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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 816, de 22/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 816
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 102
celebrada el lunes, 22 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor director general de la Policía (Díaz de Mera y García Consuegra) para informar sobre los propósitos que tiene el Gobierno sobre la elaboración de una 'ley de policía' y acerca de los criterios y fines que inspira el
proyectado texto legal. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001174.) ...
(Página 25680)
Preguntas:
- Del señor Campuzano i Canadés (Grupo Parlamentario Catalán Convergència i Unió), sobre intervención de la Policía Nacional en los antiguos cuarteles de Sant Andreu (Barcelona), donde fueron detenidas 44 personas de origen extranjero el día
12 de diciembre de 2002. (Número de expediente 181/003187.) ... (Página 25689)
- Del mismo señor diputado, sobre situación legal de las 44 personas que fueron detenidas por la Policía Nacional en los antiguos cuarteles de Sant Andreu (Barcelona). (Número de expediente 181/003188.) ... (Página
25689)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para garantizar que la comisaría de Policía de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) reúna las condiciones exigibles para cumplir con las obligaciones que en materia de seguridad ciudadana tiene atribuido
el Estado en la comarca del Garraf. (Número de expediente 181/003482.) ... (Página 25690)
- Del mismo señor diputado, sobre medidas previstas para alcanzar la ocupación legalmente prevista en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en la comisaría de Vilanova i la Geltrú (Barcelona). (Número de expediente 181/003483.) ...
(Página 25690)
- Del señor Contreras Pérez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre aplicación en Roquetas de Mar (Almería) de la Ley 2/1986 que determina cuáles son las funciones que competen exclusivamente a la Policía Nacional (procedente de la pregunta
al Gobierno con respuesta escrita número de expediente 184/049413). (Número de expediente 181/003393.) ...
(Página 25690)
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre las funciones desarrolladas por los funcionarios que integran las unidades de prevención, asistencia y protección contra los malos tratos a las mujeres. (Número de
expediente 181/003529.) ... (Página 25693)
- De la señora Serna Masiá (Grupo Parlamentario Socialista), sobre opinión del Gobierno acerca de la actuación policial en la detención de seis miembros del denominado 'colectivo tortuga' el día 1 de febrero de 2003 en Alicante por causar
daños al patrimonio público. (Número de expediente 181/003700.) ... (Página 25697)
- Del señor Pedret i Grenzner (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la opinión del Gobierno acerca del estado de las instalaciones y de los elementos de seguridad de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de La Seu d'Urgell (Lleida).
(Número de expediente 181/003702.) ... (Página 25700)
- Del mismo señor diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la idoneidad numérica de la plantilla realmente presente en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del aeropuerto del Prat de Llobregat (Barcelona), para la realización de
la totalidad de las funciones necesarias en dicha comisaría. (Número de expediente 181/003703.) ...
(Página 25702)
- Del mismo señor diputado, sobre opinión del Gobierno acerca de la adecuación de las instalaciones de los filtros de control correspondientes a la condición de frontera exterior en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía del aeropuerto
del Prat de Llobregat (Barcelona). (Número de expediente 181/003704.) ... (Página 25702)
- Del mismo señor diputado, sobre situación actual y previsiones acerca de la plantilla de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de Mataró (Barcelona). (Número de expediente 181/003716.) ... (Página
25705)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (DÍAZ DE MERA Y GARCÍA CONSUEGRA) PARA INFORMAR SOBRE LOS PROPÓSITOS QUE TIENE EL GOBIERNO SOBRE LA ELABORACIÓN DE UNA 'LEY DE POLICÍA' Y ACERCA DE LOS CRITERIOS Y FINES QUE INSPIRA EL
PROYECTADO TEXTO LEGAL. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001174.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes a todos los que están aquí presentes.
Damos la bienvenida al director general de la Policía por su presencia hoy en esta Comisión parlamentaria, en la cual se sustanciará una comparecencia dirigida al
ministro del Interior, al igual que la contestación a muy diversas preguntas orales que figuran en el orden del día. En todo caso, el primer punto que figura en el mismo es precisamente la comparecencia de la autoridad que hoy nos acompaña para
informar a esta Comisión de los propósitos que tiene el Gobierno sobre la elaboración de la ley de policía y acerca de los criterios y fines que inspiran la citada ley.
Para exponer esta comparecencia tiene el uso de la palabra el director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Señoras y señores diputados, hago uso de la palabra para informarles, a iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista, sobre los propósitos que tiene el Gobierno para la elaboración de una ley de policía y acerca de los criterios y fines que inspira el proyectado texto legal.
Las previsiones legislativas en relación con la policía están orientadas a ordenar y completar el régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en el marco de los principios básicos de actuación y los criterios
comunes establecidos para todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo. También ha de quedar sentado de antemano que no se pretende abordar otros aspectos más amplios que pudieran afectar directa o
indirectamente a otras fuerzas o cuerpos de seguridad, como pudiera ser el llamado modelo policial, el cual fue objeto de estudio por parte de una subcomisión del Congreso durante la pasada legislatura, ni tampoco materias como las competencias o
funciones actualmente atribuidas a los distintos colectivos policiales en España. En este contexto, señor presidente, se expondrá someramente cuál es la situación normativa que rige las relaciones funcionariales de los miembros del Cuerpo Nacional
de Policía, para pasar a continuación a informar de las previsiones y proyectos sobre los que se está trabajando en la actualidad en orden a la consecución más general del objetivo demandado y del objetivo apuntado.
Antecedentes y evolución de la regulación del estatuto y del régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía. Cumpliendo con el mandato del artículo 104.2 de la Carta Magna fue promulgada la Ley orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, cuyo objetivo fundamental, según su propia exposición de motivos, se centra en el diseño de las líneas maestras del régimen jurídico de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en su conjunto, tanto de las dependientes del Gobierno
de la nación, como de las policías autónomas y policías locales. A tal efecto, y partiendo de la existencia de varios colectivos policiales que pueden actuar en un mismo territorio con funciones parcialmente similares, establece unos principios
básicos de actuación idénticos y unos criterios estatutarios comunes para todos ellos, así como los mecanismos básicos de cooperación recíproca y coordinación a que han de atenerse en el ejercicio de las competencias que tienen encomendadas. Por
otra parte, la ley orgánica determina que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado estarán integrados por el Cuerpo Nacional de Policía y por el Cuerpo de la Guardia Civil, a los que define como institutos armados, el primero de naturaleza
civil y el segundo, como es del dominio común, de naturaleza militar. El Cuerpo Nacional de Policía es creado por la propia ley mediante la integración en el mismo de los funcionarios pertenecientes al anterior Cuerpo Superior de Policía y de
Policía Nacional que, como se sabe, se declaran extinguidos.
En relación con el régimen funcionarial estatutario de los funcionarios de este nuevo cuerpo, la Ley orgánica 2/1986 regula de forma expresa únicamente los siguientes aspectos, algunos de ellos, bien es cierto que de una forma muy somera:
la naturaleza civil de relación funcionarial, la dependencia del Ministerio del Interior, la edad de jubilación, su estructura, sus escalas, sus categorías, los sistemas de acceso y promoción interna, los derechos de representación colectiva y el
Consejo de Policía, así como el régimen disciplinario. Para el resto de los aspectos que han de integrar el régimen estatutario de los funcionarios de este colectivo policial se establece que se recogerá en las normas de desarrollo de la misma y,
en defecto de estas, se aplicará como derecho supletorio la legislación vigente referida a los funcionarios de la Administración civil del Estado. También se contempla que, por ley, se regulen las edades y causas de pase a la situación de segunda
actividad, así como las remuneraciones a percibir y las obligaciones correspondientes a la ya citada situación. De acuerdo con estas previsiones, desde la promulgación de la Ley orgánica 2/1986, se ha procedido al desarrollo legal o reglamentario
de algunos aspectos de régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, como son la situación de la llamada segunda actividad, por la Ley 26/1994, de 29 de septiembre, el ingreso y la promoción interna, la provisión de puestos
de trabajo, el régimen disciplinario, la determinación de categorías y asignación de responsabilidades en función de cada escala, la regulación de la uniformidad mediante distintos reales decretos y también mediante diversas órdenes ministeriales.
Sin embargo, quedan aún numerosos aspectos importantes de la relación estatutaria funcionarial de los integrantes del Cuerpo Nacional de Policía a los que ante la falta de regulación específica se les aplica la normativa general, como ya he dicho,
establecida para los funcionarios de los cuerpos generales de la Administración, lo que viene generando determinadas disfunciones, teniendo en cuenta que el Cuerpo Nacional de Policía es un cuerpo jerarquizado y uniformado, que tiene encomendadas
funciones muy específicas y esenciales para la protección del libre ejercicio de los derechos fundamentales y para la protección y el amparo de la seguridad ciudadana. Me estoy refiriendo, como es del dominio común, a preceptos constitucionales.
Veamos ahora qué pasa con los proyectos normativos del Cuerpo Nacional de Policía. A la vista de la carencia de regulación específica que existe en determinados aspectos del régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de
Policía, de la dispersión normativa existente sobre el mismo y de la necesidad de corregir aspectos de las normas actualmente en vigor, la Dirección General de la Policía, en cuanto centro directivo al que está adscrito el referido colectivo
policial, se ha propuesto, con el respaldo de los órganos superiores del Ministerio del Interior, y en contacto permanente con las organizaciones sindicales que representan a los funcionarios, abordar una adecuación
de la normativa reguladora del régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. En este contexto, en la reunión del pleno del Consejo de Policía celebrado el 19 de diciembre de 2002, con el apoyo de todos los
representantes de los funcionarios, se adoptaron los siguientes acuerdos: Impulsar la tramitación de un borrador de anteproyecto de ley para la modificación del régimen disciplinario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, ya elaborado
por representantes de la Administración y de las organizaciones sindicales y sobre cuyo contenido existe un amplio consenso. Además, constituir tres grupos de trabajo que, integrados por representantes de la Dirección General de la Policía y de los
sindicatos, abordarán la elaboración de los textos normativos correspondientes en orden a regular, y en su caso modificar, la normativa vigente del régimen estatutario del Cuerpo Nacional de Policía. A tal efecto, un grupo estudiaría las cuestiones
relacionadas con la formación y la promoción, otro lo relativo a la segunda actividad y el tercero todos aquellos aspectos carentes hasta el momento de una regulación específica o insuficientemente regulados que pudieran ser objeto de inclusión en
una futura y amplia ley de régimen estatutario.
En relación con estos acuerdos se han llevado a cabo las siguientes actuaciones: Con respecto a la modificación del régimen disciplinario, el borrador elaborado ha sido remitido por la Dirección General de la Policía a la Secretaría General
Técnica del Ministerio del Interior, a fin de que, como órgano competente, de acuerdo con el artículo 22 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se inicie su tramitación como anteproyecto de ley evacuando y solicitando los distintos informes
preceptivos previos a la elevación al Consejo de Ministros. Esta iniciativa de reforma del régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de Policía se propone, señor presidente, abordar aquellos aspectos que la experiencia acumulada desde la
publicación de la Ley orgánica 2/1986 ha revelado como susceptibles inequívocamente de mejoras, tanto desde el punto de vista de la observancia de las garantías reconocidas en nuestro ordenamiento jurídico, como de los principios acordes con la
misión fundamental que la Constitución atribuye a los integrantes del referido colectivo policial. Así, en este proyecto se da un nuevo tratamiento al abanico sancionador de las faltas muy graves contemplado en la Ley orgánica 2/1986,
estableciéndose una sanción mínima de un año y una máxima de tres o de separación del servicio, con objeto de conseguir una aplicación más estricta del principio de proporcionalidad, así como una tipificación más acorde con la establecida en otros
regímenes disciplinarios de colectivos que tienen una naturaleza similar a la nuestra. También se modifica el tratamiento de la tipificación de las conductas constitutivas de delito doloso, así como de las incompatibilidades. Para las primeras, se
articulan dos posibles vías para su sanción, según que la conducta guarde relación con el servicio, trascienda desfavorablemente para la imagen de la corporación y cause daño a la Administración o a los administrados, caso en que se considerará como
falta muy grave, y en los restantes supuestos, tendrán la consideración de graves. En cuanto a las incompatibilidades, se asimila su tratamiento al dado a los demás funcionarios de la Administración del Estado, aunque con ciertos matices en lo que
se refiere a los miembros de la segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía. Por otra parte, se incorporan como faltas muy graves aquellos comportamientos previstos en la Ley orgánica 4/1997, sobre utilización de vídeo-cámaras para los
miembros de las fuerzas y cuerpos, con el fin de unificar todas las faltas en este mismo contexto.
Otras modificaciones que también se incluyen en este anteproyecto son las referidas a los plazos de prescripción, al derecho a la asistencia letrada a los funcionarios durante todo el procedimiento, que garantice sus derechos; al régimen de
cancelación, que se hará de oficio; al informe preceptivo del Consejo de Policía de aquellos procedimientos instruidos a representantes sindicales y la regulación de la suspensión provisional de funciones y a la comunicación del resultado de los
procesos penales instruidos a funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía por parte de los juzgados y tribunales.
Con referencia a la constitución de los grupos de trabajo, tengo que decir que la actividad desarrollada para llevar a cabo tareas encomendadas a cada grupo de trabajo por el Consejo de Policía, ha sido la siguiente: un grupo que llamamos
A, que es el que tiene que ver con la formación y con la promoción. Partiendo de un documento presentado por la dirección general sobre estos aspectos estatutarios, se han estado manteniendo durante el año en curso varias reuniones entre los
representantes de la Administración y las organizaciones sindicales del Cuerpo Nacional de Policía, con el fin de tratar de elaborar un borrador de norma modificadora de la regulación actualmente vigente, que recoja las aspiraciones e intereses de
las partes concernidas desde una perspectiva que, en todo caso, conjugue los intereses profesionales con la mejora del servicio público que tiene encomendado el instituto policial y que posibilite e incentive la utilización de las nuevas tecnologías
en los procesos formativos para una mejor adecuación a los puestos de trabajo.
En los trabajos abordados por este grupo se han tratado aspectos tales como los siguientes: la racionalización de los procesos y periodos formativos para conseguir una
formación profesionalizada y eminentemente práctica; el régimen de los alumnos policías durante su permanencia en los centros docentes de promoción, formación y especialización; la composición de los tribunales que han de valorar las diferentes
pruebas en el camino formativo; las formas de ingreso; los requisitos; las fases de la formación; los contenidos de las prácticas; las modalidades de promoción de los funcionarios a las distintas categorías
y escalas del cuerpo, resaltándose de forma muy especial el historial profesional de los policías: requisitos, procedimientos, escalafón, etcétera. El trabajo de este grupo está bastante avanzado y en breve sus resultados serán sometidos a
la consideración del Consejo de Policía.
Por lo que se refiere a la otra mesa de trabajo, al grupo de segunda actividad, como saben, esta materia está regulada por la Ley 26/1994 y por el Real Decreto 1556/1995 que la desarrolla. En este sentido, los representantes designados por
ambas partes, tanto Administración como sindicatos policiales, se han reunido en distintas ocasiones para buscar fórmulas que permitan la mejora en la gestión de los recursos humanos en la aplicación de esta situación especial de los funcionarios
policiales.
En el momento actual se está procediendo a un estudio detallado de los planteamientos formulados, así como de las posibles costas, de lo que puedan importar, en avance presupuestario, esas eventuales modificaciones. Entre los aspectos
más relevantes planteados en este grupo se encuentran los referidos a las diferencias retributivas existentes, la modificación de las edades y las funciones susceptibles de realizar en situación de segunda actividad con destino.
En cuanto al objetivo del grupo tercero, que es el grupo de la ley de la policía, lo constituye la elaboración de un borrador de norma a tramitar como ley, en el que se recojan todos aquellos aspectos del régimen estatutario de los
funcionarios del cuerpo que hasta el momento o bien carecen de una regulación específica, o la regulación tiene un rango normativo insuficiente, así como aquellas cuestiones que estando reguladas ya, deben ser modificadas de forma que se alcance un
corpus iuris que unifique y constituya un marco normativo compilador de las distintas disposiciones de régimen estatutario. La Administración está elaborando un primer borrador de trabajo que puede constituir una base de trabajo y, una vez
concluido, estará en disposición de ser sometido a la consideración y al debate de las organizaciones sindicales bien en la Comisión al respecto, bien en el Consejo de la Policía. Este documento que, como digo, está bastante avanzado, pretende
abordar entre otros los siguientes aspectos: Definir plenamente la estructura del Cuerpo Nacional de Policía, estableciendo la delimitación de las funciones que corresponden a cada escala y categoría, en orden al cumplimiento de las funciones que
la Ley 2/1986 atribuye al cuerpo, pues si bien hasta el momento el Real Decreto 1484/1997 establece las responsabilidades de los integrantes de cada escala, las funciones a realizar por los mismos no están reguladas en norma alguna, lo que en
ocasiones puede dar lugar a ciertas disfunciones; establecer el marco adecuado para la promoción profesional de los policías tanto en lo que se refiere a los ascensos, como al acceso a los distintos puestos; la movilidad entre los distintos
puestos de trabajo, ya que las específicas características que reviste la seguridad pública, cuyo mantenimiento constituye una de las competencias esenciales de los funcionarios de policía, hace que sea preciso disponer de unos mecanismos de gestión
ágiles y adecuados para la provisión de los puestos de trabajo a desempeñar por los funcionarios, que puedan dar respuesta a las demandas que la seguridad plantea, sin perjuicio del imprescindible respeto a los derechos; tipos de puestos de trabajo
que pueden desempeñar y ámbito de los mismos; requisitos generales para la adquisición de la condición de funcionario: una regulación propia de las situaciones administrativas en las que específicamente pueden encontrarse inmersos estos
funcionarios, como, por ejemplo, en misiones de paz, al amparo de la bandera de Naciones Unidas, en el desempeño de puestos en organizaciones internacionales, como Europol, Interpol, Cepol, etcétera; restablecimiento de un catálogo de derechos y
deberes acordes con la naturaleza y exigencias de la función policial, y en particular un régimen de permisos y licencias, de forma que, sin menoscabo de las que puedan corresponderles como empleados públicos, su disfrute se acomode a las especiales
circunstancias en que ha de prestarse el servicio policial y las características de éste. También pretende entrar a considerar el asunto de las retribuciones, aunque de antemano comprendemos que es un empeño más que imposible para ser considerado o
recogido en una ley de estas características.
