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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 820, de 17/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 820
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ROGELIO BAÓN RAMÍREZ
Sesión núm. 44
celebrada el miércoles, 17 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
-Sobre la definición de los usos futuros de las instalaciones del campamento militar de Castillejos (Tarragona). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000754.) ... (Página
25796)
-Relativa a la rehabilitación del antiguo cuartel de instrucción de marinería de Cartagena (Murcia). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002207.) ... (Página 25796)
-Relativa a la devolución al municipio de Lugo de los antiguos terrenos militares de As Gándaras y San Cibrao. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001200.) ... (Página 25798)
-Relativa a la base de seguimiento y control aéreo del Pico de Malpaso en la isla de Hierro. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/002065.) ... (Página 25802)
-Sobre el futuro de la base militar de Santa Ana de Cáceres, donde se encuentra ubicado el Centro de instrucción y movilización número 1 (CIMOV n.º 1). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002173.)
... (Página 25807)
-Relativa al futuro de la capitanía de Ferrol (A Coruña). Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002265.) ...
(Página 25809)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
-SOBRE LA DEFINICIÓN DE LOS USOS FUTUROS DE LAS INSTALACIONES DEL CAMPAMENTO MILITAR DE CASTILLEJOS (TARRAGONA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000754.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Señores comisionados, el orden del día de hoy está dedicado a proposiciones no de ley y consta de siete puntos, de los cuales el 1.º ha sido retirado y el 6.º pospuesto para otra reunión. A la vista
de la retirada de estos dos puntos del orden del día, pueden comunicar a sus compañeros de grupo que las votaciones no tendrán lugar antes de las once y media de la mañana.
-RELATIVA A LA REHABILITACIÓN DEL ANTIGUO CUARTEL DE INSTRUCCIÓN DE MARINERÍA DE CARTAGENA (MURCIA) PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002207.)
El señor PRESIDENTE: En orden a atender las peticiones de algún diputado que hoy tiene actuaciones en otra comisión se va a alterar el orden del día, de tal manera que vamos a comenzar por la proposición 5.ª relativa a la rehabilitación del
antiguo cuartel de instrucción de marinería de Cartagena, Murcia, presentada por iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista cuya portavoz, si he entendido bien, es la señora Juaneda.
Tiene la palabra la señora Juaneda.
La señora JUANEDA ZARAGOZA: Antes de empezar la defensa de la proposición no de ley relativa a la rehabilitación del antiguo cuartel de instrucción de marinería de Cartagena, quisiera hacer un poco de historia de lo que ha supuesto y
todavía supone, dicho cuartel. Es un edificio emblemático no sólo de la ciudad sino de toda la región. Se edificó en el siglo XVIII como cuartel de presidiarios y moros -allí iban presos los berberiscos del rey que luego pasaban a galeras-. En el
siglo XIX ya se convierte en el famoso penal de Cartagena, cantado y penado en coplas y en poemas, y siguió siéndolo después de la guerra civil hasta el año 1946, cuando se convirtió en cuartel de instrucción de marinería, lugar por el que
seguramente alguna de SS.SS. pasarían en sus años mozos y que estuvo en efectivo hasta 1998. A partir de ese año ya viene el abandono, y ni la ciudad de Cartagena ni la región de Murcia pueden permitirse que un edificio de esa singularidad se
deteriore, que es lo que está sucediendo con este inmueble histórico. A pocas fechas de su cierre, y ante la posibilidad de aunar en sus dependencias el archivo y la biblioteca de la Armada y el museo naval, se hizo una primera ficha técnica con un
presupuesto final de gastos de más o menos 1.060 millones de las antiguas pesetas -me van a permitir que hable en pesetas porque en euros todavía no me aclaro-. Hace más de tres años se estuvo a punto de negociar un acuerdo para su restauración,
pero quedó en nada y el emblemático edificio siguió su deterioro imparable porque, señorías, todo edificio que se queda sin vida se deteriora.
Quiero pensar que, después de casi cuatro años de silencio, esta proposición no de ley que presenta el
Grupo Socialista para rehabilitar el cuartel de instrucción ha supuesto un aldabonazo en la conciencia de algunos, porque a mediados de julio la Comisión mixta Cultura-Fomento aprobó un plan director con una partida de veinticinco millones de
pesetas. Más vale tarde que nunca y bienvenidas sean, pero eso no es suficiente. En el año 1999, como ya he comentado, una primera
valoración daba un montante de unos 1.060 millones de pesetas para hacer frente a la restauración del CIM. Hoy, cuatro años después, será seguramente necesario mucho más dinero para llevar a cabo esa restauración, porque, señorías, no les
quepa la menor duda de que cuanto más se tarde en rehabilitar un edificio mayor será el coste económico ya que estará mucho más deteriorado. El futuro de las edificaciones que conforman el antiguo cuartel podría ser espléndido, dado que el museo
naval que se trasladaría allí es el más visitado de la región de Murcia, y eso que su ubicación actual no reúne condiciones, y tanto la biblioteca como el archivo de la Armada serían otros dos ganchos culturales que atraerían a estudiosos y
eruditos. Por otro lado, hay firmado un acuerdo de colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena, de fecha de 16 de enero de 2001, por el cual se cede la utilización de alguno de los edificios para implantar titulaciones universitarias
relacionadas con defensa, como podrían ser ingeniería naval o sistemas de armamento y defensa. Pero este gran futuro está paralizado mientras no se haga una rehabilitación en condiciones. Este conjunto monumental, si se hicieran realidad los
proyectos culturales existentes, podría convertirse en el epicentro cultural de la región de Murcia y, desde luego, en el centro de cultura naval más importante de todo el Mediterráneo.
Señorías, no estoy haciendo demagogia. No estoy pidiendo,
aunque tendría todo el derecho a hacerlo, la devolución del antiguo edificio al Ayuntamiento de Cartagena, todo lo contrario: estoy pidiendo al Ministerio de Defensa que reconozca sus propias palabras, escritas en el apartado primero del protocolo
firmado entre el ministerio y el Ayuntamiento de Cartagena, donde se dice -y voy a leer literalmente-: Esta propiedad, de indudable valor histórico-artístico, requiere de la inmediata adopción de medidas de conservación adecuadas que eviten su
deterioro y degradación, para dedicarlo a otros usos que favorezcan un mayor conocimiento de la institución militar por parte de la población civil. Señorías, son palabras del Ministerio de Defensa, y cuando se dice inmediata adopción de medidas
quiere decir ya. No consientan que esa limosna de más o menos 150 mil euros para hacer un plan director se eternice en el tiempo y se quede en una intención que no lleve a nada más, y tengamos que esperar otros seis o siete años viendo cómo se
desmorona un edificio que el propio ministerio reconoce que se debe proteger ya.
Para terminar, me gustaría recordarles que, como obras son amores, no se puede ni se debe perder más tiempo para la recuperación y rehabilitación del antiguo CIM. Por
tanto, pedimos en esta proposición no de ley que habilite el Ministerio de Defensa, responsable último del inmueble, los fondos necesarios para la puesta en marcha a efectos culturales del cuartel de instrucción de marinería de Cartagena, Murcia,
con presupuesto del propio ministerio y/o a través, por ser un bien de interés cultural, del 1 por ciento cultural del Ministerio de Fomento. Espero que la sensibilidad del Partido Popular en esta ocasión quede demostrada y que todos podamos contar
con ese gran inmueble en condiciones.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún grupo quiere fijar su posición? (Pausa.) Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Ayala.
El señor AYALA SÁNCHEZ: En primer lugar agradezco a la señora Juaneda que nos haya ilustrado con la historia del cuartel de instrucción de marinería, sobre todo a la hora de recordarnos que alguno pudiéramos haber estado en su interior,
aunque espero que en su conciencia estuviera no cuando era prisión militar, sino cuando era cuartel general de marinería, donde yo fui marinero del cuarto reemplazo del año 1974. En definitiva, esto quiere decir que es una construcción conocida y
querida por todos los cartageneros, y en cuanto a la historia y a su trascendencia, nada tenemos que añadir a las palabras de la señora Juaneda.
Ahora bien, sí tenemos que puntualizar algunas cuestiones porque todos estamos preocupados y el Partido
Popular también lo está desde el momento en que, de acuerdo con un plan que comenzó con el plan norte, se fueron abandonando algunas instalaciones de Defensa. Esto ha supuesto que, con la profesionalización de nuestros ejércitos, muchos inmuebles,
que tenían un uso concreto, como el cuartel instrucción de la marinería del servicio militar obligatorio, y un contenido y una naturaleza histórica, tengan una especial importancia para el Ministerio de Defensa. Por ello es importante recordar que
se ha creado una secretaría general en el Ministerio de Defensa que trata de canalizar todas estas cuestiones. Por tanto, la sensibilidad que demanda la señora Juaneda está presente no sólo en el Partido Popular, sino también en el Ministerio de
Defensa, y creo que así se está demostrando.
Es evidente que esta instalación necesita una actuación que sea racional y coherente y que permita la integración de la misma en los usos de los ciudadanos, ya que se encuentra en el mismo caso antiguo.
Ahora bien, no se podrá decir que no estemos actuando de forma ordenada, aunque la señora Juaneda parece que no estima suficiente que en la reunión de la Comisión Mixta del 1 por ciento cultural del Ministerio de Fomento y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte que se ha celebrado el día 8 de julio se aprobara por unanimidad financiar íntegramente la redacción del plan director para la rehabilitación del cuartel de instrucción de marinería de Cartagena. Esto supone la
demostración de tal sensibilidad, y sin poder alcanzar cuáles han sido las conclusiones de ese plan director, dada la complejidad del inmueble, su tamaño, su extensión y su significación histórica -que ya ha sido destacada-, se tiene que contar con
un documento que establezca con precisión el diagnóstico del estado de conservación
actual, las actuaciones que se deben hacer y las prioridades, con independencia de valorar económicamente las actuaciones. Por tanto, difícilmente se va a poder afectar ningún fondo público a unas actuaciones que todavía no están fijadas,
ya que debe ser el rigor del plan director el que las fije para que a continuación se establezcan las vías de financiación y se determinen los posteriores usos culturales que sin duda va a tener el edificio.
