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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 819, de 23/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 819
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ISIDRO FERNÁNDEZ ROZADA, VICEPRESIDENTE PRIMERO
Sesión núm. 55
celebrada el martes, 23 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la implantación de la especialidad de dolçaina en la enseñanza de música. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente 161/002121.) .. (Página 25762)
-Relativa al impulso de convenios científicos y académicos entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y entidades públicas y privadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
161/002122.) ... (Página 25765)
-Sobre adopción por parte del Comité Olímpico Internacional del español como lengua oficial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001195.) ... (Página 25770)
-Para que se ponga en marcha una campaña informativa sobre la concesión de créditos blandos universitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001746.) ... (Página
25773)
-Por la que se insta al Gobierno a integrar los fondos documentales de interés público de la Fundación Nacional Francisco Franco en los archivos estatales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001641.) ... (Página 25776)
-Relativa a subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Fundación Francisco Franco. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001643.) ... (Página 25776)
-Por la que se insta al Gobierno a retirar las subvenciones y ayudas públicas a la Fundación Nacional Francisco Franco. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió). (Número de expediente 161/002277.) ...
-Relativa a equipamiento escénico para el Teatro Jofre de Ferrol.
Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002202.) ... (Página 25784)
-De medidas de estímulo a favor de la industria cinematográfica y audiovisual española. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convèrgencia i Unió). (Número de expediente 161/002142.) ... (Página
25787)
-Relativa al incremento de la presencia del sector de la industria española de la animación en el mercado nacional e internacional.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001273.) ...
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN DE LA ESPECIALIDAD DE DOLÇAINA EN LA ENSEÑANZA DE MÚSICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente 161/002121.)
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Se abre la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte. Vamos a tramitar varias proposiciones no de ley, por lo que las votaciones no se celebrarán en ningún caso antes de las 13 horas.
En primer lugar, tenemos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la implantación de la especialidad de dolçaina en la enseñanza de música.
Para la defensa de esta proposición, tiene la palabra el portavoz, señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: El Grupo Parlamentario Popular, siguiendo una petición que la Generalitat Valenciana ha efectuado al Ministerio de Educación y Cultura, solicita que la dolçaina, que es la denominación valenciana de un instrumento, por
otra parte cultivado en muchísimas comunidades autónomas españolas, la dulzaina, se incorpore como especialidad a las enseñanzas regladas de música. Para los valencianos, la dolçaina es el instrumento tradicional por excelencia, es el más
practicado, especialmente en su combinación con un instrumento de percusión como es el tabalet, incluso la expresión 'dur algú en tabal i dolçaina' significa que algo se pregona de alguien de una manera notable en la sociedad.
En los últimos años y
debido a la intensidad de su cultivo y al interés que ha suscitado esta práctica, están surgiendo otras agrupaciones instrumentales que incorporan también la dulzaina. Por supuesto hay agrupaciones colectivas de percusión y dulzaina -o dolçaina-,
que es lo que nosotros llamamos les colles de tabaleters y dolçainers, pero también se ha incorporado a las bandas de música, especialmente en la música de fiestas de moros y cristianos. Es un instrumento básico también en combinación con el canto
en la interpretación de les albaes, que es un género musical tradicional valenciano también de gran importancia, incluso últimamente ha habido compositores que lo han utilizado en obras de música de cámara, como el compositor de Algemesí, Xavier
Richart, o en combinación con música sinfónica.
En realidad estamos hablando de un instrumento de la familias de los oboes, es la propia chirimia, y de hecho en Alicante se la denomina chirimia, que es por tanto un instrumento de viento madera, con un tubo cónico y con doble caña. Las
enseñanzas regladas de música tradicionalmente impartidas en los conservatorios y hasta hace bastantes años se centraban en aquellos instrumentos para los que han escrito los compositores de la tradición europea, los compositores de lo que se ha
llamado la música culta -quizá de una manera bastante impropia, porque otras especialidades musicales también merecerían lógicamente esta denominación-. Sin embargo, en los últimos años la música tradicional y otros géneros han tenido gran
importancia. De hecho, con la reforma educativa que se establece a partir de la LOGSE y también en la reforma de las enseñanzas musicales, se amplía este horizonte y se prevé la posibilidad de que instrumentos tradicionales se incorporen a las
enseñanzas regladas. El Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, que estableció los aspectos básicos de los currículos de los grados elemental y medio de música, determinó el catálogo de especialidades instrumentales que podían impartirse en los
centros de enseñanza reglada. En su disposición adicional primera contemplaba además la posibilidad de que las comunidades autónomas pudieran incorporar otras especialidades que por su raíz tradicional o grado de interés etnográfico y complejidad
de su repertorio o por su valor histórico en la cultura musical europea y grado de implantación en el ámbito territorial correspondiente requieren el tratamiento de especialidad, formulándose para ello ante el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte la correspondiente propuesta comprensiva de estos méritos. Como consecuencia de este cambio normativo, ya se han introducido diversas especialidades instrumentales que tienen que ver con instrumentos tradicionales. Por ejemplo, hoy están
incorporadas a las enseñanzas regladas de música el flabiol y el tamboril, la gaita gallega, la tenora y el tiple, la guitarra flamenca o instrumentos de púa de uso tradicional en las rondallas. Esto es lo que ha pretendido la Generalitat
Valenciana y pido el apoyo del Congreso de los Diputados para que la dulzaina -o la dolçaina en nuestro caso- se incorpore a las enseñanzas regladas de música.
Es interesante destacar que el cultivo de la dolçaina, al menos en la Comunidad
Valenciana, que ha creado sus propias escuelas, incluso ha servido en algunos casos, a partir de estas escuelas, para que en ellas se impartieran otras enseñanzas musicales, con lo cual no sólo estamos hablando de introducir este instrumento
tradicional en las enseñanzas regladas, sino también de reconocer el esfuerzo que a través de este instrumento tradicional y de las escuelas que lo han enseñado y lo han mantenido se ha hecho por dar a conocer toda la tradición musical enseñando
otras especialidades musicales. Incorporar la dolçaina a las enseñanzas regladas de música permitiría conseguir diversos objetivos entre los que destacarían mejorar en los instrumentistas la técnica de respiración, la ejecución mecánica,
digitaciones, embocadura, etcétera, así como el mantenimiento y la mejora del instrumento, atender mejor a manipular las cañas, aprender a tratar el instrumento, su higiene. Todo ello es esencial para la mejora técnica y el aumento de nivel,
calidad, prestigio y reconocimiento a sus intérpretes. También, ayudaría, como lo ha hecho la incorporación de otros instrumentos tradicionales a las enseñanzas regladas, a dignificar el cultivo de la música tradicional y en general de las
manifestaciones propias de la cultura popular.
La Generalitat Valenciana ha venido haciendo en los últimos años esfuerzos importantes en las enseñanzas musicales. Hay una serie de conservatorios abiertos en los últimos años y hay un gran apoyo a
las escuelas de música en muchos casos de iniciativa privada y sociedades musicales. Se están destinando muchos fondos a subvencionar estos centros. En esta línea de apoyo a la música, se inserta esta petición que se ha dirigido al Ministerio de
Educación y Cultura para que se incorpore algo tan propio de la música valenciana como es la especialidad de dolçaina a las enseñanzas regladas. Por otra parte, aunque la proposición yo la he presentado como diputado valenciano dentro del Grupo
Popular, pretendiendo recoger una iniciativa de la Generalitat Valenciana, esta petición podría ser también un antecedente para que otras comunidades autónomas en las que es muy tradicional el cultivo de este instrumento, como puede ser Castilla y
León, La Rioja o incluso Madrid, puedan incorporarla a las enseñanzas que imparten sus centros de enseñanza musicales.
Sólo me resta pedir el voto favorable de todos los grupos, porque es una propuesta razonable que va en beneficio de las
enseñanzas musicales y de las enseñanzas musicales tradicionales, y así espero que lo hagan todos los grupos.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ripa González.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Ya ha expuesto el diputado del Grupo Parlamentario Popular don José Manuel Calpe profusamente las características de la dolçaina. Nosotros hemos introducido una enmienda, porque nos parece que este instrumento debe
ir acompañado del tabalet, es decir del tabal y por tanto, que debería ser la dolçaina y el tabal, porque si no el instrumento quedaría cojo, quedaría sin complementar precisamente en esa partitura musical que debe interpretar. Por tanto se debería
añadir a la proposición no de ley y decir dolçaina y el tabal.
Quiero manifestar mi felicitación al Grupo Popular en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte por traer esta iniciativa. Quiero agradecer personalmente
esta iniciativa como diputado amante de la música y por haber dedicado gran parte de mi vida en mis actividades extraprofesionales precisamente a dirigir grupos musicales y coros. Me parece interesante que los estudios musicales recojan el
estudio de la dolçaina y el tabal. Sin embargo y como me apasiona la música, hemos criticado desde el Grupo Socialista duramente al Gobierno del Partido Popular, hemos criticado a la ministra de Educación por la mal llamada para mí Ley de calidad
porque ha reducido precisamente los estudios musicales. Este es un aspecto muy negativo para el desarrollo educativo y cultural de nuestro país y de nuestros jóvenes. Que se hayan reducido las horas dedicadas a los estudios musicales en las
enseñanzas primaria, secundaria y postobligatoria nos parece un problema que hay que resolver.
Probablemente -lo digo de forma graciosa- a ustedes, los diputados del Partido Popular, la música les suena un poco a música celestial, y esta la han
recogido muy bien en la nueva Ley de calidad a través de la asignatura de religión o de catequesis, diría yo.
Esta iniciativa ha sido un poco copiada, porque ya fue presentada en las Cortes Valencianas por el diputado Joan Francesc Peris i García,
portavoz del Grupo Mixto, de Izquierda Verde. Dicha iniciativa decayó, no sé si por tiempo o porque no fue aceptada en la Comisión en la que se discutió.
En mi opinión, ese hubiera sido el camino adecuado. Esta iniciativa debería haberse
presentado en las Cortes Valencianas y estas deberían haber instado al Gobierno de la Generalitat Valenciana para que éste, a su vez, solicitara del Ministerio de Educación y Ciencia su inclusión en el catálogo de las especialidades instrumentales
que pueden impartirse en los centros de enseñanza reglada de música, en los grados elemental y medio, que recoge -como ha dicho muy bien el diputado- el Real Decreto 756/1992, de 26 de junio, y la adscripción del profesorado de la especialidad de
dolçaina y tabalet, que recoge el Real Decreto 989/2000, de 2 de junio, por el que se establecen las especialidades del cuerpo de profesores de música y artes escénicas, adscribiéndose a ellas a los profesores de dicho cuerpo y determinándose las
materias que deben impartir.
En resumen, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley con esta pequeña enmienda que hemos introducido, advirtiendo al Grupo Popular que no deben producirse incongruencias en materia de música. Hay que
apoyar la cultura musical en los conservatorios, en las escuelas de música y en la educación primaria, en la secundaria obligatoria y en la postobligatoria, porque es un instrumento muy importante para la educación de nuestros jóvenes.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Permítanme iniciar mi intervención felicitando sinceramente al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, autor de la iniciativa, no sólo por la oportunidad sino también por el empeño que ha puesto en la misma.
Hay iniciativas que llevan claramente la firma no del portavoz del grupo, sino de aquel diputado que se ha empeñado en que se conviertan en iniciativa política. Para todos aquellos que tocan y que seguirán tocando la dulzaina en tiempos venideros
es de justicia reconocer esto y que conste así en el 'Diario de Sesiones'.
El Grupo Parlamentario Catalán va a apoyar esta iniciativa sin reservas, pero voy a hacer una matización sobre lo que significa plantear estas cosas de esta manera. En
primer lugar, es discutible hasta qué punto conviene que convirtamos la Cámara en el altavoz de una petición de la Generalitat Valenciana. Esto tiene un sentido relativo, porque al fin y al cabo espero que el Ministerio de Cultura escuche a la
Generalitat Valenciana cuando le pide una cosa como esta. En todo caso, se me plantean algunas dudas, sobre todo de fondo, ya que una iniciativa como esta nos recuerda que, a pesar de determinados discursos oficiales sobre la descentralización y la
diversidad, tiene que ser el ministerio, tiene que ser la Comisión de Educación y Cultura del Congreso de los Diputados quien intervenga en un tema como este. No existe una descentralización suficiente que hubiera permitido homologar, más allá de
unas especialidades básicas, que hubiera permitido que la Generalitat Valenciana hubiera incorporado al currículum determinadas especialidades que tienen un interés en la Comunidad Valenciana y que a lo mejor no lo tienen en otra. Esto no es así y
aquí nos encontramos discutiendo hasta qué punto puede o no puede incorporarse la dulzaina en el currículum de las enseñanzas regladas. Yo creo que se puede, pero que hoy tengamos que debatir esto y que todavía estemos a la espera de que el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se digne a aceptar esta petición planteada por la Generalitat Valenciana, que intuyo que desde hoy tendrá el apoyo mayoritario de esta Cámara, representada por esta Comisión, nos demuestra que este Estado
no es como nos lo intentan hacer creer y que sigue habiendo un grado de centralismo espectacular, hasta el punto de que algo como esto tiene que ser aprobado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte sin lo cual no puede ir a ninguna parte.
Asimismo quiero sumarme, no literalmente pero sí con algunos matices, a buena parte de la intervención del portavoz del Grupo Socialista que me ha precedido. Efectivamente, en el ámbito de la enseñanza musical, no el diputado que hoy actúa como
portavoz del Grupo Popular, pero sí el Grupo Popular y sobre todo el Gobierno al que apoya el Grupo Popular no son precisamente un dechado de virtudes ni un modelo a seguir. No es en el ámbito de la enseñanza musical donde el Gobierno ha
manifestado su celo ni su entusiasmo.
Estamos muy lejos del conjunto de la Unión Europea y de las necesidades en el ámbito del desarrollo cultural y musical de España y del conjunto de sus estudiantes de música a todos los niveles, tanto superior como de bachillerato. Por tanto
la iniciativa de hoy es bienvenida, pero lo serían mucho más otras iniciativas que instaran al Gobierno a tomarse más en serio la enseñanza musical y lo que esta aporta. Dicho esto, aunque pueda parecer que doy una de cal y otra de arena, no hay
cal y arena, hay mucha arena, es decir, mucha crítica a la enseñanza musical del conjunto del Estado, pero ninguna al reconocimiento de la dulzaina como enseñanza.
Sin embargo, insisto en que me gustaría que llegara un día en el que esto no tuviera
que pasar por esta Comisión y nos creyéramos de verdad que la Generalitat Valenciana, por ejemplo, tiene competencias en materia de cultura.
El señor VICEPRESIDENTE: A los efectos de conocer la posición respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: No vamos a aceptar la enmienda, porque lo que estamos pidiendo es la introducción de la dulzaina como especialidad musical. El tabal suele ser un instrumento de acompañamiento típico, pero es otra especialidad. Es un
instrumento de percusión y los percusionistas estudian una variada gama de instrumentos que les da suficiente preparación para abordar el tabal. En cualquier caso, estamos hablando de dos instrumentos distintos, por lo que serían dos especialidades
distintas, una de las cuales ya está cubierta.
-RELATIVA AL IMPULSO DE CONVENIOS CIENTÍFICOS Y ACADÉMICOS ENTRE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UNED) Y ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/002122.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de convenios científicos y académicos entre la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) y entidades públicas y privadas.
Para su defensa, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sagarna Alberdi.
La señora SAGARNA ALBERDI: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para proceder a la defensa de la proposición no de ley que tiene como objetivo instar al Gobierno a impulsar convenios científicos y financieros entre
la UNED y entidades públicas y privadas.
En primer lugar, quisiera hacer una breve referencia histórica sobre la UNED, más que nada para contextualizar y poder entender mejor el contenido, la filosofía y la naturaleza de nuestra proposición. Como
ustedes sabrán, la UNED se fundó en 1972 y surgió con una finalidad específica y algo diferente a la que tiene hoy día. Dicha finalidad era la de ofrecer una segunda oportunidad a todas aquellas personas que por diversas razones no podían cursar
estudios superiores en ningún otro centro universitario. Nació por tanto -y me gustaría que esto quedara claro- con un marcado carácter social. Hoy, se puede decir que sigue cumpliendo esa misma finalidad social, aunque también hay que tener en
cuenta que cada vez son más los que optan por este tipo de enseñanza voluntariamente y no por estricta necesidad. Hay muchas personas, por ejemplo funcionarios que tuvieron que abandonar sus estudios y trabajadores que por razones socioeconómicas
tuvieron que incorporarse al mercado laboral antes de lo previsto, que han podido ver cumplidas todas sus aspiraciones gracias a estos estudios, como ustedes saben, de metodología específica.
La UNED tiene encomendada la misión de acercar los
estudios universitarios a todos aquellos que, estando capacitados para ello, no pueden acceder o frecuentar las aulas por múltiples razones. Las razones pueden ser laborales, como he señalado anteriormente, o pueden ser familiares. No olvidemos la
cantidad de amas de casa a las que, debido a sus obligaciones familiares o tener que atender a los niños, no les era posible asistir a las aulas. Las razones también pueden ser económicas o de residencia, por vivir distantes de un centro
universitario. Tampoco nos podemos olvidar de los reclusos que han conseguido una reinserción social más fácil gracias a la UNED, por tener unos estudios superiores.
En una palabra, muchos han visto cumplidos sus sueños gracias a la UNED.
Lo que
pretende la UNED es integrar a todos los que desean ampliar su preparación. Su misión primordial por lo tanto es integrar en una comunidad universitaria que sea amplia, plural y solidaria a los que buscan una formación intelectual rigurosa en el
ámbito universitario, siempre, como digo, con la metodología específica de la enseñanza a distancia.
La UNED se puso en marcha con una infraestructura mínima -esto también lo tenemos que considerar- y en unas condiciones bastante precarias, en
aquel momento había cerca de 6.000 alumnos. Surgió prácticamente sin recursos, sin casi profesorado y, sin embargo, hay que decir que hoy se mantiene viva y actual y sobre todo en un proceso de modernización constante. Hoy, el modelo educativo de
la UNED, a través de las técnicas y de las experiencias más innovadoras y rigurosas de la enseñanza a distancia, permite, como digo, acercar cada vez más al alumnado a una enseñanza de calidad.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia es una universidad diferente a las demás. Es distinta por su metodología, es distinta por su naturaleza y también es distinta por su alumnado, puesto que la mayor parte de los alumnos de la
UNED estudian y trabajan al mismo tiempo, y todos sabemos el esfuerzo añadido que ello conlleva de quitar horas de sueño, de ocio y de quitar horas a la familia. En resumen, muchos españoles se han titulado en educación superior gracias ala UNED.
La UNED hoy atiende con este modelo a más de 136.000 alumnos en enseñanzas universitarias de carácter reglado, a más de 30.000 en los programas propios de posgrado, enseñanza abierta y formación del profesorado, así como también atiende a 5.000
alumnos en pruebas de acceso a la universidad para mayores de 25 años y a 3.000 alumnos en cursos de verano. Para prestar estos servicios cuenta con una red de 145 centros asociados, entre los que incluyo los centros cabecera, que son 60, las
extensiones y las aulas. Cuenta también con tres centros institucionales, 17 centros en el extranjero, más de 1.200 profesores en la sede central, a los que hay que añadir los 6.000 profesores tutores en los centros asociados, y 1.100 funcionarios
y contratados laborales, que integran el personal de administración y de servicios. Todo ello y dada su implantación hace de ella una universidad con un verdadero afán de superación. Hoy se puede decir que la UNED lidera la investigación y la
docencia entre las universidades de educación a distancia. Son precisamente los retos del futuro los que van a ir demandando nuevos recursos. Hoy, en el siglo XXI, se está muy lejos de lo que era la UNED en sus comienzos y recuerdo aquellos
programas radiofónicos, los materiales que se enviaban por correo. Hoy todo eso ha cambiado, hoy hay que hablar de tecnología, de Internet, de videoconferencias. Esto nos lleva a deducir que es absolutamente necesario que se siga poniendo al día y
para ello, como es lógico, se necesitan abundantes recursos.
