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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 715, de 11/03/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 715
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 49
celebrada el martes, 11 de marzo de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley: - Relativa a la colaboración económica que el Estado va a prestar a la Xunta y al Ayuntamiento de Camariñas para la conservación y difusión del legado escultórico de Man, el alemán de Camelle. Presentada por el
Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001872.) ... (Página 22946)
- Por la que se insta al Gobierno a que incluya al Museo de Cádiz en el Plan integral de museos estatales. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001919.) ... (Página
22951)
- Relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Económica Fiscal y Financiera en relación a la ley de calidad de la educación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
161/001877.) ... (Página 22954)
- Sobre actuaciones para que la Torre de Hércules y su entorno sean declaradas por la UNESCO como patrimonio de la Humanidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001432.) ...
- Relativa a la declaración de la Torre de Hércules, de A Coruña, y de su entorno como patrimonio de la Humanidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto (BNG). (Número de expediente 161/001342.) ...
(Página
22958)
- Relativa a la cooperación para la transmisión y salvaguarda de la memoria de la comunidad sefardí. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001883.) ... (Página
22962)
- Sobre participación de las compañías y las unidades de producción del Instituto de Artes Escénicas y de la Música (INAEM) en las programaciones de los distintos teatros del territorio nacional y, en particular, en la programación del
festival de teatro de El Ejido. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001964.) ... (Página 22964)
- Sobre consolidación de desarrollo de la arqueología preventiva, que permita mecanismos de evaluación y corrección de la incidencia de las obras de ámbito rural o urbano sobre el patrimonio arqueológico.
Presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001985.) ... (Página 22967)
Se inicia la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA COLABORACIÓN ECONÓMICA QUE EL ESTADO VA A PRESTAR A LA XUNTA Y AL AYUNTAMIENTO DE CAMARIÑAS PARA LA CONSERVACIÓN Y DIFUSIÓN DEL LEGADO ESCULTÓRICO DE MAN, EL ALEMÁN DE CAMELLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/001872.)
El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señoras y señores diputados. Antes de comenzar el debate de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día, quiero anunciarles en primer lugar que el Grupo Parlamentario
Mixto tenía presentada una proposición no de ley en relación con la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, que quedará acumulada a la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que por lo tanto se debatirá en el
punto 3 del orden del día.
En segundo lugar, a petición del Grupo Parlamentario Popular, y de acuerdo con el representante del Grupo Parlamentario Socialista, el punto 4 del orden del día pasará al punto número 2, produciéndose esta modificación en
el orden de debate de las proposiciones no de ley. En tercer lugar, de acuerdo con lo que es habitual en estas sesiones de la Comisión, procederemos a la votación de las proposiciones tras su debate y no antes de las doce y media de la mañana de
hoy. Finalmente, he de anunciar a los portavoces y a los miembros de la Mesa que a la una de la tarde de hoy celebraremos la sesión de Mesa y portavoces para preparar el orden del día de la siguiente Comisión.
Sin más preámbulos comenzamos con el debate del primer punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a la colaboración económica que el Estado va a prestar a la Junta y al Ayuntamiento de Camariñas para la conservación y
difusión del legado escultórico de Man, el alemán de Camelle, que ha presentado el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra su portavoz.
El señor AYMERICH CANO: Quizás los demás miembros de la Comisión conozcan la figura de Man, de Manfred, el denominado alemán de Camelle, una persona que llegó a Camelle, en plena Costa da Morte gallega en el año 1961 y que desde entonces se
quedó allí, quizás prendado por la belleza, profanada en este momento, de esta zona, quizás preso de la fuerza telúrica de unos paisajes que ya lo retuvieron para siempre.
De alguna manera, Man, a pesar de su carácter difícil y de las no siempre fáciles relaciones con los marineros y con los habitantes de Camelle y de la Costa da Morte fue un avanzado, un avanzado no sólo por su arte, no sólo por sus
pensamientos (recogidos en este momento en una serie de libretas, en una serie de cuadernos) o por su obra escultórica, sino también un avanzado de la conciencia ecológica. Quizás actuaciones y actitudes que Man mostró oponiéndose a la
ampliación del puerto de Camelle u oponiéndose a otro tipo de actuaciones que él pensaba que no respetaban el lugar, que amenazaban la integridad de un entorno, de un ecosistema que él desde luego pretendía proteger, quizás en aquel momento,
decía, no fuesen entendidas y le valiesen la enemistad de algunas personas. Viéndolas hoy con perspectiva nos ponen en la pista de un avanzado, de una persona que quizás no oponiéndose al progreso, no oponiéndose a la mejora en las condiciones de
vida de una comarca que sigue aún hoy reclamando y rebelándose contra el olvido y contra la marginación a la que el Gobierno español y la Xunta de Galicia parecen haberla condenado, reclamaba que este avance, que este progreso se hiciese de una
forma respetuosa con el medio ambiente, es decir, lo que hoy denominaríamos desarrollo sostenible.
El legado escultórico (por error en el texto de la proposición no de ley se habla de legado arquitectónico, desde luego es un error), pero no sólo escultórico, sino también, como decía, el legado literario de Man, recogido en innumerables
aforismos escritos en varios cuadernos (en este momento están siendo estudiados en la universidad madrileña) es necesario que sea protegido. Es necesario que sea protegido, pero en primer lugar que sea reparado, que sea limpiado de los destrozos y
de los efectos que sobre el museo de Man tuvo la marea negra provocada por el Prestige. En segundo lugar es necesario que sea protegido frente al vandalismo. En los últimos meses, desde la muerte de Man, ya se han registrado algunos saqueos y
algunos pequeños destrozos dentro del museo. Es necesario también que esta protección se realice no sólo por parte de la Xunta de Galicia o no sólo por parte del Ayuntamiento de Camariñas, desde luego son las instancias, las entidades competentes,
sino que en esta protección y en esta difusión del legado artístico de Man colabore también el Ministerio de Educación y Cultura, es decir, colabore también la Administración del Estado. ¿Por qué? A nosotros nos parece de justicia, y no sólo
porque después se verá que esto no es forzar en absoluto el sistema competencial o lo que son las actuaciones del Ministerio de Educación y Cultura. Hay una proposición no de ley que se debatirá después en esta Comisión, una proposición no de ley
del Grupo Socialista, que reclama que el Museo de Cádiz se integre en el Plan Integral de Museos, y el Grupo Popular, el grupo que apoya al Gobierno propone a través de una enmienda precisamente esta inclusión del Museo de Cádiz en el Plan Integral
de Museos Estatales. Se trataría de hacer algo similar, es decir, que el Gobierno se implique financieramente, se implique económicamente en la protección de este legado; además en el caso que nos ocupa nos parece algo obligado. Este domingo
habrá una manifestación en Cee precisamente protestando contra esta marginación a que el Gobierno ha condenado a la Costa da Morte, porque en el denominado Plan Galicia, si es que se puede llamar plan a un documento que carece de plazos y de
compromisos presupuestarios concretos, únicamente se contemple para la Costa da Morte un parador de turismo, y sin ni siquiera determinar en qué lugar, en qué municipio concreto se va a ubicar. Además todo lo que se hizo para reparar las
consecuencias de la marea negra en la Costa da Morte hasta ahora todo ha salido de los presupuestos municipales y de los presupuestos autonómicos, bien forzando en el caso de los ayuntamientos lo que son sus competencias y sus medios, bien en el
caso de la Xunta de Galicia reasignando fondos tanto propios como comunitarios.
Man, el alemán de Camelle, murió el día antes de la gran manifestación del 1 de diciembre en Santiago, y murió de pena, no pudo soportar la profanación de su santuario laico, no pudo ver su mundo, el que fue su mundo durante cuarenta años,
anegado de fuel. Por tanto, esta proposición no de ley trata simplemente de que los responsables de la catástrofe del Prestige, es decir, aquella Administración que con su incompetencia y con su falta de previsión provocó que un accidente marítimo
se convirtiese en una tragedia económica, en una tragedia ambiental, en una tragedia social y también en una tragedia humana (Man es la primera víctima de esta catástrofe), contribuyan, aunque sea mínimamente, a reparar el daño provocado por su
incompetencia. Se trata también de que más allá de anuncios propagandísticos o de anuncios demagógicos de la Xunta de Galicia de retirar el dinero que estaba asignado para la gala de los premios Max y dedicar (ahora se dice) esos 50 millones de
pesetas, esos 300.000 euros, al museo de Man, esos 300.000 euros se vean desde luego complementados con una aportación financiera mucho más sustanciosa por parte del Estado; en este caso, no para acallar la voz del arte, no para acallar la voz de
los artistas, sino precisamente para todo lo contrario, para que la voz y el legado de Man se mantenga y pueda ser también disfrutado por las generaciones venideras. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Ha presentado enmiendas a esta proposición no de ley el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Estamos aquí ante una proposición no de ley (que contiene algún error que ha corregido sobre la marcha el proponente, es un error de transcripción seguramente) a la que presentamos una enmienda de adición que
trata de suplir quizá una insuficiencia, pues tratamos de dar sentido con esto a la continuidad de un hombre como Manfred Gnadinger, que encontró sentido y expresión de su vida junto al mar, pese a las contradicciones que hubo respecto a su
actuación; como en tantas historias de los hombres solitarios encontramos todos los ingredientes de las leyendas, de los rumores, de las incomprensiones, de la soledad en suma. La realidad es que Man, que así se le conocía, era un anacoreta que
eligió su
vida y también escogió su muerte junto al océano Atlántico, y poco a poco, en silencio y a lo largo de los casi cuarenta y dos años que estuvo allí fue construyendo un pétreo jardín al que se iban acercando al principio curiosos y luego
gentes de todo lugar y condición que unían su nombre, a través de las carpetas, a través de los dibujos, al resto de los elementos identificadores de la parroquia de Camelle, en el término municipal de Camariñas.
Así, junto al cementerio de los Ingleses, que conmemora, curiosamente, otra desgracia ocurrida el día 10 de noviembre de 1890, cuando se hundió el acorazado inglés Serpent, junto a la iglesia de Xan Xurxo, que es del barroco, el ponte de O
Porto, que es un puente de piedra del siglo XIV, la iglesia municipal de Xaviña, que es un románico del siglo XII, y el Cabo Vilán, tan conocido últimamente y tan mal traducido, por cierto, con su planta octogonal y famoso por ser el de haz más
potente de toda Europa, en este entorno que digo vivió Man durante cuarenta años. En esta relación de puntos de interés salta la vista el interés, precisamente, de todo el término que se engloba bajo el nombre de Costa de la Muerte.
Costa da
Morte, Prestige, Man, son tres nombres que irán unidos precisamente a la tragedia. Man murió de una depresión disfrazada de insuficiencia respiratoria cuando la marea negra arruinó completamente su obra, quiero decir su vida. No podemos devolverle
la vida, pero sí podemos entenderle ahora y entender de paso la situación de toda la Costa da Morte, que requiere en principio el reconocimiento de su actuación ante la tragedia del Prestige, éste es el responsable en último caso de la situación de
catástrofe. No vamos a insistir ahora, porque se ha hecho ya por activa y por pasiva, en todas las actuaciones que ha habido en torno a esta tragedia. Lo hemos expresado precisamente en multitud de comparecencias. ¿Qué ha pasado desde el día 27
del 12 del año 2002? Pues que la muerte de Man ha centrado la atención en su obra. El alcalde socialista de Camariñas, de acuerdo con la responsabilidad que le atañe y con el acuerdo mayoritario de sus conciudadanos quiere mantener y poner en
valor el legado artístico de Man. Nada mejor para ello que poner en marcha una serie de actuaciones, como el famoso centro cultural y de expresión artística ligado al medio ambiente y que tenga como objetivo la garantía de la conservación del
legado, su cuidado, su proyección y, al tiempo, que sirva como referente cultural posteriormente. ¿Por qué esto si Man sólo pedía un comentario y una aportación sobre su obra? Todos firmamos en su cuaderno, y en ese todos se han incluido (ahora lo
sabemos) notables artistas que aportaron sus comentarios, sus dibujos y su comprensión a la obra de Man. Por otra parte, Man recibía cartas y otra correspondencia de interesantes centros artísticos y centros donde el arte y el medio ambiente iban
unidos. Estos días el ayuntamiento se dedica a clasificar ante notario todos los cuadernos, todos los escritos, la obra pictórica, la obra pétrea, etcétera, de Man. Curiosamente, Man, antes de morir legó todo al Estado, así está establecido
genéricamente en su testamento. La Xunta de Galicia hizo por otra parte el anuncio de que dedicará los 50 millones destinados en principio a los premios Max de teatro al mantenimiento y puesta en valor de la obra de Man. Por cierto, aprovecho la
ocasión, y bien aprovechada además, para establecer una crítica sobre la actuación de la Xunta respecto a los premios Max, porque llegará un momento en que sólo se subvencionen los actos laudatorios o de relumbrón social.
Decía que la situación jurídica actual del legado requiere un ejercicio de responsabilidad por parte del Estado, renunciando precisamente a este legado y revirtiéndolo al ayuntamiento, no sin dejar presente las ayudas que por
corresponsabilidad conviene que asuma el Estado. Así pues, tenemos los tres protagonistas: el Estado, la Xunta y el ayuntamiento. En este hombre que ha vivido aisladamente conviven las tres administraciones, dos de ellas, Xunta y ayuntamiento,
han manifestado ya precisamente su interés. Por eso sería bueno y lo más eficaz que se llegase a un consorcio entre ellos, Xunta y ayuntamiento, de tal manera que se garantizase precisamente la pervivencia, el cuidado, el control, la expansión y la
difusión del legado de un hombre que ha sabido, de acuerdo con las tendencias artísticas más innovadoras, integrar su obra en la naturaleza, que no significa otra cosa que rechazo a la brutalidad de las mareas negras. Camariñas, como el resto de la
Costa da Morte, necesita elementos positivos y progresistas de acción, por eso apoyamos esta iniciativa. Pedimos igualmente la inclusión de nuestras enmiendas para lograr precisamente esto que estamos diciendo: la conservación del legado de Man.