Es verdad que la sensibilidad y la
preocupación del Partido Popular han llevado no sólo a intentar ubicar parte del museo naval, que es el museo más visitado de la región de Murcia, sino también a posibilitar los usos compartidos con la Universidad Politécnica, pues he de señalar
aquí que gracias al Gobierno del Partido Popular se han establecido por primera vez unos estudios superiores de la Defensa con la colaboración del Ministerio de Defensa y la Universidad Politécnica de Cartagena. Se ha avanzado también en la
integración de parte del entorno del edificio a la ciudad, lo que va a conformar que se elimine la separación que existe entre parte del arsenal militar de Cartagena con la ciudad y con el contacto del mar, pues se llegó a un acuerdo previo, con
independencia de cuál fuera el edificio. Por tanto, señora Juaneda, no podemos admitir su proposición no de ley porque sin tener un plan director que ya esté aprobado y financiado íntegramente con cargo al 1 por ciento cultural, es difícil saber
exactamente cuál va a ser el fin del edificio.
Ya que estamos en la Comisión de Defensa, quisiera puntualizar que el Ministerio de Defensa no puede sufragar con sus presupuestos actuaciones que no estén directamente aplicadas a la defensa nacional.
Sería bueno recordar aquí que con la creación de la GIED y el proceso de la enajenación de bienes inmuebles del Ministerio de la Defensa que han dejado de ser útiles a la defensa nacional, los presupuestos tienen que ser utilizados para sufragar los
proyectos de Defensa y no es una cuestión que se haya hecho recientemente sino que nace junto con el plan norte en su momento y que continúa posteriormente con el proceso de la profesionalización. Por tanto, la colaboración del Ministerio de
Defensa, a través de la Dirección General de Infraestructuras, manifiesta claramente la voluntad del ministro Trillo Figueroa de propiciar que este centro, lejos de ser enajenado, sea del dominio de todos los cartegeneros mediante usos culturales y
no vaya a sufragar gastos de armamento, material o cualquier otro. Además, el Ministerio de Defensa carece de competencia y capacidad para exigir que se apliquen fondos muy concretos.
Por tanto, señora Juaneda, puede estar tranquila de que las
instituciones implicadas, es decir, Ministerio de Defensa, Ayuntamiento de Cartagena, Comisión del 1 por ciento cultural o Universidad Politécnica de Cartagena, están realizando todas las actuaciones tendentes a que este bien se proteja y se
incorpore al uso público civil de todos los cartageneros. Pero si el día 8 de julio se aprobó la redacción del plan director para su rehabilitación, dejemos que sea éste el que fije las prioridades, diagnostique el estado de conservación y las
obras necesarias y valore el coste de las mismas, para establecer las vías de financiación y determinar sus posteriores usos culturales, empeño en el que le puedo asegurar que no cejará ningún miembro del Partido Popular.
-RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN AL MUNICIPIO DE LUGO DE LOS ANTIGUOS TERRENOS MILITARES DE AS GÁNDARA Y SAN CIBRAO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001200.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2.º punto del orden del día, relativo a la devolución al municipio de Lugo de los antiguos terrenos militares de As Gándara y San Cibrao.
El portavoz del Grupo Mixto señor Aymerich tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Señorías, esta proposición no de ley pretende la sustracción del mecanismo al que el portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia, es decir, que entren en la mecánica de la ley que crea la
Gerencia de Infraestructuras de Defensa estos terrenos desafectados por el Ministerio de Defensa, ya no destinados a usos militares, y que en el siglo XIX fueron cedidos gratuitamente al ejército por el municipio lucense.
En el caso de los terrenos
de San Cibrao, fue precisamente una sentencia judicial del Tribunal Supremo de julio del año 2001 la que obligó a un renuente Ministerio de Defensa a devolver al municipio 120 hectáreas correspondientes a los antiguos terrenos militares que el
ministerio se había negado a devolver de buen grado y a revertirlos al municipio en vía administrativa. Tuvo que ser, como digo, esta sentencia judicial, después de un largo proceso, la que obligase al Ministerio de Defensa, en concreto el 25 de
enero de 2002, a remitir al Ayuntamiento de Lugo un acuerdo de la Gerencia de Infraestructuras de Defensa en el que se acate la sentencia y se le dé cumplimiento.
Situación diferente es la de los terrenos de As Gándaras. Estos terrenos ocupaban un
antiguo cuartel y han sido desafectados por la Gerencia de Infraestructuras de Defensa en enero de 1998. La superficie que ocupan es de 1.531.753 metros cuadrados, y en este caso, a pesar de una solicitud del Ayuntamiento de Lugo de 13 de noviembre
de 2001, en la que se solicitaba la reversión de los terrenos, una resolución de la Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Defensa de 16 de enero de 2002 desestimó esta solicitud. Pensamos varias cosas. En primer lugar, entendemos que la
situación de los antiguos terrenos militares de As Gándaras desafectados, es decir, ya no destinados a ningún uso de
tipo militar y que en su momento fueron cedidos gratuitamente por el municipio de Lugo, deben revertir también, como en el caso de San Cibrao, al municipio que en su momento los cedió, y no para que el municipio especule con ellos -hay
precedentes en otras ciudades gallegas, como el caso de A Coruña- sino para que sean destinados a usos sociales y en beneficio de todos los vecinos, en concreto, de los vecinos del barrio de As Gándaras, que en este momento han sufrido un grave
impacto como consecuencia de la nueva circunvalación de la ciudad de Lugo. Pensamos que hay identidad de razón con el supuesto de San Cibrao y, por tanto, con el supuesto que el Tribunal Supremo resolvió a favor de los intereses municipales.
Además, la negativa del Ministerio de Defensa a ceder los terrenos a quien había sido su donante, a quien los había ofrecido en su momento voluntariamente al municipio de Lugo, coincide con una actuación totalmente reprobable y con una desidia
absoluta del Ministerio de Defensa, que está tolerando que estos terrenos se hayan convertido en una fuente de problemas y de insalubridad para los vecinos. En los terrenos se realizan vertidos incontrolados de escombros; en este momento son un
basurero incontrolado: animales muertos, coches abandonados; los edificios se encuentran en un estado ruinoso, llenos de pintadas y con los cristales rotos; hay desperdicios y jeringuillas por el suelo. Es decir, es un foco de insalubridad para
los vecinos del barrio y, en general, para toda la ciudad de Lugo. Pero es que, además, cuando la asociación de vecinos de As Gándaras, la Asociación Gatorrosos, solicitó del Ministerio de Defensa que les dejasen utilizar estos terrenos para
realizar actividades lúdicas y deportivas, es decir, para dar un uso a lo que en este momento está abandonado, suponemos que con fines especulativos, se encontraron con la negativa del ministerio. En estos momentos en que está muy de moda utilizar
terrenos del Ministerio de Defensa que ya no cumplen ninguna finalidad militar y que ya no están afectados a uso público, para especular y para contribuir a que el precio de la vivienda se encarezca y, con ello, contribuir también a aventuras
militares por el mundo, nosotros sólo pretendemos que se haga justicia, que se devuelvan los terrenos a quien en su momento los cedió gratuitamente y que estos terrenos puedan revertir al ayuntamiento para que puedan ser utilizados por toda la
ciudadanía y en beneficio de todos los vecinos del barrio de As Gándaras. También solicitamos que mientras esta solicitud no se haga efectiva -esperemos que el Ayuntamiento de Lugo no tenga que pasar por un nuevo calvario jurídico y no tenga que
soportar un nuevo proceso judicial para que al final el Tribunal Supremo le dé la razón, como esperamos, pues ya he dicho que hay una identidad clara entre el supuesto de San Cibrao y el supuesto de As Gándaras-, el Ministerio haga lo que cualquier
propietario debe hacer con sus terrenos, es decir, limpiarlos, mantenerlos en un estado de conservación digno, vigilarlos y, en definitiva, impedir que sean como son en este momento, un foco de insalubridad y de inseguridad para los vecinos de los
barrios colindantes. Mientras esta reversión no se haga efectiva, tendrían que poder utilizarse los terrenos para actividades lúdicas y deportivas por los vecinos de los barrios mencionados y, en concreto, a través de la Asociación de vecinos
Gatorrosos, a la que anteriormente me he referido.
Esperamos contar con el apoyo de todos los grupos para esta iniciativa. Si no es así y el grupo que apoya al Gobierno no aprueba esta proposición no de ley, esperamos que esa falta de apoyo se
justifique porque ya se esté trabajando en ello o porque la proposición no de ley sea inoportuna debido a que el Ministerio de Defensa ya esté dispuesto a realizar los trámites necesarios para proceder a la devolución de los terrenos. Si no fuese
así y la negativa se justificase en la no devolución de los terrenos porque se vaya a proceder a su venta para especular y financiar gastos y compra de armamento, etcétera, estaremos ante un atropello y ante una actuación totalmente discriminatoria
para la ciudad de Lugo que, por cierto, no tiene parangón con lo sucedido en otras ciudades.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Hernández para fijar posición.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: El Partido Socialista quiere manifestar que está de acuerdo con la proposición no de ley presentada por los colegas del Bloque Nacionalista Galego, pero quiero hacer una serie de matizaciones sobre esta
importante cuestión.
Ya es extraño de por sí que se presente en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley cuyo primer punto diga que hay que instar al Gobierno a cumplir las resoluciones judiciales. Esto indica que hay una voluntad
negativa del Ministerio de Defensa a que la justicia haya dictado una sentencia y que el ministerio busca subterfugios diversos para no cumplirla. Hoy podemos decir que el tema de San Cibrao está ejecutado en su totalidad porque prácticamente está
todo hecho, pero queda la otra cuestión con la que también estamos de acuerdo y que corresponde a una iniciativa que precisamente lidera en Lugo el alcalde José Orozco y que, si siguen las cosas como están, llegará a buen fin porque no puede ser de
otra manera. Esta actitud del Ministerio de Defensa se ha visto en otros edificios y en otros terrenos similares en el resto de Galicia. El Partido Socialista se niega a entrar en esta cuestión y, en este caso concreto, en subastas y mercadeos y
solicita la racionalidad en el tratamiento de la cuestión, como bien ha señalado el ponente.
