CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 779

CONSTITUCIONAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JAIME IGNACIO DEL BURGO TAJADURA

Sesión núm. 26

celebrada el miércoles, 18 de junio de 2003

ORDEN DEL DÍA:


Ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario
Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 122/000192.) ... (Página 24746)


Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, de la proposición de ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el
Gobierno. Presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 122/000192.) ...
(Página 24746)

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Proposiciones no de ley: Sobre principios y medidas en relación con la constitucionalización de la Unión y el establecimiento de una ciudadanía europea. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001925.)
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Se abre la sesión a las once y cinco minutos de la mañana.



RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA INCORPORAR LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE ELABORE EL GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 122/000192.)


El señor PRESIDENTE: Buenos días.



Se abre la sesión.



El primer punto del orden del día es la ratificación de la ponencia designada para informar la proposición de ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el
Gobierno, proposición presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Dicha ponencia está integrada por: María Jesús Sainz García, María Jesús Celinda Sánchez García, Ana Cristina Guarinos López, Cristina Alberdi Alonso,
Micaela Navarro Garzón, Luisa Expósito Molina, Marisa Castro Fonseca, Margarita Uría Echevarría, Luis Mardones Sevilla y Carlos Aymerich Cano.



¿Se ratifica la ponencia? (Asentimiento.)


APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA DE LA PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE MEDIDAS PARA INCORPORAR LA VALORACIÓN DEL IMPACTO DE GÉNERO EN TODAS LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE ELABORE EL
GOBIERNO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 122/000192.)


El señor PRESIDENTE: Vamos a debatir la proposición de ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que elabore el Gobierno.



Anuncio que acumularemos las votaciones de las dos proposiciones que tenemos que debatir al final de la proposición no de ley. Se han presentado a esta proposición once enmiendas, de las cuales nueve fueron aprobadas en el trámite de
ponencia. En cuanto a las dos restantes, están la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre la que la ponencia ha considerado que no procede su mantenimiento por referirse a un artículo que desaparece como consecuencia de la
aceptación de las enmiendas del Grupo Popular; y la enmienda número 11, del Grupo Socialista, sobre la que la ponencia ha considerado que la mención expresa al Instituto Nacional de la Mujer no es necesaria, ya que es una práctica constante. No
obstante, estas enmiendas pueden ser defendidas en caso de que los proponentes quieran hacerlo. En primer lugar, estaría la presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), pero como no está presente ningún representante del mismo, significa
que esta enmienda decae. La enmienda del Grupo Socialista la va a defender la señora Alberdi, que tiene la palabra.



La señora ALBERDI ALONSO: En primer lugar, en nombre del Grupo Socialista quiero manifestar nuestra satisfacción por la presentación de esta iniciativa para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones
normativas que elabore el Gobierno. La idea de la perspectiva de género, lo que se denominó el mainstreaming, en la cumbre de Pekín, que significa la integración de esa perspectiva de género en todas las políticas, es absolutamente necesario,
entendido el género como la construcción social derivada de una desigualdad histórica entre hombres y mujeres, perspectiva que ha de tener en cuenta las distintas oportunidades y las dificultades derivadas de la posición devaluada de las mujeres en
la sociedad en todos sus ámbitos, políticos, sociales y económicos. El impacto de género se inscribe en una nueva concepción que alude al género como concepto político que se refiere a las desigualdades sociales y culturales, no a las diferencias
de sexo, que son biológicas.
La perspectiva de género explica las diferencias como fruto de la


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construcción social y del sistema de dominación masculino, y lo hace desde el planteamiento de la necesidad de cambios estructurales que vayan reflejando la nueva realidad de igualdad que poco a poco se abre paso.
Este concepto, impacto de
género, en tanto perspectiva de género, supone también pasar de la concepción sectorial de las políticas referidas a las mujeres como colectivo, en orden a la mejora de su condición en todas las áreas, a un nuevo orden que globalice las políticas y
las plantee de una forma integral en todos sus aspectos, origen, causas, situación actual, avances y alternativas de futuro.



Un ejemplo de este nuevo enfoque podemos verlo en un tema de total actualidad, la violencia de género. Hemos pasado con la nueva perspectiva a la que me refiero de los planes integrales, importantes y necesarios, a una visión global que
plantea una ley integral que va a la raíz del problema y que actúa desde la nueva educación necesaria y los valores de igualdad que hay que incorporar en la socialización hasta la respuesta de todo tipo de orden, judicial, sanitario y social, que es
necesario dar al problema. Cada vez más en todos los países de la Unión Europea se van desarrollando y poniendo en práctica medidas con esta nueva visión propiciada por la Comisión y el Parlamento Europeo desde que la perspectiva de género fue uno
de los ejes centrales de las nuevas políticas aprobadas en la cumbre mundial sobre el avance de las mujeres, celebrada en Pekín en septiembre de 1995. Por ello bienvenida sea esta iniciativa del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió),
siempre atento a estos temas, que en esta ocasión además nos propone una iniciativa que ya es una realidad en el Gobierno catalán. Tanto la iniciativa como su exposición de motivos y su articulado nos parecen muy adecuados y en nombre del Grupo
Parlamentario Socialista hemos propuesto una enmienda de adición, que mantenemos, a fin de enriquecer el contenido del proyecto y su eficacia. Se trata de que sea el Instituto Nacional de la Mujer u organismo equivalente el que establezca los
criterios generales para la elaboración de los informes de impacto por razón de género previstos en la ley y que sea ese Instituto Nacional de la Mujer u organismo equivalente quien coordine su realización por los órganos de la Administración
general del Estado.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Expósito.



La señora EXPÓSITO MOLINA: Señor presidente, señoras y señores diputados, estoy segura de que esta intervención podría comenzarse de muy diferentes maneras, agradeciendo a todos los grupos parlamentarios y a sus representantes en la
ponencia el acuerdo alcanzado de una manera prácticamente unánime por todos nosotros, o bien podría comenzar haciendo hincapié en la forma dialogante y abierta con la cual hemos llegado al final de la tramitación de esta proposición de ley; tal vez
podría poner de manifiesto la importancia del acuerdo, un acuerdo que abre un nuevo camino hacia la igualdad, y resaltar el beneficio que causará a todas aquellas personas a las cuales va dirigida esta proposición de ley, y seguro que habría un
largo etcétera de formas de iniciarla. Pero me permitirán SS.SS. que comience esta intervención con todo lo que he manifestado anteriormente, con todo lo que SS.SS. puedan estar pensando, pero también con la satisfacción que supone ser el grupo
proponente, porque no cabe duda que hoy estamos dando un paso importante, un paso que comenzó con la presentación de la propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y esta iniciativa fue defendida por nuestra portavoz de
igualdad para la mujer, la diputada Mercè Pigem, el día 8 de marzo del pasado año. En diciembre de este mismo año se me encarga por parte de mi grupo parlamentario la ponencia que daría paso a la elaboración de esta proposición de ley, que hoy creo
que nos llena de satisfacción a todos, pero a nuestro grupo y a mí en particular.



