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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 857, de 15/10/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 857
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 28
celebrada el miércoles, 15 de octubre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Administraciones Públicas (García Valdecasas Salgado) para informar sobre:
-Las líneas generales de su departamento. A petición propia. (Número de expediente 214/000196.) ... (Página 27084)
-Los planes y objetivos del Ministerio. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001398.) ... (Página 27084)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Vamos a iniciar la sesión de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas convocada para celebrar la comparecencia de la ministra de Administraciones Públicas, a quien agradezco su
presencia entre nosotros.
La ministra comparece a petición propia. También entró por registro la solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista. El orden de la sesión de hoy sería el siguiente. En primer lugar, la ministra
realizará la intervención que considere oportuna y con el tiempo que estime conveniente. En segundo lugar, se producirán las intervenciones de los distintos grupos empezando por el Grupo Socialista, que también pidió la comparecencia, y continuando
con los que soliciten intervenir, de menor a mayor, terminando con el Grupo Popular. Finalmente, antes de cerrar el debate daríamos la palabra a la ministra para que responda a las intervenciones.
Por lo tanto, ministra, cuando quiera puede
empezar con su intervención.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (García-Valdecasas Salgado): Buenos días, señor presidente de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas, señores de la Mesa, señoras y señores diputados.
En primer lugar, tengo
que expresarles el honor y la satisfacción que siento en esta mi primera comparecencia como ministra en el Congreso de los Diputados. En segundo lugar, les comunico que he comparecido antes en el Senado, dada su naturaleza de Cámara de
representación territorial, aunque asimismo he tenido en cuenta los precedentes establecidos por anteriores titulares del departamento. Señor presidente, señorías, las coincidencias que encontrarán entre mi discurso en el Senado y mi discurso de
hoy en esta Comisión representan un ejercicio de coherencia política, como también es coherente la línea de continuidad que van a encontrar con las intervenciones de quienes me han precedido al frente del ministerio. El anterior titular, Javier
Arenas, expresó en su momento en esta Comisión que no venía a asombrar a nadie porque asumía sus funciones en mitad de la legislatura. Mucho menos pretendo asombrarles yo, aunque esto no quiere decir que no vayamos a trabajar duro en los próximos
meses. Señorías, hay un reto pendiente y que asumo con mucha satisfacción, que no es otro que cumplir el programa en su totalidad.
Esta es nuestra prioridad hasta el mes de marzo, además de diseñar nuevas propuestas en materia de administraciones
públicas que se puedan ofrecer a los ciudadanos en la siguiente legislatura. Probablemente alguno escuchará mi intervención con el 'Diario de Sesiones' de la Comisión del Senado delante. Si lo hacen así, verán que el pasado día 6 me extendí en el
balance autonómico y hablé algo menos de la Función pública. Hoy haré justamente lo contrario. Lo voy a hacer así por dos razones: por la naturaleza de la Cámara del Senado que propicia el debate autonómico y porque en estas últimas fechas han
ocurrido algunos acontecimientos que aconsejan que les explique con mayor profundidad ciertos proyectos.
El primero de ellos ha sido la reunión de la Mesa general de negociación de la Función pública el pasado día 7. Señorías, considero que el
acuerdo Administración-sindicatos de 13 de noviembre de 2002 ha sido uno de los grandes aciertos de mi predecesor en el cargo y hoy vicepresidente segundo del Gobierno, Javier Arenas. Este acuerdo, fruto del diálogo con los tres sindicatos más
representativos de los empleados públicos, ha supuesto la recuperación de la paz social en la Administración pública, además de un compromiso importante en torno a varios proyectos novedosos, entre ellos la puesta en marcha de un plan de pensiones
para los empleados públicos. Pues bien, señorías, la reciente reunión de la Mesa general de negociación ha tenido una importancia singular por cuanto en la misma se ha alcanzado un nuevo acuerdo con los sindicatos respecto a las condiciones para la
puesta en marcha de dicho plan de pensiones.
Conforme a ese compromiso, el Gobierno destinará el próximo año 54,65 millones de euros al plan de pensiones de los empleados públicos. Este plan será compatible con las pensiones públicas y tendrá
carácter de salario diferido, distribuyéndose de manera individual para cada empleado. Se trata, señorías, de un plan innovador que rompe moldes y estimula el ahorro de los empleados públicos y de un plan que sigue las recomendaciones del Pacto de
Toledo en cuanto a la promoción de planes de pensiones de empleo. El criterio de reparto estará en relación proporcional con las retribuciones básicas de cada grupo funcionarial o nivel de convenio laboral y en relación lineal con la antigüedad,
existiendo la posibilidad de que los trabajadores realicen aportaciones individuales. Los beneficiarios de este plan serán todos los empleados públicos de la Administración general del Estado, cualquiera que sea su condición: funcionarios de
carrera o interinos, y laborales fijos o temporales con al menos dos años de servicio. Según el acuerdo Administración-sindicatos en principio se hubieran beneficiado solamente los empleados públicos representados en la Mesa general, a quienes se
destinará en 2004 una dotación de 24,65 millones de euros. Sin embargo, el acuerdo alcanzado va más allá en el sentido de extenderlo al resto de personal ajeno a la Mesa general de negociación pero dependiente de la Administración general del
Estado, es decir, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, magistrados, jueces y fiscales, por lo que la cantidad presupuestada se ha incrementado en 30 millones de euros. En su conjunto el plan de pensiones afectará
positivamente el próximo año a más de medio millón de empleados de la Administración
general del Estado pertenecientes a departamentos ministeriales y organismos públicos con la siguiente distribución: 253.266 empleados públicos representados en la Mesa general de negociación y 267.792 pertenecientes a las Fuerzas Armadas,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, jueces, fiscales y magistrados. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2004 en su artículo 19.3 autoriza a todas las administraciones públicas a realizar aportaciones a planes de
pensiones con un tope máximo del 0,5 por ciento de la masa salarial. La entidad gestora del plan de pensiones será seleccionada mediante concurso público. Brevemente diré que los objetivos que se persiguen son los siguientes. Primero, garantizar
a los empleados de la Administración del Estado o a sus beneficiarios un complemento de sus pensiones de jubilación, incapacidad, viudedad u orfandad. Segundo, impulsar que otras administraciones públicas, comunidades autónomas y entidades locales,
promuevan también voluntariamente estos mecanismos complementarios de las pensiones.
Llegamos así a otro de los proyectos que considero prioritario y sobre el que se han dado algunos pasos significativos en los últimos días. Me refiero, señorías,
al acuerdo marco de movilidad entre administraciones públicas, también contemplado en el acuerdo Administración-sindicatos.
Vamos a satisfacer una vieja demanda de los empleados públicos, que han visto condicionada su movilidad a partir del
desarrollo del Estado de las autonomías. Es fácil entender que en el traspaso de competencias y en la propia construcción del Estado autonómico se ha producido un desplazamiento de personal hacia las comunidades autónomas. Al mismo tiempo, hemos
levantado barreras que impiden moverse a los funcionarios de una comunidad autónoma al Estado o viceversa, así como entre comunidades autónomas. Esa posibilidad de movilidad la tenían antes y ahora ha desaparecido y es nuestra responsabilidad
hacerla posible convirtiendo la cooperación entre las distintas administraciones públicas en algo normal y habitual. El acuerdo marco facilitará que las administraciones públicas apliquemos el principio de movilidad de forma recíproca abriendo un 5
por ciento de las plazas de las relaciones de puestos de trabajo a funcionarios de otras administraciones públicas que lo suscriban. Además, en el acuerdo se contempla un tratamiento específico para aquellas administraciones que tienen dos lenguas
oficiales. En resumen, el sistema está basado en la aplicación del principio de cooperación entre las administraciones públicas. Sólo será de aplicación para aquellas que voluntariamente lo suscriban, pero desde luego supondrá un cambio
transcendental para los empleados públicos, que en muchos casos puede implicar una mejor conciliación entre la vida laboral y familiar. En estos momentos estamos cerrando un calendario para la firma con aquellas comunidades autónomas que se han
mostrado favorables al mismo. En los próximos dos meses se firmará un acuerdo de movilidad con cerca de diez comunidades y con las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla. La primera firma del acuerdo marco está ya prevista para el
día 20 de octubre con Castilla y León. Señorías, me gustaría proponerles que, como representantes de los grupos políticos, insten a que se extienda este acuerdo, sobre el que se han expresado favorablemente los sindicatos en la Mesa general de
negociación. Habría que extenderlo a todas las comunidades autónomas para que sus empleados públicos puedan tener las mismas oportunidades que los de aquellas administraciones que lo van a suscribir en breve.
Otras materias en las que el
ministerio está trabajando, partiendo del acuerdo Administración-sindicatos, hacen referencia a la mejora de la calidad de los servicios públicos que presta la Administración general del Estado, singularmente en las oficinas de atención directa al
ciudadano. Se ha suprimido el límite del 25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos, recogiendo en la oferta de empleo público para el 2003 una tasa del cien por cien. El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2004
mantiene este mismo criterio. Son ya más de 300 las oficinas de atención directa al ciudadano que se han incorporado al horario continuado de 9 a 5,30 horas de la tarde, lo que ha supuesto además un incremento retributivo para más de 2.200
empleados públicos. También se están desarrollando nuevas medidas que favorecen la conciliación de la vida familiar y laboral en la Administración. Sus señorías saben que se ha incorporado recientemente a la legislación sobre Función pública la
reducción de jornada por cuidado de hijos. Como previsión de futuro vamos a ampliar este derecho, permitiendo la reducción de jornada para el cuidado de otros familiares que no puedan valerse por sí mismos por razones de edad, enfermedad o
accidente.
Señorías, un objetivo básico para mí es seguir reduciendo la temporalidad en el empleo público. Sé bien que esta es una preocupación compartida por alguno de ustedes que ha preguntado en varias ocasiones por los datos de temporalidad.
Pues bien, según los últimos datos del registro de personal de septiembre de 2003, la tasa de temporalidad de la Administración general del Estado es del 6,88 por ciento del total del personal. No es una valoración, es un dato objetivo. Y aún cabe
distinguir entre interinos, cuya tasa es del 1,91 por ciento sobre el total de funcionarios, y laborales temporales, cuya tasa es del 16,57 por ciento sobre el total del personal laboral. Por su parte, la encuesta de población activa refleja una
tasa de temporalidad en las comunidades autónomas del 23,4 por ciento y en las corporaciones locales del 34,2 del ciento. Sin embargo, a pesar de que la Administración general del Estado es un ejemplo para otras administraciones en esta materia,
creemos que hay que hacer más. En este sentido, el citado acuerdo Administración-sindicatos estableció como objetivo que el porcentaje de trabajadores temporales
al servicio de la Administración general del Estado se reduzca aún más y, en cualquier caso, nunca llegue a superar en términos homogéneos la tasa del 8 por ciento, para lo cual se han adoptado varias medidas.
En primer lugar, medidas de
control en la contratación de personal temporal limitado a casos excepcionales y necesidades urgentes e inaplazables. Segundo grupo de medidas, de sustitución de empleo interino por fijo. Por último, medidas de consolidación del empleo temporal de
quienes ocupan puestos de trabajo de naturaleza estructural permanente desde fechas anteriores al 2 de diciembre de 1998, para culminar un proceso que ha supuesto desde 1997 la consolidación de 9.010 puestos de trabajo. A 1 de enero de 2003
quedaban por consolidar unos 5.000 puestos, la mitad de los cuales ya han sido convocados.
Señorías, en los próximos meses daremos también continuidad a los avances que ya se han producido en materia de Administración electrónica. Durante el
último año se han cumplido los objetivos fijados para este periodo, y me permitirán que destaque de manera esquemática algunas de las realizaciones. Se ha puesto en marcha el portal del empleado público en febrero de 2003. Se ha avanzado en la
sustitución de certificaciones en papel por certificados telemáticos. En el Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, se aprobó esta medida y la implantación de la misma en relación con los certificados tributarios y de la Seguridad Social suponen
la posibilidad de eliminar ya cerca de seis millones de certificados en papel. Se ha aprobado el plan de choque para el impulso de la Administración electrónica en España por los ministerios de Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología
con la firma de un convenio el pasado 8 de mayo. Nos corresponde ahora dar continuidad a los proyectos en los plazos establecidos. Me voy a referir a cuatro de ellos, los más importantes por su impacto directo en ciudadanos y empresas.
En primer
lugar, el sistema de notificaciones telemáticas seguras. Es un servicio novedoso que va a asignar a quien lo solicite -ciudadanos y empresas- una dirección electrónica única para su relación con la Administración a efecto de notificaciones y, por
tanto, con consecuencias jurídicas. Esta medida evitará desplazamientos haciendo más ágiles y seguras las relaciones entre Administración y ciudadanos. Para su implantación, en mi comparecencia en el Senado afirmé que estaba previsto firmar un
convenio entre el Ministerio de Administraciones Públicas y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, por ser esta la entidad que prestará servicio. Pues bien, ese convenio ya tiene fecha y será el próximo día 22 de octubre. El plan de choque para
el impulso de la Administración electrónica nos permitirá cumplir los compromisos asumidos por España con la Unión Europea en relación con el programa de acción eEurope 2005 y el desarrollo de servicios públicos telemáticos. El plan de choque
promueve además la creación de un modelo común de Administración electrónica para la Administración general del Estado, actuando el Consejo Superior de Informática como órgano de coordinación, planificación y seguimiento. El tercer proyecto es el
portal del ciudadano, inaugurado hace dos años con una media ya de 400.000 visitas mensuales y cuya tercera versión se pondrá en marcha en los próximos meses incorporando nuevas mejoras dentro de una filosofía que pretende su permanente
actualización. El portal del ciudadano se puso en servicio en septiembre de 2001 y en mayo de 2002 ya se había presentado la segunda versión que, entre otras, introdujo las siguientes innovaciones: garantizó el acceso a los discapacitados
visuales, a través de una versión solo texto; mejoró la organización de los contenidos e incluyó la posibilidad de optar entre las diferentes lenguas oficiales en España -castellano, catalán, gallego, vasco y valenciano- convirtiéndose en el primer
portal de Internet de la Administración que utilice la totalidad de las lenguas españolas. La tercera versión es ampliar los contenidos traducidos a un 34 por ciento de los mismos, superando los compromisos adquiridos. Asimismo, el portal será el
cauce de acceso al servicio de notificaciones telemáticas seguras. Como cuarto pilar vamos a poner en marcha una conferencia sectorial de administraciones públicas y cooperación. Ya hay un borrador de reglamento que he enviado recientemente a las
comunidades autónomas. Por tanto, estamos a la espera de sus contestaciones sobre el mismo. En esta conferencia se tratará, entre otras materias que se determinen por las partes, los proyectos de implantación de servicios públicos telemáticos. Ya
se ha adelantado algo en esta materia, firmando convenios bilaterales de colaboración entre el ministerio y seis comunidades autónomas, en concreto Canarias, Galicia, Cataluña, Murcia, Madrid y Cantabria, para el desarrollo de proyectos de
Administración electrónica.
Señorías, les hablaré ahora del programa de ventanilla única empresarial, que es otro ejemplo de cooperación entre administraciones, en este caso, con el objetivo de crear empleo y favorecer a los emprendedores. En el
Senado ya proporcioné algunos datos sobre los resultados de este programa implantado en una mayoría de las comunidades autónomas, en concreto, en doce. Tenemos que seguir trabajando y desarrollando las ventanillas únicas empresariales, que ya han
permitido la creación de 16.798 empresas, de las cuales hay que destacar que más del 50 por ciento lo han sido por mujeres; han generado 25.197 puestos de trabajo y han atendido a 80.419 ciudadanos. Hasta el momento ya se han abierto 26
ventanillas y está prevista la apertura en breve de las de La Rioja, Ceuta y Melilla.
Otra actuación pendiente es la presentación del informe de resultados del segundo plan de simplificación, una vez aprobado el tercer plan en julio de 2003, con
vigencia hasta marzo de 2004. Con ello se pretende dar continuidad a un proceso orientado a facilitar a los
ciudadanos su relación con la Administración pública. Se pretende conseguir una gestión ágil, que reduzca los tiempos de respuesta al ciudadano. El tercer plan de simplificación incide, por tanto, en el uso de los medios técnicos de
información y comunicación en la actividad de la Administración y en el diagnóstico de los procedimientos administrativos, con el fin de eliminar barreras que dificulten su prestación a través del canal electrónico. Vamos a cumplir este compromiso,
al igual que seguiremos avanzando en otros programas, con el propósito de mejorar la calidad de los servicios públicos. El mismo objetivo tiene el proyecto de elaboración de un diagnóstico global de la Administración, teniendo en cuenta los cambios
introducidos por los traspasos de competencias a las comunidades autónomas. Se trata de un proyecto a desarrollar en la siguiente legislatura, pero ya estamos trabajando en él. Por orden ministerial, de 25 de abril de 2003, se creó un grupo de
expertos, presidido por el director general del Instituto Nacional de la Administración Pública, con el encargo de elaborar un informe, que será remitido a la subcomisión parlamentaria creada al efecto. Se trata de racionalizar y modernizar la
Administración y que el ciudadano sea un auténtico referente. Para ello contamos con un importante activo: los empleados públicos de la Administración general del Estado. Además de la motivación que puedan suponer para ellos los acuerdos de
movilidad, hay un área muy importante de actuación del ministerio que les afecta, que es la formación. Considero esencial el desarrollo de una formación continua de calidad, adaptada a las nuevas necesidades de la Función pública. Los empleados
públicos participan en los fondos de formación continua a raíz del acuerdo Administración-sindicatos de 15 de septiembre de 1994. En estos momentos, esta vigente el tercer acuerdo de formación continua de las administraciones públicas para el
período 2001-2004. Para este año 2003 se asignaron 67,43 millones de euros, que se han concretado en 365 planes, 23.547 acciones formativas y 550.719 participantes. Para el próximo año, los fondos previstos suman 71,32 millones de euros, lo que
supone un incremento del 5,75 por ciento, que repercutirá, tanto en los empleados públicos de la Administración general del Estado como de las comunidades autónomas y de la Administración local.
Considero necesario exponerles también algunas
actuaciones que tiene previsto implantar la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE. La mutualidad presta, fundamentalmente, servicios de asistencia sanitaria a través de conciertos, lo que implica el 78 por ciento del gasto total del
organismo y otorga prestaciones económicas y subvenciones a sus afiliados. Las últimas actuaciones realizadas incluyen la aprobación este año del reglamento general del mutualismo administrativo, por Real Decreto 375/2003 de 28 de marzo, que ha
supuesto una actualización de su legislación. También se ha alcanzado un nuevo concierto de asistencia sanitaria para los años 2003-2005, publicado en el BOE el 3 de enero pasado. Entre las actuaciones que se van a realizar en el ejercicio 2004,
destacaré dos que entiendo significan una mejora importante en las prestaciones de la mutualidad. Me refiero a la extensión del servicio de teleasistencia domiciliaria a personas mayores de 80 años que vivan solas o con familiares que no puedan
atenderles. La mutualidad tiene previsto realizar un convenio, con una entidad sin ánimo de lucro, con experiencia contrastada en prestaciones de este tipo. Esto significa una novedad respecto a la situación actual, en la que se reintegra de forma
parcial el gasto efectuado individualmente.
La segunda actuación de la que quería hablarles, señorías, es la prestación de un nuevo servicio específicamente dirigido a personas con Alzheimer o enfermedades de carácter cognoscitivo para su
localización, sin necesidad de aviso o llamada por parte de las personas afectadas. En el año 2004 se efectuarán experiencias piloto en varias provincias.
