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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 696, de 18/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 696
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. EUGENIO NASARRE GOICOECHEA
Sesión núm. 47
celebrada el martes, 18 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley: - Relativa a la devolución a los archivos históricos de Galicia de los fondos documentales expoliados. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000407.) ...
- Relativa a la promoción de convenios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la inclusión de programas que eviten el racismo y fomenten la solidaridad. Presentada por
el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001829.) ... (Página 22477)
- Relativa a la promoción y financiación de iniciativas universitarias para analizar y prevenir en un futuro desastres como el del Prestige, así como a la revisión de las ayudas y becas para los alumnos afectados en la economía familiar por
la marea negra del Prestige. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001855.) ...
(Página 22481)
- Para que se establezcan criterios exactos para otorgar las becas Séneca y se incremente la partida destinada a estas becas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001747.) ...
- Sobre la creación del Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo (Salamanca). Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001804.) ... (Página 22488)
- Relativa a la necesidad de establecer, al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de patrimonio histórico español, un catálogo de las obras de arte de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos para su conocimiento, y facilitar
su posible adscripción, en el supuesto de privatización de la entidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001816.) ... (Página 22491)
- Relativa a la equivalencia de los estudios de danza anteriores a la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE). Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001828.) ...
(Página 22495)
- Relativa a incrementar la calidad de los estudios de doctorado.
Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001759.) ... (Página 22498)
Debate y votación de las siguientes solicitudes de creación de subcomisiones y ponencias: - De una subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, para el estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito
audiovisual. Formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 158/000058.) ... (Página 22502)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA DEVOLUCIÓN A LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS DE GALICIA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES EXPOLIADOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000407.)
El señor PRESIDENTE: Buenos días. Señoras y señores diputados, se abre la sesión.
De acuerdo con los portavoces, vamos a modificar el orden del día de la siguiente manera. El punto séptimo del orden del día pasa a ser segundo y el punto quinto pasa a ser tercero; por ello, el segundo pasa a ser cuarto, el tercero pasa a
ser quinto, el cuarto pasa a ser sexto y el sexto, séptimo; el octavo no varía y tampoco el noveno. Empezamos por lo tanto con la proposición no de ley que figura en el punto 1 del orden del día, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto,
relativa a la devolución a los archivos históricos de Galicia de los fondos documentales expoliados. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Comenzaremos por la lectura de un texto que está contenido en la denominada guía del Archivo Histórico Nacional, en concreto en sus páginas 40 a 42, de la autoría del señor Sánchez Belda, y que publicó en 1958 la
Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Se trata de la guía más exhaustiva, de una guía realizada en un tiempo histórico determinado, que no dejará lugar a dudas sobre las pocas simpatías que habría a la diversidad cultural y lingüística del
Estado español, en la que sin embargo se hacen ciertas afirmaciones. Dice lo siguiente: Para dar idea de su contenido, exponemos seguidamente la lista de los fondos más importantes, agrupándolos por regiones naturales, con objeto de simplificar y
reducir su extensión, advirtiendo que en el inventario general, como queda indicado, se colocan por orden alfabético de provincias, y dentro de éstas, en el mismo orden, por localidades de origen. Es decir, que el propio señor Sánchez Belda empieza
por reconocer que él va a tomar una norma de información que parte de la existencia de las regiones naturales, frente a la estructuración en que están colocados en el archivo, que es por
provincias y, dentro de las provincias colocadas por orden alfabético, en el mismo orden las localidades de origen. Sigue diciendo: Galicia es una de las regiones que ofrece documentación de mayor interés. En algunos monasterios, por la
antigüedad de sus fondos, como los de Santa Eulalia de Curtis, con un pergamino del año 862, Ribas de Sil (Ourense), que tiene otro de 871, y San Salvador de Lérez (Pontevedra), que empieza su serie en el año 886. Con diplomas fechados en el siglo
X, inician sus colecciones respectivas los monasterios benedictinos de Montesacro (año 914), San Martín Pinario (año 912) y San Paio de Antealtares (año 968), de Santiago de Compostela, todos en la provincia de A Coruña; la Iglesia de Mao (962), la
catedral de Mondoñedo (año 914) y los benedictinos de Pombeiro (año 964), en la de Lugo; y San Salvador de Celanova, en Ourense (año 951), que guarda uno de los más voluminosos e interesantes cartularios de toda la sección. Por la antigüedad de
los documentos conservados, como en los casos anteriores, y además por el elevado número de éstos, merecen mencionarse los archivos monásticos siguientes, donde indicamos el año en que empieza su colección diplomática y número de pergaminos que la
componen. Recuerden, y esto es un inciso de quien habla, que solamente es una selección. Samos, Lugo, año 818, pergaminos, 1.703; Ferreira de Pallares, Lugo, año 898, pergaminos, 562; San Salvador de Lourenzá, Lugo, año 933, pergaminos, 353, con
interesante cartulario del siglo XIII además de la colección diplomática; Melón, año 973, pergaminos, 893, conserva además tres libros de privilegios y un registro de escrituras; Lugo, catedral, siglo X, pergaminos, 1.615, son especialmente
valiosos de esta procedencia los llamados Tumbo Viejo, del siglo XIII, y Tumbo Nuevo, del siglo XVIII, que transcriben una enorme cantidad de diplomas de los siglos X al XIII, más los cinco volúmenes de escrituras y 96 legajos de papeles; Meira,
Lugo, siglo X, pergaminos, 1.242; Armenteira, Pontevedra, año 1068, pergaminos, 729. Chantada, Lugo, año 1073, pergaminos, 322; Sobrado, A Coruña, año 1078, pergaminos, 622, y un rico tumbo del siglo XIII en dos volúmenes; Oseira, Ourense, año
1083, pergaminos, 1.051 y dos registros de privilegios y escrituras del monasterio; San Martín de Xuvia, A Coruña, año 1100, con pocos pergaminos, pero con dos valiosos cartularios; Oia, Pontevedra, año 1113, pergaminos, 1.264; Poio, Pontevedra,
año 1116, pergaminos, 317; Montederramo, Ourense, año 1124, pergaminos, 491; Monfero, A Coruña, año 1128, pergaminos, 280; Toxosoutos, A Coruña, año 1135, pergaminos, 35, es especialmente digno de destacarse el tumbo de este monasterio por sus
escrituras y sobre todo por las preciosas miniaturas de estilo gótico, con representación de reyes y reinas; Penamaior, Lugo, año 1164, pergaminos, 493; San Vicente do Pino, de Monforte, Lugo, año 1196, pergaminos, 350.
Los que vivimos al norte de Galicia sabemos que ésta es una selección, ya que faltan monasterios que todos conocemos y cuyos legajos y documentos están también en el Archivo Histórico Nacional, como puede ser Montefaro, en el Ayuntamiento de
Ares, o bien el Monasterio de Cabeiro, en el Ayuntamiento de Pontedeume y La Capela. Si hago esta lectura literal es para que se den ustedes cuenta de que estamos hablando de la mayor y mejor documentación que hay de la historia medieval de toda la
Península Ibérica en el Archivo Histórico Nacional.
Quería hacer algunas consideraciones antes de defender nuestra propuesta.
En primer lugar, sus señorías deben de reconocer un hecho objetivo, que es que el Archivo Histórico Nacional tiene prácticamente agotada su capacidad de depósitos
documentales y hoy mismo la legalidad no se puede cumplir, puesto que no puede ser punto final para el sistema organizativo del Estado español, ya que está prácticamente colapsado; no se puede cumplir lo establecido en las leyes de que la
documentación de valor histórico de tipo estatal con más de veinticinco años de antigüedad vaya a caer precisamente en este archivo. De esta forma se colapsa el intermedio Archivo General de la Administración y no se busca una solución adecuada
precisamente a una estructura de los fondos archivísticos del Estado español de acuerdo con la historia, con el sentido común e incluso con la eficacia.
En segundo lugar, el Archivo Histórico Nacional contiene 4.100 fondos, que fueron llevados en su práctica mayoría a este archivo a través de las medidas desamortizadoras en el siglo XIX, lo cual provocó una gran fragmentación, a la cual
aludía en 1958 el propio señor Sánchez Belda, a la hora de seguir otro criterio distinto para la denominación de los documentos. Esta fragmentación tiene que ver con el tipo de soporte, ya que se fragmenta en función de si son pergaminos, libros,
papeles, códices, sellos o cartularios, y también desde el punto de vista intelectual, puesto que está fragmentado por inventarios, hay una sección del clero secular y regular; otra de sigilografía, otra de códices y otra de cartularios. Este tipo
de estructura responde a un criterio anacrónico, irracional y profundamente centralista; no cabe duda que no es igual consultar los fondos por provincias que consultarlos desde el punto de vista de aquellos que pertenecen al reino de Galicia.
En tercer lugar, la documentación de mayor interés, como se reconoce, pertenece al reino de la Galicia medieval, y en concreto a los documentos que tenían que ver con instituciones eclesiásticas, pías y asistenciales, que son fundamentales
para un cabal acercamiento al pasado, de Galicia en particular, y en general a lo que fue la conformación de los reinos occidentales de la Península Ibérica prácticamente hasta el siglo XV. En estos años que estuvo de moda ponernos de manifiesto la
necesidad de recuperar una historia real, en concreto del Estado español, no cabe duda que estos
documentos echarían mucha luz que demostraría la tergiversación brutal a que están sometidos nuestros estudiantes de enseñanza secundaria y de bachillerato. Por otra parte, los mismos académicos de la Historia, don Pascual Goyangos Arce y
don Tomás Romero, recordaban que el Archivo Nacional debía de permanecer en Madrid, cuando hubo un intento de trasladarlo, porque si no serviría solamente para extranjeros y no lo podrían utilizar los nacionales en concreto. Este mismo aserto se
podría argüir para decir que, por culpa de no estar los documentos en Galicia, nuestros estudiosos tienen que trasladarles -y no son muchas veces personas con dinero- para estudiar los tumbos medievales, la documentación en general, los pergaminos y
los libros, un gasto innecesario si estos documentos estuvieran en los archivos originarios, o bien por lo menos que hubiera una reproducción en plan reprográfico.
El cuarto criterio, que será seguramente el que van a aducir para no aprobar esta proposición no de ley, es lo que muchas veces se argumenta como unidad de archivo. Quedó muy claro hace poco, en relación con el debate sobre la negativa a
entregar a la Generalitat de Cataluña la documentación existente en Salamanca, que esa idea de la unidad de archivo no es de carácter científico ni defendida por ninguna institución de carácter internacional. Los únicos criterios son el de
procedencia, es decir, los documentos deben de estar en el archivo de la institución donde fue generado o tramitado, y el orden natural, es decir, que deben estar organizados de forma que, si pertenecen a una serie de actas, no estén mezclados, por
ejemplo, con una serie de tipo burocrático, de permisos de obras, por ejemplo. El único principio que se arguye por parte del Gobierno ni el Consejo Internacional de Archivos, ni ningún teórico lo consideran básico, sino un principio más que
discutible. En todo caso, nosotros queremos que la verdadera historia del conjunto del Estado español, en particular de Galicia, no esté sometida a expolio en su documentación fundamental, porque expolio es cuando se despoja a un país de algo con
gran injusticia; si encima sirve para opacar la historia de ese país, para tergiversarla y para manipularla, muchísimo más grave nos parece el caso.
Por último, señor presidente, solamente hay una parte de la proposición no de ley que se refiere a un caso particular interno a la propia Galicia.
En los años veinte desaparecieron 6.000 pergaminos, que fueron trasladados por dos clérigos
pertenecientes a la catedral de Ourense, del archivo de la delegación de Hacienda de Ourense al archivo de la catedral. En 1962, en pleno franquismo, denunció a sus superiores este hecho el señor Ferro Couselo, entonces el encargado del Archivo
Histórico Nacional. La Administración en aquel momento prefirió hacer oídos sordos, pero sería bueno que en este momento esos archivos, que están encarpetados en papeles impresos de la administración de Hacienda, volvieran al archivo original, que
es el Archivo Territorial Provincial de Ourense, que está siendo sometido a una importante ampliación y modernización.
Acabo diciendo que, en nombre de todos estos criterios, solicitamos transferir, previo acuerdo con la Xunta de Galicia, los archivos histórico-provinciales de A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, los fondos de instituciones eclesiásticas,
pías y asistenciales con sede en Galicia que llegaron al Archivo Histórico Nacional, para su integración en los archivos históricos de las respectivas delegaciones provinciales de Hacienda y contadurías provinciales de bienes nacionales. En segundo
lugar, si esto no se aceptase, realizar un convenio con la Xunta para enviar copia en microforma de dicha documentación a los respectivos archivos históricos provinciales, medida que se tomó con muchos otros documentos en relación con otras
comunidades históricas que no tienen esta importancia documental ni esa importancia reconocida. Por último, realizar las gestiones para que se logre que los 6.000 pergaminos sustraídos en los años veinte del archivo de la delegación de Hacienda de
Ourense vuelvan otra vez al Archivo Histórico Provincial y no estén en el archivo de la catedral, como hasta ahora, por usurpación indebida.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hernández.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Brevemente, para fijar la posición del Grupo Socialista en torno a esta proposición no de ley del señor don Francisco Rodríguez.
Agradezco la intervención del señor Rodríguez porque me ha servido para aclarar alguno de los puntos de la proposición no de ley, porque el primero de ellos en concreto, tenía una redacción ligeramente confusa. De todas formas, ése no es el
problema, pero repito que ha sido aclarada durante la intervención.
Plantea tres cuestiones bien diferentes, sobre las que quiero hacer alguna matización. Es evidente que hay que considerar aquí diversas cuestiones, la primera de ellas el concepto de la unidad de archivos consolidados. Es verdad que ha
habido expolios, es verdad que ha habido, casi rapiña en algunos casos, pero también es cierto que el tiempo pasado ha permitido consolidar de alguna manera los archivos existentes. Es evidente que tenemos que encontrar algún tipo de solución para
estas cuestiones, y nosotros las hemos aportado diferentes veces, haciendo hincapié en algún caso en el concepto de memoria común y, en otros casos, de memoria provincial o autonómica.
Hoy día existen medios suficientes, y hay que ponerlos en marcha evidentemente -en esto está la labor de liderazgo del Ministerio de Educación, de Archivos o de quien corresponda-, para permitir la utilización de estos archivos sin necesidad
de tocar el soporte papel o
el soporte pergamino que puedan ocupar: microfilms, fotocopias, digitalización, etcétera. Por esta razón vamos a ir un poquito más allá.
Hay que hacer una serie de consideraciones de carácter histórico, de carácter técnico-documental e
incluso de carácter competencial. Hay que recordar, no en vano, la aplicación del artículo 149.1 y 128 de la Constitución española, que atribuyen al Gobierno la competencia exclusiva sobre museos de titularidad estatal, pero es evidente que aquí
también hay una titularidad privada. En función de estas cuestiones, los archivos tienen tres dimensiones, la primera la de la memoria común, la segunda la de certificar la existencia de unos hechos determinados, y en tercer lugar, la capacidad
para ser útiles y permitir su acceso, por todos los medios precisos a todos los investigadores, con la finalidad de reconstruir o reinterpretar el pasado. Nosotros creemos que estas funciones son perfectamente compatibles con la legítima
reivindicación que ha planteado el Grupo Mixto y estos medios técnicos quizá nos permitan alcanzar soluciones de consenso. A lo largo del tiempo se han venido utilizando estos procedimientos técnicos, y después el beneficio es mucho mayor.
Nosotros, repito, vamos a pedir esta solución de consenso y de concordia entre los diversos intereses que nos ocupan. Para ello propondríamos la separación de la votación en dos partes diferenciadas, una del punto 1 y del punto 3; sobre el
punto 2 proponemos su aprobación, añadiendo, para salvar la situación, una enmienda in voce que dijera textualmente: como medida subsidiaria, realizar un convenio con la Xunta de Galicia y con el archivo catedralicio, para enviar copia en microfilm
de dicha documentación a los respectivos archivos históricos provinciales.
El señor PRESIDENTE: Ha añadido usted, en el punto 2, la expresión y con el archivo catedralicio, ¿no?
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Detrás de Junta de Galicia (debería decir Xunta de Galicia), añadir la expresión y el archivo catedralicio correspondiente.
El señor PRESIDENTE: En mi texto viene Xunta.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Dice Junta, pero esto ya es algo histórico. Me refiero a Napoleón y a Inglaterra.
El señor PRESIDENTE: Con la Xunta de Galicia y con el archivo catedralicio, para enviar copia en microfilm.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Yo voy a hacer la observación de que en el texto original por supuesto está Xunta, pero una vez más en la transcripción del Boletín pone Junta. En fin, que yo tenga que estar defendiendo aquí al Gobierno de
Galicia continuamente me parece un poco extraño, teniendo en cuenta que se trata, de una institución digna de respeto. Sería bueno que también las instituciones autonómicas se preocupasen de que todo el mundo respetase cómo se llaman.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra.
El señor FARIÑAS SOBRINO: Antes de mi intervención quiero decir que ante el ejercicio de adivinanza que hizo el señor ponente, tengo que aclarar que yo no revelé al señor Rodríguez ni mis argumentos ni mi estrategia ni siquiera el sentido
de nuestro voto, con lo cual es difícil que pueda prever estas cosas. De todas maneras, trataré de demostrar que no sólo tenemos una razón para ejercer el sentido de nuestro voto negativo a esta proposición no de ley, sino algunas más, y de
muchísima más fuerza que lo que en parte de la intervención del ponente se quiso minimizar, en base a que carecía de criterio científico o criterio técnico.
El Archivo Histórico Nacional se constituyó con carácter público y general del Reino, para hacerse cargo del archivo reunido con los documentos procedentes de las suprimidas corporaciones monásticas, por la Real Academia de la Historia, en
Madrid, con el fin de que permaneciera ahí, como indica así el propio artículo 1 del Real Decreto de 28 de marzo de 1866. Por lo tanto, cerca de un siglo y medio los documentos han sido custodiados por el Archivo Histórico Nacional y han pasado a
formar parte de un conjunto documental que debe mantenerse, de acuerdo con nuestro criterio, pero también con los principios básicos generales archivísticos que han establecido la Unesco y el Consejo Internacional de Archivos.
Ésta es una verdad
evidente que, como toda verdad evidente, no necesita demostración (recurrimos a la enseñanza de los idiomas, dogs bark, los perros ladran), y no necesita ninguna demostración ni evidencia, porque es así. Dos y dos son cuatro. Excusamos
demostraciones porque son realidades comprobables y evidentes, no necesitan más prueba.
Desde el punto de vista del tratamiento archivístico, la documentación conservada en el Archivo Histórico Nacional ha gozado siempre de unas condiciones de conservación excelentes, con una descripción y una difusión que pueden considerarse
casi privilegiadas. Concretamente, en la organización de fondos procedentes de la desamortización, como se señala textualmente en la propia guía del Archivo Histórico Nacional, se respetó la unidad constituida de cada uno de ellos, manteniendo su
propia personalidad e independencia dentro de la sección que venían a constituir. Los fondos están identificados y vienen siendo consultados por los investigadores tanto nacionales como internacionales sin ningún tipo de limitaciones. La
documentación procedente del proceso desamortizador, y custodiada en el Archivo Histórico Nacional, responde al criterio, que nosotros consideramos inexcusable, de la unidad de archivo y en gran medida favorece las labores
de investigación no sólo a nivel nacional, sino también a nivel internacional.
En la redacción de la proposición hay una falsedad o por lo menos algo que no se ciñe a la realidad. Los pergaminos custodiados en el archivo catedralicio de Ourense son accesibles al público y están muy bien conservados; de hecho, la
propia conselleria ha hecho un buen esfuerzo económico para contribuir a la conservación de estos archivos.
Me voy a referir a algunas palabras que se utilizan en la exposición de motivos y en la intervención de algún ponente, como el señor Cerviño.
Casi rapiña, ha dicho usted, para ser exactos. Yo no sé qué es lo que ha hecho su Gobierno
durante catorce años, porque esta rapiña no es reciente, en cualquier caso. Querríamos que nos ilustrasen, de paso, sobre lo que han hecho ustedes durante catorce años en ese glorioso Ministerio de Cultura, como usted dijo casi plenipotenciario,
para resolver los problemas de una rapiña que se ha producido hace dos siglos.
Yo no quiero entrar en polémica, señor presidente, simplemente me remito a las intervenciones de cada uno de los ponentes. O sea, que antes no lo era, ahora sí lo es.
En la exposición ha utilizado la palabra expoliar. Según el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, expoliar significa textualmente despojar con violencia o maldad; si ha sido utilizada bien o mal esta palabra queda a
criterio de cada uno. Otra consideración calificativa que se hace aquí es la de avaramente; una institución se porta avaramente cuando, con afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas, lo hace. Esa es exactamente la definición
de las palabras que aquí se utilizan. Señor presidente, los grupos parlamentarios presentan iniciativas con el ánimo de que sean aprobadas y, para ello, hacen uso de la política, que es el arte o incluso la doctrina referente al gobierno de los
Estados y a la actividad noble de los que rigen los designios públicos o aspiran a hacerlo. Considero que, como en otras ocasiones, aquí se ha utilizado mala arte, que se ha elegido por los ponentes basándose en falsedades y en tergiversaciones de
hechos y palabras para traer este asunto a esta Cámara, y ahora pretenden su aprobación.
Estamos ante una proposición no de ley que no aporta absolutamente nada nuevo, ni en el estilo, ni siquiera en el contenido político; primero, porque estamos ya habituados, por precedentes, a los exabruptos -en una sola palabra- de las
proposiciones no de ley del Bloque Nacionalista Galego; segundo, porque esta proposición obedece fielmente a un modelo de Estado que nosotros consideramos incongruente, porque el verdadero debate de todas estas proposiciones es el reflejo del
concepto que cada uno tiene del Estado, que es muy lícito, pero también muy distinto, y cada uno tiene que defender sus posiciones y sus ideas. Nosotros consideramos que el Bloque Nacionalista Galego parte de un error, considera que, al disgregar
un todo en partes, la suma de esas partes es igual al todo, y nosotros consideramos que es una realidad bien diferente a la inicialmente considerada como conjunto. Hablando de archivos históricos, que digamos de paso que son parte viva del pasado
de un país como conjunto, es una atrocidad hablar de fragmentación, de disgregación de documentos, que en la mayor parte de los casos por su antigüedad y por su sencillez son muy frágiles.
