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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 806, de 04/09/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 806
SANIDAD Y CONSUMO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. FELICIANO BLÁZQUEZ SÁNCHEZ
Sesión núm. 40
celebrada el jueves, 4 de septiembre de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre: -Proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. (Número de expediente 121/000150.) ... (Página 25418)
-Proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. (Número de expediente 172/000151.) ... (Página 25429)
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE:
-PROYECTO DE LEY DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS. (Número de expediente 121/000150.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, les ruego que ocupen sus escaños para dar comienzo a la sesión de la Comisión.
En primer lugar, someto a su consideración el hecho de que debatamos primeramente el proyecto de ley de ordenación de las
profesiones sanitarias y a continuación el proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud; la votación no sería, en ningún caso, antes de la una. Si están de acuerdo los distintos portavoces, el tiempo por
cada intervención sería de diez minutos reglamentariamente. Ante la petición que he tenido de varios compañeros por problemas de horario de trenes y aviones, les rogaría que se ajustaran todo lo posible al tiempo; la sesión duará lo que deba
durar, pero ciñéndonos a los tiempos reglamentarios.
Sin más, pasamos al debate del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Lamento no haber tendio tiempo material, pues me lo acaban de entregar ahora; de ver el informe de la ponencia. Al parecer, desde que ayer al mediodía acabaron oficialmente los trabajos de la ponencia, se introdujo
alguna modificación a mayores, tanto en este proyecto de ley como en el que debatiremos a continuación, y creo que esto abunda en una cuestión que no debería pasar desapercibida. Por un lado, es de destacar, sobre todo por contraste con lo que era
el equipo ministerial anterior, el talante dialogante, abierto y también -y no me duelen prendas reconocerlo- la propia competencia profesional y técnica de las personas que integran el Ministerio de Sanidad y Consumo, el actual equipo ministerial,
pero también debe subrayarse el apresuramiento con que se están tramitando estos proyectos de ley. Desde nuestro punto de vista, no son formas que tuviéramos el martes una ponencia sobre la ley de ordenación de profesiones sanitarias, que esa
ponencia, prevista para las once, tuviera que modificarse para las cuatro de la tarde porque un acto totalmente ajeno a este Parlamento requería la presencia de los representantes del Partido Popular y que, dos días después, tengamos que debatir un
informe que se nos acaba de entregar. No habría pasado absolutamente nada si este debate lo tuviéramos la semana que viene. De ningún modo se pondría en cuestión la tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado, de este proyecto de ley antes
de que acabe la legislatura y desde luego haríamos un gran favor a la dignidad del trabajo parlamentario.
Dicho esto, voy a desgranar una serie de motivos que para el Bloque Nacionalista Galego justifican el mantenimiento de todas nuestras
enmiendas -no entendemos que las que se nos presentan como transaccionadas lo hayan sido efectivamente- y, más allá del mantenimiento de las enmiendas, el rechazo, por lo menos en su estado actual, hasta donde nosotros conocemos, del proyecto de
ley. En primer lugar porque no se logró, a pesar de ese talante negociador, un amplio consenso de las organizaciones sindicales, de las organizaciones profesionales representativas del sector sanitario sobre este proyecto; amplio consenso que es
vital no sólo para que el proyecto salga adelante sino para que pueda aplicarse de forma efectiva en la práctica. En segundo lugar, porque la cobertura financiera del impacto económico que indudablemente este proyecto tendrá, caso de aprobarse,
sobre las gestoras del sistema, sobre los servicios autonómicos de salud, no se encuentra -esta es una de las cuestiones que también habíamos puesto de manifiesto en la tramitación de la Ley de calidad y cohesión del sistema sanitario-
suficientemente garantizado. Desde luego, la nueva disposición final, que vuelve a remitirse a los procedimientos y a los mecanismos previstos en la Ley de cohesión y que vienen del sistema de financiación -desde luego no aprobado con el Bloque
Nacionalista Galego-, de las comunidades autónomas, nos parece a todas luces insuficiente y, lo que es más grave, vuelve a dejar a la discrecionalidad del Gobierno del Estado esta cobertura financiera. Siguen existiendo problemas de carácter
competencial; se establece, desde nuestro punto de vista con exceso sobre lo que es propio de una ley básica, un modelo de carrera rígido, uniforme, que va a condicionar las negociaciones que se vayan a desarrollar en el seno de cada uno de los
servicios de salud.
Otras cuestiones, para nosotros importantes, siguen sin estar solucionadas. El proyecto no incluye a todos los profesionales sanitarios. Hay colectivos de profesionales que prestan efectivamente sus servicios en el sector
sanitario público o privado, bien como trabajadores por cuenta propia bien como trabajadores por cuenta ajena, que están excluidos del proyecto de ley -están excluidos ahora legalmente de la consideración de profesionales sanitarios- y por tanto se
van a ver también excluidos del sistema de promoción profesional, de formación continua previsto en la ley. Desde luego, lo están muchos técnicos no universitarios, como los técnicos de radiodiagnóstico o los de laboratorio. Es cierto que en el
informe, por lo menos en el borrador enviado desde el ministerio, se intentaba en parte solucionar esta situación con una llamada a nuevas leyes que, caso a caso, vayan reconociendo el carácter de profesionales sanitarios de estos colectivos, que en
la práctica ya lo
son y prestan sus servicios en los servicios públicos de salud. No nos engañemos, no está previsto que estas leyes se aprueben en esta legislatura y de nuevo todo queda a la discrecionalidad del Gobierno.
Los avances son pequeños. La
inclusión de protésicos e higienistas dentales no impide, como digo, que mantengamos nuestra crítica; hay enmiendas formuladas en este sentido, tanto del Bloque Nacionalista Galego como de otros partidos del Grupo Mixto. El proyecto no va a
solucionar los problemas que ya existen en la práctica de trabas a la libre circulación de estos profesionales en el espacio de la Unión Europea. En Galicia se siente esto especialmente; los profesionales técnicos de radiodiagnóstico en la sanidad
portuguesa están siendo objeto de acusaciones por los sindicatos portugueses, país donde el radiodiagnóstico está reconocido como diplomatura, como una titulación universitaria. Esta ley no introduce ninguna modificación en este sentido, no acoge
las conclusiones del propio Ministerio de Sanidad y Consumo en un informe del año 1998, en el que se recomendaba precisamente reconocer y regular la diplomatura universitaria de técnicos de radiodiagnóstico e incluso de otros técnicos que
actualmente están como formación profesional. Otro motivo más para oponernos.
Lo mismo cabe decir de un amplio colectivo, los psicólogos generales, que no tienen la titulación en psicología clínica. Estos profesionales, desde hace años, cuentan
con autorización administrativa para ejercer en el sector sanitario, son considerados ya por las administraciones autonómicas como profesionales sanitarios, los centros en los que trabajan, por ejemplo centros psicotécnicos, consultas privadas,
están inscritos en el registro de centros y establecimientos sanitarios, y sin embargo ahora la ley, sin ningún argumento convincente, los excluye de la consideración de profesionales sanitarios, condenándolos -esa es nuestra conclusión, que
coincide con la de muchos profesionales- bien al intrusismo bien a la clandestinidad.
Hay cuestiones sobre las que nosotros habíamos planteado enmiendas que siguen sin resolverse. Hay un tratamiento de favor a los centros privados -en este
sentido, nuestra enmienda 118 no se recoge-, por lo que planteamos una modificación del apartado segundo del artículo 39 para que los profesionales sanitarios que desarrollen su actividad exclusivamente en el sector privado, ya sea por cuenta propia
o ajena, deberán someterse a los procedimientos de reconocimiento del desarrollo profesional en la forma que determine la correspondiente administración sanitaria. En todo caso, estos profesionales habrán de someterse a las mismas evaluaciones y
ser juzgados por los mismos comités que, en su caso, se hayan establecido para los centros públicos de la correspondiente área de salud. La ley permite que los centros privados establezcan sus propios sistemas de evaluación, sin las garantías
suficientes para la obtención de unas capacitaciones profesionales que se van a homologar después con las obtenidas por los profesionales del sector público.
Estas demandas, no sólo del Bloque Nacionalista Galego sino también de muchos otros grupos
y, lo que es más importante, de organizaciones ampliamente representativas de los profesionales sanitarios, no se hallan contempladas en el texto del informe, por lo menos no en el que yo conozco. Ya les dije que todas estas afirmaciones se dicen a
salvo del examen apurado, en todo caso antes de las votaciones, que tenga que realizar del informe que nos acaban de pasar. Es de lamentar que el talante negociador, que se reconoce por este portavoz, no se viese acompañado por una mayor
disposición a introducir cambios en un texto que en su forma actual rechazamos. No renunciamos a mejorarlo, no renunciamos a que en los trámites que aún quedan, tanto en el Pleno como en el Senado, este texto pueda recoger otras aportaciones y
cambios que puedan justificar -desde luego estaríamos deseosos de que así fuese- un cambio en el sentido de nuestro voto, pero en el estado actual de la tramitación del proyecto nuestra posición no puede ser otra que el rechazo.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: La Mesa de la Comisión ha recibido un escrito del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria que dice: Ante la imposibilidad de poder asistir a la reunión de la Comisión convocada para el día de hoy, 4 de los corrientes,
en la que se procederá a dictaminar los proyectos de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud y de ordenación de las profesiones sanitarias, les ruego que se den por defendidas en sus propios términos y sean
sometidas a votación las enmiendas presentadas por este grupo parlamentario a ambos proyectos de ley. Lo firma el señor Mardones como portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
¿Señor Aymerich?
El señor AYMERICH CANO: La lectura de este documento me hace recordar que también Margarita Uría, la portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hace una petición en el mismo sentido. Ella se encuentra en Chile por un viaje oficial de la
Cámara y telefónicamente me pidió que también diese por defendida las enmiendas de su grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Aymerich, que conste en el 'Diario de Sesiones'.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Buenos días, señorías.
A la vuelta de las vacaciones en, el día de hoy y en esta Comisión, debatimos dos proyectos de ley muy importantes para el personal estatutario y para los trabajadores de la sanidad
pública, y por ende para
los usuarios, como son el estatuto marco y la ley de ordenación de las profesiones sanitarias. Tenemos que decir alto y claro que no nos gusta el calendario impuesto por el partido del Gobierno en la tramitación de estos dos proyectos de
ley, ya que entendemos que, por la importancia, por el calado político de la propuesta y por el colectivo al que afecta, que es amplísimo -potencialmente el conjunto de la sociedad porque todos podemos ser usuarios y desde luego siempre son los
usuarios de la sanidad pública los que padecen incluso el descontento de los propios trabajadores- exigían que el Partido Popular hubiera hecho el esfuerzo de dar el tiempo necesario a los grupos de la oposición para trabajar con mayor tranquilidad
ambos proyectos. Con este proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias, el Partido Popular, el ministerio, ha intentado una carambola. En el día de hoy, le han puesto ustedes una vela a Dios y otra al diablo, y claro es bastante
complicado resolver estas situaciones. En el proyecto que ahora mismo nos ocupa, de ordenación de profesiones sanitarias, apuestan descaradamente por el corporativismo frente al sindicalismo y sin embargo, coquetean e intentan llegar a acuerdos, a
través del estatuto marco, con los sindicatos de clase, con los sindicatos más representativos en el ámbito de la sanidad.
Señorías, este proyecto de ley yo lo calificaría, en primer lugar, de innecesario. Es un proyecto de compromiso del Gobierno
del Partido Popular con los sectores corporativistas de la sanidad, es un proyecto farragoso, es un proyecto que yo lamento que haya venido a esta Cámara porque es la primera vez que viene a esta Cámara, a esta Comisión, un proyecto de ley del
ministerio que preside la señora Pastor de estas características. Es un brindis a sectores con los que el Partido Popular tiene compromisos, pero en absoluto va a servir para resolver los problemas que tenemos planteados. Es una extraña mezcolanza
la que han hecho ustedes de temas entre ambas leyes, sin orden ni concierto. Por poner un ejemplo, en una ley se define la carrera profesional y en la otra se estipula su desarrollo y la forma de ponerla en marcha. En el articulado de estas leyes
se plantea claramente una invasión de competencias de unos organismos sobre otros y -por servir de ilustración pongo un nuevo ejemplo-, se atribuyen competencias que tienen que ver con el ámbito de actuación laboral y sindical a la comisión
consultiva profesional en detrimento del foro marco para el diálogo social.
Izquierda Unida, partiendo de la actitud de responsabilidad ante temas tan importantes como los relativos a la sanidad pública y también teniendo en cuenta la actitud de
consenso que hemos venido manteniendo en esta Comisión a lo largo de la legislatura sobre temas muy importantes, no presentó en su día una enmienda a la totalidad a este proyecto de ley de ordenación sanitaria porque esperábamos que, en el trámite
de debate parlamentario, se podrían acercar las distintas posturas planteadas por la diversidad del arco parlamentario y, cómo no, las expectativas que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tenía respecto a la posibilidad de mejorar esta
ley.
En el texto del proyecto, señorías, señores del Partido Popular, hay algunos aspectos que nos preocupan extraordinariamente. En primer lugar, hay que señalar que este proyecto excluye a numerosos colectivos de trabajadores sanitarios de las
profesiones sanitarias, lo que obviamente no es aceptable y que, por otra parte, genera un tremendo desconcierto y una tremenda crítica en los sectores sanitarios. Ustedes saben muy bien -y si no lo saben se lo digo yo porque el verano a veces
también despista a los responsables públicos- que sindicatos de clase han movilizado a sus trabajadores este verano por la nocturnidad y alevosía con la que los proyectos se han planteado (ha tenido que ser en verano y, repito, estamos hablando de
normas importantes) para, a través de la presión de las movilizaciones, tratar de influir en la voluntad del Gobierno para ampliar su capacidad de diálogo en orden a mejorar esta norma. Se han invadido competencias sindicales al negociar el
desarrollo de la carrera profesional o las funciones de la comisión consultiva profesional. En primer lugar, hay una falta de rigor porque podían haberse esforzado en hacerlo un poquito mejor, que es a lo que nos tienen acostumbrados en esta
comisión, pero esta vez francamente ustedes no se han esforzado en la LOPS. Analizando y valorando todos estos hechos, Izquierda Unida planteó enmiendas tendentes a superar lo que para nosotros sería imprescindible para atender la solicitud de voto
favorable del Partido Popular.
Entrando en el análisis del proyecto de ley y en referencia a colectivos excluidos como profesión sanitaria, nos tenemos que referir, señorías, a lo regulado en diversas directivas europeas e incluso en la propia
legislación española y en la Constitución. En los reales decretos-leyes 1396/1995 y 1754/1998 se cita expresamente a los profesionales que ostentan las titulaciones de técnico superior de las distintas ramas sanitarias y a las auxiliares de
enfermería como titulaciones suficientes a efectos del reconocimiento mutuo entre los Estados de la Unión Europea.
