CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 713

ECONOMÍA Y HACIENDA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. SANTIAGO LANZUELA MARINA

Sesión núm. 77

celebrada el miércoles, 12 de marzo de 2003

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI (Ferreras Díez) para informar sobre: - La evolución reciente del grupo SEPI, empresas que lo constituyen y situación de las mismas. A solicitud
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001479.) ... (Página 22902)


- La actuación de la empresa Infoinvest, S. A., perteneciente a la SEPI, en el barrio de 'La Botjosa', en el término municipal de Sallent, y sobre las actuaciones previstas en este barrio en aras de mejorar su situación social, urbanística y
medioambiental que se encuentra gravemente deteriorada. A solicitud del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). (Número de expediente 212/001095.) ... (Página 22902)


- El cumplimiento del plan industrial acordado en Alcoa para la privatización de Inespal. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 212/001376.) ... (Página 22902)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.



El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión.



El orden del día consta de la celebración de tres comparecencias del presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ante la Comisión de Economía y Hacienda. La primera, para informar acerca de la evolución reciente
del grupo SEPI, empresas que lo constituyen y situación de las mismas, a petición del Grupo Parlamentario Popular. La segunda, para informar sobre la actuación de la empresa Infoinvest, Sociedad Anónima, perteneciente a la SEPI, en el barrio de La
Botjosa, en el término municipal de Sallent, y sobre las actuaciones previstas en este barrio en aras de mejorar su situación social, urbanística y medioambiental que se encuentra gravemente deteriorada, a petición del Grupo Parlamentario Catalán
(Convergència i Unió). La tercera, para informar sobre el cumplimiento del plan industrial acordado con Alcoa para la privatización de Inespal, a petición del Grupo Parlamentario Mixto.



Señor presidente de la SEPI, bienvenido de nuevo a la Comisión de Economía y Hacienda. Tiene usted la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (Ruiz-Jarabo Colomer): De entrada, quiero expresar que acudo una vez más a la Comisión de Economía y Hacienda, en este caso a petición de tres grupos parlamentarios
que han solicitado mi comparencia, con la mejor disposición y ofreciéndome a la Comisión y a todos sus diputados a efectos de suministrar la información que se me pida y esté en condiciones fácticas de poderlo realizar. Con el permiso del
presidente, respondería a las tres peticiones de comparecencia por el orden cronológico en que se produjeron, como ya viene siendo tradición en mis presencias en la Comisión. Por tanto, empezaría con la que se produjo antes en el tiempo, que es la
petición del Grupo Catalán (Convergència i Unió), relativa a las actuaciones de Infoinvest en la colonia de La Botjosa.



El origen de esta colonia arranca de la privatización de la empresa Potasas del Llobregat en diciembre de 1998, siendo la empresa compradora Iberpotash. En el proceso de privatización se segregan de la antigua empresa estatal Potasas del
Llobregat unos activos que no estaban vinculados a la actividad productiva de la compañía, entre ellos varios activos de carácter inmobiliario -concretamente me referiré a dos de ellos-. Quiero aclarar que la segregación se produjo mediante la
adquisición de los activos de carácter inmobiliario por parte de la compañía Infoinvest, compañía que es cien por cien de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que tiene carácter instrumental y que actúa básicamente en el sector
inmobiliario. Era la compañía apropiada para realizar esa adquisición y, por tanto, la segregación de los citados activos. Me referiré, entre los activos adquiridos, a dos colonias de viviendas que son la colonia Vilafrance, en el municipio de
Balsareny, y la colonia La Botjosa, en el municipio de Sallent. En la colonia Vilafrance existen 164 viviendas, aunque tan sólo 34 se encuentran ocupadas. Por su parte, en la colonia de La Botjosa existen 150 viviendas y sólo 84 se encuentran
ocupadas en la actualidad. En ambas colonias se producen circunstancias semejantes: tienen instalaciones auxiliares de uso común para todas las viviendas ubicadas en las mismas como son pequeñas capillas, escuelas, alguna instalación de carácter
cultural, deportivo, etcétera, y las viviendas son de carácter modesto. Aquellas ocupadas lo están en condición de arrendamiento y los arrendatarios son inquilinos, en términos relativos, de escaso poder adquisitivo. Desde el punto de vista
empresarial, para Infoinvest la situación genera contablemente pérdidas dado el escaso grado de ocupación en términos relativos -recuerden las viviendas existentes y las viviendas ocupadas en cada una de las colonias- y el número de años
transcurridos desde que se realizaron los contratos de arrendamiento. Dado que son unos arrendamientos muy antiguos, los ingresos son ciertamente escasos, tan escasos como que son claramente inferiores a los costes de mantenimiento que tiene que
realizar el propietario, que es Infoinvest, que incurre, por tanto, en pérdidas. Además, de forma adicional, existen problemas estructurales en ambas colonias, relativos a la habitabilidad y a las condiciones de los barrios, especialmente más
graves en la colonia de La Botjosa, porque existe próxima a ella una escombrera de potasas que fue utilizada en la época de la antigua actividad de la empresa estatal.



Ciertamente, hay un problema empresarial y social para Infoinvest, por las condiciones de habitabilidad para los barrios en estos dos municipios.
Existen tres posibilidades ante un problema semejante: en primer lugar, la enajenación por
parte de Infoinvest de las colonias referidas; en segundo lugar, proceder a la reabilitación y superar los problemas de habitabilidad y de estructura que existen en los grupos de vivienda; y, en tercer lugar -y quizá sea la más interesante-, la
promoción de nuevas viviendas y el realojo de los actuales habitantes de ambas colonias. Las opciones están abiertas, y nosotros optaríamos por la tercera posibilidad. Por lo tanto, sería positivo llegar a acuerdos con las otras instituciones de
ámbito territorial afectadas por el problema, que tienen competencias urbanísticas en la materia, de carácter tripartito en ambos casos; me estoy refiriendo a los ayuntamientos de Balsareny y Sallent, por cada una de las colonias referidas, y a la
propia Generalitat de Cataluña. Creemos que es la mejor posibilidad. Quedo a disposición del grupo parlamentario que ha solicitado mi comparecencia, a efectos de diseñar el boceto de construcción de una solución. Cuanto antes seamos capaces de
diseñarla, y ejecutarla después,


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antes resolveremos los problemas importantes y las circunstancias de ámbito social implicadas en el asunto, sobre todo, las que afectan a los ciudadanos allí residentes.



A continuación, paso a responder la segunda de las comparecencias solicitadas, que proviene del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto, del Bloque Nacionalista Galego. La comparecencia solicita que el presidente de la SEPI informe sobre el
cumplimiento del plan industrial vinculado a la privatización de la empresa Inespal, que fue adquirida por la empresa Alcoa. Como es habitual en las privatizaciones, a la hora de elegir la mejor oferta se produce un análisis del plan industrial y
del precio que presenta cada uno de los ofertantes. Habitualmente, el plan industrial y todos sus parámetros pesan más en los varemos de decisión que el precio.
Con carácter general se constituye un seguimiento por parte de órganos especializados
de la SEPI, respecto al cumplimiento de todos y cada uno de los compromisos ofertados y comprometidos por parte del adjudicatario en las empresas. Por ese trabajo que realiza ese órgano especializado de la SEPI, puedo informar al grupo
parlamentario solicitante de cómo va el cumplimiento de los compromisos del citado plan industrial, vinculado a la privatización de Inespal. Este plan industrial tenía compromisos cuantificados y, por tanto, medibles en dos conceptos muy claros:
inversiones y plantilla. Además, tenía una serie de compromisos conceptuales claros, pero con menor nivel de cuantificación y de medibilidad, desde el punto de vista de unidad de cuenta; a todos ellos me voy a referir.



Desde el punto de vista de las inversiones, la oferta elegida y adjudicataria del plan industrial se plantea la realización de unas inversiones en 10 años de, aproximadamente, 390 millones de euros; y me referiré a euros con el tipo de
cambio aplicable al caso. Esta cifra hacía referencia a inversiones en mantenimiento e instalaciones, además de a materias de adaptación a temas medioambientales y de seguridad laboral. Esta inversión prevista a 10 años no podía hacerse de
cualquier manera, sino que, de forma obligatoria, en los cuatro primeros años tenía que alcanzarse una inversión de 148 millones de euros, el 40 por ciento, es decir, se exigía que al llegar al cuarto año se hubiera cumplido con una proporcionalidad
entre los años de ejecución de las inversiones y la inversión realizada. El compromiso era llegar al cuarto año, que es prácticamente donde nos encontramos ahora, con 148 millones de inversiones invertidas. La pregunta es: ¿qué volumen de
inversión se ha alcanzado? Se han alcanzado 240 millones de euros. Es decir, hay un cumplimiento del 62 por ciento del total de las inversiones comprometidas, cuando hubiera sido bastante el cumplimiento de un 40 por ciento para esta fecha. Dicho
de otra manera, en términos absolutos hay un adelanto de 92 millones de euros respecto a la cifra que, en términos absolutos, debía haberse realizado hasta la fecha; es decir, hasta el 31 de diciembre del año 2002. Por otra parte, se han ido
realizando las inversiones en mantenimiento, instalaciones, producción, medio ambiente y seguridad laboral con carácter general en todas las factorías que tiene Alcoa e Inespal en España, con especial importancia en las factorías de La Coruña,
Avilés, Alicante y Amorebieta, y, sobre todo, en la de San Ciprián. Por decirlo más claro todavía, más del 50 por ciento de las inversiones ya realizadas se han producido en ésta, porque 144 millones euros, de los 240 millones de euros invertidos
por la empresa en estos cuatro años -más del 50 por ciento-, han sido invertidos en San Ciprián.
De la inversión en la factoría de San Ciprián, dos terceras partes se han dedicado al área de alúmina y una tercera parte al área del metal.



El plan industrial también contenía una serie de compromisos en materia de empleo. En el momento de la privatización, el 31 de diciembre de 1998, la plantilla de la empresa era de 4.372 trabajadores, y se produjo el compromiso de
mantenimiento de la misma. ¿Se está cumpliendo el compromiso? Antes querría aclarar que el mantenimiento de plantilla es uno de los requisitos mínimos que pone la SEPI en este tipo de compromisos que se incluyen en un plan industrial, salvo que
exista un acuerdo social con las partes implicadas, es decir, existe un mantenimiento de la plantilla, salvo que la patronal y los agentes sociales se pongan de acuerdo en otra cosa. El mantenimiento de plantilla sí se ha cumplido. A día 31 de
diciembre de 2002, el número de trabajadores de Alcoa-Inespal es de 4.406; por tanto, ha habido incluso un pequeño aumento de plantilla. Hay que aclarar que dentro de estos 4.406 existen 399 trabajadores que, actualmente, están con el sistema de
contrato de relevo y, por tanto, trabajando conjuntamente con sus futuros relevistas; todo ello de acuerdo con un plan consensuado con los sindicatos de la empresa en el año 2000. Aunque el mantenimiento de la plantilla con carácter global no era
un compromiso, se ha cumplido centro a centro, con la excepción de Sabiñánigo, donde, efectivamente, ha habido una disminución de plantilla pactada con los sindicatos. Quiero aclarar que este compromiso no era imprescindible, puesto que el
compromiso inicial se refería al mantenimiento global de la plantilla y no centro a centro, pero, aun así, en el centro de Sabiñánigo ha habido una reducción de plantilla mediante un pacto con los agentes sociales. También me gustaría decir que en
el plan industrial estaba previsto que el área de administración de Alcoa-Inespal se integrara en el área de administración de Alcoa Europa, dado que la empresa pasaba a formar parte de un grupo multinacional. Eso se ha producido así y, fruto de
ello ha habido, de acuerdo con los sindicatos, una reducción leve de plantilla en el área administrativa sita en Madrid no en las factorías, en las fábricas, sino en los servicios administrativos, así como un traspaso de algunos de los empleados al
área administrativa de Alcoa Europa. Junto con estos compromisos vinculados a inversión y a plantillas, que están cifrados de forma nítida y, por tanto, son medibles en unidades de


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cuenta tanto los objetivos que se pusieron en la oferta como el grado de cumplimiento de los mismos, había una serie de compromisos asumidos, que paso a referir.



Se comprometía un incremento de la actividad industrial, fruto de un también comprometido incremento de la capacidad productiva. Sin referirme a un proyectado aumento de capacidad que va a haber con cierta inmediatez en la factoría de
Alicante, puedo decir que ha habido un incremento de capacidad importante en la factoría de San Ciprián, concretamente en el área de alúmina -recuerden que es donde se había producido más inversión y la mayor parte era en el área de alúmina-, porque
se ha construido una nueva planta de calcinación de orgánicos y tratamiento de residuos que ha permitido el aumento de la capacidad de la factoría en este aspecto en un 20 por ciento, pasando de 1,1 a 1,3 toneladas. Por tanto, aumento de la
capacidad productiva vinculado a San Ciprián -por eso había una fuerte inversión en San Ciprián- y es inmediato un aumento de la capacidad productiva en Alicante.



El plan industrial comprometía el desarrollo de nuevos productos y así se ha producido. Por referirme a dos a modo de ejemplo, me referiré a los formatos para tapones en Alicante o al producto llamado SC1, derivado del hidrato de alúmina,
que precisamente se realiza en la nueva planta de San Ciprián. Como ven SS.SS., todo está tremendamente relacionado entre sí.
En la oferta se comprometía también la realización de transferencia tecnológica desde Alcoa hacia Alcoa España o hacia
Alcoa Inespal.
Efectivamente se ha ido produciendo la transferencia de métodos de producción y de técnicas utilizadas en la multinacional a las factorías en España, pero, de nuevo -por referirme al caso más destacado- diré que, con carácter
integral, se ha aportado la técnica conocida dentro de la empresa como APS -Alcoa Production System-, un método de gestión integral de la producción, lo que la moderna literatura empresarial llama logística de producción, que permite una reducción
radical de los stocks e inventarios, una reducción radical hasta la práctica eliminación de los cuellos de botella en los procesos productivos, con todo lo que ello supone en ambos casos de ahorro de costes y, a su vez, y vinculado directamente con
lo anterior, un radical incremento del orden físico en la fábricas, de la limpieza, la higiene y la seguridad. Se comprometía asimismo la potenciación del I+D. Basta una referencia: el centro de I+D que tiene la empresa en Alicante se ha
convertido recientemente en el centro tecnológico de referencia para el grupo Alcoa en toda Europa. Por tanto, no solamente se ha potenciado el I+D dentro de las factorías en España, sino que España, concretamente Alicante, se ha convertido en el
centro de excelencia de I+D para toda Alcoa Europa. Finalmente, se comprometía mejorar la posición de Alcoa Inespal como competidora internacional. Tengo que decir al respecto que se está haciendo una política muy dinámica y activa de introducción
de las alúminas en mercados nuevos para el aluminio, donde antes no existía el aluminio, como, por ejemplo, en plantas químicas o productos cerámicos. Fruto de ello, existen nuevos centros de distribución que afectan a esta posición como
competidora internacional del grupo Alcoa, que están ubicados en Inglaterra y en Holanda.



Como resumen, diría que hay una valoración positiva de lo que están siendo estos primeros años de la andadura privada de la antigua empresa pública, que se están cumpliendo -mejor dicho, sobrecumpliendo- los compromisos adquiridos en la
privatización y que, al margen de eso, lo que es una satisfacción, la evolución empresarial medida en plantilla, en beneficios, en producción y en mejoras es tremendamente positiva, sin dejar de reconocer que la situación económica internacional de
los últimos meses no ha favorecido la progresión en la mejora de estos hitos de la propia empresa.



Doy por concluida esta comparecencia. Quedo a disposición, como en el caso anterior, del grupo que la ha solicitado para aclaraciones adicionales o información complementaria y paso a responder a la tercera, la solicitada por el Grupo
Popular y referida a la evolución del grupo SEPI: configuración actual del mismo a través de las empresas que lo constituyen y situación de las mismas. El contenido de esta comparecencia es amplio y tendré que consumir, abusando de la paciencia de
la Comisión, algo más de tiempo que el utilizado en las dos anteriores.



Evidentemente el grupo SEPI cambia, se mueve, está vivo, incluso me atrevo a decir que tiene un fuerte dinamismo. Fruto de ello es que en los últimos meses se han producido movimientos que han cambiado su configuración en varios sentidos y
por causas diversas. Desde que tuve ocasión de comparecer aquí por última vez, se han producido salidas de empresas del grupo SEPI o de activos muy importantes como consecuencia de los procesos de privatización y de desinversión; se han producido
unas y están en curso de producirse otras y de unas y de otras procede que informe a esta Comisión. Ha habido salidas del grupo SEPI, en este caso recientes, por decisión del Consejo de Ministros en el acuerdo reciente de 21 de febrero del año en
curso; un cambio en la configuración interna del grupo SEPI, fruto de la reorganización de nuestras participaciones y de nuestro grupo, es decir, de movimientos internos, y se ha producido también un cambio en la configuración del grupo SEPI como
consecuencia de la incorporación de nuevas empresas decidida por el Consejo de Ministros en el citado acuerdo de 21 de febrero del año 2003. De todas estas cosas es necesario informar -y así se me solicita- con cierta rapidez, pero con el
suficiente nivel de información.



Empezando por las primeras cuestiones, diré que en los procesos de desinversión y privatización realizados por la SEPI desde mi última comparecencia en esta Comisión de Economía y Hacienda se han producido cuatro fases. En primer lugar, la
venta de activos que tenía la sociedad Espasa. Como saben ustedes, hemos


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procedido a enajenar ocho fincas rústicas en un proceso que tenía su antecedente -creo que ya lo conté en esta Comisión de Economía y Hacienda y, en todo caso, sí lo hice en la subcomisión de privatizaciones- en la enajenación de siete
fincas rústicas que habían sido adjudicadas el 15 de noviembre de 2001. Se ha producido una reedición de este procedimiento de enajenación y en esta ocasión han sido ocho las fincas rústicas enajenadas. En aquel caso se habían puesto a la venta
10, se vendieron siete y quedaron desiertas tres. En este caso se han puesto a la venta ocho y se ha conseguido vender las ocho. El procedimiento ha sido exactamente el mismo que la otra vez y, por tanto, no me voy a extender, pero sí diré que fue
un procedimiento innovador porque se utilizaron de manera creativa las posibilidades que dan las nuevas tecnologías. Así, se ha podido acceder a la información básica sobre las fincas a través del acceso a la página web de la SEPI y, de hecho, de
los 3.915 cuadernos de venta solicitados -subrayo, 3.915 peticiones de cuadernos de venta-, 1.647 nos han sido solicitados a través de Internet. Se accedía a la información inicial sobre las fincas a través de Internet y se podían solicitar también
los cuadernos de venta. De hecho, casi el 50 por ciento de los cuadernos de venta han sido solicitados por este procedimiento de nuevas tecnologías. Bastan 30 segundos para subrayar la enorme cantidad de cuadernos de venta que nos han sido
pedidos, lo cual quiere decir que se ha producido una gran divulgación del procedimiento de enajenación, al margen de que estuviera accesible en nuestra página web; se han distribuido 9.000 folletos en soporte papel, y también ha habido anuncios en
medios de comunicación. Fruto de todo ello ha sido un proceso de desinversión tremendamente concurrido, que acabó en la presentación en sobre cerrado de las ofertas; sobres cerrados que fueron abiertos ante notario en sesión pública. Coincidirán
conmigo SS.SS. en que se puede hacer un proceso tan transparente y con igual publicidad que éste, pero con más, no. El resultado ha sido que la apertura ante notario y en sesión pública de los citados sobres cerrados fue el 13 de noviembre del año
2002, y fruto de las ofertas recibidas fueron adjudicadas ocho fincas en un precio global que superaba los 45 millones de euros, siendo el precio de salida de 30 millones de euros, por tanto ha habido una mejora en el precio de enajenación de casi
un 50 por ciento sobre el precio de salida, mejora que se ha producido de forma desigual en las diferentes fincas habiendo sido la mejora menor de un 11 por ciento y la de mayor dimensión un 95 por ciento. Como no era la segunda parte del primer
proceso de enajenación de fincas, se firmó en su momento un acuerdo social con los trabajadores relativo al empleo en la finca Espasa. En relación con este segundo bloque de fincas vendidas o enajenadas en esta segunda fase, ha sido informada
favorablemente por el Consejo Consultivo de Privatizaciones y dispone de la autorización del Consejo de Ministros, estando pendientes de la formalización en escritura pública. En estos meses también se ha producido la privatización de las empresas
Coosur y Ocesa. Desde la última vez que yo intervine en esta Comisión se ha producido esta privatización y dichas empresas han dejado de formar parte del grupo SEPI. Ambas eran empresas de Alicesa, formaban parte del grupo CSE por un procedimiento
indirecto. Nuestra filial directa era Alicesa y Coosur y Ocesa filiales nuestras de manera indirecta, Ocesa al cien por cien y, en el caso de Coosur, éramos socios mayoritarios pero compartiéndolo con Unicaja, que tenía un 9 por ciento y con la
Junta de Andalucía, que tenía un 1,5 por ciento en tanto que nuestra filial Alicesa tenía un 89 por ciento. Estos porcentajes no eran así porque unos meses antes hubo una ampliación de capital para reestructurar la empresa y algunos de los socios
no decidieron acudir a dicha ampliación de capital y diluyeron su participación, reduciéndose de forma muy significativa su porcentaje en el capital social. Ambas empresas trabajan en el sector del aceite. En tanto que Coosur se dedica al refinado
y envasado del aceite de oliva, Ocesa se dedica a la extracción y refinado de aceite de girasol; la primera está sita en Jaén, con factorías el Vilches y Puente del Obispo, y la segunda en Cuenca, con factoría en Tarancón. En cuanto a plantilla,
disponían de 140 trabajadores la primera y unos 100 la segunda. En materia de resultados del último ejercicio previo a la privatización, que fue en el año 2001, había prácticamente equilibrio en Ocesa y unas pérdidas moderadas en Coosur, puesto que
dicho año 2001 se cerró con unas pérdidas de cuatro millones de pesetas.



A la hora de proceder a la privatización de estas compañías se decidió hacer una privatización conjunta. Se decidió que Coosur y Ocesa fueran ofrecidas al mercado, a los posibles clientes, en bloque. ¿Por qué? En primer lugar, porque
previamente ya estaban en bloque en el grupo SEPI, ambas eran parte de Alicesa. Es decir, se decidió mantener la configuración agrupada de ambas compañías por ser la situación que tenían en el grupo SEPI; pero no por una razón estrictamente
inercial, sino porque, en razón de una visión empresarial, era lo más conveniente ya que permitía mantener las sinergias que ya existían entre ambas compañías en la etapa de su pertenencia al grupo SEPI. Hay que pensar, por ejemplo, que Ocesa no
tenía marca comercial registrada ni planta envasadora y, sin embargo, era en Coosur donde se realizaba el envasado del producto de Ocesa, teniendo Coosur registrada la marca Coosol como producto de aceite de girasol. Eran complementarias dentro del
grupo SEPI y era razonable que se ofrecieran al mercado con ese carácter complementario. Por otra parte, no podíamos desoír que dentro del sector está habiendo una tendencia hacia el crecimiento del tamaño de las empresas y era poco razonable que,
al pasar del sector público al sector privado, recorriéramos el camino contrario y en vez de ir a la tendencia de crecimiento de las empresas del sector, fuéramos reduciendo tamaños, perdiendo sinergias y, en definitiva,


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rompiendo las estrategias empresariales agrupadas previas a la privatización.



El asesor de la operación elegido por el consejo de administración de SEPI fue en materia financiera Rostchild España, en materia legal Cuatrecasas; el valorador inicial, dado que el proceso de privatización se inició en la etapa en que
Alicesa formaba parte del grupo Patrimonio, fue PriceWatherhouse, que dio su valoración inicial; y como había transcurrido un periodo de tiempo que aconsejaba una nueva valoración, en la fase en que finalmente se retoma la privatización y se
concluye, se procede a solicitar una actualización de dicha valoración y fue elegida la empresa GBS Finanzas. El proceso fue bastante concurrido. Se presentaron 12 muestras de interés que acabaron con la presentación de ocho ofertas no vinculantes
de las que dos fueron excluidas en el proceso por los propios órganos de SEPI por no cumplir los requisitos mínimos exigidos y dos decayeron en su interés los propios ofertantes. Por tanto, de las ocho ofertas no vinculantes se llegó finalmente a
la existencia de cuatro ofertas vinculantes, siendo la oferta elegida, por aportar el mejor plan industrial y el mejor precio, el consorcio denominado Jaén-Oliva, integrado básicamente por la empresa Aceites del Sur, en un 80 por ciento, pero con
dos socios importantes desde el punto de vista de la actividad que realizan y de su ubicación territorial como son Jaén Coop, con el 10 por ciento y que agrupa a una cooperativa de segundo grado que congrega a la mayoría de los cooperativistas de
primer grado de Jaén, y la Caja Rural de Jaén con otro 10 por ciento. Se trabajó y se consiguió como siempre el acuerdo social de los agentes sociales en relación con las condiciones de la privatización vinculadas a garantías laborales y mereció el
informe favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones y la autorización del Consejo de Ministros, formalizándose finalmente en escritura pública.



En estos meses también se ha procedido a privatizar la compañía Química del Estroncio, que era una antigua filial de la empresa Mayasa (Minas de Almadén), de reciente constitución en 1996 y cuya actividad es la obtención de carbonato de
estroncio para fabricar vidrios especiales que se utilizarán en los tubos de imagen de televisores y de ordenadores. Se produjo una reordenación interna de participación dentro del grupo SEPI y esta sociedad, que era filial de Minas de Almadén,
pasó a depender directamente de SEPI tras decidir su consejo de administración su adquisición en el año 2001. La finalidad era -como así se ha hecho finalmente- segregar esta empresa de Minas de Almadén porque en tanto que en ésta -como sabe la
Comisión de Economía y Hacienda porque ya les informé en la última comparecencia- se iba a hacer un plan de reestructuración de la propia empresa, en Química del Estroncio se planteaba la privatización, como se ha realizado durante el año,
produciéndose con carácter previo la adquisición de las acciones de Química del Estroncio por parte de SEPI a la empresa Minas de Almadén.



Con carácter previo a la privatización, la composición accionarial de Química del Estroncio era 51 por ciento de SEPI, por adquisición de Minas de Almadén, y 49 por ciento de Fertiberia. Este socio minoritario, Fertiberia, era un proveedor
importante de las materias primas de la actividad productiva de Química del Estroncio; era también el principal cliente y, además, por pactos estatutarios había recíprocamente derechos preferentes entre todos los socios de la compañía
(anterioremente había otros socios también). Esta composición de 51 y 49 por ciento se produce como consecuencia de una operación acordeón que se realiza en la compañía para superar una situación de suspensión de pagos en la que se incurrió.
Se
redujo el capital social a cero y en ese momento otros socios minoritarios dejaron de ser propietarios de la compañía y se produjo un incremento de capital social, una nueva ampliacion en 3.400 millones de pesetas, que fueron suscritos en las
proporciones 51 y 49, proporciones que tenía el capital de la compañía justo en el momento previo al proceso de privatización. El proceso de privatización se inicia por decisión del consejo de administración de SEPI el 25 de enero del año 2002
siendo el asesor, seleccionado por el propio consejo, Banesto y concluye el 23 de julio de 2002, obtiene el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Privatizaciones en octubre de ese mismo año. Días después se produce la autorización por el
Consejo de Ministros y antes de concluir el año, el 21 de diciembre, se procede a formalizar en escritura pública.
Inicialmente, hubo varios interesados en el proceso, pero al final se presentó una única oferta, que resultó adjudicataria, que es el
que era socio minoritario, Fertiberia. El mecanismo de privatización se llevó a cabo en dos fases, primero la venta inicial de un 2 por ciento, que hace que la operación sea ya privatización. Al pasar el capital público del 51 al 49 por ciento, la
empresa deja de ser pública; ese 2 por ciento conlleva que se trate de una privatización, pero se produce una venta a término del 49 por ciento restante, cuya enajenación será efectiva a los tres meses desde la aprobación de las cuentas del
ejercicio 2003. El precio de la venta ha sido diferente para el primer tramo y para el segundo. Para el 2 por ciento, que hace que la operación sea privatización y que ya ha sido vendido, el precio fue exactamente de 409.000 euros, en tanto que el
precio del 49 por ciento restante, cuya venta se hará en el plazo al que me he referido, se fijará de acuerdo con el valor patrimonial de la compañía en el balance referido a las fechas citadas, según certificación del auditor, pero ese será el
precio si el valor patrimonial fuera superior a cero, porque, si fuera inferior, el precio será de un euro. Ésta es la forma en que se ha privatizado la compañía Química del Estroncio.