He leído de paso la enmienda transaccional del Grupo Popular y tal como está redactada no aporta francamente nada; antes al contrario, yo creo que está en desacuerdo con el espíritu que ha manifestado el Partido Popular en Galicia. Ayer
sin ir más lejos hubo algunas reuniones con el subdelegado del Gobierno, el alcalde y demás, y se manifestaba este espíritu positivo respecto a la ayuda y conservación de este legado. Yo creo que si leemos tranquilamente y con atención la
proposición que hacíamos es mucho más sólida en el sentido de que trata de garantizar precisamente que el beneficiario sea precisamente el Ayuntamiento de Camariñas. Dice así: Se insta al Gobierno (aparte de la modificación de la que ya hemos
hablado antes) a que el Estado acelere los procedimientos para aceptar el testamento de Man, dada su voluntad de que el Estado sea el beneficiario, e inmediatamente renuncie a favor de un consorcio Xunta y Ayuntamiento de Camariñas que vele con
garantías de futuro por el legado, su cuidado y difusión. De esta manera se evitaría estar sometidos a vaivenes de cualquier tipo que atentasen contra la obra de Man y conseguiríamos que Xunta y ayuntamiento colaborasen acertadamente en el
mantenimiento
de esta obra importante, de cara sobre todo a su expansión a través de ese centro cultural ligado al medio ambiente de que hemos hablado anteriormente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Debatimos hoy una proposición no de ley que en definitiva debería de manifestar al final un acuerdo, en el que todos estuviésemos conformes en que lo importante es lo que Man significó para la Costa da Morte,
concretamente para el pueblo de Camelle, y su obra, su legado artístico y literario. Parece ser que no, que hay más interés en otras cuestiones, que debían ser secundarias, en la exposición y en los manifiestos que aquí se leen. A mí me parece muy
bien que se aluda a las penas tan tremendas que supusieron para Man el verse afectado y su museo afectado también por la marea negra, y no sé a qué informe forense riguroso aluden los ponentes cuando dicen que se murió de pena. Man arrastraba una
larga enfermedad, una larga enfermedad que tristemente para él culminó cuando su casa, su museo se vio azotado por esta tremenda catástrofe. Aparte de relatos bucólicos o pastorales que se pueden hacer aquí, yo no he escuchado un solo argumento
técnico, ni referencia a ningún decreto ni a ninguna ley ni a nada absolutamente que dé cobertura a estas cuestiones.
El Partido Popular, a través de su grupo parlamentario, como también a través del Gobierno de la Xunta de Galicia, ha manifestado claramente la intención de conservar este legado, y de la mejor forma posible. La mejor forma posible es la
firma de convenios entre las autoridades competentes, en este caso el Ayuntamiento de Camariñas, la Xunta de Galicia y el ministerio. Se ha expresado por activa y por pasiva, tanto desde el ayuntamiento como desde la Xunta de Galicia, incluso con
asignación presupuestaria inicial, porque no podemos hacer una consignación económica, y lo saben SS.SS., porque además practican este arte en todos los foros, tanto en los ayuntamientos como en los gobiernos autónomos, como en el propio Gobierno de
la nación, y saben que hay que hacer una evaluación rigurosa, rigurosa, conforme a la legislación publicada en los reales decretos de museos, por ejemplo, para ver qué forma jurídica tenemos que darle a este legado para su mejor protección.
En cualquier caso, es inexcusable decir por nuestra parte que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es un ministerio que dentro de sus objetivos tiene fundamentalmente contemplado la conservación del patrimonio, sea éste ya de su
competencia o sea de competencia de administraciones ajenas al propio marco de influencia del Gobierno central. También es cierto que hay una densa y prolífica actividad de este ministerio en torno a la conservación del patrimonio, y que esta
también tiene un límite, que viene establecido precisamente por un orden de prioridades. El orden de prioridades está establecido eminentemente, como así tiene que ser, por la actividad, que en este momento es muy importante tanto desde el punto de
vista normativizador como desde el punto de vista inversor. Es conocedora precisamente esta Comisión de la gran actividad por innumerables proposiciones no de ley debatidas y aprobadas, como alguna que se va a debatir y aprobar también hoy, como el
Plan Integral de Museos o el Plan Integral de catedrales, de conventos, castillos y monasterios, en este momento en plena ejecución.
Por parte del Ministerio existe toda, repito, toda la voluntad para que por los cauces adecuados, pertinentes y legales el legado de Man sea conservado en condiciones inmejorables. La obra de esta persona, conocida como el alemán de
Camelle, es, no cabe duda, competencia exclusiva del ayuntamiento y de la Xunta de Galicia, y ellos han asumido su parte. El ministerio está dispuesto también a asumir la parte que le corresponde, insisto, previa evaluación de lo que allí nos vamos
a encontrar.
Corresponde ahora a la benevolencia y a la capacidad de consenso de los miembros de esta Comisión el que este acuerdo que hoy se adopte aquí se transmita al ministerio en base a instarlo a lo que ya está dispuesto, como así ha
manifestado, que es a la colaboración en el estudio y redacción de ese proyecto evaluador que diga cómo, de qué manera y con cuántos recursos presupuestarios se puede colaborar en esta estupenda obra de conservación. Nosotros apreciamos esta
intención, no estamos adoptando una posición crítica, ni muchísimo menos, la contemplamos en toda su extensión como una proposición creativa, pero también creemos que es muy creativa y que mejora notablemente, técnicamente hablando, lo que es la
proposición inicial. Nosotros consideramos que estamos realizando un acto de justicia, pero también de lógica, no tenemos que confundir las dos palabras. La lógica en este caso indica que hay que evaluar qué es lo que hay allí, qué pertenece a Man
y qué no pertenece a Man. Yo he de decirles que no por las circunstancias tan extremadamente necrológicas, como es el fallecimiento de su autor, del autor de este museo, tenemos que volcar ahora todo nuestro quehacer cultural en este legado. Yo
también he pintado en el museo de Man, mis hijas también han pintado en el museo de Man, y yo, con toda la humildad que soy capaz de expresar hoy en esta Comisión, tengo que decir que artísticamente tengo poco que decir; de todas maneras creo que
es prueba suficiente para que haya una evaluación clara de lo que allí se contiene. Todos sabemos cuál era la metodología de Man, todos sabemos (los que hemos ido allí muchísimo antes de la catástrofe del Prestige, los que hemos ido a ver lo que
había allí dentro) quién era Man y cómo vivía, y tenemos derecho también a expresar ahora, también ahora, cuál es nuestra intención. Obedece claramente a una estrategia de clarificación
de cuáles son los bienes que allí se encierran y cuáles son los que no tienen que ser catalogados. Eso sólo se puede hacer desde la rigurosidad de un estudio, como ya han hecho en parte los técnicos de la Xunta de Galicia que han visitado
desde hace mes y medio diferentes enclaves de la Costa de la Muerte para catalogar en qué lugares habría que hacer esa inversión de conservación de ese patrimonio. Curiosamente decide la Xunta de Galicia que sea precisamente el museo de Man el que
reciba parte de esas asignaciones presupuestarias, también del Plan Galicia, que ustedes dicen que están vacías de contenido, aunque los proyectos están ya funcionando y andando, a su pesar, pero no se preocupen porque esto también tendrá una
lectura por parte del pueblo gallego, de aquellos que hacen y de aquellos que hacen lo posible para que no se haga nada. Pues nosotros seguiremos con nuestra obligación, y aquí también. Por eso hemos presentado una enmienda que creo que debería de
ser aceptada por lo que manifiesta de voluntad del ministerio en colaborar amplia y contundentemente en lo que es la conservación del museo de Man.
Señor presidente, para terminar, acerca de esta voluntad, por ejemplo la Secretaría de Estado de Comercio y Turismo, dependiente del Ministerio de Economía, que según qué tipo de evaluación se haga de este legado tiene también competencias,
no solamente el Ministerio de Cultura (tiene también competencias el Ministerio de Economía), ya ha expresado su disposición a participar en la recuperación del legado del alemán de Camelle. Por lo tanto, es un momento muy oportuno para que todas
SS.SS.
acepten que hay que hacer no relatos bucólicos, sino relatos reales y que tenemos que recurrir a explicaciones con soporte de ley para que esto pueda ser recuperado y mantenido en toda su extensión.
Con respecto a críticas que se han vertido aquí quiero pasar muy por encima, porque no creo que sea el momento, ni siquiera la Comisión adecuada, por ya debatido en otras comisiones sobre el Plan Galicia, etcétera, aunque sí sobre los
premios Max. El Gobierno gallego ha considerado que en este momento (además nosotros apoyamos esa decisión) de tanta exigencia presupuestaria y solidaria para Galicia no se debía gastar una cantidad superior a los 300.000 euros en el proyecto de
entrega de premios, que no obstante había sido catalogado por la Xunta de Galicia como de interés para ser apoyado como extensión de promoción del Año Xacobeo; finalmente no ha sido así, pero lo ha sido en base a esa necesidad que se tiene a causa
de la catástrofe del Prestige. Tengo que decir también que esto se ha consensuado con la Sociedad General de Autores y que no se ha firmado o no se había firmado, como así correspondía y estaba indicado en el protocolo de intenciones firmado antes
del 31 de diciembre, que tendría que plasmarse en un convenio; por acuerdo entre la Sociedad General de Autores y la propia Conselleria de Cultura no se ha firmado ningún convenio, con lo cual no ha habido incumplimiento por parte de ninguna de las
dos entidades firmantes. Por lo tanto, señorías, yo ruego que dentro de la más aplastante lógica, acepten esta enmienda, porque manifiesta claramente, y así lo he tratado de exponer en mi intervención, el apoyo incondicional del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte a que el legado de Man quede protegido en las mejores condiciones que se puedan conseguir en este momento, en base a la rigurosidad de los informes que posteriormente se elaboren y que se hagan públicos y de conocimiento
general. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, a los efectos de conocer su posición en relación con las enmiendas.
El señor AYMERICH CANO: No vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular por una razón. Nuestra proposición no de ley es bien sencilla, ya dije que no entra a cuestionar el reparto de competencias en esta materia y se ciñe a reclamar la
colaboración financiera concreta de la Administración del Estado. Acerca de la enmienda del Grupo Popular, yo entiendo y desde luego respeto la buena voluntad del señor Fariñas y no discuto ni mucho menos que él haya intentado presionar o negociar
ante quien haga falta para lograr un mínimo compromiso del Gobierno, pero esto no es así. Si se habla de valorar el proyecto, no estamos ante una aportación económica concreta, sino de nuevo, y eso es lo que le achacamos desde el Bloque
Nacionalista Galego al Plan Galicia y a la actuación en general del Gobierno con relación a la catástrofe del Prestige, promesas vagas y promesas sin plazo.
Vamos a aceptar la enmienda del Grupo Socialista, la segunda; la primera estaba corregida ya, porque en realidad se trataba de un mero error material; lógicamente la obra de Man no es arquitectónica, sino escultórica y en todo caso
literaria, por tanto, queda mejor hablar de legado artístico sin más, de legado de Man. La segunda efectivamente puede ayudar a clarificar la situación jurídica de los bienes, la titularidad de los bienes que integran este legado de Man en orden a
facilitar también y a mejorar su protección y su difusión. Nada más. (El señor Hernández Cerviño pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Un segundo para matizar y hacer una propuesta.
El señor PRESIDENTE: Un segundo.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Bueno, un segundo, dos.
Me alegra que el Grupo Popular reconozca que hay un hecho... (El señor Aymerich Cano: No, no...)
El señor PRESIDENTE: No puede reabrir el debate, señor Hernández Cerviño.
Señor Aymerich, le ruego silencio. Señor Hernández, yo le he concedido la palabra si quiere hacer alguna aclaración estrictamente puntual, pero no reabra el debate,
porque entonces le cortaré la palabra.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Bueno, entonces voy a resumir. Al hacer nuestra propuesta íbamos más allá y queremos ampliarla ahora mismo in voce, si le parece bien al proponente, en el sentido de que se pudiera llegar a un acuerdo entre los
tres grupos para que saliera adelante esta propuesta, porque me parece que el legado merece la pena. Es una propuesta simplemente.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich, tiene usted la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Señor Hernández Cerviño, yo le agradezco su implicación, pero podían haber presentado una propuesta. La propuesta es nuestra y ya negociamos con el Grupo Popular la posibilidad de una transacción, y eso es
imposible. De todas maneras, agradezco el compromiso, pero el compromiso hay que manifestarlo con proposiciones propias. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor Fariñas.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Una aclaración nada más. Este portavoz y el Grupo Parlamentario Popular no utilizan habitualmente dentro de su argumentario la palabra presionar a los ministerios. Yo no he presionado a nadie, ¡lástima que no
puedo además!, pero lo que sí he hecho es negociar la posibilidad de que el ministerio, dentro de la cordura y de la habitual cortesía que tiene que distinguir a los dos poderes, participe, como así ha demostrado. Lamento que no se haya entendido
así y que no se haya apoyado nuestra enmienda. De todas formas, el legado de Man se conservará, las obras se ejecutarán, el ministerio participará y el pueblo lo verá.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE INCLUYA AL MUSEO DE CÁDIZ EN EL PLAN INTEGRAL DE MUSEOS ESTATALES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001919.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura como número 4 en el orden del día y que hemos pasado al 2, que es la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a
que incluya el Museo de Cádiz en el Plan Integral de Museos Estatales, y que va a defender el señor De la Encina, que tiene la palabra.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Cádiz es una ciudad milenaria que tiene un patrimonio cultural muy importante, pero, por el contrario el Museo de Cádiz no reúne las condiciones necesarias para exponer de manera adecuada ese patrimonio,
especialmente el arqueológico. Cádiz, por otra parte, es una ciudad con un gran presente y futuro turístico, pero que necesita para esa mejora del turismo la ampliación de su museo.
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte presentó durante el mes de febrero las inversiones para el bienio 2003-2004, al objeto de que los museos que aparecían en esa relación del plan integral se pudieran beneficiar de una cuantía de
196 millones de euros para sus ampliaciones, reformas, etcétera, y en él no aparece el Museo de Cádiz como beneficiario. Nosotros creemos que se debe de hacer una reflexión sobre el particular para que se incluya el Museo de Cádiz en el Plan
Integral de Museos Estatales, al objeto de que se pueda beneficiar de las inversiones que se contemplan y con ello proceder a la tercera ampliación del Museo de Cádiz, tan necesaria como oportuna.
El Grupo Popular ha presentado una enmienda en la que plantea que se actúe de acuerdo con la Junta de Andalucía para la inclusión del Museo de Cádiz en este Plan Integral de Museos Estatales. Estamos de acuerdo en que cualquier actuación de
este tipo se debe de hacer contando con la Junta de Andalucía, pero en lo que no estamos de acuerdo es en que se quiera una vez más por parte del Partido Popular y sus dirigentes culpar a la Junta de Andalucía de todos aquellos aspectos negativos
que puedan darse en cualquier actuación, en este caso en materia de Cultura, en otros casos en el ámbito del mundo del trabajo, del mundo del deporte o del mundo de la ciencia; en cualquier actuación donde se produce un problema, los responsables
del Partido Popular culpan única y exclusivamente a la Junta de Andalucía.
