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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 827, de 30/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 827
NO PERMANENTE PARA LA VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR EL PACTO DE TOLEDO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS MERINO DELGADO
Sesión núm. 35
celebrada el martes, 30 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Aprobación del informe elaborado por la Comisión.
Se abre la sesión a las once y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señoras y señores diputados, de conformidad con el reglamento de la Cámara y realizadas las labores que en su día nos fueron encomendadas, como presidente de esta Comisión no permanente para la
valoración de los resultados obtenidos con el Pacto de Toledo, tengo la satisfacción de elevar ante el seno de esta Comisión el informe del seguimiento de los resultados del pacto, un pacto que en su día algunos profetizaron de corta vida; aquellos
que en su día afirmaron eso no pudieron estar más errados. El Pacto de Toledo nació, y así lo ha demostrado, con una voluntad real de compromiso común entre todas las fuerzas parlamentarias.
No se escapará a la sensibilidad de SS.SS. que hemos
trabajado duro en estos años y por ello, antes de continuar con mis palabras, deseo hacer constar mi agradecimiento personal así como el de los componentes de esta Comisión a los comparecientes, a las instituciones y particulares que han colaborado
con la misma, enviando información y documentación en orden a la culminación del trabajo encomendado. Si les parece, deseo transmitir nuestro agradecimiento a este conjunto de personas, muy especialmente a los que no son miembros de la Cámara ni
miembros de la Administración ni del Gobierno, por su participación, por su colaboración y por su ayuda.
Asimismo en esta lista interminable de agradecimientos debemos incluir a los letrados de los servicios de la Cámara, mencionando en especial la
labor emprendida en su día por don Ignacio Gutiérrez Cassillas y culminada con eficacia por doña Sylvia Martí.
Los ponentes, con la redacción de este informe, han cumplido los objetivos principales que se les encomendaron en su día. Por un lado,
el objetivo de valorar los resultados de la aplicación de las 15 recomendaciones que el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el 15 de febrero de 1994.
Aquellas recomendaciones, ratificadas por el consenso de los grupos parlamentarios, después
del detenido estudio realizado en ponencia y en la Comisión de Presupuestos, supusieron una reacción dirigida a la adaptación del sistema español de pensiones y de la financiación de la Seguridad Social. Por otro lado, el informe que ahora presenta
persigue también el objetivo, a la vista de las valoraciones que se han efectuado, de perfilar las modificaciones más adecuadas que deben introducirse en el actual sistema de pensiones, con el objeto de adaptarlo a la cambiante horma de los tiempos
actuales y venideros, de conformidad con las transformaciones económicas y demográficas que se vienen advirtiendo para un futuro no tan lejano. Todo ello sin perjuicio de los ajustes puntuales que periódicamente se vayan introduciendo, tal y como
prevé la recomendación correspondiente del Pacto de Toledo.
No debemos olvidar que esta Comisión no permanente para la valoración de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo se crea como consecuencia de
un acuerdo de la Mesa de 30 de mayo del año 2000, previa audiencia de la Junta de Portavoces, en relación con la solicitud formulada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista, Catalán (Convergència i Unió), Federal de Izquierda Unida y Vasco
(EAJ-PNV), de Coalición Canaria y Mixto, en el seno del Congreso de los Diputados, que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 del Reglamento de la Cámara, adoptó el acuerdo por el que se crea una comisión no permanente para la valoración
de los resultados obtenidos por la aplicación de las recomendaciones del Pacto de Toledo y sobre la base de ello estudiar el desarrollo de futuro, dentro de los criterios de estabilidad, sostenibilidad e igualdad de prestaciones para toda España,
que permita garantizar la continuidad en la mejora del nivel de bienestar de nuestros pensionistas, con especial atención a las pensiones de menor cuantía.
Desde su sesión constitutiva el día 14 de junio del año 2000, la Comisión ha venido
reuniéndose de forma continuada y hoy, día 30 de septiembre de este año 2003, damos cumplimiento a ese acuerdo, al menos en lo que a esta Comisión se refiere, y de una forma definitiva se producirá en el próximo Pleno. Podemos sentirnos por tanto
satisfechos de haber alcanzado el presente acuerdo, con el mismo espíritu y consenso que en su día presidió a los grupos parlamentarios que firmaron el Pacto de Toledo, debiendo destacar el tiempo, dedicación, talante y labor demostrada por los
ponentes de este informe. Expresamente quiero hacer constar mi agradecimiento a don José Núñez, que ha representado al Grupo Parlamentario Mixto, a doña Soledad Monzón, que ha representado al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a don Iñaki
Txueka, que ha representado al Grupo Vasco (EAJ-PNV); a doña Inma Riera, al señor Campuzano y a don Pere Grau, pertenecientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), a don Antero Ruiz, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, al señor Griñán, a la señora López i Chamosa y a don Tomás Rodríguez Bolaños, del Grupo Parlamentario Socialista y, finalmente, al señor Burgos, al señor Mateos y a la señora Martín Vivas, del Grupo Parlamentario Popular, quienes más
intensamente han participado en todos y cada uno de los debates y reuniones que hemos mantenido en estos años. También, en general, a todos aquellos diputados que nos abandonaron o que han estado con nosotros en estos años, y me viene especialmente
a la memoria el señor Fernández de Troconiz, a quien en su día sustituí y cuya magnífica labor parlamentaria dio el fruto que hoy pretendemos recoger.
Deseo manifestar por último que el trabajo que en su día se confió a esta Comisión ha sido uno de
los cometidos más importantes desarrollados por esta Cámara
y que, gracias al consenso político alcanzado sobre estos pronunciamientos, se ha convertido sin duda en la condición necesaria para asegurar el futuro de nuestro sistema de pensiones, un sistema de pensiones que ha rendido, rinde y debe
seguir rindiendo un gran servicio a nuestro país y en especial a sus ciudadanos, sobre todo a aquellos que están más necesitados de protección. Un sistema que no debe estar alejado de las nuevas realidades y preocupaciones de la sociedad, como son
la inmigración, las prejubilaciones, la dependencia y la discapacidad, entre otras; preocupaciones sociales cuyos reflejos se han visto en las nuevas recomendaciones que se han introducido y que están en línea con los modelos de protección del
ámbito europeo, pero sin arriesgar la sostenibilidad del sistema. No se debe entender el desarrollo económico como bien en sí mismo si no se permite que sus efectos sean percibidos por la sociedad, pero no es menos creíble un sistema de protección
sólido al margen de una economía sana y fuerte. Asimismo debemos perseguir también un sistema público de pensiones alejado de fines electoralistas.
El Pacto de Toledo debe ser puesto en valor ahora más que nunca; poner en valor significa resaltar
ante todos los ciudadanos los aciertos que indudablemente ha supuesto. Ahora dependerá de nosotros trasladar confianza en el sistema a esos ciudadanos. Cuanto más acuerdo haya en los objetivos del pacto, mejor para los ciudadanos; cuanto más
claros sean los mensajes, más tranquilidad transmitiremos a los ciudadanos, sobre todo a los pensionistas. Este acuerdo nos iguala a todos los que lo suscribimos en la voluntad política de defender el sistema público de pensiones que tiene España,
sin excluir por supuesto otros sistemas, que siempre serán complementarios. No debemos olvidar que en este acuerdo hay mucha y buena política con visiones positivas y esperanzadoras. Hemos demostrado que queremos un sistema público de pensiones
desde el más amplio acuerdo posible, parlamentario y social; y desde este deseo, que espero sea común a todos nosotros, y concluyendo con ello mis intenciones y mis palabras, continúo con el desarrollo de esta Comisión.