Es cierto que no cabe otra salida porque los terrenos de As Gándaras fueron sucesivas donaciones del ayuntamiento al Ministerio de la Guerra en el siglo
XIX, concretamente en el año 1889, para convertirlo en polvorín y en campo de tiro, pero también es cierto que, acabados
los fines, se pide la revisión porque ya no tiene sentido mantener la situación. Lo que ocurre es que hay diferentes formas de hacer política y en la posición sobre estos terrenos también hay diferentes enfoques. Así, mientras que el
Partido Socialista mantiene una posición que está ligada a la legalidad pero también a un concepto de justicia social, el Partido Popular entorpece esta situación negociando de forma que Defensa revierta los terrenos para sus legítimos propietarios
pero a cambio de compensaciones económicas. El alcalde de Lugo y el Partido Socialista de Lugo buscaban precisamente negociar estos terrenos para otorgarles unos fines sociales. Al Partido Socialista de Lugo le interesan para hacer zonas verdes,
zonas industriales y zonas de ocio. Podemos decir, incluso, que hay un acuerdo sobre este tema y que anteayer el alcalde de Lugo seguía negociando con Defensa. Sin embargo, nos encontramos con la posición negativa del presidente de la Diputación,
el señor Cacharro Pardo, que dice que la operación de compra venta de los terrenos del antiguo polvorín de As Gándaras no está formalizada y que los cabos sueltos y las reclamaciones del concello, que son por vía judicial porque reclama lo suyo,
impiden la compra definitiva. Es decir, nuevamente nos encontramos con una posición economicista del Partido Popular en las pasadas elecciones, en las que atacaba al Partido Socialista porque mantenía abierta la negociación con Defensa pese a los
recursos que estaban planteados anteriormente. El Partido Socialista no quiere que se repita lo que está pasando en otras zonas del territorio nacional en el sentido de que estas propiedades se subasten, se vendan o que no haya un procedimiento
normal para que los ayuntamientos recuperen su propiedad.
Para terminar, me gustaría recordar que el Ministerio de Defensa ha perdido en Lugo el caso del cuartel de Garabolos y también lo relativo a San Cibrao, y el corolario que se deduce de todo
esto es que en la sentencia, que probablemente se produzca pronto, sobre el terreno de As Gándaras pase exactamente lo mismo. El mensaje definitivo que hay que dar al Ministerio de Defensa es que devuelvan de una vez los terrenos correspondientes a
As Gándaras porque los perderán definitivamente en los tribunales, y Lugo necesita urgentemente terrenos industriales, de ocio o zonas verdes, no puede esperar más tiempo y pide claramente al Ministerio de Defensa que otorgue lo que es legítimo al
pueblo de Lugo. Por tanto, votaremos a favor de esta proposición no de ley del Bloque Nacionalista Galego, haciendo constar el liderazgo que sobre el terreno ha ejercido el Partido Socialista en Lugo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Padilla.
El señor PADILLA CARBALLADA: Señorías, ya se imaginarán que mi intervención en nombre del Grupo Popular responde estrictamente a razones territoriales y a ser diputado por esa cincunscripción, y ya me hubiera gustado que el ilustre diputado
del Partido Socialista por la provincia de Lugo, don José Blanco, hubiera hecho hoy un hueco en sus muchas ocupaciones para, quizá con gran conocimiento de causa, explicarnos con más detalle y con más inspiración de los socialistas lucenses esta
cuestión.
En primer lugar, he escuchado al señor Aymerich y a usted y los dos han empezado hablando de la famosa ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero es que estamos ya en el mes de septiembre de 2003. El primer punto de la
proposición no de ley es que se instara firmemente al Gobierno a ejecutar una sentencia que ya ejecutó el 25 de enero de 2002, es decir, antes de que el diputado del Grupo Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, formulara esta proposición de ley y de
que incluso formulara una pregunta. Yo no tenía dudas de que SS.SS tienen amplio contacto con sus respectivos grupos en el gobierno municipal de Lugo, que también lo ostentaba en esa fecha, y me da la impresión de que el señor Hernández un poco más
informal, supongo que porque el señor alcalde es del Grupo Socialista y porque subsiste en el gobierno municipal -no sabemos ahora si con más progreso o menos, o sea, no sabemos si la cosa era de más progreso en el gobierno municipal compartido en
la anterior legislatura o si se acentúa ese progreso, que supongo que no, aunque eso es una opinión-. Lo que no se acentúa es la buena información porque, vuelvo a repetir, no entiendo que alguien pida la ejecución de algo que ya está ejecutado.
En el momento en que lo solicita el señor Aymerich esto ya está ejecutado.
En segundo lugar, el señor Hernández ha reconocido -y esa es la realidad- lo que ya figura en una información necesaria para SS.SS., y es que sobre estos terrenos no es que
vaya a haber acuerdos, es que ya los ha habido.
Esto ya lo ha contestado el Ministerio de Defensa también a una pregunta del señor Aymerich y una gran parte de aquello a lo que SS.SS ahora se refieren dio lugar a lo que sucedió el 23 de noviembre
de 2001. Desde luego si sus progresos en general tienen que ver con su progreso informativo la cosa no va muy bien. El 23 de noviembre de 2001 se había formalizado entre la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Defensa y el
Ayuntamiento de Lugo un convenio por el cual se transmitía al citado ayuntamiento una parcela de 100.000 metros cuadrados para la ubicación de una estación de mercancías a realizar por RENFE, recibiendo este organismo autónomo como contraprestación
cinco parcelas de titularidad municipal, y todo ello dentro de una amplia operación urbanística que contaron y recontaron reiteradamente sus respectivos portavoces municipales como un gran acierto y una gran conquista de su gestión. Además añadimos
que en este momento hay un pleito pendiente, legítimo pero deducido por el Ayuntamiento de Lugo. Por tanto, hay una situación de litispendencia entre la Administración general del Estado, el Ministerio de Defensa, en este caso la persona
jurídica de la Gerencia de Infraestructura a quien se atribuyó la titularidad jurídica y dominical de este bien, y el Ayuntamiento de Lugo; además, el señor Hernández ha reconocido que el gobierno de progreso del señor Orozco mantiene
activas conversaciones, de las que nos informaba ahora, cosa que le agradecemos, y que todavía ayer parecía que tenían relevancia. En definitiva, todo esto responde a una voluntad de ejercicio de la autonomía municipal. Me parece que hay que tener
un cierto rigor y las recetas para todo sirven relativamente. Es decir, los diputados del Bloque hacen preguntas y, sin esperar la respuestas, formulan proposiciones no de ley; ponen la receta a funcionar y la productividad generalmente está
reñida con la calidad parlamentaria del resultado.
A nosotros no nos va a decir nadie, señoría, que no hemos tenido esa sensibilidad. Estaríamos encantados, si no hubiera toda esa serie de circunstancias que están ahí y que hacen que la albóndiga
resultante que ustedes construyen sea de mala calidad, de apoyar esto como hemos apoyado otras muchas cosas. El mismo diputado que les habla, en la V Legislatura solicitó la reversión al Ayuntamiento de Monforte de Lemos, en la misma provincia, de
los antiguos terrenos de la cárcel que habían sido desafectados porque esa cárcel se había cerrado, y no los tenía el Ministerio de Defensa ni los tenía la Gerencia de Infraestructuras para el diseño financiador de algunos aspectos, sobre todo del
acuartelamiento. Por cierto, señoría, no los hemos diseñado nosotros, sino que lo hemos heredado de la misma manera que se reciben las competencias, pues en la gestión de los asuntos públicos uno tiene que continuar con algo que está ahí, y yo le
diría que a este diputado esa fórmula no le gusta, habrá que sustituirla por otra en una cadencia temporal y habrá que darle una solución presupuestaria, pero los inventores de la Gerencia de Infraestructura de la Defensa, señor Hernández, son
ustedes. Si no les gusta todo eso, cuéntenlo. Nosotros solicitamos la reversión y su grupo entonces, en la V Legislatura, se opuso y dijo que al precio justo y razonable. Y en la VI Legislatura, cuando tuvimos mayoría, la coherencia obliga y
volví a plantear otra proposición no de ley, que fue votada y aprobada por la mayoría, y eso ha sido ejecutado. En ese momento, el Estado cedió gratuitamente a ese ayuntamiento esas instalaciones.
Nosotros tenemos una disposición absolutamente
favorable a este tipo de iniciativas, siempre que no tengan todo el entramado que aquí subsiste, porque hay que ser coherentes con la organización del Estado, con los actos propios del Ayuntamiento de Lugo, señor Hernández, y hasta hace poco tiempo
con un gobierno municipal ya no presente en este gobierno, pero también muy activo en la cuestión. De manera que hay una litispendencia judicial promovida por el Ayuntamiento de Lugo, hay negociaciones, ha habido convenio, incluso eso, como sabe
S.S está en parte vinculado a otras negociaciones de otras instalaciones que al Ayuntamiento de Lugo interesan, y además le puedo decir que con mucho gusto y como diputado de la circunscripción he estado presente en varias ocasiones en la Gerencia
de Infraestructura de la Defensa interesándome por este asunto y por su desarrollo y dado que había una voluntad por parte del Ayuntamiento de Lugo de tener la dirección de la gestión, de la negociación y del resultado, comprenderá que en esas
condiciones, salvo que uno esté dispuesto a participar en la cocina de algo que no le resulta del todo digerible pues está mal planteado, no vamos a entrar en eso. Además, en este punto hay una cosa muy importante: en lo único que no se debe
intervenir desde esta Cámara es en aquello cuya dirección política, interés político, gestión política y desarrollo político está llevado a cabo por unos legítimos representantes municipales que han hecho sus propios trazos y no me consta, desde
luego, que se hayan dirigido, por lo menos al diputado que les habla, que tiene el honor junto a otros colegas de esta Cámara de ser la fuerza mayoritaria de representación en esa provincia, con ningún tipo de indicación en este punto, en otros sí,
por cierto, por parte del señor alcalde de Lugo, de su ayuntamiento, de su anterior mayoría y de su actual mayoría.
Concluyo diciéndole, señoría, que en todo caso la política es construir y, sobre todo y fundamentalmente, tener una idea cabal de lo
que el Estado debe hacer en cada momento y de cómo debe hacerlo, pero en su totalidad.
Se viene con ese reticente elemento descalificatorio a una fórmula, que repito que no es nuestra pero que es actual y que está sirviendo en este momento para
desarrollar alguna de las competencias o actividades del Ministerio de Defensa. Un representante de la soberanía nacional puede venir a pedir lo que piden SS.SS., pero después también tiene que venir y explicar, sobre todo en algunos casos, cuál es
su receta, cuál es la fórmula que sugiere para resolver aquello que de alguna manera se convierte en un cierto entorpecimiento al buen fin de esa pretensión.
Por todas esas razones que el Grupo Popular cree que son absolutamente coherentes,
votaremos en contra de esta concreta petición de SS.SS por la fórmula y el planteamiento con que la hacen.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Quiero solicitar que, de acuerdo con el Reglamento, por parte de la Mesa procedan a leer dos párrafos de la contestación a la que hizo referencia el señor Padilla, porque no es cierto que haya un acuerdo ya sobre el
terreno de As Gándaras y no es cierta la referencia que él hizo a esa contestación.
El señor PRESIDENTE: Se va a proceder a la lectura por parte del secretario.
El señor SECRETARIO: Con fecha 23 de noviembre de 2001 se formaliza entre la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa y el Ayuntamiento de Lugo un convenio mediante el cual se transmite al citado ayuntamiento una parcela de
100.000 metros cuadrados para la ubicación de una estación de mercancías a realizar por RENFE, recibiendo este organismo autónomo como contraprestación cinco parcelas de titularidad municipal.
