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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 772, de 10/06/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 772
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 51
celebrada el martes, 10 de junio de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Ciencia y Tecnología (Piqué i Camps) para informar sobre:
- Las condiciones de odificación de los avales de las compañías que tienen adjudicadas cada una de las licencias UMTS y LMDS. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001006.) ...
- Las condiciones del informe y las recomendaciones que ha hecho la Comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información al Ministerio de Ciencia y Tecnología. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista .
(Número de expediente 213/001241.) ...
(Página 24554)
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre la situación en la que se encuentra la posibilidad de investigar con células madre embrionarias humanas en españa. (Número de expediente 181/003568.) ...
Comparecencia del señor secretario general de Política Científica (León Serrano) para explicar el estado de los trabajos para la elaboración del próximo Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica
(2004-2007) A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001505.) ... (Página 24567)
Preguntas (cotinuación):
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones en relación con la supresión del programa de promoción general del conocimiento en el próximo Plan nacional de I+D+I. (Número de expediente 181/003569.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre causas del incumplimiento de los objetivos de gasto del Plan nacional de I+D+I. (Número de expediente 181/003571.) ... (Página 24568)
Página
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (PIQUÉ I CAMPS) PARA INFORMAR SOBRE:
- LAS CONDICIONES DE MODIFICACIÓN DE LOS AVALES DE LAS COMPAÑÍAS QUE TIENEN ADJUDICADAS CADA UNA DE LAS LICENCIAS UMTS Y LMDS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001006.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, comenzamos la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología. En primer lugar, hay una solicitud de comparecencia del ministro de Ciencia y Tecnología por parte del Grupo Socialista para informar al Parlamento
de las condiciones de modificación de los avales de las compañías que tiene adjudicadas cada una de las licencias UMTS y LMDS.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Buenos días a todos. Señorías, quiero expresarles mi satisfacción por comparecer nuevamente en esta Comisión para informarles sobre las condiciones de modificación de los avales de
las compañías adjudicatarias de licencias UMTS y LMDS.
El Gobierno viene situando entre sus prioridades de acción política, desde hace ya varios años, la extensión de servicios de telecomunicaciones, también audiovisuales de alta calidad, acompañados de la potenciación del despliegue de una red
adecuada de infraestructuras de telecomunicaciones.
Entre los resultados obtenidos quisiera destacar los siguientes. En cuanto a la oferta de servicios ADSL, que cubre una amplia gama de prestaciones y precios, resulta accesible a un 91 por ciento
de los abonados al servicio telefónico fijo ofrecido por Telefónica de España, lo que nos sitúa en los primeros puestos en la Unión Europea. Los servicios de banda ancha por satélite son accesibles desde cualquier punto del territorio nacional,
existiendo ofertas, tanto de servicios bidireccionales por satélite como de servicios unidireccionales con canal de retorno a través de la red telefónica. La red de banda ancha, instalada por los operadores de cable en nuestro país, alcanza la
cifra de 6.402.000 viviendas y/o puntos de negocios pasados.
En cuanto a los servicios de telecomunicaciones mediante tecnología LMDS, las ciudades con cobertura ascienden a 88, con alto grado de disponibilidad, teniendo en cuenta las características particulares de esta tecnología. Otra serie de
medidas, como la determinación de un calendario preciso para la sustitución del track, la implantación de la factura única o bucle virtual de abonado, el impulso a la firma electrónica, la adopción de un nuevo plan de nombres y dominio en Internet,
la modificación del sistema de precios máximos en telefonía fija para el operador dominante, junto con las adoptadas para un desarrollo rápido para la sociedad de la información, pueden estar contribuyendo a que nuestras empresas incrementen sus
inversiones, lo que ya está empezando a ocurrir si observamos el incremento del comercio electrónico en los últimos meses. Pero nuestra intención y nuestra estrategia nos hacen ir más allá en concordancia con los objetivos señalados en la
iniciativa eEurope 2005 cuyos fines han sido ratificados en el reciente Consejo Europeo de primavera que se celebró en Bruselas.
Resulta necesario extender las redes de banda ancha de alta calidad y prestaciones, de tal manera que se generalicen
para el mayor número posible de ciudadanos. Por todo ello, el Gobierno está elaborando una estrategia de banda ancha, constituida por un conjunto de actuaciones impulsadas desde instancias públicas, con la finalidad de ampliar y acelerar los
niveles de disponibilidad y uso de los servicios y aplicaciones de banda ancha en el conjunto del territorio nacional.
Creemos firmemente que el elemento clave de esta estrategia se refiere al estímulo de la demanda. Se trata de conseguir que se instale un círculo virtuoso en el que, a través de la oferta de nuevas infraestructuras y servicios de banda
ancha, se genere una mayor demanda de los mismos que, a su vez, incentive a las empresas a una mayor capacidad de inversión, ofreciendo más infraestructuras y servicios. Entre las medidas sobre las que pensamos actuar está la concesión de líneas de
crédito blandas para propiciar inversiones en zonas desfavorecidas, instrumentos para reforzar la protección de la propiedad intelectual y el establecimiento de incentivos a las actividades de innovación que estén directamente orientadas al
desarrollo de contenidos para su uso y acceso mediante banda ancha, independientemente de la tecnología utilizada. Se trata de apoyar especialmente a aquellos operadores que siguen innovando e invirtiendo en redes y en infraestructuras rápidas,
seguras y de calidad como pueda ser la banda ancha, es decir, aquellos que aporten valor al mercado, a los usuarios y a la industria. En esta línea debemos situar los operadores de LMDS y UMTS.
Contemplamos la tecnología UMTS como una apuesta estratégica que es vital mantener, para evitar que el mercado de móviles, con casi 36 millones de terminales en nuestro país -en el año 1996 había unos centenares de miles- alcance una
situación de madurez que provoque el estancamiento del mismo, tal y como sucede ya con la telefonía fija. Por ello, es necesario consolidar el crecimiento sostenido del mercado de móviles que está demostrando un dinamismo y una capacidad de
crecimiento y renovación realmente espectaculares. Para ello desde el Gobierno hemos visto la necesidad y la oportunidad de ser flexibles ante la situación de los operadores de UMTS y LMDS en materia de compromisos y avales y en materia del
despliegue y compartición de infraestructuras, por lo que paso a comentar de modo detallado los expedientes de modificación de las licencias de los operadores.
Empiezo por los operadores de UMTS. Como conoce bien la Cámara, son los siguientes: Exfera, sociedad anónima, Retevisión móvil, sociedad anónima, Telefónica móviles, sociedad anónima y Vodafone España, sociedad anónima.
Las modificaciones
de las licencias de los cuatro operadores de UMTS se han propuesto, como consecuencia de la petición conjunta de los mismos, al considerar que se han producido una serie de circunstancias no previstas inicialmente que han originado que el desarrollo
de los proyectos, tal y como estaban contemplados en sus ofertas, se haya visto modificado. En efecto, el retraso de la disponibilidad tecnológica y comercial de UMTS ha tenido efectos perjudiciales en los operadores, complicando su situación
económica, no sólo a nivel nacional sino a nivel internacional. En concreto, el retraso en la disponibilidad de terminales ha impedido el inicio de la prestación efectiva del servicio hasta el momento. El retraso tecnológico ha originado que se
produzca una reducción material del tiempo de la licencia y del tiempo útil de las concesiones de dominio público radioeléctrico, así como la imposibilidad de la prestación real del servicio y, en consecuencia de la generación de ingresos para los
operadores. Además de este aspecto fundamental, se dan también circunstancias sobrevenidas. Por un lado, la crisis económica desatada sobre todo en el plano internacional y, por otro, la preocupación social por las emisiones radioeléctricas, hoy
creemos que ya superada en cierta medida. Hay que tener presente que estos operadores tienen que asumir unos elevados costes financieros iniciales, que podrían afectar de manera negativa a las inversiones previstas para el desarrollo de nuevos
servicios de tercera generación, debido a la obligación de mantener avales muy elevados durante un período de tiempo indefinido.
Existen antecedentes, claramente avalados por el derecho administrativo, de modificación de las condiciones de licencias para la prestación de servicios de telecomunicaciones, tales como la transformación parcial de las concesiones de
telecomunicaciones por cable, así como concesiones de telefonía fija y móvil. En todas ellas se buscaba un mismo fin: la igualdad de oportunidades entre los distintos operadores en competencia y el restablecimiento del equilibrio entre sus
derechos y obligaciones, finalizando en algunos casos con la disminución de las garantías aportadas y habiéndose asegurado siempre la mejor opción en la prestación del servicio. Por ello, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tramitado la
modificación de las licencias UMTS, actuando sobre el sistema de garantías de cumplimiento de los compromisos voluntarios, sin que en ningún caso esta modificación suponga una alteración de los compromisos adquiridos en la licitación. La forma en
la que se reduce la carga financiera que soportan estos operadores a través de la modificación de las licencias, mantiene la seguridad sobre el cumplimiento de sus compromisos al contemplar como salvaguarda la obligación de reposición de los avales
en el caso de que se produjeran incumplimientos. Además, esta obligación de reposición de los avales se impone como condición esencial de la licencia, con lo que su incumplimiento podría dar lugar a la pérdida de la misma.
Los montantes de los avales a sustituir y los de los avales sustitutorios son los siguientes. En el caso de Exfera, los avales a sustituir serían 2.687 millones de euros y el nuevo aval sustitutorio de 467,7 millones de euros. En el caso
de Retevisión móvil, los avales a sustituir suponen 1.706 millones de euros y el nuevo aval sustitutorio es de 423,7 millones. En el caso de Vodafone, los avales a sustituir suponen 1.384 millones y el nuevo aval sustitutorio 217 millones. Y
finalmente Telefónica móviles, 631 millones de euros en avales a sustituir y un nuevo aval sustitutorio por un importe de 167,5 millones de euros. Tras los informes favorables del Consejo de Estado, han finalizado los expedientes de modificación de
las cuatro licencias individuales C2 para comunicaciones móviles de tercera generación,
habiéndose dictado las correspondientes resoluciones por el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, en el caso de los operadores Exfera, Telefónica móviles y Retevisión móviles, y por el secretario de
Estado de Política Científica y Tecnológica, en el caso de Vodafone España, por razones de incompatibilidad.
Paso a hablar ahora de operadores con licencia LMDS. La finalidad que ha guiado al ministerio, con la reducción de avales en el caso de estos operadores, supone dar un paso más a la hora de favorecer la competencia en redes alternativas a
las tradicionales como requisito y motor de nuevos servicios. Los operadores con licencia para la prestación de esos servicios son los siguientes: Banda Ancha, sociedad anónima; Banda 26, sociedad anónima; Broad Net, sociedad anónima;
Iberbanda, sociedad anónima y Neosky 2002, sociedad anónima. Estos operadores solicitaron de la Administración la modificación de sus licencias individuales C2, para el establecimiento de redes públicas de acceso a radio, consistente en la
exoneración de determinados compromisos adicionales a los de los pliegos de bases. Las licencias que se propuso modificar fueron adjudicadas en marzo de 2000, y en las mismas existían unas obligaciones de carácter esencial, y de interés público,
establecidas en los pliegos de bases, y otras de carácter adicional, propuestas directamente por cada operador.
Es de destacar que las obligaciones establecidas en los pliegos con carácter esencial y de interés público ya han sido cumplidas por
todos los operadores. Todos ellos se encuentran prestando servicio y han desplegado sus respectivas redes con una cobertura mayor de la establecida como obligatoria en el pliego de bases.
En relación con los compromisos adicionales asumidos por cada uno de ellos, la Administración ha liberado más del 50 por ciento de los avales de licencia de los seis operadores, comprometidos para todo el período; en algún caso, el
porcentaje llega hasta el 75 por ciento, al haberse acreditado el cumplimiento de los compromisos correspondientes. Por otro lado, se han producido dos tipos de circunstancias sobrevenidas, muy similares a las que he destacado al hablar de los
operadores de UMTS, que han condicionado también notablemente a dichas empresas, llevándolas a reconsiderar sus planes de negocio y su posición estratégica: en primer lugar, la crisis económica internacional, y, en segundo lugar -tengo que volver a
destacarlo de nuevo-, la preocupación social producida en la población como consecuencia de las emisiones radioeléctricas de las antenas.
Pues bien, señorías, sometidas a informe del Consejo de Estado las propuestas de modificación, consistentes en la exoneración de compromisos adicionales, dicho órgano consideró que cabría la posibilidad de plantearlas en dos líneas:
ampliación de los plazos para el cumplimiento de los compromisos pendientes a lo largo de la vida de la licencia, y la disminución de las cargas financieras de los operadores, con la sustitución de los avales pendientes por un aval de menor cuantía
que respondiera adecuadamente como garantía del cumplimiento de los compromisos, a semejanza de lo propuesto para los operadores UMTS. A la vista de lo informado por el Consejo de Estado, se ha procedido a replantear los expedientes de los
operadores LMDS, con las consiguientes modificaciones de las licencias según los criterios referidos. Al igual que en el caso del UMTS, la modificación de estas licencias mantiene la seguridad sobre el cumplimiento de sus compromisos, al contemplar
como salvaguarda la obligación de reposición de los avales en el caso de que se produjeran incumplimientos. Igualmente, se impone como condición esencial la obligación de reposición de los avales, con lo que su incumplimiento podría dar lugar a la
pérdida de la licencia. Ya ha finalizado uno de los seis expedientes de modificación -el correspondiente a Banda 26-, mediante una resolución del secretario de Estado de Telecomunicaciones. El resto de los expedientes están siendo ultimados con
las respectivas propuestas de resolución, que serán firmadas en su momento, si procede.
Para terminar, resulta necesaria una reflexión general, aplicable tanto a las licencias de UMTS como a las de LMDS. El criterio en el que hemos basado la modificación de las condiciones de los avales ha sido el de equivalencia de cobertura
de riesgo; es decir, que las modificaciones de los avales en ningún caso han de menoscabar la cobertura de los riesgos ante posibles incumplimientos de los compromisos de los operadores subsistentes en cada momento. Para ello, hemos realizado un
análisis del riesgo contraído por cada operador en períodos de tiempo homogéneos, con objeto de estimar el montante del riesgo en dichos períodos. También se ha tenido en cuenta el rigor y la solvencia en el cumplimiento de compromisos avalados con
anterioridad y/o en el de los de la propia licencia. A cambio de esta flexibilidad, los operadores deberán hacer lo siguiente: primero -en el caso de UMTS-, comprometerse a lanzar a corto plazo servicios avanzados de telefonía móvil -en concreto,
datos-, porque lo que les interesa a los usuarios es disponer de servicios avanzados de datos, sobre un servicio de telefonía móvil de calidad y con una cobertura adecuada. En ambos casos -tanto en el de LMDS como en el de UMTS-, deberán efectuar
compromisos de inversiones que se traduzcan en incrementos de la demanda para el tejido industrial español.
En conclusión, consideramos que el Gobierno ha apostado decididamente por una opción que supone dotar de confianza y seguridad al sector, afianzando las perspectivas de futuro de estos operadores, cuya solvencia y viabilidad resulta
imprescindible para el desarrollo de la sociedad de la información en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor ministro a esta su segunda comparecencia; tercera, si se cuenta aquella en que nos informó sobre los nombramientos de la CMT. No obstante, en cuanto al
desarrollo de la política de su departamento, podríamos decir que esta es la segunda comparecencia en ocho meses.
Sin duda, este es un tema importante, que abordó usted con bastante detalle en la propuesta que presentó en su primera comparecencia, el 25 de septiembre, cuando nos habló de aquel plan de choque para reactivar el sector, que ya venía siendo
demandado por el sector antes de su nombramiento como ministro de Ciencia y Tecnología, algunas de cuyas medidas había defendido el Grupo Parlamentario Socialista. En aquella comparecencia, señor Piqué, mi grupo le dejó claras dos cosas: primera,
que la situación que atravesaba el sector permitía, sin duda, pensar en modificaciones y en la flexibilización de las condiciones fijadas por los concursos de licencias tanto de LMDS como de telefonía móvil. Le dijimos que estábamos dispuestos, y
que era un asunto que había que pensar en abordar; pero también le dijimos otra cosa que hubiéramos deseado que se materializara. Se trata de que las obligaciones que contraen, a través del concurso, las operadoras que obtuvieron las licencias no
las contraen sólo para con el Gobierno, sino también para con los ciudadanos, puesto que estamos hablando del espacio radioeléctrico, que es un bien público.
Por eso le pedíamos que, antes de llegar a acuerdos con los operadores, nos trajese la
propuesta a la Cámara. Es verdad, señor Piqué, que nos dijo que era una decisión del Gobierno que tomaría usted sin consultar; sin embargo, usted se comprometió a traerla aquí. En el caso de UMTS, nos hubiera gustado no tener que oír hablar del
acuerdo seis meses después de obtenido, en diciembre de 2002, ni haberlo conocido a través de la prensa. Nos hubiese gustado que todo eso se hubiese producido en esta Cámara, porque, si bien era una decisión sobre la que correspondía al Gobierno
equivocarse o no -como usted muy bien dijo-, usted se había comprometido a traer el asunto a sede parlamentaria, previamente. En fin, como no fue así, yo me detendré, más que en la forma -que sí quería señalarle brevemente-, en el contenido y en el
fondo de esta decisión política, respecto a la estrategia que plantearon ustedes en materia de flexibilización de avales en las licencias de UMTS y de LMDS.
En cuanto a la telefonía móvil, y también -aunque menos- en cuanto a la adjudicación de licencias de LMDS, quiero decirle que partimos -como sabe usted bien- de las circunstancias comunes que se produjeron durante la época de los concursos;
circunstancias comunes que no fueron buenas: desde la de que se hicieron las adjudicaciones en la época de la burbuja Internet, hasta la de los bandazos habidos en la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Por nuestra parte, aunque
compartimos con el Gobierno gran parte de la forma en que se ha ido desarrollando la flexibilización de avales en caso de la LMDS, no nos ocurre otro tanto en cuanto a la tercera generación de móviles. Quiero detenerme aquí, porque creo que no
estamos en las mismas circunstancias.
Es verdad que, para nosotros, fue un error utilizar ese sistema concesional para el servicio de LMDS. Un prestador en competencia con muchas tecnologías distintas, sujetas también a regulaciones distintas, no resultaba el mejor sistema,
evidentemente; pero es verdad que el sector se ha concentrado y que ya hay nichos para desarrollar la actividad, que parece que las empresas están saneadas, y que, aunque las expectativas de negocio no sean boyantes -permítame que lo diga así-,
estamos en una situación realmente mejor. Entendemos, igualmente, que las indicaciones del Consejo de Estado avalan lo que el Grupo Parlamentario Socialista ha venido planteando sobre este tema. Sin embargo, no es este el caso de la telefonía
móvil. ¿Por qué? Porque no nos parece razonable que se le dé al cuarto operador -como se le dio- el mismo tratamiento que a los otros tres, que ya estaban en un mercado maduro y consolidado.
Señor Piqué, cuando se produce el concurso se comete el primer fallo porque estamos hablando de tres operadores que configuraban y están configurando ya un oligopolio, un mercado maduro, y un cuarto operador que al obtener esa cuarta
licencia quiere entrar en un mercado puesto que no ha podido operar hasta este momento, lo que al final no sólo tiene efectos negativos para los empleados de Exfera, sino que lo tiene también para los ciudadanos que ven cómo se ha bloqueado el
incremento de la competencia.
Creemos que a lo largo de todos estos años ha habido bastante confusión en este tema. Empezamos porque íbamos a ser pioneros; después hubo, permítanme la palabra, un tasazo y luego un contratasazo; después íbamos a sacar nuevas licencias
que después no se sacaron; después íbamos a desarrollar operadores virtuales y después se descafeinó la norma... En definitiva, confusión, caos y habría que añadir a lo que usted decía de las circunstancias sobrevenidas del sector (retraso de
disponibilidad tecnológica, alarma social frente a las emisiones y condiciones de crisis internacional) algunos errores de la anterior ministra. Ante esto, señor Piqué, ¿qué ha hecho usted? En primer lugar, aplacar las protestas de un sector, que
estaba atravesando una crisis, mediante medidas graciables, podríamos decir, que en parte compartimos y que suponen la eliminación de obligaciones, pero creemos que las contrapartidas no son suficientes.
¿Por qué? Porque no se ha dado un
tratamiento igualitario a operadores que estaban en situación muy desigual. Es verdad que en el caso del cable, por ejemplo, la flexibilización de avales se ha hecho de forma desigual y lenta en el tiempo, lo que nos parece que ha sido razonable
porque al final ha creado un alto nivel de competencia, lo mismo que ha pasado con la LMDS. Sin embargo, entendemos que se
han eliminado las garantías, pero no las obligaciones, y eso creemos que supone un contrasentido.
Respecto a lo que es el futuro de la tercera generación de móviles, creo que aparecen serias dudas. En primer lugar, las relativas al déficit de competencias de este mercado que, como decía anteriormente, cada vez funciona más como un
oligopolio. Basta con que comparemos la evolución de los precios de este mercado con los de telefonía fija, donde, sin ninguna duda, el fracaso de la licencia de Exfera ni responde ni va a beneficiar a los ciudadanos, sino que refuerza el
oligopolio. Además, por parte de Exfera parece que existe un desplazamiento ante una posible especulación (parece que no se quiere operar sino vender el espectro), por lo que le pedimos una respuesta en ciertos temas relativos a esta materia.
Quiero plantearle, por tanto, algunas cuestiones concretas relativas a este tema.
Querría saber si el Gobierno está satisfecho con el nivel de competencia de las comunicaciones móviles, y si no lo está qué medidas tiene previsto plantearse para compensar el fracaso del cuarto operador, puesto que decir lo contrario no
sería razonable por su parte. Todos pensamos que el desarrollo de la Internet móvil ha sufrido un retraso de cuatro años y parece que no se va a desarrollar con la vitalidad y el impulso que todos quisiéramos. En ese sentido, querría saber cuál
sería el destino final del espectro asociado a esa licencia, en caso de que la recuperación de las mismas vuelva a recaer en el Gobierno. Por tanto, en el caso de fracaso del modelo que sustentó el Gobierno, nos gustaría saber si se han planteado
ustedes recuperar ese espectro y su puesta de nuevo en el mercado con unas condiciones más adaptadas a la realidad de lo que son las tecnologías de las que ahora disponemos, y sobre todo, a la garantía de la competencia.
Una última pregunta, relacionada también con esta situación, sería cómo va a evitar el Gobierno que la reventa del espectro provoque en primera instancia unas plusvalías que consideramos injustificadas para los actuales adjudicatarios y el
encarecimiento del recurso para los que lo quieran usar, lo que va a provocar el cierre del mercado móvil a los nuevos operadores porque entendemos que se producirá el acaparamiento de ese mercado en manos de los actuales. Me gustaría que en su
segunda intervención nos dijese si se lo ha planteado porque el tema de la competencia sin ninguna duda beneficia al ciudadano y también produce soluciones para un mercado en el que todos habíamos puesto muchas expectativas y que sin duda, con
claves internacionales pero con errores nacionales, ha supuesto una gran frustración en lo que es la telefonía móvil de tercera generación.
Como no quiero ser negativa, sino hablar de futuro, le planteo estas cuestiones, a las que nos gustaría obtener respuesta, y, si me lo permite el señor presidente, en una segunda intervención muy breve mi grupo se posicionaría en algunos
aspectos de este tema.
El señor PRESIDENTE: Seguro que será breve de todas las maneras.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero agradecer la comparecencia del ministro de Ciencia y Tecnología y remitirme en este trámite a lo que es nuestra posición
respecto a la apuesta por los móviles de tercera generación.
Nuestro grupo -lo sabe bien la anterior ministra, señora Birulés- huyó de la posición, cuando se inició la presente legislatura, que parecía más popular, más atractiva desde un punto de vista político, que era cargar contra el Gobierno por
el hecho de haber adjudicado esos móviles de tercera generación por concurso y no por subasta. Parecía entonces (tenemos que remontarnos varios meses atrás) que lo más fácil, desde un punto de vista político, era criticar al Gobierno por no haber
subastado esos móviles de tercera generación. Mi grupo se apartó de ese posicionamiento y no criticó al Gobierno por el hecho de haberse adjudicado por concurso. Sabíamos que debíamos dar ciertas garantías de expectativa de negocio a las propias
operadoras para que esto pudiera funcionar. También sabíamos, de ahí la posición de Convergència i Unió, que el concurso podía garantizar, más que una subasta, el hecho de la apuesta efectiva real de esa nueva tecnología de tercera generación con
unos plazos preestablecidos, especialmente teniendo en cuenta que España, por su configuración geográfica y por su población diseminada en el territorio, necesitaba la garantía de que los que tuvieran esas concesiones pudieran realmente prestar ese
servicio con garantía social.
Entendíamos que el concurso daba mayores garantías en lo que es un estado social, en lo que es garantizar que esa nueva tecnología llegue en condiciones de igualdad a todo el territorio y a todos los ciudadanos Por
tanto, mi grupo no se caracterizó al inicio de esta legislatura por criticar al Gobierno por esa adjudicación mediante concurso. Tampoco fuimos los pioneros en exigir tasas desorbitadas para las operadoras, porque entendíamos lo que iba a pasar
después, que tras una tasa exagerada viene su necesaria reducción, porque el mercado no daba para más, porque realmente había una expectativa que después en este ámbito no se ha cumplido. De ahí que hoy mi grupo, señor ministro, tampoco va a ser
beligerante en criticar la forma en que se han disminuido los avales.
Sabemos que, cuando el Banco de España hace sus informes, los avales se suman a la deuda y, por tanto, multiplican al final el riesgo empresarial. Sabemos también que, tras los recientes escándalos en Estados Unidos, los auditores tienden a
ser más exigentes en el tratamiento de esos riesgos. Por tanto, no modificar los avales podía comportar una paralización de esa apuesta por los móviles de tercera generación al obligar a esas empresas adjudicatarias a un mayor riesgo empresarial.
Comparto con la señora Pleguezuelos que podríamos haber discutido antes aquí esa disminución de los avales. Hubiera sido útil una comparecencia previa para tratar un aspecto que tantas veces habíamos tratado en esta Comisión de Ciencia y
Tecnología, pero aún así mi grupo no considera desacertado que se haya negociado con las operadoras, que se haya atendido a lo que era una posición común de las cuatro -no de una o de otra, sino de las cuatro-, que pedían al Gobierno esa
renegociación de los avales, esa mayor flexibilidad, porque entendían que si no era así no podrían cumplir esa apuesta por los móviles de tercera generación. Los móviles de tercera generación son una gran oportunidad para el desarrollo de la
sociedad de la información y en España no debemos dejar escapar esa oportunidad, porque precisamente la experiencia de los móviles ha tenido una clarísima extensión en el conjunto de la sociedad.
Llevamos mucho retraso -después nos referiremos al tratar el informe Soto- en el desarrollo de la sociedad de la información, pero hay un aspecto, que es la telefonía móvil, que claramente ha supuesto un cambio radical en la forma de vivir
de la mayoría de los ciudadanos. De ahí que los móviles de tercera generación que pueden unir Internet a esa telefonía móvil es una gran apuesta que nosotros no podemos dejar escapar. Debemos potenciarla, y todo lo que pueda comportar que las
empresas que tienen el compromiso de realizar unas inversiones puedan ver reducidos esos avales, porque eso va a beneficiar su posición empresarial, nosotros lo compartimos y no lo vamos a criticar. De la misma manera también consideramos oportuno
que esas empresas cubran los riesgos -usted nos ha dicho que efectivamente se van a cubrir los riesgos- y que se mantenga la seguridad, la obligación de reponer esos avales, si no se cumplieran los compromisos. Sabemos también que esa renegociación
de los avales ha venido acompañada de unos mayores compromisos de inversión por parte de las operadoras. Se ha renegociado a la baja los avales, pero a cambio hay un compromiso de inversión que para el 2003 parece ser que es de un 20 por ciento
más. Mi grupo querría saber qué mecanismos de seguimiento va a activar el Gobierno para que realmente esos compromisos se cumplan por parte de los operadores. Si esto fuera una balanza nosotros la hemos reequilibrado, pero el Gobierno ahora
también tiene la obligación y la responsabilidad de velar para que en ese nuevo equilibrio los operadores cumplan los nuevos compromisos. Se les ha aligerado una carga en esa balanza, que son unos avales que han disminuido, pero se les ha aumentado
otra, que son unos mayores compromisos de inversión. Mi grupo le pide que se cumplan y que se vele por ese cumplimiento, y que se vele también por facilitar aquellas condiciones que los propios operadores han puesto en evidencia y que actualmente
en España no se dan, que es el hecho de que se facilite un mayor número de terminales y una oferta de servicios de UMTS flexible y atractiva.
Hay una serie de condicionantes de mercado que no acaban de arrancar.
No es responsabilidad del Gobierno que no arranquen, lo es también de las operadoras y lo es al final de la Unión Europea en su conjunto, porque el retraso experimentado no puede achacarse al Gobierno. Sería por mi parte muy fácil hacerlo,
pero sabemos que hay una coyuntura europea que no ha ayudado en nada a que en Europa la UMTS tenga el pistoletazo de salida que debería tener para llegar a esos compromisos que todos habíamos alcanzado. De ahí que mi grupo le pida su opinión, como
máximo responsable del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre cómo se van a cumplir esos compromisos.
Por último, quiero decirle que desde Convergència i Unió también compartimos el hecho de que se hayan suavizado los avales de las empresas de cable y de LMDS. Todo lo que pueda repercutir al final en garantizar a esas empresas unas mejores
condiciones para invertir en tecnología, para invertir en desarrollo de la sociedad de la información, tendrá una posición favorable de Convergència i Unió, como la tuvo en su día el hecho de no discutir la manera de adjudicar esa nueva tecnología
porque el objetivo era compartido. El objetivo era que tuviera una implantación real, que no fuéramos a buscar el mejor postor en una subasta y ver cuánto iban a ingresar las arcas públicas del Estado por esa nueva tecnología, sino cuándo realmente
estaremos en condiciones de prestarla para que tengamos ese objetivo final, y es que con la misma naturalidad con que todos hoy llevamos un móvil en el bolsillo y lo utilizamos, pudiéramos llevar ese móvil de tercera generación y utilizar con él las
nuevas posibilidades de Internet y de la sociedad de la información. Esta apuesta de futuro requiere compartir esfuerzos y sin ninguna duda Convergència i Unió no va a poner palos a las ruedas para que se pueda facilitar esa mayor inversión en los
móviles de tercera generación.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del ministro Piqué y su detallada intervención para explicar precisamente las condiciones en las que se ha producido la modificación de los avales de las
compañías adjudicatarias de licencias UMTS y LMDS.
En la génesis de estos avales, hace casi ya tres años, surgió la gran controversia de si el sistema de adjudicación era el bueno o no lo era.
