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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 821, de 17/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 821
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO,VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 53
celebrada el miércoles, 17 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Relativa a la situación del personal investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002034.) .. (Página 25814)
-Sobre el futuro del programa Ramón y Cajal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002189.) .. (Página 25818)
-Sobre impulso y mejora de la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002241.) .. (Página 25822)
Se abre la sesión a las once y veinte minutos de la mañana.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Vamos a comenzar la sesión de la Comisión del día de hoy de Ciencia y Tecnología.
Quiero manifestarles que el presidente de la Comisión, don Xavier Trías, asiste en estos momentos a la
reunión de Su Majetad el Rey Juan Carlos en la que recibe en audiencia en el Palacio Real al comité de honor de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la Constitución; acto al que asistirá el presidente del Gobierno, José María Aznar,
presidentes autonómicos, como el presidente Fraga; responsables de las diferentes instituciones del Estado, así como los portavoces parlamentarios y los ponentes de la Constitución.
Por todo ello, disculpamos la ausencia del señor presidente en
esta Comisión, que nos representa dignamente en un acto de suma importancia para todos los españoles.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
-RELATIVA A LA SITUACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002034.)
La señora VICEPRESIDENTA: Sin más dilación, vamos a entrar en el orden del día.
Vamos a aplazar dos proposiciones no de ley, debido a que la señora Pleguezuelos, del Grupo Parlamentario Socialista, no se encuentra en estos momentos en
disposición de acudir a la Cámara. Aunque ya está muy bien, esperamos que su mejoría sea rápida. Ambas proposiciones de la citada diputada se debatirán en la siguiente sesión.
Pasamos al segundo punto del orden del día (la primera proposición,
repito, queda aplazada), relativa a la situación del personal investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial; proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que va a defender la señora Riera.
Señora Riera, tiene la palabra.
La señora RIERA MADURELL: Señorías, con esta proposición no de ley, que en nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a pasar a defender, nuestro grupo quiere reiterar en esta Cámara su inmensa preocupación por la mala situación en la
que se encuentra el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y, en particular, su personal y por las consecuencias que este progresivo deterioro del instituto puede tener en el conjunto del sistema de ciencia y tecnología español.
Señorías, todos
ustedes conocen la importancia que desde hace unos años está adquiriendo en España la investigación en los sectores aeronáutico y aeroespacial y cómo la investigación en estas áreas es estratégica y juega un papel multiplicador fundamental para
impulsar la innovación en el tejido industrial de los distintos países. Desgraciadamente, España está quedando al margen de este proceso, a pesar de disponer de un instituto como el INTA de una amplia tradición, que debería dedicarse
específicamente a estas áreas, un instituto que cuenta con unas buenas instalaciones e infraestructuras, pues en el INTA se hicieron importantes inversiones, especialmente durante los últimos años de Gobierno socialista, aunque actualmente esas
infraestructuras están totalmente infrautilizadas. El INTA cuenta con un personal técnico e investigador muy capacitado y cualificado, pero desde hace ya demasiados años se encuentra en su mayoría en una situación laboral muy precaria y sin un
futuro claro en su carrera profesional. La plantilla del INTA no sólo viene siendo insuficiente desde hace años, sino que presenta además un fuerte desequilibrio en su composición. El personal científico del Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial representa únicamente un 35 por ciento del total de la plantilla del INTA, mientras que en los organismos públicos de investigación equivalentes de otros países europeos como, por ejemplo, el CIRA de Italia, el DERA de Inglaterra, el
DLR de Alemania, el NLR de Holanda, el FFA de Suecia o el ONERA de Francia, su personal científico representa entre un 60 y un 80 por ciento de la plantilla. Con este desequilibrio estructural es imposible que el INTA pueda desarrollar una labor
investigadora eficaz, a pesar de la competencia y de la dedicación de su personal.
Este problema, que ha sido reconocido por los propios representantes ministeriales en múltiples ocasiones en esta Cámara, lejos de solucionarse se ha ido
agravando con el paso del tiempo. El número de plazas de científico superior convocadas por el INTA en las sucesivas ofertas públicas de empleo durante estos últimos años han sido irrisorias y los responsables ministeriales, para esconder la verdad
sobre las sucesivas ofertas públicas de empleo, durante estos últimos años hemos escuchado frases tan demagógicas como que en la oferta pública de empleo todas las plazas han sido para personal investigador, sin decir que todas se referían a una
cantidad que podía expresarse con una sola cifra; o que en la oferta pública de empleo el número de plazas de personal investigador para el INTA se ha duplicado, escondiendo que estaban hablando del doble de una cantidad infinitamente pequeña y el
doble de una cantidad infinitamente pequeña sigue siendo siempre una cantidad infinitamente pequeña. Por otra parte, aproximadamente el 50 por ciento de ellas han ido a incrementar la plantilla de funcionarios en servicio en detrimento del personal
científico y técnico del instituto. Señorías, como les he dicho al principio de mi intervención, a la escasez de personal investigador en el INTA hay que añadir la precariedad laboral con la que trabajan la mayoría de ellos. Les he dicho que el
personal científico del INTA representa únicamente un 35 por ciento del personal del INTA. Pues bien, de este 35 por ciento, sólo un 18 por ciento es personal fijo. El resto es personal contratado en una situación muy precaria.
Cuando esta
diputada se interesó, en pregunta escrita al Gobierno, por las razones de la escasa convocatoria de plazas de titulados superiores para el INTA, el Gobierno se justificó tomando como base la Ley de Presupuestos Generales del Estado en la que se
establece que el número de plazas de nuevo ingreso deberá ser inferior al 25 por ciento de las tasas de reposición de efectivos, omitiendo que más adelante dice: No obstante, las administraciones públicas podrán convocar los puestos o plazas que,
estando presupuestariamente dotados e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas, se encuentren desempeñados interina o temporalmente. Esto es justamente lo que pedimos en el primer punto de nuestra proposición no de
ley: que el Gobierno no aplique la ley de manera restrictiva, sino que ponga en marcha todos los mecanismos que la ley permite para solucionar el grave problema de personal que padece el INTA.
Señorías, no parece una política conducente a
solucionar el problema la convocatoria que han hecho este año de la oferta pública de empleo, en la cual el Ministerio de Administraciones Públicas, el MAP, ha concedido 12 plazas para la escala de científicos superiores y 7 para la escala de
titulados técnicos especializados. En la convocatoria publicada por el ministerio del Boletín Oficial del Estado en el pasado 17 de julio pudimos comprobar que, de las 12 plazas de titulados superiores, 4 eran para la Fábrica Nacional La Marañosa
y que, 6 plazas estaban reservadas para personal militar, con lo cual quedan únicamente 2 plazas de acceso libre para el personal del INTA, un personal que viene desempeñando su trabajo, sin que estas personas con más de veinte años de experiencia
laboral tengan la posibilidad de acudir al concurso de méritos. En cuanto a las 7 plazas de titulados medios, 3 plazas eran para la Fábrica Nacional La Marañosa y 4 para personal militar.
Al paso que vamos, con el crecimiento real que se viene
produciendo en la plantilla estable del instituto, en cuanto a personal, el INTA no podrá llegar nunca a una situación homologable a la que se encuentran los organismos correspondientes de los demás países europeos de nuestro entorno que antes he
citado y, en consecuencia, seguirá siendo muy difícil que pueda responder con eficacia a las necesidades de investigación de desarrollo e innovación del sector y pueda asumir el papel dinamizador de la innovación en el tejido industrial que le
corresponde, con las siguientes repercusiones negativas en el conjunto del sistema de ciencia y tecnología español, tal como les he dicho al principio de mi intervención.