Los gastos que supone la prestación de los servicios se financian fundamentalmente a través de los ingresos por matrícula y en un 34 por ciento por las partidas fijadas en los
Presupuestos Generales del Estado para la universidad, en concepto de subvención. Estos Presupuestos Generales del Estado para 2003, dentro del programa de enseñanzas universitarias, destinan una de las partidas más importantes por su cuantía a la
UNED, para subvencionar sus gastos de funcionamiento, de personal e inversiones, que permitirán ir mejorando la actual financiación por alumno de la universidad. En lo que al programa de gastos se refiere, quiero señalar, señorías, que la
aportación que se efectúa a favor de la UNED es la de mayor volumen del programa. En concreto, para el año 2003, la subvención para gastos corrientes incluida en los créditos de la Dirección General de Universidades ascendió a 52.128,42 miles de
euros y la aportación para inversiones consignada en la Dirección General de Programación Económica, Personal y Servicios asciende a 6.314,23 miles de euros. El esfuerzo, como verán, está siendo considerable. Independientemente de estas
subvenciones y con el fin de avanzar en la investigación y en la docencia a través del modelo educativo de la enseñanza a distancia, sería necesario -y de ahí la finalidad de esta proposición no de ley- fomentar y promover la colaboración, tanto
académica como financiera, entre la UNED y entidades públicas y privadas, para que permita a esta universidad liderar la investigación y la docencia entre las universidades que siguen este modelo de enseñanza, es decir, para convertirla en una
universidad puntera, en una universidad de calidad. El Grupo Parlamentario Popular considera que la realidad hoy es diferente a cuando se fundó la UNED. El futuro es otro, es un futuro de investigación, de tecnología, de una nueva calidad para la
universidad a distancia y esta universidad no se puede quedar atrás. Para adaptarnos a los nuevos retos del futuro no basta por lo tanto con quedarnos en declaraciones meramente de intenciones, sino que todo ello se debe traducir en compromisos
firmes que hay que poner en práctica. Por todo lo expuesto, mi grupo espera que el resto de los grupos apoyen esta proposición no de ley con su voto afirmativo, ya que todo lo que se lleve a cabo para mejorar la UNED redundará en su liderazgo en la
enseñanza universitaria y en su mejor situación para afrontar los interesantes retos del futuro, los retos de la sociedad del conocimiento. Consideramos que el marco legal de mecenazgo contribuirá a incrementar la participación de la sociedad civil
mediante incentivos en la universidad, abriendo de esta forma más posibilidades para mejorarla. A ello deben sumarse también convenios de carácter académico y financiero que permitan la expansión de la UNED con ayudas a la investigación, al
desarrollo tecnológico y para becas.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso propone la siguiente proposición no de ley: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva convenios de colaboración académicos
y financieros entre entidades públicas y privadas y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que le permitan a ésta liderar la investigación y docencia entre las universidades que siguen el modelo de enseñanza a distancia.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Popular se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Creo que tratar en esta Comisión temas que tengan que ver con la UNED es razonable y podemos coincidir en una parte de la exposición de motivos que hace el Grupo Popular. Pero, dicho esto, dicen que una buena
obra teatral tiene que hacerse con planteamiento, nudo y desenlace.
Incluso podemos estar de acuerdo con el planteamiento y el nudo, pero el desenlace no parece que sea el que a nosotros nos gustaría. El planteamiento es qué importante es la UNED. El nudo es: las cosas han cambiado, hay que mirar hacia el
futuro, sobre todo en función de las nuevas tecnologías. Y el desenlace es: para hacer todo eso, se propone instar al Gobierno a que promueva convenios de colaboración académicos y financieros con la UNED. La verdad es que esto es una broma. El
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es el responsable de la UNED.
Tiene dos universidades, pero la que presta enseñanza reglada en todo el territorio nacional es la UNED. Es responsabilidad del Gobierno darle la financiación adecuada para
que cumpla todos los objetivos que se han dicho. En ese sentido, esta propuesta llama la atención y, a nuestro modo de ver, es etérea, es una vez más algo de aire. Si es tan importante y si esos centros tienen sus alumnos -y coincidimos en su
importancia-, si tiene la obligación de dar servicio de calidad, facilitar el acceso a la enseñanza superior, etcétera, ¿por qué no se han aceptado nunca las enmiendas que ha planteado el Grupo Socialista en los Presupuestos Generales del Estado?
¿Por qué no se dota adecuadamente, desde el punto de vista financiero, a esta universidad que depende del Gobierno, del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte? Vemos que aquí hay un cierto contrasentido. Creo que todo lo que se dice es muy
bonito pero aparte de los discursos hay que poner recursos. Bien por los discursos pero mal por la falta de recursos.
Hay algunas sorpresas en la redacción. En la propia proposición se dice algo así: que le permita a ésta liderar la
investigación y la docencia.
Eso quiere decir que ahora no lidera la investigación y la docencia. Yo me llevo una sorpresa. Dice textualmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que promueva convenios que le permitan a la UNED
liderar la investigación y docencia entre las universidades que siguen el modelo de la enseñanza a distancia. Aquí ya hay un reconocimiento de que la cosa no funciona. Ustedes están reconociendo que no lidera. No es nuestra opinión, pero si
ustedes quieren reconocer ese fracaso me parece bien. Si existe ese fracaso lo que hay que hacer es apoyarlo como tiene que hacerlo la administración competente con respecto a esta universidad.
Haciendo historia, he de decirle, señora diputada,
que la UNED tiene un déficit presupuestario basado en una insuficiente financiación. Uno de los aspectos que ha influido en ello es que, de acuerdo con el Ministerio de Educación, se utilizaron unos remanentes que se tenían para financiar la
construcción de una serie de edificios y adquirir equipamiento, con el compromiso de que los fondos se reintegrarían para el funcionamiento de la UNED. Esto no se ha hecho, es otro incumplimiento. Como yo pienso -y a las cifras me remito, a los
estudios, a la OCDE, etcétera- que para este Gobierno la enseñanza -y en este caso concreto la enseñanza superior- no es una prioridad, lo que ocurre es que no financia adecuadamente. No se ha devuelto ese dinero, entre comillas, de los remanentes
de la UNED para financiar los edificios y esta es una de las causas por las que sigue existiendo ese déficit presupuestario de la UNED, porque no lo solucionan. En segundo lugar, hace poco tiempo hemos aprobado la LOU y en su disposición adicional
segunda, que trata de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, además de hablar de que impartirá enseñanza a distancia en todo el territorio y de una regulación específica, hay un apartado 3 que dice textualmente: Dicha regulación, de
acuerdo con las previsiones del artículo 7, contemplará la creación de un centro superior para la enseñanza virtual específicamente dedicado a esta modalidad de enseñanza en los distintos ciclos de los estudios universitarios. Y continúa: Dada la
modalidad especial de la enseñanza y la orientación finalista de este centro, tanto su organización, régimen de su personal y procedimientos de gestión, así como su financiación serán objeto de previsiones particulares respecto del régimen general
de la UNED. Esto se aprobó a finales del año 2001. La pregunta es: ¿se ha hecho algo? ¿Han dotado ustedes en los presupuestos alguna partida específica para permitir la creación de un centro superior para la enseñanza virtual, como figura en la
ley? Le voy a dar la respuesta: no. Y ahora estamos aquí haciendo propuestas etéreas y pidiendo que se hagan convenios. No, desarrollen la ley, porque este párrafo habla claramente de que se crea un centro superior para la enseñanza virtual. De
eso se trata, no simplemente de hacer los brindis al sol a los que nos tienen acostumbrados con estas propuestas que sinceramente no sé muy bien a dónde van o si son para tapar un hueco consumiendo un punto del orden del día. Partiendo de la base,
por supuesto, de la buena voluntad y del trabajo de la señora diputada, no es menos cierto, repito, que coincidimos en el planteamiento, en el nudo podemos estar de acuerdo, pero el desenlace es casi de tragicomedia porque es una broma que se venga
aquí a pedir que el Gobierno fomente esos convenios. ¿Por qué? Porque ya lo ha intentado hace año y medio. Y llevan trabajando cierto tiempo en reuniones con el propio Ministerio de Educación para intentar que haya esos convenios con distintas
entidades financieras. Hasta ahora, sin éxito. Otro fracaso. Ahora nos vuelven a decir que van a intentar hacer esos convenios para mejorar la financiación.
Voy terminando. Nosotros hemos incluido dos puntos en una enmienda de sustitución que
tienen que ver, en primer lugar, con pedir la financiación adecuada para la UNED. Creo, repito, que esa es una obligación del ministerio porque depende de él. En segundo lugar, pedimos que se cumpla el apartado 3 de la disposición adicional
segunda de la LOU. Por eso solicitamos que en los próximos Presupuestos Generales del Estado se incluya un subprograma específico que tenga como objetivo el desarrollo de este centro superior de
enseñanza virtual. Incluso ciframos -y por lo tanto, adelantamos ya una enmienda- en diez millones de euros la cantidad para que, por lo menos, a partir del año 2004 podamos avanzar en esa dirección. Creo que estas sí serían medidas reales
dirigidas a la universidad. Lo demás, repito, son planteamientos que pueden ser respetables pero que no llevan a ninguna parte. Una vez más estamos en un viaje a ninguna parte pidiendo al Gobierno que haga unas cosas que no ha hecho. Lo que tiene
que hacer es cumplir sus competencias. Además, le doy otra idea. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene partidas importantes para todo aquello relacionado con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. ¿Por qué no se
ponen en contacto ambos ministerios, rompen el tradicional enfado que existe entre ellos y a partir de las propias partidas del Ministerio de Ciencia y Tecnología financian en parte este centro de enseñanza virtual? Nosotros nos vamos a abstener en
la votación, a no ser que se aceptara nuestra enmienda o se acercaran posiciones en algún aspecto de nuestra enmienda. No podemos votar en contra. Sería absurdo, porque me parece bien que se llegue a esos convenios, pero eso no es ir al fondo de
la cuestión. En ese sentido, les pedimos que ante el fracaso que están teniendo en la financiación de la UNED haya una rectificación; que ante esos incumplimientos del desarrollo de la LOU en cuanto a ese centro superior para la enseñanza virtual
haya una realización y desarrollo de la LOU, y que además de los discursos floridos, que se agradecen en esta Comisión, se pongan recursos. Más que discursos necesitamos recursos, por tanto el Gobierno y el ministerio deben hacerse responsables de
lo que depende de ellos, financiar la UNED y además, afrontar el futuro, desarrollar la LOU y no venir aquí con unas propuestas que puedan despertar una cierta simpatía al escucharlas. Agradecemos el trabajo de la diputada, pero estas propuestas
realmente no van al fondo de la cuestión.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que quieran intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, su portavoz, señor Guardans i Cambó, tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Efectivamente creo que hay que valorar el trabajo de la diputada que ha planteado esta iniciativa, pero en este caso mi grupo parlamentario no puede darle su apoyo y va a votar en contra de la misma. Y va a
hacerlo por una razón que tiene que ver con el modelo. Nosotros ya lo manifestamos cuando en su momento debatimos -a pesar de los pesares, con gran dificultad y con muy poca lealtad por parte del Gobierno después- y aprobamos la Ley Orgánica de
Universidades.
Y digo que hubo poca lealtad por parte del Gobierno en su desarrollo posterior, a pesar de haber tenido nuestro consentimiento. Aprovecho la ocasión para decirlo. Sin embargo, aprobamos esa ley. Aun así, ya dejamos claro que
nosotros no tenemos un modelo y no compartimos un modelo en el que hay una universidad en España que tiene el monopolio, ni siquiera el carácter de primus inter pares en materia de la enseñanza a distancia.
Compartimos la idea de que hay una
universidad que tiene la enseñanza a distancia como objeto exclusivo, que es la UNED, que tiene una tradición superior y que eso la coloca en una situación mucho más favorable a efectos de la sana y legítima competitividad que tiene que existir
entre las distintas universidades en el actual espacio universitario español y en el conjunto del espacio universitario europeo. De ahí a reconocer una especie de liderazgo por parte de la UNED, nosotros no compartimos ese esquema, no estamos ahí.
Y no sólo no lo compartimos porque existen otras universidades no presenciales, concretamente me refiero a la Universitat Oberta de Catalunya, que desarrolla su actividad no sólo con estudiantes en España, sino también en otras partes del mundo y no
sólo en catalán sino también en castellano, como es bien sabido y que, por tanto es -dicho sea con todas sus letras- competencia directa de la UNED, competencia legítima, competencia sana, competencia que estimula, hasta el grado en que eso puede
ser competencia en el ámbito educativo, la actividad de la propia UNED. No vamos a discutir la financiación pública de la UNED, no vamos a discutir que deba financiarse mejor, no vamos a llegar hasta el punto de replantearnos que la UNED tenga que
seguir manteniendo financiación del Estado, no, hoy por hoy Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no va a entrar en ese tema. Pero de ahí a sostener en una proposición no de ley que la UNED ha de ser primada o tiene que ser, como dice
este texto, quien lidere la investigación y la docencia entre las universidades que siguen el modelo de enseñanza a distancia, lo lamento, pero no; porque liderará, no en función de lo que diga esta Comisión, liderará, no en función de lo que diga
el ministerio, sino que liderará la enseñanza a distancia o no -como está de moda decir en estos tiempos-, en función de sus propias capacidades, de su propia habilidad, de la competencia de su claustro académico y de la iniciativa y agilidad con la
que se recurre a las nuevas tecnologías, a Internet, etcétera.
Los liderazgos impuestos por ley o por decreto, los liderazgos dictaminados desde arriba, no son nunca liderazgos auténticos y distorsionan la realidad de un modelo universitario, que
es el nuestro y que es el que la propia LOU establece. Porque quiero recordar a SS.SS.
que la LOU establece, expresamente, que la enseñanza que pueden prestar las universidades es presencial o no presencial y que puede ser no presencial, total o
parcialmente, por parte de cualquiera de las actuales universidades españolas, públicas y privadas. Todas ellas pueden, si quieren, si tienen medios, si les interesa y, evidentemente, si su presupuesto se lo permite, desarrollar actividades no
presenciales, actividades no presenciales que, por tanto, cumplirán con esas nobilísimas funciones que ha destacado la portavoz
del Grupo Popular en su intervención. Ella ha hablado de las amas de casa, de los mayores de 25 años y de tantos otros por los que, efectivamente, tenemos un inmenso respeto porque cursar estudios universitarios a distancia. Hay que apoyar
los estudios universitarios a distancia, y mi grupo está entre los primeros que han apoyado, estimulado y han hecho lo posible por potenciar la enseñanza a distancia. Porque en tiempos de Internet, en tiempos de nuevas tecnologías, es obvio que ese
ámbito es de enorme futuro y puede contribuir mucho a acercar los estudios superiores a mucha gente que en otros tiempos no hubiera ni soñado con la posibilidad de tener un título superior. Por tanto, pleno apoyo a la enseñanza no presencial, pleno
apoyo a lo que se solía llamar enseñanza a distancia, pero rechazo, cordial y amable, pero rechazo, al hecho de que esto lo tenga que liderar la UNED. La UNED liderará lo que por sí misma sea capaz de liderar y, sobre todo liderará tanto más y
mejor cuando corrija y supere su actual déficit, que más se corresponde con deficiencias en su financiación, como ya ha puesto de relieve el portavoz socialista, que a otro tipo de cuestiones.
Por todo ello, lamentándolo, mi grupo parlamentario no
va a poder apoyar esta proposición no de ley ni siquiera con la abstención, y votará negativamente.
El señor VICEPRESIDENTE: A los efectos de fijar posición en torno a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la portavoz del Grupo Popular, señora Sagarna, tiene la palabra.
La señora SAGARNA ALBERDI: Quiero agradecer en primer lugar, muy sinceramente, las intervenciones de los diferentes grupos que han intervenido. Voy a hacer algunas matizaciones. Dentro del programa electoral del Partido Popular, se hacía
referencia específica a la universidad a distancia en el sentido de otorgarle de dotación suficiente. El ministerio se comprometió a mejorar su financiación, porque se era consciente de que esa universidad había tenido desde sus comienzos carencias
en medios y en recursos. Ese compromiso se ha cumplido y se está cumpliendo. En la década de los noventa, hacia los años 1992 y 1996, la dotación presupuestaria asignada a la UNED se vio reducida considerablemente. Me gustaría que este dato se
tuviera muy en cuenta; sin embargo, a lo largo de estos años, cumpliendo con el mandato del programa electoral, se ha hecho un grandísimo esfuerzo, como he señalado antes cuando he dado los datos relativos a la financiación. En los últimos años,
repito, se ha hecho un gran esfuerzo, aunque es lógico, siempre se necesita más, como en todo. Recuerdo una intervención del ex rector, Montalvo, en esta Cámara en la que reconoció que se había hecho un gran esfuerzo, aunque siempre, lógicamente,
era necesario más. Por tanto, instamos a poner en marcha todos los mecanismos de los que disponemos, habida cuenta de la gran implicación social de esta universidad y de nuestro empeño en que sea pionera de los retos del futuro. Queremos que no se
quede atrás, que se siga con ese esfuerzo de financiación, que después de 30 años de su puesta en marcha bien merece un esfuerzo, que es el que se está realizando, por parte de todos. Tengan en cuenta que si no invertimos en ella corremos el riesgo
de que se quede obsoleta y no pueda competir con otras universidades de educación a distancia.
Por todo ello, agradeciendo al Grupo Socialista la presentación de su enmienda de sustitución, no podemos desde mi grupo aceptar dicha enmienda. (El
señor Lissavetzky Díez pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Lissavetzky, como quiera que más que fijar la posición en torno a la enmienda ha abierto un debate, aunque sea con el tiempo mínimo, uno o dos minutos, tiene S.S. la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Temo que la señora diputada se crea todo lo que le han contado y viva en una situación fuera de la realidad. Le recomendaría que hablara con el equipo rectoral, con los profesores de la UNED, con el personal de
administración y servicios y que viera la situación que está atravesando, situación que podía ser mucho mejor porque el Gobierno no cumple sus responsabilidades. He dicho que iba a ser breve y termino ya.
Puesto que la ministra de Educación, doña
Pilar del Castillo, forma parte del claustro de la UNED, le aseguro que desde este grupo no veríamos ni consideraríamos que fuera un trato de favor que se aumentaran los presupuestos. Mas que fomentar esos convenios, tengan una reunión con ella y,
desde la justicia de la asignación de los recursos, no se crean la doctrina oficial porque la doctrina oficial queda muy bonita en una comisión, pero muchas veces se aleja bastante de la realidad. Pongan los pies en el suelo, hagan cosas realmente
importantes para financiar adecuadamente la UNED y no solamente esos brindis al sol.
El señor VICEPRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Sagarna.
La señora SAGARNA ALBERDI: Por precisar un poquito más quiero decirle...
El señor VICEPRESIDENTE: La precisión no puede pasar más allá de un minuto.
La señora SAGARNA ALBERDI: Me he estudiado los presupuestos relativos a la Universidad Nacional de Educación a Distancia y en concreto, en los datos que tengo aquí, la subvención para gastos corrientes en el año 2002, incluida en los
créditos de la Dirección General de Universidades, asciende a 49.410 miles de euros y esto supone un incremento del 14,33 por ciento sobre el año anterior. La aportación para inversiones, consignada en la Dirección General de Programación
Económica, Personal y Servicios, asciende a 6.190 miles de euros que significa un incremento del 32,39 por ciento sobre el año anterior. Creo que esto demuestra el gran esfuerzo y el cumplimiento del compromiso por parte del ministerio en
lo que a financiación dela UNED se refiere.
-SOBRE ADOPCIÓN POR PARTE DEL COMITÉ OLÍMPICO INTERNACIONAL DEL ESPAÑOL COMO LENGUA OFICIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001195.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre adopción por parte del Comité Olímpico Internacional del español como lengua oficial.
Para su defensa, tiene la
palabra la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: En referencia a la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista hemos de decir que entre los años 2000, 2001 y 2002, algunos comités olímpicos de varias naciones comenzaron una actividad en la dirección
de que la lengua española fuese lengua oficial en el Comité Olímpico Internacional. De entrada hemos de manifestar que partimos de la base de que las cuestiones lingüísticas en los organismos internacionales siempre son conflictivas. Sabemos que
el idioma francés en un momento determinado lo adoptaron casi todos los organismos internacionales como lengua oficial y de alguna manera era el idioma más preeminente en todos ellos. A partir de la Segunda Guerra Mundial hubo un cambio y el inglés
se fue imponiendo. De hecho en la mayoría de los organismo internacionales, como consta en nuestra proposición no de ley, tienen como idiomas oficiales tanto el francés como el inglés. En los organismos internacionales la realidad es que el inglés
predomina en la mayoría de ellos. Bien es verdad que el idioma español lo hablan oficialmente 400 millones de personas. En Brasil hoy es un idioma oficial y lo hablan 170 millones de brasileños. En Estados Unidos es la segunda lengua, no nos
puede pasar desapercibido que hay 40 millones de hispanos, y la mayoría de los estudiantes en las universidades estadounidenses, el 62 por ciento, lo eligen como segundo idioma.
