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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 763, de 27/05/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 763
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 52
celebrada el martes, 27 de mayo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas: - De la señora Chacón Piqueras (Grupo Parlamentario Socialista), sobre razones por las que se ha vetado un artículo de la revista 'Cuadernos de Educación', que edita el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. (Número de
expediente 181/003170.) ... (Página 24306)
- De la señora Valcarce García (Grupo Parlamentario Socialista), sobre justificación de que la propuesta de asignatura no confesional alternativa a la religión sea el hecho religioso. (Número de expediente 181/003373.) ...
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre retribuciones del director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) (Número de expediente 181/003389.) ...
Comparecencia del señor secretario de Estado para el deporte y presidente del Consejo Superior de Deportes (Gómez-Angulo Rodríguez) para informar sobre:
- El proceso seguido por el Gobierno para la firma y adhesión del Código mundial antidopage. A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001474.) ... (Página 24311)
- Las actuaciones del Gobierno en relación con algunos deportistas españoles, integrantes de selecciones nacionales, afectados por problemas de dopaje en el extranjero. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
212/000853.) ... (Página 24312)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA CHACÓN PIQUERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE RAZONES POR LAS QUE SE HA VETADO UN ARTÍCULO DE LA REVISTA 'CUADERNOS DE EDUCACIÓN' QUE EDITA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE.
(Número de expediente
181/003170.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.
Antes del comienzo del orden del día, quiero advertir a las señoras y señores diputados de que a partir de la sesión de hoy no se permitirá fumar durante el desarrollo de la sesión en la sala.
De acuerdo con el orden del día, comenzamos con la contestación a las preguntas que formula doña Carmen Chacón Piqueras, razones por las que se ha vetado un artículo de la revista Cuadernos de Educación que edita el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Tiene la palabra doña Carmen Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Buenos días, señores diputados. Señor secretario de Estado, en primer lugar, quiero agradecerle su presencia.
Le pregunto por las razones por las que se ha vetado un artículo en la revista Cuadernos de Educación que edita el ministerio, por las que los responsables del ministerio ejercen una especie de veto ideológico en una revista científica
financiada con fondos públicos al artículo de un prestigioso catedrático experto en educación, al que ustedes sólo han sido capaces de ver como un ex alto cargo socialista del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, el señor Álvaro Marchesi,
artículo que sacaba conclusiones como las que describe el Defensor del Pueblo en su último informe sobre la concentración de alumnos inmigrantes en las escuelas públicas de este país. Le anuncio que ha sido solicitada de manera urgente la
comparecencia de la señora ministra, para que explique las conclusiones de dicho informe que ponen sobre la mesa consideraciones que mi grupo lleva haciendo hace tiempo, que no sólo no soluciona sino que empeora la actual Ley orgánica de Calidad de
la Educación recientemente aprobada. En ese artículo el señor Marchesi diseñaba propuestas que acababa de hacer el ministerio en esa ley que podían relegar a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje directamente a las escuelas públicas,
argumentando que la libertad de los padres para elegir centros se transforma en muchas ocasiones en libertad de los centros para elegir a sus alumnos, lo que suele dejar fuera de los mejores centros a los alumnos con mayores dificultades y como
consecuencia estos alumnos se concentran en determinados centros. Es exactamente la misma conclusión a la que hoy acaba de llegar y hemos visto publicada en el informe del Defensor del Pueblo.
A mí me gustaría relatarle de manera muy breve cuáles son los hechos y las razones por las cuales ese veto se ha ejercido. Lo que me parece una conclusión preocupante es que estamos ante decisiones sectarias y anticientíficas que empobrecen
nuestro sistema educativo de un ministerio que lo es, nada más y nada menos, que de Educación y de Cultura. Por otra parte, me temo, señor secretario de Estado, que no es la primera ni la última decisión de estas características que toma el
ministerio, que no es la primera vez éste está ejerciendo una política sectaria que, reitero, empobrece nuestro sistema educativo y a todos. Como decía muy brevemente voy a relatar los últimos acontecimientos en ANECA, que usted tambien conoce. En
primer término, cuatro expertos independientes han tomado la decisión de abandonar ANECA debido a que la fundación no es independiente del Gobierno y el director somete sus análisis y conclusiones directamente a las decisiones políticas del
ministerio.
Estamos viendo cómo huyen actualmente del Ministerio de Educación personas expertas, independientes y de prestigio, que nos vendrían muy bien a nuestro sistema educativo, y para
los análisis que hacemos, aduciendo el sectarismo en las políticas del ministerio.
Le voy a relatar qué ha pasado aquí porque es un punto más de algo sistemático desde el año 2000 que al Grupo Parlamentario Socialista le parece preocupante y espero que su respuesta pueda aclarárnoslo.
En julio de 2001, el consejo editorial de la revista de Educación aprueba la publicación, como número monográfico con el título. Reflexiones sobre la política educativa española, de una colección de artículos aportados previamente por dos
catedráticos, Jorge Calero y Xavier Bonal, que actúan en este caso como coordinadores del monográfico y que redactan también una presentación en el mismo. Se determina que la publicación entre en el último número del año 2002, en los meses de
septiembre y diciembre, estamos casi un año después del momento en que la misma debería haber visto la luz. Uno de los artículos de este monográfico era del señor Alvaro Marchesi, con el título: Indicadores de la educación española y cambio
educativo, al que ya me he referido, pero no sólo de él, figuraban personas de reconocidísimo prestigio en su campo como Josep María Brical, Joan Souvirats, José Ginés Mora y Esteba Urbal. Todos los autores, sin distinción, cuyos artículos reciben
aparecen en dicho monográfico, reciben la solicitud de sus datos bancarios con objeto de que el ministerio pueda efectuar el pago de los 180 euros por artículo -hablo de mayo de 2002- porque todos los artículos de la revista que estaba presta a ser
publicada en la fecha que había sido prevista por todo el mundo, septiembre o diciembre como le he indicado, estaban ya en galeradas.
Pero, hete aquí que en octubre de 2002, exactamente el día 9, por medio de su jefe de redacción, la revista de
Educación comunica verbalmente al señor Jorge Calero, director y coordinador en este caso de la publicación, la intención de la revista de retirar exclusivamente un artículo de la misma: el monográfico del doctor Marchesi que hacía conclusiones que
hoy pone de manifiesto el Defensor del Pueblo. Como usted imaginará, los coordinadores del monográfico toman la decisión de rechazar lo que consideran una censura, un veto ideológico y exigen la publicación íntegra del monográfico: si no se
publica al completo, por solidaridad y por la discrepancia respecto de ese veto, prefieren que no salga a la luz. El ministerio toma la decisión una vez que sendas cartas han sido enviadas a la señora ministra de Educación, el día 11 octubre de
2002, y al propio director de la revista, don Gerardo Muñoz, con fecha del día anterior, 10 de octubre, respecto de esta decisión solidaria y razonable.
El señor PRESIDENTE: Señora Chacón, ha concluido su tiempo. Le doy un minuto más.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Termino ya, señor presidente. Verbalmente la revista, sin que se haya recibido respuesta alguna de quienes habían recibido las cartas, reacciona anunciando la retirada completa.
Ha pasado casi un año, los Cuadernos de Educación no han visto luz, como usted bien sabe y ha producido un dato más: don Gerardo Muñoz ha presentado finalmente su dimisión. Las razones que argumenta son, de nuevo, el sectarismo, el
habérsele vetado en este caso una publicación en el INCE sobre indicadores de calidad en la que se ponía de manifiesto algo que es verdad, que es la disminución del presupuesto educativo del ministerio desde el año 2000, cómo España se sitúa muy por
debajo de la media de la Unión Europea y que no hay analista que no exprese sus quejas y su preocupación por lo que está sucediendo en el sistema educativo español. Mi preocupación va más allá, versa sobre las políticas que son sectarias,
partidistas, que se alejan de los intereses generales del sistema educativo, de las bondades que el mismo debería tener respecto de la salud democrática, pero, sobre todo, de la salud en los análisis que de él se derivan para que entre todos vayamos
mejorándolo. Me imagino que usted me dirá: no se preocupe, señora Chacón, que la publicación sale ya.
Yo le digo que a día de hoy ha pasado un año, que ha tenido que salir a los medios de comunicación para que ustedes reaccionen, que todo el
mundo aduce políticas sectarias del ministerio, que no es el único caso y que espero su respuesta para ver, entre todos, qué podemos hacer para que no se repita.
El señor PRESIDENTE: Señor Secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Quiero manifestar mi satisfacción por encontrarme en la Comisión para dar información que espero sea aceptada porque voy a informar de hechos y no de opiniones.
El primer hecho es que no hay revista científica alguna que habitualmente emplee procedimientos notariales para relacionarse con sus colaboradores, sino que se utilizan los procedimientos habituales en toda revista científica que son sencillamente
llamar por teléfono y avisar a unos y a otros de lo que cualquier director tiene como responsabilidad en la gestión de la misma.
El planteamiento que usted hace lleno de juicios, valoraciones cualitativas, sectarismo, censura ideológica, etcétera
es absolutamente falso desde el principio al final. La falsedad no es que esté asentada en mis apreciaciones valorativas sino que está asentada en los hechos. No sólo no ha habido ningún juicio ideológico sino que, tanto el equipo del señor
Marchesi, como otros altos responsables socialistas, han publicado, en la época del Gobierno del Partido Popular en la revista de Educación con toda naturalidad y con la responsabilidad de los gestores que en cada número, bien sea monográfico o en
artículos en números no monográficos aparecen con los filtros técnicos y científicos que imperan en toda la revista. Estos son los hechos. Le recuerdo aquel sonoro disgusto del Partido Socialista por un artículo aparecido
en la revista de Educación que curiosamente había sido escrito criticando al Partido Socialista por un alto responsable del propio Partido Socialista, que dio lugar a lo que dio lugar en su momento. No ha habido censura ni de intervención
por parte de nadie en la revista de Educación del Ministerio en la época que ha gobernado el Partido Popular, no así en las anteriores, dicho sea de paso. No hay más control que el científico que todas las revistas, sean del ministerio o de un
particular, establecen para la publicación de artículos científicos. Lo único que los máximos responsables de la revista decidieron fue posponer la publicación del número de la revista -no el artículo- que incluía el artículo del señor Marchesi
para dedicar el último número del año 2002 a un monográfico sobre la Ley orgánica de la Calidad de la Educación, que es lo que ha ocurrido estrictamente. La censura y la apreciación sería si se establecieran mecanismos de alteración de las
programaciones que responden a una lógica, como es el caso de la publicación de un número sobre la Ley orgánica de la Calidad de la Educación, que ya ha sido publicado y ha visto la luz, tal y como estaba previsto, y así se ha dicho a todos los
colaboradores. Publicado el número 29, que es el monográfico sobre la Ley orgánica de Calidad de la Educación, el número 30, que es el primer número de 2003, contendrá todos los artículos del número que se pospuso en su momento. Eso fue justamente
lo que aparecía en la información del diario El País, que fue el que inicio estas actitudes críticas, seguidas por intervenciones suyas que también tengo aquí. Ya en el propio artículo de El País, donde nació esta falsa polémica, se decía que lo
único que se estaba haciendo era preparar un número monográfico de la revista sobre la Ley de calidad.
El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Se dudaba de si se tratara de un número con todos los artículos del monográfico de la Ley de calidad y también de los del volumen que contiene el artículo de
Marchesi. Lo planteaba como debate. Eso fue estrictamente lo que alimentó esta polémica que llega hasta aquí. Una destacada responsable socialista habló de periodistas de séquito de los políticos, en una afirmación poco aceptable a mi modo de
ver. Hay ocasiones en donde se establece que es el séquito de un periódico lo que da fe de lo que se dice y se considera como verdad relegada, aunque sea opuesto a la realidad. Si ocurre antes de que me jubile, espero que el PSOE, si gana alguna
vez las elecciones, me publique un artículo en la revista de educación que como profesional de la sociología con mucho gusto enviaré.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Chacón.
