CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2003 VII Legislatura Núm. 695

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO,

VICEPRESIDENTA PRIMERA

Sesión núm. 44

celebrada el miércoles, 19 de febrero de 2003

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley: - Sobre el programa Ramón y Cajal. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001880.) ... (Página 22450)


- Relativa a la publicidad institucional en la red. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001898.) ...
(Página 22455)


- Sobre elaboración de un proyecto de ley de lo audiovisual que establezca el marco estable para la actividad de los distintos operadores, así como las obligaciones derivadas del servicio.

Página 22450


Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001899.) ... (Página 22457)


- Relativa a medidas del Gobierno para posibilitar que Izar-Fene pueda realizar todo tipo de proyectos de construcción naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001891.) ...
href='#(Página22461)'>(Página 22461)


- Relativa a la red IRIS. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001901.) ... (Página 22466)


Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.



PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EL PROGRAMA RAMÓN Y CAJAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001880.)


La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Señorías, de acuerdo con los portavoces de los distintos grupos parlamentarios hay una pequeña modificación alterando el orden del día, de tal manera que los puntos 3 y 4 pasan a ser el 4 y
el 5, puesto que la señora Pleguezuelos que iba a defenderlos está en este momento en otra Comisión. ¿Están de acuerdo SS.SS.? (Asentimiento.) Entonces aceptamos este cambio en el orden del día.



Pasamos a debatir el primer punto del orden del día sobre el programa Ramón y Cajal. Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y para su defensa tiene la palabra el señor Lissavetzky.



El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora Presidenta.



Hemos presentado esta proposición no de ley sobre el programa Ramón y Cajal que como ustedes saben y hemos dicho reiteradamente consideramos que es un programa positivo y también opinamos que su mala gestión hace que algo que es y será un
buen programa se convierta en algunos aspectos en algo negativo para los propios investigadores. Esta proposición no de ley surge por un lado de la insatisfactoria respuesta que dio el Ministerio de Ciencia y Tecnología a una pregunta que realicé
el pasado mes de diciembre en la última sesión de esta Comisión. Anuncié el posible retraso del Ramón y Cajal y desgraciadamente, lo digo sinceramente, teníamos razón, ha habido retraso que ha generado una serie de polémicas también en los medios
de comunicación, pero sobre todo ha habido un retraso que ha perjudicado a los investigadores del Ramón y Cajal. Ese 18 de diciembre, quiero citar las frases del representante del Ministerio, en este caso el subsecretario, decía textualmente: 'la
convocatoria del 2002 tenía que haberse sacado en el mes de octubre, pero se va en ello con cierto retraso. Estamos en ello, creo que se podrá ejecutar perfectamente este año, puesto que como S.S. sabe, esto se paga por anticipado'. Al final
añadía otra frase: 'la resolución no está hecha, está pendiente de examen'. Yo contestaba, y le decía: 'si no tiene firmada esa resolución, esos fondos se pueden perder'; y me volvía a contestar el subsecretario: 'se había avanzado 45 días pero
luego se han perdido quizás por algún trámite, por algún problema de fiscalización.
Estoy de acuerdo con S.S. en que este tema hay que solucionarlo, hay que agilizarlo y hay que pagar antes de que acabe el ejercicio'. Eran las palabras textuales
del subsecretario. La primera conclusión que tengo que sacar es que desgraciadamente teníamos razón, no se pagó antes de que acabara el ejercicio y -entre comillas- se perdió 'el dinero para esos contratos'. Desde el ministerio no se ha dado una
explicación coherente con respecto a esto, se evalúa en torno a 22 millones de euros previstos para esa primera anualidad de la convocatoria del año pasado y se ha perjudicado a 500 investigadores nuevos, algunos de los cuales incluso se habían
desplazado desde otros países o desde otras comunidades autónomas y no podían entrar en los laboratorios, no podían trabajar. No quiero hacer un anecdotario exagerado, pero yo he estado en contacto con alguno de ellos y me decían que habían tenido
que ponerse a trabajar en otro oficio mientras entraban en los laboratorios, algunos decían que habían trabajado durante esos meses de repartidor o en Telepizza, y sinceramente, esto, que es una anécdota y no quiero hacer por tanto demasiado
énfasis, viene a demostrar la pésima gestión que venimos denunciando, una absurda gestión del señor Piqué y por tanto del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que casi hace recordar con cierta nostalgia el equipo anterior. Vamos a peor. Los medios
de comunicación se han hecho eco de esta desgraciadísima noticia, a lo largo del mes de enero y en ese sentido lo único que tengo que decir es que lamento que hayamos tenido razón. En una respuesta el día de la presentación de la proposición no de
ley el Ministerio de Ciencia y Tecnología decía que de esos 500 contratos


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había ya 32 firmados. A mí no me satisfizo demasiado que a 17 de enero se hubieran firmado 32 de los 500, el 6 por ciento exclusivamente. Por ello, presentamos una proposición no de ley para intentar buscar fórmulas que permitieran que
este programa Ramón y Cajal tuviera el mayor efecto positivo posible en la comunidad científica.



Esta proposición no de ley consta de 4 puntos, el primero de ellos estaba obviamente redactado el 16 de enero, dice: 'Abonar de inmediato las subvenciones a las universidades y los centros de investigación correspondientes a la convocatoria
del año 2002 del programa Ramón y Cajal para permitir la incorporación de los 500 investigadores previstos en la misma'. Evidentemente, repito que no sé a día de hoy cuál es la situación, tengo entendido que se está en una etapa de desbloqueo o de
arreglo, pero en cualquier caso he de señalar que esa primera dualidad tiene que ser por anticipado, que la orden en la que se planteaba esta convocatoria Ramón y Cajal para 2002 se daban 6 meses desde que se publicara la orden, esa sí que se
publicó los primeros días de febrero, luego tenía que haber estado resuelto en el mes de agosto. La realidad es que también al hilo de este primer punto, si el portavoz del Grupo Popular o quien corresponda da algún dato, bienvenido sea, pero
repito que el 16 de enero se decía que se abonarán de inmediato las subvenciones con el reconocimiento explícito del subsecretario en esta comisión y no me dejarán mentir las actas de la misma. Ése era el primer punto.



El segundo también estaba derivado de lo que era una cierta llamémosle nebulosa en la información del Ministerio y tiene que ver con la segunda anualidad de la primera convocatoria Ramón y Cajal. En el caso de que no estuviera abonado
pedíamos o pedimos en esta proposición no de ley que se abonen de inmediato las subvenciones a las universidades y los centros de investigación. Entiendo que en este sentido puede que haya una parte que se haya pagado, y también puede servir este
debate de la proposición no de ley para que se aclaren estas situaciones.



El tercer punto pedía que se estableciera un calendario fijo de convocatorias y pago de las mismas que permita su abono dentro del año natural en el que son publicadas. Esta es la típica propuesta que, con perdón, es de cajón, es decir, si
son convocatorias que se publican en febrero; este año ya ha salido la convocatoria de febrero, específicamente para el año 2003 y ha salido publicada en febrero, hay un artículo en esa convocatoria, al igual que ponía el año anterior, y dice que
se finalizará en el plazo de 6 meses. Ponen incluso un plazo. Si estamos en febrero y son 6 meses significa que en agosto tiene que estar resuelto, y por tanto hay tiempo de sobra para tramitar sobre todo lo referente a la primera anualidad de la
convocatoria, que repito es subvención anticipada. Aunque muchas veces es redactar una obviedad, creo que lo que abunda no daña, y quiero por lo tanto que se pueda tener en cuenta ese tercer punto.



Por último, el cuarto punto tiene que ver con la promesa realizada de contratación de 2.000 doctores. Si había 800 en la primera y 500 en la segunda, vamos a entrar en números redondos, serán 700 los que tengan que ser contratados en la
tercera convocatoria, que es la de este año. Si tenemos un arrastre de aproximadamente 22 millones de euros no gastados el año anterior en el programa Ramón y Cajal, significa -entre comillas- que se ha 'corrido' un año, ha habido un año sabático,
que es el año anterior respecto al programa Ramón y Cajal, y por tanto va a ser necesario recuperar ese dinero, esos 22 millones de euros para poder cumplir la promesa. Se puede decir que ya ha publicado una convocatoria para este año 2003, sí,
pero repito que ha habido digamos un año sabático para los 500 investigadores del año pasado cuyas subvenciones tenían que haber sido abonadas a universidades y centros de investigación antes de finalizar el año; por tanto, pedimos que se aprueben
los presupuestos adicionales necesarios para llevar a cabo este programa.



Estos son los objetivos, y termino ya, señora presidenta, de esta proposición no de ley, repito, de un programa que es bueno pero que está mal gestionado, que está reconocido y por tanto no quiero adelantar opiniones antes de que intervenga
el portavoz del Grupo Popular. He citado frases específicas del subsecretario en esta comisión, cuando prometió que pagaría antes de acabar el ejercicio, no se ha cumplido, y -repito-, creo que es una situación que desde el punto de vista de la
comunidad científica tendría que arreglarse, y arreglarse ya.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchísimas gracias, señor Lissavetzky.



A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el Grupo Catalán (Convergència i Unió). Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Grau.



El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora Presidenta.



Nuestro grupo ya valoró en su momento de forma muy positiva la convocatoria de estas ayudas por parte del Ministerio, toda vez que facilita y posibilita la contratación de doctorados por los centros de investigación para la puesta en marcha
de los proyectos. Uno de los objetivos que perseguía a fin de mejorar la calidad de investigación era facilitar la movilidad y evitar la endogamia de los centros de investigación. estudiados los requisitos que se imponen a fin de perseguir que
este segundo objetivo, la endogamia, únicamente se impone una obligación a los investigadores que es acreditar la estancia en centros de investigación distintos de aquél al que desean incorporarse por un período superior a 18 meses. La cuantía de
los contratos cofinanciados será


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de 6 millones 331 mil pesetas de retribución bruta de 4 millones 750 mil por contrato, y esta retribución puede satisfacer las aspiraciones de doctorados juniors, cuya retribución es similar a la de un profesor titular de la universidad,
pero no permitirá la contratación de investigadores mal experimentados y con una experiencia demostrada. La cuantía cofinanciada limita la contratación a investigadores jóvenes. La convocatoria de las ayudas cofinanciará con el límite de 5 años la
contratación de personal investigador reduciéndose la aportación del Ministerio a un 10 por ciento anualmente, y posteriormente no existirá continuidad ni financiación para estos contratos. Entendemos que el período de cofinanciación es
excesivamente corto y que después del citado período de cofinanciación no se garantizará la continuidad de los contratos fomentados ni su financiación por parte de los centros beneficiarios. Los centros y los doctorados se ponen en contacto para
llegar a un acuerdo en la contratación y serán los centros los que realicen la evaluación de los currículos. Posteriormente, y sólo en el caso en que los centros beneficiarios así lo avalen, la ANEP ordenará los candidatos según los criterios
establecidos. Imaginemos una situación, la de un investigador con un currículum completo y competente y no consigue, por las razones que sean, que algún centro le avale. En este caso, no conseguirá cumplir los requisitos de convocatoria y no podrá
ser contratado. Criticamos la necesidad de reservar un cupo de contratos y la evaluación de currículum de investigadores que no contaran con la aceptación de los centros correspondientes. En general, realizamos una valoración positiva de la
convocatoria, toda vez que persigue el objetivo de incrementar los investigadores que trabajen en el sistema de ciencia y tecnología mejorando las condiciones, incrementando de 3 a 5 años la duración de los contratos para los investigadores, con la
necesaria incorporación a un proyecto de investigación ya en marcha realizado por otro investigador, existir una evaluación competitiva a lo largo de la duración del contrato, y también incrementando la retribución de estos contratos. A pesar de
todo, en muchos aspectos observamos las limitaciones a que hacía referencia, y creemos que en vista de la experiencia de la presente convocatoria el Ministerio debería tener en cuenta todos aquellos aspectos que sean mejorables.



La orden del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 4 de febrero de 2003 convoca un programa Ramón y Cajal para el año 2003. Todos conocemos a través de los medios de comunicación los problemas en los pagos de la convocatoria del año pasado,
parece que se abonaba la segunda parte de los contratos, se ha desbloqueado finalmente la contratación de los 500 investigadores de la convocatoria del 2002 y se está realizando la convocatoria de las 700 plazas para este año.



Respecto al texto de la proposición no de ley, la mayoría de los puntos decaerían por las razones expuestas. Respecto al punto 3 de la proposición no de ley que hace el grupo socialista, consideramos que deberíamos ampliar a todas las
convocatorias de ayudas estatales la posibilidad de que el Gobierno aprobara con tiempo suficiente un calendario de convocatorias no fijo, a fin de que puedan introducirse las mejoras de un año para otro, y es por ello que nuestro grupo propone una
enmienda que dice: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a establecer y a dar a conocer con antelación suficiente un calendario anual de las convocatorias estatales de programas, ayudas y subvenciones en materia de investigación,
desarrollo e innovación.



