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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 688, de 18/02/2003
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2003 VII Legislatura Núm. 688
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 22
celebrada el martes, 18 de febrero de 2003
ORDEN DEL DÍA:
Decisión sobre la celebración de la siguiente comparecencia:
- Del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para informar de sus recientes gestiones producidas en sede ministerial, según informaciones publicadas y no desmentidas, ante las empresas que participan en Aguas de Valencia (AVSA), dirigidas al
parecer a promover ceses y nombramientos en el consejo de administración de la empresa AVSA, cuyo objetivo sería el grupo mediático políticamente afín que el ministro promovió, Formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente
213/001138.) ... (Página 22234)
Proposiciones no de Ley: - Sobre transferencias de las políticas de empleo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001889.) ... (Página 22240)
Comparecencia del señor secretario de Estado de Organización Territorial del Estado (Elorriaga Pisarik) para informar sobre:
- La gestión del delegado del Gobierno en Galicia durante la crisis del siniestro provocado por el Prestige y, especialmente, en el proceso de toma de decisiones de los primeros días. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 212/001412.) ... (Página 22243)
- Actuaciones del delegado del Gobierno en Galicia en el caso de la catástrofe generada por el accidente del Prestige. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida (Número de expediente 212/001414.) ...
- Actuaciones y comunicaciones en relación con las solicitudes de remisión de documentación y de comparecencias de altos cargos y personas vinculadas a la Administración General del Estado formuladas por la Comisión de investigación sobre la
catástrofe del Prestige creada en el Parlamento de Galicia. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/001434.) ... (Página 22244)
- Las razones para impedir la cooperación institucional con el Parlamento de Galicia, como manda la constitución, en el caso de negativa del delegado del Gobierno en Galicia a comparecer en la Comisión de investigación y el posible desacato
que supone. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/001111.) ... (Página 22244)
- Las razones por las que la delegada del Gobierno en Cataluña ha calificado de visionarios, iluminados y fundamentalistas a los partidos que proponen una reforma de la Constitución para mejorar la funcionalidad del Senado, y cómo se
cohonestan tales declaraciones con el ejercicio del cargo de delegado del Gobierno. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000859.) ... (Página 22244)
- El funcionamiento de la Subdelegación del Gobierno de Lleida y oficinas dependientes de ella. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/001444.) ... (Página 22265)
Preguntas:
- Del señor Rodríguez Bolaños (Grupo Parlamentario Socialista), sobre medidas legislativas para la creación de un marco jurídico regulador de las ciudades. (Número de expediente 181/001022.) ... (Página 22273)
- Del señor Martínez Sanjuán (Grupo Parlamentario Socialista), sobre opinión del Gobierno acerca de si la fórmula del concejo abierto es la mejor para la gestión de los pequeños municipios españoles. (Número de expediente 181/001032.) ...
(Página 22274)
- De la señora López González, María José (Grupo Parlamentario Socialista), sobre previsiones acerca de transferir a la Comunidad Autónoma de Andalucía las políticas activas de empleo y situación en que se encuentra. (Número de expediente
181/001463.) ... (Página 22275)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
DECISIÓN SOBRE LA CELEBRACIÓN DE LA SIGUIENTE COMPARECENCIA:
- DEL MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES PARA INFORMAR DE SUS RECIENTES GESTIONES PRODUCIDAS EN SEDE MINISTERIAL, SEGÚN INFORMACIONES PUBLICADAS Y NO DESMENTIDAS, ANTE LAS EMPRESAS QUE PARTICIPAN EN AGUAS DE VALENCIA (AVSA), DIRIGIDAS AL
PARECER A PROMOVER CESES Y NOMBRAMIENTOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA AVSA, CUYO OBJETIVO SERÍA EL GRUPO MEDIÁTICO POLÍTICAMENTE AFÍN QUE EL MINISTRO PROMOVIÓ. FORMULADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente
213/001138.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, abrimos la reunión de la Comisión abordando el primer punto del orden del día. Según dicho punto, la Comisión debe decidir sobre la inclusión o no en el orden del día de
una sesión posterior de la Comisión, de una solicitud de comparecencia.
Como no se trata de entrar en el fondo del asunto, sino simplemente de dirimir si va a ser tratado -para resolver el no acuerdo de la Mesa-, vamos a dar la palabra
brevemente al grupo que propuso su inclusión en el orden del día. Posteriormente, los demás grupos podrán posicionarse y, a continuación, pasaríamos a votar la inclusión de este punto en el orden del día.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, grupo proponente, tiene la palabra el señor Pla.
El señor PLA DURÁ: Voy a intentar justificar las razones por las cuales mantenemos hoy en la Comisión la necesidad de comparecencia del ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta es una comparecencia a la que se negó el Grupo Popular en
la Mesa, pero que nosotros consideramos imprescindible para que el Parlamento y los ciudadanos conozcan una forma de proceder continuada del ahora ministro, señor Zaplana, que nos parece inaceptable desde el punto de vista democrático.
Las actuaciones a las que nos referimos, que dan lugar a la solicitud de comparecencia, dieron comienzo en su etapa de presidente de la Generalitat Valenciana, pero han continuado después como ministro del Gobierno de la nación. De hecho,
por fin, el señor Zaplana consiguió ser ministro -concretamente, ministro de la propaganda-, trasladando aquí sus prácticas, sin renunciar a operaciones en la empresa privada Aguas de Valencia S.A., una vez siendo ministro. La obsesión del señor
ministro por poner a su servicio medios de comunicación y el tremendo despilfarro de recursos públicos de que es capaz para conseguirlo, es difícil de comparar. En ambos casos, su llegada a Madrid no ha hecho más que empezar y les aseguro que dará
mucho de sí. La confusión entre lo público y lo privado ha sido una constante en la trayectoria del señor Zaplana. Ayer mismo, el propio ministro de Trabajo comparecía en una reunión de un consejo de administración de Terra Mítica S.A, y esto no
es más que un ejemplo de lo que intentaré explicar. En el caso de Aguas de Valencia podríamos estar ante algo más grave, pues podría suponer la transgresión del artículo 98.3 de nuestra Constitución, donde se establece que los miembros del Gobierno
no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias de parlamentario, cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna. Tras la pregunta que formulé al respecto la semana pasada en
el Pleno de esta Cámara, nuestra petición de comparecencia está, si cabe, más justificada, porque el señor Zaplana, a nuestro modo de ver, ofreció una información manipulada y mintió a este Parlamento. Este hecho nos parece de la máxima gravedad y,
por sí sólo, justificaría la comparecencia que ahora solicitamos en esta Comisión. Lamentablemente, no estamos ante un hecho excepcional, porque la mentira, las medias verdades y el engaño han sido prácticas habituales del señor Zaplana. Yo creo
que, más pronto que tarde, el señor Aznar se arrepentirá de haberle tenido en su Gobierno y, seguramente, ustedes, señores del Partido Popular, de haberle facilitado esta cobertura para ocultar a los ciudadanos unos manejos inaceptables en un país
democrático.
Para situar el tema, les señalaré que hablamos de una empresa privada que el día 16 de marzo del año 2002 recibió la concesión del suministro de agua potable para la ciudad de Valencia por un período de 50 años. El importe total que habrá
recibido la empresa al final del período contratado rondará los 500.000 millones de pesetas, es decir, más de 3.000 millones de euros. Aquí encontramos la primera manipulación del ministro, señor Zaplana. La semana pasada, para despachar la
cuestión, afirmó que casi todas las adjudicaciones recientes recibidas por Aguas de Valencia S.A., provienen de ayuntamientos socialistas. Aunque son muy pocos, y de distinto signo político, es cierto que algunos ayuntamientos han realizado
adjudicaciones a esta empresa, pero ninguna de ellas en las astronómicas cifras que estamos manejando, y desde luego no se conoce presión alguna a dicha empresa por parte de ningún ayuntamiento socialista. Administraciones Públicas. Pero,
atención, tampoco se conoce que, como en el caso del señor Zaplana, un responsable político haya podido ir por París comprando corbatas y cortes de tela para camisas a costa de la empresa en cuestión, ni que, como en el caso del señor Zaplana -ahora
ministro-, haya viajado a París en el avión privado de uno de los accionistas de la compañía y le hayan preparado una habitación en el hotel Ritz para pasar la tarde. Estos no son temas menores. Estamos hablando de una empresa, Aguas de Valencia,
S.A., que con la llegada al poder en la Comunidad Valenciana del señor Zaplana sufrió importantes transformaciones y todas ellas dirigidas a una clara finalidad: sustituir a sus gestores profesionales por militantes del Partido Popular de la
confianza del señor Zaplana, como de hecho sucedió.
A modo de antecedentes, voy a recordar algunas de las informaciones aparecidas en las últimas semanas que dejan muy claro, con todo tipo de detalles y evidencias, que el señor Zaplana intentó utilizar Aguas de Valencia, S.A., para conformar
un grupo mediático a su servicio. En este sentido, ha aparecido en distintos medios de comunicación un informe interno que describía estas actividades del señor Zaplana, informe que fue realizado por TF1, empresa francesa filial de Bouygues,
accionista mayoritario de Aguas de Valencia, S.A. Pese a los desmentidos del señor Zaplana, la empresa SAUR Bouygues confirmó en un comunicado, emitido el 23 de diciembre del año 2002, que tal informe era auténtico. El informe, cuyo original está
en francés, señala textualmente: El presidente de la Comunidad de Valencia desea favorecer el desarrollo de un
grupo de medios constituidos por activos existentes, televisión, radio y prensa. El grupo Bouygues ha propuesto que TF1 efectúe una misión sobre el terreno para establecer un estado de lugar. Hemos conocido, a lo largo de un viaje de dos
días, a los representantes políticos de la Comunidad Autónoma de Valencia, así como a los accionistas y gerentes de las distintas empresas.
En otro apartado, la empresa francesa describe con claridad las tres principales motivaciones del señor Zaplana , y cito la traducción textual. La primera, constituir y consolidar un grupo de medios que sea una herramienta de poder local.
El conjunto de medios citados anteriormente tiene hoy una línea editorial muy favorable al poder existente. La segunda, evitar que estos activos sean comprados por PRISA o Correo. La tercera, sacar a las empresas concernidas de su situación
financiera delicada. Los accionistas son, a menudo, empresarios cercanos al equipo de Gobierno.
Así de crudos son los antecedentes de un escándalo que, como decía, define perfectamente toda la trayectoria política del señor Zaplana. Mediante el abuso del poder público intentó crear un grupo mediático afín a sus intereses políticos,
trató de alterar el mercado de la comunicación y buscó favorecer a sus amigos. Sin embargo, y es el motivo central de la comparecencia, tal y como he anticipado, el señor Zaplana ha continuado inmiscuyéndose en la actividad de Aguas de Valencia,
S.A., siendo ministro del Gobierno de España. Obviamente, esta condición no ha influido en su forma de proceder, como marca esta trayectoria política.
El pasado 12 de febrero, ante el Pleno de esta Cámara, pregunté al ministro qué gestiones había realizado para promover ceses y nombramientos en el consejo de administración de Aguas de Valencia, S.A.
Su respuesta fue -y leo textualmente-
la siguiente: Ninguna en absoluto, como sabe S.S. y como han declarado todos los miembros del consejo de administración de la empresa. Estoy en condiciones de afirmar que esa declaración pública ante el Pleno de esta Cámara es falsa y que el
señor Zaplana ha mentido conscientemente. En primer lugar, ningún miembro del consejo de administración de la empresa Aguas de Valencia, S.A., participante en las reuniones previas a las que yo aludí en la pregunta referida ha desmentido
públicamente su participación y las presiones ejercidas por el ministro Zaplana para promover ceses y nombramientos en el consejo de administración de AVSA; ninguno. (El señor Martínez-Pujalte López: Todos.) No hay ninguna declaración pública en
tal sentido. Y lo más importante es que el ministro sabe, porque se le ha remitido a él personalmente, que existe un documento notarial de fecha de 30 de octubre de 2002 -casi tres meses después de ser nombrado ministro-, extendido en cuatro folios
de papel de timbre del Estado, exclusivo para documentos notariales, serie 4P, números 7128950, 7128951 y 7128952, en el que se recogen los hechos ocurridos durante la reunión del consejo de administración de Aguas de Valencia, S.A., de fecha 29 de
octubre de 2002, es decir, tres meses después de que el señor Zaplana fuese nombrado ministro. Copias de este documento obran en poder de todos los grupos accionariales de la compañía y en este documento, entre otras cosas importantes para la
cuestión que nos ocupa hoy aquí, se relata que el presidente de Aguas de Valencia, S.A., don Vicente Boluda, manifestó -y cito textualmente- que había recibido instrucciones externas al consejo de administración en el sentido de acordar la dimisión
del consejero delegado de la sociedad y nombrar en su lugar al ex jefe de gabinete del ahora ministro señor Zaplana y que, ante tales extremos, iba a consultar a los diferentes grupos accionariales allí representados su opinión con relación a ambos
puntos. Como digo, este documento notarial obra en poder del señor Zaplana y de todos los grupos accionariales y -esto quiero resaltarlo- no ha sido desmentido por nadie pasados tres meses de los hechos ni nos consta que se haya interpuesto acción
legal alguna para la defensa de los intereses de los grupos a los que ha sido remitido; ni de este ni de otros documentos e informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación.
Asimismo, disponemos de informaciones que indican que, además, el señor Zaplana, siendo ministro, se reunió el 28 de octubre de 2002 con el presidente de SAUR y con el director general de SAUR Internacional, ambas del grupo Bouygues, a los
que también planteó cesar al entonces consejero delegado de Aguas de Valencia, S.A., y sustituirlo por su ex jefe de gabinete, don Juan Francisco García. Además, existen informaciones que indican que el día 29 de octubre, fecha de la reunión del
consejo de administración de Aguas de Valencia, S.A., el antes citado señor Zaplana habló en dos ocasiones con el presidente de AVSA, don Vicente Boluda.
El señor PRESIDENTE: Señor Pla, le ruego que vaya concluyendo.
El señor PLA DURÁ: Voy concluyendo, señor presidente.
El contenido de estas conversaciones con el ministro fue comunicado por el propio presidente de la empresa a distintos miembros del consejo de administración durante la celebración de un almuerzo el día 8 de noviembre de 2002 en el
restaurante Señorío de Alcocer, de Madrid.
Por otro lado, nos gustaría conocer, si el ministro compareciese, su opinión sobre el contenido de una vídeo-conferencia celebrada el pasado 15 de noviembre, en la que participaron los distintos grupos accionariales y en la que se citaba su
participación expresa en los procesos internos de la empresa.
Además de estas cuestiones, la comparecencia del ministro Zaplana ante el Pleno añadió otro aspecto que
merecería mayor aclaración, pero voy a referirlo brevemente. Afirmó textualmente que parece ser que S.S. -supongo que debería explicarlo también-, atendiendo a la agenda de uno de esos dos directivos, ha participado en alguna reunión con
ellos, y destacados dirigentes del Partido Socialista en la comunidad han participado en reuniones y en comidas con ellos. Esta afirmación justificaría por sí misma la comparecencia del ministro, porque ¿cómo accede un ministro del Gobierno de
España a la agenda de unos directivos que, según él, han sido despedidos de la empresa por irregularidades? El ministro, señor Zaplana, afirmó que se reunía con quien quería y donde quería, pero hay que decir que a los ciudadanos les importa saber
dónde termina el interés público y dónde empieza su propio interés personal.
Considerando todos estos hechos se hace claramente necesaria la comparecencia del señor ministro para aclarar su participación en estas actividades y depurar las responsabilidades políticas a que hubiere lugar.
Para terminar, sólo tengo que decir que este tema de la intervención de un ministro del Gobierno de España en Aguas de Valencia está sólo en sus inicios. Puede comparecer o no, tendrá que dar cuenta ante la opinión pública, pero yo creo que
es muy importante, por salud democrática, la comparecencia que solicitamos porque además, insisto en esta última idea, tenemos fundadas sospechas de la implicación también de un segundo ministro del Gobierno de la nación en esta empresa y en
operaciones similares a ésta.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Procuraré no agotar los 25 minutos que ha empleado el señor Plá, pero tengo que hacer algunas matizaciones.
Señor presidente, me parece que es un atentado contra la democracia en nuestro país que un señor que pretende ser candidato a una comunidad autónoma venga a una comisión de este Parlamento empleando insultos permanentes, sin demostrar nada.
Me parece que emplear insultos descalifica a quien lo hace, que es el señor Plá, que está insultando desde el primero hasta el último minuto de su intervención. Yo procuraré no insultarle, señor Plá, porque le respeto, pero le pido que tenga un
lenguaje más democrático, un lenguaje donde se puedan debatir ideas y no insultos. Parece que usted no sabe más que insultar cuando podría emplear argumentos. Si usted dice que se miente hay que demostrar las mentiras porque si no el que está
mintiendo es usted. Usted empieza a leer un acta notarial que recoge las manifestaciones de los despedidos de una compañía por presuntas irregularidades; eso es el acta notarial, donde se recogen las manifestaciones de unos despedidos que han
comido recientemente con usted. (El señor Pla Durá: ¿Cómo lo sabes? Sí, señor Pla, lo sé y usted también lo sabe, por eso no lo puede desmentir. No ponga esa sonrisa.
Usted ha estado comiendo con dos directivos despedidos por presuntas
irregularidades. (El señor Pla Durá: Falso.) Porque a usted no le preocupa ni la compañía, ni la Comunidad Valenciana, ni el interés público; a usted sólo le preocupa hacerse eco de un escándalo a ver si así mejora su posición política, que desde
luego es manifiestamente mejorable.
Señor Pla, usted ha dicho que Aguas de Valencia es una empresa privada.
Por supuesto que es una empresa privada; el 33 por ciento de la empresa lo tiene una compañía francesa que tenía ese mismo porcentaje mucho antes de que el Partido
Popular llegara al Gobierno en la Comunidad Valenciana, y el mayor porcentaje lo tienen empresarios individuales (FACSA, LUBASA y el grupo Boluda, que por cierto ustedes nos acusaban de que no le habíamos dado la privatización de una empresa y ahora
nos acusan de que es muy amigo nuestro) Es todo de empresas privadas. Y usted sabe, señor Pla, que no tiene ningún contrato con la Administración central. Ninguno.
Usted ha sacado el contrato del Ayuntamiento de Valencia que lo tiene la empresa
Aguas de Valencia desde hace casi cien años, sin embargo, los contratos más recientes de Aguas de Valencia son con ayuntamientos socialistas, cosa que me parece bien. Me parece bien que una empresa valenciana haga buenas ofertas a los ayuntamientos
para ofrecer buenos servicios públicos a los ciudadanos, pero el Ayuntamiento de Alcira, con un alcalde socialista, es de los últimos contratos de Aguas de Valencia.
La número dos de su lista, señor Pla, si es verdad que la lista se confirma, es
alcaldesa de un ayuntamiento socialista cuyo contrato de aguas es con Aguas de Valencia. ¿También esa señora que usted lleva en su lista, y que me merece todos los respetos está presionando? Lo suyo es patético. (La señora Cunillera i Mestres:
Él sí que es patético.) No hay ningún expediente público por resolver y usted sabe que la empresa Aguas de Valencia es de las más importantes de nuestra comunidad y por tanto tiene y ha tenido reuniones con directivos y con políticos desde siempre.
El señor Sevilla estuvo reunido recientemente con un accionista mayoritario de la empresa Aguas de Valencia, y si no pregúnteselo, usted que habla frecuentemente con él. Usted estuvo reunido con los ex directivos y sabe que las últimas decisiones
sobre ceses y nombramientos han sido adoptadas por unanimidad. La empresa Aguas de Valencia, hace 48 horas, emitió un comunicado en el que dice que esos ceses fueron derivados de presuntas irregularidades cometidas por dos directivos a los que
usted protege, porque aquí hay una diferencia y es que usted protege a los que presuntamente cometen irregularidades y el Partido Popular no protege a quien comete irregularidades. (Rumores.) Ésa es la diferencia entre ustedes y nosotros. El
consejo de administración de Aguas de Valencia ha despedido a esos dos directivos sin mediar ninguna información
en medios de comunicación. Se produce el despido porque hay presuntas irregularidades y usted les protegerá, señor Pla; está en su derecho de proteger a quien comete irregularidades porque eso es lo que siempre han hecho ustedes. (Risas.)
Sí, sí, y se van a enterar de más cosas, incluso en la tarea de secretario de finanzas del señor Pla. (Rumores.-La señora Cunillera i Mestres: Qué miedo. Está claro quién amenaza aquí.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías. Prosiga, señor Martínez-Pujalte, entrando en el tema.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente, con todo respeto.
Por supuesto que el Partido Socialista sabe todas estas cosas y por supuesto que el señor Pla sabe, cuando dice en la prensa unas cosas que no se atreve a mantener en el Parlamento. que no está diciendo toda la verdad. Seguro que el señor
Pla lo sabe. Cuando el señor Pla habla de medios de comunicación, yo, con todo respeto, me quedo estupefacto. Usted tiene en su lista autonómica al portavoz de las Cortes autonómicas, que tiene un grupo mediático propio, donde está su hermana, su
hermano y su mujer. Tiene un grupo mediático propio y yo creo que usted haría muy bien en vigilar si ese señor le ha dado subvenciones públicas a ese grupo mediático porque eso le descalifica a usted, que le pone en su lista. El señor portavoz
socialista en las Cortes valencianas tiene un grupo mediático no afín sino propio. Tome nota, y pregúntele porque quizá no se lo dicen todo y le hacen hacer unos papelones que de verdad da pena verle. Tiene un grupo propio y usted, señor Pla, sabe
que el Partido Socialista creó una sociedad para hacerse con un periódico en Castellón, el periódico Mediterráneo, que se hizo a través de una sociedad en la que no es que estuvieran personas afines, es que era accionista la mujer del presidente
socialista de la Comunidad Valenciana, aparte de otros altísimos cargos (dos directores generales de presidencia, etcétera). Se hicieron con un grupo mediático en Castellón que yo no sé si usted lo llama afín pero que era en propiedad; no sé si
era afín pero era en propiedad. Usted, señor Pla, era secretario de finanzas. Y esa sociedad llamada Eivissa, de la que formaban parte altos dirigentes socialistas, ¿sabe a quién le vendió las acciones, señor Pla? Lo sabe, ¿verdad?, porque usted
era secretario de finanzas. Se las vendió al Partido Socialista. ¿Y sabe por cuánto dinero, señor Pla? Lo sabe. Por una peseta. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) ¿Y sabe lo que hizo después el Partido Socialista, señor Pla? Lo sabe,
porque era secretario de finanzas y sabe que usted está siendo investigado por el Tribunal de Cuentas, señor Pla. ¿Sabe por qué el Partido Socialista, del que usted era secretario de finanzas, lo vendió, señor Pla? (El señor Pla Durá: ¿Hemos
venido a hablar de Zaplana o de mí?-Un señor diputado: Es impresentable.) Aquí todo el mundo tiene derecho a hablar y tiene que escuchar. (El señor Pla Durá: Bueno, pues ahora me escucharás tú a mí.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio.
Espero de ustedes que esta Comisión sea capaz de tratar este asunto en orden.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Con todo respeto.
El señor PRESIDENTE: Le recuerdo, señor Martínez-Pujalte, que se está aproximando y mucho al tiempo del que ha dispuesto el señor Pla.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Llevo 10 minutos, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Lleva 15 minutos y no le voy a limitar el tiempo en su intervención.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, perdone, pero a mi juicio lleva 12 minutos. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Pero bueno, por favor!)
El señor PRESIDENTE: Señor Albendea, le ruego que colabore conmigo a que haya orden en esta Comisión en vez de perturbarlo.
Termine, señor Martínez-Pujalte.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Yo entiendo que al señor Pla no le gusten estas cosas, pero es que se ha metido en un tema difícil y va a tener que escuchar lo que voy a decir, porque es bueno que los ciudadanos lo sepan.
Le decía que
usted era secretario de finanzas y que la empresa, de la que formaban parte altísimos dirigentes del Partido Socialista, vendió las acciones a dicho partido por una peseta, el cual las enajenó y vendió con una plusvalía enorme, señor Pla, sin saber
nadie el porqué. Y nadie sabe si han pagado los impuestos correspondientes, pero ese es un tema motivo de otra comparecencia. (El señor Pla Durá: Solicítala.) No voy a emplear la palabra manipulación, pero ustedes tuvieron medios de comunicación
propios. El Grupo Socialista, siendo usted un alto cargo, señor Pla (El señor Pla Durá: ¿Yo?), fue condenado por irregularidades en la concesión de FM. Usted, siendo alto cargo, pagó, señor Pla, manifestaciones en contra de sus oponente
políticos. Usted, señor Pla, sabe que el grupo afín del que usted habla lo constituyen dos radios locales y una televisión local. Yo no sé a qué llama usted afín, señor Pla, si a que una empresa privada decida o no tener un medio de comunicación,
pero ustedes, siendo usted, señor Pla, secretario de finanzas, tuvieron medios de comunicación propios. Estamos ante una empresa privada, señor Pla, que ha tomado decisiones... Sí, aconsejadle, aconsejadle, que necesita consejo. (Risas.) Usted ha
dicho, señor Pla, que el señor
Zaplana participa en reuniones con empresarios. Pues como usted y el señor Sevilla lo hacen todos los días, señor Pla, porque es normal tener relaciones con la sociedad civil. ¿O es que cuando usted se reúne con empresarios es que va a
cobrar comisiones? Yo creo que no, aunque un alcalde socialista diga que le pagaban comisiones. (La señora Serna Masiá: Señor presidente, esto es una vergüenza.) Yo creo que no, pero usted lo sabrá. ¿Es que hay algo ilícito en el hecho de
reunirse con empresarios? Porque usted se reúne todos los días, señor Pla, y a mí me parece normal reunirse con la sociedad civil. Ahora, hablar de propaganda, señor Pla, cuando usted con dinero público pagó manifestaciones contra sus oponentes
políticos, me parece deplorable y da idea -no empleo ni voy a emplear ningún calificativo- de lo que usted está haciendo hoy aquí, un papelón para ocultar la verdad y seguir intentando dañar a sus adversarios políticos utilizando mentiras. Por eso
mi grupo va a votar que no a esta farsa que el Grupo Socialista y el señor Pla quieren montar en este Parlamento.
El señor PLA DURÁ: Es evidente que he sido aludido.
El señor PRESIDENTE: Señor Pla, no puedo negar que el señor Martínez-Pujalte le ha aludido, pero le ruego que responda en dos minutos a dichas alusiones para que podamos votar cuanto antes.
El señor PLA DURÁ: Como, evidentemente, el señor Martínez-Pujalte no tiene argumentos para explicar por qué un ministro promueve nombramientos y ceses, se dedica a atacar al portavoz de la oposición, en este caso al diputado que les habla,
y lo hace además utilizando argumentos radicalmente falsos. Eso sí que es falsedad, lo que ha dicho este señor hoy en esta Comisión. Todos los argumentos que ha empleado para atacarme a mí, que no para defender la posición de su grupo en contra de
la comparecencia del señor Zaplana, son radicalmente falsos, empezando por la comida con los directivos y continuando por el tema de lo que él ha venido en determinar periódico Mediterráneo o algo así. Me está hablando de cosas del año 1983, época
en la que quien les habla no tenía ninguna responsabilidad en el Partido Socialista. El señor Martínez-Pujalte me ha atribuido la propiedad de unos medios, pasando por una falsa venta, cuando yo era responsable de administración y finanzas. Pues
bien, no fue una venta, sino una donación al Partido Socialista y, cuando el mismo vende las acciones, yo no tengo cargo orgánico alguno. (La señora Pajín Iraola: Efectivamente.-La señora Cunillera i Mestres: No quiere enterarse.) Lo digo
públicamente para que se entere, señor Martínez-Pujalte. Y si dice que estoy siendo investigado por el Tribunal de Cuentas es porque usted lo sabe. ¿Tiene información confidencial del Tribunal de Cuentas o eso que ha dicho es radicalmente falso?
(Una señora diputada: ¡Muy bien!) Porque lo único que ha hecho el Tribunal de Cuentas ha sido hacer una referencia en su informe anual de partidos políticos a un apartado concreto del diario Mediterráneo, cuando yo ya no era responsable de
administración y finanzas. ¿Tiene usted información confidencial? ¿Sabe que estoy siendo investigado? ¿Lo reconoce? Porque entonces hablaré yo con el Tribunal y ejerceré mis derechos. Yo no era responsable de finanzas en el momento del que
usted está hablando y lo sabe perfectamente.
Por otra parte, ha manifestado que yo he sido un alto cargo y yo no he sido nunca alto cargo de la Administración de la Generalitat (La señora Cunillera i Mestres: Le da lo mismo.); he sido funcionario de libre designación, pero nunca alto
cargo. Empiece a distinguir las cosas y a saber de qué habla, que no sabe de lo que habla. Y por último ha hablado usted de un grupo afín, lo que significa que está reconociendo la existencia de dicho grupo. ¿Es normal que el Banco de Valencia
conceda a ese grupo afín, por instrucciones del señor Zaplana, un préstamo de 200 millones, avalado por Aguas de Valencia, para poder salvar su situación? ¿Es eso normal? ¿Es normal que, para salvar la situación del Banco de Valencia, la Caja de
Ahorros del Mediterráneo sustituya ese préstamo de 200 millones por orden del señor Zaplana? Porque, si es normal, apaga y vámonos. (La señora Cunillera i Mestres: Que venga el señor Zaplana y lo cuente.-La señora Serna Masiá: ¡Muy bien!)
