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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 788, de 25/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 788
ECONOMÍA Y HACIENDA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA
Sesión núm. 87
celebrada el miércoles, 25 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Emitir dictamen, a la vista del informe elaborado por la ponencia, sobre el proyecto de ley del patrimonio de las Administraciones Públicas.
(Número de expediente 121/000142.) ... (Página 24980)
Comparecencia del señor ministro de Hacienda (Montero Romero) para explicar la política de su departamento. A solicitud del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001301.) ...
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
EMITIR DICTAMEN, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, SOBRE EL PROYECTO DE LEY DEL PATRIMONIO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
(Número de expediente 121/000142.)
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Buenos días.
Se abre la sesión. Como hay una comparecencia del ministro de Hacienda que está programada para las 11,30 horas, vamos a fijar las 11 como hora de votaciones y esperamos que para ese momento el debate del proyecto de ley esté ya terminado.
Vamos a empezar con el primer punto del orden del día: Proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas.
Por lo que se ha convenido, los grupos parlamentarios van a intervenir una sola vez. Por lo tanto, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López González.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Voy a intentar ser lo más breve posible.
Antes de comenzar el análisis de las enmiendas que vamos a debatir esta mañana en esta Comisión, me gustaría agradecer al portavoz y al ponente de este proyecto, del Grupo Parlamentario Popular, la buena acogida que recibió por su parte y
por parte del ministerio la sugerencia de poder trasladar al mismo una serie de inquietudes que teníamos con respecto a este proyecto. Hemos tenido la oportunidad, aunque un tanto precipitadamente, de poder dialogar sobre determinados extremos de
este proyecto de ley, por lo que le agradezco su talante y sus maneras para poder abordar todos los extremos que nosotros queríamos plantear.
No obstante, me gustaría que ese mismo agradecimiento se lo trasladara al equipo del ministerio por su buen hacer y que les agradeciera la inquietud que tuvieron en el momento en el que mi compañero, don Joaquín Sánchez Garrido les planteó
la posibilidad de tener una conversación para poder avanzar en este proyecto de ley, que es un proyecto técnico y difícil para tratarlo de una forma excesivamente superficial, como nosotros consideramos que se ha ido tratando, pero la actitud del
ministerio ha sido comprensiva en el sentido de poder sentarnos con ellos y avanzar para mejorar ese texto.
Quiero trasladar a la Comisión -y además lo siento de todo corazón- que el Grupo Parlamentario Socialista sigue pensando que en este texto legislativo -es una ley extremadamente técnica, y muy larga e intensa- se hace una modificación de una
ley que existía anteriormente, la Ley del Patrimonio del año 1964, que había quedado obsoleta y además ya no respondía a todas las necesidades de gestión del patrimonio del siglo XXI, en el que nos encontramos. A pesar de tener en cuenta todas
estas consideraciones, y precisamente por ello, queríamos poner de manifiesto, como una reflexión inicial, que para mejorar este texto hubiésemos necesitado mucho más tiempo, porque desde nuestro parecer estamos tramitándolo a una velocidad
excesivamente rápida. Un estudio más pormenorizado y más tranquilo habría supuesto que el texto se hubiese mejorado. De hecho, a poco que los grupos hemos tenido la oportunidad de sentarnos con un poquitín de calma, hemos visto las posibilidades
que teníamos de transaccionar incluso algunas de las reflexiones que hemos realizado y que se han plasmado en enmiendas, porque casi todos hemos coincidido en algunos aspectos de esas enmiendas. Pero parece que el Gobierno no tiene intención de
hacer las cosas con calma, prefiere la rapidez a la calidad y por eso nos encontramos en este trámite esta mañana.
Como reflexión inicial, debemos admitir que esta es una ley necesaria, que viene a sustituir, como decía con anterioridad, a la Ley del Patrimonio del Estado de 1964, que era claramente obsoleta y que además dejaba sin respuesta a
situaciones que hoy ya no tenían soluciones actualizadas.
Además, es un proyecto que, como también adelantaba anteriormente, con todas sus disposiciones adicionales supera más de los 200 artículos y, por tanto, es un texto legislativo que tiene
muchas cosas en las que profundizar y muchas cosas que debatir, incluso la propia filosofía del mismo.
Esta cuestión queda definida precisamente por el hecho de que este grupo parlamentario presentara en su momento una enmienda a la totalidad, porque entendíamos que la filosofía de este proyecto era confusa y que nos parecía que había que
abundar en algunos extremos que nosotros pensábamos -y seguimos pensando- que tienen cierto peligro, en cierta manera, que se acordasen en esta ley, porque esta ley no nos parece que sea la más adecuada para ello.
Nuestras enmiendas responden fundamentalmente a los siguientes criterios: entender que es obligatorio y necesario mantener la unidad del patrimonio y la protección del patrimonio del Estado, que ya existe en este momento y la que podamos
tener en el futuro; evitar que se amparen situaciones que no puedan llevar a desmantelar el patrimonio público (considero que de alguna manera hay que extremar el cuidado en que estas situaciones no se vayan a producir) y que, además, esta ley no
sea precisamente un coladero para que se produzca esta situación. Con nuestras enmiendas tratamos de arbitrar esas medidas de conservación, de mejora y de defensa del patrimonio.
Se han aceptado toda una serie de enmiendas, por parte del Grupo Parlamentario Popular, que han quedado incluidas en el texto de la ponencia y sobre las que este grupo no va a hacer ninguna mención a las mismas. Simplemente vamos a dar
cuenta que ha habido
una serie de enmiendas que han sido admitidas y que, como digo, constan en el texto de la ponencia. Ha habido cuatro de nuestras enmiendas que se han transaccionado y aceptado por parte del Grupo Parlamentario Popular.
Por lo que única y
exclusivamente voy a hacer referencia a aquellas enmiendas que han quedado vivas para este debate en Comisión y que no han sido aceptadas por el Grupo Parlamentario Popular, pero que mi grupo entiende que tienen la suficiente entidad y la suficiente
enjundia para que se debatan y se tengan en consideración en esta Comisión, porque, aunque pueda parecer ingenuo, todavía estamos en el trámite pertinente y tenemos la oportunidad de poder convencer al Partido Popular que sostiene al Gobierno, que
es quien ha presentado este proyecto de ley, para que pueda reconsiderar su postura con respecto a determinadas enmiendas que ha presentado este grupo parlamentario. Para ello me voy a referir fundamentalmente a todas aquellas enmiendas que -como
decía al principio de mi intervención- se refieren a las garantías para que el patrimonio pueda estar suficientemente protegido, suficientemente unido y suficientemente defendido por la Administración general del Estado, para que no exista la
tentación, ni el resquicio, ni la mínima posibilidad de que se puedan llevar a cabo actuaciones que puedan dar lugar a una pérdida del patrimonio o a una gestión interesadamente económica del mismo. Se trata de las enmiendas que, como decía al
principio, están pendientes de resolución y que hemos traído a la Comisión.
La enmienda 50 pone de manifiesto que en el momento en que exista un conflicto entre las administraciones ha de prevalecer la voluntad del causante, el que hace la donación a esa Administración. En el mismo sentido van nuestras enmiendas
números 53 y 54, que ha sido transaccionada, y las 55 y 56, que pretenden unificar el régimen jurídico del organismo autónomo y de las entidades públicas.
Las enmiendas 57, 58 y 59 hacen referencia a los artículos 89 y 90. En coherencia con las enmiendas anteriores, proponemos que la explotación se vincule al servicio, porque no se justifica por parte del Gobierno el establecimiento de un
régimen diferente al régimen general.
La enmienda 61 ha sido admitida. En cuanto a la enmienda número 60, no entendemos ni compartimos el criterio del Gobierno sobre el ejercicio de la opción de compra. No creemos que deba ser la Administración la que arriende a un tercero con
opción a compra, porque las decisiones no las adopta la propia Administración, sino que deja la decisión de un tema patrimonial de la suficiente enjundia en manos de un tercero. Nosotros entendemos que el patrimonio del Estado no debe quedar en esa
situación.
Las enmiendas 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70 y 72 se refieren a las garantías y a la protección del patrimonio. Entendemos que no es necesario que nosotros financiemos a los terceros que puedan acercarse a la adquisición del patrimonio del
Estado. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al tema del pago aplazado, que no debe estar arbitrado. En ese sentido va nuestra enmienda número 68, que consideramos que tiene bastante importancia. Estimamos que debe suprimirse la posibilidad de
que en la venta de los bienes litigiosos pueda caerse en la tentación de vender bienes por debajo del precio de tasación. Creemos que debería suprimirse el artículo relativo a este tema que se incluye en el texto que se nos presenta.
En cuanto a la enmienda número 70, no es más que una consideración de garantías que es atribuida al Consejo de Ministros, para acordar las cesiones relativas a la propiedad dada la importancia de los negocios jurídicos. La enmienda número
72, al artículo 136, tiene relación además con el artículo 168, y se refiere a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, en la que en todos los casos la decisión se adoptará previo acuerdo del Consejo de Ministros. Como decía al
principio de este bloque, son enmiendas que tratan de garantizar que el patrimonio del Estado quede lo más protegido posible y que sea lo menos vulnerable posible a otros efectos que no sean los de su conservación.
Las enmiendas 73 a 80 se refieren todas ellas al cambio de adscripción.
Entendemos que para la debida racionalización de las empresas y entidades integrantes del sector público es necesario posibilitarles una buena información sobre la
materia. Debemos hacer una reflexión ante esta Comisión, que además tendremos ocasión de profundizar en el Pleno.
Entendemos que con nuestras enmiendas el texto puede ser mejorado cuando pase al Senado. Quizás en esta Cámara de segunda lectura
tengan un poco más de tiempo y de tranquilidad para poder estudiar una parte de estas enmiendas, sobre todo las que componen este último bloque. Hemos tenido la oportunidad, incluso en el trámite de ponencia, de poner sobre la mesa la preocupación
que para nosotros supone este bloque de artículos que se refieren a una serie de empresas que no tienen nada que ver con la Administración pública y que no nos dan otra garantía más que su existencia. Nuestro grupo cree que esa garantía es
claramente insuficiente y que hay que tener más precauciones a la hora de elaborar disposiciones. No nos referimos solamente al tema de la adquisición de bienes patrimoniales, si fuese eso no tendríamos mayor problema, lo que nos preocupa es la
venta vinculada a la posibilidad de que este Gobierno siga con la intención de mantener el déficit cero en sus presupuestos, tratando de deshacerse -por decirlo de forma relajada- de algunos bienes patrimoniales que le pueden suponer unos buenos
ingresos económicos, pues a efectos de mantener y conservar el patrimonio esta no nos parece la decisión más acertada.
La enmienda 75 se refiere fundamentalmente a la previsión -en coherencia con el artículo 168- de hacer esa racionalización de la gestión en las empresas.
La enmienda número 76 va en el mismo sentido, para justificar la exoneración de responsabilidades frente a terceros que se prevé en ese artículo. No entendemos cómo podemos exonerar a los responsables de las empresas de las
responsabilidades que éstas tienen. En el ámbito mercantil, serían los únicos que quedarían exonerados en esa situación.
Ocurre lo mismo con las enmiendas 77 y 78, que proponen sustituir los quince años por cinco, con una reducción temporal para
el régimen especial de gestión.
Para nosotros la enmienda 79 tiene una importancia fundamental, porque se propone la supresión de la disposición adicional décima, referente a que se establezca el régimen jurídico de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de
Patrimonio, sociedad anónima, lo que, para nosotros, supone la máxima expresión del tan conocido fenómeno de la huida del derecho administrativo con este tipo de empresas. La enmienda 80 propone la supresión de la adicional decimoquinta, también
referente a permitir encomendar la adquisición, enajenación y administración de bienes a sociedades públicas y privadas, lo que, como decía anteriormente, para este grupo parlamentario supone la huida del derecho administrativo y poder tener el
control de la gestión de los bienes públicos.
A efectos de la defensa de las enmiendas que ha presentado este grupo parlamentario, quiero dar las gracias al señor presidente por su generosidad con el tiempo y reiterar mi agradecimiento al portavoz del Grupo Popular en lo referente a su
amabilidad para tratar de paliar la premura del tiempo con su buen talante.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, desde Convergència i Unió queremos iniciar el trámite en Comisión de este importante proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas con una nota positiva y una negativa. Empecemos por la
negativa. La negativa, señor presidente, señorías, es que hoy mismo se han publicado las enmiendas de este proyecto de ley. Aquí tengo el Boletín Oficial que se nos reparte, que tiene fecha de hoy, 25 de junio, y en el mismo día en que se publican
las enmiendas ya debemos pronunciarnos sobre las mismas; debemos, de alguna manera, tramitarlas de forma acelerada. Entiende el Grupo Catalán que hemos dado a este proyecto de ley una tramitación demasiado acelerada, demasiado precipitada, sobre
todo teniendo en cuenta la importancia de una ley como ésta, una ley que es necesaria, un proyecto de ley que vendrá a sustituir una normativa preconstitucional, por lo que era necesario que en el marco de un Estado plural, en el que ya existen
diversas administraciones públicas, exista este nuevo proyecto de ley.
Damos la bienvenida a este proyecto, pero queremos denunciar esas prisas en su tramitación. El viernes finalizó el plazo de enmiendas, el martes se reunía la ponencia, y hoy
miércoles, sin pasar ni tan siquiera 48 horas, ya lo estamos dictaminando. Esta es la nota negativa. Pero a toda nota negativa debemos acompañar una nota positiva. Y la nota positiva es que yo, al igual que ha hecho la portavoz del Grupo
Socialista, quiero reconocer el buen talante del diputado Javier Gómez Darmendrail que, en nombre del grupo mayoritario y sabiendo que había estas premuras de tiempo, con la ayuda de los servicios de la Dirección General de Patrimonio y de la
Subsecretaría del Ministerio de Economía, ha intentado paliar lo que es un déficit de formas en la tramitación, y de ahí nuestro agradecimiento.
Tras esas precipitadas negociaciones, que estoy convencido de que si hubiéramos tenido más tiempo hubieran dado más frutos, que quiero agradecer expresamente, mi grupo parlamentario hoy va a transaccionar 12 enmiendas, que paso a defender en
este trámite, y, lamentablemente, va a ver rechazado el resto de enmiendas, a las cuales después me referiré.
Por tanto, señor presidente, empiezo por aquellas enmiendas que, en un principio, pueden recibir el voto favorable en esta Comisión en el
día de hoy. Son 12 enmiendas que el Grupo Parlamentario Catalán confía en que finalmente puedan ser aprobadas.
La enmienda 143, en relación a los principios relativos a los bienes y derechos patrimoniales, se refiere al artículo 8.1.a): Eficiencia y economía en su gestión, y en ella pedimos la supresión de la frase 'realizando su valor cuando sean
innecesarios'. Entendemos que la administración titular de los bienes y derechos patrimoniales, en aplicación del ámbito de autoorganización que debe tener esa administración, debe decidir el destino de los bienes que considere innecesarios, sin
imponer, a priori, una realización forzosa. Esta es nuestra enmienda 143.
También quería destacar la transacción que se ofrece a nuestra enmienda 144 y que vamos a aceptar. En nuestra enmienda 144, cuando definimos las competencias de la Comisión de coordinación financiera de actuaciones inmobiliarias y
patrimoniales, entendemos que debe promoverse el cumplimiento de las políticas de vivienda, sin perjuicio del cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. Pero debemos dar un mensaje social en este proyecto de ley del patrimonio. Es importante
para Convergència i Unió hacer ese hincapié y esa mención expresa a las políticas de vivienda.
Finalmente, se nos ofrece una transacción para que en el artículo 10 se añade una letra e) en la que expresamente se hace referencia a las políticas de vivienda, y de ahí que mi grupo la entienda transaccionada y acepte este planteamiento.
De igual forma, ocurre con nuestra enmienda 150, una enmienda que tiene toda su lógica en el ámbito de un Estado con una pluralidad de administraciones públicas. Se propone que las administraciones públicas
tengan acceso al inventario general de bienes y derechos de la zona territorial de la que sean competentes. Ese acceso al inventario es necesario en un Estado en el que debe haber una plena colaboración entre las distintas administraciones
públicas, y se nos ofrece por parte del Grupo Popular una transacción. Una transacción que entendemos que da un paso adelante, aunque no es el resultado que nos hubiera gustado obtener, que hubiera sido la aprobación literal de nuestra enmienda
150. Pero, en aras a buscar un principio de solución, se remite a un futuro desarrollo reglamentario y nuestro grupo va a aceptar esa transacción, repito, a nuestra enmienda número 150.
Va a ser también aprobada nuestra enmienda 152, al artículo 64, relativa a la facilitación de información. En la misma hacemos una previsión que no figuraba en el proyecto de ley y que debe figurar, que es prever la gratuidad de la
información registral a todas las administraciones públicas. Ese principio de gratuidad no estaba, consideramos que debía estar y, por tanto, celebramos que esta enmienda pueda recibir un voto positivo.
En cuanto a nuestras enmiendas 153 y 156, se nos ofrece una transacción por parte del Grupo Popular que también vamos a aceptar, entendiendo que no soluciona definitivamente lo que en ellas planteamos, pero se da un paso adelante en lo que
es introducir en el proyecto de ley la forma en que se puede solicitar a la Administración general del Estado, por parte de una administración pública autonómica o local, en el ámbito de esa cooperación y coordinación, por cuanto se nos dice en la
enmienda: bienes determinados, y se da una facilidad en lo que puedan ser las afectaciones, desafectaciones, mutaciones demaniales, adscripciones o desadscripciones. En este reconocimiento de esa posibilidad de intervenir en ese ámbito (en nuestra
enmienda 156 hacíamos referencia a la mutación demanial y en la 153 a la desafectación de los bienes y derechos demaniales), entendemos que con la transacción que se nos ofrece se abre una puerta a la colaboración en estos ámbitos; mi grupo
parlamentario entiende positivo que se abra esa puerta, por lo que aceptará esas transacciones, sin perjuicio de poder mejorar estos aspectos en el trámite del Senado.
También se va a aceptar nuestra enmienda 158, al artículo 94, que regula las prohibiciones para ser titular de concesiones demaniales. A dicho artículo nosotros proponemos que se añada un párrafo expreso en el que se diga: 'Cuando
posteriormente al otorgamiento de la concesión el titular concurra en alguna de las prohibiciones de contratación se producirá la extinción de la concesión.' Es un principio que no estaba en el proyecto de ley, pero que lo enriquece y que es
necesario que figure en el mismo.
Se acepta también nuestra enmienda 159. Es una enmienda técnica pero entendemos que la conformidad de la autoridad competente debe ser siempre previa, no figuraba este término en el proyecto de ley y finalmente se
ha introducido, al igual que se recoge nuestra enmienda número 160 suprimiendo el término directo en el apartado 3 del artículo 101, por entender que también es una mejora técnica importante.
Hacemos asimismo desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) una valoración positiva de la aceptación de nuestra enmienda número 165, que suprime el apartado 6 del artículo 148. Con esa supresión entendemos que se respeta más
el principio de autonomía y de autoorganización de las comunidades autónomas en este control directo que era redundante y excesivo. El control sobre el uso de los bienes cedidos es ejercido por la Dirección General del Patrimonio, con lo cual
también se mejora el texto con dicha supresión. Para finalizar este primer capítulo de enmiendas que reciben un voto favorable, también valoramos positivamente la aprobación de nuestra enmienda número 167, por la cual se va a suprimir la frase 'la
determinación del valor de las acciones que deban escriturarse como contrapartida de la aportación no dineraria no podrá exceder en más de un 20 por ciento del valor de tasación'. Esa frase que figura en el artículo 182 va a ser suprimida con la
aprobación de nuestra enmienda y entendemos que es positivo porque con ello mantenemos el principio mercantil de identidad entre el capital y el patrimonio de la sociedad.
Con ello, señor presidente, señorías, termino el repaso de estas 12 enmiendas que entendemos desde Convergència i Unió que van a suponer una mejora en el proyecto de ley, agradeciendo el talante que ha habido a la hora de negociar estas
modificaciones para que finalmente puedan ser aprobadas. Vamos a retirar nuestra enmienda número 168 por entender que es un tema de mera numeración que se va a corregir en los trámites de ponencia y comisión por vía de otras enmiendas ya
presentadas.
Voy a referirme ahora, señor presidente, señorías, a ese conjunto de enmiendas que lamentablemente hoy no van a recibir la aprobación por parte del grupo mayoritario, pero que entendemos que son esenciales y nucleares. Son unas enmiendas
que van a provocar, señor presidente, señorías, que finalmente mi grupo, en el dictamen de este proyecto de ley, no pueda votar favorablemente los artículos 17, 18, 20, 49, 188, 189, 190 y la disposición final segunda. Al no haber conseguido de
momento un acuerdo en estos ámbitos, mi grupo votará en contra de estos artículos en el dictamen de la Comisión. Son enmiendas importantes a los artículos 17, 18; enmiendas relativas a quién pertenecen los inmuebles vacantes. Existe una
jurisprudencia del Tribunal Constitucional que nos remite a esta Cámara, a las Cortes Generales, para que legislemos una solución, pero no para que esa solución sea necesariamente atribuir esos inmuebles vacantes a la Administración general del
Estado. Nosotros entendemos que el Estado es plural, que existe una pluralidad de
administraciones públicas, que las comunidades autónomas también son Estado y que la Administración autonómica debería ser la destinataria de esos inmuebles vacantes, de ahí nuestra enmienda 145, al artículo 17, y enmienda número 146; o
bien, en el artículo 18, en cuanto a los saldos y depósitos abandonados. Entendemos que podrían corresponder claramente a la comunidad autónoma cuando esos saldos están ubicados en su territorio; al igual que en las normas especiales para las
adquisiciones hereditarias, artículo 20, también debería solucionarse a partir del criterio del ámbito más cercano, no el del ámbito más amplio competencialmente, sino el ámbito más cercano. De ahí que entendamos que ese criterio sería más
respetuoso con las comunidades autónomas, manteniendo por tanto mi grupo parlamentario esas enmiendas. En el apartado 5 del artículo 20 pedimos suprimir la referencia a 'dentro del ámbito estatal' por ese mismo principio de atribución de la
disposición al órgano que ha asumido las competencias, sea estatal, autonómico o local, y no hacer únicamente referencia a ese ámbito estatal.
En cuanto a nuestra enmienda número 151, referida al artículo 49, entendemos que la asignación de las fincas de reemplazo puede corresponder a las comunidades autónomas. De ahí que en la enmienda, con motivo de concentraciones parcelarias,
cuando dice 'se asignen a la Administración general del Estado' nosotros solicitamos que figure: 'se asignen a las administraciones públicas', con ese criterio de pluralidad que defiende el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Lo
mismo sucede con nuestra enmienda número 154, en cuanto al procedimiento para la desafectación de los bienes y derechos demaniales. Por esa enmienda entendemos que deben respetarse las competencias autonómicas y locales en lo que es la política
urbanística. En los casos en que las desafectaciones pudieran dar lugar a cambios en el régimen urbanístico de esos bienes, se debe informar con carácter previo a las administraciones públicas afectadas. Esto es absolutamente necesario, como
también lo es nuestra enmienda número 163 a la hora de definir la colaboración de las administraciones públicas territoriales para la mejora del aprovisionamiento y explotación de los bienes y derechos patrimoniales.
De igual forma nuestra enmienda
número 164, en cuanto al procedimiento de enajenación. Nosotros pedíamos introducir un nuevo apartado 6 en el cual tuviera lugar ese mayor respeto a las competencias autonómicas y locales.
Lo mismo ocurre con nuestras enmiendas números 169, 170 y
171, todas ellas relativas al capítulo III del título VII.
Lamentablemente, señorías, mi grupo va a votar en contra del capítulo III del título VIII del proyecto de ley, capítulo dedicado íntegramente al régimen urbanístico y gestión de los bienes públicos. No queremos discutir la intención del
Gobierno al aprobar ese capítulo del proyecto de ley, pero entendemos que se le ha ido la mano al Gobierno en el mismo, se ha extralimitado en lo que debe ser un respeto a la autoorganización de las comunidades autónomas y a su competencia exclusiva
en régimen urbanístico. De ahí que debamos forzosamente buscar una redacción alternativa. Mi grupo está dispuesto a buscar la colaboración con el resto de grupos para intentar transaccionar en el Pleno o en el Senado, a ser posible en el Pleno del
Congreso porque este proyecto está avocado a él. Se trataría de buscar una solución a ese capítulo III que entendemos que vulnera las competencias autonómicas.