Llegamos así al área de competencia de política autonómica, en la que voy a seguir la pauta
de diálogo con las comunidades autónomas y entidades locales que han marcado los anteriores titulares del departamento. La disposición al diálogo ha sido el proceder habitual del Gobierno bajo la presidencia de José María Aznar. En concreto, el
Ministerio de Administraciones Públicas tiene unas competencias que, según entiendo, se pueden ejercer con mejores perspectivas de éxito desde una actitud de encuentro. Como sin duda saben, estoy manteniendo conversaciones con presidentes
autonómicos y consejeros, con alcaldes y con la Federación Española de Municipios y Provincias. También he tenido ocasión en estos días de mantener un encuentro en Madrid con los delegados de Gobierno, en una jornada de trabajo a la que han
asistido el vicepresidente segundo y el ministro de la Presidencia, así como los ministros de Hacienda y de Interior. En ella se ha hablado de los Presupuestos Generales del Estado y de la necesidad de impulsar las relaciones de cooperación y
colaboración entre la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales, pero, sobre todo, la reunión ha permitido avanzar en la coordinación entre departamentos, necesaria para mejorar la prestación de los
servicios públicos. Se trataba de analizar cuestiones de interés para todas las delegaciones de Gobierno, y quiero resaltar una en particular: la celebración en toda España de los 25 años de nuestra Constitución. Señorías, la Constitución cumple
un cuarto de siglo en el mes de diciembre y, con ella, un modelo de Estado que ha hecho posible el progreso de todos los españoles. En 25 años de democracia España ha pasado de ser un país absolutamente centralista a convertirse en uno de los
Estados más descentralizados de Europa. Ese avance en la descentralización, así como buena parte del progreso económico y social experimentado en
nuestro país, se lo debemos a la Constitución que, ante todo, tiene el mérito de haber unido a los españoles. En este marco, debo reconocer la plenitud alcanzada por nuestro modelo de Estado autonómico. Las comunidades autónomas están hoy
perfectamente insertadas en el marco institucional del Estado y son las principales protagonistas de la prestación de servicios a los ciudadanos. Son las administraciones de referencia. Repetiré algunos datos que ya resalté en el Senado. Hemos
pasado de una situación en la que cerca del 80 por ciento del gasto público estaba en manos de la Administración general del Estado a otra en la que gestiona menos de la mitad del gasto público total, en concreto, el 48,7 por ciento, las comunidades
autónomas un 35,5 por ciento y las entidades locales un 15,8 por ciento.
En cuanto a la evolución del personal al servicio de las administraciones, las comunidades autónomas cuentan con más de 1.100.000 efectivos, que duplican los de la
Administración general del Estado. Además, debemos reconocer el proceso impecable con el que se han traspasado competencias a las comunidades autónomas, basado en el diálogo con las partes implicadas y en el encuentro de los grupos políticos, al
margen de las ideologías.
Lo que queda por traspasar, como reconocerán SS.SS., es muy poco en comparación con el proceso ya realizado. Fundamentalmente, quedan pendientes de traspasar los medios materiales y personales al servicio de la
Administración de justicia, que faltan por traspasar a todas las comunidades autónomas del artículo 143 de la Constitución, excepto a Madrid. Espero que las comisiones mixtas que aprueben estos traspasos puedan celebrarse antes de acabar este año
o, en algún caso, antes del 30 de marzo de 2004.
La segunda competencia en importancia que falta por traspasar son los servicios gestionados por el Instituto Social de la Marina, que se podrán traspasar en breve a las comunidades pendientes.
En
tercer lugar, las políticas activas de empleo y formación todavía no se han traspasado al País Vasco por problemas planteados por su propio Ejecutivo. La voluntad del ministerio de efectuar este traspaso ha chocado con unas reivindicaciones que van
más allá de las previsiones constitucionales y estatutarias. Reitero lo que ya afirmé en el Senado: que se ha pretendido reabrir un debate ya cerrado por el Tribunal Constitucional sobre el principio de caja única de la Seguridad Social.
Finalmente, hay otros traspasos pendientes, en general de pequeña entidad, a varias comunidades, entre ellos, los profesores de religión, el personal docente de instituciones penitenciarias, algunos centros educativos dependientes aún del Ministerio
de Defensa y la ejecución de la legislación de productos farmacéuticos.
Respecto a otros traspasos que reivindican algunas comunidades autónomas y algún partido político, tengo que recordarles lo que ya han escuchado en esta Comisión y lo que se ha
debatido en las propias comisiones mixtas: hay materias en las que no puede existir acuerdo entre el Gobierno de la nación y alguna comunidad autónoma porque se pretende ir más allá de los títulos competenciales previstos en los estatutos de
autonomía y en la Constitución. Sobre todo lo demás, por ejemplo respecto a reclamaciones de algunas comunidades sobre lo que a su juicio pueden ser carencias de traspasos acordados por ambas partes y ya efectuados, se pueden buscar puntos de
acuerdo para ver si existe algún margen que nos permita efectuar nuevos traspasos o ampliaciones, pero, reitero, no hay posibilidad de acuerdo cuando se pretende actuar al margen de los estatutos y de la Constitución. No existen razones objetivas
que justifiquen que el Estado haya de proceder a la ampliación de las competencias autonómicas y tampoco parece necesario, y mucho menos oportuno, abrir ahora un debate sobre reformas, que, en todo caso, exigirían un amplio consenso y un nítido
respeto a los principios y contenidos constitucionales. El desarrollo de la organización territorial del Estado en España ha sido un éxito colectivo y la gran mayoría de los españoles están de acuerdo al considerar que no caben las modificaciones
unilaterales del marco de convivencia. Esto vale para el Gobierno de la nación y para las comunidades autónomas.
En suma, señorías, las prioridades del ministerio seguirán siendo las siguientes. Primero, completar el desarrollo competencial
previsto en los diferentes estatutos de autonomía, ultimando los traspasos pendientes.
Segundo, reforzar las relaciones de cooperación y los espacios de encuentro. En este sentido, estamos trabajando con otros ministerios, entre otras medidas, en
la mejora de los reglamentos internos de las conferencias sectoriales. Tercero, disminuir la conflictividad, reduciendo el número de impugnaciones ante el Tribunal Constitucional, tanto planteadas por el Estado como por las comunidades autónomas.
Debemos reconocer que se ha hecho un esfuerzo importante por parte de todos, como ponen de manifiesto las más de doscientas cartas de cooperación remitidas a las comunidades autónomas desde 1996 y que han permitido alcanzar 51 acuerdos de retirada
del conflicto. El cuarto objetivo es construir el marco de actuación de las comunidades autónomas y el Estado en relación con los asuntos de la Unión Europea, teniendo en cuenta el proyecto de constitución europea. En los últimos años se han ido
creando en España instrumentos de participación que configuran ya un modelo integrado y que se puede perfeccionar. Dentro de este modelo ocupa un lugar significativo la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas -la CARCE-,
regulada por una ley específica, la Ley 2/1997, de 13 de marzo, que ha celebrado una reunión el pasado 7 de octubre en el Senado. En esta reunión se acordó la creación de grupos de trabajo especializados, con la participación de los ministerios de
Asuntos Exteriores y Administraciones
Públicas, y de las comunidades autónomas y de las ciudades con estatuto de autonomía de Ceuta y Melilla, para canalizar un flujo de información ágil sobre los trabajos de la Conferencia Intergubernamental.
Señorías, les anuncio que voy a
participar en la reunión informal de ministros sobre el papel de las regiones en la Unión Europea, que se va a celebrar mañana y pasado en Roma, convocada por la presidencia italiana.
Esperamos lograr una declaración de apoyo a las conclusiones de
la Convención en los temas regionales. Asimismo, son instrumentos básicos de participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos las conferencias sectoriales. El acuerdo de participación interna de 1994 es mejorable, introduciendo
elementos que favorezcan el debate sistemático de los temas comunitarios con las comunidades autónomas, tanto en la fase ascendente, es decir, en la fase de creación de derecho comunitario, como en la fase descendente, es decir, en la fase de
aplicación de las normas o medidas ejecutivas necesarias para el cumplimiento por parte de España de sus obligaciones comunitarias. Vamos a seguir trabajando para abrir aún más la participación de las comunidades autónomas en los comités del
Consejo Europeo que traten asuntos de su interés. Este proceso se inició en 1998 con la participación en 55 comités y se ha ampliado a 95.
He hablado de la importancia del proceso de descentralización autonómica.
Sus señorías convendrán conmigo
que nos queda pendiente llevar este mismo proceso a las entidades locales; sin embargo, se trata de competencias y financiación de las comunidades autónomas, que deben ser las protagonistas de este proceso. Las comunidades que tienen más avanzada
la segunda descentralización son: la de Madrid, que tiene ya aprobada la Ley 3/2003, de 11 de marzo, para el Desarrollo del Pacto Local, y la de La Rioja, donde, por la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de la Administración local, se sientan las bases
para el proceso.
Muy brevemente, me referiré al proyecto de Ley de medidas para la modernización del gobierno local, que está siendo tramitada con un amplio consenso, tanto de la Federación Española de Municipios y Provincias como de los grupos
parlamentarios. Buena prueba de ello son algunas de las enmiendas introducidas en el proyecto. El dictamen de la Comisión, como SS.SS. bien saben, se debatirá mañana en el Pleno. Hubiera querido asistir al mismo, pero me excuso ante ustedes
debido a la reunión de ministros convocada por la presidencia italiana; no duden que estaré puntualmente informada de lo que aquí se debata y se acuerde. Respecto a las modificaciones introducidas, sólo voy a destacar -porque SS.SS.
conocen bien
el proyecto- que se ha ampliado la posibilidad de aplicar el régimen previsto en la ley para grandes ciudades no sólo a los municipios capitales de provincia, capitales autonómicas o que sean sede de sus instituciones, sino también a municipios de
más de 75.000 habitantes que presenten circunstancias especiales. En cualquiera de estos casos, la iniciativa debe partir de los ayuntamientos y acordarlo las respectivas asambleas legislativas. Además, tras la reunión que mantuve el pasado día 8
de octubre con la comisión mixta Generalitat-ayuntamiento de Barcelona, hemos trabajado para plasmar los acuerdos alcanzados. Confío que en el Pleno que se celebrará mañana en esta Cámara respaldemos conjuntamente una enmienda transaccional para
mantener inalterado el actual régimen jurídico de la ciudad de Barcelona en tanto no sea aprobada la legislación específica, sobre la que estamos comprometidos a negociar en los próximos meses. El compromiso alcanza a la elaboración en tres meses
de un documento de principios compartidos sobre posibilidades del futuro régimen específico de municipios de Barcelona, que se abordaría en la siguiente legislatura. Otra enmienda consensuada a la Ley de medidas para la modernización del Gobierno
local permitirá la creación de la figura del concejal no adscrito para frenar el beneficio económico de quienes abandonen su grupo parlamentario. Desde el ministerio estamos desarrollando el nuevo modelo de cooperación económica local del Estado a
través del Real-Decreto 835/2003, de 1 de agosto. Se han modificado los criterios para abrir la cooperación estatal a nuevos proyectos de desarrollo local y urbano, además de la subvención a infraestructuras y equipamientos básicos que ya existían.
Para terminar, señorías, me permitirán que exponga mi interés por modernizar la Administración periférica del Estado. En el Senado se me preguntó si esta modernización puede suponer una intención de ampliar competencias por parte de la
Administración general del Estado a costa de las comunidades autónomas. Me adelanto a sus posibles dudas y reitero lo que ya dije: modernizar la Administración periférica no implica en ningún sentido modificar la distribución competencial que está
en la Constitución y en los estatutos de autonomía. Sí implica, señorías, intentar adecuar la estructura de la Administración periférica a la realidad actual del Estado autonómico para que las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno presten con
mayor calidad y eficacia los servicios públicos que tienen asignados. Esto requiere, en primer lugar, contar con recursos humanos cualificados, para lo cual vamos a aprobar una nueva relación de puestos de trabajo de la Administración periférica
con especial atención a las oficinas de extranjería. También requiere que la recientemente constituida Comisión Interministerial de Coordinación (CICAPE), que celebró su primera reunión el 10 de julio, siga trabajando en la cooperación
interministerial. En definitiva, en una sociedad moderna como es la española debemos contar con unas administraciones públicas, todas ellas, que sean reflejo de esta sociedad, es decir modernas, eficaces y orientadas al ciudadano.
Concluyo, señor
presidente. Además de resultar coherente con lo que he manifestado sobre continuidad
en el discurso también lo he sido en cuanto a la estructura de esta intervención, y he puesto el énfasis en los temas de actuación pública y de acercamiento de la Administración a los ciudadanos. Estoy plenamente convencida de que los
nuevos retos que nos plantea la sociedad en este siglo XXI exigen diseñar políticas capaces de generar cambios, y esto es lo que estamos tratando de hacer desde el Ministerio de Administraciones Públicas. Estamos poniendo en marcha instrumentos y
proyectos para ofrecer cada día mejores servicios públicos y con mayores niveles de calidad, cercanía y eficacia. Ahora bien, estoy dispuesta a debatir y a hablar con SS.SS. de todos estos proyectos y realizaciones que he expuesto: de la
administración electrónica, de movilidad, de transferencias o de cualquier otro asunto que estimen de su interés o que crean que no ha sido suficientemente explicado en esta primera intervención. Estoy a su disposición, señorías, y creo además que
el diálogo siempre enriquece los proyectos y las ideas. El Ministerio de Administraciones Públicas seguirá asumiendo sus responsabilidades, defendiendo nuestros valores constitucionales e impulsando nuevos proyectos. Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Vamos a proceder a las intervenciones de los grupos en el orden que hemos indicado previamente. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Buenos días, señora ministra. Bienvenida a esta Comisión. Estoy absolutamente de acuerdo con sus primeras palabras respecto a que no nos iba a sorprender su discurso político y -parafraseando a Fray Luis de
León- mi intervención tendría que empezar 'como decíamos hace un año' por cuanto que hace un año visitaba esta Comisión con las mismas características que usted su predecesor señor Arenas, siendo en este caso usted la tercera ministra de la
legislatura en el Ministerio de Administraciones Públicas. La verdad es que se trata de un debate, de un diálogo, de unos objetivos, de unas palabras y de unas declaraciones que ya conocíamos. No podía ser de otra forma, pues usted misma ha dicho
que no iba a cambiar el discurso, ni el del Senado ni el de los anteriores ministros, así que quizá también sabe a priori lo que en mi grupo parlamentario pensamos de la gestión de su ministerio.
Tengo que felicitarle por su entusiasmo personal;
por su entusiasmo en trasladar a esta Comisión, como si fuera la primera vez que oímos hablar de ello, cosas como las ventanillas electrónicas, la administración electrónica, el portal del ciudadano y determinados proyectos que hemos ido conociendo
e incluso criticando. Repito que usted lo ha hecho con entusiasmo y por ello le felicito. Yo sé que en estos momentos su comparecencia y su actividad política como ministra de Administraciones Públicas, que tiene que ver sobre todo con la
cooperación territorial, con la política autonómica, no vive el mejor de los mundos por circunstancias políticas en algunas comunidades autónomas y quizá por la cercanía de procesos electorales en algunas de ellas, de tal suerte que a veces se
compadece mal el papel que usted debe representar -y representa- de espíritu de diálogo, de cooperación, de buen hacer, con su presencia en actos políticos de su partido o de compañeros de su partido en los que el resumen fundamental del acto que
preside, concretamente el lunes en Pamplona, es un insulto a un candidato socialista. Ya sé que esto no depende de usted sino de las circunstancias políticas en las que vivimos y del papel de su ministerio y las declaraciones que usted hace -a las
que luego me referiré- en la visión de su Gobierno e imagino que la suya personal respecto al desarrollo del programa autonómico y los avances en el proceso autonómico en este país.
Le felicito también por el entusiasmo y el convencimiento que
demuestra -lo dijo en el Senado y ha vuelto a decirlo hoy- de que su ministerio ha cumplido por lo menos hasta agosto el 90 por ciento del programa electoral y de gobierno, así como el objetivo, que también nos ha trasladado esta mañana, de terminar
de cumplir todo el proyecto político que habían lanzado. Yo he hecho un resumen -si quiere se lo paso- de los compromisos políticos de su Gobierno en el área de las administraciones públicas y la verdad es que dista mucho, desde nuestro punto de
vista, del grado de cumplimiento del 90 por ciento. Hablaba del reforzamiento de los órganos de la Administración del Estado sobre todo en aquellas competencias que se ven aumentadas como consecuencia de la presencia de España en la Unión Europea.
Usted conocerá una encuesta efectuada al cuerpo diplomático en la que se dice que el 55 por ciento de los diplomáticos consideran que no hay personal suficiente para atender el servicio periférico del Estado en otros países y en la Unión Europea.
Usted conocerá que el Partido Popular y su Gobierno prometieron una modernización de la estructura de los departamentos y organismos autónomos y en vez de simplificar, reducir o sistematizar uno tiene la sensación de que han seguido creando
instrumentos nuevos. Hoy, según el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, dependen de la Administración general del Estado 65 organismos autónomos, 42 entidades públicas empresariales, 22 organismos atípicos, decenas de sociedades
estatales y 42 fundaciones privadas. Desde luego, no sé cuál es el concepto de simplificación administrativa, debe ser distinto el de ustedes y el nuestro. Respecto al fortalecimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional, después de
haber pedido mi grupo parlamentario, todos los grupos parlamentarios y las comunidades autónomas la creación de la Conferencia sectorial de Administraciones Públicas, al final de la legislatura han mandado
ustedes un borrador a las comunidades autónomas para que lo estudien. Es verdad, nos han hecho caso al final de la legislatura. Nunca es tarde si la dicha es buena, pero no han sido muy eficientes en el cumplimiento de la creación de la
tarjeta única administrativa, o en que el ciudadano no tenga que aportar requisitos que obren en poder de la Administración, o de planes de calidad que se han convertido más en folletos publicitarios que en otra cosa, o en la generalización de las
cartas de servicio, o en el estatuto básico de la Función pública que no ha sido presentado, o en el estatuto de los directivos del que nunca más se volvió a hablar. Así que son compromisos, cumplimientos, etcétera, que serían muy discutibles y no
tengo tiempo para entrar en más.
Nos ha dicho que su ministerio tiene dos áreas fundamentales, política territorial y administraciones públicas. Empezaré por la parte final de su exposición, política territorial. No vivimos en el mejor de los
mundos en estos momentos, a pesar de lo que digan sondeos, etcétera, en el modelo territorial. Tenemos un grave conflicto de ruido, de alternativas no deseables, de desconfianza, quizá de políticas equivocadas, de frentismo, de acusaciones fáciles,
de desprestigio con lo que no nos gusta, sobre todo ahora que vamos a celebrar los 25 años de la Constitución, que fue modelo de tolerancia y de diálogo con el adversario político. En política territorial, señora García-Valdecasas, no vivimos en el
mejor de los mundos y a veces tampoco se contribuye mucho a mejorar este clima echando gasolina al fuego desde el Gobierno o desde determinados partidos políticos. Coincido en parte con que el balance del desarrollo autonómico en estos años,
globalmente y gracias a todos -usted también lo ha recalcado-, es positivo, pero no me negará que existen puntos débiles y algunos quiero señalar no para arrojarlos como arma política, sino para contribuir desde una reflexión intelectual y política
de mi grupo parlamentario a mejorarlos. Existe una corriente legítima más autonomista que propone el estudio de reformas estatutarias que, da la sensación, cuando se plantean a algunos se les ponen los pelos de punta y la respuesta automática del
Gobierno y de la señora ministra es que no hace falta, no es necesario, los ciudadanos tienen otras necesidades, a los ciudadanos les preocupan otras cosas según los sondeos de opinión. Si les preocupan otras cosas, no sé por qué ustedes como
Gobierno se meten en otros jardines de acusaciones respecto al patriotismo constitucional y no sé qué circunstancias que no preocupan a determinados ciudadanos. Así que, equilibrio por equilibrio, permítame decir que hay una corriente política que
piensa que después de veintitantos años de desarrollo autonómico es posible, es justo y es necesario abordar una reflexión intelectual de reforma de estatutos de autonomía. Lo dice -no sé si es al socaire de las elecciones- hasta su compañero
Piqué, que al final ha entrado en que las cosas no son sacrosantas ni en esto ni en las reformas constitucionales, como dice el señor Fraga Iribarne. Por mucho que quieran, no pueden cerrar un debate político e intelectual que está en el marco
autonómico.
En segundo lugar, es verdad que se ha producido un sinnúmero importantísimo de transferencias en estos años y, sin embargo, hay problemas con algunas comisiones mixtas que no han llegado a acuerdos sobre el traspaso, dando lugar a
tensos compases de espera que habría que desbloquear de alguna manera. Me atrevería a sugerirle que se utilizara -es algo que no se ha hecho en estos últimos años- la figura de entidades o de personas que puedan ayudar a desbloquear situaciones de
enquistamiento en comisiones mixtas o incluso en cuestiones previas antes de que lleguen a reunirse las comisiones mixtas. De la misma manera no se puede tachar de un plumazo y decir que no es necesario, no nos gusta y no se puede desarrollar la
futura aplicación del artículo 150.2 como ajuste de determinadas ejecuciones de competencias en manos del Estado.