Nosotros hemos traído esta propuesta con la única idea de intentar alcanzar un acuerdo con el Partido Popular, y así se lo hicimos saber a sus responsables, al objeto de que se pudiera incluir al Museo de Cádiz en ese plan integral, para que
se pudiera, a su vez, ampliar la tercera fase del museo. No queremos entrar en polémicas estériles a las que los ciudadanos andaluces, en especial los gaditanos, ya están acostumbrados y que no valen para nada. Nosotros estaríamos encantados de
aceptar la enmienda que presenta el Grupo Popular, siempre que modifique ligeramente su redacción, en el sentido de que desde el Congreso de los Diputados se inste al Gobierno para que acepte la inclusión del Museo de Cádiz entre las actuaciones del
Plan Integral de Museos Estatales para el bienio 2003-2004, sin entrar en más especificaciones sobre si la Junta de Andalucía tiene que aceptar o deja de aceptar. La Junta
de Andalucía no tiene competencia para resolver la inclusión de un museo en el plan integral, corresponde al Ministerio de Educación y Ciencia.
Por tanto, si se acepta la redacción que acabo de expresar in voce, estaríamos encantados de
aceptar esta enmienda del Grupo Popular.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, que ha presentado una enmienda, tiene la palabra el señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Querría comenzar la intervención del Grupo Popular diciendo brevemente en qué consiste el Plan Integral de Museos Estatales. El presupuesto de dicho plan supera los millones de euros que decía el portavoz del
Grupo Socialista; son 379 millones de euros. El Plan Integral de Museos Estatales pretende mejorar el panorama museístico mediante la creación de nuevos museos que supongan una contribución tanto al enriquecimiento cultural como al desarrollo de
las disciplinas científicas, museísticas y museográficas. El plan persigue modernizar la gestión, ampliar la oferta cultural de los museos, hacer de los museos unos espacios abiertos a la participación ciudadana y establecer entre los museos un
canal de comunicación interna. El Plan Integral de Museos Estatales también persigue actuar por primera vez en nuestro país de una manera sistemática y global sobre el conjunto de los museos de una forma coordinada y con unos objetivos comunes y
definidos, y también tiene como objetivo dar un impulso de calidad en el servicio de todos los museos estatales e incluye programas de infraestructuras, colecciones y recursos humanos. El objetivo último del plan es hacer de los museos
instituciones vivas donde las personas puedan aprender y disfrutar, lo que se sintetiza en el lema de aprende y disfruta en tus museos.
Señorías, ¿qué es lo que posee el Museo de Cádiz? Decía el portavoz del Grupo Socialista que posee un rico patrimonio arqueológico, aunque no sólo eso, también posee una sección de bellas artes y una sección de etnografía. En la sección de
bellas artes, los fondos de bellas artes conforman una de las grandes pinacotecas nacionales, representan en su conjunto la evolución de la pintura española desde el siglo XVI a la primera mitad del siglo XX. Y volviendo a la sección de
arqueología, esta sección abarca un amplio periodo que va desde el Paleolítico inferior hasta el siglo IV después de Cristo. Los fondos arqueológicos proceden en su gran mayoría de excavaciones de la necrópolis fenicia y romana de Cádiz y de
importantes yacimientos de la provincia, y también de hallazgos submarinos. Estos materiales en ocasiones son piezas excepcionales y documentan ampliamente la presencia tan remota del hombre en la provincia gaditana y su importancia en el mundo
antiguo.
Para poner el acento en la realidad de a quién corresponde, quién hace las propuestas para que este tipo de museos entren o no entren dentro del Plan Integral de Museos Estatales, tengo que decir que dentro de la línea de actuación del Plan
Integral de Museos Estatales, que presentó públicamente la ministra de Educación, Cultura y Deporte el pasado 30 de enero, no fue incluido el Museo de Cádiz, puesto que en la reunión mantenida entre los técnicos de la Subdirección General de Museos
Estatales y los de la Dirección General de Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía el día 22 de mayo de 2001, los responsables de la Junta de Andalucía expresaron su interés por la sustitución en el anexo de inversiones del
proyecto de ampliación del Museo de Cádiz, que había sido incluido por el ministerio. Se pedía por parte de la Junta de Andalucía, vuelvo a repetir, que se rehabilitase el Museo de Huelva y se excluyese al Museo de Cádiz, que, vuelvo a decir, había
sido incluido por el ministerio. Confirmando esta opinión se manifiesta la directora general de Instituciones del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía en escrito de 13 de junio de 2001, remitido al director general de Bellas Artes y Bienes
Culturales, en el que se indica -y leo textualmente- que respecto a la inclusión del Museo de Cádiz y el criterio que nos ha llevado a proponer el cambio por Huelva, se debe fundamentalmente a la complejidad que supone el proceso de ampliación de
este museo a costa de los edificios ocupados actualmente por otras instituciones. En este mismo escrito se recalca la preocupación de la Consejería de Cultura por la situación del Museo de Huelva, que necesita urgentemente una actuación de mejora
de sus instalaciones, así como una actualización del programa museográfico.
Nos encontramos, señorías, de nuevo con que el PSOE, que gobierna la Junta de Andalucía, dice algo distinto de lo que dice el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados. Lo que no sabemos es si se produce por descoordinación o por no
querer sufrir la crítica de la sociedad gaditana por la falta del interés que se tiene que mostrar por parte del Patrimonio Cultural de la Junta de Andalucía. El Ayuntamiento de Cádiz lleva diez años esperando una respuesta de la Junta de Andalucía
para ver qué hace la Consejería con la Escuela de Bellas Artes de Cádiz, que está en el callejón del Tinte, espacio único a cuyas solas expensas puede crecer el Museo de Cádiz. Para este traslado, señorías, la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez,
planteó distintas alternativas a la Junta de Andalucía, como fue el ofrecer el castillo de Santa Catalina. No hubo respuesta por parte de la Junta de Andalucía. Ha ofrecido, en un segundo escrito a la Junta, 10.000 metros cuadrados de los antiguos
terrenos ociosos de Astilleros para que se ubiquen allí, o bien la Escuela de Bellas Artes o la Escuela de Danza o el Conservatorio. Además hay colegios vacíos actualmente en Cádiz en donde se podría ubicar esa
Escuela de Bellas Artes, y, una vez trasladada, podría crecer el Museo de Cádiz.
De todas maneras, señorías, el Partido Popular pretende para el Museo de Cádiz lo mismo que se plantea en el Plan Integral de Museos Estatales para el resto de España. Por ello presentamos la enmienda de modificación, que paso a leer y que,
vuelvo a repetir, tiene que ser a propuesta de la Junta de Andalucía, porque es así como tiene que ir encauzada esta petición. El texto que proponemos es claro: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que actúe cerca de la Junta de
Andalucía para que ésta acepte la inclusión del Museo de Cádiz entre las actuaciones del Plan Integral de Museos Estatales, en las condiciones que ambas partes consideren presupuestaria y administrativamente viables.
No voy a entrar aquí, porque creo que el tema es importante y no debemos desviar su atención, en que no consta en qué momento empezaron a surgir las diferencias entre los grupos socialistas respecto al museo de la ciudad trimilenaria, lo que
quiero es que se apruebe esta enmienda de modificación porque creo que es importante no sólo que figure el Museo de Huelva, sino también el Museo de Cádiz.
Nada más.
El señor PRESIDENTE: Señor De la Encina, para fijar su posición en relación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Yo he leído antes una enmienda in voce, pero si le parece oportuno la vuelvo a leer. Dice: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que acepte la inclusión del Museo de Cádiz entre las actuaciones
del Plan Integral de Museos Estatales para el bienio 2003-2004, acordando con la Junta de Andalucía las condiciones presupuestarias administrativamente viables. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es quien tiene las competencias y las
responsabilidades para incluir o no a un museo en el Plan Integral de Museos Estatales. No ha lugar aquí a trasladar la responsabilidad a quien no la tiene, a la Junta de Andalucía, y además malévolamente insinuar diferencias entre los grupos
parlamentarios socialistas. En todo caso, las diferencias estarán en los distintos dirigentes del Partido Popular que empiezan a abandonar, a raíz del conflicto bélico con Irak, su partido, y no en el Partido Socialista. Por tanto, no ha lugar a
la alusión que ha hecho antes el diputado del Partido Popular y yo me reitero en la enmienda in voce que acabo de formular.
El señor PRESIDENTE: Entonces, entiendo que no ha aceptado usted la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Efectivamente.
El señor PRESIDENTE: Señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: No estamos hablando de pancartas, de ningún tipo de pancartas; estamos hablando de cosas serias, estamos hablando de que queremos que el Museo de Cádiz esté incluido. Como constará en el 'Diario de Sesiones',
la ampliación tiene que figurar en unos proyectos de la Junta de Andalucía, y como esa ampliación solamente la puede hacer la Junta de Andalucía, bajo un proyecto patrocinado, dirigido y controlado por el organismo de Cultura de la Consejería,
estamos de acuerdo en aceptar esa enmienda in voce, pero vuelvo a repetir que será siempre la Junta de Andalucía la que tiene que presentar ese proyecto de ampliación, así que siempre tendrá que ser el organismo de Cultura de la Consejería el que al
final inicie los trámites. Pero estamos de acuerdo, queremos que el Museo de Cádiz esté incluido.
El señor PRESIDENTE: Señor Landaluce, esta presidencia no tiene claro si acepta la enmienda.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Se acepta la enmienda con esa coletilla y esa explicación, porque tal vez el portavoz del Grupo Socialista no sepa que ese tipo de museo para poder ampliarse, tiene que estar controlado, dirigido y tutelado por
la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señor presidente, ya que se ha hecho alusión personal...
El señor PRESIDENTE: Perdón, no hay alusiones personales. Yo quiero aclarar simplemente los términos de la votación. ¿El señor Landaluce acepta la enmienda in voce en los términos estrictos que ha leído el señor De la Encina?
El señor LANDALUCE CALLEJA: Sí, con esa aclaración, señor presidente.
El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Permita que la lea de nuevo, porque quizás confunde la inclusión del Museo de Cádiz con la ampliación de la que él habla. ¿Me permite leerla de nuevo? Dice así: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno
para que acepte la inclusión -no la ampliación- del Museo de Cádiz entre las actuaciones del Plan Integral de Museos Estatales para el bienio 2003-2004, acordando con la Junta de Andalucía las condiciones presupuestarias administrativamente viables.
Por tanto, no hablamos de la ampliación del museo, sino de su inclusión en el Plan Integral de Museos Estatales, que compete al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El señor PRESIDENTE: Señor Landaluce.
El señor LANDALUCE CALLEJA: Señor presidente, me da lo mismo poner la Junta de Andalucía al
principio que al final, porque está incluida la Junta de Andalucía.
El señor PRESIDENTE: Entonces, acepta la enmienda in voce, que se someterá a votación al final de la sesión. Le ruego, señor De la Encina, que presente a la Mesa la enmienda in voce por escrito.
- RELATIVA A LA PETICIÓN PARA LA CONVOCATORIA URGENTE DEL CONSEJO DE POLÍTICA ECONÓMICA FISCAL Y FINANCIERA EN RELACIÓN A LA LEY DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
161/001877.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Económica, Fiscal y
Financiera en relación a la Ley de Calidad de la Educación. Para su defensa, tiene la palabra la señora doña Clementina Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Señorías, mi grupo parlamentario presenta hoy esta proposición no de ley cuyo objeto es que haya una reunión urgente del Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera para establecer el coste y
financiación de las medidas contenidas en la Ley de Calidad de la Educación. No es la primera vez que una iniciativa como ésta aparece en esta Cámara. El pasado 29 de octubre ya sucedió, antes incluso de que fuera aprobada la ley. Pero volvemos
precisamente a presentarla porque la situación actual es surrealista y paralizante y además nos parece particularmente grave, porque se está vulnerando seriamente la legalidad vigente.
Señorías, el 13 de enero entró en vigor la LOCE, la Ley de Calidad de la Educación. Han pasado ya dos meses desde que esta ley entró en vigor y todavía a estas alturas no sabemos cuánto va a costar ni cómo ni de qué forma se va a financiar.
La Ley de Calidad de la Educación nació sorda y muda, fue una ley que no tuvo en cuenta la opinión de amplísimos sectores de la comunidad educativa, no tuvo en cuenta las sugerencias, las opiniones de los grupos parlamentarios de esta Cámara, no
tuvo en cuenta tampoco las opiniones de los sindicatos mayoritarios de este país y no tuvo en cuenta la opinión de muchísimos colectivos de padres, de profesores y de alumnos.
Esta ley fue además tramitada a velocidad de crucero, sin duda con una intención muy clara, que fue acallar las voces de miles y miles de personas que estaban en contra, de miles y miles de manifestantes que consideraron que esta ley era
peligrosa porque era segregadora, discriminatoria con la escuela pública, beneficiaba a la escuela privada, y además recortaba la participación en los centros escolares. Una ley, señorías, que ha sido considerada por muchos, quizá demasiados, como
una ley con freno y marcha atrás. Pero además de ciega y sorda, esta ley nació pobre, pobre de solemnidad, nació sin un solo euro para hacerla crecer. Esta ley ha nacido sin la correspondiente memoria económica, que es preceptiva legalmente, en
base al artículo 22 de la Ley 50/1997, que obliga al Gobierno a que toda norma lleve aparejada su correspondiente memoria económica que evalúe el coste de aplicación de la misma.
La situación, señorías, es por tanto insólita. Por primera vez una ley orgánica de amplia repercusión social y económica, que pretende volver del revés el sistema educativo vigente, se debate sin saber cuánto va a costar su aplicación,
máxime cuando además esto supone una diferencia sustancial con otras leyes, como, por ejemplo, la LOGSE. La LOGSE, señorías, sí tuvo su correspondiente memoria económica, pero es que además nació en una situación histórica radicalmente diferente a
como nace la LOCE. La LOCE ha nacido precisamente en un momento en que se han producido las transferencias educativas a todas las comunidades autónomas. Por tanto, no es inocente, señorías, que esta ley, que supone un cambio conservador de amplio
alcance en nuestras escuelas, se presente precisamente cuando se ha cerrado el proceso de transferencias. Es un clamor que el Gobierno puede tener todas las ocurrencias que quiera en el ámbito educativo, porque serán las comunidades autónomas
quienes paguen.
No sé si en el ámbito privado a la ministra se le ocurrirá o le parecerá razonable, por ejemplo, hacer reformas en su casa y que la factura de esas reformas la paguen sus vecinos. Yo creo que si la ministra de Educación hiciera eso
en el ámbito privado, o cualquiera de nosotros, sería cuando menos una actitud claramente excéntrica. Pues eso, señorías, es lo que ha hecho la ministra de Educación nada menos que con una ley de alcance social tan grande como la Ley de Calidad de
la Educación.