El señor PRESIDENTE: Vamos a proceder a la votación.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Ahora me ha aludido a mí, señor presidente. (Risas.-La señora Cunillera i Mestres: Y a Zaplana. Que venga Zaplana.)
El señor PRESIDENTE: Espero que en algún momento los dos intervinientes acaben con este juego, el cual no tiene nada que ver con la votación que deberíamos realizar.
Tiene la palabra.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Primer punto, señor presidente. ¿Promueve ceses y nombramientos el señor Zaplana? No, señor Pla. Usted sabe que no es verdad y que está mintiendo. Y también sabe que existe un comunicado -no sé si le
parece suficiente- de Aguas de Valencia de hace 48 horas.
(El señor Pla Durá: Un comunicado que no reconoce nadie.) Yo no estoy en la empresa, pero a lo mejor usted sí, señor Pla, porque se reúne con el directivo. Señor Pla, hay un comunicado que
dice que existe un cese aprobado por unanimidad de todo el consejo por presuntas irregularidades, el cual se está sustanciando en los tribunales. Nadie ha promovido ceses y nombramientos más que los propios consejeros. Yo entiendo que a
usted le moleste que cesen a dos señores que a usted le dan información, señor Pla, pero es por presuntas irregularidades. En segundo lugar, señor Pla, dice usted que es falso que usted haya tenido una comida con los directivos. (El señor
Pla Durá: ¡Es falso!) Señor Pla, si yo le traigo la prueba concluyente, ¿usted dimite? (La señora Cunillera i Mestres: Esto es un Estado policial.) Señor Pla, está usted mintiendo. Usted comió en el restaurante Galbis con directivos de la
empresa. (El señor Pla Durá: Trae las pruebas.) Usted sabe que existen.
Dice usted en los medios de comunicación que no era secretario de finanzas. (La señora Serna Masiá: Pero, ¿quién comparece?) Usted, señor Pla, era secretario de finanzas. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.
Señor Martínez Pujalte, debe usted responder a las alusiones personales y no seguir el debate.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Él me ha dicho que yo mentía en este tema, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Haga el favor de contestar simplemente a las alusiones presentadas.
El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Él me ha dicho que mentía, y yo digo: El señor Pla era secretario de finanzas en el momento en que se produce una donación de Eivissa al Partido Socialista por una peseta. (El señor Pla Durá: Y eso qué
tiene que ver con el tema.) Donación que a los tres meses se convierte en una plusvalía en favor del Partido Socialista. Si eso no es control de medios de comunicación, señor Pla, que venga alguien y lo vea. Desde luego, señor Pla, usted ha
quedado aquí como que está protegiendo a dos señores que han cometido presuntas irregularidades. (El señor Pla Durá: Son militantes suyos.) Usted no está dejando actuar con libertad a una empresa privada, una empresa privada que tiene contratos
con todas las administraciones públicas, incluido el ayuntamiento de la número dos de su lista y cuyas últimas contrataciones son con ayuntamientos socialistas. Señor Pla, usted ha venido aquí a hacer un papelón. (La señora Serna Masiá: El
papelón es el suyo, señor Pujalte.
¡Qué escándalo!) Ha demostrado que para usted todo vale en política, incluso mentir. (La señora Serna Masiá: ¡Qué barbaridad!)
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar la inclusión de este punto en el orden del día de una próxima convocatoria de la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 21.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada la inclusión de este punto en el orden del día de una futura reunión de esta Comisión.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE TRANSFERENCIAS DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001889.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al segundo punto del orden del día: Proposición no de ley sobre transferencias de las políticas de empleo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jáuregui.
El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, la proposición no de ley que presentamos tiene un evidente interés político, y yo no lo oculto. Se trata de una proposición que afecta a un viejo problema que arrastra toda la política vasca, que
es el desarrollo del Estatuto de Gernika, de sus previsiones y de sus traspasos.
La situación que les quiero describir se inicia pues haciendo una referencia temporal inevitable: el año que viene se cumplirán veinticinco años de la aprobación del Estatuto de Gernika y todos somos conscientes de que se siguen manteniendo
fuertes discrepancias sobre algunos de los traspasos de las competencias que ese estatuto preveía transferir a la Comunidad Autónoma vasca. Una de ellas, muy importante en mi opinión, es la que se refiere a la Seguridad Social, a su régimen
económico y concretamente a las competencias de las llamadas políticas activas o de lo que podríamos calificar genéricamente como políticas de empleo. Se trata de una competencia muy importante, no solamente porque lo exige la ley, que es evidente,
sino también porque las políticas de formación y de empleo, las políticas activas del INEM, constituyen el elemento nuclear de una política integral de empleo para cualquier país, para cualquier comunidad. En mi opinión, cuando el Estatuto de
Gernika contempló que esa competencia debería ser transferida a la Comunidad Autónoma vasca y cuando posteriormente otras reformas estatutarias también lo contemplaron así acertaron, porque tiene una lógica absolutamente irrefutable que las
políticas de empleo sean gestionadas desde la propia comunidad autónoma, desde abajo hacia arriba, no desde arriba hacia abajo, porque es una política pegada al terreno, pegada a las reivindicaciones de las empresas y a las exigencias de sindicatos
y empleadores en la formación de sus trabajadores y en la manera en la que insertar en el mercado laboral a las personas desocupadas. Es una competencia que se gestiona integralmente, porque no olvidemos que las comunidades autónomas -también la
vasca- ya son competentes en la política educativa de la formación profesional, es decir que la
comunidad autónoma ya gestiona y administra la política de formación profesional inicial o reglada y en parte también la continua, la que se refiere a la formación profesional de los trabajadores ocupados. En ese marco de política de
formación integral hay que incorporar la política de formación de los parados, que es a la que se refiere la competencia de la que les hablo. Así pues, la ley lo exige, es una competencia muy importante, básica para la gestión de las políticas de
empleo, lógica desde el punto de vista de la subsidiariedad o de la descentralización política en esta materia, reclamada por sindicatos y empresarios y que está transferida a todas las comunidades autónomas. Ojo al dato, señorías, porque tienen
ustedes que saber que todas las comunidades autónomas españolas, excepto Andalucía y el País Vasco -y creo que Andalucía es una excepción muy temporal, porque el 1 de julio de 2003 tendrá también transferida esta materia-, tienen realizado este
traspaso.
La pregunta es entonces por qué la comunidad vasca no tiene transferida todavía esta competencia.
Aquí hay una razón doctrinal o política, si ustedes quieren llamarla así, que impide el acuerdo entre el Gobierno vasco y el Gobierno central.
Efectivamente, el Gobierno vasco viene haciendo una interpretación nacionalista de la disposición
transitoria quinta del estatuto, que contempla que la transferencia del régimen económico de la Seguridad Social -y por tanto en parte también de las políticas activas de empleo, en la medida en la que éstas son financiadas por cuotas de
trabajadores y empresarios- se haga con arreglo a un modelo de caja propia -suele decirse así- o de transferencia total del régimen económico de la Seguridad Social. Aquí el Gobierno vasco se ha encontrado siempre con una respuesta negativa de los
gobiernos del Estado, tanto de los gobiernos del Partido Socialista, hasta el año 1996, como de los gobiernos del Partido Popular, a partir de esa fecha hasta a la actual, que interpretan que el régimen económico de la Seguridad Social no puede ser
fragmentado y que por tanto no cabe un traspaso de la formación profesional y de las políticas activas del INEM si se hace sobre la base de una fractura de cotizaciones a la Seguridad Social, como pretende el Gobierno vasco. Hay pues un problema
delicado en la interpretación, pero además hay otro dato que quiero poner sobre la mesa, porque me parece importante, como es que sobre la base del no cumplimiento del estatuto, el nacionalismo vasco, en particular el Gobierno vasco actual, el
Gobierno del señor Ibarretxe, ha sustentado la posición política de que el estatuto de autonomía está muerto y, en función de esa circunstancia, hay que defender un nuevo modelo político, que es el llamado Plan Ibarretxe, que propugna, como ustedes
saben, un nuevo statu quo jurídico-político para la Comunidad Autónoma vasca en relación con el Estado.
En esta situación que les acabo de describir se inscribe la proposición no de ley que hoy les presentamos. Nuestro grupo es un grupo de oposición al Gobierno del Estado en esta Cámara y también de oposición al Gobierno vasco en la Comunidad
Autónoma vasca. Hemos presentado una proposición no de ley de idéntico contenido tanto al Gobierno vasco, en el Parlamento vasco, como al Gobierno del Estado, en esta Cámara, reclamando, primero, que se reinicien las conversaciones entre el
Gobierno del Estado y el Gobierno vasco para discutir la transferencia de las políticas activas de empleo, y, segundo, que, en este caso, el Gobierno del Estado acepte una interpretación que permita una solución de este problema mediante lo que
llamaríamos una fórmula transitoria, es decir, que traspase el INEM con las políticas activas de empleo, con arreglo a un modelo general, como el que se ha transferido al conjunto de las comunidades autónomas del Estado, permitiendo una postergación
de la interpretación doctrinal que el nacionalismo vasco hace de esta materia, dejándolo para posteriores momentos, que permitan una solución política de ese problema.
Las razones que avalan esta propuesta son las siguientes: primera, en mi opinión, es lo más inteligente. Políticamente hablando, quiero decirles que si el Gobierno vasco quiere zanjar el debate estatutario, nosotros, el Gobierno del Estado
y el bloque, impropiamente llamado a veces, constitucional, no podemos admitir esa hipótesis de zanjar, de dar por muerto el desarrollo del estatuto. Nosotros no debemos consentir esa hipótesis. Al contrario, si Ibarretxe argumenta su propuesta de
un nuevo estatus jurídico-político para el País Vasco en que se ha agotado el estatuto porque el Gobierno central no quiere producir las transferencias, nosotros tenemos que demostrar que sí queremos, y el Estado tiene que proponer al Gobierno Vasco
la continuación de ese diálogo e, inclusive, ofrecer fórmulas que permitan la transacción o la solución de estos viejos problemas enquistados.
Segunda, es lo más necesario, porque este es un traspaso fundamental, que viene siendo, repito, reclamado por todos los agentes sociales y económicos. Recientemente Confebask, la representación de los empresarios vascos, lo ha dicho, pero
también lo han dicho los sindicatos: las políticas de empleo son fundamentales para la comunidad autónoma. No puede ser que el Gobierno vasco esté trabajando paralelamente al INEM, en unas ineficiencias y en unas duplicidades absurdas. Además, la
solución que proponemos es pragmática, porque no exige renuncias doctrinales de nadie, pero permite una solución del problema.
Termino, señor presidente, dirigiéndome al Grupo Popular, que es el único grupo que veo en la Cámara -puesto que no hay representación de otros grupos a los que me habría gustado dirigirme también para pedirles su apoyo a esta proposición no
de ley, lo hago únicamente al grupo mayoritario-, reclamándole que tome en consideración esta propuesta. Los cuatro diputados que representamos al Partido Socialista de Euskadi
en esta Cámara, y al Grupo Socialista en su conjunto, la hemos presentado con la intención de que el Parlamento inste al Gobierno a que dé un paso inteligente y necesario en la recuperación del diálogo autonómico.
También quiero decirles que esta propuesta está cargada de intención, porque propone que se reanude el diálogo entre los dos gobiernos. Propone que se arreglen los problemas y, sobre todo, propone, si ustedes me lo permiten, que se haga
política en Euskadi. Porque en Euskadi no se hace política. En Euskadi, desgraciadamente, lo único que hay son acontecimientos que nos marcan la agenda a los políticos, a los partidos y a las instituciones. Desgraciadamente, otros quieren hacer
otra política, que nosotros no debemos admitir. Hay una razón imperiosa para que sea el estatuto la agenda del debate político en Euskadi, para que la política la hagan las instituciones. Señores del Partido Popular, a los gobiernos les
corresponde dialogar institucionalmente y resolver los problemas, no hacer un toma y daca, una dialéctica partidaria que no hace más que enconar los asuntos y, sobre todo, no podemos aceptar la mesa de debate que nos plantea el nacionalismo.
Nuestra agenda política es el estatuto y la manera más propia de llevar a la agenda política y a la política de verdad en el País Vasco el tema estatutario es, precisamente, ofreciendo al Gobierno central una oferta de diálogo y una propuesta de
solución como la que el Partido Socialista propone en el País Vasco y en este Parlamento.
Nosotros somos oposición en Euskadi y somos oposición aquí, pero pedimos al Gobierno vasco y al Gobierno del Estado que dialoguen, que arreglen los problemas. No que se dirijan insultos a diario en los periódicos, que dialoguen, porque es
su responsabilidad; que hagan política y que la hagan con su agenda; que la hagamos con el estatuto y con la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Rafael Carriegas.
El señor CARRIEGAS ROBLEDO: Buenos días a todos.
Antes de entrar en el grueso del debate, me gustaría, aunque quizá reduzca un poco el tono del debate político que ha iniciado el señor Jáuregui, hacer algunas acotaciones o comentarios relativos a frases que se expresan en la exposición de
motivos de la proposición no de ley que nos plantea hoy el Grupo Socialista.
Nos dice el Grupo Socialista que la evolución económica no es buena. En nuestra opinión, gracias a las medidas del Gobierno, se ha iniciado una recuperación económica que da ya sus primeros pasos; los datos de IPC recientemente publicados,
los tipos de interés y la evolución de los mercados evidencian claramente que la evolución económica, sin ser magnífica, empieza a ser mejor. También nos dice el Grupo Socialista que las perspectivas más inmediatas en el terreno laboral se
manifiestan preocupantes. Yo quiero decir que en el terreno laboral, habida cuenta de que la evolución económica empieza a ser mejor, las perspectivas más inmediatas se manifiestan ilusionantes. Nos dice también que el paro se está incrementando.
Yo querría decirles que es una verdad a medias, ya que en España se sigue creando empleo, se sigue incrementando permanentemente, mensualmente, la afiliación a la Seguridad Social y que, por tanto, esto sería objeto de un interesante debate. Es
bueno conocer perfectamente el panorama de España: estamos permanentemente recibiendo aportaciones de españoles y de extranjeros que se afilian a la Seguridad Social porque han encontrado un empleo, pero al tiempo, desgraciadamente, hay personas
que se están inscribiendo en las listas del INEM.
No resultan aceptables las referencias que hacen a que el hecho de que el INEM continúe gestionando las políticas activas de empleo en el País Vasco conlleve una mala gestión o una falta de respuesta eficaz a las necesidades de los
trabajadores y empresarios vascos. Tampoco resulta aceptable la referencia a que no hay políticas generales en materia de políticas activas en el ámbito estatal, poco menos que el INEM está huérfano en el País Vasco, puesto que, como ustedes saben,
anualmente se elaboran los planes de acción para el empleo en el marco de la estrategia europea para el empleo. Quiero recordar aquí que el INEM no transfiere nada a ninguna comunidad, sino que lo que se transfiere es la gestión.
Tampoco podemos
aceptar que se diga que el INEM sufre una desestructuración. El organismo lleva años inmerso en los procesos de transferencias y lo fundamental no ha sido hacer el proceso en sí, sino hacer un buen proceso, de manera que el servicio que se presta
al ciudadano quede suficientemente asegurado y sea de calidad.
Entraré en el fondo de la iniciativa que presenta el Grupo Socialista, que se concreta fundamentalmente en dos puntos. En el primer punto solicitan la reanudación de las negociaciones para el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco
de las funciones y servicios de la Administración del Estado en materia de gestión de la formación profesional ocupacional, así como de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación, y en
el punto segundo proponen una fórmula de transición para llevarla a cabo.
En cuanto al primer punto, le podría poner un símil. Es como si en una proposición no de ley pidieran que el Partido Popular bajara los impuestos. Pero parece obvio que la política del Partido Popular, a lo largo de los últimos años,
precisamente tiene como horizonte bajar los impuestos. Por tanto, en cuanto al primer punto, debo decir que el Gobierno de España, en particular el Ministerio de Administraciones Públicas, ha estado, está y seguirá estando en el futuro dispuesto a
negociar con la Comunidad Autónoma del País Vasco los traspasos de funciones y servicios en materia de formación y empleo del INEM, dentro de los criterios límites y procedimientos establecidos por -¡ojo al dato!- la Constitución española y
el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Y esta afirmación está avalada no sólo por lo que dice quien ahora habla sino por las voluntades manifestadas en los tres escritos remitidos al Gobierno vasco por parte del Ministerio de Administraciones
Públicas en los últimos siete meses. El Gobierno vasco y los partidos que lo sustentan han sido, son y al parecer seguirán siendo en el futuro quienes hacen imposible siquiera la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre transferencias de políticas
activas de empleo, puesto que mantienen posturas cerradas inflexibles, y diría que interesadamente cerriles, que evidencian su nula intención real de negociación, diálogo y pacto y evidencian asimismo su apuesta rupturista a través del llamado Plan
Ibarretxe o si prefieren del proyecto independentista del Partido Nacionalista Vasco. Parece que rechazar las permanentes ofertas que se han lanzado desde el Gobierno de España para alcanzar acuerdos les permite mantener ese perfil político
victimista que hace patente una visión equivocada de lo que supone la asunción de responsabilidades en la política, que no es otra cosa que servir a los ciudadanos de la mejor manera posible. Parece que al Gobierno vasco y a los actuales partidos
que lo sostienen les resulta gratificante aquello de cuanto peor mejor.
Parece que recibir los más de 250 millones de euros en los que el ministerio tasa la transferencia de las políticas activas de empleo no es una buena noticia para los
nacionalistas, aunque lo sea para todos los trabajadores y empresarios vascos. Desde un punto de vista general el traspaso de la gestión desarrollada por el Instituto Nacional de Empleo en materia de trabajo, empleo y formación, es decir, las
llamadas políticas activas, no es un proceso que dependa únicamente de la voluntad de la Administración del Estado, sino que según establece la normativa reguladora se trata de un proceso negociado que requiere la aceptación de las dos
administraciones implicadas, en este caso el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. La transferencia, como conocen, queda supeditada a la negociación de los distintos aspectos relativos al personal, medios materiales y financieros que
conforman dicho traspaso y a su posterior aprobación por la comisión mixta de transferencias habilitada al efecto. Se trata, por consiguiente, de un proceso difícil y muy complejo, desde el punto de vista técnico, al que se suman en este caso
particular del País Vasco las divergencias cuando no la cerrazón en materia de interpretación del texto estatutario.
En cuanto al segundo punto de su iniciativa relativa a una posible fórmula de transición que reservara las posiciones doctrinales del Gobierno vasco en estos traspasos, desde el Ministerio de Administraciones Públicas no sólo existe una
disposición a estudiar fórmulas que hicieran posible la transferencia, sino que de hecho en las negociaciones habidas al respecto hasta la fecha ya se han ofrecido alternativas que pretendían resolver el problema. Ahora bien, estas alternativas
siempre fueron rechazadas por el Gobierno vasco. Acaso sea oportuno decir que podrían aceptarse por nuestra parte posibles fórmulas, pero siempre desde el escrupuloso respeto a nuestra Constitución y al Estatuto de Autonomía del País Vasco.
Por
tanto, estamos total y absolutamente abiertos a analizar propuestas concretas, por ello, resulta obvio que no podamos pronunciarnos afirmativamente sobre conceptos como los que plantea hoy el Grupo Socialista, que son cuando menos inconcretos.
Acaso sea no ya oportuno sino necesario decir que pactar, concordar, convenir, concertar, negociar, contratar, conciliar, ajustar, acordar, avenirse o comprometerse requiere de un esfuerzo, requiere de una voluntad, requiere de un espíritu;
espíritu, voluntad y esfuerzo que no les quepa duda tiene el Gobierno de España, pero que desgraciadamente ni ha tenido ni a día de hoy tiene el Gobierno vasco.
Le pido al portavoz del Grupo Socialista que retire la iniciativa. Hay argumentos que avalan la buena voluntad, la flexibilidad, pero también el riguroso cumplimiento de nuestro ordenamiento jurídico por parte del Gobierno de España.
Estamos abiertos y seguimos abiertos a dialogar, si hace falta hasta el amanecer, pero siempre dentro de nuestra Constitución y el estatuto de autonomía. En el caso de que no sea recibida favorablemente nuestra oferta de retirada de la iniciativa,
votaremos en contra.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar este punto del orden del día.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 10; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada esta proposición no de ley.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO (ELORRIAGA PISARIK) PARA INFORMAR SOBRE:
- LA GESTIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA DURANTE LA CRISIS DEL SINIESTRO PROVOCADO POR EL PRESTIGE Y, ESPECIALMENTE, EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES DE LOS PRIMEROS DÍAS. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 212/001412.)
- ACTUACIONES DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA EN EL CASO DE LA CATÁSTROFE GENERADA POR EL ACCIDENTE DEL PRESTIGE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 212/001414.)
- ACTUACIONES Y COMUNICACIONES EN RELACIÓN CON LAS SOLICITUDES DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y DE COMPARECENCIAS DE ALTOS CARGOS Y PERSONAS VINCULADAS A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO FORMULADAS POR LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
CATÁSTROFE DEL PRESTIGE CREADA EN EL PARLAMENTO DE GALICIA. A SOLICIUTD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/001434.)
- LAS RAZONES PARA IMPEDIR LA COOPERACIÓN INSTITUCIONAL CON EL PARLAMENTO DE GALICIA, COMO MANDA LA CONSTITUCIÓN, EN EL CASO DE NEGATIVA DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN GALICIA A COMPARECER EN LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN Y EL POSIBLE DESACATO
QUE SUPONE. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/001111.)
- LAS RAZONES POR LAS QUE LA DELEGADA DEL GOBIERNO EN CATALUÑA HA CALIFICADO DE VISIONARIOS, ILUMINADOS Y FUNDAMENTALISTAS A LOS PARTIDOS QUE PROPONEN UNA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL SENADO, Y CÓMO SE
COHONESTAN TALES DECLARACIONES CON EL EJERCICIO DEL CARGO DE DELEGADO DEL GOBIERNO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000859.)
El señor PRESIDENTE: Agradezco la presencia del secretario de Estado en esta comparecencia.
Quiero comunicarles que el punto 3.º del orden del día ha sido retirado por el Grupo Mixto, era una comparecencia solicitada por él mismo, y que vamos a agrupar los puntos 5.º, 6.º, 7 y 8.º, que hacen referencia al mismo tema, es decir, a
las actuaciones con relación a la catástrofe generada por el Prestige, y luego abordaremos uno por uno los restantes puntos del orden del día. Por tanto, ruego al secretario de Estado que inicie la comparecencia con una intervención en la que
responda al bloque de asuntos relativos al caso del Prestige.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Mi primera respuesta para este conjunto de comparecencias se puede agrupar en torno a dos bloques de cuestiones distintas y perfectamente diferenciables. Hay
dos o tres peticiones de comparecencia orientadas a pedir una explicación sobre la actuación del delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Galicia durante los primeros días de la crisis del Prestige y dos comparecencias más orientadas a
pedir explicaciones sobre por qué se cursaron instrucciones a este mismo delegado del Gobierno para no comparecer ante la Comisión no permanente de investigación que se había constituido en el Parlamento gallego. Como son dos grupos de temas
perfectamente diferenciables, en primer lugar haré referencia al primero de ellos y a continuación al segundo, sin perjuicio de que luego, en el curso del debate, amplíe las explicaciones que procedan.
En relación con el primer tema, sobre cuáles fueron las actuaciones del delegado del Gobierno durante los primeros días de la crisis, quizá convenga comenzar explicando cuál es la posición institucional del delegado del Gobierno, cuáles son
sus funciones y cuáles son sus responsabilidades en esta materia. Dicho de forma clara, y para centrar el tema, lo que no le corresponde al delegado del Gobierno en ninguna circunstancia es tomar decisiones técnicas u operativas. Esa no es su
responsabilidad. Su responsabilidad básica, como ahora explicaré, es la coordinación de los servicios públicos y el mantenimiento de las líneas de comunicación con las administraciones territoriales y, en general, con la sociedad. La figura del
delegado del Gobierno, como todos ustedes saben, está creada por el artículo 154 de la Constitución española donde se señala que el delegado del Gobierno dirigirá la Administración del Estado en el territorio de la comunidad autónoma y la
coordinará, cuando proceda, con la Administración propia de cada comunidad. Para saber en realidad cuáles son esas funciones es conveniente detenernos en el contenido de la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la Administración general
del Estado, la LOFAGE, que en su capítulo II, dedicado a los órganos territoriales, específica cuáles son las funciones propias de los delegados del Gobierno. En concreto, señala el artículo 22 de la LOFAGE, que los delegados del Gobierno
representan al Gobierno de la nación en el territorio, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado que corresponde al presidente de la comunidad autónoma, y que ejercen la dirección y supervisión de los servicios de la Administración del
Estado en los términos señalados en esta ley. Básicamente, por no ir a la literalidad de la ley, los delegados del Gobierno tienen, por un lado, encomendada la dirección y la jefatura orgánica y funcional de determinadas unidades, tienen
encomendada la jefatura de otras y tienen un mandato genérico con relación al resto de los organismos del Estado.
Vayamos por partes. Como es bien sabido los delegados del Gobierno son
los representantes del Ministerio del Interior en el ámbito de la comunidad autónoma, por tanto, les corresponde a ellos impartir las instrucciones en materia de libertades públicas, seguridad ciudadana y mantenimiento del orden público y,
por otro lado, son representantes del Ministerio de Administraciones Públicas y directores de los servicios integrados de la Administración. En los servicios integrados los delegados del Gobierno tienen una jefatura orgánica que se completa con una
dependencia funcional de los respectivos ministerios o departamentos ministeriales. Además, tienen un deber genérico de coordinación sobre el conjunto de los órganos de la Administración del Estado no integrados en la estructura orgánica de la
Delegación del Gobierno. Destaco este punto porque, como todos ustedes saben, la mayor parte de los organismos intervinientes en esta crisis son órganos no integrados en la Administración general del Estado, tanto aquellos que han intervenido desde
el Ministerio de Fomento, como algunas empresas públicas que también han tenido una participación importante. Para tratar de aclarar también, antes de entrar en detalles, por qué la comparecencia de este secretario de Organización Territorial del
Ministerio de Administraciones Públicas, quizá también convenga recordar que, de acuerdo con la estructura orgánica del Gobierno de la nación, todos los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, así como los de las ciudades de Ceuta y
Melilla, dependen jerárquicamente de esta Secretaría de Estado de forma explícita con arreglo a la ley y a los decretos de desarrollo.
A la vista de este marco jurídico, que entiendo que es necesario para entender y para evaluar cuál fue la actuación del delegado del Gobierno en los primeros días de la crisis, paso a explicar qué es lo que este delegado del Gobierno realizó
en los primeros días. Como resumen previo diré que el delegado del Gobierno en todo momento cumplió y ejerció las competencias que le atribuye la ley en unas circunstancias como las conocidas, y lo hizo sin duda sobradamente. Desde el instante en
el que se puso en su conocimiento la existencia de un buque petrolero con dificultades graves cerca de las costas gallegas, el delegado del Gobierno puso la Delegación del Gobierno, sus equipos, sus medios y sus esfuerzos, a disposición de todas las
administraciones, de los órganos estatales, autonómicos y locales, cargos de todos los niveles, expertos técnicos y asumió personalmente las funciones de actuar ante la opinión pública como centro de información y coordinación. Debe quedar claro en
esta comparecencia, aunque creo que esto ha sido ya sobrada y reiteradamente expuesto en las muchas que los distintos miembros del Gobierno han ido teniendo ante la Cámara, que en todo momento en los primeros instantes de la crisis se desplegaron
con absoluto rigor todos los mecanismos de coordinación previstos y, cualquiera que sea la opinión que a SS.SS. les pueda merecer el acierto o el error de las decisiones tomadas, que se hicieron con arreglo a los protocolos establecidos. No puede
haber descoordinación cuando, como se ha comprobado y es por todos conocido, el despliegue del Plan nacional de contingencias por contaminación marina accidental fue prácticamente automático y se desarrolló en muy pocos minutos, tras recibirse la
señal de socorro desde el buque siniestrado. El Plan nacional de contingencias, como es lógico, está diseñado para responder bajo los criterios de tiempo y de coordinación. Lo que trata es de permitir, como así se hizo, que se adopten todas las
medidas por los órganos competentes para ello en el menor espacio de tiempo posible. Una vez que el Plan nacional está activado y en marcha lo que se hace es seguir los protocolos de actuación, sin que corresponda en este sentido a la Delegación
del Gobierno como tal institución adoptar decisión alguna, sino que esta tiene que ser adoptada por los directivos funcionalmente competentes por cada una de las materias. El Plan nacional, de contingencias prevé que en todos los casos en que la
contaminación sea consecuencia de un accidente marítimo en el que estén involucrados uno o más buques se activará automáticamente el Plan nacional, pero, aunque ya lo conocen ustedes porque ha sido reiteradamente analizado en la Cámara, quizá
convenga recordar la rapidez y la eficacia con la que actuaron todos los implicados de las diversas administraciones. No me voy a extender pero haré un breve relato de los hechos. A las 15:15 se emitió el SOS desde el buque Prestige de peligro no
definido, estando entonces el barco a 27 millas del cabo Finisterre; a las 15:20, cinco minutos después, se movilizaba el primer helicóptero, el Helimer Galicia; a las 15:33, 18 minutos después, se solicitó desde el Prestige la evacuación de la
tripulación por riesgo inminente de hundimiento sin mayores precisiones; un minuto más tarde, a las 15:34, se dieron instrucciones formales al Ría de Vigo para que se trasladara a la posición del siniestro. Por tanto, a los diecinueve minutos de
recibida la primera señal de maiday estaba ya puesto en su integridad el primer dispositivo de salvamento de la tripulación y del buque por aire y por mar. A las 15:45 la Xunta de Galicia tenía ya conocimiento de lo que estaba sucediendo. Un
helicóptero de la Xunta, el Pesca-1, había recibido ya instrucciones del salvamento de Finisterre para que se dirigiese a un punto situado a 65 millas de Vigo para atender el maiday. A las 15:45 el capitán marítimo de A Coruña informó al director
general de la marina mercante de que un buque identificado como Prestige estaba en riesgo de hundimiento. A la vista de esta emergencia, a las 15:45 -es decir, apenas una hora después- el director general de la marina mercante se trasladó a la
sede de la Dirección General de la Marina Mercante en Madrid y se puso allí al frente de las operaciones necesarias para atender el siniestro y eventualmente para luchar contra la contaminación marina que se pudiese producir. Para ello se convocó
inmediatamente en la sede de la dirección general a su equipo, además de al equipo operativo de
la entidad pública empresarial Sasemar (Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima), de la que es además presidente el mismo director general. Esa misma tarde, fue activado el Plan nacional de contingencias por contaminación marina
accidental. Simultáneamente, a las 16:05 el capitán marítimo de A Coruña llamó al jefe de gabinete del delegado del Gobierno para explicarle y relatarle la situación e inmediatamente se convocó en la Delegación del Gobierno a todo el gabinete
técnico y al jefe de Protección Civil de la delegación. A las 16:30 estaba activado el gabinete de crisis de la Delegación del Gobierno, se habían iniciado todos los contactos e intercambio de información con los subdelegados del Gobierno y se
constituyó el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) en la Delegación del Gobierno.
