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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 851, de 14/10/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 851
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA
Sesión núm. 29
celebrada el martes, 14 de octubre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque Prestige (Martín Villa), para informar sobre:
-Las actuaciones del Gobierno ante la Organización Marítima Internacional en su área de responsabilidad y las eventuales propuestas de modificación normativa planteadas por España tras la experiencia del desastre del Prestige. A solicitud
del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001464.) ... (Página 26878)
-Las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque Prestige, para informar de su funcionamiento y conclusiones sobre la situación actual en Galicia. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/001615.) ...
-La evolución de las fases propuestas para la solución de los problemas derivados de la catástrofe del Prestige y en particular para informar sobre la solución definitiva del pecio. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 213/001342.) ... (Página 26878)
-La solución definitiva al pecio del Prestige y de todos aquellos aspectos que se derivan de la catástrofe. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/001343.) ...
-La eventual disolución del Comisionado sobre el Prestige. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001370.) ... (Página 26878)
-Los efectos de las medidas del Gobierno para paliar la catástrofe del Prestige, diez meses después del siniestro, y medidas para el futuro. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001376.) ...
-Las dimensiones reales de la catástrofe ecológica causada por el petrolero Prestige y las actuaciones del Gobierno para hacer frente a la misma. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
(Número de expediente
213/001382.) ... (Página 26878)
-La dimensión real del vertido de fuel procedente del Prestige, asunción de responsabilidades por la política de desinformación al respecto y otros extremos relativos a la evolución de la catástrofe. A solicitud del Grupo Parlamentario
Mixto. (Número de expediente 213/001383.) ...
(Página 26878)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
El objeto de esta reunión de la Comisión es debatir sobre el siguiente orden del día: Comparecencias del comisionado del Gobierno para las actuaciones derivadas de la catástrofe del buque
Prestige, en primer lugar, para informar de las actuaciones del Gobierno ante la Organización Marítima Internacional en su área de responsabilidad y las eventuales propuestas de modificación normativa planteadas por España tras la experiencia del
desastre del Prestige, que es una iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, en segundo lugar, para informar de su funcionamiento y conclusiones sobre la situación actual en Galicia, que es una iniciativa del Grupo
Parlamentario Mixto.
Debo anunciar a la Comisión que, por acuerdo de la Mesa y portavoces, en su sesión del día 23 de septiembre de 2003, se acumulan a las comparecencias que figuran en el orden del día con los números 213/001342, 213/001343,
213/001370, 213/001376; 213/001382 y 213/001383, de las que son autores el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Mixto, el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, respectivamente.
Conforme a lo que acordamos Mesa y portavoces, en primer lugar el comisionado hará uso de la palabra para hacer una exposición genérica.
Por lo tanto, tiene la palabra el señor
Martín Villa.
El señor COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA CATÁSTROFE DEL BUQUE PRESTIGE (Martín Villa): Señor presidente, señoras y señores diputados miembros de la Comisión, de conformidad con el acuerdo tomado por la Mesa de
la Comisión, voy a intentar en esta primera exposición referirme a los puntos que han motivado mi comparecencia, tanto en la petición que plantea el Grupo de Convergència i Unió, sobre la actividad de carácter internacional, y en particular las
acciones cerca de la Organización Marítima Internacional, como en la solicitud de comparecencia formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, por los diputados del Bloque Nacionalista Galego, en relación con el funcionamiento de la organización del
comisionado y las conclusiones específicamente dedicadas a la situación en Galicia. No voy a eludir mi propia posición relacionada con la continuidad de la figura del comisionado, creada por Real Decreto de 3 de enero de este año, en virtud del
cual a la semana siguiente, el 10 de enero, se me encomiendan estas responsabilidades. Y lo digo en razón de que la fecha en la que el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto los diputados del Bloque Nacionalista Galego manifiestan su deseo de mi
comparecencia
coincide con algunas informaciones que circularon en relación con la posible posición del Gobierno y la mía. Yo tendré que referirme a la mía, puesto que la decisión final es al Gobierno a quien corresponde.
Para ordenar mi exposición, me
quisiera referir a distintos aspectos. En primer lugar, al estricto funcionamiento de los órganos de apoyo al comisionado del Gobierno y del propio comisionado del Gobierno, respondiendo así a la primera parte del planteamiento del Grupo
Parlamentario Mixto; en segundo lugar, me gustaría referirme a las actuaciones que podríamos decir físicas, en las playas y en el mar y comentarios sobre la situación actual; en tercer lugar, creo que sería conveniente que hiciéramos un repaso de
la situación económica, cuál es la afectación al conjunto del sector público, al Gobierno de la nación, a las comunidades autónomas y a las corporaciones locales implicadas y también a los sectores privados, singularmente al sector pesquero; en
cuarto lugar, algún comentario sobre la situación judicial, tanto la que se refiere a las decisiones tomadas por el juzgado competente, en España el juzgado de Corcubión, como las iniciativas que el Gobierno ha decidido en relación con la defensa de
los intereses del Estado, tanto en España como fuera de España; y, por fin, a los aspectos de la actuación internacional, especialmente en el marco de la Organización Marítima Internacional y del Fondo de compensación por vertidos de hidrocarburos,
con lo cual pienso que también puedo responder al específico planteamiento que hacía el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió.
En primer lugar, y por lo que se refiere al funcionamiento de la Oficina del comisionado, como SS.SS. conocen el
cargo es creado, como he dicho, por Real Decreto de 3 de enero, a mí se me designa a la semana siguiente, el 10 de enero, y en consejos de ministros celebrados a final del mes de enero y comienzo de febrero se crea la estructura de apoyo, que
descansa fundamentalmente en un director de la Oficina, en dos comisionados de los ministerios más implicados en las tareas, como son el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente, y un coordinador de la actuación de las Fuerzas Armadas, labor que
se encomienda a un oficial general con categoría, al menos, de general de división o de vicealmirante.
Para no entretener a la Comisión con cuestiones estrictamente administrativas y con independencia de que, por supuesto, estoy dispuesto a entrar
en mayores detalles en estos y otros aspectos, en la medida de mis posibilidades, quiero manifestar ante SS.SS. que el funcionamiento de la Oficina es muy satisfactorio. Siempre es difícil en la vida administrativa llevar a la realidad la función
de la coordinación (yo, a veces, con cierto humor, digo que cuando, en la Administración y en la política, oigo la palabra coordinar me dan ganas de irme a las antípodas), pero quiero decir que la labor de dirección en el caso de la actuación de los
distintos organismos y ministerios dependientes de la Administración central del Estado, como la relación y la coordinación con las comunidades autónomas y corporaciones locales, y ello con independencia del signo político de las mismas, ha
funcionado de forma no sólo razonablemente positiva sino de forma muy positiva.
De la Oficina dependen 25 personas, más o menos por mitad en Madrid y en Coruña, en la sede de la torre de control del puerto de Coruña.
Fundamentalmente el
comisionado pasa más tiempo en Coruña y en el resto de las comunidades autónomas que en Madrid, el director de la Oficina pasa más tiempo en Madrid, en la sede de la Presidencia del Gobierno del complejo de La Moncloa, que fuera de Madrid y, por
supuesto, los comisionados de los ministerios de Medio Ambiente y de Fomento y el coordinador de Defensa lo pasan en Coruña, hasta ahora, junto con algunos representantes de otros ministerios, singularmente la Abogacía del Estado, el Ministerio de
Agricultura -por la responsabilidad en pesca- y el de Ciencia y Tecnología, en virtud de las actuaciones a realizar en los restos del buque, de los que hablaré. El presupuesto es modesto, como no podía ser de otra manera, equivalente a unos 300
millones de pesetas, de los cuales la cuarta parte son gastos de personal y el resto, más o menos, la mitad en gastos de funcionamiento y otra cuarta parte de inversión.
Por lo que se refiere a la actuación en el medio físico, en el mar y en las
playas, después de la necesaria en los momentos de mayor dificultad, que fue la segunda quincena de noviembre y el conjunto del mes de diciembre, recién incorporado yo a este oficio, creada la oficina y completado el nombramiento de mis
colaboradores, elaboramos un plan que empezamos a poner en práctica a partir del mes de marzo, que especialmente estuvo en funcionamiento a pleno rendimiento a partir del 1 de abril, y que ocupó el trimestre de abril a junio. En este plan
dividíamos, desde el punto de vista territorial, las zonas afectadas en varios territorios de actuación. Así, en Galicia, una zona era la provincia litoral de de Pontevedra y de Lugo, y en Coruña, por ser la de mayor dificultad había tres zonas,
una iba desde el límite de la provincia de Pontevedra hasta la ría de Muros; otra, desde la ría de Muros a Cayón, que comprendía la zona de la costa de la Muerte, y otra desde Cayón al límite con la provincia de Lugo. Ello nos permitió, con dos
zonas especiales de actuación, por lo que se refiere a las playas y a la actividad administrativa del Ministerio de Medio Ambiente, el Parque nacional de las Islas Atlánticas y al Ministerio de Fomento y su actuación en el mar, la zona del
hundimiento, nos permitió, repito, plantear, y creo que lograr con cierto éxito, que en una parte del territorio hubiera un único responsable. Las personas contratadas por el Ministerio de Medio Ambiente a través de TRAGSA, se ocupaban de las
playas casi en su totalidad en el litoral correspondiente a las provincias de Pontevedra y de Lugo, y aquel conjunto de colaboraciones del voluntariado que en algunos momentos supuso varios miles de componentes de
las Fuerzas Armadas y de TRAGSA. Tratamos también que en cada una de las zonas de la provincia de Coruña actuaran unos u otros y que, cuando por razones de dificultad, fundamentalmente en los ayuntamientos de Muxía, Camariñas, Finisterre y
Carnota, aunque estuvieran actuando unas u otras personas, TRAGSA, Fuerzas Armadas, voluntarios, no hubiera discontinuidad territorial y así el orden, la coordinación y los resultados pudieran ser mayores.
Nos propusimos en aquel plan del trimestre
abril-junio que, a primero de junio, estuviera el conjunto de las playas del litoral gallego, en lo que podríamos decir en argot militar, en perfecto estado de revista y pudimos lograr los objetivos como se logran en acciones de este estilo, no en
su totalidad pero si que, frente a las cerca de 800 playas de las tres provincias gallegas, a principio de junio en todas menos en unas 10 tuviéramos una situación de normalidad. Nos preocupó de forma extraordinaria también la limpieza en las
rocas, ello por la importancia que en sí tiene porque en muchas de ellas había una riqueza de marisco importante, fundamentalmente de percebe, y porque había en el conjunto rocoso algunos parajes de especial protección. Había empezado a funcionar
desde el comienzo la actividad de limpieza de las rocas que se realizaba por empresas especializadas, fundamentalmente por las empresas de construcción. Incluso circuló, algo explicable por el ámbito de especial solidaridad de los primeros días,
que el trabajo se iba a realizar de forma gratuita. La verdad es que no estaba tan clara la gratuidad del trabajo cuando se pasaba de los despachos de los presidentes de los consejos de administración de las empresas radicadas en Madrid, de las
grandes empresas constructoras, a sus delegados en Galicia. Eso se resolvió a lo largo del mes de febrero, primeros de marzo. Se establecieron contratos claros de derechos y obligaciones y también la necesaria delimitación de responsabilidades, de
suerte que cada litoral correspondiente al conjunto de ayuntamientos correspondía una empresa determinada o a los contratados por TRAGSA. Todo ello era conocido por los alcaldes de los distintos municipios con el fin de que, como siempre sucede en
este tipo de actuaciones, procuráramos que la distancia entre los papeles y la realidad fuera una distancia corta, en lo posible cero, aunque nunca se alcanza. El sistema funcionó notablemente bien. El conjunto de la limpieza de las rocas afectaba
a una superficie equivalente a 200 campos de fútbol, lo cual les da a SS.SS. una idea de la labor realizada, no sólo en Galicia, pero especialmente en Galicia por la característica de las costas. En este sentido también los servicios del
Ministerio de Medio Ambiente tuvieron una especial dedicación a averiguar qué podía pasar en algunas playas que tenían una superficie aparentemente limpia pero que, por el juego de las mareas, pudiera haber fuel en capas más profundas. Se diseñó un
procedimiento, mediante cerca de 4.000 catas que afectaron a unas 50 playas y el resultado fue enormemente positivo, aun cuando siempre tiene que haber un margen de error que los técnicos cifran en un 5 por ciento, porque nunca se podrá asegurar
que, centímetro cuadrado a centímetro cuadrado, en la superficie de las mil y pico playas, podamos tener la seguridad de no tener nada en capas más profundas. En relación con este tema, y como he dicho antes en la limitación territorial, se ha
tenido un especial cuidado con la actuación en el Parque nacional de las Islas Atlánticas, mediante un plan especial que comenzó el mes de febrero, que estuvo dirigido por las Fuerzas Armadas, concretamente la Armada y dentro de ella la Escuela
Militar de Marín, con la colaboración de personal técnico del Ministerio de Medio Ambiente, de la Junta de Galicia y algunas colaboraciones especiales como la del Ayuntamiento de Vigo.
Por lo que se refiere a la actuación en el mar, cuya
competencia administrativa corresponde al Ministerio de Fomento, ya desde el primer momento se contó con un conjunto de medios importante, aparte de la labor extraordinariamente ejemplar que supuso la defensa, por un lado, de sus propios intereses,
pero, por otro lado, de los intereses generales de los pescadores en las rías. Ha habido un momento en que prácticamente la totalidad de los buques anticontaminantes de los países europeos más próximos estaban al servicio de paliar los efectos de
la catástrofe. A partir del mes de abril la situación cambió a mejor. Los medios necesarios lógicamente eran menores. Se me dijo en la anterior comparecencia por algún señor diputado, creo que el representante del Grupo Nacionalista Vasco, que ya
en aquel entonces la efectividad de los buques contaminantes no era la mejor y se prescindió de la mayor parte de ellos, aunque se mantuvieron en reserva algunos, sobre todo los de propiedad del Estado o bien contratados por el Estado en España.
Establecimos las mismas zonas que para la actuación en las playas y con un especial cuidado sobre la zona del hundimiento.
Como ustedes saben, el Gobierno, casi en sus primeros momentos, nombró un comité científico asesor que en el mes de febrero
realizó una serie de conclusiones, después de haber contratado, yo creo que con acierto, al Nautile propiedad de un instituto público francés, que selló buena parte de las grietas del barco, se mantuvieron algunas, unas porque no merecía la pena la
actuación porque estaban en partes que no había fuel, otras porque era imposible actuar con los medios del Nautile, pero la verdad es que el resultado fue extraordinariamente positivo, de tal suerte que desde unos vertidos de más de 100 toneladas al
día se pasó ya a unos vertidos muy inferiores, con cifras en las que lógicamente hablar de una tonelada diaria aún asusta, pero en cierto modo era muy inferior a la situación inicial. El comité científico, presidido por el entonces vicepresidente y
hoy presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, elaboró una serie de conclusiones que condujeron al Gobierno a pasar de la etapa de la ciencia, la
etapa de la técnica y, por tanto, de la realidad. Por ello encargó, como habitualmente se hace en situaciones de ese estilo, a la empresa petrolera más importante, Repsol YPF, el diseño del sistema por el cual se pudiera, si es que se
podía, extraer el fuel de los restos del barco.
La operación es en sí misma muy difícil, son cerca de 4.000 metros de profundidad; países de nivel tecnológico igual o superior al nuestro en situaciones análogas, por ejemplo, Japón, y a menor
profundidad, han abandonado el buque a esa profundidad y Repsol se rodeó del conjunto de las empresas petroleras europeas más importantes y de una empresa, la brasileña Petrobras, que tiene una especial experiencia en prospecciones petrolíferas a
gran profundidad y, por tanto, podía conocer mejor que otras las posibilidades del intento que se planteaba. Repsol estableció unas conclusiones, después de unas reuniones en su centro tecnológico de Móstoles y alguna que tuvieron cerca de Madrid
con el conjunto de los representantes de las empresas, en el sentido de intentar la extracción del fuel por tres procedimientos: el primero sería la extracción por bolsas lanzaderas; el segundo, la marquesina, que sería algo así como sepultar el
barco, pero sepultarlo con la construcción a los 4.000 metros de profundidad de una marquesina análoga a las estaciones del ferrocarril, que tiene la ventaja de ser visitable y visible; y la tercera de las posibilidades consistiría en la absorción
del fuel, que era el procedimiento que inicialmente planteaban las conclusiones del comité científico asesor.
La verdad es que supone un reto muy importante desde el punto de vista tecnológico. Si saliera bien, creo que quizá, por aquello de que
Dios escribe derecho con renglones torcidos, la catástrofe del Prestige supondría también una hazaña tecnológica muy importante para la propia nación, y lo que puedo decir en estos momentos es que se han resuelto la mayor parte de las dificultades
que teníamos; se ha contratado un barco que con los robots de que dispone ha actuado a la profundidad de 4.000 metros; que ha sellado prácticamente en su totalidad las grietas pendientes del barco; que hasta hace unos días las fugas eran
insignificantes; y pensamos que a lo largo del mes de agosto podrían realizarse las pruebas definitivas. Ha habido dificultades y en este momento se ha practicado ya la perforación en el barco, que tiene un diámetro de unos 70 centímetros,
parecido a una mesa camilla, a la cual hay que adosar la válvula que permita la extracción y el cierre del fuel y se han adosado ya las bolsas. Es lo que puedo decir en este momento, aunque creo que en pocas horas, 24 ó 48, podemos tener noticias
que estoy seguro coincidimos en el deseo de que sean favorables. Lo que sí puedo afirmar ya es que el sistema funciona y en estos momentos la dificultad puede estar, más que en la extracción del fuel del barco, que insisto se haría por primera vez
a esa profundidad, en el izado de la bolsa a la superficie una vez llena o parcialmente llena, porque ya son tiempos meteorológicamente adversos. Dicen los técnicos que no se puede trabajar con olas de más de dos metros y en este fin de semana las
olas han superado en algo los dos metros. Con todo, insisto, lo que sí se puede afirmar ya es que el sistema funciona y las noticias definitivas sobre el éxito de la operación no las podremos tener sino en horas y dependerán, insisto, mucho más que
del funcionamiento del sistema en sí de las dificultades meteorológicas que dificulten el izado de la bolsa a la superficie. Es una bolsa de una cabida total de hasta 250 toneladas. Si todo resultara bien se abandonaría lógicamente la idea de
nuevas extracciones, no porque no se pudieran realizar, pues a esa profundidad no hay ni primavera, ni verano, ni otoño, ni invierno, pero sí habría las dificultades a que me refiero, y a partir de ahora mucho mayores, con lo cual podríamos, en el
izado de las bolsas y en el traslado al puerto correspondiente, crear una catástrofe mayor de la que tratamos de resolver. Por tanto, si la solución resultara bien en cuanto prueba y hasta el final, sería en la próxima primavera cuando ya se harían
las extracciones definitivas, en las que se introducirían las rectificaciones necesarias de acuerdo con la experiencia obtenida en esta prueba. En particular a lo mejor hemos de pensar en bolsas de menor capacidad, puesto que, entre otras cosas,
como derivado de los trabajos del buque que alberga los robots, el Polar Prince, las cantidades que hay dentro son inferiores a las calculadas inicialmente. Las 37.500 toneladas a 250 toneladas por bolsa darían lugar a 150 extracciones y, por
tanto, pensar en 150 extracciones llevarían el mismo tiempo a partir de la primavera y, teniendo en cuenta que el cálculo actual no llega a las 15.000 toneladas, permitiría hacerlo con bolsas más seguras por cuanto tendrían menos volumen.
En el
campo de la actuación del Ministerio de Fomento y del comisionado de Fomento se ha hecho un estudio muy importante sobre los fondos marinos, no solamente en el costa de Galicia, aunque especialmente en la costa de Galicia, la zona correspondiente a
la Costa de la Muerte, pero también a lo largo del Cantábrico, con resultados positivos y, como he indicado en relación con las playas y la posibilidad de existencia de fuel por sus capas más profundas, con un margen de error que estiman los
técnicos en un 6 por ciento, porque nunca se puede afirmar, porque es imposible, que hemos analizado centímetro cuadrado a centímetro cuadrado toda la superficie del litoral de la costa gallega y del Cantábrico. Con ello creo haberles dado a SS.SS.