Tanto en la iniciativa como en la toma en consideración dimos cuenta de los criterios que nos habían llevado a defender esta propuesta. La cuarta Conferencia mundial sobre la mujer, que tuvo lugar en Pekín en 1995, renovó el compromiso de
la comunidad internacional para lograr la igualdad entre los géneros, así como el desarrollo y la paz para todas las mujeres. En la misma se invitó a los gobiernos y a los demás agentes a integrar la perspectiva de género en todas las políticas y
los programas para analizar sus consecuencias para las mujeres y los hombres respectivamente antes de tomar decisiones. Los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas y la sociedad civil han ido realizando considerables esfuerzos a fin de lograr
la equidad entre los géneros en todos los ámbitos. Las preocupaciones de la mujer aún tienen una prioridad secundaria en algunas partes del mundo. Por ello del 5 al 9 de junio de 2000 se llevó a cabo un período extraordinario de sesiones de la
Asamblea General, a fin de hacer una evaluación quinquenal, cuyo tema fue La mujer en el año 2000, igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI. Durante la misma se analizaron los mecanismos para incrementar la responsabilidad de
los gobiernos en el cumplimiento del mandato que figura en la plataforma de acción, reiterando la necesidad de aplicar de manera completa y rápida dicha plataforma.



En el ámbito de la Unión Europea, con la entrada en vigor el 1 de mayo de 1999 del Tratado de Ámsterdam, se inició una nueva etapa en el proceso de construcción europea y especialmente en materia de igualdad de oportunidades entre hombres y
mujeres. En este contexto


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la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en todas las políticas y la eliminación de las desigualdades constituyen una de las prioridades a tener en cuenta en el diseño de las políticas de la Unión Europea.
Posteriormente la
proclamación solemne por el Parlamento, el Consejo y la Comisión de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, con ocasión de la cumbre europea que tuvo lugar en Niza, supuso un avance más en la consecución de la igualdad respecto
al Tratado de Ámsterdam.



En el seno de la Unión Europea y como complemento a los objetivos de la acción comunitaria prevista para la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, se aprobó la decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000, por la que se
establece un programa de acción comunitaria sobre la estrategia a seguir en materia de igualdad entre hombres y mujeres, destacando que en la misma se articula la evaluación del impacto en función del sexo en distintos ámbitos de intervención de la
estrategia marco comunitaria como una de las acciones a emprender para el logro de los objetivos mencionados en el referido programa.



Por otro lado, la Comisión de la Unión Europea, ante la constatación de que decisiones políticas que en principio parecen no sexistas puedan tener un diferente impacto en las mujeres y en los hombres, a pesar de que dicha consecuencia ni
estuviera prevista ni se deseara, aprobó una comunicación sobre la transversalidad como un primer paso hacia la realización del compromiso de la Unión Europea de integrar la perspectiva de género en el conjunto de las políticas comunitarias y
elaboró una guía para la evaluación del impacto en función del género, diseñada para proyectarse en el seno de la Comisión, con el objetivo de evitar consecuencias negativas no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación y para
mejorar la calidad y la eficacia de las políticas comunitarias.



En definitiva, señoras y señores diputados, el camino es largo y esto es sólo una etapa, pero es una etapa ganada. Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero hemos de sentirnos satisfechos del camino andado y continuar si titubeos
para llegar a conseguir la igualdad plena que todos nosotros entendemos que es necesaria, y no sólo hemos de hacerlo por las mujeres, sino por la sociedad en general. No se debe olvidar que ante una discriminación no sólo sufre la persona, sino
también su entorno, y con ella toda la sociedad. Somos conscientes también de que lo que hoy aprobamos es sólo un instrumento que, junto con las estadísticas, nos permitirá valorar el impacto de género, pero que no sustituye a las políticas
concretas de igualdad que debemos elaborar y sobre todo aplicar.



Debemos, pues, en definitiva, felicitarnos por los acuerdos alcanzados y por ser pioneros a la hora de presentar esta iniciativa, que, como he dicho al principio de esta intervención, llena de satisfacción al Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), al igual que al resto, espero, de grupos parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Popular, la señora Sainz.



La señora SAINZ GARCÍA: Señorías, tomo la palabra para apoyar la proposición de ley que modifica la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, con el fin de que los proyectos de ley vengan acompañados de un informe sobre el impacto por
razón de género.



En primer lugar, el Grupo Parlamentario Popular ha impulsado y creemos que ha mejorado notablemente este texto a través de las importantes enmiendas que hemos presentado y que han sido ya subsumidas en el texto que hoy vamos a aprobar.
Estamos hablando de una iniciativa similar a la que, a propuesta precisamente del Grupo Popular, fue aprobada en el Parlamento catalán en diciembre del año 2001 y está, por otro lado, en línea con una proposición no de ley del Grupo Popular,
aprobada también por unanimidad en este Parlamento, y que yo misma defendí en nombre de mi grupo en el año 1999. Decíamos entonces que era necesario profundizar en la integración de la igualdad en todas las políticas, en línea precisamente con las
recomendaciones de la Comisión Europea emanadas de la importancia de la transversalidad recogida en la plataforma de Pekín y formalizada también en el Tratado de Ámsterdam. Nuestro grupo siempre ha defendido que la dimensión de igualdad de género
debe estar presente en todas las acciones y en todas las actuaciones del Gobierno, precisamente desde la fase de su planificación para conocer mejor los efectos de su aplicación.



Está comprobado que políticas aparentemente neutras tienen una incidencia diferente en las mujeres y en los hombres; políticas que a simple vista podrían no parecer discriminatorias pueden tener un impacto muy distinto y no contribuir a ese
objetivo de alcanzar esa igualdad real. La transversalidad es, por tanto, un objetivo que requiere un enfoque integral y unas estrategias especiales, y sabemos además que hay que estar siempre en posición de avance, incluso podríamos decir que de
lucha constante, para progresar en esa igualdad de oportunidades, en la igualdad en todos los campos de la vida, en las distintas esferas de la sociedad. En este sentido sabemos que hoy estamos avanzando, que hoy estamos dando un paso adelante,
porque vamos a aprobar una buena herramienta, un buen instrumento, que servirá claramente de ayuda para la mejor puesta en práctica de ese objetivo compartido, del mainstreaming, de la transversalidad, del principio de igualdad en todas las acciones
y en todas las políticas. Se trata, como conocen, de articular la evaluación del impacto de género, de hacerlo además de forma pionera, casi podríamos decir, en Europa. Hemos estado revisando


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la legislación y no encontramos en otros países europeos una legislación similar a ésta que adquiera ese compromiso de llevarlo a las leyes, de que el impacto de género que las leyes pueden tener a los efectos diferenciales sobre mujeres y
hombres sean contemplados. Se trata, en definitiva, de que los desequilibrios puedan remediarse antes de que se adopten unas decisiones de gran trascendencia, porque estamos hablando de disposiciones de rango de ley. Un análisis desde esta
perspectiva ayudará, estamos seguros, a ver si las necesidades de las mujeres y de los hombres se tienen en cuenta igualmente y han sido atendidas, y contribuirá también a desarrollar políticas mucho más ajustadas al compromiso de la realidad
socioeconómica, del conjunto de la sociedad.