Nada más, muchas gracias señora Presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias.



Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Moreno tiene la palabra.



El señor MORENO BONILLA: Buenos días, señora Presidenta.



Señorías, en relación con la proposición no de ley de referencia, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, desde nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Popular, se considera que esta citada proposición no de ley debe ser rechazada por
innecesaria. No sólo porque a nuestro juicio hay errores de bulto en los datos que se señalan en la exposición de motivos, sino porque además ya se han llevado a cabo en el Ministerio las actuaciones necesarias para lograr los resultados que se
pretende obtener a través de esta iniciativa. Voy a intentar exponer de manera razonable el por qué del rechazo a cada uno de los puntos de la proposición no de ley que nos presenta hoy el Grupo Socialista.



En primer lugar, y en referencia al primer punto, abonar de inmediato las subvenciones a las universidades y centros de investigación correspondientes a la convocatoria del año 2002 del programa Ramón y Cajal para permitir la incorporación
de 500 investigadores previstos en la misma, tengo que decir que el Ministerio de Ciencia y Tecnología ya ha realizado todas las actuaciones necesarias para que se pueda proceder al abono de las ayudas correspondientes a la convocatoria Ramón y
Cajal 2002, y así durante los meses de diciembre, enero y principios del mes de febrero se han firmado resoluciones de concesión de estas subvenciones para un total de 497 investigadores. Las últimas resoluciones correspondientes en concreto a las
ayudas a organismos públicos de investigación y a otros organismos autónomos de la administración central han sido firmados justamente el pasado día 7 de febrero de este mismo año. Señoría, como no podía ser de otra manera, y de acuerdo con el
principio de legalidad al que estamos sujetos todos los poderes públicos y en virtud de nuestro ordenamiento jurídico, no se puede proceder a un abono inmediato de ayudas sin haber cumplido todos los trámites necesarios establecidos lógicamente en
la orden ministerial que regula esta convocatoria. Se trata de un requisito mínimo en un


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Estado de derecho como es el nuestro. En este mismo sentido y de acuerdo con la orden reguladora de esta convocatoria, la orden de pago sólo puede realizarse tras la recepción en el Ministerio de Ciencia y Tecnología de los contratos
firmados entre el organismo beneficiario y el investigador.
Sólo cuando el Ministerio haya recibido estos contratos de parte de los organismos beneficiarios, se podrán tramitar las correspondientes órdenes de pago. Puedo afirmar que a fecha de 14
de febrero de este mismo año, o sea muy recientemente, se han recibido 214 contratos.



En segundo lugar, y respecto al punto número 2 que hay en la proposición del Grupo Socialista en el que se hace referencia a abonar de inmediato las subvenciones a las universidades y a los centros de investigación correspondientes a la
segunda anualidad de la convocatoria Ramón y Cajal 2001, tengo que decir que también en este caso por parte del Ministerio se han realizado todas las actuaciones necesarias para poder abonar estas ayudas. Se ha de señalar que en primer lugar, y en
coherencia con lo ya indicado respecto al punto primero, que el abono de la segunda anualidad de las ayudas correspondientes a la convocatoria 2001 sólo puede realizarse tras la justificación por parte de los centros beneficiarios de la correcta
ejecución de la primera anualidad de la ayuda concedida, lo que se realiza mediante la presentación con 2 meses de antelación a la fecha del cumplimiento del primer año desde la incorporación del investigador de un informe de seguimiento. A fecha
14 de este mismo mes, tan solo hace 5 días, la situación de los expedientes de los 774 investigadores seleccionados en la convocatoria de 2001 es la siguiente: 61 investigadores han renunciado voluntariamente a su contrato, 11 de ellos incluso
antes de su propia incorporación, 173 aún no llevan un año incorporados, por lo que no se ha remitido su informe de seguimiento y por tanto no se puede proceder a abonar la segunda anualidad; 540 han cumplido la primera anualidad, de los cuales 505
ya han remitido el correspondiente informe de seguimiento, de los cuales a su vez a 485 ya se les ha pagado la segunda anualidad, mientras que para los 20 restantes se han iniciado los trámites de pago; 20 de ellos han remitido el correspondiente
informe de seguimiento, absolutamente necesario, como he explicado anteriormente, pero sus centros de trabajo no han completado la documentación administrativa necesaria para poder proceder al pago; fundamentalmente lo que no han acreditado es
estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.
Por último, 15 investigadores no han remitido el informe de seguimiento que ya se les ha reclamado puesto que sin el mismo no puede iniciarse el propio
expediente de pago de la segunda anualidad.



Así mismo, en esta iniciativa de la que quiero dar abundante información para dejar clara la posición del Grupo Parlamentario y lo innecesario de esta iniciativa por parte del Grupo Socialista, en el año 2002 se ha procedido al pago de 15
solicitudes correspondientes a la primera anualidad del año 2001, que se encontraban pendientes de pago debido a la falta de acreditación por parte de los organismos beneficiarios del cumplimiento de sus obligaciones tributarias.



Respecto al punto tercero, y voy lo más rápido posible por ajustarme al tiempo, habla el Grupo Socialista de establecer un calendario fijo de convocatorias y pago de las mismas que permitan su abono dentro del año natural en el que son
publicadas, tengo que decir que la orden de convocatoria del programa Ramón y Cajal 2003, publicada en el 'Boletín Oficial del Estado' del 10 de febrero de este mismo año, introduce simplificación de algunos trámites y reducción de plazos, lo cual
va a permitir sin lugar a dudas que la convocatoria se gestione y se resuelva de manera mucho más ágil y mucho más rápida. Entre otros aspectos, señoría, cabe señalar que el pago de las ayudas se efectuará tras la resolución de la concesión no
siendo necesaria la presentación previa de los contratos por parte de los organismos beneficiaros en el Ministerio.
Además será posible la presentación telemática, no sólo de las solicitudes de los investigadores, sino también de las
correspondientes a los centros de I+D. Por otra parte, señoría, y con el fin de facilitar la participación en la convocatoria a los mejores científicos, y especialmente en el caso de los residentes en el extranjero, los investigadores no deberán
incluir necesariamente en su solicitud la aceptación previa de algún centro de I+D. Se potencia así de manera clara y contundente el espíritu de este programa cuyo principal objetivo es incrementar la cantidad e incrementar la calidad de los
recursos humanos dedicados a la investigación en nuestro país como así se ha demostrado en los últimos años.



Por último, respecto al punto 4 de la iniciativa del Grupo Socialista en la que solicita que se cumpla la promesa realizada de contratación de 2.000 doctores al finalizar el año 2003 para que se aprobaran los presupuestos adicionales
necesarios, este incremento presupuestario podrá proceder de los denominados gastos militares de I+D que suponen el 34,3 del presupuesto público de este año. Respecto a este punto, por último, con esto voy concluyendo, de acuerdo con la orden
ministerial publicada el 10 de febrero se ofrecerán 700 plazas en la convocatoria del 2003, se cumple así el objetivo de ofrecer 2.000 plazas en las convocatorias de este programa, ya que en las correspondientes órdenes ministeriales se han ofertado
800 plazas para la convocatoria de 2001, 500 para la convocatoria de 2002 y 700 para la convocatoria de 2003; con lo cual damos cumplimiento a esa promesa importante, que sin lugar a dudas marcaba un hito dentro de la investigación española, de
alcanzar esos 2.000 contratos. Señoría, no es responsabilidad del Ministerio que una vez evaluada la calidad de las propuestas y debido a alguna renuncia, las plazas finalmente ocupadas no puedan llegar a 2.000.



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En 2001 se ofertaron 800 plazas y se seleccionaron 800 investigadores, aunque únicamente por los motivos que he explicado se pudieron firmar 774 contratos, de los que posteriormente se produjeron 61 bajas de las cuales el Ministerio no tiene
lógicamente responsabilidad, y en lo que respecta a la convocatoria de 2002, se ofertaron 500 plazas de las que se ha resuelto conceder 497. (Rumores.-El señor Lissavetzky Díez pronuncia palabras que no se perciben.)


La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio para poder escuchar las intervenciones de los oradores.



El señor MORENO BONILLA: Además, esta nueva oferta de 700 contratos para doctores de la convocatoria de 2003 cuyo presupuesto asciende a 32 millones de euros se podrá atender con cargo a los créditos existentes en los presupuestos de la
Dirección General de Investigación. En definitiva, señorías, a pesar de esta amalgama de números y de lo áridos que pueden ser muchas veces estos temas, quiero concluir diciendo que esta iniciativa bienintencionada por parte del Grupo Socialista es
una iniciativa que, como he tratado de demostrar punto por punto y con datos en la mano, resulta absolutamente innecesaria en tanto en cuanto el Gobierno de la Nación, y en concreto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, han cumplido con sus
objetivos, han cumplido con los objetivos que se han ido marcando y muchas veces no se han podido alcanzar cifras debido al propio proceder administrativo y a rechazos voluntarios por parte de muchos candidatos.



Lo único que tengo que añadir es que nosotros rechazamos esta iniciativa y agradecer la atención prestada.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Moreno.



Señor Lissavetzky, disculpe, pues anteriormente teníamos que haber llamado la atención por los rumores que han impedido oír suficientemente los argumentos que los otros grupos parlamentarios planteaban, espero que S.S. pueda defender su
postura adecuadamente.



Muchas gracias.



El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Muchas gracias, señora presidenta.



Intervengo para fijar posición respecto a la enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió) y hacer también, escuchando la intervención del portavoz del PP, una oferta para la votación de esta proposición no de ley.



Empiezo con el señor Moreno en el sentido de que él ha utilizado en su intervención varias veces la palabra 'innecesario'. Simplemente le diré que lea lo que dijo el subsecretario el 18 de diciembre, cuando decía que se iba a intentar pagar
antes de que acabara el ejercicio, donde reconocía que había retrasos porque la resolución debía estar en el mes de octubre, etcétera. Lea S.S. la respuesta a la pregunta oral y verá usted si era necesario o innecesario presentar una iniciativa.
Yo me alegro de haber hecho la pregunta y de haber puesto esto en el centro de donde tiene que estar también, en el Parlamento, para que se haya podido solucionar en parte.



En segundo lugar le invitaría a que se leyera los medios de comunicación, lo que ha aparecido prácticamente en la totalidad de los medios de comunicación, independientemente de la línea editorial que tengan, donde los calificativos mas
suaves son que Ciencia y Tecnología no ha pagado 22 millones por el programa Ramón y Cajal, 500 cerebros recuperados llevan meses esperando su lugar de trabajo, suspenso para el Ministerio por parte de los científicos por la gestión del plan, no se
atendió a los investigadores cuando llegaban al Ministerio, llame usted la semana que viene, les decían, científicos a la espera, editoriales de periódicos.



Ahora entro en lo que decía el portavoz de Convergència i Unió, la propia Generalitat, el señor Mas-Colell decía: La Generalitat pide una solución rápida al retraso del programa Ramón y Cajal. Son evidencias tan tremendas que en este
sentido yo me siento satisfecho de haber traído estas iniciativas porque ha ayudado en gran medida a que se solucionara en parte. Llegando a la parte positiva -a ver si podemos encontrar una cierta vía de encuentro- y fiándome, como no tengo
ninguna duda, de los datos que nos suministra el portavoz del Grupo Popular, ya en mi primera intervención decía que cuando se registra la proposición no de ley es el 16 de enero, y prácticamente todas las fechas que usted ha citado son de febrero,
yo retiraría los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley, dando por buenos los datos que facilita el portavoz del Grupo Popular, porque si son así los datos, ahora ya no tendría sentido, sin bajarme de mi posición, de que ha habido un retraso, de
que se ha perdido un dinero, 22 millones de euros, y en este sentido retiraría esos dos puntos.



Respecto al punto 3, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió, que amplía la publicación de convocatorias y la resolución de convocatorias estatales, programas, ayudas y subvenciones en conjunto, y no solamente esa, aceptamos esa
enmienda, es decir, la enmienda de Convergència i Unió que sustituía al punto 3 nuestro; y el punto 4 evidentemente lo mantenemos; lo mantenemos por una razón que tiene que ver con la realidad. El punto 4 dice que el importe que se perdió para
los contratos Ramón y Cajal, 22 millones de euros, se habrá empleado para otras cosas, pongamos esa cifra -yo no la he querido poner exactamente, me parece en la resolución- y aquello que se perdió tendrá que tener una nueva cantidad a lo largo de
este año. Por tanto mantenemos ese punto 4. En aras de intentar conseguir llegar a un acuerdo, si fuera necesario


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el punto 4 se podía votar separado del 3, para intentar sumar posiciones.



Nada más y muchas gracias.



- RELATIVA A LA PUBLICIDAD INSTITUCIONAL EN LA RED. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001898.)


La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente. El grupo Mixto ha cambiado con usted, señora Pleguezuelos. Pasamos al punto tercero, que hoy sería el segundo; proposición no de ley relativa a la publicidad institucional en la red.
Para la defensa de la misma, tiene la palabra la señora Pleguezuelos.