-quizá con un exceso de tiempo- una idea de la actuación en el medio físico.
Pudiera ser también de interés para SS.SS. conocer las consecuencias económicas, en la medida en que en este momento la medida -valga la redundancia- de esas
consecuencias económicas es definitiva, que lo va siendo cada vez más aproximada. Nosotros calculamos que el coste para España y para los españoles, para el Gobierno, para las distintas administraciones públicas
y para los afectados, puede estar alrededor de los 650 millones de euros.
Hay, lógicamente, algunos interrogantes, en concreto el coste definitivo de la operación a que me he referido anteriormente, la extracción del fuel de los restos del
barco, porque si saliera bien y de forma definitiva la extracción por bolsa de lanzadera, uno sería el coste, y si tenemos que ensayar la marquesina -para lo cual ya se han hecho los estudios geológicos de estabilidad de los suelos- habría que hacer
otras inversiones y, por tanto, ahí podría haber una diferencia de unos 50 millones de euros. En definitiva, creo que sobre esa línea de los 650, 700 millones de euros sería el coste de la operación. ¿Cómo pensamos que puede financiarse? En
primer lugar, como resultado de la utilización de remanentes del ejercicio de 2002, la Administración general del Estado ha podido imputar a dicho ejercicio unos gastos de alrededor, números redondos, de 200 millones de euros, sin que por ello la
estabilidad presupuestaria se haya visto afectada. ¿Qué fuentes de ingresos tenemos? Tenemos los ingresos procedentes de distintas partidas de posible colaboración de la Unión Europea, que a su vez, en algún caso, supone reasignación para estas
obligaciones de partidas que pueden haberse usado con normalidad para otras obligaciones presupuestarias. En otro caso, son partidas específicamente destinadas a ello. Por otro lado, y dentro de la, a veces, complicada administración europea,
donde determinados fondos se pueden dedicar al mar y no a las costas, otros a las costas y no al mar, otros al mar y a las costas, algunos se dedican específicamente para las compensaciones a los pescadores, cuestión que ha funcionado desde el
primer momento, y otros son especiales para hacer frente a la catástrofe.
Si las gestiones iniciadas por el Gobierno, singularmente a través de la Secretaría de Estado de Presupuesto y Gasto, resultaran al cien por cien positivas, se podrían
obtener unos ingresos, números redondos, de 450 millones de euros.
La segunda fuente la constituyen las compensaciones del fondo para la atención de las catástrofes derivadas de vertidos de hidrocarburos, el FIDAC. De acuerdo con las limitaciones
del propio fondo, las cantidades máximas a disponer para todos son de 170, 172 millones de euros; en la asamblea del fondo, celebrada en el pasado mes de mayo, se acordó, dado que el conjunto de los daños calculados por los distintos países
-Portugal, Francia y España- ascendían a unos 1.000 millones de pesetas -aquello es una especie de mutua de seguros que se nutre por las cuotas de los países en virtud de las que a su vez a los gobiernos pagan las empresas en virtud del tráfico de
hidrocarburos-, se acordó, digo, hacer un adelanto de un 15 por ciento. No se podía hacer mayor, dado que justamente 170 millones es el 17 por ciento de mil millones y la costumbre del fondo es hablar de fracciones de cinco en cinco y, por tanto,
era el 15 por ciento. Creo que a lo mejor el coste final de la operación para las tres naciones es menor de los 1.000 millones y, por tanto, ese porcentaje pueda subir a un 20 por ciento, pero nada más. Lo que quiere decir que la situación real
para los afectados privados sería que si la única compensación a la que tienen derecho fuere el fondo, podrían llegar a un 20 por ciento de su afectación y tarde. Primero hay un plazo para acceder a las ventanillas del fondo de tres años y la
experiencia de catástrofes anteriores señala que a veces se tarden cinco, seis, diez años en terminar este tipo de situación. Alguna vez en mis contactos con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales y con los afectados,
singularmente los pescadores, les he indicado que no tenía en mi experiencia gubernamental, experiencia cercana desde el punto de vista administrativo, responsabilidad en estos temas, pero sí que desde el Urquiola, en catástrofes marítimas o en la
presa de Tous o en el aceite de colza mi experiencia de persona participante en las labores de gobierno es que las cosas se habían resuelto casi siempre tarde y caras, mucho más caras que si se hubieran resuelto al principio, es decir, se habían
resuelto mal. Por ello, peleamos bastante en la Oficina del comisionado para, de acuerdo con las posibilidades que nos daba el propio decreto de creación, propiciar en el Gobierno la aprobación de una disposición que permitiera el pago adelantado
del total de la afectación y que ello se hiciera pronto. Eso se plasmó en el Real Decreto-ley de 20 de junio y en el Real Decreto que lo desarrolla, de 1 de agosto.
Como consecuencia de esos reales decretos, los afectados privados y el sector
público distinto del Gobierno de la nación, las comunidades autónomas y las corporaciones locales, pueden suscribir, si lo desean -el decreto-ley es planteamiento voluntario- convenios o acuerdos con la Administración central del Estado, en virtud
de los cuales recibirían el total de la afectación, lo podrían recibir pronto, sobre todo si resolvemos algunos problemas de tesorería que tenemos pendientes para próximas reuniones del fondo de compensación y, como contrapartida, como es lógico, en
el caso de ese afectado, esa corporación, esa comunidad autónoma que acordara con el Gobierno de esta manera, el Estado, la Administración central se subrogaría en los derechos y obligaciones que le pudieran corresponder frente al propio fondo o
frente a las actuaciones de carácter judicial, respecto de los responsables de la crisis. En el bien entendido que el tema es voluntario, quien quiere pacta con el Gobierno, quien no desea entrar por esa vía va por la vía ordinaria de las
compensaciones del fondo, de las acciones judiciales correspondientes. Incluso quien desee pactar con el Gobierno pero no llegue a un acuerdo en la cifra se sale del pacto. Es decir, el pescador de Cudillero, el dueño de un hotel en San Vicente de
la Barquera, o el Ayuntamiento de O Grove decide o no decide pactar con el Gobierno el entrar en esa vía del decreto-ley, y si decide entrar pero luego no llega a un acuerdo en la cifra se sale de esa vía y recobra su libertad lógica para acudir
por la vía normal. En cuanto a nuestros contactos con los ayuntamientos gallegos (habitualmente nos hemos reunido en la Diputación de Pontevedra y de Coruña y en el Ayuntamiento de Burela) con los ayuntamientos asturianos, con las
comunidades autónomas y con los afectados, singularmente el sector de la pesca, yo diría que están en buena disposición la totalidad de los ayuntamientos, todas las comunidades autónomas excepto el Gobierno del Principado de Asturias que por razones
legítimas -yo discrepo de esas razones pero cada uno decide en virtud de su propia autonomía- parece que quiere seguir la vía ordinaria, no así los ayuntamientos asturianos, el resto de las comunidades autónomas también, y en el sector de la pesca
hay una cierta división pero el grupo mayoritario, que puede representar quizá el 80 por ciento del sector pesquero en Galicia, y a lo mejor dos terceras partes del conjunto de la pesca afectada parece que está también en disposición de entrar a
convenir con el Gobierno, con independencia de que al final lleguemos o no a un acuerdo en la cifra. Esa es la situación.
En cuanto a la afectación al sector turístico, las cifras de las que disponemos no nos dan una idea clara no ya sólo de en
qué medida el sector turístico haya podido estar afectado por la catástrofe, sino en qué medida el sector turístico haya podido estar afectado por otra serie de cuestiones que han aquejado a una campaña turística que en algunas partes de los
territorios afectados ha dado como resultado mayor número de turistas y menor facturación, en otras lo contrario, en algunas mayor afluencia de extranjeros y en otras mayor afluencia de nacionales, incluso en algún sitio mayor afluencia turística
pero menor grado de ocupación hotelera en virtud de que la oferta turística había superado.
En todo caso, mantenemos también como un elemento más de afectación el sector turístico, claro que tendrán que venir las empresas turísticas que lo deseen a
la vía del convenio y demostrar que ciertamente han estado afectadas y que la afectación viene como consecuencia de la catástrofe.
En este sentido mantenemos ese cálculo y también su posible afectación.
En nuestras conversaciones con el Gobierno
francés se nos ha planteado con mucha fuerza la afectación del sector turístico, pero yo en la medida en que he sido informado por los servicios de la embajada en París y por las propias declaraciones en la prensa francesa tampoco la veo de tanta
magnitud como la que se nos dijo al principio, sobre todo de una magnitud que pudiera entenderse derivada de la catástrofe. En este sentido, aparte de estos problemas de carácter económico relacionados con Francia, tengo que decir que la
colaboración desde el comienzo con el Gobierno francés ha sido perfecta, tanto en la actuación en el mar en el marco del Plan Vizcaya, en el golfo de Vizcaya, como especialmente del Instituto Ifremer y del submarino Nautile. La verdad es que hemos
tenido algunas diferencias en lo que a la forma de actuar se refiere de uno u otro Gobierno. Se pretendía por el Gobierno francés, dentro de una idea en la que nosotros coincidimos, que nos pusiéramos detrás de los sectores privados. En el caso
español, en virtud de la descentralización política y administrativa, detrás de los sectores privados y de las otras administraciones públicas. Se pretendía que nos pusiéramos todos los gobiernos detrás de todos los privados. Nosotros dijimos que
nos poníamos detrás -y buena prueba de ello es el decreto-ley que he referido-, pero nos poníamos detrás de nuestro sector privado. La otra forma de actuar hubiera sido especialmente dañosa para los intereses de los nacionales.
Baste decir que con
los mismo cálculos en los que estamos de acuerdo los tres gobiernos, Portugal, Francia y España, si hubiéramos adoptado la fórmula que se nos proponía, la cuota española, por decirlo así -Gobierno central, gobiernos autonómicos, corporaciones
locales, privados-, hubiera sido del 66 por ciento del conjunto, mientras que nuestros cálculos y los suyos decían que por el daño a España le correspondía el 80 por ciento.
Yo casi estoy seguro de que al final de la catástrofe, cuando se tengan
las cifras definitivas, los daños de los españoles a subvencionar por el Fondo de Compensación de Hidrocarburos estarán más cerca del 90 que del 80 por ciento, y quizá superarán el 90. Desgraciadamente creo que esa será la realidad.
En relación
con los temas judiciales, SS.SS. conocen que hay abierta una causa en el juzgado de Corcubión, en la que se había imputado inicialmente a tres responsables públicos, al delegado del Gobierno en Galicia, al director general de la Marina Mercante y
al entonces capitán del puerto. Recientemente, por decisión de la Audiencia Provincial se ha retirado la imputación al delegado del Gobierno y al entonces capitán del puerto por entender que de acuerdo con la legislación española, la Ley de
puertos, no tenían competencia alguna en ninguna determinación de las que se tomaron en los primeros días de la catástrofe, y sigue la imputación al director de la Marina Mercante. Por otro lado, como SS.SS. saben, la defensa del Estado con
carácter de monopolio en el territorio nacional corresponde a la Abogacía del Estado. De acuerdo con la legislación española hemos contratado, con el asesoramiento gratuito del despacho Uría & Menéndez, a un despacho americano y hemos iniciado una
serie de acciones. Hemos comenzado con la acción contra ABS, que es la empresa que calificó como bueno el estado de salud del barco, cuando nosotros creemos que el estado del barco era calamitoso; cuestión que en función de algunas actuaciones en
el pecio, en los restos del barco, se podrá demostrar en los próximos días. Por otro lado, tenemos preparada una serie de acciones en relación con el propietario de la carga, el propietario del buque y veremos si contra el país que abanderó sin
responsabilidad al buque. Todos los escritos ya están preparados con algunas dudas de carácter jurídico y procesal sobre si hemos de hacerlo en España, fuera de España, en los dos sitios o en qué sitio fuera de España. Todo esto ha
sido complementado con las visitas a distintos países, como el de la sede del armador, el del propietario de la carga, el del propietario del buque, donde se cargó, es decir Letonia y Chipre, donde se dio la última titulación al capitán del
barco. En definitiva, creo de verdad, señorías, que en el conjunto de los aspectos hemos hecho todo lo que había que hacer. Nos habremos equivocado pero hemos estado absolutamente atentos a todos y cada uno de los aspectos, hemos estado atentos a
lo que se nos decía desde dentro y desde fuera, y hemos tratado de tapar todos los boquetes y no perder ninguna de las posibilidades de defensa de los intereses públicos y privados en juego.
En relación -y con ello termino- con las acciones de
carácter internacional, sobre todo en el marco de la Organización Marítima Internacional, a lo que se refería especialmente la petición de comparecencia del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero decir que ya desde el principio,
como SS.SS. saben, el Gobierno tomó unas decisiones de carácter doméstico, comenzando por un decreto-ley del mes de diciembre en el que se establecían mayores exigencias para los buques portadores de mercancías peligrosas. Hay por lo menos media
docena de reales decretos que desarrollan este real decreto-ley o que plantean también medidas de seguridad marítima de mayor exigencia que hasta ahora.
El último decreto del pasado 3 de octubre establece obligaciones de los buques que recalan en
puertos españoles de carácter informativo y el Consejo de Ministros tomó la decisión de la adquisición en los próximos años de un par de buques destinados a salvamento marítimo.
Especial y positiva importancia ha tenido la acción en el marco de la
Organización Marítima Internacional y de su brazo compensador de desastres por hidrocarburos, el fondo de compensación, así como también en la Unión Europea. Como prueba de todo ello hay dos decisiones de carácter económico muy importantes. Una,
el establecimiento de un primer adelanto -al que me he referido antes- por parte del fondo, y dos, la aprobación de un nuevo límite al alza para este tipo de desastre: hasta ahora 173 millones de euros, a partir de ahora cerca de 1.000 millones de
euros. Desgraciadamente no se podrá aplicar con carácter retroactivo.
Todo ello hubiera sido muy difícil sin la petición española, que además es el primer país que en un reciente Consejo del Ministros ha acordado ya su ratificación y el
sometimiento a las Cámaras, de acuerdo con la Constitución española. En segundo lugar, se han logrado progresos muy importantes desde el punto de vista de la seguridad marítima. Por ejemplo, el alejamiento de la línea de seguimiento del tráfico
marítimo en Finisterre o también la necesidad de información en mayor medida de los buques que, portadores de mercancías peligrosas, pasan por ese pasillo. Se han dado pasos de los cuales se podrán reputar algunos como insuficientes, pero han sido
muy importantes para la exigencia de garantías a los países que abanderan buques. La verdad es que, en la medida que yo he podido aprender de esto en estos meses, los países que abanderan buques, los clásicos, son una fuente de negocio muy
importante de ingresos públicos sin que tengan la contrapartida de los deberes. Yo creo que ya queda poco tiempo para que esa situación prácticamente de irresponsabilidad continúe. Algunas se refieren a las condiciones de trabajo en los barcos o a
la cualificación provisional de quien lo dirige, por ejemplo el capitán del Prestige, y otras están pendientes y se refieren no tanto a la creación de la zona de sensibilidad del Cantábrico sino a las consecuencias de la creación de esa zona;
también la resolución, difícil por lo demás, del señalamiento de los puertos de refugio, porque es fácil hablar desde el punto de vista teórico, pero a la hora de la designación concreta resulta muy difícil, así como las determinaciones que en el
marco de la Unión Europea se han tomado, casi todas a iniciativa de la vicepresidenta Loyola de Palacio, en relación con las exigencias de no circulación en transporte de mercancías peligrosas y en concreto de hidrocarburos de los barcos monocasco.
En este sentido, en el plano puramente nacional hemos suscrito un convenio con las universidades gallegas, cuyo coste será financiado por la patronal eléctrica, para estudiar qué modificaciones habrá que hacer en la legislación doméstica española,
en las propuestas a la Unión Europea y en el marco de la Organización Marítima Internacional. Tenemos unos estados de excepción o de alarma que estuvieron en su momento condicionados por el terrorismo. Desgraciadamente ese condicionamiento aún
persiste y, sin embargo, yo creo que también tenemos que hacer frente a estas nuevas formas de terrorismo que suponen este tipo de actuaciones.
Es necesario que cuando sucedan estas cosas haya una única autoridad designada por el Gobierno de la
nación -es mi criterio que no tiene por qué ser una autoridad nacional- que tenga el mando único y la coordinación de todos los esfuerzos. Es necesario que esta extraordinaria forma de solidaridad que fue el voluntariado merezca una regulación.
Son muchas cosas las que hay que hacer en el plano nacional, pero también en el europeo y en el internacional.
Como indiqué al principio, dada la fecha en la que se presentó la petición de comparecencia por el Grupo Parlamentario Mixto, por el
diputado del Bloque Nacionalista Galego, se plantea la idea de la permanencia o no de la figura del comisionado. Como SS.SS. saben, el decreto que lo creó dice que podrá suprimirse cuando las circunstancias varíen. Yo creo que las circunstancias
han variado mucho y para bien. Se podrá decir que aún quedan cosas por hacer, por supuesto. Yo soy de los que entienden que las cosas que quedan por hacer las puede realizar el funcionamiento ordinario de la ordinaria administración. Esa es mi
creencia, pero quien tiene que decidir es el Gobierno. Yo le he transmitido desde la experiencia de estos nueve largos meses, a
veces difíciles pero siempre muy sugestivos para mí, que ya era hora de suprimir esta figura. Si el Gobierno decide en contrario, como es lógico yo estaré a sus órdenes tanto para el nombramiento de un nuevo comisionado o para que yo
permanezca. En todo caso, he propuesto al Gobierno que permanezcan las estructuras por lo menos hasta que se constituya el nuevo Gobierno como resultado de las próximas elecciones generales y, por supuesto, teniendo en cuenta cuál sea la situación.
Pero, señorías, no ya desde el punto de vista de medir lo medible, el número de playas afectadas hoy y en el mes de enero, el número de toneladas recogidas hoy y en el mes de enero o la normalidad o anormalidad en el sector de la pesca hoy y en el
mes de enero, sino algo que importa mucho más, el propio sentimiento, se me dijo y con razón que allí había habido una catástrofe ecológica muy importante, es cierto, que había habido unas consecuencias económicas que yo creo que al final no van a
ser de tanta gravedad como se estimó al principio, pero que sobre todo había habido algo referido a los sentimientos y los sentimientos siempre tienen razón por desmesurados que sean. El exceso de sentimiento, el que permanezca una solución
extraordinaria para una situación que camina hacia lo ordinario me parecería no acertado. En todo caso, señor presidente, yo estoy a las órdenes del Gobierno.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Guardans, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Es un honor para mí tomar la palabra en la Comisión Constitucional, de la que no formo parte, pero esta petición de comparencia de hecho se formuló originariamente para ser tramitada en la Comisión de Asuntos
Exteriores y fue la Mesa de la Cámara la que resolvió que se sustanciara en esta Comisión, por lo que yo no tengo ningún inconveniente porque no va a cambiar el contenido de la petición de comparecencia. Su contenido puede parecer tremendamente
técnico, pero no por ello menos importante y, aunque el señor comisionado en su intervención le ha dedicado poco rato al final, yo voy a centrarme específicamente en lo que es el objeto de la comparencia.