El Partido Socialista y algún otro criticaron el
sistema de concurso, no por atender a las necesidades que se creaban en el mercado español, sino porque asistían a la adjudicación con los ojos puestos en otros países en los que se emplearía precisamente el sistema de subasta, con los resultados
que ya hemos visto que se han producido en el sector de las telecomunicaciones en estos países -de ello nos hemos librado-, si bien
el Gobierno ha demostrado tener un ágil juego de cintura para que la situación en España se siga dulcificando a diferencia de lo que ha ocurrido en nuestros países vecinos, hasta que la disponibilidad de la tecnología sea efectiva. El
Partido Socialista y otros, como decía al principio, con los ojos puestos en países de nuestro entorno y no en la realidad española, criticaron el sistema de concurso por un criterio meramente oportunista, que no era otro que el de obtener la máxima
recaudación, cuando este Gobierno, yo creo que de forma muy prudente, prefirió apostar por el principal objetivo de esta adjudicación, que era la introducción de esta tecnología en España para el definitivo relanzamiento de la sociedad de la
información, y todo ello defendiéndolo a través de una serie de requisitos que se fijaron en el pliego de condiciones.
En España, en el concurso para la adjudicación de las licencias UMTS, el Gobierno fijó estos requisitos a valorar, que hacían referencia a la calidad de la cobertura radioeléctrica medida en extensión geográfica, niveles de intensidad de
campo, niveles de cobertura de interior, rendimiento espectral, número de radiobases instalables, capacidad de itinerancia internacional de la red a instalar, número de puestos de trabajo permanentes a crear y su destino a personas pertenecientes a
colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo, contribuciones al desarrollo del tejido tecnológico e industrial nacional y facilitar el acceso a Internet de todos los ciudadanos a precios y condiciones asequibles.
Finalmente, un conjunto de garantías que venían valoradas, así como los avales que afianzaban los compromisos asumidos en las ofertas. ¿Qué es lo que se ha producido en estos años? Como decía muy bien el señor ministro, el retraso efectivo de la
disponibilidad tecnológica y comercial de UMTS ha tenido sus efectos perjudiciales en los operadores y no olvidemos que, por ejemplo, la caída de las cotizaciones cerró la vía de la financiación bursátil, lo que llevó a las empresas a aumentar el
recurso a deuda que se encarece. Ambos efectos, precio y cantidad, provocaron el crecimiento de la carga financiera que repercutió negativamente en el déficit. Para corregir el empeoramiento de las cuentas las grandes empresas recurrieron, en la
medida de lo posible, a reestructuraciones, despidos, venta de activos no estratégicos, especialmente los inmuebles que tienen mejor salida en el mercado, y a la búsqueda de financiación, aunque más cara, entrando en un círculo vicioso: altas
cargas financieras, corte de flujos financieros, falta de fondos para realizar inversiones, incumplimiento de planes de negocio, generación de ingresos insuficientes para hacer frente a la carga financiera, lo cual se refleja de nuevo en las caídas
bursátiles.
La caída de las cotizaciones bursátiles ha tenido como consecuencia un aumento sustancial del fondo de comercio a amortizar de las empresas adquiridas en momentos de euforia bursátil, lo que supone merma de beneficios derivada del
saneamiento de balances.
El crecimiento de la deuda, el incremento de carga financiera, y el saneamiento del balance con cargo a beneficios son dos problemas que han afectado a todo tipo de empresas relacionadas con las telecomunicaciones en el entorno europeo,
tanto a las grandes operadoras -herederas de los monopolios de la telefonía fija- como a los nuevos operadores. No obstante, el operador dominante en el mercado español, Telefónica de España, mantiene una situación financiera mucho más saneada que
sus homólogas francesa o alemana. Sin embargo, en banda ancha el mercado sigue creciendo y alcanza ya un millón y medio de conexiones ADSL y cable modem en mayo de 2003. El crecimiento interanual es del 12,2 por ciento y se han instalado 280.000
de enero a abril de 2003. El mercado de telefonía móvil español sigue creciendo a pesar de los síntomas de agotamiento que se observan a nivel mundial. El número de clientes de telefonía móvil en España ha superado, como ya ha dicho el ministro,
los 32 millones de clientes, cubriendo más del 80 por ciento de la población española. Aquí quería hacer un paréntesis. Puesto que la señora Pleguezuelos ha tocado el tema de Exfera, yo quería dar unas pinceladas en el sentido de que el Ministerio
de Ciencia y Tecnología y la CMT han actuado de forma semejante a otros reguladores europeos, facilitando al operador la posibilidad de prestar servicios avanzados mediante tecnologías GSM y GPRS, utilizando la red de otro operador y mediante
acuerdos bilaterales de itinerancia. En todo caso, la situación de Exfera no es consecuencia del marco regulatorio ni de la actuación del Gobierno.
Las decisiones normativas adoptadas son suficientes para que Exfera desarrollase una estrategia de
penetración en el mercado similar a la utilizada, por ejemplo, por Amena para ofrecer servicios GSM nada más obtener la licencia y en tanto desplegaba una red propia. Quiero añadir solamente que Exfera tiene suscrito un acuerdo de este tipo con
Vodafone, pero de momento no ha decidido hacerlo efectivo.
Pues bien, señorías, volviendo a la línea argumental que llevaba antes de este paréntesis, también en lo que se refiere a LMDS surgían dos problemas añadidos a la crisis del sector, que ya ha mencionado el señor ministro: la
desestabilización de los nuevos entrantes y la preocupación social por las emisiones radioeléctricas de las antenas. Aquí es, señor ministro, donde le pregunto si ha tomado o va a tomar alguna medida para que los ayuntamientos no denieguen de forma
arbitraria la instalación de estas nuevas antenas.
Para ir concluyendo, este portavoz que les habla cree que España acertó eligiendo el método del concurso descartando la subasta y fijó alternativamente una tasa por reserva del espacio radioeléctrico que ha reducido primero y estabilizado
después en función de la falta de disponibilidad de la tecnología común a todos los países europeos. Desde la adjudicación de las licencias el Gobierno ha mantenido un criterio político realista y constructivo orientado a facilitar, de una parte,
la puesta
a disposición de nuevos servicios para los usuarios y, de otra, a facilitar en lo posible el equilibrio financiero de las operadoras. Al mismo tiempo, y con el propósito añadido de preservar la industria nacional, el pasado mes de diciembre
se suscribió un acuerdo con las cuatro operadoras cuyos ejes esenciales eran el comprometer la oferta de nuevos servicios en movilidad en 2003 y el lanzamiento precomercial en torno al primer semestre de 2004; comprometer unas inversiones de las
cuatro operadoras del orden de los 1.300 millones de euros en el año 2003, un 20 por ciento más que las realizadas en 2002, así como dedicar porcentajes de su facturación a comunicar; popularizar e incentivar el uso de los servicios avanzados;
comprometer mejoras de calidad y cumplimiento de los estándares fijados bajo la supervisión del Ministerio de Ciencia y Tecnología; la oferta y prestación de servicios a los usuarios sin predeterminación ni distinción de la plataforma tecnológica
empleada; sustituir los avales prestados en su día por un aval de reposición de menor cuantía pero que supone idéntica garantía, en términos globales, de cumplimiento de los compromisos por las operadoras; y dar opción a los operadores para que se
compartan sus redes mediante acuerdos de itinerancia y similares.
Como ven, señorías, el Gobierno, lejos de aplicar criterios oportunistas basados exclusivamente en la recaudación, sino, como ya expliqué al principio de mi intervención, precisamente en su preocupación por el desarrollo de la sociedad de la
información, no se ha quedado parado y ha adoptado una serie de medidas efectivas para ese impulso, llegando ya, por último, a la modificación de los avales de licencias UMTS y LMDS para reducir la carga financiera que soportan las operadoras, sin
que ello signifique que se vayan a permitir incumplimientos.
Por todo ello, quiero agradecer al señor ministro que este Gobierno siga tomando decisiones y desarrollando medidas para favorecer lo que a la postre se persigue con ellas, que no es otra cosa que el impulso de la sociedad de la información
en España.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Muchas gracias, señorías, por sus intervenciones y sus comentarios. Quiero agradecer especialmente la última intervención del señor Pérez-Hickman que me ahorra algunos comentarios
respecto a intervenciones anteriores, porque ha explicado cuál ha sido el planteamiento que ha hecho el Gobierno en todo este tema y, por tanto, no es necesario que reitere algunos de esos aspectos.
Ha mencionado el tema relacionado con la instalación de las antenas. Como sabe S.S., desde el Ministerio se promovió un acuerdo con la Federación de Municipios y Provincias para una ordenanza marco que permitiera homogeneizar las
condiciones de instalación de las mismas que está empezando a funcionar, también hay un control permanente de las emisiones y una garantía de que en todos los casos siempre se está por debajo de los máximos establecidos. En ese terreno, quiero
mencionar una nueva regulación a nivel comunitario sobre despliegue de infraestructuras que viene a ayudar en este punto. En estos momentos el nivel de obstaculización y de alarma social es muy inferior al que hubo durante un cierto tiempo y que
supuso una dificultad añadida a lo que todos pretendemos, que es la rápida generalización de tecnologías de nueva generación en la telefonía móvil como instrumento esencial para desarrollar la sociedad de la información. A eso se ha referido el
señor Jané en reiteradas ocasiones en su intervención, que yo le agradezco. Es muy bueno que en estos temas nuestros objetivos puedan ser compartidos y que todos estemos convencidos, de que estamos ante una gran oportunidad tecnológica y
estratégica para desarrollar la sociedad de la información.
Lo importante es que ahora hagamos un seguimiento muy claro de las condiciones en las que se tiene que desarrollar este negocio, fundamentalmente de las inversiones. Los mecanismos que
tiene el Gobierno para propiciar el cumplimiento de esos compromisos son los derivados de la propia existencia de las garantías financieras, solo que movibles en el tiempo y adaptadas en cada momento a un calendario preestablecido de compromisos de
inversión que, por otra parte, lo que buscan es que los operadores desde su perspectiva, sin voluntarismos, marquen unos calendarios razonables que se puedan cumplir de preimplantación comercial, primero -estamos pensando en mediados de este mismo
año-, y de definitiva implantación comercial con garantías de continuidad a partir de mediados del próximo año. Para eso hace falta que identifiquemos bien los principales problemas que ha tenido el desarrollo de la tercera generación, que no son
tanto los tecnológicos sino, sobre todo, los comerciales de cambio de los hábitos de los usuarios que permitan demanda suficiente como para que los terminales sean producidos a escala suficiente y que tengan precios asequibles. Por eso es muy
importante que cambiemos los hábitos y eso no siempre es igual de fácil. ¿Por qué ha habido una extensión tan espectacular de la telefonía móvil? De unos pocos centenares de miles hace apenas siete años, hemos pasado hoy a treinta y muchos
millones de teléfonos móviles. Es muy fácil acostumbrar a los usuarios a recibir los servicios que ya recibían, a través de un instrumento distinto.
Los usuarios de todas las edades estaban perfectamente acostumbrados a recibir servicios de voz a través del teléfono fijo y lo que aporta la movilidad es que siguen recibiendo ese mismo tipo de servicios con la ventaja adicional de la
movilidad, cambiando muchas mentalidades, desde la pregunta básica que uno hace cuando utiliza la telefonía fija: quién es, a la que se hace ahora cuando uno llama a un teléfono móvil: dónde estás. Estamos hablando de cambios de mentalidad,
pero que tienen que ir más allá. Cuando hablamos de tercera generación significa datos, imágenes, acceso a Internet y eso ya no está tan al alcance de los consumidores tradicionales y convencionales -entre los jóvenes sí-, lo cual se tiene
que ir extendiendo.
Todos estos pasos intermedios que se están desarrollando, la llamada segunda generación y media, GPRS, estas campañas que se están realizando en estos últimos meses con la generalización de la transmisión de imágenes o hacer fotografías, de
transmitirlas directamente por correo electrónico, de transferirlas a un ordenador personal, todo eso va acostumbrando a los usuarios a nuevas prestaciones, a nuevos servicios cada vez más innovadores, que pueden permitir que se pueda pasar a
tercera generación con garantías de éxito comercial. En eso se ha basado también la estrategia del Gobierno y el pleno acuerdo con los operadores va en ese sentido.
Otra cuestión es el debate que pueda haber y que ha suscitado la señora Pleguezuelos sobre cuál es el modelo de competencia en la telefonía móvil. En este tema tenemos que partir de una realidad tecnológica. Desde el punto de vista de
operadores no virtuales, de operadores que despliegan redes y utilizan el espectro radioeléctrico, caben los que caben. Otra cosa es que pueda haber operadores virtuales que lo utilicen compartiendo las redes, pero esa posibilidad legalmente
existe.
Personalmente lo que me gusta es que las empresas inviertan y cuanto más mejor, porque necesitamos disponer de infraestructuras y redes de banda ancha. Por lo tanto, que haya un despliegue de redes en estos momentos es prioritario. Que
además es compatible con la existencia de otros operadores que no invierten pero que comparten estructuras pagando y que tienen carácter virtual, ese es un modelo que la regulación actual permite, pero no creo que se pueda calificar el mercado de
telefonía móvil en España ni en ningún otro sitio de oligopolio. Por definición, tiene que haber unos operadores que no son virtuales, que tienen que ser pocos porque lo define la limitación del espectro, y a partir de ahí la competencia ha dado
buenos resultados, bastante más que en telefonía fija, dicho sea de paso. Las cuotas de mercado de los operadores alternativos a Telefónica son muy significativas. Hay competencia en precios, es verdad que no han bajado tanto como los precios en
telefonía fija, pero eso responde a dos razones: en telefonía fija el Gobierno fija las tarifas del operador dominante, el famoso price cup, que hemos tenido que revisar porque probablemente hayamos llegado demasiado lejos en estos terrenos.
Después resulta que en telefonía fija la demanda está, como mínimo, estancada. En cambio, en telefonía móvil la demanda es fundamentalmente creciente. Cuando nos encontramos con un sector con demanda creciente, es lógico que los precios no bajen
tanto como en un sector de demanda estancada. Eso tiene una explicación elemental. Otra cosa es que hagamos un balance de la situación de todos los licenciatarios, pero no es un balance que pueda ser distinto del que se ha hecho en todos los
países europeos que han puesto en marcha esa voluntad de disponer de esa tercera generación de móviles. Es más, yo creo que nosotros lo hemos hecho, en términos relativos, bastante mejor, entre otras cosas, por no hacerle caso a su grupo
parlamentario y no caer en la tentación de las subastas, lo cual hubiera sido muy negativo hoy para la situación de los operadores. Atribuirle al Gobierno que los operadores entrantes que ya no están en el mercado de telefonía móvil no estén ahora
funcionando, lo acepto, pero esto ocurre en todos los países.
Cuando una cosa pasa en todas partes no es atribuible a una parte, sino a todas. Se ha cometido un error de apreciación de todos en todas partes por todos los operadores y por todos los
Gobiernos. La propia Telefónica ha tenido que provisionar al cien por cien sus inversiones y sus apuestas financieras en telefonía móvil en países donde se ha hecho subasta precisamente porque la implantación comercial no es posible. No creo que
haya diferencias en ese sentido. En cambio, sí las hay respecto a la flexibilidad que ha demostrado el Gobierno a la hora de propiciar nuevas condiciones que se adapten a las condiciones sobrevenidas que permitan que la tercera generación se
desarrolle lo antes posible. No creo que se pueda hablar de bandazos ni de confusión. A lo mejor, los bandazos podrían ser atribuibles a otros que sí han ido cambiando de opinión respecto a cómo se tenían que hacer esos concursos o de subastas.
Ha mencionado S.S. el caso de Exfera, el señor Pérez-Hickman ha contestado ya respecto a cuál es la situación, pero me gustaría añadir un pequeño comentario al respecto. Había tres operadores de móviles en España con licencia de segunda
generación. Parecía absolutamente razonable -todos estuvimos de acuerdo en su momento- que esos tres operadores pudieran acceder también a la tercera generación, aprovechando su implantación comercial. Además, por espectro, cabía un nuevo
operador. A ese nuevo operador se le ha dado la posibilidad de ir introduciéndose comercialmente a base de compartir estructuras con otro operador, con acuerdos de roming, de itinerancia, y así poder empezar a ganar cuota de mercado antes del
despliegue de sus propias redes y antes del despliegue de la tecnología UMTS. No sólo se le ha dado esa posibilidad, sino que se llegó a un preacuerdo entre esa empresa, como ha dicho muy bien el señor Pérez-Hickman, y a otra ya operante en el
mercado, pero al final Exfera ha decidido, por los motivos que fueren, perfectamente respetables -estamos en una economía de mercado-, no llevar adelante diciendo que sólo se introducirá en el mercado cuando pueda asegurarse que la implantación de
la tecnología UMTS puede ser realmente efectiva. No tengo nada más que añadir. Se le ha dado el mismo trato que a todos los demás porque las situaciones, desde ese punto de vista, son exactamente iguales. La tercera generación de móviles se
tendrá que desarrollar en su momento, cuando empiece a implantarla comercialmente un operador estoy seguro de que los demás
también harán lo propio y ahora lo que tenemos que comprobar es cómo está el grado de cumplimiento de sustitución de los avales. Le puedo decir que por ejemplo Amena ya lo ha hecho; Vodafone lo está tramitando y está a punto de hacerlo;
Telefónica va un poco más retrasada y en el caso de Exfera, sabemos que está renegociando con los bancos en función de su situación financiera. Los compromisos que se han asumido en términos de inversiones son para este año. Por lo tanto, pediría
a todo el mundo paciencia y si me permite una expresión poco parlamentaria, señor presidente, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, es decir, no empecemos a repartir el espectro porque no sabemos lo que tendremos que hacer. El espectro no
se vende, sino que se transmiten los derechos de uso, de acuerdo con los criterios de la agencia del espectro que recientemente hemos creado. Por lo tanto, que nadie tenga ninguna inquietud especial. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. Lo que
nos interesa es que los ciudadanos dispongan de la tercera generación de telefonía móvil lo antes posible.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Francisca Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor ministro, no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Todos hablamos de venta o de reventa del espectro sabiendo que es una transmisión, pero lo es con tantas posibilidades que al final todos
hablamos de venta.
Usted decía que le gustan las empresas que invierten. A nosotros también porque eso genera riqueza y eso significa apostar por el sector, por el futuro y por la sociedad de la información, lo cual supone cohesión social y territorial, pero
compartirá conmigo que el caso del cuarto operador intentó iniciar su actividad alquilando frecuencias, lo cual no fue apoyado por la ministra Birulés. Lo que ahora es clarísimo, al margen de los acuerdos roming, es que Exfera tiene una posición de
inactiva en cuanto a la inversión. Como usted señalaba, se publica hoy en la prensa que no parece que exista plan de inversión alguno por parte de Exfera para los 135 millones de euros que debería invertir en 2003 y que se han renegociado en
diciembre del año pasado. Es decir, en lo que van por delante los otros tres operadores no lo está haciendo Exfera. Tenemos que saber si en ese caso usted ejecutaría los avales a Exfera. (El señor ministro de Ciencia y Tecnología, Piqué i Camps:
¡Claro!) Es una pregunta inmediata. Comparto con usted una cosa: Es verdad que hablaba usted de un cambio de mentalidad y no son lo mismo los servicios de voz que los servicios de datos y los nuevos servicios que se prestan, pero el parón de las
inversiones en tercera generación que durante un tiempo hemos justificado todos por problemas de disponibilidad tecnológica, ya no son la razón del lento desarrollo que hay actualmente, como usted decía. Más bien es el convencimiento de que las
expectativas de negocio eran falsas.
No sólo en España, coincido con usted en que ha ocurrido en todas las esferas. Los hechos de aprovisionamiento de Telefónica de la licencia alemana y de la italiana es una buena prueba de lo que estoy diciendo.
Termino, señor presidente. Hay que tener definidas dos cosas y S.S.
debería compartir con la oposición estas dos premisas. En primer lugar, hay que exigir un riguroso seguimiento de los compromisos y calendarios.
Eso, en el caso de
Exfera, a lo mejor requiere mayor atención para, como decía antes, saber si vamos a ejecutar avales, según las condiciones en las que aparece el cuarto operador que de momento parece que está especulando con su espectro; si no con su espectro, con
el que se le transmitió. En segundo lugar, hay un cambio de modelo sustancial que el Grupo Socialista tiene respecto al Gobierno. Cuando se hace una política de cambios de las condiciones de licencia de UMTS con el muy distinto horizonte de
evolución tecnológica y de servicios de Internet móvil, esto requiere por parte del Gobierno una política del espectro mucho más equilibrada en términos de derechos y de obligaciones. No se trata sólo de trabajar a corto plazo con la
flexibilización de avales, que he dicho que apoyábamos, sino de diseñar el modelo global -eran las preguntas que le hacía antes-, que S.S. ha definido como vender la piel del oso. Hay que tener el modelo diseñado porque, si no, acabaremos
parcheando y eso es mal asunto para el sector, para la competencia y, desde luego, para los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Tomo la palabra muy brevemente. Se ha centrado S.S. en el tema de Exfera para al final hacer un comentario respecto de la política del espectro, política del espectro light y creo
que está bien definida con la nueva legislación que hemos impulsado desde el ministerio. Se ha creado incluso una agencia específica para la gestión del mismo, para que ese modelo esté perfectamente institucionalizado y establecido. No tengo nada
que añadir excepto que no creo que un Gobierno deba tomar sus decisiones y anticiparlas sobre la base de: parece que, o se especula con que... (La señora Pleguezuelos Aguilar: ¡Yo no he dicho eso!) No, pero los gobiernos tienen que actuar sobre
realidades concretas y cumplimientos de compromisos y si no se cumplen, hay que hacer lo que es propio. No tenga ninguna duda porque si no se cumplen los compromisos establecidos, se van a ejecutar los avales. No podemos actuar de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Antes de pasar al II punto del orden del día, me van a permitir que aproveche este momento en que no hay ningún diputado fumando para
tomar una decisión que la presidenta del Parlamento ha puesto en manos de los presidentes de las comisiones. Es un problema mío casi personal, ya que durante años he sido conseller de Sanidad y he trabajado para conseguir que no se fumara
en los centros públicos. Espero que decidamos que esta Comisión -es una decisión que recae en el presidente- se convierta en una comisión sin humo, por tanto, en ella no se va a fumar de ahora en adelante.
- LAS CONCLUSIONES DEL INFORME Y LAS RECOMENDACIONES QUE HA HECHO LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN AL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 213/001241.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al II punto del orden del día: Solicitud de comparecencia del ministro de Ciencia y Tecnología, para explicar las conclusiones del informe y las recomendaciones que ha hecho la comisión especial de estudio para
el desarrollo de la sociedad de la información al Ministerio de Ciencia y Tecnología, comparecencia pedida por el Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): A propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Consejo de Ministros, creó la llamada comisión especial de estudio para el desarrollo de la sociedad de la información, que
inició su andadura el día 27 de noviembre del pasado año y cuyo cometido consistía en analizar la implantación de la sociedad de la información y proponer medidas para su desarrollo. Nuestro objetivo era escuchar y conocer la opinión de
representantes del ámbito profesional, tecnológico, empresarial y académico, expertos en suma ajenos a la Administración, a fin de completar y mejorar la visión que desde el Gobierno tenemos sobre el estado actual del desarrollo de la sociedad de la
información. Además, a través de esta comisión, hemos tenido la ocasión de conocer las múltiples propuestas, sugerencias y recomendaciones que ciudadanos, asociaciones de usuarios, instituciones y empresas han formulado a través de la página web de
la propia comisión.
Han sido cerca de 5.000 las opiniones que se nos han hecho llegar, muchas de ellas verdaderamente oportunas. Para llevar a cabo su trabajo la comisión, además de los debates internos e intensos, ha seguido un amplio proceso
consultivo, que además de ese consultorio on line para recoger las sugerencias de los ciudadanos, ha incluido la revisión de las conclusiones de gran número de informes e indicadores ya elaborados por otros organismos, y la consulta individualizada
con otros agentes, tanto en el ámbito privado como en el público.
Por lo que se refiere al análisis de la situación actual, la comisión expone dos datos que me parecen significativos, si lo comparamos con la media europea. En cuanto al desarrollo de la administración electrónica España ocupa quinto lugar,
sólo superado básicamente por los países nórdicos. No obstante, si miramos el agregado de indicadores aparecemos en penúltimo lugar. Esto implica que tenemos aún muchas cosas por hacer, que disponemos de oportunidades a nuestro alcance en todos
los ámbitos y que debemos seguir esforzándonos y aprovechar el momento estratégico en el que estamos. Es cierto, como he dicho, que existe una oferta muy importante de servicios por parte de las administraciones públicas, pero también es cierto que
los ciudadanos no lo aprovechan en toda su intensidad. Es cierto asimismo que la mayor parte de las escuelas españolas disponen de acceso a Internet y en muchos casos incluso de banda ancha, pero ésta no se utiliza dentro del proceso educativo. Es
cierto, en fin, que la gran mayoría de nuestras empresas no extraen el máximo rendimiento posible de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. La pregunta clave que debemos hacernos es: ¿Qué es lo que está ralentizando el
avance? Sin duda, el que las iniciativas de los programas en curso están encontrando diversas barreras comunes que obstaculizan su progreso. La sociedad de la información implica, en gran medida, un cambio de mentalidad y hasta ahora no se ha
proporcionado el impulso ni ha habido suficiente liderazgo para desencadenar este cambio.
Todos deberíamos ser conscientes de que disponer en nuestros hogares de un ordenador conectado a Internet es tan prioritario como tener un televisor o una
radio y quiero recordarles que el 54 por ciento de los ciudadanos no tienen un PC en su casa porque no creen simplemente que sea necesario o porque no les interesa. Adicionalmente, existe un elevado desconocimiento y una escasa capacitación en
muchos de nuestros ciudadanos acerca del uso y empleo de las nuevas tecnologías. Así, por ejemplo, el 48 por ciento de las empresas no ha incorporado plenamente tales tecnologías en sus esquemas de organización y de producción por causas derivadas
fundamentalmente de la falta de formación. Por otro lado, es cierto que el acceso a las nuevas tecnologías comporta un coste económico y para muchos ciudadanos ese coste se percibe como excesivo. Si observamos otras industrias vemos que el coste
no necesariamente es una barrera, cuando existe una utilidad que se percibe como suficiente. La gente compra vídeos, teléfonos móviles, DVD y, por ello, la comisión al final ha dictaminado que el precio es importante, pero no determinante.
También
está la barrea que supone la complejidad de incorporar las nuevas tecnologías digitales a las organizaciones, tanto en el ámbito público como en el privado. Todo esto genera una especie de círculo vicioso que comienza con un déficit de internautas
y termina con la falta de
un mercado suficiente que anime a las empresas al uso de Internet. En definitiva, chocamos con obstáculos, pero no hay más remedio que removerlos y aprovechar plenamente la gran oportunidad que tenemos por delante. Según la comisión, la
superación de estas barreras exige un esfuerzo conjunto de todos los agentes porque los obstáculos existen en diversos ámbitos de la sociedad. Es pues la cultura de la corresponsabilidad que hemos venido defendiendo desde el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y también exige un enfoque centrado en cómo hacer que las cosas ocurran y además ocurran más deprisa. Si bien existen numerosos informes en los que se ofrecen recomendaciones para impulsar el desarrollo de la sociedad de la información,
no se ha abordado de manera suficiente el cómo. Por ello, la comisión asumirá la necesidad de aportar soluciones, sobre cómo hacer que las cosas ocurran más deprisa. En este contexto, la comisión ha planteado dos grandes categorías de
recomendaciones. Una primera categoría engloba a cuatro, que hacen referencia al modo, a la manera, al método, al procedimiento que ha de seguirse a fin de que ocurran las cosas. Son, por tanto, unas recomendaciones de carácter formal que
responden al cómo. Tales recomendaciones son, a juicio de la comisión, imprescindibles, ya que contribuirán al soporte e impulso de las restantes recomendaciones.
Después hay una segunda categoría de recomendaciones, seis en total, que se refieren
a los objetivos, a los fines materiales. Responden, pues, al qué, a lo que tiene que pasar. Quisiera transmitirles una reflexión que considero necesaria. Como bien ha dicho la propia comisión, todas estas recomendaciones no son exhaustivas, ni
descartan ni hacen incompatibles otras fórmulas o iniciativas, y tampoco pretenden erigirse en un plan o programa de actuación concreto y efectivo.
Voy a comenzar por el primer paquete de recomendaciones, las que se refieren al aspecto formal. Para abordar cómo hacer que las cosas ocurran más deprisa, es necesario que el Gobierno elabore un nuevo plan dotado de suficiente liderazgo
político que cuente con una organización y los medios necesarios para llevar a cabo una gestión empresarial de todos los esfuerzos y capacidades disponibles y que sea objeto de una amplia comunicación a la sociedad. Elaborar un plan realista
significa que los objetivos sean, como sostiene el informe, mensurables, con responsables claros, con recursos suficientes asignados, estructurados en torno a acciones concretas y mecanismos de seguimiento efectivos y que aborde de forma equilibrada
todos los ámbitos de actuación contemplando diversos horizontes de maduración de las iniciativas y abordando la creación de un clima innovador. Asegurar el liderazgo político desde el primer nivel exige el respaldo directo del presidente del
Gobierno, así como la decidida participación de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en la fijación y seguimiento de objetivos y el sólido compromiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología como principal impulsor y responsable.
Además,
resulta necesario garantizar la participación coordinada de todas las administraciones públicas y lograr un gran pacto que garantice la continuidad del esfuerzo y la participación de toda la sociedad.
Establecer desde el propio Ministerio de
Ciencia y Tecnología una organización dedicada, con recursos suficientes y con criterios de gestión empresarial, a la ejecución del plan de desarrollo de la sociedad de la información. No se trata tanto de dedicar más recursos y presupuesto como de
orientar los actuales de forma adecuada, por lo que una gestión idónea es fundamental. La organización que se cree deberá asegurar el soporte a la estructura de liderazgo, a la capacidad de ejecución, y que se opere bajo una sola dirección. Como
sugerencia, se plantea responsabilizar al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la gestión del plan, con el apoyo de un órgano de carácter técnico que persiga la coordinación, tanto vertical entre las distintas administraciones como horizontal en
cada una de ellas, y de una entidad empresarial que agilice la ejecución de los programas. Finalmente, la cuarta recomendación de este primer paquete es una comunicación amplia, que informe e ilusione y que cree momento, de forma que genere un
vínculo emocional con la propia sociedad y facilite el necesario cambio de actitud de los ciudadanos. La campaña de comunicación se apoyará en una marca que relacione todas las actuaciones y será una campaña continuada en el tiempo y en los
diversos medios y dirigida a toda la sociedad.