Me voy a referir a las dos enmiendas que quedan por defender y que tampoco van a ser aprobadas. Una es la enmienda número 172. Al hablar del proyecto de ley de patrimonio quiere mi grupo que exista una previsión en cuanto a que la
titularidad de patrimonio de la Seguridad Social pueda ser ostentada bien por la Tesorería General de la Seguridad Social respecto de aquellos bienes que ésta se reserve para el cumplimiento de los fines que le son propios, pero pueda serlo también
por las comunidades autónomas respecto de los bienes que en el momento de entrada en vigor de la norma pertenezcan al patrimonio único y se encuentren adscritos a esas comunidades autónomas. Entendemos que esta posible dualidad de titularidades
resulta perfectamente compatible. De ahí que defendamos esta enmienda porque, aunque sabemos que de momento no va a obtener el voto favorable, al tema del patrimonio de la Seguridad Social, incluso en el ámbito del Pacto de Toledo, estamos
intentando buscar una solución, así como en el ámbito de la Ley de Seguridad Social que se está tramitando en estos momentos.
Por último, nuestra enmienda 173 es de respeto al ámbito competencial autonómico y de mayor precisión en aquello que debe considerarse básico.
No discutimos la competencia estatal en fijar las bases de acuerdo con el 149.1.18 de la
Constitución; no lo discutimos, pero entendemos que ese ámbito de lo que debe considerarse como básico, en esta definición de la disposición final segunda de este proyecto de ley, es demasiado amplio, motivo por el que pedimos que determinados
artículos no tengan esa consideración de legislación básica.
Nuestro grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y, evidentemente, las que mantenemos del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Respecto al resto de enmiendas de los otros grupos parlamentarios, no hemos tenido tiempo de poderlas valorar individualmente. De ahí que mi grupo hoy va a realizar una abstención global a las mismas, entendiendo que seguro que muchas de
ellas podrían haber recibido el voto favorable y quizás algunas el voto negativo, pero esa denuncia del poco tiempo que hemos tenido, hoy mismo se han publicado las enmiendas, impide podernos pronunciar sobre cada una de ellas, de ahí que
realizaremos una abstención global.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Por el Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Señorías, con esta sesión damos comienzo al debate en Comisión del proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas, una iniciativa legislativa que como tuvimos ocasión de expresar en el debate
planteado en el Pleno con motivo de las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto de ley, viene a cubrir una necesidad objetiva del ordenamiento jurídico español. Pese a las puntuales reformas de la que habría sido objeto durante los últimos
años la normativa vigente en la materia que data de los años sesenta, sin duda de una gran calidad técnico-jurídica, es sin embargo hoy en día en buena parte anacrónica; y lo es básicamente por dos razones que ya expusimos en aquella ocasión,
porque contiene una regulación que está adaptada a las circunstancias de un marco económico, de un contexto de mercado que ha experimentado profundos cambios, y además porque obedece a los mecanismos de actuación pública de un modelo de Estado
rigurosamente centralizado cuando es evidente que la estructura territorial del Estado responde hoy a una pauta descentralizada que tiene también su incidencia en el ámbito del patrimonio público en la medida en que todos los estatutos de autonomía
han reconocido a sus respectivas comunidades autónomas competencias normativa y ejecutivas en la ordenación, en la gestión, en la administración y en la defensa de sus correspondientes patrimonios públicos.
Como los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, también yo tengo que hacer una doble valoración, una primera positiva de agradecimiento al ponente del Grupo Popular y a los representantes del departamento ministerial
promotor de la iniciativa por el esfuerzo de apertura y aproximación que han hecho fundamentalmente en el día de ayer, porque es preciso reconocer que no hemos tenido mucho más tiempo para analizar y para contrastar los contenidos materiales del
proyecto y ponerlos en relación con las enmiendas presentadas al mismo. Insisto en agradecer el esfuerzo de apertura y aproximación que han desarrollado, lo que han permitido llegar a acuerdos importantes y a transaccionar algunas enmiendas más.
Junto a ello, un aspecto negativo que no puede ser otro que el de lamentar el escasísimo tiempo del que hemos dispuesto los parlamentarios para hacer un estudio o un análisis sosegado, profundo, como requiere la ocasión y como requiere la
entidad de la iniciativa de este proyecto de ley que estamos tramitando a una velocidad de crucero, probablemente incompatible con el sosiego que requiere una norma de estas características.
Dicho esto voy a pasar, a renglón seguido, a defender las enmiendas que mi grupo ha presentado al proyecto de ley. El Grupo Vasco ha presentado 44 enmiendas de muy diferente sentido, de muy diferente alcance y contenido, y, a efectos de
procurar una exposición clara y sistemática de su contenido, voy a procurar agruparlas en cinco grandes bloques, atendiendo fundamentalmente a la finalidad que persiguen.
Un primer bloque de enmienda son de carácter técnico-jurídico y persiguen una mejor sistemática, una redacción más perfecta del texto o en su caso la corrección de determinados errores, deficiencias e incluso contradicciones o antinomias
internas del propio proyecto, todo ello desde una perspectiva, insisto, exclusivamente técnico-jurídica.
Hay otro grupo de enmiendas de carácter podríamos calificar de tuitivo.
Este grupo de enmiendas tiene por objeto reformar, en los puntos en los que a nuestro juicio ofrece alguna debilidad o deficiencia, la protección que el proyecto depara
los bienes y derechos de titularidad pública. En definitiva, pretenden reforzar la defensa del patrimonio público. También incluyo en este bloque las enmiendas que se proponen asegurar las garantías del administrado frente a las actuaciones de la
Administración Pública, actuaciones que en numerosas ocasiones están revestidas de un poder exorbitante en la medida en que expresan el ejercicio de auténticas potestades de carácter administrativo que, por tanto, requieren también como compensación
y revestimiento de garantías por parte del administrado, para que no vea, como consecuencia del ejercicio de esas potestades administrativas, ilegítimamente menoscabados algunos de sus derechos.
Un tercer bloque de enmiendas se refiere a la defensa de los privilegios de las administraciones públicas y pretenden que las ventajas que el proyecto reconoce a la Administración general del Estado, en lo que se refiere sobre todo a la
gestión registral y notarial del patrimonio de titularidad pública, se hagan extensivas al conjunto de las administraciones públicas. Creo que es una reclamación razonable, lógica y fundada en la medida en que el interés público que subyace a la
defensa de los bienes públicos de titularidad autonómica o local tiene la misma entidad o tiene por lo menos el mismo derecho a ser protegido que el interés público que subyace a la defensa de los bienes de titularidad pública, de titularidad del
Estado.
Un cuarto grupo de enmiendas revisten carácter doctrinal y persiguen incorporar al texto del proyecto posiciones doctrinales mantenidas y defendidas en su caso por algunos autores en el terreno científico, o si se prefiere en el plano
dogmático conceptual. Son opiniones, insisto, que pueden o no compartirse, pero que en el momento de la confección de las enmiendas hemos considerado que podrían constituir aportaciones interesantes de cara a mejorar el texto.
Finalmente, hay un quinto bloque de enmiendas que he calificado como de fondo en la medida en que encierran discrepancias materiales con algunas de las soluciones normativas que se plantean en el texto o proponen
en su caso la incorporación al mismo de previsiones materiales que el Gobierno no ha incluido en la redacción inicial y que suponen alteraciones cualitativas en algún punto.
Por lo que se refiere a las primeras, a las de carácter técnico-jurídico suman un total de 14. Entre éstas podemos incluir la enmienda número 5, al artículo 5.4, y preciso que no es a la 5.3 sino a la 5.4, es un error que habíamos
deslizado, que se deslizó en el momento de poner por escrito la enmienda. La enmienda número 6 al artículo 7, apartado 2, en concreto en lo que se refiere a la propuesta de sustituir la referencia a los derechos de propiedad, incorporando, por una
alusión más específica, los derechos de propiedad intelectual y propiedad industrial, así como los bienes muebles destinados al ornato y decoración. También se sitúa en este bloque la enmienda número 9 al artículo 19, cuyo contenido consideramos
contradictorio con lo que disponen los artículos 7, en su apartado 3, y 110, en su apartado, en su apartado 1, en la medida en que unos y otros establecen distintos órdenes de prelación de normas para supuestos que pueden coincidir parcialmente.
La enmienda número 11 al artículo 20, apartado 4. La enmienda número 12, que propone un cambio de sistemática a los artículos 61 a 64, planteando la conveniencia de desplazarlos y situarlos junto al artículo 29 por la homogeneidad de la
cuestión material que unos y otros regulan. La enmienda número 13 al artículo 30, apartado 3. La enmienda número 16 al artículo 45, a la que se ha presentado una enmienda transaccional del Grupo Popular, que aceptamos, y por tanto retiramos la
nuestra. La enmienda número 18, que plantea una clarificación del régimen de publicación de actos en los boletines oficiales en los procedimientos de deslinde. También en relación con esta enmienda hay una transaccional, que aceptamos igualmente.
La enmienda número 21 al artículo 56. La 22 también al artículo 56, pero en su apartado c). Le enmienda número 26, que propone un cambio de enunciado en el epígrafe de la sección 2.ª del capítulo I del título IV. La enmienda número 27, al
artículo 85, que propone incluir una definición del uso general de bienes de dominio público. La enmienda número 32, al artículo 115, apartado 2. La 37, al artículo 143, apartado 5, y la 38, al artículo 167, que resulta a nuestro juicio
innecesario y que además puede generar alguna confusión. Estas son las enmiendas de carácter técnico jurídico, con la especificación, en su caso, de las que han sido afectadas por una enmienda de carácter transaccional aceptada.
En el segundo bloque, las enmiendas de carácter tuitivo, se incluye también un importante número de enmiendas de diferente carácter. Se encuentra la enmienda número 3, al artículo 3, apartado 2, que propone incluir en el ámbito de
aplicación de la ley también los valores y los derechos de crédito de naturaleza privada, algo que el proyecto no lleva a cabo. Creemos que esto, además de ser lógico y razonable en sí mismo, permite asegurar la coherencia interna del texto en la
medida que de hecho el mismo proyecto incluye en otros apartados los valores como bienes objeto de regulación que participan de la calificación de bienes de dominio privado o patrimonial. Creemos que es una enmienda que tiene enjundia y
contribuiría a una mejor sistemática y coherencia interna del texto.
La enmienda número 15, al artículo 41, que propone reconocer a las entidades públicas empresariales la facultad de ejercer potestades administrativas en la defensa de todos sus bienes, y no solamente en la de los demaniales.
La enmienda número 19 exige que en la iniciación del procedimiento se haya de producir previamente una notificación y que el cómputo del plazo de años se produzca en relación con esta notificación.
La enmienda número 20, al artículo 56, letra a). La enmienda número 25, al artículo 70, apartado 3, que propone incorporar el trámite de recepción formal de bienes desafectados también en el caso de los organismos públicos, no solamente,
como recoge el proyecto de ley, en relación con los departamentos ministeriales.
La enmienda número 28, relativa al artículo 89, anuncio su retirada, porque en los debates en ponencia se ha puesto de manifiesto que las condiciones para la ocupación por terceros de espacios públicos situados en edificios administrativos
son mucho más restrictivos que los recogidos en el artículo 86, apartado 2, que configura el régimen al que nosotros queríamos asimilar el sistema de ocupación de espacios en edificios administrativos. Por las mismas razones retiramos también la
enmienda número 29, al artículo 90. También en este caso, aunque breves, las discusiones habidas en ponencia han fructificado y han puesto de manifiesto que probablemente el texto es ya más garantista de lo que nosotros pretendíamos conseguir a
través de nuestras enmiendas.
También se sitúa en este bloque la enmienda número 30, al artículo 111, apartado 2, del proyecto. La enmienda número 33, al artículo 120. La enmienda número 34, al artículo 138. Aquí también existe una enmienda transaccional que tiene que
ver con las condiciones de la declaración de alienabilidad, que aceptamos. Nos parece perfectamente aceptable la propuesta hecha por el Grupo Popular, que incluye en un inciso final de este apartado 1 del artículo 138 una referencia a la
declaración de alienabilidad cuando afirma que el acuerdo de incoación del procedimiento llevará implícita la declaración de alienabilidad de los bienes a que se refieren. Creemos que esta propuesta satisface perfectamente las pretensiones que
queríamos alcanzar con nuestra enmienda. La enmienda número 35, al artículo 137, apartado 1, también afectada por una transaccional que igualmente aceptamos. La enmienda número 36, al artículo 137, apartado 4, también relacionada con una enmienda
transaccional, que igualmente aceptamos. La enmienda número 43, a la disposición
adicional décima, del proyecto, a la que ha habido una enmienda transaccional que nos parece insuficiente. Creemos que la misma no altera el contenido del texto original, y por tanto no satisface la pretensión que pretendíamos encauzar a
través de nuestra enmienda. Veremos si en lo sucesivo, a lo largo de la tramitación del proyecto se puede alcanzar un acuerdo en este punto, pero tal y como está formulada la enmienda transaccional en los momentos actuales nos parece insuficiente y
no la aceptamos. Finalmente, la enmienda número 45, a la disposición adicional decimoquinta del proyecto, que por las mismas razones mantenemos.
En el tercer bloque de enmiendas, las que tienen que ver con la defensa de los privilegios y ventajas, se sitúa la enmienda número 12, afectada por una transaccional que aceptamos, enmienda transaccional que atañe al contenido material del
artículo 64 en concreto.
La enmienda número 14, al artículo 37, apartados 4 y 5. La enmienda número 31, al artículo 113, apartado 2. La enmienda número 39, al artículo 168, apartado 5. La enmienda número 40, al artículo 185, que retiro, y también la número 41, al
artículo 186, apartados 2 y 3, que igualmente retiro. En estas dos últimas enmiendas el Grupo Vasco proponía que determinadas previsiones que se contenían en el proyecto de ley en relación con la posibilidad de habilitar a las administraciones
públicas a establecer convenios, acuerdos o negocios jurídicos entre sí a determinados efectos patrimoniales debía hacerse extensiva al resto de las administraciones públicas, pero es un punto que probablemente puede tener encaje adecuado en las
leyes patrimoniales autonómicas correspondientes, y por tanto retiramos estas enmiendas.
Respecto a las que he calificado de carácter doctrinal, las enmiendas números 4, 6, 23 y 24, anuncio que las retiro porque defendían, insisto, una tesis que era opinable pero tampoco era una cuestión de principio irrenunciable.
Finalmente, voy a hacer una pequeña referencia a las enmiendas que he calificado como de fondo, unas enmiendas en las que ponemos de manifiesto algunas discrepancias nucleares, sustanciales o cualitativas respecto a las soluciones normativas
que adopta el texto del proyecto en algunos puntos, que básicamente coinciden con los que ha señalado el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió). Se trata de la enmienda número 7, al artículo 17, relacionada evidentemente con los inmuebles
vacantes. La tesis que defendemos en nuestra enmienda es que el destino de los bienes vacantes no tiene por qué ser necesariamente la Administración general del Estado. Sí es cierto que una sentencia del Tribunal Constitucional reserva al
legislador estatal la facultad de determinar quién ha de ser el destinatario de los inmuebles vacantes, pero esta potestad legislativa clarísimamente del Estado puede ejercerse de muchas maneras y nosotros creemos que hoy y aquí habría de ejercerse
de manera que también se reconociera un papel a las administraciones autonómicas en lo que se refiere al destino de los inmuebles de carácter vacante.
Otro tanto ocurre con la enmienda número 8, al artículo 18, en relación con los saldos y depósitos abandonados. La cuestión de fondo es básicamente la misma. Mantenemos aquí que la reserva automática y exclusiva al Estado de estos saldos y
depósitos no se sustenta en un Estado autonómico políticamente descentralizado y habría de abrirse esta reserva exclusiva al Estado a través de una previsión, flexibilizando este criterio y permitiendo también a las comunidades autónomas participar
de este destino.
De parecido tenor es la enmienda número 10, al artículo 20, apartado 3, en relación con las disposiciones testamentarias hechas genéricamente a favor de las administraciones públicas. Creemos que el orden de preferencia habría de ser otro y
tendría que tener en cuenta otras administraciones de menor nivel que la del Estado, aparte de que en esta enmienda incluíamos un inciso final que pretende hacer referencia al destino de estos bienes cuando la vecindad se encuentre en territorio de
otro Estado, una previsión que no está contenida en el texto del proyecto. La enmienda número 17 al artículo 49 está en esta misma línea y tiene que ver también con las fincas de reemplazo. En las concentraciones parcelarias la norma asigna
automática y exclusivamente al Estado la titularidad de estas fincas y nosotros creemos que en un Estado autonómico, como es el español, habría de incluirse una previsión normativa y la posibilidad de que también las comunidades autónomas, las
administraciones autonómicas participaran en esta asignación.
Finalmente, la enmienda número 42 propone un nuevo apartado 3 en la disposición adicional tercera en relación con la transferencia de bienes inmuebles vinculados a la Seguridad Social. Creemos que en esta disposición el proyecto puede
abordar y solucionar la problemática derivada de la colisión entre la propiedad única del patrimonio de la Seguridad Social y la transferencia o asunción de los servicios de salud por parte de las comunidades autónomas. En este sentido, la enmienda
propone que el Gobierno inicie las gestiones para que se transfiera a las comunidades autónomas la plena titularidad de los inmuebles afectos a los fines de asistencia sanitaria, así como que los certificados expedidos una vez acordado el traspaso
sean títulos inscribibles. Esto último, además, también sería deseable que se produjera en relación con el reconocimiento expreso de los derechos de las comunidades autónomas sobre las obras de nueva planta, rehabilitaciones etcétera, realizadas
sobre inmuebles cuya titularidad es mantenida todavía por el Estado.
Por mi parte, nada más. Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Para que conste en el acta de la sesión, tengo que decir que
el Grupo de Izquierda Unida ha manifestado a la Mesa que da por defendidas sus enmiendas.
Tiene la palabra, por el Grupo Popular, el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Señor presidente, explicaré con brevedad las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular al proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas, y posteriormente fijaré la posición de mi grupo
respecto a las enmiendas presentadas por los demás grupos.
Señorías, las enmiendas presentadas por el Grupo Popular al proyecto de ley de patrimonio de las administraciones públicas son eminentemente técnicas y su objetivo es mejorar la redacción de la norma o adecuarla a posibles omisiones o
discordancias generadas en su redacción. Tal es el sentido de las enmiendas presentadas a los artículo 18, 51, 140, 154, 166, 169, disposición adicional novena y disposición transitoria primera.
En relación con Segipsa, las enmiendas presentadas acotan el ámbito de actuación de esta sociedad instrumental en el ejercicio de las funciones que se le encomiendan, ajustando su regulación a la actualmente vigente, de conformidad con la
Ley 14/2000, todo ello con la adecuada salvaguarda que su carácter instrumental respecto de la Dirección General de Patrimonio del Estado determina, esto es como medio para la realización de actividades materiales o de gestión que en todo caso
respeta el ejercicio de potestades administrativas o funciones públicas sólo atribuibles al órgano administrativo competente.
Por último, las enmiendas a los artículo 80 y 81 y en consonancia la inclusión de una nueva disposición adicional, pretenden regular de forma sistemática el régimen de incorporación de los bienes no necesarios de organismos públicos al
patrimonio del Estado, incluyendo en una disposición adicional a aquellos organismos específicos que por razón del origen de sus bienes, financiación o funcionalidad de sus patrimonios, se han de someter al régimen especial de incorporación,
regulado genéricamente en el artículo 80.3, como Puertos del Estado, Muface, Invifas, etcétera.
Las enmiendas tramitadas por el resto de los grupos a nuestro juicio son susceptibles de agruparse en tres grandes bloques. En primer lugar, las que plantean alterar el statu quo existente en materia de atribución de bienes patrimoniales
vacantes, saldos abandonados, Seguridad Social, y proponen ajustes en el modelo que define el proyecto para el marco de competencias entre administraciones. Estas enmiendas han sido presentadas básicamente por los grupos parlamentarios Vasco y
Convergència i Unió. En segundo lugar las que pretenden atacar una configuración inexistente en el proyecto de ley como un mecanismo privatizador y definir pautas para la instrumentación de la política de vivienda; las enmiendas del Bloque
Nacionalista Galego, de Izquierda Unida y algunas del Partido Socialista se orientan en este sentido. En tercer lugar, enmiendas técnicas que se agradecen por lo que suponen de esfuerzo y de aproximación constructiva al texto, que han sido
aportadas por todos los grupos; entre ellas, las de mayor relevancia se refieren a la regulación singular del patrimonio de diversos organismos y otras de menos importancia cuya discusión debe realizarse en clave técnica.
Respecto al primer bloque de enmiendas, mi grupo descarta la aprobación de aquellas que implican un traslado de atribución de bienes del Estado a las comunidades autónomas. En concreto, esta posición afecta a las enmiendas presentadas en
relación con la titularidad de los bienes vacantes, saldos abandonados y a determinados bienes de la Seguridad Social cuya regulación, por otro lado, es ajena a esta ley; enmiendas 7, 8, 10, 17, 42, 145, 146, 147, 151, 170 y 172.
Por lo que respecta a replantear alguno de los aspectos de la ley que implican relaciones entre administraciones públicas, el proyecto ha buscado garantizar la autonomía y el equilibrio en las relaciones administrativas, por lo que está
abierto a cuantas sugerencias garanticen estos equilibrios y propicien una integración de la gestión patrimonial, pero no debe aceptar, a nuestro juicio, mecanismos que establezcan la preponderancia de unas administraciones sobre otras en materia de
gestión patrimonial, por ello, procede rechazar algunas enmiendas, básicamente de Convergència i Unió e Izquierda Unida, que establecen prerrogativas y preferencias de las administraciones locales y autonómicas que condicionarían significativamente
la gestión del patrimonio estatal, estableciendo una estructura asimétrica de relaciones patrimoniales a favor de estas administraciones, sin que se postule una reciprocidad de prerrogativas y preferencias para la Administración general del Estado;
enmiendas números 50, 53, 82, 91, 105, 112, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 124, 146, 148, 149, 152, 154, 155, 164, 169 y 171.
El proyecto de ley de patrimonio de la administraciones públicas, señorías, a pesar de la percepción de algunos grupos, no tiene ninguna vocación privatizadora. Para disipar las dudas que puedan existir en este punto, se asumen enmiendas
del Partido Socialista e Izquierda Unida que matizan los principios de la ley y sitúan las desinversiones y enajenaciones en el plano neutro de los procedimientos de gestión. Así, el principio general de desinversión contenido en el artículo 8,
cuando los bienes sean innecesarios, quedaría suprimido como consecuencia de la aceptación de estas enmiendas, así como algunos otros elementos concordantes con este principio. Sin embargo, asumiendo que una característica de la ley es su ausencia
de vocación privatizadora, es preciso reconocer que la gestión ordinaria del patrimonio requiere de forma continua realizar operaciones de enajenación adquisición o reestructuración de activos. En este sentido, no parece oportuno
asumir una serie de enmiendas, básicamente promovidas por Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego, que dificultan gravemente la gestión ordinaria de estos procesos de adquisición, venta o reestructuración de activos empresariales;
son las enmiendas números 73, 75, 76, de la 83 a la 86, de la 88 a la 92, de la 95 a la 99, la 101, 102, 104, 113, 114, 115, 121 y 124.
Por otra parte, señorías, se ha formulado un grupo de enmiendas que tienden a establecer mecanismos específicos de aplicación de la política de vivienda, reduciendo en este contexto la importancia de la política de estabilidad
presupuestaria. Ante este punto de vista, es necesario recordar que la Ley sienta un principio novedoso y de extremada importancia que permite ligar la gestión de los bienes patrimoniales a otras políticas públicas, particularmente la de la
vivienda. La existencia de este principio que permite interrelacionar los mecanismos de gestión patrimonial con la ejecución de otras políticas no debe hacer olvidar que esta ley regula activos y recursos de la Hacienda pública y no constituye una
norma específica para la aplicación de una política de vivienda gestionada y regulada por otras administraciones. En este sentido, alguna de las enmiendas ya identificadas anteriormente en el ámbito de las relaciones interadministrativas, tienen
esta inspiración.
