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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 635, de 27/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 635
RÉGIMEN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. NARCÍS SERRA I SERRA
Sesión núm. 21
celebrada el miércoles, 27 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Ratificación de la ponencia designada para informar el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Logopedas. (Número de expediente 121/000110.) ... (Página 20706)
Aprobación, con competencia legislativa plena, a la vista del informe elaborado por la ponencia, del proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Logopedas. (Número de expediente 121/000110.) ...
Comparecencia del señor Secretario de Estado para la Administración Pública (Gómez-Pomar Rodríguez) para informar sobre:
- La situación actual y previsiones del Gobierno respecto al estatuto de la función pública. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 212/000036.) ... (Página 20709)
- Proyectos del Ministerio para la mejora de la gestión de la Administración General del Estado y calendario de su puesta en marcha. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000341.) ...
- La aplicación de la externalización de servicios públicos en el sector privado. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000593.) ... (Página 20709)
- La aplicación y desarrollo de los llamados planes de pensiones en la Administración General del Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000897.) ... (Página 20709)
- El resultado de la productividad de altos cargos en el año 2001 de los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Hacienda e Interior.
A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/000930.) ...
- El comportamiento del Director general del Instituto Nacional de Administración Pública en relación con la supuesta utilización indebida de trabajos realizados por funcionarios destinados en el Instituto. A solicitud del Grupo
Parlamentario Socialista. (Número de expediente 212/001127.) ... (Página 20709)
- El acuerdo para la modernización y mejora de la Administración pública.
A petición del Gobierno. (Número de expediente 212/001380.) ... (Página 20709)
- Los planes del Gobierno en relación a la optimización de los recursos de personal que continúan en la Administración General del Estado. A solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000676.) ...
- Los múltiples incumplimientos por parte de las Administraciones Públicas de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. A solicitud del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. (Número de expediente 213/000726.) ...
Preguntas: - De la señora Serna Masiá (Grupo Parlamentario Socialista), sobre valoración del informe anual realizado acerca de la adaptación de la Administración General del Estado a la normativa de prevención de riesgos laborales, y sobre
la necesidad de incrementar la cooperación con las administraciones territoriales para prevenir tales riesgos. (Número de expediente 181/001040.) ... (Página 20739)
Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.
RATIFICACIÓN DE LA PONENCIA DESIGNADA PARA INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE LOGOPEDAS. (Número de expediente 121/000110.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión cuyo orden del día, conforme acordó la Mesa, contiene en primer lugar la ratificación de la ponencia encargada de estudiar el proyecto de ley por la que se crea
el consejo general de colegios de logopedas.
Pregunto a la Comisión si es necesario votar esta ratificación o se entiende que se aprueba por asentimiento. (Pausa.)
Queda ratificada por asentimiento.
APROBACIÓN, CON COMPETENCIA LEGISLATIVA PLENA, A LA VISTA DEL INFORME ELABORADO POR LA PONENCIA, DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIDOS DE LOGOPEDAS. (Número de expediente 121/000110.)
El señor PRESIDENTE: Una vez ratificada la ponencia, pasamos al análisis de las enmiendas que han quedado vivas, para el debate por parte de la Comisión.
Hay enmiendas propuestas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señores Saura, Labordeta y Puigcercós,
que se dan por defendidas, la enmienda número 10, del Grupo Parlamentario Socialista, que se incluyó en el informe de la ponencia, y restan las enmiendas números 8 y 9 del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Vamos a dar la
palabra a cualquiera de los grupos que tengan enmiendas y quieran defenderlas.
Por el Grupo Catalán, la señora Expósito tiene la palabra.
La señora EXPÓSITO MOLINA: No haré una detallada exposición de las enmiendas, porque entendemos que el informe del letrado es suficientemente aclaratorio para entender que las enmiendas quedaron de alguna manera reflejadas en el trámite de
ponencia, y por tanto simplemente decir que entendíamos que estaban bien justificadas, pero no obstante estamos de acuerdo, como se dijo en ponencia, en aceptar la resolución y votaremos a favor.
El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro grupo quiere hacer uso de la palabra con relación a este proyecto de ley? (Pausa.)
Doña María Jesús Ruiz me pide la palabra.
La señora RUIZ RUIZ: Muy brevemente, porque efectivamente en el trámite de ponencia aceptamos la enmienda del Grupo Socialista e hicimos algunas matizaciones, de acuerdo con el informe del letrado.
En relación con las enmiendas del Grupo Mixto -aunque en el trámite de ponencia las estuvimos analizando y están incorporadas ya en el informe-, tengo que decir que lamento que no estén presentes esta mañana porque hoy íbamos a admitir
alguna. Estas enmiendas se refieren básicamente a dos temas: algunas de ellas son a la disposición transitoria primera y no las vamos a admitir porque haciendo nuestras las palabras del informe del letrado, efectivamente no consideramos que sea
necesario. En cuanto a las que se refieren a la disposición transitoria segunda, hacen una matización en cuanto a territorio nacional o territorio estatal. Si bien es cierto que la Ley de Colegios Profesionales utiliza la expresión nacional
entendemos que efectivamente esta Ley es preconstitucional, si efectivamente se considera que dentro de lo que ahora es la nueva estructura de las comunidades autónomas y del Estado es más correcto colocar estatal en vez de nacional no hay
inconveniente en admitirlo, tanto en lo que se refiere a la exposición de motivos como en lo que se refiere a la disposición transitoria segunda.
En relación con las enmiendas de Convergència i Unió, que como ha dicho su portavoz, ya hemos comentado, entendemos que en lo que se refiere a la representación del número de colegiados de cada uno de los colegios que se puedan integrar en
el consejo general es más propio de los estatutos de dicho consejo fijar lo que pueda ser la representatividad en función del número de colegiados que en este proyecto de ley. En realidad creemos que el Estado no debe entrar a decidir en un
proyecto de ley, en el que simplemente aprobamos la creación del consejo general, cuál debe ser la participación de cada uno de los colegios en la decisión, por tanto, pensamos que no es un tema de fondo. Esperamos que el Consejo general en sus
propios estatutos, que elaborará esa comisión gestora que prevé este proyecto de ley, puede contemplar perfectamente, si así lo consideran, esa representatividad. En el mismo sentido hay otras leyes de creación de consejos generales que hemos
aprobado aquí recientemente, que no hacían esa precisión. Por tanto, creemos que es más correcto que se haga de la otra forma.
En función de lo expuesto, vamos a admitir las enmiendas que acabo de exponer correspondientes al Grupo Mixto. Sobre el resto, tanto las presentadas por el Grupo Mixto como las de Convergència i Unió, entendemos que no son de fondo, que es
más correcto el proyecto de ley, y en consecuencia las votaremos negativamente.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Juaneda.
La señora JUANEDA ZARAGOZA: Desde que se estableció el título oficial de diplomado universitario para la profesión de logopeda, han sido varias las comunidades autónomas que han ido constituyendo estos colegios profesionales. Actualmente
hay colegios de logopedas en Cataluña, en la comunidad valenciana, en Castilla-La Mancha, en las Islas Baleares, en Murcia y en Aragón. En la Ley de Colegios Profesionales 2/1974, de 13 de febrero, hay un artículo en concreto, el 4.4, que establece
la existencia de un consejo general cuando para una misma profesión hubiere varios colegios de ámbito territorial inferior al nacional. Habida cuenta que además de las comunidades autónomas que ya poseen colegios de logopedas hay otras que los
tienen en trámite de creación, desde el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que con esta ley se da cumplimiento al imperativo legal establecido en el citado artículo 4.4 de la Ley de Colegios Profesionales.
Visto y analizado el presente proyecto de ley, desde el Grupo Socialista presentamos una enmienda que modifica el apartado dos de la disposición transitoria segunda. Proponemos esta modificación puesto que decía que en el plazo de un año
desde su constitución este consejo general de colegios de logopedas elaboraría los estatutos previstos en el apartado segundo del artículo 6 y también en el artículo 9.1, letra b). Hemos visto que ese artículo no venía a cuento, puesto que la Ley
de Colegios Profesionales en ningún momento exige que los estatutos de los consejos generales tengan que ser aprobados por el Gobierno. Ya se ha sentado jurisprudencia en este sentido en el Colegio general
de la abogacía y el recurso de casación de este colegio se desestimó, puesto que en los fundamentos jurídicos se decía que la Ley de Colegios Profesionales sólo exige aprobación del Gobierno para estatutos generales y que se reserva el
propio consejo general la aprobación de los estatutos particulares de cada colegio. Por tanto, el presente proyecto de ley no debe imponer, yendo más allá de lo que exige la propia Ley de Colegios Profesionales, que los estatutos propios del
consejo general de logopedas deban ser aprobados por el Gobierno. Otra cosa es que cuando se hagan esos estatutos generales, que sí debe aprobar el Gobierno, venga en ellos una regulación del propio consejo; para eso pensamos que era suficiente la
referencia al el artículo 6.2 del proyecto de ley, debiendo suprimirse la referencia al 9.1. En apoyo de esta enmienda quería traer a la memoria de SS.SS. que hasta ahora las leyes que se han aprobado sobre creación de los consejos generales de
los distintos colegios, los de decoradores, biólogos, pedagogos, etcétera, los más recientes, sólo hacen referencia a los estatutos previstos en el artículo 6.2 de la Ley de Colegios Profesionales.
En cuanto a las enmiendas de los demás grupos, por lo que se refiere a la enmienda número 2, del Grupo Mixto, señor Saura, que decía se atenderá al criterio de representación territorial, en principio no la aceptábamos en el sentido de que
nunca se ha limitado en ninguna ley la representación; pensamos que ya se hará cuando se hagan los estatutos. Es decir, los propios estatutos que tiene que hacer el Consejo general dirán cuál es el criterio de representación, pero no debe aparecer
en una ley. Además, en la propia justificación de la enmienda que hace este grupo dice que corresponderá al Consejo general elaborar el mecanismo concreto de representación. Pensamos que este mecanismo concreto ya se pondrá en los estatutos. Por
todo ello pensamos que no debe aparecer en la ley.
La enmienda número 5, del señor Puigcercós, es del mismo tenor que la anterior, así como también la número 9, de Convergència i Unió. Nosotros no estamos de acuerdo con ellas. El resto, se acepta, tal como quedó ratificado en ponencia.
El señor PRESIDENTE: No habiendo más intervenciones sobre el proyecto de ley, pasamos a la votación.
Para organizar la votación y no tener que ir enmienda por enmienda, pregunto al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, ¿podríamos votar en un bloque las enmiendas números 4 y 6, del Grupo Parlamentario Mixto, y la número 8, de
Convergència i Unió? Señora Ruiz, ¿son estas tres las que aceptan?
La señora RUIZ RUIZ: Son la enmienda número 6 y la enmienda número 7.
El señor PRESIDENTE: Las enmiendas 6 y 7 se aceptan y la 8 no.
Podríamos votar en un bloque las números 6 y 7 y en el otro el resto de las enmiendas. ¿Están de acuerdo los grupos? (Pausa.)
La señora JUANEDA ZARAGOZA: En un primer bloque estarían las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Mixto, que se refiere a cambiar la palabra nacional por estatal. En otro bloque estaría la enmienda número 2, del Grupo Mixto, que se refiere a
que atenderá el criterio de representación territorial; la número 5, también del Grupo Mixto, y la número 9, de Convergència i Unió. El resto se votaría en otro bloque.
El señor PRESIDENTE: El bloque de enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ya ha manifestado que no acepta.
Señor Albendea, ¿están de acuerdo en votar en tres bloques?
El señor ALBENDEA PABÓN: Estamos de acuerdo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Vamos a votar en primer lugar las enmiendas números 6 y 7, del Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, nueve.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Pasamos a votar el segundo bloque, tal como ha sido solicitado, que incluye las enmiendas números 2 y 5, del Grupo Mixto, y la número 9, de Convergència i Unió.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, dos; en contra, 27; abstención, una.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Pasamos al tercer bloque. Resto de enmiendas que han llegado vivas al debate de esta Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 11; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Votamos la ley en su totalidad, una vez que han quedado aprobadas o rechazadas algunas enmiendas.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Interrumpimos un minuto sólo para permitir que se incorpore el secretario de Estado a los trabajos de la Comisión. (Pausa.)
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (GÓMEZ-POMAR RODRÍGUEZ), PARA INFORMAR SOBRE:
- LA SITUACIÓN ACTUAL Y PREVISIONES DEL GOBIERNO RESPECTO AL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 212/000036.)
- PROYECTOS DEL MINISTERIO PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO Y CALENDARIO DE SU PUESTA EN MARCHA. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000341.)
- LA APLICACIÓN DE LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN EL SECTOR PRIVADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000593.)
- LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LOS LLAMADOS PLANES DE PENSIONES EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000897.)
-EL RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD DE ALTOS CARGOS EN EL AÑO 2001 DE LOS MINISTERIOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, ECONOMÍA, HACIENDA E INTERIOR.
A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/000930.)
- EL COMPORTAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN RELACIÓN CON LA SUPUESTA UTILIZACIÓN INDEBIDA DE TRABAJOS REALIZADOS POR FUNCIONARIOS DESTINADOS EN EL INSTITUTO. A SOLICITUD DEL GRUPO
PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 212/001127.)
- EL ACUERDO PARA LA MODERNIZACIÓN Y MEJORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
A PETICIÓN DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/001380.)
- LOS PLANES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE PERSONAL QUE CONTINÚAN EN LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 213/000676.)
- LOS MÚLTIPLES INCUMPLIMIENTOS POR PARTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. A SOLICITUD DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA. (Número de expediente 213/000726.)
El señor PRESIDENTE: Señorías, seguimos con el orden del día con los puntos tercero a undécimo, que son las solicitudes de comparecencia del señor secretario de Estado de Administraciones Públicas. Agradecemos que esté con nosotros para
responder a estas solicitudes de comparecencia.
Son muy variadas, pero todas relativas a los problemas de la Función pública y temas de competencia de la Secretaría de Estado.
Ruego al secretario de Estado que si es posible aborde en su intervención los temas por los que los diversos grupos han pedido la comparecencia, y daremos luego la palabra a los grupos que asisten a la Comisión para que intervengan en
relación con la totalidad de las solicitudes de comparecencia.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): Muchas gracias, presidente. Buenos días.
Efectivamente, hay un bloque de comparecencias solicitadas, incluidas en el orden del día de la Comisión, que hace referencia a materias que se enmarcan dentro de la mejora de la gestión de la Administración y la optimización de los recursos
humanos. A lo largo de mi intervención intentaré dar respuesta puntual a todas y cada una de las cuestiones planteadas en las solicitudes de comparecencia y sin solución de continuidad me referiré también al acuerdo para la modernización y mejora
de la Administración pública recientemente firmado entre el Gobierno y las organizaciones sindicales.
En primer lugar, y según esta agrupación de las cuestiones objeto de la comparecencia, voy a hacer una referencia rápida a las distintas medidas que se han venido impulsando por el Gobierno. Aunque parezca que ha transcurrido ya largo
tiempo, una comparecencia de esta naturaleza no puede arrancar sin hacer referencia a aquel primer proyecto de ley que el Gobierno del Partido Popular envía a las Cortes tras las elecciones del año 1996, como fue la Ley de organización y
funcionamiento de la Administración General del Estado, la LOFAGE. A través de esta norma se realizó una adecuación estructural y funcional de los ministerios y organismos públicos, así como una transformación de
la administración periférica, creando la figura de subdelegados del Gobierno e integrando los servicios periféricos ministeriales en las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno. En el año 1997 se aprueba la Ley de organización y
funcionamiento del Gobierno que ha contribuido a clarificar aspectos orgánicos, funcionales y procedimentales en la configuración del Ejecutivo. Recientemente, en abril de 2002, el Consejo de Ministros adoptó un acuerdo sobre medidas en materia de
reforma de la Administración general del Estado dirigido a analizar el régimen competencial, la estructura organizativa y la situación de los recursos humanos en la Administración general y sus organismos dependientes. Este análisis debe ofrecer
como resultado un balance de cada departamento ministerial poniendo de relieve cuáles son los principales problemas que presenta en cuanto a su estructura organizativa y en cuanto al volumen y cualificación del personal. En estos momentos, se están
llevando a cabo los estudios y análisis comprometidos en el citado acuerdo.
Más recientemente, el Gobierno ha ofrecido un amplio pacto, un pacto de Estado para reformar las administraciones públicas en su conjunto. Para ello queremos buscar el consenso político entre los distintos grupos parlamentarios -así lo
expresó el Ministro de Administraciones Públicas ante esta misma Comisión el pasado 1.º de octubre- y así quiero reiterarlo en el día de hoy. A este consenso político queremos sumar también el consenso con los agentes sociales y el consenso
institucional con comunidades autónomas y ayuntamientos. Como ya conocen SS.SS., hemos propuesto la creación en esta Cámara de una subcomisión específica con el objetivo de estudiar propuestas e iniciativas y formular las bases del pacto para la
reforma de las administraciones. Nuestro deseo es que todos los grupos apoyen la creación de esta subcomisión, que asistida por expertos se dedicaría a diseñar un modelo de administraciones públicas.
Hace tan sólo unos días, el 13 de noviembre, el Gobierno ha firmado un importante acuerdo con los principales sindicatos para la modernización y mejora de la Administración pública en los próximos dos años. Más adelante me referiré a él en
el marco de la petición formulada por el Gobierno para comparecer ante esta Comisión para informar sobre el mismo.
Tan sólo quiero señalar que incorpora importantes novedades en el modelo de función pública y contiene compromisos concretos de
ordenación y gestión de recursos humanos así como la mejora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos.
Los instrumentos señalados hasta ahora son los proyectos que el Gobierno ha venido poniendo en marcha a impulso del Ministerio de Administraciones Públicas para la mejora de la gestión de la Administración general del Estado y que entendemos
son los adecuados para incrementar la agilidad y eficacia de la Administración y ofrecer a los ciudadanos los mejores servicios públicos.
En este objetivo general de mejora de la Administración se enmarca la gestión de los servicios públicos y la posibilidad de que sean gestionados de manera directa o externalizada. El Gobierno considera que la Administración debe concentrar
sus esfuerzos en el desarrollo de las políticas públicas que constituyen su tarea natural y su objetivo primordial, dejando determinadas funciones instrumentales o actividades auxiliares en manos del sector privado, de aquellas empresas
especializadas que puedan realizarlas con mayor calidad y menores costes.
Les puedo asegurar que la aplicación de uno u otro modelo por parte del Gobierno se hace en función de las alternativas posibles, actuando con racionalidad y sirviendo
siempre al interés de los ciudadanos. La encomienda a terceras personas de la prestación de servicios públicos mediante la celebración de contratos de consultoría, de asistencia o de servicios se hace siempre de forma escrupulosa, y como no podía
ser de otra manera en atención a lo establecido en el texto refundido del Real decreto ley 2/2000, de 16 de junio, de la Ley de contratos y el Real decreto de 2001 por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
administraciones públicas. El objetivo último es que la prestación de servicios públicos se haga bajo criterios de calidad, de eficacia y de eficiencia. En unos casos entendemos que este objetivo se alcanza mejor con una gestión directa del
servicio y en otros, en su totalidad o en parte, consideramos más adecuada su externalización, sobre todo cuando se trata de funciones instrumentales.
Al comienzo de mi intervención señalaba que las cuestiones sobre las que se había solicitado comparecencia se enmarcan en la mejora de la gestión de la Administración y en la optimización de los recursos humanos.
Abordaré, pues, lo referido
a los recursos humanos, que constituyen un elemento estratégico fundamental para abordar con éxito cualquier reforma de la Administración. El Grupo Parlamentario Socialista solicita información sobre los planes del Gobierno en relación con la
optimización de los recursos de personal que continúan en la Administración general del Estado. La práctica culminación del Estado autonómico, después de las transferencias de competencias y servicios en materias de educación y sanidad a las
comunidades autónomas ha provocado un importante cambio, sobre todo en recursos humanos. El proceso de descentralización y la consolidación de nuestra posición en la Unión Europea hace necesario también el fortalecimiento de algunas áreas de acción
pública, y en consecuencia una adecuada dotación de recursos y efectivos mediante la reasignación y redistribución de los existentes. Por otra parte, la informatización del trabajo administrativo y la utilización de las nuevas tecnologías en las
relaciones de la Administración con los ciudadanos, han cambiado sustancialmente el perfil de
competencias que se pide a los empleados públicos. El Gobierno entiende que resulta oportuno hacer balance de cuál es la situación organizativa y de recursos humanos de la Administración general del Estado a la vista del marco competencial
y funcional vigente. Por eso el acuerdo del Consejo de Ministros del mes de abril, al que me refería antes, pretendía realizar un estudio y un análisis de los recursos humanos de la Administración general del Estado, Seguridad Social y entidades de
derecho público con personalidad jurídica propia dependientes de ella, con el fin de adoptar las medidas necesarias para optimizar la ordenación y distribución de sus recursos. Bajo la dirección y coordinación de la Vicepresidencia primera y los
Ministerios de Administraciones Públicas y Hacienda se ha impulsado la realización de estudios y análisis contenidos en el acuerdo. Se ha constituido un grupo de seguimiento para su ejecución, así como un equipo de trabajo de apoyo encargado de la
realización de los análisis de los departamentos y organismos públicos que se están llevando a cabo en estos momentos.