En este contexto, señorías, cabe preguntarse cómo es posible que la ministra haya tenido semejante desatino, cómo es posible que la ministra de Educación haya tramitado la LOCE en esta situación tan insólita. Se me ocurren dos hipótesis.
La primera, que el alumbramiento se produjera bajo el síndrome del déficit cero, un déficit cero tan machaconamente reivindicado por el ministro de Hacienda, y que por tanto no hubiera fondos adicionales posibles. Como no había dinero para poner en
marcha la Ley de calidad, se decidió que la reforma no costaría nada a este Gobierno, pero sí costaría a las comunidades autónomas. Una segunda hipótesis, como decía, es que sí se puso inicialmente un precio a la reforma. Hubo, señorías, aunque ha
sido reiteradamente negado por la ministra de Educación, una abortada memoria económica que finalmente no vio la luz por dos cuestiones: primero, porque esa memoria era extraordinariamente cicatera, no tenía prácticamente dinero, y segundo, porque
contenía
medidas escandalosas que beneficiaban extraordinariamente a la escuela privada en detrimento de la escuela pública. Por eso, finalmente, esa memoria económica quedó abortada y no vio la luz, por el escándalo social que había comenzado a
producir.
En esta situación, la ministra tuvo una ocurrencia feliz: decidió quitarse el muerto de encima, olvidarse del engorroso problema de poner precio a su reforma educativa y endosar la cuestión al Consejo de Política Económica, Fiscal y
Financiera. En la comparecencia de pasado 24 de febrero en el Senado, la ministra de Educación dijo literalmente: Esta ley, la LOCE, tendrá la financiación que necesite según lo que determine el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Dijo más
adelante, y cito también literalmente: Es lógico que sea en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde el representante de la Administración del Estado es el ministro de Hacienda y los representantes de las comunidades autónomas
son los consejeros de Hacienda y eventualmente el consejero que decida la comunidad correspondiente de manera adicional.
¿Qué se deduce de esa cita? Varias cosas. Primero, como digo, que es efectivamente la ministra quien endosa literalmente todo el problema de la financiación al Consejo de Política Fiscal y Financiera; pero segundo, ella, como ministra de
Educación, se inhibe absolutamente de decidir cómo debe ser la previsión de ese gasto educativo. Señorías, no parece razonable, no es en absoluto razonable, que sean el ministro de Hacienda y los consejeros de Hacienda quienes pongan precio a una
reforma educativa. La ministra de Educación tiene la obligación de presentar una memoria que sea una previsión del gasto, porque ¿cómo va a saber el ministro de Hacienda a cuántos catedráticos afecta la medida, o cuánto va a afectar la gratuidad de
la enseñanza infantil, o en qué medida y de qué forma van a afectar algunas medidas, que tienen su coste, a las comunidades autónomas, como puede ser la ampliación del horario escolar? Son ejemplos sueltos, pero serían infinitos, porque, como
saben, esta ley contiene infinidad de medidas. No es por tanto razonable que no exista una previsión del gasto de esta ley educativa, que no exista una memoria económica, porque cualquier otra decisión tiene que basarse precisamente en este
principio, y aquí la ministra de educación no puede, no debe inhibirse.
Pero es que, señorías, además la situación es doblemente surrealista, es más surrealista aún a la luz de lo que está ocurriendo con la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que, como todos sabemos, se tramitó casi en
paralelo con la Ley de Calidad de la Educación, un poco más tarde, pero que sí ha presentado su correspondiente memoria económica. Y la pregunta del millón, señorías: ¿es que lo que es válido para la sanidad no es válido para la educación? ¿Lo
que es preceptivo en una ley sanitaria no es preceptivo en una ley educativa? ¿Cómo es posible esto, señorías?
Los ejemplos en la tramitación y en la financiación de esta ley son, como digo, surrealistas, no solamente por esta situación, hay más ejemplos.
Les doy otro. Cuando se estaba tramitando la LOCE en esta Cámara se presentaron una serie de
enmiendas por parte de los distintos grupos políticos. El Grupo Popular rechazó que esta Cámara analizara o tuviera en cuenta esas enmiendas precisamente utilizando el Reglamento de la Cámara, que establece que cuando existen medidas de índole
económica deben ser paralizadas hasta que el Gobierno dé su veredicto sobre las mismas, puesto que tienen un alcance económico. Por tanto, señorías, es una situación increíble. O sea, si aquí no se admiten enmiendas a los grupos políticos porque
se presentan sin evaluar su financiación, cómo es posible que se haya tramitado y se haya aprobado toda una ley que todavía nadie sabe en este país cuánto va a costar. Las comunidades autónomas, que deben aplicarlas, son las primeras que desconocen
una medida de un alcance tan amplio. Por eso, señorías, la situación es verdaderamente kafkiana, porque, insisto, ahora son las comunidades autónomas -no estamos en el momento en que se aprobó la LOGSE- quienes tienen que gestionar esas medidas y
no sabemos cuánto dinero van a recibir, si es que van a recibir algo, por parte del Gobierno central.
Señorías, la situación es especialmente grave, porque la ministra de Educación remitía al Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera, y el Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera se reunió el jueves pasado, día 6 de marzo,
y no existía ningún punto en el orden día donde esta cuestión figurase. Es decir, la ministra ha decidido, como he citado antes literalmente, que era el Consejo de Política Fiscal y Financiera quien debía determinar la evaluación del coste de la
Ley de calidad y, sin embargo, cuando se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera se decide que no figure. Y lo que es más grave, como no figura en el orden del día, las seis comunidades gobernadas por socialista -Andalucía, Extremadura,
Castilla-La Mancha, Baleares, Aragón y Asturias- deciden en ese momento que la situación es increíble, que figure en el orden del día y deciden también algo muy importante, señoría, algo que es verdaderamente grave, hacer un escrito muy duro en el
que se pide una revisión del actual modelo de financiación autonómica por incumplimiento del principio de lealtad institucional, ya que el Gobierno está aprobando leyes que implican costes para las comunidades autónomas sin contar con la adecuada
financiación para ello.
Yo quiero leer literalmente, para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones' de esta Cámara, lo que dice la proposición de acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, firmado por las comunidades autónomas a las que he aludido
antes. Dice: Las comunidades autónomas (cuyos representantes son los indicados) solicitan que el Consejo de Política Fiscal y Financiera
eleve al Consejo de Ministros el acuerdo de revisar el actual y vigente modelo de financiación autonómica por vulneración flagrante del principio de lealtad institucional por parte del Gobierno de la nación al que debe someterse por
aplicación de lo contemplado en la Ley orgánica de Financiación Autonómica. El principio legal de lealtad institucional que inspira el actual y vigente modelo de financiación ha sido vulnerado reiteradamente por el Gobierno del Partido Popular en
perjuicio de la financiación pactada que debía corresponderle a las comunidades autónomas con ocasión y en razón de las siguientes actuaciones: a) modificación unilateral por parte del Estado del marco legislativo relativo a competencias cuya
ejecución corresponde a las comunidades autónomas, imponiendo costes adicionales a los servicios públicos que legalmente deben prestar, sin compensación financiera equivalente por estas nuevas o superiores obligaciones legales. Y cita como ejemplos
recientes, aparte de la Ley de Menor, la Ley orgánica de Universidades y la Ley de Calidad de la Enseñanza, cuya memoria económica aún desconoce este Consejo y las comunidades autónomas que deben aplicarla.
Señorías, la situación es verdaderamente escandalosa. Se ha vulnerado el artículo 2, apartado 1, letra e) de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, que establece el principio de lealtad institucional
precisamente como la necesidad de que cuando el Estado legisla medidas que implican obligaciones de gasto a las comunidades autónomas no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, sea Consejo de Política Fiscal y
Financiera quien anualmente determine el impacto económico de esas medidas y prevea con las comunidades autónomas la financiación correspondiente.
Creo que la situación es muy clara y por eso decía al principio que se están dinamitando con la Ley de Calidad de la Educación demasiados preceptos legales. Es una ley que ha nacido de forma atropellada, ciega, sorda, pobre y sin
financiación, y ahora se le regatea incluso que el Consejo de Política Fiscal y Financiera decida, determine de qué forma se va a financiar para que las comunidades autónomas puedan acometer esas medidas. La ministra de Educación, por cierto, ha
dado a conocer el calendario de aplicación de la reforma de la LOCE no en esta sede parlamentaria -donde lo hizo más tarde-, no en los organismos y en las instancias en las que tenía que haberlo hecho, sino precisamente en los medios de
comunicación. La LOCE siempre fue una ley ciega, sorda, pobre y huérfana, pero es una ley muy fotogénica, ha sido fotografiada en los medios de comunicación hasta la extenuación, y eso nos parece particularmente grave, porque la ministra está
vulnerando aquellas instancias que permiten precisamente hacerla crecer, hacerla posible.
Las comunidades autónomas están verdaderamente sublevadas por esta situación, la comunidad educativa también. Por eso, señor presidente -y con ello concluyo- es absolutamente imprescindible que esta Cámara, espero que el propio Grupo
Popular y los demás grupos parlamentarios, vote a favor de esta proposición no de ley que insta precisamente, y cito literalmente, a la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con el fin de tratar las diferentes
repercusiones presupuestarias y las previsiones que el Estado tiene para acometer con garantías la aplicación de las medidas que la Ley de Calidad de la Educación ya vigente establece. Señorías, debemos ser coherentes no ya con lo que propone el
Partido Socialista, no ya con lo que han propuesto otros partidos políticos, sino sobre todo con la legalidad vigente.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que deseen intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Realmente lo que hemos oído hoy a la portavoz del Partido Socialista es un totum revolutum. Ha vuelto al debate que tuvimos aquí, en el Congreso, no solamente en Comisión sino en Pleno, respecto a la Ley de
calidad, y por lo tanto no voy a entrar en muchas de las cuestiones, puesto que ya se debatieron y se dieron los argumentos pertinentes.
Me ha extrañado muchísimo su afirmación de que se está vulnerando la legislación vigente. Señoría, yo creo que o desconoce la legislación vigente o realmente ha hecho una lectura torticera de la legislación vigente. Para conocimiento de la
Comisión, aunque la mayoría de sus miembros lo conocen, pero sobre todo para que quede constancia en el 'Diario de Sesiones', le voy a recordar lo siguiente. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, según el artículo 61 del
reglamento de régimen interior del citado Consejo, que establece los requisitos para la reunión del pleno del Consejo, será convocada por el presidente, el ministro de Hacienda, por iniciativa propia (y ahora subrayo) o cuando lo solicite al menos
la tercera parte de sus miembros, entre los que se encuentran los consejeros de Hacienda de cada comunidad autónoma. Por supuesto los consejeros de Hacienda tienen que estar incluidos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, porque la
argumentación que hacía la portavoz del Partido Socialista me parece realmente incomprensible. Es decir, cómo no van a conocer los consejeros de Hacienda el número de niños entre 3 y 6 años o cómo no van a conocer el número de niños que están en
2.º de la ESO o cómo no van a conocer el número de profesores. Señoría, cuando presiden, bien el ministro de Hacienda o bien los consejeros, tienen las notas correspondientes y han despachado con los consejeros de Educación. Eso es el abecé de la
política y es exactamente igual en materia de sanidad o en otras materias, asiste el consejero de Hacienda con los datos que le han dado.
Ha sido
un argumento que, de verdad se lo digo, señora portavoz, me ha hecho sonreir. Reitero, puede pedirlo la tercera parte de sus miembros. Es por tanto de acuerdo con dicho reglamento como deben decidirse las reuniones del pleno.
No obstante, y respecto al fondo de la cuestión que plantean en su proposición no de ley, la Ley orgánica 7/2001, de 27 de diciembre -le recuerdo esta fecha-, que es muy posterior a la LOGSE y a la LODE, y que por lo tanto modificaba la Ley
orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, la LOFCA, en su artículo 7 modifica dicha ley en materia de principios generales. Para ello añade una nueva letra, la que ha dicho S.S., pero a la que ha achacado una consecuencia que es la contraria al texto
de la misma. La letra e), apartado primero, del artículo 2, tiene la siguiente redacción: La lealtad institucional que determinará la valoración del impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones del Estado legislador en materia
tributaria o la adopción de medidas de interés general que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas en la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente y que deberán ser objeto de
la valoración anual en cuanto a su impacto tanto en materia de ingresos como de gastos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Y añade: Por tanto, sobre la base de este precepto de la LOFCA, la lealtad institucional hay que entenderla como
el resultado final de un balance en el que figuren los impactos, tanto positivos como negativos de las iniciativas legislativas del Estado, correspondiendo al Consejo de Política Fiscal, si bien (tome nota, señoría) a posteriori, la valoración anual
de los mismos.
En lo que respecta a la Ley de calidad, el Gobierno, previa consulta a las comunidades autónomas, aprobará el calendario de aplicación de esta ley, que tendrá (eso lo dice la adicional primera de la Ley de calidad) un ámbito temporal de
cinco años a partir de..., etcétera. Y entonces entramos en el calendario. Señoría, nos ha dicho que la ministra se había reunido primero con los medios de comunicación; efectivamente, informó a los medios de comunicación de los anteproyectos de
decreto que iba a proponer al Consejo Escolar del Estado y consulta a las comunidades autónomas, ya había habido una reunión con directores generales o directoras generales de las comunidades autónomas. Pero sabe S.S. que, dado el estado actual de
tramitación del proyecto, hasta el curso académico 2004-2005, no comenzará la implantación general de la gratuidad de la educación infantil en el primer ciclo, y el próximo curso, según el calendario que indicó la ministra en la última comparecencia
en Comisión, los chicos y chicas que tuvieran más de dos asignaturas suspendidas (y todas y cada una de las comunidades tienen que decidir si los exámenes extraordinarios serán en julio, en septiembre o cuándo quieren que sean) no pasarán al curso
siguiente. Eso no conlleva en absoluto ningún gasto educativo. Su señoría hace referencia concretamente al apoyo a la privada. Es curioso, porque en algunas reuniones, y quiero citar una celebrada en Sevilla hace unos días, estaba una
representante del Partido Socialista, y citaba justamente la comunidad de S.S., la de Castilla-La Mancha, como una de las que iba a poner en marcha este tema. Yo le indicaba que en varias de las comunidades gobernadas por los socialistas, como
Aragón -es verdad que en Baleares fuimos nosotros los que lo pusimos en marcha y posteriormente no se atrevieron a quitarlo-, no lo habíamos puesto nosotros en marcha, y nos dijo que en Castilla-La Mancha ya lo iban a iniciar. De todas maneras, el
primer ciclo de educación infantil será gratuito pero no obligatorio hasta el siguiente curso, y por lo tanto en ese momento habrá que estudiarlo. Pero digo y reitero que muchas comunidades ya lo tienen. Por ejemplo, yo me honro en pertenecer a la
de Castilla y León, que tuvo el año pasado el 92 por ciento y este curso llegará al cien por cien.