El 13 de noviembre de 2001, el Ayuntamiento de Lugo
solicita la reversión de los terrenos del polvorín de As Gándaras, siendo desestimada dicha petición por resolución de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa de 16 de enero de 2002.
-RELATIVA A LA BASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROl AÉREO DEL PICO DE MALPASO EN LA ISLA DEL HIERRO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/002065.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al tercer punto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, relativa a la base de seguimiento y control aéreo del Pico de Malpaso, en la isla del Hierro.
Don José Segura va a
actuar como portavoz en esta materia.
El señor SEGURA CLAVELL: El Grupo Parlamentario Socialista presenta esta proposición no de ley por la que solicita, entre otras propuestas, la derogación del Real Decreto por el cual se declaró de interés para la defensa nacional la zona
del Pico de Malpaso en la isla del Hierro. A lo largo de los últimos meses se han producido acontecimientos normativos nuevos en el seno el Estado español que, sumados a la serie de razonamientos que desde la perspectiva pública e institucional en
Canarias se han venido produciendo en los últimos 17 años, nos conducen a la solicitud que planteamos en nuestra proposición no de ley.
En el año 1986 el Ministerio de Defensa planteó al Ayuntamiento de Frontera, que es uno de los dos municipios de
la isla del Hierro, la necesidad de instalar en una zona del mismo una base de seguimiento y control aéreo en la zona del Pico de Malpaso, dentro del parque natural de Frontera, calificado por la normativa en vigor de la comunidad autónoma como
espacio natural protegido. En este sentido, solicitaba el Ministerio de Defensa ya en el año 1986 -insisto en que, obviamente, gobernaba el Partido Socialista- la cesión o venta del terreno afectado.
Señorías, en aquella etapa gobernaba también en
la Comunidad Autónoma de Canarias, con mayoría minoritaria, el Partido Socialista y su Gobierno regional se pronunció en contra de esa ubicación. El pronunciamiento fue tambiél del Cabildo insular de la isla del Hierro y de los dos municipios de
esa entrañable isla occidental de nuestra Comunidad canaria. Las negativas a la instalación de esa base por la perspectiva poblacional eran de muy diferente índole: de índole cultural, ecológica, histórica e incluso de naturaleza religiosa. Y
digo de naturaleza religiosa porque he de manifestarme con respeto a la voluntad popular, que así se ha manifestado. Transcurridos quince años, desde 1986, ese expediente durmió el sueño de los justos, hasta que el 15 de febrero del año pasado, con
el Real Decreto 192, el Ministerio de Defensa declara zona de interés para la defensa nacional el asentamiento de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso al mismo.
En los fundamentos previos de la parte dispositiva de ese real
decreto que tengo en mis manos en estos momentos, señorías, se dice que la Ley Orgánica 6/1980, de criterios básicos de la defensa nacional y organización militar, asigna al Ejército del Aire la responsabilidad de ejercer el control del espacio
aéreo español, que se lleva a cabo mediante las denominadas estaciones de vigilancia aérea con los radares fijos que se ubican en esas instalaciones, transfiriéndose los datos obtenidos a los centros de control aéreo de la Aviación Civil, lo que
además redunda eficazmente en la seguridad del tráfico aéreo comercial.
Eso es evidentemente cierto. Pero, señorías, a continuación dice en esa exposición de motivos que desde hace años viene siendo notoria la necesidad de mejorar la vigilancia
aérea de la zona de las islas Canarias como consecuencia de la insuficiencia de los radares actuales para cubrir todo el espacio aéreo al producirse distintos apantallamientos originados por el Teide, lo que motiva la localización de un nuevo
asentamiento en el Pico de Malpaso, de la Isla del Hierro, resultando necesario preservar la instalación, al igual que sus accesos, contra cualquier actuación que pudiera incidir negativamente en su eficaz funcionamiento. Esa manifestación también
es correcta desde el punto de vista tecnológico.
(El señor vicepresidente, Sanjuán de la Rocha, ocupa la presidencia.) En su parte dispositiva, integrada por dos artículos, declara zona de interés para la defensa nacional el terreno donde se
localizará ese asentamiento, y dice que en la zona se considerarán prioritarios los intereses de la defensa nacional, en particular el control del espacio aéreo, sin perjuicio, en su caso, del derecho a la indemnización o compensación que prevé el
artículo 28 de la Ley 8/1975, cuando tales intereses resulten incompatibles con los demás intereses públicos o privados concurrentes.
Señorías, a raíz de la publicación de ese Real Decreto el 15 de febrero de 2002, el Parlamento de Canarias, por
unanimidad, repito, de los 60 diputados que lo integran -institución que nos merece el máximo respeto como representación de la voluntad popular en la Comunidad canaria-, instó al Gobierno con tres resoluciones, reitero, aprobadas por unanimidad:
primero, que en defensa de los valores ecológicos de tradición
cultural, histórica y religiosa de la zona de Malpaso, de la isla del Hierro, solicite del Ministerio de Defensa la no ubicación en ella de instalaciones militares ni en otro lugar de la isla; segundo, que todas las decisiones que se
pretendan tomar sobre una instalación de este tipo cuenten necesariamente con el asentimiento y la conformidad del Gobierno de Canarias y de las instituciones insulares y municipales de la isla del Hierro; y tercero, dar información precisa de los
planes y necesidades para la seguridad aérea en el área occidental de las islas Canarias.
Señorías, ni el Gobierno de Canarias ni el Cabildo insular de la isla del Hierro ni ninguno de los dos municipios, ninguna de las dos corporaciones
municipales que integran la división municipal de la isla del Hierro ha dado su asentimiento a la instalación a la que estamos haciendo referencia. Por otro lado, señorías, es evidente que en las islas Canarias a lo largo de los últimos años se ha
venido incrementando la sensibilidad ciudadana por lo que se refiere al equipamiento de elementos de ayuda a la navegación aérea, lo que se ha venido poniendo de manifiesto como consecuencia de la creación y de manifestaciones de organizaciones
sociales, culturales, ecologistas, vecinales y por manifestaciones de las propias instituciones. Señorías, quienes son miembros de la Comisión de Infraestructura recordarán debates reiterados sobre un radar que el Ministerio de Fomento, a través de
AENA, quiere instalar en la isla de Lanzarote; radar que es necesario pero en cuya ubicación hay importantes discrepancias.
El Grupo Parlamentario Socialista no viene con un planteamiento involucionista ni con un planteamiento que no afronte en
positivo la necesidad de dotar al máximo desde la perspectiva de la seguridad aérea y de la seguridad nacional. Que nadie ponga en tela de juicio nuestros conceptos al respecto ni trivialice en sus intervenciones o explicaciones la posición que
venimos manteniendo, porque nos manifestamos a favor y entendemos la necesidad de incrementar el equipamiento para ayuda, seguimiento y control de la navegación aérea y de todo lo que ello implica también de beneficio colateral. No obstante, nos
manifestamos también rotundamente a favor del diálogo y no de la imposición.
Señorías, tengo también en mis manos el documento que el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, remitió a las instituciones canarias.
En ese documento, que
comienza haciendo referencia a la Ley Orgánica 6/1980, como dice en la exposición de motivos del real decreto, asigna al Ejército del Aire la responsabilidad de ejercer el control del espacio aéreo español, y dice a continuación que en tiempo de paz
esta responsabilidad se delega en el Ministerio de Fomento, concretamente en la Dirección General de Aviación Civil, para el control de la circulación aérea general, es decir, aviación civil, aviación deportiva, aviones que prestan apoyo en
actividades aéreas, paracaidismo deportivo, etcétera, reteniendo el Ejército del Aire el control de la circulación aérea operativa. Pero, señorías, ojo a este dato argumental. La Ley Orgánica 6/1980 ha sido modificada en algunos de sus contenidos
competenciales por una ley muy potente tramitada a través de la Comisión de Infraestructura del Congreso y del Senado, de las Cortes Generales españolas, que es la Ley de Seguridad Aérea, y los fundamentos del real decreto por el cual se califica de
interés para la defensa nacional con el objeto de dar el marco jurídico para la instalación de ese radar tan polémico, en los casi últimos veinte años han sido rebasados por determinados contenidos de la Ley de Seguridad Aérea, que entró en vigor en
los primeros días del mes de agosto pasado, es decir, prácticamente quince meses después de la publicación, el 15 de febrero de 2002, en el Boletín Oficial del Estado, del Real Decreto 192.
En consecuencia, señorías, el Grupo Parlamentario
Socialista no pone en tela de juicio la importancia, desde la perspectiva de la seguridad nacional, de incrementar equipamientos para ayudas a la navegación aérea, pero estimamos que ha faltado diálogo, que no es necesaria la instalación adscrita al
Ministerio de Defensa y que es muy posible que en las islas occidentales de La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, para mejorar las ayudas y la seguridad en la navegación aérea, no sólo para las aeronaves que se desplazan entre las diferentes
islas, sino entre las islas y el resto del continente europeo, sea necesario que las instituciones canarias conozcan el equipamiento preciso con el objeto de dar la máxima garantía a la seguridad aérea. ¿Cómo? Pues, como saben SS.SS., hay un
programa europeo, impulsado por las instituciones europeas potentes en aviación civil, de armonización de los equipamientos en tierra de los diferentes espacios aéreos, que son del orden de cuarenta y cinco, que integran los espacios aéreos de la
Unión Europea. Y en el área del Atlántico, en la que se ubica la Comunidad canaria, el número de rutas que cruzan y sobrevuelan nuestro espacio aéreo es de una dimensión colosal, que rebasan no sólo el propio interés de nuestra comunidad para el
transporte aéreo en todos sus niveles sino también desde la perspectiva internacional, y está recogido en proyectos que la propia Unión Europea tiene previsto promover y cuyos borradores circulan en las organizaciones internacionales competentes en
materia de aviación civil.
Por eso, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista, con el máximo respeto al tema al que nos estamos refiriendo, hemos presentado esta fundada y motivada proposición no de ley. La propuesta de resolución -que les leo a
efectos de que quede clara en el 'Diario de Sesiones'- está integrada por dos puntos: Primero, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que adopte la decisión de derogar el Real Decreto 192/2002, de 15 de febrero, por el que se declara zona
de interés para la defensa nacional el asentamiento de la estación de vigilancia aérea número 23 del Ejército del Aire y el acceso
a la misma, de manera tal que las alternativas para garantizar la seguridad aérea y la disponibilidad de las ayudas a la navegación en el área del océano Atlántico en la que se sitúan geográficamente las islas Canarias, sean fruto de un
diálogo institucional entre el Gobierno del Estado, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias y las corporaciones locales radicadas en la isla de Hierro. Segundo, que se presente en el plazo de un año en las Cortes Generales un proyecto
global de actuación en lo que se refiere a los sistemas necesarios de control de la navegación en el área en la que se encuentra el archipiélago canario, así como la inserción del mismo en el Plan de implantación y convergencia nacional con el que
España armoniza sus actuaciones en materia de navegación aérea con los restantes países miembros de la Unión Europea, -y añado, no como propuesta de resolución- dentro de ese proceso de armonización de los espacios aéreos contiguos.