La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Gracias, señora Presidenta.



Agradezco el cambio del orden del día, porque la persona estaba llegando y ha solicitado una demora. Muchísimas gracias a los grupos por esta atención.



Paso a defender sin más la proposición no de ley del grupo socialista, que pretende básicamente introducir la publicidad institucional también en la red. ¿Por qué? Pues porque sin duda el avance que están sufriendo las tecnologías de la
información, las telecomunicaciones y el uso de internet en la sociedad está sin duda provocando que haya cambios de hábitos individuales y de hábitos colectivos haciendo preciso también que se modifiquen las conductas por parte de las
administraciones públicas.
En ese sentido, sin ninguna duda, el apoyo de la Administración del Estado y de todas las administraciones autonómicas y locales es muy importante para el desarrollo de la sociedad de la información. Por eso, como las
comunicaciones además juegan un papel muy importante tanto para el desarrollo de la actividad política y del conocimiento de los ciudadanos, de lo que están haciendo sus administraciones y también por el derecho constitucional a información de estos
ciudadanos, creemos que es fundamental que las administraciones públicas incorporen el uso de la red cuando hacen publicidad institucional. La publicidad institucional es sin duda un elemento muy importante de lo que es la comunicación pública,
está sirviendo a las administraciones para que informen de lo que son temas de utilidad para los ciudadanos, y en ese sentido creemos importante que se aborde ya la utilización de la red como mecanismo, como soporte de la publicidad institucional.
Hasta este momento la realidad es la que venimos heredando, una realidad en la que cada ministerio, de acuerdo con su disponibilidad presupuestaria, los presupuestos y los gastos que tiene para publicidad institucional, lo administra desde sus
propias competencias, sin duda de acuerdo con la Ley de Contratos del Estado y con la normativa que lo desarrolla, pero al final no hay ningún elemento normativo de aplicación general para el conjunto de la Administración General del Estado. Hay
una libertad real de elección de medios y soportes para poder insertar la publicidad institucional, sean los soportes tradicionales, soporte papel o medios televisivos, pero es verdad que hay como una inercia a seleccionar estos recursos y estos
soportes en contra de los nuevos soportes digitales, y creemos importante que superemos esa inercia de sólo seleccionar como medio de publicidad institucional los convencionales hasta ahora e introducir la red. En ese sentido va nuestra proposición
no de ley, porque la realidad es que según los datos de la Asociación nacional de empresas de Internet, prácticamente el porcentaje que se ha destinado a publicidad institucional en soportes digitales, soportes en la red, no supone más allá del 0,4
por ciento. Apostar por un reconocimiento por utilizar la red como publicidad institucional es también apostar por la sociedad de la información. En ese sentido, debo decir que ya existe alguna normativa respecto a coordinar lo que es toda la
publicidad institucional, la Comunidad Autónoma de Cataluña tiene una legislación al respecto, y nosotros proponemos con nuestra iniciativa de hoy instar al Gobierno para que en primera instancia vea cuáles son las medidas, las elabore y las ponga
en marcha, tanto normativas como reglamentarias, para permitir que la Administración General del Estado haga un tratamiento integral de lo que es toda la publicidad institucional que respete finalmente lo que debe ser el principio de igualdad de
oportunidades también para estos nuevos soportes informáticos que sin duda no es voluntad de ningún gobierno, pero que la propia inercia como decía antes nos lleva a los soportes convencionales. En este caso sería adaptarnos a la realidad social y
tecnológica de este momento.



En segundo lugar, nuestra proposición no de ley insta también al Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que debe ser el pionero, puesto que entre sus competencias está el de la promoción de la sociedad de la información para que en sus
propios pliegos de condiciones generales de contratación de la publicidad institucional que ellos determinen tengan al menos una obligación de gastos que en ningún momento hemos fijado porcentajes mínimos ni máximos, pero alguna obligación de gastos
para que se respete ese principio de igualdad de oportunidades en soportes de cualquier índole, incluidos los soportes informáticos.



Finalmente, un tercer punto, en el que entendemos que mientras se están articulando y elaborando esas medidas normativas para que regulen la publicidad institucional en el conjunto de la Administración del Estado dando ese tratamiento
integral, por parte de cada ministerio y la hora de hacer su publicidad institucional para insertarla en cualquier medio, que se tuviesen en cuenta los grupos de población a los que va dirigida. En ese caso hay grupos de jóvenes, hay grupos de
población o temas que interesan mucho más y serían mucho más informados y con mayor utilidad para los ciudadanos si se utilizara la red.



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Termino señora Presidenta esperando que el grupo mayoritario y el resto de los grupos de la cámara apostemos por una iniciativa que yo creo que finalmente lo único que haría es adecuar la Administración y también la comunicación y la
publicidad institucional a lo que es la realidad social, política y tecnológica de este momento.



Muchas gracias, señora Presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pleguezuelos.



Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.



El señor JANÉ I GUASCH: Muchas gracias, señora Presidenta.



Señorías, la propuesta que acaba de defender la diputada señora Pleguezuelos es una propuesta de futuro, en el sentido de que las nuevas tecnologías, Internet, van a suponer y suponen ya un cambio en lo que entendemos ya como medios de
comunicación social. Internet es un medio de comunicación social y por tanto las campañas publicitarias, evidentemente, van a tener una repercusión también en la red y en un ámbito público como es la publicidad institucional, es necesario
establecer una regulación, por tanto señora Pleguezuelos, una primera valoración positiva de su propuesta, una propuesta que mira hacia el futuro y que no desconoce la realidad presente, una realidad en la que ya hay muchas páginas web públicas en
donde hay publicidad institucional, pero con un régimen distinto porque son páginas de las propias administraciones, y existen ya páginas web donde se insertan también comunicados de publicidad institucional. Por tanto, valoramos positivamente esta
proposición no de ley, nuestro grupo va a votar a favor del punto 1 y no así, nos vamos a abstener en los puntos 2 y 3, y paso a explicar por qué.



El punto 1 es muy respetuoso con las competencias de las comunidades autónomas porque cirscuncribe al ámbito de la administración general del estado, pide que se regule, y que en esa regulación se tengan en cuenta las nuevas tecnologías; es
un mandato al Gobierno de que debe prever estos aspectos. Hay ya expertos que están analizando de qué forma debemos incorporar la publicidad institucional en el ámbito de las páginas web y en el ámbito de internet en su conjunto, por tanto,
compartimos el escrito de este punto pues lo que hace es simplemente instar al Gobierno a poner en marcha la elaboración de medidas normativas y reglamentarias en el ámbito de la Administración General del Estado.



No así, señora Pleguezuelos, los puntos 2 y 3. Tampoco debemos olvidar que en estos momentos, y con el grado actual de implantación de Internet, la publicidad institucional siempre es publicidad pagada por los poderes públicos que,
evidentemente, van a tener forzosamente que establecer una publicidad institucional en la red, pero quizá son prematuros los puntos 2 y 3, y de ahí que aunque los comparta mi grupo se va a abstener, porque también debemos dar un cierto margen de
libertad en las condiciones actuales a los poderes públicos, y en el momento que usted en su propuesta establece ya claramente que en los pliegos de condiciones generales de contratación de publicidad institucional habrá una obligación de gasto de
los presupuestos públicos, en este sentido, que yo comparto, deberá ser así, pero no ponerlo ya en la proposición no de ley, al igual que en el punto 3 cuando habla de que se tenga en cuenta y module el porcentaje, debe haber por tanto forzosamente
un porcentaje que se inserte en la red, y en determinadas campañas de publicidad institucional, a lo mejor no está justificado en esa campaña concreta dedicar esa parte del gasto por ser un gasto muy reducido. Por tanto, y en primer lugar,
valoración positiva absolutamente de la proposición no de ley, voto favorable a su punto primero para que se regule, y quizá en esa regulación podríamos ver de qué forma se incorporan los puntos 2 y 3, que también compartimos pero que consideramos
que ahora y en su redacción actual quizá provocarían un encorsetamiento del día a día de las administraciones públicas. En consecuencia, compartiendo esa finalidad, nos vamos a abstener en los puntos 2 y 3, aunque hacemos una valoración global
positiva de esta proposición no de ley.



La señora VICEPRESIDENTA: gracias, señor Jané.



Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Reguera.



El señor REGUERA DÍAZ: Gracias, señora Presidenta.



Teniendo en cuenta la petición de la señora Presidenta, voy a ser lo más breve posible.



Nuestro grupo entiende que hay dos temas en la proposición no de ley que presenta el Grupo Socialista, uno es la publicidad institucional en sí y otro son las medidas de apoyo a la sociedad de la información. Señoría, creemos que la
publicidad institucional tiene un objetivo claro que es hacer llegar a los ciudadanos la información que queremos conozcan con mayor veracidad. Sin duda alguna, estoy seguro señoría, que el Grupo Socialista nos echaría en cara que los recursos que
destinásemos a publicidad institucional no consiguiesen los objetivos y no los optimizásemos. Por tanto, hay que considerar a qué segmentos de la población se envían y así tener en cuenta los medios y dónde van a tener éstos mayor optimización. La
red hoy, y usted antes hacía mención a ello, no está siendo utilizada, por ejemplo por los mayores, y parece que no tiene sentido que la campaña institucional de las pensiones la hagamos en la red, porque no va a llegar a donde el Estado y las
instituciones desean. Por tanto nosotros creemos, señoría, que hay que optimizar los recursos, y


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no podemos desvirtuar lo que son objetivos de la publicidad institucional.



Por otra parte, las organizaciones están haciendo un gran esfuerzo porque todos los ministerios y las administraciones públicas tengan los correspondientes portales, como también en el portal administraciones.es, existe muchísima publicidad
institucional en estos portales y sin duda alguna consiguen el objetivo que se pretendía. Puede ser más rentable, señoría, conseguir en la publicidad institucional que los ciudadanos conozcan realmente dónde pueden conseguir esa información, y eso
es más difícil de hacer a través de la red que a través de publicidad en medios clásicos. Por tanto, nosotros creemos que debemos diferenciar los dos aspectos que he dicho antes; por una parte la publicidad institucional, objetivo, alcance y cómo
optimizar esos recursos, y por otra parte tratar de apoyar, como viene siendo claro y decidido por parte de este Gobierno, a la sociedad de la información.



Por último, señoría, usted sabe que diferentes organizaciones se han dirigido al comité de expertos con el objeto de tratar de regular o ver la posibilidad de a través de la publicidad institucional apoyar también a las medidas de la
sociedad de la información. Nosotros lo vemos positivo, pero creemos que es apresurado tomar una decisión sobre reforma de una ley, nosotros creemos que debemos rechazarlo en tanto en cuanto no conozcamos la posición del comité de expertos y
entonces ya posiblemente el Gobierno plantee las medidas que sean adecuadas. Por todo ello nosotros vamos a rechazar esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista pues con el afán de regular en exceso a lo mejor podemos
estar tomando medidas un tanto antiguas, creemos que no conseguirían el objetivo que pretendemos, y nosotros vamos a rechazar esta iniciativa con estos planteamientos que he hecho.



Gracias.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Reguera.



Señora Pleguezuelos, ¿Tiene alguna aclaración que hacer?


La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: Muy brevemente.



El primer punto pretendía abordar de forma integral toda la publicidad institucional, no ponemos plazos y por tanto nos parece demasiado razonable. Podría entender que no compartiese todos los puntos. Creo que el primero es bastante
razonable, se trata de hacer un tratamiento integral de toda la publicidad institucional con las medidas reguladoras y normativas que el Gobierno considere; ni siquiera el mandato es tan imperativo como para limitar la capacidad del Gobierno. Como
decía muy bien el señor Jané, creo que es un tema de futuro, el Gobierno no puede cerrar los ojos, y lamento que al menos en ese primer punto el Grupo Popular y el Gobierno no tengan una visión de futuro para al menos buscar una posición de
encuentro entre todos los grupos.



Muchas gracias, señora Presidenta.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias.



Interrumpimos unos segundos la Comisión porque el diputado que tiene que defender la siguiente proposición no está en la sala. (Pausa.)


- SOBRE ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE LEY DE LO AUDIOVISUAL QUE ESTABLEZCA EL MARCO ESTABLE PARA LA ACTIVIDAD DE LOS DISTINTOS OPERADORES, ASÍ COMO LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL SERVICIO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL
CONGRESO. (Número de expediente 161/001899.)


La señora VICEPRESIDENTA: Señorías, reanudamos la sesión.



Punto siguiente del orden del día; proposición no de ley sobre elaboración de un proyecto de ley de lo audiovisual que establezca el marco estable para la actividad de los distintos operadores, así como las obligaciones derivadas del
servicio. La proposición es del Grupo Parlamentario Popular, y a esta proposición no de ley el mismo Grupo Popular ha presentado una enmienda. Para defender la proposición no de ley y a su vez de la enmienda, tiene la palabra el señor De Luis.



