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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 736, de 08/04/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 736
POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JULIO PADILLA CARBALLADA
Sesión núm. 36
celebrada el martes, 8 de abril de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Debate y, en su caso, aprobación del siguiente informe:
- Informe elaborado por la subcomisión con el fin de formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de género. (Número de expediente 154/000015) ... (Página 23570)
Comparecencia de la señora secretaria general de Empleo (De Miguel y García) para informa sobre:
- La evolución del empleo en España con arreglo a los últimos datos disponibles. Por acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo.
(Número de expediente 212/001446) ... (Página 23578)
- Las medidas a tomar para procurar una participación ordenada de trabajadores extranjeros en las campañas de recogida de fruta en Cataluña. A solicitud del grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) (Número de expediente 212/001063)
... (Página 23578)
- Las medidas que se van a adoptar en relación con los contingentes o cupos de contratación de inmigrantes. Por acuerdo de la Comisión de Política Social y Empleo. (Número de expediente 212/001445) ... (Página
23578)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
DEBATE Y, EN SU CASO, APROBACIÓN, DEL SIGUIENTE INFORME:
- INFORME ELABORADO POR LA SUBCOMISIÓN CON EL FIN DE FORMULAR MEDIDAS LEGISLATIVAS QUE DEN UNA RESPUESTA INTEGRAL FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO. (Número de expediente 154/000015.)
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Buenos días, señorías.
Iniciamos la celebración de esta sesión con el debate y posterior votación del informe elaborado por la subcomisión.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Sainz García, para presentar el informe elaborado por la subcomisión sobre la violencia de género.
La señora SAINZ GARCÍA: Voy a tomar la palabra para hacer la presentación del informe, pero me van a permitir que, antes de iniciar mi intervención, manifieste nuestro sentimiento de dolor por el fallecimiento del joven periodista Julio
Anguita, hijo de un ex compañero del Congreso de los Diputados, Julio Anguita, al que transmitimos nuestra condolencia, pesar que por otro lado hacemos extensivo a todos los compañeros de Izquierda Unida.
Como saben, señorías, el Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión de 17 de septiembre de 2002, aprobó la moción 173/149, consecuencia de una interpelación de Izquierda Unida, suscrita por todos los grupos parlamentarios de la
Cámara, de solicitud de creación de una subcomisión con el fin de estudiar la formulación de medidas legislativas encaminadas a dar una respuesta integral a la violencia de género. Es para mí un honor exponer, en nombre de la subcomisión, las
conclusiones a las que hemos llegado todas las diputadas y diputados, adelantando que es deseo de todos los grupos parlamentarios recogerlas en una proposición no de ley para su aprobación en Pleno. Estas conclusiones son fruto de un riguroso
trabajo en el que todos los grupos parlamentarios hemos puesto mucho empeño, muchas ilusiones y un diálogo franco, con el objetivo último de ser capaces, desde el acuerdo, de articular medidas que contribuyan a mejor proteger a las mujeres víctimas
de la violencia de género y a erradicar este grave problema social.
Como SS.SS. conocen, abordamos una cuestión de suma trascendencia social.
La violencia que sufren las mujeres atenta contra la dignidad de un ser humano y atenta, como recordaba el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, contra las propias
reglas de la convivencia democrática. Quiero destacar que desde el primer momento hemos contado con el informe de la ponencia sobre la erradicación de la violencia doméstica, aprobado por los plenos del Senado y del Congreso, y con la colaboración
del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y del Ministerio de Justicia.
También agradecemos la ayuda inestimable del letrado don Ignacio Gutiérrez en la elaboración del informe.
Las conclusiones de la subcomisión contienen importantes propuestas en el terreno legislativo, buscando la mayor eficacia y la mejor protección de la víctima. Me gustaría resaltar la primera de las propuestas, que consideramos de gran
importancia y en la que tenemos puestas grandes esperanzas por considerar que puede constituir un elemento clave en la lucha contra la violencia doméstica. Me estoy refiriendo a la orden de protección a las víctimas de violencia doméstica. Estamos
hablando, señorías, de articular, a través de un único instrumento, la aplicación de manera coordinada de todas las medidas de protección existentes. Más allá de estar trabajando en la mejor articulación de la orden con el Ministerio de Justicia,
con el Consejo General del Poder Judicial y con la Fiscalía General, consideramos que ésta debe adaptarse a una serie de principios básicos que paso a referir.
En primer lugar, la protección integral de la víctima y de la familia, buscando que recuperen la seguridad frente a posibles amenazas o represalias posteriores a la agresión. La orden de protección constituye un derecho de la víctima, que
el juez debe poder utilizar con
independencia de que el supuesto de violencia sea constitutivo de delito o de falta, y lo subrayo por la importancia que esto tiene. La concesión de la orden provocará la obtención de un estatuto integral de protección para la víctima, el
cual activa una acción de tutela que concentra medidas de naturaleza penal, civil y de protección social. La legitimación activa para solicitarla debe ser flexible y amplia, de tal forma que podrán solicitarla no sólo la víctima y el ministerio
fiscal, sino también otras personas, como ascendientes, descendientes, etcétera.
Como aspectos objetivos, destacaremos que el juez deberá concretar las medidas cautelares, no sólo penales sino también de orden civil, relativas a los hijos y a petición de la víctima, las relativas al uso de la vivienda, protección
alimenticia, etcétera. Además, por su carácter integral, por un lado, ha de servir de título judicial acreditativo para la obtención de todos los beneficios de protección y asistencia social, como nuevo fondo de alimentos, acceso a la renta activa
-a lo que luego me referiré-, asistencia psicológica, vivienda, etcétera, y por otro lado, debe ser transmitida automáticamente a todas las administraciones públicas. La agilidad, la sencillez y la gratuidad son aspectos procesales sobre los que se
constituirá y por ello, señorías, pensamos que puede suponer un salto cualitativo de gran alcance en la protección y seguridad de las mujeres víctimas de este tipo de agresiones, al ser amparados judicialmente los derechos de la víctima y
garantizarle la aplicación de esa protección integral.
A continuación, me referiré a las medidas legislativas de naturaleza penal y procesal que hemos articulado, en línea con la reforma que el Gobierno está realizando, ampliándola y con la mirada puesta en seguir adecuando nuestra legislación a
las exigencias de respuesta a estas conductas delictivas tan singulares, como SS.SS. conocen, y tan complejas.
Destacamos, entre ellas, las siguientes. Primero, consideramos conveniente que el Gobierno estudie la ampliación del ámbito subjetivo
del delito de violencia doméstica, en orden a que la convivencia no sea un requisito indispensable para entender que existe análoga relación de afectividad, y a SS.SS. no se les escapa el alcance de lo que con ello pretendemos. Segundo, planteamos
estudiar una definición del concepto de violencia psíquica, con arreglo a las propuestas del Consejo General del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado. Tercero, la regulación del uso de las nuevas tecnologías para proteger a la víctima
y mantener el seguimiento sobre el maltratador. Se plantea, asimismo, la revisión del sistema de penas y medidas cautelares, pensando que pueden ser singularmente beneficiosas en estos delitos, de acuerdo con importantes criterios. A saber,
eliminación del arresto domicialiario y de multa en cualesquiera de sus posibles utilizaciones en nuestro ordenamiento jurídico penal, sustantivo y procesal; la aplicación de las medidas cautelares del artículo 544 bis, de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal, aunque los hechos sólo sean constitutivos de falta. Cuarto, la pena de localización permanente del agresor debe ejecutarse siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima. Además, hay que modificar la Ley de Enjuiciamiento
Criminal para que en los supuestos de violencia doméstica pueda acordarse prisión provisional, sea cual sea la pena máxima prevista, y la revisión de aplicación de agravantes en los supuestos de violencia doméstica en determinadas circunstancias,
como presencia de menores, domicilio común, domicilio de la víctima, vulnerando orden de alejamiento o utilizando un arma.
Por abreviar, voy a pasar a referirme al último punto de este apartado, el de creación de un registro de causas de violencia doméstica, precisamente en los términos que reflejan las conclusiones de la ponencia de la Comisión mixta de los
Derechos de la Mujer, que hemos tenido siempre presentes. Todas estas reformas, señorías, buscan un único objetivo: mejor proteger a la víctima, como decíamos. Por ello, haría hincapié en que nos hemos esforzado en fortalecer, sobre todo, las
medidas cautelares, lo que, unido a la aplicación de los denominados juicios rápidos pensamos que pueden ser fórmulas eficaces de prevención, en definitiva, de disuasión. En la letra c) nos referimos a la respuesta policial, con el fin de que cada
vez sea más inmediata a las víctimas, proporcionándoles una mejor atención. En la letra d) nos ocupamos de la asistencia sanitaria, con especial referencia a la aplicación generalizada del protocolo de actuación sanitaria de malos tratos.
La capacidad de prevención que tiene la educación es evidente y, por ello, uno de los apartados lo integran las medidas educativas, fundamentales para construir una sociedad en la que la igualdad sea algo real. En este apartado destacamos,
entre otros, el impulso de las siguientes propuestas. Promover que las editoriales de libros de texto aseguren que sus manuales no sólo respeten sino que fomenten una perspectiva de igualdad no sexista; promover la inclusión, en el curso de
adaptación pedagógica, de un módulo específico de formación en el ámbito de la igualdad entre sexos; impulsar que los centros, de acuerdo con la APA, incluyan entre sus actividades extraescolares, alguna de las encaminadas a formar alumnos y
alumnas en la tolerancia, la no discriminación e igualdad entre sexos.
De las medidas relacionadas con los medios de comunicación y desde el convencimiento del importante papel que éstos juegan, me gustaría destacar las siguientes. Estudiar la posibilidad de modificar el Estatuto de Radiotelevisión para crear,
dentro del ente, un organismo que asegure que las imágenes que se transmiten no fomentan la violencia de género y respetan la integridad y la dignidad de la mujer; elaborar un código ético en colaboración con los profesionales de los medios de
comunicación; estudiar la posibilidad de modificar la Ley general de publicidad, con el objeto de agravar las sanciones derivadas de la emisión de
publicidad ilícita de naturaleza tentatoria, es decir, la que vulnera derechos y valores constitucionalmente reconocidos.
Por último, destacaré las medidas de protección y asistencia social, que pensamos que también van a constituir un elemento fundamental para que la mujer se sienta más segura en el momento de decidirse a denunciar. Me refiero, señorías, a
que las víctimas de malos tratos sin recursos o con recursos bajos tendrán derecho a una prestación económica inmediata durante 10 meses, superior a los 300 euros mensuales. Esta protección económica se articulará a través de la renta activa de
inserción, que percibirán desde la solicitud de incorporación al referido programa, sin el período de espera de tres meses y sin perjuicio de la aplicación de todas las medidas de inserción y búsqueda de empleo a que tengan derecho.
En segundo
lugar, destacaremos que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante convenios de colaboración con las comunidades autónomas, asumirá, cuando se trate de víctimas de violencia doméstica, el 50 por ciento del coste que suponga la ejecución
del fondo de garantía de alimentos derivado del impago de pensiones alimenticias acordadas en resolución judicial dictada, bien en procesos de nulidad, separación o divorcio, bien en casos de ruptura de la convivencia familiar, amparados por una
orden de protección, ligados, por tanto, a ella, y con ese proceso de inmediatez que es tan importante. El conjunto de medidas que se establezca, debe garantizar la protección social y económica adecuada a las situaciones de riesgo que concurran,
señorías, en cada caso, y que deberán contar en su diseño y puesta en funcionamiento, cuando así sea preciso, con la participación de las administraciones que tengan competencias en estas materias.
Señorías, hemos reflexionado mucho, hemos trabajado, sin duda, con ilusión, centrando nuestros esfuerzos en dar una mayor eficacia e inmediatez a la solución de ese duro problema, con medidas concretas, con el objetivo de intentar acabar con
esta lacra que supone la violencia doméstica y pensando siempre en cómo mejor tutelar a las víctimas y, con ello, garantizar su protección. Todos somos conscientes de que estamos ante un tema de gran trascendencia social. Hablamos de unas
agresiones a la dignidad del ser humano y que son un atentado a las reglas de la convivencia democrática.
Señorías, quiero terminar resaltando no sólo el trabajo de todas y cada una de las diputadas y de los dos diputados de la subcomisión, sino que el único compromiso que teníamos todos era el asumido con las mujeres que están sufriendo malos
tratos. Si la sociedad no puede permanecer impasible ante el grave fenómeno de la violencia de género, quienes hemos hecho de la causa de la igualdad un compromiso personal y político teníamos que poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo y
toda nuestra capacidad de diálogo para ofrecer a tantas mujeres un acuerdo que, con toda humildad pero desde el convencimiento, pensamos que es bueno. Seguro que será mejor porque ha sido construido, señorías, desde la armonía, desde el diálogo
franco y desde el consenso posible, las mejores herramientas en una sociedad libre y democrática como la nuestra.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): La Mesa quiere hacerse eco de las palabras de condolencia al Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, así como a quien fue nuestro compañero, el señor Anguita, en relación al fallecimiento
de su hijo, el señor Anguita Parrado. Desde aquí le transmitimos nuestros mejores sentimientos; seguro que no sólo la Mesa sino todos los grupos parlamentarios tienen el mismo sentimiento de pena.
Agradezco sus palabras a la señora Sainz, que fue nombrada unánimemente coordinadora por los demás miembros de esta subcomisión.
Tiene la palabra la señora Julios Reyes para que alegue lo que estime conveniente en relación con el informe de la ponencia elaborado por esta subcomisión.
La señora JULIOS REYES: En primer lugar, quiero sumarme a las condolencias al Grupo de Izquierda Unida por el fallecimiento de Julio Anguita, hijo y a sus familiares.
Entrando en la cuestión que se trata, el informe que se ha elaborado en la subcomisión, todos somos conscientes de que hoy aprobaremos en esta Comisión un punto de partida importante y avalado por el consenso, desde la modestia de los
trabajos elaborados en esta Cámara, que contribuirá a erradicar el fenómeno de la violencia de género. Este es uno de los problemas más acuciantes que hoy afectan a nuestra sociedad porque, con independencia del impacto cuantitativo de mujeres que
sufren violencia de género, estamos ante un problema que de por sí es inadmisible en una sociedad desarrollada y democrática como la nuestra. Es inadmisible que todavía persista en nuestra sociedad un grave atentado, directo e inmediato, contra la
dignidad y la salud física y psíquica de las mujeres y en muchas ocasiones de los miembros de la familia. Esto provoca un desequilibrio en nuestra sociedad, un desequilibrio que afecta de por vida, física y psíquicamente, a las mujeres víctimas de
la violencia.
Todos estamos de acuerdo en que una sociedad democrática, libre e igualitaria ha de asumir compromisos para erradicar la violencia de género. Todos nosotros, que estamos aquí representando a la sociedad, tenemos la obligación de
reclamar a los poderes públicos que se articule todo un conjunto de medidas que hagan que la actuación frente a esta lacra social sea lo más eficaz posible.
He comentado en algunas ocasiones en lo que va de esta legislatura, que es la que yo personalmente he tenido ocasión de vivir, que han sido diversas las iniciativas
parlamentarias en torno al tema de la violencia de género; en unas ha habido más coincidencia y en otras menos, pero podemos decir que, a partir de la interpelación que presentó Izquierda Unida, que dio lugar a una moción aprobada por
unanimidad el día 17 de septiembre de 2002, por la cual se instó a la creación de esta subcomisión que hoy trae aquí el fruto de su trabajo, hay un antes y un después, pues en estos momentos se ha decidido por todos los grupos políticos aquí
presentes trabajar con la base del consenso, y esto es fundamental. Aparte de lo aquí se ha expresado, y que ha expuesto perfectamente el portavoz del Grupo Popular, lo cierto es que lo que hoy vamos a aprobar tiene un valor cualitativo (esperemos
que perdure en el tiempo, aunque todavía son muchas las cosas que tenemos que hacer para combatir la violencia de género), pues que todo esto se haga desde la base de consenso, es por sí mismo una garantía de compromiso y de eficacia. Como ya se ha
dicho, hay que reconocer el esfuerzo que han hecho todas las diputadas y diputados presentes en esta subcomisión, no sólo en cuanto a aportar soluciones sino en buscar un consenso a este problema. Se ha sabido distinguir, dentro de lo que son las
diferencias políticas lógicas y legítimas, cuáles son los puntos de encuentro que nos han permitido avanzar. Quiero expresar también mi reconocimiento al trabajo realizado por la ponencia en relación con la erradicación de la violencia de género y
agradecer el talante y la colaboración, tanto del Ministerio de Justicia como del Ministerio de Trabajo, en los asuntos que han tenido que ver con los trabajos que aquí se presentan. Además, por supuesto, quiero felicitar y agradecer el trabajo del
letrado de la subcomisión por su asesoramiento en todo este proceso. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Quiero limitarme a resaltar algunos de los aspectos que me parecen más importantes y que tienen que ver con lo aquí hoy se expone. En primer lugar, en relación con la orden de protección de las víctimas de delitos de violencia doméstica,
quiero resaltar que de esa forma se expresa el intento de buscar una respuesta integral al problema de la violencia. El propio texto dice que se buscará la coordinación como prioridad fundamental para dar respuesta integral a las víctimas de la
violencia.