Todos los epítetos que ha dicho la señora representante del Grupo Socialista respecto de la Ley de calidad son los mismos, es curioso -yo cuando los oía parecía una película de sesión continua-, que dijeron hace unos meses cuando se aprobó.
Por cierto, que entonces les dije y ahora quiero repetírselo que la normativa básica es competencia del ministerio y por lo tanto yo no creo que aquí se haya acometido nada más que normativa básica; es a lo que ha ido el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Por lo tanto y resumo, señor presidente, la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera la hace el presidente, el ministro de Hacienda, o bien a petición de una tercera parte de sus miembros. Segundo, en cuanto al
calendario de esta ley, conforme a la disposición final, todavía el año que viene no habrá gasto público, sino al siguiente, cuando varias comunidades, y me alegro mucho que incluso comunidades socialistas, pongan en vigor la enseñanza gratuita pero
no obligatoria de los 3 a 6 años. Por todas estas razones nuestro grupo va a votar en contra. Como la señora representante ha dicho que esta ley era sorda, muda, pobre, en fin, una serie de cosas, yo quiero terminar, señor presidente, diciendo que
no hay más sordo que el que no quiere oír ni más ciego que el que no quiere ver y por lo tanto lea usted la legislación vigente y entonces verá usted cómo tenemos razón. (La señora Díez de Baldeón García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: No ha lugar.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Muy brevemente, por favor.
El señor PRESIDENTE: No.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: No hay enmienda.
El señor PRESIDENTE: No hay enmienda. Le voy a conceder treinta segundos exclusivamente para si quiere aclarar algún punto, pero no para reabrir el debate, que está ya suficientemente aclarado, señora Díez de Baldeón.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: El portavoz del Grupo Popular no hace sino poner un punto final surrealista a una situación que ya lo es suficientemente, porque me ha leído un artículo de la LOFCA que no hace sino ratificar todos los
principios y las declaraciones que yo he hecho.
Por tanto es verdaderamente surrealista que para negar lo que yo estoy diciendo lea una ley que ratifica lo que yo digo. Su voto en contra no hace sino también evidenciar hasta qué punto el Partido
Popular está poniendo obstáculos para que el Consejo de Política Fiscal y Financiera decida finalmente sobre la financiación de esta ley. (El señor Guerra Zunzunegui pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señor Guerra Zunzunegui.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Yo he leído exactamente lo que dice la LOFCA, la Ley orgánica 7/2001, que fue la que modificó, y por lo tanto no entramos en LOCE ni LODE, cuya memoria económica de 800.000 millones dónde quedó, señoría. En su
último párrafo dice: correspondiendo al Consejo de Política Fiscal y Financiera, si bien a posteriori, se lo subrayo, la valoración anual de los mismos. Toda mi argumentación es de que a posteriori tiene que ser cuando entre en vigor la Ley de
calidad según el calendario previsto y que en el próximo curso, señoría, únicamente irá la norma que no supone aumento de gasto público. (La señora Díez de Baldeón García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Ha concluido el debate.
La señora DÍEZ DE BALDEÓN GARCÍA: Sí necesita financiación.
- SOBRE ACTUACIONES PARA QUE LA TORRE DE HÉRCULES Y SU ENTORNO SEAN DECLARADAS POR LA UNESCO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001432.)
- RELATIVA A LA DECLARACIÓN DE LA TORRE DE HÉRCULES, DE A CORUÑA, Y DE SU ENTORNO COMO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (BNG). (Número de expediente 161/001342.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura como número 3, iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista sobre actuaciones para que la Torre de Hércules y su entorno sean declaradas por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, que se tratará conjuntamente con la presentada por el Grupo Mixto (BNG) sobre el mismo tema. En primer lugar, tiene la palabra la señora Marón, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora MARÓN BELTRÁN: Señorías, es para mí una satisfacción como coruñesa traer hoy a esta Cámara esta iniciativa en la que el Grupo Socialista solicita el impulso y el apoyo del Gobierno para que la Torre de Hércules y su entorno, con
importantes restos como los petroglifos de punta Herminia y una zona natural de gran belleza, sean declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Es un edificio emblemático que tiene A Coruña incluso en su propio escudo y que es el más
visitado de la ciudad.
La Torre de Hércules guarda desde luego infinidad de mitos y leyendas, como la lucha entre Hércules y Gerión, que recoge Alfonso X el Sabio en la Crónica General de España, pero guarda también la historia, siglo tras siglo, enviando sus
señales, su luz, a los barcos que se aproximan a la ría coruñesa. Es a la historia,a las primeras noticias escritas a las que voy a referirme, y por ejemplo en la Cosmografía de Aethicus, del siglo V o VI, se menciona la ciudad de Brigantium, en
Galicia, en la que se levanta un altísimo faro. Igualmente en el Mapamundi del Beato de Burgo de Osma, en el año 1086, aparece ya la inclusión de la Torre de Hércules y es, pues, la primera cartografía que la recoge; curiosamente, en dicho mapa
aparecen muy pocos accidentes geográficos y la Torre de Hércules y el Faro de Alejandría, tristemente desaparecido, son de los pocos que aparecen. También el Códice Calixtino, datado en el año 1140, habla de Crunia como una de las ciudades más
grandes de España. Sería interesante hablar de la historia de la torre desde Julio César a nuestros días, pero el tiempo me obliga a entrar en lo que hoy pedimos y por tanto en los criterios que establece el comité intergubernamental de protección
del patrimonio mundial cultural, órgano de la UNESCO, para que los monumentos o bienes culturales puedan ser declarados Patrimonio de la Humanidad.
No es suficiente que un bien sea importante; ha de ser excepcional y ha de reunir una serie de condiciones a las que voy a referirme lo más breve que pueda. Entre las condiciones y requisitos que establece la UNESCO para declarar un bien
Patrimonio de la Humanidad está por ejemplo la excepcionalidad. Establece una serie de criterios, de los cuales el bien que se propone ha de cumplir al menos uno: atestiguar un intercambio de influencias durante un periodo concreto en un área
cultural del mundo determinada en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana, etcétera. Esta justificación la tiene la Torre de Hércules. Es con las Murallas de Lugo, ya
declaradas Patrimonio de la Humanidad, la principal obra pública romana del Occidente europeo, atestiguando la presencia arquitectónica tecnologías marítimas propias del mundo romano mediterráneo en el extremo del mundo occidental atlántico,
en el cual tuvo lugar el desarrollo de la ciudad, creando en torno a sí el paisaje que actualmente existe. En cuanto al requisito de que aporte un testimonio único sobre una tradición cultural o una civilización viva desaparecida, la Torre de
Hércules es el único testimonio del mundo de una tradición cultural desaparecida, cual es la señalización marítima y la planificación de la navegación a gran escala durante el Imperio Romano, creador de la primera unidad política y económica en el
espacio europeo, articulado en buena medida a través del Mare Nostrum hasta Gran Bretaña. La señalización de la ruta desde la Europa mediterránea a Gran Bretaña fue la causa de la construcción de la Torre de Hércules, el único faro romano que
permanece en pie y con la misma utilidad original. Otro apartado es constituir un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico de un pasaje ilustre o de uno o varios periodos
significativos de la historia. La torre no sólo es un ejemplo sino que es el único ejemplo del mundo representativo de un tipo de construcción: los faros de señalización marítima de la antigüedad, puesto que como he dicho el Faro de Alejandría ha
desaparecido.
El segundo requisito es la autenticidad, responder al criterio de autenticidad en la relativo a su confección, sus materiales, su ejecución o su entorno y, en el caso de un paisaje cultural, en lo referente a su carácter o sus componentes
distintivos. Desde luego, el núcleo monumental actual, con sus pisos, sus vanos, sus espacios, es básicamente original romano. Si bien algunas pequeñas partes han debido ser reparadas, tal reparación se hizo a finales del siglo XVIII con una
visión muy adelantada para su tiempo, coincidente con la que hoy se toma como obligatoria, es decir, señalando claramente las zonas en las que se intervino, de modo que a simple vista se diferencian claramente las partes originales de las reparadas.
El muro exterior es verdad que se derrumbó paulatinamente a partir del siglo XV y desapareció en el siglo XIV, junto con la rampa o escalera de acceso, pero las excavaciones arqueológicas realizadas a pie de faro, que hoy se guardan como una parte
de musealización en la base de la torre, han sacado a la luz no sólo los restos de la cimentación del muro antiguo, sino también las ruinas de la edificación que se adosó durante la Edad Media. El resultado es que hoy no sólo se puede visitar el
núcleo central del faro, conservado prácticamente íntegro, sino también los restos de los elementos arruinados, sobre los que no se realizó reconstrucción de ningún tipo. El estado degradado del edificio obligó a finales del siglo XVIII, en el
reinado de Carlos III, que crea en 1785 el Real Consulado Marítimo de Galicia, a acometer una importante obra, encargada al ingeniero director Eustaquio Giannini, que era un teniente de Marina natural de Badajoz, pero que dedicó gran parte de su
vida a reparar y a acometer la mayor reforma de la Torre de Hércules, asesorado por el ilustrado Josep Cornide, que al recubrir el edificio con una nueva fachada de estilo neoclásico, la integró en una banda helicoidal, en recuerdo de esa antigua
rampa destruida. Esta obra se finalizó en 1791. En consecuencia, la Torre de Hércules actual es la suma de un edificio original romano, cuyo núcleo se conserva prácticamente intacto en su concepción, sus materiales y su ejecución, con los restos
de los elementos desaparecidos con el tratamiento de la ruina y una intervención del siglo XVIII, a la que acabo de referirme.
El tercer aspecto es la protección, gozar de una protección jurídica o contractual y/o de protección tradicional adecuada y de mecanismos de gestión. La Torre de Hércules goza de la mayor protección legal existente en el ordenamiento
jurídico español y gallego, la categoría de bien de interés cultural (BIC), la gestión es pública y la forma de ésta se ha diseñado a partir de carácter de elemento de interés histórico excepcional, mediante un convenio entre la Administración
titular, la Autoridad Portuaria, y el Ayuntamiento de A Coruña, encargado de las partes históricas y de monumentos.
El cuarto criterio es la comparación con otros bienes similares, a fin de demostrar no sólo su importancia sino su excepcionalidad. En este caso, la excepcionalidad de la Torre de Hércules es de un grado tal que resulta imposible realizar
la comparación con otros similares, dado que es el único faro de la antigüedad que permanece en pie; tanto el Faro de Alejandría como el de Leptis Magna han desaparecido.
El quinto es el establecimiento de una zona tampón, definida como una zona alrededor del bien, cuyo uso es restringido a fin de reforzar su protección. El Plan General de Ordenación Urbana define como zona especial de protección un amplio
entorno que abarca toda la península que emplaza la Torre de Hércules, con prohibición expresa de edificación. El entorno ha sido saneado mediante la supresión de infinidad de edificaciones existentes, conservando su paisaje natural y eliminando
una serie de viviendas y de cochiqueras que había. Tras estas modificaciones este entorno del parque de la torre fue inaugurado en 1995.
El sexto y último criterio es la participación de la población local en el proceso de solicitud de inscripción, que es esencial para que se tome conciencia de la responsabilidad que comparte con el Estado en cuanto al mantenimiento del
sitio. Desde luego está plenamente justificado, pues la participación de la Administración local ha sido total en el fenómeno de revitalizar la Torre de Hércules a partir de finales de la década de los noventa, con la inclusión de la rehabilitación
de la torre en los planes del paseo Marítimo financiados por el Estado, la dirección de excavaciones que se ha hecho en su base, la más prologada de las realizadas en Galicia
a pie de faro, con un estudio que hoy se ha musealizado y que permite conocer la situación de las distintas etapas por las que ha pasado la torre. La finalización de la obra tuvo lugar el 30 de noviembre de 1992.
Curiosamente, el 3 de
diciembre del mismo año el Mar Egeo ardía, con todo lo que significó, al pie de la torre, con el impresionante ejemplo de una desgracia ecológica que todos conocemos. A consecuencia del accidente del Mar Egeo hubo que volver a restaurar
inmediatamente todo el exterior de la muralla de la Torre de Hércules, puesto que había quedado degradada.
Siguiendo en la línea de lo que decía, en esta época se celebró también el bicentenario de la obra de Giannini, en 1991, con nuevas
investigaciones, ediciones y reediciones de libros, exposiciones, como por ejemplo La ciudad y la Torre, Roma y la Ilustración en Coruña, y sus correspondientes catálogos, y la firma de un convenio de gestión con la Autoridad Portuaria, que son
buenas pruebas de la total implicación de la Administración local con este monumento. Es desde luego el símbolo de la ciudad y desde al menos 1448 forma parte de su escudo. La implicación del proceso de la ciudadanía se pone plenamente de
manifiesto a través de los diferentes intentos de impulsar la declaración de la torre como Patrimonio de la Humanidad, primero por parte de la Real Academia de Bellas Artes Nuestra Señora del Rosario y actualmente por el Instituto de Estudios Torre
de Hércules, en el que están representados diversos sectores ciudadanos y que preside el doctor Vázquez Iglesias.
Termino, señor presidente, señorías. En muy poco tiempo se han recogido también miles de firmas para apoyar esta iniciativa, se han presentado mociones de apoyo no sólo en el Ayuntamiento de A Coruña, sino en ayuntamientos limítrofes, y
también el Parlamento gallego aprobó una proposición no de ley por unanimidad apoyando la propuesta. Por tanto, yo pido en esta Cámara el apoyo de todos los grupos políticos, a la vez que les invito a visitar no sólo la ciudad sino este monumento y
subir sus 234 escalones, que seguro que no les defraudará, pese al esfuerzo, y que permite una visión bellísima no sólo de la ciudad sino de toda la bahía coruñesa.
Si me permiten adelantar un poco, conozco la enmienda presentada por el Grupo Popular. Quiero decir ya que al Grupo Socialista le parece muy bien y está dispuesto a aceptarla, puesto que recoge exactamente los criterios recogidos en la
parte dispositiva de la proposición no de ley presentada para instar al Gobierno a que en colaboración con la Xunta de Galicia y el Ayuntamiento de A Coruña se impulse en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico las actuaciones necesarias para el
reconocimiento por la UNESCO de la Torre de Hércules y su entorno, que me parece muy importante, como Patrimonio de la Humanidad. Reitero mi petición de apoyo por parte de todos los grupos.