En el segundo punto de nuestra proposición no de ley, dadas las especiales
circunstancias que concurren en el INTA, instamos al Gobierno a que mantenga el concurso de méritos a la hora de evaluar la idoneidad de un investigador para cubrir una plaza. En otras palabras, que establezca un sistema de oposición semejante al
de los demás organismos públicos de investigación en los cuales las plazas convocadas, lejos de tener un programa generalista, tienen un programa adecuado a la plaza a cubrir, y tribunales distintos formados por especialistas de cada materia, lo que
no sucede en el caso del INTA, donde existe un único tribunal para juzgar la idoneidad de los candidatos a todas las plazas, un tribunal formado por una mayoría de militares que, sin tener nada contra el estamento militar, no parece en sí un valor
único para juzgar una plaza de científico, una plaza de investigador.
El personal de INTA susceptible de poder optar al concurso de méritos es un personal que ya aprobó con anterioridad una oposición libre. Pedimos que este hecho se valore ya que
nos parece absurdo que un personal altamente cualificado con más de diez años de servicios en áreas de altísima especialización pero en una situación laboral muy precaria, tenga que superar una oposición generalista para acceder a una plaza fija,
sin tener la posibilidad de concurrir a un concurso de méritos.
Señorías, sinceramente, no nos parece razonable. Dadas estas especiales circunstancias, pedimos que se mantenga el concurso de méritos. No cabe, en este caso, recurrir a los
argumentos clásicos y en términos
generales compartidos de que la oposición libre fomenta el principio de igualdad y asegura transparencia y apertura a todo el campo laboral; argumentos que, por otro lado, el Gobierno utiliza únicamente cuando le conviene. Las
circunstancias que concurren en el INTA son muy especiales y mantener el concurso de méritos, como consecuencia de los argumentos que les acabo de dar, nos parece justo y más cuando la convocatoria reciente del INTA sí contempla una restricción de
plazas exclusivamente para el personal militar.
En el tercer punto de nuestra proposición no de ley instamos al Gobierno a que evite la contratación de personal investigador y técnico a través de la asistencia técnica con empresas. En estos
momentos, unas 110 personas (cada año aumentan) entre titulados superiores y medios que trabajan en el INTA están contratados a través de una empresa que cobra al INTA un porcentaje por dicho contrato, siendo, por tanto, el coste de dichas
contrataciones para el INTA muy superior al sueldo que recibe el personal contratado. Este hecho causa malestar entre el personal del INTA y no vemos justificación alguna. Señorías, lo hemos dicho muchas veces, el INTA merece mejor trato que el
que ha tenido hasta ahora, sobre todo en lo que hace referencia a la situación laboral de sus investigadores y técnicos y en poder disponer de los recursos humanos suficientes, que son, lógicamente, la base para que el instituto pueda cumplir con
eficacia el papel que le corresponde dentro del sistema de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país.
Por todo ello, señorías, les pedimos su voto favorable a esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Grupos que van a intervenir? Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: La proposición no de ley que hoy debatimos en esta Comisión de Ciencia y Tecnología tiene idéntico contenido a otras proposiciones no de ley que hemos debatido en la Comisión de Defensa, que, en principio, es el
sitio en que se deben debatir las cuestiones relativas al INTA, habida cuenta de la dependencia orgánica y funcional de dicho ministerio. No sé cuáles serán los motivos por los que la señora Riera trata de obtener en la Comisión de Ciencia y
Tecnología resultado distinto del que ha obtenido en la Comisión de Defensa, habida cuenta que el contenido de la proposición no de ley y el contenido de la intervención de la señora Riera es idéntico al que ha tenido tanto con ocasión del análisis
de la proposición no de ley 161/1314, debatida en la Comisión de Defensa el 29 de octubre de 2002, o la proposición no de ley también 161/209, debatida el 7 de noviembre de 2000 en la misma Comisión de Defensa u otros argumentos que hemos tenido
ocasión de escuchar reiteradamente con ocasión del debate de otra proposición no de ley el 25 de junio de 2003 con el número de expedien-te 161/2023.
Yo no sé si la señora Riera conoce el INTA, el mismo INTA que existe en España y el mismo INTA que
tiene el prestigio que le hemos tenido que recordar en reiteradas ocasiones. Yo tengo que señalar que, habida cuenta de la reiteración de los argumentos de su proposición no de ley y la reiteración de sus intervenciones, debería reiterarme asimismo
en los que hemos utilizado en otras ocasiones. Lo que pasa es que el INTA nos merece muchísimo respeto y, desde luego, tenemos que ir deshaciendo el afán catastrofista que la señora Riera siempre trata de dar a sus intervenciones en relación con el
INTA y a ese panorama absolutamente oscuro y negro en cuanto a la capacidad que va a tener el personal del INTA en el desempeño de sus funciones.
Hay cuestiones que, desde luego, deben quedar meridianamente claras, insisto, se reiteren, porque
desde el año 2001 se ha incluido en las consecutivas ofertas de empleo público los puestos para personal investigador en número siempre superior al de las respectivas tasas de reposición. Con lo cual, con independencia de la respuesta que se le
haya dado en cuanto a la aplicación de la ley o de las disposiciones emanantes del Ministerio de Administraciones Públicas, en el caso del INTA se ha ofertado siempre el empleo en número superior a la tasa de reposición.
Por tanto, decimos que no
son ciertas las manifestaciones que se han hecho.
En cuanto a las bajas que se han producido, es un número de bajas, -lo hemos reiterado también en otras ocasiones- lógico y normal derivado de la conveniente movilidad que el sector debe ofrecer
precisamente para que no haya endogamia y para que se mejoren las posibilidades y las capacidades de nuestros investigadores. Por otra parte, es cierto que nosotros hemos estado convocando las plazas de una manera totalmente abierta a cubrir las
del INTA y, en concreto, el real decreto de oferta de empleo público para el año 2003 prevé, con carácter general para todas las administraciones del Estado, la convocatoria de aquellos puestos desempeñados por personal interino sobre los que no
existe reserva de puesto, no estén incluidos en proceso de provisión ni sean susceptibles de consolidación. Yo no sé si usted ignora que, con relación al INTA, no consta que en este momento exista ninguna plaza en estas condiciones y se está
procediendo a la consolidación del personal temporal, ese que a usted tanto le preocupa, que desempeña puestos de naturaleza estructural -como sabe, todos aquellos que estaban en el INTA antes de 2 de diciembre de 1998-, lo que supone la
consolidación del personal laboral de los grupos 1 y 2, por considerar que desempeñan funciones similares dentro de las áreas de la investigación y laboratorio. Esa medida afecta no a los puestos que usted dice, sino a 81 puestos de la escala de
científicos superiores, grupo A, y a 39 en los titulados especializados, grupo B. Por tanto, señora Riera, yo no alcanzo
a saber cuáles son las razones por las que permanentemente usted trae este tema aquí e, insisto, con idéntico contenido.
Curiosamente, en lo que se refiere a la convocatoria de plazas que se realicen por concurso de méritos y no por
oposición, con independencia de que usted reconoce que la oposición responde a unos criterios de igualdad de oportunidades a todo el mundo, que debían ser respetados incluso por el INTA, no obstante hay una convocatoria de plazas, que no sé si es la
misma a la que usted se ha referido, que la puede usted encontrar en la página web del INTA ahora mismo colgada, en expresión al uso, es la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir 12 plazas de titulados superiores para investigación y
laboratorio que, evidentemente, no refleja en absoluto lo que usted nos dice. En primer lugar, porque no hay reserva de plaza para ningún militar, sino que para las 12 plazas la titulación requerida es doctor, licenciado, ingeniero, arquitecto o
equivalente. Y por si ya fuera poco en cuanto a la composición del tribunal que ha de valorar unos méritos, no solamente los méritos profesionales, sino los méritos formativos, estableciendo incluso criterios de desempate y luego una fase de
oposición, ninguno de los miembros del tribunal que va a valorar este concurso-oposición, presidente, secretario o vocales, ninguno de ellos es militar. Solamente el presidente suplente es coronel del cuerpo de ingenieros superiores del Aire, pero,
al fin y al cabo, también un científico, es decir, un ingeniero superior del Aire, aunque en éste coincide su carácter de militar, pero insisto en que ninguno de los demás miembros del tribunal, y este es el presidente suplente, es militar, con lo
cual no sé a qué se está refiriendo.