Todos tenemos bastante confianza en que este nuevo instrumento judicial sea una respuesta integral en el momento en que más urgente para la víctima es tener esta respuesta: justo inmediatamente después de la agresión. Podemos hablar de
la importancia de la coordinación de todas las administraciones en la prevención e incluso después de que se produzca la agresión, pero que se haya dado ya el paso de articular un nuevo instrumento judicial que haga efectiva una actuación de forma
urgente cuando se produce la agresión a la víctima, nos parece que puede ser un salto cualitativo importante. Esperemos que tenga un doble efecto; por un lado, proteger la integridad de la víctima y de la familia que es agredida y, por otro,
favorecer la seguridad de las mujeres que son víctimas de violencia y romper la incertidumbre que significa dar el paso de denunciar la violencia sufrida. Este doble sentido, la protección en sí a la víctima y dar seguridad a las mujeres que
todavía no se deciden a denunciar la violencia por miedo a lo que pase, mientras se ponen en marcha todos los mecanismos de protección, es importante. En este sentido, no voy a resaltar lo que ya se ha expuesto aquí. Sin embargo, me parece
importante el hecho de que se pueda desde diferentes aspectos poner en marcha la orden de protección y que sea el propio juez de instrucción, incluso durante la guardia, el que pueda desencadenar la puesta en marcha de todas las medidas al servicio
de las víctimas de la violencia.
En lo que se refiere a las medidas legislativas, de naturaleza penal y procesal, comentaré que nos parece importante la ampliación del ámbito subjetivo del delito de violencia doméstica. Cuando se iniciaban los trabajos en esta subcomisión,
expresamos que debería incluirse en dicho ámbito subjetivo, además de lo aquí expresado sobre la convivencia, a los hijos propios o del cónyuge, a todos los descendientes, así como a los hermanos e hijos de hermanos propios o del cónyuge, siempre
que estas personas formen parte del núcleo familiar.
Con respecto al hecho de que el arresto domiciliario y la multa no sean medidas de aplicación, nos parece un paso importante, puesto que está demostrada la poca influencia de cara a la corrección de la actitud del maltratador; son penas que
han demostrado su inutilidad desde el punto de vista de proteger a la víctima o de evitar nuevas agresiones.
Con respecto a lo que se refiere a la respuesta policial inmediata, nos parece importante lo reflejado y también nos parece importante seguir avanzando en la introducción, como formación específica de los miembros de Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, de formación en este tipo de delitos en cuanto a que tengan conocimientos técnicos sobre lo que tiene que ver incluso con los aspectos preventivos en la persecución de este tipo de delitos.
En lo que se refiere al apartado de asistencia sanitaria, en la medida en que también se ha aprobado recientemente una Ley de calidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, son muchas las comunidades autónomas que ya tienen puestas en
marcha, por lo menos en Canarias, protocolos de actuación sanitaria ante los malos tratos, y es importante que quede reflejado que el propio Consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud divulgue las experiencias que en este sentido ya
existen en algunas comunidades autónomas.
En cuanto a las medidas del ámbito educativo, no voy a repetir las que aquí están expuestas, sólo resaltar que, si queremos desterrar la violencia de género no sólo en la sociedad actual sino sembrar las condiciones para que quede erradicada
de nuestra sociedad en el
futuro y los propios patrones culturales de los que hoy son niños mañana serán jóvenes y pasado mañana serán adultos, es fundamental encauzar desde el sistema educativo todos aquellos aspectos que tienen que ver con una educación basada en
la igualdad de género y en la coeducación.
En cuanto a las medidas relacionadas con los medios de comunicación, es también un elemento importante que tiene mucho que ver con la educación general en la propia sociedad y quisiéramos que se pudieran ver reflejadas medidas legislativas
que introduzcan cambios que hagan favorecer el control de los poderes públicos de los medios de comunicación en su necesaria labor educativa sobre estos aspectos.
Por último, en lo que se refiere a las medidas de protección y acción social, también se dan pasos importantes por el hecho de que, cuando la mujer sea víctima de la violencia, se busquen mecanismos para que tenga posibilidades de una
inserción en el mundo laboral cuando no lo está y que, a través de la orden de protección, se dé paso a la posibilidad de inclusión de forma inmediata, cuando así sea necesario, en el programa de renta activa de inserción. En cuanto al apartado que
tiene que ver con los fondos de garantía de alimentos y el compromiso del Ministerio de Trabajo, previos convenios con las comunidades autónomas, de aportar el 50 por ciento del coste que suponga en la ejecución de estos fondos cuando se producen
impagos de las pensiones alimenticias, también es una medida importante para asegurar la protección y la seguridad, valga la redundancia, de las propias víctimas.
Para concluir, señor presidente, sólo reafirmar lo que ya se expuso por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular sobre que sería importante que diéramos el paso de convertir estas conclusiones en una proposición no de ley que se traiga a
la Cámara, que pueda ser aprobada por unanimidad de todos los grupos políticos de esta Cámara, y que se adquiriera el compromiso de que las modificaciones legales que aquí se recomiendan sean traídas a esta Cámara, si es posible antes de que acabe
este periodo de sesiones. También sería importante aprovechar que los proyectos de ley que ahora mismo ya están en trámite en esta Cámara pudieran acoger gran parte de las medidas que aquí se proponen, establecer el consenso necesario y aprovechar
estos trámites de los proyectos de ley para ir ya incluyendo de forma concreta muchas de las conclusiones que aquí hoy vamos a aprobar.
El señor PRESIDENTE: La señora Uría, del Grupo Vasco, tiene la palabra.
La señora URÍA ETXEBARRÍA: Señor presidente, acudo a los solos efectos de que quede constancia que en la formación política a la que represento, el Partido Nacionalista Vasco, se da una extraordinaria importancia a lo acordado en esta
subcomisión. Seré extraordinariamente breve puesto que espero intervenir de manera más extensa cuando se plasme en la iniciativa que sea y sea debatida en el Pleno del Congreso porque en este momento estoy, como se dice coloquialmente, con el
nervio puesto, pendiente de intervenir en otra Comisión.
Quiero que quede claro que, cuando se acordó la formación de esta subcomisión, no éramos excesivamente optimistas pensando que quizá habría sido mejor la utilización de un instrumento normativo integral, a pesar de que no nos gustaba en
exceso el que se abordasen todas las cuestiones por lo que ello tenía de reivindicación vinculada a ciertos movimientos de mujeres que hacían pensar que de una vez sí podía haber llegado el momento de dar una respuesta completa a estas cuestiones.
Sin embargo, según fueron avanzando los trabajos de la subcomisión, se vio que era perfectamente posible hacer algo quizá mejor que una ley de esta índole, puesto que se ha conseguido en la subcomisión ceñirnos a lo que creemos que es cometido
concreto que incumbe a este Congreso de los Diputados aprobar, mientras que otras cuestiones que podían haber sido objeto de tratamiento en la ley, quizá lo son más de la competencia de las comunidades autónomas. Finalmente, creemos que lo acordado
es mejor de lo que inicialmente habíamos previsto y contiene elementos suficientes para poder hacer frente al problema para el cual la subcomisión se constituyó.
Algunas de las medidas normativas de modificación del Código Penal, de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal o del Código Civil, están ya en camino, ya han entrado a esta Cámara en alguno de los numerosísimos proyectos que tenemos en este momento encima de la Mesa en la Comisión de Justicia. Con independencia de que se haya
acertado más o menos en la plasmación que ya el propio Gobierno trae, el juego de las enmiendas que presentemos las formaciones políticas podrá dar lugar a un producto acabado.
No quiero dejar de mencionar que para la formación política a la que represento el elemento en el que hemos puesto más ilusión y en el que tenemos más esperanza depositada es la llamada orden de protección, respecto de la cual sí debo hacer
en este momento una pequeña queja, un reproche que ya he hecho al Gobierno, al propio Ministerio de Justicia, puesto que nos habría gustado que estuviesen más adelantadas las tareas y que hubiese sido posible su aprobación mediante norma cuanto
antes para que entrase en vigor a la vez que los juicios rápidos que entran en vigor el 28 de abril, como de todos es conocido. Sin embargo, sí se nos ha dado garantía de que existe una aceleración suficiente en los trabajos en este momento y que,
aunque tenga que ser en una fecha inmediatamente posterior, tampoco ello creará distorsiones importantes.
Concluyo, señor presidente, porque había prometido ser breve, y así creo que lo he sido, manifestando que, en todo caso, una vez más hay que concluir diciendo lo
mismo: las medidas que acordamos lo son siempre para paliar, corregir la situación de quienes padecen la violencia de género; conseguir evitar que esta exista en la sociedad es tarea más ardua en la que tenemos compromiso todos los
miembros de esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor presidente, quiero disculpar la ausencia hoy de la portavoz de Izquierda Unida en esta subcomisión. Como entenderán, los últimos acontecimientos nos hacen estar hoy unidos en otros sitios de
condolencia por lo que ha supuesto, y está suponiendo, esta guerra que cada vez entendemos menos, no sólo los que diariamente estamos aquí, sino todo el pueblo español. Agradeco las condolencias; creemos que se hacen de corazón, pero quiero decir,
sin querer ser maleducado ni mucho menos, que solamente hay una forma de evitar estas muertes y es no provocando las guerras. En ese sentido -iba a decir que ojalá fuera la última muerte, cosa que desgraciadamente no va a ser así-, ojalá esto que
ha ocurrido sirva de reflexión a todos nosotros para no provocar en el futuro errores como los que se están produciendo en estos momentos. (La señora Vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la presidencia.)
Con respecto al trabajo que se nos trae hoy aquí, quiero manifestar que la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es de apoyo a este informe. En este sentido, resaltamos lo que tiene de positivo este informe para las
mujeres que sufren maltratos, pero este es solamente un paso, que no es suficiente para terminar de abordar el terrible problema que sufre nuestra sociedad. Vemos muy positivo el paso que se acaba de dar en un tema tan grave como el que está
sufriendo nuestra sociedad. El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, repito, votará a favor de este informe que hoy se trae aquí
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra la señora Pigem.
La señora PIGEM I PALMÉS: Quiero que mis primeras palabras sean también para expresar, en nombre de Convergència i Unió nuestro sentimiento de dolor, de pesar, y para trasladar a la familia carnal y a la familia política de Julio Anguita
Parrado nuestro sentimiento de pesar por este fallecimiento. Quiero hacerlo extensivo a todos los otros fallecimientos de esta guerra que se han producido en los dos bandos porque, desde nuestro punto de vista, sin duda ninguna, las víctimas de una
guerra son el exponente de su injusticia y, además, es lo único completamente irreparable.
Sin más, paso a abordar el informe objeto de esta subcomisión. Antes de entrar en el análisis de las conclusiones del mismo, quisiera, en nombre de Convergència i Unió, dejar constancia del trabajo intenso y riguroso que se ha hecho en la
misma, del buen clima que ha habido, del buen hacer de la diputada que ha coordinado la subcomisión, María Jesús Sainz, de su flexibilidad, del buen hacer de todas y todos los ponentes. Quisiera agradecer especialmente no sólo el trabajo sino
también la comprensión y hasta la paciencia del letrado, don Ignacio Gutiérrez, sin cuya inestimable ayuda habría sido prácticamente imposible finalizar los trabajos de la subcomisión en el tiempo previsto. Esta subcomisión vino de la mano de una
iniciativa de la diputada Marisa Castro, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, a la que hemos de agradecer, y así lo hacemos desde Convergència y Unió, una incansable labor para conseguir el consenso para trabajar en algo que preocupa por
igual a todos los grupos parlamentarios que es la violencia doméstica, esa violencia que nace de la mentalidad machista, que tiene como finalidad perpetuar las relaciones de poder, que viola gravemente los derechos humanos de las mujeres y que, por
desgracia, sigue cobrándose cada día nuevas víctimas.
Esta subcomisión tiene, pues, además del valor de sus conclusiones, que nacen sin duda con vocación de eficacia en la erradicación de esta terrible lacra, el valor del consenso; consenso que significa que todos los grupos parlamentarios
hemos dejado de lado voluntariamente posiciones partidistas y nos hemos puesto a trabajar con la única finalidad de encontrar las mejores herramientas y las medidas legales más eficaces parta combatir y erradicar esta violencia que afecta a todos, a
los hombres, a las mujeres, a los niños y a las niñas, pero especialmente a las mujeres; consenso que significa también que, como es lógico, no todas las medidas propuestas por los grupos han podido tener cabida, pero desde el punto de vista de
Convergència i Unió sí queda reflejada en las conclusiones la mayor parte de las propuestas que se han hecho.
Las conclusiones que hoy estamos debatiendo, y entro ya en el contenido de las mismas, recogen y traducen a propuestas legislativas, los informes que sobre la violencia doméstica se habían realizado por el Consejo General del Poder Judicial,
por la Fiscalía General del Estado y también otros estudios realizados, sobre todo, por las asociaciones de mujeres juristas y tienen en cuenta, como no podía ser de otra manera, la ponencia de la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, cuyas
conclusiones aprobó recientemente esta Cámara. Además, los trabajos de la subcomisión son coetáneos a las propuestas que desde el Ministerio de Justicia se hicieron en sendos anteproyectos de ley, hoy los dos primeros ya proyectos, sobre prisión
provisional para erradicar, entre otras, la violencia doméstica, y de modificación del Código Penal. Por tanto, las conclusiones que hoy debatimos tienen ya en cuenta lo propuesto en estos textos normativos. Me gustaría realizar un comentario
detallado de todas las conclusiones, pero no quiero abusar del tiempo, sobre todo cuando ya se
ha hecho en buena parte por las portavoces y los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra; haré, por tanto, algunos comentarios generales. El primero sería que las medidas que se proponen son de carácter integral, porque la
erradicación de la violencia no puede abordarse de manera segmentada sino que debe preverse una respuesta necesariamente global. Así, las conclusiones abordan con amplitud y con meticulosidad medidas de naturaleza penal y procesal, pero también
medidas de respuesta policial, de asistencia sanitaria, medidas en el ámbito educativo, medidas relacionadas con los medios de comunicación y medidas de protección y asistencia social. Respuesta, por tanto, integral y medidas todas ellas
importantes, pero voy a limitarme a hacer unos breves comentarios sobre la respuesta penal y procesal y sobre la protección social.
Desde el punto de vista de la respuesta penal y procesal se han analizado tanto las disposiciones normativas vigentes actualmente, como las previsiones normativas de los anteproyectos, ya proyectos elaborados desde el Gobierno, todo ello
desde la óptica de la violencia doméstica.
Esto quiere decir que algo que puede ser correcto aplicado a otro delito, por ejemplo, la pena de multa o el arresto domiciliario, es totalmente contraindicado en los supuestos de violencia doméstica. El
arresto domiciliario significa que se obliga a una convivencia entre el agresor y la víctima y la pena de multa penaliza principalmente la economía de la víctima. Por tanto, se propone que estas penas no se apliquen cuando hablamos de la violencia.
La nueva pena de localización permanente deberá ejecutarse siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima. Se ha aplicado, por tanto, una metodología referida a la naturaleza y a la especificidad que requiere este delito. Se ha tenido
también en cuenta algo que para mi grupo parlamentario es de especial importancia, y es que el eje de la respuesta legal debe necesariamente pivotar alrededor de la protección de la víctima. Hemos invitado, señorías, a las mujeres a que denuncien,
y les hemos dicho que esta denuncia es el primer paso para salvarse de la violencia. Pues bien, hay que proteger a la mujer que denuncia con todas las medidas garantistas de la presunción de inocencia que se quieran, pero hay que proteger a las
víctimas. A nuestro juicio, las medidas contempladas en las conclusiones inciden en esta protección y tienen también en cuenta el que los inconvenientes de la protección deben recaer sobre todo sobre el agresor y no sobre la víctima. La nueva
propuesta de que en el ámbito doméstico todas las agresiones con lesión sean delitos con independencia de sus resultado, que posibilitará la adopción de medidas cautelares en muchos más supuestos, unida a la conclusión de la subcomisión que supondrá
el que se adopten medidas cautelares aunque los hechos sean constitutivos únicamente de falta, incidirán sin duda alguna en la protección de la víctima. El hecho, por otra parte, de que el quebrantamiento de las medidas cautelares de alejamiento,
de localización permanente o de prohibición de acercamiento pueda suponer la prisión provisional viene a superar un vacío actualmente existente, que es el de la falta de respuesta penal contundente cuando esta situación sucede, y sucede en muchos
casos, lo que convierte en prácticamente ineficaces las medidas cautelares que se adoptan en la actualidad. La previsión normativa del uso de nuevas tecnologías, de la imposición al maltratador de instrumentos de control electromagnético, debe
posibilitar un control policial de la efectividad del cumplimiento de las medidas cautelares, lo cual facilitará el que las víctimas, si quieren, si es su deseo, puedan permanecer en el domicilio familiar.
Las medidas de protección y asistencia social suponen dos importantes novedades que ya han sido extensamente comentadas aquí y, por tanto, me voy a limitar a reseñar. De un lado supondrá que las personas que sean víctimas de la violencia
doméstica y estén amparadas por la orden de protección accederán al programa de renta activa de inserción, percibiendo la misma desde su solicitud de incorporación al referido programa, sin tener que esperar el periodo de tres meses que está
actualmente previsto; por otra parte, la importante novedad de que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, mediante convenios de colaboración con las comunidades autónomas, asumirá, cuando se trate de víctimas de violencia doméstica, el 50 por
ciento del coste que suponga la ejecución de un fondo de garantía de alimentos derivado del impago de pensiones alimenticias.