Señor presidente, señorías, quiero señalar que el documento que se elabore en este grupo deberá unificar aquellos elementos de los otros dos grupos, a los que me he referido antes, sobre aspectos de formación, de promoción y de segunda
actividad cuya regulación requiera un rango normativo.
Conclusiones. Como puede apreciarse de lo expuesto, reitero que las previsiones sobre la elaboración de una ley de policía están encaminadas, están avanzadas y están dirigidas a completar, ordenar y adecuar el régimen estatutario de los
funcionarios del cuerpo mediante la compilación del mismo y una norma que recoja las especificidades y los nuevos retos que han de comportar en su normativa a este colectivo. Para ello, y lo quiero enfatizar, se está llevando a cabo un intenso
proceso de diálogo con la participación de las organizaciones sindicales, con el fin de que la futura norma tenga el mayor grado de aceptación posible entre los funcionarios y para que ustedes, en las Cámaras, tengan la posibilidad de enriquecerla
con sus enmiendas y con sus mejores criterios.
Finalmente, el procedimiento elegido persigue alcanzar una regulación estable en el tiempo que no esté sometida a periódicas pretensiones y que otorgue una seguridad a las relaciones jurídico-laborales en el Cuerpo Nacional de Policía.
El señor PRESIDENTE: La comparecencia ha sido solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Por consiguiente, tiene el uso de la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: En primer lugar, señor Díaz de Mera, le damos la bienvenida a esta casa y celebramos que pueda estar aquí esta tarde con nosotros, y lo celebramos en el sentido más amplio del término, porque como es tan poco
habitual que ello ocurra, debido desgraciadamente a sus múltiples ocupaciones para nosotros es hoy un día de celebración. También le agradeceríamos, señor Díaz de Mera -y le voy a pedir que no lo tome con la acritud con la que parece que lo voy a
decir-, que nos conteste las cartas que le enviamos pidiéndole datos, no le digo la fecha, sino que nos las conteste. Quiero decirlo antes de entrar en materia porque es una cuestión que efectivamente está al margen del contenido de la petición de
comparecencia. Le he dirigido una carta solicitándole -ya que lo leí en los medios de comunicación- que nos enviara un informe que ha elaborado el Ministerio del Interior sobre la evolución de la criminalidad en las 123 ciudades con poblaciones
superiores a 50.000 habitantes. Yo consideraba -no sé si con un poquito de ingenuidad- que aquello que conocen los periodistas también deberíamos conocerlo los diputados. Por eso le pido, por favor, que se nos envíe esta comunicación. También
tengo que decir, señor Díaz de Mera, que estimo que posiblemente usted no sepa lo que ha pasado. Quiero decir que, a lo mejor, no ha llegado a su poder esta carta porque estoy seguro de que si usted la conociera la habría contestado.
Tengo que partir de que, efectivamente, lo que el señor director general nos acaba de relatar esta tarde se corresponde, en líneas sustanciales, con la información que mi grupo tenía sobre la evolución de este tipo de trabajos que se vienen
desarrollando particularmente a partir de la sesión de 19 de diciembre del año 2002 del Consejo de Policía, donde se crearon estos grupos de trabajo. A nosotros nos parece muy bien que se dialogue y que se trabaje con las organizaciones sindicales,
que funcione el Consejo de Policía, que se hayan constituido los grupos de trabajo que S.S. ha comunicado -y que nosotros conocíamos- y que se aborde la consecución de un texto normativo que sea suficientemente claro y articulado del estatuto
policial en vez del conjunto de normas que en este momento son dispersas, incompletas y asimétricas y que constituyen el régimen estatutario de la policía. A partir de lo que le he dicho y de la información que nos ha dado S.S., la cuestión que se
plantea es que posiblemente tengamos distintas visiones sobre el alcance real del proceso de diálogo y de debate que viene desarrollando el Ministerio del Interior, y particularmente su Dirección General, con los sindicatos del Cuerpo Nacional de
Policía, por lo menos con los más relevantes y de mayor implantación. Da la impresión -creo que tras escuchar su relato se puede sacar perfectamente esta conclusión sin faltar a la verdad ni tampoco a la credibilidad que merece S.S.- de que estamos
ante un trabajo a largo plazo y creo que habría que reconocerlo así. Se trata de un trabajo a largo plazo porque la tarea que se quiere abordar es intensa y si no se plantea a largo plazo posiblemente sea un trabajo que no tenga mucha validez. Sin
embargo, tengo la impresión de que existe un cierto descontento en ámbitos sindicales del Cuerpo Nacional de Policía sobre esta cuestión, sobre la tarea normativa. En este momento la conciencia que existe en los sindicatos policiales, o por lo
menos -repito- en alguno de ellos, es que el proyecto de régimen disciplinario comprometido no podrá estar finalizado hasta fechas bastantes lejanas, desde luego en esta legislatura parece que no. La expectativa es que la finalización de estos
trabajos y su posible aprobación se situará a mediados de la próxima legislatura. Parece que esto no es lo que en principio estaba acordado. Ya me lo dirá S.S.; yo tengo opiniones de otra clase. Parece ser que lo que se había acordado es que
esto funcionara de una manera más rápida y que no se estancara tanto tiempo en informes, en procedimientos y en trámites internos del propio ministerio, como son el informe de la Abogacía del Estado -cuya elaboración ha llevado unos meses-, el
informe que ahora, según S.S., realiza la Secretaría General Técnica, y otros trámites ulteriores como, por ejemplo, el paso por el Consejo de Estado, etcétera. Por tanto, nos encontramos con un horizonte que, al parecer, no tiene nada que ver con
lo que esperaban los sindicatos policiales.
Otro tipo de cuestiones en las que ha señalado S.S. que se está trabajando en el ámbito del Consejo de Policía serían las jornadas de trabajo. Es un poco extraño que en este grupo que está trabajando sobre la denominada ley de policía y
que va a desarrollar un intenso trabajo de carácter normativo y compilador se mezclen decisiones relacionadas con los problemas de las jornadas de trabajo. Aquí es donde se plantea otro de los problemas que no están resueltos y que se han ido
enquistando, pese a la buena voluntad que, al parecer, tiene S.S. en lo que se refiere a estas negociaciones. Me refiero a la insatisfacción que en este momento empiezan a sentir los sindicatos policiales y que S.S. conoce muchísimo mejor que yo,
porque yo lo conozco de referencia y posiblemente S.S. lo conozca más directamente. Pues bien, se está generando una situación en relación con las jornadas de trabajo que es poco halagüeña. Los juicios rápidos, que se han implantado en una
situación de carencia de efectivos policiales, parece que están implicando un incremento importante de las jornadas de los policías (jornadas extraordinarias), que están sobrepasados de trabajo, y que algunos policías trabajen a cinco turnos, es
decir, una situación de exceso de trabajo. Quizás esto se deba a que la implantación de los juicios rápidos requería contar con un número de efectivos policiales muy superior al que hay en estos momentos. Yo creo que S.S., aunque me va a decir
luego que no, está plenísimamente de acuerdo
con que eso constituye una verdad meridiana. Al parecer, hasta este momento la Mesa no ha hecho absolutamente nada sobre la ley de policía, porque por lo que he entendido el ministerio, es decir, la Dirección General con sus respectivos
servicios, está redactando en este momento un primer borrador que todavía no lo conoce la Mesa, que tendría que estar trabajando ya sobre la ley de policía. No olvidemos que esa Mesa se acordó en diciembre de 2002, hace ya casi un año, y estamos ya
finalizando el mes de septiembre de 2003.
En consecuencia, se aprecia un estancamiento en el desarrollo de esas actividades y, aunque S.S. reconoce que hay un intenso diálogo con organizaciones sindicales, mi impresión es que ese diálogo está en este momento en una situación de
enorme dificultad, entre otras cosas porque no se está dialogando sobre lo que se debía; es decir, el diálogo no ha terminado con la aprobación en un horizonte previsible de la reforma de régimen disciplinario y no ha implicado en ningún momento
abordar el tratamiento y el estudio de los elementos que configurarían lo que se podría llamar una ley de policía. Pues bien, en este momento es evidente que se está produciendo un malestar creciente y yo creo que sería necesario que el Ministerio
del Interior actuase de una manera más activa para evitar que esto se desencadene y finalice en otro tipo de conflictos, como los que existieron en la etapa del anterior ministro del Interior y actual candidato a presidente del Gobierno del Partido
Popular, fueron realmente graves. Hubo una situación muy complicada durante el mandato del señor Rajoy, persona que, por otra parte, tiene otras cualidades bastante importantes, como él mismo se encargó de decir ayer en Galicia.
Creo que sería conveniente que la carta que particularmente el sindicato mayoritario de policía ha dirigido al presidente del Gobierno fuera tomada muy en serio por parte del Ministerio del Interior. Es una carta en la que se dice al
presidente del Gobierno en primer lugar, que en los últimos años se ha deteriorado la seguridad ciudadana. Los sindicatos policiales sabrán por qué, desde luego la opinión pública también cree que ha ocurrido así. También se indica en esta carta
que el Cuerpo Nacional de Policía tiene en este momento algo así como un déficit de 10.000 efectivos. Creo que hay una serie de datos en el Ministerio del Interior que jamás llegaremos a saber exactamente su alcance, pero si comparamos los 45.540
miembros activos y los 2.344 miembros en segunda actividad con destino que en este momento tiene el Ministerio del Interior y los 58.000 efectivos y 6.800 en segunda actividad previstos en el catálogo que se aprobó recientemente, fácilmente se
deduce, si sumamos los de segunda actividad, que estamos ante un déficit mayor de 10.000 efectivos, estaríamos ante un déficit de aproximadamente 16.000 efectivos. La situación de segunda actividad es una cuestión ya planteada. Como ha relatado
usted anteriormente, señor director general, es uno de los problemas que es preciso solventar. Teniendo en cuenta la evolución de los ingresos en el Cuerpo Nacional de Policía y las necesidades acuciantes de disponer de más agentes, nosotros
creemos que debería resolverse esta cuestión. Yo sé que las posiciones del Ministerio del Interior y los sindicatos policiales son diferentes y que hay problemas importantes en este terreno, pero considero que hay otras soluciones antes que acudir
a figuras como las del becario policía, que nos gustaría que nos dijera en qué consiste, pues sabemos que esta figura no se ha incluido en la ley de policía. Después le explicaré, en vista de sensación de sorpresa que parece tener su señoría, lo
que, según algunos, es el becario policía, figura que ha aparecido de manera fáctica en la organización de este cuerpo.
La segunda actividad es un problema que, después de tantos meses de negociaciones, no está resuelto, ni mucho menos. Por otra parte, este sindicato mayoritario habla de otros problemas no resueltos, para cuya resolución insta al presidente
del Gobierno. Me sorprende que se hayan saltado la instancia del Ministerio del Interior y la de la Dirección General de Policía y se hayan dirigido al presidente del Gobierno cuando da la impresión de que se mantiene un intenso diálogo negociador
con las organizaciones sindicales. Debe haber algún problema porque la carta se dirige al presidente del Gobierno, considerando que las instancias anteriores no dan más de sí. Aquí se plantean cuestiones importantes.
Antes le mencioné los
policías que trabajan a cinco turnos, sin que su régimen retributivo sea adecuado al esfuerzo que realizan. Se pide que se adopten medidas para que exista una adecuada carrera profesional. Yo suponía que esto no haría falta decírselo al presidente
del Gobierno, teniendo en cuenta que hay una comisión de trabajo donde se van a abordar todas estas cuestiones. También se pide que se establezca un calendario de equiparación salarial con otros cuerpos policiales con menos preparación, riesgo,
dedicación, esfuerzo, peligrosidad y competencias.
Compensar adecuadamente el esfuerzo que está suponiendo la implantación de los juicios rápidos a los miembros del cuerpo, nuevamente agraviados respecto a miembros de otros cuerpos policiales, para
evitar que se produzca un descenso del número de detenidos. Subrayo esta cuestión, porque aquí se anuncia un problema bastante evidente que limitaría la eficacia de los juicios rápidos. Finalmente, también se propone acabar con la injusta
discriminación de la productividad de dirección por objetivos, amén de pedir que desaparezcan todos los resquicios, elementos y factores que incorporó el Programa 2000, desde el punto de vista de una organización policial que se ha considerado
descoordinada, que ha implicado el mal uso de los efectivos y que ha fragmentado la investigación policial y otros servicios de carácter policial.
Yo creo que esta es la realidad, señor director general, o al menos parte de la realidad. En este asunto deberíamos ser lo suficientemente sinceros como para reconocer
si de verdad se están dando los pasos adecuados o no. Yo reconozco que es necesaria una ley de policía y mi grupo apoyaría al Gobierno en la elaboración de un instrumento que fuera capaz de establecer un compendio suficiente del conjunto de
elementos que deben configurar el estatuto policial, con los contenidos que señalaba S.S. anteriormente, al que yo añadiría solamente algún matiz de precisión: debe contener una auténtica carrera profesional. El régimen disciplinario es parte del
estatuto, pero en lo que se refiere a los valores que deben inspirar estos instrumentos legales de ordenación de una profesión, yo le pediría que no se perdieran de vista los siguientes, que considero fundamentalmente constitucionales.
En primer
lugar, la neutralidad en el desempeño de la función de policía.
La policía no es del Gobierno, sino un instrumento del Estado de derecho, un servicio público que, igual que el de justicia o que el de las instituciones penitenciarias, es necesario
para el beneficio de todos los ciudadanos a la hora de ejecutar las garantías que preserven su vida y sus bienes. En segundo lugar, insistiré en otro principio constitucional que debería inspirar el desarrollo normativo que se pretende hacer: los
principios de mérito y capacidad policial como reguladores de la carrera policial. La erradicación de cualquier arbitrariedad, de cualquier fisura de arbitrariedad o instrumento o vía de arbitrariedad que, desgraciadamente, todavía existen y están
vigentes en nuestro sistema funcionarial. De esta forma podríamos tener policías cada vez más profesionalizados, neutrales, desde el punto de vista político y personas de mérito y de capacidad. Eso es lo que necesita la sociedad española.
Estoy
seguro que usted coincide conmigo en este tipo de aspiraciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Otros portavoces de los distintos grupos presentes desean hacer uso de la palabra? (Pausa.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Con suma brevedad, comienzo mi intervención dando la bienvenida al señor director general de la Policía en este inicio de curso político y naturalmente teniendo que discrepar de lo que me parece una apreciación un tanto
injusta por parte del señor Mayoral.
Sobradamente -y así les consta a todos los grupos y creo que también le consta al señor Mayoral- el señor director general de la Policía ha acreditado su permanente disposición para comparecer ante esta Cámara.
Otra cosa es que el señor director general de la Policía no pueda comparecer reglamentariamente a impulso propio y tenga que ser la selección y la decisión de los grupos la que en cada momento determine la jerarquía de la autoridad que quiere que
comparezca ante esta Comisión, pero en ningún momento se podrá decir que por parte del director general de la Policía ha habido la más mínima reticencia. Hoy mismo hemos tenido acreditación de ello y así le consta al Grupo Parlamentario Socialista.
Esta sesión que estamos celebrando esta tarde estaba prevista para celebrarse en la mañana del próximo miércoles 24. Por una serie de cuestiones que afectan a la tramitación legislativa y no a la voluntad del señor director general, se tuvo que
ocupar esa mañana del día 24 en otro tipo de actividad de esta Comisión. Inmediatamente el señor director general, una vez le comunicamos la disposición con una agenda ya cerrada para que pudiera comparecer en el día de hoy, sustituyendo la sesión
del día 24, alteró su agenda para, una vez más, hacer gala de esa predisposición permanente de estar en esta Comisión que, por otra parte, es su casa, porque el señor director general de la Policía considera -y con título bien ganado- el Parlamento
como su casa.
La previsión que hacía el señor Mayoral respecto a que el trabajo normativo del que estamos hablando sea un trabajo condenado a serlo a largo plazo no tiene que ser necesariamente así. Más que un trabajo a largo plazo es un trabajo a plazo
justo, a plazo necesario, para hacer realmente un buen trabajo en los términos de estabilidad y de idoneidad que el señor director general ha establecido en su comparecencia como objetivo de este trabajo normativo que se está llevando a cabo en sus
fases previas. No observamos desde nuestra perspectiva que haya un malestar creciente en el ámbito de las distintas fuerzas sindicales y del cuerpo funcionarial en relación con este trabajo. Por el contrario, apreciamos -y los hechos así lo
acreditan- que se está produciendo un grado de colaboración, cooperación y trabajo en común, como no puede ser de otra forma, entre los rectores políticos y profesionales del cuerpo y las fuerzas sindicales representantes del cuerpo, para poder
abordar esos objetivos legislativos a los que el señor director general ha hecho referencia: ordenar y completar el régimen estatutario de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía. Lo que es un objetivo que se podría considerar, en términos
de su pura literalidad, como un objetivo muy elemental, es, sin lugar a dudas, un objetivo básico, fundamental, para el desarrollo de lo que queremos que sea la policía del siglo XXI, es decir, una policía moderna, una policía con mejor capacidad de
prestación de servicio y una policía plenamente asentada en ese concepto de carrera profesional, en ese concepto de estabilidad en el ejercicio de su desarrollo profesional, en ese concepto de promoción interna en función de los principios de mérito
y de capacidad a los que hacían referencia tanto el señor Mayoral como el señor director general de la Policía.