Señora Riera, parece que hablamos de dos INTA totalmente distintos, parece que se olvida del aumento de los presupuestos que hemos ido desarrollando, parece que se olvida que precisamente este concurso-oposición
está relacionado con el Eurofighter, es decir, el avión de combate más avanzado tecnológicamente que en este momento existe y que el INTA está colaborando para su desarrollo y para su puesta en funcionamiento. No puedo entender, insisto, cómo
volvemos a reiterar de esta manera el tema del INTA. Por tanto, señora Riera, yo, lamentándolo profundamente, porque parece que usted y yo estemos condenados a hablar permanentemente de esta cuestión en términos totalmente opuestos, el Grupo
Parlamentario Popular no va a poder votar a favor de su proposición no de ley una vez más.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Riera, brevemente, por favor, tiene la palabra.
La señora RIERA MADURELL: Señorías, ciertamente, al ser el INTA un organismo público de investigación, el único que depende del Ministerio de Defensa, hemos venido denunciando en la Comisión de Defensa los gravísimos problemas de personal
que tiene en cuanto a falta de personal investigador y a la precaria situación laboral de su personal, todos ellos, como he dicho, por otro lado, muy cualificados. Pero siempre, y esto es así, hemos topado con la razón, el Grupo Popular nos ha dado
la razón, pero también con la insensibilidad práctica del Grupo Popular que ha votado sistemáticamente en contra de nuestras propuestas.
Quisiera aclararle al señor portavoz del PP que lo que afecta al INTA afecta a todo nuestro sistema de ciencia
y tecnología. Sus investigadores participan en los programas del plan nacional, en los programas de lo que es el programa marco de la Unión Europea. Además, la investigación aeronáutica y aeroespacial no es algo aparte del conjunto de todo lo que
es la investigación española. Son áreas estratégicas que en toda Europa han adquirido una importancia enorme y que son fundamentales para impulsar la innovación. Por tanto, es importante poner en conocimiento de esta Comisión, que es la
responsable del ámbito científico y tecnológico en este Parlamento, la situación que está viviendo el INTA y pedir que desde aquí también se inste al Gobierno a remediar la situación.
Debo decir que, en la Comisión de Defensa, portavoces de otros
grupos parlamentarios se manifestaron igualmente en este sentido. Mire, el Grupo Socialista traerá este tema tantas veces como sea necesario y, en particular, tras cada oferta pública de empleo. Realmente, usted y yo siempre disponemos de papeles
distintos. La novedad clara de esta oferta pública de empleo es la reserva de plazas para militares y para la Fábrica Nacional La Marañosa. Es un tema que denuncia esta portavoz, pero que ha sido denunciado públicamente por los investigadores del
INTA y por la asociación de investigadores del INTA, que contradice los argumentos dados normalmente por el Partido Popular a favor de suprimir el concurso de méritos.
Yo lo que pediría al Grupo Popular, como grupo que apoya al Gobierno, es que
instara al Gobierno a invertir el dinero necesario para solucionar de una vez el problema de la precariedad del personal investigador del INTA en lugar de gastar, por ejemplo, 619.632 euros en la inauguración de un centro de astrobiología, un centro
de dudosa competencia.
La señora VICEPRESIDENTA: Cierra el debate el portavoz del Grupo Popular, señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: Muy brevemente, por cuanto que los hechos son tozudos, señora Riera.
A mí me gustaría que usted, frente a la lectura que le voy a hacer del destino de las 12 plazas de titulados superior, pudiera demostrarme lo
contrario: 'Los aspirantes seleccionados prestarán sus servicios en el proyecto INTA Eurofighter que se lleva a cabo en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, sito en la
carretera de Ajalvir, kilómetro 4 de Torrejón de Ardoz, 28850 de Madrid.' No es verdad que haya reserva de plazas ni para nadie que no sea titulado superior, doctor o ingeniero, como le he dicho anteriormente, ni que vaya a desempeñar su
labor en otro sitio distinto. Por tanto, insisto, no es así.
Me parece muy bien que usted se reitere cuantas veces crea necesario, pero el Partido Popular está demostrando, primero, que le aplica presupuestos suficientes y que cada año se
incrementan para todas las labores que tiene que hacer el INTA; que, evidentemente, el INTA es un instituto importante para el Partido Popular y que es cuidado expresamente; y, por otra parte, entiendo que el Instituto de Astrobiología, al cual
usted se ha referido es el único instituto autorizado expresamente por la NASA en cuanto a su competencia, no vaya a ser criticado y censurado en cuanto a su cotización científica por lo que aquí se ha expresado, porque ha tenido un presupuesto que
usted tenía que haber alabado ya que el Instituto de Astrobiología se integra dentro del INTA.
Por tanto, señora Riera, yo creo que los distintos puntos de vista que tenemos sobre el personal de esta institución a lo que no nos puede llevar es a
intentar minusvalorar la labor del Partido Popular y a intentar minusvalorar la labor de un instituto. Y yo no sé, insisto, dónde le dan los datos que usted utiliza en la Comisión bien de Defensa o de Ciencia y Tecnología.
-SOBRE EL FUTURO DEL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002189.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura con el número 3 en el orden del día de hoy, pero como hemos aplazado el primero, es el número 2 de esta sesión: Proposición no de ley sobre el futuro del
programa Ramón y Cajal, del Grupo Socialista. Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: El Grupo Parlamentario Socialista trae hoy a esta Comisión una proposición no de ley que no es nueva, es un tema que hemos ido siguiendo con mucho interés a lo largo de los últimos tres años, sobre el futuro del
programa Ramón y Cajal. Digo que no es nueva ya que a través de proposiciones no de ley en esta Comisión, pero también de interpelaciones y mociones en el Pleno del Congreso de los Diputados, hemos ido denunciando, planteando cuáles son los
problemas que el desarrollo del programa Ramón y Cajal ha venido sufriendo y que desembocan en que, al final de este proceso, en 2003, el balance respecto a este programa arroje una gran cantidad de deficiencias.
Lo más preocupante, y este es el
motivo de la proposición no de ley que presentamos a primeros de julio, ocurrió a mediados de junio cuando responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología anunciaron que el programa Ramón y Cajal se acababa. En cualquier caso, dijeron algo así
como que podía suspenderse. Posteriormente dijeron que esto no era así, que no iba suspenderse, sino que iba a cambiar de nombre y que posiblemente, aunque no aclararon de qué forma, iba a integrarse en el nuevo plan nacional de I+D. Desde el Grupo
Socialista vimos con gran preocupación estos rumores de suspensión, puesto que, a pesar de las deficiencias del programa, que luego pasaré a detallar, éste ha sido una de las escasas aportaciones a la mejora de la situación del sistema de ciencia y
tecnología en España, aunque hemos visto cómo ha ido disminuyendo sus objetivos iniciales. Hay que recordar que el programa Ramón y Cajal fue presentado como el programa estrella, casi como el buque insignia de las grandes propuestas del presidente
Aznar respecto a la ciencia y tecnología en España. Tenía que ser un programa de recuperación de cerebros, entre comillas, de recuperación de científicos españoles que, desgraciadamente, estaban fuera de nuestro país, pero acabó convirtiéndose en
un programa de incorporación de mejora de condiciones de doctores, la mayoría de los cuales estaban en algún sitio del sistema. Este programa se convirtió, finalmente, en un plan para asimilar, en el rígido esquema de la carrera científica en
España, a 2.000 buenos investigadores en un plazo de tres años. El balance, a día de hoy, es que formalmente estos 2.000 doctores no están todavía incorporados en los centros públicos de investigación, mayoritariamente universidades y organismos
públicos de investigación.
Inevitablemente, a lo largo de estos tres años, como no podía ser de otra manera en un ministerio que se ha demostrado especialmente ineficaz, se han producido graves problemas de gestión que han provocado, a su vez,
graves consecuencias en la financiación de este programa. Como saben SS.SS., este programa funciona a través de un mecanismo de cofinanciación entre la Administración central, entre el Estado y los propios centros que acogen a los científicos.