De acuerdo con el
procedimiento que la Mesa y los portavoces hemos resuelto sobre como será el marco en el que se desenvuelva la tarea de esta Comisión, habrá en primer lugar un turno, en el que participarán todos y cada uno de los grupos parlamentarios por orden de
menor a mayor.
Una vez que terminen esas intervenciones y a la vista de ellas formularé una propuesta para la votación y el planteamiento en que se elevarán nuestros trabajos ante el Pleno de la Cámara. Por tanto, señorías, tiene la palabra el
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Señor presidente, han sido tres años de trabajo en un tema clave y estructural en el país como es el sistema de pensiones, donde hemos tenido oportunidad de escuchar a centenares -a mí me viene la palabra centenares;
no sé si han sido centenares o decenas pero a mí me han parecido centenares- de comparecientes durante casi dos años y tener una serie de reuniones, con un grupo más reducido, respecto a cómo debe ser la ponencia.
Dos cuestiones se plantean desde
mi punto de vista en la revisión del Pacto de Toledo. Por un lado, que no es posible ninguna actitud inercial y ello porque el modelo de sociedad hacia la que vamos es distinto, totalmente distinto, del modelo de sociedad del que venimos. Por
tanto cualquier actitud inercial en el sistema público de pensiones aplicando el IPC de aquí en adelante hasta que no pase nada sería suicida, porque sería no querer ver que vamos a un mundo distinto. Quiero recordar gráficamente que en una de las
primeras comparecencias simplifiqué diciendo que veníamos de un mundo donde los abuelos estaban rodeados de nietos y que íbamos a un mundo donde un nieto está rodeado de abuelos y que no cuadraban las cuentas, veníamos de un mundo donde, por
solidaridad intergeneracional, la gente que aportaba y trabajaba en cada momento era más que la gente que recibía e íbamos a un mundo con una pirámide de población invertida donde se estaban equiparando esas dos masas de población, la gente que
recibía y la gente que aportaba. Por otro lado, en una situación política como la de este país, donde dado el sistema de partidos, el sistema electoral y los cuatrienios, es muy difícil llegar a cualquier acuerdo que alcance más de una legislatura,
donde es difícil cualquier acuerdo estratégico que tenga consecuencias a medio y largo plazo y que incluso tiene cuestiones de apretarse el cinturón a corto plazo. ¿Quién, en este sistema político, en este país, aplica costos a corto plazo para
resolver problemas de medio y largo plazo, en un sistema político muy coyuntural? Hacía falta una visión de altura donde fuésemos capaces de lograr el denominador común entre todos para que, a partir de ahí, cada uno exponga sus posiciones
individuales.
En cierta manera este documento que vamos a trasladar al Pleno es el denominador común de lo que aquí se ha trabajado, tiene miras, tiene distancia; naturalmente, no es la panacea, no es lo que resuelve todo, porque hemos hecho el
denominador común de la filosofía pero el sistema público de pensiones de nuestro país tiene en la actualidad muchas cosas que corregir y todos sabemos que no es posible hacerlo a corto plazo. No podemos trasladar a la población que este documento
es la solución para que las pensiones mínimas estén en condiciones aceptables y no tan bajas como están ahora mismo, ni para que se resuelvan a corto plazo las diferencias de los distintos regímenes, ni en definitiva para que se aborden muchos de
los puntos que tiene este documento; es la base, la filosofía que da estabilidad al sistema político para avanzar hacia un sistema más justo y más equilibrado de pensiones. También tengo que decir que en nuestro país el territorio no es homogéneo
y que el sistema de pensiones afecta a
personas en tantos por ciento y en cantidades muy distintas según las comunidades. Desde el punto de vista puramente andalucista, en este caso andaluz, basta ver la media del número de afiliados a la Seguridad Social de Andalucía, creo que
estamos aproximadamente en el 16 por ciento del país mientras que en el régimen especial agrario somos el 63 por ciento del país. Eso quiere decir que tenemos una sensibilidad especial ante ese régimen que afecta a más de medio millón de cotizantes
andaluces, aproximadamente son 830.000 en el país y casi 530.000, en Andalucía. O, desde el punto de vista de la visión política, desear que las comunidades autónomas tengan un papel más nítido, más claro, de participación en la gestión de la
Seguridad Social. A mí me parece que hacemos bien en separar aquello que no se ha podido incluir aquí porque no era posible el consenso de aquella filosofía o columna vertebral, de la revisión del Pacto de Toledo, que contiene el documento. Por
tanto, a nuestro juicio, es bueno que hayamos trabajado en esta línea y espero que sea posible el consenso. Esa es la línea que seguiré hasta el Pleno, pues con ella entramos a formar parte de esta Comisión. Eso no significa que no pueda o no deba
haber visiones complementarias, visiones añadidas, que en su momento se producirán en el Pleno. Pero sí quiero dejar hoy aquí claro mi apoyo a este documento que llevaremos al Pleno, porque en él se resume la columna vertebral de los principios de
la filosofía en que debe basarse el sistema público de pensiones en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, doña Soledad Monzón.
La señora MONZÓN CABRERA: Señor presidente, yo también me sumo al agradecimiento que ha expresado S.S. hacia todos los participantes y comparecientes, letrados y demás, que han intervenido en los trabajos de esta Comisión. Por otro lado,
desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria queremos expresar nuestro reconocimiento a la labor desarrollada por esta Comisión a lo largo de la presente legislatura, un reconocimiento que va más allá del que ya merece la conclusión del informe
que hoy se va a aprobar en esta Comisión y dentro de dos días en el Pleno de esta Cámara. En el poco tiempo que esta diputada lleva en los trabajos de la Comisión y en general en el Congreso, las dificultades para la puesta al día en dichos
trabajos han sido compensados en gran medida con el talante y la buena disposición de todos sus miembros, no sólo hacia mi persona sino en el propio día a día de las reuniones. Esto merece un reconocimiento, pues no deja de ser fundamental para que
el documento final, como espero que ocurra en este caso, salga con el consenso de todas las fuerzas políticas representadas y para que estas a su vez puedan quedar satisfechas con los contenidos del mismo. Me consta el trabajo y el mimo de los
grupos, la renuncia a las pretensiones iniciales, la rebaja en las posturas más rígidas y la colaboración en la información. Todo en aras del consenso, del mismo consenso del que partió el actual Pacto de Toledo en 1995 y que buena falta hace a la
actividad parlamentaria y política española en los grandes temas que afectan a la sociedad y a los ciudadanos.
Coalición Canaria, como no podía ser de otra manera, apoyará el informe de la Comisión. Consideramos que contiene importantes avances en
las recomendaciones encaminadas al perfeccionamiento y consolidación del sistema público de pensiones, que ya valoraremos más exhaustivamente en el Pleno de pasado mañana, donde haremos las menciones específicas de Canarias a modo de reflexiones que
nos parece que se deben tener en cuenta. La única reserva que tiene nuestro grupo parlamentario se refiere a la descentralización del sistema y así fue manifestado por nuestro portavoz en la aprobación del pacto de 1995. Probablemente algún grupo
presentará un voto particular, como así ha sido puesto de manifiesto, y el Grupo de Coalición Canaria valorará su contenido, de cara a nuestro posible apoyo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante de Izquierda Unida, don Antero Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ: Al igual que han hecho los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, hay que resaltar -porque sería injusto, si no lo hiciéramos- el tono y el ambiente con el que ha trabajado esta Comisión durante los
años que venimos haciéndolo. Ha sido importante y se ha conseguido porque todos hemos considerado importante lo que estábamos discutiendo. Todos hemos sido capaces de dejar a un lado los programas máximos que cada uno representamos en cada partido
para poner por encima de todo lo que son los intereses de la ciudadanía, lo que son los intereses de los pensionistas en este caso y de los futuros pensionistas y lo que son los intereses de un sistema, que nosotros creemos que es de los más justos
que puede haber en una sociedad, como es el que tenemos en España.