Nos parece que esa necesidad de corrección y precisión de las normas en vigor es un objetivo de primer orden, es una necesidad fundamental y esencial en el camino hacia esa policía que queremos que sea la policía española del siglo XXI, un
objetivo muy en paralelo con el que ya se abordó en la pasada legislatura en relación con el Cuerpo de la Guardia Civil a través de aquella Ley de régimen de personal de la Guardia Civil que tuvo su tramitación en esta Cámara y que tuvo una
importante
aportación de todos los grupos parlamentarios al texto definitivo. De la misma manera estamos convencidos, y también a eso ha hecho referencia el señor director general de la Policía, que esa futura ley de policía, una vez tenga entrada en
este Parlamento, contará con la aportación valiosísima de todos los grupos parlamentarios y, dicho sea ya de paso, como prólogo a todo ello, este grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Popular, una vez más estará abierto plenamente al diálogo,
al encuentro y a la negociación con los demás grupos parlamentarios para hacer entre todos juntos la mejor ley de policía posible, en beneficio, como es natural, de los profesionales del Cuerpo Nacional de Policía, en beneficio de la función
importantísima que desarrollan para el interés general y en beneficio mismo de ese interés general. En ese sentido, los objetivos nos parecen bien señalados y el método nos parece incuestionable: estratificar los trabajos, especializar los
trabajos en grupos concretos, y sobre todo hacer un anteproyecto de ley con la participación de los profesionales, con el diálogo con los profesionales; objetivos y métodos que para nosotros no son cuestionables.
Señor presidente, señor director general, vamos a atenernos a las últimas apreciaciones hechas en su primera intervención por el director general de la Policía. De lo que se trata es de hacer un mejor cuerpo normativo en beneficio de los
profesionales de la policía, en beneficio de la sociedad, una norma con el mayor grado posible de aceptación entre los funcionarios, entre los profesionales, una norma que establezca una regulación estable en el tiempo, que otorgue seguridad en las
relaciones jurídico laborales en el seno del Cuerpo Nacional de Policía. Creo citar literalmente los dos objetivos iniciales o finales, tanto da que da igual porque al final estos dos grandes objetivos son los que dan razón de ser al trabajo ya
hecho.
Para terminar, permítaseme algo que, como el señor Mayoral es hombre de buena memoria, recordará entre los entresijos de la fijación de la fecha de esta convocatoria. Creo que en este caso me puedo hacer perfectamente portavoz del señor
Mayoral. S.S., señor director general de la Policía, mañana ganará un nuevo título, no profesional sino personal, un título que estamos seguros que S.S. disfrutará y que, aunque es el que es, según el castellano, no le privará en modo alguno del
aspecto, el carácter y sobre todo la mentalidad jovial que S.S. siempre ha demostrado y la apertura intelectual al futuro, porque dirigir la policía del siglo XXI exige siempre mantener esa juventud intelectual, a pesar del título que S.S. ganará
mañana y que le deseamos lo gane felizmente.
El señor PRESIDENTE: El señor director general tiene el uso de la palabra.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Le doy las gracias al señor Mayoral por sus amables palabras.
Yo no es que no quiera venir, es que quiero venir. A mí me apetece mucho comparecer en esta Cámara, lo que ocurre es que usted me trata tan bien, y yo le respondo en los mismos términos, que me parece que usted, utilizando un amable doble
lenguaje, dice que quiere que venga pero en realidad no tiene ningunas ganas de que yo comparezca aquí. En todo caso, bromas y afectos aparte, yo estoy a su entera disposición, a la disposición del Grupo Parlamentario Socialista y de todos los
grupos que componen esta Cámara para comparecer aquí cuando lo consideren oportuno.
¿Qué conteste a sus cartas? Naturalmente que las contesto, cuando me llegan. Cuando no me llegan, no las puedo contestar, y estamos justamente en ese caso. Si usted tiene la bondad de reproducir la carta que dice que me ha enviado, pero
que yo no he recibido, con todo gusto se la contestaré rápidamente, como tengo acreditado. Yo contesto siempre; lo que no es claro es que conteste siempre a lo que me preguntan, pero siempre contesto. (Risas.) Pensé que eso era del dominio común
entre las partes concernidas.
Valoro y agradezco mucho ese análisis que hace, ya que coincide el diagnóstico entre lo que él piensa que debe ser esa ley y lo que yo he dicho. Aplaude el diálogo con las organizaciones sindicales y también el procedimiento que vamos a
seguir, aunque luego descubro, a lo largo del desarrollo de su intervención, alguna contradicción entre lo que dice al principio y lo que sentencia al final.
Trabajo a largo plazo. Todo es relativo. ¿A qué llamamos largo plazo? Si el largo plazo coincide con el fin de una legislatura, puede parecer largo, pero en todo caso el fin de la legislatura no se compadece con la inequívoca voluntad del
ministro del Interior y del director general de la Policía en el sentido de agilizar cuanto sea posible todos los trámites previos a traer a esta Cámara la ley que tanto invocamos.
¿Descontento sindical? Eso es una cuestión de percepciones. Yo tengo la percepción -y lo digo con el reiterado respeto que profeso a las organizaciones sindicales- de que el descontento sindical es una cuestión permanente en el tiempo,
feliz y afortunadamente. Si no, ¿cuál sería la posición vital de los sindicatos? La forma esencial de ser de los sindicatos es estar en permanente situación de disconformidad porque, si no, no serían reivindicativos. Eso es natural, pero también
es natural que el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía respeten esa posición reivindicativa y traten de neutralizar y de acortar los puntos de separación que existen en esa reivindicación y puedan dar satisfacción a buena
parte de esos item reivindicativos.
El régimen disciplinario es un documento en el que se ha avanzado con celeridad porque la Abogacía del Estado y la Secretaría General Técnica ya han emitido su pronunciamiento en todos los trámites previos a los que S.S. se ha referido.
Tengo que decirle, si no fuese confidencial -por tanto, me referiré a lo que no lo es-, que
hay una voluntad más que inequívoca de traer el régimen disciplinario a esta casa; pero ocurre que los métodos y los tiempos, como usted sabe y yo también, de la tarea legislativa de esta casa no los fija el ministro del Interior ni el
director general de la Policía. De todas formas, vamos a hacer un gran esfuerzo para ver si fuese posible armonizar nuestros deseos con el calendario legislativo de aquí a final de año. Esa es nuestra voluntad.
Dice que no le gusta -ese es un reparo que es respetable pero que no comparto- que haya una tercera mesa denominada ley de la policía.
(Denegaciones.) Discúlpeme si no le he entendido bien, he creído entender que no le gustaba la
denominación de la mesa o algo así. Si no, me lo aclarará, pero en todo caso son una denominación y un método de trabajo que nos hemos dado juntos las organizaciones sindicales y la Dirección General de la Policía en el seno del consejo. Por
supuesto que para este trabajo, que es muy delicado, hace falta un documento base; y si este documento base no es lo suficientemente elaborado y meditado, los tiempos están condicionando los métodos. Por eso es preferible presentar un documento
muy elaborado, desde todos los puntos de vista, para que pueda avanzar con más rapidez. Ahí sí que estamos de acuerdo. Va a ser inviable, imposible que esa ley pueda tener cobertura en el amparo de la VII Legislatura. Creo que podemos sentar las
bases para traer a esta Cámara en la legislatura siguiente un debate y una ley de tanta importancia.
No se lo critico, porque mi obligación es ser criticado, aceptar la crítica y no devolver como un boomerang los argumentos que se oponen de contrario. No hay más que pasar revista a lo que ha dicho a continuación para ver que lo que usted
hace, con toda razón, no se la niego, es reiterar un discurso que tiene la pretensión de abarcar las fragilidades o debilidades que tiene de forma estructural o endémica el Cuerpo Nacional de Policía. Usted dice: la dirección por objetivos, los
cinco turnos, la segunda actividad y lo que ha denominado la carrera. Está bien que diga y reitere lo que tenemos perfectamente identificado, pero, además, debe añadir que estamos haciendo y que hemos hecho grandes esfuerzos para acabar con esas
fragilidades y perfeccionar todas esas cuestiones que tienen que ver con esas fragilidades.
La carta que dirige el Sindicato Unificado de Policía al presidente del Gobierno, creo que es absolutamente razonable. No conseguirá usted, de ninguna manera, que critique una decisión absolutamente legítima de que cualquier ciudadano, y
mucho más una organización sindical, se dirija al presidente del Gobierno. He leído esa carta, porque han tenido la gentileza de darme traslado, así como al ministro del Interior, y me parece en la forma, impecable, y en el fondo, razonable. Por
tanto, ahí no vamos a discrepar. Lo que sí que quiero decirle es que hay diferentes puntos de vista, sólo en términos de matices, en lo que esa carta contiene. Usted se ha referido con bastante injusticia a la neutralidad de la policía, a las
aportaciones que haría al respecto en lo que sería la ley de la policía, así como a los esfuerzos inequívocos e ímprobos para que la misma esencialmente sea lo que es, una institución neutral al servicio de los ciudadanos; por tanto, no hay que
hacer ninguna referencia a ese asunto. Yo puedo constatar, puedo afirmar y asegurar que, con independencia de los progresos legislativos que eventualmente podamos hacer, la policía es absolutamente neutral y no es correa de transmisión de tal o
cual Gobierno, como con tanta injusticia parece insinuar S.S.
En lo que hace referencia al mérito y a la capacidad, esa es la a del abecedario. Todo el mundo está de acuerdo con eso. ¿Es que hay alguna carencia en los procesos o procedimientos de convocatoria de selección que pongan en cuestión la
libre concurrencia o el mérito y la capacidad? Pues, rotundamente, no. Me pregunto y me respondo, como hace usted, que me pregunta y se responde. En lo que se refiere a la erradicación de la arbitrariedad, está íntimamente relacionado con lo
anterior. Es un deseo que compartimos, pero creo que no hay nada que erradicar. Hay que erradicar lo que tiene efectos nocivos. Pero, ¿de qué arbitrariedad me habla usted? No conozco casos de arbitrariedad que envuelvan o que incriminen a un
colectivo. Para nada. Puede haber casos de arbitrariedad en este o en cualquier colectivo, pero a la policía no se la puede etiquetar ni como partidaria o partidista, ni como arbitraria. Creo que la policía, felizmente para todos nosotros y para
los dos valores constitucionales que representa, es neutral y, en absoluto, arbitraria, estando subordinada siempre a la legalidad.
Al portavoz del Grupo Socialista, señor Mayoral, le agradezco, como siempre, su preocupación, que compartimos, porque estoy seguro de que siempre, siempre, lo que preside en sus intervenciones parlamentarias es enriquecer lo que yo
eventualmente con tanto orgullo dirijo, que es el Cuerpo Nacional de Policía.
Al señor Gil Lázaro le doy las gracias por sus palabras, siempre llenas de elocuencia, de buen sentido, de conocimiento de causa, y en este caso también de amistad, que devuelvo en vía de reciprocidad.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, por favor, con brevedad.
El señor MAYORAL CORTÉS: Muy brevemente, por clarificar algún concepto que me gustaría que el señor director general no se lo llevara en los términos que creo lo ha entendido.
Le agradezco la consideración que ha hecho respecto a lo que es el objetivo de mis intervenciones en esta Cámara, desde que estoy en esta legislatura dedicado a mis funciones de portavoz de interior, que es buscar siempre la mejora del
servicio público, un servicio público imprescindible para los ciudadanos, para garantizar su libertad y su seguridad, que requiere una serie de actuaciones que nosotros consideramos que el Gobierno
tiene que desarrollar y siempre las hemos planteado desde esa perspectiva.
Buscamos la mejora de un servicio, buscamos que las imperfecciones, los huecos, las lagunas se rellenen y, desde luego, se actúe de acuerdo con un principio de
efectiva neutralidad. Aquí me da la impresión, señor Díaz de Mera, que le ha ganado un poco quizá esta costumbre maniquea que existe en el enjuiciamiento por parte de algunos políticos de las cosas.
No he querido yo en ningún momento atribuir la
falta de neutralidad a la policía, sino al Gobierno que dirige la policía, o a las autoridades que dirigen la policía. Ahí es donde yo pienso que están los factores que a veces determinan o la arbitrariedad o la no neutralidad, no en los policías.
Es habitual que siempre que se hace una crítica de estas características, en vez de entender que el criticado es realmente quien toma las decisiones, quien tiene las capacidades políticas para tomarlas, el criticado finalmente es el que las ejecuta.
Yo no critico a quienes las ejecutan, sino a quienes las toman. En este caso, por tanto, entiéndame que no he hecho ninguna crítica al Cuerpo Nacional de Policía ni a ningún policía en particular, sino más bien he hecho una advertencia, una
recomendación. En cierta medida he pedido el respeto, no solamente del Gobierno actual, sino de cualquier Gobierno para poner en marcha lo que debe ser el principio inspirador de su conducta en este terreno particularmente: neutralidad y respeto a
los principios, mérito y capacidad de los individuos. Eso sirve para todos, porque lo exige la Constitución a todos, no solamente al Partido Popular hoy gobernante. Así que, señor Díaz de Mera, que quede esta cuestión suficientemente clarificada
entre usted y yo para que sepamos lo que hemos querido decir cada uno.
En lo demás, no le voy a hacer ninguna otra consideración. Yo creo que usted ha expuesto su posición, yo la mía, creo que las dos quedan suficientemente claras.
Termino agradeciéndole su presencia con una última consideración. Yo creo que siempre que se riñe a alguien porque no viene o porque está ausente a veces somos injustos, porque al que viene es al que se le riñe, pero evidentemente llevamos
ya muchos meses en esta Comisión sin que ninguna autoridad del Ministerio del Interior haya comparecido. Eso es lo que fundamentalmente he querido trasladarle.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: También con gran brevedad.
Quiero reiterar la oferta de diálogo de mi grupo en cuanto a esos proyectos de reforma del régimen disciplinario y de la futura ley de policía, una vez tengan entrada en esta Cámara. Lo he dicho en mi primera intervención, lo reitero ahora
y será esa una norma de estilo que sin lugar a dudas mantendremos. Creemos que esas leyes, por su importancia y por su naturaleza, han de ser, en el mejor sentido de la palabra, el más completo, leyes de todos, de los profesionales, y que cuenten,
además, en esta Cámara con un grado importante y suficiente de consenso para garantizar su estabilidad en el tiempo.
Dicho esto, señor director general de la Policía, no entiendo, referido a un gobierno del Partido Popular, a un gobierno del Partido Socialista o de cualquier otra formación, qué es no ser neutral en el ejercicio de una función tan
específica como la Dirección General de la Policía. No lo entiendo. Creo que, por definición, mandar un cuerpo de las características del Cuerpo Nacional de Policía no puede obligar a otra cosa más que a ser neutral y no deja ni siquiera margen
para no serlo, aunque alguien quisiera no serlo. Por tanto, confieso que francamente no entiendo el alcance de esa afirmación.
Finalmente, desde mi grupo vamos a incitar -recogiendo los buenos deseos del Grupo Parlamentario Socialista- permanentemente al señor Mayoral para que reclame la presencia más frecuente en esta Comisión del señor director general de la
Policía, que es siempre muy grata.
Desde luego, no comparto (no quiero entrar en más detalles, pero creo que los diarios de sesiones operan en contra de la afirmación hecha por el señor Mayoral) la afirmación del señor Mayoral de que hace muchos meses que por aquí no viene
nadie del Ministerio del Interior. Creo que sin lugar a duda el Ministerio del Interior, en el conjunto de esta legislatura, probablemente es el que acredite un mayor y más frecuente número de comparecencias de sus responsables ante esta Comisión y
ante el Pleno. Pero, vuelvo a repetir, hay cosas que son opinables, naturalmente; todo es opinable, pero después, más allá del voluntarismo de la opinión, viene la medición objetiva y en este caso, afortunadamente, para rebatir esa impresión u
opinión legítima del señor Mayoral, está el 'Diario de Sesiones'.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÈS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN LOS ANTIGUOS CUARTELES DE SANT ANDREU (BARCELONA), DONDE FUERON DETENIDAS 44 PERSONAS DE ORIGEN EXTRANJERO EL
DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 2002. (Número de expediente 181/003187.)
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÈS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE SITUACIÓN LEGAL DE LAS 44 PERSONAS QUE FUERON DETENIDAS POR LA POLICÍA NACIONAL EN LOS ANTIGUOS CUARTELES DE SANT ANDREU (BARCELONA.) (Número de
expediente 181/003188.)
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÈS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR QUE LA COMISARÍA DE POLICÍA EN VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA) REÚNA LAS CONDICIONES EXIGIBLES PARA CUMPLIR CON LAS
OBLIGACIONES QUE EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA TIENE ATRIBUIDO EL ESTADO EN LA COMARCA DEL GARRAF. (Número de expediente 181/003482.)
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS PREVISTAS PARA ALCANZAR LA OCUPACIÓN LEGALMENTE PREVISTA EN LA PLANTILLA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA EN LA COMISARÍA DE VILANOVA I LA GELTRÚ
(BARCELONA.) (Número de expediente 181/003483.)
El señor PRESIDENTE: Damos por concluido este primer punto del orden del día, y pasamos a las preguntas que están contempladas en el mismo.
En todo caso debo comunicar que el diputado Carles Campuzano se ha puesto en contacto con esta presidencia, excusándose a última hora por la imposibilidad de poder estar y, por tanto, hacer las preguntas por él presentadas y que figuran en
el orden del día, a las cuales se dará el curso que reglamentariamente procede, al no haber sido formuladas hoy aquí.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente para entender bien al señor presidente.
¿La expresión el curso que reglamentariamente procede, utilizada por el señor presidente, significa que se dan por decaídas?
El señor PRESIDENTE: Evidentemente, el señor Gil Lázaro sabe muy bien cuál es el curso que procede, y es que se dan por decaídas al no haber sido formuladas estas preguntas.
- DEL SEÑOR CONTRERAS PÉREZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE APLICACIÓN EN ROQUETAS DE MAR (ALMERÍA) DE LA LEY 2/1986 QUE DETERMINA CUÁLES SON LAS FUNCIONES QUE COMPETEN EXCLUSIVAMENTE A LA POLICÍA NACIONAL (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA
AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA NÚMERO DE EXPEDIENTE 184/049413.) (Número de expediente 181/003393.)
