Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 747, de 29/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 747
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 51
celebrada el martes, 29 de abril de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre medidas para garantizar la conservación y restauración del patrimonio histórico español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002044.) ... (Página
23896)
- Relativa a la exposición conmemorativa del quinto centenario de la fundación de la Casa de la Contratación 1503-1790. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002061.) ...
- Relativa al impulso de la declaración de la Red Nacional de Vías Pecuarias como itinerario de patrimonio cultural europeo por el Consejo de Europa. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
(Número de expediente
161/002059.) ... (Página 23900)
- Relativa a la cesión en uso a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli del Palacio Ducal de Cogolludo (Guadalajara) Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001728.) ...
(Página
23904)
- Sobre el deporte en edad escolar. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001546.) ... (Página 23905)
- Sobre el plan director de la Muralla de León. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002019.) ...
(Página 23909)
- Relativa a la integración de la enseñanza de la lengua y la cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001572.) ...
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY
- SOBRE MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002044.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señoras y señores diputados.
Comenzamos la sesión, dedicada al debate y votación de proposiciones no de ley presentadas por los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar en el orden del día figura la que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, sobre
medidas para garantizar la conservación y restauración del patrimonio histórico español. Para su defensa tiene la palabra el señor Bermejo.
El señor BERMEJO FERNÁNDEZ: Señorías, la ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico artístico español, como ustedes saben tiene por objeto la protección, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio
histórico español y establece como deberes y atribuciones esenciales de la Administración del Estado garantizar la conservación del patrimonio, de conformidad con nuestra Constitución y sin perjuicio de las competencias que correspondan a los demás
poderes públicos. Asimismo, señorías, nuestra Constitución, en su artículo 46, establece que los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y
de los bienes que lo integran. Sin embargo, el texto refundido de la Ley de contratos de las administraciones públicas no observa necesariamente la naturaleza que requieren las intervenciones para la conservación, consolidación, restauración o
rehabilitación de bienes de carácter cultural en relación con el procedimiento de adjudicación de estos contratos y su ejecución.
Se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas que garanticen el postulado que nuestra Constitución y la
legislación en materia de protección del patrimonio preservan para nuestro rico patrimonio cultural con relación a las ofertas técnicas, los criterios de especialización y experiencia acreditada de las empresas en los pliegos de contratación, que
muchas veces resultan llamativamente dispares por parte de las distintas administraciones públicas, así como la serie de adjudicaciones que se realizan mediante el procedimiento de concurso público abierto, y de manera no habitual o que se realiza
alguna vez el de subasta, que se rige por el dato de la oferta económica más baja a resultas de adjudicar a empresas menos cualificadas la posibilidad de ceder y subcontratar estos contratos a personas y empresas sin la cualificación necesaria. Por
todo lo anterior presentamos esta proposición no de ley.
El patrimonio cultural lo componen los testimonios más relevantes de la creación y del ingenio humano a lo largo de la historia de la civilización. Es un tema que ustedes saben que cada vez está siendo más comprendido, más admirado y más
asumido por cuanto se considera como parte consustancial de la propia sociedad. La defensa, la conservación, la restauración, la reutilización y la difusión del patrimonio histórico son diversas manifestaciones de uno de los postulados
fundamentales que definen y caracterizan una sociedad avanzada y moderna preocupada por el bienestar futuro de sus ciudadanos, pero respetuosa siempre con el
mantenimiento de los testimonios culturales de sus antepasados.
El constituyente español, dando muestras de una especial sensibilidad hacia el tema, proclamó solemnemente en el artículo 46 de nuestra norma suprema como les he mencionado anteriormente, la necesidad de conservar, enriquecer y proteger el
patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España. Este principio constitucional informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, sin descontar la participación -esto es importante-
de todos los ciudadanos en la consecución práctica de estos objetivos.
La creciente importancia que sobre todo representa la conservación del patrimonio histórico tiene múltiples testimonios a nivel legislativo, jurisprudencial y doctrinal. En la misma línea, la jurisprudencia ha consagrado en sus sentencias
el denominado derecho social a la cultura, que es un principio esencial que persigue la conservación de los bienes culturales, pero son sobre todo las administraciones públicas, a través del ejercicio de sus competencias constitucionales y legales,
las que gozan de un particular protagonismo en este tema. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en su sentencia 17/1991, de 31 de enero, declara con rotundidad que la protección y la conservación del patrimonio histórico es una competencia
concurrente entre todos los poderes públicos.
Desde la perspectiva jurídica, nuestro ordenamiento histórico tuvo diversas manifestaciones normativas en donde se perseguía establecer los criterios, reglas y sistemas aplicables a todas las intervenciones que tuviesen como objetivo
conservar, consolidar, rehabilitar o restaurar bienes culturales. En este sentido, señorías, merece destacarse el decreto 798/1971, de 3 de abril, por el que se dispuso que en las obras sobre monumentos y conjuntos históricos y artísticos se
emplearían en lo posible materiales y técnicas tradicionales, y asimismo la orden de 20 de noviembre de 1964, en la que se establecían unas instrucciones y unos criterios de conservación que condicionaban los proyectos de obras en las poblaciones
declaradas como conjunto histórico-artístico.
Haciéndose eco de esa tradición jurídica y del mandato constitucional, la Ley 16/1985, de 25 de junio, del patrimonio histórico español, establece en sus artículos 36 y 39 el principio esencial de proteger los bienes culturales a través de
su conservación, consolidación, rehabilitación, restauración, mantenimiento y custodia. Para garantizar la consecución de este objetivo se establece un conjunto de medidas, entre las que destacan el establecimiento de unos mínimos criterios de
carácter técnico que habrán de respetarse en cualquier obra o intervención que tenga como destinatario los bienes culturales. Esta preocupación del legislador estatal ha tenido su continuidad en la normativa autonómica dictada en materia de
patrimonio histórico, en donde se encuentran referencias más o menos amplias a la necesidad de garantizar el deber legal de conservación de los bienes culturales.
El marco previsto en las diferentes legislaciones de las comunidades autónomas responde a un esquema similar, aunque de desigual contenido y redacción en sus preceptos, y yo creo que se puede sintetizar en dos ideas: por una parte se
incluyen una serie de criterios generales de intervención de obligado cumplimiento aplicables a la conservación, restauración, consolidación y rehabilitación de los bienes culturales de naturaleza inmobiliaria, y por otra parte se enumeran una serie
de directrices condicionales y de limitaciones en las intervenciones a realizar sobre determinadas categorías de bienes culturales, en concreto monumentos y conjuntos históricos.
Las diversas disposiciones legales ponen de relieve una idea básica y central presente en la normativa estatal y autonómica dictada en materia de patrimonio histórico, que es la especial y peculiar naturaleza de los bienes culturales, que
exige la utilización de unas específicas y concretas técnicas de intervención y tratamiento que las aleja significativamente de cualquier obra que se realiza sobre otro tipo de construcciones, edificaciones o bienes de naturaleza inmobiliaria. La
singularidad de los bienes culturales exige, como consecuencia lógica, una especialización de aquellas empresas y personas que intervengan en los diferentes proyectos y en las diversas fases por las que se proceda a conservar, consolidar, restaurar
o rehabilitar un elemento perteneciente al patrimonio histórico. Por esos motivos, los diferentes contratos que plantean realizar las administraciones públicas en esta materia están marcados y condicionados por la peculiar idiosincrasia que
concurre en un bien cultural, cualesquiera que sean los valores que lo definen y caracterizan.
La legislación sobre patrimonio artístico e histórico se limita a señalar la necesidad de conservar los bienes culturales. En la actualidad, el Real Decreto legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de contratos de las administraciones públicas y demás normativa complementaria, no prevé específicamente la especialidad y la complejidad de las obras e intervenciones a realizar sobre los bienes culturales, al tener como amplio objetivo
actuaciones sobre construcciones nuevas o futuras y no sobre bienes del pasado, donde la filosofía rectora debe tender a garantizar su conservación y pervivencia futura a través de especialísimas y escrupulosas intervenciones.
La aplicación a las obras e intervenciones sobre bienes culturales de los criterios generales previstos en la legislación sobre contratación pública no parece garantizar adecuadamente el cumplimiento del mandato constitucional y legal de
conservar aquellos bienes y transmitirlos a las generaciones futuras.
Los contratos que celebran las distintas administraciones públicas sobre bienes culturales contienen unos pliegos de condiciones técnicas en cuya redacción se pretende que intervengan técnicos en materia de patrimonio histórico, así como que
los criterios de adjudicación se basen en factores como la memoria, el procedimiento y la puesta en obra, las ofertas técnicas y económicas, los medios humanos e infraestructura destinados a la obra, etcétera. Esta actuación, señorías, es
elogiable, pero no oculta la existencia de una serie de problemas que suelen concurrir en un contrato destinado a obras e intervenciones sobre el patrimonio histórico. A título de ejemplo, la aplicación genérica de los criterios de clasificación de
las empresas, la utilización en algunos casos de la figura de la subasta como medio de adjudicación de los contratos, la subcontratación y la cesión de obras sin autorización y control previo y posterior de los organismos encargados de velar por la
protección de los bienes culturales, son varios los factores que generan riesgos para la conservación y supervivencia del patrimonio histórico y que la legislación sobre contratación pública no parece haber resuelto totalmente de forma
satisfactoria.
Una intervención inadecuada o poco profesional sobre estos bienes puede conducirlos a su deterioro o desaparición, por lo que las expectativas recogidas en la legislación sobre patrimonio histórico pueden quedar reducidas a una mera utopía.
Resulta así evidente la existencia de una posible descoordinación entre las legislaciones sobre patrimonio histórico y la normativa sobre contratación pública, con evidente detrimento para la supervivencia de estos bienes culturales. Para
solucionar este problema es preciso elaborar una normativa de carácter reglamentario, que respondiendo al principio de especialidad latente en la legislación protectora del patrimonio histórico garantice la especialización, la profesionalización y
la formación de las empresas, personas y entidades que intervengan en la conservación, restauración, rehabilitación y consolidación de los bienes culturales. En definitiva, se trata de adaptar la legislación sobre contratación pública a las
especiales características que presentan los bienes culturales, garantizando su efectividad, y no sólo en el plano teórico sino en el cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales de conservar el patrimonio histórico.
Aunque nuestro país cuenta con una notable cantidad de empresas que están especializadas en obras e intervenciones sobre bienes culturales y que cuentan con una acreditada solvencia en este ámbito, integrando en su plantilla a geólogos,
restauradores y otros técnicos especialistas, la aprobación de una normativa como la propuesta en esta proposición no de ley contribuirá, con el respeto exhaustivo a las administraciones autonómicas y locales, al afianzamiento de aquellas
organizaciones, como la creación de nuevas empresas que destinen sus actividades al patrimonio histórico, respetando en todo caso la libre competencia y los demás principios de la contratación pública. Además, así se fomentará y mejorará la
preparación de los futuros técnicos, trabajadoras, trabajadores y profesionales que intervengan en este sector potenciando el desarrollo de la economía nacional y una reducción del desempleo.
Termino, señor presidente, señorías. Como objetivo general tiene conservar y transmitir a las generaciones futuras la riqueza cultural legada del pasado a través de una adecuada política de protección de diversos órdenes, garantizando no
sólo una adecuada conservación, rehabilitación y pervivencia de los bienes culturales sino también una efectiva utilización de los mismos, incorporándolos a la sociedad como piezas vivas y no como reliquias museísticas de un pasado más o menos
glorioso, como señalaba en una de sus obras José Luis Álvarez.
Por todo lo anterior, este grupo plantea la proposición no de ley que ustedes conocen y que leo literalmente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie en colaboración con las administraciones locales y autonómicas y el
sector la posibilidad de adoptar medidas, que aunque atendiendo a la naturaleza de los bienes culturales garanticen el cumplimiento efectivo de conservación de los bienes del patrimonio histórico español.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bermejo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Laseca.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley sobre medidas para garantizar la conservación y restauración del patrimonio
histórico-artístico español que presenta el Grupo Parlamentario Popular ante esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte.
El Grupo Popular propone como resolución de la misma instar al Gobierno para que estudie en colaboración con las
administraciones locales y autonómicas y el sector -entiendo que el sector es el de los contratistas; no se recoge y habría que precisarlo en la resolución- la posibilidad de adoptar medidas que, atendiendo a la naturaleza de los bienes culturales,
garanticen el cumplimiento efectivo de conservación de los bienes del patrimonio histórico español.
En primer lugar he de decir que resulta un tanto complicado entender con nitidez lo que se recoge en la exposición de motivos a la hora de encuadrar el problema que nos ocupa. Es cierto -se ha remitido, en concreto a la Constitución de 1978
y a su artículo 46- que con la Constitución Española se abre una nueva etapa en lo relativo a la protección del patrimonio histórico. En el artículo señalado se dice de forma expresa: Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán
el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad. La ley sancionará los atentados contra este patrimonio.
Su consecuencia más directa es la Ley de 25 de junio, del patrimonio histórico español que introduce entre otros aspectos de interés, y tal como pone de relieve en su preámbulo, una nueva definición de patrimonio histórico y amplia
notablemente su extensión. A su vez, la ley establece una serie de niveles de protección que se corresponden con las distintas categorías legales. Por si ello fuera poco, las diversas leyes del patrimonio cultural promovidas por las diferentes
comunidades autónomas abundan en esta finalidad de protección del mismo, incorporando los planteamientos de la legislación estatal vigente en el momento de su aprobación y procurando complementarla y clarificarla en algunos extremos que en la
práctica han resultado conflictivos o insuficientes. Más en concreto, el título IV de nuestra Ley de patrimonio histórico español, bajo el epígrafe sobre la protección de los bienes muebles e inmuebles incluye una serie de preceptos entendidos como
reglas de conservación del patrimonio histórico. Así, el artículo 36, en su apartado 1, establece un deber general referido a los bienes de todo tipo que forman parte de nuestro patrimonio; un deber de conservación, mantenimiento y custodia.