Quiero insistir en el aspecto del vínculo emocional. Pensemos en éste si cada uno de los internautas que actualmente hay en España consiguiera atraer, implicar o, si me permiten la expresión,
enganchar a la red a otro nuevo, sólo a uno, pasaríamos a ser los líderes de Europa en este ámbito.
A continuación, voy a exponer el segundo paquete de seis recomendaciones que establecen los objetivos. Primero, es necesario aumentar el grado de formación de los ciudadanos en el uso de las nuevas tecnologías, y ello requiere un plan
intensivo para incorporarlas al sistema educativo.
Gráficamente, se trata de pasar del aula de informática a la informática en el aula; no se trata de que haya una clase dedicada a la informática, sino de que en las clases de matemáticas, historia
o ciencia los alumnos aprendan sirviéndose de la informática y de las nuevas tecnologías. Un proceso de asignación de recursos a las universidades en el que prime la inversión en tecnología, ya que aspiramos a que las universidades sean la
vanguardia y el referente del desarrollo tecnológico de nuestra sociedad; y finalmente una formación sólida y masiva de los ciudadanos en el conocimiento y uso básico y útil de las tecnologías digitales. Segunda recomendación de este segundo
paquete: es preciso que las administraciones públicas lideren y sean un ejemplo en el desarrollo de la sociedad de la información. Para ello es conveniente acelerar el desarrollo del DNI electrónico como soporte al conjunto de transacciones
electrónicas, tanto en el ámbito público
como en el privado, comprometer a las administraciones públicas a la publicación periódica de una lista de servicios a desarrollar, así como a suministrar información sobre la opinión de los usuarios acerca del uso y la calidad de los
servicios; migrar las comunicaciones de la Administración a canales electrónicos, contribuyendo a crear una cultura de comunicación electrónica en el administrado; establecer unos estándares mínimos que faciliten el intercambio de información
entre las distintas administraciones públicas, permitiendo el ahorro de papel y de tiempo, y ofrecer equipos y conectividad a los empleados públicos para su uso en el hogar.
Pues bien, señorías, en este ámbito el Gobierno ha dado ya los primeros pasos. El pasado 8 de mayo los ministerios de Administraciones Públicas y de Ciencia y Tecnología presentamos, como resultado del estudio del informe de la comisión y
de la evolución de las diversas medidas ya adoptadas por el Gobierno, un plan de choque para el impulso de la administración electrónica en España que recoge diecinueve medidas para acelerar la implantación de nuevos y mejores servicios electrónicos
en los distintos ministerios y organismos públicos con garantía de la accesibilidad para todos los ciudadanos. El plan tiene como objetivo agilizar todas aquellas actuaciones que deben abordar los distintos ministerios y organismos públicos para
ofrecer en línea los servicios públicos básicos que son de su directa responsabilidad, garantizando su accesibilidad a todos y aumentando su rapidez, calidad y eficacia. Estas actuaciones deben acometerse a través de un modelo común de coordinación
y colaboración en el seno de la Administración general del Estado. Para un buen desarrollo de la administración electrónica es necesario que todos los organismos responsables actúen de manera coordinada dentro de marcos comunes de funcionamiento,
optimizando los servicios ofrecidos y evitando la duplicidad de recursos. En un país descentralizado como el nuestro, en el que conviven tres administraciones, además de la europea, y donde la mayor parte de los servicios públicos que se ofrecen
son responsabilidad de más de una administración, esta colaboración se hace aún más imprescindible, por lo que el Gobierno pretende crear una conferencia sectorial con las comunidades autónomas para garantizar una estrecha vinculación entre
distintas administraciones para la implantación de la administración electrónica.
Durante los dos próximos años implantaremos medidas con una amplia repercusión en la calidad de vida de los ciudadanos. Así, fomentaremos el acceso de los usuarios a los servicios públicos on line mediante el DNI electrónico y los puntos de
acceso gratuito a Internet en las oficinas de registro y atención al público. Impulsaremos el desarrollo de servicios para los usuarios, como las cartas electrónicas de servicios, la mejora del portal del ciudadano, el uso de lenguas cooficiales e
internacionales en las páginas web de la Administración, la accesibilidad a las personas con discapacidad y los formularios, registros y notificaciones telemáticas, así como los pagos electrónicos. Facilitaremos el intercambio de información entre
las administraciones públicas a través del intercambio de certificados telemáticos y de transmisiones de datos, el portal de servicios para las entidades locales y la integración de las nuevas tecnologías en la comunicación interna de la
Administración.
Apoyaremos también la reorganización interna de las administraciones públicas con el impulso al portal del empleado público, la reforma del Consejo Superior de Informática, la coordinación de las administraciones territoriales, la
revisión de los procedimientos administrativos para su prestación por vía telemática, el apoyo técnico a los distintos ministerios y el archivo de documentación electrónica. Por todo ello, se debe revisar el marco normativo para llenar las lagunas
existentes o suprimir las barreras administrativas que pudieran existir. Definiremos un esquema organizativo que institucionalice el liderazgo político y facilite la gestión con las responsabilidades claramente definidas para la implantación de la
administración electrónica.
No es discutible que la Administración debe ser capaz de ofrecer a los ciudadanos la libertad de elegir el método de relacionarse con ella -se puede hacer de forma tradicional o telemáticamente-, respetándose los mismos niveles de celeridad,
calidad y eficacia, así como de seguridad y confianza en la prestación del servicio. Como antes he dicho, la Administración española es ya la quinta en la implantación de dichos servicios electrónicos entre las quince de la Unión Europea, según un
estudio semestral encargado por la comisión, pero debemos seguir trabajando para alcanzar el objetivo de situar a nuestro país siempre entre los primeros puestos en la utilización de servicios electrónicos de la Administración por parte de los
ciudadanos.
Vuelvo a la exposición de las recomendaciones del segundo paquete formuladas por la comisión y me refiero ahora a la tercera, que consiste en avanzar en la equiparación del mundo de Internet al mundo físico, elaborando una legislación que
prevea y proporcione cobertura legal a las enormes posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías, suprimiendo limitaciones legales a procesos que podrían ser más eficientes por vía electrónica, como por ejemplo el voto electrónico o la
tramitación telemática de procesos judiciales, y reduciendo barreras al despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones en los ámbitos local y regional.
La cuarta recomendación es acelerar la configuración de una masa crítica de usuarios de
Internet. Ello requiere promover y facilitar la adquisición de PC con conexión a Internet. De lograrse la cooperación de entidades financieras que pudieran financiar la compra y de proveedores de servicios de conectividad y fabricantes de hardware
y software que pudieran ofrecer condiciones más ventajosas y con el apoyo del plan de comunicación, el impulso podría ser muy notable en un plazo de tiempo breve y podría ser un espaldarazo importante
para el despegue de la sociedad de la información. También es preciso dinamizar la oferta de servicios de banda ancha a fin de lograr una adaptación de la misma a colectivos que hoy no están satisfechos, generalizar el acceso a la red a
través de los llamados puntos de acceso público a Internet y plantear iniciativas que aceleren o extiendan el despliegue de infraestructuras de banda ancha. La quinta consiste en incorporar las nuevas tecnologías en los procesos de gestión y
producción de las empresas. No se trata de abrir una web en Internet, sino de que las empresas, en todas sus estructuras y todos sus sistemas, aprovechen las ventajas derivadas de las nuevas tecnologías, y esto es especialmente relevante para las
pymes. Precisamente en relación con las mismas es prioritario impulsar el desarrollo de servicios, aplicaciones y contenidos con la máxima utilidad, por ejemplo, favoreciendo la realización on-line de los trámites para la creación de una empresa
desde un punto de acceso único, también impulsar programas de colaboración con centros de formación en nuevas tecnologías y comunicar los incentivos existentes por la incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas y la formación de sus
empleados en el uso de las mismas. La última recomendación de este segundo paquete, la sexta del mismo y la décima en total es contribuir a la integración social evitando la brecha digital.
Resulta crucial aprovechar las excelentes posibilidades
de las nuevas tecnologías para la integración de colectivos que corren riesgo de marginación o que pueden verse desfavorecidos. Un ejemplo claro es la accesibilidad de las páginas web. Ya existen lectores de web que permiten a personas con
discapacidad visual beneficiarse de las ventajas de la sociedad de la información, pero tales sistemas de lectura exigen que la web se diseñe con unos determinados criterios estándar, y tenemos la obligación de adaptar nuestros servicios -me refiero
a las administraciones públicas- según conceptos de diseño para todos en el año 2005. Sería positivo que pudiéramos adelantar ese plazo, así como también lo sería que el sector privado asumiera estas reglas de diseño para todos.
Estas son, señorías, las conclusiones y recomendaciones de la Comisión Especial y quiero decirles que el Gobierno las asume como propias. Les informo que estamos ultimando el nuevo plan de actuaciones para el fomento de la sociedad de la
información, que será analizado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos y presentada al Consejo de Ministros en las próximas semanas y, si es posible, a lo largo de este mismo mes de junio. Para concluir quiero decirles que en materia de
sociedad de la información tenemos aún mucho que hacer, pero creo que estamos yendo ya por el camino correcto, que debemos continuar con medidas adecuadas, con una certera puesta en práctica de las mismas, lo que nos conducirá necesariamente allí
donde queremos y debemos estar, es decir, entre los primeros países del mundo en desarrollo, prosperidad y competitividad.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Francisca Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor ministro, en la comparecencia que realizó usted el 28 de abril en el Senado para explicar también las conclusiones y las propuestas de la Comisión Soto, afirmó algo que me hizo pensar bastante. Usted
decía que había corrido un doble riesgo político al crear una comisión ad hoc para analizar la situación de la sociedad de la información en nuestro país; decía que había corrido un doble riesgo político, en primera instancia, porque había creado
una comisión de independientes y, en segunda instancia, porque dado el carácter de independiente de dicha comisión, obviamente, quien crea la comisión abre la posibilidad de que esa comisión le diga al Gobierno lo que entiende que se debe hacer, y
eso es lo que ha hecho la Comisión Soto sin ninguna duda. Creo que, más que doble riesgo político, lo que usted ha hecho -y acertadamente, me permito decírselo- ha sido una estrategia para dar credibilidad a un plan que necesitábamos todos, un plan
que nos permitiera converger con Europa y que de alguna manera le permitiera lo que ha hecho la Comisión Soto: dar el acta de defunción a INFO XXI, que sin duda ha sido un fracaso, aunque es verdad que algunas de las acciones en el último período
han empezado a abordarse con bastante más acierto que en otros, y no tengo la menor dificultad en asumirlo. Por tanto, apoyamos desde mi grupo lo que para usted fue un doble riesgo pero que nosotros entendemos que fue la necesidad de dar
credibilidad a algo que el Grupo Parlamentario Socialista venía diciéndole y reclamando desde la primera comparecencia que se produjo el 6 de marzo de 2001, después de presentar el presidente del Gobierno INFO XXI en Vitoria. Nosotros pensamos que
era, y sigue siendo necesario y cada vez más urgente y estratégico desarrollar la sociedad de la información y ahí nos va a encontrar, señor Piqué, porque lo necesita el sector ylo necesita el país. Por tanto, si usted necesitaba esta estrategia,
bienvenida sea si finalmente disponemos de un plan de actuación real con presupuestos, bien concertado con las empresas y con las comunidades autónomas y las administraciones que tienen muchas de las competencias. Yo creo que en esa última etapa se
ha empezado a acertar con los convenios con las comunidades autónomas, se lo dije a su secretario de Estado hace poco, en la última comparecencia, y creo que es legítimo que le reconozca esto, como usted a mí -ya lo ha reconocido a través de la
aceptación de las conclusiones de la Comisión Soto- que no se hizo bien previamente. Hemos perdido tiempo y yo no quiero perderlo en recordar los errores anteriores. Lo que el Grupo Parlamentario Socialista quiere es converger realmente con Europa
porque la situación no es buena. Es verdad, y usted lo decía, que en lo que se refiere a la administración electrónica estamos en el quinto lugar, pero también conoce perfectamente los datos respecto
a que, si bien estamos por encima de la media en ofrecer la información en la Administración on-line, estamos por debajo de la media en cuanto a la realización de los procesos administrativos completos por parte del ciudadano; es decir,
mientras la media europea está en el 27 por ciento en cuanto a la ejecución del proceso administrativo, nosotros estamos en el 14 por ciento, lo que significa algo que usted decía antes: el ciudadano tiene que cambiar de mentalidad, es verdad, pero
el esfuerzo tiene que partir de alguien en primera instancia, sin ninguna duda también de las empresas, pero el liderazgo -lo señala también la Comisión Soto- tiene que ejercerlo la Administración, porque si el ciudadano ve, por ejemplo, que la
administración on-line le ofrece la información pero no le permite realizar todas las tramitaciones burocráticas, al final no ve el beneficio. Por tanto, tenemos que dar un paso más, y en ese sentido va a poder contar con el Grupo Parlamentario
Socialista si sigue pidiendo colaboración, que creo que en esta materia debemos aportar todos. Por tanto, credibilidad sí, damos por buenos los cuatro meses que se ha tomado la Comisión Soto en reunir los trabajos previos y elaborar las
conclusiones de algo que es verdad que venían señalando todos los estudios internos, externos, nacionales, internacionales que se venían haciendo, y en presentar un nuevo plan, pero, además de esa credibilidad le pedimos eficacia en cuanto a que el
plan que se presente no sólo tenga un guión de actuaciones, sino además recursos, presupuestos y sobre todo, señor Piqué, voluntad política para ejercerlo. Más INFO XXI no.
Ayer se publicaba en algún medio de comunicación algo de lo que ya disponíamos que son los últimos datos publicados por el Banco de España en cuanto a gastos en tecnologías de la información en nuestro país en el año 2002, que fue sólo del
1,9 por ciento del PIB, y los datos no eran buenos. Por tanto, como no lo eran, los esfuerzos de todas las fuerzas políticas y del sector deben aunarse para recuperar el tiempo perdido. En ese sentido quiero decirle, señor Piqué, que hay algo en
lo que creo que el análisis ha fallado. Es verdad que las barreras al desarrollo de la sociedad de la información reclaman un cambio de mentalidad del ciudadano porque hay que generar demanda, lo compartimos, pero también quiero que me conteste a
dos preguntas: ¿Quién cree usted que debe promover e impulsar ese cambio? ¿No deben ser las administraciones públicas, no debe ser el Gobierno, sin duda apoyado por todos y con la colaboración de las empresas? Pero el liderazgo ha de ejercerlo
usted. ¿Cómo? Sin ninguna duda, creando las condiciones más favorables y haciéndolo desde un marco estable, algo que no ha ocurrido siempre la liberalización de las telecomunicaciones, que no ha dado precisamente seguridad jurídica al sector,
haciendo también una fuerte apuesta política por la promoción y el desarrollo de la sociedad de la información y, desde luego, poniendo recursos económicos y humanos. En ese sentido, señor Piqué, como quiero ser muy positiva en esta su última
comparecencia -espero que sea la última, parece que lo es- y lo más importante es que todos hagamos el esfuerzo de llevar a nuestro país a una situación mejor en cuanto a incrementar la penetración de ciudadanos y de empresas en Internet e implantar
el marco jurídico que facilite el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, le planteo que este plan llegue pronto y que venga a la Cámara de nuevo. Es evidente que si lo presenta al Consejo de Ministros a finales de este
mes no estaríamos en período parlamentario, pero sería bueno hacer un mayor esfuerzo para que usted siga contando con lo que hoy manifiesto y creo que van a manifestar todos los grupos: la voluntad política de intentar acertar en esta tercera
apuesta de un plan en relación con la sociedad de la información.
Queremos que esta apuesta, este plan, sea definitivo, que cuente con las administraciones autonómicas, con las administraciones públicas, con el sector y con los partidos políticos
de la Cámara. No pierda esta oportunidad, haga un esfuerzo y que no sea esta la última comparecencia, pues aunque sea el último día, en el último momento antes de irse -lo que parece que es ya una realidad- tómese esto en serio y tráiganos al
Parlamento algo que venimos reclamado todas las fuerzas políticas, algo que es estratégico y urgente para el sector y para el conjunto de los ciudadanos de España. No quiero comentar el plan hasta que no lo conozca en profundidad, pero le pido la
misma disponibilidad que le ofrecemos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para avanzar en estos términos porque de esto depende el futuro de nuestro país. La competitividad está en este sector estratégico. Sin competitividad no hay
futuro, señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, en primer lugar quiero hacer un comentario a su declaración formal de que esta Comisión de Ciencia y Tecnología va a ser, a partir de hoy, una Comisión sin humos. El Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió), que además ha presentado una proposición no de ley sobre esta materia, aplaude esta decisión y espera que el resto de presidentes de comisiones de la Cámara la hagan extensiva. En concreto, este diputado lo agradecerá por su
hiperreactividad bronquial.
Dicho esto, tengo que manifestar que la comisión de expertos, también conocida como Comisión Soto, parte de una realidad preexistente. Hubo un plan ambicioso, titulado INFO XXI, y todos hemos coincidido, también la comisión de expertos, en
que este plan no alcanzó los objetivos previamente asignados. Entre nosotros, que este plan fracasó. Esta es una opinión extendida. Yo quiero librar de ese fracaso -porque también hay una cierta opinión extendida de culpabilizarla- a la ex
ministra Birulés.
Mi grupo no lo va a hacer porque ha habido diversos factores que han ayudado a que ese
plan no alcanzara finalmente sus objetivos, por lo que nos parece que sería injusto cargar con la responsabilidad de ese fracaso a la ex ministra Birulés únicamente. Sin duda, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, un ministerio de nueva
creación que empezaba a caminar, no obtuvo los medios necesarios para realizar el plan INFO XXI. La Comisión Soto cita entre las causas del fracaso del Plan INFO XXI una concreta: la no asignación de partidas presupuestarias concretas suficientes.
Por tanto, una parte de que ese plan no alcanzara los resultados se debe a la falta de medios presupuestarios. De ahí que, ante el nuevo reto que supone el informe de la Comisión Soto, mi grupo le pida un mayor esfuerzo presupuestario en materia de
ciencia y tecnología. Hay datos del informe de la Comisión Soto, que son importantes y que deben servir para abrir en esta comisión un debate sereno, positivo, como decía la diputada Pleguezuelos -mi grupo, que va a las elecciones con el eslogan la
fuerza positiva, siempre intenta dar esos mensajes positivos-, pero en ese ánimo positivo y constructivo tengo que decir, señor ministro, que algunos de esos datos suponen una luz de alarma. Uno de ellos es que el 54 por ciento de los ciudadanos no
tienen un PC en su casa, lo que quiere decir que la inmensa mayoría de los ciudadanos no tiene PC en su casa porque bastaría que uno de los que viviera en ese núcleo familiar tuviera PC para que se integraran en la lista de los que sí tienen todos
los que conviven con él en ese núcleo familiar, pero la estadística es tozuda y dice que el 54 por ciento de los ciudadanos no tiene PC en su casa. Tan es así que lo normal es no tenerlo, lo mayoritario es no tenerlo. De ahí que usted, con razón,
nos dijera: Busquemos el vínculo emocional, que cada uno convenza a un ciudadano más, porque hay más ciudadanos por convencer que ciudadanos convencidos, y esa es una señal de alarma que el informe Soto nos ha puesto encima de la mesa.
Es verdad que en administración electrónica hemos avanzado -y quiero elogiar aquí lo que desde hace años esta realizando en este ámbito la Agencia Tributaria- y estamos en quinto lugar, pero estamos en los vagones de cola en cuanto a la
extensión social de las nuevas tecnologías, porque el dato es relevante: ¿Quién utiliza las nuevas tecnologías en sus hogares? Una inmensa minoría, de ahí que entre todos debamos buscar medidas -estoy de acuerdo con la señora Pleguezuelos- de
consenso y aunar esfuerzos, sobre todo es necesario un mayor esfuerzo presupuestario. Una de las primeras actuaciones de nuestro grupo cuando el presidente de esta Comisión, que a la vez es portavoz del grupo parlamentario, inició esta legislatura
fue facilitar la compra de ordenadores en los hogares. Buscamos medidas fiscales a través del IVA, medidas que indirectamente ayudaran a una mayor implantación e intentamos realizar enmiendas a partir de los primeros decretos leyes liberalizadores
de junio del año 2000. Esas enmiendas no tuvieron resultado, no fueron aprobadas, pero a Convèrgencia i Unió se nos dijo: No se preocupen ustedes, porque la apuesta es potente y tenemos un plan para que todos los hogares puedan pasar la frontera
de ser un hogar sin PC a ser un hogar con PC, y el tercer eslabón es utilizar todas las potencialidades que ese PC tiene y que no siempre se saben aprovechar. No hemos conseguido esto, de ahí que mi grupo vaya a volver a proponer una serie de
medidas para incentivar la compra de ordenadores en los hogares.
Es necesario; es una inversión cuyo saldo futuro es positivo. No es un gasto más de los presupuestos, sino una apuesta de futuro. Debemos realizar el esfuerzo de introducir las
nuevas tecnologías con tarifas planas, que no sean onduladas, porque, como Convergència i Unió ha planteado en numerosas comparecencias, el solo hecho de ser ondulada una tarifa, de que el usuario no sepa a ciencia cierta qué le va a costar a final
de mes esa conexión a Internet porque depende del reloj, es decir, de la hora en que se conecte, provoca una cierta tendencia a no aumentar los gastos del presupuesto familiar y no conectar a Internet por no saber cuál va a ser la factura a final de
mes. La banda ancha está haciendo un esfuerzo real de introducción de Internet en los hogares porque da mayor certeza sobre el coste final del servicio, y eso, a pesar de que el servicio es más caro, influye de manera decisiva en el ciudadano que
quiere contratar ese nuevo servicio y conectarse, de ahí que mi grupo siga insistiendo en estos aspectos. Como seguiremos insistiendo en los aspectos relativos a la supresión de los TRAC (telefonía rural de acceso celular). En la Ley de servicio
de la sociedad de la información y del comercio electrónico -y esta era una propuesta de Convergència i Unió desde la pasada legislatura- se estableció un calendario para la supresión de los TRAC. Si no suprimimos los TRAC, es seguro que en
aquellos hogares donde la telefonía llega a través del TRAC no puede llegar Internet, de ahí que debamos suprimirlos. ¿Cómo está el calendario de ejecución de esa supresión? ¿Se van a cumplir los plazos? ¿Se van a priorizar realmente aquellos
municipios que están solicitando que se lleve a cabo esa supresión? Le pedimos también concreción en ese ámbito.
El Grupo de Convergència i Unió también pide una apuesta por el sector audiovisual. En su ministerio existía un anteproyecto de ley y queremos saber si se va a presentar, si lo vamos a tramitar en esta legislatura y si va a ser respetuoso
con las competencias de las comunidades autónomas.
Aquí existe una normativa básica estatal pero existe también una legislación autonómica y un desarrollo reglamentario autonómico, con lo cual hay una parte de desarrollo de la legislación básica
que corresponde a las comunidades autónomas y hay también unas competencias de ejecución de las comunidades autónomas. ¿Vamos a respetar ese marco competencial? Usted sabe, señor ministro, que nosotros hemos sido críticos en determinados aspectos
que se introdujeron en la Ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del presente ejercicio 2003 porque entendíamos que en materia de televisión
local, en materia incluso de participación y de incompatibilidades en el desarrollo de la televisión en el ámbito autonómico y local no se estaba ajustando a esa distribución competencial y que estaba incluso afectando al desarrollo de esa
televisión. Favorecer un buen funcionamiento del sector audiovisual también es sociedad de la información, de ahí que mi grupo quiera conocer si vamos a potenciar o no ese sector audiovisual, si vamos a legislar sobre el mismo y con qué garantías,
respetando siempre las competencias que en este ámbito tienen las comunidades autónomas.
Por último, señor ministro, hemos pasado ya el umbral del 25 de mayo, y aunque vendrán nuevas elecciones en otoño y el año que viene porque siempre estamos en procesos electorales abiertos o semiabiertos, lo cierto es que la nueva ley de
telecomunicaciones que ahora está en el Senado va a crear -usted ha hecho mención a ello en su comparecencia- un nuevo ente, una agencia estatal de radiocomunicaciones que va a tener competencias en el desarrollo de la sociedad de la información,
así como también en lo que son las prioridades que nos ha marcado la comisión dirigida por Juan Soto, de ahí la pregunta que le planteo, pasado ya el umbral del 25 de mayo. ¿Cómo vamos a estructurar esa nueva agencia, Con qué medios, con qué
presupuesto y, especialmente, dónde la vamos a ubicar? Usted, en respuesta a una pregunta parlamentaria que yo mismo le realicé en el Pleno antes del 25 de mayo, me guiñó el ojo para venir a decir: que Señor Jané, estamos en un contexto
preelectoral, pero sabe usted muy bien que yo tengo un especial interés en que esa agencia pueda ubicarse en Barcelona. Esta es la propuesta que hace mi grupo parlamentario, que se ubique en Barcelona esa agencia, porque ubicarla en Barcelona,
señor ministro, es cumplir con una resolución que ha aprobado esta Comisión de Ciencia y Tecnología; ubicarla en Barcelona es cumplir con algo que esta Comisión, por unanimidad, mandató al Gobierno: descentralizar los órganos que cumplían
funciones en el ámbito de las telecomunicaciones y que se atendiera en esa descentralización a aquellas comunidades con mayor implantación de la sociedad de la información. De ahí que, aprovechando esta comparecencia, que no sé si será la última o
no porque aún quedan tres semanas de sesiones plenarias, atendiendo a esa predisposición suya a ver con buenos ojos que se pudiera descentralizar ese nuevo ente, atendiendo a que es un ente de nueva creación que siempre encontrará dificultades
porque va a heredar unos funcionarios ya existentes, pero sabiendo también que los gobiernos toman decisiones importantes que al final suponen una apuesta por el Estado compuesto en el que los órganos estatales pueden estar en distintos ámbitos
territoriales, le recuerdo que Barcelona sería una excelente sede para esa agencia. De ahí que mi grupo le pregunte hoy formalmente cuál es su opinión al respecto.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Moreno, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MORENO BONILLA: Pido disculpas a la presidencia de la Mesa por el alborozo que ha habido en los miembros de mi grupo parlamentario a lo largo de esta mañana en esta comisión, pero estamos celebrando, lógicamente, que la Asamblea de
Madrid tendrá un presidente conforme a lo que la mayoría de los ciudadanos eligieron el 25 de mayo y por tanto tendrá un presidente popular, como era lógico. Pidiendo nuevamente disculpas por ese alborozo y esa pequeña alegría del grupo
parlamentario que me honro en representar, quiero agrader al ministro Piqué su presencia una vez más en esta Comisión, en la que lleva participando de manera activa durante mucho tiempo y en la que hoy ha comentado temas del máximo interés.
Quiero empezar mi intervención propiamente dicha diciendo dos cosas. Los portavoces de los distintos grupos han hablado aquí de INFO XXI utilizando siempre adjetivos descalificativos hacia ese proyecto, que yo creo que supuso un referente
dentro de la estrategia política de nuestro país, en el que desde el año 1996 partimos de una situación muy baja respecto a otros países de nuestro entorno europeo en el ámbito de sociedad de la información y en el que el Gobierno tuvo la valentía
de crear no solamente un Ministerio de Ciencia y Tecnología sino también de hacer un plan estratégico, un plan globalizador como es INFO XXI, un plan que como todos los proyectos, tienen sus luces y sus sombras, pero a mi grupo le parece injusto y
desproporcionado calificar su conjunto como un fracaso, tal y como se ha dicho esta mañana. Del proyecto INFO XXI han salido múltiples opciones que han sido básicas para que nuestro país se siga desarrollando, y siga convergiendo, y para que entre
otras cosas, como ha dicho el señor ministro, ocupe el quinto lugar en la Unión Europea en administración electrónica. Se ha hecho un importante esfuerzo presupuestario en el gasto en tecnología de la información de la Administración,
incrementándose en un 24,5 por ciento desde el año 2000 hasta el año 2002, y existen múltiples servicios de la Administración general del Estado, como es el portal del ciudadano o la Seguridad Social en red, que son ampliamente utilizados por el
conjunto de los ciudadanos.
Se han producido despegues espectaculares en banda ancha en España en línea ADSL, ha habido un crecimiento por encima de la media europea en el que no me quiero extender, pero sí dejar claro que ha habido una apuesta por
parte de este Gobierno en INFO XXI, que ha tenido luces y sombras pero que sin lugar a dudas ha contribuido de manera decisiva a ir recortando las grandes diferencias de las que partíamos con respecto a los países más desarrollados de nuestro
entorno.
El ministro Piqué, cuando asumió las responsabilidades del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con mucho vigor, con mucha fuerza y con mucho entusiasmo,
como lógicamente se tenía que hacer puesto que concluía INFO XXI, se puso en marcha y pidió que se creara a través de la comisión de expertos una comisión de estudio para analizar la problemática de la implantación de la sociedad de la
información con el objeto de hacer un diagnóstico certero y posteriormente hacer un plan de choque. Yo creo -y SS.SS. lo han reconocido-, que esta comisión ha sido independiente, y eso es algo que hay que alabar al Gobierno por haber escogido a
los sectores más representativos y a personas de mucha valía sin ninguna duda y por hacer que en un tiempo récord de cuatro meses se hayan esforzado. Yo quiero felicitar a esta comisión en nombre del Grupo Popular por el esfuerzo que ha realizado a
lo largo de cuatro meses, porque han sido cuatro meses de dedicación, de esfuerzo, de intensidad y de trabajo para dar conclusiones que nos parecen acertadas. Aquí se han dado algunas pinceladas sobre muchas de ellas y se ha hablado de la respuesta
del Gobierno a través del plan de choque que se está poniendo en marcha, y nosotros vemos con muy buenos ojos que la denominada popularmente Comisión Soto haya puesto sobre el tapiz algunos de los asuntos quizá más interesantes y más necesarios para
la incorporación y la actuación del nuevo plan de choque.
Quiero decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como ha quedado demostrado, no solamente ha planteado una independencia absoluta respecto a esta comisión, sino que además se han facilitado todos los medios y todas las posibilidades
para que desarrolle su trabajo. La comisión ha hecho, como digo, un esfuerzo loable que sin lugar a dudas demuestra la buena voluntad que tienen el Ministerio de Ciencia y Tecnología y su titular, el señor Piqué, por planificar y corregir las
deficiencias que históricamente ha tenido nuestro país en el plano de la sociedad de la información, y a través del plan de choque se ha puesto la piedra de toque para seguir caminando en esta línea de corrección y convergencia con los países de la
Unión Europea. Son muchos los datos que avalan que, a pesar de estar en un contexto internacional de crisis en el sector, nuestro país ha avanzado de una manera que yo calificaría de espectacular, como reconocen incluso organismos internacionales,
sobre la sociedad de la información y sobre la incorporación de todas las tecnologías de la información y la comunicación a nivel popular en nuestro país.