Al inicio de la intervención decíamos que la cuestión lingüística era
complicada y los organismos internacionales se suman a esa complicación por otro tipo de intereses que no son sólo los de la comunicación y el lenguaje. El argumento que dan la mayoría de los organismos internacionales es el económico. Dicen que
todo lo que sea la traducción de documentos y la traducción en las reuniones supone un gasto difícil de soportar. Nosotros mantenemos, tal y como hemos manifestado en nuestra proposición no de ley, que si se hiciera un estudio por alguno de los
comités olímpicos de algún país se podría demostrar que incluso se podía ahorrar dado el gran número de comités olímpicos que hablan el español.
La UNESCO es un ejemplo claro. Tiene las dos lenguas oficiales, el inglés y el francés, igual que la
Organización de Naciones para la Alimentación, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el Tribunal Internacional de La Haya, la Organización Internacional del Trabajo y un montón de órganos internacionales más. No obstante, debemos poner
sobre la mesa que hay 21 comités olímpicos internacionales que adoptarían el español. Por tanto, tendrían la posibilidad de comunicarse directamente en esa lengua oficial 23 comités olímpicos, es decir, más de los que se comunican ahora
directamente. Incluir el idioma español en las actividades y documentos no sólo ahorraría gastos, cosa que lo demuestra el estudio económico que se ha hecho, sino que, además, ayudaría al funcionamiento de la organización y tendríamos también algún
ahorro en documentos.
Como bien saben, SS.SS., actualmente son miembros del COI 199 comités olímpicos de los cinco continentes y en sus reuniones, como he dicho anteriormente, sólo se utilizan como lenguas de trabajo las dos a las que he hecho
referencia, el inglés y el francés. Nosotros entendemos que la adopción de la lengua española como tercera lengua oficial del COI contribuiría en gran medida a democratizar sensiblemente la situación lingüística existente en la organización, por
cuanto el español, como decía con anterioridad, es una lengua que hablan 21 países ubicados en las diferentes partes de la geografía universal en los cinco continentes.
No nos debe pasar desapercibido que, con la referencia que hacíamos
anteriormente a la democratización, muchas veces la mayoría de los países que han promocionado que el español sea la tercera lengua oficial mantienen que en algunas ocasiones los países no mandan a los representantes mejores que tienen sino que
tienen que acomodar sus representantes a la utilización del francés o del ingles, o sea que el dominio de un idioma prevalece sobre que la persona esté mejor preparada para ser el representante en ese comité olímpico. Por tanto, nos parece que este
podía ser un buen momento teniendo en cuenta que España se está promocionando para la celebración de unas olimpiadas y que no deja de presentar su candidatura para otras actividades dentro de lo que es el mundo y la relación con el deporte. De ahí
que el Grupo Parlamentario Socialista presentara la proposición no de ley que esta mañana se trae a debate en esta Comisión.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado por parte del Grupo Parlamentario Popular una enmienda de modificación. Para su defensa tiene la palabra la señora Gorri Gil.
La señora GORRI GIL: Es bien cierto que el idioma español actualmente va más allá de ser una forma de expresión y ha pasado a ser un nexo de unión entre diversas culturas y pueblos debido al gran número de personas que lo hablan en
diferentes países repartidos por toda la geografía mundial.
Por esto creemos necesario y muy positivo defender la incorporación del español en cualquier organismo internacional. No obstante, hay diferentes motivos que han llevado al Grupo
Parlamentario Popular a presentar esta enmienda de modificación. Consideramos que el texto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista no refleja actuaciones que ya se han realizado sobre este asunto por parte de algún miembro del Comité
Olímpico Español. Me refiero concretamente a la iniciativa que en el año 2002, en la reunión celebrada por el Comité Olímpico Internacional en México presentó en idénticos términos y defendió don Juan Antonio Samaranch Salisachs, como miembro
español del Comité Olímpico Internacional. Tengo que decir también que no es el Comité Olímpico Español el que debe defender las propuestas ante el Comité Olímpico Internacional, sino que son sus miembros españoles, ya que el Comité Olímpico
Internacional no está integrado por comités olímpicos nacionales, sino por miembros individuales elegidos por votación personalmente. En este caso, como bien ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, España dispone de cuatro miembros representados
en el Comité Olímpico Internacional. La propuesta del señor Samaranch fue rechazada a pesar de que otro miembro, concretamente el representante mejicano, también presentó la misma petición. Creemos, igualmente, que sería más efectiva una
declaración, llamemos institucional, del Congreso de los Diputados apoyando la incorporación del español como lengua oficial en el Comité Olímpico Internacional que el hecho de instar al Gobierno para que actúe o influya dentro del Comité Olímpico
Español, donde no tiene competencias, ya que este es un organismo totalmente privado.
Con la presentación de esta enmienda, que creo que está en manos de la Mesa, nuestro deseo es, simplemente, ajustarnos un poco mejor a las normas de
funcionamiento, tanto del Comité Olímpico Español como del Comité Olímpico Internacional. En cualquier caso, se acepte o no nuestra enmienda, el voto del Grupo Parlamentario Popular será afirmativo, como no podía ser menos, en la cuestión que nos
ocupa, porque entendemos que es algo verdaderamente importante.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán, Convergència i Unió, su portavoz, señor Guardans i Cambó, tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, seré muy breve, apoyando esta iniciativa en su versión original o en la versión enmendada, cualquiera de las dos nos parece correcta y aceptable. Pero querría subrayar -y sé que eso puede
suscitar alguna sonrisa en alguno de los compañeros de esta Comisión que aquí nos acompañan- el interés con el que el Grupo Parlamentario Catalán recibe una iniciativa en defensa de la lengua castellana. Es siempre sorprendente, o por lo menos es
ejemplarizante, ver el celo con el que se vela, el celo con el que algunos diputados y el Gobierno, pero sobre todo el Grupo Parlamentario Popular y en este caso también el Grupo Parlamentario Socialista, velan por la presencia de la lengua
castellana en los distintos foros internacionales, y lo hacen no porque consideren que no se entienden las personas que acuden allí. En ningún momento se plantea que es que los representantes españoles, los miembros españoles del Comité Olímpico
Internacional no son capaces de entenderse con los demás miembros de ese comité, no, están jugando -con razón y con el apoyo de mi grupo en este caso- con el valor simbólico del reconocimiento de una lengua en el ámbito internacional, en una
organización que no es estrictamente estatal, como es el COI. No vamos a abrir ahora el debate sobre la naturaleza jurídica del COI, pero queda claro que no es un organismo internacional, es otra cosa, pero no es un organismo ni intergubernamental,
ni interestatal, ni internacional en ninguna de esas calificaciones, y sin embargo las intervenciones que me han precedido destacan, y la propia exposición de motivos de este texto, la importancia que tiene que el español sea reconocido, que el
castellano sea reconocido, porque tiene un valor simbólico -de símbolos hablamos-. Y eso es muy importante que conste en acta hoy, que esté en el 'Diario de Sesiones', para intentar, en la medida en que se pueda, modular, ya que no podremos
suprimir, determinadas sonrisas tontorronas con las que nos encontramos a veces, cuando los que en ocasiones podemos ejercer de portavoces de una lengua hablada por diez millones de personas, que representa a un territorio donde hay diez millones de
personas, y hablamos de su reconocimiento en el ámbito internacional, y decimos que ese reconocimiento juega en el ámbito de los símbolos, que no pretendemos imponerla a nadie, que no pretendemos que se trabaje en ella, que pretendemos su
reconocimiento, que pretendemos que se establezca -y hablo ahora concretamente de la Unión Europea- que el catalán tiene la misma dignidad que el lituano, que el esloveno, que no tiene menos dignidad por no tener una sede en la ONU, que estamos
hablando de cultura, que estamos hablando del valor lingüístico, que estamos hablando de la lengua materna, de la lengua oficial para millones de personas, y cuando decimos eso esperamos escuchar menos risitas, menos frases superfluas como la que
hace muy pocas semanas hizo una digna portavoz -digna según su propia cualificación- del Grupo Parlamentario Popular y miembro de su comité de dirección o de su comité ejecutivo, vicesecretaria general, si no me equivoco, no lo sé, me pierdo con
el organigrama del Partido Popular, pero en todo caso doña Ana Mato creo que tiene legitimidad para hablar en nombre del Grupo Popular, ridiculizando lo que era esta petición.
Insisto, iniciativas como la de hoy, que mi grupo apoyará porque
es legítimo que efectivamente se defienda la presencia de la lengua castellana en el COI, ya veremos con qué éxito -no sé muy bien lo que pensarán los alemanes de esta petición-, creo que debería poner las cosas en su sitio respecto del valor
simbólico del reconocimiento de una lengua, del respeto que hay que tener por todas las lenguas y respecto de lo que supone reconocerla, aceptarla en un determinado foro. Lo recordaremos, como hemos hecho en otros ámbitos, cada vez que oigamos
risitas interiores, pequeños tonos irónicos, pequeñas bromas, la sensación de: estos catalanes no sabe muy bien qué quieren, la importancia que hoy han dado PP y PSOE al reconocimiento de la lengua castellana en el COI.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, sólo a los efectos de un desahogo, como presidente de esta Comisión tengo que decir que no tengo la sensación de que la señora Mato haya tenido una intervención con la connotación que el portavoz
señor Guardans ha querido hacer. En todo caso, ella no está presente, lo que le dificulta o le imposibilita para poder contestarle, pero quiero que conste en el 'Diario de Sesiones' precisamente porque yo, que he visto esas declaraciones, en modo
alguno comparto su interpretación. No sé cuál es su opinión, pero me gustaría que las pudiera realizar en el momento oportuno, que no va a ser en el seno de esta Comisión.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, estaré encantado, si me permite, de tener un debate con la señora Mato, cosa que no se puede tener en la rueda de prensa sobre esto. El tono irónico de unas declaraciones se percibe en su tono y
no en su literalidad. Si usted las ha leído es una cosa, si vió cómo fueron pronunciadas y reproducidas varias veces por todos los medios de comunicación en Cataluña, es otra.
Tenían un tono despreciativo y creo que hoy era buena ocasión para
recordarlo. Dicho lo cual, estaré encantado de que comparezca aquí o que establezcamos algún mecanismo para que tenga derecho de réplica, que evidentemente no le negaré.
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans, no es este el lugar, la Comisión de Educación, donde la señora Mato pueda efectivamente contestarle. En todo caso, no deseo hacer sobre estas declaraciones un debate. Me ratifico en lo que he
dicho. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.) Veo que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular me pide la palabra. No me gustaría abrir debate sobre una cuestión tangencial en orden a la propuesta que estamos debatiendo. No obstante,
tiene la palabra el señor Guerra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, no voy a abrir debate, voy nada más que a apoyar absolutamente las palabras del señor presidente.
(La señora López González pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señora López González, le iba a conceder la palabra en todo caso para que fije posición en torno a la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular, y para ello tiene la palabra.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, le agradezco al señor Guardans su intervención. Vaya por delante que el Grupo Socialista muestra el mayor respeto hacia el resto de las lenguas de este país y considera que si bien no debe de ser
lo habitual, creemos que el respeto del resto de las lenguas que se utilizan en nuestro territorio nacional debe hacer que tengan la misma consideración que el castellano, que en este caso es el que estamos reivindicando para que sea utilizado en
los órganos internacionales y en este caso concreto en el Comité Olímpico Internacional. No tiene nada que ver una cosa con otra, no tiene nada que ver que en este caso la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Socialista sea una
reivindicación que no sólo parte del Gobierno español, sino que además hay un movimiento desde el Comité Olímpico cubano, mejicano, y en general en casi todos los países iberoamericanos, para que efectivamente se considere lengua oficial; no tiene
nada que ver -y creemos que no viene en este momento al caso citarlo- con el respeto que nos merecen el resto de las lenguas que se utilizan en nuestro territorio nacional, de ahí que le agradezcamos la consideración que en ese sentido haya podido
hacer el señor Guardans.
Por otra parte, con respecto a la enmienda de modificación que nos presenta el Grupo Popular, me atrevería a pedir a la portavoz del mencionado grupo que tuviese en consideración hacer una enmienda transaccional sobre el
texto que el Grupo Popular me acaba de presentar.
El texto del Grupo Popular dice exactamente: El Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la incorporación del español como lengua oficial del Comité Olímpico Internacional. Creemos que
deberíamos de añadir que, además, el Gobierno instaría al Comité Olímpico Español a que defienda la incorporación del español como la lengua oficial del Comité Olímpico Internacional. Es decir, no es sólo una cuestión exclusivamente de adhesión del
Parlamento, sino, además, el compromiso del Gobierno de que, a través de su Comité Olímpico Internacional, se hagan las gestiones en esa dirección para que se lleve a cabo la defensa de esa tercera lengua oficial que sería el español.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora Gorri, ¿se acepta por parte del Grupo Popular esta transaccional ofrecida por el Grupo Socialista?
La señora GORRI GIL: Nosotros creemos, como he mencionado ya en mi intervención, que el Comité Olímpico no es un organismo internacional y creemos que tiene que ser -como decimos en nuestra enmienda de modificación- a través del Comité
ejecutivo Olímpico Español y, concretamente, a través de sus miembros.
El señor VICEPRESIDENTE: Lo cual quiere decir que manifiesta su voluntad de que la enmienda de modificación permanezca tal cual está presentada.
La señora GORRI GIL: Sí, eso es.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora López González, dado que el Grupo Popular mantiene como posición la enmienda de modificación con el texto presentado oficialmente, le ruego que finalmente comunique a la Mesa cuál va a ser su posición para
tenerlo en cuenta a la hora de la votación.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor presidente, si no le supone ninguna molestia ni incomoda el funcionamiento de la Comisión, nos gustaría tener la posibilidad de hablar con la portavoz del Partido Popular, porque nos parece que es una
cuestión de matiz simplemente y que podríamos llegar a tener un texto unánime.
El señor VICEPRESIDENTE: Señora López, a la presidencia no le incomoda lo más mínimo y lo único que le ruego es que antes de que procedamos a las votaciones la Mesa tenga constancia del acuerdo al que hayan podido llegar el Grupo Popular y
el Grupo Socialista. En todo caso, damos por finalizado el debate de esta proposición, a la espera de que llegue la propuesta definitiva a la Mesa.
-PARA QUE SE PONGA EN MARCHA UNA CAMPAÑA INFORMATIVA SOBRE LA CONCESIÓN DE CRÉDITOS BLANDOS UNIVERSITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001746.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el punto cuarto del orden del día. Se trata de una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para que se ponga en marcha una campaña informativa sobre la concesión
de créditos blandos universitarios.
Para la defensa de esta enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Heredia Díaz.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, como introducción a esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista quiere insistir en la necesidad de incrementar las inversiones destinadas a becas y ayudas para los estudiantes, algo que no
está haciendo el Gobierno del PP. Pese a los anuncios del partido en el Gobierno, la realidad es que en los últimos años el número de universitarios becados se ha reducido en más de un 22 por ciento. De hecho, se ha pasado de los 283.000 alumnos
con becas en 1995-1996, a los 220.000 en el curso 2001-2002. ¿Cuáles son los datos del curso 2002-2003? Quiero decirle a la portavoz que no se los puedo suministrar sencillamente porque el Gobierno del PP, con su falta de transparencia habitual,
se ha negado a darlos al día de hoy, a pesar de que se han presentado diez iniciativas parlamentarias pidiendo esta información. El motivo de esta reducción en el número de becarios es que en algunas convocatorias el Gobierno del PP se ha permitido
el lujo de no incrementar el umbral de renta y cuando lo ha hecho ha sido bastante por debajo de la inflación real, lo que ha provocado que muchos alumnos, cuyos ingresos familiares estaban en las proximidades del límite económico para ser
beneficiarios de beca, la hayan perdido al curso siguiente. Además, hay que denunciar que los becarios universitarios han perdido poder adquisitivo en los últimos cursos.
Por otra parte, el pasado curso el Gobierno del PP denegó la ayuda
compensatoria a más de 20.000 alumnos universitarios que cumplían todos los requisitos para obtenerla. Parece claro que el PP no sabe qué hacer ya para que los alumnos procedentes de familias humildes no cursen estudios universitarios. En este
sentido, hasta los propios rectores han pedido al Gobierno que rectifique la política de recorte de becas. En nuestro país, sólo el 15 por ciento de los alumnos universitarios estudian con algún tipo de beca, mientras que la media de la Unión
Europea es del 40 por ciento. La conferencia de rectores dijo hace algún tiempo que nuestro país se gasta por estudiante universitario un 40 por ciento menos que la media de la Unión Europea.
Sirva esta pequeña introducción para abordar el tema
que nos trae hoy aquí: esta nueva modalidad de ayuda para estudiantes universitarios que el secretario de Estado de Universidades se comprometió a poner en marcha en diciembre de 1996, la de los préstamos sin interés. Estos préstamos, según el
secretario de Estado, iban a estar dirigidos a facilitar los estudios a todos los universitarios, quienes tendrían que devolverlos una vez concluidos los estudios e incorporados al mercado laboral. Una vez más el PP incumplió con sus compromisos y
descartó la posibilidad de poner en marcha los préstamos sin interés, dejándolos sólo en créditos blandos. Estos créditos blandos, según figura en una enmienda presentada por el PP a una iniciativa socialista sobre este tema, iban a consistir en
convenios con entidades financieras con el fin de facilitar la concesión
de créditos a estudiantes de los dos últimos cursos de licenciatura o de escuelas técnicas superiores, último curso de diplomatura o segundo ciclo e ingenierías técnicas y último curso de grado superior de formación profesional. Quiero
recordarle aquí al PP que los créditos blandos fueron anunciados en los medios de comunicación con una gran perafernalia, algo habitual a lo que nos tiene acostumbrados este partido político. No obstante, cuando se le ha preguntado al Gobierno
sobre cuál ha sido el resultado, cuántos alumnos universitarios han pedido estos créditos blandos, no se puede concluir más que han sido un absoluto y rotundo fracaso.
En una respuesta parlamentaria -son datos del propio Gobierno- se dice que en el
curso 1998-1999, el primer curso donde se implantaron, fueron solicitados por 1.913 alumnos universitarios en toda España, lo que supuso el 0,13 por ciento de los estudiantes. A partir de ese primer curso, el número de alumnos que lo han solicitado
no sólo no se ha incrementado sino que se ha reducido, además sustancialmente; por ejemplo, al siguiente curso, 1999-2000, sólo lo solicitaron 501 alumnos en toda España; en el curso 2000-2001 fueron 878 y en el curso 2001-2002 lo hicieron 1.102,
o lo que es lo mismo, el 0,08 por ciento del total. No sabemos si el escaso número de alumnos que solicitan este tipo de ayudas se debe al escaso atractivo de las mismas o a la falta de información que existe. ¿Cuál ha sido esa información?
Fíjense ustedes -y me dirijo especialmente a los diputados del PP- cuál ha sido la información que se ha dado.
El Gobierno dice que lo que ha hecho es enviar carta a todos los rectores y gerentes de las universidades. Una rueda de prensa del
secretario de Estado de Educación y Universidades para informar de la publicación de las convocatorias y su contenido (supongo que esperarán que todos los estudiantes universitarios vean La 1 de televisión para informarse y enterarse de este tipo de
préstamos); la inclusión en la página Web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte -no sabemos dónde se encuentra dentro de esa página lo de los préstamos sin interés-; y, por último, fíjense ustedes, la publicación en dos diarios de tirada
nacional, ABC y El País, de una nota informativa sobre el tema, es decir, con una nota informativa comienza y termina la promoción, la información de estos préstamos sin interés para estudiantes universitarios. Eso sí, dice que el coste de toda
esta campaña informativa asciende a 15.000 euros. Esto supone que si lo piden 1.000 alumnos y la campaña cuesta 15.000 euros la información para los que lo piden cuesta 15 euros por alumno, es decir saldría a 2.500 pesetas por alumno;
probablemente sería mejor darle al alumno esas 2.500 pesetas en lugar de hacer esta campaña tan importante de promoción.
También quiero recordar que el Grupo Popular reconocía en esta misma Comisión -ahí están los diarios de sesiones- que
probablemente los universitarios desconocían este tipo de ayudas. Evidentemente, lo desconocen totalmente y en este sentido, ante el fracaso que han supuesto los créditos blandos o a bajo interés para los estudiantes universitarios, los socialistas
instamos al Gobierno a que se comprometa en el plazo máximo de seis meses a poner en marcha una campaña informativa seria y rigurosa, no lo que han hecho hasta ahora, para promocionar estos créditos blandos y, además, estudiar la posibilidad -digo
estudiar la posibilidad porque probablemente voten en contra- de crear créditos sin interés para universitarios en determinados casos siempre y cuando no suponga un recorte de la política de becas. En este último punto y en la última intervención
con relación a este tema coincidimos con el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Nos parece razonable que se estudien esos créditos sin interés para casos muy concretos y muy específicos siempre y cuando eso no vaya a suponer un
recorte de la política de becas.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra su portavoz, el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señor presidente, voy a ser breve.