Sólo me resta decir que nuestro grupo considera que la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, es innecesaria, porque sus fines se consiguen claramente a través del artículo 2 de la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación
del Instituto de la Mujer, donde se le encomiendan estas funciones, y de otras disposiciones organizativas del Gobierno o de la Administración, sin necesidad de que se mencione expresamente en una ley, una ley general, una ley del Gobierno, cuando
en el futuro ello supondría congelar de alguna manera este órgano, o someter estas leyes a las futuras variaciones que suponen las modificaciones de la estructura.
Ello, señorías, además, por las mismas razones por las que tampoco se mencionan
otros órganos directivos que tienen también funciones de emitir otros informes preceptivos en el acompañamiento de las leyes; es decir, es la misma razón que hace que no se especifique quién va a emitir el informe de medio ambiente. Por tanto,
incluir en leyes institucionales la mención específica de los órganos que emiten el informe no parece lo más oportuno, no es lo que se hace, como digo, en ningún caso, porque de alguna manera intenta lo que se suele conocer como la economía de las
leyes de este tipo. Sería tanto como atarse para el futuro el que se decidiese, por ejemplo, que la actual dirección del Instituto de la Mujer pasase a ser una Secretaría de Estado, etcétera. No afecta al fondo quién lo haga, señorías -y esto es
importante-, siempre será el órgano directivo quien tiene el encargo de velar por el principio de la igualdad, que hoy se llama Instituto de la Mujer pero que mañana podría tener el rango de una Secretaría de Estado, por ejemplo. Piensen, señorías,
además, que en esta ley del Gobierno el único órgano expresamente mencionado es el Ministerio de Presidencia.



Ya termino, señorías, señor presidente, diciendo que esta evaluación del impacto de género aplicado a las leyes, igual que a los planes políticos, a los programas y a las acciones concretas, es una actuación que el Gobierno viene realizando
a través fundamentalmente de ese Instituto de la Mujer pero hoy creemos -y nos reiteramos en lo que antes decía- que se da un salto cualitativo de gran importancia al vincularlo a los proyectos de ley, un paso adelante hacia la igualdad, que es un
objetivo prioritario del Grupo Popular y del Gobierno, empeñado en promover constantemente esa plena participación de las mujeres y de los hombres en sociedad para que sea cada día la sociedad más justa y más equilibrada.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE PRINCIPIOS Y MEDIDAS EN RELACIÓN CON LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA UNIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CIUDADANÍA EUROPEA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001925.)


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de la proposición no de ley sobre principios y medidas en relación con la constitucionalización de la Unión Europea y el establecimiento de una ciudadanía europea. El autor de la
proposición es el Grupo Parlamentario Socialista, y para su defensa tiene la palabra el señor López Garrido.



El señor LÓPEZ GARRIDO: La proposición no de ley que el Grupo Socialista va a defender se refiere al proceso de constitucionalización de la Unión Europea y, dentro de ello, al establecimiento de una ciudadanía europea.
Como saben,
precisamente la semana pasada la Convención para el futuro de Europa acabó sus trabajos, a salvo de algunas reuniones de carácter menor que todavía se realizarán en julio, y por tanto se ha realizado una primera fase, determinante desde nuestro
punto de vista, de ese proceso de constitucionalización al que nos referimos en nuestra proposición no de ley.



El Grupo Socialista, en septiembre del año pasado, cuando se estaban iniciando los trabajos de la Convención, presentó un largo texto con una propuesta sobre lo que entendíamos que debía de ser la futura Constitución europea, y quiero
recordar que en aquel momento decir Constitución europea era algo atrevido, porque simplemente se hablaba de tratados que reformarían los existentes, que los simplificarían, pero no todo el mundo se atrevía a hablar de Constitución europea. Hoy es
una realidad y ya no se habla de un tratado, ni siquiera de un tratado constitucional, se habla de una Constitución europea. Este es uno de los grandes resultados de la Convención para el futuro de Europa.



En aquel momento el Grupo Socialista, después de plantear esa posición, que fue enviada a los grupos parlamentarios y a todos los miembros de la Convención europea y, por tanto, a los miembros de la Comisión Europea españoles en
representación del Parlamento


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y del Gobierno español, propuso que se sometiese a un debate también en este Congreso. Por eso presentamos diversas proposiciones no de ley sobre los distintos aspectos de lo que sería la Constitución europea, y en la Comisión
Constitucional presentamos esta proposición no de ley que vamos a debatir hoy y que se refiere específicamente, como corresponde al sentido y a la materia de esta Comisión, al proceso de fondo de constitucionalización de la Unión, y como un elemento
clave que explica y que justifica el que efectivamente se ha llegado a una Constitución lo que se refiere a la ciudadanía europea, y como un aspecto fundamental de eso, la Carta de Derechos. Nosotros siempre entendimos -y creo que todo el mundo
sabe que esa fue una iniciativa del Gobierno español de cara al Tratado de Maastricht- que la idea de ciudadanía europea es esencial en el proceso de construcción de Europa. Europa no podrá construirse, no podrá progresar si no es contando con los
ciudadanos. La Unión Europea es una unión de Estados y de ciudadanos, como se dice ya en el proyecto de constitución aprobado por la Convención, pero en lo relativo a los ciudadanos siempre hemos entendido que esa era la gran asignatura pendiente
de la Unión. Europa todavía en alguna medida se ve como algo no suficientemente cercano, no se piensa que afecte, que determine la vida cotidiana de la gente, que se cuente con la gente para esa construcción europea, que el ser ciudadano europeo
tiene un sentido diferente del que tiene uno que no lo es, que en la Unión Europea hay unos valores y unos objetivos que tienen que ver con los deseos, con los anhelos, con los valores y objetivos de los ciudadanos y ciudadanas de la Unión. Por eso
nos parece que un proceso de constitucionalización de Europa tiene que ver necesariamente con el establecimiento y consolidación de una ciudadanía europea, que empezó a plantearse en el Tratado de Maastricht y que fue uno de los grandes avances de
dicho tratado, y que una constitución que merezca el nombre de tal no podría dejar de plantear, de insertar.



Decía la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice la historia del constitucionalismo mundial, a partir de la Revolución francesa, que si no hay una carta de derechos y una separación de poderes no hay una constitución. El
trabajo de la Convención ha clarificado las competencias entre órganos en la línea de una separación de poderes y la Convención ha aprobado la inserción, como parte de la constitución y con carácter vinculante, de la Carta de derechos de los
ciudadanos de la Unión Europea.



