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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 711, de 12/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 711
JUSTICIA E INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JESÚS LÓPEZ-MEDEL BÁSCONES
Sesión núm. 88
celebrada el miércoles, 12 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley
- Sobre la realización de un concurso de resulta para cubrir las vacantes de personal de la comisaría del Puerto de Santa María (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001781.) ...
- Sobre la creación de una unidad contra la delincuencia y el crimen organizado en la comisaría de Jerez (Cádiz). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001782.) ...
(Página
22857)
- Relativa a la creación de una comisión de encuesta para evaluar la seguridad en el interior de las comisarías. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001910.) ...
(Página
22858)
- Sobre la coordinación de los diversos servicios de emergencia entre las distintas administraciones competentes. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001811.) ...
(Página
22863)
- Por la que se insta al Gobierno a que amplíe la plantilla de funcionarios de modo que se puedan realizar las tareas que tiene asignadas la institución penitenciaria de custodia, reeducación y reinserción. Presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001806.) ... (Página 22867)
- Relativa a la construcción de un centro de inserción social (CIS) en el nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001780.) ...
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, vamos a comenzar la sesión de la Comisión de Justicia e Interior del día de hoy.
Se ha solicitado a esta presidencia la alteración del orden del día para que los puntos que figuran como 5.º y 6.º sean tratados al comienzo de la sesión. Entiendo que los portavoces presentes así lo han manifestado y algún otro portavoz
que en este momento no está presente en la sala ha manifestado su aquiescencia. A efectos de la ordenación del trabajo de SS.SS. a lo largo de la mañana, las votaciones no serán en ningún caso antes de las 12 de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA REALIZACIÓN DE UN CONCURSO DE RESULTA PARA CUBRIR LAS VACANTES DE PERSONAL DE LA COMISARÍA DEL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número expediente 161/001781.)
El señor PRESIDENTE: Punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la realización de un concurso de resulta para cubrir las vacantes de personal de la comisaría del Puerto de Santa María. Para
la defensa de dicha proposición no de ley tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Señorías, la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos del Puerto de Santa María, razón por la que hace tres años se creó una plataforma contra la inseguridad ciudadana
integrada por representantes de asociaciones de vecinos, empresarios, comerciantes, sindicatos policiales y partidos políticos; una plataforma que ha querido dejar claro en todo momento la buena labor y la profesionalidad de la Policía Nacional en
esta ciudad, pero que entiende que estos funcionarios se están viendo desbordados por la falta de personal. Hay que entender esta comisaría como especial, ya que contempla la seguridad de dos grandes ciudades, El Puerto de Santa María y Puerto
Real, además de cubrir las necesidades de seguridad de las prisiones de Puerto 1 y de Puerto 2, el módulo hospitalario del hospital universitario de Puerto Real y ser una población costera que incrementa su población en época estival. Según el
catálogo actual de puestos de trabajo en esta comisaría debería haber 280 policías y sólo hay, en servicio activo, 187 policías. El pasado 2 de diciembre, el director general de la Policía contestó en esta Comisión, a preguntas de esta diputada,
cómo pensaban solucionar la falta de policías en esta comisaría. El director general de la Policía argumentó que ya se están incrementando los efectivos en el Cuerpo Nacional de Policía y, aunque esto no es de hoy para mañana, se atenderán las
distintas necesidades en los futuros concursos de vacantes. Además, señaló que en el mes de enero saldrían 950 nuevos policías que vendrían a cubrir las necesidades más perentorias de las distintas plantillas a nivel nacional. Si para el Gobierno
la comisaría del Puerto no tiene una necesidad perentoria, no sé cómo estarán el resto de las ciudades y comisarías de este país, ya que ninguno de esos 950 policías ha venido al Puerto, pero tampoco ha venido ninguno a Andalucía.
Con respecto al concurso general de méritos, se han adjudicado 63 plazas para la comisaría de Puerto Real, pero está claro que no quiere decir que se vayan a ocupar estas plazas, ya que hay policías que ahora están adscritos al Puerto que
también se van a ir a otros destinos. De hecho, el año pasado hubo una treintena de policías que se marcharon a otros destinos, mientras
que los que llegaron no compensaron en número a los trasladados, por lo que el déficit aumentó. Además hay que añadir, según dicen los propios policías, que no es una comisaría muy apetecible y cuando pueden y tienen oportunidad suelen
pedir destinos a otros lugares. Por tanto, no tenemos grandes esperanzas en que este número de 63 vacantes vaya a resolver el problema de la comisaría de esta ciudad, que al día de hoy tiene un déficit de 93 policías. Más bien, desde el Grupo
Parlamentario Socialista pensamos que las actuaciones que prevé el Gobierno no van a servir más que para cubrir el déficit que se ha ido produciendo durante estos últimos 7 años. Concretamente esta comisaría ha perdido 70 agentes desde 1996. Desde
el Gobierno se puede decir que se ha bajado el número de delitos en El Puerto, la verdad es que no lo podemos comprobar con los datos oficiales de los delitos producidos por municipios del año 2002 porque el Gobierno no ha facilitado los datos
municipalmente, aunque sí los ha facilitado provincialmente y tenemos que decir que en la provincia de Cádiz en el año 2002 los delitos sí han aumentado. Sobre todo, para el Grupo Parlamentario Socialista el mejor termómetro que podemos tener para
medir la inseguridad ciudadana es la percepción que tiene la propia ciudadanía, que es bastante diferente de la que señala el Gobierno. Por ejemplo, El Puerto es la ciudad donde se producen más robos de coches de la provincia y es raro el día que
los medios de comunicación no recogen noticias de algún robo en alguna vivienda, comercio o persona, e incluso de diversos actos vandálicos. Además, estos hechos no creo que beneficien positivamente a una ciudad costera que tiene en el turismo una
de sus principales industrias. Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista quiere, a través de esta proposición no de ley, instar al Gobierno a que realice un concurso de resultas urgente para cubrir esas vacantes de agentes del Cuerpo
Nacional de Policía que se han ido generando en la comisaría del Puerto de Santa María, que nos parecen exageradas, y lo pedimos por las especiales características que tiene esta comisaría.
Aparte me gustaría pedir al Grupo Parlamentario Popular
que escuche más a los ciudadanos de este país, porque esta petición que tengo la oportunidad de trasladar al Congreso no la está haciendo sólo mi grupo parlamentario, sino que es la petición de los sindicatos policiales, de los comerciantes, de los
empresarios y, en definitiva, de los ciudadanos del Puerto.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición del mismo con respecto a esta proposición no de ley. Tengo que iniciar mi intervención manifestando que pensaba que el Grupo Parlamentario
Socialista iba a retirar esta iniciativa, porque efectivamente lo que está solicitando en la parte dispositiva de la misma ya está cumplido. Este grupo parlamentario no tiene inconveniente ninguno en reconocer que efectivamente en El Puerto de
Santa María ha existido un problema de falta de personal en la plantilla del Cuerpo Nacional de Policía. Así lo ha reconocido y ha venido trabajando, a través del diputado señor Sánchez Ramos, para intentar solucionar este problema, para lo que se
ha reunido con los sindicatos de Policía, con los comerciantes, con la plataforma que se formó en su día reivindicando la solución de este problema, es decir, ha mantenido contactos con todo el mundo y efectivamente ha conseguido algo que no era
fácil, que a través de un concurso general de méritos se vayan a cubrir prácticamente la totalidad de las plazas vacantes en El Puerto de Santa María. El día 3 de marzo se ha convocado un concurso general de méritos y para El Puerto de Santa María
se prevé la convocatoria de 63 nuevas plazas, con lo cual prácticamente se cubriría la totalidad de la plantilla. Como es lógico, a todos nos gustaría que la plantilla del Puerto de Santa María aumentara, no sólo la del Puerto sino también la de
todo el país, en lo que está haciendo un gran esfuerzo el Gobierno que todas SS.SS. conocen y estoy seguro que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también. Para aumentar las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía, el Plan de Lucha
contra la Delincuencia aprobado por el Gobierno prevé para el período 2000-2004 nada más y nada menos que 12.825 nuevas plazas. Igualmente, en el presente año 2003 se prevé la incorporación de 3.000 policías procedentes de la oferta pública del año
2001. Es decir, que el Gobierno está haciendo un gran esfuerzo para cubrir y solucionar el problema que existe por la falta de policías en algunas comisarías de este país. Por tanto, lo solicitado por el Grupo Parlamentario Socialista, en
concreto, con referencia al Puerto de Santa María, está ya cumplido. Es decir, ya se ha convocado el concurso general de méritos y ya están las plazas expeditas para que puedan ser solicitadas en un número suficiente para que la plantilla del
Puerto de Santa María esté prácticamente cubierta al cien por cien. Por todo ello, nuestro grupo va a votar de forma desfavorable esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Al no haber otros grupos parlamentarios presentes en la sala, debe entenderse concluido el debate sobre esta proposición no de ley.
- SOBRE LA CREACIÓN DE UNA UNIDAD CONTRA LA DELINCUENCIA Y EL CRIMEN ORGANIZADO PARA LA COMISARÍA DE JEREZ (CÁDIZ). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001782.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar al debate de la proposición no de ley que figura en el punto 6.º
del orden del día, sobre la creación de una unidad contra la delincuencia y el crimen organizado en la comisaría de Jerez (Cádiz), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Sánchez Díaz.
La señora SÁNCHEZ DÍAZ: Cádiz es la provincia donde más delitos contra la salud pública se cometen de toda España, delitos que en parte son por tráfico o por posesión de drogas. Es más, uno de cada 6 delitos por drogas se produce en la
provincia de Cádiz y otro dato a tener en cuenta es que el 90 por ciento de las diligencias incoadas por el ministerio fiscal sobre delitos de contrabando tienen su despacho en los juzgados gaditanos. Sin duda, esto se debe en parte al lugar
estratégico de la provincia de Cádiz, con muchos kilómetros de costa y su proximidad con el continente africano. Hasta hace pocos años los narcotraficantes introducían la mayoría de la droga por la zona del Campo de Gibraltar y la costa de La
Janda, pero el aumento del control de esta zona, tanto para evitar la entrada de droga, como para controlar la entrada de inmigrantes, así como por el SIVE, ha hecho que los narcos busquen una ruta alternativa más al norte de la provincia, hacia la
costa noroeste, por las ciudades de Chipiona y Sanlúcar, que está situada en la desembocadura del Guadalquivir. Además, la falta de agentes de la policía nacional en la provincia de Cádiz, como reconoce el Gobierno en una reciente respuesta
escrita, es de 222 policías, lo que también contribuye a que esté produciéndose un aumento de los grupos de delincuencia organizada, que hasta hace poco preferían la Costa del Sol, pero que ahora encuentran en esta provincia poco control y un lugar
idóneo para asentarse. Así, aprovechan el elevado número de viviendas en alquiler que se destinan para el turismo y donde pueden pasar más fácilmente desapercibidos que en otros lugares. Pensamos además que una ciudad grande como Jerez, bien
comunicada, donde también los grupos pueden pasar más desapercibidos, y además por su proximidad con la costa noroeste, es el lugar adecuado para contar con un grupo especial y cualificado que pueda investigar y erradicar estos grupos organizados.