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gil Lázaro, por la precisión, que creo que es entendible por todos.
Decía que era excusable esta ausencia y, por tanto, a estos efectos las preguntas números 2, 3, 5 y 6 del orden del día se dan por decaídas, con lo que pasamos a sustanciar la que figura con el número 4, que es una pregunta que presenta el
diputado del Grupo Parlamentario Socialista don Francisco Contreras, que tiene la palabra.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor presidente, señor director general, la Ley 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 12 establece como funciones específicas del Cuerpo Nacional de Policía la expedición del documento nacional
de identidad y de los pasaportes; el control de entrada y salida del territorio nacional de españoles y extranjeros; las previstas en la legislación sobre extranjería, refugio y asilo, extradición, expulsión, emigración e inmigración; la
vigilancia e inspección del cumplimiento de la normativa en materia de juego; la investigación y persecución de los delitos relacionados con la droga; colaborar y prestar auxilio a las policías de otros países, conforme a lo establecido en los
tratados o acuerdos internacionales sobre las leyes, bajo la superior dirección del Ministerio del Interior; el control de las entidades y servicios privados de seguridad, vigilancia e investigación de su personal, medios y actuaciones, así como
aquellas otras que le atribuya la legislación vigente.
El municipio de Roquetas de Mar es fundamentalmente turístico, con un alto índice de incremento poblacional, probablemente uno de los más altos de España, con una población de hecho en estos momentos de 51.000 habitantes y con un elevado
porcentaje de población extranjera. Esa es la situación del municipio de Roquetas de Mar. En ese contexto nos gustaría saber cómo se da cumplimiento al artículo 12 desde el Ministerio del Interior en este municipio que no tiene una comisaría de
policía.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Como establece el preámbulo de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, el capítulo segundo del título II se dedica a enumerar las
funciones que deben realizar las fuerzas, siguiendo para ello el reparto de competencias al que considera que apunta la Constitución. Una parte de esas competencias las acaba de enumerar su señoría, pero yo seré un poco más preciso.
La ley orgánica a la que me acabo de referir, en su artículo 11.1 determina la funciones que corresponden a las fuerzas y cuerpos, tanto a la policía como a la
Guardia Civil. En el artículo 11.3 dice que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía podrán ejercer las funciones de investigación y las de coordinación de los datos en todo el territorio nacional. La Guardia Civil, para el desempeño de
las competencias propias, podrá asimismo realizar las investigaciones procedentes en todo el territorio cuando ello fuere preciso -ahora diremos en qué casos-. En caso de actuación fuera de su ámbito, los miembros de cada cuerpo deberán dar cuenta
al otro de las mismas.
Según el artículo 11.4, sin perjuicio de la distribución de competencias del 11.2, ambos cuerpos deberán actuar fuera de su ámbito competencial por mandato judicial o del ministerio fiscal. El artículo 11.5 añade que en caso de conflicto de
competencias, ya sea positivo o negativo, se hará cargo del servicio el cuerpo que haya realizado las primeras actuaciones hasta que se resuelva lo procedente por el subdelegado del Gobierno o las instancias superiores del Ministerio del Interior,
sin perjuicio de lo efectiva y puntualmente dispuesto por la autoridad judicial. El artículo 11.6 determina que al objeto de conseguir óptima utilización de los medios disponibles y la racional distribución de efectivos, el Ministerio del Interior
podrá ordenar que cualesquiera de los cuerpos asuma en zonas o núcleos determinados todas o alguna de las funciones exclusivas asignadas al otro cuerpo.
Por otra parte, el artículo 12 determina las competencias específicas de los dos cuerpos citados, mencionando en los apartados 2 y 3 las obligaciones de cooperación entre ellos y de tramitación desde sus dependencias de los documentos
dirigidos a cualquiera de los dos institutos. El artículo 12.2 indica que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad están obligados a la cooperación recíproca en el desempeño de sus competencias respectivas. El artículo 12.3 dice que las dependencias del
Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil actuarán recíprocamente como oficinas para la recepción y tramitación de los documentos dirigidos a las autoridades de cualquiera de los dos institutos.
Vamos al fondo del asunto. En la localidad de Roquetas de Mar la Guardia Civil presta, con todas las garantías y con toda eficacia, las funciones de seguridad pública que le están atribuidas por la Ley Orgánica 2/1986, tantas veces citada,
sin perjuicio de que por la comisaría provincial de Almería se ejerzan aquellas competencias que de acuerdo con la normativa vigente corresponden al Cuerpo Nacional de Policía, que son, tal como ha señalado su señoría, la expedición del DNI y la
expedición del pasaporte, así como todo lo que tiene que ver con las competencias específicas de extranjería y documentación. Esta situación es acorde con la ley y es semejante a la existente en localidades similares en las que se da el mismo
despliegue territorial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así, en los últimos años se han ido formando diversas concentraciones urbanas, que en la actualidad superan los 30.000 habitantes, que no cuentan con comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía.
Estos núcleos de población están atendidos en la actualidad por la Guardia Civil. No obstante, sin perjuicio de los estudios que procedan de cara a una futura redistribución territorial de competencias por los órganos
competentes, hay que tener en cuenta que el proceso que se requiere para desplegar el Cuerpo Nacional de Policía en los mismos, en estos territorios donde no está, necesariamente debe consumir unos plazos considerables para la disposición y
organización de los recursos humanos, así como para la dotación de las infraestructuras y los medios materiales necesarios.
La política de incremento de efectivos que está realizando el Gobierno permite aumentar las plantillas de las comisarías y abrir otras nuevas, sin que en ningún caso esto pueda ir en detrimento de las plantillas de otras poblaciones. La
política de personal de la Dirección General de la Policía se basa en el incremento de las dotaciones actuales desde las distintas plantillas policiales, hasta alcanzar el número de efectivos referencialmente previsto en el catálogo de puestos de
trabajo de la dirección general, que fue aprobado el 25 de septiembre del año 2002.
Para aumentar dichos efectivos se ha elaborado un plan de recursos humanos, que conlleva, como es de dominio común, la convocatoria de 12.825 plazas durante el
período 2002-2004, a razón de 4.275 plazas por año. Sabe el señor Contreras que el censo de la ciudad por la que usted se interesa en el año 1991 era de 26.842 habitantes. Ya sabe usted que los censos del ayuntamiento nunca coinciden temporalmente
con los del Instituto Nacional de Estadística y suele haber un desfase que está en torno a los nueve meses o al año. Pues bien, en el último censo disponible que tenemos de Roquetas hay 50.096 habitantes. Por tanto, tomando muy en consideración su
preocupación, doy por respondida la pregunta en los términos que anteceden.
El señor PRESIDENTE: Señor Contreras.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Señor director general, gracias por su respuesta. Estoy de acuerdo con algunas de las manifestaciones que ha hecho, pero hoy queríamos expresar desde el Grupo Socialista el interés que ya desde hace tiempo venimos
mostrando en nuestro grupo por la necesidad de una comisaría de policía en la ciudad de Roquetas. Esta petición de comisaría en la ciudad de Roquetas la hemos hecho a través de varias iniciativas en repetidas ocasiones en esta Comisión y siempre
desde el Grupo Popular ha habido un rechazo a la misma. Hay ciudades como Almendralejo, Andújar, Antequera, Aranda de Duero, Béjar, Calatayud, Denia, etcétera, y muchas más, con bastante menos de 50.000 habitantes que tienen comisaría de policía.
Evidentemente, nosotros no estamos diciendo que se quiten estas comisarías de policía, muy al contrario, se
deben mantener, pero desde hace ya algunos años, y especialmente en algunos municipios por sus peculiaridades específicas y por otras razones circunstanciales -además de porque tienen ya 50.000 habitantes, que es un argumento a nuestro
entender de peso-, es imprescindible que exista esa comisaría. Antes le he dado algún dato, que usted conoce perfectamente, como que Roquetas es un municipio esencialmente turístico, en el que se habla de población de derecho, pero población de
hecho hay mucha más, por lo que el número de habitantes es más de 50.000 habitantes y en período estival -que no solamente es julio y agosto, sino septiembre, octubre y mayo- la población de Roquetas se incrementa entre un 50 y un 75 por ciento.
Por tanto, esto da lugar a una problemática concreta que creemos que se podría atender mucho mejor. Ya sé que cuando no existe Policía Nacional se suplen sus competencias con la Guardia Civil, pero cuando los problemas se van acumulando esa
división de funciones tiene un objetivo, y coyunturalmente en algunos casos se podrá suplir con eficacia, pero en otros esa suplencia no tiene la eficacia que todos desearíamos.
Hace poco, a finales de agosto de 2003 se realizó una encuesta por el Instituto Nacional de Estadística de Andalucía de la que se desprendía que la inseguridad se convierte en el primer problema para el turismo de la provincia. De esta
forma se manifestaban numerosos ciudadanos turistas de la provincia de Almería. En una ciudad como ésta, que es eminentemente turística, este es un argumento más para que se tenga en consideración la necesidad de establecer una comisaría de
policía. Al ofrecer sus datos me ha dicho usted que son muchos los municipios que superan los 30.000 habitantes y que no tienen comisaría de policía, por eso no le he puesto el límite de 30.000, sino que le hablaba de los 50.000 habitantes.
En cuanto a lo que me dice de la política de incremento de efectivos, la plantilla de Almería -entre las dos comisarías, la de Almería y El Ejido- según el catálogo del año 1995 era de 523 efectivos. En el año 1997, el total de efectivos
era de 406 y en el año 2002 era de 392; es decir, 131 efectivos menos que en el catálogo del año 1995. Por eso, cuando dice ahora que se van a incrementar en 12.800 agentes, no sé si con eso nos situaremos en el catálogo del año 1995, según el
cuál a Almería le tendría que corresponder 131 efectivos. Así como ha habido momentos en los que la comisaría de El Ejido, aún sin llegar a los 90 agentes que tiene en el catálogo, ha estado muy próxima al catálogo (por ejemplo, en el año 2001
tenía 83), la comisaría de Almería siempre ha estado muy lejos de lo que tiene el catálogo que son 433 y en el año 2002 tenía 321, según datos del propio Ministerio del Interior. Usted no cree que esto estará relacionado con el informe de la
memoria del fiscal, que recientemente presentó ante la opinión pública en Almería, concretamente el 19 de septiembre de 2003, según el cual aumentan los delitos de homicidio, malos tratos, secuestro y prostitución. Se ha producido un incremento
considerable en la delincuencia, y en Almería -en la provincia, en la ciudad y fundamentalmente en la zona costera- existe una psicosis de inseguridad.
Nos gustaría terminar esta intervención manifestándole la necesidad de que se cree esa comisaría de policía. Como usted ha dicho, no es un proceso corto, sino que es un proceso a medio plazo, por lo que sería conveniente que se empezasen a
hacer las gestiones, y no que desde el Ministerio del Interior se le esté dando continuidad a la propuesta -considero que no muy acertada- del alcalde de Roquetas que permanentemente quiere tergiversar las cosas y dice que cuando pedimos policía
queremos que se quite la Guardia Civil. No queremos que se quite la Guardia Civil, pero queremos que haya una comisaria, porque hay situaciones que requieren de la especificidad de las funciones que puede realizar el Cuerpo Nacional de Policía.
El señor PRESIDENTE: Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): En primer lugar, quiero decirle que no hay un rechazo a la propuesta que nos formula S.S., por hablar con precisión, sino que hay una argumentación que tiene como
fundamento el hecho de que no hay muchas ciudades que hayan experimentado un crecimiento de 14.000 habitantes en 10 años. Sin embargo, hay que tomar en consideración la solución de esos núcleos urbanos que no son singularmente Roquetas de Mar;
desafortunadamente, hay muchos Roquetas de Mar. Por eso he hecho tanta incidencia en demostrar lo contrario de lo que usted se empeña en mantener, que es vincular el problema de la política de personal al problema de la seguridad ciudadana. Si
entramos en ese debate no deseado, tengo que llamar a las cosas por su nombre y decir que lo que está haciendo este Gobierno es corregir las carencias que otras políticas de gobiernos precedentes produjeron e invertir la tendencia, como queda
expresamente acreditado no ya en una declaración de intenciones sino en la constatación de las convocatorias sucesivas que tienen el horizonte temporal 2002-2004 hasta llegar a una cifra por encima de los 12.000 efectivos, como le he dicho
anteriormente.
Voy a ir aclarándole unas cuantas cosas porque -sin ánimo de polemizar- da la impresión de que si no las aclaro doy por asumidos los diagnósticos que, con desinformación notable, usted pone de manifiesto en el seno de esta Comisión. En
cuanto al catálogo de puestos de trabajo no es una norma jurídica inmutable y de obligado cumplimiento. No saber lo que es el catálogo es disculpable pero, utilizar argumentalmente el catálogo sin saber lo que es, parlamentariamente no es tan
disculpable. El catálogo es un punto de referencia que cambia. Cambió el 25 de septiembre de 2002 y ahora,
si tomamos en consideración -y lo hacemos- lo que dice Roquetas de Mar o lo que dice Torrevieja -Torrevieja no tiene 50.000 habitantes, como S.S.
sabe-, el catálogo tiene que volver a ser modificado. Así que invocar en términos
argumentales el catálogo es razonable para A, e igualmente es razonable para B. ¿Cuál es el fondo del asunto? El fondo del asunto es que el Gobierno toma plena conciencia de la problemática de Roquetas de Mar, y le aseguro a S.S. que esto no es
una declaración de intenciones.
Le aseguro que Roquetas de Mar, como otras muchas ciudades del litoral, va a estar inmediatamente sometida a la consideración de lo que tiene que ver con la nueva distribución -que tampoco es un asunto baladí- de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así que quiero que entienda y que comparta que la preocupación es común, pero el diagnóstico es diferente.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LOS FUNCIONARIOS QUE INTEGRAN LAS UNIDADES DE PREVENCIÓN, ASISTENCIA Y PROTECCIÓN CONTRA LOS MALOS TRATOS A LAS MUJERES. (Número de
expediente 181/003529.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta que figura con el número séptimo del orden del día. Es una pregunta que formula la diputada Delia Blanco. Cuando lo desee tiene el uso de la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Señor director general, la pregunta es la que figura en el orden del día, pero le agradecería que nos pudiera proporcionar también alguna información sobre la protección a las mujeres inmigrantes víctimas de la
violencia de género y de las mafias que trafican con ellas con fines de explotación sexual.
El señor PRESIDENTE: Debo advertir que, lógicamente, el señor compareciente tiene la obligación de contestar a la pregunta que figura exactamente en el orden del día. En todo caso, él tiene el uso de la palabra para manifestar lo que tenga
por conveniente.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Le voy a contestar de una manera absolutamente comprometida a lo segundo y luego de una manera precisa a lo que es el objeto sustantivo de su pregunta. No hay
ninguna diferencia para el Cuerpo Nacional de Policía entre una mujer agredida o una mujer amenazada en territorio español, es igual, con independencia de la consideración de su país de origen, o con independencia del color de su piel, o con
independencia de que esté explotada por un proxeneta o por un grupo mafioso; por tanto, no hay ninguna diferencia, señoría.
En lo que se refiere a su pregunta, en el Plan de lucha contra delincuencia presentado por el Gobierno se contempla un programa de especial atención a las víctimas de delitos de carácter sexual o de violencia doméstica para mejorar de forma
integral la seguridad de las víctimas de dichos delitos, siguiendo las líneas ya establecidas en el II Plan de acción contra la violencia doméstica para el periodo 2001-2004.
En lo que respecta a la Dirección General de la Policía esto conlleva un
amplio conjunto de actuaciones encaminadas a prevenir los hechos violentos cometidos en el ámbito familiar y a frustrar en su caso la comisión de los mismos a través del tratamiento apropiado. Conlleva asimismo otras actuaciones de carácter
formativo dirigidas a los funcionarios de policía con el fin de iniciar unas correctas actuaciones investigadoras y a atender de una manera adecuada e individualizada a la víctima, aumentando su seguridad. Para ello, sin perjuicio de continuar con
la ampliación y potenciación del número de servicios especializados de asistencia a la mujer (SAM) dentro del Cuerpo Nacional de Policía con la finalidad de proteger a las mujeres víctimas de malos tratos, se crea el servicio de prevención,
asistencia y protección de la mujer víctima de los malos tratos; hablo de un servicio sólo policial. Es un servicio central que se enmarca dentro de la Unidad de policía de proximidad y relaciones ciudadanas, dependiente de la Comisaría General de
Seguridad Ciudadana, con las funciones de planificación, coordinación, control e impulso de las estrategias encaminadas a la erradicación de la violencia doméstica, encargándose del seguimiento en todo el territorio donde el Cuerpo Nacional de
Policía tiene competencias en materia de seguridad ciudadana de los distintos programas relacionados directa o indirectamente con los malos tratos a la mujer y sin entrar en conflicto con las competencias propias de los servicios de atención a la
familia (SAF). A nivel periférico, en todas las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía con competencias en materia de seguridad ciudadana existirá un núcleo básico de funcionarios dedicados de forma exclusiva a las tareas de prevención,
asistencia y protección a las mujeres víctimas de los malos tratos. Su distribución territorial se adecuará a la implantación de la policía de proximidad con la que mantendrá relación estrecha, y donde existan unidades de esta naturaleza se harán
depender del responsable de la misma. En las plantillas donde no exista unidad de proximidad estos funcionarios estarán incardinados funcionalmente en los llamados módulos integrales de proximidad. A los funcionarios a quienes se encomienda esta
labor específica deberán actuar de manera plenamente coordinada con la policía de proximidad del distrito o área geográfica en la cual esté desarrollando alguna de sus funciones. Los indicadores que a priori se han tenido en cuenta para realizar
estimaciones dirigidas a fijar el
número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía destinados a la protección a las mujeres víctimas de malos tratos son los siguientes: primero, la evolución de los comportamientos violentos en el entorno doméstico en los últimos años
con carácter general y por ciudades, el tipo de conductas y el número de víctimas, así como el impacto de este fenómeno en el medio social próximo, y el número de mediadores sociales existentes en cada demarcación territorial del Cuerpo Nacional de
Policía y por comunidades autónomas, ya que colaboran con la policía de proximidad para combatir el fenómeno de la violencia doméstica. En total, en esta fase inicial se eleva a 500 el número de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en
situación de segunda actividad, que van a estar dedicados a la protección de las mujeres víctimas de malos tratos.