En una continuación, también insólita, de debilidad argumental, se nos habla del tremendo gasto que puede suponer para los investigadores tener que permanecer durante algún tiempo en Madrid o en Ciudad Real, pero no se nos habla para nada
del gasto tremendo de tiempo y dinero, inmensamente superior, que supondría para cualquier investigador nacional o internacional tener que andar de peregrinación por España en los diferentes archivos de cada una de las comunidades autónomas que
tengan a bien disponer de estos archivos, si nosotros cediésemos hoy nuestro voto positivo a este tipo de iniciativas. Yo considero que la facilidad de la consulta de archivos está en la concentración de estos archivos en un solo sitio y no
precisamente en la diseminación. Podríamos llegar a la reducción del problema a lo absurdo: una vez que estén en las comunidades autónomas, luego podríamos iniciar el proceso de transferencia a los ayuntamientos correspondientes, y al final
acabarían los archivos en las asociaciones de vecinos o en los grupos parroquiales de aquellos ayuntamientos que son corresponsables de la historia contenida en esos papeles.
Para finalizar, quiero decir que nadie impide en ningún momento que la Xunta de Galicia o cualquier otra comunidad autónoma o entidad cultural disponga de este tipo de documentos mediante la copia; por cierto, es hoy ciencia bastante
desarrollada la de la reproducción de documentos, con lo cual, si no se dispone de unos documentos será porque no se han pedido o porque no han sido considerados de interés suficiente.
Con respecto a que está agotada la capacidad del Archivo Histórico Nacional, es verdad en cierto modo, y de hecho ya está iniciada desde hace algún tiempo, y es conocido por SS.SS., la ampliación y dotación de un nuevo edificio para mejor
acomodo y registro de este tipo de archivos.
También quiero decir que, en caso de dejarlos salir hacia la Comunidad Autónoma de Galicia, a la Xunta de Galicia, poco problema de espacio íbamos a resolver con su salida; éste es un argumento que se
cae por su propio peso. Por otra parte, los archivos históricos provinciales de A Coruña, Pontevedra y Ourense están también prácticamente agotados. De hecho, el archivo de A Coruña está actualmente en obras para ampliar y dotar mejor los espacios
de medios para el control de estos archivos y su clasificación. En Ourense y Pontevedra estamos en este momento en fase de construcción de una nueva sede; por cierto, en la ciudad de Pontevedra estamos exclusivamente
a expensas de que el ayuntamiento ceda la parcela para la construcción de esa sede. Aprovechando que el alcalde es del Bloque Nacionalista Galego, pediríamos que urjan a su alcalde a que nos entregue esa parcela para poder ampliar el
edificio del archivo provincial de Pontevedra.
Señor presidente, creo que con estos datos está más que justificado, aparte de la propia definición de la unidad de archivo, que para nosotros es inexcusable, nuestro voto contrario a que esto se produzca así, independientemente de que
-repito- la Xunta de Galicia pueda solicitar en cualquier momento copia de aquel o aquellos documentos o archivos que considere necesarios.
El señor PRESIDENTE: Como es habitual en esta Comisión, vamos a proceder a las votaciones al final de los debates de cada uno de los puntos del orden del día, no antes de la una y media de esta mañana.
Para fijar posición en relación con la enmienda in voce del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, desde la constatación de que toda la documentación que se pide es una documentación que pertenece a Galicia cuando no existía el Estado español, queremos dejar constancia de la importancia que
tendría que esta documentación volviese para el país para configurar la historia real de todos los pueblos del Estado español, y no esta usurpación y expolio; se llama usurpación y expolio en sentido riguroso.
En segundo lugar, aceptamos que se vote por separado cada uno de los puntos y solucionamos así el problema que plantea el Grupo Parlamentario Socialista. No hay mayor problema, puesto que lo que interesa es que quede claro que ni siquiera
se acepta la medida subsidiaria de enviar copia en microforma.
Quiero decir que, antes del tratamiento de esta proposición no de ley, en sucesivas ocasiones nos pusimos en contacto con la Secretaría de Estado de Cultura y por eso es por lo que conocemos los argumentos. Teníamos verdadero interés que,
si no el punto 1 y el 3, por lo menos el 2 fuese aceptado, como en muchísimos otros casos de comunidades autónomas que no tienen la importancia cuantitativa ni cualitativa de Galicia, desde el punto documental de lo que hay en el Archivo Histórico
Nacional. No son mis palabras, son las del señor Sánchez Belda y cualquier tipo de constatación mínimamente objetiva. Nada más.
El señor PRESIDENTE: Lo que no ha dicho el señor Rodríguez es si acepta la enmienda in voce de añadir la expresión y con el archivo Catedralicio.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: No. Que se voten por separado.
El señor PRESIDENTE: Que se voten por separado.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Señor presidente, un segundo nada más, para matizar simplemente la palabra rapiña al compañero ponente del Partido Popular. Yo creo que se entendió claramente que se refería a términos generales de los museos.
Los museos son de carácter reciente. Todavía hoy, al abrir la prensa, se ve cómo se generan muchas veces colecciones particulares que luego dan lugar a museos. Hemos visto cómo la supuesta campana de la nao Santa María está por ahí y ayer se
subastaba. El museo tiene una modernidad relativa y no vamos a buscar los títulos de propiedad de muchos casos. En último término, hablando de rapiñas, me remito a los casos de los imperios. Vea usted lo que pasó con Inglaterra en el caso de
Grecia, por no mencionar a Francia en Asia o en Egipto; incluso El Vaticano tiene un obelisco en medio de la Plaza de San Pedro y no creo que haya ningún título de propiedad, sin hablar del Ermitage ni de otros casos por ahí. El concepto de rapiña
muchas veces no se utiliza como malvado ni nada de esto, sino en un tono histórico, basta abrir cualquier libro de historia para saberlo.
El señor PRESIDENTE: ¿Tiene algo que decir, señor Fariñas?
El señor FARIÑAS SOBRINO: Sí. Que en cualquier caso estamos en la Comisión de Educación (el señor Hernández Cerviño: Y se demuestra) y deberíamos ser muy rigurosos a la hora de utilizar los vocablos. Obviamente para la definición de esos
vocablos ninguna comisión mejor que ésta para remitirnos al Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Por otra parte, aquí no estamos hablando de Grecia, ni del Peloponeso, ni de Egipto, estamos hablando de algo muy concreto, el
Archivo Histórico Nacional, que es exclusivamente a lo que yo me he referido en esta intervención y a lo que se refiere exclusivamente la proposición no de ley.
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE CONVENIOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y LAS CORPORACIONES LOCALES PARA LA INCLUSIÓN DE PROGRAMAS QUE EVITEN EL RACISMO Y FOMENTEN LA SOLIDARIDAD. PRESENTADA POR
EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001829.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto segundo del orden del día, que es, de acuerdo con la nueva ordenación, la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, proposición no de ley relativa a la promoción de convenios del
Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la inclusión de programas que eviten el racismo y fomenten la solidaridad. Para su defensa, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Señorías, a lo largo de estos últimos años resulta perfectamente constatable el incremento experimentado por la población inmigrante en España, con una presencia notable en todas las comunidades autónomas. Nuestro
país, debido fundamentalmente a su estabilidad y crecimiento económico, se ha convertido en un punto de referencia para personas, para familias, que buscan aquí no sólo un mejor nivel de vida presente, sino un futuro para sus hijos. Esto ha
permitido la incorporación al sistema educativo de importantes contingentes de población joven en edad escolar, con diversa procedencia geográfica idiomática, lo que evidentemente puede y debe conllevar la necesidad de articular ordenadamente la
realización de planes dirigidos a la integración educativa y sociolaboral de esta población inmigrante.
Nuestro grupo considera que es necesario abordar la educación con un enfoque intercultural que exige que los miembros de las distintas
administraciones y de la comunidad educativa aborden un proyecto integral mediante convenios de colaboración que, atendiendo a la diversidad de los alumnos inmigrantes, faciliten su incorporación a la sociedad.
A lo largo de la presente legislatura, son numerosos los antecedentes parlamentarios que directa o indirectamente hacen referencia a la temática que hoy nos ocupa. De hecho, la ministra de Educación y Cultura, en una de las primeras
preguntas que contestó en esta Cámara, destacaba cómo el Gobierno consideraba que la educación era el arma principal para combatir el racismo y fomentar la convivencia, la solidaridad y la tolerancia. De acuerdo con esta afirmación, exponía que su
Ministerio apoyaría todos los programas que tratasen de encontrar solución a cuestiones que se pudieran plantear nacidas desde esa diversidad cultural, considerando como objetivo prioritario la formación del profesorado en esta materia. De hecho,
al día de hoy, el Ministerio de Educación participa muy activamente en el programa GRECO, sobre todo a través de las dos líneas de acción específicas que este Ministerio tiene encomendadas: la atención educativa específica para alumnos inmigrantes
en aras a su integración educativa en la sociedad española y el fomento de valores en el sistema educativo, que permita luchar contra el racismo y la xenofobia.
En esta Comisión se podrían exponer múltiples convenios firmados por este Ministerio de Educación y Cultura con diversas comunidades autónomas, fundamentalmente con las ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las comunidades autónomas de
Murcia y de Canarias. A esto hay que añadir el informe del propio Consejo Escolar del Estado sobre el curso 1999-2000, donde expone las conclusiones sobre la escuela intercultural y dice que la calidad de nuestro sistema educativo depende de la
capacidad que tenga para dar una respuesta coherente y adecuada a la totalidad del alumnado.
También hay que citar la reciente Ley de Calidad de la Educación, aprobada recientemente en esta Cámara, que ya en su título preliminar, en el artículo 1,
establece que son principios de calidad del sistema educativo la capacidad de transmitir valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad social y la cohesión y mejora de las sociedades que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación. En su Título I, artículo 39, dice que los alumnos extranjeros tendrán los mismos derechos y los mismos deberes que los alumnos españoles, que su incorporación al sistema educativo supondrá la aceptación de las normas establecidas
con carácter general y de las normas de convivencia de los centros educativos en que se integren. En su punto quinto señala que las administraciones educativas adoptarán las medidas oportunas para que los padres de los alumnos extranjeros reciban
el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades que comporta la incorporación al sistema educativo español. Finalmente, señala en su punto sexto que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con las
comunidades autónomas, promoverá actuaciones de formación del profesorado para la atención educativa de los alumnos extranjeros. Por todo ello, es evidente, señorías, que esta proposición no de ley que presenta el Grupo Popular es más que oportuna
y necesaria para el desarrollo de esos principios de calidad que esta Cámara se plantea.
Nosotros somos conscientes de que, con estos antecedentes, es importante dar pasos cada vez más concretos en orden a evitar el racismo mediante la elaboración específica de materiales didácticos que sean utilizados por niños y jóvenes a lo
largo de todo su aprendizaje, y también es importante la formación del resto de integrantes de la comunidad educativa -el profesorado, los inspectores, los directores de los centros docentes- en aquellas facetas de la inmigración que puedan afectar
a la labor docente, inspectora o directiva. Por ello, también somos conscientes que no sólo las comunidades autónomas, sino los entes locales, tienen una responsabilidad directa. Qué duda cabe, señorías, que las entidades locales constituyen los
gobiernos de proximidad; es más, los ayuntamientos representan hoy la administración más cercana al ciudadano, aquella que conoce de manera especial las necesidades de su población, y por tanto están perfectamente legitimados para asumir, además en
virtud de su competencia general en aquellos asuntos que les afectan (reconocidos en el artículo 4.2 de la Carta Europea de la Autonomía Local y en diversos artículos de la Ley de Bases de Régimen Local) están, señorías,
plenamente legitimados para asumir este tipo de actuaciones que establece esta proposición no de ley. Es más, nosotros consideramos que su actuación puede ser altamente positiva para avanzar en la línea que a todos nos debe preocupar y
comprometer, que es la lucha decidida contra el racismo y la formación de nuestros jóvenes en valores tan importantes como el respeto, la convivencia y la tolerancia.
Señorías, en el convencimiento de que estos principios son compartidos por todos los grupos de la Cámara, desde el Grupo Popular solicitamos su apoyo a esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Serna tiene la palabra.
La señora SERNA MASIÁ: El Grupo Parlamentario Socialista va a votar a favor de esta iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en aras de conseguir la unanimidad sobre cualquier medida en relación a la lucha contra el racismo. Ahora bien,
mi grupo quiere hacer una serie de consideraciones respecto a tres cuestiones. Primero, las cifras que se presentan aquí en relación a la inmigración, segundo, la fecha de presentación de esta iniciativa parlamentaria y, por último, en cuanto a su
contenido.
En primer lugar, me sorprende, señora Moneo, que esta proposición no de ley, que está presentada el 28 de noviembre, diga que hay cerca de 200.000 inmigrantes en las escuelas españolas. Quiero recordarle que en septiembre de este año es la
propia ministra de Educación, la señora Del Castillo, quien indica que nada menos que en un año ha habido un incremento del 40 por ciento de inmigrantes en las escuelas españolas, lo cual significa que estamos ya en cerca de 300.000 alumnos
inmigrantes, lo que demuestra la importancia que va teniendo este tema. Digo que me sorprende porque el día 28 de noviembre presentan ustedes esta iniciativa, cuando ya se ha producido el debate sobre la LOCE, y la debatimos hoy, cuando ya está
aprobada la Ley de calidad. Yo no estoy muy segura de que a la ministra Del Castillo le guste mucho esta proposición no de ley y usted sí que conoce bien ese debate en cuanto que fue ponente del Grupo Popular. Después de las cosas que allí se
dijeron, se debatieron y se discutieron, aunque fuese en muy poco tiempo; es sorprendente que ahora nos venga con esta medida que cuestiona de alguna manera la eficacia de la LOCE en relación al problema de la inmigración.
Señora Moneo, yo quiero
recordarle que se presentaron 1.166 iniciativas, y nada menos que cerca de 300 estaban relacionadas con el problema del fracaso escolar de la inmigración, como luchas que se debían plantear desde el punto de vista del antirracismo, cuestiones que
deben estar centradas en la cuestión de la convivencia.
¿Qué es lo que usted nos dice en cuanto al contenido de esta iniciativa? En primer lugar, dos cuestiones con las que estamos de acuerdo. Una, el fracaso escolar de los inmigrantes no se debe al absentismo escolar, muy al contrario ellos y
sus padres están absolutamente interesados en la asistencia de los hijos a las escuelas españolas. Me parece bien, nosotros también lo pensábamos así. Segundo, ¿a qué se debe? Usted lo dice con claridad meridiana -se lo puedo leer incluso-, a dos
cuestiones, a que hay una concentración excesiva de emigrantes en zonas concretas de las ciudades y a que hay un agrupamiento masivo en determinados centros de enseñanza. Naturalmente. ¿Qué solución plantea usted en esta proposición no de ley?
Pues una solución angelical; es que no sé cómo llamarla. Ahora, todo el problema del fracaso escolar de la inmigración, que no se debe al desinterés de los inmigrantes, sino a que están agrupados excesivamente en zonas de las ciudades y en
determinadas escuelas, ¿se va solucionar con nuevos materiales educativos que ahora van a incluir los ayuntamientos?
Mire, señora Moneo, usted sabe que las enmiendas (voy a hablar solamente de las enmiendas socialistas, sería ahora absurdo hablar de las trescientas que se presentaron), se centraban fundamentalmente en tres bloques. El primero, autonomía
de los centros para adaptar el currículum a su entorno y necesidades; cuestión que ustedes rechazaron y que se ha perdido enormemente con la LOCE. El segundo, medidas de compensación escolar, como ampliación de plantilla del profesorado,
desdoblamiento de clases, estudio asistido, tutoría asistida, equipos de orientación, psicopedagogos y una muy importante, mediadores culturales. Usted conoce, o si no lo sabe a mí me gustaría que lo leyese y lo estudiase con detenimiento, el papel
importantísimo de los mediadores culturales en las escuelas francesas, un papel de primera magnitud que está resolviendo enormes problemas en la lucha contra el racismo y en la integración de los alumnos inmigrantes en las escuelas francesas.
Ustedes todo esto lo rechazaron, rechazaron la autonomía de los centros y rechazan estas medidas de compensación escolar. El tercer bloque es importantísimo, y también lo rechazaron ustedes, había que repartir el número de alumnos inmigrantes, que
estaban excesivamente concentrados en determinadas zonas de las ciudades, entre la pública y la privada concertada. No solamente no lo aceptan, sino que además blindan con la LOCE a la escuela pública concertada, es decir, sostenida con fondos
públicos por lo que tiene que ser copartícipe en los problemas escolares de nuestro país; ustedes la blindan con dos medidas, pueden seleccionar a sus alumnos y además solamente van a impartir los itinerarios que irán a bachillerato. Ustedes han
rechazado todo esto que era fundamental, porque el racismo es un problema importantísimo de convivencia, es importantísimo que no haya fracaso escolar en la inmigración, y ahora nos vienen ustedes con una proposición no de ley diciendo que esto se
va a arreglar
si los ayuntamientos incluyen materiales educativos o materiales didácticos.
Es una proposición no de ley que nosotros apoyamos, como decíamos, en aras de que todo vaya perfectamente en nuestra lucha por la integración de la inmigración, en nuestra lucha contra el racismo, pero es totalmente angelical y sorprendente,
que a estas fechas ustedes traigan aquí estas medidas.
Le voy a recordar una cuestión, y con ella acabo. Mire, señora Moneo, usted fue ponente de su grupo en el debate de la LOCE y quiero recordarle que el artículo 2 de la LOCE, primero, deroga el artículo 6 de la LODE -nosotros pedíamos su
supresión porque no tenía ningún sentido- y hace otra cosa el artículo 2, suma al artículo 6 de la LODE los artículos 22 y 23 del Real Decreto de 1988 que está dedicado a derechos y deberes de los alumnos.
Y fíjese, señora Moneo, que la LOCE copia todos los deberes de los alumnos menos uno que le leo -no lo copia la LOCE, es sorprendente; éste, que estaba en el Real Decreto, no lo aceptan-: No discriminar a ningún miembro de la comunidad
educativa por razón de nacimiento, raza o sexo o por cualquier otra circunstancia personal o social. ¿Al Gobierno no le parece que el primer deber de cualquier ciudadano es no discriminar a ningún otro ciudadano? Pues eso ustedes lo rechazaron.
Es sorprendente, señorías, que se rechazase eso en la nueva Ley de calidad, es increíble, porque si hay un elemento antirracista sería precisamente no discriminar a ningún miembro de la comunidad educativa. Ustedes rechazan esto y ahora nos dicen
que en la lucha contra el racismo será muy bueno un convenio entre el Ministerio de Educación y los ayuntamientos. ¿Para qué? Para hacer materiales curriculares, que luego estarán en las bibliotecas y que nos costarán una fortuna. Ese dinero se
podría haber dedicado a tomar medidas de compensación y medidas positivas contra la discriminación, y ahí vendría precisamente lo del fracaso escolar. La LOCE no va a trabajar por ello, y puesto que se va a hacer con tantísima prisa, vamos a ver de
forma inmediata las medidas que se van a tomar para la integración de la inmigración. Por eso, aun votando a favor, porque ésta es una medida más y todas ellas son bienvenidas, nos parece que con esto ustedes lo que hacen es admitir implícitamente
que la LOCE va a ser totalmente insuficiente para la integración de los inmigrantes y es como tapar un agujero del chapapote educativo que la LOCE va a traer al sistema educativo español. (La señora Moneo Díez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Voy a hacer una serie de puntualizaciones.
Señora Serna, si quiere usted que debatamos otra vez sobre la LOCE, yo no tengo ningún inconveniente en reabrir el debate. Creo que a lo largo de las horas de trabajo que tuvimos ocasión de compartir ustedes y nosotros en el mes de
diciembre quedó perfectamente definida nuestra postura. En cualquier caso, yo sé que a ustedes les molesta el artículo 27 de la Constitución; lo de la libertad de centro parece que es como una losa un poco incómoda que esta ley no ha hecho sino
consolidar. Le pediría que por favor se lea bien la Ley de calidad del sistema educativo, donde si algo se hace es precisamente erigirse en defensora de la libertad de centro y establecer la autonomía de los centros, que por supuesto la ley
anterior no contemplaba, además de consolidar los derechos y los deberes de los alumnos españoles y extranjeros. Y lo que hace esta proposición no de ley es completar unos principios que la ministra de Educación entiende, comprende e impulsa
perfectamente, porque así ha quedado perfectamente definido en el sistema que establece la Ley de Calidad de la Educación.
Nosotros no venimos aquí con medidas angelicales, nosotros venimos con propuestas y con propuestas que son hechos. Y si quiere usted hablar de hacinamiento, repásese, por ejemplo, la ratio profesor-alumno que tienen en Andalucía, el
hacinamiento de emigrantes que hay en esa comunidad autónoma, y entonces tendrá que leer la LOCE para saber cómo se distribuye y cómo se da mejor calidad de educación, más servicios y mejor profesorado a los alumnos españoles e inmigrantes. (La
señora Serna Masiá pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Sí, señora Serna, un segundo.
La señora SERNA MASIÁ: Voy a ser muy breve porque -disculpen sus señorías- tengo que intervenir en otra Comisión.
Solamente le voy a puntualizar a la señora Moneo que decir que el Grupo Parlamentario Socialista tiene que leerse la Constitución a estas alturas, cuando fue uno de sus grandes autores, me parece totalmente irrelevante y ni siquiera le voy a
contestar a ese respecto. Sí que le voy a decir que había olvidado, en relación con lo que usted me plantea, que una de las medidas que podríamos aprobar y que creo que su grupo debería sugerir es decirle a una de sus militantes distinguidas, la
señora Ana Botella, que no una inmigración y delincuencia, porque precisamente ése es uno de los elementos más graves que hay para favorecer el racismo. (La señora Moneo Díez pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: ¿A qué efectos pide la palabra?
La señora MONEO DÍEZ: Señor presidente, aquí se han hecho unas alusiones a una persona que no está presente.
El señor PRESIDENTE: No tiene la palabra.