Por otra parte, y como explicaré más adelante de forma detallada, el acuerdo para la modernización y mejora de la Administración pública, firmado con los sindicatos el 13 de noviembre, incorpora el compromiso de la Administración de elaborar
en el plazo máximo de seis meses un diagnóstico global de la situación de los recursos humanos en la Administración general del Estado, en el que se detecten los ámbitos y unidades deficitarios y excedentarios de recursos humanos. Incorpora también
una pluralidad de compromisos concretos de ordenación y gestión de recursos humanos. Se ha querido motivar e incentivar a los empleados públicos, favorecer el desarrollo de su trabajo en un clima y un entorno apropiados, así como comprometerlos de
manera efectiva con la prestación de servicios públicos de calidad. En este sentido, el acuerdo contempla medidas dirigidas a la reordenación de los efectivos, a impulsar la profesionalización y cualificación de los empleados públicos y a favorecer
la estabilidad en el empleo, mejorar la calidad de vida en el trabajo, así como medidas de ordenación retributiva e incentivos salariales. Ambos acuerdos, el del Consejo de Ministros y el firmado con los sindicatos, son los planes del Gobierno para
optimizar los recursos de personal que continúan en la Administración del Estado. Hemos entendido que era necesario emprender reformas, y dichos acuerdos son los instrumentos para llevarlas a cabo. Junto a las medidas concretas de optimización de
recursos humanos, el diálogo es un instrumento añadido que considero fundamental a la hora de abordar reformas en la Administración si queremos que gocen de cierta estabilidad. Este entendimiento entre todos se hace más necesario cuando queremos
establecer una ordenación básica común para el conjunto de las administraciones en materia de recursos humanos. Esto es precisamente lo que pensamos respecto al estatuto básico de la función pública.
Se ha solicitado mi comparecencia de hoy para informar sobre la situación actual y previsiones del Gobierno respecto al estatuto de la Función pública. Nuestro deseo es alcanzar un amplio consenso con los representantes de los empleados
públicos, pero también con los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El establecimiento de un tronco común homogéneo, claro y concreto para todas las administraciones públicas requiere de un amplio consenso si
queremos que tenga vocación de estabilidad y no esté sujeto a las mayorías parlamentarias. Por otra parte y como ya he señalado, es imprescindible un gran pacto de Estado en torno a la función pública, sin perjuicio de la orientación que en su caso
pudiera establecer la subcomisión para sus trabajos. Desde el Gobierno se considera que el pacto debería abarcar básicamente los aspectos esenciales para la configuración y el funcionamiento de las administraciones públicas, incluido el régimen
básico de la Función pública.
Interesa a SS.SS el desarrollo de los planes de pensiones en la Administración general del Estado. En los últimos años se ha generado un importante debate en el ámbito laboral sobre la introducción en las políticas salariales de sistemas de
previsión social complementarios al sistema público de pensiones, y cada vez se hace más común la negociación y promoción de un salario diferido a través del establecimiento de planes de pensiones. En el ámbito de las administraciones públicas no
podemos permanecer ajenos a esta realidad. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en el sector privado, en materia retributiva el Gobierno ha de tener una visión global y desarrollar una política encaminada al interés común. Esto significa que
hemos de ser extraordinariamente prudentes a la hora de diseñar y promover sistemas de previsión social para los empleados públicos. En la reciente firma del acuerdo entre la Administración y sindicatos, de 13 de noviembre, esta prudencia nos ha
llevado a incluir la realización, durante el año 2003, de los análisis y estudios técnicos necesarios para la configuración y aplicación de un plan de pensiones, así como para eliminar los obstáculos legales que todavía persisten, con el propósito
de lograr que su puesta en marcha se produzca con todas las garantías necesarias. El plan de pensiones se pondría en marcha en el año 2004, y el acuerdo se compromete a una aportación al plan de 24,65 millones de euros para el personal incluido en
la mesa general de negociación. La firma del acuerdo representa un paso sustancial en la constitución de los planes de pensiones en la Administración general del Estado, en lo que supone su implicación como empleador en la mejora de las
prestaciones que esos empleados recibirán en el futuro, como complemento de las recibidas por el sistema público de seguridad social. Se abre así un camino
que el Gobierno confía pueda ser seguido por otros colectivos de la propia Administración no incluidos en la mesa general de negociación, y para los empleados del resto de las administraciones públicas.
Otra cuestión planteada es el resultado de la productividad de altos cargos de los Ministerios de Administraciones Públicas, Economía, Hacienda e Interior en el año 2001. Los altos cargos que perciben complemento de productividad son los
secretarios de Estado, subsecretarios y directores generales, y su cuantía asignada por el titular del departamento, dentro de los créditos asignados a tal fin por el Ministerio de Hacienda. En el caso de los secretarios de Estado y subsecretarios,
el Ministerio de Hacienda aplica unos módulos económicos iguales para todos los ministerios, que en el año 2001 fueron de 3.391.000 y 3.339.000 pesetas anuales respectivamente. En el caso de los directores generales, el módulo que fija el
Ministerio de Hacienda varía según el ministerio en atención al siguiente cálculo: la suma de los complementos específicos y de productividad de los directores generales de un departamento ha de ser el 40 por ciento superior en promedio a la cifra
resultante de la suma de los importes que perciben los subdirectores generales del mismo por los conceptos de complementos específicos y de productividad, considerando en este último complemento la media de productividad percibida por los
subdirectores generales de la Administración general del Estado. La cuantía media para el conjunto de directores generales en el año 2001 fue de 2.671.762 pesetas.
Antes de pasar a la información relativa a la normativa y a la adaptación de la Administración general del Estado a la prevención de riesgos laborales, y a la necesidad de incrementar la cooperación con las administraciones territoriales
-que constituye la suma de una pregunta y comparecencia solicitada-, quiero comenzar según el orden lógico del inicio de mi intervención, refiriéndome al acuerdo firmado con los sindicatos sobre la modernización y mejora de la Administración
pública, en virtud de la comparecencia solicitada por el Gobierno. Señorías, el Gobierno siempre ha entendido que buscar el diálogo y el entendimiento son fundamentales para alcanzar con éxito los objetivos propuestos. En un marco de relaciones
laborales moderno como en el que nos encontramos, en el que todos somos conscientes de que se avanza más y mejor desde el entendimiento, Administración y sindicatos hemos demostrado que queremos sumar nuestros esfuerzos para llegar lo más lejos
posible. En esta idea se enmarca el acuerdo firmado el pasado 13 de noviembre, del que quiero hacer partícipes a SS.SS. Podemos sentirnos todos razonablemente satisfechos, en primer lugar porque los objetivos de modernizar y mejorar la
Administración pública se encuentran hoy más cerca. En segundo lugar porque los empleados públicos han tenido un papel protagonista en la negociación, como elemento estratégico fundamental a la hora de impulsar el proceso de mejora de nuestra
Administración. El acuerdo alcanzado cuenta con un alto respaldo sindical. Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, CSI-CSIF firmantes del mismo, representan en torno al 75 por ciento de los empleados públicos tanto en la Administración
general del Estado como en el conjunto de las administraciones públicas. Con su firma, hemos recuperado el diálogo social en la Función pública, ya que desde 1994 no se alcanzaba ningún acuerdo de carácter general como el que ahora les presento,
con la sola excepción del convenio único para el personal laboral de la Administración general del Estado, que se firmó en 1998 y que ha sido prorrogado en el año 2001 hasta el 31 de diciembre de 2003.
La recuperación del diálogo social ha sido uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. Hemos puesto toda nuestra voluntad y empeño para hacerlo posible. Sus señorías lo saben bien, y así lo expresó el ministro en sus comparecencias de
los días 17 de septiembre y 1.º de octubre, en ambas Cámaras; y yo mismo tuve ocasión de expresarlo durante mi comparecencia el día 8 de octubre, para informar sobre los presupuestos generales para el año 2003. Ahora bien, puedo decir con
satisfacción que este empeño por recuperar el diálogo en la función pública no ha sido exclusivo del Gobierno, sino plenamente compartido con los sindicatos. Sin su voluntad de negociación no se hubiera generado el clima de entendimiento necesario
para alcanzar el acuerdo. Desde la primera reunión, mantenida el 12 de septiembre, en la que acordamos las materias a negociar y el calendario a seguir, Administración y sindicatos hemos mantenido un mismo espíritu de diálogo y una misma voluntad
de llegar a un acuerdo. Durante la negociación, ambas partes hemos hecho un importante esfuerzo de moderación y responsabilidad. Las propuestas que hemos llevado a la mesa de negociación han sido razonables, han estado orientadas en beneficio del
ciudadano, y ninguna de las partes hemos planteado cuestiones inalcanzables. Esta responsabilidad, demostrada por unos y otros, es la que ha dado como resultado un acuerdo a mi juicio muy ponderado en sus planteamientos y muy equilibrado en sus
contenidos. Es más, el diálogo social abierto con el acuerdo no se agota en la firma del mismo, sino que se proyectará más allá de este momento en el nuevo marco de relaciones laborales.
A ninguna de SS.SS. se les escapa que en los últimos años se ha producido un intenso proceso de transferencias de la Administración general del Estado a las comunidades autónomas y la consolidación de la posición de España en la Unión
Europea. Ambas circunstancias exigen adaptar nuestra organización y funcionamiento a este nuevo escenario, fortaleciendo algunas áreas de acción pública y optimizando los recursos del personal.
El acuerdo contempla por tanto un conjunto sólido y
participado de medidas para modernizar y mejorar la Administración general del Estado, las cuales
se van a poner en marcha en los próximos dos años. Se persiguen dos propósitos claros: establecer las condiciones de trabajo de los empleados públicos, introduciendo sustanciales mejores respecto de las que existen actualmente, y
establecer medidas dirigidas a mejorar el funcionamiento de la Administración y la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, todo ello en un nuevo escenario que abre unas expectativas y una dinámica de diálogo y de negociación en la
Función pública que no existían antes del acuerdo.
Las novedades más relevantes se producen en relación con las condiciones de trabajo de los empleados públicos y la planificación de los recursos humanos. En este último ámbito, la correcta dimensión del volumen de efectivos constituye un
factor clave. El Gobierno considera que la limitación de la tasa de reposición ha venido funcionando como un instrumento eficaz de ordenación para las administraciones públicas y ha servido para racionalizar los efectivos. Hoy es necesario
completar las políticas seguidas hasta ahora mediante un incremento de la estabilidad en el empleo y un control estricto de la temporalidad. Para ello, junto al compromiso de la Administración de que en los dos próximos años el número de plazas de
nuevo ingreso no supere el que resulte de la aplicación del cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, asumimos el objetivo de reducir la temporalidad hasta el 8 por ciento del total de efectivos, tal y como se fija en el acuerdo. A ello
se suman también los compromisos de concluir durante la vigencia del mismo todos los procesos de consolidación de empleo temporal de naturaleza estructural anteriores al 2 de diciembre de 1998 y de proceder a la sustitución de empleo temporal por
fijo en la medida que sea necesario para situar la temporalidad en el porcentaje señalado. Para lograr una adecuada distribución de efectivos y un correcto dimensionamiento del volumen de los mismos, se prevén en el acuerdo numerosas medidas, entre
las que podríamos destacar las siguientes: el compromiso que adquiere la Administración de realizar en un plazo máximo de seis meses un diagnóstico global de la situación de los recursos humanos en el que se detecten los ámbitos y unidades
deficitarios y excedentarios de recursos humanos, el compromiso que adquiere asimismo la Administración de elaborar planes estratégicos de carácter plurianual a nivel de departamento u organismo en los que se concreten los objetivos a conseguir en
materia de recursos humanos y la aplicación de criterios de movilidad entre los ámbitos excedentarios y deficitarios con el fin de lograr una distribución de efectivos más adecuada. Si el problema no se resolviese con la movilidad de carácter
voluntario, se prevé la posibilidad de llegar a la movilidad forzosa, y en caso de que hubiera carácter interprovincial, habrá de ser objeto de negociación previa en la mesa correspondiente. Por último, el diseño de los planes de oferta de empleo
público de forma equilibrada, conjugando los criterios de racionalidad y necesidad, de tal modo que no superen los mismos el cien por cien de la tasa de reposición de efectivos, salvo en los casos excepcionados, y que se incluyan en los planes de
oferta de empleo público todos los puestos y plazas desempeñados por interinos nombrados o contratados durante los dos ejercicios anteriores.
El pacto con los sindicatos incluye medidas de ordenación retributiva e incentivos salariales vinculados básicamente al cumplimiento de objetivos, aunque debe recordarse que las medidas retributivas no son el punto principal, sino un punto
-relevante, eso sí- más entre las distintas cuestiones acordadas. La principal novedad que introduce el acuerdo en materia retributiva, es la de modificar la cuantía de las pagas extraordinarias, considerando para su cálculo además del sueldo base
y los trienios el 20 por ciento del complemento destino en 2003 y el 40 por ciento en 2004. De esta manera, para 2003 el incremento general del salario de los funcionarios será del 2 por ciento, conforme a la previsión del IPC, que tiene carácter
consolidable y se aplica a todos los conceptos retributivos, más el 0,7 por ciento, derivado del aumento de las pagas extraordinarias con carácter consolidable. Es decir, los empleados públicos tendrán en 2003 un incremento en sus retribuciones del
2,7 por ciento con carácter general. Se van a destinar también 29,57 millones de euros en 2003 a medidas retributivas de carácter singular no consolidables vinculadas al cumplimiento de los objetivos de modernización y mejora de la Administración
que se contemplan en el acuerdo. Entre otros, el aumento de la productividad, la ampliación del horario de apertura y la movilidad hacia las unidades de especial repercusión social como comisarías, oficinas de extranjería y las unidades de la
Administración general del Estado en Ceuta y Melilla.
Conviene señalar que los colectivos a los que no se les pueda aplicar este incremento retributivo en las pagas extraordinarias, por tener incorporado el complemento destino a las mismas o porque
no tengan acreditado este concepto retributivo como ocurre con el personal laboral, verán incrementadas sus retribuciones en el concepto que proceda en una cuantía equivalente. Con la modificación de las pagas extraordinarias que se contempla en el
acuerdo, se inicia un camino que conducirá sin duda y de forma progresiva a un acercamiento cada vez mayor entre la cuantía de las pagas extraordinarias y la de las retribuciones que se perciben mensualmente. Otra de las novedades que introduce el
acuerdo en materia retributiva es el concepto de salario diferido a través de la constitución de los planes de pensiones; como me he referido con anterioridad al planteamiento de dichos planes dentro del acuerdo, no voy a extenderme más en este
punto.
Las novedades que contempla el acuerdo en orden a mejorar las condiciones de trabajo de los empleados públicos y a favorecer la conciliación de la vida familiar
y laboral de los mismos son también extraordinariamente importantes. Las más significativas son las que indico a continuación: la ampliación del número de días de vacaciones en función de la antigüedad, esto es un día más hábil a los 15
años de servicio, dos a los 20, tres a los 25 y cuatro a los 30 o más años de antigüedad, la ampliación de un día hábil más del permiso por nacimiento, fallecimiento o enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado, la movilidad voluntaria
por razones de salud o protección de la maternidad; y la ampliación hasta el 1 por ciento de la masa salarial para financiar planes de acción social. Por otra parte, para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral el acuerdo contempla
las siguientes medidas: la reducción de la jornada de trabajo por motivos familiares, la movilidad voluntaria por razones de convivencia familiar y la prestación de servicios en régimen de dedicación a tiempo parcial.
No creo que sea necesario decir a SS.SS. las razones por las que la cualificación y desarrollo profesional de los empleados públicos constituyen en este momento una parte importante de las políticas de recursos humanos. Hoy nadie pone en
duda que el nivel de eficacia y calidad de los servicios públicos depende cada vez en mayor medida del nivel de cualificación profesional que hayan alcanzado los recursos humanos y del nivel de implicación y motivación que tengan. Nadie pone en
duda tampoco que cada vez influyen más en la implicación y motivación de los recursos humanos las expectativas del desarrollo profesional que se les ofrezca. Conscientes de esta realidad, las partes firmantes del acuerdo hemos querido que esta
convicción quedara reflejada en su contenido. En este sentido, el acuerdo contempla una serie de medidas dirigidas a impulsar la profesionalización y cualificación de los empleados públicos que giran en torno a los siguientes ejes. La potenciación
de la carrera profesional, el acuerdo establece nuevos criterios de carácter general para el desarrollo de la carrera profesional, y lo que es más importante apuesta por el establecimiento de una política estable y predecible de promoción interna
vinculada a la carrera profesional por entender que ello es lo que mejor contribuirá a incrementar la motivación y satisfacción profesional de los empleados públicos. El fortalecimiento de la promoción interna en su doble carácter de derecho de los
funcionarios y herramienta de la política de recursos humanos que utiliza la Administración. En cuanto a la promoción interna, resulta absolutamente novedosa la introducción de la promoción cruzada, que consiste en la posibilidad que se reconoce de
participar en la promoción de funcionarios al personal laboral que pertenezca a un grupo profesional equivalente al del funcionario. Con esta medida se viene a introducir una cierta racionalización en la ordenación de los recursos humanos haciendo
más permeable el sistema de empleo público y además se viene a dar satisfacción a una tradicional aspiración del personal laboral.
El último eje en torno al que gira la profesionalización y cualificación profesional de los empleados públicos es el impulso que se da en el acuerdo a la formación en nuevas tecnologías e idiomas, que probablemente son las áreas donde más
necesidades formativas tienen los empleados públicos. En el acuerdo se prevé destinar 3,6 millones de euros para atender dichas necesidades.
Por último, me voy a referir a las medidas que se recogen en el acuerdo para la mejora de la eficacia y la calidad de los servicios que la Administración presta a los ciudadanos. La Administración ha puesto un especial énfasis para que en
el acuerdo se contemplasen medidas que estuviesen dirigidas a hacer más accesibles los servicios que la Administración presta a los ciudadanos, corregir las disfuncionalidades que la regulación de la jornada y el horario de trabajo están produciendo
en el funcionamiento de la Administración. Puedo decir con satisfacción que el acuerdo contempla bastantes medidas orientadas a estos objetivos; medidas dirigidas a ampliar el tiempo de apertura de los servicios públicos y hacerlos más accesibles.
Dentro de estas medidas se contempla ampliar el horario de atención al público generalizando la apertura de sus oficinas en horario de tarde, crear unos puntos permanentes de atención al ciudadano con horario de mañana y tarde en todo el territorio
nacional o establecer unidades comunes de información de las distintas administraciones públicas.
El acuerdo contempla también medidas dirigidas a racionalizar la regulación y cumplimiento de la jornada y el horario de trabajo. Entre estas medidas se incluye una mayor homogeneización y racionalización del horario de trabajo aumentando
para ello el periodo de coincidencia obligatoria del mismo, la idea de avanzar hacia un horario único de mañana y tarde en la Administración General del Estado o el compromiso de reducir el absentismo laboral. En el acuerdo se fija como objetivo
final, durante la vigencia del acuerdo, la reducción de la tasa media de absentismo al menos en un 20 por ciento. Todas estas medidas van a contribuir de manera eficaz a mejorar el funcionamiento de la Administración, en particular en lo que
respecta a los servicios de atención a nuestros ciudadanos. Además, van a contribuir a lograr una Administración más ágil, más cercana y más accesible a los ciudadanos, que es el deseo de todos.
Como han podido comprobar SS.SS., es un acuerdo extraordinariamente complejo, que aborda prácticamente todos los aspectos de lo que hoy constituye una moderna política de recursos humanos. Para su aplicación y desarrollo vamos a realizar
modificaciones normativas. En concreto, a través del grupo parlamentario que apoya al Gobierno, vamos a presentar enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 en su trámite parlamentario en el Senado, con el fin de incorporar al mismo los acuerdos alcanzados en materia retributiva y en materia de oferta de empleo público a que he hecho referencia.
Desearía, y así quiero expresarlo aquí, que estas enmiendas que harán posible el desarrollo del acuerdo contaran con el apoyo de todos los grupos de la Cámara, pues no son enmiendas de un grupo parlamentario en concreto sino que son fruto de
un consenso social alcanzado con los representantes de los empleados públicos.
Las modificaciones normativas que tenemos que hacer para aplicar el acuerdo suponen a su vez modificaciones en la Ley 30/1984, de 2 agosto, de Medidas de Reforma de la Función Pública, así como en algún precepto de la antigua Ley de
funcionarios civiles del Estado. Estas modificaciones se incorporarán como enmiendas al texto del proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de carácter social durante su tramitación en el Senado. Para ellas solicito también el apoyo
de los grupos de la Cámara. En concreto, las modificaciones que tenemos que hacer en la Ley 30/1984, de 2 de agosto, son las siguientes. Al artículo 24, para adaptar su redacción a las modificaciones que se introducen en el acuerdo en relación con
la cuantía de las pagas extraordinarias; al artículo 22, para dar cobertura legal a la promoción cruzada, a que antes me he referido, de personal laboral a los grupos equivalentes de personal funcionario, así como a la promoción profesional de
carácter excepcional al cuerpo auxiliar de la Administración del Estado desde la categoría de ordenanza o similar; al artículo 30.1, letras a) y e), para recoger la ampliación de los días de permiso en el caso de nacimiento, acogimiento o adopción,
así como de fallecimiento, enfermedad grave de un familiar dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad, la reducción de la jornada de trabajo por motivos familiares, así como el derecho de las funcionarias embarazadas a ausentarse del
trabajo con el fin de realizar exámenes prenatales y técnicas de preparación al parto; nueva letra al apartado 1 del artículo 20 de la ley para dar cobertura legal a los traslados voluntarios por razones de salud. Por lo que respecta a la Ley de
funcionarios civiles del Estado habrá que modificar el artículo 68 para recoger el nuevo régimen de vacaciones anuales retribuidas que se contempla en el acuerdo, que reconoce días adicionales de vacaciones en función de los años de servicio.