La señora CHACÓN PIQUERAS: Muy brevemente, querría hacerle tres preguntas muy claras. S.S. está negando que haya existido el acuerdo de que en septiembre-diciembre saldría a la luz ese monográfico con los artículos que le digo, y no
después con el posterior reequilibrio de los artículos, una vez se ha tomado la decisión de que se haga un monográfico sobre la Ley de calidad. Por cierto, podía haber salido perfectamente en las fechas anteriores, que no salió entonces, cuando
generalmente se hacen dos al año. Dejó de hacerse uno para que éste no saliera. Se pasó al año siguiente para que pudiera salir equilibrado con otras aportaciones sobre la Ley de calidad. Dígame usted que eso no es verdad; que no se le dijo a
los autores que sería sólo un artículo el que no se publicaría de ese monográfico; que dijeron los autores que querían hacerlo todos, que el ministerio dijo que se aplazaba sine die y entonces se tomó la decisión de posponerlo, dejando sin publicar
a finales del 2002, como se había previsto, el artículo que correspondía, haciéndolo en 2003, equilibrado, aduciendo como razón que se haría sólo un monográfico sobre la Ley de calidad. Dígame que ustedes no dijeron que sólo se publicaría uno de
ellos; que ustedes no pidieron que esa publicación saliera sin el de Marchesi; que ustedes no dijeron que si todo el mundo decía que se publicaba íntegro o no se publicaba, se posponía sine die; que sería un monográfico sobre la Ley de calidad;
que finalmente no hubo dos monográficos en el año 2002, sino uno, que en 2003 se publicó este artículo después de que las críticas salieran a la prensa, perfectamente reequilibrado, aduciendo como razón que tocaba sólo un monográfico sobre la Ley
orgánica de educación. Le pregunto si la última dimisión de don Gerardo Muñoz -él aduce, de nuevo, razones de política sectaria- tiene que ver con vetos ideológicos del ministerio y políticas sectarias que, reitero, empobrecen al sistema educativo
y también a nosotros. Si usted, a partir del año 2004, tiene ganas de publicar en la revista, estaremos encantados.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, sólo tiene obligación de contestar a la pregunta referida en el orden del día, sin perjuicio de lo que usted estime oportuno.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): No me jubilo en el año 2004, sino mucho más tarde. Lo que sí le puedo garantizar es que ninguna autoridad del ministerio ha ejercido la mínima indicación, ni
siquiera teníamos conocimiento de la existencia de este número en ciernes. En ningún momento, ni en este número, ni en los anteriores, ni en los posteriores, se ha ejercido jamás ni se va a ejercer o filtro ideológico o técnico alguno de ninguna
autoridad política del ministerio. Desmiento radicalmente, porque no se ajusta a la realidad, que la dimisión de don Gerardo Muñoz tenga nada que ver con implicaciones de tipo ideológico. Conozco
ese tema porque yo mismo me he entrevistado con este señor muy recientemente y no tiene nada que ver con esa situación. Los hechos son los hechos y las evidencias son las evidencias. El número va a aparecer en su integridad, incluyendo la
publicación del artículo del señor Marchesi, que ni siquiera he leído. Me da igual lo que diga el señor Marchesi en este artículo o en cualquier otro, y le he leído mucho. Me imagino que dirá lo que usted ha dicho o lo contrario, pero me resulta
absolutamente irrelevante, desde el punto de vista político. Luego tendrá la apreciación técnica que el artículo me merezca. Tengo cosas más entretenidas que hacer en el ministerio que cualquier supervisión, porque no es ni el estilo, ni el
objetivo, ni la realidad de los hechos.
Desmiento radicalmente que haya habido cuestionamiento alguno. Que una revista profesional retrase tres meses un número no es importante.
Podríamos traer el inventario de todas las revistas profesionales
españolas y veríamos cuál no lleva como mínimo tres meses de retraso. Eso usted lo sabe perfectamente. Un retraso de tres o cuatro meses en la aparición de un número es lo normal. Lo que sí le garantizo es que va aparecer, no sólo el artículo de
Marchesi, sino todo el número que se previó en su momento. Por consiguiente, en ningún momento, ni antes ni después de que apareciera esa noticia en la prensa, que ha sido la que ha desencadenado falsamente esta polémica hubo cuestionamiento.
- DE LA SEÑORA VALCARCE GARCÍA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE JUSTIFICACIÓN DE QUE LA PROPUESTA DE ASIGNATURA 'NO CONFESIONAL' ALTERNATIVA A LA RELICIÓN SEA 'EL HECHO RELIGIOSO'. (Número de expediente 181/003373.)
El señor PRESIDENTE: La segunda pregunta ha decaído.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE RETRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD Y ACREDITACIÓN (ANECA). (Número de expediente 181/003389.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la formulación de la tercera pregunta, del diputado don Jaime Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Quiero dar la bienvenida al secretario de Estado. Realicé una pregunta escrita en su momento para conocer las retribuciones del director de ANECA, Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así
como la de sus altos cargos, agencia que, como usted sabe, se crea con el desarrollo de la LOU. Preguntaba sobre la situación de servicios especiales del director y los altos cargos. La respuesta escrita que recibí es que sus retribuciones toman
como referencia al sector público y son similares a las de puestos directivos de igual naturaleza. Me causó extrañeza el hecho de que no especificaran las retribuciones en esa pregunta escrita y por eso la he elevado a pregunta oral. Porque si no
dan las cifras, es que quieren ocultar algo y le pido que dé los datos. Yo le adelanto los míos.
El directo de la ANECA tiene unas retribuciones en torno a los cien mil euros anuales, entre 16 y 17 millones de pesetas, por cierto, bastante más que lo que gana el presidente del Gobierno. Según mis datos, los otros altos cargos tienen
unas retribuciones anuales en torno a los 80.000 euros anuales, entre 13 y 14 millones de pesetas. Yo le pido, porque creo que tiene usted la obligación de hacerlo, que nos diga lo que ganan estos señores, especialmente el director, porque este
señor ha sido propuesto por la ministra de Educación como presidenta del patronato.
Además, en unas declaraciones de la ministra dice que su nombramiento es a propuesta del Gobierno. Luego se las puedo enseñar. Es una fundación pública, su
patronato está compuesto exclusivamente en la actualidad por miembros de la Administración general del Estado y según mis datos, sólo recibe financiación pública. Es decir, aquello que votamos en el Parlamento para financiar a esa agencia es lo que
nutre el funcionamiento de la misma. Como la democracia es trasparencia, es importante conocer cuál es esta situación. Todo es público en esta fundación menos el sueldo de su director y de sus altos cargos. Por eso le ruego que dé cuenta al
Parlamento, a los ciudadanos y a la comunidad universitaria de este dato que sinceramente debemos conocer todos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): La ANECA es una fundación de las reguladas en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 4 de dicha ley, la
fundación tiene personalidad jurídica propia y es totalmente independiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se trata, por tanto, de una fundación independiente del sector público. En cuanto a la relación laboral existente entre el
director y el patronato, le es de aplicación el Estatuto de los Trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Estatuto de
los Trabajadores.
La relación contractual que existe entre el director de la ANECA y ésta es un contrato de carácter privado entre ambos. De acuerdo con el artículo 2.1.a) del Estatuto
de los Trabajadores, la relación laboral del director con la fundación es de carácter especial. Su regulación se lleva a cabo en el Real Decreto 1.382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del
personal de alta dirección que desarrolla el mencionado articulo 2.1.a) del Estatuto de los Trabajadores. De acuerdo con ese artículo, se considera personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a la titularidad
jurídica de la empresa y relativo a los objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas dimanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración
de la entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad. En este sentido, los estatutos de la ANECA definen la función de director y entre ellas se encuentra la de presentar al patronato para su aprobación los planes de actuación de la
fundación, los presupuestos ordinarios y extraordinarios, la memoria anual de actividades, así como los balances económicos y cuentas de resultados anuales. El cargo de director será remunerado y conlleva responsabilidades directivas, requiere una
dedicación absoluta y exclusiva en sus tareas en el seno de la fundación. Las retribuciones son una relación interna entre el patronato y el director, un contrato privado entre ambos, y no me corresponde a mi desvelar las mismas en esta sede. Otra
cosa es que, sin ningún tipo de problema S.S. pueda tener acceso a esa información por otros cauces que no son los de mi comparecencia, puesto que yo no tengo por qué tener conocimiento oficial de las retribuciones de carácter privado más allá de
las informaciones públicas disponibles sobre las mismas.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Usted no ha negado las cifras. El que calla otorga, y quédese grabado aquí en la Comisión que el director de la ANECA gana unos cien mil euros anuales, entre 16 y 17 millones de pesetas, lo cual me parece que es
una exageración y una vergüenza. Su opacidad, señor secretario de Estado, en un patronato, del que usted forma -parte, al menos la ministra lo preside- ese patronato, le hace cómplice de esta exageración. El sueldo es ése, y me llama muchísimo la
atención lo que me contestaron en una pregunta escrita, porque aquí dicen ustedes una cosa que pudiera calificarse suavemente de como inexacta y fuertemente de mentira. Dicen ustedes que las retribuciones del personal de la agencia han sido
establecidas tomando como referencia el sector público y son, por tanto, similares a las de puesto directivo de igual naturaleza. Señor secretario de Estado, existen otras agencias, como la ANEP, Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, que
tiene el objetivo fundamental de censar todos los proyectos de investigación, o la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, que tienen el rango de subdirección general y yo creo que tienen unas actuaciones análogas. ¿Por qué
damos este premio al director de ANECA? ¿Le parece a usted lógico que gane 1,2 veces más que el presidente del Gobierno? El presidente del Gobierno gana en cifras redondas 81.000 euros, el director de ANECA 100.000. ¿Le parece lógico que gane 1,3
veces más que los vicepresidentes; 1,4 veces más que los ministros; 1,6 veces más que usted -si quiere lo comparo con los subdirectores generales, el doble-, y que gane más del doble que los catedráticos de universidad, cuando ha sido nombrado por
el Gobierno, como reconoce la ministra de Educación -teletipo de Europa Press-, que dice: sólo el director ha sido nombrado por el Gobierno? Lo nombran ustedes, la ministra de Educación como presidenta del patronato, le dan un sueldo
extraordinario y servicios especiales, según usted, en función del artículo 4 de un real decreto de 1995. En ese artículo 4 el único apartado que se le puede aplicar es el apartado j), que establece que no puede haber independencia del director,
porque el apartado j), que es el único aplicable, (y si no dígame usted cuál otro se puede aplicar), dice que se le dará excedencia especial cuando sea nombrado para cualquier cargo de carácter político del que se derive incompatibilidad para
ejercer la función pública. El artículo 5 de ese decreto dice lo que es un cargo de carácter político: se entiende por tal el cargo de confianza que no implique una relación profesional de carácter permanente del que se derive incompatibilidad
para ejercer la función pública. Es decir, cargo de confianza, no existe la independencia. Esta agencia se ha convertido, a nuestro entender, en una finca particular, en un cortijo de don Ismael Crespo pero, eso sí, con el dinero de todos. Y si
el premio que se le da -y usted no niega ese sueldo exageradísimo- es por su trayectoria, conocida de todos, adjudica una beca a su mujer, que luego renuncia no a través del registro del ministerio, sino de la secretaría de una subdirección general
-por cierto, aquella persona que ocupaba esa subdirección general forma parte ahora mismo de eso que podríamos llamar altos cargos de la agencia, ha sido ascendida-, si éste ha sido un dato a favor se puede calificar suavemente de falta de ética o
de nepotismo -no suena bien-, o a lo mejor se le ha premiado porque siendo director de ANECA y, por tanto, máximo responsable de las habilitaciones en nuestro país, se presenta a la habilitación de catedrático, otro pequeño o gran escándalo. La
ministra lo niega y él lo corrige diciendo que es una decisión personal. Eso tiene un nombre: desvergüenza. A lo mejor le premian por la ineficacia en su gestión, se ha dicho aquí antes, coordinadores que han dimitido, la incapacidad con las
criticas...
El señor PRESIDENTE: Debe concluir ya, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Sí, en treinta segundos, si me permite el señor presidente.
Ha habido incapacidad en las críticas que han realizado UGT, Comisiones Obreras y los profesores de la UNED. Hay una megalomanía a los evaluadores, se da el kit ANECA, caramelos y bolígrafos ANECA. ¿Qué coche están utilizando para sus
desplazamientos? ¿Cuánto ha costado ese coche? En cualquier caso, -y termino ya, señor presidente-, esto es un auténtico ejemplo de mala gestión, de una mala imagen de un servidor público, y le voy a pedir aquí que haga un favor al ministerio, a
la comunidad educativa, a la sociedad y cese al director de la ANECA, porque aquí se ha sobrepasado con exageración todos y cada uno de los aspectos que he comentado. Diga usted el sueldo, repito, cien mil euros, que es una exageración y no es
comparable con otras agencias de la Administración, dígalo de verdad, y si no explique por qué no lo dice, qué tiene que ocultar, qué méritos tiene este señor aparte de estas irregularidades que ha venido cometiendo en el desempeño de su cargo
público.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Señoría, oigo con respeto pero con pena su intervención, en la medida en que usted ha sido un responsable político que ha tenido responsabilidades de gestión,
conoce muy bien la vida universitaria y sabe la importancia que tiene que todas las instituciones y las iniciativas que surgen, como en el caso que nos ocupa de ANECA o de la CNEAI, tengan el apoyo de todos los universitarios y, por supuesto, la
tarea crítica desde el punto de vista parlamentario, respetando algunos elementos esenciales como su funcionamiento. En ese sentido, hay un interés por dar una visión que no se corresponde con la realidad de los hechos, ni con las dimisiones
voluntarias de las personas que han renunciado a trabajar en ANECA un mes antes de finalizar sus contratos, ni con otras situaciones. Sus palabras no responden a la realidad de los hechos ni al talante de cualquier institución universitaria que,
como usted bien conoce porque ha gestionado la vida universitaria, requiere una seriedad, un rigor y cuya puesta en marcha tiene dificultades. El talante del Partido Socialista respecto a ANECA, -permitame que se lo diga- sobrepasa la posición
institucional de favorecer la consolidación de una actividad que es absolutamente esencial en la vida universitaria.