No parece razonable que el Partido Popular camine en dirección contraria, que en nuestro ámbito no se reconozcan ciertas profesiones
sanitarias. La diferenciación que pretende hacer el proyecto de ley entre profesiones sanitarias y profesionales sanitarios es un artificio absurdo e innecesario, ya que todas las profesiones sanitarias tienen un soporte a través de la formación
reglada o sistemas homologados de obtención de las distintas titulaciones. No tiene, pues, sentido la diferenciación que ustedes establecen en el proyecto entre profesión y profesionales. El tratamiento de las profesiones no reguladas no es
adecuado. Mediante juego de palabras y redacciones enrevesadas se intenta crear la ilusión de que son atendidas las
demandas de estos colectivos, sin que verdaderamente se resuelvan sus problemas. Esto viene a reforzar, desgraciadamente, una de las contradicciones de nuestro sistema educativo que ofrece titulaciones a los jóvenes sin que luego se les dé
una respuesta adecuada en el mercado laboral. Recientemente, en los medios de comunicación decía un responsable político de la Comunidad de Madrid del Partido Popular que hoy el problema de España no es el paro, hoy el problema de España es que el
trabajo que se demanda, el trabajo cualificado no existe. Hay un gran paro de personas cualificadas que sólo tienen acceso al subempleo. Esta ley va a contribuir a que continúe el mismo estado de cosas.
En relación con la invasión de competencias
en la negociación sindical, para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al que represento en esta Cámara, la comisión consultiva profesional, señoras y señores del Partido Popular, no puede de ningún modo calificarse en esta ley, como
pretende la propuesta del informe de la ponencia, como único órgano. Con la modificación que presentó Izquierda Unida, nosotros pretendimos mejorarla, pero conseguimos que ustedes lograran su final objetivo; convertirlo en el único órgano. La
participación de los profesionales está regulada previamente a través de los órganos de representación de la Ley 9/1987, con sus posteriores reformas introducidas por las leyes 7/1990, 11/1994 y 18/1994, y a través de distintos órganos colegiados
creados por normativas autonómicas como son juntas facultativas y de enfermería. De ahí que la comisión consultiva profesional no pueda ser sino otro órgano más de representación y nunca el único órgano. No es papel de la comisión consultiva, como
se pretende en el articulado de la LOPS, la intervención en aspectos que tienen que ver con el campo de actuación laboral y sindical. La organización del trabajo, las medidas legislativas que afecten a ésta y las retribuciones son competencia de
quienes están legitimados por ley para ello, de los convenios aplicables en el sector sanitario, y estos, señorías, son los órganos con representación sindical y de ellos debe partir el papel de informar, proponer y negociar este tipo de medidas.
El problema de la regulación contractual del personal en formación es claramente una materia del ámbito laboral y, por lo tanto, debe ser negociada con los interlocutores legitimados para ello, que no son otros, señoras y señores de la Cámara, que
las organizaciones sindicales.
Para el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, lo regulado en la LOPS supone invasión de las competencias sindicales en todo lo relativo a la carrera profesional. En efecto, sobre la carrera profesional,
curiosamente, en el proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias se detalla exhaustivamente el diseño, requisitos y sistemas de acreditación de los cuatro niveles de carrera profesional. No es comprensible que esta regulación se
realice en esta ley y no en el estatuto marco, que es la otra ley que vamos a sustanciar dentro de un momento y donde realmente debería realizarse. Para Izquierda Unida es ahí, en el estatuto marco donde se debe ubicar la regulación de toda la
materia laboral que afecte a los trabajadores y trabajadoras sanitarios, por ser, repito, de competencia sindical, y no en este proyecto, donde exclusivamente se regula lo relacionado con los colegios profesionales, las sociedades científicas o la
formación. Señorías, la carrera profesional es un elemento determinante de las condiciones de trabajo y, por tanto, debe regularse en la norma que regula éstas, el estatuto marco. Las funciones atribuidas a la comisión consultiva profesional
mediatiza la potestad de las administraciones sobre organización, régimen de prestación de servicios y adecuación de las profesiones mediante el otorgamiento de capacidades a esta comisión consultiva profesional.
Además, para el Grupo Parlamentario
Federal de Izquierda Unida, en el articulado de la LOPS se propone una incalificable dejación de funciones por parte de la Administración. La Administración, de modo irresponsable a nuestro entender, renuncia al ejercicio de sus competencias en la
ordenación del ejercicio profesional a favor de los colegios profesionales. Esto, señorías -perdónenme, coloquialmente, no tengo intención de herir-, es una antigualla, esto es volver al pasado, esto no tiene nada que ver con los nuevos retos que
se nos plantean en la sanidad ni con las expectativas de los trabajadores de la sanidad pública.
Además, ustedes han agravado esta circunstancia sin que exista enmienda de ningún grupo parlamentario. Ustedes han dado una vuelta de tuerca más y han
cedido el registro profesional a los colegios, según podemos constatar en la modificación que el Partido Popular, por cuenta propia, realiza en el artículo 5.2 de esta ley. Señorías, dejar el registro profesional en manos de los colegios es muy
grave. Se intenta así imponer en nuestro sistema sanitario un modelo existente en otros países y en otras profesiones, pero en esos casos el ejercicio profesional es mayoritariamente libre, en contra de lo que es habitual en nuestro actual modelo
de funcionamiento. Es curiosa la contradicción existente con multitud de colectivos, particularmente con la situación de los abogados del Estado y otros cuerpos jurídicos de las administraciones, que sí están exentos de la colegiación y del
registro en su colegio.
Analizando al unísono la ley de cohesión y el estatuto marco, podemos percibir en este proyecto de ley, a pesar de que tenemos sensibilidades diferentes con respecto a ambos proyectos, el intento por parte del Partido
Popular de residenciar en los ámbitos corporativos toda la regulación del sector y de establecer la posibilidad de abrir los convenios franja, que es una clara agresión a los derechos de los trabajadores.
Señoras y señores del Partido Popular,
señorías, señor presidente, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no puede dar su apoyo a este proyecto
de ley del Partido Popular, básicamente por nuestro compromiso con esa apuesta por avanzar en el modelo que, por otra parte, puede acercarnos más a los modelos europeos que funcionan dando respuestas más adecuadas, incluso mejores a veces,
que las de nuestro propio sistema. Yo no le voy a pedir ya al Partido Popular que haga ningún esfuerzo, el trámite está muy avanzado; por desgracia, el trabajo de esta Comisión se termina esta mañana. Desde el Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida lamentamos muy sinceramente no haber sido capaces de avanzar en posiciones que nos hubieran permitido que esta Comisión emitiera hoy un dictamen, que después pasará a Pleno, que pudiera dar respuesta a los problemas que se han puesto
como excusa para sacar adelante este proyecto de ley, que repito -y con esto termino, señor presidente- sólo sirve para ponerle esa otra vela al diablo que ustedes nunca han debido poner.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: El informe de la ponencia que discutimos hoy en esta Comisión incorpora enmiendas que todos los grupos parlamentarios presentamos al proyecto de ley de la LOPS. A pesar de la incorporación de algunas enmiendas y de
las transacciones, y aunque mi grupo aún es muy reticente respecto al texto de la ley, sí reconocemos que, ante un texto que entró con graves deficiencias, ha habido, al menos en parte, voluntad de intentar transaccionar, con mi grupo y con otros
grupos que hemos presentado enmiendas, mejoras que al final se incorporan al informe de la ponencia. En virtud de estos acuerdos y de estas transacciones, mi grupo parlamentario, de las enmiendas que presentó, ha transaccionado 20, ha retirado 10 y
dejamos vivas 22 enmiendas. Si se fijan, con este pequeño dato estadístico podemos visualizar que la satisfacción de haber mejorado algo el texto inicial no está reñida en absoluto con la total disconformidad en aspectos de esta ley que siguen
vigentes en el informe de la ponencia y que básicamente hacen referencia a temas competenciales o a temas en los que, desde nuestro criterio, la ley interfiere de manera totalmente injustificada en cuestiones que deberíamos llamar intervencionistas.
O sea, la ley es intervencionista respecto a organismos autónomos que tienen competencias y la ley vulnera competencias de las comunidades autónomas. Además, la ley hace otra cosa que, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario de Convergència
i Unió, es también muy preocupante.
Esta ley hubiera podido ser una gran oportunidad para que el Gobierno visualizara, mediante este proyecto de ley y el que discutiremos más tarde, el del estatuto marco, que realmente se cree lo del Estado de las
autonomías, que realmente tiene asimilado que todas las comunidades autónomas tenemos competencias en materia de salud. Con motivo de esta ley se podía optar por cumplir escrupulosamente con los preceptos actualmente en vigor o aprovecharla para
dotar de más contenido las competencias que tenemos las comunidades autónomas. No tan sólo no se ha optado por esta actitud de dotar de más contenido a las competencias de las comunidades autónomas, sino que además en algunos casos en concreto se
vulneran nuestras competencias.
Como comprenderán, esta situación, aunque, como decía, no obsta para que reconozcamos algunas mejoras incorporadas, imposibilita que hoy mi grupo parlamentario dé su voto favorable a este informe de la ponencia. Las
enmiendas que mantenemos vivas son de tal contenido político, de tal calado a nivel de ser respetuosos con nuestras competencias, que sería de una incongruencia total que nosotros aprobásemos este informe. No obstante, saben, señorías, que mi grupo
parlamentario siempre opta por agotar las vías de la negociación, siempre es esta nuestra opción. De la misma manera que ya anunciamos que a los proyectos de ley presentaríamos enmiendas y hemos negociado unas cuantas, como la ley no termina aquí,
sino que tiene que ir al Pleno y al Senado, nosotros ya anunciamos que en el trámite parlamentario del Senado presentaremos nuevas enmiendas destinadas también a que no se interfiera en las competencias que en materia de sanidad tenemos las
comunidades autónomas.
Quisiera reseñar más puntualmente algunas de las enmiendas que han sido transaccionadas y que nosotros valoramos de manera razonable. La ley entró con déficit importantes en cuanto a profesiones sanitarias, algunos por
olvido u omisión, otros porque daba un trato no completo a determinadas profesiones sanitarias que todos los grupos hemos coincidido en que debían tener tal reconocimiento. Mi grupo parlamentario y la mayoría de grupos representados en la Comisión
hemos sido sensibles a las reiteradas peticiones que distintos colectivos nos hacían llegar, y fruto de esta confluencia de intereses, estas enmiendas, que hacían referencia a estos colectivos, se ven reflejadas en el texto de la ponencia.
Por
ejemplo, es el caso que había un olvido que a nosotros nos preocupaba muy especialmente, porque en Cataluña está muy poco regulado, que es que no se consideraban profesiones sanitarias los dietistas y nutricionistas.
La ponencia lo subsana.
Tampoco se había contemplado como profesión sanitaria a los psicólogos y ahora están contemplados. Había problemas con todo el amplio espectro de profesionales sanitarios que son de formación profesional de segundo grado, no se les reconocía la
categoría de que eran profesionales de la sanidad, lo que nos parecía un agravio completamente injustificado, incoherente y que atentaba incluso al sentido común. La ley de alguna manera subsana lo que era un grave error y estas enmiendas, las que
correspondían a estas cuestiones, las damos por transaccionadas, porque o bien han sido aceptadas en su
literalidad algunas o bien la transacción nos parece razonable.
Ahora bien, en cuanto a las que son competenciales, no tan sólo constato que no hemos avanzado, sino que el enrocamiento, si se me permite la expresión, por parte del grupo que
representa al Gobierno en decir que no se pueden transaccionar hace inviable que nosotros podamos asumir la ley.
Es el caso, por ejemplo, de las enmiendas de mi grupo que se corresponden a los números 275 y 276 a los artículos 10 y 11 del proyecto
de ley. Una ley básica como es esta de ordenación de las profesiones sanitarias no debe entrar en regular la provisión de los puestos de trabajo de dirección de los centros de titularidad pública ni de los centros privados. Esto no se corresponde
a lo que debe ser una ley básica. Si la voluntad del Gobierno es entrar en estos temas tendría otra opción, que también anuncio ya que nosotros la presentaremos en forma de enmienda en el Senado, y es que no todos los capítulos de la ley sean
básicos, pero las dos cosas a la vez no son posibles. No es posible compaginar -o sí es posible a criterio del Gobierno, pero no al nuestro- el criterio básico total de la ley con este espíritu tan reglamentista que interfiere en competencias que
en absoluto corresponden a la Administración central y que incluso algunas, desde las competencias que tiene el Gobierno de Cataluña, pensamos que son de libre decisión de las gerencias de los hospitales. Fíjense, señorías, si interfieren ustedes
en cuestiones en las que nosotros discrepamos.
No parece en absoluto justificado que el Partido Popular no quiera entender nuestra posición, la que se corresponde a la enmienda 281 al artículo 15, en el sentido de que los conciertos que se
suscriban entre universidades e instituciones sanitarias prevean la participación de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. Atribuir esta función al consejo de gobierno de la comunidad autónoma, en el caso de Cataluña, atenta al
principio de autonomía organizativa establecido en el estatuto de autonomía e interfiere en las competencias de nuestra comunidad autónoma; es decir, nos indican lo que debemos hacer en temas en los que pensamos que no debemos interferir, fíjense
ustedes la paradoja. Como comprenderán, esta enmienda para nosotros sigue viva y es de vital importancia, para poder dar el consentimiento a la ley, que lleguemos a un acuerdo.
En el artículo 27 de la ley, que hace referencia a la acreditación de
los centros de docencia, nos parece que de manera flagrante el Gobierno ha perdido la oportunidad, primero, de ser ya coherentes con la nueva realidad del Estado y, sobre todo, de visualizar que hay una voluntad de que las cosas sean distintas.
Cataluña, el Gobierno de Cataluña, estamos hartos, y la expresión es literal, de reivindicar que no se sustenta que tengamos competencias transferidas en prestación sanitaria y no las tengamos en docencia, no se corresponde. Estamos perfectamente
capacitados (por descontado nosotros, pero es que además no seremos nosotros los que digamos que otras comunidades autónomas no lo están también, por descontado que lo están) para acreditar los centros que pueden dar docencia, y la correspondencia
entre la docencia y la prestación sanitaria debe ir paralela, no puede seguir caminos distintos.