De
otra parte, el artículo 39 expresa asimismo el mandato a los poderes públicos de procurar por todos los medios de la técnica la conservación, consolidación y rehabilitación de los bienes integrantes del patrimonio histórico, tanto los declarados BIC
como los bienes muebles incluidos en el inventario general. Se añade como regla que en el caso de los inmuebles estas actuaciones estarán encaminadas a la conservación, consolidación y rehabilitación de los bienes y evitarán los intentos de
reconstrucción, salvo cuando se utilicen partes originales de los mismos y pueda probarse su autenticidad. Si se añaden materiales o partes indispensables para su estabilidad o mantenimiento, las adiciones deberán ser reconocibles para evitar las
confusiones miméticas.
A tenor de todo lo dicho, el papel que los poderes públicos han de desempeñar según nuestra legislación debe entenderse no como supuestos o materias de competencia excluyente sino de cooperación o complemento y pensando siempre en la
prioridad del principio pro bienes culturales. Por ello me ha causado extrañeza esta proposición no de ley del grupo que sustenta al Gobierno que está reconociendo claramente su fracaso en lo concerniente a la protección de nuestro patrimonio
histórico-artístico porque si lo que se está insinuando es que se conocen casos concretos de incumplimiento de nuestra normativa, lo que debe hacer el Gobierno es proceder en contra ya que ninguna oferta a la baja, por temeraria que esta sea, o la
consiguiente subcontratación a terceros debiera afectar a una norma tan básica como es nuestra Ley del patrimonio histórico español. Como dijera John Ruskin la conservación de los monumentos del pasado no es simple cuestión de conveniencia o de
sentimiento. No tenemos el derecho de tocarlos, no nos pertenecen; pertenecen en parte a quienes los construyeron y en parte a las generaciones que han de venir detrás.
Pero lo importante no es una ideal declaración de principios; lo que de
verdad interesa es ver hasta qué punto este general respeto para con una idea virtualmente irreprochable obtiene cumplimiento efectivo en nuestro país. Ya sabemos que el deber de conservación de nuestro patrimonio histórico es una pesada carga para
algunos ya que lo asumen de pésima gana por las inversiones económicas que comporta y por el freno a la especulación que representa en los cascos históricos. La existencia de una concepción universalista de la cultura es un hecho tan constatable
hoy día como lo es la existencia de un patrimonio cultural perteneciente a toda la humanidad. Es cuestión de prioridades: protección del Ministerio del petróleo y dejación en relación con el Museo Arqueológico y la Biblioteca Nacional de Irak,
para evitar su saqueo.
Insten pues al Gobierno a que estudie un poco más; pero díganle también de nuestra parte que haga mucho más para proteger esos frágiles testimonios del pasado que configuran nuestro patrimonio histórico-artístico. Desde este
posicionamiento crítico votaremos a favor.
- RELATIVA A LA EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA DEL QUINTO CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DE LA CASA DE CONTRATACIÓN 1503-1790. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002061.)
El señor PRESIDENTE: Anuncio a las señoras y señores diputados que, como es habitual en nuestras sesiones, acumularemos las votaciones para el final del debate de todos los puntos y la votación no será antes de las doce y media del
mediodía. Someto también a la consideración de los señores diputados la modificación del orden del día en el sentido de que el punto tercero pase a ser debatido como punto segundo. ¿Están de acuerdo? (Asentimiento.) Así lo hacemos. Este punto
consiste en la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular relativa a la exposición conmemorativa del V centenario de la Fundación de la Casa de la Contratación, que defiende el señor Albendea. Tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Como SS.SS. saben, la Casa de Contratación de Indias, que es un organismo español de carácter colonial, celebra ahora el V centenario de su fundación, en enero de 1503, por los Reyes Católicos. Hasta 1717 su sede
fue el Alcázar viejo de Sevilla. En 1717 se trasladó a Cádiz y su vida duró realmente hasta 1790.
Las capitulaciones de Santa Fe establecieron un monopolio entre Cristóbal Colón y los Reyes Católicos pero no funcionó bien. Por esta razón se hizo necesaria una institución
que controlara y monopolizara todo lo relativo a las Indias, como se decía entonces el trato-contrato, con las nuevas tierras descubiertas. La Casa de Contratación, que en principio intentó monopolizar el comercio con las nuevas tierras, se
vio desbordada por la rápida extensión del ámbito americano y pasó a ser el órgano competente en la inspección y control del movimiento de personas y mercancías, tanto en el aspecto fiscal, el pago de los impuestos, como en el técnico, las cartas de
navegación o la formación de los pilotos. La reglamentación de la Casa de Contratación se hizo mediante reales ordenanzas dictadas las primeras en 1503, ratificándose y ampliándose en 1510, 1531 y 1571. La Casa de la Contratación fue por tanto el
instrumento con el que la Monarquía española pretendía organizar, dirigir y encauzar todas las relaciones entre el viejo y el nuevo mundo. La importancia instrumental como utensilio burocrático que resolvía los problemas cotidianos surgidos entre
los dos mundos, se configura así como un organismo ya puesto entonces al servicio de la globalización. Por ello, creemos que la organización de una exposición sobre la Casa de Contratación tendría como objetivo mostrar cómo nuestros antepasados se
enfrentaron al problema de establecer relaciones entre los diferentes hemisferios que conforman nuestro mundo, dar a conocer cuál era la política española respecto al imperio ultramarino, sus temas de preferente atención, el grado de eficacia del
sistema, su evolución y grado de adaptación sobre la realidad y no solo lo que debía hacer según las ordenanzas y los hombres que llevaron a cabo esa misión.
Por todas estas razones mi grupo ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a que organice y planifique, desde el Archivo General de Indias, la exposición conmemorativa del V Centenario de la fundación de la Casa de
la Contratación.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Moreno.
La señora MORENO SIRODEY: El Grupo Socialista considera importante el debate de esta proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y adelanto a SS.SS. que vamos a votar a favor de esta proposición, como no podía ser de otra manera.
Respecto a la Casa de Contratación, el portavoz del Grupo Popular ha hecho una breve pero importante exposición, y por ello no me voy a extender mucho en mi intervención. Quiero solamente recordar que la función de la Casa de Contratación
era controlar el comercio con los territorios bajo soberanía hispana en las Indias y que estuvo en vigor desde 1503 hasta 1790; por tanto nos parece importante dar a conocer todo lo que transcurrió en esta época. Asimismo la organización de esta
exposición nos parece oportuna porque permitirá dar a conocer a los más jóvenes y también a los mayores, la importancia que ha tenido y cuál fue la política española en aquellos tiempos, su evolución, su realidad y los hombres que la llevaron a
cabo.
Nosotros quisiéramos que todo esto no quedara solamente en una exposición y desde el Grupo Socialista, dada su importancia, proponemos -y esperemos que pueda ser aceptada- no solamente que se haga la exposición sino que también se haga un
pequeño libro en el que se plasme esta realidad, de tal forma que a todos los visitantes de la exposición, e incluso aquellas personas que no la puedan visitar, se les pueda entregar de manera gratuita, para darla a conocer no solamente en Sevilla,
sino en muchas otras partes. Se podría hacer una edición limitada de un catálogo.
Aprovecho mi intervención para decir al Grupo Popular que, como bien sabe, la titularidad es del Estado y la gestión sigue siendo del Estado, no ocurre como con otras sedes que siendo de titularidad estatal son competencia de la Junta, tal y
como dicen los estatutos, por ejemplo la Biblioteca Infanta Elena, el Museo Arqueológico, Museo Provincial, Museo Provincial de Bellas Artes, organismos de titularidad estatal pero competencia de la Junta. Aprovecho para reivindicar esta
competencia y anuncio desde aquí que vamos a presentar en breve una iniciativa solicitando para la Junta de Andalucía la gestión, no la titularidad, como ocurre con el museo y con las bibliotecas públicas.
Apoyamos la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular y esperamos que se tenga en cuenta nuestra consideración para completar dicha exposición.
El señor PRESIDENTE: Señora Moreno, entiendo que ha presentado una enmienda in voce, por ello antes de la votación le agradecería que la precisara en sus términos concretos.
Señor Albendea, ¿cuál es su posición al respecto?
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, por parte de mi grupo no hay inconveniente en aceptar la enmienda in voce, que implica mayor gasto -como saben es una enmienda muy peculiar-, pero la aceptamos. Ya saben que cuando se habla de una
exposición siempre se está pensando en que habrá un catálogo digno, y por tanto no tenemos inconveniente en aceptarla.
- RELATIVA AL IMPULSO DE LA DECLARACIÓN DE LA RED NACIONAL DE VÍAS PECUARIAS COMO ITINERARIO DE PATRIMONIO CULTURAL EUROPEO POR EL CONSEJO DE EUROPA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
161/002059.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3.º del orden del día, proposición no de ley presentada por el
Grupo Parlamentario Popular, relativa al impulso de la declaración de la Red Nacional de Vías Pecuarias como itinerario de patrimonio cultural europeo por el Consejo de Europa.
Para su defensa tiene la palabra el señor Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDAIL: Como bien ha dicho el señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley que pretende impulsar la declaración de la Red nacional de vías pecuarias como itinerario cultural europeo
por el Consejo de Europa, así como cuantas actuaciones sean necesarias que permitan dar a conocer al mayor número de personas posible las cañadas y las vías pecuarias, su valor ecológico, histórico y cultural. Como puede observar el señor
presidente, he hecho una autoenmienda corrigiendo el texto y donde dice itinerario de patrimonio cultural europeo, queremos que diga itinerario cultural europeo.
El 23 de noviembre de 1998 esta Cámara aprobó en su Comisión de Medio Ambiente una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a elaborar, en colaboración con las comunidades autónomas, un plan nacional de recuperación de vías
pecuarias, determinando la red nacional y concretando los instrumentos a que ha de ajustarse la cooperación interadministrativa prevista en el artículo 3.2 de la Ley 3/1995, de vías pecuarias. Desde entonces se ha venido trabajando por distintos
departamentos. Por un lado el Ministerio de Medio Ambiente, en colaboración con las comunidades autónomas, en la determinación y recuperación de las vías pecuarias para el estudio de la red nacional, digitalización cartográfica sobre mapas
provinciales en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Por otro, el Ministerio de Agricultura, Medio Ambiente y la Universidad para el estudio de la cabaña ganadera trashumante de las vías pecuarias de la España septentrional y
otros específicos del Ministerio de Medio Ambiente con las consejerías correspondientes de distintas comunidades autónomas.
El pasado 25 de febrero el Senado ha aprobado, con el asentimiento de todos los grupos, una moción por la que se insta al Gobierno a impulsar las actuaciones oportunas para acelerar la rehabilitación de las cañadas reales, de modo que se
conviertan en nuevas rutas turísticas, deportivas y culturales. El portavoz del Grupo Popular en el Senado ilustró en esta sesión sobre la importancia de ese patrimonio cultural, económico y medioambiental. Señorías, no se trata de dar una lección
magistral en esta Comisión sobre cañadas, cordeles, veredas, majadas, etcétera, porque todo está bastante bien explicado en el libro Cuadernos para la trashumancia, cuya lectura recomiendo a SS.SS. porque es francamente instructivo. Sí hay que
decir que la propuesta de mis compañeros del Grupo Popular en el Senado fue muy oportuna; rutas turísticas, deportivas y culturales. Pues bien, señorías, desde el punto de vista cultural, hay que decir que estos caminos trazados por los pastores y
ganaderos trashumantes a lo largo de la historia provocaron la creación de la organización ganadera más poderosa que haya tenido nuestro país y la más importante de Europa. La Mesta fue fundada a finales del siglo XIII, cuando España tenía el
monopolio mundial de la lana merina, y fue cuando estas vías alcanzaron su mayor densidad de paso y esplendor. La Mesta mantuvo durante más de cinco siglos el control del tráfico ganadero así como la protección de las vías pecuarias y fue una
institución mercantil de las más admiradas de Europa. Su crisis, a finales del siglo XVIII, corre en paralelo con el invento de la máquina de vapor y el consiguiente triunfo del algodón que provoca un rápido declive de la trashumancia y que se
agudiza con la abolición de La Mesta en 1836. Por tanto, señorías, nadie duda hoy que estos caminos verdes, que sirven como eje de conexión entre ecosistemas diferentes, son una parte importantísima de nuestro patrimonio cultural que nos ayudará a
comprender una parte de nuestra historia. Desde ese punto de vista cultural, nuestro grupo en el Congreso quiere someter hoy a debate y votación esta proposición no de ley para impulsar los trabajos que lleven al reconocimiento de estas cañadas
como itinerario cultural europeo por el Consejo de Europa ya que España cuenta con una amplia red de vías pecuarias merecedoras de esta definición. No obstante, habría que documentar bien cuáles se incluirían y cuáles no y las comunidades autónomas
tendrían que realizar el correspondiente informe, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y el Archivo Histórico Nacional.
Hay que tener en cuenta que siguiendo la recomendación del Consejo de Europa de 1984 y las conclusiones de la Conferencia de 1985, del Consejo de Europa en Granada sobre patrimonio arquitectónico, en 1987 se sugirió el Camino de Santiago
como primer itinerario cultural europeo. Desde entonces otros itinerarios disfrutan de esta distinción, y desde mi grupo esperamos que a partir de hoy la Red nacional de vías pecuarias disfrute igualmente de ello.