Dicho esto, tengo que desmentir varias de las afirmaciones concretas que usted ha formulado. En primer lugar, el que calla no otorga, sencillamente no responde. No respondo por una cuestión de principios, pues no puedo desvelar
retribuciones de carácter privado. Ustedes censuran la naturaleza privada de la ANECA y, al mismo tiempo, piden que se actúe como si se tratara de un organismo del sector público. Asuman ustedes un recorrido u otro, porque no pueden ser los dos:
es privado o es público. Desde el punto de vista legal-institucional se trata de una fundación independiente del sector público, sometida a las previsiones de control público presupuestario que se establecen para las fundaciones de dicho sector,
pero sometidas también al régimen de contratación privada.
Por ello, no puedo desvelar ninguno de los aspectos de esa ni de ninguna otra relación privada, en el supuesto de que yo los conociera. No hay ningún tipo de opacidad, sino que es un tema
que no puedo desvelar. Por lo tanto, no soy yo quien tiene que responder a esa afirmación que usted ha hecho.
En segundo lugar, usted ha disparado, metafóricamente hablando a voleo en el tema de las comisiones de servicios, poniendo de relieve que en las comunidades socialistas los consejos sociales han concedido servicios especiales a las personas
que desempeñan un puesto dentro de los mismos.
Afortunadamente, las personas que han sido retribuidas en el traspaso de la subdirección general del registro a la ANECA, no habían sido nombradas por el Gobierno del Partido Popular. Por
consiguiente, no pueden decir que ese era su cometido, sino que se encontraba en un edificio cuando esto ocurrió. Lo que es análogo a esta fundación lo es a las fundaciones del sector público, y sus retribuciones -incluyendo las de los
ayuntamientos socialistas- son absolutamente análogas. Tampoco voy a desvelar aquí cuáles son sus retribuciones, sólo diré que son análogas a las de las fundaciones del sector público, tanto de la Administración central, como de la autonómica y la
municipal. Tampoco es verdad que el señor Crespo se haya presentado -según ha dicho usted- a una habilitación. Una cosa es firmar una convocatoria para saber que uno existe en el mundo académico y otra muy distinta es presentarse. De todos es
sabido que el único caso de un ministro en ejercicio que se presentó a unas oposiciones no fue un ministro del Partido Popular, sino socialista.
En ese sentido, creo que las dimensiones son radicalmente diferentes.
Eso es todo lo que le puedo decir en este momento.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (GÓMEZ-ANGULO RODRÍGUEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- EL PROCESO SEGUIDO POR EL GOBIERNO PARA LA FIRMA Y ADHESIÓN DEL CÓDIGO MUNDIAL ANTIDOPAJE. A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001474.)
- LAS ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON ALGUNOS DEPORTISTAS ESPAÑOLES, INTEGRANTES DE SELECCIONES NACIONALES, AFECTADOS POR PROBLEMAS DE DOPAJE EN EL EXTRANJERO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
212/000853.)
El señor PRESIDENTE: Concluidas las preguntas, pasamos al siguiente punto del orden del día: comparecencia del señor secretario de Estado para el Deporte.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, en el orden del día se fijaba la comparencia del señor secretario de Estado para el Deporte a las 11:15. Como se han retirado dos preguntas en la comparecencia del secretario de Estado de
Educación ésta ha sido más corta de lo previsto.
Nuestro portavoz de deportes acaba de aterrizar y ha sido informado de que hasta las 11:15 no iniciaríamos la comparecencia, tal y como aparecía en el orden del día. Yo rogaría al señor presidente
y al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que va a intervenir, que se diera comienzo a la comparecencia a las 11:15, tal y como estaba dispuesto antes de que se retiraran las preguntas de la señora Valcarce.
El señor PRESIDENTE: Por esta presidencia no habría ningún inconveniente.
¿Qué opina al respecto el señor secretario de Estado para el Deporte?
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Gómez-Angulo Rodríguez): Por mi parte no hay inconveniente.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Señor presidente, por nuestra parte no hay inconveniente, sin embargo, eso no quiere decir que los tiempos estén controlados. Muchas veces se modifica el orden del día y quienes pertenecemos a la Comisión tenemos
que estar atentos a los cambios que se producen.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, no quiero hacer polémica de esto, ni mucho menos, pero sabe la señora Chacón -y es algo que comprendemos perfectamente- que se ha avisado esta misma mañana que la señora Valcarce no hacía las
dos preguntas por motivos absolutamente justificados. Como no se nos había avisado de este tema de urgencia, en el que estamos totalmente de acuerdo, nosotros dijimos a nuestro portavoz que la comparecencia no tendría lugar hasta las 11:15.
El señor PRESIDENTE: Por lo tanto, no habiendo inconveniente para ello, se suspende la sesión hasta las 11:15. (Pausa.)
Reanudamos la sesión con la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte, para informar, a petición propia, sobre el proceso seguido por el Gobierno para la firma y adhesión del Código Mundial Antidopaje y sobre las actuaciones del
Gobierno en relación con algunos deportistas españoles, integrantes de selecciones nacionales, afectados por problemas de dopaje en el extranjero. Ambas comparecencias, la primera a petición del Gobierno y la segunda a petición del Grupo
Parlamentario Socialista, las celebraremos conjuntamente.
Doy de nuevo la bienvenida a esta Comisión al secretario de Estado para el Deporte y, sin más preámbulos, le cedo la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE (Gómez-Angulo Rodríguez): Señoras y señores diputados, como ustedes conocen, por iniciativa conjunta de los Estados y del Comité Internacional Olímpico, presidido entonces por el español Juan
Antonio Samaranch, se celebró en Lausana, del 2 al 4 de febrero de 1999, una Conferencia mundial sobre el Dopaje en el Deporte, en la que se aprobó la declaración de Lausana sobre el dopaje en el deporte. En esta conferencia se decidió la creación
de un organismo internacional antidopaje independiente, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).
La necesidad de luchar contra el dopaje exige la cooperación intensa entre los gobiernos, el Comité Olímpico Internacional, la Agencia Mundial y otros organismos nacionales e internacionales del mundo del deporte.
Esperamos que próximamente
se adhiera a la agencia la Unión Europea, único organismo internacional que, a mi juicio, dispone de todos los instrumentos para una política eficaz y coordinada ante este fenómeno creciente. Brevemente creo conveniente mencionar, para el mayor
conocimiento de SS.SS., que la Agencia Mundial Antidopaje es una fundación de derecho privado suiza, creada por iniciativa del COI, como ya he relatado, lo cual plantea problemas operativos y jurídicos a los gobiernos en su relación con la misma.
La agencia se estructura en un consejo de fundación de 34 miembros, que incluye, por partes iguales, a representantes del movimiento olímpico y de los poderes públicos; un comité ejecutivo de 11 miembros, y una serie de comités de trabajo: ética y
educación, finanzas y administración, salud, medicina e investigación, jurídico y sobre normas y armonización. Hasta mayo de 2002 la sede provisional estaba en Lausana. El consejo de la Agencia Mundial Antidopaje decidió trasladar su sede a
Montreal (Canadá), en una reunión celebrada en Tallin (Estonia) en agosto de 2001 y que evidenció la desunión de los países de la Unión Europea hasta entonces en este asunto.
Entre los objetivos de la agencia destacan actividades en sectores como
los controles antidopaje, investigación, educación, elaboración de un código universal antidopaje y legislación.
A partir de 2002 el presupuesto de dicha agencia se realiza, a partes iguales, por contribuciones de los Estados y del Comité Olímpico Internacional. Hasta ahora, los gobiernos han aportado casi siete millones de dólares de los ocho y medio
que correspondían como contribución al presupuesto de 2002. España ha contribuido este año con 243.000 dólares y tiene consignada en los presupuestos una cantidad para hacer frente a los 279.000 dólares asignados como contribución para el año 2003,
tal y como expuse ante esta Cámara en la presentación de los presupuestos del Consejo Superior de Deporte.
Señorías, si bien actualmente se dispone de algunos textos sobre la lucha contra el dopaje en los planos regional, nacional e internacional, ninguno de estos textos tiene un alcance jurídico intergubernamental de carácter universal, lo que
plantea problemas a todos los gobiernos. La Agencia Mundial Antidopaje acaba de presentar un código mundial, cuyos dos primeros borradores han sido sometidos a consulta, entre otros, de los gobiernos. Este texto ha sido apoyado por un gran número
de gobiernos, entre ellos España, mediante la firma de una declaración de apoyo al papel del código y de la Agencia Mundial Antidopaje. fin
La necesidad de aplicar un instrumento normativo de alcance internacional que contribuya a la armonización de la lucha contra el dopaje es algo, por consiguiente, aceptado por todas las instancias internacionales, el asunto esencial apoyado
por 103 países y fue el tema central en la mesa redonda de ministros del Deporte de la UNESCO de enero de 2003. Hace unas fechas, exactamente el 16 de abril, el comité ejecutivo de UNESCO aprobó una resolución que refleja lo acordado en la mesa
redonda de ministros del Deporte que sobre dopaje tuvo lugar el pasado mes de enero. En este texto la UNESCO se compromete a abrir una convención internacional -que elaborará un grupo de expertos en el seno de Naciones Unidas- contra el dopaje de
derecho internacional público, lo que se incluye en el orden del día de la XXXII conferencia general. Según la UNESCO, el objetivo de dicha convención sería organizar la cooperación entre los Estados partes, en particular con miras a los siguientes
temas: la elaboración de la lista de referencia de las clases farmacológicas de sustancias dopantes y métodos de dopaje para todos los organismos públicos y privados interesados, entre ellos el COI, las federaciones y los comités nacionales
olímpicos; la redacción de un código universal contra el dopaje destinado a lograr la armonización de las legislaciones nacionales contra el dopaje, de los procedimientos de control antidopaje fuera y durante las competiciones y de la gestión de
los resultados de los mismos; la elaboración, armonización y unificación de las normas y procedimientos científicos, técnicos y relativos a las tomas en materia de análisis y equipo, comprendida la homologación de los laboratorios; la creación de
una oficina de observadores independientes encargada de informar sobre todos los aspectos de las operaciones de control antidopaje con la neutralidad e imparcialidad necesarias en las competiciones; la elaboración de programas de educación y
prevención antidopaje en el plano internacional, y la promoción y coordinación de la investigación en materia de lucha contra el dopaje en el deporte, así como la cooperación económica y tecnológica entre los Estados para una lucha más eficiente
contra el dopaje.
Insistiré con una pequeña reflexión en que el tema del dopaje es extremadamente complejo desde todos los puntos de vista pero especialmente desde el jurídico. He podido comprobarlo en distintas ocasiones y en el curso de mi asistencia como
representante de la Unión Europea al Consejo de la Agencia Mundial Antidopaje lo he comprobado en el seno de la propia comisión. En este contexto España seguirá siendo muy activa en la búsqueda de una solución permanente de financiación en el
ámbito de la Unión Europea, lo que pasa inevitablemente por la inclusión de una base jurídica sobre el deporte que facilite la participación de los Estados miembros de la Unión en la agencia, la coordinación de políticas antidopaje entre los Estados
y disponer a su vez de un marco jurídico seguro de cara a la inminente aplicación en la Unión. Permítame un inciso, señor presidente, para adelantar ante esta Comisión que este deseo, impulsado básicamente por los gobiernos español y francés, de la
inclusión de un artículo que haga mención al deporte en el futuro Tratado de la Unión es hoy ya una realidad, susceptible por supuesto de mejora en todo el procedimiento que llevará a la aprobación final del Tratado, y así será presentado en las
próximas semanas por el encargado de hacerlo, el ex presidente francés Valery Giscard d'Estaing.
Como he tenido ocasión de manifestar en distintos foros, el Gobierno español acogió favorablemente el código mundial antidopaje presentado en Copenhague, fruto sin duda alguna de un gran esfuerzo, de un gran trabajo de la agencia, de un
proceso de consulta rápido y complejo por la diversidad de actores que confluyen en la lucha contra el dopaje. Ahora bien, aun siendo el código en sí un paso importante como texto de referencia para una lucha armonizada contra el dopaje, existe una
serie de cuestiones que traté de forma extensa ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas y que reiteraré en términos similares ante esta Comisión. Los gobiernos, como queda dicho, hemos dedicado desde 2002 recursos
económicos del presupuesto del Estado para financiar la agencia mundial en la cuota que nos corresponde. Para ser más concreto, los Estados y la futura Unión Europea ampliada debemos tener la posibilidad de obtener una representación de acuerdo al
grado de financiación que realizamos, como ocurre en todas las organizaciones de derecho internacional público.
En mi intervención ante el plenario de la conferencia mundial solicité públicamente que los gobiernos cuenten
con una representación suficiente en el día a día en el staff de la propia agencia que tiene que responder al reparto geográfico que se utiliza para financiar la propia agencia por las autoridades públicas. Asimismo el Gobierno español
considera que en el seno del comité jurídico y de finanzas de la agencia, junto a los actuales representantes de la agencia y del movimiento deportivo, debiera haber representantes de los gobiernos atendiendo al criterio geográfico antes mencionado
y, en la misma proporción, en el consejo de la fundación. Por las últimas informaciones de que disponemos, parece ser que este requerimiento va a ser atendido por los responsables de la agencia, y ello porque creemos que ese trabajo conjunto y
diario en el seno de la agencia es de gran importancia a la hora de configurar una organización global, puede ayudar de forma decisiva a un mejor entendimiento entre todas las partes en el área más sensible de la relación entre movimiento deportivo
y gobiernos como es la presupuestaria, la jurídica y la contable.