En nuestra proposición no de ley no mencionábamos, lógicamente por el momento de su presentación, que fue hace algunos meses, la terminación de los trabajos de la Convención. La semana pasada acabaron básicamente esos trabajos y
precisamente mañana se va a iniciar el Consejo Europeo de Tesalónica, donde el presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, va a hacer entrega a los jefes de Estado y de Gobierno de este proyecto de constitución. Evidentemente, un debate
de estas características y una proposición no de ley de este tipo tienen que incorporar inevitable y afortunadamente una actualización, señalando que se ha producido el trabajo de la Convención, que es positivo y que debe ser el punto de referencia
esencial para la Conferencia Intergubernamental, que es esa segunda fase que se inicia ahora y que terminará bien este año o bien el que viene, en todo caso a principios de 2004, y que en su caso se someterá a ratificación de este Congreso de los
Diputados, del Senado y de todos los parlamentos de la Unión Europea.



Por eso hemos presentado una enmienda in voce a esta proposición no de ley, que contiene dos apartados en los que se da cuenta de la importancia de los trabajos de la Convención. Voy a reiterar el texto de esa proposición no de ley en estos
primeros apartados que introducimos como enmienda in voce, porque creemos que merece la pena destacarlo a la hora de que SS.SS. sepan qué es exactamente lo que se propone someter a votación por parte de nuestro grupo en esta proposición no de ley.
Se dice: El Congreso de los Diputados valora globalmente de forma positiva el desarrollo y los resultados de la Convención Europea y felicita a sus miembros por el esfuerzo realizado en cumplimiento del encargo que supuso la declaración del Consejo
Europeo de Laeken sobre el futuro de la Unión Europea. A continuación, se dice también en nuestra enmienda in voce a esa proposición no de ley: El Congreso de los Diputados considera que el proyecto constitucional elaborado por la Convención
supone una muy estimable base para lograr los objetivos de la Unión y un importante progreso en la integración europea e insta al Gobierno para que defienda en la próxima Conferencia Intergubernamental la plasmación de este proyecto en una
constitución europea.



A partir de lo que se dice en el tercer apartado, en el que se insta al Gobierno a que defienda en todos los ámbitos y en el seno de la próxima Conferencia Intergubernamental una serie de principios que están plasmados en ese proyecto de
constitución, esta proposición no de ley señala esos objetivos esenciales que creo que se han conseguido plasmar ya en el proyecto que nace de la Convención y que se trata de que se defiendan especialmente por el Gobierno español, porque es quien va
a tener una presencia en esa Conferencia Intergubernamental. En esta Convención ha habido representantes del Parlamento español, como el señor Cisneros, miembro de esta Comisión, el señor Muñoz Alonso, el señor Borrell y yo mismo; ha habido
representantes de parlamentos nacionales; ha habido representantes del Parlamento Europeo, como los señores Méndez de Vigo y Carnero; también ha habido representantes de los gobiernos, y en ese sentido han estado presentes doña Ana Palacio,
ministra de Asuntos Exteriores, y don Alfonso Dastis, que sustituyó a la


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señora Palacio en el Presidium en un período determinado de la Convención.



Creemos que el trabajo realizado en esta Convención es muy positivo y que el Gobierno español, que es el que va a trabajar en esa Conferencia Intergubernamental, lo debe defender, y muy especialmente algunos aspectos que señalamos en nuestra
proposición no de ley, a la cual se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular, que nosotros aceptamos básicamente, pero proponemos una transacción en algunos puntos que voy a señalar a continuación. En primer lugar, a partir de estos
apartados a los que anteriormente me referí, de la Convención debe surgir un proyecto de constitución europea en la cual los ciudadanos sepan reconocer sus derechos y deberes y su estatuto de ciudadano europeo, y esa constitución debe ser sometida a
referéndum en España. El Grupo Socialista ya lo propuso en septiembre del año pasado en ese documento al que me he referido antes y el Gobierno español ha considerado buena esa propuesta, la ha aceptado, la ha hecho suya -ayer mismo en esta Cámara
doña Ana Palacio se refería a ella- y consideramos como un hecho que esta constitución será sometida a referéndum en España y que será un elemento claro de acercamiento a los ciudadanos de este país, a los que les será sometida la Constitución
europea. Los ciudadanos españoles que tienen menos de 40 años no han tenido ocasión de votar la Constitución española.
Si se somete a referéndum, como esperamos, esta constitución -seguramente la época más adecuada sería coincidiendo con las
elecciones europeas del año que viene-, tendrán ocasión de votar esa Constitución europea que de alguna forma es como votar de nuevo la Constitución española, puesto que el proyecto de construcción europea está en el fondo, en el núcleo de la
filosofía y de los valores que nuestra Constitución encarna.



El apartado 2 de nuestra proposición no de ley sería suprimido, aceptando la propuesta que nos hace el Grupo Popular, ya que se refiere a un sistema de reforma del texto constitucional que por el momento no está suficientemente claro que
vaya a ser como nosotros proponemos, y ya partiendo de la Convención. En aras del acuerdo, nosotros aceptaríamos suprimir el texto del apartado 2. El apartado 3 se refiere a la Carta de derechos y a la garantía de los derechos. Ahí se señala que
la Carta de derechos tenga un carácter vinculante jurídicamente. Este ha sido uno de los grandes avances de la Convención. Hasta los gobiernos más reticentes a este asunto -por ejemplo, el Gobierno británico- han terminado por aceptar que la Carta
de derechos, que se aprobó hace dos años en Niza y que no tiene carácter vinculante hasta este momento, se incluya como parte de la Constitución con carácter legalmente vincunlante invocándola ante los tribunales -nos parece un salto importantísimo-
y le otorgan a la labor que ha hecho la Convención un carácter realmente constitucional.
Proponemos una transacción al Grupo Popular porque la Carta no solamente debe ser un elemento de garantía de los ciudadanos europeos frente a lo que dicen las
instituciones europeas -frente a Bruselas, para entendernos-, sino que, además, debe ampliar su proyección, convirtiéndose en estándar de garantía en el conjunto de la Unión. En este sentido nosotros proponemos que diga lo siguiente el apartado 3:
Los ciudadanos europeos necesitan una carta de derechos y una garantía de esos derechos. La Carta de derechos debe convertirse en un texto vigente y efectivo que constituya el primer capítulo de la Constitución europea.
Esta carta, diseñada en
principio para que tenga efectos frente a las instituciones comunitarias, debe ampliar su proyección, convirtiéndose en el estándar mínimo de protección reconocida a todo ciudadano europeo y, en su caso, a los ciudadanos de terceros países
residentes en Europa.
Esta última parte tiene sentido porque la Carta de derechos, tal como está redactada, concede esos derechos, salvo los de participación política, a todos los ciudadanos que residan en Europa aunque no sean ciudadanos de cada
uno de los países miembros de la Unión.En el párrafo 4 de nuestra proposición no de ley -que una vez corregido, suprimiendo el 2, se convertiría en el 3 definitivo- se habla de la garantía de esos derechos. Nosotros entendemos que unos derechos que
no estén garantizados son puramente declamatorios, no tienen efectividad práctica y sería una frustración para los ciudadanos europeos. Por eso, se propugna que los derechos civiles, políticos y sociales sean garantizados a todos los ciudadanos
europeos y a los de terceros países a través de procedimientos rápidos y directos ante los tribunales estatales y ante el Tribunal de Justicia, potenciando a éste y armonizando su jurisprudencia con la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Esto
es absolutamente procedente ahora cuando en el texto que ha aprobado la Convención se propugna que la Unión Europea como tal, con independencia de que cada uno de los países forme parte del sistema del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 de
Roma, firme y ratifique dicho convenio, con lo cual, en última instancia, las decisiones de la Unión estarían sometidas, en cuanto a la defensa de los derechos humanos, al Tribunal de Estrasburgo.