El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Intentaré no abundar en los argumentos expuestos por la señora Marón y paso a defender la primera proposición no de ley que tuvo entrada en el registro de la Cámara instando precisamente al Gobierno a impulsar y
apoyar los trámites y actuaciones tendentes para la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, como patrimonio mundial. El pasado mes de mayo de 2002, el Parlamento gallego por unanimidad aprobó una proposición no de ley
en la que se instaba precisamente a la Xunta de Galicia a que propusiese al Gobierno central la inclusión de la Torre de Hércules en la lista de monumentos históricos que presentaría o que el Gobierno central habría de presentar a la UNESCO para su
declaración como Patrimonio de la Humanidad. De esta manera el Parlamento gallego se sumaba a otras solicitudes procedentes de diferentes instancias ciudadanas de A Coruña y de toda Galicia: en su momento, en el año 1991, la Academia de Bellas
Artes, en la actualidad el Instituto Torre de Hércules, y precisamente para realizar lo que a juicio del Bloque Nacionalista Galego supone tanto un acto de justicia como un acto de oportunidad. Un acto de justicia, en primer lugar, en atención a
los valores intrínsecos del monumento, como ya se ha dicho, un viejo faro romano que sigue en pie y que sigue incluso en funcionamiento, modificado más tarde, en la época neoclásica, bajo la dirección de Eustaquio Giannini, y de un entorno que, como
diferentes excavaciones están poniendo de manifiesto, encierra además importantes restos romanos. Un acto de justicia además a la vista de la movilización de diferentes sectores de la sociedad coruñesa, de la sociedad de la comarca de A Coruña y
del conjunto de Galicia, a lo que ya he hecho referencia. Además es un acto de oportunidad, en primer lugar porque la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad no sólo reforzaría la protección de este monumento y de su
entorno, sino que supondría una llamada de atención al Ayuntamiento de A Coruña para que se eviten atentados urbanísticos, que si bien no realizados exacta y directamente en el entorno de la torre, sí suponen, desde nuestro punto de vista, y así lo
denunció repetidamente el Grupo Municipal del Bloque Nacionalista Galego en el Ayuntamiento coruñés, un atentado de alguna manera al carácter emblemático y al carácter de símbolo que la torre tiene del conjunto de la ciudad y de su comarca. Me
refiero a diferentes urbanizaciones realizadas y autorizadas por el ayuntamiento que impiden la vista de este monumento, por ejemplo, desde la playa de Riazor o desde la playa de Orzán, o a las que impiden también o impedirán, después de la
aprobación del nuevo Plan de Ordenación Urbana, con la autorización de bloques de ocho plantas en San
Amaro, la visión de este monumento, la visión de esta torre desde otra parte de la ciudad. Desde nuestro punto de vista, proteger la Torre de Hércules supone también hacer que el monumento sea visible desde partes de la ciudad, como mínimo,
desde las cuales hasta este momento se podía vislumbrar. No se trata por tanto, como decía la señora Marón, de permitir una visión bellísima de la ciudad y de su bahía desde la torre, sino también de que la torre sea visible desde la ciudad y no
sólo desde la bahía, no sólo en barco.
En segundo lugar, declarar la torre como Patrimonio de la Humanidad supondría no sólo aumentar la atracción turística en el conjunto de la comarca de A Coruña, sino también una fuente adicional de ingresos para la ciudad, como pone de
manifiesto la firma en marzo del año 2002 de un convenio entre el Ministerio de Economía y las nueve ciudades, entre ellas Santiago de Compostela, que contienen monumentos o conjuntos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; un convenio
en el que se aprobaron actuaciones de fomento del turismo por valor de casi 2 millones de euros, de los que de esta manera también se podría aprovechar A Coruña.
En el Bloque Nacionalista Galego sabemos que es difícil, porque la UNESCO ha decretado una moratoria de diez años para la inclusión de nuevos conjuntos o de nuevos monumentos en la lista del patrimonio mundial -en este momento hay más de 721
monumentos y conjuntos declarados en todo el mundo Patrimonio de la Humanidad-, pero a pesar de esta dificultad pensamos que se debe exigir del Gobierno español diligencia y firmeza en la defensa de la candidatura de la Torre de Hércules y ello,
desde nuestro punto de vista, al menos por dos razones, en primer lugar, porque a pesar de esta moratoria, y así se demuestra con la declaración de la Muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad, los trámites duran años y exigen un trabajo
concienzudo y riguroso de documentación que es necesario ya iniciar; en segundo lugar, porque en un momento en el que el Gobierno español está poniendo todo su empeño en apoyar una guerra injustificada en Oriente Medio, desde nuestro punto de vista
le es también exigible que se esfuerce no igual sino mucho más en promover la paz, promover la comunicación entre las culturas y los pueblos, es decir, que presione también a nivel internacional en proteger la cultura y no en alentar aventuras
bélicas de carácter imperial. Este sería para nosotros el verdadero significado de la declaración de la Torre de Hércules como Patrimonio de la Humanidad, hacer que un faro que lleva guiando a los navegantes más de 2000 años sirva también hoy para
que algunos gobernantes soberbios y seguramente perdidos encuentren el rumbo de la paz y del entendimiento entre los pueblos. De esta manera la Torre de Hércules sería no sólo el símbolo, que ya lo es, y el emblema de la ciudad de A Coruña, sino el
símbolo y el emblema de la paz en tiempos en los que esta palabra no parece estar muy de moda.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra la señora Carabel.
La señora CARABEL PEDREIRA: Señorías, en primer lugar me gustaría agradecer al Grupo Socialista y especialmente a S.S. portavoz en esta proposición no de ley el apoyo y la comprensión demostrados ante la presentación de la enmienda por el
Grupo Popular. La verdad es que poco se puede añadir a las extensas y magníficas intervenciones de los portavoces del Grupo Socialista y del Bloque Nacionalista Gallego, doña Carmen Marón y don Carlos Aymerich, que con su descripción histórica y
geográfica de la Torre de Hércules y su entorno han dejado muy claros los motivos que justifican la justa aspiración de este grandioso monumento a la candidatura para su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Se trata de una iniciativa
político-cultural que desde sus orígenes ha concitado la unanimidad. Ha existido unanimidad en el Ayuntamiento de A Coruña, donde todos los grupos aprobaron la moción correspondiente; también ha habido unanimidad en el Parlamento gallego sobre una
proposición no de ley aprobada igualmente por todos los grupos parlamentarios; y unánime es el sentimiento de todos los ciudadanos de A Coruña, que ven en la Torre de Hércules el monumento más antiguo, ilustre y representativo de su ciudad y que ha
estado íntimamente ligado a su fundación e historia, ya que según dice la leyenda, Hércules cortó la cabeza del tirano Gerión en este lugar y tras enterrarlo levantó la torre.
Tradicionalmente, y como ya se ha dicho, se considera construida en tiempos de Trajano (siglo II después de Cristo), bajo la dirección de arquitecto lusitano Cayo Servio Lupo, con el fin de guiar el intenso tráfico marítimo de la zona. En
1682, a instancias del Duque de Uceda, se le añadió la escalera interior y dos torreones con faroles y finalmente, entre 1790 y 1791, fue reconstruida durante el reinado de Carlos III. En la actualidad es el faro en activo más antiguo del mundo, su
luz está situada a una altura de 106 metros sobre el nivel del mar y es visible por los navegantes desde una distancia de más de 43 kilómetros, ofreciendo una inestimable ayuda a lo largo de ya casi 2000 años a toda la gente del mar, y especialmente
a los numerosos pesqueros de la zona que faenan en estas aguas la mayor parte del año. (El señor Aymerich Cano: Que faenaban.)
Sin embargo, y aunque mi grupo valora muy positivamente las proposiciones no de ley presentadas por la señora Marón y el señor Aymerich, entendíamos que eran susceptibles de una enmienda de carácter técnico que adapte estas iniciativas
parlamentarias a los trámites que exige la vía administrativa. El papel del Gobierno en el impulso y apoyo a los trámites para que un bien sea declarado Patrimonio de la Humanidad está condicionado por el carácter concurrente de las competencias
en materia de cultura en nuestro ordenamiento constitucional, siendo el tema de la declaración de patrimonio mundial buena muestro de ello. Por un lado, el Estado es responsable, como miembro de la UNESCO y sobre todo como firmante de la
Convención de Patrimonio Mundial de 1972; por otro, no se puede ignorar la competencia que en materia de patrimonio histórico tienen las comunidades autónomas. Así, en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico, que es el órgano de coordinación
entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas en materia de patrimonio, se ha aprobado el procedimiento que deben seguir los proyectos que aspiren a la declaración y que debe ser respetado por todos, de forma que todo bien que
aspire a ser candidato a la declaración tiene que estar en la lista indicativa, que incluye para cada país a todos aquellos potenciales candidatos a la declaración y que son elegidos por cada Estado. La lista española está siendo revisada
actualmente y se prevé su aprobación en el Consejo de Patrimonio Histórico que se celebrará a finales de mayo en Teruel. Para ello cada comunidad autónoma elabora su propia lista indicativa, que presenta a dicho consejo, el cual, tras el
correspondiente análisis y debate, coordina las actuaciones y propone una lista indicativa general nacional. Una vez aprobada la lista por el pleno del consejo, se le comunica al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, el cual la asume y se la
comunica a la UNESCO, enviando toda la documentación aportada por las comunidades autónomas sobre cada proyecto. De todo esto se deduce que es en el seno del Consejo de Patrimonio Histórico donde se debe hacer la selección. El ministerio no debe
apoyar una candidatura frente a otra. Es el comité de expertos el que fija los criterios objetivos para la selección, que no son otros que los marcados por la UNESCO, es decir, la universalidad, la originalidad, la no reconstrucción y que su
categoría no esté representada en la lista. Una vez seleccionada y si llega el caso, que no quepa duda a SS.SS. de que el ministerio va a colaborar con el Ayuntamiento de La Coruña y con la Xunta de Galicia en la realización de todos los trámites
necesarios y de que va a apoyar incondicionalmente la candidatura de la Torre de Hércules y su entorno a ser declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad. De cualquier manera, señorías, nosotros apoyamos el fundamento de las proposiciones y
nuestra enmienda va en sentido de mejorar estas magníficas iniciativas que hoy debatimos.
El señor PRESIDENTE: A los efectos de la posición en relación con la enmienda presentada por el Grupo Popular y con la máxima brevedad, porque el tema está debatido suficientemente, le ruego que tome la palabra la representante del Grupo
Parlamentario Socialista.
La señora MARÓN BELTRÁN: Brevísimamente. Realmente la mejora técnica de la enmienda del Grupo Popular recoge exactamente los términos presentados por la iniciativa del Grupo Socialista; por tanto aceptamos la enmienda y valoramos
positivamente este acuerdo.
El señor PRESIDENTE: Señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: En la medida en que la enmienda del Grupo Popular recoge los términos de nuestra proposición, que a su vez recogía la proposición del Grupo Socialista, también apoyamos esta transaccional.
- RELATIVA A LA COOPERACIÓN PARA LA TRANSMISIÓN Y SALVAGUARDA DE LA MEMORIA DE LA COMUNIDAD SEFARDÍ. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001883.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la cooperación para la transmisión y salvaguarda de la memoria de la comunidad sefardí. Para
su defensa, tiene la palabra el señor Ballestero.
El señor BALLESTERO DE DIEGO: Señorías, presentamos esta mañana una proposición no de ley que pretende cooperar a transmitir y salvaguardar la memoria de la comunidad sefardí, incluida su lengua originaria, el ladino. Lo que estamos
haciendo no es sino apoyar a nuestros antepasados y no renunciar a parte de nuestra cultura, porque como saben SS.SS. los sefardíes son los judíos expulsados en 1492, como decimos en la exposición de motivos, y Sefarad es España, la España natal de
esos judíos desterrados, en su posterior lengua adoptada del hebreo. Digo adoptada porque esos judíos nacidos y criados en España, incluso con antepasados muchos de ellos españoles, salieron de la Península y se dirigieron al norte de África y a
los territorios orientales del Imperio Otomano, para más tarde asentarse en Francia, Holanda, Inglaterra, Italia, los Balcanes y, en fin en otros países europeos. Desde entonces los judíos sefardíes adquirieron un renombre singular por sus logros
intelectuales en el contexto de la cultura judía.
Me enorgullece, siendo diputado por Toledo, y se lo agradezco a la portavoz de Cultura de nuestro partido, la señora Rodríguez-Salmones, tener esta humilde oportunidad de contribuir a enmendar lo que considero un error histórico, pues de
Toledo salieron la mayoría de estos sefardíes que durante la historia han conservado y transmitido por buena parte del mundo nuestra cultura y nuestra lengua; nuestra lengua de entonces, que con esta proposición no de ley también hoy queremos
apoyar, el ladino o, lo que es lo mismo, el español, señorías, porque el ladino viene del término latino con el que cuando parte de estos judíos españoles llegan a Turquía quieren identificar el idioma que hablaban y referirse ni más ni
menos que al español de Cervantes. Hoy mismo, como me comentaba hace unos días el profesor Rufino Miranda, podríamos hacer una visita por los Balcanes y nos sorprendería ver cómo en recónditos pueblos nos entenderíamos con alguno o con buena parte
de sus habitantes y podríamos hablar con ellos; sólo nos distinguirían algunas términos y cuando nosotros queremos comprar ellos dirían que quieren mercar, en un perfecto español conservado, eso sí, de la Edad Media.
Pues bien, siendo de la segunda Jerusalén, siendo toledano o de Toleto, como dirían los hebreos, y que significa cuidad de generaciones, siendo del foco espiritual de Occidente, como ellos mantienen todavía, y los toledanos a veces
olvidamos, tengo una mayor obligación, si cabe, de seguir con la revitalización de nuestros lazos de unión con la cultura sefardí y con el pueblo sefardí. En Toledo, como en tantos otros lugares de España, quedan importantes restos de este pueblo,
como se puede ver en la sinagoga de Santa María del Tránsito, donde además hay una buena biblioteca sefardí, o en el Barrio Judío; pero además y sobre todo continúa existiendo una voluntad de no apagar la llama sefardí, que se puede haber visto
recientemente en la exposición sefardí itinerante o en la Sociedad de Amistad Judeocristiana, que el lunes de Pascua celebrará la Pesah, la Pascua judía.