Un gran número de gobiernos, puesto que no todos los presentes en la conferencia mundial firmaron entonces la declaración, firmamos una declaración de apoyo al papel que lleva a cabo la agencia y el código, un documento -me interesa
resaltarlo aquí- sin obligación jurídica alguna pero que responde a nuestro compromiso moral y político, como ya he reiterado en esta Cámara, en la lucha contra el dopaje. Esta declaración tiene como referente el deseo de cumplimiento y de adopción
del código por los Estados.
Las sanciones incluidas en el código han sido uno de los puntos más controvertidos, estableciendo el código un estándar de dos años de sanción. Si el dopaje no es intencionado y con fármacos de uso terapéutico o sustancias como la efedrina
o la cafeína o el salbutamol, el primer positivo será una advertencia que en caso de reincidencia será de dos años. Negarse a pasar un control supone de dos años a perpetuidad.
No facilitar los datos de localización de un deportista para un
control fuera de competición supone de tres meses a dos años. El intento de manipular el control antidopaje supone de dos años a perpetuidad. El tráfico de sustancias o la administración a un atleta se castiga de cuatro años a perpetuidad, e
incluso se contemplan sanciones por dopaje de menores o de los animales que participan en pruebas deportivas. La necesidad de que el código se aplique a todo el deporte y deportistas por igual y sin excepciones, como el espíritu y la letra del
código pretenden, y para ello el liderazgo del COI tiene la obligación de evitar que nada de esto ocurra y el código mundial antidopaje permanezca como referencia única e indispensable en materia de dopaje. Los Estados hemos dado prueba de este
compromiso moral en la lucha contra el dopaje colaborando activamente con la agencia porque nuestro objetivo es la eliminación de fronteras, la uniformidad de normas y sanciones allí donde se encuentre el atleta, sin importar, como ya he reiterado
también en esta Cámara, la disciplina deportiva de que se trate, con la garantía del máximo respeto a los derechos y libertades del deportista como ciudadano y persona que es. Nos preocupa también como Gobierno, señorías, los gastos que generará la
aplicación del nuevo código, las nuevas inversiones que se derivan por las exigencias técnicas y legales del mismo. En este sentido, desde el Consejo Superior de Deportes estamos estudiando las modificaciones que por exigencia del código tendremos
que adoptar en el futuro. Según la agencia mundial se prevé que el movimiento deportivo, las federaciones internacionales, adopten el código mundial en el año olímpico 2004, mientras se prevé que los gobiernos lo hagan en el año también olímpico,
aunque en invierno, 2006.
Concluyo, señorías, como lo hice hace unos días en la otra Comisión, en esta parte de la primera de mis comparecencias, con las palabras que pronunciaba el presidente del Comité Olímpico Internacional, el doctor Rogge, hace poco tiempo,
cuando afirmaba que posiblemente la batalla del doping no se gana nunca, pero yo considero que vale la pena continuar luchando por la salud del deportista y por la salud del propio deporte.
Paso a continuación, señor presidente, a desarrollar la comparecencia pedida en su día por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones del Gobierno en relación con algunos deportistas españoles integrantes de selecciones
nacionales afectados por problemas de dopaje en el extranjero. Permítanme, señorías, que antes de informar a este respecto haga una serie de consideraciones para situar esta comparecencia en sus justos términos. En primer lugar, la fecha de
entrada en Registro de la petición de comparecencia es el 4 de diciembre de 2001. Desde entonces he comparecido en varias ocasiones para informar exhaustivamente y de forma monográfica sobre la lucha contra el dopaje que lleva a cabo el Gobierno a
través del Consejo Superior de Deportes. La primera, el día 13 de marzo de 2002, con ocasión del dopaje del esquiador español Johann Muehlegg durante los Juegos Olímpicos de Salt Lake City; la segunda, hace escasamente un mes, el pasado 28 de
abril, en el seno de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas en la que informé, creo que de manera pormenorizada, de la lucha contra el dopaje que lleva a cabo el Gobierno a través del Consejo en el ámbito nacional e
internacional. En este contexto, me centraré en los casos anteriores a la solicitud de mi comparecencia el 4 de diciembre de 2001 respondiendo de esta forma al tenor literal y temporal de la petición del Grupo Socialista, como creo que es mi
obligación en este caso. Señorías, los dos casos existentes de deportistas españoles integrantes de selecciones nacionales que estaban afectados por problemas de dopaje fueron los de don Josep Guardiola, fútbol, y don Juan Llaneras, ciclismo. En
el caso del deportista Josep Guardiola, estaba actuando bajo licencia de otra federación
distinta de la española en el momento de la detección y, por consiguiente, no podía realizarse una actuación oficial como tal ya que se hubiera considerado una interferencia. En cualquier caso, su defensa jurídica fue asumida por abogados
españoles y tuvo como consecuencia la reducción de la posible sanción a dos meses. El Consejo Superior de Deportes, como es norma habitual, puso a su disposición los medios de asesoramiento necesarios para que este deportista, como otros
implicados, conocieran los aspectos técnicos y jurídicos aplicables en cada caso. En el otro caso, en el de Juan Llaneras, se admitieron errores en el análisis respecto a la detección de la sustancia dopante y por lo tanto el resultado final fue
negativo, cerrándose el expediente sin dar tiempo a actuaciones gubernamentales que complementaran las federativas realizadas al respecto. En estos momentos, no lo voy a negar, ha habido otros casos; ya he citado el de Muehlegg y, más
recientemente, otro ciclista implicado -creo que también abordé el tema en la Comisión Mixta-, Igor González de Galdeano; el caso más reciente es el de Alberto García, expediente todavía sometido a estudio. Se puede informar en todo caso que la
política del Gobierno es la defensa del deportista español, velando por sus derechos y por la presunción de su inocencia, cuando exista, así como el respeto al principio de que el atleta tiene derecho a una rehabilitación posterior al cumplimiento
de la sanción impuesta, como ya contesté concretamente en esta misma Cámara hace apenas unas semanas en relación con una pregunta.
Sería bueno, señorías, que se pongan de manifiesto aquí algunos extremos, dado que cada vez que existe un caso de dopaje en España se pone en tela de juicio por parte de algunos toda la política deportiva de nuestro país. Creo que es bueno
analizar en qué situación nos encontramos en relación con otros países de nuestro entorno en materia de lucha contra el dopaje para que quede claro que España está perfectamente situada en el entorno europeo en el que nos movemos. Utilizaré para
ello la base de datos del Consejo de Europa que acaba de publicar este organismo, realizada por Australia, sobre actividades de la lucha contra el dopaje ya globalizadas y contabilizadas en el año 2001, que es la información más reciente que examina
las políticas antidopaje de los 44 países más importantes en materia deportiva en todo el mundo. En primer lugar, en el desarrollo de una política nacional antidopaje el Gobierno es el responsable de su implantación y desarrollo en 30 de los
países, es decir, en el 78 por ciento. En este cómputo se encuentran, por supuesto, además de España, países como Australia, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania e Italia. En segundo lugar, en relación con la implantación de los
programas y actividades antidopaje, se puede afirmar que en este ámbito España coincide con 32 de los 40 países en el mismo modelo, sobre todo en aspectos como son la organización y la responsabilidad para la coordinación de políticas y actividades
antidopaje. En España, como saben SS.SS., estas actuaciones están compartidas por el Gobierno, las federaciones y la Comisión Nacional Antidopaje; nuestro país coincide con otros 23 países de nuestro entorno en este informe. Sobre otro aspecto,
como las fuentes de financiación, en España la financiación de la lucha contra el dopaje en el año 2001 fue realizada por el Gobierno al cien por cien. En otros 40 países, de los 44 analizados, se financia también esta actividad al cien por cien
por el Estado. En 20 de ellos, entre los que se encuentran Bélgica, Francia, Irlanda, Países Bajos, Portugal, Suecia y Reino Unido, los valores llegan al 90 por ciento. Sobre la aplicación de legislación no penal, 22 países, es decir, el 50 por
ciento, entre ellos España, no tienen leyes penales sobre dopaje. Sobre el control administrativo del dopaje por una autoridad pública, el envío de informes al Gobierno sobre el estado de situación de las políticas se realiza en el 86 por ciento de
los países.
Respecto a otros asuntos como la disponibilidad de sustancias dopantes, en un 61 por ciento de los países, es decir, en 27, entre ellos España, existen leyes que restringen la disponibilidad de sustancias dopantes. En relación con la
planificación nacional de controles que en España realiza la Comisión Nacional Antidopaje, en 34 de los 44 países se planifican los controles nacionales de una forma similar. En lo que se refiere a un aspecto esencial -yo diría que clave-, el
número de controles en el año 2001 y como controles realizados dentro de la planificación nacional se encuentran valores que van desde los 40 controles anuales hasta los 8.862, el máximo, que realizó Italia. España llevó a cabo 7.503 y en esta
línea hay países con mayor número de licencias federativas que España, por ejemplo, Francia que está por debajo de España con 7.296; Alemania, con un número bastante mayor de licencias, está ligeramente por encima de España con 7.999 y Australia,
6.869. Son los cinco países que más controles han realizado. Los demás países, entre ellos potencias deportivas significativas como Reino Unido o los Estados Unidos, están claramente por debajo de España. Sobre quiénes son los responsables a la
hora de sancionar, sólo en cuatro países, es decir, en un 9 por ciento, los gobiernos son los responsables de sancionar. En los 40 restantes, España entre ellos, son las federaciones deportivas las que ostentan esta responsabilidad. En recogidas
de muestras para su posterior análisis, España junto con otros 36 países tiene un sistema oficial para recoger muestras, manteniendo un registro. Además, la cualificación médica es exigida en 15 países, España entre ellos, y en 41 de ellos,
incluyendo también España, los oficiales son independientes de los organismos deportivos controlados. En referencia a los laboratorios de control del dopaje, entre todos los países analizados sólo disponen de laboratorios acreditados 25 países,
entre ellos España, acreditado por el Comité Olímpico Internacional y por la entidad nacional de acreditación con la norma
ISO 17025, la más avanzada para laboratorios, que ya he citado en otras comparecencias.
Otro aspecto fundamental en la lucha contra el dopaje es la financiación de los controles; están financiados por el Gobierno en España, Francia, Portugal, Australia y Alemania, hasta un total de 18 países. Por su parte, los comités
olímpicos nacionales la financian en 9 países y las federaciones deportivas, en 13 de los 44. La investigación propiamente dicha sólo se lleva a cabo en 31 de los 44 países, entre ellos España, con incidencia en métodos analíticos de dopaje. Es
importante recordar que en esta área concreta la Agencia Mundial Antidopaje ha empezado a financiar proyectos de investigación al igual que ha venido haciendo hasta ahora la Unión Europea. Respecto al presupuesto de la Agencia Mundial Antidopaje,
saben SS.SS. que con la intervención española bajo presidencia española en el primer semestre del año pasado logramos canalizar a través del Consejo de Europa la financiación de la que se había retirado la Unión Europea. Sí querría darles algunos
datos sobre los controles llevados a cabo por la Agencia Mundial Antidopaje. En el año 2000 la agencia realizó 2.500 controles de orina; en el año 2001 llevó a cabo 3.629 de orina y 220 de sangre y el pasado año se hicieron 4.634 de orina y 464 de
EPO. Para el año 2003, año en el que nos encontramos, se han planificado 4.750 controles de orina y 750 de EPO.
Les recuerdo que la agencia realiza estos análisis mediante una contrata de un consorcio internacional y mediante convenios con
distintas federaciones internacionales donde se acuerda la planificación y número de muestras a analizar. Concretamente puedo indicarles que el número de especialidades deportivas ascendió a 34, se realizaron en 96 países y se practicaron a atletas
de 97 nacionalidades, entre ellas, por supuesto, la española. El tanto por ciento de positivos entre los años 2000 y 2002 fue de un 1 por ciento.
En definitiva, trato de establecer de una vez por todas que el sistema español de lucha contra el dopaje es perfectamente homologable con el resto de los países. Es más, la media de análisis realizada por el laboratorio de Madrid con
relación al resto de laboratorios del CIO muestra que mis palabras responden a una realidad objetiva constatada por el propio Comité Olímpico Internacional. Por ejemplo, en 1999, Madrid realizó 4.308 análisis a deportistas nacionales y París
realizó 4.709, encontrando Madrid 130 positivos y París 213, es decir, un 3,02 y un 4,52 por ciento, respectivamente. Si bien en el cómputo de Madrid hay 749 controles realizados a atletas extranjeros. Por consiguiente, vemos que de la estadística
de los grandes laboratorios homologados se desprenden cifras homogéneas y responde a la homologación y acreditación que poseen, ya que si no fuera así, las propias auditorías de entidades independientes retirarían la acreditación de la que se hacen
merecedores, tanto por el Comité Olímpico Internacional como por las entidades de acreditación derivadas del mismo.