El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Muchas gracias, Presidenta.



Aprovecho el turno como puede entenderse para defender simultáneamente tanto la proposición no de ley inicialmente incluida en el orden del día de la Comisión como la enmienda presentada en el día de ayer.



Desde nuestro punto de vista, el panorama audiovisual español está regulado por distintas normas de carácter legal. En distinto momento han ido surgiendo las distintas leyes que regulan la actividad, dependiendo si el operador es público de
cobertura nacional, la Ley del estatuto 1980, si el operador es público y su ámbito de actuación es de carácter territorial; la Ley de las televisiones autonómicas de 1983; o la ley del año si 1989 que regula la actividad de los operadores
privados. En principio, a nosotros por distintas razones y por la importancia que tiene este tipo de actividad por cuanto se involucra su actividad con derechos fundamentales de la persona como son la formación e información, es evidente y de todos
reconocido que los medios audiovisuales contribuyen de forma decisiva a la formación de los ciudadanos y a su información, contribuyendo así incluso a ejercer sus propios derechos democráticos. Por otra parte, no es menos cierto


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que la actividad de los medios audiovisuales también afecta o puede afectar a la protección de determinados derechos de ciertos colectivos ciudadanos, como son los menores. Eso en cuanto a la importancia que en relación con los derechos de
las personas tiene la actividad. No es menos cierto también que el desarrollo tecnológico y la proliferación de operadores ha constituido al sector audiovisual en un importante sector económico, que en muchas ocasiones actúa como catalizador o como
animador de algo tan importante como son las industrias de una determinada cultura o de un determinado país, factor no desdeñable al analizar la necesidad o no de una ley general, una ley que ordene todo el sector audiovisual en su conjunto.
Además, hay que reconocer que los operadores, sean públicos y su cobertura sea nacional, sean públicos y su cobertura sea territorial, o sean privados, compiten en un mismo mercado; es decir actúan sobre los distintos telespectadores potenciales
para intentar captar la audiencia, con lo cual hay también unos puntos de conflicto de intereses legítimos entre todos ellos. Por todas estas razones, la legislación en estratos que se han ido acumulando sobre el panorama legal de nuestro país,
parece necesario y conveniente por tanto que exista una norma en donde se establezca no solamente el marco de actuación de todos los operadores, sino que se defina también un panorama estable para los propios operadores, que sepan cuál es el marco
de actuación que ellos tienen, lo que da estabilidad y lo que desde luego puede contribuir de forma muy importante al desarrollo del sector y a todas las aportaciones positivas que la sociedad hace.



Sin embargo, nuestro grupo parlamentario también quiere señalar que desde nuestro punto de vista los operadores de lo audiovisual deben asumir ciertas responsabilidades de carácter social derivadas del servicio que prestan, tal y como la
proposición no de ley expresa en su última parte, y por ello es por lo que en el día de ayer mi grupo introdujo una enmienda que trae causa de una proposición no de ley que iba a ser debatida en el Pleno de esta semana pero que al final no se
acumuló a una iniciativa de otro grupo parlamentario, y por cuanto el Gobierno está trabajando en una ley de lo audiovisual, nosotros hemos considerado que era imprescindible que la Cámara debatiera sobre la contraprestación social que los
operadores pueden aportar para un asunto que a nosotros particularmente nos obsesiona, que nos ha ocupado mucho tiempo y mucho interés, que es la eliminación de las barreras de comunicación. Es evidente que nuestro grupo ha sido muy activo y ha
suscitado distintos debates en torno a la eliminación de las barreras de comunicación en la Cámara; por ventura las aportaciones que hemos hecho en la Cámara han prosperado satisfactoriamente, no solamente en el ámbito del Legislativo, sino que han
sido recogidas con calor y han sido convertidas en realidad en el ámbito del Ejecutivo. Nosotros creemos que en el ordenamiento jurídico español es fundamental el compromiso del legislador y por tanto es fundamental también la asunción de ese
compromiso por parte del Ejecutivo al figurar compromisos reales y ciertos en el ordenamiento jurídico en torno a la eliminación de barreras de comunicación. Recuerdo que en esta legislatura, con motivo de la tramitación en la Cámara del proyecto
de ley de apoyo a la filmatografia, mi grupo propuso una enmienda donde intentaba establecer una correlación directa entre lo que son las subvenciones, las aportaciones o las ayudas a la distribución y producción otorgadas por la Administración
central y la posibilidad de que las productoras dispongan de materiales que acerquen los contenidos a los discapacitados auditivos. Creo que es una novedad importante. Es de todos sabido que en relación al mundo de la discapacidad nosotros
entendemos que una alternativa fundamental para garantizar su integración y el pleno cumplimiento del artículo 49 de la Constitución es el camino de la educación, la formación y el empleo. Sin embargo creemos que no se debe perder cualquier
oportunidad que exista para reafirmar de nuevo nuestro firme compromiso para la eliminación de las dificultades que muchos discapacitados, especialmente los sensoriales, tienen para acceder a las aportaciones positivas que los ciudadanos hacen a un
sector tan potente de comunicación como es el audiovisual.



Por esas razones, nosotros hemos planteado la enmienda en el día de ayer que en primer lugar pretende, como la propia enmienda dice, además de la valoración positiva de la voluntad del Gobierno de elaborar una ley de lo audiovisual,
considera que en esa elaboración, en la fase anteproyecto ya se debe incluir como una de las obligaciones derivadas del servicio público el compromiso frente al trato y desarrollar facilidades que permitan el acceso de los discapacitados sensoriales
a la programación de las televisiones. De igual forma, y si bien este mandato sería general para todos los operadores sea cual sea su titularidad, en relación a los operadores de carácter privado queremos establecer que la ley contemple que en los
pliegos de condiciones de concursos o renovación de concursos, también se evalúe como un dato positivo la existencia de horas que permitan el acceso a este grupo de minusválidos.



El segundo mandato de la proposición no de ley pretende el firme compromiso de que esta Cámara garantice el cumplimiento de lo dispuesto en la ley y un mandato claro al Gobierno para que, una vez aprobada la ley por el Legislativo, el
Gobierno, con las asociaciones más representativas y con los operadores, aborde de una forma coherente y firme las dificultades, los recursos técnicos y las necesidades que tiene este grupo de discapacitados sensoriales, y a través de un determinado
informe (que nosotros hemos llamado libro blanco pero que no hacemos causa) se puedan determinar las medidas que hay que adoptar. No conformes con identificar las dificultades, los problemas, queremos


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que la Cámara mandate al Gobierno para que éste se comprometa a que las conclusiones de ese informe sean llevadas al ordenamiento jurídico con el rango legal que corresponda para que esto sea de obligado cumplimiento de los distintos
operadores, cualquiera que sea su titularidad.



La última valoración que hacemos en la proposición no de ley y en la enmienda que presentamos es simplemente un reconocimiento al esfuerzo real y firme que el grupo RTVE viene desarrollando desde 1996, con un incremento notable de medios
materiales, un incremento muy destacado de recursos humanos y un importante aumento de las horas subtituladas, lo que ha significado cuantitativamente acercar los contenidos de televisión a los ciudadanos y cualitativamente un objetivo muy
importante.



Como siempre que participo en un debate de esta naturaleza, espero que se valore positivamente la aportación que hace mi grupo, y mi deseo es contar con el apoyo de todos los grupos representados en la Cámara. Este asunto es una demanda
social no cubierta, en la que nosotros llevamos trabajando muchos años, consiguiendo, como he dicho, algunos objetivos importantes; merece la pena que todos aporten y entre todos conseguir el objetivo que deseamos, que es la eliminación real de las
barreras de comunicación.



La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para la defensa de la misma y fijar su posición tiene la palabra su portavoz, la señora Pleguezuelos.



La señora PLEGUEZUELOS AGUILAR: En primer lugar mi grupo va a fijar posición sobre la autoenmienda del Grupo Popular, que sin duda valoramos positivamente. Es verdad lo que decía el señor De Luis, se habían acumulado dos proposiciones no
de ley, otra del Grupo Parlamentario Socialista respecto al acceso de las personas con discapacidad a los medios de comunicación, en la que concretamente solicitábamos un plan específico integral urgente para la accesibilidad de las personas con
discapacidad a los medios de comunicación. Valoramos muy positivamente la enmienda, sobre todo en lo que respecta al primer punto, pero quisiera recordar al Grupo Popular respecto de la modificación del modelo con una ley de lo audiovisual, que ha
sido una demanda constante del propio ministro del ramo, el señor Piqué, un gran acuerdo, consenso político y social.



También dice la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular que es necesario un marco estable, tanto para los distintos operadores como sin duda para el sector de las telecomunicaciones y de lo audiovisual en su conjunto. En ese
sentido, mi grupo ha presentado una enmienda por la que se propone una subcomisión en el seno de esta Comisión de Ciencia y Tecnología que sea la encargada, no tanto de elaborar la reforma de la legislación como de escuchar y conocer los puntos de
vista de todos los representantes de los sindicados, de las televisiones públicas, de las productoras, de las organizaciones de consumidores, de discapacitados, en general de todos aquellos colectivos que hay que escuchar para que, en un plazo no
superior a tres meses desde la constitución de esta subcomisión, pudiésemos abordar la reforma integral que el propio ministro ha reclamado, de la televisión pública estatal y autonómica, que aborde desde la financiación hasta la privatización o no
de los terceros canales, la televisión digital terrestre, la incompatibilidad de la propiedad de los medios audiovisuales, un reparto más racional del espectro radioeléctrico, etcétera. Señoría, como dijimos en el debate de los presupuestos, en la
ley de acompañamiento, a pesar de haber anunciado el propio ministro Piqué un nuevo proyecto de ley audiovisual, se plantearon modificaciones tanto a la ley de televisión privada como a la ley de televisión local terrestre, convirtiéndola de facto
en digital.
Éste es un sector que necesita reposo y consenso, un marco estable y, en ese sentido, la subcomisión permitiría escuchar a todos los actores que intervienen en lo que va a ser luego la aplicación de este modelo y nos acercaría mucho más
a los problemas reales que se van planteando en el día a día tanto para usuarios como operadores y colectivos de discapacitados.



No podemos decir que no a la autoenmienda del Partido Popular, pero creemos que se queda muy corta porque sólo aborda una parte del problema, que es la eliminación de las barreras; en cuanto al resto, lo que hace es, sin ninguna duda,
valorar positivamente que venga un proyecto de ley.
Señor De Luis, vamos a apoyar, como no podía ser de otra manera, la autoenmienda del Partido Popular porque, entre otras cosas, es lo que decía también la iniciativa del Grupo Parlamentario
Socialista que se ha pospuesto, pero entendemos que la iniciativa del Partido Popular pidiendo que el libro blanco se debata en un año, en los 12 meses posteriores a la aprobación de la ley, retrasa mucho la eliminación de estas barreras y la
subcomisión facilitaría el trabajo al Gobierno, buscaría el consenso y desde luego eliminaría mucho antes las barreras para los discapacitados.
Por eso apelo al Grupo Popular, en esa necesidad de marco estable y consenso para desarrollar el futuro
de lo audiovisual y y el conjunto del sector, para que apoye la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.



La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané. Le pido brevedad, si es tan amable.



El señor JANÉ I GUASCH: Señora Presidenta, señorías, en el BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES de 24 de noviembre de 2000 -por tanto estamos hablando ya de hace más de 2 años- está publicada


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una proposición no de ley de mi grupo parlamentario en la cual instamos al Gobierno, decíamos antes de finalizar el año 2001 (evidentemente este plazo se ha superado ya) a presentar un proyecto de ley de creación del consejo superior de
medios audiovisuales, con el objeto de ordenar y regular el sector audiovisual en el Estado español. Evidentemente, coincidimos en la necesidad de que el Gobierno presente este proyecto de ley, tal y como hoy nos plantea el Grupo Popular con su
proposición no de ley.



Nosotros quisiéramos hacer dos comentarios a la propuesta que hoy nos trae el Grupo Popular. Un primer comentario en el sentido de pedir al Gobierno que acelere la presentación de este proyecto de ley y que intente consensuarlo con los
grupos parlamentarios, que podamos entre todos buscar un ámbito de consenso. Sería positivo que este proyecto de ley -arreglar un aspecto tan importante como son los medios audiovisuales- tuviera un consenso y que pudiera perdurar en el tiempo.
Por tanto ya les adelanto la predisposición de mi grupo parlamentario a negociar con el Gobierno, con el Grupo Popular y con el resto de grupos parlamentarios este proyecto de ley para que pueda enriquecerse y que pueda nacer de ese consenso. Sería
muy negativo que fuera un proyecto de ley de una parte de la Cámara y que no fuera compartido por una gran mayoría de los grupos parlamentarios; de ahí esa predisposición que pedimos al grupo mayoritario.