Recapitulando, por lo que ahora entiendo que nos interesa, que no es tanto el relato de los acontecimientos, sino entender cuál es el papel de la Delegación del Gobierno en esta crisis y cómo desempeñó sus responsabilidades, en esta primera
hora transcurrida tras el recibimiento de la señal de socorro del barco se habían puesto ya en funcionamiento la Administración general del Estado, la Administración autonómica, que estaba informando y había mandado ya medios materiales para
socorrer el siniestro, la Dirección General de la Marina Mercante, Sasemar, el Centro Nacional de Salvamento de Finisterre, el Centro Local de Salvamento de Vigo, los equipos de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, el gabinete de crisis
de la Delegación del Gobierno y los gabinetes de crisis en las cuatro subdelegaciones del Gobierno. Una hora después estaba funcionando el Centro de Cooperación Operativa (CECOP); todo esto en una hora. Todos estos organismos, cargos y
autoridades tenían un solo objetivo, que es el que les correspondía en esta circunstancia: atender sin pérdida de tiempo el salvamento de las vidas humanas, evitar riesgos para la población y minimizar en lo posible los daños medioambientales y
económicos. Todo esto se había hecho, conviene recordarlo, a partir de un SOS indeterminado en el que el buque, sin mayores explicaciones, simplemente indicaba su posición (muy cercana a la costa, por cierto) y el peligro de hundimiento inminente.
Una hora después estaban movilizados cinco remolcadores y cuatro helicópteros que se dirigían a la zona.
En las horas siguientes se estableció contacto y se solicitó colaboración a los miembros de las fuerzas de la Guardia Civil, a las fuerzas armadas españolas, a las cuales se solicitó como primera medida un remolcador a través del almirante
jefe del Estado Mayor de la Armada, a las 5:21, siguiendo las instrucciones y la solicitud del capitán marítimo de Coruña. Estaba informándose a las administraciones locales y a las cofradías de pescadores. Hay que recordar que en la mañana del
día siguiente desde las consejerías competentes de la Xunta de Galicia se estaba en contacto directo con todos los alcaldes de la zona y con todas las cofradías de pescadores para explicarles la situación. Estaban, por tanto, movilizadas las
consejerías de Presidencia, Justicia, Pesca, Economía y de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, los ministerios de Administraciones Públicas, de Fomento, de Ciencia y Tecnología y de Interior, e incluso se había puesto en contacto en las primeras
horas con el principal partido de la oposición. Estaban ya movilizados todos los técnicos competentes de los organismos mencionados; en consecuencia, se había actuado, como preveía el Plan nacional y para lo que están previstos los procedimientos,
con la rapidez y la celeridad exigibles a una circunstancia de estas características y se habían abierto los cauces de diálogo con las administraciones concernidas.
No me voy a extender, aunque podemos volver sobre todo ello, por supuesto, en cuáles fueron los objetivos y su grado de cumplimiento, puesto que han sido reiteradamente explicados ante esta Cámara; sólo diré que el primer objetivo,
lógicamente destacado por el Plan nacional y por los convenios internacionales suscritos, era el salvamento de vidas humanas y que en el plazo de noventa minutos se habían movilizado, como he dicho antes, cinco remolcadores y cuatro helicópteros
para atender esta primera necesidad.
Hay que destacar que el primero de los helicópteros movilizados llegó a la posición del siniestro cinco minutos después de lanzado el SOS desde el barco. A las 17:10, hora local, el helicóptero Pesca-1 informó
de que tenía siete tripulantes a bordo y a las 18:05, hora local, el Helimer Galicia evacuó otros 17 tripulantes; quedaron a salvo los 24 tripulantes del Prestige, permaneciendo a bordo del buque voluntariamente, como es también muy conocido, el
capitán, su primer oficial y el jefe de máquinas. Por tanto, en menos de tres horas el primer y más inmediato objetivo estaba cumplido: se había salvado a toda la tripulación gracias a la rapidez, a la eficacia y a la coordinación de todas las
autoridades responsables. El segundo objetivo era evitar que el barco embarrancara.
El barco se acercaba, como es sabido, peligrosamente a la costa, no había la colaboración necesaria por parte del capitán y los otros dos miembros de la
tripulación que permanecían allí; estaban las máquinas apagadas, no había gobierno, por tanto, el objetivo de las autoridades marítimas fue evitar que el barco embarrancara provocando una catástrofe no sólo ecológica, sino también posiblemente
humana. Había que alejar el barco de la costa y para ello se tomaron dos medidas: en primer lugar, hacer posible el remolque del Prestige (conocen ustedes sobradamente todos los incidentes relacionados desde el momento en que se situaron los
remolcadores en posición para ello y en el momento en que fue posible iniciar esa maniobra); y, en segundo lugar, y dadas las dificultades que estaba planteando el remolque, como también se conoce sobradamente, la Administración española encomendó
a don Serafín Díaz Regueiro, inspector de buques, la
puesta en marcha de las máquinas del Prestige, lo que consiguió, no sin riesgo, a las 15:30 horas del día 14, momento en el cual el Prestige pudo empezar a avanzar con propulsión propia a bajas revoluciones, alejándose de la costa. A las
16:20 los técnicos de Tecnosub informaron de que el Prestige se alejaba de la costa a seis nudos de velocidad. Por tanto, en veinticuatro horas, aparte de salvar a la tripulación, se había detenido el avance del barco contra la costa y se iniciaba
el proceso de alejamiento de ella, de la zona de mayor peligro. A partir de ahí se inicia una maniobra para intentar minimizar los daños en la costa, maniobra de alejamiento del buque que también ha sido reiteradamente relatada ante esta Cámara y
en la que no me voy a extender.
En definitiva, y volviendo a lo que entiendo que es el motivo de la comparecencia que nos ocupa, cuál fue la labor de la Delegación del Gobierno, ella en este primer momento garantizó la activación de los mecanismos de crisis previstos para
una situación como ésta, activación que se produjo en tiempo y en forma con los resultados conocidos, por tanto, no cabe desde luego ningún tipo de reproche a la Delegación del Gobierno por su actuación en estas horas. Posteriormente, le ha
correspondido también a la Delegación del Gobierno gestionar o intermediar en la concesión de las ayudas inmediatas, que casi desde los primeros momentos recibieron los pescadores, mariscadores, armadores y en general todos los afectados por la
catástrofe. Sin hacer comparaciones con los precedentes históricos también sobradamente conocidos y traídos a distintos debates en esta Cámara, hay que reconocer la enorme celeridad y eficacia con la que estas ayudas han llegado a sus destinatarios
y sin duda en esta rapidez ha tenido un papel protagonista el trabajo de la Delegación del Gobierno. Hay que recordar que el 19 de noviembre se constituyó una Comisión para el seguimiento de las indemnizaciones del Fondo FIDAC en la propia
Delegación del Gobierno, donde se comenzó a concretar el procedimiento del pago de indemnizaciones por los daños y perjuicios producidos por la catástrofe. Realmente, no se puede hablar en modo alguno de falta de coordinación, sino todo lo
contrario. La Delegación del Gobierno fue durante los primeros días de la crisis un centro de coordinación y un canal permanente de comunicación y de intercambio de información constante e idóneo. Cumplió perfectamente con su misión de apoyo a
todas las administraciones, organismos, autoridades y responsables técnicos implicados en la gestión de la crisis, y sin duda el delegado del Gobierno fue el portador de la información a la opinión pública, aspecto este enormemente destacable. No
me extenderé más en este primer punto. Si quieren, podemos volver luego de modo pormenorizado a las distintas actuaciones del delegado del Gobierno. Insisto en que lo importante es conocer cuál fue la actuación de la Delegación del Gobierno y que
se pueda entender suficientemente dicha actuación en los primeros días, celebrándose esta comparecencia tras un número elevado de ellas de distintos responsables del Gobierno de la nación.
El segundo bloque de solicitudes de información se refieren, como decía, a por qué se cursaron instrucciones al delegado del Gobierno y a otras autoridades dependientes del Estado para que no comparecieran ante la Comisión no permanente de
investigación que se constituyó en el Parlamento de Galicia. Lo primero que conviene hacer aquí es relatar la sucesión de los acontecimientos para hacer después una mención de los fundamentos jurídicos y políticos de la decisión. El viernes 3 de
enero el delegado del Gobierno recibió un oficio del presidente de la Cámara gallega, por el que se solicitaba su comparecencia y la de otras autoridades del Estado y se reclamaba abundante documentación. El mismo día 3, en cuanto tuvimos
conocimiento de la existencia de este oficio, dirigí una primera comunicación al presidente del Parlamento gallego indicándole la improcedencia de la petición cursada. El día 8 -aunque lo tendrán todos ustedes en la cabeza, les recuerdo que en
medio estaban las fiestas de Reyes- se solicitó dictamen a la Dirección General de Política Autonómica y al Servicio Jurídico del Estado sobre la petición del Parlamento vasco. (Varios señores diputados: Parlamento gallego.) Perdón, Parlamento
gallego. (El señor Martínez Sanjuán: ¡En qué estaría pensando!-Risas.) Ese mismo día, el día 8, la Dirección General de Política Autonómica emitió dictamen en los términos que les leeré a continuación, y también lo hizo el Servicio Jurídico del
Estado en los términos que igualmente les explicaré. El día 8 también dirigí un escrito al presidente del Parlamento gallego, indicándole la improcedencia de las peticiones realizadas y cursé instrucciones taxativas al delegado del Gobierno para
que no compareciese ante la Comisión de investigación.
Simultáneamente se solicitó informe adicional al Consejo de Estado, que emitió el pasado 13 de febrero -jueves de la semana pasada- y que corroboraba el criterio adelantado por el Servicio
Jurídico del Estado y la Dirección General de Política Autonómica, así como el suyo en ocasiones anteriores. De modo que desde el punto de vista jurídico no existe ninguna duda razonable sobre la falta de capacidad del Parlamento gallego para
solicitar las comparecencias y la documentación en los términos que lo había hecho el día 3 de enero.
¿Cuáles son los argumentos? Se los resumiré por adelantado, antes de entrar en precisiones. En primer lugar, las funciones de control político de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas han de entenderse necesariamente
referidas a su ámbito territorial y competencial; cualquier otra interpretación llevaría a un absurdo constitucional. Lógicamente, ante esta evidencia mi responsabilidad como secretario de Estado y superior jerárquico de los delegados del
Gobierno -como les recordaba antes- es la de hacer efectiva la competencia de estas Cortes Generales para fiscalizar en exclusiva la actuación del Gobierno de la nación y singularmente la de hacer efectivo el cumplimiento del artículo 108 de
la Constitución española, que establece la competencia específica de esta Cámara, el Congreso de los Diputados, como centro del control de la actividad del Gobierno. Los dictámenes jurídicos solicitados son todos coincidentes en su argumentación,
pero utilizaré el último que, quizá por ser el más elaborado, es el más claro.
Señala el Consejo de Estado que del principio de colaboración que preside las relaciones entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas no se puede
inferir la posibilidad de interferencia entre las competencias y potestades, que han de desenvolverse siempre en su respectivo y propio ámbito de actuación; un ámbito muy bien definido y unos efectos muy concretos donde se sitúa la consulta
planteada. Señala, igualmente, el Consejo de Estado que el artículo 76 de la Constitución regula las comisiones de investigación del Congreso y del Senado, y que la ley del Gobierno, en su artículo 26, declara en consecuencia, desarrollándolo, que
todos los actos y las omisiones del Gobierno están sometidos al control político de las Cortes Generales. Dice el Consejo de Estado que a los parlamentos autonómicos les corresponde el control de la acción de gobierno de las comunidades autónomas,
como resulta claramente del artículo 152 de la Constitución. Interpretando el Estatuto de Autonomía y los reglamentos de desarrollo -sobre todo el del Parlamento gallego-, destaca el Consejo de Estado que, aunque este último no contenga de modo
expreso una limitación del alcance de las comisiones de investigación constituidas en el Parlamento gallego -como sí lo tienen, por cierto, otros reglamentos parlamentarios-, no se puede entender que el interés público que genéricamente señala
habilite al Parlamento de Galicia para investigar cualquier materia que no esté comprendida en el ámbito territorial de esa comunidad autónoma o en sus responsabilidades competenciales. Recuerda el Consejo de Estado -y quizá este sea el punto
central del tema que nos ocupa- que el artículo 149.1.20 de la Constitución española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre marina mercante, y que la Sentencia 40/1998, del Tribunal Constitucional, ha considerado que cabe entender
incluidas en dicho concepto aquellas actividades con finalidad comercial relacionadas con la navegación de buques mercantes, más concretamente con el transporte marítimo de personas o mercancías, incluyendo asimismo las prescripciones necesarias
para que la navegación marítima se desarrolle en condiciones de seguridad para los tripulantes y las personas a bordo, así como para las mercancías transportadas; lo que se traduce en ciertas condiciones técnicas que deben reunir los buques y en
una ordenación del tráfico marítimo, tanto con carácter general como en determinados espacios, para prevenir abordajes u otros accidentes. Aquí termina la cita del Tribunal Constitucional. Más adelante esta misma sentencia analiza las competencias
estatales y autonómicas en materia de salvamento marítimo.
Hay que señalar que el artículo 29.3 del Estatuto de Autonomía de Galicia atribuye a dicha comunidad la posibilidad de ejecución de la legislación del Estado en dicha materia. El Tribunal
Constitucional afirma -y cito de nuevo textulamente- que la dimensión que pueden adquirir algunos siniestros en el mar y la exigencia de una intervención inmediata con todo tipo de recursos y medios dependientes de diversas entidades justifica
sobradamente la intervención del Estado, con objeto de garantizar una dirección y organización unitarias o, cuando menos, una coordinación y actuación conjunta de los diversos servicios y administraciones implicadas, ya que puede estar en juego un
interés nacional y supracomunitario. Aquí termina la cita del Tribunal Constitucional. A continuación, analiza la competencia que concretamente fija la Ley 27/1992; y el Tribunal Constitucional considera incluidas dentro del concepto de marina
mercante todas las labores de prevención de la contaminación producida desde buques, plataformas fijas u otras instalaciones situadas en el agua -la protección del medio ambiente marino-, y formula una interpretación conforme con el orden
constitucional -entra al precepto-, recordando de nuevo -porque ya lo recordaba antes- la dimensión que pueden alcanzar ciertas catástrofes medioambientales que ponen en juego un interés superior al que estrictamente corresponde a una comunidad
autónoma.
Recuerda el Consejo de Estado que del propio acuerdo por el que se creaba la Comisión de investigación se deduce con claridad -recuerdo que la Comisión constituida en el Parlamento gallego se denomina Comisión no permanente de investigación
de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige, de las consecuencias económicas, sociales y ecológicas y de aclaración de responsabilidades políticas correspondientes- que no se trata de una Comisión de investigación para la determinación de
unos hechos, ni tan siquiera para la deliberación de las causas y de las consecuencias, sino que se trata, como indica el propio acuerdo, de una Comisión de investigación constituida para la aclaración de responsabilidades políticas. Insiste una
vez más en que las responsabilidades políticas exigibles por el Parlamento de Galicia se ciñen exclusivamente a las que pudiera tener el Gobierno de la comunidad autónoma. Se extiende el Consejo de Estado en los antecedentes y precedentes que
existen sobre este tema y deduce que ninguno de ellos puede servir para extender la competencia del Parlamento de Galicia más allá de la que estrictamente le corresponde. En virtud de todo lo expuesto el Consejo de Estado dictaminó que la Comisión
no permanente de investigación -y leo literalmente- de las causas de la catástrofe del petrolero Prestige constituida en el Parlamento de Galicia no
tiene potestad para requerir la comparecencia de autoridades, funcionarios o agentes de la Administración general del Estado ni la documentación referida a la ejecución de funciones de competencia de ésta.
Esta es la explicación que creo que es fácilmente comprensible. A partir de ahí, como ustedes conocen (no de este dictamen, que ya les digo que es de la semana pasada, sino de los precedentes de la Abogacía General del Estado y de la
Dirección General de Política Autonómica), dirigí el día 8 de enero un oficio al delegado del Gobierno en Galicia en el que le indicaba lo siguiente, y que leeré también en su literalidad, porque me parece importante: En relación con las
solicitudes de comparecencia y de remisión de información recibidas del presidente del Parlamento de Galicia, el Servicio Jurídico del Estado -indicaba yo al delegado del Gobierno- ha emitido informe del que le acompaño una copia completa y en el
que se alcanzan las siguientes conclusiones. Primera, los funcionarios y autoridades de la Administración general del Estado no están obligados a comparecer en la Comisión no permanente de investigación constituida por el Parlamento de Galicia, en
tanto que el objeto de dicha comparecencia está referida a su actuación administrativa en el ámbito de una competencia exclusiva del Estado ajena a las competencias estatutariamente atribuidas a la comunidad autónoma. Segunda, la documentación
requerida a los órganos de la Administración general del Estado referente al ejercicio de competencias exclusivas del Estado no es de necesaria obligación al Parlamento de Galicia, por carecer ésta de potestades para exigir su entrega, al no versar
dicha documentación sobre materias de competencia autonómica -éste es un punto que añado y que no se sometió a la consideración del Consejo de Estado, pero que sí había sido abordado por el Servicio Jurídico del Estado- y al poder infringir los
titulares de dichos órganos el deber de secreto de las diligencia sumariales que están siendo instruidas. El Servicio Jurídico advertía de que parte de la documentación reclamada había sido también requerida por el Juzgado de Corcubión y que estaba
declarado el secreto del sumario porque además de otros muchos problemas se podría incurrir en un delito de revelación de las diligencias sumariales. En consecuencia, y de acuerdo con el criterio manifestado también por la Dirección General de
Política Autonómica, no procede su comparecencia ante la Comisión no permanente de investigación del Parlamento de Galicia ni la remisión a dicha institución de la información y documentación solicitada.
Sobre la base de esta instrucción, lógicamente, el delegado del Gobierno, que como les recordaba antes está jerárquicamente incardinado en la Secretaría de Estado de Organización Territorial, dirigió un oficio al presidente del Parlamento de
Galicia indicándole que de acuerdo con las instrucciones recibidas no comparecería en la Comisión de investigación.
A partir de aquí se inicia lógicamente el debate. Yo sólo quiero hacer un último apunte. Es, ha sido y lógicamente debe seguir
siendo una práctica habitual que las autoridades del Gobierno de la nación no comparezcan para dar explicaciones sobre el ejercicio de sus funciones ante los 17 parlamentos de las comunidades autónomas, no ya por la falta de competencia de éstas
para exigir su presencia ante ellas, sino porque abrir paso a esa práctica lógicamente debilitaría y desnaturalizaría esencialmente la función de control político que corresponde a las Cortes Generales. Es ésa una práctica que se ha seguido de
forma continuada en los últimos años y en la que no hay excepción alguna. Por otro lado, es igualmente una práctica habitual que la representación de los delegados del Gobierno ante esta Cámara la asumimos los ministerios competentes en razón de la
materia. Ese es el motivo por el que comparezco yo hoy aquí para dar explicaciones de este asunto. En todo caso, pueden tener la seguridad de que en todo momento se ha actuado con arreglo a derecho, con arreglo al respeto escrupuloso a los ámbitos
competenciales de las distintas instituciones del Estado, sean nacionales o de las comunidades autónomas, y que en todo momento se ha procurado mantener la máxima colaboración, expresando de manera formal y por escrito al Parlamento de Galicia,
cuando se ha tenido conocimiento de sus actuaciones, cuál era el criterio de la Administración del Estado y cuál iba a ser la respuesta antes de tenerla que hacer efectiva.
Con todo esto, creo que podemos pasar al debate.
El señor PRESIDENTE: La comparecencia la han pedido prácticamente todos los grupos, por lo que creo que procede otorgar un turno de 10 minutos a cada uno de los grupos que ha pedido la comparecencia y también al Grupo Popular, para cerrar
el ciclo de intervenciones.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán. (El señor Aymerich Cano pide la palabra.)
El señor Aymerich tiene la palabra.
El señor AYMERICH CANO: Yo creo que el orden de las intervenciones debe ser el de menor a mayor o el de presentación de las solicitudes de comparecencia.
El señor PRESIDENTE: Yo había empezado de mayor a menor, señor Aymerich, que es como normalmente se hace.
El señor AYMERICH CANO: Yo creo que el orden normal es el de presentación de las solicitudes de comparecencia; si no, que nos asista el señor letrado.
El señor PRESIDENTE: Seguimos el orden del día, tal y como han sido presentadas las solicitudes de comparecencias. En este caso, en primer lugar le tocaría
intervenir al Grupo Parlamentario Mixto, después al de Izquierda Unida y en tercer lugar al Grupo Socialista.
Tiene la palabra el señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor secretario de Estado, con el máximo respeto, que como no podía ser de otra manera me merece su persona, tengo que decirle también con toda la firmeza y toda la dureza de las que soy capaz que estamos asistiendo
hoy a un fraude político; a un fraude político porque ustedes con tanta invocación a que se actúa conforme a derecho, están consagrando espacios de impunidad para el señor delegado del Gobierno en Galicia, que le impiden -y hay precedentes- que
comparezca en esta Cámara y le impiden, con argumentos -que luego intentaré desmontar- no jurídicos, sino políticos, como la premura en ciertos informes demuestra, que comparezca ante una Comisión de investigación creada con el voto del partido que
les da a ustedes sustento, el Partido Popular, en el Parlamento gallego. Nosotros, si pedimos esta comparecencia, si la solicitamos el día 13 de enero, queríamos conocer cuál fue la estructura de toma de decisiones en los primeros momentos de la
crisis del Prestige, de qué manera fueron asesoradas las personas que tomaron decisiones, quién guió las actuaciones que desde luego -y ya se lo adelanto- de ninguna manera se pueden calificar, como usted ha dicho, como rápidas -rápidas sí, de
alguna manera-, pero en absoluto eficaces del delegado del Gobierno en Galicia. Con todos los respetos, su intervención, que más parece un ejercicio de oposición que una dación de cuentas política ante un órgano político como es este Parlamento y
esta Comisión, en absoluto responde a la intención legítima que guiaba la presentación de esta solicitud.
Habló usted, refiriéndose también de forma prolija al ordenamiento jurídico vigente, de cuáles son las funciones y las competencias de los delegados del Gobierno. Habló del artículo 154 de la Constitución, habló de la LOFAGE y precisamente
el artículo 22, en su apartado 2.a) de esa ley dice que corresponde a los delegados de Gobierno mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación de la Administración general del Estado y sus organismos públicos con la comunidad
autónoma y las correspondientes entidades locales. Esto en la crisis del Prestige brilló por su ausencia. Si por algo se caracterizó la actuación de la Administración general del Estado, y en concreto de la Delegación del Gobierno en Galicia, fue
por una descoordinación absoluta, por una manipulación informativa absoluta -posteriormente daré ejemplos- y por una falta de colaboración absoluta con otras administraciones territoriales que actúan en Galicia. Se ha dicho también que el delegado
del Gobierno tiene una serie de funciones de coordinación y dirección de la Administración general del Estado en el territorio de la correspondiente comunidad autónoma -en este caso en el territorio gallego-, pero si esta dirección la hubo brilló
por su ausencia. Usted se apresuró a decir en su intervención de forma sorprendente -y si estamos ante un ejercicio de oposición tendría que aclararlo, porque si no tendríamos que suspenderlo incluso en eso- que muchas de las entidades que
intervinieron no están integradas en la Administración general del Estado. ¿La Dirección General de la Marina Mercante no está integrada en la Administración general del Estado? ¿El Ministerio de Fomento no está integrado en la Administración
general del Estado? ¿Qué es lo que no está integrado? ¿O qué es lo que usted entiende por Administración general del Estado? Porque entonces estaríamos de nuevo creando más espacios de impunidad, más espacios exentos del control político, no sólo
del Parlamento gallego sino incluso de estas Cortes Generales, cuyas competencias usted se muestra tan celoso en defender, en concreto las de control político.
Usted defiende tanto al delegado del Gobierno en Galicia que tendrá que aclararlo. No es la primera vez que el Bloque Nacionalista Galego -y creo que con motivos- reclama en esta Cámara que se le exija su responsabilidad política, que se le
cese, bien porque se disuelven manifestaciones de forma totalmente desproporcionada y se impide que los gallegos y las gallegas puedan ejercer sus derechos cívicos, entre los que se cuenta el señor Fernández de Mesa. Parece que no lo comprendió y
recuerda tiempos en los que él impedía con cadena en mano ese tipo de ejercicio de derechos y se olvida que también el derecho de reunión es un derecho fundamental que debe ser ejercido. También se olvida de que el derecho a recibir una información
objetiva y veraz es también un derecho fundamental, que debe ser protegida por los delegados del Gobierno no desinformando, tal y como esta persona lo hizo. Cuando esta persona el sábado día 16 decía que las manchas no habían llegado a la costa,
las manchas estaban ya en Corme y en Muxía, pero este señor en una rueda de prensa a las siete de la tarde seguía negándolo. Yo estuve presente en esa rueda de prensa. Este señor incurrió en constantes contradicciones y en constantes mentiras -no
creo que se deba a su falta de formación, sino directamente a mala fe-, intentando ocultar -porque hay una confusión de lo que es interés general y lo que es interés partidista en la gestión de esta crisis- qué es lo que estaba sucediendo. Decía
que iban a enviar al barco al quinto pino, pero el quinto pino consistió en variar su posición. Primero estaba en posición noroeste y después estuvo en posición sur. Si usted dice que se activó inmediatamente el Plan nacional de contingencias y
que -leo literalmente- en todo momento el delegado del Gobierno cumplió y ejerció las competencias que le atribuye la ley y lo hizo sobradamente, o bien falla el Plan nacional de contingencias o bien falla el delegado del Gobierno. Porque si usted
piensa que convertir un accidente en una catástrofe ecológica de las magnitudes de la provocada por el Prestige no merece más valoración que la de cumplir sus competencias,
y lo hizo sobradamente, entonces algo falta en la LOFAGE, porque entre sus competencias está destrozar Galicia, la costa gallega. Supongo que ese no será el objetivo ni a lo que responde la Delegación del Gobierno en Galicia. Por tanto,
cambien el plan o dótenlo de mayores medios para que pueda funcionar o, por favor, sustituyan a este delegado del Gobierno. De hecho ya lo sustituyeron ustedes, porque a una locuacidad absoluta en los primeros días de la crisis (ustedes dicen que
destacó como portavoz público del Gobierno; desde luego que destacó, y así muchos manifestantes lo destacaron en las pancartas con sus lemas, diciendo que si se había atragantado, que si ciertos cosméticos capilares habían afectado a su
entendimiento) le ha seguido un silencio absoluto; lo tienen ustedes recluido, no le dejan salir, no le dejan hablar, no le dejan comparecer en el Parlamento gallego, no le dejan venir hoy aquí a esta Comisión.
¿Qué miedo tienen? ¿Tienen miedo de
que el señor Fernández de Mesa diga algo que les puede perjudicar a ustedes? Es que el silencio a que tienen condenado al señor Fernández de Mesa es el mismo que les está impidiendo no colaborar con el Juzgado de Corcubión. Usted dice que no
podían enviar documentación al Parlamento gallego porque estaba bajo secreto sumarial; pues bien, envíen esa documentación al Juzgado de Corcubión que está instruyendo las diligencias, pero también se niegan a enviarla. Se niegan igualmente a
colaborar con la justicia y eso tendrán que explicarlo. O quizá lo que está sucediendo con el señor Fernández de Mesa es que lo están premiando y le dicen: Usted se calla, que nos puede poner en aprietos, lo mantenemos como delegado del Gobierno y
este es su premio.