En tercer lugar, los mecanismos de cooperación y coordinación del Estado presentan -a pesar de todo lo que se ha hecho, que ha sido
importante- un grado de debilidad, máxime teniendo en cuenta el papel en estos momentos del Senado como Cámara territorial que no avanza con todas sus posibles potencialidades. El Gobierno no está entrando en esa reflexión política ni práctica en
la que la reforma, por mucho que se diga, no existe y el Senado no cumple con brillantez y eficacia con su papel en materia de cooperación, en la medida en que no se han producido debates autonómicos ni conferencia de presidentes ni, como le han
planteado en la última reunión de la CARCE el otro día, una reunión también con presidentes autonómicos que ha sido denegada desde el punto de vista dialéctico. A veces no es sólo cuestión de instrumentos sino de voluntades políticas.
En cuarto
lugar, es verdad que el engarce con la Unión Europea no está bien resuelto, a pesar de algunas plataformas que se han creado y de la Conferencia, máxime cuando Europa asume cada vez más competencias, algunas de las comunidades autónomas, y máxime
cuando la Conferencia Intergubernamental va a diseñar y a discutir el encaje de las regiones en el marco de la Constitución europea. Así que en política autonómica, señora García-Valdecasas, a pesar de todos los esfuerzos habría que dar algunos
pasos porque es manifiestamente mejorable.
En cuanto a la política local se ha referido a los cambios normativos que se están produciendo en el último tramo de la legislatura; sin embargo, el desarrollo local, la plena autonomía local sigue siendo
una asignatura pendiente. Ya sé que una parte es del Ministerio de Hacienda, pero su ministerio es el que se relaciona básicamente con los ayuntamientos en el desarrollo normal y práctico. Hace poco tiempo se aprobó la Ley de Haciendas Locales,
que desde nuestro punto de vista -lo dijimos- no respondía a las necesidades que tenían los ayuntamientos, no aportaba más fondos
para sus plantillas ni para los nuevos servicios que están teniendo que asumir sobre la base de la realidad práctica las corporaciones locales ni para sus necesidades. Hemos conocido hace muy pocos días respecto a la financiación por la vía
de la supresión del IAE -y lo hemos hablado con los responsables de su ministerio que han estado aquí la semana pasada con ocasión de las comparencias de presupuestos- que el Gobierno ha sido cicatero en este adelanto de 435 millones de euros. ¿Por
qué? Porque una cosa ha sido el discurso político, electoral, de la supresión del IAE y otra cosa es la realidad práctica. Me imagino que conocerá un artículo que publicó el otro día un periódico catalán en que se decía que, conocida ya la
liquidación o por lo menos las notificaciones del IAE con el nuevo sistema en la ciudad de Barcelona, se ha descubierto dos cosas: que el IAE aumenta hasta el 40 por ciento para 300.000 empresas en España y veintitantas mil en Cataluña, en
Barcelona, como consecuencia de la aplicación del IAE, es decir que el que paga paga más y, sin embargo, los ayuntamientos no reciben la compensación proporcional suficiente por los que no pagan, de forma que, según el cálculo que hace todo el
mundo, lo que dejan de percibir los ayuntamientos va a ser aproximadamente 900 millones de euros y la compensación por parte del Estado va a ser cuatrocientos y pico. De nuevo los ayuntamientos españoles, con las reformas que han propiciado ustedes
en esta legislatura, siguen adelantando dinero a las arcas del Estado. ¿Por qué? Porque luego les compensarán pero posiblemente sea tarde.
En relación con la nueva Ley de régimen local, es verdad que ha habido un avance por la vía del consenso
con mi grupo parlamentario y otros, pero quiero que sepa, señora ministra, que está perdiendo una gran oportunidad para avanzar en la autonomía local, en la democracia municipal, en la mejor participación ciudadana, en la definición de un verdadero
estatuto del concejal y, en definitiva, en dar un nuevo paso hacia la modernización. Estoy de acuerdo con usted en que la política territorial se hace con diálogo entre el Gobierno central y las administraciones territoriales, y en ese territorio
están las administraciones periféricas que usted conoce tan bien y que desde que ha sido nombrada ministra se ha convertido en el adalid y en el defensor de la restauración práctica en medios y en papel de lo que es la Administración periférica del
Estado.
Nosotros también le damos importancia a la Administración del Estado en el territorio. No tenemos pudor en decir que el Estado tiene que tener su papel y que sus instalaciones, sus efectivos y sus órganos de funcionamiento deben ser
dignos, con medios suficientes y responder al papel que todavía tiene asignado el Estado en los territorios. En ese sentido, quiero que sepa que en el trámite parlamentario presentaremos enmiendas tratando de reforzar determinados servicios que nos
parece que funcionan mal -usted hablaba de las oficinas de extranjería- en cuestión de medios. Estoy de acuerdo con lo que usted ha dicho a priori, es decir que no se va a cambiar el estatus de los delegados y subdelegados del Gobierno recogido no
sólo en la Constitución y en la leyes sino en la LOFAGE. La Administración periférica tiene tres problemas. Uno es la falta de medios humanos. ¿Usted sabe la cantidad de vacantes que hay por delegaciones de Gobierno, según el último informe
presentado por el Gobierno en cumplimiento de la LOFAGE? Hay delegaciones de Gobierno cuyas vacantes están en el veintitantos por ciento de efectivos, según el último dato conocido, lo cual es importante. Hay también falta de coordinación y de
medios y en algunos casos mala dirección política. Le voy a decir en sede parlamentaria, señora ministra, que no es de recibo que un delegado del Gobierno, concretamente el delegado del Gobierno en el País Vasco, me haya dirigido una carta
personal, con registro de salida en la Delegación del Gobierno, poniéndome a parir, como se suele decir en términos coloquiales, por haber hecho una pregunta en el Congreso de los Diputados a su Gobierno, diciendo que me he adelantado al Gobierno de
Ibarretxe pidiendo su dimisión. Pedí la dimisión porque al señor Villar, en una reunión como la que acaba de tener la semana pasada, se le grabaron en un medio de comunicación público, al socaire de las manifestaciones de la guerra, declaraciones
impresentables en democracia.
Eso no da pie, señora García-Valdecasas, a que un delegado del Gobierno me dirija una carta al Congreso de los Diputados diciendo irónicamente que no sabe la alegría y la emoción con que personas que estamos
defendiendo con mayor o menor acierto a España en esta autonomía vemos cómo preclaros personajes -se refiere a mí- se preocupan de nuestras miserias. Termina diciendo: Sin gracias anticipadas le saludo atentamente. Esto, señora García-Valdecasas
-le pasaré copia de la carta que me ha dirigido- es absolutamente intolerable en democracia, sea el delegado en un sitio o en otro. Haciendo amigos de esta forma en el territorio, el marco de colaboración, de cooperación, etcétera, lo tienen
difícil, lo cual nos preocupa.
Segundo gran tema: Administración pública y empleo. Es verdad que el factor humano es pieza fundamental en el funcionamiento de las administraciones públicas. Usted nos ha relatado una serie de hechos, de
circunstancias, de planes y de objetivos, pero lo cierto es que en estos momentos es difícil saber una cosa tan sencilla como es el número de efectivos de las administraciones públicas en el conjunto de las administraciones españolas. Según el
registro central de personal del Ministerio, en el conjunto de las administraciones públicas había 2.303 a finales de 2002 y según la EPA 2.675; una diferencia de trescientos y pico mil entre un dato y otro. De entrada le sugiero, señora ministra,
que busque la coordinación del registro central de personal con el de las demás administraciones públicas para que cuando hagamos un diagnóstico de cuántos hay en cada
sitio y de la tasa de temporalidad sepamos todos de qué estamos hablando exactamente; porque si cogemos datos reales del registro de personal, la interinidad, ese porcentaje famoso del que luego hablaremos, con un dato será uno y con la EPA
será otro, porque estamos hablando de cantidades que difieren en trescientos y pico mil efectivos. Hay que pasar de los eslóganes a la realidad. En política de empleo, como consecuencia de una errónea política de personal que hemos denunciado en
estos últimos años, de congelación de la oferta pública de empleo, se ha producido el gravísimo problema, que es más intenso en las comunidades autónomas y corporaciones locales que han sufrido leyes básicas que les impedía hacer una determinada
política de personal, de un aumento importante de la interinidad y de la eventualidad, rayando el veintitantos por ciento. No tengo tiempo para entrar en ello pero ustedes dicen que ahora, con las nuevas ofertas públicas de empleo y con los
acuerdos con los sindicatos van a resolver este problema. Lo resuelven en parte, porque es verdad que las consolidaciones de temporales en fijos se están produciendo de acuerdo con el plan de los sindicatos, pero da pie a que la oferta neta de
empleo nueva no aumente en términos sustanciales. Por ejemplo, en la oferta de empleo público del año 2003, de un total de 1.108 plazas de oferta de empleo en personal laboral 663 eran de consolidación, luego nuevas solamente son trescientas y
pico.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez Sanjuán, vaya terminando porque lleva más de 20 minutos.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Sí señor presidente.
Así que la consolidación se está comiendo una oferta importante. Esto lo resuelven ustedes en parte en la política de la Administración general del Estado, pero en las comunidades autónomas
y en los ayuntamientos, hasta que no se dicten normas que permitan la generalización de la consolidación -como pedimos el año pasado en la Ley de acompañamiento y lo pediremos éste- no se está consiguiendo ni se va a conseguir. La interinidad y
esta política de personal está produciendo algo no solamente preocupante en materia de temporalidad sino de envejecimiento, y se lo decía el otro día al secretario de Estado. Sólo el 3 por ciento de los empleados públicos tiene menos de 30 años,
aproximadamente el veintitantos por ciento tiene más de 54 y la edad media del personal de las administraciones públicas en estos momentos en España es de 46 años.
Hay que ir a un proceso de rejuvenecimiento en las administraciones públicas.
Ustedes ahora nos hablan de diagnósticos, de planes, de cuestiones que hay que estudiar y que se están estudiando para resolver problemas como la movilidad, etcétera, que habría que mejorar. El problema básico -coincidirá conmigo, señora
García-Valdecasas- lo tiene la Administración general del Estado, pues en estos momentos posiblemente haya en multitud de ministerios unidades sobredimensionadas, personas que se encuentran sin objetivos claros y, sin embargo, como usted ha dicho,
existen unidades de extranjería, de atención al público, de inspección de servicios, de desarrollo de planes de calidad, de seguridad en el trabajo y de planes formativos en los que no tienen las personas suficientes. Por tanto, antes de hablar
-cosa que me parece razonable- con las comunidades autónomas, la primera movilidad es en el seno de la Administración general del Estado. Usted ha dicho que van a firmar un acuerdo de movilidad con una serie de comunidades autónomas; con otras
posiblemente no lo podrán hacer a corto plazo, lo cual no es que me parezca ni bien ni mal, simplemente me parece que no pueden empezar la casa por el tejado, porque no se puede hablar en relación con los empleados públicos sólo de una cuestión, que
es la movilidad, o de planes de pensiones, sin haber acordado determinadas cuestiones en materia de política de personal porque no ha estado la conferencia sectorial lo suficientemente estructurada en estos años para hacerlo. Esto es complicado y
no me extraña que se encuentren con problemas. Yo haré el esfuerzo -usted nos lo pedía a los grupos parlamentarios- de hablar con gente de las comunidades autónomas, pero ustedes pongan en marcha con más rapidez esa conferencia sectorial en la que
puedan discutir estos grandes temas. Por fin ustedes firmaron el acuerdo 2003-2004, acuerdo que no les ha salido caro y además les ha garantizado la paz social en el año 2003, que había elecciones, y en 2004, que también las va a haber; un acuerdo
que en definitiva vino a las tesis del Partido Socialista que lleva planteando, a través de enmiendas, lo que ustedes han firmado hace seis años: mejoras en el poder adquisitivo y la lucha contra la temporalidad y la interinidad. Han acordado para
el año 2004 unas retribuciones, aunque algunas sean diferidas, por encima de la inflación real; inflación real que nunca se cumple, porque el 2 por ciento y la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos en los últimos años es evidente
Esto lo tiene que saber la gente porque ustedes lo amplifican mucho, y me parece muy bien, es su papel, pero los planes de pensiones suponen una media de 120 euros por año y por persona. Es decir que si pensamos que la media del personal laboral de
la Administración pública tiene 46 años y se puede jubilar a los 65, la capitalización de estos planes de pensiones, suponiendo que vayan todos los años al mismo ritmo, le va a suponer una renta disponible cuando se jubile el funcionario medio del
0,3/0,4 por ciento de su retribuciones. Así que es interesante pero no para echar las campanas al vuelo.
Nos hablaba de la Administración que tenemos, hacia dónde va, y de los planes que ustedes quieren presentar para la próxima legislatura.
Llevan siete años improvisando. Ya no hablamos de una reforma de la Administración; hablamos de que después de siete años de gobierno del Partido Popular y acabando la
segundo legislatura están elaborando un diagnóstico. Gobiernos anteriores al suyo dijeron: La administración que hemos recibido está muy mal, está enferma -la que dejamos los socialistas-, hay que estudiarla y reformarla. Lo dijeron en
1998; en 1999 se creó una comisión interministerial que no funcionó; en abril de 2002 Mariano Rajoy, entonces vicepresidente, creó una subcomisión de estudio y de diagnóstico de las administraciones que sólo ha tenido una virtualidad, señora
García-Valdecasas, que el secretario de Estado o persona responsable que pasaba por aquella subcomisión luego ha sido ministro o, mejor dicho, ministra (la señora Rodríguez, la señora Pastor), pero de aquel diagnóstico no se supo nada. Ahora van a
hacer dos diagnósticos: el de recursos humanos con los sindicatos en el acuerdo de empleo en noviembre, sobre el que me han contado un rumor y es que debe estar terminado; pero eran seis meses, ha pasado un año y nadie lo conoce, yo por lo menos
no lo conozco; y luego en mayo esa comisión de expertos que está trabajando para elaborar el diagnóstico de la Administración Pública que luego presentará al Parlamento y cuyo plazo ya ha terminado, por cierto; eran cuatro meses, ya tenía que
haber terminado y no sabemos nada de él. Así que nos vamos a encontrar con dos diagnósticos, uno para los sindicatos y otro de expertos. Fíjese qué lío si no coinciden. Siete años para hacer un diagnóstico (es más lento que algunas colas de la
Seguridad Social), siete años esperando, señora García-Valdecasas, para que luego los diagnósticos sean distintos, aunque me imagino que alguien se aplicará para que no lo sean mucho. Señora García-Valdecasas, mi grupo parlamentario tiene que
pensar que con la diligencia de sus respectivos gobiernos, porque usted es heredera de las políticas anteriores y además está orgullosa de serlo, el interés por las administraciones públicas del Gobierno que gestiona los servicios públicos, que así
están, es muy poco interesante, lo cual nos preocupa y nos seguirá preocupando.
Por último, no ha hecho ninguna referencia...
El señor PRESIDENTE: Por último y brevemente, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Le recuerdo, señor presidente, que mi grupo parlamentario también había pedido la comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Su turno era de diez minutos y lleva 31, señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Termino de verdad, señor presidente.
No ha hecho ninguna referencia, aunque usted ahora es la responsable del cumplimiento de la Ley de incompatibilidades de los altos cargos, que está residenciada en su
ministerio, cosa que nos parece mal. Debería de haber una agencia independiente que velara por el cumplimiento de todas estas cuestiones de forma importante y donde los altos cargos -me imagino que usted ya lo habrá hecho- presenten sus
declaraciones de incompatibilidades, de patrimonios, etcétera. Quiero que sepa que el Gobierno, el ministerio que usted asume en cierto modo está haciendo un cumplimiento laxo de la Ley de incompatibilidades desde el punto de vista de mi grupo y de
otros grupos parlamentarios. La prueba está en que tenemos la sensación de que siempre todo lo hacen bien las personas que cesan en los cargos públicos. Acabo de recibir una respuesta parlamentaria al interesarme por el grado de cumplimiento de la
ex directora general de Seguros, la señora González de Frutos, que al dejar de ser directora general de Seguros pasa a presidir la patronal de seguros Unespa y que como no ha resuelto ningún expediente en concreto -está discutiéndose en estos
momentos en el Senado la nueva modificación de la Ley del seguro- no ha incurrido en ningún grado de afinidad o de conocimiento expreso de algo que se está negociando. Señora García-Valdecasas, sobre la interpretación de una ley que ustedes mismos
en un informe político que dieron al señor Erkoreka decían que había que cambiar y mejorar no están haciendo nada del otro mundo. ¿Por qué? Porque funciona el oscurantismo. No sé si la señora Del Castillo, compañera suya de gabinete, de acuerdo
con una información que ha publicado un medio de comunicación en una sociedad ha operado o no con las administraciones públicas. Como es opaco y no nos dicen con quién va a trabajar, no sabemos a qué se ha dedicado esta sociedad. ¿Puede
garantizarnos en esta Comisión que una sociedad en la que una ministra ha tenido una participación importante en estos años no ha operado ni ha trabajado con las administraciones públicas? Nos dejaría muy satisfechos si se cumple estrictamente la
ley que usted tiene la obligación de poner en marcha con todas sus consecuencias.
Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Continuamos el turno de intervenciones con doña Begoña Lasagabaster, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Buenos días, señora ministra. Permítame que en su primera comparecencia también le felicite por su nombramiento como ministra. Atendió estupendamente en Barcelona a una comisión parlamentaria en su cargo
de delegada de Gobierno, por lo que esperamos que su paso por el ministerio sea fructífero, aunque si es continuación de lo que se ha hecho no nos podemos alegrar mucho dado que somos bastante negativos en relación con la gestión de su ministerio en
años anteriores.
Antes de tomar postura respecto al contenido de su intervención, quisiera, en una cuestión menor, decir al señor Martínez Sanjuán que no se sienta sólo. El señor delegado del Gobierno del País Vasco me remitió otra carta oficial
en la legislatura pasada que, amén de determinados calificativos y lindezas que no voy
a reproducir, y según los que leyeron la carta en un tono machista hacia mi persona, que no sé si estará también en el contenido de la carta del señor Martínez Sanjuán, se refería a actuaciones que yo había hecho como parlamentaria en esta
casa en relación con actuaciones del señor delegado del Gobierno, y en un tono pseudo amenazador me decía que me abstuviera de volver a realizar ninguna otra iniciativa parlamentaria en relación a su persona como delegado de Gobierno. Esta diputada
tuvo que pedir el recurso de amparo al presidente del Congreso porque es inadmisible -ya no digo que se hagan declaraciones o que se nos dediquen calificativos más o menos educados al respecto- que se cuestione o se pretenda limitar la capacidad,
las iniciativas o la competencia de un parlamentario en esta Cámara. Señora ministra, ya veo que es práctica habitual del delegado del Gobierno. El presidente de la Cámara resolvió que todas las actuaciones que yo había realizado eran conforme a
Reglamento y estaba capacitada para realizar tales actuaciones en el control al Gobierno que los parlamentarios tenemos reconocido. Es una cuestión menor que no pensaba citar. Simplemente lo he hecho para que no se sienta sólo el señor Martínez
Sanjuán y sepa que hay más cartas enviadas del mismo tono.
Entrando en la materia en concreto, ha hablado de continuidad en la gestión realizada por otros ministros en este ministerio. Tal continuidad no ha sido positiva para Euskadi, al menos
desde nuestra perspectiva. Nos parece que la gestión ha sido negativa en cuanto al desarrollo del instrumento clave del Estatuto de Gernika. Desde 1996 no sólo no se ha avanzado en lo que estaba pendiente sino que, muy al contrario, se ha
producido un recorte claro de las competencias que la comunidad autónoma tiene en virtud de un instrumento jurídico como es el Estatuto de Gernika. Los distintos responsables del Gobierno declaran de forma unánime que el Estado autonómico es el que
mayor descentralización tiene, a veces dicen que de Europa y otras extienden más el ámbito territorial, que no nos podemos quejar de nada y que es un modelo y un ejemplo en relación con estructuras estatales descentralizadas en el ámbito mundial o
en el ámbito europeo. Para realizar esta afirmación se centran en dos cuestiones: en la gestión del gasto y en el personal. No comparto esta cuestión en absoluto y voy a utilizar un artículo de opinión de un reconocido jurista -cuya palabras
comparto absolutamente-, Carles Viver i Pi Sunyer, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional y catedrático de Derecho Constitucional, que hablaba el 6 de septiembre en un medio de comunicación de una amplia autonomía de baja calidad. La
verdad es que para mí era un artículo muy bueno y decía que efectivamente se gestionará por las comunidades autónomas el 40 por ciento del gasto público y que el 50 por ciento del personal al servicio de las administraciones públicas puede ser
personal de las comunidades autónomas; pero señalaba, primero, que cuantitativamente no era cierto señalar que las comunidades autónomas tuvieran mayores competencias que otros entes políticamente descentralizados y hacía referencia a cuestiones
concretas en Estados Unidos o en Canadá, si hablamos de un ámbito territorial más extenso, y lo mismo señalaba para apoyar esta afirmación de que no era en absoluto cierta esta declaración de que era el mayor Estado descentralizado, en relación, por
ejemplo, con competencias que en materia de Administración local, de tratados internacionales, de educación, de cultura, de seguridad pública y policía, tenían los Länder en Alemania, o citaba el caso belga en relación con otras cuestiones, el caso
suizo o el caso austríaco. Es decir, que desde el punto de vista cuantitativo es evidente que hay otra serie de competencias que tienen otros entes descentralizados en la Unión Europea que aquí no tienen las comunidades autónomas.
