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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 712, de 12/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 712
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. XAVIER TRIAS I VIDAL DE LLOBATERA
Sesión núm. 45
celebrada el miércoles, 12 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de don Pablo Serret, en representación de 422 científicos de 32 Universidades que han publicado una carta en la revista 'Science' sobre el desastre del Prestige, para exponer su opinión sobre la decisión del Gobierno de
alejamiento del Prestige y las consecuencias derivadas de este hecho. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 219/000477.) ... (Página 22874)
Preguntas:
- Del señor Suárez González (Grupo Parlamentario Socialista), sobre inciativas para avanzar en la consecución de una empresa de construcción naval europea de la que forme parte IZAR. (Número de expediente 181/002988.) ...
- Del mismo señor diputado, sobre medidas para impulsar la contratación en la industria de construcción naval. (Número de expediente 181/003267.) ... (Página 22881)
- Del señor Lissavetzky Díez (Grupo Parlamentario Socialista), sobre entrega a los grupos de investigación de los fondos que les fueron asignados para la realización de los proyectos de I+D correspondientes a la convocatoria de 2002.
(Número de expediente 181/003270.) ... (Página 22885)
- Del mismo señor diputado, sobre situación de los proyectos de I+D (investigación y desarrollo) del Plan nacional cofinanciados con fondos FEDER. (Número de expediente 181/003344.) ... (Página 22885)
- Del mismo señor diputado, sobre la existencia de más investigadores extranjeros trabajando en España que investigadores españoles trabajando en el extranjero. (Número de expediente 181/003292.) ... (Página
22889)
- Del mismo señor diputado, sobre previsiones para aumentar los denominados gastos militares en I+D dentro de la función 54 (investigación) de los Presupuestos Generales del Estado en los años próximos. (Número de expediente 181/003294.)
... (Página 22891)
- De la señora Plegezuelos Aguilar (Grupo Parlamentario Socialista), sobre actuaciones para garantizar a los clientes de telefonía móvil que los operadores cumplan los compromisos de calidad en la prestacion del servicio, adquiridos a raíz
del proceso de adjudicación de sus licencias.
(Número de expediente 181/003305.) ... (Página 22893)
- De la misma señora diputada, sobre las medidas y actuaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología ante la situación producida por la avería que dejó sin servicio telefónico durante varias horas a más de ocho millones de clientes de la
empresa Vodafone el día 20 de febrero de 2003. (Número de expediente 181/003306.) ... (Página 22897)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DE DON PABLO SERRET, EN REPRESENTACIÓN DE LOS 422 CIENTÍFICOS DE 32 UNIVERSIDADES QUE HAN PUBLICADO UNA CARTA EN LA REVISTA SCIENCE SOBRE EL DESASTRE DEL 'PRESTIGE', PARA EXPONER SU OPINIÓN SOBRE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE
ALEJAMIENTO DEL 'PRESTIGE' Y LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE ESTE HECHO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 219/000477.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Vamos a empezar la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología.
La Mesa ha aprobado un primer punto, a través de un escrito del Grupo Parlamentario Popular, en el que pide que se altere el orden del día de la Comisión, de tal forma que en la misma sólo se proceda a la contestación de las preguntas que
inicialmente se incluían y no se celebre, por tanto, la comparecencia de don Pablo Serret.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BONILLA: Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Popular ha solicitado, como bien ha comentado el presidente, la modificación del orden del día de la Comisión de Ciencia y Tecnología al amparo reglamentario del
artículo 68.2 y lo solicitamos porque la comparecencia del señor Serret, a instancias del Grupo Parlamentario Socialista, no tiene el soporte parlamentario suficiente como ha quedado expuesto de manera clara y contundente. La Mesa de la Cámara
decidió admitir a trámite dicha comparecencia a los efectos del artículo 44.4 del Reglamento y lo hizo, como consta literalmente en el acuerdo, siempre que exista un debate trabado sobre la materia objeto de la comparecencia solicitada en el seno de
la Comisión de Ciencia y Tecnología. Señorías, en este momento no existe en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología un debate intenso, un debate plural, un debate extenso en el tiempo sobre este asunto, como sabe el conjunto de diputadas y
diputados de esta Comisión de Ciencia y Tecnología. El Grupo Socialista trae a la Cámara una comparecencia del señor Serret -que a mi grupo le merece el respeto personal y la consideración lógica que se le tiene a cualquier científico y a
cualquier persona- al que le otorga una representatividad de 422 científicos españoles. La pregunta que nos hacemos es si el Grupo Socialista ha preguntado a los 422 científicos si están de acuerdo con que les represente el señor Serret.
Quiero manifestar en esta Comisión que yo sí lo he hecho, que yo sí me he puesto en contacto con alguno de esos 422 científicos y que he encontrado a científicos que no están de acuerdo con que les represente el señor Serret, científicos que han
expresado que se representan ellos mismos y que tienen su propia manera de interpretar los distintos acontecimientos y de expresarse. En España existen -y lo saben muy bien los portavoces del Grupo Socialista- más de 40.000 científicos y, aunque el
señor Serret representara -que no los representa, como acabo de exponer- a los 422 científicos, no representaría ni siquiera al 1 por ciento de la comunidad científica de nuestro país. Yo me pregunto si considera el Grupo Socialista que esta
comparecencia es plural. ¿Considera el Grupo Socialista que de esta solicitud de comparecencia se podía haber extraído alguna información veraz, independiente y plural que hubiera añadido algo de información a la catástrofe del Prestige? El señor
Serret representa una opinión claramente sesgada, una opinión subjetiva de sus puntos de vista. El Gobierno -y lo saben los miembros del Grupo Socialista- creó y constituyó un comité científico asesor que estaba basado en una serie de principios,
el principio de la objetividad, el principio de la independencia y el principio de la excelencia científica. ¿Creen los señores del Grupo Socialista que los censura alguien o que los científicos de este órgano no se pueden expresar de manera libre?
Cuando se creó este comité científico asesor nadie tuvo ningún tipo de duda de que no fuera plural e independiente.
La cuestión que nos trae aquí hoy no es querer tener más información sobre una catástrofe, sobre un problema en concreto o sobre una gestión del Gobierno. Yo creo que al Grupo Socialista no le interesa la catástrofe del Prestige,
probablemente ni siquiera le interesa la situación acontecida en Galicia y los problemas que han tenido cientos, miles de damnificados de esas bellas tierras de España. Lo único que interesa al Grupo Socialista es introducir crispación y confusión,
lo único que interesa al Grupo Socialista es erosionar al Gobierno. Ese es el objetivo fundamental y trascendente de este debate. En esta carrera un tanto alocada por intentar llegar como sea, a costa de lo que sea y cuanto antes posible al
Gobierno de la nación montan hoy un circo. La semana pasada los miembros del Grupo Socialista ya sabían, porque había habido una reunión de Mesa y portavoces, que el Grupo Parlamentario Popular ya había expresado su intención de que no procediera
esta comparecencia porque no tenía soporte parlamentario. Sin embargo, a pesar de tener esa información desde hace una semana, el Grupo Socialista se ha aferrado a que el señor Serret compareciera, se ha aferrado a montar toda una parafernalia
mediática, se ha aferrado a montar ese circo de la confusión y a la pancarta, a lo que últimamente nos tienen acostumbrados, y lo único que le interesa es erosionar una vez más al Gobierno sea como sea.
Hoy está prevista una posterior rueda de
prensa del Grupo Socialista, lógicamente legítima, (Rumores.) porque hace lo que considera más interesante para su grupo, pero que tiene un objetivo primordial. No es su intención hablar del Prestige, no es su intención buscar soluciones a una
catástrofe de carácter absolutamente natural (Risas.) que ha asolado a miles de ciudadanos gallegos; al Grupo Socialista no le interesa eso, como no le han interesado otro tipo de cosas. No se han aferrado a buscar soluciones; se han puesto una
vez más detrás de la pancarta, han montado un circo y han buscado un minuto de gloria. Un minuto de gloria para salir en los medios de comunicación; un minuto de gloria buscando erosionar una vez más la imagen del Gobierno; un minuto de gloria
basado exclusivamente en el montaje y en la falta de rigor y de compromiso por su parte y un minuto de gloria que yo creo que poco o nada aporta a las soluciones que ya ha ofrecido el Gobierno de José María Aznar a la catástrofe del Prestige. Por
tanto, mi grupo entiende de manera absolutamente reglamentaria que esta comparecencia no ha lugar y, consiguientemente, solicita que este punto desaparezca del orden del día y se pase directamente a las preguntas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Escuchando al señor Moreno decir que esto no tiene soporte parlamentario, la primera pregunta que cabe hacerse es por qué lo calificó la Mesa y por qué figura en el orden del día. Yo solamente quiero decirles un
par de cosas. El 24 de enero se publicó una carta en Science, una prestigiosísima revista científica, firmada por 422 científicos españoles de 32 universidades y seis institutos de investigación, en la que argumentaban que el alejamiento del
Prestige había sido un error basándose en distintos datos científicos: la climatología invernal, los vientos del oeste al suroeste y la corriente de sur a norte. Decían que el alejamiento hacia el suroeste no era lo apropiado y que ese movimiento
fue el responsable de la dispersión del vertido. Eso decían estos científicos en una carta publicada en Science, que como digo es una prestigiosísima revista científica. Por cierto, ha coincidido con esta versión, por ejemplo, un experto al que
consultó Fomento, profesor titular de la Escuela Náutica de la Universidad de A Coruña; también ha coincidido Francia; ha habido manifiestos de investigadores, de grupos de geología marina, de oceanografía física y de ecología marina y todos ellos
coincidían en esta valoración. También señalaban en esa carta la descoordinación de las autoridades, el retraso en contar con los
científicos y el daño que se produce a la imagen de la ciencia en España.
Por cierto, en la misma revista y en el mismo número aparecía otro artículo en el que prestigiosos profesores y profesionales, no sólo de España sino de otros países,
avalaban esta teoría. Al conocer esta noticia, el Grupo Parlamentario Socialista registra la comparecencia del primer firmante de la carta, el profesor Serret. Le diré al señor Moreno que nosotros estamos de acuerdo con lo que dice y estamos
dispuestos, y lo aceptamos, a que comparezcan los 422 científicos. (Rumores.-Un señor diputado: No ha dicho eso.-La señora Mato Adrover: No tienen carta de notario. ¿En nombre de quién?)
El señor PRESIDENTE: Pido, por favor, que guardemos la compostura.
(Continúan los rumores.) Ruego silencio para que podamos hacer la comparecencia... (Risas.) Perdón, la intervención...
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señor presidente. ¡Ojalá pudiéramos hacer la comparecencia! Entiendo que esté nervioso el Grupo Popular porque está en una situación incómoda.
El señor PRESIDENTE: El que me he equivocado soy yo. (Risas.) Continúe, señor Lissavetzky, por favor.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Pedimos la comparecencia... (Rumores.-Un señor diputado: Es para nota.) Yo no me voy a poner nervioso si siguen ustedes hablando. Lo digo con tranquilidad porque llevo bastantes años en el Parlamento. Si
siguen así vamos a gastar más tiempo y va a ser mayor el oprobio que estamos teniendo hoy en esta Comisión. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Lissavetzky. (Continúan los rumores.) Silencio, por favor.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Como decía, nosotros estamos dispuestos a que vengan los 422 científicos aunque pedimos la comparecencia del primer firmante, y estamos en nuestro derecho, como ha ocurrido en esta Comisión cuando comparecieron
los presidentes de las empresas de telefonía móvil y vinieron unos científicos que no representaban a la comunidad científica.
(Un señor diputado: Eso no tiene nada que ver.) Son muchos los científicos que hay en nuestro país y desde luego unos
sabrán de esto y otros no, pero todo el mundo tiene derecho a comparecer.
Voy a seguir con mi argumento. Registramos esa comparecencia, la calificó la Mesa de la Cámara con fecha 29 de enero y en la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Ciencia y Tecnología se aprobó por unanimidad que se celebrara en el
día de hoy. Por eso, si ustedes cogen cualquier orden del día verán que figura la comparecencia. Por tanto, eso de que se aplica el artículo 44.4 es cierto, pero se aplicó en el momento en el que se valoró y se dijo por unanimidad que se
introdujera en el orden del día, ayer, día 11, se presentó un escrito por el Grupo Popular para que no se celebrara esta comparecencia. Aunque no es menos cierto, como decía el señor Moreno, que el día 6 ya anunció este grupo que iba a presentar el
escrito. A mí me interesa más la categoría que la anécdota.
La anécdota ha sido que figura en el orden del día por unanimidad; la categoría es que el Grupo Popular no quiere que hable un científico en la Comisión de Ciencia y Tecnología. Este es
un hecho insólito en esta Cámara. Prohibir una comparecencia aprobada por unanimidad es un hecho absolutamente insólito que yo no recuerdo; prohibir la comparecencia de un científico a mí me parece que es un hecho doblemente insólito. Es insólito
que el Parlamento se cierre para oír opiniones y es insólito, si cabe más, que la Comisión de Ciencia y Tecnología -subrayo la palabra ciencia-, que debería ser el punto de encuentro de los científicos, la casa de los científicos, cierre sus puertas
a la comunidad investigadora.
Señores del Grupo Popular, la ciencia representa unos valores de libertad y de transparencia y la posición del Grupo Popular es contraria a ella; es acientífica. Frente a libertad y transparencia, opacidad y
ocultismo.
Prohibir la voz, amordazar al que discrepa es un acto deliberado de ocultamiento de una opinión. Yo les pregunto: ¿A qué tienen miedo. ¿A la verdad? ¿Qué hay que ocultar? ¿Los errores del Gobierno? Un profesor de universidad es un
funcionario público y tiene el derecho y el deber de emitir sus opiniones y nosotros de escucharlas. Pero siendo un hecho insólito no deja de tener lógica con la posición del Grupo Popular y del Gobierno. Se niegan a una comisión de investigación
aquí y en Galicia.
¿Por qué esta cobardía? (Rumores.) ¿Por qué arrojar sombra y no luces a lo que ocurrió? ¿Saben ustedes por qué? Porque no tienen la conciencia tranquila (Una señora diputada: ¡Qué barbaridad!), porque han convertido un
accidente en una catástrofe, porque es evidente que se cometieron errores e imprecisiones, que hubo retrasos en contar con los científicos y que hubo descoordinación y opacidad. Su lema es no a la transparencia y callar al que discrepa. Estas son
sus formas, estas son sus actitudes: guillotinar la opinión del que discrepa y, utilizando el Reglamento, dar marcha atrás a algo que ya estaba aprobado. (Rumores.)
Hemos tenido antecedentes en esta Comisión. El 10 de abril comparecieron tres empresarios de telefonía móvil. ¿Ellos sí podían comparecer -y nosotros estábamos de acuerdo- y los científicos no pueden? (Un señor diputado: No tiene nada
que ver.) Hemos tenido otra experiencia con el señor Villalonga. En la legislatura pasada se cercenó por el Grupo Popular su comparecencia. Tuvo que haber una sentencia del Tribunal Constitucional para restituir los derechos de los diputados, es
decir de los ciudadanos, porque los diputados los representamos.
Ya que usted ha hablado del comité científico asesor, el 15 diciembre hubo un envío masivo de e-mails, de correos electrónicos a los científicos que estaban trabajando en el tema del Prestige, por parte del CSIC, prohibiéndoles hablar con la
prensa. Yo creo que estas pruebas son bastante evidentes. Y dicen que queremos erosionar al Gobierno. A la altura en la que estamos el Gobierno se erosiona prácticamente solo. No se crean que hace mucha falta hacer oposición porque con
actuaciones como la del Prestige el Gobierno se erosiona prácticamente solo. (Rumores.)
Es increíble que se argumente aquí que se trata de un debate trabado, que fue tratado en la Mesa y Junta de Portavoces, porque conforme a ese artículo, como venía calificado por la Mesa de la Cámara, se aprobó la comparecencia y allí nadie
dijo nada. ¿Díganme ustedes cómo no va a ser un debate trabado cuando se ha hablado de este tema en distintas comisiones y en el Pleno y en la Comisión de Ciencia y Tecnología hay cinco o seis iniciativas vigentes, comparecencias, proposiciones no
de ley, preguntas tanto del Grupo Mixto como de Izquierda Unida y del Grupo Socialista, y cuando además ha comparecido el ministro Piqué en esta Comisión? ¿Cómo no va a ser esto un debate trabado cuando está toda la Cámara hablando de este tema?