Quisiera comentar algo acerca de la orden de protección, que supone la principal novedad de estas conclusiones. Está propuesta por el Ministerio de Justicia y está abierta no sólo al estudio de la subcomisión, lo cual desde Convergència i
Unió agradecemos, sino también a un trabajo conjunto para su desarrollo con el ministerio, con el Consejo General del Poder Judicial y con la fiscalía. La intención -se ha señalado ya por la portavoz Margarita Uría- era que pudiera estar vigente a
finales de este mes para operar al mismo tiempo que la entrada en vigor de los juicios rápidos. Se tuvo una primera reunión el 12 de marzo, y el hecho de que no se nos haya vuelto a convocar esperamos que obedezca nada más que a problemas de
agenda, puesto que desde mi grupo parlamentario ya hemos valorado y seguimos valorando la orden de protección como un buen instrumento, como un instrumento que nace para superar la actual dispersión en la respuesta que se da a las víctimas y que va
a permitir las respuestas inmediatas civiles, penales y de protección y asistencia.
Es un mecanismo circular que significará que, se denuncie desde donde se denuncie, se pone en marcha para que con brevedad se dicte una resolución judicial en el
juzgado de guardia que suponga la adopción de medidas penales, de medidas civiles tan importantes como la atribución del uso del domicilio a la víctima y a sus hijos, la atribución de la custodia de los hijos y la previsión
de una prestación alimenticia en los casos en que sea posible, y que va a permitir también una protección asistencial, esa protección prevista de la entrada inmediata en la protección de la renta activa de inserción y otros mecanismos de
asistencia psicológica, etcétera. En un buen instrumento cuya puesta en marcha deseamos esté prevista para finales de este mes.
Voy finalizando. Las conclusiones recogen a nuestro juicio buenas medidas.
Sentimos que no hayan tenido cabida algunas como la inhabilitación especial para cargo público durante el tiempo de la condena. Esto supondría, a juicio de mi
grupo parlamentario y también a juicio de otros grupos parlamentarios, una medida ejemplar que haría evidente el rechazo y la tolerancia cero que debe existir hacia estos tipos de conductas; pero, como he dicho anteriormente, el consenso requiere
algo y es que no todo se haya podido incluir. Son unas medidas que esperamos se acepten como enmiendas en la tramitación de los proyectos que han entrado en la Cámara, pues así se nos dijo por los ministros en su comparecencia, y que van a
constituir el contenido de una proposición no de ley que vamos a suscribir todos los grupos parlamentarios. Finalizo ya, señora presidenta, anunciando que vamos a votar, como no puede ser de otra manera, favorablemente y sin ningún triunfalismo,
pero con la confianza y con la esperanza de que sean unas medidas eficaces para erradicar esta lacra que en lo que va de año se va cobrando desgraciadamente cada día nuevas víctimas.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Antes de dar la palabra a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, me van a permitir que las condolencias a Julio Anguita por la muerte de su hijo las hagamos extensibles a la madre del
fallecido, que sin ser compañera de este Parlamento sí lo es en las tareas de representación pública al ser teniente de alcalde de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba. Creo que en nombre de todos también se las podremos hacer llegar.
(Asentimiento.) Muchas gracias.
Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, Carmen Olmedo.
La señora OLMEDO CHECA: Desde el Grupo Parlamentario Socialista nos sumamos a las condolencias de la primera víctima española de esta guerra, aunque parece que ha habido otra más, y por supuesto al resto de las víctimas que se están
produciendo.
Respecto a las conclusiones de esta subcomisión, como han dicho el resto de las personas que han intervenido anteriormente, todos hemos hecho un esfuerzo por llegar a un consenso y renunciar, como decía la señora Pigem, a parte de nuestros
planteamientos. Ha habido un buen ambiente de trabajo, y quiero dar las gracias al letrado, que ha trabajado mucho porque le hemos hecho cambiar cincuenta mil veces el texto. Señorías, estamos ante un consenso político. Desde el Grupo
Parlamentario Socialista, igual que algunas de las personas que han intervenido, esperamos que este consenso se pueda plasmar en este periodo de sesiones y concretarlo en las propuestas hechas en esta subcomisión. Una vez que se concrete lo que
propone esta subcomisión, esperamos que suponga un avance en la erradicación de la violencia de género. No voy a extenderme mucho en concretar las distintas propuestas, ya lo han hecho las compañeras que han intervenido anteriormente, pero sí
esperamos que supongan un avance. Sabemos que erradicar la violencia de género es un objetivo difícil que en la práctica no se ha conseguido en ninguna parte del mundo porque vivimos en una sociedad violenta, y nunca mejor momento que este para
señalarlo. Todavía existen algunos hombres, por fortuna no todos, extremadamente machistas. A las mujeres las siguen matando por lo mismo de siempre: la maté porque era mía. Antiguamente se llamaban crímenes pasionales o crímenes de amor, como
si el amor fuera el origen de esta violencia y no el sentido de la posesión, que es lo que muchas veces hace que se llegue a estos extremos.
Haciendo un breve repaso por el recorrido en la lucha contra la violencia hacia las mujeres en nuestro país, me gustaría hacer algunas consideraciones. Quisiera destacar primero que en España sólo a partir de la llegada de la democracia se
pudieron dar los primeros pasos para ayudar a estas mujeres. Yo llevo muchos años trabajando en estos temas, desde 1978, en el primer centro de información para la mujer que se creó en España, en Málaga. Muchas eran las mujeres que atendíamos en
relación con la violencia pero realmente no se les podía ayudar, ya que no se les podía decir que se fueran de casa porque era abandono de hogar y no se les podía decir que se separaran porque no existía el divorcio. Tuvimos que esperar a que se
aprobara la Constitución y sobre todo a que se creara el Instituto de la Mujer, que en 1983 empieza a trabajar en una línea institucional en contra de la violencia. Desde entonces y hasta ahora han sido dos las líneas fundamentales que se han
desarrollado para avanzar en la ayuda a las mujeres. Estas dos líneas fundamentales eran poner en marcha casas de acogida, es decir esconder a las mujeres, que era lo que se hacía y se sigue haciendo, y animarlas a que denunciaran.
Aunque es
verdad que ha habido avances, que cada vez hay más recursos y se han implicado más instituciones como ayuntamientos, comunidades autónomas y el Gobierno central, por desgracia no se ha conseguido eliminar este tipo de violencia.
Desde el Grupo Socialista pensamos que había llegado el momento de cambiar esta estrategia dándole al mismo igual tratamiento que el que recibe la violencia terrorista, es decir, haciendo una ley específica. ¿Por qué creíamos que era tan
importante hacer una ley específica? Porque pensamos que cada momento requiere una estrategia. Lo que en un momento pudo
suponer un avance, como era crear las casas de acogida o animar a las mujeres a que denunciaran, ahora se ha quedado corto, por lo que consideramos que hay que dar un paso hacia delante en dos sentidos básicamente. Primero, garantizar una
protección jurídica y social, que era uno de los objetivos básicos por los que proponíamos una ley específica, recogida en un solo cuerpo legal -ahora mismo hay mucha dispersión en la normativa y la legislación, lo que no ayuda a hacer operativa la
lucha contra esta violencia-, reconociendo a las mujeres una serie de derechos sin dejarlos al arbitrio de las distintas administraciones, porque estamos convencidos de que sólo una ley garantiza derechos. En segundo lugar, pretendemos poner en
relación -lo que también se ha recogido en la propuesta de la subcomisión- el proceso civil y el penal para evitar, como todavía se está produciendo, sentencias contradictorias que en muchos casos perjudican a las mujeres y a sus hijos.
La propuesta de la subcomisión, si bien no recoge todos estos objetivos fundamentales, sí recoge algunos de ellos. Desde el Grupo Socialista esperamos, como decía, que el acuerdo alcanzado en la subcomisión suponga un avance en esta línea
de consenso. En algo tan grave como es la violencia de género, el Grupo Socialista ha llegado a un consenso político que esperamos se plasme cuanto antes en un acuerdo concreto y en todas las reformas que aquí vienen recogidas, pero también
queremos decir que no por ello renunciamos a la ley. Vamos a esperar a ver qué pasa, en qué se concreta y cuándo se hacen esas reformas. Si vemos que es eficaz nos alegraremos mucho y, si no, el Grupo Socialista seguirá apostando por presentar un
proyecto de ley integral. Desde mi grupo esperamos que de verdad suponga un avance. Ha supuesto un trabajo importante por parte de muchas personas y estamos convencidos de que, si somos capaces de concretarlo antes de que termine este periodo de
sesiones, podremos llegar no sólo a un acuerdo político como el que tenemos hasta ahora sino también a un acuerdo real que se traduzca en medidas concretas y en poner en marcha algo que pueda proporcionar -cosa que ahora no se produce- una mayor
garantía a las mujeres que denuncian. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia.) Siempre he pensado que puede ser un poco irresponsable animar a las mujeres a que denuncien si no les garantizamos automáticamente que una vez
que pongan esa denuncia van a tener una protección eficaz, tanto desde el punto de vista policial y jurídico como desde el punto de vista económico. Esperemos que las propuestas de la subcomisión puedan concretarse lo antes posible y, en ese
sentido, el Partido Socialista se alegra de haber podido llegar a este consenso.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Como el espíritu de consenso entre todos los grupos ha sido unánime, propondría que votáramos por asentimiento el presente informe de la ponencia de esta subcomisión. ¿Les parece bien a sus
señorías? (Asentimiento.) Queda aprobado.
Suspendemos la sesión un minuto para recibir a la señora secretaria general de Empleo. (Pausa.)
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (DE MIGUEL Y GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN ESPAÑA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS DATOS DISPONIBLES. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO.
(Número de expediente 212/001446.)
- LAS MEDIDAS A TOMAR PARA PROCURAR UNA PARTICIPACIÓN ORDENADA DE TRABAJADORES EXTRANJEROS EN LAS CAMPAÑAS DE RECOGIDA DE FRUTA EN CATALUÑA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ). (Número de expediente
212/001063.)
- LAS MEDIDAS QUE SE VAN A ADOPTAR EN RELACIÓN CON LOS CONTINGENTES O CUPOS DE CONTRATACIÓN DE INMIGRANTES. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA SOCIAL Y EMPLEO. (Número de expediente 212/001445.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, continuamos la sesión que tiene como siguiente punto del orden del día la celebración de comparecencias, solicitadas por distintos grupos y acordadas por la Mesa y portavoces de la comisión, de la secretaria
general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, doña Carmen de Miguel, que es la primera vez que comparece en esta sede parlamentaria desde que se ha hecho cargo de esa responsabilidad. Como es natural y propio de la cortesía que en
esta Cámara siempre se tiene con todas las personas llamadas a comparecer, le damos una especial bienvenida en esta su primera comparecencia, en la que se expresa también el deseo de una lógica y positiva colaboración entre los componentes de esta
Comisión, que tienen atribuidas las funciones más próximas a la responsabilidad que ahora ocupa, y la señora De Miguel, a la que naturalmente y en el interés general le deseamos toda suerte de aciertos en esta nueva responsabilidad.
Señorías, son tres las comparecencias de la señora De Miguel. La primera para informar sobre la evolución del empleo en España con arreglo a los últimos datos disponibles, acordada por la Mesa de la Comisión según sus atribuciones. La
segunda, en la que se acordó que la secretaria general de Empleo sustituyera
al delegado del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración, de la que es autor el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que tiene por objeto informar sobre las medidas a tomar para procurar una participación ordenada de
trabajadores extranjeros en las campañas de recogida de fruta en Cataluña. Y la tercera, también acordada por la Mesa de la Comisión y que en principio estaba orientada para que fuera despachada por el delegado del Gobierno para la Extranjería y la
Inmigración y también se decidió que sustanciara la secretaria general de Empleo, que tiene como objetivo informar sobre las medidas que se van a adoptar en relación con los contingentes o cupos de contratación de inmigrantes. Teniendo en cuenta la
hora en que nos encontramos, fundamentalmente por la utilidad de que las intervenciones de los señores portavoces puedan desenvolverse con un poco más de laxitud en el tiempo, si a SS.SS. no les parece mal la secretaria general, naturalmente bajo
epígrafes distintos, hará una pequeña intervención en la que contestará por orden a las tres cuestiones planteadas y después SS.SS., también por orden y en la distribución de tiempo que deseen, sustanciarán su intervención así como la transmisión de
su criterio sobre las distintas cuestiones planteadas y, en su caso, la formulación de preguntas que en ese momento estimen necesarias para su mejor tarea parlamentaria. Por tanto siguiendo el formato propio del Reglamento y para la primera
intervención tiene la palabra la señora De Miguel.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señor presidente, a fin de ordenar mejor el debate y para evitar una cierta confusión y el cansancio de todos, le sugiero que dividamos la comparecencia en dos partes, la primera con los datos de empleo y la
segunda en la que se acumulasen las dos cuestiones relacionadas con la inmigración. Lo sugiero porque creo que sería mejor para la compareciente...
El señor PRESIDENTE: Señor Campuzano, comprendo perfectamente su sugerencia, pero como son las doce y cuarto si hacemos la primera comparecencia probablemente no podremos abordar la segunda. Con ese fin constructivo es con el que la
presidencia sugiere a SS.SS. que, con la lógica separación de cuestiones, que supondrá quizás un esfuerzo de síntesis para todos, podríamos abordar las dos comparecencias antes de la inexorable hora en que deberá concluir la sesión, que como muy
tarde sería la del Pleno, pero espero que SS.SS. permitan que tanto la compareciente como los diputados y los servicios de la Cámara puedan disponer del tiempo necesario para almorzar. Por esa razón de fuerza mayor, señor Campuzano, vamos a hacer
ese esfuerzo y vamos a despachar las comparecencias como decía al principio, con el ánimo constructivo de poder abordarlas todas. De todas maneras le agradezco su sugerencia, que como todas suele ser positiva y constructiva.
Señora De Miguel.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (De Miguel y García): Señor presidente, señoras y señores diputados, es mi deseo comenzar manifestándoles mi agradecimiento por acompañarme esta mañana en esta mi primera comparecencia como secretaria
general ante esta Cámara. Quiero aprovechar para transmitirles que es mi voluntad mantener con esta Comisión una relación lo más abierta y fluida posible, pues estoy convencida de que sólo desde la reflexión serena y desde el diálogo con todos los
actores implicados, muy especialmente con las fuerzas políticas, puede surgir el entendimiento y el consenso necesarios para que nuestro país pueda seguir avanzando en materia de empleo.
Voy a estructurar mi intervención en la mañana de hoy en dos partes perfectamente diferenciadas. Una primera referida a la evolución del empleo en España y una segunda referida a la aprobación del contingente de trabajadores extranjeros
para el 2003. Debo comenzar resaltando que desde hace siete años España tiene un objetivo claro: alcanzar el pleno empleo para que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades a la hora de acceder a un puesto de trabajo estable y
seguro. Partíamos de una situación que como mínimo podría calificarse de difícil, con una elevada tasa de paro que según la encuesta de población activa del primer trimestre de 1996 se situaba en el 22,91 por ciento y, lo que era más preocupante,
con una estructura productiva incapaz de generar empleo.
Hoy, señorías, esta situación ha cambiado radicalmente. En el año 2002, con un crecimiento económico del 2 por ciento, hemos sido capaces de crear empleo a una tasa anual del 1,6 por ciento.
Esto supone que se ha reducido sensiblemente el umbral de crecimiento necesario para crear empleo en nuestro país, que con anterioridad a las reformas estructurales necesitaba de una tasa de crecimiento del PIB mucho más elevada para empezar a crear
empleo neto. Desde 1996 se han creado cerca de 4 millones de empleos, más concretamente 3.761.390, y se ha reducido espectacularmente la tasa de paro hasta situarla en el 11,1 por ciento.
La tasa de ocupación ha aumentado más de 7,8 puntos en el
periodo 1996, cuarto trimestre del 2002, y el número de desempleados se ha reducido en más de 1.700.000 personas en ese mismo periodo. Por tanto debemos mostrarnos moderadamente satisfechos, y digo moderadamente porque nuestra meta sigue siendo que
en España todo el que desee pueda trabajar, un objetivo que sin duda está cada vez más cerca. Las políticas puestas en marcha en estos años están demostrando su eficacia, dando de esta forma respuesta a una de las principales preocupaciones de los
ciudadanos de este país, que no quieren volver a vivir el drama del desempleo. Hoy
nuestra economía es una de las más abiertas de la OCDE y somos la locomotora de Europa en cuanto a la creación de empleo, de tal forma que el año pasado de cada dos empleos que se crearon en Europa, uno se creó en España. Hemos sido además,
y por segundo año consecutivo, el país de la OCDE que más empleo crea.
Permítanme, señorías, que me detenga en algunos datos que considero muy significativos. Como les decía anteriormente, un país como España que representa poco más del 10 por ciento de la población europea ha sido capaz de crear entre 1995 y
2001 el 29 por ciento del total de empleos de la Unión, una cifra que asciende al 51 por ciento en el año 2002. En dicho ejercicio -2002-, del medio millón de nuevos puestos de trabajo que se crearon en Europa 256.000 se crearon en España. Creo
sinceramente que son unos datos que nos invitan al optimismo, como lo es también el que en un momento de desaceleración y de incertidumbre internacional España siga creciendo y siga siendo capaz de transformar el crecimiento en empleo.