La cuarta compañía que se ha privatizado durante estos meses ha sido Trasmediterránea. Ciertamente, esta compañía fue objeto de una de las peticiones de


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comparecencia que dio lugar a mi presencia en la Comisión de Economía y Hacienda los días 16 y 24 de abril del año pasado. La privatización ya estaba en marcha, por lo que pude facilitar abundante información en relación con las bases del
concurso y con la situación de la compañía.
Enlazando con aquella información, lo último que dije el 26 de abril es que se habían presentado 10 ofertas no vinculantes, que agrupaban a 24 empresas de las 50 que nos habían pedido cuadernos de ventas.
Comenté que era un presagio de concurrencia importante el hecho de que se hubiera presentado ese número de ofertas, que ello auguraba un concurso animado y que iba a facilitar la realización de una buena adjudicación. También hice una estimación de
calendario y dije que la adjudicación se llevaría a cabo inmediatamente antes o después del verano. Aquellas 10 ofertas no vinculantes, y enlazo con la información que di entonces, pasaron al proceso de dataroom y de conocimiento y presentación del
equipo directivo de la compañía y, finalmente, cuando hubo que pasar ya a las ofertas vinculantes, se presentaron 6, es decir, de las 10 ofertas no vinculantes, 4 decayeron en su interés, quedando 6, que agrupaban, porque algunas de ellas eran
consorcios, a 14 sociedades. Seis ofertas vinculantes es una magnífica cifra, por lo que efectivamente la concurrencia fue animada, ya que además todas ellas tenían suficiente solvencia y las compañías que estaban detrás eran de entidad importante.

El 29 de julio, cumpliéndose una de las dos opciones de la previsión de calendario que realicé ante esta Comisión de Economía y Hacienda, el consejo de administración de SEPI procedió a la adjudicación a la que resultó ser la mejor oferta, tanto en
valoración de los diferentes aspectos que constituían el plan industrial como en la mera constatación del precio ofertado por los diferentes participantes en el concurso. Como saben, la composición del capital social de Trasmediterránea hacía que
la fórmula de enajenación fuese atípica, ya que el adjudicatario se comprometía a realizar una OPA sobre el cien por cien de las adquisiciones y SEPI, el que quería vender, se comprometía a acudir en su momento con el cien por cien de su
participación a la citada OPA. Lo que hubo que hacer a partir del 29 de julio, cumpliendo con lo que estaba previsto en las bases del concurso, fue remitir a los servicios de Defensa de la Competencia la información para que ellos evaluaran si
había algún problema en relación con el ámbito de competencia del sector.
Los servicios de Defensa de la Competencia consideraron conveniente remitírselo al Tribunal de Defensa de la Competencia, el cual tramitó el correspondiente procedimiento,
con apertura a todo el sector y a todos los operadores afectados potencialmente por la transmisión. Finalmente, concluyó, como SS.SS. saben de sobra, diciendo que no existían problemas en términos de competencia. Una vez así, por tanto, quedaba
expedito el proceso para seguir adelante con el plan previsto. Como ya saben SS.SS., también hubo un acuerdo social entre los sindicatos y SEPI en relación con las garantías laborales vinculadas al proceso de privatización, hubo informe favorable
del Consejo Consultivo de Privatizaciones y ha existido autorización del Consejo de Ministros, por lo que se comenzó a tramitar ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores la autorización para realizar la oferta pública de adquisiciones, la
cual se consiguió, y me parece que el 25 de febrero se ha registrado la citada OPA. Por nuestra parte -otra cosa será lo que decidan hacer los accionistas minoritarios-, ayer hemos dado orden al banco en el que están depositadas nuestras acciones
para cumplir con nuestro compromiso de acudir por la totalidad de nuestras acciones a la OPA que en la actualidad está vigente.



Para concluir con el tema de la compañía Trasmediterránea -es importante que el presidente de SEPI lo explique a la Comisión de Economía y Hacienda- diré que en el proceso de privatización han tenido lugar dos hechos que no son habituales,
dos hechos singulares o novedosos por no ser estadísticamente frecuentes y de los que quiero informar personalmente a la Comisión de Economía y Hacienda. Uno de ellos afectó al desarrollo de la privatización, pues nos obligó a realizar determinadas
actuaciones que implicaron un leve retraso en el proceso. El otro no afectó al proceso, pero hay que constatar que ha habido algunos muy interesados en que sí lo hiciera. Me estoy refiriendo al cambio de banco asesor que hace la SEPI durante el
proceso y a la pretensión de que fuera tenida en cuenta una oferta que se presentó sin los requisitos que debían cumplirse para su toma en consideración. En cuanto a la primera de las cuestiones enunciadas, la del banco asesor, como es sabido, la
junta general de accionistas del Banco Santander Central Hispano, banco que había sido elegido como asesor del procedimiento mediante un concurso público por parte del consejo de administración de SEPI, el 24 de junio del año 2002 decide nombrar dos
nuevos consejeros para su consejo de administración, personas que estaban vinculadas a algunas de las ofertas que estaban pugnando por ganar el concurso de Trasmediterránea. La junta general de accionistas, como digo, se celebró el día 24 y me
imagino, aunque ahora no lo recuerdo, que en la prensa aparecería al día siguiente y la SEPI procedió inmediatamente a contrastar la información de los medios de comunicación y a continuación a valorar jurídicamente la situación, ya que entendíamos
que podía producirse un caso de conflicto de interés sobrevenido al coincidir en dos personas la doble condición de ser miembros del consejo de administración de la entidad -algunos de sus servicios técnicos estaban asesorándonos en relación con el
proceso de privatización- y formar parte de empresas que estaban concurriendo en el proceso. El análisis de los servicios jurídicos de SEPI detectó que sin duda alguna había conflicto de interés sobrevenido y que por tanto, tras otro análisis
también jurídico, debíamos proceder a revocar el mandato que le habíamos dado al banco. No oculto a SS.SS. que se trataba de resolver un contrato


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de forma unilateral y que por tanto hubo que analizar bien las causas que nos permitían hacerlo y las consecuencias que se derivaban a continuación. A pesar de todo ello, de que había que contrastar información, analizar jurídicamente el
posible conflicto de interés sobrevenido y las posibilidades, causas y consecuencias de la rescisión unilateral de un contrato, hay que decir que el 28 de junio -por tanto tres días después de tener conocimiento a través de los medios de
comunicación del hecho-, la SEPI, reunido su comité de dirección, decide revocar unilateralmente el mandato que habíamos otorgado al Banco de Santander y por tanto resolver unilateralmente el contrato a causa del conflicto de interés sobrevenido.
Esta decisión fue tomada por razones de urgencia por el comité de dirección de SEPI y -permítanme que lo diga con orgullo de institución- creo que actuamos con diligencia y con eficacia; con eficacia porque se hizo lo que había que hacer, tal como
lo entendimos en su momento y lo entendemos ahora, y con diligencia, porque teniendo que hacer aquellos estudios a los que me he referido se actuó en aproximadamente 72 horas. La decisión se tomó por razones de urgencia por el comité de dirección
de SEPI, pero fue íntegramente ratificada en todos sus términos por el consejo de administración de la sociedad el 5 de julio del año 2002. En cuanto al conflicto de interés sobrevenido, lo que se hizo fue resolver el contrato y proceder a un nuevo
concurso público para contratar una nueva entidad asesora que realizara las tareas de asesoramiento que quedaban por realizar en el momento en que se encontraba el procedimiento de privatización.



Hay otra cuestión que no afectó al proceso, aunque ha habido intentos intensivos -valga la redundancia casi cacofónica de los dos términos utilizados- de que afectara. Concluido el plazo para la presentación de las ofertas vinculantes y
conocidos por los medios de comunicación -entiendo que a través de las propias entidades- algunos aspectos de las mismas, uno de los ofertantes, pasados unos cuantos días, quiso presentar una nueva oferta, como digo, fuera de plazo. Evidentemente,
su petición no pudo ser atendida, y no sólo por razones formalistas, aunque también, pues sin duda en un proceso público, realizado por un organismo público, que tiene el encargo público de ser transparente al máximo, los aspectos formales son de
absoluta importancia. Había un tiempo y forma para presentar las ofertas, conocido por todos los participantes en el concurso y aceptado por todos ellos, porque así estaba incluido en las bases del concurso al cual decidieron concurrir. Más allá
de eso, que también es importante -porque la transparencia es importante en un proceso de privatización-, había razones de índole material. No es posible que aquel que cree que su oferta no va a resultar ganadora, porque quizá percibe que se ha
quedado corto, pretenda tener para sí mismo una nueva oportunidad para mejorar las ofertas de sus competidores.
Esto sería tanto como darle una ventaja absolutamente incompatible con los principios de igualdad de oportunidades, de concurrencia y de
transparencia que iluminan nuestros procedimientos. Además, si así hubiera sido, no sé con qué criterio se hubiera podido negar a cualquier otro competidor la apertura de un nuevo plazo para presentar una nueva oferta para mejorar las ofertas
anteriores, y así sucesivamente, ¿hasta cuándo? Podíamos entrar en un proceso interactivo sin fin de sucesivas mejoras de ofertas de los diferentes competidores. Por tanto, por razones formales importantes, por razones materiales absolutamente
trascendentes de igualdad de oportunidades e incluso por razones operativas, como acabo de decir, no había otra solución que no admitir una oferta, que -dicho claramente- no era tan siquiera una oferta; era simplemente una pretensión de desbordar
las condiciones del procedimiento, tanto desde el punto de vista formal como material. Puesto que esta Comisión había conocido el proceso de privatización de Trasmediterránea hasta un momento determinado, era importante que conociera el final y con
esto queda cumplido este objetivo por mi parte. Al margen de quedar a su disposición para atender a las cuestiones que planteen los grupos, toda la documentación que soporta estos procesos, junto con la disposición a comparecer, se está preparando
para ser enviada a la subcomisión de privatizaciones que se ha constituido recientemente en el Congreso de los Diputados.



Estas son las privatizaciones que se han realizado, pero hay dos procesos de privatización en curso, que dentro de unos meses también coadyuvarán a una modificación de la configuración actual del grupo SEPI. Estas privatizaciones en curso,
como saben SS.SS., son las de Empresa Nacional de Autopistas, por una parte, y la de Musini, por otra. En relación con la Empresa Nacional de Autopistas, está participada por SEPI al cien por cien, por tanto es íntegramente pública y directa de
SEPI. Se dedica a la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión a través de un conjunto de sociedades participadas, que son Aucalsa, Audasa y Autoestrada, al cien por cien, y Audenasa, al 50 por ciento, porque el
otro socio de esta sociedad es la Diputación Foral de Navarra. El inicio del proceso de privatización arranca formalmente de la época en que esta empresa estaba en el grupo Patrimonio, porque ENA se incorpora a SEPI por acuerdo de Consejo de
Ministros de 25 de mayo del año 2001. El asesor del proceso de privatización, elegido por concurso y con carácter público, fue el BBVA; el valorador elegido en esta fase más reciente por el consejo de administración de SEPI es Price Waterhouse
Cooper y el procedimiento de privatización es algo diferente a los habituales, en tanto que estamos privatizando una empresa que básicamente explota unos activos en régimen de concesión, lo que configura el proceso con unas peculiaridades que no
tienen otras privatizaciones. Nosotros exigimos que los oferentes presenten un plan industrial a afectos de conocer sus planes futuros y en definitiva cuál va a ser la evolución


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comprometida de la compañía en el futuro, y en una empresa que básicamente explota un activo en régimen de concesión, hay que decir que el grueso del plan industrial está contenido en las condiciones del régimen de la concesión
administrativa. Por tanto, para cumplir con el grueso de lo que es un plan industrial, bastaba con exigir que se garantizase que se iba a cumplir el régimen de la concesión. Así pues creíamos que, añadiendo determinados requisitos mínimos
imprescindibles y no cuantificables, no era necesario exigir un plan industrial que ya estaba exigido por la propia concesión administrativa. Lo que se ha hecho ha sido un proceso en tres fases. En una primera fase, las empresas que pretenden
participar y concurrir a la privatización tienen que cumplir unos requisitos habituales, como presentar documentos administrativos demostrando que están al corriente de pago de deudas públicas, declarando que no están incursas en procedimientos que
les impidan participar en el concurso, más el compromiso de confidencialidad y demás. Las empresas que han cumplido con esta fase han recibido los cuadernos de ventas. Estamos ya en la fase siguiente, en la que una vez recibidos dichos cuadernos
de ventas, las empresas que quieren seguir adelante en el proceso de privatización tienen que presentar el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases del concurso, que son comprometerse a garantizar el cumplimiento del régimen de
la concesión y además requisitos adicionales, tales como demostrar la solvencia de la entidad que quiere participar en el concurso, demostrar que pueden financiar de forma solvente la adquisición a la que aspiran, comprometerse a la permanencia en
el accionariado como socio mayoritario durante un determinado periodo de tiempo, comprometerse a mantener los fondos propios en una cifra no inferior al balance de transferencia consolidado, mantener las actuales participaciones de la Empresa
Nacional de Autopistas y mantener la plantilla fija a la fecha de la formalización de la escritura de venta, así como de las condiciones laborales. También existe acuerdo social con los sindicatos en relación con la garantía de empleo y funciones
laborales vinculadas a la privatización. Todos estos compromisos, a mantener durante los años siguientes a la privatización, han de garantizarlos en cada uno de los casos con previsión de indemnizaciones en el supuesto de incumplimiento. Hace unos
días se cerró el plazo para que las empresas interesadas cumplieran con todos estos requisitos y pasaran a la siguiente fase y los grupos que han cumplido con estos requisitos han sido diez, en algún caso más de una empresa en alguno de los grupos,
es decir, alguno de los ofertantes es una sociedad y otros son un grupo con varias sociedades, pero ha habido diez manifestaciones de ofertantes que quieren seguir adelante en el proceso. Todas ellas, una vez constatado que han cumplido con los
requisitos que se piden, pasarán a la siguiente fase de conocimiento en mayor profundidad de la compañía, por tanto pasarán a la fase de dataroom, y de reuniones con los directivos de la compañía y demás, y finalmente tendrán que realizar ya su
oferta vinculante y esta es la segunda parte del proceso, que en este caso concreto sólo hará referencia ya al precio, dado que el plan industrial, en este caso, como hemos dicho antes, es la suma del cumplimiento de las condiciones de la concesión
administrativa, más los requisitos mínimos que se han comprometido a mantener en esta fase actual y a los que me he referido también. Por tanto en la tercera fase y en la oferta vinculante ya no tendrán que poner más que el precio que finalmente
sea el que estén dispuestos a pagar en caso de resultar adjudicatarios. En cuanto a previsión de adjudicación, en el momento en el que estamos y con un criterio de prudencia, no me quiero comprometer más que a decir que esta empresa será
adjudicada, según nuestra previsión, por el consejo de administración de SEPI antes del verano.



La segunda compañía que está en proceso de privatización, proceso en curso, y que por tanto también será objeto de salida del grupo SEPI en los próximos meses y afectará a la configuración del grupo, es la sociedad Musini, que es una
compañía del grupo, participa en el capital social SEPI en un 97,9 por ciento -por tanto, como ven, somos mayoritarios de forma abrumadora- y es una compañía cuyo objeto social, como saben, es la cobertura de riesgos referidos a empresas e
instituciones en el ámbito básicamente del ramo de seguros de vida y del ramo industrial. Creo que no tengo que decirles, porque estoy seguro de que SS.SS. lo saben, que es una compañía de seguros absolutamente prestigiada. Hoy mismo la prensa da
una información tremendamente favorable al papel que juega Musini dentro del sector seguros, que tiene unos fondos propios de 233 millones de euros, una plantilla de 177 trabajadores, que ha tenido en el último ejercicio -son las cuentas en
definitiva de 2001- un beneficio neto de 21.812.000 euros y, un dato importante desde el punto de vista técnico porque estamos hablando de una empresa que trabaja en un sector muy tecnificado como es el sector seguros, las primas netas alcanzan el
importe de 436 millones. La situación de la empresa, como digo, es tremendamente saneada desde el punto de vista patrimonial y, como ven, es positiva en términos de gestión corriente y en términos de beneficios y está muy bien valorada dentro del
sector y por los analistas. Podría dar un dato más y es que nadie le puede negar a Musini que en su permanencia en el grupo del Instituto Nacional de Industria ha sido la entidad que ha inventado, que ha desarrollado y que ha incorporado aquí en
España toda la tecnología y la metodología del seguro de riesgo industrial. En cuanto a su privatización se ha decidido segregar la compañía y ofertarla a los posibles interesados, al mercado, segregada en dos grandes partes, que se corresponden
con el ramo del seguro de vida y con el de seguro de riesgo industrial. ¿Por qué se ha decidido así por el consejo de administración de SEPI, concretamente se inicia el 5 de julio del año 2002 y las decisiones se vienen tomando con posterioridad?
Porque


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el sector en España tiene segregados los dos ramos de actividad. Es Musini la única empresa dentro del sector seguros que agrupa -no digo la única, pero prácticamente- los dos ramos y, por tanto, lo razonable cuando sales al mercado -y una
privatización no es sino salir al mercado con una compañía- es pegarte bastante a cómo está el mercado y a cómo está el sector. Esta es la razón y no otra que nos ha llevado a tomar la decisión de segregar, insisto, la compañía a efectos de su
oferta en el mercado, lo cual no obsta para que sea factible que ambas partes o ambos ramos de actividad sean adquiridos por una misma compañía, en cuyo caso podría decidir mantener la actividad segregada o proceder a la agrupación. Esa será una
decisión, en su caso, del comprador, si se da la circunstancia de que el comprador de ambas es el mismo.



El asesor elegido, siempre por los procedimientos de concurso público, fue el Santander Central Hispano y el valorador es KPMG. Lo más importante respecto a las bases del concurso es lo que les he dicho. Se establecen los requisitos
mínimos habituales y propios de nuestros procesos de privatización, en algún caso con una adaptación al elemento del sector seguros por lo específica que es la actividad empresarial que acabo de citar, y como siempre, salvo la excepción previa de la
Empresa Nacional de Autopistas, habrá una valoración del plan industrial y una valoración vinculada al precio, y la adjudicación de cada una de las dos partes de la compañía que se ofrecen en privatización será a aquella oferta que sumando las
valoraciones de precio y del plan industrial resulte ser la ganadora.



En cuanto a la situación actual del proceso de venta, se remitieron once cuadernos de venta, tantos como las muestras de interés que se manifestaron, y creo que anteayer concluyó el plazo para la presentación de ofertas no vinculantes y que
se han recibido cinco, tres hacen referencia al ramo de seguro de vida y dos al ramo de seguro industrial.
Son cifras razonables, dada la dimensión del sector y dada la configuración y la ubicación, en términos de tamaño y dimensión, que tiene
Musini dentro del sector. En cuanto a previsión de calendarios, me remito a lo que he dicho con la Empresa Nacional de Autopistas. A la fecha de hoy a lo más que puedo llegar a comprometerme es a que nuestra pretensión es adjudicar la compañía
antes del mes de agosto.



Éstas han sido las salidas que se han producido por privatización o por venta de activos y las salidas que se van a producir, pero ha habido alguna salida adicional -voy rápido, señor presidente- del grupo, fruto del acuerdo reciente del
Consejo de Ministros de 21 de febrero, porque efectivamente dicho acuerdo decidió que la sociedad Expasa, aquella que tenía las 15 fincas rústicas que han sido enajenadas en las dos fases a las que me he referido, pasara a depender del grupo
Patrimonio en vez del grupo SEPI. La sociedad Expasa, una vez efectuada la desinversión de los 15 activos o fincas rústicas que se ha procedido a enajenar por parte de SEPI, prácticamente queda reducida ya a lo que es el mantenimiento, conservación
y explotación de la yeguada de caballos cartujanos, conocida como Yeguada del Hierro del Bocado, que tiene un evidente interés desde el punto de vista ganadero, porque es la preservación y mejora de una raza autóctona, pero no opera en mercado y por
tanto no se dan las circunstancias que justificaran la permanencia en el grupo SEPI y sí, por el contrario, el traspaso al grupo Patrimonio, que es donde se ubican aquellas sociedades que son exclusivamente instrumentales y no operan de forma
importante en régimen de mercado. Por otra parte, se ha producido también no una salida de una compañía sino una salida de una participación accionarial que SEPI tenía en la empresa Enisa (Empresa Nacional de Innovación), de mayoría pública, en la
cual SEPI tenía un 13 por ciento, y en un proceso de reordenación de participaciones el Consejo de Ministros ha considerado que también estas acciones pasaran al grupo Patrimonio. Éstas son las salidas que se han producido en estos meses en la
configuración del grupo empresarial dirigido por la SEPI.



De forma paralela a estas salidas se ha producido una serie de entradas, básicamente también fruto del acuerdo de Consejo de Ministros de 25 de febrero del año 2001. Como saben SS.SS., ese día el Consejo de Ministros decidió que tres
empresas de carácter público, que estaban más ubicadas en el grupo Patrimonio, pasaran a formar parte del grupo SEPI, por traspaso a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de la mayoría de las acciones de las mismas, es decir, del 51
por ciento de las acciones, del capital social de las tres sociedades. Me estoy refiriendo a Mercasa, Tragsa y Saeca. Es cierto también que a través de Mercasa llegan las participaciones que tiene en todos los mercas -permítanme que lo diga de
forma coloquial-, que en cuatro casos es participación mayoritaria, y por tanto esas cuatro filiales de Mercasa tienen la consideración de empresa pública, y en el resto de los mercas tiene una participación minoritaria, y por ello pasan a
integrarse en el grupo SEPI como participaciones minoritarias de una empresa que no es mayoritariamente de SEPI. En el caso de Tragsa, no sólo pasa ella misma sino también sus filiales Tragsatec y Tragsega. Como fruto de todo esto, se ha producido
la incorporación de tres empresas directas y un conjunto de empresas indirectas -un número considerable de trabajadores-, que han modificado la configuración del grupo SEPI, como luego diré.



También se han producido modificaciones internas que paso a exponer brevemente. Durante el año 2002 se fue avanzando en la decisión de ir concentrando en Cofivacasa la gestión de todas aquellas sociedades de SEPI que no tienen ya actividad
empresarial, industrial ni comercial y que se encuentran en un proceso de liquidación ordenada. Se están concentrando todas en Cofivacasa para que su proceso de liquidación se lleve de manera centralizada. Pues bien, este proceso iniciado en 2002,
como decía, ha supuesto la incorporación a


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Cofivacasa de 9 ó 10 sociedades en proceso de liquidación. Una segunda cuestión importante ha sido la decisión de SEPI de utilizar una sociedad que ya existía, denominada ahora Sepides, de forma que resulte un instrumento activo, dinámico y
eficaz en las actuaciones de reindustrialización y promoción industrial, en lo que venimos denominando, como saben SS.SS., cuarto eje dentro de las funciones de la SEPI. Al reorientar la actividad de esta compañía, modificando incluso su
denominación social, se la ha constituido en propietaria de las acciones de otras compañías que eran instrumentos de promoción de la SEPI, como Sodiex, Sodicaman o Sodiar, quedando configurada Sepides como cabecera de un pequeño grupo de empresas
que realizan básicamente actuaciones que facilitan la promoción empresarial. Así, facilitan actuaciones empresariales ex novo, el desarrollo de nuevas actividades o el crecimiento de actividades empresariales de empresas ya existentes, todo ello a
través del instrumento de participación minoritaria y transitoria en el capital de estos proyectos empresariales o de facilitar a través de otras fórmulas -como el crédito participativo- el acceso a la financiación ajena.



Se ha procedido a segregar de la Fundación de Servicios Laborales de SEPI la clínica vinculada a ella, que se ha constituido como sociedad independiente. Nuestra pretensión es ponerla en valor, darle una gestión independiente de la de la
fundación, reestructurarla y convertirla en sociedad que obtenga beneficios, poniéndola a continuación en proceso de privatización. Con esto concluyo mi información sobre los cambios internos. Añadiré que durante este proceso de reordenación
Emgrisa, que es una sociedad del grupo SEPI, ha pasado a formar parte de Enusa -otra sociedad de SEPI- y, por tanto, ha pasado a ser participada indirecta, en vez de ser participada directa. Con esto tienen ustedes ya la configuración del grupo,
que está constituido por 22 sociedades con participación mayoritaria y directa, que operan en diversos sectores de la economía. Es importante decir que todas las empresas industriales de carácter público estatal que producen bienes o servicios en
el mercado están en el grupo SEPI. A través de estas dos sociedades participadas mayoritaria y directamente, forman parte del grupo 70 sociedades con participación indirecta, filiales de aquellas 22. Además, están vinculadas a SEPI dos
fundaciones: la Fundación SEPI -antigua Fundación Empresa Pública- y la ya citada Fundación de Servicios Laborales. Por otra parte, se mantiene a Radiotelevisión Española como ente público adscrito y existe en el grupo un conjunto de
participaciones minoritarias activas por nuestra parte, como la participación en EADS, en Hispasat o en Red Eléctrica Española. Tenemos también un conjunto de participaciones minoritarias residuales, respecto a las cuales la posición de SEPI como
accionista no es activa, ya que provienen del ejercicio green shoe por parte de los colocadores en antiguas privatizaciones de OPV, como es el caso de Iberia, de Endesa o de Altadis. Por fin, tenemos un conjunto de sociedades en proceso de
liquidación, como he dicho antes, que van agrupándose en la sociedad instrumental denominada Cofivacasa, para que tal proceso se lleve a cabo de manera ordenada y centralizada. Esta es la configuración societaria -de participaciones- del grupo
SEPI.



Para concluir, me referiré a los datos económicos del grupo. En materia de personal y si no se incluye a los del ente público adscrito, el grupo cuenta con más de 33.000 trabajadores. Bien es verdad que no todos forman parte de la
plantilla fija y que existe un volumen considerable de trabajadores eventuales, vinculados sobre todo a la empresa Tragsa por el tipo de actividad que realiza. Cuando damos este número de más de 33.000 estamos incorporando la cifra media que
plantilla que tiene Tragsa a lo largo del año, incluyendo fijos y eventuales; quédense con esta aclaración para interpretar correctamente el dato. Si añadimos a estos más de 33.000 -y a efectos simplemente informativos- los casi 9.000 trabajadores
que hay en Radiotelevisión Española, diríamos que hay 42.000 trabajadores en la órbita del grupo SEPI, aunque los de Radiotelevisión Española no forman parte del grupo, desde el punto de vista accionarial.
De ellos, sólo 230 están en la matriz de
la empresa; como es lógico, la cabecera tiene una dimensión relativamente pequeña en cuanto a personal, en relación con el grupo dirigido.