Era una oportunidad para modificar las leyes actualmente en vigor y trasladar estas competencias a las comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con
esto? ¿Pensamos nosotros que con este artículo -ya me adelanto a una posible crítica- están vulnerando alguna ley actual? No. Pero nos quejamos de que no tengan voluntad política de modificarla. Era un tema importante, era una oportunidad. El
Gobierno se niega a hacerlo, por descontado, representado aquí por el Partido Popular.
Un tema que también quiero enfatizar es el que se refiere a la financiación, al coste económico que el desarrollo de esta ley puede tener. Podría entretenerme
en muchas más enmiendas que están vivas, pero atendiendo a la petición que ha hecho el presidente de que seamos breves simplemente diré que las votaremos y que no voy a entrar a discutirlas.
Sí quiero hablar de la disposición final que el Partido
Popular ha incorporado en el texto de la ponencia, que se correspondía con una enmienda presentada por mi grupo parlamentario, en concreto la enmienda 308, y que en su día fue motivo de amplia discusión. Me atrevería a decir que más que discusión
fue casi motivo de ridiculización el hecho de que algunos grupos como el mío dijéramos que era totalmente impresentable que por parte del Gobierno se intentase decir que la LOPS y el estatuto marco eran dos leyes que no tenían coste económico. En
su día, cuando dijimos esto, se nos criticó muchísimo. Estas críticas tuvieron cierta resonancia, incluso se hizo cierta ridiculización en algunos medios de comunicación. No debíamos estar tan equivocados en nuestra apreciación -además también ha
sido recogida por otros grupos parlamentarios- cuando el propio Gobierno se autoenmienda.
La disposición final que presenta el Grupo Popular, y que se incorpora en el texto de la ponencia no es del todo satisfactoria para mi grupo parlamentario,
pero sí la reconocemos como un avance. Por lo menos admite que, de acuerdo con lo que establece la Ley de cohesión y calidad, tendrá que establecerse cuál es el coste de la implementación de esta ley y en función de este dictamen, que será además
efectuado de común acuerdo con las comunidades autónomas que están representadas en este Consejo, el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo tendrá que trasladar al correspondiente ministerio para que se adicione a los presupuestos el coste que
representa desarrollar esta ley.
Fíjense, hago compatible la no total satisfacción que nos produce la enmienda con la enfatización de que ya es muy positivo que al menos se reconozca que sí hay coste, porque de lo contrario, de no haberse admitido
y de no haber hecho esta autoenmienda, nos parecía
-y así lo hicimos constar en su día y lo quiero reiterar hoy- que incluso el proyecto de ley tenía algo de burla parlamentaria. No se puede decir que vamos a desarrollar una carrera profesional, no se puede decir a las comunidades autónomas
que están obligadas a actuar conforme a lo que marca la ley negando la principal, que es que este desarrollo, que en lo que tiene de favorable para el colectivo de profesionales, por descontado, mi grupo lo apoya y lo valora positivamente, tiene un
coste.
Por tanto, en este sentido, celebramos esto, pero los pros, las reservas y los contras, sin paliativos, imposibilitan que hoy mi grupo parlamentario dé su voto favorable al informe de la ponencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Quisiera explicar una situación que no sé si es una paradoja, y es que hoy en el debate de esta ley estamos más lejos del acuerdo de lo que lo estábamos en el momento del inicio de su tramitación parlamentario.
Ustedes saben que nosotros no presentamos una enmienda de devolución, ni a esta ni al estatuto marco, ni apoyamos la presentada al estatuto marco; sin embargo, después de la tramitación de esta ley nosotros estamos más lejos del acuerdo, es decir,
estamos en el desacuerdo con la ley en estos momentos.
Forma parte de la paradoja tener que reconocer también que ha habido una serie de aproximaciones por parte del Partido Popular de aceptación de las enmiendas del conjunto de los grupos. Pero
también es verdad que a través de la introducción de las enmiendas del propio Partido Popular ha habido un alejamiento con respecto a los posibles niveles de acuerdo que teníamos. No tenemos mucho tiempo, y seguro que me lo recordará el presidente,
pero quisiera recordarles que dije en su día que las prisas eran malas consejeras y que cuanto más prisas, peores posibilidades se ofrecían al acuerdo, aunque no sólo al acuerdo. Permítame, señor presidente, que le ponga un ejemplo de lo que ocurre
cuando se tiene demasiada prisa. Que todos cometemos errores es evidente. Yo le voy a leer uno de una enmienda de un grupo que está en la publicación del Boletín Oficial de las Cortes Generales, que dice literalmente: mantiene la vigencia del
complemento de pensión para el cerdo colectivo. Esto que obviamente es una errata, porque seguro que no es voluntad de ningún grupo llamarle cerdo a un colectivo, sin embargo sí indica la situación en la que hemos tenido que tramitar estas leyes.
Las formas, como ustedes saben, son muy importantes, porque es esencia de la forma la calidad democrática, y si las formas nos llevan a poder cometer errores de este tamaño en lo que es meramente mecánico, qué no habrá ocurrido o qué no nos puede
haber ocurrido en lo que es fundamentalmente político, Ley de ordenación de profesiones sanitarias. Nosotros cuando intervenimos en el Pleno dijimos y reiteramos que el coste cero no puede ser. Decíamos: no sólo no es verdad, sino que es trampa.
Y empezaré mi alegación contra esta ley o con esta ley precisamente en los aspectos de la financiación sanitaria.
Hemos visto cómo se ha cambiado -y lo celebramos en parte, sólo en parte-, pero lamentamos, por ejemplo, que ya desde el inicio del
título se diga: informe sobre financiación. Nosotros ya no estamos en la época de los informes. Estamos escaldados. Después de la ley de cohesión creemos que hay que empezar a cuantificar desde el principio aquellas acciones, que siendo
necesarias y que hay que desarrollar en el conjunto del sistema sanitario, tienen que venir acompañadas de la dotación económica correspondiente, y las memorias económicas que acompañaban a estas dos leyes decían que el coste era cero. Ahora ya
estamos en la fase del informe, es decir, en que se prevé que pueda haber coste, pero no se dice cuál es el coste. Decíamos que cómo es posible que la modificación teórica de la jornada, la modificación teórica de las condiciones de trabajo, el
establecimiento de la carrera profesional, etcétera, no pudiera tener ningún coste económico. Decíamos en su día y repetimos hoy que ésta es la llave fundamental sobre un acuerdo posible tanto en esta ley como en la ley del estatuto. Es evidente
que compartimos elementos como pueda ser que la carrera profesional es un elemento necesario. La respuesta es sí. ¿Nos gusta la carrera profesional como está? No. ¿Se nos han aceptado enmiendas? No. ¿La carrera profesional tiene que llevar
carga económica? Sí. ¿Existe una aproximación en estos momentos por parte del ministerio a ello? No. Por tanto, creemos que estamos ante un problema relacionado con un elemento además que, como ya se ha dicho, posiblemente debiera estar en el
propio estatuto, que luego discutiremos, como hay otras cosas que también se ha dicho que no deberían estar, por ejemplo los artículos 10 y 11, que de alguna manera consideramos algunos partidos políticos que invaden claramente lo que son los
niveles competenciales de las comunidades autónomas, porque uno de los problemas de esta ley también es que en ocasiones, además de farragosa, es terriblemente reglamentista en elementos que nos parece que son propios de la capacidad de las
comunidades autónomas; no es que lo sean, es que lo deben ser.
El principal problema que tenemos para mostrar nuestro acuerdo y, por tanto, no tenemos problema para mostrar nuestro desacuerdo, es que el elemento básico y fundamental, como era el
de la financiación, no se ha resuelto y las formas se han guardado poco por una prisa excesiva. Decía en mi intervención en el Pleno que podía pasar que alguien quisiera morir de éxito y acabara muriendo de un hartazgo legislativo, como el que en
estos momentos nos encontramos.
¿Son sólo estos aspectos? No, hay bastantes más en esta ley. Por ejemplo, las referencias que hace a la Constitución desde mi partido no las entendemos,
tanto la que hace al artículo 35, que es absolutamente innecesaria, como la que hace al artículo 36. A partir de aquí se replantea, es cierto y nos parece innecesario, una pugna entre colegios profesionales y sindicatos. Es algo de lo que
el legislador debería huir, procurar el acuerdo en todo caso y no espacios de confrontación; debería procurar espacios de acuerdo y no espacios de confrontación. Sin embargo, mucho nos tememos que es esto, señorías, lo que va a ocurrir. Más allá
de que esta ley pudiera considerarse en un momento determinado médico-centrista, reglamentista por invasión de las competencias de las comunidades autónomas, cuando llegó no se recogían determinadas profesiones sanitarias, y no estamos satisfechos
todavía de cómo han sido recogidos, porque algunos parece que son recogidos al vuelo, como es el caso de los psicólogos. Se van a producir problemas en el ejercicio de las profesiones tituladas y reguladas que dice esta ley que es su objetivo
fundamental, porque hay profesionales sanitarios y hay profesiones y profesionales que no se ven recogidos satisfactoriamente y, por ello, creen que pueden quedarse fuera de aspectos importantes como es la propia carrera profesional, la formación,
investigación, etcétera.
Esta ley tenía un defecto en origen sobre la regulación de las incompatibilidades. Tiene todavía definiciones incompletas que no acabamos de comprender porque existen en el marco legal español definiciones distintas sobre
la misma profesión que hoy en esta ley, sin que luego se derogue la otra, señor presidente, aparecen también. Hay una concepción de la jerarquía mal expresada, por ejemplo, el artículo 9. Se ha avanzado en algo, y lo decía antes, parece que ya se
reconoce el acceso de la enfermería a los cargos de dirección y gestión de los que estaban incluidos, y esto en origen pensamos que no era gratuito. Cuando se habla del trabajo en equipo hay un concepto jerárquico antiguo, por utilizar la misma
palabra que ha utilizado una portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra. Se van a producir, a través de la mezcla confusa entre la esfera de lo público y de lo privado, más problemas de los que se puedan solucionar.
Cuando he dicho que
era reglamentista es que eleva a rango de ley básica lo que no son sino órdenes o decretos. La formación continuada es un derecho que no queda bien tratado para el conjunto de los profesionales sanitarios en este texto ni en el estatuto marco que
podría contemplarlo y modificarlo. Sigue habiendo elementos que nos parecen subjetivos, por ejemplo a la hora de establecer la selección de los MIR mediante su prueba. Participación de las comunidades autónomas podría haber sido mucho más amplia.
La formación continuada tiene una definición inadecuada. Es necesario reconocer la formación continuada ya realizada a la entrada en vigor de esta ley y esto queda de forma confusa.
Con respecto a lo que para nosotros es uno de los elementos
estrella de esta ley, que es la carrera profesional -del reconocimiento económico ya he hablado-, queríamos introducir a través de nuestras enmiendas una mayor objetividad, regulando a través de la ley qué se evalúa, cómo y por quién y hacerlo con
mayores criterios de objetividad y menores criterios de lo que nos podemos temer que pueda llegar a ser endogamia. En el conjunto de las enmiendas que nos quedan vivas -creo recordar sin mirar el papel que son más de 40, y voy terminando señor
presidente-, se indica un profundo desacuerdo con esta ley. Nos parece, primero, que era innecesaria -esto ya se ha dicho-, pero segundo que, decididos a hacer esta ley, nos parece que puede ser entendida también como una especie de compensación de
la que después discutiremos, de tal manera -y se ha dicho también y, si no, quiero que quede claro que mi grupo lo piensa- que si la siguiente será una ley en la que discutiremos mucho sobre lo que son los ámbitos sindicales, ocurre que en esta ley
-lo he dicho ya- hay una potenciación de figuras, como son entes de derecho público, y una cesión a ellos de elementos que, en nuestra opinión, deberían residir en la Administración pública, tanto en la general como en la de las comunidades
autónomas.
En estos momentos estamos más lejos del acuerdo de lo que lo podíamos estar en el mes de junio cuando se pudo realizar el debate de totalidad de este proyecto de ley. Quedan nuestras enmiendas. Hoy, desde luego, no vamos a dar el sí a
esta ley. Nosotros también pensamos que tenemos tiempo, que queda el debate en el Pleno y la tramitación en el Senado, pero queremos que quede claro cuáles son los elementos que nos llevan a rechazar esta ley en este momento. Podríamos recordar
otra anécdota parlamentaria. Como su señoría sabe, en estos momentos nosotros no podemos dar el sí, y creo que ni siquiera la abstención, al dictamen que se nos eleva, lo cual no quiere decir que no sigamos pensando que se puede avanzar en la
negociación, pero para ello necesitaremos que, aparte de cambiar los contenidos, cambie el continente. Dicho de otra manera, hay que acabar con esa forma de legislar, en nuestra opinión, a uña de caballo porque al final se acaban produciendo
anécdotas como la que he citado y no voy a repetir.
Hoy estamos más lejos del acuerdo, pero mi grupo parlamentario considera que, si es posible, vale más, digamos, regular un acuerdo que un mal pleito. Pero, reitero, hoy no vemos, si no es a
través de la aceptación de enmiendas que nos han rechazado, otro elemento para llegar a ese acuerdo. Repito, es necesaria mayor financiación porque además, señoría, estamos escaldados de cómo se viene aplicando lo que dice la ley de cohesión.
Citaré ahora -y con esto acabo- que esta ley incumple, por ejemplo, creo que debido a las prisas, uno de los elementos que se introdujo a través de enmiendas de los grupos -y entre ellos del Grupo Socialista- en la ley de cohesión, que era el foro
para
el diálogo social, que decía que estas leyes tenían que ser vistas.
Lamentablemente, no ha sido así y tan no ha sido así que la ley de cohesión se publicó después de que esta ley entrara en el Congreso. Esa es la voluntad política del
Gobierno, no la de nadie más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Revuelta.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señorías, en primer lugar, me gustaría resaltar la trascendencia que a nuestro juicio tiene la aprobación de esta ley para la sanidad y especialmente para los profesionales que trabajamos en ella. Debemos recordar
que desde que se aprobó la Ley General de Sanidad y durante muchos años, hasta esta misma legislatura prácticamente, apenas se habían introducido aportaciones legislativas significativas en el campo de la sanidad, sólo las derivadas de los sucesivos
procesos transferenciales de competencias a las distintas comunidades autónomas, proceso que, dicho sea de paso, se ha culminado en el transcurso de esta misma legislatura; una legislatura, me gustaría recordar, que está resultando trascendental
para nuestro futuro sanitario, puesto que la Ley de consolidación de empleo en instituciones sanitarias de la Seguridad Social, la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y ahora estos proyectos de ley del estatuto marco y de
ordenación de las profesiones sanitarias -LOPS- sientan de alguna manera los cimientos legislativos de lo que será el desarrollo de nuestra sanidad en las próximas décadas. Hay que reconocer el decidido impulso legislador del que está haciendo gala
el Ministerio de Sanidad y Consumo, especialmente desde la llegada al mismo de la ministra Ana Pastor y de su equipo.