Nosotros aplaudimos y vemos con muy buenos ojos el informe de la Comisión Soto, vemos con gran ilusión el nuevo plan de choque en el que está trabajando el Ministerio de Ciencia y Tecnología y reiteramos y agradecemos el esfuerzo que está
haciendo y que ha dado ya sus frutos desde el año 1996 y sobre todo desde el año 2000, cuando se crea este nuevo ministerio, que sin lugar a dudas, como veremos cuando se acabe el ciclo, habrá dado grandes e importantes frutos en términos de
convergencia con los países de la Unión Europea, gracias al trabajo que están haciendo en conjunto el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Gobierno de la nación.
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): No sé si tengo el derecho a opinar como miembro del Grupo Parlamentario Popular y diputado por Barcelona por ese partido, dejando por unos instantes al margen mi condición de
ministro del Gobierno en comparecencia parlamentaria. Si fuera así, me uniría al regocijo del Grupo Parlamentario Popular expresado al principio por el señor Moreno. No sé si procede a o no. En cualquier caso, pido disculpas si no procediere.
Quiero agradecer a todos los portavoces que han intervenido el tono y el contenido de sus intervenciones. Como no puede ser de otra manera, comparto plenamente en la letra y en el espíritu la intervención del señor Moreno y no tengo nada
más que añadir sino agradecerle los argumentos que ha puesto encima de la mesa, que me eximen a mí de reiterarlos porque creo que los compartimos plenamente, especialmente en lo que se refiere a la calificación del Plan INFO XXI. El Plan INFO XXI
acaba ahora su vigencia, y por tanto es normal que procedamos a elaborar un nuevo plan que venga a sustituirlo, que lo pongamos en marcha cuanto antes y que lo hagamos a través de un procedimiento como el que hemos establecido, que me parece que
puede dar buenos resultados, pero no se puede calificar un plan sólo porque algunos de sus aspectos no hayan salido como deseáramos, pues eso siempre sucede y es inevitable. Creo que, como en cualquier otro plan, ha habido luces, muchas, ha habido
sombras, algunas, y lo que hay que hacer es una valoración global, ver las cosas con perspectiva y ser muy conscientes de que en sociedad de la información, y se ha repetido varias veces esta mañana, nos jugamos el futuro, nos jugamos nuestra
competitividad como país, nuestra competitividad como ciudadanos, como empresas y, por tanto nuestra capacidad de estar entre los países más prósperos y dinámicos del mundo.
Creo que una vez compartodos los objetivos, todos nos podremos ir poniendo
de acuerdo.
Voy a entrar en algunos aspectos concretos que han suscitado los otros dos portavoces, el señor Jané y la señora Pleguezuelos. Se ha dicho algo que comparto porque lo he dicho en mi primera intervención y además he dicho que asumíamos con
todas sus consecuencias el informe de la denominada Comisión Soto, y es que es muy importante que se haga un esfuerzo presupuestario sostenido, y así lo estamos planteando. El Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, ya ha dicho que en todos
estos temas de I+D y de nuevas tecnologías hay una prioridad del Gobierno desde el punto de vista presupuestario, que va a tener un crecimiento por encima del producto bruto nominal, y que vamos a
seguir incrementando ese esfuerzo. Pero, más que eso, a mí me parece extraordinariamente importante que para cada medida que se adopte dentro del plan haya una identificación muy precisa de las personas o los organismos responsables, los
recursos presupuestarios asignados y el calendario y unos mecanismos de seguimiento que permitan después, al nivel político necesario, en este caso la Comisión delegada del Gobierno, saber cuál es el grado de aplicación del plan en cada momento.
Así está exactamente elaborado el proyecto que ahora tengo encima de mi mesa y que espero, insisto, poder presentar lo antes posible: para cada acción hay unos recursos presupuestarios y unos responsables políticos. Creo que eso es algo que merece
la pena subrayarse.
Otra cuestión es el debate que la comisión tuvo en su seno respecto a cómo impulsar la compra, por ejemplo, de PC, y en el que llegó a la conclusión de que no era un tema relacionado con las subvenciones, sino que era muy importante -lo he
mencionado-, que haya un planteamiento global y concertado entre las entidades financieras, los suministradores de los equipos y el plan de comunicación, de tal manera que, partiendo de la realidad, de que el precio no parece la barrera
determinante, sino que lo importante es que se perciba como necesario el ordenador y se ofrezca una buena financiación de la posible adquisición del mismo, se haga una actuación muy puntual, muy a corto plazo pero muy intensa, que permita dar un
salto cualitativo. Yo estoy de acuerdo en que las cosas no están donde debieran, pero tampoco debemos olvidarnos de la realidad y de los datos que nos dicen que, aunque no estamos donde debiéramos, no estamos yendo en mala dirección. Voy a dar
unas cuantas cifras para que se entienda lo que quiero decir: en el año 2000 los hogares con Internet en España eran el 9 por ciento y en la Unión Europea, el 18; en el año 2001 la proporción de hogares en España con Internet llegó al 23 por
ciento, en la Unión Europea al 36; y en el año 2002 la proporción de hogares españoles con Internet llega prácticamente al 30 por ciento y en la Unión Europea al 40. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que estamos creciendo, que hemos pasado nada
menos que del 9 al 30 en apenas dos años, y eso significa que estamos multiplicando por tres veces y pico la proporción mientras que en Europa simplemente se ha doblado. Por tanto, estamos creciendo más que el promedio europeo, estamos convergiendo
también en número de hogares que disponen de acceso a Internet. Hay un 42 por ciento de españoles que son usuarios de Internet, y es verdad que la media comunitaria es el 51, y no doy más cifras porque resultaría redundante, pero ahí también
estamos creciendo más rápidamente que lo que está creciendo la media comunitaria. Todo esto ha hecho que en el último estudio general de medios del mes de marzo se indique que ya prácticamente nueve millones de españoles, es decir, el 25,5 por
ciento de los mayores de 14 años que es el target lógico, son internautas.
Respecto al número de internautas del anterior trimestre eso es un incremento del orden de tres puntos porcentuales y, en términos de cantidad, 1.100.000 internautas más.
Ello significa que sobre todo, en los últimos meses estamos creciendo con una intensidad muy seria. En el año 2001 -no tengo datos del 2002- el 70 por ciento de las empresas accedieron a Internet; en el año 2000 era el 50 por ciento. Hay otros
temas en los que tampoco estamos nada mal, por ejemplo, Internet en la escuela. España está por encima de la media de la Unión Europea. Si miramos un indicador muy concreto, que son los ordenadores conectados a Internet, por cada cien alumnos
hemos alcanzado en el año 2002 la media europea. He dado todas estas cifras, aunque se pueden buscar otras que no son así, para intentar hacer un balance equilibrado de cuál es la situación y por dónde vamos. A partir de ahí quisiera hacer otros
comentarios.
El TRAC está ya establecido. Se pidió a Telefónica que diera cumplimiento a sus obligaciones desde el punto de vista de servicio universal y de acuerdo con la LSSI, la Ley de servicios de la sociedad de la información, Telefónica convocó un
concurso -y lo ha fallado- para la plena sustitución de las líneas TRAC en un programa a desarrollar entre el año 2003 y el año 2004, de tal forma que de aquí a finales de este año se tiene que haber posibilitado que el 70 por ciento de estas líneas
TRAC tengan una tecnología alternativa y a finales del año 2004 ya estemos hablando del cien por cien. Las tecnologías para sustituir al TRAC son diversas, estas depende de las circunstancias de cada usuario que ahora tiene líneas, pero grosso modo
estamos hablando de que un 60 por ciento podría acceder a telefonía LMDS, de la que antes hemos hablado; del orden del 30 por ciento sería a través de tecnología de telefonía móvil; en porcentaje reducido, en torno al 2 o al 3 por ciento sería por
satélite, y el resto sería extendiendo las tecnologías convencionales a través del par de cobre pero fundamentalmente por ADSL. Eso ya está previsto: la inversión estimada está en 475 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo
muy considerable, pero quiero tranquilizar a S.S.
porque es un tema que está cerrado. Lo que hay que hacer ahora es vigilar su aplicación por parte de Telefónica, sobre lo cual yo no tengo la menor duda.
Efectivamente, el sector audiovisual es una parte esencial de la sociedad de la información. Hemos visto que con lo que resta de legislatura afrontar una nueva ley es prácticamente imposible, pero hemos establecido como mecanismo
alternativo el que podamos discutir, a través de presentación de enmiendas en trámite parlamentario en leyes afines, como puede ser la Ley de telecomunicaciones, que ha dictaminado el Congreso de los Diputados y ha pasado al Senado, toda una serie
de criterios sobre los aspectos más importantes y más urgentes que afectan a muchas de las cosas que ha dicho su señoría. Desde luego, no tenga ninguna duda de que van a partir del más escrupuloso respeto al reparto de competencias que establece
nuestra Constitución,
como siempre suele intentar hacer -como es lógico- el Gobierno, con independencia de las interpretaciones que después cada fuerza política o cada Administración quiera darle, y hacer uso por tanto de los correspondientes mecanismos
constitucionales.
Quisiera hacer un último comentario sobre la ubicación de la agencia estatal del espectro de radiocomunicaciones. Respecto a los medios y a los presupuestos estamos hablando de algo importante, porque significaría reconvertir servicios que
hoy presta directamente la Administración en una agencia estatal. Estamos hablando de centenares de personas, en torno a unas 600, de presupuestos muy importantes. No es un tema sencillo ni baladí y tiene que fijarse y establecerse con
anterioridad a una posible decisión sobre su ubicación. Por tanto, si S.S. interpretó que yo el otro día le guiñaba el ojo, pues igual era un tic. (Risas.) No puedo ir más allá en estos momentos, con independencia del clima electoral o
preelectoral al que estamos permanentemente sometidos. Se hará lo que se pueda y cuando se pueda en función de las circunstancias y de las condiciones. Usted sabe que el Gobierno está haciendo una apuesta por la distribución de sedes muy
importantes de todo tipo, y desde luego creo que desde Barcelona, desde Cataluña no puede haber motivo de queja en este sentido. Se ha defendido hasta la extenuación que en el reparto de sedes comunitarias, hoy bloqueado, la Agencia Alimentaria
Europea pueda ir a Barcelona. Se está defendiendo, si me permiten una expresión poco parlamentaria, con uñas y dientes que una cosa tan importantísima como el ITER vaya a Cataluña. Por tanto, nadie le puede decir al Gobierno que no se está
ocupando y que no esté sensibilizado por estas cosas.
Respecto de la intervención de la señora Pleguezuelos, le agradezco sobre todo la última parte, que asumo. En este tema, todo lo que signifique buscar el máximo consenso y que sea algo plenamente compartido me parece esencial. Yo no tengo
idea de cuál va a ser mi última comparecencia ante esta Cámara, nunca se sabe, entre otras cosas porque no depende necesariamente de uno, pero me parece muy bien la idea de presentar el plan y si hay tiempo lo intentaremos. Yo no sé cuándo acaba el
período de sesiones, la última semana de junio en principio, pero se puede convocar también...
El señor PRESIDENTE: Se pueden hacer maravillas,
EL señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Por tanto, muestro mi disponibilidad a utilizar ese margen para hacer maravillas del presidente de la Comisión, de toda la Mesa y de toda la Comisión. Por tanto, insisto, me parece
bien.
Quiero insistirle en lo relacionado en los criterios empresariales a que antes hacía referencia. Por tanto, puedo responder a las dos preguntas con total claridad. ¿Quién ha de promover el cambio? Yo creo que la responsabilidad del
impulso político está clara y por eso estamos hablando hoy aquí de un plan que elabora el Gobierno. Por tanto, sin duda tiene que ser el Gobierno. ¿Y cómo hacerlo? Pues efectivamente ahí es donde la Comisión Soto ha puesto mayor énfasis, porque
en sus reflexiones internas y después en la presentación de sus conclusiones decía algo que me parece importante. Decía: tampoco se trata de inventar nuevas medidas; el catálogo de medidas en todo el mundo está perfectamente identificado, tiene
un contenido exhaustivo, difícilmente se nos pueden ocurrir cosas muy imaginativas más allá de lo que ya se puede estar haciendo en todo el mundo; lo importante es cómo se llevan a cabo y cómo aseguramos que se hagan realidad. Ahí es donde la
Comisión ha puesto, insisto, un mayor acento y las cuatro primeras recomendaciones van precisamente en esa dirección. Se debe disponer de un plan integral con un clarísimo liderazgo político, institucionalizándolo, y de ahí la importancia que le
doy al papel de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en todo este proceso, porque me parece que es una muy buena decisión; además, que responda a criterios empresariales de gestión fijando presupuesto, responsables, mecanismos
de seguimiento, etcétera; y que vaya acompañado de algo que también responde a un criterio empresarial de gestión, que es un plan de comunicación muy ambicioso que tiene que permitir que la sensibilización del conjunto de la opinión pública pueda
ser una realidad. Después la Comisión dice que además hay otras recomendaciones. Yo me atrevería a resumirlas en tres ámbitos porque me parece que son los claves. Primero, es evidente que el desarrollo de la Administración electrónica es
fundamental; segundo, la formación digital; tercero, que las nuevas tecnologías de la información, las comunicaciones de la sociedad de la información lleguen a las pequeñas y medianas empresas. Con todo eso podemos ir avanzando en ese objetivo
de convergencia real con la Unión Europea, que estamos consiguiendo desde hace unos cuanto años, siete en concreto, en términos de riqueza y de renta per cápita, pero que también deberíamos ser capaces de ir consiguiendo, como en algunos casos ya se
está haciendo, en términos de utilización de las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.
No tengo más que añadir, señor presidente. Creo que este ha sido un debate interesante y estoy abierto, por supuesto, a su continuidad si SS.SS. lo consideran oportuno. (Varios señores diputados piden la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Pleguezuelos, brevemente.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Afortunadamente usted no ha nombrado la bicha; el señor Moreno sí la ha nombrado. Señor Moreno, me va a permitir...
El señor PRESIDENTE: Esta es una digresión. Se la dejamos hacer.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Sí, porque esta mañana el guiño me lo ha hecho a mí el señor ministro y el desacierto el señor Moreno. Señor Moreno, ¿cómo puede usted hablar hoy de que INFO XXI ha sido un éxito? Yo he hablado de consenso,
de acuerdo, de futuro. Mi intervención ha sido siempre, y así lo ha recogido el señor ministro, de cara al futuro para no perder más tiempo. Por tanto, que usted ahora nos quiera decir algo que ya saben hasta los últimos ciudadanos, que esta
Comisión no tenía más humo que el INFO XXI, señor Moreno, es una torpeza. Además, yo he tenido delicadeza con el señor ministro. El señor ministro no ha prodigado su presencia en esta Comisión ni tampoco en el Parlamento. Por tanto, no tiente
usted nunca a la oposición. El señor ministro ha venido poco, es la segunda vez, se presentó y casi se va a despedir. Ojalá pueda cumplir su compromiso de venir una vez más. Ni siquiera estuvo en la presentación de la Ley General de
Telecomunicaciones. Yo no se lo he recordado. No intente usted tocar elementos que precisamente la oposición hoy no ha esgrimido en aras del consenso. Sea usted más hábil en estos momentos porque lo necesita el sector y su Gobierno, a pesar del
alborozo.
El señor PRESIDENTE: Brevemente, señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Intervendré muy brevemente. Es una lástima que fuera un tic, señor ministro. (Risas.) La verdad es que yo pensaba -no sé si finaliza o no su mandato como ministro porque ello obedece a otros factores- que existía
interés por parte del Gobierno en ubicar en Barcelona la sede de la agencia. También había afirmado que el movimiento se muestra andando. Ni el Partido Socialista ni el Partido Popular votaron nuestra enmienda para que la sede se ubicara en
Barcelona. Vamos a seguir insistiendo en el siguiente trámite del Senado. A nosotros nos hubiera gustado que como balance final, al término de una responsabilidad, se hubiera ubicado la Agencia Estatal de Radiocomunicaciones en Barcelona porque
hubiera sido positivo y hubiera sido una apuesta de futuro que hubiera contribuido al mejor desarrollo de la sociedad de la información. Por tanto no me cansaré, mientras usted sea ministro -y si no lo es con quien le sustituya-, de pedir la sede
para Barcelona. Sin embargo, deberíamos hacerlo antes de que se ubique en otro lugar porque una vez que se empieza a caminar, en una ciudad determinada es difícil cambiar la ubicación. Por tanto, no me quiero resistir en mi tozudez para pedir la
sede para Barcelona. A pesar de que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular votan en contra, tanto en Comisión como en Pleno, a nuestra enmienda que así lo propone, mi grupo seguirá insistiendo en ello.
El señor PRESIDENTE: Señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Intervendré brevemente para agradecer el tono a los dos portavoces de los grupos parlamentarios en la mañana de hoy.
Señora Pleguezuelos, en mi libertad como portavoz para hablar de los temas que considere oportuno, los representantes del Grupo Popular podemos decir de una manera muy digna -porque así lo pensamos y así lo sentimos- que la creación del
Ministerio de Ciencia y Tecnología no fue nada fácil, que fue un impulso político y una voluntad política probablemente sin parangón en años anteriores en administraciones de otras formaciones políticas. Sin duda alguna hacer un proyecto integral
para converger con Europa y hacer avanzar la sociedad de la información fue una apuesta valiente, una apuesta decidida y una apuesta tremendamente compleja con la creación de un nuevo ministerio que, como muy sabe usted, tenía desgajadas
competencias y responsabilidades en otros ministerios.
Yo he calificado a INFO XXI con luces y sombras. Ha habido aciertos y hay que seguir avanzando en ellos. Tal como ha manifestado el ministro. se va a ir en esa línea de corrección para seguir avanzando en los aciertos de INFO XXI. Por
supuesto también hay que analizar las sombras, y esas sombras han sido analizadas y se ha creado una comisión independiente. Ya me gustaría a mí que en otros tiempos y en otras administraciones hubiera habido la posibilidad de crear comisiones
realmente independientes y apoyadas por la Administración para hacer un trabajo como el que ha realizado la Comisión Soto, la cual reitero el agradecimiento del Grupo Popular por el inmenso esfuerzo que ha hecho. Sin rasgarnos las vestiduras,
nuestro grupo parlamentario defenderá y defiende el enorme esfuerzo que se ha realizado por parte del Gobierno y del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el año 1996 hasta hoy. Quiero insistir especialmente en que el señor Piqué, desde su
llegada como titular a este ministerio, ha dado un vigor, una fuerza y un gran impulso al Ministerio de Ciencia y Tecnología, dotándolo de una estrategia política y de unos objetivos importantes que se han visto reflejados en una evolución social de
los datos, como bien ha demostrado el propio señor ministro. Por tanto, nosotros coherentemente creemos que estamos en la línea correcta.
Sin duda alguna venimos de una situación muy precaria, pero INFO XXI, el nuevo plan de choque, la Comisión
Soto y el trabajo que se está haciendo van a contribuir a conseguir ese noble objetivo.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): No tengo nada que añadir a lo que he dicho con anterioridad, salvo reiterar mi agradecimiento a los portavoces.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA POSIBILIDAD DE INVESTIGAR CON CÉLULAS MADRE EMBRIONARIAS HUMANAS EN ESPAÑA. (Número de expediente 181/003568.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día: Preguntas.
En primer lugar, sobre la situación en que se encuentra la posibilidad de investigar con células madre embrionarias humanas en España. Tiene la palabra el señor
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quisiera agradecer al señor ministro de Ciencia y Tecnología su presencia hoy aquí, y se lo digo con sinceridad. No es normal que un ministro conteste a una pregunta en Comisión, y por ello le quiero agradecer
sinceramente su presencia hoy aquí.
Usted sabe que el Grupo Socialista -y yo en particular- ha venido haciendo hincapié en la importancia de que se permita en España la investigación con células madre embrionarias humanas. No es el momento de reproducir el debate porque es
una pregunta oral, pero queríamos hacer lo que ya se está haciendo en otros países y que se permitiera hacer con un estricto control público y con unas restricciones, centrando nuestras propuestas en las células madre embrionarias que se podían
aislar de los embriones conservados con más de cinco años. En ese sentido hemos planteado preguntas escritas y preguntas orales en Comisión y en Pleno; hemos presentado también iniciativas de modificaciones legislativas por si fuera necesario para
dar mayor seguridad a este tipo de investigaciones, e incluso hemos insistido en esta cuestión en este período de sesiones, en marzo con una proposición de ley y en el mes de abril con una pregunta al secretario de Estado en esta Comisión. repetir
que hemos hecho preguntas y hemos presentado propuestas. Como hasta este momento no hay respuesta del Gobierno traigo a colación qué va a pasar con esta investigación.
Se presentó una queja al Defensor del Pueblo allá por el mes de octubre del año pasado. Han pasado ya ocho meses y no ha habido respuesta. Tal ha sido la cosa que el 24 de marzo al presidente de la Federación de Diabéticos Españoles le
escribe el Defensor del Pueblo y le dice: En relación con la queja que tiene planteada ante esta institución y ante la tardanza en recibir el informe solicitado de la Administración competente, con esta misma fecha hemos vuelto a pedir que nos sea
remitido urgentemente; tan pronto como el órgano administrativo correspondiente nos envíe la información que le hemos pedido nos pondremos de nuevo en contacto con usted dándole cuenta de nuestra actuación; agradeciéndole la confianza que deposita
en esta institución constitucional, le saluda cordialmente. Esto ocurría en marzo. Es decir que habían pasado prácticamente seis meses desde que se tramitó la queja y no habían contestado nada. Como pasaba el tiempo y tampoco había contestación,
hay un segundo requerimiento a través de una carta remitida por el presidente de la Federación de Diabéticos Española con fecha 27 de mayo, contestando a la persona que se había interesado ante esa queja.
Tiene número de registro y, si usted no me
cree, en cualquier caso la tengo aquí y dice: Estimado señor, desafortunadamente el órgano administrativo competente en relación con su queja planteada ante esta institución, con el número de referencia arriba indicado, persiste en su actitud de no
enviar la información pedida; ante tal actitud, esta institución se ha visto obligada a recordar una vez más al citado organismo su deber de colaborar para el rápido esclarecimiento de la situación que nos planteaba en su queja. Y se despide.
Esta es una prueba palmaria de que parece que se quiere poner este tema en un cajón y esperar que pase el tiempo. Yo califico de vergüenza que por parte del Gobierno no se conteste. No digo que digan que sí, pero que contesten a la queja de una
institución importantísima que ha trabajado en este caso con absoluta diligencia. Ustedes tienen un hermetismo y un secretismo tremendo. Ha llegado el momento de que digan de una vez por todas -nos queda muy poco tiempo de legislatura- en qué
situación se encuentra. ¿Van a permitir o van a seguir prohibiendo la investigación con células madre embrionarias humanas en España?
El señor PRESIDENTE: El señor ministro tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): Señoría, estará de acuerdo conmigo en que nuestro ordenamiento jurídico es uno de los más avanzados del mundo en materia de reproducción asistida, y al mismo tiempo -como todos
sabemos- es un ordenamiento que no permite la utilización de células troncales embrionarias humanas con fines de investigación, como en muchos otros países, dicho sea de paso. Por todo ello, ante el debate que se ha suscitado en el seno de la
sociedad española, se han recabado informes tanto de la Comisión nacional de reproducción asistida como al Comité asesor de ética en ciencia y tecnología, y en concreto este último ha formulado un informe acerca de la investigación sobre células
troncales, y una de sus recomendaciones es la realización de modificaciones legales en el marco jurídico vigente sobre la materia. Por tanto ya le anticipo un criterio. Dicho informe, de gran utilidad y al que debo calificar de equilibrado,
prudente y clarificador, ha sido solicitado por el Gobierno ante la potencialidad que la investigación sobre células troncales puede tener en el futuro; por tanto, sin levantar en absoluto expectativas que puedan verse frustradas después, la
potencialidad que pueda tener para la curación de enfermedades graves, pero también, como dice el comité en su informe con mediana claridad, no puede obviarse que
estamos ante una problemática ética incuestionable. Así, el informe afirma que la investigación con células troncales embrionarias genera problemas éticos. En cambio, la investigación con células troncales adultas humanas no genera ninguna
problemática ética específica, como tampoco lo hace cuando se trata de investigación sobre células troncales procedentes del mundo animal u otros aspectos del informe, porque trata de muchas más cosas que todo eso.
Por ejemplo, el informe desaconseja -yo desde luego creo que es difícilmente discutible- la creación de embriones humanos con el fin directo de generar células troncales para la investigación. Y con respecto a los embriones sobrantes de
procesos de fecundación in vitro, una vez superado el plazo máximo de cinco años que establecía la ley, se recomienda que puedan ser empleados para obtener células troncales embrionarias pero bajo una serie de condiciones muy estrictas. Debemos
recordar que en estos momentos existen aproximadamente unos 40.000 embriones sobrantes en nuestras clínicas de reproducción asistida, por lo que también tenemos que abordar este tema con muchísima seriedad. No creo que eso sea razonable. Nuestro
ordenamiento permite hasta ahora su generación y su crioconservación durante un máximo de cinco años, pero es cierto que no establece qué se puede hacer con ellos en el caso que no se utilicen con fines reproductivos durante ese plazo de tiempo. Es
difícilmente discutible ya que estamos hablando de una cuestión muy compleja, muy delicada, y el Comité asesor formula en ese sentido otras dos recomendaciones: que se reduzca al máximo la generación de esos embriones y que se promueva su donación
a las parejas que los precisen con fines de reproducción, de acuerdo con la filosofía de la propia ley.
El Gobierno está analizando con la necesaria calma y prudencia, sin precipitaciones ni urgencias, si es procedente o no algún tipo de modificación legal teniendo en cuenta los aspectos jurídicos y éticos que están alrededor de esta cuestión.
Ayer mismo, la ministra de Sanidad avanzaba la idea de convocar a la Comisión nacional de reproducción asistida en breve plazo para que se pronuncie también sobre la eventual modificación legal, y cuando el Gobierno tenga los criterios
suficientemente claros en un tema de tanta envergadura y de tantas derivadas como el que estamos hablando tomará sus decisiones. Esto es lo que le puedo decir, señoría.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky Díez.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señor ministro, yo saco como primera conclusión que la parte final ha dicho: No tenemos los criterios absolutamente claros. Es una cosa razonable. Sinceramente creo que lo peor es que cuando llevamos con un
debate de estas características prácticamente toda la legislatura, tres años, guardar los problemas en el cajón o esperar sine die a tener una posición no ayuda demasiado. Yo sí puedo coincidir en alguna cosa con usted, que creo que se puede
extrapolar o derivar de su intervención. Nosotros creemos firmemente -lo digo con absoluta sinceridad- que es positivo para los pacientes, porque hay una luz de esperanza a medio y largo plazo, es positivo para la comunidad científica y es positivo
en general para la sociedad. Respetamos planteamientos de carácter ético y hemos intentado buscar un denominador común, que ha sido el hilo conductor de nuestras propuestas, y es que existiendo una serie de embriones congelados que están en
nitrógeno líquido sine die, sin ningún destino, se puedan utilizar para investigación con todos los controles estrictos públicos, con el consentimiento informado para donación por parte de los progenitores o donantes y permitiendo toda una serie de
medidas muy estrictas en ese control como alternativa a su destrucción.
Una vez más estamos ante una situación en la que el Gobierno desgraciadamente no resuelve. Acuérdese de que yo le interpelé y en una moción había un tema específico, incluso menor, que era aprovechar las líneas celulares, es decir, las
células madre que ya están aisladas y en otro países. Separé dentro de la moción ese punto específico. Usted me dijo en la interpelación que estaba de acuerdo, no tengo tiempo de leer los diarios de sesiones pero usted se acordará, pero su grupo
parlamentario votó en contra específicamente de este punto; es decir ni siquiera los congelados. Parece que también ustedes quieren poner puertas al campo, y ahora en este tema serio va a ocurrir una cosa, señor Piqué, creo yo: si ustedes no
legislan, si no dan un paso, al final va a ocurrir lo que en Estados Unidos, que un Estado como California ha empezado a permitir estas investigaciones. En España ya hay una comunidad autónoma que ha dado un paso adelante, Andalucía, y puesto que
hablaban ustedes antes de regocijo le voy a decir otra. Mi comunidad autónoma, Madrid, cuyo presidente será Rafael Simancas, estoy convencido, regocijos aparte, y como ocurren no tengo más remedio que comentarlo, es una comunidad que tiene una gran
masa crítica de bioquímicos, de biotecnólogos, de industrias farmacéuticas, y en el programa electoral decimos que vamos a llevar adelante este tipo de investigaciones. ¿No sería más lógico y más sensato que desde los ministerios se buscara un
lugar común, un consenso, un mínimo común denominador para permitir este tipo de investigaciones con todos los controles posibles? Si no es así nos vamos a encontrar con un país en que, al final, cada comunidad autónoma que tenga ese deseo va a
poder investigar.
Yo no voy a entrar en las razones jurídicas, pero usted sabe perfectamente que se puede entender como no viables -y eso sí lo permite la Ley de 1988- aquellos embriones que no se pueden utilizar para el fin para el que fueron creados. Es
así que los que tienen más de cinco años por ley no se pueden utilizar para implantarse en útero, y luego hay un criterio jurídico que es en lo que se basan las comunidades que quieren poner en
funcionamiento este tipo de investigaciones, pero sería deseable una mayor seguridad jurídica y de todo tipo. Termino ya. Me quedo insatisfecho con la respuesta que me ha dado porque sinceramente creo que no avanzamos nada, va pasando el
tiempo y me da la sensación de que todo queda estancado. El secretario de Estado, la última vez que estuvo aquí respondiendo esta pregunta, dijo que iban a consultar a la comunidad científica. Yo pregunté ¿a quiénes, si ya están en el Comité de
ética? No me dio datos. Le pregunto ahora si han consultado a la comunidad científica, a quiénes, si ha emitido alguien un informe, durante cuánto tiempo van a consultar. Me dijo que desde el punto de vista jurídico estaban esperando un informe
de la Abogacía General del Estado. ¿Se está realizando ese informe, lo tienen ustedes, cuándo lo van a tener?
Desde el punto de vista ético, vuelvo a decir que nuestra posición en ese sentido ha sido bastante clara. Nosotros creemos en una eficacia cívica que recoja lo que es un país que practica el pluralismo moral, el pluralismo ético. Creemos
que respetando todo tipo de creencias no se deben anteponer unas si son de tipo religioso sobre el conjunto de los ciudadanos y que habría que buscar un común denominador y como objetivo fundamental evitar el sufrimiento de los enfermos, aunque
todos sepamos que es a medio o largo plazo; al menos hay que intentarlo. Ese era el único objetivo que tenía esta pregunta. Me quedo como estaba antes, aunque le agradezco sus explicaciones. Creo sinceramente que es una lástima que no se avance
y que ustedes siguen poniendo puertas al campo.
