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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 722, de 27/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 722
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO
Sesión núm. 46
celebrada el jueves, 27 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley: - Relativa a la eliminación de restricciones para IZAR-Fene y otras medidas para mejorar el funcionamiento de los astilleros públicos de la ría de Ferrol. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/000644.) ... (Página 23202)
- Sobre la autorización a que Astano-IZAR pueda fabricar barcos en condiciones competitivas con otros astilleros de la Unión Europea.
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001924.) ...
- Sobre retribuciones en los organismos públicos de investigación (OPIS).
Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001954.) ... (Página 23206)
- Sobre la aprobación de un crédito extraordinario para la financiación del sistema de Ciencia y Tecnología en 2003. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001970.) ...
(Página
23209)
- Relativa a la industria de construcción naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001979.) ...
(Página 23213)
- Relativa a ayudas a la construcción naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002015.) ... (Página 23213)
- Relativa al establecimiento de un catálogo de actuaciones que garanticen la privacidad de los ciudadanos ante el uso de mecanismos de almacenamiento de información de la red de Internet, como puede ser el caso de los llamados
'proxy-caché'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001983.) ... (Página 23216)
- Sobre el programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología denominado 'Plan de diversificación económica' para Jédula (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001992.) ...
Se abre la sesión a las doce y cinco minutos del mediodía.
PROPOSICIONES NO DE LEY.
- RELATIVA A LA ELIMINACIÓN DE RESTRICCIONES PARA IZAR-FENE Y OTRAS MEDIDAS PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS ASTILLEROS PÚBLICOS DE LA RÍA DE FERROL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000644.)
- SOBRE LA AUTORIZACIÓN A QUE ASTANO-IZAR PUEDA FABRICAR BARCOS EN CONDICIONES COMPETITIVAS CON OTROS ASTILLEROS DE LA UNIÓN EUROPEA.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001924.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
Procedemos al debate y votación de las siguientes proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. Las números 1 y 2 han sido acumuladas, tal y como lo solicitó el portavoz del Grupo Mixto señor Rodríguez, de manera que se van a
debatir juntas. La primera es relativa a la eliminación de restricciones para IZAR-Fene y otras medidas para mejorar el funcionamiento de los astilleros públicos de la ría de Ferrol, que se debatirá, como acabo de decir, junto con la número 2, que
trata sobre la autorización a que Astano-IZAR pueda fabricar barcos en condiciones competitivas con otros astilleros de la Unión Europea, cuyo autor es el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa y exposición de las mismas, tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Nos vamos a enfrentar de nuevo a un debate que felizmente empieza a ser repetitivo, pero no por eso tiene menos importancia, ya que todas las presiones que se hagan sobre el Gobierno para que actúe en
consecuencia de lo que teóricamente dice asumir deben ir a buen puerto.
En este caso, como ya fue objeto de un debate muy pormenorizado en otra sesión de esta Comisión de Ciencia y Tecnología, en concreto cuando se debatió el 19 de febrero de 2003 una iniciativa del Bloque Nacionalista Galego respecto a que se
tomasen las medidas precisas para que el centro de IZAR localizado en Fene recuperase la condición de astillero normal y pudiese construir todo tipo de barcos, que felizmente fue aprobada por unanimidad, previa una enmienda del Grupo Popular,
volvemos a plantearlo a partir de los siguientes supuestos, que pueden ayudar a clarificar mejor la situación. En concreto, que se tenga en cuenta que la creación del grupo de construcción naval civil y militar IZAR data del año 2000 y es producto
de la fusión de AESA y de Bazán, siguiendo lo que el Gobierno considera un modelo propio de la Unión Europea y de Estados Unidos de tener sus conglomerados de producción naval, agrupando a los centros civiles y a los centros militares de tal manera
que se puedan utilizar las sinergias y las capacidades tecnológicas de todo tipo, alcanzando rentabilidades económicas y de competitividad en el mercado, necesarias en un mercado totalmente trasnacionalizado y no de ahora, sino desde los años
sesenta.
Por lo tanto, debemos de tener en cuenta, a los efectos que nos interesa, que la única sociedad de carácter público de construcción naval civil y militar existente en el Estado español se llama IZAR a todos los efectos.
Por consiguiente, no
hay ya AESA ni Bazán, como hasta el año 2000, año en el que las directivas europeas y determinado tipo de acuerdos entre el Gobierno español y la Comisión tuvieron una trascendencia práctica muy importante en el desmantelamiento industrial del
sector naval en ciertas zonas del Estado español y en particular en la ría de Ferrol.
La segunda cuestión a tener en cuenta es la organización de los astilleros después de la creación del grupo IZAR. Los centros se agruparon sin tener en cuenta su capacidad tecnológica y su posibilidad de transferencia de carga de trabajo
sin que fuese oneroso desde el punto de vista de la rentabilidad. Así, se da la paradoja de que el astillero IZAR-Fene está agrupado nada menos que con Cartagena y con Sestao, astilleros situados a 1.000 kilómetros o más.
En tercer lugar, hay que tener en cuenta la especificidad del astillero al que nos estamos refiriendo, IZAR-Fene, que fue obligado a abandonar la construcción naval convencional, curiosamente antes de la integración en la entonces Comunidad
Económica Europea, pero como una decisión que estaba ya condicionada por esa posible integración, lo cual indica hasta qué extremo las decisiones económicas, cuando se va a espacios transnacionalizados, se toman al margen del criterio del debate
político y conforme a intereses que no son nunca los del conjunto, sino prácticamente los intereses hegemónicos que hay en ese momento en la interrelación para lograr el grupo transnacionalizado.
El gran pagano de la necesidad de disminuir la capacidad de los astilleros públicos del Estado español, impuesta por un acuerdo previo para ingresar en la CEE, fue IZAR-Fene. Por tanto, si había que disminuir la capacidad de los astilleros
públicos del Estado español, se optó por aplicar la receta restrictiva a Galicia. En segundo lugar, se tomó la decisión porque se justificaba -según el Gobierno- en que en todo caso, aunque quedase excluido del mercado convencional, se le podría
meter en el nicho off shore, cosa que después no se respetó, ya que los artefactos off shore fueron construidos también en otras partes del Estado español, pero particularmente en los astilleros del sur. En tercer lugar, se admitió que era
necesario este tipo de sacrificio si se querían recibir ayudas para el conjunto de los astilleros públicos, sometidos a procesos de reestructuración, y si se querían compensar pérdidas, ya que sería la única forma en que la Unión Europea aceptase
las ayudas de carácter público.
Llegamos así al año 1997, en el que la Comisión Europea aprobó las ayudas públicas del Gobierno para la reestructuración de los astilleros públicos de la entonces DCN y lo vinculaba a que en todo caso continuasen las restricciones de este
plan estratégico de competitividad, que se había aplicado ya entre 1995 y 1998, hasta el año 2007. Es decir, se obligaba otra vez a límites de producción globales y por centros, y además quedaba excluido el astillero de Fene de cualquier actividad
de construcción naval, civil o militar que no fuera actividad off shore y reparaciones.
El astillero se fue salvando malamente desde el año 1984 a base de participar en este tipo de producción, pero teniendo cada vez una situación más depauperada,
llegando hoy a tener solamente 600 trabajadores en la plantilla y recurriendo a las contratas cuando hay trabajo en momentos punta.
En todo caso, debe quedar claro que según el Gobierno -es lo que dice él-, a pesar de haberse creado la empresa IZAR, la única que existe a efectos jurídicos como sociedad, y a efectos económicos de trámites empresariales de todo tipo, las
limitaciones de producción van ligadas a las instalaciones, independientemente de quién sea la empresa propietaria, y por tanto la limitación para el astillero de Fene duraría hasta el año 2007. Eso sí, reconoce -y ahora ya se han cumplido- que
transcurridos cinco años podría levantarse la restricción que se impuso en 1984 y que se volvió a sacralizar en 1997, pero que este levantamiento de la restricción habría que hacerlo con permiso previo de la Comisión Europea.
Por tanto, debe quedar
claro que después de cinco años, desde el año 2002 ya estamos en el periodo en el que se podría haber gestionado el levantamiento de la prohibición. Por eso presentamos esta proposición no de ley, que como ven ustedes tiene fecha de 12 de marzo, en
la que pedíamos al Gobierno que hiciese las gestiones oportunas ante la Comisión Europea para que levantase las restricciones, ya que era el momento oportuno para hacerlo. Como ustedes saben, después vino la catástrofe del Prestige, que ayudó, por
lo menos psicológicamente, a que el Gobierno estuviese dispuesto -aunque fuera de forma teórica- a iniciar estas gestiones que veníamos pidiendo insistentemente desde 1996 y, con plena cobertura legal, desde el año 2002. El propio Gobierno reconoce
que, como el astillero nunca se cerró, no se necesitarían ayudas para la reapertura, lo cual sería un elemento positivo que la Comisión Europea ya no tendría que analizar. En todo caso, sólo habría que analizar el equilibrio entre la oferta y la
demanda a nivel mundial.
Acabo ya diciéndoles, ustedes ya lo saben, que el 24 de enero de 2003 el Plan Galicia, a través una frase muy equívoca, hablaba de la posibilidad de que se pudiesen construir buques de doble casco en el astillero IZAR en general. Aunque
toda esta cuestión ya quedó aclarada en el debate anterior, como representante del Bloque Nacionalista Galego debo aclarar que el Gobierno sigue siendo escéptico, en primer lugar, respecto de que se pueda acceder a la demanda de buques petroleros
por astilleros europeos y en particular por los del Estado español, ya que dice que nunca construyeron petroleros
los astilleros europeos en los últimos años, derivado de la dureza competitiva en el mercado y en todo caso, que afectaría muy poco las imposiciones que se están haciendo de adelanto de las exigencias de doble casco como consecuencia de la
catástrofe del Erika en 1999 y de la catástrofe del Prestige en la actualidad.
Les quiero decir que el Astillero de Fene está en una situación peligrosísima. A finales del año 2002, solamente tenía un tercio de la carga de trabajo para el 2003. En este momento, las señales de alarma han saltado por todas partes y por
eso nosotros pensamos que no es baladí ni resulta repetitivo pedir otra vez al Gobierno que defienda en el seno de la Comisión Europea el levantamiento de las restricciones actuales que permanecen sobre IZAR-Fene, con la posibilidad de acceder a la
construcción naval de todo tipo. Lo hacemos porque en este momento hay que reconocer una cuestión clave y es que, a pesar de la cuota estricta que se impuso a los astilleros públicos del Estado español, de 210.000 toneladas de registro bruto
compensado por año, en el conjunto de los 10 años desde el año 1995 hasta hoy no ha sido capaz la construcción pública del Estado español de consumir esa cuota. Por lo tanto, incluso aun en el caso de que la Unión Europea no lo aumentase, está
claro que se podría hacer el reingreso de IZAR-Fene a la construcción naval convencional con proyectos integrales y con proyectos propios. Es el momento oportuno porque se está viviendo una situación problemática y no existe dificultad para separar
astilleros civiles de los públicos; además, pediríamos que, en nombre de las sinergias, en nombre de la horizontalidad, en nombre de las capacidades técnicas y en nombre del reparto de la carga de trabajo, se llegase también a aceptar que el
astilleros de IZAR-Fene y el del Ferrol conjuntasen una agrupación de centros productivos de IZAR en la ría de Ferrol con forma de racionalizar organizativamente a IZAR y aprovechar todas las sinergias que sean posibles.
Acabo diciendo, en una enmienda in voce, que se retire de nuestro primer punto la expresión en el horizonte de julio de 2002, que ya ha pasado.
Solamente proponemos defender en el seno de la Comisión Europea el levantamiento de las
restricciones actuales que permanece sobre IZAR-Fene con la posibilidad de acceder a la construcción naval de todo tipo, no solamente los petroleros de doble casco, y estudiar una nueva estructura y agrupación de centros productivos de IZAR que
permita la creación de una unidad integral de construcción naval y militar con los astilleros públicos de la ría del Ferrol como forma de racionalización organizativa y de aprovechamiento de posibles sinergias.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz señor Díaz.
