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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 753, de 06/05/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 753
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 98
celebrada el martes, 6 de mayo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor ministro de Justicia (Michavila Núñez) para informar sobre: - Qué instrucciones ha cursado el servicio jurídico del Estado en relación con el accidente del Prestige. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 213/001109.) ...
(Página 24046)
- Las circunstancias que han permitido que se produzca la fuga de un condenado en sentencia firme por tráfico de drogas y la incidencia que en tales hechos ha tenido la ausencia de medios personales y materiales suficientes para asegurar un
correcto funcionamiento de la Administración de Justicia. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001136.) ... (Página 24064)
Se abre la sesión a las nueve y quince minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Buenos días señoras diputadas, señores diputados.
Comenzamos la sesión de la Comisión de Justicia e Interior con dos cuestiones previas que afectan al orden del día cuales son la solicitud de retirada por parte de los solicitantes de los dos primeros puntos. El primero era la
comparecencia, solicitada por el propio ministro de Justicia, para informar sobre la resolución del Congreso de los Diputados de 26 de agosto del año pasado, que instaba al Gobierno a solicitar la ilegalización de Batasuna. A solicitud del
compareciente y previa comunicación con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, se ha aplazado este punto, que queda sobre la mesa. Lo mismo ocurre, por parte del Grupo Socialista, respecto del punto que figura con el número 2 del
orden del día, se ha solicitado el aplazamiento de la comparecencia del ministro de Justicia para que informara de las actuaciones encaminadas a asegurar una asistencia jurídica efectiva a los extranjeros.
Ahora, por si quiere hacer alguna aclaración, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor presidente, señores miembros de la Mesa, señoras y señores diputados, agradezco que me conceda la palabra el presidente porque quiero explicar las razones por las que he solicitado que
quede sobre la mesa la petición de comparecencia que hice a la Cámara el 28 de marzo. Dicha solicitud era para dar cuenta a la propia Cámara del proceso resultante de la decisión adoptada por el Parlamento el 26 de agosto del pasado año. He tenido
ocasión de hablar personalmente con algunas de SS.SS. y lamento no haber podido hacerlo con todos. El motivo es sencillo, yo entendí, y así lo entendieron algunos grupos parlamentarios con los que, como digo, tuve ocasión de hablar de esta
iniciativa, que, toda vez que el 26 de agosto, con una amplísima mayoría, el Congreso de los Diputados hizo un encargo al Gobierno -encargo que se materializó el 3 de septiembre, según el artículo 61, formalizando ante la Sala del Tribunal Supremo
la correspondiente demanda para pedir la ilegalización de tres formaciones políticas en los términos y con los argumentos que habían sido planteados el 26 de agosto por la Cámara, que a su vez hacían referencia al informe que se presentó ante esta
el 21 de agosto-, era de una lógica cortesía parlamentaria dar cuenta de cuál había sido el resultado de aquel encargo. Sin embargo, me parecía que la fecha de hoy, por escrupuloso respeto a la independencia de nuestra justicia, quizá no era idónea
para celebrar un debate parlamentario sobre ese proceso judicial, debate que podría ser malinterpretado por algunos, entendiendo que la Cámara, el Gobierno o cualquiera de SS.SS. pretendía influir o incidir de una u otra manera en un proceso
judicial que cuenta con todas las garantías de nuestra afortunadamente sólida e independiente justicia. En ese sentido, y después de hablarlo con los grupos parlamentarios, solicité que esta cuestión quedara sobre la mesa y que sea abordada por
esta misma Comisión cuando ese proceso finalice, para que no se pueda interpretar que la Cámara incide en un proceso judicial.
Esa es la razón, que agradezco que SS.SS. compartan, de solicitar el aplazamiento y en consecuencia abordaré los puntos 3 y 4 del orden del día, como deseen que lo haga, en bloque o bien primero un punto y luego el otro. Quizá sea mejor de
esta última manera, puesto que son asuntos de naturaleza bien distinta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por las explicaciones formuladas.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA (MICHAVILA NÚÑEZ), PARA INFORMAR SOBRE:
- QUÉ INSTRUCCIONES HA CURSADO AL SERVICIO JURÍDICO DEL ESTADO EN RELACIÓN CON EL ACCIDENTE DEL PRESTIGE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001109.)
El señor PRESIDENTE: Entramos en el orden del día, de acuerdo con lo señalado anteriormente, comenzando con el punto que figura con el número 3 en el orden del día, la solicitud de comparecencia del ministro de Justicia, formulada por el
Grupo Parlamentario Socialista, al objeto de que el compareciente explique las instrucciones cursadas al servicio jurídico del Estado en relación con el accidente sufrido por el buque Prestige.
Sin más, tiene el uso de la palabra el señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Atiendo gustoso el requerimiento hecho por el Grupo Parlamentario Socialista con relación a cuáles han sido, vienen siendo y van a ser las actuaciones de la Abogacía del Estado en relación
con la catástrofe que supuso el naufragio del buque Prestige.
Como saben SS.SS., el martes 19 de noviembre de 2002, después de seis días de maniobra, el buque Prestige se partió en dos y se hundió cerca de las costas gallegas. Desde el primer momento, el Servicio Jurídico del Estado puso en marcha el
ejercicio de sus responsabilidades, articulando una estrategia en cuatro ejes de la defensa del Estado de derecho, de la defensa del interés general. Es esta, precisamente, la misión de la Abogacía General del Estado; esta es la misión que
nuestros abogados del Estado vienen desempeñando en tantos ámbitos, siempre al servicio de las instituciones y siempre en defensa del interés de los ciudadanos, representado por las instancias públicas y residenciado en ellas. La Abogacía
General del Estado participó desde el primer momento en las reuniones que el vicepresidente primero del Gobierno puso en marcha para coordinar las acciones de los distintos ámbitos del Gobierno y dar una respuesta decidida e inmediata a la situación
de crisis y sus consecuencias. Ha venido asesorando, como es lógico, sobre las distintas iniciativas que se han puesto en marcha para paliar los daños o para ayudar a los afectados, sin perjuicio de las actuaciones procesales, de las actuaciones de
la Comisión de seguimiento del Fidac, de la actividad consultiva y del ejercicio de las acciones judiciales en el extranjero, que son las que gravitan de manera más concreta sobre la Abogacía del Estado y a las que me referiré con más detalle a
continuación.
De entre todo ese catálogo de medidas adoptadas con carácter inmediato, no puedo dejar de mencionar una que se llevó a cabo en un plazo de tiempo que no tiene precedente en nuestro ordenamiento jurídico: en siete días se aprobó un decreto
ley que contenía las primeras medidas de apoyo; lógicamente, la elaboración de ese decreto ley contó con el informe previo de la Abogacía del Estado. La Abogacía del Estado informó sobre la técnica jurídica para hacer posible, en un tiempo récord
las ayudas directas que permitieron que todos los afectados perciban 40 euros al día. Eso supone que cada afectado percibe mensualmente, como consecuencia de este decreto ley informado por la Abogacía del Estado, 1.200 euros, equivalentes a 200.000
pesetas. Además se hizo también una consulta al Servicio Jurídico del Estado, en la Agencia Tributaria, que permitió que Hacienda incorporara una iniciativa importante: que esta cantidad está exenta de tributación por el IRPF, lo cual recibió,
como es lógico, el necesario informe jurídico. Los afectados, que comenzaron a cobrar estas ayudas el 10 de diciembre, cuando no había transcurrido un mes desde el accidente, contaron también con el apoyo de las oficinas en las que está presente el
Servicio Jurídico del Estado. Es preciso recordar que se beneficiaron de esas ayudas 18.412 personas y que el Estado ha aportado hasta la fecha alrededor de 20 millones de euros. Asimismo, se hizo una consulta al Servicio Jurídico del Estado
-básicamente en Hacienda, y también en la Agencia Tributaria- sobre la posibilidad de otro tipo de ayuda y un trabajo coordinado avaló una opción muy oportuna, desde el punto de vista jurídico, y bien sustentada desde el punto de vista técnico: la
posibilidad de aplicar reducciones en el IRPF, en el IVA, en el impuesto de actividades económicas, antes del proceso actual de reducción que llevará a la casi supresión de los sujetos tributarios -suprimirá el 90 por ciento de ellos-; también en
el impuesto de sociedades. Se articuló con la Asesoría Jurídica una novedosa línea de apoyo a los afectados. La Abogacía del Estado aportó en este caso sin duda un gran conocimiento de los instrumentos financieros para permitir la existencia de
créditos blandos, créditos a tipo de interés cero, para las iniciativas empresariales que surjan en Galicia. La prestación de estos créditos se ha residenciado en el Instituto de Crédito Oficial.
Precisamente, el secretario del Instituto es
miembro de la Abogacía del Estado y ha tenido una clara participación en el diseño. Finalmente se estableció, de acuerdo con el informe que elaboró el Servicio de la Abogacía del Estado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, una bonificación
del 100 por cien de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores y empresarios afectados. De este modo, en marzo se tramitaron ya 27.622 solicitudes de bonificación y se concedieron bonificaciones por importe de 2.844.000 euros.
La Abogacía del Estado ha sido también instrumento activo en la elaboración del Plan Galicia, que fue aprobado en Coruña el 24 de enero de 2003. El plan recibirá 12.459 millones de euros para su ejecución y contiene iniciativas, que les
ahorro en este momento, para los sectores más afectados y para la promoción del plan de calidad, y tantas otras en las que la Abogacía del Estado ha participado activamente. Esta participación la ha llevado a cabo en tres ámbitos: el propio de la
Abogacía General del Estado y de la Subdirección General del Servicio General de lo Contencioso, que evidentemente tiene una larga experiencia.
Como saben SS.SS., la Dirección General del Servicio Jurídico ha recibido un refuerzo durante esta
legislatura: ha sido elevada a la categoría de Subsecretaría y se ha trasladado su sede, de un modo más que simbólico, al edificio de Parcent -en San Bernardo número 45-, sede del Ministerio de Justicia. El nuevo rango le permite una mayor
coordinación con los servicios jurídicos de los ministerios, y la ubicación, una mayor coordinación con el resto de los servicios jurídicos. El segundo eje de trabajo ha sido la coordinación del papel activo de la Abogacía del Estado de los
ministerios en el impulso de las medidas que he referido y en el de las que señalaré a continuación. Singularmente, los abogados del Estado jefes de los ministerios de Fomento, Medio Ambiente, Ciencia y Tecnología y Asuntos Exteriores, han
constituido el equipo de trabajo que ha venido coordinando las actuaciones. Por fin, el tercer eje de trabajo se ha situado cerca del lugar de la catástrofe y ha estado adscrito al servicio que se articuló inicialmente y que dirige el señor Martín
Villa.
El delegado del Gobierno, señor Martín Villa, solicitó la creación de nuevas plazas de la Abogacía del Estado y que las mismas se adscribieran a un servicio de apoyo técnico. Así, desde el principio, se dotaron medios personales y
materiales, con especialistas en la cuestión, y la Abogacía del Estado trabajó en régimen de dedicación exclusiva para atender todos los ámbitos específicos que voy a mencionar a continuación.
Estos ámbitos de actuación específica se
refieren a las actuaciones procesales, por una parte; a las actuaciones de la Comisión de seguimiento de los requerimientos al Fidac -Fondo Internacional de Indemnización de Daños-, por otra; a una serie de elementos consultivos
específicos, de los que daré cuenta a continuación; y finalmente a las actuaciones relacionadas con el ejercicio de acciones judiciales en el extranjero. En este último ámbito de la acción internacional, no sólo me referiré a las acciones
judiciales, sino también al impulso en la Unión Europea de nuevas iniciativas, fruto de reflexiones y sugerencias de la Abogacía del Estado tras sus contactos con otros países miembros de la Unión.
Por lo que se refiere al primero de los ejes, actuaciones procesales, saben SS.SS. que la Abogacía del Estado está personada en el único proceso judicial que se sigue en España, en el Juzgado de Instrucción número 1 de Corcubión, por el
siniestro del buque Prestige. Su personación fue la primera. La celeridad y la eficacia del trabajo de la Abogacía del Estado en esta ocasión, como en tantas otras, hizo que fuera la primera en personarse como acusación particular. Como saben
SS.SS., lo hizo el 18 de noviembre, y a su acción -que fue la primera, como digo- se han sucedido y acumulado otras: la de la Junta de Galicia, la del Gobierno Vasco, la de la Diputación Provincial de La Coruña, la de diversos ayuntamientos y la de
las cofradías de pescadores; también se han personado en la causa particulares perjudicados. Insisto en que hay una única acción judicial, lo cual es extraordinariamente razonable, tiene su lógica, y la Abogacía del Estado, que fue la primera en
personarse, lo hizo precisamente para exigir las responsabilidades derivadas de la catástrofe a quienes son sus responsables. Esa petición dio lugar a que se abrieran las diligencias previas número 960/2002, en las que también hubo una denuncia de
un particular realizada en el mes de noviembre, e insisto en que han acumulado la personación procesal de todas las demás instituciones.
En el proceso penal que impulsa la Abogacía del Estado, a la que, aprovechando mi comparecencia, quiero agradecer su extraordinaria dedicación, su cualificación y su trabajo, puesto que en todos los ámbitos los profesionales funcionarios al
servicio del Estado que es la Abogacía del Estado han estado a la altura del prestigio acreditado de un cuerpo de tantos años de experiencia, un cuerpo que tantas figuras relevantes ha dado a nuestra vida pública y que hace tan magnífico trabajo en
defensa del interés general -y conste que esto de las figuras relevantes no lo digo porque esté presente Manel Silva, destacado miembro de la Abogacía del Estado, sino porque es de todos reconocido que esta presta un magnífico servicio y es un
cuerpo de altísima calidad en la cualificación de sus miembros-, el servicio de la Abogacía del Estado, como decía, se ha dirigido básicamente en dos direcciones. La primera, que sean dirimidas ante el órgano judicial las responsabilidades
derivadas del accidente, las responsabilidades de las empresas en todo lo que podríamos llamar el entorno del Prestige y sus trabajadores, una serie de empresas que de una u otra manera participaron en generar una situación de riesgo y en que la
misma degenerara en catástrofe. De esta manera, y en lo que se refiere al proceso penal, se inició una acción penal referida a personas físicas (el capitán del buque, el jefe de máquinas, el primer oficial del buque), y esa acción se inició por dos
delitos, los que luego han entendido todas las demás instancias que eran los delitos que podrían ser imputados: el primero, el relativo a lo que viene intitulado en el artículo 325 del Código Penal como delito contra el medio ambiente, y el
segundo, el del artículo 556 del Código Penal, delito de desobediencia. Quiero recordar a estos efectos a SS.SS. que en este momento está en tramitación parlamentaria una mejora y modificación del régimen de tipificación de nuestro delito
medioambiental, en consonancia con lo que España ha venido impulsando también en el ámbito de Naciones Unidas; pero que la tipificación penal que se hizo en el Código del año 1995 en este artículo 325, a juicio de la Abogacía del Estado y a los
efectos de incriminación que se persiguen en esta causa 960/2002, se considera suficiente garantía de nuestro Estado de derecho para que prospere la acción entablada.
En segundo lugar la acción se dirige a enjuiciar la actuación de quienes participaron de una u otra manera, no sólo como personas físicas sino también como personas jurídicas, en la situación derivada de la catástrofe. Como saben SS.SS.,
hasta la fecha se han celebrado las declaraciones de los imputados y hasta 18 declaraciones de testigos. La Abogacía del Estado, mediante escritos de fecha 27 de noviembre y 20 de diciembre de 2002, ha solicitado la práctica de una serie de
diligencias, muchas de ellas de naturaleza testifical y documental. Todas esas diligencias se solicitan con un propósito, el de averiguar qué elementos personales y qué elementos corporativos han tenido responsabilidad en la generación del riesgo,
que también supone una responsabilidad, y en la degeneración de ese riesgo en una catástrofe. En ese sentido la Abogacía del Estado ha solicitado de S.S. el juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 que se alcancen declaraciones de las
siguientes entidades: de una parte, de la propietaria del buque, Mare Shipping Inc.; de la sociedad armadora, Universe Maritime Limited; de la sociedad propietaria de la carga, Crown Resources, de la entidad aseguradora de la responsabilidad
civil del buque, The London P&I; de la sociedad de clasificación del buque, American Bureau of Shipping; de la sociedad que inspeccionó el buque en julio de 2001, Bureau Veritas; de la sociedad a la que se encomendó el rescate del buque, Smit
Salvage y su filial Tecnosub; de la organización OH.Company's International Marine Forum, cuyo acrónimo es OCIME; de la empresa armadora del remolcador Ría de Vigo, Remolque Nosa
Terra; de la consignataria del buque en A Coruña, Finisterre Agencia Marítima Sociedad Anónima; de la sociedad griega encargada de calibrar la chapa del buque, Dimitros Thomas Marine Bureau, y de la autoridad marítima de Bahamas, al ser la
propiedad del pabellón del buque.
En la actualidad este proceso judicial se encuentra pendiente de la práctica de buena parte de las pruebas no testimoniales -como digo, han comparecido 18 testigos- y singularmente de las pruebas documentales, requiriéndose especialmente un
impulso en la colaboración de todas estas entidades, cada una de las cuales tiene, lógicamente, un papel y algo importante que decir en determinar lo que a todos nos interesa: la verdad de las responsabilidades, la verdad de los hechos acaecidos,
la verdad sobre quiénes fueron culpables de la generación de un riesgo y de que ese riesgo degenerara en una catástrofe. Quiero decir que, así como S.S. está estimulando la colaboración de las entidades requeridas, por lo que se refiere a la
actitud de la Administración del Estado y la información requerida por la Abogacía del Estado a la Administración del Estado en sus distintas instancias, se ha actuado con toda celeridad; diligencia y celeridad manifiestas puesto que ya ha sido
remitida a la causa toda la documentación solicitada, incluyendo los más de 1400 folios del documento denominado Actuaciones de la Administración marítima en relación con el hundimiento del buque Prestige. Sin duda son elementos que manifiestan la
diligencia y la celeridad con que la administración desea que se averigüe la responsabilidad de todos los que participaron en ese riesgo.
El juez de Corcubión, titular del órgano judicial, dictó providencia el pasado 19 de marzo del año 2003 y en la misma acuerda que en cuanto a las diligencias de pruebas ya admitidas se libren recordatorios e impulsos necesarios a todas estas
instituciones. Como saben SS.SS., algunas de las diligencias de pruebas presentadas por distintas partes no fueron admitidas por el juez, y la Abogacía del Estado presentó el 24 de marzo de 2003 una reforma a esa no admisión de diligencias de
prueba, y ya S.S.
había contestado el 19 de marzo algo que parece muy razonable, que en que se llevarán a efecto las pruebas hasta ahora denegadas en la medida en que del curso de la investigación pudiera apreciar S.S. que procede estimar la
celebración de esas pruebas hasta ahora no aceptadas en el trámite procedimental. Desde luego, el deseo -y además legítimo papel de la Abogacía del Estado- es impulsar que también esas pruebas denegadas se celebren en la medida en que, lógicamente,
desde el respeto a quien tiene que tomar la decisión, la última palabra la tiene el juez titular.
Finalmente he de referirme a una solicitud de inhibición que fue presentada el 10 de diciembre de 2002 dirigida al juzgado de Corcubión.
La defensa del imputado entendió que la causa no debía ser ventilada en el Juzgado de Instrucción
número 1 de Corcubión y, en consecuencia, solicitó el traslado de la causa a la Audiencia Nacional. El Servicio Jurídico del Estado consideró que en términos estrictamente jurídicos no procedía aceptar ese traslado y evacuó informe el 11 de
diciembre de 2002 sosteniendo que la competencia seguía correspondiendo a ese órgano judicial, entendiendo también que no había elementos de conexión suficientes para que el proceso fuera trasladado al conocimiento en su instrucción en la causa al
Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, y el juez estimó su propia competencia, tal y como es el proceso de estimación de competencia en el trámite en primera instancia, sobre todo cuando se ha denegado por la Abogacía del Estado, y
es ahí donde, a resultas de lo actuado, se mantiene el proceso judicial.
El segundo eje de trabajo estrictamente jurídico de la Abogacía del Estado se refiere a las actuaciones en relación con el Fondo internacional para la indemnización de daños derivados de la contaminación de hidrocarburos, lo que se conoce
técnicamente como el FIDAC. Como saben ustedes, el 19 de noviembre de 2002 se constituyó en la Delegación del Gobierno en Galicia la comisión de seguimiento de las indemnizaciones del fondo FIDAC. Desde la reunión que celebró el comité ejecutivo
del FIDAC en Londres en la semana del 3 al 7 de febrero se puso de manifiesto que la acción de la delegación española debía estar asistida por la Abogacía del Estado, por lo que asistió un representante de la Abogacía del Estado a la citada reunión.
