras que han pronunciado, sin matices, ni fisuras; agradecimiento de verdad, por tres cosas: por el recuerdo a las personas que perdieron la vida en este desgraciadísimo
suceso; por la sensibilidad, que honra a esta Comisión, a esta Cámara y a los grupos parlamentarios, con que se está tratando esta cuestión esta mañana; y agradecimiento con el fondo de sus palabras, y no quiero dejar de decirlo, que vienen a
reconfortar a la Guardia Civil que, como pueden imaginar, ha sufrido la conmoción correspondiente al vivir en su seno una circunstancia de esta naturaleza.



Han pasado los días, han pasado los meses, en aquellas horas se dijeron muchas cosas, unas atinadas, otras menos atinadas y otras horriblemente desatinadas. Pero lo cierto y verdad es que, a día de hoy en que tratamos este tema
parlamentariamente, el sentir común es el que es y yo de verdad que lo agradezco mucho en nombre de la Guardia Civil y por la memoria de las víctimas muy principalmente.



Coincido prácticamente con casi todo lo que han dicho SS.SS. y haría quizá dos matices, pero puramente aclaratorios, respecto a alguna consideración. Es importante que no mezclemos la razón por la cual se produce la decisión del relevo en
el mando con la decisión subsiguiente de ordenar el depósito de las armas y la realización del examen psicológico correspondiente. Cuando me preguntaba S.S. en qué momento se produce la mención al desequilibrio, tengo que decir que se produce
respecto de lo segundo a efectos de explicar el porqué es conveniente en este momento tomar la decisión sobre las armas y proceder al examen correspondiente. Y las causas de la cuestión de la idoneidad tienen su explicación en los términos en que
lo hice en mi intervención.



Segundo matiz, no conozco el dato -lo preguntaré y lo trataré con S.S.- sobre la presentación de algún documento en el consejo asesor de personal, lo veré y lo hablamos. En todo caso, que no se ligue a eso -y creo que S.S. no lo ha hecho-
la expresión premonitorio, porque no es eso lo que está detrás de un suceso como el que se ha producido. Lo que está detrás de un suceso como el que se ha producido es aquello que el novelista llamaba el factor humano en una de sus más dramáticas
variantes.



Pregunta el señor Mayoral qué pasó con el reconocimiento médico. No se presentó el teniente coronel Peñafiel en la fecha prevista al primer reconocimiento médico en el Ministerio de Defensa, al que estaba convocado. Para hacer más
dramático todo este escenario, el siguiente día que estaba señalado era precisamente el día de los hechos desgraciados.



Una última consideración por mi parte. Me lo han oído decir a cuenta de otros asuntos, nunca los hechos particularmente arduos generan buena jurisprudencia. Lo digo en mis términos jurídicos de siempre. Eso quiere decir que las
circunstancias particulares tienen que llevar, sin duda, a sacar conclusiones siempre, pero no son las que deben determinar las reflexiones profundas sobre el ser, la esencia, la estructura de una organización. Es mi forma de pensar y creo que la
conocen bien. Dicho lo cual, creo que hablar de los procesos de modernización de un cuerpo tan importante para este país como es la Guardia Civil es una cosa bien importante, así como de todas las cuestiones que afectan a su régimen jurídico, las
que S.S. ha mencionado y otras muchas que han sido debatidas en esta Cámara. Mencionó S.S. unas jornadas. Tengo que decir que fui ponente en esas jornadas y, en consecuencia, tengo los papeles encima de la mesa y sobre todos ellos, insisto que
desligándolos siempre del suceso particular y basándolos en el buen trabajo para mejorar siempre las cosas, tenemos que hablar.



El señor PRESIDENTE: Como se había comunicado a esta presidencia por el señor compareciente, había un compromiso ineludible a las dos menos cuarto y no debía prolongarse la sesión más allá de esa hora. Eso fue, como digo, comunicado al
principio de esta sesión. Siento que no se haya podido llegar más allá de los cuatro asuntos, abundantes por otra parte, de los temas objeto de comparecencia y ciertamente quedan pendientes las preguntas que figuran en el orden del día. Pedimos
disculpas a los intervinientes que pretendían formular dichas preguntas, pero confío en que los portavoces aquí presentes y los demás tengan oportunidad de fijar una fecha y el secretario de Estado, estoy seguro, tendrá disponibilidad y disposición,
como siempre ha tenido, para comparecer ante esta Comisión para sustanciar las preguntas que quedan pendientes.



Se levanta la sesión.



Eran las dos de la tarde.