Por tanto, la perspectiva que informa la ley es la de buena gestión de los recursos públicos, que no debe entorpecerse con la introducción generalizada de mecanismos ad hoc, planteados desde la supeditación de la política
patrimonial a la política de vivienda, en la medida que gran parte del patrimonio, por su propia naturaleza, no es susceptible de ser vinculado a la política de vivienda, y la ley requiere que se diseñen unos procedimientos unitarios de gestión.
Por ello, no resultan procedentes algunas enmiendas de Convergència i Unió, como la 164 y la 144, a la que hemos propuesto una transaccional que al parecer ha sido aceptada.
Por lo que se refiere a las enmiendas de carácter puramente técnico, su análisis recomienda aceptar algunas que perfeccionan el texto remitido a las Cámaras. Entre estas enmiendas, sin embargo, existen algunas formuladas por el Grupo
Socialista e Izquierda Unida, que cuestionan los regímenes especiales de gestión de algunos organismos públicos. Estos organismos, relevantes desde el punto de vista patrimonial, son principalmente RENFE, Puertos y las gerencias de Interior y
Defensa. La experiencia positiva en la gestión de estos organismos sugiere que es conveniente mantener cierta autonomía de gestión enmarcada en los nuevos mecanismos de coordinación que establece la ley por razones básicamente de estímulo a estas
organizaciones para una gestión autónoma y eficiente de su patrimonio vinculado por ley a la ejecución de políticas públicas.
Son las enmiendas números 56, 57, 77, 78, 106, 107, 108 y 109.
Para concluir, señorías, quiero agradecer las palabras de los portavoces del Grupo Socialista, de Convergència i Unió y del PNV, así como su comprensión y su talante. Señorías, como portavoz del grupo que sostiene al Gobierno, me gustaría
destacar el trabajo serio y responsable de todos los grupos parlamentarios y el talante dialogante que ha presidido las diversas reuniones que se han mantenido. También agradezco al equipo del ministerio la ayuda que nos ha suministrado y quisiera
personificarlo en el subsecretario, señor Uría, y la directora general de patrimonio, señora Serrano. Buena prueba de todo este buen entendimiento es que previsiblemente, según he podido escuchar a los diversos portavoces, se van a aceptar en torno
al 40 por ciento de las enmiendas presentadas, lo que indica el esfuerzo de aproximación que hemos hecho todos. Todavía nos queda algún trámite parlamentario, lo que nos permitirá seguir identificando textos que puedan ser aceptados por el mayor
número posible de SS.SS., lo que sin duda redundará en beneficio de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (García Breva): Suspendemos la sesión durante cinco minutos para a partir de ese momento proceder a la votación.
(Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
Vamos a votar, de acuerdo con los distintos portavoces, de la siguiente manera. En primer lugar votación de las enmiendas de los grupos siguientes, que son cinco, salvo aquellas que se ha anunciado serán votadas favorablemente por el
conjunto de los grupos y enmiendas a las que se han presentado transaccionales. Así pues, en este primer grupo votamos en primer lugar las enmiendas del Grupo Socialista. (Rumores.) Primero, votamos las enmiendas de los grupos, salvo las que se
han pactado. Tal como han acordado los portavoces, ahora se van a votar por bloques las enmiendas de los distintos grupos, salvo las que los portavoces nos han anunciado que van a votarse favorablemente por todos y las enmiendas transaccionales.
Se votan ahora las enmiendas individuales que se mantienen vivas de cada grupo, y no hay pacto general. Repetimos, en el primer grupo, enmiendas del Grupo Socialista que mantiene vivas sin el acuerdo de los demás.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas que ha conservado vivas el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 17; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 17; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las correspondientes al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos las correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos en contra, 17; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la segunda parte: enmiendas sobre las que se ha anunciado que iban a ser votadas favorablemente por todos. En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 28; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a las enmiendas transaccionales. (El señor Erkoreka Gervasio pide la palabra.)
Señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: No se han votado las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
El señor PRESIDENTE: Perdón. Pasamos a votar, dentro del grupo anterior, las correspondientes al Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación las enmiendas transaccionales. En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 31; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas transaccionales correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió.)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Enmiendas transaccionales correspondientes al Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Por último en este bloque, enmienda transaccional correspondiente al Grupo de Izquierda Unida.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación del texto del dictamen.
Tiene la palabra el señor Jané, por Convergència i Unió.
El señor JANÉ I GUASCH: Para pedir votación separada de unos determinados artículos, que pueden votarse todos ellos en una única votación. Son los números 17, 18, 20, 49, 188, 189, 190 y la disposición final segunda.
Todos ellos pueden
agruparse en una sola votación.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Vasco también quería pedir alguna separación.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Sí, además de algunos artículos que ha citado el portavoz del Grupo Catalán, añadiríamos el artículo 19 y las disposiciones adicionales décima y decimoquinta.
El señor PRESIDENTE: Grupo Socialista.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Pedimos votación separada de las disposiciones adicionales décima y decimoquinta.
El señor PRESIDENTE: Entonces haremos cuatro votaciones. La primera, correspondiente a la petición de separación en un solo bloque que ha hecho el Grupo Catalán (Convergència i Unió).
Dentro del texto del dictamen, se pide que en un solo bloque se voten en primer lugar las propuestas que acaba de hacer el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); es decir se vota a favor de las enmiendas de Convergència y en
contra del texto del dictamen.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: No estoy entendiendo. Lo que vamos a votar ¿es a favor del informe o en contra del mismo?
El señor PRESIDENTE: Ahora íbamos a hacer la votación del texto del dictamen, y el Grupo Catalán quiere que haya una separación de varios artículos.
Dentro del texto del dictamen, pide votación separada para los artículos que ha citado. ¿Esta entendido? (Asentimiento.)
Pues pasamos a votar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, tres; abstenciones, 11.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobados.
Votamos el artículo 19, que era la petición del Grupo Parlamentario Vasco.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, uno; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
La tercera votación separada es la correspondiente a la petición del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el resto del articulado y la exposición de motivos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 12.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado el texto.
Interrumpimos la sesión cinco minutos, y la reanudaremos a las once y media.
Se suspende la sesión.
Se reanuda.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE HACIENDA (MONTORO ROMERO), PARA EXPLICAR LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 213/001301.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión.
El tercer punto del orden del día es la celebración de la comparecencia del ministro de Hacienda para explicar la política de su departamento.
Señor ministro, bienvenido a la Comisión de Economía y Hacienda. Tiene usted la palabra.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señor presidente, señorías, tengo el honor de comparecer una vez más ante esta Comisión de Economía y Hacienda para informar de la actividad del Ministerio de Hacienda que, como SS.SS. saben,
está realizando en esta legislatura una significativa reforma que afecta prácticamente a todas las políticas del departamento.
En esta comparecencia deseo destacar en primer lugar la relevancia de la política presupuestaria a la hora de explicar el favorable comportamiento de la economía española respecto a los principales países de nuestro entorno. ¿Por qué en
esta situación internacional deprimida la economía española está mostrando una vitalidad para algunos inesperada? España crece, crea empleo y reduce el paro gracias en buena medida a nuestra política económica de cuentas saneadas, bajadas de
impuestos y elevada inversión pública. En efecto,
la política económica que estamos aplicando desde 1996 está al servicio del crecimiento y de la creación de empleo, generando estímulos a la actividad económica con los ingresos y con los gastos. El primer estímulo que genera el presupuesto
procede de la austeridad en el crecimiento del conjunto del gasto público, de manera que no supere el crecimiento nominal de la economía. Año tras año se va reduciendo el peso relativo del gasto del Estado en relación con el producto interior
bruto. Esta disciplina general del gasto público es el instrumento principal de la consolidación presupuestaria que hemos acometido en los últimos años, desde 5,98 por ciento de déficit de las administraciones centrales en 1995 hasta los
presupuestos con superávit de los dos últimos años, cuatro décimas en 2001 y dos décimas en el 2002.
En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto del Estado, en los cinco primeros meses de 2003 se registra un superávit de 5.306 millones de euros, que equivale al 0,73 por ciento del producto interior bruto, dato ligeramente superior
al del mismo período del año anterior. Esta disciplina y contención del gasto público deja un mayor margen de actuación al sector privado como motor del crecimiento y genera claras expectativas de confianza para los inversores. El beneficio más
evidente de la consolidación fiscal ha sido la reducción de los tipos de interés a medio y largo plazo, de la que se benefician no sólo la Administración pública, sino sobre todo las familias y las empresas de nuestro país. Si los gastos
financieros del Estado en relación con el PIB tuvieran hoy el mismo peso que en 1996, un 4,4 por ciento, nos tendríamos que gastar 14.500 millones de euros, que, sin embargo, hoy han sido liberados para atender a otras prioridades de gasto público.
En 1995 la prima de riesgo que los mercados financieros asignaban a la deuda pública española respecto al bono alemán a 10 años era de más de más de 500 puntos básicos. A día de hoy, esa prima de riesgo ha desaparecido casi por completo, de
forma que la deuda de nuestro país se sitúa prácticamente a la par con la alemana. Es más, la deuda emitida por el Tesoro público español cotiza en la actualidad por encima de Francia e Italia. Gracias a que la apuesta por la estabilidad
presupuestaria ha sido percibida como creíble por los mercados internacionales, España ha conseguido seguir reduciendo la prima de riesgo de su deuda pública más allá del efecto derivado de nuestra incorporación al área euro. De hecho, la reducción
de 30 puntos básicos hasta la práctica eliminación de nuestro diferencial con el bono alemán en los últimos 18 meses supone sólo respecto a la deuda pública que se va a emitir en este año 2003 un ahorro de 1.400 millones de euros. Con estas cifras
en la mano podemos decir con toda tranquilidad que invertir hoy en España es para cualquier inversor extranjero o nacional igual de seguro que hacerlo en países que tradicionalmente han sido considerados como emblemas de la estabilidad
macroeconómica.
Los estímulos económicos del presupuesto derivan no sólo de la disciplina general del gasto, sino también de su asignación con criterios de eficiencia. En términos generales, esta asignación consiste en reducir el peso de los gastos
corrientes, aumentar los gastos de inversión, orientar los gastos sociales al sostenimiento de la protección social y satisfacer las necesidades de los servicios públicos esenciales como la justicia y la seguridad, que tienen la función de proteger
el marco institucional y social en que se desarrollan la actividad económica y la convivencia ciudadana. Lo anterior no queda en meras palabras. De hecho, desde 1996 el esfuerzo inversor del sector público estatal ha pasado de representar el 2,1
por ciento del producto interior bruto a alcanzar en 2003 el 3,4 por ciento del actual producto interior bruto. La inversión del sector público estatal, que, como he señalado, ha registrado incrementos muy superiores al aumento medio del gasto y
del PIB, alcanzará en 2003 los 24.809 millones de euros, lo que duplica la cifra de 1995. En concreto, la inversión en investigación y desarrollo, instrumento claro para el logro del avance de nuestra economía, ha registrado en estos años un
crecimiento del 243 por ciento, pasando de los 1.151 millones de euros de 1996 a los 4.001 millones de euros de 2003. Pero conscientes de la necesidad de mantener y mejorar el funcionamiento de servicios públicos esenciales, como son la justicia y
la seguridad ciudadana, también estas partidas han aumentado notablemente. El gasto en justicia se ha incrementado desde 1996 en más de un 77 por ciento, alcanzando los 1.138 millones de euros en 2003. Y el aumento registrado en gastos en
seguridad ciudadana en este período ha sido del 40 por ciento, alcanzando los 5.425 millones de euros.
Por último, se han mantenido y mejorado los niveles de protección social, saneando las cuentas de la Seguridad Social hasta lograr que las mismas alcancen no sólo el equilibrio presupuestario sino incluso un superávit, aumentando el número y
cobertura de las prestaciones y garantizando al mismo tiempo el sistema público de pensiones con la continua ampliación del fondo de reserva de la Seguridad Social, cuyo saldo acumulado alcanza ya, con la dotación de 2003, los 7.440 millones de
euros.
En el lado de los ingresos son las reformas tributarias las que contribuyen a generar claros estímulos al crecimiento económico. Desde 1996 el Gobierno del Partido Popular viene realizando una serie de reformas fiscales cuyos principales
objetivos son mejorar la eficiencia y la equidad de nuestro sistema tributario. Así, los focos de estas reformas han sido los impuestos que inciden sobre el trabajo, el ahorro y la creación de empresas, en especial la pequeña y mediana empresa. La
reducción de impuestos ha sido el principal instrumento que se ha utilizado para incrementar la eficiencia
de nuestro sistema fiscal. Sin embargo, no ha sido una rebaja generalizada sino que se ha dirigido principalmente a impulsar los motores del crecimiento económico. Así, desde 1996 se ha venido reduciendo la tributación del ahorro tanto en
el impuesto sobre la renta como en el impuesto sobre sociedades, con los consiguientes efectos positivos sobre la inversión.
Igualmente, señorías, les recuerdo que la reforma del IRPF, en 1998, supuso un incremento de renta disponible para los ciudadanos de 5.000 millones de euros anuales, es decir, de 1999 a 2002 los ciudadanos se han ahorrado alrededor de 20.000
millones de euros en el impuesto sobre la renta. Esta inyección de renta disponible ha impulsado el crecimiento económico aportando cinco décimas anuales a la evolución del producto interior bruto y ha favorecido la creación de 74.000 puestos de
trabajo adicionales cada año. De acuerdo con estos resultados, en la reforma actual se estima un ahorro para los ciudadanos de 3.600 millones de euros en cada ejercicio impositivo, lo que aportará cinco décimas al crecimiento del PIB y contribuirá
a la creación de 65.000 empleos adicionales. Ambas reformas también han reducido en especial la tributación de los rendimientos del trabajo y la brecha fiscal, creando estímulos e incentivos a la contratación por parte de las empresas.
En este punto me gustaría comentar los últimos datos de la actual campaña del impuesto sobre la renta. Hasta el día 23 de junio se han presentado siete millones de declaraciones, un 12 por ciento más que en 2002, y en esta misma fecha el
número de devoluciones y su valor superan en un 25 por ciento las cifras del año anterior. En cuanto a la fiscalidad de las pequeñas y medianas empresas, desde 2000 se ha duplicado de tres a seis millones de euros la cifra de negocio que establece
el límite para considerar a una empresa como pyme, con los beneficios fiscales que ello representa. Se han reforzado las medidas fiscales de apoyo a la I+D+I, obteniéndose igualmente buenos resultados. España goza hoy del esquema de incentivos
fiscales más avanzado de toda la OCDE, tal y como ha reconocido esta misma organización en repetidas ocasiones. De cada 100 euros que la empresa española dedica a investigación, desarrollo e innovación puede deducirse una media de 33. Esta cuantía
es la máxima de todos los países de la OCDE y significa más del doble que la vigente en el país que ocupa el segundo lugar en el ranking de incentivos fiscales en esta materia, Canadá. También quiero reseñar con toda brevedad la importancia de los
incentivos fiscales a la internacionalización de nuestras empresas, el cambio cualitativo que ha supuesto el tratamiento fiscal de las plusvalías empresariales reinvertidas y destacar, asimismo, la importancia de los incentivos fiscales al
desarrollo de los planes de empresa; en definitiva, al sistema complementario de previsión social en nuestro país, al sistema público de pensiones.
En definitiva, señorías, en lo referente a la eficiencia, la reforma fiscal llevada a cabo en los últimos años ha incrementado la elasticidad de nuestros impuestos al ensanchar las bases tributarias y al hacer posible que con un menor
esfuerzo individual mejore la recaudación de nuestras administraciones públicas. Citaré algún dato a este respecto. La elasticidad del conjunto de la recaudación tributaria respecto al producto interior bruto se situaba en un 0,8 por ciento en
1996, mientras que en 2002 es de 1,32. Es decir, la recaudación crece claramente por encima del producto interior bruto, mejorando el funcionamiento del sistema impositivo como estabilizador automático del presupuesto.
Los resultados de la política económica son elocuentes. Desde 1995 el empleo ha crecido en más de cuatro millones de personas y se han creado más de 300.000 nuevas empresas. Los españoles han comprado cuatro millones de viviendas y 9,8
millones de coches, y todo ello tiene su reflejo en la recaudación. En los últimos siete años la recaudación del IRPF ha crecido un 40 por ciento, al igual que los impuestos especiales; el IVA ha aumentado un 80 por ciento y la recaudación del
impuesto sobre sociedades se ha multiplicado por tres. En lo referente a equidad, la reforma del IRPF ha sido la más importante. En 2003 el impuesto se reduce un 11,1 por ciento para el conjunto de contribuyentes, de lo que, unido al efecto de la
reforma de 1998, resulta un ahorro medio para los ciudadanos del 25 por ciento en el pago del impuesto sobre la renta que se concentra en la familia, los mayores, los discapacitados y el fomento del empleo y de la compatibilidad entre la vida
familiar y laboral. Una de las principales novedades de la última reforma, la que ha entrado en vigor en el año 2003, ha sido la ayuda a las madres trabajadoras fuera del hogar. El último dato disponible revela que 412.000 madres se benefician de
la paga, por un total de 438.000 hijos, lo que ha supuesto hasta junio una cantidad de 218 millones de euros.
El resultado de esta política de ingresos y gastos es un presupuesto equilibrado que contribuye a la estabilidad general de la economía en el actual contexto expansivo de la política monetaria derivada del euro. Y es un presupuesto
flexible, con mayor capacidad de los estabilizadores automáticos, tanto por la vía de los ingresos, gracias a la elevada elasticidad de los impuestos, como por la vía de los gastos, gracias también al mayor margen de maniobra del presupuesto para
hacer frente a necesidades coyunturales.
Señorías, en los últimos años la economía española ha dado pasos muy firmes en la dirección que nos habíamos marcado. Hoy estamos mucho más cerca de la renta por habitante de la Unión Europea y estamos también más cerca de la sociedad del
pleno empleo. Cada año transcurrido desde 1995 hemos ganado más de un punto porcentual en nuestra convergencia con Europa. Nuestro país, por primera vez en la historia económica de la democracia, está logrando superar una época difícil
para la coyuntura internacional manteniendo e incluso acelerando el proceso de convergencia real con los países de nuestro entorno económico y creando nuevos puestos de trabajo a ritmos desconocidos en las fases bajistas del ciclo. En
efecto, durante el año 2002 España logró un crecimiento económico del 2 por ciento, más del doble que el promedio del área euro. En el primer trimestre el crecimiento alcanzó el 2,1 por ciento, con una demanda interna que se mantiene elevada
-aumento del 3 por ciento- y que se refleja, entre otras cosas, en la positiva evolución de los datos de recaudación tributaria, así como en el también positivo comportamiento de los resultados ordinarios de nuestras empresas. Además, la inflación
ha iniciado una trayectoria claramente descendente desde los niveles alcanzados al final de 2002. En el mes de mayo los precios descendieron una décima, con lo que la inflación interanual se sitúa ya en el 2,7 por ciento, con un claro
estrechamiento de nuestro diferencial de inflación con el promedio de la eurozona, hasta niveles claramente compatibles con el mantenimiento de la competitividad de nuestra economía.
Nuestro país está, por tanto, en la mejor situación posible para beneficiarse de una recuperación de la economía mundial que con toda probabilidad comenzará a dejarse sentir claramente en la segunda mitad de este año 2003. Pero es que
además los datos de creación de empleo siguen siendo relevantes. En 2002, la economía española fue capaz de crear 203.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo, mientras que el ritmo de aumento de la afiliación a la Seguridad Social se situó
en el 3 por ciento. En el primer trimestre de este año el ritmo de creación de empleo, también en términos de contabilidad nacional, alcanzó el 1,5 por ciento, cuatro décimas más que en el último trimestre de 2002, lo que supone un crecimiento
anualizado de 228.000 nuevos puestos de trabajo. La afiliación a la Seguridad Social en mayo aumentó en más de 147.000 personas, con lo que se supera ya la cantidad prevista para todo el año y se alcanza la nueva cifra récord de 16,7 millones en el
total de afiliados, con las consecuencias positivas que eso tiene para el presupuesto de la Seguridad Social.
La elocuencia de los datos anteriores permite afirmar que se ha roto definitivamente lo que parecían dos verdades indiscutibles cuando se hablaba de la economía española: por un lado, que nuestro país hubiera de perder en épocas de
desaceleración económica buena parte de lo avanzado en términos de convergencia real durante los períodos de expansión y, por otro lado, nuestra supuesta incapacidad para crear nuevos puestos de trabajo si no crecíamos por encima del 3 por ciento.
Señorías, la eliminación del déficit público culmina, en definitiva, la desaparición de uno de los impuestos más injustos. Cuando existe una diferencia negativa entre los ingresos y los gastos, se financia hoy con más deuda y tipos de
interés más altos y se paga mañana con mayores impuestos. La experiencia demuestra que cuando no hay un interés real por controlarlo, el déficit público se hace cada vez mayor. Para garantizar el mantenimiento de este objetivo hemos aprobado las
leyes de estabilidad presupuestaria, que suponen el compromiso definitivo del Gobierno con la sociedad para no gastar más de lo que los ciudadanos aportan. Es un contrato con la sociedad que limita la discrecionalidad y mejora la eficiencia del
gasto. Con la Ley general de estabilidad presupuestaria, por la que articulamos nuestro compromiso con el equilibrio presupuestario, queremos hacer perdurable la consolidación de las cuentas públicas para los próximos años. En desarrollo de esta
ley y con el fin de lograr una mayor eficiencia en la asignación de gastos público, se han elaborado los anteproyectos de una nueva ley general presupuestaria y de una ley general de subvenciones. La ley general presupuestaria, que estaba ya
prevista en la Ley general de estabilidad presupuestaria, desarrolla las orientaciones de esta y tiene el objetivo de incorporar los principios de estabilidad, plurianualidad, transparencia y gestión eficiente a todos y cada uno de los gestores del
sector público estatal.
El anteproyecto de ley regula el diseño de escenarios presupuestarios plurianuales dentro de los que debe enmarcarse el correspondiente presupuesto anual, y establece un sistema de presupuestación por objetivos que permite
aumentar la flexibilidad y la responsabilidad de los departamentos en la ejecución del gasto. La ley general de subvenciones, por su parte, viene a cubrir una tradicional demanda de nuestro ordenamiento y tiene como objetivo avanzar en la gestión
transparente y eficaz de las subvenciones, tanto nacionales como comunitarias, en un marco de estabilidad presupuestaria. La nueva ley, apoyándose en los principios de igualdad, publicidad, transparencia, objetividad y eficacia, pretende mejorar
los procedimientos de gestión subvencional, concesión, control, reintegro, infracciones y sanciones, con el fin de incrementar la seguridad jurídica de los beneficiarios finales y lograr, a fin de cuentas, una asignación eficiente del gasto público.
Otra de las preocupaciones del Gobierno en los últimos años ha sido promover una mayor participación de la sociedad civil en las actividades de interés general. El instrumento utilizado para conseguir este objetivo ha sido la nueva Ley de
mecenazgo, que establece una tributación más favorable para las empresas privadas que desarrollan actividades de interés general e incrementa las bonificaciones establecidas tanto en el IRPF como en el impuesto de sociedades para las donaciones a
este tipo de empresas. Con el fin de combinar un régimen fiscal tan favorable con el necesario control, se obliga a declarar todas las rentas, las exentas y las no exentas. Es cierto que esta situación ha provocado alguna incertidumbre en las
asociaciones sin ánimo de lucro de menor tamaño, por lo que se ha revisado dicha obligación. Así, con efectos para los períodos impositivos
iniciados a partir del 1 de enero de 2002, las entidades e instituciones sin ánimo de lucro no tendrán que presentar declaración cuando únicamente obtengan rentas exentas y los ingresos totales no superen los 100.000 euros. Hoy mismo se va
a mejorar esta redacción para que estas entidades, aunque obtengan rentas no exentas, tampoco tengan que presentar declaración si estos ingresos están sometidos a retención y no exceden de una cuantía anual determinada. En definitiva, lo que el
Gobierno pretende con esta nueva ley es mejorar considerablemente el régimen fiscal de las entidades sin fin de lucro, no sólo contemplando unos mayores incentivos y estímulos, sino también dinamizando las actividades realizadas por estas entidades
de forma que todos, tanto las propias fundaciones como la sociedad, podamos obtener el mejor partido posible de la eficacia con la que estos entes de naturaleza privada atienden a las actividades de interés general.