Señorías, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte viene trabajando en la coordinación de diversas tareas conducentes a esta declaración por el Consejo de Europa, así como en las distintas actividades que permitan dar a conocer al mayor
número de personas posible las cañadas y vías pecuarias, su valor ecológico, histórico y cultural. Buena muestra de ello es la exposición Un camino de ida y vuelta: la trashumancia, sobre trashumancia y cultura pastoril, centrada en aspectos
etnográficos, culturales, geográficos e históricos, que con carácter itinerante está recorriendo las distintas comunidades autónomas. Actualmente actuaciones como éstas, las impulsadas por el Senado para convertirlas en nuevas rutas turísticas,
deportivas y culturales, y la declaración de itinerario cultural europeo,
allanarán los trabajos llevados a cabo por los diferentes departamentos del Gobierno y de las comunidades autónomas con el objetivo de considerar al mundo rural como un ámbito dotado de tres funciones básicas, la agroganadera forestal que
siempre ha tenido, a la que se añade la medioambiental y la sociocultural. Por cierto, estas últimas son las funciones básicas: que fueron recogidas en la Declaración de Cork en 1996 y definida también por la Carta Verde del Espacio Rural Europeo
del Consejo Europeo de 1995.
Espero que SS.SS. voten favorablemente esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martí, en nombre del Grupo Catalán (Convergència i Unió)
El señor MARTÍ I GALBIS: Mi grupo parlamentario desea intervenir, aunque sea muy brevemente, en el debate de esta proposición no de ley, en primer lugar para fijar su posición al respecto, anunciando nuestro voto favorable a la misma.
Creemos que el objetivo que persigue esta proposición no de ley puede ser ampliamente compartido por la sociedad española, por las administraciones competentes que son más de una en este aspecto, y también en buena lógica por los diferentes grupos
parlamentarios. Otra cosa sería cuestionar si el procedimiento escogido por el grupo parlamentario proponente es el más adecuado y eficaz para llevar a cabo el objetivo que se persigue. Mi grupo parlamentario tiene algunas dudas sobre la
virtualidad de la vía escogida. Creemos que el Gobierno, como hemos manifestado en otras ocasiones, podría haber actuado en la consecución de este objetivo que no es otro que la declaración del Consejo Europeo, sin esperar a que el Grupo Popular,
esta Comisión o el Congreso inste a llevar a cabo una actuación, si me permiten la expresión, tan lineal o tan tasada como la que implica la presentación y el cumplimiento de una proposición no de ley.
Quiero hacer alusión a la referencia que ha hecho anteriormente el portavoz del Grupo Parlamentario Popular relativa a la aprobación en la anterior legislatura, en concreto el 10 de noviembre de 1998 en la Comisión de Medio Ambiente, de esa
proposición no de ley que instaba al Gobierno a desarrollar diferentes aspectos relativos a la Red nacional de vías pecuarias, y quiero ligar este antecedente más lejano con otro más próximo, que es el que tuvo lugar también en la Comisión de Medio
Ambiente el mes de noviembre del año pasado en un debate que se produjo a instancia del Grupo Parlamentario Socialista como consecuencia de la presentación de una proposición no de ley que instaba al Gobierno a que la Red nacional de vías pecuarias
desarrollase las medidas establecidas en la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias, en cuyo debate tuve ocasión de intervenir como portavoz de Medio Ambiente de mi grupo parlamentario. Creo que es importante que las proposiciones no de ley
se cumplan, que la legislación básica se desarrolle porque creo que tanto en cumplimiento de proposiciones no de ley como en desarrollo de normas básicas del Estado referidas al tema que nos ocupa estamos a medio camino, puesto que han pasado cuatro
años y medio desde la aprobación de la proposición no de ley de 1998 y algunos meses desde el debate de la proposición no de ley del mes de noviembre de 2002, aunque no vio la luz.
Mi grupo parlamentario cree que es importante que se difundan estos valores culturales, sociales y medioambientales de la Red nacional de vías pecuarias y queremos aprovechar este debate para reiterar una vez más al Grupo Parlamentario
Popular que apoya al Gobierno y al mismo Gobierno una reivindicación que creemos no es incompatible con lo que ahora estamos discutiendo, y es la necesidad de que las competencias relativas a vías pecuarias se traspasen a las comunidades autónomas
cuyos estatutos de autonomía así lo establezcan.
Quiero acabar mi intervención recordando (no tengo conocimiento del contenido del resto de estatutos de autonomía) que el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 establece en su artículo 9.10 que los montes, los aprovechamientos y
servicios forestales, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, tratamiento especial de zonas de montaña y otros aspectos son competencia de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 149.23.ª de la Constitución
española. Creo que estamos ante uno de esos aspectos en los que no se ha desarrollado la Constitución. En el caso catalán, su estatuto de autonomía no ha asumido todo lo que tenía que haber asumido, no se ha traspasado este aspecto y aprovechamos
este debate sectorial en una Comisión para recordar al Gobierno que debería proceder al traspaso de esas competencias a la Comunidad Autónoma de Cataluña, competencias a las que mi grupo parlamentario no va a renunciar y va a seguir reclamando en
los ámbitos establecidos al efecto, recordando que toda transferencia tiene que ir acompañada de la correspondiente transferencia de recursos económicos para que pueda ser desarrollada de la manera más adecuada en beneficio del interés general de la
comunidad autónoma en este caso. Por tanto, repito, vamos a votar a favor de esta proposición no de ley pero reiterando por tercera vez en esta legislatura que en relación con las vías pecuarias hay una asignatura pendiente, al menos con Cataluña.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Nieto, en representación del Grupo Socialista.
El señor NIETO GONZÁLEZ: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, voy a fijar la posición y el sentido de nuestro voto en relación con esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, me gustaría decir que
me ha agradado escuchar el nuevo mensaje que en relación con las vías
pecuarias nos ha transmitido el Grupo Popular. Yo participé, como el señor Martí, en el debate de la Ley de vías pecuarias allá en el año 1995.
Pretendíamos que esa ley fuese, así ha sido, una pieza básica para la conservación y protección
de un patrimonio público único y excepcional cual es el de las vías pecuarias, ni más ni menos que unos 125.000 kilómetros de caminos rurales usados tradicionalmente para la circulación del ganado, que representa casi en extensión casi 400.000
hectáreas, esto es, casi el 1 por ciento de la superficie peninsular española. Por tanto tiene un patrimonio enorme, que ha sido bastante mal tratado a lo largo de los últimos tiempos. Esta ley perseguía un fin muy sencillo, recuperar este enorme
patrimonio. Decíamos que la ley debía cumplir tres objetivos o tres funciones en relación con este patrimonio. La primera, mantener la función tradicional que habían tenido las vías pecuarias, es decir que sirvieran para el tránsito ganadero. Sin
embargo, teniendo en cuenta los tiempos en que vivimos pensábamos que había que incorporar dos nuevos planteamientos en relación con el uso que debían o podían tener estas vías pecuarias. Uno era servir como soportes para usos compatibles y
complementarios con su naturaleza inicial y que estuviesen esencialmente relacionados con el turismo rural. Otro uso que pensábamos había que potenciar también u otro fin que debía potenciarse también, en relación con las vías pecuarias, era que
sirvieran como corredores ecológicos protegidos para las migraciones de un importante número de especies silvestres que utilizan de forma habitual estos corredores para desplazarse de un lugar a otro. Con ese planteamiento, recuerdo una
intervención durísima del Grupo Parlamentario Popular que hablaba de la locura que estábamos haciendo y estábamos regulando. Leo textualmente la intervención del Grupo Popular: Las vías pecuarias han estado y deben seguir estando para el tránsito
ganadero, y por tanto la circulación indiscriminada de personas con otros fines complementarios supondrá graves defectos que ahora señalaremos. Por cierto, el interés desmedido en estos usos suplementarios o complementarios y sustituir el fin
primero y último de las vías pecuarias, que es el tránsito ganadero, con un interés desmedido por parte del Grupo Socialista, de que transiten por ahí las personas, para nosotros es inexplicable, seguía diciendo, ya que es perjudicial para la caza,
para la sanidad ganadera, para la protección de la naturaleza y para la prevención de incendios forestales. Era una posición radical expresada por el Grupo Popular que además de eso se transformó un voto en contra a lo que era entonces proyecto de
ley. Ha pasado mucho tiempo. La ley se aprobó en 1995 y ha llovido bastante desde entonces. Me alegro de escuchar el nuevo mensaje que nos trae el Grupo Popular, pero desde entonces hasta ahora que han estado gobernando han hecho muy poco para
proteger y mejorar esta red tan importante cual es la red de vías pecuarias. Es cierto que la inmensa mayoría de la red pertenece a las comunidades autónomas y es obligación de las comunidades autónomas cumplir una serie de obligaciones en relación
con la red, pero también es verdad que la ley creó la Red nacional de vías pecuarias sobre la que si tenía y tiene competencia el Gobierno y sobre esta red el Gobierno ha hecho pocas cosas, ha hecho algún gesto. Recuerdo el gesto de la ministra de
Medio Ambiente, señora Tocino, que se vistió de pastorcilla y paseó por una vía pecuaria para intentar decir a la opinión pública que ella y el ministerio estaban muy interesados por la conservación de esta ley. Recuerdo este gesto y poco más. El
Grupo Socialista en el año 1998 tuvo que traer a esta Cámara una proposición no de ley instando al Gobierno a que se preocupara, a que hiciera algo que mostrase interés y dedicase recursos a la conservación y a la dotación de nuevos usos a la Red
nacional de vías pecuarias. Se aprobó por unanimidad en esta Cámara, y a pesar de ello el Gobierno ha hecho pocas cosas. El portavoz del Grupo Popular ha señalado algunas, pero son gestos. En cuanto a la aportación de recursos suficientes para
dotar a las vías pecuarias de estas nuevas finalidades que la ley pretendía que tuvieran, se ha hecho muy poco hasta el momento. Por ello, esta iniciativa que nos trae el Gobierno en este momento de pedir que las vías pecuarias sean declaradas por
el Consejo de Europa como itinerario cultural europeo, nos parece una iniciativa que no podemos negarnos a apoyar. Vamos a apoyarla con entusiasmo, pero con mucho escepticismo. Estamos convencidos de que es un gesto más del Gobierno. En este
caso, un gesto del Grupo Popular que ha enmendado al Gobierno, porque esto podía haberlo hecho el Gobierno ahora, hace un año, hace dos años, y sin embargo no ha tomado ninguna iniciativa en este sentido. Insisto, aunque es un gesto vamos a
apoyarlo porque sería algo bueno para la conservación de esta red única, cual es la Red de vías pecuarias existentes en nuestro país, y si se declaran itinerario cultural europeo sería algo positivo para la conservación de este patrimonio. Insisto
en que lo hacemos con mucho escepticismo, sobre todo porque hemos visto que a lo largo de estos años el Gobierno del Partido Popular no ha movido un dedo a favor de la conservación y mejora de esta red. En cualquier caso, bienvenida sea una
iniciativa de este tipo, la vamos a votar favorablemente. Lo que sí les decimos al Grupo Popular y al Gobierno es que vamos a seguir muy de cerca lo que haga el Gobierno, una vez que aprobemos esta iniciativa en relación con la petición al Consejo
de Europa para que se acuerde esta declaración como itinerario cultural y europea de la red de vías pecuarias. Además de eso, vamos a seguir muy de cerca esa serie de cosas que nos ha anunciado el portavoz del Grupo Popular que tiene previsto
realizar el Gobierno en relación con estas vías, porque creemos que es una declaración muy bonita, sobre todo en esta época electoral que estamos, que no es más que un anuncio y que tiene muy poco detrás.
- RELATIVA A LA CESIÓN EN USO A LA FUNDACIÓN 'CASA DUCAL DE MEDINACELI' DEL PALACIO DUCAL DE COGOLLUDO (GUADALAJARA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001728.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4.º del orden del día, proposición no de ley, presentada por el Grupo Socialista, relativa a la cesión en uso a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli del Palacio Ducal de Cogolludo (Guadalajara), que
defiende el diputado señor García Breva.
Tiene la palabra.
El señor GARCÍA BREVA: Vengo a defender la rehabilitación del Palacio de los Duques de Medinaceli ubicado en Cogolludo, construido entre los años 1493 y 1503, que es una joya arquitectónica de la provincia, que está catalogado como
monumento histórico artístico, que tiene una fachada totalmente compuesta por sillería almohadillada florentina y que es un ejemplo de la transición artística del medievo al renacimiento. Este edificio que calificaría de insólito en la arquitectura
europea, está sufriendo un proceso de deterioro paulatino a sumar ya a la ruina de la mayor parte de sus dependencias, y además se están detectando problemas crecientes prácticamente en lo único que se mantiene en pie que es su fachada. A
principios de este año ya tuvo lugar un desprendimiento de una parte de la cornisa de la fachada, con riesgo de nuevos desprendimientos.
En enero del año 2000 también se desplomaron varias piedras del muro trasero por culpa de las lluvias. Ante
este deterioro no se ha hecho prácticamente nada.