Quisiera inicialmente agradecer el esfuerzo que desde todos los grupos parlamentarios y especialmente a través de los
representantes en esta ponencia se ha venido realizando para aportar ideas y acercar posiciones en la búsqueda de los mejores textos legales posibles, a pesar de que no hayamos sido capaces todavía de llegar a un acuerdo que facilite ese voto
afirmativo para este texto. También quisiera resaltar y agradecer muy especialmente el trabajo y el esfuerzo de los servicios de la Cámara y muy especialmente de los señores letrado y letrada adscritos a esta Comisión.
Como muy bien se recoge en
la exposición de motivos del propio texto, la ley tiene por finalidad dotar al sistema sanitario de un marco legal que contemple los diferentes instrumentos y recursos que hagan posible la mayor integración de los profesionales en el servicio
asistencial, tanto en su vertiente pública como privada. Señorías, el camino recorrido por esta ley ha podido ser corto pero nadie dudará de que también ha sido intenso y apasionante. Desde que el pasado 13 de mayo la Mesa de la Cámara tomó el
acuerdo de encomendar su aprobación con competencia legislativa plena a esta Comisión y el 23 de mayo se publicó el proyecto de ley y se estableció el plazo de enmiendas, que posteriormente se amplió hasta el 23 de junio, hemos dado muchos pasos a
lo largo de los meses de junio, de julio y de agosto.
Es bien conocido por todas sus señorías que en el texto aportado por la ponencia y que vamos a someter hoy a votación este proyecto se estructura en cinco títulos más un título preliminar, 51
artículos, ocho disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, además de la correspondiente exposición de motivos. Estamos convencidos de que aquel texto original, con sus
virtudes y defectos, era lo suficientemente abierto y flexible como para no encorsetar, legislativamente hablando, el difícil equilibrio entre la realidad del ejercicio profesional existente y su necesaria regulación normativa. Todos hemos recibido
en estos meses, a través de reuniones, entrevistas y e-mails, el sentir y la preocupación de distintos colectivos profesionales que podrían estar afectados.
Contábamos con ese agravante del paréntesis estival que hemos sabido solventar y hay que
reconocer que no ha sido sencillo buscar esos cauces de encuentro y llegar a puntos de consenso. Hay que recordar que se presentó un total de 310 enmiendas, muchas de las cuales han sido ya retiradas por haber sido incorporadas al texto de la
ponencia, bien de forma literal, bien subsumidas por las propias enmiendas presentadas por nuestro grupo. Otras muchas enmiendas que hoy se mantienen vivas se podría decir que se deberían haber retirado, ya que, al menos en nuestra opinión, han
quedado igualmente incorporadas al texto, si no en su forma, sí en su fondo, a través de las enmiendas transaccionales que ha propuesto nuestro grupo.
Muy pocos artículos se libraron de la presentación de enmiendas, pero la disposición al diálogo,
la búsqueda de consenso que ha intentado favorecer nuestro grupo, ese trabajo, ese esfuerzo desarrollado, han permitido incorporar mejoras sustanciales que no sólo responden a las enmiendas de los grupos, sino también a las demandas de colegios
profesionales, de sindicatos, de colectivos, etcétera.
Me voy a referir brevemente a una serie de causas que han enumerado los portavoces de los demás grupos para no dar su apoyo a este proyecto de ley. Por parte del señor Aymerich, del Grupo
Parlamentario Mixto, se nos ha acusado de defecto en las formas y de falta de tiempo. Hemos tenido el mes de junio, julio y agosto y desde luego por parte del Grupo Parlamentario Popular se han dado todas las facilidades para reunirse las veces que
fuese necesario, para hablar las veces que fuese necesario y para transaccionar las enmiendas que fuese necesario. El señor Aymerich ha señalado que van a mantener todas las enmiendas porque ha faltado consenso con las organizaciones, cuando hay un
montón de enmiendas incorporadas producto de ese consenso. El señor Aymerich, al igual que otros grupos, ha dicho que no se asegura la financiación; yo creo que la disposición final segunda introducida por nuestro grupo asegura
de verdad esa financiación. También se ha hablado de que se invaden competencias y de que no se incluye a todos los profesionales sanitarios.
Posiblemente esto se deba a que no ha tenido tiempo de leer el texto final elaborado por la
ponencia.
La señora Castro ha acusado a la LOPS de corporativista e innecesaria.
Este es un adjetivo que me parece absolutamente gratuito ¿Cómo se puede decir que esta ley es innecesaria y después decir que era importante sacarla adelante? Ha
reconocido que no presentó una enmienda a la totalidad y sin embargo hoy le parece una mala ley. Ha vuelto a caer en los mismos defectos: dice que no se incluyen profesiones pero no ha dicho cuales, o que se invaden competencias sindicales.
La
señora Riera ha empezado reconociendo la voluntad de transaccionar que ha tenido nuestro grupo, y se lo agradezco, y muy gráficamente ha reconocido que han retirado 9 enmiendas, que han transaccionado 20 y que quedan vivas 22. Son más de la mitad
de las enmiendas, como sucede con el resto de los grupos, las que han sido de alguna manera aceptadas e incorporadas al texto por parte de nuestro grupo. Ha definido esta ley como una ley intervencionista y que vulnera competencias. Señora Riera,
en este tema, por suerte o por desgracia, siempre nos encontramos con lo mismo, con el vaso de agua que hay quien lo ve medio lleno y quien lo ve medio vacío; y, mucho me temo, señora Riera, que el vaso nos lo estamos bebiendo entre todos. Yo sí
le diría que por parte de nuestro grupo ha habido esa voluntad de intentar llegar hasta donde se pueda llegar, pero nuestra opinión es que quizás no era el momento de realizar un mayor aumento en el nivel competencial de transferencias. Creemos que
no es el momento de realizar con esta ley el paso que usted nos estaba pidiendo.
Nos dice que no se debía entrar en temas tan específicos en una ley básica; la ataca por ser básica y también me dice que no se entra en temas específicos; es
difícil compaginar esto. Reconoce que no vulneramos las leyes, pero nos acusa de no tener esa voluntad. Evidentemente en estos momentos no teníamos voluntad de modificar leyes de rango mayor. En cuanto al coste económico, nos critica si no
cambiamos nada y nos critica si cambiamos artículos, como es el caso de la disposición final segunda.
Le recuerdo que a día de hoy, 4 de septiembre, esta ley no tiene coste efectivo y que con la disposición final segunda se asegura su posible
financiación futura.
El señor Arola ha empezado hablando de una paradoja, que es bien cierta; que estemos hoy más lejos del acuerdo que al inicio de la tramitación, habiendo aceptado prácticamente la mitad de las enmiendas propuestas, no deja de
ser, señor Arola, una auténtica paradoja, pero lo que habrá que preguntar es: si nosotros nos hemos movido hacia el acuerdo y hemos aceptado enmiendas, ¿quién se ha alejado del acuerdo para que estemos hoy más lejos que al inicio de la tramitación?
Evidentemente, señor Arola, no habrá sido el Grupo Parlamentario Popular. Usted sabrá qué motivos le llevan en estos momentos a ese alejamiento, que en cualquier caso espero que seamos capaces de solventar en los trámites posteriores. Vuelve a
acusarnos también de prisas y convierte la anécdota de una errata tipográfica en paradigma de las maldades de esta ley. Una errata tipográfica es una errata tipográfica y punto, señor Arola, y eso no descalifica en absoluto el trabajo de ninguno de
los que han intervenido en la tramitación y elaboración de esta ley.
En cuanto a la financiación, no le gusta que se denomine informe la disposición final segunda. Qué le vamos a hacer. Nos dice que esta es la llave para el acuerdo. Señor Arola,
hoy le estamos presentando una nueva enmienda más en este sentido. No sé si la van a aceptar o no, me temo que no, pero si no nos aceptan esa enmienda transaccional, tendré que concluir, señor Arola, que ustedes están poniendo el tema de la
financiación como justificación para no dar su aprobación a esta ley.
Mucho me temo que es eso nada más: una justificación. Tendremos tiempo de debatirlo en el Pleno, posteriormente en el Senado y de nuevo en el Pleno. Que es una ley farragosa.
Pues como todas las leyes, señor Arola.
Reglamentista, supongo que también como todas las leyes, porque, si una ley no reglamenta, difícilmente será ley. Que invade competencias, estamos en el mismo discurso y debate de siempre. Que conllevará la
confrontación entre colegios y sindicatos; algo había señalado la señora Castro en este sentido. Yo creo que no, que en absoluto, precisamente esta ley ha intentado atender las demandas, las reclamaciones de sindicatos, de colegios y ha intentado
consensuar y definir bastante bien, sin abrir nuevos frentes de confrontación, sino precisamente tratando de cerrar aquellos que pudieran estar abiertos. Me dice que no está bien tratada la formación continuada, cuando le dedicamos todo el capítulo
IV, artículos 34 a 37, bastante explícitamente y con incorporación de bastantes enmiendas. Que mantienen más de 40 enmiendas vivas, evidentemente, de las casi 50 que tenían sólo han retirado aquellas que hemos admitido textualmente. Sólo faltaba
que las que hemos mantenido textualmente también las mantuviera vivas, señor Arola. Por último me dice que más vale un regular acuerdo que un mal pleito. Yo, señor Arola, le digo que en este caso han optado ustedes por un mal pleito antes que por
un buen acuerdo y espero que podamos ser capaces de llegar a ese acuerdo.
Respecto a los artículos 1 a 8, se han atendido reivindicaciones en cuanto a la titulación y al ejercicio profesional sanitario de diplomados en nutrición humana y dietética,
odontólogos, otros profesionales relacionados con la salud dental, profesionales sanitarios de formación profesional, psicólogos, etcétera. Hay que destacar las importantísimas modificaciones del artículo 3, referidas a profesionales del área
sanitaria de formación profesional, artículo 5.2, que garantiza el ejercicio de los derechos; artículo 6, de licenciados
sanitarios; artículo 7, de diplomados sanitarios; artículo 8, de ejercicio profesional, etcétera. Igualmente se han incorporado importantes modificaciones en cuanto a la formación de los profesionales sanitarios, artículos 13a 37,
especialmente en lo que hace referencia al papel de la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud, artículo 27 y a los diplomas de acreditación y acreditación avanzada, artículo 37. Se han introducido mejoras en los artículos dedicados al
desarrollo profesional y su reconocimiento, al ejercicio privado, artículos 44, de registro de profesionales, y 47, de cobertura de responsabilidad. Merecen señalarse asimismo las modificaciones en torno a la participación de los profesionales,
especialmente en su artículo 49, de composición y adscripción, en el que hoy mismo proponemos otra enmienda transaccional a la 305, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), referente a las entidades proveedoras, o en el artículo 51,
relativo a funciones.
Son aportaciones, en definitiva, que también alcanzan a las disposiciones adicionales quinta, de aplicación de esta ley y a las profesiones sanitarias; séptima y octava, nueva, de régimen de infracciones y sanciones;
disposición transitoria segunda, de implantación del sistema de desarrollo profesional; tercera y quinta, nueva, de creación de nuevos títulos de especialista en ciencias de la salud, y disposición final segunda, de informes sobre financiación, en
la que también ofrecemos hoy al Grupo Socialista una transacción a su enmienda número 218.
Se trata de una ley tan necesaria como demandada por todos los profesionales de la sanidad para asegurar la calidad de su formación y de su ejercicio
profesional, una ley de la que se beneficiará la sociedad en su conjunto. Pese a que no siempre es posible en la redacción de una ley dar plena satisfacción a todos los afectados y mucho menos a todos los grupos políticos que participan en su
tramitación, creemos sinceramente que por parte del Gobierno y por parte del Grupo Popular se han hecho todos los esfuerzos posibles para buscar el máximo consenso, que el resultado es estrictamente escrupuloso con el respeto a los marcos
competenciales de las comunidades autónomas y que se asegura al mismo tiempo la adecuada financiación en consonancia con lo previsto en la legislación vigente y en los principios de estabilidad presupuestaria, autonomía, corresponsabilidad fiscal,
etcétera.
Deseamos que en los trámites que aún quedan en esta Cámara y en el Senado seamos capaces de seguir mejorando más si cabe este texto y que su futura aprobación sirva para aumentar el nivel de calidad de nuestra sanidad y la satisfacción de
todos los profesionales y usuarios. (La señora Riera i Ben pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, quiero solicitar un turno de réplica, por alusiones del señor Revuelta.
El señor PRESIDENTE: Esta presidencia no estima que a lo largo de la intervención del señor Revuelta haya habido ninguna alusión personal, ha sido un discurso de réplica a los argumentos expuestos por su señoría no obstante tiene la palabra
un minuto.
La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente, se lo agradezco y seré escrupulosa en el tiempo. No hablo de alusiones personales, sino del contenido político de nuestra intervención.
Señor Revuelta, con el mismo buen tono que a usted
le caracteriza, quiero dejar constancia de una cuestión. Mi grupo parlamentario intenta ser siempre honesto en sus planteamientos y esta portavoz, al igual que mi compañero, nos esforzamos en ser coherentes con estos principios. Cuando yo he
admitido que hemos transaccionado enmiendas, corresponde a la verdad, y es tan verdad que hemos transaccionado enmiendas y que estamos satisfechos en cuestiones que afectaban a los profesionales que el proyecto de ley no reconocía y que ahora
reconoce como lo es que el proyecto de ley, tal como continúa en estos momentos, infiere en competencias autonómicas y deja de tener voluntad política en otras cuestiones, como en el caso concreto del artículo 27 a que antes aludía, que sin ser una
vulneración de la ley, que sí lo es en otros casos, podría haber sido una gran ocasión para dar realmente contenido al Estado de las autonomías y a las competencias que las comunidades autónomas tenemos en materia de sanidad. Esto es voluntad
política. Reitero lo que he dicho y me mantengo en ello. (El señor Arola Blanquet pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Arola, también por un minuto. Les ruego que no reabran el debate, porque creo que ya ha sido debatido en profundidad el proyecto de ley.