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN Y FINANCIACIÓN DE INICIATIVAS UNIVERSITARIAS PARA ANALIZAR Y PREVENIR EN UN FUTURO DESASTRES COMO EL DEL PRESTIGE, ASÍ COMO A LA REVISIÓN DE LAS AYUDAS Y BECAS PARA LOS ALUMNOS AFECTADOS EN LA ECONOMÍA FAMILIAR POR
LA MAREA NEGRA DEL PRESTIGE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001855.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 3 del orden del día, que es la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la promoción y financiación de iniciativas universitarias para analizar y prevenir en un futuro desastres como el
del Prestige, así como a la revisión de las ayudas y becas para los alumnos afectados en la economía familiar por la marea negra del Prestige.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Todos los análisis que se han hecho hasta ahora sobre las consecuencias de la catástrofe del petrolero Prestige frente a las costas gallegas coinciden en las graves repercusiones que se deducen para el futuro de
esta comunidad autónoma y por extensión, y por lo que vemos actualmente, para las costas asturianas, cántabras, vascas e incluso francesas. Por esta razón, el Estado debe adquirir el compromiso de una actuación suficiente, recabando toda la ayuda y
toda la cooperación nacional e internacional desde la conciencia de que el desastre ha afectado a sectores estratégicos de la economía y del desarrollo, y además no pueden perderse de vista todos los efectos colaterales que existen en esta
situación. Esperamos que la comparecencia del señor Fernández de Mesa en la Comisión de Administraciones Públicas nos aclare la situación, pero sí sabemos ahora quiénes son los perjudicados. En primer lugar, los que viven directamente de los
recursos naturales, los relativos a la pesca, el marisqueo, la acuicultura, el turismo, la hostelería y la restauración. En segundo lugar, los que viven y dependen indirectamente de ellos y de su crédito y la imagen de marca, me refiero a los
distribuidores, los exportadores, los transportistas, los operadores y el sector naval. Y en tercer lugar, la sociedad en su conjunto, que pierde evidentemente patrimonio natural, pierde espacios protegidos, pierde biodiversidad, pierde paisajes,
etcétera. Por eso necesitamos explicaciones muy detalladas para que podamos hacer frente a la enorme catástrofe que tenemos encima.
Nuestra proposición no de ley es amplia, lo reconocemos, pero sobre todo es ambiciosa. Se promueve en ella la colaboración de las distintas iniciativas que desde las universidades públicas españolas han existido para convocar, organizar y
financiar, con cargo a los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y Ciencia y Tecnología, durante el presente semestre del año 2003, y en Galicia, un congreso internacional interdisciplinar sobre la regeneración y recuperación medioambiental,
económica y social de las zonas afectadas por el siniestro del Prestige y la prevención general de estos desastres, congreso que, coordinado y dirigido por las tres universidades públicas gallegas, garantice la presencia y participación de los
mejores investigadores y expertos nacionales e internacionales, así como la intervención de expertos de los ministerios de España, las consellerias de la Xunta de Galicia afectadas, el Instituto Español de Oceanografía, el Instituto de
Investigaciones Marinas, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CEDE, los organismos e investigadores expertos de la Unión Europea y todos aquellos que con la debida garantía y calidad científica sugieran las universidades públicas
gallegas. También, y con carácter ya más amplio, propondríamos que se financiasen durante el verano del 2003 diversos cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, que se celebrarían precisamente en Galicia, sobre los diversos aspectos
consecuentes de esta catástrofe. Muy importante, desde nuestro punto de vista, es promover y financiar suficientemente líneas y proyectos de investigación universitaria sobre los distintos aspectos en que ha influido una catástrofe de este tipo, y
otra línea sobre la utilización de las energías renovables, sostenibles y alternativas. Por otro lado, también en esta proposición no de ley se propone revisar el plan de becas, como ustedes saben, el sistema de compensaciones y subvenciones, de
créditos, residenciales, etcétera, para paliar sobre todo la desprotección. Y por fin buscaríamos que se sufragasen las actividades realizadas con cargo a los presupuestos de las tres universidades públicas de Galicia con ocasión de la catástrofe,
que han ocasionado gastos extraordinarios en sus presupuestos.
Señorías, la gran mayoría de las acciones que se han llevado a cabo por la catástrofe del Prestige surgen de la idea de solidaridad y responsabilidad de la comunidad científica y técnica, liderada en muchos casos -ya lo hemos visto- por las
universidades gallegas. Es cierto -y debemos tenerlo muy presente- que las situaciones extraordinarias desequilibran generalmente la actividad de la universidad, que en Galicia -repito- ha tenido una respuesta masiva. También se ha puesto de
manifiesto esta labor de solidaridad entre los voluntarios, y por ello sobre campos diversos, como la ecología, sanidad y economía debemos incluir las necesarias actuaciones en el campo educativo universitario, aprovechando su capacidad teórica y
técnica. Por eso reclamamos la necesaria actuación del Ministerio de Educación y del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que, con su liderazgo administrativo, organizativo y económico, deben fomentar estas actuaciones que proponemos
porque estamos ante situaciones estratégicas e irrenunciables para un país.
Es evidente que la concienciación de la comunidad científica ha sido numerosa, muy participativa y evidente. Las tres universidades públicas gallegas han desarrollado diversas iniciativas conjuntas, pero esto no les ha evitado la
marginación. A 23 de enero, el Gobierno aún no había puesto en marcha un plan de evaluación y reparación de los daños; sí se había hecho un esbozo con una propuesta de medidas, y la redacción de este proyecto se hizo precisamente el 13 de
noviembre. Participaron en ella alrededor de 80 científicos, y por la presión hubo que incluir, casi con calzador, a veinte representantes de las universidades gallegas.
Fueron convocados a última hora, precisamente para mitigar de alguna manera
su discriminación y su escasa representación. Es decir, ha habido numerosos casos -pongo el ejemplo del Instituto de Investigaciones Marinas y la mordaza que se impuso sobre el Instituto Oceanográfico, que tiene prestigio internacional-en los que
la marginación a la que se sometió a los investigadores de las universidades gallegas, hizo que esta situación de desamparo y marginación se acelerase, máxime teniendo en cuenta que la selección se hizo con cargo a una única persona del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas, lo que de alguna manera nos privó de objetividad a la hora de elegir las cosas. Nosotros buscamos la mayor participación para que se produzca el mejor resultado. Por eso el congreso y las ayudas tratan de
recuperar y regenerar no solamente aspectos naturales, sino también quizá aspectos administrativos y sobre todo aspectos constitucionales, en el sentido de conseguir una participación extraordinaria.
No le discuto que en Galicia se están haciendo cosas. Es evidente que el Consello da Cultura Galega va a hacer los días 7 y 8 de marzo unas jornadas sobre los efectos económicos, sociales y ambientales de la marea negra. Pero también
sabemos que esto es muy limitado y necesitamos algo con más ambición. Es el caso que en este tema del que le estoy hablando no hay ni una palabra sobre el petrolero hundido, y se hace entre un viernes y un sábado, con intervenciones que en algún
caso no llegan a la hora. Por eso precisamente estamos interviniendo, porque hay muchísimas respuestas que todavía no conocemos y que sólo la comunidad científica internacional universitaria y técnica nos podría dar. Con su participación podríamos
empezar a encontrar soluciones sobre el buque hundido y sobre el fuel que contiene todavía. Tendremos que saber cómo se comporta el fuel en el medio oceánico y las consecuencias que se derivarán a largo, corto y medio plazos. Tenemos ante nosotros
un enorme reto científico y hay que dar respuesta a cuestiones como cuánto fuel está vertiendo el buque, qué hay que hacer para evitarlo, qué daños se causan y se han causado en el medio ambiente, cuánto tardará en recuperarse la biodiversidad, qué
poblaciones y especies de interés comercial son afectadas, cuánto se puede acelerar la recuperación, la repoblación y la biorremedación, y muchísimas más. Por esa razón nosotros buscamos una investigación de calidad conjunta, una investigación que
es la base de la predicción del comportamiento oceánico por la catástrofe del Prestige.
No quiero alargar esta intervención porque yo creo que estamos en una Comisión de gente inteligente que comprende cómo podíamos actuar y que sabe que recabando la mayor ayuda se puede llegar al mejor resultado.
Esperamos que el Partido
Popular, con la responsabilidad que tiene encima, y para evitar malos entendidos en torno a este problema, ayude positivamente, que se ponga las pilas, se ponga a trabajar y ejerza el liderazgo que le corresponde.
El señor PRESIDENTE: Ha presentado una enmienda a este punto el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Compartimos el contenido de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y solamente queremos hacer algunas argumentaciones para justificar el porqué de nuestra enmienda de adición.
Si ustedes leen el Plan Galicia, que presentó el Gobierno a bombo y platillo, observarán que en algunos casos está redactado con la suficiente ambigüedad como para que no se sepa cuáles son los destinatarios últimos de las ayudas que se
proponen o bien de las propuestas de inversiones en cuanto al sistema universitario en el Estado español. Así, cuando se habla de más ayudas a la educación, se menciona una cantidad de 4 millones de euros para ayudas económicas a los estudiantes
afectados en todos los niveles de la enseñanza, en este caso con concreción. Pero después se habla de becas pre y posdoctorales para la formación e investigación en temas medioambientales, y se habla además de ayudas a las universidades en general
para inversiones en materiales e infraestructuras relacionados con la investigación en áreas medioambientales: 4 millones de euros.
La proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista viene en parte a subsanar esta ambigüedad o deficiencia del Plan Galicia al concretar de una forma mucho más específica cómo tendría que ser la colaboración del sistema educativo
español en relación con el problema que estamos viviendo los gallegos. Y así se reconoce que, efectivamente, la convocatoria, organización y financiación de iniciativas de las universidades públicas españolas en general debían estar coordinadas y
dirigidos en concreto por las tres universidades públicas de Galicia para garantizar la presencia y participación de los mejores investigadores y expertos nacionales e internacionales, en concreto en esa convocatoria, que se haría, desde el punto de
vista de los intereses del Estado, en el primer semestre del año 2003.
Se trata, por lo tanto, de que el protagonismo corresponda a las instituciones universitarias y de investigación públicas de Galicia y que se recabe la participación de todo el que tenga algo que decir.
Exactamente igual en lo referente a
las ayudas a proyectos de investigación universitaria, que el Grupo Parlamentario Socialista concreta en relación con las universidades de Galicia, y con dos temas de actuación, que serían los distintos aspectos en que influyó una catástrofe como la
del Prestige y que tenga como finalidad el análisis de las consecuencias sociales, económicas y medioambientales y también la utilización de energías renovables. Pero para nosotros lo más preocupante, y es por lo que hemos presentado una enmienda
de adición, es el punto 4. Efectivamente, es muy necesario que se abra un plazo extraordinario de solicitud de ayudas por los alumnos de los distintos sistemas educativos afectados, pero tiene que quedar claro que esta mecánica va a ser contemplada
por el Gobierno en años sucesivos mientras duren las consecuencias negativas de la marea negra. Esto es fundamental en concreto para una comarca como A Costa da Morte, que empieza en Caión y acaba en Fisterra, y que va a estar hipotecada -ya lo
estaba gravísimamente antes, pero ahora lo está mucho más- en su desarrollo económico y social. Sería bueno que las ayudas a los estudiantes de todos los niveles de esta comarca se prorrogasen cuando menos durante todos los ejercicios que fuese
necesario, y no de una forma puntual para el año 2003, o incluso que se abra un plazo extraordinario de solicitud de ayudas, como plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
Por lo demás, pensamos, señor presidente -y ya acabo- que esto se refiere solamente al sistema educativo y al sistema de investigación, pero que está muy lejos de contemplar toda la mecánica general de la problemática creada en Galicia.
Esperamos que, a través de debates y de iniciativas, el Gobierno vaya aceptando la modificación de sus propuestas, la concreción y sobre todo las inversiones de choque que tanto necesitamos para hacer frente al futuro inmediato.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Otras obligaciones parlamentarias me han impedido fijar posición en iniciativas anteriores, aunque ahora la fijaré con el voto, que es la mejor manera que tenemos de fijarla del todo.
En esta proposición no de ley sí me parece interesante fijar nuestra posición a favor de su aprobación. Más allá de la literalidad sobre todo del primer párrafo, que reconozco sinceramente que no me siento en capacidad y con la información
suficiente para medir su rigor absoluto sobre cada una de las cosas que con todo detalle pronuncia, lo que sí es más sencillo respecto al resto del texto, en conjunto me parece que es una iniciativa positiva.
Mi grupo parlamentario entiende que la catástrofe del Prestige es, como muy bien han descrito el portavoz socialista y en parte el portavoz, del BNG, del Grupo Mixto, que me han precedido, es mucho más que una catástrofe ecológica, mucho más
que un petrolero hundido y mucho más que un drama simplemente de mar y peces o de pescadores; es un drama social que afecta a una sociedad entera y que puede dejar en muy delicada situación a toda una sociedad y, me atrevería a decir, si no se
hacen bien las cosas, a toda una generación durante mucho tiempo. Por tanto, los remedios a una catástrofe de esa naturaleza, que van desde la industria turística a la pesquera, al medio ambiente, pero también a la sociedad como tal, han de
tratarse o afrontarse desde todos los frentes en paralelo. Por esa razón, esta Comisión de Educación, Cultura y Deporte no puede ni debe quedar ajena al debate sobre las consecuencias del Prestige, y es perfectamente positiva y recibirá el apoyo de
mi grupo una iniciativa que pretenda implicar al Gobierno también desde la vertiente educativa, desde el apoyo a las universidades, desde el apoyo a la juventud, desde el apoyo a la estructura educativa y social en Galicia, como consecuencia del
drama del Prestige. Por esa razón, mi grupo felicita al Grupo Socialista por presentar esta iniciativa y le dará su apoyo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: La iniciativa que hoy nos presenta el Grupo Parlamentario Socialista supone nuevamente una caída a estribor o a babor y una navegación en círculos en torno al Plan Galicia que aprobó el Gobierno del Reino de España y
al plan de indemnización económica que aprobó la Xunta de Galicia. Esta navegación en círculo, señoría, es la maniobra de hombre al agua, porque decía el señor Hernández Cerviño que se trataba de una proposición no de ley ambiciosa y amplia, y yo
creo que es menos ambiciosa que el Plan Galicia que ha aprobado el Gobierno.
Respecto a la muy delicada situación en la que nos ha dejado esta catástrofe -ciertamente esto es así-, ayer mismo alguien con un criterio económico mucho más importante
que el mío, el director general de Caixa Galicia, destacaba que los cerca de 14.000 millones de euros previstos en el plan compensarán las consecuencias del vertido.
Decía que la proposición no de ley es poco ambiciosa, menos ambiciosa que los planes que han aprobado el Gobierno y la Xunta de Galicia, porque en ella no hemos visto ni una sola línea dedicada a un importante colectivo de personas,
estudiantes y gente necesitada de formación como es la formación profesional. No hay una sola solicitud en este ámbito y, en cambio, el Plan
de dinamización económica de Galicia que aprobó la Xunta de Galicia sí prevé la potenciación de la formación profesional ocupacional para 6.200 personas, acciones formativas con compromiso de contratación, dando respuesta al cien por cien de
las demandas, o la formación para la activación de sectores y colectivos prioritarios por una cuantía de 55,4 millones de euros, que se estima que beneficiarán a 14.500 personas.
Yo creo que el proponente se olvidó de la comparecencia de la ministra y el día 15 de enero, cuando explicó las acciones que su ministerio estaba diseñando para apoyar a las familias que se han visto afectadas por el Prestige. Se habló en
aquella comparecencia de las ayudas económicas a los estudiantes afectados tanto de enseñanzas universitarias como no universitarias, es decir, todo tipo de enseñanza. Se habló de la firma de un convenio específico de colaboración con la Xunta de
Galicia para el curso 2003-2004 en ayudas a las familias de estudiantes de todos los niveles educativos anteriores a la universidad y ayudas a estudiantes universitarios cuyas familias se hayan visto afectadas por el Prestige.
Se habló de los
programas de investigación relacionados con la conservación del medio ambiente, destacando las ayudas a universidades con la firma de convenios de colaboración con ellas para programas, preferentemente interuniversitarios, de investigación sobre
prevención y recuperación tanto medioambiental como económica de investigación científica. Se habló del premio especial Arquímedes, cuya convocatoria se realizará en el primer cuatrimestre del 2003 y cuya concesión se llevará a cabo en septiembre.
Se habló de las becas predoctorales y posdoctorales, 30 becas en cada una de estas secciones, de Estudios y análisis de la Dirección General de Universidades para la realización de estudios de impacto medioambiental y cuyos destinatarios serán
profesores e investigadores de las universidades y centros públicos de investigación, de 20 ayudas para formación e investigación, de la posibilidad de celebrar un congreso internacional interdisciplinar que puedan promover las universidades
gallegas; ya nos dijo la ministra que el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte apoyará las iniciativas que en ese sentido partan de la comunidad científica. La celebración de cursos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es una
decisión que ha de tomar la comisión de gobierno de esta universidad y la va a estudiar en la próxima comisión de gobierno. Hay que decir que hay otras universidades, no solamente las tres gallegas, sino también las del País Vasco, la Politécnica
de Madrid, la de las Islas Baleares, la Politécnica de Valencia, la de Barcelona, la de Girona, la de Las Palmas de Gran Canaria, la Autónoma de Barcelona, la de Oviedo, la de Cantabria, la Politécnica de Cataluña y la de Granada, junto con otras
instituciones y organismos públicos de investigación, que están participando desde el primer momento en el programa de intervención científica relativo al vertido y hundimiento del Prestige. Quiero destacar también que el Pleno del Consejo de
Coordinación Universitaria que se celebró el 20 de diciembre acordó que constara en acta el agradecimiento de la comunidad universitaria a los estudiantes que han participado como voluntarios en las tareas de limpieza.
Por otra parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha elaborado también un plan científico de intervención coordinado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en el que participan otros OPI, todo ello en el marco de un
plan en el que se han puesto en marcha tres acciones especiales: una por la que se concede a la Universidad de Vigo una ayuda de 6.000.097 euros; otra, un presupuesto del CSIC de 210.000 euros, y otra a Sasemar por 80.000 euros. Además se va a
poner en marcha una acción estratégica para la financiación de proyectos y acciones de I+D.
Es curioso que se plantee aquí la cuestión de las energías renovables puesto que ya tenemos un Plan nacional de fomento de las energías renovables y de investigación en la materia, pero me llama la atención la ausencia de mención directa a
sectores muy importantes de la economía gallega y que son operativos en las zonas más afectadas por la catástrofe, como es el caso de la acuicultura, donde también se van a hacer esfuerzos importantes sin que tengamos la necesidad de que el Partido
Socialista nos inste a ello. Yo creo que el Partido Socialista nos viene a demostrar con esta proposición que el Plan Galicia aprobado por el Gobierno central y el Plan de dinamización económica de Galicia que aprobó la Xunta de Galicia les han
cogido con el paso cambiado. Si en aquel momento, cuando presentaron su plan, éste era menos ambicioso que el que definitivamente aprobó el Gobierno, yo creo que con esta proposición tampoco ganamos nada sobre lo que ya está presupuestado.
- PARA QUE SE ESTABLEZCAN CRITERIOS EXACTOS PARA OTORGAR LAS BECAS SÉNECA Y SE INCREMENTE LA PARTIDA DESTINADA A ESTAS BECAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001747.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 4 del orden del día: Proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que se establezcan criterios exactos para otorgar las becas Séneca y se incremente la partida destinada
a estas becas.
Para su defensa tiene la palabra el señor Heredia.
El señor HEREDIA DÍAZ: Señorías, los socialistas no entendemos las razones por las que buena parte de las solicitudes de becas Séneca de movilidad entre estudiantes, conocidas popularmente como las Erasmo españolas, que cumplían todos los
requisitos y que ya habían sido preseleccionadas por los centros superiores, han sido rechazadas por el Ministerio de Educación.
Según los datos aparecidos el 14 de octubre de 2002, más de la mitad de las solicitudes de las becas Séneca ya preseleccionadas han sido rechazadas por el Ministerio de Educación. Concretamente, el dato era que de esas 3.000 solicitudes
presentadas, algo más de la mitad se han quedado sin beca. Esto apareció en los medios de comunicación el lunes 14 de octubre del año 2002. Pero además hay que citar una respuesta del Gobierno en la que reduce ligeramente ese porcentaje pero se
reconoce que de las 2.461 becas preseleccionadas, el 40 por ciento han sido rechazadas. Como digo, son datos ofrecidos por el propio Gobierno, que reconoce que mil alumnos se han quedado sin estas becas. Son muchas becas rechazadas, ¿no le parece
al portavoz del Partido Popular? Sobre todo si tenemos en cuenta que hasta el presente curso prácticamente todos los estudiantes que habían sido preseleccionados por las universidades recibieron beca. Ésta nos parece a los socialistas una muestra
más de la nefasta y lamentable política del Partido Popular en materia de becas, que recorta, reduce o rechaza el número de becarios, incrementa por debajo de la inflación la cuantía de las becas y ahora tampoco conceden la mitad de las becas Séneca
preseleccionadas ya por las universidades.
El Gobierno, además, según ha aparecido en los medios de comunicación, comunicó esta decisión a las universidades en el mes de septiembre, incumpliendo el plazo máximo (31 de julio) recogido en la
convocatoria y sin ofrecerles una explicación ni darles a conocer el baremo utilizado para dar las ayudas Séneca este curso.
No se entiende que el presupuesto para estas becas se haya congelado también a pesar de que las solicitudes se han multiplicado, además de una forma bastante notable. La Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, que está integrada por los
vicerrectores de estudiantes de las universidades, ha calificado el recorte de las becas Séneca de preocupante. No lo decimos los socialistas, lo dice la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles, que también asegura que el Ministerio les dijo que
la resolución era provisional y que se sacaría otra en la que entrarían todas las becas prioritarias, algo que tampoco se ha cumplido.
El retraso en la comunicación de estas ayudas ha provocado que miles de estudiantes no hayan sabido hasta
septiembre si podían irse a estudiar con beca a la universidad de otra localidad española, con el perjuicio que esto supone para el que tiene que buscar una residencia, por lo que muchos han desistido ya de marcharse. La resolución de estas ayudas
se publicó en el BOE el 12 de septiembre, con 1.100 becados, y el 20 del mismo mes apareció en la página web del ministerio una lista complementaria con otros 18, pero que no se ha llegado a publicar en el BOE.
Hay que resaltar que la demanda se ha multiplicado ni más ni menos que por cinco desde el inicio del programa 2000-2001, lo que ha provocado que el presupuesto previsto por el Gobierno, de 4,5 millones de euros en 2002, no haya sido
suficiente para atenderla. Pero es que además hay que destacar que de los Presupuestos Generales del Estado del presente año 2003 se desprende que la cantidad destinada a estas becas se ha congelado, puesto que sigue siendo de prácticamente 4,5
millones de euros. Quiero recordar que el programa Séneca fue creado en la etapa del señor Rajoy, cuando era ministro de Educación, en el año 1999-2000, y para ello se firmó un acuerdo con la Conferencia de Rectores de la Universidad Española, la
CRUE. El principal argumento que dio entonces el Partido Popular fue que la movilidad es un elemento deseable en la formación universitaria y un medio para mejorar la calidad de la enseñanza y, por tanto, generador de beneficios tanto para los
estudiantes como para las instituciones de enseñanza superior, a la vez que un elemento capaz de contribuir a la integración y mayor cohesión del sistema. Los socialistas nos hacemos unas pregunta: ¿Si estas becas eran tan importantes cuando se
crearon, en 1999, por qué ahora, cuatro después, parece que ya no lo son tanto? ¿Por qué no se incrementan las partidas previstas para este tipo de becas?