Hasta aquí es todo lo que puedo informarles respecto a la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Ahora corresponde el turno a los grupos parlamentarios, vamos a comenzar por el Grupo Parlamentario Socialista, que es el autor de la iniciativa de la segunda comparecencia del señor secretario de Estado.Tiene la
palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Voy a empezar mi intervención haciendo referencia a las dos comparecencias que se han realizado de forma conjunta por tener una relación más que evidente. En todo caso, voy a empezar por la segunda, por la que
solicitamos el día 4 de diciembre de 2001, que es una comparecencia que evidentemente pertenece casi a la prehistoria, pero sin duda estaba pendiente y el otro día quisimos acumularla con la petición que había hecho el Gobierno para hablar de estas
cuestiones relacionadas con el deporte, fundamentalmente con la presencia de España en el apoyo al AMA y al código mundial antidopaje.
Cuando realizamos esta solicitud de comparecencia, en esa fecha ya tan lejana, había en aquellos momentos dos casos, a los que el secretario de Estado ha hecho referencia, que eran el caso Guardiola y el caso Llaneras. El Grupo
Parlamentario Socialista asistía con cierta preocupación a lo que estaba sucediendo en relación con estos dos deportistas de dos ámbitos tan diferentes como el fútbol y el ciclismo, que estaban fuera de España y que estaban siendo sometidos a
controles antidoping y que, en nuestra opinión, estaban sufriendo -entre comillas, si usted quiere- un control muy riguroso, que es el que se hace en estos países, y estábamos viendo que no estaban suficientemente atendidos por parte de las
autoridades deportivas españolas desde el punto de vista de apoyo legal, jurídico y, si usted quiere, personal. Nosotros tenemos muy claro que el doping hay que combatirlo y que el deportista que incurre en esta práctica, la realice donde la
realice, dentro o fuera de España, evidentemente tiene que cargar con las consecuencias y en este caso la legislación antidoping tiene que ser contundente.
Dicho esto, hay que tener en cuenta que hasta que se demuestre que es culpable y, sobre todo, cuando está fuera y es un deportista que pertenece a una selección española del ámbito que sea, el Consejo Superior de Deportes, como responsable
del deporte en nuestro país, debe ser rigurosamente exquisito con estos deportistas y debe prestarles todo tipo de apoyo. Nosotros veíamos que en aquel entonces no estaba sucediendo, especialmente con estos dos deportistas, con la misma intensidad
con la que se había producido el apoyo -que sí que se realizó- al deportista de origen alemán, pero nacionalizado español, señor Muehlegg,
que en su momento recibió todo tipo de apoyo por parte del consejo.
Teníamos la impresión de que se estaba actuando con dos criterios diferentes. Por una parte, a los dos deportistas a los que he hecho referencia antes se les prestaba una
atención limitada y, por el contrario, al señor Muehlegg, que se había envuelto en la bandera española con tres medallas y al que se le había presentado como el nuevo héroe del deporte español, se le estaba dando un apoyo excesivo en comparación con
el que estaban recibiendo estos otros deportistas.
Teníamos esa impresión, pero con el paso del tiempo, no solamente no ha desaparecido, sino que la hemos confirmado y como ha pasado ya tanto tiempo, esta comparecencia tiene únicamente el valor de
recordar lo que pasó y, mirando al futuro, nos sirve para decirle al señor secretario de Estado que, en opinión del Grupo Parlamentario Socialista, aquellos deportistas españoles que participen en selecciones nacionales del deporte que sea, que
actúen fuera de España y que se vean envueltos en algún acontecimiento, como en el que estuvieron envueltos Guardiola o Llaneras, deberían recibir todo el apoyo que necesiten por parte de las autoridades deportivas españolas, porque en principio hay
que demostrar que son culpables y cuando se demuestre esa culpabilidad, que caigan sobre ellos todas las penas deportivas, pero previamente que reciban todo el apoyo posible. (La señora vicepresidenta, Díez de Baldeón García, ocupa la presidencia.)
Insisto en que no vimos que en aquellos momentos se hiciera con esa intensidad, por lo que pedimos y exigimos a la Administración que, si se vuelve a producir algún caso de estas características, el Consejo Superior de Deportes preste todo el apoyo
que sea posible al deportista afectado, en cualquier tipo de deporte, sea un deporte con mucha audiencia o minoritario y se lleve a cabo sea el país que sea en el que esté el deportista afectado, tanto en aquellos países que cuando se dopa un
deportista y es declarado culpable se aplican sanciones exclusivamente deportivas, como en aquellos países en los que el doping está criminalizado y se aplican sanciones penales sobre los deportistas que hacen esta práctica, especialmente en estos
casos hay que tener mayor cuidado todavía.
Dicho esto, voy a pasar a la otra comparecencia, aunque luego al final pueda volver a ésta. El secretario de Estado, en esta comparecencia que solicitó para explicar en esta Cámara lo que ha estado haciendo el Gobierno fundamentalmente
después de la celebración de la Conferencia Mundial Antidopaje en Copenhague, ha hecho referencia esencialmente a dos cuestiones: que el Gobierno firmó la declaración de apoyo al código mundial antidopaje y que manifestó el apoyo a la Agencia
Mundial Antidopaje. El secretario de Estado ha manifestado varias inquietudes e interrogantes en relación con ambas cuestiones. En relación con la Agencia Mundial Antidopaje ha hecho referencia a que es una fundación de derecho privado que en
estos momentos está sometida al derecho suizo, lo que representa serias dificultades a la hora de que pueda incidir en todos los países que han firmado su adhesión a la Agencia Mundial Antidopaje. El secretario de Estado ha manifestado -considero
que con buen criterio- que esta agencia debe estar sometida al derecho internacional público, pero para que esto sea así, evidentemente, hay que dar pasos en esa dirección. En ese sentido, cualquier país que forme parte de la Agencia Mundial
Antidopaje, en este caso España, debe o deberá, si no se ha hecho -y tengo noticias de que no se ha hecho-, tomar las iniciativas pertinentes para que se transforme el régimen jurídico de esta agencia. Tengo la impresión de que los actuales
directivos de la agencia, desde que se trasladó de Europa a Canadá, no tienen mucho interés en que se produzca esta transformación, porque aunque hay opiniones para todos los gustos, más bien pasa lo contrario, que son de la opinión de que se
mantenga la situación actual. Por tanto, deberían ser los gobiernos y, en este caso, el Gobierno español, si tanta preocupación tiene sobre la lucha contra el dopaje -como manifiesta el secretario de Estado, lo que no pongo en duda-, el que debería
tomar la iniciativa pertinente para que la Agencia Mundial Antidopaje quede sometida al derecho internacional público. En ese sentido me gustaría saber, en la intervención que tenga usted a continuación, si se está haciendo algo. ¿Qué está
haciendo el Consejo Superior de Deportes en esa dirección? Si es que se está haciendo algo, porque desconozco si se está haciendo algo. No es una pregunta con mala intención, sino que es una pregunta en la que estoy pidiendo información.
El código mundial antidopaje creo que es una espléndida iniciativa, aunque vamos a ver el resultado que da porque una cosa es la teoría -el papel lo soporta todo- y la práctica y la realidad a veces es otra. Evidentemente, para que el
código mundial antidopaje sea efectivo en mi opinión tiene que ser aplicable a todos los deportistas, en cualquier tipo de deporte y en cualquier lugar del mundo. No podemos dejar lagunas en ningún deporte ni en ningún país, y menos dejar que en un
país como Estados Unidos, que ha mostrado reticencias de forma continuada y fundamentalmente en el ámbito del baloncesto profesional, se escape la posibilidad de aplicación del código mundial antidopaje, en un país tan importante y en un deporte tan
importante allí. Además, serviría de ejemplo para otros países como un lugar donde no se aplica el código mundial antidopaje. Me gustaría que nos dijera cuál es la situación -usted que ha participado, que participa y sigue teniendo contactos en
relación con la aplicación del código-, cuál es la realidad, qué reticencias existen en los países que firmaron el código y cuál es la actitud de España para borrar estas reticencias y hacer que el mismo se pueda aplicar, como decía hace un momento,
a todos los deportistas, en todos los deportes y en todos los sitios. Usted sabe que como grupo parlamentario, y
ya se lo dijimos hace un mes cuando compareció en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas el día 28 de abril, tenemos que apoyar la declaración del código mundial antidopaje y la efectividad de la Agencia Mundial
Antidopaje. En ese sentido, no tenga ninguna duda que va a tener todo nuestro apoyo, tanto para una cosa como para la otra, para aquellas medidas que desde España se implementen para que sea efectiva.
Hoy nos ha dado una noticia que a mí me alegra. Usted hacía referencia a que la futura Constitución europea va a incorporar un apartado dedicado al deporte. Evidentemente es una buena idea, aunque no conozco el contenido y las cosas
siempre dependen de lo que contengan. En principio es una buena idea que en la Constitución europea aparezca una referencia al deporte como algo importante para el conjunto de los europeos y, además, que aparezca en lo que va a ser su norma básica.
Dicho esto, conviene que nos centremos no solamente en lo que está haciendo el Consejo Superior de Deportes en relación con la lucha contra el dopaje a nivel internacional en estos ámbitos a los que ha hecho referencia, sino también en el
plano nacional. Usted nos ha dado muchos datos. Yo no tengo tantos datos, aunque creo que los datos que nos ha dado son ciertos. Es verdad que en el ámbito nacional el Consejo Superior de Deportes, como usted sabe muy bien, tiene dos funciones
que vienen enmarcadas en la Ley del Deporte en relación con la lucha contra el dopaje, funciones de control y la aplicación de régimen disciplinario, del régimen sacionador para aquellos deportistas que se hayan dopado.
¿Considera que están
ejerciendo adecuadamente las dos funciones? Es una pregunta que le planteo y que me hago a mí mismo también. Creo que no están cumpliendo adecuadamente con las dos funciones. No quiero cargar las tintas, pero en mi opinión no están cumpliendo con
las dos funciones.
Existen algunas dejaciones en lo que se refiere al control y a la aplicación del régimen disciplinario, algunas actuaciones están dando un malísimo ejemplo al conjunto del deporte español, están dañando a algunos deportistas y
están deteriorando la credibilidad de nuestro deporte en general.
Le voy a poner los dos ejemplos que están más de actualidad: el de Gurpegui y el de Alberto García. ¿Qué están haciendo o qué han hecho ustedes esa función de control que la ley les otorga en relación con Gurpegui y Alberto García? Y, si
quiere usted, antes con Muehlegg aunque ha pasado a la prehistoria, no fue hace tanto tiempo. Además, está a punto de cumplir su sanción y supongo que se incorporará a la actividad deportiva cuando la cumpla. ¿Qué han hecho ustedes, han ejercido
una función de control para evitar que estos casos llegaran a suceder o más bien han llevado a cabo una labor de descontrol? Yo creo que, más bien, una labor de descontrol. Me atrevería a decir que las siglas del Consejo Superior de Deportes nos
podrían servir para darle un nuevo nombre que sería el consejo superior de descontrol en lo que al control antidoping se refiere. En el caso de Alberto García que es el más reciente, ¿cuándo pasó en España el último control? Recientemente se ha
descubierto el positivo de Alberto García en una prueba que realiza en Suiza en el laboratorio de Lausana. ¿Cuánto tiempo llevaba Alberto García sin someterse a algún control de este tipo en España? Por las noticias que tengo, desde diciembre de
2002. Creo que hay que hacerlo más asiduamente para un deportista de este nivel, campeón de Europa. La labor de control del Consejo Superior de Deportes tiene en este caso que ser más efectiva, más rigurosa y, además, debe realizarse de forma
cotidiana. Esto en lo que se refiere al asunto de control. ¿Qué quiere que le cuente del caso Gurpegui? Ya lo comentábamos el día 28 de abril cuando usted compareció en la otra Comisión y no quiero insistir mucho en ello porque se recoge en el
'Diario de Sesiones'. En el caso de Gurpegui el descontrol fue mayúsculo y, en el caso de Muehlegg, exactamente igual. Los controles previos en estos tres deportistas que estoy poniendo de ejemplo o no existieron o se hicieron mal. De tal forma
que cuando se realizan en el caso de Muehlegg y en el caso de Alberto García en laboratorios fuera de España se detecta el positivo, y en el caso de Gurpegui se hace en España pero el descontrol viene fundamentalmente por la tardanza en el análisis
de las pruebas y en la resolución del caso. Por tanto, nos está dando un mal ejemplo en el ámbito del deporte español en su discurso de lucha permanente contra el dopaje.
Vamos a referimos a la otra faceta que le corresponde al Consejo Superior de Deportes en la lucha antidoping, que es la aplicación del régimen disciplinario y vamos a ver los mismos ejemplos con los mismos deportistas, con Gurpegui y con
Alberto García. Lo de la aplicación del régimen disciplinario en relación con Gurpegui suena un poco a comedieta porque el primer nivel judicial, entre comillas, de la Real Federación Española de Fútbol que es el Comité de competición, ocho meses
después del partido en que se supone que se dopó el deportista y después de que los análisis hechos en el laboratorio del Consejo Superior de Deportes tardasen más de lo razonable, le pone una sanción de dos años a Gurpegui.
Pasan unos pocos días,
una corta temporada, y el segundo nivel judicial, entre comillas también, de la Federación Española de Fútbol, el Comité de apelación, suspende cautelarmente la sanción de dos años a Gurpegui.
¿Esto es seriedad? ¿Por qué se produce esta segunda
suspensión? ¿Por presiones del Consejo Superior de Deportes? ¿Por presiones del Comité español de disciplina deportiva, un órgano muy vinculado al Consejo Superior de Deportes? ¿Por qué? Me gustaría saber por qué se produce.