Decía que esta herencia sefardí se ve por toda España y es que a nivel local, la red de juderías de España, donde se agrupan ciudades con barrios judíos importantes, como puedan ser además del mismo Toledo, Cáceres, Hervás, Córdoba, Girona,
Granada, Tortosa, Salamanca y otras tantas, potencia sobre todo a efectos turísticos un legado que en ningún caso podemos perder. Durante octubre de 2001, en el marco de la XXXI Conferencia General de la UNESCO, se apoyó el proyecto de resolución
sobre el ladino, que trata de implicar a la UNESCO en un plan de salvaguarda y valoración de la lengua judeoespañola. Por motivos no achacables a la representación española ni al Instituto Cervantes, la realidad es que el coloquio Lengua y cultura
judeoespañola, retos y perspectivas, que parecía una gran iniciativa de la UNESCO sobre la cultura y la lengua judeoespañolas, que debía concluir con un plan de acción para los próximos diez años, ha quedado en la práctica en una reunión preparada y
protagonizada casi en exclusiva por el editor de Lettre Sépharade y un grupo de expertos afines a él. Aun así, desde la Dirección General de Cooperación y Comunicación Cultural, se sigue con atención todo lo relacionado con la cultura sefardí en
los organismos multilaterales, los ya citados plan de acción, de protección y revalorización del ladino, de la UNESCO, y la creación de El camino de la lengua castellana y su expansión en el Mediterráneo: las rutas de Sefarad, como itinerario
cultural del Consejo de Europa, pero pensamos, señorías, que tanto el Consejo Superior de Investigaciones Científicas como el Instituto Cervantes, que son los organismos encargados de la difusión y preservación del patrimonio cultural judeoespañol,
son los departamentos idóneos para valorar e impulsar la cooperación entre las instituciones españolas y la comunidad sefardí, para la salvaguarda y conservación de su memoria.
Quiero terminar rindiendo un homenaje a un senador, que lo fue desde el año 1899 a 1923, don Ángel Pulido, senador primero por la Real Academia de Medicina y luego por la Universidad de Salamanca, que durante sus años como tal impulsó y
apoyó la recuperación de esta cultura. En esa intención y con la de que el resto de los grupos parlamentarios apoyen esta iniciativa, presentamos hoy, señor presidente, esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martínez Laseca tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para fijar nuestra posición en relación con esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la cooperación para
la transmisión y salvaguarda de la memoria de la comunidad sefardí. Cierto es que a mediados de octubre del pasado año se celebró en España, bajo el lema de El puente entre los siglos, el Congreso Mundial Sefarad 2002. Como alguien apuntó, volvían
los sefardíes. Más de 500 años después de que los Reyes Católicos les expulsaran de la Península, los judíos descendientes de aquellos que entonces se vieron obligados a iniciar la diáspora, eligieron Barcelona para celebrar el mayor congreso
mundial sobre su cultura que se ha realizado jamás. Especialistas, altas personalidades políticas y académicas venidas de todo el mundo debatieron desde el martes 14 hasta el jueves 17 los principales retos de la comunidad sefardí. Se trataba, en
efecto, del primer congreso Sefarad que se que organizaba desde que se celebro el primero en la Viena de 1932. En palabras de Jacob Ventura, presidente de la Fundación Sefarad Mundial, pretendía ser el reencuentro de españoles con españoles, de los
judíos de la diáspora y aquellos que vivimos aquí, seamos judíos o no. Es un puente entre los siglos que pretende reanudar la extraordinaria colaboración entre culturas, basada en la tolerancia que ha caracterizado siempre al pueblo sefardí.
Pretendemos enlazar con el Siglo de Oro, con esa época tan rica culturalmente que vivió España, y hacer que los españoles recuerden una parte de su propia historia que tienen olvidada o al menos muy lejana.
Entre los objetivos principales del evento, al que se definió como I Congreso Mundial de Sefardíes en Sefarad, estaba el de organizar un instituto de cooperación internacional sefardí, que abarcaría todos los temas relacionados con la
cultura, la política y la economía sefardí.
Dicho instituto tiene vocación de participar en proyectos comunes con el Estado español, las autonomías y otras instituciones para dinamizar la importante red de juderías españolas. Barcelona es una de
las ciudades, junto con Madrid, Toledo, Córdoba y Girona, que optan por ser sede permanente del nuevo instituto de cooperación sefardí. Además, el congreso pidió que las autoridades españolas agilizasen la devolución de la nacionalidad a los
herederos de aquellos españoles que la perdieron muy a pesar suyo, por tratarse de una propuesta asumible.
El pueblo sefardí está disperso en los cinco continentes y se compone de 4,5 millones de personas que milagrosamente han mantenido vivas la lengua y la cultura españolas. De aquí que nosotros consideremos necesario trabajar en el
reforzamiento de estas relaciones culturales entre la comunidad sefardí internacional y nuestro país, puesto que está comprobado que existe una atracción muy fuerte de los judíos hacia España, a través de medidas de cooperación, y se puede decir en
este sentido que existió un reforzamiento en 1992, coincidiendo con la celebración del V Centenario del descubrimiento de América y la expulsión de los judíos de España.
Aquel punto de inflexión ha logrado estrechar los lazos de unión entre los descendientes de los judíos expulsados en el siglo XV y el pueblo español, estableciéndose proyectos comunes entre personalidades y organizaciones en beneficio común.
En este sentido, hemos de mencionar los programas de intercambio cultural y educativo entre el Reino de España y el Estado de Israel para distintos años, en los que se hace hincapié en la importancia de un legado histórico y cultural de tolerancia y
coexistencia, tal como existió en la España de los siglos XIII y XIV, denominada 'de las tres culturas', cooperando en la promoción de la investigación en áreas relacionadas con el patrimonio cultural de los judíos españoles.
Respecto al fomento de la cultura del ladino, también conocido como judeoespañol o el castellano que hablaban los sefardíes, es un caso único en la historia de la humanidad, porque se sigue manteniendo una identidad cultural española a
través de los siglos. Es algo de lo que también se ocupó el mencionado congreso. El ladino es algo más arcaico que el castellano común y está influido por la vida comunitaria judía. Hay emisoras de radio y prensa en esta lengua en París, Nueva
York y Estambul, y una Academia de la Lengua en Tel Aviv. No obstante, según afirmara Carmen Hernández, catedrática de la Universidad de Valladolid, en 2001, el sefardí es una lengua muerta y mal enterrada, porque no hay ningún hablante monolingüe
y su uso se limita estrictamente al ámbito familiar. En todo caso, la trascripción gráfica del ladino es uno de los principales puntos de discrepancia entre los investigadores, ya que se trata de un idioma que se habla en español y se escribe en
hebreo. A este respecto, la Fundación Duques de Soria invitó en junio del año pasado tanto a representantes de la autoridad del ladino como a un selecto plantel de filólogos, lingüistas y otros estudiosos de la lengua y literatura serfadíes de
España y de otros países, como Grecia, Bulgaria, Estados Unidos, para discutir sobre esta cuestión, sin que tampoco se llegara a ningún acuerdo.
En los mencionados convenios entre España e Israel también se estudiaba la posibilidad de impartir cursos de lengua y cultura ladina en el Instituto Cervantes en colaboración con la autoridad nacional del ladino, y tanto el CSIC, el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, como distintas universidades españolas desarrollan una serie de iniciativas en esta misma dirección.
Pretendemos que en esta proposición no de ley se impulse lo que hasta ahora se viene haciendo en términos de cooperación y lo que apreciamos es que el Grupo Parlamentario Popular considera que el Gobierno no está haciendo lo suficiente y que
debiera hacer más en relación con Sefarad, el pueblo de la memoria y de la tradición, o sobre la cultura judeoespañola y su aportación a la cultura occidental. La votaremos favorablemente y haremos un seguimiento minucioso de la misma, por ver si
en verdad su aprobación tiene esos efectos positivos de cara a impulsarlo.
- SOBRE PARTICIPACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS Y LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA (INAEM) EN LAS PROGRAMACIONES DE LOS DISTINTOS TEATROS DEL TERRITORIO NACIONAL Y, EN PARTICULAR, EN LA PROGRAMACIÓN DEL
FESTIVAL DE TEATRO DE EL EJIDO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001964.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular sobre participación de las compañías y las unidades de producción del INAEM en las programaciones de los distintos teatros del
territorio nacional y, en particular, en la programación del festival de teatro de El Ejido. Para su defensa, tiene la palabra la señora Espinosa.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Las competencias relativas a la creación, fomento y difusión de la actividad teatral y circense se desarrollan a través del programa teatro. Los objetivos políticos principales se centran en la expansión del
teatro y del circo, con especial
atención al patrimonio cultural español histórico y actual, a la interacción entre las distintas comunidades autónomas y a la proyección internacional, con especial cuidado hacia Iberoamérica.
Es una realidad que el número de espectadores se ha incrementado durante los últimos años y por tanto debemos continuar con el esfuerzo para consolidar los frutos de una política teatral incentivadora y activa.
Para ello es imprescindible
abordar las medidas necesarias para cumplir los objetivos que se marca el programa teatro. Algunos de ellos, y sin ánimo exhaustivo, serían dinamizar la actividad teatral y política de fomento de la cultura teatral española a través de las unidades
de producción del INAEM, fomentar el conocimiento de la realidad escénica española y desarrollar la información teatral a través de las actividades del centro de documentación teatral, o también preservar nuestro patrimonio teatral y difundirlo por
toda España y el extranjero, fomentando a la vez la comunicación teatral entre distintas comunidades autónomas, colaborando con instituciones públicas e iniciativas privadas.
A los anteriores objetivos se unen, además, la atención a la situación de
las infraestructuras teatrales, el esfuerzo en favorecer la armonía y equilibrio entre comunidades autónomas y la comunicación teatral con Iberoamérica.
Volviendo sobre lo anterior, las unidades de producción del INAEM muestran sus producciones en el conjunto de la geografía española y a partir de 1998 han abordado también una serie de programas educativos y culturales de manera que puedan
cumplir con el objetivo básico de toda nuestra política teatral, que es la recuperación y captación de espectadores a través de una labor educativa. Las unidades de producción, en lo que se refiere a la programación de espectáculos, prestan
especial atención a la dramaturgia nacional clásica y contemporánea y han incrementado de forma significativa su colaboración con otros centros dramáticos y teatros públicos de las diferentes comunidades autónomas. Y es aquí donde queremos hacer
hincapié, pues consideramos necesario que se realicen estudios o analicen los medios para que se incremente la presencia de las unidades de producción del INAEM en el mayor número de espacios escénicos del territorio nacional. Este estudio debe ser
extensivo a toda España, a sus más de cien teatros públicos con programación regular y a más de doscientos festivales nacionales e internacionales. De entre estos festivales yo creo que merece mención especial el del municipio de El Ejido, en la
provincia de Almería, festival que desde 1973 viene siendo exponente de la política cultural y social no sólo de este municipio, sino de toda la provincia de Almería.
El festival de teatro de El Ejido viene ofreciendo, por tanto, un panorama amplio y diverso de la creación teatral en España, que se ha ido consolidando con el paso del tiempo, ha recibido el apoyo de más de 22.000 espectadores, lo que unido
a la creación de escuelas municipales de teatro, a cursos de talleres monográficos, a programas de apoyo al teatro aficionado, tanto escolar como infantil, a la apuesta por los grupos de teatro local, etcétera, ha merecido distintos premios y
reconocimientos, como la declaración de interés turístico nacional realizada por la Junta de Andalucía. Ya en su pasada edición ha contado con el apoyo de instituciones particulares y con la colaboración de instituciones públicas, Diputación
Provincial de Almería, Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y también por parte del Ministerio de Educación a través del INAEM.
La organización de este gran acontecimiento no debemos olvidar que implica también una serie de gastos e inversiones necesarias para garantizar y asegurar el desarrollo de la programación de actividades y los actos que vienen cosechando el
éxito final que alcanza este festival. De su presupuesto de gastos, la programación representa aproximadamente el 80 por ciento, presupuesto que supera los 500.000 euros, de los que más de 335.000 son aportados por el ayuntamiento. En
consecuencia, viendo este presupuesto, y sin perjuicio de las posibles ayudas que en régimen de concurrencia o de colaboraciones complementarias pudiera solicitar el festival de teatro de El Ejido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y
teniendo en cuenta también que las unidades de producción del INAEM muestran sus espectáculos y actividades culturales en el conjunto de la geografía española, confiriendo las posibilidades de dinamizar la vida teatral por otras vías, planteamos la
posibilidad de la participación del INAEM, a través de sus unidades de producción, para contribuir a un mayor enriquecimiento de este festival.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con el objetivo de favorecer la presencia de las grandes compañías en todo el territorio nacional, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución, que encomienda a los poderes públicos promover y
tutelar el acceso a la cultura, nuestro grupo parlamentario presenta esta proposición no de ley por la que instamos al Gobierno a que estudie las fórmulas más favorables para que las compañías y las unidades de producción del INAEM participen en las
programaciones de los distintos teatros del territorio nacional y, en particular, para la participación de sus unidades de producción en la programación del festival de teatro de El Ejido.
El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a esta proposición no de ley. Para su defensa el señor Contreras tiene la palabra.
El señor CONTRERAS PÉREZ: Desde el Grupo Socialista saludamos como positiva esta iniciativa del Grupo Popular, en el sentido de que entendemos que es necesario dar un nuevo impulso en estos momentos al festival de teatro de Ejido que, como
ya se ha dicho,
tiene su origen en el año 1973 en la actividad de teatro que se desarrollaba en el instituto de bachillerato de Santo Domingo, de El Ejido. Posteriormente sufrió quizá una época un tanto más gris, de 1973 a 1984, pero en el año 1984 vuelve
a sufrir un nuevo impulso con la participación de compañías tan importantes como Els Comediants y El Globo. Posteriormente, a iniciativa del ayuntamiento, se constituye una coordinadora de teatro, y desde este momento la actividad ha venido siendo
regular y desde luego con muchísima aceptación por parte del público en general, no solamente de El Ejido, sino de Almería e incluso de otros puntos de la geografía.
Este festival de teatro se ha mantenido permanentemente por encima de las modas y de los cambios políticos, por lo que hoy se puede decir, sin lugar a dudas, que se trata de un patrimonio del municipio de El Ejido, independientemente de
tintes políticos. Hay que reconocer, como efectivamente se ha dicho, que hay subvenciones por parte de la Diputación, de la Junta y del propio ministerio a través del INAEM. Sin embargo teniendo en cuenta el montante total que supone este
festival, yo creo que son escasas. La Junta participó en el año 2001 con 12.000 euros y el INAEM con 7.512 euros. En el año 2002, la Junta con 12.000 euros y el INAEM, mediante resolución de 27 de junio de 2002, con 8.160 euros.