De la comisión española de seguimiento de las indemnizaciones, tras la reforma efectuada en su constitución el 20 de febrero de 2003, forman parte los representantes de la delegación del Gobierno en Galicia y los ministerios competentes a los que
antes he aludido, y se produce algo que considero importante, que es la presencia de representantes de las comunidades autónomas que de una u otra manera podían verse afectadas en su litoral y en perjuicios a sus ciudadanos. En este sentido
participan las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, participa también el fondo FIDAC y las cofradías de pescadores, que tienen una representación en la comisión de seguimiento, así como la aseguradora del buque a la
que antes he hecho referencia, The London P&I. Esta comisión de seguimiento había celebrado ya antes de Navidad un total de ocho reuniones. De esas reuniones, que se han venido manteniendo de manera sistemática, coordinada y con mucha dedicación
por parte de sus miembros, han derivado importantes acuerdos, unos relativos a la coordinación de la acción jurídica de todas las administraciones públicas implicadas, que, como ya he señalado, se refieren tanto a los ministerios como a las
comunidades autónomas, y otros relativos a facilitar la tramitación de las ayudas del FIDAC a los perjudicados.
Quizá convenga destacar algunas de las conclusiones. La primera de ellas es que la oficina de reclamaciones
del FIDAC sea la que canalice todas las reclamaciones jurídicas de daños y de pérdidas resultantes del siniestro del buque Prestige. Esa canalización de todas las reclamaciones que se dirijan al fondo incluyen las que formulen afectados de
otras comunidades autónomas fuera de Galicia, al menos de momento, es decir, se ha efectuado una acción coordinada y centralizada entre las comunidades autónomas y los afectados de esas comunidades autónomas a fin de que ante el FIDAC la
representación y la acción jurídica sea canalizada de manera unitaria con el objeto de garantizar su eficacia y de que la tutela sea lo más eficaz posible. A tal objeto, el delegado del Gobierno dirige oficio a los delegados del Gobierno en
Asturias, Cantabria y País Vasco, trasladando las conclusiones alcanzadas con el FIDAC hasta la fecha. El 16 de diciembre de 2002 se abrió una oficina en A Coruña para atender todas estas demandas, estableciéndose también, de acuerdo con el informe
del Servicio Jurídico del Estado, ocho formularios para facilitar a los perjudicados el proceso jurídico de reclamación. A veces los procesos judiciales de esta naturaleza son muy complejos y el ciudadano afectado puede perderse en un mundo de
elementos jurídicos difíciles de valorar, y en ese sentido se pensó que la mejor manera de ayudar al reclamante era establecer una serie de formularios que de una forma extraordinariamente sencilla pudieran facilitar la solicitud del proceso de
reclamación. Son ocho los formularios, atendiendo a circunstancias específicas, y su contenido ha sido consensuado fundamentalmente, como es lógico, con los representantes de la comisión. Los formularios están a disposición de los perjudicados en
la oficina y también en todos los ayuntamientos, que han tenido una colaboración ejemplar para trasladar y ser un cauce de comunicación con los afectados. Hay que reconocer el trabajo de muchas instituciones y de muchos ayuntamientos para estar
cerca del ciudadano y hacer el papel de primera instancia que ha permitido trasladar a los afectados que tenían derechos y explicarles cuál era el cauce para el ejercicio de esos derechos. En la actualidad, las órdenes ministeriales del Ministerio
de la Presidencia de 3 y 9 de diciembre establecen cuáles son los criterios específicos.
Las reclamaciones que se presenten pueden hacerse también, porque así se ha decidido, al margen de los ocho formularios que se han consensuado, lo que facilita a los perjudicados un cauce sencillo para acceder a la petición de indemnización,
porque se entendió que no debía establecerse ese mecanismo como elemento excluyente, sino que cualquier otra vía de acceso a las reclamaciones sería considerada válida y sería también tramitada e impulsada. Todas las reclamaciones han de dirigirse,
lógicamente, al FIDAC, pero será válida su presentación en la oficina de reclamaciones del ayuntamiento, con lo cual se ha conseguido algo en este extremo importante, y es que los ayuntamientos han colaborado haciendo eso que viene a denominarse el
trabajo de ventanilla única, es decir, que la recepción en un ayuntamiento de un escrito de reclamación tenga eficacia ante el fondo. También, si se presentara eventualmente alguna reclamación en la Xunta de Galicia, en la Delegación del Gobierno o
en algunas otras instancias, en Gobiernos de comunidades autónomas que participan en esta comisión de seguimiento, pueden remitirla a la oficina de reclamaciones, que va a ser la que coordine y centralice, para una mayor eficacia, la remisión de
todos estos procesos.
Finalmente se adoptó la decisión de incorporar a la página web de todas las instituciones tanto la información sobre los derechos como la información sobre la forma de ejercerlos. Para mejor conocimiento y coordinación en la tramitación de
las reclamaciones, los representantes del FIDAC han solicitado mantener un encuentro con las diputaciones provinciales, acompañados de un representante de cada ayuntamiento afectado, quedando este punto únicamente pendiente de concreción en cuanto a
la fecha y los grupos de ayuntamientos. Los ayuntamientos, según informa el Servicio Jurídico del Estado, han entendido la posibilidad de concentrar sus actuaciones. Entre tanto, a cada ayuntamiento se le ha solicitado que designe a una persona
encargada de todos los aspectos relacionados con las reclamaciones ante el FIDAC, a fin de facilitar el acceso de los ciudadanos a dicho organismo. Otra decisión importante es que se ha elaborado un protocolo de colaboración entre los medios del
FIDAC y representantes de la Administración que está sirviendo de marco general para coordinar las labores de determinación y de valoración de los daños. Ese protocolo, que se encuentra en un avanzadísimo estado de elaboración, -y saben ustedes que
los extremos son delicados y complejos- podrá recibir la aprobación definitiva por parte del FIDAC en breves fechas, como esperamos. También se decidió que para acreditar los daños fuesen válidas no sólo las actas expedidas, como suele ser
tradicional, por el personal del FIDAC, sino también las actas notariales; así ocurrió en el caso del Aegean Sea, que fue otra catástrofe de menores dimensiones pero de naturaleza análoga, lo que fue un instrumento que permitió agilizar los
procesos de atención a las reclamaciones de indemnización y el trabajo del FIDAC. Esta vez se ha dado un paso más: no sólo son las actas notariales, sino también -y esto es de agradecer porque supone una demostración de confianza en nuestras
instituciones públicas- las actas que fuesen expedidas por funcionarios públicos de la Administración central o de las administraciones autonómicas, siempre -eso es lógico- que antes de expedirse se otorgue al FIDAC la oportunidad de acudir a la
acreditación previa de los daños que se puedan poner de manifiesto, si el FIDAC lo entendiera y quisiera acogerse a esa opción, y si les resulta imposible en dicho plazo, en 24 horas tendrían validez las actas de dichos funcionarios. Quiero
destacar este hecho porque supone una clara manifestación
de estrecha, eficaz y ágil colaboración entre las instituciones de las comunidades autónomas, a las que se les reconoce su papel de sustitutivo de los funcionarios del FIDAC en dos elementos que son esenciales: la determinación del daño y
la valoración del mismo. El hecho de que se haya podido llegar a este nivel de colaboración es, sin duda, una manifestación de que el proceso camina en la buena dirección. Se estableció también que el personal afectado -mariscadores, tripulantes y
los armadores embarcados- pudiera ser contratado por Tragsa para labores de limpieza, sin que además las cantidades que por este concepto se pudiesen percibir -y fue una decisión adoptada además por unanimidad de todos los miembros de la comisión de
seguimiento del FIDAC- pudieran minorar el importe de la indemnización a que tuvieran derecho. Esta compatibilidad y, sobre todo, la no minoración de la indemnización representan sin duda también un paso importante.
Finalmente señalaré que el FIDAC puso a disposición de todos los ciudadanos un manual de reclamaciones que explica el proceso de reclamación y que detalla mucho más que los formularios. Creo que el formulario ha sido un buen paso, una
correcta decisión, pero por si algún ciudadano quería una información adicional más completa o más amplia, se presentó y se puso a disposición en el mes de noviembre ese amplio y detallado manual de reclamaciones en el que se aclaran todos los
conceptos relativos a la tramitación.
La próxima reunión de la delegación del comité ejecutivo del FIDAC se va a celebrar en fechas próximas del mes de mayo, posiblemente incluso en los próximos días. Saben ustedes que la reunión del 3 al 7 de febrero celebrada en Londres fue
satisfactoria, y en esta reunión se espera que sea acordada la fecha de inicio del pago de las indemnizaciones por el FIDAC, así como la fijación de la prorrata inicial de abono de las indemnizaciones. Para alcanzar tal objetivo, que es el deseo en
el que viene colaborando esta Comisión, se ha trabajado no sólo en coordinación entre ayuntamientos, comunidades autónomas, cofradías y ministerios afectados, sino que también se ha colaborado coordinadamente entre España, Francia y Portugal. Tanto
el comisionado del Gobierno como la Abogacía del Estado han mantenido reuniones en París y Lisboa, y yo mismo tuve ocasión, como saben SS.SS., de mantener un primer encuentro con el ministro de Justicia Dominique Perben, de Francia, y posteriormente
con la ministra de Justicia de Portugal. Quisiera destacar la inmediata, eficaz y estrecha colaboración con ambos gobiernos, que ya agradecí en su momento y que vuelvo a agradecer ahora. Singularmente, el Gobierno francés y el Ministerio de
Justicia, con el equipo jurídico dependiente del mismo, han colaborado muy estrechamente en que las acciones fueran coordinadas. Francia tiene, desafortunadamente, una experiencia en catástrofes de esta naturaleza y una experiencia en reclamaciones
al FIDAC, y compartir estrategias y experiencias, tanto en la determinación de las sanciones jurídicas como en la determinación de los daños y en la evaluación de los mismos ha resultado, sin duda, extraordinariamente útil. Finalmente quiero
señalar que se han celebrado reuniones entre los representantes de la Administración general del Estado y representantes de la entidad aseguradora, The London P&I. En estas reuniones se ha buscado que se constituya un fondo de responsabilidad, el
previsto en el artículo 5.3 del Convenio de responsabilidad civil de 1992.
El tercer eje de la acción de la Abogacía del Estado es el de la actividad consultiva; la primera actuación significativa de las desarrolladas en el marco de la misma se encuentra, como he señalado, en el procedimiento sancionador. La
Capitanía Marítima de A Coruña inició un procedimiento contra el armador, el propietario, el asegurador y el capitán del buque, entendiendo que se habían cometido infracciones muy graves contra la seguridad marítima y contaminación del medio
marítimo. En este sentido, es la autoridad administrativa competente la que tiene la capacidad de poner en marcha el proceso sancionador a tenor del régimen que SS.SS.
conocen bien, el establecido en la Ley 27/1992, de Puertos del Estado y de la
Marina Mercante, singularmente en orden a la exigencia de medidas cautelares en la prestación de la fianza para responder de los daños producidos y también en la imputación de los hechos, a tenor de lo previsto en el apartado número 4 del artículo
115 de la citada Ley 27/1992, en el artículo 116.2.c) y también en el apartado 4 de ese mismo artículo. El Servicio Jurídico del Estado ha prestado asimismo un continuo asesoramiento consultivo al comisionado del Gobierno; figura que, como saben,
fue creada por real decreto de 10 de enero de 2003, tanto en lo relativo a los aspectos jurídicos que han rodeado al siniestro como en la valoración de los organismos competentes para asumir las distintas funciones derivadas de las consecuencias del
hundimiento del buque y también en lo relativo a las acciones que tengan relevancia y trascendencia jurídica en lo pertinente a la acción decidida de recuperación del entorno natural. Asimismo, la Abogacía del Estado ha acompañado al comisionado
del Gobierno en los viajes y reuniones, tanto nacionales como internacionales, en los que había algún aspecto de carácter técnico-jurídico, y también ha formado parte tanto de la comisión interministerial que se creó al objeto de atender la
catástrofe, paliar los daños, indemnizar a las víctimas e impulsar todas las acciones derivadas de la catástrofe, como en la comisión interadministrativa, generada entre la Administración del Estado y la Xunta de Galicia.
Finalmente, en este tercer
eje, el Servicio Jurídico del Estado ha informado y participado en todos los convenios que han celebrado la Administración del Estado, Sasemar, Tragsa, etcétera.
Por último, el cuarto de los ejes al que me referí al inicio de mi intervención es el de las actuaciones relacionadas
con el ejercicio de acciones judiciales en el extranjero. En este ámbito, en estrecha colaboración, como es lógico, con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el abogado del Estado jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores y la Dirección
General del Ministerio de Asuntos Exteriores, se está estudiando la posibilidad de contratar algunos servicios especializados en el ámbito del extranjero en relación con la posibilidad de ejercer en Estados Unidos acciones contra la Sociedad de
clasificación del buque, American Bureau Shipping, ya sea directamente en una demanda de responsabilidad civil, ya sea en lo que se denomina técnicamente discovery action, con el fin de recabar toda la información que se entiende pertinente y además
necesaria para conocer los extremos jurídicos de la generación de la situación de riesgo y de que dicha situación, como he mencionado anteriormente, degenerara en una catástrofe. En el momento actual se preparan actuaciones, también independientes,
de investigación respecto a la compañía de clasificación del buque y del seguro sobre el casco. Para el ejercicio de estas acciones, la Abogacía del Estado y los informes de los técnicos tienen en cuenta la participación que haya podido tener la
sociedad de nacionalidad liberiana Mare Shipping Inc., que tiene su domicilio social en Londres.
Dicha entidad, como saben algunas de SS.SS., y su aseguradora tienen una opción de riesgo que alcanza los 25 millones de euros, constituyendo el fondo
equivalente a tal cantidad, lo que se tiene la certeza de que se va a hacer. Ahora bien, tanto en el artículo 5.3 como en el 7.8 del convenio de responsabilidad civil al que me he referido antes se prevé la posibilidad de que por lo que respecta a
los daños ocasionados, cuando se cometa la contaminación por una acción o por una omisión y además se acredite que se actuó con la intención de causar esos daños o bien que se hizo temerariamente y a sabiendas de que se originarían los mismos, no
haya ninguna limitación de responsabilidad. En consecuencia, el quebrantamiento del límite de responsabilidad del propietario es uno de los ejes de la posible acción judicial que pudiera poner en marcha la Abogacía del Estado en el ámbito de las
acciones judiciales en el extranjero.
Finalmente, en cuanto a la acción también en el extranjero, quiero destacar el hecho de que se hayan impulsado en el marco de la Unión Europea una serie de iniciativas que estaban sobre la mesa en los Consejos de Ministros de Justicia e
Interior desde hacía años, pero que, precisamente de resultas de esta catástrofe y de la solidaridad de otros gobiernos, han sido desbloqueadas. Quiero expresar la satisfacción del Gobierno de España por el hecho de que nuestra apuesta por que el
delito ecológico y medioambiental sea definido de la misma manera en todos los lugares de la Unión Europea y sea perseguido de igual forma y se le aplique la misma sanción en todos los rincones de la Unión Europea haya resultado extraordinariamente
importante. He dicho en más de una ocasión que existen determinados delitos y ciertas infracciones del ordenamiento que hoy no pueden ser perseguidos por un solo Estado, siendo sin duda una de ellas la relativa al delito ecológico. En la Unión
Europea hemos tenido la fortuna de encontrar un camino, que fue abierto el 13 de junio del año 2002, cuando definimos de la misma manera el delito de terrorismo y decidimos perseguirlo de la misma forma. Pues bien, esa senda abierta debe ser
proseguida por otros delitos, como el del narcotráfico. Ayer tuve ocasión de reunirme precisamente con el director general de la lucha contra el narcotráfico de Naciones Unidas, que alabó el esfuerzo del Reino de España para tipificar de la misma
manera el delito del narcotráfico en toda la Unión Europea, el delito de tráfico ilegal de seres humanos y también el medioambiental. En este sentido se ha impulsado la elaboración de una decisión marco, y quiero señalar que se adoptó una posición
común estratégica muy importante, previamente al Consejo de Ministros celebrado en Bruselas, con Francia y con Italia. A esa posición estratégica que impulsó el Gobierno de España se adhirieron inmediatamente el Reino Unido y Alemania, de tal
manera que los cinco países tuvimos ocasión de dirigirnos a la presidencia belga, que atendió la urgencia solicitada por dichos países para aprobar esa decisión marco.
Asimismo se ha puesto en marcha un proceso de coordinación tanto de la tarea de
todas las autoridades en materia de prevención como de la sanción. Finalmente, en el ámbito mediterráneo hemos puesto en marcha entre Portugal, Italia y España un proyecto. Singularmente, lo hicimos en el último Consejo de Ministros celebrado en
Grecia, donde, aprovechando la cumbre, mantuvimos una reunión para trasladar al Mediterráneo todos los elementos de tutela y seguridad del mar que existen en otros ámbitos, así como a toda la costa norte europea; elementos de coordinación, de
garantía de la seguridad, de exigir todos los Estados las mismas responsabilidades a todos los que pongan en peligro la seguridad en el tráfico en los mares. Y por último, saben ustedes que en el ámbito del Consejo de Ministros de Transporte se
impulsó singularmente por España, con el acuerdo de los demás, la garantía de los criterios en las fechas adelantadas para la exigencia del doble casco.
Todas estas acciones internacionales manifiestan algo que para España es importante, y es que desde el principio contamos con la solidaridad activa de los demás gobiernos de la Unión Europea, que entendieron que una catástrofe de estas
dimensiones suponía un grave perjuicio y un daño ecológico al que desde la Unión Europea había que dar respuesta, puesto que, como se dijo en el Consejo de Ministros, se trata de un daño que afecta a todos los europeos. Esto es, señorías, lo que en
una primera intervención puedo contarles acerca de la actuación de la Abogacía del Estado, manteniéndome atento a sus intervenciones y quedando a su disposición para cuantas aclaraciones quieran que les haga.
El señor PRESIDENTE: La solicitud de esta comparecencia ha sido hecha por el Grupo Parlamentario Socialista. El señor Barrero tiene el uso de la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor ministro, quiero agradecerle su comparecencia, así como la información que nos ha facilitado, que nos ha prometido ampliar en una segunda intervención. Quiero mostrar también mi satisfacción, señor presidente,
por el hecho de que el ministro de Justicia comparezca hoy en esta Comisión, ya que no lo hace con frecuencia. Hace cinco meses tuvimos la oportunidad de verlo de manera muy satisfactoria aquí mismo, y es siempre muy agradable que el ministro de
Justicia, que impulsa proyectos legislativos importantísimos para esta Cámara y que pienso yo que debería mantener una relación fluida con la misma, venga por esta Comisión. Al ritmo que lleva, señor ministro, me imagino que solamente le vamos a
ver una vez más antes de que finalice la legislatura, lo que nos llenaría de pesar ya que convertiría lo que debe ser una relación parlamentaria fluida en una especie de visita de cortesía que, al menos dentro del Reglamento, tiene un apartado
desconocido para mi grupo. En todo caso, hoy está aquí y bienvenido sea, señor ministro, porque además la información que nos ha dado la ha venido requiriendo mi grupo a la vista de que esta Comisión de Justicia no tenía un conocimiento detallado
-sí otras comisiones- del trabajo que el Gobierno estaba realizando a través de la Abogacía del Estado. Hoy comparece también en la Comisión Constitucional el vicepresidente primero del Gobierno, que me imagino que facilitará amplios datos desde
otra perspectiva, pero a nuestro entender faltaba esta tan importante. Su presencia aquí además arroja luz sobre algunas sombras que surgen con motivo de la actuación de la Abogacía del Gobierno -perdón, de la Abogacía del Estado-, a tenor de las
informaciones que tenemos. (Risas.) Ha sido un lapsus que después explicaré. (El señor ministro de Justicia, Michavila Núñez: He comprendido perfectamente que era un lapsus.)
Bien sabemos todos, señor ministro, señorías, que la catástrofe ecológica ha supuesto una espectacular desgracia. Se han visto afectados alrededor de 295 kilómetros de costas, unos 40 kilómetros de playas, y hay que regenerar 1,5 millones
de metros cuadrados de superficie. Por tanto, hay que proceder a una reparación de daños que asciende a una cuantía impresionante, por no hablar de los más de 28.000 marineros afectados, así como los perjudicados turísticamente, restaurantes,
etcétera. Es decir, nos encontramos ante una situación en relación con la cual merece la pena que se haga un trabajo bien coordinado y bien realizado. Por otra parte, los daños causados, si se sigue la tesis del Mar Egeo, caerán, me imagino, sobre
el armador en parte y me temo, señor ministro, que en parte también sobre la responsabilidad del Estado, a través de su responsabilidad patrimonial, al menos desde el 14 de noviembre, fecha en que el Gobierno tuvo en sus manos ese barco. Pero esto
ocurrirá después.