El último reto fiscal que acaba de abordar el Gobierno es la reforma de la Ley general tributaria para conseguir que se adapte a las nuevas tecnologías, actualizar el sistema sancionador y ofrecer al contribuyente un marco general tributario
más seguro, más cómodo, más sencillo y más eficaz. Con esta nueva ley será más fácil cumplir y más difícil defraudar. Será más fácil cumplir porque la ley mejora los derechos y garantías de los contribuyentes, moderniza los procedimientos y pone
al servicio de los ciudadanos las tecnologías de información más avanzadas.
Por otra parte, la ley estimula el cumplimiento voluntario y al mismo tiempo refuerza la lucha contra el fraude, limita el uso inadecuado de la norma tributaria, establece
nuevos sistemas de responsabilidad y mejora el régimen de infracciones y sanciones, por lo que resultará más difícil defraudar.
Aunque la Ley general tributaria enmarca en cierto modo el conjunto de reformas fiscales que se han hecho en los últimos años, la mejora del sistema fiscal no es un proceso cerrado, sino todo lo contrario. El equilibrio presupuestario y el
impulso económico derivado de las reformas sientan las bases para avanzar en el camino de las rebajas impositivas, reforzando la equidad y la eficiencia de nuestro sistema tributario. El mejor ejemplo lo encontramos en las últimas medidas de
reforma económica y fiscal aprobadas en abril de este año. Se trata de un conjunto de actuaciones de marcado carácter estructural que, sin lugar a dudas, contribuirán a situar a nuestro país en la mejor rampa de lanzamiento para beneficiarse de la
próxima recuperación de la economía mundial, favoreciendo el crecimiento económico y la consiguiente creación de empleo. Estas medidas favorecen de un modo explícito a los sectores y grupos de población más sensibles y estratégicos de la economía
española: madres trabajadoras, jóvenes emprendedores, autónomos y pymes. Así, se amplía a 750.000 el número de empresas que tributarán en el régimen especial de pymes dentro del impuesto sobre sociedades, se crea una nueva cuenta ahorro-empresa
con descuentos fiscales para fomentar la iniciativa de los emprendedores, se aprueba el incremento de los coeficientes máximos de amortización para fomentar la inversión empresarial y, en último lugar, se establece un régimen fiscal especial para
las entidades de nueva creación que inviertan en inmuebles para alquiler, con el objeto de facilitar el acceso de los jóvenes y las familias con nivel menor de renta a un bien tan básico como la vivienda.
Señorías, uno de los mayores avances en esta legislatura ha sido la contribución del Gobierno al proceso de descentralización política y administrativa del sector público. Este proceso, tanto en su vertiente financiera como en la
tributaria, ha tenido como principal objetivo dotar a las comunidades autónomas y a las entidades locales de mayor autonomía y responsabilidad en ingresos y en gastos. El primer capítulo de este proceso fue el diseño y la puesta en práctica de un
sistema de financiación autonómica estable que otorgó a las comunidades autónomas de régimen común mayores competencias en gasto con la transferencia íntegra de la sanidad y unos ingresos estables, suficientes y con amplia capacidad normativa. Se
estima que en 2003, después de asumir la sanidad, las comunidades autónomas ejercen el 37 por ciento del gasto consolidado del conjunto de administraciones públicas, mientras que las administraciones centrales (Estado y Seguridad Social) gestionan
el 48 por ciento, y el 15 restante está en manos de las entidades locales. El proceso continuó con la renovación del Concierto Económico con el País Vasco, que supone para esa comunidad autónoma disponer de un marco tributario financiero estable,
no sometido a plazos de renovación.
La financiación de las entidades locales fue el siguiente reto del Gobierno. En noviembre de 2002 se firmó un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias que ha dado paso a un nuevo sistema de financiación estable,
corresponsal y moderno, que elimina el impuesto sobre actividades económicas a más de 2.200.000 autónomos, profesionales y pymes, con la compensación correspondiente desde los presupuestos del Estado a las entidades locales. Así, en el año 2003
entra en vigor un nuevo sistema de financiación para estas entidades más moderno, eficiente, corresponsable y suficiente. Moderno, porque adapta la financiación local a la nueva realidad económica y social. Eficiente, porque mejora la asignación
de los recursos y fomenta la creación de empleo. Corresponsable, porque eleva la capacidad normativa de los ayuntamientos e introduce la novedad de compartir los grandes tributos del Estado. Y suficiente, porque garantiza a las corporaciones
locales los recursos necesarios para atender a sus gastos. En definitiva, el nuevo sistema garantiza una cierta estabilidad en la obtención de los recursos por parte de las corporaciones locales. Al igual que en el sistema de financiación
autonómico, el unánime acuerdo del que nace el sistema de financiación local, junto con la mayor corresponsabilidad y variedad
de las fuentes financieras, contribuyen claramente a estabilizar la financiación a lo largo del tiempo.
En último lugar, la actualización del Convenio Económico con Navarra a principios del 2003 supone un paso más en el proceso de normalización y vertebración de las sociedades territoriales en el conjunto de España.
Con el nuevo convenio, la
Comunidad Foral de Navarra accede a mayor capacidad fiscal y financiera; se facilitan las relaciones entre el contribuyente y las administraciones tributarias, se refuerza la colaboración entre el Estado y la Hacienda foral y se contribuye a una
mejor integración de esta comunidad en el proceso de desarrollo económico del conjunto de España. Después de este acuerdo sobre el Convenio Económico para Navarra, todas las comunidades autónomas disponen ya de un sistema de financiación estable.
Señorías, respecto a la política de privatizaciones de empresas públicas, durante el último año hemos continuado el programa de modernización del sector público empresarial del Estado aprobado en 1996, un programa que por primera vez tiene
carácter global y que ha permitido mejorar la eficiencia y la competitividad de estas empresas. El programa incorpora los principios de publicidad, transparencia y concurrencia para reforzar el sistema de garantías en las privatizaciones. Se
favorecen las ofertas que presentan un plan industrial y apuestan por nuevas inversiones y el mantenimiento y la estabilidad de los trabajadores. Todos los procesos se han desarrollado en un clima de diálogo y cooperación con todas las partes
implicadas. El último año se han privatizado Trasmediterránea y Aricesa, y actualmente están en proceso de privatización ENAUSA, pendiente del informe del Consejo Consultivo de Privatizaciones y aprobación por el Consejo de Ministros, y MUSINI,
donde la SEPI ha recibido las ofertas vinculantes.
En el ámbito de la política patrimonial del Estado hay que destacar como novedad la aprobación por el Gobierno del proyecto de ley del patrimonio de las administraciones públicas, actualmente en tramitación en la Cámara -esta mañana en el
seno de esta Comisión-, que pretende una mayor racionalización en el uso del patrimonio del Estado, aumentando su cohesión y movilidad. Este proyecto mejora la eficacia de la administración de estos bienes públicos, configura el régimen patrimonial
general de todas las administraciones públicas, y actualiza la regulación del patrimonio público empresarial. Como manifesté en el debate de totalidad, con esta ley de patrimonio se aplica una política patrimonial para toda la Administración del
Estado coherente con el objetivo general de estabilidad presupuestaria, soporte del crecimiento duradero de la economía y de la creación de empleo y coherente también con el objetivo particular de apoyar a la política de vivienda y contribuir en
alguna medida a la moderación de los precios de la misma.
Señorías, señor presidente, la evolución de la economía española en un contexto europeo internacional muy debilitado está siendo satisfactoria.
Ahora, cuando se están superando las incertidumbres que han estado retrasando la recuperación
del mercado mundial, la economía española está bien situada para responder a los nuevos estímulos y avanzar en el crecimiento económico, convergencia con la renta de la Unión Europea y creación de empleo. Las instituciones internacionales coinciden
en afirmar que España ha tenido un comportamiento mejor porque su política económica de estabilidad presupuestaria y de reformas estructurales ha sido más decidida. El esfuerzo que hemos hecho para sanear las cuentas públicas y mantener equilibrado
el presupuesto durante los ejercicios de mayor debilidad cíclica nos ha permitido continuar el programa de reformas tributarias y reforzar la inversión pública y el gasto social.
El valor de esta política se ha acentuado más últimamente, en
contraste con las dificultades de otras economías cercanas, otras economías europeas que se han visto obligadas a tomar medidas dolorosas para retomar la senda de la consolidación fiscal.
Permítanme que finalice expresando mi convicción de que esta política económica tiene todavía un largo camino por delante. Ha demostrado que es una herramienta útil para encontrar solución al primer problema de nuestra sociedad, que es la
creación de empleo. En realidad, es la herramienta más útil de cuantas hemos conocido en la democracia española.
Por eso, su primer horizonte natural es el pleno empleo.
El señor PRESIDENTE: En el turno de portavoces, tiene en primer lugar la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Fernández Marugán.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: En honor a la verdad tendría que decir que a lo largo de las últimas semanas han comparecido en distintas comisiones del Congreso de los Diputados el secretario de Estado de Presupuestos y el secretario de Estado
de Hacienda y que el tipo de intervención de uno y otro no ha sido distinto del de la intervención del señor ministro en la mañana de hoy. Creo honestamente que de alguna manera se han repetido algunos de los datos que ya conocíamos y poco ha sido
lo que se ha avanzado desde el punto de vista de que conozcamos cómo han sido los acontecimientos económicos en España y cómo ha sido la evolución tanto del presupuesto de ingresos como de gastos.
Ni que decir tiene que mi grupo se acerca a esta realidad con un enfoque totalmente distinto del que ha expuesto aquí en la mañana de hoy el señor ministro de Hacienda. En los últimos años hemos gozado de unas holgadas condiciones
financieras en el conjunto de la economía española derivadas fundamentalmente de una política monetaria extraordinariamente permisiva, política monetaria que ha corrido a cargo del Banco
Central Europeo y que ha hecho que las familias españolas hayan podido acceder a tipos de interés bajos y a créditos hipotecarios fundamentalmente de larga duración. Como consecuencia de eso nos hemos encontrado con que son muchas las
familias españolas que se han embarcado en procesos de adquisición de bienes inmuebles. En este momento vivimos una doble circunstancia que está todo el día en el lenguaje de los políticos, de los economistas y de los sociólogos, y es que tenemos
tasas históricas de endeudamiento y tasas históricas de reducción del ahorro familiar en España. Es una doble circunstancia, una tijera que en algún momento se ajustará y creará algún problema. Pero eso también les ha sucedido, aunque con menor
intensidad, a las empresas españolas, que están endeudadas, pero con menos peso que el conjunto de los hogares españoles. En cualquier caso, ante uno y otro se plantean una serie de cuestiones: ¿En qué condiciones tendrán que devolver los créditos
solicitados? ¿Cuál tiene que ser la marcha de la renta disponible en el próximo futuro para que no se vean inmersos en algunas situaciones sociales no deseadas por nadie? Claro está que eso va a depender, por tanto, del empleo y fundamentalmente
del crecimiento.
Desde la perspectiva de mi partido político, el modelo español de crecimiento, el modelo que arranca del año 1995, está agotado. Es un modelo que se fundamentaba esencialmente en un crecimiento espectacular del sector de la construcción,
que tiene al menos cuatro características: poca tecnología, mano de obra con escasa productividad y en algunos casos en unas condiciones laborales poco dignas a la altura del siglo XXI, escasamente respetuoso con el medio ambiente y con una enorme
capacidad de absorción de recursos que impide que esos recursos vayan a otro tipo de actividades. Aquí hemos tenido el auge del modelo cemento, pero hemos tenido una fuerte decadencia de las actividades industriales basadas en la especialización
económica y en el avance productivo. Y surge un problema que no se ha abordado aquí. Usted ha hecho una intervención -me va a permitir que se lo diga- un tanto monocorde, corta en el tiempo, lo que me crea problemas, y un poco antigua, pero yo no
le tendría que censurar que sea ni lo uno ni lo otro, a fin de cuentas, cada cual tiene su manera de acercarse a los problemas. Pero no se ha situado en algunos de los grandes retos que tiene en estos momentos la economía española y, por tanto, la
Hacienda pública española.
Nos guste o no nos guste, vivimos en una economía abierta, integrada y sincronizada con el resto de Europa. No se puede hacer el tipo de políticas que se hacían antiguamente y no se puede esperar que una devaluación competitiva del tipo de
cambio nos resuelva los problemas que la evolución del ciclo, a la que usted ha hecho una alusión de pasada, nos crea. Teníamos momentos de gran avance económico que tenían siempre la restricción del sector exterior y la devaluación del tipo de
cambio.
Eso ya no se va a producir, no se va a poder establecer ese tipo de políticas en esta parte del mundo. Por tanto, hay que buscar los fundamentos de las políticas económicas, y los fundamentos de las políticas económicas pasan por que
seamos capaces de establecer un sistema económico que funcione con algún nivel de eficacia y de competitividad. Y ahí surge el primer problema: ¿cuántos diferenciales de precios puede aguantar una economía como la española? Porque todos nos
alegramos de la buena marcha de los precios en los últimos meses, pero admítame, señor ministro, que en los últimos años, en relación con la Unión Europea, nuestros diferenciales se han acumulado cinco puntos. El informe del banco emisor hace un
análisis sobre la capacidad de la economía española para ver cómo han ido evolucionando los sucesos económicos. En la página 23 viene un bonito gráfico donde se ve el diferencial de inflación acumulado entre España y la Unión Europea. Es
importante, cinco puntos en relación con la media europea, siete puntos en relación con Francia y Alemania. Por tanto, ahí se plantea un problema que mi grupo quiere poner de relieve, y es que hay dos riesgos en la economía española. uno de ellos
tiene lógica política. En esta área del mundo habrá que lograr que la economía alemana salga de la fase de recesión, y mientras se hacen las medidas de política económica para que esto suceda, nos vamos a encontrar con situaciones de política
monetaria holgadas.
Un segundo problema es el de la competitividad. Nosotros nos preguntamos si usted cree que en el próximo futuro la economía española gozará de los impulsos expansivos que venimos gozando desde que entramos en la unión económica y monetaria.
¿Usted cree que gozaremos del grado de autonomía para hacer la política que nos parezca más conveniente? Yo creo que no va a ser así y que tendríamos que ser capaces de poner en marcha algún conjunto de políticas que elevaran la productividad y
aumentaran la inversión en equipo y en capital humano. Y digo esto porque creo que el modelo de crecimiento español necesita dar un giro hacia la recuperación de la formación bruta de capital en bienes de equipo y hacia el sector exterior. Eso
tropieza con el modelo que hemos tenido hasta ahora y que se va a alargar hasta finalizar los procesos electorales, que ya no da más de sí, que se ha caracterizado fundamentalmente por el auge del consumo privado y por el auge de la construcción
residencial. En ese terreno, si nosotros hemos gozado de unas condiciones de política monetaria extraordinariamente permisivas, que han permitido que la demanda interior haya sido el agente fundamental de la marcha de la economía, qué decir de la
política fiscal, porque la política fiscal no ha sido a lo largo de los últimos años una política anticíclica. Lo dejó de ser pronto. La política fiscal a lo largo de los últimos cuatro años ha sido una política procíclica, con algunas ventajas y
algunos inconvenientes -no lo voy a enjuiciar en este momento-, pero desde luego ha
sido una política que ha añadido a los desequilibrios que venían generados por la política monetaria del Banco Central Europeo algunos desequilibrios generados por decisiones autóctonas. Se daban las condiciones para haber producido un
equilibrio de las cuentas públicas, y no se ha producido. La política ideológica que tanto caracteriza a su pensamiento y al del señor Aznar, la creencia de que de alguna manera habría que ir a una serie de actuaciones restrictivas del sector
público, ha quedado en un terreno de nadie. Si se daban las condiciones para hacerla, tendremos que decir que en este momento el equilibrio no se ha producido, y además de no haberse producido, nos hemos encontrado con que a lo largo de los últimos
años se ha puesto de relieve la existencia de un conjunto de factores que yo no quisiera dejar de poner de relieve hoy en día.
Con muy poquitos datos, con muy poca insistencia en ello, le voy a recordar al menos tres o cuatro cosas que están ahí, que no me las invento yo, que aparecen en los periódicos y que de alguna manera deberían tener alguna explicación
razonable para la que deberían servir las comparecencias que tenemos aquí, las haga usted o las haga los secretarios de Estado. La presión fiscal ha subido dos puntos desde 1995.
Eso lo dice Eurostat. Usted ha venido a decirnos aquí que se habían
bajado los impuestos. No. De verdad que no. En España se ha producido en estos años una reestructuración impositiva. Es verdad. Pero el resultado de la reestructuración impositiva no es que se pague menos. No. El resultado de la
reestructuración impositiva es que pagan otros y por otros conceptos, es decir, los que antes estaban sometidos a una imposición directa que contemplaba amplias bases imponibles en este momento se encuentran con una exoneración prácticamente total
de la renta de capital. Este es un impuesto sobre nóminas no deflactadas ni en las tarifas ni en los mínimos. Se lo recordaba yo hace poco al señor Ponga: las correcciones monetarias de los mínimos exentos, según el Banco de España en un último y
reciente artículo, no llegaban al 3 por ciento.
Ahora mismo hay en el Ministerio de Hacienda una cierta tensión que se resuelve como siempre, ocultando la información. Siempre igual, siempre la misma querencia. Ha coincidido la reforma del IRPF
en el tiempo con incrementos salariales y con compensaciones por desviaciones de inflación, y como consecuencia de la coincidencia en el tiempo, nos hemos encontrado con que las retenciones han crecido mucho. Han presumido de que las retenciones
crecían mucho, pero en la medida en la cual uno se va alejando del origen de coordenadas, las retenciones crecen menos. Han sido positivas en los meses de enero -porque la nueva tarifa entró en febrero-, febrero y marzo, y el problema se ha
producido en el mes de abril, cuando se han encontrado que las retenciones son negativas, y en lugar de ser capaces de acomodarse a la marcha de la legislación y del ciclo, lo único que se les ha ocurrido ha sido ocultar la información.
Han caído
las retenciones de las grandes empresas en el mes de abril una cantidad moderada, pero van a seguir cayendo a lo largo del ejercicio. No se puede pretender en economía sorber y soplar, se lo decía hace unos días al señor Ponga y se lo digo a usted.
Con la marcha de los salarios, con la marcha de las prestaciones, con la marcha de las revisiones como consecuencia de la desviación de la inflación, con la negociación colectiva y con el ritmo del empleo, el IRPF va a tener durante algunos meses un
resultado bueno y positivo, por lo tanto, no tienen ustedes por qué evitar dar a conocer esta situación, porque además, comparada con la del año 1999, es un tanto singular: en el año 1999 las retenciones cayeron un 8,9 por ciento y este año se
calcula que van a caer un 4,5 por ciento porque no han deflactado bien la tarifa, porque no han deflactado bien los mínimos exentos, porque siguen haciendo una política fiscal que exonera a las rentas del capital y a las ganancias del capital y que
somete y sujeta a las rentas del trabajo. El sistema tributario español se caracteriza por dos hechos: que hay una capa enorme de contribuyentes que tienen que soportar el fisco de la tarasca y que existe una capa fina y selecta de contribuyentes
que pueden modular la presión tributaria. Esa es la salutación que ha hecho el Partido Popular de la política fiscal, y en este momento se encuentran en la tesitura de decir que el funcionamiento del sistema produce ampliaciones de bases y
recuperaciones de la recaudación instantáneas, pero no querer reconocer que este tipo de fenómenos mes a mes se ajustan de alguna manera con poca eficacia y puede ocurrir que en algún momento empecemos a decir que los resultados de la recaudación
del IRPF son menos positivos que los del mes anterior y que este fenómeno se traduzca en un cercenamiento de la información.
En España ha habido, pues, una redistribución impositiva importante que no se ha traducido en una reducción de la presión fiscal, sino, todo lo contrario, en que los contribuyentes más afectos a los intereses políticos y económicos del
Partido Popular gozan de un enorme alivio tributario y el resto de los ciudadanos ven cómo la fiscalidad es un hecho que aparece en su situación económica de manera cotidiana todos los años. ¿En la otra cara de la moneda? Yo tengo que recurrir
siempre a estadísticas europeas, porque ustedes nos pueden privar de información, pero Europa les tiene que proporcionar información, alguna vez lo dije en el pleno del Congreso. Esto recuerda a cuando yo era más joven, cuando lo que no se
publicaba en la prensa española yo lo oía en Radio París. Pues la OCDE y Eurostat son como radio París, como la Radio París de la época de la autarquía. Yo le traigo a usted lo que usted no me da, unos datos de Eurostat y otros de la Unión
Europea. Con los datos de la Unión Europea, España es una nación que, teniendo los ajustes que tiene, ve cómo la aportación social ha pasado del 24 por ciento al 20 por ciento en la era del Gobierno del Partido Popular. Creo
que esto nos lleva a algunos de nosotros a plantearnos algunas cuestiones.
Créame, el ciclo político y el ciclo económico españoles han tenido alguna diferencia con el ciclo político y el ciclo económico europeo, algunas diferencias buenas
derivadas de la marcha de la política española. Es verdad que en el mundo los años ochenta fueron una época dedicada fundamentalmente a las privatizaciones, los años noventa fueron una época impregnada por la nueva economía y que dicen los
conservadores inteligentes de la Unión Europea que la década 2000 será una época dedicada a las políticas públicas. En España no sucede eso, sinceramente.
En España, la década de los ochenta fue una época de capitalización institucional,
democrática, física, de capital humano; la década de los noventa fue una época de privatizaciones de las de Rato, que permiten y hacen que los poderes públicos entren a distribuir y a organizar el reparto de la riqueza. ¿Y la década de los 2000?
Es la época de la divergencia. En este momento nosotros divergemos en el comportamiento de los agentes económicos españoles respecto a los comunitarios, y ese es un fenómeno temporal en el que al cabo de unos años se producirá un ajuste, nos guste
o no nos guste. El problema es qué tipo de ajuste se produce.
Señor Montoro, usted es ministro de presupuestos, usted, que es catedrático de Hacienda Pública y que además es el único catedrático de esta asignatura que ha tenido la condición de ministro, lo que, por cierto, no le ha dado lustre al
ministerio -es una opinión personal-, no se ha caracterizado por ser un factor en aras de la transparencia, se ha comportado en el Ministerio de Hacienda más bien como un Torquemada, es decir, su paso por el Ministerio de Hacienda es bastante
oscurantista desde el punto de vista de la política, de los datos y de muchas actitudes. Pues bien, hace muchos años que Yusti ya decía que el presupuesto había que administrarlo bien y que, de alguna manera, tendríamos que ser capaces de hacer una
gestión eficiente.
No ha dicho nada de los servicios públicos. Nos ha contado una vez más la letanía conservadora de la reducción fiscal con una cierta tristeza. Yo le decía que no le voy a acusar de ser portador del pensamiento antiguo, entre otras cosas,
porque en la antigüedad hay cosas muy interesantes. Yo no soy de los que cree que todo lo que es moderno sea bueno, aquella frase que atribuían a Delors que decía: ¿Y por qué este sistema de elección presidencial es mejor que el otro? Porque es
nuevo. Pues hay cosas buenas en lo nuevo y hay cosas buenas en lo antiguo. Sinceramente, si tuviera que calificar su intervención, tendría que decirle que me ha recordado cosas de cuando yo era joven. Pertenezco a una generación de españoles a
los que sus padres se dedicaron con un candor y una intensidad extraordinarios y procuraban que nuestro nivel y nuestra condición de vida mejoraran mucho. Soy de una generación de españoles que probó el aceite de ricino. (Risas.) Lo suyo ha sido
hoy aceite de ricino, auténticamente aceite de ricino, no ha sido portador de un pensamiento nuevo, sino el portador de un pensamiento antiguo, me parece bien, pero podía haber producido algunas cosas en esta intervención que nos hubieran situado en
una buena sociedad. En España hay que hacer un esfuerzo para restaurar la confianza, y ese esfuerzo tiene algunos elementos que me parecen importantes y pasa por los servicios públicos. No ha dicho nada de ellos y, en materia de servicios
públicos, en España quedan muchas cosas por hacer. Los españoles tienen derecho a fortalecer la posición de los débiles porque los fuertes se valen por sí solos. ¿Por qué va a defender usted los intereses de la COE? Los de la COE se defienden
solos, lo que hay que hacer es defender los intereses de esas mujeres y de esos hombres que necesitan un sistema educativo, un sistema sanitario, una seguridad ciudadana. Si no hacemos esas políticas, ¿cuál es el sentido de la política en este
momento? En esta sociedad hay que poner fin a algunas cosas que están ocurriendo, de las que usted es un adalid. Ustedes dicen que pueden enseñar a los demás a hacer determinadas políticas económicas.