Las ventas, referidas al último ejercicio con cuentas definitivas -2001-, supusieron prácticamente 3.000 millones de euros. En cuanto a las inversiones, referidas también a 2001, las materiales e inmateriales, por un lado, supusieron 426
millones de euros; las inversiones en I+D -prioritarias para el grupo SEPI-ascendieron a 70 millones de euros. Los resultados obtenidos en 2002, que se han hecho públicos al informar a la CNMV dentro del plazo establecido, arrojan beneficios en
las actividades ordinarias, mientras que los resultados globales son negativos; es decir, en la actividad ordinaria, el grupo SEPI obtuvo un beneficio de 288 millones de euros. Suman más los ingresos financieros y dividendos obtenidos que los
gastos ordinarios: personal, generales, financieros, amortizaciones y provisiones. Es verdad que en relación con el año 2001 se ha producido una disminución de este beneficio ordinario, fruto básicamente de la disminución de los ingresos
financieros, reflejando simplemente la evolución de los saldos colocados por SEPI. En cambio, los resultados globales fueron negativos -como decía-, es decir, se ha producido una pérdida al final del ejercicio de 1.400 millones de euros,
aproximadamente, tal como se ha comunicado a la CNMV. Esto supone una reducción de las pérdidas totales, en relación con el ejercicio anterior, de 300 millones de euros; el año anterior, fueron 1.700. Ya saben que es mi tesis desde siempre cuando
vengo a las comisiones del Congreso -sea a la de Presupuestos o a la de Economía y Hacienda- que los resultados finales de SEPI vienen condicionados por los extraordinarios. Según esto, lo más significativo en cuanto a los resultados


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extraordinarios es que así como en 2001 el resultado extraordinario reflejaba una cuantiosa pérdida en desinversiones -que se realizaron con pérdidas contables importantes-, en 2002 no hay prácticamente pérdida y el resultado es
prácticamente neutral en desinversiones, no porque se haya desinvertido de forma neutral, ya que las desinversiones o privatizaciones realizadas en 2002 son privatizaciones con beneficio contable. Lo que pasa es que por la forma en que se han
realizado no lucen en las cuentas de resultados de SEPI, y me explico. En el caso de las privatizaciones de Coosur-Ocesa, como les he dicho, quien realiza las ventas es Alycesa, que era la propietaria. Por lo tanto, es Alycesa la que ha tenido el
resultado contable y no SEPI. En el caso de las fincas de Espasa que, como les dije, obtuvieron buenos resultados excediendo a los precios de salida, quien ha vendido ha sido Espasa y no SEPI.
Finalmente, en el caso de Trasmediterránea sí es SEPI
quien vende y lo hace con beneficio contable. Como les he dicho anteriormente, la venta aún no se ha producido; se producirá cuando vayamos a la OPA. La orden la hemos dado hoy y por tanto el beneficio contable de esta privatización aparecerá en
2003. Todo esto justifica que el resultado de las desinversiones del año 2002 no recoja las reales desinversiones que se han producido en el ejercicio y que sea prácticamente cero, frente a unas pérdidas importantes del año anterior. Los otros
resultados negativos son las variaciones de provisiones y los otros resultados extraordinarios, que reflejan el proceso de aportaciones a nuestras empresas, fruto, a su vez, básicamente de la realización de los procesos de exteriorización de
compromisos laborales, que es uno de los últimos temas a los que paso a referirme para dar una idea de la situación económica y empresarial del grupo SEPI.



Recientemente el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso dos informes que afectan al grupo SEPI, uno vinculado a procesos de exteriorización de compromisos laborales y otro relativo a la situación de desequilibrios patrimoniales en
empresas del grupo. Son dos temas muy importantes, prueba de ello es que se ha elaborado un informe por el Tribunal de Cuentas. Sobre el segundo de ellos, el que afecta a los desequilibrios patrimoniales, hay una información vinculada o una forma
de trasladar lo que dice el Tribunal de Cuentas que no se ajusta a la realidad y creo que es importante -y para ello no hay mejor foro que la Comisión de Economía y Hacienda- que el presidente de la SEPI aclare hasta el último extremo todos los
aspectos relacionados con esta cuestión y despeje cualquier sombra de duda que pueda haber al respecto.



En relación con el primero de los temas, los compromisos laborales, el origen de la existencia de estas obligaciones laborales al futuro por parte de las empresas del grupo SEPI es remoto, como no puede ser menos, viene de los primeros años
de la década de los ochenta. Procede de las empresas del INI y está vinculado a aquellos procesos -yo siempre digo que terminológicamente mal denominados- de reconversión industrial. Como en aquellos procesos se produjeron acuerdos de
prejubilaciones y de jubilaciones anticipadas, se iniciaron los compromisos laborales a futuro por parte de las empresas del grupo. Desde entonces y hasta ahora la práctica general en las empresas del grupo era no reflejar contablemente estas
obligaciones. Bien es verdad que algunas empresas sí lo reflejaban aunque por lo general con importes insuficientes y que no eran por tanto auténticamente representativos de los compromisos existentes. Desde que el proceso empieza hay un problema
contable de insuficiencia en los importes contabilizados o de omisión absoluta de su contabilidad. Había un problema claramente superior a este y es que no se adoptaron medidas de exteriorización de estas obligaciones, por lo que se iban cubriendo
año a año y mes a mes con ingresos corrientes obtenidos como se pudieran obtener, por los ingresos que tenía la empresa, por aportaciones corrientes del accionista, por aportaciones o consignaciones corrientes a través de los presupuestos del
Estado. Es decir, no había un aseguramiento de estas obligaciones que garantizase a futuro que, pasara lo que pasara con las empresas, los trabajadores afectados tenían sus derechos garantizados de por vida y esto era un problema importante.

Había, por tanto, dos problemas: el contable, con la importancia que se le quiera dar, y el de fondo, que materialmente había un serio peligro y riesgo y ninguna garantía de poder atender a futuro estos compromisos de pago asumidos.



Como saben ustedes, en 1995 empieza a cambiar la legislación con carácter general y se obliga a las empresas públicas y privadas que tenían esta situación a proceder a su exteriorización como fórmula para evitar esos riesgos a los que me he
referido. Enlazando directamente con estas modificaciones legislativas que se inician en el año 1995, el programa de modernización que se pone en marcha en 1996, plantea a SEPI el compromiso del saneamiento de sus empresas y resolver ese grave
problema que se arrastraba desde el comienzo de los años ochenta. A partir de recibir esta orden en 1996 SEPI se pone a cumplir con este mandato e inicia efectivamente el proceso de exteriorización de los compromisos laborales.
En paralelo y
conforme se va configurando este proceso para garantizar a futuro a los trabajadores que, pase lo que pase con la empresa, ellos van a poder cobrar y van a poder percibir aquello a lo que tienen derecho, se va reflejando en las cuentas del grupo.
Primero se empieza a contabilizar la obligación de hacerlo y después se va reflejando que efectivamente se ha ido realizando la exteriorización. Desde 1996 en adelante las cuentas del grupo SEPI lo reflejan y lo hacen en la sociedad estatal, en la
matriz, porque la decisión del grupo en la mayor parte de los casos fue asumir desde la empresa matriz el efecto material del proceso de exteriorización. En aquellos casos donde se asume desde la propia empresa se refleja en la propia empresa, es
decir, en todo caso están registrados contablemente en las cuentas y balances consolidados del grupo todos los hechos relevantes. En


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aquellos en que las sociedades van a asumir materialmente el pago de la exteriorización está reflejado en las propias sociedades y en los casos en que sea SEPI la que vaya a asumir materialmente el pago se registra en las cuentas de SEPI.



Esto es lo que ha reflejado el Tribunal de Cuentas en su informe diciendo que hubiera sido más correcto que siempre hubiera sido contabilizado en la sociedad afectada por el proceso de exteriorización, con independencia de quien fuera a
asumir directamente el pago. Es lo único que ha dicho el Tribunal de Cuentas al respecto, después de reconocer que, efectivamente, se había cumplido con el proceso de exteriorización, que se habían garantizado los derechos de los trabajadores, que
se habían evitado los riesgos que existían y que se había reflejado contablemente lo que antes no se reflejaba. En todo caso, ya es un problema transitorio porque, una vez realizado el pago de las exteriorizaciones, una vez por tanto blindado el
derecho de los trabajadores y una vez que se ha asegurado lo que había que asegurar, desaparece lógicamente la necesidad de reflejar en una provisión la situación transitoria de obligaciones asumidas frente a trabajadores pero no aseguradas con
terceros. El problema menor -que era el único existente frente al Tribunal de Cuentas- ya no existe porque SEPI ya ha concluido con el proceso de exteriorización de los compromisos laborales de sus empresas. Otra cosa es que hubiera un nuevo
proceso o un nuevo acuerdo de prejubilaciones en una compañía y por tanto hubiera que proceder a exteriorizarlo, pero ya se ha concluido con los casos abiertos. Las pólizas que ha suscrito SEPI para exteriorizar esos compromisos ascienden a 4.400
millones de euros. Para situarnos en una dimensión relativa, aproximadamente un 50 por ciento de este importe se corresponde con los procesos vinculados a los primeros años de la década de los ochenta en tanto que el otro 50 por ciento se
corresponde con los procesos de reestructuración de las empresas públicas iniciados en el desarrollo del programa de modernización aprobado en 1996.



Yendo al último de los temas de mi intervención inicial, me referiré a los desequilibrios patrimoniales detectados por el Tribunal de Cuentas en el informe remitido al Congreso de los Diputados. La existencia de desequilibrios patrimoniales
en empresas públicas viene siendo objeto de seguimiento periódico y habitual por el Tribunal de Cuentas. No es novedoso que el Tribunal de Cuentas haga este seguimiento. En el informe que acompaña a la cuenta general del Estado referida a 1985 el
Tribunal de Cuentas ya hacía referencia a la existencia de importantes desequilibrios patrimoniales en las empresas públicas y recordaba las previsiones legales que había que aplicar al respecto. El Tribunal de Cuentas, en 1994, da un paso más en
la intensidad que dedica al estudio y análisis de estos desequilibrios y, dentro del informe que acompaña la cuenta general, ya hay un apartado específico referido a las situaciones de desequilibrio patrimonial. Por tanto, ya se dedica con más
intensidad al estudio previo y, luego, a la descripción de estas situaciones en este informe que acompaña a la cuenta general. Recientemente, y referido a los ejercicios 1998, 1999 y 2000, el Tribunal de Cuentas da un paso más en la intensificación
del seguimiento de este tema porque hace un informe monográfico, ya no es un apartado específico dentro del informe de la cuenta general, es un informe monográfico dedicado a los desequilibrios patrimoniales.



Una aclaración. El Tribunal de Cuentas es un órgano de una historia muy larga, pero en su configuración postconstitucional tiene escasamente dos décadas de funcionamiento (lo digo con conocimiento de causa porque he trabajado cuatro años en
el Tribunal de Cuentas), y en estas dos décadas está en un proceso de configuración casi ex novo, de incremento de medios, técnicos y humanos, y por tanto de incremento en la forma en que desarrolla y cumple sus funciones. Es así, en este
incremento de posibilidades técnicas y humanas del Tribunal de Cuentas y en su progresivo crecimiento del desarrollo de estas funciones como hay que entender esta intensificación, por lo menos en la etapa reciente, del espacio dedicado a los
desequilibrios patrimoniales porque, desde luego (y quiero aclararlo ya para tranquilidad de los señores diputados), en lo que hace referencia a las empresas de SEPI, lo que no ha ocurrido es que se haya producido un aumento de los desequilibrios
patrimoniales. No ha habido un aumento de las situaciones de desequilibrio patrimonial en las empresas de SEPI en relación con los años anteriores, sino todo lo contrario, como luego podré decir, se ha producido una reducción muy significativa de
los importes de sus desequilibrios patrimoniales.



En la propia metodología que usa el Tribunal de Cuentas y que expone en las primera páginas de su informe se pone de manifiesto que un desequilibrio patrimonial no es más que la existencia de una desviación negativa entre el capital social
de la compañía y el neto patrimonial, es decir, cuando el neto patrimonial es inferior al capital social se produce un desequilibrio patrimonial. Eso es un desequilibrio patrimonial y así lo explica de forma nítida el Tribunal de Cuentas.



Dicho así, ¿qué sentido tiene un desequilibrio patrimonial, señores diputados? Pues todo y nada. Una sociedad quebrada está en desequilibrio patrimonial, por tanto, puede ser todo; pero lo contrario no se da, no toda sociedad con
desequilibrio patrimonial está quebrada. Aún más, todas las sociedades cuando inician su vida societaria, al día siguiente de ser creadas están en desequilibrio patrimonial porque, salvo alguna excepción que yo no conozco en los anales de la
historia, no han tenido todavía ningún ingreso pero han tenido que hacer frente a los gastos de constitución. Por tanto, al día siguiente de ser constituida una sociedad, ya tiene desequilibrio patrimonial. ¿Eso quiere decir que no es importante
el desequilibrio patrimonial? No, puede serlo, porque una sociedad que está quebrada también está en desequilibrio patrimonial.



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Por eso insisto en que un desequilibrio patrimonial puede ser todo y puede ser nada.



Finalmente, una reflexión. ¿Por qué surge en una sociedad un desequilibrio patrimonial, por qué el neto patrimonial desciende de su cifra de capital social? Pues reflejando una evolución negativa de su cuenta de resultados, ni más ni
menos. Cuando una sociedad tiene beneficios, su neto patrimonial supera su capital social y cuando una sociedad tiene pérdidas, su neto patrimonial disminuye su capital social, es decir, la aparición de un desequilibrio patrimonial refleja una
cuenta de resultados negativa, una sociedad funcionando en pérdidas, ni más ni menos. Comprenderán SS.SS., que conocen mejor que yo el sector público empresarial español, que algunas empresas públicas, histórica y estadísticamente, tienen
desequilibrios patrimoniales porque, histórica y estadísticamente, incurren en pérdidas, prácticamente desde que existen las empresas públicas, no todas pero sí una parte de ellas. Esta es la razón por la que en las empresas públicas surgen los
desequilibrios patrimoniales.



¿Cuál es el tratamiento legal, ya no hablo de empresas públicas sino en general, de estos desequilibrios en la Ley de sociedades anónimas? Pues cuando el desequilibrio patrimonial es pequeño, no pasa nada y la Ley de sociedades anónimas no
establece ningún mecanismo, ninguna previsión de actuación en tanto que el desequilibrio patrimonial no alcanza un cierto nivel de entidad, y cuando se empieza a plantear que tiene que actuar es cuando el neto patrimonial desciende por debajo de dos
tercios del capital social. Es decir, hay como un margen de flexibilidad -en la línea que les comentaba anteriormente y que ustedes conocen mejor que yo- porque se entiende que un desequilibrio pequeño no es relevante. Pero dice el artículo 163,
como saben SS.SS., que cuando el desequilibrio, es decir, cuando el neto patrimonial descienda de dos tercios del capital social pero sea superior al 50 por ciento del mismo, y si esta situación se mantiene durante un ejercicio social, es
obligatorio proceder por parte de la sociedad a reducir el capital social. Por tanto, si durante un ejercicio social no se mejora ese desequilibrio por la propia evolución de la cuenta de resultados o porque haya una ampliación de capital del
accionista, transcurrido un ejercicio social sin superar ese listón de dos tercios que represente el neto patrimonial sobre el capital social, es obligatorio proceder a una reducción del capital social. Ahora bien, cuando el neto patrimonial ya es
menos de la mitad del capital social, el tema es más grave y la Ley de sociedades anónimas dice que los administradores vienen obligados a convocar junta general en dos meses para restablecer la situación por encima de este ratio, bien porque
reduzcan el capital social nominal, y por tanto se sitúen donde tengan que situarse, o bien porque hagan nuevas aportaciones efectivas de capital, y por tanto aumente su capital social. Si no cumplen con esta previsión legal en dos meses, se
produce la causa de disolución y además surge la responsabilidad de los administradores de la sociedad. Esto es lo que señala la previsión de la Ley de sociedades anónimas.



En relación con un desequilibrio patrimonial y con las previsiones legales, ¿qué dice el informe del Tribunal de Cuentas sobre las empresas del grupo SEPI? Es importante y yo quiero decirlo en la Comisión de Economía y Hacienda para
tranquilidad de todos los diputados. Dice que, a 31 de diciembre del año 2000 (me quedo con el último de los ejercicios porque lo dicho sobre los años 1998 y 1999 lógicamente queda subsumido al referirme a la última fecha del periodo analizado por
el Tribunal de Cuentas), dentro del grupo SEPI existen 15 sociedades que tienen desequilibrios patrimoniales. De ellas, cinco tienen desequilibrios patrimoniales menores, es decir, aquellos en los que el neto patrimonial no cae por debajo de los
dos tercios del capital social, por tanto, no están en las situaciones en las cuales la legislación mercantil obliga a sus administradores a actuar en un sentido o en otro. Una sociedad sí cae dentro de los límites previstos en el artículo 163,
tiene su neto patrimonial por debajo de dos tercios del capital social, pero por encima del 50 por ciento y, por tanto, viene obligada a restablecer la situación si está más de un ejercicio social en esas condiciones. Por el contrario, a 31 de
diciembre del año 2000, hay nueve sociedades que se encuentran dentro del supuesto del artículo 260, es decir, por debajo del 50 por ciento del capital social y, por tanto, con la obligatoriedad de convocar junta general en el plazo de los dos meses
para proceder a restablecer la situación patrimonial. El conjunto de desequilibrios patrimoniales de estas 15 empresas, medido en pesetas, es de 120.000 millones de pesetas.
Esto es lo que describe el Tribunal de Cuentas respecto a la foto a 31 de
diciembre del año 2000. Pero el Tribunal de Cuentas, que hace un trabajo riguroso, cuando analiza un ejercicio en una entidad y detecta cosas de relieve, como va con un decalaje y realiza la fiscalización meses, a veces años, después del final de
esa fecha fiscalizada, comprueba qué ha pasado en los meses siguientes. Yo creo que es una forma de trabajar rigurosa y que dice mucho a favor del método de trabajo del Tribunal de Cuentas. ¿Y qué dice el Tribunal de Cuentas respecto a estas
situaciones de desequilibrio patrimonial que tenían 15 sociedades de SEPI a 31 de diciembre del año 2000? El Tribunal de Cuentas recoge en el cuerpo del informe que en todos y cada uno de los 15 casos la situación de desequilibrio patrimonial ha
sido corregida en los meses siguientes, en plazo y forma. En los 10 casos en que era obligatorio actuar y en los cinco casos en los que no era obligatorio actuar, en todos se ha actuado y se ha corregido. El Tribunal de Cuentas lo dice de forma
nítida, yo creo que en un ejercicio de rigor a la hora de plantear su trabajo.



Señorías, yo creo que quedan claras varias cosas. Queda claro que los administradores de las empresas del grupo SEPI han cumplido estrictamente, porque así


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lo dice el Tribunal de Cuentas, con las obligaciones legales impuestas a aquellas empresas que su neto patrimonial baja de unos importes determinados. Han corregido en la línea, en la forma, en tiempo y en plazo, tal como obliga la Ley de
sociedades anónimas y tal como recoge en su informe el Tribunal de Cuentas. Por tanto, habiendo cumplido con la obligación legal establecida por la Ley de sociedades anónimas, no surge en ningún caso ninguna responsabilidad para los administradores
de sociedades, porque el mecanismo de las sociedades anónimas es que si usted no cumple con la obligación que yo le impongo, usted deviene responsable; en tanto que usted cumple, usted no deviene responsable. En ninguno de los 15 casos hay
responsabilidad por parte de los administradores, y nada al contrario dice el Tribunal de Cuentas.



Leyendo el informe del Tribunal de Cuentas queda claro también, porque no dice nada al respecto, que no ha habido ninguna irregularidad en estas empresas públicas de SEPI, ni graves ni leves. Y lo enfatizo porque se ha informado a la
opinión pública por parte de la diputada doña María Teresa Costa -y lamento que no esté ahora aquí, estaba antes- de la valoración que ella, no sé si a título individual o a título de su grupo parlamentario, hacía del informe del Tribunal de
Cuentas. Decía que, según el Tribunal de Cuentas, había incumplimientos de legalidad por parte de los gestores o administradores de las empresas de SEPI, que había irregularidades graves y que había responsabilidades. Pues, no es así. Tengo que
decirlo alto y claro en esta Comisión de Economía y Hacienda. Según el informe, no según mi opinión, del Tribunal de Cuentas se ha cumplido con la legalidad. Por tanto, no hay responsabilidades, no hay irregularidades, ni graves ni leves. Estoy
seguro que María Teresa Costa lo hizo con la mejor de las intenciones. Quizá esto se deba a una lectura precipitada del informe, a una precipitada traslación de su valoración, o a una equivocada información de lo que dice el Tribunal de Cuentas.
Antes he dicho que no es la primera vez que el Tribunal de Cuentas dice que hay empresas de SEPI en desequilibrio patrimonial. De estas 15 empresas que a 31 de diciembre del año 2000 tenían un desequilibrio patrimonial de 120.000 millones, sólo
cinco de ellas tenían a 31 de diciembre del año 1995, según el Tribunal de Cuentas, 260.000 millones de desequilibrio patrimonial; es decir, sólo cinco empresas casi se triplicaba el desequilibrio patrimonial que hay ahora por las 15. Lo que he
dicho respecto a los gestores y administradores del año 2000, lo digo para los gestores y administradores del año 1995. El Tribunal de Cuentas tampoco dijo entonces que hubiera ilegalidades ni irresponsabilidades ni irregularidades. Cuando hay un
desequilibrio patrimonial y el Tribunal de Cuentas no dice nada, dice lo contrario, decir que hay ilegalidades, irregularidades e irresponsabilidades es poner una sombra de duda sobre el conjunto de los gestores y administradores de las empresas
públicas de SEPI, de los actuales y de los anteriores, los del año 2000, los de 1995, los de 1990 y los de 1985.
Estoy seguro de que eso no lo ha querido hacer, y menos con una incorrecta traslación de lo que dice el Tribunal de Cuentas, la
diputada María Teresa Costa. Como ella no está, me atrevo a pedirle al señor Cuevas que le traslade una petición. Le voy a pedir a la diputada María Teresa Costa que me ayude, en defensa del buen nombre de los gestores y administradores de las
empresas del grupo SEPI, de ahora y de antes, y para despejar estas dudas y esta incertidumbre a la sociedad española, porque estoy convencido de que no es su intención crear esta sombra de duda de manera injustificada y sin fundamento real, como se
ve, por lo que dice el Tribunal de Cuentas. Además, estoy convencido de que va a estar dispuesta a ayudarme. Yo, en cuanto presidente de SEPI, voy a poner mi empeño en despejar estas dudas a favor del buen nombre de los gestores y administradores,
actuales y anteriores, del grupo.



Con esto, señor presidente, aunque me he extendido un poco porque había muchos temas que tratar, concluyo mi intervención y quedo a disposición de la Comisión y de los Grupos Parlamentarios.



El señor PRESIDENTE: Pido encarecidamente a los portavoces que van a hacer uso de la palabra que su intervención sea lo más resumida posible para cumplir con el horario que hoy tenemos previsto.



Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cuevas.



El señor CUEVAS DELGADO: Creo que ya va siendo demasiado habitual que en este Congreso las cosas sucedan como hoy están aconteciendo, y me explico. Son las once y cuarto, hemos empezado a las nueve y media, nos pide el presidente brevedad
y estamos ante la convocatoria de una comparecencia pedida por el Grupo Parlamentario Popular y dos más. En la primera, la del Grupo Popular, figura que se encuentra pendiente de calificación por la Mesa de la Cámara. Creemos que es poco
presentable para una sana discusión, ya que una comparecencia para informar de la situación y perspectivas del grupo SEPI, sobre todo dada la profundidad o por lo menos la extensión con que lo ha hecho el señor Ruiz-Jarabo aquí, debe ir precedida de
una convocatoria más serena, no tan precipitada, para que los miembros de esta Comisión, como sucedía antes, ya que hablamos tanto del pasado, tuviéramos una documentación precisa de todo esto que ha apuntado pero en lo que es imposible profundizar.
Estamos hablando de cosas muy diversas, muy grandes en su conjunto y si nos referimos a todo nos quedamos en la superficialidad.



Voy a comenzar haciendo referencia a lo último que ha dicho, porque no está aquí mi compañera María Teresa Costa. Le rogaría, porque cada uno puede expresar libremente la opinión que quiera -María Teresa


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Costa habrá expresado las opiniones que haya querido y estimado conveniente, y yo le he oído al señor Ruiz-Jarabo otras en los medios de comunicación que no me han parecido convenientes-, que esto no sea objeto de esta comparecencia. No
obstante, yo le contestaré con la opinión del Grupo Parlamentario Socialista sobre esa cuestión que usted dice que no sabe si ella ha manifestado a título personal o a título del Grupo Socialista.



Aquí hablamos siempre de transparencia, incluso al final se ha permitido el señor Ruiz Jarabo hacer una tesis sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas, su idoneidad y también sobre lo que ha querido o no decir.
Hay un informe, usted
lo interpreta de una forma, todo el mundo lo puede interpretar, incluso seguro que todos los miembros del Tribunal no lo interpretan de la misma forma. Estoy seguro que ese informe, si el tribunal tuviera otra composición, tampoco sería el mismo.
En fin, como son cuestiones que tienen que ver más con las disquisiciones, no voy a entrar en ellas porque tengo muy poco tiempo, mucho menos del que tiene el señor Ruiz-Jarabo, a pesar de que se supone que estamos aquí controlando al Gobierno y no
en una sesión de propaganda del Gobierno, que para explicar lo que hacen ya destinan cantidad de dinero a empresas privadas y también a la televisión pública, que está todo el día haciendo propaganda de lo que hacen. Pero, ¿qué es lo que hacen?
Nosotros le preguntamos por lo que hacen, no por lo que ustedes dicen que hacen, que son cosas distintas.



A la fecha de hoy no ha llegado a este grupo -y se supone que tampoco a los demás, aunque es una suposición que no me atrevo a mantener- la información trimestral sobre la evolución de la SEPI, que llegaba habitualmente y desde hace tiempo
no llega. La última de la que yo tengo constancia corresponde al último trimestre de 2001. Sin embargo, en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se puede consultar la información de la SEPI, sociedad individual,
correspondiente al cierre de 2002. Creo que no estaría de más que lo hubiese enviado al Congreso de los Diputados, donde usted viene a dar explicaciones; seguramente nos hubiéramos ahorrado media hora de su intervención. Pero no sólo esta
información ordinaria, le hemos pedido por escrito muchísima información a la que usted no contesta, señor Ruiz-Jarabo. Tengo aquí, en el 'Diario de Sesiones' -y lo puede consultar-, una intervención de la señora Mendizábal en la que le hacía una
serie de preguntas, que usted no contestó. Su intervención ocupa dos páginas de ese 'Diario de Sesiones', en las que habla de la cantidad de información que había dado y de lo que hacía o no hacía el Gobierno. Yo le pediría, en aras al tiempo, que
a mí no me dé esas explicaciones sino que simplemente me conteste a lo que le voy a preguntar, porque es la única forma que tenemos de entender algo.