Se trata de un acuerdo hecho desde la moderación y la responsabilidad, tratando de buscar en todo momento el equilibrio entre los intereses de las partes. Su ámbito de aplicación es la Administración general del Estado, tanto en sus
servicios centrales como en la Administración periférica, así como el personal de sus organismos públicos, de la Seguridad Social y de la Administración de justicia. No obstante, hay algunas medidas (los incrementos en las retribuciones básicas de
los empleados públicos) de aplicación a todas las administraciones, es decir a los más de 2.300.000 empleados públicos. Es un acuerdo que entendemos puede servir como referente para las negociaciones que se desarrollen en el ámbito de las
administraciones públicas y sería positivo que las comunidades autónomas pudieran seguir el ejemplo que supone la paz social y la confianza de los empleados públicos en el conjunto de propuestas que, en definitiva, benefician a los ciudadanos.
Las medidas de carácter retributivo, además de suponer una importante mejora de las retribuciones de los empleados públicos durante los años de vigencia del acuerdo, se enmarcan en un contexto de moderación salarial compatible con la
estabilidad económica y el equilibrio presupuestario en el que estamos comprometidos y suponen también un cambio en la cultura retributiva de la Función pública por la vinculación que se hace de parte de las retribuciones al cumplimiento de
objetivos y por la incorporación del salario diferido a través del plan de pensiones.
No quisiera terminar esta intervención relativa al acuerdo sin reiterar a SS.SS. el deseo de que apoyen las medidas contempladas en el acuerdo, sobre todo las que requieren una decisión parlamentaria. El objetivo de mejorar nuestra
Administración, de hacerla más cercana al ciudadano y más eficaz lo podemos lograr entre todos. El extraordinario esfuerzo que Administración y sindicatos hemos hecho para poder alcanzar este acuerdo habrá entonces merecido la pena.
Señor presidente, prosigo con los otros temas de esta comparecencia y voy a tratar de responder agrupadamente la pregunta y la comparecencia relativa a la normativa de prevención de riesgos laborales.
La valoración del informe anual realizado por la Dirección General de la Función Pública sobre la adaptación de la Administración general del Estado a la normativa de prevención de riesgos laborales es positiva en la medida en que se están
cumpliendo los objetivos marcados. La constitución de los servicios de prevención contemplada en la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, se está desarrollando a los ritmos previstos. La participación de los empleados públicos es
satisfactoria, debiendo destacar el extraordinario protagonismo que están teniendo los órganos de representación de los trabajadores en la constitución de los comités de seguridad y salud.
El Gobierno considera necesario incrementar la cooperación entre las administraciones públicas en materia de prevención de riesgos laborales.
En este sentido se inició un estudio y se remitió a las comunidades autónomas un cuestionario
sobre el estado de la situación actual de la prevención de riesgos laborales en sus respectivos ámbitos. La información recibida se está estudiando para diseñar acciones de cooperación y coordinación en el acuerdo Administración-sindicatos, firmado
el 13 de noviembre, para la modernización y
mejora de la Administración pública, al que me he referido extensamente.
Nos hemos comprometido a establecer fórmulas de coordinación y participación entre los departamentos ministeriales, organismos públicos y las distintas
administraciones públicas, a fin de rentabilizar los recursos y conseguir un nivel adecuado de protección para los empleados públicos. Somos conscientes de que la colaboración con las comunidades autónomas redundará en beneficio de todos.
Como sin duda conocen SS.SS., el Ministerio de Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Función Pública, tiene asignadas estas competencias de coordinación e impulso de la política de prevención de riesgos laborales en
el conjunto de la Administración general del Estado, mientras que la realización de los planes de prevención y la evaluación de riesgos corresponde a cada departamento ministerial u organismo público, acorde a sus propias peculiaridades.
Desde el Ministerio de Administraciones Públicas, realizamos constantemente actividades encaminadas a conocer el estado y situación de la seguridad y salud laboral en el conjunto de las administraciones del Estado. Dos instrumentos van a
suponer un cambio significativo en la prevención de riesgos. Por una parte, el reglamento aprobado el pasado mes de julio, por el que se regula el procedimiento administrativo especial para la imposición de medidas correctoras de las infracciones
en materia de seguridad y salud laboral. Hasta ahora, venían aplicándose instrucciones provisionales y, con su aprobación, se da cumplimiento a las previsiones del artículo 45.1 de la Ley 31/19995. El objetivo de la norma es el establecimiento del
correspondiente procedimiento para la declaración de responsabilidades por infracciones en el ámbito de la Administración general del Estado, pero se ha estimado conveniente extender la aplicación de esta norma al personal civil de las restantes
administraciones públicas, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado. Por otra parte, en el acuerdo señalado se incluye una pluralidad de actuaciones dirigidas a facilitar la aplicación de la legislación sobre prevención de riesgos
laborales y el establecimiento de un sistema de gestión unificado para hacer efectiva la adecuada política de seguridad y salud laboral. En el mismo, se contempla la evaluación inicial de los riesgos en todos los centros de trabajo de la
Administración general del Estado, la realización de reconocimientos médicos a empleados públicos, así como el establecimiento de los planes de emergencia en los centros de trabajo y la elaboración de mapas de riesgos y enfermedades profesionales.
Nos hemos comprometido a continuar el proceso de formación de técnicos en prevención de riesgos laborales en el marco de los acuerdos sobre formación continua y seguiremos con atención el grado de inserción del personal ya formado. También
confeccionaremos un registro de datos de delegados de prevención y de comités de seguridad y salud.
Derivadas del acuerdo, se incorporarán algunas modificaciones en la ley de medidas fiscales para 2003 en el trámite parlamentario en el Senado. Se modificará el artículo 20 de la citada Ley 30/1984, para establecer un tipo de movilidad a
solicitud del interesado por motivos de salud o rehabilitación del funcionario, al que me referí anteriormente al explicar el acuerdo, pero que encaja dentro del bloque de medidas que tiene que ver con la salud laboral. Asimismo, las referencias
hechas en relación con los permisos para las funcionarias embarazadas, para los exámenes prenatales y las técnicas de preparación para el parto, también encajan dentro de este apartado que contempla el acuerdo en los términos que referí a sus
señorías.
En definitiva, podemos afirmar que consideramos muy positivos los avances realizados en el seno de la Administración del Estado y que el Ministerio de Administraciones Públicas tiene como objetivo, dentro de la función de coordinación
asignada, conseguir la implantación en un futuro próximo de un modelo global de prevención de riesgos laborales.
Con estas palabras concluyo. Ha creído dar respuesta a las comparecencias.
Queda una serie de preguntas en el orden del día que procederé a contestar, si le parece al señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Dejamos aquí la intervención del secretario de Estado y damos la palabra a los distintos grupos porque, según vaya el debate, quizá queden contestadas algunas de las preguntas.
Por tanto, vamos a abrir el turno de intervenciones. En primer lugar, daré la palabra al Grupo Parlamentario Socialista y, posteriormente, en orden decreciente, al resto de los grupos; cerrará, como siempre, el Grupo Parlamentario Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Ángel Martínez Sanjuán.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Doy la bienvenida al secretario de Estado de Administraciones Públicas a la vez que pido la benevolencia del presidente respecto al tiempo a utilizar en esta multicomparecencia, que más parece un examen de
oposición sobre todas las cuestiones que afectan a la Secretaría de Estado: calidad, empleo, retribuciones, incompatibilidades, el acuerdo, etcétera.
Mis segundas palabras son para ratificar lo que mi grupo parlamentario ya hizo en el Pleno del Congreso, felicitar a los empleados públicos -también al Gobierno- por el acuerdo Administración-sindicatos de la Función pública para los años
2003-2004; el señor Arenas ya tiene su acuerdo, ya tiene su foto. Sin embargo, escuchando al secretario de Estado, tengo que decir que el acuerdo no es el bálsamo de Fierabrás para resolver todos los problemas de la Función pública, de la
Administración
pública. También le digo que bienvenidos al club de los que pensábamos que era necesario -llevamos muchos años diciéndolo- remunerar mejor a los empleados públicos, que el acuerdo era necesario, que había que eliminar el tope de la tasa de
reposición, que había que volver al consenso en materia de movilidad que ustedes rompieron unilateralmente en una ley de acompañamiento o que había que ir acercando las pagas al salario real. Su oferta, y posteriormente su acuerdo, nos parece
insuficiente, y a los empleados públicos también, aunque hayan firmado; les parece insuficiente en materia de subida salarial, de pagas extras, de jornada, y todos los sindicatos siguen reclamando la jornada de 35 horas. Imagino que usted habrá
visto los carteles que hay ahora en el ministerio, en vísperas de las elecciones sindicales, en los que se siguen reclamando determinadas cuestiones que no están recogidas en el acuerdo. Los sindicatos, los empleados públicos, han sido responsables
con la situación, con las perspectivas y con el ambiente que podía haber en estos momentos.
Déjeme leerle algunas cosas que uno de los sindicatos firmantes de este acuerdo publicaba el lunes. Dice así: La firma del acuerdo tiene su explicación en las medidas acordadas para hacer frente a la lamentable y caótica situación de los
servicios públicos desde que gobierna el Partido Popular. Se imponía una terapia de choque para frenar, primero, y disminuir, después, los males de una Función pública que se deteriora día a día. Casi siete años le ha costado al Gobierno del
Partido Popular reconocer lo erróneo de sus políticas sobre Función pública; casi siete años -sigo leyendo- de vulneración sistemática del derecho a la negociación colectiva, de las condiciones de trabajo, siete años en los que los empleados
públicos han sufrido una importante merma de poder adquisitivo.
Podía seguir leyendo porque el documento es mucho más largo, pero no lo haré. Sí digo que, a pesar de pensar esto, los empleados públicos, a través de los sindicatos, han dado una muestra de responsabilidad firmando un acuerdo. De la misma
manera, otro ejemplo de responsabilidad lo darán las comunidades autónomas y las corporaciones locales, a las que va a afectar este acuerdo y también su posterior traslación a la ley de presupuestos, posiblemente más allá de lo que ustedes acordaron
con los empleados públicos, a los que el Gobierno ha ninguneado y menospreciado en muchas ocasiones, a pesar de todas esas llamadas a la cooperación que usted ha hecho esta mañana, ayer y anteayer. Por eso, señor secretario de Estado, no se extrañe
de que siete comunidades autónomas no hayan respondido a la convocatoria de su directora general, porque no se puede marginar a los empleadores de tres de cada cuatro empleados públicos de la Administración española en su conjunto, ni de la ley de
presupuestos ni del acuerdo negociador que han desarrollado.
Como ya les dije en el Pleno, han incumplido los acuerdos de la Comisión de coordinación de la Función pública de Sevilla, de Palma, de Rascafría y de Cantabria, donde quedaron en asistir a una reunión antes de llegar a compromisos, no antes
de la firma oficial. En este tipo de negociación no puede haber tres partes negociadoras, solamente puede haber dos: la Administración -las administraciones- y los sindicatos. Señor Gómez, ¿pueden esperarse más desplantes, más faltas de respeto,
más incumplimientos de compromiso o más mala educación? Cuando en política se hace un desprecio tan clamoroso de las formas, no se está poniendo en cuestión otra cosa que el fondo, el respeto competencial y los principios de cooperación y
colaboración que ustedes tanto exhiben. Muchos tienen la sensación de que no se quería la colaboración de las comunidades autónomas en un año preelectoral y que querían salir solos en la foto, al margen de lo que representa la política con
mayúsculas. También existe la sensación de que los mecanismos de colaboración hoy no funcionan.
Nosotros y las comunidades autónomas creemos que es necesario y urgente crear la conferencia sectorial de las administraciones públicas, una gran
conferencia sectorial en la que el Gobierno se reúna con los consejeros para hablar de servicios públicos, de normas básicas, de modernización, de salarios y de plantillas y no sólo de lo que parece que ustedes quieren crear, que es una sectorial de
la Administración electrónica.
¿Esto es así, señor secretario de Estado? ¿Quieren crear sólo una conferencia sectorial de la Administración electrónica y no de la Administración en general? Ese sería un error profundo. Esperaré a ver qué les
parece la oferta que les lanzan mi grupo y muchas comunidades autónomas.
También les diré que este acuerdo que ustedes han suscrito, y al que se ha referido en la parte final de su intervención, nos parece insuficiente y cicatero, aunque quizás vistas la negociación colectiva y las ofertas en estos años, como
dice el refrán, menos da una piedra, bienvenido sea el acuerdo. Este acuerdo incorpora medidas de carácter muy general, que requieren después un desarrollo de los grupos de trabajo y, en última instancia, una propuesta del Gobierno. Teniendo en
cuenta la apatía de los respectivos gobiernos y de los respectivos ministros de Administraciones Públicas respecto a la reforma y modernización de la Administración y el incumplimiento de los acuerdos anteriores, tememos por el destino de algunos de
los puntos que ustedes han acordado. Además, vigilaremos que algunas medidas acordadas no sean interpretadas de forma restrictiva o en dirección contraria, porque no sería la primera vez que esto sucede. El acuerdo tiene varios aspectos que me
gustaría resaltar.
Política de recursos humanos. La reordenación y racionalización de efectivos en las administraciones públicas, señor Gómez-Pomar, a través de la incentivación y reciclaje profesional, fue un compromiso del
Partido Popular en el año 2000. Dos años y medio después y como consecuencia de la incapacidad de los diferentes ministros de Administraciones Públicas, se encarga al señor Rajoy -el héroe de la coordinación del caso de las vacas locas o
del caso Prestige- coordinar un estudio que sigue sin hacerse. Ahora el compromiso aparece de nuevo en el reciente acuerdo. ¿El compromiso al que se ha llegado ahora va a ser el mismo que el de abril del año 2000 o son cosas distintas? Como
comprenderá, señor secretario de Estado, nuestra actitud ante uno y otro es de un gran escepticismo respecto a la voluntad y capacidad del ministerio para hacer el estudio y proponer medidas. Además, vemos un problema de calendario. Cumpliendo los
plazos que ustedes han acordado, el diagnóstico se daría en abril o mayo, en plenas elecciones locales y autonómicas, a no ser que ya tengan hecha una parte del trabajo que se encargó al señor Rajoy y lo que hagan ahora sea ponerlo en circulación.
En este caso le pregunto: ¿Cuánto tiempo calcula el Gobierno que tardará en poner en marcha los planes oportunos y la formación de las personas? ¿De verdad cree, señor Gómez, que en el último año van a hacer lo que no han hecho en seis años?
Mucho nos tememos -se lo digo muy en serio- que este estudio base que pretenden hacer se lleve a cabo sin las técnicas apropiadas, en plan casero o quizás externalizándolo. Da la sensación de que lo que ustedes van a hacer es trasladar a los
subsecretarios el estudio correspondiente. Y yo les pregunto: ¿Por qué no utilizan a los técnicos de inspección de calidad de los servicios de su ministerio, unos auténticos profesionales y que son los que pueden hacer realmente un estudio serio y
no una cosa para salir del paso? No sé qué propondrán ustedes, reciclar, acordar o reformular, pero nosotros tenemos nuestra propia alternativa, que pasa por la refundición de ministerios -muchos de ellos obsoletos-, reordenar por arriba y no por
abajo.
En el acuerdo se habla sobre la oferta de empleo público y sobre las plantillas. En el año 2000, ustedes prometieron que la oferta de empleo sería el gran instrumento al servicio de la adecuada ordenación de las necesidades de recursos
humanos de las administraciones públicas, y esto es justo lo que no han hecho. No le acuso a usted, porque usted acaba de llegar, acuso a los anteriores. Año tras año les hemos pedido que descongelaran la oferta y año tras año ustedes han dicho
que no. Se lo decía al principio: bienvenidos al club. Han hecho todos estos acuerdos o todas estas imposiciones sin evaluar la suficiencia de los efectivos disponibles ni la calidad de los servicios públicos prestados, lo que ha llevado a un
deterioro importantísimo de los servicios públicos. Podría hablarle de la Sociedad de Salvamento Marítimo, tan en boga ahora, que ustedes han ido privatizando o desmontando sin crear plantillas. Luego pasa lo que pasa, que tenemos que subcontratar
remolcadores y equipos auxiliares, porque han dejado ustedes que una faceta de los servicios públicos se deteriorase hasta unos niveles importantísimos. Estos últimos años ustedes han sanalizado el déficit cero, quieren ser los primeros de la
clase, y así nos va. Incluso da la sensación de que algunos organismos, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no tienen medios para duplicar el disco duro para que no se pierdan los informes de la inspección. Ahorrando, ahorrando,
parece que se ahorra hasta en el disco duro. No, señor Gómez, esto no puede ser. Aunque le haga gracia -me gusta que le haga gracia, porque se pueden decir las cosas con ironía fina y veo que usted capta por dónde voy y por dónde va mi grupo-, su
política ha ido precarizando el empleo y además -como es de dominio público en todas las estadísticas- no han congelado las plantillas, sino que han aumentado la temporalidad, esa que ahora quieren reducir y que su ministro desconocía cuando vino
aquí porque preguntaba qué datos estábamos dando. Pues estamos dando los datos que ustedes se han comprometido a acordar ahora con los sindicatos. Por tanto, debe decir al señor ministro que se aprenda bien la lección antes de venir aquí.
Nos alegramos de que reconozca su error decidiendo descongelar la oferta y adoptar las medidas necesarias para consolidar el empleo precario que han generado, pero creemos que vuelven a equivocarse porque aplican eso de hecha la ley, hecha
la trampa. Van a computar al personal que hay que consolidar en el cien por cien de la tasa de reposición, con lo que la oferta real va a ser ridícula. Además, le pregunto: ¿Lo van a hacer básico? En el Senado, a través de una enmienda, ¿van a
aplicar normativa básica a las comunidades autónomas, que no han tenido arte ni parte en esta decisión, para que cuando establezcan sus plantillas y sus ofertas de empleo también les computen todos los puestos que han tenido que contratar en los
últimos años a descontar en la oferta de los años 2003 y 2004?
Si esto es así, señor Gómez, vuelven a decidir por las comunidades autónomas sin consultarlas. Nueva equivocación.
Jornada y horarios. Grandes titulares del señor Arenas, la maravilla de las maravillas, ya está arreglada la Administración. Es verdad que esto les ha dado mucho juego desde el punto de vista mediático. Nos preocupa este asunto porque no
vemos exactamente la forma en que la posible respuesta y propuesta que tienen que materializar va a casar con lo que se ha acordado por los sindicatos. Tenían que haber sido más generosos y acordar, de una vez por todas, la jornada de 35 de horas
como lo piden los sindicatos, como lo pedimos nosotros y como lo están aplicando muchos ayuntamientos y muchísimas comunidades autónomas, incluso del Partido Popular. No es una cosa ni de locos ni de rojos, sino de operatividad, de realidad y de
muchas otras cosas, pero da la sensación de que el Gobierno no quiere apoyarlo, no sé si será por presiones, posiblemente de la CEOE.
Ustedes han pactado una jornada mayor y lo respetamos, pero saben también que hoy los ministerios
siguen estando, como decía antes, llenos de carteles reclamando la jornada de 35 horas. También deben de saber en este punto -y respecto de lo que se hace en la actualidad no hay nada nuevo- que la duración de la jornada es la que era y
también ahora se cobra productividad por trabajar por las tardes, que por cierto, es una miseria, y va a seguir siendo una miseria porque a los que opten por el nuevo horario de mañana y tarde el plus que les puede tocar apenas les dará para pagar
la comida que antes hacían en su casa. Así que lo comido por lo servido, a no ser que ustedes, entre comillas, se pasen de generosos.
Hablaba de nuevas tecnologías pero yo le digo, señor secretario de Estado, que con las nuevas tecnologías de la gestión no es serio vincular la apertura de nuevos servicios a la ampliación en tres horas y media de la jornada de un
determinado grupo de funcionarios. Ustedes dicen, aunque no sepan cuantificarlo, que hay ministerios excedentarios de personal.
¿También a este tipo de personal se le va a dar opción de la jornada partida? Además le recuerdo, señor Gómez, que la
mayoría de las oficinas de la Administración general del Estado, con más o menos personal, ya abren por las tardes y las que no abren es porque los responsables de cada ministerio no han querido. Los funcionarios esperan a ver cómo se va a
materializar el acuerdo y nosotros también. Estaremos expectantes, no vaya a ser una especie de llamarada mediática y luego todo siga igual.
Señor presidente, veo que me hace gestos para que termine, pero comprenderá que prácticamente todas las solicitudes de comparecencias son de mi grupo parlamentario. Si el Gobierno viniera más a menudo podríamos espaciar los temas y
abreviar. Apelo a su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Seremos flexibles, pero en la medida en que pueda sumar intervención brillante y brevedad se lo agradeceremos todos.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias por lo primero y lo segundo no lo he oído.
Retribuciones. Manifiesto mi satisfacción por el hecho de reconocer lo que dice todo el mundo, que la inflación no va a ser el año que viene de un 2 por ciento, a no ser que ustedes hayan querido compensar la pérdida de poder adquisitivo de
estos años. Es decir por ambas cosas, felicidades.
Sin embargo, hay cuestiones con relación al acuerdo 2003 y 2004 que me gustaría que me aclarara. Efectivamente, usted ya ha dicho que no se puede decir que la subida de todos los funcionarios y
empleados vaya a ser el año que viene del 3,3. Lo acertado sería decir -como lo ha dicho usted- que será del 2,7 y a algunos posiblemente se les suba el 3,3 o más. Si esto es así, ¿por qué ustedes han dejado, ya que tienen tanta potencia en
relación con los medios de comunicación, que se creen todos esos grandes titulares de que a los empleados públicos se les subirá el 3,3? ¿Es para animar el acuerdo? Me parece poco riguroso, por no utilizar una palabra de más grueso calibre. Señor
Gómez, ¿se puede decir que la magnífica subida del 20 por ciento de las pagas a muchos funcionarios o laborales les supondrá 6,6 euros al mes? Van a tener una repercusión de 6,6 euros al mes, no es como para tirar cohetes.