Estos científicos son contratados por cinco años. Los contratantes son los centros adjudicatarios. Esto se hace a través de una convocatoria anual de ayudas, y la cofinanciación consiste en que cada año se va aminorando un 10 por ciento el importe
de la ayuda, de tal forma que en el quinto año el Estado aporta un 50 por ciento y los centros de investigación que acogen a los científicos el otro 50 por ciento.
Ha quedado demostrado, a través de preguntas que mi grupo ha realizado, preguntas
parlamentarias a través del Congreso, que los retrasos en los abonos de las ayudas han sido espectaculares. En 2003 todavía están pendientes los abonos de anualidades correspondientes, precisamente, a contratos que se realizaron en el año
2001. Esto significa que estos retrasos comportan una carga financiera negativa para las instituciones que contratan a estos científicos, mayoritariamente universidades y organismos públicos de investigación que ya tienen especialmente
mermada su economía. Además, las incorporaciones de los contratados se han producido con mucho retraso. Fue el propio subsecretario del Ministerio de Ciencia y Tecnología quien aquí, en sede parlamentaria, ante una pregunta oral de mi compañero
Jaime Lissavetzky, respondió en diciembre de 2002 que eran solamente 621 los científicos incorporados, cuando, de acuerdo con el programa, de acuerdo con el plan, deberían haber sido en aquel momento 1.300. Y la pregunta es: en diciembre de 2003,
es decir, dentro de tres escasos meses, ¿estarán incorporados los dos mil? Evidentemente no, porque ha sido este mes de septiembre cuando se han publicado los 700 seleccionados de la convocatoria de 2003 que deberán seguir todo el trámite de
contratación y, seguramente, dentro de unos cuantos meses, ya muy entrado el año 2004, no estarán todavía incorporados.
Son sorprendentes en este sentido las notas del ministerio que son notas, diríamos, de grandes loas respecto a la eficacia de
la gestión del propio ministerio y parece que entramos en una absurda y ridícula carrera de comparaciones entre un año y otro, cuando se arrojan cifras como que en el año 2002 hemos conseguido sacar la convocatoria dos meses antes; en 2003 las
resoluciones se han publicado 45 días antes. Bien, nos parece que esta exhibición de supuesta mejora en la gestión, contando los días de diferencia entre los plazos de las convocatorias de un año a otro, es bastante ridículo.
La cuestión es que
los objetivos del programa no se han cumplido, la cuestión es que el futuro de este programa, de acuerdo con las manifestaciones que han hecho los responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología, es muy dudosa y el tema fundamental es que el
nivel de recursos humanos dedicados a ciencia y tecnología en España está muy por debajo de la media de la Unión Europea. En estos momentos España tiene seis personas dedicadas a I+D por cada mil activas. En Francia y Alemania tienen el doble. Si
en estos momentos España debería pretender doblar el número de investigadores o el número de personal que se dedica a investigación, si tomamos como referencia el número de investigadores que en estos momentos está alrededor de 80.000, deberíamos
pretender llegar a los 160.000. Calculen ustedes, señorías, cuántos años íbamos a tardar si siguiéramos el ritmo que nos ofrece el Ministerio de Ciencia y Tecnología. No son 2.000; deberían haber sido 2.000 en tres años, pero serán 2.000
seguramente en cuatro o cinco años. Para ponernos al día necesitamos hacer un esfuerzo mucho más importante tanto en recursos financieros como en recursos humanos, puesto que saben también que el gasto total en porcentaje del PIB se situó en 2000
en el 0,9, reconociendo desde el propio ministerio que no se iban a cumplir las expectativas de 1,2, pero el 0,9 frente al 1,8 de la Unión Europea, es decir, la mitad, y frente al 2,24 de los países de la OCDE.
Evidentemente, muy por debajo de lo
que sería deseable para nuestro sistema de ciencia y tecnología.
La proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista pretende normalizar mínimamente lo que es el programa Ramón y Cajal, simplemente esto; que se abonen de inmediato las
subvenciones a las universidades y a los centros de investigación, las correspondientes a las diferentes anualidades. Y repetimos lo que hemos dicho en otras ocasiones, que se establezca un calendario fijo de convocatorias y también un calendario
de compromisos de pagos de las mismas que permitan que la economía de los centros contratantes no se vea afectada, precisamente, por la mala gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Más allá de esto, en el futuro deberemos plantearnos, y así
lo haremos desde el Grupo Socialista (insistiremos a través de iniciativas parlamentarias y a través del necesario control parlamentario), más allá de todo esto, los responsables del sistema de ciencia y tecnología de nuestro país deberían empezar a
plantearse qué pasará en un futuro próximo, precisamente, con estos insertados en el sistema, porque es evidente que no podemos cargar en las espaldas de instituciones ya especialmente deficitarias en cuanto a la financiación de sus objetivos, como
son las universidades y los centros públicos de investigación, el peso de la continuidad de estos contratos y es evidente que, si el programa Ramón y Cajal no tiene una continuidad, una consolidación de recursos humanos, de personal investigador en
el sistema, no habrá servido para nada, habrá sido pura propaganda.
Por lo tanto, solicito de los grupos parlamentarios el apoyo a nuestra proposición no de ley con el objetivo de reforzar algo que en su origen tenía buenas intenciones, pero que a
lo largo de su desarrollo se ha demostrado que estaba bastante mermado, precisamente porque quien tenía que haber ejecutado y cumplido con estos compromisos no lo ha hecho bien.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, el señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: Tengo que señalar que la exposición de motivos, a pesar del tono siempre ponderado y equilibrado de la portavoz del Grupo Socialista, la señora Palma, presenta una situación que a nuestro juicio no responde a la
realidad. Nos presenta una situación del sistema español de ciencia y tecnología que no parece tener en cuenta ninguno de los resultados obtenidos desde 1996, como ha sido el incremento presupuestario, como ha sido el incremento de los recursos
humanos dedicados a investigación y un largo etcétera.
Se afirma además de una manera errónea que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha anunciado la suspensión de este programa. Esta última afirmación la realiza el Grupo Parlamentario Socialista basándose exclusivamente en una información
periodística y sin tener en cuenta la nota informativa que este departamento del Ministerio de Ciencia y Tecnología dio a la citada información y que emitió el pasado día 20 de junio. En esa nota informativa, nota oficial, nota del departamento del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, y no opiniones periodísticas de algunos grupos afines, señala una serie de puntos. El primero, que el programa Ramón y Cajal se elaboró originalmente como un plan a tres años, para el período que va de 2001 a
2003, y este plan, como es lógico, finaliza el próximo mes diciembre. En segundo lugar, que en la actualidad se está diseñando un nuevo plan nacional, el que va de 2004 a 2007, en el que se inscribirá el nuevo programa Ramón y Cajal. En tercer
lugar, este nuevo programa Ramón y Cajal, con vigencia también de tres años, incorporará la valoración de los resultados del primer programa, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología considera que han sido excelentes. Y, en cuarto lugar y en
consecuencia, el nuevo programa Ramón y Cajal ofrecerá algunas mejoras sobre el plan original, fruto también de la experiencia.
Con lo que respecta a las cuatro propuestas concretas, idénticas a las recogidas en la proposición no de ley 112/142,
presentada por el mismo grupo parlamentario en enero de este mismo año y debatida en la Comisión de Ciencia y Tecnología el pasado 19 de febrero de 2003, tenemos que señalar lo siguiente. En referencia a una de las primeras partes de la
proposición, en la que se solicita abonar de inmediato las subvenciones a las universidades y centros de investigación correspondientes a la convocatoria del año 2002 del programa Ramón y Cajal, tenemos que decir que en la convocatoria de 2002 se
resolvió conceder 498 subvenciones, de las cuales ya se han abonado a los organismos beneficiarios 496, por tanto, tan sólo quedan dos. Al haber renunciado uno de los investigadores, sólo resta por pagar una sola subvención cuya tramitación se ha
demorado debido a que el beneficiario, que, por cierto, es el Servicio Andaluz de Salud que gobierna la Junta de Andalucía, ha solicitado el cambio de centro.