Me voy a referir poco a la política de privatizaciones, a pesar de que le pueda sorprender, dada su expresión. Y digo que me voy a referir poco, por lo siguiente: El Grupo Socialista ya no va a participar en ninguna maniobra más de
distracción. No vamos a estar en esa subcomisión que se ha vuelto a crear, no vamos a consentir que no se nos envíe más la información, la seguiremos pidiendo porque es nuestra obligación y le voy a decir por qué. Porque ya está mucho más cercana
la fecha en la que en esta Cámara se pueda constituir una comisión de investigación sobre todo el proceso de privatizaciones, señor Ruiz-Jarabo. En ese momento, seguramente tendremos acceso a los informes de la IGAE, ya que ni la SEPI ni el
Gobierno ni la IGAE nos los facilitan. Hablan de transparencia, pero resulta que esos informes no los tiene nadie, salvo algún medio que publica ciertas bondades sobre los mismos. Cuando se lleve a cabo la comisión de investigación tendremos
ocasión de tener esa documentación, así como de conocer la opinión del Tribunal de Cuentas. Señor Ruíz-Jarabo le puedo asegurara que en esta Cámara, más pronto que tarde, analizaremos y fiscalizaremos todo el proceso de privatizaciones, y entonces
veremos dónde queda la transparencia y otro tipo de afirmaciones que ustedes hacen día a día. No se preocupe, que todo llegará.



Mientras tanto, le vamos a seguir preguntando por algunas cuestiones porque, cuando tenga lugar esa comisión de investigación, será de mucha importancia lo que quede ahora recogido en los 'Diarios de sesiones'.
Aunque usted crea que no ha
dicho nada, sí ha dicho cosas y me ha parecido una intervención muy interesante, que habrá que contrastar cuando tengamos los datos. El problema es que ahora conocemos muchas de las cosas que han sucedido, pero no las podemos contrastar con los
datos o, sencillamente, no sirven para nada. Le voy a poner sólo un ejemplo, y es que hemos dicho hasta la saciedad que ustedes han llevado a cabo procesos de privatización de muchas empresas limitando los derechos de los accionistas y sustituyendo
a los gestores de esas empresas. Le voy a poner como muestra un comunicado que hicieron ustedes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuando tuvo lugar la reestructuración del consejo de ENCE. Con esto no hacen falta más palabras, pues es
la propia SEPI la que lo dice: el consejo de administración del grupo empresarial ENCE, de la que la sociedad estatal de participaciones industriales SEPI es accionista mayoritario, como paso previo al proceso de privatización del 51 por ciento del
capital que ésta posee -y subrayo, como paso previo-, ha aprobado, en la reunión celebrada el día 10 de octubre, la reestructuración de éste órgano, tanto en su composición como en su funcionamiento. El objetivo es hacer ambos más acordes con los
postulados del código Olivencia -ya empezamos con lo del parentesco- y con el diseño más común entre las empresas de su sector en el mundo. La reestructuración -continua el comunicado- supone, en primer lugar, la salida de los consejeros
dominicales pertenecientes a distintos ministerios y la incorporación de cinco consejeros independientes, cosa que agregan ustedes. O sea, antes de la privatización, ustedes hacían saltar del consejo a los consejeros que estaban nombrados porque


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tenían relación con los ministerios, es decir, consejeros dominicales. No le voy a hablar de los cinco consejeros independientes, sino del último -que hasta hace unos días tenía otra responsabilidad-, don Juan Ignacio Barrero, que fue
presidente del Senado.



Si uno analiza todos los cambios que se produjeron en estas empresas -mientras se constituían los núcleos duros y se limitaban los derechos accionariales para que fuera posible la venta que ustedes decían-, si uno analiza los valoradores y
asesores de las operaciones y los procesos, señor Ruíz-Jarabo, no sólo no hay por donde coger las privatizaciones que ustedes han hecho, sino que han creado una casta empresarial a su servicio. Las convulsiones que estamos viviendo a día de hoy,
las OPAS entre empresas y otros movimientos del mercado, no se deben al funcionamiento libre del mismo, sino a los ajustes de todo lo que ustedes hicieron, porque con determinadas palancas se mueven otras muchas.
Ustedes controlan por vía indirecta
las principales empresas de este país -aunque sé que me va a decir que no tienen ninguna relación con el control de determinadas empresas-, empezando por bancos, empresas del sector energético y otras muchas. El Gobierno al que su grupo sustenta -
y no ustedes, que se limitan a hacer su trabajo y a privatizar- produce la conculcación del libre mercado, que ustedes tanto desean.



Todo esto lo vamos a poder analizar en la investigación que hagamos, una a una, de todas esas empresas. Esto es sólo un botón de muestra. En otro de los casos que ha estado en los medios de comunicación, el proceso de privatización de
Trasmediterránea -en el que no voy a entrar por falta de tiempo e información suficiente y que pondremos de manifiesto en su momento-, ha habido contradicciones entre sus declaraciones y las declaraciones de miembros del Gobierno. Solamente le voy
a poner como botón de muestra la opinión de una de las empresas que ha concurrido aquí, que ha hablado en los medios de comunicación, porque los demás no se han sentido perjudicados ni afectados, simplemente no han hablado. En este caso concreto se
le preguntaba acerca de la transparencia, y decía: hay un detalle fundamental, ¿por qué las ofertas no se abren en público? Yo no sé cuál ha sido mi puntuación ni la de los demás. No puedo recurrir porque no conozco la propuesta, nadie sabe el
contenido de las ofertas.
¿Por qué no las publican, señor Ruíz-Jarabo? Luego le preguntaban sobre información privilegiada y decía: entre el precio no vinculante y la oferta vinculante no hubo ningún cambio en la información por parte de la SEPI.
Era imposible valorar ninguna compañía con aquella información, mientras que usted ha comentado que las ofertas fuera de plazo y la ampliación de los mismos las conocían unos y otros no. Por tanto, seguir con este asunto sería entrar en su juego.
No vamos a poder discutir esto con la poca información que tenemos, por tanto, tendremos que esperar a tenerla.



Mientras esperamos a que llegue el momento en que podamos tener más información, me voy a permitir preguntarle sobre algunas cuestiones que nos interesan de esas empresas. En relación con Iberia, cuya privatización también es muy
interesante, recientemente se ha publicado que la Audiencia provincial de Madrid ha dictado una sentencia por la que anula la decisión de Iberia relacionada con la supresión de los derechos de suscripción preferente de los accionistas minoritarios
en una ampliación de capital del año 1999. Ahora mismo, la dirección de Iberia ha restado interés a este asunto, pero los accionistas minoritarios afectados no están dispuestos a pagar las acciones a 3,95 euros a día de hoy, que fue lo que pagó la
SEPI. ¿Puede confirmar que la SEPI pagó las acciones a 3,95 euros?


En el caso de Initec, los sindicatos presentaron una denuncia a la Fiscalía Anticorrupción. Tengo aquí un listado, que le pasaré por escrito, de las preguntas sobre Initec. Solamente me interesa saber si conoce el asunto y si han dispuesto
algún mecanismo para ver si esas denuncias sobre el proceso de privatización tienen alguna base o no.



En el caso de Santa Bárbara, este grupo parlamentario no conoce hasta el momento la carga de trabajo que ha transferido General Dinamic a la planta de Santa Bárbara. ¿Nos lo puede comunicar, si no es ahora, por escrito? ¿Cuál es el estado
de las inversiones comprometidas? Por último, ¿me puede decir qué mecanismos tiene la SEPI para verificar el cumplimiento de estos requisitos, si es que tiene alguno?


La adjudicación de Babcock Wilcox, hoy Babcock Borsig, fue precedida de un largo proceso. Hoy tenemos sobre la mesa la noticia de que parte del dinero que puso la SEPI - que considero una importantísima operación de saneamiento-, 20
millones de euros, ha sido transferido a la matriz alemana que hoy está atravesando un proceso muy difícil. Me gustaría saber su opinión sobre esto. ¿Qué van a hacer con esta empresa? ¿La van a retomar? ¿Están haciendo alguna gestión para
solucionarlo o no es un problema de la SEPI?


Sobre el tema de Aerolíneas Argentinas, en el que nunca obtenemos respuesta, le voy a volver a preguntar, por si esta vez fuera posible la contestación: ¿cuál es el resultado económico final de la operación de venta, ingresos menos
aportaciones y saneamientos? ¿Cuál es la minusvalía para la SEPI? ¿Hay alguna cantidad prevista para abonar en el año 2003 a los compradores de Aerolíneas Argentinas? Por último, ¿está en condiciones de afirmar que se han acabado los pagos por la
venta de Aerolíneas Argentinas o hay algún compromiso que todavía les vincule?


Sobre CASA, o la empresa EADS donde está integrada, ¿puede informar sobre el estado del proyecto tan famoso, el A400M, que últimamente parece que no es objeto de ninguna operación de propaganda? ¿Se están cumpliendo las condiciones pactadas
en ese proyecto por parte de España? Una curiosidad que yo creo que ya le indicamos: ¿Sigue siendo don Pedro Ferreras el representante del Gobierno de España en el Consejo de EADS por las acciones que son propiedad de la SEPI?


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Si no es así, ¿me puede decir quién lo es? Me gustaría también conocer la fecha en que ha sido cesado o no y qué tipo de contrato tenía. ¿Cómo era la relación? ¿Cómo es posible que un presidente de la SEPI que deja de serlo sea el
representante de unas acciones que están en un consorcio, que son pequeñas pero que tienen derechos políticos importantes? Es relevante para esta Cámara conocer el tipo de contrato, si el señor Ferreras tenía que consultar con la SEPI, si no
consultaba... Yo creo que es importante que usted diga algo sobre esto. Me parece que ha sido una negociación que tiene su interés porque afecta a la parte española lo que allí se haga. Díganos qué beneficios ha tenido para el conjunto de la SEPI
esa relación.



Ha hablado usted de las pequeñas participaciones en algunas empresas. En algunas empresas que mantiene la SEPI el valor en bolsa se ha reducido sustancialmente. Por ejemplo, en Endesa y Aldeasa la SEPI no tiene presencia en el consejo de
administración y no ejerce, por tanto, derechos políticos, tampoco obtiene rentabilidad por la venta. Me gustaría saber por qué las mantienen.



Sobre Izar, me gustaría saber en cuánto han mejorado los resultados conjuntos en 2001 y 2002 respecto a años anteriores. En la prensa se ha publicado que Izar ha experimentado pérdidas de 132 millones de euros en 2002 y las previsiones creo
que eran de 33 millones. Como no tenemos datos fiables y no sabemos si esta información es cierta o no, me gustaría que nos lo confirmase o no; si es así, ¿a qué atribuye esas pérdidas? ¿Cree que están haciendo una buena gestión en Izar? ¿Tienen
ya autorización de la Unión Europea sobre las ayudas de Estado asociadas a la fusión? ¿Cuál es el importe de las ayudas previas y el destino de los fondos? ¿Cuáles son las previsiones de la privatización de Izar? ¿Nos puede decir algo sobre ello?


En Cetarsa seguimos sin saber, aunque a usted le parezca difícil, cuánto ha perdido Gescartera. Aunque sea un tema antiguo, como en la Comisión de Gescartera no pudimos saberlo, a ver si lo podemos saber aquí. ¿Han pagado incentivos
económicos al equipo directivo por su gestión en 2001?


Sobre otras empresas en las que parece que tienen ustedes la responsabilidad de su saneamiento ¿nos puede decir cómo va el saneamiento financiero del grupo Radiotelevisión Española? ¿Cuáles son los planes para 2003 y cuáles son las mejoras
previstas en los resultados empresa-empresa? Una cuestión final sobre la política de promoción de parques empresariales. Según la información a que me refería al principio, en la página web de la SEPI ésta promueve a través de una sociedad
participada ocho parques empresariales de tamaños muy diversos; el segundo de mayor importancia en superficie se localiza en Requena (Valencia). Nos ha llamado la atención el hecho de que todos se asientan sobre terrenos que pertenecían a empresas
públicas reestructuradas, por tanto, parece que tenía sentido que la SEPI hiciera alguna actuación, pero en este de Requena no. Nos gustaría saber si la SEPI se va a dedicar a promover estos parques industriales en todo el territorio, si es un
hecho aislado o puntual, o por qué motivo esto es así. ¿Cuáles son esos criterios generales de promoción de estos parques empresariales? ¿Son criterios públicos, los han publicado ustedes, los ha aprobado el Gobierno, responden sólo a iniciativas
de la SEPI o de petición para corregir algún desequilibrio territorial?


No podemos entrar en mayor profundidad en los temas por el desconocimiento de datos que usted aquí exhibe de una forma que yo no sé cómo calificar.
No sé si ustedes están contentos de tener a la oposición con una sequía absoluta de
información básica para llegar aquí y decir que ustedes los tienen y que esto es así, que el Tribunal de Cuentas no hace bien las cuentas o no dice bien... No, señor Ruiz-Jarabo, el informe del Tribunal de Cuentas lo hemos visto todos. Es verdad
que el desequilibrio patrimonial y las pérdidas tienen que ver con la cuantía y con lo que dice la ley, pero también con el tiempo en el que esto se mantiene. Yo creo que lo que dice el Tribunal de Cuentas, que está ligado a otros muchos sobre la
gestión de la SEPI, tendremos ocasión de discutirlo, pero con datos fiables y con una información que nos permita a todos estar no en un frontón sino por lo menos en una cancha de tenis.



El señor PRESIDENTE: El señor Cuevas, al principio de su intervención, ha hecho dos observaciones dirigidas a la presidencia que querría aclarar.
En primer lugar, en cuanto al funcionamiento general del Congreso, no soy el indicado para
contestarle aunque tengo mi opinión, por supuesto. En segundo lugar, en cuanto a la Comisión y a la cuestión concreta a la que se ha referido el señor Cuevas relativa al apartado observaciones, cuando dice que el primer punto del orden del día se
encuentra pendiente de calificación por la Cámara, he de decirle que esto es algo completamente habitual no en esta legislatura sino en la vida parlamentaria del Congreso. En cualquier caso, siempre que existe la mínima duda por parte de la Mesa y
por supuesto por parte de la presidencia se consulta a los servicios jurídicos, nunca actuamos de manera diferente. En cuanto al funcionamiento concreto de la Comisión, señor Cuevas, yo no tengo ninguna conciencia de que intentemos en ningún
momento quitar la menor oportunidad al mayor grupo de la oposición en este caso y por supuesto al resto de grupos que no sean el mayoritario de decir lo que tienen que decir en la Comisión. Si algo ha sucedido en la vida habitual de esta Comisión
es que continuamente hemos ido más allá de la discrecionalidad que el Reglamento otorga a la presidencia. Lo que usted ha dicho en relación con lo primero sinceramente no lo entiendo, porque esto es lo que se hace habitualmente en todas las
comisiones cuando hay necesidad de ello.



El señor CUEVAS DELGADO: Lamento que el presidente de la Comisión haya entendido eso. Yo he


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hecho una valoración política sobre la urgencia y me he referido a que aún no estaba calificada la comparecencia. He hecho una valoración política sobre la urgencia de esta comparecencia y acerca de que aquí no haya ninguna documentación
previa, como se hacía antes. Yo no me he referido a que haya ninguna irregularidad, por tanto, no entiendo la intervención del presidente. Tampoco he dicho que alguien me impida decir en la Comisión lo que tenga que decir, lo que he dicho es que
no tenemos la documentación suficiente para discutir sobre la privatización de cualquiera de estas pequeñas empresas. No tenemos los documentos que razonablemente permiten formar una opinión y sólo estamos discutiendo sobre actos que aparecen en
los medios de información. Me he referido a esto y a la negativa -esto sí lo reafirmo- de la SEPI, pero no solamente de la SEPI, sino del Gobierno, porque hemos pedido esa información por el artículo 7 y nos ha sido denegada, por lo que lo vamos a
recurrir. Esto es lo que he dicho.



El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a dividir su tiempo. En primer lugar, tiene la palabra la señora Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Ante todo, quiero agradecer la comparecencia del presidente de la SEPI en esta Comisión para informar sobre la actuación -y en mi intervención haré referencia exclusivamente a la segunda comparecencia solicitada e
indicada en el orden del día- de la empresa Infoinvest S.A., perteneciente a la SEPI, en el barrio de La Botjosa, en la localidad de Sallent, y sobre las actuaciones previstas en este barrio en aras de mejorar su situación social, urbanística y
medioambiental que se encuentra en este momento gravemente deteriorada. Señor presidente, se trata de una problemática que nos preocupa desde hace tiempo y sobre la que hemos venido insistiendo infructuosamente hasta hoy para encontrar una
solución. Por ello, desde nuestro grupo parlamentario agradecemos tanto la comparecencia como la predisposición que ha mostrado el presidente de la SEPI en la misma con el fin de encontrar una solución a la situación de progresivo deterioro que
sufre este barrio; un deterioro que afecta a una comunidad, que afecta a la estabilidad social y a la convivencia. Es una problemática que, como decía anteriormente, nos ha preocupado y nos preocupa desde un punto de vista social, económico,
urbanístico y medioambiental. En primer lugar, se trata de que la sociedad Infoinvest haga frente a un compromiso de inversión asumido y, en segundo lugar, a la asunción de un deber social y moral; social por las condiciones de precariedad en las
que vive la gente del barrio de La Botjosa y moral por el mismo compromiso asumido en su día de hacer frente al mantenimiento del barrio mediante un acuerdo pactado en su momento entre Potasas de Llobregat y la sociedad Infoinvest. Por ello,
esperamos poder llegar a una solución que ante todo respete los compromisos económicos y sociales asumidos y que permita la recuperación de un barrio, dotándolo de unas infraestructuras respetables, la recuperación de una vida digna para las
personas que habitan en él y la recuperación, en definitiva, de la estabilidad social.



Es importante hacer un poco de historia, porque hacer referencia al barrio de La Botjosa es hacer referencia a un barrio de la localidad de Sallent, ubicado en una zona minera y habitado en su momento por los trabajadores de Potasas de
Llobregat, S.A. Es un barrio que desde su construcción ha sido propiedad exclusiva de las sucesivas empresas mineras, que lo destinaban a sus trabajadores y a sus familias. La conservación y el mantenimiento del barrio y de las casas habían sido
-y son- una obligación de las respectivas empresas propietarias y la urbanización nunca había sido objeto de cesión a favor del municipio. A finales del año 1998, en el marco del proceso de privatización del sector, los activos inmobiliarios del
barrio de La Botjosa, en aquel momento propiedad de la empresa Potasas de Llobregat, S.A., fueron transferidos a la sociedad Infoinvest, que es cien por cien de la SEPI. Con la transmisión de dichos activos inmobiliarios a favor de dicha sociedad
ésta se hacía cargo también de su mantenimiento y de las inversiones que correspondiesen a fin de adecuar, mantener y cuidar este barrio. Por tanto, a partir de este momento el mantenimiento corría a cargo de la empresa estatal, y así como la
empresa Potasas de Llobregat, S.A., antigua propietaria de los terrenos, había mostrado al Ayuntamiento de Sallent su voluntad de llevar adelante una actuación orientada a conseguir la solución definitiva de los problemas ya existentes de
habitabilidad de los vecinos, especialmente, en relación con completar la obra de urbanización, por parte de la empresa estatal Infoinvest no percibimos que se manifestase la misma predisposición. En la teoría materializar este compromiso asumido
ha sido muy difícil hasta hoy. Si bien en un primer momento se detectó una posibilidad de llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento de Sallent, los vecinos y la sociedad Infoinvest, posteriormente quedó aparcado evidenciándose un cambio de actitud
y posicionamiento por parte de la sociedad propietaria de los terrenos.



Es necesario, señor presidente, resaltar cómo especialmente a partir del año 1998 el progresivo deterioro del barrio hacía cada vez más difícil su recuperación y evidenciaba la necesidad de encontrar una nueva ubicación al mismo. En este
sentido, en el año 2001, asumiendo la necesidad de una nueva ubicación, por tanto, de un traslado íntegro del barrio a unos terrenos propiedad de Infoinvest, se intentó llegar a un acuerdo entre dicha sociedad, los vecinos del barrio y el
Ayuntamiento de Sallent; acuerdo por el que Infoinvest hacía frente a su compromiso inversor y el ayuntamiento y la Generalitat de Catalunya asumían un compromiso de gestores en las obras de traslado del barrio de La Botjosa.
Lamentablemente dicho
acuerdo no llegó a firmarse, iniciándose un nuevo período en el que de las conversaciones mantenidas entre las partes involucradas y también de las cartas intercambiadas se evidenciaba una


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voluntad muy baja de propuestas de solución por parte de Infoinvest, llegando incluso a negarse a formalizar el acuerdo antes indicado y manifestando su oposición a efectuar inversiones en dichos terrenos, eludiendo así los compromisos
asumidos y su responsabilidad social, urbanística y medioambiental respecto al municipio y respecto a las personas que viven en él. Mientras tanto, el continuo deterioro del barrio era evidente y hacía urgente y necesaria una intervención y una
inversión en su mantenimiento y en su adecuación. No obstante, las constantes y continuas reclamaciones por parte del Ayuntamiento de Sallent a la sociedad Infoinvest a fin de encontrar soluciones no encontraban respuesta favorable. Nos ha sido
muy difícil entender el posicionamiento que hasta hoy ha mantenido la sociedad Infoinvest frente a este tema. No obstante, queremos que se conociese la situación de progresiva precariedad y la incidencia que tenía y tiene dicha situación de
degradación en la zona en sus aspectos urbanísticos, en los medioambientales y, sobre todo, en las personas.



Nos ha sido muy difícil entender el desinterés por encontrar soluciones y nos preocupa el tiempo que ha transcurrido en la búsqueda de soluciones.
En todo momento ha habido iniciativas impulsadas por el Ayuntamiento de Sallent y por los
vecinos, sin que se manifestase señal alguna de voluntad de solución y el tiempo continuaba siendo un factor que perjudicaba a las personas afectadas. Por todo ello, nos congratulamos hoy por las palabras y el tono de la intervención del presidente
de la SEPI, que muestra un nuevo posicionamiento frente al tema que nos ocupa y una voluntad de poder encontrar conjuntamente una solución definitiva y satisfactoria para las partes implicadas. Este es el enfoque que hemos entendido de las palabras
pronunciadas esta mañana en su intervención. En este sentido, entenderíamos que se presentara una propuesta a fin de resolver la problemática del barrio de La Botjosa; una propuesta que, más allá de los aspectos técnicos que serían objeto de
discusión y de análisis conjunto, permitiese llegar a un acuerdo que salvase fundamentalmente tres aspectos, que son básicos para nuestro grupo parlamentario y que únicamente reconocen el compromiso asumido en su día por la sociedad Infoinvest
frente al barrio de La Botjosa. Estos tres aspectos serían los siguientes. En primer lugar, que el coste de inversión en el traslado del barrio de la Botjosa, vistas las precarias condiciones y el coste que supondría el acondicionamiento de la
ubicación actual, correrían íntegramente a cargo de la SEPI, según el compromiso adquirido a raíz de la transferencia de los activos inmobiliarios de Potasas de Llobregat, S.A. a Infoinvest, S.A. En segundo lugar, sería oportuno establecer un
acuerdo de colaboración entre la SEPI, los vecinos, el ayuntamiento y la Generalitat con el fin de que estos dos últimos asumiesen las funciones de gestores de las obras y su responsabilidad en sus respectivas áreas de competencia en términos de
ejecución de obra. En tercer lugar, habría que establecer en el acuerdo que cualquier desviación sobre los precios de construcción y los pagados correrían a cargo de la SEPI. Éstos son para nosotros los tres aspectos básicos que cualquier acuerdo
debería salvaguardar.



Tal como he comentado al inicio de mi intervención, encontrar una solución al problema que es objeto hoy de la comparecencia es una cuestión de responsabilidad, de compromiso y de deber hacia la sociedad, y en este caso hacia un colectivo de
personas que viven hoy en condiciones mínimas y con una precariedad que no corresponde a nuestros tiempos ni a las políticas que a favor del Estado del bienestar todos defendemos y que desde nuestro grupo parlamentario reclamamos. Esperamos, por
tanto, encontrar una respuesta favorable por parte de la SEPI a esta problemática, y agradecemos la firme voluntad que ha manifestado el presidente de la SEPI para llegar en términos de consenso a un acuerdo para resolver este problema.



El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Silva.



El señor SILVA SÁNCHEZ: A diferencia del Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) cree en la eficacia y en la conveniencia de continuar con los trabajos de la subcomisión de seguimiento del
proceso de privatizaciones del sector público. Lo hemos hecho a lo largo de estos meses. Creemos que ha sido eficaz; incluso ver cómo en los procesos de privatización que se van poniendo en marcha se van asumiendo aquellas recomendaciones que se
efectúan en la subcomisión, algunas de las cuales vienen del propio Consejo Consultivo de Privatizaciones o de la Intervención General de la Administración del Estado, así nos lo pone de manifiesto; de la misma manera que las comparecencias, no
exclusivamente del presidente de la SEPI o de personas vinculadas directamente a la SEPI, sino a otro tipo de entidades -quiero recordar el propio consejo consultivo o la interventora general de la Administración del Estado-, han permitido al Grupo
Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) hacerse una idea, yo creo que correcta del funcionamiento de este proceso. De ahí que, como estoy seguro de que vamos a tener ocasión a lo largo de las próximas semanas de continuar incidiendo en estos
procesos, no tenga interés en convertir el día de hoy ni la Comisión de Economía y Hacienda de hoy en el foro para efectuar un seguimiento más que apresurado yo diría que casi irresponsable de ese proceso de privatización, porque un foro más
adecuado tenemos en la subcomisión. Pero sí querría, a la luz de las explicaciones que nos ha efectuado el presidente de la SEPI, cuya presencia aquí, como ya ha manifestado la portavoz de mi grupo, quiero agradecer, realizar alguna pregunta y
algunas consideraciones.



No voy a entrar en el tema más específico solicitado por el Grupo Parlamentario Mixto, por el Bloque Nacionalista Galego, sobre el cumplimiento del plan industrial Alcoa-Inespal. Sabe el señor presidente de la


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SEPI, como lo saben el resto de SS.SS., la importancia que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) atribuyó en las conclusiones a los trabajos de la subcomisión al seguimiento de la privatización en relación con el cumplimiento
de los planes industriales. De ahí que incluso dentro de la propuesta de conclusiones que formuló mi grupo parlamentario estuviera la de profundizar en el establecimiento de aquellas cláusulas penales para los supuestos de incumplimiento de
compromisos adquiridos por los compradores, cuando la adjudicación se efectúa teniendo muy en cuenta el plan industrial para la empresa privatizada. Por tanto, nos parece conveniente resaltar la importancia que tiene para nosotros, en aquellos
supuestos en que el plan industrial es relevante, el seguimiento de su cumplimiento e incluso la introducción en las adjudicaciones de aquellos mecanismos jurídicos que permitan exigir coactivamente ese cumplimiento o, en caso contrario, la
existencia de mecanismos de responsabilidad del adquirente.