Termino
indicando que el Grupo Parlamentario Socialista hace esta defensa esperando no molestar a SS.SS porque haya consumido algunos minutos más, pues les noto con cierta incomodidad, porque es un tema de debate de profunda sensibilidad en la Comunidad
canaria. Veinte años de debate requieren racionalidad y búsqueda de solución derivada del diálogo. A este diputado no le molestará en absoluto -como molestó al anterior interviniente del Grupo Parlamentario Popular, señor Padilla, que por el Grupo
Socialista interviniese en la defensa de la proposición no de ley anterior un diputado por la circunscripción de Pontevedra y no de Lugo- que en esta ocasión previsiblemente no vaya a intervenir por el Grupo Parlamentario Popular un diputado por la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Será tan respetable la intervención de quien lo haga, que será diputado en Cortes Generales, como la que hubiese hecho a continuación un diputado del Grupo Parlamentario Popular por la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanjuán de la Rocha): ¿Grupos parlamentarios que desean fijar su posición? (Pausa.) En primer lugar, el diputado señor Mardones, en nombre del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra.
El señor MARDONES SEVILLA: Adelanto, para que no quede ninguna duda, que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a través de su portavoz en esta Comisión, Luis Mardones Sevilla, diputado por la circunscripción de Santa Cruz de
Tenerife, va a votar favorablemente el núcleo fundamental de la proposición no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista, solicitando del Gobierno de la nación la derogación del Real Decreto 192/2000, de 15 de febrero. Este es el
fondo de la cuestión porque el discurso del señor Segura ha estado lleno de posiciones contradictorias, pero como se ha dicho en la prensa de Canarias que esta iniciativa se presentaba para ver si Coalición Canaria venía o no a esta Comisión y cuál
era su posición, quiero dejar las cosas muy claras. En primer lugar, en todas las iniciativas parlamentarias, el parlamentario y el grupo parlamentario es libre, y sus razones tendrá, para asistir o no y para votar sí, no o abstenerse. Y en
segundo lugar, le aconsejo al Grupo Parlamentario Socialista que en el futuro haga homogéneas las proposiciones no de ley, porque estamos pidiendo la derogación de un real decreto de la competencia de defensa nacional, y por tanto del Ministerio de
Defensa; otra cosa son las cuestiones relativas a la Ley de Seguridad Aeronáutica, aprobada por este Congreso de los Diputados, sobre el tema de la seguridad de la aviación comercial y de las rutas aéreas y de los aeropuertos que no están
integrados en las redes militares. No sé si hay aquí una especie de prejuicio. Hay un dato que yo no conocía y que ha aportado su portavoz: En 1986-1987, cuando el Ministerio de Defensa hace una propuesta en la isla del Hierro al ayuntamiento
donde se pretende instalar esta cuestión, el Gobierno socialista de entonces, de don Jerónimo Saavedra, se opuso. Yo no conocía este dato. Mi grupo y este diputado siempre le cuestionaron al Ministerio de Defensa la forma, porque en 1987-1988 era
capitán general de Canarias don Ángel Santos, nombrado por el Gobierno de don Narcís Serra, y yo creí que iba a pedir el señor Segura que viniera a escuchar esto aquí el diputado del Partido Socialista don Narcís Serra. Parece que hay una especie
de mala conciencia para traer esto aquí. Nos enteramos dos años después de la conducta del Gobierno socialista por un artículo de prensa. Le dije personalmente al general don Ángel Santos que era una torpeza y un error, que tenía que llevarse por
la vía del diálogo y del entendimiento con el presidente del Cabildo de El Hierro, que actualmente es el mismo y que pertenece al Grupo de Coalición Canaria, y que no podía hacerse a las bravas y sin una negociación previa. Pero el que tomó la
decisión fue el Gobierno cuyo ministro de Defensa era don Narcís Serra. Yo no sé si el señor Segura ha consultado los argumentos que ha empleado en esta cuestión.
Vengo hoy aquí a ser consecuente y congruente con la postura que siempre hemos
tenido, igual que cuando el Gobierno publica el decreto que estamos aquí tratando de derogar y al que se suma Coalición Canaria por dos razones fundamentales. En primer lugar, por congruencia con el acuerdo del Parlamento de Canarias, tomado el 24
de abril de 2002 por unanimidad, como ha dicho el señor Segura, de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Parlamento de Canarias, como son el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario
de Coalición Canaria y la representación que tenía la Agrupación Herreña Independiente con don Tomás Padrón, con quien siempre hemos mantenido una línea de entendimiento y de apoyo mutuos; y en segundo
lugar, por respeto a la voluntad popular que se expresó con manifestaciones. Son unos argumentos que podíamos compartir más o menos, pero al manifestarse el pueblo en la calle tenía la legitimidad que le da un sistema democrático, como
cuando Coalición Canaria participó en las manifestaciones que se produjeron el día 16 de febrero de este año con motivo de la guerra de Irak. Por tanto, teníamos que ser congruentes con esa expresión popular, de la misma manera que actualmente hay
una sensibilidad en Canarias, en lo que coincido con el señor Segura, en determinadas cuestiones y, a veces, parece contradictorio. Nos oponemos aquí a un decreto por la forma en que se ha impuesto, porque es una cuestión que hubiera merecido el
diálogo, el consenso y el acuerdo de todas las fuerzas parlamentarias, políticas y sociales, de la misma manera que hay una sensibilidad contra la inmigración ilegal en pateras y todo el mundo pide que en las islas de Lanzarote y Fuerteventura haya
radares con instalaciones de infrarrojos para detectar a las pateras que las mafias marroquíes y subsaharianas nos están colocando en el archipiélago de Canarias. Nadie se opone a tener radares fijos o móviles, de la Guardia Civil, del SIVE,
etcétera, porque hay una sensibilidad para acabar con este problema. Tenemos que ser consecuentes y no mezclar las cosas, porque si esto se tuviera que aprobar habría que hacer enmiendas de corrección para separar lo que nos estamos oponiendo de lo
que es el sentido común en seguridad aeronáutica del aeropuerto del Hierro, de los aeropuertos civiles y comerciales de una comunidad autónoma como Canarias, que vive fundamentalmente del sector turismo y de servicios, turismo que entra y sale por
los aeropuertos. Por tanto, a estos doce millones de turistas que anualmente nos visitan hay que ofertarles una calidad y una seguridad en el transporte aéreo de entrada y de salida para que no ocurran hechos luctuosos y lamentables porque, por
deficiencias tecnológicas, aeropuertos como el de Los Rodeos tienen un triste récord mundial.
Estas intervenciones las hacemos aquí y las ha hecho siempre este diputado en un servicio de lealtad y de entendimiento a una soberanía popular, a un
respeto constitucional y a una competencia orgánica. Nosotros creemos que toda definición que se haga sobre estos problemas tiene que pasar no solamente por el Gobierno de Canarias, por el Gobierno de la nación, por los ayuntamientos o
corporaciones locales de la isla del Hierro y, fundamentalmente, por su cabildo insular, sino que tienen las proposiciones que tenga que hacerle, por vía constitucional y estatutaria al Gobierno de la nación en todos estos aspectos tienen que pasar
por el Parlamento autónomo canario. Esto es sencillamente venir a defender un tema. Hay temas gratos y cómodos como puede haber temas incómodos, pero este diputado y muchos de otras fuerzas políticas que hay aquí hemos defendido a veces
situaciones incómodas porque nuestro programa electoral y nuestro compromiso político así lo obligan. Se ha dicho en la prensa que aquí se podía producir una ausencia del representante del Grupo de Coalición Canaria por no tener roces con el
Partido Popular. En estos últimos días el Grupo de Coalición Canaria ha votado en distintas cuestiones de forma contraria a como lo ha hecho el Partido Popular.
Tenemos un pacto de Gobierno sobre unos puntos concretos en los cuales funciona, pero
no conocía yo que hubiera un pacto sobre la política de defensa o sobre los radares militares. He planteado esta cuestión sin haberle preguntado al portavoz del Grupo Popular lo que va a votar ni él me lo ha preguntado a mí. Venimos libremente a
hablar de un tema y que cada fuerza política se exprese de acuerdo con su responsabilidad. El grupo que sustenta al Gobierno se expresará con una responsabilidad hacia el Gobierno como lo hacía el Partido Socialista cuando estaba aquí en el
Gobierno. El señor Narcís Serra aprobó, con el Estado Mayor del Aire o con el órgano competente, la ubicación de un radar en la isla del Hierro, en Malpaso. ¿Por qué el señor Segura no lo denunció entonces, en 1986 ó 1987? Yo respeté el silencio
o el apoyo del Partido Socialista en aquel momento a su Gobierno, como entendería el voto que ahora el Grupo Popular -que no sé cuál va a ser- le haga al Gobierno, al que apoya. Él es el responsable democrático de la política de Defensa y no los
partidos que estamos en la oposición, que tenemos el derecho de hacer uso de nuestra opinión al respecto. Pero ni esta es materia de pacto ni aquí se producen roces. He tenido que votar muchas veces cuestiones en las que no he coincidido con el
gobierno de turno. Existieron a lo mejor pactos por vía de presupuestos o por otras vías.
Por tanto, vamos a dejar las cosas muy claras porque cada vez que se acerca un periodo electoral empiezan a surgir determinadas iniciativas y hay que tener
sentido de la congruencia para ver quién fue el padre de la criatura que ahora renuncia de la misma. Estamos hablando de temas muy serios por los que se movilizaron en las islas del Hierro y de Tenerife grandes colectivos de ciudadanos; fue una
representación democrática por la vía plebiscitaria y tenemos que tener la sensibilidad para recogerla.
