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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 745, de 24/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 745
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 95
celebrada el jueves, 24 de abril de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración (González González) para informar sobre:
- Los expedientes de expulsión de los supervivientes de la patera que ingresaron el día 27 de febrero de 2003 en el centro de retención de Barranco Seco de Las Palmas de Gran Canaria. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número
de expediente 212/001472.) ... (Página 23822)
- Los convenios que el Gobierno tiene previsto suscribir con Guinea-Bissau. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001473.) ... (Página 23830)
- El traslado desde Palos de la Frontera (Huelva) hasta Algeciras (Cádiz) el pasado 1 de marzo, de 97 inmigrantes subsaharianos, de los que 51 de ellos fueron abandonados 'a su suerte', todo ello sin conocimiento ni contacto previo con el
Ayuntamiento de la ciudad ni con la Junta de Andalucía. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/001188.) ... (Página 23836)
- El desarrollo de la 'Operación Ulises' A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 212/001489.) ... (Página 23844)
Preguntas:
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre estrategia del Gobierno para luchar contra las redes mafiosas de tráfico de seres humanos. (Número de expediente 181/002984.) ... (Página
23844)
- De la misma señora diputada, sobre circunstancias por las que se denegaron peticiones de asilo, el pasado 6 de noviembre de 2002, en el aeropuerto de Barajas (Madrid). (Número de expediente 181/003128.) ...
- De la misma señora diputada, sobre razones por las que la Subdelegación del Gobierno en Barcelona y la Subdelegación del Gobierno en Valencia han impedido la asistencia letrada a tres ciudadanos de nacionalidad iraquí que se hallaban como
polizones en el barco Candelaria B de bandera española. (Número de expediente 181/003174.) ... (Página 23850)
- Del señor Pedret i Grenzner (Grupo Parlamentario Socialista), sobre criterio del Gobierno respecto al empadronamiento municipal de los ciudadanos extranjeros. (Número de expediente 181/003302.) ... (Página
23853)
- Del señor Campuzano i Canadés Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre veracidad de las denuncias planteadas por Médicos sin Fronteras sobre la situación humanitaria de las personas de origen iraquí, solicitantes de asilo,
presentes en Ceuta. (Número de expediente 181/003347.) ... (Página 23855)
- Del mismo señor diputado, sobre criterio ante las solicitudes de asilo planteadas por los ciudadanos de Irak. (Número de expediente 181/003348.) ... (Página 23855)
- De la señora Blanco Terán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre garantías jurídicas establecidas para los menores marroquíes no acompañados. (Número de expediente 181/003387.) ... (Página 23858)
Se abre la sesión a las cuatro y cuarenta minutos de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (GONZÁLEZ GONZÁLEZ) PARA INFORMAR SOBRE:
- LOS EXPEDIENTES DE EXPULSIÓN DE LOS SUPERVIVIENTES DE LA PATERA QUE INGRESARON EL DÍA 27 DE FEBRERO DE 2003 EN EL CENTRO DE RETENCIÓN DE BARRANCO SECO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número
de expediente 212/001472.)
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados.
Después de la sesión que hemos culminado esta mañana, comenzamos ahora esta, para tratar asuntos relacionados con la inmigración. Contamos para ello con la
presencia del secretario de Estado, al cual, como presidente de esta Comisión agradezco su presencia. A título personal, celebro la oportunidad que tenemos de estar juntos hoy aquí, puesto que tuve el honor de colaborar con él en las
responsabilidades del Ministerio de Administraciones Públicas. Quiero dar, pues, testimonio de la consideración que don Ignacio González me merece.
Sin más, le doy la palabra para dar comienzo al orden del día. En primer lugar, informará sobre los expedientes de expulsión de los supervivientes de una patera que ingresaron en el centro de retención del Barranco Seco, de las Palmas de
Gran Canaria.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradezco las palabras del presidente, viejo amigo, con el que he tenido la oportunidad de trabajar en otras
ocasiones. Agradezco, pues ¡cómo no!, sus cariñosas palabras de bienvenida.
Entrando en el orden del día, la primera comparecencia es la relativa a los expedientes de expulsión de los supervivientes de una patera que, como ustedes saben, fueron objeto de un trance lamentable ocurrido hace algunos meses en Canarias.
El origen de tal situación fue que el 7 de febrero se produjo una llamada de socorro en los servicios de emergencia de Las Palmas de Gran Canaria, que daba cuenta de la existencia de una patera a la deriva, con personas a bordo. A partir de ese
momento, los servicios de Salvamento Marítimo de la Guardia Civil pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda con apoyos aéreos, con el fin de localizar a la patera. El dispositivo actuó en un radio de más de 100 kilómetros durante cinco días, al
cabo de los cuales no fue posible encontrar la patera. Pasados esos cinco días, el dispositivo quedó en suspenso y en estado de alerta, y se comunicó el hecho a todos los buques que transitaban por el corredor sur-norte del Atlántico, entre África
y Canarias, por si se produjera algún avistamiento.
El 19 de febrero un pesquero gallego envió un aviso de avistamiento de una patera a 220 kilómetros de las costas canarias, en aguas internacionales y muy alejada de la costa. Inmediatamente se activó de nuevo el dispositivo de salvamento
con el envío de helicópteros de Salvamento Marítimo de la Guardia Civil y el apoyo de los Servicios Aéreos de Rescate. La actuación tuvo como consecuencia el rescate de una patera con seis personas, cinco hombres y una mujer, que fueron trasladados
por los helicópteros al aeropuerto Reina Sofía, de Tenerife, donde fueron asistidos en un primer momento por los equipos médicos de salvamento, y trasladados posteriormente a distintos hospitales de Santa Cruz de Tenerife para que fueran atendidos
adecuadamente. El objetivo primordial de esta actuación fue lógicamente proceder al salvamento de estas personas y darles la asistencia humanitaria y sanitaria necesaria para proceder a la recuperación de su estado de salud.
Así es como se operó. Estas personas permanecieron durante unos días ingresadas en los hospitales recibiendo ese tratamiento y una vez conseguido ese objetivo y procurada el alta por parte de los servicios médicos se procedió a activar los
cauces y procedimientos establecidos en la Ley de extranjería aplicables a todos los supuestos de personas que, como en el caso que nos ocupa, tratan de entrar de manera irregular en nuestro territorio, en este caso a través de embarcaciones. Se
incoaron los correspondientes expedientes de expulsión, se solicitó de la autoridad judicial la autorización para su ingreso en los centros de internamiento, lo que se produjo, como digo, una vez que fueron dados de alta por los servicios médicos, y
se procedió a la tramitación de esos expedientes. Fueron internados en los centros de Las Palmas durante el plazo señalado por la ley, transcurrido el cual fueron puestos en libertad al carecer estas personas de documentación, como ustedes saben,
así como de colaboración por parte de las autoridades de sus países para acreditarlos documentalmente y proceder a su repatriación. En el caso de la mujer, permaneció ingresada en el hospital algo más por su peor estado de salud y una vez que fue
dada de alta también se incorporó, como el resto de los cinco hombres, a un centro de acogida de Las Palmas, los hombres en el centro de tratamiento UDJAMA de dicha ciudad, y en el caso de la mujer en un centro de vecindario. En el caso de la mujer
se formuló por parte de sus representantes una solicitud de asilo al ser procedente de Costa de Marfil y alegar persecución por razones políticas por ser miembro de un partido opositor. De conformidad con los acuerdos de ACNUR, se procedió a
admitir a trámite ese expediente, estando en estos momentos en tramitación. Esa es la situación en la que se encuentran los expedientes relativos a estas personas.
El señor PRESIDENTE: Había solicitado la comparecencia el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor presidente, intervendré con la brevedad necesaria dada la acumulación de comparecencias de la Comisión en el día de hoy pero en correspondencia con lo que entiendo gravedad del asunto.
Nos encontramos ante una situación -que ha resumido el señor compareciente- que desde el punto de vista humano y también humanitario es especialmente relevante y grave: un grupo de personas, víctimas de una red de tráfico de personas que
embarcan en la costa del Sahara y son abandonadas en medio del trayecto, según su relato, por los patrones que les habían embaucado para el viaje. El motor de la patera falla, los -al parecer- ciudadanos marroquíes que gobernaban la patera y que
habían contratado el viaje lanzan al mar el motor, pasan a otra patera con motor funcionando y abandonan a estas personas a su suerte en medio del Atlántico. Mueren doce personas en una patera de menos de seis metros de eslora.
Hemos podido asistir, a través de los medios de comunicación, a las informaciones directas de las personas que se encontraban en la patera explicando las cosas que antes habíamos leído -no quiero frivolizar- y que habían provocado a algunos
espanto en Relato de un náufrago, de Gabriel García Márquez. Pero aquí no estamos ante el relato de un náufrago, es un relato real de varios náufragos que se ven precisados a lanzar al mar los cuerpos de sus compañeros muertos para aumentar o
mejorar las condiciones de navegación y evitar los problemas sanitarios muy elevados que ya estaban sufriendo. Piensen ustedes en la situación de esas personas abandonadas en una patera sin motor en medio del Atlántico viendo cómo van falleciendo
sucesivamente doce personas en la patera. Se nos explica cómo en el momento del rescate se encuentra la patera
con los bordes de madera roídos, seguramente para intentar procurarse algún tipo de alimento o no alimento, algún material con el que distraer la situación de hambruna absoluta. Y esas personas, al final, después de una búsqueda que se
mantuvo durante tres días y sobre la cual nada tenemos que decir -se realizó, desde nuestro punto de vista, de acuerdo con los protocolos internacionales y con las necesidades del caso, de acuerdo con el principio de protección de los ciudadanos y
con el derecho humanitario, por tanto, no vamos a criticar en absoluto el hecho de que se desistiera de la búsqueda al cabo de tres días porque parecía realmente imposible encontrarlos-, son avistados por un pesquero a 120 millas al suroeste de Gran
Canaria en la situación que ha resumido el señor compareciente de seis supervivientes en las condiciones que se describen y que es posible imaginar por parte de todas las señoras y señores comisionados. Después de haber sido trasladados en
helicóptero al aeropuerto Reina Sofía, como ha descrito el compareciente, reciben la atención sanitaria inmediata que se requiere. Tampoco vamos a formular crítica al respecto sobre la actuación de la Administración en este punto, lo que sí nos
sorprende enormemente es el hecho de que ante la situación humana en la que nos encontramos que, desde nuestro punto de vista, no es asimilable en absoluto a las condiciones generales del tráfico de pateras habitual sino a una situación específica,
prácticamente excepcional, de muchos días de naufragio, con la cantidad de muertes que se han producido en la patera, vayamos a una aplicación puramente literalista y burocrática, sin intentar ofender a ningún burócrata, de la legislación existente,
sin aquella necesidad de la compasión, en el buen sentido de la palabra, que una persona ha de tener respecto a otra persona que se encuentra en una situación como la de los supervivientes de este trágico viaje.
Creemos que en esta situación se dan unas condiciones que no permiten la objeción que nosotros compartimos en el caso genérico de las pateras que llegan a las costas españolas en el sentido de que acoger a los que consiguen llegar a la costa
puede suponer facilitar el trabajo de las mafias, que es hacerles un favor, etcétera. Este es un hecho absolutamente excepcional que tiene que mover a la compasión, en el buen sentido de la palabra, es decir a padecer junto con la otra persona
aquella situación y a colocarse en su lugar. Si leemos algunas manifestaciones de los náufragos supervivientes no podemos más que concluir que ha de llevarnos a una aplicación flexible, a una aplicación humanitaria de nuestra legislación al
respecto. El señor compareciente y el conjunto de la Comisión saben que discrepamos en varios aspectos de esa legislación pero es la que existe y entendemos que puede aplicarse en un sentido amplio.
Cuando se leen las descripciones del viaje se ve el drama de las muertes sucesivas en la patera y uno no puede dejar de pensar que si ésta no es una situación de aplicación humanitaria de la ley no hay posibilidad de aplicarla en este
sentido jamás. Por tanto, si aquí no se aplica, es que el artículo 41.3.c) del Real Decreto 864/01, de 20 de julio -que es el reglamento de ejecución de la Ley que venimos a denominar de extranjería, para abreviar, la Ley orgánica de derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social-, está hecho como un puro flatus vocis. Si aquí no cabe decir que igualmente se concederá un permiso de residencia temporal en atención a las circunstancias excepcionales que concurran
en su caso, c): A las personas en las que concurran razones humanitarias, en particular las víctimas de delitos tipificados como racistas o xenófobos, las cuales justifiquen la necesidad de autorizar su residencia en España; si aquí no encontramos
razones humanitarias para esas personas gravemente enfermas, con el trauma físico y psíquico que tiene que llevar de suyo, necesariamente, las condiciones que han pasado; si aquí no tenemos el impulso de aplicar lo que existe en nuestro reglamento,
que es la posibilidad del permiso de residencia temporal humanitario, en vez de decir que vamos a pasarlas inmediatamente al centro de retención para que estén a disposición de la posible expulsión, es que realmente sobra el precepto. Nosotros
creemos que no sobra, creemos que es necesario que exista y que es necesario aplicarlo; creemos que éste es el ejemplo más claro, el ejemplo indiscutible -para mí y creo que para mi grupo- de que existen razones humanitarias: el rescate de unos
náufragos como éstos, en estas condiciones, que declaran lo que declaran, que quieren vivir y trabajar en España. Creo que lo dicen con una sinceridad absoluta, dicen que saben que existen condiciones legales que no han cumplido, pero que han
venido aquí para eso, superando las condiciones que han superado. No estoy predicando en absoluto aquello de fronteras abiertas, papeles para todos ni nada parecido, porque estoy hablando de la excepcionalidad clarísima de la circunstancia. En
esta situación, la aplicación humana, humanitaria, abierta, compasiva, de la legislación me parece inexcusable.
Por eso, señor compareciente, el Grupo Parlamentario Socialista considera que debiera aplicarse la legislación existente en el sentido de permitir la residencia temporal por razones humanitarias de estas personas rescatadas de la mar en
estas condiciones, sin entrar, desde luego, porque no corresponde en absoluto al Legislativo, en el enjuiciamiento del caso único en que se ha solicitado el asilo político, que tiene sus trámites para ser atendido y estimado o no, en su caso.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.
El señor MARDONES SEVILLA: Mi intervención va a estar, en primer lugar, sometida al principio de reconocimiento de los hechos que se han descrito en la
exposición que ha hecho el señor delegado del Gobierno para la Extranjería y al conocimiento que este diputado tiene de este caso, que fue muy llamativo por la tragedia que se produjo en esa patera, con dieciocho personas a bordo en la que,
por las circunstancias que se han detallado, perecieron doce personas y seis quedaron a la deriva; fue una llamada a la atención popular, porque parecía que era inverosímil que pudieran sobrevivir tantos días sin recurso alguno, sin alimentos ni
agua.
En primer lugar, expresaré el reconocimiento de nuestro grupo parlamentario a la labor coordinada que realizaron tanto las autoridades estatales, los servicios de rescate en las dos ocasiones en que tuvieron que intervenir, cuando se recibió
la última llamada de SOS, de petición de ayuda como las autoridades canarias, en aquellos aspectos que eran competencia de unos y de otros. Pudiera deducirse de las palabras del portavoz socialista, que ha quedado una sombra sobre no sé qué
administración burócrata y también ha implicado a las autoridades autonómicas canarias y a las estatales de Policía sobre las que pudiera pensarse que haya habido un sentido de deshumanización. (El señor Pedret Grenzner: No era esa mi intención.)
Quería dejarlo bien claro...
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, por favor.
El señor MARDONES SEVILLA: Quería dejarlo bien claro porque fue un clamor.
Lo digo porque si estamos hablando de razones humanitarias parecería que, hubiera habido una inhibición al menos de un principio moral de la caridad cristiana, la
caridad humanística o como se quiera llamar a estos aspectos. Una vez que los servicios de rescate los llevaron al aeropuerto Reina Sofía del sur de Tenerife, en un desplazamiento con todo tipo de facilidades, las autoridades sanitarias del
hospital universitario y clínico se volcaron para acogerlos y alojarlos sin listas de espera ni de camas y fueron inmediatamente atendidos por urgencias. La alcaldesa del Ayuntamiento de La Laguna ofreció a la única náufraga, incluso el
empadronamiento para permitir todo un arropamiento administrativo judicial. Quiero dejarlo aquí muy claro porque ha sido un caso dentro de la tragedia y de las limitaciones que da la ley, porque el principio de caridad o se aplica a todos o no se
aplica a ninguno. Aplicar el principio de caridad en razón de que se esté sobreviviendo diez o doce días más en alta mar no es motivo suficiente; es muy difícil en derecho administrar la caridad, una especie de beneficencia pública. A los que
desde la costa marroquí han entrado directamente en Canarias en la patera y no han pasado ninguna eventualidad se les aplica el rigor de toda la legislación y a los que se han pasado sin motor y aislados durante quince sí se les aplica el principio,
lo que daría lugar a una situación verdaderamente kafkiana y a una situación verdaderamente esperpéntica de cómo se aplica el derecho. Todos desearíamos que estuvieran en igualdad de condiciones, pero no en razón del drama como una causa eximente.
Dicho esto, también mi grupo quiere reconocer aquí que tanto la Consejería de Asuntos Sociales de Canarias como las autoridades centrales de la Administración general del Estado han prestado todo este arropamiento a la mujer en la medida en
que las disposiciones municipales y sanitarias lo han permitido e inmediatamente lo han puesto en conocimiento del ACNUR, como bien ha señalado el señor delegado del Gobierno, dada la circunstancia de que procede de Costa de Marfil y que estaba
afiliada a un partido que está perseguido allí por las autoridades. Esta señora está residiendo allí con todo el acogimiento y con todo el respeto mientras se tramita su expediente de asilo político, que es lo que permite la legislación,
independientemente de que pasara once días en la intemperie marina, porque está sometido a las reglas de las Naciones Unidas del ACNUR. Basta el hecho objetivable de que es un refugiado que pide acogerse al asilo político en razón de que pertenece
a un partido perseguido por las actuales autoridades de Costa de Marfil. Las otras personas, cinco hombres, una vez que se cumplieron los trámites que ha señalado el señor delegado del Gobierno de los expedientes de expulsión en los centros de
internamiento, quedaron en libertad dentro de las condiciones que en este momento nos encontramos; y ya hablaremos más adelante de los asuntos de la inmigración en Canarias con respecto fundamentalmente a la operación Ulises, tratando de solucionar
este grave problema con el que nos encontramos. Prueba de ello es que hemos tenido que hacer un esfuerzo de entendimiento para tener un nuevo centro de acogida para repartir a todos estos inmigrantes en un territorio insular pequeño, carga que no
podían soportar las islas de Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria. El centro de acogida se está construyendo en terrenos cedidos por el Ministerio de Defensa en Tenerife y entre todos estamos tratando de resolver este drama humano. Yo me
congratulo de que lo haya traído aquí el Grupo Parlamentario Socialista, pero quería dar también esta explicación porque hemos llegado -y hablo por el Grupo de Coalición Canaria en su vinculación con el Gobierno autónomo de Canarias- a un
entendimiento en este caso como en otros con la Secretaría de Estado de la Inmigración, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se hacen cargo de estos asuntos y con las autoridades autonómicas.
Lamentamos la pérdida de vidas humanas
pero sobrevivieron seis y, en el caso concreto de la mujer, está en la mejor acogida desde todo punto de vista, tanto jurídico como humanitario. Ahora bien, que a nadie le quede la duda de que alguien, por una fría aplicación de la legislación en
un procedimiento burocrático, ha renunciado a una cláusula de conciencia, porque es algo que nadie haría.
A todos nos honra estar preocupados desde distintos puntos de vista, lo que ocurre es que a veces la solución por vía de la caridad humana sólo permite atender un caso y, cuando se trata de 1.200 o de 3.000, el problema toma otros derroteros
y no tenemos una solución para el mismo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Simplemente quiero manifestar que aquí se ha relatado una clarísima tragedia, pero hay que recordar que se trata de una tragedia promovida por las mafias. A este respecto, quiero decir al portavoz del Grupo
Socialista que hace unos días se tramitó en esta Cámara el proyecto de ley para modificar el Código Penal en relación con la lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias que promueven la misma y que dicho grupo ni siquiera admitió a
trámite ese proyecto.
Por tanto, cuando lo que nosotros queremos es luchar con todos los medios posibles para que no ocurran tragedias como ésta, tenemos que tener muy claro qué es lo que ha hecho y lo que va a hacer el Gobierno. El Grupo Popular
está completamente convencido de que la actuación de la Administración ha sido buena. El esfuerzo del rescate ha sido importantísimo y además el mismo no duró tres días, como ha manifestado el portavoz del Grupo Socialista, sino cinco, con un gran
despliegue de fuerzas humanas, cinco helicópteros pertenecientes al Servicio de Rescate Aéreo, un helicóptero especializado perteneciente a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima, dos aviones Fokker y cuatro embarcaciones de
intervención rápida. Se han aprovechado todas las posibilidades y se ha tratado por todos los medios de localizar en esos cinco días la patera que había naufragado. Ahora bien, yo quiero decir que no solamente hay que tener en cuenta el intento de
rescate de esas cinco personas que se encontraban en la patera, sino también, como muy bien ha dicho el portavoz de Coalición Canaria, la asistencia sanitaria que se ha prestado, aparte de que asimismo hay que recordar la situación actual en la que
se encuentran dichas personas. A través de ACNUR, la sexta persona, la mujer, tiene la posibilidad de obtener un permiso de trabajo y encontrar asilo mientras que las cinco personas restantes están en un centro de acogida que está cofinanciado por
el Gobierno canario y por el Imserso. Así pues, cuando se habla de la situación de personas procedentes sobre todo de la zona subsahariana, es muy importante que se estén estableciendo convenios de colaboración con esos países, convenios de
colaboración que no solamente van a servir para llevar a cabo la repatriación, sino que van a permitir que se establezcan cauces por los cuales esas personas puedan venir a trabajar a nuestro país. Esa es la política -esto es algo que va a quedar
claro a lo largo de esta sesión en otra comparecencia- que está siguiendo el Gobierno, reflejando claramente el esfuerzo realizado en el rescate, la aplicación de la normativa vigente y la situación actual. Me gustaría saber qué hubiera hecho el
Grupo Socialista, porque lo que ha hecho el Gobierno queda muy claro, así como cuál es su voluntad: luchar contra las mafias y contra la inmigración irregular. A ese respecto, si somos capaces de firmar convenios de colaboración con estos países y
de luchar de manera exhaustiva con esa modificación del Código Penal en contra de las mafias, al final habremos logrado superar estas tragedias.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Quiero empezar mi intervención agradeciendo al señor Mardones su reconocimiento por los esfuerzos realizados por los distintos servicios que han
participado en esta operación. Él ha explicado muy bien la colaboración que hemos tenido en este caso. Ha sido un ejemplo de buena colaboración entre todos los servicios, tanto estatales como de la comunidad autónoma y locales, que ha permitido
montar los operativos necesarios para dar el adecuado tratamiento y la oportuna respuesta a esta situación. Precisamente fue esa colaboración la que nos permitió atender rápidamente a estas personas y darles una salida, que ha sido excepcional
dentro del tratamiento generalizado a las personas que acceden de manera irregular a nuestro territorio, como es la preferencia para estar en los centros de acogida a los que hacía referencia.
Considero que esto ha sido posible gracias a esa
colaboración, que es la mejor respuesta que se ha podido dar, y de ahí nuestro agradecimiento a las autoridades del Gobierno canario por su cooperación en esta actuación.