Siguiendo el hilo de la intervención del señor presidente de la SEPI querría efectuar alguna consideración y alguna pregunta. En su intervención ha hecho un repaso de las cuatro últimas privatizaciones, comenzando precisamente por la de
Expasa, sociedad ya trasladada a partir del acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de febrero a Patrimonio, y querría preguntarle la opinión de la SEPI sobre las desviaciones en cuanto a la valoración de las fincas. Nos ha puesto de manifiesto el
señor presidente de la SEPI que sobre la tasación o sobre el precio de salida de cara a la subasta de las últimas ocho fincas enajenadas se han producido unas mejoras en unos casos de un mínimo del 11 por ciento y de un máximo del 95 por ciento. En
estos momentos ignoro (no sé si usted nos lo ha puesto aquí de manifiesto) quién ha sido el valorador, pero si yo quisiera enajenar una finca y tuviese un valorador que me diera un precio de partida que luego fuera superado en un 95 por ciento,
pensaría si esa valoración ha sido correcta o por lo menos debería conocer cuál ha sido la causa de que sobre el valor de tasación se haya obtenido ese precio, en cualquier caso extraordinario -cabe felicitarnos de que se haya obtenido una mejora de
esas características-; pero también hay otra lectura que puede ser menos favorable para el valorador: quizá es que la valoración no se efectuó correctamente. Dejo ahí el interrogante. Si nos puede dar algún tipo de respuesta aquí, bien; si no,
supongo que en la subcomisión la tendremos. En cualquier caso es un dato que no deja de llamar a la reflexión, bien sea por el éxito de la operación, bien sea por una valoración que quizá no ha sido total y absolutamente correcta.



Respecto del segundo supuesto que se nos ha trasladado, la enajenación de Coosur y de Olcesa, querría preguntarle, de la misma manera que Expasa se traslada a la Dirección General de Patrimonio del Estado, cuál es el futuro previsible de
Alicesa, cuál es el planteamiento que existe, si va a seguir el mismo destino, si existen algunas otras participadas que determinan que Alicesa de momento permanezca bajo el control o la propiedad de la SEPI. En cualquier caso, el señor presidente
ha hecho una referencia a la necesidad de reinterpretar los resultados de la SEPI en la medida que en el supuesto de Expasa lo que se vende son activos de Expasa y después pasa a Patrimonio, por tanto, ese resultado, por así decirlo, no se incorpora
a la SEPI, y lo propio ocurre con Coosur y Olcesa, cuyo resultado se queda de momento en Alicesa. Me gustaría que nos pudiera dar un resultado consolidado, por llamarlo así, es decir, en el caso de que la enajenación hubiese sido directa y el
resultado de la enajenación se hubiese incorporado directamente a la SEPI de qué tipo de resultado estaríamos hablando.



En cuanto a Química del Estroncio no ha señalado que es una operación en dos fases, con una enajenación en primer lugar de un 2 por ciento para atribuir la mayoría al otro socio, concretamente a Fertiberia, y después una venta a término del
49 por ciento restante. Me gustaría -y reitero lo que he dicho anteriormente, puede ser aquí o, si no, ya lo haremos en la subcomisión de privatizaciones- saber cuál ha sido la justificación fundamental de efectuar esa enajenación en dos fases.
Después de su explicación yo tengo alguna hipótesis, pero me gustaría que nos dijese la hipótesis de la SEPI para efectuar esa enajenación, vinculada la segunda, que se establece a término, al valor contable de la compañía en un período determinado
y en cualquier caso dejando a la SEPI salvaguardada de cualquier posibilidad de pérdida.



El caso de Trasmediterránea seguro que tendremos ocasión de tratarlo en la subcomisión con más amplitud. El Tribunal de Defensa de la Competencia ha dejado a salvo cualquier problema que pudiera existir en materia competencial. Nosotros
tenemos interés en cuanto a Trasmediterránea en dos aspectos. En primer lugar, es obvio que es una compañía vinculada al servicio público, por tanto, nos interesa mucho la garantía del mantenimiento de la prestación de ese servicio, la mejora de la
calidad del servicio de la empresa, y nos gustaría saber si en la enajenación se ha tenido en cuenta eso. En segundo lugar, nos gustaría conocer qué razones impulsaron a la SEPI en esa enajenación a acordar la obligación en el plazo de seis meses
de mantener o de excluir la sociedad de cotización, por tanto, la obligación de sacar de cotización a Trasmediterránea en ese plazo de seis meses; supongo que debió ser protección de los minoritarios. También nos gustaría conocer ese
planteamiento.



Vamos ya a las dos compañías que en estos momentos están en proceso de privatización. La Empresa Nacional de Autopistas debe ser la joya de la corona que en estos momentos todavía le queda a la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales. Aquí se ha comentado expresamente cómo la SEPI va asumiendo ese criterio, que nosotros hemos definido reiteradamente, que se incorporó a las conclusiones de la subcomisión,


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de separar las funciones de asesor y de valorador; creo que eso es algo tremendamente conveniente, más cuando el asesor pueda tener una prima de éxito, por tanto, pueda determinar valoraciones no correctas. Ciertamente da la impresión de
que puede resultar extravagante, como decía, señor presidente, hablar de plan industrial en una compañía que es concesionaria de autopistas y que está sometida al régimen de la concesión. En cualquier caso, quizá no fuera tan extravagante. El
Grupo Parlamentario Catalán presentó una enmienda, que tuve el honor de defender, a la Ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2000. Si bien la situación inicial en la Ley de autopistas era la obligación de constituir una sociedad con
exclusivo objeto social para gestionar precisamente esa concesión de autopistas, a través de la enmienda de mi grupo se amplió el objeto social de las concesiones de autopistas, por tanto, a través de la modificación que se introdujo precisamente en
el artículo 1 de la Ley de autopistas se permite a este tipo de compañías realizar actividades relacionadas con infraestructuras de transporte y de comunicaciones que les sean autorizadas, así como también realizar actuaciones en el extranjero.
Quizá hubiese sido factible establecer algún tipo de plan industrial. También es cierto que el plan industrial va dirigido fundamentalmente al mantenimiento de los puestos de trabajo y quizá aquí estábamos hablando de otra cosa. Podrían haberse
ofrecido condiciones adicionales que permitiesen establecer una intervención o una mejora en cuanto a otro tipo de infraestructura de transporte y comunicaciones, pero le admitimos el planteamiento de que en este caso lo normal era reducir el plan
industrial al cumplimiento del régimen de la concesión, que por lo demás ya viene garantizado por otras leyes.



Respecto de la privatización de Musini, la verdad es que en estos momentos no tenemos nada que decir. A través de la subcomisión haremos el seguimiento oportuno. Respecto a la valoración global de las entradas y salidas de la SEPI la única
duda que tenemos es respecto de las salidas, aunque en estos momentos no tenemos nada que decir de Expasa. El señor presidente de la SEPI sabe que nosotros hemos apostado -y creemos que el Gobierno apuesta- por convertir a la SEPI no pura y
exclusivamente en una entidad privatizadora sino en una entidad que tenga por objeto la reordenación, racionalización y mejora de la estructura industrial española, la promoción de proyectos empresariales privados, la reindustrialización de zonas
afectadas por reconversiones, etcétera.
Desde ese punto de vista que Expasa pase a Patrimonio no nos resulta en absoluto extraño; sin embargo, teniendo en cuenta cuál es la función de Enisa, eso ya nos parece un poco más extraño. Si el objeto
social precisamente de Enisa tiene que ver con la búsqueda y utilización de nuevos instrumentos financieros para la pequeña y mediana empresa -antes ha hablado también el señor presidente de los préstamos participativos-, podía ser todavía un buen
instrumento de la SEPI para esa nueva función que todos deseamos, que es que no sea pura y simplemente un instrumento de privatización o de liquidación sino también de activación de nuestra estructura económica e industrial. Por tanto, lo de Expasa
lo entendemos muy bien, pero nos gustaría que nos indicara un poco más concretamente cuáles son las razones de trasladar Enisa a Patrimonio. También es cierto que el CDTI comparte capital, así como la Dirección General de Patrimonio, pero nos
gustaría conocer un poco más esas razones.



También nos gustaría conocer un poco más cuál es el planteamiento de la adquisición, por así decirlo, por la SEPI de Mercasa y cuál va a ser la filosofía de gestión de Mercasa por la SEPI. Por lo que hemos leído en el resumen del Consejo de
Ministros la finalidad no es precisamente la privatización sino la conservación, ya que parece que son compañías que no van a ser destinadas a esos procesos de privatización, por tanto, hay aspectos básicos que tendríamos interés en conocer, como
puede ser conforme a qué criterios va a gestionar la SEPI. Lo mismo podríamos decir de los supuestos de Tragsa, que no hay que negar que ha recibido algunas críticas por la labor en los trabajos de limpieza del chapapote vertido por el Prestige.
También quisiéramos conocer el planteamiento en la Sociedad Estatal de Caución Agraria, de SAECA. No quiero decir que nos produzca perplejidad, porque por descontado no llega a tanto, pero no deja de parecernos un poco contradictorio que una
sociedad como SAECA venga de Patrimonio a la SEPI, una sociedad estatal de caución y que tiene por objeto la prestación de avales para inversiones, y por el contrario la sociedad a la que hacía referencia anteriormente, Enisa, haga el camino
contrario, de SEPI hacia Patrimonio.



Coincido sustancialmente con sus afirmaciones respecto del desequilibrio patrimonial. Ciertamente los mecanismos que se introdujeron en el año 1986 y que después se trasladaron en el año 1989 al texto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas lo que pretenden, por un lado, es que el capital social siga realizando una de sus varias funciones -que tiene varias-, que es constituir una cifra de garantía. Si el que contrata con una compañía lo hace teniendo en cuenta la cifra de
capital social, que es una cifra a la que se da publicidad, y luego resulta que las pérdidas se han comido el capital social, es muy lógico el planteamiento que efectúa la Ley de Sociedades Anónimas de imponer la disolución, la reducción de capital
o, en su caso, el reintegro patrimonial. Por tanto, esto es algo que tiene total y absoluto sentido. Ciertamente, vinculado a esa opción del capital de garantías se impone también una diligencia a los administradores de cara a la convocatoria de
las juntas generales en las que se pueda acordar precisamente la disolución o situar a la compañía en quiebra o, en su caso, acordar el reintegro patrimonial.
También hay que decir que se ha discutido mucho en la primera jurisprudencia que se ha
ido produciendo a lo largo de estos años, cuál es el dies a quo del plazo que tienen los administradores para convocar las correspondientes juntas


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generales. Da la impresión de que en los supuestos de compañías participadas por la SEPI no se han agotado esos plazos en la interpretación que de los mismos efectúa el Tribunal Supremo, lo cual no obsta para que haya que ser siempre
extraordinariamente diligentes en todos estos supuestos. Desde luego creo que son casos en los que el administrador, por la cuenta que le trae, porque se convierte en responsable solidario de cualquier deuda de la compañía, es el principal
interesado, por descontado, en convocar la junta y acordar en su caso las operaciones de disolución, reducción de capital o bien el reintegro correspondiente. En cualquier caso, estamos sustancialmente de acuerdo con los planteamientos que se han
efectuado por el compareciente.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.



El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señor Ruiz Jarabo, por las explicaciones que nos ha dado a lo largo de esta mañana.



Voy a ser breve y a centrar mi intervención en una empresa que le preocupaba bastante al Grupo Vasco, y me estoy refiriendo a Babcock & Wilcox. Creo que hace bastante tuvimos en una comisión la posibilidad de debatir sobre este tema, pero
estaba en otra fase completamente diferente de la de ahora. Como usted bien sabe mucho mejor que yo, inicialmente -y también era esa la intención de las instituciones vascas- se quería plantear la reestructuración de todo el sector de bienes de
equipo y no sólo dar una solución a Babcock & Wilcox. Estaba planteado hacerlo con Babcock & Wilcox, Mecánica de la Peña, el socio que pudiera entrar en esa operación, etcétera; parece ser también, creo recordar -si no usted me puede corregir-,
que usted comentó que ese compromiso de reordenación del sector de bienes de equipo de alguna manera estaba en el compromiso de la privatización. Otra cosa es que en el camino se pudiera hacer o no; quedó en el camino y no se pudo hacer gran cosa,
salvo darle una solución relativamente satisfactoria a los trabajadores que pertenecían a esa empresa. Estamos preocupados por todo lo que ha pasado. Es cierto que Babcock Wilcox era una empresa con muchos empleos; se han reducido miles de
empleos desde la situación de mayor pujanza de esta empresa, actualmente creo que sólo tiene 650 empleos y posiblemente la solución de futuro lleve a una empresa incluso con bastantes menos empleos. Hubo posibilidades de llevar a cabo la
privatización con varios socios, al final ustedes optaron por Babcock Borsig Alemania y desgraciadamente -hay que decirlo así- ha salido mal esta operación, ha salido rana. El señor ministro de Hacienda y el propio vicepresidente han reconocido que
éste ha sido quizá el único fracaso o, al menos, el más sonado de las privatizaciones llevadas adelante por SEPI. Ustedes han invertido mucho dinero para sanear la empresa, para que esa privatización pudiera llevarse a cabo; ha tenido un fracaso,
la propia Babcock Borsig ha desviado 40 millones de euros de Babcock Wilcox hacia Alemania y dada la situación de suspensión de pagos en que se encuentra no sé qué va a pasar incluso con esos 40 millones. Me gustaría saber qué es lo que ha hecho la
SEPI. Insisto en que tenemos una gran preocupación. También en el Parlamento vasco se aprobó una proposición de ley por todos los grupos de la Cámara instando al Gobierno a que se le diera una solución factible y que tuviera una viabilidad
empresarial en el futuro Babcock Wilcox, que ha sido una empresa emblemática en la margen izquierda y nos parece importante que continúe su actividad, aunque sea con otras dimensiones diferentes. Es cierto -lo reconocen hasta los trabajadores- que
hacía falta un redimensionamiento a la empresa, que hay un número excesivo de trabajadores de cuello blanco, como llaman, y pocos de buzo. Supongo que habrá que replantearlo en este proceso de privatización, reprivatización o lo que vayan a hacer.
También ha habido un intento de Duro Felguera de hacerse con la propiedad de Babcock Borsig y nos podrá decir usted cuáles han sido los motivos por los que tampoco ha sido posible que esta operación siguiera adelante. Dada la situación y los
incumplimientos de Babcock Borsig Alemania, referidos al plan industrial y a las exigencias que SEPI le hizo para llevar adelante la privatización, nuestro grupo estima que un planteamiento lógico, a expensas de lo que usted nos pueda comentar, es
que la SEPI se vuelva a hacer con las riendas de Babcock Wilcox, precisamente por este incumplimiento, y que proceda a darle una solución de futuro a esta empresa; no sé cómo, si privatizándola o siguiendo en manos de SEPI, pero me gustaría que me
lo explicaran.



Usted bien sabe que las instituciones vascas apostaban en su día por otro tipo de empresas, pero al final fue lo que fue y la operación ha salido bastante mal. Espero que usted y el Gobierno, la SEPI -o a quien corresponda darle el impulso
no sólo político sino real a esta operación- lo tomen con interés y que sea una buena solución la que se adopte para la empresa, para los trabajadores, para el entorno, para la margen izquierda y para todo el mundo, en definitiva.



El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy a comentar solamente las empresas que tienen un importante valor estratégico, las que constituyeron, van a dejar de constituir o aún constituyen un entramado industrial de empresas públicas que en todos los
Estados desarrollados fueron de propiedad del Estado. También me voy a referir a empresas que cumplían una función de servicios públicos básicos, como la energía o los transportes.



Empezaremos por una empresa ya privatizada, la antigua Inespal -hoy Alcoa- que, vinculada al sector


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del aluminio, tiene un importante papel estratégico como gran industria que los grandes Estados industrializados cuidan y miman. No en balde ha sido transnacionalizada por un proceso de privatización entregándola a una multinacional
norteamericana. Nos gustaría matizar algunas cuestiones en relación con esta cuestión. En primer lugar, si la SEPI es consciente de que, aun no discutiendo el montante global de las inversiones prometidas entre 1998 y 2000, el reparto de las
cantidades se ha hecho según lo acordado en cuanto a medidas medioambientales, seguridad laboral, instalación y producción y mantenimiento. Lo decimos porque hay una constatación empírica de los trabajadores que vienen a reconocer que, si bien en
instalaciones y producción se ha respetado la mejora e incluso se ha superado la inversión, no tienen tan claro que esto sea así en medidas de carácter medioambiental y de mantenimiento. Hay muchas partes de la factoría de San Cibrao, la más grande
del grupo, que tienen un aspecto destartalado y está en un proceso de deterioro y ruina. Los trabajadores también ponen en duda que haya aumentado la seguridad laboral, sobre todo si tenemos en cuenta que gran parte de los trabajadores de Inespal
provienen de contratas a empresas que tienen que realizar sus labores de trabajo con una inspección laboral muy deficiente y sin los mismos derechos ni protecciones que los empleados de la compañía principal. Esta cuestión nos parece tan notoria
que la propia Inspección de Trabajo de Lugo, aun defendiendo a la empresa, después de realizar inspecciones muchas veces no se atreve a asegurar que las cosas estén funcionando, que haya mayor rigor y que los derechos de los trabajadores estén
defendidos en sus actividades laborales o en sus enfermedades profesionales. Nos gustaría también que la SEPI constatase la evolución de la plantilla laboral -que era otro de los grandes acuerdos del plan de privatización- porque, aunque
globalmente pueda ser de 4.406 trabajadores, centro a centro se puede notar una disminución sintomática. En concreto en el caso de San Cibrao, por ser la mayor y desde nuestro punto de vista la más interesante por su ubicación, se ha observado una
disminución próxima a cien trabajadores. Es cierto que puede haber sido alcanzada en las negociaciones laborales ya que a partir del año 2000 se estableció un criterio sobre los nuevos contratos de renovación, que no han servido para suplir las
bajas vegetativas y voluntarias, por mucho que hayan sido acordadas con los trabajadores.



Para terminar con este tema, nos gustaría saber dos cuestiones respecto de Alcoa. En primer lugar, ¿cuál es la relación de carácter contractual con la concesión que se le ha hecho a la nueva empresa propietaria, Alcoa, del puerto de San
Cibrao y si la cláusula es de uso exclusivo o preferente de las instalaciones de carácter portuario? Por último, ¿cómo cree el presidente de la SEPI que va a afectar la anunciada crisis en el mercado del aluminio de la que Alcoa ya tomó buena nota
anunciando la rescisión de contratos con la eliminación de 8.000 puestos de trabajo de la compañía a escala mundial? Incluso en algunas conversaciones en Alcoa Europa se contempló la posible eliminación de alguna factoría, en el futuro, en el
Estado español, en particular en la de A Coruña, donde no se están haciendo inversiones de carácter medioambiental. Se supone que, con el pretexto de alguna directiva de la Unión Europea, la fábrica puede resultar obsoleta en el plazo de dos años,
en el año 2005. Quiero hacer una pequeña alusión a los cambios de cultura empresarial que llevan consigo cambios culturales, en concreto los trabajos que desarrollan los técnicos y el personal de gestión de Alcoa en todas sus factorías se realizan
en lengua inglesa. Hasta ahora se hacía en una de las lenguas oficiales del Estado, el castellano, y quisiera saber si el Gobierno, que en este aspecto es tan español, tiene alguna valoración al respecto.



El segundo tema de importancia para nosotros es la privatización de la Empresa Nacional de Autopistas. Nos gustaría saber cuál es la posición de la Administración autonómica, qué grado de participación y de colaboración está teniendo en el
proceso de privatización, a tenor de que los activos que representa ENA en Galicia son sustanciales y, desde el punto de vista cuantitativo, no sé si alcanzan los dos tercios de la compañía. En segundo lugar, quisiera saber si en el proceso de
privatización se va a obligar a las empresas a optar por el conjunto de sociedades que componen ENA, si es posible desgajarlas y privatizarlas de forma diferenciada y cuántos años va a durar el impedimento para hacer la separación de las sociedades
y que puedan pertenecer a empresas diferenciadas. En tercer lugar, nos gustaría conocer si entre los grupos que cumplen los requisitos para acceder a la última fase de la privatización existen grupos de capital gallego y portugués y si van dentro
del bloque de privatización las autovías que fueron concesiones de la Xunta de Galicia, en concreto, la de A Coruña-Carballo, así como la autovía del baixo Miño, en el tramo Vigo-Bayona.



El cuarto gran tema que nos preocupa de las empresas públicas es un sector muy importante que va a permanecer en el próximo futuro, que es el sector naval. Usted sabe que la nueva configuración del sector naval público en la empresa Izar
llevó a que lo que eran antes entidades sociales mercantil y jurídicamente diferenciadas sean hoy una empresa única, Izar; que esa empresa tiene una cuota asignada por la Unión Europea desde el año 1997, en continuidad con el proceso anterior, que
se inició en 1984, de 206.000 toneladas de registro bruto hasta el año 2007, que, si se hace la media en 10 años, no ha utilizado anualmente el grupo Izar; que desde el año 2000 hay un real decreto, que configuró una nueva situación para la antigua
Bazán, conforme al cual puede acceder también a los buques civiles, con lo que no tiene que estar limitada a la construcción naval militar. Es por esto por lo que Izar-San Fernando puede hoy construir con plena legalidad ferries, y por lo que tiene
abierta una oficina Izar en


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Palma de Mallorca, para construir yates, o megayates, e incluso existe el compromiso de construcción de un buque catamarán para viajeros y vehículos de gran porte, que seguramente va a construir Izar-San Fernando; Izar-Puerto Real está
construyendo dos gaseros de 70.000 toneladas de registro bruto; Izar Ferrol se limita a construcción militar; e Izar Fene vive de las subcontratas que hace a Puerto Real, sin figurar en las estadísticas de producción del grupo Izar y, por
supuesto, sin recibir nada del 9 por ciento de las ayudas que son posibles en los contratos realizados antes de 2001. Por esto, nos gustaría saber varias cuestiones. Primera, si hay alguna proclividad en la SEPI a hacer un complejo integral de la
producción naval para aprovechar que se pueda hacer construcción civil y militar y las sinergias en el caso Izar-Fene e Izar-Ferrol. Segunda, ¿por qué razón no demuestra una actitud más agresiva, desde el punto de vista comercial, la SEPI a la hora
de defender el sector naval público y, en concreto, de conseguir nuevos contratos? Llama la atención que ya se dan por derrotadas las respuestas del Gobierno respecto a la participación en el mercado de buques mercantes y, en especial, de
mercancías peligrosas y de los dobles cascos en el caso de hidrocarburos, ya que sin duda ese mercado va a aumentar algo debido a la revisión de las normas Marpol desde el año 2001 y a la asunción progresiva por los distintos Estados europeos de
forma adelantada. Teniendo en cuenta la importante participación en ese mercado de la Unión Europea del transporte de todo tipo, sería una buena oportunidad ir a un combate más decidido y menos derrotista. ¿Por qué razón no se articularon las
ayudas al sector naval que son posibles desde el año 2002 cuando la Unión Europea con buen criterio, ante el hecho de que no existía libre competencia y de que no se respetaban los acuerdos de la OMC de 1994, decidió apoyar las ayudas a los
quimiqueros, a los portacontenedores y está estudiando si se hará a los gaseros? Sin embargo, estas directivas europeas no se han trasladado al caso del Estado español, lo cual indica esa falta de decisión y de reticencia, como si estuviésemos
interesados en reducir aún más la participación del Estado español dentro de la producción de la Unión Europea y a escala mundial con una reducción que fue alarmante, desde el año 1984, y que sería un ejemplo paradigmático de lo que usted ha llamado
-no se debería llamar así y usted lo reconoce- reconversión industrial, porque más que reconversión fue un desmantelamiento que aumenta progresivamente.



Acabo con la siguiente pregunta. Van a luchar para que si hay algún impedimento por parte de la Unión Europea, cuestión rara a la vista de todos los rasgos del nuevo contexto del sector naval público en el Estado español, Izar-Fene pueda
volver a la construcción civil con todas las consecuencias, sin limitaciones de ningún tipo, conforme a lo acordado por este Congreso de los Diputados recientemente? ¿Lo van a hacer sin esperar no se sabe muy bien a qué nuevo contexto? También nos
gustaría que nos dijese cuál es el futuro de este sector estratégico, del sector naval del Estado español. Es claro que no lo van a poder privatizar a corto plazo, con tantas pérdidas como tiene es claro también que va a ser el grupo industrial más
importante que va a seguir en manos del Estado.
Si hay algún proceso de transnacionalización, aunque no sea a través de la privatización, ¿qué camino se va a seguir, el camino de la industria europea civil y militar o de la industria
norteamericana? No le quepa duda a S.S. de que este sector es muy indicativo porque es el que más vinculado está a un cierto equilibrio de carácter territorial en el Estado español, el que puede tener gran potencialidad en I+D, y el que indica que
las ventajas comparativas del Estado español aún podrían ser defendidas en un contexto de transnacionalización.



Acabo ya, señor presidente de la SEPI, diciendo que es triste que el Estado español desmantele sus sectores industriales públicos porque, entre otras cosas, llegará un momento en que la SEPI no tenga capacidad de mayores ingresos por las
privatizaciones. Estos ingresos por las privatizaciones estarán gastados y será muy difícil ya que puedan servir de centro nuclear o de casa matriz de una industria pública o de una industria importante dentro del Estado, quien tendrá que acabar
desmantelando lo poco que le quede a bajo precio o a precio ridículo porque, vuelvo a repetir, será difícilísimo poder mantener con ingresos de otras privatizaciones lo que quede con algo de fuste. Quiero expresar preocupación por el futuro del
sector naval desde el punto de vista financiero. Nos gustaría que nos dijese cuál es el Estado del grupo Izar en este aspecto, si entra dentro de un desequilibrio de carácter patrimonial peligroso o si ese desequilibrio es aceptable. En todo caso,
¿cómo se va a seguir haciendo para seguir sufragando con dinero público las pérdidas del sector que podrían reducirse sensiblemente con una política industrial y comercial mejor y, sin duda, con una política de agrupación de los astilleros muy
distinta a la que se ha aplicado por motivos de carácter político que nada tienen que ver con la competitividad?


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Souvirón.



El señor SOUVIRON GARCÍA: Voy a intentar ser breve, dada la extensión de esta comparecencia, y voy a dejar claras algunas cosas.



En primer lugar, quiero dar las gracias al señor Ruiz-Jarabo por su presencia en la Comisión, una vez más, y también por la información que nos ha ofrecido. Comenzaba diciendo que nuestra propuesta de comparecencia era amplia y que a tal
amplitud de planteamientos tal respuesta, lo cual tenemos que agradecérselo, puesto que nos permite a los miembros de la Comisión estar al día sobre la situación de la SEPI, ejercer nuestro trabajo de control y hacer un debate a fondo sobre un
asunto tan importante como es el de las


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privatizaciones en España. Sin embargo, hemos visto que el Grupo Socialista, una vez más, se ha resistido a entrar en el fondo del asunto.
No le interesa. Ahí no le va bien. No consigue encontrar lo que busca y lo que nos propone
permanentemente es un debate de formas, con el mismo estribillo de siempre, pero que, de tanto repetirse, va subiendo el tono.
Hemos pasado de la lírica al quejido flamenco y hoy nos encontramos casi con el ruido, con el ruido y la furia de su
portavoz. Creo que eso siempre es peligroso porque el ruido aturde los sentidos y, además, nubla la vista. Puede ser que si no encuentran lo que buscan con la vista normal, en esta situación sea aún más complicado. El Grupo Socialista sólo se
conformaría en una comparecencia del señor presidente si encontrara en su gestión algún privilegio, algún chanchullo y eso no es así. Y no es así porque, como no existe, no se puede encontrar. En cualquier caso, sí querría orientarlo para que no
nos sigamos repitiendo y le aconsejaría que buscara antes del año 1996. Antes de 1996 -y tendrá los documentos a mano- tiene para distraerse e incluso, si le divierte el asunto, para divertirse. Pero a partir de ese año lo único que va a encontrar
es lo que se ve: claridad, transparencia y limpieza en los procesos privatizadores. Mientras tanto, siguen sembrando dudas que afectan a empresas importantes de este país que están en la competencia, que pueden ser perjudicadas si esto persiste, y
no deben olvidar que también afecta a pequeños ahorradores que han invertido de forma notoria a partir de 1996 su pequeño capital en los tramos minoristas de las empresas cuya gestión no consiguen poner en duda de ninguna manera, porque no hay
forma, sino a través de sospecha. Mientras tanto, se distraen con que recibimos los documentos unos antes que otros. La verdad es que los recibimos todos al mismo tiempo, otra cosa es que algunos los lean y otros no, como ha quedado patente hoy
aquí con el célebre tema de los desequilibrios presupuestarios de las empresas de la SEPI, que parece ser que es la última pancarta fallida a la que querían colgarse los miembros del Partido Socialista, y no consigan demostrarlo, ni leerse los
documentos. Quizá es que no les interesa lo que ven e intentan desfigurar la realidad, no creo que con tippex, pero a lo mejor esa anécdota pueda convertirse en categoría, cosa que no esperamos, en la oposición del Partido Socialista. Por cierto,
entre lo que no ven y lo que no se enteran, es difícil mantener un debate solvente sobre este asunto.