Además hablaba
-y creo que es cierto también- de autonomía de baja calidad, y lo hacía con mejores palabras y argumentos que los que yo voy a utilizar. Pero hablando con mis propias palabras, es evidente que ello es así por varias razones que quizá son clave y
determinantes del porqué esa baja calidad y en definitiva de por qué no hay autonomía política en las comunidades autónomas. Evidentemente la gestión del gasto puede estar en las comunidades autónomas, pero quien decide cómo se lleva a cabo ese
gasto, es decir la política para determinar cómo se articula, cómo se gestiona, cómo se determina ese gasto no la hacen las comunidades autónomas, esto lo hace el Gobierno Central, el Parlamento, las Cortes Generales a través de leyes básicas que en
definitiva están menoscabando toda la autonomía política de las propias comunidades autónomas.
Desgraciadamente hay muchos ejemplos. Si algo han tenido como característica común muchas de las enmiendas de totalidad que se han presentado en esta
legislatura en esta Cámara, con la mayoría absoluta del PP, es que han sido planteadas a leyes que en los distintos ámbitos o en distintas materias, fuera educación, fuera toda la materia sociolaboral, fuera en justicia, sobrepasaban el ámbito que
tiene atribuido el Gobierno del Estado o la Administración del Estado. Ha sido una característica común y ha sido muy claro. A este respecto, no por parte especialmente de la Administración vasca sino por parte de las administraciones de otras
comunidades autónomas, el aumento de presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional ha sido bien claro.
¿Qué hacen ustedes? Determinan exactamente todo el marco, no el básico, no las expresiones que señala la Constitución en relación con
las líneas generales o los intereses clave y generales, sino que hacen una regulación exhaustiva en todas las materias, con lo cual la autonomía política para determinar cómo se va a llevar a cabo esa gestión del gasto no está en las comunidades
autónomas. A partir de ahí ustedes pueden decir que el hecho de que tenga ese gasto permite señalar que
hay una autonomía política, pero es evidente que si no tienen capacidad de maniobra para determinar cómo se gestiona y por qué, para determinar cuáles son las prioridades y los criterios, en ningún caso podremos estar hablando de autonomía
política a la hora de llevar a cabo las competencias propias que tienen las comunidades autónomas en virtud de sus propios instrumentos, que por cierto son muy diferentes, y creo que este es uno de los elementos clave que quizá se tienen menos en
cuenta desde hace cierto tiempo.
Para centrarme en lo que más conozco, diré que es evidente que el Estatuto de Gernika tiene unas especificidades muy evidentes, y puede ser una muy clara el Concierto Económico, como en Navarra puede ser el Convenio
Económico, como puede ser en materia de despliegue y sustitución de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en relación con la Ertzaintza o como puede ser también, por ejemplo, en una materia en la que usted no ha entrado directamente pero que
sí está en el núcleo central de una referencia clave relativa a unas transferencias de competencias, que son las cuestiones sociolaborales o más en concreto en materia de gestión de régimen económico de la Seguridad Social. Es evidente que el
artículo 18.2 del Estatuto de Gernika dice de manera clara -leo- lo siguiente: En materia de Seguridad Social corresponderá al País Vasco: el apartado a), que habla del desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado,
salvo las normas que configuren el régimen económico de la misma; y el b) dice lo siguiente: 'La gestión del régimen económico de la Seguridad Social'. No hay un sin perjuicio, ni un condicionante, ni un relativo. Dice lo que dice. Es evidente
que ese es un elemento clave y una especificidad que probablemente no se produzca en otros estatutos de autonomía. Está claro que esto tiene una razón de ser y que quienes lo negociaron tenían muy en mente la evidencia de que en el momento que se
estaban reactualizando derechos históricos de los que derivaba por ejemplo el Concierto Económico, históricamente a lo mejor no existía lo que es una protección social en virtud de lo que hoy llamamos Seguridad Social, y que eso que hoy en día
gracias a Dios existe pero que antes no existía históricamente también debía tener cierta correlación con el mismo régimen que existía anteriormente en los derechos históricos que dio lugar al Concierto Económico, y que por tanto había que plasmar
de alguna forma esa situación en el propio Estatuto de Gernika y realizarlo de esta manera.
No es una mera discrepancia por no se sabe qué razón que se le ha ocurrido al Gobierno vasco, no; es que tiene fundamento porque se entendía que
ciertamente la gestión del régimen económico de la Seguridad Social tenía que tener un correlativo similar a lo que ocurría en el Concierto Económico. Esto impregna no sólo esta cuestión concreta sino también todas las materias sociolaborales que
efectivamente son las que hoy tenemos mayor conflicto porque todavía no se ha producido la transferencia de las competencias. Pero no solamente no se produce la transferencia de esas competencias, sino que además vamos marcha atrás y en los últimos
meses tocó la materia educativa, las tres grandes leyes que se llamaban básicas pero que son de una regulación exhaustiva: universidades, formación profesional y calidad de la enseñanza, pasamos a justicia y esta temporada nos ha tocado la ley del
empleo o la formación continua. Recientemente, el 1.º de agosto, el Gobierno del Estado elabora un real decreto que entrará en vigor el 1.º de enero de 2004, en el que desde nuestro punto de vista hace caso omiso a dos sentencias del Tribunal
Constitucional, como consecuencia de recursos planteados por la Generalitat de Catalunya y la Xunta de Galicia, que señalan que la formación continua corresponde a las comunidades autónomas y hace un real decreto en el que queda plasmado que quienes
no tienen participación, quienes no tienen ninguna capacidad de determinar nada en esta materia son las comunidades autónomas. Es decir, que no solamente no se están cumplimentando las cuestiones relativas a la transferencia de competencias de los
distintos estatutos de autonomía, en concreto del Estatuto de Gernika, sino que además la regulación que se está realizando por el Gobierno del Estado y por su grupo parlamentario con mayoría en las Cámaras, realmente va en contra de lo que en su
espíritu fue el pacto del Estado autonómico.
Esto no lo dice sólo esta portavoz; es una cuestión que ha sido debatida exhaustivamente en el Parlamento vasco en el que no ha habido un acuerdo unánime, porque Batasuna no está de acuerdo, pero con lo
que el Grupo Popular ha estado totalmente de acuerdo, después de muchas horas de trabajo para determinar exactamente qué competencias son las que corresponden a la Comunidad Autónoma del País Vasco, y en segundo lugar un análisis de la prioridad a
la hora de realizar la transferencia de esas competencias. Son dos informes del Parlamento vasco de los años 1993 y 1995 que después de muchas horas de trabajo obtienen la aprobación al menos de todos los grupos que nos encontramos hoy en esta
Cámara. Por tanto no era y no es una cuestión de elección ideológica de qué me gusta o de qué no me gusta, no solamente es un instrumento jurídico porque estas competencias están reconocidas en el propio Estatuto de Gernika, sino que además el
Parlamento vasco se pone de acuerdo y señala de forma clara dos informes respecto a cuáles son las competencias que corresponden, qué prioridades hay que tener en cuenta a la hora de hacer esa transferencia de competencias, y evalúan el análisis de
todas esas competencias.
Señora ministra, yo creo que no se puede ir contra sus propios actos y no parece razonable que ahora el Gobierno del Partido Popular entienda, desoiga o vaya en contra de lo que afirmó y aprobó él propio Partido Popular en
el Parlamento vasco. Creo que eso es algo bastante claro y tiene que hacer reflexionar. En la disposición
adicional primera del Estatuto de Gernika se entiende -y nosotros creemos que así se entendió en su momento- que eso no implicaba que en el futuro no pudiera haber una determinada reflexión o una aprobación de otro tipo de instrumento
jurídico-político. Esa reflexión existe. No sé lo que van a hacer ustedes, ni qué estudios están realizando para intentar anular o evitar el debate parlamentario en el Parlamento vasco o no sé cuántas otras iniciativas tienen en estudio para
intentarlo, pero creo que hagan lo que hagan esa es una reflexión que está no solamente en la mente de los distintos responsables institucionales y de los distintos grupos parlamentarios, sino también en la calle. Después de casi un cuarto de siglo
lo que hay, al menos mayoritariamente -no unánimemente, pero sí mayoritariamente-, es la sensación de que ha habido una deslealtad hacia ese pacto estatutario, el Estatuto de Gernika. Esta es una cuestión que está ahí y que se debiera desarrollar
todavía de manera más racional, más clara e incluso con más educación -si se me permite la palabra- por parte de todos para saber qué quiere exactamente cada grupo parlamentario en un debate parlamentario y si realmente entiende que hay que
modificar o hay que realizar otro tipo de marco jurídico-político, para de manera parlamentaria positiva y constructiva poner cada uno encima de la mesa las aportaciones que queremos hacer para lograr esa reflexión en el futuro.
No entraré en más
cuestiones, aunque creo que también sería razonable tener en cuenta cuál ha sido la trayectoria de la gestión y de las competencias de los distintos entes, tanto del Gobierno del Estado como de las administraciones autonómicas en relación con el
Tribunal Constitucional, y qué posibilidades pudiera haber de cambiar cuestiones tales como que ante algo que no se cumple porque no se transfieren competencias, es decir ante una inacción del Gobierno del Estado que supone un incumplimiento
flagrante, las comunidades autónomas no puedan hacer nada. Creo que esta también es una cuestión muy importante que dejo encima de la mesa y es otra de las reflexiones que tendrá que realizar en uno u otro momento el conjunto de los grupos de esta
Cámara.
Entro en otro tema importante en relación con la Unión Europea.
El señor PRESIDENTE: Señora Lasagabaster, sólo le quiero recordar que ya lleva más de 15 minutos.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: No se preocupe. Me voy a atener a esos cinco minutos más y ça suffit, como dirían los clásicos.
En cuanto a la cuestión europea que es importantísima, usted señalaba que iba a participar en una reunión con
los ministros para abordar este tema, pero no ha dicho cuál es la posición que va a llevar a esa reunión, que es lo que más nos preocupa, dada la aportación bastante negativa, desde nuestro punto de vista, del Gobierno del Estado en esta materia en
los trabajos de la convención, y parece ser en la Conferencia Intergubernamental. Desde luego no tenemos lo que tienen otros Estados miembros como Bélgica, Austria, Alemania, Italia o Reino Unido que en ese aspecto tienen más representación y
participación que la que nosotros podamos tener. Aportaré un dato que hemos dicho por activa y por pasiva.
El artículo 203 permite que en la delegación del Consejo de Ministros haya miembros de gobiernos autonómicos y ustedes lo niegan total y
absolutamente cuando se está produciendo en la práctica en la Unión Europea. Miembros del Gobierno flamenco o del Gobierno valón han presidido consejos cuando la Presidencia correspondía al Estado belga. Le voy a señalar una cuestión anecdótica
pero muy visual. La semana pasada celebramos en Roma la reunión de la Conferencia de órganos especializados en asuntos comunitarios europeos, la llamada COSAC, y uno de los puntos que se planteó por parte de las delegaciones alemana, italiana y
belga, aunque con distintas formulaciones, era una enmienda para que por ejemplo los parlamentos autonómicos pudieran participar dentro de la delegación de los parlamentos de cada uno de los Estados miembros. Cada Estado hizo una interpretación de
cómo podía materializarse esa propuesta. Por supuesto lo apoyaron todos los Estados de la Unión Europea que se denominan descentralizados, de una u otra manera y con una u otra fórmula; la única delegación de un Estado descentralizado que no lo
apoyó fue la española. Esto no se cohonesta con sus declaraciones o con las declaraciones de otros ministros en el sentido de que estamos en el Estado más descentralizado de Europa porque la práctica demuestra que no es así. Me da igual que esto
ocurriera en la reunión de parlamentarios de la semana pasada; ocurre exactamente igual en otras reuniones relacionadas con aspectos europeos. Ellos decían que como según el artículo 203 en relación con el Consejo de Ministros pueden participar
miembros de gobiernos de entes subestatales, parecería razonable que también pudiera participar en la Conferencia de órganos especializados de los parlamentos, cada uno organizando esa participación como quiera.
Nuestra aportación era bien clara:
ustedes dicen que se puede participar, y nosotros creemos que se puede participar tanto en el Consejo de Ministros como en otros aspectos, pero según el Gobierno del Estado español esa participación es imposible porque la norma europea lo impide.
Allí lo decía todo el mundo de una manera tan natural que realmente no sé si vivimos en dos mundos aparte o aquí hay algo que no funciona. También se me ha olvidado hablar de la Comisión bilateral para los asuntos europeos que existe -no sé si se
reúne- respecto del Gobierno del Estado, del Gobierno vasco y creo que del Gobierno de la Generalitat de Cataluña.
Simplemente lo dejo apuntado porque existe y parecería razonable que también se pudiera desarrollar y articular porque es importante
en esta materia y en
cuestiones específicas que afectan a la eficacia, la eficiencia y en definitiva a la calidad de vida de los ciudadanos que es lo que quizás nos pone en común a todos.
El señor PRESIDENTE: Acto seguido tiene la palabra don Josu Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señora ministra, me sumo a las expresiones de bienvenida formuladas por quienes me han precedido en el uso de la palabra. Bienvenida a la Comisión, y como es de rigor y exige la cortesía parlamentaria le deseo
todo tipo de éxitos al frente del ministerio, aunque el tiempo del que vaya a disponer para ejercer las funciones propias de la titularidad del departamento vaya a ser ciertamente escaso.
Como usted anunciaba, no nos ha asombrado su intervención.
Ha mantenido una línea de coherencia con las posiciones que han venido defendiendo sus predecesores en el cargo y que viene postulando el Gobierno al que pertenece durante toda la legislatura. Por eso supongo que tampoco a usted le sorprenderá que
nosotros discrepemos notablemente de muchos aspectos de los que usted ha expuesto hoy aquí y que en algunos casos la discrepancia no solamente sea notable sino que sea radical o absoluta.
Permítame señalar algunos puntos en relación con los
planteamientos que usted ha defendido en su intervención y respecto a los que podemos hacer sugerencias, aportaciones o formular discrepancias. En primer lugar, respecto al acuerdo Administración-sindicatos, que ha vendido como uno de los grandes
logros del ministro que le precedió en el cargo, no le voy a decir que no supusiera un paso adelante. Efectivamente, lo supuso y en su día en la comparecencia que realizó el anterior ministro a ese respecto en esta misma comisión nosotros hicimos
una valoración en principio positiva del acuerdo, pero no me negará que suscribir acuerdos con los sindicatos es precisamente uno de los quehaceres básicos de los responsables de personal de las administraciones públicas. Esto está ocurriendo en
todas las administraciones públicas a lo largo y ancho de todo el Estado; administraciones autonómicas, locales, forales, provinciales; administraciones de todo tipo, y ninguna de ellas echa las campanas al vuelo por el hecho de que haya
conseguido algo así, como si fuera de difícil o de prácticamente inalcanzable consecución. Esto forma parte de los quehaceres normales de los responsables de personal de las administraciones públicas. Nos ha hablado del plan de pensiones que
aparecía recogido en el acuerdo Administración-sindicatos y que ahora parece que va a contar con una operatividad mayor, sobre todo a partir del acuerdo -si no me equivoco- del día 7 de este mes. Le tengo que dar la enhorabuena, señora ministra,
porque durante muchos años el principal obstáculo para la implantación de planes de pensiones en el ámbito de la función pública ha sido precisamente la Administración general del Estado. Había muchísimas iniciativas planteadas en este sentido, al
menos en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco que es el que mejor conozco, iniciativas desde el nivel municipal y desde el nivel foral, no tanto desde el autonómico, para concertar planes de pensiones en relación con sus
respectivos personales y estas iniciativas eran sistemáticamente recurridas por la Administración general del Estado con una concepción, si quiere usted anquilosada de lo que es la función pública, absolutamente superada, obsoleta, pero que han sido
objeto de recursos sistemáticos ante los tribunales de justicia. El gran obstáculo era la Administración del Estado; por tanto enhorabuena por haber recibido la luz de San Pablo, haber cambiado radicalmente de criterio en esta materia y haber
venido al terreno de los que desde hace tiempo defendíamos estos postulados contra viento y marea y contra las posiciones y actuaciones judiciales de la propia Administración general del Estado.
La he visto excesivamente optimista en lo que se
refiere a la movilidad entre administraciones públicas, y ha calificado esta novedad como un cambio transcendental. La posibilidad de movilidad estaba recogida desde el año 1984, cuando menos en el ámbito normativo de la función pública, y la
verdad es que arroja unos resultados enormemente pobres, que probablemente no se pueden achacar al contenido defectuoso de la base normativa en sí, sino a la escasa disposición de las administraciones implicadas en habilitar cauces para que esto sea
posible. Usted aporta ahora como novedad un acuerdo específico de movilidad que va a vincular a un conjunto de administraciones públicas y hace votos para que este acuerdo se extienda también a otros ámbitos territoriales. Es una voluntad positiva
que en principio no se puede sino aplaudir, pero si cuando esto era posible los resultados han sido lo pobres que fueron, francamente no sé hasta qué punto cabe esperar que la situación vaya a cambiar a partir de ahora por el hecho de que exista
este acuerdo. Las resistencias de las administraciones públicas tienen un fundamento muy claro que procede de las dificultades de gestión de sus propios recursos humanos. Estas dificultades existían antes y existen ahora. Entreverar los problemas
que los gestores de los recursos humanos de una Administración pública tienen con carácter general, los elementos adicionales de dificultad que pueden resultar de una apertura de algunas de sus plazas a la movilidad procedente de otras
administraciones públicas, es una dificultad y va a seguir constituyendo una dificultad añadida; veremos en qué acaba resultando este conjunto de acuerdos que ustedes han impulsado.
Respecto a la introducción de instrumentos informáticos y
telemáticos de actuación que parecen ordenarse a la consecución de una Administración pública de tono electrónico, están en línea en prácticamente todas las administraciones públicas del Estado, cada una en su medida, en su dimensión y en sus
posibilidades, están implicadas en los últimos tiempos. Nos ha hablado en
este campo de iniciativas concretas, puntuales, pero a través de ellas no hemos vislumbrado lo que puede ser un auténtico proyecto global, coherente y completo de transformación radical de la Administración pública de cara a las demandas
exigidas en el siglo XXI, una transformación radical que exige no solamente la incorporación de elementos técnicos en la Administración, sino que además requiere una radical transformación de muchos elementos filosóficos vinculados con la gestión de
los recursos humanos y con la concepción de la participación de los ciudadanos en la gestión administrativa, lo que supone un enriquecimiento y una profundización en la concepción de la democracia. A este respecto no hemos podido apreciar que
exista por parte del Ministerio un proyecto -insisto- completo y coherente. Hay actuaciones aisladas. Insisto en que usted ha hecho referencia a ellas, impulsadas más por una intuición, por una especie de inercia que parece impulsa al Gobierno a
tener que desarrollar actuaciones en esa materia, que por un designio claro y un objetivo definido en este terreno.
Ha hecho referencia también a la comisión de expertos constituida para analizar la problemática de la reforma de la Administración
pública, pero no nos ha dicho absolutamente nada respecto al resultado del trabajo que han desarrollado. ¿Qué han hecho hasta la fecha? ¿Qué cabe esperar de aquí al final de la legislatura de esta comisión de expertos? ¿Va a tener o no algún
trabajo, en relación con lo que pueda aportar la comisión de expertos, antes de que concluya la legislatura, la subcomisión creada formalmente en esta Comisión que todavía lógicamente no se ha reunido ni una sola vez? ¿Qué cree usted a este
respecto, señora ministra? Me ha conmovido especialmente la referencia que ha hecho a la disposición al diálogo que ha caracterizado, según opinión de la ministra, el proceder del Gobierno bajo la presidencia de don José María Aznar.