En la segunda quincena del mes de abril, en la iniciación de esta primera fase del proceso la división de personal convocó la primera fase de cobertura de plazas, a fin de ir cubriendo paulatinamente con los períodos absolutamente necesarios
de formación las necesidades estimadas en cada localidad. En el transcurso del presente mes de septiembre se llevará a cabo la segunda fase de la convocatoria con objeto de cubrir nuevas plazas y, una vez seleccionadas las solicitudes recibidas,
convocar a los interesados al correspondiente curso de formación. Una vez finalizada la correspondiente selección se llevaron a cabo dos cursos de capacitación, con una duración de 35 horas lectivas; sus asistentes han recibido una formación con
arreglo a la programación modular proyectada por la división de formación, impartiéndose materias sobre normativa jurídica y policial, operativa específica policial y medios técnicos, socioprofesional, recursos sociales y asistenciales. El programa
de las materias y contenidos impartidos ha sido elaborado por la división antes citada, colaborando la unidad de proximidad y relaciones ciudadanas dependientes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. Esta formación se completó con mesas,
charlas y coloquios, en los que participaron representantes de distintos colectivos, como el Instituto de la Mujer, la Asociación de Mujeres Juristas, Mediadoras Sociales de Hortaleza, oficinas de asistencia a las víctimas de delitos y la Asociación
de asistencia a mujeres violadas y víctimas de malos tratos.
Dichos cursos fueron superados por un total de 94 funcionarios, que han sido distribuidos con criterios de territorialidad. En todos los casos, se han incluido en el programa a aquellas
mujeres en cuyos casos la autoridad judicial ha dictado auto, acordando orden de protección a favor de las mismas y que manifiestan su deseo de formar parte del programa.
Así a 15 de septiembre de 2003 la cifra es de 70 mujeres, pero diariamente se
incorporan nuevas personas a este programa, y en algunos casos puntuales se produce la baja en el mismo por resolución judicial o por otros motivos, en los que tiene mucho que ver la voluntad del sujeto.
Fruto de este programa ha sido la detención
de dos personas en Málaga y una en Tenerife, que han infringido las órdenes judiciales de alejamiento, lo que pone de manifiesto la inicial efectividad de las medidas adoptadas y de las que cíclicamente, conforme se vayan cumpliendo los proyectos de
formación, se irán implantando. A todas las mujeres dadas de alta en el presente programa les han sido facilitados, a través de la división de coordinación económica y técnica, área de telecomunicaciones, un teléfono de marcación rápida, con acceso
a tres niveles en caso de necesidad o consulta: el número del policía al que están asignadas, el 091 de la localidad donde se encuentren y el número de sala de operaciones de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana. La comunicación se realiza
bien a través de la funcionaria de esta unidad responsable del programa, bien a través de la policía de proximidad. Las funciones encomendadas al funcionario del policía integrado en la Unidad de prevención, asistencia y protección a la mujer
víctima de malos tratos son las siguientes: comunicación constante con las mujeres maltratadas que tiene asignadas, procurando transmitirles una sensación general de seguridad; detección y control de las posibles situaciones de riesgo para la
mujer (deberá captar y gestionar la información más completa y necesaria que permita la máxima eficacia en la labor preventiva desarrollada en el entorno de la mujer objeto de malos tratos y que tenga asignada); desarrollo de la información
operativa procedente de otros servicios policiales y otras instituciones y organismos públicos y privados que tengan como punto de referencia una situación de posible riesgo para la mujer; actuación como policía de enlace entre la mujer víctima de
malos tratos y los restantes servicios especializados de atención a la mujer; mantenimiento de un control de las zonas o áreas de vida cotidiana familiar y profesional de la mujer y de las zonas previamente frecuentadas por el agresor; aliento a
la víctima de malos tratos a presentar la correspondiente denuncia policial o judicial, una vez que ha sido objeto de cualquier tipo de acción criminal; asesoramiento, auxilio y acompañamiento de la víctima del mal trato durante la tramitación de
los correspondientes procedimientos policiales y judiciales en coordinación con otros servicios asistenciales; actuación de manera plenamente coordinada con la policía de proximidad responsable del distrito o área geográfica determinada en la cual
esté desarrollando alguna de las anteriores funciones, manteniendo contactos con la sala de operaciones del 091 y con el SAM de atención a la mujer.
Finalmente, valoramos positivamente la rápida aprobación de la Ley 27/2003 de 31 de julio, de protección de las víctimas de la violencia doméstica, que nos dota de un instrumento muy eficaz contra esta lacra. La orden de protección a las
víctimas de la violencia doméstica, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara y del proyecto de Ley orgánica
de medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros, ha sido aprobada definitivamente en el Pleno de Senado del 17 de septiembre de este año, que incide en las penas de
alejamiento, resultado del desarrollo del plan de lucha contra la delincuencia.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señor Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor director general, usted ha hecho una relación exhaustiva de lo que es exactamente la orden a protección a las víctimas de violencia de género y también de la ley, pero yo no le preguntaba eso; yo le preguntaba
cómo se va implementar precisamente esta orden y esta ley, esta orden que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Usted sabe, como todos a estas alturas, que las mujeres que son asesinadas (no sólo dentro del hogar, por tanto, lo de violencia en el ámbito doméstico ya como denominación ni siquiera vale, sino que son víctimas por su situación de género,
porque son mujeres), lo son porque son mujeres, ese es el riesgo; han sido 65 en lo que va de año. La Fiscalía General del Estado considera -es una cifra que nos ha facilitado recientemente- que ha subido esta cifra casi un 30 por ciento en el año
2002 con respecto al año 2001. Yo le preguntaba algo muy concreto: las dotaciones de la Policía y de las Fuerzas de Seguridad del Estado para llevar a cabo esta orden. Nosotros tenemos gran escepticismo en cómo se va a llevar a cabo; en primer
lugar, porque hace tiempo ya, al principio del mandato del Partido Popular, ustedes convirtieron los servicios de atención a las mujeres víctimas de la violencia de género en unidades de atención a la familia, con lo que englobaban, unido a las
mujeres, los menores, los mayores y los discapacitados. Es decir, hacían una consideración de que eran las mujeres y el ámbito doméstico donde tenían lugar todos los atentados contra la integración de las mujeres. Era una consideración muy
singular también, y es que las mujeres, siendo de alguna forma el centro afectivo de la familia, tenían que hacerse cargo también del cuidado y, por tanto, evitar, los malos tratos que se dieran en el seno del hogar, tanto a los menores como a los
mayores, como a los discapaces. Es la orden de protección de las víctimas de género la que hace que ustedes vuelvan a las unidades específicamente para mujeres maltratadas, desvinculándolas otra vez, como ya habían hecho los gobiernos socialistas,
de menores, de mayores y de discapaces.
Lo que nosotros sabemos y lo que el ministro Acebes dijo en esta Cámara en un Pleno es que había 300 policías nacionales en 46 grupos de atención, a lo que había que añadir 132 guardias civiles para estas unidades de prevención y de ayuda a
las mujeres maltratadas. Él prometió en esta Cámara 500 policías más en marzo del año 2003. No sabemos a estas alturas si esos policías se han integrado. Además con fecha de abril de 2003 hay una circular de la Dirección General de la Policía, de
la división de personal, donde se hace un llamamiento para que se presenten voluntarios, policías nacionales, para integrar estas unidades donde se dice que para atender a las mujeres a las que van a proteger van a tener un horario, que es el
horario clásico y estándar de cualquier policía. Además, se dice textualmente que en cuanto al régimen de vacaciones y otras licencias o permisos, como no cabe de otra manera, se estará a lo dispuesto a la normativa en esta materia, aplicable a
todos los funcionarios en situación de segunda actividad. No se contempla la posibilidad de sustituir a estos funcionarios en dicho períodos, ya que las mujeres maltratadas asignadas lo son en exclusiva a cada funcionario y a su teléfono móvil.
Cuando éste esté desconectado o en períodos nocturnos (da la casualidad, señor director general, que normalmente los maltratos, asesinatos, etcétera se dan muy frecuentemente con nocturnidad y alevosía) tendrán que llamar al 091, y ya no habrá
funcionario específico que las atienda, sino las dotaciones generales que haya en cada comisaría. Además de todo eso se dice que los delitos a los que tendrán que atender (los enumero) serán: agresiones que puedan sufrir mujeres y menores en todos
los ámbitos (familiar, laboral, escolar y social); delitos relacionados con la violencia familiar, es decir, dentro del hogar, en una especie de esquizofrenia de dentro y fuera del hogar, como si las mujeres estuvieran veinte horas dentro del hogar
y cuatro para salir a recoger a los niños del colegio, cosa que ya no es así.
Nuestro país ya no es así, ni las mujeres de nuestro país se adecuan a estos horarios que ustedes han puesto. Añaden: los delitos contra la libertad sexual dentro y
fuera del ámbito familiar, una vez más; los relacionados con el tráfico de seres humanos con fines de explotación sexual y todos los delitos relacionados con menores, discapaces y personas mayores. Esto viene en una circular, señor director
general. No sabemos si los 500 efectivos que el ministro Acebes prometió en esta Cámara se han incorporado, pero hasta donde sabemos no se han incorporado los 500 efectivos; solamente se han incorporado 97. No ha habido suficientes cursos de
formación, por tanto, la Policía se queja de que no pueden atender debidamente todo lo que está ocurriendo dramáticamente en este ámbito.
Con el número de denuncias actuales y suponiendo que se hayan incorporado ya en este mes los 500 efectivos más los 147 guardias civiles que estaban también destinados en estos grupos, tocarían a 60 mujeres a proteger por cada agente, dado el
número de denuncias que se están produciendo. Yo le digo que ha causado mucha alarma social y sigue causándola. Las mujeres van a seguir muriendo y no mueren porque hagan nada en especial; mueren porque todos sabemos que muchos varones de nuestro
país tienen la consideración de que las mujeres no pueden tener pensamiento propio, ni
vida propia, ni actitudes personales individualizadas. Las matan por problemas que todos conocemos, las matan porque eran suyas. Eso lo dicen luego, una vez que las matan, si es que a su vez no se matan ellos mismos y también a sus hijos.
Yo no sé qué es lo que van a hacer. Llevamos denunciando este tema y pidiendo una ley integral contra la violencia de género desde hace siete años. Hemos articulado un discurso con el que está de acuerdo la mayor parte de las
organizaciones, no sólo de mujeres, de muchos agentes, de la seguridad también: que la atención debe ser integral, que el problema es muy complejo, que no se cambia en un día, que se necesitan métodos disuasorios, que la orden de protección a las
víctimas de género no funciona sólo con la voluntad política de esta Cámara, que hay que presentar dotaciones, que hay que formar a estas dotaciones y hay que sensibilizarlas. Por lo que usted nos ha contado aquí, falta coordinación entre la
Policía Nacional, la Guardia Civil, las policías autonómicas y las locales y las policías de proximidad, que son las que ustedes pretenden, con el consentimiento de esta Cámara, que se ocupen fundamentalmente de este tema, pero no hay coordinación,
y usted lo sabe, usted sabe que faltan dotaciones, que faltan efectivos, que faltan recursos y que falta coordinación.
No me quiero alargar más. Con respecto a las mujeres inmigrantes, yo le agradezco su buena voluntad al responder a esa parte de la pregunta que no figuraba tampoco en el orden del día y que yo le rogaba que contestara; le agradezco de
verdad su buena voluntad porque seguramente la tiene, no me cabe la menor duda, pero le voy a poner un ejemplo. Hace exactamente tres meses, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana solicitó a los centros de acogida de mujeres
maltratadas información sobre las mujeres inmigrantes irregulares que se encontraban en los centros de esa comunidad. No sabemos por qué solicitaron esa información, lo que sabemos es que, cuando se les dio esa información, algunas mujeres
inmigrantes que estaban en nuestro país de forma irregular, pero que estaban amenazadas o habían sido maltratadas, fueron sacadas de los centros y devueltas a sus países de origen. No me cabe la menor duda de su buena voluntad, pero también tenemos
confirmación de lo que hizo el delegado del Gobierno en Valencia en los centros de acogida de mujeres maltratadas.
A mí me gustaría que no volviera a ocurrir. A una mujer maltratada, más allá de su situación administrativa, hay que darle la cobertura de protección necesaria para que su vida no corra peligro, así que yo le rogaría que también se ocupara
de lo que está ocurriendo con algunos delegados de Gobierno y las mujeres inmigrantes.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Muchas gracias por la manifestación tan sincera y tan apasionada de su preocupación, que le aseguro que es absolutamente compartida.
Por hacer algunos comentarios que su intervención merece en términos de cortesía, yo siento rectificarla, pero le estoy contestando no a lo que usted dice verbalmente que me ha preguntado, sino a lo que la Mesa de la Comisión dice que le
conteste, en función, quiero entender, de la literalidad de su pregunta. Así, lo que a mí me pasa la Mesa es literalmente: funciones desarrolladas por los funcionarios que integran las unidades de prevención, asistencia y protección contra los
malos tratos a las mujeres.
Tengo que decirle que, con independencia de lo que han hecho los poderes públicos, sensibilizados y preocupados por un problema tan duro y de tanta incidencia social, en singular, el Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en marcha un
procedimiento de prevención y de represión por reducir la filosofía del mismo para tratar de ayudar a los poderes públicos y singularmente a las mujeres que padecen estos problemas. Ese es un programa que tiene una especificidad muy precisa. Para
hacer bien esas tareas a las que nos proponemos servir, hay que hacer un enorme proceso de selección y un magnífico proceso de formación. El proceso de selección es riguroso y ocurre que la especificidad del servicio da regular respuesta a las 500
plazas de una convocatoria. Yo no le he ocultado nada, le he dicho, con precisión y literalmente, cómo está el problema, y no crea usted que el problema no trasciende a la necesaria solución del mismo. Nosotros hacemos una convocatoria de 500
plazas entre policías de segunda actividad, porque parece ser que tienen el perfil más adecuado para asumir unas tareas, que (se lo quiero aclarar, para que usted no tenga ningún tipo de confusión) no solamente tienen que ver con la investigación y
con el asesoramiento, sino que tienen que ver también con la represión del delincuente. Usted compartirá conmigo que el equipo de asistencia, el equipo de prevención y el equipo de asesoramiento no pueden coincidir -por ser el primero singular- con
el equipo de represión de las conductas delictivas que, por lo común, tiene la dimensión de plural y de específico. Esto como una aclaración previa. La segunda aclaración que le quería hacer es que el SAM, el SAF y este servicio ni se contraponen
ni se contradicen; como he dicho claramente, se complementan.
La tercera aclaración que le quería hacer es la que tienen que ver con esa famosa circular. Le niego la interpretación que se ha dado. Se puede tener más o menos fortuna a la hora de expresar una idea. Eso es la semántica, a veces no nos
ponemos de acuerdo con el valor que tienen las palabras. Se puede estar de acuerdo o no con la redacción, pero ya en su día, cuando saltó esta interpretación torcida dimos la explicación
siguiente. ¿Qué es prioritario? Prioritario es la atención a la víctima, por encima de horarios, de vacaciones y de cualquier cosa. Esa circular no es para las víctimas, señoría, esa circular es para los policías y los policías, que
tienen que tener perfectamente ahormado su modus operandi, como cualquier funcionario y ciudadano - y estamos dándole a ese asunto otra dimensión a la que no me quiero referir por respeto, ya que lo ha hecho hace hora y media, a la función
sindical-, cualquier policía, como cualquier diputado tiene derecho a dormir y a vacaciones. Lo que no sucede ni va a suceder es que, por el derecho a las vacaciones, a dormir y a comer tres veces al día, una mujer esté desatendida. Por eso se
ponen las alternativas naturales de conexión y de comunicación. Por tanto, no le niego la letra, le niego la interpretación de la letra.
También le niego que no haya coordinación. Se lo niego porque la coordinación es lo que da cobertura acreditada a la eficacia policial.
Por eso le digo que no me gustaría cargar las tintas en términos de respuesta en este debate porque
comprendo que usted, como diputada y como mujer, tiene que hacer lo que está haciendo. Le agradezco lo último de su discurso, lo de presumirme la buena voluntad, pero no basta con que me presuma la buena voluntad, esta hay que darla por acreditada.
(El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Además de la buena voluntad, debe reconocer al Cuerpo Nacional de Policía la sensibilidad de poner en marcha un instrumento para la protección de las mujeres y la represión de estas
conductas. Eso no se articula de la noche a la mañana para hacerlo bien y con eficacia en los escenarios que le he dibujado antes. El asunto es complejo, pero en lo que concierne a la preparación, a la selección y a la actuación policial sigue un
camino metódicamente concebido, y no vale decir: a usted le adjudico yo ahora la tarea de prevenir la represión de esta mujer. No vale decirlo porque es un tema tan sensible que tiene que hacerlo una persona que tenga determinada sensibilidad (me
refiero a las tareas que antes he diseccionado de prevención y de investigación), tiene que tener unos conocimientos fundamentales de la sensibilidad femenina de una mujer agredida y maltratada. No puede ir cualquiera a hacer eso, señora, tiene que
ir alguien que tenga unas condiciones previas y una formación precisa. Luego, ese alguien es el que, cuando hay que reprimir, a través de la coordinación, que yo afirmo y que usted niega, utiliza, por ejemplo, las unidades de intervención policial
para reprimir y neutralizar un comportamiento delictivo. Me gustaría mucho enfatizar eso en términos amistosos, no en términos de discrepancia, porque no hay discrepancia de ninguna clase, aquí lo que hay es voluntad por mejorar todos los sistemas
de protección de estas mujeres.