¿A quién se quiere engañar? Ustedes no quieren que comparezca el profesor Serret y están en su derecho reglamentario, pero otra cosa es que tengan ustedes la razón. Yo creo sinceramente que no la tienen. Aquí no hay ni más ni menos que una
censura. Cometen un desatino. Usted hablaba, señor Moreno, del minuto de gloria. Al impedir una comparecencia yo sé que ustedes prefieren un minuto de oprobio -algo más está durando hoy- que horas de sufrimiento en las comparecencias que se
hicieran aquí, porque no quieren que se haga luz sobre este asunto; y si no, no es explicable la conducta que están teniendo. Lo que está ocurriendo hoy aquí es un auténtico desatino, es una falta de ortografía parlamentaria y una vergüenza para
este Congreso.
Termino ya, señor presidente. Quiero dejar claro que esta comparecencia sigue viva dentro del listado de la actividad parlamentaria. Hoy, simple y llanamente, en aplicación del Reglamento se evita la comparecencia del profesor Serret.
Nosotros anunciamos que agotaremos todas las posibilidades del Reglamento para que se celebre, tarde o temprano, esta comparecencia. Si se vota en contra habremos escrito una página triste en este Congreso de los Diputados. Pediría al Grupo
Parlamentario Popular que rectifique. Ante su opacidad pedimos transparencia, ante el silenciamiento que se quiere hacer de la palabra de este profesor de universidad pedimos que pueda utilizarla, que pueda hablar aquí, máxime si es un científico.
Lamentamos y denunciamos este hecho y esperamos que sea la última vez que ocurra.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere intervenir? Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Quiero mostrar no la sorpresa, porque tristemente esto se va convirtiendo en habitual en el funcionamiento de la Cámara en las diferentes comisiones, de que por parte del Grupo Parlamentario Popular se tuerza el
Reglamento, se aplique esa peculiar ley del embudo -la parte ancha para ellos, la parte estrecha para todos los demás- y se impida la comparecencia de un funcionario público, un miembro de la comunidad universitaria para informar en esta Comisión de
su punto de vista sobre la gestión gubernamental en la catástrofe del Prestige, sobre la carta publicada por él y por 422 investigadores marinos y científicos relacionados con las ciencias del mar en la revista Science,el pasado 24 de enero. Ni el
grupo proponente ni el señor Serret se arrogan representación alguna del resto de los firmantes, pero tendrán que convenir -y supongo que en ello convendrá tanto el señor Moreno como la locuaz señora Mato- (Rumores.) en que el primer firmante de
cualquier escrito -es una práctica administrativa que se recoge incluso en la Ley de Procedimiento Administrativo-, salvo manifestación en contrario, lo es porque de alguna manera los demás firmantes consienten, aunque sea implícitamente, esa
representación, sobre todo si en este caso no es por orden alfabético la ordenación de los firmantes. Pero es que además los portavoces del Grupo Parlamentario Popular olvidan que cuando cualquier documento, por lo menos en organizaciones o grupos
que funcionan democráticamente, que no es el caso del Partido Popular, quizá no tienen esa práctica...(Rumores.) No, no...
El señor PRESIDENTE: Continúe, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Digo que en grupos o en comunidades...(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Pido silencio, por favor. Continúe, señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: En grupos o en comunidades que funcionan democráticamente, que no es el caso del Partido Popular, (Un señor diputado: Sin insultar.) cuando se acuerda realizar un escrito conjunto se debate y se discute entre todos;
por tanto ese escrito representa a todos los firmantes. El señor Serret viene aquí a hablar de ese escrito, viene a hablar de esa carta y no viene a representar a nadie: simplemente se representa a sí mismo como uno de los firmantes de ese
documento. Pero es que además aquí se vertieron otras acusaciones: que el señor Serret no es plural, veraz e independiente, contraponiendo esa falta de veracidad, de pluralidad y de independencia a la
supuesta independencia y objetividad de la comisión científica asesora del Gobierno. Por eso el señor Lora Tamayo acaba de ser nombrado para un puesto político como el de presidente del Centro Superior de Investigaciones Científicas, quizás
por esa veracidad. Y si vamos al rigor científico, podemos hablar del rigor de ciertos informes firmados por este señor Lora Tamayo y por la comisión científica asesora como, por ejemplo, aquel que, referido a las fugas de fuel decía que a este
ritmo de salida y según el volumen de los tanques, estos tardarían en vaciarse entre cinco y 39 meses. Es un ejemplo de rigor científico firmado por el señor Lora Tamayo y por su comisión científica asesora. O también cuando se dice: Los flujos
de salida ascienden hacia la superficie, pudiendo desviarse por efecto de las corrientes. Esto es veraz e incontestable, pero parece que hay muchos otros científicos que no lo creen así.
Ustedes están actuando como lo hicieron desde el principio de esta catástrofe creada por ustedes... (Rumores.) Sí, sí, provocada por ustedes... (Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Ruego, por favor que guarden silencio, si no es imposible seguir esta intervención.
El señor AYMERICH CANO: Un accidente marítimo que en cualquier país avanzado, en cualquier país moderno que tenga unos mínimos medios y un gobierno que aparte de mandar sepa gobernar lo convirtieron en una catástrofe económica, ecológica y
social sin precedentes. Desde el principio de la catástrofe prescindieron de la experiencia acumulada por las ciencias marinas españolas, en especial por los diferentes organismos de investigación y por las universidades gallegas, que es donde se
concentran datos del Plan Nacional de Investigación Científica y Técnica.
Los grupos de investigación gallegos en materia de ciencias marinas son los que reciben mayores subvenciones y mayor financiación para sus proyectos de investigación y
prescindieron de ellos. Prescindieron de la experiencia acumulada en la catástrofe del Mar Egeo y mandaron callar por escrito a los científicos del Instituto de Estudios Oceanográficos de Vigo, les prohibieron hablar con la prensa. Se niegan a
entregar a este diputado los videos del Nautile diciendo que la propiedad intelectual pertenece al IFREMER. Yo no voy a vender esos videos, el Bloque Nacionalista Galego no los va a vender; simplemente queremos verlos.
(Rumores.- Un señor
diputado: Ya lo dudamos.) Ese es el problema...
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, no estamos en un debate sobre el Prestige; estamos en una intervención sobre la comparecencia del señor Serret.
El señor AYMERICH CANO: Están ustedes impidiendo el debate, igual que quieren hoy impedir la comparecencia del señor Serret. No tienen ustedes base reglamentaria. (Un señor diputado: La tenemos toda; artículo 58.2 del Reglamento.)
Tienen únicamente la fuerza que les da su mayoría absoluta, ejercida de forma absolutista y antidemocrática. (Protestas.)
Dicen ustedes que no hay un debate trabado. Hay comparecencias pedidas, hay preguntas pendientes de contestar, hay proposiciones no de ley pendientes de debatir. ¿No hay un debate trabado? Otra cosa es que ustedes quieran que el debate se
acabe y decreten, como decretó esta semana algún miembro de su Gobierno, que la catástrofe del Prestige, que vuelvo a repetir que ustedes crearon, está solucionada. Para saber cuál es el alcance de esa catástrofe, durante cuánto tiempo tendremos
que convivir los gallegos con sus efectos, qué consecuencias tendrá sobre el medio marino, qué consecuencias tendrá sobre nuestra economía. Queremos que comparezca el señor Serret y que después de él comparezca mucha otra gente para mantener vivo
el debate sobre el Prestige y para impedir que el Gobierno y el Partido Popular que le apoya pretendan que este debate se acabe y se decrete virtualmente la desaparición del Prestige de la vida pública.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra doña Presentación Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, a esta diputada ya no le sorprende el esperpento al que hoy estamos asistiendo, entre otras cosas porque empieza a ser habitual que en esta Cámara se produzcan hechos que hasta ahora eran insólitos pero
que parece ser que van a pasar a formar parte de la vida cotidiana del Congreso de los Diputados. La verdad es que pensaba que se iba a hacer una argumentación acorde con el Reglamento de la Cámara, pero la intervención del portavoz del Grupo
Popular para defender su posición ha sido fundamentalmente la de intentar desprestigiar al resto de los grupos de la Cámara que apoyamos esta comparecencia; y la apoyamos porque estamos convencidos de que tiene soporte parlamentario, y lo tiene
desde el momento en que existen distintas iniciativas que vienen a incidir en el conocimiento que esta Cámara pretende tener sobre lo que aconteció y las medidas que se van a adoptar para intentar paliar los efectos de una catástrofe que el Gobierno
del Partido Popular produjo con sus decisiones. (Protestas.) Por tanto, creemos que existe ese debate trabado. Además, hay solicitada la comparecencia del presidente de la comisión científica por parte del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda
Unida, y otras comparecencias pedidas tanto por el Grupo Mixto como por el Grupo Socialista que podrían perfectamente introducir no solamente pluralidad en el posicionamiento sino conocimiento, para que esta Cámara pueda tener un juicio a partir de
lo que digan los científicos, pero se nos niega; y se nos niega porque hay un interés manifestado ya de forma clara por el
Grupo Popular para que no se debata sobre el Prestige, para que no haya un debate plural, para que aquí solamente se escuche la voz del Gobierno o la de aquellos que el Gobierno pretende manipular. Desde luego lo están consiguiendo a medias
porque, por mucho que se empeñen, seguirá habiendo informes de científicos independientes que les seguirán diciendo que no tenían razón, seguirá habiendo informes de colegios oficiales diciéndoles que se equivocaron, y habrá que esperar a que la
justicia se pronuncie porque no nos dejan pronunciarnos a quienes tenemos la representación del pueblo en esta Cámara. Se nos impide hablar y tener unos conocimientos, lo cual es impedir un funcionamiento democrático de esta Cámara. Están ustedes
socavando los cimientos democráticos y la libertad de expresión no sólo de los científicos sino de los parlamentarios de esta Cámara.
Ustedes aludían a que el señor Serret no tenía la representatividad de los 422 científicos. Yo no tengo ningún
inconveniente en que vengan los 422 y quienes ustedes quieran que vengan, además del presidente de la comisión científica, del presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del ministro, del comisionado, de quienes ustedes quieran,
pero que vengan y que nos den sus opiniones y nos aporten sus conocimientos. Señorías, aquí se tienen dos varas de medir: una cuando le interesa al Grupo Popular y otra cuando le interesa a la Cámara en general, porque este es un acuerdo por
unanimidad.
Señorías, les tengo que recordar que en el mes de abril del año 2002 en esta Cámara comparecieron -y no había debate trabado- el consejero delegado de Amena, el consejero delegado de Telefónica (el señor Pérez-Hickman Silván: No tiene nada
que ver.), el consejero delegado de Vodafone, un representante del Colegio de Ingenieros, un miembro de la comisión de toxicología y otro miembro del comité científico de la comisión de toxicología. Todos ellos tenían la misma posición y nadie en
esta Cámara planteó que no existía debate trabado y que no se produjeran las comparecencias, entre otras cosas porque todo el mundo estaba interesado en conocer cuáles eran sus aportaciones y en introducir claridad en los debates que aquí se tienen
o en las posiciones que mantenemos los diferentes grupos parlamentarios. Por tanto, este es un acto más de una falta democrática total y absoluta del partido mayoritario que mi grupo parlamentario no solamente no va a respaldar, sino que seguirá
criticando e intentando corregir en el futuro más próximo.
El señor PRESIDENTE: ¿Alguna intervención más? Tiene la palabra el señor Moreno por tres minutos.
El señor MORENO BONILLA: Yéndonos a la forma, el Reglamento del que nos hemos dotado el conjunto de los diputados está para aplicarlo y para cumplirlo. Por tanto, no se puede utilizar la terminología democrática cuando interesa y cuando no
interesa acusar de falta de democracia, de déficit democrático del grupo que legítimamente asume la representatividad y el rigor del Reglamento. Señorías, el Grupo Popular ha manifestado de una manera clara que no debe comparecer el señor Serret de
acuerdo con el Reglamento, ya que solamente pueden comparecer en esta Comisión miembros del Gobierno, ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales con rango de subsecretario y punto, y si no se puede crear -se ha creado en
otras ocasiones- una subcomisión orientada exclusivamente a ello. Por tanto, este es un debate que tiene una absoluta legitimidad en el Reglamento de la Cámara, pero lo único que han intentado los otros grupos políticos ha sido armar ruido. No se
puede decir que comparezcan los 422 científicos para que expongan sus distintas opiniones, y por qué no los 40.000 científicos para que cada uno exponga sus distintas conclusiones.
Señoría, el Grupo Popular no está nervioso. Está más tranquilo que nunca.
(Rumores.) Nosotros tenemos el Reglamento, la legitimidad y los argumentos de nuestro lado. No tenemos ningún problema de conciencia.
Tenemos la conciencia
absolutamente tranquila. Otros quizás no tengan la conciencia tranquila sabiendo que están faltando a su responsabilidad como primer partido político de la oposición, como supuesto partido político que quiere ser alternativa al Gobierno, un partido
político que ha convertido lo que era un accidente en un elemento de crispación, de confusión absolutamente inigualable en nuestra sociedad en los últimos años. Lo único que denunciamos aquí es una actitud de soberbia por parte del Grupo Socialista
cuando se utiliza el Reglamento en contra de sus intereses, Reglamento del cual nos hemos dotado democráticamente el conjunto de los diputados. Cuando se hace un uso legítimo del Reglamento, el Partido Socialista con su soberbia, con su
prepotencia, nos forma un circo como el de esta mañana, una vez más una pataleta y la algarabía a la que nos tiene acostumbrados en los últimos meses, yo diría en el último año. Ya decía en mi primera intervención que puede que el Grupo Socialista
considere que con ese minuto de gloria ha aportado alguna solución a los ciudadanos afectados por el Prestige, pero yo creo que no.
Yo creo que el Grupo Socialista ha dejado claro una vez más que lo único que pretende es esa pantomima, ese ruido,
esa corriente de humo y utilizar todo lo que tenga en su mano con tal de erosionar al Gobierno, con tal de llegar al poder pasando por encima de quien tenga que pasar.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, tiene la palabra por dos minutos.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Ya no es la forma sino el fondo. La pregunta es muy sencilla. Si no tiene soporte parlamentario ¿por qué figura como punto del
orden del día? (La señora Mato Adrover: Porque ha sido un error.) Se oye por ahí al fondo que porque ha sido un error. El error es lo de menos. No voy a las formas, voy al fondo. Lo que me preocupa más es que ustedes se nieguen a que se
hable en esta Comisión cuando hay una opinión discrepante de la del Gobierno. Eso es lo importante, el fondo, porque la forma es una anécdota, lo otro es una categoría. Y repito que tiene que ver con la posición que están manteniendo ustedes tanto
en Galicia como aquí impidiendo una comisión de investigación. Lo que me parece absolutamente absurdo es negar la comparecencia del primer firmante de un escrito, como ha dicho aquí el señor Aymerich, que no es un escrito cualquiera sino que está
publicado en una revista que es prestigiosa, aunque algunos posiblemente no la conozcan suficientemente (Rumores.), una revista en la que se ha expresado la voz de 422 científicos que quieren exponer sus razones de por qué fue un error el
alejamiento del Prestige. Por tanto, tiene sentido, dentro del sentido común que debería haber también en la política, que comparezca una de esas personas, no los 422, y por eso la hemos citado.
Me alegra que ustedes digan que están tranquilos. Yo no les veo así, a juzgar por las voces que se oían cuando estábamos interviniendo. Creo que acusar de irresponsable al Grupo Socialista es algo que está dentro del papel que puedan jugar
ustedes, pero ¿no creen que la irresponsabilidad máxima es estar por ahí de cacerías, desde el presidente de la Xunta hasta los ministros, cuando está ocurriendo la catástrofe del Prestige? Eso es la irresponsabilidad. La irresponsabilidad es
tomar unas decisiones equivocadas, convertir un accidente en una catástrofe y no querer hablar aquí. Les digo una cosa más. A nosotros nos interesa sacar las conclusiones y las responsabilidades políticas, pero les aseguro que también nos interesa
que esto no vuelva a ocurrir. Accidentes habrá, pero si tenemos un mecanismo suficientemente claro y aprendemos de lo que ha ocurrido para que cuando hipotéticamente ocurriera otro accidente se actuara de otra manera, yo creo que haríamos un favor.
Eso solamente se puede sacar a través de comparecencias, de la opinión de profesionales que saben, por eso intentamos crear una comisión de investigación aquí y en Galicia, que ustedes no dejan. Pedimos que comparezca el primer firmante, el
profesor Serret, al que, por cierto, en su primera intervención, señor Moreno, no creo que le haya tratado excesivamente bien, pero eso va en el estilo de cada uno. Pediría respeto tanto para este profesor Serret como para cualquier otro que
avalara la posición que sea, del Gobierno o no. ¿Soberbia y prepotencia nosotros, que estamos en minoría absoluta? Por favor, la soberbia y la prepotencia la tienen ustedes que están guillotinando iniciativas parlamentarias con su mayoría
absoluta. Están arrojando el Reglamento -cuando dan un paso atrás, habiendo aprobado este punto del orden del día- contra la libertad, contra la expresión en esta Comisión.