No hacen falta radares para recoger la sensibilidad del pueblo cuando se expresa, además, de una manera gráfica y con una manifestación
democrática en la calle. Por esa razón, sepamos no confundir con proposiciones no de ley, en las que se mezclan aspectos de defensa, que es el meollo de la cuestión, del real decreto. Ya les dijo este diputado tanto al secretario de Estado de la
Defensa, con quien hemos mantenido diálogos muy abiertos y constructivos, como al ministro, señor Trillo, que era un error y una torpeza haber sacado el decreto por esa vía, lo que motivó a los pocos meses la respuesta democrática del Parlamento de
Canarias al oponerse, si no de una manera explícita sí implícita, en esa resolución del Parlamento de Canarias. Esperemos que esto se pueda resolver por el sistema democrático de convenios, de consensos y de diálogo para garantizarlo
todo, pero hay que dejar bien claro lo que es una instalación de tipo miliar y una instalación de tipo civil.
Por esa razón -y termino, señor presidente, agradeciéndole su benevolencia por el tiempo que me ha concedido-, mi grupo va a votar
el fondo de esta cuestión, porque así recogemos una opinión del Parlamento de Canarias, una opinión del pueblo del Hierro y del archipiélago, que se manifestó democráticamente, y hemos considerado que políticamente el Real Decreto 192/2000, de 15 de
febrero, no tenía que haberse producido por esa vía, por su improcedencia y su inoportunidad, y esto no es cuestionar la política de defensa y de seguridad aeronáutica a la que tiene derecho todo ciudadano y toda instalación.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanjuán de la Rocha): A continuación, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, don Ramón Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Señorías, he estado atento a lo que esta mañana se ha dicho aquí y está claro que no es un tema nuevo ni que no haya tenido su discusión parlamentaria. Creo sinceramente que hay que verlo desde el prisma del
consenso y del diálogo permanente, más aún una vez que he escuchado a sus señorías.
Tras leer la precisa y amplia exposición de motivos que presenta en nombre del Grupo Socialista el señor Segura, no puedo por más que tener claro que debemos buscar
las propuestas que nos unen más que las que nos separan. Tengo claro, y estará usted conmigo, señor Segura, que el interés general, que no es otro que mejorar el control de un tráfico aéreo que en los últimos años ha crecido de una manera imparable
y notable tanto en pasajeros, con más de 30 millones, como en movimiento de aeronaves civiles, con más de 350.000, hace de este hecho que el Gobierno español afronte y solucione un problema de seguridad de todos, me atrevería a decir. Aquí no
estamos hablando únicamente de la seguridad del tráfico aéreo, sino también de las necesidades de la defensa nacional, que sí fueron en su día en instrumento jurídico que provocó la declaración de zona de interés para la defensa nacional, pero que
en ningún momento, y como se ha visto desde entonces, ha implicado actuaciones jurídicas inmediatas y sucesivas para que de una forma unilateral se haya establecido el radar en el punto controvertido. Quiero recordarle, porque creo que son de
interés, los fundamentos por los que se concluye la necesidad de construir un nuevo escuadrón de vigilancia aérea en la isla del Hierro.
Entre las distintas opciones estudiadas, la isla del Hierro era la única ubicación idónea por ser la más
suroccidental del archipiélago y la que mejor cubre la zona de sombras de los radares de Gran Canaria y de Lanzarote. Dentro de la isla del Hierro, el pico de Malpaso es el que únicamente cumple los requisitos operativos de la instalación
pretendida, opinión compartida -y quiero dejarlo claro- con la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Las Palmas de Gran Canaria. Estoy seguro que la instalación mejoraría de forma considerable la vigilancia aérea en la zona, de forma que
se conseguiría un sistema más completo y fiable, tanto desde el punto de vista civil como del militar, y se aumentaría en gran medida la seguridad de las aeronaves a la vez que decrecerían las demoras. Las mejoras no se reducirían simplemente al
ámbito del control de la circulación aérea, ya que la información disponible pasaría a otros organismos que pudieran precisarla, como por ejemplo a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la
Guardia Civil, a los servicios forestales y a algunos otros. A su vez, aumentaría la efectividad de los servicios de búsqueda y salvamento, el SAR, tanto en los casos se naufragio como en las evacuaciones médicas. Tengo que recordar también que en
el último proyecto las necesidades de superficie para las instalaciones han quedado reducidas sustancialmente. Le aseguro que las construcciones requeridas no interferirán el camino que lleva al santuario de Nuestra Señora de los Reyes, respetando
así tradiciones y teniendo en cuenta razones, como decía el señor Segura, culturales, ecológicas y sociales. En todo caso, ha sido objeto de estudio la generación del menor impacto medioambiental.
Se ha considerado también que el diseño y
posterior proceso de construcción pudiera ajustarse a las normas locales, medioambientales y a la legislación aplicable. Además, del informe de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de Las Palmas, elaborado en 1997, se desprende que sólo
Malpaso cumple los requisitos operativos para una instalación de este tipo y que el impacto sobre el medio ambiente sería menor que el de otras alternativas propuestas.
Dicho esto, tengo también que asegurarles que nuestro voto contrario a la
proposición no de ley del Grupo Socialista no quiere reflejar nada más que el hecho de que todos debemos seguir dialogando, que debemos ser capaces de llegar a un entendimiento que haga posible que tanto el Gobierno de España como el Gobierno
canario, el cabildo del Hierro y los demás implicados, podamos conciliar posiciones y buscar una solución y un acuerdo que va a respetar seguro el medio ambiente, que tenga en cuenta el impacto radiológico y que a su vez garantice la seguridad del
tráfico aéreo en el archipiélago. Estamos a tiempo de seguir trabajando y les aseguro que tanto desde aquí como desde el Ministerio de Defensa, tal como se ofreció por parte del ministro en sede parlamentaria, vamos a seguir buscando una solución
consensuada que defienda el interés general y beneficie de todos.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanjuán de la Rocha): Pasamos al punto cuarto....
El señor PADILLA CARBALLADA: Señor presidente, sólo un segundo. He querido esperar al final
del debate porque ha habido una alusión que no tenía mucho que ver con la proposición que se estaba debatiendo -el señor Segura me ha citado en relación con otra cosa- y le pediría treinta segundos nada más.
El señor VICEPRESIDENTE (Sanjuán de la Rocha): Como este presidente es bastante más abierto de a lo que uno está acostumbrado, tiene usted la palabra.
El señor PADILLA CARBALLADA: Con mucha brevedad y con la cordialidad que el señor Segura sabe que siempre he mantenido con él y que deseo mantener siempre y también dentro de un acto parlamentario, me gustaría decirle que en mi conciencia y
en mi inteligencia no tengo la percepción de haber dicho que me parecía incorrecto o censurable que un diputado que no fuera de la circunscripción a la que se refería la proposición no de ley que nos ocupaba interviniese. Es conocido y, si no, lo
digo que soy de las personas que quizá con más claridad ha defendido en muchos sitios y en muchos momentos, algunos no cómodos, el concepto constitucional de la representación nacional, de manera que nada más lejos de mi intención.
Eso sí, también
creo que verá mi buena disposición, calurosa siempre, sobre todo a los más próximos al menos en el territorio, al haber echado de menos al señor Blanco, que es lo único que dije.
-SOBRE EL FUTURO DE LA BASE MILITAR DE SANTA ANA DE CÁCERES, DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN Y MOVILIZACIÓN NÚMERO UNO (CIMOV N.º 1). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002173.)
El señor VICEPRESIDENTE (Sanjuán de la Rocha): Vamos a pasar al punto cuarto del orden del día, que es una proposición sobre el futuro de la base militar de Santa Ana en Cáceres, donde se encuentra ubicado el centro de instrucción y
movilización número 1, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra para su defensa el diputado don Victorino Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Yo no voy a empezar echando de menos la presencia de los diputados de mi circunscripción correspondientes al Grupo Parlamentario Popular porque es evidente que no merece ningún comentario, habida cuenta de su
clamorosa realidad. Por tanto iré al fondo de la cuestión. En todo caso, estimo que aquí estamos todos representando la soberanía nacional, que, como todo el mundo sabe, es indivisible.
Es ya la cuarta proposición no de ley que presenta el Grupo
Parlamentario Socialista en relación al mantenimiento del uso formativo de la base militar de Santa Ana. Esta la presentamos en unas circunstancias más peculiares y más extremas, habida cuenta de que por resolución de 17 de marzo del año 2003 se
incluyó en el plan de propiedades innecesarias del Ministerio de Defensa dicha base militar como propiedad innecesaria a corto plazo. Esto pondría a estos terrenos en una posición previa a su desafectación y declaración de alineabilidad inmediata.
Como decía anteriormente, hemos defendido la permanencia del uso formativo de la base militar de Santa Ana por una doble razón, en primer lugar, porque tiene capacidad y aptitudes para realizar esa función formativa y, en segundo lugar, por un
argumento que nosotros dimos y que debiera tomarse en consideración por el Grupo Parlamentario Popular y es la cantidad tan importante de soldados profesionales que se incorporan al ejército procedentes de la región extremeña. Por eso la sustancia
de nuestra propuesta es que se proceda a modificar dicho plan de propiedades innecesarias y que se excluya la base militar de Santa Ana, manteniendo dichas instalaciones asignadas a uso de formación militar, necesario para la defensa. Esa es la
esencia de nuestra petición en esta proposición no de ley.
Creemos que esta proposición no de ley en pura racionalidad y en pura lógica debiera ser admitida por el Grupo Parlamentario Popular, y me voy a explicar. Tengo en mi poder una
contestación del Gobierno a una pregunta que le hice sobre este particular. Este diputado inquirió al Gobierno sobre las previsiones acerca de la inclusión de la base de Santa Ana en el plan de propiedades innecesarias para ser desalojada en el año
2003. La contestación del Gobierno es la siguiente: La base de Santa Ana en Cáceres es una de las propiedades inicialmente incluidas en el plan.