Al capítulo 19.A, que se refiere a los incentivos, a la mejora de la productividad y al rendimiento, destinan 29,57 millones de euros para los dos años. Yo le pregunto: ¿Qué tiene que ver con la productividad y el rendimiento destinar 1,2
millones de euros a poner en funcionamiento servicios de atención y cuidado de hijos menores de 3 años? Nos parece bien, pero esto con productividad poco tiene que ver, aunque sí tiene que ver con política social. Incorporar esto al concepto de
productividad me parece que es hacerse trampas en el solitario. Parece poco serio. ¿Qué tiene que ver con los incentivos laborales la compensación del traslado de puesto? ¿Va a cobrar productividad la persona que no se le traslada o no? Se hace
un análisis general de que la productividad va a subir prácticamente a casi todo el mundo; pues no.
Hablaba de la productividad de los altos cargos porque era uno de los temas por los que habíamos solicitado su comparecencia. Leeré con detenimiento ese galimatías sobre cómo se ejecuta y se calcula la productividad de los directores
generales, que me ha recordado a lo de la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la segunda parte. Creo que hay algo serio en lo que usted ha dicho. ¿Por qué tratan de hacer opacas, en términos generales, las retribuciones
de los altos cargos? ¿Por qué no las publican? ¿Por qué, a veces, las tratan de esconder? ¿Porqué al final va a resultar que algunos altos cargos van a ganar más que el ministro? Que se sepa, porque la transparencia en cuanto a la productividad
es bastante relativa. Además, no habiendo una asunción de objetivos de un compromiso público respecto a por qué se paga la productividad, va a ser realmente lo que es muchas veces y no debiera ser, una retribución graciable.
En el paquete global del llamado incremento del 3,3, veo que han incluido 3,6 millones de euros destinados a la formación en nuevas tecnologías y en idiomas; no sé si se va ir al presupuesto del INAP o se va a repartir por otro sistema. No
sé si se va a incrementar el presupuesto o cada uno se va a gestionar los cursos como quiera, si le van a dar un cheque a cada funcionario que quiera aprender idiomas -en Opening o en alguna de estas otras empresas- o si todo se va a hacer a través
de las administraciones públicas. Me gustaría que nos lo aclarara. El acuerdo firmado concede una gran importancia a la formación de los empleados públicos, lo cual me alegra, y ratifica la vigencia del tercer Plan de formación continua de las
administraciones públicas, por cierto, marginando nuevamente a las comunidades autónomas. Además el Gobierno apuesta por el
INAP no sólo para este programa, sino para impulsar y desarrollar -parece- el famoso estudio de la reforma de la administración.
Señor Gómez, lo que hay reformar y cambiar primero es el propio INAP, empezando por el megalómano de su director, el señor Rodríguez-Arana, que como usted sabe o debiera de saber está llevando al Instituto a unas cotas de credibilidad más
bien bajas con su desaforada política de meritaje curricular. Para ello, no sólo se le ha dotado de una espectacular corte de apoyo, tanto técnica como auxiliar, no sólo recibe las críticas del Tribunal de Cuentas al que parece un derroche que la
venta media de libros editados por el INAP sea de 8,7 ejemplares por tirada, sino que, cual vulgar Ana Rosa Quintana, copia e incorpora artículos y trabajos de sus colaboradores, que se ven en la obligación moral de denunciarlo ante el ministro,
ante el secretario de Estado, y que al final terminan pidiendo el traslado de los puestos que me imagino que usted conocerá. Señor Gómez, le exigimos el cese del director general del INAP por servirse del organismo y por dedicarse a su loca carrera
curricular en vez de servir a los intereses generales de la Administración española, aunque uno tiene la sensación de que esto no es nuevo.
Planes de pensiones. No sé si ahí ha habido un acuerdo, una imposición que viene desde hace tiempo de Economía hacia Administraciones Públicas tratando de incorporar los planes de pensiones a la Administración pública. Ya existía un fondo
en los presupuestos de este año 2002, además en concepto de salario diferido en vez de complemento de carácter social.
Este año ustedes ya lo han materializado en el acuerdo. ¿Cómo lo van a aplicar? ¿Van a modificar la Ley 30/1984 para
incorporarlo al salario? Usted ha dicho que van a hacer estudios, pero quiero saber qué piensa el Gobierno. ¿Van a modificar la Ley 30/1984 para incorporar como retribución el salario diferido en planes de pensiones al concepto retributivo de
salarios, de la misma manera que ustedes ahora van a modificar en el Senado el concepto retributivo de pagas para ajustarlo al acuerdo? Si esto lo hacen así, ¿lo van a considerar norma básica también? ¿Lo han hablado -y se lo pregunto en serio,
como todo lo que le estoy diciendo-, y acordado con las comunidades autónomas y obtenido su visto bueno? ¿Saben cómo puede afectar este posible acuerdo a las comunidades autónomas si ustedes decidieran hacerlo básico o extensible? ¿Saben que la
aportación al plan de pensiones, como dicen en el punto c), para muchos funcionarios será inferior a seis euros al mes? Preocupa la materialización no sólo del diseño general sino del acuerdo.
Ha hecho alguna referencia al Estatuto básico de la Función Pública. Como la esperanza es lo último que se pierde, nosotros pensábamos que en el reciente acuerdo habría el compromiso de que reverdeciera aquella promesa electoral de 1996 y
de 2000, cuando decía el Partido Popular: se dotará a la Función Pública de un estatuto que establezca los parámetros básicos de alcance general. Como ya incumplieron en la primera legislatura aquello de la reducción de los altos cargos, la
profesionalización de la Administración de libre designación, cesando a casi 1.200 funcionarios de carrera que ocupaban puestos de libre designación, pensábamos que algún día iba a aplicar en serio esos principios de profesionalización, de mérito,
de capacidad, etcétera, pero siguen igual; siguen incrementando el personal de confianza, abusando de la libre designación y, cuando sacan concursos o plazas de provisión de puestos, casi todo el mundo sabe que las plazas están prácticamente
concedidas de antemano. Tengo la sensación de que, por mucho que digan ustedes, no les interesa sacar un estatuto moderno, objetivo y transparente que garantice la justicia en asignación de recursos y la negociación sindical. Se amparan en el
diálogo, en el pacto, para justificar su inactividad. Yo pregunto: ¿Para cuando van a negociar con las demás organizaciones y administraciones un nuevo proyecto? Su predecesor nos dijo, en otoño del año 2000, que en la primavera de 2001 estaría
en este Congreso el estatuto básico de la Función Pública. De eso hace año y pico. ¿No piensan traer el anterior, si decían que estaba ya pactado? Les emplazo a que lo traigan en el próximo período de sesiones.
Antes de terminar, señor presidente, me voy a referir a una serie de cuestiones, como la mejora de la Administración. Tengo la sensación de que el Ministerio, por mucho que lo diga, no sabe muy bien hacia dónde se dirige. Su libro blanco
-todo el mundo lo sabe- fue una tomadura de pelo, que incluso partía de datos erróneos, anticuados. Hay que pasar del marketing a la mejora de verdad. Nos hablan de 100 cartas de servicios, 40 de autoevaluaciones, pero pocos compromisos en sitios
comprometidos.
Señor Gómez Pomar, ¿cuántas oficinas de extranjería tienen carta de servicios? Niguna. Si no estoy equivocado, ninguna. ¿Por qué sera? ¿Cuál es el resultado de los planes de mejora realizados? ¿Qué pasa cuando se incumplen los
compromisos contraidos con el ciudadano? ¿Se le compensa de alguna manera o no? Nosotros pensamos que sí. Lo habrá leído en algunos documentos del Partido Socialista que me consta que tiene el Ministerio, que por cierto han sido ampliamente
comentados, incluso por escrito. Ya sé que les parece una barbaridad, pero a nosotros no y a los ciudadanos tampoco.
¿De qué sirven las ventanillas virtuales, si hay 6.000 trámites posibles y hasta el ministro Arenas le parecieron una barbaridad en su última comparecencia? ¿Dónde están aquellos puestos de información, que creo que el señor Acebes inauguró
por muchas subdelegaciones y delegaciones de España, acercando la Administración al ciudadano y que me parecen que no funcionan ahora? Señor Gómez, informatizar y aprovechar las nuevas tecnologías no sólo es mecanizar. Aunque los absurdos se hagan
en la red, seguirán siendo
absurdos. La informática ha sido, a veces, la gran coartada de ustedes para externalizar proyectos y programas, pero al socaire de ello ustedes están desarrollando hasta donde pueden las ideas neoliberales en la prestación de algunos
servicios públicos, no sé si al ritmo que solicitan algunos grupos empresariales, como nos decían el otro día, pero van camino de ello. Mire, les exigimos transparencia absoluta porque, a veces, hay demasiados rumores y no es bueno que existan. La
externalización se está produciendo en algunos ámbitos escasamente especializados, como la información administrativa, y otros incluso más tecnificados. Habiendo un cuerpo de tecnologías de la información, sus funciones a veces se subcontratan;
hay fuerzas y cuerpos de seguridad, y se dispone, incluso en su Ministerio, de seguridad privada; hay cientos de empleados en algunos ministerios con los que parece que no se sabe muy qué hacer porque dicen que sobran, pero se contratan cosas tan
peregrinas como el profesorado civil de idioma de inglés, clases de formación profesional, importes a editoriales para evaluación de costos de determinados ministerios, asistencias técnicas informáticas - y de esto hay mucho-, servicios para la
elaboración de un manual por la Jefatura de Tráfico para aspectos médicos relacionados con la capacidad de conducción de los vehículos. Se subcontrata de todo, como en una especie de hipermercado, desde estudios a equipos. A veces dejan ustedes
morir a la Administración en algunas cosas para justificar que no hay técnicos para hacer determinadas cosas. Pues hay técnicos, y muy buenos, y se está haciendo un mal uso de la Administración, hay que aprovechar mejor los recursos.
Sobre la prevención, que es un tema peliagudo, intervendrá al final mi compañera Juana Serna y, como hay una pregunta, lo dejaremos como un tema aparte. Dado que era motivo de comparecencia y usted lo pensaba tocar en el turno de preguntas,
le pregunto ahora, para que luego me conteste, qué opina sobre las incompatibilidades de altos cargos y su control. Este es un triste tema recurrente y, a pesar de que las preguntas son de hace tiempo, siguen teniendo actualidad. Casi siempre
tienen actualidad las cuestiones de compatibilidad, incompatibilidad, aplicación de la ley etcétera porque, por una razón o por otra, el tema de la vinculación privado-público sale en el Parlamento, en el Gobierno, en las empresas públicas; las
relaciones personales se utilizan muchas veces como tapadera de la incapacidad de gestión de un dignatario político porque se reúne con su hija para hablar de no sé qué. ¿Como una hija va a decir que no ha estado con su padre hablando de pesca o de
no se sabe muy bien qué? Aunque no es un tema que afecte a este Parlamento y a su Gobierno, ya sabe usted a qué me estoy refiriendo. Últimamente todo está tan imbricado que pasar por alto este tema es complicado y difícil.
Cuando se planteó en su momento esta cuestión decíamos que el vicepresidente económico, señor Rato, había obtenido la comprensión del ministerio a la hora de la interpretación de sus datos, de sus bienes y de sus actividades, al igual que
antes la habían obtenido el señor Arias Cañete, el director general de Relaciones con las Cortes o el ex vicepresidente de la CNMV, señor Ramallo. Todo el mundo tiene la bendición del Ministerio a la hora de explicar y de entender lo privado y lo
público, y nunca hay nada. En el Parlamento ustedes cumplen con ley de incompatibilidades de altos cargos. Nos mandan un papelito, (y termino, señor presidente), no sé si por fax, correo electrónico o por el chófer, de cumplimiento de la ley y, si
alguien quiere información, que pida la comparecencia del secretario de Estado; es una información escueta, estadística, que no explica nada.
La concepción de ustedes, la mía, y la de muchos grupos parlamentarios sobre el actual marco regulador es distinta, pero lo peor es que es distante. Ustedes piensan que el marco es demasiado estricto y nosotros que permite que todo el mundo
se escape porque creemos que desde que se hizo la ley, en el año 1995, la realidad actual, sobre todo la económica, ha cambiado mucho. Yo le pregunto: ¿Usted cree que todo el mundo declara todo y bien? ¿Cree que la dirección general tiene poder y
medios para conocerlo todo? ¿Cree que el actual marco, cuando establece sólo la participación en empresas directamente, atiende a la realidad actual? En el caso del señor Rato y de otros, al contratar a través de sociedades cruzadas, interpuestas
o distintas, ¿no se está vulnerando el espíritu de la Ley de incompatibilidades? ¿No cree, don Julio, que es necesario cambiar la Ley 12/1995? ¿No cree que es necesario sacar el control de su actual lugar y darle un órgano independiente y con
poder? Nosotros y otros grupos parlamentarios sí lo creemos. De verdad.
Le animo, señor secretario de Estado, a que tenga en cuenta todas estas inquietudes que mi grupo le plantea y todas estas reflexiones, a la vez que algunas y felicitaciones, para desarrollar la gestión política de su departamento.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor don Antero Ruiz.
El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Señor Secretario de Estado, nuestra doble felicitación, en primer lugar, por su presencia y las explicaciones que acaba de dar y, en segundo lugar, por ese acuerdo, que usted ha explicitado aquí, con los
agentes sociales; nosotros venimos reivindicando desde hace años la recuperación del diálogo social y los acuerdos con los agentes sociales, diálogo que no se debería de haber roto nunca.
En ese sentido, nuestro grupo ya expuso en el debate de presupuestos, lo que pensábamos con respecto al acuerdo y lo que creíamos que se debía de hacer. No
creemos que el tema se arregle solamente con unas enmiendas a los presupuestos, como usted ha dicho aquí hoy, nosotros planteábamos una enmienda a la totalidad de la sección 22 porque asuntos como la tasa de reposición, la pérdida de poder
adquisitivo de los trabajadores de la Función pública, la tasa de temporalidad, etcétera, no se arreglan con más enmiedas; quizá lo más práctico hubiera sido una enmienda a la totalidad entendiendo que había habido un acuerdo de calado, y eso nos
podía llevar a una mejor solución.
Desde aquí, quiero reiterarle nuestra felicitación por una cuestión que hemos venido reivindicando, el reconocimiento a la negociación colectiva que con este acuerdo se empieza a recuperar. En ese sentido, esperamos que se tenga en cuenta
-no sé si en el acuerdo se habrá recogido, pero creo que no- en qué situación van a quedar los convenios anulados o congelados de diferentes corporaciones locales por haber cometido el pecado que ha cometido ahora este acuerdo, sencillamente haber
aumentado el poder adquisitivo de los funcionarios o haber concedido reducciones de jornada y demás; como usted ha explicitado muy bien, están en este acuerdo. Nos gustaría saber -y es una pregunta que le formulo directamente- en qué situación se
encuentran los convenios de esas corporaciones locales que durante años han estado congelados, sancionados o no aplicados, por haber cometido estos pecados que ahora se plantean aquí en este acuerdo que, repito una vez más, nosotros felicitamos.
Nos gustaría conocer también con más detalle -y se han referido a ello tanto usted como el portavoz del Grupo Socialista- en qué condiciones se plantean esos planes de pensiones. Con respecto a lo que ya le ha dicho el portavoz del Grupo
Socialista, nos imaginamos que estos planes de pensiones estarán dentro de las recomendaciones del propio Pacto de Toledo; no creemos que pueda ser de otra forma.
Antes de entrar en lo que yo voy a centrar mi intervención, la ley de prevención de riesgos laborales, no sé si a mi se me ha pasado, pero me parece que ha tocado muy por encima el tema de la primera comparecencia, referido al Estatuto de la
Función pública. A mi grupo también le gustaría saber cómo se encuentra ese compromiso del anterior ministro y del actual. Mi grupo va a seguir reclamando que este compromiso del Estatuto de la Función pública sea por lo menos en esta legislatura
si no un hecho concreto, sí algo que se ponga encima de la mesa, tanto por parte del Gobierno como del resto de los grupos para ver en qué situación se encuentra.
Entrando ya en la comparecencia de este grupo, debo agradecer su presencia en esta Comisión, como ya le he dicho, aunque hayan transcurrido más de ocho meses que han transcurrido desde que mi grupo parlamentario registró esta solicitud. El
nivel de información que se solicitaba efectivamente está relacionado con ese acuerdo que se acaba de suscribir, así que espero que aunque esta comparecencia llegue muy tarde, sea sumamente provechosa. No creo que tenga que extenderme demasiado a
la hora de probar el interés que tiene el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en relación con la correcta aplicación de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, tanto en el ámbito de las administraciones públicas, como en el de
las empresas privadas. Como saben ustedes, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida ha presentado en los últimos meses varias iniciativas sobre la deficiente implantación y ejecución de la citada norma. En lo que se refiere a la
aplicación de la norma en el seno de la Administración pública, las iniciativas presentadas por mi grupo parlamentario incluyen, entre otras, las siguientes: proposiciones no de ley en Pleno y en Comisión, peticiones de comparecencias en ésta y
otras comisiones, así como la petición de creación de una subcomisión para estudiar las propuestas del llamado informe Durán en el seno de otra Comisión de esta Cámara, como puede ser la Comisión de Política Social y Empleo.
Cabe preguntarse cuál es la situación actual en materia de prevención de riesgos laborales en la Administración pública. La situación, la miremos como la miremos, es insatisfactoria y manifiestamente mejorable, a pesar del acuerdo que
ustedes han alcanzado con los agentes sociales y que usted nos ha explicado aquí hoy brevemente. Tenemos en consideración los siguientes datos: todavía no se ha finalizado la constitución de los servicios de prevención ministeriales, y los que se
están constituyendo no están siendo dotados con los suficientes medios humanos y materiales.
Esta situación se agrava en las provincias donde no se han constituido servicios de prevención, tal como se dispone en el artículo 6, punto 3 a), 3b) y 6,
del Real Decreto 1488/1998 sobre la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la Administración general del Estado. No existen presupuestos fijos ni una organización en materia de prevención en ningún ministerio y organismo
público, lo cual es contrario a lo dispuesto en al disposición adicional octava de la Ley de prevención de riesgos laborales, que dispone que en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley y previa consulta a las organizaciones
sindicales, se elevará al Consejo de Ministros una propuesta de organización de las prevenciones en los establecimientos dependientes del mismo, que acompañará con una memoria explicativa del coste económico y de la organización propuesta, así como
el calendario de ejecución del plan con las previsiones presupuestarias adecuadas a éste.
El 80 por ciento de los centros de trabajo no disponen de planes de evacuación y emergencia, como obliga el artículo 20 de la Ley de prevención de riesgos
laborales. En la mayoría de los centros donde existen planes de evacuación no son operativos con carácter de información y formación a los trabajadores, por no realizarse simulacros o porque no se han
adaptado a cambios arquitectónicos en el edificio. Esta situación se agrava con el hecho de que en esta Administración trabajan aproximadamente 750.000 trabajadores y alrededor de diez millones de ciudadanos visitan sus instalaciones. En
el 75 por ciento de los centros de trabajo no se han realizado evaluaciones de riesgos, tal como se dispone en el artículo 16 de la Ley de prevención de riesgos laborales, y donde se han llevado a cabo son muy genéricas. No entran a evaluar puestos
de trabajo de cada uno de los trabajadores y no contemplan los riesgos psicológicos. Tampoco se está realizando una planificación de la actividad preventiva resultante de estas evaluaciones de riesgos, ni hay medidas correctoras propuestas por
ningún ministerio y organismo público.
No existe ningún tipo de coordinación empresarial entre la Administración y las empresas que con ella contratan y tampoco entre ministerios y organismos públicos que comparten espacios conjuntos, cuando todo
esto es legalmente obligatorio, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales y en el Real Decreto 1488/1998, sobre la adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a las
administraciones públicas del Estado. No se está dando información ni formación a los trabajadores públicos sobre los riesgos inherentes a su actividad laboral y tampoco se está llevando a cabo una vigilancia de la salud, adecuada a los riesgos
inherentes al puesto de trabajo. Por otra parte -y reconocemos que este no es un problema de falta de aplicación de la normativa sino de una normativa deficiente-, el espíritu que impregna la legislación sobre prevención de riesgos laborales se
quiebra con relación a las administraciones públicas, al no ser la Ley de prevención de riesgos laborales aplicable a los siguientes colectivos: policía, seguridad y resguardo aduanero, servicios operativos de protección civil, bomberos y peritos
forenses en los casos de catástrofes y calamidad pública. Aunque la ley inspirara la normativa específica para regular la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores que prestan sus servicios en las indicadas actividades, que son
250.000 empleados públicos, la realidad es que ya han pasado siete años desde la entrada en vigor de la Ley de prevención y todavía el Gobierno español no ha aprobado el reglamento que aplica la citada ley a estos colectivos de trabajadores
públicos. Sigue sin desarrollarse el artículo 45 de la Ley de prevención de riesgos laborales, para que la actuación de la Inspección de Trabajo sea efectiva en las administraciones públicas y que exista un régimen sancionador sobre estos temas
-algo ha dicho usted al referirse al acuerdo que se acaba de firmar-. Esto ha provocado la impunidad por parte de la Administración ante su renuncia a aplicar una política de prevención en sus centros de trabajo o ante la falta de respuesta a las
más de 5.000 denuncias presentadas por la federación de Administración pública de Comisiones Obreras desde la entrada en vigor de la Ley de prevención, que de haber sido atendidas habrían supuesto sanciones económicas a la Administración por falta
de medidas preventivas, que estarían por encima de los 200 millones de euros. Como consecuencia de todo lo anterior, creo que se puede deducir con meridiana claridad que la situación en materia de prevención de riesgos laborales en la
Administración pública es realmente grave y preocupante. No disponemos de estadísticas más recientes sobre siniestralidad en las administraciones públicas, pero las del año 2000 son ciertamente preocupantes: 36.261 accidentes de trabajo leves;
592 accidentes graves y 57 accidentes mortales, y este número sería aún más elevado si se computaran en las estadísticas del Ministerio de Trabajo los accidentes de los funcionarios públicos que están sujetos a mutualidades propias. El número de
empleados, les recuerdo, adscritos a este régimen es de alrededor de 250.000.