Esta unidad que solicitamos no necesitaría estar formada por un gran número de efectivos, pero sí al menos por un pequeño grupo que investigue este tipo de delito que necesita una respuesta policial adecuada. La UDECO, además, no sólo tiene como
objetivo incrementar la eficiencia en la lucha contra la delincuencia, sino que también ejerce un férreo control sobre ellos, por lo que tiene un efecto disuasorio.
El anterior subdelegado del Gobierno en la provincia de Cádiz ya dijo en noviembre del año 2000 en Barbate que con las medidas de control que se estaban estableciendo en el Campo de Gibraltar y en Barbate era consciente de que grupos
organizados se iban a ir desplazando hacia otros lugares del litoral, caso del Guadalquivir, pero que esperaba que con las torretas de vigilancia que se iban a poner en la costa andaluza mermara el tráfico, ya que la tecnología contratada permitiría
detectar las embarcaciones desde que salieran de Marruecos. Dos años después esto no ha servido para evitar el paso ni las rutas alternativas.
Según una reciente respuesta parlamentaria del Gobierno, el número de grupos considerados de delincuencia organizada y sobre los que se ha actuado policialmente en Cádiz durante el año 2001 es de 48, otra razón por la que desde el Grupo
Parlamentario Socialista pensamos que es necesario reforzar las unidades de delincuencia organizada y potenciar así las investigaciones para identificar a los miembros de las bandas y poder probar su implicación delictiva.
Parece ser que el Gobierno sí ve esta realidad, pero no da una solución eficaz. Así se desprende de otra respuesta parlamentaria en la que considera que en la provincia de Cádiz, aunque no exista un grupo con dedicación exclusiva -sí en el
Campo de Gibraltar, pero no en la zona de Cádiz, Jerez y costa noroeste-, sí existe un jefe en la comisaría provincial que dirige y coordina las actuaciones que lleva a cabo en dicha materia, y se piensa que así se puede dar una respuesta adecuada a
este tipo de lucha contra la delincuencia. El Grupo Parlamentario Socialista piensa que si existe un jefe pero sin personal es porque en algún momento se habrá pensado dotarlo de más medios y más efectivo. Así el Ministerio del Interior está
reforzando, según se desprende de una comparecencia del ministro, que se potencie el carácter zonal de la UDECO.
Por todo ello es por lo que presentamos esta proposición no de ley, en la que solicitamos al Gobierno la creación de esta unidad contra la delincuencia y el crimen organizado que tuviera como grupo un centro en la comisaría de Jerez, una
reivindicación que queremos decir que también hacen los sindicatos de policía y las coordinadoras de drogas de la zona.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Romero Girón.
El señor ROMERO GIRÓN: Intervengo para fijar la posición de mi grupo en esta proposición no de ley.
Tengo que iniciar mi intervención diciendo que sólo con leer con un poco de detenimiento la exposición de motivos de esta iniciativa se ve exactamente cuál es la intencionalidad que se persigue, que no tiene nada que ver con lo que se pide
en la parte dispositiva, por lo que a continuación voy a intentar explicar. Efectivamente, cuando leemos la exposición de motivos viene a decirnos que en la provincia de Cádiz existe un gran problema con el tema de la droga, que los
narcotraficantes introducen la mayoría de la droga por la zona del Campo de Gibraltar y la zona de La Janda y que últimamente
-dice la iniciativa- este tipo de delitos se ha trasladado a otra parte de la provincia, que es la zona de la costa del noroeste, concretamente las ciudades de Chipiona y Sanlúcar. Ahora digo: pues lo lógico es que si este problema se ha
trasladado a estas ciudades la iniciativa se refiera a estas ciudades. No, no se refiere a estas ciudades, se refiere a Jerez.
Dice que el problema está centrado en la costa noroeste, ciudades de Sanlúcar y Chipiona principalmente, y pide la
creación de la unidad contra la delincuencia y el crimen organizado no en estas ciudades, no en la comisaría de Rota, que podía ser, no en la comisaría del Puerto de Santa María o en la comisaría de Sanlúcar; la pide en Jerez. No tiene
explicación, cuando además en Jerez prácticamente la plantilla está cubierta al cien por cien, quizá de las únicas plantillas de toda la provincia de Cádiz que está cubierta al cien por cien. No tiene otra explicación esta iniciativa que salir
mañana, dada la vinculación de la ponente con Jerez, en los medios de comunicación de Jerez diciendo que el Partido Popular es muy malo y no quiere crear esta unidad en Jerez. Si no, no tiene ninguna otra explicación, puesto que este problema no se
está dando en Jerez, según se reconoce en la propia iniciativa. Es más, hay que decir que en la provincia de Cádiz existen dos unidades, dos UDECO, una en la capital de la provincia, en Cádiz, y otra en el Campo de Gibraltar, cuando lo normal es
que estas unidades existan sólo en la capital de la provincia. En Cádiz existen dos, y además se pide una tercera.
Señorías, está claro que esta iniciativa es sólo para salir en los periódicos, y el Grupo Parlamentario Popular no va a entrar en esa dinámica, puesto que cree que gobernar es algo más serio y estar en la oposición también es algo más serio.
Por tanto, nuestro grupo va a votar en contra.
- RELATIVA A LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE ENCUESTA PARA EVALUAR LA SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LAS COMISARÍAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001910.)
El señor PRESIDENTE: A continuación procede debatir la proposición no de ley que figura con el número uno del orden del día, relativa a la creación de una comisión de encuesta para evaluar la seguridad en el interior de las comisarías.
Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Mayoral.
El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, a diferencia de lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular que me ha precedido en el uso de la palabra, esta proposición no de ley no es de las que se hacen para salir en los periódicos,
porque ya había salido en los periódicos el suceso que determinó la notoriedad de este asunto, y el hecho es, desde nuestro punto de vista, de una extraordinaria gravedad, tanto que mi grupo ha seguido insistiendo e insiste en la necesidad de crear
la comisión de encuesta que planteamos en la proposición no de ley no para salir en los periódicos, sino para que se resuelva un problema que consideramos que existe, que es real, pese a lo que el señor ministro del Interior dijo aquí el otro día.
Bien es verdad que el señor ministro del Interior dijo aquí en su comparecencia que el asunto, desde su punto de vista, implicaba que había condiciones de seguridad en la comisaría de Málaga, cuando después reconoció a los medios de comunicación en
los pasillos que él había ordenado que se hiciera un informe sobre los sucesos y una encuesta sobre la situación en que se encuentran las comisarías respecto a las condiciones de seguridad, que es de lo que se trata aquí fundamentalmente. Aquí hay
que decir -y yo asumo lo que en su momento dijo la Asociación de Jueces para la Democracia en Málaga- que estamos ante una de las páginas más negras de la historia de la inmigración en España, y sobre todo y particularmente que es dudoso que el
Estado haya cumplido con su deber de proteger y velar por la seguridad de los detenidos, que es la cuestión fundamental. Estamos ante un hecho en el cual se ha evidenciado que la detención de unos ciudadanos extranjeros en el calabozo de una
comisaría no ha trasladado al Estado como debe trasladar la responsabilidad de su protección y el deber inexcusable de velar por su seguridad y por su vida. Estamos ante un asunto que significa nada más y nada menos que la muerte de siete personas
en los calabozos de una comisaría y estamos ante una sucesión de hechos similares, porque no es que esto haya ocurrido una sola vez. El año pasado aquí en Madrid, en la comisaría de Torrejón, también hubo un incendio grave, y en la provincia de
Málaga, después de los sucesos de la comisaría de Málaga capital, también ha habido otro incendio en la comisaría de Torremolinos, incendio provocado por un ciudadano que estaba detenido en esa comisaría.
Pero aquí la cuestión no es si remitimos o no la responsabilidad de estos hechos a las personas que están dentro de estos calabozos, a las personas que incluso provocan esos incendios. Obviamente ahí hay una responsabilidad, pero no es lo
que toca dilucidar aquí. Aquí lo que toca dilucidar fundamentalmente es si las comisarías, si los calabozos en España reúnen los requisitos, las condiciones, si existen las medidas adecuadas para que en los supuestos en que se produzcan incendios,
emergencias graves, puedan ser resueltas mediante la utilización de dispositivos situados dentro del marco de las propias instalaciones. Esto es lo que hay que discutir, esto es lo que hay que debatir y esto es lo que hay que resolver, señorías.
Desde nuestro punto de vista, en el caso de Málaga se planteaban una serie de interrogantes. Yo no voy a insistir sobre este conjunto de interrogantes puesto que esto fue objeto de exposición por parte de mi grupo con
ocasión de la presencia del señor ministro del Interior, cuando compareció en esta Cámara a petición del Grupo Parlamentario Socialista. Lo que sí quisiera dejar claro, al menos como conclusiones básicas de aquella comparecencia y en lo que
se refiere particularmente a la posición del Grupo Parlamentario Socialista, es que hay una serie de hechos que desde nuestro punto de vista son incontestables, hechos que son evidentes, que al menos nosotros consideramos, repito, incontestables, en
la medida de que los argumentos que aquí se expusieron al ministro del Interior -y ahora veremos qué argumentos expone el portavoz del Grupo Popular- no han sido rebatidos. En primer lugar, que delincuentes y víctimas estaban mezclados. En segundo
lugar, que se introdujo a 17 detenidos en una sola celda en unos calabozos donde había más celdas que estaban vacías, con lo cual se produjo una aglomeración absolutamente injustificable y que también puede ser una de las causas de los sucesos. En
tercer lugar, los policías desconocían la existencia de protocolos contraincendios -me estoy refiriendo a los policías que estaban de guardia y que intervinieron en los sucesos que estamos mencionando-. En cuarto lugar, no había en la comisaría un
cuadro de mandos avanzado para coordinar los dispositivos sanitarios de bomberos y policías en una situación de emergencia. Por último, no había máscaras antigás ni colchones ignífugos, es decir, no había condiciones de carácter preventivo para
impedir este tipo de hechos.
El Grupo Parlamentario Socialista estima que estamos ante la existencia de un conjunto de gravísimos fallos. La evidencia de que esto es así, de que las comisarías en España no reúnen las condiciones de seguridad que debieran, y
particularmente por lo que se refiere... (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, ¿necesita asistencia para desconectar el móvil?
Puede continuar cuando lo desee.
El señor MAYORAL CORTÉS: Estaba tratando de desconectarlo. Muchas gracias, señor presidente, y perdón por esta interrupción tan inesperada y desde luego tan inadecuada para el tema tan grave que estamos tratando. Pido disculpas,
evidentemente, y espero recuperar la seriedad que tiene este asunto que estoy exponiendo, a pesar de esta intromisión un tanto pintoresca del himno que tengo incorporado al móvil.
Lo que quiero decir es que es evidente, desde nuestro punto de vista, que se ha producido una serie de fallos que se han demostrado en los sucesos que tuvieron lugar en esta comisaría. La evidencia más palpable que nosotros hemos encontrado
de lo que estoy afirmando es que en enero del año 2003, es decir, después de estos sucesos que tienen lugar en la comisaría de Málaga, el Ministerio del Interior envía a todas las comisarías un cuestionario para conocer urgentemente los medios de
protección que preceptivamente deben existir en las comisarías. Esta encuesta existe y hay pruebas evidentes de ella, de los documentos que han sido remitidos. Se trataba de conocer -según la comunicación que envían las autoridades de Interior a
las distintas comisarías- el nivel de medios de protección contra incendios con que cuentan estos edificios.