Las suyas se han caracterizado por acabar con
lo poco que había en esta sociedad de modelo social medianamente razonable. Nosotros tenemos que poner coto a esa política; tenemos que poner coto a esas políticas antigualitarias que producen una estratificación de la sociedad negativa.
El otro día me comprometí con mi compañero Germà Bel en que iba a recordar que esa deducción a favor de las mujeres españolas, de la que usted se siente tan orgulloso sólo la agotan las mujeres que tienen estabilidad y alta renta, pero las
que no las tienen no agotan el estímulo de los 100 euros mensuales. Ese tipo de políticas hay que orientarlas de otra manera y hacer una política de provisión de bienes públicos capaz de compaginarse por razones de equidad, de eficacia y de
sostenibilidad.
Señor presidente, señoras y señores diputados, estos años hemos asistido a una política conservadora, muy conservadora, cuya estrategia fundamental ha consistido en ofrecer servicios privados a los ciudadanos acomodados, a los ricos; a mí
no me cuesta trabajo decir lo de los ricos; yo no tengo complejo, yo pertenezco a un grupo político que ha luchado siempre...(El señor Martínez-Pujalte López: Por los pobres.) por igualar las condiciones de vida en el seno de la sociedad española
y por no hacer, a la altura del siglo XXI, operaciones de desamortización como las que se han hecho en los últimos años en el seno del sector público español.
Además, a esa política destinada a favorecer fundamentalmente a los acomodados y a los ricos hay que añadir otra, la de los servicios públicos escasos, precarios, de la cual disfruta o carece el conjunto de los españoles y, desde luego, los
poseedores de más baja renta. Nosotros tenemos que poner de relieve esa política. ¿Por qué? Porque no contribuye a la sostenibilidad de
esta sociedad; esta sociedad no camina en la buena dirección si perviven esas políticas.
Mi última expresión, si me lo permite el señor presidente, será una expresión que refleja bien esta situación. A mí me parece desdeñable cualquier posición política que ignore lo que nos ocurre a nosotros mismos, que ignore lo que está
ocurriendo en esta sociedad; en esta sociedad, en un momento determinado, el modelo de desarrollo se ha sustanciado en aras de la desigualdad. El renacentista británico Juan de Salisbury, del siglo XII, que fue obispo, amigo y compañero de Tomás
Becket, puso de relieve que quienes sean capaces de tomar en cuenta las condiciones en que se desenvuelven merecen consideración. Desde luego, los que pretendan darnos una larga cambiada presentando un mundo rosa, que no es el mundo de esta
sociedad en este momento, no merecen esa consideración. Ese ha sido el motivo de la intervención de mi grupo en la mañana de hoy.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.
El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del ministro de Hacienda ante esta Comisión de Economía para explicarnos todas aquellas cuestiones que hacen referencia a los ingresos tributarios de este primer
semestre del año 2003, así como las futuras iniciativas que el Gobierno tiene previsto traer al Parlamento.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tuvo oportunidad de fijar su posición respecto a la evolución de la política económica española en la comparecencia del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía ante ante
esta Comisión, por tanto hoy manifestaremos lo mismo, en el sentido de que nuestro grupo parlamentario coincide en que la economía española durante lo que va del año 2003 pasa por un período de crecimiento sostenido por encima de la media europea y
que ha superado las expectativas de estancamiento de finales del año 2002. También coincidimos con el Gobierno en que el origen del buen comportamiento de la economía española, creciendo por encima de lo que crece en los países de la media europea,
está basado en la fuerte demanda interna de todos los ciudadanos y hogares españoles, así como en el impulso de la construcción, tanto pública como privada.
Nosotros dijimos ayer al vicepresidente económico del Gobierno, y hoy se lo volvemos a decir aquí al ministro de Hacienda, que ahora, con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2004, tienen una oportunidad para
intentar cambiar el origen del crecimiento actual de la economía española, de forma que se puedan implementar acciones orientadas a impulsar la economía productiva y que pueda incrementarse la inversión española y, al mismo tiempo, implementar una
serie de medidas encaminadas a incrementar la internacionalización de las compañías y del tejido industrial español. Este sería buen momento para implementar estas medidas para cambiar el origen del crecimiento de nuestra economía. La gran
oportunidad es que las propongan en el debate presupuestario, a fin de posibilitar un impulso efectivo de la economía productiva, de la política industrial española y, al mismo tiempo, aplicar medidas concretas dirigidas hacia una mayor inversión en
nuestro tejido productivo, para que nuestras pequeñas y medianas empresas, que todavía están actuando interiormente, puedan abrirse a los mercados exteriores, a los mercados de los países del Este, que pronto se incorporarán a la Unión Europea, sin
descuidar los mercados asiáticos y el mercado norteamericano.
Dicho esto, hoy tenemos una magnífica oportunidad para plantear, discutir y también conocer la opinión del ministro de Hacienda sobre algún aspecto que consideramos muy importante y que ya hemos podido leer en algún medio de comunicación.
¿Existe o no hoy en España margen de maniobra suficiente para acometer una nueva rebaja impositiva, una nueva rebaja tributaria para todos los españoles? El debate que ha suscitado el diputado señor Marugán respecto a si todas las rebajas o
reformas fiscales han ido en beneficio de los ricos y en detrimento de los pobres es estéril, es un debate demagógico y que realmente no lleva a ningún sitio. Desde Convergència i Unió, siempre hemos planteado un tratamiento fiscal favorable no
para los ricos o para los pobres -esto es demagógico y nunca nos ha gustado hablar de este aspecto-, sino para todas las familias españolas, para todos los ciudadanos españoles. Pensamos que es necesario un tratamiento fiscal favorable para las
rentas de capital, para la economía productiva del país, que es la que finalmente crea empleo, genera ocupación e incrementos del producto interior bruto.
Creemos sinceramente que la reforma del año 1996 fue positiva; seguramente, la reforma de 1996 fue la que le habría gustado aplicar al Partido Socialista y que no pudo aplicar por circunstancias que no quiero mencionar ni plantear.
Nosotros apoyamos la reforma fiscal de 1996 y volvimos a apoyar la reforma del año 2000 porque entendíamos que de esta forma se hacía justicia a todos los ciudadanos españoles, a todas las rentas españolas y equiparábamos el tratamiento fiscal
español al tratamiento fiscal que han puesto en marcha los diferentes ejecutivos de la Unión Europea. Por tanto, estamos satisfechos con las reformas fiscales efectuadas, que también fueron impulsadas y planteadas desde Convergència i Unió;
pensamos que han dado un buen resultado para la economía española y para todas las rentas y ciudadanos del Estado español sin excepción.
También se ha demostrado otra cuestión que nosotros veníamos planteando desde el año 1990: no es una fórmula exacta la de a más presión fiscal más recaudación
tributaria. Con las reformas realizadas a partir del año 1996 se ha demostrado que, a través de una reducción fiscal, a través de un tratamiento fiscal más favorable a las rentas del trabajo y a las rentas del capital, se ha conseguido un
incremento en la recaudación tributaria.
Por tanto, estamos en el buen camino de la armonización fiscal.
Hoy tenemos que plantear si existe o no margen de maniobra para acometer una tercera reforma fiscal, no ya en la próxima legislatura sino en ésta.
Desde Convergència i Unió pensamos que en estos momentos existe margen de maniobra suficiente
en la economía española para plantear una nueva reforma fiscal además de las que hemos realizado ya, que de un impulso aún más fuerte a la economía productiva, un tratamiento fiscal más favorable para determinados sectores de la sociedad española.
Hemos podido leer en algunos medios de comunicación informaciones en el sentido de que algún miembro del Gobierno ha dicho que existía agujero fiscal o que existía margen de maniobra suficiente para acometer una tercera reforma fiscal en la
próxima legislatura sobre el impuesto sobre la renta de las personas físicas; también hemos podido leer que en determinados aspectos de la economía productiva existe margen de maniobra fiscal para implementar una reforma acelerada de las tablas de
amortización. Partiendo de la base de que existe todavía un margen de maniobra fiscal para acometer o acomodar algunas reformas a lo largo de esta legislatura planteamos al señor ministro que, aprovechando los presupuestos generales del Estado, la
ley de acompañamiento y algunas reformas legislativas que ha planteado el señor ministro, se pudiera acometer desde esa perspectiva algunas reducciones fiscales en el impuesto sobre la renta de las personas físicas -nosotros lo veríamos como algo
muy positivo-, por ejemplo, eximir de retención a todas aquellas personas jubiladas que no tuvieran unas rentas elevadas en relación con todas aquellas cuestiones que hacen referencia a los intereses practicados por las entidades financieras hacia
las rentas que pudieran conseguir desde esta perspectiva. También sería muy interesante que el Gobierno pudiera reimplantar la deducción de los gastos de alquiler en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Sepa usted, señor ministro,
que en algunas comunidades autónomas, en el tramo que nos corresponde a nosotros, ya hemos aplicado también esta deducción; esto favorecería también la creación de un parque de viviendas de alquiler todavía inexistente en España; estamos seguros
de que sería favorable en el futuro esta nueva deducción de los gastos de alquiler. Al mismo tiempo, quisiéramos hacer referencia a una deducción que obviamos en la última modificación del impuesto sobre la renta. Se trata de la posibilidad de que
las familias españolas se pudieran deducir los gastos orientados a sufragar las mutualidades o las asistencias de seguro privadas, que hemos implementado otra vez para los autónomos; sería conveniente plantearla para todas las familias españolas.
Señor ministro, en la futura ley de presupuestos que empezaremos a negociar el próximo mes de septiembre, en el decreto de medidas económicas, podríamos implementar una serie de medidas orientadas a bonificar fiscalmente a todas las pequeñas
y medianas empresas. Desde Convergència i Unió y de acuerdo con el Partido Popular, posibilitamos que los primeros beneficios empresariales, hasta los 15 millones de pesetas, tuvieran un tratamiento fiscal favorable; nosotros hemos planteado la
posibilidad de ampliar esa cifra hasta los 30 millones de pesetas, con un tipo impositivo más reducido. Seguimos insistiendo -y creo que sería interesante aplicarlo a lo largo de esta legislatura- en la posibilidad de aplicar un tipo de impuesto
sobre los beneficios para las microempresas, para las pequeñas y medianas empresas. Volvemos a plantear una iniciativa tradicional de nuestro grupo de Convergència i Unió, la posibilidad de implementar un tipo de impuesto muy reducido para los
beneficios no distribuidos de las pequeñas y medianas compañías. Este sería otro pilar de financiación interesante, básico y fundamental para este sector, que a veces no tiene posibilidad de acudir a las entidades financieras por falta de
patrimonio o de solvencia. Quizá valiera la pena introducir definitivamente este tipo de impuesto sobre beneficios no distribuidos. Pediría al señor ministro que nos aclare si existe la posibilidad de incorporar unas amortizaciones aceleradas para
todo el tejido productivo en determinadas compras de elementos inmovilizados.
Quisiera señalar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto a una manifestación que ha hecho en su intervención sobre que finalmente hemos podido llegar a un acuerdo en el Senado para que todas aquellas
asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro no presenten el impuesto de beneficios cuando afecte a las rentas exentas.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó en el Congreso una proposición no de ley sobre esto y no fue
aceptada por el Grupo Parlamentario Popular. Lamentamos que esta iniciativa, que negociamos todas las fuerzas políticas del Congreso, no se aprobara, pues recogía una preocupación de las 250.000 asociaciones existentes en España y que engloba a 11
millones de ciudadanos españoles preocupados por la presentación de impresos relativos al impuesto sobre beneficios. Cuando compareció el secretario de Estado de Hacienda ante esta Comisión, volvimos a poner encima de la mesa la preocupación del
tejido asociativo español e incluso le comentamos la falta de sensibilidad del Gobierno sobre este tema, pues incluso llegaba a tratar a las asociaciones como posibles delincuentes o defraudadores fiscales. Finalmente, en el Senado han tenido esta
sensibilidad, cosa que celebramos, pero nos hubiera gustado que se aprobara en el proceso normal, que era la proposición que nuestro grupo parlamentario presentó
en el Congreso de los Diputados. En el Senado estamos negociando la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular para eximir de la presentación de los impresos relativos al impuesto sobre beneficios a las asociaciones y
fundaciones sin ánimo de lucro. Han presentado tres aspectos y nosotros creemos que sería interesante volver a la motivación primera que presentaron en el Senado, en el sentido de que solamente existan las limitaciones que afectan a las
asociaciones que no superen los 100.000 euros anuales y a todas aquellas asociaciones con rentas no exentas y sometidas a retención. Ahora han incorporado un supuesto nuevo, en el sentido de limitarlo a unos ingresos de rentas no exentas; que esto
llevaría a una confusión a todo este tejido asociativo español tan importante. Vamos a ver si en el Senado somos capaces de llegar a una solución positiva para estas asociaciones, que, repito, son alrededor de 250.000 en toda España.
Para terminar, he de decir que vamos a trabajar intensamente en la reforma de la Ley General Tributaria, pues creemos que esta tendría que ser una buena herramienta para que disminuya la litigiosidad entre el administrador y el administrado,
para que exista más captación fiscal por parte de la Agencia Tributaria. En el debate que tendremos, tanto en el Senado como en el Congreso, haremos aportaciones positivas para que finalmente pueda ser aprobada una ley más sensible hacia los
contribuyentes. Asimismo, vamos a analizar con detenimiento la reforma de la Ley General Presupuestaria que van a remitir al Congreso de los Diputados, que esperamos que no afecte a las competencias autonómicas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.
El señor FRUTOS GRAS: Tengo la sospecha de que vivimos en mundos diferentes al palpar la realidad en empleo, en rentas e impuestos. A lo mejor es que soy un marginal para entender las claves maravillosas de la política en general y de la
economía en particular. Como soy antidilubiano, yo he escrito un libro sobre el comunismo. Tengo aquí una carta que me llegó ayer que dice: En las páginas que dedica al trabajo y a la mujer me he visto tan fielmente reflejada que me ha dado la
impresión de que tenía un espejo ante mí en lugar de un libro. Ahora tengo 36 años, estoy en el paro, y cada vez que acudo a una entrevista de trabajo siento que me dejo un pedazo de dignidad, de fuerza y de ilusión, pero lo intento. Esto, que es
de una mujer de Móstoles, yo lo palpo y lo veo. Por eso digo que hablo de realidades diferentes; ustedes se mueven en un tipo de realidad y yo en otro, pues me encuentro mucha gente que me explica esto mismo; gente muy joven que siente
humillación, pérdida de energías; gente que ha hecho el gran esfuerzo, igual que la sociedad, para tener unos conocimientos empíricos profesionales muy importantes y los malgasta en cualquier tipo de oficio absolutamente secundario y de peonaje. A
lo mejor son realidades diferentes, pero cuando hablamos de cuatro millones más de empleos de este tipo, tendremos que ver cuántos millones de empleos estables fijos, profesionalmente corresponsables con un tipo de sociedad democrática y rica en
perspectiva de futuro, se han creando y cuántos empleos se están creando a partir de empleos precarios, de marginación, etcétera.
Por eso decía que seguramente tenemos una visión diferente, como cuando hablamos, por ejemplo, de las privatizaciones. No sé por qué tengo esta impresión -voy a decir algo muy pedestre- cuando viajo con Iberia y veo que en una misma hora
sale un avión de Iberia medio vacío o medio lleno, depende del optimismo o del pesimismo; otro de Spanair, otro de no sé qué y al cabo de un tiempo de privatizar intentan ponerse de acuerdo porque consideran que esto es un derroche para cada una de
las empresas y para la sociedad en general. No voy a hablar de amiguismos ni de otras cosas ni de oligopolios que se crean sustituyendo a monopolios públicos que, como mínimo, tienen la posibilidad de ser controlados democráticamente, de venir aquí
y decir que como monopolio público funciona mal, tanto en los precios como en la calidad, en el nivel de empleo, etcétera. Tenemos visiones diferentes de todo esto. Acabamos de despertarnos con el anuncio de que en Telefónica se liquidan 15.000
puestos de trabajo fijos y estables, empresa que parece que ha comprado media América Latina en el terreno de las comunicaciones en general y de la telefonía en particular.
Se liquidan 15.000 puestos de trabajo, 5.000 más o menos este año y el
resto en los próximos dos o tres años, pero no se crean empleos estables y fijos que den una garantía al trabajador o a la trabajadora que quiere este empleo, que tiene capacidades técnicas para desarrollarlo en buenas condiciones y sobre todo para
corresponsabilizar a cada trabajador y trabajadora con el funcionamiento económico, social y democrático de una sociedad.
Si miramos otros apartados vemos que estamos en coordenadas bastante diferentes. Por ejemplo, déficit comercial crónico, según el Banco de España. Prácticamente ni lo ha citado. Yo lo veo vinculado a muchas de estas cosas y también a otra
que señala el Banco de España: un importante déficit tecnológico. Un alto endeudamiento de las familias, en concreto en el ladrillo, la vivienda; incluso -no sé si son rumores o datos sólidos y firmes-, el posible crack que se puede producir en
el sistema bancario en el momento en que haya una serie de familias que no puedan pagar los créditos hipotecarios que tienen porque, además, falta una reducción del ahorro. Junto a todo esto, como la guinda que cubre un gran pastel, hay una
especulación terrible en el terreno de la construcción.
Por cierto, todo lo que se mueve en torno a la construcción -según datos del
otro día-, representa prácticamente el 15 por ciento del producto interior bruto. En España, en estos momentos se gasta el doble de cemento que en Alemania, por ejemplo, que tiene el doble de habitantes que nuestro país.
Y claro, hay
especulación.
El otro día el gobernador del Banco de España y ayer el señor Rato nos dicen que no hay burbuja especulativa, que no hay burbuja inmobiliaria, que no hay nada de eso, que todo funciona perfectamente en el terreno de la construcción. Sin
embargo, hay datos que dicen que el 50 por ciento de la construcción está vacía porque sirve únicamente para manejar el dinero negro y para la especulación. Esto son realidades concretas. ¿Estas realidades concretas nos auguran un futuro mejor que
el que tenemos ahora? ¿Algunos de los cuellos de botella que tenemos en la economía y en el desarrollo social se van a superar a través de estos hechos? Yo creo que no; que es al revés. Con esta burbuja inmobiliaria que no existe, los precios de
la vivienda en España han crecido entre un 80 y un 90 por ciento en seis años. Los salarios nominales, de los cuales no descuento la inflación, han crecido sólo un 20 por ciento. El 47 por ciento del presupuesto familiar, de promedio, se tiene que
gastar en vivienda, cuando en el conjunto de la Unión Europea es entre un 10 y un 30 por ciento. Los recursos destinados a vivienda han disminuido en la mitad, del uno por ciento del producto interior bruto han pasado al medio por ciento, cuando la
media europea está alrededor del dos por ciento. Y no hay burbuja.
Finalmente, porque tampoco quiero agotar este tema, este ritual un poco rutinario que hacen los ministerios de lo bien que funciona todo, pero no entrando a fondo en un debate más pormenorizado sobre cosas concretas, nos lleva a la
melancolía. Hacemos el debate, decimos lo que tenemos que decir en un momento determinado, lo que está bien desde un punto de vista parlamentario y democrático, y a veces incluso tenemos la suerte de que algún medio de comunicación, raramente,
recoge algo que le interesa, que no sea únicamente lo que ocurre en Madrid, o lo que pasa con Trillo; pero, en todo caso, tenemos la obligación de hablar.
Por último, dice usted que ahora se están superando las incertidumbres en el mundo y que por ello, a partir de la situación concreta de saneamiento del déficit público, de los impuestos, etcétera, vamos a poder crecer utilizando estas
mejores condiciones que habrá, porque se despejan las incertidumbres a nivel internacional. Señor ministro, creo que es otro deseo, otro voluntarismo; bien intencionado, seguramente, pero que nada tiene que ver con la realidad. ¿Dónde se despejan
las incertidumbres, en Oriente Próximo, en lo que está ocurriendo en Irak, después de enterarnos de que han encontrado dos pistolas que pertenecían a Sadam Husein y un kilo de sal gorda, que parece ser que son las armas de destrucción masiva que
había en Irak? ¿En toda la zona en esta situación, amenazando ya a otro país con 30 ó 40 millones de habitantes, como es Irán? ¿Esto es despejar las incertidumbres? ¿O quizá en África? El presidente Bush, que parece que es un oráculo para
ustedes, acaba de decir que la culpa de la miseria en gran parte de África se debe a la Unión Europea, para intentar vender las tecnologías transgénicas. Acaba de decir eso una persona que, desde el punto de vista científico es altamente valorada
en el mundo, el señor Bush. Acaba de decir que la culpa la tiene la Unión Europea porque tiene unas cortapisas, unos elementos de precaución, frente a tecnologías que no están suficientemente comprobadas. Pero todos sabemos que hay una parte
importante de África que ni siquiera pertenece al circuito económico, al circuito de mercado. Hay un montón de países en América latina, prácticamente todos, que están en la misma situación, que no han tenido ni una sola mejora en lo económico, en
lo social, en lo laboral, en los últimos diez años. No son cifras mías, son cifras del CEPAL, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional; no mías. En esta situación ¿dónde y cómo pueden mejorar las condiciones de la gente, lo que usted
llama despejar las incertidumbres? No pueden, de ninguna forma.
Los análisis que se hacen en la mayoría de los casos, incluidos algunos de la Unión Europea, ante los cuales siento vergüenza, son superficiales, voluntaristas y tramposos. No se
tiene en cuenta la situación de estancamiento y reducción de rentas en amplísimas zonas del mundo, como he intentado señalar anteriormente.
Cuando se es defensor a ultranza de un mercado, muchas veces sin control político, como mínimo, se tiene que hacer una política de mercado que permita que todos los países del mundo, y los ciudadanos de estos países, tengan acceso a un
cierto consumo de mercado; a unas condiciones muy modestitas, pobres, pero a unas condiciones de mercado. Por ejemplo, que puedan encender el fuego para calentar un pote de agua, para hacerla potable y no morir de diarrea. ¿Y esto qué quiere
decir? Esto significa contemplar de otra forma el mundo actual, para despejar verdaderamente incertidumbres a través de programas de desarrollo que permitan progresivamente, en un tiempo prudente, ir mejorando algunas de estas situaciones, haciendo
algo en un doble sentido, algo que es justo para los beneficiarios de estas políticas y para el primer mundo. Si no, estas incertidumbres que dice usted que se están despejando nunca se despejarán, será un espejismo, será fruto de un día, de dos o
de un año; se continuarán produciendo crisis cíclicas porque continuarán existiendo los mismos problemas estructurales de siempre.
Ya sé que esto le suena a usted a arcaico, a viejo y a manual de marxismo, ya sé que le suena a todo eso, pero no me importa mucho a lo que le suene. Su lenguaje me suena a mí a neoliberalismo puro y al peor Friedman, ni tan siquiera al
mejor Friedman, pero es igual. Se trata del voluntarismo de cada uno. Usted tiene su opinión y yo la mía, pero estas son realidades
concretas que yo no me saco de la manga; no me saco el conejo de la chistera, no; son realidades concretas que están señalando diariamente el porqué de una situaciones estructurales, a nivel internacional, que no permiten que haya un
desarrollo armónico de las economías de cada país, de los países empobrecidos y de los países ricos; países que, como el nuestro, tienen unas determinadas condiciones.
Señor ministro, le he escuchado muy atentamente, pero no me ha convencido.
Lo siento, otro día será.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.
El señor AZPIAZU URIARTE: Agradezco al señor ministro sus explicaciones y su comparecencia hoy aquí. La verdad es que me ha dado la sensación, señor Montoro, de que usted ha tratado de hacer un balance de la legislatura. Yo no sé si esto
suena de alguna manera despedida o no, pero tendremos oportunidad de hacer un balance más exhaustivo en lo que todavía nos queda de legislatura.