La conclusión, señor secretario de Estado, no puede ser otra que la Administración general del Estado es la empresa que más incumple le Ley de prevención de riesgos laborales en España. Esta actitud tan poco responsable del Gobierno del
Partido Popular es posiblemente una de las causas para que el Estado español esté a la cabeza de siniestralidad en la Unión Europea y desde luego le pone en muy mala situación frente a las empresas privadas españolas, pues si la Administración
general del Estado no cumple sobre prevención de riesgos laborales, nos preguntamos qué autoridad va a tener sobre las empresas privadas para obligar a éstas a cumplir una ley que ella misma no respeta.
Finalmente, como es evidente, el Gobierno en esta Comisión hoy ha expuesto una visión diferente, más dulce y llena de buenas palabras y promesas futuras. Creo que el acuerdo en este caso viene muy bien. Sin embargo, hay que recordar que a
casi siete años de la aprobación de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales, este grupo parlamentario entiende que ya ha pasado el tiempo de las promesas y ha llegado el de las realidades palpables y materiales. Quedo, por tanto, señor
secretario de Estado, a la espera de sus explicaciones, noticias, datos y opiniones.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Erkoreka.
El señor ERKOREKA GERVASIO: Como es de rigor, vamos a darle la bienvenida, una vez más, a la Comisión al secretario de Estado para la Administración Pública, recordándole que siempre será bien acogido aquí y que estaremos siempre dispuestos
a intercambiar con él todo tipo de juicios, criterios y opiniones a propósito de la organización administrativa y de la ordenación de recursos humanos dentro del sector público y especialmente de la Administración pública. Como se han producido ya
las intervenciones que pueden calificarse de nucleares, puesto que han sido
los portavoces de los grupos que habían solicitado su comparecencia los que las han hecho y puesto que se ha aludido ya a numerosas cuestiones que podría plantear este diputado también, me exime de la necesidad de insistir en algunos puntos
y me permite concentrarme en las cuestiones puntuales de su intervención que creo que revisten mayor interés para nuestro grupo parlamentario.
Es obligada la referencia al acuerdo celebrado recientemente entre la Administración general del Estado y los sindicatos para la modernización y mejora de la Administración pública. El documento nos fue amablemente remitido por el
ministerio la semana pasada a los portavoces de todos los grupos parlamentarios y hemos tenido ocasión de leerlo y estudiarlo con interés. Nuestro grupo califica de razonablemente bueno el acuerdo. Tiene de bueno lo que en general tienen de
positivo todos los acuerdos que alcanzan la Administración y los sindicatos para fijar las condiciones de trabajo del personal al servicio de la Administración pública y tiene de razonable, aunque no absolutamente, entre otras cosas, el hecho al que
se han referido algunos de los anteriores portavoces y es que alcanzándose en el acuerdo una serie de puntos de consenso en torno a cuestiones que afectarán, y de modo importante además, al conjunto de las administraciones públicas, se ha adoptado
prescindiendo del concurso o de la opinión de las comunidades autónomas, con las que en buena parte, además, se comprometió la consulta previa a la adopción de cualquier acuerdo de estas características. Como esta es una cuestión a la que han hecho
ya referencia otros portavoces, tampoco voy a insistir en ella.
Quisiera, sí, centrarme en algunas cuestiones puntuales del acuerdo que a nuestro grupo le ha planteado algunas dudas de interpretación o de intelección.
En cuanto al primer punto, el relativo a la movilidad entre las administraciones públicas en el marco de la Unión Europea, dice el acuerdo que la Administración impulsará los mecanismos y medidas necesarias para facilitar la movilidad. Es
una declaración de buenas intenciones, habitual por otro lado en el conjunto de los documentos que se producen en relación con esta cuestión de la movilidad interadministrativa de los empleados públicos, pero que no se traduce, al menos en el
acuerdo, en ninguna medida concreta. No se plantean ni reformas normativas en el régimen actualmente vigente en esta materia, ni se afirma rotundamente que las medidas que se vayan a adoptar se vayan a limitar, restringir o circunscribir
estrictamente sólo a los retoques que resulten necesarios en los instrumentos de gestión de la Función pública de las administraciones públicas, como podrían ser las relaciones de puestos de trabajo. No se nos dice nada a este respecto. Es un
tópico insistir en lo que de positivo tiene la movilidad interadministrativa, un tópico que subraya y que acentúa lo que de positivo tiene la movilidad de cara a la productividad del conjunto de las administraciones públicas, lo que de positivo
tiene también la movilidad interadministrativa de cara a ampliar la carrera administrativa de los empleados públicos y de hacer más ricas sus expectativas profesionales, lo que de positivo tiene también, desde el punto de vista de la interacción de
las diferentes organizaciones administrativas de cara a mejorar y a enriquecer las culturas de gestión y de organización administrativa. También es una realidad que se repite permanentemente el hecho de que estas declaraciones de principios casi
nunca se traducen en medidas concretas.
Yo quisiera preguntarle si tienen prevista alguna reforma normativa en concreto dentro de las medidas que ha prometido en la ley de acompañamiento del año que viene, la que está en tramitación en este
momento. No ha citado ninguna referida a este punto, al menos en lo que yo he podido controlar, por lo que supongo que el impulso de este tipo de medidas de movilidad administrativa se circunscribirá en principio, si no hay medidas normativas, a
los instrumentos de gestión administrativa. Es un tema que quisiera que me aclarara.
Hay una segunda cuestión que a mi grupo le ha suscitado cierta sorpresa y tiene que ver con el punto del acuerdo relativo a la jornada y los horarios. Algunos intervinientes anteriores, portavoces de otros grupos parlamentarios, han
incidido sobre esta cuestión y en la conveniencia de que la Administración general del Estado se sume al clamor que desde otras administraciones públicas y desde los empleados públicos y sus representantes -las organizaciones sindicales- aboga a
favor de la implantación del horario semanal de 35 horas. Cuando en el acuerdo se fija la jornada de trabajo que va a regir en la Administración general del Estado durante la vigencia de este acuerdo, se dice literalmente que la duración máxima de
la jornada será de 37 horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.647 horas anuales. Yo soy un hombre que procede del mundo de las letras, no de las ciencias, pero he hecho un cálculo que me ha
producido alguna sorpresa.
He dividido las 1.647 horas anuales que se fijan como referencia entre las 37 horas y media semanales de trabajo efectivo que se fijan como máximo y resulta que las semanas que se trabaja son 44, es decir, el empleado
público que se apunte al horario fijado en el acuerdo como máximo semanal, que es el de 37 horas y media, solamente trabajará 44 de las 52 semanas que conforman el año, quedándole ocho semanas libres sin trabajo. Confírmeme si esto es así o no
porque con las prescripciones del acuerdo relativas a las vacaciones de verano y a los días festivos y puentes que puedan existir, no me sale que pueda ser real que quien se apunte a este horario fijado como máximo semanal pueda librar ocho semanas
al año. Esta duda que me suscita la lectura del acuerdo me lleva a una conclusión: o efectivamente esto es así, como le decía, y por tanto hay gente que puede trabajar solamente 44 semanas al año, o, de hecho, la referencia de las 37 horas y media
es una ficción fijada como
máxima, quizá para dar buena imagen o para transmitir la idea de que no se baja a las 35 horas semanales. Alguien apunta la posibilidad de que pudiera existir en esta cuestión una presión de la CEOE. Yo no me atrevo a hacer afirmaciones
tan apodícticas, pero de cualquier manera no deja de producir sorpresa. Hay dos referencias horarias, una anual y otra semanal, que son difíciles de ensamblar si no es alcanzando la conclusión de que los empleados públicos que se apuntan al horario
máximo semanal libran ocho semanas al año -bastantes más de las cuatro o cuatro y media que pueden suponer las vacaciones de verano- o alcanzando, como alternativa, la conclusión de que las 37 horas y media semanales es una referencia máxima pero
ficticia que no se cumple absolutamente en ningún caso.
Con respecto a la formación continua, el acuerdo ratifica expresamente la vigencia del tercer acuerdo de formación continua de las administraciones públicas. En este tema habría que hacer referencia a un dato que seguramente el secretario
de Estado para la Administración pública conoce y es que a lo largo del año 2002 el Tribunal Constitucional ha dictado dos sentencias que afectan directamente a la cuestión de la formación continua. Una se ha dictado en el mes de abril y tiene que
ver con un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Generalitad de Cataluña contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 1993 y la otra dictada hace poco más de un mes, afecta más específicamente al tema de la formación
continua de los empleados públicos y tiene que ver con un recurso de inconstitucionalidad de la Xunta de Galicia contra la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 1995. En esta última se dice que en el ámbito de la formación continua de
las administraciones públicas, la materia en la que nos encontramos no es la relativa a la legislación laboral, en la cual, como se sabe, el régimen de distribución competencial entre el Estado y las comunidades autónomas obedece al esquema
legislación-Estado, comunidades autónomas-ejecución. Estamos en un terreno distinto, estamos ante una materia diferente, que es la de las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, en el que al Estado corresponde la fijación de
bases y a las comunidades autónomas el desarrollo legislativo y la ejecución de esas bases. Nos encontramos, por lo tanto, en una materia en el que el ámbito competencial autonómico es mayor aún que el que se había fijado en el ámbito de la
legislación laboral para determinar el alcance y contenido de la capacidad de intervención de las comunidades autónomas en el contexto de la formación continua. En el acuerdo no se hace ninguna salvedad relacionada con la existencia de estas
sentencias ni tampoco se hace ninguna referencia al hecho de que las mismas, sobre todo la última, puedan afectar al régimen actualmente vigente en la formación continua de la Administración pública. La sentencia, sin embargo, en su fundamento
jurídico octavo, dice: Una vez que hemos afirmado que el Estado tiene competencia para destinar sus fondos a la formación continua en las administraciones públicas, debe indicarse complementariamente que al hacerlo habrá de tener en cuenta
necesariamente las competencias de la Comunidad Autónoma de Galicia. Partiendo de este principio, podemos extraer la consecuencia de que no se acomoda al marco competencial expuesto el hecho de que el Estado adopte las decisiones de programación y,
por tanto, las relativas al monto de la financiación dirigida a estas acciones formativas con el concurso de la representación sindical y empresarial y no lo haga con el de la Comunidad Autónoma de Galicia -que en este caso era la recurrente-,
máxime cuando los fondos a tomar en consideración en la fracción correspondiente son aquellos que han de destinarse a la formación continua de los empleados públicos de dicha comunidad. La sentencia no llega a declarar la inconstitucionalidad de la
Ley de Presupuestos Generales del Estado en este punto, pero sí establece una doctrina interpretativa que obliga, ciertamente, a la Administración pública a interpretar el acuerdo en estos términos para que pueda ser efectivo y para que pueda
desarrollarse en términos de estricto ajuste a los parámetros constitucionales. Nuestra pregunta es: ¿realmente no han considerado la necesidad de hacer una referencia o de incluir una salvedad en el acuerdo relativa a la existencia de estas
sentencias que pueden implicar -yo creo que efectivamente lo hacen- reformar el esquema sobre el que hasta el momento presente se apoya el funcionamiento y la gestión de la formación continua en el ámbito de la Administración pública?
Un último punto tiene que ver con el estatuto de la Función pública, múltiples veces prometido y otras tantas incumplido. El secretario de Estado ha insistido una vez más en la necesidad de impulsar un gran acuerdo y de alcanzar un máximo
consenso en tres órdenes, el político, el territorial y el social, para establecer un estatuto de la Función pública. Sin embargo, recientemente nos hemos encontrado con alguna iniciativa del Grupo Popular en esta misma Cámara que plantea instar al
Gobierno a elaborar una parte de lo que será ese estatuto de la Función pública, la relativa a la Función pública directiva. Si es necesario abordar un gran acuerdo y un consenso en estos tres niveles -que lógicamente se producirá en el
Parlamento-, en la relación con las comunidades autónomas y con los sindicatos, ¿le parece a usted que es coherente pretender debatir sobre una pieza aislada, sobre un punto, sobre un concreto subsistema de un sistema más general que habrá de ser
objeto de debate generalizado en estos tres frentes? ¿No le parece que disociar el debate sobre el estatuto específico de la Función pública directiva puede generar disfunciones que a la larga vayan a resultar problemáticas? Porque la Función
pública directiva hay que insertarla en un sistema general en el que, además de la existencia de los altos cargos, regulados en la
Ley de organización y funcionamiento del Gobierno y en la Ley de ordenación y funcionamiento de la Administración general del Estado, habrá que insertar también el conjunto de la Función pública que está regulado, hasta el momento presente,
en un conjunto de normas que van desde la Ley de funcionarios civiles del Estado hasta la Ley 30/1984, que se va a modificar próximamente una vez más. Por ello discutir aisladamente sobre una pieza de un sistema indisociable, puede plantear
problemas y en ese sentido expreso mi opinión para que escuchar cuál es su punto de vista a propósito de esta cuestión.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.
El señor JANÉ I GUASCH: Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) quiero agradecer la comparecencia en la Comisión de Régimen de las Administraciones Públicas del secretario de Estado don Julio Gómez-Pomar,
así como la información que nos ha proporcionado en su primera intervención.
En nombre de Convergència i Unió consideramos positivo el acuerdo alcanzado para la modernización y mejora de la Administración pública con los principales agentes sociales, especialmente con los sindicatos más representativos en este
ámbito. Debemos felicitar al Gobierno, en este caso al secretario de Estado, porque finalmente se haya podido alcanzar ese acuerdo. Siempre es positivo llegar a acuerdos. En la ley de presupuestos y en la ley de acompañamiento este acuerdo se va
a reflejar a través de una mejora retributiva. Quiero recordar que cuando el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó sus enmiendas a la ley de presupuestos ya apoyaba claramente un aumento de esas retribuciones. No debemos
olvidar, señor secretario de Estado, que la Función pública, el conjunto de funcionarios y de personal laboral que trabaja en las administraciones públicas, ha venido sufriendo una pérdida de poder adquisitivo porque no siempre se les había
compensado de forma real los aumentos finales de inflación en los distintos ejercicios. Ahora se ha llegado a un acuerdo, lo consideramos positivo; siempre se puede hacer más y siempre se puede hacer menos, pero finalmente el Gobierno ha
conseguido que se pueda llegar a un punto de coincidencia. Igual que cuando no se llega a ese punto desde el Parlamento destacamos como negativo que exista ese disenso, ahora este acuerdo alcanzado es positivo para nosotros y debemos felicitarles
de que se haya alcanzado el consenso.
El señor secretario de Estado plantea la creación de una subcomisión parlamentaria como el ámbito en el que deberemos avanzar de forma decisiva para encontrar el camino de modernización global de las administraciones públicas. Mi grupo va a
participar en esta subcomisión con un talante positivo, porque entendemos que para acometer esa reforma en el ámbito de la Administración pública se necesita la implicación de todos. Por tanto, tenemos esperanzas de que en esta subcomisión seamos
capaces de llegar a acuerdos, no únicamente en materia del estatuto de la Función pública -al que después me referiré-, sino de acuerdos globales sobre cuál es el perfil de la Administración pública que queremos en este siglo XXI. El mundo de la
Administración pública tiene que cambiar su forma de prestar servicios y con ello no estoy en ningún caso criticando cómo se está haciendo hasta el momento, pero es cierto que las nuevas tecnologías nos van a brindar la posibilidad de prestar los
servicios públicos de forma muy distinta. El horario va a ser muy flexible a partir de la plena instauración de una administración telemática. Deberemos ser capaces de atender al ciudadano que a través de su ordenador quiere acceder a un servicio
público en cualquier hora y debemos ser ambiciosos en buscar qué modelo implantamos para tener una Administración pública ágil, incorporando la función directiva que no debe ir aislada -estoy de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario
Vasco-, debe formar parte de un cambio global en la prestación de los servicios públicos; un cambio, señor secretario de Estado, en el que mi Grupo Parlamentario, Convergència i Unió, reitera su propuesta de Administración única. Va a llegar un
momento en el que tengamos que ponernos de acuerdo sobre cuál es la Administración que sirve de relación directa con el ciudadano.
Nosotros entendemos, con el mismo espíritu que se reflejó en el preámbulo de la LOFAGE, que debía ser la
Administración autonómica la que, con celeridad, agilidad y en un proceso de simplificación administrativa, prestara sus servicios a los ciudadanos y aplicara una legislación estatal o quizás europea, porque al final la Administración pública se va
a concebir como aquella Administración cercana que en cualquier momento es capaz de dar respuesta a ese servicio público que el ciudadano nos demanda. Por tanto, bienvenida sea esta subcomisión si sirve para llegar a un gran acuerdo entre todos los
grupos, a un gran consenso y para que seamos capaces de perfilar ese nuevo modelo de la Administración pública, una Administración abierta, incorporando plenamente las nuevas tecnologías, y una Administración ágil y que redunde en ese proceso de
simplificación que nosotros defendemos.
En el ámbito de esta subcomisión sería positivo llegar a un acuerdo en materia del estatuto de la Función pública. Nosotros vamos a participar activamente para que se pueda llegar a un consenso final, pero desde Convergència i Unió queremos
resaltar de forma muy especial lo que entendemos que debe ser ese estatuto, en el que debemos ser capaces de acotar claramente un contenido mínimo de la legislación básica.
Pongámonos de acuerdo todos en aquello que debe ser básico, que es ese
mínimo común normativo. No lleguemos al
extremo de considerar básicos aspectos que podrían ser reglamentarios.
Busquemos ese mínimo común que pueda tener una coincidencia generalizada que permita después organizarse al resto de las administraciones públicas, muy en concreto a las
administraciones autonómicas que tienen competencia legislativa de desarrollo de las bases y que tienen -no lo olvidemos- competencia exclusiva en sus estatutos de autoorganización, y autoorganización quiere decir también de qué forma, respetando
una legislación básica, organiza una comunidad autónoma sus servicios públicos. Respetemos esa legislación, pero que tenga un contenido mínimo, que no tenga un contenido extenso, porque los contenidos extensos en materia de legislación básica sólo
provocan, señor secretario de Estado, que no perduren en el tiempo y que nos veamos obligados a irlos modificando a medida que ese amplio contenido queda desfasado. Busquemos esos mínimos en concordancia con ese nuevo modelo de Administración
pública que deberíamos definir entre todos. Por tanto, colaboración de mi grupo, sí; respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas y apuesta por un contenido mínimo de las bases, también. Entendemos que esas bases serán fructíferas
si son mínimas; si son extensas y reglamentarias, no tendrán la utilidad que pretende darle el propio Gobierno cuando quiere impulsar una normativa en este ámbito y, además, se apartarían del marco constitucional. En ese acuerdo -y voy terminando,
señor presidente- deberíamos implicar de forma muy activa a la Administración local. La Administración local debe participar de este acuerdo y la Función pública local debe también encontrar su encaje en esta legislación que tiene que tener esos
mínimos, pero también debe incorporar las demandas de la Administración local en un proceso que al final -algún otro portavoz se ha referido a ello- debe facilitar un importante activo para el conjunto de los trabajadores públicos: la movilidad.
Debemos ser capaces de que la normativa final permita que los trabajadores públicos tengan mayores facilidades de moverse en su carrera profesional, moverse entre las distintas administraciones públicas, que en cada momento puedan encontrar su
encaje en una estructura administrativa que a lo mejor pertenece a una Administración pública distinta de aquella en la que aquel funcionario o aquel personal laboral ingresó. Facilitar la movilidad también es aprovechar mejor los recursos públicos
que vienen de la contribución del conjunto de los ciudadanos con sus impuestos a facilitar que exista una Función pública profesional con un nivel directivo potente, para que seamos capaces de darle un marco más flexible que nos permita dar
respuesta con mayor agilidad a los servicios públicos que la sociedad nos demanda.
El señor PRESIDENTE: Cerramos este turno de intervenciones con la del Grupo Parlamentario Popular. El señor Albendea tiene la palabra.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor secretario de Estado, mi grupo parlamentario le da la bienvenida al ser la primera vez que, al margen de su comparecencia con motivo de los presupuestos, lo hace en esta Comisión para explicar aspectos de la
competencia de la secretaría de Estado de la que es usted titular, y con la bienvenida, nuestro agradecimiento por la amplitud y la claridad de su exposición, así como nuestra felicitación por varios motivos pero fundamentalmente por ese acuerdo que
usted ha explicado ampliamente, firmado con los sindicatos sobre la modernización y la mejora de la Administración pública. Yo creo que todos podemos felicitarnos por ese acuerdo. Agradezco especialmente al portavoz de Convergència i Unió y al
portavoz de Izquierda Unida la felicitación que le han expresado a usted y la satisfacción que han mostrado por la suscripción del acuerdo, que contrasta con la actitud del Grupo Parlamentario Socialista y con la de su portavoz. Yo comprendo que
para ellos es muy duro asumir esto. (El señor Martínez Sanjuán: No te has enterado.) Están ustedes continuamente propagando que este Gobierno no dialoga, que abusa de la mayoría absoluta, y pretenden que estemos siempre pidiéndoles perdón por
haber obtenido esa amplia confianza de los ciudadanos. Ahora dicen que los sindicatos han firmado, pero que no están de acuerdo, y lee un escrito de un líder sindical, que no sabemos quién es, en el que dice que no está de acuerdo. Señorías, los
sindicatos han firmado el acuerdo; lo ha firmado Comisiones Obreras, lo ha firmado UGT, lo han firmado los sindicatos de funcionarios y, por tanto, decir que no están de acuerdo los sindicatos, pese a que han firmado, es una afirmación kafkiana.