No hacen lo que yo creo que tenían que hacer, que es permitir estas investigaciones y abrir algunas puertas hacia la esperanza. No deben prohibir la investigación; la deben regular e impulsar, lo
cual es fundamental, porque ustedes la están frenando. Afortunadamente -le agradezco- no sé si en su siguiente intervención pero no ha habido descalificaciones de esta posición como las ha habido siempre que hemos hablado con el Grupo Parlamentario
Popular, no con usted como ministro.
Le digo de verdad que desde el Grupo Socialista intentamos plantearlo con el máximo rigor porque queremos conseguir que se investigue, ya que creemos que es bueno para la sociedad. Hemos hecho propuestas y
hasta ahora ha habido oídos sordos. Lamento que esto sea así y le pido que me dé una explicación sobre a quién están consultando, la Abogacía General del Estado, y qué plazos tienen sus informes, que fue lo que se dijo en esta Comisión
anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Piqué i Camps): No tengo nada que añadir a los comentarios que he hecho en mi primera intervención respecto a cómo estamos abordando este tema tan específico y tan concreto. Como es natural,
respeto su posición, pero estoy seguro de que el señor Lissavetzky convendrá conmigo en que no es la única existente ni la única posible; por tanto en eso estamos.
Creo que es matizable decir que se está frenando la investigación. Se está debatiendo sobre este punto concreto, pero al mismo tiempo se está dando un gran impulso a otras líneas de investigación que pueden ser muy eficaces para la curación
de enfermedades graves que no plantean problemas éticos. He hablado de la investigación con células troncales adultas, con células procedentes del mundo animal, toda la investigación genómica, incluso a través de una acción estratégica en genómica
y proteómica, que va a tener además un fuerte énfasis en el próximo plan nacional, y la creación de la fundación genoma para el desarrollo de la investigación en genómica y proteómica, aprovechando todas las posibilidades que se derivan de la actual
legislación. Quiero recordarle que la Ley sobre técnicas de reproducción asistida autoriza la investigación y experimentación entre embriones vivos si hay toda una serie de requisitos: consentimiento escrito de las personas de las que proceden,
que no se desarrollen in vitro más de 14 días después de la fecundación del óvulo, que la investigación se realice en centros sanitarios y con equipos científicos multidisciplinares legalizados, cualificados y autorizados. Una vez cumplidos estos
requisitos, la investigación en esos pre-embriones in vitro viables sólo se autorizará si se trata de una investigación aplicada de carácter diagnóstico y con fines terapéuticos o preventivos y no se modifica el patrimonio genético no patológico.
En el supuesto de que se quiera realizar una investigación en pre-embriones con otros fines que no sean de comprobación de su viabilidad o diagnóstico, su autorización exige otros requisitos: que se trate de pre-embriones no viables, que se
demuestre científicamente que no pueden realizarse en el modelo animal, que se base en un proyecto debidamente presentado y autorizado por las autoridades competentes y que se realice en los plazos autorizados.
La relación de lo que acabo de expresar refleja que no son temas simples.
La legislación, que insisto en que está entre las más avanzadas del mundo, establece toda una serie de cautelas y criterios muy elaborados y complejos, porque todos
somos conscientes de que no estamos ante un tema que pueda ser tratado de forma simplista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su asistencia.
(Pausa)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (LEÓN SERRANO) PARA EXPLICAR EL ESTADO DE LOS TRABAJOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRÓXIMO PLAN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
(2004-2007). A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001505.)
PREGUNTAS (Continuación):
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS PREVISIONES EN RELACIÓN CON LA SUPRESIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN GENERAL DEL CONOCIMIENTO EN EL PRÓXIMO PLAN NACIONAL DE I+D+I. (Número de expediente 181/0035699.)
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS CAUSAS DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE GASTO DEL PLAN NACIONAL DE I+D+I. (Número de expediente 181/003571.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señorías, pasamos al el tercer punto del orden del día: Solicitud de comparecencia del secretario general de Política Científica, para explicar el estado de los trabajos para la elaboración
del próximo Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación. (El señor Lissavetzky Díez pide la palabra.)
Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero pedir, si le parece bien a la presidenta, que se acumulen con esta comparecencia las dos preguntas orales que quedan pendientes en esta Comisión y que tienen que ver con el plan nacional.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muy bien.
Tiene la palabra el señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Es un placer para mí estar en esta comparecencia a petición propia, para la presentación del estado de elaboración del Plan Nacional de I+D+I. He distribuido una
documentación en la que, entre otras cosas, se encuentran las transparencias que voy a presentar. En algunas de ellas no me detendré, pues se encuentran en la documentación, y me centraré en los aspectos fundamentales del estado de elaboración del
plan nacional.
En este proceso de elaboración en el que nos encontramos, todavía no tenemos el borrador completo del plan nacional, que estará finalizado seguramente a primeros del mes de julio, y será remitido posteriormente al consejo general, al consejo
asesor y al Consejo Económico y Social. De esta forma, el proceso al que me voy a referir es un estado intermedio dentro del proceso de elaboración del plan nacional. El proceso estará culminado a finales de octubre o primeros de noviembre, con la
previsión de aprobación por la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología y después del Consejo de Ministros.
La idea del plan nacional que en estos momentos se está elaborando, intenta dar un enfoque integrado de las políticas públicas de I+D+I, para intentar cubrir ese proceso que se ha denominado muchas veces el círculo virtuoso de la innovación,
en el que desde la investigación básica y la investigación aplicada, generando conocimiento en su aplicación al desarrollo tecnológico e innovación tecnológica, se produzca más riqueza y bienestar, procurando que ese proceso conlleve una actuación
en todos los elementos de la cadena. En ese sentido, las políticas públicas de I+D+I tienen que afectar a todos estos procesos simultáneamente. Esa fue la razón de que en el actual Plan Nacional de I+D+I para el período 2000-2003 ya se extendió el
ámbito de aplicación del plan nacional anterior, para cubrir desde la investigación básica la innovación tecnológica, con el objeto de tener un instrumento en el que las políticas públicas afectasen a todos esos elementos. También es verdad que las
políticas públicas de I+D+I no deben estar desligadas de lo que pueden ser otras políticas importantes de nuestro país, para que sirvan de catalizador y den, en definitiva, elementos que permitan dibujar la interacción que existe con el resto de
esas políticas; algunas de las cuales están dibujadas en ese esquema. (El compareciente muestra a los miembros de la Comisión, en la pantalla instalada al efecto, diversos datos sobre el objeto de la comparecencia.)
De esta forma, no sólo estamos preocupando dar ese ámbito sistemático integrado desde la I de investigación básica, a la otra I de innovación tecnológica, sino también establecer los enlaces y conexiones que deben existir con las políticas
educativas, con las de salud y bienestar, con las de cooperación al desarrollo, seguridad, infraestructuras o las políticas territoriales. En definitiva, concebir las políticas de I+D+I como un elemento integrador de otras políticas y establecer de
alguna manera los enlaces y mecanismos de conexión e interconexión con todas ellas. En ese sentido, el Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación teconológica no es más que la herramienta de programación de actividades, que
aparece ya definida en la Ley de la Ciencia 13/1986. En esa ley se establecen y configuran las características básicas de ese plan nacional y, desde luego, en el período de ejecución de los diferentes planes nacionales, ha sido un elemento
enormemente importante para mejorar y fortalecer nuestro sistema de ciencia y tecnología. Es verdad que la elaboración del Plan Nacional de I+D+I debe partir, por un lado, de las necesidades del sistema y, por otro, de las capacidades que ese
propio sistema tiene y modularlo en función de los recursos económicos disponibles y del contexto legal y administrativo que nos permita ejecutar las actuaciones que se prioricen dentro del proceso de definición del plan nacional.
Con este preámbulo de justificación de cuál es el marco y el concepto del plan nacional de I+D+I, pasamos a definir el proceso del plan nacional actual. Ese es el marco que se tiene de la elaboración del plan
nacional actual, en el que la Comisión interministerial de Ciencia y Tecnología queda como responsable, tanto actuando en pleno o en permanente, haciendo que el Ministerio de Ciencia y Tecnología asuma la función básica de planificación de
la nueva elaboración del plan nacional, interactuando con el resto de los ministerios que tienen competencias y actuaciones en I+D, y también con los centros públicos y tecnológicos y las empresas; en definitiva, con los ejecutores de las
diferentes acciones. En ese proceso intervienen también el consejo general, el consejo asesor y el Consejo Económico y Social y, aunque no sea preceptivo, vamos a seguir actuando con ellos, de la misma manera que se ha hecho en planes anteriores,
esperando el dictamen del Consejo Económico y Social que, junto al resto, nos permitirán definir el plan nacional que finalmente apruebe el Gobierno y se remita a las Cortes Generales.
El procedimiento de elaboración más en detalle que estamos llevando a cabo parte de la responsabilidad de la Secretaría General de Política Científica, con un grupo de elaboración del plan nacional en el que están incorporados el resto de
los ministerios que tienen actuaciones y competencias en I+D, estén o no dentro de la comisión interministerial, con una serie de comisiones de áreas y grupos de expertos. En definitiva, el proceso de elaboración pasará por esa aprobación, dentro
del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, después, con el establecimiento de los mecanismos de los que va a proveer la propia Ley 13/1986, de comisión permanente y de pleno, con los dictámenes de los consejos asesores. En este proceso de
elaboración se han puesto en marcha un conjunto de comisiones y programas, para la elaboración de las prioridades científicas y tecnológicas en cada una de ellas. En estos momentos, están funcionando 17 comisiones con cerca de 400 personas, y una
serie de grupos de trabajo horizontales, en donde están incorporadas aproximadamente otras 100 personas más. En ellos se encuentra el comité de coordinación funcional de los OPI, que fue creado por el 'Boletín Oficial del Estado', el grupo de
trabajo que tenemos con el consejo general, con los representantes de las comunidades autónomas, precisamente para intercambiar información y elaborar el marco de cooperación y coordinación con las comunidades autónomas para el plan nacional, comité
asesor de grandes instalaciones científicas, que es un comité creado por la comisión interministerial, un grupo de trabajo que se mantiene con las universidades, y una serie de comisiones de carácter más horizontal, para el tratamiento de aspectos
del plan nacional, que de alguna manera superan el ámbito de actuación de una de las áreas prioritarias. De esta forma, quería indicarles que se está haciendo un esfuerzo para que en el proceso de elaboración se participe y se reciban sugerencias,
no sólo de las personas que están incluidas en estas comisiones, sino también a través de los procedimientos que hemos establecido de recepción de comentarios y sugerencias, a través de una página web específica, para obtener la información
procedente del conjunto de los ejecutores de ciencia y tecnología. Estas comisiones de áreas prioritarias han estado trabajando con una composición de personas que proceden tanto del sistema público como privado y de la propia Administración
general del Estado, intentando de esta manera que podamos tener las diferentes sensibilidades y opiniones de los diversos sectores que configuran nuestro sistema de ciencia y tecnología empresa.
Por dar una idea del calendario y, por tanto, del momento en que nos encontramos, el proceso de elaboración del plan nacional comenzó en octubre del año pasado, de modo que durará, como viene siendo habitual en los planes nacionales
anteriores, alrededor de un año. Tras la evaluación de las actuaciones realizadas y la definición de objetivos y estructura, se pasó a la definición de las prioridades científicas y tecnológicas y a la determinación de modalidades e instrumentos.
Ese es, en definitiva, el marco en el que nos movemos en estos momentos. En este marco de actuación, las comisiones a las que antes me refería están entregando sus resultados; aquí tengo las prioridades, y les ahorro el recuento de las mismas.
Empezamos a tener los documentos, como digo, correspondientes a cada una de las comisiones que han trabajado en el plan nacional; algunas de ellas están entregando sus documentos definitivos esta semana. La próxima semana, con una reunión de
presidentes y secretarios de estas comisiones, empezaremos a ver los solapamientos e interacciones que existen en cada una de las áreas. Es decir, que el proceso va avanzando dentro de los plazos previstos.
Se está trabajando también en el escenario presupuestario. De esa manera, con la identificación de modificaciones normativas (hemos empezado ahora mismo a identificarlas, para poder incluirlas posteriormente en la ley de acompañamiento, en
la medida en que sea necesario) podremos tener el borrador del plan nacional definido a primeros de julio, podremos remitirlo a los diferentes consejos tal como nos obliga la ley -incluido el Consejo Económico y Social-, obtendremos sus dictámenes,
haremos las modificaciones pertinentes y, a primeros de noviembre, podremos tener la aprobación de la comisión interministerial y el posterior traslado como acuerdo del Gobierno en Consejo de Ministros. Ese es, en grandes líneas, el proceso de
elaboración que se está llevando a cabo; proceso que viene a demostrar que, este año, la elaboración del plan nacional se llevará a cabo dentro de los plazos previstos. Si los comparamos con los plazos de la versión anterior -el actual Plan
Nacional 2000-2003-, resultan muy similares y no hay ningún retraso respecto a la planificación inicial.
Antes de comenzar a describir la estructura y objetivos del nuevo plan nacional, quisiera hacer una breve referencia al tipo de evaluación que estamos realizando sobre el plan actual. Evidentemente, el contexto de la evaluación del plan
nacional actual hay que realizarlo teniendo presente que su aplicación y ejecución no han
terminado, de modo que la evaluación no puede ser completa. Se dispondrá de ella, con los datos finales, no antes del año próximo por estas fechas. Tendremos, pues, que remitirnos a una evaluación completa de los dos primeros años, y
parcial de 2002, puesto que no disponemos todavía de algunos datos del Instituto Nacional de Estadística, y no podemos utilizarlos directamente. También hay que decir que, en esta evaluación que se realiza como punto de partida para el diseño del
nuevo plan nacional, el plan nacional actual es un elemento fundamental, pero no el único, para conocer la evaluación del sistema de ciencia y tecnología empresa. Hay que tener en cuenta también otros elementos que influyen sobre la situación del
sistema nacional de ciencia y tecnología empresa.
Por un lado, la situación y la financiación de la I+D+I que realizan las comunidades autónomas, cuyo peso está creciendo; no es posible concebir nuestro sistema nacional de ciencia y tecnología
empresa aislado del esfuerzo que realizan las comunidades autónomas. También tenemos que tener presente la participación internacional, no sólo en el quinto y en el sexto programa marco, sino también con la Agencia Espacial Europea y otros
organismos internacionales, que influyen igualmente en el proceso de evaluación de nuestro sistema. Hay que tener en cuenta igualmente el fortalecimiento institucional, que se lleva a cabo a través de OPI y universidades, con la creación de plazas,
etcétera; el crecimiento económico, que evidentemente influye en la inversión privada; la fiscalidad, etcétera. Es decir, que el proceso de evaluación de nuestro sistema de ciencia y tecnología empresa es mucho más amplio de lo que sería la
simple evaluación del actual Plan Nacional de I+D.
Desde este punto de vista, se obtienen unos datos que nos indican cuál es la situación actual. Estos son los primeros datos confirmados de 2000 y 2001, y estimaciones respecto a 2002. Ahí, en la columna de la derecha, he puesto los datos
existentes de 2003; mejor dicho, las previsiones del plan nacional actual respecto a esos indicadores, para 2003. La valoración de estos resultados indica que el gasto en I+D respecto al PIB -la primera cifra que aparece, que es el último dato
conocido del INE- es de 0,96 en 2001. Según las primeras estimaciones, podemos pensar en un 0,98 en 2002 -lo confirmaremos en los próximos meses-, lo que indica que el incremento del gasto en I+D con relación al PIB ha sido menor que el previsto.
Desde luego, en nuestra opinión, no será posible alcanzar el 1,29 por ciento previsto para 2003; sí es verdad que se superará el máximo histórico español, pero no vamos a poder alcanzar la cifra de 1,29.
Cuando se analizan un poco los indicadores, y se ve cuáles son las razones por las que el esfuerzo realizado no ha sido suficiente para alcanzar el compromiso de gasto en I+D respecto al PIB, se observa que el déficit fundamental se
encuentra en la inversión privada; es decir, que el gasto privado en I+D es el que se ha mantenido por debajo del previsto. Las razones pueden ser múltiples: la ralentización del ciclo económico, que ha afectado a unos sectores más que a otros,
durante los dos últimos años; uso escaso de las deducciones fiscales, que se había pensado que podrían servir como elemento fundamental de activación de la inversión privada en I+D, y que han obtenido un resultado menor que el esperado; y, desde
luego, la fuerte dependencia del exterior que siguen manteniendo gran parte de nuestras empresas en cuanto a adquisición de tecnología.
Esto es una debilidad estructural, que implica un cambio de mentalidad necesario, sobre todo en el sector
privado, para considerar las actividades e inversiones en I+D como un factor estratégico de competitividad, y que posiblemente habrá que atacar desde varios puntos simultáneamente.
En el cuadro anterior se ve cómo, para el gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial, previsto para 2003 en 65,3, los datos del INE reflejan un porcentaje muy inferior; y, lo que es más preocupante, una disminución de alrededor de un
punto entre 2000 y 2001, lo que refuerza el problema existente en el caso de la inversión en el sector privado.
Los otros indicadores que aparecen ahí, sin embargo, tanto el de gasto de innovación como el de empresas innovadoras, que se refieren a
una encuesta del INE que se realizó hace dos años -dentro de muy poquito, tendremos los datos correspondientes a 2002-, presentan valores mucho más próximos al escenario previsto. En cuanto a creación de nuevas empresas de base tecnológica, estamos
obteniendo datos no sólo sobre lo que ha ocurrido con las creadas, sino también sobre cuál es el saldo neto de empresas que todavía subsisten a partir de universidades. Espero que podamos tener información real durante los próximos días. Sólo de
organismos públicos de investigación, teníamos 33 en 2002.
Pasamos al siguiente cuadro. Este otro cuadro refleja la cuantificación de indicadores relativos a recursos humanos. Si en los indicadores de gasto respecto al PIB, que comentábamos antes, los resultados no permiten alcanzar las
previsiones del plan nacional actual, la situación es mucho mejor en lo que se refiere a los indicadores relativos a recursos humanos. Y es mucho mejor en función de que, tanto en el número de investigadores por 1.000 de población activa (en el
sector empresarial, sin embargo, se sigue manteniendo una reducción respecto a la cifra prevista), como en el de personal de I+D por 1.000 de población activa -que no se refiere a investigadores, sino que cubre otro tipo de personal técnico y de
apoyo-, se alcanzan en 2001 las cifras prácticamente previstas para 2003; el personal de I+D en el sector empresarial mantiene un gap respecto al objetivo previsto para 2003, como he dicho. En nuevos contratos y plazas de investigadores en el
sistema público, así como en la inserción de doctores y de tecnólogos, las cifras que se producen año por año nos dicen que superaremos ampliamente los valores establecidos para 2003. Es decir, que, en nuestra opinión, el problema fundamental no
está en los recursos
humanos, y, desde luego, no está en los recursos humanos en el sector público; se mantiene un déficit en el sistema privado, y, sobre todo, se mantiene el problema claro de tener que hacer un esfuerzo aún mayor en el nuevo plan nacional
para el incremento de los recursos humanos en I+D en el sistema privado. No han crecido de la misma manera y además podemos decir también que las iniciativas de incorporación de tecnólogos en empresas no han tenido en la primera convocatoria
todavía el éxito que esperamos que tengan. Creo que hay un problema también de mayor difusión y de mentalización en el sector privado para incorporar esos tecnólogos en su actividad. Desde luego, en el sistema público, tanto Ramón y Cajal como las
nuevas plazas en universidades han podido cubrir las previsiones establecidas.
Si eso es en cuanto a la valoración de los indicadores que actualmente tenemos, hemos realizado una serie de acciones encaminadas a conocer también la percepción del propio sistema de ciencia y tecnología empresa respecto del plan nacional.
De esa manera se ha hecho una evaluación interna del plan nacional, a través de los organismos que gestionan las acciones actuales y, por otro lado externa, a través de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología; una valoración subjetiva del
sistema público, a través de una encuesta y en COTEC con una valoración subjetiva de las empresas, independientemente de la existencia de ese sitio web al que me refería previamente, donde estamos recibiendo comentarios procedentes de cualquier
persona que desee hacerlos. Eso, además, se ha complementado con unos estudios de prospectiva y vigilancia científico-tecnológica en los que COTEC ha actualizado el estudio de demanda tecnológica por parte de las empresas que se hizo en su momento
y además el Observatorio de prospectiva tecnológica industrial, de la fundación OPTI, también ha hecho un análisis de adecuación de sus estudios de prospectiva tecnológica industrial a las prioridades que estaban establecidas en el plan nacional
actual. Como resultado de todo ello, podemos decir que en estos momentos se han cubierto alrededor del 80 por ciento de las prioridades propuestas en el plan nacional actual. Ha habido retrasos en la puesta en marcha de algunas acciones
estratégicas que se han iniciado más tarde, durante el proceso del plan nacional, y no se han iniciado algunos centros de competencia que estaban previstos en las prioridades del plan nacional; en algunos casos, esos centros de competencia se han
modificado con respecto a los objetivos iniciales y en otros casos simplemente se ha retrasado su puesta en marcha.
Por otro lado, alguna de las actuaciones previstas, sobre todo en las áreas de construcción y transporte, no se han iniciado por falta de recursos económicos en las entidades gestoras de las mismas y son conocidas las dificultades en la
gestión administrativa que han tenido muchas de las convocatorias del plan nacional. Esa evaluación que hemos hecho (sobre la que, por cierto, tienen ustedes en la carpeta un documento que resume, pero amplía mi intervención con mucho mayor
detalle) responde realmente a un interés de conocer, de la forma más honesta y creíble, cuál es el estado del sistema justamente, porque es la única manera de poder avanzar, teniendo una imagen lo más fiel posible de cuál es la situación actual. Se
puede decir que, desde el punto de vista positivo, el sistema español de ciencia y tecnología ha incrementado sus indicadores de gasto; ha incrementado su porcentaje de investigadores respecto a personas activas; ha mejorado la participación en el
programa marco. No lo he citado, pero en el V Programa marco de I+D de la Unión Europea los datos finales superan el retorno que se ha obtenido en anteriores, con un 6,4. Se ha incrementado el número de empresas innovadoras y ha habido un
incremento constante de los recursos de la función 54. Se ha mejorado también la coordinación entre las entidades gestoras del plan nacional; la existencia de documentos como los programas de trabajo es una manera de asegurar esa coordinación y ha
habido un incremento de la cooperación con las comunidades autónomas. No solamente a través de la realización o firma de convenios marco, sino de convenios específicos sobre todo, se han ido poniendo en marcha muchos acuerdos sobre planes de
instalaciones científicas o centros de competencia, por citar dos cosas concretas.
También hay aspectos negativos, uno de ellos es que el sistema español de ciencia y tecnología empresa sigue estando alejado de los socios europeos y no se cumplen las previsiones de incremento de gasto con respecto al I+D. Desgraciadamente,
tampoco son una novedad estas previsiones de los planes nacionales; siempre que aparecen estas cifras de gasto en I+D hay que tener presente una serie de acontecimientos no exclusivamente ligados al plan nacional. Esa situación ha ocurrido con el
tercer plan nacional y no en los primeros porque no había cuantificación de indicadores económicos de gasto. Eso es una realidad. Otra realidad es el escaso uso de las deducciones fiscales previstas para la I+D+I, con dificultades conocidas en el
proceso de implementación para las empresas españolas y que ha llevado a unas modificaciones de la situación, junto con un excesivo peso de los créditos a las ayudas a empresas que posiblemente también haya ralentizado alguna de las inversiones.
Mecanismos administrativos complejos para la concesión de ayudas; en los avales, con escasa agilidad en instituciones del sistema público y dificultad en la gestión por parte de los departamentos ministeriales.
Por tanto, no estamos
ocultando en esta evaluación ninguno de los problemas conocidos del plan nacional. Sólo se pueden solucionar los problemas que se detectan y aquellos cuellos de botella que, en ese proceso de evaluación, se sabe dónde están y cuáles son las
posibles alternativas para su solución. Hemos tomado como base esa evaluación rápida -de la que tienen ustedes más detalle en el documento distribuido- para establecer
cuáles son los objetivos del nuevo plan nacional. Esos objetivos del plan nacional se han estado determinando con unos ejes de elaboración que han intentado conjugar simultáneamente un proceso de identificación de prioridades científicas y
tecnológicas en lo que se ha denominado un eje temático; una determinación también de cuáles son las modalidades de participación que tendremos que poner en el futuro, que aparece como un eje de modalidades de participación, y también una
evaluación y análisis de qué tipo de instrumentos de financiación y el peso relativo de los mismos que debemos tener en el futuro, tanto directos -subvenciones o créditos- como también indirectos, como deducciones fiscales. Esos tres ejes deben
combinarse dentro de un escenario presupuestario macroeconómico que sea creíble y que permita acompañar la ejecución y la financiación de las actuaciones prioritarias que se establezcan en el plan nacional.
Con ese esquema global, el ámbito de actuación del Plan Nacional de I+D+I cubrirá desde la investigación básica a la innovación tecnológica. Hemos realizado un análisis sobre si sería conveniente extender esa innovación tecnológica a otros
ámbitos. El resultado final ha sido que se pretende y se propone mantener el ámbito exactamente igual que el que tiene el plan nacional actual; pensamos que es prematuro abrirlo a otro tipo de innovación y, por otro lado, es necesario ajustar los
mecanismos de apoyo a la innovación tecnológica en el plan nacional nuevo, durante un período, con lo cual no se descarta que en el futuro ese ámbito de actuación pueda incrementarse. Eso obliga, por tanto, a trabajar desde una óptica de generación
de conocimiento, con otra aplicación de ese conocimiento a la solución de problemas concretos, teniendo en cuenta, por un lado, las prioridades que la Administración general del Estado pueda establecer y, por otro lado, la que procede del propio
interés de los agentes ejecutores. Con respecto a eso se han definido una serie de objetivos estratégicos del plan nacional.
En relación con el propio sistema nacional de ciencia y tecnología empresa, consideramos que nuestro sistema todavía es pequeño para las características de nuestro país en el concierto mundial. Por tanto, incrementar el nivel de la ciencia
y la tecnología española, tanto en volumen como en calidad, sigue siendo un elemento fundamental, igual que lo ha sido en el pasado. Esto, además, debe hacerse aumentando el número y la calidad de los recursos humanos dedicados a I+D+I, otro de los
elementos fundamentales, y debemos -algo que tendrá una importancia mucho mayor en el futuro- fortalecer la dimensión internacional de la ciencia y de la tecnología en España, sobre todo en el marco del espacio europeo de investigación. Mejorar la
visibilidad y comunicación de los avances de la ciencia. Respecto a la competencia empresarial, tendremos que elevar la capacidad tecnológica e innovadora; promover la creación de tejido empresarial; contribuir a la creación de un entorno
favorable a la inversión. Mejorar la interacción, colaboración y asociación entre el sector público y el privado, corresponde en definitiva a objetivos que, si no novedosos, sí que van a tener que reflejarse al menos en el próximo plan nacional con
actuaciones concretas que partan de la experiencia, positiva y negativa, que tenemos de las actuaciones iniciadas durante el plan nacional actual.
Hay un tercer elemento, otro grupo de objetivos estratégicos, que tiene que ver con la coordinación en el sistema de ciencia y tecnología empresa, donde estamos realizando un esfuerzo, junto con las comunidades autónomas, en reforzar los
procesos de cooperación y coordinación con ellas, sobre todo en un marco en el que todas las comunidades autónomas en los últimos años han dedicado un esfuerzo creciente a la I+D y además lo están haciendo modificando o creando la propia estructura
interna de planes de actuación sobre I+D+I o incluso dotándose de los mecanismos legislativos adecuados. Con esos objetivos estratégicos se están definiendo una serie de indicadores de recursos económicos y de resultados que pueden estar asociados
al nuevo plan nacional. Esto que presento aquí no son cifras definitivas sino cifras que se estudiarán precisamente con el análisis del borrador completo a primeros de julio por parte de la comisión interministerial. Pensamos que el gasto en I+D
respecto al PIB debe estar alrededor del 1,4 por ciento, que el gasto en innovación respecto al PIB debe estar en orden del 2,5 y que el gasto en I+D ejecutado por el sector empresarial debe superar el 58 por ciento de la situación actual. He
puesto en la columna de la izquierda los indicadores actuales del plan nacional. Se puede ver, por ejemplo, una cifra de porcentaje respecto a la participación empresarial más baja que la que se tenía prevista para el año 2003 en el plan nacional
actual; el esfuerzo de la función 54, dentro de los Presupuestos Generales del Estado; la cuota de producción científica respecto al total mundial; la de empresas innovadoras respecto al total de empresas; el incremento acumulado de nuevas
empresas de base tecnológica en el sistema público; el tanto por ciento de patentes europeas con españoles y una valoración del retorno económico de la participación española en el programa marco.
Lo que estamos haciendo es incrementar el conjunto
de indicadores que existían en el plan nacional actual con otros que refuercen algunas de las áreas en las que pensamos que existían debilidades en el sistema actual y que, sin embargo, nos permitan, con un correcto seguimiento de esos indicadores,
reaccionar frente a los resultados que obtengan ese seguimiento.
En cuanto a indicadores de recursos humanos que aparecen son los mismos que existían en el plan nacional actual. Lo único que se hace es reforzar más las actuaciones ya iniciadas en el plan nacional. Recuerden SS.SS.
que en los
indicadores de recursos humanos en el plan nacional actual no hemos tenido ningún problema, es decir, se han cubierto prácticamente los objetivos. Ahí también se cuantifican tanto el número de
investigadores por mil de población activa, como el porcentaje de investigadores del sector empresarial, el personal de I+D por mil de población activa, el personal de I+D en el sector empresarial, el incremento de nuevos contratos y plazas
de investigadores en el sistema público, la inserción de doctores y la inserción de tecnólogos. Con esos indicadores, si finalmente la comisión interministerial los aprueba en el mes de julio, podremos tener un cumplimiento de esos objetivos, que
descritos de una manera genérica, había manifestado previamente, de convertir y reforzar nuestro sistema de ciencia y tecnología de empresa en un sistema altamente competitivo en el concierto mundial.
Si estos son los indicadores generales, permítanme que pase ahora a comentar algunas de las ideas básicas de la estructura propuesta para el plan nacional actual. En esa estructura del plan nuevo del 2004 al 2007, lo que se pretende es
integrar de forma coherente un conjunto de elementos que favorezcan el cumplimiento de los objetivos que hemos planteado. Para eso consideramos conveniente estructurar de forma adecuada la coordinación con las comunidades autónomas, esa dimensión
internacional, los planes estratégicos de los organismos públicos y la cooperación pública y privada. Veremos cómo eso nos lleva a una visión integrada de un área prioritaria, cómo podremos focalizar actuaciones en mayor medida de lo que hemos
tenido en el plan nacional actual y cómo podemos interaccionar mejor entre las diferentes áreas del plan nacional.