Hoy somos el
espejo en el que se miran muchos de nuestros socios comunitarios, que ven en nuestro país un ejemplo de rigor, de confianza y de progreso. Según la encuesta de población activa, a finales del año 2002 había en España 256.300 ocupados más de los
existentes en 2001. De esos nuevos ocupados más de 200.000 han sido mujeres, lo que significa que el 78 por ciento de la creación de empleo, es decir, tres de cada cuatro nuevas personas ocupadas, son mujeres que hoy tienen más fácil acceder al
mercado de trabajo. Es una situación que ha tenido su reflejo en la tasa de ocupación femenina, ya que mientras la tasa de los varones se han mantenido estable, la de las mujeres ha experimentado un aumento sustancial al crecer en tan corto espacio
de tiempo un 1,1 puntos y situarse en el 45,5 por ciento. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia.) En estos momentos podemos afirmar sin temor a equivocarnos que cualquier contrato de duración indefinida que se realice con
una mujer en cualquier situación está bonificado en mayor o menor medida en sus costes de Seguridad Social y en algunos casos hasta el cien por cien de los gastos que representan para las empresas. Otros colectivos, como los jóvenes y mayores de 45
años, también han visto mejorar considerablemente su situación en estos años. Desde 1996 se han creado más de 261.000 puestos de trabajo para las personas menores de 25 años, lo que ha permitido reducir su tasa de desempleo que ha pasado del 41,4
por ciento de 1996 al 23,22 por ciento actual. Lo mismo sucede con las personas mayores de 45 años, para las que se han creado 1.151.300 empleos en este último año.
Como primera conclusión, teniendo en cuenta el crecimiento del número de personas activas cifrado en 482.600 nuevos trabajadores, podemos apreciar cómo la tasa de ocupación de la población comprendida entre los 16 y 65 años, que es el dato
homologable con la Unión Europea, ha aumentado 6 décimas en tan sólo un año, situándose en el 59,8 por ciento a finales del ejercicio pasado. Analizando estos datos por sectores, cabe destacar que el mayor crecimiento se produjo en el sector
servicios, con un incremento de la ocupación de 284.000 empleos, le han seguido la industria y la construcción con aumentos de 19.000 empleos en cada caso, mientras que el sector agrario ha vuelto a reducir su número de efectivos, continuando así
una tendencia a la baja que nos acerca progresivamente a la situación que viven los países más desarrollados de nuestro entorno. Otro de los datos más positivos de este último año ha sido el importante crecimiento del empleo indefinido, que
ascendió a 357.100 empleos en el último año. Gracias a este excepcional comportamiento de la contratación indefinida se ha producido un descenso de un punto en la tasa de temporalidad, que se sitúa en el 30,7 por ciento a finales del año 2002.
Podemos decir con satisfacción que la totalidad del diferencial de empleo asalariado creado en este año ha sido de naturaleza indefinida, ya que el número de ocupados con contratación temporal ha experimentado un ligero descenso en el cómputo global
del año. Tengo que decir que esta evolución, indudablemente, no es fruto de la casualidad. Las políticas desarrolladas en los últimos años, tanto en el ámbito económico como en el estrictamente laboral, han facilitado la consecución de estos
resultados. Las reformas del mercado de trabajo y los planes nacionales de acción para el empleo, puestos en marcha a partir de 1998, han aportado un marco que ha permitido aprovechar al máximo el crecimiento económico para crear empleo. Según el
tipo de jornada, los mayores incrementos en la ocupación se siguen produciendo en los empleos a tiempo completo, con un total de 242.400 nuevos empleos.
También aumentó, aunque a un ritmo menor, la contratación a tiempo parcial, con un incremento
de 293.500 contratos con respecto al año anterior, lo que confirma que esta modalidad mantiene el ritmo de crecimiento, lento pero sostenido, característico de estos últimos años.
En la actualidad, el peso del empleo a tiempo parcial en nuestro
país alcanza el 8 por ciento del total del empleo. Resulta altamente indicativo el comportamiento de la afiliación a la Seguridad Social, que confirma claramente que España ha seguido creando empleo a lo largo del ejercicio 2002. Desde diciembre
de 2001 hasta final del año 2002 la afiliación a la Seguridad Social creció en 439.638 efectivos. Como consecuencia de esta favorable evolución, la cifra de afiliados ascendía a 16.188.390 personas en diciembre de 2002. Esta cifra es un nuevo
récord histórico que se ha vuelto a repetir en el primer trimestre de este año, en el que el número de afiliados al sistema de Seguridad Social ha vuelto a aumentar en 266.700 nuevos afiliados, alcanzando un total de 16.455.090. Se trata de un
comportamiento ejemplar ratificado por la encuesta de coyuntura laboral, que en sus últimos datos disponibles, referidos al tercer trimestre de 2002, mostraba
un aumento de los efectivos laborales. El empleo asalariado no agrario, excluidas las administraciones públicas, ha aumentado en 348.200 empleos, lo que significa un 3,2 por ciento de incremento respecto al mismo periodo del año anterior,
mostrando así la excelente salud del mercado de trabajo español.
Señorías, creo que estos datos corroboran el buen momento por el que atraviesa el mercado de trabajo español y avalan con resultados las políticas por las que hemos apostado en los últimos años. Sólo existe un pequeño lunar en estas cifras.
Me refiero al negativo comportamiento que ha tenido el desempleo, que ha aumentado en 226.400 personas el año pasado, un dato que contrasta con el intenso proceso de creación de empleo vivido ese mismo año y que, sin embargo, no ha sido suficiente
para absorber los nuevos activos que se incorporan al mercado de trabajo.
Son muchas las valoraciones que pueden realizarse al respecto y muchas las explicaciones que pueden buscarse, pero creo sinceramente que ninguna de ellas puede llevarnos ni
al pesimismo ni al mensaje catastrofista al que algunos gustan recurrir, más bien todo lo contrario. España ha sido uno de los pocos países que en un marco internacional de incertidumbre y ralentización económica ha sido capaz de crecer y de seguir
creando empleo. La razón que explica este hecho es la apuesta por el rigor y la estabilidad de las cuentas públicas que han asumido los gobiernos de José María Aznar, y demuestra que cuando se apuesta por el déficit público y por una relajación en
el cumplimiento de los criterios del Pacto de Estabilidad los únicos resultados que se obtienen son el parón económico y el aumento del desempleo. No hay por tanto mejor garantía para el empleo en España que mantener la política económica que viene
desarrollando el Gobierno en estos siete años, una política que garantiza el crecimiento y el empleo, como así lo demuestran los datos comparados.
Mientras en España el número de parados en los meses de febrero y marzo descendió en 22.726 personas,
países como Bélgica, Francia, Dinamarca, Alemania, Irlanda, Luxemburgo o Portugal vuelven a ver como aumenta el número de parados entre los meses de diciembre y febrero. Y si a los datos enormemente positivos de febrero y marzo de este año añadimos
la tendencia observada durante el cuarto trimestre del año pasado y el mes de enero de 2003, donde el desempleo cada vez aumentaba menos, podemos concluir afirmando que España se encuentra ante un cambio de tendencia que esperamos que se traduzca en
un crecimiento neto del empleo a lo largo de este ejercicio; una tendencia confirmada por el comportamiento del paro registrado. Según datos del INEM se ha producido un incremento menor del desempleo que el reflejado por la encuesta de población
activa.
El número de personas desempleadas registradas en diciembre de 2002 era de 1.688.100, es decir, 113.300 más de las que había en diciembre de 2001; una dinámica que se ha roto sin embargo en los meses de febrero y marzo de este año, en los
que el número de personas desempleadas ha experimentado un descenso de 8.236 en el mes de febrero y de 14.490 en el mes de marzo. Esta disminución se encuentra en el mes de febrero por encima de la media histórica de los últimos diecisiete años y,
en concreto, de febrero de 2001, donde no sólo descendió sino que experimentó una subida de 14.321 personas. En marzo también podemos hablar de un buen comportamiento del mercado de trabajo español, ya que además debemos tener en cuenta que en este
mes no se ha visto reflejado el incremento en la contratación que conlleva tradicionalmente el periodo vacacional de la Semana Santa.
Señorías, creo sinceramente que existen razones adicionales para poder hablar de ese moderado optimismo al me estoy refiriendo durante toda mi intervención, fundamentalmente porque todos los países europeos estamos de acuerdo en seguir
considerando el pleno empleo un objetivo prioritario, como se ha manifestado por todos los líderes europeos en la reciente cumbre de primavera. El pasado 17 de julio, la Comisión Europea dirigió una comunicación al Congreso, al Parlamento, al
Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social en la que se hacía un balance de los primeros cinco años de vida de la estrategia europea aprobada en Luxemburgo. Dicha comunicación ha abierto un amplio debate en Europa, que ha puesto de
manifiesto la necesidad de renovar dicha estrategia con el objetivo de hacer posible la consecución del pleno empleo fijada en Lisboa en el año 2000. Europa se enfrenta a nuevos retos y desafíos, como el de la ampliación o el progresivo
envejecimiento de nuestras sociedades, que aconsejan una reforma que haga más eficaces y operativas nuestras políticas. Como saben SS.SS., el pasado 14 de enero, la comisaria europea de Empleo y Asuntos Sociales presentó una nueva comunicación de
la Comisión en la que se proponían las líneas de futuro de la estrategia de empleo y cuyos objetivos, que compartimos plenamente, son alcanzar el pleno empleo, promocionar la calidad y la productividad del mercado de trabajo y garantizar que todos
los ciudadanos puedan acceder al mercado de trabajo en igualdad de condiciones. En este marco y con carácter previo a la celebración de la cumbre de primavera del pasado día 21, los presidentes de Gobierno de España y Reino Unido adoptaron una
declaración conjunta sobre el impulso de la estrategia europea de empleo.
Ya en la cumbre, los líderes de la Unión Europea se han comprometido a poner plazos para un acuerdo final sobre las reformas que se formularon en Lisboa hace tres años.
Quisiera destacar la mención expresa que se ha realizado sobre España en la que la Unión se congratula del buen hacer de nuestro país, responsable de la mitad de la creación de empleo en 2002 de los quince países miembros, lo que indica el cambio
sustancial que se ha producido en España. También se acordó crear un grupo de alto nivel de empleo, presidido por el ex ministro holandés Wim
Kok, encargado de formular recomendaciones sobre las reformas que deberán acometerse en los distintos países. El grupo estará formado por expertos altamente cualificados capaces de reflejar las opiniones de todos los interlocutores sociales
y deberá presentar un informe en el Consejo de primavera de 2004. Por lo demás, se ha insistido en el relanzamiento de mensajes tales como prevenir el desempleo, hacer que el trabajo sea rentable, promocionar la vida activa o fomentar la
adaptabilidad del mercado de trabajo garantizando el equilibrio entre flexibilidad y seguridad, promocionar el desarrollo del capital humano invirtiendo en la formación permanente, fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y
luchar contra la discriminación en el mercado de trabajo. Se trata de grandes directrices en las que España lleva trabajando varios años, impulsando las acciones preventivas del desempleo, fundamentalmente dirigidas a jóvenes y adultos, para evitar
situaciones de paro de larga duración y apostando por las políticas activas, que han demostrado ser uno de los factores de éxito de la estrategia europea de empleo. Son políticas que persiguen como objetivo la activación de todas las personas en
edad de trabajar, insistiendo en la idea de que trabajar resulta rentable y haciendo perfectamente compatible este principio con la protección de las personas en situación de desempleo. Las reformas introducidas en el mercado de trabajo han seguido
las recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Europea, la OCDE o el Fondo Monetario Internacional. Son reformas que han tenido como objetivo superar rigideces del mercado de trabajo español y que han sido abordadas desde el
diálogo y el acuerdo con los agentes sociales. Esta decidida voluntad de diálogo nos ha permitido firmar 15 acuerdos y superar los escasos desencuentros que se han producido con los agentes sociales en estos años.
Señorías, no quisiera concluir esta primera parte de mi intervención sin referirme, aunque sea brevemente, a una de las notas más destacadas del mercado de trabajo español. Me refiero al carácter solidario que ha tenido en estos años el
proceso de creación de empleo, que ha beneficiado a aquéllos que encontraban mayores dificultades a la hora de acceder a un puesto de trabajo, fundamentalmente a mujeres, jóvenes y personas mayores de 45 años a los que ya he tenido ocasión de
referirme, pero también a colectivos en riesgo de exclusión social, como es el de los discapacitados.
En cuanto a las mujeres, sólo añadiré que, en el ámbito de la igualdad de oportunidades, se acaba de aprobar el IV Plan de igualdad, que tiene el firme propósito de eliminar las diferencias que subsisten en el mercado laboral entre hombres y
mujeres. El plan contempla medidas para, entre otras cosas, terminar con la discriminación salarial y apoyar la promoción profesional de las mujeres a puestos directivos en concordancia con su presencia en la actividad laboral. Por lo que se
refiere a las personas mayores de edad, sólo les recordaré que, de acuerdo con lo establecido en el Pacto de Toledo, se aprobó un sistema de jubilación gradual y flexible para que las personas de mayor edad se mantengan más tiempo en el mercado de
trabajo; una norma que supuso una clara ruptura con el modelo de jubilaciones anticipadas vigente hasta estos momentos.
Coincidiendo con el Año europeo de la discapacidad, se ha firmado un nuevo acuerdo con el Comité español de representantes de
minusválidos, que renueva el firmado en 1997 y que ahora pone énfasis en la contratación de personas con discapacidad y en el apoyo al tránsito desde el mercado de trabajo protegido al mercado de trabajo ordinario.
Hay dos retos en los que llevamos tiempo trabajando y que espero puedan concretarse en los próximos meses. Me refiero, en primer lugar, al nuevo modelo de formación continua que está estudiando el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y
que será abordado desde el diálogo con los agentes sociales, que prestará una mayor atención a las pequeñas y medianas empresas para asegurar que tengan más fácil el acceso a los recursos formativos y que adecuará el modelo formativo a la importante
sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril de 2002; en segundo lugar, a la nueva ley de empleo que sustituirá a la Ley de 1980 para, de común acuerdo con las comunidades autónomas, dar respuesta a las nuevas realidades del mercado de
trabajo de la España de las autonomías. En relación con esta cuestión puedo anticiparles que en las últimas semanas hemos avanzado mucho en la negociación y que espero poder anunciar en próximas fechas el contenido del anteproyecto, que va a contar
con un amplio consenso.
Respecto a la segunda parte de mi intervención, la que se refiere al contingente para la contratación de trabajadores extranjeros para el año 2003, saben SS.SS. que el Consejo de Ministros, en su reunión del pasado 27 de diciembre, aprobó
de acuerdo con lo establecido en los artículos 39 y 65 de la Ley orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, el contingente para el año 2003. Conocen también las cifras, 10.575 puestos de
trabajo de carácter estable, y su desglose por sectores de actividad, ocupaciones y ámbitos territoriales. Por tanto, no voy a entrar en estas circunstancias que ya conocen SS.SS y prefiero detenerme para analizar las principales novedades que con
respecto al contingente del año 2002 presenta el modelo actualmente en vigor.
En primer lugar, quiero resaltar que el Gobierno está absolutamente convencido de la idoneidad de este instrumento. El contingente ha demostrado, con sólo un año de vigencia, ser un instrumento útil para la ordenación de los flujos
migratorios de países extranjeros hacia España al vincular dichos flujos a las ofertas laborales existentes en nuestro país. Por esta razón quiero destacar, en segundo lugar, el alto grado de consenso alcanzado en su proceso de elaboración. Se
trata,
por tanto, de un procedimiento transparente, abierto al diálogo y al acuerdo con los agentes sociales, que debe ser valorado muy positivamente. Sin embargo, hemos querido aprovechar la experiencia que tenemos, un año después de su puesta en
marcha, para mejorar el funcionamiento del contingente, tanto en su condición de mecanismo regulador de la inmigración económica, como en la de elemento de ajuste del mercado laboral en aquellos sectores económicos cuya demanda de mano de obra no
puede ser cubierta con la disponible en el mercado nacional.
Las comisiones ejecutivas del Instituto Nacional de Empleo constituidas al efecto son organismos tripartitos en los que participan las comunidades autónomas, los agentes sociales y, por supuesto, la Administración del Estado. Estas
comisiones, que funcionan además como unidades de seguimiento para evaluar el funcionamiento del contingente, son las encargadas de proponer las ofertas de plazas existentes en cada ámbito territorial. Con posterioridad, corresponde al Consejo
superior de política de inmigración, en el que participan también las comunidades autónomas, aprobar las propuestas con carácter previo a su remisión al Consejo de Ministros.
En cuanto a las principales líneas de la reforma, fundamentalmente, hemos pretendido mejorar la eficacia del sistema dotándolo de un diseño mucho más flexible y abierto a las posibles fluctuaciones del mercado de trabajo en España. Ello se
traduce en que el número de puestos fijado inicialmente podrá ampliarse en función de las necesidades surgidas en el mercado laboral. La trascendencia del contingente como mecanismo adecuado y efectivo para la entrada regular de trabajadores
extranjeros no invalidará la posibilidad de tramitar ofertas de empleo nominativas, incluso en supuestos no preferentes.
El modelo está abierto permanentemente a los agentes sociales con los que, reitero, se ha negociado el texto y que podrán participar en el desarrollo de las distintas fases del procedimiento. Se suprime la fase de asignación o reserva de
contingente a favor de las organizaciones empresariales, de forma que las ofertas y contratos han podido presentarse desde el día de entrada en vigor del contingente. Se permite la contratación agrupada de empresas individuales, en paralelo a las
agrupadas por las organizaciones empresariales. Este año se incluye también la posibilidad, en supuestos específicos, de ofertas nominativas en este procedimiento y se añaden otras novedades, entre las cuales me gustaría destacar por su significado
las siguientes. El visado, junto con el contrato de trabajo, pasa a tener validez de permiso de trabajo y se agiliza enormemente el procedimiento al reducirse los plazos en las distintas fases del mismo. Este año, estoy convencida de que el
contingente va a ser un instrumento ágil que va a permitir a los empresarios cubrir sus ofertas con los trabajadores inmigrantes seleccionados en el país de origen, en el menor tiempo posible; incorporación que se hará con todas las garantías
laborales y con una reducción de los trámites administrativos que se venían exigiendo hasta ahora. En definitiva, la introducción de las mejoras relatadas es la expresión del empeño de este Gobierno por hacer del contingente un instrumento eficaz y
alternativo a la inmigración ilegal y a la explotación laboral de los ciudadanos extranjeros que desean trabajar en nuestro país.