Los sindicatos, con su sentido de responsabilidad social, se han sentado a la mesa y han alcanzado un amplio acuerdo que ya ha explicado con claridad el secretario de Estado por lo que obviamente voy a hacerles a ustedes gracias de su glosa.
Insisto en que ese sentido de la responsabilidad de los sindicatos contrasta también con la actitud que mantiene en cualquier aspecto relacionado con la Administración pública el Partido Socialista. El señor ministro de Administraciones Públicas,
la semana pasada, hizo público su deseo de abrir una mesa de negociación con los partidos políticos, los sindicatos y todas las administraciones públicas y de crear en esta Cámara una subcomisión para llevar a cabo una amplia reforma de
modernización de las administraciones públicas y el Grupo Socialista le dio una patada a esa mesa de negociación y dijo que ya tenían previstas 52 medidas para llevar a cabo esa reforma. Como ya le dije la semana pasada en el Pleno, le invito a que
traigan esas 52 medidas a la mesa de negociación propuesta por el señor ministro, porque si esperamos a que las pongan ustedes en práctica cuando gobiernen, sin duda alguna podemos aplazarlas ad calendas graecas.
Yo agradezco a CiU su buena disposición para trabajar en la subcomisión parlamentaria y esté seguro,
señor Jané, del máximo respecto al ámbito competencial de las comunidades autónomas y de los distintos órganos de la Administración local, porque uno de los objetivos y de los proyectos del Gobierno no es solamente una subcomisión
parlamentaria sino un amplio acuerdo con los sindicatos, con las comunidades autónomas, con las representaciones de las administraciones locales y con todos los partidos políticos.
En el tema de la reforma de la Administración, yo creo que el Gobierno del Partido Popular ha dado suficientes muestras de un afán de mejora y de modernización, no sólo por el acuerdo alcanzado con los sindicatos o con la oferta de creación
de esa subcomisión que estará asistida por expertos, sino que también viene dando muestras a lo largo de los años -ya lo ha dicho el secretario de Estado- al haber modificado importantes leyes como la LOFAGE, que no sólo adecuó las estructuras de
los departamentos ministeriales y de los organismos públicos, sino que también produjo una importante transformación de la Administración periférica al suprimir los gobernadores civiles e introducir la figura de los subdelegados del Gobierno.
También fue obra del Partido Popular aprobar la Ley de organización y funcionamiento del Gobierno, que sin duda ha dado mucha más claridad a las funciones del Ejecutivo.
Motivo de solicitud de comparecencia ha sido también el tema de la externalización de los servicios. Aquí sin duda sí que hay notables diferencias entre el Grupo Popular y el Grupo Socialista. Creo que hay una sima ideológica. Ustedes
preconizan un sector público muy amplio, sin duda alguna con desconfianza hacia el papel que puede jugar la sociedad, y lo importante aquí es que el servicio público se preste bajo principios de calidad, eficacia y eficiencia. En unos supuestos
esos principios se cumplen mejor prestándolos directamente la Administración y en otros mediante la contratación con terceras personas. Lo importante aquí es que se cumpla escrupulosamente la Ley de contratos del Estado.
Quiero hacer referencia también a esa petición de cese que ha hecho el señor Martínez Sanjuán del director general del INAP. Señorías, el director general del INAP es catedrático de derecho administrativo, ha sido director de los institutos
de formación de empleados públicos de Galicia y de Canarias, actualmente es vicepresidente de la Asociación internacional de metodología jurídica y como especialista en su materia es autor o coautor de más de una veintena de libros. Ha escrito
centenares de artículos y es una persona de reconocido prestigio intelectual en el campo de la Administración. El caso que da origen a la iniciativa del Grupo Socialista se refiere a dos trabajos realizados por un funcionario que es asesor de la
unidad de apoyo al director, al que a su vez ayudó un investigador del INAP, para dos intervenciones que tenían carácter institucional: un prólogo de una publicación oficial y una ponencia para un congreso internacional que realizó el director del
instituto. Por error se omitió la coautoría del artículo y de la ponencia y se corrigieron ambas omisiones mediante la correspondiente fe de erratas en el diario La Ley, de 24 de junio de 2002, y en la revista Actualidad Administrativa,
correspondiente a la semana del 22 al 28 de julio de 2002. Por tanto, claramente aquí no hay plagio que valga, ya que es evidente que el titular del Instituto Nacional de Administraciones Públicas no lo necesita. No es sino una revancha de un
funcionario ambicioso, y ustedes quieren sacar rédito político de cualquier cosa, aunque no tenga el tema la más mínima entidad. Eso tiene un nombre, que es el de carroña.
Quisiera también decir al señor Erkoreka que lleva razón en lo que ha dicho respecto a nuestra iniciativa del estatuto de la Función pública directiva y, efectivamente, como hemos tenido conocimiento de que era propósito del Gobierno
elaborar un estatuto de la Función pública global, hemos retirado esa iniciativa hace dos o tres días por las mismas razones que ha explicado su señoría.
Termino, señor presidente, haciendo un par de preguntas al señor secretario de Estado. La primera está relacionada con la movilidad de los funcionarios. Me gustaría que hiciera usted una valoración de esa movilidad tanto funcional como
geográfica y qué medidas tiene pensado adoptar su ministerio para impulsarla. También me gustaría que me dijera si se puede seguir ampliando el acuerdo con los sindicatos. ¿En qué disposición están los sindicatos para seguir ampliando el acuerdo?
Le reitero mi felicitación por la amplitud de su exposición.
El señor PRESIDENTE: Suspendemos durante unos minutos la sesión, que reanudaremos con la intervención del señor secretario de Estado.
(Pausa.)
Señorías, reemprendemos los trabajos de la Comisión.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): Voy a intentar dar respuesta a todas las cuestiones que han sido planteadas por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios y también voy a
aprovechar la intervención para contestar a las preguntas que figuran en el orden del día de esta comparecencia.
En primer lugar, quiero agradecer las felicitaciones transmitidas por el acuerdo alcanzado por la Administración y los sindicatos. Muchos de los grupos parlamentarios que han intervenido han puesto de relieve la importancia que tiene un
acuerdo de esta naturaleza desde el punto de vista de lo que supone de recuperación del diálogo social en la Administración pública, en la Función pública, y de su contenido material. Por otra parte, comprendo que se pueda adjetivar un acuerdo de
esta naturaleza y que se diga de él que es insuficiente,
que no contempla aspectos tales como una jornada más reducida o que no ha ido tan allá como se desearía en materia retributiva, etcétera. Un acuerdo es siempre fruto de la búsqueda del interés común, del terreno de encuentro de aquellos
aspectos en los que las distintas partes que intervienen detectan un valor común y están dispuestas también a sacrificar planteamientos o cuestiones que unilateralmente preferirían poder haber llevado a término. Esta es la naturaleza de la
negociación, la naturaleza del diálogo social y el valor de lo acordado, a expensas evidentemente, de aquellas cuestiones que cada una de las partes hubiera deseado ver reflejadas en el acuerdo y no las ha podido ver. En cualquier caso -no voy a
hacer más valoraciones sobre lo que supone el acuerdo-, la entidad de los temas, la representación de las partes que intervienen, el número de funcionarios representados o el peso que tiene la representación de la Administración en la firma de este
acuerdo son suficientemente elocuentes del valor y de la importancia que tiene no sólo para los firmantes sino para todos.
El señor Martínez Sanjuán, al tratar unos y otros temas a lo largo de su intervención, nos ha pintado un reflejo de la Administración pública española que nos hace dudar si vamos a poder renovar un carné de identidad u obtener el carné de
conducir en plazos y con una cierta seguridad. No cabe duda de que hay mucho por hacer y muchos servicios que mejorar, pero estamos muy lejos de esa situación que ha descrito, en la que los servicios tienen un deterioro permanente, todos los
funcionarios están en una posición incómoda, etcétera. Es razonable reconocer que hay mucho por hacer en la Administración y que nunca habrá un punto de llegada, porque siempre tendremos muchas cuestiones que mejorar en las condiciones de trabajo y
en el servicio público a los ciudadanos, pero no comparto una visión como la que se desprendía de la lectura del documento sindical o aquella otra que nos ha pintado al hacer comentarios sobre algunos de los puntos del acuerdo. Dicho esto, me voy a
referir a los distintos temas que se han suscitado en la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Martínez Sanjuán.
Se ha referido a la participación de las comunidades autónomas en un acuerdo de esta naturaleza. Antes de que se alcanzase ningún acuerdo con las comunidades autónomas, tuve ocasión de presidir la comisión de coordinación de la Función
pública en Santander, en la que se transmitió a las comunidades autónomas las principales líneas de trabajo con las que la secretaría de Estado abordaba la tarea de la negociación. En esa comisión se suscitó el tema de que se pudiesen modificar las
retribuciones básicas y, por tanto, que se adoptase alguna decisión en materia retributiva que pudiera alcanzar a las distintas comunidades autónomas, como finalmente ha sido. Ese tema fue planteado por la representación de la Administración del
Estado y fue suscitado también por la Comunidad Autónoma de Valencia. Es decir, en aquella reunión del mes de septiembre, después de haber tenido unos contactos informales con las representaciones sindicales, se habló de la posibilidad de que se
actuara sobre las retribuciones básicas y de la posibilidad de actuar sobre la tasa de reposición de efectivos, que son las dos cuestiones que en este acuerdo tienen un alcance que va más allá de la mesa de la propia Administración del Estado. Es
evidente que en un proceso de negociación es absolutamente imposible ir cerrando posiciones primero con las comunidades autónomas, luego con el conjunto del Gobierno y después con una fuerza sindical y entender que esas decisiones se van a mantener
estables a lo largo de todo el proceso de negociación, porque eso supondría que las partes entrarían en dicho proceso sin ninguna capacidad de modificar o alterar sus propuestas. Sería la negociación imposible, aquella en la que se cierra primero
un acuerdo con las comunidades autónomas y luego se pretende que las decisiones cerradas con ellas sean lisa y llanamente asumidas por las fuerzas sindicales, o aquella en la que a cada propuesta que hiciese cada una de las organizaciones sindicales
en cada una de las reuniones que tuviésemos, volviésemos a convocar la comisión de la Función pública para ver cuál era la idea que tenía cada una de las comunidades autónomas sobre la cuestión. Reconozco mi incapacidad para negociar un acuerdo en
esas condiciones; como persona, me declaro incapaz de poder llevar a término una negociación de esas características. Dicho esto respecto al proceso, tuvimos una primera reunión en la que se informó a las comunidades autónomas de cuáles eran las
líneas generales de nuestras pretensiones en relación con la negociación. Posteriormente, una vez firmado el preacuerdo, pero antes de que se firmase el acuerdo, se volvió a convocar a las comunidades autónomas para explicar cuáles eran los
términos del preacuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales.
El señor Martínez Sanjuán decía que podía considerarse como una falta de educación por parte del secretario de Estado -creo citar textualmente sus palabras- el comportamiento en relación con las comunidades autónomas en esta segunda etapa
del contacto con ellas. Le aseguro que según mi percepción de lo que es una falta de educación, me parece más evidente la de que existan comunidades autónomas que no acudan a una convocatoria hecha por la Secretaría de Estado para la Administración
Pública para asistir a una comisión de coordinación de la Función pública y manifestar allí sus discrepancias respecto a la posición que pueda mantener el Gobierno, haciéndome llegar sin embargo reiteradas cartas, que contestaré adecuadamente, todas
iguales, salvo en el nombre y la firma del remitente. Considero que este acuerdo, como nos han puesto de manifiesto la mayoría de las comunidades autónomas, es un buen acuerdo, no sólo para la Administración general del Estado y para los sindicatos
sino
también para el conjunto de las administraciones territoriales. En esa segunda reunión que se celebró entre la firma del preacuerdo y la firma definitiva del acuerdo, la mayoría de las comunidades autónomas manifestaron su satisfacción por
el acuerdo alcanzado. A lo largo de todo este proceso, he tenido múltiples contactos con consejeros y con directores generales de comunidades autónomas, que me han hecho llegar sus comentarios y sus observaciones respecto al proceso de negociación
que llevábamos. Fruto de esos comentarios y de esas observaciones es el hecho de que en el propio texto se recoja la recomendación de las partes firmantes de que los acuerdos retributivos que hubiesen alcanzado las comunidades autónomas, siempre en
el marco que prevé la ley de presupuestos para el próximo ejercicio, pudieran ser reconducidos a la modificación que se realiza en pagas extraordinarias. Esta ha sido una solicitud que nos han hecho llegar muchas comunidades autónomas a lo largo
del proceso, solicitud que es plenamente compartida por esta secretaría de Estado. Consideramos que es bueno que una medida como el incremento de las pagas extraordinarias pueda dar cabida a los acuerdos en materia retributiva -siempre dentro del
marco jurídico establecido- que pudieran estar alcanzando las distintas comunidades autónomas.
Para cerrar este punto de la participación de las comunidades autónomas, no quiero dejar de decir que debe exigirse, sobre la base de la lealtad institucional, el juego del principio de reciprocidad en relación con la Administración del
Estado y que por tanto la obligación de información de la Administración del Estado hacia las comunidades autónomas sobre sus planteamientos y posiciones en la negociación debiera verse correspondida por una información de las comunidades autónomas
a la Administración Estado sobre los acuerdos y las negociaciones en materia salarial que se están llevando en las distintas comunidades autónomas. Debo reconocer que ni en la reunión de septiembre ni en la que se produjo finalmente en el mes de
noviembre la Administración del Estado y esta Secretaría de Estado han observado el principio, que entiende asumido y entendido por todas las comunidades autónomas, de reciprocidad a la hora de informar las decisiones que se están llevando a cabo en
materia retributiva. No quiero con ello dejar de insistir en que hoy en día cualquier decisión que tome la Administración del Estado debe ser conocida, compartida y entendida por las comunidades autónomas. Me consta que el acuerdo que hemos
alcanzado con los sindicatos tiene el beneplácito de la mayor parte de las comunidades autónomas. Es más, en las cartas que me han dirigido las distintas comunidades autónomas no cuestionan el contenido del acuerdo ni la bondad de las materias que
se han alcanzado, sino que insisten acerca del procedimiento y sobre que se hayan negociado previamente con ellas las posiciones a alcanzar. Me he referido sobradamente a la dificultad de llevar a cabo una negociación en la que se cierran aspectos
concretos con unos y con otros, pero esto no es óbice para que haya habido una comunicación general en las dos ocasiones en las que se ha reunido la comisión, y bilateral con muchas comunidades autónomas con muchos de los directores generales y
responsables de Función pública que se han dirigido al secretario de Estado y a la dirección general, para pedir información y solicitar la inclusión de aspectos en el acuerdo, que han sido recogidos y atendidos.
El señor Martínez Sanjuán hablaba de la constitución de una conferencia sectorial para la Administración pública y de que pudiera celebrarse exclusivamente una conferencia sectorial orientada a la administración electrónica. En las últimas
reuniones que hemos tenido con los representantes de las tecnologías de información de las distintas comunidades autónomas han puesto de manifiesto su deseo de que existiese una conferencia sectorial para las tecnologías de la información o la
administración electrónica, lo que estamos examinando con mucha atención.
Por lo tanto, hemos recibido bien la propuesta de crear esta conferencia sectorial en el ámbito de las tecnologías de la información y en un futuro próximo haremos una
propuesta en relación con este tema.
Respecto a la conferencia sectorial para la Administración pública, entiendo que la comisión de coordinación ha venido funcionando satisfactoriamente y pienso convocarla a la mayor brevedad posible para volver a tratar y explicar los
términos del acuerdo tal y como ha quedado finalmente cerrado. No quiero que ninguna comunidad autónoma pueda tener recelo respecto a la actitud y la vocación de esta Secretaría de Estado de estar en permanente contacto y comunicación para las
distintas cuestiones. Volveremos a convocar la comisión, yo explicaré el acuerdo y, desde luego, me haré eco de las distintas cuestiones que puedan plantearse en el seno de la misma. Esta comisión de coordinación está funcionando
satisfactoriamente y, por lo tanto, en principio no vemos una necesidad de crear una conferencia sectorial en este terreno.
Me planteaba también el señor Martínez Sanjuán que el Grupo Parlamentario Socialista estará atento al cumplimiento del acuerdo. Creo que está en el interés de todos que haya un puntual y exacto cumplimiento del mismo. A estos efectos el
propio acuerdo prevé la constitución de una comisión de seguimiento en la que van a participar la Administración del Estado y los sindicatos.
También hacía referencia a que el acuerdo del Consejo de Ministros vuelve a plantear temas de estudio y de diagnóstico y preguntaba si vamos a encargar externamente que se realicen estudios disponiendo de un órgano como la INSCAL para
realizar trabajos de esta naturaleza. No le quepa duda al señor Martínez Sanjuán de que la consideración que tiene la Secretaría de Estado de la Dirección General de Inspección, Simplificación y Calidad de Servicios, INSCAL, es de la
máxima calidad y que la implicación que va a tener la INSCAL en todos los trabajos de diagnóstico y examen de este acuerdo del Consejo de Ministros, como en toda la tarea de identificación de áreas y desarrollo del acuerdo, va a ser plena.
Es una dirección general que está funcionando con una enorme eficiencia y calidad y que tiene sobre su responsabilidad proyectos muy importantes, como el de la ventanilla única empresarial, y los está llevando a término con gran calidad. Desde
luego contaremos, como no podía ser de otra manera, con ella para estos trabajos de estudio y diagnóstico.
Nos preguntaba también si va a tener o no un alcance de norma básica la decisión en relación con la tasa de reposición. Efectivamente, es la segunda pieza que tiene en el acuerdo un carácter de norma básica, tal y como se propone en la
enmienda que promueve el Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Las comunidades autónomas nos han insistido mucho en que se eliminase la limitación de la tasa de reposición de efectivos del 25 por ciento y se ampliara al cien por cien. Aquí el
acuerdo vuelve a hacer eco de una demanda de las comunidades autónomas que entendía muy estricta la limitación al 25 por ciento de la tasa de reposición de efectivos ante las necesidades de personal para hacer frente a las demandas. En cualquier
caso, no quiero dejar de comentar que el instrumento de la limitación al 25 por ciento de la tasa de reposición ha permitido un ajuste en los recursos humanos de nuestra Administración pública, acorde con la filosofía de dimensionar la participación
del sector público en la economía tal como lo defiende el Partido Popular.
Entiendo que pueda haber discrepancias respecto al tamaño del sector público pero estas discrepancias son cada vez menores porque las declaraciones que se han venido
realizando en los últimos tiempos ponen de manifiesto un grado de acuerdo elevado en cuanto al tamaño del gasto público y el de los recursos administrados públicamente. Esto es una buena noticia, porque estar de acuerdo en el tamaño del sector
público nos permite hablar ya de eficacia, de eficiencia y de cómo mejorar los servicios en un escenario de gasto público definido.
Hacía usted también referencia a la cifra concreta de temporalidad. La cifra de temporalidad que aparece en el acuerdo es fruto del proceso de negociación. Es una cifra que está algo por encima, en mi opinión, de la que refleja la
Administración general del Estado, pero que está muy por debajo de las cifras de temporalidad que tienen las comunidades autónomas y, desde luego, las entidades locales. El acuerdo, en la medida en que despliega plenamente sus efectos en el ámbito
de la Administración general del Estado, marca un objetivo concreto de que la temporalidad no debe superar el 8 por ciento y recomienda a las Administraciones territoriales que tomen esta referencia del 8 por ciento y, en definitiva, que tomen la
referencia de converger hacia unas tasas de temporalidad mucho más reducidas.
En relación con los horarios y la jornada de 35 horas, el acuerdo no hace ninguna modificación respecto al cómputo total de la jornada de trabajo semanal ni de la jornada de trabajo anual. El acuerdo reproduce el horario que figura en las
instrucciones de horarios y de jornadas actualmente vigentes, que marca 37,5 horas semanales y 1.647 horas al año. Reconozco que, aun teniendo una formación económica y gustándome los números, no he hecho la operación que había realizado el
representante del Grupo Parlamentario Vasco. Es evidente que hay una diferencia entre las 52 y las 44 semanas, que mis servicios expresan como resultado del cómputo de vacaciones, fiestas nacionales, de comunidades autónomas y locales, días,
llamémoslo -y creo que la expresión acuñada es válida-, moscosos y el 24 y el 31 de diciembre.
De todas maneras, no dude S.S. de que mi afición a los números hará que en cuanto llegue al despacho empiece a hacer divisiones y cómputos para ver si hay una consistencia entre las 1.647 horas y las 37 horas y media, ya que, si no la hay,
tenemos un problema, porque no se ha querido decir nada distinto de lo que era la jornada de trabajo hasta la fecha.
En lo que sí hay una modificación en las jornadas y horarios es en el periodo de coincidencia horaria. Aquí sí hay una mayor exigencia, si se me permite, en la coincidencia horaria, tanto en la jornada de mañana, como en la de mañana y
tarde. Creo que hoy día una administración moderna y que quiere trabajar con eficacia tiene que sopesar las prácticas de funcionamiento en la Administración con que el grueso de los funcionarios estén el mayor tiempo posible al mismo tiempo en el
puesto de trabajo y que las excepciones a esto sean muy claras. La conciliación de la vida laboral y familiar, razones de salud y de otro tipo son las que pueden explicar una excepción al período de coincidencia horaria. Convendrán conmigo en que
una mayor coincidencia horaria significa una mayor eficiencia y mayor posibilidad de trabajo más eficaz en la Administración pública. Se establece también la tendencia hacia el horario de mañana y tarde. Este es el horario que está establecido en
todos los países de la Unión Europea, y todos los esfuerzos que hagamos en mantener el mismo horario que tienen nuestros socios comunitarios significa eficiencia en el trabajo. Todo lo que sea que las intercomunicaciones y los tiempos de trabajos
sean simultáneos entre aquellos países con los que nos estamos relacionando continuamente desde los distintos puestos de la Administración redunda, una vez más, en una mayor eficacia y en un mejor cumplimiento de las tareas en la Administración
pública española.