Mi grupo apoya que, sin perjuicio de la política de becas, se generalice un sistema de créditos sin interés, tema que está estudiando en el ámbito de sus competencias la
Generalitat de Cataluña de cara a la próxima legislatura catalana. Entendemos que, desde un punto de vista político de fondo -aunque no es este el lugar habitual para hacer grandes debates de tipo ideológico, permítanme un pequeño excurso-, es
justo y sobre todo equitativo que aquellos que han recibido dinero público para cursar unos estudios, y con base en los mismos situarse en un determinado nivel en la vida y en la sociedad, cuando estén en condiciones de devolver a la sociedad
aquello que han recibido así lo hagan. Desde esa perspectiva y con ese fundamento entendemos que, con los debidos equilibrios respecto de lo que es estrictamente la política de becas, hay que potenciar muchísimo más lo que son mecanismos de
créditos blandos o incluso los créditos sin interés. Por tanto aunque la iniciativa que plantea el Grupo Parlamentario Socialista se queda más corta de lo que querríamos y de que, como digo, la Generalitat de Cataluña lo está estudiando de cara a
la próxima legislatura, tiene todo su sentido apoyar la iniciativa de hoy del Grupo Parlamentario Socialista porque es efectivamente un instrumento bueno, un instrumento que responsabiliza al estudiante y le hace sentirse legítimamente deudor de una
sociedad que le ha financiado los estudios.
Tiene muy poco sentido que después, cuando goza de una posición económica holgada, no restituya aquello que recibió. Por tanto apoyamos esta iniciativa y también que se difunda yendo a la literalidad del
texto del Grupo Parlamentario
Socialista. No voy a entrar en la controversia, que puedo compartir en parte, pero por una vez no voy a sumarme a ese tono de crítica, respecto de lo que es la venta de determinados proyectos que pueda hacer el Grupo Popular, limitándome a
decir que apoyamos esa iniciativa y esperamos que hoy sea aprobada.
El señor VICEPRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Delgado Arce.
El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, intervengo en esta Comisión en sustitución de mi compañera ourensana Ana Vázquez, que hoy no puede estar con nosotros, a fin de manifestar la posición del grupo parlamentario en relación con una
proposición no de ley sobre la concesión de créditos blandos y la campaña informativa relativa a ese tema, y que ha comenzado por parte del portavoz socialista proponente hablando de un tema que hoy no es objeto de debate: la política de becas y
ayudas. No querría entrar en ese tema, que es diferente, sino es para decir que en modo alguno compartimos las afirmaciones que se han hecho sobre la reducción de becas y ayudas al estudio. En las etapas de Gobierno del Partido Popular, lejos de
reducirse, se han incrementado en su cuantía, se ha incrementado el porcentaje de alumnos beneficiarios de este tipo de ayudas, teniendo en cuenta la notable disminución de la población universitaria, y también que afortunadamente se modificaron los
criterios para que un mayor número de personas de rentas más reducidas, más bajas, tengan más posibilidades de acceder a esas becas y ayudas al estudio.
Centrándome en el tema objeto de la proposición, que es la concesión de créditos blandos, son
dos las cuestiones que preocupan a los proponentes.
Por una parte, la difusión de estos créditos blandos; por otra, nos incitan a que pensemos, incluso a que promovamos créditos sin interés.
Respecto de lo primero, estamos hablando de un programa
creado por el Partido Popular en el año 1998, inexistente hasta aquella fecha y que supone por tanto -con todas las apreciaciones que se quiera hacer- un paso adelante. La difusión de esta campaña de créditos blandos que se viene realizando desde
el año 1998 se materializa a través de los cauces adecuados, que expongo a continuación.
Por una parte, la necesaria y legal publicidad que se da a través del Boletín Oficial del Estado. La necesaria publicidad que se da cuando se presentan estos
créditos a través de las ruedas de prensa y difusión en los medios de comunicación escritos, radio, televisión. La publicidad más eficaz que se realiza a través de la red. Hay que reconocer que en la página de Internet del Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte consta que existen créditos para estudiantes universitarios, describiéndose las ayudas. Se dice claramente que tienen como único fin facilitar a los estudiantes la finalización de sus estudios oficiales u otros complementarios que
le permitan su mejor incorporación en el mercado laboral, hasta qué fecha está abierta la convocatoria -indicando el plazo-; incluso se cita cuándo va a ser la próxima convocatoria -en noviembre de este año-, los requisitos para participar en la
convocatoria, con la posibilidad de abrir la página del Boletín Oficial del Estado donde figura literalmente la resolución de convocatoria, e incluso figuran en esta misma página los resultados de la convocatoria 2002, donde se puede leer el número
e identidad de quienes han sido beneficiarios, acompañado todo ello de otras dos llamadas de datos complementarios y preguntas más frecuentes.
Negar la evidencia de que hoy la red Internet constituye para los estudiantes universitarios una fuente
de información útil y eficaz es negar la realidad. Por otra parte, a través de las propias universidades, que tienen que hacer lógicamente la difusión de las becas, de las ayudas y también de los créditos blandos, se complementa una labor de
difusión que nosotros juzgamos suficiente y por tanto entendemos que en modo alguno necesite el Gobierno de ningún tipo de requerimiento por parte de ningún grupo parlamentario, ya que está persuadido de que la difusión es la adecuada y desde luego
incentivado en que mejore más si cabe para las próximas convocatorias como es obligación de una administración responsable.
Por lo que se refiere a la otra pretensión de la proposición no de ley, que dice literalmente que estudie la posibilidad de
crear créditos sin interés para universitarios en determinados casos y siempre y cuando esto no suponga un recorte en la política de becas, nuestro planteamiento es claro. Los préstamos sin interés implicarían directamente la no participación de
entidades bancarias colaboradoras y la asunción por el ministerio de la totalidad del riesgo de su devolución, supondría igualmente la necesidad de incrementar de forma importante el volumen presupuestario del concepto y finalmente su práctica
confusión con el concepto de beca, que nosotros entendemos diferente.
La idea que ampara los créditos blandos no ha sido nunca la propuesta por el señor diputado que acaba de intervenir, sino la ayuda con un interés muy bajo, limitado a un número
reducido de estudiantes universitarios.
Tal limitación viene justamente definida en el apartado dos de la resolución, cuando se indica claramente que se plantea para aquellos estudiantes universitarios matriculados en universidad española que se
encuentren en los siguientes casos. Para los alumnos de posgrado, exigiéndoles en este caso haber cursado estudios complementarios de licenciatura completos (de licenciatura, arquitectura o ingeniería). Para los alumnos de licenciatura, ingeniería
superior o arquitectura, haber cursado un número de créditos no inferior a 120 ó tener aprobados los dos primeros cursos completos, si se trata de alumnos del plan antiguo, y para alumnos de diplomatura, ingeniería técnica o arquitectura técnica,
haber cursado un mínimo de 60 créditos o tener aprobado
el primer curso completo, si se trata de alumnos del plan antiguo.
Estamos ante unos objetivos y ante unos potenciales destinatarios de este tipo de ayuda. Nosotros compartimos lo que acaba de manifestar el portavoz de Convergència i Unió:
Es imprescindible que exista un interés real por parte del estudiante y que es lógico y natural que exista un reintegro del préstamo, aunque sea a un muy bajo interés, que además nosotros hemos venido reduciendo desde la primera convocatoria del año
1998. Por tanto, entendemos que, incluso la propuesta de estudio de estos créditos sin interés, no responde al objetivo diseñado por el Gobierno y que incluso orienta a la confusión del concepto actualmente existente con el de beca y que realmente
lo que nosotros tenemos que hacer es seguir potenciando esta figura de créditos blandos. Figura de créditos blandos en la que el Ministerio de Educación ha pasado de subvencionar el 50 por ciento a subvencionar el actual 70 por ciento; se ha
establecido unos períodos de amortización de tres años, más otro, el primero de carencia, para principal e intereses, y teniendo en cuenta que los intereses del primer año -el de carencia- se acumulan en los tres años restantes.
También se ha
producido un incremento del préstamo que ha pasado a ser de 698.812 pesetas, de las antiguas, o lo que es lo mismo, un máximo de 4.200 euros, y en las que también ha habido una notable reducción del diferencial de puntos aplicable al Euribor, desde
el 0,50 al 0,30, con lo cual entendemos que este producto ha mejorado considerablemente y que se convierte en un instrumento atractivo para aquellos estudiantes que quieren finalizar sus estudios oficiales u otros complementarios que le permitan
mejorar su incorporación al mercado laboral.
Por todas estas razones, nuestro grupo parlamentario va a votar en contra de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista.
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INTEGRAR LOS FONDOS DOCUMENTALES DE INTERÉS PÚBLICO DE LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO EN LOS ARCHIVOS ESTATALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001641.)
-RELATIVA A SUBVENCIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE A LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001643.)
-POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A RETIRAR LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS PÚBLICAS A LA FUNDACIÓN NACIONAL FRANCISCO FRANCO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ.) (Número de expediente 161/002277.)
El señor VICEPRESIDENTE: Finalizado el debate del punto 4, pasamos ahora a debatir conjuntamente, como así ha acordado la Mesa y portavoces de la Comisión de Educación, el punto 5, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista,
por la que se insta al Gobierno a integrar los fondos documentales de interés público de la Fundación Nacional Francisco Franco en los archivos estatales; el punto 6, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a subvenciones del ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, a la Fundación Francisco Franco; y el punto 7, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a retirar las subvenciones y ayudas públicas a la Fundación Nacional Francisco
Franco.
Vamos a iniciar su debate por este orden. (El señor Guardans i Cambó pide la palabra.)
El señor VICEPRESIDENTE: Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBO: Señor presidente, para una cuestión de orden muy menor.
Antes de que empiece el debate, porque me he encontrado por dos veces con la incómoda situación de tener que recordar a compañeros de Comisión que se
decidió que no se fumaba en sus reuniones, agradecería que fuera la presidencia, y no este portavoz, quien haga cumplir las resoluciones de la Mesa. En este momento no ocurre, pero como puede que vuelva a ocurrir durante alguna intervención, quiero
que no sea yo quien tenga que interrumpir.
El señor VICEPRESIDENTE: Reitero, no sé si se ha oído bien, pero parece ser que, por acuerdo anterior a la celebración de esta Comisión, no se permite fumar en la sala. Me uno a las palabras del portavoz señor Guardans y pido, por favor,
que quien desee fumar abandone la sala.
Vamos a iniciar este debate por el punto 5, del Grupo Parlamentario Socialista, para lo que tiene la palabra la señora Chacón Piqueras.
La señora CHACÓN PIQUERAS: La verdad es que me hubiera gustado que no estuviéramos de nuevo tratando una cuestión como la que hoy tratamos, porque diferentes grupos parlamentarios de la oposición llevamos ya más de un año trayendo, bien al
Pleno, bien al control parlamentario, bien a esta Comisión, lo que es un auténtico y sincero drama, y es que en el 25 aniversario de nuestra Constitución estemos todavía viendo (con el argumento de la responsable del Ministerio de Educación, Cultura
y Deporte de que estamos ante una simple cuestión de interpretación histórica) que los ciudadanos españoles estemos subvencionando
a una fundación, como la Francisco Franco, cuyos fines son la apología de la dictadura y del dictador y cuyos archivos son hoy inaccesibles todavía al público. Me hubiera gustado que después de la unánime oposición de los grupos
parlamentarios de esta Cámara y también de la sociedad española a la conducta, en este sentido, del Gobierno, hubieran podido decaer cada una de las proposiciones no de ley que aquí tenemos. Pero no estamos en esto, estamos en todo lo contrario y
si algo no puede dejar de decirse de este Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y de quien es su responsable es que le falte coherencia. Ciertamente no le falta coherencia, porque un año más -y ya van cuatro- este ministerio le ha concedido a
la Fundación Francisco Franco una de las subvenciones más altas, 26.690 euros, casi 4 millones y medio de pesetas, y siempre ha sido el más beneficiado, aunque esta vez sólo la Fundación Largo Caballero le ha superado en 200 euros. Es decir, en
estos últimos 4 años, la Fundación Francisco Franco ya ha recibido más de 25 millones de pesetas y las cosas siguen, señorías, exactamente igual, los fines siguen siendo la apología de la dictadura y la del dictador y la opacidad de sus archivos
-por cierto, tan lentos a la hora de ser informatizados- sigue como estaba. Desde luego, insisto en que también es coherente en sus prioridades presupuestarias, prácticamente lo hemos sabido hace muy poco.
A la vez que vuelven a beneficiar a esta
fundación, se retira su beca Séneca a 99 estudiantes por motivos presupuestarios.
Esta es una de las últimas que sabemos, pero insisto en que esta coherencia del ministerio no debe de extrañarnos, porque a fin de cuentas es la misma que la del
Gobierno, del que forma parte. Un Gobierno que -ustedes lo saben también- se ha negado sistemáticamente en esta Cámara a condenar el golpe de Estado de 1936, que hace unos días se opuso -también con dolor de la oposición- a condenar la legitimidad
de los juicios sumarísimos del franquismo y que hizo además todo lo posible (también con mucho dolor de los grupos parlamentarios de la oposición y de la sociedad española) para impedir la extradición del dictador Pinochet. Desde luego, si algo no
se puede decir es que este ministerio no sea coherente y que tampoco lo sea este Gobierno; pero es una coherencia triste y vergonzosa y lo es aún más cuando estamos celebrando el 25 aniversario -insisto- de la todavía muy joven y, por tanto, frágil
Constitución que todos debiéramos intentar preservar cada día. Esto es lo único que realmente nos va a sacar o nos va a seguir manteniendo fuera del rincón de la historia.
Estamos donde estamos y este Gobierno subvenciona año tras año (desoyendo,
insisto, la opinión de toda la oposición, aquí parece ser que no contamos) a una fundación que tiene entre sus fines, cito textualmente, que es donde hay que ir al final, después de escuchar a la ministra: Difundir el conocimiento de Francisco
Franco en sus dimensiones humana, política y militar, así como los logros y grandes realizaciones llevadas a cabo por su régimen político, y entre sus objetivos se encuentran la celebración de las ceremonias en memoria del Caudillo, la emisión de
medallas conmemorativas y el recambio de las flores de su tumba en el Valle de los Caídos. Por cierto, es lo único a lo que sabemos que están destinados los fondos públicos que todos pagamos. De momento son las únicas justificaciones de los
mismos: ceremonias en memoria del Caudillo, autocares el día 20-N, emisión de medallas conmemorativas y recambio de flores de su tumba. Esto parece ser, señorías, que es lo que este Gobierno quiere que sufraguemos los ciudadanos españoles.
Una
fundación de la que es presidenta doña Carmen Polo, hija del dictador, que cuando la entrevistan acerca de su padre dijo la última vez cosas tan democráticas, señorías, como que era raro que en las conversaciones familiares se expresasen opiniones
políticas, pero una cosa le quedó siempre muy clara, que los partidos políticos son perjudiciales para España. Esto que les leo son sólo algunos ejemplos, no hay que ir más lejos porque en su página web -toda la oposición lo hemos repetido por
activa y por pasiva- pueden encontrar ustedes gran variedad de declaraciones acordes con los propósitos de la fundación, la exaltación del régimen franquista, que en principio hubieran debido de bastar para la retirada, al menos la suspensión
inmediata de cualquier subvención pública a esta fundación.
De verdad, insisto, lo que hace mucho más grave este asunto es la justificación que dio la ministra de Educación, argumentando y justificando la subvención, ya que la fundación no hacía
apología del alzamiento fascista -sólo había que leerse la web-, sino que lo que hacía simplemente era una interpretación histórica de lo que fue el alzamiento nacional. Reconozcan que después del drama que tantas personas han vivido no sólo en el
frente de batalla, sino en campos de concentración, en el exilio, en la cárcel y en la dolorosa posguerra, escuchar a una ministra de Educación diciendo que estamos sólo ante interpretaciones históricas es francamente muy duro y muy indignante para
este país. De verdad les pregunto si creen ustedes que pueden seguir defendiendo sin ningún pudor la ayuda, la subvención y el apoyo económico a una fundación opaca, entre cuyos fines fundacionales está la glosa del dictador y la justificación del
alzamiento nacional. Una fundación que no se ha distinguido tampoco ni por su transparencia ni por las facilidades que les han ofrecido a aquellos investigadores, que han decidido que no iban a decir ni a escribir como ellos hubieran querido que se
hiciera sobre esta época.
Espero de nuevo que para justificarse no apelen, por segundo año consecutivo por favor, al enorme interés del archivo. Un archivo que, por otra parte y según nuestras informaciones y las de aquellos que han estado más
cerca del mismo, está compuesto en su casi totalidad por meras y burdas fotocopias, lo que plantea,
además, serias dudas sobre su pretendida calidad. Los originales los guarda la familia Franco en su caja fuerte. Además, si estuvieran ustedes convencidos de su importancia, no se habrían opuesto a iniciativas, alguna de ellas que
propusimos los propios socialistas -era una iniciativa posibilista y que buscaba un consenso- y que rechazó el Grupo Popular y que presentamos nuevamente en esta proposición no de ley por la que simplemente instamos al Gobierno a integrar los fondos
documentales de interés públicos, aquellos que lo sean, de la Fundación Francisco Franco a los archivos estatales. Tan simple como eso: que integremos aquellos fondos documentales de interés público que tenga esta fundación en su haber en los
archivos estatales. Yo creo -y ustedes también lo creen, señorías- que la mayoría de los papeles que tiene la Fundación Francisco Franco son manifiestamente de carácter público, ya que no se trata de reflexiones íntimas escritas por el dictador,
sino de documentos emitidos o recibidos por un jefe de Estado, nos guste o no, pero está ahí, en el ejercicio de sus funciones. El criterio que se sigue en todos los países con este tipo de papeles es el mismo: se quedan en posesión del Estado,
aunque los políticos pueden llevarse una copia cuando son cesados. Aquí está sucediendo lo contrario.
El pasado 26 de agosto el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte informó que no se había recibido ninguna denuncia de ningún investigador
sobre el acceso al archivo desde la firma del convenio. La señora ministra dijo: Yo personalmente no he recibido ninguna denuncia. Y no se subvenciona a la institución, en este caso la fundación, sino al proyecto -dijo la ministra- archivístico
concreto. En los últimos meses es cierto que después de la polémica y de la denuncia, por parte de los medios de comunicación y de la oposición de esta cuestión, algunos investigadores han conseguido, aun de forma limitada, acceder al archivo. Sin
embargo, en todos estos años la fundación ha incumplido sistemáticamente una obligación que asumió, además, por convenio, que era la de permitir el libre acceso a sus fondos a todos los investigadores e historiadores sin filtro ideológico previo a
alguno que lo hayan solicitado. Esto como ustedes saben -y conoce también la ministra, aunque no le haya llegado a su ventanilla directamente- se ha denunciado en las reuniones de la junta superior de archivos. A veces nos han comentado
personalmente que se les negó el acceso simplemente porque sí. En otras ocasiones, según palabras de un miembro de la fundación, si me permiten dar su nombre, don Luis Eugenio Togores Sánchez, en unas jornadas, además, en las que insistió en la
recuperación de las fuentes del franquismo -les estoy hablando de noviembre de 1999-, dijo que la razón era que las secretarias eran antiguas afiliadas a la sección femenina y claro, no a todo el mundo les gusta, y algunos de los que querían entrar
no les gustaba. De nuevo un claro ejemplo de transparencia y tolerancia.
Les podría seguir citando algunos otros ejemplos, en definitiva, de la forma de actuar de esta fundación a la que el Gobierno actual de este país subvenciona apelando a su
interés histórico y que no negamos. Por eso insistimos y solicitamos, a través de esta proposición no de ley, que se haga lo posible, que se haga por dignidad, para recuperar la memoria de este país, para paliar algo más ese drama y que se integren
en los archivos estatales los fondos documentales de la Fundación Nacional de Francisco Franco relativos a la Guerra Civil española y aquellos que afecten a Francisco Franco como jefe del Estado al tratarse de bienes pertenecientes al patrimonio
histórico español. En segundo lugar, que se garantice el libre y público acceso de los fondos de esta fundación de interés público sometida al protectorado del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hasta tanto no se produzca dicha integración.
En tercer lugar, lo que solicita de nuevo toda la oposición en este Parlamento es que de manera inmediata se pare cualquier tipo de subvención o ayuda pública a esta fundación, en tanto que persista en la defensa de un régimen político contrario a
los principios democráticos.