Dice usted hay que hay que, hay que, il faut, il faut. Pues claro que sí, pero en ese aspecto tiene usted más obligación que yo -yo me he sentado antes ahí-, en ese aspecto son ustedes los que hacen las leyes para decirnos a los que las
ejecutamos cómo lo tenemos que hacer. Yo lo que le digo y le reitero es que, en lo que concierne al ámbito competencial de mi responsabilidad, no solamente hay sensibilidad plena, absoluta sensibilidad con referencia a este problema, sino
determinación plena.
Inmigrantes. Siento hablar otra vez en primera persona. Yo he tenido el privilegio de ser el presidente de la Comisión de Migraciones, Refugiados y Demografía de la Asamblea parlamentaria del Consejo de Europa durante cuatro años, y he
pertenecido a esa Comisión durante diez. No encuentro, por más que me esfuerce o que me quiera hacer esforzarme, ninguna diferencia, ninguna, entre una mujer maltratada de Georgia y una mujer maltratada de Almería, no la encuentro. Como tampoco la
encuentro, desde el punto de vista humano, policial y legal entre una mujer de color negro y una mujer de color blanco, no la encuentro. Compartiendo esa sensibilidad, es naturalmente obligado y obligatorio hacer esta reafirmación, porque es una
reafirmación elemental y de compromiso.
A lo que no puedo responderle, pero me informaré, es al asunto que usted puntualmente ha planteado de Valencia. También le digo que quiero que usted sepa que el director general de la Policía tiene muchas posibilidades de coordinarse, y de
hecho se coordina, con todos los delegados del Gobierno, pero usted sabe mejor que yo que los delegados del Gobierno son los representantes del Gobierno en una comunidad autónoma, y hay algunos delegados del Gobierno que a un director general, con
rango de subsecretario, como es el caso, lo entienden y lo entienden bien, y hay otros delegados del Gobierno que también lo entienden bien.
No sé si me explico. Me explico y usted me entiende con claridad, pero desconozco absolutamente, y me
informaré, cuál es el caso que usted ha señalado con referencia a Valencia.
- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA ACTUACIÓN POLICIAL EN LA DETENCIÓN DE SEIS MIEMBROS DEL DENOMINADO 'COLECTIVO TORTUGA' EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 2003 EN ALICANTE POR CAUSAR
DAÑOS AL PATRIMONIO PÚBLICO. (Número de expediente 181/003700.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a la siguiente pregunta, de la que es autora doña Juana Serna, que se refiere a la detención del Colectivo Tortuga.
Para su formulación, tiene la palabra la señora diputada.
La señora SERNA MASIÁ: Buenas tardes, señor director general.
Como usted sabe perfectamente, los hechos que vamos a tratar esta tarde se refieren a lo siguiente. El 1 de febrero de este año en Alicante, sábado, 12 de la mañana, en pleno corazón de la ciudad, como si aquí estuviésemos en la Puerta del
Sol, un paseo marítimo lleno de gente, de turistas, hubo una protesta de un colectivo antimilitarista, que se autodenomina Colectivo Tortuga, y que se manifestó e hizo su propuesta frente a un conjunto escultórico de tres soldados, que es un
monumento que el señor Trillo, hace como año y medio, como ministro de Defensa, regaló a la ciudad de Alicante, que por cierto ha traído muchísima polémica, dadas las circunstancias. Este colectivo quería simbólicamente manifestarse en contra de la
guerra de Irak. La cuestión está en que fueron seis jóvenes, tres chicas y tres chicos. Las chicas -supongo que quizá usted lo sabe también- portaban una pancarta que textualmente decía: Ningún ejército, ninguna guerra, otro mundo es posible.
Los chicos portaban un bote de pintura blanca y un mazo, con el que, según consta en las diligencias abiertas, intentaban -entre comillas- demoler de forma simbólica el monumento.
Pues bien, esta propuesta de este grupo antimilitarista y pacifista acabó en cinco minutos porque la actuación de la policía fue contundente y consideramos, como le explicaré ahora, que fue también desproporcionada, porque pistola en mano
forcejearon con estos jóvenes, con los chicos, que fueron detenidos -también consta en las diligencias- por causar daños al patrimonio artístico de la ciudad, y por esta falta -va a ser previsiblemente una falta- pasaron la noche en el calabozo. La
policía confirma estos hechos e indica que la actuación de los policías no fue improvisada y, por tanto, no fue espontánea, que tenían conocimiento previo de la acción, que iban de paisano y estaban mezclados entre la gente a la espera de lo que
ocurriese y que hubo forcejeos con los pacifistas, pero, sorprendentemente, dicen: no nos consta que ningún agente sacara su arma. Al día siguiente, domingo, en todos los periódicos nacionales sale la foto, donde se ve al agente en cuestión con un
arma y forcejeando con uno de estos jóvenes antimilitaristas. Esos son los hechos. A nosotros nos parece que esa actuación fue totalmente contundente, desproporcionada. Por eso quería hacer una muy breve valoración del asunto.
Mire, señor director general, el Grupo Parlamentario Socialista, que desde luego está totalmente de acuerdo con la libre expresión de cualquier colectivo, está en desacuerdo, sin embargo, con que este grupo pacifista, aunque fuese para
hacerlo simbólicamente, usase un mazo. Consideramos que podía haberlo hecho de otra manera, por tanto, sí que mostramos nuestro desacuerdo ante esta cuestión, pero nuestro desacuerdo es total y profundo contra la actuación de la policía y contra
las declaraciones de sus jefes. En contra de la policía porque nos parece que esa actuación no solamente era desproporcionada, sino que además era irresponsable, por sacar una pistola en pleno sábado, en una ciudad turística como Alicante, en un
momento en que aquel paseo marítimo está lleno de gente; se le podía haber escapado un tiro en ese forcejeo, por lo que nos parece irresponsable y que va contra el más mínimo sentido común. Podría haber habido una desgracia enorme, un atentado
para la propia vida del policía y para la gente que estaba allí en aquellos momentos y que había rodeado a todo aquel grupo para ver qué es lo que estaba ocurriendo. Lo más grave es que creo que es totalmente ilegal, como quiero después recordarle.
Sobre esta actuación hicieron declaraciones en ese momento tanto el subdelegado del Gobierno, señor Garrido, como el comisario jefe provincial de la Policía Nacional, señor don Baldomero Araujo, defendiendo y justificando la actuación con
las que nuestro desacuerdo fue total. Yo sé que usted conoce perfectamente, señor director general, la Ley 2/1986 de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero quisiera recordarle brevemente un pequeño apartado del preámbulo y el artículo
correspondiente. Dice el preámbulo de esta ley -abro comillas-que a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se ejerce el monopolio por parte de las administraciones públicas del uso institucionalizado de la coacción jurídica, lo que hace
imprescindible la utilización de armas por parte de los funcionarios de policía. Ello, por su indudable trascendencia sobre la vida y la integridad física de las personas, exige el establecimiento de límites y la consagración de principios sobre
moderación y excepcionalidad en dicha utilización.
Precisamente porque el preámbulo establece eso, el artículo 5.2, letra d) -señor director general, supongo que lo recordará; también lo leo textualmente- dice que solamente deberán utilizar las
armas en las situaciones en las que exista un riesgo racionalmente grave para su vida, su integridad física o la de terceras personas o en aquellas circunstancias que puedan suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana.
En la situación que estamos comentando -y hay constancia gráfica de todo ello- no existía riesgo racionalmente grave para la vida del policía o de los policías ni para su integridad física ni para la de terceras personas y desde luego no
había un grave riesgo para la seguridad ciudadana, entre otras cosas porque la misma policía declara o indica, tanto en los medios de comunicación como ante la jueza que instruyó el caso, que los miembros de este Colectivo Tortuga forcejearon con
ellos pero que en ningún momento se resistieron a la autoridad de la policía. Por tanto, no entendemos por qué sacaron un arma ante estos hechos. Nos parece bastante inaceptable lo que dijeron el subdelegado y el comisario.
Nosotros, pensando que el Gobierno no estaría de acuerdo con lo que había ocurrido y que es una actuación concreta, excepcional, pero ilegal, de la Policía
Nacional, en este caso en la ciudad de Alicante, es por lo que queríamos preguntarle -la pregunta, desde luego, es literal- si considera correcta la actuación policial en este caso el día 1 de febrero en Alicante.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): El día 1 de febrero, funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría provincial de Alicante, en el ejercicio de las funciones que tienen atribuidas de
captación, recepción y análisis de cuantos datos puedan tener interés para el orden y la seguridad pública, tenían conocimiento de que el denominado Colectivo Tortuga, entre cuyas actividades figuran las antimilitaristas, pretendía llevar a cabo una
acción sin determinar contra alguna institución oficial, edificio o monumento representativo del Estado. Dado que integrantes del citado colectivo en ocasiones anteriores habían llevado a cabo actuaciones de carácter radical y de apoyo a grupos
radicales, la Comisaría provincial de Alicante, para proteger los derechos y libertades fundamentales y la seguridad de las personas y bienes que pudieran verse afectados por dicha acción, puso en marcha un dispositivo de vigilancia compuesto por
policías de paisano situados en distintos lugares, apoyados por policías de uniforme y vehículos con distintivos, a fin de detectar y detener a los posibles autores en caso de que ejecutaran las acciones temidas.
Sobre las 11,15 horas del día 1, se localizó a dos grupos de personas que merodeaban en la plaza del Mar, por lo que los agentes allí situados alertaron al resto y permanecieron a la expectativa. En esos instantes, y de manera sorpresiva,
un vehículo monovolumen paró delante del monumento al Ejército español, del que se bajaron varias personas que vestían una indumentaria compuesta por un mono blanco y un casco; en las manos llevaban un mazo de grandes proporciones, un martillo y
dos botes de pintura, confirmándose así las informaciones recabadas. Ante la inminencia de los acontecimientos, la respuesta policial tuvo que ser inmediata para tratar de impedir que se provocaran daños al grupo escultórico. A la vista de su
actitud violenta y de su comportamiento amenazante y agresivo, especialmente del portador del gran mazo, uno de los policías intervinientes exhibió el arma reglamentaria con el fin de intimidar al aparente agresor, sin que se produjeran
consecuencias de ninguna clase. Tras forcejear físicamente con ellos, se procedió a la detención de seis activistas. Aunque no se pudo impedir que arrojaran la pintura blanca a las esculturas, se evitó su destrucción y, de forma inmediata, fueron
limpiadas por operarios municipales, lo que evitó que los perjuicios fueran irreparables. Tras su detención, los seis activistas fueron trasladados a las dependencias de la comisaría provincial. Posteriormente, solicitaron el procedimiento de
habeas corpus, por lo que fueron presentados ante la magistrada juez de guardia, que ratificó la detención y devolvió a todos los detenidos a las dependencias policiales para continuar con los trámites e investigaciones pertinentes y ultimar la
instrucción del atestado. Por todo lo anterior, fueron instruidas las diligencias policiales número 2574, elevadas al juzgado de instrucción en funciones de guardia, que dispuso la libertad con cargos de los presentados.
En algunos comunicados de ciertos colectivos se dijo que la actuación policial impidió el ejercicio del derecho constitucional de manifestación. Hay que puntualizar que ninguna persona o grupo efectuó comunicación alguna para la celebración
de una reunión o manifestación en las vías públicas de la ciudad de Alicante el día 1 de febrero; requisito que establece el artículo 21.2 de la Constitución y la normativa que la desarrolla para el ejercicio del derecho de reunión en los lugares
de tránsito públicos y manifestaciones, Ley orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, modificada por la Ley orgánica 9/1999, de 21 de abril. En consecuencia, y sin perjuicio de lo que pueda determinar la autoridad judicial
que conoce de los hechos, la intervención policial ha sido conforme a los principios de actuación previstos en el artículo 5 de la Ley Orgánica de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tantas veces citada por usted y por mí.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señor director general, como habrá visto, los hechos que usted ha relatado no son distintos de los que yo le he contado a usted. Quizás usted tenga conocimiento de alguna cuestión más interna, pero lo que nosotros
preguntamos es si lo considera correcto, si se atiene al artículo 5, que le he leído expresamente -en todo lo demás estaríamos más o menos de acuerdo, podríamos debatirlo-, en el sentido de que la Policía Nacional solamente debe utilizar las armas
en situaciones en que exista un riesgo racionalmente grave para la vida, para su vida, su integridad física o la de terceras personas, o en aquellas circunstancias que pueda suponer un grave riesgo para la seguridad ciudadana. Señor director
general, como indica el informe que le pasan, en cinco minutos aquello había terminado. Aquellos jóvenes forcejearon para poder tirar la pintura, pero en ningún momento agredieron a la policía. Es más, se tiraron al suelo, los llevaron al furgón,
etcétera.
No hubo absolutamente nada, ninguna circunstancia para que un policía sacase su pistola. Dice, cosa que me sorprende enormemente, que exhibió la pistola (faltaría más que se hubiese puesto a tirar tiros), pero la cuestión es que esa
actuación es totalmente ilegal, no se atiene a la legalidad democrática vigente. Por eso yo quería conocer su opinión. Me
parecía mucho más importante saber cómo consideraba el Gobierno lo que podría haber sido una actuación de total negligencia por parte de la policía en este caso concreto. Desde luego que es excepcional, pero sí merecería que usted dijese
cómo considera este asunto, lo que considera el comisario jefe de la Policía Nacional en la comisaría de Alicante ya lo conocemos y estamos en profundo desacuerdo porque, aparte de irresponsable y desproporcionado, que son términos valorativos, es
más grave que todo esto, porque es una actuación ilegal. Esto es lo que nosotros queríamos conocer de usted, cómo lo considera, cómo lo valora, cómo lo ve y si va a tomar alguna medida al respecto, pidiendo algún informe más exhaustivo que el que
le han indicado simplemente y que, como ha visto, yo misma se lo he dado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): He contestado con precisión a lo que usted me ha preguntado y se lo voy a reiterar. En consecuencia, y sin perjuicio de lo que pueda determinar la autoridad
judicial que conoce de los hechos -y a la cual todos nos subordinamos-, la intervención policial ha sido conforme a los principios de actuación previstos en el artículo 5 de la Ley 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tantas
veces invocada por usted y por mí. Con esto contesto, pero usted quiere más y se merece algo más, por lo que voy a intentar ahora dar una argumentación con el fin de que podamos hacer una valoración objetiva de esa situación.
Usted ha utilizado dos verbos que en el Diccionario de la Real Academia tienen connotaciones bien diferentes: el verbo utilizar y el verbo exhibir. Me limito a lo recogido en el 'Diario de Sesiones', hace cinco minutos usted ha empleado la
palabra utilizar y yo estoy empleando, con subordinación a lo que sucedió, el verbo exhibir. Son matices bien diferentes.
En cuanto al riesgo, ¿cómo se evalúa el riesgo?, ¿quién evalúa el riesgo? Usted acaba de evaluar el riesgo, pero el riesgo no se evalúa en el Congreso de los Diputados. El riesgo se evalúa sobre el terreno, es decir, in situ. ¿Cuáles son
las consecuencias de evaluar bien o mal el riesgo? Eso solamente se puede manejar dialécticamente en términos de prospectiva. Usted lo está utilizando aquí en términos de prospectiva, con todo el derecho, y en términos de prospectiva lo estoy
utilizando yo, igualmente en términos dialécticos. Si usted lo que quiere es conocer la opinión del director general de la Policía, que no es el objeto de su pregunta, porque su pregunta la he contestado con total precisión, le digo, en términos de
controversia dialéctica, que es muy diferente utilizar y muy diferente exhibir. Lo uno y lo otro está íntimamente vinculado y subordinado a la evaluación del riesgo.
Compartirá usted conmigo que evalúa mejor el riesgo el que está allí, aunque la autoridad judicial determinará si exhibió el arma con subordinación al principio de legalidad o no, pero coincidirá usted conmigo en que el policía que está allí
en aquel momento está en mejores condiciones que usted y que yo de evaluar el riesgo. Siento mucho no poder ser más preciso, pero considero que ya lo he sido bastante. Es un asunto que tiene su complejidad, es un asunto que está judicializado y
terminaré mi argumentación diciéndole que al principio de su intervención usted se ha referido a las diligencias. (La señora Serna Masiá pide la palabra.) Sí, usted al principio de su intervención se ha referido a las diligencias.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Serna Masiá, no tiene usted la palabra.
La señora SERNA MASIÁ: No es para polemizar, es por una cuestión de información. Las diligencias se han abierto para los jóvenes, no para la policía, señor director general. No está judicializado para la policía.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Si estoy hablando de lo mismo que usted. Estoy hablando de las diligencias a las que usted se ha referido, las diligencias que se han abierto a los jóvenes. Estoy
hablando de eso, no estoy hablando de la policía. Estoy hablando de lo mismo que usted.
Termino mi argumentación y mi información. Don F.M.J. dice lo siguiente en esas diligencias. Declaró que en una acción no violenta y antimilitarista procedieron a intentar demoler la estatua, y cuando se le preguntó si demoler una estatua
no era violento, contestó que la violencia no iba dirigida contra las personas. Esto lo ha omitido usted, seguramente porque no tiene el detalle de la información de la declaración que hizo la persona que he llamado F.M.J., pero puede usted
constatar lo que acabo de decir en cualquier momento. Así que lamento -y lo subrayo- no poder ser más preciso pero creo que he contestado a lo que a usted le interesaba.
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DEL ESTADO DE LAS INSTALACIONES Y DE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE LA COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE LA SEU D'URGELL (LLEIDA).
(Número de expediente 181/003702.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Comenzamos con las preguntas que va a formular el señor Pedret. En primer lugar, la que figura con el
número 9 en el orden del día, que hace referencia al estado de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en la Seu d'Urgell en Lérida.
Para formularla, tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Intervengo de una forma absolutamente escueta para darla por formulada, tal como consta en el orden del día, es decir, referente a las instalaciones y los elementos de seguridad de la comisaría del Cuerpo
Nacional de Policía de la Seu d'Urgell.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Doy un saludo muy cordial al señor Pedret. A usted mismo y a la señora Cunillera i Mestres se les ha contestado a cinco preguntas escritas en 2003 sobre este mismo
asunto y esto lo sabe usted que conoce perfectamente el Reglamento de la Cámara.