Digo que le están premiando porque a otras personas que intervinieron también en estos primeros días de la crisis los premiaron. El capitán marítimo de A Coruña ahora es presidente de la autoridad portuaria de Ferrol-San
Ciprián. Este señor, Serafín Díaz (ya la decisión del barco estaba tomada, no se sabe por quién, parece que por el señor Ministro de Fomento, que se apresuró a tirar balones fuera diciendo nosotros no fuimos, porque esa es la tónica de la actuación
del Gobierno en esta crisis, antes de que esta persona llegase al Prestige y viese realmente cuál era el estado del buque), es ahora capitán marítimo de A Coruña; compran ustedes ahora su silencio, igual que están comprando el silencio del señor
Fernández de Mesa. Esto es cualquier cosa menos actuar conforme a derecho. Esto es consagrar ámbitos de impunidad que en un Estado de derecho son insoportables e inasumibles. Tienen que comparecer, tienen que dar cuentas y tienen que explicar qué
es realmente lo que pasó, porque si no... Le pido algo de generosidad, señor presidente, porque también la intervención del señor secretario de Estado fue prolija y tengo que entrar en algunos puntos que él suscitó.
El señor PRESIDENTE: Sí, señor Aymerich, pero no abuse de su generosidad y vaya terminando.
El señor AYMERICH CANO: No voy a abusar en absoluto de esa generosidad.
Decía que, si no, estaríamos cayendo en una perversión como en la que cayó el otro día esa persona que ahora está sustituyendo en la práctica al delegado del Gobierno
que ustedes tienen recluido en el edificio de A Coruña, el señor Martín Villa. Las funciones que antes realizaba el señor Fernández de Mesa las realiza ahora un comisionado que aparece de repente, el señor Martín Villa, y que es el que al parecer
asume -no está en la ley- todas las funciones que ahora debería estar ejerciendo -y ahora no lo hace- el delegado del Gobierno en Galicia. El comisionado decía hace dos semanas que aunque detectase que hay elementos que pueden llevar a concluir que
algún miembro del Gobierno incurrió en algún tipo de responsabilidad, él no lo haría público, porque eso sería contrario a los intereses generales, ya que implicaría un quebranto para el patrimonio nacional -sería la Hacienda pública-, aunque no
creo que el patrimonio nacional fuese a ser embargado por esto; depende de la magnitud de las indemnizaciones a las que tengan que hacer frente. Señor Elorriaga, ésta es una perversión, igual que esos espacios de impunidad, insoportable en un
Estado de derecho. El interés público no es su interés partidista, no es su interés corporativo como miembros de una Administración o como miembros de un gobierno determinado; el interés público es que se sepa qué es lo que sucedió, que se
satisfagan los intereses y los derechos de las personas afectadas y si en ese camino alguien tiene que responder, política, administrativa o penalmente, que lo haga. Lo que necesita Galicia en este momento no es que ustedes salven la cabeza, sino
que se actúe de forma rápida y eficaz para reparar todo el daño que produjeron. Ya sé que estamos ante un accidente, pero ustedes convirtieron un accidente en una catástrofe. ¿Le parece una actuación eficaz que no haya medios, que aún hoy en las
rías que siguen estando amenazadas con manchas de fuel no haya barreras cerrando la boca de las rías? ¿Le parece a usted una actuación eficaz a más de tres meses de la catástrofe? ¿Le parece una actuación eficaz que los remolcadores que mandaron
no tuvieran capacidad para arrastrar el buque, que el remolcador Ría de Vigo, que es de una empresa concesionaria del servicio público de salvamento, tardase 14 horas en intervenir porque estaba negociando un contrato privado para ver cómo, aparte
de ese contrato de gestión de servicios públicos, sacaba rendimiento por otro lado? El remolcador Ría de Vigo pertenece a la empresa Remolcanosa, cuyo propietario es el señor Fernández Tapias, otro conocido cazador de perdices. Esas cosas tendrán
que aclararlas y ustedes aún no las han aclarado; igual que tienen que aclarar el cambio de rumbo del buque, etcétera.
En cuanto a las referencias que hizo a la negativa o a la prohibición, porque lo tienen ustedes recluido, de que el señor Fernández de Mesa compareciese ante la comisión de investigación del Parlamento gallego usted dio argumentos que, con
todo respeto, me parecen argumentos de parte y peregrinos. Dice usted que hay un argumento fundamental: artículo 149.1.20, competencia exclusiva del Estado en materia de marina mercante.
¿Y qué pasa con las competencias autonómicas en materia de
medio ambiente y de aguas interiores? ¿No están implicadas en absoluto en esta catástrofe? Usted tendrá también que refutar un argumento fáctico.
Galicia no tiene derecho a que se le explique por qué y cómo se llegó a esta situación y quienes son
los responsables de la misma, pero la Xunta de Galicia, por competencias suyas, es la que tiene que pagar en una relación de un 75-25 las ayudas a los afectados. Es decir, nosotros pagamos y ustedes no responden. ¿Ese es su Estado de las
autonomías? ¿Esa es la idea que tiene usted de un Estado moderno? Esa es la idea que tiene el señor Fraga y esa es la idea que tiene el Partido Popular de Galicia: hacer de la comunidad autónoma una marioneta de Madrid. Pero en el pecado llevan
la penitencia; en su silencio, en su sumisión, llevan la penitencia de estar pagando lo que deberían afrontar.
Termino con una cita. Beltort Brecht, hace 50 años, escribió un poema sobre un levantamiento que hubo en la República Democrática Alemana contra un régimen totalitario, un régimen stalinista. Decía Beltort Brecht que, al día siguiente de
ese levantamiento, el secretario de la Unión de Escritores mandó repartir (dice más o menos el poema) panfletos en la avenida Stalin en los que se le decía al pueblo que había perdido la confianza del Gobierno y que tendría que redoblar el trabajo
para recuperarla. Un Beltort Brecht ya mayor y muy lúcido decía: ¿Y no sería mejor que el Gobierno disolviese al pueblo y eligiese otro? Eso es lo que están haciendo ustedes, pero les digo que el pueblo gallego no se piensa disolver y que en el
chapapote que está llegando recuperamos aves petroleadas y pescado sucio, pero recuperamos también una cosa que si nos lo permite su inferior jerárquico señor Ansuátegui vamos a ejercer el próximo domingo en Madrid, que es la dignidad y la rebeldía
pacífica y democrática frente a gobiernos ineficaces como el que usted representa hoy aquí.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra don Luis Carlos Rejón.
El señor REJÓN GIEB: Señor secretario de Estado, es de agradecer a título personal su comparecencia toda vez que no es normal que haga de peón de brega, de jarrillo de lata o de quita vergüenzas un superior jerárquico.
Generalmente, cuando
alguien mete la pata manda a un inferior jerárquico y, en este caso, han mandado a un superior jerárquico a quitar las vergüenzas y a hacer de peón de brega de alguien que está supuestamente a sus órdenes.
Dicho esto, señor secretario de Estado, permítame que le traslade el malestar y la indignación de mi grupo parlamentario por el fraude que supone su comparecencia ante esta Comisión, no como persona ni como cargo sino porque los grupos
parlamentarios habíamos pedido la comparecencia de otra persona. Un fraude que podría incluso representar -permítame la expresión- un delito de encubrimiento con el único objetivo de escamotear la presencia de la persona que habíamos convocado a
esta reunión, como es el delegado del Gobierno en Galicia señor Fernández de Mesa. Tenemos la impresión e incluso la seguridad de que el Gobierno está impidiendo con todos los medios de que dispone que este señor comparezca en algún lado y que
resplandezca la verdad. Como decía mi amigo Aymerich, lo tienen ustedes secuestrado y con la boca tapada. Señor secretario de Estado, ¿cuáles son las actuaciones delictivas que el Gobierno esconde con su negativa a que comparezca el señor
Fernández de Mesa? ¿Cuáles son las actuaciones delictivas que el Gobierno esconde con el escandaloso retraso y la negativa del señor ministro de Fomento a entregar los documentos sobre el Prestige reclamados por el juez de Corcubión? ¿Cuáles son
las actuaciones delictivas que el Gobierno esconde con su negativa a entregar esa documentación al Parlamento de Galicia, como le ha sido solicitada? ¿Cuáles son las actuaciones delictivas que el Gobierno esconde con su negativa a que comparezcan
ante la comisión de investigación del Prestige, creada por el Parlamento de Galicia, no solamente el delegado del Gobierno sino otros nueve funcionarios dependientes de la Administración central del Estado, personas vinculadas a competencias
estatales?
Ha leído usted, como no podía ser menos, distintos informes jurídicos. No nos convencen las razones aducidas por el Gobierno, razones de índole supuestamente jurídico constitucional. No nos convencen porque, de aceptarlas, yo pediría
inmediatamente a las 17 comunidades autónomas (no sé si también figura en los estatutos de las ciudades autónomas) que quitaran aquellos artículos de sus estatutos y de sus reglamentos que hacen mención a las comisiones de investigación porque a
partir de este momento ya no sirven para nada. Sería una engañifa democrática decir a la gente que tenemos la capacidad de crear comisiones de investigación.
Usted ha hablado de una serie de competencias. Evidentemente, las competencias en marina mercante corresponden a quien corresponden, nadie se lo niega, pero las competencias sobre medio ambiente, las competencias sobre playas e incluso las
competencias sobre marisqueo y otras cuestiones competen a la Xunta de Galicia. En la llamada catástrofe del Prestige hay muchos elementos concurrentes, y cuando se abre una comisión de investigación no se puede trazar una línea
con un tiralíneas y decir: Usted no puede pasar esta parte o usted no puede pasar la otra. Ya que representa usted a un ministerio que quiere hablar mucho de cooperación y de colaboración entre las distintas comunidades autónomas, entre
las distintas instituciones, uno esperaba que en una comisión de investigación, de control desde un Parlamento autonómico, que es Estado, hubiera una colaboración por parte de la Administración central, máxime cuando el presidente del Parlamento de
Galicia, que yo sepa, es del mismo partido que soporta al Gobierno de la nación y que la mayoría absoluta que permitió en ese momento en el Parlamento de Galicia que hubiese una comisión de investigación es del mismo partido que con mayoría
absoluta, por mor de la democracia sin duda, soporta al Gobierno de la nación. Por tanto, no creo yo que haya maldad. ¿O piensan ustedes que había una aviesa maldad y una torticera maniobra por parte de no sé qué sector del PP gallego para socavar
el prestigio del Gobierno de la nación? ¿O es que a aquellos padres de la patria con mayoría absoluta se les obnubiló su pensamiento y se convirtieron en tontos, en indocumentados o en salteadores de las competencias del Estado y de pronto todo ese
bagaje jurídico se les quitó de la cabeza? Yo creo que no; yo creo que buscaron el objetivo de esclarecer a través de la creación de una comisión de investigación que se vota donde ustedes tienen mayoría absoluta.
Hay suficiente legislación comparada sobre las comisiones de investigación y el secreto de sumario, sobre todo en Estados Unidos (no me importa reconocer cosas buenas a Estados Unidos y más en estos momentos), que solventan con sesiones
cerradas de las comisiones de investigación y no se considera ningún menoscabo. Habiendo un secreto de sumario judicial, si lo investiga el Parlamento, parece que los políticos bajan la categoría al sesudo mundo judicial. Pues no. Ellos lo
solventan teniendo comisiones de investigación a puerta cerrada en los momentos en que se tocan secretos de sumario. Como decía mi compañero el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, al ser secreto de sumario, envíen los papeles a alguno de los
dos lados, no vaya a ser que el uno por el otro la casa sin gobernar. No lo envían a la comisión de investigación porque está bajo secreto de sumario y tampoco lo envían al juez porque no les gusta.
Ustedes dicen que el Parlamento de Galicia no
tiene la competencia de control. Si usted habla en puridad, yo hablo en política; es decir, no se tiene la competencia de control pero donde la tenemos ustedes no la permiten. Pues hacemos un pan como unas hostias. Señor Elorriaga, permítame que
le diga que esto no es así.
La marea negra originada por el petrolero Prestige ha puesto en evidencia la carencia de nuestra protección civil y la insuficiencia de la prevención de catástrofes ecológicas originadas por el transporte marítimo de hidrocarburos. España
aún no tiene capacidad de reacción y de organización frente a este tipo de accidentes. Los medios de comunicación, los expertos y los alcaldes de las zonas afectadas se han encargado de retratar la actuación de las autoridades del Gobierno y de la
Junta de Galicia, que es totalmente distinta de las que usted ha venido a hablarnos: desidia, incompetencia, negligencia, abandono, caos organizativo, descontrol, descoordinación, improvisación e impotencia. La respuesta oficial ha sido lenta,
burocrática, desorganizada y con medios inadecuados e insuficientes. Escuchando al secretario de Estado me preguntaba cuántos pecados habrá cometido el Partido Popular para que, habiéndolo hecho tan bien, Dios o la fatalidad los condene con esta
catástrofe, porque si lo han hecho tan bien es que había una mano negra oculta que estaba destrozando en cualquier momento lo que estaban haciendo. La creación de la comisión de coordinación de crisis fue tardía y su composición incompleta. La
carencia de planes de emergencia y de medios ha sido patética. Hubo que esperar al Consejo de Ministros del 22 de noviembre para la creación de una comisión interministerial y para elaborar un plan de actuación en personas, mar y costa. La gestión
política de la crisis ha estado muy lejos de llegar siquiera a la categoría decente, con medio Gobierno de montería o en viaje de placer cuando el Prestige vagaba por el mar a punto de romperse; un comportamiento que en plena crisis ha causado
asombro e indignación, como también la inhibición del propio presidente de la Junta de Galicia, una institución que fue anulada por la propia prepotencia del Gobierno.
Señorías, el desastre también plantea dudas sobre quién defiende el interés
público cuando se entrecruzan diversos intereses privados y demuestra los límites de una forma de hacer política estrictamente institucional, alejada de la ciudadanía y de su entramado social.
Se ha planteado aquí algo sobre el Ría de Vigo. No voy a recordar otras cuestiones pero quisiera preguntarle si la empresa propietaria del Ría de Vigo, Remolcanosa, pudo incurrir en un delito contra los intereses del Estado al haber
vulnerado el contrato de dedicación exclusiva que la vincula a Sasemar. El señor ministro de Fomento anunció en su día que los abogados del Estado iniciarían la correspondiente denuncia ante la justicia. ¿En qué fase se encuentra esa denuncia,
señor secretario de Estado? En los días siguientes al accidente, las autoridades españolas, haciendo dejación de autoridad, no hicieron uso de las facultades de intervención que la legislación española y el derecho internacional les proporcionaban
para obligar al capitán del Prestige a seguir las instrucciones de ruta que le habían sido ordenadas. Esta dejación de autoridad provocó que el buque emprendiera una trayectoria errática, primero al noreste y luego al sur, que agravó las
consecuencias de la catástrofe. ¿Participó usted en estas decisiones? ¿Cuál fue su grado de responsabilidad? ¿Quién o quiénes tomaron estas decisiones o hicieron dejación de
autoridad? Señor Elorriaga, ¿podría facilitarnos alguna información acerca de los mecanismos de coordinación establecidos entre el Gobierno de la Junta de Galicia y otras comunidades autónomas afectadas con vistas a evaluar los daños y
presentar las correspondientes demandas de indemnización a los propietarios del barco y de la carga, a las compañías aseguradoras, al Fondo Internacional de Compensación de afectados por la marea negra y al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea?
Señor secretario de Estado, el señor Cuiña ha tenido que dimitir o ser cesado en su cargo de consejero de Gobierno de la Junta de Galicia por la presunta implicación de una empresa familiar en contratos o subcontratos jugosos con la empresa
Tragsa, contratada por el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Medio Ambiente para realizar labores de limpieza en la costa. Dentro de su ámbito competencial, ¿se ha interesado el Gobierno por las investigaciones judiciales en curso con el
fin de defender los intereses patrimoniales y financieros del Estado? ¿Tiene usted alguna opinión sobre la responsabilidad en la que haya podido incurrir el señor Cuiña?
Para el futuro próximo resulta impredecible la articulación de medidas que impidan la repetición de estos hechos, dotando a España de los mecanismos eficaces de coordinación entre la Administración central del Estado y las comunidades
autónomas para la lucha contra la contaminación marina. Por ello proponemos la elaboración de un libro blanco que sustente un plan integral y actualizado de seguridad marina en el que también se estudien las mencionadas medidas de coordinación. En
definitiva, señor secretario de Estado, el Gobierno y la Junta de Galicia han cometido graves errores de previsión, de coordinación y de logística, tanto en la lucha contra el hundimiento del barco y contra la contaminación marina como en las
labores de limpieza y protección de la costa. No aceptamos que se eche tierra a este problema. Queremos luz y taquígrafos. Seguimos exigiendo la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre la catástrofe del Prestige; una
comisión que el Partido Popular ha rechazado en esta Cámara pero que de forma incongruente ha tenido que aprobar en el Parlamento gallego ante la presión ambiental para, inmediatamente, desde dentro y desde fuera irla desmedulando. La negativa del
Gobierno a permitir la comparecencia del señor Fernández de Mesa en una comisión de investigación del Parlamento supone, a nuestro entender, una burla, un desprecio, un engaño y un fraude a la ciudadanía y un desplante a la Comunidad Autónoma de
Galicia y por extensión al resto de las comunidades. Si en las comisiones de investigación de las comunidades autónomas, la gente, salvo los funcionarios y los altos cargos de esa administración, es decir, los civiles comparecen porque quieren y
generalmente en un 80 por ciento suelen comparecer, muy mal ejemplo están dado ustedes cuando, desde una parte que es Estado, se les pide a ustedes que comparezcan y dicen que nanai de la China. Acaban ustedes de cargarse las comisiones de
investigación en los parlamentos autonómicos. A partir de ahora, ¿quién va a comparecer? Tonta o tonto el que comparezca.
Termino, señor presidente. En cualquier caso, ustedes merecen nuestra enérgica reprobación ante la respuesta indolente, ineficaz, negligente y soberbia que han ofrecido desde el inicio de la crisis. Ustedes merecen una censura política
ante tanta incompetencia. Por último, señor secretario de Estado, confirmando aquella acepción latina de in cauda venenum, ¿podría usted decirme si es cierto que en un pasado reciente el señor delegado del Gobierno de Galicia, don Arsenio Fernández
de Mesa, afirmaba ser ingeniero naval? ¿Es cierto que esta supuesta calificación figuró hasta hace poco en una página web oficial del Estado? ¿Es cierto que los verdaderos ingenieros navales de Ferrol manifestaron su protesta por dicha afirmación
y que el señor Fernández de Mesa respondió que había sido un error de imprenta? ¿Cuál es el estatuto académico real del señor delegado del Gobierno en Galicia y cuáles son sus títulos universitarios? De verdad no creo que esté preguntando cosas
morbosas. Considero que esta aclaración es pertinente atendiendo al calibre eminentemente técnico de las primeras decisiones, en relación con el alejamiento y la trayectoria posterior del Prestige hasta su hundimiento, adoptadas desde ese supremo
conocimiento aparentemente naval del señor Fernández de Mesa.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, le comunico que la intervención de mi grupo la vamos a repartir entre mi compañero Guillermo Hernández y yo mismo, en la medida en que en la comparecencia del señor Elorriaga, con todos mis
respetos, hay tres temas circunscritos al orden del día. En primer lugar, ¿por qué viene el señor secretario de Estado y no vienen otros? En segundo lugar, el objeto central de su comparecencia, ¿por qué ha impedido, el señor Elorriaga, a través
de la decisión y de los envíos de la documentación, la presencia del señor delegado del Gobierno en Galicia en la comisión de investigación? En tercer lugar, ¿cuál fue el comportamiento real del delegado del Gobierno y de la Delegación del Gobierno
en la crisis del Prestige? El señor Elorriaga nos ha recordado la LOFAGE y la Constitución española. Efectivamente los delegados del Gobierno en un territorio representan al Gobierno, dependen de Presidencia de Gobierno, es decir del señor Aznar,
que es quien los propone, aunque en la coordinación, la relación y las misiones en aquello que no es orden público dependen
del Ministerio de Administraciones Públicas. De acuerdo. Los delegados del Gobierno tienen rango de subsecretario y, aunque de acuerdo con la doctrina acuñada por el Partido Popular de que en esta Comisión no venga nadie a comparecer con
rango inferior a subsecretario, los delegados del Gobierno debieran y pudieran venir perfectamente a comparecer ante esta Comisión. No hay ninguna cuestión reglamentaria que impida que cualquier responsable del Gobierno pueda venir, pero incluso
aceptando el planteamiento de que no menos de un subsecretario venga a comparecer a esta Comisión, los delegados del Gobierno, señor Elorriaga, tienen rango de subsecretario. Podrían venir de acuerdo con la normativa. El problema está en que no
vienen porque el Gobierno no quiere y el Grupo Parlamentario Popular tampoco. ¿Y sabe por qué creo que no vienen? Porque los delegados del Gobierno se han convertido en un ariete político del Gobierno y del grupo mayoritario; son un instrumento
de servicio a una estrategia política en la que los protegen, los amparan, los blindan parlamentariamente cual auténticos virreyes de una época quizá ya periclitada. Da la sensación de que los delegados del Gobierno, con todos mis respetos, señor
Elorriaga, vuelven a ser supergobernadores civiles.
Sus actitudes y comportamientos parece que gozan de inmunidad política en este Parlamento. En el punto cuarto del orden del día, que quiero implementar puesto que simplemente es una referencia,
tengo que decir que la señora García Valdecasas, delegada del Gobierno en Cataluña, en un momento determinado califica de visionarios, iluminados y fundamentalistas a partidos como el mío, y a otros democráticos, que piensan que para tener un mejor
funcionamiento del Senado sería posible hacer una reforma de carácter constitucional; repito, para hablar y para abordar un funcionamiento distinto del Senado. Pero esta verborrea intelectual, desde el punto de vista de responsabilidades
políticas, es gratis en este Parlamento porque ya sabemos que, de acuerdo con su normativa, con sus principios y con el planteamiento de la mayoría, la señora García Valdecasas nunca va a venir aquí, no lo va a hacer. Esta señora, que ha permitido,
amparado y auspiciado las mayores cargas policiales en la universidad de Barcelona, desde una época que a mí se me había olvidado, tiene impunidad parlamentaria para meterse con todos los grupos parlamentarios porque opinamos que sería posible
reformar la Constitución para mejorar el funcionamiento del Senado. ¿Y qué decir, señor Elorriaga -ya que estamos hablando de gobernadores y delegados del Gobierno- de comportamientos como el del señor Villlar, que en la tribuna de un parlamento
autonómico se comporta como un hoolligan cualquiera en un partido de rivalidad regional, cuando a otras personas con muchas menos manifestaciones públicas las echan de la tribuna del Congreso de los Diputados? Con su doctrina esto no puede venir a
hablarse aquí, señor Elorriaga, y siendo un aspecto fundamental de lo que estamos hablando esta mañana es también una cuestión políticamente importante. Tomemos el comportamiento, no ya el histórico, el último del señor Ansuátegui en esa reunión
que han tenido en el ministerio -no sé si estaba usted o no- en la que una cámara de televisión le ha pillado en un comportamiento absolutamente impresentable por lo que opinaba, y otros jaleaban, en relación con la manifestación del otro día en su
apuesta por la paz de cientos de miles de personas en la ciudad de Madrid. Comportamientos de ese tipo parece que no pueden ser discutidos. Usted ha asumido la responsabilidad política de venir aquí, pero creo, señor Elorriaga, que se equivoca y
se extralimita. Se lo decía también el señor Rejón. Creo que están asumiendo responsabilidades que no son las que tiene que asumir cada uno, como es el caso del señor Fernández de Mesa.
El señor Fernández de Mesa no ha comparecido en la comisión de investigación porque el Gobierno, usted en representación del Gobierno, se lo ha impedido. Le ha dicho: No comparezcas; no debes comparecer. Y tampoco el responsable de los
remolcadores del Ría de Vigo y otros. No se lo han permitido ustedes por una interpretación juridíco-político o político-jurídica para la que usted se ha basado en el informe del servicio jurídico del Estado, y posteriormente en el dictamen del
Consejo de Estado, de dudosa credibilidad o por lo menos opinable. Me permitirá el beneficio de la duda. El Parlamento gallego, por unanimidad, aprobó la comisión de investigación y el orden del día de las comparecencias, pero prácticamente la
víspera ustedes dicen al señor Fernández de Mesa y a otras personas que no pueden comparecer. Nosotros hemos entendido siempre, mis compañeros de Galicia también, que ningún parlamento autonómico debe ni puede exigir jurídicamente responsabilidades
políticas a responsables de otras administraciones públicas, pero las preguntas que nos hacemos y que se hace todo el mundo son: ¿Puede una comisión de investigación, creada en una asamblea autonómica, citar a cualquier persona, incluidas
autoridades y funcionarios del Estado? ¿Existe alguna prohibición constitucional o legal para que estas comparecencias se realicen? No para exigir responsabilidades sino para citarles a que comparezcan para hablar, para opinar, para informar.
¿Cuál es hoy, señor Elorriaga, el significado de esa función de coordinación atribuida a los delegados del Gobierno y cómo afecta ésta al ejercicio de las competencias autonómicas? ¿Cómo interpretan ustedes el artículos 22.2.a) de la LOFAGE? ¿Cómo
influye la actual redacción del artículo 502 del Código Penal en los requerimientos de las comparecencias en las asambleas de las comunidades autónomas? O la pregunta clave que ha impedido que determinadas personas puedan acudir, ¿tienen condición
legal de funcionarios los particulares que cumplen un servicio público?
Nosotros estamos en un posicionamiento o una interpretación jurídica y política totalmente distinta de aquella con la que ustedes han intervenido o por lo menos han explicado. Le voy a poner un ejemplo. Si un parlamento autonómico -y usted
tiene en su Secretaría de Estado la obligación de hacer un seguimiento de todos los acuerdos de los parlamentos autonómicos- se pronuncia sobre cuestiones que son competencia de otras administraciones públicas, si cualquier parlamento español, de
cualquier comunidad autónoma, acuerda instar al Gobierno de una comunidad autónoma a que el Gobierno central mejore la carretera tal, mejore la agricultura en..., haga esto o haga lo otro, ¿ por qué impiden, con ese planteamiento, el que un
parlamento -en este caso el gallego- pueda terminar instando a que la Administración central mejore esto o mejore lo otro? ¿Se da cuenta de la incongruencia? Porque, que yo sepa, ustedes esos acuerdos no los impiden, no los interpretan de forma
negativa ¿Por qué en una comisión de investigación el Parlamento gallego no podría plantear una cuestión similar a la que le estaba diciendo? Ustedes saben que el problema está en que se basan en unos argumentos de carácter jurídico para impedir
políticamente que se discutan ciertas cosas. La comisión de investigación ni quería ni podía, o ni podía ni quería, pedir responsabilidades políticas sino sólo información al señor Fernández de Mesa y a los patrones de los remolcadores, que es un
concepto distinto al de control, que es exigencia de responsabilidad distinta de la mera solicitud de información. Muy bien ha acreditado en determinados artículos el letrado de esta Comisión, el señor Santaolalla, la separación entre control e
información. Son dos temas absolutamente distintos. Nosotros creemos que los parlamentos autonómicos tienen una competencia ilimitada para citar a gente para informar -repito, para informar-, no para exigir responsabilidades políticas. No existe
-y usted lo sabe, señor Elorriaga- ninguna prohibición constitucional ni legal que impida las comparecencias, por lo que si no han ido, con todos mis respetos, señor Elorriaga, ha sido porque ustedes no han querido; no les han dejado porque no les
ha interesado políticamente desarrollar un ejercicio de colaboración con el Parlamento gallego, no con unos partidos políticos sino con el Parlamento gallego, porque el señor Fernández de Mesa se erigió en coordinador y su actuación afectó al
ejercicio real y práctico de las competencias de la comunidad gallega, y al erigirse en coordinador, como usted ha dicho, sus decisiones afectaban también, en esa labor de coordinación, al resto de las administraciones gallegas. Por otra parte, se
ha demostrado, y cada día más, que los capitanes de los remolcadores, si se comportaban de una forma real, eran todo menos funcionarios públicos. Al final, nadie hemos sabido a quién respondían, por lo menos en las primeras horas del conflicto,
como se está descubriendo estos días en los medios de comunicación. Así que ustedes, con todos mis respetos, no tienen potestad para impedir la comparecencia porque no existe ninguna relación jerárquica.
Señor Elorriaga, con todo el respeto pero con toda la firmeza le tengo que decir que se ha extralimitado en su actuación al frente de la comisión de investigación dirigiendo estas cartas; que quizá ha actuado más de defensor, de protector y
de encubridor de una política errónea e irresponsable de lo que, conociendo su comportamiento durante mucho tiempo, era su auténtico interés; que se ha sumado entusiásticamente a la política del apagón informativo del Gobierno y al oscurantismo, y
tengo la sensación de que a usted, como a todos los miembros de su Gobierno, el miedo les ha paralizado y han preferido dar la espalda a la verdad y a la claridad que buscar y ser colaboradores con otras administraciones y con otros parlamentos
autonómicos.
El señor PRESIDENTE: Señor Hernández Cerviño, su intervención tendrá que ser breve.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Si, señor presidente, breve pero espero que fructífera y que tenga capacidad de respuesta por parte del señor Elorriaga.
Señor Elorriaga, mi compañero Angel Martínez ha sido contundente, ha sido claro y ha planteado argumentos que yo creo que son irrefutables. Lo que sí tenemos claro es que su firma aparece en un escrito que impide el desarrollo de una
comisión de investigación en el Parlamento gallego porque no es el ámbito territorial ni competencial. La pregunta es si usted cree que este es el ámbito adecuado para comparecer. Respóndase usted mismo porque yo tampoco veo aquí al señor
Fernández de Mesa en el caso de que esto fuera como he dicho antes.