Se reconoce que, efectivamente, está incluida en el plan de propiedades innecesarias, pero a
continuación se dice: A la vista de las limitaciones de infraestructura de las academias de Infantería e Ingenieros para acoger al personal militar profesional de Tierra durante los periodos de formación general militar y formación específica, se
ha tomado la decisión de mantener el CIMOV n.º 1 con sus actuales funciones hasta el segundo semestre del año 2004. Hasta la fecha, dicho cuartel general -y esta es otra cuestión que quiero subrayar muy profundamente- está estudiando otras posibles
alternativas de continuidad formativa que se desarrolla en la base militar de Santa Ana. Por tanto, por una parte, desde una perspectiva formal o burocrática, se incluye a estos terrenos de la base militar de Santa Ana en el plan de propiedades
innecesarias y, por otra, se la considera necesaria, así que la cuestión que hay que dilucidar aquí, señores del Grupo Popular, es si es necesaria o no es necesaria. Parece que la propia Administración militar rechaza que sea innecesaria, ya que
reconoce que es necesaria porque las academias de Infantería de Ingenieros tienen limitaciones para la formación general y específica. Por tanto, si es necesaria, habría
que sacarla del plan de propiedades innecesarias. Es una lógica que no admite excesivas matizaciones desde mi punto de vista. Las cosas son o no son. Además, el cuartel general del Ejército de Tierra manifiesta aquí de una manera clara
que se están estudiando posibles alternativas para la continuidad del uso formativo de la base. A nosotros nos consta que eso es serio y que es cierto que se están estudiando alternativas. El señor Saponi ahora mismo está gestionando la ampliación
de los terrenos de la base porque el jefe del Estado Mayor del Ejército así se lo ha pedido en una reunión que hubo durante el mes de julio en Cáceres. Así, por una parte resulta que la base sigue siendo necesaria puesto que el uso formativo se
mantiene y, por otra, en este momento en la ciudad de Cáceres existe la idea de que a su alcalde se le ha planteado la necesidad de ampliarla. Por tanto no estaríamos ante un cierre sino ante una ampliación y, señores del Partido Popular, la
necesidad está mucho más acentuada; no es que sea innecesario, es que es doblemente necesario el mantenimiento de esta base. Otro argumento favorable a la dimensión de necesidad que tiene el ejército sobre esta base es lo que antes indicaba, que
en ella se están realizando actividades formativas de las academias militares de Infantería e Ingenieros. Esta es una de las propuestas alternativas que nosotros hemos planteado aquí en esta Comisión para la continuidad de la base militar de Santa
Ana en su dimensión formativa: que sea una dependencia de las academias militares. Eso es lo que está desarrollando ahora mismo la base militar de Santa Ana.
Señores del Partido Popular, les instaría a una contestación razonable, a no realizar un
rechazo infundado de una cuestión que tiene una lógica aplastante y veo que es difícilmente rebatible la proposición que nosotros hacemos. Saquen ustedes estas instalaciones del plan de propiedades innecesarias porque clamorosamente todo el mundo
está diciendo que son necesarias y en realidad se están utilizando. Creo que la política de sostenerla y no enmendarla, la política de decir que puesto que lo pide el Partido Socialista no se lo vamos a dar es irracional, y si eso es lo que se
pretende, allá ustedes, porque en este momento la decisión que vayan a tomar de carácter negativo lo que va a ocasionar es confusión en la ciudad de Cáceres acerca de cuál es la posición real del Partido Popular. Una cosa que todo el mundo entiende
que está casi resuelta ustedes la van a enturbiar de alguna manera, y permítanme que utilice esta palabra que quizá sea excesivamente cruda, con una posición que no es coherente respecto a la realidad, a lo que está pasando realmente y a lo que está
haciendo la propia Administración militar del Ministerio de Defensa. Desde esa perspectiva, desde la búsqueda del entendimiento y de la racionalidad en las decisiones, les insto, señores del Grupo Popular, a que acepten esta proposición no de ley
que les ha planteado este humilde diputado de la provincia de Cáceres. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mayoral, y siga con sus humildades... (Risas.-El señor Blanco García pronuncia palabras que no se perciben.) Yo no he dicho nada, sólo puntos suspensivos.
Por el Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la señora Oltra.
La señora OLTRA TORRES: Con brevedad y concisión, espero que con racionalidad y también con humildad, pretendo fijar la posición del Grupo Popular, no por cuarta vez, porque no tuve la ocasión de fijarla en la tercera de las iniciativas que
el señor Mayoral presentó respecto al tema que estamos debatiendo; por tercera entonces. Quisiera empezar haciendo una breve y sucinta relación de las iniciativas que ha presentado el señor Mayoral desde el año 2001.
El 22 de mayo de 2001
debatimos en esta Comisión la iniciativa 653 sobre el futuro del CIMOV n.º 1 de Cáceres, en la que se solicitaba instar al Gobierno a tomar las medidas necesarias para garantizar el futuro de este centro. El año siguiente, el 29 de octubre de 2002,
la iniciativa que tenía por número el 1436 solicitaba esta vez la creación de un centro de formación de la reserva voluntaria, que dedujo el portavoz del Grupo Socialista que iba a ser necesario crear, a raíz de la Ley 17/1999. En aquella ocasión
ya tuve la oportunidad de decirle que era una deducción que había formulado el propio diputado. El 3 de marzo de 2003 seguimos debatiendo sobre esta cuestión para solicitar en aquella ocasión que se ubicasen en este centro, en la base de Santa Ana
de Cáceres, tres unidades para la formación de tropa profesional para las armas de Infantería, Artillería y Caballería, solicitando de nuevo el centro de formación de reservistas voluntarios en esta base de Cáceres. Entre esta iniciativa y la que
hoy estamos debatiendo efectivamente tiene lugar la pregunta por parte del señor Mayoral Cortés al Gobierno y la contestación, que también tengo aquí y que excuso leer porque ya lo ha hecho el señor Mayoral.
Llegamos hoy al debate de esta
proposición no de ley y quiero decirle que en absoluto estoy de acuerdo con el final que ha manifestado el señor Mayoral, por cuanto aventura que un voto negativo por parte de este grupo crearía confusión, sería irracional y plantearía una
contestación irrazonable por parte de este grupo. Nada más lejos de la realidad, por cuanto al menos esta diputada que les habla, y le consta que así lo hizo mi compañero el señor García Gómez, ha mantenido una postura totalmente coherente desde el
principio hasta este día. Es más, como aventuro que antes de que termine la legislatura es posible que estemos tratando de otra proposición no de ley sobre este tema, ya le digo que este grupo va a seguir siendo coherente con sus planteamientos, a
los que usted se refería justamente en la defensa de la única iniciativa en la que no tuve el honor de fijar la posición por mi grupo. Este grupo basa sus planteamientos en dos cuestiones que le parecen fundamentales. La primera es el interés que
tenemos como grupo parlamentario de que se adopte la solución
que en conjunto sea la más beneficiosa para ambas partes: Ministerio de Defensa y, en el caso que nos ocupa, el cuartel general del ejército y el pueblo de Cáceres. La segunda es la voluntad de este grupo parlamentario de no limitar la
capacidad de organización del ejército, cuestión que se produciría en caso de votar en sentido afirmativo esta proposición no de ley. En aquella ocasión el señor Mayoral criticó esta argumentación -no lo ha hecho en esta- diciendo que le parecía
que ese posicionamiento no era coherente con nuestro sistema constitucional porque en él no se establece ninguna reserva. Todos conocemos la experiencia y la carrera que ha tenido y que tiene el señor Mayoral. Sabemos que ha sido diputado que en
su momento apoyó al Gobierno. Actualmente es diputado del grupo mayoritario de la oposición y sabe que llevar esa argumentación adelante es un poco complicado. Si me permite la presidencia, utilizando una expresión un tanto vulgar pero que creo
que define lo que está ocurriendo aquí, es coger el rábano por las hojas. Esa argumentación está basada en la Ley orgánica de criterios de la defensa y por tanto seguimos pensando que con nuestro voto no vamos a condicionar la política de Defensa,
que, como ya se ha dicho en esta Comisión por un portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra, corresponde al Gobierno. Por tanto y a la espera probablemente de volver a debatir este tema, mi grupo reitera lo que ya ha manifestado antes,
que esperamos -como por otra parte el Gobierno ya había manifestado al señor Mayoral y ha tenido ocasión de leerlo en esta Comisión- que la solución sea la mejor y no podemos apoyar la proposición no de ley que estamos debatiendo por los argumentos
que he dado desde un principio, que son coherentes desde el primer momento y que lo seguirán siendo en un futuro. Solicitamos que se tome la mejor solución para ambas partes.
-RELATIVA AL FUTURO DE LA CAPITANÍA DE FERROL (A CORUÑA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002265.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que es la proposición relativa al futuro de la capitanía de Ferrol, A Coruña, presentada por el Grupo Mixto, que entiendo que el señor don Francisco Rodríguez va a defender en
nombre de dicho grupo. Cuando quiera, tiene la palabra.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Una vez más tenemos que debatir en esta Comisión un tema referido a los bienes militares que son desafectados o que están en curso de desafectación y lo hacemos en relación con un edificio emblemático que
prácticamente recuerda a los gobiernos de muchas colonias que el Estado español poseía en América, tanto por su majestuosidad como por su ubicación y por las funciones jerárquicamente superiores que cumplió dentro de la sociedad de Ferrol durante
varios siglos.
La Capitanía, conocida así popularmente en Ferrol, está a punto de dejar de tener funcionalidad militar y solamente está pendiente para que esto sea así de que se aplique la nueva estructura básica de los tres ejércitos que fue
definida en el Real Decreto 912/2002, cuya aplicación conllevará la desaparición de la zona marítima del Cantábrico, la antigua zona norte, con sede en Ferrol y que fue creada durante el reinado de Felipe V cuando era ministro Patiño. Esta
Capitanía formó parte de toda la estructura militar que se construyó en esta ría del norte de Galicia y que conllevó que Ferrol se convirtiese prácticamente a finales del siglo XVIII y principios del XIX en una de las ciudades más populosas de
Galicia y también del Estado español con 25.000 habitantes. El edificio es neoclásico, construido en la etapa de Carlos III por uno de los grandes arquitectos que ayudaron también a construir el arsenal y a planificar la ciudad como una ciudad
asentada en nuevas normas de carácter racionalista y científico. Forma parte por tanto de una tradición culta que se apoyó también en la arquitectura popular gallega y fundamentalmente en la cualificación de nuestros canteiros. Está situada en un
lugar elevado desde el cual se divisa todo el arsenal y en el que existe también un jardín, hoy vedado al público durante las noches pero que se deja usufructuar durante el día y que está presidido por la estatua de Jorge Juan, también uno de los
científicos, matemáticos y geógrafos más importantes de aquel momento histórico, vinculado a la ciudad departamental. Este cuartel general de la zona marítima del Cantábrico sufrió modificaciones externas que no invalidaron su valor artístico ni,
sobre todo, su gran valor histórico y emocional.