Pregunta aireado el portavoz socialista sobre Babcock Wilcox y no sabe o no se acuerda que ayer, en la Comisión del Tribunal de Cuentas, se aprobó una resolución por unanimidad -es decir, por todos los grupos, incluido el Grupo Socialista, y
no está mal mencionar que era una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular-, en la que se llegó a un acuerdo, con todos los medios que estuvieran a su alcance, para lograr la viabilidad de esta empresa pública. Nos confirman hoy que no van a
entrar en la subcomisión de privatizaciones. Es una pena porque tanto nosotros como el portavoz del Grupo Catalán (Convergència i Unió), entendemos que es un instrumento útil e importante de control del Parlamento -que no es el único, porque hay
más a partir de 1996- sobre el que se resisten a trabajar los miembros del Grupo Parlamentario Socialista; lo lamentamos. Esperamos que reconsideren su posición y podamos trabajar juntos en esa subcomisión.
Probablemente el problema es que,
vistos los antecedentes, no están dispuestos a firmar unas conclusiones en las que quede una vez más claro y patente que los procesos de privatización en España se hacen con transparencia, con publicidad y con concurrencia, es decir, de acuerdo con
los objetivos que fijó el Gobierno en el plan de modernización del sector público empresarial en el año 1996. Probablemente eso es lo que impide la entrada del Grupo Socialista en la subcomisión y no otra cosa.
Curiosamente ellos refutan la forma
de funcionamiento de esta subcomisión, pero tengo en la mano una proposición de reforma del Reglamento, presentada por el Grupo Socialista, en donde se admite claramente esa forma de funcionamiento. Por tanto, no se puede decir una cosa y su
contraria según convenga. Estamos, una vez más, en la estrategia de liar el lío porque no se consigue poner en evidencia ni una sola irregularidad en las privatizaciones que se han llevado a cabo en estos últimos años.



En aras de la brevedad, quiero agradecerle sus explicaciones, especialmente las relativas a los desequilibrios patrimoniales. También que haya puesto en su momento histórico los asuntos laborales pendientes y que haya subrayado que el
Tribunal de Cuentas ha puesto en evidencia que la legalidad se ha cumplido por parte de esas empresas sobre las que había sospecha de desequilibrios patrimoniales. Por lo demás, no puedo mejorar lo que ha dicho la portavoz de CiU, señora Riera,
sobre Infoinvest, y deseamos que se solucione de la mejor forma posible. Nos congratulamos de que el plan industrial de Inespal se vaya cumpliendo sobradamente, con el objetivo de inversión superado y con el aumento de las plantillas. Le
formularía alguna pregunta que está en el orden del día, por si considera necesario contestar ya que usted siempre está dispuesto a respondernos a todos y así consta en el 'Diario de Sesiones'.
En primer lugar le voy a preguntar por algo que me
extraña que no se haya planteado anteriormente. Es una noticia que me pareció sorprendente cuando la vi publicada y es la referida a la presencia del secretario general del Partido Socialista, señor Rodríguez Zapatero, en la factoría de Izar, en
Ferrol, en la que, por lo visto, no pudo entrar. Nosotros querríamos hoy saber, en sede parlamentaria, qué pasó porque, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Popular, es algo que nos sorprende. Respecto a la Empresa Nacional de
Autopistas, que está en proceso de privatización -usted se ha referido a ello, quisiéramos saber cómo calibra los efectos de dicha privatización en el servicio público.
Por último, quisiera preguntarle- por agotar el catálogo, usted responderá si
lo considera necesario.



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Por el plan marco de viabilidad de Radiotelevisión Española. Sabemos que Radiotelevisión Española fue adscrita por Ley del año 2002 a la SEPI -organismo que usted preside-, que hay una importante deuda -porque todo hay que decirlo- que
tiene su origen básicamente en los primeros años noventa, cuando no se calibró bien la competencia en que iba a entrar Radiotelevisión Española con las televisiones privadas. Nos gustaría conocer algo de este asunto por cerrar los temas que usted
ya nos ha manifestado y los que yo he destacado por conocer la situación de la SEPI.



Nada más.



El señor PRESIDENTE: Señor Ruíz-Jarabo puede contestar a los portavoces.



El señor PRESIDENTE PARA LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (Ruiz-Jarabo Colomer): Quiero dar las gracias a todos los intervinientes.



Intentaré hacer un esfuerzo de síntesis ahora, dado que antes fui temerariamente extenso y que tienen ustedes una agenda de la mañana en la que esta comparecencia se completa con otras actuaciones. Contestaré por el orden en que ustedes han
intervenido. Señor Cuevas, al final de su intervención -y yo comparto lo que usted ha dicho- ha hecho la máxima defensa de lo que ha dicho el Tribunal de Cuentas, lo que pasa es que al principio casi ha dicho lo contrario. Ha dicho: todo se puede
interpretar, incluso lo que dice el Tribunal de Cuentas, y hasta se puede escribir de forma distinta según cuál sea la composición del pleno. Desde luego, yo sí acato siempre lo que dice el Tribunal de Cuentas, que quede claro y, por tanto, estoy
de acuerdo con lo que ha dicho usted al final de su intervención y menos con lo que he querido interpretar del principio. En todo caso, me ratifico en que lo que dice el Tribunal de Cuentas en relación con el informe sobre los desequilibrios
patrimoniales no es susceptible de interpretación. Se puede compartir o no, pero lo que dice no es susceptible de interpretación. El Tribunal dice claramente que se han corregido todas y cada una de las situaciones de desequilibrio patrimonial;
lo dice así de claro, señor Cuevas. Eso no se puede interpretar. Se puede pensar que el Tribunal de Cuentas miente y yo no soy quien lo pienso, pero no es interpretable. Cuando el Tribunal dice que se han corregido esas situaciones en plazo y
forma es que lo dice y eso no es susceptible de interpretación y, habiéndose corregido todas -no lo dice, pero ya está implícito-, no surge la responsabilidad que dice la Ley de Sociedades Anónimas. La Ley de Sociedades Anónimas dice muy claro
cuándo surge la responsabilidad. Si el Tribunal de Cuentas dice que no se da el presupuesto dicho, no surge la responsabilidad y eso tampoco es susceptible de ser interpretado. No hay ilegalidad y, por tanto, no hay responsabilidad. La palabra
irregularidad no aparece en el informe del Tribunal de Cuentas, ni unida al calificativo grave ni unida al calificativo leve. Por tanto, son tres las cosas dichas -no me ha aclarado si a título personal o representando a su grupo parlamentario- por
la diputada María Teresa Costa que yo insisto que le voy a pedir -me da la impresión de que usted no va a querer trasladar mi petición- que me ayude a desenmarañar. Le voy a pedir que me ayude a desenmarañar lo que seguramente sin querer ha
enmarañado.



Política de privatizaciones. Señor Cuevas, estoy dispuesto a venir todas las veces que usted quiera y a escucharle lo mismo cada vez que venga.
Vamos a ver. Dice que el informe de la Intervención General no se les da.
No; se les da un
resumen, una síntesis bastante completa y se les dice por qué no se les puede dar. Eso ya se les ha explicado. Tres veces me lo ha dicho y tres veces le he respondido lo mismo, que se da una síntesis importante del informe y se ha explicado por
qué la SEPI no puede darles el informe: porque no es SEPI el destinatario principal. Sólo le digo una cosa: en España no se empezó a privatizar en 1996, sino en 1985, con la reprivatización de Rumasa. En 1990 hubo una segunda fase de
privatizaciones y en 1996, una tercera. Ahora dice usted que no tiene el informe de la Intervención General. Es verdad, solamente tiene una síntesis. Antes de 1996 nadie podía tener el informe de la Intervención porque no existía; antes de 1996
no había un informe monográfico de la Intervención General sobre cada privatización. Es un avance que ahora sí haya un informe ex profeso, monográfico y que todos los grupos parlamentarios puedan disponer de una síntesis del mismo en la subcomisión
de privatizaciones. ¿Que a usted no le gusta la subcomisión de privatizaciones y le parece que no es suficiente instrumento? Antes de 1996 los grupos parlamentarios no podían decir si les gustaba o no porque ese mecanismo de control parlamentario
tampoco existía. Además, la subcomisión no ha sustituido a ningún otro mecanismo de control parlamentario, complementa los anteriores. Por existir la subcomisión no dejo de venir cuando ustedes piden que comparezca, no dejo de dar la información
que ustedes me solicitan, no se deja de responder ninguna pregunta parlamentaria al respecto y no se deja de enviar la información que ustedes solicitan por las vías ordinarias. Luego, la subcomisión de privatizaciones es un instrumento que
complementa los anteriores y a usted no le gusta, pero antes de 1996 no existía; no podía gustarle a usted ni gustarle a nadie. Dicen que no se envía la información.
Seguramente si el señor Fernández Marugán, por el que yo tengo el máximo
respeto, entre otras cosas porque es compañero de profesión, estuviera aquí, a lo mejor habría dicho que él ha hecho una petición reciente de mucha información vinculada a privatizaciones. Seguramente no la ha recibido todavía porque es una
información que afecta a varios órganos; SEPI ha enviado la documentación a quien la está coordinando y es posible que el señor Marugán todavía no la tenga, pero el 90 por ciento de la documentación que pide el señor Fernández Marugán su grupo
parlamentario


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la tiene hace meses. ¿Puede decirse, porque el señor Fernández Marugán no la haya recibido personalmente todavía, que se hurta la información a los grupos de la oposición? Ustedes la tienen desde hace meses, señor Cuevas, desde hace meses;
por tanto, no se les hurta la información documental.
Señor Cuevas, usted me dijo una vez que ya era hora de que los informes del CCP dejaran de ser opacos, que los querían conocer. Acuérdese que le dije que yo se los daba pero que pinchase la
página web del CCP que, on line, conforme emite el informe lo cuelga, y seguramente también se lo envíe, pero calificar de opaco en sede parlamentaria un informe que es público y accesible a todos los españoles a través de la página web es muy duro,
señor Cuevas, es muy duro y no se ajusta a la realidad.



Entrando en preguntas concretas sobre empresas concretas, usted dice que no le contestamos y que yo hurto información. Le voy a intentar contestar a todo de forma muy rápida. Del 85 o el 90 por ciento de las cuestiones que usted me plantea
sabría la respuesta que le voy a dar ahora si leyera el 'Diario de Sesiones' de la última Comisión de Presupuestos porque su compañera de grupo parlamentario, Arantxa Mendizábal, me lo preguntó. Por tanto, muchas de las cosas que le voy a decir
ahora ya las he contestado y así aparece reflejado en el 'Diario de Sesiones', aunque yo se las respondo muy gustosamente, pero no me diga que no les informamos de eso.
No es ni la primera, ni la segunda, ni la tercera vez que se lo voy a decir.



Compañía Trasmediterránea. En cada proceso de privatización gana uno, gana la oferta que es elegida, y los demás no ganan, o dicho de otro modo, pierden, y en términos deportivos el que pierde no suele quedarse del todo contento. Dicho
esto, en la Compañía Trasmediterránea, varios de los que perdieron en términos deportivos han enviado documentos a la SEPI, al Ministerio de Hacienda, felicitando al agente privatizador por la transparencia con la que se había llevado el proceso y
dando su absoluta conformidad a todos los pasos que se habían dado en el proceso de privatización, incluso aquellos que no resultaron adjudicatarios, lo cual, en primer lugar, dice mucho a su favor por la bonhomía que supone reconocer eso, y en
segundo lugar a favor de la pulcritud del proceso, diga usted lo que quiera usted decir, señor Cuevas. A lo mejor alguien que pierde porque no ha valorado bien su estrategia competitiva y porque no está dispuesto a dar más quiso rectificar y no
consigue que desde la SEPI se haga algo que no se debe hacer, que es incumplir las normas de procedimiento e incumplir la igualdad de oportunidades, tiene un especial enfado yo creo que consigo mismo por no haber jugado bien sus bazas, porque si
estaba dispuesto a dar una cantidad superior por una compañía magnífica estará arrepentido de no haberlo hecho en el momento que tenía que haberlo hecho y el enfado que debe tener consigo mismo lo vuelca, qué le vamos a hacer, hacia el que cumplió
con su obligación haciendo que el procedimiento fuera limpio, con pulcritud, con publicidad, con concurrencia y con transparencia.



Yo le puedo decir, como podrá comprobar en la documentación que estamos enviando, que entre la oferta no vinculante y la oferta vinculante en todas las compañías hay cambios, hay mucha obtención de información adicional en todos los
procesos, como no puede ser menos. No se accede a determinada información, a determinadas reuniones con equipos directivos, a realizar los procesos de dataroom hasta hacer la oferta no vinculante, por tanto, se hace la oferta no vinculante con
mucha menos información.
Pero de lo que yo conozco, si ha habido una compañía donde el nivel de información ha aumentado radicalmente ha sido en Trasmediterránea. Fíjese hasta qué punto no es cierto lo que ha dicho aquel que ha dicho lo que usted
ha leído. ¿Por qué? Porque hubo dos cosas. Dado que había algún pleito en el cual la Compañía Trasmediterránea sufría una demanda, hubo una petición de profundizar en el marco legal por parte de los potenciales compradores y se prorrogó el plazo
por este motivo y porque en el camino entre la oferta no vinculante y la oferta vinculante hubo modificaciones en el ámbito de gestión de alguna institución pública que afectaba a las cuentas de la Compañía Trasmediterránea y modificó
sustancialmente la información o la percepción que pudieran tener los potenciales compradores. Por tanto, en todas las compañías hay un cambio importante, suministrando mucha más información después de la oferta no vinculante que de la vinculante,
pero si en alguna compañía ese aumento de información ha sido radicalmente importante ha sido en Trasmediterránea. Por tanto, permítame que ponga en cuarentena lo que S.S. ha leído.



Respecto a la compañía Iberia, no seré yo quien cuestione lo que ha dicho la Audiencia Provincial. Puedo confirmarle que SEPI pagó 3,95 euros por acción en una ampliación de capital que tenía una enorme prima de división, creo que del 500
por ciento. Precisamente eso, el hecho de que se trataba de una ampliación de capital en condiciones muy poco apetecibles para el suscriptor minoritario, es lo que entiendo yo que llevó a que ningún accionista minoritario suscribiera acciones en
esas condiciones. Es evidente que el juez ha dicho lo que ha dicho y, por tanto, yo no puedo decir nada en contrario. Se pagó la cantidad de 3,95 euros por acción, fue una ampliación de capital con una prima de un 500 por ciento y la razón era
capitalizar la compañía de forma importante, de acuerdo con el convenio suscrito con los sindicatos para fortalecer subsidiariamente desde el punto de vista social a la compañía.



En el caso de Initec, me pregunta usted por la Fiscalía Anticorrupción, algo por lo que también me preguntó su compañera de grupo, la señora Mendizábal, a quien le contesté que no sabía nada y sigo sin saber nada.
No digo que no se haya
presentado algo en la Fiscalía Anticorrupción, pero lo único que sé es que hay


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una demanda en sede judicial que de momento está viva. Ahora bien, respecto a la posible denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción -ya se lo dije a la señora Mendizábal-, no sabía nada entonces y tampoco sé nada ahora.



En cuanto a Santa Bárbara, me ha preguntado qué pasa con las inversiones.
Pues que se van realizando. En el último ejercicio se han hecho inversiones por importe de 90.000.000 de euros. ¿Que no es toda la comprometida? No, porque tampoco
ha transcurrido el plazo de tiempo en el que tienen que hacerse las mismas. Como siempre he dicho, los datos de las inversiones -hoy hemos visto una excepción que dividía el período en dos subperíodos en el caso de Alcoa-Inespal- se refieren a todo
el período del Plan industrial y por tanto que en un año se haga una inversión no quiere decir que se esté sobrecumpliendo o infracumpliendo.
Para que tengan un dato, durante el último año se han invertido aproximadamente 90.000.000 de euros. En
cuanto acabe el trabajo, no tengo el dato exacto, pero sí tiene planes concretos la compañía de proceder a intensificar la traída de carga de trabajo a las factorías españolas.



Me pregunta por Babcock Borsig y por las noticias sobre los 20 millones de euros. El que dentro de un grupo, entre una matriz y su filial haya remesas de fondos, S.S. estará conmigo, que también entiende de esto, en que es algo
absolutamente normal. No conozco ningún grupo empresarial que tenga prohibidas o que no practique remesas de fondos entre el grupo. Yo iba a decir que confieso, aunque no he de confesar nada, pero informo que en SEPI lo hacemos. Funciona el
mecanismo de inter SEPI, al que creo que alguna vez me he referido en esta misma sala, para financiar problemas puntuales de tesorería a corto plazo. Por tanto, en el grupo alemán parece que se hace lo mismo. Yo creo que no hay ningún motivo para
criticar que ocurra algo semejante. Es verdad que en el camino, cuando había 20 millones de euros de esta filial -no sé de cuántas formas habría otros movimientos-, en la matriz se produce la suspensión de pagos. Ahora hay un riesgo de incobro
parcial de esa cantidad.



¿Qué va a hacer la SEPI respecto a los 20 millones? Yo no veo que haya ningún problema en principio. Alguien ha dicho que esos 20 millones de euros eran recursos procedentes de la SEPI. Yo creo que eso es mucho decir. No sé con qué
información lo dicen. Yo, con la información que tengo, no puedo afirmar eso. Cuando de una sociedad sale una cantidad de dinero, en principio se corresponde con toda la cantidad de dinero que ingresan a esa sociedad. Desde luego, la llegada de
recursos de tesorería a la compañía Babcock Borsig España no son sólo los fondos provenientes de la SEPI en cumplimiento del contrato de venta; es también la tesorería inicial que tiene la compañía cuando se vende, son los ingresos financieros,
gestiones de tesorería y los cobros de los clientes. Por tanto, cuando una compañía tiene varios orígenes de fondos, vincular un destino concreto a un origen concreto, no sé con qué información la hacen. Yo, desde luego, no llego a alcanzar esa
información. Con todo, por si acaso hubiera información suficiente, tras una investigación, y se demostrara o se llegara a poder demostrar que efectivamente hay un recurso concreto vinculado a un destino y a un origen concreto, y que fueran fondos
de la SEPI y que eso tuviera alguna consecuencia, lo que la SEPI ha hecho es poner los hechos en conocimiento del juzgado competente, que es el de Baracaldo. Allí hemos presentado una denuncia al juez diciendo: en relación con este tema, esto es
lo que nosotros sabemos. Se lo decimos por si usted considera pertinente realizar alguna investigación o proceder a iniciar un proceso de exigencia de responsabilidades. Sin tener ninguna garantía, ninguna certeza, ninguna convicción de que haya
pasado algo que no pueda pasar, por si acaso -dado que la información evidentemente nunca es la máxima-, y como mejor mecanismo de defensa de los intereses públicos, lo hemos puesto en conocimiento de la autoridad judicial.



¿Qué va a hacer la SEPI en relación con Babcock Borsig? Si no le parece mal, señoría, lo agrupo para responder a la vez al señor Aspiazu y así cuando responda al señor Aspiazu respondo a esa pregunta también. Con respecto a Aerolíneas
Argentinas me pregunta si puedo garantizar que no hay pagos pendientes. No. En ninguna compañía que se vende entre partes privadas se puede garantizar que no haya pagos pendientes. El pago de una contingencia, cuando se produce, es un compromiso
no determinado cuantitativamente, pero firme jurídicamente exigible. La contingencia tiene que convertirse en pérdida. Siempre que alguien vende tiene que asumir las contingencias, entendiendo por tal los hechos que haya que pagar porque se
conozcan con posterioridad pero que hayan ocurrido con anterioridad al cambio de propietario. Eso, evidentemente, lo tiene la SEPI al vender Aerolíneas Argentinas.



En relación con los pagos comprometidos para hacer efectivo el reparto del pasivo, si me permite que lo diga de forma coloquial, más o menos el 50 por ciento del pasivo lo asume el comprador y el 50 por ciento el vendedor. Nosotros no
pagamos el 50 por ciento del pasivo que asumimos de golpe, sino que lo íbamos pagando de forma fraccionada y vinculado al cumplimiento de las obligaciones que asumía el comprador con nosotros.
Ahí creo que queda algún pago pendiente todavía; pero
pagos pendientes en ejecución estrictamente del calendario de pagos aprobado en el contrato de venta realizado en su momento.



Me pregunta por EADS. Los proyectos van como se preveía, con un ligero retraso provocado por el cambio de Gobierno alemán, por las elecciones.
Después del retraso hay una poco significativa reducción de los aviones que va a pedir el
Gobierno alemán. No conozco ningún dato negativo adicional en este tema.



En cuanto al señor Pedro Ferreras, le respondo lo mismo que le respondí a su compañera de grupo Arantxa


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Mendizábal en la Comisión de Presupuestos. Es consejero de EADS en representación de un accionista, que es SEPI. ¿Que si existe contrato? No. Los consejeros tienen el régimen que tiene todo consejero y por tanto cobra las dietas de
asistencia, como se cobra en todos los consejos de administración. Hasta ahí llega la situación.



Me pregunta que si es bueno que las decisiones o las negociaciones las lleve el señor Pedro Ferreras. No se equivoque. Las negociaciones las lleva SEPI. Lo que hay que negociar con la empresa EADS lo lleva el accionista, que es SEPI. El
señor Pedro Ferreras nos representa en el consejo de administración, como cualquier otro representante en cualquier otro consejo de administración. Como bien pude decirle contestando a la pregunta de la señora Mendizábal, antes de cada consejo el
señor Pedro Ferreras se dirige a la SEPI y dice: Este es el orden del día del consejo, ¿qué posición tengo que mantener en cada punto? Y antes de que el señor Pedro Ferreras se vaya al consejo la SEPI le dice a su representante en el consejo lo
que ha de votar o lo que ha de decir en cada uno de los puntos del orden del día. Este es el mecanismo. Es el representante de un accionista en un consejo que sigue, faltaría más -y lo hace muy bien-, las instrucciones del accionista. No negocia
nada en nombre de SEPI y lo que haya que negociar lo negocia SEPI. Él es el representante en el consejo, como tuve ocasión de decirle a la señora Mendizábal. Me pregunta que desde cuándo. Desde luego, desde que yo me incorporé él era ya
representante en el consejo.



Luego me preguntó por Izar y cómo van las pérdidas. En el año 2000, que fue el primer año en que existe Izar, las pérdidas contables -recuerdo que Izar es una fusión por absorción desde Bazán hacia Astilleros y por tanto se incorporan las
pérdidas de todo el año de Bazán y del segundo semestre de Astilleros, pero excluyen las pérdidas del primer semestre, en el cual existió Astilleros de forma independiente- fueron 173 millones de euros y habría que añadir las pérdidas individuales
de Astilleros del primer semestre, que no sé ahora cuáles fueron. Por tanto, fueron más de 173 millones de pérdidas de lo que hoy es Izar. En el año siguiente, en el año 2001, se perdieron 154. Por tanto, hubo una reducción de 20 millones de
euros en pérdidas. Además -y tuve ocasión de decirlo aquí, respondiendo a una pregunta de la señora Mendizábal- ahí había un beneficio extraordinario y por lo tanto la relación de pérdidas en términos de gestión fue menor que la que aparece. Sin
embargo, el año 2002 ha sido mejor porque la reducción ha sido de 154 millones en el año 2001 a 120 millones de euros en el año 2002. Por tanto, hay una reducción de 34 millones de euros, que ya es más significativa, y más aún si los 154
incorporaban un beneficio extraordinario. Por tanto, hace peor la comparación de 2001 frente a 2002, pero hace mejor la comparación de 2000 frente a 2001. Para el año 2003 se prevé que las pérdidas se reduzcan por debajo de los 100 millones de
euros. En el instrumento correspondiente de planificación están previstas unas pérdidas entorno a 90 millones de euros. Efectivamente, vamos más lentos en la reducción de pérdidas de lo que planteábamos. ¿A qué se debe? A varias circunstancias,
señor Rodríguez; también esta parte responde a su intervención parcialmente. En primer lugar, hay una crisis económica general, se ha producido una ralentización en la economía mundial y eso se está notando en el sector.
En segundo lugar, hay una
intensificación de la competencia desleal de Corea y, de forma emergente, de Japón y de China. Esto, unido a otro dato que les voy a decir ahora, ha supuesto la cuota de mercado de Corea, Japón y China haya crecido de forma espectacular frente a la
cuota de mercado del resto de Europa. Por tanto, Izar sufre ahí lo mismo que sufren todas las empresas de construcción navales europeas o del resto del mundo. En este problema ha incidido también el retraso y el parón que ha habido en la Unión
Europea respecto a las ayudas. Ha habido un parón en el año 2000, al sustituir un mecanismo que no se ha empezado a reemplazar hasta 2002 y que todavía no se ha acabado de ejecutar. Por tanto, estos dos o tres años en los que las empresas europeas
han estado absolutamente inertes frente a la competencia desleal coreana han supuesto una ralentización en la evolución de la reducción de pérdidas de Izar, que no obstante ha sido ciertamente significativa.



El señor Cuevas y el señor Rodríguez me han preguntado por las previsiones de privatización. En Izar estamos ahora en fase de consolidar el proyecto, apostando por él, porque tiene hitos muy positivos. Desde que existe el proyecto Izar, es
la primera vez en décadas que en España no se pierden empleos en el sector público de construcción naval; en los trece o catorce años anteriores se perdieron 12.000 puestos de trabajo en las empresas públicas de construcción naval. Ese es el
primer hito importante. Han aumentado los ingresos, ha aumentado la ocupación de los astilleros, pasando del 76 por ciento en el año 2000 al 89 por ciento, casi el 90 por ciento, en el año 2002. Saben ustedes, señores diputados, que el 95 por
ciento es el límite técnicamente asumible, por lo que en el año 2002 estamos en un nivel de ocupación ciertamente importante. Fruto de estos hitos es la reducción de pérdidas. ¿Más lenta de lo que quisiéramos? Por supuesto que sí, pero hay que
seguir apostando por el proyecto Izar e intensificar la apuesta, como acabamos de hacer reforzando entre otras cosas el equipo directivo de la compañía. Como saben SS.SS., hemos nombrado recientemente un consejero delegado para reforzar el nivel
ejecutivo y directivo de la compañía, para seguir apostando por el proyecto Izar.