Con respecto al segundo punto de esta iniciativa, en la que se solicita abonar de
inmediato las subvenciones a las universidades y los centros de investigación correspondiente a la segunda anualidad del programa Ramón y Cajal, aunque desde mi grupo lo hayamos señalado en múltiples ocasiones, es importante dejar claro que el abono
de la segunda anualidad de las ayudas correspondientes a la convocatoria de 2001 sólo puede realizarse tras la justificación por parte de los centros beneficiarios de la correcta ejecución de la primera anualidad de la ayuda concedida, lo que se
realiza mediante la presentación, con dos meses de antelación a la fecha del cumplimiento del primer año desde la incorporación del investigador, de un informe de seguimiento. Tenemos también que añadir, señorías, que actualmente se ha abonado el
importe correspondiente a la segunda anualidad de todos aquellos expedientes en los que se ha presentado el informe antes señalado, sin que exista ningún retraso en dichos abonos.
Con respecto al tercer punto, en el que el Grupo Socialista solicita
que se establezca un calendario fijo de convocatorias y pago de las mismas, tenemos que decir que la orden de convocatoria del programa Ramón y Cajal 2003, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 10 de febrero de 2003, introduce la
simplificación de algunos de los trámites y reducción de los plazos, lo cual va a permitir, sin lugar a dudas, que la convocatoria se gestione y se resuelva de una manera mucho más ágil, más rápida y más acertada.
Entre otros aspectos, señorías,
también cabe señalar que el pago de las ayudas se efectuará tras la resolución de la concesión, no siendo necesaria la presentación previa de los contratos por parte de los organismos beneficiarios en el ministerio. Además, será posible con esta
reforma la presentación telemática no sólo de las solicitudes de los investigadores, sino también de las correspondientes a los centros de I+D.
Por otra parte, y con el fin de facilitar la participación en la convocatoria de los mejores científicos,
especialmente en el caso de los residentes en el extranjero, los investigadores no deberán incluir necesariamente en su solicitud la aceptación previa de algún centro de I+D. Se potencia así el espíritu de este programa, cuyo principal objetivo es,
como conocen SS.SS., incrementar la cantidad y sobre todo la calidad de los recursos humanos dedicados a la investigación en el entorno de nuestro país.
Las consecuencias de las mejoras introducidas en la convocatoria de 2003 se han ido
produciendo a lo largo del proceso de gestión de la convocatoria. Así, por ejemplo, en la presentación de solicitudes por los investigadores apreciamos un incremento tanto del número de investigadores extranjeros, con un crecimiento del 8 por
ciento, como de los españoles residentes en el extranjero con un crecimiento de un 40 por ciento. Además, la publicación en la página web del ministerio de la relación de candidatos elegibles, con fecha 10 de julio de este mismo año, se ha
realizado con dos meses de antelación respecto a la convocatoria del año 2002. La reducción de este plazo, además de suponer, sin lugar a dudas, una mayor agilidad en la gestión de la convocatoria, permitirá a los candidatos incorporarse más
rápidamente a sus centros de destino. Por otro lado, con fecha 10 de septiembre de este año, se ha publicado en la página web del ministerio la relación de candidatos reserva que adquieren la condición de elegibles.
Por último, con respecto al
último punto de la proposición no de ley que nos trae hoy el Grupo Socialista,
en la que nos insta a cumplir la promesa realizada de contratación de 2.000 doctores al finalizar el año 2003, tenemos que decir que, de acuerdo con la orden ministerial publicada el pasado 10 de febrero, se han convocado 700 plazas en la
convocatoria de 2003, encontrándose ya publicada la lista de los 700 candidatos elegibles. Se cumple así el objetivo de ofrecer 2.000 plazas en las convocatorias de este programa, ya que en las correspondientes órdenes ministeriales se han ofertado
ochocientas plazas para la convocatoria 2001, 500 para la convocatoria de 2002 y 700 para la convocatoria 2003. Además, esta nueva oferta de 700 contratos para doctores para la convocatoria 2003, cuyo presupuesto asciende a 32 millones de euros, se
podrá atender con cargo a los créditos existentes en los presupuestos de la Dirección General de Investigación.
En cualquier caso, es necesario precisar que no es correcto hablar de gastos militares de I+D. No se trata de gastos, sino de prestamos
reembolsables y que, por tanto, retornan al Estado. Tampoco son propiamente militares, sino de I+D relacionados con la defensa que genera tecnología en muchos casos también en el ámbito civil. Este tipo de financiación no se proporciona en
detrimento de la I+D civil, que en los Presupuestos Generales del Estado de 2003 creció globalmente un 14,2 por ciento respecto al año 2002.
En definitiva, señorías, mi grupo parlamentario ha intentado explicar de manera pormenorizada, de manera
detallada, punto por punto en cada una de las solicitudes de la proposición no de ley del Grupo Socialista el porqué no podemos apoyar esta iniciativa, porque a nuestro juicio se hace un análisis absolutamente sesgado, un análisis que no es el
análisis real de cómo estaba la situación de la investigación en España en el año 1996, cómo nos la encontramos en los días actuales y que, por tanto, el esfuerzo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del Gobierno de la nación está consiguiendo
objetivos importantes, está consiguiendo objetivos que se habían marcado, con dificultades, sin lugar a dudas, y hay que decirlo; muchas veces no pudiéndose hacer de la manera tan rápida o de la manera tan eficaz como quisiera por parte del
ministerio, pero, en definitiva, se están cumpliendo objetivos que yo creo que, a la larga, van a dar sin duda alguna beneficios para el conjunto de la sociedad y especialmente para el mundo de la excelencia científica en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Palma, ya sabe que no existe este turno, pero la flexibilidad que caracteriza a esta Mesa se lo concede.
La señora PALMA I MUÑOZ: Gracias, señora presidenta, por su flexibilidad y compresión de que estos temas requieren a veces algunos matices.
Quiero decirle al señor Moreno que respecto a la realidad de la que él habla, la realidad que yo
misma le he expuesto aquí no es una realidad sólo del Grupo Socialista. Estamos hablando de datos recogidos desde Eurostat, estamos hablando de datos recogidos por la Comisión Europea e incluso de recomendaciones que figuran en documentos de la
Comisión Europea, documentos recientes, como el tercer informe europeo sobre indicadores en ciencia y tecnología de marzo de 2003, en el que se expone que en España uno de los retos más importantes es precisamente incrementar el número y la calidad
de los recursos humanos en el sistema de ciencia y tecnología. Y lo que no pueden hacer ustedes es decir, como ha hecho usted al principio, que la culpa es del mensajero, que nos basábamos simplemente en una información periodística, que además ha
calificado de errónea.
Señor Moreno, el ministerio funciona como funciona y lo hemos visto a lo largo de estos dos últimos años. La confusión que reina en el ministerio les obliga continuamente a andar desmintiendo aquello que ha dicho un
responsable por parte de otro responsable. Les obliga, como he dicho antes, a colocar en la web del propio ministerio notas informativas que no tienen otra función que ésta, que estar deshaciendo los desaguisados que alguien ha provocado
anteriormente. Hay cosas bastante incomprensibles en cuanto a la gestión, hasta el punto de que es muy difícil aclarar cuál es la situación financiera del propio programa Ramón y Cajal por la gran confusión que existe de anualidades sobre
anualidades que se van sobreponiendo.
La realidad es más tozuda de lo que usted nos ha expuesto aquí. Y es que a día de hoy, a finales de 2003, el programa Ramón y Cajal no tiene el nivel de cumplimiento ni en los abonos de subvenciones a las
entidades y centros de acogida de estos científicos ni tampoco en el número de científicos que puedan haberse incorporado al sistema. Este es un tema tan importante y el déficit en relación con los países de nuestro entorno es todavía tan grande
que la verdad es que lo que se requiere son unos responsables políticos y, en este caso, un ministerio que haga la labor de una forma mucho más eficaz que lo que está haciendo hasta la fecha y que se tomen mucho más en serio el tema de los recursos
humanos en ciencia y tecnología.