Izquierda Unida considera que el documento obtenido sobre la renovación del Pacto de Toledo tiene dos lecturas posibles. Por una parte, ha logrado neutralizar o frenar las
aspiraciones de quienes pretendían debilitar el sistema de reparto, pero, por otro lado, el documento a nuestro entender es muy continuista respecto al anterior y desaprovecha la ocasión de garantizar algunos aspectos que consideramos importantes
para el futuro del sistema de pensiones. Por resaltar lo que nosotros entendemos que tiene de positivo este documento, no puede ignorarse que algunos aspectos obtenidos, como fue la financiación presupuestaria de los complementos a mínimos, por
ejemplo, choca con los intereses del Ministerio de Economía y Hacienda y su estrategia contable sobre el déficit. Es también cierto que la ausencia de cualquier referencia a la ampliación del periodo de cálculo o la ampliación de beneficios
respecto
al modelo anterior de los sistemas complementarios confronta con algunas de las pretensiones más evidentes del Grupo Popular. Nos sentimos satisfechos de haber contribuido a frenar estas aspiraciones y de haber mejorado en algunos aspectos
los acuerdos firmados entre Comisiones Obreras y el Gobierno y la patronal en el año 2001. Esta valoración no puede ocultar las pretensiones de Izquierda Unida de seguir mejorando el documento, de seguir contribuyendo a un diálogo político que
garantice el vigente sistema de pensiones y prepare un documento útil para que, en negociación posterior, los agentes sociales y el Gobierno avalen los contenidos de este documento. El instrumento con el que Izquierda Unida está dispuesta a
contribuir a esta mejora del texto son una serie de votos particulares que de alguna forma responderán a la misma filosofía con la que Izquierda Unida ha encarado su participación en esta Comisión parlamentaria: consolidar el sistema público y de
reparto, mejorar las prestaciones, ampliar derechos de los pensionistas y mejorar el conjunto del sistema.
La consolidación del sistema público y de reparto debe proceder de garantizar o mejorar la vertiente solidaria del sistema. En esta
dirección van nuestros votos particulares. En principio presentamos cinco votos particulares a la Mesa de esta Comisión, pero en estos momentos, y después de las últimas reuniones que hemos tenido, los vamos a dejar en tres. Vamos a aceptar el
planteamiento que se ha hecho sobre todo lo que se refiere al Pacto de Estabilidad y por consiguiente vamos a aceptar la redacción que hemos pactado esta mañana, y así sería un voto que no presentaríamos ya. En segundo lugar, aceptamos también, en
el apartado de la jubilación, aquello que nosotros hemos venido diciendo sobre la posibilidad de jubilaciones anticipadas sujetas a contratos de relevo en aquellos sectores de trabajos penosos y demás; vamos a aceptar también la redacción que hemos
consensuado y ese sería un aspecto que nosotros eliminaríamos de los votos particulares. Sí vamos a mantener tres votos particulares en los siguientes aspectos. Uno sería la adición de un nuevo párrafo tras el segundo del texto, en la página 6, en
lo que se refiere a las pensiones más bajas. Seguimos manteniendo un voto particular referido a la recomendación número 13, sobre solidaridad y garantía de suficiencia, y ofrecemos el siguiente texto como voto particular: La Comisión considera
conveniente proponer una modificación legal en el sentido de que las pensiones mínimas, en cualquiera de sus modalidades, puedan incrementarse por encima del IPC en momentos de mejora de la situación económica del país, y la previsión continuada de
superávit de cotizaciones para hacer frente al pago de pensiones del sistema contributivo. En este sentido, se sugiere acometer en la próxima legislatura la mejora de la cuantía de la pensión mínima, equiparándola al salario mínimo
interprofesional. Cuando hablamos de la cuantía de la pensión mínima, nos estamos refiriendo a las pensiones más bajas, que están por debajo del salario mínimo interprofesional.
Igualmente mantendremos un voto particular referente al sistema
contributivo. Pretendemos sustituir el primer párrafo de esta recomendación por un apartado que diga lo siguiente: La Comisión considera importante el proceso seguido para reforzar el principio de contributividad, como un elemento para la
preservación del equilibrio financiero del sistema y para un mayor compromiso de cotización ligado a la pensión a percibir, y propone contemplar quince años para el cálculo de las pensiones, elegidos por cada trabajador o trabajadora de su historia
laboral. Es decir, en este punto pretendemos que bajo ningún concepto se entienda que la mejora de la contributividad, con la que estamos de acuerdo, sirva para ampliar el periodo de cálculo y, por consiguiente, reducir las pensiones. Precisamente
queremos blindar esa situación, en un momento en el que lejos de reducir las pensiones, con una interpretación de estas características, debe tenderse a todo lo contrario, a mejorar -como hemos expuesto en el otro voto particular- las pensiones
mínimas y a reforzar los déficit que todavía tiene nuestro sistema. Lo que planteamos es que el cálculo se realice sobre los quince mejores años de las carreras profesionales de los trabajadores.
El tercer voto particular que vamos a presentar se
refiere a los sistemas complementarios. Lo que planteamos es añadir en esta recomendación un párrafo que diga lo siguiente: A la vez se cree prioritario realizar un estudio sobre el coste fiscal que han supuesto en los cinco años de vigencia del
Pacto de Toledo las deducciones en estos planes privados complementarios, proponiendo en su caso la revisión del gasto fiscal, reduciendo el límite máximo de la deducción por las aportaciones a los planes de pensiones en el IRPF y que además opere
en la cuenta del tributo. Lo que pretendemos es conocer datos reales de estas deducciones fiscales y su eficacia en el fomento de los mismos, y por tanto la rentabilidad del esfuerzo realizado por el Estado, precisando a qué sectores ha llegado y
de qué manera ha evolucionado.
Esos son los tres votos particulares que va a presentar Izquierda Unida.
No pretendemos empañar los avances que se han conseguido -ya me he referido a algunos de ellos-, como la separación de fuentes; los
complementos a mínimos -que hemos conseguido adelantar a cinco años, desde los 12 del último acuerdo-; el fondo de reserva -que los excedentes repercutan sobre el sistema-, la mejora de las bases de cotización, aproximando la cotización a los
salarios realmente percibidos; la lucha contra el fraude -para nosotros es importante que desaparezca la responsabilidad de los trabajadores, porque creemos que no son los trabajadores los que defraudan en este caso-; el principio de contabilidad
compatible con el tope de pensión máxima y con el principio de pensión mínima; la edad de jubilación, para que no se utilicen recursos
públicos para el recorte de las plantillas cuando estos sean injustificados; el hecho de poder compatibilizar la pensión del SOVI y las pensiones de viudedad; todos los aspectos que se refieren a mujer y protección social, equiparando los
salarios entre hombres y mujeres, y el apartado que se refiere al tema de dependencia. Creemos que todos estos aspectos son importantes, aunque todavía hay que desarrollarlos.