Actualmente es el Estado el propietario del inmueble y el que debe procurar su restauración. El Grupo Parlamentario Socialista realizó una pregunta al Gobierno en noviembre del año pasado para ver cuáles habían sido las actuaciones que se
habían llevado a cabo ante esta situación, y la respuesta fue que entre los años 1990 y 1996 se produjeron las únicas inversiones destinadas a restaurar situaciones de emergencia del deterioro de la fachada. Aproximadamente unos 33,5 millones de
pesetas se destinaron a esas obras; pero ya a partir de esa fecha, en el año 1997 hubo una previsión de gasto no ejecutada. A partir de ese año el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado en todos los presupuestos enmiendas en las que
solicitábamos dotación presupuestaria para esta rehabilitación, con el voto negativo del Partido Popular sistemáticamente todos los años. Incluso, para más desconcierto, en las dotaciones del 1 por ciento cultural del FEDER en el año 1997
aparecieron 100 millones que se destinaban a la rehabilitación del Palacio Ducal de Cogolludo, y sin embargo esa dotación no se ejecutó, incluso se retiró y ni siquiera se comunicó al ayuntamiento ni una cosa ni otra. El ayuntamiento ha hecho
distintas gestiones para solicitar a la Dirección General de Bellas Artes la ampliación de las obras que se hicieron en los años 1990 y 1996, sin ningún éxito. En resumen, tendría que decir que el Gobierno no ha hecho prácticamente nada con
respecto a reparar el deterioro progresivo de esta importante joya arquitectónica.
Ante el abandono del Gobierno, que es el titular del Palacio, el ayuntamiento, con fecha de octubre del año pasado, firmó un protocolo con la fundación Casa Ducal de Medinaceli que consistía fundamentalmente en que la fundación, con cargo a
sus presupuestos, rehabilitaría el edificio en quince años en dos fases: en una primera fase acometería la obra principal, que es la de la fachada, y en una segunda, las zonas desaparecidas. En ese convenio también el ayuntamiento se comprometía a
reclamar la cesión del Palacio por el Estado a la fundación, que, posteriormente a la rehabilitación que ella misma haría, lo cedería al ayuntamiento para fines culturales y turísticos. Nosotros consideramos -y así lo hemos plasmado en nuestra
propuesta- que el futuro de este edificio depende también de buscarle una forma de autosuficiencia que haga compatibles esos intereses culturales y turísticos. Recientemente, la Fundación Duques de Medinaceli ha enviado dos técnicos al Palacio para
analizar el estado de la fachada, estudiar acciones y enviar el informe a la Administración Central para pedir que se comprometa también con alguna dotación presupuestaria. Mientras tanto el ayuntamiento sigue reclamando que la dotación del 1 por
ciento cultural que apareció y desapareció vuelva a aparecer.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Socialista considera que el Gobierno no puede menospreciar esta situación y esta oportunidad, primero, para poner freno al deterioro que está sufriendo el Palacio ya en su fachada, que es
seguramente lo más principal de esta joya arquitectónica; y, en segundo lugar, posibilitar la rehabilitación de este edificio que forma parte del patrimonio de todos los ciudadanos. En la mañana de hoy he visto que el Partido Popular ha presentado
una enmienda. Lo que pedíamos nosotros en nuestra proposición no de ley era que se formalizara un convenio entre el Ministerio y la Fundación Casa Ducal de Medinaceli para la cesión en uso del Palacio a la fundación, con el fin de que esta llevara
a cabo la rehabilitación y posteriormente lo cediera al ayuntamiento para los fines culturales y turísticos a los que antes me refería.
Entendemos que la modificación contenida en la enmienda que el Partido Popular nos ha presentado no es sustancial, ya que lo que plantea es que la cesión se haga directamente al ayuntamiento, lo cual nos parece aceptable porque yo creo que
al final son el ayuntamiento, la fundación y el ministerio los que van a tener que pactar o convenir de alguna manera la forma mejor de rehabilitar y el uso que se le deba dar en el futuro a este edificio. Nosotros nos alegramos y vamos a votar a
favor de esta enmienda, primero, porque es el primer posicionamiento que el Partido Popular hace sobre este
edificio prácticamente desde el año 1996; también nos parece positivo porque de esta manera se puede conseguir que el Gobierno acceda a las iniciativas que el ayuntamiento y la fundación han llevado a cabo para rehabilitar el Palacio; y
también me alegro de que por primera vez haya un compromiso de una dotación presupuestaria, que desde luego el Grupo Parlamentario Socialista seguirá muy de cerca para ver si en este ejercicio ya se pudiera realizar no solamente este convenio, sino
también ver en la práctica esa dotación presupuestaria, y si no, en el presupuesto para el año que viene volveremos a presentar la enmienda que hemos presentado en años anteriores y exigiremos al Gobierno el cumplimiento del acuerdo que hoy va a
tomar la Comisión.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado, efectivamente, una enmienda a esta proposición no de ley.
Para su defensa tiene la palabra la señora Guarinos.
La señora GUARINOS LÓPEZ: En efecto, intervengo para fijar la posición del grupo parlamentario al que represento, el Grupo Parlamentario Popular, en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la
que se acaba de referir el señor García Breva, y relativa a la cesión en uso a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli del Palacio Ducal de Cogolludo.
La iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista propone en realidad tres cosas: en primer lugar, la firma de un convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y la citada fundación para ceder el uso del Palacio a la misma; en segundo
lugar, el compromiso de restaurarlo en un plazo máximo que se fija en quince años; y finalmente, y en tercer lugar, ceder el edificio al Ayuntamiento de Cogolludo para destinarlo a usos culturales y hoteleros.
En nombre del grupo parlamentario al cual me honro en representar, ya les adelanto que no es ni ha sido nunca la voluntad del mismo obstaculizar la rehabilitación y restauración de los bienes que integran el patrimonio histórico, y por ende
no va a ser nuestra voluntad tampoco obstaculizar la rehabilitación y restauración de una joya arquitectónica como es el Palacio Ducal de Cogolludo, que, como bien se indica expresamente en la exposición de motivos de la proposición no de ley
presentada, es uno de los exponentes más emblemáticos del patrimonio monumental y artístico de nuestra provincia de Guadalajara. No obstante, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos también que, teniendo en cuenta lo dicho, sería preferible
la cesión de uso no a la fundación directamente sino al Ayuntamiento de Cogolludo, y luego, una vez que se haya cedido el uso, la fundación lo restaure, pudiendo incluso haber fondos del Estado para dicha restauración; es decir, un compromiso
económico para proceder a la restauración y rehabilitación del palacio, lógicamente, para destinarlo a un uso acertado, como podría ser el cultural, que es a lo que preferiblemente podría destinarse, sin excluir otros usos alternativos. Entendemos
también que, una vez restaurado, como ya he dicho, sería preferible orientar su destino a usos culturales. En cualquier caso, como es obvio, el proyecto de restauración y rehabilitación deberá respetar lo establecido en la normativa de protección
del patrimonio histórico y someterse a las autorizaciones correspondientes, como no podía ser de otra manera.
Por lo anteriormente expuesto proponemos la enmienda de modificación a la que ha hecho referencia el señor García Breva y que consta por escrito en la documentación que obra en esta Comisión para su examen. Esperemos, pues, que esta joya
arquitectónica se restaure adecuadamente, que exista un compromiso, que se ejecute y, desde luego, que el destino de la misma sea el más adecuado a la configuración arquitectónica, el origen y la historia que tiene la Casa Ducal de Medinaceli. Por
todo ello agradecemos que se acepte esta enmienda de modificación que propone el Grupo Parlamentario Popular, que es la más acertada desde nuestro punto de vista. Es cierto que no hay una modificación sustancial, pero pensamos que hay una
modificación desde el punto de vista formal que es mucho más acertada técnicamente que la proposición no de ley que presentaba directamente el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra, tiene la palabra.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: ¿Podríamos tratar a continuación la proposición no de ley 6.ª, ya que la diputada que va a defender la 5.ª ha salido un momento? ¿Tendría algún inconveniente el Grupo Socialista en que tratáramos la 6.ª, sobre
deporte escolar?
El señor PRESIDENTE: Al estar de acuerdo las señoras y señores diputados, así lo hacemos.
- SOBRE EL DEPORTE EN EDAD ESCOLAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001546.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del punto 6.º del orden del día, sobre el deporte en edad escolar, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Ripa.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Señoras y señores diputados, a primera vista parecería innecesario presentar esta proposición no de ley, porque me parece que es tan evidente que hay que fomentar e impulsar la actividad
deportiva en nuestros jóvenes, que debería ser algo asumido por todos.
Incluso si repasáramos todos los programas electorales en este momento muy adecuado, de los diferentes partidos en las comunidades autónomas, en nuestros ayuntamientos y
a nivel nacional, veremos que en todos los programas se incluyen párrafos importantes sobre promocionar y activar el deporte en edad escolar. Sin embargo, ocurre que cuando pasan las elecciones, nos olvidamos a veces de que el deporte escolar debe
ser impulsado y apoyado por la Administración. También me cabe una duda siempre que vengo a la Comisión respecto a que estoy planteando cuestiones que no podemos resolver aquí, lo que en cierta medida es razonable, pero siempre he dicho que parece
que tenemos que cerrar la tienda en el sentido de que si desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte no se puede coordinar, apoyar y acordar algún programa en esta actividad porque al final todo lo reducimos a cuestiones económicas,
evidentemente deberemos decir que en esta Comisión y en este aspecto no tenemos nada que hacer, pero resulta frustrante admitirlo porque estamos precisamente en el Congreso de los Diputados y en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte y creo que
una forma de valorizar y revalorizar esta Comisión es insistir en que algo deberíamos poder hacer en este tema.
Persona importante en esta cuestión afirmó en su día -y quiero leer textualmente-: Quiero aprovechar esta mañana en la que vamos a hablar de temas que están vinculados en último término a la salud física y mental de nuestros niños y
adolescentes, porque me parece que en España en la aproximación que tenemos a la educación todavía tiene un peso excesivamente secundario el valor de la educación física. Desde el punto de vista de la conformación de la personalidad y del carácter,
la educación física en los primeros años -11, 12, 13, 14, 15 años- de la vida de un individuo tiene un valor extraordinariamente alto porque realmente es la actividad que disciplina, organiza y desarrolla la tenacidad de tal manera que al final es
un instrumento mediante el cual la persona puede afrontar, tanto en su edad adolescente como en la primera juventud y demás etapas de su vida, las diversas situaciones y retos que tenga de una manera u otra. El impacto que tiene en la conformación
del carácter haber practicado deporte es algo extraordinario. Estamos viviendo, como todos ustedes saben, en una sociedad en la que cada vez se plantean en las escuelas mayores problemas de integración social, de integración en el mundo escolar.
Considero que mecanismos de integración se pueden desarrollar desde distintos ámbitos: unos proceden directamente de una más adecuada o inadecuada organización del sistema educativo y de otros aspectos muy vinculados al sistema educativo en su
sentido estricto; y otros son de carácter indirecto en el centro escolar, en lo que constituye la sociedad escolar y, por ende, la sociedad en un sentido más amplio, en los que el deporte puede desarrollar un papel extraordinario y fundamental en
las escuelas, repito, el deporte puede desarrollar un papel extraordinario y fundamental en las escuelas: la posibilidad de que un niño encuentre primariamente su capacidad de integración, de expresión, de autoafirmación a través del deporte cuando
le es más difícil encontrarlo por la vía académica, cosa que obviamente tiene que ser compatible con el deporte; la posibilidad de que ese sea un mecanismo de identificación con ese centro educativo frente a otros, que sea un instrumento para que
el centro educativo conforme una personalidad propia que confronte sanamente con otros centros. Todo esto bien merecería que en estos momentos pudiéramos abordar de una manera mucho más profunda, arriesgada y de futuro el importantísimo papel que
puede tener la práctica del deporte en las primeras edades escolares hasta el inicio de la plena adolescencia.
Pero estamos ante un tema de una extraordinaria importancia, y yo al menos intentaré ir más allá en un debate de este tipo, porque puede
tener una enorme trascendencia.
Las palabras que he citado las dijo en una comparecencia en esta Comisión hace dos años la ministra de Educación, Cultura y Deporte. Era una comparecencia para hablar de la prevención del consumo de drogas en los centros escolares, y en
ella la ministra dijo que una manera muy importante de prevenir el consumo de drogas en los jóvenes era precisamente activar la participación deportiva. Lo decía ella, no lo digo yo, pero lo suscribo porque eso me dio pie para hacer esta
proposición no de ley. Dado que la ministra tenía verdadero interés en presentar este tema para un debate profundo, para un debate no solamente en cada una de las comunidades autónomas, que también, sino coordinándolo además desde el ministerio a
las comunidades autónomas para que hubiera una planificación y ordenación del deporte escolar, me pareció el momento oportuno para presentar esta proposición no de ley. Creía por ello que la proposición no de ley debería ser fácilmente aceptada por
el Partido Popular porque, repito, era la propia ministra quien lo proponía.