El señor AROLA BLANQUET: Señor presidente, si se nos aceptan seis enmiendas y quedan pendientes 42, se puede decir lo que se quiera pero este portavoz tiene que reiterar que la mayoría de las enmiendas que ha presentado no han sido
aceptadas; y se nos dan como transaccionadas unas 12, en algunas de las cuales no vemos la transacción. Esto en lo que se refiere a las enmiendas. Segundo, dice que me estoy buscando una justificación y yo lo que justifico en este momento es que
no podemos acercarnos al informe de la ponencia ni siquiera con los esfuerzos que reconozco que han hecho ustedes para intentarlo en el tema de financiación. Como decía la señora Riera, lo que es verdad es verdad, aunque sea insuficiente, señor
presidente. Yo no negaré que se han hecho esos esfuerzos; ahora bien, no se ven cumplidas las demandas que hace este grupo. Esto también es verdad. No reabriré el debate, señor presidente, pero quiero que conste que el elemento básico y
fundamental por el que mi grupo no le da el apoyo en estos momentos es porque no ve satisfecha
su demanda con respecto a lo que sería en su opinión el compromiso de financiación de esta ley; de la otra ya hablaremos después.
El señor PRESIDENTE: Señor Revuelta, tiene la palabra con la misma brevedad.
El señor REVUELTA MÉNDEZ: No voy a reabrir el debate en absoluto. A la señora Riera le agradezco su buen tono y reconozco la honestidad que la caracteriza en todas sus intervenciones y que estoy seguro de que es así.
Evidentemente tenemos
puntos de vista diferentes en lo que supone el tema competencial y yo insisto en que mi grupo considera que no es el momento ni el marco adecuado para realizar una ampliación del marco competencial.
Simplemente.
Al señor Arola, quiero agradecerle
también su tono en esta intervención; son temas de debate. En cuanto a las transacciones que le hemos ofrecido, efectivamente ha habido, a nuestro juicio, 16 enmiendas transaccionales que les ofrecemos. Que a su juicio no son transaccionales; al
nuestro, sí. Desde nuestro punto de vista estamos intentando acercar posiciones y buena prueba de ello es esa transaccional que hoy mismo ofrecemos con el tema de la financiación y que me pone como justificación -no voy a decir como excusa- para no
darle ese voto favorable. Me gustaría en cualquier caso que acabase reconociendo que también en ese punto hoy deberíamos estar mucho más cerca que al comienzo, puesto que hemos hecho importantes esfuerzos para acercar posiciones. Y esa paradoja
con la que inició su intervención el señor Arola, no tiene justificación desde luego.
-PROYECTO DE LEY DEL ESTATUTO MARCO DEL PERSONAL ESTATUTARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD. (Número de expediente 121/000151.)
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de debate de este proyecto de ley, pasamos al segundo punto del orden del día: Proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud.
En primer lugar, tiene la
palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Aymerich, para la presentación y defensa de sus enmiendas.
El señor AYMERICH CANO: El Bloque Nacionalista Galego fue en su momento la única formación política que presentó una enmienda de totalidad de devolución, en la que pedíamos al Gobierno que se lo pensase mejor y que presentase a la Cámara
otro proyecto de ley para regular cuestiones, que en este caso sí compartimos, que es urgente regular y problemas que nosotros compartimos que es urgente resolver. Es urgente crear una norma básica, dentro de sus estrictos límites y términos, que
elimine la dispersión normativa, que elimine las lagunas que existen en el régimen del personal estatutario de los servicios de salud y que ponga orden en un panorama compuesto por resoluciones judiciales diversas, a veces contradictorias, y la
existencia de regímenes diferentes, sobre todo en un momento en el que se completa la territorialización o la transferencia de la sanidad a todas las comunidades autónomas; urgencia y necesidad que derivan también -y así lo apuntamos en su momento-
de trasponer dos directivas comunitarias de regulación de jornada y tiempos de trabajo cuya falta de trasposición había sido ya objeto de denuncia y de condena en el Estado español por una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 3
de octubre de 2000, que además declaraba estas directivas como directamente aplicables, es decir, invocables por cualquier persona, por cualquier destinatario de las mismas, ante cualquier tribunal competente del Estado español.
Lo que nosotros
discutimos -y así también lo manifestamos en el debate de totalidad- es que éste sea el estatuto marco que necesita el sistema estatal de salud. En primer lugar porque nos parece que la trasposición de las directivas comunitarias que se realiza en
el texto todo esto sea dicho a salvo de los acuerdos de última hora a los que se han llegado entre el grupo mayoritario y alguno de los otros grupos, que puede ser que no estén reflejados en el informe de la ponencia, a salvo de esto y a salvo de
que esta confirmación pueda reflejarse en la votación positiva del grupo mayoritario a ciertas enmiendas presentadas por otros grupos en el estado actual de la tramitación, al que debemos atenernos, desde nuestro punto de vista, incumple el objetivo
fundamental de estas directivas, que es mejorar la protección de los trabajadores, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Para nosotros, en materia de jornada y de descanso, no sólo en este proyecto de ley, incluso se empeoran las
condiciones actuales en las que trabajan muchos profesionales del sistema sanitario público. En cuanto a la jornada complementaria, porque se establece como obligatoria y como obligatoria con carácter general, hasta el punto de convertir en
irrelevante, desde nuestro punto de vista, la determinación de la jornada ordinaria. Todos los profesionales sanitarios públicos están obligados a realizar esta jornada complementaria, hasta el límite de 48 horas semanales, con tal de que
unilateralmente la dirección del centro establezca la oportuna instrucción. Además, esta jornada complementaria -y en este sentido no entendemos transaccionada una de nuestras enmiendas- no se define vinculada ni a la atención de urgencias ni desde
luego a la imposibilidad de establecer turnos.
Respecto a la jornada especial, para nosotros tampoco es lo mismo hablar de guardias que de exceso de jornada ordinaria. Una cosa son los turnos de guardia para atender las urgencias y otra cosa es el
exceso de jornada derivado de otro tipo de cuestiones, como
puede ser un doblaje obligado de turno, la realización de horas extraordinarias -que por cierto tampoco se consideran expresamente como tales- o incluso la supresión de días libres. El proyecto de ley otorga el mismo tratamiento a unos y a
otros supuestos: jornada complementaria, obligatoria hasta el límite de 48 horas, y sólo a partir de ahí con carácter voluntario. (La señora vicepresidenta, Fernández de Capel Baños, ocupa la presidencia.) Por parte del ministerio y por parte del
Grupo Parlamentario Popular se nos dice que nosotros hacemos una interpretación torcida de estas previsiones y que en ningún caso la dirección de los centros o los gestores del sistema van a utilizar estas normas en el sentido que nosotros
indicamos, pero desde luego la práctica y la experiencia son tozudas en demostrar cómo previsiones que en principio, sólo en principio, son excepcionales se convierten en norma general y cómo, frente a la normativa vigente en este momento sobre
jornada e incluso frente a resoluciones judiciales firmes, estas normas son retorcidas en su cumplimiento y en la práctica, como digo, la regulación general queda en papel mojado y la regulación especial, específica, excepcional, sirve como
justificación para los mayores incumplimientos de lo que debería ser, desde nuestro punto de vista, un régimen de jornada racional. Lo mismo sucede con respecto al descanso diario. Frente a las once horas fijadas en el artículo 3 de la directiva,
es cierto que el proyecto establece un período de doce horas entre el fin de una jornada y el inicio de la siguiente, pero de nuevo las excepciones contenidas en el texto amenazan con dejarlas en papel mojado y además sin compensación económica
alguna. Por ejemplo, el derecho a la libranza a la salida de la guardia se puede dejar sin efectividad, lo cual desde luego constituye un claro retroceso respecto de la situación actual, porque este período no se considera tiempo de trabajo,
incluso contra lo que vienen reconociendo los tribunales.
Disfrute del descanso semanal. Se establece un período de referencia de dos meses, que nos puede conducir a turnos de trabajo teóricos de hasta cuarenta días consecutivos sin descanso,
cuestión que nosotros tampoco consideramos oportuna. Hay otro tipo de previsiones que por brevedad tampoco voy a concretar. Por ejemplo, que los descansos diarios o semanales se considerarán disfrutados cuando se acumulen períodos de descanso que
sumen 96 horas semanales de promedio en cómputo trimestral y para esto se tienen en cuenta todos los períodos de descanso superiores a doce horas. Es decir que los festivos, los días de libre disposición y los permisos pueden ser utilizados por los
centros para considerarse como compensación de los descansos diarios y semanales no disfrutados de forma efectiva.
En otro tipo de materias, la regulación de la excedencia voluntaria, la regulación del régimen sancionador, la promoción interna
temporal, tal y como se regula, no nos parece satisfactoria, nos parece un paso atrás respecto de la situación actual. La regulación en el artículo 9 de la contratación temporal y de la contratación eventual va a permitir una mayor precarización y
segmentación de estos profesionales y la figura de los profesionales con contrato fijo o con relación fija a tiempo parcial, desde nuestro punto de vista supone un paso atrás incluso en contra de lo recomendado por la Organización Internacional del
Trabajo, que establece que este trabajo a tiempo parcial debe tener siempre carácter excepcional voluntario, y no es esto lo que hace el proyecto.
La disposición transitoria sexta, que establece que las prestaciones de carácter social previstas en
las disposiciones a que se refieren los apartados e), f) y g) de la disposición derogatoria única, es decir, los estatutos del personal facultativo, del personal sanitario y no sanitario, se mantendrán exclusivamente respecto de quienes ostenten
derechos objetivos ya adquiridos en el momento de la entrada en vigor de esta ley. Supone que los nuevos profesionales sanitarios no gozarán, por ejemplo, del derecho a percibir la totalidad de la retribución en caso de baja, que actualmente sí se
reconoce en los estatutos de personal facultativo, sanitario y no facultativo y no sanitario, ni tampoco de otras prestaciones. Por lo menos no aparecerá reconocido como tal derecho, tendrá que ser objeto de negociación, como anticipos, guarderías,
etcétera. Se pierde también en el proyecto de ley una ocasión de oro para solucionar un problema endémico que el ministerio -y es una opción política respetable, aunque desde luego no es la nuestra- no está dispuesto a resolver. Se renuncia a
exigir de una forma seria la exclusividad entre el ejercicio de la sanidad pública y la sanidad privada. Puede ser que no se quiera molestar a ciertos sectores, que no se quiera afectar a ciertos intereses corporativos o puede ser -y esto sería
incluso más preocupante- que se quieran posponer debates serios, como el del régimen retributivo de los profesionales sanitarios. Habría que empezar, si se empieza a exigir la exclusividad de forma seria, a discutir formalmente sobre un régimen
retributivo que en este momento sólo llega a niveles dignos a través de guardias o de peonadas, el gasto sanitario o las listas de espera. Nosotros seguimos pensando que las listas de espera, aparte de responder a otras deficiencias del sistema,
responden también a listas de espera que se crean artificialmente para hacer posible esa demanda en la sanidad privada por parte de profesionales que prestan también su servicio en la pública. Cuando desde el Bloque Nacionalista Galego defendemos
esta incompatibilidad y la exigencia seria de esta exclusividad no lo hacemos -ya lo manifestamos así en el Pleno- por ningún tipo de prejuicio ideológico, sino por una constatación empírica de que es mejor para el sistema.
En definitiva, a salvo
de lo que suceda después en las votaciones, vamos a mantener nuestro rechazo a este texto, vamos a mantener todas nuestras enmiendas,
tanto las que se entienden transaccionadas -no es desde luego nuestro entendimiento- como las que no, y aprovecho también este turno de intervención para dar por defendidas las enmiendas del resto de los grupos integrados en el Grupo Mixto y
las del Grupo Vasco, por expresa petición de su portavoz, la señora Uría, que en este momento se halla en Chile en un viaje de la Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (Fernández de Capel Baños): Por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Por fin el estatuto marco. Veinte años de espera para una norma absolutamente necesaria, una norma deseada y solicitada por los trabajadores, por los sindicatos de clase y por los grupos de oposición en esta
Cámara. Para Izquierda Unida, la necesidad del estatuto marco es obvia, tanto para el Sistema Nacional de Salud como para las propias comunidades autónomas, e imprescindible para las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública, pero
entendemos que esta norma no debe servir para introducir de forma unilateral elementos desreguladores y pérdidas de derechos laborales. Para Izquierda Unida el estatuto marco debe respetar las competencias autonómicas, debe construir una norma
útil, vertebradora y que cohesione el conjunto del sistema. Uno de los aspectos básicos del estatuto es hacerlo aplicable a todas las personas que trabajan en la sanidad, independientemente del tipo de contratación que tengan, lo que serviría para
establecer una clasificación profesional que, por un lado, se adapte a las nuevas titulaciones regladas, tanto universitarias como de formación profesional, y por otro, posibilite en el ámbito autonómico el diseño de sistemas de promoción y
desarrollo profesional que faciliten reclasificaciones ampliamente demandadas.
Desde Izquierda Unida planteamos también la exigencia de que se impongan criterios causales a la contratación temporal, que se impida, señorías, la acumulación de
contratos eventuales por más de doce meses en un período de 24, ya que estas plazas son estructurales y como tales deberían reconocerse. Igualmente es irrenunciable que se articule el derecho a condiciones de salud y protección en el trabajo. En
ese sentido mi grupo parlamentario propone una trasposición de la directiva comunitaria que limite la jornada laboral y permita la transformación organizativa de las guardias médicas, respetando los descansos semanales y entre jornadas. Se debe
definir de una forma negociada a qué personal le son de aplicación los tramos de exceso de jornada -estamos hablando de 48 horas-, limitar el volumen de jornada extraordinaria, de tal manera que se racionalicen las guardias y se aumente la actividad
programada sin que nadie vea mermada su capacidad adquisitiva actual y se consiga una reducción de jornada real. Además, si para algo consideramos imprescindible desde Izquierda Unida el estatuto marco es para promover y permitir la movilidad y la
permeabilidad entre servicios de salud. Esta movilidad no es sólo un derecho de los profesionales, sino que propicia la posibilidad de compartir conocimientos y experiencias en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Para que esa movilidad sea
real, tres son las cuestiones claves que han de modificarse en este texto que envía la ponencia a la Comisión.
En primer lugar, señorías, se necesita un sistema retributivo que siente bases estructurales, conceptos retributivos en todos los ámbitos
del Estado, es decir que los conceptos básicos y complementarios de todo el Estado sean similares y homologables. En segundo lugar, es importante que los conceptos de homologación de las distintas carreras profesionales tengan un lugar concreto y
específico para ser acordadas y este, desde el punto de vista del grupo al que represento, no puede ser otro que el foro marco para el diálogo social. En tercer lugar, señorías, para abordar la armonización de condiciones que pueden ser dispares,
la homologación de categorías, los sistemas de acreditación, el establecimiento de criterios básicos de formación continua, la fijación de objetivos y convocatorias coordinadas y conjuntas de empleo y movilidad, el sistema de carrera profesional, es
imprescindible la creación de una instancia negociadora entre sindicatos y administraciones sanitarias, que en este caso sería inequívocamente el foro marco para el diálogo social. Tampoco hay que olvidar que en los centros sanitarios hay personal
en formación, MIR, BIR, PIR y especialidades de enfermería, así como investigadores hospitalarios, y que estos colectivos deben ser incluidos como personal del sistema con los mismos derechos y deberes que el resto. Por último, el hecho de que el
estatuto marco se publique con toda la potencia derogatoria que tiene no puede ni debe significar que se produzca un vacío en el conjunto de condiciones de trabajo. Por eso desde Izquierda Unida introducimos enmiendas que garanticen el respeto a
las condiciones más beneficiosas que se contengan en pactos, acuerdos o convenios en vigor y el respeto a los derechos adquiridos y conquistados históricamente por los trabajadores y trabajadoras de la sanidad.