El señor DÍAZ DÍAZ: Señorías, presentamos esta proposición no de ley en esta Comisión y no en la Comisión de Economía por ser el ministro de Ciencia y Tecnología el responsable del futuro del sector naval, el que aprueba sus
restructuraciones y también el que negocia en Bruselas.
Nuestra propuesta es razonable y oportuna; debe salir adelante aquí y, lo más importante, ser viable en Bruselas. En los próximos 15 años está prevista una renovación trascendental de la flota mercante y se estima que esto va a generar una
demanda de 2.500 buques petroleros equivalentes a 60 millones de toneladas de registro bruto compensado. Este incremento de la demanda también tiene que repercutir positivamente en España, que en otro tiempo fue una potencia en el sector naval.
En Galicia, por su dimensión, sólo los astilleros de IZAR, en concreto Bazán y Astano, pueden acceder a este mercado de grandes buques, de buques de doble casco. Se va a incrementar la demanda a nivel mundial y España y Galicia no pueden
quedar fuera. Pensamos que este es el momento idóneo para que el Gobierno negocie con Bruselas la limitación que pesa sobre Astano, para permitir que este astillero vuelva a la construcción naval para fabricar buques de doble casco y buques
convencionales también, por qué no.
La catástrofe del Prestige demostró la vulnerabilidad de Galicia ante el tráfico de mercancías peligrosas, y es una catástrofe que se repite.
Nosotros pensamos que el Prestige va a servir, está sirviendo ya, para acelerar la imposición del
doble casco y la renovación de la flota y lo razonable es que Galicia saque alguna compensación de la catástrofe. La autorización a Astano para fabricar buques de nuevo es una compensación real, tangible, que, si se concede, va a ayudar a
revitalizar un sector importante y con tradición en la economía gallega.
Las autoridades españolas, los responsables del Ministerio, no deben tenerlo difícil porque, en primer lugar, va a haber un incremento cierto de demanda y, en segundo lugar, Astano es el único astillero en condiciones de fabricar estos
buques, dado que tiene instalaciones, personal y tecnología. Galicia es víctima del tráfico de petroleros obsoletos y, si la tragedia va a servir para justificar la renovación de la flota, pagado el coste de la marea negra, Galicia debe ser
compensada participando de la nueva demanda que genera la tragedia. La única compensación, la más tangible en estos momentos, es autorizar a Astano a fabricar de nuevo buques.
Por otra parte, en estos momentos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está negociando un plan de prejubilaciones hasta el año 2006, que en España afecta a más de 1.000 trabajadores del sector y en Galicia hasta a 600 trabajadores. El
coste de cada prejubilación se estima, por el Gobierno, por el Ministerio, en 80.000 euros por trabajador. Esta operación, que en principio
podemos considerar de liquidación paulatina del sector, puede ser una operación de rejuvenecimiento y de relanzamiento del sector, si ligamos esta reestructuración a la aprobación en Bruselas de la apertura de Astano a la fabricación de
barcos, porque generaría incremento de empleo joven y cualificado en el sector, que reemplazaría al que se amortiza con los planes del Ministerio de Ciencia y Tecnología, con lo cual un proyecto que en principio podría entenderse como de liquidación
gradual, aunque compensada, se podría convertir en una reestructuración positiva porque permitiría ampliar y rejuvenecer los astilleros españoles. Por ello, consideramos que nuestra propuesta es oportuna y necesaria y, si el Gobierno quiere, en
este momento puede ser posible. En un momento de reveses, sacar adelante Astano pudiera ser un tanto positivo para Galicia y hasta se lo podían apuntar al Plan Galicia para, de este modo, darle algo más de credibilidad.
Reitero nuestra posición inicial. A nosotros nos interesa el compromiso claro, sin ambigüedades, de esta Comisión de Ciencia y Tecnología para implicar al Ministerio responsable de esta cuestión. Lo aprobado en Economía está bien, pero el
Ministerio de Ciencia y Tecnología es el responsable, y de esta Comisión reclamamos su implicación.
Por último, quiero decir que nosotros estamos abiertos a considerar enmiendas, aunque sean in voce, que incorporen nuestra propuesta, que en principio la centramos en la construcción de buques de doble casco, porque pensamos que ésa va a ser
la demanda fundamental y además es la opción más fácil de defender en Bruselas, pero no tenemos ningún problema en que la autorización sea para fabricar todo tipo de buques. Por eso digo que estamos abiertos a otras fórmulas. Lo que sí queremos es
que de esta Comisión, que es la que de alguna manera impulsa el trabajo del ministro responsable de esta materia, salga hoy un compromiso de apoyo a una empresa que representa a un sector que fue clave en la economía de Galicia. Era una
compensación razonable y justa hace dos años y lo es en estos momentos. Otro día hablaremos de las ayudas necesarias y posibles para que, una vez concedida esta autorización, estos astilleros sean competitivos.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos. Le ruego la brevedad que usted es capaz de conseguir sintetizando lo que vaya a exponer.
El señor PÉREZ CORGOS: Señora presidenta, señorías, haciendo caso del ruego de la presidenta, voy a tratar de ser breve en mi exposición.
Decía el portavoz del Grupo Mixto que de nuevo abordábamos en esta Cámara la posibilidad del levantamiento de la prohibición de IZAR-Fene para la construcción de buques convencionales. Ciertamente, el día 19 de febrero debatimos esta
cuestión y llegamos a un texto que fue aprobado por unanimidad de toda la Cámara, un texto que tiene su base en el Plan Galicia que el Gobierno aprobó el 24 de enero del año 2003 en el Consejo de Ministros celebrado en A Coruña. Por lo tanto, el
Plan Galicia fue aprobado antes de la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y después de la presentación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto. Yo creo que aquel era un texto que venía a
satisfacer la demanda de Galicia y del astillero IZAR-Fene.
Menos mal, señor Díaz, que S.S. ha modificado en su exposición el contenido de la proposición no de ley porque esta proposición, presentada como digo después del Plan Galicia, es menos
ambiciosa que el texto que habíamos aprobado el 19 de febrero.
En consecuencia, y sin hacer referencia a los antecedentes de cuándo empiezan estos problemas allá por el año 1984 y al Plan estratégico de competitividad del que ha hablado el señor Rodríguez, yo les ofrezco, a usted y al señor Rodríguez -y
espero que seamos capaces de alcanzar la misma unanimidad que el mes pasado-, el texto en el que todos habíamos estado de acuerdo, cuyo contenido, repito, es más ambicioso que el de su proposición no de ley. El texto es: El Congreso de los
Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas precisas para que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en la Comunidad Autónoma de Galicia (y aquí estamos haciendo referencia al asunto del Prestige), el centro IZAR-Fene,
antes Astano, recupere la condición de astillero normal, pudiendo realizar proyectos integrales, tanto de construcción de buques mercantes como de todo tipo de artefactos off shore. Es decir, no sólo petroleros de doble casco, sino buques
convencionales y también artefactos off shore.
Espero que SS.SS. tengan a bien aceptar este texto transaccional que acabo de proponerles y que mantengamos la unanimidad que sobre esta materia habíamos alcanzado el 19 de febrero.
La señora VICEPRESIDENTA: Gracias, señor Pérez Corgos, ha atendido suficientemente el ruego que le he explicitado.
Para manifestar su aceptación de la enmienda o no, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ VÁZQUEZ: Por nuestra parte no hay ningún problema, ya que es una resolución suficientemente amplia y da cabida a los matices y a los distintos contenidos en las proposiciones no de ley que hoy se presentan. En un gasto
tan importante lo que abunda no sobra.
La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, tiene la palabra.
El señor DÍAZ DÍAZ: Nos sentimos representados en esta propuesta.
Queríamos que la Comisión se pronunciara con claridad y pensamos que ese pronunciamiento
es correcto, por lo que suscribimos la enmienda transaccional.
La señora PRESIDENTA: Ruego al señor Pérez Corgos que haga llegar a la Mesa la enmienda que ha propuesto.
- SOBRE RETRIBUCIONES EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN (OPIS).
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001954.)
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley sobre retribuciones en los organismos públicos de investigación (OPI). Para la defensa de la misma tiene la palabra el portavoz del PSOE, señor
Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Esta proposición no de ley hace en primer lugar un análisis de los problemas que hay en el sistema de ciencia y tecnología. Existen graves carencias, como señalan los informes diversos de la Unión Europea o de la
OCDE, basadas fundamentalmente en el escaso gasto público y privado en I+D, el insuficiente número de investigadores y personal de apoyo y en otros indicadores. La gestión, además de estas carencias, del Ministerio de Ciencia y Tecnología no es
precisamente positiva. Ha habido retrasos en la percepción de los fondos para los proyectos de investigación, indefinición en la carrera del investigador, ha habido mecanismos insuficientes de promoción y movilidad y una enorme precariedad entre
los jóvenes investigadores. Todo esto ha llevado a una desmoralización del colectivo científico y de personal que trabaja en los organismos de investigación, como se reflejó en una reunión y en un comunicado del claustro de un instituto del CSIC,
el Instituto de Materiales, informe en el que manifestaban una serie de quejas por el trato recibido por la comunidad científica por las políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología. No es menos cierto que el voluntarismo y el trabajo de los
científicos han elevado notablemente la calidad de la ciencia española, como se puede ver en cualquier índice de publicaciones, y que todo ello necesita una solución de carácter global.
Entre las deficiencias hay un aspecto puntual, que es del que
trata esta proposición no de ley, consistente en el estancamiento retributivo de todo -subrayo, todo- el personal de los organismos públicos de investigación y en la ausencia de soluciones. Esto motivó, entre otras cosas, la dimisión del profesor
Rolf Tarrach como presidente del CSIC, y aquí están sus declaraciones que no hace falta que lea a sus señorías. Él dejaba el puesto de presidente, entre otras razones, porque no podía solucionar los problemas retributivos. Esto viene ligado a una
serie de procesos que voy a exponer.
Ha habido siempre una referencia con el personal de las universidades en lo que a aspectos retributivos se refiere. Si tuviéramos un estatuto del investigador, que venimos reclamando, no sería necesaria esta referenciación en las
universidades, pero históricamente ha sido así. Se ha abierto lo que podríamos denominar una brecha con este personal. Hay dos factores que explican esta brecha. En primer lugar, el proceso de transferencia de las universidades a las comunidades
autónomas y, en segundo lugar, también la transferencia del personal laboral a las comunidades autónomas. Cuando se transfieren las universidades a las comunidades, la mayoría de ellas crean unos nuevos complementos retributivos, unos nuevos
complementos que se denominan autonómicos y que han mejorado las retribuciones en las universidades. Asimismo, ha habido una equiparación del personal de administración y servicios, laboral y funcionario a lo que se percibía en las distintas
comunidades autónomas.
Estos dos efectos y la falta de voluntad política del Gobierno de la nación, y del Ministerio de Ciencia concretamente, han permitido que se haya abierto la brecha a la que me voy a referir a continuación, con unos efectos
negativos como pueden ser el abandono la fuga de investigadores que prefieran elegir otros organismos donde tengan una mejor retribución en lugar de quedarse en los OPI.
Creemos que no cabría decir que este es el Estado de las autonomías y allá las comunidades autónomas, si ellas quieren crear nuevos complementos, que lo hagan, porque tenemos otro ejemplo que traigo también a colación, que es el de la UNED.
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, que, como su propio nombre indica, tiene carácter nacional, ha incorporado complementos específicos para su personal, es decir, hay también un ejemplo en la Administración general del Estado, que es
de la que dependen los organismos públicos de investigación. La UNED lo ha hecho. Mientras tanto, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está haciendo el don Tancredo, se ha quedado quieto en el centro de la plaza y le ha cogido el toro. Ello ha
ocasionado una serie de cartas de protesta del personal, de numerosísimos investigadores, de los sindicatos, de la asociación de personal investigador (API), por ejemplo, del CSIC, etcétera.