¿Se podrá saber de una vez cuánto perdió Cetarsa en Gescartera? Señor Cuevas, lo dije en sede parlamentaria hace quince o dieciséis meses. Se lo repito ahora, pero lo dije ya cuando vine a la Comisión de investigación y aporté
documentación. Dice usted: No nos dan


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información. Se la damos. Se lo dije in voce -está en el 'Diario de Sesiones'- y entregué la documentación al presidente de la Comisión de investigación. Ahora se lo repito otra vez, pero no me diga que por primera vez, será por enésima
vez. Yo, encantado de la vida, es mi obligación y lo hago gustosísimo, pero no me diga que se lo voy a decir por primera vez. Como dije en su momento, lo que invirtió Cetarsa en Gescartera fueron 150 millones de pesetas, si no me falla la memoria.
Se procedió a realizar una investigación de cómo se habían tomado las decisiones y -como les puede decir el presidente de la compañía y yo también- al considerar que se había actuado de forma incorrecta por parte del decisor, se tomaron decisiones
contundentes como el cese del responsable. Por tanto, 150 millones de pesetas fueron los afectados, que en su globalidad todavía formalmente no están perdidos. Que quede claro que yo ya lo había dicho personalmente in voce y entregando la
documentación en la Comisión de investigación.



Su señoría me ha preguntado por Radiotelevisión Española y también el señor Souvirón, por lo que agruparé la respuesta.



Finalmente, en cuanto a parques empresariales, hasta hace muy poco veníamos haciendo parques empresariales en terrenos propiedad de SEPI.
Eso no ha cambiado mucho respecto al parque de Requena, porque en este parque ha habido una permuta de
terrenos con la Generalitat Valenciana.
Teníamos un terreno y la Generalitat Valenciana nos ha propuesto una permuta. Por tanto, el origen del parque de Requena es una propiedad inmobiliaria también de la SEPI, fruto de los procesos de
reconversión industrial que en su momento se plantearon. La política de parques empresariales sigue igual, salvo que está al servicio, como no podía ser menos, de la política económica general de este país. Vamos a entrar con nuestro instrumento
Infoinvest, nuestro instrumento Parques Empresariales, al servicio de un objetivo de política económica como es el plan de reactivación de Galicia, sin necesidad de cumplir el requisito de que el terreno sea nuestro. Hemos ofrecido a la Xunta de
Galicia la construcción conjunta de un grupo de parques empresariales sin necesidad de que el terreno en que se construyan sea de la SEPI, luego el criterio no es unánime cuando hay una política económica general del Gobierno por una razón de
urgencia, como es el plan de reactivación de Galicia.



Dice que este Parlamento conocerá y profundizará en los temas de privatización, estoy seguro de que sí, como ahora lo puede hacer también y como hasta ahora lo han hecho aquellos grupos que así lo han deseado hacer. Yo he leído en los
periódicos que este Parlamento -debe ser la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas- ha enviado al Tribunal de Cuentas un mandato para que en su plan de fiscalización del año 2003 estudie las privatizaciones, pero yo creo que la
Comisión Mixta de este Congreso lo hizo con mucho rigor y con mucho acierto, porque dijo: analice usted todas las etapas de privatización que ha habido en este país y haga un análisis comparativo, y eso, señor Cuevas, es lo realmente interesante.



Yo me aproximo a la historia de forma dinámica, y mi pregunta es: ¿se privatiza mejor ahora que antes o no? Y yo digo: sí; y añado: sólo faltaría que no aprendiéramos todos del pasado. Pero reconociendo que las mejoras en el tiempo son
obligadas, porque, si no, no estaríamos avanzando, hay que reconocer, por tanto, que esas mejoras existen, y estoy convencido de que eso será lo que el Tribunal de Cuentas con su rigor y con su profesionalidad pondrá de manifiesto en ese informe que
la Comisión Mixta del Congreso de los Diputados y el Senado le ha solicitado.



Paso a las intervenciones realizadas. Señora Riera, el agradecimiento es mío y de SEPI hacia su grupo y hacia usted, porque yo creo que ha tenido S.S. la virtud y el acierto de provocar que se desencallara un tema que estaba encallado. Yo
creo que todos teníamos la voluntad de arreglar un problema, pero en ocasiones -pasa en los procesos químicos- es necesario que exista un factor catalizador que agilice los procesos de transformación, y S.S. en este caso ha sido el catalizador de
la solución. Yo comprometo pública y notoriamente a SEPI y a su empresa Infoinvest para empezar a trabajar desde mañana mismo en la solución del problema de La Botjosa de acuerdo a los parámetros que S.S. ha propuesto, y además me comprometo
públicamente a que el trabajo, por nuestra parte y estoy seguro que por las otras instituciones afectadas, se realice con rapidez y con diligencia y que, por tanto, en muy corto plazo, y gracias, insisto, a la iniciativa de S.S., será absolutamente
cierto ya que exista una solución diseñada y la podamos ejecutar con absoluta inmediatez.



Infoinvest se va a volcar, porque efectivamente hay una responsabilidad moral respecto a los habitantes de La Botjosa y porque incluso desde el punto de vista empresarial la situación actual no es buena para Infoinvest. Por tanto, me
comprometo una vez más pública y notoriamente, le reconozco a S.S. el carácter de factor catalizador del proceso y gracias a S.S. el problema estará arreglado más bien antes que después, y quedo a su disposición para seguir trabajando -ya hay
reuniones de trabajo a partir de mañana de los directivos de SEPI y yo mismo con las instituciones afectadas-, y si es con S.S., con usted misma, estaremos encantados.



En relación con los temas que plantea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), con todo respeto no comparto el tema de que la existencia de un precio de adjudicación mayor al precio de salida implique que el precio de salida
fuera malo o bajo. Yo creo que lo que ha existido es una enorme concurrencia, y estas son las leyes económicas, cuando hay mucha demanda sube el precio. El precio de salida no es el precio máximo al que tú crees que se puede aspirar, porque como
entras en un mecanismo de competencia cuando fijas un precio de salida estás anclando ofertas y fijas un precio por debajo del cual no estás dispuesto


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a vender, pero no vas al máximo. Ahora, cuando eres capaz de crear tanta demanda gracias al variado y articulado sistema de información, el hecho de una enorme demanda hace que el precio suba, y yo creo que esa es la explicación adicional
de esa subida del valor de adjudicación sobre el valor de salida.



Me pregunta S.S. por el tema de Alicesa. Yo creo que Alicesa es una empresa con tendencia a caer en Cofivacasa, es decir, en esa empresa instrumental nuestra que va liquidando sociedades en procesos de liquidación, prácticamente Alicesa es
una sociedad sin actividad una vez que ha vendido Coosur y Olcesa. ¿Por qué la mantienen ustedes, me preguntarán? Pues porque es la que tiene la demanda con KIO por el tema de las acciones de Ebro Puleva y, por tanto, es una compañía que tiene la
provisión realizada, está aprovisionada, y está allí, en esa situación de espera, hasta que haya sentencia judicial al respecto, cosa que puede ser en breve porque ya se celebró la vista oral y por tanto el procedimiento está visto para sentencia.
Ahora mismo no tiene más actividad que estar a la espera de lo que diga a la autoridad judicial correspondiente. En cuanto a Química del Estroncio, ¿por qué se ha hecho en dos fases? Acierta S.S. preguntándomelo porque no lo expliqué al
principio, quizá por no consumir más tiempo. Sí dije que Química del Estroncio se constituyó en 1996 para hacer un producto completamente nuevo en el mercado. De hecho, todavía está en la fase de que pueda empezar a comercializarse. Eso
aconsejaba que los dos socios principales que han actuado conjuntamente desde la constitución de la compañía estuvieran también juntos, si bien cambiando la condición de mayoritario y minoritario, hasta que la actividad comercializadora del producto
fuera una realidad. Ha habido una doble consideración con todos los socios minoritarios, aunque luego fueron desapareciendo, respecto a que era bueno que se compartiera esta andadura empresarial hasta que fuera una realidad la comercialización del
producto en condiciones normales de presión y temperatura.



Respecto a la compañía Trasmediterránea ¿cómo se garantiza el servicio público? A través del contrato que se hizo con el Estado. Ante el concurso que convocó el Ministerio de Fomento, la adjudicataria fue Trasmediterránea y nosotros hemos
obligado a que nos garantice el cumplimiento de todas sus obligaciones vinculadas al contrato del Estado.
De hecho, tanto hemos vinculado los requisitos obligatorios del plan industrial al dicho contrato y por tanto a la función de servicio
público, que lo cumple en tanto que contratista, que casi todos los hitos temporales del resto de condiciones que le hemos exigido, es decir, prácticamente la referencia temporal para el cumplimiento de todos los compromisos del plan industrial de
Trasmediterránea van referenciados a la fecha de conclusión del citado contrato con el Estado. Esa es la manera en que se va a garantizar que va a seguir cumpliendo con la función de servicio público.



Me preguntaba sobre el plan industrial en relación con ENA. Es un tema tecnológico. En ENA hay un plan industrial. A las condiciones del régimen de la concesión hemos incluido dos o tres cosas como requisitos mínimos en la fase en la que
estamos ahora pero estoy con S.S., no hay empresa sin plan de empresa. Por tanto, claro que hay un plan de empresa en ENA.
Lo que pasa es que nos parecía redundante reproducir en las condiciones de la privatización las condiciones del régimen de
la concesión, pero ese es el grueso del plan industrial, que se complementa con las tres o cuatro características a que me he referido antes de requisitos mínimos.



En cuanto a la visión global de la SEPI, quizás es que no lo he explicado bien. Enesa no fue nunca una empresa de la SEPI, Enesa nunca estuvo en la órbita de la SEPI. No hay un cambio de adscripción de la empresa. Puede que S.S.
considere que tenía que estar, pero no estaba antes en la SEPI ni sale de la SEPI. Sale de la SEPI una participación minoritaria del 12 por ciento. Enesa estaba en otro ámbito público y SEPI era un participante minoritario que, en tanto que era
gestionado y controlado por otro integrante del sector público, tenía una presencia pasiva.
Simplemente se reubica esa parte minoritaria en el capital social de Enesa y por tanto no hay una reubicación de dicha empresa. Quizá no lo expliqué
suficientemente.



En cuanto a la filosofía de las tres nuevas sociedades, lo que dice el acuerdo del Consejo de Ministros es claro. Establece la figura de la tutela a favor del Ministerio de Agricultura. En cuanto lo que han de cumplir las tres
instituciones en materia de instrumentos del Estado, y digo Estado en sentido amplio, porque como saben en el caso de Tragsa también debe responder a requerimientos de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos para cumplir con su función, en
tanto que eso sigue adscrito al ministerio de tutela, que es el de Agricultura, lo que se pretende es que al pasar a la SEPI la mayoría de las acciones, se beneficien de la experiencia empresarial del grupo SEPI, de los métodos de dirección del
grupo que tiene SEPI, de los mecanismos de planificación, de los mecanismos de control, de los mecanismos de régimen de autorizaciones, de decisiones, del mecanismo inter SEPI a que me he referido antes, de las posibles sinergias de un grupo
empresarial configurado y gestionado como tal, etcétera. Por tanto, lo diré de forma muy coloquial y quizá no muy afortunada desde el punto de vista lingüístico, en cierto modo se está aplicando el modelo de Televisión.
Será otra institución quien
tenga que responsabilizarse del producto y queda para SEPI la responsabilidad económico-financiera. Es pronto para que SEPI pueda decir nada respecto a sus planes en estas tres empresas.
Me comprometo en una futura intervención a decir algo más.



Por cierto, se me olvidó decir antes que nosotros, si no simultáneamente, casi al tiempo que enviamos la información de nuestros resultados a la CNMV, la enviamos al Congreso de los Diputados. Desde luego


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puedo confirmar que el tercer trimestre se envió y si a la CNMV se le ha enviado el segundo semestre del año hace dos días, me imagino que en el Congreso estará entrando, si no ha entrado ya. Señor Cuevas, creo que ahí no estamos retrasados
y si lo estuviéramos, que sería sólo por el último trimestre, que creo que no, no se preocupe, señoría, que inmediatamente tomo las medidas -pediría además perdón a la Cámara- para rectificar.



El señor Azpiazu me pregunta, igual que al señor Cuevas -antes dije que agruparía la contestación- sobre Babcock Borsig. En cuanto a la supuesta desviación -él decía 40 millones-, son 20, y valga lo que he dicho. Yo mantengo lo que vengo
diciendo y ya lo he dicho en esta Cámara y en respuesta a preguntas de la señora Mendizábal: SEPI está dispuesta -y creo que los hechos desde que contesté aquello lo demuestran- a poner todo el empeño y todos sus mejores esfuerzos para buscar una
solución para el empleo y para el trabajo de la Babcock Borsig España. El tema es difícil porque el sector de bienes de equipo está como está, está muy mal y además hoy en el sector de bienes de equipo las empresas no quieren tener a la vez -no sé
quién lo decía- empleados de cuello blanco y trabajadores con mono. Hoy las empresas optan por tener ingeniería y diseño o por tener factorías. Las dos cosas no las quieren hoy las empresas del sector. Eso es así. Además, lo dijo el ministro de
Hacienda y es verdad, la empresa que compró Babcock Wilcox ha suspendido pagos y como dice el señor Azpiazu eso es un fracaso; evidentemente, ese comprador ha fracasado, está claro.



Esto nos sitúa en una situación complicada. SEPI dijo lo vamos a intentar alumbró una posibilidad y encontró alguien que potencialmente estaba dispuesto a comprar la compañía. Se le puso en contacto con los propietarios de la compañía, con
los alemanes, hubo unas conversaciones previas, para las cuales fuimos autorizados por los alemanes, tasladándoles algo de información sobre la compañía. En cuanto hubo un interés efectivo ya se pusieron en contacto comprador y vendedor, como no
puede ser menos, propietario y aquel que aspira a serlo. Por la información que teníamos, el proceso iba bastante bien, no digo que estuviera todo hecho, pero sí que el tema iba bastante bien y con altas expectativas de cuajar. Me pregunta el
señor Azpiazu qué ha ocurrido. No es que quiera responder a la gallega, señor Rodríguez, pero le voy a responder con una pregunta. Señor Azpiazu -lo digo retóricamente, sé que el señor diputado no está ahora mismo-, ¿S.S. compraría algo donde los
que están dentro le dicen que le van a hacer la vida imposible? Es una reflexión que hago. Creo que no todos hemos ayudado todo lo que se podía a que esa solución fuera posible. Sinceramente creo que hay que facilitar las posibles soluciones, que
desde luego son complicadas y difíciles, pero no se puede dificultar que se puedan implementar soluciones que aparecían como factibles, incluso como altamente probables. No obstante, creo que se impondrá la voluntad colectiva de todos, agentes
sociales, administraciones locales afectadas, instituciones, comprador, vendedor, en su caso potencial comprador y desde luego SEPI, y si todos colaboramos y buscamos soluciones, en la línea de lo que dice la resolución aprobada ayer por la Comisión
Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas, realistas y viables, creo que podemos llegar a un punto de encuentro razonable, pero es condición sine qua non que todos colaboremos y que aspiremos a soluciones realistas y viables, y eso enlaza con
una pregunta que me han hecho los dos señores diputados, y es: ¿la va a recomprar SEPI? Si SEPI recompra la compañía -es mi opinión y la de los técnicos jurídicos y financieros de SEPI-, creemos que quebraría en pocos meses.
Por tanto, no es una
alternativa. ¿Por qué quebraría la compañía si SEPI la compra? Porque SEPI automáticamente no podría comprometer más ayudas financieras a una compañía cuyas últimas ayudas autorizadas por la Unión Europea fueron calificadas de forma subrayada como
las últimas. Ni siquiera el voluntarismo de intentar cambiar el criterio de la Unión Europea para que aquellas últimas fueran penúltimas y hubiera unas nuevas permitiría pensar que la compañía puede salvarse, porque el proceso de tramitación de esa
intención voluntarista es mucho más largo que el tiempo de perduración de la compañía si pasa a ser capital público y SEPI no puede, prohibido por la legislación comunitaria sobre el mercado común, aportar ayudas. Por tanto esa es la primera
alternativa que no es alternativa, que no es viable y que no es realista. Habrá que trabajar con cualquier otro escenario menos con ese si no queremos ir a que la compañía quiebre, lo que evidentemente creo que ninguno queremos.



Señor Rodríguez, en relación con Alcoa-Inespal, lo que le puedo decir es que no tengo toda la información que me solicita, pero sí puedo añadir a lo que he dicho antes que, por ejemplo, sé que en materia medioambiental en este período al que
me he referido se ha invertido por la compañía 19 millones de euros; por tanto ha habido una inversión importante. Lo que no sé es compararle esto con un compromiso concreto, si es que lo había.
Sé que en medio ambiente se ha invertido cerca de
20 millones de euros.
En materia de seguridad laboral puedo decirle dos cosas, que me consta que en todos los centros de la compañía se ha invertido en estos aspectos, no sé cifras pero sí se que se ha invertido, porque la seguridad laboral, quizá
por la cultura empresarial que usted mencionada o por el país del que procede el capital, es un tema al que la compañía da la máxima trascendencia. Cuando ha ido la Inspección de Trabajo no ha puesto ninguna pega a cómo se aborda por la compañía
estas cuestiones, hasta donde yo sé; creo que son documentos oficiales y que una respuesta a una pregunta parlamentaria va en ese sentido. Le puedo dar un dato más que no es oficial y es que la compañía ha recibido un premio anual -no me diga cuál
fue la institución premiante- a la empresa más


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segura Fue un premio que se entregó y se recibió en Barcelona. Lo que no recuerdo es cuál era la organización que convocaba los premios y por tanto la premiante. Lo que sí sé es que fue en Barcelona y que el objeto era premiar a la empresa
más segura y sé que el premiado fue Alcoa-Inespal. Por tanto en materia de seguridad no digo que no pueda haber alguna excepción concreta, pero en general creo que los datos son positivos. Ciertamente no puedo responder ahora, señor Rodríguez,
pero tomo nota y me comprometo a contestar a la pregunta que me hace en relación con las condiciones de utilización del puerto.



En cuanto a la crisis del mercado, hay un ciclo de precios bajos en el sector, hay una crisis de ralentización económica general y luego hay una cuestión que a esta empresa le hace daño como a otras, aunque a algunas les viene bien, que es
la cotización euro-dólar. La suma de las tres cosas ha creado una cierta complejidad en el sector, pero creo que dentro del sector Alcoa-Inespal está en las mejores condiciones comparativas y por tanto me parece que cuando un sector pasa por alguna
crisis las empresas que están mejor que las otras lo que hacen finalmente es ganar en términos relativos. Yo soy optimista respecto al presente y al futuro de Alcoa-Inespal.



En cuanto a la Empresa Nacional de Autopistas, me pregunta por las concesiones. La respuesta va a ser mucho más clara. Lo que se pone en venta son las acciones de ENA. Por tanto las acciones de las filiales siguen donde están y las
concesiones siguen donde están, no cambia nada hacia abajo. Son las acciones de la matriz las que se han puesto en proceso de privatización. Eso quiere decir que cada filial sigue donde está, cada filial sigue explotando las concesiones
correspondientes y sigue obligada a hacerlo en las mismas condiciones establecidas en el régimen concesional que había antes. Lo único que cambia es el capital, público por privado, que por otra parte estarán SS.SS. conmigo en que es la norma.
Así nacieron estas autopistas, con concesiones explotadas por empresas privadas, así está la mayor parte de las autopistas de peaje en este país, la mayor parte de kilómetros de autopistas de peaje, tanto si lo medimos por empresas como por
autopistas o por kilómetros; la mayoría del sector en España está en capital privado y así está en Europa, y en aquellos países en los que por razones de crisis económica y de dificultades económicas de las empresas se nacionalizaron algunas, que
fue el caso español -y las exposiciones de motivos de los decretos-leyes de los años 1983 y 1984 son muy claras-, en aquellos casos, repito, en los que se procedió, por razones coyunturales de crisis económicas, a nacionalizar o a comprar por el
sector público las empresas, también se han hecho ya los procesos de privatización, como son, creo recordar, Portugal e Italia, como países más próximos a nosotros ahora mismo. Para el usuario la situación va a ser la misma, el régimen de concesión
permanece; simplemente cambia el que la explota. Por tanto yo creo que ahí el usuario no va a tener un cambio significativo.



Respecto a Izar, ya le respondí antes a una serie de cosas y solamente voy a hablar del tema de las ayudas a los gaseros al que usted se refería de manera muy específica y luego hablaré del problema estricto del astillero en Galicia. Lo que
hizo la Unión Europea cuando en el año 2002 autoriza a restablecer las ayudas hasta un 6 por ciento en determinados tipos de barcos fue no incluir a los gaseros, que es donde ahora se dice que nosotros llevamos retraso. No llevamos retraso
nosotros, lo lleva la Unión Europea, porque lo autorizó para todos menos para los gaseros, y dijo: en el caso de los gaseros primero hay que comprobar que también hay competencia desleal coreana y por tanto abro un período -que acaba estos días, en
marzo- para que las empresas afectadas me presenten estudios de mercados y estudios de costes demotrándome que hay competencia desleal por parte de Corea. Si me lo demuestran, extenderé la posibilidad de la ayuda pública del 6 por ciento también a
los gaseros. Izar desde luego ha hecho sus estudios y ha aportado sus alegaciones y creemos que va a ser confirmado que, efectivamente, hay competencia desleal por parte de Corea, que será aprobada la autorización para dar las ayudas también a los
gaseros y confiamos -y estoy seguro que así será- en que el Gobierno español irá al máximo de cara a la utilización de esas ayudas, pero no hay un retraso por parte de la gestión desde España; hay un retraso por parte de la gestión desde Europa,
porque el gasero es un tipo de barco más reciente que los anteriores y no tenían o creían no tener suficiente información respecto a que ahí también había competencia desleal coreana.
Sobre el futuro de Izar, ya contesté al señor Cuevas, pero más
en concreto, en cuanto a Europa o América, el futuro está abierto. Nosotros hemos construido consorcios europeos en el ámbito europeo y en principio es una apuesta natural, pero desde luego en un tema tan importante como es la empresa de
construcción naval, no cierro ninguna puerta a posibles alianzas o a posibles creaciones de consorcios empresariales. Estamos hablando mucho más con nuestros amigos y vecinos franceses que con los señores de DTD, pero desde luego en un
planteamiento a dos años no hay que reducir ninguna posibilidad.



Sobre el futuro de la SEPI, señor Rodríguez, al margen de coincidir o no, que seguramente no coincidimos, sobre si es bueno o no reducir el tamaño del sector público empresarial, sí vamos a coincidir en que de un modo u otro la presencia del
Estado y del sector público en el ámbito industrial tiene que permanecer. Seguramente usted considera que debe permanecer como propietario de más empresas, de más de las que tiene ahora y que no se hubiera privatizado. Yo no comparto la forma en
que usted lo ve, pero sí el fondo, y creo que sí que tiene que haber presencia del Estado de forma activa para favorecer proyectos empresariales realizados desde el sector privado, para favorecer la


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creación de empleo, de actividad económica, de riqueza y, en definitiva, de tejido industrial. Lo que pasa es que el tejido industrial lo puede crear el sector público, que ha sido la experiencia española desde el año 1941, con resultados
no digo malos pero no muy brillantes y en todo caso con luces y sombras, o se puede hacer con un modelo de política activa de promoción y de desarrollo. Esa es la apuesta que se realiza desde la SEPI en el marco de la política económica. Por
tanto, sí estamos de acuerdo usted y yo en que el Estado tiene que tener una posición activa, decidida y beligerante en materia de construcción de tejido industrial y de tejido empresarial y, a partir de ahí, en la contribución al crecimiento, a la
creación de riqueza y de empleo. Hay dos formas de hacerlo: modelo básicamente Estado-empresario o Estado-promotor de iniciativas empresariales. Coincidimos en una cosa y discrepamos seguramente en la otra.



Concluyo con tres referencias muy breves a las tres preguntas que me hacía el señor Souvirón. En relación con ENA me preguntaba por el tema del servicio público. Yo creo que he respondido cuando he dicho que el régimen de la concesión se
mantiene y además garantizado por la penalización que se pone como obligación a quien quiera participar en el concurso. Por tanto va a ser el mismo servicio el que reciba el usuario y, si me apura, señor Souvirón, con más garantía.



En cuanto a la presencia del señor Zapatero, aparentemente no permitida, en una empresa pública, comparto su perplejidad, porque hubiera sido, y lo voy a decir muy claramente, inadmisible que una empresa pública no hubiera permitido la
entrada no ya al señor Zapatero, por supuesto, sino a cualquier diputado, a cualquier representante público. De hecho, la política de SEPI es abrir las puertas de las empresas públicas, ¡ faltaría más!, a todos los diputados y a todos los
senadores. En estos dos meses que llevamos del año 2003 han visitado empresas públicas varias delegaciones y veinte o veintitantos representantes de la soberanía popular. Sería absolutamente inadmisible que no hubiera podido entrar el señor
Zapatero. Lo que ocurre es que sí que entró, claro que entró el señor Zapatero, que además de diputado es el líder de la oposición, y se le facilitó la entrada en los aspectos materiales y más logísticos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues leyendo
los teletipos queda nítidamente claro que el entorno del señor Zapatero en aquella visita difundió la información de que se le había prohibido la entrada, y eso ha creado confusión. Me alegro de su pregunta, señor Souvirón, porque así puedo aclarar
-y en ningún sitio mejor que en este foro- que sí entraron el señor Zapatero y sus acompañantes ¡Sólo faltaría que no hubieran podido entrar! Lo que ocurre es que se nos comunicó la visita con cuatro o cinco días de antelación con un fin de semana
en medio y no pudimos atenderle como se merece el líder de la oposición y como nos hubiera gustado hacerlo. Con cuatro o cinco días de antelación, ni siquiera pudimos preparar documentación ex professo para reuniones de trabajo, que podíamos haber
mantenido con él para explicarle los problemas de la compañía, a sabiendas de que su voluntad hubiera sido la de ayudarnos además a resolverlos. Sin embargo, con cinco días, no hubo forma de prepararlos. Nos hubiera gustado que el presidente de la
compañía hubiera estado allí para acompañarle -¡qué menos!-, pero el presidente de la compañía estaba en Malaisia, intentando vender unos barcos. Nos hubiera gustado igualmente, que los directivos de la compañía hubieran podido estar con el señor
Zapatero durante todo el tiempo que duró su visita, pero tenían esperando a varios altos cargos del Ministerio de Defensa noruego, con el que tenemos un contrato -como saben- para construir cinco fragatas en ese astillero; ese día estaban allí, en
visita concertada con antelación, para analizar la marcha de la ejecución del contrato. Estamos encantados de recibir al señor Rodríguez Zapatero -se lo dije a una persona de su entorno con la que hablé y lo hago en este foro- en Izar, en
cualquiera de los astilleros y en cualquier empresa pública que quiera visitar. Lo único que le pedimos es que nos dé tiempo para preparar la visita en condiciones adecuadas y para atenderle como merece. Se lo he dicho en privado y por teléfono a
los dirigentes que acompañaban al señor Zapatero, se lo he dicho a los medios a los medios de comunicación y lo reitero aquí.