Refiriéndome al primero de esos elementos, a la interacción con las comunidades autónomas, lo que es verdad es que en estos momentos
esa interacción entre el plan nacional de I+D+I y los planes que tienen las diferentes comunidades autónomas es muy variable. En algunas de ellas la interacción es fuerte y ha superado las iniciales previsiones que se podían establecer en el plan
nacional, cubriendo gran parte de los objetivos planteados en los convenios marco firmados con ellas, y en otros casos, sin embargo, ha sido muy reticente. Partiendo de que ese proceso de coordinación y cooperación es un proceso voluntario, puesto
que el consejo general no establece un mecanismo que obligue a la cooperación con la Administración general del Estado de una forma directa, lo cierto es que en el grupo de trabajo de las comunidades autónomas pensamos en ello desde hace varios
meses. Todos los meses nos reunimos precisamente para ver documentos. No he querido entregarles ahora el relativo a la coordinación con las comunidades autónomas puesto que tenemos la reunión con ellas la semana que viene y me parecía lógico
esperar a esa reunión, pero debo añadir que en este momento existe un documento prácticamente terminado en el que la cooperación y la coordinación con las comunidades autónomas alcanza niveles muy superiores a los existentes en el plan nacional
actual. Se ha hecho un esfuerzo importante por nuestra Administración y por todas las comunidades autónomas, porque todas ellas han aceptado en principio las ideas básicas de ese documento de cooperación y coordinación en un nivel que nos permitirá
integrar mucho mejor las estructuras de nuestro sistema de ciencia y tecnología de empresa. Aparecen en el panel algunas de las áreas de cooperación en parque científico y tecnológico, en centro de competencia, en acciones estratégicas, en
infraestructuras, en grandes instalaciones y en cooperación internacional.
Otro de los elementos fundamentales del nuevo plan nacional va a ser esa dimensión internacional a la que aludía previamente. La participación en el contexto europeo en el cual se ha comenzado tímidamente el proceso de apertura de programas
nacionales dentro de las primeras convocatorias previstas de RNET en el programa marco, en el cual la Administración española está empezando a presentar propuestas precisamente en ese sentido, abre una dimensión nueva, y yo creo que
extraordinariamente positiva, a nuestro sistema de ciencia y tecnología. No es posible concebir un plan nacional, en un sistema de ciencia y tecnología de empresa moderno; al margen de lo que ocurre fuera de nuestro país. En el caso concreto
europeo, la participación activa en la construcción del espacio europeo de investigación es un elemento extraordinariamente importante. Eso debe hacerse no sólo con la apertura de programas, sino buscando las máximas sinergias entre el programa
marco y el uso de los fondos estructurales para la financiación de nuestro plan nacional, si es posible en coordinación con algunas actuaciones en este mismo sentido que están realizando las comunidades autónomas dentro de sus planes de I+D+I.
Lo
que se pretende es buscar un equilibrio en complementariedad y reforzamiento en algunas áreas de la participación que se establece en tres ámbitos que no están aislados: el del plan nacional, el del programa marco y el de los programas regionales
de las comunidades autónomas, que supone una interacción de tres ámbitos que en ciencia y tecnología cada vez están más interaccionados. Hay que recordar que los grupos de investigación de nuestro sistema se financian a través de los tres ámbitos
de actuación que he mencionado en ese esquema.
Otro de los elementos fundamentales es la cooperación pública y privada.
Consideramos que el fortalecimiento tecnológico de los sectores estratégicos implica actuaciones que superen el ámbito de actuación de un proyecto. Posiblemente haya
que enmarcarlo dentro del apoyo a las líneas estratégicas de actuación que continúen en el tiempo y que, de alguna forma, permitan fortalecer la dimensión tecnológica en estos sectores. En algunos de ellos, como el aerospacial ya venía haciéndose
así. En tecnologías de la información creemos que debe hacerse así, así como en el farmacéutico y en otros muchos en los cuales este modelo de actuación más a largo plazo puede ser positivo. La dimensión tecnológica de las inversiones públicas es
un elemento importante que, aunque no estrictamente ligado al plan nacional, debe ser un catalizador de las actuaciones
tecnológicas por parte de nuestro sistema privado. Finalmente, atender a los grandes proyectos tecnológicos con financiación pública y privada. El último caso de Galileo, recientemente acordado, va a suponer un reto en el establecimiento
de actuaciones que permitan un posicionamiento de nuestra industria y de nuestro sistema público en la aportación de aplicaciones y plataformas. Finalmente, los acuerdos con fundaciones privadas pueden ser también extremadamente útiles, en la
medida en que estén alineados con las prioridades que establezca el plan nacional.
Otro de los elementos importante y que es una novedad respecto a planes nacionales anteriores es el que se refiere a los organismos públicos de investigación. Aceptamos que sus funciones en relación con el sistema son difícilmente asumibles
por otros agentes al disponer de una masa crítica y de grandes equipamientos no disponibles en otros elementos del sistema público, en el que muchos de ellos tienen una vertiente de asesoramiento y de apoyo a sectores empresariales de la propia
Administración general del Estado que es enormemente útil y necesaria para dotar a la Administración del necesario asesoramiento científico y tecnológico. Por otro lado, en su papel de apoyar esa cohesión territorial, en el caso del I+D al estar
desplegados por todas las comunidades autónomas, debemos asegurar que sus actividades están recogidas en el nuevo plan nacional.
Para ello se propone la incorporación en el plan nacional de los planes estratégicos de los organismos públicos de
investigación. Es decir, se acompañará al plan nacional, además de las prioridades científicas y tecnológicas en las áreas prioritarias que se han determinado, el conjunto de planes estratégicos de los organismos públicos de investigación. Esos
elementos, que se están recibiendo en estos momentos, formarán una conexión más estrecha entre las actuaciones de los organismos y las actuaciones prioritarias del plan nacional.
Introduciéndonos en la infraestructura del plan nacional, la adaptabilidad de las áreas prioritarias en sus organismos de gestión, en sus mecanismos de evaluación y en sus modalidades de participación, se ha considerado que es una actividad
enormemente importante. No es posible gestionar de la misma manera un área del espacio y un área de biotecnología, por citar dos ejemplos. Las modalidades de participación y de evaluación deben modularse, sin excesos, a las características propias
de cada una de esas áreas. La introducción de cierta flexibilidad en la gestión y en la evaluación del plan nacional es positiva, porque reforzará el concepto de área prioritaria como un área integrada, y luego volveré sobre ello. Este proceso se
completará con la determinación, al menos porcentualmente, de los recursos presupuestarios que podrán existir en cada una de las áreas.
En la siguiente transparencia se puede ver cómo nuestra idea es que en cada una de las áreas prioritarias se pueda determinar qué recursos totales se quieren distribuir por los organismos gestores de esa área. En los planes nacionales
anteriores no ha habido una decisión de este tipo.
De hecho, cuando se publican las convocatorias en el Boletín Oficial del Estado no es común incorporar el volumen de recursos ligados a esa convocatoria. No estamos hablando aquí de una
determinación hasta el último instante y euro, pero sí de establecer los porcentajes que debe tener cada una de las áreas prioritarias en el plan nacional. El proceso de priorización se debe de acompañar con la determinación del peso relativo que
tiene esa área en el conjunto del plan nacional, teniendo presente que esos recursos no solamente van encaminados a la determinación de las convocatorias públicas, sino también a los recursos que se destinen a grandes instalaciones científicas, a
cuotas internacionales, a la apertura de programas con otros países en el espacio europeo de investigación, a los servicios que hay que dar, como puede ser, por ejemplo, la RedIris, o a las aportaciones conjuntas que se puedan realizar con el sector
privado. Hay que tener presente que esto se combina con los recursos presupuestarios que realiza la Administración en los organismos públicos de investigación y con lo que tengan previsto las comunidades autónomas en los presupuestos de sus
universidades, ya que están transferidas, porque muchas de estas actuaciones se pueden realizar en cooperación con las comunidades autónomas. En definitiva, como novedad se pretende determinar, a través de una serie de criterios, los porcentajes
que se van a asignar a cada una de las áreas prioritarias del plan nacional, con independencia de que esos criterios de asignación porcentual puedan modificarse posteriormente en función de la propia evaluación a la que se someta el plan nacional a
lo largo de los años.
Si nos fijamos en una de las áreas del plan nacional, pensamos que debe basarse en la existencia de un conjunto de medidas de carácter horizontal, en un entorno legal y administrativo que favorezca la inversión en esa área. Las
desgravaciones fiscales, que no están ligadas a áreas concretas sino que son horizontales, los mecanismos de apoyo a la creación de empresas, o los mecanismos de protección de los derechos de resultados, son tres ejemplos. Las actuaciones
horizontales del plan nacional -que luego veremos- también tendrán aplicación en esa área y lo que ha sido más común, la identificación de los temas prioritarios que luego nutrirán las convocatorias que se publiquen en el Boletín Oficial del Estado.
Sobre esto es posible identificar un conjunto de acciones estratégicas, que son las que permitirán focalizar las actuaciones. Este es el mecanismo de focalización de las actuaciones que se está viendo en este momento y que está constituido -como se
comprueba en la siguiente transparencia- por una serie de proyectos estrechamente ligados y relacionados entre sí, utilizando recursos comunes, para que tengan una serie de recursos económicos que, como mecanismos de gestión propios, puedan apoyar
este proceso.
El término evaluaciones estratégicas se ha usado de una manera más amplia de la que inicialmente se había previsto en el plan nacional actual.
Desde luego, se piensa recuperar un concepto que ya ha estado presente en planes nacionales
anteriores que era el de los proyectos integrados, que seguramente alguno de ustedes podrá recordar. En esta idea las áreas prioritarias atenderán, con mayores o menores recursos, dando más peso a la innovación tecnológica en unos casos que en
otros, con unas actuaciones más orientadas al sistema público y otras al sector privado, pero poniendo más énfasis en aquellas que es necesario realizar en conjunto entre el sistema público y el sistema privado. Ese concepto de área prioritaria que
estamos definiendo aquí puede ser el adecuado para las necesidades de nuestro sistema.
Desde el punto de vista de estructura, la siguiente transparencia representa cómo un área puede estar constituida por varios programas nacionales. Esto también es un mecanismo de estructura diferente del actual. Nos hemos encontrado con
que quizá los programas nacionales han sido, en muchos casos, compartimentos demasiado aislados. Cuando se refieren a materias que son similares desde el punto de vista temático, pensamos que es mucho mejor organizarlo en dos niveles:
establecimiento de programas nacionales, incluidos dentro de una misma área prioritaria, y dentro de los programas naciones, la posibilidad de disponer de subprogramas en los casos en los que, por el uso de recursos científicos y tecnológicos o
simplemente por mecanismos de gestión, sea necesario mantenerlos de forma diferenciada. Este establecimiento del concepto de área constituida por programas nacionales también permite la posibilidad de establecer acciones conjuntas en los programas
nacionales incluidos dentro de esa área.
¿De qué áreas estamos hablando? En estos momentos, lo que se ha hecho ha sido identificar un conjunto inicial de áreas prioritarias que, tras la finalización del trabajo de cada una de las comisiones a las que me refería previamente, van a
ser objeto de revisión para obtener el conjunto final de áreas prioritarias que se determine en el borrador del plan nacional de julio. En estos momentos se puede ver -y no voy a entrar en detalles- cuáles son las áreas horizontales. Las áreas que
se han considerado convenientes en el plan nacional son: cooperación internacional y recursos humanos; competitividad empresarial y divulgación de la ciencia y la tecnología, que aparece expresamente de forma diferenciada como un área de carácter
horizontal. En cuanto a cooperación internacional y recursos humanos, ya existían y las otras dos suponen, en realidad, una modificación y segregación de las ideas que ya estaban contenidas en el plan nacional actual. Respecto a la cooperación
internacional, es destacable señalar que se pretende definir un programa nacional independiente. De esta manera pensamos agrupar múltiples acciones que han estado distribuidas a lo largo de la ejecución del plan nacional, muchas de ellas incluso a
través de acciones especiales, que contenían unas líneas prioritarias precisamente para eso, y pensamos ordenarlas mejor dentro de un programa nacional propio, el programa nacional de cooperación internacional, sobre todo para acciones de carácter
pluridisciplinar. Aquí aparece la primera identificación de las zonas geográficas en las cuales España debe poner un énfasis mayor. Por un lado, la Unión Europea, incluyendo los países de la ampliación; por otro, Iberoamérica y el Mediterráneo,
como dos ejes con constante presencia española, y por otro lado, lo que se puede hacer tanto con los países avanzados y emergentes como con los países menos desarrollados, pero focalizando las actuaciones. Lo que se pretende es identificar, en
cooperación con el Ministerio de Asuntos Exteriores, algunos países concretos a los que prestar una atención específica y no distribuir los recursos disponibles de forma general, a excepción de los programas de carácter multilateral, que ya existen
en este momento. Voy a citar uno de ellos, el CITEC, en el caso de Iberoamérica.
Otro de los elementos importantes en la concepción del plan nacional es la investigación básica. El apoyo a la investigación básica es un elemento clave del nuevo plan nacional, en muchos sectores industriales la conexión con la
investigación básica ha sido precisamente lo que ha permitido su delimitación y ha conseguido cuotas de competitividad no visibles anteriormente. Dos de los ejemplos claros son el sector biotecnológico y el farmacéutico, en los cuales posiblemente
la conexión entre el sistema público de investigación básica en el sistema privado ha sido uno de los factores fundamentales para conseguir el extraordinario avance de los últimos años. Para hacer esto hemos convertido el programa actual de
promoción general del conocimiento en un conjunto de programas nacionales que cubren exactamente todas las áreas prioritarias del programa de promoción general de conocimiento. En algunos casos, como subprograma nacional, y en la mayor parte de los
casos, como ahora veremos, como programas nacionales propios. Con esto se persiguen tres objetivos simultáneamente: facilitar la asignación de recursos propios a cada programa o subprograma de investigación básica; permitir que esos programas
estén mejor conectados con otros programas dentro del mismo área temática e incrementar la visibilidad de áreas del PGC que históricamente no la han tenido, lo que ha sido reclamado por muchas de esas comunidades. Hay comunidades con las que tengo
contacto desde hace bastantes años que han reclamado la existencia de programas propios, como es el caso de las matemáticas o de las humanidades, por citar dos ejemplos distintos. De esta manera, lo que pretendemos es que la investigación básica en
el plan nacional esté cubierta, desde las áreas horizontales, en las que en recursos humanos o en cooperación internacional, por citar dos expresamente, la investigación básica tendrá un papel importante, como lo tiene ya en estos momentos; que la
investigación básica de carácter no orientado pueda estar en los programas derivados del actual programa de promoción general del conocimiento, como he indicado; la investigación básica de carácter más orientado en el resto de los programas
nacionales y las acciones estratégicas que puedan surgir ligadas a investigación básica y, en muchos casos, a instrumentación científica avanzada en grandes instalaciones.
De esta forma, el programa de promoción general del conocimiento se convierte en ese conjunto de programas nacionales que aparecen a la derecha, reflejando esa importancia de dar a la investigación básica en el plan nacional una viailidad
mayor y respondiendo a los intereses y a las peticiones realizadas por las comunidades científicas implicadas.
Justo es señalar, en estos momentos, que las conversaciones mantenidas para hacer ese cambio, durante este proceso, con los organismos
públicos de investigación y con las universidades, en ese grupo de trabajo de las universidades, ha sido no sólo aceptado por ellas sino pedido, y hay que reconocer que están colaborando estrechamente con nosotros en la definición de ese conjunto de
programas. El énfasis no está tanto en definir prioridades, puesto que la mayor parte de la investigación ahí no debe ser orientada a priori, pero hay que determinar cuáles son los instrumentos horizontales o comunes que pueden apoyar la ejecución
de actuaciones.
No voy a entrar ahora en detalles y voy a saltarme una serie de transparencias que ustedes tienen relativas a cada una de las áreas, pero quiero citar una de ellas para ver cómo quedan encajados estos programas procedentes del PGC -que están
dibujados en verde en las fotocopias- donde el área de la ciencia de la vida, por ejemplo, tiene cuatro programas nacionales y uno de ellos procede precisamente de la parte que corresponde a esa área de ciencias de la vida en el actual programa de
promoción general del conocimiento. Pero su inserción, conjuntamente con otros, permite establecer acciones conjuntas que pueden ser extraordinariamente positivas para lograr una mayor coherencia y una mayor eficiencia en el uso de los recursos.
El conjunto de áreas del plan nacional, que pueden contemplar ustedes y que por no entrar en detalles me he saltado, se debe completar con mecanismos estables para la actualización del plan nacional. Pretendemos que el plan nacional nuevo
tenga el mismo concepto de programa de trabajo que ha tenido el plan nacional actual, pero intentamos mejorar los procedimientos de actualización de las prioridades que se deben realizar anualmente. Y la experiencia es que ese proceso debe
conjugar, por un lado, la evaluación de las actuales actividades y, por otro, la necesidad de fijar una red estable de observatorios de vigilancia tecnológica para que esa prospectiva científica y la demanda tecnológica las podamos tener en
marcha.El esfuerzo realizado en estos momentos por el Observatorio de Prospectiva Tecnológica Industrial y, por otro lado, lo que se pueda realizar a través de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, pueden apoyar ese mecanismo de forma
estable.
Finalmente, la estructura del plan nacional estará constituida por una serie de áreas prioritarias, con una interacción de las áreas horizontales en lo que tenga que ver con ellas, unas acciones horizontales de carácter pluridisciplinar que
afectarán a todas, unas acciones normativas que afectarán, en definitiva, a las actuaciones que se pongan en marcha en cada una de ellas, y después por la sinergia que se pueda establecer con los programas internacionales, por un lado, y con las
comunidades autónomas, por otro. Ese es el edificio de estructura del Plan nacional que se ha diseñado y que he descrito brevemente.
Efectivamente, el Plan nacional también tiene otras actuaciones relativas a la identificación de cuáles son las
modalidades de participación más adecuadas. Y el tipo de modalidades de participación más adecuadas, entendiendo por tal el conjunto de mecanismos que, al final, se van a ofrecer a los agentes ejecutores para recibir las ayudas y subvenciones del
plan nacional, va a estar ligado a recursos humanos, a infraestructuras, a proyectos de I+D+I, al apoyo a la competitividad empresarial y a las acciones especiales.
No voy a entrar en detalle de este tipo de modalidades, puesto que en estos momentos se está analizando, por lo que no hay aquí más que un primer resumen y avance de cuáles son las modalidades que se están estableciendo. Por citar una de
ellas, la de recursos humanos -porque me parece que es la primera que figura-, es verdad que debemos mantener el esfuerzo efectuado en el plan nacional actual y, debemos acometer algunas de las acciones derivadas de su éxito. Una de ellas puede
estar ligada a mecanismos que permitan absorber un porcentaje de los contratados en el sistema público en los últimos años, sobre todo a través de las convocatorias del Ramón y Cajal. Por poner un ejemplo, estamos discutiendo con las comunidades
autónomas los mecanismos que puede haber para la creación de plazas de investigación en las universidades. Somos conscientes de que el crecimiento de plazas nuevas en las universidades basadas en el crecimiento de alumnos es prácticamente
imposible, además de haber llegado a un proceso de casi saturación en las plazas disponibles, y, por otro lado, del incremento de la tasa de absorción de doctores y tecnólogos en las empresas, como se ha visto en los indicadores, es uno de los
problemas pendientes de nuestro sistema. Habrá que hacerlo usando el Fondo Social Europeo acotando los compromisos financieros de las instituciones receptoras y profundizando en las modalidades actuales. Eso es lo que hay en recursos humanos. En
infraestructuras ocurre lo mismo, intentando establecer un conjunto de modalidades de ayuda que vayan desde el pequeño equipo de uso individual en un proyecto a una gran instalación científica. En grandes instalaciones científicas queremos
insertarlo adecuadamente en el plan nacional. Esto sí que es una novedad respecto al anterior.
El esfuerzo que se está realizando en las grandes instalaciones científicas, no sólo en la construcción de nuevas sino también en las existentes, implica el disponer de una serie de programas propios de infraestructura ligados a las grandes
instalaciones científicas. En este momento, de acuerdo con la recomendación del comité asesor del área de instalaciones científicas, tenemos la creación de un programa de apoyo a la operación y mantenimiento de las grandes instalaciones actuales,
el programa de acceso a las grandes instalaciones científicas, el programa de apoyo a instalaciones de tamaño medio y plataformas tecnológicas y un programa competitivo para apoyar el desarrollo de instrumentación avanzada, que es una de las áreas
en las cuales los grupos de investigación españoles pueden trabajar más en el futuro.
En el caso de los proyectos de I+D lo que se pretende es incrementar el volumen medio de financiación de los mismos, sobre todo en el sector privado. Pensamos que es necesario que el porcentaje de financiación se supere, aunque eso obligue
a tener proyectos más catalizadores que los actuales; fomentar la cooperación entre diversos tipos de entidades, algo que sigue siendo todavía un elemento en el que es necesario insistir; posiblemente reducir las modalidades actuales y abrir la
participación a entidades no nacionales como parte de nuestro compromiso del espacio europeo de investigación. Ahí aparecen las modalidades relacionadas con proyectos de I+D+I que en estos momentos se están pensando. Proyectos de investigación,
por un lado, proyectos de investigación básica y, por otro, proyectos de investigación aplicada o industrial y proyectos de desarrollo, distinguiendo entre proyectos de desarrollo competitivo, de demostración o de innovación tecnológica. Con ese
conjunto de proyectos se cubre el ámbito completo de actuación del plan nacional, desde la investigación básica a la innovación tecnológica.
Había un área horizontal, de competitividad empresarial, que es muy importante mantener en el plan nacional nuevo, con un conjunto de medidas específicas. Lo que se pretende aquí es alinear, en ese caso, medidas para la creación y fomento
de nuevas empresas de base tecnológica, de apoyo a la creación y funcionamiento de unidades de interfaz, de explotación de resultados de actividades de I+D por parte de los sectores productivos. Es una modificación del antiguo programa PETRI, que
quizá algunos de ustedes recuerden, de la potenciación de unidades de I+D de las empresas, algo que, sin embargo, no existía en estos momentos y que es un elemento fundamental, apoyando también que España sea atractiva para la localización de nuevos
centros de I+D y la incentivación de la definición de planes estratégicos de I+D+I de las empresas, intentando que empresas con planes estratégicos de I+D actúen también de catalizadores, sobre todo respecto de la pequeña y mediana empresa.
Ese conjunto de ideas, sobre todo estas últimas, refuerza con algunas actuaciones nuevas ese problema que he descrito brevemente con anterioridad, en mi exposición, de que es necesario incrementar el peso de la actividad de I+D que se
realiza en el sector privado. Finalmente, se completarán las modalidades de participación con un conjunto de acciones especiales que prácticamente vienen a cubrir las áreas de acciones especiales que actualmente existen, por lo que no hay ninguna
novedad específica.
El último eje del plan nacional son los instrumentos de financiación. Por instrumento de financiación entendemos el conjunto de mecanismos por los que se financian las actuaciones, y ahí el conjunto de tipología de instrumento de
financiación que tenemos, desde subvenciones a créditos parcialmente reembolsables, deudas rembolsables, refianzamiento de créditos, participación, fondo de arranque, avales directos del Estado, pero el uso que se está haciendo de ellos es reducido
en los últimos casos, y pensamos que es necesario incrementarlo. Necesitamos incrementar también el porcentaje medio de subvenciones en las acciones del plan nacional, buscando un efecto catalizador, financiando de manera prioritaria las
actuaciones que se realizan en cooperación entre el sistema público y el sistema privado, y no exclusivamente limitado a entidades españolas. Pensamos además que hay que financiar actuaciones que combinen recursos humanos con proyectos de I+D y con
infraestructuras y posibilidad de cofinanciación con las comunidades autónomas de alguna de las actuaciones del plan nacional, lo que se está discutiendo precisamente en el grupo de trabajo con las comunidades autónomas, y prácticamente todas ellas
surgen precisamente del proceso de evaluación que se ha hecho. Finalmente, el éxito del plan nacional va a estar ligado a la capacidad que tengamos de ponerlo en marcha resolviendo los problemas de gestión que ha tenido el plan nacional actual.
Creo que disponer de una gestión ágil y eficaz requiere una serie de modificaciones normativas y nuestro objetivo es acompañar la elaboración del plan nacional con los cambios normativos que sean necesarios, incorporándolos en el paquete de medidas
que vayan acompañando a los Presupuestos Generales del Estado a final de año. De esa manera, a principios del año próximo, podrán entrar en vigor ese conjunto de medidas juntamente con el plan nacional, buscando precisamente la coherencia de los
dos tipos de actuaciones, tal y como en definitiva también establece la Ley de la ciencia, indicando la necesidad de acompañar el plan nacional con el conjunto de modificaciones normativas.
Concluyo señora presidenta, diciendo que en estos momentos la elaboración del plan nacional se está realizando de acuerdo con los plazos previstos, que a mediados de julio tendremos el borrador completo aprobado por la Comisión
interministerial, que se ha tenido en cuenta en ese proceso la experiencia en la gestión actual y las nuevas condiciones del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Además, estamos haciendo el esfuerzo para que ese proceso de evaluación
y de conocimiento del plan nacional abarque al mayor número posible de personas. La estructura que brevemente he presentado hoy refleja la necesidad de enfatizar algunos aspectos nuevos, como son la cooperación con las comunidades autónomas
o la integración en programas de actuaciones o la dimensión internacional dentro de un modelo que de alguna manera tampoco persiga un cambio brutal con respecto al plan nacional actual sino que profundice en las mejoras y los cambios ya introducidos
con el plan nacional que en estos momentos está en vigor.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señorías, todos ustedes conocen perfectamente el Reglamento y saben que al ser una petición del Gobierno, el orden de intervenciones sería de mayor a menor, pero como el señor Lissavetzky ha
declinado intervenir respecto a las preguntas que tenía, le brindo, señor Lissavetzky, si usted quiere, intervenir en primer lugar, si no hay inconveniente por parte de la Mesa y de los grupos parlamentarios. De haberlo, procederíamos según el
Reglamento.
(Pausa.)
Señor Lissavetzky, tiene la palabra.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar quiero agradecer a don Gonzalo León su presencia aquí, su trabajo, su exposición y el énfasis que pone en todo ello. Pienso sinceramente que usted se lo cree, y esto no va en términos personales,
pero el problema es que ustedes no tienen credibilidad porque usted estuvo elaborando el anterior plan nacional y los incumplimientos han sido rotundos. Lo han hecho francamente mal, de lo cual, repito, no es usted el responsable. Usted ha llegado
a la Secretaría General del Ministerio hace sólo algún tiempo, es corresponsable y, por tanto, entienda lo que a mí me parece que es crítica sobre la política del Gobierno del Partido Popular, que aprobó un plan nacional para cuatro años y se ha
visto que eran incapaces de cumplirlo, y ahora me referiré a ello, pero quiero que esto quede claro.
De entrada, me ha sorprendido algo. Ha dicho usted que lo va a presentar por la Ley de acompañamiento. Yo he creído entender que a lo mejor venía en la Ley de acompañamiento. Si es así, manifestamos nuestra mayor queja.
Creo que los
parlamentarios tenemos derecho a opinar sobre el plan nacional, no sólo como vamos a hacerlo hoy, que acabamos de recibir la documentación, sino que espero que tendremos oportunidad de aprobar el plan nacional. Yo oí una intervención semejante no
de usted sino del señor Aldana, en el Senado hace cuatro años, y yo le felicité ya que el plan que se había diseñado era un buen instrumento. Este plan es bastante continuista y no tengo nada en contra de la continuidad. De lo que estoy en contra
es de los incumplimientos. Por eso hablaba de la falta de credibilidad de un Gobierno que en la ocasión anterior sometió el debate de ese plan al Parlamento simplemente a través de comparecencia, y en este sentido hasta que no lo vea no me lo creo.
Su intervención, que ha sido rigurosa y bien trabajada, tiene algunos fallos, si se me permite decirlo, como es la autocomplacencia, y ahora entraremos en ello. Porque ¿de qué les vale a los investigadores un documento tan bonito, con tantas
transferencias, con un power point tan bien hecho, por el secretario general, que sabe mucho de esto, si luego no les llega el dinero a los laboratorios?
Vamos a entrar en algunas cifras, porque yo digo que no tienen credibilidad y me refiero a incumplimientos basándome en datos. En la página 7, donde cuantifica usted los indicadores de recursos económicos, primero está el tema de la
financiación. Ustedes dijeron que íbamos a llegar al 1,29 por ciento en 2003. Estamos en el 0,96 y una estimación del 0,98. En cualquier caso hay una diferencia de 27 centésimas entre lo previsto en 2001, 1,23 por ciento del PIB, y el 0,96 al que
hemos llegado. Creo que es el reconocimiento más claro de un fracaso. Ustedes se marcaron esos objetivos y no los han conseguido, han quedado lejos, por lo que hay que decir que las cosas no son como nos gustaría desgraciadamente, sino como son en
la realidad: incumplimientos flagrantes y la proyección no es mucho mejor. Me llama la atención que usted diga -y no sé de donde saca la cifra- que han cumplido el plan en un 80 por ciento. Yo he hecho unas cuentas muy rápidas, y el gasto
previsto en I+D en el año 1999, que es cuando empieza el plan, era el 0,89 y el objetivo para 2003 era el 1,29, es decir, 0,4 puntos de subida, y resulta que, dando por buena su estimación del 0,98, hemos subido del 0,89 al 0,98, 0,09 puntos, es
decir, apenas una décima. Por tanto, el grado de cumplimiento, si usted se fija en lo que hemos gastado en I+D, teniendo en cuenta estos datos, no va más allá del 33 por ciento. Usted dice aquí que hemos cumplido el 80 por ciento, y yo creo, señor
León, que para poder hacer un buen plan para los próximos años hay que ser riguroso en el diagnóstico para poder hacer una terapia. Hemos dicho en esta Cámara que uno de los problemas fundamentales es el de la gestión.
Ustedes han dejado de gastar
1.000 millones de euros de la función 54 desde que se aprobó el plan nacional, el 2000, 2001 y 2002, y se lo dije hace unos días al señor Piqué en la interpelación. Al investigador, aparte de estas diapositivas tan bonitas y de su intervención tan
lucida, lo que le interesa es saber por qué se ha dejado de gastar este dinero.