Termino ya. El circo lo han montado ustedes. No tengo culpa de sus errores. Nosotros hemos seguido el Reglamento al pie de la letra. Hemos registrado la comparecencia, la han calificado y la han permitido la Mesa y portavoces. También
se hubiera celebrado este debate si ustedes hubieran vetado la comparecencia, pero pasamos de un veto a una censura.
Ya que estaba en el orden del día, ¿merece la pena este circo que están montando ustedes? ¿Merece la pena este oprobio que estamos
viviendo simplemente para evitarse el sufrimiento de que haya algunos que discrepen y digan aquí sus verdades?
Señor Moreno, la algarabía la están generando ustedes, el ruido lo están generando ustedes y, desde luego, hoy están dando un pésimo ejemplo de lo que se puede entender como un comportamiento aperturista, democrático y que permita que
comparezcan y hablen aquellos que tienen algo que decir, por mucho que le moleste al Gobierno.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, dos minutos.
El señor AYMERICH CANO: Este diputado no duda que este debate tenga una absoluta legitimidad, de que el Partido Popular, actuando al amparo del artículo 68.4, tenga derecho a plantear lo que está planteando aquí, pero este diputado afirma
que lo está haciendo de mala fe. (Rumores.) Lo está haciendo de mala fe y de forma arbitraria, porque aún no hemos escuchado en las dos intervenciones del señor Moreno cuál es el motivo real para impedir que un funcionario público, profesor de
universidad, respetado científico en el ámbito de las ciencias marinas, comparezca ante esta Comisión y nos diga lo que él entiende, que es su opinión subjetiva, sobre la actuación del Gobierno en la catástrofe del Prestige. Ustedes no dan el
motivo de esto. Se dice que cuando no se da un motivo es o bien porque no existe o porque es inconfesable, y creo que esto es lo que está pasando en este caso.
Descalifican ustedes a los firmantes de una carta publicada por la revista Science. Seguramente ustedes atienden mejor a otras revistas que el Ministerio de Ciencia y Tecnología financia generosamente, como una revista que se publica en
Internet que se llama I+D, Correo de Ciencia y Tecnología, en la que se califica a estos firmantes como chiquilicuatres, con un desmesurado afán de notoriedad y falso pudor que, sin haber quitado un gramo de fuel en las costas gallegas, se atreven a
criticar a su Gobierno en otro país. Esto es lo que realmente piensan, este es el juicio que realmente a ustedes les merecen los más de 400 firmantes, respetados científicos en el ámbito de las ciencias marinas, de una carta publicada en la revista
Science. Este tipo de descalificaciones de los firmantes en una revista
financiada con fondos públicos mereció una intervención y una iniciativa de este diputado, que de nuevo ustedes, con fecha 12 de febrero, inadmiten. En cuanto a la primera cuestión la inadmiten. Esa es su tónica, inadmitir a trámite,
impedir el debate, impedir el contraste de ideas e impedir que en esta Comisión, a través de la pluralidad que se quiere y de cuantas más comparecencias mejor, lleguemos a tener una opinión y un conocimiento cabal de qué es lo que pasó, que es
precisamente lo que ustedes no quieren que se sepa.
Decía el señor Moreno: ¿Y por qué no comparecen los 40.000 científicos que hay en España? Su solución es rotunda, que no comparezca ninguno.
Efectivamente, nosotros seguiremos insistiendo en que comparezcan científicos, afectados, y en
que la verdad llegue a este Parlamento.
El señor PRESIDENTE: Señora Urán.
La señora URÁN GONZÁLEZ: De manera muy breve, porque esto es seguir debatiendo sobre lo mismo sin aportar ninguna claridad más.
Simplemente quería resaltar y dejar constancia de que solamente existen posibilidades de debate cuando al Partido Popular le interesa porque van a venir a decir lo que ellos quieren escuchar; si no, no se hubieran producido las
comparecencias en la Comisión de abril de 2002 con el tema de la telefonía móvil. Estamos ante la misma situación. En todo caso, el Reglamento se estira o se encoge en función de intereses partidarios pero no del interés general, que es el que nos
tiene que llevar a trabajar en esta Cámara.
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación de si se excluye esta comparecencia del orden del día de hoy.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda excluida. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz Calvo, ocupa la presidencia.)
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR SUÁREZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE INICIATIVAS PARA AVANZAR EN LA CONSECUCIÓN DE UNA EMPRESA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL EUROPEA DE LA QUE FORME PARTE IZAR. (Número de expediente 181/002988.)
- DEL SEÑOR SUÁREZ GONZÁLEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS PARA IMPULSAR LA CONTRATACIÓN EN LA INDUSTRIA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. (Número de expediente 181/003267.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos al siguiente punto del orden del día, contestación a preguntas.
Damos la bienvenida al señor secretario de Estado, señor Morenés.
El señor Suárez formula las preguntas números 2 y 3. La pregunta número 2 es sobre iniciativas para avanzar en la consecución de una empresa de construcción naval europea de la que forme parte IZAR, y la número 3 sobre medidas para impulsar
la contratación en la industria de la construcción naval.
Señor secretario de Estado, le doy de nuevo la bienvenida a esta Comisión, en nombre de la Mesa y en el mío propio. Tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Buenos días, señora presidenta, buenos días, señorías.
En cuanto a la primera pregunta, que versa sobre las iniciativas que tiene el Ministerio de Ciencia y Tecnología para constituir un consorcio europeo, una empresa europea con IZAR, como sabe S.S., el Ministerio de Ciencia y Tecnología no es
el dueño de IZAR. El dueño de IZAR es el Ministerio de Hacienda, vía Sociedad Española de Participaciones Industriales y, por tanto, las decisiones de tipo estratégico y de gestión de la propia empresa son decisiones que corresponden al Ministerio
de Hacienda, en este caso a la SEPI. En cuanto a la oportunidad o no, es evidente que en Europa la construcción naval está pasando por unos momentos muy difíciles, en los que prácticamente desarrolla el 12 por ciento de la construcción naval
mundial, donde hay una fragmentación, hoy menor, porque algunos astilleros en zonas como Alemania han cerrado, Gran Bretaña no tiene construcción naval, Suecia tampoco la tiene desde hace años, y, por tanto, buscar una determinada dimensión podría
entenderse como algo interesante desde el punto de vista de la competitividad. Pero no está muy claro que sea muy interesante.
¿Por qué? Desde luego, porque la diversidad de productos que hay en Europa hace que, tal vez, determinadas fusiones,
por un lado, tendiesen a debilitar esas líneas de productos y, por otro lado, es dudoso que, desde un punto de vista de la propia vigilancia de la competencia, la Unión Europea estuviese dispuesta a aceptar que ese 12 por ciento de la construcción
naval mundial pudiese unirse, sin que eso tuviese consecuencias para la propia competencia.
Dicho esto, desde el punto de vista del análisis de lo que pudiera ser el Consejo Europeo de Competitividad, del cual el Ministerio de Ciencia y Tecnología forma parte, lo que quiero decirle respecto a cualquier decisión en ese sentido, y
los intentos han sido varios en el
pasado, es: primero, que las decisiones corresponden a otro ministerio y, segundo, que los intentos en el pasado han sido poco exitosos. Una parte de mi carrera, y permítame que le mencione eso, ha sido en la construcción naval, en el
ámbito comercial y jurídico, y ya entonces teníamos enormes problemas con el grupo Euroyacht para poder si no hacer una fusión sí hacer una distribución del trabajo en función de una racionalidad mayor. Es decir, que cada uno se especializase en un
producto para no competir entre nosotros y ser capaces de competir en los mercados exteriores, fundamentalmente contra Corea y Japón, que en esos momentos eran nuestros competidores máximos, y hoy en día el primero de ellos lo sigue siendo. Eso, en
cuanto a la primera parte.
En cuanto a cuáles son las medidas del Gobierno para impulsar la contratación, nos encontramos, como le he dicho a S.S., en un sector que, a pesar de experimentar un aumento en la actividad productiva, registra un notable descenso en la
capacidad de contratación, y esto es algo cíclico. La construcción naval ha pasado unos años buenos, que pueden ir de 1996 a 1999, y a partir de ese momento se encuentra otra vez en una situación complicada. La cantera de los astilleros españoles
a 31 de diciembre de 2002 era de 78 buques, lo que presenta una disminución del 2,6 por ciento respecto a los que tenía en las mismas fechas del año anterior. Además, es preciso tener en cuenta que durante los últimos 12 años la mayor parte de la
producción en España se ha destinado a la exportación, lo que pone de relieve la enorme dependencia de la contratación de nuestros astilleros del mercado internacional, que está duramente condicionado, repito, por la competencia, en algunos casos
desleal, como así se ha demostrado en la propia Comisión Europea, sobre todo de los astilleros de Corea del Sur. En estas condiciones, desde la Administración española se han impulsado mejoras de las actividades de política comercial desarrolladas
por nuestros astilleros: apoyo a expertos, seminarios, organizaciones internacionales, y está claro que hay que hacer otros esfuerzos que vayan directamente al ámbito económico de los propios astilleros y de quienes son sus clientes, los armadores.
Fundamentalmente, y es lo más difícil pero lo más conveniente, hay que tratar de que el nivel de ayudas que reciben de la Unión Europea nuestros astilleros sea congruente con el desnivel que existe entre los factores de competitividad con los
astilleros que componen nuestra competencia como son Corea, Japón ya no, pero puede empezar China a ser una preocupación, para lograr que ni se sobrepase la ayuda, lo cual sería un ataque directo contra nuestra competitividad ni esté por debajo, lo
cual sería un ataque directo a la supervivencia de los propios astilleros.
El Gobierno, consciente de esto, durante la presidencia española de la Unión Europea consiguió, después de tres años de bloqueo del Consejo, aprobar el Reglamento 1.177/2002, de 27 de junio, que incluye el mecanismo defensivo temporal para
la construcción naval. Como sabe, mediante este mecanismo temporal podrán concederse ayudas directas a la producción de hasta un 6 por ciento del valor contractual, para una relación específica de buques. La incorporación a nuestra normativa de
estas ayudas temporales precisa la aprobación, por parte de la Comisión Europea, de la modificación del Real Decreto 442/94. El pasado 5 de marzo hemos recibido la comunicación oficial por parte de la Comisión Europea de su conformidad, con lo cual
estas medidas van a entrar en vigor inmediatamente, y somos el primer país europeo que recibe la conformidad de la Comisión para introducir estas ayudas. Pero no ha sido éste el único frente en el que se trabajó en el ámbito europeo frente a la
competencia desleal de Corea. También entonces España impulsó la reclamación ante la Organización Mundial del Comercio y la incorporación en la normativa comunitaria del nuevo acuerdo sobre créditos a la exportación de buques de la OCDE. Además
del nuevo mecanismo defensivo temporal, continúan en vigor otras acciones que S.S. conoce, por lo que no creo necesario describirlas en detalle, como las ayudas a la financiación a la construcción de buques, a la reestructuración, a las inversiones
en I+D+I o a la protección medioambiental.
Por otra parte, existen también incentivos fiscales que inciden positivamente sobre la demanda de nuestros astilleros, en particular en el impuesto sobre sociedades, que ha introducido un régimen de tributación específico para entidades
navieras, basado en el tonelaje.
Entre estas medidas quiero destacar el Plan tecnológico para el sector marítimo, específicamente diseñado para impulsar la competitividad del sector que se financiará con cargo al programa PROFIT, para el ejercicio
del año 2003. Se trata, señoría, de la primera vez que en nuestro país se aborda un nuevo concepto del sector marítimo como un todo integrador de aquellas actividades económicas que tienen que ver con la mar, incluyendo, junto a la industria de
construcción naval, otros sectores como la industria auxiliar, fundamental para la competitividad de la primera, la pesca o la industria de explotación de recursos marinos.
Finalmente, a través del Plan Galicia, aprobado el 24 de enero por el Gobierno, se ha querido dar un apoyo suplementario a este sector, incluyéndose las siguientes medidas: En primer lugar, la creación de un centro de I+D de tecnologías
marítimas, que cuenta con una dotación de seis millones de euros para los años 2003 y 2004, seis millones de euros repartidos. En segundo lugar, la elaboración de un plan de desarrollo para los astilleros, para la construcción de embarcaciones
deportivas. En tercer lugar, la puesta en marcha de una acción estratégica sobre seguridad marítima que se financiará también con cargo al programa PROFIT. En cuarto lugar, estamos analizando las posibilidades del grupo IZAR-FENE para ver cuál es
su posición ante la
Unión Europea que, como saben ustedes, en este momento y desde hace tiempo, es de total prohibición de dedicarse a otra cosa que no sea la construcción offshore, y similares, pero sin poder estar en la construcción de buques de doble casco.
En resumen, señoría, dadas las circunstancias, que nadie oculta, de dificultades de un mercado y, sobre todo, de una industria que viene sufriendo en un mercado abierto completamente a la competencia desleal de determinados países, creo que
el Gobierno está poniendo en pie las medidas necesarias para que un sector que yo sigo considerando, aunque esta es una opinión muy personal, estratégico para España y para Europa pueda seguir sobreviviendo ante un mercado que, curiosamente, es de
los más abiertos que existen en el mundo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias, señor secretario de Estado.
Señor Suárez le rogaría, si es tan amable, ya que conoce perfectamente el Reglamento, aunque son acumuladas las preguntas, se atenga al tiempo estipulado.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: No se preocupe, señora presidenta.
Quiero dar las gracias al secretario de Estado por su comparecencia, y hacer alguna apreciación a raíz de lo que ha sido su contestación a las dos preguntas que le hemos hecho. Con respecto a la primera, durante un tiempo en el discurso de
los responsables del Gobierno en la materia, Ministerio de Ciencia y Tecnología, responsables de la SEPI, era normal encontrar alguna valoración positiva acerca de que la fórmula de incorporación de IZAR a un gran consorcio europeo de la industria
de la construcción naval a formar con otras empresas, era la salida mejor para IZAR. De lo que ha sido su intervención en el día de hoy no extraigo esa conclusión sino la conclusión contraria de que ustedes ven muy problemático que esa sea la
salida para IZAR, la de que con otras empresas siga la constitución de una gran empresa europea de la industria de construcción naval; tiene un buen ejemplo en la salida que se dio a CASA, configurando la empresa IADS, de la industria aeronáutica
europea, aunque la conclusión que saco es que no están ustedes por ir por ese camino, porque es un poco también lo que nos vino a decir no hace muchos meses, el Grupo Parlamentario Popular, cuando debatimos una iniciativa de nuestro grupo
parlamentario en esta dirección, que tenía muchas dudas con respecto a eso. Por lo tanto, a partir de ahí, lo que me cabe preguntarle es si ustedes siguen pensando en la privatización pura y dura de IZAR, una vez saneada esta empresa, si es que lo
logra, porque parece que vuelve a deslizarse por la pendiente de incrementar sus números rojos; lo que me gustaría saber es si ustedes siguen instalados en que la salida para IZAR, la mejor salida para afianzarse su futuro, incrementar su cartera
de pedidos y poder hacer frente a la competencia tan fuerte de los astilleros del sureste asiático, es la privatización pura y dura de esta empresa y no la apuesta por una gran empresa europea de la industria de construcción naval, como otras
empresas alemanas, francesas, italianas, etcétera, en lo cual la SEPI mantuviese una participación importante de control.
Con respecto a la segunda pregunta que le hacíamos, la relativa a iniciativas para apoyar a la industria de construcción naval, creo que estamos todos de acuerdo en que la industria europea de construcción naval y en ese contexto los
astilleros españoles, sufre una competencia desleal muy fuerte por parte de los astilleros del sureste asiático. Hay ayudas encubiertas a estos astilleros, hay un muy fuerte dumping social, y eso permite a los astilleros del sureste asiático hacer
ofertas muy por debajo de las que hacen los astilleros europeos. Esto ha llevado a la Unión Europea a asumir que es necesario que vuelva a haber ayudas a la industria de construcción naval y motivo de ello es el reglamento que la Unión Europea
aprobó el pasado mes de junio y que entró en vigor al denunciar la Unión Europea a los astilleros del sureste asiático ante la Organización Mundial de Comercio el pasado mes de octubre. Usted nos dice que el pasado 5 de marzo ha autorizado la Unión
Europea a España a poner en marcha este reglamento. Nos gustaría saber a partir de qué fecha va a entrar a ser efectiva esta medida, porque meses han pasado unos cuantos ya y hay una cierta incertidumbre en el conjunto del sector de la industria de
construcción naval con respecto a la entrada en vigor de este reglamento temporal de ayudas directas de los Estados miembros a la industria de construcción naval.