Francamente
me ha conmovido porque conozco, todos conocemos un presidente de comunidad autónoma que ha expresado públicamente en numerosísimas ocasiones a lo largo de los últimos años su disposición, su voluntad, su deseo de reunirse y hablar con el señor
presidente del Gobierno y no ha recibido más que exabruptos y desprecios, por regla general.
Recientemente, además, en amable correspondencia con esa disposición reiteradamente expresada de reunirse con el presidente del Gobierno, éste, el señor
Aznar, le ha respondido a través de su entonces vicepresidente primero y ahora candidato ungido ya para la presidencia del Gobierno, que sí, que se reunirá antes de acabar su legislatura con todos los presidentes autonómicos menos con él, porque al
parecer no le consta que tenga voluntad de mantener esa reunión, a pesar, insisto, de las repetidas declaraciones que ha hecho a ese respecto.
El ministro anterior a usted no estuvo ni una sola vez reunido con los responsables de la Comunidad
Autónoma vasca en materia de desarrollo autonómico, ni una sola, ni siquiera para salir de la reunión constatando que las diferencias son abismales y que el acuerdo es difícil. Se han cruzado muchos faxes que han llegado antes a los medios de
comunicación por regla general que a su auténtico destinatario, se han lanzado invectivas, se han lanzado advertencias, amonestaciones, amenazas a través de los medios de comunicación, pero lo que usted ha calificado si no beatíficamente muy
optimistamente, como una disposición al diálogo impecable y fabulosa del Gobierno para con las comunidades autónomas, no se ha dado sinceramente, al menos en este caso, y hay datos objetivos que avalan mi posición. Tampoco podemos compartir su
consideración sobre el tono que ha tenido el proceso de traspaso de competencias a las comunidades autónomas. Ha calificado nada menos que de impecable el proceso de transferencias a las comunidades autónomas y singularmente tenemos que discrepar
de la valoración que hace usted a propósito de los motivos por los que no es posible el traspaso de las políticas activas de empleo y formación al País Vasco. Dice que el obstáculo a este respecto es el propio Ejecutivo de la Comunidad Autónoma del
País Vasco.
El Estatuto de Autonomía de Gernika es distinto probablemente a todos los demás en materias tales como la fiscalidad, la seguridad pública, carreteras, transportes, medios de comunicación social, empleo -también empleo-, Seguridad
Social -también Seguridad Social-, régimen electoral municipal, etcétera. La voluntad del ministerio en esta materia es hacer una transferencia contra estatuto, contra legem, como hubiesen dicho los clásicos. Sólo pedimos que se haga con arreglo a
lo que unánimemente acordamos todos los grupos parlamentarios en el Parlamento Vasco, incluido el Grupo Popular. Es lo único que se pide. No es una posición que tenga que ver con ideologías soberanistas ni con planteamientos nacionalistas, nada de
eso, solamente pedimos que la transferencia se lleve a cabo en los términos consensuados por todos los grupos parlamentarios, excepto el de Batasuna, por todos, en el seno de la Cámara vasca, que es la que ha definido el marco del desarrollo
autonómico, a juicio de la propia Cámara, consensuado con todos los grupos parlamentarios que tienen representación en ella excepto, insisto, Batasuna. Es lo único que se pide. Ustedes participaron en aquel consenso y ahora se desmarcan de él
diciendo que eso no se puede llevar a cabo e invocan no sé qué imposibilidades que proceden de no sé qué instrumentos o pronunciamientos jurisprudenciales. Los pronunciamientos jurisprudenciales que pueden incidir sobre esta cuestión se habían
dictado ya para cuando se alcanzaron esos acuerdos en el seno del Parlamento vasco. Es lo único que se pide, por tanto el obstáculo no procede de que el Gobierno vasco actual se haya acantonado radical y ofuscadamente en unas posiciones que son
inasumibles y que contradicen no sé qué límites inexorables. No, no, se ofusca en lo único que se tiene que ofuscar es en un mandato parlamentario que viene
del Legislativo y en el que el Ejecutivo, hoy por hoy por lo menos en los regímenes parlamentarios, no tiene más remedio que estar, participar o acomodarse.
Respecto a lo que ha denominado un poco eufemísticamente, creo yo, el modelo de
participación de las comunidades autónomas en la Unión Europea -porque es muy cuestionable que sea propiamente modelo lo que está en vigor o lo que funciona en el Estado español-, tengo curiosidad en saber cuál es la posición o la opinión de la
ministra y del ministerio, lógicamente, en relación con una proposición no de ley del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, de febrero del año 2002, todavía reciente -hace poco más de un año, no llega a dos años-, y aprobado por unanimidad por
todos los grupos de la Cámara y, además, ardientemente defendido por el presidente de la Xunta, por todos los miembros del Gobierno autonómico gallego y, por supuesto, por todos los componentes del Grupo Parlamentario Popular en aquella Cámara. La
proposición no de ley incluía dos puntos. El primero decía: asegurar la participación ordinaria de la Xunta y de las demás comunidades autónomas en la representación española ante el Consejo Europeo y en otros órganos de la Unión Europea cuando se
trate de materias de competencia autonómica y, segundo, que la Xunta de Galicia y las demás comunidades autónomas puedan ejercer por delegación estatal la representación española en las instituciones de la Unión Europea cuando se trate de materias
de competencia autonómica de acuerdo con el artículo 203 del Tratado; acuerdo, insisto, adoptado por unanimidad en el Parlamento de Galicia y consecuencia de una proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea
legislativa autonómica. ¿Comparte usted este planteamiento o desautoriza al presidente y al Gobierno de Galicia por haber defendido estos postulados y por seguir, que yo sepa, defendiéndolos porque no se conoce, por lo menos, una declaración
pública de apartamiento? Digo esto porque, evidentemente, este es un elemento que no encaja en lo que usted califica, insisto, eufemísticamente, de modelo de participación de comunidades autónomas en los asuntos de la Unión Europea que afectan a
sus competencias, no participa en ese presunto modelo y, por lo tanto, como es una pieza que no acaba de encajarme bien y parece que tiene el apoyo de algunos elementos de su partido, quisiera saber si es compartido o no por usted y, en su caso, por
qué no.
Nos ha hablado de las reformas proyectadas en algunos estatutos de autonomía que, según usted, no aceptarán jamás porque asegura que plantean reivindicaciones que son inconstitucionales. Me sorprende el particularmente incisivo olfato que
parece tener el Gobierno para detectar cuándo una determinada reforma estatutaria implica necesariamente una reforma constitucional porque es radicalmente inconstitucional. Digo esto porque hay cauces, hay instrumentos, hay vías en la Constitución,
apenas exploradas hasta la fecha, que reconocen márgenes específicos y singulares de cobertura jurídica a determinadas reivindicaciones autonómicas y que, por estar inexploradas, precisamente no se sabe cuáles son sus límites hoy por hoy. Pero el
Gobierno parece tener clarísimo cuáles son esos límites. ¿Qué infalible instrumento de medición tiene el Gobierno para saber cuándo una determinada reforma estatutaria implica necesariamente una reforma inconstitucional? ¿Cómo sabe el Gobierno que
una hipotética propuesta de reforma planteada por una comunidad autónoma no puede buscar amparo ni en el artículo 150.1 ni en el artículo 150.2 ni tampoco en la disposición adicional primera? Si me responde que lo sabe (porque los miembros del
Tribunal Constitucional mayoritariamente los ha designado el partido que sustenta al Gobierno y, por tanto, se sabe exactamente cómo se van a pronunciar todos ellos en estas cuestiones y si no, que se atengan a las consecuencias porque han sido
nombrados en esas condiciones), perfecto, se lo creo. No hace falta ni que me lo diga porque se lo creo sin que me lo diga, porque lo estamos viendo todos los días; pero si me dice que tiene algún olfato especial o que tiene alguna capacidad
incisiva especial para detectar qué propuestas de reforma de estatutos de autonomía son radicalmente inconstitucionales y no tienen absolutamente ningún encaje en ninguna de estas disposiciones a las que acabo de hacer referencia, explíquemelo cómo
lo hace, porque tengo especial interés en saber.
Respecto a los derechos históricos, no voy a hacer referencia al artículo 150 de la Constitución. Sobre el sentido, el espíritu y la finalidad del constituyente cuando aprobó el artículo 150 de la
Constitución algo podemos decir, porque nuestra participación en el proceso de elaboración del texto constitucional -me refiero al Grupo Vasco- en el Congreso y en el Senado fue en general muy pobre, como todo el mundo sabe, desde el momento en que
se nos excluyó de la ponencia constitucional, pero todavía en el texto constitucional hay algunos pasajes en los que cabe identificar perfectamente nuestra aportación articulada a través de determinadas enmiendas, y el artículo 150 es el resultado
de una enmienda presentada por el Grupo Vasco en el Congreso. Por tanto, algo podremos decir sobre la finalidad que perseguía este precepto, aunque no podamos monopolizar el sentido, alcance y contenido del mismo. No sé en que se basan para decir
que es una norma excepcional. Cuando el constituyente quiere que algunas de las previsiones de la Carta Magna se apliquen sólo con carácter excepcional lo dice expresamente. Hay un precepto de la Constitución, el artículo 86, que se refiere a las
condiciones en que se pueden aprobar reales decretos leyes: en caso de extraordinaria y urgente necesidad. Es decir, la excepcionalidad está expresamente recogida en el texto de la ley y el artículo 150.2 no dice nada al respecto. El mismo
constituyente ha considerado que no tiene que subordinarse el ejercicio de las posibilidades que aparecen recogidas en
ese precepto a ningún supuesto de excepcionalidad y el Gobierno insiste, por activa y por pasiva, una y otra vez, por todos los medios a su alcance, en que esa es una previsión de carácter excepcional y que, hoy por hoy, no tiene ninguna
intención de llevarla a cabo.
El señor PRESIDENTE: Señor Erkoreka, sólo le recuerdo que ha superado los 15 minutos.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Procuraré resumir lo que me queda de intervención.
Respecto a la disposición adicional primera, relativa a los derechos históricos, es algo absolutamente inexplorado hasta la fecha, con algunos intentos, pero,
en general, inexplorado en lo que se refiere a sus posibilidades y a sus límites. El Tribunal Constitucional (que no lo ha nombrado mi grupo parlamentario, sino que han sido ustedes los protagonistas en el nombramiento de sus miembros) ha dicho que
los derechos históricos de la disposición adicional no son un título autónomo atributivo de competencias. Efectivamente. ¿Por qué? Porque esos derechos históricos hay que actualizarlos a través de una norma vigente. ¿Qué ha dicho el Tribunal
Constitucional respecto de esa norma que actualice derechos históricos? Ha dicho que esa norma actualizadora de derechos históricos puede ser: el estatuto, que actualiza ya algunos derechos históricos, o si no, una ley ordinaria del Estado que, al
margen de los mecanismos estatutarios, puede actualizar esos derechos históricos. Una reforma del Estatuto de Autonomía vasco, por ejemplo, que pretende encontrar cobijo en esta disposición adicional primera de la Constitución, como proceso de
actualización de un derecho histórico, ¿me dice usted de antemano que es una propuesta inconstitucional? Ya me dirá en qué se basa para poder decir eso. Hay jurisprudencia constitucional que permite utilizar la disposición adicional como amparo de
determinadas competencias singulares o excepcionales. Por tanto, si se quiere, se puede. No me diga que no se puede porque la Constitución lo impide. Si se quiere se puede, pero hay que querer, tiene que existir esa voluntad política de hacerlo.
Me gustaría hacer una última consideración respecto a lo que nos ha dicho a propósito de que no existen razones objetivas que justifiquen que el Estado haya de proceder a ampliar competencias autonómicas. Tampoco sé de qué instrumento excepcional
de medición de la voluntad popular dispone el Gobierno para saber, por encima de todo, cuándo se dan unas condiciones objetivas de demanda en el desarrollo autonómico. En un sistema de partidos como el español, que yo sepa, la voluntad popular, las
demandas de los ciudadanos se canalizan y expresan a través de los partidos y de las instituciones representativas. Si un partido político o coalición concurre a una convocatoria electoral con un programa en el que incluye la promesa de una
determinada reforma del estatuto de autonomía y obtiene un apoyo mayoritario, lógicamente, la voluntad de los ciudadanos en un sistema de partidos es esa. En democracia eso significa, ni más ni menos, que los ciudadanos demandan esa reforma
estatutaria. Yo no puedo encontrar otro significado. Usted me dirá que las encuestas arrojan un resultado distinto, pero estamos hablando de una democracia que, hasta la fecha, no funcionaba por encuestas, sino por consultas electorales o vía
referéndum. Las encuestas pueden servir de referencia interesante, pero en democracia las decisiones políticas se toman a través de la consulta popular.
Una última consideración y con esto concluyo, señor presidente. El portavoz del Grupo
Socialista ha hecho referencia a un informe que, a solicitud mía, emitió el Gobierno sobre la situación de la ley que regula el régimen de incompatibilidades de los miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración general del Estado.
Efectivamente, esta lucha se prolongó durante varios meses y, al final, concluyó con un resultado positivo, porque el Gobierno acabó remitiendo a la Cámara, concretamente a este diputado que les habla, la información que a este respecto solicitaba.
En su primera comparecencia, el ministro señor Arenas obvió esta cuestión que había sido importante durante el mandado del anterior ministro don Jesús Posada. Él, y muy honrosamente además, compareció varias veces en esta Cámara para hablar de
cuestiones vinculadas con las incompatibilidades que afectaban a un compañero del Gobierno, y lo hizo con mucha lealtad y mucha dignidad; hay que reconocérselo, como hicimos entonces. Ese fue uno de los temas gordos que ocupó las labores de la
Comisión durante la primera parte de la legislatura. Sin embargo, el ministro Arenas, repito, no hizo referencia a ella en su primera comparecencia. Yo le pregunté y él me contestó que elaboraría un informe para ver qué reformas podían abordarse
en la Ley de incompatibilidades actualmente vigente, que data de 1995.
Este informe me llegó en marzo de 2003. Es un informe técnico que plantea, entre otras cosas, que podría abordarse una reforma de la ley y, en su caso, apunta una serie de
puntos en los que, de llevarse a cabo esa reforma legislativa, habría que entrar necesariamente. Por tanto, el informe técnico está pendiente de una decisión política que decida, definitivamente, si estas posibilidades de reforma que apunta el
informe técnico se van a llevar a cabo o no. En su intervención no nos ha dicho nada; no ha hecho referencia alguna a esta cuestión, y quisiera saber cuál es su opinión al respecto, porque, de alguna manera, es uno de los puntos que quedan
pendientes y para hacer una evaluación final de si el ministerio ha cumplido con los deberes quisiéramos saber cuál es su posición o su voluntad a este respecto.
El señor PRESIDENTE: Ahora es don Jordi Jané quien, en nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene el uso de la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quisiéramos dar la bienvenida a la nueva ministra de Administraciones Públicas en esta
Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados y reiterarle nuestra enhorabuena por su nombramiento. Este diputado ya tuvo ocasión de hacerlo en el Pleno del Congreso, con ocasión de una pregunta oral, y hoy le
reitero esta enhorabuena, que el Grupo Catalán espera que vaya acompañada de éxitos en su gestión.
Señora ministra, nosotros quisiéramos empezar por donde usted ha empezado.
Usted ha recordado que su primera comparecencia ha sido en el Senado,
debido a que el Senado tiene esa connotación constitucional de Cámara de representación territorial. También nos ha dicho que lo hizo como lo habían hecho sus antecesores en el cargo, y es así. Pero mi grupo no comparte una segunda apreciación que
usted hacía, ligada a esa primera comparecencia en el Senado. Usted afirmaba: En el Senado nos hemos centrado más en aspectos autonómicos, pero aquí voy a centrarme más en aspectos de Función pública. Aprovecho este planteamiento de la ministra
para decirle que esto es meramente una operación estética. Se comparece en el Senado porque tiene esa connotación de Cámara de representación territorial, pero, no nos engañemos, actualmente el Senado no está ejerciendo esas funciones que
constitucionalmente tiene de Cámara de representación territorial. En ningún caso las está asumiendo ni tan siquiera está cumpliendo con las funciones que el nuevo Reglamento del Senado le otorgó, con una nueva Comisión General de Comunidades
Autónomas, que tiene un conjunto de funciones que en la práctica no se ejercen. Desde el propio Gobierno tampoco se tiene esta sensibilidad de que el Senado sea realmente un foro autonómico, y nuestro grupo no quiere que lo sea si no se reforma la
actual composición y funciones y realmente hacemos del Senado una cámara de representación territorial. Como no lo es actualmente, en este Congreso de los Diputados es donde debe debatirse con profundidad la política autonómica del Gobierno. Por
tanto, queremos que también el Congreso -igual que el Senado, pero también el Congreso- centre el debate sobre el modelo territorial del Gobierno; un modelo territorial que usted, señora ministra, ha definido como de continuidad con el que se viene
desarrollando por el Gobierno en esta legislatura.
Nosotros no podemos aceptar el modelo territorial que se está plasmando actualmente en multitud de leyes; mi grupo no comparte la distribución competencial que se lleva a cabo en las mismas.
Otros portavoces han dado ejemplos en materia de formación profesional, de calidad de la enseñanza, de empleo; no voy a leer el inventario de leyes que se están tramitando en este momento o que se han aprobado en meses pasados en esta legislatura,
pero, desde el punto de vista autonómico, el balance no es positivo, como tampoco es positivo el hecho de que usted afirme en esta Comisión que no tiene intención de ampliar las competencias de las comunidades autónomas. En el Senado, en su
comparecencia de la semana pasada, usted afirmaba que el Gobierno no tenía ninguna intención de aplicar el artículo 150.2 de la Constitución, lo que es coherente con lo que se viene haciendo en esta legislatura, pero, señora ministra, con toda
cordialidad, ustedes han cambiado, el Gobierno ha cambiado. El Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta no es el Gobierno del Partido Popular de la pasada legislatura, en la cual se adquirieron unos compromisos distintos de desarrollo de
la estructura territorial del Estado.
Un ejemplo de esta mutación que ha existido y que se plasma en los propios textos legislativos aprobados en estas Cortes Generales es la LOFAGE, una ley importante para su ministerio, una ley aprobada en 1997 y
una ley que usted, que ha sido delegada del Gobierno en Cataluña, conoce bien porque reinstaura el papel de los delegados, sitúa a los subdelegados desde una posición funcionarial, etcétera. ¿Qué dice la LOFAGE? La LOFAGE, en su exposición de
motivos, reafirma la necesidad de dar cumplimiento al principio de administración única, al principio de que la Administración del Estado no debe tener el protagonismo en el territorio autonómico, sino que debe tener un papel más residual porque el
principio es el de la administración única, donde el protagonismo ordinario de la administración en un territorio lo tiene la Administración autonómica.
Esto se dice en el preámbulo de la LOFAGE y se indica, además, que se caminará hacia un proceso
de simplificación y reducción de la Administración periférica del Estado. ¿Cómo se realizará? ¿A través de qué mecanismo se iba a cumplir esa administración única? Esto es lo que habíamos acordado en la pasada legislatura: a través de la
aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, artículo que, como decía el señor Erkoreka, no es de aplicación excepcional, aunque su aplicación está acotada a supuestos que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o
delegación, pero la Constitución no dice en ningún caso que sea un supuesto excepcional. En la exposición de motivos de la LOFAGE se dice expresamente que el objetivo de la administración única puede realizarse a través de materias de competencia
exclusiva del Estado que serán transferidas a las comunidades autónomas a partir de las técnicas del artículo 150.2 de la Constitución. Esto no lo dice Convergència i Unió, sino una ley aprobada en estas Cortes Generales. Por tanto, mi primera
pregunta es la siguiente. ¿Ha dejado el Gobierno de compartir el espíritu que nos llevó a aprobar la LOFAGE? ¿Entiende el Gobierno que no cabe ninguna trasferencia más por la vía del 150.2? Si es así, ¿por qué se acordó la LOFAGE con ese espíritu
de aplicar el 150.2 y ahora el Gobierno, que es del mismo grupo
político que gobernaba en el año 1997 cuando se aprobó la LOFAGE, cambia de opinión? Lo afirmaba expresamente en la exposición de motivos y en los discursos parlamentarios. Podríamos repasar lo que afirmaban los ponentes del Grupo Popular,
del Grupo Socialista y del Grupo Catalán (Convergència i Unió), evidentemente. Se iba hacia esa apuesta por la administración única, de simplificar la Administración periférica. Incluso, le recordaré, señora ministra, que en el proyecto de ley de
Presupuestos Generales del Estado que ha entrado en las Cortes Generales para su debate, en el tomo relativo a la Administración periférica del Estado, se reiteran una vez más, por parte del Gobierno y por parte de quienes han redactado el proyecto
de ley, los objetivos que se plasmaban en esa exposición de motivos, pero después se afirma que el Gobierno no tiene ninguna intención de utilizar el artículo 150.2. Por tanto, ha habido cambios. ¿Quién ha cambiado? Ha cambiado el Gobierno. Un
gobierno con mayoría absoluta es distinto del Gobierno de la pasada legislatura, en la que se acordaron leyes importantes como la LOFAGE.