Nos alegramos muchísimo del apartado 5, que en la propuesta que hace el Grupo Parlamentario Popular se mantiene tal cual. Va en el sentido de que deban establecerse formas de participación democrática directa como la iniciativa legislativa
popular referida a la política europea ante instituciones europeas por ciudadanos de diversos países de la Unión, limitada a determinadas materias y con un mínimo de firmas. Prácticamente esto es lo que se ha aprobado en la Convención, ha sido una
de las conquistas de última hora. Como recuerda el señor Cisneros, fue una de las conquistas de la semana pasada de la Convención -no recuerdo exactamente si


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el miércoles o jueves- porque como parte final del trabajo de la Convención, se introdujo la iniciativa legislativa popular, cuya forma tendrá que ser desarrollada por una ley europea, en la que se plantea que, con un número mínimo de firmas
y de ciudadanos, que tienen que ser de diversos países -no cabría hacerlo, desde luego, desde un solo país-, haya democracia directa, es decir, participación directa, que significará propuestas legales que los ciudadanos europeos podrán plantear
ante la Comisión Europea, respetando, eso sí, el monopolio de la iniciativa legislativa que tiene la Comisión Europea. Nos parece que este es un apartado especialmente feliz e importante y que se ha visto plasmado ya en ese proyecto de Constitución
europea, es decir, ampliar, junto a la democracia representativa que está en la cultura europea, la democracia participativa o lo que Jürgen Habermas y otros autores -este último, por cierto, flamante premio Príncipe de Asturias- han llamado la
democracia deliberativa, la democracia que hace que los ciudadanos, no sólo a través de las elites políticas, participen directamente en los asuntos públicos.
Este es el auténtico sentido de una democracia deliberativa o participativa.



En el apartado 6 aceptamos la propuesta del Grupo Popular de que se elimine y, por último, es de destacar que haya consenso en esta Comisión respecto al apartado 7 porque habla de la democracia paritaria y dice: La democracia europea debe
ser una democracia paritaria en la que hombres y mujeres tengan los mismos derechos y deberes y formen parte en igualdad de condiciones de cada uno de los órganos que garantizan la convivencia democrática en la Unión. Este aspecto nos parece
esencial y sobre él se ha batallado fuertamente en la Convención; la igualdad entre hombre y mujer se ha introducido como uno de los objetivos de la Unión. Desde nuestro punto de vista, la igualdad entre hombre y mujer no es sólo un objetivo, es
un valor intrínseco de la cultura europea y, por tanto, debe ser proyectado a los órganos políticos, a la vida pública, a través de lo que llamamos la democracia paritaria, que significa que hombres y mujeres tienen que poder participar en la
democracia exactamente con los mismos derechos, con las mismas posibilidades y con las mismas oportunidades.



Este es el contenido de nuestra proposición no de ley que proponemos a esta Comisión, aceptando básicamente la propuesta que nos ha hecho el Grupo Popular y añadiendo los aspectos introductorios referidos a la reciente aprobación del
proyecto de Constitución por la Convención para el futuro de Europa. Se decía el otro día en Bruselas que era un día histórico para Europa, tampoco estaba claro que iba a salir de la Convención un texto único redactado de esa forma y consensuado de
la forma tan importante como el que salió. Nosotros creemos que es el texto de referencia que debería mantenerse básicamente y someterse a referéndum próximamente a los españoles y a todos los europeos si fuera posible. De hecho, hay ya una
iniciativa de muchos convencionales que proponen que el mismo día de las elecciones europeas haya un referéndum en todos aquellos países de Europa en que lo permita su Constitución. Creo que sería una forma magnífica de culminar este trabajo
constituyente de la Convención que pretende como primer objetivo -es el sentido de fondo, repito, de nuestra proposición no de ley- el acercamiento a los ciudadanos que, a partir de ahora, los ciudadanos vivan Europa como algo suyo como ven algo
suyo también las instituciones democráticas de cada uno de sus países.



El señor PRESIDENTE: Interpreto, por lo tanto, que a la proposición no de ley que presentó su grupo se ha presentado a su vez una enmienda in voce, que agradecerá que haga llegar a la Mesa, y, además, hay una serie de enmiendas aceptadas en
relación con la que en este momento va a defender el señor Cisneros, al que doy la palabra.



El señor CISNEROS LABORDA: En primer término, para la mejor claridad de los eventuales lectores futuros del 'Diario de Sesiones', el proceso de formación de voluntad común ha sido exactamente el siguiente. Existía una proposición no de ley
del Grupo Parlamentario Socialista, a la que se presentó una enmienda de sustitución -ciertamente, lo de enmienda de sustitución parece muy rupturista- que suprimía dos de los puntos del Grupo Parlamentario Socialista y enmendaba puntualmente otros
dos, que son coincidentes en el espíritu. En base a esa enmienda de sustitución, se ha producido la transacción a la que hacía referencia el señor López Garrido. El señor López Garrido convendrá conmigo en que -y esta objeción ha quedado salvada
justamente por la transacción-, por razones no imputables a la voluntad del Grupo Socialista ni del Grupo Popular, me imagino que a las condiciones de agenda y de trabajo de esta Comisión, la iniciativa podría tener un cierto punto de
extemporaneidad toda vez que originariamente se pretendía instar al Gobierno a que defendiera determinadas posiciones en el seno de la Convención, siendo así que, como nos recordaba el señor López Garrido, ésta ha dado conclusión formal a sus
trabajos. Nos quedan apenas dos reuniones en las que se va a discutir la llamada parte tercera, que son las políticas de la Unión, con un contenido fundamentalmente técnicojurídico, pero las grandes decisiones políticas están ya resueltas en los
títulos I y II. Efectivamente, el Partido Popular formalizó en marzo su posición definitiva ante la Convención, que se articuló a través de una serie de actos públicos y de manifestaciones del propio señor presidente del Gobierno y que se
instrumentó cerca de la Convención en virtud de una aportación suscrita por la ministra de Exteriores, Ana de Palacio, el senador Muñoz-Alonso y yo mismo, como diputado representante de las Cortes Generales


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ante la Convención. Debo decir con la más plena satisfacción que intentar cuantificar, el 80 o el 90 por ciento, es un procedimiento muy grosero, muy burdo, pero es bien sabido que el Gobierno de España mantiene una reserva fundamental
-como calificó la señora ministra- respecto a un elemento específico, como es la ponderación de votos en el Consejo. En definitiva, es una cuestión de reparto de poder, que, por su propia naturaleza, está más inscrita en el ámbito de trabajo propio
de la Conferencia Intergubernamental que en el de la Convención, que ha sido una asamblea en la que nunca se ha votado, donde las decisiones se han adoptado por consenso, dirigidas por el presidente y por el presidium a la vista de las tendencias
mayoritarias, pero no pasaba de ser una asamblea deliberativa y no conclusiva, toda vez que los trabajos de la Convención, el proyecto de constitución, se erige en el elemento base fundamental, con la fuerte autoridad moral y política que deriva
tanto de la composición de la Convención como del alto nivel de acuerdo alcanzado en su seno de cara a los trabajos de la Conferencia Intergubernamental.