Junto a esto, nos gustaría saber qué posibilidades hay de que, entre los barcos objeto de ayudas por parte de los Estados miembros, hasta un 6 por ciento, qué posibilidades hay, repito, de que se incorpore a los LNGS, los gaseros. Sabe
usted que es importante incorporar los gaseros para que estas ayudas sean beneficiosas para el conjunto del sector, porque sin los gaseros la cartera de trabajo beneficiada sería bastante reducida. Es necesario que los gaseros se incorporen a estas
ayudas, la incorporación de los gaseros también es muy importante para el futuro de IZAR o de otros astilleros. Nosotros venimos insistiendo en la necesidad de los mismos, sabemos que el Gobierno también insistió en la necesidad de los gaseros, que
la Unión Europea dejó la puerta abierta a incorporar los gaseros y que hay que tomar una decisión en las próximas semanas sobre la necesidad de incorporarlos. Nos gustaría saber si el Gobierno sigue trabajando en la necesidad de incorporar los
gaseros al sistema de ayudas, y qué posibilidades hay.
Además de eso, nos gustaría plantearle también alguna cuestión más que tiene gran importancia con lo que es el apoyo a la industria de prospección naval.
Otra cosa que nos gustaría saber es cuándo puede entrar en vigor lo que es el decreto de adaptación que entraría a la vez que las ayudas a las nuevas condiciones establecidas para los créditos a la exportación de la OCDE, nos gustaría saber
cuándo va a hacer realidad el Gobierno español ambas cuestiones, cuándo va a aprobar el real decreto que las autoriza, tanto las ayudas como las nuevas condiciones establecidas para los créditos a la exportación. También nos gustaría plantearle una
cuestión más. ¿Han aprobado recientemente el reglamento sobre la tasa por tonelaje, a la que usted ya hizo referencia?
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Suárez, le ruego vaya concluyendo. Ya lleva usted pasado en siete minutos el tiempo establecido.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Dos minutos, señora presidenta.
Esa es una tasa graciable, es una medida graciable, el Gobierno la autoriza a aquellos armadores que cree conveniente autorizarla, su antecedente el tax lease; debe haber un caso en el que se autorizó, usted sabe muy bien cuál es, y nos
gustaría saber cuál va a ser la posición del Gobierno con respecto a esto.
Por último, qué posibilidades hay de ampliar el pago de las primas a la construcción naval en vigor, las que se derivan del anterior sistema de ayudas, el que venció el 31 de diciembre de 2000, qué posibilidades hay de ampliar esas primas
que, como sabe, se van a pagar hasta el 31 de diciembre de este año, qué posibilidades hay de ampliarlas un año más y seguir pagándolas hasta el 31 de diciembre de 2004.
Estas son las preguntas que le querríamos hacer, y de paso saber algo más sobre el Plan nacional de I+D de ayuda al sector de la industria de construcción naval, al que hizo referencia en su comparecencia aquí el señor Piqué el pasado mes de
octubre, y nos gustaría saber algo más de él, cómo se plantean ustedes concretarlo, etcétera.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañíz Calvo): Señor Morenés, usted conoce también el Reglamento y no necesito advertirle que conteste a la pregunta que le ha sido formulada por escrito. Tiene dos minutos y medio, pero evidentemente él
ha gastado 15 minutos. Tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): En cuanto a la conclusión que S.S. saca de mi primera intervención, yo creo que va más allá de la literalidad y de lo que pudiese haberse interpretado lo
que he dicho.
Primero, yo no he hablado en absoluto de privatización, porque este es un asunto que ni me corresponde ni estoy en esa política. Segundo, en cuanto a que el consorcio es lo mejor, creo que la dimensión en empresas, sobre todo cuando se
compite contra empresas tan importantes como son las surcoreanas, puede ser una de las soluciones; lo que he dicho es que llegar a ese proceso es un tema complicado y no he dicho en absoluto que no se esté en conversaciones. Tercero, he explicado
que la experiencia de Euroyacht para poder poner en común las potencialidades comerciales no fue especialmente halagüeña en cuanto a los resultados. Lo que sí sé es que en estos momentos nosotros debemos tener una industria poderosa en España de
construcción naval y yo creo que para eso he explicado perfectamente, no sé si perfectamente, pero he intentado explicar cuáles son las medidas que adopta el Gobierno. Entendemos que cuando estas medidas que ha lanzado el Gobierno, que he descrito
en mi exposición, estén en vigor -y lo van a estar inmediatamente-, tendremos capacidad, sobre todo para la competencia exterior de Corea, que nos permita contratar 150.000 millones de pesetas al año como durante los años 1994-1996. Ahora bien, es
verdad que la Comisión Europea tiene puesta la atención especialmente en este sector. Le quiero decir que sacar adelante el reglamento comunitario sobre ayudas no ha sido fácil porque hay muchísimos países que se oponen a que esto sea así, los
propios socios europeos y algunos de ellos, incluso, con construcción naval. Dicho esto, también existe la convicción de que el sector es estratégico para la Unión Europea y, en ese sentido, nos vamos a defender.
En cuanto a los gaseros, no es que luchemos para que estén incluidos en el decreto, es que lo están. El problema que hay con los gaseros es llevar a la convicción de la Comisión que, efectivamente, existe un dumping, es decir que Corea está
haciendo trampas, así de claro, en los costes de construcción de los gaseros. No es un asunto sencillo, tenemos que encontrar el medio de probarlo. Por ejemplo, probar en los buques tanque la competencia desleal ha costado algún tiempo. Nosotros
estamos convencidos, por razones de puro sentido común, de que Bruselas admitirá a los gaseros -ya lo ha hecho conceptualmente- con las evidencias que la propia Comisión está entregándole para que, de facto, se inicien las ayudas a este sector que,
como usted bien dice, para España es fundamental porque supone el nicho de mercado que se ha buscado el grupo IZAR para sobrevivir. En este sentido, los que trabajamos en esa empresa hace unos años tenemos muy claro que es muy interesante que,
mientras antes estábamos construyendo buques tanque, ahora podamos construir buques gaseros.
La entrada en vigor del real decreto en España será aproximadamente a primeros del mes que viene. Vamos a tener problemas con la Comisión Europea en lo que respecta a la ampliación un mes más de las primas.
Somos muy partidarios desde
nuestro ministerio de que haya contratación en astilleros y de que haya ayudas. No puede ser que nuestros astilleros -y lo conozco bien- tengan un decalaje tan importante en los costes
con otros. Ahí pasa algo. Entonces, por mucho que en Corea no haya costes sociales, ahí pasa algo. Hay que tener en cuenta que simplemente los materiales que se incorporan en los barcos representan el 60 por ciento del coste de los barcos
y en el 40 por ciento es donde se produce la diferencia. Es imposible que ahí se produzca un ahorro de un 20 por ciento por productividad porque nuestros astilleros son francamente productivos. Luego ahí pasa algo. No obstante, una vez que entren
en vigor estos sistemas que he dicho, España estará en condiciones de competir con Corea y le aseguro que nuestros astilleros tendrán cartera de pedidos otra vez porque el importe total de la ayuda juega de una manera clara en lo que se refiere a
las diferencias que puede haber con Corea. Otra cosa es que luego haya mercado o no, es decir, el hecho de que tengamos unos precios magníficos no significa que los armadores estén dispuestos a construir barcos porque haya un exceso de capacidad de
transporte en situaciones de oscilación, como es el propio mercado de la construcción.
Le voy a mandar el plan de actuación, si le parece a S.S., se lo envío y es más sencillo, porque explicárselo aquí sería un poco prolijo.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE ENTREGA A LOS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN DE LOS FONDOS QUE LES FUERON ASIGNADOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DE I + D CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA DE 2002.
(Número de expediente 181/003270.)
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE SITUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE I + D (INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO) DEL PLAN NACIONAL COFINANCIADOS CON FONDOS FEDER. (Número de expediente 181/003344.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos a las siguientes preguntas, números 4 y 5, sobre la entrega a los grupos de investigación de los fondos que les fueron asignados para la realización de los proyectos de I + D
correspondientes a la convocatoria de 2002 y sobre la situación de los proyectos de I + D (investigación y desarrollo) del Plan nacional cofinanciados con fondos FEDER.
Para la formulación de las mismas tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En primer lugar quiero agradecer la presencia del secretario de Estado y darle la bienvenida a esta Comisión en el día de hoy. Quiero hacer una formulación bastante escueta de estas dos preguntas que se acumulan.
Hubo una convocatoria -se publicó en febrero del año 2002- del Plan nacional para proyectos y, por los datos que tenemos, hay un retraso -algo a lo que desgraciadamente estamos acostumbrados y en este caso, si cabe, más- en el área de
materiales dentro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tenemos idea que son 49 proyectos los que todavía no han recibido los fondos, a los que se suman algunos proyectos más de otras áreas -aproximadamente 57 proyectos-. ¿Cómo está
la situación y cuáles han sido las causas del retraso? Unido a esto, un aspecto más general: también hemos tenido conocimiento de que se está produciendo un agujero en torno a los 175 millones de euros en el Plan nacional, derivado de la gestión
de los fondos FEDER, es decir, hay una falta, entre comillas, de liquidez, puesto que en esa convocatoria de proyectos, que son cofinanciados con fondos FEDER, se adelantaba el dinero. Parece ser que los responsables de la Unión Europea no dejan
que se adelante ese dinero, tan es así que no lo tenemos en los presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. La pregunta es muy sencilla: ¿cómo está la situación, cómo se va a solucionar?
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): En la convocatoria de 2002 del programa de ayudas a proyectos de I + D se presentaron 5.567 solicitudes, de las que resultaron aprobadas 2.934, con una
financiación total de 248 millones de euros. Si comparamos estas cifras con las correspondientes al año 2001, se produjo un incremento del 7 por ciento en cuanto al número de proyectos y del 18 por ciento en cuanto a financiación. Por lo que se
refiere a los pagos correspondientes a la convocatoria 2002, debemos tener en cuenta en primer lugar que estos proyectos, como ha señalado S.S., están cofinanciados con fondos FEDER, a lo me referiré luego, y su coste asciende a unos 68.583.000
euros, de los cuales se pagaron, durante el año 2002, 62.442.000 euros, el 91,5 por ciento del total. Hubo un total de 436 proyectos, por un importe de 2.307.000 euros, es decir, el 3,36 por ciento del total cuyo gasto se comprometió en el año 2002
sin que se pudiera efectuar el pago en dicho ejercicio, que es por lo que S.S. formula su pregunta. Los motivos de que no se pudiera efectuar el pago fueron: el primero, la falta de presentación por parte de entidades beneficiarias -y lamento
decirlo-, especialmente de las universidades, de la documentación acreditativa del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por este motivo se dejaron de pagar proyectos, cuyo importe total ascendió a 2.006.770 euros, y en los restantes casos,
es decir, para un total de 300.324 euros, la documentación fue presentada en unas fechas en las que ya era absolutamente imposible porque, desgraciadamente,
por los trámites burocráticos que están establecidos con determinadas normas, no tuvimos el tiempo necesario para que se pudieran gestionar las correspondientes órdenes de pago dentro del año 2002. Actualmente se están tramitando estos
pagos para la mayoría de estos proyectos, es decir, para aquellos cuyos organismos beneficiarios ya han presentado la documentación requerida. Existen, no obstante, otros proyectos cuyo expediente de pago ha debido posponerse hasta la apertura del
presupuesto del año 2003 y, en este caso, el retraso no es achacable a las entidades beneficiarias, sino a la propia rigidez administrativa, que ya ha quedado resuelto. Se trata de 136 proyectos aprobados en la convocatoria de 2002, con un coste
total de 3.833.296 euros.
La causa de todo ello es que el presupuesto del año 2002 estaba concebido de una manera estanca; es decir, no sólo los créditos estaban vinculados al capítulo sino a los conceptos. Teniendo en cuenta que cuando se hacen las convocatorias
no se sabe cuáles son los proyectos ganadores, es muy difícil poder adecuar a los mismos los conceptos presupuestarios, y da la casualidad que pueden faltar recursos en algunos y sobrar en otros. Este ha sido el problema del año 2002 y lo digo
claramente.
¿Qué hemos hecho en el año 2003? Lo que hemos hecho es vincular los créditos para que esto no vuelva a ocurrir a nivel de capítulo; y nada más. Con posterioridad puede haber un juego interno de flexibilidad que nos permita ir a una
ejecución mayor de lo que hemos hecho en 2002, lo que después ha resultado mejor. Al día de hoy estos 276 expedientes se encuentran en trámite de fiscalización, por lo que el pago de los mismos se efectuará en fechas muy próximas.
Me pregunta S.S. en segundo lugar qué va a pasar con los proyectos de I+D cofinanciados con FEDER. En los últimos meses el procedimiento de pago de los fondos FEDER está siendo cuestionado en el seno de la Unión Europea.
Debido a las
diferentes interpretaciones que se pueden dar a una normativa aplicable, se está estudiando la posibilidad de no autorizar por la Comisión el adelanto de los pagos de los fondos FEDER. Como dice S.S., eso supone para nosotros en el año 2003 un no
anticipo de 173,75 millones de euros. A los 63 millones necesarios para la convocatoria de 2003 de ayudas a I+D hay que sumar los fondos necesarios para hacer frente a los compromisos adquiridos en anualidades correspondientes a convocatorias
anteriores, es decir esos 173 millones. Ante esta situación, diré que no significa que no haya recursos económicos o que no vayamos a recibir de Bruselas apoyo para fondos FEDER, sino que tenemos un trámite de liquidez que supone, en mi opinión,
dos cosas. Primero, que recibir los fondos FEDER ha supuesto que no se incluya en los Presupuestos Generales del Estado esa cantidad. Por tanto es un asunto que debe solucionarse por la vía de que Bruselas continúe al menos durante el año 2003
haciendo frente a la posibilidad del adelanto, porque evidentemente la posición ha sido mantenida de manera que no diré inflexible, porque se está negociando, pero sí firme por parte de Bruselas una vez que nuestro presupuesto había sido elaborado,
y me parece que ahí se produce una situación no querida. Y segundo, también es muy interesante que nos lleguen esos fondos de Bruselas por adelantado porque si no tendremos que hacer un trabajo importante de readaptar los expedientes a la nueva
realidad presupuestaria, que sería que el Ministerio de Hacienda aportase esos fondos.
A nosotros nos parece que la ciencia sigue siendo financiada, pero desde el punto de vista del proceso burocrático preferimos, al menos durante este año 2003, que estos proyectos sean desarrollados y financiados como lo venían siendo. Esa
es la parte mejor de todo lo que se pretende. Si Hacienda tiene que aportar esos fondos por las cuatro posibilidades que existen, aunque por ahora sea un poco prematuro decirlo (la propia de los adelantos comunitarios, la utilización de otros
FEDER, la posibilidad de hacer una transferencia de crédito de otra sección o de un crédito extraordinario para suplir el déficit de caja que pudiese haber durante el tiempo en que se reciben los FEDER, es una decisión que tendría que tomar el
ministerio. Lo que sí le digo es que el Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene absoluta confianza en el Ministerio de Hacienda y quiere transmitir a la comunidad científica -y le pido a S.S. que también lo haga en ese sentido- que este año se
van a hacer los proyectos que estaban previstos con los fondos que se habían fijado, pero que hay un proceso que tiene que resolverse en un corto espacio de tiempo, eso también es importante decirlo, para que esos proyectos se puedan poner ya en
marcha.
El primer mensaje es que la financiación para el bloque de proyectos de investigación que se iba a hacer la vamos a tener por una vía o por otra.
Creo que es muy importante pelear en Bruselas para que se haga como el año pasado, porque
independientemente de otras cuestiones del Ministerio de Hacienda, que yo respeto extraordinariamente y me solidarizo con ellas, eso nos vendría muy bien desde el punto de vista de la eliminación de procesos de readaptación burocrática en estos
momentos, que si hay que hacerlos se harán y además en tiempo, pero lo mejor sería que se pudieran evitar. En ese sentido también es bueno transmitir esa presión y ese conocimiento, y de hecho hoy hay una reunión en Bruselas entre el Ministerio de
Hacienda y el comisario Barnier para establecer esta posibilidad.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Por supuesto le agradezco sus claras explicaciones y le expondré rápidamente mi valoración. El primer aspecto es el que tiene que ver con el retraso en la percepción de esos
fondos de unas determinadas áreas. Aquí ocurre una cosa y es que en general hay retrasos, pero en este caso han sido mayores. Según los datos de que dispongo, en julio de 2002 se comunica por correo electrónico que en esa convocatoria de
febrero a este grupo de investigación le ha correspondido tanto dinero, etcétera. A fecha de hoy todavía no han cobrado. El hecho real es que han transcurrido 13 ó 14 meses desde que se hace la convocatoria, por tanto soluciónese cuanto antes
porque el sistema que se crea, como dice usted, que ha hablado de rigidez administrativa, es un sistema llamémosle de subcajas y concretamente en estos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que creo que está al corriente de sus
obligaciones de pago porque tiene que ser así y además depende de ustedes. En el caso concreto de los proyectos de materiales y los otros proyectos lo único que ha ocurrido es que a ustedes se les acabó el crédito de un subapartado del plan
nacional. Lo primero que hacemos es sacar una consecuencia positiva, rómpase en la medida de lo posible esa rigidez administrativa para evitar que ocurran casos como éste. No me ha concretado usted exactamente cuándo lo van a cobrar, por lo que me
dice va a ser próximamente; dejémoslo ahí, pero esperemos que se pueda arreglar.