Cuando nosotros pedimos que se avance hacia esa administración única -como pedía también el presidente de
Galicia, y sigue pidiendo-, lo hacemos sin una concreción. Se concretó en leyes, pero después, en el día a día, entendemos que no se lleva a buen puerto el compromiso asumido en la pasada legislatura de avanzar por esa vía. Por lo tanto, mi
primera pregunta es si reitera que para el Gobierno no hay posibilidades de aplicar el 150.2 y qué previsiones tiene el Gobierno sobre este aspecto concreto que, repito, recogía textualmente la LOFAGE que está publicada en el Boletín Oficial del
Estado.
Voluntad de diálogo. Señora ministra, usted sabe que desde el Gobierno de Cataluña existe una voluntad de diálogo; la hemos demostrado de forma permanente y a lo largo de las diversas legislaturas, pero nos tememos que esto no se traduce
después en el día a día de la acción del Consejo de Ministros. Desde que usted es ministra de Administraciones Públicas, y usted tiene una procedencia catalana, de los 18 acuerdos de su ministerio, exceptuando tres sobre nombramientos de altos
cargos, 13 son relativos a Cataluña y todos ellos para requerir la incompetencia del Gobierno de Cataluña en temas que para nosotros son importantes, o para discrepar, legítimamente, porque se puede discrepar y jurídicamente existen los medios y el
Gobierno los utiliza. Pero no deja de ser sintomático que la línea de los acuerdos de su ministerio sea de confrontación competencial con la interpretación que nosotros realizamos del marco constitucional y estatutario, y éste no es un camino que
nos lleve al buen resultado de un consenso institucional que nosotros le reclamamos. La vía de proponer impugnaciones en el primer Consejo de Ministros, donde la titular del ministerio, de procedencia catalana, empieza: Vamos a impugnar el
protocolo de la Generalitat con Bulgaria por temas de cooperación medioambiental, se va a promover la inconstitucionalidad de la ley catalana de mutualidades, se va a proponer la inconstitucionalidad de las oficinas de Cataluña en el exterior,
incluso estéticamente, no es un buen síntoma de esa capacidad de diálogo que reclamamos desde Convergència i Unió.
Sabemos que la legislatura tiene un horizonte de próxima finalización, pero le pedimos al Gobierno que la concreción de la estructura
territorial del Estado no venga acompañada de unos límites preconcebidos de que no se va a avanzar nada más en lo que es la distribución competencial. Le pedimos, apelando incluso a su propia procedencia, una mayor sensibilidad por entender que la
confrontación no lleva a un buen puerto en lo que es la configuración de un Estado que nosotros concebimos como plural.
Señora ministra, mañana se va usted a Roma (ha excusado, y se lo agradezco, su presencia en el Pleno donde vamos a aprobar el
proyecto de ley de modernización local) a tratar del papel de las regiones en el marco de la Unión Europea. También aquí entendemos que existe una contradicción y que la posición del Gobierno ha cambiado desde la legislatura pasada a la actual,
porque en la legislatura pasada llegaron a aprobarse mociones en el Pleno que establecían la posibilidad de que la representación del Estado también la pudiera ostentar un representante de un gobierno autonómico en el Consejo de Ministros de la
Unión. Hay mociones aprobadas en el Pleno del Congreso de los Diputados la pasada legislatura, pero en ésta ustedes son los abanderados de la posición más recelosa a que las comunidades autónomas puedan tener un papel institucional en el ámbito de
la Unión Europea. Ustedes, evidentemente, defienden la participación en la fase ascendente interna española cuando se debe perfilar cuál sea la posición del Estado, pero nunca una comunidad autónoma puede representar al Estado precisamente cuando
las comunidades autónomas son Estado. La propia Constitución otorga al presidente de la comunidad autónoma la representación ordinaria del Estado en su territorio; las comunidades autónomas son también Estado.
Otros países defienden este papel
institucional de sus regiones y España es el Estado que en materia de Unión Europea más recelos está planteando.
No únicamente el Gobierno como tal. Incluso el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento Europeo, cuando se intenta avanzar sobre
un mayor reconocimiento del papel de las regiones en la Unión Europea, es quien de manera más beligerante intenta impedir que esos acuerdos se lleven a cabo. Por tanto, por un lado defendemos que el Estado español es el más descentralizado, que el
proceso de descentralización ha sido ejemplar, y por otro intentamos cercenar el papel político que tienen las comunidades autónomas. Porque no es sólo una descentralización administrativa. El proceso que llevó a la aprobación de la Constitución
es de autonomía política
que es algo más que descentralización administrativa. Lo recordaba hace unos momentos la portavoz doña Begoña Lasagabaster en un artículo de un amigo que entiendo común tanto de la ministra como del portavoz que les habla, don Carles Vivé,
que fue vicepresidente del Tribunal Constitucional y al que ayer le otorgó la Cruz de San Jordi el Gobierno de Cataluña -aprovecho la ocasión para trasladarle la enhorabuena-, quien como jurista está posicionándose de manera clara sobre la baja
calidad de la autonomía política. Un gran proceso de transformación, de descentralización, de gestión, pero de baja calidad política porque el nivel de decisión de las comunidades autónomas viene muy predeterminado y el ámbito de autonomía política
no se corresponde con el que entendían Convergència i Unió y otros grupos políticos cuando participamos de manera activa y leal en todo el proceso constituyente.
De ahí, señora ministra, que cuando desde determinadas comunidades autónomas se
plantean reformas estatutarias, siempre que se hagan por el cauce debido y respetando el marco jurídico existente, así como el proceso para su posible aprobación, no tenemos por qué criminalizarlas.
Está previsto en la propia Constitución y en los
propios estatutos, pueden reformarse siguiendo los cauces establecidos y con las mayorías que en cada caso se requieran; de ahí que mi grupo parlamentario haga también una apelación a que en los procesos de reforma estatutaria, que en Cataluña una
gran mayoría de grupos parlamentarios proponen, no nos cerremos de entrada diciendo que esto no es lo que la sociedad demanda.
Ya lo dirán los ciudadanos. En Cataluña hay unas elecciones el próximo día 16 y cada grupo político va a presentar sus
alternativas y ya se verá si los diputados salientes de esas elecciones tienen o no esa voluntad.
Pero que no se criminalice de entrada un proceso de reforma estatutaria que nosotros planteamos dentro del marco de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, le recuerdo que ha superado los 15 minutos en el uso de la palabra.
El señor JANÉ I GUACH: Voy terminando, señor presidente.
Otro aspecto, la Administración local. Señora ministra, usted reconocía que han existido avances en el consenso sobre la futura ley de modernización local. Yo quería comentarle que
el avance que hemos conseguido en el título X de la nueva ley, un título que afecta a los municipios de gran población, lo que se entiende como grandes ciudades, ese avance conforme al cual ese título X no será de aplicación a Barcelona porque
Barcelona tendrá su legislación específica, supone un avance positivo pero se queda a medias. Se queda a medias, señora ministra, si no conseguimos plasmar también en la ley un plazo, un plazo en el cual deba plantearse un texto articulado, un
proyecto de ley. Si nos quedamos meramente en lo que pueden ser unas bases, unos principios de acuerdo, pero no hay una concreción legislativa, a pesar de que después se disuelvan las Cortes y ese texto deba quedar para futuras legislaturas, nos
tememos y existe el riesgo de que no llegue a buen término ese compromiso. El portavoz de nuestro grupo, señor Trías, así lo puso de manifiesto en la reunión que mantuvo con usted ya que, como jefe de la oposición en Barcelona, tiene la
responsabilidad de velar directamente por que la zona pueda tener esa carta de Barcelona, esa ley específica. De ahí que mi grupo siga insistiendo en la necesidad de marcar unos plazos para la tramitación no de un principio de acuerdo sino para la
tramitación y presentación en esta Cámara de un proyecto de ley.
En los aspectos de administración electrónica es cierto que existe un acuerdo con la Generalitat de Cataluña, ahí sí que hay un buen ejemplo de colaboración. La Generalitat de
Cataluña está haciendo un proyecto que merece incluso el reconocimiento internacional por parte de la Unión Europea de administración abierta, de administración electrónica, y esto beneficia al conjunto de la sociedad y de los ciudadanos. He ahí un
ejemplo de colaboración que ha dado un fruto positivo y esperamos que también se materialice en otros aspectos.
Su ministerio es importante; su ministerio es importante porque es un ministerio estructural, un ministerio relacional. Usted lo sabe
bien, señora ministra, porque ha sido delegada del Gobierno en Cataluña y sabe de las funciones relacionales que tiene el Ministerio de Administraciones Públicas ya que, a pesar de que los delegados dependían y dependen directamente del presidente
del Gobierno, tienen también una dependencia del propio Ministerio de Administraciones Públicas, de ahí que apele a esa función relacional. Desde la voluntad de consenso que le manifiesta y le ha manifestado siempre Convergència i Unió le pedimos
un cambio de rumbo, un cambio de rumbo en esa cerrazón autonómica que existe, en esa proclamación de que no se va a utilizar el artículo 150, de que no se van a ampliar competencias cuando el actual marco estatutario y constitucional lo permite.
Cambien ustedes, señora ministra, cambien ese rumbo y seguro que encontrarán mayores ámbitos de colaboración y de diálogo porque, al final, la estructura del Estado en una Constitución que ahora celebra su 25 aniversario es una estructura plural y
diversa y el propio artículo 2 reconoce expresamente que en el Estado español existen nacionalidades y regiones, parte por tanto de un reconocimiento de esa diversidad.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Juan Manuel Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señora ministra, bienvenida a esta Comisión de Administraciones Públicas, donde comparece por primera vez. Muchas gracias por su completa información y muchas gracias también por la celeridad con que ha acudido a
dar cuenta al Parlamento
de la situación de su ministerio y de sus planes y programas para el inmediato futuro. Creo que es necesario resaltar lo de la celeridad porque ni siquiera ha hecho usted uso, al que legítimamente podría haberse acogido, de comparecer tras
los consuetudinarios 100 días; pero también he de felicitarla, y mi grupo también se felicita, porque de su exposición se deduce una política de continuidad con sus antecesores que, lejos de ser criticada como ha hecho algún grupo de la oposición,
a nosotros nos parece muy positiva. Esa continuidad significa que hay un programa de partido, un programa de Gobierno, que hay coherencia en las decisiones, y de todo ello sólo puede venir una actuación mucho más eficaz que si la señora ministra
hubiera hecho tabla rasa de lo anterior y comenzado a inventar exóticas propuestas. Esa política de no dejar las cosas a la improvisación, de perseverar en las acciones de Gobierno emprendidas es una de las características de los gobiernos de José
María Aznar y, sin duda, una de las razones de sus incontestables éxitos. La continuidad no significa que se vaya usted a instalar en el pasado o a mirar para atrás. Sabe muy bien porque tiene amplia experiencia política que eso conduce a
convertirse en estatua de sal. Ya lo ha anunciado usted al comienzo de su discurso, cumplir el programa en su totalidad y diseñar nuevas propuestas en materia de administraciones públicas que se puedan ofrecer a los ciudadanos en la próxima
legislatura, que razonablemente cabe prever que las llevará a cabo un Gobierno del Partido Popular. En estos meses que quedan de legislatura tiene tareas muy importantes, tan importantes como el desarrollo pleno del acuerdo
Administración-sindicatos. Dentro de ese acuerdo ya se ha reunido la Mesa general de negociación de la Función pública de la que se ha derivado la puesta en marcha de un tema de trascendental importancia para los empleados públicos como es el Plan
de pensiones, algo realmente inédito en la historia de la Administración pública española. No estamos hablando además de pájaros y flores o de buenas intenciones. Ya existe una primera e importante consignación presupuestaria de más de 50 millones
de euros.
El acuerdo marco de movilidad, por lo que nos acaba usted de explicar, señora ministra, también está en marcha. La semana que viene va a firmar el primer acuerdo con una comunidad autónoma y nos ha informado de que en el plazo de dos
meses, es decir, antes de fin de año, se habrán cerrado acuerdos con diez comunidades autónomas además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. No sé si estará en disposición de informarme sobre cuáles son las comunidades autónomas con las que
a corto plazo va a suscribir ese acuerdo de movilidad. Otros aspectos, como la supresión del límite del 25 por ciento de la tasa de reposición o la ampliación del horario de atención al público en las principales oficinas, son mejoras para el
empleo y para el servicio público. Respecto a las medidas para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, estoy seguro de que se seguirá avanzando en un tema tan importante. Se ha referido también a su propósito de seguir reduciendo
la temporalidad en el empleo público. En la Administración general del Estado, pienso que será difícil, pues el porcentaje es notablemente bajo, no así en las comunidades autónomas, y el porcentaje está todavía más acentuado en la Administración
local. ¿Se puede hacer algo, le pregunto, desde el Gobierno para incentivar la reducción en las otras administraciones que lo tienen tan alto? Los avances en la administración electrónica son indudables, el portal del empleado público, la
sustitución del papel para los certificados por certificados telemáticos, la aprobación por su ministerio y el de Ciencia y Tecnología del plan de choque para el impulso de la administración electrónica en España son ejemplos de que se va avanzando
en la aplicación de las nuevas tecnologías en la Administración. La ventanilla única empresarial es otra iniciativa del ministerio que está funcionando y que va a adquirir un notable desarrollo en el inmediato futuro. No se puede olvidar de un
aspecto esencial en la actividad del ministerio como es la formación y, dentro del ella, el Tercer Acuerdo de formación continua de las administraciones públicas. Las mejoras en la asistencia sanitaria o la implantación de la teleasistencia
domiciliaria dirigida a personas mayores por parte de la MUFACE son aspectos a destacar.
Respecto al tema de las comunidades autónomas, se ha comprometido a que antes de que se forme el nuevo Gobierno resultante de las elecciones de marzo de 2004
quedará culminado el traspaso de las competencias pendientes relativas a los medios personales y materiales al servicio de la Administración de justicia de las comunidades del artículo 143 de la Constitución que está pendientes hoy, con la excepción
de Madrid. Es realmente el grueso pendiente. Alguna otra menos relevante como la de los servicios gestionados por el Instituto Social de la Marina también se traspasará en breve a las comunidades que les corresponda, según el artículo 143. Queda
pendiente un tema importante, que es el traspaso al País Vasco de las políticas activas de empleo y formación del País Vasco.
Para llevarlo a cabo existe un serio obstáculo al que ya se ha hecho referencia en las intervenciones de la señora
Lasagabáster y del señor Erkoreka, y ese obstáculo es sin duda alguna la ausencia de voluntad del Gobierno vasco de asumirlo si no se le traspasa la Seguridad Social; como el contencioso de la caja única de la Seguridad Social ya está cerrado por
el Tribunal Constitucional no cabe tener muchas esperanzas de que haya una solución a este tema, puesto que en un Estado de derecho sin duda alguna hay que cumplir las resoluciones judiciales.
Se ha referido usted también a la pretensión de alguna
comunidad autónoma de ir más allá de los títulos competenciales previstos en los estatutos de autonomía y en la Constitución y, como han hecho referencia al
artículo 150 de la Constitución tanto el señor Jané como el señor Erkoreka, pienso que tampoco cabe creer que ahí se podrá avanzar mucho.
El señor Erkoreka y el señor Jané decían que el Gobierno se escuda en que considera que la aplicación
del artículo 150 sería una excepción. Yo creo que la excepción sería que se le aplicara solamente a una o dos comunidades autónomas, sería un privilegio, y atribuir a todos esas competencias significaría desarmar el Estado de las Autonomías, ir
mucho más allá de lo que el momento político aconseja y mucho más allá de lo que el futuro de la Unión Europea, con los veinticinco miembros, reclama.
Mi grupo entiende que sería una imprudencia. La excepción sería dárselo solamente a la Comunidad
Autónoma del País Vasco o a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Por eso creo que no ha habido un cambio sustancial, como decía el señor Jané, entre la situación anterior de mayoría simple y la mayoría absoluta del Grupo Popular. También se ha
quejado el señor Erkoreka de la ausencia de espíritu de diálogo en el Gobierno vasco. Mi grupo entiende que si el diálogo es para negociar en relación con el Plan Ibarretxe o para negociar con el presidente del Parlamento vasco si se cumplen o no
las decisiones del Tribunal Supremo, es evidente que ni el Gobierno ni el partido pueden sentarse a negociar en ese tema. Sin embargo, quiero recordarle que se ha renovado un tema importantísimo en esta legislatura, el concierto económico, y ese no
era un tema fácil, pero sí estaba en el marco estatutario y en el marco constitucional al que mi partido y el Gobierno que le representa van a estar siempre ajustados.
La señora ministra, como no podía ser de otra manera, no ha dejado de abordar el
tema de la segunda descentralización. Llevarla a cabo en la Administración local no es tema fácil, pues sin duda usted sabe mejor que nadie que va a encontrar serios obstáculos en algunas comunidades autónomas gobernadas por partidos nacionalistas.
El principio de subsidiariedad, por lo visto, se agota en las comunidades autónomas; sin embargo, el Grupo Popular entiende que ha de ampliarse a los ayuntamientos como entes más cercanos a los ciudadanos, para cuyo servicio tienen razón de ser
todas las instituciones. No he de terminar, señora ministra, sin elogiar la actitud de diálogo, de consenso y de pacto que se ha puesto de relieve con sus antecesores y a la que usted ha dado un nuevo impulso. La prueba más cercana -ya ha hecho
usted referencia a ella- la tenemos en las múltiples reuniones que ha habido con alcaldes, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con los grupos parlamentarios, reuniones que han de continuar en la tramitación parlamentaria del
proyecto de ley de modernización del Gobierno local, y creo que esa es una muestra clara del espíritu de diálogo y de consenso que adorna a la nueva ministra y también al Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea, no me ha permitido usted que le avisara que había superado los quince minutos de tiempo en su intervención, lo cual le agradezco.
Tiene la palabra, después de las intervenciones de los grupos, la señora
ministra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (García-Valdecasas Santamaría): Señorías, voy a intentar responder con cierta precisión a todas sus objeciones y, dado que el tiempo está muy avanzado, si les parece bien, cuando responda a
uno en relación con un tema, no lo repetiré entendiendo que ya le he dado la respuesta.
Los temas han sido muchos y las críticas también. Me hubiera quedado asombrada y me hubiera causado impacto si todos hubieran dicho que lo habíamos hecho
perfecto. Les agradezco, en primer lugar, que no estén asombrados. Hubiera sido una incongruencia que yo hubiera hecho aquí un planteamiento que hubiera roto con todo lo que han hecho mis antecesores, habida cuenta del buen resultado que le ha
dado a mi partido la política del Gobierno en los últimos siete años y medio de Gobierno. No hay nada que justifique que rompamos con el camino emprendido. Vamos a continuar con esta línea de coherencia política y de coherencia del Gobierno. Cada
avance que he explicado ha merecido críticas, era sabido, era muy antiguo o ya lo habíamos dicho. Algo habremos aportado porque, si el pacto con los sindicatos era sabido, cualquier reforma que he planteado era antigua, conocida o sabida, así,
señores, nunca les va a parecer bien nada de lo que hagamos. Lo entiendo, pero me reitero en mi presentación de que se han hecho grandes avances e innovaciones.
Me dice el señor Martínez Sanjuán que le parece muy bien mi entusiasmo, el que he
tenido en la exposición. Es muy bueno tener entusiasmo y es una cosa positiva para el trabajo. Estar entusiasmada con lo que uno hace o en lo que uno cree es siempre bueno. Se lo agradezco. (El señor Martínez Sanjuán pronuncia palabras que no se
perciben.) Eso también es muy necesario.
El señor Martínez Sanjuán ha dudado del cumplimiento de los compromisos del debate de investidura del presidente del Gobierno en relación con la Administración pública. Yo he dicho que hemos cumplido el 90
por ciento.