Nosotros creemos, -y entro en la parte propositiva, -que la solución a este problema debe ser global, -subrayo global-. Tiene que haber, como hemos venido solicitando, un plan de recursos humanos, en contra del cual ha votado siempre la
mayoría popular del Congreso; tiene que haber una política definida de creación de plazas; debe haber una definición de la carrera del investigador, programas de movilidad y se debe eliminar o disminuir la precariedad de los jóvenes investigadores
con el objetivo de converger con Europa. Desgraciadamente, el Ministerio de Ciencia ha caminado en la dirección contraria, porque si analizamos lo ocurrido desde el año 1996, vemos que hay un
mayor peso de los gastos que van al sector privado. Pesaba el capítulo 8, de préstamos, el 5 por ciento en el año 1996, y pesa ahora el 52 por ciento en el conjunto de la función 54, la función de investigación, es decir, pasamos del 5 al
52 por ciento en los años de gobierno del Partido Popular. Mientras tanto, en esos apartados los gastos militares, también en I+D, los denominados gastos militares, han crecido muchísimo y en los presupuestos de este año son el 34,3 por ciento de
todo el gasto público en I+D, es decir, más de uno de cada tres euros se están empleando en estos temas. Somos el segundo país de la Unión Europea en gastos militares de I+D, habiendo gastado 6.600 millones de euros, es decir 1,1 billones de
pesetas en los últimos años, y somos el tercero por la cola en los gastos generales de I+D. La asignación para esos gastos públicos ha disminuido drásticamente, desde el 17 por ciento, que era lo que pesaba en 1996, primer año de llegada al Gobierno
del Partido Popular, al 9,3 por ciento en la actualidad. Por lo tanto, hay una gran asimetría y estamos asistiendo a una época de muchos discursos y muy pocos recursos.
Queremos más recursos y menos discursos.
Todo esto es importante, pero además hay algunos aspectos que son urgentes y que tienen que ver con las retribuciones del personal -subrayo todo el personal- el personal funcionario, el personal laboral, científico, técnico, de gestión,
administración y servicios. Hay que buscar una solución común y conjunta, pues no queremos que existan parches que a la larga serán negativos, tenemos que reconocer la importancia y la singularidad de este personal para que exista también un
reconocimiento social y se cumpla con algo que es de justicia; mejorar su situación actual.
Existen diversos estudios, como el de un sindicato del CSIC, Comisiones Obreras, que evalúan las diferencias en comparación con personal de las universidades o el personal, en el caso concreto de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Según el
estudio de Comisiones Obreras, la diferencia en el caso concreto del CSIC, es que el personal laboral gana entre un 20 y un 30 por ciento menos que el personal de las universidades de la comunidad o el de la Comunidad de Madrid, que en términos
absolutos están en un rango de 3.000 a 6.000 euros. En cuanto al personal funcionario, si atendemos al personal no docente o no científico, por denominarlo con la misma terminología del documento al que me refiero, las diferencias vienen fijadas en
los complementos específicos y también en términos absolutos se habla de unas cantidades mayores de 3.000 euros, con una diferencia muy acusada en niveles que van del 22 al 29, de 3.500 a 6.000 euros o de 3.000 a 4.000, por ejemplo, en el nivel de
complemento de destino 12. Por último, en el personal científico funcionario hay también unas diferencias importantes. Sepan ustedes que en los organismos públicos de investigación, al ser dependientes de la Administración general del Estado, hay
una serie de retribuciones que fijan los presupuestos: el sueldo, el complemento de destino y el complemento específico genérico. Ahí no hay diferencias entre lo que puedan ganar los profesionales que están trabajando en las universidades o los
que trabajan en los organismos públicos de investigación. Existen otros complementos, como son los quinquenios, el complemento específico y los sexenios, en los que se evalúa la actividad investigadora complemento de productividad. Ahí tampoco hay
diferencias. Se crean las diferencias, como decía anteriormente, en los denominados complementos autonómicos, complementos especiales. Para que se hagan una idea, según los cálculos realizados, un profesor de la UNED recibe 200.000 pesetas anuales
más que lo que recibe la correspondiente escala en un organismo público de investigación. El profesor de una universidad pública de la Comunidad de Madrid recibe 600.000 pesetas más al año, si se comparan las retribuciones del personal de las
universidades públicas con el de los organismos públicos de investigación. Hay casos más elevados, como puede ser el del País Vasco, en el que la diferencia es prácticamente de dos millones y medio. La asociación de personal investigador del CSIC
evalúa una diferencia de salarios de este personal científico funcionario en torno al 20 por ciento.
Nosotros creemos que hay que buscar una solución, y para ello proponemos algo que creo que es sensato y que consiste en que el Gobierno apruebe un real decreto que tenga en cuenta la singularidad de este personal. Un real decreto que regule
un régimen retributivo específico del personal funcionario que está ligado a la investigación, personal investigador, personal técnico o de apoyo y personal de administración y gestión, y que presta sus servicios en todos los organismos públicos de
investigación; por tanto, un real decreto con un régimen retributivo específico y que contemple una revisión al alza de las retribuciones del personal de los organismos públicos de investigación para referenciar sus percepciones a la media de las
retribuciones en las universidades y alcanzar o disminuir la distancia con las retribuciones de personal dedicado a la investigación de los países europeos. Este es otro dato, y es que si hacemos una comparación con los países europeos de nuestro
entorno, vemos que hay una diferencia bastante notable entre las retribuciones de nuestros investigadores y del conjunto del personal que trabaja en investigación con respecto a los organismos europeos. Por tanto, segundo aspecto: revisión al alza
de las retribuciones y alcanzar al menos la media de las universidades y disminuir, cuando menos, la distancia con el personal europeo. Esta revisión, obviamente, deberá afectar a todas las escalas del personal y, en nuestra opinión, debería
basarse en el incremento del complemento específico y en la creación de nuevos complementos asociados a la productividad, valorando aspectos ligados a la investigación, la docencia o la gestión, como algunos que señalamos en la exposición de
motivos:
gestión institucional, formación de investigadores, participación en tercer ciclo o en masters, participación o gestión de proyectos europeos nacionales o autonómicos, coordinación, proyectos en red, difusión y divulgación científica,
proyectos de innovación, realización de informes científicos y tecnológicos, relación y colaboración con las empresas, etcétera.
Por último, en relación con el personal laboral de los organismos públicos de investigación, creemos que tiene que haber una modificación de la productividad, teniendo en cuenta que hay un convenio único, para que obtengan beneficios
similares a los acordados para el personal funcionario. Espero que la propuesta, a pesar de que sea del Partido Socialista, sea tenida en cuenta porque detrás hay muchas expectativas creadas ya que es necesario que este personal mejore su
situación. Es una petición justa, como ha ocurrido en otros colectivos, y en ese sentido hemos planteado esta solución. Por supuesto, si acaso hubiera otras soluciones técnicas, estamos abiertos a ellas, bienvenidas sean. Lo que pedimos es
voluntad política, fundamentalmente del partido mayoritario en esta Cámara, para que se reconozca el trabajo y la dedicación de este personal y, para que además se pueda corregir una situación injusta. En sus manos está.
La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió. Para su defensa y exposición tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Señorias, el sistema de retribuciones del personal investigador de los organismos públicos de investigación ha sido y es uno de los grandes debates no sólo en esta Comisión sino también en los medios de comunicación
y también lo ha sido recientemente con ocasión de la dimisión del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Rolf Tarrach. La preocupación de nuestro grupo no es otra que la de fortalecer el tejido investigador de España en
la consecución de la llamada masa crítica de investigadores, y por ello no podemos olvidar que el Gobierno debe ofrecer un nivel adecuado de calidad en el trabajo de estos como condición necesaria para el desarrollo de la actividad investigadora.
Recientemente, en este mismo mes, se ha publicado el tercer informe de la Comisión Europea sobre indicadores científicos y tecnológicos. Los datos que recoge nos deben preocupar. La salida de especialistas en ciencia y tecnología de la
Unión Europea hacia otros países industrializados, y muy fundamentalmente hacia Estados Unidos, se ha acelerado en los últimos años, considerándose como uno de los mayores obstáculos para la investigación en Europa. Como advertía el comisario
europeo de Investigación y Ciencia, Philippe Busquin, sin investigadores no hay investigación. Si a ello sumamos que en el furgón de cola se encuentra situada España, junto a Grecia y Portugal, no podemos dejar de preocuparnos. Más que
probablemente, el Gobierno, y especialmente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, debe de estar trabajando sobre este tema, pero no podemos dejar de decir que se constata una cierta dejadez del ministerio. Hace más de un año, el 18 de diciembre de
2001, en la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado, el presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en aquel momento, Rolf Tarrach , manifestó la necesidad de algún instrumento para atraer o retener a los buenos
investigadores. El ministro de Ciencia y Tecnología en esta Comisión del Congreso, el 25 de septiembre de 2002, hacía también una referencia dirigida a los organismos públicos de investigación y a la necesidad de garantizar la existencia de masas
críticas de investigadores que puedan participar en grandes proyectos. Para ello proponía continuar con el incremento del personal investigador y proseguir el proceso de racionalización de escalas, favoreciendo la movilidad, etcétera. Por ello,
parece que tanto el ministro como el presidente del CSIC eran conscientes de la necesidad de solucionar este problema, y de lo que hay que lamentarse precisamente es de la tardanza en encontrar las soluciones al mismo.
Respecto a la redacción de la proposición no de ley que tenemos ocasión de debatir, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) debe poner de manifiesto que nos encontramos ante un problema complejo. En la parte dispositiva de la
resolución se manifiesta la necesidad de indiciar las retribuciones de los investigadores de los organismos públicos de investigación respecto a las percepciones de los investigadores en universidades. Es cierto que hasta hace poco los funcionarios
del CSIC estaban equiparados a los de las universidades, buscando la retribución por otros conceptos que no fueran los percibidos como consecuencia de actividades docentes. En este aspecto cabe decir que se han producido dos cambios. En primer
lugar, la aprobación de complementos concedidos por algunas comunidades autónomas a los investigadores universitarios ha producido que sus retribuciones sean mayores que las que perciben los investigadores de los OPI. Estos complementos autonómicos
son muy diversos tanto en su cuantía como en su procedimiento de concesión, automáticos en algunos casos y posteriores a una precedente evaluación en otros. En segundo lugar, los investigadores adscritos a universidades o a centros dependientes han
dejado de percibir la retribución por docencia de forma automática y solo se concede en función de destino. De ahí que hayamos presentado una enmienda que persigue dos objetivos. En primer lugar, la referencia explícita a la equiparación con los
investigadores universitarios no parece adecuada. Creemos que, sin entrar en comparaciones en el seno de la comunidad investigadora, debemos perseguir que los investigadores de los OPI sean debidamente retribuidos. En
segundo lugar, eliminar la referencia a la exposición de motivos por razones de orden técnico.
Esta es la justificación de nuestra enmienda, que sometemos a la aceptación del grupo parlamentario proponente, en este caso el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Voy a ser muy breve.
Anuncio en nombre del Grupo Popular que vamos a rechazar la proposición no de ley de referencia. Los argumentos de este rechazo se basan fundamentalmente en la existencia de una proposición no de ley que contempla implícitamente las
cuestiones que ahora se plantean. En efecto, la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso de los Diputados, en sesión de 15 de octubre de 2002, aprobó una proposición no de ley, a propuesta de nuestro grupo parlamentario, expediente 161/001507
y publicada en el 'Diario de Sesiones' número 596, de 16 de octubre, en páginas 19.421 y siguientes, en cuyo punto segundo se insta al Gobierno a diseñar una carrera para el personal investigador, técnico y de apoyo que sea atractiva e incentivadora
y que corresponda a la realidad de la ciencia y la tecnología en España. Nuestro grupo entiende que en el texto mencionado están implícitas las propuestas que se formulan en la proposición no de ley que presenta ahora el Grupo Parlamentario
Socialista. De hecho, en cumplimiento de la proposición no de ley aprobada por la Comisión de Ciencia y Tecnología en la sesión de 15 de octubre de 2002, el Gobierno ha iniciado el estudio para adoptar medidas tendentes a mejorar las actuales
retribuciones del personal investigador técnico y de apoyo a la investigación pertenecientes a todos los organismos públicos de investigación.
Por otra parte, en la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se señala que el régimen retributivo específico del personal funcionario investigador se efectuaría mediante real decreto, cuando lo cierto es que
algunas de las medidas que se están estudiando requerirían para su implantación otro rango normativo.