El segundo es un tema más importante porque es mucho más general que el anterior, que era más concreto, y tiene que ver con esos fondos FEDER. En mi opinión, el Gobierno no tiene suficientes créditos en sus partidas -es como digo una
opinión- y adopta una solución consistente en poner en esas partidas el dinero de los fondos europeos, de los fondos FEDER. Se hace esa convocatoria y durante uno o dos años se paga por adelantado en la convocatoria de proyectos y no hay problemas
con Europa; se enciende la luz de alarma y lo que tenemos que analizar, deseando que esto se soluciones, es qué se está haciendo porque yo tengo conocimiento de que ustedes enviaron un memorándum -usted no estaba todavía de secretario de Estado- al
Ministerio de Hacienda, que le puedo leer, en el que se anunciaba la necesidad o el deseo de que se incorporaran a los créditos del Ministerio de Ciencia y Tecnología los presupuestos correspondientes a esos fondos FEDER para la convocatoria de
proyectos, por varios motivos. Todavía no se había encendido la alarma de Europa, se oían algunas voces diciendo: ¡cuidado que a lo mejor no nos van a dejar! Pero había un argumento importante que era: esto se abona en dos partes porque pagas con
el dinero español (el 30 por ciento en el Objetivo 1 más el 70 por ciento con dinero europeo) y los grupos de investigación recibían primero el dinero español, que estaba en los presupuestos, y posteriormente el dinero europeo, y decían: si lo
ponemos todo y figura en los presupuestos será más flexible, etcétera. El Ministerio de Hacienda -usted tiene confianza y es lógico que la tenga- no dio luz verde, no permitió esto. Esa era la primera luz de alarma. Después del verano no diré que
haya una comunicación, pero en Europa se empiezan a debatir estos temas.
Es en el mes de diciembre cuando dicen que no van a permitir que por parte de algunos países se adelante este dinero. Utilizan la regla de la N+2 empleada en Europa y dicen que no estamos de acuerdo y parece ser que el único país concernido
es España, porque otros países que reciben fondos no los dan para proyectos por adelantado, con lo cual, aparte de la solidaridad que pueda haber a nivel europeo, estamos solos, nuestra posición es única, lo que me preocupa bastante. Esto nos lleva
a una situación que no se inventa el Grupo Socialista. Desde su propio ministerio envían una carta al Ministerio de Hacienda planteando la situación existente y dicen que esto se tiene que solucionar. ¿Por qué? Porque, como reconoce en algunas
declaraciones el propio Ministerio de Ciencia y Tecnología, puede provocar un colapso en el sistema. Nadie discute que ese dinero no se vaya a tener, puesto que está adjudicado; lo que se discute es la liquidez financiera y por eso el Grupo
Socialista plantea una proposición no de ley, que se debatirá próximamente, para intentar tapar ese agujero que me parece que usted ha dicho que es de 173,7 millones de euros, puesto que estamos preocupados.
Voy a contarle una anécdota. Cuando España presidía la Unión Europea, un ministro del área económica español reconvino en una conversación a su homólogo alemán y le dijo que se estaban saliendo del déficit cero, que estaban un punto por
encima. El alemán tardó un par de minutos en contestar, le miró a los ojos y le dijo que de acuerdo, pero que él tenía una solución muy fácil. Puesto que el déficit que tenía su país se generaba por dar fondos europeos a países como el nuestro, se
podían eliminar los fondos y así el suyo se situaba en el déficit cero. Esta anécdota, que es real, muestra bien a las claras que siempre, y ahora más que nunca, los países que donan ese dinero quieren que haya un cumplimiento a rajatabla, ya que a
ellos les viene mal la percepción de esos fondos. Y algunos, como Gran Bretaña -esto no tiene nada que ver con su ministerio-, plantean la posibilidad de que España no pueda acceder a esos fondos europeos de cara al futuro. Pero este no es el
debate.
Por ello, yo creo que hay que solucionar cuanto antes este problema que tenemos de liquidez, en relación con el cual existe ya un gran retraso y por eso la primera pregunta que le hago -voy terminando- es cuándo es previsible que vayan a
pagar ustedes. Usted dice que hay dos posibilidades: una, arreglarlo en Bruselas y otra, arreglarlo en España, dicho de forma sencilla. Arreglarlo en Bruselas, según mis datos, va a ser complicado. Desde luego, el cien por cien de adelanto no se
va a conseguir, puesto que hay un bloqueo. En segundo lugar, parece ser que la posibilidad más cercana es que permitan adelantar un 20 por ciento de estos fondos (no
sé si el Ministerio de Hacienda está de acuerdo con esa postura, por lo que, si usted me lo puede decir, también se lo agradezco), con lo cual el agujero se reduciría a un 80 por ciento de las cifras que decimos, pero siempre estaría ese
agujero del 80 por ciento. El 20 por ciento, que es la solución que como mucho se podría conseguir, es una solución que no acaba, valga la redundancia, de solucionarlo todo. Y lo que más me preocupa es cuándo se va a resolver por una razón muy
sencilla. Según los datos de que dispongo, que me han facilitado desde Europa, en el orden del día del próximo 19 de marzo, que es cuando parece que se va a reunir la Comisión correspondiente, no figura este punto. No digo que no se pueda incluir,
pero en este momento no figura. ¿Cuánto tiempo va a durar esta negociación? Porque ojalá salga bien, pero, si no es así, tendremos que entrar en la segunda vía, esto es, conseguir el dinero de España, adelantarlo, y por eso presentamos esa
proposición no de ley. La vía me da igual, lo que necesitamos -ya debatiremos sobre la vía- es que eso se arregle.
Termino ya, señora presidenta. Espero que se pueda solucionar este tema, puesto que puede colapsar el sistema, y usted lo sabe. Quiero manifestar también que esto afecta a otros ministerios, como al de Sanidad y Consumo. El Instituto de
Salud Carlos III también tiene convocatorias cofinanciadas por fondos FEDER. Y activo la alarma en relación con otros fondos, los del Fondo Social Europeo. Puede ser otra problemática que se ponga encima de la mesa, ya que también hay
convocatorias, y yo creo que está dando lugar a retrasos, como por ejemplo en la convocatoria que tienen ustedes prevista para personal de apoyo y para personal técnico.
Posiblemente, tiene que ver con becas, con contratos, etcétera, por lo que
vamos a ver cómo queda la situación. Nosotros queremos solucionar el problema y, en cuanto a las declaraciones -ahora sí que termino de verdad- que el ministro Piqué hacía calificando a mi persona o al Grupo Socialista de irresponsable, de desleal,
etcétera, la irresponsabilidad es de aquellos, sea Hacienda, Ciencia y Tecnología o quien sea, que no prevén ni solucionan el problema y la deslealtad es de aquellos que intentan tapar un problema sin buscar una solución definitiva. Nosotros,
repito, queremos participar en la solución del mismo. Si traen un crédito extraordinario, votaremos a favor y en ese sentido les deseamos suerte en sus negociaciones, pero repito que ahora mismo sigue existiendo una gran incógnita sobre ese gran
agujero dentro del plan nacional.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): En cuanto a la primera situación, he explicado cuál es la causa del retraso y he dado la solución. Con la posibilidad de vincular los créditos a nivel
capítulo, este tipo de situaciones se va a poder evitar. En eso estamos e inmediatamente, como he dicho, se podrán recibir los recursos económicos por quienes los solicitaron y les fueron concedidos el año pasado.
En relación con el agujero existente en el plan nacional, yo me resisto a llamarlo así, señoría. Se denominaría agujero si no tuviésemos recursos, pero nosotros tenemos recursos, lo que pasa es que no sabemos cuál va a ser la fuente de los
mismos. Ahora bien, tiene usted razón, porque, teniendo en cuenta nuestra experiencia de gestión y lo difícil que es gestionar algunos procesos por su carácter prolijo y burocrático, cualquier día de retraso hace que luego tengamos que tomar
medidas de carácter extraordinario desde el punto de vista de la intensidad del trabajo que siempre se puede exigir, pero no de una manera estructural en nuestro ministerio. Por tanto los primeros interesados en buscar una solución inmediata en
relación con este asunto somos nosotros. Y tiene que ser inmediata, no vaya a ser que luego nos llegue el dinero y no seamos capaces de gestionarlo, una situación no querida, aunque yo no creo que se vaya a dar el caso. Le puedo asegurar que el
Gobierno en pleno es consciente de este problema, el cual, si fuese entendido como un no de Bruselas sin posibilidades de solución, se convertiría en un problema de una magnitud que no tengo que explicar. Esa posibilidad es teóricamente tan
importante y tan grave que a mí no me cabe la menor duda de que, por lo que respecta a la parte financiera, se va a solucionar. Es en la parte que afecta al tiempo en la que tenemos que insistir y entiendo la preocupación de S.S., que comparto,
pero le puedo asegurar que el Gobierno es consciente de que el tiempo es esencial para que esto se pueda resolver. En este momento, los ministros de Hacienda y de Ciencia y Tecnología están en contacto permanente y ahora en Bruselas se está
manteniendo una conversación con el comisario Barnier, responsable de la respuesta que hay que dar a este asunto, que arrojará luz sobre lo que tenemos que hacer. Espero que Bruselas tenga sentido común y que sea racional con respecto al ámbito de
los presupuestos, ya que no solamente se trata de España. La proposición de la Comisión no ha salido adelante porque se han opuesto más países de los que la han apoyado. En ese sentido, hay que entender que España recibe sus fondos FEDER, pero
también es verdad -el ministro alemán tenía razón y fue muy hábil al contestar lo que contestó- que Europa se constituyó con la firma del ministro alemán, estando los fondos de reestructuración encima de la mesa e incluidos en el tratado
constitutivo. Así pues, yo le diría al ministro alemán que, si está dispuesto a cargarse el tratado, fenomenal, pero entonces estaríamos hablando, como usted bien ha dicho, de otra cosa. Es verdad que los fondos FEDER fueron declarados elegibles,
es verdad que se ha puesto en duda su elegibilidad como elemento de anticipo y es verdad que tenemos un problema y que
tenemos que solucionarlo en un corto espacio de tiempo. En eso estamos, señoría, y yo le agradezco su preocupación, puesto que sé que es sincera.
Lo que le digo es: primero, que no hay agujero presupuestario; segundo, que tenemos que llevar a cabo rápidamente la decisión que se tome, sea total o parcial, y tercero, que es muy importante en estos momentos reforzar -en el tiempo
necesario, pero corto- nuestra posición en Bruselas, porque desde el punto de vista del propio ministerio y de la comunidad científica a la que sirve es muy importante conseguir los fondos de Bruselas. En ese sentido le pido -y estoy seguro que lo
obtendré- su apoyo para que en Bruselas entiendan, primero, que este no es sólo un problema de España, y segundo, que no es un problema que no se pueda resolver en el año 2004, como sería natural. Vamos a solicitar que estos fondos estén en los
Presupuestos Generales del Estado y luego se devuelvan, es decir, que se produzca su entrada en el ámbito presupuestario y su salida una vez que se reciban los fondos de Bruselas.
Este me parece un ejercicio financiero muy saludable, que además
permitirá un crecimiento en nuestras disponibilidades y el alejamiento de esta incertidumbre que no es buena para nadie.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE LA EXISTENCIA DE MÁS INVESTIGADORES EXTRANJEROS TRABAJANDO EN ESPAÑA QUE INVESTIGADORES ESPAÑOLES TRABAJANDO EN EL EXTRANJERO. (Número de expediente 181/003292.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañíz Calvo): Pasamos a la siguiente pregunta sobre la existencia de más investigadores extranjeros trabajando en España que investigadores españoles trabajando en el extranjero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: La formulación es la que ha leído la señora presidenta. El señor Piqué hizo unas declaraciones, a mi modo de ver sorprendentes, a una revista científica en las que decía que la importancia de las
telecomunicaciones estaba en función de la atención mediática, que la ciencia tenía menos atención mediática y que iban a aumentar los gastos militares. También decía que en España hay muchos más investigadores extranjeros que españoles en el
extranjero, es decir que hay más investigadores extranjeros trabajando en España que investigadores españoles trabajando en el extranjero. A nosotros no nos casan estos datos y me gustaría que me dijera en qué se basan esas afirmaciones, si son
ciertas o no y qué datos hay respecto a esto, porque los datos no nos casan ni a nosotros ni a las fuentes que hemos consultado.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañíz Calvo): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Es conveniente aclarar la intervención del ministro.
Parece bastante evidente (entre otras cosas porque no hay datos para hacer esa afirmación y el
ministro de Ciencia y Tecnología no se caracteriza precisamente por decir cosas que no se compadecen con la realidad) que lo que quiso decir el señor ministro fue que la llegada de investigadores extranjeros a España se está incrementando de manera
notable. El dato de cuántos investigadores españoles están en el extranjero no obra en poder del ministerio de Ciencia y Tecnología, además de ser -según me dicen y yo me lo creo- de imposible evaluación por varias razones. En primer lugar, porque
no sabemos cuántos hay. En segundo lugar, porque no sabemos cuánto tiempo están en el extranjero y cuánto tiempo están aquí. Es una evaluación complicada. En ese sentido creo que lo que el ministro quiso decir fue que el sistema español de
ciencia y tecnología, que está avanzando desde hace años, atrae a los investigadores extranjeros. También es verdad que el propio Gobierno ha facilitado la incorporación de investigadores extranjeros y que su número ha crecido sustancialmente en
los últimos años debido a los programas que estamos poniendo en marcha. De hecho, en la convocatoria 2001, por ejemplo, en el propio Ramón y Cajal, para 800 plazas ofertadas se seleccionaron 105 investigadores extranjeros, y en la convocatoria
2002, ya son 197 extranjeros. Creo que lo que quiso decir el ministro fue que el sistema español atrae cada vez más a investigadores extranjeros y que eso se puede medir. Cualquier otra interpretación que se haga de esto -no se trata de matar al
mensajero- va más allá de la realidad, que es la que acabo de describir y no otra que no se puede medir y que no se compadece con los datos reales, que no se sabe cuáles son. En cualquier caso, el sentido común dice que nos debemos ceñir a los
datos que conocemos, que son los que yo le doy.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañíz Calvo): Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Su respuesta muestra a las claras algo que hay que pedir al ministro, y es que tenga rigor. No es que se trate de matar al mensajero, el hecho real es que en una revista prestigiosa se dice textualmente que hay
muchos más investigadores extranjeros trabajando en España que españoles en el extranjero. Si no hay datos para aseverar este comentario, ¿por qué lo dice? Obviamente es una falta de rigor. Además, es muy bueno para España que en una revista de
estas características se hagan entrevistas a nuestros responsables políticos, y por eso hay que medir más
que nunca las palabras, porque esto ha creado un revuelo. Los investigadores que están en el extranjero están pasando a firmar -creo que llevan ya más de 2.600 firmas- una carta que dice: ¿Cuántos son muchos más? Eso era lo que decía el
ministro. Además hay un estudio que tendrá el valor que tenga. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 1.822 investigadores trabajando, sin contar los que están haciendo sus tesis, y uno observa que ha habido un incremento del 6,8 por ciento. Estos
son datos oficiales del Instituto Internacional de Educación de Estados Unidos que le puedo facilitar porque son datos reales. En el año 2000-2001 había 1.706 españoles trabajando allí y en el año 2001-2002 había 1.822, sin contar, según los datos
que tengo, los que están haciendo la tesis doctoral. Como he dicho, esto significa un incremento del 6,8 por ciento. Si uno compara con otros países, ve que España, junto con Polonia, es el único país que incrementa el número de investigadores
trabajando en Estados Unidos: Alemania baja un 3,7; el Reino Unido, un 1,1, y Francia, un 5,4. No voy a entrar en estas cifras, porque tienen el valor que tienen y yo se las puedo suministrar, pero quiero señalar que es muy fuerte decir que ahora
vienen más investigadores extranjeros a España que españoles van al extranjero. Este es un dato que se cita ahí y que también le puedo suministrar.