Señor Pedret, su discurso desde el punto de vista de la descripción de un drama es perfectamente compartible, porque objetivamente es un drama, pero el problema es que este drama no es especial, es el que desgraciadamente vivimos casi todos
los días en las costas canarias y en las costas andaluzas. Ayer, sin ir más lejos, asistimos a otro drama porque fallecía en las costas de Canarias una persona que había venido en patera, como usted sabe. Esto es debido única y exclusivamente a la
actuación -como señalaba la portavoz del Grupo Parlamentario Popular- de esas mafias organizadas que desgraciadamente siguen explotando la necesidad de estas personas y fíjese los medios que utilizarán que estas mismas personas, como usted ha
reconocido, han llegado a manifestar reiteradamente en sus declaraciones que sabían que venir en patera era ilegal, que entrar así era ilegal, que les habían dado todo el dinero del mundo, que les habían dado la documentación y que además no se
atrevían ni querían denunciar quiénes eran esas mafias. Fíjese cuál es el
problema frente al que nos encontramos. Por eso no debemos confundir el tratamiento humanitario, que debe ser pleno y total en todas las circunstancias en las que desgraciadamente se producen estas situaciones, con una mala aplicación de
las previsiones normativas, que como usted sabe no contemplan para nada estas circunstancias que se producen desgraciadamente todos los días. Esa mala interpretación lo único que puede llevar es un mensaje equivocado para que las mafias puedan
seguir explotando y engañando a este tipo de personas y lo único que se hace con eso es poner cada vez más en riesgo su vida y abocarles a una situación bien de muerte, bien de explotación, como vemos desgraciadamente todos los días en las
informaciones de los medios de comunicación. Por eso, como explicaba bien el portavoz de Coalición Canaria, no debemos mezclar los aspectos humanitarios. El aspecto humanitario más importante ha sido priorizar la vida y el tratamiento a estas
personas, recuperar su estado de salud y, a partir de ahí, lógicamente hay que aplicar la normativa tal como establece en estos momentos nuestra legislación de extranjería y ser muy rigurosos para evitar que por esa mala interpretación podamos dar
mensajes equivocados que para lo único que sirven es para que las mafias pongan en más riesgo la vida de estas personas. En ese sentido no cabe otra actuación que seguir dando el tratamiento humanitario a estas personas cuando llegan en estas
circunstancias, siendo inmediatamente después muy rigurosos en la aplicación del marco normativo, que nunca es burocrático, porque es la obligación que tenemos los que gestionamos los asuntos públicos y nos vemos obligados a cumplir, que es el que
da y ofrece garantía a todas las personas que nos regimos lógicamente por él.
En este caso, dentro del drama que han vivido estas personas, ha habido una actuación ejemplarmente humanitaria en la colaboración de todos los servicios que han
participado y, sinceramente, no podemos perder de referencia que nuestro objetivo es evitar que las mafias sigan poniendo en riesgo la vida de estas personas. (El señor Pedret Grenzner pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret, el debate se está sustanciando en unos términos en los que no procedería un turno de réplica, teniendo en cuenta además el orden del día tan profuso que hoy nos ocupa; no obstante, excepcionalmente y por
tres minutos tiene la palabra.
El señor PEDRET GRENZNER: Le agradezco la posibilidad de intervenir porque quisiera que algunas cosas quedaran claras.
Nosotros hemos reconocido en la primera intervención el funcionamiento eficaz de los servicios de rescate y la adecuada prestación de atención sanitaria. No he hablado -y tiene toda la razón el compañero portavoz de Coalición Canaria- de la
actuación de la alcaldesa de La Laguna empadronando en el municipio a estas personas para que pudieran tener la asistencia sanitaria. No hemos puesto en duda en absoluto esto. No estamos haciendo una crítica a estos aspectos. Estamos hablando de
una cosa distinta, que es la existencia de un artículo -uno de los no derogados por la sentencia de 20 de marzo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo- que establece la posibilidad, negada ahora, de la concesión de
residencia temporal por razones humanitarias. Nosotros hemos denunciado -y a los diarios de sesiones me remito- el tráfico de personas, la actuación de las mafias al respecto y la tragedia de los muertos en las playas españolas durante mucho
tiempo. Pero esta circunstancia de la que estamos hablando, diga lo que diga el señor delegado, que tiene todo el derecho a decirlo, es excepcional, con unas condiciones que no son las comunes. No se puede decir, como he advertido antes que por
favor no se dijera, que hablar de residencia temporal por razones humanitarias, en aplicación de la parte superviviente del reglamento de la Ley de Extranjería, sea favorecer a las mafias, porque aquí no se dan las condiciones trágicas, horribles y
absolutamente condenables que existen cada día. Hay una situación especialmente llamativa que debiera de excitar, y lo siento, no a la caridad, desde mi punto de vista, sino a la compasión en el sentido que he intentado explicar antes de padecer
conjuntamente con otra persona esta tragedia, la aplicación de la residencia temporal. Nos ceñimos única y exclusivamente a esto. Ha actuado bien la Administración en el rescate, han actuado bien los ciudadanos particulares en el rescate, ha
actuado bien la alcaldesa de La Laguna, han actuado bien los médicos y los servicios sanitarios. No estamos de acuerdo en la no aplicación de este artículo, porque nos parece una aplicación no compasiva de la ley. La ley, señor delegado, se aplica
compasiva y no compasivamente, y esto diferencia a unos y a otros.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor Pedret, con toda sinceridad y con todo cariño, no con ánimo de polemizar, me parece bien que usted haya dicho que todo el mundo funciona bien
menos el Gobierno (sólo le ha faltado decir eso después de la descripción que ha hecho), pero no estaría de más que reconociese que dentro de los que han actuado bien también ha estado el Gobierno. Dicho eso, le diré en primer lugar que no existe
ningún artículo entero del reglamento que haya sido anulado por ninguna sentencia, que conviene que la repase. En segundo lugar, habla de que no aplicamos el artículo del reglamento de razones humanitarias. Las razones humanitarias, según el
artículo 31.4 de la Ley Orgánica,
son conductas tipificadas como delitos racistas o xenófobos. Lo ha leído usted. ¿Es eso a lo que se refiere este supuesto, señor Pedret? No. Las leyes no se aplican con compasión o sin compasión; se aplican con rigor, que es lo que hay
que hacer, y eso es lo que hacemos nosotros, lo que hacen los jueces y todas las personas que tienen responsabilidades de gestión y se dejan de otras cosas. Además, señor Pedret, esta no es la primera vez que se produce un drama de estos. En
Canarias, en diciembre de 2001, hubo una patera con 21 personas dos días a la deriva; en octubre de 2002, otra patera con 21 personas y cinco días a la deriva y a principios de este año desgraciadamente asistimos al naufragio de una patera en el
Estrecho en el que murieron muchas personas y otras no, y entonces su grupo no pidió nada. ¿Dónde estaban? (Rumores.) Sinceramente creo que es mucho más grave y mucho más importante lo que estamos hablando que esta cuestión. Me gustaría que no
mezclásemos ni diésemos unos mensajes equivocados con este tipo de situaciones porque bastante dramática y bastante desagradable es la desgracia de muchas personas que son explotadas por estas mafias como para intentar instrumentalizar esto de una
manera política.
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el segundo punto del orden del día.
(El señor Sanjuán de la Rocha pide la palabra.)
Sí, señor Sanjuán.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Creo que le había dicho a S.S. que había una pregunta en el orden del día, que es la pregunta número 9, que también hacía referencia a este tema. Me parece que sería mejor solventar la pregunta en este
momento y dejar este tema resuelto en su totalidad sin esperar al turno de preguntas.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo, señor Sanjuán.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR SANJUÁN DE LA ROCHA (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE LA CONCESIÓN DEL PERMISO DE RESIDENCIA Y DE TRABAJO CON CARÁCTER EXCEPCIONAL A LOS SEIS INMIGRANTES RESCATADOS DEL MAR EN EXTREMO ESTADO DE NECESIDAD POR UN PESQUERO DE
CANARIAS EL DÍA 19/02/2003. (Número de expediente 181/003346.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, puede formular la pregunta.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Señor delegado del Gobierno para la Extranjería, la pregunta que ha presentado este parlamentario en parte ya la ha respondido usted. Yo diría que tengo derecho, aun cuando sea una pregunta ex novo, a
remitirme a todo lo que he oído aquí hasta este momento.
Efectivamente, la pregunta está planteada desde la perspectiva de la excepcionalidad del supuesto. Yo lo considero absolutamente excepcional y no entiendo como usted, desde su perspectiva, no puede considerarlo tan absolutamente excepcional
que no tiene parangón con supuestos de dos días a la deriva, cinco días a la deriva, pateras con 21 personas. Sin duda ninguna son dramas humanos, pero no me querrá usted comparar el drama humano de personas durante dos días a la deriva en
situación de grave riesgo de naufragio con el de unas personas que están doce días a la deriva, desde el día 7 de febrero, que ven morir sucesivamente a doce de sus compañeros, viéndose obligados a tirarlos al mar. Creer que este es un supuesto de
los miles que existen es estar bastante fuera de la realidad, es sencillamente, a mi juicio, no entender las cosas ni los dramas humanos siquiera.
El tema se ha planteado desde la perspectiva de la compasión; no desde la caridad sino desde la aplicación no rigorista de las leyes. Usted quiere aplicar las leyes desde el rigor y, además, sus leyes. Cuando digo sus leyes, lo digo desde
su interpretación y desde la lectura de aquellos artículos que a usted le interesan. Cójase usted la Ley de Extranjería.
¿Por qué no mira usted el supuesto 59.1 de la Ley de Extranjería vigente, en el que se habla también de la excepcionalidad de
los dramas que permiten que se den permisos de residencia temporal y de trabajo? Ese supuesto es claramente aplicable a este caso, pero usted naturalmente hace una aplicación de rigor de la ley, una aplicación sin piedad. En estos momentos ustedes
me dan la sensación de que no sienten piedad por nada, de que no sienten los problemas; para ustedes todo son conflictos o víctimas colaterales. Naturalmente que son víctimas de las mafias, pero ustedes son fundamentalmente los que tienen que
luchar contra esas mafias. Yo les estoy exigiendo en esta pregunta que luchen contra las mafias, porque si ustedes expulsan, como quieren hacer, a estas personas, no encontraremos testigos después para que puedan testimoniar contra los patronos de
estas pateras que ustedes debieron de buscar por encima y por debajo de la tierra. Estos son más peligrosos que los terroristas, y a los terroristas los perseguimos hasta el infierno, decimos a veces. Pues a estos tienen ustedes que perseguirlos
hasta el infierno. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Me quiere decir qué medidas han tomado en relación con las autoridades marroquíes para investigar y averiguar quiénes eran o quiénes pudieran ser? ¿Me quieren ustedes decir si han hecho algunas gestiones
eficaces y efectivas con las autoridades marroquíes para que puedan entregar y juzgar a estas personas? ¿Me pueden decir, en el supuesto de que fueran entregadas y las conociéramos, cómo podríamos condenarlas si las mandamos nuevamente a sus países
de origen y las expulsamos de España? A eso no me puede usted contestar,
o por lo menos no ha formado parte de su respuesta. Usted ha pretendido ignorarlo, pero es así como se lucha contra las mafias. Se lucha contra las mafias guardando a unos testigos protegidos, que también la ley establece respecto de
aquellas personas que estén dispuestas a testimoniar contra los mafiosos que trafican con las personas. Ustedes podían ofrecer perfectamente también a estas personas ese trato de favor para que en su momento estuvieran a disposición de las
autoridades judiciales y pudieran testimoniar contra los mafiosos que los abandonaron en el mar y que han provocado la muerte de 12 personas.
El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, le ruego que concluya.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Estoy pidiendo que en vista de la excepcionalidad de la situación padecida por los seis inmigrantes rescatados del mar y salvados se proceda por ustedes, también en aplicación de la ley, a concederles el
permiso de trabajo y de residencia con carácter excepcional para que en su día puedan testimoniar contra los patrones de las pateras que los abandonaron.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor Sanjuán, yo procuro ser muy respetuoso con el orden del día; por eso no contesto preguntas cuando no me las han formulado y ahora que usted me
formula la suya le voy a contestar.
En primer lugar, se empeñen o no, circunstancia como ésta de que 21 personas estén cinco días a la deriva no es la primera vez que da. En el Estrecho, a principios de enero, hemos asistido a un drama porque desgraciadamente de 50 personas
se ahogaron 12 y el resto no, y ustedes no dijeron nada. No quiero ir por ese camino. Dice usted que son mis leyes. No. Las leyes son de todos y no hago mi interpretación. Si mi interpretación no le gusta a usted, recurra las decisiones que en
aplicación de esa ley yo hago y que los tribunales decidan si la interpretación que hace el Gobierno es correcta o no lo es. Esto es lo bueno que tiene un Estado de derecho, que tenemos los sistemas suficientemente estructurados y ordenados para
que, cuando no compartan algo desde el punto de vista de la aplicación de las normas acudan a otras instancias, y ya veremos quién tiene la razón.
Hace usted bien en no recurrir otra vez al artículo 31.4. Usted ha recurrido ahora al artículo 59, que yo he citado en mi exposición. Tengo aquí el informe sobre las declaraciones de estos señores y dice: Se ha ofertado la posibilidad por
parte de las autoridades policiales y judiciales de que se acogiesen al artículo 59 de la Ley orgánica 8/2000, y así disponer de la estancia y residencia en España, así como de permiso de trabajo y facilidades para su integración social, de acuerdo
con lo establecido en la presente ley. Ninguno de los citados quiso colaborar, con lo cual cómo voy a aplicarle la ley cuando se manifiesta expresamente que no se quiere colaborar en los requisitos que exige la ley para su aplicación, ¿con la
compasión o con el rigor? Hay que ser en esto un poco más serio, y se lo digo sinceramente. Estamos hablando de una situación muy delicada que desgraciadamente se produce muchos días en nuestras costas. Cada vez hay más mafias en el mundo que
están moviendo y poniendo a la gente en una situación de peligro como para tratar de instrumentalizarlo. Su pregunta es: ¿Por qué no les damos el permiso de trabajo y residencia con carácter excepcional para que en su día puedan testimoniar contra
los patrones de las pateras que los abandonaron porque entonces no van a poder declarar? Esto es la historia de todos los días.
Cuando estos señores vienen y se les detiene lo primero que se hace es ponerlos a disposición judicial. El juez les
toma declaración sobre toda la situación, como le acabo de leer, incluso sobre cuál es su procedencia, quién les ha traído, etcétera. Eso constituye prueba prejudicial y ya no es necesaria su presencia aquí. Con eso se instrumentan los
procedimientos y en el caso de que se les detenga se les puede condenar perfectamente. Eso es lo habitual en todos los procesos cuando detenemos a gente que llega en situación irregular. Por tanto, señoría, no deberíamos confundir las cosas.
Estamos de acuerdo en que se ha producido un drama, pero desgraciadamente se viven muchos dramas de estos y lo que nosotros queremos es que no se vivan dramas como estos.
Para ello es necesario dar un mensaje claro de que no se puede vulnerar la
normativa, de que no se pueden utilizar los canales ilegales, de que no se pueden seguir pagando estas mafias, de que no se puede poner en riesgo la vida de estas personas y hay que acabar con ellos. En lo que no acabemos con ellos,
desgraciadamente seguiremos asistiendo a este tipo de situaciones y con ellas afortunadamente no estamos de acuerdo, ninguno de los que estamos aquí. Contra eso es contra lo que hay que combatir. (El señor Sanjuán de la Rocha pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Sanjuán, ha tenido una intervención bastante extensa al formular la pregunta, con lo cual le voy a conceder solamente un minuto, dado que hay muchas otras preguntas en el orden del día. Por favor, le ruego que se
atenga al tiempo concedido.
El señor SANJUÁN DE LA ROCHA: Voy a intentar respetar el tiempo que me ha concedido, pero me tendría que acoger al tiempo que fija el reglamento.
Como sabe S.S. perfectamente el reglamento dice que se dispone de diez minutos para exponer
la pregunta -no creo que yo anteriormente los haya sobrepasado- y cinco minutos
para la réplica. En cualquier caso voy a ser muy breve, señor presidente.
¿Delante de quién firmaron esa declaración? ¿Quién les asesoró de lo que estaban haciendo? Yo tendría que hacer esta pregunta y usted también tendría que preguntárselo si de verdad queremos combatir las mafias. Es absolutamente
extraordinario que personas que han pasado por la situación que han pasado, que personas que han visto morir a otros, que ellos también han estado a punto de morir, ofreciéndoseles después la posibilidad de permanecer en España de manera legal, la
posibilidad de trabajar en España de manera legal, habiendo sido bien asesorados e informados, sin embargo digan que ellos no quieren declarar contra los posibles patronos de las pateras que los abandonaron. O cuando les tomaron declaración
desconocían lo que hacían y lo que decían, o es absolutamente inconcebible -y usted lo tiene que entender así-; o sencillamente no fueron informados en forma y en condiciones, que yo creo que en este caso y en otros muchos está ocurriendo.
Ese es todo el argumento que usted da para decir que como no quieren colaborar no se les puede aplicar el artículo. Si fuera así, bien, pero yo estoy convencido de que no es así. Ustedes dicen que instruyen procedimientos prejudiciales,
por consiguiente sin información suficiente, sin asesoramiento, sin intervención y que una vez instruido el procedimiento prejudicial proceden a la expulsión. Naturalmente cuando cogen, por casualidad, a alguien de estas mafias, ustedes entonces no
tienen quién declare en su contra y todos son absueltos.
Contra la tragedia estamos todos, pero desde luego contra estas tragedias su sentido compasivo está absolutamente ausente de la realidad del supuesto y de la generalidad en todos los casos.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Creo que el tema está suficientemente debatido, pero le voy a decir una cosa: me preocupa mucho la deriva de su intervención, porque, ¿delante de
quién se hacen estas declaraciones siempre y quién es el que autoriza el internamiento y la expulsión? El señor juez. (El señor Guerra Zunzunegui: Claro.) Si a usted le parece que eso no es suficientemente garantista en un Estado de derecho con
los procedimientos establecidos, denúncielo. Pero poner en cuestión que una declaración ante la autoridad judicial no tiene suficientes garantías en nuestro Estado de derecho, me parece muy grave. Se lo digo con todo corazón. Me parece una
barbaridad. A mí eso sí me preocupa. Nadie puede internar a nadie en un centro de internamiento si no es por la autorización judicial y no podemos expulsar, una vez que se ha producido la autorización judicial, si no es con el conocimiento del
juez. Cuando el señor juez autoriza un internamiento, previa toma de declaración y cuando ha autorizado la expulsión... (El señor Sanjuán de la Rocha: Eso si ha tomado declaración.
Él no ha tomado declaración.) Únicamente le pido que si usted
tiene constancia de eso, si no se han seguido las actuaciones y el juez no actúa en condiciones denúncielo. Estoy de acuerdo con usted, si eso no se produce y el juez no toma las garantías suficientes de cara a las declaraciones que se producen
ante él, denúncielo usted y si eso ha sido como usted dice yo estoy encantado de que se corrija. Pero para decir eso que es muy grave, por lo menos tenga usted la prueba encima de la mesa, porque está usted cuestionando la actuación de la autoridad
judicial, y sinceramente a mí eso me parece gravísimo. Que se ponga en cuestión simplemente por esto la actuación de la autoridad judicial en estos procedimientos, sinceramente no lo comparto.
- LOS CONVENIOS QUE EL GOBIERNO TIENE PREVISTO SUSCRIBIR CON GUINEA-BISSAU. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente 212/001473.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente comparecencia solicitada, la que figura en el orden del día con el número 2, para que el delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración informe acerca de los convenios que el Gobierno
tiene previsto firmar con Guinea-Bissau.
A efectos de cumplimentar la comparecencia solicitada, el delegado del Gobierno tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): En relación con las negociaciones llevadas a cabo con Guinea-Bissau, debo decir, primero, que los convenios ya están suscritos, probablemente la
petición de comparecencia es anterior.
Nosotros hemos suscrito estos convenios con Guinea-Bissau hace aproximadamente un mes y se enmarcan dentro del objetivo de la política general de inmigración, no solamente en el ámbito de la política nacional,
sino en el ámbito de la política europea a fin de vincular la cooperación con los países de procedencia. Para eso, tanto a nivel bilateral como a nivel multilateral la Unión Europea viene desarrollando conversaciones con países de los que se
producen flujos migratorios hacia el territorio de la Unión, en nuestro caso este ámbito de países subsaharianos, y hace unos meses iniciamos conversaciones con el Gobierno de Guinea-Bissau con la finalidad de articular este tipo de colaboración,
que ya tenemos con otros Estados.
El planteamiento que nosotros hacemos con carácter general es ofrecer una colaboración integral, de tal
manera que junto a las políticas de control de los flujos migratorios se incorporen políticas de cooperación al desarrollo. En ocasiones, como ha sido el caso de Guinea-Bissau, esto llega a formalizarse de una manera completa, y en otras
ocasiones los convenios no son tan ambiciosos. En este caso, estuvimos negociando desde finales del año pasado con las autoridades del Gobierno de Guinea-Bissau, ha habido reuniones, tanto allí como aquí de las delegaciones de los dos países, y
como consecuencia de esta colaboración alcanzamos dos acuerdos. Uno en materia de control de flujos migratorios, que parte de la base de la preocupación común de las partes para luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, de
ordenar todos los fenómenos de tráfico de personas entre los dos países y de facilitar la repatriación de los nacionales que entren o residan de manera ilegal en nuestro territorio. Además, dentro de este primer convenio se contiene todo lo
relativo a la acreditación de la identidad a través de la expedición de los documentos precisos para estas personas, a cómo se acredita la nacionalidad cuando no hay documentos, a cómo se determina la nacionalidad a través de entrevistas, etcétera,
para identificar a estas personas, a cómo se canalizan los procesos de repatriación, a dónde, cómo, con qué periodicidad y en qué circunstancias, a cómo se articula la colaboración del personal diplomático, y todo ello con las correspondientes
garantías personales y de protección de derechos humanos de las partes afectadas. Junto a eso y como otra parte del acuerdo de colaboración está el convenio de cooperacion, un convenio básico para el desarrollo de actividades concretas de
cooperación. Tiene unas áreas de interés prioritario que son fundamentalmente salud, saneamiento, educación, seguridad alimentaria, servicios sociales básicos, etcétera. En ese convenio también se establece cuáles son los medios de colaboración,
la ayuda humanitaria, la ayuda de emergencia, subvenciones, microcréditos, y se establecen también los medios a través de los cuales se materializan: becas, construcción de infraestructuras, colaboración en formación, etcétera. A partir de ahí,
hay una parte relativa a regular los aspectos operativos: personal, facilitación de espacios, organización de encuentros periódicos. Ambos convenios tienen un comité mixto de cooperación, que es el que se va a encargar del seguimiento. En este
momento los convenios están suscritos y pendientes del cumplimiento de una serie de formalidades para entrar en vigor, pero pese a esto están siendo aplicados ya entre los dos Estados.
El señor PRESIDENTE: La solicitud de comparecencia había sido formulada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, por consiguiente, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Gracias, señor delegado del Gobierno. En nombre de mi grupo parlamentario agradecemos su comparecencia y la información que nos ha dado a lo que era el contenido de nuestra petición, que como usted bien ha dicho
se refería a una previsión superada ya por la realidad de los hechos. Estos convenios se publicaron, si no recuerdo mal, en el BOE de 27 de marzo, y nuestra petición como usted ha señalado, era de fecha anterior.
De los dos convenios me referiré, sobre todo si me lo permite, al acuerdo de control de flujos migratorios. A este acuerdo no tenemos especial objeción formal que hacerle; nació para materializar principios adoptados por la Unión Europea
en la Cumbre Europea de Sevilla ante la necesidad de luchar contra la inmigración ilegal. Prima facie es un instrumento que nace con la voluntad de regular con eficacia los flujos migratorios; nada pues que objetar formalmente. Para mi grupo
parlamentario serán bien venidos todos los instrumentos que nos permitan luchar eficazmente contra las mafias, que son en realidad las que impulsan la inmigración irregular y se lucran de ella.
Aunque no tenemos objeción formal que hacer al acuerdo, respecto a su contenido material, nos gustaría trasladarle algunas reflexiones que con carácter general podrían circunscribirse a la necesidad de que la aplicación del contenido del
convenio, en especial la acreditación de la nacionalidad -eje vertebral del documento, como usted ha señalado- se realice con todas las medidas garantistas: escrupuloso rigor jurídico, absoluta transparencia y estricto respeto en materia de
derechos humanos; derechos humanos cuyo respeto y garantía recoge la letra del acuerdo.
Antes de comenzar el análisis, quiero decir que es pronto para cotejar la aplicación práctica de un acuerdo que tiene escasamente un mes. No voy a hacer,
pues, una crítica concreta en modo alguno, sino que me limitaré a hacer un breve análisis del contenido del documento y a trasladarle algunas reflexiones que nos suscita su lectura.
Consideramos, por ejemplo, que la salvaguarda y garantía de los derechos humanos que hay prevista en el preámbulo del convenio, da razón por tanto a la interpretación del articulado y más concretamente en el artículo 19, debe pasar -y así lo
deseamos desde mi grupo parlamentario, por el cumplimiento estricto y riguroso de todos los requisitos que se mencionan en este artículo, pero además y especialmente debe cumplirse que el Gobierno de Guinea-Bissau tenga información puntual sobre la
identidad de cada uno de los inmigrantes en situación irregular, y sobre todo oportunidad real de comprobarla.