Estos votos particulares que presentamos hoy aquí tienen mucha
importancia para nosotros, porque creemos que son los elementos que le faltan a este documento. En 1995, cuando se firmó el Pacto de Toledo, se recogió en su última recomendación que ese pacto sería revisado dentro de cinco años y sería actualizado
a las situaciones que se dieran en cada momento. En este sentido, creemos que no se está aprovechando una situación como la que atraviesa en estos momentos el sistema de Seguridad Social y no se están equiparando pensiones que consideramos de
miseria, aprovechando los superávit que tiene el sistema. Si no empezamos a acometer eso ahora, si no damos las recomendaciones encaminadas hacia esa vía, estaremos desaprovechando una situación importantísima. Por eso, la posición de Izquierda
Unida hoy va ser de abstención, con la esperanza de que de aquí al Pleno, en el que consolidaremos definitivamente nuestro voto y daremos luz verde a ese documento, sean considerados algunos de los aspectos que concretamos en los votos particulares
y podamos sumarnos a ese documento con un voto favorable, al que esperamos llegar gracias a la flexibilidad de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I REÑÉ: Quiero iniciar mi intervención sumándome al agradecimiento que ha expresado el presidente, un agradecimiento a todos los que han participado directa o indirectamente en los trabajos de la Comisión, porque el
resultado del que hoy nos podemos felicitar es fruto del análisis, del debate, del contraste de opiniones y de modelos, de la complicidad y del hecho de poner a las personas por encima de todo, por encima de las legítimas reivindicaciones de cada
grupo, de cada fuerza política y de cada persona que ha intervenido directa o indirectamente en los trabajos de esta Comisión.
La Comisión no permanente del Pacto de Toledo está concluyendo sus trabajos, que responden al encargo establecido en la
disposición final del Pacto de Toledo, firmado en el año 1995, entre todas las fuerzas políticas, respondiendo al deber y a la obligación que tenemos frente a la sociedad de asegurar las pensiones y hacer viable el sistema a medio y a largo plazo.
En ese sentido, tenemos un compromiso importantísimo y contundente con las personas.
Hoy es un momento importante también, en primer lugar, por las conclusiones que presentamos. Estamos convencidos de que, respondiendo al compromiso que tenemos
con la sociedad y haciendo el seguimiento de lo establecido en el Pacto de Toledo del año 1995, con este documento que hoy discutimos damos un paso adelante importante para asegurar la viabilidad del sistema a medio y a largo plazo. Desde nuestro
grupo parlamentario estamos convencidos de que podemos contribuir a dar un mensaje de tranquilidad a la sociedad, en aras a poner todos los medios y a utilizar todos los instrumentos que permitan garantizar el sistema para el futuro, especialmente
en un momento en el que se genera una cierta incertidumbre y en el que las pensiones constituyen un debate a nivel europeo. Es necesario, por tanto, poner las bases de la estabilidad del sistema desde la objetividad, desde la rigurosidad y desde el
análisis profundo.
Consideramos que el de las pensiones es quizá el debate más importante que tenemos hoy por afrontar, porque también constituyen la parte más importante en nuestro modelo social. Es necesario también subrayar que en gran parte de
países europeos, que han sido durante muchos años referencia en el Estado del bienestar, el sistema de pensiones está hoy en crisis. Países que se ven obligados a una profunda revisión en aras a garantizar el sistema para las futuras generaciones y
en aras a incorporar todos los nuevos retos y fenómenos que tenemos ante nosotros como sociedad, que impactan directamente en el mismo sistema, y todo ello con un esquema de finanzas públicas en parte de los países europeos que no garantizan su
sostenibilidad. En este marco europeo, nuestras finanzas, hoy, permiten mayores garantías de futuro, permiten sobre todo abordar con mayor objetividad y con mayor rigurosidad el modelo de pensiones, y permiten sentar las bases de garantía de futuro
de las mismas desde unas finanzas saneadas, desde un marco económico estable y con instrumentos que nos permiten cumplir el objetivo de hacer viable el sistema en el futuro, como es el mismo instrumento del fondo de reserva.
Todo ello nos debe
permitir abordar el futuro de nuestro modelo con mayor serenidad, con un mensaje realista y objetivo a nuestra sociedad, y adaptarlo tanto al nuevo marco social y laboral que hoy tenemos como a la misma evolución de nuestra estructura de Estado. Un
marco que ha evolucionado sensiblemente desde el año 1995 hasta hoy y que impone una adaptación del modelo a los nuevos retos y a los nuevos fenómenos a los que se enfrenta la sociedad española y la sociedad europea.
Entendemos que la viabilidad
del sistema de pensiones, su sostenibilidad a medio y largo plazo, requiere de políticas económicas, de políticas fiscales y sobre todo de políticas laborales orientadas al crecimiento y a la ocupación. La ocupación es el eje principal en torno al
que gira la sostenibilidad y es en este sentido
en el que debemos insistir más en políticas concretas orientadas al mantenimiento y a la mejora de la calidad de la ocupación, en políticas orientadas a la formación, en políticas que contribuyan de manera efectiva a incorporar a la mujer al
mercado laboral y acercarla a la media europea, a incorporar a los mayores, a los colectivos con mayores dificultades de incorporación y a asegurar el mantenimiento, y también a garantizar el uso más racional de instrumentos como las
prejubilaciones, reconduciendo situaciones abusivas que se puedan dar por parte de las empresas, como se han dado últimamente.
Estamos convencidos de que a estos objetivos responden las orientaciones que hoy establecemos y recoge la revisión del
Pacto de Toledo. Por tanto, desde nuestro grupo parlamentario damos un sí a las personas, porque son las personas las que deben orientar todo modelo político y social y constituyen nuestra razón de ser. Damos un sí al Pacto de Toledo por este
compromiso con la sociedad. Damos un sí al Pacto de Toledo y a su renovación porque creemos que es un instrumento de reforzamiento y de garantía del sistema de pensiones. Damos un sí porque estamos convencidos de que su orientación mejora las
prestaciones sociales y esta mejora es, ha sido y será para nosotros prioritaria; no obstante, no se recoge la manera contundente en que hubiésemos deseado. Damos un sí porque entendemos que la revisión del Pacto de Toledo, tal como queda
redactada en el informe actual, constituye un instrumento bueno de impulso para la mejora de las pensiones, especialmente de las más bajas del sistema, de reconducción de situaciones de marginación, de impulso de iniciativas orientadas a la
ocupación y a garantizar la ocupación para todos, sin discriminación y sin el recurso abusivo a las medidas a las que hacía referencia. Damos un sí a la revisión del Pacto de Toledo porque estamos ante un horizonte lleno de retos y requiere, más
que nunca, de orientaciones claras en materia social y económica. Damos un sí porque tenemos la base del Pacto del año 1995, que llegó a tener vida gracias a una proposición no de ley impulsada por nuestro grupo parlamentario y que abrió la vía del
debate y de garantía de mejora y de adaptación del sistema de pensiones. Damos un sí porque conseguir el consenso entre todos los grupos, como creo que podemos conseguir y que estamos consiguiendo, es un ejercicio conjunto de responsabilidad
política, y esto es bueno para la sociedad. Desde nuestro grupo parlamentario damos un sí al Pacto de Toledo porque creemos que sus orientaciones, todas ellas, responden en su conjunto a los objetivos de crecimiento y de estabilidad social y
económica, y porque, desde las bases establecidas en el Pacto del año 1995, entre todos hemos sido capaces de adaptar las recomendaciones a la nueva realidad social y laboral, a las nuevas formas de funcionamiento de las familias y a las nuevas
formas de trabajo, y hemos intentado incorporar nuevas recomendaciones orientadas a afrontar los retos de gran magnitud y complejidad que tenemos ante nosotros, como es la misma mejora del Estado del bienestar en su conjunto, y todo ello a través de
una orientación que prioriza la mejora de las prestaciones sociales y a través de la reconducción de las situaciones en las que se encuentran los colectivos con menos recursos o con más dificultades para incorporarse al mercado de trabajo, como los
mayores o los discapacitados, o la reconducción de situaciones de marginación -que entendemos aún son de marginación-, como es el caso de las viudas. Y todo ello a través de unas nuevas recomendaciones que hemos incorporado, que han de recoger los
nuevos fenómenos que nuestra sociedad afronta, como son el envejecimiento o la inmigración, que obligan a una adaptación del modelo social.