En los tres cursos que llevan otorgándose estas becas, las universidades realizaron una preselección entre las solicitudes presentadas de acuerdo con el expediente del alumno y la propuesta de movilidad que presente y posteriormente se daban
a las mejores la categoría de prioritarias. Hasta este curso, prácticamente todas las solicitudes con esta categoría habían recibido una beca. La cuantía de esta ayuda es este año de 480 euros al mes, más 120 euros para el viaje -200 si el alumno
es de fuera de la península- y la duración de la beca oscila entre los tres y los nueve meses. Para pedirla hay que haber cursado entre treinta y noventa créditos universitarios, según el tipo de carrera, y en el curso 2002-2003 se ha concedido
casi el mismo número de becas que en el curso anterior, aunque las solicitudes, como he dicho anteriormente, se han multiplicado por cinco respecto al año pasado.
Por todo ello los socialistas traemos hoy aquí esta proposición no de ley en la que demandamos dos cuestiones. La primera de ellas, que se establezca un sistema de baremación adecuado y transparente según el cual se decidan los criterios
exactos para otorgar estas becas. Es necesario que el alumno sepa a qué atenerse y sepa previamente si va a tener derecho o no lo va a tener. Hay que clasificar estos criterios. La segunda demanda es la que hemos planteado ya en reiteradas
ocasiones sobre todas las becas universitarias, y es que se incrementen para el próximo curso las partidas destinadas a becas en un 2 por ciento por encima de la inflación real del presente año, no de la inflación que calcula el Gobierno, que
siempre se queda en la mitad de la real, un 2 por ciento más de la inflación real.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que quieran fijar posición?
Señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: En repetidas ocasiones mi grupo ha manifestado en esta Comisión su discrepancia con la política de becas del actual Gobierno del Partido Popular por distintos criterios -no vamos a reabrir el debate-, el primero
de ellos la escasa cuantía dedicada a las becas.
Sin embargo, también en esas ocasiones mi grupo ha dejado claro que en el reparto del pastel de las becas nos parece que las becas Séneca son, del conjunto de las becas, las menos importantes, lo
cual no significa que disminuyamos o ridiculicemos el sentido y el alcance de las becas Séneca, sino que entendemos que donde hay que hacer hincapié en este momento es en las becas compensatorias. Yo entiendo que si sube todo, también deberían
subir las becas Séneca, pero, en conjunto, nosotros queremos centrar nuestra crítica y nuestra petición de aumento -lo hicimos en el debate de presupuestos y lo seguimos haciendo hoy- en la idea de incrementar el presupuesto en las becas
compensatorias, lo cual no impide que una vez esas becas se igualen a lo que sería lo lógico en el conjunto de Europa y a las necesidades de la sociedad española, tengan un incremento las becas Séneca.
Por esa razón mi grupo va a pedir la votación separada de los dos puntos de esta proposición no de ley, absteniéndonos en el segundo punto y por tanto no pidiendo formalmente en este momento un incremento, como se pide en esta proposición,
de 2 puntos por encima de la inflación real de la partida destinada a estas becas, porque vamos a seguir centrándonos en que lo que hay que incrementar en primer lugar, dado que aparentemente -ése es discurso que se nos vende en el conjunto del
déficit cero- los recursos son escasos, son las becas compensatorias. Pero tampoco vamos a hacer una crítica a ese punto y por eso en él nos vamos a abstener. En cambio, podemos claramente votar a favor de lo que es una petición de mejora, de
perfeccionamiento y en el fondo de incremento de la seguridad jurídica de los criterios de concesión para obtener las becas Séneca, porque efectivamente compartimos la percepción de que en este momento no es que haya arbitrariedad, que sin duda no
es la palabra, pero sí hay un cierto desconcierto y una cierta inseguridad para los alumnos. Por tanto, esa es la posición de mi grupo.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Corres tiene la palabra.
La señora CORRES VAQUERO: Señorías, señor Heredia, una vez más intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para defender la postura de mi grupo ante la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista sobre
las becas Séneca. Tengo que decirle que he escuchado con atención toda la exposición de motivos y la exposición que ha realizado el señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, pero, como no podía ser de otra manera, no coincido con sus
argumentos.
Debo señalar, en aras de la verdad, que no es la primera vez que el Parlamento español discute acerca de las becas Séneca. Sin ir más lejos, el pasado mes de noviembre el Senado fue testigo de una sesión de control al Gobierno en la cual la
senadora del Grupo Parlamentario Socialista, la senadora Agudo más concretamente, en principio valoraba positivamente la existencia de las becas y preguntó a la ministra acerca de ellas. En aquella ocasión el Grupo Parlamentario Socialista fue
contestado por la ministra con la rotundidad de los datos, no con valoraciones, como aquí ha hecho el señor Heredia: no sólo se había producido un importante incremento en cuanto al número de alumnos que las disfrutaron desde el año 2000, sino que
también había existido un importante incremento en cuanto al importe de las mismas recibido por cada uno de esos alumnos y en cuanto a la cuantía de los viajes.
Hoy el Grupo Parlamentario Socialista vuelve a traer a esta Cámara -y está en su perfecto derecho de hacerlo, como no podía ser de otra manera- el tema de las becas Séneca, al parecer, si se me permite decirlo, sin haber revisado o releído
la intervención que aquel momento realizó la ministra en contestación a su compañera la senadora Agudo. En definitiva, lógicamente, la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista no podría ser de ningún modo aceptada por
mi grupo, pero no simplemente por estar en contra de la misma, sino por los siguientes razonamientos. En primer lugar, todos los años, y previo a la celebración de la convocatoria de las becas Séneca, se celebra una reunión entre el Ministerio de
Cultura y Deporte, la Dirección General de Universidades, representantes de la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles y del Consejo de Coordinación Universitaria. ¿Y para qué se celebra esta reunión anualmente? Pues se celebra ni más ni menos
que para preparar precisamente la convocatoria de las becas Séneca. En esta reunión se informa de los resultados obtenidos por la convocatoria anterior y se presentan las propuestas de mejora a la vista de los resultados en el proceso de
tramitación y concesión de las becas Séneca del año anterior. Como digo, a esta reunión, que se produjo el 25 de febrero de 2002, asistieron, entre otros, representantes de la RUNAE, el rector de la Universidad de Zaragoza, la secretaria de la
Comisión Ejecutiva, la vicerrectora de estudiantes de la misma universidad, como coordinador el vicerrector de la Universidad de Barcelona, la vicerrectora de la Universidad de Santiago, el Consejo de Coordinación Universitaria, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con la subdirectora de formación y movilidad del profesorado, el consejero técnico de subdirección, etcétera. En esta reunión la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles presentó propuestas que fueron recogidas
en aras de mejorar, en primer lugar, el sistema de la convocatoria anterior, en segundo lugar, los requisitos académicos de acceso, en tercer lugar, los criterios de selección y en cuarto lugar, los criterios de acceso. Es decir, en esta
reunión se determinó cómo tendría que ser el texto de la convocatoria de las becas Séneca, así como también tendría que ser el calendario que se acordara para la concesión de estas becas.
Como resultado de esa reunión, se incorporaron, como he
dicho anteriormente, a la convocatoria nuevos requisitos tanto para la fase de solicitud como para la de incorporación de los becarios y para la finalización de las becas, además de criterios de evaluación y baremos para priorizar las solicitudes
por parte de las universidades y los criterios de selección que se deberían aplicar a través de la comisión de selección, compuesta, como he dicho anteriormente, por representantes del ministerio, de la RUNAE, etcétera.
¿Cómo es o cómo se determinó que debía ser el procedimiento de concesión de una beca Séneca? Pues bien, según las bases de convocatoria, que, como he dicho, fueron determinadas por todos y cada uno de los representantes aludidos
anteriormente, es la universidad de origen la que elabora, una vez llevado a cabo el proceso de selección, las propuestas de movilidad, priorizadas de conformidad con el baremo que figure en la convocatoria, que, como he dicho y repito, fue
determinado por todos los asistentes a la reunión. Cada solicitante puede presentar tres opciones de movilidad.
Estas listas priorizadas son remitidas al ministerio y la comisión de selección elabora la propuesta final de concesión según varios
criterios.
En la propuesta de concesión de la convocatoria de 2002 se acordó por una comisión compuesta por representantes del ministerio y de la RUNAE, elaborar la propuesta de concesión sobre la base de tres escenarios muy concretos. En primer
lugar, propuestas que tenían prioridad 1 por parte de la universidad y preferencia 1 por parte del solicitante; en esta situación había 1.200 solicitudes, las cuales fueron admitidas todas y cada una de ellas. En segundo lugar, propuestas que
tenían prioridad 2 por parte de la universidad y preferencia 1 por parte del solicitante; en este caso se encontraban 520 solicitudes, de las cuales se han concedido 300. Y en tercer lugar, propuestas que tenían prioridad 3 por parte de la
universidad y preferencia 2 o 3 por parte del solicitante, situación en la que se encontraban 399 candidatos. En función de las disponibilidades presupuestarias, se atendió a la totalidad de los candidatos de la primera de las opciones, 1.200
alumnos, y a 300 candidatos del escenario 2, que han sido seleccionados en razón a su nota media de expediente.
Por resolución de 27 de agosto, 27 de septiembre y 28 de noviembre, se hicieron públicas las relaciones de becas Séneca concedidas dentro del programa español de ayudas para la movilidad de estudiantes. El Grupo Parlamentario Socialista
hace referencia en la exposición de motivos a que el Gobierno incumplió el plazo de resolución de la concesión, que tendría que haber sido antes del 31 de julio de 2002. Pues bien, estamos de nuevo ante una media verdad, por no decir falsedad. Por
acuerdo de la comisión -y usted lo sabe- y, por tanto, de la Red Universitaria Nacional de Asuntos Estudiantiles, se decidió retrasar durante quince días la propuesta de concesión precisamente para permitir participar en este programa a las
universidades que a 30 de julio no habían presentado la documentación o habían presentado una documentación que adolecía de graves errores administrativos. En esa fecha, 30 de julio, sólo tres universidades habían enviado la documentación completa.
Por lo tanto, si se habla de incumplimiento, hay que hacerlo con el rigor que requiere hablar de incumplimiento, si es que existió, como digo.
En segundo lugar, y en cuanto se refiere al segundo apartado presentado en su proposición no de ley, referido a incrementar la partida destinada a estas becas en un 2 por ciento, se considera que la actual dotación económica permite lograr
los objetivos del programa. Se ha optado desde la política del ministerio por ofrecer unas becas de mayor calidad y se han aumentado las cuantías, como se observa en los siguientes datos: en el año 2000-2001 las becas concedidas fueron 506; en el
curso 2001-2002 fueron 1.420, y en el curso 2002-2003 fueron 1.500. Se tiene que decir también que el dinero que cada uno de los becarios solicitantes de estas becas Séneca percibió en el año 2001 fue de 300 euros, en el año 2002, de 360, y en el
año 2003, de 480 euros. Sin duda alguna, si analizamos comparativamente los datos de percepción mensual de cada uno de los becarios en el curso 2001-2002 y 2002-2003, es evidente que el incremento percibido por cada uno de estos becarios es muy
superior al 2 por ciento, nos encontramos con una diferencia de más de un 20 por ciento del año 2001 al 2002 y más de un 30 por ciento entre 2002 y 2003. Por lo tanto, entendemos que la cuantía asignada mensualmente a cada uno de los alumnos cuyas
becas Séneca han sido concedidas es bastante más importante que la subida del 2 por ciento que plantea el Grupo Parlamentario Socialista en su proposición no de ley.
Por todo esto, señorías, señor Heredia, una vez más debo referirme a su grupo, o a usted como portavoz de su grupo, con el mayor de los respetos; sin embargo, no puedo dejar pasar la oportunidad que me brinda esta Cámara para pedirle por
favor que no sigan intentando deformar la realidad ni pretendan engañar a los españoles. Reflexionen, coordinen sus actuaciones con el Senado y aténganse, por favor, a los datos. Mientras tanto, mi grupo parlamentario seguirá instando al Gobierno
y apoyándole en todo aquello que suponga seguir mejorando la calidad de la educación y la igualdad de oportunidades de todos los españoles para desarrollarse como personas.
- SOBRE LA CREACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DE ESCULTURA DE CIUDAD RODRIGO (SALAMANCA). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001804.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, punto 5, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre la creación del Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo (Salamanca).
Para su defensa, tiene la palabra la señora Valcarce.
La señora VALCARCE GARCÍA: En efecto, el Grupo Parlamentario Socialista presenta a la consideración de esta Comisión de Educación y Cultura del Congreso una petición que es no sólo de una ciudad, Miróbriga, sino que está avalada por todo el
movimiento cultural y social de Salamanca, León y de Castilla y León.
Es muy importante, por lo tanto, poner de relieve la importancia que tiene esta iniciativa en el contexto nacional y regional. Esta iniciativa no es de ahora sino que se viene preparando desde hace bastantes años, y en 1998 el Ministerio de
Educación y Cultura hizo por fin pública, a través de la entonces ministra doña Esperanza Aguirre, la intención de crear en Ciudad Rodrigo (Salamanca) un museo nacional de escultura. Este museo tendría su sede en el Palacio del Príncipe, también
llamado Palacio de los Águila, y en torno al proyecto museístico sería pieza muy significativa El Calvario de Juan de Juni. Al parecer, en 1998 se firma un protocolo entre el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y en el que
tiene también presencia Caja Duero y la Fundación Duques de Soria, y de ese protocolo, solicitado por mi grupo parlamentario, nada parece saberse en el Ministerio de Educación y Cultura. Esta es una cuestión, a nuestro juicio, preocupante, porque
da la sensación de que, más allá de la noticia de prensa y de la foto del día, no hubo más tarea a realizar. Paralelamente, hace unos cuatro años, el Ministerio de Educación y Cultura, a impulso también del entonces secretario de Estado don Miguel
Ángel Cortés, adquirió El Calvario de Juan de Juni. Esta es una pieza valiosísima de este escultor y es de un enorme interés histórico-artístico; es una obra excepcional de la escultura manierista del siglo XVI. Esta adquisición se justificó en
aquel momento, a nuestro juicio acertadamente, para salvaguardar su integridad y someterla a un exhaustivo proceso de restauración. Sin embargo, señorías, mi grupo parlamentario, que ha solicitado el expediente de la adquisición de esta pieza por
el Ministerio de Cultura, lamentablemente al día de la fecha todavía no lo ha recibido. Y sobre el procedimiento de adquisición hay, desde luego, dudas más que razonables.
En la actualidad, ¿qué está sucediendo? El Cristo se encuentra expuesto en la sala correspondiente a Juan de Juni del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, no así las otras dos figuras, la Virgen y San Juan, que completan el conjunto
escultórico, al parecer porque sigue el proceso de restauración. Lo cierto es que actualmente se ha completado ya la restauración del Palacio de los Águila, pero ni El Calvario de Juan de Juni se ha devuelto a Ciudad Rodrigo ni se ha puesto en
marcha por el Ministerio de Educación y Cultura ninguna actuación para desarrollar proyecto museístico alguno; más bien al contrario, por dos razones. La primera y fundamental: el 17 de noviembre del año 2002 el director general de Bellas Artes
del Ministerio de Cultura anuncia el desarraigo de la obra El Calvario de Juan de Juni, es decir, que esta obra permanecerá en Valladolid y que no habrá Museo Nacional de Escultura en Ciudad Rodrigo. Como ustedes comprenderán, semejante anuncio
causó estupor, consternación y la indignación general en la ciudad, en la provincia y en la comunidad autónoma; incluso, su alcalde, don Javier Iglesias, aquí presente dada su condición de diputado nacional, se mostró en aquella misma fecha, según
recoge la prensa provincial, indignado y además abatido y tildó de desgraciado y desastroso el anuncio del director general de Bellas Artes que negaba tanto la devolución de la pieza de Juan de Juni como negaba también el museo a Ciudad Rodrigo.
Señorías, el Gobierno, a través de la ministra de Cultura, ha presentado hace más o menos quince días un nuevo Plan Nacional de Museos, y en él no se contempla el Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo ni tampoco la posibilidad de una
extensión en Ciudad Rodrigo del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Es decir, se incumple no sólo lo que es una aspiración largamente sostenida por la ciudad de Miróbriga, sino además el convenio que en su día, es decir, en 1998, firmó por
la entonces ministra Esperanza Aguirre.
Todo ello, señorías, nos mueve a presentar esta proposición no de ley en la que instamos al Gobierno a poner fin a esta situación. Dado el tiempo en el que se han venido dilatando las decisiones, nosotros consideramos que en un plazo no
superior a seis meses el Gobierno tiene que crear el Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo, en Salamanca, con sede en el Palacio de los Águila, para dar cumplimiento al convenio de 1998.
Asimismo, instamos al Gobierno a proceder con
carácter inmediato a la devolución de la pieza El Calvario, de Juan de Juni, para su exposición permanente en dicho Palacio de los Águila en Ciudad Rodrigo porque la pieza pertenece a Ciudad Rodrigo y porque la adquisición en su momento se hizo
única y exclusivamente para ser restaurada y con el objetivo de que formase parte significativa del proyecto museístico del Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo. Por ello, señorías, pedimos el voto favorable de esta Comisión de Cultura del
Congreso a esta iniciativa, que
no pretende más que dar cumplimiento a los compromisos largamente adquiridos por el Gobierno y, sobre todo, dar satisfacción a una aspiración largamente sentida por los ciudadanos de Miróbriga.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iglesias.
El señor IGLESIAS GARCÍA: Señor presidente, señoría, la verdad es que agradezco enormemente el interés mostrado por el Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados hacia una ciudad que desde luego ya hubiera querido concitar el mismo
interés durante los gobiernos socialistas. En todo caso -se lo hice manifestar anteriormente a la exposición pública de esta proposición no de ley y se lo digo ahora a la señora Valcarce-, se agradece el interés mostrado por apoyar esta magna
iniciativa que va a recibir nuestra ciudad, que está recibiendo ya nuestra ciudad, mi ciudad, Ciudad Rodrigo, en estos años, y por apoyar esta iniciativa importantísima puesta en marcha por un Gobierno, desde luego, sensible, muy sensible, diría yo,
a los temas que nos preocupan en la provincia de Salamanca. Veo que el señor Caldera no tiene tiempo, porque está muy ocupado en otros menesteres, de atender a lo que también es importante, que son los salmantinos. Desde el Grupo Popular
intentamos todos los días hacer el esfuerzo de servir a los ciudadanos de la provincia de Salamanca, en este caso a los ciudadanos de Ciudad Rodrigo. Quiero agradecer igualmente al Ministerio de Educación y Cultura, presidido anteriormente por
Esperanza Aguirre, que puso en marcha la iniciativa, y actualmente por Pilar del Castillo, que ha manifestado su voluntad inequívoca de seguir trabajando en este importante proyecto, a Caja Duero, entidad financiera que compra el Palacio y que lo
cede al Ministerio, es decir, a todos los españoles, por noventa y nueve años, y a la Fundación Duques de Soria, que se ha encargado de realizar las obras. Como es obvio, el ayuntamiento ha actuado de impulsor y catalizador de esta iniciativa.
Quiero decir a la señora Valcarce que no es una iniciativa y no es un proyecto largamente acariciado por los mirobrigenses. Los mirobrigenses, hace cuatro o cinco años, ni siquiera nos atrevíamos a imaginar que una iniciativa de estas
características podía ser escuchada en Madrid y podía acoger a uno de los referentes que me atrevería a decir, si me permiten la expresión, va a ser más importante en materia cultural de toda España, para que en una ciudad con mucha historia, con
mucha tradición, que tiene 15.000 habitantes, que son muchos o pocos según se mire, pero que ha estado condenada al ostracismo durante muchos años, veamos iniciativas de carácter cultural como ésta, iniciativas como tener una de las ocho o diez
ferias de teatro de toda España, como iniciativas y proyectos que están en marcha, como la autovía entre Ciudad Rodrigo y Salamanca, que desde luego entre todas ellas van a hacer de Ciudad Rodrigo y de la comarca de Ciudad Rodrigo, que tiene más de
30.000 habitantes, uno de los espacios en los que más esperanzas tenemos para el futuro, porque todos estos proyectos van a redundar en la riqueza, en la creación de puestos de trabajo y en la calidad de vida de todos los mirobrigenses. Ésta es,
sin lugar a dudas, la mayor apuesta cultural que jamás se ha hecho en Ciudad Rodrigo y esto se debe al Gobierno del Partido Popular. Los trámites administrativos son complicados, claro que lo son, como es complicada la puesta en marcha de la obra
de la rehabilitación de la Casa de los Águilas. La adquisición de la Casa de los Águilas y su rehabilitación han supuesto una inversión de 6 millones de euros aproximadamente, mil millones de las antiguas pesetas, que en una ciudad cuyo presupuesto
en muchos periodos de los últimos veinticinco años en materia de inversión no superaba los 40 ó 50 millones de pesetas es destacable y es de agradecer, y estamos encantados todos los mirobrigenses con la idea de tener este gran referente cultural.
Refiriéndome concretamente a la proposición no de ley presentada por el Grupo Socialista, tengo que matizar algunas cuestiones. Es por eso por lo que hemos presentado una enmienda, con la voluntad de llegar a un acuerdo, que matiza y que
persigue los mismos objetivos, lo cual me satisface, pero hay que decir que un museo nacional no es por definición el museo nacional de una ciudad. Un museo nacional, como su propio nombre indica, es de toda España es un museo nacional de España.
En este caso el Museo Nacional de Escultura tiene su sede en Valladolid, y Ciudad Rodrigo acogerá con total seguridad, no se preocupe usted, una extensión del mismo. Al igual que no se puede decir que hay distintos museos nacionales de toda España
por definición, y póngame usted un ejemplo en toda Europa donde exista un museo nacional de la misma materia que esté repetido por tres, por cuatro y por siete veces, porque eso no lo va a encontrar. Un museo nacional de cualquier país puede tener
distintas sedes, extensiones, ramificaciones, llámele usted como quiera. Tendrá una unidad, por definición, vuelvo a repetir, y un carácter nacional, al igual que la selección de fútbol de España. Hay una selección absoluta y no existen dos o tres
o siete selecciones nacionales.