Lo que nos importaba eran, aparte de la información detallada y amplia que nos ha dado, las actuaciones procesales en las que está en curso, por personación, la Abogacía del Estado. Nos dice usted, señor ministro, que tiene calidad de
acusación particular, y así es. Comparte esa acusación particular con varios colectivos que se han personado, desde ayuntamientos, comunidades autónomas, cofradías, incluso el colectivo Nunca Máis tiene su propio letrado, por los conocimientos que
tenemos, que está impulsando las diligencias que considera oportunas. De hecho, según la información que tenemos -ojalá de hoy se deduzca lo contrario-, la Abogacía del Estado está impulsando pocas o ninguna diligencia en los últimos meses. Nos
gustaría saber si esto es así o no. Mientras otros letrados están solicitando la declaración de los prácticos, del capitán marítimo, del delegado del Gobierno -por supuesto ambos imputados-, de asesores del ministerio, etcétera, lo que a nosotros
nos llega -insisto, nos gustaría que no fuera así y que tuviera la oportunidad de negarlo aquí y de informar en consecuencia- es que el abogado del Estado se ha convertido no tanto en acusador particular que busca la responsabilidad de los sujetos
pasivos de esta catástrofe, como en abogado defensor de los imputados, especialmente del director general de la Marina Mercante o del delegado del Gobierno, ambos imputados en la causa. De hecho, lo que se busca a través de las consecuencias de una
marea negra de estas características es, sin duda, la defensa de los intereses de las víctimas, la indemnización justa y el reconocimiento de los culpables.
Pues bien, nosotros tenemos conocimiento de que en los últimos tiempos el abogado del
Estado ha dejado de solicitar diligencias. Usted ha hablado en su información de una que planteó, no sé si en vía de recurso, por no aceptación de diligencias, en marzo -he querido entender-, pero los datos que nosotros tenemos es que lleva tiempo
la Abogacía del Estado sin solicitar diligencia alguna que pueda permitir el esclarecimiento de los hechos.
Por otra parte, y a efectos de información, porque parece que tendría toda lógica que usted me informara sobre ello, porque a lo mejor tiene datos que nos permitirían ampliar nuestro nivel de conocimiento, el fiscal en la causa ha sido
removido. El anterior era una señora llamada Beatriz Pacios, que venía solicitando diligencias de investigación interesantes; se la separa de esa actuación y para llevar a cabo las actuaciones de investigación penal se nombra al fiscal jefe. El
fiscal jefe, por si no lo saben SS.SS., había sido suspendido durante seis meses de empleo y sueldo por razones que no vienen al caso, se levantó no hace mucho tiempo esa sanción y ahora está actuando en esta causa. Según los datos que tenemos, no
ha solicitado diligencia alguna, no ha hecho ninguna investigación, no sé si porque
están imputadas personas de la relevancia del delegado del Gobierno, del ex director general de la Marina Mercante, o porque pueden resultar poco atractivas para el Gobierno las declaraciones del capitán marítimo. Le daré datos que están
sujetos a la confrontación de los que S.S. me dé, porque lo que nos importa fundamentalmente es la verdad en esta Comisión.
Don Ángel del Real, que es el capitán marítimo y persona imputada, declara -declaración que no se le escapa al ministro
pues es de enorme importancia a los efectos de reconocer a los culpables y de ir delimitando los conceptos indemnizatorios y de responsabilidad, me imagino que están en pieza separada- durante todo un día, hasta las siete de la tarde, y sin embargo
el fiscal jefe, que no le hace pregunta alguna, a las tres de la tarde se va. No parece que tuviera interés en investigar el asunto. No le hizo pregunta alguna -eso aparece en el acta- y a las tres de la tarde, cuatro horas antes de terminar la
declaración el capitán marítimo, se va. Esto pone de manifiesto un interés escaso en la investigación real de lo que sucedió, en términos penales, con motivo del accidente desgraciado del Prestige. Estas son algunas de las cuestiones que nos
venían preocupando y creemos que es el momento de romper esa preocupación por la vía de que el Gobierno adopte las instrucciones concretas que impidan este tipo de actitud tan pasiva, que redunda poco en beneficio de la investigación y de las
posibles indemnizaciones, como consecuencia de las responsabilidades a que dé lugar, en términos civiles también, este desgraciado asunto.
Hace poco un diputado de la zona, don Manuel Ceferino, le hizo al Gobierno una serie de preguntas, sobre las cuales voy a insistir, en la confianza de que pudiera comparecer en esta Comisión con carácter habitual para darnos cuenta de cuáles
son las actuaciones de la Abogacía del Estado en ese procedimiento judicial o en otro que diera lugar a la tranquilidad y no a la alarma de los posibles afectados en este asunto. Nos gustaría que asumiera como propia la voluntad firme de comparecer
regularmente en la Comisión para darnos cuenta de este tipo de asuntos. Mientras tanto, quisiera saber si se va a adoptar alguna medida procesal respecto al embargo preventivo del casco y carga del buque. Se lo digo porque el Gobierno lo planteaba
a futuro como una medida procesal a destacar, y usted bien conoce las consecuencias jurídicas de ese tipo de embargos. Ha recordado que la responsabilidad civil del armador está limitada a 25 millones de euros y en respuesta a una pregunta de don
Manuel Ceferino, hace un mes, dijo que se desconocían los datos sobre el seguro de carga y de casco. Yo no sé si los conoce ya.
Nos ha comentado algo que nos parece importante, señor ministro, y es la actuación del Gobierno en el extranjero, a través de la Abogacía del Estado o de otro letrado. No sería inoportuno porque de los datos que tenemos quizás se pudiera
deducir algún tipo de responsabilidad patrimonial de otro Estado. Seré más claro. El buque Prestige estuvo en Dinamarca del 6 al 8 de noviembre y parece que el práctico advirtió de las malas condiciones en que estaba. Sin embargo, permitió que el
buque saliera de puerto y accediera a nuestro país. Ese práctico se llama James Jurgën Wessen. Lo digo a los efectos oportunos porque nos importa la verdad y, sobre todo, que las víctimas sean suficientemente indemnizadas en su momento, porque
bastante tienen con lo que les ha caído encima con esta desgracia. No vea en esta comparecencia nada que busque desgastar al Gobierno, que, por otra parte, tampoco necesitaría mi ayuda, sino un interés en llegar de verdad a buen puerto en el tema
de la irresponsabilidad y de las indemnizaciones a las personas que han sido damnificadas por esta desgracia.
Nos gustaría conocer si es posible, cuáles son las próximas iniciativas -aparte de algunas que ya nos ha advertido y fundamentalmente ésta que busca en el extranjero un seguimiento de licencias por vía de algún letrado- en el proceso abierto
en el Juzgado de Corcubión del abogado del Estado. Nos gustaría conocer hasta qué punto el Gobierno, a través del ministerio que usted dirige, está calculando la posible responsabilidad patrimonial del Estado, si se produjera, como consecuencia de
la asunción por parte del Gobierno del buque a partir del 14 de noviembre y lo que significaría para las arcas del Estado esta posible responsabilidad en la línea del Mar Egeo.
Por último, le agradezco la información que nos ha dado sobre el esfuerzo del Gobierno por la delimitación y definición del delito ecológico, lo cual es bien recibido por esta Cámara y particularmente por mi grupo parlamentario que no hace
mucho recomendaba al Gobierno, a través de una iniciativa parlamentaria, la creación de una figura especial para la persecución del delito ecológico como era un fiscal dedicado exclusivamente a esta tarea. Me parece una buena noticia la definición,
la búsqueda y la persecución del delito ecológico en términos europeos.
Nos gustaría conocer, con referencia a la definición del delito ecológico, qué visos de realidad, de poder hacer la definición correspondiente y en qué decisión marco se podría
producir porque esa es la parte que yo no he conocido bien. No sé si eso está en términos de borrador o en presencia de una división marco sujeta a aprobación en un término corto de tiempo.
Señor presidente, esto era lo que queríamos preguntarle al señor ministro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Quiero darle las gracias, señor ministro, por su presencia en la Comisión y por las explicaciones que nos ha dado. Me uno a las loas que ha hecho respecto de la acreditada solvencia técnica de la Abogacía del
Estado que, por supuesto,
comparto. Usted ha citado al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), pero también sería justo citar al presidente de esta Comisión que pertenece a idéntico cuerpo y tiene la misma acreditada solvencia técnica puesta
de manifiesto tantas veces en esta Cámara.
En cuanto a las imputaciones que se le han hecho desde la representación del grupo mayoritario en la oposición sobre su escasa presencia en esta Comisión, debo manifestarle que quizá yo no tenga idéntica impresión porque a lo mejor lo
compensa con la presencia constante en el Pleno presentando norma tras norma. Se puede decir que nos tiene sin tregua a quienes somos portavoces de grupos pequeños en la labor que su ministerio nos encomienda y queremos participar con leal
colaboración en el quehacer legislativo del Gobierno. También debo reconocerle que no es usted de los más ausentes en las sesiones de control de los miércoles, con lo cual algún control de la actuación de su departamento también existe. Además de
estas loas, debo hacerle también algún reproche. Lo que sí es constante es su presencia en los medios en los que casi siempre toca que el destinatario de sus comentarios sea la formación política a la que yo represento y normalmente en términos no
laudatorios. Todo esto sea dicho entre comillas.
Yendo al fondo del punto del orden del día de la comparecencia, el asunto del Prestige, me gustaría hacer una doble vertiente de la cuestión, aunque usted ha sido extraordinariamente claro en su exposición, porque existen dos aspectos
importantes. De una parte, puesto que así se permite en la petición de comparecencia, habría que hablar de en qué medidas la Abogacía del Estado estudia, controla o analiza las posibles reclamaciones que frente al Estado se dirijan, bien sean las
procedentes del procedimiento penal abierto o ulteriores reclamaciones de responsabilidad patrimonial y, de otro lado, las acciones emprendidas por el Estado para resarcirse de los evidentes daños que ha padecido todo el litoral de la zona afectada,
singularmente Galicia, aunque también otras comunidades autónomas.
De los planes puestos en marcha de manera inmediata a los que se ha referido el señor ministro, el real decreto inicial y el Plan Galicia, podría calificarse como una actuación rápida o inmediata del Gobierno frente a una catástrofe
padecida. Sin embargo, desde otra perspectiva podría hablarse de un cierto reconocimiento de culpa, aunque sea lejana, de que el actual administrativo no fue todo lo diligente que debió ser o no fue cuando menos el adecuado -aunque reconozco que
esto es fácil decirlo a toro pasado- en las actuaciones que se siguieron una vez producida la catástrofe respecto del barco. Por cierto, reales decretos o planes similares al que se ha puesto en marcha en Galicia podrían hacerse en otras
comunidades y no tengo noticia de que piensen hacerse en relación con la Comunidad Autónoma vasca a la que constantemente se le imputa su querencia de ejercicio de competencias en materias respecto de las cuales no ha tenido transferencias y, sin
embargo, en el caso de las actuaciones llevadas a cabo por esta catástrofe ecológica nadie le ha puesto pegas. Las actuaciones efectuadas por la flota vasca que han sido calificadas de modélicas y de las que se han beneficiado comunidades autónomas
vecinas como la cántabra o la asturiana, se ha hecho en materias cuya competencia es estatal, no le corresponde a la comunidad autónoma. Ya ha manifestado en público el ministro, señor Montoro, que no es voluntad del Gobierno satisfacer las
cantidades que estas actuaciones han costado, si bien reconozco que sobre este punto ha habido una cierta inflexión en tiempos recientes y a lo mejor todavía es posible negociar el resarcimiento de lo efectuado. Repito que en este caso no ha habido
ninguna pega del Gobierno en que el Gobierno vasco actuase fuera de sus competencias.
Me ha interesado la referencia a la reclamación al FIDAC y me parece perfecto. Respecto de estas acciones también son conocedores los gobiernos de las comunidades autónomas que han resultado afectadas. En el fondo hay que considerar que el
FIDAC es un consorcio y está constituido por las aportaciones de todos los Estados que son miembros, es decir, que en alguna medida España estaría resarciéndose a costa de sí misma. Con esto quiero decir que se estaría pagando a sí misma, puesto
que los fondos del FIDAC en una parte importante han sido aportados por el Estado, por lo que se lo estaría reclamando -repito- a sí mismo.
Respecto de la vía penal, desconocía alguna de las cuestiones que han sido puestas sobre la mesa en cuanto a la sustitución del ministerio público por parte del Grupo Socialista, puesto que en esta Comisión una u otra vez siempre acabamos
tropezando con actuaciones referidas a este cuerpo, cuyos miembros gozan también de reconocido mérito, por parte de esta diputada tienen todos mi reconocimiento. Me gustaría que nos dijera si el señor ministro conoce si ha habido diferencias de
actuaciones entre la fiscal inicialmente actuante y el actual, si la sustitución ha tenido algo que ver con actuaciones concretas, o simplemente si se ha producido por los relevos normales dentro de lo que es una normal carrera funcionarial. Dentro
de la vía penal existen estas dos vertientes a las que me he referido al principio, en qué medida puede resultar imputadas autoridades pertenecientes al Estado y en qué medida el Estado ha comparecido al igual que lo han hecho otras comunidades
autónomas, como la vasca que usted ha citado, considerándose perjudicadas por los hechos que pudieran resultar punibles dentro de este procedimiento penal. Me es grato siempre salvar el honor de las personas. Se ha hecho referencia a determinadas
autoridades y funcionarios del Estado. En la medida en la que todavía no se ha declarado con certeza responsabilidad penal de nadie, no voy a hacer referencia a quien conozco más, al delegado del Gobierno, señor Fernández
de Mesa, que fue diputado en esta Cámara durante la pasada legislatura y a quien, como todo el mundo, le ampara la presunción de inocencia sin que creo que sea justo trasladarle determinadas actuaciones o comportamientos que todavía no están
esclarecidos. La vía penal tiene el inconveniente que tienen siempre estos procedimientos respecto de otras posibilidades de reclamaciones patrimoniales que pudieran ponerse en marcha y es el de la prejudicialidad. Resulta difícil hablar de la
puesta en marcha de procedimientos de responsabilidad patrimonial dirigidos frente a cualesquiera Administración hasta tanto no se agote el procedimiento penal, procedimiento respecto del cual se me permitirá no ser excesivamente optimista, puesto
que no hay establecidos estándares de comportamiento respecto de cual debiera haber sido la conducta en este caso concreto. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Ahora sabemos todos que alejar el buque fue fatal, pero es
una apreciación a la que hemos llegado una vez pasada la cuestión. A toro pasado es fácil juzgar que fue pernicioso, pero quizá en el momento inicial no era tan claro, si bien mi formación política, como bien conoce el señor ministro y otros
señores ministros que han comparecido tantas veces para dar explicaciones sobre esta cuestión en la Cámara, ha sido siempre crítica respecto al acierto de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno en los primeros momentos de la catástrofe.
Me gustaría efectuarle algunas preguntas respecto de actuaciones que ha afirmado que se iban a realizar, frente a armadores o posibles embargos, a los que también se ha referido el Grupo Socialista. Me queda la duda de ante qué
jurisdicciones. En algunas cuestiones, según se manifiesta, sería aplicable la legislación de las Bahamas. Hay también -también quisiera algún comentario del señor ministro- un matiz importante cuando usted ha manifestado la absoluta colaboración
entre el Estado y las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas afectadas como administraciones nadie les reclama nada, son simplemente sufridoras de daños ecológicos concretos en sus litorales, mientras que respecto del Estado puede caber
la versión de que van a existir (existe ya un procedimiento penal en el que se pretende imputar a autoridades) responsabilidades patrimoniales. Quería matizar esta distinta posición procesal, posición jurídica en definitiva, respecto de la cuestión
que debatimos.
Se ha referido S.S. a actuaciones a emprender frente a la sociedad clasificadora -usted ha hablado de la ABS de Huston- y debo manifestarle que es la misma idea que sostiene en este momento la Administración vasca. Está a punto de concluir
la presentación de la reclamación no solamente frente a la sociedad clasificadora de Huston, sino también frente a la francesa, ya que parece que en la puesta a punto del buque, lo que sería la ITV de este tipo de embarcaciones en el ámbito mundial,
hubo una negligencia importante, puesto que está acreditado que se produjo por teléfono, sin que se efectuase la verificación como debe exigir este procedimiento. Ahí sí existe -coincidimos con lo que la Administración del Estado pretende llevar
adelante- un punto de inflexión que permitiría extraer la exigencia de una reclamación de responsabilidad patrimonial en un procedimiento que, no siendo extraordinariamente experta, suele concluir en un número importantísimo de supuestos en
conciliaciones, es decir, se ven en un tiempo rápido y en el 80 por ciento de los casos se alcanza un acuerdo extrajudicial entre las partes, lo cual sería extraordinariamente ventajoso, tanto desde el punto de vista de la Administración del Estado
como de las administraciones de las comunidades autónomas que, como la vasca, pretenden iniciar este tipo de procedimientos. No se trataría sólo de obtener el reconocimiento de lo que se ha gastado, que es de lo que inicialmente le he hablado, que
la Comunidad Autónoma vasca pretende recuperar, sino también de que se tuviesen en cuenta los daños ecológicos padecidos en los fondos marinos que ahora parece que no son grandes, pero que, como manifiestan los expertos, se evidencian a medio o a
largo plazo. Se pretende recuperar no solamente lo gastado en reparar, sino también lo que haya de gastarse o lo previsto en rehabilitar o en regenerar.
Respecto de todas estas cuestiones, agradecería al señor ministro contestación o mayor aclaración en su segunda intervención, en la que ya nos ha anunciado nos dará mayores pormenores. Me agrada de entrada el hecho de que en algunas de las
vías emprendidas coincidan las soluciones jurídicas que le han parecido más adecuadas a la Administración de una comunidad autónoma en relación con lo que pretende también iniciar el Estado. Bueno sería que las actuaciones fuesen unidas como usted
ha manifestado era la voluntad del Gobierno en este caso.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Suscribo, como muchas veces, en muy buena parte, por no decir en su práctica totalidad, la intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). Quiero decirle, en primer lugar, señor ministro, que
pocas veces agradece, estoy seguro de que lo agradecería, la Abogacía general del Estado y dos miembros en servicios especiales de esa Abogacía como el señor presidente de la Comisión, don Jesús López-Medel, y yo mismo, un cumplido como cuando viene
desde un letrado del Consejo de Estado. Quiero que así conste en el 'Diario de Sesiones'. En estos momentos no se encuentra presidiendo don Jesús López-Medel, pero en su nombre y en el mío, porque no sólo somos compañeros de cuerpo sino también de
promoción y tengo que decir en su favor que él es tres números anteriores a mí, quiero
agradecerle ese cumplido hacia la Abogacía general del Estado y el servicio jurídico.
Entrando en el tema de fondo, voy a ser breve, Cataluña ha tenido la fortuna de no recibir perjuicios directos de esta catástrofe, lo cual no quiere decir que no lo contemple con un enorme interés e incluso haya hecho más que
manifestaciones, intentos de solidaridad no siempre bien recibidos respecto de los afectados. No voy a hablar ahora de las responsabilidades políticas en la medida en que comisiones y hasta plenos ha habido en que mi grupo parlamentario ha podido
manifestar su opinión.
El señor ministro ha hecho referencia a las ayudas económicas. Debo decir al respecto que no es precisamente la gestión de estas ayudas económicas y la decisión de acordarlas donde el Gobierno ha tenido una actuación más
criticable. Siempre hemos dicho que las ayudas económicas se acordaron con celeridad y se han gestionado con corrección. Por lo que hace referencia a la posición más concreta, a la posición procesal del Estado, debo decirles que la contemplamos
con coherencia. Lo fundamental ha sido disminuir, reparar y compensar los perjuicios sin esperar a una determinada sentencia judicial en la vía penal o en cualquier otra vía, ni siquiera a la adopción por parte de cualquier juez o tribunal de
medidas cautelares o provisionales de cualquier tipo. El hecho de intentar disminuir, reparar y compensar lo encontramos correcto, de la misma manera que es difícil criticar la coherencia de una posición procesal que supone que la Abogacía general
del Estado está ejercitando una acusación particular contra personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera que tengan esa vinculación con el Prestige y, al mismo tiempo, supongo que respecto de los funcionarios que están imputados en el
procedimiento, estará actuando en una posición de defensa. Si al final existe una responsabilidad penal de funcionarios de este Gobierno, tendrá ocasión de decirlo el Poder Judicial. Como la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), vemos
complicado que se produzca una situación de esas características. No existe responsabilidad penal por el resultado y, como ella señalaba, la dificultad o la inexistencia de estándares de comportamiento que puedan ser penalmente relevantes,
dificultará una solución de esas características. Si los tribunales o los jueces entienden que existe esa responsabilidad, bienvenida sea. En estos momentos entendemos que favorecer la posición procesal de otras partes y de otros imputados que,
sin lugar a dudas, fueron los causantes de la catástrofe, sin perjuicio de la responsabilidad política que pueda existir en su gestión o incluso en su agravamiento si llegamos a esa conclusión. No entendemos que la posición de la Abogacía general
del Estado deba ser la de favorecer esas posiciones procesales de terceras personas cuya responsabilidad, estamos seguros, no discute nadie en esta Comisión: la del armador, la de los propietarios de buques de la carga, la de las entidades de
certificación, de control o de comprobación, o la de las aseguradoras o las inspectoras.