Voy a tratar de hacer una breve intervención siguiendo las notas que he tomado para hacer unos comentarios sobre lo que usted ha dicho, sin salirme del guión. Ha empezado diciendo una frase que refleja la filosofía de la política económica
del Gobierno y lo que usted ha venido defendiendo a lo largo de esta legislatura. Ha dicho que el estímulo procede de la austeridad del gasto público. Dicho así, a mí me parece que es una concepción, posiblemente la suya, de la política económica,
pero yo, salvo el estímulo del espíritu, no sé lo que quiere decir en el fondo. Imagino que la austeridad del gasto público será su concepción de la Ley de estabilidad presupuestaria, el déficit cero, pero, si me permite esta licencia, le diré que
la austeridad, salvo el espíritu, poco anima.
Nos ha dado una serie de cifras sobre el superávit en lo que va de año y unos datos realmente importantes de los incrementos que ha experimentado el gasto público en I+D en los últimos años. Si no he tomado mal las notas, según usted, el
incremento del gasto público en I+D ha sido del 243 por ciento y se ha situado en 4.000 millones de euros. Hay que reconocer que el avance es importante. No sé, pero de memoria diría que 4.000 millones de euros será en torno al 0,6 por ciento del
PIB y, siendo importante, todavía estamos muy lejos -creo que también lo ha comentado antes otro diputado- de Europa, de un stock tecnológico suficiente que permita que la economía española tenga ciertas posibilidades de crecimiento sostenido en el
futuro que garantice la productividad, la competitividad del sistema económico. Por mucho que se haya hecho en esta materia, es importante hacer bastante más.
Llegados al punto de la I+D, como comprenderá no voy a dejar pasar la oportunidad de reivindicar una vez más las transferencias; últimamente vengo haciendo las preguntas en ese sentido. No es que al Estatuto de Autonomía del País Vasco le
falte la competencia en I+D, porque le faltan muchas más, sino que creemos que el tema de I+D es realmente importante y que la competencia habría que transferirla no sólo por una cuestión legal, como le dije ayer al señor vicepresidente (desde
luego, no es una cuestión baladí, es importante cumplir con la legalidad del Estatuto de Autonomía), sino también por un tema de eficiencia y de eficacia. Es cierto que ustedes están invirtiendo en I+D+I; es cierto que la Comunidad Autónoma del
País Vasco, de Euskadi, y otras comunidades autónomas también están invirtiendo en I+D+I, pero el desarrollo de las transferencias es importante porque gastar en I+D+I de una forma racional es positivo para el futuro de la economía, para el
crecimiento y para la competitividad. Este déficit de productividad de la economía española que observamos al mirar los datos, aunque sean simples, de crecimiento de empleo, es el que algunos grupos estamos señalando desde hace bastante tiempo en
los debates de presupuestos.
Usted ha suscitado una cuestión relativa a las sucesivas reformas del IRPF. Nos ha hablado de la posibilidad de que se pueda continuar con las reformas de los impuestos en general y del IRPF en particular, y ha venido a decir que hay margen
en el futuro para ir por ese camino. El señor Sánchez i Llibre también ha apuntado que habría margen en el futuro. La clave está en qué margen de elasticidad le queda al sistema.
Dice S.S. que bajando los impuestos se amplían las bases por la
propia flexibilidad del sistema y que esto ha permitido recaudar más y funcionar mejor, aumentando el gasto público en cuestiones claves para mantener el déficit controlado, etcétera. Es más, usted ha dado una serie de datos en relación con el
impacto que las rebajas impositivas han tenido en el PIB y en el empleo. Supongo que tendrá un modelo de evaluación, con todas las dificultades que pueda tener para evaluar este tipo de cosas. El señor Marugán ha planteado dudas respecto a que
esto sea posible en un futuro.
Permítame que yo haga mías también estas dudas, sin mayores argumentos y desconociendo cuál es el modelo que está detrás o cuál es el margen. Es excesivamente arriesgado seguir confiando en la elasticidad del sistema
para decir que las sucesivas rebajas impositivas van a seguir permitiendo un aumento de recaudación, con todos los beneficios que eso tiene para el conjunto de la economía. Alguna vez he comentado que este modelo de que el tipo impositivo tienda a
cero y la recaudación tienda a infinito, en algún sitio tiene que tener una quiebra. A mí me gustaría saber cuáles son los argumentos que tiene el ministerio para decir que este modelo todavía puede ser en un futuro defendible y con efectos
realmente beneficiosos. Permítame que desde nuestro grupo, como lo hemos hecho otras veces, pongamos una serie de sombras ahí. Si esto funcionara así siempre,
magnífico; pero permítanos que sembremos nuestras dudas en esta materia.
Ha hecho S.S. un balance sobre la situación económica, más reducido que el que hizo ayer el vicepresidente, porque ya nos habló con bastante detalle de los datos y de los indicadores económicos. Al hablar del paro, ha dicho que estamos más
cerca de Europa, más cerca del pleno empleo. Señor Montoro, tenemos una tasa de paro del 11 por ciento y esto, que preocupa enormemente a los alemanes, desde luego no va a ser una situación satisfactoria para el conjunto de la economía española.
El 11 por ciento todavía es una tasa realmente elevada, máxime teniendo en cuenta que las tasas de actividad en la economía española están bastante por debajo de lo que pueden estarlo en Alemania o en otros países de Europa. Con lo cual,
satisfacción y optimismo, pero con cautela. Lo que les preocupa a los alemanes no puede ser para nosotros un motivo de satisfacción. Me dirá que no estamos en las tasas del 24 por ciento que había hace unos años, y es cierto. Es una situación
sustancialmente diferente, pero todavía hay mucho por mejorar en materia de empleo y no podemos quedarnos aquí tranquilos pensando que ya está de alguna manera solucionado.
Por lo que se refiere a los precios, ocurre algo parecido. Ha habido dos datos positivos. Si no recuerdo mal, estamos en una tasa interanual del 2,7. Pero recuerde usted, señor Montoro, que el objetivo del 2 por ciento que se planteaba
ejercicio tras ejercicio, ejercicio tras ejercicio también era superado en otro 2 por ciento porque la tasa de inflación venía a estar en torno al 4 por ciento. Es verdad que ese diferencial ha disminuido bastante, pero también hay una desviación
en relación con la tasa de inflación. A mí no me preocuparía esto excesivamente desde el punto de vista económico, lo que me preocupa es que todavía se sigue utilizando el 2 por ciento como referencia de incrementos salariales en convenios, para
incrementar las pensiones públicas, etcétera. Eso es lo que me preocupa porque sigue habiendo un decalaje importante entre el incremento de pensiones, salarios y la tasa real de inflación. Es verdad que ahora es menor la distancia, pero sigue
habiendo una distancia. A mí una tasa del 2,7 tampoco me parece exagerada, máxime cuando ayer señalaba el vicepresidente que la economía española crece bastante más que la media europea. Lo que le decía ayer al vicepresidente -y se lo digo a usted
ahora- es que desde el Gobierno se suele decir que la economía americana tiene problemas de déficit público y déficit comercial importantes.
Señor Montoro, yo recuerdo que una vez, al inicio de esta legislatura, usted me hizo una crítica bastante dura y me dijo: Usted no tiene en cuenta lo que está pasando en la economía americana cuando me hace esta crítica. En aquel momento
la economía americana tenía un superávit importante y era el modelo de referencia que el Gobierno o usted aducía para explicar ciertas cuestiones. La economía americana ha dado una vuelta terrible, está creciendo a un ritmo del 2,7 por ciento, pero
tiene unos problemas graves de déficit público. Es decir, aquel modelo que podía ser ideal está teniendo también sus quiebras importantes. Al señor Bush no le han dejado rebajar los impuestos todo lo que pretendía, porque los americanos pensaban
que esas rebajas impositivas no iban a tener un efecto beneficioso sobre el déficit público, sino pernicioso. De ahí lo que antes le estaba planteando de que haya que tener cierto cuidado sobre la elasticidad, el modelo de futuro.
De lo que no dijo ayer nada el señor vicepresidente ni usted hoy es en relación a la tasa de crecimiento. La economía española está creciendo en torno al 2 por ciento; cuando usted hizo los presupuestos -nosotros lo debatimos- las
previsiones de la tasa de crecimiento estaban sobre el 3 por ciento. No sé lo que piensa usted actualmente estamos creciendo al 2.
Siempre las mejoras y los aumentos de la actividad vienen en el segundo semestre, como suele ser tradicional. Si
usted piensa que en el segundo semestre, como ha dicho, la situación económica va a ir mejor, ¿a dónde va a permitir llegar, al 2,5 ó al 3? ¿Tienen algunas previsiones en ese sentido? ¿Piensan revisar a la baja o al alza -me imagino que será a la
baja en todo caso- la tasa de crecimiento? ¿Cuál es su idea?
Nos ha hecho un balance bastante exhaustivo de todos los proyectos de ley de la legislatura. Por eso le preguntaba yo antes si esto suponía una despedida, aunque igual nos despedimos todos; no quiere decir que yo vaya a seguir en la
legislatura siguiente. No obstante, a mí me gustaría hacer una serie de observaciones. Ha hablado del anteproyecto de la ley general presupuestaria, que supongo tendremos la oportunidad de debatir. En principio los objetivos que usted ha diseñado
y los que he podido leer en la prensa -me imagino que han salido del ministerio, porque no tengo el anteproyecto, aunque me gustaría, si puede enviárnoslo sería estupendo-, las ideas de plurianualidad, de cumplimiento de objetivos; que los
ministerios tengan flexibilidad a la hora de gestionar internamente los recursos; que haya un control más cercano o estratégico de Hacienda, en general son ideas buenas, muy viejas ya. A todos los que hemos tenido alguna relación con estos
asuntos, nos suenan de hace mucho y, por viejas, sabemos que son muy difíciles de cumplir; es muy difícil hacer un seguimiento por objetivos, y es muy difícil desde Hacienda establecer mecanismos de relación con los ministerios para hacer un
seguimiento, programas de objetivos, etcétera. Sinceramente, el intento merece la pena, a pesar de que sea un intento más de los múltiples que en este sentido se han ido haciendo. También estaríamos interesados en conocer el anteproyecto de la ley
de subvenciones, si puede ser ,con cierta antelación. La Ley General Tributaria está ya en la Cámara, sigue su proceso. Nuestro grupo enmiendas y trataremos de mejorarla en la medida en que podamos hacerlo.
Para ir concluyendo, dos cuestiones. En relación con la política económica, usted ha comentado que queda un largo camino por delante de creación de empleo, y que el horizonte natural de la política económica es el pleno empleo, entre
comillas; si estamos en un 11 por ciento, será ir acercándonos a una tasa de paro que sea razonable. Como ha comentado el señor Marugán, y yo suelo decir repetidas veces, una cuestión que queda pendiente o no se ha hecho al menos de manera
suficiente, es hablar de las políticas públicas, de las prestaciones públicas, de los servicios públicos; tener un debate en general sobre política económica, política educativa, sanitaria, I+D, etcétera. Se ha debatido sobre las leyes de
estabilidad, la política del déficit cero, como una política que cubre todas las políticas presupuestarias, pero habría sido relevante haber entrado en las tripas de algunas de ellas, máxime teniendo en cuenta que, según datos que han aparecido
recientemente en la prensa, las distancias en materia de educación, de sanidad, o de I+D+I en relación con Europa son importantes, así como la presión fiscal es bastante más baja en España que en la media de la Unión Europea. Se ha apuntado que con
esta política del déficit público puede haber un deterioro de ciertos servicios públicos, pero está pendiente este debate.
Para concluir, usted ha hecho referencia a las privatizaciones y ha hablado de ciertas privatizaciones que se han ido realizando en los últimos tiempos. A nosotros nos preocupa la privatización de Bacock Wilcox. Como S.S. sabe, el día 19
fue el último día en que hubo una serie de empresas y grupos que presentaron ofertas de cara a Bacock Wilcox. Tal como usted me recomendó, yo hablé con el presidente de SEPI, es decir, hay una comunicación positiva, pero a nuestro grupo -a lo mejor
es obvio decirlo- le importa señalar algo para que, en la medida en que colaboremos con SEPI, con usted o con el ministerio, el tema de Bacock Wilcox tenga un buen final. Yo tengo cierto temor a que, detrás de estas ofertas, haya algunas muy
intensas que vayan buscando un pelotazo en torno a la SEPI. Buscar el pelotazo puede ser una tentación humana natural, pero a nosotros como grupo no nos interesa en absoluto. No queremos que haya un nuevo fracaso en la privatización. Nos gustaría
que el mantenimiento del empleo y de la actividad fuera el máximo y vamos a colaborar en lo que haga falta para que la oferta que se adjudique al final sea sólida, de una empresa solvente, que garantice el futuro y la viabilidad de la empresa y del
sector, que es verdaderamente importante.
Posiblemente SEPI lo que quiere es quitarse de las manos este problema cuanto antes, pero se podría correr el riesgo -no es una crítica, sino una posibilidad- de adjudicar rápidamente, puesto que ya hay en
SEPI una dotación presupuestaria importante para esta operación. Quitarse el tema de las manos, de manera que SEPI no tenga nada que ver ni tenga repercusión alguna de existir problemas de cara a futuras elecciones. Yo creo que es mejor aguantar
un poco más, si es que hiciera falta, mirar con detenimiento las ofertas y evitar que un pirata venga por ahí a hacer una operación personal muy importante, pero que no sea bueno para el futuro de la empresa y, desde luego, sería mala para Euskadi
en general, incluso para la SEPI y para el ministerio.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor ministro por su comparecencia, que es casi una continuidad del debate que ayer iniciamos sobre política económica en esta Comisión, que fue muy interesante. Hoy continuamos con un
debate de política económica más sesgado hacia las competencias del Ministerio de Hacienda, pero también es interesante.
Tuve ocasión, como ayer dije, de releer los 'Diarios de Sesiones' del verano del año 2000, donde hubo una comparecencia del vicepresidente económico y luego una suya para explicar las líneas generales de política económica para estos años.
En ellos se ponía de manifiesto un modelo de política económica que es la que se ha seguido a lo largo de estos ejercicios, modelo que se concretaba en presupuestos con unas características determinadas y un conjunto de reformas estructurales,
algunas de ellas plasmadas en leyes que se han ido tramitando durante la legislatura. Estas leyes han buscando encontrar el mayor consenso posible. De hecho, muchas de las leyes que han salido de su ministerio a lo largo de esta legislatura han
tenido consensos amplísimos. Aprobamos el nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas con un consenso tan amplio como la firma de todas las comunidades autónomas. Se ha aprobado un nuevo modelo de financiación local con un consenso
amplísimo. Aprobamos una modificación sustancial del IRPF con un amplio consenso, y en este caso el Grupo Socialista no estaba presente. Esta misma mañana hemos aprobado en esta Comisión un proyecto de ley del patrimonio de las administraciones
públicas con enmiendas de todos los grupos, algunas de ellas sin que las hayan defendido y sin estar presentes en la votación. Se han aprobado leyes con amplio consenso y tenemos algunos proyectos muy importantes en la Cámara o próximos a entrar en
ella. A lo largo de estos años se ha seguido caminando en una dirección con un modelo de política económica que si a crecimiento y creación de empleo nos referimos -ayer hablábamos de ello- no parece que los resultados hayan sido malos. Comprendo
los análisis que hace el señor Frutos -que ya no está presente- pensando en una persona concreta que tiene un problema concreto, o análisis más teóricos sin aportar soluciones prácticas. El monopolio de pensar que todos los ciudadanos tengan un
empleo, el monopolio de pensar y de preocuparnos para que el bienestar aumente
para todos los ciudadanos y en todas las partes del mundo no lo tiene nadie. Lo que hay que pensar y debatir es cómo llegar a esos objetivos de la mejor manera posible y cuál es el modelo económico que en mayor medida garantiza el
crecimiento, el empleo, el bienestar, y seguir trabajando y esforzándose hasta que sea una realidad. No podemos dejar de seguir esforzándonos, como decía el señor Azpiazu, mientras haya una persona que quiera encontrar trabajo y no tenga donde
hacerlo. Habrá que seguir esforzándose. No le podemos decir que como hemos pasado de casi el 25 por ciento de paro al 11 por ciento ya nos podemos dormir en los laureles.
No. Habrá que seguir trabajando. Es evidente que habrá que seguir
profundizando en aquellos modelos que mejor resultado han dado.
El señor Fernández Marugán también hace unos análisis. Quiero decirle con toda sinceridad que cuando uno ve los datos del año 2002 no nos podemos sustraer a pensar que estamos en un mundo globalizado y compartimos una moneda con millones de
ciudadanos. Por tanto, España no se puede sustraer a lo que pasa a su alrededor. Ayer decía el portavoz socialista que no se puede pensar sólo en un modelo de crecimiento cerrado. Es imposible.
Evidentemente. España tiene una tasa de apertura
de las más amplias del mundo y, por tanto, nos afecta lo que pasa en el resto de los países.
Ahora bien tenemos que ser capaces de, aceptando lo que pasa en el resto de los países, dar una mejor respuesta a las distintas fases de los ciclos
económicos. Por supuesto que cuando hay aceleración económica nosotros vamos a estar afectados en esa fase del ciclo por el resto de los países, y cuando hay desaceleración también. Lo que hay que pensar es cuál es el modelo interno que mejor
respuesta da a las distintas fases del ciclo económico y cómo nos va a nosotros en relación con el resto, porque lo que no va a suceder es que se den posturas divergentes. Ayer decía el señor Sevilla y hoy reitera el señor Fernández Marugán que les
preocupa enormemente la divergencia. No sé si lo que están queriendo decir es que nosotros tenemos que crecer igual que el resto, porque si creciéramos igual que el resto de países europeos nunca llegaríamos a una convergencia real con ellos. Si
creáramos el mismo empleo que el resto de países europeos nuestra tasa de paro siempre sería más alta, estaríamos todavía en el 24 por ciento de paro. Es decir que tenemos que crecer más y crear más empleo. En el año 2002 España creció un 2,
Alemania un 0,2 y Francia un 1,2 por ciento. El conjunto de los países de la Unión Europea el 1 por ciento y el conjunto de los países de la zona euro el 0,8 por ciento. Es decir, hemos crecido más, sustancialmente más, y nuestra producción
industrial ha ido mejor. Mientras otros han tenido tasas negativas, nosotros hemos tenido tasas positivas, y eso se ha transformado en creación de empleo. Mientras otros países como Alemania han mantenido una reducción de su tasa de empleo del
menos 0,6 por ciento, nosotros hemos tenido una creación de empleo en el año 2002 del 2 por ciento. Pero es que eso ha sucedido todos y cada uno de los años de gobierno del Partido Popular. Todos y cada uno de los años de gobierno del Partido
Popular hemos crecido más que la media europea, y todos y cada uno de los años de gobierno del Partido Popular hemos creado empleo más que la media europea. El año pasado más del 50 por ciento del empleo que se creó en la zona euro se creó en
España.
Dice el señor Fernández Marugán que el ciclo o proceso económico iniciado en 1996 ha acabado. Es una frase que como no se puede demostrar, hay que analizarla. Desde 1996 nos están diciendo eso. En 1996 nos decían: El modelo económico no
vale. En 1997 nos decían: Esto ha ido bien este año pero el año que viene irá peor. En 1998 decían: Esto ha ido bien pero irá peor. Y el año pasado decían: Esto ha ido bien pero irá peor. Incluso algunos de los estudiosos -y el señor
Fernández Marugán lo es- han dicho: Entre 1996 y el 2000 fue muy bien, pero ahora ya no va tan bien.
Efectivamente, si a términos absolutos nos referimos hemos tenido algún año tasas de crecimiento del 4 por ciento. El año pasado era del 2 por
ciento. Sin embargo, cuando tuvimos una tasa de crecimiento del 4 el resto de los países de nuestro entorno la tenían del 3,4 y el diferencial era menor que lo es ahora. Es diferente, señor Fernández Marugán, y usted lo sabe porque lleva muchos
años en esta Cámara y los años en que no ha estado en esta Cámara estaba en el Ministerio de Hacienda, o sea que lo conoce bien. (El señor Fernández Marugán: En el PSOE.) En el PSOE muchos años pero en el Ministerio de Hacienda una temporada.
Usted sabe, señor Fernández Marugán, que lo que era un principio distintivo de la política económica de este país es que nosotros amplificábamos los ciclos económicos, que cuando se crecía nosotros crecíamos más, pero que cuando se daban situaciones
de desaceleración económica -y en la última época que se dio una situación seguía sucediendo- a nosotros nos iba mucho peor. ¿Por qué? Porque el modelo económico era rígido, de regulación económica, de control de la economía, lo que hacía que
nuestra estructura económica fuera menos flexible para ajustarse a los ciclos económicos.
Ahora nos va mejor. Yo ayer lo usaba y hoy lo vuelvo a usar porque es un análisis que me parece certero. Dice: Las elevadas tasas de crecimiento del PIB y
del empleo en nuestro país, muy superiores a las registradas en las naciones de nuestro entorno, y la persistencia de ese diferencial positivo incluso en un contexto de extrema debilidad de la actividad económica a escala mundial, se deben sin duda
al éxito de las reformas estructurales acometidas en los últimos años; entre éstas cabe mencionar las reformas laborales de 1997 y 2001. Y continua diciendo: Así como los recortes en materia presupuestaria han contribuido a incrementar el
dinamismo y la eficiencia de nuestra economía, a impulsar la demanda y a crear un entorno más favorable para el trabajo y la inversión, elevando el potencial de crecimiento
y la creación de empleo. En otra parte el informe habla de que la consolidación fiscal ha permitido la rebaja de impuestos y no ha sido incompatible con el aumento considerable... No estoy leyendo ningún informe del Gobierno ni del Partido
Popular ni de nadie. (El señor Azpiazu Uriarte: De Martínez-Pujalte.) No. Es un informe del Instituto de Estudios Económicos que fue citado por el señor Rodríguez Zapatero, y el señor Fernández Marugán le concederá algún crédito porque lo cita
hasta su líder. Dice: La consolidación fiscal no ha sido incompatible con el aumento considerable de la inversión en infraestructuras, que sitúa a nuestro país -y esto no se discute porque es un dato- a la cabeza de Europa en inversión pública
sobre el PIB; este esfuerzo inversor permitirá que España siga acortando distancia con los países más avanzados de nuestro entorno en cuanto a dotación de infraestructuras, mejorando la productividad y la competitividad de nuestro tejido
productivo. Dice el señor Fernández Marugán que le preocupa la competitividad. A usted le preocupa la competitividad, al señor Azpiazu, al señor Sánchez i Llibre y a mí, a todos nos preocupa la competitividad, pero hay que plantearse cómo es
posible que España siga ganando cuota de mercado en el comercio internacional. Entiendo que tenemos que seguir mejorando en I + D + I; y es uno de los objetivos que el Gobierno se ha propuesto y lleva proponiéndose durante tiempo. El ministro
decía -y lo pone en un informe- que España tiene el mejor marco fiscal para el I + D + I. Ahora bien, no basta con tener el mejor marco fiscal, hay que incentivar a que las empresas lo usen. ¿Hay que seguir trabajando en eso? Por supuesto. ¿Hay
que seguir dotándonos de buenas infraestructuras? Por supuesto. Que España esté ganando cuota de mercado en un contexto en el que Alemania ha perdido cuota de mercado en el comercio internacional, Francia ha perdido cuota de mercado en el comercio
internacional, y nosotros la estamos ganando muy ligeramente, señor Fernández Marugán, alguna décima, pone en duda por lo menos que estemos perdiendo competitividad. ¿Que habrá que seguir trabajando? Es innegable y yo no lo discuto. Ahora bien,
¿el modelo económico es bueno o es malo? Respondería diciendo: ¿Es positivo para crecer, es positivo para recortar distancias, es positivo para crear empleo? ¿Se está transformando el modelo económico en bienestar para todos? Son las preguntas
que hay que hacerse. ¿Es bueno para crecer el modelo económico? La respuesta es desde luego que sí.
Estamos creciendo más que la media, como ponía en algún informe, creo que son más de ocho puntos los que se han recortado en términos de
convergencia real al resto de los países europeos. ¿Es bueno en creación de empleo? Más de cuatro millones de empleo y más de cuatro millones y medio de nuevos afiliados a la Seguridad Social parece que es positivo.
¿Es bueno en bienestar?