Se preguntaba, en cuanto a protección pasiva, si disponían de protección contra el fuego, sobre puertas contra el fuego, sobre vías
alternativas de evacuación, sobre escaleras exteriores, etcétera; es decir, se preguntaba sobre condiciones concretas que deben existir en materia de prevención de emergencias de este tipo. También se preguntaba sobre la existencia de elementos de
protección activa: bocas antiincendios, detección y alarma, extinción automática, etcétera. Se preguntaba sobre si existía o no en las comisarías -estoy hablando de todas las comisarías de España y por tanto estoy ya en condiciones de afirmar que
el problema que ocurrió en Málaga puede suceder en cualquier otra comisaría, como da a entender el propio Ministerio del Interior al enviar la encuesta a todas las comisarías de España y no solamente a la de Málaga- un plan de emergencia o de
autoprotección. Se preguntaba si disponían de señalización. En un cuestionario relativo exclusivamente a los calabozos se preguntaba por el número de bocas antiincendio, detectores de fuego, aspersores, extintores, por la existencia o no de mantas
ignífugas, de colchonetas ignífugas, etcétera. Es decir, al pedir estas informaciones el propio Ministerio del Interior venía a poner en evidencia, en relación con la existencia de este conjunto de elementos de prevención y protección contra
incendios, que al menos desconocía la situación de los calabozos y de las comisarías en España.
La cuestión no queda ahí, porque los dos policías que intervinieron en estos hechos en sus declaraciones llegaron a manifestar cosas como las siguientes: primero, había un solo extintor en los calabozos; segundo, no sabían utilizar la
manguera del calabozo; tercero, no había luces de emergencia en el calabozo; cuarto, no funcionó la alarma que dispara el detector de humos; quinto, desconocían la existencia de un protocolo de incendios; sexto, no se había repartido el plan de
evacuación de la comisaría; séptimo, había otras celdas libres, etcétera; octavo, desconocían el plan de evacuación para desalojar los calabozos. Estas son declaraciones realizadas por los propios policías que actuaron, por los dos que estaban
allí, porque en total en esa comisaría en ese momento había un número mínimo de policías para un conjunto de detenidos que superaba ampliamente los 17 y posiblemente los 20, porque estamos hablando exclusivamente de los 17 magrebíes detenidos, pero
había otros.
En ese momento en esa comisaría había dos policías dedicados a la vigilancia de calabozos y tres más que estaban allí, en una comisaría que tiene un edificio bastante amplio en el que con ese número ínfimo de policías evidentemente se
hace difícil el control de un intento de fuga o cualquier actuación que hubieran emprendido, como ocurrió, los cabecillas que promovieron el intento de fuga mediante la provocación del incendio.
Ahí hay otro problema subyacente que antes ha sido objeto de tratamiento y que seguirá siendo objeto de tratamiento por parte de mi grupo, que es, obviamente, el descenso del número de efectivos policiales en todas las comisarías de España y
no solamente en determinadas comisarías. Este es un hecho generalizado, ocurre en todas las comisarías de España en las que como media existe un 20 por ciento menos de policías de los que tenían que existir en cada una de ellas según los catálogos
de puestos de trabajo. Por tanto, este es un problema añadido, un problema grave que no solamente afecta a la seguridad interna de las comisarías sino que afecta, obviamente, a la seguridad exterior, es decir, a la seguridad de todas y cada una de
las ciudades españolas y de los barrios.
Por tanto, estamos ante un suceso que a mi grupo le suscitado una enorme preocupación y que también se la ha suscitado a la sociedad española, y no digamos a la sociedad malagueña, que fue donde ocurrieron estos hechos. Pero reitero una vez
más que esto que ha pasado en Málaga puede pasar en cualquier otra comisaría, como se ha puesto en evidencia en Torrejón y en Torremolinos, por lo que es preciso que se tomen medidas.
Esto es lo que nosotros planteamos, señor presidente: instamos
al Gobierno a que cree una comisión de encuesta independiente para evaluar la seguridad en el interior de las comisarías y para que determine la existencia o no de los planes de urgencia y los equipamientos de emergencia y contra incendios; que se
verifique si existen o no, que es lo que ha intentado verificar el propio Ministerio del Interior en la encuesta que organizó en enero, y una vez establecida o no dicha existencia que se evalúe si es adecuado o no, y que se tomen las medidas para
que esto no vuelva a ocurrir en lo sucesivo. Por tanto, nosotros planteamos que esta comisión de encuesta desarrolle una serie de objetivos, una serie de misiones, empezando por la recogida de datos e informes objetivos sobre lo que sucedió en
Málaga, cuestión que está todavía por dilucidar y clarificar definitivamente. Sólo sabemos que hay un procedimiento judicial en marcha, pero desconocemos el informe interno en relación con los sucesos que tuvieron lugar allí, que se debería haber
hecho en su día y entregado por el propio ministro del Interior a esta Comisión. Queremos que esa comisión de encuesta aclare también las causas de los fallecimientos en la dimensión en que esos fallecimientos tuvieron su origen en la inexistencia
o la inacción de una serie de instrumentos de prevención y de lucha contra los incendios. Queremos que esa comisión proponga medidas para garantizar la seguridad en los calabozos y en las comisarías en general; queremos que revise los sistemas de
seguridad existentes en todas las comisarías frente a todas las contingencias y que den cuenta finalmente también a este Congreso, a esta Comisión, del trabajo que se realice. Repito, estamos ante un suceso gravísimo; el Estado ha demostrado la
incapacidad para proteger las vidas de siete personas bajo su custodia. Nosotros queremos, en definitiva, que el Estado y particularmente el Ministerio del Interior cumpla el contenido del artículo 3.2 de la Ley orgánica de seguridad ciudadana,
donde se dice literalmente: Corresponde al Ministerio del Interior la planificación, coordinación y control general de la seguridad de las personas, edificios e instalaciones y actividades, proponiendo o disponiendo la adopción de las medidas o la
aprobación de las normas necesarias. Si el ministerio tiene esa capacidad de acción respecto a otras entidades, a otros servicios y a empresas e instalaciones privadas, cuánto más lo tendrá para el desarrollo de estas exigencias en lo que se
refiere a sus propias instalaciones.
Para nosotros, señoría -y con esto finalizo-, este es un caso práctico más de los resultados que acarrea el abandono de los servicios públicos por parte del actual Ministerio del Interior y del actual Gobierno del señor Aznar. El servicio
público de seguridad ciudadana ha llegado a un estado preocupante. No voy a mencionar aquí las tasas de criminalidad y las deficiencias o carencias de policías; en este momento estamos hablando exclusivamente de la existencia o no de garantías de
seguridad dentro de las propias comisarías y dentro de los propios calabozos. En definitiva, la pregunta que yo haría sería la siguiente: ¿es que con el Partido Popular y con la política que está desarrollando hasta los propios calabozos han
dejado de ser lugares seguros para las personas? Es una pregunta, desde mi punto de vista, aterradora y la contestación, por lo que vemos, no puede ser satisfactoria en este momento. El Partido Popular tiene en la actualidad una campaña que se
titula Menos impuestos y más seguridad y la podemos traducir, en realidad, en términos de más impuestos y menos seguridad, porque ya ni en los calabozos existe seguridad. (Un señor diputado: ¡qué novedoso!)
También se expresa en este caso el trato que se otorga a otros seres humanos por el hecho de ser inmigrantes. Aquí ha habido también un abandono de deberes típicos, normales y obligados por parte de las instituciones y por parte de las
autoridades, de dar explicaciones y sobre todo de dar información a las víctimas -los familiares de estas personas también son víctimas en este suceso- y una atención adecuada. No se han pedido disculpas ni se ha dado información y por otra parte
seguimos con la reiteración de pronunciamientos de responsables políticos del Partido Popular de una inculpación latente -o expresa en muchos casos- a cualquier tipo de inmigrantes sobre las causas de la inseguridad en España. El resultado está a
la vista y, es que en definitiva se considera que un suceso en el que están implicados los inmigrantes parece que fuera un
suceso de segunda categoría y tengo que decir que esto que ha pasado a inmigrantes le puede pasar a cualquier ciudadano español; en calabozos de las comisarías de policía no sólo hay inmigrantes, hay más ciudadanos españoles que
inmigrantes. No sé lo que van a hacer los responsables del Partido Popular ante esta petición de creación de esta comisión de encuesta o qué instrucciones habrán recibido por parte del Gobierno. Me temo que se va a hacer lo mismo que hizo aquí el
señor ministro el otro día: considerar que la seguridad en los calabozos donde murieron siete personas es una seguridad absolutamente garantizada, lo cual, obviamente, es algo que no se sostiene. Esperemos que no se sigan negando las evidencias,
esperemos que no se eche la culpa a otro, que no se considere que este hecho sólo tuvo un culpable, el señor que prendió fuego al colchón, el delincuente que estaba mezclado con las víctimas en el calabozo de la policía de Málaga. Creo que esa es
una responsabilidad distinta a la que compete al Estado para proteger la vida y los bienes de las personas que están bajo su protección, que es lo que nosotros estamos planteando. Es otra parte distinta de la cuestión. Espero que finalmente no
intenten echarnos la culpa a los socialistas, como también ha sido habitual en este tipo de debates, salpicando al Partido Socialista que hace ya siete u ocho años que no gobierna.
Finalmente, pido que se tomen medidas para evitar que estos sucesos vuelvan a ocurrir; esa es la responsabilidad que considero que tienen que asumir esta mañana aquí el Partido Popular y el Gobierno en la medida que está sostenido por la
mayoría del Partido Popular: la adopción de medidas para evitar que sucesos de esas características, que sucesos tan graves, tan escandalosos, puedan volver a ocurrir en unas dependencias de la policía del Estado, en unos calabozos y que éste sea
un suceso que quede aislado en el tiempo, de verdad. Pero eso requiere actuación y medidas, que es lo que reclamamos nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señor Mayoral, si me permite, le diré que el hecho de que en estos momentos tenga usted como tono de llamada en su teléfono un himno de la independencia norteamericana, de su nacimiento como nación, creo que habla bien
de la independencia de criterios de S.S. que no prejuzga por otros factores ni sus gustos ni la música.
¿Grupos que desean fijar su posición? (Pausa.)
Por parte del Grupo Parlamentario Popular la señora Torme tiene la palabra.
La señora TORME PARDO: Nuevamente asistimos al debate de una proposición no de ley en la que se reproducen argumentos ya esgrimidos, además con profusión, en concreto con motivo de la comparecencia del ministro Acebes el pasado 6 de febrero
y que no aportan nada nuevo. Se presenta una proposición no de ley, y dando un voto de confianza, podríamos pensar que se pretende aportar alguna idea de una forma constructiva, apoyar el esfuerzo que como todo el mundo reconoce viene haciendo el
Gobierno para mejorar la seguridad pública en España; pero lejos de eso lo que se hace, como digo, es reproducir nuevamente los argumentos. Además, se trae a colación -ya ocurrió también en la pasada sesión del 6 de febrero- y por el propio grupo
proponente, por el Grupo Socialista, se invoca el pasado: no nos vayan a echar la culpa de que esto se debe al pasado. Creo -y así se demuestra- que tienen un gran complejo, una obsesión por el pasado, porque efectivamente el pasado pesa. Hoy día
estamos hablando de un montón de cuestiones, todos hablamos de la historia y para entender las cosas que están pasando en la actualidad no podemos hablar en el vacío, no podemos dar un salto y obviar lo que se ha hecho a lo largo de los años.