La comisaría de la Seu d'Urgell tiene una superficie de 160 metros cuadrados y está situada en los bajos de un inmueble de vecinos. Todo eso lo sabe usted. Dispone de las siguientes medidas de seguridad. El acceso por la puerta principal
está protegido con una verja corrediza, tipo persiana lateral. Encima de esta puerta y a lo largo de la fachada existe un enrejado metálico que protege las cuatro ventanas que corresponden al altillo de la comisaría. Un acceso secundario con
conexión al garaje del edificio que alberga la comisaría está protegido con una puerta metálica.
Hay cinco ventanas protegidas con rejas que comunican con dos pequeños patios interiores a los que tienen acceso los vecinos. Existe una alarma
electrónica que funciona correctamente. El garaje está situado en un edificio separado de la comisaria enfrente de la misma y, además de servir de garaje, alberga los vestuarios y taquillas siendo su seguridad la ofrecida por una persiana metálica
vertical en la entrada principal y una puerta con cierre de seguridad en la entrada secundaria que conecta con el portal de vecinos del edificio que alberga el garaje.
El puesto fronterizo de la Farga de Moles, aparte de los tres filtros de control, dispone de una construcción prefabricada instalada... (El señor Pedret i Grenzner pide la palabra.) ¿Voy muy deprisa?
El señor PEDRET I GRENZNER: Pido autorización al señor presidente para aclarar que no formulo en este acto ninguna pregunta sobre el puesto fronterizo de La Farga de Moles, pero si el director general quiere aclarármelo, naturalmente puede
hacerlo.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Perdone, ha sido un lapsus. Esto tiene que ver con otra intervención y con otra pregunta.
En nuestra opinión, señor Pedret, las instalaciones de seguridad de la comisaría de la Seu d'Urgell, con independencia de las carencias y de las deficiencias estructurales que históricamente tiene el edificio, están asumidas en la medida en
que no afectan a la eficacia de la función policial y, en concreto, a la eficacia de la seguridad ciudadana.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor Díaz de Mera, le agradezco además su disposición -que se ha mostrado verbalmente- para informarme de más asuntos cercanos a la Seu d'Urgell, pero hoy nos limitamos a la comisaría que radica en la capital de
comarca, sede episcopal, etcétera, aunque no tenga importancia desde el punto de vista policial. A mi entender, desde este punto de vista tiene importancia la localización geográfica de esta ciudad, extraordinariamente próxima a una frontera
exterior de la Unión Europea, con las implicaciones policiales que tiene, aparte de los filtros del puesto fronterizo de La Farga de Moles, que, como el señor compareciente sabe y desde luego nos consta a ambos, ha sido también objeto de
preocupación y pregunta consiguiente por parte de quien les habla en este momento con una brevedad que les aseguro que va a ser excepcional en lo que para mí es costumbre. Tranquilícense, por tanto, el señor presidente y el resto de comisionados.
Conozco el Reglamento de la Cámara y me he visto en la necesidad de formular pregunta oral precisamente por el contenido de las respuestas gubernativas escritas. Se me dice, por ejemplo, en respuesta de fecha 30 de abril de 2003 -respecto a
lo que usted hoy, señor Díaz de Mera, me ha asegurado que eran elementos de seguridad suficientes para garantizar la seguridad necesaria de las instalaciones policiales- que está previsto a medio plazo el estudio de un proyecto de instalación
completa de seguridad electrónica y circuito cerrado de televisión, y no sabemos nada más, ni cuál es este plazo ni en qué momento está su realización o si está previsto y presupuestado. Además en la intención al menos del preguntante no se trataba
sólo y exclusivamente de las medidas de seguridad, sino del conjunto de las instalaciones de la comisaría.
Reconozco ha tenido usted el detalle de decir que hay carencias y deficiencias estructurales, en lo que estoy absolutamente de acuerdo, señor
Díaz de Mera, y la descripción que usted hace es objetiva -a pie llano de la calle, bajo un edificio de viviendas- y posiblemente no sean las mejores condiciones de seguridad ni para los vecinos de los pisos superiores ni para los funcionarios que
trabajan allí. Además, en general, las instalaciones presentan problemas que son importantes, por ejemplo, la accesibilidad para las personas con dificultades de movilidad. Se me explica, y no tengo por qué dudar, que en ocasiones el
funcionario de policía encargado de la tramitación de un asunto determinado debe de salir a la acera, en la avenida Saloria, para atender a los ciudadanos que no pueden físicamente entrar en el local por la inexistencia de rampa y
condiciones adecuadas para las personas con dificultades de movilidad. Se nos habla también en la respuesta escrita de que el local utilizado como vestuario ha dejado de usarse como tal, pero no sabemos si donde está situado ahora continúa estando
en las condiciones físicas que existía, sin discriminación entre el vestuario para el personal femenino y masculino. Se nos habla de la existencia de una alarma que funciona, cosa de la que me alegro, desde luego, pero no veo que solucione el
problema, también planteado, de que cuando llega el primer funcionario por la mañana tiene que abrir la puerta de la comisaría, desconectar la alarma y no hay ningún otro sistema de seguridad y es él solo el que tiene que dedicarse a estas
cuestiones, cosa que puede ser peligrosa en determinados puntos; sé que los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía deben de asumir los riesgos que conlleva la función que han elegido, pero tampoco se les puede someter a riesgos no justificados
en aspectos como éste.
En cuanto al local anexo al del garaje, hay una puerta de madera que comunica con la escalera de vecinos, con una cerradura de seguridad como la que tenemos todos los vecinos en nuestras casas. En este caso se pasa a locales policiales y no
hay ningún tipo de control físico ni electrónico de esta puerta. Señor Díaz de Mera, con la seguridad de que ambos coincidimos en la preocupación de la seguridad y la eficacia de estas instalaciones de todos en La Seu d'Urgell, le quisiera
preguntar si realmente este plan de modificación, de arreglo de las carencias y deficiencias estructurales y de seguridad va a llevarse a cabo en un plazo corto, cuál podría ser éste y si existe ya previsión en los Presupuestos Generales del Estado
del próximo año.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Este es el momento de hablar del puesto fronterizo de La Farga de Moles, y no el otro, y ahora verá usted por qué.
El puesto fronterizo, como S.S. sabe, depende de la comisaría de La Seu d'Urgell. El estado de las instalaciones del puesto fronterizo, sin llegar a ser óptimo - que como todo el mundo sabe es mejor que bueno-, es adecuado, teniendo en
cuenta su número de funcionarios y las condiciones de prestación del servicio al que pertenece la plantilla de La Seu d'Urgell. Ahora, responderé a la última parte de su intervención.
Antes le he dicho que hay una alarma electrónica que funciona correctamente y no le he dicho, y le digo ahora, que está pendiente de instalarse un sistema de detección de humos en los calabozos, así como un circuito cerrado de televisión.
En lo que se refiere a las dificultades estructurales, me he resistido mucho a decir lo que sigue: en negociaciones con el señor alcalde existió, en su día, la posibilidad de la cesión de unos terrenos para construir una nueva comisaría. Se
trataba de unos terrenos en los que está inserto el edificio de la antigua aduana, edificio importante en La Seu d'Urgell. Según dicen las personas que reiteradamente han visitado la comisaría de La Seu d'Urgell para intentar soluciones no
coyunturales, sino soluciones definitivas, parece que la corporación -no su alcalde por no ser tan preciso en la nominación- decidió instalar una oficina de turismo en la sede de la aduana. Ahora es cuando contesto precisamente a su pregunta.
¿Cuál es la alternativa existente? La alternativa es utilizar un terreno de 300 a 400 metros cuadrados situado en el puesto fronterizo de La Farga de Moles para hacer una nueva comisaría y dar a las instalaciones actuales la función relativa a
todos los instrumentos administrativos de extranjería y documentación, singularmente al documento nacional de identidad.
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA IDONEIDAD NUMÉRICA DE LA PLANTILLA REALMENTE PRESENTE EN LA COMISARÍA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DEL AEROPUERTO DE EL PRAT DE
LLOBREGAT (BARCELONA), PARA LA REALIZACIÓN DE LA TOTALIDAD DE FUNCIONES NECESARIAS EN DICHA COMISARÍA. (Número de expediente 181/003703.)
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE LA ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE LOS FILTROS DE CONTROL CORRESPONDIENTES A LA CONDICIÓN DE FRONTERA EXTERIOR DE LA COMISARÍA DEL
CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DEL AEROPUERTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT (BARCELONA). (Número de expediente 181/003704.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos a las preguntas señaladas como 10 y 11, que van a ser formuladas de manera acumulada por el propio señor Pedret. Ambas hacen referencia al Cuerpo Nacional de Policía en el aeropuerto de El
Prat de Llobregat.
El señor PEDRET I GRENZNER: Quiero darlas por formuladas, tal y como aparecen en el orden del día y, aunque estoy de acuerdo con la tramitación acumulada,
acordada anteriormente con la presidencia, quiero precisar que una de ellas trata de cuestiones de plantilla y catálogo y la otra de instalaciones físicas de filtro de viajeros que deben ser controlados al llegar al aeropuerto.
Con esta precisión, quedan formuladas las preguntas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): El aeropuerto de El Prat -y volveré a hablar de él en la pregunta número 11- es el segundo aeropuerto de España, como es del dominio común, y el décimo de toda la
Unión Europea en número de pasajeros. Está destinado especialmente a las conexiones con aeropuertos domésticos y otros aeropuertos europeos. El número total de pasajeros durante el año 2002 fue de 21.341.709. El 49 por ciento del tráfico es
doméstico; el 43 por ciento se dirige a Estados miembros de la Unión Europea y el 8 por ciento a terceros países. Un gran número de vuelos internacionales se dirige al Reino Unido e Irlanda, con lo que la proporción total de vuelos no Schengen
supone el 10 por ciento del tráfico actual de El Prat. Cuenta actualmente con 86 funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que prestan servicios de control de frontera, prevención de la delincuencia, oficina de denuncias, atención al ciudadano y
expedición de pasaportes.
Dado que en el verano la plantilla se refuerza con funcionarios en prácticas -durante el verano 2003 contó con 15 policías más en prácticas- y que con carácter general la buena optimización de los recursos disponibles
adecua los controles a la variación de la frecuencia de los vuelos a lo largo del día, puede decirse que se cubren correctamente los distintos servicios. En los casos en los que se presume un tráfico o movimiento de pasajeros superior al habitual,
los servicios se refuerzan con efectivos de la comisaría local o con efectivos de la propia Jefatura Superior de Cataluña. Para darle una información un poco más precisa, hay una ocupación de 3 inspectores-jefes, 9 inspectores, 7 subinspectores, 3
oficiales de policía y 64 policías.
En lo que se refiere a la pregunta número 11, El Prat está dividido -como S.S. sabe mejor que yo porque lo utiliza con frecuencia- en tres terminales, denominadas A, B y C. La terminal A se destina, principalmente, a los vuelos no Schengen.
Dentro de la terminal A existen ocho cabinas para pasaportes, tres para llegadas, una para tránsitos y cuatro para salidas. Cada cabina cuenta con dos puestos de trabajo. En la terminal B hay una zona separada de llegada para vuelos no Schengen,
provista con dos cabinas cada una y con dos puestos de trabajo. Estas cabinas reciben una media aproximada de diez vuelos al día. La terminal C se utiliza, principalmente, para vuelos domésticos, por lo que no es necesario disponer de
instalaciones ni equipamientos para efectuar los controles fronterizos. El Prat se controla mediante noventa videocámaras que sirven tanto para las tareas de vigilancia como para las tareas de seguridad. Las cabinas para el control de pasaportes
están equipadas con un terminal individual, conectado a las bases de datos nacionales y el sistema de información Schengen (SIS), así como con una lámpara ultravioleta para la detección de documentos falsos y un teléfono. En la oficina de segunda
línea se dispone de un vídeoespectrum, un microscopio y un sistema de detección, precisamente complementario del anterior, para documentos falsos.
Los servicios que se vienen prestando son los siguientes. Control de frontera, prevención de la delincuencia, oficina de denuncias y atención al ciudadano y expedición del pasaporte. La dirección general de la Policía trabaja conjuntamente
con AENA para prestar el servicio más adecuado a los pasajeros que llegan a nuestros puestos fronterizos, asumiendo totalmente lo relativo al equipamiento de la infraestructura de las instalaciones y dotando de puestos informáticos a las oficinas de
control.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor director general, está usted en lo cierto, el aeropuerto de El Prat lo conozco bastante. Los que tenemos la condición de periféricos, sin llegar a los compañeros ultraperiféricos de Canarias, sabemos lo
que son los aeropuertos y los usamos con una asiduidad posiblemente excesiva para el bien de la vida familiar, personal, etcétera.
Conozco el aeropuerto de El Prat, conozco la opinión respecto a la seguridad en el aeropuerto de El Prat, la opinión pública y la opinión publicada, con esta distinción que se utiliza a veces respecto a la seguridad en el aeropuerto de El
Prat. He podido ver directamente situaciones a menos confusas respecto a la dedicación de cada uno de los distintos cuerpos policiales que se encuentran en El Prat. La policía municipal del Ayuntamiento de El Prat persiguiendo a una persona que al
parecer se había llevado una bolsa cuya propiedad no estaba claramente determinada. He visto a policías nacionales dirigiendo el tráfico cuando hay problema en la terminal, cosa que ocurre bastante a menudo, porque, como sabe, la reivindicación de
la ampliación del aeropuerto es en otro ámbito una reivindicación establecida, y puedo leer cada dos por tres, en expresión vulgar, bastante a menudo quejas de usuarios que mandan cartas a los periódicos, así como artículos referentes a la
inseguridad que existe en el aeropuerto.
Sabemos que la sensación subjetiva de inseguridad es algo difícilmente mensurable con parámetros científicos. Tiene una cierta relación pero no es exactamente coincidente con la incidencia de hechos delictivos. Se
trata de una sensación subjetiva del conjunto de la población respecto a sentirse o no sentirse protegido en un lugar en concreto. Sin embargo, en el caso del aeropuerto de El Prat y la comisaría del aeropuerto de El Prat, creo que existen
algunos índices objetivos, refiriéndose a la pregunta de la plantilla, para que haya condiciones de difícil sentimiento de protección. Usted ha dado unos datos que coinciden exactamente con los que se han dado en otras ocasiones por el Ministerio
del Interior respecto a la actual situación de la plantilla de El Prat.
Supongo que me dirá usted que el catálogo no sirve como baremo, pero lo cierto es que el catálogo 2003 nos establece un conjunto de 139 funcionarios para la comisaría, 2
inspectores jefes, 9 inspectores, 15 subinspectores, 10 oficiales, 103 policías, en total 139.
La situación actual es cierta, pero además, según mis noticias, quizás equivocadas, usted me lo aclarará, hay también un comisario que no consta en el catálogo pero que ahí se ocupa una plaza de comisario, lo cual nos da la situación de que
el conjunto de los funcionarios dedicados a ocupar puestos en la comisaría de El Prat es de 86 funcionarios, todas las categorías confundidas, frente a 139 funcionarios de catálogo. Si no me ha hecho cometer error la calculadora, porque confieso
que soy de letras, esto supone un 61,87 por ciento de ocupación respecto al catálogo oficial previsto. Como sabemos todos los que estamos en la sala que además hay turnos, vacaciones, permisos, situaciones de excedencias, etcétera, ello nos da un
número de funcionarios de policía realmente presentes en cada momento concreto en el aeropuerto que difícilmente puede dar sensación de seguridad a quien deambula por aquel aeropuerto, menos complicado desde luego que el de Barajas, pero grande, con
una enorme circulación, con una sensación de cantidad de gente en todas las terminales extraordinaria.
Las anécdotas, quejas, situaciones que se viven como de peligro sobre todo para los bienes de las personas, no conozco incidencias especiales respecto a seguridad física o la vida de las personas, pero sí respecto a sus bienes, es vivida
altamente mal por la población que lo usa, al menos por la población que reitera el uso, que es aquella que reside normalmente en Barcelona. Esto es grave porque, como usted sabe, Barcelona se ha convertido, no por suerte, sino por el esfuerzo
realizado por administraciones y ciudadanos de Barcelona, en uno de los destinos turísticos más importantes de Europa, y la inmensa mayoría -no tengo en este momento la cifra exacta- de los visitantes que van a hacer turismo a Barcelona o que, yendo
a congresos o actividades distintas, llegan a la ciudad de Barcelona lo hacen a través del aeropuerto, pese al auge extraordinario del turismo de crucero que existe también actualmente, y la primera imagen, la primera impresión que pueden llevarse
de Barcelona es el aeropuerto, que arquitectónicamente me gusta, la verdad sea dicha, aunque no tenga mucha simpatía por su arquitecto, pero la sensación de falta de seguridad es alta. Existe, desde mi punto de vista, un parámetro objetivo que lo
justifica, la inadecuación entre la plantilla realmente existente y el catálogo de puestos de trabajo elaborado por el Gobierno.
Hemos de entender que el catálogo que se aprueba por decreto, aparte de ser vinculante para el Gobierno, es racional,
es decir, se establece teniendo en cuenta parámetros que sean adecuados para proteger la seguridad de los ciudadanos, que es lo que le compete legalmente al Gobierno. Ello no parece ser así, al menos no se percibe así, y los datos objetivos
respecto a la plantilla creo que militan a favor de mi tesis.
En cuanto a los filtros, existen también quejas, señor director general, que han llegado a la visita por parte de una comisión de la Unión Europea porque, como usted ha dicho, hay llegadas Schengen, pero hay también llegadas no Schengen.