Ya hemos hablado con motivo de otras
comparecencias de la actuación del comisionado en el asunto del Prestige, pero en esta ocasión se trata de un tema de futuro. No es una solicitud que vaya en la línea de una petición de cuentas, que la ha habido y la seguirá habiendo, además con
una valoración de la actuación del comisionado en conjunto positiva -así se lo hemos manifestado más de una vez-, sino en línea de futuro. Por utilizar una analogía, nos encontramos en un momento en el que cada vez que aparece en el Telediario del
mediodía una noticia del tipo que sea, sobre violencia doméstica, delincuencia juvenil o cualquier otra cosa, en el de por la noche se emite una rueda de prensa del ministro del ramo presentando un proyecto de ley que resuelve aquello que se ha
visto en el Telediario del mediodía. Ese es el esquema actual del Gobierno, pero yo no pediría tanto. La intención de esta comparecencia, lo que plantea mi grupo parlamentario va en la línea de que usted, señor comisionado, como máximo responsable
de este tema aunque no sabemos exactamente hasta qué fecha, en su, entre comillas, testamento político sobre esta cuestión, además de otras propuestas que pueda formular, haga peticiones y planteamientos concretos en el ámbito de la legislación
marítima internacional, porque cuando se choca con el derecho internacional, incluso sorprendentemente cuando se choca con el derecho europeo pero mucho más cuando se topa con el derecho internacional, se tiene la sensación de que es una normativa
que procede del mundo celestial, que está ahí, que se destila por decantación y que debe ser aplicada, respetada y tomada como las Tablas de la Ley, como si fuera parte del paisaje o un fenómeno climatológico, sin entender que como cualquier otra
norma jurídica es eso y nada más que eso, una norma jurídica, por tanto susceptible de revisión y de modificación y que además debe ser considerada absolutamente inútil si no resuelve los problemas para los que está destinada. Desde esta
perspectiva, uno lleva escuchando desde el comienzo de la catástrofe del Prestige una serie de declaraciones hechas por responsables gubernamentales que se encogían de hombros ante, por ejemplo, la incapacidad para controlar buques dentro de la zona
económica exclusiva pero más allá de las aguas territoriales, las dificultades que tiene la irresponsabilidad del armador, tal como están organizadas hoy las cosas, el abuso que se hace de las banderas de conveniencia, etcétera, cosas todas ellas
que tienen amparo fundamentalmente en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la llamada Convención de Montego Bay. Y sorprendentemente uno no ha visto hasta ahora -inmediatamente después de comprobar todo lo que no funciona, el
marco jurídico que no gusta y que está limitando la capacidad de los Estados, en este caso del Estado español, para proteger los mares- una propuesta concreta de modificación, un liderazgo de cambio normativo, sino que uno se encoge de hombros como
si fueran normas que no se sabe de quién proceden, si de la Divina Providencia o de un estamento superior a los Estados. Pero sabemos que esto no es así, quizá más quienes nos hemos dedicado al derecho internacional, aunque en cualquier caso quien
haya estudiado un poco estos temas tiene que saber que esto no es así. Este es fundamentalmente el objetivo de esta comparecencia.
Sorprendentemente, o no tanto, aunque para los que tenemos un gran respeto por la tarea parlamentaria resulta un
tanto depresivo, todo esto que estoy manifestando no tiene eco, no tiene ninguna otra voz en España; sin embargo, a unos kilómetros de aquí, en París, en la Asamblea Nacional Francesa, en donde como usted muy bien ha dicho el interés por el tema
del Prestige, aun siendo importante, es menor en relación con España y el daño que han sufrido, aun siendo relevante, es menor que el que realmente han sufrido, por distintas razones han tenido el tiempo y las ganas de organizar una comisión
de investigación, algo que aquí se rechazó, no planteándose ni siquiera lo que en aquel momento apoyaba mi grupo, esto es, una subcomisión que estudiara exactamente lo que ha funcionado mal.
Pues bien, la Asamblea Nacional Francesa lo ha hecho y
ahora va a empezar a hacerlo el Parlamento Europeo. Y la Asamblea Nacional Francesa, señor comisionado -tengo aquí parte del informe que ha planteado, pero está a su disposición y a la de todos los parlamentarios en Internet-, dedica a este tema
por el que este parlamentario se interesa en este momento un buen montón de páginas, llegando a algunas de las conclusiones más importantes y esenciales a largo plazo para garantizar la seguridad de los mares: la reforma del derecho marítimo
internacional y la reforma de la Organización Marítima Internacional. No deja de ser triste y dice muy poco de la estructura parlamentaria española, del respeto por la función del Parlamento y de otras muchas cosas que no voy a desarrollar, el
hecho de que en España dé la sensación de que se trata poco menos que de un parlamentario iluminado al que le da por divertirse con temas como la reforma de la Organización Marítima Internacional, como si fuera un tema que estuviera fuera del
circuito, siendo lo importante los decretos aprobados en los consejos de ministros. Pero resulta que cualquiera que conozca algo sobre la seguridad en los mares sabe que el Consejo de Ministros por unanimidad, con rueda de prensa y con luz y
taquígrafos, nunca podrá modificar el régimen de seguridad en los mares. Y sabe usted muy bien, señor comisionado, que buena parte de los decretos que ha mencionado en la práctica son absolutamente inútiles y estériles, porque ni el Consejo de
Ministros ni este Congreso de los Diputados, ni declarándolo unánimemente por ley orgánica ni a través de ningún otro conducto, puede modificar el régimen de responsabilidad de un armador, limitar el hasta ahora sacrosanto principio de libertad de
paso en las aguas internacionales, por poner un ejemplo, o limitar de alguna manera la libertad de paso en la zona económica exclusiva. O todo eso se hace por vía de modificación de los convenios y del marco jurídico internacional, o todo lo que se
le está vendiendo a la opinión pública que está haciendo el Gobierno en la práctica es absolutamente inútil, insisto que en el ámbito normativo y no en el de las indemnizaciones, que es una cuestión radicalmente distinta. Por tanto, en el ámbito de
la prevención, hoy estamos exactamente igual que como estábamos 24 horas antes de que empezara la crisis del Prestige; esto es, no hemos avanzado prácticamente nada. Me dirá, y tiene razón, que se ha avanzado en el ámbito de la Unión Europea.
Efectivamente, en el ámbito regional de la Unión Europea, porque los mares hay que verlos siempre a nivel del mundo entero, se ha avanzado algo, pero ni siquiera la Unión Europea por sí sola puede modificar eso. La Unión Europea no forma parte de
los convenios que regulan el derecho marítimo, hasta ahora no tiene la personalidad jurídica internacional que se lo permita y no está previsto que lo sea. Por tanto, no puede regular eso, ni siquiera puede modificar la capacidad de control por
parte de España en su zona económica exclusiva, ni en el Mediterráneo ni en el Cantábrico ni en el Atlántico; no puede la Unión Europea ni el Consejo de Ministros de la Unión y tampoco todos los jefes de Estado y de Gobierno juntos. Ni siquiera
puede llegar a modificar la responsabilidad de Rusia, que algo tiene que decir en materia de navegación, ni tiene nada que decir sobre la responsabilidad del armador de las Bermudas. Puede decir algo -y será un cambio importante- respecto de Malta,
Letonia y Estonia. En la medida en que entran ahora en la Unión Europea, les puede imponer, por lo menos a nivel de puerto y de determinadas responsabilidades en puerto, mayores medidas de exigencia. Eso va a ser un cambio sustancial sin ninguna
duda, puesto que buena parte de la flota rusa, que es hoy la más peligrosa en este ámbito del que estamos hablando, sale desde los puertos del Báltico.
Por tanto, en la medida en que dichos puertos sean comunitarios, igual que la propia Malta,
estas cosas van a cambiar en parte, pero sólo en parte. O se toma la decisión de ir a una modificación de la normativa internacional que lleva tiempo y trabajo, que luce poco, que no se puede vender en rueda de prensa posterior al Consejo de
Ministros, o todos estos esfuerzos a largo plazo serán absolutamente inútiles y en términos de garantía de la seguridad del tráfico marítimo estaremos exactamente igual que donde estábamos. La lucha contra el terrorismo, que hoy para algunos es el
único objeto de la política internacional -para otros no, pero sin duda es un tema importante-, va a cambiar algo este tema, ya que da la sensación de que el terrorismo preocupa y el medio ambiente no, y algunas de las inquietudes que pueden
garantizar la seguridad a efectos del medio ambiente también la garantizan a efectos del terrorismo.
Por poner un ejemplo, las banderas de conveniencia, que hasta ahora no habían preocupado a nadie en términos medioambientales, empiezan a alarmar
especialmente a Estados Unidos, en términos de garantía del tráfico, a efectos del terrorismo. Por tanto, es posible que aunque sólo sea en el marco de la obsesión por verlo todo desde la perspectiva de la lucha contra el terrorismo acabemos
teniendo avances en la modificación del derecho marítimo que no los hubiera habido sólo desde la perspectiva de la protección medioambiental. Es posible. Pero a pesar de eso yo querría que la protección medioambiental -nadie mejor que usted conoce
las consecuencias que ha tenido el Prestige o que tuvo el Erika en su momento- no fuera estrictamente medioambiental sino, como decía usted mismo,
sentimental. Yo querría que eso fuera algo que España estuviera liderando en este momento. Los acuerdos de Málaga sobre la prohibición de entrada de determinados buques no sirven y los decretos que los han llevado a la práctica son poco
menos que ilegales desde el punto de vista del derecho marítimo internacional. Dirá que permiten a la Guardia Civil del mar sancionar. Es posible, pero es posible que no. Cuando tengamos realmente un problema y el Gobierno intente sancionar a
alguien por incumplimiento, se va a encontrar con que hay una norma superior, que es el Convenio de Montego Bay, el Convenio de Derecho del Mar, que limita perfectamente el alcance de esa gran decisión sobre la circulación de ciertos barcos o la
limitación que se ha establecido, porque más allá de las aguas territoriales ustedes no pueden hacer nada, no pueden establecer esa limitación.
En cuanto a la propia regla de las banderas de conveniencia me he molestado en consultar algún dato.
Hoy el 67 por ciento de la flota de la OCDE está bajo banderas de conveniencia. Hay que tomárselo en serio.
Usted sabe perfectamente las dificultades que está teniendo para negociar las indemnizaciones, para que se asuman las responsabilidades por
parte de los armadores y de quienes han tomado decisiones. Eso se puede cambiar. No es un dato climatológico, no es un tornado. El Convenio del Derecho del Mar, el Convenio de Montego Bay prevé cuándo y cómo se puede usar la bandera de
conveniencia. Lo que hace falta es que algún Estado se tome la molestia de exigirlo, porque esto es más complicado que tomar un avión, ir a Bruselas, adoptar una decisión y volver. Esto exige una acción diplomática a largo plazo, coordinar
posiciones en el seno de la Unión Europea, porque una cosa es que la Unión Europea como tal no tenga voz y otra es que toda junta no pueda ser un bloque de actuación, que lo es. Es un ejemplo concreto. Cada vez que oigamos hablar de las banderas
de conveniencia y nos lamentemos como si fuera un terremoto, hay que saber que si es así es porque quieren que sea así, y puede dejar de ser así el día que lo deseen. Exactamente igual que la financiación del terrorismo internacional está
modificándose. ¿Por qué? Porque alguien se lo ha tomado en serio, porque alguien ha decidido que hoy el blanqueo de capitales o la libre circulación de capitales, que es importantísima, ha de tener determinados límites en concretos ámbitos y hay
una convención de Naciones Unidas sobre represión de la financiación del terrorismo, por ejemplo.
Pongo esos ejemplos porque son un caso claro de un entorno en el que concretamente el Gobierno español ha decidido no limitarse a esperar a que
lideren otros. Había intereses en juego, por ejemplo, en el ámbito de la financiación del terrorismo e indirectamente se perjudica a la City de Londres, indirectamente se perjudica a la propia Nueva York y aquí sucede exactamente igual.
Evidentemente que hay unos intereses económicos en juego espectaculares, y eso es lo que está en un plato de la balanza. En el otro están los prestiges del año 2020. Y para impedir un prestige del año 2020 hay que empezar a trabajar ahora, porque
si no estaremos exactamente igual, habrá un nuevo comisionado en el año 2020 que nos explicará aquí cómo va a indemnizar porque realmente es una desgracia que los armadores no respondan, que la responsabilidad civil no se pueda controlar, que los
barcos funcionan sin límite ninguno. Y hélas!, que dicen los franceses, en el mar todo es tan complicado que no hay normas seguras de las que fiarse. Eso será así en el año 2020 si el Gobierno español y los demás, pero el español liderando este
proceso, en el año 2003 no han empezado a trabajar.
Más ejemplos de cosas que se pueden cambiar y que son así porque se ha querido que sean así: la limitación de la responsabilidad. Se ha incrementado ahora el límite del CIPOL. Es una decisión
política que se puede tomar. Poner más dinero es muy fácil, pero modificar el régimen de responsabilidad civil se puede hacer y hay razones para hacerlo. Se puede modificar perfectamente si alguien se plantea empezar un camino de reforma en ese
ámbito. El concepto de pasaje ilimitado, la idea de que un barco puede circular por donde quiera, es una idea que viene del tiempo de los romanos, por lo menos, desde el momento en que se sale de la navegación de cabotaje y en cuanto empiezan los
aparatos para navegación.
Eso hoy no tiene exactamente el mismo sentido que antes. No hace falta que empiece a haber terrorismo internacional en el ámbito marítimo y que pongan -permítanme dejarlo claro- una bomba a un trasatlántico un día para
que todos despertemos diciendo que hay que tener cuidado con quién y cuándo circula por determinados sitios. A lo mejor hay que esperar a que eso ocurra para que alguien se empiece a tomar en serio que hay que limitar y controlar quién, cuándo y
cómo circula por los mares, exactamente igual que se hace en otros ámbitos, y no seguir con la idea de pasaje ilimitado como si estuviéramos en tiempos bastante remotos. Eso se puede hacer en zonas, por ejemplo, en las que estadísticamente se
comprueba que se ha producido el 60 o el 70 por ciento de los accidentes marítimos. Si uno coge un mapa y pone un punto negro allí donde ha habido accidentes marítimos sabe perfectamente que esa distribución no es uniforme, que está concentrado en
un punto determinado. Es cuestión de modificar el convenio, perjudicando intereses de armadores y de países que tienen enorme interés económico en esto, pero pelear por eso política y jurídicamente para decir que la libertad de pasaje, sacrosanto
principio hasta ahora, tiene límites aquí o allá y en estas condiciones por decisión tomada de esta manera o de otra con la propia Organización Marítima Internacional, que es una institución teóricamente de Naciones Unidas, que dicta convenios, que
dicta normas, pero que es absolutamente incapaz de hacerlas cumplir, que no tiene la más mínima capacidad de inspección. Y ustedes tampoco la tienen.
Usted no puede ir a inspeccionar -usted mismo lo ha citado en su intervención- las condiciones de trabajo de los buques. No tiene ningún instrumento ni lo va a tener. Ningún Estado se va a dedicar a inspeccionar los buques de otro Estado.
La OMI sí puede hacerlo si se le dan medios para hacerlo. Esa es otra decisión política y después jurídica que puede permitir que la Organización Marítima Internacional inspeccione el cumplimiento de sus convenios por parte de sus miembros. Es un
paso más. Así se hace en el ámbito de la aviación; a su manera, con matices, es así en el ámbito de la aviación. ¿Por qué no es así en el ámbito marítimo? Porque no quiere tal y cual país, que puede perder dinero. Y España, que también lo puede
perder y lo ha perdido con catástrofes como ésta, no quiere crearse enemigos. No es una batalla para hacerla solo ni es una batalla -y lo voy repitiendo porque estoy convencido de ello- de 24 horas; es una batalla que trasciende a este Gobierno en
esta legislatura; es un tema de una reforma legislativa, en términos de derecho convencional, de medio o de largo plazo. O se cambia la arquitectura entera de todo esto o seguiremos exactamente donde estamos.
Hay que incrementar las prerrogativas
de los Estados costeros, que no tienen ninguna. Usted debe recordar muy bien el debate, pues es uno de los temas que está sobre la mesa, del Juzgado de Corcubión. ¿Qué podía hacer el delegado del Gobierno? ¿Qué no podía hacer? ¿Qué facultades
tenía para parar ese barco? ¿Qué facultades no tenía? Yo no voy a responder ahora a todos estos interrogantes, aunque tengo mi propia opinión. En parte se lo respondo. Creo que podía hacer mucho más en ese caso concreto y esa noche de lo que
hizo, pero es posible que un juez decida lo contrario. En cualquier caso, es evidente que hay que permitir que tenga más facultades. No basta con encogerse de hombros diciendo que como es el mar la autoridad política española no lo puede
controlar. Si usted se encuentra un barco que está en esa situación a esa distancia tiene que tener medios para intervenir en una situación de crisis. ¿Que con el derecho convencional actual esos medios son muy limitados? Absolutamente cierto,
pero eso se puede modificar.
En cuanto a lo que usted decía sobre la cualificación o el cumplimiento por parte de la tripulación, las medidas de seguridad, las medidas de puro cumplimiento de derecho laboral internacional, convenios de la
Organización Internacional de Trabajo, todo eso en el ámbito del mar no rige. Es la ley de la selva. ¿Por qué toleramos que sea la ley de la selva? ¿A quién favorece que todo eso esté protegido por unas normas que no cumple nadie y que nadie
puede verificar su cumplimiento? Los Estados, concretamente aquellos que tienen más que perder, porque no son Estados navieros -no es el caso español-, los ribereños somos los que más perjudicados estamos ante toda esta situación de inseguridad.
Señor comisionado, usted me dirá que por qué le digo todo esto. Porque si no aprovechamos este momento ahora para que usted lance este tema o no lo va a hacer nadie. Usted tiene la enorme suerte de ser durante un tiempo una especie de viceministro
del mar; eso es lo que es usted hoy. Usted tiene competencias horizontales en Exteriores, en Fomento, en Medio Ambiente y no sé si incluso en Economía y Hacienda. Es usted un superministro del mar durante un tiempo. Durará lo que dure, pero hoy
es así. Usted tiene una capacidad y sobre todo una enorme autoridad moral por estar trabajando y viviendo el día a día de este tema. Las funciones parlamentarias son control e impulso. Yo lo que le pido, y es el objeto de esta comparecencia, es
el impulso. Esta es una sesión de impulso, no de control. Le pido que usted, o personal contratado, o funcionarios del Estado, asuma y estudie este tema. Le sugiero, como primer instrumento de trabajo, la lectura atenta y detallada del informe de
la Asamblea Nacional francesa, que es una joya en este tema y que me parece espléndido, aunque evidentemente hay temas que van en perjuicio de los intereses españoles o que defienden intereses contradictorios con los españoles en el capítulo de
indemnizaciones. En otros ámbitos el informe dice cosas que ni nos van ni nos vienen y que no tienen ningún interés, sobre cómo funciona el almirantazgo de Brest, pero cuando habla de la seguridad marítima internacional hagamos un acto de humildad
porque ellos han trabajado mejor que nosotros. Hay que estudiar ese tema, así como las propuestas a las que han llegado y ya que no se ha querido hacer nada en esta Cámara, al menos adoptar o estudiar las propuestas que hacen otros.
Estoy
prácticamente seguro que el Parlamento Europeo con la comisión que acaba de poner en marcha llegará exactamente a las mismas conclusiones.
España puede quedarse mirando desde la barrera a que Francia asuma el liderazgo de este tema, o puede -creo
que debe y tiene todo el interés y la legitimidad para hacerlo- asumir el liderazgo de la reforma del derecho marítimo internacional y ponerse al frente de la manifestación, aun sabiendo que este es un tema -supongo que tendrá el apoyo unánime de
las fuerzas políticas- que luce poco porque la medalla no se la pondrá el ministro que la empiece, ya que esto tarde tiempo porque hay que conjugar muchos intereses y un convenio de este calibre de Naciones Unidas no se reforma en 24 horas.