Verdaderamente es curioso, y si no fuera por la tragedia de los sucesos que se traen aquí a colación podríamos decir que hasta gracioso, que por ejemplo en la pasada comparecencia, cuando el ministro simplemente mencionó en qué fecha se inauguraron
las instalaciones de Málaga de las que se hablaba -sencillamente dijo que las instalaciones de Málaga se habían inaugurado en 1991-, ya se consideró una ofensa. No sé si esto se consideró así por ese complejo que tienen, no sé si de culpabilidad o
de que no se hiciera las instalaciones de otra manera.
Siguiendo con lo que hoy nos ocupa es de una gran irresponsabilidad (y aunque en este caso decía el portavoz socialista que esta iniciativa no tiene como objeto salir en los periódicos y no voy a entrar en esa cuestión ni voy a discutir que
no sea ese el objeto), que se trate de utilizar cualquier acontecimiento que se encuentre en el camino del Grupo Socialista para tratar de hacer daño al Gobierno, daño que por otra parte no consigue realizar. Aquí se dejó claro cuáles habían sido
esos acontecimientos. Hablamos de un hecho que es trágico, el fallecimiento de siete personas por un incendio que fue provocado por una o varias de las personas que estaban detenidas en esa celda. Se ha hablado aquí de trato inhumano a las
personas detenidas, que en este caso eran inmigrantes, porque se habían hacinado o producido una aglomeración en la celda. Como ha dicho el señor Mayoral eran 17 personas que estaban en una celda tipo que tienen unas dimensiones previstas,
homologadas y autorizadas para 25 personas, de manera que no se había llegado ni siquiera al límite máximo establecido para ese tipo de celda de tránsito. Como ya digo -y no pretendo ofender a nadie- esa comisaría se inauguró en el año 1991 con
esas características, señalando que ese tipo de celda estaba habilitado para 25 personas.
Aquí se ha hablado también, asumiendo palabras que han pronunciado otras personas, de que se trata de una de las páginas más negras en la historia de la inmigración. Al señor Mayoral le diría que verdaderamente es trágico que haya una
persona detenida, presuntamente
era quien estaba organizando esa venida aquí de los inmigrantes, abusando y utilizando la esperanza de encontrar una vida mejor. Precisamente esa persona parece ser que provocó el incendio. En todo caso, estamos ante un incendio provocado
donde además se coaccionó a las personas que estaban en la celda para que no salieran y al final todo ello originó ese desenlace trágico y fatal del fallecimiento de siete personas.
Si se habla de páginas negras lo que habría que decir es que la página negra está siendo escrita hoy en nuestros días por todas esas redes de inmigrantes que de forma desaprensiva juegan con la vida de estas personas. Son capaces de
mentirles, de engañarles y de poner en riesgo su vida no sólo en el camino, en una patera donde pierden la vida, sino también en circunstancias tan dramáticas e indeseables como ésta. Dejemos las cosas claras sobre quién escribe esas páginas negras
y contra quién han de dirigirse los argumentos, que es contra las redes que se dedican de forma desaprensiva a enriquecerse, en lo que viene a ser hoy día uno de los negocios más lucrativos, es decir enriquecerse con las esperanzas de esas personas.
Hacer demagogia es realmente peligroso y a mí me parece que es alarmante cuando se realizan calificaciones como las que se hacen en esta exposición de motivos, que está afectando a la confianza en nuestro Estado democrático de derecho,
cuando hoy día el Estado democrático de derecho goza de gran salud y de una gran firmeza. Que haya una persona que cometa un hecho delictivo, como es un incendio provocado, no creo que ponga en juego la firmeza y la consolidación del Estado
democrático de derecho que tenemos en nuestro país. Realizar este tipo de manifestaciones no conduce a nada y sólo ponen de manifiesto, como decía al inicio de esta intervención, esa voluntad de desgastar al Gobierno a costa de lo que sea,
utilizando los argumentos de forma claramente irresponsable y muy alejada de lo que es una lectura rigurosa de los acontecimientos que en este caso se han producido y que se han traído aquí a colación.
En la comparecencia reciente del ministro del Interior ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, a la que yo hacía referencia, se informó de las causas, consecuencias y actuaciones llevadas a cabo en relación con el incendio en
los calabozos de la comisaría de Málaga el pasado 27 de diciembre. Hubo información cumplida, aunque aquí se haya dicho que no hay información sobre estos hechos. Hay que resaltar que además se llevaron a cabo investigaciones practicadas en el
seno de las dependencias de la comisaría sin que haya habido ni se hayan detectado deficiencias en las medidas de seguridad existentes. En este sentido hay que señalar que el juzgado que conoce de dicho asunto al que se habían trasladado las
actuaciones, ha dictado resolución con el archivo provisional de todas estas actuaciones.
En la proposición no de ley presentada se habla de la responsabilidad que ha de asumir el Ministerio del Interior en cuanto a la dirección, ejecución y planificación de las instalaciones y servicios policiales.
Afortunadamente el Ministerio
del Interior asume y ejerce de forma responsable esas competencias. En el ejercicio de esas competencias se ha llevado a cabo y se está haciendo un gran esfuerzo en inversiones nuevas, nuevas comisarías, nuevos cuarteles de la Guardia Civil y en el
acondicionamiento y mejora de las instalaciones ya existentes; instalaciones que en algunos casos serán claramente mejorables, por utilizar una expresión que pueda ser suave y que fueron planificadas y ejecutadas -esto no es acusar ni ofender-, por
gobiernos anteriores ejerciendo sus competencias con mayor o con menor responsabilidad, utilizando los fondos públicos de seguridad -aquí no sé qué termino utilizaría-, también con mayor o menor acierto, quizás. A veces se dice aquí que nuestra
seguridad pública está en peligro; en ocasiones que había ciertas confusiones entre lo público y lo privado, y ahí sí que se podía hablar de peligro. En estos momentos ese tipo de comentarios se aleja claramente de la realidad.
En todo caso, señor Mayoral, usted aquí ha hablado de información que tiene de encuestas que se vienen realizando a instancias del Ministerio del Interior, pero hay que destacar que la consecución del mayor grado posible de seguridad en las
dependencias policiales es una prioridad del Ministerio del Interior. En este sentido, la división de coordinación económica y técnica está llevando a cabo un estudio de ámbito nacional sobre las condiciones en que se encuentran los calabozos en
las comisarías y sedes de otras unidades dotadas de ellos. Tal y como señalaba el ministro del Interior en su comparecencia, se está haciendo una comprobación adicional extraordinaria, además de las que se hacen periódicamente y de ordinario en
todas las comisarías de España, de las condiciones de seguridad, los materiales con que cuentan y los medios que pudieran faltar, para en su caso tomar las decisiones necesarias que remediaran las deficiencias si es que las hubiere. Igualmente, con
la finalidad de lograr las máximas cotas de seguridad tanto en los medios como en la utilización y funcionamiento de las medidas, por los distintos órganos con competencias en la materia se analiza cualquier anomalía o deficiencia que pueda
detectarse en cualquier lugar con el fin de dar la solución más adecuada. Usted podrá compartir, en este caso con el Grupo Parlamentario Popular, el reconocimiento del gran esfuerzo que se viene desarrollando desde la subdirección general operativa
instando a los responsables de las distintas comisarías a que revisen periódicamente el funcionamiento adecuado de todos los elementos técnicos y de otro tipo que existan en las comisarías, con objeto de que si se detecta en algún caso alguna
anomalía se proceda a su urgente reparación. Es un esfuerzo claro que viene realizando el Gobierno.
En este sentido, el propio señor Mayoral ha reconocido que ahora, además de esas revisiones y estudios que se hacen de forma periódica, se ha hecho un esfuerzo también de carácter extraordinario. Si el señor Mayoral ha reconocido ese
esfuerzo y si la intención de esta proposición no de ley es seguir avanzando en la seguridad, creo que teniendo en cuenta como digo el esfuerzo que se viene realizando, en este trámite debería retirar esa proposición no de ley. De esta forma
podríamos comprobar aquí que verdaderamente hay un espíritu constructivo y que de forma leal y desde el rigor quiere contribuir a que sigamos avanzando en mejorar las cotas de seguridad en nuestro país. En caso contrario asistiremos, como decía, a
un nuevo intento de seguir alargando y prolongando los argumentos, en este caso sobre un hecho verdaderamente dramático del que se ha dado aquí ya sobrada información. Además en el proceso judicial que se instruyó a continuación, una vez que desde
el Ministerio del Interior se trasladaron todas las diligencias y la información realizada, de momento se ha decidido su archivo.
- SOBRE LA COORDINACIÓN DE LOS DIVERSOS SERVICIOS DE EMERGENCIA ENTRE LAS DISTINTAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001811)
El señor PRESIDENTE: Continuamos con el orden del día y pasamos al debate de la proposición no de ley que figura en el punto número 2 del orden del día: Proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la
coordinación de los diversos servicios de emergencia entre las distintas administraciones competentes.
Para la presentación de la misma tiene la palabra el señor Pedret.
El señor PEDRET I GRENZNER: Espero que la naturaleza sea más clemente de lo que es actualmente, para que realmente pueda hacer uso de la palabra que me ha cedido el señor presidente.
El desastre de mi voz actual va a obligarme a ser breve, cosa que seguramente agradecerán, pero lo cierto es que el tema sobre el que me toca hablar en este momento es realmente desastroso. Señorías, nos encontramos en la actualidad a años
vista de la vigencia de la Ley 2/1985, sobre Protección Civil, en una situación de auténtica desprotección de los ciudadanos de este país respecto a las catástrofes que puedan ocurrir y que desgraciadamente de hecho ocurren. Algunas de estas
catástrofes suceden por efectos de la naturaleza, y otras por efectos de la naturaleza combinado con imprevisión, con mala gestión y con falta de reacción por parte de las autoridades públicas obligadas a reaccionar. En estos momentos la situación
de la protección civil es la de prácticamente un simple flatus vocis. Hablamos de protección civil, pero somos incapaces de detectarla en la realidad. Los casos que se han producido en los últimos tiempos, entre ellos muy destacadamente el
desastre provocado del petrolero Prestige, las situaciones en los incendios que se producen cada cierto tiempo en las épocas veraniegas, las inundaciones que se han sufrido en partes de nuestro país en los últimos tiempos, la falta de reacción o
reacciones absolutamente incontroladas frente a amenazas climatológicas nos ponen de manifiesto que el cumplimiento del artículo 103.1 de la Constitución en este aspecto es enormemente lamentable. No existe realmente una coordinación suficiente
entre los distintos elementos que deben proteger a los ciudadanos frente a este tipo de catástrofes que se pueden producir. Lo cierto, señorías, es que nos encontramos en una situación en que la sensación, el sentimiento de desprotección absoluta
de la población responde a una realidad absolutamente incontestable. Ninguno, absolutamente ninguno, de los elementos que componen una protección civil adecuada tiene un desarrollo también adecuado en este momento.