Por último, señorías, y en relación con la pregunta formulada por el Grupo Parlamentario Catalán acerca de las medidas adoptadas para procurar una participación de trabajadores extranjeros en las campañas de recogida de la fruta en Cataluña,
permítanme que les esboce brevemente las actuaciones que el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a través de la Dirección General de Ordenación de las Migraciones, realiza al inicio de cada una de las campañas de temporada.
Según establece el Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el organismo competente en materia de planificación de las campañas de temporada y de la adecuación de las ofertas de empleo a las
demandas de los trabajadores temporeros de las comunidades autónomas con tasas de desempleo superiores a la media nacional. De igual forma, se trata de apoyar su movilidad geográfica mediante la concesión de ayudas previstas en la Orden Ministerial
de 13 de marzo de 1998. Para desarrollar estas actuaciones se ha contado con la colaboración de los agentes sociales, plasmada en el convenio-marco de 17 de diciembre de 1997, firmado entre el Ministerio de Trabajo y las organizaciones
empresariales ASAJA y COAG, los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y la Federación Española de Municipios y Provincias.
Dicho convenio tiene como objetivo garantizar una adecuada planificación y ordenación de las campañas de temporada y la
consiguiente mejora de las condiciones laborales de los trabajadores, participando para ello en la organización de los desplazamientos, en la habilitación de los alojamientos y en el mantenimiento de guarderías, entre otras circunstancias. En el
ámbito provincial se constituyeron comisiones provinciales para garantizar la ejecución de dicho convenio. Estas comisiones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89.2 del reglamento de ejecución de la Ley Orgánica de Extranjería, tiene una
composición paritaria, al estar integrada por representantes de la Administración del Estado, de las comunidades autónomas y de la Federación Española de Municipios y Provincias. Están representados también los agentes sociales firmantes del
acuerdo. Dichas comisiones llevarán a cabo las actuaciones correspondientes para la planificación de las campañas y, en su caso, la contratación de trabajadores extranjeros si los puestos de trabajo no se pueden cubrir con trabajadores nacionales.
También existe la posibilidad de poder volver a contratar a los mismos trabajadores que ya hubieran participado en campañas anteriores,
que en el caso de Cataluña asciende a 1.834 trabajadores. La mayor parte de las necesidades de contratación de trabajadores extranjeros para las campaña de la fruta de Cataluña van a ser satisfechas a través de estos trabajadores.
No obstante lo anterior, y en el marco del citado acuerdo y del reglamento, si no fuera posible atender todas las necesidades del sector, una vez realizada la gestión de la oferta ante el servicio público de empleo, con resultado negativo,
pueden presentarse nuevas ofertas en las áreas o dependencias de Trabajo y Asuntos Sociales para su valoración por las comisiones provinciales respectivas y, si estas son valoradas favorablemente en el caso de que sean genéricas, se procederá a
llevar a cabo los procesos de selección en los países de origen de los trabajadores. Hasta la fecha no se han recibido ofertas genéricas para llevar a cabo la selección y contratación de los trabajadores en sus países de origen, según lo
establecido en los acuerdos sobre regulación y ordenación de flujos migratorios, suscritos con Ecuador, Colombia, República Dominicana, Polonia, Rumanía y Marruecos. Por tanto, y a modo de conclusión, podemos afirmar que desde el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales se están dando los pasos necesarios para que la organización de las campañas de la fruta de Cataluña se realice de forma programada y de la manera más eficaz posible, contando para ello con trabajadores españoles, con
extranjeros debidamente documentados, o bien con aquellas personas que hayan participado en campañas anteriores, estando, además, abierta la posibilidad, como he dicho, de contratar nuevos trabajadores extranjeros residentes en el exterior.
Señorías, concluyo mi intervención reiterándoles la oferta al diálogo que les hice al comenzar estas palabras. Poderes públicos, fuerzas políticas y agentes sociales compartimos una misma responsabilidad en el campo del empleo, la de
alcanzar una meta que hace tan sólo unos pocos años parecía una utopía inalcanzable, que en España podamos hablar de pleno empleo.
Creo sinceramente que todos los esfuerzos que podamos realizar merecen la pena en este objetivo que está, sin duda,
al alcance de nuestras manos.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): La presidencia le agradece su intervención, señora De Miguel.
Dado que la comparecencia ha sido solicitada por la propia Comisión de Política Social y Empleo, salvo en lo referente a la inmigración de los trabajadores en Cataluña para la recogida de la fruta, ordenaremos el debate empezando por los
grupos de menor a mayor.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Quiero darle la bienvenida a esta Comisión, señora secretaria de Estado de Empleo, y augurarle en este tema un buen trabajo.
Lamento hoy no compartir con usted el optimismo que nos ha trasladado aquí sobre los datos de empleo. Quiero recordarle que los datos de la EPA han vuelto a confirmar que España fue en el año 2002 el país de la Unión Europea con mayor tasa
de desempleo y donde más ha crecido el paro. El desempleo en el año 2002 alcanzó casi un cuarto de millón de personas, un 12 por ciento más que hace un año, y ha tenido el peor dato de variación interanual desde los últimos diez años. Además, en
el último año crecieron un 14 por ciento los hogares donde todos sus miembros están en paro y el desempleo continúa afectando el doble a las mujeres con respecto a los hombres. La referencia es del 16,2 por ciento, frente al 8,3 por ciento. Por
otra parte, el ritmo de creación de empleo continúa reduciéndose. El año pasado fue tan sólo del 2 por ciento, y eso significa 1,7 puntos porcentuales menos que hace un año. Le recuerdo que es la menor tasa interanual desde 1994. El resultado es
que la creación de empleo no da ni para reducir el paro acumulado ni para absorber la incorporación de los que llegan al mercado laboral.
Pocos esperanzadores son también los datos sobre la calidad del empleo. La estabilidad no mejora y la temporalidad, aunque baja ligeramente, un punto en términos anuales, continúa siendo alarmante. Le recuerdo que en el cuarto trimestre
del año 2002 la tasa fue del 30,7 por ciento, casi el doble de los niveles medios europeos. Este problema, como usted bien sabe, no se soluciona, ya que hay cuatro millones de trabajadores con contrato temporal, de los cuales al menos 1,2 millones
encadenan fraudulentamente este tipo de contratos. En definitiva, señora secretaria, siguen siendo válidas las propuestas que hemos venido planteando en la Cámara y en esta Comisión. Para situar la creación de empleo y su calidad como el eje de su
política económica es preciso, entre otras medidas, que se reduzca el abuso en la contratación temporal, que se combatan las desigualdades por razón de género y que se reorganice y reduzca la jornada laboral, así como que faciliten la integración de
las políticas activas de empleo y las prestaciones sociales por desempleo.
En distintas intervenciones, le vuelvo a repetir, en esta Comisión y en la Cámara hemos venido apuntando que el pasado ejercicio ofrecía malos datos para el empleo y el paro, y así lo han confirmado las cifras de encuesta de población
activa, como he dicho anteriormente, tanto a nivel cuantitativo, como cualitativo. Hay que remontarse, repito, diez años atrás para encontrar datos peores en cuanto a aumento de desempleo. Se produce una nueva pérdida de capacidad de creación de
empleo y la estabilidad del empleo no mejora, como apuntan los datos.
En cuanto a los datos que hacen referencia a la evolución del desempleo, en primer lugar, quiero destacar que son claramente negativos, tanto en términos intertrimestrales
como interanuales. De hecho, el desempleo aumentó en el cuarto trimestre en 12.100 personas, situando el volumen total de parados en 2.118.200 y la tasa de paro en el 11,45 por ciento. Dichos datos comparados indican que España no sólo
continúa siendo el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea y mayor tasa de desempleo entre los jóvenes menores de 25 años y entre las mujeres, sino que además es, junto a Portugal, el país donde más ha crecido dicha tasa en el último año.
Los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadísticas sobre la tasa de paro reflejan que en ningún país de la Unión Europea creció la tasa de paro en 2002 tanto como lo hizo en Portugal y España. Porque si bien en casi todos los
países la tasa subió en el período de un año, a excepción, como ya le he dicho, de Grecia, Italia y Finlandia, donde se redujo, no lo hizo con tanta intensidad como en estos dos, donde el aumento fue de 1,6 y 1,3 puntos porcentuales respectivamente,
frente a una media de aumento en el conjunto de los países de la Unión Europea equivalente a la tercera parte, es decir, 0,4 puntos. No obstante, a pesar de que en Portugal haya aumentado más el paro en un año, España sigue liderando con diferencia
la situación más deficitaria en cuanto a desempleo se refiere, pues es la que registra la mayor tasa de paro, el 12 por ciento, casi doblando los niveles de desempleo de Portugal.
En cuanto a los datos referentes al empleo y su evolución, debe destacarse que cada vez se reduce más la creación de empleo, pasándose de tasas de crecimiento del 1,8 hace un año en este mismo trimestre, al 1,6 en 2002, por lo que el
crecimiento medio del empleo en el pasado año se situó tan solo en el 2 por ciento, es decir, 1,7 puntos porcentuales menos que hace un año. No negaremos desde luego un ligero aumento de la ocupación en el cuarto trimestre, con 24.400 personas más
ocupadas. Este incremento de los ocupados se concentra básicamente en las mujeres. Entre los jóvenes quiero recordarle que hay destrucción de empleo. Por sectores de actividad, en el último trimestre del año se reduce el número de personas
ocupadas en la industria en 1,07 puntos, crece en la agricultura en 3,6 y no hay prácticamente variaciones en los servicios con un 0,17 y en la construcción con un 0,2. Entre los jóvenes, como ya le decía antes, se está destruyendo empleo, ya que
hay 109.200 ocupados menos que en el año 2001. Y si entre los menores de 20 años esta pérdida de empleo no se traduce en un aumento del paro es porque ante la falta de expectativas de encontrar empleo se declaran inactivos. Por tanto, los datos
publicados por el INEM muestran una pérdida de fuerza de la creación de empleo.
Merece la pena resaltar que en el último trimestre del año 2002 se ha contabilizado la menor variación interanual en el empleo desde 1994, tanto en volumen como en
porcentaje. Asimismo, quiero destacar que el crecimiento del empleo es ya solo la mitad, el 52 por ciento, de lo que ha crecido en promedio en los últimos ocho años y el más bajo desde que gobierna el Partido Popular.
Conseguir la estabilidad del empleo es una de las prioridades que debe perseguir la política de empleo de este Gobierno y, sin embargo, éste se niega a aplicar las medidas necesarias para reducir la precariedad. Los datos de asalariados con
contrato temporal reflejan que la estabilidad no está garantizada hoy por hoy y que la reforma laboral que impuso el Gobierno en el año 2001 se ha convertido en un verdadero fracaso, como bien saben ustedes. Por ello, consideramos que el esfuerzo
del Ejecutivo en cuanto a recursos y acciones destinadas a mejorar las oportunidades de empleo de cada persona desempleada es claramente insuficiente y de ahí la actual situación de decadencia del empleo. Constatamos la preocupante evolución del
empleo para la que desafortunadamente no se vislumbra una salida a corto plazo, ya que durante el año 2002 es sólo el sector de servicios el que mantiene el leve crecimiento de empleo, y tampoco las expectativas para el subsector del turismo son
nada halagüeñas. Por tanto, el descenso del pasado mes en 14.490 personas es el peor dato de paro de este país, porque es el menor descenso desde la actual etapa de crecimiento económico desde 1995...
La señora VICEPRESIDENTA ( Montseny Masip): Señor Ruiz, le ruego que abrevie un poco, porque lleva mucho tiempo hablando de la primera comparecencia.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Es que no voy a hablar de la segunda, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Entonces, le ruego que vaya concluyendo, señor Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Voy a acumular el tiempo en lo que pienso...
La señora VICEPRESIDENTA ( Montseny Masip): Pero lleva consumidos muchos más de los diez minutos.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Intentaré acabar rápidamente, señora presidenta.
Quiero recordarle, señora secretaria, que la Oficina Europea de Estadísticas ha dado a conocer la pasada semana los datos correspondientes a la tasa de paro de los países miembros de la Unión Europea en el mes de febrero, que reflejan cómo
la situación de desempleo en España no mejora, situándonos de nuevo como el país de la Unión Europea con una mayor tasa de paro, el 11,9, lejos del 7,9 por ciento de media en el conjunto de la Unión Europea, y estando de nuevo a la cabeza de los
países donde más ha crecido el paro en los últimos doce meses, superándonos tan solo en este caso Portugal.
Voy acabando. Quiero reiterarle una vez más las propuestas en las que hemos venido insistiendo reiteradamente en esta Comisión y en la Cámara, que son
aumentar la estabilidad de las personas desempleadas, promover los servicios dedicados a la atención de personas dependientes, incorporar medidas para reducir el abuso de la contratación temporal, que es uno de los principales problemas del
cáncer de nuestro mercado laboral, establecer medidas para combatir y reducir las desigualdades por razón de género, no olvidando la reducción y reorganización de la jornada laboral como medida de crecimiento de empleo, y mantener la necesaria
integración entre las políticas activas de empleo y las prestaciones sociales por desempleo.
Por último, sólo quiero recordarle que en este contexto debemos mostrar nuestra decepción por los resultados y la posición española en la reciente cumbre europea. La Unión Europea ha celebrado su reunión de primavera el pasado 21 de marzo.
De modo tradicional la cumbre de finales de marzo del Consejo Europeo se dedicaba casi monográficamente a analizar los avances económicos. En esta ocasión, señora secretaria, además de testificar la amplitud de la división europea en materia de
política exterior y de seguridad, los jefes de Estado y de Gobierno han sido testigos de la escisión europea en dos clanes en lo que se refiere a la política fiscal, pero además de la división...
La señora VICEPRESIDENTA ( Montseny Masip): Señor Ruiz...
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Termino rápidamente.
... hay un frenazo en la estrategia adoptada en Lisboa hace tres años para convertir a Europa en la economía más competitiva del mundo antes de que acabe la década. En ese sentido, le recuerdo que este Consejo de primavera debía relanzar la
estrategia de Lisboa, debía tratar los problemas que se presentan ante Europa a corto y medio plazo, y debía asegurar tanto el desarrollo social y económico sostenible, como el desarrollo económico.
Nada más, muchas gracias y perdone, señora presidenta, pero sería necesario que fijáramos el tiempo al principio cuando se acumulan comparecencias.
La señora VICEPRESIDENTA( Montseny Masip): Yo tampoco quiero imponer una duración concreta, pero sí ruego brevedad dado lo avanzado de la hora.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Quiero agradecer también la comparecencia de la señora De Miguel y desearle los máximos éxitos en su nueva responsabilidad, porque en esta materia sus éxitos son los éxitos del conjunto de la sociedad.