Segundo aspecto en relación con la propuesta inicial que nos plantea el Grupo Popular. Un proyecto de ley que regule ese consejo superior de medios audiovisuales, que regule el sector del audiovisual, debe respetar las competencias
autonómicas que existen en este ámbito y debe respetar también los órganos ya creados por las comunidades autónomas. En este caso, en Cataluña se ha creado el Consell de l'Audiovisual de Catalunya que tiene una gran aceptación de la sociedad en su
conjunto y de los propios medios y está realizando una gran labor. De ahí que sea una primera experiencia pionera en este ámbito, que valoramos positivamente y consideramos que una regulación futura no debería afectar ese ámbito competencial.



En segundo lugar, señora Presidenta, señorías, se nos presenta una enmienda que extiende la futura regulación de lo audiovisual a la protección de los discapacitados. De ahí que nuestro grupo también comparta el sentido de la enmienda
presentada pues ya ha realizado diversas iniciativas...



La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jané, le ruego vaya terminando.



El señor JANÉ I GUASCH: Voy terminando, señora Presidenta, pero estoy aún en el tiempo que se asigna a los grupos para fijar posición.



Compartimos, como no puede ser de otra forma y como se corresponde con las proposiciones no de ley que hemos venido planteando sobre los discapacitados, la necesidad de que se tenga en cuenta a ese sector en el ámbito audiovisual, donde hay
grandes carencias, pero queríamos hacer un comentario de por qué vamos a votar que no al punto 3. Compartimos todo el punto 3 excepto en un aspecto competencial que no podemos votar porque infringe la distribución competencial establecida en el
artículo 149/127 de la Constitución. Yo estoy de acuerdo en que se pretenda concretar imponiendo obligaciones de subtitulado, de lengua de signos y otras con objetivo similar para los servicios de televisión, pero ese real decreto, que yo considero
positivo, no se puede imponer a los servicios de televisión de ámbito autonómico, pues no es el ámbito de ese real decreto. Compartiendo absolutamente la finalidad, yo no puedo aprobar el punto si se mantiene esa redacción porque conculca
claramente el ámbito autonómico decir que un real decreto estatal va a imponer unas obligaciones; yo comparto que deben establecerse, pero en el ámbito autonómico lo debe hacer el respectivo Gobierno autonómico. Le aseguro que en el ámbito donde
nosotros tenemos incidencia, que es en la Generalidad de Cataluña, nosotros vamos a promover también un decreto que imponga esa necesidad de obligaciones de subtitulado, de lengua de signos, pero si usted mantiene en su enmienda la referencia a que
se hará esa imposición por un real decreto estatal a televisiones de ámbito autonómico, señor De Luis, siendo buena la intención estamos vulnerando la distribución competencial. Si se mantiene esta redacción, nosotros no podríamos votar
favorablemente el punto 3, deberíamos votarlo en contra.



Por último, en cuanto al punto 4, que también compartimos, ese trabajo lo está haciendo no únicamente RTVE, sino también un conjunto de televisiones autonómicas en la necesidad de cada vez incrementar más el número de horas en que se
subtitula el número de programas. Es una valoración positiva que debe hacerse a TVE pero también debe hacerse al conjunto de televisiones y muy concretamente a la televisión autonómica de Cataluña.



La señora VICEPRESIDENTA: Señor Jané, ya ha superado usted el tiempo que es habitual según el Reglamento.



Para aceptación o rechazo de la enmienda, tiene la palabra el señor De Luis.



El señor DE LUIS: En relación a la intervención de la representante del Grupo Socialista, haré tres precisiones muy breves. Primero, la proposición no de ley que el Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada para debate en Pleno,
solamente afecta al ámbito del grupo RTVE, concretamente TVE; la iniciativa que nosotros hemos complementado vía enmienda y que hoy sometemos a la Comisión de Ciencia y Tecnología


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es más amplia que la que está pendiente de debate en Pleno del Grupo Socialista.



En cuanto a la referencia al retraso de las medidas a adoptar para eliminar las barreras de comunicación, quiero señalar a la representante del Grupo Socialista que de retraso, absolutamente nada. Desde 1996, los objetivos alcanzados por
presión de este grupo parlamentario que han contribuido a eliminar muchas de las barreras de comunicación que los discapacitados auditivos tienen, son una realidad. También es una señal de nuestra preocupación para que no exista retraso alguno el
debate en el que hoy estamos inmersos, porque lo que nosotros queremos es que el mandato de la Cámara afecte al equipo preparador del anteproyecto de ley de lo audiovisual, no queremos esperar a que la ley entre en la Cámara y que, vía enmienda,
tanto ustedes como nosotros o cualquier otro grupo de la Cámara tengamos posibilidades de enriquecer el contenido de la norma.
Nosotros queremos que el equipo redactor ya reciba un mandato de la Cámara en torno a estos aspectos, que son unas
señales muy positivas para el grupo de personas afectadas por estos problemas.



En cuanto a la propuesta de enmienda del Grupo Socialista de crear una subcomisión en el ámbito de esta Comisión para que contribuya a la elaboración de los proyectos, le quiero decir que nuestra postura, como probablemente podrá suponer, es
contraria a la creación de esa subcomisión por las siguientes razones. Nuestro grupo siempre escucha, nuestro grupo siempre está dispuesto a conocer los problemas para a aportar las soluciones que creemos mejores para los intereses generales, y
ustedes lo saben porque ustedes están participando en muchas conversaciones con el Gobierno en ámbito de leyes de gran calado, como son todas las reformas de carácter penal, y existen acuerdos tanto sobre la reforma de justicia como también sobre la
lucha contra el terrorismo; el diálogo es abierto y fluido, no solamente con el grupo mayoritario de la oposición sino también con el resto de los grupos parlamentarios. Por lo tanto, como punto de encuentro para escuchar y conversar, no creemos
necesaria la existencia de una subcomisión. Tampoco estamos de espaldas al sector, pues las conversaciones con el sector evidentemente se producen en la fase de elaboración del anteproyecto de ley. Por otra parte, nosotros creemos que sería
altamente perjudicial para la dinámica del trabajo, para el trabajo parlamentario sería enormemente dilatorio; demoraría mucho el trámite parlamentario si por cada norma que se está regulando existiera una subcomisión creada al efecto. El diálogo
se produce entre los grupos parlamentarios una vez que el proyecto de ley está en trámite.



En relación a la apreciación que hace el señor Jané, de Convergència i Unió, no tengo prácticamente ningún inconveniente en que haga una propuesta de enmienda transaccional de corrección del texto inicial. Al final, donde se dice para los
servicios de televisión de ámbito nacional, se podría decir para los servicios de televisión respetando el ámbito competencial. La enmienda quedaría redactada en unos términos -ahora lo pasamos a la Mesa- que harían posible que Convergència i Unió
aceptara el texto propuesto. Sin embargo, quiero hacer una referencia al señor Jané, que la facultad legislativa de las comunidades autónomas para ordenar su propio ámbito de actividad de las televisiones autonómicas trae causa de una ley nacional.
Si admitiera que esa ley nacional pudiera tener una referencia a la necesidad de que las televisiones autonómicas también colaboraran en el loable objetivo que nos ocupa hoy, este matiz del real decreto evidentemente tiene un fácil arreglo. Ahora
acercaremos a la mesa un texto de acuerdo.



La señora VICEPRESIDENTA: Quería advertir a SS.SS. que las votaciones se producirán al final del debate, en todo caso en torno a las doce menos cuarto.



- RELATIVA A MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA POSIBILITAR QUE IZAR-FENE PUEDA REALIZAR TODO TIPO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001891.)


La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día: Proposición no de Ley relativa a las medidas del Gobierno para posibilitar que Izar-Fene pueda realizar todo tipo de proyectos de construcción naval.



Para defensa de la misma tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto señor Rodríguez.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Desde que en 1996 el Bloque Nacionalista Galego tuvo presencia en el Congreso de los Diputados, convirtió en caballo de batalla el regreso del entonces astillero Astano a la construcción naval convencional con
todas las consecuencias.



Después de padecer una catástrofe de consecuencias económicas y sociales de envergadura, el Gobierno sacó un acuerdo del Consejo de Ministros del día 24 de enero en A Coruña, donde se podía leer una frase que nos llenó de preocupación debido
a su ambigüedad. Se solicitará de la Comisión Europea que levante las restricciones a la construcción de buques para posibilitar la construcción de buques de doble casco por Izar. Digo que nos llenó de preocupación porque realmente la empresa Izar
no tiene ningún tipo de prohibición para la construcción de buques en general y menos de buques de doble casco. Por otra parte, quedamos más alarmados cuando observamos que, en el folleto que se divulgaba por Galicia, en concreto del Plan Galicia
2003, inserto en los periódicos de mayor circulación, incluso desaparecía esta frase a la que acabo de aludir.
Para nosotros es fundamental que se acabe con


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los criterios políticos discriminatorios e irracionales, que produjeron un caso paradigmático y único en todo el mundo el hecho de que haya un astillero que curiosamente no puede construir buques, lo que hizo desde 1941 hasta 1984.



¿Cuáles son los elementos a tener en cuenta para justificar el regreso del entonces Astano -actual Izar-Fene- a la construcción naval convencional? El primero sería la evolución de la construcción naval. En concreto, debemos de recordar
que la Unión Europea tiene 180 astilleros de construcción y 400 de reparaciones, que trabajan en ellos 350.000 trabajadores y que tienen unos ingresos de 34.000 millones de euros.
Prácticamente diez Estados de la actual Unión Europea, más Noruega,
Polonia, Rumanía y Croacia, tienen en el sector de la construcción naval un sector industrial de la máxima importancia. Construyeron los 14 Estados, en 2001, 4.300.000 TBC, toneladas de registro bruto compensado; es más, la Unión Europea
prácticamente abarca la mitad de la demanda de construcción de buques, Hay un hecho curioso, que es la forma de proceder los armadores europeos que muchas veces realizan sus pedidos en el exterior. Con lo cual, entre 1996 y 1999, estamos asistiendo
al hecho de la disminución de la construcción naval en la Unión Europea derivada, entre otras cosas, de las peticiones que hacen en el exterior precisamente los armadores. Así, las importaciones en 1996 fueron de 6.300 millones de dólares y, en
1997, 11.500 millones de dólares; las aportaciones fueron 1.200 y 700, por lo que se ve que el saldo es negativo en contra de los intereses de la Unión Europea. Esto lleva a la pérdida de autonomía en la construcción naval incluso al riesgo de que
los precios se alcen en el mercado y que los buques se puedan construir con poca calidad.



En el caso del Estado español, la política industrial fue terrorista, tanto en el quinquenio 1980-1984, como también el que corresponde a la etapa del Partido Popular 1997-2001; estuvimos asistiendo a una reestructuración permanente con la
pérdida de posición tanto a nivel europeo como mundial. Así, la caída del Estado español respecto de la Europea occidental fue de un tercio, y de un medio o un tercio de la mundial, si hablamos bien de contratación bien de producción. En todo
caso, se da un hecho paradigmático y contundente, el déficit en la balanza de fletes en el Estado marítimo más importante de la Unión Europea es evidente, cuando nosotros estamos importando el 95 por ciento de las mercancías por mar y exportamos el
75 por ciento también por vía marítima. No se puede entender que, en un proceso de desmantelamiento, se haya eliminado a Astano como gran productor de buques e incluso se haya apartado en 1982 a la empresa Bazán de la construcción de buques
civiles.



El segundo elemento a tener en cuenta es la evolución reciente de Izar-Fene, ya con el Gobierno del Partido Popular tanto en Galicia como aquí. La prohibición de construir buques continuó también en el período del Partido Popular, pese a
que había más demanda mundial de buques a partir de 1988, a que desapareciera en 1997 la aplicación de la directiva europea que así lo prohibía y a que se pidió continuamente, no solamente en el Congreso del Estado Español sino en el Parlamento de
Galicia, y allí por unanimidad, que se levantase esa prohibición, aun habiendo gobiernos del mismo signo en las dos partes. Esto llevó incluso a que Izar-Fene, entonces Astano, se mantuviese solamente como subcontratista de otros centros de Izar,
por lo tanto con menos valor añadido y con precios de transferencia que lo perjudican notablemente. Además, se le impidió siempre la asunción de proyectos integrales, e incluso en el sector ocio aunque no lo tenía prohibido. Por fin, se le anuló
también la capacidad gerencial de actividades de reparación.