Veamos cuáles son de acuerdo con todos los estudiosos de la materia. En primer lugar, la previsión. En nuestro país en estos momentos no existe ninguna clase de políticas que analicen, localicen y valoren los riesgos de desastres. Sólo a
posteriori se nos han dicho cosas bastante peculiares y pintorescas desmentidas rápidamente por los técnicos respecto, por ejemplo, a las inundaciones de Aragón, inundaciones que además han pretendido en este caso aprovecharse políticamente por el
Gobierno para desgastar a la oposición, que es una actividad bastante habitual en estos últimos tiempos. Pero es que no existen tampoco políticas sobre la prevención. ¿Tenemos que explicar en esta sala que es la prevención? Habrá que explicarlo
porque parece ser que los responsables no lo conocen. Prevención es simplemente adoptar las medidas necesarias para evitar o reducir el riesgo de catástrofes. ¿Se adoptan coordinadamente estas medidas en la actualidad? La respuesta
desgraciadamente es no y no nos gusta. Que no se nos acuse -se nos acusará igual, lo mismo da- de que intentamos simplemente desgastar al Gobierno. Estamos jugando con los bienes públicos, con los bienes privados y lo que es mucho peor con la vida
de los ciudadanos a los que debemos proteger también. Cuando hablamos de seguridad, y ahora por cierto reconoce el Gobierno que existe un problema de seguridad ciudadana y lo negaba cuando nosotros decíamos que existía, estamos hablando también
necesariamente de protección civil y en este ámbito como en muchos otros la desaparición acelerada de lo público, llevada de la mano de este Gobierno tan entusiasta en esta tarea, está produciendo una situación de desprotección de los ciudadanos.
Es cierto que las competencias en protección civil son diversas, complejas, incluso que la mayoría de
competencias de actuación se encuentran en los ámbitos de las administraciones autonómicas, otras en las administraciones locales, pero desde luego y entre otras al Estado le queda la importantísima de la planificación general, y esta
planificación general no existe en estos momentos, al menos en forma adecuada, porque no surte efectos. Me es igual cuántos planes y papeles existan al respecto. Hemos podido ver en la desgraciada realidad de los últimos tiempos que no existe tal
planificación en cuanto a la realidad fáctica. Papeles todos los que ustedes quieran. La planificación exige, señorías, dotarse de herramientas necesarias para organizarse y coordinarse en caso de que se produzca la catástrofe. Es necesario
elaborar planes de emergencia, documentos exhaustivos en los que se recoja la forma de actuación, se fijen criterios y procedimientos, que se cuente con los expertos en cada una de las materias y se informe a la población, que en definitiva se actúe
desde los principios de complementariedad, subsidiariedad y eficacia y desde el prisma de la coordinación. Pareciera que estoy describiendo lo contrario de lo que ha ocurrido en las últimas catástrofes porque existe una falta absoluta de
organización para las grandes catástrofes. No hay un conocimiento, o al menos parece que no lo hubiera por parte de la Administración central de los planes territoriales de las comunidades autónomas, puesto que no los coordina.
No se armonizan los
planes especiales existentes en el territorio nacional ni se tienen establecidos los canales de coordinación administrativa. Las redes de alerta y alarma son utilizadas solamente para el uso de la Administración que las gobierna sin coordinación
entre ellas. En definitiva, señorías, la falta de planificación de la Administración del Estado en materia de protección civil es tal que, como decía desde el principio de la intervención, toda la población está expuesta a consecuencias de grandes
catástrofes que nunca podremos evitar, pero sí podremos intentar domesticar sus efectos y reaccionar rápidamente.
El cuarto elemento necesario para una protección civil adecuada, señorías, es la intervención. Intervención es actuar para proteger, socorrer y actuar rápidamente para proteger los bienes y las personas, sobre todo las personas. No es
posible continuar en una situación en que los servicios de las administraciones públicas civiles o militares, organismos públicos y entidades privadas, asociaciones de voluntarios y en general todos los ciudadanos, no estén coordinados
necesariamente por alguien que lleve, de acuerdo con todos los elementos que deben intervenir en la protección civil, una dirección operativa de las actuaciones. Esto nos lleva a situaciones insostenibles, al retraso en la intervención, a la
intervención descontrolada, a efectos negativos a veces de la generosidad extraordinaria de nuestra población que se ofrece como voluntaria en muchísimas ocasiones y nos encontramos esfuerzos realizados por personas privadas, que no diré que no
estén obligadas porque el artículo 30.4 de la Constitución dice que la ley puede establecer las obligaciones también de los ciudadanos privados en casos de catástrofes de gran importancia, pero que al no ser dirigidos de forma eficaz pueden llegar a
crear situaciones complicadas de logística, de contradicciones, etcétera.
Por fin, señorías, el quinto y último elemento necesario para la protección civil es posterior, es la rehabilitación. Los efectos de las catástrofes no se agotan en el momento que se produce la catástrofe. La desarticulación social,
económica, física del territorio afectado debe ser también trazada de forma coordinada por quien lo debe tratar, es decir por todas las diversas administraciones competentes, pero desde una coordinación y planificación que haga esto eficaz.
No voy a alargarme más, señorías. Estas son razones más que suficientes para sostener la proposición no de ley que sometemos a la Comisión en el día de hoy. Es responsabilidad del conjunto de la Comisión, de todos los señores comisionados
y señoras comisionadas, ofrecer a nuestro país una intención al menos de coordinación de la protección de sus bienes y personas de forma que pueda abrirse la esperanza de que realmente los poderes públicos están dispuestos a proteger a sus
ciudadanos. Por ello solicito el voto favorable a la proposición que he defendido.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Popular. Para la defensa de la misma, tiene el uso de la palabra la señora Torme.
La señora TORME PARDO: Nuevamente en una proposición no de ley sobre la que nosotros podemos compartir el sentido último de la misma y por eso hemos presentado una enmienda de transacción, entendiendo que se mejora técnicamente su
redacción, asistimos a una serie de argumentaciones que tampoco vienen al caso. Se señala que la situación de la protección civil en España es desastrosa. Yo creo que aquí, señorías, tenemos que ser serios; que se puedan perfeccionar algunos
aspectos del sistema de protección civil no significa para nada que la situación sea desastrosa.
Haciendo referencia a estos argumentos no me pueden dejar de venir a la memoria las lamentables afirmaciones de algún cargo electo socialista en las que deseaba que pudiera haber un nuevo Prestige con tal de así conseguir más votos.
(Rumores.-Un señor diputado: Ha dimitido.) Efectivamente dimitió, porque esas lamentables declaraciones no daban lugar a otra opción, pero sí pudimos ver lo que latía en el subconsciente de muchos cargos socialistas, desde luego yo creo que no de
todos, y así lo deseo.
Como les decía, ustedes mejor que nadie saben y deciden cómo hacen esa esencial tarea en democracia que es el ejercicio de la oposición, pero los ciudadanos también saben valorar cuándo se hace una oposición
desde el rigor, cuándo se tiene proyecto, cuándo se ofrecen alternativas, y también saben valorar cuándo se carece de todo ello, y cuando lo único que se tiene es la pancarta o el mensaje del todo está mal, de la alarma generalizada, porque
yo creo que basta con que podamos mirar a nuestro alrededor para ver que ese país, que a veces parece un país imaginario en la descripción que se hace desde el Partido Socialista, donde puede reinar el caos, el desastre, este país en la realidad no
existe, aunque, como digo, algunos pudieran desear que fuera así.
No obstante, a pesar de esas argumentaciones que siguen ese esquema o ese mensaje continuo de utilizar cualquier argumento para desgastar al Gobierno, yo digo que el ejercicio de la oposición es fundamental pero ha de hacerse desde el rigor,
no utilizando de forma demagógica argumentos en los que ni ustedes mismos muchas veces creen.
Centrándonos en lo que es esta proposición no de ley, que como digo podemos compartir esa finalidad última que tiene el Grupo Socialista, he de señalar que desde que entró en vigor la Ley 2/1985, de Protección Civil, las comunidades
autónomas han ido asumiendo sus competencias en materia de protección civil mediante la aprobación y homologación por la Comisión Nacional de Protección Civil de sus correspondientes planes territoriales, así como las de muchos planes especiales
ante el riesgo de incendios forestales, inundaciones, determinado tipo de industrias, transporte de mercancías peligrosas, seísmos, etcétera. En estos momentos sólo faltan por homologar los planes territoriales correspondientes a las comunidades
autónomas de Castilla y León, Castilla-La Mancha y de la ciudad de Ceuta. Estos planes pendientes se encuentran ya en fase de redacción, o la redacción ha sido concluida y en breve van a ser presentados para su homologación ante la Comisión
Nacional de Protección Civil, con lo que está a punto de concluirse la etapa de asunción de competencias en materia de protección civil por parte de las comunidades y ciudades autónomas.
Con ello se puede decir que estará garantizada en todo el territorio nacional la planificación y coordinación entre la Administración general del Estado, todas las comunidades autónomas y las administraciones de titularidad local, al quedar
establecidos en los citados planes los procedimientos de coordinación entre ellas para la atención de emergencias. De igual forma, en aquellos casos que se declare de interés nacional la catástrofe producida, bien por las dimensiones de la misma o
porque afecta a territorios de distintas comunidades autónomas por las circunstancias de que se trate, en este caso es la Administración general del Estado quien dirigirá y coordinará la emergencia con la colaboración de todas las administraciones
afectadas por ella.
Desde 1996 se han homologado ocho planes territoriales de los 16 existentes, y 64 planes especiales de diversos tipos, tanto en el pleno de la comisión nacional como en su comisión permanente. Lógicamente corresponde a la Administración
titular de los diferentes recursos y servicios para la protección civil establecer la normativa relativa a utilización y coordinación de los mismos, y así sucede con los servicios de emergencia en general y los de extinción de incendios y salvamento
en particular, dependientes en algunos casos de comunidades autónomas y en su mayoría de entidades de titularidad local. En los citados planes territoriales se articula la participación de cada una de ellas mediante el establecimiento de centros de
coordinación operativa integrados que permiten la coordinación entre todas las administraciones intervinientes y la transferencia del mando único de una a otra en función de la evolución de la catástrofe, en importancia y alcance territorial.
Hasta el momento la Comisión Nacional de Protección Civil ha estado dedicada fundamentalmente a las siguientes actividades: información previa de toda la normativa básica relativa a protección civil; coordinación y homologación de los
planes de protección civil de la Administración general del Estado y los de las comunidades autónomas, tanto los territoriales a los que he aludido, como los especiales, homologaciones a las que se ha llegado tras el análisis y estudio por los
miembros de esta comisión de los proyectos de plan presentados a trámite.
Por tanto, no podemos estar de acuerdo con algunas argumentaciones que se han vertido aquí por el portavoz socialista y que asimismo se recogen en la propia exposición de
motivos de la proposición no de ley que hoy debatimos, ya que en ella, por ejemplo, se afirma que la Comisión Nacional de Protección Civil no efectúa las funciones de coordinación que tiene atribuidas en virtud de la Ley 2/1985, de Protección Civil.
Sin embargo vemos, y así lo he señalado, que estos planes aprobados por consenso son la prueba de que la coordinación existe y constituyen el instrumento eficaz para que se desarrolle este sistema de protección civil con arreglo a esa coordinación.