Además, se produce
la suspensión por parte del Comité de Apelación y en ese mismo momento el Consejo Superior de
Deportes hace pública su puesta a disposición de Gurpegui en todo. Primero suspende la sanción y después pone a su disposición los laboratorios del consejo en contra de la opinión, públicamente así ha sido, del Comité Nacional Antidopaje.
En unas declaraciones a la prensa del coordinador de la Comisión Nacional Antidopaje, se acusa al Consejo Superior de Deportes de poner en cuestión todo el sistema de aplicación de sanciones. ¿Por qué se realiza esta operación, señor secretario de
Estado? ¿Por qué ponen en entredicho el sistema disciplinario que se contempla en nuestra legislación deportiva? ¿Creen que ya no sirve? ¿Es esa la razón? Si creen que no sirve dígannoslo y propongan uno nuevo, que a lo mejor estamos de acuerdo.
Si es más efectivo que el actual, ¿por qué no? Lo cierto es que ponen en cuestión todo el sistema disciplinario y además no nos dicen qué tienen como alternativa. Creo que piensan que no sirve. Además, lo realizan en un momento en que el proceso
está -permítame la expresión- sub judice, cuando ha pasado de un ámbito disciplinario al siguiente, cuando está en fase de resolución. Por tanto, en esta actuación de ustedes se pone en cuestión todo el sistema disciplinario y nos preocupa.
Creemos que existe un sistema disciplinario bastante garantista, que tiene sus lagunas, pero hay dos soluciones: o lo mantenemos y funcionamos con lo que tenemos o si no nos sirve creemos uno nuevo. Lo que no podemos hacer es cuestionarlo
permanentemente, y con esta decisión ustedes lo han cuestionado de forma clara y rotunda.
En relación con el caso de Alberto García, ¿van a hacer lo mismo que con Gurpegui cuando se vayan desarrollando los acontecimientos? ¿Piensan actuar de la misma forma? Quizá no porque hay unas declaraciones, que no tienen desperdicio, del
director general de Deportes don Guillermo Jiménez (dirá que me meto siempre con él pero no es mi intención; simplemente ha hecho él las declaraciones y hago referencia a ellas) en las que anuncia que el Consejo Superior de Deportes pondrá en
marcha una investigación casi policial -va entrecomillado- sobre el caso Alberto García. A continuación dice que esta investigación policial pasa por investigar el entorno de los deportistas y sancionarlo con contundencia si se confirma su
positivo; el entrenador, el médico y el preparador de Alberto García deberán ser sancionados por cinco años. En este caso se va a utilizar un procedimiento distinto, la amenaza previa o la amenaza de una investigación casi policial. ¿Para qué?
¿Con qué fin? Parece razonable que en el caso de Alberto García se sigan los mismos pasos que con cualquier deportista, igual que se siguió en su momento, con el que hacía referencia anteriormente, agilizándolo, dándose más prisa, porque si no lo
que estamos haciendo es poner en cuestión nuestro sistema investigador y nuestro sistema sancionador.
Señor secretario de Estado, le pregunto con absoluta normalidad por qué no realizan un trabajo de control previo a las competiciones más riguroso que el actual De esta forma se evitaría que nos sacaran los colores de vez en cuando, como en
el caso Muehlegg o en el caso García. ¿Por qué no evitan que se anulen los resultados con controles previos serios y rigurosos, con filtros lo suficientemente potentes como para evitar estos casos? Cuando se producen estos casos quien sale más
perjudicado es el deporte español en su conjunto.
La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): Señor Nieto, debe ir concluyendo.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Termino, señora presidenta.
Hay una frase bastante redonda que se suele decir en estos casos: O el deporte termina con el dopaje o el dopaje termina con el deporte. Para evitar que esto sea así lo que hay que hacer, señor secretario de Estado, es tener mucha
prevención, más control y un sistema sancionador que sea estricto, que tenga garantías, que no puedan quedar esas garantías al albur de una decisión del propio consejo, además, creemos que las sanciones -en eso estamos con usted- deben ser siempre
deportivas, no penales. Hay que trabajar con rigurosidad en este esquema que le estoy planteando. Si así lo hacen contarán con todo nuestro apoyo; si no, recibirán las críticas en aquellos momentos en que comprendamos que no están funcionando de
acuerdo con este esquema.
La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: Agradezco tanto a la presidencia de la Comisión como al secretario de Estado y al portavoz del Grupo Socialista la paciencia que han tenido al apurar hasta última hora el comienzo de esta sesión por mi ausencia. La
culpa no ha sido mía; habrá que echársela a los controladores aéreos de Francia, que al parecer son los que están provocando ciertos retrasos en nuestros aeropuertos.
Tuvimos una comparencia del secretario de Estado para cuestiones similares, como bien se ha dicho en esta Comisión, el día 28 de abril en la Comisión Mixta contra la droga y no hemos salido prácticamente del guión. El señor secretario de
Estado sí ha hecho un guión nuevo, ha perfeccionado aquello que dijo e incluso ha aportado datos nuevos que han sido interesantísimos no sólo por lo que ya se preveía, sino porque el Gobierno español a través del Consejo Superior de Deportes, de su
secretario de Estado, ha hecho propuestas en organismos internacionales que no sólo han sido atendidas sino que algunas se van a poner en práctica como consecuencia de esa persistencia e insistencia del Estado español, del Gobierno español, del
Consejo Superior de Deportes y en concreto de su secretario de Estado en seguir muy de cerca el tema del dopaje, porque
preocupa sustancialmente a nuestro secretario de Estado, a nuestro Gobierno y creo que nos debe preocupar a todos. A la comparecencia del secretario de Estado para el Deporte a fin de informar sobre el proceso seguido por el Gobierno para
la firma y adhesión al Código mundial contra el dopaje, sobre el que el señor secretario de Estado se ha manifestado extensamente y nos ha ilustrado con todo lo que ha sucedido, se ha unido otra comparecencia solicitada por el Grupo Socialista para
que se informe del apoyo que tuvieron por parte del Gobierno los deportistas que se vieron sometidos a controles antidopaje cuando dieron positivo fuera de España, en la que también el señor secretario de Estado se ha referido a los dos casos que
hubo entonces con referencia a la fecha de la petición de la comparecencia, y al llegar aquí me encuentro con que este tema ha sido despachado no por parte del secretario de Estado, sino por el portavoz del Grupo Socialista, en cinco minutos y hemos
entrado en la comparecencia inexistente. La comparecencia inexistente es aquella que hace referencia a Alberto Martínez, a los últimos casos que tenemos, lo cual me extraña y seguro que el señor Secretario de Estado tiene respuesta para todo ello,
pero no era la comparecencia que nos traía aquí, con independencia de que nos hemos salido sustancialmente del orden del día aunque la palabra común sea dopaje. Ésta es una cuestión que habrá que ver.
Insisto en algo que hay que seguir manifestando persistentemente. Debe ser que el acercamiento a posiciones un poco más a la izquierda o un poco más radical en compañía de lo que vamos a ver en los próximos días, y lo que hemos visto en los
días anteriores, acaba convirtiendo la desconfianza de los deportistas españoles en la vuelta al muro aquel que cayó, que no debemos recordar más que por su nombre y por lo que sucedió entonces, el muro de Berlín, porque hacer análisis previos a
deportistas españoles que vayan a intervenir en competiciones internacionales antes de que lo hagan es una falta de confianza absoluta en el deporte español, en nuestros deportistas. Yo tengo una confianza absoluta. Es más, en dos de los casos a
que hacía referencia esta comparecencia se demostró claramente que no había nada de lo que en su día los análisis dieron. Cuando un deportista va a competir no se tiene que ver sometido a la presión de la desconfianza de: vamos a hacerte pruebas
por si nos dejas en ridículo a consecuencia de la prevención que tenemos porque creemos que puedes doparte. Creo que el deportista debe tener la confianza de su Estado, debe tener la confianza de su Gobierno, debe tener la confianza de todos los
políticos, porque al fin y al cabo son ellos los que nos llevan a esos podios en su tercer, segundo o primer puesto y, por tanto, no podemos entrar en esa desconfianza, en hacer análisis previos para ver quién puede o no tener determinadas
sustancias. Al final el resultado es que de todo lo que estamos hablando, de todos los deportistas españoles que compiten internacionalmente en indiscriminadas y múltiples disciplinas deportivas con éxitos manifiestos, primeros y segundos puestos
(es abrumador el número de deportistas españoles que están participando en competiciones internacionales), no sé exactamente el porcentaje pero seguramente que antes de la coma va algún cero y luego podremos poner el porcentaje de deportistas que se
han visto implicados, entre comillas, en casos de dopaje. Ante esa situación de negritud sobre el mundo del deporte español en ese ámbito del dopaje, o yo no vivo en el mismo país o la realidad que se percibe es absolutamente distinta, porque
muchos de ellos se han prestado incluso voluntariamente, no obligatoriamente, a pruebas de dopaje que han pasado limpiamente.
Creo que con los datos que ha dado el secretario de Estado, con la cantidad de análisis que se hacen a lo largo de año, con los objetivos que se marca nuestro laboratorio, con los objetivos que se marca el Consejo Superior de Deportes, está
quedando perfectamente demostrado que el deporte español está limpio, lo que no significa que, como en toda actividad limpia, no haya en alguna ocasión y esporádicamente alguna persona involucrada en algún caso de dopaje.
Cuando se hablaba en la comparecencia inexistente de los pasos previos judiciales, entre comillas, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista con respecto al caso Gurpegui, es que yo creo en la justicia, si es que hacemos la
extrapolación o la metáfora de la justicia deportiva, entre comillas, con la justicia ordinaria, porque yo puedo tener una sentencia en contra y siempre cabe la posibilidad de recurso o de apelación, que pueden darte la posibilidad de eximirte de
esa sentencia inicial, entre otras cosas porque no es definitiva, o tiene la posibilidad de someterse a ese recurso, que es lo que ha sucedido en estos momentos. Todo lo contrario, esto afianza una vez más que el sistema funciona, que hay
posibilidades de seguir estudiando los temas con más tranquilidad y que no se vea perjudicada la persona que tiene la presunción de entrada para poder participar en el mundo del deporte. En el proceso larguísimo del señor Gurpegui, del que se habla
en esa comparecencia inexistente, se hace referencia al largo tiempo invertido en tomar decisiones. Ya en aquella comparecencia del 28 de abril quedó meridianamente claro que el único que retrasó en todo caso el proceso de pruebas, análisis y
contraanálisis fue precisamente la parte afectada, el jugador, el señor Gurpegui, al que además se cedió esa posibilidad para que tuviera mayores oportunidades de defensa. Yo creo que si se alarga un tema precisamente para favorecer a una persona,
en este caso con un positivo pendiente de demostrar lo contrario, no es malo, es bueno, pues hay que creer en la presunción de inocencia, no en la falta de confianza invirtiendo la prueba y al final te sometemos a la misma por si compites.
Creo que
ése no es un buen camino y que hay que ser mucho más riguroso a la hora de hacer determinados planteamientos.
Creo que el Consejo Superior de Deportes lo está haciendo bien en este ámbito. Estamos absolutamente convencidos de que ese trabajo bien hecho queda reflejado por la credibilidad y el crédito del Consejo Superior de Deportes en los
organismos internacionales allá donde hace propuestas, porque además éstas son recogidas, y solamente se recogen propuestas sensatas que van por el buen camino y además quienes las proponen tienen crédito dentro de esos organismos, porque si no
volveríamos a la presunción extraña de por qué nosotros no y los demás sí. En este caso es al contrario. Creo que nosotros hemos demostrado seriedad y rigor y las cosas se están haciendo bien.
Para finalizar, como dije en aquella comparecencia -no quiero alargarme mucho, señor secretario de Estado-, yo he hablado con deportistas españoles que se han visto implicados en casos de dopaje y nunca han manifestado que se les haya
abandonado. Han podido tener quejas porque se han sentido en algún momento determinado más o menos solos, pero no por parte del Estado, del Consejo Superior de Deportes, sino por parte de su entorno, incluso de alguna federación. Por tanto, desde
el Grupo Parlamentario Popular, señor secretario de Estado, le animamos a que siga en esta línea, en la línea de propuestas encima de la mesa para los organismos internacionales, en la línea del trabajo que se viene desarrollando en el Consejo
Superior de Deportes, en la línea que viene desarrollando el propio director general de Deportes, que hace funcionar algo que en alguna ocasión llegó a estar paralizado. Podría hacer alguna gracieta fácil sobre las siglas del Consejo Superior de
Deportes de tiempos pasados; no lo voy a hacer, no voy a caer en ese gravísimo error.
Por tanto termino diciendo al señor secretario de Estado que las cosas se están haciendo bien, se lo digo con serenidad, no por manifestar que somos del mismo
grupo o del mismo partido, sino de una forma absolutamente objetiva, porque tengo elementos de juicio de fuera del Consejo Superior de Deportes, del ámbito del deporte, para manifestar lo que estoy manifestando.