En cuanto a la carrera profesional,
estamos en contra de que se regule -lo hemos manifestado con anterioridad- en la ley de ordenación de las profesiones sanitarias, donde no es posible la negociación sindical. Hay más aspectos que consideramos lesivos en este proyecto, por ejemplo,
el mantenimiento del tratamiento discriminatorio del personal en formación; la no incorporación de límites para el abuso de la contratación temporal, dejando en manos de los gerentes la causa del cese; y que siga sin contemplarse límite geográfico
y temporal alguno en el caso de la movilidad por razón de servicio; los planes de ordenación de recursos humanos, movilidad forzosa y, por último
continúa sin regularse el ámbito de negociación sindical estatal, con lo que en la práctica el foro marco para el diálogo social aparece sin que se detallen claramente sus contenidos y prácticamente con un exclusivo papel asesor de la
comisión de recursos humanos.
El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señorías, no planteó enmienda a la totalidad de este proyecto de ley de estatuto marco partiendo de la actitud de consenso que caracteriza a esta Comisión, de la
actitud de diálogo que ha presidido la voluntad política del ministerio, esperando que en el trámite de debate parlamentario se acercasen posturas planteadas por los distintos grupos de la Cámara y particularmente por las enmiendas que planteaba el
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y que responden mayoritariamente a las demandas ampliamente reclamadas por los trabajadores estatutarios y otros sectores sociales. No obstante, y reconociendo que ha habido avances muy importantes
hasta ahora en la tramitación parlamentaria de este proyecto de ley, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tenemos que señalar algunas cuestiones que entendemos que van a ser superadas en el trámite de esta mañana, lo que haría
posible que nos acercáramos a la norma con una mirada más amable. (El señor presidente ocupa la presidencia.) En definitiva, hemos trabajado, tanto en la presentación de nuestras enmiendas como en las negociaciones que hemos venido manteniendo con
el ministerio, para evitar que se utilice la trasposición de una directiva de salud laboral para permitir que voluntariamente el personal del Sistema Nacional de Salud pueda trabajar 48 horas semanales. Izquierda Unida ha presentado una enmienda
para evitar que se introduzca la voluntariedad, y espero que haya respuesta positiva del Gobierno porque, repito, esta es una cuestión importantísima y no rectificar en esto supondría un retroceso brutal en lo que tiene que ver con los derechos de
los trabajadores. Hemos trabajado también para evitar que cuando ya en la mayoría de las comunidades autónomas de este país se reconocen mayoritariamente los derechos del denominado personal de refuerzos, en esta ley se retroceda una vez más y se
vuelva a dar un paso atrás en el proyecto que se nos presenta, introduciendo de nuevo el fenómeno del trabajo precarizado. Las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, si son aceptadas por el equipo de Gobierno,
pueden tranquilizar a los trabajadores de la sanidad y, por supuesto, a los grupos parlamentarios, porque entiendo que este problema debe ser resuelto y tengo la confianza de que lo será a lo largo de este trámite.
También hemos trabajado en la
descausalización de la contratación del personal eventual. La falta del mandato legal para indicar las causas de cese de este personal dejan prácticamente la extinción de los contratos a la arbitrariedad de los centros. La situación, por tanto,
resultante de lo que plantea el texto de la ponencia al día de hoy es peor que la establecida por el Estatuto de los Trabajadores. Izquierda Unida también enmienda este aspecto de la ley y espera que sea corregido a lo largo de este trámite.
La
posibilidad abierta en el artículo 3 y el mantenimiento en vigor del artículo 84.2 y 3 de la Ley General de Sanidad, como consecuencia de una enmienda del Partido Popular, repecto al desarrollo de estatutos por categorías en cada comunidad autónoma,
se opone, en nuestra opinión, a la armonización de las condiciones de trabajo. Se opone incluso a la tímida filosofía que ustedes esbozan o pretenden esbozar en la LOPS sobre el trabajo multidisciplinario y de equipo. Se incurre así, en nuestra
modesta opinión, en una clara contradicción, propiciando la guerra funcional entre categorías, con el consecuente deterioro de la calidad de la prestación de los servicios, en definitiva, con las consecuencias lógicas que van a padecer no sólo los
trabajadores, sino todas y todos los usuarios de la sanidad pública. No podemos -lo digo siempre- poner el marchamo de calidad a todas las leyes. Acabamos de aprobar una ley, la de calidad y cohesión, y el marchamo de calidad está muy bien, pero
la calidad hay que garantizarla, y la única manera o una de las cuestiones claras para garantizar la calidad en la oferta sanitaria pública es que los trabajadores estén motivados, contentos, que se sientan respetados y formen de un modo natural
parte del sistema. Se abre en esta norma la puerta a las presiones ante los gobiernos autónomos y a las reivindicaciones corporativas, propiciando la búsqueda, en nuestra opinión, de modelos de relaciones laborales parejos a fenómenos que hemos
padecido en este país y que han causado gravísimos perjuicios a los servicios públicos. Me estoy refiriendo, señorías, a las huelgas de pilotos del SEPLA. Sí, porque cuando uno tiene la responsabilidad política de legislar, tiene que saber que la
complejidad de esta norma exige tener en cuenta todo eso. Si se hace de modo inconsciente, es grave y si se hace de modo consciente, es más grave aún porque estas prácticas corporativas ya las hemos padecido los usuarios de la aviación civil de
este país.
Se renuncia también a la armonización de las relaciones laborales. Hay una cierta -yo no diría clara por ser lo más honesta posible- atomización de la carrera profesional, sin participación sindical, en el desarrollo autonómico; hay
una clara negación de la negociación para la creación de supresión de categorías. Ambos elementos podrían significar, en nuestra opinión, la ruptura de la movilidad en el sistema, propiciando un efecto celda. A pesar de que las enmiendas que
Izquierda Unida ha presentado en relación con estas cuestiones no han sido recogidas, ni ninguna otra de otros grupos que venga a resolver esta cuestión, insisto en pedirle al Grupo Popular, que todavía está a tiempo de reflexionar, que impida la
ineficacia de la norma teniendo un poco más de cintura de la que han tenido para negociar con los grupos parlamentarios y resolver esta cuestión que, como la anterior que he señalado, nos parece que
queda pendiente, por lo que nos sigue preocupando. No obstante, teniendo en cuenta los avances conseguidos, sobre todo si se sustancian a lo largo del tramite parlamentario de esta Comisión, y con la casi absoluta certeza de poder
incorporar en el resto de la tramitación parlamentaria modificaciones que solventen las críticas enunciadas, en política toca ser valiente y hoy me toca a mí serlo. La posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre el texto que
hoy se presenta va a ser favorable a pesar de todas las críticas que le hemos hecho y le seguiremos haciendo y a pesar de que no renunciaremos a seguir mejorándolo. Sin embargo, vamos a votar a favor porque, aunque sólo satisface moderadamente
nuestros planteamientos, es una norma esperada.
Si el Grupo Popular admite las enmiendas 33, 17 y 18 de Izquierda Unida, además de haber transaccionado en ponencia la 28 y 29 al artículo 40, nosotros no vamos a decir que es una norma estupenda,
pero sí que es una norma necesaria, esperada por los trabajadores y las trabajadoras y que va a ser útil, aunque, repito, sería deseable que fuera manifiestamente mejorada a lo largo del trámite parlamentario.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Con permiso de la señora Castro, voy a copiarle una frase que acaba de decir. Ha dicho que en política hay que ser valiente, y yo estoy de acuerdo, señora Castro.
No con satisfacción, pero sí con convicción, y en
virtud de que comparto el principio de que en política hay que decir las cosas claras y por lo tanto hay que ser valiente, anuncio que, tal como está el texto de la ponencia, mi grupo parlamentario no le puede otorgar su confianza y, por lo tanto,
nuestro voto será negativo aunque desearíamos poder modificarlo en este trámite. Mi objetivo y el del grupo parlamentario que represento, como comprenderán, es que a través de estas leyes, muy importantes, que estamos discutiendo al final de una
legislatura, pudiéramos compartir la satisfacción de que en esta legislatura, además de haber terminado por completo el traspaso de las competencias en materia de sanidad a todas las comunidades autónomas -que yo valoro positivamente y mi grupo
siempre lo ha dicho así-, que durante tantos años era una asignatura pendiente y que hay que reconocer que el Gobierno del Partido Popular la ha resuelto, se dejen resueltas cuestiones laborales tan importantes para los profesionales del sistema y,
al fin y al cabo, para todos los usuarios del sistema de salud.
Esta ley, que inició su tramitación de una manera razonablemente buena porque, al contrario de lo que ha pasado con la LOPS, que ha entrado en la Cámara con mucha precipitación, se
había discutido en el foro oportuno, que era el Consejo interterritorial de Salud, por lo tanto con la participación completa, exhaustiva y tantas veces como fue necesaria de las comunidades autónomas, no sé por qué motivo -o si lo sé, para qué
decirlo-, al final se modificó, alterando los acuerdos ya prácticamente conseguidos. Por lo tanto, se perdió la oportunidad de que la ley llegara a la Cámara ya acordada por las comunidades autónomas y entró un texto que no se correspondía con este
ambiente de previo acuerdo. Esto ha obligado a que en el trámite de ponencia, todos, incluido también el Grupo Popular, hayamos tenido que trabajar muchísimo para intentar volver a acercar posiciones.
Mi grupo parlamentario presentó en el registro
43 enmiendas a esta ley. De ellas, hemos transaccionado 13, literalmente o de forma satisfactoria, hemos retirado cinco por considerar que también estaban subsumidas y mantenemos vivas 25 enmiendas. De estas 25, hay algunas, a las que me voy a
referir, que para nosotros no tienen matices, son blanco o negro. Y retomo lo que he dicho al comenzar mi intervención cuando me refería a que en política hay que ser valiente, como decía la señora Castro. Me estoy refiriendo en concreto a las
enmiendas que mi grupo tiene registradas con los números 209 y 210, que se refieren al ámbito de aplicación de la ley. Estamos ante una ley básica; el Gobierno ha querido que lo sea, y por lo tanto obliga a todos. El texto de la ponencia, en lo
que hace referencia al artículo 2.3, relativo al ámbito de aplicación de la ley, a pesar de haber sufrido varias modificaciones, que son intentos de negociación y, por tanto, de acuerdo, hoy por hoy, tal como está presentado, no es satisfactorio
para mi grupo parlamentario, y esta insatisfacción nos imposibilita votar a favor del informe. ¿Por qué? Porque en Cataluña se dan unas circunstancias que yo entiendo que no son traspasables a otras comunidades autónomas. Esto no es una virtud ni
un defecto, simplemente es la realidad, es como es. Nuestro personal sanitario, que forma parte del sistema y que lleva ejerciendo durante muchos años con un nivel de profesionalidad que todo el mundo reconoce que está, sin que se entienda como un
agravio comparativo, muy por encima de los estándares aceptables, tiene unas categorías laborales reconocidas, que en Cataluña son fruto de una historia que en otros sitios no se da y que nosotros, a través de esta ley, no podemos ni queremos
modificar. La enmienda que con nuestras enmiendas números 209 y 210 pretendemos circunscribir que esta ley básica se aplique, como casa con el título de la ley, al personal estatutario. Esta es una cuestión de principios. No se trata de que las
condiciones del personal de Cataluña sean mejores o peores, no se trata de que queramos hacer agravios comparativos con otras comunidades autónomas; se trata de que el personal de nuestro sistema tiene unas condiciones laborables propias que no se
pueden vulnerar por una ley, por más que se la considere básica.
Aprovecho el marco de esta Comisión para plantear al Grupo Popular la posibilidad de que lo que no hemos conseguido en ponencia lo consigamos aquí,
que me presenten una transacción en cuanto al ámbito de aplicación de la ley, y si la transacción es favorable, salvada esta circunstancia, otros aspectos de la ley que siguen figurando como enmiendas vivas podrían dejarse pendientes de
negociar, ya sea en el Pleno del Congreso o en forma de enmiendas en el Senado. Pero si no solucionamos previamente lo relativo al ámbito de aplicación, casi todo lo que está detrás -por decirlo de una manera simple- ya es baladí, porque
utilizaríamos lenguajes muy distintos. Les lanzo la oferta, que espero que recojan, porque queda claro que la aceptación o no de esta oferta condiciona absolutamente que de aquí salga un voto negativo o, por el contrario, estemos abiertos a seguir
discutiendo.
Por no ceñirme simplemente a este tema -a pesar de ser de enorme importancia-, quiero reseñar que, aparte de las enmiendas transaccionadas, con nuestra aportación y la de los grupos de Izquierda Unida, Mixto y Socialista hemos mejorado
e incluso reconducido el marco de acuerdo que se había perdido, pero seguimos teniendo enmiendas vivas que son importantes. La enmienda 211 es para nosotros importante, pues pensamos que el ámbito de lo contencioso-administrativo es el que
corresponde a los litigios del personal estatutario. Es importante la enmienda 218 porque si bien el Grupo Popular la ha interiorizado de alguna manera -la enmienda hace referencia a que se tenga muy en cuenta la reserva del cupo de plazas para
personas con discapacidades-, no contemplaba esta acepción. En el informe de la ponencia ya se contempla, pero, desde nuestro punto de vista, aún de forma insatisfactoria.
Nosotros pedimos una reserva de cupo de plazas del 5 por ciento, y en la
ponencia se habla de un 3, si bien coincidimos en que la tendencia sería aumentarla en 2, pero pensamos que si es una voluntad compartida por todos los grupos tener muy presente que la igualdad de oportunidades también pasa, y de manera muy
principal, por que las personas con discapacidad no se vean mermadas, tendríamos que ser un poco más generosos en estas cuestiones.