Señorías, es de justicia lo que estamos pidiendo; es por dignidad; es por la recuperación de la memoria colectiva de este país. Insisto, no pedimos a nadie que prohiba nada que la Constitución española decidió no
prohibir, a diferencia de lo que hizo la italiana o la alemana, que es que no se pudiera hacer apología de las dictaduras o de los dictadores.
Lo que sí creo que es de justicia solicitar, y por supuesto aceptar, es que al menos este Estado no
otorgue subvenciones públicas -dinero de todos los que sufrieron o sufrimos aquel drama porque lo siento en carne propia- a quienes hacen apología de la dictadura o de los dictadores.
Simplemente estamos pidiendo eso.
Déjenme que haga una última
reflexión. Yo me quedé francamente estupefacta cuando escuché nada más y nada menos a la ministra de Educación, la misma que llamó a esta habitual forma de subvencionar fundaciones que hacen apología de dictadores y dictaduras, ante esta polémica
que tiene mucho que ver con la libertad de expresión, que es la de la película, el documental, del señor Julio Medem, y me pareció francamente paradójico decir lo que dijo sobre la misma reconociendo que ni siquiera la había visto. De verdad, hay
cosas que este país no debiera ni de ver ni de escuchar y, sobre todo, hay cosas que este Parlamento no debiera permitir que sucedieran. De nuevo estemos negándonos a algo que, insisto, es de justicia, que es por la recuperación de la memoria
colectiva de este país, que es para ponerle fin a tanto drama. Este es un buen momento, en el 25 aniversario de nuestra Constitución española, para que hagan ustedes, señorías del Partido Popular, un esfuerzo por devolverle dignidad a este
Parlamento y a este país.
El señor VICEPRESIDENTE: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a subvenciones
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la Fundación Francisco Franco.
Para su defensa, tiene la palabra su portavoz el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Efectivamente, renovamos un debate que tuvimos ya el año pasado por estas mismas fechas. Un debate que se sustanció inicialmente por el descubrimiento de que en el año 2001 el Ministerio de Educación había
firmando un acuerdo con la Fundación Nacional Francisco Franco para subvencionarla con base a dos argumentos: dotarla de personal para poder hacer un trabajo de informatización y también de personal dedicado a atención del archivo. Cuando se
descubrió en aquel momento que había recibido ya cuatro subvenciones por un total de 83.070 euros, que prácticamente era más del 10 por ciento del total para proyectos de este tipo que otorgaba el ministerio, el estupor fue grande. Sin embargo,
cabe señalar que no fue grande básica o prioritariamente por el hecho de que esta fundación pudiese estar bajo sospecha desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista de lo que deben ser los respetos por las libertades democráticas y
los derechos fundamentales, sino que el estupor fue derivado de que se dudaba grandemente de que hubiese un control efectivo sobre estas subvenciones, que no se dedicasen a finalidades que nada tienen que ver con el sistema archivístico y, sobre
todo, que se diesen sin ningún tipo de requisito para que se pudiesen cumplir lo que desde el punto de vista de las subvenciones públicas se debe cumplir. La garantía de apertura al público, que el dinero que se entrega se emplee para aquello para
lo que teóricamente es entregado y, por tanto, un criterio de transparencia, de no opacidad y de no consentir situaciones de privilegio injustificadas desde todo punto de vista.
No era un capricho ideológico político o incluso una actitud sectaria
contra un determinado sector de la sociedad que puede no compartir los criterios democráticos pero que entra dentro del respeto de la legalidad vigente con su conducta personal, sino que se trataba simplemente de que el ministerio aclarase si
realmente esa subvención se entregaba para esas finalidades y con unos requisitos que cualquier gobierno democrático debe hacer cumplir a cualquier tipo de asociación privada que tenga acceso a fondos de carácter público. Ustedes tienen que
reconocer que un personaje poco sospechoso como don Javier Tussell advertía en el año 2002, el año pasado (recuerden que fue director general de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas en 1979, con el Gobierno de la UCD), que no solamente no había
conseguido la devolución de los diarios del señor Azaña cuando él los solicitó a la familia Franco en 1979, sino que se entregaron solamente cuando fue ministra de Educación doña Esperanza Aguirre, es decir, mucho más tarde y en las cercanías de un
Gobierno que por lo que se ve tiene algún tipo de proximidad ideológica con el grupo social al que estoy aludiendo. El señor Tussell recordaba que este asunto lleva pendiente, en concreto el de la Fundación Francisco Franco y los archivos que le
pertenecen, desde la transición. La fundación Franco tiene la subvención más alta de todas y es la única que no deja ver sus archivos.
Dicen que hasta que lo tenga todo digitalizado no va a dejar ver nada. ¿Y si al final tampoco? Digitalizar
todo es carísimo, largo e innecesario.
Ya han clasificado los papeles y con eso basta. El ministerio les tolera todo ¿Y si han quemado la mitad de lo que tenían? Es hora de arreglarlo.
Primero que declaren bien de interés cultural todo lo que
tienen y así si tocan algo será delito y luego que fijen un plazo máximo para abrir el archivo, aunque sólo sea una parte.
Esto es lo que queremos conseguir, porque no es posible que 27.000 documentos, públicos una gran parte de ellos y otra parte
privados, que en todo caso serían a los que tendría derecho la familia a poseer, sacados de El Pardo antes y después de la muerte del general, no pueden estar sin este tipo de inspección y de control, sobre todo cuando se da dinero público. Todos
conocemos que hay trabas a la consulta pública de estos archivos y nadie lo ha desmentido. Incluso algunas personas pertenecientes a organismos públicos, por ejemplo, al Consejo Superior de Investigaciones Científicas o a la UNED, han reconocido
que su acceso ha sido parcial y dificultoso y que no pudieron calibrar desde ningún punto de vista cuál era la importancia del archivo, su entidad y su estado. Por tanto, no es llamativo, y no puede responder solamente a una legítima lucha
interpartidaria, el hecho de que volvamos ahora, en el año 2003, a pedir cuentas de cómo se entregan, un año más, 26.690 euros a una fundación tan opaca, que no es que tenga una interpretación de la historia, sino que se le entrega dinero público,
aunque no cumpla con esos deberes que toda administración debe imponer cuando se da este dinero.
A estas alturas, el Gobierno no es capaz de contestar a preguntas que son totalmente lógicas y que, desde un punto de vista democrático, son exigibles
y no debemos parar hasta que las conteste. En concreto, ¿cómo se justifica la entrega de dinero público a una fundación que tiene entre sus objetivos la exaltación de la dictadura? ¿Está empleando este dinero la fundación para sostener incluso
casas que forman parte de la misma, como aquella en la que nació el dictador, que están prácticamente cerradas al público gran parte del año, como la que tienen en Ferrol? ¿Por qué no nos dice el ministerio después de tres años qué parte del fondo
está ya informatizada -así podríamos salir de dudas- y qué parte cuenta ya con copia de seguridad microfilmada y digitalizada? ¿Por qué no nos dice el ministerio si la fundación justificó debidamente hasta ahora el dinero entregado por el
Ministerio de Cultura para informatizar el fondo? ¿Por qué no nos dice el ministerio qué clase de control ejerce sobre este dinero que se le entrega a la fundación e incluso por qué no nos dice
qué dificultades tiene la fundación para saber que las contrapartidas que le tiene que exigir, que el ministerio dice teóricamente estar dispuesto a exigir, en concreto el carácter abierto y público a la hora de acceder a los documentos, se
están cumpliendo o no o en qué medida se están cumpliendo? Pensamos que el ministerio nos tendría que contestar a si hizo alguna investigación sobre el carácter oficial o no de los documentos que posee la fundación, y en todo caso qué parte es
oficial y qué parte es privada para reclamar lo que legítimamente le corresponde, que son los bienes públicos de la Administración del Estado porque, como antes dijeron un jefe de Estado ejerce en función no de sus proyectos personales, sino de un
cargo que viene derivado, aunque sea en este caso ilegítimamente, de una función política que pagamos todos los ciudadanos.
Por ello, señores del Partido Popular, hemos presentado una proposición no de ley que se limita estrictamente a una
clarificación y al cumplimiento estricto de la ley en un Estado de derecho, sin hacer juicios de valor ad hominem o ad personam o incluso al derecho legítimo a existir de determinadas ideologías. Por eso pedimos al Gobierno, en primer lugar, que
suspenda toda la subvención a la Fundación Nacional Francisco Franco mientras no cumpla los siguientes requisitos: primero, apertura inmediata al público, y concretamente a los especialistas, de sus fondos documentales; segundo, que permita una
inspección oficial de estos fondos documentales para que se puedan reclamar aquellos que pertenezcan a la Administración pública franquista y, por tanto, que son de la Administración pública del Estado español; y tercero, que elimine de sus páginas
de información en cualquier formato alusiones ofensivas para los valores y libertades democráticas, en concreto todo lo que justifique el alzamiento como recurso legal y legítimo. Una segunda parte va destinada a controlar debidamente que las
ayudas del ministerio que ya fueron recibidas durante estos tres años se emplearon en la contratación de personal, que es lo que dice el ministerio, y los equipos informáticos, con el fin de clasificar sus archivos. En tercer lugar, que haga una
declaración de bien de interés cultural sobre la documentación original en poder de la fundación o de la familia como forma de protegerla legalmente contra posibles destrucciones o expurgaciones, de tal manera que se puedan pedir cuentas si se
realizan las mismas. Y por último, que reclame, en lógica consecuencia, toda la documentación que de forma fundada pertenezca a la Administración pública, con el objeto de que pueda ser depositada en un archivo estatal.
Pensamos, señorías, que
este tipo de pretensiones y de objetivos entra dentro no diría de la lógica democrática, sino de la lógica de una administración responsable que emplea el dinero público con el requisito de transparencia y que cumple con todo rigor la finalidad a
que va destinado. Esperamos que en este aspecto el Partido Popular empiece a entrar en razón. Si no, la sospecha es inevitable y es, desde luego, clara la connivencia del Gobierno con determinados sectores ideológicos, políticos o sociales que no
puede conllevar desde nuestro punto de vista privilegio, capricho o indefensión de los intereses públicos. Por ahí nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, no vamos a pasar.
El señor VICEPRESIDENTE: Sobre este mismo asunto, vamos a tratar el punto 7 de este orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a retirar las subvenciones y ayudas
públicas a la Fundación Nacional Francisco Franco, para lo cual tiene la palabra su portavoz, el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Permítame iniciar mi intervención con un par de perlas que estoy seguro tendrán a bien entrecomillar los taquígrafos aquí presentes. Dice: 'El levantamiento del 18 de julio de 1936 fue, en su motivación e
inicio, el trágico acto quirúrgico ineludible para evitar la muerte de la nación y del Estado españoles, pues a tal punto nos habían llevado los partidos marxistas y sus compañeros de viaje, con la eficaz colaboración del separatismo catalán y
vasco'. 'El acuerdo del grupo de los parlamentarios socialistas y comunistas, con la compañía acomplejada de los populares, no va a impedir que el nombre de Franco y su obra llene las páginas de la historia grande y que permanezca en el corazón de
muchísimos españoles'. Los dos son documentos de los que no voy a hablar, que se refieren a la valoración que hace la Fundación Francisco Franco del acuerdo de la Comisión Constitucional de esta Cámara de condena del alzamiento del 18 de julio de
1936, aprobado por votación unánime; votación a la que se sumó en su momento el Grupo Parlamentario Popular, cuyos miembros son calificados en estos escritos -y cito, no sea que alguien me lo eche en cara- de tontos de capirote. Dice: Son los
tontos de capirote de la otra banda, militantes ahora de la UCD o del PP, que ese y otros días votan resoluciones como la aquí comentada.
No he tenido que investigar demasiado para buscar estos textos. Estos textos son los primeros que encuentra
alguien cuando abre la página web de la Fundación Francisco Franco. No es un trabajo de especial investigación. Recomiendo su lectura a cualquier interesado porque es un espectáculo digno de verse; es algo que puede provocar una sonrisa si no
fuera por lo que estamos aquí debatiendo, pero en sí mismo tiene su gracia encontrarse con estos documentos allí. Les ahorro la lectura del resto pero son comentarios sobre la persona del Rey -que el fiscal general del Estado podría analizar en su
momento porque creo que son homologables a los que en otras ocasiones han suscitado acciones penales- que están en el contexto de la triste -según ellos- presencia de la persona de Su Majestad el Rey en la inauguración de la exposición organizada
por la Fundación Pablo Iglesias sobre el exilio. Es decir,
tenemos una fundación en España que no sólo expolió patrimonio del Estado y de todos, como son una serie de documentos que se corresponden con esa época, sino que se dedica a la exaltación del régimen de Franco.
Efectivamente, eso no ha de
tener más límite que el Código Penal y, de hecho, mientras sólo sea apología del pasado y no haga apología del racismo o de otro tipo de actuaciones violentas, en sí mismo no está penado -como bien ha recordado una de las portavoces que me han
precedido- y ha de ser amparado por la libertad de expresión, insisto, sin más límite que las actuaciones de la Fiscalía, a la que imaginamos celosamente pendiente de lo que ocurra allí, exactamente igual que está pendiente de si tal o cual cantante
algún día tuvo relación con un grupo independentista vasco y se preocupa de ir a prohibir cada uno de los conciertos que realiza, no vaya a ser que aquello suponga la apología de algún tipo de ideología. Yo imagino que ese celo, que caracteriza al
Partido Popular y a sus grupos municipales en tantas partes de España, también debería tenerlo cuando estamos hablando nada menos que de una fundación que hace apología del franquismo y de los logros, entrecomillo, de su régimen. Sin embargo, en
lugar de eso lo que tenemos es que el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular financian esta fundación.
Si no fuera porque esas cosas aparecen reflejadas en documentos oficiales y porque la propia Fundación Nacional Francisco Franco se
encarga de recordarnos que ha recibido no una -por un error-, sino dos y tres subvenciones consecutivas para sus trabajos, y lo explica una nota de la Fundación Nacional Francisco Franco, resultaría absolutamente increíble de creer. ¿Cómo es
posible que en el año 2003 un gobierno democrático financie con nuestro dinero una fundación como esta? Si la financiación viniera de la FAES yo no tendría ningún inconveniente en que se financiara a la Fundación Francisco Franco. Ya que se ha
hecho ahora la fundación de fundaciones, que meta la Fundación Nacional Francisco Franco como parte de las distintas fundaciones encarriladas en la FAES. Es una opción que tiene a su disposición perfectamente el nuevo presidente de la FAES. Pero
que con nuestro dinero, con nuestros impuestos, con el dinero que nosotros pagamos se financie a la Fundación Francisco Franco es algo que clama al cielo y que, sobre todo, provoca profunda vergüenza. A la vergüenza le sigue, inmediatamente
después, un acto de rechazo profundo, un clamor de millones de personas que se sienten ofendidas y que ven sus impuestos manchados cuando son destinados a la financiación de una institución como esta. El mismo gobierno que se quiere cargar de la
legitimidad constitucional y que va repartiendo bendiciones de constitucionalidad, atribuyendo la mayor o menor proximidad a España y a sus bondades en función de su mayor o menor proximidad a la interpretación que hace de la Constitución, ese
gobierno, ese mismo Gobierno que nos va a estar repitiendo a todos durante las próximas semanas las bondades del modelo constitucional, es el mismo gobierno que financia la Fundación Francisco Franco. Por tanto, pierde toda legitimidad para andar
proclamando las virtudes de la Constitución quien eso hace. Además, insisto, de ofender a millones y millones de españoles en todo el territorio del Estado. No sé si ofende a sus propios militantes, eso les corresponderá decirlo a ellos.
Quiero
señalar, porque reconozco que me hizo una cierta gracia, que de alguna manera la propia Fundación Francisco Franco traza una distinción entre el Partido Popular y los demás y, por tanto, como a veces algunos la hemos trazado aquí y el Partido
Popular se ofende, quiero dejar claro que quien la traza es la Fundación Francisco Franco. La Fundación Francisco Franco cuando critica, en un escrito obligado, la resolución de la Comisión Constitucional de condena del 18 de julio de 1936, dice
que debería reconocerse mucha más gente. Entonces dice, y cito otra vez entre comillas: Utilizado el ineludible dato de lo cronológico, se podía empezar en ese reconocimiento moral por los que padecieron, durante tres trágicos y lúgubres años la
dominación de aquellos gobiernos compuestos por los antepasados políticos de Guerra, Zapatero, Llamazares, Pujol y Arzallus. Por tanto, los antepasados políticos de Guerra, Zapatero, Llamazares, Pujol y Arzallus, son los que estaban en la
república. ¿Y los demás? ¿Dónde están los antepasados del Partido Popular? No hay ningún antepasado político del Partido Popular -según la Fundación Francisco Franco, no lo digo yo- en la defensa de los valores de la república y del régimen
constitucional que precedió la Guerra Civil. Desde esta perspectiva, a los primeros que debería avergonzar es a los propios miembros del Partido Popular, de cuya inmensa mayoría -no me atrevo a decir el cien por cien- puedo garantizar el pedigrí
democrático. Por tanto, deberían ser ustedes y el Gobierno que ustedes apoyan, los primeros a quienes les quemara la mano de estar financiando una institución de estas características.
¿Qué es lo que pedimos nosotros? Pedimos que se retire esta
subvención.
Que no se nos venga con cuentos, que cualquier persona que gestiona dinero público sabría rebatir, diciendo que es una subvención finalista, dirigida directamente a lo que son los fondos. Las subvenciones, por muy finalistas que sean,
en la medida en que van a las arcas de una institución, están agilizando partidas presupuestarias de esa institución que le permiten, a esa misma institución dedicar a otros ámbitos. Por tanto, cuanto más dinero reciba la Fundación Francisco Franco
para cuidar de sus archivos, más dinero ahorra la Fundación Francisco Franco para organizar sus peregrinaciones al Valle de los Caídos -que son parte de sus objetivos fundacionales-, para publicar libros de exaltación de los logros del régimen de
Franco o para poner flores en la tumba de José Antonio, cosa
que me parece perfectamente legítima, pero que no acabo de entender que eso se haga con dinero detraído de mis impuestos. Por tanto, que no se nos venga con el discurso de tipo finalista en cuanto a la fundación o en cuanto al objetivo
final de la subvención que se propone. El Gobierno ayuda a la Fundación Francisco Franco a cumplir sus fines; parte de sus fines es la custodia de esos fondos y el Gobierno de España, el Gobierno del Partido Popular, financia la Fundación
Francisco Franco para cumplir parte de sus fines fundacionales. Todo lo demás es retórica y no se corresponde con la verdad a la luz de todos los documentos y del propio reconocimiento que hace la Fundación Francisco Franco del dinero que recibe.
A partir de ahí creemos que llega la hora de ir más allá, como hacemos nosotros con una determinada redacción en nuestro texto y como hacen otros grupos con otra redacción, y cuestionarse por qué la Fundación Francisco Franco, con qué derecho y con
qué legitimidad, está custodiando documentos públicos que son del máximo interés de los historiadores. ¿Con qué título tiene la Fundación Francisco Franco custodia de esos documentos? Sencillamente porque los expolió, porque en la situación
española del año 1975 una serie de personas se llevaron documentos a su casa sin legitimidad de ninguna clase. Por tanto, el nivel inferior es el que plantea hoy el Grupo Mixto, que sería la declaración de esos bienes como bienes de interés
cultural, y a partir de ahí entra en funcionamiento el Código Penal para cualquier manipulación de los mismos.
Eso sería, y es urgente hacerlo, el primer nivel de protección, pero hay que ir más allá, hay que ir a figuras equivalentes a la
expropiación o confiscación, que al fin y al cabo sería sencillamente la recuperación de esos bienes y su integración en los archivos generales del Estado, que vuelvan a las administraciones públicas por cualquiera de las figuras jurídicas que
permiten esa recuperación. Creemos que no tiene sentido que eso siga siendo así, que no tiene sentido que cuando un historiador desea estudiar el régimen de Franco tenga que andar pidiendo permiso a la hija de Franco. Es así de espectacular, hay
que ir a pedir permiso a la hija de Franco para consultar las notas, los documentos que están ahí, los consejos de ministros, etcétera. ¿En qué cabeza cabe eso? ¿En qué país con un poco de respeto por su propia historia, por su propia dignidad, se
puede seguir tolerando una situación de estas características? Por tanto, pedimos, uno, que se retire la subvención; dos, que se exija la devolución de lo que se ha entregado, y tres, que se restituyan esos fondos al conjunto de los ciudadanos
españoles, representados por la Administración General del Estado en este caso, que son los únicos titulares del derecho sobre esos bienes. Y quien no lo haga y quien siga apoyándolo, por lo menos que tenga el valor de salir a la calle y de
explicar que considera oportuno seguir financiando a los herederos de Franco, que considera oportuno seguir financiando la publicación de documentos de exaltación de Francisco Franco Bahamonde, las peregrinaciones al Valle de los Caídos y las flores
frescas a diario en la tumba del dictador.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Otros grupos parlamentarios que quieran intervenir sobre este asunto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Enlazo con las palabras del señor Guardans. Precisamente para no tener que pedir permiso a nadie para consultar estos archivos, que son importantes, es para lo que se ha firmado el convenio con esta
fundación.