Por estas razones, y como ya anuncié al principio, mi grupo va a rechazar la proposición presentada por el Grupo Socialista.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Pérez-Hickman, por su capacidad de sintesis.
Para expresar su posición acerca de la enmienda, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Aceptamos la enmienda de Convergència i Unión, que es una mera mejora técnica, y lamentamos que el Grupo Popular no vea que este es un tema puntual y específico y que aquella proposición no de ley era genérica.
Yo le recomendaría que fueran con esa proposición no de ley por los laboratorios, a ver si así acallaban la cantidad de firmas y voces que están en contra de la situación actual.
- SOBRE LA APROBACIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA LA FINANCIACIÓN DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN 2003. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 161/001970.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley sobre la aprobación de un crédito extraordinario para la financiación del sistema de ciencia y tecnología en 2003.
Para su defensa tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Hemos hablado reiteradamente de los problemas de gestión del Ministerio de Ciencia y Tecnología y creo que son conocidos. Los hemos denunciado y hemos alertado de lo que estaba ocurriendo, pero hay uno muy
importante, como explicaré a continuación; que es la gestión de los fondos europeos, concretamente los fondos FEDER.
Estos fondos se utilizan para cofinanciar diversas actividades ligadas a la I+D, como pueden ser proyectos, equipos,
infraestructuras de centros, grandes instalaciones, etcétera.
Me voy a referir exclusivamente a los fondos FEDER que el Gobierno ha aplicado para cofinanciar proyectos. Hay dos tipos de zonas, las de Objetivo 1, que son las más desfavorecidas, y las de Objetivo 2. Las zonas Objetivo 1 reciben el 70
por ciento de estos fondos y el 30 por ciento de fondos españoles, y las zonas Objetivo 2 reciben el 50 por ciento de los fondos europeos y el otro 50 por ciento de fondos españoles. El Gobierno tomó la decisión de utilizar estos fondos por
adelantado, es decir, en las convocatorias de proyectos de investigación contó con el dinero de Europa para pagar por adelantado, lo cual venía a significar un reconocimiento implícito de la escasez de fondos para investigación que venimos
denunciando y sufriendo en nuestro país. Todo iba bien hasta que en el mes de septiembre del año 2001 los responsables de la política regional de la Unión Europea dijeron que no se podian adelantar los fondos FEDER desde esa fecha. Se le hizo una
pregunta oral en la anterior sesión al secretario de Estado, señor Morenés, y lamento que no nos dijera, no sé si por desconocimiento o por qué razón, que existía esa comunicación. Este es el dato nuevo desde la última sesión.
Como decia en septiembre de 2001 comunica la Unión Europea que no se pueden adelantar los fondos FEDER desde esa fecha. El Gobierno actúa de una manera absolutamente iresponsable, no contempla esos
gastos en los Presupuestos Generales del Estado pero sí los anuncia en la convocatoria. ¿Qué ocurre? Que hace un auténtico engaño a la comunidad científica. Es un engaño porque saben desde septiembre de 2001 que no se pueden adelantar
esos fondos y que no los tienen presupuestados; por tanto, se publican convocatorias sin recursos suficientes. Es una gran irresponsabilidad. La primera irresponsabilidad surge en la convocatoria de proyectos de febrero de 2002; ya se había
dicho, repito, en septiembre de 2001 que no se podía hacer, pero en febrero de 2002 hacen la convocatoria como si no hubieran recibido la notificación europea, y a partir de ahí, como hay una parte importante de fondos europeos, comunican a los
investigadores -hablo de febrero del año pasado- el dinero que les ha correspondido y si el investigador es andaluz, castellano-leonés o manchego (es decir, zona 1), le dices que si te corresponden 100, va a recibir 30 de dinero español y 70 de
dinero europeo. ¿Qué ocurre? Que una parte de esos investigadores -no todos- reciben 12 ó 13 meses después la parte española, los 30 que les correspondían, pero no han recibido la parte europea es decir los 70.
¿Por qué razón? Porque Europa
dice: Ya les avisamos que, no podemos pagar por adelantado; cuando tengan ustedes el proyecto, nosotros haremos el pago de esas cantidades. Me parece insensato que 14 meses después los investigadores sólo hayan percibido el 30 por ciento, si son
de zona 1, y el 50 por ciento, si son de zona 2. Podríamos decir que es un error o una descoordinación pero no es así porque hay una segunda irresponsabilidad consistente en que hacen una convocatoria de proyectos para el año 2003 en el mes de
noviembre del año pasado y vuelven a hacerla exactamente igual, sin tener en cuenta que está prohibido adelantar esos fondos. Es una segunda irresponsabilidad. Por cierto, conocemos que el Ministerio de Ciencia envió un memorándum en junio del año
pasado al Ministerio de Hacienda para que solucionara la situación e incorporara estos fondos en los Presupuestos Generales del Estado.
El resultado de todo esto es que se han producido unos enormes agujeros.
Primer agujero, el de la convocatoria de febrero de 2002: una parte importante de los proyectos de 2002 no tienen dinero en los presupuestos y no se pueden pagar.
Segundo agujero, el correspondiente a la convocatoria de este año 2003: no están presupuestados esos dineros para financiar los proyectos y por tanto no se va a disponer de esas cantidades hasta que se solucione la situación. Pero hay dos agujeros
más, el tercero y el cuarto. Como ustedes saben que las convocatorias de proyectos o los proyectos se hacen a tres años, hay un tercer agujero correspondiente a la segunda anualidad de la convocatoria de 2001, es decir, la que se pagaba en 2002, y
los correspondientes a la tercera anualidad de la convocatoria del año 2000, que se pagaba también el año pasado. La suma de estos cuatro agujeros podríamos denominarla como se quiera pero es un agujero negro muy importante, un auténtico socavón
que ni siquiera en Madrid tenemos. El socavón consiste, en palabras del secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica en esta Comisión, en 173, 75 millones de euros; que, por si todavía pensamos en pesetas, son aproximadamente 29.000
millones de pesetas. Para que se hagan ustedes idea de la magnitud del agujero, esta cifra significa que sería el triple de lo que nos gastamos en el año 2001 -que es para el que están cerradas las cuentas- en financiar la investigación básica, lo
que se conoce como programa de promoción general del conocimiento. Es tres veces lo que nos gastamos en 2001 lo que figuraba en los presupuestos, y si miramos la ejecución de esos presupuestos, es nueve veces lo que recibieron los grupos de
universidades y organismos públicos de investigación en 2001. Esto no es querer controlar o decir que el ministerio no lo hace suficientemente bien, sino que tenemos un problema real que no ha tenido hasta el momento respuesta ni solución por parte
del ministerio; un problema que afecta también al Ministerio de Sanidad en la convocatoria del FIS, que afecta a otros organismos y esperemos que no se extienda a los fondos del Fondo Social Europeo.
Termino ya, señora presidenta. Nosotros no queremos solamente hacer la denuncia -ya lo hicimos en la pregunta al secretario de Estado- sino que queremos hacer una propuesta que también baraja el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, y
entiéndase esto como una apuesta a favor de que se solucione. Lo único que decimos es que como tenemos ese agujero necesitamos taparlo y solamente se puede tapar con fondos. Como no parece que haya ninguna solución en Europa porque está comunicado
desde septiembre de 2001, pedimos que haya un presupuesto extraordinario, que arbitre lógicamente quien corresponda, que es el Ministerio de Hacienda, para que los investigadores puedan recibir esos fondos que en muchos casos ya estaban comunicados.
Estamos hablando de 8.000 proyectos (5.000 antiguos y previsiblemente 3.000 nuevos de este año) y en una situación que puede suponer un colapso del sistema. No vean exageración en mis palabras. Independientemente del control parlamentario, les
aseguro que hay una situación de bloqueo, de colapso y puede haber un crack dentro del sistema de ciencia y tecnología en la financiación de los grupos de investigación de universidades y organismos públicos de investigación.
Hecha la denuncia y hecha la propuesta les pedimos, por favor, que escuchen lo que estamos planteando, que se arbitre ese presupuesto extraordinario y que solucionemos esta situación que, a mi modo de ver, es patética.
La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley ha sido presentada una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Para la defensa de la misma, tiene la palabra el señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: No es cuestión recordar aquí toda la estrategia que se consolidó en el Consejo Europeo de Lisboa, pero yendo ya más directamente a los hechos hay que decir que el Plan Nacional de Investigación, Desarrollo e
Innovación Tecnológica 2000/2003 define una estrategia global de actuaciones públicas en este ámbito que comprende desde la investigación básica hasta la innovación tecnológica. En este caso, el plan propone aumentar el porcentaje de gasto en I+D
del Estado hasta el 1,2 por ciento, porcentaje que se ampliaría hasta el 2 por ciento del PIB si incluimos el gasto de innovación.
El pasado día 12, el secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica, señor Morenés, reconoció ante esta Comisión que, como consecuencia de que en el seno de la Unión Europea se está cuestionando el procedimiento de pago de los
fondos FEDER, se está estudiando la posibilidad de no autorizar por la Comisión el adelanto de dichos pagos.
Esto supondría para España, en el año 2003, perder anticipos por valor de 173,75 millones de euros y hay que indicar que a los 63 millones
necesarios para la convocatoria de 2003 de ayuda a I+D habría que sumar los fondos necesarios para hacer frente a los compromisos adquiridos en anualidades correspondientes a convocatorias anteriores hasta alcanzar esa suma total. Ni que decir
tiene que estas afirmaciones tuvieron su reflejo en los medios de comunicación y en los foros especializados y sólo podemos creer, como decimos en catalán, que es estirar el braç més que la màniga, y comprenderán que estemos preocupados por las
consecuencias que puede en nuestro sistema científico. También los medios de comunicación ponen de manifiesto ante esta situación que el Gobierno está intentando barajar diversas medidas. Por ello, entendemos que la enmienda que hemos presentado
sería compatible y podría ser compartida por todos los grupos representados en esta Comisión.
Mi grupo parlamentario comparte la necesidad de adoptar medidas de forma inmediata, dar seguridad al cumplimiento de estas obligaciones económicas y dar seguridad y tranquilidad a nuestra comunidad científica, lo que no compartimos es que
eso sólo pueda efectuarse a través de un único mecanismo presupuestario como es el crédito extraordinario. En nuestro derecho presupuestario existen mecanismos de liberación de fondos que son diferentes del puro y estricto crédito presupuestario, a
través del oportuno decreto-ley o a través de la ley. De ahí que hayamos presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en la que llamamos a la necesidad de hacer llegar estos recursos sin especificar o sin
reducirlo al único mecanismo del crédito extraordinario. Por ello, proponemos que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a atender a la financiación del vigente Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica,
procediendo a la asignación de los medios económicos suficientes y necesarios, todo ello en aras de la consecución de los objetivos establecidos en dicho plan y a tenor de los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez Callao, también con el ruego de la mayor brevedad posible.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Seré también muy breve.
Señorías, en relación con la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, en la que se insta al Gobierno a la concesión inmediata de un crédito extraordinario para atender la insuficiencia de créditos del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, es mi intención, en primer lugar, informar al grupo proponente que en la Unión Europea se está estudiando la posibilidad de autorizar el uso de anticipos de los fondos FEDER. Es conocido que del año en curso la cantidad correspondiente
asciende a un total de 173,75 millones de euros. Además, hay que tener presente que a los 63 millones necesarios para la convocatoria de 2003 de ayudas a proyectos de I+D hay que sumarles los fondos necesarios para hacer frente a los compromisos
adquiridos de anualidades correspondientes a las convocatorias anteriores.
En la exposición de motivos de esta proposición no de ley se utiliza el término agujero, que es incorrecto, porque vemos en el Plan Nacional de I+D+I que no se trata de una falta de recursos que la Comisión Europea ya ha concedido, sino de
un problema de liquidez por la posibilidad de que estos fondos no se puedan conceder por anticipado. Actualmente se está negociando en Bruselas la no aplicación de la nueva interpretación de la Comisión a las convocatorias para los proyectos de I+D
ya publicados y nuestro grupo considera muy prematuro exigir al Gobierno la habilitación de un crédito extraordinario. Tienen que recapacitar y considerar que si en medio de la negociación que está llevando a cabo nuestro Gobierno en Bruselas le
instamos a tomar soluciones distintas, sería totalmente contraproducente, debilitando así nuestra posición negociadora ante Bruselas.