Se habla también en el acuerdo de la áreas excedentarias y deficitarias.
Aquí hay que hacer siempre un trabajo de análisis permanente. Pero lo que es evidente es que en una Administración pública, como la española, basada en el principio
de la profesionalización y en la que la entrada regular a prestar servicios lo es en función
de las oposiciones y la salida del sector público lo es por unas causas muy tasadas y, por tanto, hay una estabilidad en el empleo, la única manera de poder atender a los nuevos servicios y necesidades de atención al público no es otra que
la redistribución de efectivos, si no queremos entrar en un proceso de crecimiento imparable en el número de funcionarios y dejar áreas congeladas con funcionarios sobre tareas que han ido perdiendo contenido o demanda en el funcionamiento. Por
tanto, la movilidad es una cuestión esencial y a ella han hecho referencia todos los grupos parlamentarios en sus intervenciones. Aquí quiero decir que la Secretaría de Estado va a plantear a las comunidades autónomas un acuerdo sobre movilidad que
contemple, no sólo la movilidad desde la Administración del Estado a las comunidades autónomas o comunidades autónomas a la Administración del Estado, sino que prevea también la posibilidad de movimiento entre las comunidades autónomas. Cuando
hemos contactado con los responsable de Función pública de las distintas comunidades autónomas, más de uno nos ha dicho: Es bueno que podamos poner encima de la mesa un acuerdo que no sea la suma de acuerdos bilaterales entre la Administración del
Estado y cada comunidad autónoma que permita una movilidad entre estas dos administraciones, sino que podamos plantear un formato de convenio que permitiera a los funcionarios de una comunidad autónoma moverse a los de otra comunidad autónoma.
Estamos trabajando en la presentación de un modelo de conveni, que vamos a negociar con las comunidades autónomas, que pueda permitir resolver esta cuestión. Entendemos que para el mejor funcionamiento de nuestras administraciones públicas y
también, por qué no decirlo, para dar respuesta a situaciones personales que se plantean en el desempeño del puesto de trabajo, hay que abordar como una tarea prioritaria un acuerdo de movilidad entre las distintas administraciones.
Examinaremos también -pero esto debemos hacerlo con una mayor cautela- la posibilidad de movilidad con las entidades locales. Pero, como es conocido por todos, las condiciones de las entidades locales son más específicas, más particulares y
se requiere un cierto desarrollo en muchas de las condiciones de empleo y de Función pública en los ayuntamientos, por lo que esta es una cuestión que, sin descartarla, tenemos que examinar con mucho mayor detenimiento si queremos llegar a un
acuerdo verdaderamente eficaz en materia de movilidad.
Planteaba S.S. que no había visto -y hago un inciso en la contestación por razón de la materia a las preguntas del señor Martínez Sanjuán- en la relación de enmiendas ninguna modificación normativa en materia de movilidad y preguntaba si
las medidas se plantean en el orden de la gestión administrativa. Creo que este es el punto en el que tenemos que movernos en este momento; es decir, que si alcanzamos un acuerdo sobre movilidad entre las distintas administraciones públicas y
tomamos decisiones en la clasificación y la condición de los puestos de trabajo declarando aquellos a los que se puede acceder desde la procedencia de otra Administración, solventaríamos en gran medida el problema. Nuestro análisis inicial es, por
tanto, que alcanzar un buen acuerdo en materia de movilidad y hacerlo efectivo requiere exclusivamente medidas en el orden de la gestión administrativa y, en cualquier caso, no requiere ninguna norma con rango de ley. Esta es la razón por la que no
hay ninguna propuesta en relación con la movilidad planteada en las enmiendas del Grupo Popular en el Senado.
Retomo las cuestiones que planteaba el señor Martínez Sanjuán sobre lo que supone cada una de las pagas extraordinarias en relación con cifras mensuales o con otros indicadores. Creo que la medida de las pagas extraordinarias hay que
enjuiciarla, en primer lugar, desde el punto de vista cualitativo. He dicho en mi presentación del acuerdo -y no se le escapa a S.S.- que incorporar ya una parte del complemento de destino en 2003 y otra parte adicional en 2004 no es una decisión
exclusivamente de llegada, sino que es una decisión de inicio de un camino que tiene su lógica, como lo manifestaba el vicepresidente segundo del Gobierno el día de la firma del acuerdo, en que las pagas extraordinarios vayan alcanzando la cuantía
equivalente a la mensualidad, como es ordinario en el conjunto del sector privado y también en algunas organizaciones públicas. En cualquier caso, esta medida va a suponer en promedio un 0,71 por ciento de incremento en el año 2003 y la misma
cuantía en el año 2004, pero va a suponer un mayor incremento porcentual para los niveles administrativos más bajos y un incremento porcentual más bajo para los más elevados, que oscila entre el 0,9 para los niveles 26 ó 24 y en torno al 0,6 si nos
situamos en los niveles de complemento de destino más elevados de nuestro catálogo de complementos de destino. En términos porcentuales medios, las pagas extraordinarias van a incrementarse en el orden de los 10 puntos porcentuales en cada uno de
los ejercicios en los que se lleve a término esta medida. Insisto, en términos cuantitativos es lo que es y representa lo que representa, pero creo que hay que ponerla en la dimensión cualitativa del camino que abre y también en la incorporación de
una reivindicación histórica de nuestros funcionarios públicos, que creo que ha sido recibida con satisfacción.
Le he dado información sobre la productividad de altos cargos en los términos porcentuales de referencia a las retribuciones medias y de subdirectores generales. Lo que hago ahora es transmitirle el procedimiento que determina el Ministerio
de Hacienda. El Ministerio de Administraciones Públicas es receptor en este caso de las normas en materia de retribuciones que emanan del Ministerio de Hacienda, pero en definitiva la lógica que plantean es que la retribución de los subsecretarios
tenga como referencia la de los directores generales en lo que es productividad, y la de los directores generales la de los subdirectores generales en lo que es la productividad.
Planteaba también el señor Martínez Sanjuán una serie de cuestiones en relación con el Instituto Nacional de Administración Pública y los recursos dedicados a la formación. Efectivamente, los 3,6 millones de euros que el acuerdo recoge como
destinados a la formación en nuevas tecnologías y en idiomas figura en los presupuestos del Instituto Nacional de Administración Pública. En el acuerdo se ha querido dar una señal y un compromiso en términos de esfuerzo de los recursos que deben
dedicarse a esta área de formación. El Instituto Nacional de Administración Pública está en contacto con las grandes organizaciones que dan formación en materia de idiomas para intentar conseguir el mejor diseño posible, adaptado a las
características de los distintos puestos de trabajo en este tipo de formación. Por tanto, está considerando desde los procesos de inmersión y reclusión -y tómese la palabra reclusión en un sentido no literal, sino de poder permanecer durante una
serie de días trabajando en una inmersión lingüística para quien así lo necesite para el puesto de trabajo- hasta la formación que necesita todo el personal de apoyo o personal de secretaría, que cada vez tiene más relación a través de correo
electrónico o del teléfono con otros países de la Unión Europea. Esperamos poder ofrecer una buena formación en esta materia, al igual, insisto, que en el uso y la formación en nuevas tecnologías.
Entre las preguntas a las que yo debo atender en esta comparecencia hay una que ha formulado el señor Martínez Sanjuán y a la que se ha referido el representante del Grupo Parlamentario Popular sobre el director del Instituto Nacional de
Administración Pública. Lo que puedo comentar es que en el supuesto en el que se ha manifestado una posible incorrección a la hora de titular o referenciar la autoría de determinados artículos, esta ha sido objeto de corrección y rectificación en
las revistas en las que se ha producido. Por tanto, yo entiendo que esto es más debido a un error o una equivocación material y que, en consecuencia, lo que ha pretendido el director general del INAP ha sido rectificarla y satisfacerla
adecuadamente.
Otra de las cuestiones que se han planteado es la relativa a los planes y fondos de pensiones y se ha preguntado si van a tener un carácter básico, si van a tener una naturaleza salarial y también sobre distintas cuestiones que se van a
tratar. Es evidente que ha sido la prudencia lo que nos ha llevado a situar la dotación de fondo en el año 2004, porque a lo largo del año 2003 hay que hacer una labor muy intensa de trabajo sobre las características de los planes de pensiones. El
plan de pensión lo configura el acuerdo como un plan de aportación definida. Es un plan que tiene una naturaleza salarial y una vocación de que se implante en términos similares en las distintas administraciones públicas. Yo creo que esta es una
cuestión casi evidente, porque si pretendemos resolver problemas de movilidad y yo he ofrecido la posibilidad de un convenio en materia de movilidad entre las distintas administraciones públicas y diseñamos un elemento retributivo como es el plan de
pensiones, de una distinta característica y naturaleza que haga que un funcionario no pueda llevar incorporado su plan de pensiones al moverse de una Administración a otra, un mal servicio haríamos. Pero esto requiere que lo regulemos adecuadamente
y que examinemos cuáles son los planes de pensiones que existen en determinadas comunidades autónomas, y en el ámbito de las administraciones locales, que se resuelva el problema de las condiciones de gestión, de quién va a ser la entidad gestora y
una serie de aspectos técnicos relativos a los mismos: cuáles son las contingencias que van a quedar cubiertas; cómo se van a configurar o si va a haber posibles aportaciones de los partícipes; quién va a llevar el control del plan, etcétera. Es
decir, hay que desarrollar un trabajo importante, y va a corresponder en una buena medida al Ministerio de Economía y a la Dirección General de Seguros hacer los informes y los trabajos técnicos que puedan servir de base para acuerdos con los
funcionarios y con las comunidades autónomas.
También se ha hecho referencia a la situación de las oficinas de extranjería como un ejemplo de dónde deben aplicarse las mejoras por que no se encuentran en una situación satisfactoria. Es uno de los ejemplos claros en los que la presión y
el flujo de demanda exigen la adopción de medidas, y a ello responde parte de las que se adoptan en el acuerdo para examinar la posibilidad de que los tiempos de apertura de las oficinas de extranjería entren en el plan de apertura de mañana y
tarde, para que se haga un diagnóstico de su situación por la INSCAL para mejorar las condiciones de trabajo en las mismas y para que se mejoren las condiciones retributivas del personal que esté en las oficinas de extranjería para conseguir fijeza
y estabilidad en aquellas tareas que puedan resultar de mayor carga de trabajo más tediosas frente a otros trabajos que no tienen relación directa con el público o que tienen una menor carga de trabajo.
A continuación voy a dar respuesta a dos de las preguntas que ha formulado el señor Martínez Sanjuán en relación con las incompatibilidades. La primera cuestión que tengo que comentar es una obviedad, y es que esta ley no es nuestra, sino
suya, y con eso no quiero decir nada más que a quién ha correspondido el impulso. Creo que es una ley buena, que fija el marco en el que debe discurrir el tratamiento de las incompatibilidades de los altos cargos, y algo que con frecuencia tampoco
se dice es que la Ley de incompatibilidades atiende a un problema o a un planteamiento específico, pero existe otro conjunto de normas en nuestro ordenamiento jurídico que tienen que ver con el cumplimiento
de los funcionarios o de los altos cargos en el desempeño de sus puestos de trabajo y con las actividades que puedan o no puedan desarrollar. Por tanto, no hay que ver la Ley de incompatibilidades como un lunar o una pieza separada respecto
de las condiciones que son exigibles a los que desempeñan su puesto de trabajo en los distintos niveles en la Administración pública, sino como un bloque más, muy exigente respecto a las condiciones en las que se debe desempeñar el trabajo, lo que
se puede y lo que no se puede hacer. Las preguntas formuladas hacían referencia a si el Gobierno y la dirección general tienen conocimiento de la exactitud y la pulcritud de todas las declaraciones que se han presentado. La INSCAL, de la que
depende el área de incompatibilidades, cuando observa cualquier falta de presentación de documentos o que no se han observado los plazos, requiere al alto cargo de quien se trate para que lo presente. Creo que el grado en el que los altos cargos
están cumpliendo los requisitos de la Ley de incompatibilidades es absolutamente escrupuloso, pero en cualquier caso es una obligación que corresponde al titular, y esto es lo lógico en el planteamiento de una sociedad en donde hay unos registros de
bienes y unos registros de derechos; son los titulares los que tienen que presentar la declaración de esos bienes y derechos y además complementarla con la información del impuesto de patrimonio y del impuesto sobre la renta. Si hay un
incumplimiento del plazo o no se presenta debidamente, se requiere por la INFCAL pero, como usted conoce a través de la información que se suministra a la Cámara, el cumplimiento por parte de los altos cargos de los requisitos de la ley es
escrupuloso.
Quisiera a continuación pasar a las cuestiones que ha planteado don Antero Ruiz, de Izquierda Unida, en relación con el acuerdo y con la pregunta y comparecencia solicitada sobre riesgos laborales y, en primer lugar, hacerme eco, nuevamente,
de la felicitación que nos transmite por el acuerdo alcanzado con las organizaciones sindicales. Ha señalado la importancia que otorga a la temporalidad, a la consolidación y a la estabilidad en el empleo. Sin duda estas son cuestiones que
aparecen recogidas en el acuerdo y que constituyen una preocupación para la Administración del Estado y para el conjunto de las administraciones públicas. De ahí la fijación, en concreto, de una tasa objetiva de reducción de la temporalidad e
insisto de la recomendación hecha a las demás administraciones públicas para converger hacia esa tasa de temporalidad. El acuerdo también contempla medidas para la consolidación del empleo, dando una solución de los interinos a partir del año 1998.
También trata de dar solución a la situación de los indefinidos y de los indefinidos no fijos, que se contempla en uno de los apartados del acuerdo. En definitiva, vocación por resolver los problemas de temporalidad y afianzarnos en la
consolidación del empleo y en la estabilidad del trabajo.
Sé que la Federación Española de Municipios y Provincias está negociando con las organizaciones sindicales un acuerdo para los próximos años y que el acuerdo que se ha firmado entre la Administración del Estado y los sindicatos se está
utilizando como punto de referencia en muchos de sus aspectos en estas negociaciones. La primera cuestión que nosotros hemos resuelto a los ayuntamientos es el haber adoptado una medida como la de las pagas extraordinarias y la elevación al cien
por cien, o la supresión del límite del 25 por ciento, en la tasa de reposición que afecta a nuestras entidades locales. La primera va a suponer una mejora retributiva, una mejora en las pagas extraordinarias y la segunda la posibilidad de reclutar
recursos humanos, de reclutar funcionarios cuando lo necesiten.
Bien es cierto que la contrapartida a la eliminación del límite del 25 por ciento o a situarlo en el cien por cien es la de eliminar gran parte de las excepciones que venían pesando sobre la actual regulación que figuraba en las distintas
leyes de presupuestos. En relación específicamente con el ámbito local, según la redacción de la enmienda que va a presentar el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, la Policía local va a quedar exceptuada de este límite del cien por cien en la
tasa de reposición, pero no se mantiene la excepción en aquellos ayuntamientos que tenían un determinado umbral de población y que se venía recogiendo en leyes de presupuestos anteriores, cuando existía el citado límite del 25 por ciento.
Tanto el Grupo Parlamentario Socialista como usted mismo y los demás grupos parlamentarios han hecho referencia al Estatuto de la Función pública. Es deseo del Gobierno que el Estatuto de la Función pública se examine en el contexto de la
reforma global de las administraciones públicas e, insisto, goce del más amplio apoyo y consenso. Hoy día muchas de las organizaciones sindicales ven que el texto que se pactó tiene ya insuficiencias. Nosotros vemos también que la evolución de los
acontecimientos requiere examinar este estatuto en conexión con la reforma de las administraciones públicas y también nos es patente que no todos los grupos parlamentarios apoyan, como lo hacían, el texto del Estatuto de la Función pública. Por
tanto, nuestro deseo es llevar a término un examen y un trabajo en esta materia, insisto, en el bloque conjunto de la reforma de las administraciones públicas.
Planteaba toda una serie de preguntas y demandas de ampliación de información en relación con los riesgos laborales, que quiero ofrecer a su señoría. En primer lugar, para ofrecerle algunos datos concretos, le diré que cada departamento
ministerial tiene ya constituido su servicio de prevención y el Ministerio de Defensa, por razones de organización interna, cuenta con quince servicios de prevención que se suman al del propio ministerio. El número de técnicos empleados en los
servicios de prevención constituidos es de 65 por cada departamento y es más amplio si incluimos los creados
en organismos públicos de la Administración general del Estado. La participación y representación de los empleados públicos en materia de prevención de riesgos laborales, que se articula a través de la constitución de comités de seguridad y
de salud, es ciertamente amplia y en la actualidad hay ya constituidos 245 comités de seguridad y salud, que se reúnen, por regla general, con carácter trimestral. Cabe destacar también la participación fundamental que en el proceso de constitución
de estos comités están teniendo los órganos de representación de los trabajadores.
El número de técnicos de prevención formados y disponibles en la Administración general del Estado, con cargo a los fondos de formación continua, es de 372, sin incluir los alumnos que están siendo formados en estos momentos en tres cursos
que se están impartiendo. Todos los ministerios han desarrollado ya algún tipo de actividad preventiva. Los medios a través de los cuales se han llevado a cabo las actividades preventivas han sido preferentemente los recursos propios. Únicamente
se han utilizado medios ajenos en aquellas actividades cuya característica común es un alto grado de complejidad.
Quiero también comentarle, aunque sea someramente, los aspectos que se recogen en el acuerdo, porque dedican el capítulo 16 a la prevención de riesgos laborales, estableciendo también importantes compromisos. Así, el acuerdo, según las
partes firmantes, contempla que se realicen todas las acciones necesarias para contar con un sistema de gestión unificado que incorpore todos los procedimientos necesarios para hacer efectiva una adecuada política de seguridad y salud laboral, y
evaluaciones iniciales de riesgo en todos los centros de trabajo de la Administración general del Estado, procediendo, una vez efectuadas las mismas, a realizar las siguientes actuaciones: modificaciones de las condiciones de aquellos puestos de
trabajo a que hubiere lugar; información a los trabajadores de los riesgos existentes en sus puestos de trabajo; formación a los trabajadores sobre los riesgos específicos de sus puestos de trabajo y, en materia de vigilancia de la salud, la
planificación y programación, que se realizará en el marco de la vigente Ley General de Sanidad.
También se contemplan otra serie de medidas y de puntos. Quiero insistir en que en el acuerdo hay muchas medidas -lo conocen ustedes y no quiero, dada la hora que es, seguir con la lectura del texto- y muchos compromisos a desarrollar
conjuntamente entre los trabajadores, las organizaciones sindicales y la Administración. En resumen, y sobre este tema, las actuaciones en materia de prevención de riesgos laborales y de salud laboral tienen que ser una preocupación constante por
parte de todos y nada de lo que se alcance será un objetivo en sí mismo sino el punto para seguir trabajando y seguir estando muy vigilantes en relación con esta área esencial respecto de las condiciones de trabajo de los empleados públicos. Cada
dato de accidente, sea este leve, grave o mortal, es un extraordinario motivo de preocupación para la Administración, que intenta poner todos los medios necesarios para que esta situación no se produzca.
A continuación paso a contestar las cuestiones planteadas por el señor Erkoreka, del Grupo Nacionalista Vasco, aunque creo que algunas de ellas ya han sido contestadas a lo largo de mi exposición. Particularmente quiero agradecerle sus
palabras al considerar como buen acuerdo el celebrado entre la Administración y los sindicatos. Planteaba S.S. que el acuerdo se ha adoptado prescindiendo del punto de vista de las comunidades autónomas. Me he referido sobradamente a que la
voluntad y la vocación de la Secretaría de Estado ha sido la de comentar y explicar las líneas fundamentales del acuerdo a las comunidades autónomas, sobre todo en aquellos puntos que les iban a afectar en una mayor medida. Ha habido siempre un
canal abierto para poder recibir los comentarios y las sugerencias y entre la firma del preacuerdo y la del acuerdo se volvió a convocar la comisión de coordinación. Insisto en que es muy difícil -en mi consideración, imposible- que con tres partes
se puedan cerrar acuerdos de una manera tasada por unos y por otros, sin entender que el proceso de negociación lleva necesariamente al cambio, a la alteración de posiciones y a ceder en unos puntos para plantear otros nuevos, lo que, por la propia
mecánica de una negociación, hace inviable el contacto on line -si me permite la expresión- con todas y cada una de las comunidades autónomas cada vez que hay una reunión con las organizaciones sindicales.
Insisto en que la mayoría de las
comunidades autónomas han considerado este acuerdo como un acuerdo positivo y satisfactorio que les permite adoptar decisiones relativas a ajustar sus acuerdos retributivos, de acuerdo con la medida adoptada en relación con las pagas
extraordinarias, y -lo que es una modificación importante- la eliminación de la limitación del 25 por ciento en la tasa de reposición de efectivos.
Respecto a la cuestión de la movilidad interadministrativa, creo que le he dado cumplida información, así como a lo planteado en torno a la jornada y los horarios. Su señoría también planteaba la cuestión relativa a la formación continua y
las sentencias que se han producido. En este punto quisiera comentarle dos cuestiones. En primer lugar, que corresponde al Ministerio de Trabajo -y me consta que lo está haciendo- ver cuál es la manera de ajustarse a las sentencias que se han
producido. Como usted conoce bien, los fondos que llegan a la Administración pública procedentes de la formación continua lo son en una tercera derivada, es decir, hay unos acuerdos previos de asignación de estos recursos y es un porcentaje
concreto el que llega a la Administración pública, que ulteriormente debe ser motivo de reparto entre las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la propia Administración del Estado.