Le puedo hacer una serie de comparaciones: si cogemos los contratos Marie Curie, observamos que hay 154 españoles en el extranjero con estos contratos frente a 34 extranjeros en España; si cogemos los contratos de la EMBO, vemos que hay 15
españoles en el extranjero en 2001 frente a ningún extranjero con este tipo de contrato en España; si cogemos el programa de Fronteras Humanas, hay 8 españoles en el extranjero y ningún extranjero en España; si cogemos los contratos Humboldt, hay
18 españoles en el extranjero y ningún extranjero en España en 2001; si hacemos comparaciones con las becas posdoctorales del Ministerio de Educación, que son en torno a 500 ó 600, en el Ramón y Cajal, como ha dicho usted muy bien, hay 209
extranjeros frente a 1.300 españoles, es decir, hay más becarios posdoctorales del ministerio, 500 ó 600, que los 200 que vienen por el Ramón y Cajal. Me faltan los datos del sabático.
En cualquier caso, para acabar con esta polémica, quiero que le transmita al ministro, por favor, que cuando le hagan una entrevista de estas características las aseveraciones que haga se basen en datos, porque eso es fundamental para la
ciencia, ya que son valoraciones que al final no nos dejan bien. Al final, ¿sabe usted lo que ha ocurrido? Que los vicerrectores de I+D han mandado una carta diciendo que el ministerio, y más concretamente el ministro, banaliza el concepto de la
ciencia en España, aparte de decir que la gestión es caótica, etcétera. Los investigadores en el extranjero están pasando a firmar una carta que quieren enviar a esa misma revista y hay más de 2.600 firmas diciendo que no están de acuerdo con esos
datos. Como yo creo que no es bueno que se digan cosas que no son ciertas, tenía la curiosidad de preguntarle. No sería malo que pudiéramos conocer quiénes están fuera y quiénes trabajan en España. Repito que hay fuentes, como el Instituto
Internacional de Educación de Estados Unidos, que nos van a dar datos fiables de la evolución de las estancias allí. No estamos de acuerdo en que por ahora se haya invertido la tendencia y haya más investigadores extranjeros en España que españoles
en el extranjero.
Termino en diez segundos. No veo mal que haya españoles en el extranjero, porque también se tienen que formar fuera, y me parece muy bien que haya esa movilidad, lo que veo mal es que no haya suficientes recursos en nuestro país para atraer
a muchos de esos cerebros, porque algunos se quedarán. Ese es el problema. Repito que estas declaraciones desconciertan y son un error.
La señora VICEPRESIDENTA (Gacía-Alcañíz Calvo): Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA: (Morenés Eulate): Debo insistir en que si S.S. parte de la literalidad de lo que se dice, evidentemente con toda su argumentación es difícil mantener una postura como la
que mantuvo el ministro; pero como precisamente considero que el ministro es una persona de un extraordinario rigor, sé que lo que quiso decir es que nuestra capacidad de atraer extranjeros es hoy en día mayor de lo que era antes y de hecho algún
dato le he dado en este sentido. Cualquier argumentación que vaya en el sentido de los datos que aportaba S.S. para decir lo contrario, para hacer la comparación de extranjeros en España y españoles en el extranjero, con esos documentos que usted
aporta no resisten análisis, pero por eso mismo, por lo evidente de la comparación, estoy seguro de que el ministro lo que dijo es que nuestro sistema, insisto, es capaz de atraer cada vez a más extranjeros a España, y de hecho las cifras de uno
solo de los programas es la que nos daba.
En este sentido, lo que lamento es la polémica causada, porque realmente no es buena y la comunidad dice: ¿Pero esto qué es? ¿Qué pasa? También hay que interpretar las cosas y para eso he venido hoy aquí para decir exactamente lo que creo
que el ministro quiso decir. Eso no es nada que desaliente a la comunidad científica, sino todo lo contrario; es decir, que seamos capaces de traer extranjeros a España a nosotros nos parece una buena noticia y, además, coincido con usted en que
si nuestros investigadores son aceptados en centros extranjeros no es nada más que una muestra de la extraordinaria calidad que tienen, porque no es fácil irse a investigar por ahí fuera. Eso hace que nuestro sistema, de alguna manera, se vea
también revalorizado.
- DEL SEÑOR LISSAVETZKY DÍEZ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE PREVISIONES ACERCA DE AUMENTAR LOS DENOMINADOS GASTOS MILITARES EN I+D DENTRO DE LA FUNCIÓN 54 (INVESTIGACIÓN) DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO EN LOS PRÓXIMOS AÑOS.
(Número de expediente 181/003294.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañíz Calvo): Pasamos a la siguiente pregunta, que va a formular la señora Palma, sobre previsiones acerca de aumentar los denominados gastos militares en I+D, dentro de la función 54, investigación, de
los Presupuestos Generales del Estado en los próximos años.
Señora Palma, tiene la palabra.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor secretario de Estado, lo siento pero vamos a seguir poniendo a prueba, de alguna manera, el rigor del ministro en las declaraciones que hace en medios públicos. Concretamente en la revista Science el ministro
de Ciencia y Tecnología, ante la pregunta de qué le parecía el alto nivel de gasto militar en I+D que se produce en España, contestó que le parecía bien, que le parece correcto, que en los países serios este tema ni se plantea, que los que esto
cuestionan sustraen a España la categoría de país de primera fila. No sólo dijo eso, sino que expresó su deseo de mantener el gasto y, además, de ser lo suficientemente hábiles para incrementarlo en el futuro. Este es el motivo principal de
nuestra pregunta, que tiene también como antecedentes inmediatos -supongo que usted lo recordará porque es muy reciente- una pregunta que le formuló a usted mi compañero Jaime Lissavetzky el pasado noviembre, en el debate de la cual cuestionamos el
hecho de que los gastos militares o de defensa en I+D ocupen este porcentaje tan elevado en la función 54.
La pregunta de hoy es directamente, como ha visto usted, si está previsto que estos gastos militares o de defensa en I+D se incrementen en un futuro inmediato en nuestro país.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Calvo Alcañíz): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Señora presidenta, señoría, a raíz de la pregunta que contestamos en noviembre, facilitamos al Grupo Parlamentario Socialista el escenario de gastos que
íbamos a hacer. Quiero decir que en ese escenario de gastos está contestada su pregunta. El señor Lissavetzky -creo recordar- recibió, en el tiempo que marca el proceso parlamentario, la información sobre cuál es el escenario de gastos en I+D
relacionados con las empresas de defensa que se iba a hacer en el ministerio, por un lado. Si no es así, le podré informar a S.S. exactamente de lo que quiere saber.
Quiero hacer aquí una matización. Primero, no entraré en las declaraciones del ministro, que ha mantenido -y el ministerio también- que el concepto gasto relacionado con el capítulo 8 del ministerio es bastante extraño y no adecuado al
procedimiento financiero. Es decir, lo que hay es un crédito que se devuelve a unas empresas que hacen I+D y que además tienen un cliente que es el Ministerio de Defensa. No es que se trate de alejar la defensa, porque no existe ningún complejo.
Creo que España no es un país que tenga que tener ningún tipo de complejo en cuanto a tener defensa o no; hay una Constitución y unos artículos que establecen que España tiene unas fuerzas armadas y una necesidad de defensa, que no renuncia a ella
y, por tanto, lo que tenemos que hacer es atenderla de la mejor manera posible.
Ese es el ámbito de defensa en el cual no me meteré porque no me corresponde. El ámbito que me corresponde es mantener unos niveles de eficiencia en determinadas empresas y no tengo por qué excluir a aquellas que están vinculadas al ámbito
de la defensa; no solamente no las tengo que excluir, sino que no podría hacerlo sin incurrir en determinadas actuaciones que no están apoyadas en ningún tipo de ley. Por tanto desde el punto de vista jurídico-político tampoco lo podría hacer.
Desde el punto de vista de lo que es la elaboración de la propia I+D, le tengo que decir que las empresas de defensa, o que tienen clientes de defensa, que han recibido fondos del capítulo 8, es decir, créditos a devolver al Estado, son
empresas que hoy en día tiran de la actividad industrial de España de una manera notabilísima. Me gustaría saber, desde ese punto de vista -y lo dije también en la comparecencia de noviembre-, cuál es la opinión no ya de los directivos de esas
empresas, sino de los propios comités de empresa en cuanto a los programas que se han puesto en marcha desde el Estado para alimentar esos procesos que luego han permitido que empresas como Indra, EADS, CASA, Santa Bárbara y como IZAR, estén hoy en
día vendiendo fragatas en Noruega, trayendo trabajo para España y, en definitiva, generando negocio, además derivado de un I+D, que tiene una connotación inicial de defensa, como alguno civil acaba teniendo una connotación de defensa, porque esos
mundos están ya muy interrelacionados. Quiero decir que el I+D en sí mismo que se hace no es defensa, es I+D; es decir, es conocimiento aplicado a determinadas tareas que luego redundan en un bienestar social, sea a través del propio beneficio o
servicio que a través de la defensa da el Estado a la sociedad, o sea a través de los bienes y servicios que esas mismas empresas, apoyadas en esas tecnologías, son capaces de proveer a la ciudadanía.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañíz Calvo): Tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señor secretario de Estado, las declaraciones del ministro, aunque no están refrendadas por datos, lo que sí demuestran es una tendencia o como mínimo algún tipo de voluntad política, porque un ministro de Ciencia y
Tecnología de un país como España no va a la revista Science a hacer una afirmación de este tipo de forma gratuita.
En cualquier caso, esto se ve corroborado por lo que ha pasado en nuestro país en los últimos años y es obvio que el incremento del gasto público se ha producido, especialmente a partir de programas militares y sobre todo -este es el otro
nivel de la discusión- en el capítulo 8 que usted ha mencionado. Estos son los dos temas que, a nuestro entender, provocan, como ya le hemos dicho otras veces, un desequilibrio importante, una asimetría importante en nuestro sistema de ciencia y
tecnología.
Estamos hablando de dos temas, desde nuestro punto de vista, muy preocupantes: uno es la evolución que ha sufrido el capítulo 8, que corresponde a gastos financieros o préstamos, en los últimos años. Hay que recordar que en 1996
representaban el 5 por ciento; en cambio, en el 2003 representan el 51,2 por ciento en la función 54 y dentro de este capítulo 8 la parte principal del pastel se la llevan los gastos militares en I+D. No existe ningún país de nuestro entorno que
presente una tendencia similar, y cuando se acude a los informes y recomendaciones de la Comisión Europea, se ve que se reclaman insistentemente un aumento de la inversión en investigación y desarrollo y se fija como objetivo en la Unión Europea el
3 por ciento del PIB para 2010. Así las cosas, parece que no sería lo más correcto rellenar esta evolución creciente hacia el 3 por ciento del PIB con un incremento desmesurado ni del capítulo 8 ni de los gastos militares o de defensa. Sabe usted
que el Grupo Parlamentario Socialista no cuestiona en absoluto las inversiones en I+D para defensa; lo que no nos parece bien es que estas se imputen de forma reiterada a la función 54 de modo que cuando se valore el esfuerzo inversor de nuestro
país en I+D se incluyan todos estos gastos militares, que además son gastos financieros o préstamos.
La comparación con otros países es muy ilustrativa. España es el país del mundo que más ha crecido en porcentaje de gastos militares en I+D. Es el segundo país de la Unión Europea, después de Gran Bretaña, en porcentaje de gasto militar en
I+D y es el tercer país del mundo, después de Estados Unidos y Gran Bretaña. Se produce aquí, por tanto, una conjunción entre el nivel de gasto en I+D militar y otras cosas a las que, desgraciadamente, estamos asistiendo en los últimos días Estados
Unidos, Gran Bretaña y España son los tres países del mundo que presentan mayor nivel de gasto en I+D militar. La media en la Unión Europea se sitúa en el 14,5 por ciento, como sabemos; en España alcanzaremos en 2003 el 34,3 por ciento en gastos
militares de I+D. Para hacer una comparación muy radical y contrastada, hay que señalar que Japón gasta el 4 por ciento, y me refiero a Japón porque es el otro gran estandarte cuando se trata de valorar el esfuerzo inversor en I+D de cualquier país.
Japón es emblemático porque dedica ya en este momento un 3 por ciento del PIB a inversión en investigación y desarrollo y en cambio, de éste, solo se dedica un 4 por ciento a gastos militares en I+D.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Palma, le ruego que vaya concluyendo.
La señora PALMA I MUÑOZ: Termino en seguida, señora presidenta.
Los últimos informes relativos a la Unión Europea insisten muchísimo en que las inversiones en I+D se han estancado, en general, en el 1,9 por ciento durante los últimos años y en que los problemas, obstáculos e impedimentos para que la
tendencia sea más positiva se sitúan en los recursos humanos, en las fuentes externas de financiación, en la disposición de infraestructuras adecuadas, en la difusión apropiada de los conocimientos, en la movilidad de los investigadores, etcétera.
En cualquier caso, no podemos confundir este incremento con los gastos militares, especialmente del capítulo 8. Es decir, estamos hablando de dos patologías de nuestro sistema de I+D: una es engordar demasiado el capítulo 8 y la otra, calcular en
ese capítulo los gastos militares de I+D, porque al final se produce una situación de enmascaramiento.
Para situar la secuencia del 0,9 del producto interior bruto de nuestra inversión actual en I+D como mínimo en el 1,9 por ciento de la Unión Europea y en el objetivo de la Unión Europea del 3 por ciento en 2010, no nos parece que sea
proporcionado contabilizar aquí los gastos militares en I+D. En este sentido nos preocuparon especialmente las declaraciones del ministro de Ciencia y Tecnología a la revista Science, en las que manifestó -creo que de forma bastante entusiasta- que
le parecía correcto que estos gastos se incrementaran en el futuro. La pregunta sería: ¿Pasa la evolución que debemos seguir, junto con los países de la Unión Europea, por incrementar los gastos militares en I+D, es que el escaso incremento que se
ha producido proviene precisamente de estos gastos?
Termino ya, señora presidenta. Les sugiero que pregunten en el sector público de ciencia y tecnología, a las universidades y a los OPI cómo les va con los proyectos, las becas y los programas para la incorporación de investigadores.
Mientras a ellos se les tiene casi a pan y agua, nos encontramos con manifestaciones del ministro respecto a que los aumentos se van a producir precisamente en el sector de la defensa. Ya sé que no es cuestión de matar al mensajero, como ha dicho
usted antes,...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Palma, no me obligue a que le vuelva a llamar la atención. Ha consumido su tiempo sobradamente. Le ruego que concluya.
Señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE POLÍTICA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA (Morenés Eulate): Creo, señoría, que para tratar un tema bastante sencillo ha tocado usted prácticamente todos los campos de la investigación en su exposición. Este asunto
es muy sencillo. Primero, la defensa es un servicio que el Estado tiene que prestar a la sociedad; está recogido en la Constitución y nadie lo discute, como no lo ha discutido usted. Segundo, el I+D no es ni militar ni civil, es conocimiento
aplicado a la producción de bienes y servicios y en este caso se trata de servicios relacionados con la defensa, que se legitima por lo que acabo de decirle. Tercero, en cuanto a si la inversión en I+D en España se destina a empresas de defensa o a
empresas civiles, si quiere S.S. tendencias, las hay de todo tipo: este año se incrementa la civil y la militar sufre un decremento, y dependiendo de los programas se irán compensando.
Quiero decirle también que hay que poner las cosas en orden en cuanto al capítulo 8, que dice S.S. que está financiando I+D ciencia y que no tiene nada que ver con la ciencia, que va por el capítulo 7. Es muy importante no sacar las cosas
de su ámbito; no se puede venir aquí a hablar de Estados Unidos -que gasta 30.000 millones de dólares en I+D todos los años y los viene gastando desde hace tiempo- o de Gran Bretaña, que tiene unas fuerzas armadas que le cuestan cuatro veces más de
lo que cuestan las Fuerzas Armadas españolas; que son en este momento desde el punto de vista de inversión financiera las menos dotadas al compararlas con las de países a los que España se quiere parecer, dicho sea de paso. Le digo esto por si
quiere usted hacer otro discurso que no es precisamente el del I+D.
Hay que poner las cosas en su sitio. Estamos desarrollando capacidad de I+D en empresas que tienen un éxito extraordinario dentro y fuera de España y que atienden a cuestiones de la defensa, de las que no nos parece que tengamos que
avergonzarnos ni tengamos que exagerarlas o algo parecido. Esto es lo que se está haciendo, y el I+D es conocimiento puro y sirve a cuestiones duales de la actividad civil y la actividad militar.