Tampoco puede admitirse otra afirmación que se hace sin fundamento alguno en la propia exposición de motivos, en el sentido de que no está funcionando la coordinación en materia de protección civil. Para ello baste recordar, entre otras,
las catástrofes de protección civil que tuvieron lugar durante el período 1996 al 2003: Biescas, en 1996; Alicante, en 1997; Écija, en 1998; Melilla, en 1997; Cataluña, en 2001; Galicia y Castilla y León en abril y septiembre de 2001;
Tenerife, en 1999 y en 2002; Murcia en 1999; Cataluña, Murcia, Andalucía y Baleares en 2002; y recientemente la del Ebro en el año 2003, este año. En todos estos contextos de emergencia en los que han tenido que actuar los servicios de
protección civil, todas las administraciones autonómicas así como las de titularidad local implicadas, junto con la Administración general del Estado, han actuado de forma coordinada, prestando a
la sociedad española un servicio eficaz, acorde con lo que debe exigirse a los poderes públicos. No obstante, para dar un nuevo impulso al funcionamiento de la Comisión Nacional de Protección Civil, el Gobierno ha aprobado recientemente por
Real Decreto 967/2002, del 20 de septiembre, una nueva regulación de la composición y régimen de funcionamiento de la misma, propuesta por el Ministerio del Interior, por medio de su Dirección General de Protección Civil.
En cuanto se refiere al contenido concreto de la proposición no de ley, cabe señalar que tampoco estamos de acuerdo por no ser correcto, ya que la Comisión puede servir como foro de intercambio de puntos de vista y de criterios acerca de la
normalización y homologación de la estructura de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento, pero no puede sustituir en su capacidad normativa a las administraciones de las comunidades autónomas y de los entes locales de las
que estos servicios dependen, y menos aún en lo relativo a la dotación de medios y a los procedimientos de actuación de los mencionados servicios, máxime cuando sólo en el reciente Real Decreto que acabo de mencionar, y por especial intención del
Ministerio del Interior, se ha logrado la entrada en la comisión de un representante de la Administración local designado por la asociación de entidades locales de ámbito estatal con mayor implantación, y ha tenido que hacerse con voz pero sin voto
al no estar contemplada la representación de las entidades locales en la Comisión Nacional por la Ley de Protección Civil. Como es sabido la mayor parte de los servicios de extinción de incendios y salvamento dependen de entidades locales, por lo
que difícilmente puede llevarse a cabo lo propuesto en esta proposición no de ley.
Con fundamento en todo lo anterior hemos presentado una enmienda transaccional, que como decía responde a compartir en parte el sentido del Grupo Socialista a la hora de presentar esta iniciativa, y que consistiría en la siguiente redacción:
El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a concertar con las administraciones de las comunidades autónomas y de los entes locales, a través de la Comisión Nacional de Protección Civil, criterios técnicos comunes relativos a la organización,
formación y equipamiento de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, que puedan servir de pauta para la elaboración de las normativas correspondientes por los órganos en cada caso competente.
Entendemos que el texto de esta enmienda que hemos presentado es técnicamente más adecuado. Como decía, recoge el sentido que late en la iniciativa del Grupo Socialista, y al ser más acorde con la realidad, con el funcionamiento de la
Comisión Nacional de Protección Civil, así como también más respetuoso y más acorde con el sistema de distribución competencial, yo creo que podía ser un texto adecuado en el que nos pusiéramos de acuerdo y votar de forma consensuada esta
iniciativa.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos Parlamentarios que deseen fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Quiero manifestar que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) votará en contra de esta proposición no de ley, tanto si al final se sometiera a votación el texto original presentado por el Grupo
Socialista como si se aceptara la transacción que ofrece el Grupo Popular.
Los motivos por los que mi grupo votará en contra no son derivados de no compartir muchas de las finalidades que el propio señor Pedret, de forma brillante, ha defendido al exponer la proposición no de ley, sino porque nos tememos que el
texto de la misma pudiera dar lugar a fórmulas de armonización, a fórmulas centralizadoras en cuanto a las competencias que ya han asumido las comunidades autónomas y precisamente en este ámbito de la protección civil. Quiero recordar que la Ley
2/1985, de Protección Civil, se inspiró bajo un criterio centralista y tuvo que ser el Tribunal Constitucional, a través de sus sentencias 123/1984 y 133/1990 el que pusiera el necesario equilibrio en la concurrencia de competencias que en materia
de protección existe. Decía ahora la señora Torme que existe una norma básica de protección civil, el Real Decreto 407/1992, que desarrolla la Ley 2/1985, real decreto que establece un cierto equilibrio en el ámbito competencial entre las distintas
administraciones y, basado en esta norma...
Parece, señor presidente, que hoy los móviles se disparan en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: ¿No será el suyo, señor Jané?
El señor JANÉ I GUASCH: Si lo es, lo he parado. (Risas.)
Decía que, sobre la base de esa norma, se definen diversos tipos de planes de emergencia y qué administraciones deben desarrollarlos: planes territoriales, planes especiales. Quiero recordar, simplemente a efectos de que conste en el
'Diario de Sesiones', que el Gobierno de Cataluña, la Generalitat, siguiendo las pautas de esta norma ha ido aprobando, y la Comisión Nacional de Protección Civil ha homologado, distintos planes de protección civil. Por ejemplo, el Procicat, que es
un plan territorial y director de organización de la protección civil en Cataluña; el Infocat, plan de protección civil para emergencias por incendios forestales; el Inuncat, para inundaciones; el Transcat, para accidentes de transporte; el
Sismicat, para riesgos de carácter sísmico; el Neucat, para riesgos derivados de las nevadas. Hay diversos planes, algunos todavía se están elaborando, como el salvamento marítimo. Se ha logrado
un equilibrio competencial y nos tememos que con propuestas como la que ahora se nos somete a votación, con peticiones como esta de que la Comisión Nacional de Protección Civil impulse nuevas fórmulas de coordinación, se puedan vulnerar
competencias de las comunidades autónomas. De ahí nuestro voto negativo.
Además, el texto inicial que se nos presenta hace pivotar este problema de la necesaria coordinación en los servicios de prevención y extinción de incendios básicamente y aquí también podría darse una injerencia en lo que son competencias
municipales, además de entender que los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento no son los únicos actuantes en situaciones de emergencia; aunque sí tienen un relieve especial, no son los únicos actuantes.
Por todo esto, mi grupo, respetando las finalidades iniciales de la proposición no de ley, teme que su aplicación práctica pueda derivar en un conflicto competencial y de ahí que votemos en contra.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jané.
Apelando a la inclemencia de la naturaleza y a la voz, un poco quebrada, tiene la palabra el señor Pedret, exclusivamente a los efectos de decir si acepta o no la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor PEDRET GRENZNER: Exclusivamente a esos efectos. Sí admitimos la enmienda -no transaccional puesto que no es entre dos enmiendas- presentada a nuestra proposición no de ley por entender que la justificación escueta que consta de
mejora técnica es adecuada a la realidad. La redacción es mejor y, dando muestra de rigor en el ejercicio de la oposición, que próximamente también podrá ejercer el Grupo Popular, aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Será sometida a votación la enmienda aceptada por el grupo que ha presentado la proposición no de ley.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE AMPLÍE LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE MODO QUE SE PUEDAN REALIZAR LAS TAREAS QUE TIENE ASIGNADAS LA INSTITUCIÓN PENITENCIARIA DE CUSTODIA, REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001806.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente, que es el que figura con el número 3 del orden del día, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que amplíe la plantilla de funcionarios
de modo que puedan realizar las tareas que tiene asignadas la institución penitenciaria de custodia, reeducación y reinserción.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora SERNA MASIÁ: Antes de iniciar la defensa de la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista presenta, quería decir que hay un error, seguramente derivado de una mala transcripción. En la última línea, donde dice
vigilancia presupuestaria, tendría que decir vigilancia penitenciaria. Dicho esto, inicio la defensa de esta proposición no de ley.
A lo largo del año 2002 diversos informes sobre las cárceles españolas han ido concluyendo que la cárcel alicantina de Foncalent es una de las que tiene mayores problemas en este momento, siendo el fundamental el del hacinamiento. Como no
me gustaría lanzar simplemente un rosario de opiniones, sino que creo que esta proposición no de ley, que me parece muy importante, debe estar avalada por datos objetivos, quería señalar los siguientes. En mayo de 2002, esta diputada, acompañada de
la diputada señora Gallizo, hicimos una visita a la cárcel de Foncalent y en aquellos momentos había 1.001 reclusos. Teniendo en cuenta que la capacidad de la cárcel es de 450 o aceptando que su capacidad operativa, tal y como me ha señalado el
Gobierno, es de 500, había un cien por cien más de reclusos de lo que la legalidad establece y la política penitenciaria aconseja como prudente. Como ejemplo de lo que nos encontramos ese día, diré que en el módulo 1, de internos primarios, había
300 reclusos y tan sólo tres funcionarios de vigilancia interior; un solo funcionario tenía que vigilar a 100 reclusos. Naturalmente, de esta visita derivó una pregunta al Gobierno y este señaló que aceptaba que el número de reclusos era
totalmente inadecuado, pero que, en breve plazo, la inauguración de la cárcel de Villena, denominada Alicante 2, resolvería el problema. Hoy, 12 de marzo, todo sigue exactamente igual porque, aunque es cierto que de la cárcel de Foncalent se
trasladaron 300 reclusos a la cárcel de Villena, el incremento de la delincuencia ha dado lugar a que, a día de hoy, nos encontremos como estábamos y tengamos cerca de 900 reclusos en la cárcel alicantina de Foncalent, lo que técnicamente se
denomina hacinamiento. Y lo que es más grave, la cárcel de Villena, la denominada Alicante 2, que está recién inaugurada, también tiene un alto grado de hacinamiento porque a día de hoy hay 1.065 reclusos, siendo su capacidad operativa de 335
plazas.
Estos son los datos objetivos. ¿Qué se deriva de esto? ¿Qué problemas hay? ¿Qué ocurre? Que tales problemas de hacinamiento, si no se toman medidas por parte del Ministerio del Interior, generan otros, de los que querríamos destacar dos.
Uno, el problema de los recursos materiales, absolutamente insuficientes. A día de hoy, en celdas de ocho metros cuadrados, donde ya hay dos presos, hay colchones en los suelos y esos ocho metros cuadrados tienen que repartirse entre tres reclusos,
con lo cual se están generando problemas de
salud, de higiene, de convivencia entre ellos, etcétera. Según me señalaba el director de la cárcel, faltan mantas e incluso -un problema que puede parecer pequeño- bandejas a la hora de la comida, con lo cual se generan problemas de
organización interna.
El meollo de la proposición no de ley que presentamos no es tanto el recurso de los problemas materiales como el problema de los recursos humanos, y es que hay una total insuficiencia de plantillas. ¿Qué ocurre con esto? En la cárcel de
Fontcalent, según señala el Gobierno, la RPT es de 136 funcionarios para vigilancia interior y en este momento nos encontramos con 112. En el ámbito de la Guardia Civil tendría que haber 50 miembros de vigilancia exterior y solamente hay 24. Si
nos vamos a la otra cárcel alicantina, a la cárcel de Villena, la RPT, a pesar de que ya está inaugurada hace varios meses, sigue sin definirse todavía, por tanto, no hay datos, pero la realidad es que hay 1.065 reclusos, 120 funcionarios para la
vigilancia interior y 30 para la vigilancia exterior, con lo cual las plantillas que en este momento tienen las dos cárceles alicantinas son claramente insuficientes, tal y como aceptó en su día el Gobierno, pensando eso sí que la cárcel de Villena
lo resolvería y no lo ha resuelto en absoluto.