De todos modos, desde nuestro grupo parlamentario entendemos que la revisión del Pacto de Toledo no sólo ha
de adaptarse al nuevo modelo social y laboral, sino también al nuevo modelo y a la nueva estructura de Estado. Las orientaciones incorporan esta adaptación al modelo social y laboral, pero entendemos que no hace suya la estructura de Estado y no
hace suyo el proceso de descentralización que ha venido realizando el Estado español. Entendemos que ha de haber un mayor reconocimiento competencial de las comunidades autónomas en materia asistencial, la mayor participación de las comunidades
autónomas, de acuerdo con lo establecido constitucional y estatutariamente, en la gestión de la Seguridad Social.
Nosotros entendemos que no se recoge todo ello de manera suficiente y vamos a presentar un voto particular. Es la realidad del
Estado, ni más ni menos que la realidad, una realidad reconocida y que permite a las comunidades autónomas utilizar más instrumentos al servicio de las personas, y la descentralización, a nuestro entender, es también un instrumento al servicio de
las personas. Por ello, presentamos una enmienda con el sólo objetivo de que la revisión del Pacto de Toledo no deje de tener en cuenta algo que para nosotros es esencial y básico, y es eje de nuestro modelo político y social, como es la
participación de las comunidades autónomas en las políticas de mejora de las prestaciones. Por eso entendemos que debe reconocerse e incorporarse en el marco del pacto su mayor participación en la gestión, la referencia al IPC como instrumento de
mejora de las prestaciones y, sobre todo, el reconocimiento de las políticas asistenciales.
No podemos obviar una realidad ni negar a las comunidades autónomas políticas activas de orden social ni puede nadie tacharnos de insolidarios en dichas
políticas. La uniformidad del Estado no es sinónimo de bienestar ni de solidaridad. La solidaridad pasa también por el reconocimiento de las situaciones concretas de cada comunidad autónoma y de sus niveles de vida. Y la vía de la autonomía y la
interpretación de la realidad de hoy es sinónimo de progreso económico y de progreso social, y es sinónimo, en definitiva, de
bienestar para las personas. En definitiva, más allá del voto particular que vamos a presentar y que he expuesto, creo importante señalar que todo consenso implica una determinada cesión por parte de todas las fuerzas políticas. Hubiésemos
apostado desde nuestro grupo parlamentario por respuestas más contundentes en la revisión de las recomendaciones en términos de mejora de las prestaciones sociales, respuestas que permitiesen reconducir más claramente situaciones de marginación,
pero entendemos que el consenso es prioritario y en el ejercicio de esta responsabilidad política y expresando nuestra conformidad y apoyo a las orientaciones recogidas en la revisión manifestamos nuestra satisfacción por el acuerdo al que podemos
llegar y nuestra conformidad con el informe de la Comisión, manteniendo nuestro voto particular.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista doña Isabel López i Chamosa.
La señora LÓPEZ I CHAMOSA: En primer lugar, mi grupo quiere sumarse al agradecimiento que ha expresado el presidente a don Ignacio y doña Sylvia, pero hemos de reconocer que hemos tenido la colaboración de la casi totalidad de los letrados
de esta Cámara, creo yo, y lógico es agradecerles a todos ellos que hayan intentado incorporarse, aunque sea por un día. También, cómo no, queremos agradecer a la asesoría económica de esta Cámara, en la persona de doña Carmen Gutiérrez del
Castillo, todas las aportaciones que ha hecho al documento, muchas de las cuales figuran en este informe y son de gran interés para todos nosotros, así como mostramos el agradecimiento a todos nosotros por el comportamiento que hemos tenido durante
los distintos debates, a veces con momentos complicados, subidos de tono, otros menos, pero al final hemos sabido mantener un ambiente por lo menos cordial en las discrepancias y en los aciertos.
Es verdad que cuando uno negocia -yo decía una vez
que hacía años que no negociaba un convenio colectivo, se me había olvidado- un convenio lo tienes muy complicado, porque cuando presentas lo que has conseguido a los que representas dicen: ¡para esto...! Habría que poner aquí, habría que poner
allá, habría que poner en el otro lado... Yo creo que hemos llegado a un informe que no es el del Partido Socialista, no es la renovación que el Partido Socialista haría, supongo que tampoco es la del Partido Popular ni la de Convergencia, ni
tampoco la de Izquierda Unida ni la de ningún grupo, y creo que precisamente ese es el valor que tiene el informe, que no es el de ningún grupo político, sino el punto de encuentro posible de todos los grupos y el que hace posible que podamos
presentar hoy aquí el informe en esos términos.
Decía -y me parece que consta así- la Unión Europea que la reforma de las pensiones no es un trabajo para burócratas, sino para políticos con liderazgo y fuerte representación y apoyo público. Yo
creo que hemos cumplido eso, lo hemos trasladado, es un texto con un contenido político amplio, en todas y cada una de las recomendaciones es evidente que se ha hecho una redacción que va a depender mucho del Gobierno que la aplique.
Lo que queda
en cada redacción es que, por ejemplo, cuando hablamos de pensiones mínimas es evidente que hay que subírselas por encima del IPC a ese millón trescientas mil personas que cobran por debajo de los 300 euros, equiparándolas a las otras pensiones de
nuestro sistema. El Partido Socialista así lo entiende, pero también entendemos que con la redacción que figura en este informe es posible hacer eso y se debe hacer, y luego va a depender de que cada grupo político en su programa electoral haga a
los ciudadanos la oferta de sus posiciones y que éstos den su apoyo en aquello que crean importante.
El valor del Pacto de Toledo lo hemos reconocido todos. Creo que es importante ver que nosotros estamos afrontando el futuro de nuestro sistema,
como lo están haciendo Alemania o Francia, Italia y otros países de nuestro entorno, que lo han hecho con una problemática social muy fuerte, porque creo que les falta el instrumento básico, que es el Pacto de Toledo. Entre todos los
reconocimientos habría que hacer uno especial a los que nos han precedido en este Pacto de Toledo en 1995, que supieron darnos la herramienta, puesto que lo único que nosotros hacemos es revisar aquellas recomendaciones, añadiendo otras que la
sociedad demanda al avanzar y haber cambios, y supongo que dentro de cinco años o en la próxima renovación habrá otras cosas que nosotros no ponemos y que habrá que incluir. Por ejemplo, hemos incluido cosas fundamentales, como la dependencia, la
protección social de la mujer o la inmigración, que son los tres elementos que están en nuestra sociedad en estos momentos como problemática de primera línea y que en el año 1995 no estaban.
Creo que el pacto -y nosotros lo decimos con letra clara
y valorándolo- tiene un recorrido fundamental y que podrá recoger la participación de toda la sociedad en su conjunto. ¿Por qué? Porque hoy estamos haciendo aquí un informe político que luego será aprobado por el Pleno de la Cámara, y
posteriormente el Gobierno con los agentes sociales, es decir, los sindicatos y la patronal, tendrá que negociar el desarrollo de las recomendaciones que aquí planteamos nosotros hoy, y posteriormente a esa negociación ha de volver a esta Cámara
como proyecto de ley para su tramitación. Creo que eso es un modelo con un valor fundamental y que se recoge en este informe, porque repito que ahí es donde está el conjunto de la sociedad, en ese proceso en el que aporte cada uno su visión.
En
definitiva, lo que hacía el Pacto de Toledo anterior y lo que hace este informe hoy es señalar un camino por donde creemos que han de ir las cosas, pero lógicamente ese camino habrá que andarlo. Decía un portavoz anterior que han sido tres años.