Sin
embargo, por favor y con esto termino de verdad, señor presidente, dejemos de tratar la seguridad en el mar y las normas que la rigen como un fenómeno atmosférico. Eso se cambia como se cambia cualquier ley o norma, y si España quiere tener sus
costas más seguras lo que tiene que hacer es empezar a caminar en esa dirección.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, señor comisionado, cuando nosotros pedimos su comparecencia para informar sobre la continuidad o sobre qué va a suceder comprenderá que no era porque estemos especialmente preocupados en si va a continuar o
no. Se lo voy a decir claramente: Consideramos que su trabajo no ha sido, aunque tampoco era su objetivo, para coordinar mejor a las distintas administraciones, ni un trabajo para defender los intereses de los afectados. Usted fue llamado -lo
hizo con regular éxito- a realizar la misma función para la que el señor Bush acaba de llamar ahora a doña Condoleenzaa Rice: Tengo un problema en Irak, párame el golpe. Y parar el golpe quiere decir no solucionar el problema, sino impedir que el
problema suponga un coste político para el Gobierno, y eso es lo que ha hecho usted con regular éxito. Usted tiene una concepción de los intereses generales como mínimo sui géneris y es normal, después de haber sido presidente de ENDESA que no
defiende precisamente intereses generales. En una entrevista de radio, se acordará usted, le preguntaron: ¿Qué haría señor comisionado si descubriese la existencia de responsabilidades en miembros del Gobierno? Y usted contestó: No lo haría
público y no investigaría, porque eso iría en contra de los intereses generales. Eso tendría -lo dijo usted en una entrevista radiofónica- un impacto en la Hacienda pública; pero si no lo hace usted va a tener -como lo está teniendo en este
momento- un impacto en la hacienda de los afectados, que son los que tienen que pagar sobre sus espaldas las consecuencias de su mala gestión.
También podíamos hablar de la casi rocambolesca cantidad de fuel. La comisión científica asesora (esa
que usted alabó tanto y que parece no haber servido más que para ascender al señor Lora-Tamayo) decía que había una determinada cantidad, los informes de Repsol dicen que hay otra y por el camino se pierden casi 20.000 toneladas ¿Dónde están?
Primero, usted dice que el barco llevaba menos toneladas porque ya se sabe que eso es lo que ocurre con estos barcos. No, no, es que estos barcos normalmente llevan más porque declaran menos toneladas de las que realmente llevan.
Usted contra toda
lógica intentaba justificar esa falta diciendo justamente lo contrario. Esas toneladas están ya en la costa y algunas están en alta mar, esperando que las corrientes del otoño (la misma corriente de Navidad que trajo hace 11 meses, casi un año, el
fuel del Prestige a las costas gallegas) lo vuelvan a traer ahora, y frente a eso no hay absolutamente ninguna medida.
Usted dice que las circunstancias variaron mucho y para bien, e incluso nos habla de sentimiento, que es una cuestión que tenemos
en Galicia. Ya se lo dije a varios responsables gubernamentales: Del Gobierno español no queremos ni sentimentalismos ni solidaridad; la solidaridad viene de alguien que no está obligado, de alguien que no es responsable, de ustedes queremos
justicia y eficacia. No nos venga aquí a hablar de sentimientos. No nos venga con el tópico del sentimentalismo galaico porque, señor Martín Villa, ese no es el problema. El problema es que el fin de semana pasado siguió entrando fuel en las
playas gallegas. Usted dirá que ese fuel no procede del Prestige o que procede de un sentinazo de un buque que tampoco ustedes controlan porque no tienen medios -casi un año después de la catástrofe- para controlarlo. Esa situación, que usted dice
que varió mucho y para bien, quiere decir que en zonas como en la Costa da Morte hubo una ocupación turística este verano de menos del 15 por ciento. Ya sé que usted va a decir que se debe a cincuenta mil causas, como el inefable consellero del
ramo de la Xunta de Galicia que dice que esto se debe a que como el año que viene es Año Santo Jacobeo, la gente elige ir a Galicia el año que viene y no va este. Excusas pueden encontrar, pero la realidad es esa.
¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a
compensar al sector turístico afectado por la catástrofe que ustedes ayudaron a producir? La verdad es que donde se volvió a pescar y donde se volvió a mariscar las capturas no son en absoluto comparables con las del año pasado, y también lo sabe
usted.
Ustedes negarán también que eso tenga que ver con la catástrofe del Prestige, o que tenga que ver con la contaminación, o que tenga que ver con que en los fondos marinos siga habiendo fuel. Por tanto, ¿las circunstancias variaron? Sí.
¿Para bien? Veremos. Usted no sé si seguirá o no, desde luego ya siguió más que las ayudas. De elegir hubiésemos elegido que siguiesen las ayudas y no que siguiese usted, y creo que los afectados estarían también de acuerdo con esto. Cuando
usted vuelva a sus ocupaciones, en Galicia durante 10 años seguiremos con las consecuencias del Prestige, las mismas que ustedes niegan cuando niegan en el Real Decreto de 20 de junio que los afectados puedan reclamar daños futuros.
Repasemos
cuáles son los logros de estos 11 meses. Gestiones en la Organización Marítima Internacional. Se logró ese alejamiento del corredor. Veremos ahora si el Ministerio de Fomento pone los medios porque los 10 millones para el año que viene para
Sasemar no es una cantidad demasiado elevada para llevarlo a la práctica y, desde luego, dotar a la costa gallega de medios de control que permitan no sólo que los barcos naveguen a más distancia de la costa, sino que estén en todo momento
controlados, lo que este momento no pasa. Por cierto, el Bloque Nacionalista Galego les venía reclamando esto desde hacía tiempo y ustedes decían que era técnicamente imposible, parece que ahora técnicamente es posible y el problema era sólo
financiero.
Declaración de las aguas gallegas como zona especial a los efectos del MARPOL. ¿En qué situación se está? ¿Cuál es el grado de resistencia de países como Rusia o como China? ¿Qué presión diplomática están realizando ustedes para que
esta declaración, que obedece a la realidad de los hechos, sea cierta? Usted no
informó absolutamente nada de esto. En el ámbito de la Unión Europea tuvieron un revés reciente. Intentaron que se aprobase una directiva, una norma europea, para sancionar penalmente los sentinazos, el vertido intencionado de
hidrocarburos en el mar, y países aliados suyos, como por ejemplo Inglaterra, les dijo que de eso nada, que ya se estudiará. Ese es otro éxito de la diplomacia española y otra muestra de la preocupación del Estado español por la seguridad marítima.
También podríamos hablar de la prohibición de buques monocasco, ¿cuándo va a entrar en vigor esa prohibición? Incluso podríamos hablar de cómo medidas que se adoptan en el ámbito interno, en el ordenamiento español, después en la práctica no se
aplican. Ese real decreto del año 2003, que establece una serie de revisiones ampliadas para buques subestándar, buques petroleros de más de 18 años, etcétera, en la práctica no se está aplicando. Hace dos semanas en la Comisión de
Infraestructuras de este mismo Parlamento se intentó explicar a este diputado, por parte de un portavoz del Grupo Popular, que era normal que ese real decreto no se aplicase porque tenía problemas de incompatibilidad con otras normas y con cierta
normativa internacional. Dicho más claramente. En la terminal de Repsol del puerto de A Coruña entran buques subestándar de 18 años que están en la lista negra del memorándum de París. El capitán marítimo -que algo tiene que ver también en la
génesis de la catástrofe del Prestige-, siguiendo instrucciones del jefe de la terminal, ordenó a los inspectores marítimos que no sometiesen al buque a revisión. Esa es, señor Martín Villa, la implicación y el compromiso de su Gobierno con la
seguridad marítima, y aquí se ve claramente quién protege a los piratas y a las mafias del mar. Decían ustedes que el Bloque Nacionalista Galego, que promovió esa comisión de investigación en el Parlamento Europeo, favorecía a las mafias del mar.
Yo le digo a usted: ¿Quién estuvo favoreciendo durante todos estos años a los piratas del mar? ¿Qué buques descargan en la puerto de Repsol del puerto de A Coruña? Igual nos puede informar usted también sobre esta cuestión.
Situación del litoral
afectado. Decir que las playas estaban limpias el día 1 de junio o, como se suele decir en términos militares, en estado de revista es una mentira. Se lo tengo que decir así. Durante todo el verano estuvo llegando fuel a las playas gallegas. La
plataforma Nunca Máis elaboró un díptico para informar a los bañistas de las medidas que debían tomar porque ni la junta de Galicia ni el Gobierno que usted representa se dignaron informar. ¿Qué sucede cuando uno se mancha con fuel? ¿Qué sucede si
hay una ingestión accidental de fuel? ¿Pueden jugar los niños en la arena? Estuvo llegando fuel y ustedes lo negaron hasta el punto de que la ministra de Medio Ambiente, en visita a Galicia, el día 15 de julio, decía: Esperamos que estas llegadas
de fuel se solucionen antes de que empiece la temporada de verano. Yo no sé cuándo empieza la temporada de verano para la ministra de Medio Ambiente, porque eso lo dijo el 15 de julio. El 15 de agosto siguió llegando, el 15 de septiembre también y
este fin de semana pasado también. Por tanto, que las playas están en situación de revista -lo siento mucho, señor Martín Villa- se lo pueden creer los que no estén en Galicia, pero los gallegos no se lo creemos.
Sigue habiendo fuel enterrado,
sigue habiendo fuel en las rocas y sigue habiendo fuel en los fondos marinos. Y sobre la forma de limpiarlo, dice usted: Las empresas constructoras. No es que circulara la especie de que las empresas constructoras iban a actuar gratuitamente, es
que dijeron ustedes que iban a actuar gratuitamente, y usted mismo, en una reunión con la Federación gallega de la construcción, es decir, la asociación que reúne a los empresarios gallegos de la construcción, les dijo: De gratuidad, nada, van a
cobrar, y los nombramos a dedo. Y la mayoría de esas empresas constructoras nombradas a dedo, por cierto, son de fuera de Galicia. Esa es también la forma que tienen ustedes, como dice, de aprovechar la catástrofe para avanzar. Sí, sí, pero para
que avancen efectivamente otros.
Podríamos incluso hablar de cómo se está limpiando, porque son empresas constructoras que no tienen absolutamente ninguna experiencia en la limpieza del litoral afectado por vertidos de hidrocarburos. Se saca el
fuel de las rocas, vuelve al mar, la marea lo vuelve a traer, etcétera.
Podríamos hablar también de empresas constructoras que confunden la limpieza de las rocas con pulir la fachada de un edificio. Están limpísimas, ahora, en años no habrá ni un
percebe ni un mejillón en esas rocas pulidas.
Podemos hablar también de ayudas. Dice usted: Agilidad inicial. Agilidad inicial porque el Gobierno se vio presionado desde este Parlamento. El día 19 de noviembre del año pasado, el Pleno del
Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego. Desde luego no tiene comparación con lo que pasó en el caso del Mar Egeo, de acuerdo, pero ¿qué pasa ahora? Ayudas por tres meses
prorrogables por otros tres, justo hasta las municipales, y luego ustedes se las arreglen. Ayudas que, de acuerdo con una orden de la Consellería de Pesca de la Xunta de Galicia, del día 19 de noviembre de 2002, eran a fondo perdido y no
reembolsables, y de acuerdo con su Real Decreto de 1 de agosto, que desarrolla el Real Decreto-ley de 20 de junio, esas ayudas sí va a haber que reembolsarlas, se restarán de la indemnización que reciban los afectados. Pasaron las municipales y a
ustedes les da absolutamente igual. Por eso le digo: Puestos a elegir, que durasen las ayudas y no que continuase usted en el puesto.
Las ayudas son insuficientes, no sólo porque se refieran a seis meses y sigan las consecuencias, sino también
porque ustedes -puede hablar de eso- prefirieron abrir apresuradamente la veda, levantar apresuradamente la prohibición de faenar, para ahorrar
dinero, sin haber realizado antes los estudios que ahora dice que van a realizar las universidades gallegas. Tendrían que haberlos realizado previamente, señor Martín Villa, y a los problemas que sigue habiendo me remito. Y, por cierto,
son ayudas pagadas en un 75 por ciento con fondos de la Xunta de Galicia. Usted dice: Nosotros valoramos los daños en 650 millones de pesetas. Pero es que a la Administración del Estado la catástrofe le sale a pre, no me extraña que diga que no
se pone en cuestión la estabilidad presupuestaria. Quien ya dijo que no va a poder cumplir el déficit cero es el propio consellero de Economía de la Xunta de Galicia, claro. El 75 por ciento de las ayudas las paga la Xunta de Galicia, a pesar de
que las competencias relevantes son de la Administración del Estado, en materia de costas, en materia de salvamento marítimo y de control de las aguas territoriales. Son competencias suyas, que se niegan ustedes a transferir, pero que, después, las
consecuencias y las responsabilidades que se derivan del mal ejercicio o de la omisión en el ejercicio de esas competencias tienen que pagarlas otros. Es una curiosa forma de gobernar, también ahí le reconozco que fue usted eficaz.
Sobre las
indemnizaciones, dice usted que el sistema abierto por ese Real Decreto-ley de 20 de junio es un sistema voluntario, pueden acogerse a él quienes quieran. Es indigno decir eso así. Qué voluntariedad ahí cuando se les dice: Pueden ir ustedes por
la vía del FIDAC, sin ningún amparo de la Administración, y tardarán años en cobrar no se sabe cuánto. A cambio, se les dice: Pueden ir ustedes por la vía que les ofrece el Gobierno, firmar con nosotros un convenio, renunciar a las indemnizaciones
por daños futuros, a pesar de que la evidencia científica dice que los efectos van a durar por lo menos 10 años, y cobrarán -eso sí, les pagaremos a partir de enero- el 15 por ciento de los daños efectivamente producidos, aceptando que la valoración
realizada por inspectores de la Administración del Estado, de acuerdo con los criterios del FIDAC, se corresponde con el cien por cien; es decir, 160 millones a repartir entre, sólo en Galicia, 20.000 marineros y mariscadores. Súmele
ayuntamientos, súmele la propia comunidad autónoma (que parece que dice que renuncia a reclamar, es muy generosa la comunidad autónoma), súmele las demás comunidades autónomas y súmele los demás trabajadores de los sectores afectados de Asturias,
Cantabria y el País Vasco. ¿A cuánto toca, señor Martín Villa, por afectado? Nos lo puede comentar. Y conteste también, si quiere: ¿Están dispuestos a superar el límite de los 160 millones? ¿Con qué partida presupuestaria van a cubrir ese
adelanto, o están esperando que el FIDAC les dé el dinero o a realizar otro telemaratón u otro sorteo extraordinario de la Lotería Nacional? Díganos con qué partida la van a cubrir. Y díganos también si ese principio de acuerdo que parece que hay
con ciertos ayuntamientos para que puedan reclamar daños en el futuro -parece que hubo conversaciones- se va a poder extender también a los particulares; es decir, si ustedes están dispuestos a flexibilizar las estrictísimas e indignas condiciones
establecidas en el Real Decreto-ley de 20 de junio, a ampliar la cuantía del adelanto, a ampliar la cuantía indemnizatoria y a dejar abierta la posibilidad de que los afectados puedan reclamar indemnizaciones por daños futuros porque, si no, señor
Martín Villa -casi volvemos al principio-, con este Real Decreto, lo que hacen ustedes no es un favor a los afectados, no es un ejemplo de buena administración y de adelanto de la indemnización a los afectados, sino -ya le dije que ése era el
principal objetivo para el que fue usted nombrado- blindar al Gobierno ante las demandas judiciales que ya se están tramitando y que parece que no le van a dejar demasiado bien parado. Díganos qué va a suceder. Se debería ampliar la cuantía
indemnizatoria y, desde luego, dejar abierta la posibilidad de reclamar daños futuros.
Hay otras cuestiones que podríamos seguir analizando. ¿Qué sucede con el pecio? Díganos también cuánto fuel hay en el pecio y dónde está el que usted dice que
no sabe si se quedó en algún puerto, porque no se cargó en el Prestige o si está vagando por el mar a la espera de volver a las costas gallegas o llegó a las costas gallegas y alguien mintió, porque las cantidades que se daban en un principio de
llegada de fuel, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, no eran correctas.
La intervención de Repsol YPF, en este caso, parece que sí es filantrópica, que no va a cobrar ningún precio, díganoslo porque puede pasar lo mismo que con las
constructoras ¿o cobra algún precio encubierto en forma de mirar hacia otro lado cuando llegan buques subestandar a sus terminales de petroleros? ¿O cuando Repsol contrata buques con bandera de conveniencia también en estado de seguridad
deplorable? No sé si ese es el precio que se va a pagar. ¿O ese acuerdo marco entre el Gobierno y Repsol para prejubilar a una parte importante de su plantilla, corriendo el INEM con el 83 por ciento del gasto de ese acuerdo? Díganos cuál es el
impacto económico, cuál es el precio abierto u oculto que se va a pagar por la colaboración de Repsol. Esperemos que salga bien este plan de Repsol de extraer el fuel del pecio del Prestige. Usted convendrá conmigo en que este plan es una abierta
desautorización de los informes y de lo recomendado por la comisión científica asesora. Ninguna de las dos alternativas propuestas por la comisión científica asesora fue acogida y se le encarga a Repsol que empiece el trabajo de nuevo, sin
intervención de ningún científico de los que habían participado antes en esa -mejor vale olvidarla- comisión científica asesora.
Esperemos que el sistema funcione, pero tendremos que esperar hasta la próxima primavera; es decir, el buque va a
quedar ahí, a una profundidad en la que usted dice que no hay ni invierno, ni verano, ni otoño, pero lo que sí hay son corrientes que volverán a traer el
fuel a las costas gallegas y, por el camino, sin remolcadores de altura, sin buques anticontaminación. No está previsto, señor Martín Villa, en los presupuestos para el año que viene dotar a Galicia de ninguna de esas infraestructuras. Por
no haber, ni siquiera hay barreras anticontaminación en este momento. No las hay. Si vuelve a haber una catástrofe como la del Prestige no pueden ustedes cerrar la bocana de las rías. No tienen medios. No saben dónde van a poner un puerto
refugio, porque no saben si ese puerto exterior de A Coruña, que veremos si es viable técnicamente o no, va a ser puerto refugio. Entonces, con un corredor como el de Fisterra, con los barcos que atraviesan las costas gallegas, si hay algún
problema, ¿adónde van a conducir el barco?
El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya.
El señor AYMERICH CANO: Acabo, señor presidente.
Díganos, señor Martín Villa, en qué se mejoró desde hace once meses. Si mañana, esperemos que no, se vuelve a producir el aviso de accidente en el corredor de Fisterra, ¿qué harían ustedes?
¿Volverían a hacer lo mismo? Díganos también rápidamente de dónde van a salir esos 450 millones que van a sacar de la Unión Europea. Del fondo de solidaridad, 8,5 millones, una gran gestión también; del Interreg parece que va a ser difícil una
acción conjunta con Francia, cuando se mencionó antes el informe de la Asamblea Nacional francesa, por cierto, con la que colabora la Administración española, que se niega a hacerlo con la comisión de investigación abierta en el Parlamento de
Galicia. Eso demuestra cuál es su compromiso y su concepción de los intereses generales. Usted sabe que la financiación vía Interreg requiere de la cooperación entre varios Estados. ¿Cree usted que Francia va a colaborar? Díganos de dónde van a
sacar esos 450 millones y qué parte va a salir de la reasignación de fondos que ya corresponden a Galicia, porque para paliar los efectos de una catástrofe producida por su Gobierno Galicia va a quedar sin fondos para nuevas infraestructuras para
modernizar su flota pesquera que es tan necesaria. Usted dice que saldríamos de la catástrofe del Prestige con una gran hazaña; una gran hazaña para Madrid y para España, pero con un gran desastre para Galicia.
El señor PRESIDENTE: Señor Martín Villa.
El señor COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA CATÁSTROFE DEL BUQUE PRESTIGE (Martín Villa): En primer lugar, me voy a referir a la intervención del señor Guardans, que específicamente se centraba en la labor
internacional. Coincido totalmente con el señor Guardans en que el tráfico marítimo dista mucho de ser el deseable y que hay una situación en exceso permisiva que, por lo que he podido aprender en estos meses, supongo que tiene su origen en el
principio de la libertad de circulación de los mares, que pudo tener su sentido en su tiempo, pero no ahora.