Hay enmiendas que son de criterio competencial y en las que con toda sinceridad podría reiterar lo que he dicho
anteriormente respecto a la LOPS: no se acaban de creer que las comunidades autónomas somos capaces y suficientes y además no sólo estemos legalmente capacitadas con la obligación de ejercer nuestra responsabilidad, sino que la mayoría hemos
demostrado que lo hacemos razonablemente bien, si se me permite la expresión. No entendemos, por ejemplo, cómo en el artículo 31.8 del texto que presentaba el Gobierno se siguen planteando injerencias competenciales, por ejemplo, cuando señala por
qué miembros deben estar compuestos los tribunales. La redacción actual del texto de la ponencia obliga a que todos los miembros del tribunal sean personal fijo, excluyendo de su composición, por ejemplo, la figura del gerente del centro o de una
institución, pues evidentemente un gerente, por sentido común, no es una persona fija, o puede serlo, pero por definición no tiene por qué serlo. Nos parece inconcebible que a través de esta ley, una ley básica, nieguen ustedes la posibilidad de
que un hospital escoja a los miembros que forman parte de su tribunal o que pueda designar al gerente o a la persona que ellos decidan. Es incomprensible, no entendemos la voluntad intervencionista de entrar en estos detalles.
Respecto a nuestra
enmienda 225, al artículo 38, el actual proyecto de ley otorga a la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud la competencia para establecer criterios y directrices respecto a dichas convocatorias, mantiene una injerencia en las
competencias de las comunidades autónomas sobre dicha materia y la intensifica; no sólo la mantiene -vuelvo a lo que he dicho anteriormente-, sino que redunda en ella, la intensifica en tanto que si antes se trataba sólo de informar, ahora se trata
de establecer criterios y directrices a los que posteriormente habrán de ceñirse las comunidades autónomas. A nuestro parecer, cada comunidad autónoma deberá tener plena competencia para decidir cuándo hace las convocatorias y, es más, dónde las
hace. Esta insistencia en estar anclados y revalidar un modelo que ha quedado superado y que es obsoleto la denunciamos por un lado como injerencia en nuestras competencias, pero además la criticamos como la pérdida, como he dicho anteriormente, de
una oportunidad para mejorar la situación actual.
En resumen, señorías, señor presidente, no nos gusta el texto que se trae para aprobación. No nos gusta por su injerencia en nuestras competencias; no nos gusta por ser reglamentista, por tanto,
excesivo en aquellos aspectos que considera básicos, y sobre todo nos resulta intolerable a que el ámbito de aplicación que define en su articulado. Dejo abierta la posibilidad de que pasemos de lo intolerable a que simplemente no nos guste, para
acabar en un punto de acuerdo que, por descontado, sería más deseable. Insisto en que mi grupo parlamentario no agota hasta el final las posibilidades de buen entendimiento, sino las deja abiertas, pero tienen unas condiciones sine qua non.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Arola.
El señor AROLA BLANQUET: Señor presidente, hagamos un poco de historia, si les parece, señorías, sobre lo que hemos dicho en sede parlamentaria respecto al estatuto marco, tanto lo dicho por la anterior portavoz del Grupo Socialista, la
señora Valentín Navarro, como por el que en estos momentos les habla.
Primera afirmación: es una ley necesaria, una ley, además, prevista en la Ley General de Sanidad. Ha pasado el suficiente tiempo, los dos grupos mayoritarios hemos gobernado
porque los ciudadanos nos han dado esa responsabilidad, y la necesidad de la ley se hacía cada día más palpable.
Por tanto, ¿es necesaria? Sí. De la misma manera que en la anterior ley este portavoz
ponía en duda su necesidad, en esta tengo que responder a la pregunta sobre si es necesaria con un sí.
¿Hemos puesto alguna condición previa sobre cómo tenía que ser el estatuto? También, señor presidente. Cuando compareció la entonces
ministra señora Villalobos, allá por el 13 -de lo de 13 no tengo yo la culpa- de febrero de 2002, para explicar, de forma bastante etérea -tan etérea que nunca remitió su equipo el proyecto de estatuto marco-, ¿qué se le decía en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista? Que era un documento que tenía que armonizar y vertebrar el Sistema Nacional de Salud y tenía que dar cohesión a las condiciones de los profesionales que están trabajando, se decía, los que lo estuvieran, obviamente. Se
decía que tenía que nacer con el máximo consenso posible y se situaba ese consenso en dos ámbitos: en el Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud y en las fuerzas sindicales más representativas. Tenía que estar relacionado este
estatuto, señor presidente, decíamos entonces, con un futuro Estatuto de la Función Pública. El entonces ministro de la Función pública -y ustedes entenderán que no recuerde quién era porque es un puesto que cambia mucho; si no me equivoco,
recientemente también ha cambiado el titular de este ministerio- había anunciado el libro blanco que también habían anunciado todos y cada uno de los ministros que han ido pasando por ese ministerio. Decíamos también que queríamos que en algunos
aspectos se acercara al modelo LOGSE, en cuanto a carrera profesional, en cuanto a grupos, etcétera. Pedíamos que fuera un proceso transparente. También decía entonces la señora Valentín que se echaba en falta la constitución de una mesa sectorial
de negociación del Sistema Nacional de Salud. Decía que no era bueno negociar bilateralmente con cada sindicato o con cada colectivo. Hablaba, repito, de la relación entre el libro blanco de la Función pública, el estatuto y el estatuto marco, de
la necesaria adecuación a la legislación europea, y no solamente desde el punto de jornada, sino también en otros aspectos.
Pedía además el Grupo Socialista que no fuera excesivamente reglamentista; que se respetaran las competencias de las
comunidades autónomas; que potenciara el carácter de trabajo en equipo y multidisciplinar; que facilitara la gestión de los recursos humanos, y añadía literalmente: pero que no permitiera sorpresas posteriores y que tuviera las previsiones de
trascendencia económica que supusiera dicho estatuto -ya volvemos a estar en la financiación-; seguía haciendo una serie de preguntas. Cuando se vio la enmienda a la totalidad, llegado el estatuto marco al Pleno del Congreso de los Diputados, este
portavoz señalaba que sobre lo que habíamos dicho ya anteriormente algunas fuerzas sindicales decían que no había existido un auténtico proceso de negociación, que lo que había existido había sido un proceso de consultas bilaterales, lo que en el
año 2002 decíamos que no era bueno. Eso fue lo que ocurrió. Decíamos también que nos encontrábamos con que la memoria económica decía que no había coste presupuestario. Como esta argumentación ya me la han oído sus señorías suficientemente, den
la por reproducida, que es como se dice en otros foros.
Les he dicho en mi anterior intervención que estamos escaldados con lo previsto en el fondo de cohesión, y quisiera ponerles un ejemplo. Cuando discutíamos los Presupuestos Generales del
Estado para el año 2003, cuando los estaban aprobando las Cortes Generales, es decir, cuando no estaba aprobado todavía, la memoria económica y la de la Ley de cohesión cambiaba de destino 18.300.000 euros, que significaba el cien por cien de la
partida presupuestaria que en teoría íbamos a aprobar. Que gran contradicción, señorías, que estando el texto en tramitación y recibiendo en aquellos momentos los votos del Grupo Popular él dijera en su memoria económica: Ustedes pueden votar
esto, pero nosotros lo vamos a cambiar.
Esto se refleja en documentos que están en sede parlamentaria, y si quieren podemos recurrir al artículo reglamentario pertinente para poder dar lectura de ellos en el Pleno, por si ustedes tienen alguna duda
al respecto.
De las preguntas y de los deseos que nosotros manifestábamos ¿después de la presentación y tramitación del Estatuto nos encontramos con que han sido atendidas las demandas, las peticiones que entonces hacíamos, las orientaciones que
entonces dábamos? La respuesta es no; nuevamente la respuesta es no. Por tanto, uno se plantea, más acá de lo concreto de las enmiendas -esta vez no diré el número de las que han quedado pendientes, pero son muchas más que en la ley anterior;
muchas más, y SS.SS. lo saben-, que hay que tomar decisiones. Voy a decir la decisión global que vamos a tomar nosotros. Teniendo razones -y pienso explicar alguna- fundamentales para el no, pero coincidiendo en una serie de elementos en la
necesidad que tiene este estatuto de permitir al conjunto del sistema nuevas fórmulas de gestión, o sea, las adecuadas al tiempo de hoy, les anuncio que nosotros vamos a mantener una posición de abstención beligerante. No nos acaba de gustar este
texto y queremos señalar brevemente algunos elementos, señor presidente -en todo caso usted, con su tradicional buena dirección, excepto cuando pensamos que lo hace mal, me llama al orden con respecto al tiempo-, por ejemplo, la falta de
financiación, y para que no crean ustedes que soy un pesado no la reiteraré. Por cierto, voy a darles una noticia. Como hay que tomar decisiones, acepto la transaccional que me han ofrecido a las dos leyes; se las acepto, pero les digo además que
sigue siendo insuficiente. Se las acepto, porque esto demuestra que necesitamos dinero para el desarrollo de las dos leyes. Como punto de encuentro les acepto la transaccional tanto a una ley como a la otra, pero este estatuto sigue sin gustarme.
Hay una cosa que nos preocupa mucho y es que entendemos que abre el camino a futuros estatutos por categorías en el desarrollo
autonómico, porque han desaparecido determinadas derogatorias, como SS.SS.
saben, del artículo correspondiente de la Ley General de Sanidad, y entonces seríamos absolutamente beligerantes en el no. Queda el Pleno y queda el Senado, donde
habrá que aclarar mucho este tema. Creemos que la directiva europea no está bien traspuesta. Es necesaria la participación sindical, que no recoge este texto, y les voy a poner algún ejemplo: para vigilar el cumplimiento de la directiva, para la
homologación de las categorías, para las convocatorias de traslado y para la posible aplicación futura de otras directivas que en un momento determinado puede haber. Seguimos creyendo que es una razón para el no porque las referencias a la jornada
mucho nos tememos que puedan empeorar las actuales condiciones de trabajo. Si uno lee el artículo 51.1, párrafo segundo -y cito de memoria-, cuando dice que se pueden organizar de forma funcional jornadas de 24 horas, a nosotros se nos ocurre que
esto es muy peligroso para el sistema, para el trabajador y para el usuario. Léanse el segundo párrafo del artículo 51.1. Nosotros creemos -y voy terminando- que en el sistema de selección se puede llegar a dar la paradoja de que los centros
privados participen en la selección del personal estatutario. No existe definición de la jornada horaria de trabajo ni se precisa el límite máximo de la misma. Yo les decía ayer en ponencia que es posible que haya un abanico amplio de jornada
máxima en las distintas autonomías, ¿pero vamos a hacer un estatuto derogando los estatutos anteriores sin decir cuál es la jornada máxima en una ley básica, para que después cada Administración, si lo quiere, pueda hacer esa reducción por convenio,
como así se dice? El límite de las 48 horas, las jornadas y los descansos diarios, no se garantiza el descanso semanal de las 36 horas, seguimos viendo un déficit de participación en las mesas negociadoras y creemos que la mesa del Sistema
Nacional de Salud debería recibir nuevas aportaciones, nuevas funciones. Por tanto, señorías, no compartimos los optimismos que hemos oído. Compartimos la necesidad de la ley. Hemos establecido cuáles son los riesgos, y he citado algunos, por no
ser exhaustivo, de los problemas fundamentales que nos plantea este texto. Ya saben ustedes cuál va a ser nuestra posición.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: Como otros portavoces que me han antecedido, es importante comenzar esta intervención destacando que por fin estamos debatiendo un proyecto de estatuto marco que es una ley necesaria, no sólo porque fuera un mandato
que contenía el artículo 84 de la Ley General de Sanidad, al que había que dar cumplimiento, al menos mientras estuviese vigente -ahora como consecuencia de esta tramitación puede quedar derogado-, sino sobre todo porque los viejos estatutos que
vienen de sesenta o setenta, con otro régimen político y la nueva circunstancia de la organización territorial del Estado, de la Administración de las comunidades autónomas, hacían inviable ya que, según ha dicho algún portavoz, pudiesen seguir
vigentes. Han sido una fuente de litigios.
Convenía, por tanto, abordar un proyecto de ley que tuviese en cuenta estas dos circunstancias: en primer lugar, una regulación unitaria para el personal del sistema básico aplicable en todo el Estado,
sin perjuicio de las competencias de desarrollo que tendrán las comunidades autónomas y, en segundo lugar, una regulación de todos los aspectos básicos de la relación funcionarial. Es importante destacar que la ley opta en su artículo 1 por dar el
carácter de funcionarial a la relación estatutaria.
A partir de ahí lógicamente la ley desarrolla todos aquellos aspectos propios de una relación funcionarial, aunque adaptados a las necesidades de un sistema sanitario, a las características del
personal que presta los servicios en él y a las múltiples circunstancias que hacen que este personal tenga unas singularidades que requieren, como esta ley demuestra, una regulación muy particular.
En este debate hemos visto que los diversos grupos
parlamentarios han formulado reparos al proyecto de ley, tal como aparece ahora en el informe de la ponencia, pero todos ellos han mantenido una actitud abierta para lograr un consenso a lo largo de toda la tramitación parlamentaria que, como se ha
destacado por algún portavoz, es tradicional en los proyectos de ley que ha venido debatiendo esta Comisión a lo largo de esta legislatura. Esperemos que así sea por parte del Grupo Popular y del Gobierno, que desde la ministra a muchos cargos del
ministerio y asesores han recibido a representantes de todos los grupos para debatir con ellos, para escuchar sus sugerencias; para incorporar al texto muchas de esas sugerencias, y digo también por parte de nuestro grupo, porque ha incorporado en
ponencia muchas enmiendas, como han reconocido algunos partidarios. Esa actitud existe y es bueno que exista también en los otros grupos para ver si al final logramos que la tramitación culmine con un texto que consiga el mayor respaldo posible.
En la tramitación del proyecto de ley presentamos como grupo algunas enmiendas que se han incorporado al informe de la ponencia y, aunque hoy no vayan a ser votadas aquí, me parece destacable que el Grupo Popular haya hecho sus aportaciones al
texto. Fue la enmienda número 200, del Grupo Popular, la que intentó concretar el ámbito de aplicación de la ley, no satisfactoriamente para algún grupo, especialmente para el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), aunque ahora les
ofreceremos una enmienda transaccional, pero siempre teniendo en cuenta que, si por una parte estábamos ante una ley estatal, una ley básica de aplicación en todo el Estado, también teníamos muy claro que existen unas competencias de las comunidades
autónomas que había que respetar. En ese sentido han ido todos nuestros esfuerzos y vamos
a seguir haciéndolo. Nos ha sorprendido que haya grupos, por ejemplo, Izquierda Unida, cuya portavoz se ha referido a una posible atomización del sistema con una regulación demasiado dispersa, y otros, como Convergència i Unió, que
representa a un partido nacionalista, nos achaca lo contrario y teme que pretendamos con este proyecto de ley regular las relaciones del personal que ellos consideran que tiene su propia regulación de acuerdo con las competencias de su comunidad
autónoma.