¿Que en estos momentos, por las circunstancias que
concurren, esto es de una manera y en otro momento ha sido de otra? Muy bien. Ahora bien, en cuanto a que el I+D que usted llama de defensa -o militar, que dice usted- tenga que contarse dentro del I+D, tengo que decirle que lo cuentan así todo
los países, señoría. ¿Cómo no lo vamos a contar? ¿Es que está condenado o tiene algún estigma que lo impida? ¿Cree usted que en las empresas que se dedican a contribuir a la defensa no hay ingenieros, tecnólogos y científicos? Pues los hay,
señoría, los hay.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias de nuevo, señor Morenés, por su comparecencia en la Comisión, en nombre de la Mesa y en el mío propio.
- DE LA SEÑORA PLEGUEZUELOS AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE ACTUACIONES PARA GARANTIZAR A LOS CLIENTES DE TELEFONÍA MÓVIL QUE LOS OPERADORES CUMPLAN LOS COMPROMISOS DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, ADQUIRIDOS A RAÍZ
DEL PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE SUS LICENCIAS.
(Número de expediente 181/003305.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Recibimos al señor secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, a quien damos la bienvenida.
Pasamos al siguiente punto del orden del día: Pregunta número 8, que formula la señora Pleguezuelos Aguilar, sobre actuaciones para garantizar a los clientes de telefonía móvil que los operadores cumplan los compromisos de calidad en la
prestación del servicio, adquiridos a raíz del proceso de adjudicación de sus licencias.
Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar, quiero agradecer la presencia del señor López Blanco.
Desde que en 1994 se adjudicaron las licencias de telefonía móvil de GSM, en el pliego de condiciones, las operadoras adquirieron un conjunto de compromisos de calidad para la prestación del servicio por los que tenían que garantizar no sólo
la exigencia de planes y mecanismos que permitieran el mantenimiento de toda la red, sino también que esa red no fallara como, desgraciadamente, sobre todo para los más de ocho millones de clientes de Vodafone, ocurrió el pasado día 20 de febrero.
Es verdad que la primera pregunta que se nos planteó a las fuerzas políticas, seguro que al Gobierno y desde luego a los clientes afectados, era qué hacer y, sobre todo, ver qué ocurría a partir de ahí en cuanto a indemnizaciones, etcétera.
Pero hay otra parte del problema que es...
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Un momento, señora Pleguezuelos.
Simplemente quería aclarar una cuestión. Aunque tiene una relación, y casi todo está relacionado con todo aunque no del todo, ¿los aspectos que está preguntando
corresponderían a esa pregunta, o quiere usted acumular las dos?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señora presidenta, no pretendo acumularlas pero están ligadas.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Por eso he dicho que todo depende de todo pero no del todo. ¿Qué hacemos, las acumulamos o no?
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: No se acumulan, gracias.
Me refería concretamente a este dato porque mi grupo, preocupado por los parámetros de calidad de los servicios de telecomunicaciones, ha formulado sistemáticamente preguntas al Gobierno, y a una de ellas nos contestó que no se habían
desarrollado los parámetros de calidad y la regulación de la orden de 1999 respecto a la telefonía móvil porque estaban ligados a un posterior desarrollo de la normativa europea. En todo caso -y creo que esto es lo más importante- me decían -y ahí
viene, señora presidenta, la relación con la pregunta- que no ocurría nada porque todos sabíamos que los operadores de telefonía móvil adquirieron un conjunto de compromisos en el proceso de adjudicación de licencias que hizo el Gobierno socialista
en 1994.
Como ha sucedido algo que no debería haber ocurrido porque se tenía que haber garantizado no sólo por el desarrollo, reglamentación y regulación de los parámetros de calidad, que el Gobierno no cumplió y tenía que haber cumplido, sino
también porque había un conjunto de compromisos de calidad en la convocatoria y adjudicación, le pregunto, señor secretario de Estado cuáles han sido las actuaciones que ha realizado el ministerio para que los clientes de todas las operadoras de
telefonía móvil tengan garantías de que las redes no se caen así como así.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Muchas gracias, señora presidenta.
Señora diputada, como ha puesto de manifiesto también la señora presidenta, todo tiene relación con todo y esta pregunta también tiene relación con la segunda. Quiero empezar diciendo algo que ampliaré en la segunda pregunta, y es que en
estos momentos es imposible hablar de calidad de la red en abstracto después del incidente que ocurrió hace unos días en Vodafone, al que me referiré después. Por tanto, es muy difícil desligar los dos temas, por un lado, el de la calidad en
general y, por otro, el incidente que se produjo en Vodafone. En consecuencia, igual que contestaré a la siguiente pregunta de la señora diputada, probablemente sea necesaria una discusión a fondo sobre este tema, pero quizá su marco más adecuado
sea la comparecencia que solicité a petición propia ante esta Comisión para hablar de la situación que se planteó con la operadora Vodafone el día 20 de febrero.
En todo caso, la señora diputada me ha preguntado sobre la calidad de la red. Como ha puesto de manifiesto S.S., existen dos perspectivas desde el punto de vista de calidad. En primer lugar, desde el punto de vista de las obligaciones que
los licitadores adquirieron con la Administración en el proceso de adjudicación y en segundo lugar, el proceso al que se ha referido S.S. de la revisión de la Orden ministerial de 1999. En cuanto al primero de ellos, me voy a ceñir como ejemplo,
aunque este es un criterio generalizable a todos los operadores, al caso Vodafone. Los compromisos de adjudicación que los operadores tenían se refieren fundamentalmente a tres temas: la disponibilidad de la red, la tasa global de bloqueo de
llamadas y la tasa global de llamadas interrumpidas.
La disponibilidad de la red es el porcentaje de tiempo que en media para un período considerado la red dispone de los elementos en operación para la prestación del servicio requerido por el
abonado. La tasa global de bloqueo de llamadas es el porcentaje de intento de llamadas que no pueden cursarse y la tasa global de llamadas interrumpidas es el porcentaje de llamadas que, habiendo sido correctamente establecidas, se interrumpen
antes de su finalización normal por el abonado.
En el caso de Vodafone, los compromisos que tiene asumido por estos tres criterios en la oferta son del 99,8 de disponibilidad de red, del 2 por ciento de tasa global de bloqueo de llamadas y del 2 por ciento de tasa global de llamadas
interrumpidas. Si comparamos esto con los datos que han sido comunicados y verificados por la Administración durante los años 2001 y 2003, vemos que en el año 2001 durante el primer trimestre la disponibilidad de red fue de un 99,95; segundo
trimestre, 99,95; tercer trimestre, 99,95 y cuarto trimestre, 99,95. En el año 2002 durante los tres trimestres la disponibilidad de la red fue de un 99,97; un 99,96, y un 99,92. Por tanto, en todo caso, estas cifras están por encima de los
porcentajes comprometidos en la oferta frente a la Administración. La tasa global de las llamadas bloqueadas en el primer trimestre del año 2001 fue de un 0,43; el segundo, 0,12; el tercero, 0,52, y el cuarto, 0,15. En el año 2002 el primer
trimestre fue 0,30; el segundo, 0,15, y el tercero, 0,23. También, por tanto, muy por debajo de los criterios con los que se habían comprometido. La tasa global de llamadas interrumpidas en el primer trimestre del año 2001 fue 0,89; el segundo,
0,74; el tercero, 0,79, y el cuarto, 0,70. En el año 2002 durante los tres trimestres fue de 0,63, 0,64 y 0,15, respectivamente. También estamos, por tanto, muy por debajo del 2 por ciento establecido en las obligaciones de la licitadora Vodafone
en su momento frente a la Administración. En consecuencia, estamos muy por debajo de todos los requisitos o todos los compromisos
de garantía que se establecieron en el caso de Vodafone y con carácter general esto sería generalizable a todos los operadores. En consecuencia, desde el punto de vista de las obligaciones asumidas por los operadores no se han puesto ni
tenían que ponerse en marcha los mecanismos de control.
No debe olvidarse un segundo elemento que todavía no se ha puesto en vigor, que son las obligaciones asumidas por los licitadores en el proceso de adjudicación de la licencia UMTS, en la que también existen obligaciones de calidad.
Asimismo, en el último acuerdo que adoptó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Secretaría de Estado, con los operadores uno de los elementos que hay que tener en cuenta es el de la calidad, y así lo pusimos de manifiesto tanto la Administración
como los operadores.
De todas maneras propongo a la Comisión y a la señora diputada una reflexión, y es si esto es suficiente. Desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, que haya unos compromisos de los operadores con la Administración en el ámbito
de las concesiones administrativas o de las licencias es un marco necesario, pero no es suficiente. Es necesario hacer un planteamiento global de los problemas de calidad de común acuerdo con los operadores, y ese es un proceso que abrimos en el
acuerdo de final de año con los operadores. En este momento estamos en un proceso de redefinición de las obligaciones de la tercera generación de telefonía móvil y de él saldrá una nueva redefinición práctica, con independencia de los temas
normativos del planteamiento de la calidad en las redes de telefonía móvil, porque yo considero, ya lo he dicho, que no es suficiente un planteamiento que se limite a las obligaciones de los licitadores ya asumidas frente a la Administración. En
este contexto, no voy a referirme al tema de la adaptación o no de la orden de calidad -ya lo ha hecho la señora diputada aunque no es materia de la pregunta, pero si quiere podemos volver sobre ello-, entre otras cosas, porque creo que ya nos
estamos adentrando en un nuevo marco normativo en el que probablemente habrá que volver sobre este asunto.
Durante los años 2000, 2001 y 2002 la Administración ha realizado, además, con independencia de los compromisos y de los parámetros a los que me he referido antes, una serie de inspecciones directas en llamadas de terminales móviles en las
rutas principales de Madrid y Barcelona, en las zonas más relevantes de dichas ciudades y en llamadas de fijo a móvil desde las centrales de servicio telefónico de 50 provincias, correspondientes a los operadores Telefónica de España, Retevisión y
Uni-2, y las conclusiones de estas inspecciones realizadas son que el nivel de calidad es el adecuado. De todas maneras, insisto en que quizá el marco de una comparecencia parlamentaria ya solicitada sea el más adecuado para entrar en una discusión
a fondo sobre los problemas de la calidad.
Hago una última referencia al proyecto de ley general de telecomunicaciones, en el que hay bastantes alusiones al tema de la calidad y que creo que tiene que ser el marco a partir del cual enfrentemos la modificación de la orden ministerial
y de la normativa en materia de calidad, siempre teniendo en cuenta que desde el punto de vista del derecho comunitario tenemos determinados límites para establecer una normativa en esta materia que pudiera ser contraria a los principios de la libre
competencia. El artículo 3 del proyecto establece entre sus objetivos fundamentales asegurar a los usuarios el acceso a los servicios de comunicaciones electrónicas en adecuadas condiciones de elección, precio y capacidad. El artículo 9, en su
párrafo d), establece que la Administración general del Estado y la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones publicarán síntesis comparativas sobre precios y calidad de los servicios en interés de los usuarios, elemento que yo creo que tiene
una extraordinaria importancia porque es lo que precisamente va a permitir establecer criterios homogéneos en materia de calidad y va a permitir a los consumidores saber cuáles son los niveles de calidad que reciben. En el artículo 38, en su
párrafo j), se establece como uno de los derechos de los usuarios el de recibir información comparable, pertinente y actualizada sobre la calidad de los servicios de comunicaciones electrónicas disponibles al público. Por último, el artículo 52,
relativo a las infracciones muy graves, establece como una de ellas el incumplimiento reiterado de la obligación de mantener los niveles de calidad establecidos para la prestación de los servicios.
Desde nuestro punto de vista, ese tiene que ser el
marco en el que se enfoque el desarrollo de la normativa en esta materia.
Acabo diciendo que creo que habrá que volver sobre este tema y que en el marco de la comparecencia parlamentaria podremos tener una discusión más amplia de los problemas que, con carácter general, plantea la calidad de las redes de telefonía
móvil en España.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor López Blanco, sin duda yo comparto con usted que no es suficiente el planteamiento de que sólo haya obligaciones de los licitadores con la Administración cuando se produjeron las adjudicaciones, pero es
que eso pasó en 1994 y estamos en marzo de 2003. Eso significa que han pasado más de ocho años desde que se concedieron estas licencias, que tenemos 33 millones de clientes de telefonía móvil, que estamos ya en el siglo XXI y desde luego no hay una
regulación adecuada ni a ese número de clientes ni al desarrollo tecnológico actual para que los parámetros de calidad de la telefonía móvil sean los acordes con los años que han pasado, con el
número de clientes y desde luego con los procesos y avances tecnológicos.
Es verdad que ustedes han hecho algunas inspecciones, no las cuestiono en absoluto, y es seguro que los operadores no quieren que se les caiga la red, eso es una evidencia, pero ustedes no han hecho los deberes porque no hay una regulación,
hay un vacío legal, como reconocía el propio ministro el otro día, en cuanto a los parámetros de calidad que tiene que ofrecer la telefonía móvil, y había un compromiso de ustedes para desarrollar la Orden Ministerial de 14 de octubre de 1999 en una
disposición en la que les daban un año para desarrollar esos parámetros, y no han cumplido su compromiso. ¿Cómo piensa el Gobierno que si no ha cumplido su compromiso, lo van a cumplir los operadores? ¿Parte de la buena voluntad de esos
operadores, cuando el Gobierno no hace los deberes; piensa que los van a hacer aquellos que en el mercado no establecen como mínimo las reglas de juego? No es razonable pensar así.
Yo comprendo que este es un nuevo periodo del ministerio y que en los tres años que llevan funcionando se han hecho los trabajos con lentitud y tardíamente. Se lo digo porque mi grupo viene haciendo un seguimiento muy exhaustivo en materia
de calidad. Yo había realizado ya once preguntas sobre telefonía móvil y sobre el desarrollo de esta orden ministerial antes de que se produjese el incidente o el apagón, como se le ha llamado, de telefonía móvil del 20 de febrero. ¿Por qué?
Porque ya teníamos un antecedente, ya que este verano se nos avisó que podía haber caídas de redes de telefonía móvil, y nosotros pedimos una comparecencia que todavía está pendiente de celebrarse. Hicimos preguntas escritas porque nos temíamos que
esto pudiera ocurrir. En Andalucía, el 1.º de octubre, y también en Canarias, a Vodafone se le cayó la red en parte, no en su totalidad.
Yo comparto que los operadores no quieren perder dinero, y como no quieren perderlo, no quieren que les pasen estas cosas, pero sí es verdad que si no hay quien les apriete, quienes inspeccionen y controlen y quienes defiendan a los usuarios
y a los clientes, y eso es responsabilidad del Gobierno, al final, si no se ponen unas reglas de juego, que ustedes estaban obligados a desarrollar, no es excusa, no es admisible que hablemos de la nueva ley de telecomunicaciones, que cuando acabe y
entre en funcionamiento van a haber pasado tres años desde el compromiso que tenían ustedes que haber desarrollado. Yo comprendo que ahora le cae a usted un problema que sin duda no era suyo directamente, pero no es admisible que se dé como excusa
en una respuesta parlamentaria que como la Unión Europea inició en 1999 la revisión del marco regulatorio, del cual se han derivado un conjunto de directivas que hemos de trasponer, el trabajo que estaba haciendo la Comisión de seguimiento de
calidad lo está posponiendo. Literalmente dice: Se ha optado por no introducir nuevas condiciones de calidad en la prestación de los servicios de telefonía móvil para hacerlo en el nuevo desarrollo del marco reglamentario europeo. Creo que los
españoles merecemos conocer todas las reglas del juego y merecemos que el Gobierno deje claro que tiene que hacer su trabajo. Puede haber una pequeña demora, sin duda, puede haber adecuación, pero no puede no cumplir, porque la realidad es que ha
pasado. ¿Qué garantías tienen los usuarios, los afectados, de que haya planes de prevención para evitar estas situaciones de caída de toda la red? ¿Dónde están los planes de emergencia para restituir el servicio de forma inmediata? ¿Han
inspeccionado ustedes eso?
Yo no he recibido respuesta a las siguientes preguntas. ¿A cuántos operadores distintos de Telefónica se le han realizado inspecciones con objeto de comprobar la fiabilidad de los datos aportados? ¿En cuántas ocasiones? ¿Cuál es el nivel
de fiabilidad de la información? ¿Se envió o no copia de esos informes de inspección sobre la calidad del servicio a las CMT en los dos últimos años? Aún no he recibido respuesta, por tanto, espero que la que reciba me tranquilice, pero la
realidad no tranquiliza a los españoles porque 8.700.000 personas se vieron privadas de un servicio que tenían obligación de recibir, y de hacerlo con calidad, y al margen de las obligaciones y de las indemnizaciones que tiene que pagar la
operadora, existe también una responsabilidad del Gobierno porque no ha cumplido con su obligación y no ha desarrollado la disposición adicional de la Orden Ministerial que le obligaba a regular las condiciones de calidad de la telefonía móvil. En
ese sentido, creo que como mínimo es un gesto de responsabilidad asumir que este retraso no ha beneficiado a nadie y que tienen una responsabilidad muy importante el ministerio y la Secretaría de Estado que usted dirige en este momento.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor López Blanco, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Señora diputada yo creo que se están presentando los problemas como no son. En primer término, en esos ocho años, ¿qué ha hecho el
Ministerio de Ciencia y Tecnología? Ha estado inspeccionando permanentemente a los operadores de telefonía móvil, ha estado analizando permanentemente los datos que ha recibido y los ha estado comprobando.