¿Qué propone usted para mejorar la gestión en este plan nacional? ¿O es que no corresponde al plan? Es que son 1.000 millones de euros, cifra incontestable porque son
datos de la Intervención General del Estado. En la página 7 de la previsión del plan nacional vemos una serie de indicadores y en gastos en innovación vamos por 1,67, pero usted sabe que esta cifra -y no digo que no sea cierta- surge al sumar por
primera vez en las últimas estadísticas del INE lo referente al sector construcción, que antes no se sumaba, y hemos subido de pronto cuatro décimas pero porque han cambiado la manera de medir las cosas. Esto también es caer en la
autocomplacencia. Usted me puede decir que calculó el 2 por ciento pensando que sumaba el sector construcción y parte del sector servicio, y me lo puedo creer, pero me voy a referir a algo más grave: los recursos humanos. O somos
conscientes del momento que vivimos o podemos caer en un error. El señor Piqué, maneja los datos con una alegría rayana en el desconocimiento y habla de 150.000 investigadores. No, las cifras oficiales de investigadores -si no lo quiere medir en
equivalente a dedicación plena- son 140.000. Él le añade 10.000, pero qué más da 10.000 más que menos. De verdad, investigadores con dedicación plena tenemos 80.000. ¿Sabe usted que de esos 80.000, 20.000 con dedicación plena son becarios? Es
decir, el 25 por ciento de los recursos humanos que tenemos aquí son becarios, y estamos en un sistema que se está precarizando porque no se han atendido suficientemente los planteamientos que hacen los jóvenes investigadores. Pero me quedo con
eso: la precarización del sistema. Se dice que hemos subido porque para 2003 el objetivo marcado era que hubiera 4 investigadores por cada 1.000 de población activa -como pone aquí en la página 8- y en 2001 ya estamos en 4,4. ¿Usted sabe lo que
ha pasado? Que por primera vez a partir de 2000 el INE ha incorporado la figura de los becarios como investigadores. Yo no he oído que dijera eso en su intervención. Tenemos problemas muy similares a los que teníamos.
El plan nacional ha tenido,
evidentemente, algunos efectos positivos -quién lo va a negar- pero no nos engañemos, no nos hagamos trampas en el solitario: hay un incumplimiento flagrante. La investigación científica y el desarrollo tecnológico, según se deduce de las cifras,
no han sido una prioridad política para el señor Aznar ni para el Gobierno del Partido Popular. Lo que pueden parecer grandes objetivos cumplidos resulta que resaltan con las cifras reales, y por lo tanto, señor León, en ese sentido falta algo de
credibilidad.
No voy a entrar, porque no es motivo de esta comparecencia, en gestiones anómalas realizadas en subvenciones a empresas a través de expedientes -hace unos días lo presenté en una rueda de prensa y parece que no ha tenido mucho éxito en la
opinión pública- que se han llevado a convalidar para grandes empresas al Consejo de Ministros por más de 1.000 millones de pesetas. Pero, en fin, ese es otro tema que no es de esta comparecencia. En cualquier caso, don Gonzalo León, esos
problemas de financiación y de gestión que usted salda diciendo que todos sabíamos que había problemas de gestión han sido conocidos por toda la comunidad científica, que está descontenta. El sistema informático del Ministerio de Ciencia y
Tecnología se ha caído no sé cuántas veces y ha habido recortes en los proyectos. Usted sabe que se han dado en torno al 40 por ciento de los proyectos que se solicitaban y de esos se han financiado en torno al 56 por ciento. Usted será consciente
de que, por ejemplo, los becarios con cargo a proyectos que tenían que haber entrado en octubre, cuando empiezan los proyectos, van a empezar en julio, o que las convocatorias de infraestructuras están sin evaluar cuando durante toda la vigencia del
plan nacional no ha habido convocatoria de infraestructura y ahora que la hay meten prisas a las universidades y van con un retraso tremendo. Hay unas deficiencias en el sistema que o somos todos capaces de reconocerlas o, si no, sinceramente
avanzaremos poco.
Esa es la realidad. ¿Qué se quiere de un plan? Que dé de verdad soluciones de financiación, que dé soluciones de verdad para temas de gestión y sobre todo que no eche balones fuera. Ahora resulta que la culpa de que nos hayan
llegado los indicadores la tiene el sector privado. Hagamos todos un poco de autocrítica. He oído decir a la señora Birulés y al señor Piqué que tenemos el marco fiscal más favorable de toda Europa para la desgravación en I+D. Pues presentemos de
verdad una memoria, que yo soy incapaz de conseguir por muchas preguntas escritas que hago, sobre qué efectos ha tenido este sistema. Se me dirá que posiblemente se haya avanzado ahora con la enmienda que se ha introducido y que, por cierto,
presentó el señor Rato y no el señor Piqué, en su momento. Nosotros saludamos eso, pero también queremos saber cómo se va a llevar, si se va a hacer con rigor, qué papel va a jugar el CDTI si vamos a tener una especie de ANEP tecnológica rápida y
flexible, etcétera. Pero no me venga usted a decir que las empresas privadas no han cumplido. Yo no sé si no han cumplido. Es cierto que el sector privado no ha cumplido.
Lo que me extraña, y es una de las grandes diferencias que tenemos usted y
yo -que creo que queremos lo mejor para el sistema e intentamos poner lo mejor de nosotros mismos para que mejore-, es que -y entro ya en el nuevo plan- con la aplicación de este plan nacional tenemos un capítulo 8, que es el de préstamos -que tiene
que ver también con los gastos militares de I+D y ahora me referiré a ello-, que ha pasado de ser el 5 por ciento en 1996 al 52 por ciento en el último año. Dicho de otra manera, anteriormente lo que se daba a las empresas del dinero del plan
nacional era el 20 por ciento y ahora estamos por encima del 50 por ciento. Ustedes han ido girando esas subvenciones o créditos hacia el sector privado. Y nosotros pensamos que lo que hay que hacer es una apuesta decidida por que la investigación
básica se haga en las universidades y los organismos públicos de investigación, que es donde se genera el conocimiento, una apuesta decidida por los recursos humanos, y que lo que tenemos que transferir a esas grandes, medianas o pequeñas empresas
es posiblemente las personas que se han formado, más que la subvención o el crédito reembolsable. Evidentemente, algo tendrá que haber de eso, pero lo que subyace es que hagamos una apuesta por los recursos humanos que también puedan pasar al
sector productivo. Esas son cifras reales: el 20 por ciento del dinero de la función 54 iba antes a empresas y con el nuevo plan va más del 50 por ciento. Claro, con eso el peso de la
investigación básica pega un bajón y creo que es un error que se mantiene en el nuevo plan.
Usted me dice cosas que viniendo de usted me sorprenden más. A lo mejor el confundido soy yo, dígamelo. Habla usted de retornos y mide el porcentaje de retorno del programa marco y dice que es mayor que el anterior. Pero no está
equilibrado. Anteriormente teníamos una aportación del 6,5 y recuperamos el 6,4, y ahora la aportación de España es el 7,4 -hablo de memoria- pero recuperamos el 6,4. Es decir, damos más dinero del que retornamos. Si se habla en cifras absolutas,
puede conducir a confusión.
También se lo dije al ministro de Ciencia y Tecnología en la interpelación. Seguro que en números absolutos hemos tenido más retorno, pero tenemos que comparar lo que damos y lo que recibimos, y a veces se quiere poner
una venda para no ver la realidad. Tenemos graves problemas en transferencia de tecnología. En ese sentido creo que sería necesario hacer una reflexión pausada -y paso ya claramente al nuevo plan- para saber exactamente dónde estamos, hacia dónde
vamos y cómo podemos o cómo creemos que podemos conseguirlo. El primer dato en los escenarios financieros es de titular de periódico. Lo que pasa es que estos temas interesan -entre comillas- relativamente. El Gobierno del Partido Popular
prometió el 1,3 por ciento de gasto de I+D del PIB para 2003 y ahora promete el 1,4 para 2007. Es decir, ustedes prometen que van a subir una décima más de gasto de lo que se habían planteado para 2003. Cualquiera que lo lea pensará que es una
absoluta falta de ambición o el reconocimiento del fracaso del anterior plan o bien que estaban mal hechos los indicadores. Eso sí, cuando ustedes presentaron ese plan -y no lo digo por usted, repito por cuarta vez- bien que se sacaba pecho y
decían: qué plan tan bueno tenemos, vamos a llegar a no sé cuanto. Pero lo que ya es una paradoja es que la anterior ministra de Ciencia y Tecnología diga en una cumbre en Barcelona, después de una reunión en Sagaró, que en 2010 vamos a llegar al
3 por ciento de gasto en I+D.
Resulta que ustedes fijan un 1,4 por ciento de gasto para 2007. Otras declaraciones suyas a algún diario señalan que el objetivo es el 1,5.
Esta parece que es la cifra oficial. Sinceramente creo que se tienen que
aclarar. Es una paradoja que se hable del 3 por ciento y que no sean capaces de cumplirlo. Yo sé que no se puede cumplir, pero lo que quiero es que ustedes lo digan oficialmente, porque plantean una cosa como un plan nacional, que además está en
el aire, una cosa etérea en un año antes de elecciones, pero luego el discurso oficial es que la economía española será una economía basada en el conocimiento y más competitiva en Europa y que España llegará al 3 por ciento. Pues no vamos a llegar.
Llama la atención que bajen ustedes la aportación de las empresas del sector privado. Seguimos aumentando los gastos o las subvenciones y créditos al sector productivo, y resulta que el planteamiento es que su participación va a bajar un tercio o
dos tercios respecto a lo que se planteaba para 2003.
Creo que se va un poco sin rumbo, aunque hay buena voluntad por su parte.
Está haciendo un trabajo participativo en colaboración con muchos sectores y ningún trabajo es en balde pero sinceramente no creo que con esto lleguemos a buen
puerto. Lo que usted plantea aquí es el cuento de la lechera. En el antiguo plan ha habido -y ni me da tiempo de explicarlo ni tampoco es motivo de esta comparecencia- programas estratégicos sectoriales que no se han puesto en funcionamiento. Lo
que quiere la sociedad es que cuando haya una desgracia como, por ejemplo, la del Prestige, haya una reacción de la comunidad científica, y no la habido, pero no por culpa de la comunidad científica, sino porque no ha habido coordinación, como no ha
habido coordinación del ministerio en numerosas ocasiones. Creo sinceramente que sería necesaria una reflexión pausada.
Debata usted con la comunidad científica, con las universidades, con todo el mundo, pero tenga también en cuenta las
reflexiones que se le puedan hacer desde aquí.
Me llama también la atención la desaparición del programa de promoción general del conocimiento. Usted dice que se diluye y que se sitúa en otras áreas. Usted sabe que todos los países avanzados tienen un sistema de financiación pública
que viene a conocerse como research council.
Quitando el programa de promoción general del conocimiento usted se está cargando el hipotético research council español. Y me llama la atención cuando en artículos está a favor de que se cree un
consejo de investigación en la Unión Europea y aquí se carga el programa de promoción general del conocimiento. Es otra paradoja. Yo no me lo explico y hay mucha gente que tampoco se lo explica. Usted dice que está hablando con las universidades
y que lo ven bien. Estupendo. Pero ¿usted cree que merece la pena meter en líos, entre comillas, por cambios que, en mi opinión, no aportan nada o poco positivo o nuevo para marear, entre comillas, al investigador de turno cuando usted sabe que
hay una queja de los investigadores respecto al programa marco europeo, que dicen que va cambiando las cosas y es cada vez más burocrático? A la hora de la evaluación va a haber problemas si este plan se queda como está. Habrá áreas de
investigación básica, pero ¿quién va a seleccionar esos proyectos? Va a haber problemas reales. Me parece una paradoja que usted defienda una cosa para Europa y otra distinta para España. No estoy de acuerdo con el sesgo exagerado que toma este
plan, más que el anterior, y considero que tenemos una diferencia de fondo. Por ello le rogaría que mantuviera el plan de promoción general del conocimiento, creo que no hay razones para liquidarlo, se van a generar más líos y más quejas y no creo
que los efectos sean más positivos -es una modestísima opinión-, añade más estrés al sistema y las cosas que funcionaban bien y tenían su tradición no hay por qué cambiarlas. No se es más novedoso por cambiar las
cosas, hay que cambiarlas con algún motivo, y las razones que usted me ha dado no me han convencido. Me parece que este esfuerzo no merece excesivamente la pena.
Aunque su intervención ha sido muy extensa, no quiero abusar de esta Comisión y voy a terminar haciendo algunos comentarios y preguntas. En primer lugar, este plan nacional, ¿qué peso va a tener cada área? ¿Cuánto vamos a gastar? ¿Hay
algún diseño de escenario financiero, de reparto de los fondos? Me interesaría muchísimo saberlo y le pido que si tiene esta información, me la envíe. Segundo, ¿en este plan nacional se va a seguir contemplando que en la opción 54 el capítulo 8
sea tan elevado como ahora? En cifras redondas, es un 50 por ciento. ¿Va a ser de esa magnitud? Tercera pregunta, si la respuesta es afirmativa, ¿esto significa que vamos a seguir computando gastos militares en I+D cuando muchas veces no son I+D
en el porcentaje en el que figuran y son la fabricación repetitiva de unidades, argumento que hemos repetido hasta la saciedad? ¿Lo van a seguir ustedes manteniendo en este plan nacional? ¿Van ustedes, aparte de la literatura, a hacer alguna
actuación decidida respecto al Ramón y Cajal? ¿No van a presentar un programa de recursos humanos diciendo cuál va a ser el crecimiento de plazas, siempre aproximado? Como usted sabe, el año pasado se crearon 60 plazas nuevas de investigadores en
el CSIC y se jubilaron 25 ó 30 personas; si solamente tenemos 30 plazas nuevas y hay ya en torno a 600 personas en el CSIC, Ramón y Cajal y 3P doctores, que es otro tipo de contratos, tardaríamos 20 años en llegar a esas cifras, suponiendo que
ingresaran todos ellos, que no debe ser así. Vamos a un paso de tortuga y no veo concreciones en recursos humanos. Es necesario que haya un programa de recursos humanos y que se haga una planificación. Usted dice que se aumente el porcentaje de
gasto en la función 54 de los Presupuestos Generales del Estado, pero sabe que lo que yo he denominado el efecto Piqué es que por primera vez en la legislatura este año tiene menos peso la función 54 en los Presupuestos Generales del Estado que en
años anteriores: hemos pasado del 1,59 por ciento al 1,55 por ciento. Yo no me lo creo. Es un trabajo que merece la pena, que me parece muy bien, pero con todo el respeto, creo sinceramente que hay una falta de credibilidad y faltan algunas
respuestas. De una vez por todas deberíamos hacer una evaluación de los efectos de las medidas fiscales, pero de verdad, que no se diga que no han tenido mucho efecto, etcétera. Porque por más datos que pido a la Agencia Tributaria, al Ministerio
de Ciencia, etcétera, creo que no me quieren dar los datos y me parece que ha sido otro rotundo fracaso. Desde luego el método científico está basado en la prueba y en el error, y ya hemos hecho pruebas y hay bastantes errores. Aciertos también
hay, y aquí digo claramente que el Ramón y Cajal fue un acierto, aunque hubo problemas en su gestión, nunca estuvimos en contra. La creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología fue un acierto, aunque faltan las universidades. Ustedes han
intentado hacer las cosas, no lo pongo en duda, lo mejor posible, pero los resultados, cuando se ponen en los platillos de la balanza, demuestran que el plan nacional que hicieron ustedes ha sido un rotundo fracaso por la financiación, por la
gestión, por la ejecución y usted en el año 1999 estaba ahí. Me parece muy interesante este documento, que estudiaremos con atención, y espero que tengamos otra ocasión para debatirlo con más detenimiento.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Agradezco la comparecencia del señor secretario general de Política Científica y sus explicaciones sobre la evaluación del Plan de I+D vigente así como sobre la elaboración del plan nacional 2004-2007. No se trata
ahora de hacer un repaso exhaustivo del estado de elaboración, sobre el que posteriormente le formularé algunas preguntas, pero sí respecto a la evolución del plan vigente. El secretario general ha puesto encima de la mesa que el incremento del
gasto en I+D en relación con el PIB ha sido menor del previsto. Ese menor esfuerzo, se concluye, ha afectado fundamentalmente a la inversión privada y entre las razones se hace referencia muy claramente al escaso uso de las deducciones fiscales, o
más concretamente, al fracaso de la aplicación del sistema actual de deducciones fiscales. A mi grupo parlamentario estas cuestiones le preocupan mucho porque en el año 1999 fuimos impulsores, a través de la Ley de acompañamiento, de la
modificación del impuesto de sociedades con la finalidad de potenciar las inversiones privadas en I+D y potenciar la absorción de personal tecnólogo y de doctores por parte de las empresas privadas, que, como se ha reconocido, ha supuesto un
fracaso. A lo largo de esta legislatura hemos seguido haciendo interpelaciones y hemos presentado mociones dirigidas a sectores industriales muy concretos y profundamente arraigados en Cataluña, como puede ser el sector textil y las inversiones
fundamentalmente en innovación, pero también en el sector de las dos ruedas y otros. De ahí que queramos, constatar la situación en cuanto a la inversión del sector privado y también que después de cuatro años lo que fueron muy buenas leyes -se ha
señalado que eran las mejores leyes para fomentar la inversión, investigación e innovación de cualquier país de la OCDE-, no han producido ese resultado quizá porque o no son creíbles o porque los ciudadanos, las empresas o los empresarios entienden
que intentar hacer uso de esa deducción de I+D les acaba suponiendo no ya que no tienen una ventaja, sino que pueden tener numerosos inconvenientes. Nos consta que esto pudiera estar en vías de solución. Siempre hemos dicho que no entendíamos cómo
el Ministerio de Ciencia y Tecnología admite determinadas inversiones en investigación, desarrollo e innovación de cara al
PROFIT y después llega el Ministerio de Hacienda y no permite esa deducción fiscal. Quisiéramos saber en referencia a este punto de las deducciones fiscales -en la medida en que el 1 de junio debería haber empezado la actividad de
certificación de las inversiones en I+D+I de las empresas, la oficina de certificación para las deducciones fiscales en investigación, desarrollo e innovación- si es cierto que ha empezado esta actuación, en qué situación se encuentra esta oficina
de certificación, si se piensa realizar algún tipo de actuación informativa o divulgativa para facilitar el conocimiento del trabajo de esta oficina y, por tanto, para ofrecer a las empresas y a los empresarios seguridad jurídica; quisiéramos saber
si hay empresas que ya han solicitado estos certificados, qué planteamiento existe respecto a dónde se ubicará esta oficina de certificación y si estos trámites de certificación serán accesibles desde Internet. Pero nuestro interés no se limita
pura y simplemente al funcionamiento de estas deducciones fiscales, por más que han tenido protagonismo en la legislatura pasada en su implementación legislativa, también tenemos mucho interés en saber de su funcionamiento.
Yendo a preguntas más concretas, ciertamente la política europea, a través del VI programa marco, realiza una apuesta muy decidida por las grandes instituciones de investigación con la creación de redes de colaboración, de cooperación entre
diversas instituciones científicas y tecnológicas, con la presencia de universidades, etcétera. De ahí que queramos saber respecto al nuevo plan nacional que se está elaborando qué medidas se contemplarán en aras a la potenciación de los centros de
excelencia y si las puede desarrollar en la medida en que esquemáticamente han aparecido en esta presentación. Ha hablado en su intervención -y así consta en los esquemas y en la presentación- del interés por las grandes instalaciones científicas.
Queremos saber si se realizará un mapa de grandes instalaciones científicas y sobre todo si se buscarán interacciones internacionales para estas instituciones. Por otra parte, tampoco tenemos dudas de la potenciación de la calidad y de la
competitividad del sistema de investigación, que pasa por disponer de un sistema de evaluación efectivo. En el esquema de presentación se ha hecho referencia también a la evaluación externa, a la intervención de fundaciones privadas, y quisiéramos
saber qué papel se reserva a la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva en el próximo plan nacional; asimismo, sabiendo la gran carga de trabajo que soporta esta agencia, si se piensa incrementar sus efectivos personales o variar su sistema de
trabajo.
Para potenciar el sistema científico, tecnológico e innovador es necesario, entre otras medidas, el incremento del gasto global -ya se ha señalado aquí- destinado a I+D+I. Por tanto, aunque ya se lo ha preguntado el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista, queremos sabel el volumen de recursos que se destinarán de forma global a este plan nacional, así como si estas ayudas y subvenciones serán mayoritariamente de carácter plurianual o anual. Es importante la labor de
difusión de este tipo de medidas y es relevante para nosotros -lo decía anteriormente respecto de la existencia de la agencia de certificación o de las deducciones fiscales- desarrollar las medidas de información y asesoramiento necesarias para que
los agentes puedan acceder a las fórmulas de financiación destinadas a la actividad científica. De ahí que preguntemos qué medidas tomará el ministerio a fin de dar publicidad a los posibles agentes sobre la posibilidad de acceder a las ayudas del
plan. Se ha reconocido, y lo hemos señalado en numerosas comparecencias de sus ministros a lo largo de esta legislatura, la dificultad de obtención de avales. Querríamos saber si la posibilidad de flexibilizar este requisito (en alguna
comparecencia e incluso en una interpelación que pude hacer al señor Piqué se hizo constar como objetivo de futuro la flexibilización de la exigencia de los avales) tendrá traducción de alguna manera o se incluirá en las reformas legislativas o
modificaciones normativas -que todavía tenemos en la pantalla- que hacen referencia a la Ley de acompañamiento. Aprovecho asimismo para decirle que si nos puede anticipar por dónde irán estas modificaciones normativas que deberán tramitarse a
través de la Ley de acompañamiento se lo agradeceríamos, es decir, qué planteamiento tiene en estos momentos su secretaría general de modificaciones normativas cara a agilizar esta gestión o de hacerla más eficaz.
Sabe el señor secretario general que el Grupo Parlamentario Catalán ha mostrado siempre su convencimiento de que, si queremos que la investigación sea sinónimo de calidad y competitividad, es necesario promover que la distribución de fondos
públicos de todas las administraciones, por medio de planes y programas, se realice de forma transparente, en convocatorias abiertas, y que comporten la evaluación de méritos atendiendo a los principios de publicidad, concurrencia y competencia.
Queremos saber cómo se trasladan estos principios al plan, y qué tanto por ciento de fondos del plan se distribuirán mediante convocatorias abiertas con evaluación de méritos. Me preocupa la utilización que en el esquema se pretende hacer de los
OPI con finalidad de cohesión territorial. No sostenemos que no deba haber cohesión territorial ni que no se deba buscar el incremento de las capacidades científicas y tecnológicas de las comunidades autónomas; pero no deja de preocuparnos el
hecho de que se señale como uno de los objetivos o presupuestos de la existencia de los OPI el principio de cohesión territorial aplicado a la ciencia. En cualquier caso, queremos ver cómo se matiza ese principio de cohesión territorial con el
planteamiento que parece que viene exigido por el principio de competencia, e incluso de una eficaz gestión de los recursos públicos en la distribución de estos fondos de forma transparente y en convocatorias abiertas.
Ha dedicado buena parte de su intervención a los recursos humanos, y hay que reconocer que estos tienen una extensión importante en la presentación y en los trabajos preparatorios del plan. Todos estamos de acuerdo en que es necesario hacer
un esfuerzo de creación de masa crítica de científicos y tecnólogos. Se ha hecho referencia al programa Ramón y Cajal y al programa Torres-Quevedo, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Lissavetzky, ha puesto de manifiesto el
éxito del primero. De ahí que deseemos saber qué medidas específicas dedica el plan nacional a la creación de esa masa crítica de científicos y tecnólogos, reconociendo que así como el incremento de la inversión en I+D no se está ajustando a las
previsiones, sí que se viene ajustando, sin embargo, el incremento de nuestros recursos humanos de doctores y tecnólogos. ¿Se prevé especialmente el retorno de investigadores españoles que se encuentran trabajando en el extranjero? ¿Qué medidas
prevé el plan de apoyo a los investigadores que quieran iniciar un proyecto empresarial relacionado con sus investigaciones? En la presentación se nos han ofrecido datos de creación de empresas de bases tecnológicas, dependientes u originadas a
través de los OPI, y nos gustaría tener algunos datos más de los que se señalan. ¿Se potencia la creación de equipos consorciados con la incorporación de expertos científicos en centros de investigación universitaria y en colaboración con empresas?
Precisamente quiero señalar que la incorporación de doctores y tecnólogos a las empresas privadas era uno de los instrumentos que mayor deducción en el impuesto sobre sociedades presentaba en la Ley del impuesto que modificamos en 1999.
Por lo que hace referencia al espacio europeo de investigación -no se trata de efectuar una intervención excesivamente larga-, su creación establecía una serie de instrumentos como los centros de excelencia o recursos humanos más abundantes
y móviles. ¿En qué medida avanza el plan en la consecución de estos instrumentos que preveía el espacio europeo de investigación en las cumbres de Lisboa y Santa Maria da Feira? ¿De qué forma profundiza el plan en la promoción del establecimiento
en nuestro territorio de centros de excelencia científica y de instalaciones de investigación? También ha señalado en la presentación la necesidad de coordinar el Plan nacional de I+D con el programa marco con la existencia de fondos europeos. Nos
gustaría saber cómo intervienen todos estos elementos en la financiación del plan nacional: qué elementos de financiación son nacionales, y de dónde vienen fondos europeos y retornos de otros instrumentos científicos internacionales.
Por lo que hace referencia al sector privado ya le he manifestado nuestra preocupación. Por eso le pregunto qué medidas se piensa activar para que las empresas participen en los programas financiados por el plan. ¿Se prevé la intervención
de estas empresas únicamente en el ámbito económico, o se prevén también medidas de potenciación de la movilidad de personal investigador entre empresas y centros de investigación? Ello podría requerir modificaciones normativas. ¿Se prevé su
incorporación en la Ley de acompañamiento? ¿Cómo se potencia la colaboración de empresas con universidades? ¿Qué mecanismos de transferencia se potencian?
Finalmente, debo reconocer que buena parte de su intervención ha ido dirigida a señalar la necesidad de cooperación entre el Estado y las comunidades autónomas para la ejecución del plan. De ahí que mi grupo parlamentario quiera preguntarle
cómo piensa traducir la participación de las comunidades autónomas en el plan nacional y la necesaria coordinación con los planes de investigación de cada una de ellas. Le agradezco su intervención apasionada, como señalaba el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista. Ciertamente la convicción propia debe ser un requisito de la eficacia. Creo que la convicción la tiene acreditada, vamos a ver qué es lo que ocurre en cuanto a la eficacia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Manuel Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Anuncio que voy a hacer una intervención desde una perspectiva global. En primer lugar, quiero agradecer a don Gonzalo León el esfuerzo que ha realizado desde su departamento, un esfuerzo minucioso, sofisticado y
complejo por hacernos llegar al conjunto de los diputados miembros de esta Comisión el máximo de información posible sobre cómo se está elaborando el Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. Yo soy
novato, es la primera vez que estoy en esta legislatura, pero puedo decir con cierto rigor que en la historia de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que se creó coincidiendo con mi entrada y estreno como diputado, no ha habido ninguna presentación
tan amplia, tan sofisticada, tan bien elaborada y tan bien trabajada por parte de un compareciente del Gobierno como la que hoy nos trae don Gonzalo León. Es una cuestión que no hay que dejar pasar por alto y quiero que conste en el 'Diario de
Sesiones' ese esfuerzo importante que se ha realizado por acercar -repito una vez más- a todos los grupos de la Cámara esa información que es sumamente interesante.
Dicho esto, desde mi grupo lo vemos con entusiasmo y tengo que utilizar esa palabra netamente positiva porque el esfuerzo que ha realizado don Gonzalo León y todo su equipo, la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica y el
conjunto del Ministerio de Ciencia y Tecnología con el nuevo Plan Nacional 2004-2007 es para entusiasmarse. Es un plan que se va a realizar de acuerdo con los plazos previstos, lo cual es muy importante; es un plan en el que se ha tenido en cuenta
la experiencia de la gestión actual y de las nuevas condiciones del sistema español, que tiene y que va a tener una amplia difusión y participación y
cuya estructura, como ha demostrado el responsable del plan, refleja la necesidad de enfatizar nuevos aspectos sin que se requiera una resolución de su contenido, donde queda de manera clara y contundente un reforzamiento -lo cual mitiga
cualquier sensibilidad autonómica que cree que no puede estar presente- de la cooperación con el conjunto de las administraciones públicas, pero muy especialmente se muestra una especial sensibilización, una especial colaboración con las comunidades
autónomas, como no podía ser de otra manera. Hay una búsqueda de una mayor integración entre programa y actuaciones y se fortalece una actuación que para nosotros es sumamente interesante, que es la dimensión internacional de nuestro sistema. Por
tanto, yo creo que es un plan netamente positivo, que después del primer plan pone las bases de nuestro sistema de investigación en nuestro sistema nacional de investigación científica, de desarrollo y de innovación y que, por tanto, nos pone en esa
senda de convergencia con los países más desarrollados de nuestro entorno. Siempre tengo que recordar que nuestro país parte de una situación compleja, de una posición de retraso histórico de muchas décadas y de muchos años con respecto a otros
países de nuestro entorno y que estamos corriendo más que los demás, pero quizá no lo suficiente.
No puedo coincidir con algunas de las afirmaciones que se hacen por parte del Grupo Socialista desde un tono absolutamente correcto, pero desde una visión excesivamente negativa o excesivamente oscura sobre la actuación, las conclusiones o
los objetivos del primer plan. Como todo en la vida las cosas se tienen que ver objetivamente. Siempre que se elabora un plan tan ambicioso, tan sofisticado y tan complejo hay luces y sombras. La disponibilidad del Gobierno ha sido avanzar sobre
esos aciertos, avanzar sobre esas luces e identificar las posibles sombras para corregirlas, para mejorarlas, para potenciarlas, para reforzarlas, y fruto de ello es este segundo plan. Nos hubiera gustado a todos que el primer plan -reitero que con
sus luces y sus sombras, porque tiene su complejidad- hubiera conseguido el cien por cien de los objetivos que se ha marcado el Gobierno, pero hay otros condicionantes del mundo de la empresa, de coyunturas económicas nacionales y transnacionales
que también afectan y una serie de razones que hacen que muchas veces no se consigan al cien por cien los objetivos. Pero sí se han conseguido objetivos muy importantes puesto que el gasto de I+D ha crecido un 0,96 por ciento del PIB en 2001. Es
cierto que puede ser insuficiente. Como ha explicado también el secretario general, entre otras cosas se debe al escaso gasto privado en I+D. Pero no se puede ni se debe negar el esfuerzo sin precedentes que se ha realizado por parte del Gobierno
de la nación, teniendo en cuenta la situación de la que partíamos. Hay datos. Voy a dar breves pinceladas porque desde nuestro grupo queremos manifestar que se han conseguido objetivos y que los objetivos del primer plan dan pie a conseguir esos
nuevos y ambiciosos objetivos del segundo plan, como un incremento del presupuesto de la función 54 que, como saben SS.SS., la I+D+I de los Presupuestos Generales del Estado se ha multiplicado desde 1996 por un factor del 3,5 por ciento, lo que
significa un porcentaje muy elevado. El crecimiento del gasto público en I+D ha sido el más alto de Europa entre 1995 y 2000, ni más ni menos que un 10,2 por ciento frente una media del 1,5 por ciento. En el año 2003 el incremento de la función 54
ha sido del 5,5 por ciento respecto al año anterior, situándose por encima de los 4.000 millones de euros. Ha habido un incremento del 61,48 entre 1996 y 2003 de los presupuestos de los organismos públicos de investigación. Sólo por citar un
organismo autónomo como el CSIC, el 60,57 por ciento. Ha habido un incremento del 58 por ciento en la financiación de proyectos de I+D desde el año 2000, elevándose en 2002 a 248 millones de euros. Podría seguir, aunque seguramente el señor León
tendrá más datos. Lo que quiero dejar claro de la posición del Grupo Parlamentario Popular es que ha habido aciertos, ha habido luces y dentro de esas luces se ha podido seguir avanzando en ese gran objetivo de convergencia con el resto de Europa.