Cuando se han garantizado las pensiones, cuando hemos aprobado una ley de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, cuando estamos mejorando las pensiones más bajas, cuando estamos haciendo posible que haya un fondo de reserva para las
pensiones en la Seguridad Social, cuando estamos mejorando los servicios públicos de manera importante, dice el señor Fernández Marugán que los servicios públicos educativos van mal. Están transferidos. Yo no sé si el señor Chaves comparte su
teoría, no lo sé, la transferencia la tiene él; a lo mejor en Andalucía es donde van mal, señor Fernández Marugán. ¿A usted le parece razonable la propuesta que ha hecho su líder económico, señor Sevilla -por escrito, no en una charla de café- en
cuanto a revalorizar todas las pensiones sólo 0,25 puntos por debajo del IPC? ¿A usted le parece que es más justo que los pensionistas pierdan poder adquisitivo? A nosotros nos parece justo crecer para garantizar el poder adquisitivo de las
pensiones, incluso mejorar las más bajas, y para eso se trabaja.
Yo creo que el modelo está obteniendo resultados positivos; un modelo basado en la estabilidad presupuestaria y reconocido por todos como uno de los pilares importantísimos del crecimiento en España. Hacía referencia el señor Fernández
Marugán un informe de Eurostat. Ningún informe de la Comisión Europea ni de los organismos comunitarios ni de la OCDE ni del Fondo Monetario Internacional, ninguno, ha dejado de mencionar la estabilidad presupuestaria como uno de los pilares
importantes donde se basa el crecimiento en España; ninguno lo ha dejado de mencionar pues es un pilar importantísimo. Y yo quiero decir hoy al señor ministro compareciente que me parece que la consolidación fiscal ha sido muy importante y en esa
línea hay que seguir trabajando porque es lo que fundamenta que nosotros podamos dar respuestas positivas a las distintas fases del ciclo económico.
Un segundo elemento importantísimo -ayer lo hablábamos- es la flexibilidad, la desregulación, y un tercer elemento es la bajada de impuestos. La bajada de impuestos ha ayudado considerablemente al empleo, ha ayudado al crecimiento, ha
ayudado a que España siga caminando en convergencia real con el resto de los países. Un último elemento de este modelo económico del Partido Popular ha sido la política por el lado de la oferta. Yo sé que el señor Fernández Marugán es más
partidario de las políticas por el lado de la demanda, siempre lo ha dicho y ya a nuestras edades no nos vamos a desdecir. Usted es más partidario de políticas por el lado de la demanda. El Partido Popular es más partidario de políticas por el
lado de la oferta, por mejorar el tejido productivo, por incrementar nuestro potencial de crecimiento del tejido productivo, por mejorar la presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales, no sólo con exportación sino también con
presencia física. ¿Hay otro modelo económico posible? Pues sí. Yo no quiero ser como el señor Solchaga que decía que no. Hay otro modelo económico posible, y seguro que el señor Montoro está de acuerdo
conmigo porque él discutía con el señor Solchaga si el modelo económico, era el único posible o había otro. ¿Hay otro modelo económico? Sí, el modelo del déficit público que su grupo defiende. Su grupo ahora dice que sí al déficit público
en un marco europeo más flexible, no llegando a las cifras que tuvo el Gobierno socialista de antaño sino más moderadamente, pero es más partidario del déficit público. El modelo del Grupo Socialista defiende la subida de impuestos selectiva; es
decir, el tipo único en que se suben los impuestos a las rentas más bajas y se bajan a las más altas. Defiende el señor Sevilla un modelo de subida de impuestos de tipo único en mi opinión más regresivo, un impuesto de bajada del poder adquisitivo
de pensiones para, a largo plazo, disminuir la tensión sobre el gasto público, y eso sí, con bajadas de cotizaciones sociales.
Yo creo que ese modelo económico en los países donde se aplica, por ejemplo Alemania, lleva a más paro, a más problemas,
a más estrangulamientos. Alemania no supo hacer los deberes y ha tenido problemas de estrangulamiento de crecimiento, de más paro, etcétera. En mi opinión, creo que estamos en la buena línea.
Decía el señor Fernández Marugán que la presión fiscal ha subido. Señor Fernández Marugán, usted es inspector de Hacienda y sabe mucho de esto.
La presión fiscal ha bajado para cada ciudadano español porque los impuestos han bajado, y si
aumenta el número de cotizantes a la Seguridad Social a cuatro millones y medio y al hacer el ratio se tienen en cuenta hasta las contribuciones a la Seguridad Social, claro que aumentan los ingresos. Lo que se ha puesto de manifiesto, señor
Fernández Marugán, es que se pueden bajar impuestos y sin embargo mejorar la recaudación, porque todo el mundo paga menos pero se aumentan las bases. Eso es precisamente lo que hay que hacer. El último partido que en este país subió el IVA -y
usted lo sabe, señor Fernández Marugán, porque es un experto- fue el Partido Socialista, que subió un punto y además en todos los tipos, hasta los que pagaban el tipo reducido del 3 que pasaron a pagar el 4, los que pagaban el 6 pasaron al 7 y los
que pagaban el 15 pasaron al 16. Todos. Para los tipos superreducidos, que se entiende que son los productos de consumo masivo, los productos que consumen las capas de población más desfavorecidas, señor Fernández Marugán, su grupo, con su voto
-porque usted votó en la Cámara-, le subió el 25 por ciento, del 3 al 4. Desde entonces los tipos de IVA han permanecido estables. Sin embargo, bajando la imposición del IRPF, bajando la imposición para las Pymes, se están consiguiendo mejoras
sustanciales de recaudación que, por supuesto, se han convertido en creación de empleo, más ciudadanos que pagan IRPF, más ciudadanos que cotizan a la Seguridad Social y más ingresos que permiten afrontar más gasto público. Ustedes decían que eso
era imposible y eso es posible. Por tanto, hablar de presión fiscal, señor Fernández Marugán, es eludir un debate. Es cierto que en España han bajado los impuestos, pero se ha recaudado más porque hay más empleo y más crecimiento. Además, en el
informe de Eurostat -que usted ha leído en parte- hay un párrafo que se refiere al aumento de la recaudación como consecuencia del crecimiento económico y de la creación de empleo.
Algunos países europeos, bajando impuestos, como consecuencia del
crecimiento económico y de la creación de empleo han mejorado su nivel de ingresos públicos. Señor Fernández Marugán, hay que leer el informe entero, no sólo la noticia del periódico. Eso es lo que está haciendo que España vaya mejor que el resto
de los países. Creo, señor ministro, que no hay que medir los números absolutos, sino que nos tenemos que medir con los países de nuestro entorno. No hay que preguntarse sólo cuánto se está creciendo, sino cuánto se está creciendo en relación en
los países con los que compartimos moneda y un mercado globalizado. España está creciendo más que el resto y España está dando una mejor respuesta al ciclo económico. Podemos plantearnos un cambio de modelo económico, pero sería un error gravísimo
porque este modelo económico es el que está garantizando que España, a medio plazo, llegue al pleno empleo y a la convergencia absoluta con los demás países europeos.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro, puede usted contestar a los portavoces.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señorías, en primer lugar, mi agradecimiento por sus intervenciones que esta mañana -me imagino que por lo avanzado de la legislatura- han tenido un tono de debate casi intelectual. Nos hemos
dejado de planteamientos menores y hemos hablado de modelos de crecimiento, de políticas inscritas en esos modelos, y me parece satisfactorio que el debate político se enmarque en este planteamiento.
Recogiendo la intervención del señor Martínez-Pujalte -excelente intervención en la que ha venido a decir que España tiene un modelo de crecimiento económico propio, y efectivamente lo tiene-, el Gobierno del Partido Popular ha pretendido
implantar en España, a través de sus políticas, un modelo de crecimiento económico propio diferente del modelo de crecimiento económico del pasado y cuyas características son las siguientes. La primera es el crecimiento económico diferencial, la
convergencia real con la Unión Europea; convergencia real que se registra cuando estamos en fases expansivas del ciclo y cuando estamos en fases de desaceleración económica. Mantener esa diferencial de crecimiento es la primera característica
fundamental para dar respuesta a la demanda de bienestar de los españoles.
La segunda característica es la compatibilidad entre el crecimiento económico y la estabilidad macroeconómica
del país; hacer que ese crecimiento económico sea compatible con niveles moderados de inflación. Durante bastantes años nuestro crecimiento económico ha sido claramente superior al de los precios, y ello explica, sin duda alguna, ciertos
comportamientos -incluidos los presupuestarios- específicos y distintos de los del pasado. Además, un planteamiento vital en el concepto de estabilidad macroeconómica es que la economía española no registre, frente al resto del mundo, necesidades
excesivas de financiación que no podamos atender con nuestros propios recursos. Eso está ocurriendo, efectivamente, de manera que lo que hemos llamado el déficit comercial crónico o elevado de España es perfectamente compatible con un saldo
financiero de la economía española frente al resto del mundo que nos permite seguir creciendo, y hacerlo en buena medida con nuestros propios recursos.
La tercera característica de este modelo es la creación de empleo. Nunca antes, con crecimientos económicos del orden de magnitud de los que hemos registrado estos años, habíamos creado tanto empleo; nunca antes habíamos convertido el
crecimiento económico de España en algo tan creador de empleo. No existen precedentes, señorías, de semejantes creaciones de empleo. necesitábamos registrar tasas de aumento del PIB del 6 por ciento, profundizando gravísimamente en los
desequilibrios financieros de la economía de nuestro país.
Otra característica del modelo de crecimiento económico es la financiación de la economía de nuestro país. Nunca antes habíamos compatibilizado los crecimientos económicos con una dotación financiera tan holgada, que es fruto del euro que
hemos logrado fundar. Obviamente, si no estuviéramos en la carrera del euro, el fracaso de la economía española sería el mismo que registramos a comienzos de los años noventa. Así, haber fundado el euro ha sido vital para abrir una condición de
financiación de la economía española que nunca antes habíamos conocido. Nunca antes habíamos conocido tipos de interés que están beneficiando y financiando a las familias y a las empresas, especialmente a la pequeña y mediana empresa.
La otra gran característica del modelo de crecimiento económico que hemos abierto es la internacionalización. Nunca antes habíamos estado tan abiertos a las corrientes del comercio de bienes y servicios, y nunca antes habíamos sido
exportadores netos de capitales, hasta el punto de que en algunos años nuestro país se ha convertido en el sexto emisor de capitales del mundo. Esa es una gran novedad que ha dado también unas características determinadas a nuestra evolución
económica.
Estamos, pues, ante un modelo diferente al que responden las políticas que está aplicando el Gobierno; modelo diferente que hemos planteado aquí esta mañana a través de unas políticas -las de la Hacienda pública, las de reformas
estructurales, las de presupuestos públicos- que se compaginan y son perfectamente coherentes con las políticas que llamamos de reformas estructurales de la economía de nuestro país. Entre estas políticas está la de privatización de nuestras
empresas públicas, que ha continuado. Yo mismo he relatado sus últimos extremos, que tienen que ver profundamente con la política de incremento de la competencia, con la política de traslado de la eficiencia económica desde los sectores
estratégicos de la economía española -el sector de las comunicaciones, el de la energía, el de los transportes, o el del sistema financiero- al conjunto de la economía española, y especialmente al gran protagonista de nuestro crecimiento económico:
la pequeña y mediana empresa. Estas políticas de presupuestos han incorporado unas novedades esenciales a nuestro crecimiento económico, insisto. Se trata de novedades esenciales que algunas de SS.SS. no comparten -esto es lógico en el debate
político-, pero el resultado está ahí. Hay un crecimiento económico diferencial, hay un crecimiento económico creador de empleo, hay un crecimiento económico basado en tipos de interés fundamentalmente bajos y establemente bajos. Hay un
crecimiento basado en una estabilidad macroeconómica a la que estamos haciendo una aportación con los métodos con los que elaboramos nuestros presupuestos. Y es que, por paradójico que le resulte a alguna de SS.SS. -como les resulta paradójico
desde hace algunos años-, presupuestar un gasto público por debajo del incremento de la actividad económica nacional en términos monetarios puede tener un carácter más expansivo que hacerlo al revés, porque el efecto económico del presupuesto, como
se demuestra en España -no estamos en un seminario de universidad sino en la Cámara, señorías, y aquí traemos resultados de esas políticas-, es que hay un crecimiento económico basado precisamente en un presupuesto que a través de la austeridad del
gasto público estimula el crecimiento económico de los agentes, induciendo además una generación de expectativas positivas por parte de los agentes económicos y sociales. Eso es muy importante y está funcionando en nuestro país desde que el
Gobierno está elaborando esos presupuestos en una moderación de gasto que, además, es compatible con un gasto público fuertemente inversor, fuertemente inversor en las grandes categorías del gasto público, inversión que está dotando a nuestro país
de unas infraestructuras de transportes, de comunicaciones, de agua y de medio ambiente muy modernas que nos hacen ser más competitivos. Eso es avanzar en la competitividad de un país, dotarse del capital que está haciendo el presupuesto público a
través de un incremento de inversión pública que no sería posible hacer si no hubiéramos saneado las cuentas públicas como lo hemos hecho. De esa manera estamos favoreciendo y proyectando un crecimiento económico creador de empleo en nuestro país.
Ciertamente eso es además compatible con un incremento de la protección social, señorías, porque en España todos los gastos, los capítulos de protección
social, han mejorado con el Gobierno del Partido Popular. No ha habido ni un solo recorte, ni uno solo, en contraste con lo que está ocurriendo en buena parte del mundo. Exponente de ello son las últimas medidas en el decreto-ley que viene
a esta Cámara de aumento de la protección social de los trabajadores autónomos, mejoras en el sistema público de pensiones, de las pensiones de viudedad y de orfandad, aumentos que hoy pueden hacerse con la tranquilidad de que tenemos las cuentas
del Estado, las cuentas de la Seguridad Social, saneadas, que es cuando se hace política social, política de protección social efectiva a favor de una sociedad de igualdad de oportunidades como está practicando el Gobierno a través de su
presupuesto. Ese es el planteamiento que estamos haciendo, señorías y esas son las cifras del presupuesto del Estado; son las cifras de ejecución de los presupuestos del Estado. Así se consigue que haya más crecimiento económico, que es lo que
sienta el marco ideal para poder bajar los impuestos y mejorar la elasticidad renta de los impuestos en las cifras que he trasladado esta mañana. Señorías, hay una mejora objetiva de la elasticidad renta en el sistema tributario español, que ha
pasado en pocos años de tener una elasticidad inferior a 1, del 0,8 por ciento, a tener un 1,3. Esa es la mejora y esa mejora explica, señor Fernández Marugán, que en los informes internacionales haya esto que se llama formalmente evoluciones de la
presión fiscal. Lo que hay es una mejora de la elasticidad de los impuestos a través de las reformas que ha inducido el Gobierno, reformas consistentes en que, como pueden comprobar los ciudadanos en sus nóminas, hay una bajada de los impuestos en
las nóminas y en las pensiones de los ciudadanos; hay una mejora en la fiscalidad de la pequeña y mediana empresa; hay unos incentivos fiscales potentes en nuestro país hoy; hay, en definitiva, un progreso económico fundamentado en reformas
fiscales que son motor de ese crecimiento económico, de impulso de la actividad económica. Eso me ha permitido esta mañana hacer la afirmación de que, en tanto sigamos mejorando la eficiencia de nuestro sistema tributario, en tanto esa eficiencia
se traduzca en mayor crecimiento económico, podemos bajar los impuestos en nuestro país en el futuro. Efectivamente, señorías, podemos seguir aspirando a bajar los impuestos a los contribuyentes que en nuestro país pagan fielmente sus tributos a la
Hacienda pública.
Celebro que esta mañana haya coincidencia en ese criterio por parte de algún grupo político que ha intervenido. No he escuchado esa misma opinión por parte de algunos de los representantes del Gobierno de la Generalitat, a los que he visto
preocupados en los medios de comunicación acerca del futuro cuando hablamos de bajar los impuestos y a los que también deberíamos aclararles, puesto que en el pasado han sido partícipes de estas políticas, que cuando hablamos de bajar los impuestos
en el Estado de las autonomías de España, no debemos hablar de bajar sólo los impuestos en la Administración central del Estado, sino que tenemos que hacerlo también en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales. Tenemos que
comprometer a todos en esa mejora de la eficiencia del sistema tributario y hacerlo convencidos de que así recaudamos más, señorías. Nos tenemos que convencer de los resultados y aquí están los resultados. Insisto en que no estamos hablando de
teorías más o menos válidas en un plano filosófico, sino que estamos hablando de resultados.
Hoy recaudamos más en España y, gracias a eso, podemos seguir aspirando a bajar los impuestos en nuestro país.
Alguna de SS.SS. ha planteado: ¿Cuándo quebrará ese horizonte? Realmente, cuando pare el crecimiento económico que estamos estimulando a través de las políticas que hacemos desde el Gobierno. La responsabilidad de un gobierno es
auspiciar con sus políticas un crecimiento económico, y ahí están los resultados: crecimientos diferenciales, creadores de empleo, con facilidades financieras como nunca antes habíamos tenido en nuestra historia y con un grado de
internacionalización de nuestro país como nunca antes lo habíamos tenido en nuestra historia.
Hay otros modelos alternativos. Desde luego, está el modelo comunista, que comentaba el señor Frutos, que preconiza el final del capitalismo, al que se ha referido, aunque no se ha atrevido a decirlo así, pero ha hablado de la continuidad
de los ciclos depresivos de los sistemas de mercado.
Quiero insistir en que esos modelos han sido un fracaso en el mundo; han conducido a situaciones de pobreza, de miseria y de incompatibilidad con las libertades políticas. La miseria y la
pobreza son incompatibles con el desarrollo de la libertad política. No se puede hablar de libertades políticas cuando lo que domina es esa pobreza en el mundo. Este es el resultado de esos sistemas comparados que algunos auspician aquí con toda
libertad, y tenemos que respetar que se haga así, pero tenemos que advertir sobre las consecuencias de la implantación de ese tipo de modelos sociopolíticos en nuestro desarrollo.
Desde luego que nos preocupa el paro femenino y porque nos preocupa tanto el paro femenino hemos vuelto a bajar las cotizaciones a la Seguridad Social para la mujer que es madre, para que el empleador pueda tener también estímulos
suficientes para contratar a mujeres que están en edad fértil y, por tanto, en edad de estar incorporadas plenamente a la actividad laboral. Desde luego que nos preocupa, nos preocupa seguir avanzando y progresando en esa sociedad de la igualdad de
oportunidades.
Nos preocupa conseguir unos objetivos de pleno empleo para nuestro país.
Esta es nuestra preocupación. Sabemos que no lo hemos conseguido, sabemos que no lo hemos alcanzado, pero también sabemos, por experiencia histórica, que
cuando en España han dominado las otras políticas presupuestarias, las políticas de los gobiernos socialistas,
han llevado a España a un retroceso en la convergencia; han llevado a España a unas tasas de paro sencillamente inadmisibles en un país desarrollado, del 24 ó 25 por ciento, y en Andalucía, a una tasa de paro del 35 por ciento. Este es el
modelo de gobierno socialista en España, que en definitiva ha llevado a una pérdida de confianza de los agentes económicos, a los que se les explicaba que España, para ser un país europeo, tenía que subir sus impuestos puesto que esos impuestos eran
comparativamente más bajos que en el resto de la Unión Europea. Esta era la filosofía que dominaba en los tiempos en los que algunos de SS.SS.
recordarán todas esas expresiones, que son anteriores además a mi presencia en esta Cámara, porque son
expresiones de las autoridades económicas de España durante muchos años, de las autoridades de la Hacienda pública. Hoy, desde esta tribuna, en lo que yo pueda representar y represento a esta autoridad, venimos a la Cámara a hablar de bajar los
impuestos a los españoles y de las consecuencias positivas que tiene esa bajada de los impuestos a los españoles. En nuestro país se ha producido un cambio de escenario fundamental, un cambio de escenario absolutamente básico, y eso es lo que anima
al Gobierno a seguir insistiendo en sus políticas, pues entendemos que este modelo de crecimiento, lejos de estar agotado, está tan vivo como para pronosticar que España puede vivir la fase expansiva más larga de su historia una vez que nos
incorporemos al crecimiento de la economía mundial, crecimiento que ya está próximo, que nos anuncian los organismos internacionales para finales del año 2003 y que se confirmará plenamente en el año 2004. No cabe duda de que cuando la economía
mundial retrocede y el comercio mundial decae, hay que sostener el crecimiento económico con actividad interna, no faltaba más.
No sé si SS.SS. conocen otra fórmula, pero en esos casos hay que sostener el crecimiento económico con demanda interna,
y eso es lo que ha pasado en España. En España se ha sostenido un crecimiento económico con demanda interna, y lo que hay que esperar es que los componentes de ese crecimiento económico evolucionen de acuerdo a como lo haga ese marco internacional.
Ello supondrá también una reactivación de la propia inversión de nuestras empresas, inversión que está muy ligada al desarrollo del comercio mundial y que está también financiada correctamente desde unas condiciones monetarias holgadas, como las que
hoy tenemos, y desde una posición de su cuenta de beneficios que hace que lo que se llama técnicamente el apalancamiento financiero de las empresas las sitúe en unas posiciones muy positivas, incluso óptimas, para aprovechar y para favorecer una
recuperación económica que está en ciernes en la economía mundial, que apunta la recuperación de los mercados financieros reciente y que hace que España pueda estar preparada como lo está hoy para engarzar con esa recuperación de la economía
mundial.
Llamarle a la época actual, a la época que nace en los años noventa, la época de la divergencia, me parece una licencia inadmisible incluso retóricamente. No se le puede llamar época de la divergencia, precisamente cuando hemos estado en la
convergencia real, cuando hemos situado a la economía española en las tasas de convergencia mayores de nuestra historia y cuando hemos hecho retroceder el paro a tasas mucho más próximas a las que tienen los países desarrollados de la Unión Europea.
Siendo insatisfactorio ese resultado, pues no nos satisface por completo, hemos conseguido avanzar en esa evolución hacia ese objetivo.
Por tanto, si en algo es divergente es con el modelo de los gobiernos socialistas, que condujeron a España hacia
una crisis económica que se tradujo sobre todo en falta de oportunidades de empleo para todos, para las mujeres, para los más jóvenes y, en definitiva, en falta de crecimiento económico sostenido para nuestro país.
Como decía el señor Martínez-Pujalte, estamos haciendo una política presupuestaria que ha sido reconocida por todos los organismos internacionales. No hay un solo organismo internacional que no reconozca que la política presupuestaria
española es clave del crecimiento económico de estos últimos años y también clave del crecimiento económico que estamos registrando. No hay organismo internacional que no celebre la aplicación de esa política presupuestaria. El último ha sido un
organismo propio, como es el Banco de España. El gobernador del Banco de España, en su discurso con motivo del informe anual, se refiere como causa del crecimiento económico diferencial de España a esta política presupuestaria que salvaguarda el
saneamiento de las cuentas públicas, con un contenido en gasto y en ingreso público que está promoviendo un crecimiento económico creador de empleo en nuestro país. En esta evolución hay riesgos, sin duda alguna, pero son riesgos que podemos
aspirar a sortear en el futuro inmediato, con la coherencia que nos da seguir manejando una política económica que hasta ahora ha ofrecido unos resultados positivos para el conjunto de los españoles. Dejemos que algunos grupos de la Cámara sigan en
el debate, por lo demás clásico, de ricos y pobres. Es el mismo debate que hemos tenido desde hace mucho tiempo, desde que comenzó la etapa del Gobierno del Partido Popular. Es un argumento reiterativo y único, que puede esconder realmente la
falta de una alternativa eficaz y auténtica a la política económica del Gobierno por parte del primer grupo de la oposición. Si está cómodo en ese debate, yo no voy a insistir más esta mañana. Siga en ese debate, siga en ese planteamiento, que
nosotros seguiremos ofreciendo a los españoles las políticas de progreso económico y de vertebración social de la sociedad española en este comienzo del siglo XXI. (El señor Fernández Marugán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Fernández Marugán, le voy a dar la palabra.
Aunque ha habido alguna duda en el transcurso de la sesión, yo soy de los que estiman que el señor ministro volverá de nuevo en esta legislatura a esta Comisión de
Economía y Hacienda y que, por tanto, podrán continuar informándole. Pero creo que he dado turno muy amplios y rogaría a los que quieren intervenir ahora que intervengan lo más brevemente posible.
Tiene la palabra.