Otra reflexión que nuestro grupo les quiere hacer para la concesión de estos anticipos de los fondos FEDER 2003 es el estudio de otras posibilidades existentes con el Ministerio de Hacienda, como es la transferencia de créditos de la sección
31 de los Presupuestos Generales del Estado, siempre que esta sección disponga de fondos suficientes para ello. La solución que S.S. proponía es la concesión de un crédito extraordinario, que debo recordarles que consiste en la concesión de una
autorización presupuestaria para atender una necesidad no prevista en la Ley de presupuestos, no siendo este el caso que nos ocupa, estando previsto en los presupuestos de los ministerios tanto de Defensa, como de Educación, Cultura y Deporte y
Ciencia y
Tecnología. En el caso que nos ocupa, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el crédito inicial es de 2.846 millones de euros. Los compromisos adquiridos por el ministerio son de 1.482 millones de euros, y en aplicaciones reconocidas
son 102 millones de euros. El crédito comprometido supone el 52 por ciento del disponible inicialmente para todo el ejercicio, siendo este otro motivo más para rechazar esta proposición no de ley, ya que carece de sentido plantear la tramitación de
un expediente de modificación presupuestaria, cualquiera que sea la forma del mismo, para hacer frente a una situación hipotética cuyo alcance numérico todavía se desconoce y estando pendiente de ejecutar casi la mitad del presupuesto anual
asignado.
Concluyo mi intervención, señora presidenta, diciéndoles que lo lógico y beneficioso para nuestros intereses es que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Ciencia y Tecnología sigan trabajando para obtener la mejor solución en esta
cuestión, que consiste en obtener la decisión favorable en la Comisión Europea. Por todo lo expuesto anteriormente, mi grupo, el Grupo Popular, votará en contra.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lissavetzky, tiene la palabra para la aceptación o no de la enmienda.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Dadas las intervenciones de los dos grupos, yo me atrevería a plantear una enmienda transaccional in voce, porque yo no me quiero aferrar a que sea exclusivamente un proyecto de ley para la concesión de un crédito
extraordinario. Todos hemos reconocido aquí que existe un agujero, falta de liquidez, póngase el calificativo que se quiera, pero hay un problema real y es que los investigadores no pueden percibir esta financiación en sus laboratorios, el
correspondiente dinero europeo no lo pueden percibir. No está resuelto y por lo tanto no me encierro en la posición de que sea un proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario, con lo cual la enmienda in voce que presento
eliminaría ese párrafo y, utilizando las palabras de la diputada del Grupo Popular, quedaría de la siguiente forma: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a la aprobación inmediata de la aportación de fondos extraordinarios que
atienda la insuficiencia de créditos del Ministerio de Ciencia y Tecnología y permita el cumplimiento del Plan Nacional de I+D+I en 2003. Es decir, quitaríamos la referencia del proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario y lo
sustituiríamos por la aprobación inmediata de aportación de fondos extraordinarios. Repito, desaparecería el concepto de proyecto de ley para la concesión de un crédito extraordinario y se establecería la aportación de fondos extraordinarios. Con
esto recojo lo que quería decir el diputado de Convergència i Unió y lo que ha planteado la portavoz del Grupo Popular.
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Perdón, señora presidenta. Acabo de presentar una enmienda in voce.
La señora VICEPRESIDENTA: Discúlpeme, señor Lissavetzky, tiene usted toda la razón.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: El Grupo Popular no acepta la enmienda in voce. En la intervención que he realizado con motivo de la proposición no de ley he indicado que se utiliza un término, la palabra agujero, que es incorrecto, por lo que
consideramos que no ha lugar para apoyarla.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Entiendo que propone que retire esa palabra o que la cambie?
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: No. Mi grupo no apoya la proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Rechazan la enmienda in voce?
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Exactamente.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lissaveztky.
El señor LISSAVEZTKY DÍEZ: Sólo quiero recordar a la señora diputada y a la señora presidenta que lo que se va a votar no es la parte expositiva, sino una propuesta, en la que no figura por ningún lado la palabra agujero, según, claro está,
la terminología que cada diputado en el uso de su libertad de expresión puede utilizar.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lissavetzky, ¿retiraría usted de la exposición de motivos esa palabra para que el Grupo Popular acepte su propuesta?
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señora presidenta, repito que aquí no votamos la exposición de motivos. No es esa la cuestión. Yo puedo retirar esa palabra de la exposición de motivos, pero, si me pregunta un periodista, voy a pensar que hay
un agujero por liquidez de fondos. No quiero engañar a nadie, no soy tan cínico. A mí no me importa retirar la palabra agujero de la exposición de motivos, pero lo que se vota aquí es la parte propositiva.
La señora VICEPRESIDENTA: En todo caso, esperemos que no lo haya.
Tiene la palabra, señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ CALLAO: Si puede ser, me gustaría que el señor diputado se leyera luego mi
intervención, puesto que no he fundamentado la misma sólo en la exposición de motivos, sino también en la parte final, en la que ustedes instan al Gobierno a la concesión de un crédito extraordinario. Y les he explicado el porqué no de
dicho crédito, cuando tan sólo se lleva el 52 por ciento del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
- RELATIVA A LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001979.)
- RELATIVA A AYUDAS A LA CONSTRUCCIÓN NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002015.)
La señora VICEPRESIDENTA: Proposición no de ley relativa a la industria de construcción naval, punto número 5 del orden del día, que se acumula con el 6, proposición no de ley relativa a las ayudas de la construcción naval, habiendo
presentado el Grupo Popular una enmienda a la primera.
En relación con la primera proposición no de ley, tiene la palabra el señor Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Intervengo para defender la proposición no de ley de mi grupo parlamentario sobre medidas de apoyo a la industria de construcción naval. Estamos hablando, como ustedes saben, de un sector relevante, con un claro
componente estratégico -lo dice la Unión Europea y el Gobierno español-, un sector con un importante potencial exportador, que da empleo directo a más de 15.000 trabajadores e indirecto a otros 35.000. Es un sector en el que la ratio puesto de
trabajo directo, puesto de trabajo indirecto ha crecido mucho. Según datos de finales de la década de los noventa, se estima que en torno a 3,5 puntos. Estamos hablando de un sector importante para el país, porque se van a seguir construyendo más
barcos. Por consiguiente, no sólo por la importancia de esta vía de transporte, sino por esta realidad, todo el mundo empieza a concederle un cierto carácter estratégico. Lo es para el conjunto del país y para su economía y lo es también para
aquellas comarcas o espacios territoriales en los que la industria de la construcción naval, los astilleros, juegan un importante papel en la estructura económica e industrial de esos espacios territoriales. Me refiero a zonas del País Vasco, como
la ría del Nervión; me refiero a Asturias, como la comarca de Gijón o el occidente de Asturias; me refiero a Galicia; me refiero a Sevilla; me refiero a la Bahía de Cádiz; me refiero a Cartagena o a otras zonas del país.
La industria de construcción naval europea, que en 1998 representaba el 24,5 por ciento de la industria de construcción naval a nivel mundial, ha pasado en el año 2002 a un 7,6 por ciento y a la vez, países del sudeste asiático, como Japón,
China o Corea, que ya representaban en 1998 casi un 60 por ciento de la industria de construcción naval a nivel mundial, han pasado a un 77 por ciento. Hay un incremento gradual y muy fuerte del peso de la industria de construcción naval del
sudeste asiático y un descenso, a costa sobre todo de ese incremento muy significativo, de la industria de construcción naval europea. Y ¡cómo no!, en esto tiene mucho que ver la competencia desleal de los astilleros coreanos o de otros países del
sudeste asiático. Este es un problema viejo, no nuevo. Ya hubo en su momento mecanismos de ayuda a la industria de construcción naval europea para, entre otras cosas, hacer frente a esa competencia desleal.
La industria española de construcción naval, que representaba un 1,5 por ciento del total de la industria de construcción naval mundial, ha tenido una caída importante en los últimos meses en la contratación de buques por sus astilleros; un
descenso en esa contratación -no estoy hablando de los buques que hay para construir- por encima del 35 por ciento con respecto al año 2000. Esta caída en la contratación va a conllevar, en los próximos años, una gradual caída en la actividad de
los astilleros de nuestro país.
Está claro que esta caída de la actividad en los astilleros europeos y españoles está íntimamente ligada, ¡cómo no!, a la competencia desleal de los astilleros asiáticos. La Unión Europea decidió varias medidas encaminadas a apoyar a los
astilleros ante esta situación de competencia desleal, como el reglamento de ayudas a la industria de construcción naval, el famoso reglamento defensivo temporal de ayudas a la industria de construcción naval, que fue aprobado por la Unión Europea
el pasado mes de junio y que alcanzó carácter efectivo a partir de octubre pasado, que es cuando la Unión Europea denunció a Corea ante la Organización Mundial de Comercio, como la adaptación del Real Decreto 442/1994 a las nuevas condiciones
establecidas para los créditos a la exportación por la OCDE. Estos mecanismos al igual que otros, como el mantenimiento de las primas a la construcción naval para todos aquellos buques contratados por los astilleros españoles antes del 31 de
diciembre del año 2000 o la aprobación reciente por parte del Gobierno español del reglamento para la aplicación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, el famoso tonnage tax tiene como objetivo la articulación de un marco
financiero y legal para la industria de construcción naval que le permita hacer frente a esta situación de competencia desleal de los astilleros del sudeste asiático y, como consecuencia de ello, hacer frente a la caída en la contratación de la
construcción de nuevos buques por parte de los astilleros españoles. Está claro según pasa el tiempo -nos vamos acercando a los doce meses respecto a la fecha en la que la Unión Europea empezó a tomar las primeras decisiones firmes en esta materia-
que los astilleros españoles están en una situación de cierta debilidad con respecto a otros astilleros. Eso es lo que nos lleva a presentar esta iniciativa, que fundamentalmente busca posibilitar un conjunto de mecanismos directos e
indirectos de ayuda a los astilleros españoles, que tienen serias dificultades en estos momentos para acometer la contratación de nuevos buques, debido a esta situación de orfandad financiera y jurídica.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Suárez, le ruego concluya.
El señor SUÁREZ GÓNZALEZ: El conjunto de medidas que proponemos pasa, en primer lugar por demandar del Gobierno la aceleración de la aprobación del decreto de ayudas a la industria de construcción naval, trasponiendo el reglamento de la
Unión Europea 1177/2002 o aprobando también, como no, el decreto correspondiente a las nuevas condiciones establecidas para los créditos a la exportación por la OCDE. En segundo lugar, demandamos que el Gobierno español continúe realizando
gestiones ante la Unión Europea para que los barcos gaseros -los LNG- se beneficien de las ayudas. En tercer lugar, demandamos que el Gobierno español defienda ante la Unión Europea la ampliación de los periodos de pago de las primas a la
construcción naval que vencieron el 31 de diciembre, que afectan a los barcos contratados entonces y que se están construyendo en estos momentos. El cuarto punto no tenemos inconveniente en retirarlo, porque el Gobierno español ha aprobado, después
de haber presentado nosotros esta iniciativa, el reglamento de aplicación del régimen de las entidades navieras en función del tonelaje, el tonnage tax. En quinto lugar, proponemos que se respalde algo que el Gobierno ha defendido en esta Comisión,
como es un plan de I+D para el sector naval. Por último, defendemos mecanismos de incentivación para la modernización de buques de transporte de crudos.