Debo decirle al señor López Garrido -y no vamos a enzarzarnos en un debate que tendría más sabor académico que otra cosa- que estoy de acuerdo con él en que el fruto de nuestro trabajo es una auténtica constitución en la que cabe distinguir
una parte orgánica, una parte dogmática, que sería la propia Carta de Derechos Fundamentales, el respeto al acervo, instrumentado por las políticas, y las definiciones preliminares -lo que yo pretendí sin éxito que constituyera el título preliminar
de la Constitución-: del ámbito, objetivos, valores, principios, etcétera, que están integradas en la parte primera.



Con independencia de que el fruto de nuestro trabajo fuera una constitución -y va a ser perfectamente lícito y legítimo presentarla como tal y hablar de la Constitución europea-, no es menos cierto que la cobertura jurídico formal tiene que
ser un tratado internacional, cuyo contenido se discuta en una conferencia intergubernamental, que después debe ser objeto de ratificación por los respectivos Parlamentos nacionales y, en su caso, como es común voluntad del Grupo Parlamentario
Socialista y del Partido Socialista, y del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular, sometido a referéndum, a ser posible en el mayor número de países de la Unión Europea. Es sabido que hay algunos cuya propia Constitución proscribe el
recurso al referéndum, como es el caso de la República Federal Alemana.



Comparto la totalidad de los juicios manifestados por el señor López Garrido, también en lo que tienen de reconocimiento del papel que los convencionales españoles hemos desarrollado en el seno de la Convención.
¿A qué obedecían nuestras
enmiendas y los reparos a la formulación originaria del Grupo Parlamentario Socialista? En primer término, a que esta proposición no de ley contiene un doble mandato, un requerimiento al Gobierno para que tome una decisión que está en su ámbito de
autonomía -obviamente, el sometimiento del nuevo tratado a referéndum es algo que pertenece al ámbito de decisión del Gobierno de la nación- y a estas alturas estamos en condiciones de asegurar que va a producirse, con toda probabilidad en
coincidencia con las elecciones europeas, y yo me permito suponer, aunque quizá sea temerario anticipar tanto, que va a gozar del respaldo de las fuerzas políticas españolas más significativas. Hay otro elemento de esa instancia, de ese mandato, la
posición que el Gobierno debía adoptar en el seno de la Conferencia Intergubernamental. Usted sabe, señor López Garrido, que nosotros no somos partidarios de mandatar en términos excesivamente vinculantes a un gobierno en el umbral de una
Conferencia Intergubernamental porque ésta tiene indefectiblemente fuertes elementos de negociación y hay que dejar al negociador algunos elementos de latitud para obtener otras contrapartidas o la aproximación en algunas materias a costa de alguna
cesión, como es, en definitiva, la esencia de toda negociación. Pero no es éste el caso porque estamos hablando de la Carta y de ciudadanía. Estamos hablando de la Carta de Derechos Fundamentales y yo creo que la antinomia entre niveles de
protección de la Carta y niveles de protección de las legislaciones de los países nacionales es probablemente más formal o académica que sustantiva. No en balde -yo tuve la fortuna de participar también en la Convención redactora de la Carta de
Derechos Fundamentales- esta Carta se presenta como el denominador común de los estándares de protección asumidos por todos y cada uno de los Estados miembros. Por fortuna, los ciudadanos de los 15 países miembros de la Unión Europea vivimos en el
confín más privilegiado de la libertad y, por fortuna también, todos ellos son suscriptores del Convenio del Consejo Europeo sobre Derechos Humanos y, en consecuencia, los niveles de protección son comparables, salvo quizá en algunas materias
novedosas, como las biotecnológicas o la protección de la privacidad frente a la agresión informática. La Carta es un buen texto, hay que reconocerlo, pero no supone grandes innovaciones sobre los niveles de protección de que goza el conjunto de
los países occidentales. Pretender una explícita prevalencia, señor López Garrido, tendría algún riesgo. Usted sabe que nosotros, los españoles, sufrimos una fuerte decepción como tales puesto que nuestro Gobierno enarboló la bandera del valor
normativo de la Carta ya en el año 1999, de cara a la célebre reunión de Biarritz, pero la Carta no fue incorporada a los tratados, sino que se limitó a aquella solemne asunción. S.S. sabe que uno de los temores en el seno de la Convención
redactora de la Carta era que no se produjera vía carta una criptoexpansión de competencias de la Unión frente a las competencias de los Estados miembros. Ahí tanto el Reino Unido, como Irlanda, como los Países Bajos o


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los países escandinavos -Suecia y Dinamarca-, mantuvieron una fortísima reserva, que fue la que provocó el fracaso del carácter normativo de la Carta, en la reunión de Biarritz. Hemos superado ese escollo, incluso respecto al Reino Unido.
S.S., que estuvo en el grupo de trabajo, conoce muy bien en virtud de qué proceso de concesiones; en la última de las reuniones, in extremis, el comisario Vitorino introdujo esa referencia a las explicaciones adicionales a la Carta, que fue la
concesión que permitió la incorporación resuelta al consenso del Reino Unido.



El otro elemento fundamental de la proposición no de ley socialista hace referencia al concepto de ciudadanía. Nosotros estamos plenamente de acuerdo con la transversalidad del erigido como objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres, a
efectos de interpretación auténtica. De cara al 'Diario de Sesiones', me permito señalar que no debemos deducir de esa afirmación del carácter paritario la pretensión de una igualación numérica o de cuota en relación con la presencia de hombres y
mujeres en todos y cada uno de los órganos de la Unión -Comisión, Parlamento, etcétera-, sino un principio general de igualdad de oportunidades. Por otra parte, ese carácter aparece subrayado, aparte de las declaraciones generales y el
reconocimiento como objetivo, toda vez que en la terna que los países miembros presenten para la formación de la Comisión necesariamente habrá de haber representación de los dos géneros. Es un elemento en esa línea de intención paritaria.