En el segundo punto, que insta al Gobierno a proceder con carácter inmediato a la devolución de El Calvario, de Juan de Juni, para su exposición permanente en el palacio de los Águila, tengo que decir que estoy de acuerdo con que regrese,
que me encuentro encantado con la idea del ministerio de hace cuatro o cinco años de adquirir ese cuadro que estaba en manos privadas y que podía haber sido vendido a cualquier coleccionista del mundo. Podía encontrarse ese Calvario en cualquier
lugar de Europa, en cualquier lugar de América, y sin embargo lo adquiere el ministerio para uso y disfrute de todos los españoles. El Ministerio cuando compra
una pieza de arte lo que hace es adscribirla al museo nacional correspondiente, en este caso al Museo Nacional de Escultura. Es el patronato el organismo que tiene que decidir hacia dónde se dirige el futuro del Museo Nacional de Escultura,
en este caso la extensión de Ciudad Rodrigo y la sede de Valladolid. Al Patronato le corresponde tomar esa decisión. Por eso he pedido a usted, señora Valcarce -se ha mostrado muy solícita y tengo que agradecérselo-, si hay alguien que tenga
alguna adscripción política a su partido, al Partido Socialista. Yo ya lo he hecho con los que tienen adscripción al Partido Popular, como puede ser el alcalde de Valladolid, en estos momentos del PP, o la Junta de Castilla y León, a través de su
vicepresidente y consejero de Educación y Cultura, Tomás Villanueva, que está encantada con la idea de que con carácter permanente se muestre El Calvario en Ciudad Rodrigo. La misma ministra ha expuesto su voluntad de defender el traslado de El
Calvario con carácter permanente a Ciudad Rodrigo. Por eso he pedido que si ustedes tienen influencia sobre algún patrono de la fundación se pongan en contacto con él para que el acuerdo sea por unanimidad. Usted misma ha hecho esas llamadas
telefónicas por lo que me muestro encantado con la idea.
Con nuestra enmienda lo que pretendemos es que se acelere la entrega del proyecto museístico (lo digo in voce porque no aparece concretamente en la enmienda presentada ayer), para que no haya dudas, a la extensión de Ciudad Rodrigo, en el
palacio de los Águila, previo, como no puede ser de otra manera, a los trámites administrativos y técnicos necesarios.
Estoy acostumbrado en Ciudad Rodrigo, en Salamanca, por ejemplo, a la autovía, que otros ni siquiera se honraron en defender en esta casa durante catorce años. Querían, como si de una varita mágica se tratara, tocar la tierra y que
tuviéramos de repente una autovía. Eso lleva sus trámites, lleva un tiempo de realización, etcétera. La autovía se está construyendo y está teniendo los lógicos contratiempos climatológicos, etcétera. Lo mismo le digo con la Casa de los Águila.
Existe un expediente administrativo abierto, está a punto de perfilarse el traspaso, que no está realizado hasta el momento, desde la Fundación Duques de Soria al Ministerio de Educación y Cultura -me consta que están haciéndose y realizándose los
trabajos del proyecto museístico- y lo que sí pedimos desde el Grupo Popular es que se aceleren esos trámites, para que podamos conocer en esta Cámara, podamos conocer todos los mirobrigenses y todos los salmantinos en qué va a consistir ese
proyecto museístico. Igualmente instamos al Patronato del Museo Nacional de Escultura, que depende del Ministerio de Educación y Cultura, de la ministra de Educación y Cultura, a una convocatoria lo antes posible para que defienda, como ha dicho
públicamente, el regreso de El Calvario a Ciudad Rodrigo. Si no hiciéramos esta matización algunos responsables de su grupo podrían decir, y no les faltaría razón, que si el ministerio decide unilateralmente, sin contar con el patronato, que es el
órgano para tomar esas decisiones, ello supondría un atropello a los órganos legalmente establecidos para este fin. Por lo tanto el ministerio defenderá ese traslado, la Junta de Castilla y León defenderá ese traslado, pero siempre en el seno del
patronato, que es donde se debe realizar.
Se olvida de un asunto muy importante que se ha dicho públicamente y que aparece recogido en la enmienda, y es que continúe impulsando el ministerio las exposiciones que con carácter temporal se realicen en el palacio de los Águila;
exposiciones que -matizo- provendrán de todos los museos nacionales de España, que es un proyecto pionero en materia cultural en nuestro país. Ya existen otros precedentes en otros países europeos y puedo anunciarles que en esta primavera, fíjense
si estarán adelantados los trabajos, habrá la primera exposición con carácter temporal, que es tan importante como tener una sede permanente o una extensión permanente del Museo Nacional de Escultura, en Ciudad Rodrigo.
Termino recomendándole que reflexione respecto a lo que vayamos a votar.
Le tiendo la mano para que podamos entre todos luchar por este proyecto que pone en marcha el Gobierno del Partido Popular y no estropeemos lo que todos los
mirobrigenses deseamos, que es unión de los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, unión del Partido Socialista y el Partido Popular para luchar por los proyectos que sin lugar a dudas no imaginábamos hace algunos años,
pero que se van a concretar en una realidad muy cercana, y de los que todos los mirobrigenses estamos muy orgullosos.
El señor PRESIDENTE: Para fijar posición sobre la enmienda del Grupo Popular, la señora Valcarce tiene la palabra.
La señora VALCARCE GARCÍA: En efecto, conozco la enmienda y tengo que decir al portavoz del Grupo Popular que me parece inaceptable el comentario que ha hecho acerca de mi portavoz, el señor Caldera. Le recomiendo al señor portavoz del
Grupo Popular que lea la proposición no de ley y verá que la misma está firmada por don Jesús Caldera, que además de portavoz del Grupo Parlamentario Socialista es diputado por Salamanca.
Por lo tanto luego la defensa de los intereses generales, y
en este caso la defensa de los intereses de Salamanca y de Ciudad Rodrigo, están perfectamente acreditados en el haber de don Jesús Caldera.
Respecto al tema que estamos tratando, yo no puedo aceptar su enmienda, porque lo que hay en ella es el reconocimiento de que usted no puede hacer nada ante una decisión intolerable, un cambio en el punto de vista del Ministerio de Cultura.
El Ministerio de Cultura quiso en 1998 lo que todos queríamos, el Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo. Hoy el Ministerio
de Cultura ha dejado muy claro que no lo quiere. Usted se ve obligado a una defensa de algo que no se puede defender, porque lo que pretende es que avalemos una simple sala de exposiciones cuando el compromiso es hacer un museo. Se
equivoca usted una vez más en cuanto al término nacional. Lamentablemente usted entiende el concepto nacional como único y unitario. Y no es así. Hay esculturas en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, en el Museo Nacional de Cataluña, en
el Museo Nacional de El Prado, en el Museo Nacional Reina Sofía y no pasa nada. La palabra nacional no tiene que ver con lo que usted supone, ni muchísimo menos. Si usted está seguro de que el Gobierno y Pilar del Castillo apoyan sin fisuras el
museo y la vuelta de El Calvario, de Juan de Juni, a Ciudad Rodrigo, sólo tiene que votar nuestra proposición no de ley. Como usted tiene dudas y el Partido Popular ya sabe que no van a mantener este compromiso, usted votará en contra, cosa que yo
lamento y que además los mirobrigenses le demandarán. Eso es lo terrible.
El señor PRESIDENTE: Señor Iglesias, tiene la palabra.
El señor IGLESIAS GARCÍA: Señor presidente, no estaba en mi ánimo en ningún caso (si así lo ha entendido no ha sido esa mi intención) menospreciar a ningún miembro de esta Cámara. En todo caso, sí que echo de menos esa presencia y creo que
estoy en mi derecho de comentarlo y de decirlo.
El Partido Socialista le recomienda desde Ciudad Rodrigo que intente llevar a cabo la estrategia del calamar, oscurecerlo todo para que no se vea lo que se hace, y eso no funciona. Se lo digo como consejo. Si el Partido Socialista sigue
empeñado en resistirse a las inversiones, a los proyectos, a la de creación de puestos de trabajo, de creación de riqueza, lo que no vimos en otras épocas de otros gobiernos -es usted responsable de pensar así, por supuesto está en su derecho y yo
lo respeto-, se equivocan. Por lo tanto siento que no se acepte esta enmienda. (La señora Valcarce García pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Para concluir.
La señora VALCARCE GARCÍA: En efecto, para concluir este debate quiero recordar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que esta no es la Comisión de Trabajo, ni siquiera la Comisión de Infraestructuras, es modestamente la de Educación,
Cultura y Deporte, y sobre la cuestión que aquí hoy estamos debatiendo, que es el futuro Museo Nacional de Escultura de Ciudad Rodrigo, los únicos que ponen impedimentos son el Gobierno del señor Aznar y el Partido Popular. Mi grupo parlamentario
ha traído aquí una iniciativa para que la Comisión de Cultura del Congreso haga un pronunciamiento a favor de este Museo Nacional de Escultura y de la devolución de la pieza El Calvario, de Juan de Juni, a la ciudad de Miróbriga. Eso es lo que
nosotros pedimos, ese pronunciamiento político.
En cuanto a las demás cuestiones, corresponde a quien gobierna cumplir con los mecanismos técnicos, burocráticos que procedan y que sean además los adecuados para llevar a buen fin este objetivo
político.
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ESTABLECER, AL AMPARO DE LA LEY 16/1985, DE 25 DE JUNIO, DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, UN CATÁLOGO DE LAS OBRAS DE ARTE DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL CORREOS Y TELÉGRAFOS PARA SU CONOCIMIENTO, Y FACILITAR
SU POSIBLE ADSCRIPCIÓN, EN EL SUPUESTO DE PRIVATIZACIÓN DE LA ENTIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001816.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a la necesidad de establecer, al amparo de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio
Histórico Español, un catálogo de las obras de arte de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos para su conocimiento, y facilitar su posible adscripción en el supuesto de privatización de la entidad.
Para su defensa tiene la palabra la señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: La presentación de esta iniciativa parlamentaria tuvo lugar -lo quiero recordar- el día 6 de marzo del año 2001 y fue elevada a Pleno, pero por diferentes motivos no se ha podido debatir allí y ha acudido a
esta Comisión; por lo tanto hasta el enunciado no se corresponde con la titularidad y la figura jurídica que hoy en día tiene la propia entidad Correos y Telégrafos.
Quiero decir en este sentido -refrescando la memoria, que a veces es bueno hacerlo- que en el año 1997, el 6 de mayo, el Pleno aprobó, con el voto favorable del Partido Popular y con la defensa hecha por la diputada doña Beatriz Rodríguez
Salmones, una proposición no de ley en la cual el Congreso de los Diputados instaba al Gobierno, con carácter urgente, a recabar la opinión de los patronatos del Museo Nacional Reina Sofía, del Museo del Prado y de la Junta de calificación,
valoración y exportación de bienes del patrimonio histórico español, en torno a la incorporación a las colecciones de los museos estatales de las obras de arte pertenecientes a las empresas privatizadas o en proceso de privatización.
La encendida defensa de esta iniciativa la hizo doña Carmen Alborch y en representación del Gobierno intervino, como ya he dicho, doña Beatriz Rodríguez Salmones. Ella misma, y consta en el 'Diario de Sesiones',
el 6 de mayo de 1997 decía que Telefónica contaba con una colección espléndida que había que reconocérselo a los anteriores gestores y que el acuerdo unánime que establecía el Gobierno prioritariamente con Telefónica, por ser la colección
pictórica más valiosa de las tres entidades privatizadas, era que pasara a depender de los museos estatales.
Pues bien, hice dos preguntas parlamentarias y la respuesta era que estaba todo el proceso abierto. Sin embargo, en abril de 2001 se nos dice que el proceso de privatización de Telefónica, Tabacalera y Argentaria definió los bienes
culturales como activos materiales de las empresas, por lo que entraron en el proceso de privatización. Y entonces se nos decía que desde el Ministerio de Educación y Cultura, respetando la premisa básica de titularidad privada, se consiguió un
acuerdo con las empresas, es decir, que el patrimonio histórico de estas tres empresas, Tabacalera, Argentaria y Telefónica, está en manos privadas de las propias empresas y depende de la voluntad de los presidentes o de sus gestores que los museos
de titularidad estatal puedan contar con estas obras. En la actualidad así se hace, porque la Junta de calificación, valoración y exportación no catalogó ni valoró todas las colecciones, sino que lo hicieron el Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, el Museo del Prado y el Archivo de Indias. En la actualidad el Centro Reina Sofía tiene la colección de 43 de las obras pictóricas de Telefónica, el Archivo de Indias cuenta con dos joyas y el Archivo General de Indias expone algunas otras
obras procedentes de Tabacalera.
Como vemos, es el primer incumplimiento de una iniciativa parlamentaria que obligaba al Gobierno del Partido Popular a tener en cuenta que en la privatización de estas entidades antes enunciadas se extrajeran todas las colecciones pictóricas
para que pasaran al patrimonio de los museos públicos de nuestro país. Por ello digo que nosotros, al presentar esta proposición no de ley, queremos poner de manifiesto que tenemos serias dudas en relación a las intenciones que pueda haber con el
patrimonio que tiene Correos y Telégrafos, ya que fue el primer organismo estatal en constituirse en entidad pública empresarial tras la aprobación de la LOFAGE el 13 de marzo de 1997, y en la Ley de acompañamiento de los presupuestos del año 2000,
fue el 30 de diciembre de 2000, aparecía expresamente en el artículo 58.4 que en el momento de la constitución de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos se aportarán a la misma todos los bienes, derechos y obligaciones de titularidad de la extinta
Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos, salvo los inmuebles de uso administrativo que se determinen por orden ministerial conjunta de los Ministerios de Hacienda y Fomento. Los bienes de dominio publico que se transferirán en virtud de
ese artículo quedarán desafectados.
Como digo, este es el punto 4 del 'Boletín Oficial del Estado' y del acuerdo. Y nos encontramos con que nuevamente hay un incumplimiento: no se promulga ni se publica una orden ministerial, sino que hay un documento aprobado por el Consejo
de Ministros, cuyo fedatario es don Antonio Álvarez Pérez, notario de Madrid, en el cual se establece que a propuesta de los Ministerios de Hacienda y de Fomento, de acuerdo con las medidas de reordenación y optimización de uso de los edificios
administrativos, y en consideración a su originaria pertenencia al patrimonio del Estado de los inmuebles del ente público, se acuerda adoptar las siguientes especialidades relativas a la disposición y explotación de determinados inmuebles por la
sociedad estatal. Se dice que respecto de los edificios que se especifican en el anexo -por cierto, señorías, falta el edificio de Gijón, que se aporta a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.- existirá un derecho de adquisición a favor de
la Administración general del Estado, en cuya virtud ésta podrá adquirir los referidos inmuebles, cuando la sociedad pretenda efectuar actos de disposición con gravamen de los mismos, tales como enajenación a título oneroso o gratuito o aportación a
sociedades. En primer lugar, tendrá derecho, como ya he dicho, la Dirección General de Patrimonio del Estado, pero solamente dan un mes para contestar, fíjense la agilidad que tiene que tener la Dirección General de Patrimonio del Estado en estos
supuestos.
Otro elemento que también nos parece digno de mención es que, en relación a la política que está llevando la nueva sociedad Correos y Telégrafos, en los últimos siete años lleva gastados cerca de mil millones de pesetas en trabajos
relacionados con el patrimonio inmobiliario mediante contratos a terceros. Ya en el año 1999 el señor Esteruelas pagó 300 millones en un concurso externo para que una empresa inventariara y evaluara el patrimonio inmobiliario, con vistas a la
conversión de Correos en sociedad anónima. Este mismo patrimonio ya había sido inventariado y evaluado en el año 1992 con ocasión de la conversión de Correos como organismo autónomo comercial. En el año 2001 el nuevo director, Núñez Feijóo,
contrató con Arthur Andersen un nuevo estudio del patrimonio inmobiliario. Y en la actualidad, en el 2003, se acaba de adjudicar un nuevo trabajo de optimización de los edificios y el patrimonio inmobiliario de Correos a Realia, empresa en la que
ha quedado integrada la antigua Arthur Andersen, por un importe de 250 millones de pesetas. Adicionalmente, los nuevos gestores del área inmobiliaria están promoviendo asegurar con una compañía externa la totalidad del patrimonio inmobiliario de
Correos, un gasto que parece innecesario, dado el bajo nivel de siniestralidad y de riesgo de los edificios. Todas las operaciones se han hecho siempre desde un punto de vista de intereses económicos y Correos tiene en el conjunto del país más de
dos mil edificios y locales de su propiedad, una parte de ellos muy valiosos históricamente.
Pasamos, por lo tanto, señorías, a defender el objeto de la iniciativa parlamentaria. Correos se constituyó en el año 1889, durante el reinado de la regente María Cristina, y que lo que se quiso era asegurar el derecho de igualdad de que
todos los ciudadanos pudieran recibir con la misma celeridad la correspondencia, tanto si vivían en una gran ciudad como en una aldea. Correos y Telégrafos ha sido el primer organismo estatal, como ya he dicho antes, en constituirse en una entidad
pública empresarial, y ahora ya en una sociedad anónima. Cuenta con una de las mayores redes logísticas del país. Tenemos alrededor de 10.770 oficinas, sucursales y carterías rurales, 60.000 puntos de recogida de correspondencia, es decir, de
buzones, más de 50 centros de tratamiento y clasificación del correo y alrededor de 7.600 vehículos propios.
En nuestra iniciativa lo que pretendemos o intentamos no es desconocer que ya existe el Museo de Correos y que está en el Palacio de Correos de Cibeles. También quiero lanzar un SOS, porque llama poderosamente la atención que el actual
presidente de la Comunidad de Madrid ha dicho que quiere reclamar el edificio emblemático por excelencia, que es el Palacio de Correos de Cibeles, para el futuro Ayuntamiento de Madrid, lo cual nos llama la atención.
Lo primero que tenemos presente, señorías, es que algunas de las materias, en cuanto al museo y a las colecciones filatélicas y archivísticas, sí que están allí catalogadas, pero no podemos pasar por alto que los cerca de mil millones que se
están gastando en trabajos relacionados con el patrimonio inmobiliario, mediante contratos a terceros, ponen de manifiesto que hay estudios sobre este tema. Puedo hablar directamente de la Jefatura de Correos de Guipúzcoa, que lleva dos años
cerrada y dicen algunas lenguas que como no se le va a dar ningún fin, ninguna finalidad, parece que se están buscando nuevas adquisiciones o enajenación de las mismas.
Lo que nosotros hemos planteado, señorías, es que se cree un catálogo. No hay ninguna duda en que es muy fácil hacer un catálogo. (El señor vicepresidente, Fernández Rozada, ocupa la presidencia.) No estamos pidiendo nada que sea negativo
para la Función pública ni para una empresa de este carácter. Queremos que las obras de arte, el patrimonio histórico de carácter documental, las colecciones filatélicas, el archivo, tanto de carácter administrativo como de cualquier otra
naturaleza, esté catalogado, y que los edificios también sean catalogados; ya han sido declarados bienes de interés cultural al amparo de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, y que ha coleccionado, construido o adquirido la Entidad
Correos y Telégrafos.
Decimos que también sería bueno introducir en el seno de la conferencia de consejeros de cultura, con el apoyo de la Junta de Calificación, el debate de los criterios que hagan posible la incorporación o depósito de parte de las colecciones
en restantes museos de titularidad pública, así como establecer criterios sobre el uso de los edificios catalogados o declarados bien de interés patrimonial. Y por último, que se instrumenten las operaciones jurídico-económicas necesarias para la
consecución de estos fines. En la medida en que se produjo un expolio en relación a Telefónica, Tabacalera y Argentaria, y que nos encontramos ante una nueva situación, nos parece importante que por parte del Gobierno se asuma el compromiso y la
obligación de elaborar el catálogo que en esta iniciativa se solicita.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Por el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, el señor Guardans tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: El Grupo Parlamentario Socialista plantea una iniciativa que en el fondo arranca de lo mal que se han hecho las cosas en el pasado, y ahí algo tiene de responsabilidad, y responsabilidad grave, el Grupo
Parlamentario Socialista y el Gobierno socialista, que inició en su momento la privatización de grandes empresas públicas. Es bueno rectificar, pero cada cosa hay que ponerla en su contexto. Es cierto que en las grandes empresas públicas que se
privatizaron, empezando con gobiernos anteriores al gobierno del Partido Popular, no se separó como era debido su patrimonio artístico, aportando como un valor algo que no tenía nada que ver con la necesidad legítima, y que nosotros compartíamos
políticamente, de introducir operadores privados en el sector de la energía, de las telecomunicaciones u otros, de las líneas aéreas, en una palabra introducir competencia. Eso fue un gravísimo error que ha perjudicado gravemente al patrimonio
histórico artístico español y del que, insisto, tienen la responsabilidad quienes no son hoy la mayoría de la Cámara.
Dicho eso, es bueno aprender de errores ajenos y entiendo y comparto en nombre de mi grupo lo que rezuma la iniciativa que hoy trae el Grupo Parlamentario socialista, relativa al grupo de Correos. Bien es cierto que en este momento el grupo
de Correos no está en fase de privatización y que previsiblemente no lo va a estar. Por ello no es ni el lugar, ni el sitio, ni la Comisión para entrar a debatir sobre la oportunidad o no de que el grupo de Correos vaya hacia una privatización.
Ese es un debate absolutamente ajeno a esta Comisión. Pero sí compartimos, desde el punto de vista de mi grupo, que se mantenga la presión para que en tal evento, en el caso de que eso ocurriera, si eso se llegara a producir, no se repitan los
errores del pasado. Eso exige, en primer lugar, la más clara, nítida y perfecta identificación del conjunto de obras que integran el actual patrimonio cultural o histórico-artístico de Correos y Telecomunicaciones, del grupo Correos. Nosotros
compartimos totalmente la necesidad de introducir transparencia, de realizar un catálogo bien hecho, un catálogo que sea conocido, que sea traído a
esta Cámara, que sea conocido por todos y que permita un seguimiento del control o un seguimiento y control de qué ocurre con ese patrimonio en caso de que se modifique la titularidad del grupo Correos. Que finalmente no se modifica la
titularidad de Correos y Telecomunicaciones y que estamos sencillamente ante una modificación de su estructura empresarial, pero que permanece en todo momento en manos públicas, pudiendo entrar a competir en una liberalización, que ésa si es
imparable, como una empresa pública que compita con otras privadas pero que no deje de estar en manos públicas, en ese caso nada se habrá perdido por tener una perfecta identificación y una perfecta catalogación de lo que es ese patrimonio histórico
y cultural. En cambio, si se tomara una decisión, sobre la cual no me pronuncio en este momento, sobre la modificación de la titularidad de Correos, se podrían prevenir errores anteriores y antiguos.
Por esa razón nosotros vamos a apoyar esta iniciativa, dejando claro que este voto no prejuzga para nada la posición de mi grupo sobre lo que de fondo tiene, que es si conviene o no que Correos pase a manos privadas.
Ese es otro debate y,
como es obvio, en este momento no tengo nada que decir.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Rodríguez-Salmones.
La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: La proposición no de ley que hoy se nos somete a consideración parte de una premisa muy mencionada en la exposición de motivos, que nos parece errónea de todo punto -no viene en el petitum-, y que es la
posibilidad de que se privatice la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos. Al parecernos de todo punto alejada de la realidad esta premisa, no tenemos más remedio que decir que lo que se deriva de ella no nos parece oportuno votarlo.