Esta garantía de los derechos humanos debe pasar también, a nuestro juicio, por el riguroso convencimiento de que se repatría a un nacional de Guinea-Bissau. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque los supuestos de acreditación recogidos en el
artículo 5 podrían parecernos en una primera lectura amplios, algo laxos, y
podrían dar lugar a confusiones -ojalá no- que tengan como resultado la repatriación de personas no nacionales. Esta situación tiene una difícil -por no decir imposible- corrección posterior, ya que aunque formalmente se puede argumentar
que el propio acuerdo prevé en su artículo 11 la readmisión de personas que han sido repatriadas por haber sido erróneamente consideradas nacionales de Guinea-Bissau y resulttar luego que no lo son, la redacción de las condiciones concretas en que
esto puede producirse en la práctica (el apartado 2 del artículo 11 dice que solamente se puede articular dentro de los 14 días siguientes a la repatriación) estas condiciones concretas más allá del reconocimiento general de la rectificación, hace
que las posibilidades prácticas de que se produzca, a mi me parecen muy reducidas.
Por otra parte, como le decía -y esta sería una reflexión conexa con la anterior-, nos sorprende el valor probatorio que a efectos de acreditar la nacionalidad concede la Administración española a documentos tales como entre otros -y no voy
a citar todos- fotocopias y también documentos de identidad, sin especificar si valen los caducados o solamente los vigentes. Esta generosidad, y lo digo entre comillas, no se corresponde según nos dicen los abogados especializados en el tema con
el valor probatorio que esta misma Administración -la nuestra- da a estos mismos documentos a la hora de su consideración o apreciación para recuperar o adquirir la nacionalidad española en el caso de subsaharianos y ecuatoguineanos que ostentaron
la nacionalidad española antes de los procesos de descolonización, pero en fin, lo que se especifica en el artículo 5 son documentos, son pruebas documentadas. Mayor preocupación teórica -insisto en que es teórica, el documento no tiene vida
práctica para ser criticado- puede planteársenos ante el procedimiento previsto en el artículo 6, referido al procedimiento especial de identificación cuando no existen los documentos. Insisto en que, a nuestro juicio, este procedimiento, que es
una entrevista o una serie de ellas y no se nos escapa -al menos así lo hemos entendido- que es administrativo y no judicial, debe revestir el mayor rigor y la mayor transparencia.
Formularé al respecto una serie de consideraciones acerca de la
previsión del Gobierno sobre las siguientes cuestiones.
¿Piensan o está previsto solicitar siempre la presencia de miembros diplomáticos y/o consulares de Guinea-Bissau? El artículo 6 del acuerdo dice podrán, es decir se trata de una situación discrecional, pero si relacionamos esta previsión
con la del artículo 19, de garantías de los derechos humanos, quizás sería conveniente que en lugar del podrán se entendiera o interpretara como deberán. Le planteo esta cuestión, señor delegado, para ver si me la puede ilustrar.
¿Qué se entiende cuando se dice que la entrevista se podrá practicar en cualquier lugar? Dice que tendrá lugar en cualquier lugar que sea practicable. ¿Qué quiere decir? También le pregunto si está prevista la asistencia de letrado si se
solicita; ya digo que no me parece un procedimiento judicial, pregunto en caso de que se solicite; y si está prevista la asistencia de intérprete. Le pregunto también qué quiere decir que se confirme la nacionalidad de la persona. ¿Quién
confirma? ¿Lo tiene que hacer Guinea-Bissau? ¿Lo tiene que hacer España?
Estas son mis reflexiones y estas son mis preguntas rogándole me disculpe si le parecen excesivamente técnicas, puede atribuirlo a mi formación jurídica. Le agradezco de antemano cuanta información pueda facilitarme y si en este momento no
es posible estoy abierta a que me sea facilitada en cualquier otro momento. Reitero que en todo caso, tiempo habrá de analizar en nuevas comparecencias el comportamiento práctico de este acuerdo, que celebramos formalmente, cuando haya transcurrido
mayor tiempo desde su vigencia.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Gracias, señor delegado del Gobierno, y sea bienvenido otra vez a esta Comisión que parece que siempre es por la tarde y además larga, no sé si deberíamos hacer órdenes del día un poco más pequeños para poder
discutir en profundidad.
No voy a entrar en las garantías legales de los repatriados, supuestamente nacionales de Guinea-Bissau, porque la señora Pigem ya ha hecho al respecto una exposición brillante con la que mi grupo parlamentario está totalmente de acuerdo. Sí
voy a entrar en algo que usted ha dicho desde el primer momento sobre este punto y que hemos podido leer en el propio convenio: vincular la cooperación al desarrollo, por tanto con los países emisores de los inmigrantes, lo que en términos
coloquiales se llama codesarrollo. Me importa mucho ese tema, le importa mucho a mi grupo parlamentario, y como sabe el presidente de la Comisión porque ha presidido a su vez la Comisión de Cooperación, reiteradamente lo hemos venido planteando;
es decir, vincular los flujos migratorios con los países emisores de estos flujos a través de la cooperación al desarrollo.
Pues bien este convenio, aun cuando parte del articulado tiene que ver con codesarrollo no tiene nada que ver con
codesarrollo y voy a tratar de demostrarlo. No pensaba que saliera este tema pero tengo la comparecencia que hizo el secretario general de la Agencia de Cooperación el 1.º de abril de 2003 a instancias de mi grupo parlamentario. Dice al respecto:
no está tan claro, y desde luego no hay unanimidad en el Gobierno, el papel que puede realizar la cooperación al desarrollo con respecto a la inmigración. Hasta ahí las palabras del señor secretario general de la Agencia de Cooperación.
Sé que usted se sienta en el Consejo de Cooperación, y sé que el secretario de Estado en esa comparecencia del 1.º de abril, dijo que el secretario de Estado para la
Inmigración se sentaba se sentaba en el órgano colegiado de Cooperación.
Asimismo también nos notificó que además de sentarse usted en ese órgano de cooperación, el secretario de Estado de Cooperación Internacional se sienta en el Consejo
de la Inmigración y que por tanto los dos secretarios de Estado trabajan conjunta y coordinadamente en desarrollo.
Además de decir esto, afirmó que el Gobierno no tenía muy claro la vinculación entre la inmigración y el codesarrollo.
En cuanto a lo que nos ocupa, el convenio, no es verdad, señor delegado del Gobierno, que se especifique realmente una política de desarrollo con Guinea-Bissau; es más no se especifica en ninguno de los convenios que el Estado español ha
suscrito con los países emisores de flujos migratorios, y eso es un grave problema. Es un grave problema porque estaba contemplado en el Plan Greco y además fue un compromiso de este Gobierno.
Hay multitud de medidas en el Plan Greco en las que se
vincula a los países emisores de la inmigración con el desarrollo a través de los microcréditos de la formación de los inmigrantes de cara al retorno a sus propios países para crear riqueza, crear pequeña y mediana empresa y poder favorecer el
retorno de los inmigrantes de larga o mediana duración a sus países de origen. Aunque ustedes se sienten en los órganos colegiados de ambos ministerios parece que no tienen muy claro ese aspecto de la situación, pero todos los países europeos
receptores de inmigrantes trabajan en codesarrollo, y usted lo sabe. No es fácil, lo reconozco, no es nada fácil trabajar en codesarrollo, no hay fórmulas mágicas, de hecho no hay programas específicos dentro de los organismos internacionales de
cooperación al desarrollo que hayan dado unos resultados que podamos decir que son de gran éxito, pero es verdad que es un camino a abordar y un camino a explorar y España ni siquiera lo ha iniciado con países como Marruecos, con el que lo tenemos
más fácil.
Usted dice que el convenio contempla el codesarrollo. Pues bien, el PACI, que como usted sabe es el Plan Anual de Cooperación Internacional porque se sienta en ese Consejo y habrá oído hablar de él, del único que tenemos resultados es el
correspondiente al año 2001, según la Secretaría de Estado de Cooperación, bajó el presupuesto de cooperación al desarrollo un 15 por ciento con respecto al año 2000, es decir, no sólo no se están incrementando los presupuestos con aquellos países
emisores de inmigrantes sino que decrece ese presupuesto. Esto no es una política de codesarrollo, esto no es lo que contaba el Plan Greco, esto no es una fórmula para incentivar el retorno de inmigrantes de larga o mediana duración a sus países de
origen pudiendo crear riqueza en los países de origen, que al final de eso se trata. De eso trata también la parte de integración que a usted le incumbe.
En el continente de mayor emisión de inmigración, América Latina, las previsiones de codesarrollo pasan de 110 millones de euros en el año 2002 a 71 millones de euros en el año 2003, es decir, también decrece.
Microcréditos, decrece; pero
además ustedes confiaron en el retorno de la inmigración y resulta que el retorno desde España hacia sus países de origen es muy bajo, no llega al 1 por ciento de los inmigrantes de larga duración.
No quería hablar de este tema que a lo mejor no afecta demasiado a inmigración, pero usted lo ha sacado; usted me ha dado la posibilidad de hablar por fin en esta Comisión de algo fundamental para lo que significa una verdadera política
migratoria: unir codesarrollo, flujos migratorios, países emisores y países de destino. Pues bien, el Gobierno del Partido Popular no ha hecho absolutamente nada en este tema; nada. De las siete medidas del Plan Greco no se ha implementado
absolutamente ninguna. Es más, en los convenios que ustedes han firmado -ojalá puedan firmar más-, todo lo que significa cooperación al desarrollo es absolutamente papel mojado. Así que ya que usted lo ha sacado póngalo en marcha; si es que no se
sienta en el Consejo de Cooperación de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, síentese, porque así está contemplado en la Ley de Cooperación; si es que el Secretario de Estado de Cooperación no se sienta en el Consejo de la
Migración, que se siente, porque está contemplado en la Ley. Si ustedes se sientan a lo mejor comienzan a hablar y a lo mejor pueden empezar a implementar algunas de estas medidas.
El señor PRESIDENTE: En todo caso, aunque sea después de su intervención -no lo he dicho anteriormente-, procedo a enviarle un saludo especial y celebro que nos podamos encontrar los dos ahora en una Comisión diferente, aunque relacionada
por lo menos con estos temas.
En cuanto a la confección de los órdenes del día, señora Blanco, tengo que comentarle que eso tendría que decírselo no sólo a esta presidencia sino también a los portavoces, y singularmente al portavoz de su grupo, que tenía gran interés en
llenar no sólo esta Comisión sino también otras sesiones, como la que hemos celebrado esta mañana, de numerosos puntos.
Por eso es muy importante la colaboración de SS.SS. en la administración del tiempo. Los criterios que fija esta presidencia
son a veces un poco más generosos y otras veces un poquito más restrictivos de los que fija el Reglamento, pero en todo caso buscan el buen orden de las sesiones.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Señor Delegado del Gobierno, desde nuestro grupo parlamentario queremos felicitarle por la firma de este acuerdo. Oyendo a la portavoz del Partido Socialista, señora Blanco, cualquiera diría que no se ha firmado el
acuerdo, cualquiera diría que se está tratando todo lo contrario. Ante este
tono de agresividad, me sorprende que no vean nada positivo. Quiero decir además que cuando es tan obvio y tan evidente que lo que se intenta es la descalificación por la descalificación, realmente se está descalificando (estoy convencida
que no porque no lo sepa, sino porque quiere hacer una oposición política en un tema como éste) el que está haciendo este tipo de discurso. Señora Blanco, la oímos decir que no se ha hecho absolutamente nada, que una política de inmigración tiene
que ir unida a codesarrollo. Pues mire, eso es exactamente lo que ha hecho el Partido Popular y además firmar convenios de colaboración, cosa que no hizo el Partido Socialista. El único convenio de colaboración en temas de repatriación firmado por
el Gobierno socialista -y que no funcionaba- fue el convenio que se firmó con Marruecos. Así que no diga que este Gobierno no ha hecho nada. La intervención que ha tenido la portavoz de Convergència i Unió ha sido una intervención en la que se
pone de manifiesto que se quiere saber algo; se pide una comparecencia para decir qué hay en un convenio que se ha firmado y cuáles son los aspectos que se quieren conocer; pero cuando usted habla en términos agresivos, en unos términos además
totalmente fuera de contexto, a mi me sorprende que siendo usted una persona vinculada al ámbito de la inmigración, en vez de tener un discurso algo más positivo, vea solamente la parte negativa en una política que es compleja, complicada y en la
que creo que se están poniendo claramente las bases necesarias para hacer una auténtica política de inmigración; política que por otra parte es exactamente igual a la que están siguiendo el resto de países de la Unión Europea. No haga usted esos
discursos tan catastrofistas, porque siento decirle que así su discurso se cae por su propio peso.
Tengo que decirle al señor delegado del Gobierno que nos felicitamos porque se haya firmado este acuerdo, exactamente igual que porque se haya puesto en marcha la posibilidad de firmarlo con otros países del ámbito subsahariano. Se han
hecho y se han suscrito anteriormente con otros países de los que procedía una parte importante de la inmigración: Ecuador, República Dominicana, Polonia. Nos parece muy importante que podamos estar hablando ahora de un convenio con Ghana, con
Guinea Bissau, con Mali o con Mauritania. Se están poniendo las bases necesarias para hacer una auténtica política de inmigración, que comprende no solamente el control de flujos, sino también saber cuál es nuestra posibilidad de acogida y
establecer con esos países una doble vía, por un lado, un acuerdo de regularización de flujos y, por otro, ese acuerdo de readmisión. Por tanto, señor delegado del Gobierno, ese es el camino que hay que seguir y reciba felicitaciones desde nuestro
grupo.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Muñoz, particularmente por su brevedad.
Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Gracias, señora portavoz del Grupo Popular.
Señora Pigem, usted ha hecho un análisis exhaustivo del texto que hemos suscrito y me parece bien, porque indica además el interés del propio convenio, que yo creo que lo tiene. Aunque yo voy a tratar de responderle muy rápidamente a estas
cuestiones, porque, como usted dice, este es un convenio recién firmado que habrá que ver cómo se desarrolla en el tiempo, debo decirle que respecto a las repatriaciones este convenio es exactamente idéntico al que tenemos con muchos otros países y
que ya están en vigor, se están aplicando y funcionan de manera periódica y ordenada, con más o menos éxito en algunos países, pero no tiene ninguna connotación distinta del régimen general que tenemos suscrito con los demás. Como usted señala,
aquí hay una cláusula, que es igual en todos los convenios, de garantía y lógicamente de protección de los derechos de las personas que se ven afectadas por la aplicación del convenio, por tanto, eso se aplica en todo caso. La acreditación de la
identidad a la que usted se refiere yo creo que está perfectamente determinada aquí, pero un convenio de este tipo lógicamente no puede ser tan exhaustivo como usted ha dicho porque es un convenio marco, hay una comisión mixta y posteriormente se
pone en marcha el operativo de aplicación concreta ya con la colaboración de los responsables de los distintos servicios de inmigración tanto de España como de Guinea-Bissau, en este caso, y sobre todo a través de los contactos del grupo de
colaboración entre los representantes de las autoridades policiales de Guinea-Bissau con los responsables de la Comisaría general de extranjería y documentación de España, que además han venido participando en la elaboración de este convenio y,
posteriormente, en las condiciones de su desarrollo. Es ahí donde se concretan todas estas cuestiones. Como usted ha dicho, es evidente, y le aseguro que no es por nosotros, sino sobre todo por el Gobierno de Guinea-Bissau, que ningún país acepta
a otra persona que no tenga muy claro que sea un nacional de su país, porque además para proceder a la repatriación es preciso acreditarle documentalmente, darle un documento de viaje y un documento de identidad y eso sólo lo puede hacer la
autoridad nacional del país al que lógicamente se le va a repatriar. Por tanto, es la autoridad de Guinea-Bissau la que acreditará finalmente para que nosotros podamos hacer una repatriación de una persona y dotarla de la documentación
correspondiente. En cuanto a los elementos que hacen prueba a efecto de identificación, como es un convenio se pacta entre las partes y las partes deciden de mutuo acuerdo darle valor en razón de las circunstancias específicas de cómo se produce la
documentación fundamentalmente en el otro país. Lo que existe es un equilibrio, es una equivalencia. Si en razón de las características de este país ellos tienen que aceptar por razón de su propia configuración interna una fotocopia con
las garantías que nosotros hacemos, se la aceptamos a efectos de identificación, pero lógicamente eso no lo podemos hacer a efectos de aplicación de la normativa interna, como usted decía en los casos de acreditación de la nacionalidad española,
etcétera. En cuanto a la identificación, siempre la vamos a hacer con responsables de las embajadas, consulados o acreditados de estos países, que son lógicamente las personas que les identifican y, por supuesto, atendidos con intérpretes y con
todo tipo de garantías procesales. Cuando decimos en cualquier lugar, nos referimos a que depende de donde se produzca la llegada, por ejemplo, si hay personas que llegan en alguna embarcación, en alguna patera, a Canarias y estas personas están
retenidas, las autoridades consulares o las autoridades diplomáticas del país de procedencia se desplazan a este sitio y allí toman la declaración y hacen la correspondiente entrevista para identificar a estas personas.
Lógicamente, la
identificación siempre va a llevarse a cabo por los representantes diplomáticos del país de turno, en este caso de Guinea, puesto que además son ellos los que tienen que expedir esa documentación, ya que si no, por mucho que nosotros quisiéramos
hacer cualquier otro tipo de actuación, sería imposible. En todo caso, si tiene dudas al respecto, nosotros con mucho gusto se las aclararemos, pero ya le digo que este es un convenio que prácticamente está redactado en los mismos términos que el
resto de convenios de repatriación hechos con otros países.
En relación con la señora Blanco, quiero empezar felicitándola, ya que, para no tener el discurso preparado, lo tenía bien documentado. Ha traído la fotocopia del boletín que contiene el debate, cifras, etcétera, y yo ni vengo preparado ni
es mi responsabilidad. Si usted quiere hacer un debate sobre cómo funciona la cooperación, me parece bien que haga todos los que quiera con el secretario de Estado de Cooperación, que para eso está. Ahora bien, hay algo con lo que no puedo estar
de acuerdo con usted y no sé si es que no lo ha leído, no lo conoce o a lo mejor no lo ha interpretado bien. Existe un convenio básico de cooperación entre el Reino de España y la República de Guinea-Bissau que entre otras cosas dice que las
actividades de cooperación al desarrollo que se concreten en virtud de lo establecido en el presente convenio podrán integrarse en planes regionales de cooperación, en áreas de interés prioritario o en actuaciones a realizar. Si esto no es
cooperación, dígame usted lo que es, porque yo desde luego lo desconozco. En ese sentido, como usted ha dicho muy bien, es verdad que la cooperación es siempre difícil en relación con la inmigración, no solamente a nivel nacional, es decir, a nivel
bilateral de España, sino a nivel multilateral y, como usted sabe, no sólo es que nosotros lo estemos aplicando con muchos de los países, fundamentalmente con los hispanoamericanos, dicho sea de paso aquí, a los que usted se ha referido, sino que
además ésta es una iniciativa que nosotros hemos apoyado en el seno de la Unión Europea en muchas ocasiones. Lamentablemente, hemos apoyado cosas que no han sido apoyadas por otros países, pero nosotros tenemos claro que es bueno colaborar y
cooperar con los países de los que se producen los flujos migratorios, incluso hemos llegado a hacer propuestas en este sentido. Lamentablemente también, en el ámbito de la Unión Europea existen muchas dificultades para la propia Unión a la hora de
elaborar convenios de cooperación.
Desde hace dos años tiene varios mandatos, como usted sabe, y solamente hace unos meses por primera vez se ha concluido un acuerdo con Sri Lanka y otro con Macao. Desgraciadamente, no hemos podido cerrar ninguno
ni con China ni con Marruecos ni con Argelia ni con los países que nos interesan. Algún problema tendrá la cosa cuando nosotros por lo menos con esos países tenemos muchos acuerdos de colaboración, así como muchas partidas y muchos programas de
cooperación al desarrollo, como usted sabe. Por tanto, si usted no conoce este convenio, con mucho gusto yo se lo haré llegar. Asimismo, le ruego que no diga que no hacemos cooperación al desarrollo, puesto que hacemos un montón. E igualmente
reconocemos las dificultades porque, para que la inmigración y el desarrollo vayan unidos, también tiene que querer el país del que procede el flujo migratorio y, lamentablemente, no sólo en el caso de España, sino también, como digo, en el de la
Unión Europea existen muchas reticencias al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señora Pigem. Por favor, con brevedad.
La señora PIGEM PALMÉS: Únicamente quiero agradecer la respuesta del señor delegado y decirle que, tal y como él ha señalado, evidentemente, la estructura de este convenio es casi igual a la de otros suscritos por otros países. Ha sido
precisamente por esto, no porque este tuviera mucha vida, a la luz de las vicisitudes que han ido surgiendo en relación con la interpretación del contenido del articulado, similar al de otros convenios firmados con otros países, por lo que yo he
formulado una serie de cuestiones relativas a esta problemática. En todo caso, como digo, le agradezco sus explicaciones y, según lo que vaya sucediendo en la aplicación práctica, me permitiré volver a insistir concretamente en la interpretación
del contenido.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, también con la brevedad solicitada a los demás portavoces.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, no he hablado de cooperación al desarrollo, sino de codesarrollo, que es otra cosa. No he dicho que España no haga cooperación al desarrollo, sino que lo que no hace es codesarrollo, que
es precisamente lo que está contemplado en este convenio y en convenios similares. Claro que hacemos cooperación al desarrollo, yo no estaba hablando de eso. También he reconocido lo difícil que es crear los instrumentos para hacer codesarrollo y
lo que he criticado es que no se haya avanzado en esa dirección, a pesar de las dificultades. Comparto con usted que no es fácil sacarlo adelante, que no es fácil crear puentes de cooperación e instrumentos que faciliten, no el freno a la
inmigración, porque no es posible hacerlo con codesarrollo, sino el retorno y la creación de desarrollo en los países de origen de la inmigración; a eso me refería. Los convenios son un marco que hay que llenar de contenido y cuando la Secretaría
de Estado tiene que poner el dinero -sé que no es competencia suya, pero usted se sienta en ese Consejo de cooperación y puede opinar- lo que hace con determinados países con los que tenemos esos convenios es reducir el presupuesto en cooperación,
por lo que es muy difícil -créame- que podamos admitir que se está haciendo codesarrollo cuando la propia Secretaría de Estado reconoce que ha descendido el presupuesto, en concreto, con Guinea-Bissau, un 15 por ciento. Como acabamos de firmar el
convenio, ahora que lo tenemos, hagamos codesarrollo, sin embargo, se disminuye el presupuesto en cooperación. Éste es el problema. No le he dicho que sea fácil, sé que es un camino muy complicado y todos los países europeos tienen muchas
complicaciones al hacer codesarrollo, pero es verdad que se están intentando fórmulas; a eso me refería.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Voy a intervenir brevemente porque ya ha sido suficientemente debatido. No he hablado de codesarrollo, sino de cooperación al desarrollo, que es lo
que nosotros hemos suscrito.
Desconozco sus debates con el señor Cortés, que seguro que serán muy interesantes, pero le aseguro que los datos que tengo -y esto será otra polémica- en cuanto a los presupuestos del ECHO de este año para los programas
de microcréditos y colaboración con estos países no han bajado, sino que han subido o se han mantenido igual, dependiendo de las partidas. En todo caso, y con mucho gusto, lo podemos discutir en otra ocasión.
- EL TRASLADO DESDE PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA) HASTA ALGECIRAS (CÁDIZ), EL PASADO 1 DE MARZO, DE 97 INMIGRANTES SUBSAHARIANOS, DE LOS QUE 51 DE ELLOS FUERON ABANDONADOS 'A SU SUERTE', TODO ELLO SIN CONOCIMIENTO NI CONTACTO PREVIO CON EL
AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD NI CON LA JUNTA DE ANDALUCÍA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/001188.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día. En este caso, con el punto que figura con el número 3: Petición de comparecencia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, para explicar el traslado desde Palos de la Frontera
hasta Algeciras de una serie de inmigrantes subsaharianos.
Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, tiene la palabra.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Todas SS.SS. conocen que todos los años -más o menos desde principios de año y sobre todo por estas fechas- se viene produciendo el desarrollo de las
campañas agrícolas en varias zonas de España, especialmente en el sur y, concretamente en esta época, con motivo de la recogida de la fresa, en la zona de Huelva. Con motivo de estas campañas se producen habitualmente desplazamientos de personas
inmigrantes en situación legal o ilegal que tratan, por una parte, de obtener trabajo y, por otra parte, tratan de presionar, aprovechando esta situación, para obtener una regularización de su situación ilegal por vías distintas a los canales
legalmente establecidos. Con el fin de organizar cada vez mejor esta campaña, que este año va a mover a más de 60.000 trabajadores, se vienen manteniendo reuniones periódicas. Desde el primer momento -y sabiendo que esta es una operación compleja,
porque todos los años se ve envuelta en algún tipo de situación singular-, desde finales del año pasado y para ordenar todo este tipo de campañas establecimos contactos y reuniones con los responsables de la Junta de Andalucía, de las autoridades
locales afectadas, de las organizaciones que participan en este proceso, de los empresarios, de los sindicatos y, en definitiva, de todas las personas e instituciones que participan en todo este tipo de actuaciones. (El señor vicepresidente,
Souvirón García, ocupa la presidencia.) Yo personalmente, acompañado del delegado del Gobierno en Andalucía, mantuve una reunión a finales del año pasado con el señor consejero de Gobernación y su equipo, a partir de la cual organizamos las vías de
colaboración para todas las actuaciones que se producen en el entorno de la organización de las campañas agrícolas, fundamentalmente, primero la aceituna en Jaén y
luego, más concretamente, la fresa en Huelva, y a partir de ahí se establecieron los canales de colaboración y las reuniones periódicas con los responsables, tanto empresariales como sindicales como con las autoridades locales, para tratar
de evitar en lo posible cualquier tipo de incidente y organizar estas campañas de la mejor manera posible. Yo creo que los datos y los resultados que al día de la fecha tenemos, como ponen de manifiesto las declaraciones públicas que se han hecho
por parte de los distintos participantes, son de plena satisfacción de cómo estaba funcionando el proceso y con un menor número de incidentes que otros años. No obstante, pese a la buena marcha de la campaña, cuando se producen este tipo de
situaciones, hay un grupo de trabajadores inmigrantes, muchos en situación ilegal y algunos en situación legal, que se desplazan hacia estas zonas con el objetivo o bien de encontrar trabajo o bien, por la vía de la concentración y de la presión, de
tratar de generar una situación conflictiva de la que puedan obtener la posibilidad de algún tipo de permiso de trabajo. Afortunadamente este año en menor medida, pero en alguna ocasión se ha producido este tipo de concentraciones. En concreto, en
el ámbito de la fresa, las tuvimos en el entorno del Ayuntamiento de Moguer, donde se vinieron produciendo pequeñas concentraciones de este tipo de personas que provocaron la intervención de las autoridades locales, policiales, representantes de la
junta, etcétera. Con motivo de este tipo de intervenciones se produjo un desplazamiento de esta población hacia el Ayuntamiento de Palos, donde se efectuó una concentración de personas inmigrantes, en este caso en situación irregular en una amplia
mayoría, en la plaza del ayuntamiento.
Tras distintas actuaciones por parte de las autoridades locales con el objetivo de atender esta situación y tratar de ordenarla, que no dieron ningún resultado, por parte de las autoridades locales se solicitó
la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con el fin de proceder al desalojo de las personas que allí se habían concentrado.
Esta petición fue hecha el día 27 y en la mañana del día 28 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, atendiendo a dicha petición, procedieron al desalojo de las personas que se habían concentrado allí solicitando de las autoridades locales y de los representantes de la Junta de Andalucía en la zona la colaboración para disponer de espacios
donde poder retener a estas personas y trasladarlas, con el fin de proceder a realizar los trámites necesarios de identificación y demás. Estas actuaciones tampoco dieron ningún fruto y hubo que desplazarlos a los únicos espacios disponibles por
parte del Estado en aquel momento, como era la Comisaría de Policía de Huelva y las dependencias policiales de Heras de las Torres, en Algeciras, para su identificación e iniciación de los trámites que procedieran. Dichos traslados, como es lógico,
se produjeron con autorización del juez de Moguer en este caso, puesto que había abiertas diligencias con motivo de la resistencia que opusieron los inmigrantes al desalojo por parte de la autoridad.
Por lo tanto, esta actuación se produjo a requerimiento de las autoridades locales, una vez que con el diálogo con las personas que allí se concentraban no se pudo llegar a ninguna solución. Ante la falta de espacios en la zona y la
imposibilidad de obtenerlos por parte de los responsables locales, con conocimiento de la autoridad judicial, se procedió a ese traslado. En concreto, se efectuó la detención de 113 personas. Una parte de ellas fue desplazada a la comisaría de
Huelva y la mayor parte a las dependencias policiales de Heras de las Torres, en Algeciras, donde tras proceder a la identificación de cada uno de ellos fueron puestos en libertad aquellos que estando en situación irregular habían agotado los plazos
de internamiento. A los demás se les incoaron los expedientes de expulsión correspondientes y fueron trasladados a centros de internamiento de la Península donde disponíamos de plazas para internarlos en aquel momento. A estas razones y a estas
circunstancias responde la actuación que se produjo en aquellos días en el Ayuntamiento de Palos y los desplazamientos de estas personas a las dependencias que he indicado.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): En nombre del grupo proponente, el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor De la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor secretario de Estado, ha hecho usted una descripción formal, pero no ha entrado en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es cómo se realizan esos traslados, en qué condiciones -que ahora le
diré- y, fundamentalmente, por qué no se coordinan esos traslados con las administraciones que van a ser receptoras de esos inmigrantes, en este caso concreto el municipio de Algeciras y, por ende -al encontrarse este municipio en la Comunidad
Autónoma de Andalucía- la Junta de Andalucía.
En primer lugar, le quiero decir de manera muy categórica -y quiero que tome nota- que no debe usted involucrar a la Consejería de Gobernación en este asunto, porque ni ha tenido conocimiento previo del mismo, ni lo ha tenido posteriormente.
Por tanto, no deje usted caer ni por asomo -como hacía el ministro del Interior en la carta de contestación al escrito que le remite el presidente Chaves pocos días después de ese traslado- la sensación de que esto era conocido por parte de la Junta
de Andalucía, porque no sólo no lo conocía, sino que rechaza categóricamente la forma en la que ustedes trasladaron a estos 97 inmigrantes desde Palos de la Frontera hasta Algeciras.
Usted tiene que saber -aunque no lo ha mencionado aquí, me gustaría que contestara, porque es una pregunta- que esos inmigrantes fueron abandonados a su suerte, fueron -si me permite la expresión más vulgar-
soltados por la Policía Nacional. No llegaron en un autobús urbano, sino que fueron conducidos, como usted bien ha dicho, con una autorización judicial durante 300 kilómetros de recorrido, quiero que me confirme si esposados -y si es así,
le pregunto por qué-, sin poder hacer sus necesidades y, por tanto, de una manera inhumana. Ésas son palabras de los propios inmigrantes que recogen en todos los medios de comunicación.
Me gustaría que usted lo desmintiera -si es incierto- o lo
confirmara, y si lo confirma, me gustaría que nos dijera qué motivos existían para que fueran en estas condiciones. Llegaron a las once de la noche de la forma que acabo de relatar, si es que es cierta, y tras ser identificados en Torres de las
Heras, el acuartelamiento de la Policía Nacional en Algeciras, fueron soltados un sábado a las once de la noche con hambre -relatado textualmente por muchos de los inmigrantes- y tuvieron que ser internados y atendidos por los servicios médicos,
porque muchos de ellos tenían fiebre. Todo ello fue posible gracias a que el Ayuntamiento de Algeciras -que tuvo conocimiento indirecto de la situación- y la Junta de Andalucía pudieron buscar albergues -unos de caridad, de hermanos que atienden a
transeúntes, y otros de la propia Junta de Andalucía- después de haberles llegado oficiosamente la noticia. Me gustaría que usted me contestará por qué cuando se produce este traslado a instancias del Gobierno central no se comunica de manera
formal a la Junta de Andalucía que se va a proceder a realizarlo. ¿Por qué el Gobierno central no se lo comunica al Ayuntamiento de Algeciras, que es donde se deposita -en el buen sentido de la palabra- a estas personas y se deja libres, después
del oportuno trámite policial, a 51 de ellos, porque como son de países subsaharianos no hay posibilidad de repatriarlos y por tanto tienen que ser puestos en libertad? Les recuerdo que 49 de ellos fueron trasladados a centros de internamiento de
la Península, pero 51 de ellos quedaron a las once de la noche de un sábado vagando por la calle. Le recuerdo que aquí hay un problema de fondo que usted conoce mejor que yo, y es que estas personas -como muy bien describía un articulista
especialista en el tema en El País-, al no tener posibilidad de regularización, deambulan sin probabilidad de encontrar trabajo, sin recursos y sin medios y, por tanto, con un potencial peligro, en el mal sentido de la palabra.
Concretamente fíjese
en la historia de este senegalés que relataba en un medio de comunicación. Es muy gráfica de esta situación, no ya del traslado de los subsaharianos desde Palos de la Frontera a Algeciras sino de los traslados -que le recuerdo que han sido varios
miles que luego concretaré- que ha habido en el año 2002 desde distintos puntos de la Península de un lugar a otro. Este senegalés que fue trasladado a Algeciras decía que el Gobierno le trasladó a la Península, le dejó en libertad con el anuncio
de expulsión porque no hay convenio con su país, Senegal, hacía meses. Desde entonces vaga en busca de un trabajo que no obtiene, precisamente porque no tiene papeles. Sobreviven sin comida (no va a haber concentración, no va a haber
movilización), sobreviven sin documentación y como si no existieran, en el caso concreto que usted ha relatado, en Los Pinares de Palos de la Frontera, en Huelva. Esta realidad que describe este senegalés es la de muchos miles de ellos. Le hago
esta reflexión al hilo de la Ley de extranjería y la solución que está dando a los problemas de fondo de la inmigración.
Señor secretario de Estado, quiero que estos datos que yo le he dado y que aparecen reflejados en todos los medios de comunicación, que han sido trasladados al ministro del Interior por carta por el presidente de la Junta de Andalucía, por
el propio Defensor del Pueblo andaluz, por el alcalde de Algeciras, es decir, desde distintas instancias institucionales, me los aclarara. Gracias, y tengo que decirlo aquí en sede parlamentaria, al Ayuntamiento de Algeciras y a la Subdelegación
del Gobierno de la Junta de Andalucía se les pudo encontrar cobijo en un albergue y esa hambre física que llevaban se les alivió al menos durante esos días. Tiene usted que saber -y no lo ha dicho aquí- que de esos 97 inmigrantes, a los pocos días
47 regresaron de nuevo de donde habían sido trasladado a Palos de la Frontera, por cierto, con el pago del autobús por parte del Ayuntamiento de Algeciras que se encontraba indignado por la situación que ustedes le habían planteado. Podía estar
aquí planteándoles mucha más filosofía sobre el tema pero quiero escucharle determinadas respuestas que no tenemos y usted en su descripción, con la que no estoy en desacuerdo, no aclara. Usted comparece hoy aquí para aclarar estas cuestiones.
¿Cuáles son las razones por las que ustedes trasladan de esta manera a estos inmigrantes desde Palos de la Frontera a Algeciras? ¿Fue una acción disuasoria por la concentración que se había producido y que usted ha relatado? No lo sé. ¿Fue una
actuación intimidatoria y de acercamiento un poco más a África, dado que Algeciras está enfrente para ver si de paso cruzaban el continente y se iban, ya que no lo pueden expulsar porque no hay convenio de repatriación? ¿Fue resolutoria? Desde
luego que no lo fue porque la mitad de ellos a los tres días estaban en el mismo lugar de donde ustedes, de esta forma, les habían trasladado. ¿Fueron esposados durante los 300 kilométros? ¿No se les permitió hacer sus necesidades? ¿Por qué?
¿Por qué no les atendieron médicamente, ya que muchos de ellos llegaban con fiebre? Me pregunto, ¿querían ustedes trasladar a la opinión pública española y andaluza la inquietud que hay detrás del fenómeno, que ustedes han convertido en problema,
de la inmigración? ¿Por qué no la tratan ustedes en el sentido positivo? Desde luego, las últimas actuaciones que se están produciendo las están enfocando sólo y exclusivamente ante los ciudadanos españoles en negativo.
Quiero introducir aquí brevemente un paréntesis. Se ha producido el apaleamiento de un inmigrante hace
tan sólo unos días en Huelva con resultado de muerte. Un ser humano ha muerto en pleno siglo XXI, en esta España nuestra de 2003, a manos de seis desalmados que con bates y cabeza tapada a golpes le han matado, a otro le han dejado
gravemente herido y a otro se le ha podido dar de alta a los pocos días. Exclusivamente he oído decir a responsables del Gobierno, en este caso al subdelegado, y también, por qué no -y lo he oído personalmente porque no me lo ha contado nadie-, al
propio alcalde de Huelva, en primer lugar, que puede que sea un ajuste de cuentas. ¿No se dan cuenta que están trasladando, sin una investigación policial que certifique absolutamente nada, un mensaje extraño y rechazable a la sociedad española?
Porque parece que todo indica que lo que hay es un acto claro de racismo y están convirtiendo ustedes a estas víctimas -que son víctimas- en delincuentes ante los ojos de la sociedad y están causando un rechazo de los ciudadanos y una complacencia
por ese acto intimidatorio. Al hilo de mi intervención quiero hacer un paréntesis y preguntarle: ¿Qué está pasando en Huelva? ¿No tendrá algo que ver el subdelegado del Gobierno que ustedes tienen allí? Es una reflexión que yo le hago.
Continúo. ¿Por qué -es lo más importante y quiero que me conteste- no introduce usted, que ha llegado recientemente -aunque ya lleva cerca de un año-, en línea distinta a la de su antecesor, un mayor espíritu -pero de verdad, no de palabra, ni de
cartas, como traslada el ministro- de colaboración entre administraciones? Porque es muy fácil hablar -como usted ha hablado aquí- de encuentros con el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía para coordinar, pero mayor descoordinación y
descontrol del que hubo en esta operación de traslado, difícilmente se podrá encontrar. Porque ni la Junta de Andalucía lo conocía, ni el ayuntamiento lo conocía, ni las ONG, que deberían haber atendido a estos inmigrantes dadas las condiciones en
que llegaron, lo conocían. Por tanto, ustedes simplemente se limitaron a trasladar un problema que había en Palos de la Frontera a otro lugar para que tuviera ese mismo problema, en este caso Algeciras. Lo que ocurrió es que el movimiento de
rechazo que se produjo por la forma, etcétera, no dio resultado. Pero, ¿qué solución aportó el Gobierno -en este caso usted como responsable en materia inmigratoria- trasladando a esos inmigrantes de un punto a otro?
Señor delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, no se trata, en definitiva, de resolver un problema por el simple procedimiento del cambio de ubicación de los inmigrantes, porque generan en la localidad receptora los mismos
problemas que se estaban planteando en la localidad de partida, que es lo que ocurrió en el caso que nos ocupa.
Quiero recordarle que este no es un hecho puntual, se ha repetido en numerosas ocasiones. Le voy a dar unos datos, ya que usted no ha
dado datos sobre el particular. Durante el año 2002 el Ministerio del Interior trasladó a 2.987 inmigrantes indocumentados desde las islas Canarias hasta la Península; 1.427 fueron enviados a Málaga y 1.370 a Madrid. En el caso concreto de los
enviados a Málaga se dio la misma circunstancia de traslado a Algeciras, de nuevo Algeciras. Me pregunto, ¿por qué ese lugar, Algeciras? Hasta ahora ustedes no han dado una contestación. Si la dan y la dan correctamente, podremos acordar que
efectivamente es necesario, pero mientras ustedes no contesten a preguntas concretas como la que se está planteando aquí, a la que no dan respuesta ni siquiera por escrito, difícilmente entenderemos la postura, salvo que se quiera instrumentalizar
lo que está ocurriendo en torno a la inmigración.
Señor delegado del Gobierno para la Inmigración, independientemente de lo que me conteste, le rogaría que vaya tomando nota, porque ya nuestra secretaría general de política inmigratoria, Consuelo Rumí, hace meses se dirigió en una amplia
carta al ministro del Interior, solicitándole un acuerdo sobre este problema, y otros, al igual que también se lo ha pedido ya el presidente de la Junta de Andalucía respecto a los traslados de inmigrantes a Andalucía. A continuación le voy a leer
unas frases que son muy descriptivas. En diversas ocasiones desde la Junta de Andalucía hemos trasladado al Gobierno central la necesidad de una eficaz coordinación de todas las administraciones para afrontar de una manera razonable el fenómeno de
la inmigración, coordinando; coordinación que debe comenzar por la información necesaria, lo que en estos casos no se ha efectuado. Por tanto, no hable usted de la Junta de Andalucía en este caso ni en otros, porque no ha ocurrido. Acabo de
hablar con el consejero de Gobernación de la Junta de Andalucía y me ha dicho que le diga que no le utilice usted aquí. No se lo vamos a permitir, estaría usted mintiendo a esta Cámara.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Nuestro grupo parlamentario entiende que el desalojo de la plaza de Palos de la Frontera se hizo a instancias del propio ayuntamiento a la Subdelegación del Gobierno en Huelva. Entendemos también que el traslado que
se hizo desde el cuartel de Palos de la Frontera a Huelva y Algeciras, fue para la identificación, comprobación de su situación en España y para la tramitación, en caso de que correspondiera, de los expedientes conforme a la normativa vigente de
extranjería. Eso dentro de la competencia del Cuerpo Nacional de Policía.
Entendemos también que ese traslado a Algeciras se hizo basándose en la experiencia que se tiene en ese lugar en situaciones como la planteada.
Todos estos traslados se
hicieron, como ha dicho el propio delegado del Gobierno, con conocimiento del juzgado de instrucción. Por tanto, es importante, independientemente de lo que ahora
conteste el delegado del Gobierno, hablar de la situación que se está produciendo en Huelva, dado que, además, el portavoz del Grupo Socialista ha hecho una mención a la situación de Huelva en torno a la inmigración con respecto al propio
subdelegado del Gobierno que existe en esa ciudad.
Miren ustedes, yo llevo mucho tiempo viendo cómo se desarrollan las campañas agrícolas, llevo muchos años viendo cuáles son las denuncias que se han hecho en los medios de comunicación, llevo muchos años viendo que, año tras año, la mala
planificación que existía se está corrigiendo, tomando como base las actuaciones que se han hecho a partir de ese convenio de colaboración, que se suscribe por primera vez en el año 1997 para dar salida y una cooperación adecuada en el ámbito de las
políticas migratorias y de la política de migración interior. Gracias a ese convenio suscrito en el año 1997 -no antes, en el año 1997- a instancia del propio Ministerio de Trabajo con la FEMP -la Federación Española de Municipios y Provincias-,
los sindicatos mayoritarios, Comisiones y UGT del Campo, con ASAJA y con COAG, hay que reconocer aquí -sobre todo por la referencia que ha hecho el portavoz socialista, que me parece totalmente injusta- que la campaña que se ha desarrollado en
Huelva ha sido radicalmente distinta a la de años anteriores, y yo solamente me remito a una frase que salía hace pocas semanas en un medio de comunicación dicha por el secretario de COAG, que no es ningún miembro del Gobierno ni ningún delegado
político. El secretario general de COAG afirmaba taxativamente que este año la campaña de recogida en Huelva había sido una de las mejores campañas porque se estaba haciendo una planificación adecuada. La gente que llegaba, los empresarios, tenían
posibilidad de contratar a muchas de las personas que estaban allí, a muchos inmigrantes que tenían una situación de regularidad en su expediente, en su permiso de trabajo y, además, sobre la base de esos convenios que se habían suscrito por el
ministerio, por la delegación del Gobierno, se posibilitaba que muchos inmigrantes, estando aún en sus países de origen, vinieran sabiendo qué cobraban, en qué iban a trabajar y dónde se iban a alojar, evitando las situaciones que se han dado en
Palos de la Frontera. Es importante reconocer las cosas en las que se está avanzando y, cuando se habla de la campaña de la fresa en Huelva, es importante reconocer lo que se ha ido haciendo, independientemente de los hechos concretos, de los que
ahora hablará el señor delegado del Gobierno. Como digo, es importante recordar la labor que se ha hecho por parte de todas las administraciones, pero respecto a esa labor de coordinación tengo que decir al portavoz del Grupo Socialista que este
Gobierno hizo un esfuerzo para poner de acuerdo a todas las administraciones y a todos los sectores implicados, que dio lugar a ese acuerdo que se firmó en el año 1997.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor De la Encina, como he dicho antes, no se pueden sembrar dudas sobre el comportamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Eso hay
que hacerlo con datos concretos y a mí no sólo no me consta, sino que no es verdad que estas personas hayan sido trasladadas de manera inhumana, esposados, sin aseos, etcétera, y si usted tiene pruebas de que ha sido así, por favor, dígamelo y
actuaré, le aseguro que actuaré. Soy el primer interesado en conocer esas actuaciones si se han producido de manera irregular, pero, si no es así, no deje caer aquí la sospecha porque da la sensación de que la actuación las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado es de permanente vulneración de todos los derechos fundamentales de estas personas.
En segundo lugar, ya le he explicado por qué se trasladan, y se lo voy a volver a explicar. Lo que ocurre es que a usted no le gustará la respuesta, porque no es la que quiere oír. Tengo la sensación de que a usted le gustaría que le
dijera lo que usted ha insinuado: que vamos a ver si se lo colocamos al alcalde de Algeciras -que es de otro partido- y a la Junta de Andalucía, para fastidiarles. Pues, mire usted, no; no es esa nuestra intención ni nuestro deseo, y no lo
hacemos así: somos mucho más serios que todo eso; no sabemos si alguien, en alguna otra ocasión, habrá actuado con ese parámetro, pero nosotros no lo hacemos.
En tercer lugar, soy lo suficientemente serio como para no utilizar a nadie, y menos al señor Perales, con el que tengo excelentes relaciones.
El señor Perales sabe de todas las veces que hemos conversado sobre estos y muchos otros temas.
Por discreción, no voy a hacer uso de las cartas que nos hemos cruzados; si usted lo hace, no haga sólo uso de las que le interesen, sino de todas: de las que escriben ellos y de las que escribimos nosotros; siempre es bueno hacerlo así, para
mantener el equilibrio.
Yo no he dicho que el señor Perales conozca el dato concreto, en este caso; he dicho que empezamos a armar la planificación y la actuación inicial de colaboración en una reunión que tuvimos con el señor Perales, el señor delegado del
Gobierno y el señor director general de Inmigración de la Junta de Andalucía, en la sede de la Consejería de Gobernación, en Sevilla. A partir de ahí, hemos ido canalizando todas esas reuniones.
Debo decirle, además, que en todas las actuaciones
que hemos realizado con motivo de la concentración del Ayuntamiento de Palos ha estado presente el señor delegado -o subdelegado- de la Junta de Andalucía en la zona, quien por cierto, no nos quiso facilitar para hacer el internamiento en la zona el
campamento juvenil de la Junta de Andalucía en Moguer,
que estaba vacío. Lo lamento muchísimo, porque nos hubiera venido francamente bien. Nadie nos ha querido facilitar nada. Por nuestra parte, y en aplicación de las determinaciones de la ley, tenemos que proceder a la retención de estas
personas y a su identificación. El único sitio que tenemos disponible en toda la zona -como usted sabe bien, porque ya lo hemos hablado aquí muchas veces- es una antigua dependencia policial de Eras de las Torres, cuya utilización nos critica
siempre el señor alcalde de Algeciras porque la quiere para hacer una operación urbanística legítima. Sin embargo, ha tenido paralizado durante muchos meses el arreglo de la cárcel -del Estado, por cierto- para adaptarla para un centro de
internamiento; nos lo ha retrasado durante seis meses. Ahora, después de muchas negociaciones, espero que podamos tener el nuevo centro de internamiento dentro de pocos días. A partir de ahí, podremos internar a la gente en condiciones. Sin la
colaboración de las autoridades locales -lo he dicho muchas veces- es muy difícil disponer de centros en todos los sitios para atender a estas situaciones. Llevamos mucho tiempo diciendo esto a las autoridades de la Junta de Andalucía y a las
autoridades locales de los sitios a los que se producen las llegadas, y no me parece razonable que no encontremos ninguna solución y que la consecuencia sea: me los echan encima para instrumentalizarlo políticamente. No es así; como usted sabe, a
todas las personas que llegan de manera irregular en embarcaciones a los alrededores de Algeciras -y no sólo a las que se han concentrado- las trasladamos a Algeciras; a todas, como usted sabe. Es el único sitio que tenemos disponible: tenemos
una brigada con recursos suficientes para proceder a la tramitación de expedientes. No los tenemos en otros sitios porque no hemos podido habilitarlos; no hemos tenido colaboración en ningún momento; por eso van a Eras de las Torres: es el único
sitio que tenemos disponible. Desgraciadamente, la misma preocupación que tenemos nosotros la tienen también otras instituciones de la Junta de Andalucía, que tienen dificultades para obtener colaboración de las autoridades locales en cuanto a
espacios para desarrollar sus políticas. Eso es así; lo sabe usted y lo sabe el señor Perales, pregúnteselo; si quiere, se lo mando yo por escrito, para que lo vea. Dicho eso el traslado se debe exclusivamente a la aplicación de la Ley de
extranjería porque no tenemos otro sitio donde llevarlos y aplicamos la Ley de extranjería, procedemos a su documentación y tenemos que poner en libertad ¡claro que sí! a las personas que han agotado el plazo de internamiento. No obstante, esas
personas tienen libertad de circulación aunque estén en situación ilegal porque tienen los mismos derechos a la libertad de circulación que usted y yo y por tanto van donde consideran oportuno, sea Algeciras, Huelva, Almería o donde les parezca
conveniente.