La tercera pregunta es: ¿pudieron entrar los medios de comunicación que acompañaban al señor Zapatero, con cámaras de fotos y de televisión? (El señor Cuevas Delgado: Eso no lo ha preguntado.) No, no pudieron entrar.
¿Quería el entorno
del señor Zapatero que entraran? Sí, quería. ¿Pudieron entrar? No, no lo autorizamos, y no lo autorizamos, señor Souvirón, porque eso hubiera sido contravenir las normas de seguridad de un astillero militar, un astillero militar que construye
barcos militares y que tiene, por tanto, secretos de defensa. Estamos obligados a cumplir unas normas muy restrictivas en materia de visitas, a pedir autorizaciones para las mismas y a planificarlas con mucha antelación.
Desgraciadamente, con
cinco días de antelación, era imposible cumplir con las medidas de seguridad y de prevención y tramitar las autorizaciones.
Los medios de comunicación no pudieron entrar porque no debían entrar. El señor Zapatero entró, porque debía entrar, y no
pudimos atenderle como nos hubiera gustado hacerlo y como se merece porque no nos dejaron atenderle como nos hubiera gustado y como se merece.



Me pregunta usted por Radiotelevisión Española y me pregunta también el señor Cuevas. Como saben, lo que pretende el plan marco es terminar en tres años con el déficit de explotación de Televisión Española y además, fuera de la gestión
interna del ente, terminar también con el endeudamiento de Radiotelevisión. Todo está previsto para aplicar el plan marco en dos fases: en lo que es endógeno de Televisión Española se empezó a aplicar el 1 de enero de 2002 -primer día de
aplicación del plan marco- y en lo que es exógeno Televisión


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Española está liberada y se llevará a cabo cuando concluya el plan de saneamiento o la aplicación del plan marco. Les diré con mucha brevedad, porque creo haber consumido ya la paciencia de los señores diputados, que los resultados de
Televisión Española comenzaron a ser deficitarios en 1991 en cifras importantes, coincidiendo con la aparición de la competencia como consecuencia de la liberalización del sector audiovisual. Como tuve ocasión de decirle a la señora Mendizábal en
la Comisión de Presupuestos, las pérdidas comenzaron en 1991 -repito- y se han mantenido, arrojando cifras muy elevadas, hasta 2001. Concretamente, puedo decirles que en 2001 -año de referencia- el resultado de la cuenta de explotación fue de 476
millones de euros, si no me equivoco. Eso fue el año 2001, último año de referencia previo a la aplicación del plan marco. El primer año de vigencia del plan marco, señor Cuevas, aplicando las medidas de aumento y optimización de ingresos,
aplicando las medidas de optimización de recursos y de reducción de gastos, se ha obtenido una reducción del 23 por ciento largo en los resultados de explotación; se ha situado en torno a los 365 millones de euros, lo cual supone una reducción de
entre 23 y 24 por ciento. Le estoy dando cifras aproximadas porque son datos provisionales, pero una reducción del déficit operativo el primer año de aplicación del plan marco de un 25 por ciento creo que es ciertamente importante. Eso se ha
conseguido optimizando los ingresos, que han crecido prácticamente un 13 por ciento, y consiguiendo una reducción de los gastos sobre lo presupuestado en todos y cada uno de los componentes de gasto, salvo en uno, en el financiero, porque el
financiero viene marcado por el importe del saldo de la deuda, a pesar de que se gestiona muy bien y con un coste tremendamente pequeño, entre otras cosas por la buena calificación del rating de la deuda por parte de la agencia Moody's, y al crecer
la deuda, crece el gasto financiero, pero todas las partidas de gasto se han reducido respecto a lo presupuestado.
Por tanto hay contención de gastos, optimización de ingresos y reducción del déficit de explotación; pero es que además para el año
2003 se plantea una reducción más importante todavía en materia de gastos, porque, como saben -tal como se dijo con motivo de la presentación de las Presupuestos Generales del Estado- se ha planteado una reducción en gastos de aprovisionamiento
ciertamente importante que garantiza -dado que es un presupuesto administrativo y por tanto los gastos tienen carácter limitativo- que aunque cumplamos estrictamente el tema del presupuesto de gastos, tendremos en el año 2003 un recorrido mayor
también en términos de reducción del déficit de explotación. Todo ello se está consiguiendo, primero -tengo que decirlo-, con un enorme esfuerzo por parte de todos los que trabajan en Radiotelevisión Española, directivos y trabajadores, con una
voluntad de salvar entre todos a Radiotelevisión Española, tal como la entendemos hoy, lo cual exige ser capaces de cumplir con los objetivos económicos del plan marco. Además se ha conseguido -tal como planteábamos en el plan marco y es muy
importante- sin reducción de la oferta audiovisual de Radiotelevisión Española, sin reducirla; se ha conseguido sin perder la condición de liderazgo y de referencia que tiene en el sector; se ha conseguido sin merma de la calidad en la
programación -a alguien le gustará más, a alguien menos, pero no he escuchado a nadie decir que la programación en el año 2002 ha empeorado en calidad respecto al año 2001- y se ha conseguido con un grado importante -y una vez más tengo que expresar
mi agradecimiento- de consenso social y de aportación colectiva de todas las instituciones afectadas. Esto, dicho deprisa y corriendo, a vuelapluma -y pido perdón de nuevo, señor presidente, por el tiempo que he consumido- es lo que puedo responder
a las cuestiones que han planteado los grupos parlamentarios. (El señor Cuevas Delgado pide la palabra.)


El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, le doy la palabra, pero llevamos cuatro horas.



El señor CUEVAS DELGADO: Tres horas lleva el compareciente.



El señor PRESIDENTE: Sabe usted que la intervención se refiere a tres comparecencias.



Tiene la palabra.



El señor CUEVAS DELGADO: Seré breve porque no tengo más remedio, pero este Parlamento cada vez se aproxima más a algo que no era. Aquí no sólo hay que estar peleándose por un turno -que es una cosa normal-, sino que hay que contestar
también al grupo mayoritario, que en vez de hacer su labor de control del Gobierno se dedica a hacer un turno en contra de este portavoz, y además hay que estar a que triplique o quintuplique el tiempo el compareciente. No se entiende el
funcionamiento de un Parlamento en el que el que comparece habla tres horas y los que preguntan no pueden preguntar. De todas formas, señor Ruiz-Jarabo, voy a ser breve y además voy a intervenir de forma pausada y no airadamente, como ha dicho el
señor Souvirón. Le recomiendo que mire usted el vídeo porque a lo mejor lo tenía usted escrito y no se ha dado cuenta. Creo que he hecho una intervención normal y nada airada. En cualquier caso, la pregunta era muy concreta y tampoco ha sido
objeto de respuesta. Usted puede hablar aquí durante tres o cuatro horas, pero si la información que da es la que ha dado hoy, nos sirve para muy poco. Fíjese lo sencillo que sería que en vez de hablar tres horas, nos hubiera traído, que no lo
trae, lo que le hemos pedido por escrito. Nosotros le hemos pedido por escrito, por centrarnos en una de las muchas solicitudes que se han hecho y sobre la que usted ha dicho que hay muchísima documentación, que es la de Trasmediterránea, el
cuaderno de ventas elaborado por las entidades financieras. Es una cosa elemental, me parece, para evaluar


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desde este Parlamento o desde cualquier instancia un proceso. ¿Sabe que nos ha contestado? SEPI entiende que existen fundadas razones en derecho para no facilitar los documentos solicitados por SS.SS. por los motivos que se indican a
continuación. ¿Quién lo valora? Ustedes. SEPI es parte de este proceso, así tiene explicación que cuando se ha concluido el proceso personas que están en SEPI pasen a formar parte del consejo de administración de la nueva sociedad, incluso el
presidente nombrado por ustedes es el presidente de la nueva sociedad. Todo esto tiene una correspondencia inmediata, señor Ruiz Jarabo, como le decía al principio, pero no se preocupe porque todo esto irá teniendo ese hilo conductor que a usted
tanto le interesa.



Hemos pedido también el acuerdo del consejo de administración de SEPI, de fecha 30 de julio de 2002, por el que se adjudica Trasmediterránea al consorcio liderado por Acciona, así como el contrato privado de venta de las acciones de
Trasmediterránea, suscrito por SEPI, al consorcio liderado por Acciona. Nos vuelven a decir lo mismo, que SEPI entiende que existen fundadas razones para no facilitar el contrato de compraventa.
Pero no es sólo esto, que pueden tener ustedes
alguna posibilidad de enganche legal, sino que también les pedimos los criterios de valoración o los criterios de ponderación de la selección y tampoco los dan. No hay forma alguna de que alguien en este Parlamento, a no ser que tenga otro tipo de
información de la que aquí se da, pueda entrar a analizar la idoneidad del proceso de venta de Trasmediterránea y de todas las demás.
Por tanto, cuando venga aquí ahórrese tanta palabra hueca que no sirve para nada, y facilítenos la información
precisa que le pedimos que no es difícil.



Hoy nos ha hablado de si es buena o no una subcomisión. Señor Ruiz Jarabo, usted es el presidente de SEPI, no es el ministro. Usted no tiene nada que ver con la subcomisión de privatizaciones, eso es otra historia.
Usted es un actor de
las privatizaciones, lo fiscalizaremos o no y lo discutiremos en este Parlamento. ¿Para qué entra usted en eso? Se ha tirado media hora hablando de lo idóneo del proceso de la subcomisión, igual que las veces anteriores. Si usted aspira a
ministro dígalo, pero no aquí porque no le vamos a nombrar nosotros, además ya le quedan pocas posibilidades. (El señor Martínez-Pujalte López pronuncia palabras que no se perciben.) Sí, le quedan poquitas posibilidades.



Señor presidente, si me interrumpe el señor Martínez-Pujalte, que sólo está aquí para interrumpir, tengo menos tiempo y consigue lo de siempre, que a uno se le vaya el hilo de lo que quiere decir para expresarse correctamente.



Nosotros le hemos pedido una información precisa y usted le da la vuelta.
Le hemos pedido los informes del Consejo Consultivo de Privatizaciones, y usted nos remite a la página de Internet -está en el 'Diario de Sesiones'- donde hay un
resumen de cinco hojas. Eso lo tiene que mandar el Consejo Consultivo de Privatizaciones, no usted.



Ha construido una arquitectura legal sobre lo que dice o no dice el Tribunal Constitucional en base a una afirmación que yo le he hecho, que es objetiva y obvia: que cada uno que lee un documento lo interpreta de una forma. Otra cosa es
que al final quien tiene que decidir es un tribunal, que dice que sí o no. Usted interpreta lo que dice el tribunal de una forma, dice que no tiene ninguna consecuencia; ya veremos, estamos en el Tribunal de Cuentas, no en otras instancias. Lo
evidente es que si uno coge lo que dice la ley y el tribunal muchas cuestiones tienen sentido. Ni siquiera le había preguntado yo por eso. Usted ha tenido que dar una explicación aquí, con poca elegancia por cierto, basándose en unas declaraciones
de la señora Mayte Costa, pero en esta comparecencia yo ni siquiera había hablado de este asunto. Ha aprovechado -como han aprovechado el juego, del que luego hablaremos, de la visita de Rodríguez Zapatero- para contestar algo que nadie le ha
preguntado, como es si las cámaras entraron o no. No se lo ha preguntado nadie y usted dice: a la otra pregunta que me hacen de si han entrado las cámaras. Nadie se lo ha preguntado. Pónganse de acuerdo y hagan mejor el papel porque así es
imposible.



Lo que usted ha hecho no refleja mucho estilo. Si usted tiene algo que decirle a la señora Mayte Costa se lo dice a ella, pero no aproveche esta comparencia para decir algo a lo que yo no le puedo contestar porque ni siquiera he oído las
palabras de Mayte Costa. Lo que yo le digo es que el Tribunal de Cuentas -y es muy concreto- dice que hay sociedades que a pesar de que el principal grupo de sociedades estatales que es la SEPI está obligado, no han formulado las cuentas anuales
consolidadas ni las operaciones financieras de compra y de venta vinculadas a las privatizaciones de empresas públicas y no quedan fiscalizadas correctamente. Esto lo dice el tribunal. Esto afecta a 25 sociedades que fueron vendidas y a 15 nuevas
empresas públicas creadas, lo que abre aún más dudas respecto a la política seguida por el Gobierno en un asunto de extrema importancia y en el que hay ya claros indicios de operaciones irregulares que de confirmarse pudieran en el futuro llegar a
tener procedimientos penales. El tribunal hace una serie de afirmaciones y ya digo que este quizá no sea el momento de entrar en ello porque es otra historia que tiene que ver con SEPI pero también con la fiscalización de sus cuentas, y ya
entraremos con más detenimiento en ello; pero usted no puede hablar de eso sin que nadie le haya preguntado sobre ello basándose en unas declaraciones de alguien que no está presente en esta Cámara. Por tanto, lo que haya dicho la señora María
Teresa Costa, que es la responsable y la portavoz de la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas es lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista. No tiene por qué dirigirse en concreto a ella porque es lo que dice el Grupo Parlamentario Socialista.
En ese sentido no tengo nada más que decir.



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Como no hay más tiempo -es una pena que no podamos hablar más- solamente me queda... Si tenemos más tiempo sigo. Me ha parecido ver un gesto...



El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, a lo mejor no estamos en nuestro mejor día pero realmente estoy sorprendido porque la presidencia no le ha cortado en su intervención. Este segundo turno, que parece que lo exigía en lugar de pedirlo, de
acuerdo con el Reglamento -que no ha hecho el grupo que hoy apoya al Gobierno ni por supuesto la Mesa que presido- se contempla ese turno como algo excepcional y siempre que su grupo lo ha pedido en los tres años que llevamos de legislatura lo ha
tenido, pero sin necesidad de decir cosas raras. No ha habido ningún tipo de traba para que ustedes, cualquiera de los portavoces que han intervenido en esta Comisión, hayan tenido el tiempo que han considerado suficiente. Si en este momento usted
necesita cinco minutos más empléelos, señor Cuevas, no se quede usted con lo que tenga que decir.



El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señor presidente.



Como me ha dicho que sea muy breve y estaba viendo por su cara que me estaba excediendo, por eso lo he dicho, pero de cosas raras nada. Yo ya no sé qué hacer. Si tengo que responder al Grupo Popular, al compareciente, al presidente de la
Mesa... (Los señores Souvirón García y Ballestero de Diego: Pobrecito.)


El señor PRESIDENTE: Señor Cuevas, lo único que le puedo decir es que usted tiene más tiempo si lo cree necesario y que no se quede usted con la necesidad de hablar.



El señor CUEVAS DELGADO: Tengo tiempo pero pido que este señor diputado retire lo de pobrecito. Yo estoy argumentando y no tiene por qué decir eso. No tienes que decir eso, así que, por favor retíralo. De pobrecito nada. Le pido al
presidente que le diga que lo retire.



El señor PRESIDENTE: Perdón, no he escuchado lo que ha dicho. Estaba haciendo uso de la palabra el señor diputado.



El señor CUEVAS DELGADO: Pues que lo repita él que lo ha dicho. ¡Que no ha dicho nada! Bien, entonces lo aclara mucho mejor; que no lo retire y diga que no lo ha dicho.



Termino. Señor presidente, si le he pedido el segundo turno no es solamente por... (El señor Martínez-Pujalte López: Sigue todo lo que quieras.) Bueno, ¿quién dirige esto?


El señor PRESIDENTE: Por favor señor diputado, señor Martínez-Pujalte, vamos a dejar que el señor Cuevas termine de hablar.



El señor CUEVAS DELGADO: Cada uno argumenta lo que quiere argumentar. (El señor Martínez-Pujalte López: Es que le estoy...) Creo que el nivel de desesperación es tremendo. En fin, queda tiempo todavía.



En las cuestiones que yo había preguntado -por eso también le había pedido el turno para contestar- y en lo que se refiere a la visita del señor Rodríguez Zapatero, señor Ruíz-Jarabo, considero que no es el momento de utilizar eso para
explicarse usted. Nosotros ya tomamos una iniciativa, preguntamos al Gobierno que es el responsable -puesto que le ha nombrado a usted-, pedimos al Gobierno que lo cesara porque en ese momento consideramos y lo seguimos considerando que basándose
en esa actuación que usted hizo sin precedentes en la democracia usted no era digno de dirigir la SEPI; por eso pedimos al Gobierno que lo cesara, y si no el Gobierno era el responsable porque le había dicho a usted lo que tenía que hacer. El
Gobierno no consideró necesario hacerlo, por tanto es el responsable. Ya sabemos quién tiene la responsabilidad de esa cuestión.
No voy a discutir con usted una cosa que es obvia, y que en su explicación de hoy se ha vuelto a contradecir, por
tanto sigue siendo obvia, y existen documentos que prueban que lo que usted dice no es cierto, señor Ruiz-Jarabo. Por tanto, no voy a discutir con usted ese tema.



Termino diciéndole que usted ha dicho hoy algo que tiene razón y estoy de acuerdo con usted. Usted ha dicho que se aproxima a la historia de forma dinámica. Yo le he observado en toda la comparecencia y es verdad, usted se aproxima a la
historia de forma dinámica, pero más dinámico de lo que usted cree. Se aproxima a la historia de forma muy dinámica, y desde luego va a tener usted ocasión de que esa historia la conozcan los españoles en su totalidad, tanto en lo que se refiere a
su actuación en la Agencia Tributaria como en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.



El señor PRESIDENTE: Señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Intervendré brevísimamente, señor presidente.



Hay algunas cuestiones sobre AENA e incluso sobre el grupo Izar que no han sido contestadas, pero nos interesa especialmente centrarnos en una a la que hice alusión y que tiene importancia crucial para nuestro país.
Recientemente la
Comisión de Ciencia y Tecnología, en su sesión de 19 de febrero de 2003, aprobó una proposición no de ley a iniciativa del Bloque Nacionalista Galego donde se dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas precisas para
que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en la Comunidad Autónoma de Galicia, el centro de Izar Fene recupere la condición de astillero normal, pudiendo realizar proyectos integrales tanto de construcción de buques
mercantes como todo tipo de artefactos off shore. Nos gustaría preguntarle al


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señor presidente de SEPI si se van a adoptar las medidas precisas a las que hace alusión esta proposición no de ley, cuándo y qué resultado preciso piensa que pueden obtener las gestiones del Gobierno.



El señor PRESIDENTE: Señora Riera.



La señora RIERA I REÑÉ: Sólo intervendré en relación con la segunda comparecencia sobre el tema de Sallent y para reiterar dos cosas. Por un lado, la dificultad que hemos tenido a lo largo de estos años de entender el posicionamiento de
Infoinvest frente al tema del deterioro del barrio de La Botjosa, y por otra parte alegrarnos de que finalmente se pueda encontrar una solución a este problema en los términos que mi grupo ha expuesto y que responden al compromiso asumido en los
tres puntos básicos que para nosotros deben ser respetados en todo acuerdo. Agradezco el enfoque, las palabras y el compromiso por parte del presidente de SEPI.
Al final lo que hemos de buscar es reconducir una situación de extrema precariedad y
dar una vida y una habitalidad dignas a un colectivo de personas que hoy viven el barrio de La Botjosa y que ya han sufrido durante suficiente tiempo condiciones de precariedad.



Por tanto, muchísimas gracias.



El señor PRESIDENTE: señor Souvirón, tiene la palabra.



El señor SOUVIRÓN GARCÍA: Estoy sorprendido porque convocamos al señor presidente de SEPI a que venga a la Comisión de Economía y Hacienda, nos informa ampliamente; luego se dice que no hay información y al mismo tiempo, se dice que tres
horas es mucho tiempo cuando han sido tres horas repletas de datos y de argumentos. Es verdad que el Grupo Socialista no tenía ninguna iniciativa que presentar en este momento, porque ni siquiera ha podido plantear en la convocatoria un asunto que
pareciera de interés para que fuera incluido en el orden del día. No parece que la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sea importante.



Por otra parte, nos dice el señor Cuevas una vez más que hay claros indicios de irregularidades y nos amenaza con actuaciones futuras que nunca se concretan. Concrete usted ya de una vez, porque llevamos mucho tiempo. Como se descuide
usted le devuelven el toro a los corrales porque lleva usted años y años con la misma historia y sin concretar nada. La verdad es que lo único concreto y las únicas irregularidades que han aparecido en algún proceso privatizador están ya juzgadas y
condenadas y eran miembros del Partido Socialista puestos por el Partido Socialista.
Esa es la verdad y como usted abre ese debate no puedo dejar de entrar en él. Esa es la única realidad y lo único cierto.



Por lo demás, yo veo y confirmo en las filas del primer partido de la oposición un cierto desconcierto: Preguntas que ya se han contestado y se vuelven a plantear. Documentos que se piden y ya están en el grupo parlamentario y para colmo
-y voy a lo del señor Zapatero porque dicen que esta pregunta no estaba hecha- el señor Zapatero entra como es lógico en Izar y la gente de su entorno dice que no ha entrado. Al final existen dos versiones de casi todo y así no hay manera de que
nos entendamos.



Por otra parte, después de oír al señor Ruiz-Jarabo vemos como normal que el Grupo Socialista se haya desinteresado totalmente del tema de Radiotelevisión Española en los debates de presupuestos, porque de una vez por todas hay un plan de
viabilidad que además se está cumpliendo y cumpliendo satisfactoriamente. De eso ahora no conviene hablar. En este asunto comprendo la situación del Grupo Socialista y la intervención de su portavoz, señor presidente, es que no pueden hacer otra
cosa.



El señor PRESIDENTE: El señor Ruiz-Jarabo tiene la palabra.



El señor PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (Ruiz-Jarabo Colomer): Con mucha brevedad, señor presidente.



A la representante del Grupo Parlamentario Catalán, quiero reiterarle que ya empezamos a trabajar conjuntamente con las coordenadas que S.S. ha marcado y ha propuesto para resolver el problema.



Al señor Rodríguez quiero pedirle perdón porque olvidé contestarle; efectivamente esa pregunta me la hizo y olvidé contestarle. La limitación o la prohibición, que arranca del año 1987 -seguro que S.S. lo sabe mejor que yo-, si hay un
momento en el que es más factible conseguir que desaparezca o que se suprima creo que es ahora, porque se dan las circunstancias coyunturales por las cuales, no ya el Gobierno, el Estado español puede tener más fuerza que nunca para pedir a la Unión
Europea que desaparezcan esas restricciones a la construcción de barcos civiles en ese astillero querido por todos. Le puedo decir que el propio vicepresidente económico, al que acompañé en alguna visita a Galicia, conoció de primera mano el
interés que el tema tenía para los sectores empresariales, para la industria auxiliar y en definitiva para el empleo en Galicia, ha tomado la cuestión con todo interés y está dispuesto a plantearla con absoluta fuerza. No se deben hacer previsiones
de éxito.
Hay que ser optimista pero también prudente. Vamos a dar la batalla, vamos a intentar superar esa limitación que arranca de 1987 y ojalá entre todos podamos, celebrar haberlo conseguido.



Señor Cuevas, estoy sorprendido -y me ha quitado la palabra el señor Souvirón- porque usted me regaña cuando cuento cosas y me regaña cuando no las cuento; me regaña en cualquier caso. Me parece que había una canción de Ana Belén que
decía: Me matas si no


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trabajo y si trabajo también. Pues es lo que me pasa a mí con S.S. Si no cuento cosas porque no las cuento y si las cuento porque he contado demasiadas, de verdad, no sé cómo acertar con S.S.



Cuando he hablado del informe CCP no he dicho que busque usted en la página web. He dicho: Creo que a SS.SS. les llega. Desde luego, por el CCP seguro, y creo que incluso por nosotros. Lo que he dicho es que era muy fuerte calificar a
un informe de opaco, acusar de opacidad en ese informe, cuando cualquier español, pinchando la página web -y está todo transcrito en el 'Diario de Sesiones'- puede acceder a él. Lo he dicho hoy y se lo dije una primera vez en la subcomisión de
privatizaciones. No le mandé a la página web para obtenerlo, le dije que no se puede calificar un informe de opaco -repito-, cuando cualquier español accede al mismo a través de la página web del Consejo Consultivo de Privatizaciones.



Me pierdo, porque estábamos hablando en los respectivos turnos del Tribunal de Cuentas y de la Ley de sociedades anónimas en relación con un informe del tribunal sobre unos temas y usted me lee un párrafo de otro informe del Tribunal de
Cuentas que habla de otra cosa. Reconozco que no puedo seguirle. Estábamos hablando del informe del Tribunal de Cuentas sobre los desequilibrios patrimoniales, hemos empezado a hablar de eso desde el principio S.S. y yo, y me ha citado un párrafo
de un informe del Tribunal de Cuentas sobre otra cuestión. Señoría, no puedo responderle a eso ahora mismo ni creo que tenemos tiempo.



Le voy a decir una cosa, creo que para el presidente de un organismo público la indignidad hubiera sido no cumplir con su obligación. Este modesto presidente cumplió con su obligación, cumplió con la obligación del secreto de defensa que
hay en un astillero militar, y creo que eso dignifica a quien cumple con su obligación. Por tanto, es muy libre S.S.
de calificarlo de indigno, pero yo creo que fue al revés, que fue cumplir con una obligación, y cumplir con la obligación de
preservar el secreto de defensa fue un ejercicio de dignidad. ¿No le gusta mi estilo? ¡Qué le vamos a hacer! Creo que todas las cosas de las que he informado esta mañana aquí son de relevancia, y creo que nada de lo que he informado en la Comisión
de Economía y Hacienda esté de más. Si eso es mal estilo, me quedo con el suyo y con sus últimas palabras, en las que no sé si se puede entender la existencia de algún tono amenazante o coaccionante.



Finalmente, y yo creo que es un buen resumen de cuáles son sus planteamientos, señor Cuevas, usted dice que les negamos mucha información, pero ¿sabe lo que pasa? Que en SEPI cambia el presidente o cambia un vicepresidente, porque esto es
normal, por lo menos así lo entiendo yo, pero hay una enorme continuidad de los servicios técnicos, de los profesionales de la casa. Yo le puedo decir que en el comité de dirección de SEPI (señor Cuevas, déjeme que acabe el argumento, no diga que
no con la cabeza antes de que concluya) hoy se sienta una mayoría de miembros que ya estaban en SEPI antes de que llegara a gobernar el Partido Popular. Hay continuidad absoluta en los servicios profesionales y técnicos. ¿Y sabe lo que pasa? Que
cuando el Parlamento pide una cosa, por ejemplo, un contrato de venta de una empresa pública y de privatización, los servicios de la casa tienen ya el criterio acuñado y no se improvisa para decir al Parlamento que no se puede aportar un contrato,
sino que se reproducen los criterios que ya se acuñaron en el año 1991 cuando el señor García Fonseca pidió un contrato y se le contestó, por el entonces INI, que eso afectaba a la confidencialidad porque era una ley privada y demás; o cuando el
señor Espasa Oliver, de Izquierda Unida, pidió el contrato de compraventa de la Maquinista Atienza y Meinfesa y se le contestó también que no se le podía dar; o cuando en el año 1992 el señor Zárate, del grupo CDS, pidió el contrato de adquisición
de AASA por Iberia (como ha salido ya Aerolíneas Argentinas, lo digo) y se le respondió por el entonces INI, que no por el carácter de sociedad anónima de las empresas públicas del INI y por las empresas privadas afectadas.



Cuando usted dice que le negamos documentación, yo le contesto: Señor Cuevas, aplicamos el criterio acuñado desde 1991, desde que se empieza la segunda fase de privatizaciones. No hemos inventado el criterio. La restricción a la entrega
de documentación es una mera reproducción de lo que se hacía en el INI desde 1991. Yo creo que se hacía bien y por eso se sigue manteniendo.



Nada más y muchas gracias.



El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz-Jarabo.



Se levanta la sesión.



Eran las dos y cinco minutos de la tarde.