Todos sabemos, porque hemos hablado de ello en muchas ocasiones, que gran parte de la inmigración en situación administrativa irregular llega a través de los aeropuertos, todos sabemos también que una buena parte del tráfico de sustancias ilícitas
se realiza a través de los aeropuertos y que es función y obligación del Estado el control de estas actividades ilegítimas, ilícitas, ilegales. En este caso no coinciden en absoluto las informaciones que usted me da con las informaciones que me han
dado personas vinculadas directamente al trabajo policial en el aeropuerto. El número de filtros no parece coincidir en sus informaciones y en las mías. De acuerdo con la información de la que yo puedo disponer hasta el momento en que usted me
dice una cosa distinta, existe un único ordenador para el control de todos los pasaportes y documentos de viaje que deben pasar por allá, existe una falta de separación física del espacio por el que deben transcurrir los viajeros que no deben ser
controlados y los que deben ser controlados, lo que en momentos de acumulación, con un funcionario -se me dice que sólo hay un funcionario- en el filtro, impide el control efectivo de que no se pase por la otra parte.
Existe, como dije, una visita que se realizó los días 20 y 21 de enero de este año por parte de enviados de la Unión Europea y, según mis informaciones, durante la visita apareció otro ordenador prestado por AENA, pero no de la Dirección
General de Policía, que luego desapareció una vez pasada la visita. El tema está tratándose en instancias europeas, según tengo constancia, exactamente en la Comisión de Justicia, Derecho y Libertades del Parlamento Europeo. En resumen, señor
director general, creo que debe reforzarse la instalación física, los medios tecnológicos y la dotación de funcionarios para realizar adecuadamente las tareas de control en el que, como usted ha dicho, es el segundo aeropuerto de España y el décimo
de Europa, con un tráfico extraordinariamente importante, que afecta a una región económica amplia y por desgracia con alta incidencia
en cuanto al consumo de sustancias que hay que saber detectar en el momento en que se intentan introducir en el país y con una alta incidencia también de casos de inmigración en situación administrativamente irregular. Por ello, con la
absoluta -se lo aseguro- intención de que podamos coincidir en la solución de lo que yo creo que son problemas existentes, entiendo que no es bueno negar que existe un problema en el aeropuerto de El Prat y que hemos de ver, junto con su
responsabilidad básica -porque usted representa aquí al Ejecutivo y yo estoy en función única y simplemente de control desde la oposición, espero que pronto la situación sea distinta-, con la responsabilidad que nos compete a ambos, qué soluciones
podemos llegar a establecer para resolver este problema, que creemos que es un problema de control, de seguridad y de sensación de inseguridad en el aeropuerto de El Prat de Barcelona.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García). Señor Díaz de Mera.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Para ordenar un poco el debate y por cortesía parlamentaria voy a responder a sus preocupaciones.
Un aeropuerto es un complejo, desde el punto de vista de la seguridad, inaprensible a simple vista y también muy inaprensible profundizando, porque tiene unas zonas de opacidad en materia de seguridad. Habrá visto que cuando he hablado de
90 videocámaras he hecho intencionadamente un paréntesis dubitativo, porque no estoy seguro de que ese dato convenga facilitarlo y no porque S.S. lo pida que, como sabe, le facilito toda la información que solicita que no está clasificada y puedo
facilitar.
Por ordenar un poco el complejo de seguridad de El Prat, le diré que la guardia urbana no tiene competencias en materia de Policía judicial. Esta ordena el tráfico cuando quiere y cuando así lo dispone el señor alcalde o el concejal que
tenga esa competencia para El Prat. La zona tierra es competencia del Cuerpo Nacional de Policía. Sólo le diré lo que le puedo decir. La zona aire es competencia de la Guardia Civil. Los filtros son los que yo le he dicho. En lo que se refiere
al catálogo, los números los tiene usted bien, menos uno. Sólo se ha equivocado en un número. Donde ha dicho 102, son 103 policías. (El señor Pedret i Grenzner: Ha sido un error. Tengo apuntado 103.) El catálogo es de 140. Esto lo digo para
abundar en que hay informaciones precisas, como esta del catálogo, y hay informaciones imprecisas porque no pueden ser precisas.
Le recomiendo que, para que pueda comprender bien la complejidad de la seguridad del aeropuerto de El Prat, sin vincular la seguridad ciudadana o la percepción subjetiva de la seguridad ciudadana al tamaño de una plantilla, consiga en la
Cámara, que se lo van a dar inmediatamente, este documento, que es una resolución comunitaria del 16 de diciembre de 2002 que concierne, en materia de seguridad aeroportuaria, a todos los países y aeropuertos de la Unión. Es el Reglamento
2320/2002, de 16 de diciembre, por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil del Parlamento Europeo y del Consejo. Ese reglamento tiene unos tiempos y la Autoridad Aeroportuaria, en función de lo que establece el
reglamento, tiene que estar en el ámbito competencial del Ministerio del Interior. Ahora está coyunturalmente en el ámbito competencial del Ministerio del Interior, pero también está en el ámbito competencial del Ministerio de Fomento versus,
Dirección General de Aviación Civil. Si importante es lo que a usted le preocupa, que deduzco que es la seguridad en la zona tierra, fíjese usted si es importante la seguridad de las aeronaves, la seguridad en la zona aire y la seguridad dentro de
las aeronaves. Por eso le digo que es una pregunta que tiene toda la legitimidad parlamentaria, pero que la respuesta naturalmente tiene que tener las imprecisiones que derivan de la garantía de la seguridad que usted invoca y yo comparto.
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES ACERCA DE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA DE MATARÓ (BARCELONA). (Número de expediente 181/003716)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Llegamos así a la última de las preguntas previstas en el orden del día, que figura con el número 12, y que hace referencia a la plantilla de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía en Mataró.
Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Voy a formularla también en los estrictos términos del orden del día. Comparto no la opinión sino la aseveración absolutamente correcta por parte del director general de la Policía de que las policías
municipales no tienen funciones de Policía judicial, pero cuando un policía asiste a un determinado acto contra la propiedad es lógico que intervenga. Por tanto no reprocho, y supongo que tampoco el director general, a la Policía municipal que
intervenga en estas actuaciones, lo ponía como ejemplo, visto por mí directamente, de la sensación que puede producir eso. Y viene al caso no para intentar un tercer turno no reglamentario respecto a la pregunta anterior, sino porque la pregunta
que se formula respecto a la situación de la comisaria nacional de policía de Mataró en cuanto a plantilla tiene mucho que ver con la necesidad en que se encuentra en muchas ocasiones el Cuerpo de Policía municipal de Mataró de
suplir funciones de Policía judicial, que desde luego no le competen y que no le queda más remedio que realizar, pese al actual despliegue del Cuerpo de Mossos d'Esquadra en aquella ciudad. Esto es debido, según las informaciones, desde mi
punto de vista fiables, que me han llegado, a la escasez de plantilla del Cuerpo Nacional de Policía en Mataró, teniendo en cuenta las funciones que aún, pese al despliegue ya realizado, competen al Cuerpo Nacional de Policía y los horarios de la
comisaria. La conexión entre la plantilla y el horario de la comisaria produce, a mi entender y al entender del Ayuntamiento de Mataró, disfunciones respecto a la seguridad de los ciudadanos de Mataró, que es lo que provoca la pregunta que dejo
formulada.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Contesto a su última pregunta. A fecha 1 de septiembre de 2003, la plantilla de nuestro Cuerpo Nacional de Policía en la comisaria de Mataró cuenta con los
siguientes funcionarios: 55 en servicio activo y uno en segunda actividad con destino. El vigente catálogo de puestos de trabajo de la Dirección General, de 25 de septiembre de 2002, contempla para dicha comisaría un total de 98 funcionarios. Sin
embargo, desde el pasado mes de noviembre de 2002 los mossos d'escuadra han completado su despliegue en la comarca del Maresme y del Vallés Oriental.
Ante tales circunstancias, el Cuerpo Nacional de Policía asume únicamente aquellas funciones supracomunitarias previstas en la Constitución y que le son propias en función de lo establecido en la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de
Fuerzas y Cuerpos, y los mossos d'escuadra las contempladas en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, aprobado, como S.S.
sabe mejor que yo, por Ley Orgánica 4/1979, de 18 de diciembre. Las funciones que asume el Cuerpo Nacional de Policía después
del despliegue, exigen que se proceda a una reorganización de los servicios operativos y documentales. De ahí que haya mencionado en iniciativas parlamentarias precedentes a lo largo de esta tarde el valor referencial del catálogo de puestos de
trabajo. Se están optimizando los efectivos, agrupándolos en aquellos lugares donde son más necesarios, para realizar una actuación supracomarcal en materias como extranjería, delincuencia especializada o crimen organizado y así dar una respuesta
más efectiva a los ciudadanos de Cataluña. Esta situación se podría mantener hasta que se complete el total despliegue de los mossos d'esquadra y se puedan dictar las normas necesarias para adecuar el sistema actual a las necesidades reales de cada
plantilla.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: El grado de coincidencia respecto a las funciones que le competen al Cuerpo Nacional de Policía desde luego no puede ser otro que total, puesto que son las que le competen legalmente.
Lo que ocurre es que le
consta a usted, señor director general -y digo que le consta porque además tuvimos ocasión de visitarle en su despacho el concejal entonces encargado de seguridad en Mataró, actualmente dedicado a otras funciones en el ayuntamiento luego de las
elecciones municipales, y yo mismo-, que existe una especial problemática en Mataró y en su comarca respecto, al menos, a una de las funciones del Cuerpo Nacional de Policía, una muy especial problemática en las competencias sobre extranjería: por
la inmigración; por una presencia de la explotación de la inmigración en condiciones superlativas, muy distintas a las que se producen en otras comarcas; por la existencia detectada de un gran número de talleres clandestinos, propiedad normalmente
de ciudadanos chinos, que ocupan de una forma esclavista a otros ciudadanos chinos en condiciones absolutamente inhumanas, inaguantables, diría casi indescriptibles si no fuera porque se puede encontrar su descripción en los atestados policiales y
en los artículos periodísticos al respecto.
Estas condiciones ponen en peligro no sólo la dignidad de las personas, sino su propia posibilidad de supervivencia, porque a veces los talleres son de proporciones ínfimas, sin salidas de incendios, sin
posibilidad de escaparse en el caso de que se produjera cualquier tipo de accidente.
Esta proliferación en la ciudad de Mataró, que se ha producido de una forma que se superpone a la tradicional inmigración para trabajos agrícolas en la comarca del
Maresme, perfectamente asumida e integrada y sin creación de ningún problema prácticamente en estos momentos y desde hace años sin problemas de sobreexplotación y casi de irregularidad, provoca, en cambio, una nueva situación en la que la presencia
efectiva del número suficiente de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, que son los que tienen, como el director general ha dicho, porque es la verdad, las competencias sobre extranjería, es absolutamente imprescindible.
Esta situación de 55 activos más uno en segunda actividad con destino, sobre 98 funcionarios previstos en el catálogo -por más referencial que sea, es un catálogo aprobado por Decreto de 25 de noviembre de 2002 y, repito, ha sido formulado
racionalmente por parte del Gobierno, estoy convencido de ello, no por capricho, sino teniendo en cuenta las condiciones que se han ido revelando posteriormente como más complicadas en cuanto a esta muy clandestina inmigración que se produce en los
talleres textiles de Mataró-, lleva a una situación de carencia real de la presencia suficiente del Cuerpo Nacional de Policía, que crea
problemas no sólo de necesidad de intervención de otros cuerpos en competencias propias del Cuerpo Nacional de Policía. Y no estoy hablando aquí de seguridad ciudadana, materia que es responsabilidad, desde que se completó el despliegue en
aquella zona, del Cuerpo de Mossos d'Esquadra, pero sí en cuanto a extranjería, la delincuencia especializada y la delincuencia organizada, que son condiciones que en el caso de Mataró en muchas ocasiones coinciden. Estamos hablando de un tipo de
explotación organizada, de tráfico de seres humanos organizado por parte de delincuentes extranjeros organizados, que explotan de una forma absolutamente ilegal a sus propios compatriotas, lo que lleva, repito, a la necesidad de una mayor presencia.
Así se siente en Mataró y creo que responde a la realidad.
Si unimos la diferencia entre la plantilla realmente existente a 1 de septiembre de 2003, respecto al catálogo previsto, con el horario que se practica en la comisaría de policía en Mataró, que es un horario diurno, fin de semana cerrado,
etcétera, y lo ponemos en contacto, por ejemplo, con la necesidad de identificación de los extranjeros y las limitaciones legales que por fortuna existen respecto a la retención de las personas sobre las que no pesa una acusación de comisión de un
acto delictivo, sino que se trata de una identificación que por tanto no pueden pasar determinados límites -y sentencias hay ya, como el director general conoce, condenando por detención ilegal a funcionarios que han excedido un tiempo razonable de
retención-, ello crea una situación complicada. La policía más presente en las calles, la Policía municipal, puede detectar la presencia de extranjeros posiblemente indocumentados, puede retenerlos durante el tiempo necesario para la
identificación, de acuerdo con nuestra normativa legal, pero no más. Cuando, por ejemplo, encuentran a un extranjero, posiblemente en situación irregular, y pretenden identificarlo un viernes por la tarde es absolutamente imposible porque hasta el
lunes siguiente no se abren las puertas de la comisaría y no hay funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía para realizar estas identificaciones.
Señor director general, esto crea una situación de disfuncionalidad en aquella ciudad que me ha llevado a formular esta pregunta, con el objetivo, se lo aseguro, de intentar que, con el estímulo previsto en nuestro sistema político de
ejercicio del control por parte del Parlamento, el Ejecutivo llegue a encontrar soluciones al respecto, porque la situación en Mataró es explosiva. Si somos conscientes de las consecuencias políticas que tiene la percepción de desbordamiento de la
situación por parte concretamente de esta inmigración irregular, ilegal, explotadora y explotada de forma, repito, absolutamente inconcebible, veremos que estamos creando las condiciones para una opinión política que difícilmente encaja en los
parámetros democráticos y de convivencia pacífica de todos los ciudadanos en Mataró. La situación, señor director general, requiere, se lo aseguro, urgencia en la resolución; desde luego vamos a empeñarnos en ello. Estoy seguro -no lo pongo en
duda, en absoluto- de su voluntad, señor Díaz de Mera, para solucionar este problema, entre los otros muchos que tiene. Es mi circunscripción, la conozco, conozco la ciudad, conozco la sensación y S.S. conoce también los problemas de xenofobia que
hemos tenido en determinados momentos en la ciudad de Mataró. Por ello le insto, con toda la gravedad y seriedad que requiere el caso, a que a la mayor urgencia se ponga solución a la situación disfuncional, no suficiente, del Cuerpo Nacional de
Policía en Mataró. No lo hago por ejercer la oposición por ejercerla, aunque desde luego es mi derecho y mi obligación, sino porque allí existe una situación que si se mantiene en el tiempo puede agravarse, en perjuicio, repito, de la convivencia y
de la adecuada forma democrática de resolver los problemas.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor director general.
El señor DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA (Díaz de Mera y García Consuegra): Señor diputado, naturalmente que compartimos la preocupación que usted siente por la situación en la que se encuentra la ciudad de Mataró en función de lo que usted
ha llamado disfunciones en Mataró. Para subrayar la importancia que le damos a ese asunto, no le oculto que hemos tenido la oportunidad de hablar con las autoridades chinas. Hoy mismo hay otra referencia, también con colectivos chinos, después de
esta sesión, sin que hubiese y sin que haya, porque no la hay, relación causa-efecto entre esta pregunta, esta respuesta y la situación a la que me he referido.
Yo creo que es excesivo por su parte -aunque esté plenamente justificado como ciudadano de Mataró y como diputado catalán que usted enfatice la situación porque le concierne por proximidad y por localidad- circunscribir lo que usted ha
llamado situación disfuncional a los ámbitos puramente competenciales del Cuerpo Nacional de Policía, porque usted sabe mejor que yo que ése es un problema que tiene varios componentes, y no es el policial el más grave. Tiene otros componentes
verdaderamente problemáticos, pero empezaré por decir el que nos concierne, que es con el que estamos verdaderamente preocupados. Detectar los flujos en origen que tienen que ver con el tráfico de seres humanos de este país es una tarea no
solamente de represión in situ, es una tarea de inteligencia, de información, y en ese camino estamos. Pero hay otros componentes, hay componentes importantes de carácter administrativo, hay componentes muy acusados de competencia desleal, hay
componentes donde no solamente la autoridad policial, sino las inspecciones de trabajo pueden y deben actuar y, en su caso, si estamos en presencia de situaciones que tienen no sólo un componente
de infracción administrativa, sino un componente de infracción penal, ponerlo inmediatamente en conocimiento de la Dirección General de la Policía versus Mossos d'Esquadra. Así es que usted sabe tan bien como yo que no es mi deseo
profundizar en esa situación. Mi deseo es, en la medida en que tenemos competencias para ello, acabar o neutralizar esa situación que es complicada. Yo creo que todas las administraciones concernidas tienen que apoyar ahí, no solamente las que
tienen que ver con competencias policiales. Le aseguro a usted que en lo que a nosotros nos interesa y nos vincula por competencia, vamos a hacer todo lo posible. Le insisto, no es la clave del arco que haya 57 ó 42 policías en extranjería. La
clave del arco tiene un origen mucho más complicado y un statu quo dificilísimo. Pero le aseguro que fuera de esta comparecencia, fuera de esta pregunta, lo bueno será que recuperemos el diálogo sobre ese asunto, a través de entrevistas o de
conversaciones, para que yo le pueda ir contando cómo vamos avanzando en esos ámbitos a los que ahora no me quiero referir, y usted también, en vía de reciprocidad, me cuente cómo van esos otros ámbitos en los que no estamos hablando de competencias
puramente policiales, porque lo cierto es que hay un problema de envergadura en Mataró.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Muchas gracias, señor director general, no sólo por esta respuesta, sino por todas las que ha dado a lo largo de la tarde, que facilitan sin duda los trabajos de la Comisión.
Gracias también por
su claridad expositiva, que ha facilitado el buen tono habitual en que se desarrollan nuestras reuniones, razón por la cual extiendo también el agradecimiento a cada uno de los comisionados intervinientes.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta minutos de la tarde.