Con este conjunto de medidas pretendemos posibilitar al sector naval español una serie de mecanismos que le permitan hacer frente a la competencia desleal de los astilleros del sudeste asiático y tener un marco fiable con el que poder
acometer la contratación de nuevos buques.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Las ayudas a la construcción naval en el Estado español finalizaron efectivamente el 31 de diciembre del año 2000, en un momento en el que los acuerdos con la OCDE de 1994 no habían entrado en vigor, cuando eran
unos acuerdos fundamentales para establecer condiciones normales de competencia en la industria naval a nivel internacional. Cabe decir que en 1994 ya era una industria totalmente transnacionalizada. En todo caso, se hacía porque existían muchas
sospechas de que algunos Estados estaban obrando con tácticas de dumping, con precios muy por debajo de los del mercado. Lo grave está en que los acuerdos de la OCDE de 1994 no fueron respetados no solamente por Corea del Sur, sino tampoco por
Estados Unidos, que es un elemento fundamental a la hora de aplicar los acuerdos de carácter internacional. Este fenómeno provocó que desde el año 1975, y sobre todo a partir de 1990, el reparto de la producción en miles de CGT entre las distintas
áreas del mundo haya evolucionado de una forma elocuente. En concreto, Japón pasó de tener el 39 por ciento de la producción en miles de CGT del sector naval en el período 1975-1979 a tener el 34 por ciento en el período 1999-2000, o en caso de
Europa Occidental pasó de tener el 37 por ciento en el período 1975-1979 a tener el 23 por ciento, la caída mayor, en el período 1999-2000. Sin embargo, Corea pasó del 6 por ciento en el período 1980-1984 a tener el 29 por ciento en el período
1999-2000. Esto prueba que efectivamente se están reestructurando los porcentajes de participación y producción en miles de CGT entre las distintas áreas del mundo y esto se debe sin duda, a unas condiciones de mercado que no están basadas en la
libre competencia, en condiciones normales para poder competir.
Los Estados del mundo continuaron con todo tipo de ayudas directas e indirectas, al revés de lo que había la Unión Europea desde diciembre del año 2000, y se creó una compleja situación de los astilleros comunitarios respecto de sus
competidores, situación especialmente crítica y compleja para los astilleros del Estado español. La Unión Europea reaccionó por fin, a través del reglamento de 27 de junio de 2002, estableciendo mecanismos de defensa temporal muy limitados mientras
que durase el litigio que tienen en la OMC frente a la competencia desleal de Corea del Sur. En concreto, el propio Gobierno, en respuesta a una pregunta de 11 de noviembre de 2002, dice a este diputado: Para que la demanda de la Unión Europea
prospere ante la Organización Mundial del Comercio hay que demostrar que Corea del Sur ha vendido sus buques en el mercado internacional a precios inferiores al coste de construcción y que esas ventas, a precio por debajo del coste, han causado
perjuicio a la industria de construcción naval de la Unión Europea. Da la casualidad que en la misma respuesta se dice que se reconoce por parte del Consejo de la Unión Europea que se está compitiendo en condiciones de inferioridad. Se dice: Las
ayudas directas ligadas a los contratos de construcción de buques metaneros podrían autorizarse en virtud del reglamento del Consejo para contratos definitivos firmados después de que la Comisión de la Unión Europea publicara en el Diario Oficial de
las Comunidades Europeas que confirman que la industria comunitaria ha sufrido perjuicios graves en ese segmento del mercado por la competencia desleal de Corea con base en las investigaciones correspondientes al período de
2002. En todo caso, está claro, a la espera de que solucione el litigio la OMC y dejando claro que es un mecanismo de carácter temporal que el reglamento de 27 de junio autoriza a los Estados miembros a que se den ayudas del 6 por ciento a
los quimiqueros y portacontenedores con una duración hasta el año 2004, por tanto de carácter temporal restrictivo, mientras se solucionan las diferencias con Corea del Sur.
Curiosamente el Gobierno, el 11 de noviembre de 2002, decía: Se procederá a modificar el Real Decreto 442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval, con el objeto de adaptarlo a lo dispuesto en el reglamento del Consejo
sobre un mecanismo temporal de ayudas al sector de la construcción naval, con el fin de que se puedan conceder ayudas directas a la producción de hasta el 6 por ciento a los segmentos del mercado contemplados en el citado reglamento. Incluso decía
que también modificaría el real decreto aludido a fin de adaptarlo al nuevo acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques en la OCDE, adoptado por el Consejo de la Unión Europea el pasado 22 de julio, con el objeto de que se puedan
conceder para la financiación de la construcción de buques subvenciones al tipo de interés de hasta 3 puntos porcentuales como máximo. Es curioso que se diga que se iba a proceder a modificar este real decreto en noviembre de 2002 y en marzo de
2003 aún no lo haya hecho. Esta ha sido la intención en exclusiva de nuestra proposición no de ley. Acabo con su lectura: Se insta al Gobierno a que proceda urgentemente a incorporar a la legislación pertinente el mecanismo defensivo temporal
existente a nivel comunitario para la construcción naval civil. Se sabe que este mecanismo temporal está siendo usado ya por el resto de los Estados miembros.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda a una de estas proposiciones no de ley, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Hemos presentado una enmienda, que defenderé en este turno, y hemos intentado llegar a acuerdos con el Grupo Parlamentario Socialista y con el Grupo Parlamentario Mixto, acuerdos que han sido imposibles de alcanzar.
Señorías, es cierto que el sector naval tiene una gran importancia estratégica y económica en nuestro país. Es un sector que ha pasado por momentos de extraordinaria dificultad, por reconversiones muy importantes. El Gobierno del Partido
Popular siempre ha tratado de valorar este importante sector de la industria española. Son muchos los compromisos que ha alcanzado el Gobierno y también muchos los compromisos que se han anunciado. La ministra de Ciencia y Tecnología, la señora
Birulés, nos dijo en esta Comisión que en el sector naval no se van a escatimar esfuerzos ni mejoras en las normas medioambientales o de seguridad para petroleros, para asegurar la competitividad a nivel europeo.
Asimismo, el 25 de septiembre de 2002, en una comparecencia en Comisión se nos dijo que el Gobierno va a apoyar a nuestras empresas navales ante prácticas de competencia desleal de otros países y en la puesta en marcha de un plan tecnológico
que tiene como objetivo incrementar la inversión en tecnologías destinadas a nuevas áreas de negocio en el sector naval.
En el Senado, el Gobierno se comprometió a ayudar a nuestras empresas navales ante prácticas de competencia desleal de otros países y a la puesta en marcha de este plan tecnológico. También existe el compromiso de modificar el Real decreto
442/1994, sobre primas y financiación a la construcción naval.
Y en el debate de política general en torno al estado de la Nación, el 16 de julio del año pasado, el Gobierno se compromete a elaborar un plan tecnológico industrial y a seguir defendiendo en el seno de la Unión Europea la adopción de
medidas que garanticen la competitividad del sector naval europeo frente a la competencia de otros constructores internacionales que perciben ayudas de Estado.
En consecuencia con todo esto, y a pesar de los esfuerzos y del trabajo que somos conscientes que está realizando el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular consideró oportuno presentar la enmienda que obra en poder de SS.SS., para tratar
de llegar a acuerdos parlamentarios, a adoptar resoluciones, si era posible, por unanimidad.
Por eso, proponemos que se inste al Gobierno a que continúe realizando las gestiones pertinentes ante la Unión Europea para que la Comisión acelere la aprobación de la modificación del Real Decreto 442/1994, sobre primas y financiación a la
construcción naval, real decreto que traspone a nuestro ordenamiento jurídico la decisión del Consejo 2002/634, de 22 de julio de 2002, por el que se adopta el nuevo acuerdo sectorial sobre créditos a la exportación de buques de la OCDE, y el
Reglamento número 1177/2002, de 27 de junio. Son dos normas cuya negociación ante la Unión Europea se realiza conjuntamente y para las que esperamos obtener el visto bueno de la Unión Europea.
También queremos instar al Gobierno a que continúe realizando las gestiones pertinentes ante la Unión Europea para lograr la incorporación de los buques metaneros LNG en el mecanismo de defensa temporal de ayudas a la construcción naval, de
conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 2, del Reglamento 1177/2002, es decir, ese mecanismo de defensa temporal al que se refiere la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto.
Por último, queremos que el Gobierno a que continúe, como lo está haciendo, instando a la Comisión Europea a prorrogar el plazo de entrega de los buques gaseros en construcción en los astilleros públicos, dada la complejidad técnica de los
proyectos de construcción,
de conformidad con lo previsto en el párrafo segundo del artículo 3, del Reglamento 1540/1998.
No podemos aceptar los pedimentos del Grupo Parlamentario Socialista respecto del Plan de I+D+I, porque va a haber un capítulo específico, dentro del programa nacional, de importantes ayudas para favorecer y sostener el potencial
investigador y tecnológico de los astilleros españoles, y en este ejercicio ya está en vigor el plan tecnológico para el sector marítimo, que se financia con cargo al programa PROFIT.
Como nos ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, el punto cuarto ya se ha cumplido. Lo que no podemos es desconocer los esfuerzos que está realizando el Gobierno, esfuerzos que son coincidentes con los pedimentos del Grupo Parlamentario
Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto. Lo que ocurre es que el método de defensa de este sector naval está preestablecido en la estrategia del Gobierno ante la Unión Europea y no vamos a variarlo en este momento.
Solicitamos de SS.SS. tengan a bien aceptar la enmienda de modificación que hemos presentado, porque con ello apoyaríamos las gestiones que el Gobierno está realizando ante la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Suárez, para fijar su posición acerca de la enmienda que ha presentado el Grupo Popular.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Señora presidenta, los tres grupos parlamentarios que estamos participando en este debate hemos tratado de llegar a un acuerdo, y a nosotros nos hubiese gustado llegar a él, pero no ha sido posible. Entendemos que
la no modificación por parte del Grupo Parlamentario Popular de la enmienda que ha presentado a nuestra proposición no de ley y su mantenimiento literal, en definitiva, no facilita el poder agilizar la aprobación y la puesta en marcha de este
mecanismo conjunto de medidas de apoyo a la industria de construcción naval. Por lo tanto, no las podemos aceptar.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Rodríguez, ¿quiere expresar su opinión acerca de la enmienda presentada en nombre del Grupo Parlamentario Mixto?
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, como se habrá observado, nuestra proposición no de ley era suficientemente escueta e iba dirigida solamente a que el Gobierno dictase el real decreto que puede elaborar a partir del reglamento
comunitario que lo ampara, que además lo está anunciando desde hace muchos meses y no lo ha hecho. No podemos aceptar la enmienda del Grupo Popular porque plantea el debate en unas condiciones que para nosotros no son reales, en términos políticos.
En la Unión Europea no hay ningún impedimento para que esos reales decretos se promulguen cuanto antes. Lo cual nos lleva a sospechar que realmente no hay una voluntad clara de defender el sector público naval del Estado español, con las
consiguientes crisis que esto va a provocar, pérdida de empleo y reducción de la producción.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE UN CATÁLOGO DE ACTUACIONES QUE GARANTICEN LA PRIVACIDAD DE LOS CIUDADANOS ANTE EL USO DE MECANISMOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN DE LA RED INTERNET, COMO PUEDE SER EL CASO DE LOS LLAMADOS 'PROXY-CACHÉ'.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001983.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley relativa al establecimiento de un catálogo de actuaciones que garanticen la privacidad de los ciudadanos ante el uso de mecanismos de
almacenamiento de información de la red Internet, como puede ser el caso de los llamados proxy-caché.
Para la defensa de la misma, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señora presidenta, señorías, la expansión del sector de las telecomunicaciones, también la aparición de operadores alternativos al operador dominante, a Telefónica, y lo que ha sido toda la ampliación de la
oferta de los servicios de telecomunicaciones que se están ofreciendo, no ha llevado aparejada de forma paralela en nuestro país una mejora de la calidad de la prestación de esos servicios de telecomunicaciones. Siendo esto verdad, y lo hemos
podido comprobar recientemente en las últimas comparecencias y preguntas del secretario de Estado en cuanto a la calidad de la telefonía fija o móvil, en el caso de los servicios de acceso a Internet hay problemas aún mayores en esa oferta de
calidad, además de los que tienen habitualmente las redes, porque no existe una homogeneidad para el acceso a Internet en todos los territorios. También echamos en falta algo que creo que es importante y es una supervisión realmente puntual y
eficaz por parte de las administraciones públicas.