De una encuesta llevada a cabo entre alumnos de 4.º de la ESO se dedujo que de cada 40 alumnos, 39 tenían chándal; 30, bicicleta; 35, algún balón; 6, raquetas; 3, esquís; 1, tabla de windsurf; 1, un quimono, y todos algún objeto más
relacionado directamente con la práctica del deporte. No obstante, tan sólo 7 de estos 40 alumnos practicaban de forma organizada y regular alguna actividad físico-deportiva. Esto es lo importante. No cabe duda de que la mayoría de nuestros
niños, niñas o jóvenes practican de alguna manera, por libre, alguna actividad deportiva, pero lo que a través de esta proposición no de ley yo pretendía era que esta actividad deportiva se coordinara por la Administración central con las
comunidades autónomas mediante algún acuerdo y se estudiara la posibilidad de financiación. Saben ustedes muy bien que, debido a la caída de la
natalidad, el número de alumnos en nuestros colegios y en nuestras escuelas está descendiendo. Es importante saber que muchos profesores se encuentran en este momento sin horario lectivo, por lo que podríamos dedicarles a coordinar en el
propio centro la actividad deportiva. La propuesta era crear clubes deportivos. ¿Por qué esta propuesta? La definición de deporte escolar, como saben ustedes, es muy variada: deporte en edad escolar, deporte escolar, deporte federativo, deporte
organizado por los clubes deportivos, etcétera, y dependiendo de las comunidades autónomas, como se manifestó, habrá una gran diferencia. Si dejamos todo el deporte escolar a los clubes deportivos y a las federaciones deportivas, habrá muchos niños
y niñas que no practiquen el deporte escolar, mientras que si se incluye dentro del colegio o del instituto creando un grupo, veremos que la actividad deportiva es mucho más numérica y más aceptada porque los alumnos, al estar en el centro y
programarles esa actividad, se suman a ella. Si dejamos que la actividad deportiva sea organizada por federaciones y por clubes, la mayoría de nuestros alumnos, sobre todo cuando a la edad de 14 ó 15 años, irán abandonando esa actividad deportiva
porque no admitirán fácilmente una organización externa y porque las actividades a realizar en el momento en que los clubes y federaciones deportivas las programan están siendo objeto de crítica por parte del joven porque ellos quieren hacer en ese
momento otras actividades. A mí me parece que sería importante que la Administración educativa impulsara, los clubes deportivos en centros escolares, y en la propuesta que realizo digo centros deportivos en colegios públicos porque -y esta es una
pequeña diferencia- en muchos centros privados y concertados ya existen estos clubes deportivos. Por la experiencia que tengo, veo que algunos centros privados tienen clubes deportivos dentro de los propios centros, pero no los hay en los centros
públicos, por lo que habría que impulsarlos y organizarlos desde la Administración, evidentemente por las comunidades autónomas, pero coordinados a través del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Para entusiasmarles a ustedes una vez más en el apoyo a esta proposición no de ley, quiero darles algunas de las razones que considero que son importantes desde el punto de vista educativo: se fomentaría la actividad física y el ejercicio
corporal; se estimularía el espíritu de superación; se facilitaría la labor de equipo y las relaciones con los iguales; ayudaría a integrarse en la vida del centro, así como a afrontar las dificultades; ayudaría a participar y a alegrarse con la
victoria, igual que aceptaría la derrota; se daría ocasión de superar pequeños complejos de inferioridad ante al aplauso de los suyos y los logros conseguidos; divertiría y entretendría sin grandes gastos ni secuelas negativas; se fomentaría una
vida sana; integraría en equipos sin distinción de ideologías, clases sociales, estatus familiar o actitudes intelectuales; se favorecería la programación razonable del tiempo de ocio; se prevendrían conductas evasivas, delictivas y nocivas; se
fomentaría el compañerismo y el juego limpio; se promovería el amor a la naturaleza y se favorecería el espíritu de superación. Por todo esto, insisto, esta proposición no de ley va encaminada fundamentalmente a instar al Gobierno, a través del
Ministerio de Educación,Cultura y Deporte a coordinar con los diferentes departamentos de las comunidades autónomas la actividad deportiva y a promover clubes deportivos en centros públicos, aplicando para ello un coordinador, que podría ser del
propio centro, liberado de las tareas docentes de otras disciplinas, lo que probablemente sería fácilmente asumido porque este profesor sobraría en el propio centro.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán sobre esta proposición no de ley, y voy a hacerlo brevemente. En primer lugar tengo que decir que mi grupo parlamentario lamenta valorar
positivamente sólo un aspecto de esta proposición no de ley. Digo que lo lamento porque luego me referiré al contenido estricto y a las consecuencias políticas que hay detrás del texto de la parte dispositiva de la proposición. En todo caso,
estamos de acuerdo en un aspecto concreto que es muy importante, pero políticamente poco relevante, que es el contenido de la exposición de motivos. Mi grupo parlamentario no puede estar, de ninguna de las maneras, en contra de los contenidos de
esta exposición de motivos, que está muy bien planteada y que yo diría que es un catálogo de buenas intenciones. Además, creo profunda y totalmente en la bondad del planteamiento realizado por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Nadie
puede estar en contra de los valores que contiene el esfuerzo físico, la superación de las dificultades; la promoción de la salud que implica el ejercicio de la práctica deportiva; los valores como la solidaridad y la socialización del niño o de
la niña, porque son unos valores universales que tenemos la obligación de compartir todos los que estamos aquí, y más los que tenemos algo que ver con el deporte en este país.
Hecha esta clarificación en relación con la separación del contenido de la exposición de motivos, que es, repito, un catálogo de buenas intenciones y cuestiones muy genéricas que no tienen mayor dificultad, voy a entrar en una valoración
profundamente negativa -lo lamento- en términos políticos de la parte dispositiva de la proposición no de ley. Es bastante lamentable que a estas alturas de la legislatura y sobre todo del largo proceso de desarrollo del Estado de las autonomías,
un grupo político como el Partido Socialista, que obviamente quiere y debe ser alternativa de Gobierno, presente esta proposición no de ley, que es profundamente
intervencionista, quizá porque es producto de la larga tradición intervencionista propia de la ideología socialista, pero no tendría más problemas si no fuese porque esta iniciativa parlamentaria va claramente en contra de las competencias
de las comunidades autónomas en el ámbito educativo y en el ámbito deportivo y claramente en contra de las competencias de los municipios, de los centros educativos y de todo el mundo, es decir, de toda aquella administración u organismo que tiene
competencias en cuestiones deportivas en el ámbito escolar. Por un lado, es intervencionista porque insta la creación de clubes, y consideramos que este tipo de planteamientos no se deben hacer de esta manera porque la sociedad civil y la comunidad
educativa, de la mano de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, que son los entes que tienen competencias al respecto, han demostrado suficiente capacidad como para desarrollar estructuras y para canalizar el ejercicio o la
actividad deportiva en los centros escolares. Por otro lado, esta proposición no de ley ignora claramente la disposición competencial -como decía antes- en el ámbito de las políticas de educación. Quiero recordar al proponente que al menos en
Cataluña el Gobierno de la Generalitat tiene competencia plena en cuestiones educativas, por lo que plantear el ejercicio deportivo a través de esos canales es una iniciativa que va claramente en contra de la autonomía de gestión de los centros
educativos, en este caso públicos, pero también podrían ser privados o concertados, como indicaba antes el propio portavoz. En otro orden de cosas, esta proposición no de ley ignora también -como decía- la distribución competencial en el ámbito de
las políticas de promoción del deporte. Quiero recordarle que el fomento del deporte, al menos en Cataluña, aunque también en el resto de comunidades autónomas, es una competencia no plena, como la educativa, sino exclusiva del Gobierno de Cataluña
y también del resto de comunidades autónomas que han asumido esta función en sus estatutos de autonomía. Llegado este punto, mi grupo parlamentario se hace una pregunta: si por una parte, en el ámbito deportivo, el Grupo Parlamentario Popular, en
todo caso, el Gobierno, en otro ámbito que no tiene mucho que ver con este, por arriba, prohibe la participación de las selecciones deportivas autonómicas a nivel internacional y, por abajo, el Partido Socialista, en el ámbito más básico del
ejercicio deportivo en el ámbito escolar, pretende cercenar las competencias autonómicas en educación y en deporte, la suma de estos factores nos da claramente la razón a los que reivindicamos un nuevo estatuto para mi autonomía y para otras
autonomías que están en la misma línea.
Otro aspecto negativo de la proposición no de ley es que desconfía de las comunidades autónomas, de los centros educativos -como decía antes-, de la sociedad civil, de los consejos de deportes escolares locales y autonómicos y de la
capacidad de los chicos y chicas de primaria y secundaria y de sus familias en cuanto a su iniciativa en la práctica deportiva. Por suerte, al menos en mi comunidad autónoma, Cataluña, la promoción del deporte escolar está garantizada y encarrilada
correctamente desde hace muchos años, gracias especialmente a la iniciativa de la sociedad civil, principalmente pero también del ámbito público, como son los centros escolares de primaria y secundaria.
Finalmente, quería pedir al Partido Socialista que, al menos en este ámbito, que es bastante sencillo, rectifique. Repito al portavoz del Grupo Socialista que creo profundamente en la bondad y en la buena fe de su planteamiento, pero que la
plasmación política de esta pretensión es muy negativa. Les pediría que rectificasen porque si no lo hacen, no solamente coincidirán con determinadas políticas que llevan a cabo el Partido Popular, sino que dejarán en papel mojado determinados
planteamientos federalistas, como se dice ahora, que tampoco nadie sabe muy bien en qué se basan y que son las propuestas federalistas que su compañero de partido, señor Maragall, plantea para toda España, esa España abierta, simpática, de
entendimiento mutuo y de colaboración.
Estas propuestas parlamentarias se oponen al planteamiento simpático -como decía antes- que propugna el Partido Socialista, al menos en Cataluña. Yo les pediría que en el ámbito deportivo y en la promoción
del deporte sus propuestas políticas y parlamentarias se adecuen a lo que establece la disposición competencial existente en este país desde hace muchos años. Esperamos que esta rectificación se produzca lo antes posible.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: En cuanto a la exposición de motivos, la suscribimos prácticamente en su integridad y además celebramos -faltaría más- que en su argumentación haya traído a colación las manifestaciones de la señora ministra de
Educación, Cultura y Deporte y no de Educación y Ciencia, como ha dicho el señor portavoz -en fin, era la época anterior y él la recuerda- pero no suscribimos el petitum. En la exposición de motivos, en el párrafo cuarto, hay también algo que nos
congratula enormemente porque hace referencia a los valores formativos como el esfuerzo y la búsqueda de la superación personal. Recuerdo que cuando estábamos debatiendo la Ley de Calidad, uno de los argumentos que dio el Grupo Popular fue que
incluso en los temas deportivos y lúdicos había que fomentar el esfuerzo y la búsqueda de la superación personal, y por analogía hacíamos que eso se promoviese también en las disciplinas docentes y en una ley de calidad. Por eso nos alegramos
enormemente de que haya traído esta exposición de motivos, ya que estamos totalmente de acuerdo con ella.
Como he dicho, disentimos en el petitum porque las competencias están transferidas a las comunidades autónomas, salvo que, conforme a la Ley 10/1990, de 15 de octubre, que se atribuye al Consejo Superior de Deportes la coordinación con las
comunidades autónomas de la programación del deporte escolar y universitario cuando tengan proyección nacional e internacional, siendo las comunidades autónomas las que, en virtud de sus propias competencias, llevan a cabo las tareas de coordinación
de las actividades deportivas de los centros culturales en sus respectivos ámbitos geográficos. Los centros tienen autonomía -y creo que lo hemos defendido todos los grupos que estamos en esta Cámara- para impulsar equipos de fútbol o de otros
deportes, y las comunidades autónomas deben dar facilidades, mediante medios económicos, etcétera, para que esto se realice. No es cierto que todos los centros públicos no tengan esto. Por lo menos en la comunidad autónoma que conozco bien, que es
la de Castilla y León, existen una serie de centros públicos que tienen sus equipos de fútbol e incluso participan en campeonatos no solamente de centros públicos con públicos, sino de centros públicos con centros de iniciativa social, etcétera.
Quiero recordar aquí que el Consejo Superior de Deporte no solamente no ha hecho dejación de sus competencias, sino que, por ejemplo, en el campeonato de España escolar, que es para chicos y chicas entre 12, 13 y 14, años han participado las
17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y en el año 1999 participaron 2.285 alumnos, en el año 2000, 2.501 alumnos y en 2001, 2.976 alumnos. Todavía mi grupo no tiene los datos de 2002, pero creemos que la
participación superará los 3.000 alumnos. Esto es prueba de que no solamente se incita sino que también se facilita, a través de los campeonatos de España escolar, la participación máxima posible. Como bien decía el portavoz del Grupo Socialista,
a los 17 y 18 años los alumnos acuden a los clubes fuera de los centros escolares y van a los clubes deportivos que existan en su provincia o en su comunidad autónoma. En los campeonatos de España de la juventud, en 1999 fueron 4.512, en 2000,
5.031 y en 2001, 5.083. No es que tenga yo una información privilegiada, sino que estos datos corresponden a una contestación del Gobierno del 4 de marzo de 2002 a una pregunta sobre deporte escolar del diputado de mi grupo, don Carlos Revuelta
Méndez.
Respecto a los campeonatos internacionales, el Consejo Superior de Deportes, como tal organismo deportivo, está afiliado a la Federación Internacional de Deporte Escolar, participando en alguna de las convocatorias que anualmente realiza
esta federación internacional, ya sea el Campeonato del mundo escolar de Esquí, el Campeonato Internacional de Atletismo Jean Humbert, el Campeonato de campo a través que se hizo en Marrakech, Marruecos, el de esquí, el de baloncesto, el de gimnasia
en Soprón, el de atletismo, etcétera. Por lo tanto, el Consejo Superior de Deportes, en definitiva, la Secretaría de Estado de Deportes, y el Gobierno central cumplen plenamente lo que se le asigna para campeonatos nacionales e internacionales. En
lo que no podemos entrar indudablemente -se ha dicho aquí y nosotros queremos ratificarlo- es en competencias que no sólo son de las comunidades autónomas, sino también de las diputaciones y de los ayuntamientos, por lo que me parece muy bien que en
las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Socialista, en la comunidad autónoma en la que gobierna Convergència i Unió o en las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular se inste y se facilite al máximo el deporte
escolar.