Por lo tanto, simplemente con la proposición no de ley intentábamos también echarles un cable para tener una ocasión de poner un poco de orden en algo en lo que el desorden acaba imponiéndose y acaba provocando
importantes dificultades al final para los centros de investigación y, en definitiva, para nuestro sistema de ciencia y tecnología.
La señora VICEPRESIDENTA: Para terminar el debate, tiene la palabra el señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: Yo agradezco enormemente por parte de la siempre equilibrada, porque así la considero, portavoz del Grupo Socialista, señora Palma, ese cable que nos echa al Grupo Popular y al Gobierno, pero, lógicamente, nosotros
no lo podemos considerar como un cable, puesto que
muchas veces, se parte de un diagnóstico que, como decía en mi anterior intervención, no es un diagnóstico certero. Es un diagnóstico en el que hay una visión quizás muy sesgada, una visión muy negativa de lo que es la situación de la
ciencia en nuestro país y con lo que nosotros lógicamente, no podemos coincidir. Igual que usted avala la veracidad de sus datos, yo le tengo que decir que los datos que yo he dado de incremento de plazas, de números de convocatorias y de
subvenciones concedidas son absolutamente oficiales, provienen del Ministerio de Ciencia y Tecnología y avalan que hay un crecimiento, que hay una trayectoria política, que desde el año 1996 hay un desarrollo de la política científica en nuestro
país y sin lugar a dudas -y lo digo porque en el Grupo Popular somos personas sensatas-, aunque ha habido luces y sombras y dificultades, porque partíamos de una base muy débil, hemos encontrado el camino, hemos encontrado un objetivo y en los
próximos años seguiremos trabajando para conseguir que España esté en los países de cabeza.
-SOBRE IMPULSO Y MEJORA DE LA RED DE OFICINAS DE TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN (OTRI). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLA-MENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002241.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre impulso y mejora de la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación (OTRI). Para la defensa de la misma, por el Grupo
Socialista, tiene la palabra su portavoz, el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar, quisiéramos que constara en acta el agradecimiento al Grupo Popular por haber aplazado la proposición no de ley relativa a evitar que el acceso a Internet se haga de forma fraudulenta, debido a la
indisposición de la diputada del Grupo Socialista, doña Francisca Pleguezuelos, que había presentado una enmienda. Queríamos aprovechar este turno para agradecer esta posición al Grupo Popular.
Entrando de lleno ya en la proposición no de ley que
tiene que ver con transferencia de tecnología, yo creo que ha quedado claro en la anterior intervención que existe una autentica patología administrativa por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El mal funcionamiento yo creo que es un
hecho absolutamente contrastado no sólo en medios de comunicación, sino en la propia comunidad científica. Desgraciadamente, es difícil encontrar en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, a lo largo de estos años noticias positivas. Algunas las
hay, evidentemente, pero en general las noticias negativas suelen ser más abundantes y las noticias las escriben aquellos que hacen la gestión desde el Gobierno. Ni el que transmite la noticia, el periodista, se la inventa ni la oposición tiene la
capacidad (ojalá la tuviera) para poder influir de esa manera. Es decir, hay un hecho real y es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha funcionado de muy mal, yo diría que de manera casi desastrosa. El hecho está bien contrastado. Fíjense
ustedes que hemos tenido tres ministros en tres años, -un nuevo ministerio tiene tres ministros, a ministro por año, -tres presidentes del CSIC, tres secretarios generales y por ahora dos secretarios de Estado. No sé si habrá más cambios o no.
Existe una descoordinación absoluta con las universidades que están fuera del sistema o fuera del ministerio, por lo menos. El propio Ministerio de Sanidad en investigación biomédica campa por sus respetos y se nota una autentica falta de
coordinación por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La gestión ya la hemos definido: más de 1.000 millones de euros en tres años del plan nacional (son datos oficiales de la Intervención General del Estado) que se han dejado sin gastar.
Incumplimientos flagrantes como el del plan nacional, ya que se preveía que en 2001 estuviéramos en el 1,23 por ciento y no hemos llegado ni siquiera al 1 por ciento. Todo eso, toda esa patología del Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene una
conclusión, y es que hay una absoluta falta de proyecto de política científica por parte del Gobierno. Y es una lástima, porque si el sector público no se estimula suficientemente, y yo creo que es un motor importante de nuestro sistema, el sector
privado tampoco acaba de arrancar. Las empresas están contribuyendo en mucha menor medida que en otros países en la financiación del propio sistema de ciencia y tecnología y tenemos un resultado muy malo que agranda la brecha tecnológica.
Existe
una fractura digital entre el Norte y el Sur, tenemos un estancamiento y yo creo que inclusive un retroceso, como puede deducirse de cualquier informe que se haya realizado. Cito uno del Banco de España donde se hablaba de que en lo referente a la
balanza de royalties, se había incrementado ese déficit en un 21 por ciento; la solicitud de patentes españolas está en torno al 0,59 por ciento de todas las que hay en Europa; los indicadores de dependencia muestran que, mientras que teníamos una
dependencia, y estoy hablando de patentes, del 26 por ciento en 1998, hemos crecido al 44 por ciento en 2001; que el índice de autosuficiencia ha disminuido del 0,3 por ciento en el año 1998 al 0,2 por ciento en 2001, y que por lo tanto, dependemos
más del exterior y tenemos menos capacidad de abastecernos desde el punto de vista tecnológico. Es decir, vamos, de alguna manera, hacia atrás y se incrementa el déficit tecnológico. La brecha existe y no se está poniendo remedio.
Para ponerle
remedio, aparte de tener un sistema saneado por una buena gestión -yo creo que ya es algo casi imposible de conseguir porque le queda poco tiempo al Gobierno del Partido Popular-, lo que hay que
hacer, como mínimo, es tener bien engrasados algunos instrumentos que permitan que ese sistema funcione lo mejor posible. En el caso concreto de la transferencia de tecnología es fundamental que esos instrumentos funcionen porque yo creo
que no caben atajos. Yo creo que a más ciencia básica, hay más innovación, y a más innovación, hay más riqueza y productividad. No se corresponde el lugar que ocupa España en productividad con el lugar que ocupa desde el punto de vista económico.
Hay una serie de factores que fallan y de ello, en gran medida, tiene una responsabilidad el Gobierno.
Se habla de fomentar la cultura de la innovación. Eso queda en un discurso bonito. Decimos que la sociedad tiene que estar abierta a la
innovación, pero nos encontramos con que hay graves problemas en algunos aspectos para poder transferir ese conocimiento generado en las universidades y en los organismos públicos de investigación al sector productivo para convertirlo en producto,
en servicio, etcétera. Hay una inseguridad jurídica, hay un entorno administrativo complicado, hay que volver a tratar, de alguna manera, el marco fiscal, problemas en capital riesgo y lo que llama la atención es que en aspectos directamente
relacionados con el ministerio, como es la transferencia de tecnología, no haya habido ninguna política en las llamadas OTRI, oficinas de transferencia de tecnología. En este sentido, hemos presentado esta proposición no de ley, porque creemos que
podría funcionar mejor si tuviera un apoyo real por parte del ministerio.
Estas oficinas de transferencia de tecnología se crearon en el año 1988, a través de una orden ministerial del Ministerio de Ciencia y Tecnología, concretamente de la CICIT,
de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, y posteriormente se realizó el registro oficial de las OTRI.