Mi grupo quiere hacer también un balance positivo de las cifras que se han ido conocido en estos últimos meses en materia de empleo, al menos estas últimas cifras del mes de marzo, que suponen un descenso efectivo del paro, un aumento de las
contrataciones y un aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social, pero no quiere esconder su preocupación porque es evidente que, a pesar de que estas cifras puedan ser positivas, España continúa siendo el Estado con mayor número de
personas amparadas en el conjunto de la Unión Europea, continuamos teniendo el grave problema de una excesiva precariedad de nuestro mercado de trabajo, continuamos necesitando incrementar el empleo para mujeres y especialmente para las mujeres
mayores de 45 años, y continuamos teniendo un problema de empleo para los jóvenes. En este sentido, el hecho de que las personas que buscan un primer empleo hayan aumentado en la lista de parados en alrededor de 4.000 personas, es indicativo de que
algunas cosas no terminan de funcionar. La sensación que mi grupo tiene hoy, en el mes de abril del año 2000, más allá de ese balance positivo que podemos hacer del período iniciado en 1995 y continuado en 1996 en materia de empleo, es que el año
del 2002 al 2003 tiene el riesgo de ser un año perdido desde un punto de vista político. El proceso que se inició con lo que se conoció coloquialmente como el decretazo y que llevó a una huelga general en junio del año pasado, ha supuesto la
paralización de la capacidad del Gobierno para liderar algunos de los cambios que el mercado de trabajo necesita en España. Esta no es una responsabilidad que podamos atribuir a la señora De Miguel, pero sí que mi grupo la atribuye al Gobierno en
todo su conjunto. Nos parece, con perspectiva, que plantear el decreto tal como se hizo fue un error político grave. Este año, en el período que va desde finales de invierno e inicio de la primavera del 2002 hasta la primavera del 2003, no se ha
aprovechado para liderar desde el Gobierno una reflexión con el conjunto de los agentes sociales, organizaciones sindicales, organizaciones empresariales, pero también con los gobiernos autonómicos, que dé respuesta a algunas de las cuestiones que
en la reciente cumbre de primavera de la Unión Europea se estaban planteando. El conjunto de los grupos de la Cámara coincide con los planteamientos de la comisaria Diamantopulou, coincidimos con el contenido de esas diversas comunicaciones que la
Comisión ha remitido a los diversos organismos comunitarios, que es necesario impulsar políticas que sean capaces de combinar flexibilidad y seguridad, que la flexibilidad no sea sinónimo de desregularización del mercado de trabajo, que no sea
sinónimo de precariedad, que combatamos esa excesiva precariedad de nuestro mercado de trabajo, pero que al mismo tiempo seamos capaces de introducir flexibilidad horaria, flexibilidad funcional, flexibilidad salarial. Todo eso exige un clima
social, una capacidad del Gobierno de impulsar esos cambios junto con los agentes sociales. El debate está en la sociedad, está en los medios económicos, a lo largo de estos últimos meses. En diversos medios de comunicación se han provocado
debates alrededor de estas cuestiones, diversos
líderes sindicales y empresariales han planteado propuestas en esa materia, pero hoy, al menos por su intervención, no tenemos la sensación de que el Gobierno esté en condiciones de liderar ese debate. Ahí mi grupo sí muestra preocupación,
porque si queremos dar ese salto adelante por el pleno empleo y por la disminución de la precariedad necesitamos un nuevo acuerdo social potente que permita combinar flexibilidad y seguridad. Junto con eso mi grupo entiende, y coincidimos con las
reflexiones que se han efectuado desde la Comisión Europea, que España necesita un incremento de las políticas de formación. La mejora de nuestra productividad va a girar en torno a nuestra capacidad de movilizar recursos de formación, de movilizar
al mundo de la empresa en materia de formación. También es evidente que necesitamos alcanzar un pronto acuerdo entre el Gobierno y las comunidades autónomas para el cumplimiento de las dos sentencias del Tribunal Constitucional que dan respuesta a
aquellas críticas que, desde el Gobierno catalán y desde el Gobierno gallego, formulamos al modelo de gestión de la formación continua, planteado en su momento por los gobiernos socialistas, y que, a nuestro entender, suponían una plena vulneración
de las competencias que en esta materia tenía en nuestro caso el Gobierno de la Generalitat. Ahí también quiero insistirle a la señora De Miguel, me consta que el debate se está manteniendo al menos con los representantes del Gobierno catalán, para
que se haga ese esfuerzo y se alcance un acuerdo positivo que dé respuesta, en primer lugar, al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, o sea que se reconozca la capacidad de gestión de las comunidades autónomas en materia de
formación continua y que además el nuevo modelo sea eficaz y responda a ese tejido de pymes y de autónomos que constituyen la principal referencia de creación de ocupación de España.
Junto con la formación, también la política de aumento de la productividad y de aumento del empleo y la calidad necesitan un mayor esfuerzo de movilización de recursos en I+D y ahí tenemos la sensación de que los esfuerzos no son
suficientes. Todo este proceso, el que va de la primavera del año pasado a esta, con esa huelga general, con ese decreto, con esa sentencia del Tribunal Constitucional y seguramente también con los cambios habidos en el propio Ministerio de Trabajo
y Asuntos Sociales y en la Secretaria General de Empleo, nos dan esa sensación de que hemos perdido un año estratégico en nuestra política de empleo y de que quizá hayamos tenido un exceso de conformismo. Mi grupo desea que en lo que queda hasta el
final de legislatura, la política que desarrolle la señora De Miguel sea una política prudente, en el sentido de alcanzar acuerdos con las comunidades autónomas y con los agentes sociales en aquellas materias que tiene en curso, destacando el
acuerdo en materia de formación continua, deseando que ese mismo acuerdo se pueda alcanzar también en el proyecto de ley de empleo. Esperamos que ese proyecto de ley de empleo llegue a la Cámara suficientemente trabajado para evitarnos otro tipo de
debates más complicados, pero deseamos que desde el Gobierno se empiece ya a liderar lo que seguramente debe constituir una de las principales prioridades de los próximos meses en política de empleo de España, un nuevo acuerdo social que permita dar
un empuje a la reducción de la precariedad y a los objetivos del pleno empleo. Hay que hacer que aquello que la Comisión Europea nos está demandando se pueda cumplir de manera eficaz. En este sentido, la participación española en el seno de los
diversos grupos de trabajo que el Consejo de primavera ha puesto en marcha en esta materia, nos parece especialmente significativa y quizá sería conveniente que tuviésemos una comparecencia explícita de la señora De Miguel en las próximas semanas
para debatir a fondo sobre cuál va a ser la posición española en ese proceso de revisión de la estrategia de empleo de la Unión Europea. En todo caso, esperemos que sepamos aprovechar bien las semanas y los meses que nos quedan antes de que termine
esta legislatura.
En relación con las segundas comparecencias, mi grupo valoró en su día ya como positivos algunos de los cambios que el nuevo sistema de contingentes había introducido, la posibilidad de ampliar el número de plazas concedidas por el mismo en
función de la evolución de las demandas de las empresas, la reimplantación de las ofertas nominativas, por tanto, con la recuperación en parte de lo que se ha denominado coloquialmente como el régimen general y otras mejoras que se introducen en la
gestión burocrática del contingente. Sin embargo, a mi grupo le sigue preocupando que continúa siendo éste un sistema demasiado burocrático; por un lado, en los mecanismos de ampliación de las bolsas de contratación el circuito que los servicios
públicos de empleo deben realizar antes que quien tome la decisión autorice esa ampliación, puede prorrogarse hasta cerca de cuatro o cinco meses; ahí continuamos sin dar respuesta a las necesidades de las empresas en ese ámbito. Por otro, desde
un punto de vista estrictamente político, nos parece que el modelo de contingente continúa sin dar el peso suficiente a los servicios públicos de empleo; en nuestro caso los servicios públicos de la Generalitat tienen competencia en materia de
inmigración. Nos parece ahí que a mayor implicación de las comunidades autónomas, a mayor implicación de los servicios públicos de empleo, mayor eficacia en la gestión de los flujos migratorios.
Finalmente, quiero hacer dos consideraciones. Nos gustaría saber si el Gobierno está en condiciones de hacer balance de cuál ha sido el desarrollo del contingente del año 2002. En las últimas informaciones periodísticas que han aparecido
el balance era bastante deprimente y nuestro grupo calificó el contingente del 2002 como fracaso. Nos gustaría saber si hoy el Gobierno tiene un balance para saber cuál ha sido el
cumplimiento de aquellas previsiones. Quiero apuntar una cuestión, a nuestro entender, contradictoria de lo que hoy sucede en España y que obliga al conjunto del Gobierno, no a la señora De Miguel, a reflexionar en serio sobre esta materia.
A Cataluña se le asignan para este año 2003 alrededor de 2.000 plazas de trabajadores fijos y ayer se me confirmaba por parte de representantes cualificados de la Administración catalana que se calcula que en Cataluña hay 210.000 inmigrantes en
situación irregular. La señora De Miguel que conoce bien Cataluña, mi país, sabe que esas 210.000 personas no están pidiendo caridad en la calle ni están atracando nada, sino que están trabajando. Esa es la contradicción ante esa realidad de las
cifras de inmigrantes indocumentados e incorporados a la economía informal de Cataluña y esa realidad de las 2.000 ofertas del contingente, demuestran que algo no funciona en la política de inmigración en España. Por ello, señoría, recomiendo que
desde la Secretaría General de Empleo y desde la Dirección General de Ordenación de Migraciones el Gobierno realice un debate a fondo sobre esas contradicciones; si no, corremos el riesgo de construir una política sobre la irrealidad más estricta y
esa es la mejor garantía de fracasar en el objetivo -que la Cámara espero comparta conmigo- de la regulación de los flujos migratorios.
Respecto a la cuestión de Lleida, deseo que este año los acuerdos mantenidos con los agentes sociales puedan permitir que algunas disfunciones que se produjeron en las anteriores campañas no sucedan, muy especialmente esa disfunción con las
ofertas que se han contratado en el extranjero de inmigrantes de temporada y la presencia de personas que llegan con la esperanza de encontrar empleo en esas mismas localidades de las zonas del Segrià fundamentalmente, que provocan verdaderos
problemas de gestión en los municipios a los que llegan. Por tanto, habrá que estar muy atento para que esos problemas de los últimos años no se vuelvan a producir.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Por el Grupo Parlamentario Socialista para intervenir en la primera comparecencia de la señora De Miguel -ya que compartirá el turno de intervención-, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Me sumo a la bienvenida que le dispensamos, señora De Miguel, estamos encantados de que esté usted con nosotros, de que comparezca por primera vez, le deseamos que lo haga muchas veces y le deseamos también mucho
éxito en su trabajo.
Manteniendo la cortesía que me merece su comparecencia, tengo que exponerle una visión más crítica de cómo veo el panorama de la política de empleo y de los datos del empleo en general. No sé si incurriré en la otra cara de la moneda en la
que usted ha incurrido, porque si usted ya preveía que hubiera algo de catastrofismo en nuestras palabras, yo sí quiero decirle que en las suyas ha habido un triunfalismo exagerado. Esta es mi impresión. Cuando el Gobierno -y es una práctica
general- hace un balance de sus datos sobre el empleo, que yo en general no quiero negar porque los términos cuantitativos no son discutibles, hace falta un poco más de objetividad en general. Tengo muchas ganas de decirle a usted y a todo el
Gobierno que cuando se hacen comparaciones estadísticas de determinados períodos de nuestra economía, ustedes tienen que reconocer que el período de crecimiento de empleo que ha disfrutado España -no el Gobierno, España- no es un período que se
inicia como el maná el día que el señor Aznar entra en el Gobierno de España. Esto es mentira. El período de crecimiento económico, el ciclo económico positivo, se inició exactamente a finales de 1994 y que dura los años 1995 y 1996, por ejemplo.
Hay que decir que la economía española ha tenido una extraordinaria rentabilidad, en términos de empleo, en ese período porque se hizo un saneamiento macroeconómico extraordinario en el período 1992/1994. Esto lo digo para ser objetivo,
simplemente, para que no se hagan discursos tan sesgados y tan falsos.
Cuando se compara con Europa y nos convertimos en los campeones de Europa o del mundo, mejor dicho, sobre estas cosas, hay que ser un poco más objetivo. Yo no soy alemán ni francés, pero si lo fuera, les diría que un punto de nuestro
crecimiento económico anualmente, de nuestro PIB, son las ayudas que Europa nos presenta por los fondos de cohesión, o si yo fuera alemán les diría que he hecho la unificación con el Este y que eso genera una serie de problemas, para que no hagamos
comparaciones que pueden ser hasta odiosas, desde un punto de vista técnico y económico.
Sin embargo, donde me resulta más necesario hacerle una reflexión, señora De Miguel, es en la naturaleza de su comparecencia. Aquí no se puede venir a
trasladar un discurso -insisto triunfalista-, darnos unos datos y ya está, como si esto fuera una mesa redonda o un debate en una universidad. Aquí están los grupos parlamentarios y está la opinión pública a través de la prensa. Se trata de que
usted comparezca y nos diga cómo ve las cosas, qué previsiones hay, cuáles son los elementos que juegan sobre el empleo, cómo está actualmente el empleo, pero cómo va a estar, qué puede ocurrir. No que nos haga una relación, que yo creía más
exhaustiva cuando he visto aquí el proyector. Realmente lo que interesa no es que usted nos diga lo que ya sabemos todos, porque lo hemos visto en los datos del empleo del último mes o del último año, sino qué está pasando en la economía española y
qué puede pasar con el empleo. Por ejemplo, usted no nos ha dicho nada de lo que significa un enorme problema de falta de competitividad de la economía española en relación con datos macroeconómicos básicos para el futuro del empleo, que son: su
diferencial de inflación negativo,
donde estamos perdiendo todos los años uno o dos puntos de competitividad porque crecemos en nuestros precios mucho más, o nuestro bajo nivel de inversión en materia de I+D+I, que otro factor clave de productividad y de competitividad. De
eso ni una palabra. ¿Cómo influirá en el empleo una crisis en el sector inmobiliario, de lo que todo el mundo está hablando? Porque todo el mundo sabe que el empleo en España tiene un diferencial positivo, en gran parte, por circunstancias
estructurales, como son el turismo y la construcción, sobre todo de segunda vivienda y viviendas para extranjeros. Todo el mundo lo sabe. Este no es un factor de las habilidades milagrosas del Gobierno, son factores estructurales de la economía
española. Afortunadamente. ¿Pero qué pasa si hay un pinchazo inmobiliario? ¿Qué va a pasar con los diez países que entran en Europa dentro de ocho meses, cuyos salarios, competitivamente con nosotros, son tres veces más bajos que en España,
cuando el factor de competitividad más importante de España con Europa han sido sus bajos salarios? Estos temas interesan, señora De Miguel, para saber qué va a pasar con el empleo. En esta comparecencia y en esta Cámara hay que hablar en estas
circunstancias para saber qué puede ocurrir con el empleo sobre estas variables.
Señora De Miguel, los datos que estamos examinando no nos permiten tanto triunfalismo, ni siquiera contemplados desde un punto de vista numérico como usted lo ha hecho. Quiero recordarle que, siendo cierto que la economía española ha
seguido creando empleo y aumentando el número de ocupados en el año 2002 -y me felicito por ello-, no se está diciendo que desde septiembre del año 2001 la tasa de generación de paro es muy alta.
Usted lo ha citado al final. Es cierto que hay un
dato, que puede parecer paradójico, de aumento en la población ocupada, pero aumento del paro también, esto en los últimos meses está generando datos muy preocupantes.
Usted sabe que en el año 2002 prácticamente aumentó el paro en 225.000 personas,
pero tomando marzo 2003 sobre marzo 2002, el paro registrado ha aumentado en 70.000 personas. No se ha dicho que ese dato del mes de marzo que ha presentado el señor Zaplana, como acostumbra hacer con un espíritu propagandista absolutamente, en mi
opinión, rechazable, es el peor dato de marzo, como ha dicho el señor Ruiz anteriormente, de los últimos nueve años y esto no es solamente atribuible a que la Semana Santa viene un poco más tarde, no. Sí están ocurriendo cosas preocupantes en los
datos económicos que requieren alguna respuesta. Yo les pregunto: Ante este aumento del paro desde septiembre de 2001, aproximadamente, ¿el Gobierno ha tomado alguna medida? Cierto, crece la población ocupada, pero crece le paro y yo le pregunto:
¿Hay nuevas políticas activas del Ministerio de Trabajo? ¿Hay más inversión en políticas activas? Respuesta: No, ninguna, cero. ¿Hay nuevas políticas activas para intentar colocar mejor al personal desempleado? No, ninguna, todo pura rutina,
pura reiteración. Se dice que las políticas de empleo del Gobierno han sido muy solidarias, han tenido un gran éxito, pero conviene recordar, señora De Miguel, que tenemos 2,2 millones de parados, aproximadamente, y de ellos el 50 por ciento largo
lleva más de un año en el paro. Por tanto, no se trata tampoco de que hayamos tenido tanta solidaridad.
Quiero recordarle que tenemos más de 500.000 discapacitados, entre moderados y severos, que están pendientes de inserción en el mundo laboral.
Quiero recordarle también que el 55 por ciento de nuestros parados es menor de 25 años y que el 70 por ciento de ellos son mujeres.
Sigo con las preguntas. ¿Hay una remodelación del servicio público de empleo, que es el elemento fundamental para practicar unas políticas activas en serio? Respuesta: Ninguna. Usted sabe mejor que yo, señora De Miguel, que ustedes
tienen y tenemos todos un problema gravísimo con el INEM, porque el INEM está -siempre acostumbro a decir esa expresión- en estado catatónico; está desestructurado totalmente. Se han transferido a las comunidades autónomas políticas activas, ahora
hemos sabido que las políticas pasivas van a la agencia de la Seguridad Social, confírmeme este dato porque quiero saber, si eso es así, si va a desaparecer el INEM puesto que ya no le queda nada. Si las pasivas van a la agencia de la Seguridad
Social, ¿para qué queremos el INEM? Decía el señor Campuzano, y tenía razón, que ha habido una política de empleo fundamental que es el decreto de mayo de 2002, pero es que ese decreto fue literalmente rectificado, afortunadamente, en sus ocho
grandes apartados restrictivos y regresivos de las prestaciones, por el señor Zaplana debido a la presión política y social que hicieron sindicatos y oposición. Ahora yo pregunto: ¿Qué política le queda al INEM? ¿Es que el INEM, por ejemplo, está
facilitando la comunicación provincial a través de un servicio informático? Respuesta: No. No hay comunicación, señorías, ni siquiera entre Castellón y Tarragona sobre los parados o las ofertas de empleo que hay en una provincia y en otra. ¿Es
que funciona la intermediación? ¿Es que el INEM coloca a la gente que está parada? Respuesta: No. Su nivel de intermediación es mínimo; dicen que el 17 por ciento. Claro, contando las ofertas de empleo oficiales, pero en el sector privado no
llega ni al 5 por ciento. Y ahora se nos dice que el INEM prácticamente va a desaparecer.
Yo le recuerdo, señora De Miguel, que la Unión Europea nos va a decir otra vez -hoy se van a aprobar en Estrasburgo las recomendaciones de la Unión Europea a los países y ya vienen algunos anticipos- que los servicios públicos de empleo de
España son un desastre, y no desde hoy porque nos lo dijeron el año pasado y el anterior. Nos dicen que hagamos algo en materia de movilidad porque España tiene una heterogeneidad provincial extraordinaria e inaudita: pleno empleo en Navarra, en
Cataluña o en Aragón y 20 por
ciento de paro en Extremadura y Andalucía, pero no existe ninguna política de movilidad porque las que tuvieron, que eran regresivas en el decreto, desaparecieron. ¿Cuándo vamos a llevar a la práctica esas recomendaciones de la Unión
Europea? De eso hay que hablar aquí, señora De Miguel; de movilidad laboral, de reformar el organismo del empleo, de hacer más políticas activas, de hacer más políticas de empleo local. De esto no nos ha dicho nada.