El tercer elemento son las previsiones de demanda naval y la problemática de los buques subestándar y cómo trata este problema la OCD. Las cifras de previsiones mundiales para la década 2001-2010 son superiores incluso a las de la anterior.
El crecimiento del transporte marítimo es evidente y el nivel insuficiente del desguace de buques obsoletos es lo que está provocando accidentes marítimos en gran parte. Es normal que todos los organismos internacionales quieran endurecer las
medidas de seguridad y por lo tanto la eliminación de buques subestándares, que no cumplen los mínimos de rigor. Ya en 1973, la OMI estableció, a través de convenio MARPOL que entró en vigor en 1983, una serie de medidas para el combate de la
polución y el aumento de la seguridad en el mar. En 1989, el desastre del Exxon Valdés llevó a Estados Unidos a actuar de forma unilateral, como se sabe, con la promulgación de la Oil Polution Act en 1992. Esto conllevó a que se realizasen
enmiendas en el anexo 1 del Convenio MARPOL y que se exigiese el doble casco y la eliminación de monocascos, en concreto desde 1996. Con el accidente del Erika en 1999, saben ustedes que ya se estableció la fecha, revisando el calendario que había,
de comenzar a eliminar los buques monocasco en septiembre de 2003 y, como período lo más alejado en el tiempo, sería 2015 la fecha tope para la eliminación de todos los petroleros de casco simple. No les voy a hacer perder el tiempo escuchando lo
que aconteció en noviembre con el Prestige y por lo tanto la lógica que tiene que se adelanten las demandas de buques de transporte de petróleo y productos derivados con las debidas condiciones de doble casco.



Por fin, los dos últimos elementos que explican nuestra proposición no de ley es la creación y funcionamiento de Izar en el año 2000 con un Gobierno del Partido Popular, donde se agruparon las empresas Bazán, Astano y Aesa creando una nueva
y desapareciendo jurídicamente todas las anteriores. Sin embargo, curiosamente continuó la prohibición en contra de Izar-Fene, es decir, ahora existe una empresa nueva que no


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tiene prohibiciones de ninguna clase, pero no puede producir buques el astillero de Fene. Incluso la cuota acordada con la Unión Europea hasta 2007 se sigue manteniendo, pero con un cambio fundamental, y es que se promulga el Real Decreto
3452 en el año 2000, de 22 de diciembre; en el primer párrafo de su artículo 2 levantaba la exclusión de producción de buques civiles a los centros productivos de la antigua Bazán, con lo cual ya no se entiende nada, porque únicamente queda un
astillero, que además no se llama Astano sino solamente Izar, y no existe a efectos jurídicos como diferenciado del resto. En 1997, cuando se impuso el plan estratégico de competitividad, se imputó la capacidad de producción al conjunto de los
astilleros públicos sobre 191.500 TBC, pero curiosamente, en la última década, el Estado español no fue capaz de cubrir la cuota que le había asignado la Unión Europea, lo cual hace aún más escandaloso tener a Izar-Fene fuera de la producción naval
convencional.



Para que vean que esto es así, se sabe que hoy San Fernando está construyendo ferrys, yates, megayates y pentamaranes, y San Fernando tenía prohibido los buques civiles, ahora ya nada, no tiene prohibición de ningún tipo. Izar-Puerto Real
está construyendo dos grandes buques de gas licuado de 70.088 TBC cada uno, que curiosamente la mitad de uno de ellos se subcontrata a Izar-Fene, pero esto no existe en la legalidad, no figura en los papeles, por lo que tiene unas consecuencias
desde el punto de vista de las ayudas incluso nefastas, porque todas las ayudas las recibe Puerto Real, incluso las que tolera la Unión Europea últimamente a la espera de un marco más competitivo a nivel mundial. Por fin, también el Gobierno se
niega a que haya un complejo integral, el Ferrol-Terra, con el astillero de Izar-Fene y el de Izar-Ferrol.



Lo último sería la incapacidad de eliminar las ayudas a la construcción naval mundial. Ustedes saben que no estaban permitidas las ayudas desde el 1 de enero de 2001 por el reglamento correspondiente de la Unión Europea, pero, debido a la
competencia desleal y a las ayudas que se producían, también en Estados Unidos, no solamente en Corea, encubiertas, o Japón, la Unión Europea promulgó un nuevo reglamento en 2002 para defender, de forma temporal y limitada, los centros
constructivos, sobre todo del centro y norte de Europa por el tipo de buques a los que se alude. Esto indica hasta qué extremo es grave que se mantenga precisamente un astillero sin ayudas cuando los demás lo reciben aunque sea parcialmente y en
esta situación de tanta discriminación por lo menos hasta el año 2004. A nosotros nos conviene en todo caso que se abra paso en el seno de la OCDE, la eliminación de las ayudas directas e indirectas y que se vaya a unas condiciones de competencia
en el mercado con todas las consecuencias, ahora eso sí levantando la prohibición que tiene el astillero gallego.



Concluyo ya, senorías. A todas luces es injusto, discriminatorio e irracional, como ven ustedes, la prohibición que pesa -único caso en el mundo- sobre el astillero de Izar-Fene. Hoy, el Gobierno tiene margen de maniobra jurídica y sobre
todo de asignación de cuota, que no emplea muchas veces aun estando tan limitada, para poder actuar incluso unilateralmente, incluso sin permiso de la Unión Europea, pero si quiere cumplir todas las reglas, que las cumpla aunque es difícil de
entender qué tiene más peso si la prohibición de la Unión Europea o la indiferencia del Gobierno Español hasta ahora. En todo caso, es nuestra intención -quede clarificado hoy aquí- que lo que se prometió en el Plan Galicia es ambiguo como está
situado; en un caso no se clarifica y en otro no lo hay, eliminaron esa frase. Queremos que se adopten inmediatamente las ayudas precisas para que, dadas las circunstancias explicadas, el centro de Izar localizado en el ayuntamiento de Fene
recupere la condición de astillero normal y se imponga la justicia más elemental pudiendo realizar proyectos integrales, tanto de construcción de buques mercantes como de todo tipo de artefactos off-shore. Señora Presidenta, en el turno de fijación
de posición, me referiré a las enmiendas.



La señora VICEPRESIDENTA: A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por el grupo popular. Para la defensa de la misma tiene la palabra el señor Pérez Corgos. El Grupo Socialista también ha presentado una enmienda, por lo
que la defenderá primero el señor Suárez.



El señor DÍAZ DÍAZ: Nosotros presentamos también una proposición no de ley, sobre el mismo tema, lo que ocurre es que la presentamos en la Comisión de Economía, y hoy la traemos aquí como enmienda a la propuesta del Bloque Nacionalista
Galego. Coincidimos en el objetivo fundamental, pensamos que no es de recibo que el astillero de Astano siga infrautilizado en estos momentos. Si se quiere hacer un plan de solidaridad con Galicia, una manera es permitir que pueda desarrollar
plenamente sus potencialidades, y el astillero Astano, de Ferrol, tiene potencialidades para fabricar en condiciones competitivas buques de doble casco y otro tipo de buques.



Hay que recordar la historia y saber que en España hicimos una reconversión naval tardía y que, en esa reconversión naval, había que ajustar capacidad productiva a demanda. En aquel momento el ICO era el mayor armador que existía en el
Estado español porque había muchos barcos demandados y después el armador renunciaba a ellos. Hubo que hacer este ajuste y hay que decir que no favoreció a Ferrol; se partía de un hecho que posteriormente se comprobó que no era real, que era que
en Ferrol en función de sus estupendas instalaciones, había mayor posibilidad de diversificación que en Puerto Real. En función de eso, se hizo un recorte


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productivo sobre Ferrol en mayor medida que sobre Puerto Real y Ferrol quedó dedicado fundamentalmente a fabricar off shore. El problema está en que esto no generó carga de trabajo suficiente y Astano dejó de ser un motor que tirara de la
comarca ferrolana pasa convertirse en algo que se mantenía mas o menos ahí, pero el papel de motor lo perdió dentro de una comarca donde el sector naval era, y sigue siendo, el sector puntero. El problema se soluciona a nivel de seguridad futura,
pero no se soluciona haciendo uso de las potencialidades con la integración de Astano junto con Bazán en Izar como bien decía el señor Rodríguez; siguen siendo compartimentos estancos y no se está aprovechando toda la potencialidad que Astano
conlleva.



Nosotros pensamos que ahora es una buena ocasión para demandar de la Unión Europea una comprensión con Galicia, un gesto solidario que permita que en Galicia se puedan hacer barcos en condiciones competitivas con los demás astilleros de la
Unión Europea, y por eso nosotros presentamos esta enmienda. No pretendemos -que quede claro- hacer una enmienda mejor que la propuesta del BNGA. Se trata de, entre todos, buscar una propuesta que permita resolver el problema y que, en el plazo
más breve posible, Astano esté haciendo barcos; sobre todo, si las medidas de la Unión Europea se endurecen y se exige que el doble casco entre en funcionamiento cuanto antes, que Astano se beneficie, si en Galicia nos vemos perjudicados por las
mareas negras, que por lo menos nos beneficiemos de las consecuencias de que la nueva circulación de buques con mercancías peligrosas por nuestras costas se haga con buques de doble casco.



A nosotros nos vale la propuesta inicial del Bloque Nacionalista Galego, nos vale nuestra propuesta y nos vale, también, dándole sensación de inmediatez, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular. Creemos que ya no cabe ganar más tiempo,
nadie debe dar más tiempo sino que es el momento de plantear en la Unión Europea que esto tiene que ser así. Si hay una nueva demanda, Galicia no puede quedar al margen de esa nueva demanda. No estamos pidiendo ningún tipo de trato de favor,
estamos pidiendo que se pueda utilizar una capacidad productiva que está ahí, competitiva a nivel tecnológico y a nivel de instalaciones con otros astilleros europeos. Se pide simplemente eso, no estamos pidiendo un trato de favor, una nueva
economía subvencionada, estamos pidiendo simplemente que se deje a Izar, en concreto a Astano-Ferrol, hacer aquello que mejor sabe hacer: barcos.



La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Suárez.



Señor Pérez Corgos, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra.



El señor PÉREZ CORGOS: Efectivamente, señorías, tal y como el portavoz del Grupo Socialista nos acaba de decir, en el año 1984 el Gobierno socialista adoptó la decisión de imponer una limitación al astillero de Astano. Se le exigió a
Galicia en aquel momento, y a la comarca de Ferrol Terra, un sacrificio especial. Un sacrificio que aquel Gobierno consideraba que debía basarse en una serie de circunstancias objetivas.
Por una parte, analizaba la reducción de la demanda mundial
que obligaba a una reducción de la capacidad de producción de los astilleros públicos, tal y como habían hecho Japón y países de la Unión Europea, y la posibilidad de introducirse en un nuevo mercado con buenas perspectivas, habida cuenta de la
tecnología, de las instalaciones y de la cualificación del personal del astillero Astano, y sobre todo la posibilidad de recibir importantes ayudas para la reestructuración del astillero y para el funcionamiento de los astilleros vía la compensación
de pérdidas. Es cierto que Astano recibió ayudas del Plan estratégico de competitividad, unas ayudas que afectaban no solamente a Astano, sino a todos los astilleros públicos que hoy en día están integrados en Izar, pero sólo a Astano se le exigió
que dejara de fabricar barcos. Se le exigía otro tipo de limitaciones en cuanto al posible uso de determinadas instalaciones que afectaban también a Cádiz, Sevilla y Sestao. Como consecuencia de aquello, Fene tenía limitada su actividad
exclusivamente al off-shore y a las reparaciones. Estas limitaciones de capacidad estaban condicionadas y ligadas a las ayudas del Plan estratégico de competitividad por un plazo de diez años. Es cierto que puede ser levantada la restricción una
vez transcurrido los cinco años, que ya han transcurrido, obteniendo previamente la autorización de la Comisión Europea, que decidirá teniendo en cuenta tanto el equilibrio que exista en esos momentos a nivel mundial entre la oferta y la demanda,
como si están previstas ayudas para la reapertura de las instalaciones. Respecto a la posibilidad de recibir ayudas, tengo que decir que Izar-Fene no necesita ayudas públicas para la reapertura de las instalaciones porque físicamente estas
instalaciones no se cerraron sino que han venido siendo utilizadas para la construcción de plataformas flotantes off-shore, que en muchos aspectos son más complejas que los buques convencionales.



Como decía el señor Rodríguez, el pasado 23 de enero el Gobierno del Reino de España aprobó en A Coruña un importante paquete de medidas destinado a impulsar una serie de ellas para paliar los efectos de la catástrofe del Prestige en
Galicia, el denominado Plan Galicia. A mí me extraña que se critique unas veces la publicidad y otras veces la falta de publicidad.
El acuerdo del Consejo de Ministros es claro y'allí se hace la referencia al astillero de Izar-Fene. Entre las
medidas que adoptó el Gobierno en el Consejo de Ministros celebrado en A Coruña el 24 de enero de 2003 se encuentra la solicitud a la Comisión Europea del levantamiento de las restricciones a la construcción de buques por Izar para posibilitar que
pueda construir


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buques de doble casco. Esto es el Plan Galicia, señorías, nos estamos refiriendo a Izar-Fene, efectivamente. Se aprobó también la creación de un centro de I+D especializado en tecnologías marítimas para la construcción naval, el salvamento
y la recuperación de precios entre los años 2003 y 2004, centro al que se destinarán 6 millones de euros, y la elaboración de un plan de desarrollo de los astilleros, que se elaborará y se aprobará antes del 30 de abril, para la construcción de
embarcaciones deportivas que analizarán el marco administrativo, el régimen legal, la promoción exterior, el desarrollo de estaciones náuticas, etc.