Yo creo que estas OTRI han cumplido una labor importante con algunas carencias, como se señala en la propia exposición de motivos,
posiblemente debido a la excesiva cercanía a la oferta de estas oficinas de transferencia de tecnología, posiblemente también por la falta de recursos y quizás tengan una falta de enfoque comercial. Pero lo que llama la atención es que desde el año
2000, con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el apoyo a estas oficinas ha ido disminuyendo ostensiblemente. Les pongo algunos ejemplos rápidamente. El registro al que me he referido antes se mantiene a duras penas. Había cuatro
subredes: una de universidades, otra de centros tecnológicos, otra de las fundaciones universidad-empresas y otra de los organismos públicos de investigación. ahora mismo esas subredes prácticamente no existen. No se puede decir que el ministerio
haya reunido, por ejemplo, a las oficinas de transferencia de tecnología de los OPI que dependen de él o del conjunto de los ministerios, y podría citar algún ejemplo muy reciente desagradable, en el sentido de que se ha caído, entre comillas, esa
distribución que había. Se organizaban antes encuentros anuales de estas OTRI. Resulta que la última que se celebra es en 1999, en Tenerife, y eso llama la atención. Me consta que ahora, no sé si después de registrar esta proposición no de ley,
se quiere hacer un encuentro en Palma de Mallorca el próximo mes o dentro de dos meses. Bienvenido sea.
Solamente con que esta proposición no de ley haya servido, porque me temo que el Grupo Popular va votar que no, para conseguir un encuentro,
bienvenida sea. El último curso de formación de técnicos se celebró en Cáceres a finales de 1998. Cómo puede tener sentido que con un Ministerio de Ciencia y Tecnología se olvide de este sector, que yo creo que es importante.
Ha habido, por
tanto, un abandono de esta red de OTRI y, curiosamente, en algunas instituciones, como las universidades, la propia Conferencia de Rectores ha creado un programa específico de apoyo a las OTRI de las universidades, con lo cual, se están quedando,
entre comillas, atrás aquellas OTRI que dependen del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, a través de los organismos públicos de investigación. También algunas comunidades han hecho esfuerzos. Es lógico que los hagan porque están muy ligadas
a la realidad regional y parece que es imprescindible mantener y potenciar estas redes para disponer de herramientas de diseño conjunto de estrategias para que esto funcione y se pueda, por lo tanto, avanzar en esa transferencia de tecnología, en
esa transferencia del conocimiento.
Por eso proponemos medidas urgentes que son muy sencillitas y que desde el sentido común político, en mi opinión, deberían ser tenidas en cuenta.
En primer lugar, proporcionar el apoyo necesario a estas OTRI,
especialmente a las dependientes de los OPI, y propiciar la creación de las subredes que ya existían y se han eliminado. En segundo lugar, incrementar los fondos dedicados a la financiación de las OTRI a través de las correspondientes ayudas, pero
yo creo que de un modo mucho más simplificado. Hasta ahora estaban las del plan de acción de bases y la línea de acción complementaria. Posiblemente salga una nueva convocatoria, pero es fundamental simplificar desde el punto de vista
administrativo el acceso a esas ayudas. Tercero, sería necesario crear una comisión de coordinación de OTRI que permita mejorar su eficacia, mejorar su eficiencia. No entiendo que no exista esta comisión de coordinación propiciada por el
ministerio. Cuarto, organizar y celebrar cursos específicos para la formación de nuevos técnicos en transferencia de tecnología y realizar esas jornadas anuales que se han suspendido sin ninguna justificación. Y por último, algo que a estas
alturas del siglo, aunque sea un siglo recién estrenado, parece un disparate. No tenemos una base de datos de ámbito nacional. Pedimos, por favor, que se ponga en funcionamiento una base de datos de ámbito nacional que recoja la oferta
científico-técnica disponible.
Ese es el objetivo de esta proposición no de ley, que es otra aportación modesta del Grupo Socialista a lo que
creemos que tiene que hacer el Gobierno, que en este caso es tener un proyecto de política científica, liderar y defender ese proyecto y no quedarse cruzados de brazos esperando a que los acontecimientos se resuelvan o actuando, como muchas
veces actúa el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como bombero pirómano.
La señora VICEPRESIDENTA: Ha pedido la palabra el portavoz de Convergència i Unió. para exponer su postura, tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Intervengo en nombre de mi grupo para informar que el Grupo Parlamentario Catalán aboga por impulsar una política de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológicos que afecte tanto a sectores públicos
como privados, promoviendo la implicación de los diversos sectores sociales, ya que la ciencia y la tecnología constituyen factores estratégicos de competitividad en el ámbito nacional y europeo. La política que proponemos parte de la situación
actual del sistema español en el que las empresas han desempeñado un papel tímido en el gasto destinado y se plantea la necesidad de participación privada en investigación científica e innovación tecnológica que llegue a superar las partidas
públicas destinadas a este sector. Lisa y llanamente, debemos ser capaces de convencer y apoyar al tejido empresarial español para que destine parte de sus beneficios a investigación científica, facilitando la participación de las empresas en
proyectos de desarrollo en colaboración con las universidades.
Esto resulta paradójico con otra realidad: la explotación económica directa de la investigación científica por parte de las empresas no cesa de crecer. Esto es resultado, en parte,
por la expansión de nuevos sectores industriales en alza que se nutren, poco más o menos, exclusivamente de los descubrimientos científicos, como el caso más específico de la biotecnología, pero asimismo por los cambios que tienen lugar en los
procesos de innovación industrial. La OCDE calcula que las empresas de biotecnología, unas 1.200 en Europa, dedican el 45 por ciento de sus esfuerzos económicos anuales a la investigación, al I+D.
La Generalitat de Catalunya ha creado la Xarxa de
Centres de Suport a la Innovació Tecnológica, formada por universidades y grupos de investigación con capacidad de prestar servicios de innovación tecnológica a las empresas. El objetivo de esta red es potenciar el mercado de la subcontratación de
I+D, a fin de incrementar la capacidad de innovación de las empresas. Desde la Generalitat se ha considerado que para poder contar con una red de centros tecnológicos que hablen el mismo lenguaje que las empresas, se rijan por parámetros de
servicios empresariales, y ello constituye una fuente de competitividad para las PYME. No se trata, pues, de crear una infraestructura tecnológica nueva, sino de construir un sistema de transferencia basándose en el alto potencial tecnológico que
han desarrollado las universidades y, además de ello, se pretende orientar progresivamente sus actividades a cubrir las necesidades del tejido productivo. Las características de la red que proponemos son que todos sus miembros tienen que pasar por
un proceso de acreditación de calidad, que esta acreditación se defina en base parámetros de calidad especificados por las empresas y que los miembros de la red se comprometan a alcanzar una autonomía financiera en un período de tres años. Entre
otros, los centros que participan en esta xarxa, en esta red, es el Centre d´Innovació i Desenvolupament empresarial, el CIDEM, del Departament de Industria, Comercio y Turisme, la Comissió Interdepartamental de Recerrca e Innnovació Tecnológica,
del Comissionatt pera Universitatsi i Recerca, y todas las universidades públicas catalanas.
Como pueden entender, la opción es empresarializar los centros de tecnología, haciendo que el centro se haga responsable de la comercialización y evitando
la burocratización administrativa. La proposición de ley parece escoger otra opción: burocratizar o poner el acento en el carácter administrativo de esta transferencia. No es nuestra política, aunque compartimos la necesidad de profundizar en las
actividades de transferencia, pero no por la vía a la que parece llevarnos esta proposición no de ley. Por ello nuestro grupo manifestará su voto en contra a la citada proposición.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA ARIAS: Pido, en primer lugar, perdón por mi voz cavernosa de esta mañana, fruto de un contundente resfriado.