¿Hay alguna evaluación, señora De Miguel, sobre cuál es el funcionamiento del decreto de mayo y qué efectos ha producido? Si lo hay, díganoslo.
¿Hay alguna política contra la devaluación de las relaciones laborales? Porque ese mundo de
Alicia en el país de las maravillas sobre el empleo en España está ocultando una realidad que es evidente y se la quiero poner en evidencia. No es fruto de su Gobierno, es fruto de un mercado laboral demasiado flexible quizá, fíjese cómo soy de
objetivo, pero hay unas anomalías graves en España. Hay un 31 por ciento de eventualidad frente a un 13 por ciento de media en Europa; hay una bajísima tasa de contratación a tiempo parcial, usted ha señalado que un 8 por ciento, muy bajo frente
al 20 por ciento europeo o al 35 por ciento holandés; hay una altísima siniestralidad puesto que cinco personas mueren cada día laborable del año por accidentes laborales; hay un fraude sistemático en las relaciones laborales, sobre todo en la
contratación temporal; hay un dualismo exagerado y un salario mínimo muy bajo.
Ustedes utilizan la Seguridad Social para decir de forma triunfalista que han crecido tanto los afiliados pero no indican que el 58 por ciento de los afiliados son contratos fijos, lo que supone un 42 por ciento de eventualidad en los datos
estadísticos de la Seguridad Social. Son datos reveladores. Ya sé que no es la real pero demuestra sin embargo cuántos cotizantes hay a tiempo parcial, con sólo unos días de cotización, para que no se haga ese triunfalismo barato de decir que cada
mes ha subido no sé cuántos miles de cotizaciones porque ahí se oculta un dato que además es sesgado puesto que se toma la estadística del 31 de mes. Devaluación de las relaciones laborales con un salario mínimo absolutamente bajísimo en relación
con Europa. Yo le pregunto: ¿Qué se hace frente a todo esto? ¿Qué nos plantea la secretaria general de Empleo sobre las anomalías de este mercado laboral español, que es un poco, como dijeron un día mis compañeros, la Florida laboral europea?
Termino. ¿Por qué se retrasan ahora las medidas contra la siniestralidad que se aprobaron con los sindicatos a propósito del bonus malus? ¿Cuántos trabajadores rotan sobre el trabajo temporal; quizá cinco millones, señora De Miguel?
Conviene decir esta realidad. Yo creo que hay cuatro millones de contratos temporales en España pero seguramente hay cinco millones de trabajadores que están rotando de una manera absolutamente precaria sobre ese volumen de empleo; cinco millones
de personas que, por cierto, casi todos son jóvenes y muchos de ellos mujeres.
Quiero terminar, señora De Miguel, señalándole que aunque mis palabras son duras en los contenidos, tienen que serlo porque ésa es mi misión sobre lo que está pasando en el mercado laboral español y sobre lo que creo que es un fracaso de
gestión en la búsqueda de soluciones a este conjunto de problemas. Yo le pido un poco más de modestia y menos triunfalismo, más medidas y menos propaganda, más innovación y menos rutina.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora García, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora GARCÍA PÉREZ: Quiero reiterar la bienvenida a la señora De Miguel, en nombre de nuestro grupo.
Comenzaré el análisis respecto a lo que supone el desarrollo del contingente haciendo una valoración de lo que ha supuesto el contingente de 2002 en nuestro país. Es evidente que la cifra que el Gobierno marcó como número de personas que
con carácter estable estaban autorizadas a trabajar en España según el contingente del año 2002 se hizo de forma errónea. Una vez transcurridas las dos terceras partes del año 2002, según las informaciones de que disponemos, sólo se había cubierto
el 18 por ciento del contingente establecido. El contingente ha mostrado su fracaso no sólo por la escasez de ofertas recibidas sino también por los fallos de gestión y asignación. Algunos de los principales fallos han sido en cuanto a diseño. El
contingente adolecía de una excesiva rigidez; ha realizado una parcelación de las necesidades por provincias que en lugar de servir para racionalizarlas lo que ha hecho es encerrarlas en compartimentos estanco. Además, la concepción del
contingente como único procedimiento condujo a que se impidiera la posibilidad de tramitar ofertas por el régimen general, algo que no estaba contemplado ni en la ley ni en el reglamento de extranjería; dejando el contingente como único mecanismo
posible para poder conceder permisos de trabajo a extranjeros no se ha logrado el objetivo de la correcta canalización de los flujos migratorios. Esta incompetencia ha provocado que distintos tribunales estén declarando nulas las disposiciones que
cerraron el régimen general.
Es importante señalar que el propio Tribunal Supremo, en su sentencia, ha invalidado cuestiones como las solicitudes de permiso, estableciendo que no es posible que no se admita a trámite como hasta ahora por
inadecuación del procedimiento o por falta de competencia del órgano a que se dirigen las solicitudes de permiso de trabajo; un método ilegal que el Gobierno había intentado utilizar con finalidad dudosa.
Este marco restrictivo, complejo y mal planificado ha provocado que haya menos inmigración legal y más inmigración irregular. Además, la desinformación y
descoordinación en los servicios de empleo ha reportado como consecuencia situaciones graves como la ocurrida durante la campaña de la fresa en la provincia de Huelva, donde no se tuvo en cuenta que existían demandantes de empleo que podrían
cubrir los puestos ofertados antes de aprobar la llegada de trabajadores de temporada de terceros países.
Como conclusión, hay que decir que el contingente 2002 no ha servido para facilitar la contratación por parte de aquellas empresas que demandan trabajadores que no existen en el mercado español, no ha servido como instrumento de canalización
de flujos y no se ha visto acompañado de las medidas complementarias necesarias para su correcta gestión. Por ello, la primera valoración que usted ha hecho con respecto al contingente de 2002 no es compartida por nuestro grupo parlamentario.
Si valoramos el procedimiento del contingente para 2003, la variación sustancial del procedimiento pone de manifiesto que el Gobierno se desmiente a sí mismo porque, según sus declaraciones, el contingente de 2002 había funcionado
satisfactoriamente. Si realmente es así, no entendemos por qué se han hecho estas modificaciones, muchas de las cuales compartimos. El Gobierno ha introducido en el borrador del contingente 2003 distintos criterios de flexibilización, con los que
está de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista, y que ya había venido planteando en esta Cámara, a través de una proposición no de ley, en la que hacíamos referencia a la necesidad de introducir estos cambios.
Sin embargo, el borrador del acuerdo sigue adoleciendo de importantes deficiencias. No existen estudios transparentes y fiables que vayan a avalar esta estimación, porque la cifra sólo resulta orientativa; siguen sin reforzar ni modificar
las estructuras de una administración obsoleta que debe llevar a cabo las tramitaciones y de cuya eficacia depende la gestión ágil y controlada de las ofertas. Los sindicatos habían reivindicado que la contratación de temporada quedara al margen
del contingente. Sin embargo, como sucedía en el contingente 2002, el borrador de acuerdo de este año sigue haciendo referencia a las contrataciones de temporada.
Una de las cuestiones que entendemos que no ha quedado excesivamente clara en este acuerdo es que se continúa haciendo una división de la asignación de las ofertas recogidas por el contingente, por provincias y sectores.
Ya criticamos que
la excesiva parcelación introduce rigideces y, aunque la Dirección General de Ordenaciones Migratorias puede disponer la reasignación o ampliación del contingente, a propuesta del INEM y a lo largo de la vigencia del mismo, esta parcelación, que se
ha demostrado excesiva para muchos supuestos, permanece en estos momentos.
Con respecto a la orientación de las ofertas, no se especifica si los empleadores pueden indicar preferencia por la nacionalidad o si la Administración utilizará criterios de reparto por países de las ofertas presentadas, como tampoco se
establece si la comunicación será a través del Ministerio de Asuntos Exteriores o directamente a través de los países o comisiones mixtas encargadas de la selección en origen.
Con respecto a los trabajadores de temporada, la reflexión que hemos hecho anteriormente nos da a entender que el contingente de 2002 introdujo por primera vez en el acuerdo los trabajadores de temporada y una cifra estimativa de
contrataciones. Debemos recordar que los procesos de contratación de temporeros no estuvieron exentos de problemas. Es importante que, al margen de las normas establecidas, se garantice que, antes de proceder a la contratación de extranjeros, se
tenga en cuenta la posibilidad de que existan trabajadores en la provincia o desplazamientos interiores que pudieran cubrir parte de los puestos demandados. (La señora vicepresidenta, López i Chamosa, ocupa la presidencia.)
Otra de las preocupaciones de nuestro grupo parlamentario -a la que ya hicimos referencia el pasado año y que no se ha conseguido solucionar- es con respecto al servicio doméstico. Las contrataciones de servicio doméstico en el año 2002 han
sido muy escasas. Aun sin datos, sabemos que sólo se ha cubierto un porcentaje muy reducido de las contrataciones inicialmente previstas. La gestión ha tenido que contar con la colaboración de ONG, que han realizado tareas de intermediación
laboral ante la falta de capacidad de la Administración para realizarlas por sí misma. Por este motivo, también nos gustaría que se nos aclarara, al margen del procedimiento de contratación, cuáles son los medios con los que cuenta para intermediar
entre los posibles empleadores y los trabajadores que vayan a ser contratados en el servicio doméstico.
Estas son algunas de las cuestiones sobre las que tenemos dudas de cómo va a funcionar el contingente de 2003. Repito que entendemos que se han introducido algunos cambios que pueden ser positivos y que facilitarán la tramitación de toda la
documentación y la burocracia, pero aun así siguen apareciendo cuestiones que dificultarán el desarrollo de este contingente.
Si puede responder a alguna de las dudas que tenemos, se lo agradecería.
La señora VICEPRESIDENTA (López i Chamosa): Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.
El señor AZPIROZ VILLAR: Buenas tardes ya. Quiero dar la bienvenida a esta Casa a doña Carmen de Miguel, darle la enhorabuena por su nombramiento para el cargo y por los datos que nos ha aportado aquí y mostrarle agradecimiento por la
amplia exposición que ha realizado.
Con carácter previo a entrar a analizar algún dato, por aquello de que los números cantan -al menos esto
es lo que hasta ahora se decía-, quisiera hacer una mención a lo que me parece que quizá sea la parte bella de la política, aquella parte en la que parece que nada es verdad ni es mentira, sino que todo es según el color del cristal con que
se mira. Hay discursos que, pese a las circunstancias y a los datos que se ponen encima de la mesa, si uno se toma la molestia de leer el 'Diario de Sesiones', la verdad es que en muchas ocasiones se reproducen, lo que significa que no se están
ateniendo estrictamente a la realidad que se viene produciendo en cada momento. He de decir que comparto esa afirmación del señor Jáuregui, cuando decía que desea que usted comparezca muchas veces en esta Cámara, porque yo también, y además espero
que lo haga durante muchos años.
Usted ha hablado de moderado optimismo y esto se ha traducido en triunfalismo. Lo digo, porque la semántica tiene su importancia. No soy ningún nominalista, pero uno se preocupa de escucharle y ha hecho reiterado hincapié en afirmar su
moderado optimismo, pero automáticamente esto se transforma en triunfalismo para la oposición; me gustaría saber cómo lo habría calificado la oposición si usted hubiera hecho alguna mención triunfalista a los datos del desempleo y de creación de
empleo; sería difícil encontrar el adjetivo calificativo dentro de nuestro rico diccionario de la Real Academia Española. (La señora vicepresidenta, Montseny Masip, ocupa la presidencia.)
Desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Popular, al que me honro en representar en esta comparecencia, deben ser tenidos en consideración algunos datos. Se ha dicho -y a mí me parece que es muy importante- que a lo largo de estos años
se ha producido un incremento en la tasa de ocupación de 7 puntos. Esto es un elemento de los que al final van a producir que España pueda o no ser un país realmente competitivo, dentro de los países de nuestro entorno, porque tener una mayor tasa
de ocupación significa, en términos globales, un incremento de nuestra capacidad competitiva global. Desde la perspectiva política del Grupo Parlamentario Popular, que la tasa de ocupación femenina haya subido al 45,5 por ciento es un acicate para
seguir luchando por la necesaria incorporación de las mujeres a nuestro mercado laboral como se viene produciendo estos años. Por otro lado, todo hay que decirlo, empieza a ser prácticamente la única cantera de activos para nuestro mercado laboral,
porque el mercado de trabajo de los hombres está prácticamente -y lo digo en términos generales- cubierto o en una situación próxima al pleno empleo.
El hecho de la reducción de la temporalidad en un punto durante el año pasado es muy importante. Hemos de recordar que, en el año 1996, nuestro mercado de trabajo rondaba el 35 por ciento de temporalidad y bajar en un solo año un punto no
deja de ser francamente importante; situarnos en un 30,7 sigue siendo, qué duda cabe, un dato muy elevado y ninguno queremos que siga en esta situación, pero prácticamente hemos bajado un 18 por ciento en relación con la situación de hace 7 años.
Le animo a que continúen actuando en este campo que me parece fundamental.
También es fundamental, y hay que recordarlo porque es su objetivo -y así consta-, que el 30 por ciento del empleo producido en la Unión Europea, en la horquilla entre 1995 y 2001, ha sido español. Es cierto que partíamos de unas premisas
con un mayor nivel de desempleo, pero también es igualmente cierto que nuestra población y nuestro peso demográfico no excede del 10 por ciento en la actual configuración de la Unión Europea.
Siendo cierto que en el año 2002 se ha incrementado el
desempleo en nuestro mercado laboral en 226.400 personas, que España, pese a esa situación, haya producido el 51 por ciento del empleo de la Unión Europea es importante y se traduce en que, pese al incremento del paro -ojalá hubiéramos podido
evitarlo-, hemos creado bastantes más empleos que el incremento en las listas del desempleo, más de 256.000 nuevos empleos, que me parece que es un dato muy importante y más aún si lo imbricamos, con todos los matices que se quiera, al incremento en
la afiliación a nuestro sistema de la Seguridad Social, que no dejan de ser personas que contribuyen y cotizan al sistema, que prácticamente ha sido de medio millón. Más aún, si tomamos el dato referido de abril de 2002 a marzo de 2003, la cifra de
afiliación a la Seguridad Social crece hasta más de 542.000 nuevos afiliados. Esto, que parece que no tiene ninguna relevancia, la tiene, porque significa no sólo que hay un mayor número de contratados, un mayor número de españoles e inmigrantes
trabajando en nuestro mercado laboral, sino que está permitiendo que el Gobierno haya planteado a esta Cámara un proyecto de ley de un fondo de reserva del sistema de la Seguridad Social. Además, está permitiendo que las previsiones al final del
año 2004, en orden a la dotación del fondo de reserva, se hayan superado ya en el año 2002. Esto es una realidad objetiva derivada de una radiografía de la realidad de nuestro mercado de trabajo. En marzo de 2003 se han reducido las listas de
desempleo con la que está cayendo en el mundo, con la situación de incertidumbre, con una guerra en Irak y con los problemas del petróleo; nos parece que es algo que hubiéramos suscrito cada uno; que haya 120.000 nuevos cotizantes en marzo, que se
hayan reducido en más 14.000 los parados, que en febrero también se hayan reducido en más de 8.000, que tengamos una expectativa muy razonable de crecimiento del trabajo y de nuevos contratos este año, me parece que no se puede dejar en el vacío.
En cuanto a los incrementos de contratos indefinidos, señorías, ha habido más de 115.000 contratos indefinidos, casi 116.000 este último mes, superando el 10 por ciento sobre el total de la contratación, que ha aumentado también en relación
con el anterior mes.
El Gobierno ha hecho cosas importantes que a veces conviene recordar y evaluar. La reforma tan denostada del año 2001 se ha traducido ya en más de dos millones de contratos indefinidos. ¿Es eso irrelevante? ¿Eso es un fracaso o es una
mala reforma? Sin duda, es posible mejorar, pero es algo que se debe valorar en su justa medida porque es un dato más que positivo. La tasa de paro femenino se sitúa en el 13,82, tal como nos ha recordado, lo cual significa la tasa más baja en los
últimos 20 años coincidiendo con el mes de marzo del año anterior. Por lo tanto, la política que está haciendo el Gobierno -y que con razón se demanda- es una política acertada; como todo, es mejorable y como todo, intentaremos mejorarla con todos
los que quieran contribuir a plantear iniciativas. Se dice aquí, en términos dialécticos, que el decreto fue rectificado. Pues, si fue rectificado, será bueno el decreto, ¿no? En términos dialécticos, habría que aceptar esta premisa. Si es
bueno, será una medida que también este Gobierno ha puesto encima de la mesa aunque, desde la consideración de quien lo firma, se haya tenido que rectificar. Será bueno, ¿no? ¿O también es malo? ¿O resulta que también lo de los huelguistas y lo
de los sindicatos también es malo? Seamos consecuentes y coherentes. Si se rectificó por la buena línea, ha sido un buen instrumento que, unido a la reforma laboral de 2001, como acabo de decir, se ha traducido en más de dos millones de nuevos
contratos indefinidos.