Señorías, es importante que sepamos que, unido a esas deficiencias en el acceso a Internet (el que haya muchas más personas dentro de la red obviamente supone la reducción del ancho de banda y el incremento de los niveles de congestión), la
opción tecnológica del ADSL, que fue la opción de Telefónica, empezó a proporcionar a los usuarios de Internet mayor velocidad y algo también importante, una tarifa real plana; pero, siendo ésta la opción que en muy poco tiempo se ha convertido en
la opción más ampliamente aceptada por la pequeña y mediana empresa, incluso por la gran
empresa y desde luego por muchos usuarios de carácter privado (recuérdese que hay más de un millón de líneas de ADSL contratadas), la realidad es que en los últimos tiempos, cuando ADSL alcanzó un volumen tan importante de usuarios empezó a
dar problemas que, en cierta medida, frustraron las expectativas de quienes habían contratado este tipo de líneas porque estaban viendo una auténtica incapacidad de mantener las velocidades reales que les habían ofrecido en el contrato y que habían
alcanzado en las primeras etapas de aplicación y de uso de esta línea.
Ante esta situación, la operadora Telefónica intentó mejorar la velocidad.
¿Cómo lo ha hecho? Ha implantado un mecanismo de almacenamiento intermedio de páginas web que se carga a los usuarios y muchas de SS. SS.
ya saben que se ha
llamado el proxy-caché o el caché transparente ¿Qué significa esto y en qué consiste? En Internet las páginas web se consultan repetidamente al cabo del día. ¿Qué es lo que ha hecho Telefónica? Ni más ni menos que lo que han hecho y hacen otras
operadoras de acceso a Internet en otros países del mundo y también en el nuestro.
Actualmente se introduce un sistema para tener una memoria temporal intermedia para guardar las copias que van visitando los usuarios y así no tienen que volver a la
memoria RAM más remota que hace que los usuarios perdamos más tiempo. Telefónica gana porque no tiene que volver a servidores remotos y ahorra ancho de banda e importantes costes económicos. Cuantos más usuarios tenga el proveedor (Telefónica
tiene más de un millón en el caso ADSL y no hablemos del resto; Terra también, obviamente) más ahorra, porque habrá más usuarios que están consultando las páginas repetidas y cuando uno de nosotros accedamos sea a una página en la que hemos estado
antes o no, la tendremos, pero eso sí no estará ni actualizada ni dará tampoco garantías de otra índole.
¿Qué ha ocurrido? Que cuando el 10 de enero Telefónica impuso este tipo de sistema, que ya les digo utilizan otras operadoras, cometió el primer error al no avisar a los clientes y generó problemas tanto de percepción de que había abuso de
intimidad, ahora voy a explicarlo, como de falta de ventajas para los usuarios que se preguntaban, ¿qué ventajas obtenemos? Porque lo del operador está claro, ahorra ancho de banda, ahorra costes, pero nos han dicho que vamos a ganar velocidad y no
se reducen costes. Al final, se detectaron inmediatamente serios problemas de calidad ¿Por qué? Porque las ventajas que puede ofrecerle a un usuario de Internet un proxy-caché o el caché transparente es dudoso, y es dudoso porque depende de cómo
se dimensione ese caché. Si se dimensiona mal, como depende del número de usuarios y del número de páginas almacenadas, puede ocurrir, y de hecho ocurrió en la primera etapa, aunque es verdad que Telefónica está poniendo medios para intentar
resolverlo, que ni se haya obtenido más velocidad, al contrario se ha ralentizado la navegación, y que además la información no haya estado actualizada y lógicamente ha habido prestadores de servicio que necesitaban páginas actualizadas y autónomos
y empresas que trabajaban con páginas no estáticas, sino dinámicas que son a las que más ha perjudicado.
Primero, hay problemas de calidad. Segundo, ha ocurrido algo que hay que abordar en esta Comisión. Se levantó una percepción por parte de muchos internautas de que con este mecanismo Telefónica invadía su intimidad porque podía detectar
los hábitos de navegación y obtener datos personales y de hábitos que en muchos casos los ciudadanos legítimamente no quieren que se conozca. Eso se puede conseguir incluso sin ese proxy-caché. Ningún buen informático diría que un proxy-caché es
una herramienta para espiar a los usuarios y no creo que Telefónica haya puesto este sistema con ese fin Lo que es verdad es que el Gobierno tiene que ofrecer la garantía a los usuarios ...
La señora VICEPRESIDENTA: Señora Pleguezuelos, tenga la bondad de ir concluyendo.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Decía que el Gobierno tiene que ofrecer las garantías a los usuarios tanto de calidad como de que la privacidad va a ser preservada, se tenga o no intención por parte de los operadores.
En ese sentido va la
propuesta que mi grupo presenta a esta Cámara en la proposición no de ley. En primer lugar, instamos al Gobierno para que establezca lo que es un catálogo de actuaciones y de salvaguarda que permitan garantizar la privacidad de los ciudadanos ante
mecanismos como estos que estamos abordando de almacenamiento de información de la red Internet.
En segundo lugar, solicitamos que se establezcan por parte del Gobierno todas las acciones necesarias para que de manera inmediata Telefónica subsane estas deficiencias de calidad que surgieron con la implantación de este sistema, y desde
luego que se permita la opción libre y aceptada del cliente de obtener un servicio con o sin ese almacenamiento de datos.
Lo que no es admisible es que ni te avisen ni te den la oportunidad de elegir ese mecanismo, no ofreciéndote ninguna otra
contrapartida.
Por último, el tercer punto de nuestra proposición no de ley pide al Ministerio de Ciencia y Tecnología que haga lo que tenía que haber hecho hace mucho tiempo, que vaya verificando exhaustivamente lo que son los niveles de calidad en el
servicio de acceso a Internet por todos los operadores, pero especialmente por Telefónica, que es el operador dominante en lo que son las telecomunicaciones fijas en España.
Para que los ciudadanos puedan crer al final en unos servicios de telecomunicaciones de calidad y en un desarrollo de la sociedad de la información el Gobierno debe también poner los mecanismos necesarios.
Esta
proposición no de ley los ofrece para dar confianza a los usuarios y a los ciudadanos, exigiendo a las operadoras el cumplimiento de esas garantías.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez-Hickman.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señorías, voy a defender la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición no de ley de referencia, y ya adelanto que la votaremos de forma desfavorable, por los argumentos que paso a
defender a continuación.
En cuanto al primer punto de la iniciativa, relacionado con la posible incidencia de los mecanismos conocidos como proxy-caché en la privacidad de los ciudadanos durante su navegación por Internet, es importante destacar, como bien sabe la
señora Pleguezuelos, que para su funcionamiento dichos sistemas no necesitan guardar registro alguno de la identidad de los usuarios que han realizado cada petición de información, sino que únicamente identifica los elementos de información
solicitados y el momento de esta solicitud. De este modo, su funcionamiento no viola la privacidad de las comunicaciones o sesiones de navegación de cada usuario, al tratarse de una actividad de naturaleza meramente técnica, automática y pasiva.
Además, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, ha establecido una serie de prácticas de transparencia, información y respeto a la privacidad de los usuarios, que ya venían siendo
aplicadas voluntariamente por una parte de las entidades con presencia en Internet, y como esta norma se han consolidado y han adquirido carta de naturaleza.
En cuanto al segundo punto de la iniciativa presentada por el Grupo Socialista, en todo sistema de telecomunicaciones los mecanismos proxy permiten prestar el servicio de modo transparente a los usuarios, por lo que su finalidad es que dicho
servicio sea prestado en idénticas condiciones que si no estuvieran presentes salvo las facetas en las que introducen alguna funcionalidad específica.
En particular, los sistemas proxy-caché están destinados a mejorar el rendimiento en la transferencia de información, para lo que suministran, en lugar de la información solicitada, copias de la misma realizadas como consecuencia de
peticiones anteriores de otros usuarios que consecuentemente, son más fácil y rápidamente accesibles. En el ámbito de la provisión de servicios de acceso a Internet, la utilización de estas técnicas de almacenamiento y de información se encuentra
prevista en las correspondientes normas técnicas, véanse, por ejemplo, las RFC´S 21.86, 23.26, o la 26.16. Incluso se prevé su utilización en la normativa aplicable a la provisión de servicios de la sociedad de la información, en particular en los
considerandos 42 y 43 y en el artículo 12.2 de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el
comercio electrónico en el mercado interior, directivas sobre el comercio electrónico, así como en el artículo 14.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, que constituye su
trasposición a la legislación nacional.
Señorías, estas disposiciones consideran como parte de la capacidad de mera transmisión, propias de las redes de telecomunicaciones, la funcionalidad consistente en el almacenamiento automático provisional y transitorio de los datos
transmitidos, siempre que dicho almacenamiento sirva exclusivamente para ejecutar la transmisión en la red de comunicaciones y que su duración no supere el tiempo razonablemente necesario para dicha transmisión. Definición esta que coincide con la
funcionalidad de los referidos sistemas proxy-caché. Consecuentemente no cabe, en principio, sujetar la implantación de sistemas proxy-caché a condiciones regulatorias específicas, pues no constituye una alteración de la naturaleza o
características esenciales de los servicios ofrecidos por los proveedores de acceso a Internet, sino una modificación en los medios empleados para proveer dicho servicios. Si bien es cierto que estos elementos en determinadas circunstancias pueden
provocar que la información suministrada a los usuarios no esté completamente actualizada, no es menos cierto la excepcionalidad de estas situaciones, así como que usuarios y proveedores de contenidos, figurando respectivamente sus herramientas de
navegación y los contenidos que hacen accesibles a través de Internet, puedan hacer que los sistemas proxy-caché no interfieran en el acceso a contenidos cuyos proveedores requieran que sean suministrados, en todo caso, en su versión más
actualizada. Para ello, se requiere que los sistemas empleados por usuarios, operadores y proveedores de contenidos respondan a especificaciones técnicas comunes que debieran corresponderse con las adoptadas en los diversos foros de normalización
o, en su defecto, con las comúnmente aceptadas por la industria.
En este sentido, señorías, el Ministerio de Ciencia y Tecnología fomenta la adopción por parte de los operadores de soluciones técnicas normalizadas, manteniendo contacto permanente con Telefónica de España.
En este caso concreto, al objeto
de que adopte este tipo de soluciones en sus redes, dentro de la disponibilidad comercial de las mismas, y simultáneamente informe de forma precisa y detallada a usuarios y proveedores de contenido sobre el funcionamiento e impacto de los sistemas
proxy-caché.
En cuanto al tercer punto de la iniciativa, en relación con los niveles de calidad en los servicios de acceso a
Internet, debe señalarse que la disposición adicional segunda de la Orden de 14 de octubre de 1999, por la que se regulan las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telecomunicaciones, establece la obligación de que sean
los proveedores de acceso a Internet quienes faciliten a los usuarios una información clara y suficiente sobre los niveles de calidad del servicio que les proporcionan, en particular con respecto al tiempo de respuesta y a la velocidad que se
garantiza en las comunicaciones.
Por otra parte, al igual que en todos los aspectos que afectan a una gran base de clientes, son de gran valor para la información de consumidores y usuarios las iniciativas de análisis comparativo sobre las características de los productos
disponibles en el mercado, desarrolladas por asociaciones y entidades independientes. Como ejemplo de este tipo de iniciativas les puedo apuntar la emprendida por la asociación de usuarios de Internet, que permite medir la velocidad de descarga de
información desde una serie de centros servidores hasta el ordenador del usuario que solicita la prueba, estimando así el ancho de banda de que éste dispone en el momento en que dicha solicitud se formula, al tiempo que acumula y pone a disposición
de sus usuarios información estadística acerca de la velocidad de transferencia medida para cada proveedor, provincia y tecnología de acceso a la red. Adicionalmente, la Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, del
Ministerio de Ciencia y Tecnología, tiene previsto iniciar en breve un estudio apoyado por asistencias técnicas externas, con objeto de evaluar los nuevos servicios de telecomunicaciones y, en particular, los servicios de Internet, cuyas
características funcionales y de uso, distintas de los servicios tradicionales de telecomunicaciones, hacen necesario adoptar para ellos un enfoque distinto en la consideración de sus aspectos de calidad de servicio. Este estudio tomará como base
los trabajos aplicables realizados y en curso en los diferentes organismos internacionales de normalización, en especial en el IETF, grupo de trabajo sobre ingeniería de Internet, y más específicamente en el ETSI, Instituto Europeo de Normas de
Telecomunicaciones.