Señorías, no sería necesario aprobar esta proposición no de ley. El Ministro de Ciencia y Tecnología en su comparecencia nos dijo que el Gobierno tenía el compromiso de solicitar ante la Comisión el levantamiento de la prohibición. El
Ministro de Economía, vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rato, el 4 de febrero de este año también nos decía que si hemos impulsado una legislación que va a hacer que se sustituyan en un plazo de tiempo todos los petroleros por barcos de
doble casco, una parte de la sustitución de la flota queremos que la hagan nuestros astilleros. En consecuencia no sería necesaria la aprobación de esta proposición no de ley, pero para tranquilidad de todos los grupos políticos, para tranquilidad
de la sociedad, para la tranquilidad sobre todo de aquellas personas que, en el municipio de Fene, en el municipio de Ferrol, en el municipio de Neda, en Mugardos, en toda la zona de Ferrol Terra han soportado el sacrificio de la pérdida tan
importante de puestos de trabajo, nosotros hemos presentado una enmienda a la proposición no de ley del Grupo Mixto, por la que instamos al Gobierno para que adopte las medidas precisas para que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que
concurren en la Comunidad Autónoma de Galicia, el centro de Izar-Fene, antes Astano (queda aclarado ya a qué centro nos referimos), recupere las condiciones de astillero normal, pudiendo realizar proyectos integrales tanto de construcción de buques
mercantes como de todo tipo de artefactos off-shore. Señorías, esperamos que todos los grupos acepten esta enmienda y llegar a este importante acuerdo.



La señora VICEPRESIDENTA: Permítanme señorías que, antes de dar la palabra al portavoz señor Rodríguez, haga una rectificación a efectos de actas.
El portavoz del Grupo Socialista que ha presentado y defendido la enmienda era don Manuel
Ceferino Díaz Díaz. Rectifico para que así conste en el acta.



Señor Rodríguez, tiene la palabra para la aceptación o negación de las enmiendas.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Para que se vea cuál es el motivo de la aceptación de la enmienda y en qué términos se acepta la misma, quiero volver a recordar, con una lectura neutral, el acuerdo del Consejo de Ministros, que reza así: Se
solicitará de la Comisión Europea que levante la restricciones a la construcción de buques para posibilitar la construcción de buques de doble casco por Izar. No se habla ni de Izar-Ferrol ni de Izar-Fene.



Segundo, el Plan Galicia desaparece -hay constancia- y desaparece la frase más apoyo a la construcción naval. Si después de esto, no creen que no solamente es normal sino que incluso hay que clarificar con diligencia que esto se refiere a
Izar-Fene, que venga Dios y lo vea. En segundo lugar, hay un motivo de preocupación que hoy pudimos comprobar aquí y que afortunadamente fue rectificado, que es que la enmienda del partido popular reza literalmente: El Congreso de los Diputados
insta al Gobierno a adoptar en el momento oportuno las medidas precisas. Si este no es el momento oportuno, pues también que venga Dios y lo vea. Por eso le vamos a aceptar la enmienda suprimiendo la expresión en el momento oportuno. Que quede
claro. Entonces quedaría: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas precisas para que, teniendo en cuenta las actuales circunstancias que concurren la Comunidad Autónoma de Galicia, el centro de Izar-Fene recupere -a
partir de ahí, literal- la condición de astillero normal, pudiendo realizar proyectos integrales tanto de construcción de buques mercantes como todo tipo de artefactos off-shore. Queda claro que estamos excluidos en la construcción naval en
general, no es que queramos hacer doble casco, nos da igual hacer barquitos, contenedores, lo que sea, pero que tengamos acceso libre al mercado. Y este es el momento oportuno. Por tanto, retirando eso vamos a aceptar la enmienda.



La señora VICEPRESIDENTA: Si sigue con sus apelaciones a que venga Dios y lo vea, pues le complacerá y nos visitará en el día de hoy.



El señor Pérez Corgos nos ha pedido la palabra para matizar o puntualizar.
Parece que ha pasado usted a la Mesa una corrección de la enmienda. El señor letrado va a leer el texto.



El señor LETRADO: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas precisas para que, teniendo en cuenta las especiales circunstancias que concurren en la Comunidad Autónoma de Galicia, el centro de Izar-Fene, antes
Astano, recupere la condición de astillero normal, pudiendo realizar proyectos integrales; tanto de construcción de buques mercantes como todo tipo de artefactos off-shore.



La señora VICEPRESIDENTA: ¿La acepta, Señor Rodríguez? (Asentimiento.)


¿Señor Pérez Corgos?


El señor PÉREZ CORGOS: Intervengo, señoría, para decir que el señor Rodríguez, cuando leía el texto de la enmienda, leía el texto que estaba ya en la Mesa,


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es decir, en la Mesa no había otro. En segundo lugar, el señor Rodríguez leyó, afortunadamente, el Acuerdo del Consejo de Ministros que se adoptó el 24 de marzo en A Coruña, el denominado Plan Galicia. Por lo tanto, el Plan Galicia se
refiere a Galicia.



La señora VICEPRESIDENTA: El señor Rodríguez, probablemente, no tenía el texto que usted ha pasado a la Mesa.



El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Queríamos que quedase claro con esta proposición no de ley porque la ambigüedad es notoria. La supresión no la invento yo, me estoy limitando a leer literalmente.



- RELATIVA A LA RED IRIS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 161/001901.)


La señora VICEPRESIDENTA: Proposición no de ley relativa a la red IRIS. Es autor el Grupo Popular y la defensa de la misma corre a cargo del señor Lissavetzky. Perdón, es del Grupo Socialista. Discúlpeme, señor Lissavetzky, no es que le
haya confundido, pero hay tanta sintonía que le he incluido en nuestro Grupo. Sea bienvenido en todo caso.



Señor Lissavetzky, por el grupo Socialista, tiene la palabra para la defensa de esta proposición.



El señor LISSAVETZKY DÍEZ: La sintonía es de carácter personal, siempre hay respeto político, pero Lissavetzky y Grupo Popular son prácticamente incompatibles en términos políticos. Lo digo con todo el respeto a los adversarios, muchos de
los cuales son también amigos.



La proposición no de le sobre la red IRIS viene derivada de una pregunta oral que se formuló en esta Comisión el 19 de diciembre pasado, puesto que esta red tiene unos objetivos importantes, como son la creación, la gestión y el seguimiento
de la evolución tecnológica en la infraestructura de comunicaciones. Es una red que interconecta las universidades, que interconecta los centros de investigación, que inclusive da también servicio a este Congreso, y que está en una situación que
creemos manifiestamente mejorable. Actualmente, está dependiendo por un lado del Ministerio de Ciencia y Tecnología desde el punto de vista estratégico y de financiación, pero desde el punto de vista funcional depende del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Hay una serie de problemas que tienen que ver con aspectos laborales, con aspectos de gestión y con aspectos de infraestructuras. En ese sentido, nosotros lo que planteamos en esa pregunta es que se intentara hacer
homologable la situación de la red IRIS con otras redes de carácter europeo, que son análogas a la red a la que me estoy refiriendo. Se hacían unas propuestas sobre el estatus, que tenga una entidad jurídica propia; sobre el tema laboral, que se
elimine la precariedad en la plantilla, una plantilla que es escasa para acometer nuevos objetivos y es importante suplementarla con nuevo o con más personal, pues hay un estancamiento laboral; y por último, en la mejora de instalaciones, dar
también un salto hacia adelante para mejorar la posición de la red IRIS.



En esa pregunta oral, de 19 de diciembre, yo comenté al secretario general don Gonzalo León, que los trabajadores habían llevado un memorándum en febrero del año 2002 a la Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica, y que no
habían recibido contestación. Para ser justos, tengo que alegrarme y reconocer públicamente que, después de esa pregunta oral, han sido recibidos por el propio señor León y han tenido un encuentro por lo que me han contado algunos de los asistentes
que -y lo puedo calificar como moderadamente positivo, en el sentido de que se ha escuchado aquello que planteaban- se ha abierto en esa reunión a la posición que ha mantenido el Grupo Socialista, que se va a votar hoy aquí en esta Comisión. Es
justo reconocer que, después de casi un año de olvido, se ha producido este encuentro; como hablando se entiende la gente, yo creo que se va a dar un paso hacia adelante importante.



La proposición no de ley que nosotros planteamos insta al Gobierno a que presente en un plazo corto -dos meses-, aquí en el Congreso, un plan para el desarrollo de red IRIS que permita su equiparación real a las redes semejantes de los
países europeos más avanzados. Este plan tendrá que contener un estudio comparado con esos países y una serie de propuestas dirigidas a la creación de un régimen administrativo que dote de entidad jurídica propia a la red, es decir, que rompa ese
corsé administrativo para el funcionamiento de la misma, que haya también la revisión del marco laboral para asegurar la estabilidad y promoción de su personal.
Cuando el señor León compareció aquí, en diciembre pasado, hizo la oferta de que se iba
a funcionalizar la mitad de la plantilla. Parece que, en esa reunión mantenida a finales de enero con los representantes de la red IRIS, ha dado marcha atrás, como de alguna manera solicitábamos nosotros; no se va a funcionalizar. En este momento
se va a estudiar el mercado laboral, que es lo más sensato, porque además esa funcionalización sólo afectaba al 50 por ciento. Por último, planteamos que haya un incremento en la plantilla y un incremento en los medios que puedan asegurar la mejora
de su funcionamiento y la ampliación de sus objetivos. En este sentido, hay una enmienda -luego que referiré a ella muy brevemente- del Grupo Popular, que defenderá ahora. Espero que al final podamos votar conjuntamente todos los grupos el
planteamiento que hace el Grupo Socialista porque será bueno para la mejora de esta red.



La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda, tiene la palabra por el Grupo Popular el señor Pérez-Hickman.



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El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: En relación con la proposición no de ley de referencia formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, tengo que anticipar que el Grupo Parlamentario Popular propondrá el rechazo a esta iniciativa en su
redacción actual, si bien, como ha dicho el señor Lissavetzky, este grupo va a presentar un texto alternativo.



Comienzo mi exposición diciendo, respecto a la falta de entidad jurídica propia de red IRIS y la repercusión de esta falta de estructura en los servicios que presta, en particular en comparación con otras redes en el entorno europeo, como
recoge en el texto del Grupo Socialista, que red IRIS, como SS.SS. saben, es la red académica, científica española financiada por el Plan nacional de I+D desde sus inicios en 1988. Red IRIS ha sido gestionada, entre 1988 y 1993, por la Fundación
para el Desarrollo de las Comunicaciones, Fundesco y, desde 1994, por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, por encomienda de la comisión permanente de la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología, la CICYT, de 29 de
noviembre de 1993. Esta encomienda ha sido ratificada por la comisión permanente de la CICYT de 5 de abril de 1999.
De esta manera, señorías, en 1993 se constituye el centro de comunicaciones CSIC-red IRIS como un centro de servicios especializado
para llevar a cabo la gestión de red IRIS desde el CSIC. Red IRIS carece, como ha hecho S. S. referencia, de personalidad jurídica propia, operando de acuerdo con los procedimientos jurídico administrativos del mayor organismo público de
investigación español, el CSIC. El centro de comunicaciones de red IRIS no está sometido, por lo tanto, a especiales o particulares problemas de flexibilidad administrativa. Con un esquema similar funcionan en nuestro entorno europeo las redes
austriaca, danesa, finlandesa, italiana y sueca; por tanto, la equiparación real a las redes semejantes de los países europeos más avanzados, como ha mencionado usted con anterioridad, carece de sentido pues ya está equiparada. Esta estructura no
ha impedido que se haya ido produciendo una mejora sustancial de las capacidades de red IRIS, sobre todo en los dos últimos años. En este sentido, y respecto a la evaluación comparativa con nuestro entorno europeo, paso a reseñar los siguientes
aspectos más significativos.