La transformación precisamente de empresa pública en sociedad estatal desde luego hizo que se reforzara ciertamente el carácter público de esta sociedad, hizo que se explicitara la no privatización de esta sociedad.
Es más, en el evento,
que no está desde luego contemplado -está contemplado justo sensu contrario-, tendría que ser no sólo un control parlamentario, sino una específica ley la que lo hiciera, y así se determina en aquellas medidas de la ley de acompañamiento del año
2001.
Para nosotros es tan importante dejar muy clara la no privatización, la no voluntad de privatización de la sociedad estatal, que todo lo que pueda derivarse del no entendimiento de esta premisa nos parece altamente inconveniente.
Queremos decir a la señora Cortajarena que está muy bien documentada su exposición, lo cual hace que valoremos altamente esta sociedad estatal, y que nos parece bien que se inste al Gobierno al normal cumplimiento de sus obligaciones, como
es tener el catálogo de sus bienes protegidos, de los bienes que forman parte del patrimonio histórico-artístico. Esa proposición no de ley nos va a servir para pedir al Gobierno que, aunque ya tiene hecho el catálogo, debe estar siempre
actualizado, preparado, sometido a conocimiento público, y más cuando son unas colecciones relativamente desconocidas del gran público. El museo se visita, el museo está abierto al público, pero hay otra serie de bienes en esta colección que
realmente sería bueno que se conocieran y que quizá se les diera una mayor difusión. Son muy importantes el museo filatélico, el museo postal y telegráfico, de una relevancia grande a escala no sólo nacional, sino mundial, y otros bienes que sin
duda tiene.
Me gustaría hacer una mención especial al patrimonio inmueble, que efectivamente es tan importante en Correos, tan importante en muchas ciudades, pero concretamente al edificio de Madrid. No nos parece sorprendente que unas y otras
administraciones intenten tener su ubicación en ese edificio, puesto que Correos va a tener que instalarse en otro sitio más operativo. En la medida en que al transformarse en sociedad estatal obliga a que la oferta sea prioritaria para las
administraciones públicas y que no pueda hacerse ningún tipo de permuta, transacción, enajenación si no es como cliente preferente cualquiera de las administraciones públicas, nos parece sensato y muy interesante el debate en torno al uso que a este
edificio se le pueda dar, siempre sabiendo que nunca saldrá de la titularidad pública.
Por otro lado, no quiero abundar, porque el señor Guardans lo ha hecho bien, en los precedentes de por qué en determinadas empresas no se ha podido actuar con la libertad que nos hubiera gustado en cuanto a su patrimonio histórico-artístico,
como es Tabacalera, Telefónica y Argentaria. Efectivamente, cuando en 1996 el Partido Popular llega al gobierno, estas empresas están privatizadas en un porcentaje muy alto sin haber hecho previsión alguna en cuanto a su patrimonio
histórico-artístico. Por lo tanto la reversión de aquella privatización era literalmente imposible. A partir de entonces se aprueba esta proposición no de ley, con nuestro voto favorable, y tienen lugar además repetidas decisiones por los órganos
competentes, muy concretamente por el Consejo de patrimonio histórico, donde están representadas además todas las comunidades autónomas, instando a cada una de las entidades públicas a que este catálogo se haga y a que los bienes no salgan de la
titularidad pública siempre que así los organismos competentes lo estimen oportuno. Insisto, aquellas decisiones, concretamente sobre Tabacalera, Argentaria y Telefónica, estaban ya tomadas, el proceso estaba hecho en un porcentaje muy grande y no
ha sido posible actuar de otra manera.
Desde luego, en este caso no se contempla la privatización. Sí nos parece oportuno que en todas las sociedades
públicas, las entidades públicas, el catálogo de bienes esté correctamente actualizado. Aquí está hecho, pero no sería malo solicitar del Gobierno que se mantenga, se actualice y se ponga a disposición para un mayor conocimiento. Y vuelvo
a insistir, la premisa de una posible privatización nos impide votar favorablemente ninguno de los puntos, que a lo mejor algún podríamos haberlo contemplado, porque realmente no se va a privatizar Correos y Telégrafos.
El señor VICEPRESIDENTE (Fernández Rozada): Señora Cortajarena.
La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Lo primero que quiero decir es que las empresas Tabacalera, Argentaria y Telefónica, cuando se cerraron los activos financieros realmente las colecciones pictóricas, que tenían una gran entidad y un gran
interés, se incluyeron en el catálogo de bienes a privatizar, pero se podían haber excluido; es decir, al no haber ninguna previsión, y además habiéndolo aceptado en un Pleno en el Congreso de los Diputados, por parte de las entidades privatizadas
no hubo un mayor posicionamiento, y nos consta porque hay algunas respuestas hechas en este sentido. (El señor presidente ocupa la presidencia.)
Nos parece magnífico que el Gobierno decida que es una entidad pública Correos y Telégrafos y que por lo tanto no se va a privatizar, pero me mantengo en lo aprobado en el año 1997.
- RELATIVA A LA EQUIVALENCIA DE LOS ESTUDIOS DE DANZA ANTERIORES A LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001828.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto, relativo a la equivalencia de los estudios de danza anteriores a la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), iniciativa del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra su portavoz señor Calpe.
El señor CALPE SAERA: La danza es indudablemente una actividad humana antiquísima, unida en muchos casos a ritos religiosos o profanos, pero también desde muy antiguo ha tenido la consideración de arte, Hesiodo de hecho le asigna ya una de
las nueve musas, a Terpsícore, presente en todas las culturas. No podemos olvidar que es uno de los elementos a los que se acude con más frecuencia como representativos de una cultura cuando se quiere desarrollar cualquier muestra cultural. Goza a
partir del siglo XIX, además, de un desarrollo mucho más técnico en el plano artístico, especialmente en Rusia con los grandes ballets, y en Francia, donde incluso los compositores de ópera se ven obligados a incluir ballets en sus obras, porque así
lo exigía el público.
Esta evolución de la danza en el nivel artístico no va, en cambio, acompañada, como sí ocurre en la música, que tan unida está a ella, de la regulación de los estudios, y siguen siendo las propias compañías de danza las que van formando
bailarines al margen de los estudios reglados.
Especialmente eso ocurre en España, donde podemos decir que prácticamente hasta 1990, con la entrada en vigor de la LOGSE, no tenemos integrado plenamente en el sistema educativo a los estudios de
danza. Antes ha habido algunas normas, a las que me he referiré, pero es la LOGSE quien hace ya esta regulación y esta integración dentro del sistema educativo de una manera que podemos considerar hoy satisfactoria, en esto estamos totalmente de
acuerdo.
Precisamente el artículo 42.3 de la LOGSE, que establece el título superior de danza, lo declara equivalente a todos los efectos al título de licenciado universitario. La propia LOGSE en la disposición adicional cuarta, apartado 7, remite
al Gobierno la determinación de las equivalencias de aquellos documentos expedidos al amparo de la normativa anterior que resulten afectados por la ley y cuya equiparación no se lleve a cabo por ésta.
Antes de la LOGSE había estudios de danza, pero la equiparación al grado superior no se ha producido hasta este momento en ningún caso. Cierto es que ha habido algunas normas que han declarado la equivalencia de esos estudios anteriores a
los grados elemental y medio del nuevo sistema, especialmente para que se pudieran impartir las enseñanzas de los nuevos planes de estudio; pero, como digo, no ha habido hasta ahora una equiparación al título superior que introduce la LOGSE, y es
precisamente lo que tratamos de conseguir con esta iniciativa.
Las enseñanzas oficiales de danza en España se desarrollaron en las últimas décadas en conservatorios de música, en escuelas de arte dramático, en escuelas de arte dramático y danza y en conservatorios de danza. Actualmente, como he dicho,
en la LOGSE aparecen integradas junto al resto de enseñanzas artísticas, formando parte del sistema educativo con toda claridad. Tenemos, pues, que por la tradición de los centros en los que se ha impartido, por la propia configuración actual de su
régimen legal dentro de las enseñanzas artísticas, pero también por la necesidad que la danza tiene de apoyarse en la música y de ser un arte escénica, emparenta perfectamente con la música y con el teatro. En cambio, en música y en teatro sí que
se ha declarado la equivalencia de los títulos de profesor superior anteriores a la LOGSE a los títulos superiores que la LOGSE creó. Indudablemente, ha habido dificultades para que eso no ocurriera con la danza, y esas dificultades las hemos
tenido en cuenta al plantear esta proposición no de ley.
Efectivamente, en las enseñanzas de danza, a diferencia de las de música y de arte dramático, no existía ninguna disposición anterior a la LOGSE que hubiese establecido un título académico, un título de profesor de danza o con cualquier otra
denominación, lo cual no dejaba de ser cuanto menos pintoresco, por darle una calificación benigna, porque teníamos centros públicos que los sostenía el Estado, centros en los que para matricularse había que satisfacer una tasa, centros que cobraban
incluso las tasas por expedición de título y que luego sorprendentemente no expedían ningún título, expedían un certificado acreditativo de que se habían completado los estudios. Ésa es la situación que de hecho recoge el reciente Real Decreto
409/2002, de 3 de mayo, que establece unas pruebas extraordinarias para la obtención de diplomas de enseñanzas de la Escuela Superior de Canto o de títulos de las enseñanzas de música, artes aplicadas y oficios artísticos, todos ellos anteriores a
la LOGSE, para extinguir los planes antiguos, pero establece las pruebas extraordinarias no para obtener títulos de danza, sino certificados de finalización de estudios de danza. Con ello resulta que había alumnos que en el sistema anterior
obtenían títulos y diplomas, pero había alumnos, que eran los de danza, que sólo obtenían certificados de haber cursado algún estudio.
Si bien todas las enseñanzas artísticas habían tenido tradicionalmente una situación marginal en el sistema educativo, en el caso de la danza ello ha llegado a ser ya una situación de marginación extrema, una situación de una marginación
exagerada, pues apenas habían gozado de atención legislativa, hasta el punto de darse esta curiosa situación que digo, que centros oficiales no expedían títulos porque no había una regulación de los estudios que pudiesen conducir a ningún título.
Por otra parte, la poca normativa anterior que había no dejaba de ser también curiosa, aunque propia de la época. Por ejemplo, la Orden de 21 de julio de 1941, que fijaba en cinco años los estudios completos de bailes folclóricos, se
refería siempre a las alumnas, no preveía para nada que pudiese haber alumnos que estudiasen danza.
La carencia de estas disposiciones normativas favoreció que cada centro, incluso los centros oficiales, hiciesen un poco la guerra por su cuenta, estableciese sus currículos y sus planes de estudio. En cualquier caso todos ellos tenían en
común que eran poco estructurados, estaban muy descargados de cualquier componente cultural, pedagógico o científico y estaban destinados a lo que era la práctica de la danza. Por otra parte, permitían que los alumnos se iniciasen muy jóvenes, o
las alumnas, como decía aquella orden, a los siete u ocho años, y prácticamente a los quince o dieciséis años habían terminado sus estudios, lo cual puede haber sido también una de las causas de la resistencia a equipararlos a los nuevos títulos
superiores de la LOGSE.
Pese a todo ello habrá que reconocer que muchos de esos centros públicos hicieron un importantísimo esfuerzo por conseguir un nivel académico y organizativo de los estudios que impartían, y es destacable, por ejemplo, la Escuela Superior de
Arte Dramático y Danza de Madrid o el Instituto de Teatro de Barcelona, que incluso desarrollaron los estudios con especialidades en danza española, en danza clásica y en danza contemporánea.
Todas estas dificultades pueden explicar la resistencia que ha habido para la equiparación, como acabo de decir. Por otra parte, creemos que es de justicia que esta equiparación se intente y que se lleve a cabo, en principio porque ya hay
una urgencia académica para tener titulados superiores de danza o con un título equivalente al superior. En este curso actual, 2002-2003, se han puesto en marcha los estudios del ciclo superior de danza en los centros que ya están aplicando la
LOGSE y, se da también la paradoja de que pueden ser profesores de ciclo superior los licenciados, arquitectos o ingenieros, pero no pueden serlo titulados en danza, porque esa titulación no existe, y parece razonable que teniendo como tenemos un
cuerpo de profesionales magnífico, que están teniendo éxitos artísticos importantes tanto como bailarines como corógrafos y como docentes, puedan acceder a esa docencia del grado superior.
Vista esa urgencia y las dificultades que hay, tampoco hemos querido plantear en la proposición no de ley una petición directa al Gobierno de que declare una equivalencia de cualquier estudio de danza. Comprendemos las dificultades que he
expuesto y por eso la proposición no de ley se ha planteado en los términos de dejar a criterio del Gobierno que fije un procedimiento y unos requisitos para declarar la equivalencia de que quienes han estudiado danza en el sistema anterior a la
LOGSE puedan acceder al título superior LOGSE, estudiando, como digo, un procedimiento y unos requisitos que garanticen que aquellos que accedan a ese título superior efectivamente lo hagan con unos méritos claros y que esté perfectamente
justificada la equivalencia. Por otra parte, creemos que ésta era una cuestión pendiente que discriminaba a los profesionales de la danza con relación a otros titulados en enseñanzas artísticas que sí que habían visto esta equivalencia.
Creemos que es muy conveniente que esto se lleve a cabo para que hasta que vayan surgiendo los nuevos titulados superiores de los nuevos planes la docencia la puedan atender, y visto que es una cosa razonable, también sería razonable que
todos lo grupos apoyasen esta propuesta.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: La proposición no de ley que nos trae hoy a esta Comisión el Grupo Parlamentario Popular, tal como está formulada, no le genera
ningún problema al Grupo Parlamentario Socialista y por lo tanto ya les adelanto que la votaremos a favor, puesto que simplemente formula un mandato al Gobierno para que en el plazo de seis meses promulgue el real decreto que fije el
procedimiento y los requisitos para declarar la equivalencia que ha expuesto el portavoz del Grupo Popular, relativa al título superior de danza establecido por la LOGSE. Por ello votaremos a favor porque esta regulación es necesaria y es urgente
que se haga, porque viene siendo necesaria desde hace ya demasiado tiempo, hasta el punto de que podríamos decir que para muchos profesionales de la danza va a llegar incluso tarde.
Los decretos de 1991 y 1999, que de alguna forma desarrollaban lo que había establecido ya la LOGSE en 1990, en el primer caso, en el de 1991, desarrolló solamente el calendario de implementación de las enseñanzas artísticas, de música y de
danza también, y en el de 1999 sólo se declararon las equivalencias para los grados elemental y superior. Ya en aquel momento desde el sector se insistió bastante en que se establecieran las equivalencias del grado superior, puesto que si no se
hacían podrían comportar toda una serie de consecuencias negativas para el sector, que intentaré detallar a continuación, especialmente para que sean tenidas en cuenta en el momento en que el Gobierno deba dar contenido al real decreto.
Es evidente que si el Grupo Popular trae hoy a esta Cámara esta proposición no de ley, esto significa, no hay que ser muy imaginativo para llegar a esta conclusión, que el Gobierno tiene ya preparado un borrador de real decreto. La primera
pregunta que se nos ocurre es si han consensuado con el sector los términos y los contenidos del real decreto, con quién se han mantenido los contactos, en base a qué criterios se va a plantear la equivalencia, etcétera, etcétera, todo aquello que
hay que formular de forma responsable cuando se quiere dictar una norma de este tipo.
El portavoz del Grupo Popular ha expuesto de forma muy detallada cuáles han sido las dificultades para establecer esta equivalencia, incluso en comparación con otras enseñanzas agrupadas también en el bloque de enseñanzas artísticas. Les
decía yo antes que llega tarde y que esto ha comportado unas consecuencias negativas para el sector y muy especialmente para la actividad docente en el mundo de la danza. De entrada, ha habido una imposibilidad real de acceder a oposiciones de la
especialidad de danza y por lo tanto esto ha significado paralizar las oportunidades de casi tres generaciones de profesionales del sector. Las limitaciones a la regularización de las titulaciones de grado elemental y medio han impedido que desde
1993 a 1999 se pudiera concursar a oposiciones de grado superior. A su vez, esto significa que se ha fomentado el intrusismo de otros profesionales en los puestos de enseñanza de la danza, puesto que como se ha dicho anteriormente el único
requisito sería la titulación de licenciado, arquitecto o ingeniero.
También ha habido imposibilidad de optar a puestos de trabajo que requerían una titulación superior, imposibilidad de acceder a cursos de posgrado y por lo tanto una cierta merma
de la calidad de la enseñanza y un cierto desprecio de los curricula profesionales y discriminación respecto a otros sectores artísticos.
Si a esto añadimos que estamos hablando de un sector en el que son evidentes las dificultades en el ejercicio de la profesión, tenemos aquí elementos a considerar en cuanto se quieran establecer los requisitos para definir las equivalencias
con el título superior. Es de todos conocido que en el mundo de la danza existe un alto grado de precariedad laboral. Más del 40 por ciento de los profesionales de la danza trabajan sin contrato y muchas veces, además de esto, no se cobran ni se
cotizan las épocas de ensayo. Existen datos también que demuestran una gran precariedad económica en el sector en contra de lo que pudiera parecer.
Por otra parte, es un sector que a menudo se ha quejado o ha manifestado la falta de apoyo institucional para su propio desarrollo. Si a esto añadimos que no soplan muy buenos vientos para los ámbitos artísticos de este país, puesto que a
los artistas díscolos don Manuel Fraga les dice que nadie paga a alguien para que le critiquen, podemos ver que el sector artístico en general, y el de estos profesionales en particular, no está especialmente bien predispuesto a recibir comprensión
por parte de responsables gubernamentales. Si añadimos también a esto que la inestabilidad laboral es muy elevada, que pueden existir profesionales a los que se les ofrecen y consiguen contratos de trabajo en más de cuatro compañías durante un
mismo año, veremos que la situación es especialmente complicada.
Pues bien, para establecer las equivalencias de los titulados anteriores a la LOGSE con el grado superior que establece la misma parece lógico que los requisitos que se fijen vayan a ser de tipo académico por una parte (si tiene que tener
rango universitario parece lógico que se exija estar en posesión del título de bachiller, haber superado la prueba de mayores de veinticinco años o bien tener el título de formación profesional en grado superior) y que se requiera también estar en
posesión de las titulaciones de danza de nivel medio. Por otra parte, parece lógico que deban acreditar la experiencia profesional, pero como les he dicho anteriormente esa experiencia está cargada de dificultades en cuanto a su acreditación, y
esto deberá ser tenido muy en cuenta.
En último lugar algunos comentarios ha habido del propio sector y del propio ministerio que, como les he dicho antes, parece ser que ya tiene el borrador bastante preparado. Los complementos de formación que deberán establecerse para
acceder a las dos especialidades que fija la LOGSE para el grado superior, pedagogía de la danza y coreografía, por una parte, y técnicas de interpretación de danza, por la otra, no está nada claro dónde podrán impartirse y cómo las personas que
quieran acceder a estos complementos deberán fijar las condiciones para poderlos cursar.
Así pues, señorías, la homologación de estos estudios debe responder a las necesidades profesionales reales, debe ser también una buena ocasión para actualizar los criterios, tanto académicos como profesionales, de competencias
profesionales, para permitir que los profesionales de la danza se integren en el sistema, y por lo tanto el Gobierno deberá afinar mucho a la hora de establecer estos procedimientos y estos requisitos, deberá tener muy en cuenta las dificultades que
han sido aquí expuestas, deberá tener muy en cuenta que la experiencia profesional quizá no es un buen concepto para formular estos requisitos y sería más oportuno hablar de competencias profesionales, y deberá tener muy en cuenta que en el momento
de acreditar las fórmulas pueden ser muy diversas, es decir, que no sólo se ha de exigir un contrato de trabajo para completar una serie de años, sean los que sean, sean tres, sean cinco o sean diez, sino que hay que tener en cuenta que no todos los
profesionales de la danza han tenido contratos oficiales y regulados a lo largo de su trayectoria profesional.
Por lo tanto, señorías, la homologación a grado superior de las titulaciones de danza previas a la LOGSE debe hacerse superando, evidentemente, los aspectos corporativos, sin caer en el abordaje del caso por caso, que podría provocar
discriminación, personalismos y agravios comparativos que nadie desea. Cualquier solución al tema debe hacerse desde la consideración del sector en igualdad de oportunidades respecto a otros sectores artísticos, como el teatro y la música, con
todas las garantías, con los requisitos necesarios respecto a méritos, competencias y acreditaciones, pero sobre todo consensuando un contenido del texto del real decreto adecuado a la realidad y también a la realidad competencial, teniendo en
cuenta que es necesario consultar y consensuar con las comunidades autónomas que también ejercen competencias educativas respecto a estos temas, y muy especialmente con el sector, y afinar, como he dicho antes, muchísimo para superar las
dificultades que se han presentado, para no provocar más consecuencias negativas para un grupo de profesionales importante de este país.
- RELATIVA A INCREMENTAR LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS DE DOCTORADO.
PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001759.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos, pues, al punto 8 del orden del día, proposición no de ley relativa a incrementar la calidad de los estudios de doctorado, iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la
palabra la señora Sagarna.
La señora SAGARNA ALBERDI: Señorías, intervengo en nombre de mi grupo para la defensa de esta proposición no de ley cuyo objetivo fundamental es la revalorización de los estudios del doctorado y la mejora de los niveles de excelencia en el
grado superior académico. Partiendo de esta base, se insta al Gobierno a que desarrolle propuestas que incrementen la calidad de los estudios de doctorado, dotándolos de mayor valor social y profesional.
El futuro del sistema universitario español pasa en gran medida por un incremento de los niveles de competitividad de estos estudios, es decir, que los estudios se hagan más atractivos a nivel nacional e internacional. Y lo que hoy aquí
pretendo fundamentalmente es instar a que se consiga un mayor reconocimiento, por parte de las empresas y de las instituciones no académicas, de la formación que proporcionan. Por lo tanto, el objetivo básico se puede decir que es adecuar las
enseñanzas universitarias, en este caso concreto los estudios de doctorado, a las exigencias de la sociedad.
En este mismo sentido, y no lo podemos obviar, desde hace más de una década los países miembros de la Unión Europea están trabajando conjuntamente para armonizar los diferentes sistemas universitarios, de forma que se aúnen esfuerzos y
además teniendo en cuenta siempre el respeto a la diversidad de culturas y a la autonomía universitaria.