Comenzaré mi intervención diciendo que, efectivamente, las oficinas de transferencia de resultados de
investigación surgen a finales de 1988, por iniciativa y apoyo de la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología, como un mecanismo propiciador de la transferencia de conocimientos entre los centros de investigación y las empresas para
promover una mayor y mejor articulación del sistema nacional de innovación. Por tanto, la misión de las OTRI ha sido durante estos años promover, fundamentalmente dentro de las universidades y organismos públicos de investigación, la generación de
conocimientos acordes con las necesidades del entorno y facilitar su transferencia. Así, las OTRI, durante los últimos quince años, han elaborado un banco de datos de conocimientos, infraestructura y oferta de I+D del organismo respectivo y han
evaluado el potencial de transferencia de los resultados generados por los distintos grupos de investigación y los han difundido entre las empresas directamente o en colaboración con los organismos de interfaz más próximos. De ahí que, en relación
a la proposición no de ley que hoy debatimos en esta Comisión, el Grupo Popular entienda que el Ministerio de Ciencia y Tecnología viene apoyando a las OTRI de forma continua desde su creación,
debido a la importancia real, como se ha comentado antes, que estas oficinas tienen para la promoción y transferencia de tecnología desde el sector público de I+D al sector privado. Por tanto, rechazamos el punto 1 de la proposición, ya que
durante el período 1996-2002 el número de solicitudes financiadas en el marco de las diferentes convocatorias de ayudas para las OTRI por el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido de 245, por un importe total de 15.082.775 euros. Además, en
este período se ha proporcionado financiación para los planes de actuación de las diferentes subredes en que se encuentran estructuradas estas oficinas.
También rechazamos el punto 2 planteado en la proposición y referido al incremento de fondos
dedicados a la financiación de las OTRI, ya que en marzo de este año se ha publicado una nueva convocatoria de ayudas a las OTRI, a través de la orden CTE/752, siendo la elaboración de la misma fruto de un trabajo conjunto con los representantes de
las distintas subredes de las OTRI. Las actividades financiables en esta convocatoria estaban dirigidas a promover la transferencia tecnológica y los resultados de investigación tanto de forma directa, captación de mercado, como indirecta, a través
del apoyo a los grupos de investigación. Además, la nueva convocatoria ampliaba las modalidades de participación a cuatro tipos -planes de actuación ordinarios, tres años; planes de coordinación, tres años; acciones de formación; y acciones
específicas de oportunidad no planificada-, pretendiendo los siguientes objetivos: aumentar las posibilidades de financiación de las OTRI a fin de conseguir una mayor dimensión de las mismas en cuanto al número de promotores tecnológicos;
reorientar su financiación tomando como base los objetivos conseguidos a fin de aumentar su eficacia; aumentar la coordinación entre las OTRI; fomentar su formación y especialización; y dar una mayor flexibilidad a sus actuaciones.
En cuanto al
punto 3 de la proposición, es cierto que la red OTRI de universidades, constituida como grupo de trabajo permanente de la sectorial de I+D de la CRUE, ha permitido abordar con un mayor alcance la formación de profesionales, el intercambio de
experiencias y la colaboración en proyectos conjuntos y que las diversas oficinas de transferencia han colaborado en la profesionalización de la gestión I+D a través del impulso de cursos y jornadas, negociación de contratos de transferencia,
formulación de planes de implantación de tecnologías, creación de empresas de base tecnología, etcétera, pero siempre en relación y comunicación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. En este
sentido, el ministerio ya tiene previsto crear una comisión coordinadora de OTRI con representantes de las diferentes subredes para evaluar el programa de ayudas y analizar los resultados obtenidos y su evolución.
Respecto al punto 4, que hace
referencia a la organización y celebración de cursos específicos para la formación de técnicos en transferencia de tecnología, la reciente convocatoria de ayudas para las OTRI, de la que antes he hablado, apoya las acciones de formación y
aprendizaje, incluyendo la creación de redes de conocimiento, plataformas, movilidad, creación de servicios especializados de apoyo mutuo, etcétera, y además está previsto la realización de un curso básico de formación de las OTRI en noviembre de
2003.
Y, por último, respecto al punto 5 de la proposición no de ley, la base de datos que se solicita existe desde hace algún tiempo bajo la denominación base de datos DATRI, datos para la transferencia de resultados de investigación, que
actualmente recoge información sobre 5.565 grupos de investigación, 13.187 proyectos o contratos de investigación, 18.636 líneas de investigación y 3.934 organismos de investigación. En los próximos meses se espera completar estos datos con unos
5.000 grupos de investigación más, con lo que se habrá cubierto prácticamente la totalidad de la oferta científico-técnica procedente de las universidades españolas.
Por las razones anteriormente expuestas y fundamentadas, el Grupo Popular entiende
que la citada proposición no de ley es innecesaria, puesto que no aporta nada adicional a lo que ya viene realizando el ministerio en relación con el apoyo de las OTRI, ya que las propuestas planteadas se están realizando o están en fase de
realización.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lissavetzky, tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Simplemente quiero lamentar la posición de Convergència i Unió de votar que no. Si Convergència i Unió piensa que es burocrático el apoyar a las oficinas de transferencia de resultados de investigación, allá
ustedes. Si hubieran presentado una enmienda, podríamos haber discutido sobre un texto que hubiera aproximado posiciones. En cualquier caso, me parece asumible y lamento simplemente que no haya habido, como en otras ocasiones, un cierto contacto
para intentar aproximar posiciones. En cualquier caso, burocrático no es lo que figura aquí y le recomendaría al señor Grau que se la leyera con detenimiento para que, aunque sea posteriormente, me dijera en qué es esto burocrático.
Con respecto
al Grupo Popular, no me extraña que voten que no. La señora portavoz ha dicho a lo largo de su intervención una serie de cosas como que el ministerio tiene previsto crear una comisión coordinadora de OTRI.
Pues si tiene previsto crearla, es que no
está creada. Lo que proponemos es que se cree. Si no quieren votarlo, no lo voten. Allá ustedes. Me parecen bien. Entiendo la posición política, pero usted textualmente ha dicho eso: tiene previsto crear una comisión coordinadora de OTRI. Si
aquí proponemos que se cree, no estamos tan locos. Estamos resaltando cosas que están sin hacer. En ese sentido, que se reconozca.
Usted habla de los representantes de las subredes. Me ha dado una idea para una pregunta escrita. Quiero que me pongan qué representantes de las subredes hay. No han funcionado con las subredes. recientemente, la semana pasada, han
llamado a un director de una OTRI para preguntarle: de tu subred, ¿a quién mandáis a la comisión de evaluación? Y me han contestado: Si no tenemos ninguna reunión ni tenemos representantes. Le han escrito un papel que no refleja la realidad, con
todos mis respetos.
Creo que es bueno que el Grupo Popular sepa que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre comillas y con perdón, nos vende, y les vende también a ustedes, unas motos que a veces no tienen ni manillar ni freno. Repito, no hay
representantes de subredes. De verdad que es así.
Dicho todo esto, no voy a alargar más esta reunión. Lamento que se vote que no. Yo creo que es una miopía política y ustedes, por lo menos en esta Comisión, se están convirtiendo en la derecha
del no. Basta que se presente alguna propuesta del Grupo Socialista, aunque sea, entre comillas y con perdón, de cajón, para que se vote que no. Muy bien, están en su derecho, tienen mayoría absoluta, pero por lo menos aprieten al ministerio que
va por libre y va muy mal.
La señora VICEPRESIDENTA: Señora García.
La señora GARCÍA ARIAS: Nada más comentar que, efectivamente, he dicho que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tenía previsto crear una coordinación de las redes OTRI. Si lo tiene previsto, es lógica la votación negativa a ese apartado
de la proposición. Parece evidente.
La señora VICEPRESIDENTA: Señores portavoces responsables de cada grupo parlamentario, vamos a proceder a las votaciones, por si tienen que intercambiar algún comentario.
Primer punto que sometemos a votación, proposición no de ley
relativa a la situación del personal investigador del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, presentada y defendida por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 17; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación el segundo punto del orden del día, proposición no de ley sobre el futuro del programa Ramón y Cajal, del Grupo Parlamentario So-cialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 18; abstenciones, una.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Tercer punto del orden del día que sometemos a votación, proposición no de ley sobre el impulso y mejora de la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, reiterando el agradecimiento a todos los servicios de la Cámara.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Ciencia y Tecnología, del miércoles, 17 de septiembre de 2003, no guarda la relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.