Las otras reservas u objeciones, que yo agradezco al señor López Garrido que haya tenido la comprensión de hacer suyas, hacen referencia al status de los terceros de países no comunitarios residentes en la Unión. En la formulación original
socialista se pretendía una generalización de esos derechos. Sabe el señor López Garrido, teniendo en cuenta que no estamos hablando de una decisión nacional sino que estamos hablando de la posición del Gobierno español de cara a una conferencia
intergubernamental, que la heterogeneidad de los supuestos nacionales de países como Irlanda, que prácticamente no tiene inmigración, hasta el Reino Unido, la República Federal Alemana y crecientemente España, que sí la tienen, es un asunto
extraordinariamente delicado que ha determinado que a los problemas de inmigración y de fortalecimiento de las fronteras exteriores se les haya dedicado en la Convención una atención muy cuidadosa. Es evidente que en la Carta, exactamente igual que
en nuestra Constitución, se distingue el sujeto de los derechos y de las libertades diciendo unas veces todos y otras, los españoles; hay una modulación de la distinción de la titularidad de los derechos civiles, sociales y, en general, de los
derechos humanos fundamentales en razón de su titularidad. Es obvio que nadie en ningún caso puede ser sometido a tortura y que todos tienen derecho a la libertad de conciencia y a la libre expresión, pero es evidente que la participación en la
Función pública, en el ejercicio de cometidos que lleven anejo las potestades administrativas o en el propio derecho electoral existen restricciones muy significativas que reservan el ejercicio de esos derechos a quienes sean nacionales de los
países miembros de la Unión y, con arreglo a las propias normas de la Unión, también a los terceros miembros de la Unión residentes en cualquier otro de los países, como es el caso de la participación de los ciudadanos comunitarios en las elecciones
municipales y en las elecciones al Parlamento Europeo. Pero estas previsiones no podían plantearse sin atender a principios de generalidad en el ámbito europeo y de reciprocidad respecto a los terceros países de que se trate, no podían ser sin más
objeto de una generalización indiscriminada porque es verdad que los derechos a que se hace referencia quedan subordinados a la residencia legal en los países de que se trate y, repito, no podían ser objeto de una generalización indiscriminada. Ése
fue el espíritu de nuestros reparos a la proposición socialista. Yo agradezco la comprensión de su portavoz para hacerlos suyos porque a estas alturas de la Convención, salvo en materias de gobernanza económica, de política social y de armonización
de las políticas fiscales, en donde claramente han surgido las diferencias entre las posiciones liberales del Grupo Popular y las posiciones socialistas del grupo de este nombre, en la gran mayoría de los temas de la Convención hemos mantenido
posiciones perfectamente asimilables, cuando no idénticas, y hubiera sido relativamente escandaloso que después de 16 meses de trabajo en el que se ha advertido ese profundo lecho de coincidencias, no fuéramos capaces de votar aquí un texto unánime
en la misma dirección.



Quiero concluir subrayando lo que decía al principio en razón de esa reserva a la que la ministra de Asuntos Exteriores hizo referencia. Se trata de una cuestión estricta de reparto de poder que la Conferencia Integubernamental decidirá,
pero está el carácter normativo de la Carta: valores; principios; progresos en el espacio de libertad, seguridad y justicia; supresión de los pilares; incorporación a la identidad nacional en la definición de la misma Unión; incorporación a la
identidad nacional de los elementos de reparto de poder de cada país miembro; por supuesto, las consecuencias de la lucha antiterrorista que alcanzan rango constitucional, disposiciones como la confiscación de bienes de las organizaciones
terroristas que ya se recogían pero en niveles más subalternos de la normativa europea. Desde la perspectiva de intereses nacionales específicos, el resultado no puede ser más satisfactorio. Y desde la perspectiva cosmopolita de la incoación de
una auténtica unión de Estados con valores, principios y competencias crecientemente atribuidas al conjunto, sin detrimento de esa naturaleza esencial de unión de Estados, la Unión que sale de la Convención va a ser muchísimo más que una
organización internacional, aunque todavía


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no es y quizá no lo sea en razón de diversidades históricas bien conocidas un Estado federal. En definitiva, esas posiciones han sido mantenidas en términos ampliamente coincidentes por ambos grupos y no tendría sentido que aquí no fueran
votadas.



El señor PRESIDENTE: Para la fijación de la posición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra la señora Pigem.



La señora PIGEM I PALMÉS: Señorías, deseo indicarles, en primer lugar, que Convergència i Unió coincide con muchas de las afirmaciones que aquí se han expuesto de manera brillante tanto por el señor López Garrido como por el señor Cisneros.
No voy a enumerar toda la serie de coincidencias porque sería repetir unas intervenciones que, como decía, en su gran mayoría asumimos íntegramente, pero quisiera resaltar algunas de ellas muy brevemente. Coincidimos en algo muy importante que ha
señalado el señor López Garrido, en la necesidad de acercar la Unión a las personas, a los ciudadanos, que la viven de una manera lejana hasta ahora y que de alguna manera han de acercarse y ser conscientes de hasta qué punto todo lo que se decida
en la Unión va a incidir en sus vidas cotidianas. Es una tarea pedagógica que hemos de hacer todos y que se ha puesto en marcha en la Convención. Coincidimos también en la necesidad de valorar positivamente una constitución en donde se recojan los
derechos y los deberes de la ciudadanía europea y compartimos también la valoración positiva que ha hecho el señor López Garrido del carácter vinculante de la Carta de los derechos, con todas las matizaciones que ha expuesto brillantemente el señor
Cisneros y que también hacemos nuestras, en cuanto a las reservas sobre cuál va a ser el alcance real para que esta Carta sea efectiva y vinculante. Compartimos también que se introduzca la igualdad de oportunidades y condiciones entre hombres y
mujeres, que es un valor intrínseco de la cultura europea, pero todos podremos coincidir en que todavía no es una realidad. Por eso valoramos positivamente que se introduzca como uno de los objetivos de la Unión. Quiero recordar aquí que el señor
López Garrido y yo hemos coincidido defendiendo la necesidad de un título competencial específico en la Comisión Mixta para los derechos de la mujer y, por tanto, no tengo más que reiterar la valoración positiva de que esto se convierta finalmente
en uno de los objetivos claros de la Unión.



Dicho esto, señorías, quiero también dejar constancia de que la propuesta de Convergència i Unió es diferente, sobre todo en aquello que incide en los temas de la participación de las regiones. ¿En qué sentido? En el sentido de que nuestra
aspiración es que la participación de las regiones tenga un reflejo más adecuado a la organización del Estado que constitucionalmente nos hemos dado. Como nuestra postura es diferente -y así lo explicaremos tanto en una interpelación que se
debatirá esta tarde como en la moción que, como consecuencia de esa interpelación, defenderemos en el Pleno la próxima semana-, manifiesto aquí que hoy no vamos a poder apoyar el texto que han transaccionado el Grupo Popular y el Grupo Socialista
porque, como decía, la visión que se da al papel de las regiones no es la que tenemos desde Convergència i Unió.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor López Garrido.



El señor LÓPEZ GARRIDO: Yo quería hacer una intervención muy breve sobre las palabras de la señora Pigem, que agradezco en cuanto a apoyo al discurso general que ha realizado esta mañana aquí nuestro grupo así como el portavoz del Grupo
Popular, añadiendo una reserva en relación con lo que la señora Pigem llama la deficiente regulación de la participación de las regiones, políticamente hablando, en la Unión Europea. Yo quiero decir, en primer lugar, que esta proposición no de ley
no va dirigida específicamente a ese aspecto; está hablando de un proceso de constitucionalización, de la importancia del estatuto de ciudadanía, de la Carta de derechos, de la democracia paritaria, de la democracia directa, etcétera, aspectos que
el Grupo de Convergència i Unió perfectamente comparte.