La verdad es
que han sido tres años de trabajo, y yo no sé si han sido centenares, pero en esta Comisión hemos tenido comparecencias de todas las organizaciones que creemos que han tenido y tienen algo que decir en el tema de nuestro sistema de
pensiones: han pasado catedráticos, estudiosos..., en definitiva, creemos que hemos escuchado a todo el mundo y de todos y cada uno, incluso de aquellos con los que discrepamos profundamente, hemos aprendido y recogido cosas que nos han hecho
reflexionar durante este proceso.
Yo creo que queda claro que tenemos un sistema público de pensiones con muy buena salud. Por suerte todos los agoreros, los de 1977, fracasaron en sus previsiones. Se han equivocado los que lo hicieron en 1995 y
los de 1994, y creo que también se van a equivocar aquellos que hoy dicen que dentro de cincuenta años vamos a tener un montón de problemas y que no vamos a poder afrontar el pago de las pensiones. Como dice mi compañero y amigo Griñán, todos los
que hacen previsiones a cincuenta años tienen el beneficio de que, cuando se comprueba que son falsas, no están aquí para asumirlo. Creo que eso es lo que va a pasar. Fíjense ustedes que en 1977, incluso en 1985, los agoreros decían que teníamos
un sistema prácticamente en quiebra. Sin embargo, permitió que en esa época un gobierno socialista pudiese implantar unas pensiones no contributivas, permitió que las pensiones pasaran de doce a catorce pagas y permitió que se fueran incrementando
las pensiones más bajas de nuestro sistema. Eso, señorías, se hizo con aquellas previsiones. ¿Qué no se podrá hacer en los próximos años con un sistema como el que tenemos? Dentro de esta revisión ha habido dos o tres recomendaciones que han sido
las estrellas de todo el debate para los medios de comunicación y para las asociaciones. Esta renovación preocupa en grado sumo a las organizaciones de jubilados, incluso a aquellas personas a las que no les va a afectar en sus pensiones. Eso
demuestra que en nuestra sociedad hay inquietud por nuestro sistema de pensiones, y este informe es la respuesta de los grupos parlamentarios a esa inquietud de los ciudadanos.
El hecho de que coincidamos todos sirve para lanzarles un mensaje de
que el sistema va por buen camino y que estamos poniendo las bases para que ese camino siga siendo bueno en los próximos años. Refiriéndome a temas que han sido la estrella, por ejemplo, el período de carencia, en este informe hacemos algo muy
importante: acallamos las inquietudes de todos aquellos que hablaban de recoger toda la vida laboral. Hablamos de seguir en la línea de lo que hemos venido haciendo, pero dejamos la puerta abierta para que se siga en los mismos términos de lo ya
establecido y en los términos que el gobierno de turno quiera desarrollar en consenso con los agentes sociales.
En cuanto a los complementos a mínimos, hemos conseguido una recomendación muy importante. ¿Por qué? Porque puede parecer que no
destinar hoy todos los excedentes al fondo de reserva no tiene tanta importancia, pero ya que estamos cumpliendo una recomendación del anterior pacto, debemos cumplirla en cada uno de sus términos, es decir, que todos los excedentes que existan en
nuestro sistema puedan ir al fondo de reserva.
Respecto a las pensiones mínimas, ya lo he dicho con anterioridad, estamos a favor de que se suban por encima del IPC. Pero no sólo estamos a favor, sino que creemos que tal como queda redactado así
lo permite. Podemos subirlo más o menos, eso dependerá de la sensibilidad del gobierno que tenga que aplicar este acuerdo. Yo, que estoy convencida de que será un gobierno socialista, iremos equiparando las pensiones a los mínimos que hay
establecidos. En el futuro habrá que hacer una reflexión de si realmente el salario mínimo ha de ser la referencia para los pagos de las clases pasivas por una sencilla razón. Estamos impidiendo que el salario mínimo se desarrolle porque cada año
pierde poder adquisitivo: se le sube la inflación prevista y luego no se le revaloriza. Trabajadores que cobran en empresas privadas por el salario mínimo les estamos condenando, cada vez más, a que cada día pierdan poder adquisitivo.
Las
pensiones de viudedad necesitan una reforma encaminada a proteger a aquellas personas mayores, que realmente son las que están en peores condiciones. A mi grupo, y especialmente a mí, nos hubiera gustado dejar sentado lo que van a cobrar las viudas
mayores de 65 años. Pero la recomendación que hacemos permite que cada uno desarrolle su particularidad sobre el tema. Para mi grupo es fundamental revisar la pensión de viudedad para que las personas mayores puedan cobrar la pensión de jubilación
que venía cobrando su marido. Otro tema importante son las prejubilaciones. Hemos hecho una recomendación en dos direcciones. Una, recomendar a los poderes públicos que pongan freno a la sangría que se está produciendo en las empresas de personas
totalmente activas y capacitadas y la renovación que están haciendo las empresas usando mal las prejubilaciones. También hacemos dos recomendaciones fundamentales: una, que se estudie la eliminación de lo que significan los coeficientes reductores
para los mutualistas y los posteriores, es decir los de antes del 1 de enero de 1967 y los posteriores, lo acordado en la Ley de jubilación gradual y flexible. Pedimos que se equiparen.
También pedimos que se estudie la posibilidad de mejorar a
todos aquellos prejubilados de años anteriores que han salido muy perjudicados, ya que hay prejubilados con más de 40 años cobrando el 60 por ciento. Es una situación muy injusta y la Comisión ha estimado una recomendación fundamental.
No quisiera
alargarme mucho. Cada uno de nosotros hemos aportado lo mejor.
El Grupo Parlamentario Socialista va a votar favorablemente este informe y pediríamos especialmente al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida que haga un ejercicio de
reflexión por todo el esfuerzo que hemos hecho, incluido el de esta mañana, para sumarse al voto afirmativo del resto de partidos. Por último, aunque no sé si lo había mencionado algún portavoz, el Grupo Parlamentario Socialista
recomendaría al presidente que hiciera todas las gestiones oportunas para que este informe pueda ir al Pleno del día 2 para dejar cerrada en esta semana la renovación del Pacto de Toledo y poder relajarnos un poco los miembros de la Comisión y
también los compañeros de la prensa, que también han sufrido lo suyo siguiendo los vaivenes de la Comisión.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, estamos haciendo todos los esfuerzos habidos y por haber para que pueda ir al Pleno, con las apreturas lógicas de los plazos legales, que esperamos solventar esta misma mañana en la reunión de portavoces.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Popular, don Tomás Burgos.
El señor BURGOS GALLEGO: Hoy es un día para felicitarnos porque concluímos un camino complicado. Decía Weber que la política significa un lento agujerear maderos con pasión e intuición. Convendrán conmigo SS.SS. que este madero de blando
tenía bastante poco. En todo caso ha costado llegar hasta aquí, no ha sido fácil, pero creo que es un día importante para los miembros de esta Comisión, para el Congreso de los Diputados y para la sociedad española. El denominado Pacto de Toledo,
suscrito en abril de 1995 con la práctica unanimidad de los grupos parlamentarios en el Congreso, ha supuesto sin duda un instrumento positivo de consolidación y de reforma de nuestro sistema público de pensiones. Yo creo que los datos son
incontrovertibles. Desde cualquier óptica que analicemos su desarrollo práctico en estos años, la vigencia de sus recomendaciones, la conclusión es evidente. Hoy nuestro sistema de Seguridad Social presenta una situación financiera organizativa y
de prestaciones sin parangón en nuestra historia y esa es una buena noticia. Cabe decir precisamente hoy que nuestra percepción -yo creo que la del conjunto de los grupos si atendemos a sus exposiciones anteriores- es sin duda mucho mejor que la
que teníamos en 1995. Entonces y por sentido de la responsabilidad colaboramos en la construcción de un acuerdo, un acuerdo político y social, con un único objetivo: dotar a nuestro sistema de los instrumentos adecuados para superar una situación
delicada, pero para garantizarlo y preservarlo también en el futuro. Dijimos que aquel pacto nos igualaba a todos los que lo suscribimos en la voluntad política de defender el sistema público de pensiones que España tiene y necesita y donde
-decíamos también- podrían eliminarse los perfiles partidarios y de beligerancia estéril que con excesiva frecuencia han caracterizado y distorsionado el debate de las pensiones. Seguimos pensando lo mismo.