Cabe señalar -y ya termino, señora presidenta-, que la norma EG 202057-2, recientemente adoptada por este último organismo, recoge la definición y procedimientos de medidas de la velocidad de transferencia ofrecida por la red pública
telefónica como soporte para el acceso conmutado a Internet. Asimismo, en el mes de marzo se han iniciado los trabajos para recoger en una nueva norma la definición y medidas de parámetros de calidad del servicio de acceso a Internet,
significativos para los usuarios, considerando otras tecnologías y redes de acceso. Han de ser estas normas, emanadas por los organismos internacionales de normalización las que, con carácter concertado a nivel internacional, dictaminen los
parámetros de calidad en cuanto al acceso a Internet.
Por todo lo señalado, y como ya anuncié al principio de mi intervención, este grupo va a rechazar la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
- SOBRE EL PROGRAMA DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DENOMINADO 'PLAN DE DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA' PARA JÉDULA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001992.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente, último del orden del día. Proposición no de ley sobre el programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología denominado 'Plan de Diversificación Económica' para Jédula.
Proposición
presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de dicha proposición, tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, traemos por segunda vez a debate esta proposición no de ley, esta vez a la Comisión, de donde nunca debió salir, ya que otras veces se ha debatido en la Comisión de Economía.
Debatimos nuevamente esta
proposición con el fin de buscar una solución para la pedanía de Jédula y continuaremos trayendo esta proposición al Congreso hasta que no se ofrezca una solución a los ciudadanos que viven en esta pedanía.
Quiero recordar que el motor económico de Jédula era una fábrica azucarera, que hace casi dos años que cerró. La responsable de la misma era la empresa Agro Puleva, que cuenta con un porcentaje de capital público. Jédula es una pedanía de
2.300 habitantes, que dependía mucho de esta empresa, y así como los trabajadores fijos han sido recolocados, no ha ocurrido lo mismo con los puestos fijos discontinuos. Igualmente el cierre de la fábrica ha causado mucho daño a los puestos de
trabajo indirectos que trabajaban con esta fábrica, negocios de la zona en general. Con motivo del cierre de la azucarera se ha dejado de invertir anualmente en esta población entre 500 ó 600 millones de pesetas.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista siempre hemos apelado al porcentaje de capital público que tiene esta empresa solicitando ayudas para este lugar. Creemos que existe una responsabilidad y no se debe dejar abandonado este pueblo. Sin
embargo, siempre han primado los intereses empresariales y económicos de esta empresa con el objetivo de incrementar sus beneficios antes de tener en cuenta los intereses económicos y sociales de una comarca. Tampoco entendimos nunca cómo, si la
empresa tenía tomada la decisión de cerrar dos centros (sabiendo, según el plan de reestructuración
y modernización, que Jédula iba a ser uno de esos centros), no se buscaron fórmulas alternativas para poner en marcha un proyecto alternativo al cierre de la azucarera. Sólo se anunciaron estas medidas cuando la comarca reivindicó, a través
de muchos actos pacíficos, el no cierre de la misma. Esas medidas consistían en una planta de bioetanol. Quiero comentar que el Grupo Socialista no estuvo en contra de esa planta de bioetanol, pero ya dijimos hace dos años que era un proyecto que
estaba en el aire, tan en el aire que todavía no hay absolutamente nada. Jédula no necesita experimentos, sino realidades, inversiones y puestos de trabajo.
Tras el cierre de esta azucarera la Junta de Andalucía ha ampliado la zona de ayuda a Plenca, subvencionando el 30 por ciento de todas las actividades que surjan en esta zona. También hay un proyecto de creación de un polígono industrial
por donde va a pasar la nueva autovía que va a ser financiada por la Empresa pública de Suelo de Andalucía. Consideramos necesario buscar soluciones a esta pedanía y este ministerio las puede aportar a través del plan que estamos debatiendo.
Sabemos que el ministerio con este plan está invirtiendo en el Campo de Gibraltar, pero nos gustaría que la inversión llegará más al norte de la provincia, concretamente a esta comarca de la sierra. Por tanto presentamos esta proposición no de ley
porque creemos que Jédula necesita un plan de desarrollo que palie las consecuencias del cese de la actividad de la azucarera y que genere empleos alternativos a los puestos de trabajo desaparecidos. Para ello proponemos realizar este plan de
diversificación económica que contenga las inversiones necesarias de los ministerios competentes. Pedimos también que en un plazo breve se lleven a cabo medidas incentivadoras que eviten el ya iniciado deterioro económico y social del pueblo y que
en los próximos presupuestos generales se dote este plan con la correspondiente partida para llevar a cabo el nuevo desarrollo económico de Jédula.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Mancha.
El señor MANCHA CADENAS: Señorías, corresponde a este humilde diputado cerrar las intervenciones de esta mañana y voy a ser telegráfico en mi intervención.
Tengo la percepción, señora Sánchez, de que ha vuelto a equivocar la puerta de entrada y picoteando en tres iniciativas distintas -una del año 2001, otra de 2002 y esta tercera de 2003- se pretende, en distintas comisiones romper una lanza a
favor de una pedanía perteneciente al municipio de Arcos de la Frontera, gobernado por el Partido Popular, y con el mismo petitum. Es decir, hay una obsesión por parte de S.S. por Jédula, cuando curiosamente, dicha absesión no la tienen los
trabajadores, al menos no la experimenten.
El error en la puerta de entrada se verifica en el sentido de que la Administración estatal carece de competencia en este campo. Ha hablado S.S. de polígonos industriales que va a construir la Junta de Andalucía.
Ojalá sea así. Han
pasado más de dos años y no hay ningún atisbo por virtud del cual ese polígono sea una realidad. Será en ese momento, cuando la Junta de Andalucía decida pulsar e impulsar ese polígono industrial, cuando el Gobierno de la nación haga una apuesta
clara por Jédula, poque a quien verdaderamente corresponde la industrialización de Jédula es a la Junta de Andalucía, que, como todos sabemos, está gobernada por el Partido Socialista. (Rumores.)
La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, tenga la bondad de guardar silencio porque no podemos oír a este extraordinario parlamentario.
El señor MANCHA CADENAS: Muchas gracias, señora presidenta. No me lo merezco.
La política económica vigente, señora Sánchez, que está orientada a lograr un sistema de producción abierto y competitivo, no le permite a la Administración estatal abordar la elaboración y ejecución de planes puntuales de las
características del que se propone. Voy a ayudarle. De acuerdo con lo previsto en el reglamento de desarrollo de la Ley 50/1985 -gobernaba el Partido Socialista en este país-, las comunidades autónomas promoverán en su territorio los incentivos
regionales, gestionarán y tramitarán los expedientes de solicitud y realizarán el control y seguimiento ordinario de los expedientes. Esto está meridianamente claro.
Es a través de los órganos competentes de la comunidad andaluza como se puede
acceder a los incentivos regulados en esta ley, sin perjuicio de las ayudas que pueda establecer la Junta de Andalucía. Es más, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no tiene, señora Sánchez, un programa denominado plan de diversificación económica
sino un plan de dinaminazación tecnológica en el Campo de Gibraltar, y ello excepcionalmente y por sus peculiares características. Para que exista una acción específica zonal, en el marco del programa general de reindustrialización, se precisa la
existencia de una iniciativa ajena a la de la Administración estatal, que debe proceder de las comunidades autónomas. Si ello fuera así -que no lo es- si existiese voluntad por parte de la Junta -que no la tiene- si no se castigase a Jédula -que se
hace- sencillamente por ser una pedanía de Arcos de la Frontera, donde gobierna el Partido Popular, si hubiese no ya generosidad sino justicia para ese núcleo poblacional -que no la hay-, podríamos obtener -no lo dude- apoyo de los programas
vigentes del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Cuando se produce la clausura de la planta, no olvidemos que con el beneplácito absoluto del comité intercentros y de todos sus trabajadores, los cuales fueron reubicados en la fábrica de El Portal y
de
Guadalcacín, siendo prejubilados voluntariamente y en condiciones correctas los mayores de 54 años, en ese momento se debía haber llamado a la puerta de la Junta de Andalucía para que, de acuerdo con la Ley 50/1985 ya citada, se pusiera en
marcha un instrumento de desarrollo regional de incentivos económicos regionales para la corrección de desequilibrios interterritoriales mediante la concesión de incentivos a las zonas geográficas menos favorecidas y a aquellas otras que atraviesan
especiales dificultades económicas.
Voy terminando, señora presidenta. Se lo dejo claro, señora Sánchez: primero, apuesta de la Junta de Andalucía y posteriormente ayudas estatales. De esta manera, desde mayo de 1996, en Arcos de la Frontera, municipio al que pertenece
Jédula, se han subvencionado tres proyectos con una inversión de más de cuatro millones de euros, aproximadamente unos 700 millones de pesetas. Que sepamos, y según manifestaciones del alcalde de Arcos, no ha existido ni existe ni existirá voluntad
de eclosionar y aupar Jédula por parte de los socialistas andaluces.
Esperamos con plena seguridad que cuando abandonen el poder en las próximas elecciones autonómicas (Risas.) el Partido Popular se preocupará desde Sevilla, junto al Gobierno
central del mismo color, de una pedanía absolutamente abandonada por Manuel Chaves y sus consejeros. (Rumores.) Ayer, hablando de Rota, usted volvió otra vez a repetir lo mismo que calló desde el año 1982 a 1996 en cuanto a la utilización de usos
de bases de España. Al final de mi intervención, señora presidenta, está claro que el Grupo Parlamentario Popular va a expresar su negativa a esta propuesta y exigir a la Junta de Andalucía que despierte y trabaje por Andalucía.
La señora VICEPRESIDENTA: Concluido el debate del orden del día, vamos a proceder a la votación de los diferentes puntos.
En primer lugar, votamos los puntos 1 y 2 del orden del día al haber sido acumulados por acuerdo de todos los grupos parlamentarios no sólo para el debate sino también para su votación. Se ha presentado por el Grupo Parlamentario Popular
una enmienda transaccional que obra en conocimiento de todos los grupos. Por tanto sometemos a votación esta enmienda transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos al siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley número 3 sobre retribuciones en los organismos públicos de investigación.
A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió) que ha aceptado el señor Lissavetzki. ¿Desea hacer el señor Lissavetzky una intervención? (Denegación.) Pasamos a la votación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 17.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto 4 del orden del día, proposición no de ley sobre la aprobación de un crédito extraordinario para la financiación del sistema de ciencia y tecnología en 2003. A esta proposición no de ley ha presentado una enmienda el Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Lissavetzky?
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Señora presidenta, ha habido una transaccional entre la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que paso a leer: El Congreso
de los Diputados insta al Gobierno a atender la financiación del vigente Plan nacional de investigación científica, desarrollo e innovación tecnológica procediendo a través de los mecanismos presupuestarios adecuados a la asignación de los medios
económicos suficientes y necesarios, todo ello en aras a la consecución de los objetivos establecidos en dicho plan y a tenor de los compromisos adquiridos en el seno de la Unión Europea.
La señora VICEPRESIDENTA: El portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva, ha expresado a esta Mesa que aceptaba la propuesta del señor Lissavetzky, de manera que vamos a proceder a la votación de la misma, en
los términos que ha expresado el señor Lissavetzky.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Aunque han sido acumuladas las dos siguientes proposiciones, vamos a hacer votación separada de las mismas. En primer lugar, votamos la relativa a la industria de construcción naval presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa al mismo tema presentada por el Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley relativa al establecimiento de un catálogo de actuaciones que garanticen la privacidad de los ciudadanos ante el uso de mecanismos de almacenamiento de información de la red Internet, como puede ser el caso de los
llamados proxy-caché.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Proposición no de ley sobre el programa del Ministerio de Ciencia y Tecnología denominado plan de diversificación económica para Jédula (Cádiz)
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 17.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Una vez concluido el orden del día, quiero agradecer a todos los servicios de la Cámara la ayuda que nos prestan cada día. Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.