En el archivo de la Fundación Francisco Franco existen una serie de documentos que son absolutamente imprescindibles para el estudio de la historia de España, de los cuarenta años de historia de España que se conservan en ese archivo,
cuarenta años que comprenden la Guerra Civil y la dictadura, Guerra Civil y dictadura que nuestro grupo ha condenado, y quiero repetirlo, Guerra Civil y dictadura que nuestro grupo ha condenado, y es intolerable lo que hemos vuelto hoy a oír aquí;
cuarenta años cuyos documentos, casi 30.000 documentos, están en este momento -y nuestro sistema de archivos es el que es y nosotros no nos lo hemos inventado, muchos documentos están en archivos particulares- en la Fundación Francisco Franco y son
de una enorme importancia. Estos fondos son imprescindibles para que los historiadores y los investigadores puedan estudiarlos.
En la proposición no de ley del Grupo Socialista se hace una alusión, en la que yo no voy a entrar, diciendo que hasta
ahora ha sido difícil por cuestiones de delicadeza de calendario. Nosotros creemos que no es así, pero lo que sí sabemos es que hoy ya no se puede esperar más, no podemos entrar en un proceso a debatir si estos fondos sí o no y a meternos en
litigios jurídicos. Estos fondos tienen que estar disponibles ya, y por eso se firma este convenio. Es urgente que estos documentos puedan ser estudiados, y esto no puede demorarse ni un minuto más, y hasta ahora no se ha hecho.
Tercera premisa
que querría señalar: además de que esos documentos están ahí, además de que esos documentos son imprescindibles y es urgente su estudio, nuestra tercera premisa es que nuestro marco legal es el que es.
Para la consecución de unos resultados
políticos o para llegar a una situación política deseable, no se puede llegar como se llegaría en una dictadura manu militari, sino a través de los instrumentos del derecho.
Nosotros creemos, si no entraríamos en un proceso larguísimo, que es la
vía de este convenio precisamente la que garantiza el más rápido acceso y el más eficaz en la vía del derecho. Aquí se han hecho muchas alusiones a cuál es el marco jurídico. Señorías, el marco eficaz y
el que respeta nuestra legalidad es el del convenio que se ha firmado.
Sentadas estas tres premisas y partiendo de la base de que quiero decir una vez más que se trata de unos papeles correspondientes a un período histórico que nuestro
grupo ha condenado, y me parece imposible la mala fe de quienes dan a entender aquí que no lo hemos hecho, quiero decir cuál es la obligación que la Administración cree que tiene. Tiene la de custodiar y vigilar este archivo. Naturalmente, se ha
dicho aquí, que se pueden estar destruyendo. Pueden pasar muchas cosas, mejor dicho, podrían hasta que se ha firmado este convenio, en cuyo caso tenemos acceso absoluto a vigilar la integridad de estos papeles, que antes no se tenía.
Tiene que
garantizar el acceso público a estos documentos, no sólo al final de este proceso, sino desde el principio, y esto lo garantiza este convenio. Aquí se ha dicho que ha habido antes reclamaciones. No las hay ahora. Ya está garantizado el acceso a
un archivo desordenado, mal conservado, pero ya está garantizado este acceso, no hay ninguna reclamación, y lo estará inmediatamente sólo con usar la tarjeta de investigador, que por cierto es una tarjeta de enorme utilidad establecida por el
Gobierno Popular. (Una señora diputada: ¡Vaya!) Antes había que hacer un trámite en cada archivo, ahora no hay que hacerlo.
Tercera obligación, hay que integrar este archivo en el Sistema Nacional de Archivos Españoles, que es el que es,
señorías, y ustedes lo conocen.
Se dice: ¿Qué está pasando? Se están integrando ya todos los primeros rollos, todos los trabajos, en el Sistema Nacional de Archivos Españoles.
Tiene que estar accesible hoy y mucho más al término de eso, pero en
cualquier caso integrado en el Sistema Nacional de Archivos.
Mientras dura este proceso tiene que vigilar que ni una sola peseta de esos impuestos de los españoles que recordaba el portavoz anterior se distraiga, no ya a lo que parece mentira que
estemos banalizando y haciendo chistes, a las flores de nadie. Ni una sola peseta puede ser distraída del objetivo de la informatización de los fondos, y este convenio garantiza que el ministerio tenga todos los instrumentos para vigilar que ni una
sola peseta se dedica a la consecución de los objetivos o de los fines de esta fundación. Todas las pesetas de los impuestos de los españoles van a la informatización correcta de este archivo y, por tanto, a su libre acceso más adelante, pero
también desde ahora mismo, a cualquier investigador.
Por último, el Gobierno tiene la obligación también de, al término de este proceso, que esperemos que llegue ya, porque en principio debe ser este año el último, poder recuperar o integrar en los
archivos en su totalidad cualquier documento que así lo estime la Junta Superior de Archivos o quien tenga la autoridad para ello; es decir, no sólo incorporar el archivo en su totalidad al sistema, no sólo abrir las puertas, sino en su caso
también integrar determinados documentos en su totalidad que puedan pertenecer al Estado español y así lo determinen los expertos.
Me gustaría que me dijeran un solo experto, un solo historiador que no estuviera de acuerdo con lo que aquí se marcan
como objetivos y es el objetivo -valga la redundancia- del convenio: vigilar la integridad, vigilar el destino de cada una de las pesetas, garantizar el acceso desde ya, desde hace dos años, desde la firma del convenio, y por supuesto, más
adelante, incorporar el archivo al Sistema Nacional de Archivos e incorporar, en su caso, determinados documentos en su integridad. Dígame una sola persona que piense que eso no es correcto hacerlo.
Nosotros hemos creído, el Gobierno ha creído que
la vía que nuestro derecho nos permitía, la vía eficaz y rápida no es ninguna de las que ofrecen sus proposiciones, es precisamente la vía de este convenio, que no es para ninguno de los fines de una fundación que, vuelvo a decir aquí, nuestro grupo
rechaza y condena, y ni una sola peseta se distrae, y hay todos los instrumentos de vigilancia, del fin de este convenio, que es la informatización. Este es el fin, como bien ha leído el señor Guardans -haciendo quizá unas gracias que tampoco veo
que sea el lugar de hacerlas-, y es nuestro propio grupo el que es vejado en las páginas web de esta fundación. Señorías, cualquier afinidad sería realmente ofensiva.
Vamos a ir, una vez sentadas estas premisas y estos objetivos -y si hay
discrepancia con alguno, que mañana venga un historiador, encuentren ustedes uno, que diga que no quiere hacer todo esto-, a otro asunto.
Señorías, creo que no podemos dejar pasar, sin embargo -y permítame un poco más de tiempo, señor presidente,
puesto que han sido tres las proposiciones no de ley defendidas-, una consideración de orden democrático. Creo que mi obligación, estoy por decir mi primera obligación, es respetar a cada uno de ustedes, por lo que cada uno de ustedes representa;
respetar a sus formaciones políticas, por lo que sus formaciones políticas representan. Pues bien, las acusaciones, las insinuaciones, los términos que aquí se han usado y que usan ustedes periódicamente buscando e inventando los motivos, son una
acusación gravísima de orden democrático contra mí concretamente, contra la formación que yo represento, contra lo que yo represento, y ese es el núcleo del sistema democrático y ustedes no tienen derecho a hacerlo.
(Aplausos.) Ustedes pueden
indignarse con nosotros, ustedes pueden rechazar, pueden proponer, no pueden poner en cuestión nuestra legitimidad. Acusarnos de connivencia con una dictadura, de tolerancia con una dictadura es lo más grave de la que a un grupo parlamentario se le
puede acusar y lo más grave de lo que a un parlamentario se le puede acusar, porque esto es negar la esencia de mi representación y yo nunca lo haría de ninguno de ustedes, y es mi primera obligación.
Dicho esto, quiero señalar que nuestro grupo ha hecho estas manifestaciones una y otra vez. Sabemos que da igual y lo que nos asombra es ver la banalidad y la gracia con la que ustedes hacen unas acusaciones de orden democrático de tal
gravedad, que me deslegitiman a mí como parlamentaria, deslegitiman a mi formación política y esto se hace, entre otras cosas, haciendo gracias y como quien está discrepando de cualquier subvención dada para el arreglo de la iglesia de un pueblo.
Señorías, esta es una cosa muy seria. Por eso, lo que les quiero decir es que desde luego nuestro grupo trabajará por la convivencia, por la tolerancia y por el respeto mutuo, y ustedes lo tendrán siempre por parte de mi grupo, pero exigimos
tenerlo nosotros también y que no se nos puedan hacer acusaciones que atentan al núcleo mismo de nuestra democracia, al núcleo mismo de nuestra representatividad democrática. Nosotros trabajaremos siempre por la convivencia. Yo creo que ya el
término reconciliación casi podríamos darle por sentado. Un 20 de noviembre del año pasado aquí se dijo que todavía hacía falta mucha pedagogía democrática. Yo creo que todos debemos ser conscientes de ello, que no podemos jugar con lo que estamos
jugando, que no tienen ustedes derecho a poner en cuestión nuestra legitimidad, y la están poniendo. No es una acusación más la que ustedes nos hacen. Esto no es que a ustedes les parezca bien o mal. Esto pone en cuestión nuestra legitimidad.
Señorías, nosotros en este momento y en esta acción, con este archivo concreto -y es muy difícil hacerlo y mantenerlo, y prueba de ello es que ha pasado el tiempo y nadie se había atrevido a hacerlo-, estamos precisamente trabajando por eso. Esto
es lo contrario del silencio, es lo contrario del olvido, es el restablecimiento de la verdad y por tanto de la justicia, y en eso siempre nos encontrarán trabajando. (Aplausos.)
-RELATIVA A EQUIPAMIENTO ESCÉNICO PARA EL TEATRO JOFRE DE FERROL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002202.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto octavo del orden del día, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a equipamiento escénico para el teatro Jofre de Ferrol.
Para su defensa, tiene la palabra su
portavoz, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Quiero empezar por decir, porque seguramente los ciudadanos del Estado español pecamos de no tener una información equilibrada del conjunto del Estado, que la ciudad de Ferrol era a comienzos del siglo XIX la
ciudad más importante de Galicia, derivado de la función que cumplían sus arsenales, y también una ciudad en la que aterrizaron numerosos representantes del Estado español, no solamente de su burocracia, sino también representantes de clases
políticas técnicas muy cualificadas que estaban vinculadas a importantes familias de la corte, incluso de países como Gran Bretaña. Digo esto porque no es casual que en una ciudad de estas características hubiese no solamente un gusto, sino una
incitación por el teatro, por la ópera, además por supuesto de por la zarzuela y otros géneros peculiarmente de la cultura española dominante. Por eso uno de los teatros, el único con el que hoy contamos en pie, fue inaugurado en mayo de 1892, en
plena guerra de Cuba, pero con unos antecedentes que se remontan a 1862. Antes de esta época pasaban por Ferrol compañías italianas de ópera, compañías de teatro en general y, por supuesto, la ciudad mantenía un nivel artístico y cultural muy
elevado. El teatro Jofre se convirtió a partir de 1892 en un teatro a la altura de las necesidades de la ciudad, y en concreto en 1871 -para que vean ustedes la mezcla de lo público y lo privado en una ciudad que en todo caso se caracterizaba por
una estructura burguesa escasa, la mayoría de la población eran proletarios o bien personas que vivían de un salario, aunque fuese muy elevado-, fue el propio Ayuntamiento de Ferrol el que cedió el terreno para la construcción de este teatro. Y lo
hizo entregándoselo a una fundación denominada Hospital de Caridad, que se preocupaba precisamente de los sectores marginales de una ciudad netamente industrial, en concreto, de las mujeres que se dedicaban a la prostitución y de los niños
abandonados. Esta fundación logró poner la primera piedra del teatro en 1872, diez años más tarde del momento en que se tuvo la idea de cubrir esta necesidad perentoria de la ciudad. Sin embargo, tardó realmente 20 años en ser construido porque
había dificultades de financiación. Se hizo una sociedad anónima con capital social de acciones de 500 pesetas de aquella época -la década de los ochenta-, y se vendieron acciones por un valor total de 124 millones de pesetas. Pero las
dificultades de la sociedad anónima acabaron cuando un emigrante procedente de Argentina adelantó 125.000 pesetas y se convirtió en el principal accionista. De ahí viene el nombre del teatro, tan esotérico y creo que de origen francés -si es que no
se trata de una españolización brutal del xofre gallego-: Jofre.
Como decía, desde su inauguración en 1892, todos los acontecimientos artísticos, culturales y cinematográficos importantes de la ciudad pasaron por allí. En concreto, en 1903 se
deshizo su carácter semipúblico, dependiente de la fundación, mediante pública subasta. En 1908 empezó a funcionar como cinematógrafo. En 1919 fue vendido a la empresa Fraga -que acabó convirtiéndose en la principal empresa de espectáculos
cinematográficos de Galicia- por 217.000 pesetas. Es curioso que durante el período situado entre la Gran Guerra y la República acontecieron algunos fenómenos culturales dignos de señalar, uno de los cuales viene a
cuento en esta sesión parlamentaria de hoy. Es curioso -insisto- que un teatro tan importante, al que asistía fundamentalmente la pequeña burguesía de la ciudad, diese lugar a que actuaran en él dos proletarios de la Empresa Nacional Bazán
-los señores Charlón y Hermida- que hacían representaciones teatrales en lengua gallega. Precisamente, se burlaban de los ciudadanos que presumían de hablar español, cuando lo que hablaban realmente era castrapo, y de muchos emigrantes que venían
del resto de España -en concreto, de Andalucía- o de Latinoamérica renegando del propio país e intentando inyectar en la población popular el desprecio por su lengua y su cultura. Lo digo porque anteriormente se ha hablado del problema del español
en las plataformas deportivas internacionales.
Por mi parte, tengo que recordar que en el caso de Galicia estamos todavía luchando por que se respete la legalidad vigente en materia de toponimia. Ya he recordado al señor representante del Partido
Popular, mi compatriota don Hipólito, que el nombre de nuestra ciudad es Ferrol. Le recuerdo también que el artículo se le colocó precisamente en esta época de fin de siglo, cuando muchos presumían de que la ciudad era muy importante y, por tanto,
había que ponerle una marca española como fuera.
En todo caso, señorías, en este teatro no actuaron sólo Charlón y Hermida, hecho inusitado para una ciudad con tantos prejuicios antigallegos inoculados por la Administración del Estado y por muchos
que presumían de ser importantes en una ciudad importantísima también para ellos a la que había que desgalleguizar como fuera. También hubo actuaciones de ópera, de la Compañía Amadeo Vives de zarzuela, o de grandes actores de teatro dirigidos
sobre todo por José Tamayo, durante la postguerra; por allí pasaron Amparo Rivelles, Ismael Merlo o José María Rodó. Por supuesto, hubo revista; recuerdo haber visto continuamente de pequeño la cara de Celia Gámez. Fue una de las pocas ciudades
del Estado español por las que pasaron Xabier Cugat y Abe Lein, en el año 1953. Recuerdo también el importante papel que el teatro jugó como cinematógrafo; se inauguró como cine sonoro en 1930, un año después de que el hecho se produjera en
Estados Unidos. Es recuerdo importante de muchos ferrolanos haber visto en ese teatro todas las películas de la Metro o de la Paramount, cine que está hoy perfectamente mitificado y que forma parte de la ensoñación de muchos miles de personas hoy
en edad madura.
En todo caso, el teatro fue por fin comprado en 1994 por el ayuntamiento, que tuvo que desembolsar 500 millones de pesetas de la época, un ayuntamiento que tiene las arcas más deterioradas de toda Galicia, debido precisamente a la
falta de pago de impuestos por Defensa. Es un caso que está pendiente de solución. Quinientos millones de pesetas pagó a la empresa Fraga. Era un teatro que había que rehabilitar, y a finales del año 2000 el gobierno municipal del Bloque
Nacionalista Galego y del Partido Socialista Obrero Español lograron firmar un convenio de financiación entre el Ministerio de Fomento y el Concello por el cual correspondían al Ministerio de Fomento 513 millones de pesetas y al ayuntamiento, 342
millones. Al final el montante global fue de 1.000 millones de pesetas para su rehabilitación, repartido en anualidades desde el año 2000 hasta 2004. Este importante esfuerzo inversor del ayuntamiento explica que mi grupo traiga aquí esta
proposición no de ley para unas obras que se licitaron en el año 2001 y que van a estar terminadas y seguramente inauguradas en agosto de 2004. Pero como las obras de rehabilitación no incluían equipamiento escénico, se espera contar con la
financiación del INAEM para que el teatro pueda funcionar.
A nadie se le oculta que un teatro perfectamente rehabilitado pero que no cuente con esta dotación no se va a poder utilizar para determinadas finalidades.
Nosotros pensamos que el teatro
va a quedar con su carácter original, con la distribución interior que tenía, con respeto incluso por elementos que no se pudieron realizar a su debido tiempo precisamente por impedimentos de carácter militar, en concreto, una gran galería desde la
que se va a contemplar todo el arsenal. Por ello, les pedimos que apoyen esta iniciativa, que persigue instar al Gobierno a colaborar en la financiación del equipamiento escénico del teatro Jofre de Ferrol -no El Ferrol-, propiedad municipal en
proceso de rehabilitación por convenio entre el Ministerio de Fomento y el ayuntamiento. Pensamos que es una forma de contribuir a lo que ya fue una contribución esencial de las arcas públicas del ayuntamiento que se aproxima a 800 millones de
pesetas entre rehabilitación y compra. Pensamos que es de justicia y esperamos contar con el aval y la comprensión de todos los grupos parlamentarios.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto ha presentado una enmienda de modificación el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Fariñas Sobrino.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Antes de comenzar mi intervención sobre este asunto quiero manifestar al portavoz del Bloque Nacionalista Galego, señor Rodríguez Sánchez, que este compatriota suyo sabe perfectamente cuál es el nombre de la ciudad
de Ferrol y que un error mecanográfico a la hora de transcribir la enmienda no es representativo, máxime cuando está cometido por alguien que no es ferrolano, ni siquiera gallego, como es un asistente de mi grupo parlamentario en Madrid. Por tanto,
si es posible, me autoenmiendo para la supresión de la letra ele de la contracción de la palabra del, que es la tercera del penúltimo renglón del texto que se propone como enmienda del Grupo Parlamentario Popular, sin que ello transcienda como
desconocimiento, señor Rodríguez.
Dos precisiones. Una de ellas muy al cuento de lo que es un simple dislate a la hora de hablar, que es permisible. Primero, yo no soy el señor Hipólito y, en honor a mi padre, quiero que se me diga señor Fariñas, porque puede hasta
molestarse, el pobre. En segundo lugar, una corrección de algo que se ha debido seguramente al fragor de la exposición, y es que el capital social de la empresa constituida en Ferrol para la construcción del teatro Jofre no es de 124 millones de
pesetas sino de casi 125.000 pesetas.
En el punto que nos concierne hoy, no quisiera empezar sin ser justo.
Quisiera ser justo con quien fue alcalde de Ferrol, el señor Blanco Rouco, que fue quien inició todos los trámites pertinentes para la
restauración del teatro Jofre, allá por 1998, que inicialmente constaba de una aportación del Ministerio de Fomento, en colaboración con el Ministerio de Educación, del 50 por ciento y el otro 50 por ciento tendría que ser aportado por el
Ayuntamiento de Ferrol. Con insistencia reconocible por parte del alcalde de Ferrol en aquel entonces y con un compromiso inexcusable con su ciudad, se hicieron las gestiones adecuadas para que la aportación del ministerio fuese del 60 por ciento
en lugar del 50 por ciento. A estos efectos, y para mayor fuerza en sus exposiciones y en sus reclamaciones ante el ministerio, se presentó en Pleno una moción por la que se solicitaba el apoyo de todos los grupos políticos para reforzar esta
solicitud en Madrid. Todavía figura en las actas de ese Pleno la frase de algún portavoz de algún grupo municipal diciendo que para pedir eso, era mejor no pedir nada.