Desde el 26 de noviembre de 2001, red IRIS dispone de conexiones de alta velocidad con el entorno de investigación europeo. Dichas conexiones se producen a 2,5 gigabits por segundo frente a los 155 megabits que se hacían hasta entonces.
Desde IAN, que es el nombre que recibe la red paneuropea de alta velocidad a la que nos hemos conectado recientemente, se establecen conexiones a otras redes de investigación a escala mundial.
Así, se dispone de tres enlaces de 2,5 gigabits cada
uno para la conexión con redes norteamericanas de investigación, como Internet 2, Canadá, Esnet, etcétera. Por otro lado, el desarrollo de la aplicación punto de acceso a proveedores de información, denominado en el argot PAPI de red IRIS, se
utiliza como una de las referencias mundiales en autenticación de Internet 2 y de diversas redes europeas; Países Bajos, Reino Unido, Alemania, etcétera. Red IRIS participa en todos los foros a escala internacional de redes de investigación, y de
forma muy activa en alguno de ellos. Así, en la asociación transeuropea de redes de investigación, denominada Terena, red IRIS preside el grupo de trabajo sobre autenticación y autorización en Europa, conocido como Task Force of Authentication and
Authorisation Coordinátion in Europe, impulsando el servicio desarrollado por red IRIS PAPI como referencia de autenticación europea. Asimismo, red IRIS participa en el grupo de trabajo sobre despliegue de servicios que obedece a Task Force LDAP,
con propuestas sobre privacidad y directorios y proyectos de armonización internacional.
Además, red IRIS interviene en la gestión y coordinación técnica de la implantación de las redes regionales de investigación de los países del Mediterráneo, la
conocida como Eumedconect, y de Iberoamérica, Caesar.
Red IRIS, en el marco de sus actividades de experimentación para la puesta en producción de un nuevo protocolo de comunicación, el IP/UE6 en la red IAN, ha batido, junto con otras redes
europeas, el récord mundial Land Speed Internet 2. Además, señorías, red Iris proporciona el servicio de tiempo en la red, NTP, para los commutadores los youters de la red IAN y de la red de investigación suiza contando, para ello con la
cooperación del real observatorio de la Armada. Red IRIS está distribuyendo a escala mundial la señal del proyecto Ópera Oberta del Liceo de Barcelona, con velocidades récord en el uso de tecnología multicast. Red IRIS ha firmado un convenio con
el consorcio de universidades norteamericanas promotoras del proyecto de la nueva generación de Internet, o Internet II, de manera que red IRIS actúa como miembro internacional de este estratégico proyecto. Por último, en cuanto al despliegue de la
estructura nacional de alta velocidad, se dispone ya del equipamiento de gigarouters para los nodos de conexión externa, y en materia de servicios se han realizado avances en materia de seguridad y se ha puesto en funcionamiento un reflector de VRVS
(Virtual Room Videoconference System). Estos datos muestran que la eficacia en la presentación de servicios puede tener lugar sin necesidad de dotar a Red IRIS de una entidad jurídica propia.
Señorías, esto no implica que no se pueda analizar más
adelante cuál sería el régimen jurídico más adecuado para poder garantizar un funcionamiento lo más eficaz posible de Red IRIS. Respecto a la revisión del marco laboral y al incremento de plantilla, actualmente el centro de comunicaciones CSIC-Red
IRIS tiene un total de 23 trabajadores, con la siguiente distribución: el director y el gerente son personal funcionario; dos personas tienen contrato laboral fijo, los conserjes y los restantes 19 trabajadores tienen


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contrato laboral de obra o servicio determinado vinculados al proyecto Red IRIS. El Ministerio de Ciencia y Tecnología pretende dotar de una mayor estabilidad a la plantilla laboral de Red IRIS. Por este motivo se han realizado ya
numerosas gestiones y se están estudiando diversas fórmulas para poder dar una mayor estabilidad laboral a los trabajadores de Red IRIS. Además estas fórmulas se están analizando en colaboración con representantes de la plantilla de Red IRIS, como
usted bien ha dicho, para poder tomar una decisión que sea lo más acertada posible de acuerdo con los fines que se persiguen: mejorar su situación laboral, reducir la rotación de personal y garantizar un eficaz servicio de Red IRIS a la comunidad
científica y tecnológica. En cualquier caso, señorías, el número de trabajadores debe amoldarse a la actividad de Red IRIS. En estos momentos las necesidades están cubiertas con la plantilla existente, pero no habrá ningún inconveniente en el
futuro en incrementar la plantilla si es necesario para la prestación de nuevos servicios.



Por otro lado, y con respecto a la mejora de funcionamiento e incremento de medios de ampliación de sus objetivos, como ya he señalado, Red IRIS funciona de manera comparable a otras redes en el entorno europeo, prestando numerosos servicios
a la comunidad científica y tecnológica.
Por otra parte, y gracias a la reciente resolución de un concurso con este fin, Red IRIS podrá disponer de una nueva red de muy altas prestaciones. Se trata de una red con topología mallada que contará con
un núcleo de 2,5 gigabits por segundo, disponiendo asimismo para actividades de experimentación de varias líneas de 10 gigabits, y que permitirá disponer de una redundancia en los accesos a las comunidades autónomas. La nueva red tiene prevista su
entrada en funcionamiento durante el próximo mes de abril. Esta evolución hacia una red mallada colocará a Red IRIS en una situación extraordinariamente buena desde el punto de vista tecnológico. Este salto tecnológico va a permitir que nuestro
país se sitúe en primera línea de las infraestructuras telemáticas europeas de apoyo a la investigación. Para optimizar estas nuevas condiciones, este cambio irá acompañado de una mejor adecuación del régimen laboral y una mayor promoción del
personal de red IRIS.



La señora VICEPRESIDENTA: Perdón señor Pérez Hickman, le ruego vaya concluyendo.



El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Voy concluyendo, señora presidenta, muchas gracias.



De acuerdo con lo anteriormente expuesto, y como había comentado al inicio de mi intervención, el Grupo Parlamentario Popular propone las siguientes enmiendas. Una plantea sustituir en la primera frase dos meses por tres meses, ya que por
error material de transcripción se han reflejado dos meses en lugar de tres; lógicamente, los tres meses vienen avalados por la responsabilidad en hacer las cosas bien y no precipitarnos en el desarrollo del plan. A la vez planteamos en esta
primera frase: 'que permita su equiparación real a las redes semejantes de los países europeos más avanzados'; y en la segunda frase sustituir 'esos países' por 'los países europeos más avanzados'; 'un régimen administrativo que dote de entidad
jurídica propia a la red' por 'un régimen administrativo adecuado'; 'el incremento de la plantilla y de medios necesarios para asegurar la mejora de su funcionamiento y la ampliación de sus objetivos' por 'el análisis de las necesidades de
plantilla y de medios necesarios para garantizar la eficacia de su funcionamiento y la posible ampliación de sus objetivos de acuerdo con las necesidades que puedan surgir en el futuro'.



Concretando, y para concluir, señora Presidenta, el Grupo Parlamentario Popular propone la siguiente redacción como enmienda de modificación, que ya tienen todos ustedes: el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a presentar en el
Congreso en el plazo de tres meses un plan para el desarrollo de la Red IRIS. Este plan contendrá un estudio comparado con los países europeos más avanzados y una serie de propuestas dirigidas a la creación de un régimen administrativo adecuado, a
la revisión del marco laboral para asegurar la estabilidad y promoción de su personal, así como al análisis de las necesidades de plantilla y de medios necesarios para garantizar la eficacia de su funcionamiento y la posible ampliación de sus
objetivos de acuerdo con las necesidades que puedan surgir en el futuro.



La señora VICEPRESIDENTA: Entiende esta presidencia que lo que ha hecho ha sido modificar su propia enmienda, sustituyendo dos meses por tres.
(Asentimiento.)


Señor Lissavetzky, tiene la palabra para la aceptación o rechazo.



El señor LISSAVETZKY DÍEZ: En relación con la enmienda, estoy satisfecho de que el Grupo Socialista haya traído a esta Comisión el tema de la Red IRIS y anuncio que vamos a aceptar la enmienda del Grupo Popular. Me quedo más intranquilo de
lo que entraba aquí con la intervención del señor diputado del Grupo Popular porque parece que ya hay posiciones tomadas. Me extraña el cambio de dos a tres meses. Estaba incluso redactado, pero, en fin, no sé si para entonces seguirá estando el
ministro Piqué. Lo que más me intranquiliza es que si hay cambio de ministro, a lo mejor no se cumple esta resolución -espero que se siga cumpliendo- y la acepto a pesar de que pienso que se descafeína bastante la proposición del Grupo Socialista.



El señor Pérez Hickman ha mencionado tres aspectos. Uno, no a la equiparación con las redes europeas; es lo que quitan en la enmienda que presentan, y me pone ejemplos de países como Austria e Italia. Yo le


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pongo a usted ejemplos de países como Gran Bretaña, Francia y Alemania. Si hablamos de los países más avanzados, habrá que reflexionar si no serán más sensatos los modelos de esos países. Por lo tanto, en aras del consenso, acepto esta
primera parte de la no equiparación, y creo que es una falta de ambición y de compromiso por parte de su Gobierno y por tanto del Grupo que le apoya. El segundo aspecto es el relativo a la entidad jurídica propia de la red. Se han planteado aquí
los problemas que hay con la falta de flexibilidad. En este sentido, en el estudio que se traiga aquí obviamente se verá cuál es la fórmula, si puede ser una fundación, si puede depender de la Fundación para la Ciencia y la Tecnología, si se crea
una agencia, ya lo veremos, pero me intranquilizaba en el sentido de que parece por lo que usted ha expuesto que ustedes están ya radicalmente en contra de que tenga entidad jurídica propia. Me extraña. El último aspecto, en el que hay otra falta,
a mi modo de ver, de compromiso, es relativo al personal. Usted ha hecho un canto a la red IRIS, que por supuesto compartimos, pero yo le añado otra cosa basándome en sus datos: es por el voluntarismo del personal. Dicho de otra manera, el
personal lo hace bien y a pesar de las trabas o de la falta de atención del Ministerio de Ciencia y Tecnología, las cosas funcionan muy bien. Claro que sí. Usted mismo dice que hay 23 trabajadores y ha leído una larguísima serie de actuaciones que
hace la red IRIS con 23 trabajadores, de los cuales 19, el 83 por ciento, están contratados por obra y servicio; si esto no es voluntarismo, como decía aquí el diputado del BNGA, que venga Dios y lo vea.



Por lo anteriormente expuesto, vamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque creemos que avanza de alguna manera, pero con un cierto grado de insatisfacción por la rebaja de los planteamientos. (El señor Pérez-Hickman
y Silván pide la palabra.)


La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky. Señor Pérez-Hickman, ha tenido suficiente tiempo para la defensa y exposición de su enmienda.



El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Por una cuestión de orden, señora presidenta. Entiendo que la defensa del Partido Socialista en cuanto a la aceptación o no ha sido muy extensa y requiere una serie de valoraciones por parte de mi grupo al
haber hecho unas puntualizaciones sobre la misma.



La señora VICEPRESIDENTA: Señor Pérez-Hickman, no tiene la palabra. Antes de proceder a las votaciones, quiero recordarles que estaba convocada una reunión de la Mesa y portavoces al final de la sesión y que ha sido aplazada a la primera
semana de Pleno.



En cuanto a la votación, la vamos a hacer siguiendo el orden del día de hoy. Primera votación del primer punto que figura en el orden del día, no de las intervenciones, que hemos alterado por acuerdo de todos los portavoces: Proposición no
de ley sobre el programa Ramón y Cajal.



El señor MORENO BONILLA: Intervengo para pedir que de los cuatro puntos, ya que el Grupo Socialista retiró los primeros dos puntos, se hagan votaciones separadas del punto 3 y del punto 4.



La señora VICEPRESIDENTA: Perfecto.



Pasamos a la votación del punto 3.



Efectuada la votación, dijo


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobado por unanimidad. Votación del punto número 4.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; votos en contra, 21.



La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado. Pasamos al punto siguiente: Proposición no de ley relativa a las medidas del Gobierno para posibilitar que Izar-Fene pueda realizar todo tipo de proyectos de construcción naval, con la aceptación
de la enmienda del señor Rodríguez en los términos en que ha quedado.



Efectuada la votación, dijo


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Punto siguiente: Proposición no de ley relativa a la publicidad institucional en la red.



El señor JANÉ I GUASCH: Solicito, señora Presidenta, votación separada del punto 1.



La señora VICEPRESIDENTA: De acuerdo.



Punto 1 de la proposición no de ley citada.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; votos en contra, 21.



La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazado. Resto de los puntos de esta proposición no de ley.



Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; votos en contra, 21; abstenciones, dos.



La señora VICEPRESIDENTA: Quedan rechazados. Pasamos al punto siguiente del orden del día: Proposición no de ley sobre elaboración de un proyecto de ley de lo audiovisual que establezca el marco estable para la actividad de los distintos
operadores, así como


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las obligaciones derivadas del servicio, con la aceptación de la enmienda del Grupo Popular en los términos en que quedó en el momento de ser defendida.



El señor DE LUIS RODRÍGUEZ: Es el número 3, transaccionado entre el señor Jané y yo. Es la enmienda presentada en registro y la transacción cuyo texto he remitido a la Mesa, que modifica el punto 3 de la enmienda.



La señora VICEPRESIDENTA: Sometemos a votación esa proposición no de ley.



Efectuada la votación, dijo


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Punto siguiente: Proposición relativa a la Red IRIS, del Grupo Socialista, con la enmienda que ha presentado el Grupo Popular.



Efectuada la votación, dijo


La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.



Señorías, agradeciendo a los servicios de la Cámara su colaboración, se levanta la sesión.



Eran las doce y veinte minutos del mediodía.



Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Ciencia y Tecnología del miércoles 19 de febrero de 2003, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.