Para resumir, señor presidente, sentimos enormemente tener que oponernos a esta proposición no de ley porque, aunque en la exposición de motivos estamos totalmente de acuerdo respecto a que el deporte escolar es algo importante y que es una
manifestación, como bien se dice, del juego espontáneo y sirve para la actividad físico lúdica, no lo estamos en el petitum por las razones expuestas sobre las competencias de las comunidades autónomas. Reitero, señor presidente, que nuestro grupo
apoya totalmente al deporte escolar, como no podía ser de otra manera, y sentimos que en esta ocasión, por el petitum que se ha hecho, no podamos votar favorablemente. Tenemos que votar en contra por algo comprensible, es decir, porque las
competencias están totalmente transferidas a las comunidades autónomas. Reitero al portavoz del Grupo Socialista, que conoce muy bien todo lo relacionado con la educación y el deporte escolar, que esta es la razón por la que tenemos que votar en
contra, sintiéndolo mucho.
- SOBRE EL PLAN DIRECTOR DE LA MURALLA DE LEÓN, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002019.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley sobre el plan director de la Muralla de León, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Señorías, sometemos a su consideración una proposición no de ley que quiere llamar su atención sobre la situación de las murallas y fortificaciones en el contexto del patrimonio histórico cultural de nuestro país.
Precisamente es España uno de los países más ricos, probablemente el más rico, en cuanto a fortificaciones y recintos amurallados del mundo. Esto hace que en el panorama del patrimonio histórico cultural tengan una situación singularísima. Sin
embargo, esta singularidad no viene recogida en la protección especial que los poderes
públicos deberían aportar. Si exceptuamos algunas murallas meritorias que se encuentran en un magnífico estado y que además han sido galardonadas a nivel europeo y mundial, como es el caso del recinto amurallado de la ciudad de Ávila, que
tiene la distinción de patrimonio de la humanidad, o el caso del recinto amurallado de la ciudad de Lugo, que opta también a este galardón, el resto están sumidas en un estado que si no es de abandono, sí es en muchos casos de gravísimo deterioro.
Esto ha hecho que reiteradamente mi grupo parlamentario haya presentado diferentes iniciativas, la última de ellas en el debate de los Presupuestos Generales del Estado en materia de cultura, para poner en marcha un plan nacional de murallas y
recintos fortificados. Sin embargo, el grupo mayoritario de la Cámara, el Grupo Parlamentario Popular, rechazó esa iniciativa. No comprendemos cómo es posible que no se reconozca el enorme valor y la diversidad de las murallas y recintos
fortificados que tiene nuestro país y que comprenden desde las primeras épocas neolíticas, pasando por los muy interesantes castros celtas, hasta las murallas romanas, tardorromanas, que son abundantes en España, y las muy importantes cercas
medievales y otras más tardías. Esto no ha sido tenido en cuenta. Es imprescindible que un plan nacional de murallas haga una catalogación exhaustiva de estos recintos y estas murallas. Pero también es imprescindible conocer el estado de
conservación en el que se encuentran, poner en marcha planes directores que precisen cuáles son las administraciones competentes y establecer un plan integral de conservación de las mismas. (El señor vicepresidente, Fernández Rozada ocupa la
presidencia.)
Señorías, de toda esta singularidad, un caso excepcional lo constituye la Muralla de León, que tiene dos partes fundamentales: una de origen tardorromano y otra que es una cerca medieval. Es un recinto que protege la ciudad, sobre todo en
su casco histórico. Por tanto, tiene también una consideración urbanística importantísima. Esta singularidad viene dada porque es una de las primeras murallas que ha sido declarada monumento histórico nacional nada menos que desde el año 1931.
Esto hace que su titularidad corresponda al Estado, pero el Estado no ha mostrado una atención especial para su conservación, bien al contrario. Otro elemento singular de la Muralla de León es que tiene dueño. Su propietario, señorías, es el
Ministerio de Economía y Hacienda, que así lo tiene catalogado como bien propio del Ministerio de Hacienda. Si tenemos en cuenta la singularidad, su importancia histórica en el contexto del patrimonio histórico nacional, si tenemos en cuenta que ha
sido declarada monumento histórico en el año 1931 y que su propiedad corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda, deberíamos pensar que la situación de la muralla debería ser óptima en cuanto a grado de conservación.
Señorías, no es así. El
grado de abandono y de deterioro es importantísimo. Ha causado auténtica consternación a los leoneses y desde luego ha causado alarma entre los especialistas en patrimonio. El propio Ayuntamiento de León, que no ha sido escuchado por las
administraciones, tanto por el Ministerio de Hacienda como por las autoridades regionales y nacionales, se ha visto obligado a señalar que, dado el estado de abandono, tiene que emprender acciones legales contra el Estado porque es ya intolerable el
grado de abandono que sufre la Muralla de León.
Señorías, el Ayuntamiento de León ha constatado desde el año 2000 al menos seis incidentes muy graves que afectan a la muralla, seis incidentes que han sido documentados tanto por la Policía local,
por los posibles efectos del desprendimiento de piedras y cascotes que puedan tener sobre los viandantes, como también están perfectamente documentados e informados por la Concejalía de Patrimonio. Estos seis incidentes muy graves que se han
acumulado en los últimos tres años no han hecho posible, sin embargo, que se abordara de forma integral la restauración de la Muralla de León.
Señorías, hay al menos siete puntos débiles en la muralla que han de ser tratados, y desde luego tres constituyen alto riesgo. Los puntos débiles que presenta la Muralla de León se refieren a la Torre de San Isidoro, que la Junta de
Castilla y León ha declarado como de restauración urgente pero aún estamos a la espera de esa restauración; la Torre del Archivo Histórico, que entre los años 2000 y 2001 ha sufrido desprendimientos importantísimos, por lo que en el año 2002 el
ministerio señaló que eran imprescindibles las obras de refuerzo en el muro exterior de la Plaza del Espolón, la Torre de Puerta Castillo y la Iglesia de Las Descalzas, pero también la Torre de Don Ponce, también el cubo tras el Convento de las
Clarisas, la cerca medieval en las Plazas Riaño, Carvajalas, Puertamoneda y calle del Hospicio, el Torreón del Conde Luna y la Era del Moro, además de todo el lienzo de la muralla tardorromana en la calle Carreras. Además de esto hay que señalar
que hay tres zonas que tienen altísimo riesgo de desprendimientos pero que sobre todo pueden suponer una pérdida irreparable en esta obra, insisto, declarada monumento histórico nacional ya en el año 1931, y que son los dos cubos de las Clarisas, el
lienzo de la calle Carreras y el arco de Don Pelayo. Señorías, hay total coincidencia entre las administraciones, tal como he señalado, tanto del Ayuntamiento de León, en sus informes y en sus declaraciones públicas, como del Gobierno regional -la
Junta de Castilla y León así se ha pronunciado sobre la necesidad urgente de afrontar esta restauración- y se ha pronunciado también favorablemente a la restauración el Ministerio de Cultura en el año 2002, pero falta la parte más importante, que es
tomar la decisión política. Hay una coincidencia absoluta en que hay que afrontar...
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Un momento, señora Valcarce, tenemos un problema
de sonido, parece que ocasionado por un móvil. (Pausa.) Resuelto el problema, puede continuar, señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente. Espero que el problema que señalo sea de tan urgente reparación como el del teléfono móvil. Naturalmente, señor presidente, a mi lo que me preocupa es la Muralla de León.
Señorías, insisto en que hay una coincidencia de las autoridades competentes, como son el Ayuntamiento de León, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura en el diagnóstico del problema. Hay acuerdo en el diagnóstico, pero nos
falta poner manos a la obra, nunca mejor dicho, y sobre todo nos falta la decisión para acometer la restauración urgente. Esa es la razón por la que, realizado el diagnóstico, ahora es imprescindible establecer un plan integral para la restauración
de la muralla. Nosotros entendemos que ese plan integral que preserve la Muralla de León tiene que venir en el contexto de un plan director que fije cuáles son las prioridades, cuáles son las administraciones competentes en su restauración y desde
luego es absolutamente imprescindible también que los propietarios de la muralla, es decir, el Ministerio de Hacienda, pero también los propietarios que tienen edificios aledaños a la misma o integrados urbanísticamente en la misma, sean escuchados.
Este plan director de la Muralla de León es el primer paso para acometer una acción integral a largo y medio plazo. Pero lo fundamental que exigimos en este momento, porque la urgencia viene dada por el grave daño que sufre este monumento y por el
peligro para la integridad de la muralla, pero también para la integridad de los viandantes, es acometer obras urgentes sin dilación, y para ello es necesario que se dispongan los recursos presupuestarios suficientes tanto por parte del Ministerio
de Hacienda como del Gobierno central como del Gobierno regional y con la cooperación del Ayuntamiento de León, para afrontar lo que los expertos denominan puntos de urgente reparación, que son los dos cubos de las Clarisas, el lienzo de la calle
Carreras y el arco de don Pelayo.
Señorías, dado que hay un enorme interés en la ciudad de León, que los expertos coinciden en la necesidad de acometer esta obra y que todas las administraciones directamente implicadas coinciden en el diagnóstico, espero que el voto
favorable de la Comisión de Cultura pueda ser el elemento que nos falta para dar el impulso necesario y las obras sean ya una realidad.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Por parte del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Trinidad García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS (doña María Trinidad): Señorías, intervengo hoy como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, al que agradezco el honor, por mi condición de leonesa, de defender esta proposición no de ley que persigue la creación de
un plan director de la Muralla de León para su preservación integral.
Existe un desacuerdo notorio en cuanto a la fecha de construcción de la Muralla de León. Un sector de la historiografía opina que es una construcción del siglo II sobre la base de la epigrafía hallada entre sus muros, sin embargo, otra
corriente opina que la construcción actual es obra de Alfonso V, que levantó la muralla sobre los cimientos romanos tras la destrucción provocada por Almanzor. El siguiente periodo de restauración se realiza en el siglo XIV, momento en el que se
erige la cerca nueva y se repara la vieja muralla de los cubos. A lo largo de la época moderna tenemos constancia documental en las actas del ayuntamiento de que la muralla sufrió algunos derribos y que hubo tramos que se vinieron abajo, por lo que
se efectuaron más reparaciones. En el siglo XIX, durante la Guerra de la Independencia, se efectuaron algunas restauraciones importantes que consistieron más en refortificar la muralla que en reparar los lienzos. Para finalizar, habría que indicar
que durante todo el siglo XX se han hecho una serie de intervenciones que no han sido en absoluto afortunadas, como la destrucción de Puerta Obispo o la mutilación de los cubos de la calle Carreras.
El conjunto de la muralla fue declarado monumento histórico el 3 de junio de 1931, entendiéndose, por tanto, que es propiedad del Gobierno, si bien en la misma no ha intervenido sólo esta Administración, sino también la Junta de Castilla y
León, con las competencias delegadas en patrimonio, y el Ayuntamiento de la ciudad, siempre en coordinación. Así, ya en el plan especial del casco histórico, realizado en el año 1992, que contempla obviamente la Muralla de León, se establecen
criterios de conservación y mantenimiento de la muralla, así como los distintos niveles de intervención en la misma. Algunos de los principales trabajos de consolidación de la muralla dentro del PECA han sido realizados por la entonces Escuela
Taller de Restauración de León, en la actualidad Centro de Oficios, dependiente del INEM y del Ayuntamiento de León, y afectaron principalmente al tramo del monumento ubicado en la calle Ramón y Cajal.
También la Colegiata de San Isidoro realizó
trabajos de consolidación en la muralla, en la que se apoya a su paso por esta última calle.
Hace varios años la cerca medieval fue objeto también de obras de limpieza y protección por la Escuela Taller de León, principalmente en el tramo que discurre por la calle Independencia, y actualmente hay un proyecto redactado por los
servicios técnicos del ayuntamiento y aprobado por la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, cuya licitación ha sido enviada para su contratación al Boletín Oficial de Castilla y León, proyecto por el que se destinan
aproximadamente 380.000 euros y que tiene lugar entre la
Plaza de San Francisco y la Plaza Riaño, que es la cerca medieval, y que complementa una primera fase mediante la que se ha urbanizado el paseo de las cercas y se han reconstruido los andenes. Respecto al tramo de muralla ubicado en la
carretera de los cubos, el ayuntamiento ha realizado en los últimos años obras de limpieza y protección, al igual que en otros puntos concretos donde la muralla estaba oculta y ha quedado a la vista tras obras de derribo o recuperación de inmuebles
en el casco viejo. De igual forma, y en los puntos señalados en la exposición de motivos de esta proposición como generadores de alarma entre los vecinos y de deterioro manifiesto, el ayuntamiento ha venido tomando las medidas oportunas para evitar
accidentes como los que se vienen sucediendo desde el año 2000. Por tanto, respecto al punto 1 de la proposición no de ley, que hace referencia explícita a tres puntos concretos de la muralla, hay que decir, en relación con los dos cubos de las
Clarisas, que el Ayuntamiento de León ya ha procedido a desmontar la cubierta de uno de los cubos que constituye un elemento en ruinas y también ha procedido a la limpieza de los dos cubos y un paño de la muralla en este tramo.
Asimismo se han
realizado obras de protección para evitar desprendimientos. La cubierta desmontada se instalará, según información de los técnicos municipales, con la llegada de mejores condiciones metereológicas, pues en la actualidad, debido a las intensas
lluvias, no se puede realizar.