Todo esto no tendría sentido si no lo enmarcamos en la realidad de nuestro país. Yo suelo decir, y sé que no gusta mucho, que hace 8 años había doctos -no hablo ya de políticos- de la economía que decían que en España el paro era un
problema estructural, queriendo decir con ello que prácticamente era un problema insoluble. O sea, no hay nada que hacer, nosotros somos así; de la misma manera que hay más sol en España que en Dinamarca existe un paro estructural. Esto es lo que
se nos venía a decir. Respecto a nuestros ciclos económicos, resultaba que cuando la economía mundial de nuestro entorno iba bien, nosotros crecíamos tanto o más, pero en cuanto había una recesión nosotros nos caíamos en el fondo del abismo,
retrocedíamos en nuestros crecimientos de PIB y aumentábamos la destrucción de empleo en cifras escasamente conocidas. Hoy, en el año 2003, la realidad es que una parte del mundo está con grandes problemas.
No voy a analizar países ni voy a hacer
comparaciones porque creo que todos lo sabemos. Es de dominio público y es una obviedad decir que hay países con problemas y con destrucción de empleo, que existen países sin crecimiento del PIB y que hay países con tensiones sociales importantes
desde esta perspectiva. Nosotros estamos consiguiendo en esta situación ir mejor que en todos los países de nuestro entorno. Comparativamente, estamos superando el crecimiento de la media de la Unión Europea en términos de empleo, en términos de
afiliación, en términos de crecimiento del PIB y en términos de expectativas y de solvencia como país a la hora de tener criterios inversores en el mismo. Esto no obedece al azar ni a la casualidad, sino que obedece a una política de medidas
laborales, que nosotros animamos a que se siga haciendo desde su ministerio, que contribuyan -lo decía el señor Campuzano todavía hay un año por delante en este Gobierno- a recuperar, tonificar y profundizar en el diálogo social que tan buenos
resultados ha dado a toda la sociedad. El resto del Gobierno ha llevado acabo esa política de control del déficit, de transparencia presupuestaria, de desregulación de sectores, de fomento de medidas, de IRPF, devolución a la sociedad de dinero
para poder actuar, ser mayor de edad e invertir con la segunda reforma del IRPF y la supresión del IAE. Desde luego, en su departamento se ha dado impulso a políticas activas que están requiriendo unos ingentes recursos financieros y que a lo largo
de estos años el Gobierno del Partido Popular está llevando a efecto.
¿Qué se ha hecho desde el Gobierno en formación? Para empezar, se hizo una ley el año pasado -es reciente- que esperamos que tenga una traducción positiva en la práctica, que sea capaz de aunar a las comunidades autónomas y agentes sociales
en un diseño más real y práctico de la formación. Por descontado nuestros planes de empleo hasta ahora no han tenido suspensos entre quienes los evalúan. Las cosas se pueden hacer mejor, sin duda, y le animaremos a que lo haga, pero los datos que
nos ha traído aquí hoy usted son más que positivos; es otra verdad que hay que reconocer.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra la señora Muñoz.
La señora MUÑOZ URIOL: Intervengo brevemente por cuestión de la hora, pero fundamentalmente porque la secretaria general ha sido muy clara en su exposición y, a nuestro juicio, se ha visto claramente que la voluntad de este Gobierno es
potenciar la inmigración regular planificada y que además va a beneficiar extraordinariamente a aquellas personas que quieren venir a trabajar a nuestro país.
Se habla del contingente 2003 y en la enumeración de las modificaciones que se han hecho seguro que van a tener un buen resultado porque lo que se pretende es un procedimiento ágil. Estoy convencida de que, con las modificaciones que
ustedes han introducido, no solamente al englobar las referencias a todos los procedimientos de contratación iniciada a extranjeros, sino al flexibilizar y agilizar al máximo toda la tramitación, destacando simplemente la supresión de la fase previa
de asignación al contingente, o admitir la posibilidad de que las empresas que pretendan contratar a un número superior a cinco trabajadores puedan presentar la oferta de empleo directamente, o bien la reasignación del contingente a escala nacional
sin someterlo a
ningún plazo, o bien la introducción de plazos en la distinta fases del procedimiento, van a hacer que se acorte de manera muy importante esa tramitación.
Para terminar, quiero destacar que nos parece una buena medida que se dote al contrato de trabajo, junto con el visado, de la validez del permiso de trabajo. Oía al señor Campuzano recordar nuestros debates sobre el contingente y ahora
estamos hablando de períodos refiriéndonos a contingentes de cuatro o cinco meses. Estoy segura de que este período va a disminuir, pero ya hubiéramos querido hace algún tiempo, hace algunos años, cuando empezábamos a hablar de este tema, que el
período de tramitación hubiera estado en esos cuatro o cinco meses. Recuerdo que, cuando empezábamos a hablar del contingente, nos referíamos a años en algunas ocasiones. En cualquier caso, tenemos que reflexionar que lo que se ha pretendido
siempre con el contingente es que fuera una vía de contratación para trabajadores extranjeros que estuvieran en el exterior, que fuera un contingente puro, y ese es el camino que se ha trazado este Gobierno. Quedan lejos esos períodos y esos
contingentes que encubrían un proceso de regularización. Lo que se pretende es exactamente que los trabajadores que vienen a trabajar desde otros países lo hagan con la garantía de un contrato de trabajo, de una oferta de trabajo, sabiendo
perfectamente a lo que vienen y teniendo un trabajo esperándolo, por lo cual yo creo que vamos en el camino correcto, sobre todo si hacemos una valoración del contingente de 2002.
Me van a permitir que conteste de manera muy gráfica a la señora García.
La oía criticar el contingente 2002, en cuanto que no se habían cubierto todas las ofertas en ese primer período de exposición del número de plazas que se ofrecía en
ese contingente, pero hay que ser conscientes y debería haberlo tenido en cuenta -aunque seguro que lo ha hecho pero aquí no ha hecho ninguna referencia a ello- que los procesos extraordinarios de regularización habían ido incorporando de manera
paulatina un número muy importante de trabajadores extranjeros a nuestro sistema de la Seguridad Social. Le voy a dar a la señora García solamente un dato: en enero de 2002 había 466.500 trabajadores extranjeros extracomunitarios afiliados a la
Seguridad Social y en julio de ese mismo año había 625.290 trabajadores. Otro dato más, señora García. En lo referente al número de demandantes de empleo registrados, en enero de 2002 había 72.000 y en julio de ese mismo año 83.597, por lo tanto
esa incorporación paulatina de muchísimos trabajadores inmigrantes extracomunitarios a nuestro sistema de empleo también ha hecho que en un momento determinado el número de personas que estuvieran dispuestas, sobre todo empresarios, a contratar a
trabajadores que estuvieran fuera no era tan acuciante como en años anteriores, ya que había un número muy importante de personas que estaban aquí con los papeles perfectamente en regla, perfectamente documentados para poder acceder a ese puesto de
trabajo.
Usted hacía referencia a las campañas de temporeros. En cuanto a las campañas de temporeros fue un hito el acuerdo que firmó el Ministerio, con la FEM, con UGT, Comisiones, ASAJA y COAG; está dando buen resultado, se están planificando las
campañas, es un hecho cierto que los puestos de trabajo que no se cubren con los nacionales tienen un procedimiento ágil que permite que se pueda contratar a trabajadores de otros países.
Como usted ha hecho una mención a la campaña de la fresa de Huelva, qué casualidad que en El Mundo, hoy, martes, 8 de abril, hay una referencia clara y explícita a la campaña de la fresa de Huelva. Simplemente le voy a leer las
declaraciones del secretario general de COAG, que no es una persona que pueda tener ninguna vinculación con el Partido Popular ni con el Gobierno. Pues bien, el secretario general de COAG, Miguel López, defendió el modelo de contratación en origen
y explicó sus ventajas. El trabajador sabe lo que va a ganar antes de venir, su horario y su alojamiento, los agricultores ya no contratan a ilegales. Esto es del día de hoy; yo creo que vamos por el buen camino.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): Tiene la palabra para responder a las preguntas que le han sido formuladas por los distintos grupos parlamentarios, la señora De Miguel.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO (De Miguel García): Empezando por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz López, a lo mejor usted no comparte nuestra valoración sobre la evolución del empleo de 2002, pero han
sido organismos internacionales los que han mantenido la misma valoración que nosotros hacemos, como la OCDE y la propia Comisión Europea, que expresamente ha hecho una referencia a la favorable evolución del empleo en España. Indudablemente, como
aquí se ha dicho, hay que seguir haciendo esfuerzos, y los vamos a seguir haciendo para reducir nuestras tasas de paro porque también hay que manifestar que España partía antes de 1996 de unas cifras elevadísimas, posiblemente las cifras más
elevadas de la Unión Europea.
En cuanto a lo que decía respecto al desempleo de las mujeres, no se puede decir que este Gobierno no haya hecho unos esfuerzos importantísimos para incorporar a las mujeres al mercado de trabajo y reducir las tasas de desempleo femenino, ya
he citado algunos datos -tampoco quiero entrar mucho en ellos- pero respecto al empleo creado en 2002, el 78 por ciento fue empleo femenino, y se siguen haciendo esfuerzos. Hablaba antes del IV Plan de igualdad de oportunidades que pretende la
mayor incorporación, y además en términos de igualdad, de las mujeres al mercado de trabajo.
En cuanto a la estabilidad en el empleo, también este Gobierno ha hecho una apuesta decidida por alcanzar esa estabilidad en el empleo; con todas las medidas que se han adoptado para favorecer la contratación indefinida, ya se están
obteniendo resultados importantes.
Usted también hacía referencia a unas cifras en cuanto al número de parados, en la que todos los miembros de los hogares estaban en situación de desempleo. Simplemente le recordaré que desde 1996 el número de hogares con todos sus miembros
en situación de paro se ha reducido en un 50 por ciento aproximadamente, que también es una evolución muy positiva.
Refiriéndome a la tasa de temporalidad, a la que usted ha hecho referencia, simplemente quiero decirle que España junto con Irlanda han sido los dos únicos países de la Unión Europea en los que más se ha reducido esa tasa de temporalidad,
pero, como digo, vamos a seguir haciendo esfuerzos para seguir reduciéndola. También ha hecho referencia a la necesidad del relanzamiento de la estrategia europea de empleo. Yo creo que es de todos conocida la importante participación de España,
con aportaciones decisivas en los distintos órganos comunitarios, para el relanzamiento de esa estrategia europea del empleo. En mi intervención he hecho referencia a que ha sido a propuesta de los Gobiernos del Reino Unido y de España el crear esa
task force, ese grupo de alto nivel, como grupo de expertos que aporte sus distintas opiniones para que consigamos todos los países de la Unión alcanzar el pleno empleo que es para el Gobierno español el objetivo prioritario.
Me reitero en lo que he manifestado en mi intervención. Desde un moderado optimismo, pero desde el optimismo, la evolución del empleo en nuestro país ha sido altamente positiva, y los últimos datos de febrero y marzo así nos lo confirman.
Estamos teniendo récords históricos en cuanto a afiliación a la Seguridad Social y reducción de las tasas de paro; espero que durante este año 2003, se mantenga esa evolución positiva.
Respecto a lo manifestado por el representante de CIU, señor Campuzano, que no se encuentra en la sala...
La señora VICEPRESIDENTE (Montseny Masip): Se ha disculpado porque tenía una intervención en otra Comisión.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EMPLEO ( De Miguel García): Compartimos con el portavoz de CIU la valoración positiva de este último año. Él también ha hecho referencia al déficit en cuanto a la incorporación de mujeres al mercado de
trabajo y a los jóvenes. Yo no me quiero reiterar pero, como decía antes, este Gobierno ha hecho esfuerzos importantísimos para que las mujeres se incorporen al mercado de trabajo y todos conocemos las tasas de las que se partía en años recientes.
En cuanto a que 2002 ha sido un año perdido, nosotros no tenemos esa valoración, y las cifras demuestran que España ha sido el país que más ha crecido en creación de empleo. Es verdad también que ha habido algunos hechos que han perjudicado
el diálogo social, pero ha habido una reacción del Gobierno para su recuperación. En este momento puedo decir que estamos en un permanente diálogo con los interlocutores sociales sobre todos los temas que tenemos sobre la mesa, como la formación
continua y el anteproyecto de la ley de empleo; estamos en permanente contacto y buscando puntos de encuentro.
En cuanto a la referencia que ha hecho el señor Campuzano al tema de la formación continua quiero manifestarle que estamos en diálogo con las comunidades autónomas y que el sistema nuevo de formación continua que surja saldrá de ese diálogo
y de esa aportación conjunta de todas aquellas instituciones o agentes que tienen competencia en el tema.
Por lo que se refiere a la valoración que ha hecho del contingente para el año 2003, tengo que decirle que el Gobierno ha sido capaz de hacer una valoración y evaluación de la experiencia durante el año 2002; sin lugar a dudas, se han
introducido modificaciones en el contingente que van a permitir una mayor agilidad, partiendo de que consideramos que el contingente es un instrumento utilísimo para regular una inmigración que tiene que venir a nuestro país en las mejores
condiciones y en un régimen de legalidad. El contingente se determina con la participación de las comunidades autónomas y de los agentes sociales. Con todas las reuniones que se están manteniendo en las distintas comisiones es como se puede lograr
que el número y la estructura del contingente sea lo más realista posible. Sin duda, vamos a hacer los esfuerzos necesarios para que así sea y que el contingente, sin ser el único instrumento con que cuenta nuestro Gobierno para toda su política de
inmigración, sea un instrumento decisivo porque al fin y al cabo pretende atender a las demandas que surgen de los empresarios de nuestro país. No tengo conocimiento de que en Cataluña, respecto de la campaña de la fruta, exista en este momento
ningún problema. El procedimiento se está realizando con todos los pasos que corresponden y no tenemos información de que pueda haber problemas.
Espero que la campaña de este año se realice de una forma positiva y sin mayores problemas.
En cuanto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Jáuregui, indudablemente puede tener una visión crítica sobre mi valoración. He intentado poner de relieve los datos que nos permiten hacer una valoración lo
más realista y objetiva posible de cómo ha sido la evolución del empleo en nuestro país en 2002 y cómo está siendo en 2003. Los datos están ahí y hay poco que añadir. Manifestaba
usted que en España no se está hablando de nuevas políticas de empleo y sobre el INEM no sé si le ha calificado de desestructurado. Hemos trabajado mucho en cuanto a nuevas políticas de empleo y entre las nuevas políticas que está adoptando
el Gobierno de la nación para alcanzar el objetivo que es absolutamente prioritario, que se refieren a todos los ámbitos, están, por ejemplo, las bonificaciones en la contratación de mujeres y medidas en cuanto a mujeres objeto de violencia
doméstica, creando nuevas bonificaciones para la contratación de las mismas. Son un conjunto de medidas enmarcadas en la estrategia europea de empleo, y como digo, nuestros socios europeos han puesto de manifiesto la buena evolución y los buenos
resultados que se están consiguiendo en nuestro país. En cuanto al INEM, estamos trabajando en el borrador del anteproyecto de la ley de empleo, que supondrá una reestructuración de los servicios públicos de empleo. Será una ley importantísima
para adaptar los servicios públicos de empleo a la nueva realidad del país.
Como he dicho en mi comparecencia, espero que en breves fechas podamos presentar ese anteproyecto, que en su momento les trasladaremos.
En cuanto a la siniestralidad, a la que también ha hecho referencia S.S., en los últimos tiempos se han adoptado medidas muy importantes respecto a este tema que preocupa al Gobierno español, como la puesta en marcha de la Comisión Nacional
de Seguridad y Salud en el Trabajo, la dotación económica para la puesta en marcha de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, el desarrollo prácticamente total de la Ley de prevención de riesgos laborales, el impulso del plan de acción
contra la siniestralidad laboral de 1998, que ha sido asumido por todas las administraciones públicas y los agentes sociales, también a nivel nacional los planes de choque sobre las empresas de mayor siniestralidad; el acuerdo con la Asociación de
Mutuas de Accidentes de Trabajo para el desarrollo de los planes generales de actuación dirigidos fundamentales a las pequeñas y medianas empresas, y el acuerdo, que creo que es importantísimo, alcanzado a finales de diciembre con los agentes
sociales en esta materia y que ha sido ratificado por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con esta batería de medidas adoptadas vamos por el buen camino para conseguir que este problema que nos preocupa vaya evolucionando de
forma positiva.
En cuanto a la intervención de la señora García, que se ha referido el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros por el que se introducen modificaciones al contingente del año anterior, indudablemente ha sido fruto de la evolución y la
experiencia lo que nos ha permitido ir corrigiendo algunas disfunciones que se habían puesto de manifiesto. El contingente tanto en el año 2002 como en el año 2003 surge de la negociación y del acuerdo con todos los agentes sociales y las
comunidades autónomas, por lo que la involucración de todas las instituciones que tienen competencias en esta materia y que permiten que los trabajadores extranjeros vengan a nuestro país de una forma legal y con las condiciones necesarias será
fruto de un esfuerzo entre todos. La experiencia que hemos tenido en 2002 nos ha permitido adoptar e introducir las correcciones necesarias. Espero sinceramente que el contingente de este año funcione de forma correcta, con la mayor agilidad, y
que permita que los trabajadores vengan en condiciones óptimas y se atiendan también las necesidades de los empresarios.
La señora VICEPRESIDENTA (Montseny Masip): La presidencia quiere reiterar el agradecimiento por su comparecencia a la secretaria general de Empleo, señora de Miguel y decirle que esta es su casa y que tendremos oportunidad de seguir
debatiendo en relación con los temas que ha tratado.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.