En este momento procesal, la posición de la Abogacía del Estado en el ministerio fiscal, en la que no pretendemos entrar, es una posición correcta que trata de
que se pague lo que se ha hecho, la irresponsabilidad, la imprudencia y la falta de control de aquellas entidades que han tenido responsabilidad en que pudiese estar en tránsito cerca de la costa española un buque de estas características, con la
situación en la que se encontraba en cuanto a carga y casco.
El Gobierno tendrá que hacer frente a una responsabilidad política que, sin lugar a dudas, están muy legitimados para exigirle los electores en las próximas elecciones del 25 de junio o en las del año que viene. Desde el punto de vista de
responsabilidades penales y de la posición y el comportamiento que debe tener la Abogacía general del Estado -otra cosa es lo que entienda que deba hacer el Poder Judicial-, entendemos que la posición es correcta. Sabemos, porque estamos ante un
pleito y la Administración del Estado -el señor ministro no deja de ser el cliente de la Abogacía del Estado-, que tampoco se trata de difundir ampliamente cuáles son las estrategias procesales que deba tener el Gobierno o el Ministerio de Justicia.
Pero en la medida de lo posible; en la medida en que no se produzca esa difusión de estrategias procesales, que difícilmente haría un cliente en una sesión pública respecto de qué es lo que le ha dicho su abogado que tiene que hacer; en la medida
en que hay otros interesados que puedan tener interés en saberlo desde una posición contraria; en la medida en que se salvaguarde ese criterio que nosotros en una intervención pública vamos a respetar, sí nos gustaría saber algo más de las
actuaciones en el extranjero, de cómo se está planteando la posición procesal en el extranjero, de la misma manera que se lo reclamaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Barrero.
Sabemos que aquí hay una situación de equilibrio que puede ser complicada.
Estoy seguro de que un Poder Judicial independiente resolverá las responsabilidades que puedan concurrir, pero, como he señalado anteriormente, la estrategia
procesal de la Abogacía del Estado es la que tiene que ser en estos momentos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: En primer lugar, quiero expresar en nombre de mi grupo la satisfacción por la presencia del señor ministro y suscribir su rigor institucional cuando ha optado por retirar la comparecencia que había solicitado, en
razón de que en este momento el Tribunal Constitucional está, en el ejercicio de sus competencias, ocupándose de la cuestión que hace meses planteó para que pudiéramos debatirla en esta Comisión. En segundo lugar, este grupo expresa su
satisfacción no sólo por la presencia del ministro, que siempre le resulta particularmente agradable, sino por la enorme dificultad que ha encontrado el Grupo Socialista para hacerle venir aquí. Si uno analiza los motivos que hoy nos reúnen
aquí, son motivos de satisfacción para el Grupo que apoya al Gobierno, porque encontrarse con que los graves problemas que la justicia tiene hoy día en España consisten en los que hoy estamos analizando aquí, creo que, al contrario -que dirían los
clásicos-, es una muestra de la gestión que se está haciendo en la justicia. No es una opinión sólo de este grupo. Tres grupos parlamentarios han entendido que no tenían nada que decir sobre este apasionante tema que nos ocupa en este momento, lo
cual estadísticamente no deja de ser significativo. Siempre es bueno que nos veamos de vez en cuando, que tengamos más oportunidad de contrastar puntos de vista, e incluso de dar paso a expresiones laudatorias. Como sobrino de abogado del Estado,
también me apunto a dejar bien clara mi estima por el cuerpo porque, además, mi tío llegó a ser director general de lo Contencioso, o sea, que no era un abogado del Estado como otro cualquiera. Sólo por eso valía la pena que el Grupo Socialista nos
hiciera aquí hablar sobre tan profundas cuestiones como las que nos están ocupando ahora.
Es un poco sorprendente lo que estamos aquí estudiando. Por un lado, se nos habla de cuál es la actuación de la Abogacía del Estado y ya ha quedado bastante clara desde el principio, apoyando las intervenciones que el Gobierno hizo desde el
principio de un modo inmediato e integral que, como ya se ha dicho, se ha traducido en unas ayudas que han supuesto 40 euros al día (200.000 pesetas al mes) para 18.412 personas, aparte de bonificaciones del cien por cien en las cuotas de la
Seguridad Social para trabajadores y empresarios, e incluso la intensificación del control de los buques por parte de todos los Estados afectados. En concreto, España ha expulsado a 10 buques de esa zona, Portugal a uno y Francia a dos. Creo que
ha aumentado también la seguridad. Lo que no acabo de entender muy bien, por parte del grupo que propone la comparecencia, es su concepto de la relación entre el Estado y el Gobierno que, más allá de algún acto fallido que otro, a este grupo le
mueve a la perplejidad. Cuál es el papel de lo que es el Estado, y dentro del Estado sus poderes (el Gobierno es uno de ellos, como es bien sabido, lo estudiamos en la facultad hace mucho tiempo) y cuál es el papel de la Fiscalía. Aquí se ha
mezclado continuamente Gobierno, Estado y Fiscalía y, por lo visto, todo es lo mismo. Yo he llegado a quedarme un poco perplejo porque no sé si lo que se sugiere es que la Fiscalía (que, al parecer, ahora ha depositado su confianza en un fiscal que
ha sido suspendido por razones que no vienen al caso y si no vienen al caso, no entendemos por qué vienen al caso; ¿a qué venía aludir a eso si no viene al caso?; es una especie de autocrítica muy meritoria la que ha hecho el portavoz socialista)
debería procurar que resultaran implicados miembros del Gobierno, con lo cual así se conseguiría que hubiera responsabilidad del Estado. Es una estrategia procesal opinable, por decir algo. En el caso de Mar Egeo, en efecto, el Estado español fue
el responsable al final, pero precisamente porque hubo un funcionario condenado penalmente. Por lo visto lo que debería hacer la Fiscalía es batir el récord y conseguir que haya más funcionarios implicados penalmente y que la responsabilidad del
Estado se incremente.
Es una manera de ver las cosas con un cierto sesgo de oposición que lleva a la oposición al Gobierno a convertirse en oposición al Estado. Es una especie de uso alternativo del derecho para que los aparatos del Estado sufran
emancipatoriamente -supongo- las consecuencias, procurando tener que dar el mayor dinero posible. Cada cual organiza sus estrategias como buenamente puede, pero nuestro grupo no deja de expresar su profunda perplejidad hacia donde nos puede llevar
este tipo de planteamientos.
Por otra parte, nos ha alegrado tener noticia de las intervenciones de la Abogacía del Estado. Desde el principio, dos abogados del Estado se ocuparon exclusivamente de este cuestión y el hecho que ya se ha señalado de que fuera la Abogacía
del Estado la primera en personarse como acusación particular, antes de que lo hiciera el Gobierno vasco, o la Diputación Provincial de Coruña, ayuntamientos, cofradías de pescadores, etcétera, como han hecho luego. La intervención de la Abogacía
del Estado ha sido bastante clara, presentando escritos y abriendo diligencias en la medida de sus competencias. Ha solicitado pruebas, alguna de las cuales han sido rechazas, pero no parece que eso sea culpa lógicamente del Servicio Jurídico del
Estado, sino todo lo contrario, quizá expresión de su celo, que, a juicio del juez, ha llegado a ser excesivo a la hora de solicitar esas penas. Nos resultan también muy interesante las gestiones que se están realizando para la defensa de los
intereses del Estado español ante jurisdicciones extranjeras, en concreto, un posible quebrantamiento del límite de la responsabilidad del propietario, porque así como en el caso de la aseguradora está claro que ese límite tiene un alcance
determinado, en el caso del propietario, si con la ayuda del Servicio Jurídico del Estado se llegara a probar que ha habido una acción u omisión que ha podido generar la catástrofe, indudablemente esa limitación no existiría.
Nos alegra que estemos hablando aquí de estos problemas porque es señal de que no hay otros. Nos alegra también cualquier ocasión de debatir con el señor ministro, aunque nos resulta mucho más satisfactorio todavía cuando, como se ha
señalado, con gran frecuencia lo hacemos en el Pleno al venir el señor ministro a presentar iniciativas legislativas que, dentro del pacto de Estado sobre la justicia y a veces desbordándolo también, con tanta frecuencia nos trae.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Para contestar a las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Si me lo permiten, señorías, me comunica el presidente en funciones de la Mesa que asisten a la sesión en este momento personas que desde luego conozco bien -presidentes de algún tribunal
superior de justicia y magistrados-, a los que quiero dar la bienvenida. Me dice el presidente que están en algún tipo de colaboración entre el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial. Si es así quiero manifestar mi satisfacción porque
precisamente coincida su presencia con la mía en la Cámara.
Quiero agradecer a todos los señores portavoces el tono constructivo y no alarmista de su intervención. Creo que la mejor manera de abordar lo que interesa cuando se produce una catástrofe de estas dimensiones, que es resolver los
problemas, dar respuesta, hacer ágil, eficaz y activa la reparación de los daños sufridos, y en el tiempo en que se produce esa reparación generar unas indemnizaciones sustitutorias, es el mejor clima para resolver de verdad los problemas. En ese
sentido, las referencias a la Abogacía del Estado que se han hecho por los distintos intervinientes me obligan también a reconocer su calidad al abogado del Estado que es presidente de esta Comisión, ahora ausente. lo hizo el portavoz del
Convergència y Unió, por no hablar de los propios, que siempre puede sonar peor, pero la referencia de los demás me obliga también a que se lo reconozca al presidente.
Me alegro de que le alegre al señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ver en la Comisión al ministro, y también creo que podemos encontrar un punto de equilibrio entre lo que usted ha dicho y las palabras, que agradezco mucho, de
Marga Uría, al decir que este ministro comparece muy frecuentemente en la Cámara. Tienen SS.SS. la experiencia de que en los últimos seis meses, que es en los que quien les habla es ministro, no sé si ha habido algún Pleno en el que el ministro de
Justicia no haya comparecido en una u otra iniciativa; cierto es que no son las que nos reúnen aquí esta mañana, que son temas de ese proyecto que estamos impulsando entre todos tirando del mismo carro en la misma dirección para tratar de que los
magníficos profesionales que son nuestros jueces, nuestros magistrados, nuestros fiscales, que prestan un servicio a los ciudadanos en el ámbito de la justicia, tengan mejores normas y mejores medios. No hay que desconocer que en la Cámara se
tramitan hasta trece iniciativas. Querría recordar que no sólo el Congreso es Cámara, también lo es el Senado, donde esta misma semana, precisamente el jueves, se ve definitivamente algo muy importante pendiente desde 1985, una ley que dé unas
retribuciones dignas a nuestros jueces, fiscales, secretarios judiciales, lo que supone que esta Cámara cumpla por fin con una deuda que tenía pendiente con la justicia, como era la mejora de las retribuciones. También la Ley Orgánica del Poder
Judicial, que entró en la Cámara hace ahora ocho días, fruto del diálogo con todos, fruto del acuerdo con todos los sindicatos, con las dos asociaciones de secretarios judiciales, con las asociaciones de jueces, con el Consejo General del Poder
Judicial en lo que se refiere a la ley que el Gobierno remitió al mismo, y con todas las comunidades autónomas salvo, desafortunadamente, con la del País Vasco. En ese mismo clima de diálogo es bueno recordar el esfuerzo que han hecho los grupos
parlamentarios por tramitar, desde el consenso, la importante ley concursal, la importante reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que todavía se tramita en la Cámara, para la creación de los juzgados de lo mercantil y la ley que se tramita
ahora en el Senado para los juzgados de vigilancia penitenciaria en la Audiencia Nacional. Insisto en que son éstas algunas de las trece iniciativas legislativas consecuencia del pacto de Estado para reformar y modernizar nuestra justicia. De ahí
que la presencia del ministro sea muy frecuente y me alegro de que no se les haga pesada a SS.SS. y mantengan ese tono constructivo que hemos tenido esta mañana en un asunto tan grave y tan importante para la defensa de los intereses del Estado y
de los ciudadanos como es la acción de la Abogacía del Estado en relación con el naufragio del buque Prestige.
Quiero aclarar algunas de las cuestiones que SS.SS. han suscitado en torno a los tres ejes del trabajo que se han venido desarrollando por parte del servicio jurídico del Estado de manera más directa, sin perjuicio de las que han tenido en
relación con las normas, singularmente el decreto-ley que tan sólo en siete días puso en marcha el proceso que ha permitido poner en manos de los perjudicados unas indemnizaciones que les han permitido mantener su capacidad económica hasta que
pudieran recuperar su modo de vida habitual y hasta que prosperaran las acciones de indemnización que se realizan ante el FIDAC. Creo que algunas de las dudas son fáciles de despejar. Hablaba antes de cuatro ejes de trabajo: actuaciones
procesales, actuaciones en relación con la comisión de seguimiento del Fondo internacional para la indemnización por los daños derivados de la contaminación de hidrocarburos, la actividad de acciones judiciales en el extranjero y las decisiones en
el marco del tercer pilar de la Unión Europea, que también han suscitado el interés de SS.SS.
Respecto al primer ámbito, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se ha referido a que en los últimos meses no había encontrado actuaciones de la Abogacía del Estado y ha hablado de una posible pasividad.
Sinceramente no sólo me
sumo al reconocimiento que han hecho Margarita Uría, Manel Silva y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, es decir todos los intervinientes menos el portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, al trabajo diligente y eficaz de la Abogacía del Estado; no sólo me sumo sino que lo quiero subrayar y quizás será falta de información la causa por la que S.S. decía que en los últimos meses ha habido pasividad. Si los
últimos meses se refiere al que acaba de empezar, el mes de mayo, efectivamente estamos a día 6 y no ha habido ninguna actuación de la Abogacía del Estado, pero convendrá usted conmigo que una actuación de hace tan sólo treinta días no está muy
lejana en el tiempo. El 24 de marzo, sin ir más lejos, presentó la Abogacía del Estado una petición de reforma al auto del juez titular de la causa, que emitido el 19 de marzo de 2003 acuerda desestimar la solicitud de algunas de las peticiones de
prueba. Le recuerdo que la Abogacía del Estado entiende que inciden en la confluencia de analizar quién generó el riesgo y por qué el riesgo devino en catástrofe, que son dos elementos para esclarecer la verdad que a la Abogacía del Estado le
interesan, y se dirige a la propietaria del buque Mare Shipping, a la sociedad armadora, Universe Maritime Limited, a la sociedad propietaria de la carga -de la cual hablaré luego en relación con el seguro-, Crown Resources, a la entidad aseguradora
de la responsabilidad civil del buque, The London P&I, que también -como le he dicho- está en la comisión del FIDAC; a la sociedad de clasificación del buque, American Bureau of Shipping, a la sociedad que inspeccionó el buque en julio de 2001,
Bureau Veritas, acción que tiene algo que ver con lo que luego ha mencionado S.S. en relación con el peritaje que se pudo hacer en Dinamarca, y de lo que también le daré cuenta a continuación; a la sociedad a la que se encomendó el rescate del
buque Smit on Risk y su filial Tecnosub; a la organización OH.Companies International Marine Forum; a la armadora, lógicamente, del remolcador Ría de Vigo, que es la empresa de remolque Nosa Terra; a la consignataria del buque en A Coruña,
Finisterre Agencia Marítima; a la sociedad griega que tuvo que hacer el peritaje de calibrar la chapa del buque, Dimitrios Thomas Marine Bureau, y a la autoridad marítima de Bahamas, que era -como sabe usted- la titular del pabellón del buque. La
Abogacía del Estado impulsa estas iniciativas. No se puede hablar de un papel pasivo cuando se solicita toda esta serie de diligencias. Tampoco creo que sea justo hablar de un papel pasivo cuando la Abogacía del Estado ha recabado todos los
informes de los distintos ámbitos de la Administración del Estado que abarcan los 1.400 folios que constituyen el completo informe denominado Actuaciones de la administración marítima en relación con el hundimiento del buque Prestige. Esa
diligencia va unida al respeto. La Abogacía del Estado, como no puede ser de otra manera, respeta extraordinariamente que quien tiene que tomar una decisión sobre la oportunidad o no de las pruebas es su señoría, el magistrado titular de la causa.
Desde el respeto hizo un recurso de reforma y es a su señoría a quien le corresponde. Desde luego, este ministro no va a hacer valoración alguna sobre la pertinencia o no de las pruebas. En todo caso, lo que es muy satisfactorio es que S.S. haya
hecho lo que hacen siempre los jueces, que todos los días realizan ese magnífico trabajo que tantas veces he dicho en esta Comisión. En muchas ocasiones he dicho cómo nuestros órganos judiciales realizan un trabajo todos los días desconocido, a
veces con pocos medios pero con mucha dedicación, y S.S. ha dicho lo que se dice siempre, que es de sentido común, y es que aun no considerando pertinentes en este momento procesal alguna de las pruebas solicitadas, sin embargo, si en el curso del
procedimiento se estimaran pertinentes se abriría la posibilidad no sólo de celebrarlas sino incluso de proponer, al hilo de las nuevas admitidas, la celebración de otras complementarias.
(El señor presidente ocupa la presidencia.) Al final aquí,
como en tantísimos casos, la justicia va a hacer el papel que en nuestro Estado de derecho viene realizando, que es esclarecer la verdad. El Gobierno, el Ministerio de Justicia tiene absoluta y plena confianza en nuestra justicia, como la tiene la
inmensa mayoría de los ciudadanos que acuden cada vez más a ella; si los ciudadanos no confiaran en nuestra justicia no acudirían a ella para plantear los litigios y los problemas que tienen.
La actuación de la Fiscalía es un punto que no tenía previsto en la comparecencia porque no se suscitó por el Grupo Parlamentario Socialista en la petición de la misma. Al hilo de su intervención he solicitado información, que seguramente
que usted conocerá también y sin perjuicio de que se la amplíe me dicen que no es que haya sido apartado ningún fiscal de la causa, como ha dicho su señoría. La fiscal que ha llevado el tema desde el principio lo sigue haciendo. Ha sido una falta
de información porque no ha sido apartada de la causa. El asunto tiene tanta trascendencia que motiva la comparecencia parlamentaria del ministro de Justicia en el Parlamento, tanta trascendencia que el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
interpela al ministro sobre el asunto, tanta trascendencia que S.S. quiere, lógicamente con todo su derecho e incluso su deber parlamentario, exhaustiva información sobre lo que ha hecho la Abogacía del Estado, y llevamos dos horas y media hablando
sobre ese tema. Por eso tiene tanta importancia. Es lógico y de sentido común que, teniendo esta trascendencia, el propio fiscal jefe quiera ayudar, apoyar y coordinar directamente el trabajo de la Fiscalía. Se hace cuando los asuntos tienen
trascendencia, es parte del Estatuto orgánico del ministerio fiscal y, sinceramente, no me ha parecido muy adecuada la mención que ha hecho a que en el expediente de este fiscal consta una sanción. Todos tenemos derecho a la rehabilitación, con
arreglo a las normas jurídicas. Desconozco la sanción que podía haber en el expediente de este fiscal jefe, si es que la ha habido; en todo caso, se cumplió la sanción, prescribió, está plenamente rehabilitado y no creo que por el hecho de que se
ejerza la
facultad disciplinaria pertinente a cualquier funcionario haya que imponerle una sanción distinta de la que marque el ordenamiento jurídico.
Este señor es el fiscal jefe y, según me han dicho, acude a todas las vistas con la fiscal titular
del asunto desde el principio, apoyándole y coordinando el trabajo, lo que por otro lado viene siendo una práctica de nuestras fiscalías. En este momento hay 1.760 fiscales en España realizando un trabajo muy entregado, muy sacrificado y muy
decidido de tutelar la legalidad. En este caso, como en tantos otros, la fiscalía está impulsando activamente que se establezca la verdad y que se aplique la ley. La función de los fiscales es hacer cumplir la ley, y son ellos los primeros que la
cumplen.
Se ha suscitado alguna duda por el resto de los grupos parlamentarios en relación con las cuestiones internacionales. La Abogacía del Estado está siendo diligente y fue la primera en personarse. Quiero recordar que en la causa que se sigue
en el Juzgado de Instrucción número uno, diligencias previas 960/2002, la primera en personarse fue la Abogacía del Estado, que lo hizo en concepto de acusación particular el 18 de noviembre. El resto de las muchas que han venido, la plataforma que
usted se ha referido y las otras de instancias municipales o de comunidades autónomas, son posteriores y además todas coinciden, por lo menos las institucionales, en los mismos ejes. Agradezco a Margarita Uría el reconocimiento al trabajo que viene
haciendo la Abogacía del Estado en éste y en otros asuntos. Quiero aclarar que cuando me he referido a la colaboración y participación activa de las comunidades autónomas lo he hecho en el ámbito que compete, que es en el que se está realizando.