El ministro de Defensa portugués que, de acuerdo con las leyes de aquel país es el responsable en este tipo de situaciones, establecía un
criterio muy parecido al que S.S. ha planteado de que, así como las cosas en el tráfico aéreo están bastante bien regladas (hay a veces incumplimientos, desastres, pero la salvaguarda de los intereses generales está suficientemente cubierta), no lo
es tanto en el campo concreto del tráfico marítimo. Yo mismo me he señalado una obligación personal y es la de mantener algún tipo de dedicación a este tipo de cosas, incluso después de mi cese en mi actual oficio como comisionado, y esa es la
razón del convenio que hemos firmado con los tres rectores de las universidades gallegas, financiado por el sector eléctrico, en el cual hay una comisión formada por los tres rectores y que yo presido para elaborar las modificaciones que nos
aconseje, tanto en la legislación doméstica española, como en la europea y en la internacional. Quiero decir al señor Aymerich que para esto se concibió la comisión y el acuerdo con las universidades gallegas y no en los términos que él ha
manifestado recientemente.
Lo que sí le quisiera decir, señor Guardans, es que me parece que su enjuiciamiento sobre la labor del Gobierno en estos meses, aunque pueda entenderse que es como consecuencia de la catástrofe, ha sido un poco de brazos
caídos, de dejar pasar la cosas. No tengo que entrar, no es a mí a quien corresponde, si debió haber una comisión y la naturaleza de la misma en el seno de esta Cámara para estudiar el tema en forma análoga a como se ha hecho en la Asamblea
francesa. Pero ciertamente, y puedo remitirle directamente o a través de la presidencia de la Comisión los informes de nuestro representante en la Organización Marítima Internacional, el protagonismo de España, seguramente derivado porque era
protagonista en la desgracia y en la catástrofe, ha sido superior al de todos los países y muy singularmente al de Francia, con el que en algunos aspectos hemos manifestado posiciones análogas y en otros, como es lógico, hemos manifestado
discrepancias.
Si en los pocos meses que han transcurrido entre el mes de noviembre y ahora, no llega a un año, se han podido modificar cuestiones tan importantes como el límite máximo de las indemnizaciones del fondo de compensación de
hidrocarburos ha sido merced a la presión española en el marco de la Organización Marítima Internacional, que lógicamente ha contado con adhesiones, pero la mayor parte de los casos con no excesivos entusiasmos porque eran las empresas de los países
las que tenían que incrementar sus aportaciones. Buena prueba de ello es que el Gobierno de España es el primero que ratifica el convenio y lo somete a las Cámaras, de acuerdo con el sistema constitucional español. Si, por ejemplo, se han
aumentado las exigencias en relación con los países que abanderan, a lo
mejor de forma insuficiente pero muy superior a la que venía rigiendo hasta ahora, es gracias a la presión y a la iniciativa del Gobiernos español. Si se han modificado los pasillos marítimos de la zona de seguimiento de tráfico de
Finisterre ha sido por la presión y la iniciativa del Gobierno español. Y si se establece, ya veremos en qué condiciones, la zona de especial sensibilidad para el Cantábrico y para Galicia será gracias a la iniciativa del Gobierno español, en
algunos aspectos acompañado, en otros sólo y en otros compartido, como es lógico, porque aquí hay países que tienen los intereses que S.S. denunciaba y que, por tanto, están en contra de una situación de mayor exigencia, una situación de menor
permisividad. Si, por ejemplo, se han establecido condiciones para regular el sistema laboral de los buques, o condiciones de exigencia profesional para los capitanes o sus colaboradores inmediatos, en una forma análoga a la que rige en el tráfico
aéreo, ha sido gracias a la iniciativa del Gobierno español.
La verdad es que con la perspectiva en el tiempo -S.S. lo ha dicho, esta es una tarea a medio y largo plazo- de este escaso año, aunque sea derivado y con origen en la tragedia y en la
desgracia, yo creo que allí sí que podemos estar satisfechos de las iniciativas y del éxito que ha tenido el Gobierno español.
La semana pasada, en conversaciones con el director general del fondo de compensación de hidrocarburos, estaba realmente
impresionado, y así nos lo dijo, del trabajo que la representación diplomática en la Organización Marítima y en el propio fondo había tenido. En todo caso, a través de la presidencia de la Comisión yo puedo transmitirle los detalles de los propios
trabajos que nuestra representación en la Organización Marítima Internacional ha realizado. Bien es verdad que hay que cohonestar, como S.S. ha dicho, las iniciativas en el marco europeo y en el marco internacional. Si se produjera, como estamos
intentando, algún tipo de relación entre la Organización Marítima Internacional y la europea jurídicamente establecida, es evidente que ese conjunto de fuerzas que representaríamos todos los países tendría los resultados que S.S. ha señalado, pero
la verdad es que todas y cada una de las iniciativas tomadas hasta ahora desde el mes de diciembre han salido adelante con la excepción de, aprobando la zona de sensibilidad del Cantábrico, ver los contornos o las condiciones que supone esa zona de
sensibilidad, a la cual se oponen países como Rusia, Liberia o Panamá, y el señalamiento, porque eso tiene que estar en la decisión propia de los países, quizá en el marco de una convención internacional de los puertos de refugio, cuestión sobre la
que teóricamente es fácil pronunciarse pero que en el terreno de la práctica el señalamiento público de una determinada localidad como puerto refugio es algo ciertamente difícil.
Creo que no se le ha escapado al Gobierno, señoría, y en concreto a
la representación del Gobierno ante la Organización Marítima Internacional, ninguno de los aspectos que S.S. ha señalado. En todo caso, como también ha dicho, la verdad es que algunas de estas cosas por su propia naturaleza son a resolver a plazo
medio. Yo confío que esa comisión, con la colaboración universitaria y con el sosiego de la labor universitaria, pueda hacerle llegar al Gobierno una serie de propuestas que faciliten su actuación fuera y dentro de España. En todo caso, le
insisto, en este terreno podrá señalar S.S. la lógica decepción de que no haya podido ser un trabajo que nazca de la Cámara, en concreto de este Congreso, pero el resultado obtenido, aunque no sea por esa vía, me parece que es una de las cuestiones
más positiva de estos casi doce meses que han pasado desde noviembre del año pasado hasta ahora.
En relación con la intervención del diputado representante del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, quiero decirle a S.S.
que he
comparecido en esta Cámara y en circunstancias -siempre lo más difícil es lo que queda por hacer- bastante más difíciles que ésta. Nunca he oído a ningún diputado actuar de la forma que a S.S. le he oído hoy.
Ha comenzado por decir que no
necesita del Gobierno ni sentimientos ni solidaridad. El Gobierno se podrá equivocar o podrá acertar, pero es el Gobierno legítimo de los españoles, es el Gobierno legítimo de la nación española que actúa como tal. Ya califica a S.S.
suficientemente el que haya comenzado su intervención diciendo que no necesita del Gobierno ni solidaridad ni sentimientos, porque detrás de la solidaridad y de los sentimientos del Gobierno legítimo de la Nación está la solidaridad y los
sentimientos del conjunto de los españoles, mejor o peor interpretado, pero es el Gobierno legítimo.
De otra parte, le aseguro que yo no miento nunca, que yo no falto a la verdad nunca, que la información que se ha dado desde la oficina del
comisionado ha sido veraz, que yo no he dicho, por ejemplo, en relación con las playas, que todo estuviera en perfecto estado de revista el día 1 de junio. Creo que eran diez o doce las que ese día no estaban en perfecto estado de revista. Las
hemos dicho con nombres y apellidos y esos datos los tienen los ayuntamientos y sus alcaldes y también los ayuntamientos y los alcaldes que están presididos por miembros de su propio partido político. Les hemos enviado este tipo de información para
algo que he indicado al comienzo de mi intervención, para que entre lo que circula en los papeles y la realidad no hubiera distancia alguna.
En el tema concreto de la actuación de las playas, hemos diseñado un plan de acuerdo con las comunidades
autónomas en su conjunto y de acuerdo con los ayuntamientos. El planteamiento de la limpieza de las rocas dista mucho de ser el que S.S. señala. Tengo que decirle que en esto y en todo lo que constituiría la menor de las satisfacciones de mi
comparecencia hoy es parecerme en nada en mi intervención a lo que ha sido la intervención de S.S. No tiene usted razón, en absoluto, en el enjuiciamiento que hace de cosas concretas.
Nosotros hemos dado información a lo largo de todo el verano de cuál era la situación, playa por playa, con nombres y apellidos, y lo hemos sometido a las autoridades locales. Y cuando ha habido alguna discrepancia, esas autoridades locales
nos las han hecho ver, sean del partido que sean.
Yo no he defendido, no me toca defender, las conclusiones del comité científico asesor. Las he relatado. Hoy yo no he hablado, debe ser en virtud de alguna intervención que S.S. haya podido
recoger, de las toneladas que faltan o no faltan. La única cifra concreta en la que estamos de acuerdo, no sólo los técnicos españoles, sino los técnicos franceses y portugueses es en la cantidad de fuel que hay en el barco y la cantidad de fuel
que se ha recogido en fuel equivalente. La suma de las dos cantidades da 60.000 toneladas y coincide con la que documentalmente, en virtud de los distintos embarques, figura en la documentación que obra en poder del Gobierno español. ¿Quiere
decirse que esa coincidencia hace ver que no hay una sola gota de fuel en las playas? No, lo he dicho públicamente y lo repito; nadie está pintando, señoría, una situación absolutamente idílica, pero las cifras que se dan sobre las playas
afectadas, ayer nueve y esta mañana seis, en toda la costa cantábrica y en Galicia -desearía que cero y a lo mejor mañana la dirección de los vientos cambia seis en veinte-, son las que damos nosotros, que además contrastamos, insisto, con las
autoridades locales.
Me ha preguntado S.S. si hay compensaciones ocultas, cláusulas ocultas en el contrato de Repsol. Eso sería imputar al Gobierno un delito; lo sería decir que ha habido compensaciones, por ejemplo, de incumplimiento de
cualquier tipo de legalidad sobre la base de la colaboración que Repsol pueda estar prestando. En España, y en ocasión de la catástrofe del Prestige, señoría, se ha tomado una decisión análoga a la que todos los gobiernos han tomado en catástrofes
o situaciones parecidas: primero ha habido un comité científico, que habrá tenido aciertos y errores, que realizó una tarea muy importante para implementar el sellado inicial del barco y que propuso una serie de soluciones desde el plano
científico, que ya desde el plano más empresarial Repsol en parte aceptó y en parte no aceptó, con la colaboración del conjunto de sus empresas colegas. Este tipo de colaboración Repsol lo hace en los términos de un contrato, firmado por la
autoridad competente dentro de la Administración española, para realizar un determinado trabajo. Ese contrato puede estar a disposición de S.S. por el cauce de la presidencia de la Comisión, si así lo desea. No se puede imputar al Gobierno o a
cualquier autoridad la comisión del delito amparándose en la protección que S.S. tiene como representante parlamentario.
Por lo demás, y en relación con las actuaciones en el plano internacional, hay una cierta discrepancia en principio entre su
posición y la del señor Guardans. Parece que la posición del representante de Convergència i Unió -he tratado de darle los datos que tenía- podía estar enjuiciando la posición del Gobierno español como de una cierta desidia, no digo huelga de
brazos caídos, pero de no haber tenido la actividad suficiente, y la suya es haber tenido iniciativas, pero haber fracasado en todas. Con excepción de la delimitación de las consecuencias jurídicas de la zona de sensibilidad del Cantábrico y de
Galicia, así como de lo relativo al establecimiento de puestos de refugio, tal y como lo he explicado, todas las iniciativas, que han sido en cantidad y calidad las mejores y diría que casi las únicas que se han tomado a lo largo de estos meses, han
sido aceptadas, bien en el plano europeo, bien en el plano de la organización marítima internacional.
En relación con las compensaciones de carácter económico, lo he explicado con claridad: el convenio, el acuerdo es voluntario. Los privados o
las administraciones públicas que lo deseen entran o no en convenio y en el acuerdo; en el caso de entrar, si en sus conversaciones con el Gobierno no llegan a una cifra que les satisfaga, entonces se salen del acuerdo.
La cifra que les satisfaga
será la que ese pescador, insisto, de Cudillero, o ese hotelero de San Vicente de la Barquera o el Ayuntamiento de El Grove entiendan que son los daños que se les han inferido. Si entienden que esa no es la cifra que les conviene, no convendrán con
el Gobierno. Desde luego, para mí la ventaja es innegable en virtud de un cobro rápido y total. Su señoría tampoco acierta al describir la realidad diciendo que las subvenciones al sector pesquero se han hecho en virtud de las elecciones
municipales. Las subvenciones al sector pesquero se han hecho en virtud de la normalidad progresivamente alcanzada en el sector pesquero. Tanto las decisiones que ha tomado el Gobierno de la nación como las decisiones que han tomado no sólo la
Xunta de Galicia -más la Xunta de Galicia-, sino también el resto de los gobiernos autónomos, han sido adoptadas después de una serie de estudios de carácter científico, con participación del Instituto Español de Oceanografía, y son ciertamente
importantes y decisivas, y después de unas conversaciones con las propias cofradías de pescadores.
Desde la primera semana del mes de febrero, que es cuando creo que se tomó la primera decisión de la Xunta de Galicia, para abrir a la normalidad
determinadas zonas, se ha repetido siempre, y lógicamente, el mismo calendario. Ha habido una primera situación de cierta resistencia. Como el pescador vecino del que trabajaba veía que el trabajo del que trabajaba salía adelante, esa resistencia
iba circulando a la baja progresivamente y lo que el lunes de una semana -casi siempre las aperturas eran los lunes- era un éxito parcial al final era un éxito total, y S.S. debe saberlo con mayor conocimiento que yo. La situación se ha
normalizado en el conjunto de los sectores pesqueros que caen bajo la competencia de la Xunta de Galicia o del resto de las comunidades autónomas, como también
los que caen bajo la competencia del Gobierno de la nación, en virtud de esta distribución competencial entre las administraciones autonómicas y la general del Estado. Me parece que el pasado día 8 se normalizó del todo, simplemente queda
una pequeña zona que creo que afecta a 18 mariscadores, o algo así, que no está en Galicia sino en el País Vasco.
Señoría, es evidente que a la hora de describir una realidad se puede hacer de una u otra manera, pero faltar a la realidad con los
datos de la realidad no es el mejor de los sistemas para hacer frente a los problemas que quedan, que aún son de cierta entidad, pero que no son los del primer día. Le guste o no le guste estamos en una situación muy distinta y mucho mejor. (El
señor Aymerich Cano pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, después tendrá la posibilidad de replicar.
Ahora se abre un turno de intervenciones para los grupos en el que comenzaremos de menor a mayor.
Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor
Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Seré muy breve, porque desde la perspectiva y la distancia geográfica, que no de precaución, que hay en el archipiélago canario en cuanto al paso de petroleros, incluso algunos infringiendo todavía las
recomendaciones que se han venido dando de que no sean monocasco, la intervención del comisionado señor Martín Villa al Grupo de Coalición Canaria le parece muy positiva, en primer lugar, por el seguimiento tanto interno como externo con relación a
otros organismos que deben tener su grado de responsabilidad, por ejemplo, en las cuestiones de seguros de responsabilidad civil, criminal, ecológica, etcétera; por tanto, esta labor de seguimiento nos parece muy encomiable.
Aunque afortunadamente
el archipiélago canario no sufrió ningún efecto por el hundimiento del petrolero Prestige, sí nos parecen muy interesantes algunas de las informaciones dadas por el señor Martín Villa esta mañana en la Comisión, que creemos que deben ser conocidas
por la Administración, tanto por la central como por la periférica, por la Administración de la comunidad autónoma de Canarias, para poder adoptar determinadas medidas que puedan prevenir posibles riesgos. No olvidemos que en el archipiélago
canario existe una refinería de petróleo, en la isla de Tenerife, por cierto, la más antigua de España. En 1927, a finales de la monarquía de don Alfonso XIII y principios de la Segunda República, se instaló la refinería de Cepsa. Por tanto, es
destino de petroleros con los riesgos que ello conlleva, pero sobre todo Canarias es la zona de tránsito, entre las costas de las islas más orientales de Lanzarote y Fuerteventura con la costa africana, de petroleros que proceden del golfo Pérsico,
bordeando el cabo de Sudáfrica y que vienen hacia Europa, tanto por el Mediterráneo como por el Atlántico norte, así como los que atraviesan las aguas canarias, que ha sido motivo incluso de iniciativas legislativas. No hace mucho hubo una
intervención aquí del ministro de Fomento, señor Álvarez-Cascos, mostrando su preocupación y nos informó de unas medidas de alejamiento de seguridad de determinados petroleros, sobre todo los monocasco, más allá de 60 millas de las costas canarias
en la soberanía de aguas jurisdiccionales españolas, y los otros que atraviesan indistintamente aguas de soberanía española pero de tránsito libre, como ha recordado el señor Martín Villa. Las prácticas de la navegación internacional son las que
son y hasta que no haya grandes acuerdos internacionales no se van a modificar, porque esto no es una cuestión que lo pueda modificar solamente un país. España no puede cerrar aguas de tránsito internacional, porque es el capitán del buque
correspondiente el que, de acuerdo con la derrota que sigue, atraviesa las aguas que le parecen más oportunas para el tránsito de materias petrolíferas.
Mi grupo también valora positivamente de la intervención del señor Martín Villa todas aquellas
medidas cautelares que pueden servir de prevención en los aspectos jurídicos y técnicos y de cooperación y colaboración, como se ha visto en estas circunstancias y en estas actuaciones, que tienen que tener una coordinación no solamente con
organismos nacionales sino también internacionales. Yo suscribo plenamente la postura de responsabilidad que ha adoptado aquí el señor Martín Villa. Eso nos da una tremenda franja de seguridad tanto jurídica como operacional.
Nosotros aceptamos
la información del señor Martín Villa en su integridad y no tenemos nada más que suscribirla, tratando que cuando terminen todos esos trabajos del comisionado se pueda publicar un informe del que tengan conocimiento no solamente las autoridades del
Gobierno central de la nación española, sino también los gobiernos autonómicos, en este caso el de Canarias, por la alta sensibilidad en todas estas cuestiones de las tragedias y de los accidentes con buques cargadores de petróleo o crudo que se
producen en nuestras aguas. Por supuesto, desde aquí nosotros también ofertamos toda la solidaridad y la responsabilidad desde nuestra posición. Creemos que ha sido muy oportuna la idea de la creación del comisionado, sin entrar en que una
comisión de estudio a la francesa o a la europea lo pudiera haber dilucidado mejor. Las cuestiones administrativas son las que permiten una operatividad y que se garanticen a España las responsabilidades ante tribunales internacionales de los
auténticos responsables jurídicos y legales de la catástrofe, para que esa línea se mantenga con pleno respeto a nuestra legalidad y a la internacional.
El señor PRESIDENTE: No habiendo representante del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el representante del Grupo Socialista, señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor Martín Villa, hoy nosotros queremos hablar de presente y de futuro; del pasado no se quiso investigar, hay su versión, la versión de Gobierno y hay también la otra historia, la historia no oficial. Señor Martín
Villa, quería empezar preguntándole por qué se va.
El 3 de agosto usted pide la desaparición de su negociado porque considera que su trabajo está cumplido. ¿Cuál era su trabajo? ¿Tranquilizar a la opinión pública? ¿Sólo eso? ¿O resolver los
problemas derivados de la catástrofe? Si era tranquilizar, y la tranquilidad se mide por estudios de opinión, le felicito, el Prestige ya no es un tema prioritario para la opinión pública española. Si el objetivo era resolver los problemas
derivados, le repito la pregunta: ¿Por qué se va? Señor Martín Villa, usted sabe que en realidad el problema no ha terminado, que la situación en la zona afectada está en calma, que las ayudas individuales cumplieron su papel tranquilizador pero
que los temas importantes están sin resolver y no se van a arreglar solos. Nos hubiera gustado que no fuera así, pero los meses que ha estado usted al frente del comisionado del Gobierno arrojan un balance profundamente negativo para el futuro.