El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: El debate de esta mañana a mí me ha producido la sensación de un debate relativamente autóctono, en el sentido de que ninguno de los que hemos intervenido ha hablado de que España forma parte de la Unión Europea
y de que tenemos un compromiso que nos obliga en materia de disciplina y de coordinación de las políticas presupuestarias con el resto de los países de la Unión, materializado en el Tratado y bajo la forma coloquial de Pacto de Estabilidad y
Crecimiento.
Creo que eso se deriva de un hecho, que me va a permitir el señor Montoro que se lo diga respetuosamente, pero que se lo diga. El señor Montoro creo que es de los economistas en el mundo, que legítimamente no tienen su referencia en
Bruselas. Uno puede tener las referencias en Bruselas o las puede tener en otros lugares del mundo, y el señor Montoro es un economista cuyas referencias doctrinales están en Fairfax, es más bien un virginiano. Y, como consecuencia de ser más bien
un virginiano, ha hecho un planteamiento de política económica que está lejos del consenso de los economistas continentales y se ha situado radicalmente donde siempre se sitúa, porque el señor Montoro lo que defiende es la Public choice y punto.
Pero en ese terreno sí quiero decirle que yo formo parte de otra escuela de pensamiento económico. Creo que entre el capitalismo y los impuestos hay un recorrido extremadamente brillante. No hace muchos años celebrábamos el bicentenario de la
Riqueza de las Naciones, y cuando lo celebrábamos hubo economistas de primera entidad en el mundo, como Sbinner, Picoob, Musgrave o como West, que hicieron ver el peso de los sistemas públicos en aquel entonces y en esta época. En aquella época el
peso de los sistemas públicos oscilaba entre el 8 y el 10 por ciento del PIB; en esta época se discute si en esta parte del mundo está entre el 35 y el 40 por ciento.
Y yo me pregunto ¿es que esto ha sido un error histórico? Creo que no, sinceramente. En este terreno, el debate de esta mañana me produce otra reflexión: se ha agotado el ciclo electoral de las administraciones territoriales y empezamos a
estar en el ciclo electoral de la Administración central y de sus socios. Y eso me lleva a plantearme una de las cuestiones que, de alguna manera, surgieron en la reforma del PEC.
En la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento se planteó
claramente un problema, puesto que este instrumento de coordinación de políticas presupuestarias no sanciona las políticas fiscales electoralistas. No sanciona esos procesos en virtud de los cuales los gobiernos interrumpen los procesos de
consolidación fiscal, simplemente porque se acercan momentos electorales. La verdad es que yo, que ya estoy acostumbrado a oír estas cosas en esta Cámara, y a oírlas y escucharlas desde la oposición, tengo que señalar que si fuera verdad todo lo
que hemos escuchado en este momento, a la coherencia del sistema tributario se le habían ido tres o cuatro cosas. Gracias a las reformas tributarias del Partido Popular se ha ido toda la fiscalidad del capital. Les ahorro a ustedes las
referencias, las he dado en otras intervenciones, inclusive ahí están los libros de un hombre conservador pero inteligente, como González Páramo, que lo que viene a decir es: Aquí ya no queda nada de tributación del capital. Además, se han ido una
parte de las rentas altas del trabajo, que es la aportación que hace el señor Montoro a sus compromisos doctrinales con, los cuadros directivos de las estructuras empresariales: todo aquel que sea capaz de diferir y de transformar rendimientos del
trabajo en ganancias y rendimientos del capital es un benefactor de la humanidad y se queda fuera. Pero es que hoy los socios del Partido Popular nos han dicho que también hay que sacar de la base del impuesto prácticamente todas las rentas
empresariales. Hete aquí que me encuentro ante un sistema tributario que tiene dos características fundamentales: que grava las rentas del trabajo dependiente en el momento de su generación, las pequeñas rentas del trabajo, y grava esas mismas
rentas cuando se consumen. Es decir que grava primero en un IRPF pequeño, escueto y moderado, a los asalariados y poco más que las clases medias profesionales y que le busca a uno en la siguiente fase cuando consume esas cantidades en forma de
bienes de consumo. Ni que decir tiene que nosotros no vamos a estar de acuerdo con un planteamiento de esa naturaleza.
Yendo a la urdimbre de la política económica en España, se ha discutido de modelo y me gusta que se discuta de modelo. Yo tengo que decirlo: el modelo está agotado; otra cosa es que le demos, que le den o que no se pueda evitar que tenga
un año más. Pero de verdad hemos tenido el ciclo mínimo en junio y julio del año 2002. Llevamos cuatro o cinco trimestres discutiendo de la décima. Hay que ver lo que dan de sí las discusiones de la décima entre los economistas. Pero bueno,
discutimos de la décima y nos preguntamos si es el 2, si es el 2,1, si es el 1,9, si es el 1,8; el señor Guindos sale a decirle a la señora Alcaide lo que tiene que decir; la señora Alcaide procura resistirse porque allí los funcionarios no le
dejan hacer lo que el señor Guindos quiere. Los periódicos están llenos de este tipo de anécdotas.
En este momento nosotros tenemos un mínimo cíclico y una escasa capacidad de respuesta; y no tenemos respuesta porque lo que tenemos son desajustes y esa
es la divergencia. La divergencia es que tenemos un problema de precios, tenemos un problema de endeudamiento, tenemos un problema de ahorro y de inversión, que presupone una situación complicada porque nuestra tasa de ahorro es una tasa
mínima históricamente y plantea algunos problemas de futuro. Y tenemos un problema de productividad. Creo sinceramente que el modelo está agotado y creo algo más, que están ustedes a la espera. ¿Pero a la espera de quién? Sí es verdad que lo
dije pero además, ahora tendría que decir que es un modelo que lo ejecuta un gobierno que no quiere tomar decisiones y lo que espera es que venga una fuerte recuperación de la economía mundial que le saque del atolladero de los problemas que
plantean estas decisiones. Ese es el primer problema.
Segundo problema. En este mundo en el que nos ha tocado vivir, donde ya no son posibles las alteraciones del tipo de cambio, ¿es que ya no hay ajustes? Todos hemos hecho la descripción de aquella economía cerrada donde en un momento
determinado el crecimiento creaba un desajuste en balanza comercial y venía el banco emisor y pegaba un viaje que restringía la capacidad de financiación de la economía y se subían los tipos de interés. Eso ya no existe, esa política ya no existe.
¿Pero no hay ajustes en economías como las nuestras? ¡Claro que los hay! Las hay en términos de capacidad, los hay en términos de cantidad. Y el ajuste, que es letal a veces, que no se nota, lo vamos a sentir. ¿Por qué? Pues porque aquí van a
penetrar productos de otros lugares que son más competitivos que los productos españoles si no se producen algunas circunstancias. ¿Qué circunstancias son esas? Decía anteriormente que la política monetaria por razones de equilibrio en la Unión
era expansiva; pero lo que estoy diciendo, y se lo dije al señor Martínez, se lo dije al señor Rodríguez-Ponga y se lo digo hoy al ministro de Hacienda es que el proceso de consolidación fiscal se ha interrumpido en España. Porque no es verdad que
ustedes estén en el equilibrio presupuestario. Es que no es verdad. Si es verdad que la política fiscal española es expansiva. Y a mí me puede gustar o no, -pero el problema es quién es aquí coherente o no es coherente-. Se me olvidó decirlo
antes, pero se lo voy a decir ahora. 16 de junio de 2003: un periódico decía que el Gobierno excluye del déficit cero 5.000 millones de inversión. Lo dejo aquí y lo cuenta luego.
Hace años que los economistas -porque estas cositas ya sucedían por los tejemanejes de la contabilidad- dejaron de mirar el tono de la política fiscal en el presupuesto y lo hacen en el endeudamiento, y el endeudamiento, entérense, en
términos de cantidad viene creciendo en los últimos años.
Analizando los datos que nos dieron a nosotros, los pocos datos que nos dan, en el último ejercicio aumentó el endeudamiento del Estado en 7.176 millones de euros, esto es algo así como un billón de las viejas pesetas, de los cuales 2.626 se
destinaron a financiar el déficit de Caja del Estado y el resto se fue a esa floresta que ustedes han montado en el capítulo VIII. No está aquí ni el portavoz del presupuesto del PP ni el portavoz del PNV, pero Tremonti el otro día, en una reunión
de la OCDE a la que fuimos diputados españoles, estaba deseoso de encontrar las fórmulas de creatividad fiscal, la alquimia contable que han encontrado en España. Porque alguna vez se lo he dicho a doña Elvira: ustedes tienen el problema de que o
se disciplinan o ponen en peligro a la teoría económica, a la teoría económica. (Risas.) De verdad, o aquí hay una sensatez por parte del Ministerio de Hacienda, dando una información adecuada y pertinente de la marcha del ingreso, del gasto
público y del endeudamiento, o esto se termina quedando como modelo. Por eso le decía que no había ganado nada el Ministerio de Hacienda teniéndole a usted como ministro. Usted como ministro, siendo catedrático, debería ser escrupuloso de la
transparencia, y usted no es escrupuloso de la transparencia, usted es un oscurantista. Y es un oscurantista que en este momento a través del juego de la contabilidad creativa, le está intentando ocultar a esta sociedad que el nivel de
endeudamiento es cada año más elevado y que las cuentas públicas hace años que dejaron de ser la imagen fiel del comportamiento financiero del Estado. Eso lo digo yo, lo dice Barea, lo dice cualquier informe, porque los informes de los organismo
internacionales hay que saber leerlos, y ya no quiero abusar más, pero hasta el del Banco de España hay que saber leerlo. (Risas.) Tengo poco tiempo, pero con más le buscaría a usted la expresión en este momento que dice que una parte importante de
la inversión pública no se contabiliza como déficit público pero se lleva a cabo. Lo dice el Gobernador del Banco de España pero es que lo dijo Trillo el año pasado.
Sí, cuando ustedes preguntaban a Trillo dónde están las inversiones públicas,
dijo así, sonriéndose, como si nadie se fuera a enterar: No, si las tengo en Industria. ¿Cómo que las tiene Industria? ¿El 35 por ciento de la inversión que hace España en ciencia y tecnología es de carácter militar y no figura en la función
Defensa?
Como decía antes, el recorrido entre el capitalismo y los impuestos es un recorrido dignísimo para los dos. Para demostrarle tengo aquí dos referencias, una de mucha autoridad, es un socialista de otra sensibilidad que la mía, yo soy un
socialista clásico, él es un socialista de la tercera vía, se llama Becki, es asesor de Blair, y decía que sin Estado y sin servicio público no hay seguridad, sin impuestos no hay Estado, sin impuestos no hay educación, no hay política sanitaria.
Creo que es un artículo interesante, escrito el día 15 de noviembre de 2001. Pero hay otro donde hay más emoción, hay más carne, y el Parlamento tiene que ser capaz de reflejar la emoción y la carne. Hay un artículo reciente de Millás titulado
Impuestos. Voy a leer dos párrafos: Parece evidente que carecemos de recursos para frenar la delincuencia, para que una mamografía sea cuestión
de horas y no de meses, para que los papeles del divorcio de usted se guarden en un archivador y no en un retrete de un juzgado, para construir residencias de ancianos. Pare eso están los impuestos, y deben servir para abrir guarderías,
para que la enseñanza pública engorde en vez de adelgazar, para que nuestros soldados viajen como personas y no como chatarra, en aviones de verdad y conducidos por pilotos de verdad, para que ese mantenimiento de la red ferroviaria sea adecuado.
Para eso están los impuestos.
Aquí hay dos mundos. Brand lo dijo hace muchos años: sólo los poderosos quieren un Estado débil. Aquí hay gente que necesita del Estado y de la protección pública, que necesita que haya vehículos de financiación de las actividades
públicas; y hay otros que no necesitan de un Estado, que lo que el da ellos lo pueden conseguir en el mercado. Eso es lo que ustedes han hecho, segmentar esta sociedad, ampliar el grado de poder material de los que pueden buscar todo, cualquier
tipo de servicio, en el mercado y ponerle dificultad a ese conjunto de ciudadanos que necesitan buscar una parte importante de su protección social en los bienes públicos.
El señor PRESIDENTE: Señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: A pesar de ser tarde, no me resisto a intervenir en este interesante debate del señor Fernández Marugán, en el que ha denominado virginiano y oscurantista al ministro y él se define como socialista clásico,
y va buscando un eslogan para cada uno, pero acaba citando un artículo periodístico con una cierta demagogia.
Señor Fernández Marugán, a mí me parece muy bien que aquí estemos debatiendo lo que usted entienda conveniente y que hablemos del socialismo clásico, del socialismo de la tercera vía, o que hablemos de lo que quiera. Ahora, ¿le parece a
usted bien el 24 por ciento de paro? Esa es la sociedad a la que usted aspira, porque aquí de lo que hay que hablar con seriedad es de si el modelo produce los frutos que uno quiere.
El socialismo clásico del señor Fernández Marugán es de más
gasto público y más impuestos, por cierto, que no lo defienden otros de su grupo, porque lo que dicen es que el IRPF sea de tipo único, que se baje el tipo máximo veinte puntos y subamos el tipo mínimo, eso es lo que está proponiendo en su grupo el
responsable de política económica. Pero si lo que usted quiere es más gasto público, más impuestos, ¿eso de verdad conduce a más servicios públicos y a más empleo? Porque lo que está demostrado en España es que con más gasto público, con más
impuestos, lo que hay es más déficit, más deuda, más paro y menos servicios públicos.
Está bien que hablemos, y usted lo ha citado en el artículo, de las listas de espera sanitarias, aunque ya es una competencia transferida, podemos hablar de ello,
pero lo cierto, señor Fernández Marugán, es que para listas de espera las que ustedes dejaron en 1996.
Cuestiona el Eurostat. Aparte de servir para hacer un debate interesante en esta Comisión, que el Grupo Socialista diga que el servicio de estadística europeo está mintiendo a todos los europeos y además que uno luego se denomine socialista
clásico, me parece muy fuerte. Hay un servicio estadístico europeo que mide a los Estados uno por uno, que dice que Alemania tiene un 3,6 por ciento de déficit y está sometida a un expediente de déficit excesivo, y que España tiene equilibrio
presupuestario. Seamos serios, además de las intervenciones y de llamar oscurantista y virginiano a quien uno quiera (El señor Bel i Queralt: Virginiano no es un insulto.) yo creo que el ejercicio de responsabilidad política en esta Comisión exige
no insultar aquello de lo que nos hemos dotado todos los europeos, que es un servicio estadístico que es el que lo mide, y el servicio estadístico europeo está hablando del déficit español.
Señor Fernández Marugán, si el modelo va a estar agotado dentro de un año es porque usted plantea el horizonte después de las elecciones para tener argumentos electorales. Como se crea empleo y se crece, dice: Se crea empleo y se crece,
pero después de las elecciones va a ir peor. Usted sitúa el límite después de las elecciones porque no puede decir que este modelo está agotado antes de las elecciones, porque seguimos creciendo más que la media europea, aumentando el diferencial y
creando empleo.
Señor Fernández Marugán, quiero decirle -y con esto concluyo- que tuvimos un debate muy interesante sobre la tributación de las plusvalías en el año 1996 y lo hemos seguido teniendo. A usted le parece muy bien que las rentas muy altas,
cuando pueden tener la inversión sin movilizar en un determinado activo, no tengan que pagar por el transcurso del tiempo.
Ustedes defendían a los ricos en su sistema de tributación: podían mantener las inversiones en un determinado activo durante
un cierto tiempo y no pagaban; las plusvalías no pagaban por el transcurso del tiempo. ¿Ese era el sistema que al señor Fernández Marugán le parecía bien? Recuerdo en aquel debate a don Pedro Antonio Ríos, que entonces era diputado, cuando
hablaba de una determinada persona -que, por cierto, últimamente ha salido en los periódicos- que había hecho unas plusvalías enormes, de miles y miles de millones de pesetas, que con el marco fiscal del PSOE no pagó ni un duro, ni uno ni medio
duro, nada, porque el transcurso del tiempo llevaba la tributación a cero. Eso lo sabe el señor Fernández Marugán. Lo que hizo el Partido Popular fue decir: los ciudadanos tienen que determinar sus inversiones de acuerdo con la rentabilidad
financiera y no con la rentabilidad fiscal. Ese es el cambio del sistema de tributación de las plusvalías que, además, señor Fernández Marugán, es el homologado en toda Europa. No me hable más de las rentas de capital
porque, señor Fernández Marugán, su propio grupo, el señor Sevilla últimamente, ya han dicho que con este marco el sistema tributario de las plusvalías les parece bien. No siga usted yendo al marco de anteriores dirigentes socialistas,
porque ya le han dicho que esto les parece bien.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro para cerrar las intervenciones.
El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Intervengo con la mayor brevedad.
En primer lugar, quiero hacer una aclaración, porque el debate del modelo ya está hecho. (El señor Bel i Queralt: Hay que aclarar que virginiano no es un insulto.) Hace mucho tiempo que he renunciado a clasificaciones doctrinales;
modestamente estoy trabajando para el crecimiento económico de los españoles, para la creación de empleo y para que España tenga un puesto en el concierto europeo y en el concierto mundial. Esa es la auténtica calificación que cabe. La doctrina la
reservo para otro tipo de planteamientos, de seminarios o de debates. El debate político que nos interesa aquí es si se tiene un modelo de crecimiento económico o no se tiene. Pero esta mañana me voy, una vez más, sin conocer cuál es el modelo de
crecimiento económico del Partido Socialista.
Voy a hacer las siguientes precisiones. En primer lugar, señor Fernández Marugán, en España las rentas del capital, como decía el señor Martínez-Pujalte, tienen el mismo tratamiento que las rentas del trabajo en el impuesto sobre la renta
de las personas físicas, tienen exactamente el mismo tratamiento, no hay tarifas distintas. Otra cosa es la ganancia de capital, que no es lo mismo, que es la variación del valor del patrimonio, que no es la renta del capital. A ver si nos
aclaramos, por lo menos en los conceptos básicos que manejamos. ¿De acuerdo? Las rentas del capital son las rentas del capital mobiliario y las rentas del capital inmobiliario, que tienen el mismo tratamiento fiscal dentro del impuesto sobre la
renta, que es un impuesto integral. Eso en primer lugar. Lo digo para su discurso político, para que S.S. hable con propiedad en ese discurso.
En segundo lugar, señor Fernández Marugán, en España no se ha hundido el ahorro nacional, la inversión nacional ha aumentado como consecuencia de que hay más inversión privada y más inversión pública; el ahorro nacional se ha mantenido
gracias al ahorro público, que ha aumentado el ahorro nacional nada menos que en seis puntos porcentuales de producto interior bruto. Gracias a ello, la economía española no ha aumentado la necesidad de financiación frente al resto del mundo y,
como S.S. lanzaba en ese aserto, hay que mirar el endeudamiento. Una economía está o no desequilibrada según su capacidad o necesidad de financiación frente al resto del mundo, y la economía española tiene hoy una necesidad de financiación frente
al resto del mundo perfectamente asumible, sin problemas de tipos de interés diferenciales como los que había que mantener a finales de los años ochenta, a comienzos de los años noventa, en el modelo de los gobiernos socialistas, que eran
diferenciales de tipos de interés brutalmente altos para atraer capitales y financiar la economía española. Esa es la diferencia, por tanto, no vaya por ahí porque no es el camino; el camino es el que se deduce de nuestros escenarios
macroeconómicos, y para eso estamos haciendo lo que hacemos en términos de finanzas públicas, contribuir al ahorro nacional, compensando el descenso del ahorro familiar y empresarial. No hay más que mirar la contabilidad nacional de España para
informarse de ella.
En tercer lugar, en cuanto a que el déficit público es falso en España, es poner en cuestión todo el proceso de seguimiento que se hace en la Unión Europea sobre el déficit español y el de la Unión Europea. Está homologado por Eurostat. No
sé cómo S.S. se atreve a hacer esas afirmaciones porque, con la misma categoría se lo digo, el que está falseando la realidad es usted. Usted no puede decir en esta Cámara que las cuentas públicas españolas no están homologadas, porque lo están
perfectamente por Eurostat, lo están por los informes de la Comisión de la Unión Europea y lo están por los órganos de la misma. Otra cosa es que S.S., que dice que hay oscurantismo en la elaboración de las cuentas públicas de nuestro país, no se
tome la molestia de leer los Presupuestos Generales del Estado, porque en éstos aparece la inversión por el capítulo 8. No hace falta que me saque un recorte de periódico, está en los Presupuestos Generales del Estado. Malamente puede hablar de
oscurantismo cuando no se toma la molestia de citar a los propios Presupuestos Generales del Estado, que son los que informan a la Cámara y a la sociedad española. Que algún medio de comunicación haya descubierto eso recientemente y le dé categoría
titular, allá él, pero que lo convierta S.S. en un descubrimiento ante la Cámara, cuando ha sido portavoz de esos presupuestos por parte de la oposición, me parece que debería haber demostrado un mayor conocimiento antes que calificar a nadie de
oscurantista o de ocultar información a la Cámara.
Señor Fernández Marugán, usted cita artículos tan respetables como los que ha sacado aquí a colación, y seguramente el autor de ese artículo no coincidirá con S.S., porque ha dicho esta mañana en la Cámara que han subido los impuestos en
España. ¿Los impuestos han subido o han bajado, señoría? Pongámonos por lo menos en eso de acuerdo. Si han subido los impuestos, no sé de qué se queja, hay más recursos tributarios. Su señoría ha dicho que han subido los impuestos en nuestro
país, por tanto, ¿quién ha mermado la recaudación del Estado? ¿Qué Gobierno ha hecho eso? Este Gobierno lo que ha hecho es aumentar la recaudación del Estado, fortalecer al Estado y hacerle más eficiente. Eso es lo que ha hecho este Gobierno con
sus reformas tributarias,
ahí están los resultados que decía su señoría. No me haga ahora el juego dialéctico de decir que hay menos impuestos y que los impuestos son necesarios para financiar esos servicios públicos. Hay más recaudación en España, señoría, por
tanto, hay más recursos para el Estado; con esta política estamos haciendo un Estado más fuerte, más eficaz y colaborador con el crecimiento económico y con la creación de empleo en nuestro país.
Esa es la diferencia entre un Estado comprometido
con el bienestar de los españoles y un Estado como el que, cuando S.S. estaba en la práctica del Gobierno, existía en España, que era una rémora de ese crecimiento económico y de esa creación de empleo.
Con la inversión pública ocurre lo mismo. ¿Invertimos o no en términos de aportación de los Presupuestos Generales del Estado? ¿Está bajando la deuda pública en términos de producto interior bruto, sí o no? Está bajando la deuda pública.
Ha bajado la deuda pública en España desde el año 1996 hasta ahora 15 puntos porcentuales de producto interior bruto.
Eso quiere decir que, en términos de nuestro nivel de renta actual, los españoles tenemos mucha menos deuda pública de la que
teníamos en el año 1996. Me he referido a la carga de intereses. La carga de intereses en los presupuestos es la mitad. Luego ahí es donde se ven, señor Fernández Marugán, las consecuencias del endeudamiento público. ¿Qué representa hoy la carga
de intereses en los presupuestos del Estado? He insistido en mi intervención que hoy el Estado ha liberado suficientes recursos precisamente para financiar otras categorías de gasto público como son gastos sociales, y para financiar nuevas
inversiones que, a su vez, se convierten en motor de crecimiento económico.
Lo que le preocupa a S.S. me parece que es inevitable. Señoría, vamos a celebrar las elecciones generales del año próximo en un marco de crecimiento económico, de creación de empleo, en un marco en que los españoles van a poder juzgar y
valorar si las políticas que ha aplicado el Gobierno del Partido Popular desde el año 1996 efectivamente han contribuido a ese crecimiento económico y a esa creación de empleo. No sé dónde estarán SS.SS. en esas elecciones generales, porque su
máximo líder decía hace pocos años que bajar los impuestos era de izquierdas y con el otro líder diciendo que las pensiones tenían que perder poder adquisitivo; no sé dónde están SS.SS., ciertamente. Me gustaría que SS.SS. estuvieran realmente en
la postura de hacer un programa económico, un modelo de crecimiento económico alternativo al del Partido Popular que es, en definitiva, el programa que vamos a seguir desarrollando y vamos a seguir aplicando de aquí a final de legislatura.
El señor PRESIDENTE: Se levanta la sesión.
Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.