La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Gómez-Angulo Rodríguez): Gracias, señor portavoz del Grupo Popular, porque efectivamente ha reconocido una cosa que para quienes siguieran mi
intervención a final de abril en la Comisión Mixta es verdaderamente notoria; es decir, yo he hecho una intervención completamente nueva a la de aquel día -podía haberme referido a la misma- y lo he hecho como elemento de apuntes y no de fondo, e
incluso para abordar la segunda comparecencia he aportado, a través del informe del Consejo de Europa, unos datos que no son opiniones de parte sobre que España está ejerciendo en materia de control de dopaje un papel absolutamente homologable de
modo incontestable al del resto de los países de nuestro entorno.
Voy a empezar por el final porque, en definitiva, si analizamos la intervención del portavoz del Grupo Socialista contestando a las dos mías, básicamente está de acuerdo en un 85 por ciento de lo que he dicho, que es en realidad el fondo de
la cuestión, de lo cual estoy muy satisfecho, y luego deja un tanto por ciento para cuestionar el proceso de Gurpegui -que ahora contestaré- y otro tanto por ciento similar para cuestionar algún extremo sobre -que en definitiva es a donde ha querido
llevar su intervención- que si se dan en dos años tres casos notables de dopaje en el deporte español el culpable naturalmente es el Consejo Superior de Deportes, argumento que se cae por su propio peso porque según esto todos los deportistas
españoles que han participado en los últimos dos años, que han sido sometidos a infinidad de controles, no han sufrido el más mínimo castigo ni sanción, luego es que el índice es tan ridículo que la actuación del Consejo Superior de Deportes sería
en todo caso impecable. Por tanto es un argumento que yo no puedo admitir y que además se quiebra, señor Nieto, en su extremo final porque dice que el problema es que no hay controles previos. ¿Sabe usted cuándo pasó un control Alberto García 24
horas antes de que saliera el positivo? Pues el día anterior a la competición de cross que llevó a cabo en Lausanne, un control hecho por sorpresa en el propio hotel al que llegó y salió negativo. ¿Qué me dice a eso? Lo que yo le contesté en su
día en el caso de Johann Muehlegg, que en un momento determinado (y esa es doctrina aplicable a todo proceso donde hay un resquicio para poder hacer una infracción, como ha contestado el portavoz del Grupo Popular) puede existir la infracción por
muchos controles previos que haya. Se le hizo un control por sorpresa en el hotel 24 horas antes de competir. ¿Qué más control quieren? En fin, voy a contestar con un cierto rigor a todas y cada una de las cuestiones que me ha planteado porque
creo que estoy absolutamente en condiciones de hacerlo.
La comparecencia sobre Llaneras y Guardiola se produce en diciembre de 2001 porque el Grupo Socialista entiende que no se está dando el mismo apoyo a esos ciclistas que a Johann Muehlegg, lo cual me asombra porque el problema de Muehlegg
ocurre en el mes de febrero de 2002 durante la celebración de los juegos olímpicos de invierno. Luego, o hay un cambio de fechas o una circunstancia sobrevenida que a mí se me escapa, pero claramente el caso Muehlegg es posterior en el tiempo a la
comparecencia solicitada sobre Llaneras y Guardiola y en la que se dijo que el consejo no les había prestado atención. Creo que he explicado muy sucintamente que el tema de Guardiola se escapa a las competencias y el de Llaneras -al que luego llamé
personalmente por teléfono- no siguió adelante por unos defectos formales. Como ha reconocido el portavoz
del Grupo Socialista, la atención prestada a Johann Muehlegg -más allá incluso de las competencias que yo en ese momento tenía- ha sido reconocida nacional e internacionalmente, y esa es la política -como he dicho en mi comparecencia- que
hemos seguido en el Consejo Superior de Deportes y que no quepa duda a S.S. es la que vamos a seguir llevando a cabo.
Respecto al tema de AMA, con el que básicamente el portavoz está de acuerdo, es cierto, y yo se lo agradezco también, dije en la comparecencia en la Comisión Mixta que la puesta en común de estos temas es importante, y en ello no hay opinión
de parte porque la intención del Gobierno es suscribir, como así se ha hecho, el Código Mundial Antidopaje, y a mí me gustaría que contara en todo momento, como así lo pedí en aquella comparecencia, con el respaldo de todos los grupos de la Cámara,
que creo no ofrece lugar a dudas. El Gobierno español ha llevado a cabo muchísimas iniciativas y mis intervenciones, tanto en el consejo de la fundación de AMA como en el plenario de la conferencia de Copenhague, no dejan lugar a dudas y así se
recoge en las actas de la sesión y así se recoge en la declaración de Copenhague, donde se incluyó una enmienda presentada conjuntamente por Francia, Alemania y España precisamente en aras de instar a la Agencia Mundial Antidopaje a su
transformación en una agencia de derecho internacional público. WADA ya ha tenido muchos mensajes a ese respecto y sin ir más lejos hace dos semanas en Madrid se celebró una convención internacional con sesiones del Comité Olímpico Internacional,
con participación de las federaciones internacionales deportivas, y desde todas las instancias se ha hecho la petición a WADA de que tiene que ir a esa transformación y que en el mundo del deporte no puede ser un órgano de decisión unilateral que
irrumpa como tal en muchísimas actividades deportivas, sino que no puede perder de vista que es un órgano dependiente en todo momento del Comité Olímpico Internacional y que éste es responsable también de muchos de los movimientos de WADA. En
expresión de S.S. el código debe ser aplicable a todos. Lo suscribo plenamente. Creo que estamos de acuerdo prácticamente al cien por cien en la primera parte de mi comparecencia, lo cual siempre es de agradecer cuando se comparece en sede
parlamentaria.
A continuación y al hilo de esta petición de comparecencia de diciembre de 2001, que ya he contestado a los extremos de Guardiola y Llaneras, saca de nuevo a colación el caso Gurpegui y el caso sobrevenido posteriormente -incluso a mi
comparecencia de 25 de abril- de Alberto García. En el tema Gurpegui no voy a cansar a SS.SS. con la relación que hice fecha por fecha de todas las acciones llevadas a cabo por los distintos órganos que tienen competencia en este extremo. Valga
un preámbulo. Lo que no hace el Consejo Superior de Deportes es una política intervencionista ni entrometerse en la independencia que deben tener todos los comités disciplinarios de todas las federaciones españolas y en el único que depende
orgánicamente del consejo, que es el Comité español de disciplina deportiva, en los tres años que llevo en el puesto no ha habido ni una sola indicación, en ningún supuesto, de cómo deben actuar cinco reconocidos juristas -y a ellos me referiré
ahora- en cualquier tema que tengan entre manos. Precisamente en relación con el tema Gurpegui, insisto, está en el 'Diario de Sesiones' la relación de actuaciones pormenorizadas, todas en plazo, como dije en su momento, llevadas a cabo en este
asunto. Es verdad que desde esa fecha hasta ahora se ha producido de nuevo un levantamiento de la suspensión cautelar. ¿A qué obedece eso? Me parece muy bien que se haga la pregunta porque me permite responder públicamente sobre un tema que creo
que debe ser de general conocimiento.
Me parece que dije el día 25, y si no lo digo ahora, que -y me alegra que S.S. coincida conmigo en la no judicialización de la justicia deportiva por vía ordinaria-, quienes estamos en la Administración no
podemos soslayar, ni siquiera en el ámbito de la justicia deportiva, el control judicial de los actos administrativos. El Comité español de disciplina deportiva es un órgano dependiente de la Administración y en consecuencia sus decisiones pueden
ser objeto del control judicial. El Comité español de disciplina deportiva, sabedor de la excelente defensa, a la que tiene pleno derecho, que lleva a cabo Gurpegui -que ya ha anunciado que si no prosperan sus tesis en el ámbito deportivo va a ir a
la jurisdicción ordinaria- precisamente para evitar un error formal en todo el proceso decidió el levantamiento de la sanción. ¿Por qué? Porque existe una reiterada jurisprudencia en la jurisdicción ordinaria sobre las suspensiones cautelares, que
no se pueden mantener más allá de lo razonable en función de la actividad que lleve a cabo la persona afectada. Este comité -insisto en que está compuesto por cinco juristas notables- tampoco quiere ver sus decisiones, una vez que vayan a ser
llevadas, si es que ha lugar a ello, a la jurisdicción ordinaria, rebatidas o ver anulada por defecto de forma alguna actuación que lleve a cabo. Ese mismo argumento es trasladable al criterio que se ha seguido en los distintos comités, que han
aplicado, por reiterada jurisprudencia, en la jurisdicción ordinaria que se tiene que ir al levantamiento de las suspensiones cautelares que se prolongan en el tiempo sin que sea llevada a cabo la correspondiente sanción. Por tanto, queda
absolutamente claro que no ha habido intervención alguna del Consejo Superior de Deportes cerca de los comités disciplinarios deportivos en este proceso, y he explicado por qué se lleva a cabo ese levantamiento de la suspensión.
¿Dónde ha habido
intervención del Consejo Superior de Deportes? Se lo voy a decir a su señoría. El Consejo Superior de Deportes en su día -creo que lo dije en la Comisión Mixta- se dirigió no al club al que pertenece Gurpegui, el Athletic Club de Bilbao, sino al
Comité español de disciplina
deportiva. Si del examen del expediente hubiese necesidad de contrastar los análisis efectuados en el laboratorio de Madrid, el Consejo Superior de Deportes estaba en disposición de sufragar cuantos análisis de contraste quisiera llevar a
cabo el Comité español de disciplina deportiva. Aunque estábamos absolutamente seguros del análisis llevado a cabo en el laboratorio de Madrid, se citaron tres laboratorios, Lausanne, Montreal y Lisboa, para que el Comité español de disciplina
deportiva tuviese las manos absolutamente libres. Posteriormente, y con motivo de la polémica originada sobre este caso y del informe que no fue tenido en cuenta por el Comité español de disciplina deportiva que presentó la defensa del jugador
derivado de la Universidad de Extremadura, el Consejo Superior de Deportes ha querido trasladar al jugador, no ya en el tema disciplinario sino en esa labor de prevención de la que S.S. también ha hablado y de controles previos, una preocupación
por su salud. A través de la asociación de jugadores se le ha transmitido la disponibilidad del consejo para llevar a cabo cuántos estudios o análisis quiera el jugador en relación con su propia salud, su situación personal derivada de ese informe
de Extremadura, que para nada tiene que interferir en el proceso disciplinario que se está llevando a cabo en el caso Gurpegui.
En relación con Alberto García, paso a expresar cuál es la preocupación del consejo en todo el proceso. Para hablar del tema de Alberto García tengo que hacer una declaración previa, señora presidenta. Este tema no ha concluido, ni mucho
menos. Ha habido una falta de confidencialidad del proceso por la Federación Internacional de Atletismo, según se ha puesto de manifiesto por la Real Federación Española de Atletismo. Si se hubiese llevado con la confidencialidad que requiere un
caso de estos no se sabría públicamente el nombre del deportista. De modo voluntario él lo confesó porque ya se había producido esa filtración en la Federación Internacional de Atletismo. Ni siquiera los órganos disciplinarios y de control
antidopaje de la Federación de Atletismo se han reunido para analizar este caso. El consejo no ha intervenido para nada, sólo para hacer públicas algunas preocupaciones que en torno a este tema teníamos, como no podía ser de otra forma.
Voy a darle unos datos de los que dispongo formalmente y que entiendo que no deben interferir, en ningún caso, en el proceso de Alberto García. Les ahorraré aquellos datos relacionados con el caso de manera más directa que pueden interferir
en su defensa en las distintas instancias en las que ha de llevarse a cabo. Para que no haya duda, voy a dar datos muy concretos de controles internacionales de EPO realizados a atletas por la Agencia Mundial Antidopaje y por la Federación
Internacional de Atletismo, la IAAF. Desde el 28 de julio de 2001 hasta el 20 de marzo de 2003 se han llevado a cabo un total de 250 controles a atletas de 37 países. Los siete países más controlados han sido, por este orden, Kenia, Australia,
Rusia, Etiopía, España, Brasil y Marruecos. Por tanto, España es el quinto país que tiene más número de controles EPO que entre los atletas dependientes de la IAAF se han realizado desde el 28 de julio de 2001 hasta el 20 de marzo de 2003. Creo
que es un dato absolutamente incontestable y pone de relieve, como decía antes el portavoz del Partido Popular, la limpieza de la práctica totalidad de nuestros atletas. Por supuesto que en entre esos siete países no están ni Estados Unidos ni
Francia ni Gran Bretaña. Son datos estadísticos. Además, se da la circunstancia de que los atletas controlados que están en esta relación que acabo de decirles han sido mayoritariamente los de medio fondo y los de fondo. El número de controles en
competición y fuera de competición pasados por los atletas de cada federación miembro de la Federación Internacional de Atletismo -son 78 federaciones- han sido, según datos de este mismo organismo, 11.840 y España en el año 2002 -no estoy yéndome a
estadísticas anteriores- se encuentra en segundo lugar con un total 1.068 controles. El único país con muchísimas más licencias que supera esa cifra es Alemania con 1.277 controles y sigue a España, que ocupa el segundo lugar, Estados Unidos con
1.030 controles, Francia con 924 controles y Gran Bretaña con 811 controles. El último dato que tengo en mi poder correspondiente al año 2001 y que le puedo aportar a S.S. es que Alberto García ha sido el atleta español que más controles ha pasado
en el año 2001 -12 controles- junto con José Antonio Redolat, casi uno mensual, al margen de los que tiene que pasar, por supuesto, en función de los sorteos o del puesto que ocupe en cualquier competición deportiva.