El problema es que, si se incrementan los reclusos, debería haber a su vez un incremento de plantillas y esto no está sucediendo, con lo cual nos encontramos con que se han derivado tres problemas muy graves de este núcleo central. El
primer problema es que está habiendo fugas y evasiones. Noticia aparecida en el periódico El Mundo el jueves 2 de enero: La falta de guardias civiles convierte a una cárcel alicantina en la prisión española que acumula más evasiones. La prisión
registra una media de al menos ocho evasiones anuales, si bien la mayoría es por quebrantamiento de condena. La fuga más rocambolesca -sigue diciendo otro diario de las mismas fechas- la protagoniza el recluso Pedro Ruiz, que aprovechó el horario
de visitas para introducirse en un contenedor de basuras y huir camuflado en el interior del camión de recogida de residuos. Día 30 de enero de 2003, en este caso El País: Se descubre un butrón cuando un funcionario encuentra en el patio del
módulo de aislamiento de la cárcel una bolsa de basura llena de escombros. Tras la inspección se comprobó que uno de los presos de primer grado estaba haciendo un agujero y, lo más importante, este interno considerado muy peligroso se encuentra en
régimen de aislamiento tras haber apuñalado a otro recluso el pasado mes de diciembre. No deja de ser sorprendente que un señor que esté en aislamiento pueda dejar en el patio nada menos que una bolsa llena de escombros. No solamente es que
parezca que la cárcel alicantina es una de las que tiene el mayor número de evasiones de todas las cárceles españolas, a una media de ocho reclusos anuales, sino que además nos encontramos con problemas de agresiones, que se derivan precisamente de
la falta de personal. Noviembre de 2002: Un funcionario de la cárcel de Villena ha sufrido una brutal agresión por parte de un interno de segundo grado que cumple condena por el asesinato de dos personas. En el momento de la agresión había 81
internos en la sala de estar y un solo funcionario. Los sindicatos de la prisión condenan de forma unánime este nuevo episodio -subrayo nuevo- violento, el segundo, en el que un funcionario resulta herido desde que Alicante II, esa nueva cárcel que
iba a resolver los problemas, inició su actividad en julio del año pasado.
Estos problemas de agresiones y de evasiones, esta falta de seguridad en las cárceles, esta carencia de plantillas para resolver este incremento de reclusos, ¿a qué está dando lugar? Un nuevo titular importante de hace unos días: UGT dice
que el 90 por ciento de la plantilla de las cárceles alicantinas pide el traslado, la dirección lo reduce al 50 por ciento.
Señorías, me voy a basar no en lo que dice UGT, sino en lo que dice la dirección de la cárcel: nada menos que el 50 por
ciento de la plantilla pide el traslado. Dice el director de la cárcel: Esta decisión de forma tan mayoritaria, hay que reconocer -y leo textualmente- que se debe a las sobrecargas de trabajo por la falta de personal suficiente. Es decir, hay un
problema muy grave por escasez de personal para llevar a cabo lo que la Ley general penitenciaria y el reglamento penitenciario establecen, y nos encontramos con que las dos cárceles alicantinas tienen problemas de hacinamiento, tienen problemas de
falta de personal. Por ello, como están señalando ahora y esto hace unos días que aparece, estas dos cárceles estén a punto de ser un polvorín. Por último, les leo y con ello acabo, se dice: La prisión se puede convertir en un polvorín como
Interior no contrate a más funcionarios. En los últimos diez años la plantilla no ha crecido, pese a que la prisión está saturada. Estamos peor en Fontcalent que cuando se abrió la cárcel de Villena y el estado de la nueva prisión de Villena no es
mucho mejor.
En definitiva, estos son datos objetivos y, por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una proposición no de ley donde se insta al Gobierno a que amplíe la plantilla de funcionarios de modo que se puedan realizar las tareas
que tiene asignadas por ley la institución penitenciaria de custodia, reeducación y reinserción.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean hacer uso de la palabra?
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Pérez.
El señor GONZÁLEZ PÉREZ: En primer lugar, he de decir que la señora Serna en estos tiempos actúa con normalidad y puede visitar centros penitenciarios. Yo no tuve tanta suerte en otras épocas cuando se me impedía entrar a visitar las
cárceles y a enterarme de la situación de aquel entonces. Estoy hablando, obviamente,
del pasado de aquellos que gobernaron en su día, y al que parece se quiere renunciar permanentemente, del tiempo del Partido Socialista en el Gobierno, de aquellos tiempos en los que la señora Serna me imagino que sería entonces miembro del
Partido Socialista. Yo no tuve la suerte de poder visitar esos centros penitenciarios, porque se me negaba sistemáticamente no solamente ya por Instituciones Penitenciarias a nivel nacional cuando parecía que instruían a sus directores en aquel
entonces para que se impidiera la entrada de parlamentarios a esas cárceles, sino que había una sistemática ocultación de datos que hoy, por todos los que ha relatado la señora Serna, no es así, porque hay absoluta claridad cuando se cuentan las
cosas, incluso los directores pueden hablar con parlamentarios, pueden expresar su opinión sin que esto conlleve un cese fulminante, como sucedía en aquel entonces. Por tanto, hay una diferencia básica entre lo que pasaba antes y lo que pasa ahora.
Entrando en el meollo de la cuestión, como decía la señora Serna, he de decir que los datos que da no deben ser los que se suministran desde el Gobierno, porque, cuando me encargaron la defensa en nombre del Grupo Popular de nuestra
posición, hice unas llamadas y me enteré de algunos datos que no coinciden en absoluto con los que ha manifestado aquí.
Hablaba la señora Serna de que a día de hoy la prisión tiene más de mil reclusos y, aunque sobrepasa el número para el que fue
construida, no tiene 1.001 reclusos; a día 7 de este mes tiene 829 reclusos. Además, es una contradicción con lo que el Grupo Socialista viene manifestando sistemáticamente. Al parecer la eficacia policial es manifiesta, porque, si se llenan los
centros penitenciarios porque crece la delincuencia, es que, afortunadamente, esto funciona. (Rumores.) De todas formas, utilizar argumentos contradictorios es habitual en el Grupo Socialista, lo que digo hoy lo contradice un compañero mañana,
aunque sea sobre temas distintos, pero eso de alguna manera lleva a lo que vienen manteniendo sistemáticamente, que es la denuncia a veces de situaciones que no son reales o que no se ajustan a la realidad.
Señora Serna, el centro penitenciario de Alicante tiene una relación de puestos de trabajo de 292 efectivos, están en estos momentos cubiertos 291, es decir, está el cien por cien de la plantilla cubierta. Son datos objetivos del Gobierno
aunque, como he manifestado anteriormente, haya que preocuparse. Una cosa es que la proposición no de ley sea presentada en el mes de noviembre, la estemos debatiendo en el mes de marzo y en este intervalo de tiempo, sabiendo las circunstancias que
rodeaban a las prisiones de la provincia de Alicante, se haya intentado mejorar la situación sobre la que usted en aquel entonces, gracias a que se le permitió entrar en la prisión, pudo hacer la denuncia o manifestar cómo se encontraba.
Cada departamento de internos tiene tres funcionarios de interior asignados a excepción del departamento especial que tiene asignados siete funcionarios. Dicha asignación se considera suficiente por parte no solamente de Instituciones
Penitenciarias en el ámbito central, sino de aquellos que tienen la responsabilidad por parte de la propia prisión que comunican cuáles son las necesidades. Eso al parecer es así. Asimismo, también podemos decir que en el próximo concurso de
traslado se ofertará una plaza de jefe de área mixta y una de educador más de las que ya se tienen establecidas.
También voy a decir algo que creo que es importante que se sepa aquí. Hay que señalar, como muestra evidente del esfuerzo que este Gobierno ha llevado a cabo, en cuanto a la dotación de funcionarios y personal laboral de Instituciones
Penitenciarias, que mientras en el periodo 1992-1996 -ya hablaba la señora Serna de la falta de incremento de personal en los 10 años anteriores-, últimos cinco años en que se elaboró la oferta de empleo del anterior Gobierno socialista, el total de
efectivos se incrementó en un 5,7 por ciento, pasando de 15.874 en 1992 a 16.779 en 1996. Señora Serna, en el periodo 1996-2000 se ha incrementado en un 18,90 por ciento la plantilla de Instituciones Penitenciarias, se ha triplicado la oferta
pública de empleo con relación a lo que su Gobierno, el Gobierno del Partido Socialista en aquel entonces, realizaba, pasando de 16.779 del año 1996 a 19.947 del año 2002. Además, para su conocimiento, para conocimiento de todo el Grupo Socialista,
la nueva oferta pública de empleo de Instituciones Penitenciarias se concreta en 698 plazas para este año. Queda suficientemente clara cuál es la voluntad de un Gobierno que se preocupa obviamente de cuáles son las problemáticas, que a veces se
generan en el periodo de gobierno actual, porque la sociedad va evolucionando y a veces son lastres de lo que viene de lo anterior, que intentamos solucionar. Lo que se pide es colaboración.
De todas formas, en esta última etapa hemos de decir que los diputados en general del Grupo Socialista parece que están recibiendo clases -será seguramente por su nueva adscripción a la compañía de actores en este país- del Actor Estudio de
Nueva York, porque realmente hacen un papel magnífico.
El señor PRESIDENTE: Señora Serna.
La señora SERNA MASIÁ: Señor presidente, no quiero contestar a los argumentos expuestos. Simplemente esta diputada quiere aportar a la Mesa los datos rigurosos -y yo acepto como tales- que a mí me da el Gobierno en cuanto a las cifras que
he planteado. Por lo tanto, quiero que consten y que queden en la Mesa. La fecha es del 14 de febrero, del Ministerio del Interior, Dirección General de Instituciones Penitenciarias. El otro documento que presento es la respuesta que me da el
propio Gobierno con fecha 20 de febrero. Quiero que me sean devueltos porque son los documentos que
manejo, dado que vienen del Gobierno y para mí tienen total credibilidad.
El señor PRESIDENTE: De todos modos, señora Serna, se da traslado también al otro grupo interviniente.
- RELATIVA A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INSERCIÓN SOCIAL (CIS) EN EL NUEVO CENTRO PENITENCIARIO DE PALMA DE MALLORCA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001780.)
El señor PRESIDENTE: Continuamos y concluimos con el último punto que figura en el orden del día, que es el número 4, la proposición no de ley relativa a la construcción de un centro de inserción social en el nuevo centro penitenciario de
Palma de Mallorca.
Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Señorías, en la proposición no de ley que hoy traemos a esta Comisión nuestro grupo quiere poner de relieve la urgente necesidad que tiene la isla de Mallorca de dotar a su nuevo centro penitenciario, centro
penitenciario de Palma de Mallorca, de un centro de inserción social, de un CIS, que dé respuesta a las necesidades de la población penitenciaria en lo que se refiere a poder llevar a buen término, y de manera satisfactoria, la labor de reinserción
que como todas y todos conocemos muy bien, es la finalidad primordial de todo centro penitenciario.