La voluntad soberana de los españoles
decidió que tras su inmediata suscripción, al Partido Popular le correspondiera la responsabilidad de su desarrollo. Al sentido de la responsabilidad de su firma siguió la demostración del compromiso del Partido Popular con el mismo. Lo hemos
impulsado, lo hemos desarrollado y, en el momento oportuno, lo hemos sometido a revisión y a actualización. Las quince recomendaciones que contenía han sido objeto de un profundo análisis en el tiempo de trabajo de esta Comisión. Se han evaluado
todas ellas, su vigencia y su grado de cumplimiento. Creo sinceramente que cualquiera que se acerque a esta cuestión con un mínimo de rigor y de solvencia intelectual puede decir que se han producido avances muy significativos en todos los órdenes.
Pese a que dichas recomendaciones no tenían un plazo de vigencia concreto, la realidad es que al analizarlas ahora pensamos que en tan sólo ocho años las consideraciones económicas, sociales, incluso demográficas en que se basaron se han
transformado considerablemente y desde luego para bien. El pacto que hoy renovamos en esta Comisión es un pacto por la estabilidad, por la modernización y por la intensificación de la acción protectora del sistema. No es un pacto ante la
inminencia de una crisis, no es un pacto ante el abismo. Hoy en España ya no se presta tanta atención a los agoreros que presagiaban negros nubarrones sobre el sistema. No se habla ya de su desmantelamiento ni de su sustitución por otros modelos.
Se percibe un horizonte de tranquilidad y ante los retos futuros, de los que somos plenamente conscientes, se confía en su capacidad de respuesta mediante las reformas precisas. Por eso en su día afrontamos la renovación de este pacto con ese ánimo
de absoluto convencimiento sobre la oportunidad de dicha renovación y hemos mantenido siempre, sin dobleces, nuestra voluntad a favor de dicha renovación.
Sinceramente creo que el Grupo Parlamentario Popular ha sido leal en todo este proceso a los
ciudadanos, a nuestros planteamientos políticos y a los principios que sustentan el sistema y que fueron en su día convenidos por todos. Sólo nos ha guiado un interés, dar mayor estabilidad, garantía y solvencia a nuestra Seguridad Social,
modernizarla adaptándola a las nuevas necesidades y hacer compatible todo ello además con la mayor sensibilidad y la atención más profunda a quienes más necesitan de la solidaridad de todos. Desde luego no hemos pretendido nunca que el Pacto de
Toledo fuera el programa electoral del Partido Popular. Por eso hemos trabajado por compromisos donde todos pudiéramos tener cabida sin renunciar a nuestro legítimo margen de maniobra, pero que estableciese un marco básico de orientaciones de
futuro donde desarrollar las políticas adecuadas. De lo que sí estoy seguro es de que el programa electoral del Partido Popular se adecuará como un guante a estas recomendaciones. Hemos escuchado los argumentos de los demás y nunca, entiendo,
hemos desestimado nada que planteara algún aspecto de mejora. Siempre hemos planteado nuestras posiciones desde la argumentación y nunca desde la imposición y, por supuesto, tampoco
nos hemos sometido a imposiciones de otros. No es ese el espíritu que ha guiado los trabajos de esta Comisión.
Hoy vamos a aprobar un dictamen que impulsa de nuevo el avance en un sistema que ofrece cobertura y seguridad a muchos millones
de españoles ante la adversidad, sea esta económica, social o personal. Superadas las épocas en que se planteaban incógnitas o interrogantes sobre su viabilidad, ahora hemos revisado y actualizado sus instrumentos. Los hemos conectado mucho mejor
con las nuevas demandas y las realidades de una sociedad que ha cambiado mucho y los hemos imbricado en el marco europeo que hoy más que nunca es el referente indispensable a la hora de establecer orientaciones de futuro. Por tanto el Grupo Popular
quiere destacar el altísimo grado de identificación con el conjunto de las recomendaciones. Lejos, como alguien ha dicho, de ser un pacto de mínimos, creo que constituye un ambicioso conjunto de orientaciones para nuestra Seguridad Social, pero
también para la sociedad española, porque el desafío del envejecimiento de la población nos compete a todos y todos vamos a vernos afectados por él. Desde luego las críticas que pueden legítimamente realizarse a un documento por insuficiente nos
parecen las menos críticas de todas. De todas las críticas posibles la crítica por insuficiente es siempre la más fácil, es siempre la más cómoda. Señorías, criticar algo por insuficiente tiene validez universal. De cualquier cosa puede decirse
que es insuficiente. No exige alternativas; uno se limita a pedir más de todo. Es fácil de defender; no requiere elaboración intelectual alguna, y no implica coste político, porque siempre queda uno bien absolutamente con todos los colectivos,
pero en términos de credibilidad, a mi grupo parlamentario le parece que vale bastante poco.
El Pacto de Toledo no es por supuesto una subasta de pensiones, ni es admisible la estrategia del quién da más. Nuestro compromiso es con la viabilidad
futura del sistema, y su buena situación actual no lo convierte en un botín a repartir, sino que nos obliga a cuidarla, a preservarla y a mimarla para cuando sea necesario, que lo será, disponer de todos los recursos.
Creo que no responde al
espíritu del Pacto de Toledo confundir las legítimas propuestas electorales, incluso las prioridades de cada partido, con un pacto que pretende ser de todos, donde nadie puede legítimamente pretender aparecer como el abanderado de aquellas
propuestas que más incidencia o aceptación social puedan tener. Desde luego es un pacto en el que asumimos entre todos la paternidad de un documento que contiene importantes reformas e importantes orientaciones.
Hemos apostado por ligar claramente
la viabilidad financiera del sistema de pensiones a la estabilidad presupuestaria y al crecimiento económico, a la reducción de la deuda y a políticas sostenibles basadas en unas cuentas públicas saneadas. Nuestro sistema de Seguridad Social es el
mejor instrumento que tenemos para seguir ofreciendo seguridad y para atacar las situaciones de necesidad en nuestra sociedad. Ha de sostenerse necesariamente sobre bases financieras sólidas. El sistema de protección social no puede ser ajeno a la
realidad económica. Pretender construirlo al margen de esa realidad es puro voluntarismo ideológico, grandilocuencia ampulosa y con poco sentido. Yo creo que el nuevo texto es muy claro a este respecto, como es muy claro cuando abona la idea de
que cuando construimos solidaridad dentro del sistema tenemos que identificar las fuentes de su financiación para guardar coherencia con los objetivos de competitividad y de solvencia económica. Quienes anuncian compromisos o proponen quimeras, han
de enfrentarse a la realidad de que el sistema de Seguridad Social no avanzará a costa de restricciones o de deterioro de los objetivos económicos, como la solvencia del sector público, una fiscalidad razonable o unos costes laborables asumibles.
Señorías, no tenemos derecho a utilizar recursos públicos sin la seguridad de estar protegiendo adecuadamente a quien de verdad lo necesita.