Le puedo hacer un relato exhaustivo de los compromisos y el nivel de cumplimiento, pero con ello podría aburrir a todos ya que sería una cosa agotadora y no muy divertida. Con el importante impulso que hemos dado, sin hablar de las
transferencias hechas, tanto en personal, como en recursos, medios materiales y competencias, el Estado de las Autonomías ha experimentado un desarrollo y empuje muy notable en estos últimos ocho años. Se ha impulsado el papel de las entidades
locales con el nuevo modelo de descentralización de las comunidades autónomas a las corporaciones locales, pero eso, como pueden comprender, es un tema que depende más de las autonomías que del Gobierno. El tema de financiación de las haciendas
locales ha supuesto también un importante
cambio que a usted no le puede parecer bien, que implica un compromiso de participación de las corporaciones locales en la gestión de los impuestos estatales. Se han tomado abundantes medidas de modernización de las administraciones en
materia de impulsos de las tecnologías en la Administración del Estado. Entiendo que a usted esto no le puede parecer bien o le puede parecer poco, pero hay una serie de datos objetivos que avalan nuestra afirmación. También ha hablado el señor
Martínez Sanjuán de que las cartas de servicio no se han cumplido, y las ha citado en concreto el señor diputado. Se han elaborado ya 132 cartas que se han publicado y 53 están en fase de tramitación. Doy cifras porque, quizá, es la única manera
de contestar a todas sus manifestaciones ya que con un planteamiento genérico nos quedaríamos en afirmaciones sin contenido. El que hace una afirmación genérica se descalifica porque hay que dar datos.
Ha hablado del delegado del Gobierno en el
País Vasco. Señoría, a mí me gustaría verle a usted igual de preocupado por la vida del delegado del Gobierno en el País Vasco, sólo digo eso. (Rumores.) Tiene grandes problemas, y usted lo sabe, de seguridad. Me gusta su preocupación, pero me
gustaría también verle preocupado en la otra línea.
Habla de una corriente legítima de defensa de nuevos estatutos. Los estatutos y la Constitución se hicieron desde un planteamiento de consenso entre todos los españoles. Yo sólo le digo que
mantengamos siempre el mismo consenso para su mantenimiento, que abordemos la reforma de los estatutos desde un procedimiento, que es el que los Estatutos definen o desde el procedimiento que define la Constitución. Si mantenemos el procedimiento
legal de reforma estaremos todos de acuerdo, siempre que consigamos el consenso. Hace poco se han reunido los padres de la Constitución y han reiterado la idea de mantener el consenso que inspiraron las normas marco de nuestro Estado y que tan bien
nos han guiado a todos durante estos veinticinco años.
Habla de que hemos seguido la misma política de empleo. Hemos seguido la política de empleo que mejor resultado ha podido dar en términos globales, se han creado cuatro millones de puestos de
trabajo en España en estos ocho años de gestión del Partido Popular. En el empleo en la Administración pública hemos adoptado medidas de reducción de la interinidad, y así se lo he demostrado. Lo que sucede es que en comunidades autónomas y
corporaciones locales tendrán que aplicarse las mismas medidas para llegar a los mismos puntos que nosotros.
Habla de la línea de cambio de estatutos, de modificaciones y de la tendencia. Yo le diría que, a ese doble consenso de cuando se
elaboraron los estatutos y la Constitución, su partido buscara un consenso en las opiniones, porque quizá no son las mismas las de un miembro de su partido en Cataluña, en Extremadura o en Andalucía. Sería bueno conocer un poco el criterio unánime
y ver si en eso estamos todos en la misma línea, y tenemos amplias manifestaciones en ese sentido. Señorías, en el tema de estatutos pónganse ustedes de acuerdo y a lo mejor nos pondremos todos, manteniendo siempre los criterios de consenso que
inspiraron estas normas.
Habla de los diagnósticos de los recursos humanos en materia de los recursos de la Administración y los dos informes. Evidentemente, cuando uno estudia una materia tiene que estudiar, primero, los criterios para
modificarla y racionalizarla, como es la Administración del Estado, y después llegar a un pacto con los sindicatos. En esta línea se están elevando los dos informes que de alguna manera deberán coincidir y llevar a una superposición de ambos
proyectos. No es lo mismo contar con los sindicatos que la elaboración de lo que creemos más racional en la Administración periférica.
Yo no sé si S.S. quería una ampliación mayor de todas las respuestas, pero algunas iban a ser exhaustivas al
menos en número. Ha hablado también del incremento del personal de la Administración del Estado y de que en registros diferentes los datos no concuerdan. El registro oficial es el registro de la Administración pública, que es el que le hemos dado.
Hablaba de otros datos. Son a título de información, pero no son registros oficiales. Si no concuerdan habrá que atenerse a lo que es el registro oficial de funcionarios, en el cual tienen que estar contemplados todos. Ha hablado de la Ley de
incompatibilidades. Le manifestaré lo que contestó el anterior ministro de Administraciones Públicas al Congreso de los Diputados. Dijo que tenemos la legislación sobre incompatibilidades de altos cargos más rígida de toda la Unión Europea, que
tenemos una legislación de incompatibilidades que está funcionando y que si la hacemos todavía más rígida podemos provocar una pérdida de calidad de nuestro sistema democrático, porque impediríamos a amplios sectores participar en la vida pública.
Su grupo presentó una proposición no de ley que fue rechazada en el Pleno de abril de 2002 y no tuvo el apoyo de ningún grupo de la Cámara, ni del Grupo de Izquierda Unida, ni del Mixto, ni de Nacionalistas Vascos. Se quedó solo con su proposición.
Ha hecho mención al caso de la directora general de Seguros y Fondos por el tema de incompatibilidades. La directora general de Seguros y Fondos de Pensiones hasta el pasado 30 de noviembre de 2002, Pilar González Frutos, el 5 de diciembre de 2002
se incorporó a la Inspección General del Ministerio de Hacienda. El 30 de junio de 2003 pidió excedencia voluntaria por interés particular, debido a que tuvo una oferta en el sector privado. El 28 de mayo de 2003 comunica, como es preceptivo según
el artículo 24 de la Ley de incompatibilidades, su intención de prestar servicios en la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras en calidad de presidenta de la misma. En tal sentido, dado que el puesto ocupado por la señora
González (artículo 27) no tiene rango de dirección general y, por
consiguiente, le es aplicable la prohibición del precepto citado según el cual los altos cargos durante los dos años siguientes a su cese no podrán dedicarse a actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado
resoluciones en ejercicio del cargo, es por lo que, con objeto de determinar si el desempeño de dicha actividad era conforme con los artículos de la Ley de incompatibilidades, se solicitó informe a la Secretaría de Estado de Economía que con fecha
de 19 de julio de 2003 comunicó que doña Pilar González de Frutos no había dictado resolución alguna en expedientes relacionados con las actividades privadas que había de ejercer como presidenta de UNESPA. El 27 de junio la Dirección General de
Inspección comunica a la interesada que no existe objeción alguna en el ejercicio de dicha actividad. Creo que así le queda aclarado el tema de la directora general de Seguros.
En cuanto a la modificación de la Ley de incompatibilidades, se
considera que sería adecuado actualizar el ámbito de su aplicación, de forma que se incluyeran en el mismo expresamente, y no sólo a través de admisión a normas, los nuevos puestos que actualmente tienen la condición de altos cargos. Incluso se
podría prever el remitirse a una norma reglamentaria para que actualizara periódicamente los altos cargos que deberían considerarse como tales. Igualmente podría debatirse la posibilidad de extender el concepto de alto cargo a titulares de puestos
de segundo nivel. Este departamento opina que podría debatirse el exigir a los empleados de la Administración general del Estado que sean funcionarios de carrera, o personal laboral que ocupen puestos directivos equivalentes a subdirector general o
asimilados y que no merecen la condición de alto cargo, la prohibición de que desempeñen actividades privadas relacionadas con la competencia de los cargos públicos ejercidos.
En el tema de la administración familiar del patrimonio, al objeto de
evitar futuras controversias en relación con la delimitación del concepto de administración de patrimonio personal o familiar, sería preciso definir claramente cuáles son las vertientes de esta titularidad, de forma que quedaran claros los límites
dentro de los cuales se puede ejercer esta administración sin que su ejercicio planteara colisión de intereses en relación con el puesto público. Señorías, no sé si leo muy deprisa, pero a veces pensar en la hora que es y lo que tengo que contestar
me hace ser muy rápida. Voy a intentar refrenarme. ¿Me ha entendido bien, porque no sé si he sido clara y si no puedo repetir? ¿Quiere que lo vuelva a leer? (Denegaciones.) Voy adelante.
El deber de inhibición tendría que ser replanteado desde
una perspectiva más realista, de forma que se evitara que el alto cargo pudiera tomar decisiones que afectaran a sociedades, empresas o autoridades que hubieran estado recientemente vinculadas con el propio cargo o con personas de su entorno
familiar. En tal sentido se sugiere que el alcance de esta obligación se refiera a las empresas o sociedades en las que hubiera participado el alto cargo durante los dos años anteriores a su toma de posesión. Señorías, perdonen la lectura rápida,
pero es un defecto que tengo, que me lanzo y el estar aquí desde las once de la mañana también condiciona mis aptitudes físicas.
También me ha preguntado usted sobre lo publicado por una revista relacionado con la ministra del Educación y Cultura,
Pilar del Castillo.
Recientemente se ha publicado en un medio de comunicación una noticia referente a una supuesta participación de doña Pilar del Castillo en una sociedad, al parecer denominada Patrimonio Histórico de Inversiones, cuyo objeto
social es, entre otros, el asesoramiento jurídico, laboral y fiscal y la adquisición de bienes inmuebles. Con independencia de la veracidad de los hechos manifestados en dicha información, hay que señalar que a efectos del régimen de
incompatibilidades exigible a la ministra de Educación, Cultura y Deporte, lo único relevante es que ésta no desempeñe ningún tipo de cargo, profesión o actividad privada que pueda comprometer su imparcialidad o independencia como titular de dicho
departamento, ni menoscabar las obligaciones inherentes a dicho cargo. En tal sentido, la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y los altos cargos de la Administración General del Estado,
prohíbe que los titulares de los puestos incluidos en su ámbito de aplicación desempeñen cargos ejecutivos de gestión en cualquier tipo de empresa o sociedad, pero en cambio permite, como no puede ser de otra forma, la administración por parte del
alto cargo de su patrimonio personal o familiar. Por ello, en la declaración de actividades que la señora ministra presentó en el correspondiente registro de actividades el día 4 de agosto de 2000, con ocasión de su toma de posesión, no hace
referencia al desempeño de cargo en sociedad alguna o al ejercicio de actividades profesionales o mercantiles, porque efectivamente ni las ostenta ni las desempeña, extremos estos que no son desvirtuados por la información mencionada. No existe,
por tanto, de acuerdo con los datos disponibles, nada que permita poner en duda el cumplimiento por parte de la ministra de la vigente Ley de incompatibilidades.
Me ha preguntado usted si he hecho la declaración de incompatibilidades.
Estoy en
ello. Tengo tres meses de plazo y estoy en ello.
Continuando con los temas, tengo que decir que, en la medida en que estoy respondiendo a usted y los demás han planteado temas idénticos, se darán por contestados y si al repasarlo veo que falta
algo más, intentaré añadirlo y ser clara en la exposición, manteniendo una lentitud en mi verbo, que es a veces rápido y muy acelerado.
En cuanto al sistema de participación en la Unión Europea, es nuestra Constitución la que contempla que será el
Estado y los miembros del gobierno del Estado los que tendrán la capacidad para representar a España
en los organismos internacionales, y no se contempla la posibilidad de que sean los consejeros de comunidades autónomas. En la comunidad autónoma el presidente representa al Estado en el ámbito territorial de la comunidad autónoma. Aun así
estamos dispuestos y estamos trabajando para que en la formación de criterio a defender participen las comunidades autónomas. La Unión Europea plantea la posibilidad de que sean miembros de comunidades autónomas, pero se remite a las constituciones
de cada uno de los países y es la nuestra la que no contiene esta capacidad.
La señora Lasagabaster ha planteado ampliamente el tema del Estatuto de Gernika y la reforma del mismo. Le repetiría lo mismo: se pueden reformar los estatutos y la
Constitución, pero siempre dentro de los mecanismos que los mismos contemplan y de acuerdo con los consensos que tuvimos hace 25 años y que de verdad tan buenos resultados nos han dado. Trabajemos para el consenso, pero a veces cuando se pide el
consenso se pide que uno opine lo que el otro está proponiendo; el consenso siempre está en un encuentro entre las dos partes no porque aceptemos lo que ustedes proponen o lo que proponen los de la otra parte.
En el tema de la Seguridad Social
S.S. sabe que el Estatuto de Gernika está dentro de la Constitución y ésta dice en su artículo 149.1.17.ª que el Estado tiene competencia exclusiva en la legislación básica y en el régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la
ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas.
Su señoría dice: de nuestra lectura del Estatuto. Eso es, de su lectura.
Lo que está claro es que la doctrina del Tribunal Constitucional sobre caja única ya está pronunciada. Ha
repetido también el tema de la representación en la Unión Europea de los consejeros de las comunidades autónomas. Es la constitución interna la que ha de dar esta capacidad; nuestra Constitución no contempla que los consejeros de las comunidades
autónomas representen al Gobierno en el exterior. Lo que tenemos que hacer es continuar trabajando en la formación del criterio a defender en la Unión Europea.
El señor Erkoreka, del Grupo Vasco, también ha dado la enhorabuena, pero siempre le ha
parecido que todo se había dicho, que ya estaba esto, que todo era viejo, que no había nada nuevo. Efectivamente, siempre es un punto de vista frente a otro. Dice que la modernización de nuestra Administración ha sido insuficiente. Datos de
mecanismos telemáticos implantados en nuestra Administración hay muchos, yo he dado unos cuantos, por eso le pongo el ejemplo de los seis millones de certificados que se van a hacer telemáticos y van a dejar de ser en papel. Este es un importante
avance en la Administración.
Dice que no hay voluntad de diálogo. De verdad, señoría, le diría que cuando el diálogo implica que o usted piensa como yo o usted no quiere hablar, es difícil dialogar. Dialogar es para compartir y diálogo desde
planteamientos no maximalistas.
En cuanto al traspaso de competencias y de Seguridad Social, de alguna manera me remito a lo que le he dicho a Begoña Lasagabaster. Me ha planteado lo mismo en el tema de la representación en la Unión Europea.
En
cuanto a la Ley de incompatibilidades le doy la misma respuesta que a su colega. En cuanto a la reforma de los estatutos de autonomía -me voy a reiterar siempre en lo mismo- le diría: planteemos reformas de estatutos desde la legalidad,
contemplando lo que marca nuestra legalidad, y desde el consenso. Efectivamente uno no se puede guiar por encuestas, pero sí tenemos que dar respuesta a lo que preocupa a los ciudadanos y si usted les pregunta le dirán que les preocupa la
seguridad, la justicia, la sanidad, pero en este momento en el marco global no existe una preocupación por el estatuto; así lo marcan las encuestas. No es el mecanismo adecuado en la legislación, los responsables políticos adoptan otras
decisiones, pero sus decisiones deben ser dar respuesta a la demanda de los ciudadanos. Se lo reitero; de verdad, se lo reitero.
Plantear modificaciones que rompen los marcos legales, no es tener voluntad de diálogo. Plantear reformas de
estatutos que implican reformas de Constitución o plantear reformas de estatutos al margen del procedimiento legal, no es tener voluntad de diálogo. En cuanto a qué regula el estatuto que está fuera de la Constitución, pues desde relacionarse con
el territorio que no es el nacional, hasta tener un Poder Judicial autónomo. En fin, una serie de medidas que de alguna manera cambian nuestra Constitución.
También se ha hablado por parte de un diputado del Grupo Catalán de transferencias por el
artículo 150.2 de la Constitución. Dice textualmente -voy a leerlo despacio, no me pase como antes, que me acelero-: El Estado podrá transferir o delegar en las comunidades autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias
de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia. Esto se ha de compaginar con el artículo 149.1, que establece las materias de
carácter exclusivo del Estado. La posición del Estado es la que no considera que pueda ser este un mecanismo excepcional, puede ser un mecanismo de vaciado de contenido a lo que son competencias del Estado. Las competencias de las comunidades
autónomas vienen reguladas en sus estatutos. Esa es la vía normal de regular sus competencias. El artículo 150.2 es una vía extraordinaria de ampliación de competencias frente a la vía ordinaria que sería la reforma de sus estatutos de autonomía.
No utilizar la vía del 150.2 contrariaría el espíritu de la Constitución, de la ley y quiebra el reparto que se efectúa entre estatuto y Constitución. Yo supongo que mi explicación no les convence, pero a veces tampoco a mi me convence la suya. Es
una cosa recíproca. Son lecturas diferentes y en eso estamos. De
alguna manera cuando una norma regula las competencias de la autonomía, las regula en el estatuto; las del Estado en la Constitución. Esa es la vía ordinaria.
El señor Jané vuelve a plantear el mismo esquema de diálogo. Señorías, si el
diálogo es darles la razón en todo, eso no es diálogo. Plantea los quince acuerdos relativos a Cataluña que hemos recurrido. No han sido quince acuerdos. Se ha recurrido la Ley de mutualidades porque extendía la competencia fuera del ámbito
territorial de Cataluña, el Estado ha de cumplir con su obligación, y hemos denegado requerimientos de incompetencia planteados por la Generalitat. Por otra parte, un protocolo firmado con Bulgaria. Las relaciones exteriores, le recuerdo, son
competencia del Estado, no de la comunidad autónoma. No puede firmar protocolos con otros Estados. Señoría, si practicar el diálogo es darles la razón cuando ustedes exceden de sus competencias o cuando ustedes vulneran la norma o cuando piden
algo que no está dentro, es dificilísimo llegar a este diálogo. Firman un acuerdo con Bulgaria, pues hay que darles la razón. Señoría, la Constitución no dice eso. Da una ley cuyo ámbito territorial se extiende fuera de la comunidad autónoma,
pues su ámbito se ha de quedar delimitado a la comunidad a la que está.
Hemos hablado -y quizá lo he obviado- de la Administración periférica y de la reforma que se ha hecho tarde y mal, que según se ha valorado aquí que no estaba correcto. El
proceso de transferencia de competencias a las comunidades autónomas se ha ultimado en estas dos legislaturas -supongo que en esto sí estarán de acuerdo- con una importante transferencia de recursos económicos, de personal y de recursos materiales.
Es el momento en que hay que abordar cómo queda constituida la Administración periférica del Estado. No es un cambio de competencias; no es una restauración de nada; es sencillamente organizar de una manera moderna, coherente y con eficacia las
competencias que le quedan al Estado, las que no han sido transferidas, y no tener una organización que se considere como el resto, como lo que no se transfirió. Eso es lo que intento: hacer una Administración en las comunidades autónomas moderna,
eficaz y eficiente, pero todos tienen que concederme que la Administración de referencia en las comunidades autónomas es la de la comunidad autónoma. En Cataluña la administración de referencia es la Generalitat. En el País Vasco la administración
de referencia es la de su comunidad e igual diría en todas las comunidades autónomas porque es la Administración que más recursos y más medios gestiona y es la que gestiona todos aquellos servicios más cercanos al ciudadano como son la sanidad o la
enseñanza. Si se le pregunta a un ciudadano cuál es su Administración responde que es la Administración de la comunidad que es la que siente más cercana, porque ese es el modelo que nos hemos dado.
Nos hemos dado un modelo importante de
transferencias de competencias a las comunidades autónomas y esas competencias las gestionan las comunidades. Eso es lo que tenemos y así está funcionando. No admitirlo es, de alguna manera, no querer ver la realidad. Si usted le pregunta a
cualquier ciudadano cuál es la Administración en Cataluña dirá que es la Generalitat, habitualmente no conoce otra.
En cuanto a la Administración única, la Administración única no es única Administración. Debemos hacer que el ciudadano se pueda
dirigir a una única Administración que tenga la imagen de una única Administración.
Debemos trabajar coordinados de manera que en nuestra separación de competencias no creemos dificultades a los ciudadanos y de ahí, por ejemplo, las ventanillas
únicas empresariales cuya eficacia y eficiencia, por lo visto, tampoco han valorado ustedes positivamente, aun conociendo los datos y cifras que he dado sobre las mismas. Tampoco está de acuerdo el señor Jané con la solución del título X de la Ley
de modernización.