Señorías, es conocido que de acuerdo con el artículo 163 del reglamento penitenciario vigente, aprobado por el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, los centros de inserción social, los CIS, son establecimientos penitenciarios destinados
básicamente al cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, es decir, dedicados a internos clasificados en el tercer grado de tratamiento. También están destinados al cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana y al
seguimiento de los liberados condicionados que tengan adscritos. A día de hoy, la población penitenciaria total del centro de Palma de Mallorca oscila entre los 1.130 y los 1.150 internos, de los cuales unos pocos más de 100 están clasificados en
tercer grado de tratamiento. En la actualidad, el número de arrestos de fin de semana es de aproximadamente de cinco a siete semanales y el número de liberados condicionados a los que debe hacerse el correspondiente seguimiento es de unos 200.
Todo ello, señorías, según datos de este último año. Estamos, por tanto, ante un número de potenciales usuarios de un centro de estas características en la isla de Mallorca claramente relevante, lo que sin ninguna duda justifica todavía más la
creación de un CIS con una capacidad de acuerdo con las necesidades que les acabo de mencionar.
Pues bien, a pesar de todas estas evidencias, el Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998 acordó incluir en el Plan de amortización y creación de centros penitenciarios la construcción y equipamiento de un único centro de inserción social
en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con sólo 25 plazas y, por si fuera poco, ubicado en la isla de Menorca.
Esta decisión, de no corregirse, señorías, supondría ante todo ignorar las necesidades reales de la actual población
penitenciaria de las islas.
Es evidente que con las cifras que les acabo de dar la construcción de un CIS para toda la comunidad autónoma dotado únicamente de 25 plazas es a todas luces claramente insuficiente, pero, además, y sobre todo, supondría
también un claro desconocimiento de la realidad insular de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares.
Señorías, si como está en este momento previsto el CIS de Menorca fuera el único CIS de las Islas Baleares, en cuanto estuviera construido nos encontraríamos ante la situación insólita de que quienes siendo de Mallorca o Ibiza tuvieran que
cumplir penas en régimen abierto o arrestos de fin de semana, para hacerlo tendrían que cambiar de isla, con los consiguientes problemas de desplazamiento y financiación, lo cual no tiene ningún sentido. Este problema sería especialmente importante
en la isla de Mallorca, ya que el número de potenciales usuarios del CIS en Mallorca es muy superior al de las otras islas. Han podido observar que en toda mi intervención, cuando me refiero al CIS de Menorca estoy hablando en un futuro
condicional, porque en realidad la construcción del CIS de Menorca no se ha iniciado todavía, a pesar de haber transcurrido casi cinco años desde que el Consejo de Ministros decidiera su construcción y equipamiento, junto con 24 centros más en toda
España, de los que, por cierto, ninguno de ellos está todavía en funcionamiento.
Tengo que decir que actualmente en la isla de Mallorca tanto el cumplimiento de penas privativas de libertad en régimen abierto, es decir, en tercer grado de tratamiento, como el cumplimiento de las penas de arresto de fin de semana y
también el seguimiento de los liberados condicionados, se realiza en las dependencias de lo que era el antiguo centro penitenciario de Palma, que, como es lógico, no reúne para nada las condiciones de lo que debería ser un CIS, ya que no se ha hecho
ninguna reforma para adaptar lo que era un antiguo centro penitenciario en toda regla a las necesidades de un centro de inserción social cuyo funcionamiento, tal como dice el artículo 164 del reglamento, está basado en el principio de confianza en
el interno y en la aceptación voluntaria por el mismo de los programas de tratamiento.
En este sentido, quiero recordarles, señorías, que el Consejo de Ministros de 30 de abril de 1998 autorizó también la adecuación para el CIS de los antiguos establecimientos penitenciarios en los casos en que -y leo textualmente- sumando el
valor de enajenación del
inmueble y su coste de adaptación el resultado fuera inferior al coste de construcción de un edificio de nueva planta. Este sería claramente, señorías, el caso de Palma. La suma del valor de enajenación del antiguo centro penitenciario,
más su coste de adaptación, sería sin lugar a dudas inferior al coste de construcción de un nuevo edificio. Además, el centro penitenciario nuevo y el antiguo están muy próximos geográficamente, por lo que una solución rápida y de menor coste
podría ser la de efectuar las obras necesarias en el antiguo centro penitenciario de Palma y posteriormente dotarlo de personal suficiente para convertirlo en un verdadero, en un auténtico centro de inserción social.
Señorías, las posibilidades son muchas si realmente hay voluntad política para llevarlas a cabo. Por todo lo que les acabo de exponer, la necesidad de un CIS en la isla de Mallorca, con suficiente capacidad, es clara si realmente queremos
cumplir con los objetivos dispuestos en la ley. Las cifras lo avalan. Además, en el caso de construirse un CIS en la isla de Menorca, el hecho insular obliga a disponer también de un centro de inserción social en la isla de Mallorca. Esto es,
señorías, lo que proponemos en nuestra proposición no de ley.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley y con su portavoz hemos llegado al acuerdo de un texto transaccional, que diría lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que en la
futura modificación del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios se contemple el dotar al nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca de un centro de inserción social (CIS), con una capacidad de acuerdo con las necesidades de la
población penitenciaria. El texto nos satisface suficientemente y lo vamos a votar de forma favorable. Lo único que cabe esperar es que la futura modificación del Plan de amortización y creación de centros penitenciarios se haga en un futuro no
muy lejano.
El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pol.
La señora POL CABRER: Brevemente porque, como ha dicho la señora Riera, se ha presentado esta enmienda transaccional que ha sido aceptada. Quiero hacer hincapié en que en la exposición de motivos la señora Riera ha dicho que era de urgente
necesidad. Esta diputada considera que sí es necesario que se construya el centro CIS, pero no que sea de urgente necesidad, porque también ha reconocido la señora Riera que en la antigua prisión de Palma de Mallorca actualmente hay un centro que
reúne estas características de los internos de tercer grado y los que están en situación de fines de semana.
Quisiera hacer hincapié en que el Consejo de Ministros de 24 de enero tuvo muy en cuenta todas las necesidades de los centros penitenciarios.
Concretamente el Gobierno incrementó en 130,8 millones de euros el presupuesto para nuevas
cárceles, lo que significa que en su mente están todas las necesidades que hay hoy en día en España para las rehabilitaciones de los presos. El montante total de estas modificaciones asciende a 320 millones de euros, ya que hay que incluir los
189,4 millones que ya estaban presupuestados. Se van a construir cuatro nuevos centros penitenciarios, y en todos ellos se van a incluir las novedades que exige la nueva legislación. No olvidemos que el Gobierno del Partido Popular actualmente
está promulgando muchas leyes nuevas y muchas modificaciones como la del Código Penal, la de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la de la Ley de Extranjería, lo que va a implicar, a su vez, la modificación del Plan de amortización y creación de centros
penitenciarios.
En la actualidad, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Justicia están estudiando las consecuencias que para el sistema penitenciario tendrán las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno dentro del Plan de lucha contra la delincuencia
y contra la violencia doméstica. Por ello, se debe elaborar un plan de infraestructuras penitenciarias que acoja todas las reformas legales. No podemos ir a lo loco y, sin presupuesto, decir sí a todas las propuestas que nos hagan. Lo que tenemos
que hacer es aceptar el Plan de amortización y creación de los centros penitenciarios donde se contemple la creación del centro de inserción social de la prisión de Palma de Mallorca. Quiero insistir en que en la actualidad las necesidades de
plazas para internos en tercer grado están cubiertas en Palma de Mallorca y que con la sección abierta ubicada en el antiguo centro penitenciario, al día de hoy hay 108 internos clasificados en tercer grado. Por ello, señorías, lo que es un centro
de inserción social, que es donde se acogen las penas privativas de libertad de tercer grado y los arrestos de fines de semana, con la propuesta que ha hecho el Partido Popular no habrá inconveniente alguno para que en la nueva modificación del plan
se pueda aceptar esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que la enmienda transaccional ha sido distribuida.
Como se había anunciado que la votación sería a las doce, aunque la precisión no es completa, por respeto vamos a esperar los tres minutos que restan para comenzar la votación. (Pausa.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a las votaciones de las proposiciones no de ley. Por favor, señorías, ocupen sus asientos.
Señorías, instaurado el otro día y dado que la referencia del señor Pedret podría ser certus quam pero incertus quando, en cambio sí que tenemos conocimiento
y certeza, en esa sección de avisos, de las previsiones. Por tanto, se procede a comunicar a SS.SS. las siguientes sesiones de esta Comisión para conocimiento y agenda, para que tengan información. Así se acordó en Mesa y Junta de
Portavoces: el día 24 se procederá al dictamen del proyecto de ley concursal y el día 26 se celebrará igualmente sesión de la Comisión con la presencia del secretario de Estado de Seguridad. El segundo anuncio es confirmar lo que también se
advirtió el otro día, que es la cena de encuentro, por llamarla así, a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista (así se manifestó por el señor Gil Lázaro, y yo lo reitero, como no podía ser de otra forma), con el anterior querido presidente de
esta Comisión, el señor don José Manuel Romay Beccaria, que será el día 26. Recibirá una nota por escrito de este presidente y les ruego que lo tengan entre sus previsiones.
Comenzamos las votaciones. (El señor Gil Lázaro pide la palabra.)
Señor Gil Lázaro.
El señor GIL LÁZARO: Simplemente por completar los avisos: el día 31 hay prevista sesión de la Comisión con la comparecencia del director general de la Guardia Civil y el día 2 también con la comparecencia del secretario de Estado para
Extranjería e Inmigración.
El señor PRESIDENTE: Señor Gil Lázaro, no era mi intención abrumar a SS.
SS. con tantas fechas, simplemente quería adelantarles las de la primera semana. De todas maneras me parece bien y se recoge la aportación que hace el señor Gil
Lázaro, pero a eso ya llegaremos, antes quedan los días 24 y 26 y luego iremos también a otras previsiones.
Comenzamos ya la votación de las proposiciones no por el orden en que se han debatido, sino por el orden que figuran en lo remitido en el texto que ustedes conocen.
En primer lugar, proposición no de ley relativa a la creación de una comisión de encuesta para evaluar la seguridad en el interior de las comisarías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En segundo lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la coordinación de los diversos servicios de emergencia entre las distintas administraciones competentes. Se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario
Popular que ha sido aceptada por el grupo autor de la iniciativa parlamentaria. Por tanto, será sometida en los términos señalados.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; en contra, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
En tercer lugar, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que amplíe la plantilla de funcionarios de modo que se puedan realizar las tareas que tiene asignada la institución penitenciaria de custodia, reeducación y
reinserción.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En cuarto lugar, proposición no de ley, también del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la construcción de un centro de inserción social en el nuevo centro penitenciario de Palma de Mallorca, siendo sometida a votación de acuerdo con
el texto leído por la señora Riera y la transaccional acordada por el grupo autor de esta iniciativa, el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En quinto lugar, proposición no de ley sobre la realización de un concurso de resulta para cubrir las vacantes de personal en la comisaría del Puerto de Santa María, de Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
En último lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación de una unidad contra la delincuencia y el crimen organizado en la comisaría de Jerez en Cádiz.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; en contra, 21; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Nada más, señorías. Muchas gracias.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y diez minutos del mediodía.