Hacia dentro no han asumido no ya responsabilidades, sino incluso errores, y hacia fuera ha minimizado el desastre y dado por suficientes algunos acuerdos absolutamente gestuales, como explicaremos después. Como usted también sabe que el tema no ha
terminado, le reitero la pregunta: ¿Por qué se va? Me gustaría que me diera una respuesta sincera, aunque me temo que en esta Cámara, que debería ser la Cámara de la verdad, usted me va a facilitar la respuesta conveniente, la que moleste menos al
Gobierno, aunque esta respuesta no sea la que interesa más a la sociedad. La verdad -se lo digo sinceramente- es que por su papel en la transición tiene todo mi respeto, pero después de sus primeras declaraciones públicas en La Coruña como
comisionado, diciendo que nada diría sobre el caso que pudiera perjudicar al Gobierno que lo nombró, dudo -creo que con razón- de su imparcialidad. En todo caso, no dudo de su inteligencia, por ello creo que va a entender mis razonamientos a la
hora de justificar que el caso no está cerrado y que es una irresponsabilidad política hacerlo ahora.
Le voy a dar seis razones y terminaré con tres reflexiones y alguna pregunta. Señor Martín Villa, ¿le parece lógico que el Parlamento Europeo
apruebe hace unos días la creación de una comisión de estudio e investigación para esclarecer la catástrofe del Prestige y sus consecuencias y en España se cierre oficialmente el tema? ¿Qué ocurre? ¿El Parlamento Europeo está formado por una
mayoría de chalados fuera de la realidad? ¿Es esa la visión que tiene el Gobierno que usted representa? Grave si así es, pero así parece. En todo caso, le pregunto, señor Martín Villa: ¿Va a usted a colaborar con el Parlamento Europeo? ¿Cree
que la Unión Europea, que según usted va a contribuir a financiar los gastos con más de 400 millones de euros, nos va a entender y a atender? ¿Cómo van a conseguir ayudas externas si siguen ustedes minimizando la tragedia? Recuerde que en el
último reparto de fondos de solidaridad, como nuestra factura era pequeña, la contribución de la Unión Europea fue también pequeña, 8,6 millones de euros, inferior a la que asignó a los incendios de Portugal (48,5 millones de euros) o a los daños
por los terremotos de Italia (47,6 millones). Son catástrofes que no pretendemos minimizar pero no ocultar la nuestra. Usted sabe como yo que el umbral de la Unión Europea para entrar en el fondo de solidaridad está fijado en 3.000 millones de
euros. Nosotros planteamos una factura de 436 millones de euros, muy lejos de ese umbral. Recuerde que para el Exxon Valdez se planteó una factura de 10.000 millones de dólares. Si nosotros hubiéramos planteado una factura normal, teniendo en
cuenta todos los daños causados, es posible que la realidad de la financiación europea hubiera sido otra, pero ustedes tenían más interés en minimizar la catástrofe que en conseguir financiación externa.
En segundo lugar, nos dicen que el tema está
cerrado pero hay fuel en el barco; nos dicen que hasta marzo del año 2004 no se va a afrontar ese problema. También le pregunto: ¿Están solidificadas o pueden llegar a tierra cuando cambien los vientos las 15.000 toneladas que hay en el mar?
¿Qué dicen sus técnicos sobre el fuel? El riesgo de nuevas mareas negras sigue latente, por lo que, señor Martín Villa, es necesario afrontar de manera inmediata la extracción de fuel del barco, porque no hay ninguna garantía definitiva de que el
petróleo hundido deje de ser una amenaza mientras no se haya extraído del fondo del mar.
En tercer lugar, no se puede cerrar el tema porque la recuperación de los recursos y de la cadena productiva no ha sido abordada aún con rigor, y es urgente
que se haga porque la recuperación económica y social de las zonas afectadas depende del medio físico y de sus recursos. No hay normalidad mientras que en la zona no se recupere el medio físico, no se recuperen las capturas y el medio marino para
que el año próximo los marineros tengan los mismos ingresos que tenían en años pasados. Usted sabe -lo dicen los expertos- que la recuperación del medio será inevitablemente un proceso a medio plazo que se estima en una media de diez años; el
mismo tiempo que tardará la gente del mar, la gente que depende de la pesca en recuperar sus rentas. Si van a tardar diez años, no me puede decir que la situación está normalizada. La situación actual de los recursos también se hace necesaria para
implementar políticas de recuperación y corrección cara al futuro que ayuden a mejorar la situación.
En cuarto lugar, no se puede cerrar el tema, señor Martín Villa, sin evaluar los trabajos de recuperación del medio afectado. No es lo mismo
limpiar que recuperar y conservar. Ustedes llevaron a las playas grandes empresas constructoras que sabían limpiar, pero no necesariamente eran expertas en limpieza de medio
marino. Podían limpiar rocas, pero no sabían limpiar rocas marinas, porque las rocas marinas no son cuerpos inertes, sino cuerpos que tienen vida.
Los expertos y los técnicos nos dicen que se cometieron grandes destrozos por la utilización
de maquinaria y de utensilios inadecuados en esa limpieza para que todo quedara esplendoroso, pero que el final esas zonas, ahora limpias o menos limpias, hay que recuperarlas; hay que hacerlo para la cadena productiva y hay que corregir las
improvisaciones que se hicieron en los trabajos anteriores, quizás con buena intención, pero con un único objetivo: el de limpia, brilla y da esplendor.
En quinto lugar, también es necesario evaluar un año después la situación socioeconómica de la
amplia zona afectada y el impacto de medidas correctoras decretadas por las administraciones para diseñar con mayor eficacia políticas futuras. Para nosotros es fundamental determinar el impacto sobre la fauna, sobre las especies, sobre los
ecosistemas, pero sobre todo es fundamental determinar los efectos sobre las personas, la economía y la vida social, y eso no está hecho, señor Martín Villa, ni aparece en su informe del día de hoy.
En sexto lugar, no se puede cerrar el tema,
cuando el desarrollo del plan de salvamento está en fase de intenciones. La situación, señor Martín Villa, es la misma que antes del Prestige y las consecuencias están a la vista. Continuamos sin puerto refugio. Señor Martín Villa, le repito, y
usted tiene amplia experiencia en el tema, gobernar es decidir. Ustedes, como es una decisión impopular, no la toman; gobernar es decidir. Ustedes tienen prisa en cerrar el tema, pero no tienen ninguna en resolver el tema que es ya una obligación
perentoria, si queremos afrontar el futuro con más seguridad. Si hoy pasa con otro barco, ¿a dónde lo llevan? Otra vez a alta mar, a hundirlo en el mar. Señor Martín Villa, está demostrado que el Gobierno no aprendió del Prestige ni de
catástrofes anteriores para tomar medidas que acaben con la indefensión de la costa gallega y del Cantábrico. Señor Martín Villa, ¿en qué cambiaron las condiciones ahora que usted se va con el deber cumplido? ¿Hay ya un operativo, un protocolo que
garantice una actuación coordinada y rápida de las administraciones? Usted sabe que no. Se necesitan medios técnicos y humanos preparados para hacer frente a estas situaciones, remolcadores potentes y medios suficientes que ofrezcan garantías
razonables para las condiciones y circunstancias de nuestra mar. Los presupuestos son los compromisos del Gobierno. En ellos hay 10 millones para Sasemar. ¿Con ellos cree usted que se pueden construir en un año dos remolcadores potentes y un
buque succionador? ¿Cree que es correcto que el señor Álvarez-Cascos los publicite para funcionar en el año 2005? ¿Se van a hacer en un año sin proyecto y sin fondos dos remolcadores y un buque succionador? Usted sabe que dentro de un año los
medios materiales serán semejantes, porque el Gobierno, pasado el agobio, como usted bien dice, tiene otras prioridades y confía en Santa Marta para que el mar esté tranquilo.
Relacionado con la seguridad en el mar, hay una cuestión que usted, y
sólo usted, puede explicar, aunque le advierto que nos va a ser difícil entender. El día 26 de septiembre -lo dijo usted aquí- se despide usted más o menos impulsando la financiación, vía UNESA, de una investigación jurídica para clarificar en seis
meses qué cuestiones deben ser replanteadas para mejorar la seguridad del tráfico marítimo, y el mismo día en que firma el convenio su Gobierno es el primero de la Unión Europea en adherirse a la propuesta del FIDAC con fondo de compradores de
petróleo por mil millones máximo de responsabilidad para un futuro accidente. ¿Cómo está tan clara la solución antes de hacer el estudio? La oferta del FIDAC hace tiempo que está sobre la mesa y España es el primer país que la firma. ¿Por qué?
¿Porque son los más listos de la clase o para que nos adelanten las ayudas y poder cerrar el ejercicio? Señor Martín Villa, usted sabe que la decisión del Gobierno es grave e irresponsable, en primer lugar, porque ya de nada vale para el Prestige
y, en segundo lugar, porque no va a actuar como un elemento disuasorio que evite posibles catástrofes, ya que no asume como indemnizables los perjuicios sociales o colectivos al patrimonio natural ni el deterioro de la biodiversidad marina y
terrestre sin uso comercial -le recuerdo que con el Exxon Valdez se pagaron más de 1.000 millones sólo por la biodiversidad- ni asume, sobre todo, un régimen de responsabilidad ilimitada para toda la cadena involucrada en el transporte de
hidrocarburos; los 1.000 millones son simplemente un fondo colectivo que va a dar más alas a los depredadores para seguir trabajando por el mar.
Resumiendo, la propuesta patrocinada por España es mala porque no minimiza riesgos futuros; le
pregunto: ¿Por qué la firmaron? ¿Por qué no esperaron a los resultados del estudio que usted promovió? ¿Había tanta prisa? Le recuerdo que el amigo americano ni firmó ni firmará y que la vieja Europa tampoco tiene prisa.
Por último, tres
reflexiones. El presupuesto de 2004 se esperaba en Galicia como una lotería en las zonas afectadas y llegó la gran decepción o, si ustedes quieren, la gran provocación. A los que sufrieron más duramente y más directamente la catástrofe, a los de
la Costa da Morte, premio, un parador de turismo en estudio; a los hombres y mujeres del mar que en las Rías Baixas evitaron con sus propias manos que el fuel entrase en sus costas, en sus parques de cultivo -una gesta que, por cierto, ocupó
primeras páginas y portadas a nivel mundial y que mereció felicitaciones unánimes y alabanzas del propio Gobierno-, a estos esforzados hombres y mujeres del mar que con su esfuerzo evitaron que la catástrofe fuera un desastre general -recuerden que
el fuel no llegó a las zonas de cultivo de la rías de Vigo y Arousa donde están las bateas y parques más productivos y ricos de Galicia-; a esta gente que con su esfuerzo
ahorró al Gobierno un desembolso extraordinario y a Galicia una crisis de incalculables dimensiones parecía que el Gobierno le debía algo, que estaba obligado, que su esfuerzo se iba a compensar -y obras son amores, señor Martín Villa-, pues
bien, en los presupuestos, por no dar, no les dan ni las gracias. Es curioso, cuando menos, su manera de cerrar el tema: Barbanza, el Morrazo, la ría de Arousa en su conjunto, no existen en los presupuestos. Así, no hay fondos para saneamiento y
limpieza de las rías, no hay planes de dinamización socioeconómica, planes de empleo, planes de evolución turística, no hay nada. Señor Martín Villa, transmita al Gobierno -segunda reflexión- que el debate no está en los pagos a los afectados, que
no los cuestionamos e incluso vemos de forma positiva la rapidez con que se tramitaron; el problema es más profundo, no es un problema de mantenimiento momentáneo de rentas. El Prestige no sólo afectó a las rentas, afectó al capital productivo de
Galicia, afectó a la máquina creadora de riqueza que es el mar; ahora hay que reconstruir el capital, hay que capitalizar, hay que reconstruir una parte de Galicia, y eso no sólo se hace con ayudas a la renta, se necesita inversión y eso no lo
entendieron los señores del Gobierno y por eso el presupuesto está vacío. La tercera y última reflexión es que tienen ustedes prisa en dar carpetazo al asunto y todo lo quieren ver y publicitar como solucionado, pero el problema de la marea negra
pasada no se entierra con medias verdades y el futuro no se asegura con propaganda. ¿De qué medias verdades y propaganda hablamos? Es insólito, señor Martín Villa que, cuanto mayor se reconoce que ha sido el impacto, menor sea la valoración del
daño; repito, cuanto mayor se reconoce el impacto, menor es la valoración del daño. En enero su Gobierno, por boca del señor Rajoy, hablaba de unos daños superiores a mil millones de euros y reconocía un vertido en aquel momento de 40.000
toneladas. El mes pasado nos enteramos por usted de que el coste no pasaría de los 600 millones, cuando el vertido ya reconocido superaba las 63.000 toneladas. Luego el tiempo parece que permite gestionar el verdadero impacto, pero no el verdadero
coste. Ustedes pasaron solitos y de forma inexplicable de 35.000 euros por tonelada a 9.500 euros por tonelada de daño causado; de 35.000 a 9.500. ¿Sabe usted que en el Exxon Valdez la petrolera gastó en limpieza y restauración 80.000 euros por
tonelada de crudo? Sabe también que llevan 10 años con programas de recuperación y que nosotros lo vamos a resolver en un año y con la décima parte del coste. Así pues, le pregunto qué milagro tecnológico y de gestión han pergeñado durante estos
meses sin que nos hayamos enterado el resto de los mortales. Usted sabe que las prohibiciones y restricciones -lo decía el representante de Convergència i Unió- aprobadas en los últimos meses no afectan a buques que simplemente naveguen por aguas
comunitarias, sino que sólo lo hacen si los buques fondean en nuestros puertos, con lo que el riesgo de otro Prestige en Fisterra no ha variado en absoluto. ¿Cómo piensa el Gobierno abordar este asunto? Y mientras se aclara lo del Plan Galicia,
¿tendremos este invierno alquilados un par de remolcadores chinos y barcos anticontaminación en las rías gallegas que seguirán estando a las órdenes de los señores Mesa y Cascos? ¿Podremos dormir más tranquilos sabiendo que el incomparable
patrimonio natural de la costa atlántica está un poco menos a merced del viento y de los temporales que el año pasado?
El señor PRESIDENTE: Concluya, por favor.
El señor DÍAZ DÍAZ: Termino, señor presidente.
Señor Martín Villa, me gustaría que nos explicase cómo realizaron la evaluación de los daños de la catástrofe, porque, ¿cómo se puede fijar el coste final de una catástrofe cuando todavía no
se ha evaluado el principal coste, el medioambiental? Le recuerdo que el vicepresidente segundo anunció en el Pleno de la Cámara ante una interpelación del señor López Garrido que era inminente la contratación de un estudio para llevar a cabo esta
evaluación. De los millones de los que nos ha hablado hoy, ¿en cuánto se estima el coste de la catástrofe sufrida por España? Porque en dicho coste habría que incluir no sólo el impacto directo sobre los ecosistemas, sino también su recuperación.
¿Está incluido el coste de recuperación? ¿Lo han hecho? ¿En base a qué estudios? Por último, señor Martín Villa, por nosotros puede concluir con este tema, puede cerrar su puesto de comisionado y dedicarse a otra labor profesional, pero que le
quede clara una cosa y es que el asunto, el riesgo, la amenaza, están en el mismo punto que cuando usted los cogió.
El chapapote o flota o está en el fondo y todos los días siguen pasando barcos como el Prestige por nuestras costas. Y para
terminar quiero hacerle un ruego. Le agradeceríamos que, como pago a lo bien que le fue por Galicia, transmitiese al Gobierno la verdad de los problemas pendientes. Usted cumplió con el Gobierno transmitiendo tranquilidad y otros deben cumplir con
los afectados, preocupándose por la solución de los problemas pendientes.
Gracias, señor presidente, por su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Señor Martín Villa, quiero agradecerle en nombre de mi grupo las explicaciones minuciosas que nos ha dado en esta comparecencia y desde luego felicitarle por su gestión, por su trabajo tenaz y eficaz, que ha
permitido precisamente que a día de hoy podamos hablar de casi normalidad. En primer lugar, quiero destacar que de su exposición se desprende algo que nuestro grupo valora, como es la perfecta coordinación de las distintas administraciones que han
estado trabajando y que se han visto afectadas
por este tema. En segundo lugar, en su exposición ha dejado claro que en principio todas las playas están prácticamente limpias. En las 1.048 existentes en Galicia, así como en las de las comunidades autónomas afectadas solamente hay
restos en rocas y en las profundidades de algunas de ellas. Ello da prueba de la práctica normalidad de la que usted, señor comisionado, adecuadamente hablaba. Y si se ha podido alcanzar lo que usted ha calificado precisamente de bastante
normalidad es, lógicamente, porque se ha actuado desde la inmediatez y se han elaborado una serie de planes de actuación, en concreto un plan de limpieza y regeneración de la costa, el cual ha resultado claramente eficaz -los resultados lo
demuestran-, e igualmente podemos decir de la coordinación de todo el personal que ha participado en él. Quiero destacar una vez más el papel de las cofradías de pescadores, también del Ejército y del voluntariado integrado por muchísimas personas
que han dado un ejemplo de solidaridad admirable, palabra para nuestro grupo muy importante. Pero tampoco olvidemos que si ello fue posible es porque el Gobierno puso todos los recursos y todos los medios posibles, tanto nacionales como
internacionales, porque aquí han venido barcos de todas partes. Todo ello con la colaboración y además las directrices importantes de expertos, de comités científicos, incluso de expertos internacionales en la lucha contra la contaminación. Hoy
podemos decir por tanto que la tragedia efectivamente es un triste recuerdo en el corazón de los gallegos. Por eso precisamente la gente está tranquila. Es una satisfacción además escuchar a la gente cuando uno sale fuera de nuestras fronteras
-hace poco yo estuve en Chile y también en Rusia- porque sienten admiración por la rapidez y eficacia con que los gobiernos, lo digo en plural, el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos han actuado en una tragedia tan importante.
Al lado de
los recursos humanos está también el acierto en la selección de los métodos más apropiados, porque se seguían las directrices y los consejos de quienes sabían de ello. La comparación que usted ha hecho con los campos de fútbol es en definitiva un
ejemplo muy visual de la magnitud del trabajo y habla por sí solo. Pero ustedes siguen sin querer reconocer, señores de la oposición, la realidad. Porque indudablemente no les interesa. No han escuchado, porque de lo contrario no hubieran podido
decir las cosas que aquí se han dicho, la verdadera situación, las miles de catas que se han hecho, cuál es la realidad en este momento en que tan sólo una de las 48 en las que se encontraron restos de fuel sigue presentando alguna contaminación.
De ello lo único que hace nuestro grupo es felicitarse. Me gustaría recordar una vez más que todas las actuaciones han sido diseñadas, como decía, por técnicos y en todo caso para recoger esas pequeñas galletas que aparecen procedentes del pecio se
está actuando con los dispositivos adecuados. Añadimos además que acertados, porque se actúa con una inmediatez digna de destacar y digna además de destacar por las personas que este verano estaban en la playa y lo decían: inmediatamente se
limpiaban. Inmediatez tanto en la localización como en su retirada inmediata, dispositivos además que el Gobierno ha manifestado reiteradas veces, y la ministra de Medio Ambiente en concreto, que se mantendrán todo el tiempo que sea necesario, como
se ha hecho desde el primer momento sin escatimar esfuerzos y sin escatimar recursos.
Nuestro grupo ha recibido con especial satisfacción el anuncio del Ministerio de Fomento de la ampliación de los medios para luchar contra la contaminación. Un
incremento de un 12,5 respecto a este año en esos presupuestos. Por cierto que sí hay 10 millones de euros para la implantación de la modificación del dispositivo de separación del tráfico marítimo de Finisterre; o para la construcción de esos dos
buques de salvamento y un buque recogedor, además de medios para la inspección o para multiplicar éstas, cuestiones también muy importantes. Y Sasemar tiene un incremento en el presupuesto nada más y nada menos que de cerca del 30 por ciento. Todo
ello habla de esa voluntad del Gobierno de mejorar los medios coherentemente con la firme política de seguridad marítima que está siguiendo.