Ustedes están participando en un juego realmente peligroso para la democracia: no responder sino por persona interpuesta a una responsabilidad que tienen. Hay tantas acciones interpuesta aquí, hay tan poca claridad como propietarios en el
Prestige. ¿Qué ha pasado realmente con la coordinación en Galicia durante los primeros días del Prestige? ¿Por qué estuvo desaparecido el Gobierno? Fíjese bien que digo el Gobierno, no digo el Estado. ¿Por qué estuvo desaparecido? Todo lo que
he oído aquí desde la primera comparecencia del señor Rajoy no hace sino arrojar innumerables dudas. La pregunta que hay al final es ¿cuál es la verdad de todo lo que se ha dicho en este Parlamento? Le voy a contestar.
La única verdad que hay es
el daño que nos han hecho a los gallegos, a los asturianos, a los cántabros, a los vascos, a los franceses y a todo el pueblo español en general. No podemos confiar en ustedes y no podemos confiar porque no solamente nosotros sino ni siquiera los
afectados les creen. ¿Cómo les vamos a creer? ¿Puede decirnos ahora mismo si asume que, según Arsenio Fernández de Mesa, el destino del fuel
en el fondo del mar es convertirse en un adoquín, o que la impresión del Gobierno es que el fuel se ha solidificado y lo que hay es aceite y combustible. ¿Qué coordinaba este señor si estaban saliendo más de 150 toneladas al día? ¿Cómo
puede responder a esto? ¿Qué nos dice de que la intervención de las autoridades españolas alejando el barco ha permitido que no temamos una catástrofe? ¿Qué ocurre cuando dice que el barco se alejará hasta las 100 ó 120 millas, y a esa distancia
los peligros quedarán mitigados en gran medida? ¿Qué pasa cuando dice el señor Fernández de Mesa que a ojo de buen cubero el petrolero pudo perder entre 3.000 y 4.000 toneladas de fuel, cuando ya había 30.000? Como remate -y aquí sí que
interesaría conocer los títulos académicos del señor Fernández de Mesa- dice: Aquí hay una cifra clara y es que la cantidad vertida no se sabe. O sea que es pura metafísica. Como usted comprenderá, ni los afectados directamente por la catástrofe
ni los que dependen indirectamente de ella, ni los que su imagen y su trabajo depende de esta catástrofe ni la sociedad en su conjunto saben lo que ha pasado porque ustedes se han limitado a hacer una labor continua de ocultación.
Señor secretario de Estado, Galicia no contaminó absolutamente nada, Galicia no agravó absolutamente nada y, sin embargo, Galicia tiene que pagar, tiene que protestar y curiosamente no emigrar. Esto ha sido positivo para el pueblo gallego.
Nosotros hemos tenido una respuesta magnífica y heroica y, mientras tanto, el señor Fernández de Mesa estaba en televisión maquillando y minimizando los efectos del Prestige.
No sabemos qué ha pasado realmente en la coordinación que se pide entre el Gobierno y la Xunta. Estuvo diluido el señor Fernández de Mesa: ¿Qué coordinación, qué problemas ha habido, qué engaños ha habido. No hubo tal movilización de la
Administración, de los técnicos y de los procedimientos. No sabemos, por no saber, qué alternativas se dieron a las primeras conexiones que hubo con el barco. Se dice que el objetivo era el salvamento, salvar las vidas. Yo creo que es lo único
que se hizo bien. Pero ¿qué pasó con los remolcadores? ¿Qué conversaciones hubo? ¿Qué pasó cuando se les ataca, luego se les alaba y luego se les renueva? ¿Quién es el responsable verdadero de los cambios de rumbo? ¿Quién tiene esa
responsabilidad? Porque a día de hoy solamente sabemos que el capitán estará seguramente ahora mismo pasando una buena temporada en Galicia, porque somos acogedores, pero parece que es que lo guardan para hacerlo responsable.
Dijo el señor Fernández de Mesa que evitan el embarrancamiento del barco.
¿Qué objetivo buscan? ¿Alejarlo de la costa? ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad? Si ustedes deciden ponerlo en la costa lo entenderíamos todos.
Diríamos que van a
un puerto para descargar el fuel. Pero no es así, lo alejan. ¿A casa de quién querían llevarlo? Eso no nos ha quedado absolutamente claro. Estamos buscando continuamente alejamientos, pero el señor Fernández de Mesa lo que hizo no fue minimizar
los daños sino minimizar la repercusión, minimizar la situación y de alguna manera alterar a la prensa.
No se ha garantizado la activación de los resultados que habíamos previsto. El día 19 de noviembre se hablaba del FIDAC. ¿Qué ha pasado? ¿Qué tiene que decir el Gobierno respecto a esto? ¿Qué problemas ha habido? Ya no digamos nada del
señor Martín Villa y del desastre ambiental que se ha convertido en un desastre administrativo.
Señor secretario de Estado, todos los convocados habían aceptado y usted, con su firma, lo ha tapado y provoca un contencioso. Ustedes desconfían del señor Fernández de Mesa porque él debe tener algo que ocultar.
Ustedes han blindado con
su actuación a los que tomaron las decisiones -que es lo que nos interesa- y desprecian al Parlamento de Galicia y ahora desprecian al Parlamento español. El capitán del barco no es el único culpable que hay. Ustedes han despreciado realmente a
toda Galicia y al pueblo español. Aclárennos muchísimas cosas y que no nos tengamos que enterar ni por la prensa ni por el juzgado. Es en el Parlamento español donde debe responder de su acción política.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Chapela Seijo.
El señor CHAPELA SEIJO: Señor secretario de Estado, sean mis primeras palabras para darle la bienvenida a esta Comisión, para agradecerle en nombre del Grupo Parlamentario Popular sus explicaciones en relación con las comparecencias que le
han pedido distintos grupos parlamentarios, comparecencias que quería concretar en dos objetivos que creo que usted ha explicado perfectamente: por un lado, exponer la actuación y la gestión del delegado del Gobierno en Galicia durante la crisis
del Prestige, especialmente en los primeros días, y por otro lado, argumentar jurídicamente el motivo de la negativa a que el delegado del Gobierno compareciese en la comisión especial que se creó por este tema en el seno del Parlamento gallego. No
voy a reiterar argumentos que se han utilizado por distintos grupos parlamentarios que me han precedido sobre cuestiones del accidente del Prestige, temas que se han debatido con reiteración en esta Cámara. Tengo encima de la mesa, para
conocimiento de SS.SS., doce de los diarios oficiales de las distintas comisiones justificando y acreditando fehacientemente toda explicación de distintos responsables ministeriales. Es evidente que a estas alturas los grupos parlamentarios de la
oposición que no se han enterado es porque no lo han querido, y creo que la opinión pública gallega está sobradamente conocida de cuál ha sido la actuación no sólo del señor Fernández de Mesa, el delegado del Gobierno, sino del Gobierno en su
conjunto.
Dicho esto, entrando en materia, quería refrendar lo que usted ha dicho en relación a cuáles son las obligaciones de un delegado del Gobierno, porque es evidente que muchas veces, la Constitución, la norma legal suprema, por intereses de
cada momento se alega por los distintos grupos parlamentarios, lo cual nos parece razonable y lógico. Pues bien, según esa Constitución y según la legislación vigente, el delegado del Gobierno en Galicia cumplió escrupulosamente sus obligaciones
dentro de sus competencias: coordinó y dirigió los servicios del Estado cuando tenía que coordinarlos; puso en marcha los operativos que tenía que poner; se nombró en el seno de la propia delegación una comisión para hacer frente a la crisis
originada por el accidente del Prestige. Hay hay que decirlo así de claro, guste o no. Los dos objetivos fundamentales que se pretendieron eran: por un lado, salvar las vidas humanas, porque ese es el tema vital del Prestige y gracias a esta
actuación no hubo víctimas humanas en un accidente de esa proporción; en segundo lugar, se evitó que el buque encallase o embarrancase en la costa de Galicia. Esos dos objetivos fueron logrados gracias a la actuación de la Administración del
Estado en coordinación con la Xunta de Galicia. El delegado del Gobierno estuvo en todo momento coordinando y dirigiendo ese operativo.
Hay que decir también, porque la historia en este tipo de temas no conviene nunca orillarla, que cuando se produjeron accidentes de otros buques en otros momentos en Galicia y gobernando otro partido político, en el caso del Cason en 1987 no
se constituyó ninguna comisión de coordinación de crisis, y en el caso del Mar Egeo en 1992 no se constituyó, como en el caso del Prestige, a las pocas horas sino a los nueve días, y porque tuvo que pedirlo el presidente de la Xunta Manuel Fraga
Iribarne. El desbarajuste en la actuación en aquel momento fue tan grande que incluso responsables del Ministerio del Interior, como la directora general de Protección Civil doña Pilar Brabo, reconocieron el desastre de la actuación del Gobierno de
entonces. Por tanto entendemos que venir en estos momentos, como hace el Grupo Socialista, a dar lecciones políticas de gestión nos parece absolutamente fuera de lugar.
El Partido Socialista tendrá toda la legitimación procesal que quiera para
hacer aquí los planteamientos que quiera, pero carece de legitimación sustantiva dado que su gobierno y su grupo parlamentario en esta Cámara en ningún momento supieron hacer frente a crisis anteriores de este mismo tipo producidas en Galicia.
Yo tengo la honra de ser diputado, vivir al pie de una ría, haber sido alcalde de uno de los pueblos donde se ha operado uno de los operativos -valga la redundancia- más importantes sobre este tema y he podido comprobar cómo en esta sede, y
por desgracia también en parte de la opinión pública, muchas de las cosas que se están diciendo no responden a la realidad, señor secretario de Estado. Tengo que decirlo así con claridad. Yo, que he tenido padre marinero, que tengo un hermano que
lleva 19 años trabajando en un barco como jefe de máquinas, puedo decir que lo que a veces se está diciendo en esta Cámara y lo que reflejan los medios de comunicación no responde a la realidad de las cosas.
Aquí se ha faltado, se ha insultado una vez más. El portavoz de algún grupo parlamentario, que tiene una fijación personal con el delegado del Gobierno en Galicia, ha criticado que el delegado del Gobierno durante el tiempo en que fue
responsable de esta comisión hiciese dos ruedas de prensa al día, que informase a la opinión pública. Este grupo parlamentario cree que esa era su obligación, informar a la opinión pública. Precisamente una de las cuestiones que se había criticado
con anterioridad fue que no hubiese un portavoz único en este tipo de temas.
¿Cómo se puede criticar a un responsable político porque informe a la opinión pública?
También convendría recordar aquí que en el caso del Cason la opinión pública no tuvo información ninguna, es que no tuvo información ni el propio presidente de la Xunta en aquel momento, señor González Laxe. Es más, según recortes de
periódicos, llamó a Felipe González para quejarse de la falta de información. Fíjense ustedes, señorías, un presidente de una comunidad autónoma llama al presidente del Gobierno diciéndole que carece de información de un accidente de las
proporciones como en su día fue el del Cason, que como recordarán los que quieren y tienen memoria para hacerlo, según les interese, este accidente produjo de forma espontánea que la población de distintas villas marítimas de la Costa de la Muerte
en Galicia se escapasen de sus pueblos.
Entrando en el segundo de los temas, la comparecencia del delegado del Gobierno y de otros cargos en la comisión de investigación constituida en el seno del Parlamento de Galicia, yo creo que todos los diputados saben perfectamente, señor
secretario de Estado, lo que usted ha dicho, lo que está basado en la legislación. Es lógico, es normal que una comunidad autónoma no pueda fiscalizar la actuación de un responsable, en este caso un delegado del Gobierno, como tampoco puede ser a
la inversa.
Probablemente presidentes de ciertas autonomías pondrían el grito en el cielo si se pretendiese la fiscalización de algún alto cargo, de algún consejero, en la sede de estas Cortes Generales. Como usted ha dicho, está basado en
dictámenes, en informes jurídicos que no son de ahora y no son los que usted ha pedido; dictámenes e informes de otros momentos pedidos por otros gobiernos decían exactamente lo mismo. Por cierto, cuando el Mar Egeo, catástrofe ecológica producida
a la entrada de la ciudad de La Coruña en 1992, se constituyó en el Parlamento de Galicia una comisión, se solicitó también la comparecencia de responsables del Gobierno y se negó, exactamente lo mismo que ahora se está produciendo pero con una
diferencia, antes no gobernaba el Partido Popular y las normas que antes no servían ahora sí sirven.
Se ha dicho aquí por parte de algún portavoz que la sociedad no puede confiar en nosotros. Entendemos que en quien no puede confiar es en aquellos responsables políticos que en su día dejaron literalmente tirada a la sociedad gallega con
motivo de catástrofes semejantes a ésta. Está en los 'Diarios de Sesiones' y se ha dicho por activa y por pasiva: Mar Egeo, cobraron las indemnizaciones años más tarde gracias a la actuación del Partido Popular, no hubo ayudas directas, y es más,
una portavoz gubernamental dijo que no hacía falta limpiar playas, que las playas se limpiaban directamente por la acción del mar. Todo eso está en los diarios de sesiones. El responsable político del Bloque en esta Comisión ha dicho, siempre con
palabras de grueso calibre, que son los únicos defensores de Galicia, a los únicos que les preocupa Galicia, que a los demás no nos preocupa Galicia. Hablan de fraude político, de ámbitos de impunidad. Quiero recordar que la plataforma Nunca Mais
ha anunciado presentar una querella criminal por la actuación de distintos responsables políticos a los que ellos les achacan la comisión de ciertos delitos. Vamos a respetar la justicia. Veremos en sede judicial quiénes son realmente los
responsables. Aquí estamos en lo de siempre, en lo que siempre se ha dicho, los auténticos responsables del accidente de Galicia: el capitán, el armador, el fletador, esos no son los responsables. Lo que a mí me ha extrañado y a una gran parte de
la sociedad de Galicia es por qué no se ha mencionado la responsabilidad del propietario del buque, del capitán del buque. Yo tengo una explicación.
La explicación evidentemente es sacar ventaja política; la explicación lógicamente es que están a
la vuelta de la esquina unas elecciones municipales y hay que intentar como sea erosionar al Gobierno de Galicia, perjudicando a la sociedad gallega.
Para finalizar, simplemente para que conste en el 'Diario de Sesiones', quisiera indicar que la información que se ha dado al Parlamento sobre este accidente está a años luz de la dada por mayorías de otros gobiernos anteriores. Llevamos,
como he dicho, trece comparecencias en Comisión y ello al margen de 27 preguntas orales en Pleno, diez proposiciones no de ley, tres convalidaciones de reales decretos, tres interpelaciones, tres mociones y múltiples preguntas escritas; en total
más de 60 horas de debates. Quisiera recordar que en el caso del Cason hubo una sola comparecencia en Comisión y fue del director general de la Marina Mercante y en el caso del Mar Egeo ni una, señor secretario de Estado; ni una. Por cierto, no
tiene lógica ninguna, como ha dicho un portavoz parlamentario, hablar de un delito de desacato, entre otras cosas porque ése ya no figura en la relación de delitos del actual Código Penal.
En resumen, su intervención se enmarca dentro de la línea de información que en todo momento ha querido transmitir el Gobierno en relación con este accidente y, en ese sentido, nosotros no podemos, más que agradecer sus explicaciones.
El señor PRESIDENTE: Quisiera hacer mención de un tema para ganar tiempo en una mañana en la que tenemos muy cargado el orden del día. Si el señor secretario de Estado -y está de acuerdo el portavoz socialista- contesta a la intervención
del señor Martínez Sanjuán sobre el punto cuarto, de la delegada del Gobierno en Cataluña, podríamos dar por tratado este punto y pasaríamos a los restantes. (Asentimiento.)
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Señor presidente, así intentaré hacerlo.
Antes de dar respuesta a cada una de las intervenciones tendría que hacer dos o tres comentarios de tipo general. En primer lugar comprendo, por decirlo de alguna manera, los anhelos de los grupos parlamentarios de la oposición por hacer de
esta una comparecencia de contenido universal, pero como bien recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no es esta la primera comparecencia que se produce en esta Cámara, ni han faltado precisamente las explicaciones de todos y cada uno
de los responsables funcionales de todas las áreas del Gobierno antes de esta fecha. Ha habido cuatro comparecencias del Gobierno, cuatro interpelaciones ante el Pleno, dos respondidas por el vicepresidente primero del Gobierno, otra por el
ministro de Fomento y otra por el ministro de Medio Ambiente. Se ha respondido a 33 preguntas orales ante el Pleno, seis por el presidente del Gobierno, nueve por el vicepresidente primero, dos por el ministro de Defensa, nueve por el ministro de
Fomento, una por el ministro de Administraciones Públicas, cinco por el ministro de Medio Ambiente y una por el ministro de Ciencia y Tecnología. Ha habido una comparecencia amplia sobre el tratamiento informativo que ha desempeñado el director
general del Ente Público Radiotelevisión Española; ha habido comparecencias a petición propia, dos del vicepresidente del Gobierno, una del vicepresidente segundo, una de la ministra de Asuntos Exteriores, otra del ministro de Hacienda, dos del
ministro de Fomento, una del ministro de Agricultura, una de la ministra de Sanidad y Consumo, dos del ministro de Medio Ambiente y una del ministro de Ciencia y Tecnología. Además, en el Senado se han debatido cuatro preguntas planteadas al
ministro de Fomento, otras cuatro al ministro de Medio Ambiente y ha comparecido el vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas para explicar pormenorizadamente el papel de este organismo. Por eso decía que aunque comprendo
sus anhelos me van a permitir, como he intentado hacer y como voy a seguir haciendo, ceñirme a las cuestiones planteadas en los textos que
constan en el diario oficial y a las que yo he tratado de dar respuesta: primero, cuál fue la actuación del delegado del Gobierno sobre la base de sus competencias y, segundo, por qué no se ha comparecido ante la comisión de investigación
constituida en el Parlamento de Galicia.
La segunda aclaración, que tal vez sea necesaria, es tratar de explicar, aunque no sé si lo compartirán conmigo, que en este campo lo jurídico y lo político no son áreas independientes sino que son exactamente lo mismo. Cuando estamos
hablando de la Constitución, de la Ley de Gobierno, de la Ley de Organización de la Administración del Estado, estamos hablando de lo que en derecho llamamos leyes políticas; es decir, estamos hablando de la plasmación jurídica de una realidad
política y de cómo se articula. No hay una discusión jurídica y una discusión política, es la misma discusión. Lo que entiendo que estamos tratando de hacer en este momento en esta Comisión es entender -yo al menos estoy tratando de explicar- cuál
es nuestro modelo de organización territorial y nuestro modelo de organización pública y a partir de esa comprensión explicar el comportamiento, la actuación de cada cual. Si no se entiende lo primero, o si simplemente entendiéndose no se comparte,
lógicamente la segunda explicación no puede ser admitida.
Yendo ya a la intervención del señor Aymerich, la primera cosa que llama la atención, es el propio momento de la petición de comparecencia, que desde luego si recordamos la celeridad con la que actuó el delegado del Gobierno no se puede
decir lo mismo de la del señor Aymerich. El señor Aymerich solicitó el 13 de enero la comparecencia del delegado del Gobierno para explicar la actuación que éste había tenido en los primeros días, cuando el 5 de diciembre, es decir, un mes y cinco
días antes, el vicepresidente del Gobierno -todos ustedes lo saben y así consta en los diarios de sesiones- explicó pormenorizadamente, minuto a minuto, la actuación de esa delegación del Gobierno y de todos los servicios del Estado. Luego tal vez
obedecía a otras razones la petición de comparecencia, pero no desde luego al conocimiento de esa actuación, que ya era conocida por esta Cámara.
Ha hecho varias disquisiciones sobre si esto era un ejercicio de oposición. Me temo que mi respuesta más que de ejercicio de oposición va a ser de clase de facultad porque advierto que no se entienden algunos conceptos básicos que, insisto,
requieren ser entendidos -no digo que compartidos- para comprender la respuesta. Lo que es un servicio integrado y no integrado lo sabe todo el mundo; está en las leyes, está en el Derecho y cualquier funcionario de la menor categoría lo tiene
perfectamente claro. Trataré de explicárselo e insisto en que me quedaré en el nivel de facultad porque creo que el de oposición puede ser excesivo. La Administración del Estado se organiza con arreglo a los criterios de jerarquía. Eso da lugar a
que en la Administración en ocasiones unos servicios están funcionalmente sometidos a otros y en otras ocasiones están sometidos orgánicamente. Por eso, desde hace muchos años, en el derecho español, en el derecho administrativo se distingue
perfectamente entre la dependencia orgánica y la dependencia funcional.
El Estado se proyecta territorialmente sobre el conjunto del territorio español a través de las delegaciones del Gobierno, pero no sólo de las delegaciones del Gobierno;
distintos servicios de la Administración del Estado tienen estructura territorial que no está orgánicamente integrada en las delegaciones del Gobierno. Lógicamente eso da lugar a un distinto grado de relación y de sujeción jerárquica a la figura
del delegado del Gobierno de los servicios en función de que estén o no integrados en la Delegación del Gobierno, no en el Estado, obviamente son todos ellos Estado, como Estado es la comunidad autónoma, dicho sea de paso. No es eso lo que estamos
discutiendo; lo que estamos tratando de aclarar es cuál es la dependencia de unos y de otros. Para entender la respuesta hay que tener claro -y me temo que no admite mucha discusión- que determinados servicios fundamentales en esta crisis, en esta
catástrofe, son servicios no integrados y eso no está sometido a discusión. Es decir, son servicios que dependen orgánica y funcionalmente directamente de sus ministerios y sus departamentos. Eso no quiere decir que el Gobierno -como no puede ser
de otra manera- no asuma plenamente todas y cada unas de las decisiones y actuaciones tomadas; quiere decir que las explicaciones en cada caso debe prestarlas quien tiene la titularidad de la competencia, en este caso y básicamente, por lo que
estamos hablando, el Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante y de la Sociedad de Salvamento Marítimo. Por tanto, no hay fraude político ni espacios de impunidad alguno. Lo que hay -si me permite decirlo así- es
buen orden en el debate y cuando usted se dirija al ministro de Fomento le podrá preguntar por lo que han hecho los órganos administrativos jerárquicamente subordinados y cuando se dirija a otro órgano podrá preguntar por los que sean de su
competencia.
Ha hecho muchas consideraciones más que confusas abiertamente contradictorias, sobre la locuacidad o el silencio del delegado del Gobierno o sobre si se le tiene castigado o premiado. Ni una cosa ni otra. El delegado del Gobierno en el
momento de la crisis atendió su obligación de mantener informada a la opinión pública, y lo hizo de una forma realmente exhaustiva. Saben ustedes que hubo dos ruedas de prensa diarias durante los momentos de mayor intensidad de la crisis, se
atendieron 600 solicitudes de entrevista, ha habido múltiples notas de prensa todos los días, aparte de las que el Ministerio de Fomento fue enviando en cada momento. Es decir, se puede hacer cualquier otra crítica pero, como muy bien decía el
portavoz del Grupo Popular, la que no cabe hacer es la de falta de comunicación.
Ha habido distintas referencias a la inexactitud de algunas de las informaciones vertidas. Sin duda, a lo largo de tan numerosas y tan inmediatas comparecencias se han podido producir en algún caso inexactidudes o faltas de precisión en las
declaraciones, es perfectamente comprensible con una mínima buena voluntad.
Reprocha el señor Aymerich que traigo aquí argumentos de parte. Es un reproche, si se me permite, un tanto pintoresco, obviamente, porque parte soy. ¿Qué intereses quiere que defienda yo? No soy un ser angelical e independiente que
defiende el bien público, defiendo la actuación del Gobierno.
Sobre lo que son competencias exclusivas o no, es obvio, no hay duda alguna sobre cuáles son las competencias exclusivas del Estado en esta materia. Sin embargo, de lo que estamos hablando no es de un problema de competencias, insisto, de
lo que estamos hablando cuando nos referimos a las competencias -tal vez le parezca a S.S. una discusión excesivamente jurídica- es del modelo de organización del Estado que tenemos, cómo funciona, cómo se entiende y cómo se puede articular.
Nuestro modelo autonómico afortunadamente no crea espacios de impunidad, en modo alguno, sino que residencia la responsabilidad política en distintos órganos políticos, y eso es lo que entiendo que hemos venido a debatir aquí.
No es fácil argumentar, como se ha pretendido hacer en algunas intervenciones, que no viniendo el delegado del Gobierno y viniendo el secretario de Estado se consagra la impunidad de nadie. Es un argumento, si me lo permiten, también
bastante sorprendente. Con ese argumento supongo que nunca comparecerían ni el presidente del Gobierno, que no toma directamente ninguna decisión, ni los vicepresidentes del Gobierno.
Es decir, el Gobierno, que responde colegiadamente en sus
actuaciones, decide en cada momento quién da las explicaciones ante la Cámara sin que eso signifique, como es lógico, impunidad alguna en ninguna de sus actuaciones.
En esta lista de sorpresas de su intervención la que más me llama la atención es que desde el Bloque Nacionalista Galego se acuse de propio de un gobierno stalinista al comportamiento del Partido Popular, pero lo dejo para la discusión sobre
Bertolt Brecht. (El señor Rejón Gieb pronuncia palabras que no se perciben.-Risas.)
En relación con la segunda intervención, al margen de otras consideraciones, quiero hacer una precisión previa porque me parece de mucha gravedad. Quiero entender que la imputación genérica de la comisión de delitos inciertos por personas
indeterminadas del Gobierno es exactamente eso y no es una imputación de comisión de algún delito concreto por alguna persona, porque en ese caso sería de enorme gravedad.
Ha habido muchas referencias a la posible comisión de delitos, y es una
consideración excesivamente grave para quedar tan indeterminada y simplemente en el aire.
Se pregunta el señor Rejón si considero que había alguna intención aviesa -me parece que era la expresión que utilizaba- en el Parlamento gallego.
Ni mucho menos. A cada uno en cada momento político nos corresponde actuar en defensa de la
posición institucional que ocupamos. Más allá de cuáles sean las decisiones del partido en el que militamos o en el que ocupamos cargos directivos, nuestra primera responsabilidad es defender la estructura institucional del Estado al margen de
cualquier otra consideración de partido, y así lo hemos hecho.
También he de decir, y todos ustedes lo conocen, que la primera declaración refrendando los fundamentos jurídicos esgrimidos por el Gobierno vino de la boca del presidente de la Xunta de Galicia, Manuel Fraga, que inmediatamente corroboró la
argumentación jurídica en la que se soportaba nuestra decisión. Hay una batería de preguntas en relación con ese tema, muchas se salen del objeto de la comparecencia. Había una muy concreta, sobre si participé yo en las decisiones. La respuesta
es clara: no. No me correspondía en función de mi competencia y mi materia, por tanto, no participé en ninguna de las decisiones, más allá de la que he relatado ante esta Comisión. No me consta tampoco que exista reclamación patrimonial contra
consejero o ex consejero alguno ni que ésta deba realizarla el Estado.
Luego, hacía unas consideraciones que, en este afán didáctico, quizá convenga aclarar. Decía el señor Rejón que con esta doctrina nos hemos cargado las comisiones de investigación. Yo no lo creo. Lo que estamos intentando hacer es situar
las decisiones políticas en el ámbito que les corresponde; otra cosa es que esta Cámara haya decidido no formar una comisión de investigación. Las comisiones de investigación se deben formar allí donde están. Luego, me volveré a referir a este
tema porque en intervenciones posteriores han hecho comentarios a este respecto.
En cuanto a la figura del delegado del Gobierno en Galicia, me pasaban ahora, y todos ustedes lo conocerán, los currículos reiteradamente publicados por esta Cámara, a la que ha pertenecido, y desde luego en ellos en ningún momento figura
titulación alguna que no posea; no figura en ninguno de estos currículos títulos como los que usted mencionaba. En todo caso, conviene recordar que para ocupar la posición de delegado del Gobierno no se exige titulación alguna sino una experiencia
y una capacidad política que el señor Fernández de Mesa ha demostrado sobradamente en este Parlamento, concretamente en esta Comisión.
De todas las intervenciones, la que más me sorprende es la del portavoz del Partido Socialista, señor Martínez Sanjuán, lógicamente por venir de un partido que es el principal partido de la oposición, que ha tenido largamente la
responsabilidad del Gobierno de la
nación. No quiero ponerle en evidencia, aunque ya ha hecho alguna mención el portavoz del Grupo Popular, con los antecedentes parlamentarios de crisis anteriores. Digo exactamente ponerle en evidencia porque esos antecedentes no soportan
ningún análisis, sí tengo que explicar los antecedentes, a los que de alguna manera también hacía referencia el portavoz del Grupo Popular, sobre las decisiones de no comparecencia ante las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos.