Quisiera decir, para que conste en el 'Diario de Sesiones' y no quede ninguna duda sobre la actuación del Consejo Superior de Deportes, que también durante el año 2002 -y es un dato que di en mi comparecencia de 25 de abril en la Comisión
Mixta- el Consejo Superior de Deportes ha llevado a cabo un total de 8.860 muestras, 5.055 realizadas en competición y 3.805 fuera de competición; me parece que es un dato también a tener en cuenta. En cuanto al procedimiento y la actuación que va
a llevar a cabo el Consejo Superior de Deportes con relación a Alberto García, una vez se hayan sustanciado los temas que voy a decir, será el de todos los deportistas. Para no omitir ninguna información a la Comisión sobre el proceso de Alberto
García en competiciones internacionales, donde se ha producido, la Federación Nacional del Deportista, en este caso la Federación Española de Atletismo, solicita que desarrolle todo el procedimiento; es la Federación Española de Atletismo la que
tiene que desarrollar el procedimiento. Si en tres meses no ha tomado resolución, la IAAF acepta la suspensión para competiciones internacionales -que no es la sanción definitiva-, la federación española siempre tiene que iniciar el procedimiento
y reunir al Comité antidopaje federativo, seguido del Comité disciplinario de la propia federación. Si la federación española no sanciona, la IAAF recurriría ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Luego en nada interviene el consejo.
Todo este procedimiento, insisto, es confidencial, aunque en este caso -como ya he dicho antes- la confidencialidad se ha roto por parte del propio deportista tras filtrar la propia IAAF que había un atleta español entre los positivos del mundial de
cross. El consejo requirió al día siguiente a la Federación Española de Atletismo que nos mandara un informe sobre el caso en aras de lo que se decía en esa nota, la defensa de los deportistas españoles en todo momento, la defensa del atleta si ha
lugar y, en el caso de que no hubiera lugar, para exigir también algunas responsabilidades porque -y termino por donde empecé- si diera finalmente positivo y no se encontrara algo que lo anulara, también es cierto -y salgo al hilo de las
declaraciones que hizo el director general de Deportes- que en el aspecto policial -y usted lo ha omitido- el señor Jiménez pidió perdón públicamente. Podía no haber pedido perdón y haber echado la culpa al periodista, pero no lo hizo.
Dijo: yo
lo dije, me equivoqué y en consecuencia, pido perdón. Y está recogido públicamente el perdón en los mismos medios que usted ha manejado. Usted no ha dicho lo del perdón porque no le ha interesado. He de decir que hay un fondo que es importante
tener en cuenta, y es que en el entorno del deportista -porque no cabe derivar responsabilidades- si se diera un caso de positivo, también hay que hacer alguna averiguación de quién puede inducir o aconsejar muchas veces al deportista en la toma de
determinadas sustancias. Y eso es lo que el señor Jiménez en todo momento quiso dejar claro, porque a veces la responsabilidad no se puede derivar por arriba, tampoco tiene que asumirla en un momento determinado un deportista que tiene sus
entrenadores, preparadores, fisios, médicos y demás, y en consecuencia todos tienen que responder -no lo digo en este caso concreto sino en general- cuando se da algún caso -afortunadamente escasísimo- de positivo en el deporte español.
La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): Para un breve turno de réplica de tres minutos, tiene la palabra el señor Nieto.
El señor NIETO GONZÁLEZ: Señora presidenta, espero no consumirlos.
Señor Gómez Angulo, permítame que le diga que cuando usted habla del porcentaje de acuerdo lo pactemos previamente. Puede usted decir que yo estoy de acuerdo con usted al cien por cien o al ochenta y cinco por ciento, pero yo no tengo esa
valoración, bajaría muchísimo los porcentajes. Es verdad que he dicho que estamos de acuerdo con el papel que tienen que cumplir en el futuro tanto la agencia como el código. Es cierto que el contenido del código que ustedes han apoyado me parece
correcto. Otra cosa distinta es lo que se esté haciendo para que ese código sea más efectivo, para que la agencia pase a ser una entidad de derecho público o para que trabaje, para que empiece a ser efectiva, etcétera, porque nosotros creemos que
no es todo lo efectiva que debiera.
Usted decía que he identificado las fechas de Guardiola y Llaneras en el mismo tiempo. No es así. Ha debido ser un lapsus por mi parte. Nuestra petición se había realizado antes de los acontecimientos de
Muehlegg.
Quizá me he expresado mal. El tiempo nos ha demostrado que se prestó más apoyo a Muehlegg que a Guardiola y Llaneras, pero si lo he dicho de otra forma ha debido ser un lapsus.
Quisiera incidir un par de minutos en la última parte de su intervención porque me parece la más relevante. Señor secretario de Estado, yo sigo pensando que con lo que han hecho ustedes en relación con el caso Gurpegui -la suspensión por
parte de apelación de la sanción que tenía impuesta por competición- están poniendo en cuestión todo el sistema disciplinario existente en estos momentos y amparado legalmente por la legislación deportiva española. En mi opinión, insisto, están
ustedes poniendo en cuestión todo el esquema de funcionamiento del sistema de sanciones y las garantías que tiene el mismo. Ha habido una intervención del Consejo Superior de Deportes, en mi opinión, incidiendo en que se realizara en los términos
en que se ha planteado, en el sentido de suspender cautelarmente esta sanción. Además, el Consejo Superior de Deportes ha hecho algo que no me parece ni bien ni mal ni regular, creo que indica una línea para el futuro. Ustedes han puesto a
disposición de Gurpegui todos los medios de que dispone el Consejo Superior de Deportes, es decir el laboratorio del consejo, para hablar en plata, para que se lleven a cabo todo tipo de pruebas en relación con si produce o no la sustancia objeto de
la sanción. Por tanto ustedes abren un nuevo camino.
¿Esto lo van a hacer con todos los deportistas que tengan algún problema? Porque si lo hacen ahora con Gurpegui lo harán también con Alberto García y ojalá que el asunto de Alberto García
termine bien y que los contraanálisis al final sean negativos y no haya ningún problema. Ahora bien, si al final se confirma el positivo ¿pondrán el laboratorio del Consejo a disposición de Alberto García -en el supuesto de que se lo pidan- para
llevar a cabo todas las pruebas que pida el atleta, y no sólo a disposición de Alberto García, sino a la de cualquier atleta que tenga algún problema en el futuro o prevea que pueda tenerlo? Si es así, conviene que se sepa.
Por último, señor secretario de Estado, en cuanto a la puesta a disposición de Gurpegui -en este caso- del laboratorio del Consejo para llevar a cabo todo tipo de pruebas, creo que habría sido más prudente que estas se hubieran hecho en otro
laboratorio; con el apoyo del Consejo, pero en otro laboratorio. Usted ha
citado tres, pero, al final, no se harán en otro laboratorio. ¿Por qué no se podían haber hecho en Lausanne, o en cualquier otro sitio? Al final, se harán en el laboratorio del Consejo, que es el que ha intervenido previamente y el que
analizó las pruebas en su día. Ahora, se seguirá trabajando en este laboratorio en lo que se refiere a este atleta y no me parece lo más adecuado. Además -insisto-, sienta un precedente, significa que habrá que poner todos los medios del Consejo a
disposición de cualquier atleta.
Para concluir, he citado lo que apareció en la prensa sobre las declaraciones del señor Jiménez, director general de Deportes; y no he visto ninguna otra que las desmintiera. No digo que no exista; existirá, sin duda, pero no la he visto;
si la hubiese visto, lo habría dicho, no tengo ningún interés en ocultarlo. En cualquier caso, esas declaraciones ponen de manifiesto un talante, aunque luego uno diga: qué burrada he dicho, voy a desdecirme. Está bien rectificar, pero lo dicho
me parece excesivamente duro. Me alegro de que se haya rectificado y que no signifique el inicio de una nueva línea, una línea policial para investigar ciertos comportamientos, conductas o compañías, porque podría resultar complicado.
Insisto, no se ponga una venda en los ojos; el dopaje es un asunto grave y complicado, que afecta a la salud de los deportistas y al deporte en general. Lo que tenemos que hacer es trabajar juntos para erradicar el problema de donde
exista. Sabe usted que cuenta con nuestra colaboración, pero no nos pongamos una venda en los ojos: donde haya problema, descubrámoslo y atajémoslo. Una buena fórmula es mucha prevención y mucho control previo, no en el sentido de muros de Berlín
ni de otros muros, sino como medida cautelar, como cualquier otra. Las medidas de prevención son siempre buenas. Esta es la línea en la que se debe trabajar, y estamos a su disposición para hacerlo; en otra línea no lo estaremos, y lo diremos.
La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): Para contestar a este breve turno de réplica, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA EL DEPORTE Y PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES (Gómez-Angulo Rodríguez): Intervendré muy brevemente porque no se ha aportado ningún dato nuevo que desdiga lo que he expuesto.
En cuanto al código mundial, no he querido leer antes, por no cansarles, la enmienda que presentaron Francia, Alemania y España sobre el inicio de los trabajos para llevar a cabo la transformación de la AMA en agencia de derecho público
internacional. Es un párrafo incluido formalmente en la declaración de Copenhague, que hace referencia reiteradamente a la reunión de la UNESCO que he citado en mi intervención. Es en el seno de la UNESCO donde se podría llevar a cabo esa
convención internacional.
Está, pues, contestado.
Contestando a las preguntas concretas, tengo que insistir en la absoluta independencia de los comités disciplinarios deportivos. El Consejo Superior de Deportes no ha tenido intervención ni ha hecho indicación alguna durante todo el proceso
disciplinario del caso Gurpegui. Ha dicho aquí el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y lo he dicho yo públicamente repetidas veces; que no nos gusta llevar los asuntos deportivos a la jurisdicción ordinaria; por otra parte, debemos ser
conscientes del principio del control judicial de los actos administrativos, cosa que se pretende ignorar en este proceso. De todos modos, nada menos que la defensa de Gurpegui ha dicho que, si no prosperan sus tesis en el ámbito deportivo, irán a
la jurisdicción ordinaria. De ahí las cautelas en las decisiones tomadas por los distintos comités de disciplina deportiva.
En relación con la pregunta más concreta que me ha planteado comparando el caso Gurpegui con otros, me interesa hacer una declaración de principios y es que cada caso de positivo tiene sus propias connotaciones, pues normalmente no son
siempre las mismas sustancias ni las mismas circunstancias. En el caso de Alberto García, el Consejo Superior de Deportes poco puede hacer porque el análisis no se ha hecho en España -primera diferencia notable con el caso Gurpegui-, se ha llevado
a cabo en Lausanne; se trata de una sustancia que tiene su tratamiento científico y está absolutamente constatado cómo se aplica. Hay otro caso que en esta sesión no se ha abordado, que es el de Igor González de Galdeano, un caso completamente
distinto; no se ha sacado a relucir porque la actuación del Consejo ha sido también impecable, apoyando la defensa del ciclista. Sin embargo, en el caso de Gurpegui se da la circunstancia de que la sustancia que se encontró en el análisis se puede
producir de una forma endógena. Ésa es la circunstancia que diferencia notablemente el caso Gurpegui de otros. Si se diera esa misma circunstancia en otro deportista, naturalmente que el criterio a aplicar sería exactamente el mismo; en igualdad
de casos, igualdad de tratamiento. No hay posibilidad de hacer siempre lo mismo si no se da la circunstancia de la producción endógena. Además, lo he dicho anteriormente, la producción de esa sustancia, si son ciertos los límites de los que se
habla, puede poner en riesgo la salud del deportista, de ahí la intervención del Consejo Superior de Deportes.
Como he dicho en otras ocasiones, permítame, señora presidenta, que termine haciendo un reconocimiento, una vez más, a la totalidad de deportistas españoles. Me he referido antes a los controles efectuados en 2002 y podría hacerlo ahora a
la infinidad de éxitos logrados en ese año, pero me voy a referir a las cuatro últimas semanas. En las cuatro últimas semanas, todos los fines de semana se han producido éxitos de los deportistas españoles. Cito de memoria, automovilismo,
motociclismo,
tenis (con el torneo de Roma), judo (con la excelente actuación de los y las judokas españoles en el campeonato europeo), la excelente actuación de los equipos de balonmano; en fútbol, el subcampeonato de Europa logrado por la selección sub
17. Creo que está en las hemerotecas y en la memoria de todos. En todas estas competiciones se hacen controles antidopaje y nuestros deportistas han salido limpios en su práctica totalidad, con la excepción reciente de Alberto García, todavía en
estudio. A todos los deportistas españoles el reconocimiento del Gobierno y de este secretario de Estado que ha comparecido una vez más en esta comisión.
La señora VICEPRESIDENTA (Díez de Baldeón García): El punto séptimo del orden del día era la comparecencia del secretario de Estado de Cultura para informar sobre el plan integral de museos y sobre las actuaciones más destacadas del plan de
inversiones en instituciones culturales de cabecera. Una nota remitida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte pone de manifiesto que el secretario de Estado de Cultura no podrá comparecer hoy en esta comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta minutos del mediodía.