Prueba de todo ello es la reunión, celebrada en Córdoba el pasado mes de abril, de responsables europeos, entre los que se encontraban
directores generales de enseñanza superior y presidentes de conferencias de rectores de la Unión Europea. En aquella reunión, como digo, hubo un amplio consenso sobre la relevancia de los estudios de doctorado en la agenda educativa europea, por
una razón, porque el potencial que supone tener un elevado número de doctores altamente cualificados no cabe duda de que constituye un valor añadido que debe ser aprovechado de cara a convertir a la economía europea en la más competitiva del mundo,
es decir, en una sociedad basada en el conocimiento. Dicha importancia permitió acordar en la reunión de Córdoba, a la que me he referido, la inclusión de los estudios de doctorado en la Conferencia de Berlín, que tendrá lugar en el año 2003,
otorgando a estos estudios la dimensión que tienen como garantes de la calidad de los recursos humanos que se incorporen a las instituciones de enseñanza superior y a los sistemas de ciencia y tecnológica como centros generadores del conocimiento.
Para conocer mejor la situación actual de estos estudios de doctorado, es necesario situarlos en el contexto europeo. El proceso de Bolonia ha contribuido en buena medida a eliminar las divergencias existentes en los países. Por ello la
política española en materia de doctorado para los próximos años yo creo que se ha de situar plenamente dentro del marco europeo, en el que es absolutamente imprescindible continuar aumentando la calidad de los programas de doctorado. Ahora
bien, esto, que puede parecer muy general, se puede concretar en algunas medidas, y para eso en primer lugar es necesario el establecimiento de unos sistemas de evaluación de la calidad a nivel nacional y también a nivel europeo, porque hay
algo que no se nos puede escapar, y es la ausencia de indicadores definidos y de presupuestos específicos para apoyar los cursos de doctorado en función de su calidad, y esto que acabo de decir es característica común a la mayoría de los países de
la Unión Europea.
Si queremos conseguir que Europa se convierta en un lugar de referencia en el ámbito universitario para estudiantes de todo el mundo, eso pasa necesariamente por una garantía de la calidad basada en mecanismos y procesos de evaluación,
certificación y acreditación. Para lograr este objetivo se creó en octubre de 2002 en nuestro país la Agencia Nacional para la Evaluación de la Calidad y la Acreditación, la ANECA. Esta agencia permitirá dotar a España de un avanzado y eficaz
sistema de evaluación y acreditación que asegure que las formaciones ofrecidas por las universidades se ajustan a los criterios de calidad científica y también al uso eficaz de recursos y adecuación a las necesidades que la sociedad nos reclama. La
agencia será la encargada de impulsar acuerdos y proyectos con otros países, europeos y no europeos, para garantizar una alta fiabilidad y además que se puedan comparar resultados y procedimientos, al mismo tiempo que trabajará estrechamente con las
universidades, y esto es importante también, con las agencias creadas en las comunidades autónomas, para conseguir entre todos el objetivo deseado.
Pero no solamente es necesario asegurar mecanismos de garantía de calidad, es imprescindible igualmente impulsar una mayor proyección profesional de los estudios de doctorado para que alcancen mayor impacto y reconocimiento social. Para
ello, ¿qué es lo que se precisa? Pues una mayor apertura hacia las empresas por parte de las propias universidades.
Eso sin duda requiere grandes esfuerzos, que tienen que tender a conseguir una mayor agilidad en los trámites, así como una
orientación mayor en la formación de sus doctores hacia programas que tengan interés empresarial. La universidad ha de ser receptiva a las necesidades laborales, a las necesidades sociales, a las necesidades empresariales, es decir, la universidad
ha de contemplar, ha de estudiar, ha de orientar hacia esas necesidades a los futuros doctores. De igual modo, se han de establecer cauces habituales y flexibles que permitan un diálogo fluido con los agentes sociales para conocer las demandas y
las necesidades de formación del mercado.
En consecuencia, adaptar el contenido de los estudios de doctorado a estas necesidades, yo creo que ha de ser una propuesta unánime. El mejorar de este modo la integración de los doctores en la estructura laboral es el complemento que
requiere esta propuesta. El doctorado debe ser considerado como un valor añadido para obtener empleo, es decir, hay que dar, repito, una mayor proyección profesional a los estudios de doctorado para incorporarlos a la empresa, y también una mayor
apertura de la industria hacia estos titulados. Todos sabemos que la mayor parte de los doctores siguen su carrera profesional en el sector público fundamentalmente, ya sea en la universidad o en los centros públicos de investigación, pero hay
muchos, y esto no se nos escapa a nadie, cuya carrera profesional poco tiene que ver con su preparación específica, o que en muchos casos desarrollan funciones para las que el título que tienen es prácticamente irrelevante.
Dentro de este conjunto de medidas será igualmente necesario continuar potenciando -y ésta es otra medida concreta- la movilidad de los estudiantes de doctorado como elemento esencial de calidad. Esto implica sin duda la reducción de trabas
burocráticas en los programas interuniversitarios e internacionales. Y hablando de movilidad, también es necesario superar la reducida movilidad de los profesores universitarios, así como la escasa presencia de programas específicos de movilidad de
profesores en programas de doctorado. De ahí que se reclame la consolidación de un doctorado de calidad europeo para poder competir internacionalmente con países en los que, todos sabemos, los doctores son la base de su progreso tecnológico. En
este marco, además del apoyo que desde España sin duda se brinda a toda iniciativa europea destinada a potenciar la movilidad, instamos con esta proposición no de ley a que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se articule la movilidad
como una línea prioritaria para la mejora de los estudios de doctorado. Esta movilidad a la que me refiero corre paralela con la apertura, pues no basta con enviar estudiantes y profesores fuera, sino que también hay que ser capaces de atraer a
nuestros centros a los mejores estudiantes y a los profesores de otros países, tanto mejorando la calidad como incrementando la pluridisciplinalidad, la flexibilidad y la transversalidad en los estudios del doctorado.
En resumen la iniciativa -ya voy terminando- destaca la necesidad de incrementar los niveles de calidad de los estudios de doctorado y en este sentido se refiere al importante papel que estos estudios están llamados a desempeñar como motor
del desarrollo. Por todo ello apoyamos la proposición no de ley, que va en la línea de las acciones que ya se están tomando para mejorar la calidad de los estudios de doctorado en nuestro país.
El señor PRESIDENTE: Han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió y el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la de su grupo, tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Voy a ser breve, porque esta Comisión ya viene siendo extensa. La proposición
no de ley que plantea el Grupo Parlamentario Popular es oportuna, pero nos provocaba algún recelo, y voy a intentar explicarme. Es oportuna por todas las razones que ha dicho la portavoz popular, dejando claro que efectivamente hoy los
estudios de doctorado en España están minusvalorados, que el esfuerzo para lograr el título de doctor es importante y lo va a ser más una vez ha entrado en vigor la Ley de Reforma Universitaria y la Agencia de Calidad, es decir, que está reforzada
la estructura que da acceso al título de doctor y, sin embargo, está muy mal organizado, por diferentes razones, qué ocurre inmediatamente después y que recepción tiene la sociedad de aquellos que tienen el título de doctor. Por tanto una
iniciativa que vaya en la línea de impulsar el título de doctor, lo que supone, las consecuencias que se derivan, etcétera, nos parece perfectamente positiva y oportuna y no tenemos nada que criticar.
Ahora bien, nos sorprende que haya hecho falta nuestra enmienda, es decir, nos sorprende que cuando se está hablando de política universitaria, cuando se está hablando de estructura universitaria y de adopción de medidas, cuando se sabe que
en el ejercicio de sus compentencias, y sin más lejos hace apenas cuatro días, el Parlamento de Cataluña ha aprobado nada menos que una ley universitaria catalana, todavía sea necesario recordarle al Gobierno con una enmienda, que entiendo será
aceptada, que no puede estar estimulando el doctorado ni tomando ninguna decisión sobre el doctorado si no es en colaboración estrecha con las comunidades autónomas. Es muy importante que eso quede claro y quede constancia de ello en cada
iniciativa. Y lo es por razones de fuego y por razones de huevo. Lo es, en primer lugar por razones de principio, porque efectivamente, insisto, es indispensable dejar claro que nada sobre el doctorado se puede decir desde Madrid si no es en
absoluta colaboración, participación y consentimiento, digámoslo claro, de las comunidades autónomas que tienen plenas competencias en este ámbito. Pero en segundo lugar, y quiero dejar constancia de ello, porque en el pasado, en la negociación de
la Ley de Reforma Universitaria, mi grupo percibió en el Gobierno y en alguno de sus interlocutores en este punto algunos elementos que provocaron nuestra alarma, y permítame mantenerme un poco en el terreno del eufemismo. Algunas afirmaciones,
algunos planteamientos iban en la línea de vincular las enseñanzas de doctorado al carácter funcionarial de los profesores, con una cierta idea de que sólo si eran funcionarios aquellos que enseñaban a los candidatos a doctores, los candidatos a
doctores podían realmente estar bien formados. Ése fue un punto de discrepancia seria e importante en la elaboración de la Ley de Reforma Universitaria, porque eso está en las antípodas de nuestra concepción de la universidad española, en la que el
carácter funcionarial no dice nada sobre la calidad intelectual de quien lo tiene, sino que lo dice sencillamente sobre su estabilidad profesional, y así tuvimos en la ley profesores contratados que son doctores pero no son funcionarios y que no por
ello tienen una menor capacitación profesional, tampoco diré lo contrario, pero en todo caso no la tienen menor, y por tanto la mera posibilidad de vinculación entre la docencia en los planes de doctorado y el carácter funcionarial del profesorado
nos ponía directamente la piel de gallina.
De ahí que dejemos claro que cualquier propuesta que venga del Grupo Popular en el sentido de impulsar el doctorado, de impulsar los programas de doctorado, de darle lo que la autora de la iniciativa denomina más valor social y profesional,
tiene absolutamente nuestro apoyo, pero dejando claro que eso hay que hacerlo desde la visión que tengamos en común las comunidades autónomas y el Gobierno central, y no desde el riesgo de dar un cheque en blanco a que vayamos a una regresión de
nuestros estudios de doctorado, a unas concepciones que, si se implantaran en una ley o en un decreto, nos parecerían una vuelta al pasado y una autentica regresión.
El señor PRESIDENTE: Asimismo, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Lissavetzky.
El señor LIZZAVETZKY DÍEZ: Cuando leí hace tiempo esta proposición no de ley a mí me causó una impresión no sólo de sorpresa, sino de sorpresas.
La primera impresión de sorpresa fue que me extrañaba que en esta Comisión con esa mayoría
absolutísima que tiene el Partido Popular, presentaran una proposición no de ley de estas características. ¿Por qué digo esto? Yo sé que ustedes tienen la obligación, y hacen bien, de apoyar al Gobierno y a la ministra de Educación y Cultura,
están en este Parlamento para ello y sinceramente ante un ministerio que tiene un fracaso absoluto respecto al diálogo, ejemplos la LOU, la LOCE y tantas cosas más, ustedes han tenido que actuar, si se me permite la expresión, como costaleros de lo
que han hecho la ministra de Educación y el Gobierno. Pero, ¿cuál es la sorpresa? Que pasan de ser costaleros y de apoyar a jalear, es decir, que en su osadía, en su atrevimiento, que valoro positivamente, le dicen ustedes a la ministra que haga
algo. Pues mire usted, yo casi prefiero que no haga mucho, porque desde luego lo que ha hecho en esta cuestión es tremendo. Plantea un borrador de real decreto hace una serie de meses que resulta que es absolutamente duro y no tiene en cuenta ni
la autonomía universitaria ni las comunidades autónomas, por lo que me parece una osadía por su parte, un atrevimiento, que, repito, pidan al Gobierno que haga algo.
Segunda sorpresa. También es valiente que ustedes reconozcan una tarea no emprendida por el ministerio. ¡Cómo estarán las cosas para que tenga que venir el Grupo Popular a decirle al ministerio que, por favor, haga esto! Porque fíjese
señora diputada, que usted ha
citado en su intervención, y también aparece en la exposición de motivos, que hubo una reunión interesante en Córdoba en abril del año pasado, es decir, que ha pasado un año. ¿Para qué ha servido todo ese debate? Un año sin hacer
absolutamente nada. Esta proposición no de ley es el reconocimiento, y de ahí me parece interesante su valentía, de un fracaso, de una situación de estancamiento de este Ministerio de Educación y Cultura.
Hay una tercera sorpresa, y es que ustedes registran la proposición no de ley en el mes de noviembre -han pasado cuatro meses- y se debate ahora, en febrero, o sea, que cuando el Gobierno recibe ese llamémoslo impulso del Grupo Popular,
cuando recibe en el despacho la señora ministra o quien corresponda esta proposición no de ley, la siguen manteniendo, es decir, que también se reconoce que durante estos cuatro meses no se ha hecho absolutamente nada.
Por eso digo que me ha causado estas sorpresas. Pero voy a pasar ya de las sorpresas a su propuesta. Su propuesta obviamente es música celestial, se puede calificar como una propuesta llena de aire. Yo respeto cualquier iniciativa
parlamentaria, y por supuesto es más una crítica, no a la señora diputada, sino a lo que está ocurriendo con el Ministerio de Educación y Cultura. Porque lo que se va a votar es textualmente lo siguiente: Se insta al Gobierno para que desarrolle
una propuesta para aumentar la calidad de los estudios de doctorado, dotándoles de más valor social y profesional. ¿Quién puede votar en contra de esto? Nadie sensato. ¿Alguien está en contra de que el aire sea puro, que los pajaritos trinen, que
los campos estén verdes y bonitos, que el mar sea azul? Señora diputada, hay que venir con unas propuestas más concretas y no quedarnos en esa generalidad que ustedes han planteado.
Hemos tenido una conversación al principio y le he dicho que tenemos una diferencia, y es que me parece muy genérico muy general. Y usted astutamente -y me parece bien, lo digo en plan positivo- se ha referido en su intervención a algunas
concreciones que yo le acepto, pero, repito, aquí se vota un texto, las tres líneas que he citado, y nadie puede estar en contra. Evidentemente, han tenido que salir a corregirla, tanto el Grupo de Convergència i Unió como el propio Grupo
Socialista, en uno de los aspectos fundamentales, en que hay una autonomía universitaria y que además están transferidas a las comunidades autónomas. La experiencia que hemos tenido en este caso concreto con el real decreto, ese borrador que nunca
fue aprobado, era muy contrario a esto.
Resumiendo, yo creo que, como dijo un sociólogo, ustedes han hecho algo que es muy duro, que es la penosa elaboración de lo obvio, frase que convirtió nuestro diputado, el de todos, Francisco Fernández-Ordóñez, en la solemnidad de lo obvio.
Y evidentemente a la obviedad que usted plantea nosotros no podemos votar que no, porque seguimos manteniendo el sentido común. Sí queremos que se mejore, está la enmienda de Convergència i Unió. Nos interesaría -usted ya lo ha manifestado
inicialmente y agradezco las conversaciones- que una parte de nuestra enmienda pudiera ser aceptada, la que se refiere a la elaboración de un real decreto. Es sensato, puesto que el propio documento del ministerio con respecto al espacio europeo
señala la necesidad de que exista este real decreto. Ahí hacemos otra vez énfasis en algo importante, y es que son tres los agentes que actúan sobre este tema y sobre otros muchos: las universidades, las comunidades autónomas y la Administración
general del Estado, la Administración central. Y por eso, como en ese real decreto hay una serie de aspectos que tienen que ver con la organización, la gestión, la financiación, el papel del diploma de estudios avanzados, la movilidad, etcétera,
nosotros hemos añadido dos puntos para fijarnos en lo que usted plantea, concretamente en la valoración social y profesional del doctorado. No hemos querido entrar en todos esos puntos y hacemos otras dos propuestas muy concretas.
Creemos que tiene que haber un programa de financiación de la calidad del doctorado, a mayor calidad mayor financiación, que no sólo tiene que estar acordado con la Agencia Nacional de Evaluación y Calidad. (Por cierto, aunque no es el
momento de referirme a ella, puede presumir de todo menos de independencia, porque el director general, al parecer se iba a presentar a una cátedra, y le dijo la ministra: no, no se puede usted presentar. Y luego él dijo: ya veré lo que hago. No
voy a entrar en eso, porque no es motivo de este debate.) Esa Agencia Nacional de Evaluación y Calidad tiene que ponerse de acuerdo con las otras agencias de evaluación y calidad de las comunidades autónomas, pero en su texto no figura en absoluto
una referencia a las comunidades autónomas y por eso repito que hemos hecho una distinción en esta primera propuesta concreta, en la que decimos que se pongan de acuerdo con las comunidades autónomas y con sus agencias de evaluación de la calidad,
aquellas que las tengan.
Por lo tanto, programa de calidad de doctorado.
Y por último, lo que podíamos llamar medidas discriminatorias positivas para el grado de doctor. Yo le voy a poner un ejemplo sangrante. Por ejemplo, los becarios posdoctorales siguen siendo, como su propio nombre indica, becarios, y esto
sí que es increíble. En ningún país del mundo civilizado aquellos que tienen el grado de doctor tienen una beca, sino un contrato, y esto es absolutamente absurdo. Es un pequeño ejemplo, pero se podría resolver ya. Creemos que dentro de la propia
Función pública, o bien a través de las empresas privadas, a través de diversas medidas, de carácter administrativo algunas, de carácter fiscal otras, se podía intentar -repito- avanzar en la resolución de este tema que para nosotros sí tiene
importancia.
Termino ya. Si usted mantiene lo que nos ha dicho, es decir, que acepta el primer párrafo que planteamos -me gustaría escuchar los argumentos en contra de
los otros dos, pero en cualquier caso eso ya es un avance- nosotros, por sentido común y agradeciendo por supuesto el debate que antes de empezar la Comisión hemos tenido usted y yo, votaríamos positivamente. Pero -repito- yo creo que es
bueno (es una opinión personal) que en el Parlamento no solamente se traten aspectos muy generales, que no se hable exclusivamente desde el punto de vista retórico, sino que se aporten ideas, porque si queremos impulsar la acción del Gobierno no
vale exclusivamente con decir que mejore el doctorado, porque sinceramente, señora diputada, de esta manera no se avanza demasiado.
Votaremos, por lo tanto, positivamente en el supuesto de que se concrete lo que usted me dijo antes de empezar la intervención.
El señor PRESIDENTE: Para fijar la posición del Grupo Popular en relación con las enmiendas, tiene la palabra la señora Sagarna.
La señora SAGARNA ALBERDI: Respecto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), quiero decirles que la aceptamos y la apoyamos, dado que consideramos que enriquece nuestra propia propuesta y que abunda
precisamente en los argumentos que nosotros hemos planteado aquí. Por supuesto que las comunidades autónomas (y esto sirve también como respuesta al Grupo Parlamentario Socialista) tienen una relevante importancia, eso no se le escapa para nada al
Ministerio de Educación, su voz es importante y desde luego merecen el mayor respeto.
Por lo tanto, la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Catalán está en la línea de la proposición no de ley que hoy el Partido Popular somete a votación en
esta Comisión.
Respecto al Grupo Socialista, quiero decir que la enmienda presentada por este grupo no la vamos a aceptar ya que algunos de los aspectos que en ella figuran están recogidos en nuestra proposición no de ley. Estamos de acuerdo, como le he
dicho anteriormente, en la primera parte, y por eso vamos a instar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a que, a la mayor brevedad, elabore el borrador de un real decreto, acordado con las comunidades autónomas y debatido e informado por el
Consejo de Coordinación Universitaria. En dicho consejo se han de tratar y de debatir las actuaciones que ustedes proponen en su enmienda, creo que ése es el lugar apropiado. Por lo tanto, no podemos aceptar su enmienda en el seno de esta
Comisión.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, señora Sagarna, que el primer párrafo de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista es aceptado en los términos que usted ha dicho.
La señora SAGARNA ALBERDI: Sí, el párrafo que dice: Para ello el Gobierno elaborará el borrador de un real decreto que será acordado con las comunidades autónomas y debatido e informado por el Consejo de Coordinación Universitaria.
El señor PRESIDENTE: Señor Lissavetzky, ¿acepta su inclusión en la proposición?
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Sí, señor presidente.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- DE UNA SUBCOMISIÓN, EN EL SENO DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE, PARA EL ESTUDIO DEL FENÓMENO DE LA VIOLENCIA EN EL ÁMBITO AUDIOVISUAL. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO.
(Número de expediente
158/000058.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, iniciativa del Grupo Parlamentario Popular de creación de una subcomisión para el estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito audiovisual. Ibamos bien de tiempo, ahora
vamos ya regular; por lo tanto les ruego que en este punto sean lo más breves posible los señores diputados. Tiene la palabra la diputada señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Señorías, a lo largo de estos últimos años se viene mostrando una mayor preocupación por la violencia que está presente en los medios audiovisuales dirigidos sobre todo a menores. De esta preocupación participan
amplios sectores de nuestra sociedad, como educadores, psicólogos infantiles, los padres y un largo etcétera, y nosotros, como legítimos representantes de la sociedad, no debemos mostrarnos al margen de dicha problemática. Ya en 1997, en la segunda
reunión internacional sobre biología y sociología, bajo el lema 'Violencia y medios de comunicación', todos los asistentes elaboraron una serie de recomendaciones a la industria audiovisual, a los padres y por último a los políticos. Compartían la
posición de que la violencia exhibida por los medios de comunicación audiovisual contribuye a la aparición de efectos perjudiciales en los espectadores. Ello no implica que la violencia de los medios de comunicación sea la causa principal o única
de la violencia en el mundo real.
Tengo que recordar aquí a un sociólogo, al que he conocido a través de mis estudios, el señor Bandura, que sobre la violencia hablaba del aprendizaje vicario, en el que definía tres características, que eran: atención, retención y
reproducción. Posiblemente, uno de los hechos que de un modo más significativo incide en la falta de
una conciencia clara respecto a la violencia en la televisión sea la complejidad de su manifestación. Debemos tener presente que junto a la violencia de sangre, que hasta un niño podría reconocer con cierta facilidad, se encuentran esas
otras manifestaciones que al no producir una mínima alarma individual se cuelan en el inconsciente sin que ejerzamos un filtro crítico profundo sobre ellas.
Para reflexionar y ver así la necesidad de creación de una subcomisión para el estudio de la violencia en los medios audiovisuales, he de recordar aquí unos datos realmente preocupantes de la situación en España. La encuesta realizada por
el CIS en el año 2000 desvelaba en primer lugar que sólo uno de cada tres niños menores de dieciséis años cambia o apaga el televisor ante una escena sangrienta; el 45 por ciento de los menores ve programas de televisión con escenas sangrientas;
sólo el 8 por ciento de los niños cambia el canal obligados por sus padres, y por si fuera poco y todavía más preocupante es que en la oferta televisiva de series de animación tan sólo el 5,9 por ciento de los dibujos animados son de nacionalidad
española y son precisamente éstos los que más cuidan la no violencia y una serie de valores constitucionales y democráticos.