El otro problema es el viejo problema que usted como todos en esta Cámara conocemos, el relativo a la problemática que plantean aquellos inmigrantes en situación irregular procedentes de terceros países con los que no tenemos colaboración a
efectos de repatriación. Lo que a mí me gustaría, y lo he dicho aquí muchas veces, es conocer su propuesta. ¿Cuál es, papeles? ¿Es eso lo que ustedes proponen? Díganlo: a todo aquel que diga que es de un país que no tiene convenio de
repatriación y que no le acredite, que se le den papeles. Dígalo, haga usted esa propuesta si es la que está haciendo, por lo menos es la que a mí me ha sonado. Si no diga cuál es su solución porque la nuestra, mientras tanto, es elaborar acuerdos
de colaboración como los que suscribimos con organizaciones no gubernamentales, cofinanciar con las comunidades autónomas programas de inserción y de atención en centros de migraciones, crear plazas de acogida y darles la ayuda humanitaria necesaria
mientras permanecen en esa situación. Sin embargo, no nos podemos equivocar, no podemos volver a mandar el mensaje de que aquellas personas que llegan en una situación irregular, que se deshacen de su documentación, que la ocultan y además que
abusan de esa situación de indocumentados por sus países van a tener una mejor condición y un tratamiento mejor que aquellas otras que vienen por los canales legales. Ése es un mensaje letal para las mafias, para la explotación y para que a partir
de ahí empiecen a utilizar esa vía para venir. Nosotros eso, sinceramente, no lo compartimos. Lo hemos dicho muchas veces y lo volvemos a decir: no queremos facilitar la llegada ilegal ni tratar igual a los ilegales que a los legales, creemos que
esa es una mala vía e impide la lucha contra la inmigración ilegal, impide la ordenación correcta de los flujos migratorios y por tanto nosotros no lo vamos a apoyar. Si ustedes lo apoyan díganlo y así sabremos muy bien cuál es la alternativa que
plantean a esa situación, una situación compleja y difícil, claro que sí, pero digan ustedes cuál es su alternativa. Yo estaría encantado de oír una alternativa y estudiarla pero lo único que oigo es simplemente la crítica ante una situación que no
puede tener otro tratamiento que el que nosotros le estamos dando, salvo que usted me descubra otro que yo no conozco y en los 10 meses que llevo aquí no he oído nada. En cuanto a las propuestas de colaboración le digo lo mismo, y sobre cuál es el
estado de nuestras conversaciones y las colaboraciones posibles, pregunte a la Secretaría General del Partido Socialista cuál es el estado y a partir de ahí podremos discutir lo que usted quiera.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor de la Encina.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor delegado, ya que se ha dedicado más a referirse a mí que a plantear la cuestión a la portavoz del Grupo Popular, me va a permitir que le conteste mínimamente por cuanto ha hecho una pregunta que yo
entiendo de
carácter inoportuno puesto que no se trata de la campaña de Huelva. Nadie ha discutido que obviamente ha mejorado ya que fue un desastre los años anteriores y no podía continuar de esa forma. Entre todos hemos puesto un grano de arena para
que se mejore y no viene a cuento que diga aquí que no hablamos bien de la mejora que se ha notado en torno a la campaña de Huelva, porque no se trata de la campaña de Huelva ni de la recogida de la fresa ni de otros aspectos, se trata de unos
traslados de inmigrantes en unas condiciones.
Señor delegado del Gobierno, entrando en sus planteamientos, no se trata de sembrar dudas sobre el comportamiento de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Sé que usted tiene mucha habilidad para desviar los problemas como ha hecho aquí, pero
no se trata de sembrar dudas, señoría; no se trata de que si yo tengo pruebas que me vaya... Me hubiera ido ya a denunciarles si llego a tener pruebas. Se trata de que en medios nacionales con mucho contenido han salido afirmaciones que yo tengo
la obligación de contrastar y de preguntarle por ellas. Además lo he hablado con los que lo han manifestado, concretamente y sin ir más lejos esta misma mañana se lo he dicho al alcalde de Algeciras: le voy a plantear que aparecen afirmaciones
-del alcalde de Algeciras, no mías- en medios de comunicación que no se han desmentido y que dicen textualmente lo siguiente: Los inmigrantes me han dicho que vinieron esposados y que no les permitieron hacer sus necesidades durante el viaje;
además los médicos han tenido que atender a varios que se encuentran con fiebre; la situación generada por el Gobierno central me da asco porque... Y no continúo. No continúo porque no quiero deslizarme por ahí. Podría preguntarle por qué llevan
permanentemente a esta ciudad, que no está gobernada por el Partido Popular, a los inmigrantes, pero no quiero deslizarme por ese camino porque me parece que no es el correcto. Le leo palabras que aparecen en todos los medios de comunicación de
carácter nacional y que yo tengo la obligación de plantearle aquí, ni siquiera del alcalde de Algeciras, sino de los propios inmigrantes. Por tanto, no se siembran dudas sobre ningún miembro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que son
unos grandes profesionales que tienen que hacer una labor muy ingrata y que están muy mal pagados, ya que ustedes no han sido capaces de cumplir los compromisos que habían adquirido con ellos cuando estaban en la oposición. En todo caso sería
responsabilidad suya o del responsable de turno del Gobierno en Huelva o en Andalucía en última instancia; lo digo para que no quede ninguna duda sobre el particular.
Uso de cartas. No es que yo haga uso de cartas, es que tengo la autorización del presidente de la Junta de Andalucía, con el que he hablado de este tema porque soy el responsable de esta materia en la Ejecutiva del Partido Socialista en
Andalucía, y he hablado con el consejero en numerosas ocasiones, la última hace unos minutos, y me ha pedido que le lea las palabras textuales que han aparecido en los medios de comunicación, por tanto, no estoy cometiendo ninguna deslealtad. Lo
que a mi partido le gustaría es que esa coordinación, que es lo que reclamamos en este tema y no utilización, como ustedes hacen, de estos problemas, se lleve a cabo. Por tanto, no diga usted que se utilizan aquí cartas de las que usted no hace
uso. Usted puede hacer uso de ellas si quiere y debería de haberlo hecho porque son cartas entre responsables políticos que tienen el derecho de conocer los ciudadanos. No me quiero perder en vaguedades de este tipo porque sé que disponemos de
poco tiempo.
¿Que nadie ha querido facilitar nada? Señor delegado del Gobierno para la Inmigración, con respecto al traslado de esos 97 inmigrantes de la forma en que se hizo, ¿contactaron ustedes, por ejemplo, con los hermanos de la Cruz Blanca, que
fueron los que en parte tuvieron que acoger a esos inmigrantes; contactaron con la Cruz Roja, con Algeciras Acoge, con el ayuntamiento de la ciudad, con la Junta de Andalucía...? Conteste.
¿Contactaron? No contactaron. ¿Por qué no lo hicieron?
¿Por qué no prepararon ese traslado que no decimos que no se haga si hay que hacerlo, por qué no contactaron para hacerlo en condiciones y no de la manera en que se hizo? Dice usted que no tienen colaboración, pero ¿a quién han pedido ustedes
colaboración? Dígalo. Por último, no deje usted caer la duda, eso no se lo voy a permitir porque sería una gran injusticia, de que ni la Junta de Andalucía ni el Ayuntamiento de Algeciras han colaborado. Usted tiene que saber que se intentó poner
en marcha un CETI (Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes), hoy cambiado de nombre, en Algeciras y después de dos años de estar terminado el CETI con fondos europeos conseguidos por la Diputación de Cádiz y el Ayuntamiento de Algeciras para
albergar a 200 inmigrantes, ustedes fueron incapaces de ponerlo en marcha, alegando, como usted ha hecho ahora con un nuevo deslizamiento, que los terrenos donde se trasladan las dependencias policiales el alcalde de Algeciras los quería destinar a
actuaciones urbanísticas. Yo le pregunto: ¿por qué la Junta de Andalucía fue capaz, en 15 días, de llegar a un acuerdo con ese ayuntamiento y la Diputación de Cádiz para destinarlo a centro de menores ante la incapacidad de ustedes de llegar a un
convenio con ese ayuntamiento, que no es socialista, y la Diputación de Cádiz? ¿Por qué? ¿No sería porque costaban 500 millones de pesetas al año y ustedes gastan dinero en el papel pero no de verdad, en cantidad suficiente, para abordar el
fenómeno de la inmigración, que han convertido en un problema en España? ¿No sería por eso? ¿Por qué desde que usted compareció la primera vez, que lo hizo conmigo y se comprometió a que íbamos a tener un nuevo centro de estancia temporal de
inmigrantes en Andalucía, todavía no se ha hecho nada? No reclame usted a otros lo que no es capaz de hacer, que es poner en marcha las
infraestructuras necesarias para abordar de verdad el complejo fenómeno, que no problema, de la inmigración.
Por último -porque sé que me va a llamar la atención el presidente y le agradezco su benevolencia-, usted me plantea aquí que hable de propuestas. Usted las tiene. Ha recibido ya numerosas propuestas. No me corresponde a mí hacerlas,
aunque estaría encantado, porque soy el responsable regional de esta materia en la Ejecutiva regional del Partido Socialista; no me corresponde a mí, sino a nuestra compañera Consuelo Rumí, responsable federal en la materia, que le ha remitido
muchas cartas para abordar una reforma de la Ley de extranjería de manera consensuada que trate a fondo el problema de la inmigración y no como lo hacen ustedes, con parches que provocan problemas nada más y que no dan soluciones. Ustedes no son
capaces de alcanzar los suficientes acuerdos.
Incluso últimamente, después de la derogación de los 13 artículos del reglamento de inmigración por parte del Tribunal Supremo, se lo ha hecho llegar de nuevo. Usted habla de vamos a ver, pero no es
capaz de sentarse para que este país tenga, de una vez por todas, un acuerdo de Estado entre las dos grandes fuerzas políticas, cuestión que, una y otra vez, viene planteando nuestro secretario general José Luis Rodríguez Zapatero, para que se
aborde con soluciones el grave fenómeno de la inmigración.
Usted quiere hacernos caer en la trampa de que no tenemos propuestas y de que yo dejo caer la idea de papeles para todos. No, aunque no me queda mucho tiempo, le diré que lo de papeles
para todos no lo hemos dicho nunca en el Partido Socialista; que le quede muy claro: estamos absolutamente en contra de eso de papeles para todos. Quien llegue a España lo tiene que hacer con papeles en regla, pero para eso ustedes lo primero que
tienen que hacer es controlar las fronteras y no tenerlas como las tienen, hechas un coladero, desde el aeropuerto de Madrid hasta el estrecho de Gibraltar.
Por tanto, control de fronteras, control de flujos migratorios. En segundo lugar, cooperación de verdad, no de boquilla, con los países de los que procede esa inmigración. Ustedes no han sido capaces todavía de cerrar acuerdos con esos
países. Llevan años hablando de que se van a conseguir, pero nunca se firman. En tercer lugar -y termino ya- colaboración.
Cooperación, control y colaboración. Colaboración con ayuntamientos como el de Algeciras, para que ustedes no hagan de
esto un problema allí, tal como han hecho; con ayuntamientos como el de Palos de la Frontera, El Egido, con aquellos ayuntamientos que sufren en sus carnes la acumulación de los inmigrantes, donde luego sí se crean problemas y a cuya solución
ustedes no colaboran. Por tanto, le voy indicando tres aspectos que ustedes no abordan: control de las fronteras, colaboración y cooperación y muchos más, aunque la falta de tiempo me impide seguir.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Brevemente, señor presidente.
Quisiera que el señor De la Encina se fijara en el carácter inoportuno de sus afirmaciones respecto al alcalde Huelva y al subdelegado del Gobierno de Huelva. Si no, revise en el 'Diario de Sesiones' sus palabras. En cualquier caso, como
usted dice ahora que lo de papeles para todos nunca ha estado dentro de sus planteamientos, le voy a mandar unas cuantas fotos y nombres de compañeros suyos que, bajo la pancarta papeles para todos, se han paseado en manifestación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor De la Encina, siguiendo con su argumentación sobre esas informaciones de medios tan acreditados y dado que usted tiene tan alto concepto de la
policía y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y le parece que están compuestas por personas que están en una magnífica disposición y que hacen un trabajo fenomenal, además de preguntarle a los inmigrantes, pregúntele usted a la policía que ha hecho
el traslado. ¿Por qué no les ha preguntado usted, si le merecen tanta credibilidad y son tan buenos? (El señor De la Encina pronuncia palabras que no se perciben.) Y ¿qué le han dicho, que los han trasladado esposados y en un furgón? Dígalo, ¿les
han trasladado así?
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Le contesto que tienen orden de no hablar sobre el particular.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Vaya por Dios, qué casualidad, pero me tranquiliza que le haya preguntado usted a la policía; lo digo en serio. Estaba yo preocupado de que sólo
preguntasen a una parte. Me parece bien. Le insisto, si usted tiene la más mínima duda denúncielo, porque le aseguro que yo por mi parte, aunque no es mi responsabilidad, haré lo posible para que eso se esclarezca, pero conviene que dejemos claro
que también preguntamos a todo el mundo. Dígalo usted, que ha preguntado a la policía y que la policía le ha dicho que no puede contestar. Muy bien, dígalo para que sepamos que usted ha intentado clarificarlo todo.
En cuanto a quién hemos pedido la colaboración, se lo he dicho. Claro que hemos hablado con el subdelegado de la Junta -creo que es subdelegado, aunque no sé si técnicamente es ese el nombre o delegado de la Junta-; se lo he dicho. Lo
primero que intentamos fue buscar espacios en la zona donde se estaba produciendo la concentración. Claro que el delegado de la Junta
o subdelegado o como sea el cargo conocía perfectamente que ante esa situación procedíamos a los traslados. ¡Claro que sí! Yo no he usado al señor consejero de Gobernación en esto. Le diré más. Con motivo de estas actuaciones, y ya que
usted dice que está autorizado por el señor Perales, yo llamé infinidad de veces al señor Perales, pero lamentablemente no pude hablar con él. Después de eso el señor Perales tiene una carta por escrito mía. Cuéntelo todo. Yo tengo una
contestación del señor Perales, pero no quiero entrar en eso, porque debo decirle que las relaciones en este sentido con la Junta de Andalucía son bastante buenas, pese a lo que usted quiera poner de manifiesto aquí, y existe un alto grado de
colaboración y de información general en todas estas operaciones. En este caso concreto, los responsables -delegados, subdelegados, lo que fuera, no sé exactamente cuál es el cargo-, lógicamente han tenido conocimiento de que se producían los
traslados ante la imposibilidad de ubicar a estas personas en la zona y, además, hemos intentado establecer ese tipo de contactos, que lo hacemos con carácter general, en algunas ocasiones con más éxito que en otras, pero esa es una instrucción que
tienen los responsables de la Delegación del Gobierno de informar al señor consejero de Gobernación de todas las cuestiones que allí se producen. Le agradecería que se lo preguntase al señor Perales y nos lo contase aquí también, porque es bueno.
Se empeña usted en contarme lo del CETI de Algeciras. Eso lo debatimos aquí. Cuéntelo usted. ¿Cómo fue eso? ¿Sabe usted cómo fue? ¿Por qué no lee el 'Diario de Sesiones'? Se lo voy a tener que repetir. Ese centro está construido en
suelo rústico y sin ningún permiso, sin ninguna acometida de agua ni de luz ni de nada. Usted lo sabe. Se lo conté aquí.
Después de tres cartas cruzadas con el alcalde de Algeciras por parte de la secretaria general de Asuntos Sociales del
Ministerio de Trabajo, no se arregló nada. Y dice usted: ¿qué capacidad tiene la Junta de Andalucía para resolver eso? Ya le dije: de las infracciones urbanísticas, pregunte usted quién es el competente para subsanarlas y a lo mejor tiene la
respuesta de por qué la Junta pudo quedarse con el centro. Lo que no nos han explicado es por qué nos daban un centro a nosotros en un suelo rústico sin recalificación y sin servicios. Ya le dije que me explique usted que interventor acepta la
recepción de un edificio en suelo rústico, sin licencia y sin servicios, porque si usted tiene alguno yo estaría preocupado, sinceramente. Se lo he explicado muchas veces y sigue usted erre que erre. Cuénteme usted, ¿no ha paralizado y ha impedido
el alcalde de Algeciras durante mucho tiempo la adaptación de la antigua cárcel para centro de internamiento? ¿No es así? ¿Entonces qué hemos hecho nosotros, por qué nos ha paralizado el tema? Explíquemelo usted, ya que tiene tanto contacto con
el alcalde de Algeciras. A mí me gustaría que me lo explicase, porque le aseguro que hemos tenido todas las reuniones del mundo. Me dice usted: no ha podido hacer usted un centro en Andalucía, después de haberse comprometido. Le acabo de decir
que en los próximos días, por fin, tendremos un centro en Algeciras. Y no tengo más, porque no hay ninguna colaboración por parte de las autoridades locales, porque el suelo y los espacios son de las autoridades locales y de la Junta. Así de
claro. Y esa dificultad -ya que está usted por utilizar las cartas- está reconocida por el señor Perales en esta carta. Ni la iniciativa municipal es lo decidida que nos gustaría, dice el señor Perales, y yo lo comparto. A mí también me gustaría
que fuera otra, pero desgraciadamente en la zona no la tenemos. Realmente esa es la situación que se produce. A mí me gustaría saber, ya que dice usted que tiene esas propuestas, que yo no las conozco, cuál sería su propuesta para aquellas
personas que acceden de manera irregular y que no son retornables, porque no tenemos de momento convenio de repatriación y no tienen papeles. Yo ya le he dicho cuál es la mía y cuál es el tratamiento que le estamos dando.
No sé si usted está de
acuerdo o no está de acuerdo, porque no me ha contestado a eso concreto. En ninguna de las propuestas que dice usted que he recibido del Partido Socialista hay ninguna referencia a esto. A mí me gustaría tenerla.
Usted ha dicho que es secretario regional de su partido en Andalucía, responsable de los temas de inmigración, que no le corresponde el tema de la coordinación o de la negociación o del acuerdo a nivel general, al que usted ha hecho tantas
referencias, por lo que yo le agradecería que antes de comentar esto se enterase bien con la secretaria general de su partido, responsable de esta materia, de cómo está la situación, de las veces que hemos hablado y de las reuniones que hemos tenido
en relación con la sentencia.
- EL DESARROLLO DE LA 'OPERACIÓN ULISES'. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001489.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La iniciativa del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, relativa al desarrollo de la operación Ulises, ha sido retirada.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA LUCHAR CONTRA LAS REDES MAFIOSAS DE TRÁFICO DE SERES HUMANOS. (Número de expediente 181/002984.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Pasamos al turno de preguntas.
En primer lugar, a la
formulada por doña Delia Blanco, relativa a la estrategia del Gobierno para luchar contra las redes mafiosas de tráfico de seres humanos.
Tiene la palabra la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, le formulo la pregunta que figura en el orden del día y, si tiene a bien, me gustaría que nos hablase de las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno, así como de los resultados
obtenidos en la lucha contra las mafias que trafican con seres humanos.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señora Blanco, como usted sabe, la lucha contra la inmigración irregular, contra las mafias y este tipo de organizaciones que se dedican a la
explotación de personas, ha constituido y constituye no sólo para nosotros, sino también para el conjunto de los países de la Unión una prioridad absoluta de la política de inmigración. En ese sentido, ya en el Consejo de Santiago de Compostela,
con motivo de la presidencia española, se aprobó por parte de todos los países de la Unión Europea el Plan de lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, cuyas actuaciones están desarrollándose en la actualidad.
España,
lógicamente, como parte integrante de la Unión, participa de esas mismas prioridades desde el punto de vista de la política de inmigración y en concreto desde el punto de vista de la lucha contra la inmigración ilegal y por lo tanto nosotros
seguimos las actuaciones previstas en dicho plan y, lógicamente, las completamos y adaptamos con las actuaciones que a nivel interno se producen. En este sentido, como usted sabe, el Plan de lucha contra la inmigración ilegal tiene diferentes
ámbitos de actuación, siendo uno de ellos el relativo a la materia de control de accesos sobre política común de visados. A este respecto, estamos trabajando para obtener un ámbito mayor de seguridad en el control de los flujos de nacionales de
terceros países a través de la expedición de los visados, del sellado de visados, del establecimiento de un banco de datos de visado común, etcétera, para establecer ese tipo de controles de manera conjunta entre los países de la Unión y que no se
produzcan fugas.
Hay un segundo bloque de actuación en materia de intercambio de información a través de la constitución de una red de alerta que está operativa en todos los países, los cuales se intercambian de manera inmediata toda la información relativa
a redes, a situaciones ilícitas que se detectan en cada país. A medida que se van descubriendo, circulan a través de esta red de comunicación y de información, fundamentalmente entre todos los responsables policiales de los Estados de la Unión.
También existe una cooperación con los países de procedencia a través de distintas vías, una colaboración técnica con dichos países, facilitándoles en ocasiones todo tipo de ayudas para el control de sus fronteras, de sus flujos, información de
proyectos de colaboración con la Unión Europea sobre las condiciones de llegada, las posibilidades de venir, etcétera, así como el establecimiento de redes de funcionarios de enlace de los distintos países en los Estados terceros con la finalidad
también de ayudar a los países de procedencia de la inmigración y de recabar y obtener información sobre cómo se produce esa ordenación de flujos. Otro grupo de actuación va dirigido fundamentalmente al ámbito de la gestión conjunta de fronteras.
Ahí hay todo un conjunto de operaciones muy amplias desde el punto de vista del establecimiento de una serie de proyectos piloto que están siendo desarrollados a raíz del Plan de gestión de fronteras, a través del reforzamiento de los controles
fronterizos, a través del establecimiento de una autoridad coordinadora de policías de fronteras en un proyecto piloto que tenemos en este momento con Alemania. En definitiva, distintos proyectos que están siendo objeto de desarrollo en este
momento para conseguir esa actuación.