Cuando el día 3 de enero se produce la petición de comparecencia y se solicita, como es lógico, a los servicios competentes los antecedentes, existen varios antecedentes que obran en la Administración general del Estado. El más importante,
por ser en su lógica casi idéntico al anterior y que dio lugar al primer debate y a las primeras interpretaciones sobre cómo debían articularse las comisiones de investigación autonómicas con las constituidas en las Cortes Generales, se dio en 1986,
como usted probablemente recuerda, cuando el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Canarias solicitó la comparecencia de los responsables del centro territorial de Radiotelevisión Española en las islas por la manipulación informativa que, en
opinión del Parlamento canario, el ente público de comunicación estaba desarrollando. Ante esta solicitud de 1986, el Gobierno de la nación entonces requirió dictamen al Consejo de Estado y éste se pronunció, pronunciamiento que es en este momento
la doctrina comúnmente aceptada por todos sobre el alcance de las comisiones de investigación de los parlamentos autonómicos. Hay que decir que este antecedente de 1986 -que efectivamente es el que se ha mencionado reiteradamente porque es el
primero y el más claro y en sus elementos formales idéntico al actual-, no fue el único, se sucedieron en diversas ocasiones varias peticiones de comparecencia de miembros del Gobierno de la nación ante comisiones de investigación parlamentarias que
fueron sucesiva y reiteradamente denegadas por el Gobierno de la nación, con muy buen criterio dicho sea de paso. Quizá la última y más conocida fue la petición de comparecencia de un ministro del Gobierno de la nación ante una comisión de
investigación en la Cámara de Madrid por un supuesto caso de corrupción. Estos son los antecedentes. Por tanto, calificar de dictamen de dudosa credibilidad como ha hecho en su intervención, haciendo referencia, entiendo, al del Consejo de Estado,
me parece bastante aventurado.
Hacía una referencia específica que me parece importante aclarar y que tiene que ver mucho con la explicación sobre hasta qué punto se podía entender que la nueva redacción del Código Penal -en el fondo ese es el sentido de la pregunta,
aunque no la ha formulado así- podía haber alterado el reparto de competencias entre las cámaras parlamentarias autonómicas y las Cortes Generales. La respuesta es obvia. No es posible que el Código Penal en su reforma haya alterado la competencia
de las comisiones de investigación de las asambleas legislativas en relación con las Cortes Generales. Dice exactamente el Código Penal en el artículo 502 que los que hayan sido requeridos en forma legal y bajo apercibimiento.
Por tanto, de
acuerdo con la redacción actual del Código Penal, que exige que la petición de comparecencia esté legalmente formulada, lógicamente los servicios jurídicos de la Administración del Estado han entendido que la petición no está realizada en forma
legal al extralimitarse en la competencia de la cámara autonómica.
En un momento dado, ha llegado a afirmar el señor Martínez Sanjuán que en su grupo parlamentario consideran que los parlamentos autonómicos tienen una competencia ilimitada a la hora de solicitar las comparecencias. En su literalidad, no
diría yo que no sea así pero, en refrán popular, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. Es decir, competencia para pedir pueden tenerla toda, pero no es eso lo que estamos discutiendo, sino si las autoridades del Estado deben responder de
su actividad política ante las cámaras territoriales o ante las Cortes Generales. De eso es de lo que estamos hablando. Hay un deber de informar, reiteradamente atendido, por todos los delegados del Gobierno. Por lo tanto, no hay posibilidad de
someter a control político la actuación del Gobierno de la nación en los parlamentos autonómicos, y cualquiera comprenderá que es la única solución razonable porque cualquier otra llevaría a un resultado no ya jurídica, constitucional o
políticamente absurdo, sino materialmente absurdo.
Por no dejar en el aire la parte referida a la delegada del Gobierno en Cataluña, también he de declararme un tanto sorprendido por su intervención, porque si yo no he leído mal la intervención de la delegada del Gobierno -la tenía por
aquí-, no he deducido que hiciese referencia ni al Partido Socialista, ni a su grupo parlamentario ni a los que proponen la reforma del Senado, que entiendo que es lo que se dice en la pregunta. Literalmente la delegada del Gobierno dijo lo
siguiente.
Nuestra Constitución significa el máximo común denominador entre los españoles, se ha convertido en sinónimo de estabilidad democrática, libertad, convivencia, progreso y modernidad. Por ello, sus cualidades no son valores a los que
podamos ni debamos renunciar, ni menos poner en riesgo dando pábulo a visionarios o iluminados que la quieran reformar irresponsablemente, ni menos aquellos cuya actividad política se basa en la negación de España como método de autoafirmación desde
el fundamentalismo excluyente. Supongo que el señor Martínez Sanjuán no considerará que su partido se integra entre los que quieren reformar irresponsablemente la Constitución ni tampoco entre aquellos que su actividad política se basa en la
negación de España. Luego no entiendo cómo ha podido darse por aludido por tales manifestaciones. En todo caso, y por lo que de la literalidad de la pregunta también se desprende -que decía exactamente cómo se
cohonestaban tales declaraciones con el ejercicio del cargo de delegado del Gobierno-, sólo quiero recordar que tales declaraciones se cohonestan perfectamente, dado que un delegado de Gobierno no es un representante administrativo, sino un
representante político del Gobierno de la nación y, por lo tanto, entre sus misiones está hacer declaraciones políticas.
Por último, había una última intervención del señor Hernández en torno a cuál es el ámbito adecuado para la comparecencia. Insisto, creo que no hay ninguna duda, es evidente que el ámbito adecuado para estas comparecencias, para las
explicaciones sobre la actuación del Gobierno en torno a este suceso, son las Cortes Generales. En las Cortes Generales se están produciendo reiteradas comparecencias, otra cosa es que su contenido sea o no a satisfacción o al gusto de los grupos
de la oposición. Desde luego, esta es la sede adecuada para dar estas explicaciones y es lo que en todo momento hemos tratado de garantizar desde el Gobierno de la nación.
Finalmente y en relación con la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, quiero agradecerle enormemente su intervención, como es lógico, y repetir lo que él ha señalado, que la actuación de la Delegación del Gobierno en el
ejercicio de sus competencias y de sus responsabilidades ha sido reiteradamente expuesta ante esta Cámara, se conocen todos y cada uno de los elementos y de los pasos dados y existe la evidencia de que hubo una política de información permanente, en
la cual, insisto -porque negarlo me parece absurdo-, sin duda, en el curso de las muchas manifestaciones en algún momento puede haberse cometido errores o imprecisiones en el traslado de los datos que los técnicos y los expertos en cada momento iban
recabando. En todo caso, desde luego, no cabe reprochar a la Delegación del Gobierno que haya habido falta de información en esta crisis, como tampoco cabe en modo alguno reprochar que haya habido dejación de ninguna de sus funciones ya que todas
ellas han sido largamente atendidas.
El señor PRESIDENTE: Me preguntan si puede haber un nuevo turno. A estas horas y con cuatro puntos pendientes, debo decir a SS.SS. que tienen dos minutos para intervenir. En el mismo orden en que se han producido, tiene la palabra el
señor Aymerich.
El señor AYMERICH CANO: Señor presidente, tengo que intervenir porque el señor Secretario de Estado -y parece que aquí se contagió de su inferior jerárquico, el señor Fernández de Mesa- incurrió en inexactitudes que no sé si se deben a una
voluntad de manipulación o a que interpretó mal mis palabras. Lo que sucede, señor Elorriaga, es que no habló de servicio integrado del artículo 26 de la LOFAGE, dijo que estamos hablando de organismos que no están integrados en la Administración
general del Estado. Se refirió a eso. Por eso yo le requerí si está integrada o no la Dirección General de la Marina Mercante en la Administración general del Estado. Si no, modifiquen ustedes la página web de su ministerio, pues se pincha en
Administración general del Estado y aparecen todos estos organismos encuadrados en los correspondientes ministerios.
Por otra parte, ya que está dando una clase de facultad -yo soy profesor de universidad y a mucha honra, no sé si a usted eso le estorba, a mí no; no sé dónde da usted las clases y a quién-, se dice en el artículo 22 de la LOFAGE que los
delegados del Gobierno ejercen la dirección y supervisión de todos los servicios de la Administración general del Estado. De todos, también de aquellos a los que usted se refirió. Dice dirección y supervisión; son funciones diferentes, pero tiene
que supervisar y tiene que dar cuenta.
Tuvo usted un lapsus freudiano, dijo que usted es una persona de parte, que no es un ángel que venga aquí a defender el bien público, sino la actuación del Gobierno. Tiene razón porque el interés público y la actuación del Gobierno cada vez
divergen más. Y cada vez más, defender y justificar la actuación del Gobierno, en este caso de la Delegación del Gobierno en Galicia, y el bien público, son cosas cada vez más distintas.
Lo ha reconocido el señor Martín Villa y lo reconoce usted.
Me parece un ejercicio de sinceridad.
En cuanto a la referencia a Manuel Fraga, faltaría más, cómo no lo va a hacer. Ya le dije que es una marioneta suya. Lo mandan ustedes a cazar, lo tienen también callado, salvo para decir algunos exabruptos u ofrecer bofetadas a la gente
por la calle -esto se dijo en la radio- y, faltaría más, el señor Fraga está para servir a España y para aprovecharse de Galicia. Dice un amigo mío que España como problema, Galicia como chollo.
Ese es el mejor ejemplo.
En cuanto al stalinismo, en el Bloque no hay ningún stalinista, nunca se justificó ningún régimen totalitario. Parece que en el Partido Popular, sí que tienen ese problema, tanto de ex stalinistas que ahora aplican desde el Gobierno métodos
stalinistas de gobierno -por ejemplo, en el Ministerio de Educación y otros- como de personas que siguen justificando regímenes totalitarios donde sus papás o sus abuelos sirvieron también con lealtad a España.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer uso de la palabra el señor Rejón?
Tiene dos minutos.
El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, con mucha brevedad. Para terciar en el tema del estalinismo, he de decir que no me doy por aludido porque, como tuve que responder una vez al señor Rodríguez de la Borbolla, cuando mis compañeros eran
stalinistas yo era de derechas. Por tanto, no tengo que responder.
Señor Elorriga, cuando explica tan bien por qué los delegados del Gobierno no deben comparecer en temas competenciales, uno piensa qué buen delegado del Gobierno podría haber sido usted en Galicia, qué buen delegado del Gobierno se ha
perdido Galicia. Debería haber estado usted allí para llevar de la mano a la mayoría absoluta del Partido Popular, al presidente del Parlamento y al presidente del Gobierno, para que no hubieran cometido el error -torpe error, craso error,
desafuero, desaguisado- de atreverse a pedir la comparecencia del delegado del Gobierno. Si usted se lo hubiera explicado tan clarito, como de facultad, así como ha dicho, no se hubiera llegado a tanto. Si no, alguien puede pensar que a lo mejor
se lo explicó y la mayoría absoluta del PP tuvo una intervención aviesa. A eso me refería, es decir, solicito que comparezca el delegado del Gobierno y digo que sí porque sé que no va a comparecer.
Comisión de investigación. Debilita está la comisión de investigación en los parlamentos autonómicos, pero con actuaciones como estas todavía está más debilita. Como usted sabe, al final, a los únicos que se les puede obligar a comparecer
es a los funcionarios y a los políticos de esa comunidad. El resto, es decir, personas normales, por ejemplo, un constructor, comparece si le da la gana, no se le puede obligar. Aquí en Las Cortes, sí, pero allí sólo comparece si él quiere. Mal
ejemplo.
Generalmente, en torno a un 70 u 80 por ciento del personal civil al que se le pide suele comparecer pero mal ejemplo se ha dado.
¿Por qué no se va? Además ustedes tienen allí mayoría absoluta, no hay problema, no hay nada que ocultar y creo que lo tienen ustedes clarísimo.
Entonces, ¿por qué no se va? Así, se siguen prestigiando una comisión de investigación, un
Parlamento y un Gobierno como el de Galicia, se sigue prestigiando la democracia y se sigue prestigiando la colaboración entre las distintas administraciones. Así de ingenuo y así de sano lo decía yo.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor presidente, desde la legitimidad democrática que a mi grupo parlamentario le da el poder de los votos y no las decisiones de anteriores gobiernos, me he permitido intervenir como lo he hecho, aunque a algún
grupo parlamentario no le guste. Veo que el señor secretario de Estado no ha entrado por ese derrotero, sólo ha puesto el retrovisor en algunas intervenciones con relación a decisiones pasadas. Con los mismos antecedentes, señor Elorriaga, adoptan
ustedes consecuencias totalmente distintas, cuando les interesa cogen esto y cuando no les interesa cogen lo otro. Ese no es el planteamiento, el planteamiento, como bien decía el señor Elorriaga es que lo jurídico y lo político se mezclan, y las
normas del bloque de constitucionalidad se interpretan y se valoran, y se adoptan decisiones para interpretar el mismo bloque de constitucionalidad en la relación entre el Gobierno central y gobiernos y parlamentos autonómicos. En toda esta
historia y con todos mis respetos, han pretendido que una solicitud de comparecencia de un miembro de la Administración del Estado con responsabilidades de carácter político es una exigencia política y de control político, cuando todo el mundo está
interpretando que es una solicitud de información y de colaboración con un parlamento autonómico a través de una comisión de investigación. Todos los dictámenes que usted ha exhibido y cualquier otro que pueda exhibir hablan de algo que todos
sabemos porque lo dice el bloque de constitucionalidad, el bloque de los estatutos de autonomía y la Constitución española, que ningún parlamento autonómico podrá exigir responsabilidades políticas ni control político; pero ni sus informes ni el
del Consejo de Estado ni el de los servicios jurídicos del Estado, dicen que no pueda intervenir y colaborar con una comisión de investigación. Quiero decir que es absolutamente distinto el caso del ejemplo que usted nos ha relatado sobre
responsabilidades políticas hace tiempo en la Comunidad Autónoma de Canarias. No encontrará usted en ningún sitio ni en la Constitución ni en las normas del Estado ni en las de comunidades autónomas, nada que impida la participación y la
colaboración. Coincidirá conmigo, señor Elorriaga, que el artículo el 22.2.b) de la LOFAGE dice que entre las responsabilidades del delegado del Gobierno está la de comunicar y recibir cuanta información precise el Gobierno y el órgano de gobierno
de la comunidad autónoma. Es decir que el delegado del Gobierno se relaciona, informa, colabora, comunica con las comunidades autónomas a través de los órganos de gobierno y también lo puede hacer a través de una comisión de investigación, con su
participación y su colaboración. Nadie está pidiendo que el señor delegado del Gobierno en la comunidad gallega vaya al Parlamento a que le exijan responsabilidades. Si el Gobierno de Galicia no explica qué pasó, dado que la información y la
capacidad de colaboración y de coordinación la tenía durante los primeros momentos el delegado del Gobierno, ¿a quién se le va a pedir información, al maestro armero? Si no querían que fuera al Parlamento gallego, que hubiese venido aquí, pero es
que tampoco quieren que venga aquí. No hablo de usted, no sé si usted lo piensa o no lo piensa porque no lo ha dicho. El Grupo Parlamentario Popular no quiere que venga aquí ningún delegado del Gobierno y usted ha asumido el papel del primo de
Zumosol para responder por todos. Se va a encontrar en una dinámica, señor Elorriaga, por la que puede ir haciendo hueco en su calendario y en su agenda. Por último, ha perdido una magnífica oportunidad para trasladar a los miles de gallegos que
posiblemente se van a manifestar el domingo en Madrid, para harto cabreo del señor Ansuátegui, un mensaje de esperanza,
de colaboración, de entendimiento entre lo que es una política de colaboración entre Administración central y una Administración autonómica.
El señor PRESIDENTE: Señor Chapela, ¿quiere hacer uso de la palabra?
El señor CHAPELA SEIJO: Intervengo brevemente para reiterar el agradecimiento al secretario de Estado, agradecer el tono de las intervenciones de los grupos parlamentarios y aprovechar la ocasión que me brinda el presidente como diputado
por la provincia de Pontevedra, como diputado gallego, para agradecer a todas cuantas personas e instituciones han trabajado para recuperar las costas y las playas de Galicia su trabajo, su colaboración y su labor e invitarles a SS.SS. a ir a
Galicia cuantas veces puedan, que serán siempre bien recibidos.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, para cerrar este bloque de puntos del orden del día, el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Trataré de ser también muy breve. En primer lugar, quiero satisfacer una pregunta del señor Aymerich. Yo también soy profesor universitario, me quedo sólo en
la figura de profesor asociado e imparto, hasta que he sido incompatible, economía aplicada en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid desde hace muchos años.
También quería hacerle una aclaración al señor Rejón. Hay dos
cosas distintas que tienen un régimen jurídico en este momento perfectamente diferenciado, una son las comisiones parlamentarias en general y otra son las comisiones de investigación. En este momento, tras la reforma del artículo 502 del Código
Penal, no hay ninguna duda de que todos los ciudadanos españoles están obligados a comparecer bajo apercibimiento de comisión de delito por el Código Penal, es decir, está reforzada esa categoría. Precisamente la reforma del Código Penal establece
que los que, habiendo sido requeridos de forma legal y bajo apercibimiento, dejaren de comparecer ante una comisión de investigación de las Cortes Generales o de una asamblea legislativa, serán castigados como reos de delito de desobediencia y luego
hay una pena cualificada para el caso de los funcionarios públicos o de las autoridades públicas. No hay ninguna duda, el Código Penal no ha venido a debilitar en modo alguno la capacidad de las comisiones de investigación, sino que ha venido
precisamente a reforzarlo. Otra cosa distinta es cuál es nuestro debate.
Nuestro debate es que esa comisión de investigación sólo puede proyectarse sobre el ámbito de competencia territorial y material de la comunidad autónoma. Como intentaba
explicar antes, cualquier otra conclusión llevaría a un resultado absurdo. Con eso paso a una breve referencia a la intervención del señor Martínez Sanjuán.No tiene nada que ver la obligación de colaboración establecida con carácter genérico para
los delegados del Gobierno y la Administración del Estado, que lógicamente se atiende y se cumple de ordinario, que es una obligación de colaboración entre administraciones públicas para el buen ejercicio de sus respectivas competencias y funciones,
con el debate que aquí estamos manteniendo. No puede entenderse -porque es coger el rábano por las hojas- que citar compulsivamente a un miembro de la estructura política del Estado a comparecer en una comisión de investigación para el
esclarecimiento de responsabilidades políticas, lo cual significa, por un lado, el apercibimiento de la comisión de delito en caso de no comparecer y, por otro, la obligación de no faltar a la verdad en su declaración y, por tanto, la posibilidad de
cometer delito también por esa vía, pueda encuadrarse en la obligación genérica de todas las administraciones públicas de proceder al intercambio normal de información para el correcto ejercicio de sus competencias. Va mucho más allá y el debate es
otro completamente. Quiero recalcar que el intercambio de información entre administraciones, no ya entre la Delegación del Gobierno en Galicia y la comunidad autónoma, sino en las 17, es una práctica habitual y normal. Si no fuera así, no podrían
funcionar ni unas ni otras administraciones.
- EL FUNCIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO DE LLEIDA Y OFICINAS DEPENDIENTES DE ELLA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/001444.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al IX punto del orden del día: Comparecencia del señor secretario de Estado para informar sobre el funcionamiento de la subdelegación del Gobierno de Lleida y oficinas dependientes de ella.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Dado lo genérico de esta petición de comparencia, tal vez sería mejor en este caso escuchar al portavoz correspondiente del Grupo Parlamentario Socialista. En
sentido genérico diré que el funcionamiento de la subdelegación del Gobierno de Lleida y las oficinas dependientes de ella es satisfactorio en este momento y así lo acreditan todos los informes que se realizan anualmente sobre su funcionamiento.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Teresa Cunillera.
La señora CUNILLERA I MESTRES: El señor secretario de Estado tiene razón.
Siento que la redacción sea genérica, pero fue debido precisamente a la urgencia de la petición de esta comparecencia. Quiero empezar agradeciéndole muy
sinceramente la diligencia y la rapidez con que se ha procedido a sustanciar esa petición Le tengo que decir con toda sinceridad que siento haber tenido que pedir esta comparecencia que viene dada por la poca atención que han merecido determinadas
relaciones que he tenido con altos cargos de su ministerio y por denuncias que se han formulado con anterioridad, que le voy a intentar demostrar en el desarrollo de la intervención. No es la primera vez que se habla de este tema, no es un tema
coyuntural y no es la primera vez que esta diputada se interesa por la oficina de extranjería. Es más, es un tema que viene de la anterior legislatura, del año 1997, cuando nuestro grupo instó a la creación de esa oficina única que finalmente se
acabó creando en el año 1999, Ese gran documentalista que tienen en el Partido Popular o en el Gobierno, que siempre encuentra antecedentes del Grupo Parlamentario Socialista, le podrá buscar también antecedentes de la cantidad de veces que nos
hemos dirigido al Gobierno en cualquier medio para preguntar o pedir que se le den más medios a esa oficina de extranjería. El volumen de los expedientes que las propias respuestas del Gobierno acreditan que se han tramitado, entre el año 1997 y el
2002, está en torno a 45.000, lo que evidencia que estamos ante una realidad de unas dimensiones muy grandes. Las instalaciones que se adecuaron finalmente para esa oficina de extranjería se han demostrado insuficientes. Los medios materiales
también lo son. Los medios humanos, por supuesto. Incluso ahora que estamos en una dinámica de detección de algunas irregularidades en esa oficina, los más próximos al Partido Popular o al Gobierno también reclaman que se solucione ese tipo de
problemas.
El año pasado, en marzo del 2002, en esta misma Comisión, en la sala de al lado, le hice unas preguntas a la señora subsecretaria del ministerio en las que le expuse estas cuestiones. La señora subsecretaria se mostró muy interesada. Fue
una comparecencia breve, pero intensa. La propia subsecretaria se comprometió -así consta en el 'Diario de Sesiones'- a que ese verano del año 2002 iban a quedar solucionados los temas de la oficina y se iban a tomar medidas, hecho que no ocurrió.
Hice un seguimiento de los temas que habíamos comprometido allí con la subsecretaria y en los que se iba a tomar interés -es cierto que luego se produjo el cambio del ministerio, pero no pensé que eso pudiera afectar al interés que había que tomar-
y el día 8 de noviembre fui a visitar en la propia oficina al jefe de la oficina de extranjería, quien estaba ausente, tal y como consta también -quiero insistir en este dato, señor Elorriaga- en ese 'Diario de Sesiones' de marzo de 2002 en el que
la subsecretaria pone a disposición de representantes sindicales, parlamentarios, etcétera. Como decía el jefe de la oficina no estaba presente, por lo que pedí hablar con la persona responsable. Me acredité como parlamentaria -considero que lo
correcto y, si me apura, lo educado era decir quién era para poder hablar con el jefe, que no estaba presente en ese momento; tengo que añadir que eso no es raro, porque lo denuncié el año pasado- y hablé con la responsable que había en ese momento
-creo recordar que me dijo que era jefe de sección- y con el jefe de trabajo.
Esa reunión fue cordial, porque nos conocemos, incluso somos amigos; no importa que él sea del Partido Popular y yo sea del Partido Socialista para que tengamos una
relación muy normal e incluso, en algunos casos, afectuosa. Fíjese si fue normal esa reunión y si hubo pocos problemas de secretismo, que yo llevaba el 'Diario de Sesiones' subrayado en amarillo, con las preguntas que iba a hacer, sobre qué temas,
con mis anotaciones al margen, y se lo entregué para que viera que no había ningún ánimo que no fuera el habitual. Le doy una explicación tan prolija, porque el día 11 de noviembre se produce una comparecencia del subdelegado del Gobierno antes los
medios de comunicación, acompañado de esos mismos funcionarios de la Administración, en la que la reacción es -intentaré ser correcta- desproporcionada con la nota de prensa que efectivamente hice, detectando que no se habían tomado las medidas
comprometidas desde marzo de 2002.
Como no se había tomado ninguna medida, anunciaba ya otras nuevas preguntas, preguntas que están sustanciadas en la Cámara, unas contestadas por escrito -en las que podrían haberse esmerado un poco más en los
detalles- y dos que tenemos pendientes para formularlas al subsecretario en esa Comisión. La reacción fue desproporcionada, aunque le ahorraré los calificativos, porque, señor Elorriaga, a lo largo de todo este proceso he intentado no hablar nunca
de las personas. Si en algún momento ha habido un nombre propio en mi boca, ha sido porque se me ha escapado o porque se me ha atribuido falsamente. Yo siempre he hablado de subdelegado o de responsables de la oficina, es decir, de cargos
institucionales que tienen por tanto una responsabilidad institucional, y creo haber merecido el mismo trato, pero ese día no lo recibí. Por esta razón, cuando se me acusó de injerencia, de ir a fiscalizar, de que se iba a hacer un expediente que
se le iba a transmitir al ministro, me pareció que estábamos entrando en una dinámica que no se correspondía con lo que había ocurrido hasta ese momento. El mismo día 12 de noviembre tuve una entrevista en esta Cámara con el ministro de
Administraciones Públicas en la que le dije: 'Mira, ministro, esto no es normal; lo que yo he dicho y he hecho no se corresponde con el trato que he recibido'.
Tengo que decirle también, señor Elorriaga, que en ese momento había empezado ya a
recibir -y sigo recibiendo- muchas llamadas, e-mails e informaciones, en gran parte anónimas, aunque otras veces me dan el
nombre, pero me piden por favor que no lo utilice. Eso lo puse en conocimiento del señor ministro. Señor Elorriaga, no sé si en ese momento estuve correcta o actué adecuadamente, pero tenía dos opciones y una de ellas era haberme ido a un
medio, a dos, a tres o a cuatro, haber hecho una rueda de prensa y haber dicho: A mí me llegan estas informaciones, me dicen esto, me hablan de esto, etcétera. De esta forma habría montado un escándalo mediático, que no digo que no me hubiera
reportado uno, dos o varios titulares, pero que sinceramente creo que hubiera hecho un mal favor a lo que pretendíamos, que era que esa oficina funcionase bien y que la gente -tanto los inmigrantes como los contratantes que van a esa oficina-
tuviera un servicio adecuado. Por eso hablé con el señor ministro. El propio señor ministro me dirigió al subsecretario del ministerio, al cual le expliqué toda la información que tenía; él se lo podrá ratificar. No voy a hablar de esas
conversaciones, porque me parece que corresponden al ámbito de lo discreto, por no calificarlo de otra manera, pero sí quiero que quede claro que las tuve y que no me fui a decirlo en otros ámbitos porque me parecía que así se podían tomar medidas.
Es más, le dije al señor subsecretario: 'En las preguntas escritas que te he hecho tienes algunos datos que a mí me llegan, sobre algunos tratos de favor y algunas cosas que no funcionan correctamente.
En función de las respuestas que tú me des,
entenderé si hay ánimo de solucionar estas cosas o estamos hablando en parámetros absolutamente distintos'. Las respuestas no fueron muy satisfactorias, pero entre medias me enteré por la prensa de que se mandó una inspección del ministerio a
finales de noviembre. Parece ser, por lo que se dijo entonces y por lo que se repite ahora tantas veces cuantas se quiera escuchar, que fue una inspección absolutamente satisfactoria, en la que no se detectó nada y en la que se revisaron -según
consta en los periódicos- todos los expedientes de las ETT y algunos personales de forma aleatoria, lo cual para 6 ó 7 horas que debió durar la inspección es bastante trabajo, sobre todo porque alguna se hizo por la tarde, fuera de horario de
atención al público. No voy a negar que esto fuera así, que la inspección se hiciera con el mejor ánimo y resultase que no había nada, con lo cual, todos muy satisfechos, pero ahora resulta que el día 4 de este mes -no me quiero equivocar-, la
Guardia Civil detiene a un funcionario, que por cierto es auxiliar administrativo interino, que en el escalafón de las responsabilidades tampoco era el que tomaba las últimas decisiones. Le detiene la Guardia Civil por irregularidades en el número
de expedientes tramitados, concretamente 19. La falsificación o la irregularidad dice haberla detectado el subdelegado del Gobierno, quien la ha puesto en conocimiento de la Guardia Civil.
Señor secretario de Estado, quisiera que nos aclarase el tema de esos expedientes. En primer lugar, el subdelegado dice -de todo esto tengo aquí el dossier de prensa y si usted no lo tiene, no tengo ningún inconveniente en darle una copia
que he traído para que vea que yo siempre me baso en palabras o expresiones de los responsables de la oficina o de la subdelegación- que llevaba un año buscando esos 19 expedientes o intentando averiguar si se producía alguna irregularidad en esa
oficina o en la subdelegación. A mediados de ese año -estaríamos hablando de febrero o marzo del año pasado- se produce esa inspección en la que no se detecta nada. Mi visita a la oficina produce esa reacción que he mencionado antes, a mi entender
absolutamente desmesurada y fuera de lugar y de la que nunca nadie habló. Fíjese usted qué pasa con esos 19 expedientes. Por ellos, se detiene a un auxiliar administrativo, como he dicho antes. Se le pregunta al subdelegado por esos expedientes,
porque se sabrá quienes son los señores a los que iba a beneficiar supuestamente. Él nos responde que no se pueden saber porque, como están aprobados, ya están en curso. Cuando uno detecta una irregularidad lo que hace es no firmarlos, ¿verdad?.
Si no están firmados, se sabrá quienes son, quién los presentó, quién los tramitó, etcétera. Si realmente no se pueden revocar -creo que es la palabra exacta- o no se puede buscar a los afectados por esos expedientes porque no se firmaron, ¿qué
pasó? La sorpresa ha ido a más porque en un momento determinado nos enteramos de que esos 19 expedientes han desaparecido. A mí me quedan unas dudas que dejo sobre la mesa: ¿Cuál es la fecha en que se detectan estos expedientes y se ponen en
conocimiento de la Guardia Civil? ¿Por qué a la Guardia Civil y no a la Policía Nacional, que es la que tiene responsabilidades en materia de inmigración? ¿Es cierto o no que se han perdido estos expedientes?