Respecto a la restauración de la escultura de don Pelayo, situada en el arco del mismo nombre, ha sido encomendada por el alcalde de León al Centro de Oficios de esta ciudad. Respecto a la consolidación de este arco, que no corre peligro,
según los técnicos, lo que sí sucedía con los cubos de las Clarisas, al igual que la del tramo de muralla de la calle Carreras, está empezando a ser acometida, financiándose con cargo al 1 por ciento cultural a través del proyecto de remodelación
Camino de Santiago, segunda fase, por el Centro de Oficios de León. Por otra parte, la Junta de Castilla y León también contrató una especie de plan director para la restauración de la Muralla de León en el tramo comprendido entre la calle Carreras
y la avenida de los cubos, cuyo objeto era estudiar la situación y las deficiencias que presentaban cada uno de los 20 cubos y 21 lienzos, con objeto de restaurar, consolidar e incluso acondicionar algunas de sus partes, así como prever actuaciones
de limpieza, conservación y adecentamiento de las murallas o incluso posibles intervenciones que se lleven a cabo con carácter de urgencia, ya que a veces la necesidad de agilizar y hacer efectivos estos trabajos dificulta los trabajos simultáneos
de documentación.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular, entendiendo la extrema complejidad que presenta la conservación de la muralla, así como su extensión y el precario estado que presentan algunos de sus tramos, cree conveniente la realización de
un plan director para la misma que permita además integrarla a la normativa urbanística de una ciudad como León, pero, dado que la muralla forma parte integral de la trama urbana, como prueban las muchas actuaciones antes mencionadas realizadas
desde el municipio, el cual ha actuado a su vez coordinadamente con la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, mi grupo ha presentado una enmienda con texto alternativo que trata con más amplitud y rigor -al implicar a las
tres administraciones públicas- de poner en marcha un plan director para la Muralla de León y dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que, en colaboración con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, dote a la
Muralla de León de un plan director para su conservación.(El señor presidente ocupa la presidencia.)
Creo que queda ampliamente justificado el punto 1 de esta proposición no de ley, señor presidente, y pido votación separada de los puntos 1 y 2 de la citada proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista en relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: En efecto, quiero señalar que acepto la enmienda porque en ella el Grupo Popular quiere únicamente incorporar algo que está ya solicitado en la proposición no de ley y no hay ningún problema en hacer mayores
precisiones si así lo estima dicho grupo, pero quiero recordar que lo que se pide en la proposición no de ley es la puesta en marcha de un plan director de la Muralla de León para su preservación integral. Por lo tanto, si el Grupo Popular quiere
extender el plan director a otras administraciones, no tenemos ningún problema.
Acepto también la votación separada porque el Grupo Parlamentario Popular tiene que decirnos claramente si está o no a favor de que se restaure con urgencia la parte de
la muralla afectada por la situación de grave deterioro de las Clarisas, calle Carreras y arco de don Pelayo. La posición de mi grupo es favorable en los dos casos, señor presidente.
- RELATIVA A LA INTEGRACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y CULTURA CATALANA, GALLEGA Y VASCO DENTRO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001572)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto séptimo y último del orden del día: proposición de no de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto -el señor Rodríguez, del BNG-, relativa a la integración de la
enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: La Constitución española estableció un sistema lingüístico de cooficialidad de las lenguas, que quedó sometido a una interpretación posterior de los poderes públicos, ya que establecía claramente que la lengua
española -era el término que utilizaba-, oficial del Estado, era el castellano, y que podrían ser cooficiales en sus respectivos territorios otras lenguas, denominadas también españolas. No hay nada, por tanto, en el articulado de la Constitución
española que impida la oficialidad real del catalán, del gallego y del vasco en sus respectivos territorios, y su asunción formando parte del Estado español, ya que las comunidades autónomas son también Estado.
Sin embargo, inmediatamente después de la publicación de la Constitución española, el desarrollo de la legislación democrática obvió este pluralismo cultural y lingüístico, y se actuó de forma unilíngüe y unicultural. Cuando se elaboró la
Ley del Instituto Cervantes, la Ley 7/1991, o el Real Decreto-ley 7/1991, de 21 de marzo, sobre la acción educativa española en el exterior, se hizo papel mojado de los planteamientos iniciales de la Constitución española. Así, curiosamente, en el
real decreto ley -que es el más interesa al propósito que hoy debatimos- se dice que la acción educativa española en el exterior contribuirá al mantenimiento de vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el exterior. Con esta
finalidad, la Administración española prestará especial atención a la organización de enseñanzas y actividades dirigidas a residentes españoles escolarizados en niveles no universitarios de los sistemas educativos respectivos.
Pero da la casualidad de que el mantenimiento de estos vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el extranjero se conciben solamente a través de la promoción y difusión de la cultura y lengua española en la
cooperación internacional. Curiosamente, en el real decreto se emplean ya términos no constitucionales: lo que era lengua castellana en la Constitución española pasa a ser en la legislación derivada de ella lengua y cultura española. De este
modo, al no respetarse el texto constitucional, parece que las otras lenguas no son españolas o queda claro que hay una jerárquicamente superior -una especie de epifonema o de hiperonimia- que abarca todas las demás; eso sí, anulándolas al
integrarlas en algo mayor, totalmente distinto y que no abarca la pluralidad. Estamos en un caso grave de usurpación del espíritu inicial de reconocimiento de la pluralidad lingüística y cultural, absorbida hoy por una opción claramente
españolizadora.
Hay que tener en cuenta que gran parte de los españoles residentes en el extranjero son emigrantes y, curiosamente, una parte considerable de los mismos está constituida por los originarios de lengua y cultura gallega.
No hay nada más que
ver la importancia de la colonia gallega desde el siglo XIX hasta hoy, en generaciones sucesivas, en los países de Latinoamérica, o cuántos gallegos viven hoy en Londres, París o en las demás capitales importantes de Europa Occidental; por no
hablar de países que no forman parte de la Unión Europea, como Suiza. Así nos daremos cuenta de hasta qué extremo el problema de los vínculos culturales y lingüísticos, tratado en clave exclusivamente española y con la acepción que se le da a la
españolidad en estos reales decretos y leyes, resulta de una exclusión inaceptable desde el punto de vista democrático.
Los que viajan en actividades de amistad entre los parlamentos han podido comprobar que en el caso de Brasil, por ejemplo, en el Instituto Español de Sao Paulo o en las organizaciones culturales que se mueven en el nombre de España,
prácticamente el cien por cien son descendientes de gallegos o gallegos que abandonaron el país no hace más de 20 ó 30 años, y han podido comprobar también que gran parte de la comunidad tiene como lengua el portugués y no el español. Nada tendría
de particular, pues, que se diese opción reglada a que los hijos de estos inmigrantes accediesen al aprendizaje del gallego, en este caso dentro de la enseñanza no universitaria; y, por supuesto, en el caso de las comunidades vascas o catalanas de
Argentina, del mismo Brasil, o de Méjico, al de su respectiva lengua de origen.
De momento, el Gobierno del Estado español, en la enseñanza reglada y en la inmensa mayoría de los cursos que desarrolla a través del Instituto Cervantes, ha hecho tabla rasa del principio incipiente de la Constitución española de
reconocimiento explícito -aunque sea moderado y limitado- del pluralismo lingüístico y cultural existente. Esta proposición no de ley viene a cuento, por tanto, para intentar superar esta situación deficiente, partiendo además del hecho de que el
Grupo Parlamentario Popular, en la Comisión de Educación y Cultura celebrada el 21 de noviembre de 2001, reconoció que habría que buscar fórmulas para que la difusión y promoción de estas lenguas diferentes del castellano o español se llevase a cabo
con el mayor abanico de actuaciones posible. Un abanico fundamental es, desde luego, el de la enseñanza reglada, porque está dirigida precisamente a los hijos e hijas de los emigrantes, en una edad muy adecuada para mantener los vínculos con la
tierra de origen. Es por esto por lo que nuestra proposición no de ley contiene tres puntos clave: uno de ellos va destinado a que estas lenguas estén presentes, de una vez por todas, como asignaturas específicas en la enseñanza reglada en el
exterior, bien por cuenta del Estado español o a través de convenios con los Estados que la imparten. El segundo pretende que se llegue a acuerdos con las comunidades autónomas para establecer el currículum, las características del profesorado y
todas las cuestiones administrativas que den cuerpo legal a la cuestión. Y el tercero propone que se modifique la legislación vigente, especialmente el Real Decreto-ley 7/1991, para dar carta de naturaleza a las exigencias que presentamos.
Para no ser prolijo, expondré simplemente lo que pensamos de las enmiendas presentadas y nuestra posición respecto a ellas. Sentimos no poder aceptar la enmienda del Partido Popular, porque insta al Gobierno a seguir impulsando una labor
que no es real hoy en cuanto a la presencia de estas lenguas y culturas como asignaturas u opciones reales dentro de la enseñanza reglada. Pensamos que se necesita un impulso claro en este aspecto, encuadrado en un marco legal específico y
perfectamente asumido por el Estado, cosa que el Partido Popular no contempla en absoluto.
Nuestra discrepancia está, pues, en la falta de ejecución, en la planificación y en la transformación legal necesaria.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, hemos llegado a una transaccional con el siguiente texto: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno, de acuerdo con el reconocimiento constitucional de la
realidad pluricultural y plurilíngüe del Estado español -artículo 3.3 de la Constitución española- y para dar el debido cumplimiento a las reiteradas recomendaciones del Consejo Escolar del Estado, a incorporar en los diferentes programas de la
educación en el exterior la enseñanza de las lenguas y culturas catalana, gallega y vasca, de forma prioritaria en el caso del alumnado de nacionalidad española de familias procedentes de esas áreas lingüístico-culturales. Hay un segundo punto, que
diría: con el objetivo de adaptar la acción educativa del Estado español en el exterior a su realidad lingüística y cultural plural, así como contribuir al mantenimiento de los vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el
exterior, de reconocida naturaleza plural, realizar las modificaciones legales pertinentes, de acuerdo con las comunidades autónomas implicadas. Como ven, recoge el espíritu y gran parte de la letra de nuestra proposición inicial y por ello lo
vamos a aceptar a la hora de la votación.
Sólo quiero pedir disculpas si me tengo que ausentar, porque tengo una intervención en la Comisión de Infraestructuras.
El señor PRESIDENTE: Efectivamente, han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de las primeras, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Agradezco al representante del Bloque Nacionalista Galego su predisposición a aceptar la enmienda de forma casi íntegra que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista. La aceptación de nuestra enmienda debería
facilitar una posición en la que todos estuviéramos de acuerdo, puesto que este ha sido el espíritu que nos ha animado a proponer una redacción alternativa que, como ha dicho el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, hemos transaccionado aportando
algunos matices.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que la proposición no de ley que debatimos sobre la incorporación de las distintas lenguas españoles en la educación en el extranjero es absolutamente pertinente, adecuada, oportuna y
razonable. Es un objetivo importante, puesto que es evidente que España es una realidad pluricultural y plurilingüe que, como decimos en nuestra enmienda, fue reconocida por la Constitución Española de 1978 y esto se hizo después de largos períodos
históricos de negación de las realidades nacionales y culturales. Estamos absolutamente de acuerdo en el fondo, que no es otro que poner de manifiesto el reconocimiento de la pluralidad cultural y lingüística de España. Un reconocimiento que está
basado en una concepción más abierta de una España consciente y orgullosa de su propia diversidad, que requiere de políticas activas -en este caso políticas educativas, lingüísticas y culturales- para preservar y promover el sentido más profundo de
las identidades diversas y complementarias, así como su aportación a la convivencia y solidaridad. Esto es especialmente importante cuando afecta a la lengua, puesto que la lengua es la principal seña de identidad que ha mantenido en España la
existencia de realidades socioculturales diversas que se corresponden con nacionalidades históricas.
Es evidente que la educación en el exterior, tal y como se recoge en el Real Decreto-ley 1027/1993, es una competencia exclusiva del Estado. Pero parecería lógico que la educación en el exterior estuviera también en sintonía con los
planteamientos que tenemos para la educación en el interior, y si la acción educativa en España en estos momentos reconoce la existencia de esta pluralidad lingüística y cultural y no solo eso, sino que las competencias educativas en este momento
están completamente en manos de las comunidades autónomas, parecería correcto y adecuado a estas alturas que también incorporáramos el pluralismo cultural y lingüístico para la enseñanza en el exterior.
Señorías, si los principios que regulan la educación en el exterior indican que, especialmente en el área social -dice exactamente-, deberán adecuarse los contenidos a las características del entorno geográfico e histórico del país en el que
se produce esta educación, intentando impartir una visión integradora de la cultura española y la cultura propia del país en el que se produce, no parecería lógico que esta visión integradora no tuviera en cuenta la diversidad cultural y lingüística
de España. Hemos querido recoger en nuestra enmienda el sustrato constitucional que anima esta concepción pluricultural y plurilingüística de nuestra realidad, también hemos querido recoger las reiteradas recomendaciones -y esto nos parece
importante- del Consejo Escolar del Estado que desde el año 1997, quizá antes,
refleja en todos y cada uno de sus informes la necesidad de incorporar en los diferentes programas de la educación en el exterior, elementos específicos de las diferentes culturas y lenguas existentes en el Estado español. Por lo tanto, nos
parece que esta recomendación del Consejo Escolar del Estado también da fundamento a esta proposición no de ley.
En nuestra enmienda hemos querido insistir especialmente en el tema de las modificaciones legales, que harían especial referencia al Decreto de 1993, que regula la acción educativa en el exterior. Nos parecería lógico que fuera revisado
desde la perspectiva de la necesaria cooperación entre administraciones para trasladar el reconocimiento del pluralismo cultural y lingüístico a la acción educativa en el exterior, para que todo esto no quede solo en retórica. En nuestra enmienda
hemos obviado el segundo punto del texto original porque hace referencia a temas muy concretos, a aspectos procedimentales, por ejemplo, a qué instrumentos vamos a utilizar para llevar esto a la práctica. Entendemos que obviando estas concreciones
se lo ponemos más fácil a quien está gobernando en este momento y con este texto, que se refiere más a voluntad política y sobre todo a argumentaciones que están en la propia realidad social, política y cultural de nuestro país, es incuestionable la
orientación que deberíamos tomar.