Quiero dejar claro que, aparte de que la actitud del ministerio ha sido siempre de una activa vigilancia sobre la situación de los operadores de móviles, la regulación está establecida. La Orden Ministerial del Ministerio de Fomento, que
entonces, como recordarán ustedes, era el competente en esta materia, sí que establece parámetros de calidad y dice cuáles son: el porcentaje de llamadas no completadas, el porcentaje
de llamadas interrumpidas y las tasas y reclamaciones sobre facturación.
Por tanto, estos parámetros están establecidos y la Administración los ha ido recibiendo y controlando.
Lo que no ha hecho, es cierto, el grupo de trabajo que se ha formado como consecuencia de la Orden Ministerial, con la participación del sector y de los usuarios ha sido establecer una serie de parámetros normalizados que permitan
homogeneizar la información. Pero eso ni quiere decir que no hubiera criterios de calidad, que los había en la Orden Ministerial, ni que esos criterios de calidad no se hayan comunicado por los operadores, ni que esos criterios de calidad no se
hayan controlado y verificado por la Administración. No tengo todos los datos que ha solicitado por escrito la señora diputada, pero se los enviaremos, y cuando los tengamos, si le parece oportuno, volveremos sobre los detalles concretos.
Quiero acabar con una reflexión que quiero transmitir a la Comisión y también, en la medida de lo necesario, a la opinión pública, y es que la pregunta de verdad, con independencia de todo esto, es cuál es el nivel de calidad de nuestros
servicios de telefonía móvil, qué nivel de calidad tienen los servicios de telefonía móvil en España. Esa es la pregunta que de verdad interesa a nuestros consumidores y a la sociedad española.
Debemos tener en cuenta -y ese es un tema que no
podemos olvidar- que tenemos un nivel de calidad de las redes de telefonía móvil bastante satisfactorio, muy satisfactorio si se le compara en nivel de cobertura o de cualquier otro parámetro con cualquiera de los otros servicios de telefonía móvil,
no ya de Estados Unidos, donde la comparación no parece que sea razonable porque no son precisamente de los mejores del mundo, pero sí con cualquier servicio de telefonía móvil en Europa. Quiero transmitir ese mensaje de una manera clara. ¿Tenemos
que mejorar los sistemas de ajuste y de control de la calidad? Posiblemente sí. ¿Tenemos que plantearnos en la ley, como hemos hecho, que éste es un elemento esencial? Creo que sí. ¿Tenemos que seguir -como estamos haciendo porque este aspecto
está encima de la mesa- negociando con los operadores los temas de calidad en los nuevos servicios de telefonía móvil? Claro que sí, pero siempre teniendo muy claro que tenemos un nivel de servicios de telefonía móvil muy satisfactorio y que se
presta a nuestros usuarios en las adecuadas condiciones de calidad.
- DE LA SEÑORA PLEGUEZUELOS AGUILAR (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ANTE LA SITUACIÓN PRODUCIDA POR LA AVERÍA QUE DEJÓ SIN SERVICIO TELEFÓNICO DURANTE VARIAS HORAS A
MÁS DE OCHO MILLONES DE CLIENTES DE LA EMPRESA VODAFONE EL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2003. (Número de expediente 181/003306.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): A continuación pasamos al siguiente y último punto del orden del día.
Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: La voy a formular porque está muy relacionada con la anterior. ¿Cuáles han sido las medidas y actuaciones concretas que se han iniciado desde el ministerio ante la situación que se produjo el pasado 20 de
febrero por la avería de Vodafone?
El señor VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Como sabe la Comisión, el incidente al que se refiere la pregunta se produjo el día 20 de febrero y cuatro días después, el día 24 de
febrero, solicité una comparecencia a petición propia para informar a la Comisión del incidente, de sus circunstancias concretas y de las medidas que habíamos adoptado. Por tanto, yo creo que este es un formato más adecuado desde el punto de vista
del tratamiento de este tema por esta Comisión porque permite la intervención de todos los grupos y una discusión en profundidad no sólo sobre el problema que tuvo lugar con Vodafone, sino también sobre sus consecuencias y, sobre todo, si debido a
este incidente se tiene que modificar o no el planteamiento general del problema de la calidad de las redes de telefonía móvil en nuestro país. Personalmente creo que el objeto de discusión sobre este tema no debe centrarse solamente en qué es lo
que pasó -que es muy importante-, sino, sobre todo en por qué pasó -que es el elemento fundamental-, cómo evitarlo y, si es necesario, establecer alguna modificación en la política general de control de la calidad de los operadores de telefonía
móvil. Creo que ese es el contexto adecuado teniendo en cuenta que el último informe, completo y muy técnico, que hemos recibido de la operadora Vodafone se ha recibido el lunes, por lo que contestar hoy a esas cuatro preguntas o analizar el
informe en ese contexto me resulta imposible. Lo que sí voy a hacer es un resumen muy breve -pues presentaremos toda la información en el momento en que se produzca la comparecencia- de las actuaciones fundamentales de la Administración y la
Dirección General de Telecomunicaciones en esta materia. El día 20 de febrero -como ustedes saben, y ya tendré ocasión de entrar en los detalles de cómo y por qué se produjo- tuvo lugar un corte en el servicio que presta la compañía de telefonía
móvil Vodafone.
Este corte fue total hasta media mañana, se recuperó en parte y
tuvo algunas recaídas a lo largo del día, buena parte de ellas provocadas por la congestión de las líneas. El día 21 de febrero, es decir, al día siguiente, el director general de Telecomunicaciones ordenó la apertura de un expediente
informativo. El día 25 se mantuvo una reunión con el director de relaciones institucionales de la empresa, el director de regulación y la directora de operaciones, asistiendo por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología a dicha reunión tres
inspectores técnicos del área de inspección técnica y control de calidad. En esa reunión se ofrecieron unas primeras explicaciones sobre lo ocurrido, que tuvo lugar -como todos sabemos a estas alturas- por un problema de software en los nodos de
señalización, y la empresa se comprometió a hacer llegar un informe preliminar en cuanto lo tuviera. Igualmente, se le comunicó por oficio la apertura de un expediente informativo a la empresa Vodafone, el expediente 049/03. El día 28 llegó por
correo electrónico el citado informe preliminar con una explicación somera de las causas e incidencias de la avería. Ese mismo día celebraron una nueva reunión con los directivos de Vodafone el director general de Telecomunicaciones, el subdirector
general de Inspección y otro funcionario de Inspección. En esta reunión, además de en las causas, se empezó a hacer hincapié en las medidas necesarias a tomar por parte de la operadora para que una avería similar no pudiera producirse. El viernes
por la tarde se envió y el lunes día 10 llegó a la Dirección General de Telecomunicaciones el informe definitivo, un informe completo con una complejidad técnica que hace necesario analizarlo más despacio. En estos momentos se está analizando el
informe por parte de los servicios del ministerio y se va a hacer una inspección en el nodo de señalización de Madrid, además de una encuesta con los otros operadores y clientes que nos permita determinar claramente cuáles fueron las consecuencias
fuera de la red de Vodafone. Asimismo se van a empezar a analizar las medidas correctoras necesarias para evitar su repetición, llevando todo esto implícita la necesidad de más reuniones y de inspecciones permanentes por parte de la Dirección
General de Telecomunicaciones.
Estas son las actuaciones que hasta ahora ha realizado la Dirección General de Telecomunicaciones en este asunto y yo espero poder explicar con todo detalle a esta Comisión, en la comparecencia del día 27 de marzo, no sólo las actuaciones
que se han realizado hasta hoy sino las que se realicen hasta esa fecha y cuáles fueron las circunstancias, por qué pasó, que es el elemento fundamental, y sobre todo cómo evitar que incidentes de esta naturaleza se vuelvan a producir. También
hablaremos evidentemente de todas las medidas que se han tomado desde el punto de vista de consumidores y usuarios, de todas las reclamaciones que se hayan producido. Nuestra intención es ofrecer el día 27 a esta Comisión una información exhaustiva
y completa sobre el incidente o avería que sufrió el día 20 de febrero la empresa Vodafone, así como sus consecuencias tanto específicas como genéricas.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señora Pleguezuelos, tiene la palabra.
La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Señor secretario de Estado, yo entiendo que si recibió el informe ayer y además con la complejidad que nos comenta hoy no podamos abordarlo en su conjunto. Ha señalado usted cuatro cuestiones fundamentales.
Por supuesto que hay que averiguar lo que pasó, no sólo por el operador al que le sucedió y por los afectados, más de ocho millones, sino por el conjunto de clientes de la telefonía móvil, para evitar que se repita. Decía usted que habrá que pensar
incluso si es necesario modificar la política general de telefonía móvil. En esta cuestión quiero entrar en este momento relacionándola con el nivel de calidad de la telefonía móvil, como usted decía antes y yo comparto, que es bastante
satisfactorio comparado con los mismos servicios en otros países europeos, pero no con Estados Unidos, porque todos los que hemos estado allí hemos tenido ocasión de comprobarlo. Una cosa es evidente. Si tenemos 33 millones de teléfonos móviles
tenemos obligación, el Gobierno el primero y las operadoras después, de tener unas reglas del juego y una calidad que no sólo permitan a los operadores ganar dinero sino prestar el servicio adecuado para lo que cuesta la telefonía móvil; pero no
quiero entrar en este debate. Sin embargo, le voy a decir algo de la anterior pregunta que me ha dejado mal sabor de boca, aunque algunas cuestiones han sido contestadas. Si en el artículo 6 de la Orden ministerial a la que antes me refería, de 14
de octubre de 1999, se habla de las auditorías independientes que están obligadas a hacer al finalizar cada año natural, yo pregunto al ministerio: ¿Cuántos y qué operadores han enviado esos informes y en cuántos casos las auditorías coinciden con
los informes trimestrales enviados por los operadores? Y una tercera pregunta muy importante es en cuántas ocasiones la Secretaría de Estado ha impuesto procedimientos de auditoría que permitan comparar sus datos con los que le facilitan los
operadores. Y lo pregunto porque el artículo 6.3 dice que la Secretaría de Estado podrá imponer la utilización de determinados procedimientos precisamente para comprobar si de verdad los operadores están dando los datos fiables. La respuesta, que
me dice que el trabajo no se está haciendo bien, dice: Hasta el momento se ha recibido copia de informes de auditoría de tres operadores principales en el mercado de la telefonía fija, al cuarto se le ha requerido y todavía no ha sido aportada,
etcétera. Dichos informes avalan en líneas generales los informes trimestrales previamente emitidos. La comisión de seguimiento ha elaborado una
guía con un amplio conjunto de orientaciones para la realización de dichas auditorías. (Ahora viene lo que yo creo que el ministerio no puede contestar a un diputado.) Se espera que dichas orientaciones sean aplicadas de forma voluntaria y
de esta forma no tener que imponer procedimientos de auditoría en aplicación de la salvaguarda establecida en el artículo 6. Es decir que se deja a la buena voluntad de los operadores. Eso es lo que dice la respuesta: se espera que dichas
orientaciones sean aplicadas de forma voluntaria. Sin duda la Secretaría de Estado no va a estar haciendo esas auditorías continuamente, pero al menos de forma aleatoria deben hacerse porque ello exigiría a los operadores que facilitaran todos los
parámetros con un cumplimiento exhaustivo.
Hay otra respuesta que también me pone los pelos de punta. ¿En cuántos casos se han incumplido los niveles mínimos de calidad especificando si se han abierto expedientes sancionadores tanto por incumplimiento de los niveles mínimos de
calidad como por alguna de las obligaciones incluidas en esta orden? Me contestan ustedes, evidentemente refiriéndose a la telefonía fija que está desarrollada, en los artículos 11, 12 y 13, lo siguiente: Como dichos niveles son establecidos
libremente por los propios proveedores, no se ha detectado hasta la fecha ningún incumplimiento porque sin duda se ajustarán a lo que se establece. Una de dos, o tienen unos asesores que en las respuestas no son muy hábiles o desde luego esto no es
de recibo; si esto se corresponde con la realidad no es de recibo. Es verdad que se me hace la referencia a que en todo caso los usuarios de los servicios de telecomunicaciones pueden ir al artículo 10 de la orden de Presidencia para solicitar las
indemnizaciones por interrupción temporal del servicio telefónico, pero no es razonable este tipo de actuaciones.
Yo parto de la buena voluntad en el futuro, pero hasta este momento no se ha hecho bien y lo lamento. Espero y deseo, en primer lugar, que en la próxima comparencia aporte compromisos del Gobierno no sólo porque se haya hecho el trabajo
ahora por el incidente de Vodafone, sino porque tengamos respuestas a las preguntas que usted se hacía; en segundo lugar, que la Ley general de Telecomunicaciones de verdad resuelva el problema, porque mi grupo considera que hay que modificar la
política general de calidad y hay que hacerlo en un marco global, con compromisos reales y con una buena inspección y una buena auditoría y que se cumpla la ley, señor López Blanco, porque hasta ahora el vacío legal hay en esta orden ministerial,
que han resuelto en telefónica fija pero no en telefonía móvil, es muy lamentable ya que son muchos los usuarios que se pueden ver afectados no sólo por un apagón, como el ocurrido el pasado 20 de febrero, sino por otras prestaciones de calidad que,
desde luego, no se corresponden con el precio y con la telefonía que deben recibir este país y los 33 millones de usuarios.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE TELECOMUNICACIONES Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (López Blanco): Muy rápidamente, señora presidenta, en estos momentos no creo que podamos sacar conclusiones. Sabemos lo que pasó durante el incidente
o la avería que se produjo en Vodafone el día 20 de febrero y parece que estamos cerca de saber por qué pasó. Por tanto, hasta que no sepamos con exactitud por qué pasó, no sabremos cuáles son los medios necesarios para evitar que se repita un
incidente de esta naturaleza y, sobre todo, no seremos capaces de saber hasta qué punto esto pone de manifiesto insuficiencias en la política general en materia de calidad. Vuelvo a reiterar que se pueden utilizar todos los artificios que se
quieran, pero el nivel de calidad de nuestro servicio de telefonía móvil en España es bueno, y lo saben los 33 millones de usuarios. Tendrá momentos mejores o peores, pero es un nivel de calidad bueno comparable con cualquier operador de cualquier
país europeo, tanto desde el punto de vista de la calidad de comunicación como de la calidad del servicio que reciben nuestros usuarios de los operadores, y no es casualidad que España sea uno de los países que tiene una mayor penetración de la
telefonía móvil, cosa que se consigue difícilmente si nuestros usuarios están insatisfechos con el servicio, aunque también habría que ver cuáles son los elementos que influyen en esta satisfacción de calidad y los problemas que plantea.
Respecto a la contestación por escrito, a la que se refiere la señora diputada, no creo que se pueda ni se deba torcer el sentido propio de las palabras, porque cuando se dice que se espera que los operadores cumplan algo voluntariamente es
que se espera que lo cumplan voluntariamente y, si no es así, se tomarán las medidas administrativas correspondientes. No se está diciendo que se deja a la buena voluntad, al libre albedrío y a la discrecional elección de los operadores cumplir o
no cumplir. Se está diciendo que se espera el cumplimiento voluntario y que, si éste no se produce, lo que hará la Administración será comprobar que no se ha producido y actuar en consecuencia. Quiero transmitir a S.S. y a esta Comisión que las
leyes en materia de telecomunicaciones se cumplen, que la inspección de telecomunicaciones cumple magníficamente sus funciones, que realiza inspecciones y que en todo momento está garantizando los niveles de prestación de todos los servicios de
telecomunicaciones. Esto no ocurre por la buena voluntad de los operadores sino porque los servicios de inspección cumplen su función. Además, cuando tengamos la nueva ley general de telecomunicaciones -si finalmente podemos
introducir, como esperamos, algún tipo de modificación organizativa importante- lo harán todavía mejor en el futuro.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Muchas gracias, señor secretario de Estado. Quiero finalizar agradeciéndole de nuevo su colaboración y su presencia hoy aquí en la Comisión, y habiendo dado cumplimiento al orden del día de
hoy quiero agradecer, como siempre, a los servicios de la Cámara su valiosa colaboración.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.