Existen otras cuestiones que querría que también nos aclarara. A mí no me importa que me dé una clase de facultad, incluso se lo agradezco. En cuanto a la inspección, si todo salió tan bien ¿cómo es que todavía estamos pidiendo material
personal, en esta situación? Yo le pregunté por escrito que me dijeran cuánto tiempo tardan en resolver un expediente de ETT y cuánto tardan en resolver concretamente el de la ETT que está sobrevolando en esta situación, que se llama People.
Ustedes me contestan y me dicen que un término medio de 12 meses. Esto no me sirve, porque yo quiero saber datos precisos y ustedes deberían estar más interesados que yo en desmentir el trato de favor a nadie. Según declaraciones que he podido ver
en la televisión de Lleida, estos datos los tienen ustedes porque se le encargó al jefe de la oficina que los tuviera y dice que los tiene. Señor secretario de Estado, haga lo posible porque estos datos me lleguen no sólo a mí. Ahí ha quedado
subyacente el tema de que nosotros queríamos con eso entorpecer la buena relación que había entre los inmigrantes y las ETT que les suministran el trabajo. Nada más lejos de nuestra intención. Se suscitan muchas dudas por parte de los sindicatos y
la Administración no ha aclarado si las empresas de trabajo temporal
pueden tramitar expedientes para la obtención de permisos iniciales de trabajo y residencia a inmigrantes extranjeros ¿Pueden o no contratar en origen? ¿Hay alguna diferencia entre permisos temporales y permisos fijos o permisos de un año?
Según dice el subdelegado del Gobierno, tiene encargado a un asesor de su gabinete la atención de determinadas entrevistas y circunstancias especiales en temas de extranjería. Lo mejor que podía hacer, señor secretario de Estado es disipar
cualquier duda y decirnos exactamente cuál es el encargo que tienen los asesores de los gabinetes de los subdelegados en este caso concreto. Existe una oficina que funciona en la subdelegación para gestores y graduados sociales y los presidentes de
ambos colegios profesionales han pedido que no la cierren. Supongo que habrán pensado en eso. Supongo que esa oficina donde trabajaba el funcionario detenido tendrá un superior jerárquico, y será un funcionario de un determinado nivel porque no
será el asesor del subdelegado.
Señor secretario de Estado, es necesario que usted aclare hoy aquí cómo se coordina esa oficina, ubicada físicamente en la sede de la subdelegación, con la oficina de extranjería, situada físicamente en otra zona de la ciudad. ¿Es a través
del gabinete del subdelegado o nada tiene que ver? Todas esas cosas que sobrevuelan sirven para que, al final, si fuéramos más inconscientes, nos tiráramos los trastos a la cabeza. Pero no es mi caso. Se lo digo sinceramente, señor Elorriaga, y
lo tengo acreditado.
Voy a terminar diciéndole una cosa que me ha preocupado enormemente en todo este tema, y no sólo a mí. Me han llegado -y no tengo problema alguno en explicárselo después en privado-. cantidad de llamadas, repito, de e-mail, de información,
etcétera, y a los medios de comunicación les ha ocurrido exactamente lo mismo. Pero lo que es chocante, y para mí muy preocupante, es que este año, en el que vamos a celebrar el 25 aniversario de la Constitución, la gente no quiera dar su nombre.
Y el que te lo da te pide por sus hijos que no lo digas en público. Yo no creo que sea bueno que una sociedad viva en ese temor, y por eso le digo que tienen una oportunidad de aclarar estas cosas.
Yo no le voy a pedir el cese del subdelegado del Gobierno, nunca lo he hecho; ni del subdelegado ni de ningún alto cargo que haya en la dependencia orgánica o representación de la Administración en Lleida.
Primero, porque sé que es poco
práctico, porque nunca se le da esa satisfacción a la oposición. Pero también por algo menos frívolo o más profundo, porque de todos los temas que se han tocado respecto al buen funcionamiento de la oficina, no está mal lo que ha salido:
funcionario detenido, dos que compatibilizaban su trabajo con un trabajo en la empresa privada, sospechas, etcétera. Lo sabe el señor ministro desde el día 12 de noviembre y lo sabe el subsecretario de su ministerio desde el 14 de noviembre. Si
ustedes no toman medidas en el sentido de aclarar- no dan la cara para asumir la responsabilidad en ese tema, me temo, señor Elorriaga, que acabarán siendo cómplices de una situación que no beneficia a nadie.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: En primer lugar, quisiera agradecer la comparecencia del secretario de Estado de Organización Territorial, don Gabriel Elorriaga.
De forma muy breve, porque no ha habido debate, sobre las declaraciones polémicas de la delegada del Gobierno en Cataluña, quiero decir que comparto plenamente las afirmaciones que ha hecho el secretario de Estado. La delegada del Gobierno,
en uso de su libertad de expresión, opinó de la forma que ya ha descrito el secretario de Estado y, en representación del Gobierno, apeló al cumplimiento de la norma de las normas, que es la Constitución, de la que se cumplen ahora 25 años y que
mereció el apoyo del 91 por ciento de los votos válidos de los catalanes.
No sé por qué se ha producido esta reacción del Partido Socialista, El Partido Socialista tienen una doble alma, como dicen ellos. En Cataluña defienden el federalismo asimétrico, pero hoy aquí ha hablado un representante del PSOE. Allí,
unos hablan como PSC y otros como PSOE. En el Ayuntamiento de Lleida el Partido Socialista reprueba las declaraciones del presidente del Tribunal Constitucional, señor Jiménez de Parga, pero aquí actúa como PSOE y no las reprueba. Posiblemente
allí se esté preparando un pacto con un partido, al que hacía referencia la señora delegada, que ha dicho que lo primero que hará es pedir la independencia para Cataluña. Y por si salen los números, como allí se actúa como PSC, desde el federalismo
asimétrico, se prepara el terreno.
Sólo desde esa óptica se puede entender esa doble alma que hace que algunas declaraciones resulten tan sorprendentes, vistas desde Madrid, porque no son refrendadas por los portavoces que hablan allí en nombre del
Partido Socialista. Parece que se trata de un síndrome de identidad: allí no se quiere ser PSOE, aquí no se quiere ser PSC.
Paso a referirme a la Oficina única de extranjería de Lleida, que tiene tan preocupada a la diputada por Lleida, señora Cunillera. El interés de la diputada socialista Teresa Cunillera por el funcionamiento de la Oficina única de
extranjería de Lleida viene de antiguo, es otro síndrome, es una especie de síndrome del converso, porque ha pasado del papel es para todos, al que hacía referencia antes de las últimas elecciones, a la ley para todos. Uno no puede por menos que
darle la bienvenida a este club, porque nos permite darle cuenta detallada del más estricto cumplimiento de la legalidad en cuanto concierne a la situación de los inmigrantes en Lleida,
porque usted, señora diputada, ha vertido una serie de falsas acusaciones muy graves.
Hagamos un repaso de las denuncias. El 8 de marzo del pasado año, la señora diputada, tal y como ha recordado, presentó una pregunta en Comisión, que le fue contestada. El 8 de noviembre encontró un hueco en su apretada agenda y se personó
en la oficina de extranjería, por sorpresa. No avisó al subdelegado del Gobierno ni al jefe de la extranjería, y todavía recuerda que no estaba en la oficina en aquel momento. Eso excitó mucho el celo investigador de la señora diputada, que dijo:
'Tate, aquí hay tomate'. Aparcó los cauces reglamentarios, porque ella creyó que la mejor forma de descubrir la verdad era ir por sorpresa, in situ, hablando con unos y con otros, con los inmigrantes, enseñando sus intervenciones, intimidando a
unos; en fin, como decimos en catalán, señor presidente de la Comisión, que usted lo entenderá muy bien, xafardillant, a ver qué se podía sacar. (Rumores.) Chafardillant quiere decir cotilleando. (La señora Cunillera i Mestres: ¡Esta falta de
respeto no se puede tolerar!.- El señor Martínez Sanjuán: ¡Es intolerable!)
El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, no responsa usted...
El señor LLORENS TORRES: Lo que es intolerable es la campaña que han montado ustedes con respecto al funcionamiento de la Oficina única de extranjería. (Rumores.)
El señor PRESIDENTE: ¡Señor Llorens!
El señor LLORENS TORRES: Y si me permiten el uso de la palabra...
El señor PRESIDENTE: Señor Llorens, no está usted en el uso de la palabra cuando interviene el presidente. Si limitara las alusiones personales, evitaría que con un orden del día tan cargado tenga que volver a dar tiempo a las
intervenciones anteriores y quizá se entraría más en el cuerpo del asunto.
Permítanme una expansión personal. No quiero señalar a nadie, que sería muy bueno para esta Comisión -lo digo por otras intervenciones de esta mañana- que, entre todos, fuéramos capaces de discutir los temas sustantivos sin necesidad de
trufar las intervenciones con alusiones personales. Creo que mejoraría el nivel de las discusiones de la Comisión de Administraciones Públicas.
Señor Llorens, administre bien su tiempo. Son 10 minutos, como máximo.
El señor LLORENS TORRES: Lo intentaré, presidente.
Los días 20 y 21 de noviembre, como consecuencia de esa visita de la señora diputada, la Inspección de servicios del Ministerio de Administraciones Públicas se desplazó a Lleida (no puede haber una reacción más inmediata), y el resultado de
esa investigación sobre el funcionamiento de la oficina única de extranjería no fue el mismo que denunciaba la señora diputada. Que con un grupo de 25 funcionarios se despachen 120 expedientes al día, lo cual viene a suponer 31.000 expedientes al
año, y que las colas, salvo en las primeras horas de la mañana, no estén formadas por más de 15 personas, no es para criticar sino para todo lo contrario, es para elogiar el funcionamiento de la Oficina única de extranjería de Lleida.
¿Qué ha pasado desde entonces?, ¿Por qué la señora diputada ha reanudado su celo investigador? Desde entonces ha pasado que el subdelegado, que ya tenía bajo sospecha a un determinado funcionario (que es un caso aislado entre los 25 cuya
honorabilidad se está poniendo en cuestión en estos días en Lleida y que han dirigido un escrito, que luego yo pondré a disposición de la Mesa, porque están indignados por la campaña que se ha provocado en Lleida), el día 4, por iniciativa personal,
descubre unas presuntas irregularidades de un funcionario, las pone en conocimiento de la Guardia Civil y el día 6 de febrero esas irregularidades saltan a los medios de comunicación. A partir de ahí la reacción es inmediata. La reacción de la
señora diputada está en el 'Diario de Sesiones'. Pide la comparecencia, que no ha podido ser más urgente, del secretario de Estado en esta Comisión y la pregunta que se puede hacer uno en estos momentos es: ¿Tendrá que ver algo la irritación de la
señora diputada, acompañada por un coro de espontáneos entusiastas, con la militancia del presunto funcionario que ha sido apartado? Porque es absolutamente falso que ha procurado hacer sus indagaciones desde la discreción, sino todo lo contrario.
Por cierto, un medio muy simpatizante con la ideología de la señora diputada organizó hasta encuestas televisivas que luego no salieron como se pretendía sino al revés. Ha habido de todo y la mejor prueba es que los funcionarios han dirigido un
escrito por unanimidad pidiendo que cese esa campaña que parece crear un clima de corrupción generalizado y una especie de acusaciones para todos porque se han dicho cosas que no son ciertas. Menos mal que el funcionario no era del Partido Popular
porque se ha dicho de todo. Se ha estado hablando de tratos de favor a las empresas de trabajo temporal, que por cierto tienen un plazo de doce meses como media en la resolución de sus expedientes de tramitación cuando la media de particulares es
de 16 meses. Se dice que una de ellas, la que tiene mayor porcentaje de desestimaciones en su tramitación de expedientes, es la que tiene mayor trato de favor. Además se dice que no pueden contratar. Lo único que no pueden hacer es contratos
temporales con inmigrantes, pero nadie impide a las empresas de trabajo temporal -se lo aclaro yo, señora diputada, y lo hice el otro día en la televisión-, que contraten en origen a inmigrantes y además con plena satisfacción de todos los
colectivos
de inmigrantes Los presidentes de la, asociación y de los emigrantes magrebíes, de los saharauis, de los sudamericanos, de los del Senegal, todos estiman correctísimo el funcionamiento de esas empresas de trabajo temporal a las que usted
hacía referencia.
De repente salta a los medios de comunicación que una militante del Partido Popular -eso sí salió con nombres y apellidos- había sido contratada por seis meses en la oficina de extranjería, contrato que cuando terminó no se le renovó y se
hizo por unanimidad en la oficina de contratación en la que están representadas todas las centrales sindicales. Esa pobre señora con cuatro hijos ha estado en las portadas de los medios de comunicación porque después de ese contrato de seis meses
buscó trabajo y lo encontró en una ETT. Es decir, que haber sido militante del Partido Popular le impedía a esa señora continuar trabajando. Se ha hecho referencia a que dos funcionarios que estaban en la Subdelegación incurrían en
incompatibilidad. Señora diputada, no puede ignorar que esos dos funcionarios están en excedencia precisamente porque sus trabajos eran incompatibles; no lo puede negar. Y si quiere le digo los nombres y apellidos de esos dos funcionarios. Ha
habido una campaña que no ha tenido más remedio que suscitar el rechazo de los sectores implicados en la tramitación de los extranjeros. Por ejemplo, la cooperativa de Isona, que tiene 751 extranjeros trabajando, ha tramitado 500 expedientes y
manifiesta en un escrito que traigo aquí su total satisfacción por el funcionamiento del servicio que se ha creado en la oficina de extranjería para asesoramiento de los colegios profesionales, de las empresas y de los sindicatos que se dedican a la
contratación de inmigrantes. El Colegio de Gestores de la provincia de Lleida, presidido por el señor Blanch, el Colegio de Graduados Sociales, presidido por el señor Casas, manifiestan también su total apoyo al funcionamiento de la oficina única
de extranjería y su indignación ante la campaña que se está promoviendo de forma interesada para esparcir una acusación aislada al colectivo general de funcionarios que están actuando de forma ejemplar en la oficina única de extranjería.
Señora diputada, no sólo tiene una especie de síndrome del converso sino una especie de síndrome de mala conciencia. Se cree que todos somos iguales. Ahora que, por ejemplo, está llegando el AVE a Lleida, esto se le nota demasiado. No
podemos evitar el recuerdo de que cuando ustedes gobernaban fue un AVE a Sevilla y otro a Suiza. El juzgado número 39 de Madrid ha ordenado la investigación de todos los dirigentes de RENFE de aquella época porque se pagaron comisiones ilegales de
aquel AVE que ahora aparecen en las cuentas de Suiza. Eso es lo que les está pasando a todos ustedes. (Protestas) Perdónenme, lo digo con el máximo respeto, (El señor Rodríguez Bolaños: A mí no me pasa nada. Que se atenga a la cuestión.)
El señor PRESIDENTE: No se puede interrumpir. Dejen que el presidente ponga orden.
Dígalo con el máximo respeto pero concluya, señor Llorens.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, sabe que he colaborado desde la presidencia y procuraré también hacerlo desde aquí, y si me he extralimitado en el acaloramiento del debate es porque no hay derecho a la campaña que se está
viviendo en Lleida contra unos funcionarios ejemplares, contra un subdelegado que merece el respaldo de todas las fuerzas vivas y políticas de Lleida, y a la siembra de una sospecha y unas acusaciones con absoluta falta de pruebas.
Gracias, señor presidente, por haberme amparado en mi intervención.
(Protestas.)
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Señor presidente, de muchas de las cosas que se han suscitado probablemente no podré dar cuenta, pero trataré de centrar la respuesta.
La señora Cunillera ha hecho un retrato pormenorizado de los momentos que se han ido dando en relación con el funcionamiento de la Oficina de extranjería en Lleida. Con carácter general -en esta Comisión lo conocen bien porque se han
sucedido muchos debates en torno a este respecto- querría decir que la preocupación genérica de la señora Cunillera es lógica, creo que la hemos compartido muchas veces en esta Cámara, porque el incremento muy significativo del volumen de los
expedientes de extranjería que se han producido en los últimos cuatro o cinco años es el que ha ido llevando a la Administración del Estado, en concreto al Ministerio de Administraciones Públicas, a adoptar medidas organizativas y de refuerzo de los
medios materiales y humanos precisamente para poder ir atendiendo a esta realidad, que -no me causa ningún problema decirlo- en algún momento ha podido llegar a desbordar las expectativas. Este problema genérico que se ha venido dando en toda
España y que es el que llevó precisamente a la creación de las oficinas de extranjería que antes no existían, y a su multiplicación a lo largo del territorio español, es el que en su momento llevó a la creación de la Oficina de extranjería de Lleida
donde se daba, como en tantas otras zonas de España, un problema de crecimiento del número de expedientes a tramitar. Quiero enmarcarlo en este contexto. Hasta ahí nada fuera de la normalidad, es decir, nada fuera de la atención a una necesidad
creciente a través de la dotación de recursos materiales y humanos desde la Administración del Estado.
Es cierto, como ella recordaba, que a partir de un determinado encuentro con autoridades del Ministerio
de Administraciones Públicas hubo una actuación desde los servicios centrales, desplazando a Lleida los días 20 y 21 de noviembre a la inspección de los servicios del ministerio para examinar en general la actividad del funcionamiento de esa
oficina de extranjería y específicamente el modo en que se estaban tramitando los expedientes relacionados con empresas de trabajo temporal y, en general, los tiempos de atención a los ciudadanos de esa oficina. Los resultados de esa inspección,
como ella misma recordaba, fueron favorables, es decir no se detectó ninguna anomalía, y se constató que se había ido procediendo a una reducción progresiva de lo plazos de atención al público, que se había mejorado la tramitación de las
renovaciones de documentación y que, en términos generales, se había mejorado sensiblemente el tiempo medio de resolución de los expedientes. Asimismo se habían ido adoptando algunas mejoras materiales, por decirlo de alguna manera, que hacían algo
más confortable la situación siempre ingrata de aquellos que tienen que esperar la atención del servicio público. También para su tranquilidad le diré, aunque lo sabe sobradamente, que como no puede ser de otra manera los compromisos asumidos por
la anterior subsecretaria del departamento son plenamente asumidos por el departamento actual, pero es más, si cabe, porque, como también sabe, el desplazamiento de la subsecretaria de Administraciones Públicas al Ministerio del Interior no le hace
perder su lazo directo con estas oficinas porque, como también es sobradamente conocido, aunque integradas -y volvemos al debate anterior- orgánicamente en las delegaciones del Gobierno, es la Secretaría de Estado de la Delegación del Gobierno para
la Extranjería la que coordina su funcionamiento, que además es un caso de coordinación especialmente compleja porque intervienen autoridades de muy distintos ministerios: del de Trabajo, tanto desde el punto de vista laboral como de servicios
sociales; del Ministerio del Interior, en servicios policiales; del Ministerio de Justicia; del Ministerio de Hacienda, en lo que se refiere a remisión de niveles de cumplimiento. En fin, es un caso paradigmático de necesidad de coordinación
interadministrativa del papel que desempeñan en este sentido las delegaciones del Gobierno. Hasta ahí no tengo demasiadas discrepancias ni matizaciones que hacer.
El último acontecimiento tras esta actuación de la inspección de los servicios en Lleida fue la puesta en conocimiento de la Guardia Civil de las presuntas irregularidades que un funcionario en concreto podía eventualmente estar cometiendo.
Una vez hechas las investigaciones pertinentes por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado, se puso en conocimiento de la jurisdicción penal la presunta comisión de delitos de prevaricación y falsificación de documento público a partir de las
anomalías detectadas en los expedientes tramitados. A partir de aquí, a muchas de las preguntas que plantea S.S. no puedo y no debo dar respuesta precisamente en garantía de la actuación judicial. Sólo quiero dejar clara dos cosas. En primer
lugar, que ha sido a instancias del representante de la Administración del Estado en la provincia como se ha puesto en marcha el funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y posteriormente la intervención judicial; en segundo
lugar, que esa intervención judicial, como es lógico, se extenderá a todo lo que deba extenderse, y de eso no soy garante yo, es garante la actuación independiente del juez que está instruyendo el caso, con lo cual, digo, en relación con algunas de
las preguntas que planteaba sobre si sólo eran esos expedientes o son más, si sólo era ese funcionario o son más, si sólo había... (La señora Cunillera i Mestres: Yo no he dicho eso.) Perdón si no he entendido bien. En todo caso, el tema en este
momento está sometido con plenitud, por decirlo así, al conocimiento de la acción jurisdiccional de un tribunal penal y, por tanto, debemos esperar a que recaiga esa resolución. Entre tanto, el funcionario lógicamente está apartado de su servicio
hasta que se resuelva.
Sólo quiero decir una cosa concreta respecto a cuál es la competencia de las empresas de trabajo temporal en relación con la tramitación. Dicho muy brevemente, las ETT tienen las facultades reconocidas a cualquier empresa dentro del régimen
general y, por tanto, pueden tramitar solicitudes de residencia y trabajo de personas extranjeras, aunque se hallen viviendo en el extranjero, siempre y cuando el contrato de trabajo ofrecido tenga una duración mínima de un año. Lo que no pueden
hacer las ETT es contratar extranjeros en origen por menos de un año o hacer contratos de temporada, ya que en estos casos el empleador debe facilitarles alojamiento, vivienda, alimentación y los desplazamientos, lo que excede de la actividad
autorizada a las propias ETT. Ese es el marco jurídico vigente y con arreglo al cual la Oficina de extranjería de Lleida resuelve las peticiones recibidas. (La señora Cunillera pide la palabra.)
El señor PRESIDENTE: Tendrá que ser muy breve, señora Cunillera, tres minutos.
La señora CUNILLERA I MESTRES: No sé si el tiempo pasa distinto para mí que para los otros, pero yo creo que he sido muy breve antes también.
Señor Elorriaga, no sabe cuán profundamente le agradezco su tono porque usted hoy ha podido comprobar aquí lo que llevo aguantando años y años.
Supongo que se ha notado hoy claramente aquí quién está irritado, quién está apelando a
conspiraciones judeomasónicas que le aseguro que no existen y, por tanto, le agradezco mucho el tono y su intervención, pero yo le he dejado planteados temas que usted no me ha contestado. Si no puede ahora, me da lo mismo que me lo mande luego por
escrito o que lo hablemos.
Usted ha podido hablar con otros altos cargos. Quiero que quede claro que aquí no he hablado en ningún momento, y lo verá en el 'Diario de Sesiones', de otros funcionarios ni de otros expedientes ni de nada. Le he preguntado concretamente
por los 19 expedientes. Es muy grave que se hayan perdido 19 expedientes que se supone que están en poder de la Guardia Civil. Digo que se supone porque se han denunciado. Han quedado por definir claramente dos cosas. Una, la obligación de
transmitir confianza, seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, entre ellos también a los funcionarios, es responsabilidad de la Administración en este caso.
Si hubiéramos sabido lo que usted ha explicado hoy aquí tan claro (se lo he preguntado
porque sabía que usted lo haría así) respecto de la contratación de las ETT, nos hubiéramos ahorrado cantidad de problemas, de dimes y de diretes. Yo le voy a entregar el dossier de prensa para que vea cómo ha ido. ¿Por qué no lo hemos hecho así?
Esa tranquilidad la tienen que transmitir ustedes. También me tiene que transmitir otra a mí en este caso y a los ciudadanos en general. Usted antes, en otra intervención que he seguido con mucha atención, cuando hacía la distinción entre lo
político, lo que es el Gobierno, etcétera, cuando estamos hablando de ministros, de secretarios de Estado es una distinción que es fácil de hacer. Es mucho más difícil hacerla cuando estamos hablando de los gabinetes de los subdelegados cuando el
presidente del gabinete es el presidente del PP en esa provincia. Yo le he hecho preguntas muy concretas de las funciones atribuidas. Yo sé que me va a creer más y por eso me dirijo a usted. Esos son temas que ustedes deben aclarar. Si los
aclaran van a estar más tranquilos porque van a tener menos problemas y van a transmitir esa tranquilidad. Si lo que le he planteado usted me lo puede contestar, hágalo, me da lo mismo que me lo mande luego, pero quiero que quede claro que yo en
ningún momento he hablado aquí ni del colectivo de funcionarios ni del colectivo de ETT.
Nunca he hablado de nada en colectivo porque sé que no es un problema colectivo; es un problema de determinados casos, de casos concretos que, por cierto,
conocen los altos cargos de su ministerio. Le he hablado de una administración que no ha sido ágil, que en algunos casos ha podido parecer complaciente, y justamente hoy tenemos la ocasión de que usted tome el compromiso de que esto no vuelva a
suceder.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Llorens por dos minutos.
El señor LLORENS TORRES: Señor presidente, es simplemente para aportar una información suplementaria.
Dice la señora diputada que no sabía que las ETT podían contratar en origen siempre que fuera por contratos superiores o iguales a un año.
Señora diputada, el periódico El Segre del martes 11 de febrero y el viernes pasado yo en el debate
de televisión aclaré esta cuestión. Usted no la puede ignorar. (Protestas.) Las ETT no pueden hacer contratos temporales inferiores a un año a inmigrantes, pero sí contratos iguales o superiores a un año en origen. Eso ya se sabe mucho antes de
esa comparecencia porque algunos lo hemos explicado.
Acusaciones sin pruebas hay, señora diputada. Usted está diciendo que en el e-mail está recibiendo denuncias anónimas. El otro día en la tertulia televisiva de Lleida Televisió un compañero suyo y diputado socialista dijo que él tenía el
nombre de un empresario que era del PP, que no podía decir quién era porque tenía graves pruebas de corrupción. Yo acusé al señor diputado de que estaba siendo cómplice de ese señor, porque si se tienen pruebas lo que hay que hacer, en vez de
sembrar la sospecha de la duda, es publicarlas y decir cuáles son. (La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) A mí lo que me ha extrañado es que no se haya felicitado al subdelegado porque haya descubierto un presunto
caso de corrupción entre los 25 funcionarios. No me resisto a leer el escrito de los 25 funcionarios porque algo no habrá hecho usted bien. No la habrán entendido bien cuando dirigen un escrito firmado por unanimidad -y hay bastantes de su
partido- que dicen: Nos sentimos infravalorados, injustamente cuestionados y objeto de falsas acusaciones tales como que no ofrecemos una correcta información al público, con la Oficina de extranjería no se tiene permiso alguno si no es previo
pago.
Usted ha contribuido a crear ese clima entre unos funcionarios que son ejemplares, al margen de que uno de ellos, que es de la UGT, esté en estos momentos acusado de presuntas implicaciones. (La señora Cunillera i Mestres: No se puede
aducir la afiliación política de los personajes.
Están haciendo la Inquisición.)
El señor PRESIDENTE: Señora Cunillera, en todo caso tiene que pedir la palabra. Sería bueno, señor Llorens, que en su turno no volviera a hacer alusiones personales. (El señor Llorens Torres: Es inevitable.)
El señor secretario de Estado tiene la palabra. (La señora Cunillera i Mestres: No se puede ser elegante con quien no lo entiende.)
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Al margen de que, como recordaba la señora Cunillera en su intervención, también hay alguna pregunta que todavía está en curso de respuesta, o sea que algunos de
los temas efectivamente no hay que plantearlos, ya están planteados y pendientes de respuesta, el tema específico último que planteaba y que es importante es el papel de los gabinetes. El papel de los gabinetes en líneas generales es el que le
otorga la persona asesorada, por decirlo así. Son órganos de apoyo que desarrollan tareas de confianza y asesoramiento y, por tanto, desarrollan sus labores en el ámbito del mandato concreto que
reciben de la autoridad a la que asesoran, en este caso al subdelegado del Gobierno. En eso no se diferencian los gabinetes de los subdelegados de cualquier otro tipo de gabinetes.
PREGUNTAS:
- DEL SEÑOR RODRÍGUEZ BOLAÑOS (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE MEDIDAS LEGISLATIVAS PARA LA CREACIÓN DE UN MARCO JURÍDICO REGULADOR DE LAS CIUDADES. (Número de expediente 181/001022)
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en los tres últimos puntos del orden del día, que corresponden a preguntas formuladas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la relativa a medidas legislativas para la creación de un
marco jurídico regulador de las ciudades. ¿Me permiten que haga una llamada a que esas preguntas las tramitemos con brevedad dada la hora?
Tiene la palabra don Tomás Rodríguez Bolaños.
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Voy a hacerla rápidamente.
El asunto no es nuevo, como muy bien sabe el señor secretario de Estado.
Todos hemos manifestado en diferentes ocasiones posicionamientos sobre este tema, y de ahí que el Grupo Socialista haya presentado una proposición no de ley
recientemente en el Parlamento en la que donde se recogen los criterios fundamentales que a nuestro juicio deberían acompañar una reforma en el ámbito de dar un nuevo tono de gobierno a las grandes ciudades, entre ellos la elección directa de
alcaldes, una mayor democratización, un traslado de competencias desde la Administración central del Estado, etcétera. En este momento cobra actualidad no solamente porque hemos presentado esta proposición no de ley, sino porque el ministro
expresamente y usted mismo se han reunido con diferentes alcaldes de grandes ciudades españolas y les han transmitido una propuesta, incluso con calendario. Ustedes les han hablado de que en el mes de febrero el Gobierno iba a aprobar un proyecto
de ley, se apuntaban algunas pautas del mismo y se pretendía que se aprobara yo diría que demasiado rápido. Por tanto, lo que quería preguntarle es qué hay de ese proyecto de ley y cuáles son las previsiones del Gobierno. Termino diciendo que
desde nuestro punto de vista una reforma de la ley en este campo, que probablemente debería de venir acompañada de la reforma de la Ley de bases, no sería aconsejable que se pretendiera tramitar urgentemente, porque he leído que el propio ministro y
usted mismo hablaban de que se podía aprobar para que las nuevas corporaciones locales se rigieran con esta nueva ley. No me parece razonable. Debería tener primero consenso y, en segundo lugar, un gran aval de la Federación Española de Municipios
y Provincias y también de las comunidades autónomas. Esto requiere tiempo y, por tanto, no es nuestro planteamiento; sí que lo es la reforma y abrir un marco jurídico distinto para las grandes ciudades, como ya está expresado en la proposición no
de ley, pero no lo es el de la urgencia. Me gustaría que me contestara cuál es el proyecto y en qué plazos piensa tramitarlo el Gobierno.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Responderé con toda la rapidez y concisión que creo que en este caso es posible.