Se ha hecho un magnífico trabajo de sumar esfuerzos, incorporando a los ayuntamientos, como instancias políticas más cercanas al ciudadano, que han permitido que el afectado y perjudicado por esta gravísima catástrofe haya tenido conocimiento
inmediato tanto de ese real decreto aprobado a los siete días como del resto de las ayudas y las acciones jurídicas que pueden iniciar. El hecho de que en la oficina de reclamación del FIDAC hayan podido trabajar conjuntamente la Delegación del
Gobierno, las comunidades autónomas y los ayuntamientos, y que por parte del FIDAC se haya expresado ese deseo de tener próximamente una reunión con las diputaciones provinciales, ha sido un acierto en la gestión que va a permitir que se sustancien
en un tiempo infinitamente menor las reclamaciones en este ámbito de las que ocurrieron desgraciadamente en casos como el anterior. He estado en la Comisión de secretarios de Estado desde el año 1996 y quien precisamente hoy es el secretario de
Estado de Justicia, siendo subsecretario de Hacienda en 2001, consiguió que se indemnizara en el FIDAC la catástrofe padecida en España, en el año 1992, del Mar Egeo. No hubo ningún decreto ley en la primera semana, ni en la segunda ni en la
tercera ni en la cuarta ni en la quinta. Por eso, la imputación que se ha hecho de pasividad a la Abogacía del Estado o al Gobierno en la reacción al paliar los daños para ayudar a las víctimas no se ajusta a la verdad. Además, en este caso no es
cuestión de opiniones ni de sentimientos ni de colores, es una cuestión de hechos. Las fechas están en el Boletín Oficial del Estado. No hay nada más veraz en términos jurídicos que el Boletín Oficial del Estado. La cronología de la acción del
Gobierno en la aprobación del Decreto-ley de indemnización, el alcance, la cuantía y la eficacia en la coordinación del año 1992 y de esta catástrofe no tienen comparación posible, y todo es en beneficio de la actuación célere y eficaz en este caso.
Es evidente que la dimensión de la catástrofe es enorme, pero también lo es que la coordinación ha funcionado razonablemente. Me refiero al papel de la comunidad autónoma y de los ayuntamientos. Haber llegado a simplificar en tan sólo ocho
formularios para que todo ciudadano perjudicado, en la posición jurídica en la que se encuentre, sepa cuál es el cauce para acudir al procedimiento de resarcimiento de daños ante el FIDAC ha sido extraordinariamente positivo; haber establecido el
sistema de ventanilla única -que tanto se presente en un ayuntamiento o en una comunidad autónoma van a la misma oficina, la de La Coruña- y que ésta sea el interlocutor ante el FIDAC es muy positivo; haber podido delegar por primera vez -el FIDAC
no lo había hecho antes- la capacidad de acreditar el daño y de valorarlo acreditado en las actas de los funcionarios públicos autonómicos y municipales me parece también extraordinariamente positivo. Es un gesto de confianza en nuestras
instituciones públicas, democráticas en los distintos niveles, y se ve que en este país las cosas se hacen seria y responsablemente y que se puede confiar en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, en la Delegación del Gobierno y en la
Xunta de Gobierno de Galicia para ser colaboradores en la agilización del trámite de las reclamaciones ante el FIDAC.
Respecto al tema internacional, agradezco la delicadeza con la que han planteado la cuestión los portavoces del Grupo Socialista, del PNV, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y del Grupo Parlamentario Popular. Es evidente
que desvelar una estrategia jurídica es un mal camino para ganar en un tema tan complejo en el que hay magníficos abogados, por otra parte, que juegan unas cifras tan importantes, donde nuestra Abogacía del Estado tiene una cualificación suficiente
para hacer bien las cosas. Sin perjuicio de ello se está planteando la posibilidad, a efectos de eficacia en la tutela de los derechos -agradeciendo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que la valore positivamente-, de contratar servicios
jurídicos específicos en los Estados Unidos para impulsar algunas de las reclamaciones pendientes.
El derecho anglosajón tiene sus peculiaridades. La capacidad de representación y de asistencia jurídica letrada ante los órganos judiciales de los
Estados Unidos también tiene
sus peculiaridades y es una cuestión que se está estudiando. Sí puedo decirle que, como la Abogacía del Estado no es pasiva, en los próximos días se va a hacer un escrito de petición de pruebas de responsabilidades de otros Estados. Tenía
interés S.S. en lo que se refiere el perito de Dinamarca. La Abogacía del Estado entiende que es posible que los Estados de Dinamarca, Letonia y Rusia puedan tener alguna responsabilidad en lo que fue la generación de una situación de riesgo, de
riesgo elevado, que luego degeneró en una catástrofe y, en consecuencia, en los próximos días va a pedir no una imputación de responsabilidad, sino unas pruebas de las que se pueda analizar la posible derivación de responsabilidades de estos
Estados.
Finalmente, en lo que se refiere a la duda planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación con el tercer pilar, fue precisamente en el Consejo de Ministros de Justicia e Interior del mes de enero, al que tuve el
honor de asistir, cuando aprobamos una primera definición del delito ecológico como una decisión marco. Sabe S.S. que las directivas en el tercer pilar se llaman decisión marco. Desde hacía 18 meses estaba sobre la mesa esta decisión marco y tuve
el respaldo del ministro de Justicia francés, con el que me reuní inmediatamente que se produjo la catástrofe. Quiero agradecer al Gobierno de Francia su estrecha colaboración y sensibilidad en este asunto. España y Francia fijamos una posición
común -así se denomina en la jerga europea- en relación con esa decisión marco; esa posición común la hicimos extensiva ese mismo día al Gobierno de Italia, que en ese momento se adhirió a la misma, y al día siguiente tuve oportunidad de conversar
telefónicamente con la ministra de Justicia de Alemania y con el ministro de Justicia del Reino Unido, que también se adhirieron a la posición común, lo cual permitió desbloquear la decisión marco en el JAI, en el Consejo de Ministros de Justicia e
Interior de enero, sin perjuicio de lo cual a su vez España a planteó la necesidad no solo de hacer una decisión marco con relación a la definición, sino de generar una serie de instrumentos de coordinación de la prevención y de la sanción de estos
delitos. Como usted sabe, las vías de colaboración no son sólo la armonización en la definición del tipo penal sino en las medidas preventivas, por lo que la mutua confianza es pieza esencial. No me canso de repetir -y además lo comparto con
ustedes- que si en materia de justicia podemos avanzar es generando mutua confianza. No tiene ningún sentido que sea difícil perseguir delitos transnacionales, y el delito ecológico, como este caso, lo es. Cuando esta botella de agua lleva el
sello del fabricante, este sello impreso en papel genera confianza en toda la Unión Europea. Sin embargo, el sello de una resolución judicial de nuestras más altas magistraturas, con todas las garantías, no genera confianza, sino que es de nuevo
enjuiciado por otras autoridades judiciales. Eso es lo que queremos superar y abordar decididamente. Me comunican que precisamente la delegación española ante la Unión Europea, ante la Comisión Europea concretamente, esta misma semana va a poner
en marcha lo que fue la posición común de España con otros países para ampliar esa decisión marco que se refiera a medidas relativas a los daños al medio ambiente por contaminación marítima. En este caso la cooperación reforzada de esos cinco
países, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España, está dando muy buen resultado en este ámbito.
Creo que no dejo cuestiones en el tintero; si hubiera alguna estoy a su disposición. Agradezco de nuevo a todos el tono de sus palabras y a los tres grupos parlamentarios que han manifestado su apoyo a la Abogacía del Estado, así como el
tono constructivo utilizado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el que ha hecho, desde la legitimidad de su posición, esta intervención.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Barrero, a quien ruego la máxima brevedad.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, seré breve. Siento de verdad no poder apelar a mi condición también de sobrino de abogado del Estado y confío en que, a pesar de ello -este vacío lo llevo yo con la mayor gallardía que puedo-,
puedan ustedes asumir la legitimidad con la que les hablo. (Risas.)
Me parece de una enorme importancia el tema que estamos tratando (no comulgo con lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular), y atendiendo a esa importancia medios de comunicación y ciudadanos en general han venido reclamando
este tipo de información durante meses.
Hubiera sido una enorme frivolidad (pensaba yo incluso que algún otro grupo parlamentario debería haber reclamado este tipo de información) que el Grupo Parlamentario Socialista no recabara información
suficiente sobre la actuación de la Abogacía del Estado, específicamente sobre la acusación particular, que es una de las actividades de la Abogacía general del Estado en esta causa. No creo que los funcionarios abogados del Estado necesiten
ninguna loa por mi parte. Si se sintieran mal por ese vacío también lo cubriría inmediatamente. (Risas.) Baste decir que dos de ellos son amigos personales, pero no creo que hoy se sientan mal porque yo hoy no haya unido mi aplauso al de otras
personas. Aquí no estábamos de esto, sino de la posible pasividad en la instrucción penal.
Hemos comentado otros temas, como felicitar al ministro por la información que ha recabado y que nos ha dado, pero teníamos preocupación por lo que respecta
a la pasividad.
Yo no he hecho una interpelación -quería recordarlo-, porque la Comisión no es el lugar para ello, sino que he solicitado una comparecencia sujeta al artículo 203, que recaba información del ministro, y ni el ministro, ni el Grupo
Parlamentario Popular deben echar de
menos los tonos más áridos a que nos conducen cuando las posiciones son mucho más enfrentadas. Aquí de lo que se trata es de informarse, entre otras cosas, para poder transmitir esa información a los afectados que están profundamente
preocupados por la desgracia que ha significado un cambio importante en sus vidas, en sus haciendas, en su forma de trabajar, etcétera. He advertido desde el principio que no íbamos a solicitar responsabilidad política alguna -ya bastante se ha
solicitado en otros lugares de esta Cámara- y que nos lleva más el esfuerzo por ver qué acciones jurídicas pudieran tener unas buenas consecuencias para estas personas. La posible pasividad de la actuación en términos de acusación particular,
insisto, de la Abogacía del Estado viene dada incluso por letrados que están reflejando la actividad de alguna comunidad autónoma y parece que esa actuación ha sido alabada, pero alguna comunidad autónoma, algunos ayuntamientos, muchos letrados
personados consideran que la actuación de la Abogacía del Estado, que recibe instrucciones, sin duda, debería ser más activa y más ágil. Esa es la posición de mi grupo y es lo que quería transmitirle, señor ministro, en la confianza de que usted
también sabrá transmitirlo a sus funcionarios. Me sorprende porque lo dije de manera no esencial en la solicitud de información, que reclamamos sea de manera habitual a partir de ahora. Yo hablaba de la actuación del ministerio fiscal como algo
alejado del núcleo de la intervención, pero me llena de estupor la contestación del ministro de Justicia en referencia a la posible remoción -que yo no adjetivé- de la fiscal del asunto. Por los datos que tenemos, lo cierto es que la fiscal no
aparece ya en la causa, sin que es el fiscal jefe el que está yendo y adoptando a nuestro entender una actitud poco coherente con la posición que la institución debería tener, que es, por un lado, no atender mediante su presencia y durante todo el
tiempo a determinadas diligencias que se practican, de manera particular la declaración del capitán marítimo, que me parece que es un elemento fundamental como testigo o como imputado en este asunto, y en segundo lugar no solicitando diligencia
penal alguna. Estos son los datos que tenemos y S.S. no ha dicho que no sean correctos. La visión de un o una fiscal más el fiscal jefe en la misma causa, en el mismo momento y en la sala no es habitual, aunque puede darse; en todo caso esa
visión no se produce en el juzgado que instruye la causa del Prestige. No hago de esta cuestión nada importante porque no es lo que nos interesa; lo que pasa es que usted ha contestado a ese tema de la manera en que lo ha hecho y quería subrayarle
lo que nosotros tenemos como cierto.
Por último, señor ministro, le solicito una información que nos parece indispensable de la actuación de la Abogacía del Estado; indispensable también, por cierto -y permítame la reiteración en el lenguaje-, para las buenas consecuencias de
las causas tanto administrativas como penales y de relaciones internacionales que existen en este asunto. Insisto en que por la importancia de lo que tenemos entre manos, de aquellos a quienes nos dirigimos, que son las víctimas de este desastre,
le rogaría, señor ministro, que viniera a la Comisión de Justicia e Interior, previsiblemente en septiembre, dándonos un detallado informe de las diligencias, aportaciones, consecuencias y datos nuevos que a través de la función de la Abogacía del
Estado y de otras intervenciones del ministerio puedan darse a favor de las víctimas de esta catástrofe.
El señor PRESIDENTE: Señora Uría, también con brevedad, por favor.
La señora URÍA ETEBARRÍA: Estirando lo que ha sido broma en todos los miembros de esta Comisión en el día de hoy, yo no soy abogado del Estado pero he sido 15 años directora de lo Contencioso, siendo la Comunidad Autónoma vasca la única que
mantiene esta histórica denominación, que ignoro por qué ha desaparecido dado que tenía rancio abolengo y desde mi perspectiva era extraordinariamente adecuada. Lo decía no por continuar con la broma, sino por explicar que a mi grupo parlamentario
no se le alcanza exactamente la importancia que se da desde otras formaciones políticas a las acciones penales, con independencia de las responsabilidades políticas de las que tantas veces y en tantas comisiones en esta Cámara se ha hablado y
respecto de las que mi grupo, como ya he dicho con anterioridad, ha sido muy crítico. Abrir unas diligencias penales en cuestiones como ésta suele ser más bien un retraso que un adelanto de cara a poder hacer efectivas cuanto antes las
indemnizaciones o las responsabilidades patrimoniales o de otra índole.
La imputación de hechos concretos a personas concretas, el que irresponsabilidades políticas -si se me permite calificarlas así- se traduzcan en tipos penales es dificultoso,
con lo cual lo único que suele ocurrir es que no es por falta de impulso sino por lo largos que normalmente son los procesos penales, más en procesos de la índole del presente, la existencia de unas diligencias de este estilo, por el carácter de la
prejudicialidad penal y la obligatoria fijación de los hechos previamente en una causa penal, antes de existir ésta abierta, antes que en un procedimiento de responsabilidad, hace que manifieste la falta de fe o de convicción que mi formación
política tiene en estas diligencias, teniéndola más en otras concretas, por tanto no hace el hincapié de otras respecto de la continuidad de este procedimiento.
El señor PRESIDENTE: Señor Silva, con la misma brevedad, por favor.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Con la máxima, señor presidente, quiero suscribir las afirmaciones anteriores de la portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), cuya labor al frente precisamente de la
Dirección de lo Contencioso del Gobierno vasco nos es a todos muy conocida satisfactoriamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Ollero, por favor.
El señor OLLERO TASSARA: Muy brevemente, comprendemos la actitud del grupo que presenta la comparecencia y que al parecer quería demostrar con ello su preocupación por las víctimas de esta catástrofe, pero cuando se tiene la fortuna de
estar aquí respaldando al Gobierno hay otro modo de mostrar ese interés, y es recordar -como hemos hecho- las ayudas, la inmediatez y la eficacia de las mismas, y además el refuerzo que supone a todas esas medidas políticas del Gobierno el
funcionamiento riguroso de las instituciones y, dentro de ellas, del servicio jurídico del Estado, que con todo merecimiento ha sido el protagonista de esta comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Finalmente, el señor secretario de Estado. (Risas.)
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Gracias. Me hace mucha ilusión.
El señor PRESIDENTE: Perdón, señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Si me hace mucha ilusión, pero está aquí el secretario de Estado de Justicia que remataría mejor que yo esta comparecencia. (Risas.)
Señor presidente, sólo quiero agradecer el tono cordial en que se ha producido esta mañana la comparecencia y la intervención de todas SS.SS., sin perjuicio de que a la petición que hace el señor Barrero de mantener informada a la Cámara
sabe S.S. que es tradición de quien hoy es ministro de Justicia hacerlo, lo hice en los cuatro años en que trabajé casi en exclusiva para esta casa como secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y trataré de seguir haciéndolo. En
consecuencia, si SS.SS. desean seguir teniendo información sobre este extremo no duden de que se la facilitaremos.
Respecto a la Fiscalía voy a hacer una precisión. Insisto en que ustedes pueden preguntar al fiscal general del Estado -lo tuvieron aquí en una larga sesión- porque él es el jefe de la Fiscalía, es el que decide y yo sólo le traslado lo que
es público. Usted ha dicho que se había relevado del caso a la fiscal. Me dicen que no se la ha relevado sino que se le ha hecho acompañar del fiscal jefe, algo que también ocurre cuando los temas tienen la entidad de éste. Esa es la situación,
esa es la decisión de la Fiscalía, cuya autonomía yo respeto, y valoro siempre mucho a los fiscales porque trabajan mucho y bien precisamente en defensa de la legalidad. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro de Justicia.
- LAS CIRCUNSTANCIAS QUE HAN PERMITIDO QUE SE PRODUZCA LA FUGA DE UN CONDENADO EN SENTENCIA FIRME POR TRÁFICO DE DROGAS Y LA INCIDENCIA QUE EN TALES HECHOS HA TENIDO LA AUSENCIA DE MEDIOS PERSONALES Y MATERIALES SUFICIENTES PARA ASEGURAR UN
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001136.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. Punto número 4, solicitud de comparecencia, igualmente por el Grupo Parlamentario Socialista, para informar de las circunstancias que permitieron o posibilitaron la fuga de un
condenado por sentencia firme con delito de tráfico de drogas.
Sin más, el señor ministro de Justicia tiene el uso de la palabra.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor presidente, en la idea de que esta es una comparecencia breve (lo pregunto a SS.SS. por si en algún momento podríamos interrumpir la sesión), el tema de la petición de comparecencia es
informar de las circunstancias que han permitido que se produzca la fuga de un condenado en sentencia firme por tráfico de drogas y la incidencia que en tales hechos ha tenido la ausencia de medios personales y materiales suficientes para asegurar
un correcto funcionamiento de la Administración de justicia. Puedo decirles muy claramente que no es por falta de medios materiales ni personales por lo que se ha dado esta circunstancia, que se produce en el entorno de la Administración de
justicia, cuya independencia y autonomía el ministro de Justicia siempre respeta. El hecho lo conocen perfectamente. Juan Manuel Candela Sapieha, alias El Sapo, fue encarcelado por su participación en un robo y detenido el 21 de julio de 2002
cuando intentaba vender el objeto robado. Con anterioridad a esa fecha había sido condenado, en 1999, por la Audiencia Nacional a cinco años de prisión por su participación en un delito de tráfico de drogas. Esta sentencia fue recurrida y el
Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia el 19 de junio de 2002. La Audiencia ordena la ejecución de la sentencia el 15 de octubre de 2002. Sin embargo, la ordenación de la ejecución de la sentencia producida el 15 de octubre y
emitida el 19 de junio, no se notifica a la prisión de Soto del Real hasta el 15 de noviembre. El condenado no se encontraba en prisión por este delito, ya que desde la instrucción del sumario estaba en libertad provisional. En efecto, abandonó la
cárcel de Soto del Real, donde estaba ingresado como preso preventivo por su participación en el robo, en el mes de noviembre. El 15 de noviembre, cuatro días más tarde, llega a la cárcel la orden de la Audiencia Nacional para
ejecutar una sentencia que -insisto- se produjo el 19 de junio. Pese a estar obligado a presentarse en el juzgado dos veces al mes, no compareció y es evidente que si la notificación de la sentencia producida el 19 de junio se realiza el 15
de noviembre no se debe a la falta de medios materiales, porque hay ordenadores que funcionan, faxes que funcionan y teléfonos que funcionan o incluso un motorista no creo que tarde tres meses en llegar desde el Tribunal Supremo a la cárcel. Como
se consideraba que no era debido a la falta de medios materiales, la propia Sala de gobierno, haciendo uso de su autonomía, inició las diligencias para ver qué es lo que había fallado. La propia Sala de gobierno de la Audiencia Nacional decidió
abrir unas diligencias informativas y es al ámbito de la justicia a quien le corresponde resolver cuáles son los motivos, pero nadie en la Audiencia Nacional, ningún juez, ningún magistrado, ningún fiscal, ningún secretario judicial, ha achacado a
la falta de medios que una comunicación tardara en llegar tres meses.