Le diré asimismo, señor comisionado, que nuestro grupo quiere una vez más adherirse a la prioridad que el
Gobierno estableció desde el primer momento con las personas afectadas, cuestión esta acertada que destacó desde el primer momento el señor vicepresidente de entonces, señor Rajoy, y que usted de alguna manera también ha puesto sobre la mesa al
hablar de las ayudas que se han recibido. Reflexionando, diré que tengo conocimiento de que 20.000 afectados han percibido más de 120 millones de euros. Es una realidad que nuestro grupo considera justa pero que sin duda marca diferencias, un
antes y un después del Gobierno del Partido Popular. Quienes bajo otros gobiernos no han recibido ayudas hoy han comprobado como es verdad que las personas son lo primero para el Gobierno del Partido Popular. Nos sentimos además orgullosos de que
el Gobierno de España haya tenido sentimiento, sentimiento además de dolor, compartido desde luego por nuestro grupo y compartido por todos los ciudadanos de nuestra comunidad. Y solidaridad, además, que es un principio constitucional que nuestro
grupo defiende y antepone siempre.
Hoy también podemos decir con satisfacción que la normalidad ha llegado a la actividad pesquera y al marisqueo. Por lo tanto, si hay normalidad, la situación de esas ayudas tiene que enmarcarse dentro de lo que
es la normalidad. Quienes somos gallegos lo sabemos muy bien y los miles de visitantes que en la época del verano también estuvieron lo han podido claramente comprobar. En lo que se refiere a las actuaciones en el pecio, que es la última fase,
recibimos con mucha satisfacción, señor comisionado, sus explicaciones y todo el empeño en la resolución
definitiva que está poniendo; compromiso firme del Gobierno que nuestro grupo claramente comparte. Aguardamos también las noticias favorables que darían solución definitiva por este procedimiento de la bolsa de lanzadera a la extracción
del pecio.
Ha abordado usted también lo relativo a la financiación, y de su explicación se desprende que el Gobierno ha actuado con diligencia para acceder a los fondos comunitarios. Ha recordado algo de gran interés para los ciudadanos afectados,
como es el anticipo de los fondos procedentes del FIDAC en virtud de ese real decreto aprobado y de su desarrollo, prueba evidente, señorías, de que las personas -vuelvo a recordarlo, porque es importante- son lo fundamental para este Gobierno. Con
ello se abre, señorías, el camino para que cobren, por primera vez, de forma total, los afectados y de una manera mucho más rápida. El tarde y mal de otras ocasiones se convierte, gracias al esfuerzo -porque eso supondrá un esfuerzo, seguro que
presupuestario también de anticipo- del Gobierno de España en una diligencia encomiable. Por ello, me va a permitir que le diga que hablar de dignidad cuando a los afectados se les ofrecen todas las oportunidades, las que antes tenían y otra por
una vía mucho más rápida, y de forma libre, de forma voluntaria, para que puedan cobrar todo lo antes posible, todas las indemnizaciones, al cien por cien, es algo absolutamente -lo voy a calificar de forma mucho más suave- injusto y creo que de una
gran irresponsabilidad política.
Sin duda, desde el primer momento, uno de los objetivos del Gobierno ante esta catástrofe ha sido que no vuelva a producirse. Por ello, desde el primer instante, España está liderando la puesta en práctica de una
serie de medidas para la prevención de riesgos futuros. En este punto, creo que hay que hacer también un reconocimiento muy explícito a la comisaria europea Loyola de Palacio, al vicepresidente señor Rajoy, con su continuidad en el vicepresidente
señor Arenas, al ministro de Fomento y a todo su equipo y al propio comisionado. Es una realidad que España es pionera en la propuesta de incrementar las acciones de control sobre los buques, tanques y de transporte de mercancías peligrosas o
contaminantes, con el objetivo final del alejamiento de los puertos comunitarios, tanto en la Unión Europea como en la OMI, de la misma forma que España ante la OMI ha apoyado la propuesta de establecimiento de zonas marítimas especialmente
sensibles, en las que se restringe la navegación de buques como el Prestige. Debemos recordar que ya se ha aceptado la propuesta de la designación de protección especial a la costa atlántica europea, incluyendo el litoral cantábrico, como ha
recordado el señor comisionado.
Pues bien, cabe destacar además que la combinación de esta zona marítima de especial protección, junto con el nuevo dispositivo de separación de tráfico marítimo de Finisterre, ya conseguido, hace que las aguas
gallegas sean en este momento las más protegidas y reguladas del mundo, cosa que hace unos meses no existía. Las autoridades españolas impulsaron, y siguen impulsando en todo momento, las reformas necesarias en el derecho internacional, para
conseguir una mejor prevención de nuevos casos de contaminación marítima. España -y es importante que quede recogido-, a través de su representación permanente ante la OMI, desde el año 2000, viene presentando propuestas por la mejora del
salvamento, propuestas que sin duda se han multiplicado a raíz del accidente del Prestige. Se ha involucrado de una manera muy activa, como ningún país del mundo, para que se impulsen las propuestas que ayuden a evitar situaciones como éstas. El
tiempo no me lo permite -no me lo permitiría el señor presidente-, pero yo tengo aquí las 27 propuestas de medidas que en este camino ante la OMI ha presentado el Gobierno de España. Algunas -ha recordado el señor comisionado- han sido aprobadas y
otras están en vía de solución. Por tanto, la actividad española ha sido particularmente intensa, el compromiso ha sido importante, el volumen de la documentación presentada ha sido de gran calado y tenemos la satisfacción de que España no ha
mirado desde la barrera, sino que está trabajando por la seguridad de nuestras costas. Sin embargo, señorías, en el pasado no hubo voluntad política para mejorar la seguridad marítima y evitar estos accidentes. Yo preguntaría: ¿Qué hizo el
Gobierno cuando sucedió el accidente del Casón? ¿Qué hizo el Gobierno cuando sucedió el accidente del Mar Egeo? Nada, señorías, esperar a que llegase el próximo accidente con los brazos caídos; un antes y un después de distintos gobiernos.
Las
informaciones dadas -de las que las suyas, señor comisionado, son una muestra más- han sido un ejemplo de verdad y de transparencia. Se ha actuado siempre desde las directrices técnicas y científicas, con posibles equivocaciones a veces -lo hemos
podido decir-, pero sin duda guiados por quienes conocían la realidad y las recomendaban diciendo que eran las mejores. Además, lo importante es que al final se han resuelto prácticamente todos los problemas que causaron la catástrofe. El discurso
de algunos representantes de la oposición que hemos oído aquí, además de injusto, en el fondo está vacío de contenido; no tiene contenido, porque la situación se ha ido normalizando, y les vuelve a alejar de la realidad. Ese camino, además de
alejarles de la realidad, les aleja cada vez más de lo que perciben y dicen claramente los ciudadanos, porque ellos conocen la verdad, porque ellos están en Galicia, porque ellos se bañan en nuestras aguas, porque ellos pasean por nuestras playas y
porque ellos tienen además la suerte de disfrutar de nuestros productos. En el fondo, los ciudadanos saben que el Gobierno ha hecho todos los esfuerzos para resolver los problemas; los ha hecho usted, señor comisionado; y los ha hecho el
vicepresidente, señor Rajoy, desde el primer momento, por mucho que se le ha querido atacar, y desde luego
los han hecho todos los miembros de los dos gobiernos. Su trabajo, señor comisionado, es un ejemplo de una acción acertada y de un proyecto importante para el futuro de la seguridad de nuestras costas. Creo sinceramente que así lo ha
demostrado. Sin embargo, otros no reconocen esa realidad y siguen anclados en un pasado afortunadamente superado. A estas alturas, con esos discursos ya no se va a engañar a nadie y, desde luego, no van a arañar ningún voto; muy al contrario, es
posible que la actitud de deslealtad con España de la que han hecho gala en Europa determinados europarlamentarios que pertenecen a grupos de la oposición les pase una factura electoral. Señorías, ningún favor están haciendo o han hecho a Galicia y
mucho a quienes son los verdaderos culpables, a quienes como la empresa clasificadora ABS incumplieron los deberes de inspección, como han demostrado todos los informes. Pero, señorías, yo también me pregunto qué podemos esperar de quienes utilizan
al abogado de esa empresa para construir un panfleto político en contra de las decisiones del Gobierno.
Es evidente que buscando la máxima operatividad el Gobierno consideró oportuno, señor comisionado -y con ello voy terminando-, un cargo, el que
usted desempeña, cargo que ha desempeñado de forma eficaz a lo largo de todos estos meses. Señor Martín Villa, con su nominación se buscaba coordinar y optimizar los esfuerzos de toda la Administración y tenía usted importantes competencias e
importantes funciones. Se trataba en aquel momento de una situación especial, que requería adaptar la estructura de la Administración para una mayor operatividad pero, afortunadamente, esa situación excepcional ha desaparecido. Por ello, lo normal
-como usted ha dicho- es que lo mismo que se ha hecho en la parte física, con el dispositivo de mantenimiento en todas las actuaciones y en todos los medios, se haga en la parte administrativa, adaptándose a esa situación de casi normalidad.
También querría resaltar, más allá de que hoy hayan utilizado unas u otras frases que, primero, criticaron la figura del comisionado y ahora, de alguna manera, se desprende que critican también que pueda desaparecer.
La conclusión está clara: poco
creíbles pueden ser con esos argumentos tan contradictorios. Lo único que se plantea es adoptar la estructura administrativa a la situación actual y ello parece lo más razonable que podemos hacer. Eso, señorías, que es lo razonable, sabemos que a
ustedes tampoco les gusta porque al final la verdad es que ante el accidente del Prestige en lo único que ustedes se instalaron es en la cultura del no y en una responsabilidad que marcará un hito en la historia política.
Termino, señor presidente.
Afortunadamente los gallegos conocen cómo los gobiernos, el Gobierno de las comunidades autónomas, especialmente el gallego por ser el más afectado y el Gobierno central, han actuado desde la responsabilidad comprometidos con Galicia y desde el
empeño de convertir lo que fue una importante catástrofe en una palanca de progreso. Ese es el empeño también del Grupo Popular y de miles de ciudadanos, no sólo gallegos.
El señor PRESIDENTE: A continuación tiene la palabra el señor Martín Villa.
El señor COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA CATÁSTROFE DEL BUQUE PRESTIGE (Martín Villa): Señor presidente, señoras y señores diputados, intervengo brevemente para decir que, sorpresivamente para mí, se ha
convertido en una cuestión esencial mi actitud en torno a la desaparición o no desaparición de la figura del comisionado. Insisto, señorías, que mi visión del tema -sobre todo teniendo en cuenta, sin saber que yo iba a ser el destinatario del
nombramiento de la idea, que yo mismo tuve la idea de crear esa figura para un momento de excepción- hace que yo crea que las causas que aconsejaron al Gobierno para crearla no persisten en este momento. Con esto, señorías, yo no estoy diciendo que
haya que cerrar el problema. Resulta, por ejemplo, que cuando se crea la figura del comisionado más del 40 por ciento de las playas están afectadas por el fuel -casi 500, de las 1.100 en Galicia y en el Cantábrico- y la situación habitual desde
hace algún tiempo es que son 10 ó 12 playas las afectadas y algunas por circunstancias absolutamente irremediables porque las mareas del otoño y del invierno son las que van a procurar la limpieza total del fuel enterrado bajo capas de arena, o por
algunas otras a las que se ha referido como que es mejor dejar determinados acantilados a la limpieza natural de las mareas, aunque esa limpieza natural de las mareas al día siguiente nos ensucie la playa previamente limpia en un continuo tejer y
destejer, pero siempre el tejido es cada vez más amplio. Resulta que en el mes en el que se crea la figura del comisionado, o el mes anterior, se recogían al mes del orden de veintitantas mil toneladas en las playas de fuel mezclado con residuos,
más o menos el 10 por ciento sería el equivalente al fuel y el mes pasado han sido del orden de 150 toneladas. Resulta que hemos dado lugar a un sistema de compensaciones en el que los afectados, tanto los privados como los públicos distintos del
Gobierno, pueden hacerse con el costo de los daños de los que ellos son titulares mediante el sistema decreto-ley. Aprovecho la ocasión para decir a SS.SS. que no necesariamente, ni muchísimo menos, se van a tener en cuenta las indemnizaciones al
sector pesquero pagadas previamente, sí los tendrá que tener en cuenta el Fondo de Compensación de Hidrocarburos porque lógicamente el lápiz del fondo va a ser un lápiz más exigente que el lápiz del Gobierno, aunque el lápiz del Gobierno tampoco
puede ser un lápiz irresponsable. Ciertamente ha habido iniciativas, creo que en general coronadas por el éxito en la acción, en el plano europeo y en el plano internacional, y están coordinadas las
acciones de carácter jurídico en defensa de los intereses de los españoles, del Estado, representado en este caso por el Gobierno, pero también de los intereses privados. En este sentido, seguramente me expliqué mal cuando fui interpretado
como que estaría dispuesto a ocultar cualquier tipo de responsabilidades en defensa de los intereses estrictos del Gobierno y, si me apuran, de sus propios miembros. Lo que dije -o quise decir, tal vez lo dije mal- es que, por supuesto, en aquellas
cosas que supiera y que favorecieran la acción del Gobierno en defensa de los intereses generales, o en aquellas cosas que yo supiera y perjudicaran la defensa de los intereses generales, lógicamente tendría que tener una especial discreción. Por
ejemplo, si pensaba, y ahora con alguna certidumbre, que tal vez determinadas planchas del buque ya estaban en un estado calamitoso, lo que perjudica y muy mucho la posición jurídica de la empresa que clasificó de buen estado de salud el buque, y
mejora, y muy mucho, la posición jurídica en la defensa de los intereses del Gobierno y de los intereses nacionales, tenía que decirlo el mismo día que lo supiera.
Se me ha preguntado, desde una perspectiva que entiendo perfectamente, por qué aquí
no han podido tener lugar comisiones de investigación. Sin embargo, he seguido paso a paso el proceso, porque los servicios del comisionado, en algún caso, han tenido que preparar, como es lógico, el texto de algunas contestaciones o la posición
del Gobierno en torno a algunas comparecencias, y quiero señalar que sí ha habido un control, aunque no haya sido por la vía que apetecía legítimamente a algunos grupos políticos. Señorías, yo estoy dispuesto a comparecer, haya cesado o no en mis
actuales responsabilidades, ante el Parlamento Europeo, como siempre hemos estado predispuestos a tener la máxima información con todos los grupos y todas las representaciones que nos lo han pedido. A veces se ha empleado el argumento, creo que de
forma errónea, de que hemos aceptado la investigación de la Asamblea francesa y que no aceptamos la investigación del Parlamento español, pero no hay tal. Una delegación de la Asamblea francesa, como algunas delegaciones del Parlamento Europeo, ha
estado en Galicia, y en el conjunto de contactos, bien con la Xunta de Galicia, bien con nosotros, han visitado el centro operativo, la torre de control del puerto de La Coruña, y han recibido todo tipo de información, así como la comunicación de mi
posición, que el estudio de la Asamblea califica de intransigente, en torno a la defensa de los intereses nacionales. Me explico. Si yo hubiera seguido su camino, y lógicamente ellos pretendían que lo hiciera, los intereses nacionales hubieran
estado valorados en dos terceras partes y yo valoro en un 80 ó 90 por ciento el conjunto de las compensaciones que debemos merecer del Fondo de Compensación de Hidrocarburos.
Se me ha preguntado cuál es el cuadro financiero por el que nosotros
estimamos, con los datos de hoy, el conjunto de posibles ingresos y posibles gastos. Es evidente, señorías, que yo no puedo hacer un cálculo de los daños a largo plazo. En ese sentido, SS.SS. conocen que el Ministerio de Medio Ambiente ha
convocado dos concursos, uno de ellos por valor de medio millón de euros, con la colaboración de la Unión Europea y siguiendo sus propias directrices, para la evaluación de los daños. Hay otro de mayor importancia, creo que es de un millón y medio
de euros, no solamente para la evaluación de los daños, sino para los estudios de reparación de los mismos y para vigilar en qué medida puede afectar al ecosistema y al medio ambiente en ese plazo medio de 10 años al que se han referido. Los
economistas podrán elaborar estudios a medio y largo plazo, pero la cuantificación de los daños siempre será discutible. La Oficina del comisionado ha operado con los datos que le han dato las comunidades autónomas de distinto signo político, los
ayuntamientos de distinto signo político, y con un cálculo que hemos hecho sobre la afectación que nos parece importante en el sector pesquero y que nos parece menos importante en otros sectores, en concreto el turístico. Si ese sector turístico de
la Costa de la Muerte hubiera estado afectado en los términos que aquí se ha dicho, tiene la oportunidad de acudir a los convenios establecidos en el marco del Decreto-ley de 20 de junio y del Decreto de 1 de agosto y, por lo tanto, la posibilidad
de entrar en esa vía y de llegar o no a un acuerdo. Será entonces cuando funcione el lápiz concreto de la Administración, insisto, no irresponsable pero lógicamente más generoso que el lápiz del Fondo de compensación por vertidos de hidrocarburos.
Respecto a los ingresos de la Unión Europea a los que me he referido y a los que se ha aludido en las intervenciones de algunos diputados, he insistido en que podíamos tener unos ingresos de 600 millones de pesetas si todas las gestiones que se han
emprendido, fundamentalmente por la Secretaría de Estado de Presupuestos, dieran resultado, y he dicho también con toda claridad que en algún caso eran fondos nuevos y en otro caso eran fondos reasignados, pensados a lo mejor para otro tipo de
actuaciones y que, como consecuencia de la catástrofe del Prestige, se destinarán a las actuaciones derivadas de la catástrofe. En concreto, son cerca de 150 millones de euros del FEDER; 151,1 millones del Fondo de cohesión; 100 millones del
Fondo de compensación al sector pesquero, que ya han sido aplicados en buena medida por el conjunto de las comunidades autónomas y muy especialmente por la Xunta de Galicia y por el Gobierno de la nación; algún instrumento especial para la limpieza
del mar y de los fondos marinos, por valor de 23 millones; los 8,6 millones del Fondo de solidaridad y 10,1 millones del Fondo social europeo. Este es el conjunto de los fondos que aspiramos a obtener cerca de la Unión Europea.
Puede que no
tengamos un resultado satisfactorio al cien por cien, pero ésta es nuestra cuenta. Insisto en
que en algún caso son fondos que podían haber estado destinados a otro tipo de atenciones y que se destinan ahora a las derivadas de la catástrofe del Prestige.
Señoría, no me toca a mí cerrar el tema, y además el concepto mismo de cerrar
una catástrofe de este estilo es en tal medida subjetivo que lógicamente es discutible en sí mismo. La verdad es, insisto, que la situación es muy distinta y es mucho mejor que la que circulaba en los días en que estábamos en el momento más grave
de la crisis e incluso cuando yo me asomo a estos problemas, que es cuando ya la crisis, aún dentro de la gravedad, empezaba a ser menos grave. Personalmente, yo me siento comprometido con el problema. Además, he pasado la mayor parte de estos
meses residiendo en Galicia, he estado en contacto con los distintos sectores sociales, con las corporaciones locales de distinto signo político y creo tener un cierto olfato de cómo perciben ellos la situación. Al frente de esa comisión que
constituirán representantes de las tres universidades para estudiar la nueva legalidad en el plano español, en el plano europeo y en el plano internacional, de alguna manera seguiré con mi compromiso. Siento rubor porque parezca que esto tiene un
planteamiento puramente personal, cuando lo que hay es un problema que fue extraordinariamente grave, que no quiero cerrar, es imposible cerrarlo del todo, pero pienso, desde mi compromiso personal, que puede resolverse por el funcionamiento
ordinario de la Administración. Nadie está pensando en disolver los servicios escasos pero potentes y muy dedicados que la Oficina del comisionado supone. En todo caso, esa es mi posición, la posición desde mi experiencia, desde mi observación de
la realidad bastante desprendido de cualquier tipo de interés personal, porque si hubiera estado prendido del interés personal no hubiera aceptado. En todo caso, si quien puede decidir, que es el Gobierno, decide lo contrario, yo aceptaré.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, tiene la palabra por un tiempo de tres minutos.