Hay otro campo de actuación que se refiere a la suscripción de acuerdos de readmisión y de repatriación de nacionales de terceros países, que se desarrolla -como he dicho antes- tanto en el ámbito multilateral, por parte de la Unión Europea
con muchos de los países desde los que se producen las distintas presiones migratorias a los distintos Estados, como en el ámbito bilateral, a través de los convenios que vamos suscribiendo con algunos de estos países que usted conoce. También
existe otro grupo de actuación, dentro del plan de lucha contra la inmigración ilegal, que se refiere fundamentalmente a medidas de carácter normativo y sancionador, que se contiene a través de muchos acuerdos marco y directivas que van referidas al
tráfico de seres humanos, a la unificación y al endurecimiento de las penas, a las obligaciones de transportistas, a las acciones de transportistas, al reconocimiento de las resoluciones de expulsión, al refortalecimiento de las sanciones a imponer
a los empresarios que producen explotación de este tipo de personas, etcétera, y un último grupo que se refiere fundamentalmente a las colaboraciones de las policías, al proyecto Europol, con todo lo que lleva aparejado desde el punto de vista del
control de la inmigración irregular, que a su vez se desarrolla en múltiples proyectos -como usted conoce-, como ha sido recientemente el proyecto Eurodac o algunos otros para establecer este tipo de controles. Todo este conjunto de actuaciones,
que luego van desagregadas en un sinfín de iniciativas, es el que constituye las líneas generales de la lucha contra la inmigración ilegal que estamos llevando a cabo, tanto en el ámbito nacional como en el ámbito europeo.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado, no tengo nada que decir con respecto a la exposición que ha hecho, porque el Grupo Parlamentario Socialista va a estar siempre con el Gobierno en la lucha contra las mafias que se dedican al tráfico
de seres humanos, pero le voy a realizar algunas puntualizaciones. Tenemos la sensación -y a veces la constatación- de que las garantías y los procedimientos que están contemplados en la Ley 8/2000 de extranjería, precisamente para las víctimas de
estas mafias, no se ponen en marcha. Voy a tratar de explicarme para que no se me entienda mal. Sabe que hay una resolución en marcha, que fue aprobada en el seno del Parlamento Europeo en mayo de 2000, y que en este momento está en discusión en
el seno del Consejo, aunque parece que con un amplio consenso, en torno a la lucha contra las mafias y, específicamente -porque va muy dirigida a eso-, a las mafias que trafican con mujeres y menores con fines de explotación sexual, que como sabe es
uno de los principales problemas que tenemos en los países de destino y en los países de origen. Sabe que la mayor parte de los seres humanos con los que se trafica son mujeres y menores. La organización intergubernamental para las migraciones
calcula que 500.000 mujeres y menores entran anualmente en el seno de la Unión Europea con fines de explotación sexual. Además lo conocemos en nuestro país, que es un país de tránsito de estas mafias y de estas víctimas y también de destino;
Madrid mismo es un ejemplo, aunque no muy bueno en este sentido, porque lo tenemos muy cerca. Esa directiva que se ocupa de las víctimas, además de la lucha contra las mafias, hace una serie de recomendaciones sobre las que a mi grupo parlamentario
le interesaría conocer cuál es la posición del Gobierno. En concreto, insta a los Estados miembros a la calificación inmediata de testigo protegido en el momento de la desarticulación de alguna de estas mafias o a incentivar a las víctimas a la
denuncia, para lo que se precisa tiempo -como decíamos anteriormente en la comparecencia que hemos sustanciado en los primeros puntos del orden del día-, asistencia letrada, garantías jurídicas e información a la víctima de cuáles son los beneficios
-entre comillas- potenciales si denuncia a estas mafias. En segundo lugar, derecho a un inmediato permiso de trabajo y residencia de forma temporal, para que puedan tener la seguridad física y jurídica de poder llegar al juicio, cuando éste se
sustancie en el caso de que se logre atrapar a los traficantes. En tercer lugar, un cambio de identidad inmediato de estas víctimas. En cuarto lugar, a la seguridad para sus familias. Sabe que muchas de estas víctimas vienen amenazadas desde
origen, porque son compradas y vendidas en origen. En la Asamblea parlamentaria de la OTAN, que tiene un grupo de trabajo específico sobre este tema, el ministro de Interior serbio nos decía el pasado mes que calculan que sólo en la zona de los
Balcanes un millón y medio de mujeres salen anualmente camino de Europa. Decía el ministro del Interior que el destino es Europa. Por tanto, nos interesaría mucho saber cuál es la posición del Gobierno frente a este proyecto de directiva.
Además de que los artículos 25.4, 31.4 y 59.1 de la Ley 8/2000, de extranjería, contemplan específicamente estos supuestos, sabe que muchos países europeos e incluso Estados Unidos, que no es un ejemplo en la aceptación de asilo y refugio,
han comenzado a conceder el refugio, por razones humanitarias, a las mujeres que vienen huyendo de países donde las leyes islámicas más fundamentalistas las someten a lapidación, mutilación genital, casamientos forzados a menores, etcétera. No se
ha dado un solo caso en España en que se haya concedido el asilo, aún cuando ha habido cuatro solicitudes por este motivo de mujeres que tenían acreditado de dónde huían con hijas menores, y se ha empezado a conceder.
Sé que la Convención de 1951 y
el Protocolo de Nueva York de 1967 no contemplan específicamente la concesión de asilo en estos casos.
Difícilmente el legislador de 1951, en la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, que había legislado para los refugiados, fundamentalmente
europeos del Este que querían huir del socialismo real y pasar a Occidente, podía contemplar una situación como la que nos encontramos hoy en día. También muy difícilmente el legislador del Protocolo de Nueva York de 1967 podría haber imaginado en
ese momento un tráfico de seres humanos como el que nos encontramos a inicios del siglo XXI.
No es una pregunta para confrontar. Le hago esta pregunta porque la hice ya por escrito hace exactamente año y medio y no ha sido contestada.
Supongo que en la sustitución del señor Fernández-Miranda por usted se traspapeló. No quiero, de
verdad, hacer cuestión de este tema. Queremos saber exactamente cuál es la posición de España ante el proyecto de directiva, que sí nos importa mucho, que importa mucho a este país, por ser un país de tránsito y de destino, y porque los
ayuntamientos y las comunidades autónomas están muy preocupados, y usted lo sabe. Así que me gustaría que nos explicara cuál es la situación.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Con mucho gusto voy a tratar de contestar, simplemente por clarificar, aunque esto es una derivación de la pregunta.
Es verdad que hay tráfico de mujeres y menores, sobre todo de mujeres para explotación sexual, más que de menores. Nosotros ese problema afortunadamente no lo padecemos como otros países. De los propios
datos que recibimos o por las estadísticas de lo que llega en relación mujeres, hombres, menores, etcétera, se trata de una parte proporcionalmente muy menor con respecto al conjunto de la inmigración.
En todo caso, sea lo que sea, es
evidente que es una cuestión que nos preocupa. Y prueba de que nos preocupa es que, como sabe, la discusión de esta directiva a que ha hecho referencia se inicia en el seno de la Unión bajo presidencia española, dentro del paquete de medidas
globales en materia de inmigración. Por lo tanto, es ahí donde empezamos a plantear esta discusión y no sólo eso, sino que algunas otras de las cuestiones a las que ha hecho referencia nos han preocupado tanto que hemos impulsado alguna iniciativa
-que he explicado aquí- de modificaciones del Código Civil y del Código Penal para evitar que en determinadas situaciones puedan producirse abusos sobre mujeres por razón de la legislación nacional en materias de matrimonio, culturales, religiosas,
desde el punto de vista de mutilaciones sexuales, etcétera.
Por tanto, eso nos preocupa mucho y estamos en contra de esta situación.
El problema es que esta es una directiva compleja, que no está en estos momentos suficientemente madura, fundamentalmente porque algún país europeo, como usted sabe,
tiene bastantes reticencias desde el punto de vista de su aplicación y de la valoración de las situaciones y de los derechos. En estos momentos hay un bloqueo en ese sentido. Nosotros estamos de acuerdo con la directiva en líneas generales -como
ya le he dicho, nosotros fuimos los que impulsamos la discusión-, pero todavía está en discusión en el ámbito técnico, pues algunos países tienen muchas reservas. Esa situación irá evolucionando en la medida en que las distintas presidencias sean
capaces de desbloquear las cuestiones que en estos momentos están planteadas. Nosotros, en líneas generales, estamos de acuerdo con la directiva. No estamos entre los países que tienen una oposición frontal a las cuestiones que ahí se plantean.
En cuanto a las denegaciones de asilo, ha hecho usted un comentario que comparto en cuanto al tratamiento, no sé si al diagnóstico -probablemente sí-, pero no en cuanto a la conclusión. Como usted ha dicho, muy probablemente las razones por
las que se desarrolló el acuerdo para la Convención de Ginebra eran unas, pero hoy el fenómeno tiene otros aspectos que no son exclusivamente los derivados de la Convención de Ginebra. A mi modo de ver, lo más importante es que se siguen mezclando
de manera equivocada las cuestiones relativas a la inmigración económica con las relativas a la persecución y protección de las personas. Creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos a la hora de plantear tanto los debates como la
ordenación de las situaciones, tanto a nivel interno como a nivel de la Unión Europea. Es decir, seguimos manteniendo unas posiciones que responden a unos parámetros distintos en la medida en que se confunden ambos aspectos. Hoy, existiendo
circunstancias que demandan la necesidad de una protección y de un sistema claro de tutela en estas situaciones, hay una realidad: que el mayor número de desplazamientos se produce por razones económicas y no por razones de persecución. A la hora
de enfocar cuestiones relativas a inmigración económica, todavía hay una cierta tendencia en el seno de la Unión, por las propias condicionantes históricas y por las posiciones de los países del norte respecto a los del sur, a hablar solamente de
cuestiones relativas a la regulación del asilo y refugio. Esa es una confusión que está impidiendo en muchas ocasiones que se avance en la determinación de algún tipo de normativa, pero eso no depende de nosotros solos, sino de que se quiera o se
pueda alcanzar un cierto consenso en la Unión. En ese sentido, nosotros hemos manifestado esta postura en reiteradas reuniones del Consejo de Ministros de Justicia e Interior y en relación con proyectos concretos que últimamente se han presentado,
como algunos ingleses o de esta naturaleza, para tratar de ordenar los fenómenos de uso irregular de los procedimientos de asilo o los referentes a personas en situación irregular. Pero esa clarificación no se ha producido todavía, y sería
importante para conseguir avanzar en el ámbito de la normativa relativa específicamente a protección. Ésa es la situación.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CIRCUNSTANCIAS POR LAS QUE SE DENEGARON PETICIONES DE ASILO, EL PASADO DÍA 6 DE NOVIEMBRE DE 2002, EN EL AEROPUERTO DE BARAJAS (MADRID). (Número de expediente 181/003128.)
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): La siguiente pregunta también es de doña Delia Blanco, relativa a la denegación de peticiones de asilo en el aeropuerto de Barajas.
Tiene la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado, esta pregunta fue realizada días después del 6 de noviembre del año 2002. Ha pasado bastante tiempo, pero curiosamente se refería a una ciudadana de nacionalidad cubana y a sus dos hijos menores.
Ante la situación que se está viviendo hoy en Cuba me alegré, la verdad, cuando vi en el orden del día esta pregunta, por la oportunidad de que pudiéramos, aunque fuera muy brevemente y a través de una pregunta, tratar de ver qué está pasando
exactamente con Cuba.
Tenemos la impresión de que mi grupo parlamentario y el Partido Socialista han sido acusados con bastante frecuencia en los últimos días de no aplicar el verbo con contundencia ante determinadas dictaduras, como la cubana por
ejemplo, cosa que hemos hecho reiteradamente. Nos viene muy bien esta tarde recordar algunas cosas. Reiteradamente
hemos condenado el régimen cubano. Por tanto, hemos defendido que muchas personas que ven violados sus derechos o que son perseguidas necesitan protección de un segundo o tercer país para refugiarse precisamente del régimen cubano.
Así que paso a relatar los hechos que sucedieron en el aeropuerto de Barajas el 6 de noviembre de 2002, porque es muy representativo, a nuestro modo de ver, de una doble moral que es muy difícil de clasificar, sobre todo ante determinados
comentarios y frases que hemos oído en los últimos días. Los hechos ocurrieron, como he mencionado, en el aeropuerto de Barajas el 6 de noviembre de 2002. Ana María Álvarez Peña, de nacionalidad cubana y sus dos hijos menores llegaron al
aeropuerto de Barajas, en posesión de un visado aeroportuario, procedentes de La Habana. Esta ciudadana cubana solicitó asilo político para ella y sus dos hijos con la intención de quedarse en España aduciendo persecución, porque en España es donde
vive su marido, don Jorge Miranda, residente desde 1999 en nuestro país. Los tres fueron confinados -ella y sus dos hijos menores- en la sala de inadmitidos a trámite desde el primer momento. En un plazo de tres hora -sorprendentemente rápido- se
les notificó la resolución de inadmisión a trámite de su solicitud. Se pidió el reexamen de esa solicitud y en 48 horas se volvió a inadmitir a trámite. Tanto ACNUR-España, como el abogado que les atendió no fueron escuchados por la Delegación del
Gobierno, a donde se dirigieron reiteradamente y donde se conocía la situación de esta ciudadana cubana y de sus dos hijos. Ella llevaba consigo un escrito de apoyo del obispo de Cienfuegos, secretario general de la Conferencia Episcopal cubana,
donde se expresaba la necesidad de que esta familia pudiera reagruparse y las situaciones personales de gran vulnerabilidad de esta familia, así como la persecución por el régimen cubano de esta mujer. El día 10 de noviembre, cuatro días después de
haber llegado, fueron expulsados y embarcados en un avión hacia Cuba sin haber salido de la sala de confinamiento y sin haber podido ver ni siquiera a su marido y padre, respectivamente.
No me quiero alargar porque los hechos son bastante claros. Hubo un recurso posterior, que ha visto la Audiencia y que admitió a trámite, pero esta mujer y sus dos hijos estaban ya en Cuba. Por tanto, no sabemos qué ha sido de ellos y no
han podido acudir al juicio de su recurso. Nos gustaría que nos explicara por qué se llevó a cabo con esta celeridad, de esta manera, sin respeto a la propia Ley de asilo y refugio, sin respeto a las más mínimas condiciones, como entrevistarse con
su marido, y sin respeto a un escrito del obispo de Cienfuegos que afirma que está perseguida y que debe reagruparse con su marido. En último caso, señor delegado del Gobierno, se le podía haber ofrecido la reagrupación familiar. Pues ni eso, fue
expulsada.
El señor VICEPRESIDENTE (Souvirón García): Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señora Blanco, no querría mezclar esta pregunta con la condena o no de la posición de Cuba, pero ya que lo dice usted, tengo la sensación de que nadie
duda de que el Partido Socialista haya condenado al régimen cubano. Simplemente tengo la sensación de que se dice que no se utiliza la misma intensidad ni la misma movilización cuando hablamos de esto del Partido Socialista que en otras
situaciones, y a algunos, por ejemplo a mí, me gustaría que fuese la misma, pero es una opción personal.
Dicho esto, si le parece entramos en la contestación de la pregunta sobre las circunstancias por las que se denegaron las peticiones de asilo en Barajas. En primer lugar debo decirle que en Barajas nunca se deniegan peticiones de asilo. En
Barajas lo único que se hace es admitir o inadmitir a trámite; en Barajas no se deniega nunca una petición de asilo. (La señora Blanco Terán: He dicho inadmisión a trámite.) Lo pone su pregunta, la estoy leyendo. (La señora Blanco Terán: He
dicho inadmisión.) Efectivamente no se deniega, se resuelve el recurso sobre la admisión o no.
Me parece bien que usted me pueda criticar la ausencia de garantías, si es que existieran, pero que por resolver rápido sea criticable, no lo entiendo; se lo digo de verdad. Que la Administración funcione con rapidez comprendo que a usted
le pueda sorprender, a mí sinceramente me satisface. Ahora bien, si lo que usted me está diciendo es que la crítica es sobre las garantías, tengo que decirle que en este caso, como en todos, lo único que hacemos es cumplir escrupulosamente las
determinaciones que se establecen en la ley. Cuando una persona llega a Barajas y plantea la solicitud que sea, se procede en aplicación de lo que establece la propia legislación: se dota a los extranjeros de la asistencia letrada, si procede; se
les toma declaración, se les da la asistencia social y sanitaria, si procede, y se les da el mismo tratamiento que a todas las personas que lo solicitan. No hay ningún trato excepcional ni perjudicial, sino que se aplica directamente la ley.
En
este caso -como usted ha señalado muy bien y ha reconocido al final de su intervención-, el problema es que esta señora alega unas cuestiones que no se contemplan en los supuestos establecidos en la Convención de Ginebra y, por tanto, no procede
darle el estatuto; a esta señora se le deniega porque no se produce ninguno de los supuestos que están contenidos en la correspondiente convención. Esa es la causa por la que se produce la denegación. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: En mi intervención he hablado de inadmisión a trámite. En tres horas es muy difícil estudiar un expediente, y usted conoce mejor que yo cuáles son los plazos: entre 12 y 14 meses. Entre 12 y 14 meses se tramita un
expediente de asilo y refugio y en tres horas es inadmitido a trámite en Barajas. Bien. No sé si usted tiene la declaración del obispo de Cienfuegos, que es quien avala la solicitud de refugio de esta ciudadana cubana y de sus dos hijos menores y
dice que es perseguida por los comités de barrio de La Habana porque su marido solicitó el asilo, le fue denegado y finalmente se le concedió el permiso de trabajo y residencia cuando fue inadmitido a trámite. Por tanto es perseguida no por ella
sino por intercesión -como les pasa a muchas mujeres- de su marido que ya se hallaba en España. Pero es más, está cuatro días confinada en la sala de inadmitidos y no se le permite siquiera ver a su marido que estaba al otro lado de la puerta.
No sé si usted había tomado posesión de su cargo, creo que sí -estaba tratando de recordarlo- pero errores los podemos cometer todos; quien gestiona y quien gobierna comete errores. Es así. El problema a veces con ustedes es la no
aceptación de ningún error. Con lo que está pasando en este momento en Cuba, no es de recibo que mi grupo parlamentario tenga que oír reiteradamente que no condenamos el régimen cubano y esta pregunta está formulada en noviembre de 2002. No sólo
hemos condenado sino que velamos por que se cumpla la legislación con respecto a los ciudadanos cubanos que han tenido que huir y exiliarse de su régimen.
Usted me podría decir: Puede que cometamos errores, puede que en ese caso fuera un error.
Era un error flagrante porque la Audiencia Nacional admitió a trámite el recurso. Fue un error, puede ser un error, señor delegado, el problema es no reconocer nunca que se cometen errores. Ojalá gobernemos pronto y ojalá podamos sentarnos en esa
mesa a reconocer que también vamos a cometer errores, porque los cometeremos, porque los comete todo el que gobierna y más en inmigración, y más en extranjería, y más en refugio y asilo, que es un asunto absolutamente delicado. Su problema es que
dicen: Lo hacemos bien, lo seguimos haciendo bien y sigamos haciéndolo igual de bien. Ése es parte de su problema, ése es parte del problema de no poder consensuar ninguna política migratoria.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Yo comprendo que tengan prisa por gobernar, pero vamos a esperar a las elecciones a ver qué pasa.
Dicho esto, le diré, señora Blanco, que entre 12 y 14 meses, y más, tarda la resolución de un expediente, no la solución sobre la admisión o inadmisión a trámite. Si la admisión o inadmisión a trámite tardase 14 meses sería para suicidarse.
El plazo máximo son cuatro días; repase usted la normativa. Entonces resulta que el ACNUR -aquí hay que decirlo todo-, que parece que tiene más credibilidad que nosotros, que es el legítimo garante del cumplimiento de las determinaciones
normativas y de las garantías internacionales sobre la protección de las personas, resuelve igual que nosotros y suscribe con nosotros la no admisión a trámite de la petición de esta persona, con todos mis respetos para el obispo de Cienfuegos, que
no tengo el gusto de conocer, que será muy importante y me merece toda la credibilidad. Yo le digo que tanto el ACNUR como las personas que valoran esto no aprecian, entre los motivos que alega esta señora, ninguno de los de la Convención de
Ginebra, con todos mis respetos al obispo de Cienfuegos. Están de acuerdo los señores del ACNUR y los señores de la Oficina de Asilo. Curiosamente se recurre y en la inadmisión de ese reexamen vuelven a mantener el mismo criterio los señores de
Asilo y los de ACNUR, que pueden estar equivocados y tener usted razón, pero yo tengo que seguir lo que establece el procedimiento y, repito, tanto la Comisión de Asilo como el ACNUR no admiten esa situación. Dice usted que esta señora tenía el
marido en la puerta, que se le podía haber concedido la reagrupación familiar, que no hemos dejado que lo viera. Mire usted, las razones de reagrupación familiar no juegan en el asilo, no se puede pedir asilo por eso. Pero es que en este caso
debería usted saber que ese marido resulta que está casado, pero con otra; está casado con otra desde el año 1999, tiene un permiso de residencia en España por matrimonio comunitario con una española en mayo de 1999. O sea que ese señor al que no
le dejamos ver resulta que está casado con otra desde hace cuatro años y tiene permiso de residencia aquí. ¿Me quiere usted explicar cómo va a pedir la reagrupación familiar?
Con todos mis respetos, señora Blanco, debemos buscar y garantizar que cuando alguien tiene una situación de persecución se le otorguen todos los derechos, pero no pretender hilvanar alguna situación más y, sobre todo -aunque usted no lo
comparta, que me parece muy bien-, el criterio de la Oficina de Asilo y Refugio, de la Comisión Interministerial y del ACNUR es el mismo y yo me limito a suscribir la propuesta que hace la Comisión Interministerial y el ACNUR. Lo he hecho desde que
estoy aquí y lo voy a hacer siempre que esté. Cuando usted gobierne pásese el informe del ACNUR por donde quiera, pero yo no lo voy a hacer, se lo aseguro; no lo he hecho antes y no lo voy a hacer. El hecho de que haya un recurso que se admite a
trámite es porque se cumplen todos los requisitos y hay que admitirlo, es obligatorio, pero no se puede pretender, porque se haya admitido un recurso a trámite, que se tiene la razón. El Estado de derecho no funciona así; se admiten los recursos y
cuando se resuelvan yo le diré:
Nos hemos equivocado y a esta señora hay que reponerle los derechos que sean. Y si no nos hemos equivocado espero que usted lo reconozca.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA DELIA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN BARCELONA Y LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALENCIA HAN IMPEDIDO LA ASISTENCIA LETRADA A TRES
CIUDADANOS DE NACIONALIDAD IRAQUÍ QUE SE HALLABAN COMO POLIZONES EN EL BARCO CANDELARIA B DE BANDERA ESPAÑOLA.
(Número de expediente 181/003174.)
El señor PRESIDENTE: Pregunta que figura en el punto 7.º del orden del día, que formula igualmente la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado del Gobierno, voy a exponerle los hechos tal como se produjeron con tres ciudadanos de nacionalidad iraquí que se hallaban como polizones en el barco Candelaria B, de bandera española, antes de la
intervención en Irak exactamente el 27 de diciembre de 2002. Lamento tener que hablar de Irak. Esta pregunta estaba hecha desde diciembre de 2002; es decir que no hemos aprovechado la ocasión de la intervención en Irak. No, de verdad. No se ría
porque a mí no me hace ninguna gracia. Esta pregunta entró en la Comisión el 15 de diciembre de 2002 exactamente, lejos todavía de la intervención, que se produjo bien avanzado marzo.
En el buque Candelaria B, de bandera española, viajaban tres ciudadanos de nacionalidad iraquí en busca de protección internacional y contaban con documentación expedida por el ACNUR en Líbano. El 27 de diciembre llegaron a España, el barco
no pudo atracar en Valencia por una huelga portuaria y tuvo que seguir rumbo a Barcelona y posteriormente a otros países europeos y del norte de África. El 27 de diciembre ya conocíamos la situación de Irak; ya sabíamos quién era Sadam Husein; ya
sabíamos que los iraquíes eran los primeros demandantes de asilo y refugio, lo sabíamos desde hace exactamente 20 años y había cinco millones de iraquíes fuera de su país. Estos tres hombres viajaban en este barco que cubría el trayecto
Beirut-Valencia. Los armadores ordenaron al capitán del barco, de nacionalidad española, ir a Barcelona a coger carga, pero allí tampoco pudo atracar. Los abogados de los armadores se quejaron del trato policial que recibieron los tres ciudadanos
iraquíes.
Voy a leer textualmente la declaración del capitán del barco y de los abogados que afirman que les fue denegado el derecho a un traductor y a un abogado de oficio. Paso a leer, pues, la declaración del capitán del barco, que él mismo y los
armadores enviaron a la Autoridad Portuaria de Barcelona, a la Subdelegación del Gobierno de Barcelona, a la Subdelegación del Gobierno de Valencia y a ustedes mismos y que dice así: Yo, Jorge Villar Tenreiro, capitán de la Marina Mercante, con
número de tarjeta profesional..., documento nacional de identidad..., actualmente al mando del buque nombrado Candelaria B, de bandera española, con puerto de registro en Santa Cruz de Tenerife y con distintivo..., declaro: Uno, que efectuado hoy
el despacho del buque por la policía del puerto de Barcelona se me ha dado a firmar una entrevista con tres polizones que viajan en mi buque, sin la asistencia en ningún momento de un traductor de habla árabe -única lengua que a mí me conste que
hablan los tres polizones iraquíes- y sin la presencia de ningún letrado, a pesar de haber sido solicitado por mí. Dos: solicitada por mí una entrevista a los polizones y ser asistidos por un letrado asignado por los armadores para representarme y
presente en el buque se me niega esto en todo momento.