Señorías, hoy ya nadie cuestiona el papel que los medios de comunicación desempeñan en la socialización de los niños y de los jóvenes; de ahí la importancia del análisis de los valores que transmitan para constatar cuántos de esos
contenidos entran en contradicción con los principios de un sistema democrático consolidado, además de violentar la buena fe de una audiencia que no ha sido educada para apreciar la manipulación que sobre ella se ejerce. Ayer mismo, cuando
preparaba la intervención de hoy, veía en la televisión un anuncio a las seis de la tarde de un estreno de película con grandes dosis de violencia y que finalizaba diciendo: deja revolucionar tus sentidos. Por todo ello, el Grupo Parlamentario
Popular cree hoy necesario y urgente la creación de una subcomisión para el estudio de la violencia en los medios audiovisuales, para que con la colaboración de expertos de los sectores más afectados se pueda concluir iniciativas y medidas
orientadas a la protección de la infancia y juventud y a promover valores que contribuyan a la convivencia de una sociedad democrática y pluralista. Tengo que recordar aquí una frase de Jovellanos que decía: Para el hombre laborioso, el tiempo es
elástico y da para todo; sólo falta tiempo a quien no sabe aprovecharlo.
Pues bien, señorías, aprovechemos el tiempo y la oportunidad que se nos brinda, olvidémonos hoy de las siglas políticas y de si fue el PP el primero en promover la creación
de esta subcomisión. Hasta incluso les voy a permitir lo que ya tiene como costumbre la oposición, que digan que el Gobierno ya tenía que haberlo hecho, pero eso forma parte del discurso político de la oposición. He de recordarles que nosotros,
como diputados del Grupo Popular, también hemos sido elegidos por los ciudadanos con sus votos, lo cual también tenemos derecho a venir a las comisiones y hacer propuestas. Por eso no se enfaden, como en el caso anterior con mi compañera, porque
trae una propuesta, todo lo contrario; ojalá vengan muchas propuestas y por parte de todos, porque yo he sido elegida con los mismos votos que puedan haberlo sido ustedes.
Hoy, señorías, apelo al sentido de la responsabilidad y al uso de la razón. Política es el arte de aplicar en cada época de la historia aquella parte ideal que las circunstancias hacen posible. Esto lo decía Cánovas del Castillo y hoy yo,
como joven y con un poco de utopía, digo que se dan las circunstancias y que merece la pena para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos en su caso recordar el 18 de febrero de 2003 y votar a favor por unanimidad esta propuesta de creación
de esta subcomisión. Salgamos hoy todos de aquí con la etiqueta de, en vez de no a la guerra, no a la violencia. Sería ideal que dentro de unos años les pudiéramos decir a nuestros hijos: ese 18 de febrero yo estaba ahí. A pesar de que muchas
veces no se entiende el papel de los diputados en la sociedad, sería deseable que entre todos contribuyesemos a que los programas del mañana tuvieran las características y los valores que todos queremos.
El señor PRESIDENTE: ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Catalán de Convergència i Unió, el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora portavoz, no estamos enfadados, no se preocupe. (La señora Vázquez Blanco: No era por usted.) Le preparo. Me dice que no era por mí. No sé si era por mí. No estamos enfadados, pero eso no nos impide el
derecho a la crítica, y en este caso la va a haber, anunciando el voto a favor. En primer lugar quiero recordar algo tan tonto pero que de vez en cuando conviene repetir que es que el Gobierno popular gobierna y tiene mayoría absoluta en esta
Cámara, primera premisa que es importante tener presente. Segunda premisa, el Gobierno popular tiene algo que ver, algún tipo de vinculación con Radiotelevisión Española, algún tipo de influencia creo que tiene. Según el conocimiento que puedo
llegar a tener de la titularidad de los medios públicos, algo tiene que ver con Radiotelevisión Española y por tanto, por las dos razones, de entrada, esta proposición no de ley lo primero que tendría que tener es un punto de autocrítica. En tercer
lugar y muy especialmente, yo querría subrayar que esta subcomisión, cuyos trabajos apoyará mi grupo, a favor de cuya constitución hoy votaremos y apoyaremos el trabajo que desarrolle, probablemente, y ya se lo digo desde ahora, si tiene algún tipo
de eficacia al final, llegará a una conclusión, al final del viaje llegará a un puerto que para nosotros debería ser el puerto de salida y que llevamos pidiendo desde hace años en esta Cámara y en el Senado, y es la creación de un consejo
de lo audiovisual, la creación de un organismo con autoridad para intervenir en los medios de comunicación, para fijar criterios deontológicos y para establecer cuáles son los límites de violencia, cuáles son los límites de sexualidad,
cuáles son los límites de racismo, de violencia de género, etcétera. Se trata de establecer criterios desde el consentimiento y la complicidad de los operadores de televisión, desde la participación social, con independencia de la autoridad pública
y con capacidad de hacer valer su autoridad. Ése es el precedente francés, ese es el precedente ya en Cataluña, que funciona perfectamente, en el límite de sus competencias pero funciona perfectamente, y eso es lo que finalmente se acabará
estableciendo en España antes o después, si es que ustedes quieren hacer de verdad algo que vaya en la línea de lo que aquí piden, porque estamos todos de acuerdo en que esto hay que estudiarlo, pero yo quiero ver qué es lo resulta de su estudio.
Saber simplemente hacer un diagnóstico a lo mejor lo único que nos acaba creando es frustración, porque el diagnóstico de que efectivamente la televisión en España está mal le aseguro que lo firmaremos incluso antes de empezar la investigación. Lo
que querría saber es si ustedes, cuando culmine ese diagnóstico y lo que hoy es la opinión más o menos unánime, lo convertirán en el 'Diario de Sesiones' de un montón de expertos que les ratifiquen que la televisión en España hoy está mal, en
términos de juventud, etcétera, todo lo que ponen ustedes aquí, que está mal, y, a partir de ahí, establecer qué medidas de gobierno están ustedes dispuestos a poner para limitar, controlar y permitir que haya una fiscalización de los contenidos.
Nosotros hace tiempo les hemos puesto sobre la mesa una: consejo de lo audiovisual, independiente y con autoridad reguladora. Ustedes vamos a ver cuál ponen. Por ahora lo que hacen es despejar la pelota a corner o, en todo caso, hacia delante,
diciendo que empiece la subcomisión. Muy bien, vamos a empezar la subcomisión, pero, por favor, desde este mismo momento empiece su grupo parlamentario y el Gobierno que ustedes apoyan a ver qué es lo que están dispuestos a hacer al final de la
subcomisión, porque, insisto, y termino, señor presidente, si lo único que va a hacer la subcomisión es un diagnóstico tremendo de la situación de la televisión en España y ustedes no están dispuestos a plantear nada más que recomendaciones morales,
una especie de echarnos todos ceniza encima diciendo ¡ay, virgencita, qué mal están las cosas en España! y no están dispuestos a traer un proyecto de ley o algo que modifique las cosas, para ese viaje no nos convienen nada estas alforjas.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Martínez Laseca tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Respecto a la propuesta del Grupo Parlamentario Popular sobre la creación de esta subcomisión, mi grupo parlamentario tiene que hacer una serie de reflexiones o consideraciones. (La señora Castro Fonseca pide la
palabra.)
El señor PRESIDENTE: Perdone, señora Castro, no la había visto.
La señora CASTRO FONSECA: Es igual, señor presidente.
El señor MARTÍNEZ LASECA: En primer lugar, yo tampoco estoy enfadado, que quede claro. En segundo lugar, cuando se dice que ha sido el Grupo Popular el primero que plantea esto tengo que decir que tanto mi propio partido como el grupo
parlamentario en el Congreso y en el Senado han mostrado esa preocupación en relación con la adopción de medidas para la protección de los menores, tanto en el ámbito audiovisual como en Internet, y muy especialmente en lo que se refiere al actual
panorama televisivo, que observa una violencia creciente en los contenidos, desencadenando una espiral de pérdida de calidad en la programación de las televisiones. Decimos esto porque en gran medida los mayores consumidores de televisión son los
niños, que a tenor de muchas estadísticas permanecen alrededor de tres horas diarias frente al televisor y por lo tanto se convierten en espectadores de espacios que no están diseñados para ellos sino para adultos. Según un reciente estudio
realizado por la asociación para la investigación de medios de comunicación, las cadenas de televisión emiten los programas para niños en los horarios de menor consumo infantil. Se da así una gran paradoja del sistema, ya que las cadenas programan
para niños cuando no hay adultos ante el televisor y cuando menos consumo hay, y cuando más consumen los niños es cuando se programa para adultos. Somos conscientes, pues, del influjo de la televisión sobre los menores y los jóvenes, ya que se
interfiere en su educación por el elevado consumo de horas que la ven, llevándoseles a la práctica de imitación. De aquí que el impacto de la violencia en la televisión lleve a muchos jóvenes a la pérdida de valores y normas existentes; al mudar
las normas y los valores, cambian también sus comportamientos. Señalamos en tercer lugar que a instancias del Ministerio de Educación y Ciencia, en marzo de 1993, contándose con la colaboración de las consejerías de Educación de las comunidades
autónomas, las cadenas de televisión suscribieron un convenio sobre los principios para la autorregulación en relación con los contenidos de sus programaciones referidos a la protección de la infancia y la juventud.
Asimismo, la incorporación de la
Directiva de la Televisión sin Fronteras a nuestro ordenamiento jurídico (Ley 25/1994, de 12 de julio) establecería nuestras previsiones en materia de protección de los menores frente a la publicidad y a determinados tipos de emisión. Además,
mediante el acuerdo del
Pleno del Senado, el día 17 de noviembre de 1993, fue creada una comisión especial sobre los contenidos televisivos, que con la participación de expertos televisivos, agentes sociales y políticos, elaboró un interesante informe respecto a la
incidencia de la violencia que ofrecen algunos espacios de televisión en el público potencial de estos programas y formuló la propuesta de creación de un consejo superior del audiovisual, respaldado por la Cámara en sesiones de 26 de abril y 15 de
noviembre de 1995. Estudios hay por parte de una comisión del Senado. Hay que ver si esas resoluciones siguen aún sin cumplirse, que es lo que nosotros creemos. Ha habido también toda otra suerte de medidas, algunas de las cuales se señalan en
una proposición no de ley sobre el fomento y preservación de los valores formativos y de la protección de la infancia y la juventud por las cadenas de televisión, que ante el Pleno presenta el Grupo Parlamentario Socialista; está presentada con
varios días de antelación a esta iniciativa de creación de esta subcomisión, que parece responder, a nuestro entender, a una estrategia de contraprogramación.
Nosotros entendemos que una de las misiones de un Estado de derecho es proteger a los individuos de los distintos poderes que puedan agredirlos.
Sin duda que los medios audiovisuales en general, y más concretamente la televisión, cuentan
con un poder de la palabra y de la imagen casi ilimitado. Cierto es que la Constitución y su desarrollo legislativo señalan los límites de ese poder; no obstante, conviene considerar si esa limitación es correcta, tanto en lo que respecta a la
protección de los ciudadanos como a la protección de la infancia. Coincidimos en el objetivo que se pretende de evitar que los niños se vean expuestos a contenidos que les resultan perjudiciales. Toda vez que la normativa en materia de medios
audiovisuales es bastante amplia, lo que se observa son los incumplimientos de la misma, denunciados insistentemente por las asociaciones de consumidores y usuarios. Por eso consideramos que hay que adoptar medidas en varios ámbitos, como se recoge
en nuestra proposición no de ley antes mencionada, de renovar los compromisos con las cadenas de televisión, de formar en el ámbito escolar, de incorporar dispositivos electrónicos de control y, sobre todo, de dotarnos del consejo superior de los
medios audiovisuales de España, que contaría entre sus cometidos con el de velar por el cumplimiento de toda esta normativa a la que he hecho referencia. Creemos en este sentido que lo que hay que hacer es ganar tiempo al tiempo y pasar a la
acción, reduciendo e incluso eliminando los excesos de violencia que se difunden a través de los medios audiovisuales, para proteger mejor a quienes son más vulnerables, como sucede con los menores de edad.
Cuando menos, nos resulta deshonesto que contra la expresión de la máxima violencia, que es la guerra, Televisión Española no haya emitido en directo esas imágenes de riadas de gente por la paz en todas las calles y las plazas de España. Yo
lo lamento, porque sin duda cuando se habla de valores esa retransmisión en directo hubiera sido un antídoto contra la guerra, máxima expresión de la violencia, y una apuesta decidida por la convivencia en paz.
Desde todas estas premisas que he señalado y en esa clara disposición de responder al problema adecuadamente, de que el Gobierno gobierne, no nos haga como en otros casos, que se crean unas subcomisiones y el Gobierno antes de que esa
subcomisión se reúna ya adopta medidas, como en la modificación del Código Penal -aquí nos puede hacer lo mismo, que sea una subcomisión también trampa, podemos decir-, es desde donde hay que entender la postura del Grupo Socialista, que va a ser la
del voto en contra de la creación de esta subcomisión.
El señor PRESIDENTE: Señora Castro.
La señora CASTRO FONSECA: Pido disculpas. Es que como estoy aquí un poco subsumida, el presidente no se había percatado de mi presencia. (Un señor diputado: Que no asumida.) Que no asumida, exactamente; subsumida, que no asumida.
Paso a fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación a la iniciativa que trae a la Cámara hoy el Grupo Popular. En primer lugar, lo que refleja la televisión es una pérdida de valores en el conjunto de la
sociedad y creo que diagnósticos se han hecho múltiples y variados, tanto en el ámbito o en el marco parlamentario como en el ámbito de la sociedad. Yo, con todos los respetos para el trabajo individual de cada diputado o de cada diputada,y en
particular de la señora diputada que ha sido ponente de esta propuesta del Grupo Popular, tengo que decir que yo del Gobierno lo que espero, modestamente, es que gobierne, que venga aquí con medidas concretas, que me parece que nos vamos a convertir
en tunos, y no estaría mal; a los cincuenta y pico que tengo yo, no voy a decir el pico, ser tuna es un lujazo, pero, claro, pasarse la vida estudiando mientras los demás esperan a que resolvamos los problemas no me parece serio. En ese sentido,
debo decirle al Grupo Popular una vez más que no es serio.
Yo no iba a intervenir, pero lo que ha provocado que lo hiciera para decir que no vamos a apoyar esta subcomisión es lo que ha dicho al final la señora diputada: Digamos no a la violencia, salgamos de aquí con un no a la violencia, en lugar
de un no a la guerra. Mire usted, señora diputada, le voy a presumir la virtud de la ingenuidad, se la voy a presumir por aquello de su juventud, pero le voy a decir que pedagógicamente decir sí a la guerra y no a la violencia no sé cómo lo va a
tener de difícil para explicarlo (Rumores.), no sé cómo lo va a tener de difícil para explicarlo, además de que es un sarcasmo... (Continúan los rumores.) Señor presidente,
dígales que se calmen, porque yo estoy interviniendo en el momento que me toca.
El señor PRESIDENTE: Guarden silencio, señorías.
La señora CASTRO FONSECA: Además de ser un sarcasmo, señora diputada, no deja de ser igual de inútil que la vieja educación de los viejos padres de los viejos tiempos: niño, no digas tacos, coño. Es exactamente eso lo que usted ha querido
decir aquí. Pues mire usted, la pedagogía institucional es fundamental para disuadir o para modificar las conductas ciudadanas, y si desde este Parlamento el mensaje que recibe la gente es que estamos preocupados por la violencia, digamos, en
abstracto, y no relacionamos la violencia con el instrumento más terrible y además instrumento manipulador de la política y por lo tanto de la democracia, que es la guerra, sencillamente creo que ustedes traen esta propuesta aquí hoy tal vez con
buena intención pero en un momento muy poco oportuno. Si a eso le añadimos que tenemos mucho trabajo en esta Cámara, que estamos en campaña electoral y que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida es pequeño, yo sinceramente, no puedo
dedicarme en este momento a una subcomisión más, que sería la octava de mi vida, a una ponencia que sería la octava de mi vida en estos momentos; francamente, por muy buena voluntad que tuviera, ya sería inasumible, de manera que vuelvo a insistir
en el respeto personal al trabajo de los diputados del Grupo Popular y a la capacidad y al derecho de presentar iniciativas, que yo no cuestiono en ningún momento, pero les pediríamos que comprendan que en este momento no podemos permitir que nos
entretengan. (La señora Vázquez Blanco pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Vázquez, muy brevemente.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Simplemente para decir que hoy salgo de aquí asustada y quiero que de alguna forma se corrija en el 'Diario de Sesiones' la afirmación de que por ser joven eres ingenuo, porque entonces, por ser jóvenes, no
podríamos estar aquí en este Parlamento representando a nuestros jóvenes. Espero que la señora diputada, porque tengo gran amistad con ella, no quisiera decir eso, porque, si no, hoy me voy a ir cabreada de aquí (Risas.) y realmente la enfadada al
final voy a ser yo.
Otra cosa, si lo tengo que decir despacito, lo digo, y claro: no me gusta la guerra, el PP no quiere la guerra, pero tampoco queremos a Sadam Husein. Ése no es ahora el debate. Al resto de los grupos debo decirles que nosotros como
diputados del Grupo Popular no somos el Gobierno, somos diputados que tenemos que hacer nuestra labor aquí, y aunque unos grupos tengan menos diputados y otros tengamos más, tendremos que trabajar igual. Lo que no sería permisible es que yo llegase
a mi circunscripción y dijera que no he hecho nada porque tengo un Gobierno que lo hace todo.
Eso sí que no me lo permitiría de cara a unas elecciones, y si ustedes están en campaña, yo no, yo estoy en el día a día, para lo que me han y nos han
elegido los ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Concluya, señora Vázquez.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Sí, señor presidente.
Hoy irán ustedes con las cabeza baja, porque están permitiendo que lo que está en la televisión y lo que ustedes dicen y reconocen que existe siga existiendo.
Por último, al señor diputado de Convergència i Unió debo preguntarle si el Grupo Catalán de Convergència i Unió tiene relación con la televisión catalana. Simplemente quiero dejar esa pregunta en el aire. (El señor Guardans i Cambó:
¿Puedo replicar, señor presidente? Me ha hecho una pregunta.)
El señor PRESIDENTE: Señor Guardans, tiene la palabra.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: El Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió apoya al Gobierno de la Generalitat, que es quien tiene responsabilidad sobre la televisión catalana, y el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el
Parlamento de Cataluña introdujo una ley que creó un Consejo de lo Audiovisual que tiene plenos poderes para fiscalizar y sancionar cualquier emisión de la televisión catalana. (La señora Castro Fonseca pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Señora Castro, la última que interviene y brevísimamente.
La señora CASTRO FONSECA: Para decirle a la señora diputada que no ha sido mi intención ofenderla personalmente... (La señora Vázquez Blanco: Pero me has ofendido, Marisa.) A ver si me hago oír. No he tenido ninguna intención de ofender
personalmente a la señora diputada. Le he presumido una virtud que creo que es bastante buena para andar por la vida, que es la de la ingenuidad y que no está relacionada con ninguna de sus cualidades, es decir, ni con su edad, ni con su género;
simplemente me parece ingenuo que alguien diga en esta Cámara lo que usted ha dicho. No tenía intención de ofenderla en absoluto y no quiero que usted salga cabreada de esta reunión, al menos por lo que respecta a mi intervención.
O sea, que no
quiero contribuir a que la tensión de la Cámara hoy se dispare por los aires, que ya está bastante disparada. Dicho esto, yo no hago ejercicios de cinismo. Yo sí estoy en campaña electoral, porque quiero ganar las elecciones y quiero que haya
mayorías de progreso, y decir lo contrario es engañar a los ciudadanos. Hoy estamos en campaña electoral todos los políticos y el que no lo esté que no se preocupe, que ya le jubilarán a tiempo. (El señor Martínez Laseca pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Quince segundos.
El señor MARTÍNEZ LASECA: Quince segundos para decir que la portavoz del Grupo Popular me ha obviado, que yo no estoy enfadado, asustado ni cabreado. Consideramos el tema suficientemente importante, hay muchos estudios y queremos que se
pase de las musas al teatro, es decir, de las palabras a los hechos, que se gobierne y que hay ya diagnósticos compartidos por todos lo grupos.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar los distintos puntos del orden del día conforme a la ordenación del debate. El primero es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la devolución a los archivos históricos de
Galicia de los fondos documentales expoliados. Vamos a votarla por separado, de acuerdo con el deseo del proponente. Está dividida en tres partes y por tanto votaremos cada uno de los tres apartados. Votamos el apartado primero de la proposición
no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Apartado segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Apartado tercero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, tres; en contra, 21; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la proposición no de ley.
Proposición relativa a la promoción de convenios del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte con las comunidades autónomas y las corporaciones locales para la inclusión de programas que eviten el racismo y fomenten la solidaridad.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición relativa a la promoción y financiación de iniciativas universitarias para analizar y prevenir en un futuro desastres como el del Prestige, así como a la revisión de las ayudas y becas para los alumnos afectados en la economía
familiar por la marea negra del Prestige, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, a la que se incorpora la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Proposición no de ley debatida en cuarto lugar, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista para que se establezcan criterios exactos para otorgar las becas Séneca y se incremente la partida destinada a estas becas.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Pedimos votación separada de los dos párrafos.
El señor PRESIDENTE: Primer párrafo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Segundo párrafo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21; abstenciones, tres.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado el segundo apartado y por tanto rechazada la proposición no de ley.
Pasamos al punto quinto del orden del día, proposición no de ley sobre creación del Museo Nacional de Escultura en Ciudad Rodrigo (Salamanca), presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 15; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Siguiente proposición no de ley debatida en sexto lugar, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la necesidad de establecer un catálogo de las obras de arte de la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos para su
conocimiento y facilitar su posible adscripción en el supuesto de privatización de la entidad.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Siguiente proposición no de ley, la número 7, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a la equivalencia de los estudios de danza anteriores a la LOGSE.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
En octavo lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, relativa a incrementar la calidad de los estudios de doctorado, con incorporación de la enmienda de Convergència i Unió, y con la incorporación del primer párrafo de la
enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Por último, la iniciativa número 9, de creación de una subcomisión para estudio del fenómeno de la violencia en el ámbito audiovisual, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, no hemos votado el punto séptimo.
El señor PRESIDENTE: Se ha votado, señor portavoz.
Votamos el punto noveno que acabo de indicar.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 14; abstenciones, una.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y diez minutos de la tarde.
Nota.-El presente 'Diario de Sesiones', de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del martes 18 de febrero de 2003, no guarda relación cronológica habitual, con el fin de no retrasar la publicación de los 'Diarios de Sesiones' ya
elaborados.