Se ha hecho un esfuerzo muy importante por parte de la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica en avanzar sobre esos aciertos y en detectar esos posibles errores, como se ha manifestado aquí, para mejorarlo y para potenciarlo con
un plan si cabe mucho más realista, mucho más independiente, mucho más riguroso y con mayores fortalezas que van a conseguir objetivos todavía más plausibles.
Para concluir, sostengo que desde 1996 hasta nuestros días las políticas han sido acertadas, ha habido voluntad política, algo muy importante. En segundo lugar, ha existido un esfuerzo financiero para aplicar esas políticas, ha habido
capacidad de clasificación y de planificación de esas políticas. Fruto de ello ha sido la creación en el año 2000 del Ministerio de Ciencia y Tecnología que concentra esos esfuerzos. Y en tercer lugar, estamos consiguiendo entre todos,
especialmente desde la iniciativa del Gobierno central, aunque no quiero caer en localismos estúpidos, apoyos por parte del conjunto de las administraciones y apoyos y esfuerzos por parte de la comunidad científica, pero nos gustaría pedalear
todavía más rápido. Creo que se ha avanzado muchísimo en estos años y, sobre todo, que después de muchos años sin una base sólida para dar ese salto, para asumir ese reto, por primera vez España en este siglo XXI, después del primer plan, después
del segundo plan, después del esfuerzo que ha hecho este Gobierno, se encuentra con una base sólida y eficaz, una base que nos va a permitir que en los próximos años alcancemos objetivos que eran impensables, inimaginables, hace tan sólo diez años.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario general de política científica.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Voy a contestar en el mismo orden en el que se han formulado las preguntas u observaciones a mi intervención.
Señor Lissavetzky, en primer lugar, me recordaba el incumplimiento de algunos de los objetivos del plan nacional. Yo he sido el primero en exponerlo aquí. En ese sentido, algunos de los indicadores establecidos en el plan nacional, sobre
todo el que ha hecho referencia repetidas veces del gasto en I+D con respecto al PIB, que es uno de los indicadores homologados internacionalmente básicos para conocer el esfuerzo que se realiza en un determinado país, no va a llegar a la previsión
establecida con la aprobación del plan nacional del 1,29 por ciento. Frente a esto -y he deducido algunas de las razones que están asociadas al no cumplimiento de ese objetivo, a un menor esfuerzo del que se pensaba-, yo no sé cómo terminaremos el
año 2003, pero en la hipótesis de que pueda estar alrededor del 1 por ciento, entonces estaremos en el 0,29 ó el 0,28 por ciento. Evidentemente, aventurar lo que puede ser el 2003 es prematuro.
Lo que sí quiero decirle es que frente al
establecimiento de un objetivo ambicioso, como fue en el actual plan nacional ese 1,29, podían haberse tomado otras posibilidades. Por ejemplo, en vez de establecer un único porcentaje o no establecer ninguno, como se hizo también inicialmente, se
pueden hacer otras cosas como es establecer una horquilla relativamente amplia, como se hizo, en el tercer plan nacional. Su señoría recordará escenarios pesimistas, optimistas o intermedios y que desgraciadamente -digo desgraciadamente porque es
el problema que en definitiva tenemos en España- ni siquiera se llegó al pesimista. Es decir, estamos ante el problema de que el sistema de ciencia y tecnología español, a pesar de los crecimientos que tiene España en su PIB anualmente, no está
acompañando la I+D con el esfuerzo que a todos nos gustaría. En ese sentido discrepo de la autocomplacencia, porque me parece que he sido bastante claro en exponer aspectos positivos, que los hay, y aspectos negativos. Además, no sólo hay que
mirar un indicador sino el conjunto de los indicadores existentes.
Usted ha hecho referencia a la medida de la Ley de acompañamiento y, aprovechando que está precisamente puesto en ella, lo que se decía simplemente es que si es necesario realizar actuaciones normativas habrá que acompañar la Ley de
acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado con dichas modificaciones normativas que sean necesarias. Por supuesto que el plan nacional es una cosa, pero eso no nos impide tener que identificar una serie de modificaciones normativas que
haya que incluir en la Ley de acompañamiento. Por tanto, no se trata de ocultar nada, sino simplemente aprovechar la Ley de acompañamiento para poner en marcha aquellas medidas de carácter normativo que sea necesario incluir.
Se refería usted también al 80 por ciento de las acciones y de la ejecución. En lo que respecta a acciones priorizadas, me estaba refiriendo a las prioridades científicas y tecnológicas que existían.
Efectivamente -como se indicaba en
algunas de las comunicaciones y está más desarrollado en el documento de evaluación-, algunas de las estrategias previstas, algunas de las prioridades científicas y tecnológicas no se habían llegado a cumplir tal y como estaban previstas.
A eso me
refería con ese porcentaje. No era un cálculo con respecto a los cumplimientos de indicadores, sino en cuanto a las prioridades científicas y tecnológicas. Con eso lo que quiero decirle es que en mi exposición he intentado ser lo más riguroso
posible. Desde luego el objetivo, no solamente en mi forma de ser personal sino entiendo también que de la Secretaría de Estado, es plantear las cosas como son, porque conociendo realmente las cosas como son es la única manera de avanzar, y confío
en que estemos plenamente de acuerdo en ello.
Continuando con sus comentarios, también es verdad que el conjunto de indicadores a que se ha hecho referencia incluye datos de innovación, datos de innovación que están reflejados, como el INE, y ha cogido datos del año 2000.
Efectivamente, cuando se puso ese dato de indicadores se conocía cuáles eran las modificaciones procedimentales que estaba realizando el INE para hacer ese cálculo. De ahí sale ese valor que se ha propuesto como dato de innovación para los próximos
años.
Voy a referirme ahora a aquellas otras preguntas más relativas a las acciones, estructuras y medidas del plan nacional. De todas formas, creo que el esfuerzo que se ha hecho por cerrar esta primera parte, en evaluar la situación actual del
plan nacional, ha sido mucho más profundo del que se hizo en los planes nacionales anteriores, y créame que conozco bien esta historia desde el primer plan nacional. Desde luego, se ha hecho de una manera mucho más participativa, implicando a
muchas más personas, con una encuesta masiva y tomando informaciones sobre la situación y la percepción del sistema, independientemente de la que ya internamente se tiene en el Ministerio de Ciencia y Tecnología o en otros ministerios con
competencias en el plan nacional.
Cuando se menciona la apuesta sobre la investigación básica, por referirme a uno de los aspectos aquí indicados, hay que decir que el plan nacional va a dar una importancia decisiva a dos aspectos que usted ha mencionado: los recursos
humanos y la investigación básica. Los recursos humanos es un elemento clave en cualquier sistema de ciencia y tecnología, pero no solamente en el sistema público sino en el sistema de ciencia y tecnología de empresa, lo que implica la necesidad de
incrementar las actuaciones para mejorar el nivel de los recursos humanos en la empresa española. Se puede hacer de muchas maneras. Se puede hacer inyectando personas jóvenes en el sistema productivo e intentando establecer unos canales de
comunicación mucho mayores con el sistema privado que permitan una movilidad, aunque sólo sea temporal, o que algunas
de las personas formadas en el sistema público puedan participar en el sistema privado. Yo estoy convencido -es una de las ideas que están descritas en las transparencias- de que los contratos Ramón y Cajal, por centrar una de las medidas
específicas que tenemos, van a tener una continuidad en las nuevas convocatorias modulando o modificando la normativa asociada para facilitar el proceso, y pensando en dos procesos simultáneos: por un lado, en la capacidad de absorción del sistema
público de algunos de estos contratos Ramón y Cajal, con mecanismos que pueden ser distintos en el caso de organismos públicos de investigación y de universidades, porque el marco en el que tienen que moverse puede ser diferente, y también en la
posibilidad de arbitrar fórmulas por las cuales algunas de esas personas puedan incorporarse al sistema empresarial. Pensamos que esta es una manera de inyectar, sobre todo en algunos sectores estratégicos, personas muy formadas que pueden ser
enormemente dinamizadoras y catalizadoras de una actividad de I+D en nuestro sector empresarial. Eso es complementar una medida con la otra, y el trabajo que se está haciendo en cuanto al diseño de las modalidades de participación en recursos
humanos para el futuro es uno de los elementos que se están teniendo en cuenta.
En cuanto a la investigación básica, que era el otro de los aspectos fundamentales que mencionaba, voy a disentir -y creo que es la primera vez que disiento expresamente- en relación con el European Research Council. Yo he defendido y
defiendo el ERC desde antes de mi participación en el ministerio -me parece que es algo que puede ser enormemente positivo-, pero no creo que la existencia de unos mecanismos concretos de programas nacionales ligados a la investigación básica lo
favorezca o lo dificulte. El problema del European Research Council es otro, y seguramente S.S. también lo conoce. Es un posicionamiento real a su favor por parte de los gobiernos de la Unión Europea, que no está todavía definido a pesar del
interés que pueda haber. Nosotros estamos manejando en estos momentos varias actuaciones, algunas de ellas en cooperación con la European Science Foundation, la Fundación Europea de la Ciencia, que van en la misma línea. El apoyo decidido que se
está haciendo a los eurocores, por ejemplo, es una de las iniciativas enfocadas hacia la misma idea de la construcción del European Research Council. También lo es el apoyo a algunas de las actuaciones de Neranet en áreas no cubiertas por el
programa marco, que precisamente era una de las acciones por las cuales se estaba trabajando en esta idea del ERC. Me parece que la existencia de varios programas nacionales de investigación básica, de dos, tres o cuatro, es independiente del apoyo
que se pueda realizar en áreas concretas dentro del espacio europeo de investigación, que desde nuestro punto de vista va a ser apoyado porque es una idea extraordinariamente positiva para robustecerlo al margen del programa marco, y lo estamos
apoyando.
Efectivamente, la existencia de una serie de programas nacionales de investigación básica va a fortalecer la investigación básica, le va a dar una mayor visibilidad y además va a permitir -sobre todo en uno de los aspectos posiblemente más
graves del momento actual, la desconexión entre las actuaciones en el PGC y algunos de los programas nacionales- ese concepto de área, que he comentado brevemente, conteniendo a su vez una serie de programas y subprogramas nacionales; este puede
ser enormemente positivo.
Usted me preguntaba sobre el peso que va tener cada unas de las áreas. En estos momentos estamos elaborando los criterios que van determinar cuál es el peso relativo que puede tener cada una de las áreas del plan nacional. Parece que es un
esfuerzo de madurez de nuestro propio sistema y de nuestros propios planes nacionales que en estos momentos seamos capaces de determinar cuál es el peso que se quiere que tenga cada unas de las áreas. Efectivamente, eso no se puede hacer mediante
saltos bruscos en la situación actual. Lo que estamos haciendo en estos momentos es analizando cuál ha sido el volumen de recursos dedicados a cada una de las áreas actuales en los últimos tres años. En primer lugar, se ha hecho un mapeo desde las
áreas de los planes nacionales anteriores al nuevo para poder contabilizar las cosas de forma similar y, en segundo lugar, se ha establecido una serie de criterios para hacer esas modificaciones.
No pueden ser criterios de cambios bruscos, con lo
cual lo que se va a hacer es acotar ese cambio. Sin embargo, si se mantienen cambios significativos aunque sean del 2 por ciento, por decir algo, pero que sean continuados durante 4 años, sí se producen cambios importantes respecto del volumen de
recursos que se pueden tener. Me parece que ese es el camino que se está siguiendo, y nuestra intención es incorporar esa determinación de criterios al borrador del plan nacional para que se sepa con una primera estimación cuál es esa primera
determinación del peso. La determinación de los pesos relativos conlleva otro problema social.
Además, uno de los desafíos que tenemos encima de la mesa -y quiero darle una respuesta- es el establecimiento de unos mecanismos de actualización del
plan nacional que permitan tener en cuenta no sólo las prioridades nuevas que puedan existir, sino también aprovechando esa experiencia modular el volumen de recursos que se quiere tener hacia el año siguiente. De esa manera, si anualmente podemos
establecer en la elaboración de los programas de trabajo esos mecanismos de actualización, podemos tener un cambio importante.
El programa marco -por citarlo como referencia- casi llega al extremo contrario; lo que habrá aquí como norma desde el primer plan nacional era no decir nada. De no tener una determinación de las cantidades en cada área a lo que hace el
programa marco, que es establecer hasta el último euro en cada una de las convocatorias en cada una de las áreas, hay pasos intermedios. El establecimiento de porcentajes nos permite adaptarnos,
manteniendo la flexibilidad suficiente para no encontrarnos atados con los dineros que se puedan establecer en cada unas de las áreas.
Me preguntaba también sobre el peso del capítulo VIII y la computación de gastos militares. Con respecto al peso del capítulo VIII una de las discusiones que estamos teniendo en la elaboración de ese marco presupuestario -por tanto, no se
lo puedo adelantar todavía porque va a ser lo que dentro de un mes podamos tener- es precisamente un análisis del citado capítulo en función de los crecimientos del capítulo VII, de subvenciones. Nuestra intención es incrementar en lo posible el
capítulo VII, de subvenciones. Estoy también de acuerdo en ese sentido con uno de los conceptos que ha mencionado, que la computación de gastos militares debe hacerse en el plan nacional. Me parece que es extraordinariamente positivo que el área
de defensa esté incluida dentro del plan nacional; lo que tiene que estar incluido son las actividades de I+D+I. Para que estén dentro del plan nacional las actividades I+D+I haremos el esfuerzo que sea necesario.
El último comentario que tengo anotado aquí se refiere a la evaluación de las medidas fiscales. Voy a ver si efectivamente esa información se le puede suministrar. No me consta una petición expresa, por tanto, no le puedo decir nada al
respecto. Eso es así. En cuanto a lo demás quiero decirle que estamos haciendo un esfuerzo real para que nuestro plan nacional sea un instrumento para mejorar nuestro sistema, que es el objetivo en el que estamos todos embarcados. Todos estamos
haciéndolo -me consta de esa manera- con el máximo interés de acertar y conseguir que las medidas sean las más adecuadas y mejorar nuestro sistema.
El señor Silva en las preguntas que me hacía con respecto a la evaluación del plan nacional actual ha mencionado el fracaso del sistema de deducciones fiscales. Efectivamente, los problemas en la implementación del sistema de medidas
fiscales han existido; el reconocimiento de que han existido ha sido precisamente no esperar al nuevo plan nacional, sino poner en marcha un mecanismo nuevo lo antes posible. Además, tenemos que profundizar en ese mecanismo en el cual ahora mismo
se está estudiando no sólo la oficina de certificación, sino los procedimientos concretos.
Calculo y espero que con el propio borrador del plan nacional ese tema quede perfectamente definido, pero lo que está claro es que todos tendremos que
aprender cómo hacerlo. Cualquier medida de ese estilo que se ponga en marcha va a requerir también un proceso de evaluación de los problemas que puedan surgir en su aplicación y ser lo suficientemente flexible como para ir acomodando los
procedimientos concretos de puesta en marcha para conseguir el efecto deseado. Un país como el nuestro ha de poner en marcha un sistema de acciones fiscales, modificando sus procedimientos para hacerlo mucho más atractivo, pasando por un proceso de
difusión en el que estoy muy de acuerdo que tenemos que mejorar nuestro sistema de publicidad de las ayudas del plan nacional, tanto directas como indirectas, sobre todo al sistema privado. Me consta que no en el sistema público pero sí en el
sistema privado un porcentaje de nuestras empresas, sobre todo de la pequeña y mediana empresa, no está empleando ayudas del plan nacional, y podría hacerlo.
En ese sentido, le puedo anunciar que en el último trimestre de este año, con la aprobación del plan nacional, pondremos en marcha un plan específico de difusión de las acciones del plan nacional, que se continuará durante los próximos años,
no sólo para dar publicidad para acceder a las ayudas sino también para explicar cómo hacerlo y para hacer que los órganos propios de la Administración española colaboren en ese proceso de difusión hacia las empresas.
Me comentaba asimismo con respecto a los centros de excelencia que el espacio europeo de investigación también los preconizaba. El concepto de centros de competencia que estamos edificando en el plan nacional aborda dos tipos: los centros
de excelencia, desde el punto de vista científico, pero también los centros tecnológicos, desde un punto de vista más de servicio y de apoyo, sobre todo al sector de la pequeña y mediana empresa. Ambos tipos de centros tienen interés; son
diferentes, son complementarios; debemos apoyar ambos. Además, debemos apoyar ambos en la medida en que su actividad pueda beneficiarse de la conexión con el sistema público. El esfuerzo que se está haciendo en parques tecnológicos y el que se
está haciendo en los más incipientes, que son los parques científicos, debe proseguir en los próximos años. Debe proseguir implicando a las comunidades autónomas en ese proceso e implicándolas en el establecimiento de acciones conjuntas que puedan
apoyar a los centros de competencia, tanto entendidos en su vertiente de centros de excelencia como en su vertiente de centros tecnológicos. Esa es una de las ideas que figura en este documento, que es el que he dicho antes que no les podía
repartir, porque la semana que viene me reúno con las comunidades autónomas, pero tan pronto como este documento obtenga su visto bueno se lo repartiré gustosamente. En él se establecen las áreas de colaboración y una de ellas, precisamente, es
ésta, la que se refiere a los centros de competencia. Otra, a la que también se ha referido, es la de las grandes instalaciones científicas. Todas las grandes instalaciones científicas que España está construyendo en estos momentos o cuya
construcción va a iniciar se están realizando en cooperación con las comunidades autónomas.
Es decir, nuestro planteamiento ha sido involucrar a las comunidades autónomas en las grandes instalaciones científicas. Eso debe ser así no sólo por el
interés que puede tener en el reforzamiento del sistema de ciencia y tecnología en un área concreta, que lo tiene (son enormes dinamizadores de la actividad en determinadas áreas), sino también por lo que supone de mecanismo de acercamiento de las
grandes instalaciones científicas a áreas o zonas geográficas concretas, con unos espectros
dinamizadores hacia el exterior enormemente importantes. Además no pueden plantearse exclusivamente a nivel nacional. Ha habido esfuerzos; los hubo en el caso del telescopio de Canarias, los va a haber en el caso del Síncrotron, los
haremos, ojalá, en el caso de ITER. Si realmente podemos participar en un proyecto internacional de ese tipo, veremos lo que ocurre. En todo caso, independientemente de que haya participación internacional en la construcción, sí vamos a hacer un
esfuerzo real para incrementar la participación internacional en el proceso de uso. Tenemos que convertir nuestras grandes instalaciones científicas en instalaciones que sean atractivas para investigadores del exterior. Por eso queremos que todas
ellas puedan participar en el programa de acceso del programa marco, pero, por otro lado, queremos crear un programa de acceso propio que fortalezca aún más el uso de esas grandes instalaciones científicas.
Me preguntaba por la cohesión en el plan nacional. El principio de cohesión es un principio que ligado a los organismos públicos de investigación se está llevando a cabo también con el objetivo de crear centros mixtos con universidades en
muchos casos o con otros centros de I+D de las comunidades autónomas, universidades transferidas a las comunidades autónomas. Tanto el CSIC como el INIA como el CIEMAT han puesto en marcha en los últimos años un grupo numeroso de centros de este
estilo, que es un elemento fundamental. Tenemos que proseguir por ese camino en el futuro. Es el concepto del valor que pueden tener los organismos públicos de investigación en ese proceso de cohesión territorial. Hace muy poco se ha inaugurado
en Cataluña el centro de la carne con el INIA; es un ejemplo típico de cómo podemos avanzar con las administraciones autonómicas en ese proceso. Por otro lado, me preguntaba que va a ocurrir con el sistema de evaluación en el futuro, y sobre todo
con el papel de la ANEP y qué papel puede jugar la Agencia Nacional de Evaluación Prospectiva dentro del nuevo plan nacional. El papel de la ANEP está perfectamente claro. Lo que sí hay además es un compromiso de mejorar sus recursos. Desde el
punto de vista científico, el papel de la ANEP es un elemento extraordinariamente importante para asegurar la credibilidad de nuestro propio sistema de ciencia y tecnología, sobre todo, en la distribución de los recursos para la investigación.
Además, hay otro elemento que está en estos momentos en proceso de discusión y reflexión, que es el aspecto de la evaluación tecnológica. No estoy hablando solamente de la evaluación científica, en la que el papel de la ANEP está perfectamente
claro y cuyo problema en todo caso se refiere más a los recursos disponibles que no al propio papel, que es lo que en definitiva puede fijar el plan nacional. El plan nacional también quiere fijar un poco los procesos de evaluación tecnológica; el
reforzamiento del CDTI como una agencia de evaluación para los proyectos de carácter tecnológico, que ya está llevándose a cabo dentro del actual plan nacional, es lo que está ahora mismo en proceso de reflexión para mejorar ese proceso.
Para ir terminando, me preguntaba también sobre los recursos del plan nacional (plurianuales, anuales...). Vamos a hacer un escenario plurianual de actuación. Soy consciente de que los presupuestos son anuales y que la política de I+D
tendrá que conseguir sus presupuestos anualmente, pero dentro de un marco plurianual. Las acciones serán plurianuales en la medida de lo posible, en la medida en que interese que esas acciones son plurianuales, y de hecho lo son. La duración media
de los proyectos que se conceden en estos momentos es de tres años prácticamente para el sistema público y un poco menos en el sistema privado. Me instaba a promover la distribución de recursos en concurrencia y transparencia. Me parece
extraordinariamente importante.
No le puedo dar ahora mismo una cifra de cuánto va a ser en convocatoria.
El plan nacional, como indicaba además en alguna de las transparencias que he mostrado, debe tener presente que en cada una de las áreas no
solamente hay recursos para las convocatorias públicas, sino también recursos relacionados con las grandes instalaciones científicas o con las cuotas internacionales de participación entre los organismos, que en muchos casos son cuantiosas. De
todas formas, es mi intención que dentro de ese proceso de determinación del peso relativo de cada una de las áreas figure una valoración también de las cantidades necesarias para cubrir esas cosas, desde convocatorias públicas hasta participación
en programas internacionales.
En relación con el sector privado, también me preguntaba sobre la movilidad entre centros públicos de investigación y empresas. Estoy completamente convencido de que tenemos que avanzar mucho más en esa línea de lo realizado hasta ahora.
Ha habido y hay acciones. Torres Quevedo es un ejemplo de lo que actualmente se está haciendo, pero yo creo que tienen que tener no solamente más recursos en el futuro, si no idear otro tipo de actuaciones complementarias, y concretamente con los
sectores industriales, con la CEOE, con COTEC, con ANIEL. Y cito esos porque en los últimos diez días he tenido contactos concretos para que nos ayuden ellos también a establecer sugerencias y a identificar acciones que podamos complementar. Somos
los primeros interesados con ellos de que las acciones que se pongan en marcha realmente sean útiles; por tanto, el conocimiento real de las necesidades que ellos tienen es una de los factores fundamentales a la hora de definir las actuaciones para
el futuro. Créame que estamos haciendo lo posible para que sea participativo realmente, no solamente del sistema público sino también desde el sistema privado.
Me preguntaba también dos cosas más, la era y el complemento de los objetivos del plan nacional en el marco europeo de investigación. Ya he comentado que la dimensión internacional me parece uno de los factores fundamentales, es el primer
plan nacional que surge
tras la aprobación del concepto del espacio europeo de investigación, y eso no lo podemos olvidar; es un marco de referencia que tiene que ayudarnos a priorizar las actuaciones, a internacionalizar las actuaciones tanto del sistema público
como del sistema privado, por eso estamos haciendo esfuerzos en abrir la participación de nuestras acciones a entidades de otro sitio, independientemente de que en algunos casos se les pueda financiar y en otros simplemente cubrir los costes de la
cooperación, pero desde luego es fundamental.
Un ejemplo de la convocatoria piloto que se ha puesto en marcha este año es la acción estratégica de los vertidos marinos hace unos meses, en los cuales una de las posibilidades era que los grupos de investigación españoles pudiesen
concurrir junto con grupos de investigación de otros países. Creemos que tenemos que avanzar muchos más. Estamos en muchos casos liderando las actuaciones de la apertura de los programas nacionales en Europa, porque nos parece que es un elemento
extraordinariamente importante si queremos dar un salto cualitativo, no sólo cuantitativo, en cifras, sino cualitativo en la estructura de nuestro sistema de ciencia y tecnología; y efectivamente el plan nacional sirve como herramienta básica del
mismo.
Finalmente, su última pregunta se refería a la cooperación con las comunidades autónomas. Me remito a lo que había dicho antes, pero quiero manifestarle dos cosas: que el tema de las comunidades autónomas nos lo hemos tomado con una enorme
seriedad en estos momentos y que agradezco además a las comunidades autónomas el apoyo que nos han dado durante estos meses para conseguir precisamente lo que espero que en los próximos días sea una realidad, un documento de partida. Yo creo que
todos hemos entendido que no es posible fijar porcentaje de crecimiento si uno no sabe el esfuerzo que van a hacer las comunidades autónomas, ni ellos ni nosotros; en definitiva, yo creo que entre todos lo que tenemos que hacer es fortalecer el
sistema de ciencia y tecnología de empresa español porque es el elemento común de actuación.
Finalmente, contestaré los comentarios que me ha hecho el señor Moreno Bonilla. Por un lado, he de agradecer la referencia al trabajo realizado, aunque es nuestra obligación. No es necesario agradecer lo que es el esfuerzo que debe estar
contemplado en nuestra obligación. El Plan nacional, como él decía, debe cumplir también una función de animar, de estimular, de dinamizar nuestro sistema; muchas veces hacerlo así, explicarlo, difundirlo, ir por todos los sitios en esa prédica de
las acciones del plan nacional tiene un valor en sí mismo, tiene el valor de concienciar todo nuestro sistema de ciencia y tecnología; esa es su herramienta y, en definitiva, se hace por ellos. Yo creo que estamos avanzando en esa convergencia, y
es verdad que el Gobierno ha manifestado la voluntad política de hacer que la I+D sea una prioridad. La política de I+D incluso para los presupuestos del año que viene ha sido definida como una política prioritaria, junto con la de
infraestructuras, y en esa línea seguimos avanzando.
Por mi parte, simplemente he de expresar mi voluntad de compartir con SS.SS. la información relativa de todo el proceso de elaboración. No recuerdo exactamente quién era, pero me parece que era el señor Lissavetzky quien me decía que
alguna vez podemos volver a discutir aquí.
Por mi parte no tengo en absoluto ningún problema en hacerlo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, brevemente.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Simplemente quiero agradecer las explicaciones del secretario general. Tenga usted en cuenta (lo digo sin ningún tipo de lectura fuera de esto) que el próximo año puede haber un gobierno distinto, porque hay
elecciones, y su obligación como funcionario (yo creo que la cumple bien) es intentar tener un plan que sirva a la comunidad científica y que pueda servir también de puente a lo que puede ser un cambio de gobierno, que es una posibilidad que hay.
Por eso le digo que nuestro modelo -hoy se debatirá una moción que hay en el Pleno- tiene un sistema de financiación distinto: Pedimos un plan de choque por lo que el Gobierno no ha gastado; queremos un sistema de gestión distinto, con una agencia
para la agilización de la investigación; queremos que existan programas, porque creemos que el Estado es el que tiene que tirar fundamentalmente del carro (si vale la expresión) de la investigación básica. Creemos que es un error que usted quite
el programa de promoción general de conocimiento. Hay una serie de aspectos como es un programa específico de recursos humanos. Escuche usted también lo que planteamos aquí desde la oposición, si le sirve para algo, porque,si no, vamos a tener que
modificar el plan que usted apruebe. Ustedes han estado un año sabático en gastos del plan nacional, y casi he estado a punto en su momento de pedirle una moratoria. Trabajen, hagan ustedes el plan. A lo mejor era sensato, con lo que se ha dejado
de gastar en la aplicación de este plan nacional, ofrecer una moratoria, trabajar todos en un plan.
En cualquier caso, ni entro, ni salgo. Simplemente quiero decirle, aunque no esté presente a mi buen amigo Juan Manuel Moreno Bonilla que no se
crea que estos son los primeros planes; ha habido tres antes. El habla del primer plan; no es el primer plan, se lo digo aunque no está presente, para que lo sepa.
En último caso, un tema importante, a la relación ciencia-sociedad, a la que no me he podido referir y no voy a hacerlo ahora, denle la dimensión mayor posible. El tema de las comunidades autónomas, del que tampoco voy a hablar y el de la
cohesión es absolutamente clave. No está reñida la excelencia con que las comunidades que vayan más retrasadas puedan beneficiarse de una locomotora que pueda ser la propia Administración general del Estado.
Nada más. Que siga usted trabajando como lo está haciendo.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguien más quiere intervenir? (Pausa.)
Señor secretario general.
El señor SECRETARIO GENERAL DE POLÍTICA CIENTÍFICA (León Serrano): Créame que estamos trabajando todos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y en la comisión interministerial de ciencia y tecnología por el sistema de ciencia y tecnología
de empresa español. De la misma manera que se han respetado muchas de las ideas para el futuro de los planes nacionales anteriores, y muchas de las que se pusieron en marcha siguen vigentes, a mí me parece que este plan nacional también aborda unas
nuevas ideas y conceptos que van a mejorar nuestro sistema, porque es una continuidad de nuestro propio sistema de ciencia y tecnología de empresa lo que, en definitiva, puede hacer que mejoremos sustancialmente nuestra situación actual. Me
recordaba lo de la divulgación de la ciencia y la tecnología y la ciencia y sociedad. A mí me parece que porque es un tema tan importante por primera vez aparece explícitamente como un área horizontal dotada de un programa propio. El programa de
recursos humanos será un programa de potenciación de recursos humanos, habrá un programa específico de recursos humanos; cuando podamos darle el peso relativo que eso tiene y el volumen de recursos que puede tener, usted mismo podrá ver la
importancia que se concede a un elemento que es fundamental en nuestro sistema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general por su asistencia.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.