Reiteradamente he solicitado -y también lo ha solicitado mi letrado- la correspondiente entrevista personal a los polizones, indicando que no tenemos inconveniente en que ésta sea realizada por
un abogado nombrado de oficio, lo que no nos ha sido permitido tampoco. Tres: solicitada la presencia a bordo de un traductor árabe, nombrado por mí y por mi letrado, se nos ha negado en todo momento. Cuatro: el traductor designado por la
policía portuaria, tras nuestra insistencia en que los polizones sean entrevistados por un traductor que hable su lengua, en las entrevistas con los polizones no formula todas las preguntas que yo deseo realizar, entre otras, uno: si los polizones
desean un intérprete o un abogado; dos: si huyen de algún tipo de situación. El polizón llamado Alad Alwan me ha manifestado con anterioridad que sólo hablaría con un representante de las Naciones Unidas. Presente el letrado a bordo, doña
Cristina Martínez, de Actio XXI, abogados de la armadora, en todo momento se le ha impedido el acceso a los polizones. A mí, el capitán, se me ha impedido continuar con una entrevista a los polizones por medio de un teléfono móvil con un traductor
de Barcelona designado por mi letrado y en una posterior entrevista con el traductor árabe, designado por la policía, a mí, el capitán, se me limitan las preguntas que deseo efectuar. Es por ello que solicito a mi llegada al siguiente puerto de
escala, designado en este momento como Valencia, la presencia de un letrado al que se le facilite el acceso a los polizones, un traductor y un representante en Naciones Unidas. En Barcelona, a 28 de diciembre de 2002.
Pasado todo esto, sin dar noticias y sin que la Subdelegación del Gobierno de Barcelona ni la de Valencia asistieran al capitán y a los polizones, después de varios días de escalas en distintos puertos, entre otros en Italia donde vuelven a
solicitar el asilo y refugio y se les deniega por el Convenio de Dublín diciéndoles que el
primer puerto tocado es un puerto español y por tanto es España quien tiene que entender de su solicitud de asilo y refugio, finalmente es admitido a trámite, después de casi tres semanas, uno de los polizones y de los otros dos está en
estudio su solicitud. Querríamos saber qué ha pasado. No hemos vuelto a saber nada. Lo siguiente que supimos fue que el ACNUR, iniciado el conflicto en Irak, dio instrucciones muy precisas a los Estados firmantes de la Convención de Ginebra de
que no devolvieran a su país de origen, en este caso Irak, a ninguna persona bajo ningún concepto porque no había garantías para su integridad física. Así pues le pregunto, ¿qué ha pasado con los otros dos polizones y qué pasó con el admitido a
trámite? ¿Qué pasó para que respecto a Irak, primer país donante, por llamarlo de alguna manera, de refugiados, en medio de un régimen salvaje como el de Sadam Husein, España, potenciando, ayudando o colaborando en esa intervención, negara el asilo
a tres ciudadanos iraquíes que ya tenían un certificado del ACNUR de Líbano? ¿Nos lo puede explicar a ver si podemos entender algo de todo esto? Gracias.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Agradecería a la señora Blanco que si ha sido una coincidencia y no lo quiere mezclar no hablemos de la intervención en Irak. Si quiere hablamos, pero
no mezcle la intervención en Irak cuando le interese para decir luego que practicamos la doble moral de negar el asilo y que la pregunta no tiene nada que ver porque es anterior al conflicto. No me haga trampas. Yo estoy dispuesto a hablar de lo
que usted quiera, pero planteemos la cosa en sus justos términos; si no hablamos de Irak. Yo no tengo ningún inconveniente en hablar de Irak y así me explicará usted ese régimen tan tremendo que explotaba a tanta gente y que es el primer donante
cuánto tiempo lo íbamos a tener mantenido por este señor, hasta cuándo. (La señora Blanco Terán: Yo no he hablado de la guerra.) En fin yo no quiero hablar de eso, ya se lo he dicho, lo ha citado usted y yo lo lamento.
Entrando en el asunto al que usted se refiere, le voy a dar una contestación y le voy a hacer un ruego. Siempre que se produce la llegada a puertos españoles de polizones en barcos nosotros aplicamos la normativa vigente, es decir lo que
está previsto tanto desde el punto de vista de la legislación de extranjería, de la legislación de asilo, del reglamento y también de las instrucciones relativas al tratamiento que se da a los polizones extranjeros que llegan a nuestros puertos; y
en razón de las determinaciones que se contienen y a la vista de las circunstancias en las que se produce esa llegada damos la atención que está establecida dentro de esa normativa, y hemos sido escrupulosos en darla. Le rogaría que haga la
descripción de los hechos completa.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, por favor.
La señora BLANCO TERÁN: Seré breve, señor presidente.
No, no se les dio esa asistencia. Usted lo sabe. El caso del Candelaria B fue otro error. Yo estoy dispuesta a reconocer que no hubo ninguna intención aviesa; estoy dispuesta a reconocérselo porque era finales de diciembre, el 27 de
diciembre, y es verdad que los ministerios, todo el mundo estaba a medio pelo. ¡No se les dio la asistencia! Lo dice el propio capitán, y se la juega. Pocas veces un capitán de un buque con polizones hace una manifestación como ésta. Una
manifestación que va a llegar al juez y en la que se dice que no se les dio asistencia letrada, que no se les facilitó intérprete, que no se les dejó solicitar asilo.
Estuvieron tres semanas dando vueltas por media Europa y por el norte de África.
Solicitaron asilo en Italia e Italia dice que hay razones para concedérselo pero que la Declaración de Dublín impone que el primer puerto que haya sido tocado, en este caso un puerto español, es el que tiene que entender de esta solicitud, que no es
Italia sino España. Fue un error, señor delegado, y usted lo sabe. En la situación en que ya nos encontrábamos con Irak no se podía hacer esto puesto que tenían un documento del ACNUR de Líbano y el ACNUR de España avaló esta solicitud.
Fue un
error, pero no quiero hacer más sangre. Lo único que pretendemos es que no vuelva a ocurrir, que se intente que no vuelva a ocurrir, eso es todo. No quiero hacer sangre. No quiero hablar de la guerra. Esta pregunta entró en esta casa el día 27
de diciembre y el día 30 fue calificada, por tanto no lo hemos aprovechado. Si usted hubiera comparecido antes de la guerra esta pregunta habría entrado y no hubiéramos tenido ese escenario, pero lo tenemos. Pero me da igual, no quiero hablar de
la guerra, quiero hablar de tres polizones iraquíes que podrían ser iraníes, coreanos o cubanos y sería lo mismo, señor delegado, exactamente lo mismo: personas que necesitan protección.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señora Blanco, estoy de acuerdo con usted: fue un error, un inmenso error. Pero a mí me gustaría que, como le he dicho antes, describiese todos los
hechos porque a la luz de los mismos yo creo que fue un inmenso error de la organización que usted preside. Me gustaría que cuando usted hace este tipo de intervenciones nos clarificase si lo está haciendo como portavoz del Grupo Socialista o como
presidenta de la asociación implicada en este tipo de actos, porque yo
creo que conviene saber si ésa es la posición que defiende su grupo o es la que usted detenta como presidenta de CEAR.
Vamos a contar los hechos como son. Estos señores, como usted ha dicho, llegan como polizones en un barco a Barcelona el día 28 y son sometidos a una entrevista en la que está el subinspector jefe de fronteras, un intérprete oficial y el
capitán. El capitán también firma este documento en el que se dice que a las preguntas realizadas han manifestado que embarcaron en Beirut, habiendo entregado dinero a unos individuos que les facilitaron el acceso al buque, ya que dicho buque se
dirigía a Alemania, sin otro motivo que trabajar y vivir una vida mejor. En las declaraciones de estos señores lo que consta es que estaban perfectamente tratados. No solicitaron ningún tipo de protección ni dijeron que querían entrar en España,
solamente -como pone en el escrito- querían ir a Alemania para buscar una vida mejor, lo cual es muy loable, pero sólo por razones económicas, no por razones de persecución, porque cuando se produce este hecho no se ha producido todavía el conflicto
de Irak ni hay ninguna recomendación del ACNUR, que es posterior, como usted sabe y acaba de decir. Por tanto, no se producen los hechos como usted dice.
Curiosamente, aquí se les facilita la entrevista y el intérprete, que es lo que dice la
normativa, pero ¡qué casualidad! este barco se dirige a Valencia y como hay huelga -usted lo ha dicho- no atraca. Sin embargo, se produce la llegada al barco, al parecer, de tres abogados de su organización, con dos intérpretes, al parecer, y con
algunos miembros de su organización. Allí les hacen una declaración sin presencia de la policía, sin presencia de la autoridad policial, que suscriben sus abogados en lugar de la autoridad. Lo tengo aquí, está suscrito y firmado por los abogados
de CEAR, donde pone el jefe de la dependencia de la Dirección General de Política Interior, diligencia de información y derechos. Firmado por los abogados de CEAR. ¿Sabe lo que es esto? Es una situación que quiero calificar, como usted ha hecho,
de gravísimo error, un gravísimo horror de su gente. Y en su condición de presidenta y de responsable público debería usted evitar que este tipo de situaciones se produjeran porque es muy grave que los abogados de una organización usurpen las
funciones de la autoridad y suscriban este tipo de declaraciones, como usted ha hecho en esta situación. Eso es lo que me preocupa, lo que es realmente grave. A partir de ahí, usted reconoce por escrito en esta carta que yo le agradezco y que tuvo
la delicadeza de enviar al señor director general de Inmigración que efectivamente estas personas firmaron donde firmaron; lo reconoce usted aquí. Dice: Nuestro letrado interviniente firmó dichos formularios. Y dice también: Para facilitar la
tarea de la Administración. ¿Cómo puede alguien sin la presencia de la Administración firmar en nombre de la Administración para facilitar la tarea de la Administración? ¿Dónde se ha visto eso? Creo que en su calidad de presidenta de esta
organización, insisto, debería evitar que se produjeran este tipo de situaciones. Hasta aquí estos señores simplemente han declarado reiteradamente su intención de ir a Alemania a obtener un puesto de trabajo y a tener una vida mejor -que es muy
loable, insisto, y me parece perfecto que cualquier persona con esa situación de necesidad intente conseguir lo mejor-, y en ningún momento sin embargo han manifestado que hayan sido objeto de persecución ni nada, porque como usted ha dicho en aquel
momento eso no se produce. Estas personas han salido hace mucho tiempo de su país y se han embarcado; han venido por muchos sitios hasta que llegan aquí. Usted lo sabe, lo ha declarado. En ese sentido, insisto, le rogaría que contase los hechos
tal y como se han producido, que es así. Además le pediría que pusiese orden dentro de su organización para que estas situaciones no se produzcan. Como usted sabe y ha contado parcialmente, en un momento posterior, cuando ya se produce la
situación de pedir el asilo formalmente, entonces se suscribe un documento -que también lo tengo aquí- en el que curiosamente, donde antes firmaba el jefe de la dependencia, ahora firma un funcionario y donde firma CEAR y el abogado es en otro
documento donde expresamente pone que es abogado de CEAR. Qué curioso. Éste es el documento que da lugar al derecho de la petición y se hace con asistencia letrada, como usted sabe, porque aquí está el abogado de CEAR, salvo que no lo sea, y se le
tramita la petición. ¿Qué pasa con la tramitación de la petición? Como usted ha dicho sobre ese drama tan grande, sólo se admite uno de los tres, se procede al estudio de los mismos y los otros se rechazan porque no alegan ninguna de las
circunstancias relativas a la situación de protección; por eso se rechazan. Estos señores han presentado, como usted sabe también, un recurso, pero curiosamente entre las razones que alegan no está ninguna de las que usted dice sino, por ejemplo,
una de las razones es que han huido de Irak porque tenían que hacer el servicio militar obligatorio, les pagaban muy poco y ellos con eso no podían vivir y querían ir a buscar un mundo mejor en otro sitio para trabajar. Insisto, es muy loable pero
no es una razón. Eso está rechazado en esas circunstancias, como usted sabe. Cuéntelo todo. Se produce una segunda circunstancia que conviene también saber y es a la que usted se ha referido. Cuando se empieza a valorar esta segunda petición, ya
se ha producido la situación de Irak y entonces es cuando hay una recomendación de ACNUR de que no haya devoluciones de ningún iraquí a su país, cuestión que lógicamente nosotros, como el resto de los países, aplicamos. Por esa razón aplicamos un
criterio -que es general para todos los supuestos de iraquíes- y es que cuando se trata de iraquíes acreditados procedentes de un tercer país, que además solicitan una protección, les damos la protección temporal por tres meses, que es lo que hemos
hecho siguiendo las recomendaciones de
ACNUR y los criterios establecidos por el Gobierno en coordinación con ACNUR. (La señora Blanco Terán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, ha habido ya un turno de réplica y por tanto no procede su intervención. (La señora Blanco Terán: No puede ser; es un segundo, presidente) Ha habido dos intervenciones por su parte.
La señora BLANCO TERÁN: Solicito un segundo, señor presidente. He sido aludida en una calificación y yo le rogaría que al menos me diera un minuto, porque quiero aclarar algo que a mi modo de ver y en nombre de mi grupo parlamentario es
imprescindible que conste en el 'Diario de Sesiones'.
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, inevitablemente ha habido referencias en las dos intervenciones, tanto en la que usted ha tenido como en la del propio delegado del Gobierno.
La señora BLANCO TERÁN: Pero no como diputada, he sido referida de otra manera.
El señor PRESIDENTE: Si no pasa de un minuto, tiene el uso de la palabra.
La señora BLANCO TERÁN: Señor delegado, mi organización, lo que usted llama mi organización no es mi organización, es una organización que se ocupa del derecho de asilo y refugio, y le recuerdo que un miembro de este Parlamento, del grupo
parlamentario que sostiene al Gobierno, forma parte también de esa organización. ¿Lo sabe usted? Los abogados de CEAR en el último momento asistieron a los tres polizones, uno de ellos fue detenido ilegalmente, y usted lo sabe también. Usted lo
sabe muy bien y yo he tenido la decencia de no echárselo en cara. Usted lo sabe mejor que nadie, así que si usted no se dirige a mí como parlamentaria, sino como presidenta de una organización, refiérase a su grupo parlamentario que forma parte no
de mi organización, sino de CEAR y que forma parte de la asamblea en la que se toman decisiones y del consejo ejecutivo del Grupo Popular que sostiene al Gobierno.
Eso es todo.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Por supuesto que sé quién forma parte de su organización, pero yo entiendo que el presidente tiene la representación, salvo que usted me diga lo
contrario. Yo comprendo que le moleste que le diga que es su organización siendo la presidenta, pero a partir de ahora me explicará usted qué significa ser presidente de una organización y no ser suya, entre otros. (La señora Blanco Terán
pronuncia palabras que no se perciben.) Si usted sabe de alguien que haya realizado algún tipo de actuación irregular, me parece perfecto que lo denuncie, que vaya al juez y que lo haga, porque, como usted sabe, además, nosotros ahí intervenimos -y
yo le agradezco que lo reconozca en su carta- precisamente para tratar de que esta situación no fuera a más, porque ya nos parecía suficientemente grave lo que se había producido en la actuación de los abogados. Usted misma lo reconoce, usted misma
dice en la carta: Siendo lo cierto que las solicitudes así rellenadas obviamente no tienen valor formal de solicitud de asilo, sino meramente informativo. Lo dice en su carta. Ésta es su carta, firmada por doña Delia Blanco, salvo que usted me
diga que tampoco es ésta, que no es su firma, y además como presidenta de CEAR. ¿Cómo vamos a tramitar un asilo de una petición que usted misma reconoce que sólo tiene un valor informativo?
- DEL SEÑOR PEDRET I GRENZNER (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE CRITERIO DEL GOBIERNO RESPECTO AL EMPADRONAMIENTO MUNICIPAL DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS. (Número de expediente 181/003302.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta que figura en el orden del día es la número 8, que formula el diputado señor Pedret.
Tiene la palabra el señor diputado.
El señor PEDRET I GRENZNER: A nuestro grupo parlamentario le interesa conocer el criterio del Gobierno respecto al empadronamiento municipal de los ciudadanos extranjeros, tanto comunitarios como extracomunitarios.
Por ello formula la
pregunta al hoy compareciente para que a través suyo y en la responsabilidad política que tiene asumida, nos explique cuál es el criterio actual del Gobierno al respecto.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): El criterio del Gobierno, como no puede ser de otra manera, es cumplir con la legalidad vigente y con el respeto al cumplimiento de la normativa
vigente, que como usted sabe está contenida en la legislación de régimen local en los artículos 15 y siguientes donde va estableciendo cuáles son los requisitos y los supuestos en relación con las inscripciones de los nacionales y de los extranjeros
procedentes de terceros países. Por tanto, aplicamos eso y las condiciones que se contienen dentro de la instrucción del año 1997 que desarrolla lo establecido en concreto en
la letra f) -creo recordar- del artículo 16.2 de la Ley de bases de régimen local. Ése es el criterio que lógicamente estamos aplicando. Esa es nuestra posición, porque no puede ser otra y ese es el criterio que deben aplicar las
corporaciones locales como responsables directas de la gestión del padrón.
El señor PRESIDENTE: Señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Señor compareciente, no sabe usted cómo me alegra y tranquiliza escuchar que el Gobierno va a cumplir la ley, así como, hilando con lo que ha dicho usted con motivo de la pregunta anterior, veo que van ustedes a
poner orden en su organización y no se van a decir las cosas que manifiestan insignes representantes de su organización sobre el empadronamiento. Si hemos formulado esta pregunta ha sido por el escándalo que se ha producido en el ámbito de
Cataluña, en todos los sectores sociales sensibilizados con el tema, que en Cataluña son amplísimos por no decir todos, al manifestar públicamente el presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de dicha comunidad, don Alberto
Fernández Díaz, ahora proclamado candidato número uno de la lista municipal de Barcelona, el día 11 de febrero de 2003, que los ayuntamientos no deben empadronar a los extranjeros que no tengan permiso de residencia, que es ilógico que un inmigrante
ilegal -lo califica de ilegal- se pueda empadronar en el ayuntamiento y pueda acceder a las prestaciones sociales y asistenciales. Es más incitó, eso sí en apoyo a unas declaraciones hechas anteriormente por otro compañero de su organización, el
candidato a alcalde de Badalona, don Xavier García Albiol, a que los ayuntamientos pusieran en conocimiento del Gobierno la existencia de extranjeros en situación irregular para que se aplicaran las medidas correspondientes. Tal incitación al
incumplimiento de la normativa de régimen local, al incumplimiento de la normativa sobre derechos y libertades de los extranjeros en España (ya sé que usted prefiere decir Ley de extranjería, como se ha visto a lo largo de esta tarde, pero es de
derechos y libertades de los extranjeros en España) es algo que resulta del todo inconcebible en estos momentos. Ustedes se llenan la boca continuamente con el cumplimiento de la legalidad, ustedes, en un movimiento reflejo de echar la culpa de lo
que fuere a cualquier otro, acusan a todo el mundo de pretender el incumplimiento de la legalidad, que todos queremos obtener resultados distintos por métodos diferentes a los que establecen las leyes vigentes. Lo han dicho ustedes públicamente y
no lo han desmentido en ningún momento. Pongan ustedes orden, tal y como reclamaba usted antes, en su organización política e impidan que se haga esto, ya que de no ser así no nos quedará más remedio -se lo digo con enorme pesar- que creer que han
tenido ustedes un puro gesto cosmético con el firmante de la famosa carta de Nueva York, que se permite decir que en España hasta los moros tienen trabajo. (El señor Mayoral Cortés: ¡Qué vergüenza!) Si no se desmiente, si no se desautoriza esta
incitación a la ilegalidad por parte de un destacado representante de su partido, ello vendrá a demostrar que en el fondo es lo que ustedes piensan y que sólo rectifican cuando ven que las consecuencias pueden ser negativas para sus intereses, no
para los intereses del Estado de derecho. Desmienta usted lo que ha dicho el candidato a alcalde de Barcelona y presidente del Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento de Cataluña. Diga que eso no es cierto, que no es el criterio del Gobierno,
ya que si no descalifica usted las afirmaciones, que no a la persona, de don Alberto Fernández Díaz, su credibilidad es absolutamente nula.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Me parece muy bien el discurso del señor Pedret, pero tengo que manifestar que no conozco las declaraciones del señor Alberto Fernández ni del otro
dirigente que ha citado del Partido Popular, me imagino que de la Comunidad de Cataluña, pero no sé a quién se refiere. No las conozco y por tanto no me voy a pronunciar sobre ellas. Tan sólo le reitero el criterio del Gobierno en relación con el
padrón, ya que no puede ser otro, y como digo porque además la aplicación de esto corresponde a las corporaciones locales y no al Gobierno, con lo cual difícilmente nosotros podemos hacer algo más desde un punto de vista concreto en ese sentido. En
todo caso, tengo que decir que Alberto Fernández es una persona que tiene todo mi respaldo, todo mi respeto y todo mi apoyo, pareciéndome el mejor candidato que puede tener Cataluña y en concreto Barcelona a la alcaldía. Si usted considera que
manifestar esto me desacredita, lo siento por usted. Me encantaría que el señor Alberto Fernández, en beneficio de los catalanes y de los barceloneses, pudiese ser alcalde de la ciudad y seguro que lo haría fantásticamente bien. Por tanto, no
tengo nada más que decir.
Sí le quiero decir que ante esa tendencia a mezclarlo todo con aquello de que pasaba por allí, con lo de ese señor de Nueva York, al que no tengo el gusto de conocer, les pediría que no me hicieran el doble juego, es decir no lo quiero
mezclar pero lo suelto. Además no lo cuentan entero, porque mi partido, en relación con ese señor, ha abierto una investigación y le ha suspendido. Cuéntelo todo, no se quede sólo en lo que le interesa. A mí no se me ocurre meterme en este tipo
de cosas, pero si ustedes me incitan, no tendré más remedio que recordar aquí aquél miembro de la mesa del Parlamento andaluz que hizo aquella alusión a los moros y que le costó la dimisión. Eso de y tu más es un mal camino y
no lo quiero practicar, pero si usted quiere seguiremos por esa dirección.
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LA VERACIDAD DE LAS DENUNCIAS PLANTEADAS POR MÉDICOS SIN FRONTERAS SOBRE LA SITUACIÓN HUMANITARIA DE LAS PERSONAS DE ORIGEN ORAQUÍ, SOLICITANTES DE
ASILO, PRESENTES EN CEUTA. (Número de expediente 181/003347.)
- DEL SEÑOR CAMPUZANO I CANADÉS (GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN, CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE CRITERIO ANTE LAS SOLICITUDES DE ASILO PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS DE IRAK. (Número de expediente 181/003348.)
El señor PRESIDENTE: Preguntas números 10 y 11 del orden del día, que figuran acumuladas a solicitud de la propia interesada, formuladas por la diputada Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor delegado, a tenor de cómo vienen redactadas le formulo las preguntas acerca de la certeza de las denuncias planteadas en su día por Médicos Sin Fronteras sobre la situación humanitaria de las personas de
origen iraquí, solicitantes de asilo, y presentes en Ceuta, es una pregunta formulada el 20 de marzo, y acerca de cuál es el criterio del Gobierno ante las solicitudes de asilo planteadas por los ciudadanos de Irak, que es una pregunta formulada con
fecha 4 de marzo.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Gracias, señora Pigem.
En relación con la primera de las cuestiones, no sé si ha llegado formalmente a la mesa del representante de Convergència i Unió, pero a esta pregunta -que hace tiempo que nos fue formulada por escrito en los mismo términos literales-
contestamos por escrito. En todo caso le señalo que nosotros negamos por supuesto la veracidad de esas denuncias en relación con la situación humanitaria de los iraquíes en Ceuta, porque la inmensa mayoría de estas personas han estado alojadas en
el centro y han tenido un tratamiento absolutamente digno y correcto, como el resto de personas que en situación irregular estaban en ese centro. En cuanto a nuestra actitud en ese sentido es, como en todos los casos, garantizarles los derechos que
les asisten, y cuando han hecho las peticiones correspondientes tramitarlas de la mejor manera posible. En cuanto a los criterios que nosotros aplicamos a las solicitudes de asilo son, como es lógico, los establecidos dentro de nuestra legislación
de asilo y refugio, tanto en la ley como en el reglamento, todo lo establecido en el Convenio de Ginebra, y además aplicando el criterio de que debe tratarse siempre de iraquíes que acrediten lógicamente tal condición, que no procedan de un tercer
país, donde hayan residido un tiempo largo, y que tengan garantizada en dicho país una devolución a Irak. En esas circunstancias, y con las últimas recomendaciones del ACNUR, estamos tratando las peticiones de ciudadanos iraquíes en Ceuta que se
han venido produciendo.