Reformar el esquema protector de la viudedad y esforzarnos por mejorar las pensiones mínimas del sistema -a
este respecto el texto es absolutamente claro en relación con las prioridades y los compromisos asumidos por todos-; reordenar prestaciones para atender situaciones de especial necesidad o adecuar las condiciones y requisitos de acceso a las
prestaciones del sistema son aspectos de sustancial relevancia en este pacto, donde los compromisos compartidos de avanzar en la solidaridad y en la garantía de suficiencia no pueden ser patrimonializados por nadie.
El Pacto de Toledo ha de ser un
relevante elemento de cohesión pero también un importante elemento de transformación capaz de modificar pautas, de incorporar valores y transformar mentalidades, en la eliminación de la discriminación por edad, en una mejor conciliación de la vida
laboral y familiar, en un nuevo reparto de responsabilidades entre hombres y mujeres, en una consideración mucho más positiva del envejecimiento, compatible con la productividad y la innovación en las empresas, en la equiparación de salarios entre
el hombre y la mujer como condición de igualdad real, en la definición de una protección más adecuada para las nuevas realidades sociales, familiares o laborales y en la idea de que no es admisible expulsar trabajadores del mercado laboral a edades
en que son perfectamente capaces y con enorme experiencia. Hemos querido dotar a esta renovación del Pacto de Toledo de una adecuada visión de su papel en la nueva sociedad, no limitarlo a ser un subsector aislado, aunque lo sea en términos de
contabilidad, sino que se configure como factor de estímulo y de ordenación de los recursos productivos.
Hemos defendido que las bonificaciones y exoneraciones de cotizaciones sociales sean un instrumento al servicio del acceso y del mantenimiento
en el puesto de trabajo de los trabajadores más vulnerables, de los mayores y de la mujer, como expresión de un modelo que tiene claro que el
empleo es la prioridad y la condición imprescindible para una protección social sostenible. A día de hoy, nuestras prioridades son que se incentive aún más la prolongación de la vida laboral, que se refuerce la contributividad, guardando
aún más proporción entre las prestaciones y el esfuerzo de cotización realizado, que se combatan los abusos, los usos indebidos y se estigmatice, denuncie y persiga el fraude en las prestaciones y las prácticas irregulares como una injustificable
amenaza a un sistema que es de todos.
Señorías, todo pacto implica renuncias y las nuestras son al menos tan relevantes como las de los demás. Muy conscientes de nuestra especial responsabilidad adicional, como grupo que sostiene al Gobierno,
hemos tratado de encauzar razonablemente los intereses en conflicto. No hemos pretendido llegar a la plena armonía o al consenso absoluto, porque este sólo podría darse mediante la imposición o mediante la trivialidad general de la que nadie pueda
discrepar. Señorías, una buena política no requiere recoger o hacer valer los intereses de todos, pero no puede haber dejado de intentarlo, y yo creo que lo hemos intentado y lo hemos hecho hasta el último minuto, hasta donde realmente era posible,
hasta la frontera de lo realmente factible, de las auténticas posibilidades del sistema, sin incurrir en la teatralidad y mucho menos en la demagogia.
Voy acabando, señor presidente, diciendo que el Pacto de Toledo es hoy una nueva gran
oportunidad, un instrumento eficaz de acuerdo, un marco general en el que actuar, que permite ofrecer una vez más tranquilidad a los pensionistas de hoy, tranquilidad y mejoras en su situación, en la medida en que las disponibilidades financieras lo
van permitiendo -no les olvidamos y tenemos presentes sus necesidades-, además de enormes dosis de confianza en las posibilidades del sistema para los pensionistas de mañana. No puede esperarse que la política lo resuelva todo. Creo que hay que
aceptar los límites de la política y hacérselos saber a los ciudadanos. No podemos despejar todas las dudas ni dar respuesta a todas las incertidumbres. La responsabilidad individual y social tiene un gran escenario de juego en esta cuestión, pero
este nuevo pacto de pensiones es clave para trasladar a los ciudadanos la idea, compartida por los grupos que me han antecedido, de que vamos en la dirección adecuada y de que España cuenta con suficientes recursos de futuro ante los desafíos que
nos esperan. Por tanto el Grupo Parlamentario Popular se siente satisfecho por este principio de acuerdo, orgulloso del esfuerzo realizado, consciente de las expectativas que genera y de los retos que plantea. A veces lo que más molesta a los
ciudadanos de la política es su desconcierto e incapacidad ante los desafíos que se les presentan y creo sinceramente que en este documento hemos sabido dar respuestas, puede que no todas, pero respuestas muy significativas sobre los grandes
desafíos que tenemos por delante.
El Grupo Parlamentario Popular desea agradecer fervientemente la colaboración de todos los grupos parlamentarios, de sus portavoces, de todas las personas de los diferentes grupos que han tenido la posibilidad de
reflexionar con nosotros, de discutir durante centenares de horas, de forma casi siempre fecunda, que han compartido siempre un común compromiso por el futuro del sistema. Agradezco también la colaboración a los servicios de la Cámara, a los medios
de comunicación y también a los agentes sociales y económicos por sus aportaciones y críticas, por las realizadas y, no lo duden SS. SS., por las que vendrán, que contribuyen a hacer de esta cuestión un motivo de reflexión permanente de toda la
sociedad, de responsabilidad y de implicación de los ciudadanos en los temas que, como éste, les tocan tan de lleno. Esperemos que la culminación de la tramitación parlamentaria de este dictamen en el próximo Pleno abra una etapa más en la historia
de la Seguridad Social y que esta etapa esté absolutamente definida por las ideas de seguridad, tranquilidad, solvencia y compromiso de futuro, que es para todos nosotros lo esencial en esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Antes de proceder a la votación, sí me gustaría -en relación con lo que ha dicho doña Isabel López i Chamosa y que a mí se me había pasado- hacer un reconocimiento a doña Carmen Gutiérrez, a la que hemos llamado muchas
veces, hemos incordiado con la petición de muchos datos y por lo tanto es lógico que reconozcamos aquí su trabajo, aparte del de tantos otros que han participado en la elaboración de estudios, desde las administraciones, el Instituto Nacional de
Estadística, etcétera, pero no vamos a entrar a pormenorizar. Además me gustaría decir que el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que ha asistido a la reunión de portavoces, nos ha informado que se ha fijado para la presentación y el debate del
informe el jueves día 2 de octubre. Por lo tanto, finalmente, el día 2 tendremos ocasión de aprobar este informe.
Obviamente, abrimos un plazo para la presentación de votos particulares, para aquellos grupos que quieran hacerlo, que terminaría
mañana a las 14 horas, según me informan los servicios de la Cámara.
Vamos a proceder a la votación del informe, incorporando algo que, aunque técnicamente no ha sido posible hacer las fotocopias e incluirlo en el texto que ahora se va a votar, sí
está incluido y es el párrafo correspondiente a la modificación del punto 2, en relación con la Unión Europea, que era uno de los puntos a los que hacía referencia el representante de Izquierda Unida.
El señor RUIZ LÓPEZ: Además de esto, ¿se ha incorporado el asunto referente a los contratos de relevo?
El señor PRESIDENTE: Ya está incorporado. A eso sí que ha dado tiempo, puesto que era de esta mañana, mientras que este último punto, como se ha discutido en la reunión de Mesa y portavoces, no ha habido tiempo de incorporarlo al texto.
Por lo tanto quedan incorporados los dos puntos y, por consiguiente, cuando votemos el informe lo hacemos con esos dos puntos incorporados.
Procedemos a la votación del informe.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, una.
El señor RUIZ LÓPEZ: Señor presidente, la mía es una abstención positiva.
El señor PRESIDENTE: Realizada la votación y aprobado el informe, levantamos la sesión, rogando a los señores portavoces y a la Mesa que se queden unos minutos, una vez que se desaloje la sala.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.