Hemos conocido recientemente unas declaraciones del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada en las que admitía que el edificio quedaría vacío cuando se aplicase la nueva estructura básica de los
tres ejércitos, lo cual estaba a punto ya de consumarse, pero decía que no era su pretensión desafectarlo, sino mantenerlo en el ámbito de la Marina, y con una frase mucho más expresiva decía: nos lo queremos. Resultaba contradictoria esta
afirmación del almirante jefe del Estado Mayor de la Armada cuando pasaba a reconocer que en todo caso las zonas más nobles, el salón del trono y el despacho del capitán general, serían de visita al público y de uso puntual y que el resto del
edificio sería dedicado a una biblioteca naval, a aula de arte marítimo, a una sala de exposiciones y conferencias y a una fundación de pintores del mar, para lo cual pedía la colaboración de las administraciones civiles y en concreto de la
Administración autonómica y de la Administración local. Señorías, debemos señalar en este momento que da la casualidad de que la Armada va a gozar de una infraestructura cultural de gran calado precisamente en obras que están siendo asumidas con
dinero del Ministerio de Fomento y con dinero de la Administración autonómica
dentro del propio arsenal con la rehabilitación de lo que fue la cárcel de san Campio, que va a tener espacios más que suficientes para el museo naval, para la sala de conferencias y exposiciones, asegurando una cierta integración de lo que
es el arsenal situado detrás de la muralla con el espacio urbano de la ciudad. Por tanto debemos tener en cuenta que el edificio de Capitanía marítima que no está dentro del arsenal, sino que está situado en la parte alta de la ciudad, desde la que
se divisa precisamente todo el conjunto del arsenal militar, enfrente del parador de Turismo y muy cerca de la iglesia de San Francisco, con sus jardines que deben pasar a ser públicos urgentemente a cualquier hora del día, forma parte del barrio de
la Magdalena y es la justa transición entre una barrio antiguo, de los más antiguos de Ferrol, como es el barrio del puerto, de Ferrol viejo, y la zona alta de Canido, un barrio popular también y tradicional. Por tanto la zona es clave y crucial
para la planificación urbanística y para espacios de usos turísticos y de placer e incluso para servicios claramente civiles.
Desde nuestro punto de vista, lo lógico es que si un edificio así, integrado en una zona plenamente civil, va a quedar
vacío, sus usos sean desafectados por Defensa y buscar una solución que conlleve propiedad y usos públicos civiles. Sabemos que esto es posible dentro de la actual legislación a través de un convenio y por tanto proponemos como una de las
posibilidades que se contemple dentro del convenio a firmar próximamente entre el Ayuntamiento de Ferrol y Defensa la posibilidad de negociación sobre el edificio de Capitanía. No tendría sentido alguno una función militar subvencionada con fondos
públicos civiles o una función civil -que es lo que pretende el almirante jefe- gestionada por militares. No creemos que pueda ser interesante para la Armada y para Defensa mantener un edificio de estas características con tan escasa productividad
desde el punto de vista de los intereses militares.
Esperamos que la propuesta del señor almirante no sea para ganar tiempo y esperar a que acabe en pública subasta como se hizo con el Gobierno militar, antigua cárcel y antiguo instituto, que acabó
cayendo en manos de la Caja de Ahorros de Galicia. En todo caso, señorías -y termino ya-, la Administración pública del Estado es un ente global que debe abarcar todos los bienes inmuebles que le pertenecen y debemos velar todos por su defensa y
conservación dentro del patrimonio público. Este es el objetivo de esta proposición no de ley, además de intentar con este debate clarificar a tiempo lo que puede ser el futuro de un edifico emblemático, el jerárquicamente superior aunque no el más
interesante desde el punto de vista artístico de los que había en el departamento del norte desde la etapa del rey Carlos III.
El señor PRESIDENTE: Para fijación de posiciones, el representante del Grupo Popular, don Guillermo Hernández, tiene la palabra.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: No me cambie de grupo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Quiero decir del Grupo Socialista. ¿No es popular tampoco el socialismo? Disculpe la equivocación. Tiene la palabra.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Debatimos hoy aquí una propuesta del Bloque Nacionalista Galego en la que se insta al Gobierno a que, una vez desafectado el edifico de Capitanía en Ferrol, se opte por soluciones que tengan un eminente carácter
civil. No puede ser de otra forma porque los usos que pretende precisamente el Ministerio de Defensa entran dentro de ese aspecto de civilidad que se ha conseguido introducir dentro de dicho ministerio. Es evidente que el Ministerio de Defensa no
quiere desafectarlo y quiere usarlo como elemento cultural. También hemos visto las contradicciones en las que puede caer la no desafección del edificio y vemos en el final de la proposición algo que se está debatiendo hoy día en Ferrol, que es el
convenio a firmar entre el Ayuntamiento y Defensa, en el que el edificio debe ser contemplado necesariamente.
Señorías, si se desafectase y se pusiese este bien en subasta o en venta, el concello de Ferrol no podría comprarlo y pasaría a manos
privadas.
Este es el elemento fundamental que debemos tener claro a la hora de ver la finalidad última de la propiedad. Todos sabemos y lo hemos visto en otras propiedades del Ministerio de Defensa que en el proceso se puede llegar a la venta, a
la cesión o a la subasta. Evidentemente la venta y la subasta las desechamos y pedimos esa cesión de uso para poder coordinar y para dar protagonismo civil a la ciudadanía de Ferrol sobre estas propiedades. En el convenio, como bien ha señalado el
ponente, hay muchas propiedades en todo el municipio de Ferrol y bastantes más edificios, como el cuartel de Sánchez Aguilera, que es un ejemplo señalado de entrada en los próximos planes del Ayuntamiento. Por esa razón queríamos hablar de la
cesión porque podríamos aplicar la teoría de que la Administración del Estado no es solamente al Administración central, sino que hay una Administración autonómica y una Administración local que pueden tener protagonismo en la cesión. Desde luego
la venta hay que desecharla por la razón que decía antes de que no puede caer en manos privadas que permitiera luego negocios de todo tipo.
Señorías, hay procedimiento y hay un modelo de utilización; la iniciativa deja abiertas numerosas puertas,
admite varias posibilidades y desde luego tiene un proyecto. Por esta razón vamos a mostrar nuestra posición favorable a la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego.
El señor PRESIDENTE: La señora Carabel tiene la palabra para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular.
La señora CARABEL PEDREIRA: Señorías, intervengo para fijar la posición del Grupo Popular y me gustaría destacar que tanto el señor Rodríguez Sánchez como el representante del Grupo Socialista, el señor Hernández Cerviño, han hecho una
exposición detallada de lo que significa el edificio de Capitanía para la ciudad de Ferrol y para los ferrolanos, pero me
gustaría incidir -aunque ya lo ha hecho también el señor Rodríguez- en el hecho de que el citado edificio es un referente histórico de la presencia de la Armada en la ciudad y como tal debería seguir. Ferrol ha sido durante años una zona
castrense. Desde el siglo XVI, las buenas condiciones naturales de su ría empiezan a llamar la atención, no sólo de la Corona española sino también del resto de las potencias europeas. Su puerto se convierte en lugar de partida de la Armada real y
desde él salieron algunas de las naves que integraron la Armada Invencible, pero es la política desarrollada por los primeros Borbones la que provocará un cambio trascendental para la historia de la ciudad. Felipe V, por una orden de 1749, escoge
la ría de Ferrol por sus magníficas condiciones geográficas y estratégicas como lugar para levantar unos astilleros estatales y como sede de la capital del noroeste peninsular. Desde esa fecha y hasta la actualidad la ciudad de Ferrol ha seguido
siendo uno de los puntos de obligada referencia en la defensa de nuestro país y del occidente peninsular. Buena prueba de que el Ministerio de Defensa sigue apostando por Ferrol es la adjudicación en el pasado Consejo de Ministros del 5 de
septiembre del buque LL a los astilleros Izar, que dará trabajo a 1.630 personas en la comarca durante un plazo aproximado de cinco años.
Volviendo al edificio de Capitanía, se trata de una construcción de discreta apariencia exterior, pero
constituye el auténtico símbolo del poder marítimo de España, que fue orgullo de Galicia desde el siglo XVIII. No es un edificio más del conjunto urbano de Ferrol, sino que ha centrado y protagonizado la propia historia de la ciudad desde su
construcción. Hoy la Capitanía general permanece como símbolo y encierra en su interior grandes muestras de pintura, relojería, mueblería y plata que se deben mantener y conservar.
En esta iniciativa se propone la desafectación del edificio y el
paso de su propiedad a las administraciones públicas civiles. Sin embargo, en este caso no se da la premisa inicial que debe preceder a cualquier proceso de desafectación y que no es otra que la declaración de innecesariedad del bien. El edificio
de Capitanía sigue siendo necesario y útil para la Armada, porque si bien es cierto que el Real Decreto 912/2002, de 6 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura básica de los ejércitos, ha enmarcado un proceso de racionalización de las
estructuras del Ministerio de Defensa y de los ejércitos, que tiende a reducir las dimensiones de los mismos y su sustitución por una organización guiada por el principio de economía de medios, sustituyendo los parámetros de dependencia territorial
por otros de naturaleza funcional, y que como consecuencia del mismo el edificio de la Capitanía de Ferrol ha cambiado su uso, no es menos cierto que hasta el momento y en un futuro próximo ese bien sigue siendo necesario para el Ministerio de
Defensa, ya que conforme a la disposición transitoria única del ya citado real decreto, se mantiene en el edificio el Estado Mayor y otros órganos de mando del almirante de la zona del Cantábrico. Por tanto no quedará vacío, como decía el señor
Rodríguez.
Actualmente, no existe ningún proyecto de desafectación de este edificio porque el mismo sigue siendo útil y necesario para el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor de la Armada. De todas formas y como ha sido práctica habitual hasta
la fecha, en el caso de que en un futuro el bien dejase de ser de interés militar y se declarase su innecesariedad, se procedería a su desafectación de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, a través de la Gerencia de Infraestructuras
y Equipamientos de la Defensa, que es el organismo encargado de las enajenaciones y que habitualmente convenia con las administraciones públicas y de modo más concreto con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos la transmisión de la
propiedad. De hecho, desde que gobierna el Partido Popular, se han firmado 118 convenios con administraciones públicas en los cuales se ha entregado un numeroso patrimonio, tanto de equipamiento como de suelo, para la construcción de viviendas.
Por tanto el Grupo Popular no puede apoyar la proposición no de ley, ya que el bien sigue siendo necesario para la Armada y no se trata de patrimonio inmobiliario excedentario.
El señor PRESIDENTE: Damos por finalizado el debate.
Si los señores portavoces entienden que se puede comenzar la votación, la iniciamos inmediatamente. (Pausa.) Iniciamos las votaciones. ¿Está hecho el recuento de los presentes?
(Asentimiento.) Hay quórum.
Vamos a votar las proposiciones por el orden que figura en el escrito de convocatoria. Empezaremos por la 2.ª Voy a omitir la lectura de las proposiciones porque las tenemos todos delante. La 2.ª es del Grupo Mixto y
no tiene enmiendas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada Pasamos a la 3.ª que es del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; votos en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la 4.ª que también es del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; votos en contra, 22; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
La número cinco, del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos a la 7.ª y última, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; votos en contra, 22.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Defensa, del miércoles, 17 de septiembre de 2003, no guarda la relación cronólogica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya elaborados.