El señor PRESIDENTE: Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor delegado, es evidente que no puede escapársenos que esas preguntas sí tienen relación con la reciente situación postbélica, con la actual situación bélica, y con el posicionamiento del Gobierno respecto a
esta guerra.
Mi grupo parlamentario tiene el interés que radica en conocer cuál va a ser la posición del Gobierno respecto a la situación de los ciudadanos iraquíes que están en el territorio español y que son demandantes de asilo. A nuestro entender
-nuestra posición es pública pero se la voy a decir otra vez-, la posición del Gobierno no puede en absoluto desligarse, sino que por el contrario debería obligatoriamente ligarse o enmarcarse en la posición que el Gobierno que ha tenido y tiene
respecto a la guerra de Irak, y concretamente respecto a los motivos por los cuáles el Gobierno justifica la posición que ha tenido el propio Gobierno. Uno de estos motivos -usted lo conoce sobradamente- es que había que liberar al pueblo de Irak
de la represión, de las torturas, de los crímenes y de la situación límite al que le había llevado la dictadura de Sadam Husein. Esto se ha dicho en esta Cámara y además es público y notorio. En definitiva, se ha dicho que era necesaria una guerra
a favor de los derechos humanos, a favor de la libertad y a favor de la democracia. Por tanto, es evidente que el Gobierno era y es perfectamente conocedor de la situación, de la penosa situación que se vivía en Irak. Es evidente que esta
situación no puede circunscribirse a los días ni a los meses inmediatamente anteriores a la guerra, sino que también, como reiteradamente se ha dicho, este era el último paso de una larga serie que denunciaban precisamente esta situación.
Pues bien, a nuestro entender este conocimiento de la situación se compadece realmente mal o se compadece muy escasamente con la actitud y el compromiso que este mismo Gobierno ha tenido y tiene con las personas de origen iraquí que están en
España y que son o han sido solicitantes de asilo. A eso venían las dos preguntas, porque eran preguntas que daban datos sobre esta situación. Uno de los datos era la denuncia que Médicos sin Fronteras había hecho de la situación de
una cincuentena de personas que prácticamente hasta que estalló la guerra se veían obligadas a malvivir en los bosques que rodean la ciudad de Ceuta. Usted dice que el Gobierno ha contestado por escrito al diputado Carles Campuzano. Siento
no tener esta contestación, por tanto no tengo más remedio que reiterar la pregunta. También dice que estas personas, negando la veracidad de esta denuncia, están debidamente alojadas en centros. Esto es cierto hoy. Médicos Sin Fronteras, a los
que hemos preguntado por la situación al día de hoy, nos dice que es cierto que estas personas están alojadas en los centros, también dice que seguramente por haber puesto de relieve esta situación y seguramente también por propia coherencia con la
posición del Gobierno en el tema de la guerra de Irak. Lo cierto es que estas personas hoy están en el centro de alojamiento, pero si me permite -y a eso va el tema de negar la veracidad o la certeza de esta situación al día de hoy-, nos dice
también que quedan argelinos y subsaharianos, en un número variable, pero también alrededor de cincuenta y cíclicamente llegan nuevos, que se hallan en estas mismas condiciones infrahumanas en los bosques. Sé que es una pregunta tangencial, pero me
gusta exponerla porque hemos hablado de lo que era la certeza de la situación.
Por otra parte, la política del Gobierno frente a las solicitudes de asilo ha ido en una línea similar. ACNUR y CEAR, han divulgado unos datos que por otra parte no son secretos, pues son oficiales de la Oficina de Asilo y Refugio del
Ministerio del Interior, e indican que durante los últimos cinco años, concretamente del año 1997 a 2001, 583 personas iraquíes han solicitado asilo, a poco más de cien personas por año, y el 99 por ciento de las solicitudes han sido rechazadas.
Como digo, la situación en la que el Gobierno justifica, entre otras, su situación en la guerra de Irak no puede decirse que sea de los últimos meses, en todo caso es de los últimos años, que son a los que me estoy refiriendo. Por tanto, la actitud
del Gobierno entiende mi grupo parlamentario que se compadece mal con la posibilidad que ha tenido de liberar uno a uno a estos ciudadanos de este perverso régimen. Incluso más allá de estos datos, -esto es el pasado-, a mi grupo parlamentario le
preocupa especialmente el futuro inmediato de los iraquíes que están en territorio español. Nos gustaría saber concretamente cuál va a ser la política del Gobierno respecto a su situación en España, nos gustaría saber si por parte del Gobierno -me
ha parecido entender en la respuesta a una de las preguntas anteriores que sí- se va a secundar la recomendación hecha por ACNUR de suspender temporalmente la devolución a Irak de solicitantes de asilo cuyas peticiones hubieran sido denegadas y de
otorgar algún tipo de protección a estas personas, al menos por un periodo de tres meses por razones de índole humanitaria, o si por el contrario considera o comienza a considerar que la caída del régimen de Sadam Husein es una condición suficiente
para devolver a los solicitantes de asilo a los que les hubiere sido denegada la petición, a pesar de que la situación en Irak es notoriamente catastrófica por el momento.
Agradeceré su respuesta y finalizo queriendo significar que el objetivo que persigue mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al formularle estas cuestiones, no es otro que el de estimular, impulsar al
Gobierno a que tenga una política realmente generosa, una política que por razones humanitarias sea efectiva y realmente de apoyo a los ciudadanos individuales iraquíes que huyendo del régimen de Sadam Husein se encuentran actualmente en territorio
español.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señora Pigem, las denuncias de Médicos Sin Fronteras fueron de dos tipos: una, a la que usted hacía referencia, era que estas personas iraquíes en
Ceuta estaban fuera del centro y no vivían en condiciones dignas y humanitarias; otra hacía referencia a la tramitación de los expedientes de asilo y decía que no se cumplía con los requisitos establecidos en la ley, no se ofrecían garantías
procedimentales, ni se ponía asistencia letrada e intérpretes. Nosotros no compartimos esas denuncias en ninguno de los dos casos, y creo que los datos son bastante evidentes. En Ceuta, desde hace ya tiempo -porque llevan mucho tiempo allí-
tenemos alrededor de 134 iraquíes, de los cuales todos menos 6 han estado permanentemente en el centro de internamiento de Ceuta. Es un centro abierto del que la gente entra y sale, y que tiene además mucha rotación, precisamente debido a sus
características. Vuelvo a repetir que prácticamente la totalidad ha estado siempre en el centro, por lo cual no compartimos como es lógico esas denuncias sobre la situación humanitaria.
Es verdad el centro tiene una capacidad que
circunstancialmente, y no en el caso de los iraquíes sino en el de otros colectivos (teniendo en cuenta además que se trata de una ciudad fronteriza por la que se producen entradas y salidas sobre todo de marroquíes y de argelinos), se pueden
producir saturaciones que no permitan dar respuesta a la concentración en un determinado momento, pero concretamente en el caso de los iraquíes esa situación no se ha producido.
En cuanto al tratamiento de las solicitudes, debo señalarle en primer lugar que todos los iraquíes que estaban en Ceuta llevaban una media de permanencia superior a ocho meses antes del conflicto. En su inmensa mayoría se trata de gente que
llegó a Ceuta hace tiempo, no por razones derivadas del propio conflicto y procedente en muchos casos de terceros países, como Marruecos, Egipto y otros lugares donde habían estado
residiendo. Por tanto, estas personas en muchos casos ni siquiera querían solicitar el asilo, simplemente querían obtener la posibilidad de salir de ahí para ir a otros sitios donde pudieran trabajar y vivir, normalmente lugares en los que
hay colonias de iraquíes, y para contestarle al tema de las cifras al que luego me referiré con carácter general, le adelanto que nosotros no somos un país con colonias iraquíes.
En cuanto a los expedientes, a principios del año pasado y principios
de éste hemos llevado a cabo una operación específica en Ceuta precisamente para agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo de todas las personas que se encontraban allí. Hemos contado con la colaboración del Colegio de Abogados, hemos
reforzado los servicios de intérpretes y se han cumplido todos los requisitos legales. ACNUR ha estado presente en la tramitación de todos los expedientes, y curiosamente en el caso de los iraquíes se han presentado 34 solicitudes de asilo y en
ellas, el criterio de la Oficina de Asilo y el criterio de ACNUR ha sido siempre coincidente. Como le decía antes, hemos aplicado todos los criterios establecidos en la normativa en vigor, y a partir del momento en que se produce el conflicto y
siguiendo las recomendaciones de ACNUR, el criterio que aplica España es no devolver a Irak a ciudadanos iraquíes ante la situación del conflicto, y cuando se trate de ciudadanos iraquíes que así lo acrediten y soliciten expresamente esa protección,
darles una protección por razones humanitarias, en atención a la situación en que se encuentra su país, durante el plazo de tres meses. Al mismo tiempo, en relación con el número de iraquíes, debo decirle que España no es un país con especial
presión de ciudadanos iraquíes porque no ha tenido colonias.
A lo largo de todos estos años se han concedido 527 estatutos, que en su mayoría coincidieron en los años posteriores a la guerra del año 1991, que es cuando se produjo realmente un
desplazamiento masivo. Curiosamente en esta guerra, como ha informado reiteradamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas y como hemos tenido oportunidad de ver, no ha habido desplazamientos masivos, es decir la población se ha concentrado en el
propio Irak. Ha habido pequeños desplazamientos dentro de las ciudades iraquíes y ni siquiera se ha producido ese desplazamiento a los países del entorno. Por tanto, no estamos ante un fenómeno de desplazamiento masivo derivado de este conflicto,
como es conocido y ha señalado reiteradamente el ACNUR, y tampoco en los países del entorno. La acción humanitaria debe producirse fundamentalmente y se está produciendo -eso es lo que nosotros apoyamos- es dentro de Irak, que es donde lógicamente
se está concentrando toda la actuación de las organizaciones no gubernamentales y de colaboración de los gobiernos para el restablecimiento de la situación dentro del territorio. Nosotros no tenemos un problema desde el punto de vista de presión de
iraquíes porque no tenemos colonias. Los iraquíes que tenemos aquí siempre manifiestan su intención de ir fundamentalmente bien a Estados Unidos, bien a Inglaterra, o bien a Alemania que es donde se producen las mayores concentraciones. Por tanto,
el criterio que nosotros hemos seguido y vamos a seguir es aplicar evidentemente la norma que acabo de señalar.
También quiero decirle que ACNUR, con motivo del conflicto, dictaminó que no se tramitase ningún expediente de asilo, que quedasen en
suspenso y que únicamente se hiciera no retornar a estas personas. Ése es el criterio que nosotros hemos venido aplicando, tan es así que es la actuación que se ha seguido con los iraquíes que están en Ceuta.
Recientemente ayer o anteayer ha
salido de allí un colectivo de 40 ó 50 iraquíes a quienes se les ha reconocido esta situación de protección temporal de 3 meses por razones humanitarias, y por tanto cuentan con la protección que con carácter general se ha acordado. ¿Cuál es el
criterio que vamos a seguir? Estos mismos, salvo que ACNUR y los organismos internaciones, o la Unión Europea establezcan otra serie de criterios.
Eso es lo que vamos a hacer.
El señor PRESIDENTE: Señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Señor delegado, comparto muchas de las argumentaciones que usted ha dado. Afortunadamente, no ha habido una salida masiva de iraquíes después del conflicto y es una buena noticia si pueden quedarse allí. Mi
pregunta no iba en el sentido de la ayuda humanitaria, aún coincidiendo también con la explicación que usted ha dado de que los iraquíes no vienen a España de manera masiva porque no hay colonia iraquí, esto no quita la perplejidad que a mí me
produce una situación que encuentro paradójica. No pregunto por qué no vienen más iraquíes, lo que yo pregunto es por qué de los que vienen y solicitan asilo se conceden tan pocos estatutos. Ésta es la pregunta que yo le hago. Si por una parte el
Gobierno es conocedor de esta situación, que ya he repetido varias veces no es de los últimos meses sino de los últimos años, con independencia del número absoluto de iraquíes que vienen a España le pregunto por qué el porcentaje de los que vienen y
los que lo solicitan es tan bajo y no me refiero a los que no vienen ni a los que no lo solicitan. Además, respecto al tema que usted me anuncia -y me congratulo que se hayan suspendido las devoluciones por un período de tres meses- le pregunto si
éste es un período en principio cerrado o puede ampliarse. ¿Cuál es la situación que hay?
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): El porqué se conceden pocos es porque se conceden todos aquellos en los que se acreditan que se reúnen las condiciones establecidas tanto en la
Convención de Ginebra, como en la Ley de asilo y refugio y en el reglamento. Para eso existe una comisión interministerial de asilo y refugio donde nosotros somos el único país que tenemos incorporado al ACNUR a la hora de hacer la
valoración de todas las solicitudes. Quiero recordarle que en el 98 por ciento de los casos las resoluciones de la comisión son con el acuerdo de ACNUR. Por tanto, las razones son esas y ya le digo que se hace con el respaldo del Alto Comisionado
de Naciones Unidas. Si no se producen esas circunstancias lógicamente no se pueden aplicar el asilo y refugio, lo cual no impide que en atención a esas circunstancias especiales que se están produciendo en Irak, el propio Alto Comisionado haya
establecido, de acuerdo con la comunidad internacional, una serie de criterios que son los que nosotros estamos aplicando y que vamos a seguir aplicando en razón de cómo evolucionen esos acontecimientos y cómo se vayan cambiando los criterios por
parte de la comunidad internacional. Pero la razón es ésa, es decir, no hay ninguna sorpresa. Lo que no vamos a dar son nuevos estatutos que no se corresponden porque no reúnen las condiciones simplemente porque eso es así. Hay 500.000 personas
desplazadas fuera de Irak que en muchas ocasiones son perseguidas como consecuencia de la guerra del año 1991, pero en muchas otras lo son por razones económicas, por eso se producen muchos desplazamientos. Cuando no hay razones de protección,
lógicamente no se les aplica el estatuto, habrá que aplicar otra serie de criterios, que es lo que se hace aquí, e insisto, con la participación del ACNUR en la Comisión de evaluación y con un altísimo grado de coincidencia en la valoración de estas
peticiones.
- DE LA SEÑORA BLANCO TERÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE GARANTÍAS JURÍDICAS ESTABLECIDAS PARA LOS MENORES MARROQUÍES NO ACOMPAÑADOS. (Número de expediente 181/003387.)
El señor PRESIDENTE: La última pregunta que figura en el orden del día es la número 12, que presenta la señora Blanco.
La señora BLANCO TERÁN: Señor presidente, formulo la pregunta que figura en el orden del día. No tengo nada más que decir.
El señor PRESIDENTE: Señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Señor presidente, con la misma brevedad, las que establece la Ley de extranjería y su reglamento.
El señor PRESIDENTE: Gracias por la brevedad a los dos.
No sé si vamos a seguir con esa misma brevedad. Señora diputada, tiene la palabra, pero sabe bien que es el último punto del orden del día.
La señora BLANCO TERÁN: Señor presidente, yo sí tengo algo que decir.
Intervendré brevemente porque ya es muy tarde.
Ojalá fuera así, señor delegado, porque parece que este cargo imprime carácter, carácter del todo. No le conocíamos a usted esta faceta de su carácter. Ha estado bien, vamos conociéndonos todos. Está muy bien, esta tarde ha sido muy
reveladora y muy didáctica, sobre todo en torno a esta frase, histórica casi, en la que usted afirma que los iraquíes fundamentalmente huían de su país para buscar una vida mejor; incluso a dos que no querían enrolarse en el ejército no se les dio
el asilo porque, total, sólo querían no enrolarse en el ejército que iba a luchar contra las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña. Usted, que hace unas piruetas verbales bastante bien traídas, me ha sorprendido, no está mal.
Podíamos haber dado
el asilo a esos dos iraquíes y hubieran sido dos menos para luchar contra las tropas de Estados Unidos y Gran Bretaña. No hubiera estado mal, dos menos.
A lo que íbamos, menores. Usted dice que se establecen todas las garantías. Afortunadamente, Marruecos en el pasado mes de febrero abrió un proceso para poder conocer, censar y saber cuántos menores magrebíes se encontraban en nuestro
país. Menores extranjeros, de Marruecos, no acompañados. Nunca lo hemos sabido y reiteradamente lo hemos preguntado.
Sí sabíamos en qué comunidades estaban aproximadamente pero nunca supimos su número. Sabemos también por ley que a los nueve
meses de llegar y en el momento en el que se hacen cargo de ellos los servicios sociales de las comunidades autónomas y, por tanto, son tutelados por la propia comunidad autónoma y las direcciones generales del Menor, tienen que tener un permiso de
residencia y comienzan su itinerario de formación, de aprendizaje, etcétera. Pero nos encontramos que en febrero, afortunadamente, Marruecos empieza a hablar de un problema que nos venía preocupando desde hace tiempo, supongo que a su delegación
también, espero que sea así, porque es un problema preocupante, si no le preocupaba, entonces nos preocupa un poquito más. A partir de ese mes Marruecos abre esa posibilidad, pero la abre diciendo que está dispuesto a readmitir a los menores
debidamente censados y con todas las garantías jurídicas, es decir, con un informe de los servicios sociales porque, salvando que el principal derecho de los menores es reagruparse con sus familias biológicas, salvando ese derecho que es el primero
de los menores, hay otros derechos que les asisten y que a veces obvian el primero, que es que tengan familias, porque hay algunos que no la tienen.
Segundo, que no sean perseguidos por sus propias familias, como afirma a veces la Convención de Derechos del Niño y sabemos que ocurre. Tercero, que tengan un lugar donde ir que sea idóneo para su formación, crecimiento y desarrollo y
cuarto, si todas esas razones no concurren, no se puede devolver al menor. Usted lo sabe mejor que yo, está en la Ley 8/2000, está en la Convención de Derechos del Niño, está en la Convención de Ginebra, hay tratados internacionales que España ha
suscrito debidamente y según nuestro ordenamiento jurídico están protegidos. Pues, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, inmediatamente después de hacer ese anuncio Marruecos, sin informes de los servicios sociales de la Dirección General del
Menor, con niños que llevaban aquí entre dos, tres y cuatro años, incluso terminando su formación, a punto de cumplir los 18 años, sin conocer a sus familias de origen, sin saber si tenían ya familias de origen, en contra de los menores, sin haber
sido localizadas sus familias y sin tener contacto alguno con las autoridades magrebíes, han sido repatriados en un número muy alto. Esto ha salido en la prensa, lo conocemos y la propia Dirección General del Menor de la Comunidad de Madrid no lo
ha negado. ¿Van a seguir haciendo esta política de niño reconocido por la Dirección General del Menor de cualquier comunidad autónoma, sin informe de los servicios sociales, sin reconocimiento de su familia de origen, a veces sin que tenga familia
de origen, es decir, sin tener a donde ir.
Son dejados en la frontera en manos de la policía magrebí y usted sabe, como yo, que a veces ni siquiera llegan a un destino cierto, se les pierde. Ellos, cuando retornan -porque en un número muy alto retornan-, afirman haber sido
maltratados, no haber logrado ver a su familia en caso de que la tuvieran, no encontrar a su familia porque ya no vive donde vivían hace dos, tres o cuatro años, cuando escaparon. Son niños de la calle, usted lo sabe. Yo no estoy diciéndole que
nos quedemos con todos los niños de la calle que lleguen de África, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no se puede repatriar a menores sin garantías jurídicas y legales para hacer una repatriación en las condiciones que marca la ley.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor delegado del Gobierno.
El señor DELEGADO DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN (González González): Dice usted, señora Blanco, que nos vamos conociendo.
La verdad es que me daba por conocido y a usted también, pero debo decirle que llevan una tarde
en la que no paran de poner en cuestión las actuaciones de la Administración y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (La señora Blanco Terán: Es que vienen a que les controlemos.)
Es que cuando usted dice que la Comunidad de Madrid ha incumplido los requisitos establecidos en la ley para la repatriación de menores lo que quiero es que usted haga una denuncia, que haga la comparecencia correspondiente la señora
consejera para ver si se han emitido o no los correspondientes informes, porque a mí no sólo es que no me conste, es que me consta todo lo contrario, es que me consta que la repatriación de esos ocho menores -dígase magnífico número- se hizo
cumpliendo todos los requisitos, absolutamente todos, y si usted puede decirnos que no, demuéstrelo y yo le aseguro que el primer interesado en actuar contra esa situación seré yo, pero no venga aquí a decirnos que se ha actuado mal, que han dicho,
que se ha publicado. Diga usted: aquí está el expediente y no consta en ningún caso el requisito indispensable de no sé qué y, por tanto, se ha vulnerado el artículo tal de tal ley y esto es intolerable.
Yo le aseguro que el primero que va a
actuar seré yo. Pero llevamos aquí toda la tarde poniendo en cuestión este tipo de actuaciones, sin poner encima de la mesa ninguna cuestión. Yo le vuelvo a decir que no solamente no tengo la constancia de que se haya vulnerado nada, sino que me
consta expresamente que los casos de las devoluciones de los ocho menores, que se produjeron después de la reunión que tuve con el embajador marroquí, se han producido correctamente. Es más, debo decirle que no es Marruecos quien plantea el tema de
menores, no se equivoque, lo planteamos nosotros. Soy yo el que se lo plantea al señor Baraca y a los marroquíes como uno de los elementos fundamentales de la negociación, porque, ¿sabe lo que han hecho con los menores los marroquíes durante muchos
años? Nada, como usted sabe. Desde el año 1992 tenemos un convenio y no han hecho nada. Yo no sé cuál ha sido -porque usted ya ha sido Gobierno- su experiencia en esta actuación, pero, que yo sepa, desde 1992 hasta 1996 hemos estado en una
circunstancia, si no igual, muy parecida y no sé si peor. Por tanto, usted sabe cómo funciona este tema. No quiero que se enfade cuando yo le recuerde determinadas cosas, pero es que usted conoce muy bien cómo funcionan los centros, qué tipo de
menores son los que vienen, en qué condiciones vienen, cómo se les devuelve y cuál es la posición de todas las comunidades autónomas. ¿Por qué me particulariza usted la Comunidad Autónoma de Madrid, que, además, ha devuelto cumpliendo todos los
requisitos? ¿Porque es del PP? ¡Pero si tenemos denuncias también de Cataluña, de Andalucía y de Canarias, en la prensa, claro que sí! No tengo ninguna constancia de que se hayan incumplido los requisitos establecidos en la ley. Si usted la
tiene, háganosla llegar, por favor, y le aseguro que actuaremos; pero de todos. No trate de instrumentalizar todo políticamente, en razón de un interés concreto contra una comunidad. Yo no quiero hacer eso -se lo he dicho antes- y no lo voy a
hacer.
Creo que el problema de menores es un problema gravísimo. Ya sabe cuál es nuestra posición: damos prioridad al retorno del menor a su entorno familiar porque creemos que ésa es la mejor política; además, es la política que comparte
Marruecos. Les hemos dado toda esa relación a los marroquíes para que se produzca la actuación y estamos trabajando con ellos; desgraciadamente, de manera mucho más lenta de lo que nos gustaría. Vamos a ver si conseguimos avanzar. (La señora
Blanco Terán pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Blanco, no procede. Ha tenido usted su primer turno, que ha sido muy breve, y un segundo turno.
La señora BLANCO TERÁN: No, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Ha habido dos intervenciones tanto de la diputada que formulaba la pregunta como del señor delegado del Gobierno. Sí, señora Blanco; ha sido tan breve que no me extraña que no se acuerde, pero el compareciente ha sido
igualmente breve. (Risas.)
Agradezco su presencia a todas SS.SS., especialmente al delegado del Gobierno, y a los servicios técnicos de la Cámara, en la sesión que hemos tenido esta mañana en el área de Justicia y en la de esta tarde en el área de Interior.
Se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.