Estamos haciendo una profunda reforma para que haya más medios. Ello abarca también a la Audiencia Nacional y permítanme que les dé algunos datos. Los datos son tan obvios que, si comparamos el presupuesto de justicia del año 1997 con el
actual, comprobamos que ha crecido un 78,3 por ciento. Es decir, el dinero que los españoles gastan para mejorar nuestros juzgados, para que haya más jueces, más fiscales, el dinero que sale de nuestros bolsillos para que nuestra justicia sea
mejor, ha crecido en estos años un 78,3 por ciento, a lo que hay que sumar que se han transferido competencias a las comunidades autónomas con un presupuesto que en estos años fácilmente ha crecido un 325 por ciento.
Por tanto, el esfuerzo de los
ciudadanos, a través de los presupuestos de las comunidades autónomas y de los Presupuestos Generales del Estado, hace que hoy nuestra justicia esté muchísimo mejor dotada que lo estaba antes.
Yo comprendo la dificultad de comparar con comunidades autónomas, por tanto, me voy a quedar sólo en los Presupuestos Generales del Estado comparando términos homogéneos, incluso sin contar con que ya las comunidades autónomas tienen
transferidas competencias. Le voy a dar datos muy sencillos. Si desde 1997 se ha crecido un 78,3 por ciento, en los correlativos años anteriores se creció en materia de justicia un 19 por ciento. Este crecimiento del 78,3 por ciento es dinero que
gastan los españoles, que ha contado con el voto favorable de muchos grupos parlamentarios de esta Cámara y que se ha hecho siempre con el voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, que votó en contra los presupuestos de los años 1998, 1999,
2000, 2001, 2002 y 2003. Si hubiera prosperado su voto en contra estaríamos en el nivel de dotación económica que tenía la justicia cuando ustedes aprobaron los presupuestos, que era un 78,3 por ciento inferior al que hay ahora. Con ese incremento
de un 78,3 por ciento de los presupuestos se ha hecho algo importantísimo.
Desde 1997 se está trabajando en conseguir lo que pidió el Consejo del Poder Judicial, que después de un serio, sesudo y reflexionado análisis, dijo: Hacen falta 800 nuevas
plazas de jueces y magistrados. Y este es el año en el que ya se crean las 800 plazas. Se han creado ya 693, se crean 30 de los presupuestos de este año y 62 de lo mercantil. Son las que pidió el Consejo. Pero hay un dato más. Son 800 nuevas
plazas, órganos judiciales con toda la dotación, secretario, oficial, agente, auxiliar -de los que luego hablaremos-, 800 plazas, que son las que pidió el Consejo en el año 1997. Eso ha permitido llegar a una cifra de jueces por habitante que
supera con mucho la media de la Unión Europea, aunque no me canso de decir que el Reino Unido es el país de la Unión Europea en el que menos jueces por habitante hay y en el que más ágil y mejor funciona la justicia. Aún así se ha conseguido una
ratio de juez por habitante que supera la de la Unión Europea. Cierto es que a veces ustedes no quieren reconocer que los jueces de paz hagan algo, pero lo cierto es que los jueces de paz computan en esa media en Alemania y, si comparamos Alemania
con España, hay que comparar lo mismo y no hacer comparaciones que siempre perjudiquen a España.
En todo caso, le diré algo mucho más gráfico. Desde 1997 se han creado 800 nuevas plazas de jueces y magistrados. ¿Sabe usted cuántas se crearon en los siete años anteriores? Seguramente no lo sepa, pero con los presupuestos que ustedes
aprobaron sólo se pudieron crear 200 plazas. Es decir, se ha multiplicado un 400 por ciento la creación de órganos judiciales, de jueces, de magistrados, de personal al servicio de la Administración de justicia. Pero le doy un dato más, la
creación de esas 800 nuevas plazas de jueces y magistrados ha ido unida a su vez a un proceso extraordinariamente importante y es que todas están ocupadas por jueces, por profesionales, porque 644 plazas hace 14 meses estaban cubiertas por jueces no
profesionales. Hoy hay más plazas y todos profesionales. Ese es un esfuerzo no sólo de que haya más dinero, sino de que se gaste mejor. Un juez no profesional, un juez que no ha hecho oposición, un juez que no es de carrera, indudablemente -y
siempre lo hemos dicho en esta Comisión- no tiene la misma agilidad en dictar sentencias y genera más recursos.
La Administración de justicia es el único sector del Estado en el que no profesionales dictan sentencias. No hay inspectores de hacienda que no sean inspectores de hacienda, cirujanos que no sean cirujanos y catedráticos que no sean
catedráticos. Por primera vez toda la primera instancia, también en Andalucía, está cubierta por jueces profesionales.
Es cierto que queda una bolsa de sustitutos, que hacen un magnífico trabajo, cuando hay bajas por maternidad, por ejemplo. A
partir del 12 de mayo, por primera vez en nuestra historia toda la segunda instancia también estará cubierta por jueces
profesionales. A partir del próximo 12 de mayo, todos los que dicten sentencias en este país serán jueces profesionales. Se habrán creado en los últimos años 1.444 nuevas plazas de profesionales al servicio de la Administración de
justicia. Esa es una magnífica noticia, es gastar mejor el dinero que ponen los ciudadanos en la Administración de justicia, porque cuesta lo mismo un juez sustituto que un juez no sustituto.
Ahora, hay que abordar -y lo venimos tratando en las reuniones de seguimiento del pacto de Estado- que estas personas que durante tantos años han trabajado como sustitutos, que tienen acreditada una cualificación, una experiencia y una
pericia, puedan incorporarse a trabajar al servicio de la Administración de justicia. Eso me parece una magnífica noticia. Es una noticia muy positiva que todos nuestros jueces sean profesionales. Cuando tomé posesión como secretario de Estado de
Justicia, me llamó mucho la atención que en justicia pasara algo que no pasaba en ningún sector del Estado, porque no hay cirujanos que no hayan pasado el MIR, no hay abogados del Estado que no sean abogados del Estado, no hay inspectores de
hacienda que no sean inspectores de hacienda y en algo tan esencial y sensible como dictar sentencias lo estaban haciendo quienes no eran jueces. Exactamente igual sucede con la creación de nuevas plazas de secretarios judiciales, oficiales,
auxiliares y agentes. En estos años se han producido 824 nuevos secretarios judiciales, 1.405 oficiales, 1.698 auxiliares y 929 agentes.
Creo que ese crecimiento también se proyecta sobre la Audiencia Nacional, la cual da buena fe de ello.
El incremento de jueces y de magistrados en la Audiencia Nacional también ha beneficiado al ciudadano. Por primera vez nuestra justicia resuelve más asuntos de los que entran. Estamos haciendo un esfuerzo entre todos, la Junta de
Andalucía, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno del País Vasco, el Gobierno de Galicia, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de Valencia, el Gobierno de Canarias y ahora también el Gobierno de Madrid con el Gobierno de la nación por
que esto sea posible.
Ese esfuerzo lo están haciendo nuestros jueces y magistrados, cuya plantilla hoy permite resolver más asuntos de los que entran por primera vez, a lo cual se unen nuevos procedimientos. Los juicios rápidos evidentemente van a
acabar con el colapso en la justicia penal. Se abren tres nuevos carriles en una autopista y no aumenta el número de coches.
No aumenta el número de asuntos, los delitos son los mismos o menos con la justicia rápida, como bien saben el señor Silva
o la señora Uría, cuyos gobiernos autonómicos de manera tan decidida y eficaz han colaborado en la implantación de este nuevo modelo, o como bien sabe la consejera de Justicia de Andalucía, que de forma tan eficaz no sólo ha colaborado, sino que
está ensalzando y animando a todos a poner en marcha los juicios rápidos. Los delitos serán los mismos o menos y sin embargo los procedimientos más ágiles, los instrumentos más eficaces. Habrá que dedicar menos tiempo a resolver los asuntos por
parte de jueces y fiscales. Eso permite que ya hoy, al cabo tan sólo de una semana de ponerse en marcha, con el esfuerzo de todos, este procedimiento judicial, los resultados para los ciudadanos sean muy positivos. Alrededor de dos centenares y
medio de delitos cometidos desde el 28 de abril han encontrado ya una respuesta judicial inmediata, una tutela judicial efectiva, eficaz e inmediata, que nuestros jueces, nuestros fiscales están dando a las víctimas de los delitos y la persecución
de los delincuentes. Es evidente que si los asuntos son los mismos y se enjuician por esta vía los fáciles, para los otros, los complejos, se tendrá más tiempo. Es evidente que si en una autopista se abren tres nuevos carriles y el número de
coches es el mismo, los que vayan por los tres nuevos carriles irán más rápido, pero los que quedan en los antiguos carriles también irán más rápido. Eso es lo que de común acuerdo, todos los que hemos impulsado los juicios rápidos, los grupos
parlamentarios -cierto es que esa ley no tuvo ni un voto en contra ni por error de una diputada o de un diputado, de una senadora o de un senador-, todas las comunidades autónomas, los jueces, los fiscales, los abogados y los procuradores, hemos
deseado hacer de nuestra justicia. Esto no es mérito sólo de esta Cámara, no es ni mucho menos un mérito del Gobierno; es un mérito de todas las comunidades autónomas y de todos los protagonistas de la justicia (jueces, fiscales, abogados), que
han apostado por hacer posible que nuestros ciudadanos tengan una justicia penal más rápida.
En la Audiencia Nacional ese desatasco y el poder dedicar más tiempo a los asuntos que se tramitan por el procedimiento ordinario podrá impedir cosas que llaman mucho la atención, como es que alguien esté cuatro años en prisión esperando a
saber si es absuelto o condenado. Los juicios rápidos suponen una nueva garantía para el enjuiciado. La primera es que el mismo abogado que le atiende en la detención lo sigue haciendo en el proceso judicial. Esa es una gran garantía. La segunda
es saber que no tiene que esperar indefinidamente. Y la tercera es que se puede reducir el número de personas privadas de libertad a la espera de juicio. En este momento hay un 22 por ciento de población reclusa esperando un juicio.
Los juicios
rápidos evidentemente van en la dirección de acabar con eso.
La reforma de prisión provisional, presentada por el Gobierno, es la primera norma -y agradezco a los grupos parlamentarios que están hoy presentes que apoyaran el rechazo a esa enmienda a la totalidad-, es la primera redacción
posconstitucional de nuestra prisión provisional. Ha habido enmiendas parciales, pero los principios constitucionales de la prisión provisional no están vigentes y entre otras cosas se van a reducir los plazos. Se reduce a dos años el tiempo
máximo, el tiempo en el que razonablemente hay que dictar una sentencia. De ahí que también sea razonable reducir el
tiempo para la instrucción, para la investigación, aceptando excepciones como en todos los lugares y no teniendo sometido a un ciudadano a la investigación, a la duda o a la prisión de manera indefinida, de tal forma que el juez tenga la
posibilidad de no haber enjuiciado en cuatro años a una persona que está detenida.
De la Audiencia Nacional, de la que me alegro su interés, sabe que al Ministerio de Justicia le corresponde poner los medios materiales. Pero en todo caso esta es una buena fecha. Este es el XXV aniversario de la constitución de la
Audiencia Nacional y todos los que estamos aquí reconocemos en los jueces, en los fiscales, en el personal de la Audiencia Nacional el magnífico trabajo que viene haciendo la Audiencia en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, en la
aplicación del Estado de derecho en sectores especialmente sensibles, como es la lucha contra el crimen organizado, contra el narcotráfico y contra el terrorismo.
Le voy a dar algunos datos. El número de asuntos ha crecido un 6 por ciento. Sin embargo, la planta se ha incrementado muy considerablemente, en un 157 por ciento. Eso es lo que permite que también por primera vez en la Audiencia Nacional
se resuelvan más asuntos de los que entran. Eso es una evidencia en lo que se refiere a las salas de lo penal, en las que entraron 1.500 asuntos y se resolvieron 1.623; es una evidencia en los juzgados centrales, en los que entraron 3.400 asuntos
y se resolvieron 3.590; es una evidencia en las salas de lo social, donde la entrada de asuntos se mantiene desde el año 1998 en torno a los 220-225: entraron 228 y se resolvieron 241. La Audiencia tiene más órganos, su planta ha crecido un 157
por ciento y tiene más personal. Se han incrementado un 6 por ciento los asuntos y sin embargo se ha incrementado un 67 por ciento el personal funcionario al servicio de la Audiencia, más 45 personas de refuerzo suplementario que vienen trabajando
en ella. La Audiencia tiene equipos informáticos, tiene un sistema -el primero que se instaló- de videoconferencia, que quiero recordar que inauguró precisamente la secretaria de Estado de Justicia del Reino Unido. Es cierto que siempre tenemos
que seguir mejorando los medios personales y materiales, pero también lo es que en la Audiencia hoy afortunadamente se resuelven más asuntos de los que entran y que las nuevas leyes y los nuevos procedimientos que esta Cámara, por unanimidad, ha
impulsado pueden evitar en el futuro que se produzcan hechos como éstos y estaremos atentos a los resultados de las diligencias que se pudieran derivar. Es evidente que el que se tarde tres meses en notificar una resolución judicial no es porque
falle un ordenador, que puede fallar un día, pero siempre estará el teléfono y si no, existe el oficial o el agente auxiliar que lo puede comunicar. Habrá sido otra la causa y no es el Ministerio de Justicia quien debe entrometerse -nunca lo ha
hecho ni lo va a hacer- en funciones que no le corresponde. Le corresponde al Consejo General del Poder Judicial, a la Sala de gobierno de la Audiencia y será ésta quien dé explicación de esta cuestión. Sin perjuicio de lo cual, estoy encantado de
que SS.SS. me hayan dado la oportunidad de explicarles algo que estoy seguro que todos celebran, y es que la justicia tenga más recursos, más jueces, más fiscales y que además se utilicen mejor. Por cierto que en relación con los fiscales la
comparación es verdaderamente sorprendente, puesto que se ha multiplicado por 37 el número de fiscales que se han creado en los últimos años en relación con los anteriores, habiendo llegado a 1.760 plazas de fiscales.
Muchas gracias, señor presidente, y estoy a lo que SS.SS. deseen para ampliar o matizar la información.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Barrero tiene la palabra.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señorías, señor ministro, el segundo tema que nos trae su comparecencia nos resulta también especialmente importante. Lo que yo siento, pero cada uno es muy dueño de adoptar la actitud y decidir las intervenciones
que tiene por convenientes, es que cuando el ministro de Justicia nos da datos, cuando viene aquí en función de una solicitud de información y no de interpelaciones, adopta una actitud defensiva, una actitud de satisfacción, que comparte poca gente
y que creo que le hace estar alejado de los intereses de la ciudadanía. Y resulta realmente preocupante, de acuerdo con otros datos que ahora le voy a ofrecer, la situación de inseguridad por la que está pasando la población española, de manera
singular algunas ciudades y muy especialmente Madrid, así como el hecho de que las dilaciones de los procesos judiciales permitan la fuga final de determinados individuos de enorme peligrosidad. Yo esperaba del señor ministro que nos diera una
información mayor, con una expresa decisión política de defender a los ciudadanos frente a este aumento de la criminalidad y de evitar que las dilaciones de procedimientos judiciales en general, insisto, den lugar a ese tipo de fugas que crean una
enorme alarma.
El asunto del señor Candela, como se llama este delincuente, es un asunto de importancia, que tuvo la calificación de escandaloso por algún medio de comunicación, que, por otra parte, definió con cierta dureza la actividad del Ministerio de
Justicia con referencia a los medios, porque no en vano salía de prisión, se fugaba y ahora está en rebeldía una persona de enorme peligrosidad, como hay unos cuantos en nuestro territorio, desgraciadamente. Hasta tal punto es así que un periódico
de tirada nacional (El señor ministro de Justicia, Michavila Núñez: Perdón, ¿qué periódico?), El Mundo, en enero, en un editorial que se titulaba: Más que una fuga un auténtico escándalo, en un punto y seguido decía, y se lo voy a leer: Un
escándalo que es achacable al mal funcionamiento del sistema judicial
en su conjunto, empezando por la precariedad de medios con la que trabajan los jueces -subrayo esta parte, que es de la que usted se siente especialmente satisfecho, al parecer-, siguiendo con la negligencia, retraso o el escaso celo de los
diferentes tribunales a la hora de ejecutar sus sentencias o resoluciones y acabando por la pasividad de la Fiscalía. Eso decía este medio.
Pero no sólo era este medio el que editorializaba sobre este asunto y de esta manera. Los propios colectivos de jueces se mostraban duros con el Ministerio de Justicia, alarmados, como es lógico, por la noticia que a todos escandalizó. Por
ejemplo, José Manuel Suárez, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, decía: Si hubiera un sistema informático y permanente, en lugar de estar con papeles, como en la Edad Media, los jueces podrían tener una auténtica
responsabilidad. Eso no lo digo yo, porque habría que ver la contestación del Grupo Parlamentario Popular si yo me hubiera atrevido a decir algo tan contundente y tan duro. Esto lo dice el portavoz de la APM, que califica como de la Edad Media el
sistema informático que existe en los juzgados. Pero no era más suave el portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, don Joaquín González Caso, que decía: Este no se debe a un problema de responsabilidad personal de los jueces, sino a
problemas burocráticos, que por desgracia son mucho más habituales de lo que se cree. Y don Juan Luis Rascón, de Jueces para la Democracia, decía: Yo pido una comunicación inmediata, de carácter informático, porque las sentencias tardan meses en
registrarse. Esto no lo he dicho yo, lo dicen todos y cada uno de los colectivos, de las asociaciones de jueces, desde las previsiblemente más conservadoras a las que lo son menos. Y, por supuesto, los periódicos seguramente alejados de la
ideología que yo aquí represento, también eran duros con usted y con el Gobierno.
Nuestra preocupación, señor ministro, se debe a que los datos que existen obligan a que este tipo de debates produzca algo positivo, y sabe bien S.S. que la lealtad que el Grupo Parlamentario Socialista está teniendo con algo de lo que se
siente autor, como no puede ser de otra manera, que es el pacto para la reforma de la justicia, le lleva a que su cumplimiento sea lo más exacto posible, porque desleal sería que renunciáramos a tener un cumplimiento con una interpretación generosa
de ese pacto y desleal a ese pacto sería no renunciar a reivindicar ese cumplimiento más generoso. Lo cierto es que desde mayo de 1996, en que empiezan a cumplir con su tarea de gobierno, hasta diciembre de 2002, el índice de criminalidad en
nuestro país ha subido un 26 por ciento, señor ministro y, aunque es evidente que no toda la responsabilidad ha de achacarse al Gobierno, los medios que tan ufanamente ustedes han venido planteando cada poco tiempo con los términos tan contundentes
de ley y orden, se compadecen poco con las soluciones y consecuencias finales, poco bondadosas para el Gobierno si tenemos en cuenta los porcentajes de aumento de criminalidad. El propio ministerio fiscal, en la memoria de 2002, que es la última
que tenemos, advertía de un incremento del 25 por ciento en las diligencias penales, pasando de cerca de tres millones, 2.975.000, en 1996, a algo más de 4.036.000 en 2001. En definitiva, el 25 por ciento más.
El plan preventivo de proximidad de la policía, el plan 2000, no había hecho sino permitir un crecimiento del 9,83 por ciento en la tasa de criminalidad en el año 2001, y en algunas de las ciudades en las que se implantó este plan de policía
de proximidad, que buscaba el 6 ¥ 6 o el 10 ¥ 10, técnica en la que se habilitaban seis ciudades y seis delitos para una persecución rigurosa, contundente y que se entendía que rebajaba la criminalidad, ha significado, a nuestro entender, señor
ministro, un auténtico fracaso, de manera que tras ese plan, en Madrid, por ejemplo, aumentó un 17 por ciento la delincuencia, en Barcelona el 21, en Alicante el 21, en Sevilla el 15, en Málaga el 20 y en Valencia el 16 por ciento, es decir, las
seis ciudades sobre las que se aplicaba el plan. Por tanto, ayuda poco la dilación judicial por falta de medios, de acuerdo con la tesis que sostienen los secretarios o presidentes de las asociaciones judiciales, con este tipo de porcentajes y con
la alarma de la ciudadanía que consecuentemente llevan consigo estos porcentajes.
A partir de septiembre aparece la llamada operación Focus en Madrid, que ha tenido unos resultados muy poco brillantes, que si usted quiere se los recordamos, pero no vamos a aburrirle con los datos. Sabe bien, porque conoce la tesis sobre
la que estamos incidiendo, la rebaja en policías, etcétera, que el gasto público de seguridad ha bajado también del 0,62 en el PIB de 1997 al 0,52 en el de 2002. Estos son datos reales, señor ministro, que pueden compararse con los que usted
ofrecía haciendo referencia a los Presupuestos Generales del Estado de Justicia. Y si usted me lo permite, le diré que nosotros, en el tema de presupuestos, que, por cierto, tan brillantemente defiende el señor Villarrubia, en nuestra enmienda a la
totalidad no hemos presentado enmienda de devolución con el ánimo de mantener los presupuestos anteriores, lo cual es una argucia que pone de manifiesto su brillantez, pero no exactamente su objetividad, porque con nuestras enmiendas, si se hubieran
aceptado, hubiéramos cumplido de manera mucho más correcta el pacto. Porque quiero recordarle que el pacto -y sería por algo, sería porque faltaban medios- nos obliga a todos, y especialmente al Gobierno, a aplicar durante ocho años un incremento
sobre el presupuesto de 1.500 millones de euros, 251.000 millones de pesetas, y dos años después de los dos primeros presupuestos, que deberían haberse adherido al pacto, hoy tenemos una deuda con referencia a ese dinero de alrededor de unos 60.000
millones de pesetas, que usted, señor ministro, me traducirá correctamente. Veo que no lo considera así y estamos dispuestos
a hacer el debate que usted quiera sobre los números presupuestarios, porque esos sí que son objetivos, señor ministro, y están sobre el papel.