En cualquier caso, en febrero de 1999 se hace factible la elaboración de un
texto -que posteriormente deriva en un convenio, como consta en los registros del ayuntamiento, por medio de escritos oficiales remitidos por el Ministerio de Fomento, concretamente, y en las hemerotecas- que es el que sirve de base para que
posteriormente, y con un Gobierno del Bloque Nacionalista Galego y del Partido Socialista en Ferrol, se firme este acuerdo que todavía es más apreciable desde el punto de vista de que los tintes políticos -no sé si para desgracia de algunos- no
influyen y prosiguen adelante las gestiones, que ven la luz con un Gobierno del Bloque Nacionalista Galego; un Gobierno que estuvo 4 años en Ferrol rigiendo los designios de ese ayuntamiento, pero que tampoco fue capaz de sacar ni una sola peseta
más de esta aportación que en principio fue tachada por algunos de miserable. Sin embargo, no hay ningún registro tampoco, ni en la Diputación Provincial ni en la Consellería de Cultura, ni siquiera de la solicitud de una participación de estas dos
administraciones. Como el tiempo suele ser buen consejero y dado que ahora, por ejemplo, la Diputación Provincial de A Coruña va a ser gobernada por los dos partidos a los que me he referido, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Socialista
Obrero Español, veremos qué es lo que ocurre y cuál es el compromiso de colaboración con Ferrol, puesto que el Partido Popular, a través de su Gobierno, ya ha demostrado cuál es su compromiso, que el Jofre -como se le conoce en Ferrol-, que es una
obra que viene de antiguo, como ha expuesto el ponente, porque su catastrófico estado general tampoco es de ayer por la tarde, sino que también es histórico, mereció la atención de este Gobierno con la firma de un convenio de colaboración que
permite que esté siendo restaurado, en estos momentos en su fase final, el más insigne de nuestros teatros en Ferrol.
Como el Partido Popular siempre hace sus deberes y además suele hacerlos bien -está dicho, pero quiero repetirlo, aunque sólo sea
a efectos de que conste en el 'Diario de Sesiones'-, el teatro Jofre se rehabilita en gran medida gracias a este convenio, fruto del compromiso de dos administraciones en este caso del Partido Popular y de las posteriores que, democráticamente y por
elección de los ciudadanos, tienen la responsabilidad de ejecutarlo. Hacemos las cosas tan bien, que incluso esta proposición no de ley nos solicita algo que ya figura en el texto del convenio como obligación del Ministerio de Educación, a través
del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que es la colaboración, en la parte que le corresponde de su convenio, para la dotación de los medios escénicos del teatro. Su equipamiento escénico tendrá que ser subvencionado en la
parte que le corresponda por el Ministerio de Educación, del mismo modo que lo hace el Ministerio de Fomento en su parte de obra civil. Es evidente que el instituto debe cumplir una obligación que ha firmado y que ha contraído, por otra parte,
libremente. Además, va a tener que cumplirlo porque es voluntad inexcusable del Ministerio de Educación hacerlo tal como está en el convenio. Es reseñable también el hecho de que los presupuestos del instituto nacional no son excesivamente altos y
que viene financiando cuatro o cinco proyectos anualmente, referidos sobre todo al equipamiento escénico de distintos teatros. Por tanto, antes de cuantificar y concretar ayudas, hay que valorar las necesidades reales, basadas en las
características del teatro y en la actividad escénica en sí misma, y ver lo que se puede asumir desde el punto de vista del presupuesto así como el número de espectadores y de funciones a las que se puede hacer frente.
También creemos firmemente,
respondiendo una vez más al compromiso del Gobierno con Galicia y con Ferrol, que el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música debe colaborar en la justa medida. Esta es la única razón por la que, teniendo presente el espíritu de esta
proposición no de ley, proponemos un texto alternativo que hemos entregado a la Mesa y que queda redactado de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a colaborar, dentro de sus posibilidades presupuestarias y conforme con
los resultados de los informes técnicos del INAEM, en la financiación del equipamiento escénico del teatro Jofre de Ferrol, propiedad municipal en proceso de rehabilitación por convenio entre el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento. Esta
enmienda de mejora técnica
no quiere expresar otra cosa que el total apoyo de mi grupo parlamentario a la iniciativa que presenta el Bloque Nacionalista Galego. Esperamos que cuente también con el apoyo del resto de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: A la vista de que parece que hay acuerdo sobre este tema, voy a intervenir brevemente para fijar posición y para recordar algunas cosas y aclarar algunos conceptos.
En principio quiero resaltar la importancia
cultural y social del teatro Jofre, que tan bien ha resaltado nuestro compañero Francisco Rodríguez al decir que la vida cultural de Ferrol estaba ligada precisamente a ese teatro. De paso quiero recordar que el topónimo Ferrol va ligado
exclusivamente a la propiedad de sus conciudadanos, sin atributos ni genitivos de propiedad. Hay un elemento que trabaja, que es el subconsciente, en este caso el subconsciente ortográfico, y el ponente del Grupo Popular ha hecho muy bien al
recordar que ha sido un error ortográfico, pero no queremos que se produzcan estos errores en la vida normal. Decía que a la vista de los documentos que nos ha señalado el ponente, señor Rodríguez, y de la historia del propio teatro, desde que se
hizo cargo el Concello de Ferrol se suscribió el famoso convenio de colaboración entre Fomento y el concello, con un reparto de 60/40, que -como muy bien señala la proposición no de ley- se cumple este año.
También deberían concluirse las obras,
pero, como bien se sabe, tendremos que esperar al año 2004 para ver su conclusión.
Efectivamente, queda el equipamiento. En el plano local, si nos fijamos en las actuaciones que se han llevado a cabo desde la Concejalía de Cultura de Ferrol,
gestionada por el Partido Socialista en la legislatura anterior, comprobaremos -como se ha señalado aquí- que el concejal de cultura preparó un presupuesto sobre este tema, que se acordó además con el INAEM en la comisión de seguimiento, señalándose
que incluso se podría subir la subvención del equipamiento normal hasta cifras cercanas al cien por cien. Digo que a esta comisión de seguimiento asiste el INAEM, es decir, que asiste el Ministerio de Educación y Ciencia. También señalo que el
INAEM ha asistido a las últimas reuniones de la comisión de seguimiento, y que es precisamente el arquitecto de esta obra el que interviene en dicho acuerdo; véase el año 1999 y los resultados. Por eso vamos a votar a favor. Simplemente quería
señalar la endeblez de la apuesta que hace el Grupo Popular cuando señala: dentro de sus posibilidades. El señor Fariñas no debe desconocer que las posibilidades del Ministerio de Educación son amplias, pero sobre todo que deben ser generosas y
deben aplicarse con buen tino. No señalamos nada respecto al resto de la enmienda sino que simplemente nos remitimos a la necesidad de agilizar y urgir al ministerio para que estos trámites, acordados ya allí, se lleven a cabo efectivamente y se
conceda de una vez dicho presupuesto para un ayuntamiento del que se han recordado aquí las deudas históricas que tiene con Defensa y que pesan como una losa sobre la economía ferrolana.
Reitero, por otra parte, el compromiso del Partido Socialista
con el Concello de Ferrol y especialmente con su ámbito cultural.
El señor VICEPRESIDENTE: A los efectos de fijar posición en torno a la enmienda de modificación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Solamente quiero aclarar tres cosas brevemente y sin reabrir debate alguno.
En primer lugar quiero decir a don Hipólito Fariñas que no fue intencionado obviar su apellido, sino que debe ser consciente de que,
como otras personas, muchas veces yo tengo lapsus grandes por los que no me vienen determinadas palabras a la cabeza. No hay ninguna intencionalidad. Que no se crea que en toda atmósfera política están la insidia, la alevosía o la mala intención
guiando el criterio de nadie. En este caso, además, con el apellido que él tiene, lo que yo haría sería lo contrario, pronunciarlo entusiásticamente, pero sencillamente es que no me venía a la cabeza. Llamándose Fariñas, yo sería el primero que lo
pronunciaría en voz muy alta; que eso lo tenga claro.
Solamente quiero señalar dos cosas más. Efectivamente, el proceso es como él ha contado, no lo he negado en ningún momento, y sólo recuerdo que la corporación que buscó el dinero -que no lo
había-, por cierto con muchísimas dificultades, para poder rehabilitar, fue la corporación a la que he aludido. También sabe que en este Congreso de los Diputados llevo prácticamente desde el año 1998 controlando todo el proceso y creo que algo
hice para que la obra se licitase y no se retrasase más, y no solamente desde el punto de vista parlamentario.
Por último quiero decir que acepto la enmienda, aun siendo consciente de esta limitación presupuestaria, que tampoco es tanto dinero y
que espero que no sea una pega en la práctica. Sobre todo quiero hacer valer a los servicios de la Cámara que rectifiquen la cuestión del topónimo, por legalidad y por respeto a la diversidad lingüística.
-DE MEDIDAS DE ESTÍMULO A FAVOR DE LA INDUSTRIA CINEMATOGRÁFICA Y AUDIOVISUAL ESPAÑOLA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN
(CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 161/002142.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al punto 9.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Catalán de Convergència i Unió, de medidas de estímulo a favor de la industria cinematográfica y audiovisual española.
Para su defensa tiene
la palabra su portavoz, el señor Guardans i Cambó.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Mi grupo intenta hoy hacerse portavoz -y espera hacerlo con el apoyo y, me atrevo a decir, la complicidad de los demás grupos presentes en esta Comisión- del conjunto del sector audiovisual, entendido
fundamentalmente como sector cinematográfico. Y lo digo no porque intente arrogarme una representación superior a la que dan los votos que puedo representar sino porque, de hecho, la proposición no de ley que traemos hoy a esta Cámara no es
nuestra. Es nuestra en su tenor literal, pero no en el conjunto de medidas que propone. Todas las medidas que hoy somete a votación el Grupo Parlamentario Catalán han sido recogidas en un documento presentado en público hace ya unos cuantos meses
por todos y cada uno de los sectores que integran lo que solemos llamar la industria cinematográfica y audiovisual. Desde productores a guionistas, directores, gestores de derechos audiovisuales, artistas, actores o técnicos, sindicatos incluso,
todos ellos suscribieron un amplio documento que recogía lo que a su juicio -juicio que nosotros entendimos acertado- venía a ser un diagnóstico, con propuestas de remedio, de la situación del cine español, por lo demás bastante catastrófica. Es
muy oportuno que estemos debatiendo esto en pleno festival de cine de San Sebastián, cuando por un lado estamos viendo la pujanza creativa de algunas películas, alguna de las cuales acabará llevándose la Concha de Oro, pero al mismo tiempo tenemos
todos los días, en las páginas correspondientes de los medios de comunicación, testimonios de los creadores españoles en el ámbito audiovisual reflejando las graves dificultades que tienen para poder desarrollar su trabajo, que es el nuestro, porque
ese es el quid de esta cuestión. No se trata de promocionar a un sector sencillamente por su mayor o menor aportación al producto interior bruto español, que ya sería argumento suficiente, sino que se trata de apoyar, como ya hemos hecho en otras
ocasiones, y como de forma global ya ha hecho en el pasado esta misma Comisión, a un sector de la industria española que consideramos tan estratégico o más que cualquier otro sector industrial que pueda merecer ese calificativo. Estratégico porque
pone en juego la identidad cultural, por lo que apoyar a la industria cinematográfica en todas las dimensiones que voy a enumerar rápidamente es algo que está mucho más allá, con todos mis respetos a los sectores implicados o que pueda citar, que
apoyar al sector de la joyería, al sector del calzado o al sector de la venta de coches. Porque apoyar a esos sectores es importante, contribuye a la riqueza de España, contribuye a la riqueza de nuestro conjunto, del producto interior bruto
nacional, contribuye a crear o a mantener puestos de trabajo, todo eso es importante, pero apoyar al sector cinematográfico es algo que contribuye a mucho más, contribuye a preservar nuestra dimensión cultural. Es algo -y espero que los interesados
no se ofendan por esta comparación- que está a caballo entre la protección industrial y la protección medioambiental, y lo digo desde el enorme aprecio que tengo por este tema y por este sector. De la misma manera que protegemos determinadas
especies, hemos de proteger nuestra cultura, y si hay una que peligra en este momento, es la cultura audiovisual, por muchas y variadas razones. De ahí que, insisto, haciendo propia una iniciativa que era de otros, de los auténticamente implicados,
que además buscaba el equilibrio entre todas las partes implicadas, hayamos traducido en proposición no de ley no una serie de propuestas de laboratorio nacidas del entusiasmo de este portavoz, de sus asesores, del grupo político al que representa,
etcétera, sino de las necesidades de la industria, y que de forma muy rápida voy a comentar, a vista de pájaro, porque tampoco tenemos tiempo de detallar cada una de ellas.
La primera propuesta hace referencia a promover un marco financiero estable
que permita la consolidación del tejido industrial audiovisual, es decir, hablamos de dinero. Hablar de apoyo al cine no es sólo hablar de dinero, como diré a continuación, pero es también y evidentemente hablar de dinero, de más dinero, de dinero
dado en buenas condiciones y por otras vías, por ejemplo, por la vía fiscal, que es el gran capítulo pendiente de desarrollo en este momento, e incluso de dinero dado por la vía fiscal no directamente a los productores, sino a aquellos que quieran
invertir en cinematografía. Por eso estimulamos que se estudien vías de financiación que existen en otros Estados de la Unión Europea, como sales and lease-bade, por citar una y que quede en el 'Diario de Sesiones'. Se trata de un sistema que
existe en Reino Unido que está llevando a muchas productoras a hacer coproducciones con Reino Unido porque por esa vía se logra una determinada financiación que tiene un marco fiscal favorable.
Si el ministerio de Hacienda se tomara en serio la
cinematografía y aplicara su creatividad legislativa a este ámbito, tendríamos nuevos instrumentos, muchos de los cuales ni siquiera puede imaginar en este momento este portavoz, que puedan favorecer a este sector. Por tanto, no hablamos sólo del
régimen de subvención sino de mucho más.
La segunda propuesta es la mejora de coordinación entre administraciones públicas afectadas. Es otro de los grandes capítulos que está verde en España, no sólo en este tema, hay que decirlo, sino que afecta
a otros, pero en este tema también. Para proteger, para estimular,
para impulsar la cinematografía y todo el sector audiovisual hay que hacerlo no sólo desde el Ministerio de Cultura; está implicado también el Ministerio de Ciencia y Tecnología, están implicados los departamentos que se dedican a la
promoción del comercio exterior, está implicado Hacienda. Todo eso o se coordina mejor conjuntamente, de forma que haya un solo interlocutor, que no se tenga que ir de ventanilla en ventanilla, que no haya competencia entre ellos, que todos ellos
sean conscientes en paralelo de la importancia de lo que aquí estamos hablando o nunca se conseguirá dar el impulso que el sector audiovisual necesita. Por tanto, hay que conseguir algo tan sencillo como lograr una coordinación que podría acabar
teniendo incluso una cabeza visible con una autoridad horizontal, como ocurre en otros sectores, que coordine los distintos servicios administrativos y las distintas medidas de estímulo que pueda haber en este ámbito. Por lo menos, si no las
coordina en el sentido de jerarquía administrativa, sí en el sentido de flujo de información entre unos y otros porque, desgraciadamente, hoy funcionan a veces como compartimentos estancos. Tengo la sensación acreditada de que a veces la gente del
ICEX no se habla con la gente de Ciencia y Tecnología, que ésta a su vez no sabe que existe el ICAA y que en el ICAA no se atreven a entrar en el Ministerio de Hacienda.
Contribuir más activamente a la promoción del cine y de la producción
audiovisual en España y en el exterior, adoptando los mecanismos de promoción comercial es otra de las reclamaciones que nos parece absolutamente esencial. Hay que aplicar a la promoción del cine español los mecanismos que se aplican a la promoción
de otros productos -y aquí lo uso con todas sus letras- producidos en España. Ese es uno de los talones de Aquiles de la actual cinematografía e industria audiovisual española, no es tanto la calidad de sus producciones como las graves dificultades
que tiene para su promoción. De nuevo, bastaría con mirar lo que se hace en Francia -no hay que ir muy lejos- en el ámbito de la promoción para saber todo lo que nos queda por recorrer y cómo son cosas que exigen más empeño e iniciativa que dinero.
No estamos hablando fundamentalmente de recursos sino de implicación y estímulo en los mecanismos nuevos y tradicionales de promoción comercial, adaptándolos a algo que no son neumáticos, que no son rodamientos de motores sino que son películas y
que por tanto exigen mecanismos de promoción distintos que los que requieren, por ejemplo, la industria hotelera o tantas otras que han funcionado muy bien en su promoción internacional.
En cuarto lugar, hay que crear un organismo de carácter
independiente que se llame consejo de lo audiovisual o la comisión de lo audiovisual con una autoridad reguladora en este sector. Sobre este punto hay una enmienda del Grupo Parlamentario Popular a la que luego me referiré. En todo caso, nuestra
propuesta es que exista un organismo -insisto en que no tiene por qué ser idéntico al francés, aunque evidentemente el francés sería un buen modelo; en el ámbito catalán tenemos otro- que tuviera autoridad también y especialmente respecto de las
televisiones a efectos del seguimiento, del control y del impulso de este tema. Es necesario exigir el compromiso -buscar, hemos dicho- de los operadores de televisión para mejorar la promoción y programación. Hace muy poco, en un acto público de
recepción del Premio Nacional de Cinematografía en San Sebastián José Luis Borau -si no me equivoco- les echaba en cara esto a los productores de televisión, a los dueños de todas las cadenas de televisión. Yo suscribo todas y cada una de las
palabras de quien recibió este Premio Nacional de Cinematografía. Tienen una grave responsabilidad, pero ciertamente no hay que buscarla sólo por la vía de la sanción -que también- cuando incumplan la normativa a la que están obligados, sino que en
otros casos hace falta el estímulo, hace falta buscar su complicidad y hace falta que alguien desde el Gobierno, como ocurre con otros ámbitos -pienso, por ejemplo, en la moda o en otros donde se busca esa complicidad-, estimule, impulse y busque
ideas creativas.
Es precisa la modulación de la cuota de pantalla, no tanto la ampliación, como pidió en algún momento otro grupo. Nosotros no pedimos directamente la ampliación ni la prórroga automática, pero sí una modulación de la cuota de
pantalla en el marco de la legislación vigente, de forma que aquellas películas comunitarias que han estado más tiempo en las salas de exhibición puedan tener un plus de cuota de pantalla, que tengan una determinada prima a efectos de la cuota.
Ninguna de estas medidas por sí solas serían definitivas pero sumadas a las demás tendrían, según nos cuentan, gran eficacia.
En séptimo lugar, hay que apoyar las distintas medidas en el ámbito internacional que van en esta línea. Nuestro texto
original hablaba de la presente ronda del GATT en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Hemos hecho una autoenmienda que hablaría de apoyar las propuestas que garanticen jurídicamente la diversidad cultural en el marco internacional y
europeo -ahí hay una errata- y, en particular, en la próxima Conferencia Intergubernamental para la elaboración de una nueva Constitución europea. No se trata de dar un mandato cerrado al presidente del Gobierno español, que probablemente tendrá
que negociar en primera persona este tema, porque excepcionalmente esta Conferencia Intergubernamental que tiene que aprobar la nueva Constitución apenas va a delegar la negociación en funcionarios de alto nivel, sino que va a ser una negociación,
según parece, estrictamente política, porque prácticamente todo el texto está cerrado, como bien saben sus señorías.
Nosotros pedimos que en este contexto -y también en lo que pueda salir de nuevas rondas de la OMC, pero muy especialmente en este
ámbito de la nueva Constitución europea- haya
un compromiso en defensa del actual texto o de otro que lo sustituya, pero en todo caso de una fórmula que garantice a nivel constitucional europeo la diversidad cultural porque podría peligrar, más aún con la entrada de los nuevos miembros
de la Unión Europea que, con el enorme respeto que nos merecen, tienen una tradición menor en la protección de sus propias culturas, puesto que como ya habían sido invadidas, en muchos casos por la fuerza, por otra cultura, en este momento abrazan
la cultura americana como liberadora y tienen menos interés y ponen mucho menos empeño en la protección de sus propias producciones. Todo ello podría traducirse en una política de promoción cinematográfica distinta de la que hemos conocido hasta
ahora a nivel de la Unión Europea.