Si se me permite, la única discrepancia abierta es que no creo que este tema haya cobrado actualidad por la presentación de una proposición no de ley del Partido Socialista, puesto que se viene discutiendo desde hace tiempo. Como usted
recordará, hace ya un año y unos meses el Gobierno remitió al Senado, a la recientemente creada entonces Comisión de Entes Locales del Senado, que nos pareció que era el foro más adecuado para un debate de estas características, un informe sobre las
grandes ciudades y las áreas de influencia urbana que ha sido muy favorablemente valorado tanto por los grupos políticos del Senado como por los expertos en la materia, y en el mismo se analizaban las debilidades del sistema actual, también las
soluciones que en derecho comparado se habían alcanzado y que nos habían parecido más interesantes traer para la reflexión, y se proponían algunas líneas de reforma de una manera muy abierta. La Comisión ha terminado recientemente sus trabajos y
está en el proceso de alcanzar algunas conclusiones. Por tanto, en ese momento es cuando el Gobierno, el Ministerio de Administraciones Públicas en concreto, optó por ponerse en contacto directo con los alcaldes de las grandes ciudades, así como
con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias, para tratar de ir aproximando posiciones sobre algunas de las líneas de reforma. Efectivamente, ese proyecto está en este momento muy maduro y nosotros mantenemos el compromiso
de presentar un proyecto de ley en las próximas semanas. Como sabe el señor Rodríguez Bolaños con seguridad, mantenemos abiertas conversaciones con los alcaldes de las grandes ciudades, con la Federación Española de Municipios y Provincias y con
los grupos parlamentarios, para tratar en la medida de lo posible de alcanzar un cierto grado de acuerdo en torno a los elementos básicos de esta ley. Esas conversaciones están en este momento abiertas. Nuestra disposición al diálogo la hemos
expresado reiteradamente en las conversaciones bilaterales que venimos manteniendo porque creemos que una ley de estas características, que es una ley básica que afectaría a la estructura institucional de los
ayuntamientos, debe ser si no en todos sus extremos, lo cual quizá sea demasiado pedir, pero al menos en sus elementos básicos fruto de un acuerdo. En estos meses hemos podido comprobar que hay una gran coincidencia en torno al análisis de
las debilidades del modelo actual.
Creo que sobre todo los alcaldes y los responsables del gobierno en las grandes ciudades son muy conscientes de en qué medida la excesivamente uniforme Ley de bases de régimen local encorseta su actuación,
dificultándoles en ocasiones la prestación más eficaz de los servicios públicos que tienen encomendada. Hay bastante coincidencia, quizá no tanta como sobre el análisis de los problemas pero hay bastante coincidencia en torno al menos a buena parte
de las soluciones. Es evidente que persisten divergencias y discrepancias sobre algunos otros elementos que usted conoce sobradamente, como la necesidad o no de proceder a la reforma del sistema electoral o la necesidad o no de reabrir
conversaciones sobre elementos financieros que hace apenas mes y medio fueron pactados y cerrados. Insisto en que aunque hay un ámbito de discrepancia conocido y aceptado por ambas partes, hay un amplio ámbito de consenso. Nuestra voluntad es que
se alcance el grado de acuerdo necesario para que el contenido nuclear de la ley y su fórmula de tramitación sean establecidos de común acuerdo por todos los grupos políticos.
El señor PRESIDENTE: ¿Quiere hacer una segunda intervención el señor Rodríguez Bolaños?
El señor RODRÍGUEZ BOLAÑOS: Es suficiente. Muchas gracias.
- DEL SEÑOR MARTÍNEZ SANJUÁN (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) SOBRE OPINIÓN DEL GOBIERNO ACERCA DE SI LA FÓRMULA DEL CONCEJO ABIERTO ES LA MEJOR PARA LA GESTIÓN DE LOS PEQUEÑOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES. (Número de expediente 181/001032.)
El señor PRESIDENTE: La siguiente pregunta se refiere a la opinión del Gobierno sobre la fórmula del concejo abierto como la de mejor funcionamiento en la gestión de los pequeños municipios españoles. Don Angel Martínez Sanjuan tiene la
palabra.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Este caso es el contrario: grandes ciudades, pequeños municipios. Lo que pasa es que en España, usted sabe como yo, señor Elorriaga, que hay muchos más pequeños municipios que grandes ciudades. Soy diputado de
una circunscripción en la que hay 174 municipios -y no es de las comunidades autónomas que más tiene- de los que muchos tienen menos de 100 habitantes. Quería hacer no una pregunta, sino una reflexión conjunta, respecto a que si en los planes del
Gobierno de elaborar una ley de grandes ciudades -también he oído que habría una posible modificación de la ley de bases de régimen local para adaptar determinadas cuestiones de funcionamiento de los ayuntamientos a la realidad actual, hay algo
relacionado con el funcionamiento y la toma de decisiones de los pequeños municipios. Es verdad que los concejos abiertos están recogidos como norma de funcionamiento en la Ley de régimen electoral general en su artículo 179.2 que dice que se
elegirá directamente el alcalde por parte de todos los vecinos, lo cual es curioso porque es lo que estamos demandando desde el Partido Socialista en las modificaciones de carácter legislativo. Lo que pasa es que lleva implícito otra serie de
problemas en función de la Ley de bases de régimen local y del Reglamento de organización y funcionamiento. Creo que es un anacronismo hoy día. Aunque la regulación del funcionamiento de la Ley de régimen local en los ámbitos de las comunidades
autónomas también es competencia de las comunidades, es verdad que está recogida en la Ley de bases de régimen local y en el régimen de funcionamiento.
Hoy el concejo abierto, tal y como está recogido, significa que la mayor parte o una parte importante de las decisiones que se tienen que tomar en los municipios, no sólo de menos de cien habitantes, de los que hay muchos en España, sino de
aquellos otros de carácter singular -y no especifica la ley qué tamaño tendrían que tener, pero siempre que decidan ejercer este sistema podrían hacerlo, con lo cual estamos hablando de algunos-, las decisiones se toman en asamblea vecinal, y en la
época de Internet y en la época de la participación on line, etcétera, el reglamento de organización y funcionamiento dice que las asambleas vecinales se reunirán donde lo tengan por costumbre, en sesión ordinaria, como mínimo una vez al trimestre,
en día festivo, convocadas a toque de campana, por pregón, por anuncio o por cualquier otro medio de uso tradicional en el lugar. Esto es del siglo pasado, pero creo, señor Elorriaga, que habría que empezar a pensar en dar respuesta, porque cuando
se está hablando de las capacidades ejecutivas, no sólo de las grandes ciudades, sino de los municipios, del alcalde o de un equipo que tiene que tomar decisiones, no puede haber tantas diferencias en el funcionamiento de un ayuntamiento de 101
habitantes y de un ayuntamiento de 95. Ya sé que poner el límite o el corte de dónde se establece un sistema u otro es realmente complicado, pero lo que está claro es que esto de las asambleas populares y vecinales hoy día creo que debiera estar,
en términos generales, periclitado en cuanto a la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque todos sabemos que hay muchas veces que en muchos ayuntamientos que se han quedado despoblados, en los que la gente vuelve a tener su segunda residencia y que,
digamos, se empadronan en un ayuntamiento posiblemente igual porque pagan menos licencia municipal por el impuesto de circulación
de los vehículos, al final resulta que al alcalde que está viviendo ahí los 365 días del año y tiene que tomar decisiones para su pueblo le cuesta un ojo de la cara convocar una asamblea de vecinos para ver si aprueba los planes provinciales
de obras y servicios o para recibir una determinada subvención; le cuesta un ojo de la cara en el sentido real y práctico, y muchas veces por falta de quórum, por falta de voluntad democrática del resto de los ciudadanos que están empadronados, a
causa de guerras internas entre los ruralistas y los urbanos, etcétera, se pierden realmente subvenciones y ayudas, y creo que hoy no es el mejor sistema. Es una reflexión en voz alta. Quisiera saber qué opina el Gobierno y si lo contempla en una
posible modificación legislativa de esa Ley de Bases de Régimen Local.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Señor presidente, comparto buena parte de las reflexiones que hace el señor Martínez Sanjuán, no diré que todas porque siempre levantaría alguna suspicacia que
el Gobierno y el principal partido de la oposición estuviesen completamente de acuerdo, pero estoy bastante de acuerdo en el sentido de que esta institución del concejo abierto, que tiene su origen en la Alta Edad Media, cumple cada vez con mayor
dificultad las funciones que tiene encomendadas.
En este momento hay más de 880 municipios en régimen de concejo abierto, es decir, algo más del 11 por ciento probablemente y, por tanto, afecta a una población muy pequeña pero, efectivamente, institucionalmente son una realidad municipal
sorprendentemente amplia. Es de todos conocido que hay una referencia constitucional a la figura del concejo abierto, que si se quiere decir así es todavía más sorprendente cuando uno comprueba lo parca que es la regulación constitucional sobre el
régimen local, y esto, sin duda, es lo que ha llevado en todos estos años, después de 1978, a conservar prácticamente inalterada esa fórmula de funcionamiento que se aparta de lo que es lo normal, no sólo en España, sino en Europa y en la Carta
Europea de Autonomía Local, que es el régimen representativo para la Administración local.
Lo único que quiero trasladarle es que, efectivamente, como usted apuntaba, nosotros hemos lanzado, lo hemos dicho públicamente (en el Senado con seguridad, ahora no recuerdo si también en esta Cámara en algún momento) que entendíamos que la
reforma de la legislación de las grandes ciudades era el primer paso para una reforma más amplia del conjunto de la Ley de Bases de Régimen Local. Es verdad que algunas necesidades de reforma son muy acuciantes en los grandes núcleos de población y
que eso es lo que probablemente en términos políticos y en términos de atención ha hecho que nos centremos todos mucho en esa realidad, pero no es el único problema, no es la única carencia que en este momento tiene la regulación del régimen local y
desde luego desde este momento acepto que en esa reforma más amplia abordemos la figura del concejo abierto y discutamos cuáles pueden ser las posibles líneas de reforma.
En todo caso, desde luego el Gobierno es muy consciente de la oportunidad de reflexionar sobre las ventajas e inconvenientes de esta fórmula de gobierno; está dispuesto a analizar la posibilidad de variar su ámbito de aplicación
cuantitativo y quizá lo que es más importante es que habría que estudiar formas que potencien o que fortalezcan ese régimen en la medida en podamos buscar el mejor gobierno, la mejor administración y el mejor funcionamiento de estas pequeñas
corporaciones locales.
Hay dos temas específicamente donde yo creo que se detectan carencias importantes. En primer lugar, en la prestación de los servicios municipales obligatorios, que en estos municipios muchas veces no es materialmente posible y, por tanto,
habría que ver en una reforma legislativa si hay que recurrir con más intensidad a la utilización de fórmulas asociativas o comarcales para la prestación de determinados servicios. En segundo lugar, también probablemente es necesario insistir más
en la necesidad de prestar cooperación y asistencia desde las instituciones provinciales y autonómicas a estos pequeños municipios para garantizar el correcto ejercicio de sus competencias y el eficaz cumplimiento de sus obligaciones.
- DE LA SEÑORA LÓPEZ GONZÁLEZ, MARÍA JOSÉ (GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA), SOBRE PREVISIONES ACERCA DE TRANSFERIR A LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO Y SITUACIÓN EN QUE SE ENCUENTRAN. (Número de expediente
181/001463.)
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día. Pregunta formulada por doña María José López, sobre la transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía de las políticas activas de empleo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: Señor secretario de Estado, el 9 de marzo de 2002, va a hacer ahora un año aproximadamente, en esta misma Comisión, y como consecuencia de la presentación de una proposición no de ley por el señor Núñez, del Grupo
Mixto, sobre transferencias activas de empleo, volvimos a discutir sobre esta cuestión que ya es antigua tanto en el debate de esta Comisión como en el de las sesiones plenarias.
En aquel momento yo cerraba mi intervención manifestando que el Gobierno andaluz iba a mantener la mano extendida para que a través del diálogo, la única vía legítima y democrática, se puedan conseguir nuestros objetivos, sin dejar de exigir
que se cumpliese la legalidad y que las transferencias llegaran a Andalucía en el año 2002. Señor secretario de Estado, al Gobierno andaluz se le va a caer la mano de tenerla extendida durante un año ofreciendo la posibilidad al nuevo ministro de
que efectivamente se llegue a un consenso para que se hagan las transferencias.
En septiembre del año pasado se abrió de alguna manera la expectativa con el nuevo ministro; siendo como es un ministro andaluz, se abrió la puerta a esa posibilidad -por las propias manifestaciones del ministro que realizó en diversos
medios de comunicación, en distintos foros, incluso en esta Cámara- con su compromiso de que a primeros del año 2003 las transferencias estarían totalmente realizadas, se habría llegado al consenso y el Gobierno andaluz podría tener la gestión de
esas transferencias tan deseadas, como decía con anterioridad.
Señor secretario de Estado, estamos como estábamos, por no decir que estamos peor que estábamos. Ha transcurrido un año y la situación no ha mejorado, a la vista está. No sé si usted conoce que el día 12 de febrero en el Parlamento de
Andalucía, a petición del consejero de Presidencia y de la consejera de Economía, hubo una comparecencia y se estableció un debate en el que de alguna forma se puso sobre la mesa la situación en la que estaban las transferencias, la actitud que
tenía el Gobierno respecto a ellas, en concreto su ministro y usted mismo, para tratar de averiguar de alguna manera qué actitud iba a mantener el Partido Popular -que sostiene al Gobierno central- respecto a esa petición en el ámbito de Andalucía.
Con muchísima brevedad, porque soy consciente de la hora y de que llevamos aquí toda la mañana, me gustaría decirle, señor secretario de Estado, que en estos últimos tiempos la locura de su ministerio llega a un punto de preocupación, porque
tras cartas, reuniones y compromisos de su ministro, nos encontramos con que el 2 de diciembre se produjo una reunión entre el presidente de la Comunidad de Andalucía y el señor Arenas, con el compromiso para establecer el calendario de las
transferencias. El día 20 de diciembre hay una carta suya precisamente para establecer el calendario de la celebración de la Comisión en el primer trimestre, con la aprobación de las transferencias para el día 1 de julio de 2003. El día 23 de
diciembre, tres días después, hay una segunda carta de la Consejería de Presidencia al señor secretario de Estado en donde se concretan las peticiones del Gobierno andaluz y se establece el calendario para el primer trimestre del año, con las
competencias previstas para que entraran en vigor el 1 de enero. Esas eran las pretensiones del Gobierno de Andalucía. El 27 de diciembre, usted, el secretario de Estado, nos vuelve a reiterar que no se harán hasta julio de 2003. El 30 de
diciembre se produce una reunión en donde por primera vez se establece en un documento escrito cuál es la propuesta definitiva y cuándo se producirá la reunión de la Comisión mixta. Es la primera vez que se establece que se hará en el primer
trimestre del año -hablo del escrito, señor secretario de Estado- y que las transferencias tendrán que estar el 1 de mayo, con un convenio suscrito con la Junta de Andalucía, para que en el mes de marzo y abril sea ésta partícipe en la gestión.
Pero la locura se establece cuando el mismo día 30 de diciembre, cuando se ha terminado la reunión a las cinco y media de la tarde, el Gobierno cambia de criterio y nos manda un documento diferente al del Gobierno de Andalucía, en donde la propuesta
no es la que se había hecho unas horas antes. El 7 de enero de 2003 la Junta sigue con su mano extendida, como le decía al principio de mi intervención, y el presidente de la comunidad autónoma le envía una carta a su ministro concretando de nuevo
otra vez las mismas peticiones que se hicieron en la reunión del día 30 de diciembre. Debe de ser que después de la resaca del día 31, último día del año, todavía no se había enterado muy bien el ministerio de cuáles eran las pretensiones del
Gobierno andaluz. Se solicitaba que la transferencia se produjese el día 1 de mayo, compartiendo en ese convenio la gestión en marzo y abril, incluyéndose en esa misma propuesta, en esa misma carta a la que me refiero, la protección de los
trabajadores, del asunto de la regulación del PER, dentro del traspaso de la formación y de la inserción laboral que estas políticas tienen incluidas en ese sistema.
Pues desde el 7 de enero hasta la fecha, señor secretario de Estado, no hemos
recibido en el Gobierno de Andalucía ninguna contestación con respecto a la situación y a la solicitud que se hacía.
No obstante, señor secretario de Estado, le diré, en resumen, para que la información no sea sesgada y sepa usted qué se resolvió en el Parlamento de Andalucía el día 12 de febrero, es decir, el miércoles pasado, que el Partido Popular votó
la resolución de que la Comisión mixta y el acuerdo de traspaso en la gestión del INEM en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación sea efectiva desde el 1 de mayo de 2003 y se suscriba un convenio mediante el cual la Junta de Andalucía
participe en la gestión desde el 1 de marzo. También aprobaron con nosotros que se procediera a la transferencia de las políticas activas de empleo, como le digo, desde el 1 de mayo de 2003. No se atrevieron, señor secretario de Estado, a que se
tuviese en cuenta la aplicación de la nueva renta agraria como sistema de protección de los trabajadores eventuales del campo y que se incluyera en esas transferencias también.
Señor secretario, le voy a ayudar a tomar la decisión de su ministerio.
Una cosa ha quedado clara a lo largo de todo este tiempo: sería más fácil que su ministerio se hubiese mostrado sincero desde el principio. Está muy claro que el
ministro no tiene ninguna intención
de que Andalucía gestione ni los 77.000 millones de pesetas ni los 1.778 empleados del INEM ni las 189 oficinas. La razón técnico-político-jurídica se la doy yo también: hay elecciones en el mes de mayo, y estamos convencidos de que ni el
ministro ni su ministerio quieren hacer la transferencia a Andalucía; tenemos unas elecciones municipales en el mes de mayo. Eso sí, señor secretario de Estado, una vez aprobadas las resoluciones en el Parlamento de Andalucía, el PP andaluz se ha
comprometido a que se le sigan reclamando al Gobierno las políticas activas de empleo -tal como le he leído textualmente- y que se proceda definitivamente a llevar a cabo las transferencias.
Yo le voy a pedir a usted que lleven a cabo efectivamente la petición que está haciendo el Gobierno de Andalucía. Según vemos a diario en la relación con su ministerio, se les está pasando a ustedes el tiempo, y van a dar lugar a que nos
tenga que dar esas transferencias otro Gobierno socialista como Gobierno central.
El señor PRESIDENTE: El señor secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Es evidente que S.S. y yo no vamos a ponernos de acuerdo en quién tiene la mano tendida y quién el puño; ese debate no nos llevaría a nada. Por mi parte, voy
a tratar de describir con objetividad qué ha ido pasando y por qué estamos en la situación en la que estamos; sabiendo, como todo el mundo sabe, lo que ocurre, puesto que todos los elementos son conocidos y no voy a descubrir nada nuevo a los
miembros de la Comisión.
Un dato, para empezar: en el Ministerio de Administraciones Públicas ha sido responsable de esta negociación, primero, Mariano Rajoy, luego Angel Acebes, después Jesús Posada, y ahora Javier Arenas. Como secretario de Estado, ha sido
responsable, primero, Jorge Fernández, después nuestro actual candidato a la Generalitat de Valencia Paco Camps, y después yo mismo. En la otra parte negociadora, dentro de la Administración del Estado, ha sido responsable de esta negociación,
primero, Javier Arenas, como ministro de Trabajo, luego Manuel Pimentel, luego el señor Aparicio, y ahora lo es el señor Zaplana. Bueno, pues, esta larga serie de interlocutores, de los que me atrevería a decir -con excusa de mí mismo para que no
parezca falta de modestia- que se pueden encuadrar claramente entre los máximos negociadores que ha tenido el Gobierno de la nación en todas las áreas, y que es público y notorio que han sido capaces de alcanzar los más amplios acuerdos con todos
los sectores sociales, partidos políticos, comunidades autónomas y ayuntamientos españoles en los más diversos temas, hete aquí que lo único que no han sido capaces de conseguir nunca ha sido ponerse de acuerdo con el Gobierno de la Junta de
Andalucía.
Venimos negociando con todo el mundo las políticas activas de empleo durante los últimos 18 meses. Se las hemos transferido en el último año al Gobierno de Castilla-La Mancha, al Gobierno asturiano, al de Baleares, al de Aragón, y a un
núcleo importante de gobierno del Partido Popular.
Ha habido negociaciones fáciles, difíciles, largas o cortas, pero todas han terminado en acuerdo; la única autoridad autonómica con la que nos es posible alcanzar un acuerdo -en este caso, con la
dudosa e interesante compañía del Gobierno nacionalista de la comunidad del País Vasco- es la Junta de Andalucía. Bien, insisto, es todo público, no descubro nada.
¿Qué ha ido pasando? Primero, que el Gobierno de Andalucía no aceptó el modelo de
financiación 1996-2001 y, por tanto, cuando se iniciaron las negociaciones para el traspaso de las políticas activas nos encontramos con una dificultad que en ese momento era insalvable para las dos partes, la imposibilidad de encajar
financieramente el traspaso.
Ese problema lo tuvimos en un principio también con Castilla-La Mancha y con Extremadura, pero estas dos comunidades posteriormente resolvieron satisfactoriamente su situación. Se incorporaron al nuevo modelo, retiraron los recursos contra
el anterior modelo de financiación, se les liquidaron sus diferencias y asumieron con normalidad esta competencia y algunas otras que tenían pendientes.
En el caso de la Comunidad Autónoma andaluza se dio una situación que como poco debo calificar de paradójica. Es decir, se aceptó el nuevo modelo de financiación ahora vigente sin renunciar a las impugnaciones constitucionales y legales que
existen contra el anterior. Esto supone lógicamente una incoherencia, al menos jurídica, evidente, puesto que los principios en los que se sustentaba el modelo 1996-2001 se han visto no sólo reiterados sino profundizados, ampliados y claramente
extendidos en el nuevo modelo, cuando éste no ha sido obstáculo para la aceptación del mismo y para la aceptación expresa de su validez legal y constitucional.
Aun así, a partir del 1 de enero del año pasado, incorporada la Comunidad Autónoma de
Andalucía al nuevo modelo de financiación, entendimos ambas partes que era posible reanudar el diálogo y, aplicando el nuevo modelo, proceder al traspaso. Las negociaciones durante la primera parte del año se sucedieron con bastante fluidez y los
contactos mantenidos directamente por el consejero responsable de la materia y el secretario general de empleo, el recientemente sustituido Juan Chozas, fueron bastante fructíferos, hasta el punto de que existe, y usted lo conoce porque es pública,
una carta del ministro de Administraciones Públicas, entonces Jesús Posadas, en la cual se invitaba la a Junta de Andalucía a participar de manera inmediata en la comisión técnica previa a la Comisión mixta de traspasos para proceder al traspaso.
No fue posible entonces y, a partir de ese momento, entramos en una nueva dinámica de negociación en la que, seré muy claro,
básicamente vuelven a confluir el antiguo modelo de financiación y el traspaso de las políticas activas de empleo. Desde el Gobierno andaluz, y hay declaraciones reiteradas a ese respecto, se vincula la liquidación del anterior modelo de
financiación a la aceptación del traspaso de las políticas activas de empleo.
Hace ya muchos meses, y lo sabe todo el mundo, que no existen diferencias -aunque no estén cerrados los flecos hasta sus últimos extremos-, significativas en torno al contenido de este acuerdo, lo que existen son condicionantes, requisitos
previos de carácter político por parte de una de las partes, que es la Junta de Andalucía. Por esto, en la última parte del año, como usted ha relatado y no he conseguido alcanzar cuál era la contradicción entre las sucesivas cartas, intentamos, ya
que esa era la voluntad del Gobierno andaluz, no era nuestro problema pero era su petición, solventar simultáneamente el problema de la liquidación de financiación del modelo anterior, al que reiteradamente se ha venido negando el Gobierno andaluz,
y el de las políticas activas de empleo. Esa negociación nos llevó hasta el mismo día 30 de diciembre y hasta la convocatoria y posterior desconvocatoria de una Comisión mixta de transferencias en la que querríamos haber visto cerrado el traspaso;
sin embargo, eso no fue posible.
Lo de menos, si me permite decirlo así, son los plazos. A estas alturas, cuando el tema está ya muy trabajado y desagregado, lo de menos es si la efectividad se produce el 1 de mayo, el 1 de abril o el 1 de junio. Desde mi punto de vista,
es completamente intrascendente. Desde el Gobierno de la nación hemos defendido seguir en el traspaso con Andalucía las pautas generales que hemos seguido con todas y cada una de las comunidades autónomas, que lleva a que hay un período intermedio
de dos o tres meses en el cual se administran conjuntamente las políticas activas de empleo a través de un convenio. Nuestra experiencia demuestra -al menos así ha ocurrido en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular o por
el Partido Socialista- que es más fácil hacer una transición ordenada de los servicios. Eso lo hemos mantenido, en algún momento hemos pedido que ese período transitorio fuese de tres meses, que es el mínimo que en ocasiones anteriores ha existido;
en el curso de las negociaciones consideramos que podía ser razonable, dado lo avanzado del tema y que se estaba retrasando, que se redujese a dos meses. En todo caso, efectivamente, nosotros hemos solicitado, porque creemos que es lo mejor para la
continuidad en el servicio y para la mejor traslación de responsabilidades, que hubiese un convenio de colaboración que -insisto-, por otra parte, se ha dado en todos y cada uno de los traspasos anteriores.
En ese punto estamos. En su relato me ha parecido entender que no hacía referencia al último contacto mantenido -que yo creo que también es público- que es el del 11 de febrero, cuando de nuevo el Gobierno le ha reiterado la oferta a la
Junta de Andalucía, si bien en esta carta, y por primera vez por escrito -aunque en el curso de las negociaciones que venimos manteniendo se ha hecho constar muchas veces- le pedimos explícitamente a la Junta de Andalucía que separe las dos
negociaciones.
Sería bueno conocer públicamente si la Junta de Andalucía está dispuesta a hacerlo porque probablemente, si no se vinculase la transferencia de las políticas de empleo a intentar que el Estado arregle a la Junta el desaguisado en el
que se ha introducido mediante la no aceptación del modelo de financiación, este asunto habría resultado mucho más rápido y sobre todo, y lo que es más importante, mucho más satisfactorio para la defensa de los intereses de los ciudadanos andaluces.
El señor PRESIDENTE: Señora López.
La señora LÓPEZ GONZÁLEZ: No necesito más que un minuto.
Señor secretario de Estado, espero que estas cosas que acaba de decir en su última intervención no las diga en Andalucía porque lo que tienen claro los andaluces es quién defiende sus intereses y precisamente no es el Gobierno central quien
lo está haciendo.
Quiero aclararle dos cuestiones. Los plazos son muy importantes porque esta transferencia tenía que haberse realizado hace varios años estamos en el año 2003 y todavía no tenemos perspectivas de que el Gobierno tome esa decisión y llegue a
un acuerdo con la Junta de Andalucía. El problema no es la vinculación de los acuerdos, sino que de alguna manera ustedes, en un momento determinado, se comieron a un millón de andaluces que no aparecían, según ustedes. Posteriormente, los
tribunales le han dado la razón a la Junta de Andalucía en sus reivindicaciones. Todavía está por ver si ustedes son capaces de cumplir las sentencias o no. Quiero manifestarle que, efectivamente, hemos pasado por distintas vicisitudes y por
distintos negociadores. Tan buenos son sus negociadores, señor secretario de Estado, que tanto para negociar como para dar marcha atrás cuando llegan a determinados acuerdos tienen la misma rapidez.
Simplemente hay que realizar las transferencias
activas de empleo a Andalucía, si es que el Gobierno tiene intención de hacerlo y de llegar a un acuerdo con el Gobierno andaluz.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor secretario de Estado para cerrar este punto y la reunión de la Comisión.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL (Elorriaga Pisarik): Seré muy breve.
Cuando hablo en esta Cámara lo hago, por supuesto, para todos los ciudadanos andaluces y para todos los ciudadanos españoles. Lo que aquí he dicho he tenido ocasión de decirlo muchas veces en Andalucía. En
segundo lugar, quiero dar unos datos sobre la situación judicial a la que hacía mención antes. En este momento existe una sentencia no firme referida a un solo ejercicio de los pendientes y basada en la vigencia de un artículo que está
impugnado por inconstitucional por la Junta de Andalucía ante el Tribunal Constitucional. Es decir, es una sentencia basada en un artículo del cual la Junta de Andalucía no reconoce su vigencia constitucional. A partir de ahí, comprenderá usted
que las cosas son bastante menos claras.
El señor PRESIDENTE: Cerramos el orden del día de esta sesión de la Comisión.
Se levanta la sesión.
Eran las tres de la tarde.