Estamos logrando un equilibrio, y en ese sentido va la enmienda transaccional que ofreceremos a Convergència i Unió; de todas formas, ya era esa nuestra intención, por eso presentamos allí una enmienda.
Hemos incorporado en la ponencia
nuestra enmienda 202, que se refiere a la reserva de plazas para el personal con minusvalía. Aquí tanto el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) como el Grupo Parlamentario Socialista han presentado enmiendas. No es que nosotros no
consideremos deseable, como hacen ellos en sus enmiendas, llegar a una reserva del 5 por ciento para las personas con discapacidad. Lo que ocurre es que nos parece más práctico remitir esta cuestión a la legislación general de la función pública, y
en ese sentido actualmente incorporamos a la ponencia el porcentaje del 3 por ciento, pero con el deseo de que esto se pueda ver en otras leyes de un ámbito mucho más general. Por lo tanto, la previsión que tenemos en el informe de la ponencia, y
que vamos a mantener -por eso no se van a votar a favor las enmiendas de estos grupos en este sentido-, es que en cuanto cambie el régimen general de la función pública automáticamente también quedará cambiada la reserva de plazas que se contiene en
este proyecto de ley. Por lo demás, hemos introducido ya algunas mejoras técnicas, pero creo que lo importante es referirse -porque es el objeto del debate- a las enmiendas que nos presentan los demás grupos y a sus intervenciones.
Respecto a la
intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, lamentamos que entienda que las transacciones que creemos que se han logrado y que se han incorporado al texto en la ponencia no satisfacen lo que pretendían
sus enmiendas. En concreto, me refiero a sus enmiendas números 61, 66 y 78. De todas formas, nosotros consideramos que hemos dado acogida, al menos en parte, a lo que en ellas se trataba, y esperábamos que el Grupo Parlamentario Mixto, en concreto
el Bloque Nacionalista Galego tuviera la generosidad de reconocerlo así y de acercar un poco sus posturas. Este grupo ha criticado fundamentalmente la trasposición de las directivas europeas. Lógicamente, en su intervención ha mencionado
especialmente todo lo referente a la jornada, al tiempo de trabajo y a los descansos; cuestión que ha ocupado también buena parte de las intervenciones del Grupo Socialista. Desde nuestro punto de vista, el proyecto de ley recoge una incorporación
ajustada a lo que disponen las directivas europeas. No se aparta de las previsiones de las directivas. Las excepciones que se contienen en el proyecto se contienen también en las directivas. Lo que no podemos pretender es una lectura parcial de
las directivas y aplicar sólo aquello que son principios generales y no sus excepciones, tanto más necesarias cuando estamos hablando de servicios sanitarios y de la necesidad de dar siempre una atención continuada. Se trata de que el servicio esté
siempre a disposición del paciente, y eso lleva lógicamente a que haya que prever excepciones y a veces restricciones. No obstante, compartimos con algunos grupos la preocupación por que esas excepciones no sean una puerta abierta a una regulación
anárquica o incluso abusiva para los trabajadores del sistema. En ese sentido, la portavoz del Grupo de Izquierda Unida había presentado algunas enmiendas que se referían, si no a la jornada y a los descansos, sí a la contratación temporal y en
concreto a la contratación de personal eventual. Después de haberlo estudiado, creemos que podemos llegar a una aproximación a la postura del Grupo de Izquierda Unida, por eso hemos redactado dos enmiendas transaccionales que proponemos al Grupo de
Izquierda Unida, concretamente a sus enmiendas número 17 y número 18. En la número 17 modificaríamos el artículo 9.3, en concreto el párrafo b. En este párrafo diríamos simplemente que el movimiento de carácter eventual se expedirá en los
siguientes supuestos: b) Cuando sea necesario para garantizar un funcionamiento permanente y continuado de los centros sanitarios. El último párrafo de ese artículo 9.3 también se modificaría, si se acepta por Izquierda Unida esta enmienda
transaccional, y tendría la siguiente redacción: Se acordará el cese del personal estatutario eventual cuando se produzca la causa o venza el plazo que expresamente se determine en su nombramiento, así como cuando se supriman las funciones que en
su día lo motivaron. En cuanto a la transaccional a la enmienda número 18 del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida estamos de acuerdo en suprimir el número 5 de este artículo 9, con lo cual el actual número 6 del informe de la ponencia
pasaría a ser el número 5. Hay también otra enmienda transaccional que ofrecemos a Izquierda Unida, en concreto a su enmienda número 33, y que sí tiene que ver en este caso con el tiempo de trabajo y los descansos. Ha mostrado la portavoz de
Izquierda Unida una preocupación por que los servicios de atención continuada se extendieran a todo el personal, incluso a aquellos que actualmente no están obligados a realizarlos. Nosotros creemos que resolvemos esta cuestión redactando que la
realización de la jornada complementaria sólo será de aplicación al personal de las categorías y unidades que con anterioridad a la entrada en vigor de esta ley venían realizando una cobertura de atención continuada. Por tanto, creemos que nadie
que actualmente esté exento de esa obligación va a adquirirla con motivo de la entrada en vigor de la ley. Con ello respetamos la
intención de la enmienda de Izquierda Unida y esperamos que nos acepte esa transacción.
Por lo demás, Izquierda Unida ha mostrado a través de su portavoz, la señora Castro, otras preocupaciones, en concreto con respecto a la carrera
profesional. En ponencia se alcanzó una transacción con ella para añadir un cuarto párrafo al artículo 40. La postura que nosotros hemos mantenido es, habiéndose regulado la carrera profesional en la ley de ordenación de profesiones sanitarias,
trasladar en este proyecto de ley sus criterios y tener en cuenta alguna singularidad, que es lo que en este artículo 40 se recoge. En cualquier caso, creemos que ese número 4 que se le añade puede ya satisfacer las expectativas. También ha
mostrado la portavoz de Izquierda Unida su preocupación al considerar que no está bien regulado el derecho a la negociación colectiva o está restringido.
Nosotros entendemos que con la remisión que tiene el artículo 11, que crea por otra parte el
foro marco de diálogo social, a la Ley 9/1987 y con el reconocimiento del derecho colectivo a la negociación colectiva en el artículo 18.d), es suficiente para que este derecho esté plenamente garantizado a los profesionales del sistema. Tener que
repetir ahí, como creo que ha dicho también el portavoz socialista, aquellos aspectos a los que se ha de referir la negociación nos parece absolutamente innecesario porque la Ley 9/1987 lo recoge; de hecho, ninguno de los aspectos que ha dicho el
señor Arola está excluido en la Ley 9/1987, por lo tanto, no parece que sea necesario. En cualquier caso, hemos de mostrarle a Izquierda Unida, como grupo parlamentario que apoya al Gobierno en este proyecto de ley, nuestra gratitud por la
generosidad que ha tenido al anunciar que va a votar favorablemente el texto del informe de la ponencia. Por supuesto, puede tener la garantía de que continuamos abiertos a cualquier negociación que pueda mejorar el texto.
Con respecto a la
intervención de la señora Riera, portavoz del Grupo de Convergència i Unió, y sobre todo con respecto a sus enmiendas números 209 y 210, que le preocupan -para ella son determinantes de la posición que haya que adoptar con relación a todo el
proyecto de ley porque inciden en lo que es el ámbito de aplicación de la ley, por lo tanto, en las garantías de que no se invaden las competencias de las comunidades autónomas y, en concreto, de la Generalitat de Cataluña-, como he dicho antes,
estamos tratando de ser y siendo -estoy convencido- absolutamente respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas y queremos disipar cualquier duda por parte de este grupo parlamentario. Entendemos que el texto del proyecto de ley y
el informe de la ponencia pueden tener una cierta petición de principio, porque estamos hablando de un proyecto de ley que se llama del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud, cuyo artículo 1 dice que la presente ley tiene
por objeto establecer las bases reguladoras de la relación funcionarial especial del personal estatutario y cuyo artículo 2.1 dice que esta ley es aplicable al personal estatutario. Parece que la petición de principio es saber cuál es el personal
estatutario. Indudablemente la acuñación de la denominación de personal estatutario viene de los antiguos estatutos, que ahora van a ser derogados. En ese sentido, cuando hablamos de este personal entendemos que es el personal de las entidades
gestoras de la Seguridad Social que luego, en cuanto a las prestaciones sanitarias, fueron el Insalud. Por ello le proponemos a Convergència i Unió un texto para el artículo 2.3 como transacción que diría: Lo previsto en esta ley será de
aplicación al personal funcionario y laboral que preste servicios en los centros del Sistema Nacional de Salud gestionados directamente por las entidades creadas por las distintas comunidades autónomas para acoger los medios y recursos humanos y
materiales procedentes de los procesos de transferencias del Insalud. Creemos que con ello queda perfectamente acotado, y esperamos que puedan aceptar esa transacción. Otras enmiendas referidas a problemas competenciales con esta decisión podrían
quedar zanjadas; en cualquier caso, esperamos que puedan resolverse las diferencias a lo largo de la tramitación.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, a las que ya he hecho referencia al dirigirme a otros grupos, en ellas
se contienen todos aquellos principios que el Grupo Parlamentario Socialista consideraba que debía tener el estatuto marco el día 13 de febrero de 2002. Nosotros creemos que es un estatuto que cohesiona, que está consensuado hasta donde ha sido
posible -aunque seguimos abiertos a que se consensue aun más-, que es acorde con el estatuto de la función pública, que se adecua a la legislación europea, que es respetuoso con las comunidades autónomas y que facilita la gestión de recursos
humanos.
Al final, como en la ley que hemos discutido anteriormente, parece que todo se reducía o se ceñía fundamentalmente a la financiación de la ley y a las previsiones de trascendencia económica que hubiera que hacer. Aquí nos remitimos, como
no podía ser de otra manera -pese a que nosotros creíamos que la disposición adicional segunda que se introdujo en la ponencia como consecuencia de una enmienda del Grupo Parlamentario Popular resolvía el problema-, a las previsiones que se
contenían en la disposición adicional segunda de la Ley de Cohesión y Calidad, y ofrecemos una enmienda transaccional que, como se nos ha anunciado, va a ser aceptada, lo que agradecemos sinceramente al Grupo Parlamentario Socialista. Esperamos que
también sirva de base para continuar posteriormente con las negociaciones y el acercamiento, y para que finalmente sea posible en este proyecto de ley ese tradicional consenso de los proyectos de ley que se han tramitado en esta legislatura, de los
que ha conocido esta Comisión de Sanidad y Consumo, a los que me he referido, igual que otros portavoces.
El señor PRESIDENTE: Finalizado el turno de intervenciones, vamos a proceder a la votación. (La señora Riera i Ben pide la palabra.) Señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, creo que es procedente que aceptemos o rechacemos las enmiendas transaccionales.
El señor PRESIDENTE: La señora Riera tiene razón.
En primer lugar, para la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra la señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Intervengo brevísimamente para decir al Grupo Parlamentario Popular que acepto con mucho gusto las tres enmiendas transaccionales que me han sido ofertadas, porque entiendo que mejoran notablemente la norma, y me
siento feliz de haber contribuido a ello.
Además aprovecho mi intervención para decir que yo no he hablado de optimismo, sino de satisfacción moderada, que en términos de sexualidad podría suponer, señor Arola, lo que significa encontrarse a
alguien que te cae bien por un pasillo y que te mire un ratito a los ojos. Me gustaría que nadie haga interpretaciones sobre el estado de ánimo de esta portavoz ni de su grupo parlamentario. Repito, nuestro sí a este proyecto de ley es un sí a los
trabajadores de la sanidad pública que lo están esperando, con todas las reservas y críticas que hemos planteado, esperando además esa mano tendida del Grupo Parlamentario Popular para seguir mejorando la norma a lo largo del trámite parlamentario.
De modo que: optimismo no, aunque pesimismo tampoco, porque no es una norma buena para andar por la vida.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA I BEN: Quiero manifestar al Grupo Parlamentario Popular que mi grupo parlamentario acepta la transacción al artículo 2.3 en los términos en que han sido leídos por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular; por lo menos,
tal y como yo he expresado, esto nos permite pasar de un no sin paliativos a una abstención con esperanza.
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de ordenación de las profesiones sanitarias. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del señor Labordeta Subías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del señor Núñez Castain.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del señor Aymerich Cano.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
En este momento hace acto de presencia en la Comisión el señor Mardones.
Señor Mardones, estamos iniciando la
votación de sus enmiendas; no le ha dado tiempo a votar a S.S., pero supongo que votará afirmativamente.
El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente. Le pido disculpas porque vengo de la Comisión de Secretos Oficiales para esta votación.
Por supuesto que votaría mis enmiendas favorablemente, por razones obvias.
El señor PRESIDENTE: Las sometemos a votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Procedemos a la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer, lugar, la enmienda 305 con la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda
218 con la trasaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 34; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación las restantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, cinco.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
¿Señor Revuelta?
El señor REVUELTA MÉNDEZ: Señor presidente, no hemos votado las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV)
El señor PRESIDENTE: Le agradezco, señor Revuelta, su llamada de atención.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el informe de la Ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 15; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Procedemos a la votación del proyecto de ley del estatuto marco del personal estatutario de los servicios de salud. En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto del
señor Aymerich.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 21; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
¿Señora Riera?
La señora RIERA I BEN: Señor presidente, me gustaría solicitar votación separada de la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor PRESIDENTE: Sometemos a votación la enmienda número 11 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, cuatro; en contra, 35.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
¿Señor Arola?
El señor AROLA BLANQUET: Con independencia de cualquier otra agrupación, pediríamos votación separada de las enmiendas 29, 32, 40 y 43 de Izquierda Unida.
El señor PRESIDENTE: ¿Señora Castro?
La señora CASTRO FONSECA: Perdón, la enmienda número 29 está retirada porque fue transaccionada en ponencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Castro. Esa era la observación que le iba a hacer al señor Arola.
Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida número 17, 18 y 33 con las
enmiendas transaccionales presentadas por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 24; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 32, 40 y 43.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 35; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de
Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, uno; en contra, 22; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, las número 209 y 210 con la enmienda transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario
Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Sometemos ahora a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmienda número 195 con la transaccional propuesta por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 36; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sometemos a votación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 22; abstenciones, cuatro.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por último, sometemos a votación el informe de la ponencia.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, uno; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Finalizadas las votaciones, se levanta la sesión.
Eran las dos y veinte minutos de la tarde.