Voy terminando, señor presidente. Nosotros seguimos proponiendo en el punto octavo de nuestra proposición no de ley que se incentiven las inversiones en materia de nuevas tecnologías. Es otro de los puntos
flacos muy concretos, menos glamouroso, estéticamente menos hermoso que determinadas cuestiones que a veces lucen más y que, sin embargo, es absolutamente esencial para que la industria audiovisual española esté en un primer nivel, la española y
cada una de las que la componen, la catalana también, que quizás conozco un poco más. Por tanto, hay que invertir y hay que ayudar a que se invierta, hay que ayudar fiscalmente y hay que estimular inversiones de todo tipo en el ámbito de la
producción, de la posproducción, de la exhibición, etcétera. Todo eso contribuirá sustancialmente a potenciar esta industria.
Finalmente, hay que potenciar una auténtica política educativa en materia audiovisual dirigida a fomentar hábitos de
consumo. De la misma manera que se hace con otros ámbitos, recordemos a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes, la importancia que tiene nuestra propia cultura y su protección. Todo eso se hace desde la escuela. Ya ha habido debates aquí
con ocasión de la Ley del Cine y sobre el cine en la escuela y la importancia que tiene. No vamos a hacer aquí una propuesta específica y concreta, pero es evidente que también en el ámbito educativo y escolar y más en general en el ámbito de
pedagogía a la sociedad, igual que se hace en otros ámbitos, es importante lanzar el mensaje que no necesariamente la película que más ruido hace es la mejor, por ejemplo. El gusto se puede educar, los gustos son libres pero también pueden ser
educados, lo sabemos en cualquiera de los ámbitos, se hace en el ámbito de la estética y nada impide que se haga también en éste y, evidentemente, los ciudadanos serán muy libres para dedicar todo su tiempo libre a ver golpes de kárate en los bajos
fondos de Nueva York o para ver alguna película que les estimule el intelecto y el espíritu. Esa será una decisión propia, pero contribuir a la educación influirá en la potenciación de la industria audiovisual y cinematográfica española.
Finalmente, el último punto de esta proposición no de ley es el más concreto y específico, que ha generado ya otras iniciativas de mi grupo.
Hay que exigir el estricto cumplimiento de la normativa en materia de competencia y en materia de las
obligaciones que tienen los operadores de televisión, el famoso 5 por ciento. No basta con aprobarlo, no basta con congraciarse con la industria a base de votar favorablemente leyes. Hay que exigir que aquellos que tienen instrumentos de gobierno,
instrumentos de control, los pongan en funcionamiento. Creemos que ninguna de estas iniciativas basta por sí sola, todas ellas suponen un auténtico compromiso por parte del Gobierno, por parte de esta Cámara, por parte de la sociedad que al fin y
al acabo representamos en el apoyo a la industria cinematográfica y audiovisual; habremos dado un paso adelante.
Si no, seremos testigos de primera fila de una crisis y, a partir de un punto determinado, exactamente igual que ocurre con el
hundimiento de un barco, ya no será posible reflotarlo.
El señor VICEPRESIDENTE: A esta iniciativa se ha presentado una enmienda de modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular, para cuya defensa tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Yo quiero empezar como empezó el señor Guardans, resaltando el momento, yo creo que coyunturalmente muy oportuno, de esta proposición no de ley, porque estamos todos pendientes, siempre sucede en
septiembre con motivo del Festival de San Sebastián, surgen las preocupaciones en primeras páginas de los periódicos y es un buen momento para intentar tener más eco y por tanto más respaldo para la industria cinematográfica.
Hemos visto, además de
todos los datos que afloran y con motivo del Festival muy especialmente, la memoria que en el mes de agosto nos hizo llegar, igual que a los medios de comunicación, la FAPAE sobre el sector, en la que se recogía la preocupación por la evolución de
los datos en este año y el año pasado. Posiblemente nuestro diagnóstico no sería de catástrofe ni alarmante, sería de preocupación, sin duda ninguna, especialmente si ellos están preocupados y son los que lo conocen -faltaría más que nosotros no lo
estuviéramos-, pero no de alarma. Ahora bien, yo creo que no somos nosotros quiénes para hacer el diagnóstico, lo hacen mejor ellos. Por tanto, en esta iniciativa concreta estamos más para buscar las soluciones que para detenernos en la evolución
de los datos de este año y el diagnóstico. Ellos están preocupados y, por tanto, nosotros nos hacemos eco.
Como bien ha dicho el señor Guardans, desde el mes de febrero el sector había estudiado detenidamente las medidas que les parecía que desde
la Administración -y el campo en el que hay que actuar es bastante más amplio que lo que a la Administración le compete- debíamos tomar, y están bien sintetizadas en esta
proposición no de ley. A nosotros además nos gusta responder al sector con sus propias medidas y vemos que coinciden en que sean más medidas de estímulo y de apoyo que de intervención o de control, que esto es importante, al final la
intervención y el control no valen de nada porque se burla, pero el apoyo fortalecerá a este sector.
Como ha dicho, repito, el señor Guardans, ¿por qué estamos hablando de este sector? Este sector tiene un peso económico muy grande y desearíamos
que lo tuviera mayor, pero crece y crece y su peso es grande, su peso en la creación de empleo es muy importante, pero es sobre todo una importantísima industria cultural, en este momento es la gran aportación del siglo pasado. Yo creo que no
estamos todavía en condiciones -desde luego yo- de medir cuál es el impacto del cine en toda nuestra manera de ver la vida y en nuestra cultura, pero desde luego es importantísimo como tal industria cultural y para preservar la diversidad cultural
que a ella le corresponde y evitar la uniformidad cultural a la que, si dejamos las cosas ir, se podría llegar a dar. Es como a nosotros nos corresponde actuar. En alguna ocasión se dijo aquí -posiblemente fue un lapsus linguae- que como cualquier
otra industria, como la siderurgia, etcétera.
Pues no, no es como cualquier otra industria, porque es una industria singular y culturalmente de una extraordinaria importancia.
No voy a detenerme en cada uno de los diez puntos de la proposición no
de ley, puedo sintetizar diciendo, por lo que hemos estudiado y debatido con ellos, que lo que el sector de la cinematografía espera de la Administración son las medidas fiscales. Es importante intentar elevar -menciono concretamente una, que no sé
si se hará de modo inmediato, pero que desde luego se trabaja en ella- al productor financiero independiente. Yo oía el otro día al productor de Días de fútbol decir que le había resultado muy difícil, a pesar del éxito que ha tenido en su película
anterior, Al otro lado de la cama, encontrar financiación. El estímulo fiscal que ahora está en un 5 por ciento posiblemente habría que ampliarlo -hay que estudiarlo- para que sea eficaz, un estímulo que no cumple sus fines no tiene mucho sentido y
está sucediendo que hay dificultades de financiación. Quizá un estímulo fiscal mayor que el actual pueda ayudar en esto, las medidas presupuestarias, que todos conocemos y ahora vamos a debatir; la dotación del fondo a la cinematografía, lo que
queda pendiente. Yo espero que se puedan atender los compromisos, que además en la nueva ley se han modificado, y es una preocupación nuestra.
La tercera cuestión que esperan de nosotros, y me voy a referir a las grandes líneas, son las relaciones
de la industria cinematográfica, de las gentes que hacen cine, no sólo los productores, con las televisiones.
En este momento esa es una pieza absolutamente clave. Como bien ha dicho también el portavoz y proponente de esta iniciativa, ahí está la
ley, ahí están marcados los porcentajes, las cifras que se necesitan, pero el cumplimiento parece que se está dando de una manera no satisfactoria. Yo creo que se está trabajando en ello. En este momento las cifras que nos daba la memoria de FAPAE
pueden ser preocupantes, no por cierto por parte de Televisión Española, que parece que está cumpliendo bien y sobradamente, pero está claro que sin el apoyo de las televisiones es muy difícil para esta industria sacar sus productos adelante, y
hemos hablado muchas veces de cuáles son los problemas para la presencia del cine español en la televisión, también del cine europeo, pero nosotros nos estamos preocupando por el cine español.
Hablan del colapso en las salas. El colapso realmente
se produce, se han multiplicado las salas, están los megacines, las multisalas, etcétera, no hay un problema de salas, sino de que unas cuantas películas las copan; la cuota de pantalla se cumple pero de una manera que al final no satisface los
fines para lo que ha sido creada, y se está intentando firmar un acuerdo, que en principio parece que lo hay, entre productores, distribuidores y exhibidores para -me parece que son los términos que emplea- modular esta cuestión. Este acuerdo
parece que puede ser satisfactorio y veremos lo que sucede. Esto se une, por eso hablábamos de una industria singular y en un marco de un enorme dinamismo, a que las películas americanas, por ejemplo -por llamar a cada cosa por su nombre-, aparecen
con unos grandes lanzamientos que no siempre responden a la calidad, no digo ya calidad estética, sino calidad de la película de cualquier tipo. Sin embargo copan las pantallas por cuestiones muy complejas, entre otras, porque así su presencia en
televisión luego va a ser más cara y más abundante.
Limitar la publicidad es impensable. Modular el sistema de aplicación de las cuotas posiblemente es lo deseable y se avanzará. Me gustaría decir aquí -si me permiten, a pesar de la hora, un
pequeño inciso- que este verano las películas americanas en Hollywood han tenido un descenso importante en su permanencia en pantalla. Me estoy refiriendo a las películas americanas en Estados Unidos. A pesar de los enormes lanzamientos se han
encontrado con que han tenido un descenso de entre el 20 y el 30 por ciento de su permanencia en pantalla y, estudiado el porqué, su lanzamiento de marketing ha fracasado por los mensajes entre los móviles; es decir, el chico que va a ver una
película malísima se lo comunica inmediatamente por una sola palabra a 25 amigos. Esa película no ha aguantado una semana, cuando estaba previsto que aguantara 20 días. Es decir, que la fragilidad y la movilidad de estos sectores es muy
importante.
Por último, añadiría a esto la proyección exterior de nuestro cine, que es importante, se está trabajando bien con el ICEX, pero quizá habría que trabajar más.
Presentamos una enmienda al punto 4. Ya la habíamos presentado en su
momento, cuando esto no era una
proposición no de ley sino una enmienda presentada a una moción y sencillamente pedíamos que en lugar de decir crear un organismo estatal, se dijera estudiar la creación, porque este organismo es muy importante y no se va a crear de la noche
a la mañana, hay que debatirlo y estudiarlo mucho, nos parece que puede ser muy conveniente, pero sencillamente pedíamos esto.
En cuanto a la enmienda que nos presenta ahora el grupo proponente, que parece que actualiza efectivamente el punto en el
que hablaban del GATT o de la OMC circunscribiéndolo sobre todo al marco europeo, no sólo pero también, y a la nueva Constitución europea, nuestro grupo ha apoyado siempre en el marco europeo la necesidad de mantener la diversidad cultural y de
hacerlo concretamente con la industria del cine.
Naturalmente, los negociadores de última hora verán cuál es la fórmula más adecuada para ello y no vamos a constreñir su postura, que es la que España ha defendido siempre y esperemos que esté en
condiciones de hacerlo en la nueva Conferencia Intergubernamental.
Con las precisiones que he hecho, quitándole todas las ironías que parece lógico quitar cuando el grupo en el que estoy apoya al Gobierno, quitándole al señor Guardans una serie de
coletillas -entre comillas-, tengo que decir que suscribo las observaciones que ha hecho.
El señor VICEPRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Brevísimamente, señor presidente.
En primer lugar, quiero mostrar nuestro apoyo a la iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán y hacer algunas observaciones.
Realmente la preocupación por la cinematografía del
Estado español parece recurrente, parecía muy bien intencionada cuando debatimos la última ley pero no ha cambiado las posiciones de fondo del Gobierno, porque sigue muy amarrado a dos criterios que me parece que son uno de los problemas que tiene
la cinematografía en el Estado español, si bien es cierto que como todo sector creativo y todo sector industrial necesita, evidentemente, del compromiso y la autorresponsabilización.
Hay dos cuestiones que tienen mucho que ver con la tarea del
Gobierno. Una de ellas es que se asume continuamente que la situación es normal, incluso con una tendencia al triunfalismo o a la acomodación, y esto es visible en las respuestas del Gobierno a las preguntas parlamentarias. En relación con la
dotación del fondo de protección de la cinematografía, continuamente está diciendo que se han consolidado las dotaciones regulares del fondo de la cinematografía y que existe un marco de estabilidad financiera capaz de consolidar el tejido
industrial del sector cinematográfico. Eso lo decía el Gobierno aún a la altura de marzo de este año. O incluso la tendencia a concebir el problema de la industria del cine dentro de una visión totalmente neoliberal. Es decir, presentar como una
gran ventaja el hecho de que la actual situación de tratamiento fiscal lleva a la cinematografía española a ser uno de los sectores más incentivados tanto en su presencia nacional como internacional. Ese tipo de mentalidad triunfalista y
acomodaticia es la que impide detectar los problemas, prever los peligros y que siempre sea el sector el que tenga que andar con programas, proclamas o documentos como el que da pie ahora a esta proposición no de ley, que efectivamente nos llegó a
todos los grupos parlamentarios. En todo caso, señorías, no creo que se pueda hacer un trabajo político importante a favor de la cinematografía del Estado español sin ejercer en cierta manera la intervención y el control. Es más, la exigua o
raquítica ley que hemos aprobado, porque pensamos que tenía algunos elementos positivos, va a ser positiva en la media en que el Gobierno intervenga, controle y obligue a cumplirla. Si la actitud es lasa, realmente va a ser muy difícil que haya
instrumentos eficientes. Porque no les quepa la menor duda que otros cines sí están ultraprotegidos, no hay cine más protegido, por ejemplo, que el norteamericano, y creo que con esas circunstancias no podemos caer en la trampa de que la libre
competencia lo puede arreglar todo, o que simplemente un apoyo fiscal avergonzado o incluso muy parcial pueda solucionar un problema que tiene raíces más profundas. La cuestión es la siguiente: o se defiende la diversidad cultural y lingüística a
través de ese tipo de industria o es muy difícil hacerlo con mecanismos del mercado. Esta es la gran cuestión. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa, pero seguimos repitiendo siempre la misma cantinela y en todo caso girando alrededor de la misma
rueda de molino. Si ese organismo estatal se limita a regular, a controlar e impulsar, pero no lo hace con una intervención decidida y con apoyo público y de obligado cumplimiento, pensamos que va a ser un brindis al sol.
El señor VICEPRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Leguina Herrán.
El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señor presidente, ¡qué memoria tiene usted! Como decía un escritor catalán, ¡qué duro es luchar por lo que es evidente! Este decálogo que nos trae el señor Guardans que, como él muy bien ha
explicado, es el resumen de un documento de la industria de 10 de febrero de 2003, es decir, de hace siete meses, nos lleva, por lo menos a mi grupo, a luchar por lo que es evidente. Ya lo dijimos aquí, y qué duro es tener que decir: qué razón
tenía yo, porque durante la discusión de la ley -que nosotros apoyamos- ya advertimos que la ley, con todas las buenas intenciones que tuviera -y las tenía- no iba a solucionar el problema. ¿Por qué? Porque creo que el Partido Popular y su
Gobierno
se mueven entre el quiero y no puedo; el quiero del ministerio y de las gentes que lo dirigen, de la señora Rodríguez-Salmones, y el no puedo del Ministerio de Hacienda, es decir, de la ideología dominante no sólo en el Partido Popular, por
cierto, que es la ideología neoliberal que ha señalado el señor Rodríguez, es decir, una ideología de Bartolo, que recordarán ustedes que tocaba la flauta con un agujero solo, que en este caso es el mercado. Está clarísimo además que no funciona el
mercado entre otras razones porque eso de la libre competencia aquí, en este punto, no es verdad. No compiten libremente las mercancías, es decir, los productos cinematográficos españoles en el propio mercado español, para no hablar del de Estados
Unidos, que es un mercado bien goloso para nosotros; no se compite lealmente ni libremente. Entro a una petite phrase que ha dicho la señora Rodríguez-Salmones, que prefiere otras cosas antes que la intervención y el control. Yo también, pero el
Estado tiene unas obligaciones, entre ellas, que las leyes se cumplan. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho desde que se aprobó la ley respecto a las prácticas non sanctas de las majors norteamericanas en España? Nada. ¿Qué se ha hecho respecto al
cumplimiento de la ley por parte de los operadores televisivos? Nada ¿Cuántas multas se han puesto? Ninguna. Por tanto, es evidente que una de las obligaciones del Estado es hacer cumplir las leyes y esta -repito- era una ley bien intencionada y,
en partes sustanciales, los que tienen que cumplirla siguen llamándose andana. En fin, por supuesto que vamos a apoyarlo.
La señora Rodríguez-Salmones ha dicho: plantearse siquiera el problema de la publicidad masiva de las grandes producciones
norteamericanas es impensable. Hombre, por lo menos nos dejará usted pensar. (Risas.) Otra cosa es que sea irrealizable, pero impensable... Vamos a seguir pensando en eso porque es uno de los problemas, como ha señalado usted y muy bien, por
cierto, porque conoce este asunto. No puede ser el bombardeo publicitario que sólo tiene como finalidad apagar producciones de otro tipo, sean francesas, alemanas -si es que existen, porque esa política neoliberal ha llevado a la destrucción de la
cinematografía alemana, que en tiempos fue la más importante del mundo-, etcétera. Nos lo tenemos que plantear muy seriamente.
Vamos a votar a favor, pero yo les rogaría que no se quedara en pura retórica. Pense que ustedes, los miembros del
Partido Popular, se iban a oponer, pero veo que sigue con sus buenas intenciones. No diré esa frase sacramental, bastante estúpida, de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Yo pienso que estará empedrado de malas
intenciones, si es que existe. Ojalá que no, por lo menos para los aquí presentes.
El señor VICEPRESIDENTE: A los efectos de fijar posición en torno a la enmienda de modificación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el portavoz de Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor
Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Mi grupo cree que el Grupo Popular y el Gobierno han tenido mucho tiempo para estudiar la Comisión de lo Audiovisual, el Consejo Audiovisual o como quiera que se le llame. Dicho eso, dejando constancia de que
creemos que estudios hay, y sobrados, en aras del consenso aceptamos convertir el punto en el que pedíamos la creación de esa comisión por el estudio de la creación de esa comisión, aunque, repito, creemos que tiempo ha habido para haber hecho esos
estudios, que además yo creo que ya existen.
-RELATIVA AL INCREMENTO DE LA PRESENCIA DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE LA ANIMACIÓN EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001273.)
El señor VICEPRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al incremento de la presencia del sector de la industria española de la animación en el mercado nacional e
internacional.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Ha sido retirada.
El señor VICEPRESIDENTE: Pues dada la hora viene bien (Risas.), aunque de haberlo sabido antes hubiera estado mucho más tranquilo, porque veía que esto se alargaba en exceso. Si ha decaído, una vez concluido el orden del día vamos a pasar
a las votaciones, pero antes daremos un receso de dos minutos. (Pausa.) Señorías, iniciamos la votación de las proposiciones no de ley. Les recuerdo, de nuevo, que sería necesario que no se fumase en el transcurso de la sesión de esta Comisión.
No obstante, observo que se está cumpliendo escrupulosamente con lo dicho y, por tanto, agradezco a SS.SS.
que hayan tenido en cuenta la indicación de no fumar en la sala.
Pasamos a la primera votación: proposición no de ley, del Grupo
Parlamentario Popular, relativa a la implantación de la especialidad de dolçaina en la enseñanza de música, en los términos del debate.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de convenios científicos y académicos entre la Universidad Nacional de Educación
a Distancia -UNED- y entidades públicas y privadas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, tres; abstenciones, 13.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre adopción por parte del Comité Olímpico Internacional del español como lengua oficial. Hay una enmienda transaccional que dice: El
Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo a la incorporación del español como lengua oficial del Comité Olímpico Internacional y a la defensa llevada a cabo por el Comité Ejecutivo Olímpico Español y los miembros españoles del Comité Olímpico
Internacional, e insta al Gobierno a su defensa en los mismos términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, para que se ponga en marcha una campaña informativa sobre la concesión de créditos blandos universitarios.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a integrar los fondos documentales de interés público de la fundación nacional Francisco Franco en los
archivos estatales.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a subvenciones del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a la fundación Francisco Franco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por la que se insta al Gobierno a retirar las subvenciones y ayudas públicas a la fundación nacional Francisco Franco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 21.
El señor VICEPRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a equipamiento escénico para el teatro Jofre de Ferrol, con la incorporación de una enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
El señor VICEPRESIDENTE: Finalmente, proposición no de ley, del Grupo Catalán (Convergència i Unió), de medidas de estímulo a favor de la industria cinematográfica y audiovisual española, con la incorporación de una enmienda del Grupo
Parlamentario Popular, aceptada por el grupo proponente, y la propia enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dijo
El señor VICEPRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.