Si la noticia que usted quiere trasmitir a la opinión pública por medio de los medios de
comunicación es que ha cumplido el Plan de financiación del pacto para la reforma de la justicia, que obligaba a 250.000 millones en ocho años, le aseguro que, aparte de que va a ser una noticia interesantísima, le va a obligar a defenderla y
argumentarla con mucha corrección, porque sabe usted bien que eso no es verdad.
En derecho comparado estamos en cifras menores que el resto de países en términos de ratio jueces-miles de habitantes, como hace poco planteaba la propia memoria del Consejo General del Poder Judicial. Yo no voy a atender a las cifras de mi
grupo, que sé que a usted le alientan poco, sino que me voy a remitir a la memoria del Consejo General del Poder Judicial, que hace una semana debatimos en esta sala. Vea la ratio que aparece en esa memoria -le animo a su lectura tranquila- y
observará usted que somos, si no el último, uno de los últimos países en la ratio juez-habitante.
Con relación a los jueces de paz, en la última comparecencia no tuve ocasión de contestarle porque lo tomé a broma, partiendo del ministro, ya que en el proyecto de ley orgánica del Poder Judicial elimina a los jueces de paz, es decir, los
cuenta preeliminación, imagino que no los contará posteliminación. En todo caso, es evidente que los jueces de paz no tienen esa función, y usted, que presume con razón, en gran medida, de jueces profesionales, bien sabe que estos jueces no lo son,
pero además está hablando la persona que ha eliminado en el borrador de la ley a unos jueces de paz, que por cierto nosotros no queremos eliminar sino ampliar a la justicia de proximidad. Por otro lado, el Consejo General del Poder Judicial, en la
memoria de 1999 pedía 250 jueces durante diez años, es decir, era consciente de que la ratio nos iba eliminando de la cabeza del ranking y que para evitar dilaciones y mala burocracia necesitábamos buenos medios, más jueces, más profesionales. No
digo ya nada de los fiscales porque, aunque hoy no estaba contemplada por el presidente la posibilidad de debatir el tema de juicios rápidos, bien sabe usted que algunos fiscales se han sentido especialmente zaheridos por sus intervenciones
públicas, hablando de rebeldía, etcétera, cuando muchos de ellos lo que querían era, primero, que funcionase el sistema informático y después, aumentar los medios para que los juicios rápidos, en los que todos creemos porque todos nos consideramos
autores, tengan un buen fin, porque están pensados precisamente para evitar la delincuencia y no para aumentar los problemas de nuestra burocracia judicial.
Por lo tanto, no mezclemos este tipo de asuntos ni estas cifras que parece que todos estamos tirando a la cara del adversario político para ver si de esta manera enturbiamos su razón y evitamos decir lo que teníamos que decir hoy aquí, señor
ministro, y es que algo que ha resultado escandaloso para la ciudadanía, para los medios de comunicación y para las asociaciones judiciales, de acuerdo con su sistema de intervención tan defensivo, parece que no tiene nada programado que haga
impensable un situación similar dentro de poco, porque debo recordarle que nos han venido advirtiendo algunos medios y algunos profesionales que otros cinco narcos, personajes especialmente repulsivos para aquellos que creemos de verdad en un orden
democrático pueden salir de prisión en noviembre, si la Audiencia no celebra juicio. Estamos hablando de una de las operaciones más interesantes llevadas a cabo por la Policía, la llamada operación Carro, que supuso la aprehensión de más de 300
kilos de heroína procedente de Turquía, como sabe bien S.S., que ha significado una instrucción complicada sin duda, con anomalías, con trámites y con estafas procesales, me imagino, por parte de algunos abogados que ven en la burocracia procesal,
por la vía del recurso, una forma de dilatar el proceso. Lo cierto es que podemos encontrarnos en un breve espacio de tiempo con que narcotraficantes de estas características estén en la calle y por lo tanto en fuga de manera inmediata, en el
supuesto que se dilataran los procesos de una manera tan amplia.
Señor ministro, en atención a todas las lealtades que nos debemos como coautores del pacto, yo quisiera que de la intervención de mi grupo no se interpretase otra cosa que mover al Gobierno a una decisión política seria sobre el tema de los
medios personales y materiales. Nosotros hemos presentado en el Congreso -sé que va tener poca virtualidad- una solicitud para que el Gobierno haga posible la creación de 150 nuevas plazas de jueces este año y otras 150 el próximo, lo que sin duda
evitaría dilaciones. Vamos a reclamar como nunca, señor ministro -una de las preguntas que queremos plantearle es hasta qué punto está usted dispuesto a hacerlo-, que los presupuestos generales de este año tengan dinero suficiente no sólo para
hacer frente a las nuevas plazas de jueces mercantiles, etcétera, que plantean legislaciones ya aprobadas, sino también a nuevos jueces, a nuevos fiscales, a nuevos funcionarios, que permitan la no dilación de los procesos. Porque, al margen de las
satisfacciones que usted está en su derecho de mostrar en la Comisión de Justicia e Interior, y que nosotros no tenemos sino que denunciar porque nos parece un actitud poco correcta cuando la ciudadanía está alarmada por alguno de los supuestos a
los que he hecho mención, lo cierto es que la pendencia, como sabe usted bien, señor ministro -le recuerdo además la memoria del Consejo General del Poder Judicial, debatida recientemente- todavía está por encima de los 2.060.000 asuntos este año.
Y aunque es verdad que han aumentado algunos asuntos en términos penales -creo recordar, porque estoy dando cifras de memoria-, en asuntos civiles han bajado, es decir, que la pendencia no ha tenido un incremento excesivo
y sin embargo la litigiosidad permanece estancada de manera especial en algunos órganos, como el Tribunal Supremo, juzgados de familia, etcétera, donde, además de diligencias estancadas, hay una situación muy complicada en cuanto a medios, a
archivo de legajos, etcétera. Sólo tiene que hacer una visita a los juzgados de la plaza de Castilla para ver hasta qué punto estamos hablando de temas serios que merecen la atención del Gobierno, que han merecido la atención de todos los grupos -y
de ahí el pacto para la reforma de la justicia- y que nos mueve a una cierta preocupación cuando escuchamos que a S.S. le parecen satisfactorias las acciones emprendidas y los esfuerzos hasta ahora llevados a cabo.
Quisiera hacerle alguna reflexión en forma de pregunta para que usted me contestara. ¿Tiene pensado el Ministerio, el Gobierno, la creación de más plazas judiciales para el próximo año, en términos presupuestarios, o va a mantener la cifra
de 30, como ha ocurrido este año? ¿Tiene pensado ampliar el número de plazas de fiscales, sobre todo ahora que están empezando a implantarse los juicios rápidos, que todos esperamos que tengan un correcto funcionamiento? ¿Le parece oportuno
ampliar el sistema informático, profundizar en él, hacer mayores cursos de formación, de manera que se impida que no sea correctamente utilizado por todos los funcionarios y que en ocasiones suspenda su actividad durante horas, que por ejemplo el
sistema Libra no tenga en ninguna de sus entradas la posibilidad de programas informáticos de carácter singular para la adecuación de los juicios rápidos, etcétera? ¿Qué va a hacer el Gobierno para evitar, dentro de sus competencias, la posibilidad
de que narcotraficantes y delincuentes enormemente peligrosos que están en nuestras cárceles, por el transcurso de un procedimiento judicial lento, por la detención de los procesos judiciales, terminen estando en la calle y por lo tanto en rebeldía
porque seguramente se fugarán? ¿Qué tiene pensado hacer en esta línea? En último término, señor ministro, ¿considera importante que en estos presupuestos tengamos medios materiales como consecuencia de una interpretación correcta del plan
financiero a que obliga el pacto por la reforma de la justicia, y consecuentemente que en los presupuestos haya partidas habilitadas con carácter generoso para evitar ese tipo de problemas? En fin, señor ministro, ¿qué tiene usted pensado hacer,
desde sus competencias, al margen de mostrar su satisfacción -que, por supuesto, tiene usted todo el derecho a hacerlo-, para que este tipo de fugas tan lamentables, tan alarmantes, no se vuelvan a producir?
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra la señora Uría.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor ministro, sabe que cuenta usted siempre con mi admiración a la hora de las puestas en escena. De lo que para mí era una pregunta referida a la fuga de un narco vinculada a carencia o no de medios materiales
usted nos ha hecho una exposición sobre la mejora de los medios en la justicia y sobre la bondad de los juicios rápidos, aspectos en los que sabe que estoy absolutamente de acuerdo y coincido con su opinión pero me parece que, respetada la
honorabilidad de todo el mundo, no es la primera vez que se producen estas cuestiones -hay otras que el señor Barrero anuncia como probables, ojalá no lo lleguen a ser nunca-. Se trata siempre de delitos graves en los que además se mueven grandes
cantidades de dinero sucio, lo que siempre sugiere connivencias nada convenientes para el buen nombre de la justicia, de la justicia con mayúsculas. Ha ocurrido en otros casos, usted decía que el funcionamiento depende más del Consejo que de la
Administración, y yo creo que la honorabilidad de algunos magistrados lo ha padecido, y no siempre ocurre, o por lo menos investigaciones posteriores acreditaron que nada tenían que ver con aquellos sucesos.
Me hubiera gustado, reconociendo que la justicia ha mejorado muchísimo en medios y que los juicios rápidos son un gran adelanto, que además hubiese habido algún reconocimiento de que para el ministerio hechos de este estilo son un daño
tremendo para la causa de la justicia y que en el futuro se va a tener cuidado, diligencia, mayor dación de medios si es posible o una vinculación más estrecha con el Ministerio del Interior que impida que circunstancias de este tipo puedan seguir
produciéndose en el futuro.
No quiero concluir sin aprovechar -usted ha aludido a los 25 años que se cumplen ahora de la Audiencia Nacional y ha rendido homenaje a quienes la han servido- para pedir que constase en el 'Diario de Sesiones' el tributo especial a la
fiscal Tagle, que murió asesinada por ETA.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: También con mucha brevedad. No vamos a discutir ahora, porque hay datos que son relevantes e indiscutibles, el proceso de mejora de la Administración de justicia en los últimos años, proceso de mejora al que mi
grupo parlamentario no es en absoluto ajeno. También es cierto que el incremento del esfuerzo presupuestario realizado por las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias ha sido notablemente superior al esfuerzo presupuestario que se ha
hecho con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y por tanto creo que también es justo y necesario reconocerlo, de la misma manera que parece que todavía no hemos sido capaces de resolver algunos de los problemas que nos han ido aquejando y
que continuarán aquejándonos en el futuro, como es la financiación
de aquellas leyes que -bien sea porque modifican al alza, y así debe ser, estándares de comportamiento de las administraciones públicas- se aprueban en estas Cortes Generales pero generan un incremento de gasto muy fundamentalmente a las
comunidades autónomas. Hay que reconocer que hace algo más de un año, cuando se realizó el último pacto de financiación, que supuso en cualquier caso para mi comunidad un incremento de financiación importante -insuficiente, pero importante-, se
estableció una modificación en la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, y en esa modificación uno de los principios básicos, el de lealtad institucional, que supone la necesidad de trasladar al Consejo de Política Fiscal y
Financiera la resolución de ese tipo de problemas, esto es, la determinación de la financiación de leyes que suponen mayores obligaciones para las comunidades autónomas. (El señor vicepresidente, Souvirón García, ocupa la presidencia.) Es algo que
hemos vivido con la Ley del menor, y sin lugar a dudas es algo que también hemos vivido con la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal referente a los juicios rápidos inmediatos, una proposición de ley, como sabe el señor ministro,
impulsada muy decididamente por Convergència i Unió, en cuya ejecución se han comprometido de una forma absoluta todos los agentes procesales de Cataluña, por así decirlo, desde el juez decano, el señor Bayo, pasando por el presidente del Tribunal
Superior de Justicia, Guillem Vidal, la Administración de la Generalitat, la consellera Nuria de Gispert, y el propio fiscal jefe, José María Mena, a diferencia de lo que ha ocurrido en alguna otra comunidad, absolutamente decididos, ya digo, en la
aplicación de esa ley, que sin lugar a dudas ha supuesto también una carga financiera importante para la comunidad autónoma.
Me gustaría plantear una reflexión sobre el supuesto que determina más directamente su comparecencia y, reconociendo que son supuestos aislados, lamentablemente hay que decir que no son infrecuentes. Quiero recordar que en el mes de enero,
también por un defecto de comunicación, se produjo alguna situación parecida; tenemos hechos del mes de abril, del propio mes de enero de 2003, y no quiero entrar tampoco en el fenómeno producido en diciembre del año 2001, quiero recordar, que aquí
también ha sido citado. Por tanto, sin hablar de una habitualidad, también hay que decir que no son fenómenos que nos resulten muy lejanos, y cree mi grupo parlamentario que lo que ponen de manifiesto es la ausencia que se otorga, posiblemente
también por todos los agentes, a la ejecución de las sentencias. Hemos podido decir muchas veces que da la impresión, por un lado, de que se piensa que el proceso penal acaba cuando se dicta la sentencia y se olvida el fenómeno posterior de
ejecución, de la misma manera que se pone de manifiesto que la instrucción no siempre es lo ágil que debe ser. Sin perjuicio de que puedan deslindarse responsabilidades, que en algunos casos se ha llegado a plantear -y se ha rechazado-
responsabilidad penal y en otros supuestos se han puesto de manifiesto, se han aceptado y se han exigido responsabilidades de orden disciplinario, no es menos cierto que este tipo de fenómenos nos tienen que preocupar a todos, y desde luego no nos
puede resultar ajeno ni creemos que una teoría de la división de poderes pueda determinar que nos resulte ajeno, al menos al Poder Legislativo en modo alguno le puede resultar un fenómeno ajeno. Los ciudadanos no entienden -y tenemos que decir que
nosotros tampoco- que, después de la prolongación de una instrucción durante cuatro años -que ya son años, todo hay que decirlo, y son muchos años-, haya presuntos delincuentes que queden libres, y libres en el doble sentido de la palabra porque
luego no hay quien los encuentre, de la misma manera que el ciudadano tampoco entiende que haya veces en que las penas prescriban antes de ser ejecutadas cuando no ha prescrito la falta durante la tramitación del procedimiento, o estos supuestos de
descoordinación en la medida de que un tribunal ignora que una persona que se encuentra en prisión provisional al mismo tiempo está siendo juzgada y existe pendiente de ejecución una sentencia.
Coincido con el señor ministro en que un retraso de cuatro meses para comunicar una sentencia, y además una sentencia privativa de libertad, no parece que pueda vincularse directamente a la falta de medios, pero a alguna cosa deberá
vincularse. No se puede considerar que estamos en presencia de un puro caso fortuito, algún tipo de responsabilidad existirá en algún nivel. Yo creo que tampoco puede efectuarse un puro planteamiento de que se mueve en la órbita del Poder Judicial
o del Consejo del Poder Judicial, pero este Congreso tiene interés -y en última instancia habrá que preguntárselo al Consejo General del Poder Judicial; no digo que se lo deba preguntar usted, pero desde luego se lo vamos a tener que preguntar
nosotros- por saber cuál ha sido el proceso que determine que se haya podido producir una prolongación de la instrucción de estas características en el caso de unos delincuentes, sean más o menos peligrosos -porque con posterioridad ha habido alguna
afirmación por parte del propio fiscal antidroga, quiero recordar, señalando que no estamos en presencia de cabecillas o de delincuentes especialmente peligrosos-, y en otros casos una descoordinación que ha impedido la ejecución de alguna otra
sentencia. Algún mecanismo tendrá que existir y, en última instancia, creo que es responsabilidad nuestra trasladar al Consejo General del Poder Judicial que sería bueno que este tipo de fenómenos no pudieran volver a repetirse.
En cualquier caso, señor ministro, sí creo que cabe interesar -y desde luego nosotros en una futura comparecencia del fiscal general del Estado así lo haríamos- un celo especial por parte del ministerio fiscal para que vele muy directamente
para que las instrucciones
de los procesos penales en aquellos casos, como el que nos ocupa, en el que hay personas que se encuentran sometidas a prisión provisional, no pueda llegarse a cumplir el tiempo, que en ese caso las personas en prisión provisional, sobre
todo aquellas en las que se aprecia un riesgo clarísimo de fuga, puedan eludir la acción de la justicia. Sé que a veces uno puede encontrarse, si es que es capaz de encontrar el proceso, ante una alternativa: si debe efectuarse un juicio oral sin
que esté una instrucción absolutamente completa, o deba procederse a prolongar la instrucción hasta el punto de dejar en libertad a personas de las que cabe pensar -y por eso se les puso en prisión provisional- que se iban a sustraer a la acción de
la justicia, pero creo que en última instancia más vale un juicio quizá sin todos los elementos de prueba encima de la mesa que prácticamente la certeza de que estos delincuentes van a sustraerse, como he dicho antes, a la acción de la justicia.
Creo que una reflexión al ministerio fiscal, que es, sin lugar a dudas, debo entender, quien está preceptuado en el ámbito interno de la Fiscalía General del Estado, es algo que sí creo que pudiéramos realizar.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: Señor presidente, al comenzar mi intervención, ya que se ha hecho una alusión a circunstancias dramáticas fruto del terrorismo, quería también aludir a que hoy se cumplen dos años del asesinato de Manuel Jiménez
Abad, que fue senador, por tanto miembro de estas Cortes Generales, para que también quede su recuerdo en las páginas de nuestro 'Diario de Sesiones' de hoy.
Así como ese recuerdo me ha llevado a coincidir con la portavoz del grupo nacionalista vasco, Margarita Uría, discreparía de ella en sus elogios -aunque comprendo que no es adecuado que el portavoz del Grupo Popular regatee elogios al
ministro- al ministro por su puesta en escena, porque como diría un castizo así se las ponían a Fernando VII. Creo que los elogios hay que dárselos al Grupo Parlamentario Socialista, porque la verdad es que si nuestro grupo hubiera diseñado una
petición de comparecencia para dar ocasión al ministro a que recuerde lo muchísimo que se está haciendo en estos años, habría hecho ésta, habría planteado este asunto tan crucial y decisivo para darle oportunidad, dar rienda suelta a los datos que
ahí están, se abre la espita y salen solos. Siento que no esté aquí en estos momentos el señor Barrero para hacer esta felicitación tan sincera, porque para una vez que le alabo lo hago en rebeldía. (Risas.)
Por otra parte, hay que remitirse a los hechos. Es un poco simplista que se produzca una circunstancia como la que estamos comentando y de ahí derivar automáticamente, sin ningún rigor, e intentar establecer una conexión causal y decir: es
que faltan medios, cuando resulta que las mismas páginas del periódico al que él se refiere, El Mundo, que no suele ser demasiado económico procesalmente a la hora de los titulares, tiene un titular que no deja lugar a dudas. Dice que Sapieha se
fuga por la desidia de los tribunales. Eso dice el diario El Mundo en la información que da pie a esta comparecencia. No dice por la falta de medios existentes, no, dice: por la desidia. Evidentemente, para nosotros lo que diga un órgano de
expresión de la opinión pública es algo interesante que alimenta el pluralismo en el que se basa nuestro sistema, pero no es cosa juzgada, pero si lo fuera la cosa juzgada es esta: la desidia. Desde luego aquí no dice en los titulares que se deba
a la falta de medios.
Pero es que, además, uno va leyendo la información -que por lo visto es todo el elemento con el que contamos para una sesión tan profunda como esta- y de ahí se deriva que la propia Sección de la Audiencia Nacional abre diligencias
informativas. Si el asunto fuera tan causalmente atribuible a la falta de medios, no se molestarían en abrir diligencias informativas. Da la sensación de que les preocupa que algo haya podido pasar y las diligencias informativas es fácil entender
que se refieren a cuál es el comportamiento y la actitud que determinadas personas hayan podido tener, sobre todo para tranquilizar a la opinión pública respecto a su independencia objetiva, me imagino. El propio Consejo General del Poder Judicial
igualmente examina a efectos disciplinarios. No creo yo que fueran a sancionar al ministro, no está en sus competencias. Por tanto, a efectos disciplinarios el Consejo General del Poder Judicial abre también una investigación sobre qué ha pasado.