Entendemos que es
muy positiva la iniciativa del Grupo Popular respecto a los fines y funciones del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, que se regulan según el Real Decreto 2491/1996, de 5 de diciembre, en el que se establecen como fines la
promoción, protección y difusión de las artes escénicas y de la música en cualquiera de sus manifestaciones. Y en el artículo 3, se establecen las funciones, se habla de la programación y gestión de las unidades de producción musicales, líricas,
coreográficas y teatrales del organismo autónomo, así como las funciones adecuadas para su actuación en aquellas entidades públicas o privadas con fines similares en que participe el instituto o el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
De ser aprobada esta proposición no de ley se daría un nuevo impulso, que situaría este evento de artes escénicas al nivel del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro o el Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz. Si bien
estamos de acuerdo con el planteamiento genérico de la proposición no de ley, planteamos una enmienda de sustitución a la propuesta del Grupo Popular, en el sentido de que se especifiquen qué unidades de producción son las que deben participar en el
festival de teatro de El Ejido. En ese sentido pedimos la expresa colaboración de la Orquesta y Coros Nacionales de España y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico.
Estas son las peticiones concretas que nosotros hacemos y por tanto nuestra enmienda sería de sustitución que tendría el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno para que el Instituto Nacional de Artes Escénicas y de
la Música (INAEM), de conformidad con el artículo 3.2 del Real Decreto 2491/1966, de 5 de diciembre, a través de sus unidades de producción, especialmente de la Orquesta y Coros Nacionales de España y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico,
participe en la programación del festival de teatro de El Ejido por su reconocida trayectoria en la promoción y difusión de artes escénicas.
Con esta propuesta, manteniendo la filosofía del Grupo Popular, lo que hacemos es concretar cuál es la petición, que supondría sin lugar a dudas un nuevo impulso para esta muestra de teatro, para este festival de teatro de El Ejido, que lo
pondría, sin lugar a dudas, entre los primeros festivales de nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición en relación con la enmienda, la señora Espinosa tiene la palabra.
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Para que conste en el 'Diario de Sesiones' debo decir que el INAEM aporta directa e indirectamente al festival de teatro de El Ejido, con apoyo de compañía, 8.160 euros, aparte de otras aportaciones no
cuantificables pecuniariamente. La Junta de Andalucía en la pasada edición ha aportado 12.000 euros, Sin embargo, la Diputación Provincial de Almería, con un presidente del Partido Popular, -es una administración más cercana y con menos recursos-
ha aportado 36.000 euros al festival de teatro de El Ejido.
Después de escuchar la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, creemos que esta enmienda puede contribuir a favorecer el festival de teatro de El Ejido, aunque no se deben limitar las compañías que van a este festival
de teatro. Por ello proponemos una enmienda transaccional que quedaría de la siguiente forma: 'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que estudie las fórmulas más favorables para que las compañías y unidades de producción del INAEM
participen en las programaciones de los distintos teatros del territorio nacional, y en particular para la participación del INAEM, a través de sus unidades de producción, especialmente la Orquesta y Coros Nacionales de España y la Compañía Nacional
de Teatro, en la programación del festival de teatro de El Ejido, para enriquecer de este modo su oferta, dada su reconocida trayectoria en la promoción y difusión de las artes escénicas'.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que cuando habla usted de la Compañía Nacional de Teatro es teatro clásico, ¿o no?
La señora ESPINOSA LÓPEZ: Sí.
El señor CONTRERAS PÉREZ: La matización que ha hecho sobre los 36.000 euros de la diputación me parece muy bien, pero también hay que tener en
cuenta que el INAEM contribuye con 8.160 y la Junta de Andalucía con 12.000. Estamos de acuerdo desde el Grupo Socialista en la transacción, puesto que viene a suponer una mejora técnica sobre el objetivo, que en definitiva compartimos
ambos grupos, de que es necesaria una nueva potenciación, un nuevo impulso del festival de teatro de El Ejido, y que esto se puede conseguir mediante el mayor compromiso, la mayor aportación por parte del INAEM.
- SOBRE CONSOLIDACIÓN DE DESARROLLO DE LA ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA, QUE PERMITA MECANISMOS DE EVALUACIÓN Y CORRECCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ÁMBITO RURAL O URBANO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.
PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001985.)
El señor PRESIDENTE: Punto 7 y último del orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular, sobre consolidación de desarrollo de la arqueología preventiva, que permita mecanismos de evaluación y corrección de la incidencia de las
obras de ámbito rural o urbano sobre el patrimonio arqueológico. Para su defensa, tiene la palabra la señora Febrer.
La señora FEBRER SANTANDREU: Señorías, el Gobierno del Partido Popular se comprometió a que la atención a la cultura fuese una prioridad de su actuación, y prueba de ello es la presentación de esta proposición no de ley que tratamos en
estos momentos, referente a la arqueología, siendo el objetivo principal de esta ciencia el conocimiento del pasado del hombre, desde sus orígenes hasta nuestro días, a partir de la localización, descubrimiento, documentación, análisis, conservación
y difusión de sus restos materiales. Y serán los restos materiales que se convertirán en objetivo prioritario de los arqueólogos, que se ven apoyados por las instituciones en la persecución de su fin último: delimitar las áreas culturales que
desde el principio de los tiempos han abarcado sus respectivos pueblos. También tienen una determinada importancia las nuevas tecnologías, que están siendo de extrema utilidad a la hora de estudiar los testimonios de las diferentes dinámicas de un
territorio histórico.
La exposición de motivos de esta proposición refleja el avance que la instrumentación legal y la práctica de la arqueología, en relación con las grandes obras de infraestructura o de desarrollo urbano, ha experimentado en estas dos últimas
décadas. Eso ha sido una meritoria labor de los servicios técnicos que se ocupan del patrimonio arqueológico en las comunidades autónomas, que lo han dotado de los necesarios mecanismos de protección legal. (El señor vicepresidente, Fernández
Rozada, ocupa la presidencia.) Son las comunidades autónomas las que regulan todo lo relativo a su investigación, protección, restauración y divulgación, a través de los diferentes organismos de gestión que han creado a tal efecto. En los aspectos
relativos a la investigación y tutela del patrimonio arqueológico participa la Administración local, pero también tiene un papel en este tema la Administración central, atendiendo este problema en el ámbito de sus competencias, basándose en la
investigación y conservación del patrimonio arqueológico.
En estos últimos años se ha iniciado un proceso de mayor integración de estos estudios dentro de la sociedad, acometiendo iniciativas ya no sólo de investigación y conservación, sino de divulgación didáctica y puesta en valor del patrimonio,
otorgándole una función en la vida colectiva.
Pero es indudable la presión a la que se ven sometidos los yacimientos arqueológicos por el desarrollo territorial de cualquier tipo. Igualmente es patente que muchas intervenciones arqueológicas
realizadas en este contexto quedan sin la necesaria difusión, es decir, sin publicarse para la comunidad científica y sin la no menos obligada proyección social.
Estas carencias, entre otras muchas, desvirtúan, en efecto, el esfuerzo efectivo de las administraciones en la protección del patrimonio arqueológico, ocurriendo esta circunstancia en numerosos pueblos y municipios de España que cuentan con
yacimientos arqueológicos. Estas actuaciones conllevan un esfuerzo de inversión importante por parte de las distintas administraciones -por ello la atribución que tienen encomendada los poderes públicos en esta protección-, debiendo extenderse a
actuaciones como las descritas para su conservación y rehabilitación.
Su uso o visita pueden configurar la memoria de la historia cotidiana de otros tiempos, que permita dar a conocer a las siguientes generaciones los instrumentos o edificaciones
que fueran de uso ordinario.
Para que se consigan los objetivos principales de la arqueología es necesaria la creación de una infraestructura que asegure el mantenimiento y permita recuperar los yacimientos arqueológicos, como la que se creó en el año 2001 en Galicia,
contribuyendo con esta red a la puesta en marcha de proyectos que permitieran la coordinación de las iniciativas en este ámbito. A raíz de esta red creada y funcionando en Galicia, es por lo que desde mi grupo parlamentario presentamos esta
proposición para que se consolide de forma efectiva el desarrollo de la arqueología preventiva, aceptando también la enmienda presentada por el Grupo Socialista, porque así enriquece nuestra proposición.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Como acaba de decir la señora Febrer, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda y para su defensa tiene la palabra su portavoz, el señor Ripa González.
El señor RIPA GONZÁLEZ: Señoras y señores diputados, tengo que confesar que cuando mi grupo parlamentario me pidió que interviniera en esta proposición no de ley para fijar la posición del Grupo Socialista y leí detenidamente la exposición
de motivos y la propuesta, me quedé un tanto perplejo. En primer lugar, porque el tema resultaba muy novedoso para mí -arqueología preventiva-, y en segundo lugar, porque la proposición no de ley no concretaba casi nada. Tanto es así que
rápidamente me fui a consultar con los técnicos, como debemos hacer los políticos, y estuve en el museo de Navarra hablando con los arqueólogos. Cuando ellos leyeron la iniciativa me miraron por encima de sus gafas y preguntándome si me estaba
riendo de ellos me dijeron: Esto y nada, todo es nada. Y no se trata de que no estuvieran de acuerdo con la idea de la arqueología preventiva; al contrario, estaban muy de acuerdo y estaban realmente muy preocupados con este tema. Decían ellos
que es urgente y necesario conocer y tener información de los yacimientos prehistóricos e históricos para establecer medidas preventivas que eviten, antes de que sea demasiado tarde, la sustracción de importantes restos arqueológicos que constituyen
parte de nuestro patrimonio histórico.
El patrimonio histórico español es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa. La protección de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales
que vinculan a todos los poderes públicos, según el mandato que a los mismos dirige el artículo 46 de la norma constitucional. Así se lee en el preámbulo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Son preciosas las
palabras que ya en el primer tercio del siglo pasado constituyeron para los legisladores de aquella época una exigencia basada en la mejor tradición intelectual, jurídica y democrática, tal y como se recoge en la Ley de 13 de mayo de 1933. Ha
pasado más de medio siglo desde aquella venerable ley, que ha sido relegada por una dispersa normativa que en la mayoría de los casos no primaba la conservación de nuestro patrimonio arqueológico y que dio lugar a actuaciones funestas que han
producido un auténtico expolio en nuestras señas de identidad. Todos tenemos ejemplos de cómo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en nuestros territorios, hemos asistido a una lucha constante entre los poderes económicos, en la mayoría de
los casos muy poco escrupulosos con las riquezas arqueológicas, o que en todo caso primaban más los intereses monetarios que la historia y la cultura. Estamos siendo testigos en estos mismos momentos de actuaciones llevadas a cabo por los poderes
públicos, o con su consentimiento, que han levantado a los ciudadanos y les han hecho manifestarse en contra de sus dirigentes, porque no entienden que aquellos que más deben velar por mantener, conservar, recuperar y promocionar nuestro pasado, lo
tiren por la borda en aras de una engañosa civilización que nos conduce al olvido, borrando las huellas del pasado.
Por ello era tan necesaria, una vez recuperada la democracia, una ley que estableciera una normativa que pusiera nuevos criterios para la protección y enriquecimiento de los bienes históricos. Por otra parte, la Ley 16/1985, del Patrimonio
Histórico Español, venía impuesta por una nueva distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, que emana de la Constitución y de los estatutos de autonomía.
No debemos olvidar la creciente preocupación por parte de la
comunidad internacional y de sus organismos representativos, que ha generado nuevos planteamientos para la protección y enriquecimiento de los bienes históricos y culturales, que se han traducido en convenciones y recomendaciones que España ha
suscrito y observa.
Precisamente esta última aseveración y está última idea ha llevado al Grupo Socialista a presentar una enmienda a la proposición no de ley para que el Gobierno español promueva ante la Unión Europea, a través de una directiva específica, el
desarrollo de la arqueología preventiva. Tenemos el ejemplo en la directiva 85/377 de la antigua Comunidad Económica Europea, de 27 de junio de 1985, sobre evaluaciones de impacto ambiental, que muchas veces tienen que recurrir a ella los
arqueólogos para tratar de solucionar los problemas que le plantea. Esta directiva introduce la variable ambiental en la toma de decisiones sobre los proyectos con incidencia importante en el medio ambiente, y se ha venido manifestando como la
forma más eficaz para evitar los atentados a la naturaleza, proporcionando una mayor fiabilidad y confianza a las decisiones que deben adoptarse al poder elegir entre las diferentes alternativas posibles aquella que mejor salvaguarde los intereses
generales desde una perspectiva global e integrada y teniendo en cuenta todos los efectos derivados de la actividad proyectada.
La arqueología preventiva, recogida en una directiva europea, propiciará y exigirá prospecciones previas, sondeos y excavaciones para valorar los restos arqueológicos y en qué situación se encuentran, de tal manera que, en los procesos
previos a realizar cualquier tipo de actuación, -léase obras- tengamos los informes elaborados por los técnicos, basados en las actuaciones que anteriormente han sido descritas.
Señoras y señores diputados, las cosas que se hacen bien, bien hechas están. Un pueblo, una comunidad, un país que estudia, analiza y conserva su pasado, tiene asegurado el futuro.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Esta presidencia entiende, por la intervención de la portavoz, señora Febrer, del Grupo Popular, que admite la enmienda que acaba de defender en nombre del Grupo Socialista el señor Ripa. En todo
caso, para manifestarlo tiene la palabra la señora Febrer.
La señora FEBRER SANTANDREU: Sí, aceptamos la enmienda propuesta por el Grupo Socialista.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): No habiendo más intervenciones, vamos a pasar a las votaciones en unos breves momentos.
(El señor presidente ocupa la presidencia.)
El señor PRESIDENTE: Vamos a someter a votación las proposiciones no de ley que hemos debatido a lo largo de la sesión, empezando por la que figura en el número 1, proposición no de ley relativa a la colaboración económica que el Estado va
a prestar a la Xunta y al Ayuntamiento de Camariñas para la conservación y difusión del legado escultórico de Man, el alemán de Camelle, con las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista aceptadas por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la proposición número 2, relativa a la petición para la convocatoria urgente del Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera en relación a la Ley de Calidad de la Educación.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra 20.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos el punto 3, proposición no de ley sobre actuaciones para que la Torre de Hércules y su entorno sean declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, con las enmiendas aceptadas por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Punto 4 del orden del día, proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a que incluya el Museo de Cádiz en el Plan Integral de Museos Estatales, en los términos de la enmienda in voce de transacción presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la cooperación para la transmisión y salvaguarda de la memoria de la comunidad sefardí.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley sobre participación de las compañías y las unidades de producción del Instituto de Artes Escénicas y de la Música en las programaciones de los distintos teatros del territorio nacional y, en particular, en la
programación del festival de teatro de El Ejido, en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, proposición no de ley sobre consolidación y desarrollo de la arqueología preventiva que permita mecanismos de evaluación y corrección de la incidencia de las obras de ámbito rural o urbano sobre el patrimonio arqueológico,
también en los términos de la enmienda aceptada por el Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y cuarenta y cinco minutos del mediodía.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes del martes, 11 de marzo de 2003, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.