El señor AYMERICH CANO: Señor comisionado, no era mi intención ofenderle y pienso que en todo momento me he conducido de una forma correcta, de acuerdo con lo que son los usos parlamentarios. Le vuelvo a repetir, y esto no supone
cuestionar la legitimidad del Gobierno, que de un Gobierno no espero solidaridad. No sé cómo se lo tengo que explicar. La solidaridad, tal y como la entiendo, viene de quien no está obligado y el Gobierno español no es un Gobierno ajeno en
Galicia. Puede haber solidaridad del Gobierno francés, del Gobierno portugués, pero no del Gobierno español, ya que le pagamos con nuestros impuestos y por tanto tiene un deber, máxime, se lo vuelvo a repetir, si las competencias relevantes son
titularidad del Gobierno español y se niega además a transferirlas. Luego ya no estamos hablando de un deber, sino incluso de una responsabilidad.
Sobre los sentimientos, lo que escuché al señor Aznar más bien fueron resentimientos, y el señor
Aznar es la cabeza de ese Gobierno del que usted habla, cuando llamó a una parte importante del pueblo gallego eso de perros que ladran su resentimiento por las esquinas. Esos son los sentimientos. Por tanto, ni sentimientos ni solidaridad,
justicia.
Cumplan con su deber y si tienen que responder, respondan y no utilicen subterfugios ni cortinas de humo para no tener que responder u obstaculizar la acción de la justicia o hablar de deslealtades, porque si promover una comisión de
investigación en el Parlamento Europeo es deslealtad, no sé en qué categoría de democracia y en qué calidad de democracia estamos.
Por cierto, señor comisionado, le efectué algunas preguntas concretas y no me las ha contestado. ¿Cuánto fuel queda
en el pecio del Prestige? Díganos una cantidad. Díganos también si está dispuesto a incrementar los límites indemnizatorios, porque usted es una persona que se mueve bien con los números y puede hacer la cuenta. Hay que dividir 160 millones de
euros entre todos los ayuntamientos, desde el Bidasoa hasta el Miño, y entre todos los afectados, es decir, marineros, mariscadores, etcétera, desde el Bidasoa hasta el Miño. Haga la división y le saldrá bastante menos que una mensualidad de las
ayudas que cobraron. Si esto se considera por el Gobierno y se aplaude desde el Grupo Popular como una indemnización del cien por cien por los daños causados, no estamos de acuerdo. Sabemos que están en conversaciones con algunos ayuntamientos y
hay informes municipales que impiden a esos ayuntamientos firmar el convenio, porque dicen: No podemos renunciar a daños futuros; no lo podemos hacer. Han abierto ustedes una vía para que los ayuntamientos puedan reclamar daños futuros. Le
vuelvo a repetir, señor Martín Villa, ¿los afectados podrán reclamar daños futuros aun cuando vayan por la vía del Decreto-ley de 20 de junio? Conteste. En cuanto a la deducción de las ayudas, ¿qué se debe entender por: no necesariamente se van a
tener en cuenta las ayudas? ¿Qué es eso de no necesariamente? ¿Van a deducir ustedes las ayudas, sí o no? Es decir, ¿nos podemos fiar de la Xunta de Galicia cuando dice: orden de la Consellería de Pesca de 19 de noviembre, no se van a deducir,
no son reembolsables, son a fondo perdido o puede ser que -como en eso de no necesariamente cabe todo- sí se las deduzcan? Conteste.
Cuando yo le digo que no hay voluntariedad real es porque, ustedes están poniendo a los afectados entre la espada
y la pared. Les está diciendo: o bien esperan 10 años para cobrar, como en el caso del Mar Egeo, unas cantidades que representan menos del 10 por ciento del daño real que les fue infligido, o bien van a cobrar esa misma cantidad pero ahora. Si
eso se entiende como una elección voluntaria, señor Martín Villa, no es nuestra concepción de lo que debe ser voluntario ni de lo que debe ser la actuación de un Gobierno responsable
en un Estado social y democrático de derecho. Saber que lo que se pretende en realidad es blindar al Gobierno por si las cosas en Corcubión se les ponen mal, quizá eso nos ayuda a entender más por qué se actúa así. Le vuelvo a repetir lo
que le dije: tranquilícenos -ya que dice que la situación es completamente normal, y lo dice también la señora portavoz del Grupo Popular- y díganos si, y cuándo, vamos a contar con remolcadores de altura; si, y cuándo, vamos a contar con buques
anticontaminación, en qué cantidad y cuáles van a ser sus puertos base; sí, y cuando, vamos a contar con medios, como barreras anticontaminación o barreras oceánicas, para proteger mejor, no con las manos de los propios afectados, los bancos
marisqueros de las rías gallegas. Díganos si todo eso está solucionado; díganos si, a pesar de apartar el corredor de Fisterra, hay un problema con un barco, va a tener que guarecerse en algún sitio, a qué puerto gallego va a ir y si están dotando
ustedes a los puertos gallegos con elementos que permitan actuar y reaccionar ante una emergencia de estas características. Díganoslo y entonces diremos que el Gobierno trabajó y lo hizo bien. Ahora, usted me dirá si 10 millones de euros que tiene
Sasemar para invertir en Galicia en el año 2004 -y tuvieron ya todo el año 2003, ya que los presupuestos de 2003 se elaboraron con la catástrofe ahí y no hicieron absolutamente nada- llegan para todo lo que hemos dicho. Por favor, díganos también
cuál es el grado de cumplimiento en los puertos españoles, y singularmente en la terminal de Repsol de A Coruña, de la normativa que usted tanto defiende, porque no es está aplicando. Sabe perfectamente que el capitán marítimo de A Coruña prohibe
que se realicen revisiones ampliadas a buques subestandar que llegan a esa terminal.
El señor PRESIDENTE: Señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señor Martín Villa, sólo voy a hacer tres precisiones.
En primer lugar admito que el fuel no es ya el problema principal. El problema ya no es limpiar, el problema es recuperar la capacidad productiva de las zonas
afectadas. Ustedes presupuestaron y se conforman con limpiar, cuando limpiar se puede hacer en meses y recuperar lleva años, y de la recuperación de las zonas afectadas depende las condiciones de vida de la gente del mar. Eso es lo que ustedes
olvidan y se conforman simplemente con limpiar, playas esplendorosas, rocas limpias y demás.
Sacamos la fotografía y todo está limpio. Pero, señores, de ese mar, de esas rocas, de esas arenas y de esas aguas vive gente. Y la ciencia nos dice que
la recuperación dura diez años. En el presupuesto del año 2004, con programaciones plurianuales, no hay financiación para enfrentarse con ese problema en el año 2004 ni en los siguientes. El tema lo dan por cerrado.
En segundo lugar, el problema
no es de política de rentas, como interpreta muy bien la portavoz del Grupo Popular cuando dice: Les dimos subvenciones. El problema es que se destruyó una parte importante del capital productivo de Galicia, una parte fundamental del capital
productivo de la costa de Galicia y ese capital productivo no se arregla con política de rentas. Requiere capitalizarlo y tiempo para ello, y ustedes pretenden resolverlo únicamente con política de rentas. Política de rentas, también, pero hay que
dar tiempo, invertir y capitalizar, y eso no lo hacen.
En tercer lugar, los barcos. Hay que defenderse. No es serio que un Gobierno que presupuesta 10 millones de euros para Sasemar, después lance una nota publicitaria, que no está en el boletín
del propio ministerio, diciendo que en el año 2004 se van a construir dos remolcadores y un succionador que van a funcionar en el año 2005. Yo consulté con el sector constructor y es imposible que en un año se hagan dos remolcadores de ese calibre
y sobre todo que se hagan sin presupuesto, y no es serio, cuando la gente está angustiada por el problema, plantear el tema así.
En el tema de financiación -y con esto termino-, señor Martín Villa, es posible que se puedan recoger estos fondos de
la Unión Europea, pero usted sabe como yo -y, si no, sus asesores le engañan- que de la Unión Europea únicamente conseguimos 8,6 millones de fondos de solidaridad, que son fondos nuevos, el resto es reasignación de fondos españoles, no nos dan nada.
Invertimos del fondo IFOP, de la pesca, sí, pero es que había unos fondos para reestructurar la pesca española, y toda la pesca española el año pasado se sacrificó por el problema del Prestige. Este año otros sectores, otras inversiones, tienen que
sacrificarse para pagar esto, para que nos cuadren las cuentas, porque ustedes no fueron capaces de llevar a la Unión Europea un planteamiento riguroso donde las cuentas del Prestige no contemplaran únicamente el daño causado, sino también la
recuperación del daño causado, y en ese caso podíamos entrar en el fondo de solidaridad. Cuando los americanos valoran el Exxon Valdez en 10.000 millones de dólares, nosotros no somos capaces de llegar a los 3.000 millones, porque ellos valoraron
también el coste de la biodiversidad y el tema de la recuperación. Nosotros nos quedamos en pequeñito, y al que pide poco, poco se le da, pero ese es un fallo de su Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sainz.
La señora SAINZ GARCÍA: Creo que siguen instalados en la demagogia. Cuando nosotros hablamos de deslealtad con España hablamos de deslealtad y de no interés por los temas de seguridad, porque aquí se reclaman intensamente, pero las
noticias -y viene recogido en todos los medios de comunicación- nos dicen que diputados del Bloque Nacionalista Galego y del PSG no acudieron a Bruselas a la votación sobre buques monocascos. Ese es el interés que tienen ustedes, y ahora vienen a
reclamar medidas de seguridad que se están tomando como nunca. O el hecho de que con sus
votos en el Parlamento Europeo no están ayudando a los intereses de los españoles, sino a los intereses de los armadores, de los propietarios del barco, de las compañías aseguradoras, de las clasificadoras, etcétera, que están
extraordinariamente contentos con la postura de los eurodiputados de la oposición allí.
Yo creo que tampoco es ser leales con nuestra tierra hacer la mayor campaña negativa de Galicia, que además no era cierta. A pesar de la campaña negativa que
aquí se estuvo haciendo en los últimos meses previos al verano, la gente acudió a Galicia de una manera masiva y solidaria, y hay que agradecérselo. Se quedaban asombrados porque decían que eso no respondía a esos ecos negativos que estaban
constantemente oyendo. Por tanto, al pintar ese panorama desolador sin importarles que esas declaraciones pudieran hacer un daño importante a la economía gallega -afortunadamente no ha sido así- no eran leales con los ciudadanos gallegos y
españoles.
Creo, señor comisionado, que las cosas van bien, fruto del trabajo compartido por el Gobierno, dirigido por usted en estos últimos momentos con eficacia y que el Gobierno ha demostrado claramente que tiene un sentimiento de solidaridad y
de compromiso muy claro con nuestra tierra, y eso a pesar de la oposición.
Antes no he tenido tiempo de mencionarlo, pero aquí se hizo una referencia al incumplimiento por uno de los portavoces. El Plan Galicia es una realidad que está en marcha,
todos los proyectos están recogidos por los presupuestos en las diferentes etapas en las que pueden estar cuando no hay proyectos y cuando hay que dar una serie de pasos previos, como la declaración de impacto medioambiental, de información pública
previa, etcétera. Cuando vuelven a negar que hay presupuesto para abordar las cuestiones importantes en medio ambiente demuestran en el fondo que están perdiendo el norte, que no son objetivos o que, en el fondo, les duele que el Gobierno haya dado
respuesta a todos sus compromisos, que haya incorporado a los presupuestos todos esos proyectos del Plan Galicia, algo fundamental para que Galicia siga avanzando y para garantizar el crecimiento de la inversión pública, que es muy importante en los
próximos años.
Termino, señor presidente, señor comisionado, diciéndole que desde luego esa es la apuesta verdadera por la modernidad, esa es la verdadera apuesta por el progreso para Galicia. El Gobierno está trabajando, también el comisionado
-se lo agradecemos de nuevo- para un futuro de seguridad marítima, de protección del medio ambiente, en definitiva, estamos trabajando por los intereses de Galicia y de España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor comisionado.
El señor COMISIONADO DEL GOBIERNO PARA LAS ACTUACIONES DERIVADAS DE LA CATÁSTROFE DEL BUQUE PRESTIGE (Martín Villa): Señor Aymerich, yo políticamente suelo no ser excesivamente pendenciero, porque creo que la política por sí misma, en caso
de ser una ciencia, no es una ciencia exacta, y lo suelo ser bastante en lo que toca a los principios, y así lo interpreté en su exposición inicial al hablar de mentiras, de falsedades, de contratos que podían traer tras de sí sabe Dios qué tipo de
beneficios, prevaricaciones, delitos, etcétera. Si esa no fue la intención de S.S. tampoco era la mía llevar la pendencia más allá de los límites normales.
En relación con sus preguntas, yo no sé cuáles son las razones por las que se me nombró,
pero no creo que por ser un especialista en hidrocarburos ora aromáticos, ora no aromáticos. Dice usted: dígame cuánto fuel hay. Yo le digo que el primer cálculo del comité científico fueron 37.500 toneladas. Hubo un error que se deriva, parece
ser, que interpretaron que determinadas partes del barco estaban llenas y no lo estaban, con los medios que pudo tener el buque Nautile en aquel entonces, y los estudios realizados por el Polar Prince, con los robots que han actuado a esa
profundidad y con una medición que parece ser bastante exacta, puede estar entre las 14 ó 15.000 toneladas, pero comprenda que yo no he estado allí, el comisionado del Ministerio de Fomento sí, varias veces, pero yo no. En todo caso, el dato es
ese. Cuando estamos tratando de llevar adelante las operaciones de recuperación partimos de la hipótesis de que lo que hay allí son entre 14.000 y 15.000 toneladas, lo cual nos puede permitir una mayor seguridad porque las bolsas sean de menor
dimensión, estén sometidas a menos tensiones y porque la salida de la bolsa, que es justamente el problema que tenemos pendiente y que no deja de ser un problema de cierta entidad, pueda estar facilitada en las operaciones definitivas que
necesariamente tienen que ser en la primavera, no es un capricho del Gobierno. ¿Al Gobierno no le hubiera encantado dar el tema por resuelto lo antes posible? Hubiéramos entrado en la mayor de las irresponsabilidades si resulta que después de
salir la prueba bien, si es que la prueba sale bien, en las próximas horas hubiéramos intentado la extracción de las bolsas. Primero, porque desde la misma prueba se obtendrán una serie de experiencias que harán modificar a la empresa Repsol
algunas de sus premisas iniciales, como es normal en una cuestión que, se reconocerá o no, en todo caso no es una hazaña del Gobierno, sino que es una hazaña tecnológica muy importante que pueda funcionar ese tema de esa manera desde España, cosa
que no se ha hecho en ninguna catástrofe como ésta.
Por lo demás, no le puedo contestar en torno a los cumplimientos o incumplimientos de Repsol en relación con los buques que descargan en su refinería, porque no lo sé. Tampoco creo que entre de
lleno en mis competencias, pero para satisfacer curiosidades, y en concreto en mi caso para satisfacer preocupaciones, le pediré el dato al capitán del puerto y se lo enviaré a través de la presidencia para que lo conozca.
En relación con las indemnizaciones, el Decreto-ley del 20 de junio y el Real Decreto del 1 de agosto señalan cuestiones de estimación directa.
Por ejemplo, al dueño de una fábrica de hielo, al cual la Xunta de Galicia le haya indemnizado
con medio millón de euros, me parece excesivo, o con la cantidad que sea, si acude a la vía del decreto-ley esa cantidad se le disminuirá. Pero para el pescador que ha ido recibiendo, en los números redondos, 200.000 pesetas, a lo largo de los
meses que van desde la catástrofe a la normalidad, señor Aymerich, no desde la catástrofe a las elecciones, esas cantidades se tendrán en cuenta, pero no tienen que ser disminuidas. Eso entra de lleno en la negociación que los pescadores, a través
de sus organizaciones representativas, tendrán que iniciar. Como he indicado antes, parece que una gran mayoría de cofradías de pescadores estarían dispuestas a entrar por esa vía; otras, como S.S. ha señalado, dicen que tendrían que evaluarse
también los daños de futuro. La realidad es que no tendría virtualidad el decreto-ley si ese tema no lo damos por cerrado con el borrón y cuenta nueva. En la negociación, cada uno estimará, en la forma que crea oportuno, los daños que ha sufrido.
Y aun entrando en la vía del decreto-ley, si esa estimación no le conviene, se saldrá de esa vía. Si -Dios no lo quiera- dentro de meses tenemos la gran marea que se anuncia, habrá otra nueva catástrofe. Insisto en que no soy un especialista en
hidrocarburos, pero los técnicos me dicen que no existe ese riesgo, que las cantidades son casi imperceptibles, que lo que nos llega tiene su origen en la propia limpieza de las rocas o en algunas cantidades que ya se van diluyendo en el mar y en
que paradójicamente, por ejemplo este verano, las playas más afectadas fueran las del Cantábrico, que no estuvieron afectadas en la catástrofe inicial, y sin embargo no estuvieron afectadas las playas de la costa del Atlántico.
Le rogaría que
alejara de sí la preocupación o la sospecha de que la subrogación que se pretende por parte del Gobierno en los derechos y obligaciones que pudieran afectar a aquel que conviene con el Gobierno se relaciona con la posible exoneración de
responsabilidades penales a algunos responsables públicos en este momento, en concreto al director general de la Marina Mercante. Ni hemos tenido esta intención ni es posible jurídicamente. Por tanto, aleje toda sospecha. Lo único que le pido a
S.S. es que me crea. Pero es que, además, no es posible.
Entro en el terreno de solidaridad y justicia. De acuerdo incluso con la Constitución, el gran fabricante de la solidaridad es el Estado y en su nombre el Gobierno de la nación. Es el que
cobra y paga justamente para fabricar solidaridad. Desde el punto de vista de la política autonómica, que a S.S. tanto le preocupa, uno de los principios que constitucionalmente lo presiden es el principio de la solidaridad.
Señoría, estamos otra
vez en el trance de cerrar o no cerrar. No tiene nada que ver con mi permanencia o no. Hoy podemos cerrar lo que podemos cerrar y en los términos que yo he planteado. No digo que sean dogmáticos, pero más o menos en los términos que están
planteados. Usted me pregunta si después de los estudios ya encargados y a punto de concederse, de toda esa evaluación de futuro -a veces ese tipo de evaluaciones dista mucho de llegar a unas precisiones que luego den lugar a conceptos jurídicos
concretos y a determinar derechos y obligaciones por parte de unos u otros- llega ese plazo de reparación de daños, de restauración medioambiental, de qué manera se va a compensar, si es necesario compensar, una economía destruida. Yo creo
sinceramente que el desastre ecológico fue muy importante y que fueron extraordinariamente respetables los sentimientos, pero la afectación económica fue menor y todos los datos macroeconómicos así lo señalan. En todo caso, será cuestión de ese
momento y será cuestión de esos diez o cinco años a los que S.S. se refiere. No tiene nada que ver con cerrar lo que podemos cerrar en este momento.
A mi compañera María Jesús Sainz le doy las gracias por sus palabras, que en buena medida las
noto influidas por la solidaridad, otro tipo de solidaridad pero que también importa en la política.
El señor PRESIDENTE: Señorías, tengo la impresión de que el señor Martín Villa va a abrir un nuevo paréntesis en su larga y dilatada vida política y, como recuerdo que hace unos años escribió un libro que se titulaba Mis Servicios al
Estado, pienso que a ese libro habrá que ponerle no un epílogo sino un nuevo capítulo, porque con independencia de la valoración que se pueda hacer de la gestión realizada no cabe duda de que se trata, en la función de comisionado, de un nuevo
servicio al Estado por parte del señor Martín Villa.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.