Si el asunto fuera debido simplemente a que faltan medios, no hay que molestarse en todo este tipo de trámites. (El señor presidente ocupa la presidencia.) Por otra parte, la misma información apunta -pero el señor Barrero no ha tenido a bien
reflejar ese asunto- a que se había producido un relevo de funcionarios en toda la Audiencia Nacional, que afectó a una tercera parte del personal de esa sección, incluida la persona encargada de las llamadas ejecutorias de condena. Por tanto, ha
habido elementos de mero funcionamiento interno de los órganos judiciales que indudablemente ahí están y que pueden tenerse en cuenta en su momento. La verdad es que uno va siguiendo esta información y fuentes consultadas en la Audiencia Nacional
no encuentran explicación al hecho de que se tardara un mes en hacer llegar a la prisión de Soto del Real la orden de ejecución de 15 de octubre. De ahí que las diligencias informativas tiendan a esclarecer este extremo concreto. Eso lo dice la
misma información que sirve de pie a la comparecencia. Por tanto, si fuera la falta de medios, entonces las fuentes consultadas lo tendrían clarísimo y no se molestarían en todo este jaleo.
Pero es que, además, también se le ha olvidado al señor Barrero citar lo que afirma don Juan Luis Rascón,
que es portavoz de Jueces para la Democracia, que dice: Se necesita en el ámbito judicial una mayor racionalización y una mayor coordinación entre los tribunales y de éstos con la Policía. O sea que tampoco Jueces para la Democracia
aprovechó, y eso que no es una asociación muy sospechosa de devoción por el ministro, para sacar a la calle tocando el tambor que faltaban medios, sino que dijo que aquello era más bien un caos, parece, no sé si porque los miembros de la sección no
eran de su asociación, pero el hecho es que lo que dijo Jueces para la Democracia fue eso. Ante todo este despliegue la verdad es que nos quedamos un poco perplejos y sobre todo por esa precipitada conclusión de que cuando sucede cualquier cosa más
o menos llamativa se debe a falta de medios, nos podría llevar a situaciones muy curiosas como servir de coartada a hechos que ya están fuera de discusión. Por ejemplo, al señor Barrero se le ha olvidado en este caso aludir a una sanción que ha
tenido lugar hace muy pocos días de un presidente de sección de la Audiencia Nacional, precisamente por su bajo rendimiento. Él habría atribuido de manera inmediata a la falta de medios esa situación, con lo cual estaría brindando una coartada más
bien perturbadora. De todas maneras, tampoco hay que exagerar, porque hay que reconocer que el panorama actualmente es más bien aburrido. Llevo ya cierto tiempo en esta casa y esto que estamos comentando aquí, comparado con el karateca viniendo de
Laos porque se había ido el señor Roldán, creo que nos hace ver que estamos en otro contexto de la justicia. Hoy día esto está muy aburrido, las cosas como son, y mucho más que lo va a estar dados los medios que se están poniendo. Por otra parte,
atribuir a falta de medios en los presupuestos de justicia el incremento de la delincuencia nos obliga a unos razonamientos enormemente acrobáticos, que quizás tengan más que ver con el Código Penal de 1995, que evidentemente estamos reformando
prácticamente un día sí y otro también intentando ver si hay forma de que no produzca las consecuencias previsibles cuando a alguien que realiza cien hurtos al final lo que se le prohíbe es robar en domingo, lo cual es un asunto un poco confesional,
pero algo es algo. Hay dos días a la semana, sábado y domingo, en los que no roba e incluso puede dedicarse a sus devociones. Algo es algo.
Ante esto, felicitar al Grupo Socialista porque ha dado al ministro al que este grupo apoya una ocasión, en efecto, de demostrar con brillantez lo muchísimo que se ha hecho en estos años.
El señor PRESIDENTE: Señor ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Muy brevemente para concluir, porque creo que las intervenciones de Margarita Uría, Manuel Silva y Andrés Ollero, han puesto las cosas muy en su sitio y las agradezco, sin ánimo de
perjudicarles.
El ministro no sólo considera que estos hechos son graves, son gravísimos, lo ha dicho muchas veces aquí y, si no se ha entendido bien, lo reitero.
Tuve ocasión de decir que estos hechos al propio ministro le escandalizan, lo dije cuando se
produjeron, y tienen que dejar de suceder porque causan un grave daño al prestigio de nuestra justicia y al trabajo cotidiano de miles de jueces y de fiscales, que es defender y tutelar cotidianamente los derechos y libertades de nuestros
ciudadanos. Son siete millones y medio de resoluciones judiciales al año, detrás de ellas hay muchas horas de trabajo abnegado, de mucha dedicación de nuestros jueces y fiscales, y estos hechos empañan esa imagen, que tan necesaria es, de una
justicia que resuelve más que tiene pendiente.
Hay dos cuestiones que me gustaría aclarar. Al final, todos somos conscientes de que los asuntos de la justicia, poco a poco, con el esfuerzo de todos, de las comunidades autónomas, de los jueces, de los fiscales, de los secretarios
judiciales, del personal y, sobre todo de los ciudadanos que lo pagan, está mejorando. No hay que ser eufórico, pero es evidente que está mejorando. Se resuelve más de lo que entra, los jueces son profesionales, se está modernizando y hay mejores
medios.
Algunos insisten en el pesimismo y hay algo que quiero dejar muy claro.
Cuando se habla de dos millones de asuntos de pendencia es porque uno está instalado en el pesimismo lógico de quien aprobaba unos presupuestos que no mejoraban la
justicia. Cuando uno está instalado en ese pesimismo, lógicamente -y me alegro de que llegue ahora el señor Barrero para escuchar esto- tendrá una visión más pesimista de la realidad. Cuando uno quiere alarmar a la opinión pública dice: quedan
dos millones de asuntos pendientes. Con eso a lo mejor alarma a alguien, pero si se explican las cosas verá que no es objetivo ni elemento de alarma. Si entran siete millones y medio de asuntos quiere decir que cada mes entran 600.000 asuntos en
los órganos judiciales. La pendencia es que a 31 de diciembre de este año 2003 quedarán dos millones de asuntos sin sentencia.
Evidentemente, los asuntos que hayan entrado en diciembre, noviembre y octubre estarán sin resolver, porque tardan más
de tres meses -tardaban, porque ahora con los juicios rápidos se va a reducir mucho en materia penal-. Lo importante no es cuántos asuntos quedan a 31 de diciembre de 2003, sino cuánto tiempo se va a tardar en resolver cada asunto en 2003 y si se
han resuelto más asuntos de los que han entrado. Por eso es una magnífica noticia y es muy positivo que se estén resolviendo más asuntos de los que entran, que los temas en primera instancia, según un informe del Poder Judicial, en materia de
familia se resuelvan en tres meses, cuando antes eran 18 meses. Esto es lo positivo, el tiempo que se está reduciendo en enjuiciar los asuntos de los ciudadanos, sea en materia penal, sea en materia civil. Que a 31 de diciembre de 2003 queden
asuntos sin sentencia es lógico, porque no se puede dictar
sentencia el 31 de diciembre a los asuntos que han entrado el 30, el 29 o el 28 de diciembre, salvo, insisto, en los juicios rápidos, donde sí se podrá hacer. Es bueno que insistamos en esto porque ya lo expliqué una vez y hoy vuelve a
hablar el señor Barrero de la pendencia como un elemento alarmante. Si entran siete millones y medio y cada mes 600.000 asuntos, los asuntos que entraron en los dos últimos meses no se han resuelto. Lo importante es cuánto era la pendencia antes.
Antes quedaban por resolver muchos temas, más de los que entraban ese año, ese era el problema, y no se lo reprocho a nadie porque en materia de justicia no hay que hacer ni euforias ni visiones catastrofistas sino seguir trabajando y mejorando.
También hay que denunciar los hechos graves y del que se ha hablado aquí esta mañana es un hecho grave. Es nuestra responsabilidad, y la de todos, mejorar las leyes para que estas cosas no ocurran.
También es grave que haya crecido la delincuencia, lo ha dicho muy bien el señor Ollero, desde que entró en vigor el actual Código Penal. Como usted es muy sensible a la lucha contra la delincuencia, sé que contaremos con su voto a favor
-espero que también con el del resto de su grupo- para mejorar el Código Penal y luchar contra la delincuencia.
Le preguntaba dónde leyó esa información porque ese periódico, al que tengo un gran respeto y al que usted le costaba citar, a los dos días explicó muy claramente el hecho. Lo ha leído el señor Ollero, y explicó claramente que el problema
no era de falta de medios sino que era la propia justicia quién tenía que verlo. El señor Ollero lo ha explicado perfectamente y a su explicación me remito.
Quiero hacer referencia a un dato que creo que es positivo. Por lo que se refiere a las comunicaciones entre Policía, juzgados y ministerio fiscal, los juicios rápidos han aportado una novedad importante que hemos podido hacer de común
acuerdo, aprobándolo, algo sin precedentes, por unanimidad de todas las comunidades autónomas con competencias transferidas -las gobernadas por el PP, por el Partido Socialista, por Coalición Canaria, por CiU, por el Partido Nacionalista Vasco y por
Unión del Pueblo Navarro-, el ministerio fiscal, la Policía judicial, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los Mossos D'Esquadra y la Ertzaintza, los fiscales y los abogados. Todos hemos aprobado un mismo protocolo de implantación de
juicios rápidos, uno de cuyos ejes es precisamente el acceso telemático, on line, al Registro Central de Penados y Rebeldes, que se ha digitalizado. Sin duda, esto es un avance espectacular. No sé si en el año 2003, antes de existir este sistema
digital, estábamos en la Edad Media. Es evidente que eso lo hemos superado y si en 2003, resolviéndose más de lo que entra, con el plan de implantación de nuevas tecnologías, el señor Barrero dice que estábamos en la Edad Media, imagínese cómo
estábamos años antes, cuando los presupuestos eran los que eran y cada año entraban más asuntos de los que se podían resolver.
Concluyo ya. Es mucho lo que nos queda por seguir mejorando la justicia, son muchos los temas que hay, pero vamos en la buena dirección. Si aumenta el número de jueces, de fiscales y, sobre todo, hacemos que se dediquen a aquello para lo
que están formados, que es para impulsar el cumplimiento de la ley, para dictar sentencias y no a ser también el jefe de personal, el jefe de recursos humanos, el jefe de material, que es el único sector del Estado en el que eso ocurre todavía, y es
el modelo de oficina judicial que hemos traído a la Cámara, si conseguimos hacer eso, les liberaríamos de mucho tiempo que dedican a la gestión y a la organización de personal de recursos humanos para dedicarlo a impulsar su trabajo. Esto también
es gastar mejor el dinero de los ciudadanos. A nadie se le ocurre que en un hospital el cirujano sea también el gerente, que en una universidad el rector sea también el gerente o que en un ministerio el ministro sea también el subsecretario; en
los ministerios hay subsecretario y ministro, en las universidades hay gerente y rector y en los hospitales hay director y cirujano. En la Administración de justicia todavía no ocurre eso, que el titular de la función también es el gerente, el jefe
de personal, el jefe de recursos humanos.
Ese modelo esencial, ese cambio tan profundo del funcionamiento de la justicia es el que hemos pactado con las comunidades autónomas, con los sindicatos, y es el modelo de oficina judicial que hemos traído a la Cámara, que va a ayudar a
agilizar la justicia. En estas líneas estamos modernizando nuestra justicia, que seguro es también la preocupación y el deseo de todas sus señorías. (El señor Barrero López pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Barrero, con brevedad, por favor.
El señor BARRERO LÓPEZ: Señor presidente, no quería reiterar más cuestiones acerca de las cuales la postura del Gobierno y del señor ministro de Justicia es inabordable. Me parece que tiene una especie de parálisis, como si se hubiera
convertido en una estatua y, bien porque le barniza el dogma o bien por otra razón, lo cierto es que no se mueve, no hay manera. Apoyado y aplaudido por el Grupo Parlamentario Popular que, por otra parte, es su función, lo cierto es que no
avanzamos. Desde hace tiempo vengo insistiendo, y el Grupo Parlamentario Socialista, en que queremos avanzar. Si nosotros tuviéramos interés, señor ministro de Justicia, en hacer de la justicia un motivo especial y profundo de deterioro al
Gobierno, lo tendríamos bastante fácil, por mucho que usted se empeñara en decir a todos los que tienen en los juzgados un asunto que ese asunto no es culpa suya, que en gran medida es cierto. Si quisiéramos hacer demagogia de los temas judiciales,
la haríamos
con facilidad. Lo que no podemos consentir, señor ministro, es que usted la haga porque a lo mejor piensa que no va a tener una contestación del Grupo Parlamentario Socialista. A estas alturas de la película, con la formación que se le
supone que tiene, decir que el Código Penal de 1995 ha incrementado la delincuencia, está bien para decirlo en un parvulario, pero no en la Comisión de Justicia e Interior, donde todavía están algunos de los ponentes que recuerdan con exactitud que
las penas se incrementan, entre otras cosas, como consecuencia del no beneficio del trabajo a la hora de reducción de penas, y se endurecen en el Código de 1995 que, por cierto, todavía en algunos asuntos no se aplica. Por tanto, dejemos de dar
brochazos que no son correctos, que forman parte de la demagogia, que no son propios de un ministro de Justicia y más de la formación académica que hace poco se exaltaba en esta Comisión de Justicia, para decir cosas que nada tienen que ver con la
realidad.
Yo que soy bastante serio y responsable no entiendo ciertas apelaciones; no me provocan nada para ejemplos actuales que puedan mover al desamparo en términos de corrupción de Gobierno. Ese no es mi estilo, señor ministro, yo vengo aquí
para lo que he venido. No se crea alarma por el hecho de que en esta Comisión se denuncie que lo que se está haciendo en términos de justicia, en función de medios materiales y personales, todavía es insuficiente. Este ejemplo no es un reclamo
para la desolación ni alarma de la ciudadanía, es consecuencia de lo que ha producido en la ciudadanía, que es alarma o escándalo como lo titulaba un medio de comunicación que, obviamente, no tenía ningún problema en citar, sino que no lo hacía
-como no puede ser de otra manera- para no hacer publicidad no querida.
Este tipo de debates, señor ministro, o se hacen de esta manera porque se confía en el desasosiego del Grupo Parlamentario Socialista, que no volverá a reiterarlos a la vista de la pérdida de la objetividad en la que todos nos movemos, o
empezamos a tomarlos con una cierta responsabilidad y seriedad. Nosotros ya estamos reclamando para el próximo presupuesto más dinero porque no hay dinero suficiente. Usted no ha hecho el plan de financiación al que le obligaba el pacto y
consecuentemente no tiene partidas suficientes para ir pagando los 251 millones de pesetas que reclamaban los grupos parlamentarios al firmar el pacto por la reforma de la Justicia.
Respecto a la pendencia y si son dos meses, forma parte de la misma dinámica y no tienen ningún sentido. Llevamos mucho tiempo aquí, señor ministro. Tenemos pendientes dos millones de asuntos. Vamos a intentar que los argumentos no se
refieran a contabilidad judicial, vamos a hacer un debate político. En algunos temas, la situación de los juzgados está llevando a consecuencias no queridas por nadie, no queridas por el Gobierno, pero que son realidad. Los juzgados de familia
deberían ser mucho mas rápidos por el simple hecho de que está promoviéndose de manera indirecta una cierta violencia doméstica, y lo recordaba la memoria del Consejo General del Poder Judicial hace poco tiempo. Esa falta de resolución de estos
tribunales impide, por ejemplo, la separación de un cónyuge que usa la violencia doméstica contra la mujer. Hay determinados juzgados que no se pueden permitir el lujo de la dilación de los procesos porque están creando una extorsión de carácter
psicológico en la pareja muy preocupante. Como sé que nos une la sensibilidad para evitar este tipo de violencia, cuando estamos diciendo que hay que poner más medios para determinados sectores que producen indirectamente violencia por la dilación
de los procesos, estamos intentando apoyar al Gobierno, como no puede ser de otra manera, para hacer las cosas bien, porque haciéndolas bien el Gobierno, en este caso concreto también las hacemos nosotros.
No hagamos alarma de estos debates. ¿Se produce alarma por denunciar en esta Comisión lo que han venido denunciando la ciudadanía a través de los medios de comunicación y las asociaciones de jueces? ¿O es que es alarmante criticar al
Gobierno? ¿O se alarma al Gobierno cuando se le critica? ¿Cuál es el problema de la alarma? Estamos acostumbrados a denunciar y a hacerlo con un estilo que generalmente no es respondido de manera similar por otros grupos parlamentarios. No
juguemos a las palabras y a la dialéctica fácil, señor ministro, si usted me permite el consejo, hagamos de estas comisiones algo que nos permita no producir alarma por nuestra propia frivolidad o irresponsabilidad. Buscaba yo, no el cuerpo a
cuerpo con el ministro -no tengo ningún interés en términos dialécticos porque, como comprenderá, produce una satisfacción limitada-, sino que este ejemplo -ojalá no se produzcan más, pero se han producido unos cuantos después de enero que no he
mencionado, entre otras cosas, para no enturbiar y no producir esa alarma de la que usted quiere escaparse- nos haga meditar -a usted de manera destacada- y conseguir que los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año tengan más medios
personales y más medios materiales. Si no es así, es posible que este ejemplo no sea único y quizás más adelante no sólo se le pida responsabilidad política, sino que se hará con la advertencia de los consejos que se le han venido dando y las
aportaciones, incluso leales, del propio grupo realizadas en el transcurso de todos estos meses.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Ollero.
El señor OLLERO TASSARA: No voy a reiterar mis afirmaciones del turno anterior porque conozco bien a don Javier Barrero y sé que leerá el 'Diario de
Sesiones' ya que involuntariamente ha debido salir, por lo que tendrá cumplido conocimiento de todo lo que he dicho; de ahí que no lo reitere.
Me alegra, en efecto, haber acertado mi diagnóstico por lo que acabo de escuchar ahora. La
finalidad del Grupo Socialista al provocar esta comparecencia era evitar todo signo de alarma. Ha tenido un éxito clarísimo, nadie se ha alarmado por las cosas que se han dicho aquí; al contrario, ha habido ocasión de pasar revista a tantos datos
positivos de la ejecutoria del Gobierno.
En cuanto a las loas al Código Penal, dice S.S. que se han aumentado las penas. Sí, hasta un centenar de arrestos de fines de semana, por ejemplo, que es una pena virtual, es una pena on line. Tenemos un Código Penal on line, las penas
son on line pero los delitos y las faltas son reales. Ese es el problema y lo que estamos intentando arreglar. En ese sentido, me adhiero al deseo formulado por el señor ministro de que el Grupo Socialista apoye las reformas del Código Penal que
vamos a hacer para ver si conseguimos que las penas sean tan reales como los delitos, porque de lo contrario nos vamos a quedar en la pura fantasmagoría.
Por último, hemos asistido a un pase más de lo que podíamos llamar el top manta parlamentario, que es una copia pirata del debate de presupuestos que el Grupo Socialista, venga o no a cuento, nos saca aquí, saca la esterilla y nos pone la
copia pirata del debate de presupuestos. Bien es verdad que se debe a que el señor Barrero no interviene en presupuestos, como ha recordado, por tanto, lo que hace es una copia pirata de lo que dice el señor Villarubia, el top manta parlamentario.
(Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Señor ministro.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Michavila Núñez): Señor presidente, quiero agradecer el tono de las últimas intervenciones y también quiero recordar al señor Barrero lo que ya sabe. Los presupuestos se han incrementado desde que se hizo el
pacto de Estado un 13,5 por ciento, consolidado ya.
Eso es poner en marcha proyectos que se están financiando. Cada proyecto que ha nacido (la Ley Concursal, la ley de retribuciones, que entra en funcionamiento en breve y supone un incremento del
16 al 22 por ciento lineal de las retribuciones de jueces y fiscales) está financiado. La creación de los juzgados de lo mercantil, la puesta en marcha de la oficina judicial, todas esas iniciativas, así como los propios juicios rápidos, son
iniciativas financiadas con los impuestos de los ciudadanos y tengo la convicción de que su preocupación por que mejore la financiación de la justicia hará que cuando conozca los próximos presupuestos, esta vez, espero, que los vote a favor, porque
son mucho mejores que los que usted votaba a favor cuando apoyaba al Gobierno socialista.
En este tono cordial querría acaba mi comparecencia. Creo sinceramente que estos son temas importantes, me parece muy bien que el señor Barrero los haya traído a la Cámara esta mañana y la sesión, si me lo permiten y en los términos que ha
manifestado el señor Ollero, ha sido muy brillante.
Comparto lo que el señor Ollero ha dicho en algunos de sus aspectos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
Agradeciendo la presencia del compareciente y de todas SS.SS., se levanta la sesión.
Era la una y cinco minutos de la tarde.