En segundo término, hay una valoración positiva global al trabajo de la Convención. Por eso animaría al Grupo Catalán (Convergència i Unió) a apoyar esta proposición no de ley, porque en nada afecta a su posición respecto del papel de las
regiones.



Una tercera puntualización. El papel de las regiones, cuando empezamos los trabajos de la Convención, era algo que estaba en el aire y de lo que prácticamente no se hablaba. Los trabajos de la Convención han situado no solamente a las
regiones, sino al derecho a la autonomía de las regiones y de los municipios, en uno de los elementos básicos de la construcción europea, y así se dice exactamente en este proyecto de Constitución. La presencia de las regiones está en la
construcción europea, se proyecta en un órgano específico, un órgano consultivo de la Unión, que es el Comité de las Regiones, al cual se le da incluso la potestad de presentar recursos ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.



Es sabido -porque así lo planteamos en el punto de partida del documento a que me refería y que presentamos en septiembre- que nosotros hubiéramos querido llegar a que las regiones con competencias legislativas pudieran presentar recursos
directamente ante el Tribunal de Justicia. No se ha llegado hasta ese extremo en los trabajos de la Convención, entendemos que habrá que establecer un sistema en el Comité de las Regiones para que las reivindicaciones de las


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regiones, sobre todo con competencia legislativa, como son las españolas, puedan llegar al Tribunal de Luxemburgo y también entendemos que en el proceso decisional de los órganos de la Unión tendrán que participar las regiones, especialmente
cuando se trate de competencias exclusivas de las mismas. Esto es algo más bien propio de las estructuras constitucionales internas -y así se señala en los trabajos de la Convención- y no específicamente de una Constitución europea, que es una
unión de Estados y de ciudadanos en la que las regiones -así se dice- tienen un protagonismo especial.



Estas son las dos puntualizaciones que quería hacer a doña Mercè Pigem, aunque entiendo por su intervención que el conjunto de lo que esta proposición no de ley dice es ampliamente compartido por su grupo parlamentario.



El señor PRESIDENTE: El señor Cisneros tiene la palabra.



El señor CISNEROS LABORDA: Voy a intervenir con gran brevedad para unirme a ese turno de exhortación -podríamos llamarle así- que acaba de protagonizar el señor López Garrido.



Señora Pigem, lo que no es posible es proyectar sobre el ámbito europeo cuestiones que están inevitablemente inscritas en el ámbito político nacional, como es el conseguir un protagonismo, una coparticipación de las comunidades autónomas en
la formación de la voluntad nacional respecto de Europa. S.S. sabe muy bien que en la Unión hay dos países federales, la República Federal Alemana y Austria; hay otros Estados compuestos de naturaleza no federal, como el nuestro, como empieza a
serlo Italia, como lo es sin duda el Reino Unido, con fuertes peculiaridades históricas; pero hay una gran mayoría de Estados unitarios, mayoría que se va a ver muy acentuada con la entrada de los Estados del centro, del este de Europa y de las
islas mediterráneas, porque por su tamaño, salvo Polonia o Rumanía quizás, ninguno justifica una estructura federal compuesta. Hecha esa salvedad, que impide que desde el ámbito europeo se resuelvan problemas que están en el ámbito nacional, el
papel de las regiones ha sido fuertemente potenciado. Es verdad que no se ha logrado algo a lo que quizás ustedes aspiraban -y que tuvo valedores en el seno de la Convención, como el señor Lamasour-, que hubiera en el plano europeo una distribución
competencial de cuatro niveles y que los poderes locales y regionales se recogieran en la Constitución europea. Era muy difícil por la heterogeneidad de los supuestos nacionales que he mencionado, pero hay tres logros que S.S. no puede ignorar:
primero, el otorgamiento de legitimación activa frente al Tribunal de Luxemburgo del Comité de las Regiones, para lo que no hace falta una adhesión directa o inmediata, hasta una invocación del principio de subsidiariedad. Segundo, importantísimo,
que en la definición de la propia identidad nacional de los Estados se recoge como ingrediente constitutivo de esa identidad nacional el pluralismo de su ordenación territorial y de su pluralidad interna y, en tercer lugar, que mediada por los
respectivos Parlamentos nacionales, al confiarles a éstos la custodia del principio de subsidiariedad y al otorgarles el mecanismo de alerta temprana para sacar tarjetas amarillas o poner reparos a una iniciativa de la Comisión, S.S., como
parlamentaria nacional que es, podrá perfectamente promover una iniciativa tendente a que por el Parlamento español se haga ejercicio de esa iniciativa en pro de la subsidiariedad. Comprendo perfectamente los elementos de insatisfacción a que doña
Mercè Pigem se ha referido, pero el papel de los entes subestatales no ha salido malparado en la Convención, sin invocar el argumento, muy importante, aunque no deje de ser formal, de que la proposición no de ley que vamos a votar para nada
concierne a ese tema, sino al estatuto de la ciudadanía europea, en el que estoy seguro de que la coincidencia de S.S. es plena.



El señor PRESIDENTE: La señora Pigem tiene la palabra.



La señora PIGEM I PALMÉS: Yo quiero agradecer tanto al señor López Garrido como al señor Cisneros las precisiones que han hecho, pero tengo que ratificarme en mi posición. Es cierto que la proposición no de ley no recoge nada de esto y,
desde nuestro punto de vista, lo echamos de menos.
Ciertamente, se ha avanzado en el papel de las regiones pero para Convergència i Unió no de la manera en que hubiéramos querido.



Ciertamente, hubiéramos podido presentar una enmienda, pero hemos preferido centrar nuestra posición, como he dicho, en la interpelación que debatiremos esta tarde y en la moción que, a consecuencia de la misma, presentaremos y defenderemos
la semana que viene. Estoy segura de que en este nuevo trámite podremos llegar a un acuerdo. Ustedes saben que el papel de las regiones es un objetivo prioritario de mi grupo político y, con todo el respeto a muchas de las cosas que han dicho,
nuestra posición es legítima, por lo que nos vamos a abstener, sin dejar que este camino quede aquí cerrado sino que podamos seguir hablando de ello.



El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la enmienda número 11, del Grupo Parlamentario Socialista, a la proposición de ley sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en todas las disposiciones normativas que
elabore el Gobierno.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 20; abstenciones, dos.



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El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.



Votamos seguidamente el informe de la ponencia.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.



Votación correspondiente a la proposición no de ley sobre principios y medidas en relación con la constitucionalización de la Unión y el establecimiento de una ciudadanía europea. Entiendo que lo que vamos a someter a votación es la
enmienda transaccional que in voce se ha presentado a la Mesa de la Cámara y se ha defendido por los señores López Garrido y Cisneros.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 32; abstenciones, dos.



El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.



Señorías, hemos concluido el orden del día. Muchas gracias.



Se levanta la sesión.



Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.