Señorías, llevan 12 años reclamando la ley de grandes ciudades. Por primera vez en una norma con rango de ley se incluye que se hará una ley especial para Barcelona. Se va a exceptuar a Barcelona de la aplicación de la ley que
se está tramitando porque se va a elaborar una ley específica. Creo que es un paso adelante, pero cualquier paso que adelantemos nunca les parece bastante. A mí me parece mucho porque hasta ahora no se había hecho y ahora se hace.
El diputado
portavoz del Grupo Vasco había preguntado respecto a lo que Fraga había dicho en la Comunidad Autónoma de Galicia. La posición del Partido Popular está fijada en los congresos del partido y queremos que las comunidades intervengan en la formación
de la posición española. Hace poco en México hubo un caso en el que no se llegó a formar opinión y no pudieran participar en el Consejo de la Unión Europea. Nuestra Constitución plantea -ya lo he dicho- la solución de que sean los miembros del
Gobierno los que formen parte de nuestra representación ante la Unión Europea.
Habla también el diputado portavoz del Grupo de CiU, señor Jané, de la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Le he dicho que la reforma del Estatuto tiene dos
componentes. Uno, el procedimiento que es el que marcan las leyes -y ustedes respetan esto- y otro, el contenido. No se puede reformar la Constitución por la vía de la reforma del estatuto.
Respetemos todos nuestro marco legal. El otro día lo
dije en el Senado y hubo hasta quien se ofendió, pero pienso que recordar que el marco legal es un marco que debe imperar por encima de todo no puede ofender a nadie aunque sea una obviedad. Si quiere le doy algunos datos sobre el estatuto que
están en la Constitución, como firmar convenios con otras comunidades o asumir la representación del Estado en el exterior por parte del presidente de la comunidad autónoma. Eso implicaría la reforma de la Constitución.
Señorías, lamento mi rápida expresión oral a veces o mi lectura muy rápida de los textos y les pido excusas. No sé si habré sido suficientemente clara en las respuestas que les he dado. He intentado tocar todos los temas y creo que no me
he dejado ninguno. Quedo a su disposición para próximas comparecencias. Les agradezco de todas maneras las palabras amables de bienvenida que han tenido para mí; algunos incluso me han deseado éxito -no sé si será así-; yo intentaré trabajar en
este ministerio con entusiasmo, no lo dude señoría, e intentaré estar en un proyecto de futuro y seguir la línea de nuestro Gobierno porque es lo congruente y lo que de alguna manera nos ha dado hasta ahora buenos resultados y vamos a continuar así.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.
Comprenderán los señores diputados que dado lo avanzado de la hora, esta vez demos sólo el tiempo reglamentario que sería de tres minutos. Vamos a proceder en el mismo orden. El señor
Martínez Sanjuán tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Le prometo, señor presidente, que voy a ser muy breve.
Señora ministra, no me ha preocupado que usted hable deprisa, no; lo que me ha preocupado es que usted a veces hable por notas que le preparan algunos
colaboradores suyos y mal preparadas. Eso sí me ha preocupado, porque espero que si vuelve a leer algunas cosas de las que ha dicho no las asuma. Es su primera comparecencia y yo entiendo que el Congreso de los Diputados es una experiencia nueva,
que lleva usted poco tiempo en el cargo y soy consciente, señora García-Valdecasas, que es difícil asumir y tener en la cabeza con rapidez y agilidad todas las respuestas a todas las preguntas o a todas las críticas que hagamos los grupos
parlamentarios, pero déjeme que le diga tres cosas que me han preocupado porque estoy convencido de que usted no es así.
Una es que ha empezado diciendo que a mi partido todo le parecía antiguo y mal. Ha puesto un ejemplo. Estamos hablando de un
acuerdo Administración-sindicatos firmado hace un año del que ya hablamos hace un año, sobre el que ya nos manifestamos hace un año en la tribuna del Congreso y además dijimos que bienvenido fuera el acuerdo porque recogía las tesis que habíamos
venido planteando en mi grupo parlamentario en materia de reforma de la Administración pública. Señora García-Valdecasas, ¿qué quiere, que venga después de un año y pico recordando lo bueno que fue ese acuerdo necesario porque asumía muchas cosas
con las que estábamos absolutamente todos de acuerdo? Me parece que hay cosas más importantes para aprovechar el tiempo que estar con el botafumeiro o con el incensiario -para eso está el señor Albendea-, pero no piense que mi grupo parlamentario
va a estar para eso. Me preocupan tres cosas que ha dicho. Una, dice que no van a cambiar de política porque le ha ido bien al Partido Popular en determinadas políticas. Eso es lo que me preocupa, señora García-Valdecasas, que a veces el Partido
Popular, y el Gobierno consecuentemente, con tal de que le vaya bien en determinados sitios no le importa que vaya mal en otros, y sabe a qué me estoy refiriendo.
Segunda cuestión, señora García-Valdecasas, me ha demostrado que parece que sigue las
consignas del equipo asesor de su Gobierno en general, en lo de los tics, en lo de pónganse ustedes de acuerdo, utilicen el discurso único, etcétera; recurso manido, de verdad, en sede parlamentaria. La consideraba a usted con más clase y más
inteligencia para entrar en los temas de fondo sin ir a esos tics y eslóganes que preocupan a los asesores de imagen. ¿Qué quiere que le diga yo, hablando de reformas o no de estatutos o incluso de la Constitución, de lo que piensa Piqué, de lo que
piensa Fraga? ¿Es que tienen ustedes una bula distinta de la de los demás para opinar? Mi grupo parlamentario -si usted habla de las resoluciones de su congreso- se ha pronunciado en una cumbre en Santillana y en un comité federal del partido para
defender y explicar todos lo que pensamos realmente sobre el tema autonómico. Déjeme terminar con algo que me ha preocupado muchísimo, que es la referencia que ha hecho al papel del delegado del Gobierno, y no me quiero extender al respecto.
Señora García-Valdecasas, no se meta en ese jardín. A una crítica política a la gestión no dé los argumentos que usted me ha expuesto, porque yo le podría recordar otras cuestiones de gente del Partido Socialista y de otros grupos parlamentarios
que están en la misma situación que el señor Villar. La crítica política es perfectamente legítima cuando uno piensa que alguien se ha equivocado. Señora García-Valdecasas, yo no soy el enemigo ni soy la persona que el señor Villar tiene que temer
desde el punto de vista político.
El señor PRESIDENTE: La señora Lasagabaster tiene la palabra.
La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Simplemente voy a formular unas preguntas que creo que no han sido contestadas. ¿Cuál es la posición que va a llevar el Gobierno a esta reunión de Roma respecto a la participación de las regiones en los
nuevos trabajos de la construcción europea? ¿Se va a alinear o va a compartir posición con Alemania, Bélgica, Austria, Italia o va a mantener la misma posición que Francia y otros países que no tienen ninguna estructura autonómica o
descentralizada, porque la posición no la sabemos todavía? Segundo. ¿Va a cumplir el mandato parlamentario que establece que, como mínimo, se estudiará la fórmula para que participen los consejeros de comunidades autónomas en asuntos del Consejo
de Ministros que se refieran a competencias exclusivas? Existe un mandato parlamentario, no es un problema de lo que le
guste al Partido Popular, hay un mandato parlamentario y creo que al menos el Gobierno debiera cumplimentarlo. Tercera cuestión. ¿Qué opina del mecanismo de alerta precoz respecto al principio de subsidiariedad y proporcionalidad que,
aunque directamente no obliga al Gobierno a establecer el mecanismo, es evidente que indirectamente va a tener que articular mecanismos nuevos en relación con esta cuestión? Igualmente sucede con relación al Parlamento. El artículo 5 de ese mismo
protocolo establece que el Parlamento de cada Estado miembro tendrá que articular cómo regula ese sistema en relación con los parlamentos autonómicos, pero entiendo que también indirectamente hay una necesaria regulación respecto al principio de
subsidiariedad del Gobierno respecto a las comunidades autónomas. Es decir, que la construcción europea establece mecanismos a nivel europeo que van a tener que establecerse a nivel del Estado español.
Son preguntas concretas que no tiene que
contestar ahora, sino que, cuando usted lo estime oportuno y conveniente, me gustaría recibir respuestas concretas.
El señor PRESIDENTE: El señor Erkoreka tiene la palabra.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Procuraré ser breve también al hacer solamente dos consideraciones. Hay una primera que no voy a decir que me haya preocupado, porque a estas alturas de la película ya no me preocupa nada, pero ha hecho usted
una lectura de la Constitución de la que inexorablemente resulta la inconstitucionalidad abierta y clara de determinados pasajes del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Aquí se han leído unos pasajes del artículo 18 del estatuto que hablan de la
competencia de la comunidad autónoma en el ámbito de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Son clarísimos, explícitos, con un alcance y un significado que no tiene ninguna duda y además no se han leído, pero le voy a leer yo
otros pasajes que dicen expresamente: La Comunidad Autónoma del País Vasco -apartado cuarto de este mismo artículo 18- podrá organizar y administrar a tales fines y dentro de su territorio todos los servicios relacionados con las materias antes
expresadas -Seguridad Social- y ejercerá la tutela de las instituciones, entidades y fundaciones en materia de sanidad y Seguridad Social, reservándose el Estado la alta inspección conducente al cumplimiento de las funciones y competencias
contenidas en este artículo.
El apartado quinto de este mismo artículo dice, además: Los poderes públicos vascos ajustarán el ejercicio de las competencias que asuman en materia de Seguridad Social a criterios de participación democrática de todos
los intereses, así como de los sindicatos y asociaciones empresariales. Con la lectura que ha hecho usted de la Constitución, todo esto es automáticamente inconstitucional. Esto ustedes no lo decían antes. Cuando suscribieron con todos nosotros
el acuerdo del Parlamento vasco en el que se reclamaba, entre otras, las transferencias necesarias para dotar de contenido esta atribución competencial del estatuto de autonomía no compartían ese planteamiento que ha hecho usted. Entonces,
evidentemente, estaban en la oposición, tanto allí como aquí, entonces no gozaban de la mayoría absoluta de la que ahora disponen en el conjunto del Estado. Ahora bien, yo no sé cuál ha sido el motivo por el que han cambiado de criterio, pero,
según su lectura -lectura evidentemente parcial-, todo esto sería absolutamente inconstitucional porque no se ha dotado de contenido hasta el momento. Esto es una quimera. Pretender reclamar ahora al Gobierno que se dote de contenido esto que dice
el estatuto y que es tan claro -yo creo que no requiere exégesis especialmente incisivas- le sitúa a uno en este momento absolutamente fuera de todos los marcos, en la pretensión de romper todos los marcos de convivencia; fíjese, reclamar lo que
dice textualmente el estatuto y que consensuamos con ustedes hace siete años en el Parlamento vasco. Usted me dice que el consenso no es pretender imponer las posiciones unilaterales que uno defiende, sino aproximarse, ceder, si no claudicar,
apartar lo más radical de las posiciones propias para aproximarse a la de los demás y, señora ministra, primero hay que reunirse para ello, y si no hay reunión -los representantes del Estado no se han reunido sistemáticamente hasta la fecha, por lo
menos durante el último año, con ningún representante de la Comunidad Autónoma vasca para tratar de estos temas-, evidentemente no hay diálogo, sean cuales sean las posiciones que se mantengan desde una y otra parte.
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Ya concluyo, señor presidente.
¿Plantear reformas que rompen marcos legales no es expresión de una voluntad de diálogo? No hay voluntad de diálogo cuando se descalifica a priori una posición diciendo que rompe
marcos legales. Vamos a sentarnos y vamos a ver si rompe marcos legales, porque si el que no quiere sentarse dice: Yo no me siento con usted porque su planteamiento a priori, con esta interpretación que hago yo del marco legal, rompe el marco
legal y quiebra marcos de convivencia, pues ya me dirá qué posibilidades hay de pactar nada, de aproximarse a nada o de formular un diálogo fluido y bilateral.
El señor PRESIDENTE: Señor Jané, tiene la palabra.
El señor JANÉ I GUASCH: Señora ministra, no utilice prohibiciones jurídicas inexistentes para justificar posiciones políticas distintas.
Podemos discrepar políticamente, pero no justifiquemos esa discrepancia política con una prohibición
jurídica que no existe, que es lo que ha hecho al dar respuesta a mi primera
intervención. Usted afirma que la Constitución prohíbe que un representante de un gobierno autonómico pueda estar en el Consejo de Ministros. No es cierto, es una opción política, no una prohibición jurídica de la Constitución. No le
hagamos decir a la Constitución cosas que no prohíbe, porque la Constitución concedió una cláusula de flexibilidad en las competencias del Estado al permitir la incorporación de España en la Unión Europea vía ley orgánica, en la cual se hacía un
traslado de competencias que eran del Estado, y la Unión Europea permite esta participación. Otra cosa es que políticamente el Gobierno español -yo discrepo con esta posición- no quiera esta participación, pero que no se nos remita a la
Constitución porque sería tanto como decir que cuando otros grupos lo proponen, están haciendo propuestas inconstitucionales; no, están haciendo propuestas distintas pero no inconstitucionales. De la misma manera, la utilización del artículo 150
no es excepcional. No lo dice la Constitución -usted lo ha leído-, no es excepcional ni tampoco el planteamiento que se hacía en la LOFAGE. Ustedes dicen que no quieren utilizar el artículo 150 y además nos dicen que usemos la reforma ordinaria,
que es la de los estatutos, pero no la extraordinaria del artículo 150; también estamos pidiendo una reforma estatutaria.
Por último, el Gobierno de la Generalitat no ha firmado con Bulgaria un tratado internacional ni un convenio, sino un
protocolo de cooperación en materia medioambiental, al igual que otros que se habían firmado ya, y no están impugnados, con Francia en temas culturales y lingüísticos. No era un tratado internacional, no era un convenio, era un protocolo de
cooperación, y me atrevo a decir, señora ministra, que el presidente que nos acompaña, cuando fue alcalde de Barcelona, también firmó protocolos de cooperación con otros países en materias culturales para la ciudad. No pasa nada, no estamos
rompiendo el marco de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones exteriores. Por tanto, este portavoz le pide que situemos las discrepancias en el terreno político pero no en el terreno jurídico.
Termino ya. Ustedes decían que
nosotros planteamos un escrupuloso respeto al procedimiento de reforma estatutaria, pero que con la reforma estatutaria pretendíamos variar la Constitución. De ninguna manera.
Nosotros no pretendemos variar la Constitución, pretendemos una reforma
estatutaria que entendemos que encaja en la Constitución. Ya se discutirá y se verá el texto articulado y de qué forma esta reforma estatutaria que planteamos nosotros no rompe el marco constitucional, porque no es nuestra intención. Por tanto, le
pido que no se prejuzgue nuestra posición, diciendo que no cabe en la Constitución. Cuando se analicen los textos se verá cuál es nuestra posición, que entendemos claramente constitucional y en el marco del proceso de reforma que marca el estatuto.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar este turno de intervenciones, tiene la palabra don Juan Manuel Albendea.
El señor ALBENDEA PABÓN: Por supuesto, no voy a discrepar en nada de lo que ha dicho la señora ministra, porque estoy de acuerdo con ella al cien por cien, pero sí voy a discrepar en relación con dos aspectos. En primer lugar, con la
interpretación que ha hecho el señor Erkoreka del artículo 18 del Estatuto de Guernica. Naturalmente, ahí es donde está la discrepancia entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, y precisamente el Tribunal Constitucional ha dejado claro cuál
es la interpretación correcta.
En segundo lugar, también quiero aprovechar este turno de intervención para manifestar que me ha sorprendido la interpelación del señor Martínez Sanjuán en relación con el tema de la compensación a los ayuntamientos
por la supresión del IAE. Parecía criticar que se le hubiera subido el IAE a 300.000 grandes empresas. Pues sí, se le ha subido a 300.000 grandes empresas y se le ha suprimido a 2.200.000 pequeñas empresas. Me sorprende que esa política fiscal
progresiva sea criticada por el Grupo Parlamentario Socialista. Por otro lado, ese incremento del IAE a esas 300.000 empresas, sin duda, estará en las arcas del ayuntamiento; no creo que esté en otro sitio.
El señor PRESIDENTE: La señora ministra tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (García-Valdecasas Salgado): En primer lugar, quiero pedir disculpas al señor Albendea, porque antes no le he contestado a su pregunta. Perdone, pero estaba centrada en otros comentarios.
(El señor Albendea Pabón: Le preocupa más la oposición que el Grupo Parlamentario Popular) Aun así, le contestaré pidiéndole de nuevo disculpas. Usted me preguntó con qué comunidades se va a firmar el acuerdo de movilidad. Vamos a firmar con
Castilla y León, Valencia, Baleares, Murcia, Galicia, Ceuta y Melilla, y están en cartera La Rioja, Cantabria, Asturias, Cataluña y Canarias. Es una amplia mayoría.
Ustedes han hecho sus críticas en el mismo tono. El señor Martínez Sanjuán dice
que traigo las notas mal preparadas. Será su opinión, porque yo creo que están bien. También ha dicho que su intervención ha sido benevolente.
Le agradezco que lo diga. Es un detalle humano que es de agradecer.
Respecto al acuerdo entre la
Administración y los sindicatos del que se habló hace un año, éste era un acuerdo que se tenía que desarrollar. Yo le he explicado a usted el desarrollo del acuerdo y cómo hemos cumplido los compromisos. A usted le parece poco, pero a mí me parece
un avance importante y una novedad. Ustedes no quieren admitir que un plan de pensiones es algo novedoso para los funcionarios, y yo le digo que
van a estar muy satisfechos porque, por primera vez, van a tener un plan de pensiones. Es un primer paso en un camino que no se había dado y es absolutamente nuevo. Yo, como funcionaria, le puedo decir que estoy encantada. El programa le
ha ido bien al PP y le ha ido bien a España.
España ha experimentado un cambio muy importante en los últimos ocho años y yo creo que los electores con sus votos decidirán lo que ha ido o no ha ido bien.
El señor Martínez Sanjuán ha hecho unas
descalificaciones genéricas que a mí no me gustan. Yo soy nueva en esta Cámara y usted tiene mucha experiencia y muchos debates parlamentarios que yo no tengo. Sería absurdo pensar que yo tengo la misma experiencia y antigüedad que usted, pero
recurrir a argumentos manidos, eslogans, consignas, no me gusta.
Hable usted de cosas concretas y de cifras. Yo he hecho una exposición con cifras, programas y proyectos concretos y usted dice que hemos recurrido a argumentos manidos y a
eslóganes. No me parece bien y no me gusta. Ir hacia una descalificación genérica, normalmente, autodescalifica, porque hay que descalificar con datos.
Yo sé que usted comparte conmigo la preocupación por la seguridad en el País Vasco, no lo he
cuestionado en ningún momento.
En cuanto al papel de las regiones y su representación en la Unión Europea, como usted sabe, nos tenemos que atener a lo que marca nuestra Constitución, en ese marco nos movemos. La Unión Europea contempla que cada
país se regirá según sus normas internas, y nosotros nos regimos por las nuestras.
Sobre el tema de la caja única de la Seguridad Social se ha pronunciado el Tribunal Constitucional; a él nos debemos y es la solución del conflicto.
Hay que
respetar las resoluciones judiciales y las de los tribunales.
En cuanto a que interpretamos las decisiones jurídicas, lo que hacemos es aplicar las normas y los estatutos, aplicar la legislación y las leyes, y en ese campo nos debemos mover todos.
Podemos plantear debates y controversias, pero lo que está escrito en las leyes en las leyes queda escrito. Y nos las hemos dado desde un proceso de consenso que han festejado hace bien poco los padres de la Constitución. Planteemos siempre ese
consenso para cualquier reforma, y allí nos encontrará.
La Constitución atribuye la representación exterior al Gobierno de España, no a las comunidades autónomas, y ese fue el motivo de la impugnación de su acuerdo con Bulgaria, con quien firmaron
un tratado que, señorías, está recurrido en base a lo que contempla nuestra Constitución. (El señor Jané i Guasch: Se trataba de un protocolo.) Irá a los tribunales y los tribunales lo decidirán. (El señor Erkoreka Gervasio: Sus tribunales lo
decidirán.) Me parece una aseveración un poco fuerte la que he oído, no me parece correcta. De verdad les digo que, a veces, me ha asombrado el tono, o quizá me han decepcionado algunas palabras y algunas manifestaciones. Yo quizá no he estado a
la altura, tal vez porque leo o hablo muy deprisa, pero algunas expresiones sí me han preocupado.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora ministra.
Cerramos con su última intervención el orden del día de la Comisión de hoy.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.