Quiero agradecer, una vez más, al autor de la proposición no de ley su predisposición a aceptar nuestras sugerencias, que van en la línea de otras iniciativas parlamentarias que desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos impulsado, en las
que nos anima una cuestión clarísima y es que las cuatro lenguas españolas, el castellano, el catalán, el vasco y el gallego, han de ser protegidas por el Estado. Por lo tanto, es imprescindible una acción compartida en los diferentes niveles de la
Administración. Sería un grave error considerar que la protección y promoción de las culturas y las lenguas españolas no castellanas compete exclusivamente a las respectivas instituciones autonómicas y que, por consiguiente, la acción cultural y
educativa del Estado debería circunscribirse a la cultura española solamente expresada en castellano.
Esta es la orientación de nuestra propuesta. Expresamos nuestra satisfacción por haber sido recogida por el grupo proponente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado también una enmienda, tiene la palabra la señora Martín.
La señora MARTÍN VIVAS: Señorías, paso a fijar la posición de mi grupo en relación a la enmienda que hemos presentado a la iniciativa del Grupo Mixto sobre la integración de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción
educativa española en el exterior.
La exposición de motivos de esta proposición no de ley hace referencia tanto a la Ley 7/1991, por la que se crea al Instituto Cervantes, organismo especializado para la difusión del español en el exterior, como al Real Decreto 1027/1993, que
regula la acción educativa en el exterior.
A estas dos normas quiero referirme brevemente para recordar que, a pesar de que la ley que crea y regula el Instituto Cervantes sólo hace referencia al castellano, la realidad es que en estos últimos años
los centros del Instituto Cervantes vienen ofreciendo cursos de gallego, de vascuence y de catalán y el Instituto realiza un especial esfuerzo para enseñar estas tres lenguas. Como ejemplo les voy a dar un dato. Si son necesarios, como mínimo,
ocho alumnos para organizar un curso de español, han llegado a impartirse clases de catalán, de vasco y de gallego, con la inscripción de tan sólo dos alumnos. Esto sí que es una realidad. Además, y con el fin de dar cumplimiento al objetivo de
contribuir a difundir la cultura en el exterior, se ha venido promoviendo en todos los centros del Instituto una variadísima gama de distintas actividades culturales, bien sea en cine, en teatro, conferencias, exposiciones, entre otras, que han
difundido muestras del más rico y variado patrimonio cultural y lingüístico de España.
Las lenguas peninsulares, entre las que están las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas que tienen lenguas propias, están representadas también en la biblioteca del Instituto Cervantes, en todo tipo de soportes. Según el escritor
Pere Gimferrer, el Instituto Cervantes debe atender las diversas lenguas españolas, y lo hace ya en la práctica gracias al buen sentido de sus gestores. Estas son palabras del escritor, editor y académico catalán Pere Gimferrer, que también tuvo el
acierto de recordar que la mención exclusiva a la lengua española que se hizo en la ley se formuló en contra, en aquel momento, del criterio del Grupo Popular, pues fue precisamente mi grupo el que había presentado una enmienda con la incorporación
de las lenguas cooficiales, que fue rechazada por el Grupo Socialista.
En cuanto al Real Decreto 1027/1993, que regula la acción educativa en el exterior, me referiré a cómo se está desarrollando su aplicación. En la actualidad, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte dispone de una red de 27 centros
docentes de titularidad del Estado español, que han atendido en el curso 2000-2002 a un total de 8.923 alumnos de diferentes niveles educativos, y con un profesorado perteneciente al cuerpo del funcionariado público español. En ellos se imparten
enseñanzas regladas del sistema educativo español dirigidas a la población escolar no universitaria, adecuadas a las necesidades específicas del alumnado y a las exigencias del entorno socio-cultural. Los países en los que se están impartiendo
otras lenguas distintas del castellano son: el Principado de Andorra, que cuenta con nueve centros de titularidad española, ocho de primaria y el Instituto español de enseñanza secundaria; y el Reino Unido, con el Instituto Cañada Blanch. En el
marco de las tradicionales relaciones entre España y Andorra, ambos gobiernos firmaron un convenio en el
año 1993, que se está renegociando en estos momentos, con la finalidad de regular la acción educativa española en Andorra.
La lengua catalana se imparte actualmente desde la educación infantil y a lo largo de la primaria, como lengua de aprendizaje, tres o cuatro horas semanales, dependiendo de cada colegio. En la enseñanza secundaria obligatoria y bachillerato
se estudian lengua y literatura catalana, tres horas semanales, como asignatura curricular obligatoria, y la asignatura de catalán administrativo como asignatura optativa. Por otro lado, y concretamente en los centros de titularidad del Estado
español en el extranjero, se están llevando a cabo diferentes acciones en relación con las lenguas cooficiales de las distintas comunidades autónomas, tales como un convenio con la Xunta de Galicia para la introducción de los estudios de lengua y
literatura gallega en los centros españoles en el extranjero, que de momento han tenido aplicación ya en un centro español ubicado en Londres.
Este comienzo de colaboración entre las administraciones autonómicas y la del Estado pretende ser ampliado a otros centros de la red educativa en el exterior mediante la firma de convenios de colaboración. En este sentido, el pasado día 4
de diciembre de 2001, y en el marco de la Conferencia de educación, se celebró una reunión de la Comisión de programas internacionales, donde se reiteró el ofrecimiento de facilitar la enseñanza de lenguas cooficiales de España en los centros de
titularidad del Estado español en el exterior. Esta comisión está concebida como un órgano de cooperación de carácter permanente entre la Administración general del Estado y las comunidades autónomas y permite al mismo tiempo el intercambio de
información y la puesta en marcha de acciones y proyectos de colaboración entre ambas partes.
En relación con el apartado segundo de esta proposición no de ley, quiero decirle al Grupo Mixto, aunque está ausente, que, conscientes de que España posee un extraordinario patrimonio lingüístico y desde la convicción de que la suma de la
lengua castellana con, en su caso, la lengua catalana, la lengua gallega y la lengua vasca, que constituyen un patrimonio de España, se ofreció a las comunidades autónomas la posibilidad de suscribir convenios, los cuales contemplarían aspectos
tales como la inclusión de la asignatura de lengua y literatura de las diferentes lenguas cooficiales, con carácter optativo, en aquellos currículos de los centros que expresamente lo solicitaran, en atención a la existencia de un número suficiente
de alumnos que opten voluntariamente por cursar estas enseñanzas, así como la impartición de las mismas por profesores especialistas en lengua y literatura, seleccionados por la comunidad autónoma competente y propuestos al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte.
En cuanto al contenido del apartado tercero de la proposición, teniendo en cuenta que la mencionada Comisión se reunió el pasado 24 de septiembre para hablar de este tema, constando expresamente en el orden del día correspondiente como uno
de los puntos a tratar el tema de la enseñanza de las lenguas cooficiales en los centros de titularidad del Estado español, y teniendo en cuenta además que dicha comisión se reúne periódicamente, parece apropiado que sea en este contexto donde las
comunidades autónomas interesadas realicen propuestas y observaciones relativas al tema, que puedan ayudar a que la acción educativa del Estado español en el exterior se adapte a su realidad lingüística y cultural plural, contribuyendo de esta forma
al mantenimiento de vínculos culturales y lingüísticos de los residentes españoles en el extranjero, que es precisamente lo que recoge el artículo 4 del real decreto.
Nuestro grupo apuesta en estos momentos por la vía de los convenios.
Consideramos recomendable esta vía y además lo planteamos desde la creencia de que tanto el Instituto Cervantes, que está trabajando adecuadamente, como el enfoque dado en
la política educativa exterior del Gobierno, atienden a la plural realidad cultural y lingüística de España.
Quiero también recordarles que fue nuestro grupo, el Grupo Popular, quien planteó, a finales del año 2001, una iniciativa sobre la firma de
un convenio con la Junta de Galicia para promocionar la difusión del gallego en el exterior.
Lamento profundamente el rechazo de nuestra enmienda, rechazo que entiendo que no es oportuno y que considero que es un error en un momento en el que se están produciendo importantes avances en este proceso de integración de las diferentes
lenguas cooficiales por la vía de convenios, tal y como he precisado anteriormente.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean intervenir para fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.
El señor MARTÍ I GALBIS: Señor presidente, intervendré muy brevemente en este último punto del orden del día para fijar la posición de mi grupo parlamentario respecto de esta proposición no de ley.
Mi grupo parlamentario apoya y votará favorablemente esta iniciativa del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego, de forma entusiasta diría yo y desde una profunda complicidad, que no es nueva sino que viene produciéndose
siempre que se plantean en esta Cámara iniciativas parlamentarias del tenor de la que ahora nos ocupa, aún con la enmienda aceptada por el grupo proponente a instancias del Grupo Parlamentario Socialista.
Este voto favorable, como todas SS.SS. pueden comprender, es de esta naturaleza porque la proposición no de ley plantea una reivindicación histórica, no solamente
del nacionalismo que representa el BNG, sino del catalanismo político de siempre y que mi grupo parlamentario asume plenamente en su práctica política y también en esta Cámara, concretamente en esta Comisión, en la línea de lo que ya se votó
en su día, como se ha dicho anteriormente, en la proposición no de ley de 21 de noviembre de 2001 y de otras intervenciones y votaciones de estas mismas características. Es un voto favorable por coherencia con nuestra reclamación de que la
plasmación de la realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado se concrete en sus múltiples facetas, en este caso en la acción educativa española en el exterior. Es un voto favorable porque entendemos, y siempre lo hemos defendido,
que el Estado español no es un Estado de cultura castellana sino que la configuran otras realidades lingüísticas y culturales que deben potenciarse por mandato constitucional (antes se refería a ello el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor
Rodríguez, haciendo referencia al artículo 3.1 y 3.3), más allá de la cultura de matriz castellana. Es un voto favorable, en definitiva, porque lo que pide la proposición no de ley, esta vez en la vertiente de la acción exterior, es uno de los
objetivos que se derivan de una visión del Estado que en nuestro caso se concreta, más allá de la propia acción política de mi grupo parlamentario, en una plataforma de colaboración política que viene desarrollándose desde el año 1998, como es la
llamada Declaración de Barcelona, de la que participamos, juntamente con el grupo promotor, el Bloque Nacionalista Galego y el Partido Nacionalista Vasco.
Nos hubiera gustado, es una lástima que no pueda ser en esta ocasión, que esta proposición no de ley se hubiera aprobado por unanimidad, y no lo podrá ser por la no aceptación de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular por parte del
grupo proponente. Entendemos que no hay razones para que esto no se produzca, más allá de los escenarios electorales o preelectorales, con lo que se hubiera demostrado que tanto el Grupo Popular como el Grupo Socialista asumen las culturas gallega,
catalana y vasca como culturas y lenguas del Estado, objeto de promoción y de difusión en el interior del Estado, como siempre hemos reclamado, y en esta ocasión en el exterior. Por tanto, lamentamos la pérdida de esta ocasión y esperamos que en un
futuro, cuando pasen las fiebres electorales, podamos reencontrar el consenso, que apoyaremos, sin duda, otra vez, sea cual sea el grupo proponente de la proposición no de ley o de la iniciativa parlamentaria de que se trate.
El señor PRESIDENTE: Hemos concluido así el debate de las siete proposiciones no de ley y pasamos, por tanto, a la votación.
Esta presidencia tiene una duda en relación con el punto 5, sobre el plan director de la muralla de León. Señora Valcarce, entiendo que la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular sustituye al punto 2 de la proposición no de
ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y que, por tanto, lo que tendremos que votar es el punto 1 de la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista en los términos originarios y el punto 2 en los términos de la enmienda
del Grupo Parlamentario Popular. ¿Es así? (Asentimiento.)
Votación, en primer lugar, de la proposición no de ley que figura en el punto 1 del orden del día, sobre medidas para garantizar la conservación y restauración del patrimonio histórico español.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 2, proposición no de ley relativa al impulso de la declaración de la Red nacional de vías pecuarias como itinerario de patrimonio cultural europeo por el Consejo de Europa.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 3 del orden del día, proposición no de ley relativa a la exposición conmemorativa del quinto centenario de la fundación de la Casa de la Contratación 1503-1790, con la inclusión de la enmienda in voce aceptada por el Grupo
Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Para que quede constancia, la adición es la siguiente: La exposición conmemorativa del quinto centenario de la fundación de la Casa de la Contratación 1503-1790 y la edición del correspondiente libro conmemorativo.
Punto 4 del orden del día, proposición no de ley relativa a la cesión en uso a la Fundación Casa Ducal de Medinaceli del Palacio Ducal de Cogolludo (Guadalajara) en los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aceptada por el
grupo parlamentario proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 5 del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre el
plan director de la muralla de León, que sometemos a votación separadamente. En primer lugar, punto 1 de la proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto 2 de dicha proposición no de ley en los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado por unanimidad.
Punto 6 del orden del día, proposición no de ley sobre el deporte en edad escolar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 21; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Por último, proposición no de ley relativa a la integración de la enseñanza de la lengua y cultura catalana, gallega y vasca dentro de la acción educativa española en el exterior, en los términos de la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista, aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta minutos del mediodía.