Respecto a esta última instancia, nuestra apreciación es que, en la medida en que comunidades autónomas y corporaciones locales participan plenamente en la distribución que del monto total se recibe en la Administración pública, hay una
plena participación de las administraciones territoriales en el destino de estos fondos. Entendemos que las dificultades o las cuestiones que plantean las sentencias, en la forma en la que se lleva a término el reparto dentro de la Administración
pública, satisface los puntos que estas plantean. Insisto en que este es el punto de llegada de una serie de acuerdos de distribución de fondos que necesariamente deberá resolver y examinar el Ministerio de Trabajo.
En relación con el Estatuto de
la Función pública, ya he hecho anteriormente los comentarios que nos merece y no tendría nada más que añadir en este punto.
Paso a comentar la intervención del representante del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), don Jordi Jané. Agradezco nuevamente sus palabras de valoración positiva del acuerdo y que haya sido bien evaluado y bien considerado
por su grupo parlamentario. Es también un motivo de satisfacción que le parezca bien la propuesta de crear una subcomisión parlamentaria para el estudio de la reforma de las administraciones públicas, en las que, insisto, entendemos debe ubicarse y
emplazarse la reforma del Estatuto de la Función pública. No puedo estar más de acuerdo con su intervención cuando plantea que las nuevas tecnologías constituyen un eje indispensable que hay que tener muy presente en cualquier visión de futuro para
nuestras administraciones públicas. No verlo así sería de una extraordinaria miopía y nos conduciría a un diseño de las administraciones públicas incapaz de resolver las demandas que hoy día los ciudadanos están planteando a la Administración, sea
ésta la administración de la comunidad autónoma o sean nuestros ayuntamientos.
Ha suscitado S.S. una cuestión sobre la que quiero hacer algún comentario: el planteamiento de la Administración única. Tenemos que ser capaces, a la hora de prestar servicios a nuestros ciudadanos en el ámbito territorial, de resolver
dos cuestiones. La primera, que el ciudadano no tiene por qué sufrir la existencia de distintas administraciones públicas en la velocidad, en la calidad o en la eficiencia con la que le resolvamos sus demandas. Cada vez es más cierto que los
ciudadanos plantean demandas, requieren servicios, que suponen el concurso del conjunto de las administraciones públicas y en ningún caso esto debe suponer un menoscabo en la prestación de estos servicios. Proyectos como la ventanilla única
empresarial o como la ventanilla única son una prueba palpable de cómo las distintas administraciones se ponen de acuerdo, bajo este propósito, de prestar un servicio a nuestros ciudadanos que no sufra los impedimentos de los requerimientos que cada
administración pública exige que se satisfagan. Pero, en segundo lugar, no es menos cierto -y ello está absolutamente presente en el diseño territorial que tenemos- que es bueno que cada ciudadano identifique cuál es la administración que le está
prestando cada servicio. Nuestro modelo de financiación autonómico ha tendido con claridad, bajo el principio de corresponsabilidad fiscal, a que los ciudadanos identifiquen perfectamente cuál es la administración que en último término recauda o
recibe los impuestos, sean éstos una parte del impuesto sobre la renta de las personas físicas, sea la globalidad de impuestos, como el de transmisiones, sucesiones o el impuesto sobre el patrimonio, o participación en impuestos, como el impuesto
sobre el valor añadido o los impuestos especiales. Por lo tanto, con nuestros ciudadanos debemos saber cumplimentar estas dos exigencias: que no haya un impedimento, una demora o una falta de eficiencia a la hora de prestar servicios a los
ciudadanos por la concurrencia de múltiples administraciones y que el ciudadano no deje de identificar cuál es la administración pública a la que está pagando sus impuestos y a la que le es exigible una prestación concreta y determinada. Por ello
sobre este planteamiento de la Administración única, aparte de otros conceptos que puedan existir y que S.S. conoce, la idea de la perfecta identificación de cada administración en la prestación de los servicios, es un tema sobre el que me gustaría
dejar constancia, puesto que constituye la visión que nosotros tenemos de cómo deben los ciudadanos percibir a cada una de sus administraciones.
Se hablaba también de la necesidad de implicar a la Administración local en este análisis de reforma de las administraciones públicas. Yo estoy plenamente de acuerdo con usted, creo que aquí queda mucho trabajo por hacer y el Ministerio de
Administraciones Públicas y mi Secretaría de Estado tienen tareas en relación con los puestos de trabajo, relaciones de puestos de trabajo de los ayuntamientos, condiciones de trabajo, etcétera. La ley de medidas para el próximo ejercicio recoge en
relación con los ayuntamientos una petición sentida por muchas entidades locales, la de modificar la normativa local incluyendo ese grupo B en la estructura de funcionarios dentro de los ayuntamientos. El grupo B ha cumplido y está cumpliendo una
función de un extraordinario valor dentro de la Administración del Estado, lo hace en las administraciones autonómicas y no es baladí que hayamos incorporado expresamente en la ley de medidas este grupo de funcionarios para nuestras entidades
locales.
En relación con la cuestión de la movilidad, como le comentaba al señor Erkoreka, creo que lo he tratado sobradamente. Nuevamente sus palabras son reconfortantes porque lo que queremos ofrecer a las comunidades autónomas es un convenio, por
supuesto negociado con sus administraciones, para que exista una amplia posibilidad de movilidad de los funcionarios entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas y entre ellas mismas.
Agradezco, finalmente, la felicitación del señor Albendea por el acuerdo alcanzado entre la Administración y los sindicatos. Planteaba en uno de sus primeros comentarios la visión que hay desde el Grupo Parlamentario Popular -por
contraposición a la del Grupo Parlamentario Socialista- en relación con la externalización de los servicios. Desde luego yo quiero establecer con mucha claridad que la externalización de servicios no es una cuestión en la que la Secretaría de
Estado tenga ningún prejuicio como puede existir desde parte del Grupo Parlamentario Socialista. Nos asiste tener una administración ágil, bien dimensionada, que atienda a las demandas de los ciudadanos lo antes posible y con la mayor calidad.
Si
para ello hay que acudir al buen funcionamiento de nuestras empresas, a ellas acudiremos, porque redundará en un mejor servicio a nuestros ciudadanos. No creo que haya que tener un prejuicio sobre si los servicios se proveen por los funcionarios
públicos o se proveen por empresas del sector privado. Tan eficaces y eficientes son unos como otros y habrá que ver qué tipo de servicio, qué tipo de actividad y quién está en cada momento en mejores condiciones de prestarlo. Por supuesto en la
salvaguarda de las funciones nucleares: el estatuto del desempeño de los funcionarios públicos, la confidencialidad de la información y todos los requisitos que suponen el ejercicio de potestades públicas en el trabajo de la Administración.
Me preguntaba el señor Albendea por la valoración que nos merece el tema de la movilidad y cómo aparece recogido en el acuerdo. He comentado anteriormente, ante preguntas que se han suscitado por los restantes grupos parlamentarios, la
extraordinaria importancia que damos a la movilidad, y me remito a las consideraciones que anteriormente he realizado. Planteaba también si vemos líneas de ampliación del acuerdo o cómo percibimos la participación de los agentes sociales en este
proceso.
Quiero manifestarle que nuestra visión del diálogo social no es puntual, que empieza y acaba en el acuerdo firmado, sino que pretendemos llevar a término todas estas medidas sobre la base del diálogo y que cualquier cuestión que sea
transcendente para el desempeño y el mejor trabajo de la Función pública se llevará a las mesas de diálogo social, porque tenemos la firme convicción de que el diálogo social refuerza la calidad, el valor y la estabilidad de las medidas que se
quieran llevar a término.
Señor presidente, con esto concluyo mi intervención.
El señor PRESIDENTE: Me solicitan otro turno de intervención, pero en este caso, dado lo avanzado de la hora, debo indicar que va a ser de tres minutos. Señora Serna, nos queda aún una pregunta por formular.
Vamos a dar un turno de tres minutos a cada grupo en el orden en que se ha realizado las intervenciones.
El señor Martínez Sanjuán tiene la palabra para iniciarlo.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Solamente haré unas aclaraciones y alguna petición de información. El Grupo Parlamentario Popular siempre tiene la tendencia a hacer el meritoriaje cuando viene un alto cargo, y es que, en vez de contestar el
compareciente, contesta él al Grupo Parlamentario Socialista. Yo estoy convencido de que usted, señor Gómez-Pomar, se basta y se sobra para defender a unos y a otros, sin utilizar términos como los que ha utilizado el Grupo Parlamentario Popular en
un ejercicio de pereza intelectual, porque no me ha oído absolutamente nada. Mis primeras palabras -y usted sabe que las he dicho- han sido: Enhorabuena por el acuerdo Administración-sindicatos. Lo dije en el Pleno, lo he dicho ahora y lo seguiré
diciendo. Enhorabuena por el acuerdo, porque el acuerdo lo llevamos pidiendo y defendiendo mucho tiempo el Grupo Parlamentario Socialista.
Cuando he leído lo que piensan algunos sindicatos de por qué han llegado al acuerdo es porque ellos, concretamente la Unión General de Trabajadores, la federación de servicios públicos, han elaborado un documento en el que se hace una
valoración muy crítica de los servicios públicos y asumen su responsabilidad en la firma del acuerdo. Es decir, algunos interpretan absolutamente mal todo lo que oyen. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene ningún prejuicio intelectual en la
externalización de algunos servicios, pero también conoce el espíritu con que algunos miembros del Grupo Parlamentario Popular, sobre todo en reuniones y en jornadas de aquellos que promueven una absoluta liberalización de los servicios públicos,
aplauden hasta con las orejas, no sé si a los niveles de Bush, porque al parecer le sobran 850.000 funcionarios en la administración americana, pero desde luego aplauden.
Nosotros hemos pedido firmeza, trabajo a los empleados públicos y control de
aquello que se externaliza, porque al final resulta que nadie tiene la responsabilidad sobre determinadas cosas que en un momento dado se trasladan a la sociedad privada. Mi grupo parlamentario no está por la estatalización de los servicios
públicos, eso no es lo que se lleva en el siglo XXI, pero buscar el equilibrio, hacer una agencia de evaluación para ver qué es lo que se puede externalizar y qué no, sería relativamente bueno, que es lo que lleva diciendo mi partido mucho tiempo y
figura en ese documento que comprende 52 medidas. Por cierto, a algún alto cargo o algún responsable del ministerio le ha debido de gustar, porque dice que el documento del PSOE sobre reforma y modernización, siendo sugerente y atractivo... Aunque
luego lo critica, pero le falta tiempo para decir que muchas de las medidas que están previstas en ese documento de trabajo le parecen interesantes para que la propia Administración pública española las pueda tener en consideración. ¿Quiere que se
lo lea, señor Albendea?
El señor PRESIDENTE: No, porque no cabe en tres minutos.
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: No se lo voy a leer porque no hay tiempo, ya lo sé. Así que, señor Albendea, un poco de rigor a la hora de hacer determinadas interpretaciones.
Lo de los errores en el INAP, más que errores yo creo que son horrores. No tengo tiempo para extenderme, pero, si quiere, luego en privado se lo digo. Los responsables del Ministerio de Administraciones Públicas saben que esto no ha sido
un error, sino que ha sido una política determinada, porque, con todos los respetos, conociendo el currículum del señor director general, lo que no me parece muy lógico es poner en el mismo currículum director del Instituto canario de Administración
pública y luego, posteriormente, primer director del propio instituto canario. Si lo que se hace es una ampliación de páginas, no me extraña que tenga unidades de apoyo para mantener su propio currículum.
Señor Gómez-Pomar, déjeme decirle dos cosas, una de ellas en defensa de las comunidades autónomas. Yo he hablado de responsabilidad de los sindicatos, pero a continuación he dicho responsabilidad que darán las comunidades autónomas, aunque
algunas no fueran a aquella reunión. He añadido algo que parece ser que usted no ha entendido y es que en una negociación como la que se está llevando a cabo y en otras que se realizarán no puede haber tres partes, sino dos: administraciones y
sindicatos. Y usted dice que no puede haber una línea on line. Pues bien, aunque le he dado algunas alternativas, yo no sé cuál es el procedimiento, pero a usted -esto no me lo puede negar- la Comisión delegada de Asuntos Económicos le mandató un
marco. ¿Por qué las comunidades autónomas no van a mandatar un marco de negociación relativamente flexible y que también les afecte a ellas?
Señor Gómez-Pomar, el acuerdo suscrito relativo a las condiciones de la oferta de empleo para los años 2003 y 2004 no es de carácter básico. Por lo menos yo no he encontrado dicho carácter por ningún lado. Así como se establece con
carácter básico la cuestión de las retribuciones, de la paga y del 2 por ciento, cómo se va a aplicar el desarrollo de la oferta de empleo no aparece en el acuerdo con criterio básico. El Grupo Parlamentario Popular ha introducido una enmienda en
el Senado con carácter básico, pero ello no se refleja en el acuerdo. ¿Por qué hacen básico a través de una enmienda una cuestión que afecta a las comunidades autónomas? No sé si terminarán haciendo básico el tema de los planes y de los fondos de
pensiones. Usted ha cabalgado ahí en la nebulosa del estudio del año 2003, pero en la necesidad de ser aplicado con carácter general en función de la posible movilidad, que puede ser razonable. La implantación de los planes de pensiones en el
ámbito de la Función pública no se ha dialogado y no ha sido acordada por el conjunto de las administraciones públicas. Por eso es por lo que nosotros estamos pidiendo que haya una conferencia sectorial básica en el ámbito de las administraciones
públicas y no sólo en el de la administración electrónica, que puede ser una pieza del conjunto de las administraciones. Ahora bien, señor Gómez-Pomar -termino, señor presidente-, lo de la administración electrónica y la conferencia sectorial de
las comunidades autónomas no sólo es una demanda, sino que hay un documento de su ministerio: borrador de acuerdo de constitución de la conferencia sectorial, Ministerio de Administraciones Públicas, puesto en circulación para su estudio. Nosotros
no decimos que no al mismo, pero nos parece prioritario uno con carácter general y marco, en el que se puedan discutir estas cosas, incluso el Pacto de Toledo que propone su ministro en el ámbito de la reforma de la Función pública.
Señor Albendea, le hemos contestado respecto a algunas informaciones por el mismo canal por el que se trasladó básicamente a los medios de comunicación pública el concepto de Pacto de Toledo en la reforma de la Función pública. Hay un viejo
refrán que dice donde las dan, las toman.
El señor PRESIDENTE: Se han ausentado los portavoces de los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió) y Vasco y tampoco veo a don Antero Ruiz, por lo que doy la palabra al señor Albendea para cerrar este turno.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor Martínez Sanjuán, déjeme que intervenga como me parezca bien y no se queje si pongo los puntos sobre las íes a algunas manifestaciones que ha hecho usted y con las que no puedo estar de acuerdo. Naturalmente,
el secretario de Estado no necesita mi defensa, pero yo estoy aquí representando al Grupo Parlamentario Popular y por tanto tengo la obligación -lo hago muy gustoso- de poner de relieve mis discrepancias.
Ha dado usted la enhorabuena al secretario de Estado por la suscripción del convenio. (El señor Martínez Sanjuán: ¡Al principio!) Pues vaya forma de dar la enhorabuena diciendo que los sindicatos no están de acuerdo y leyendo aquí un
panfleto que ha elaborado un señor, en relación con el cual ha dicho usted que no lo iba a leer entero porque era muy largo, pero al final ha leído dos o tres párrafos. Es una forma muy curiosa de dar la enhorabuena por el acuerdo.
Usted, señor Martínez Sanjuán, ha pedido hace tiempo el cese del director del Instituto Nacional de Administraciones Públicas, lo ha reiterado esta mañana y dice que no son errores, sino horrores los que han cometido. El horror es que
ustedes presten oído a la denuncia de un funcionario que no ha alcanzado sus pretensiones de ser ascendido a cargo de confianza, como él pretendía. Ahí es donde está todo el problema. En cuanto a que ha sido elogiado por algún alto cargo
del Ministerio de Administraciones Públicas, ya le dije el otro día en el Pleno, se lo he reiterado esta mañana y se lo vuelvo a decir ahora por tercera vez, que traigan las 52 medidas a la mesa de negociación, que el señor ministro les ha
invitado a que lo hagan, y vamos a ver las que valen y las que no. Yo no he dicho que no valgan, no las he descalificado. Lo que digo es que lo primero que han hecho es dar una patada a la mesa de negociación.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): Bienvenidas sean las palabras de agradecimiento por el acuerdo. No le quepa duda a S.S. de que la externalización de servicios no supone no tener un
control riguroso de la calidad de los servicios que se nos presten o de los informes que se nos suministren.
En relación con las comunidades autónomas, insisto en que nuestra vocación es la de hablar permanentemente, intercambiar los puntos de vista que hagan falta, explicar cuáles son las propuestas que pretendemos llevar a término, pero al final
hay una responsabilidad última en las decisiones administrativas, en el impulso de medidas normativas, que corresponde, de acuerdo con el marco jurídico, a quien las tiene que tomar. Traslado igualmente mis palabras de valor respecto a los acuerdos
con los sindicatos a las comunidades autónomas, insistiendo en que la valoración que ha merecido este acuerdo para la mayoría ha sido francamente positiva.
La idea de que la tasa de reposición tenga un carácter básico responde a dos cuestiones. Primera, que las comunidades autónomas nos han dicho que eliminásemos la limitación del 25 por ciento en la tasa de reposición, que ha venido teniendo
un carácter básico. Si adoptásemos esa decisión sólo para la Administración del Estado, ¿en qué situación dejaríamos a las comunidades autónomas? ¿No se marcaría una política de recursos humanos y de efectivos para el conjunto de las
administraciones públicas? En este terreno hemos hecho algo que las comunidades autónomas querían que hiciésemos. Por lo tanto, no veo que sea un punto de desencuentro con las comunidades autónomas, sino, antes al contrario, una cuestión que ellas
nos han planteado.
Veo que conoce S.S. la existencia del borrador para la conferencia sectorial de tecnologías de la información. Cuando intervengo en la Cámara lo tengo que hacer sobre la base de las decisiones que en su momento estén tomadas. Todavía no
está adoptada esa decisión, estamos trabajando, como usted bien dice, en la constitución de esta conferencia sectorial, muchas comunidades autónomas nos lo han solicitado en su convenencia y nuestra voluntad es la de llevarla a término. Ahora
estamos en la fase de estudio y de trabajo.
PREGUNTAS:
- DE LA SEÑORA SERNA MASIÁ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE VALORACIÓN DEL INFORME ANUAL REALIZADO ACERCA DE LA ADAPTACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, Y SOBRE LA
NECESIDAD DE INCREMENTAR LA COOPERACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES PARA PREVENIR TALES RIESGOS. (Número de expediente 181/001040.)
El señor PRESIDENTE: Nos queda una pregunta del orden del día, que formula doña Juana Serna. Dado lo avanzado de la hora -estoy seguro de que es capaz de ello-, le ruego que la haga en cinco minutos.
La señora SERNA MASIÁ: Buenos días, señor secretario de Estado, Como sabe por el orden del día, la pregunta que le formula el Grupo Parlamentario Socialista tiene dos partes. La primera pretende conocer el informe anual que realizó la
Dirección General de la Función pública sobre adaptación de la Administración general del Estado a la normativa vigente de prevención de riesgos laborales. La segunda parte de la pregunta venía dada por la necesidad de incrementar la cooperación
con las administraciones territoriales en esta materia. Cooperación que, como usted sabe, la Administración general del Estado está obligadas a hacer por el artículo 13 de la Ley de prevención de riesgos laborales.
Esta pregunta, señor secretario de Estado, la hizo el Grupo Parlamentario Socialista por escrito -supongo que usted debe tener la respuesta que nos envió su ministerio- en junio de 2001. Sin embargo, dados los problemas y la realidad un
poco truculenta -aunque mi intervención no va a ir en esa línea, la realidad ya grita bastante por sí misma- la hemos mantenido como pregunta oral para la Comisión de hoy, 27 de noviembre. Esta pregunta proviene de la intervención que tuvo el
anterior secretario de Estado para la Administración Pública, el señor González, cuando debatimos los presupuestos generales de 2001. En las intervenciones de aquella comparecencia hubo algunos acuerdos, por ejemplo, que la temporalidad en las
administraciones públicas era muy alta, el 20,3 por ciento, dijo el señor González -a usted no le he oído hoy de donde partimos en la temporalidad, pero así consta en el 'Diario de Sesiones' de la Comisión de Administraciones Públicas-, en la
Administración general del Estado. Le recuerdo que el año pasado era muchísimo menor en el sector público, sólo un 13 por ciento, lo cual significaba que era una cifra realmente alarmante.
La otra cuestión que se estableció era que de cada 100 muertos por accidentes laborales en España ocho son empleados públicos.
Inmediatamente, de ahí salió la pregunta que le vamos a formular enseguida, porque desde el año 1996 en España ha
habido 10.000 muertos, 7.000 por accidente laboral y 3.000 in itinere. Esto dio lugar a que en estos dos años de legislatura, en esta Cámara y en el Pleno, se hayan llevado a cabo cinco interpelaciones urgentes con sus mociones a consecuencia de
las mismas. Por cierto, mociones que fueron rechazadas por el Partido Popular, dada la gravedad de las cifras que le estoy citando. Lo que eso significa, en definitiva, es que en estos seis años ha habido 800 empleados públicos que han fallecido
por accidentes laborales. La realidad es cruda, eso es muy grave y el Gobierno tiene que tomar alguna medida. Y usted hoy nos hablaba de algunas que también quisiera comentarle.
La pregunta que le formulamos al entonces secretario de Estado, el señor González, era que, como en el sector privado se relaciona de forma -subrayo- indisoluble la temporalidad y la precariedad con la siniestralidad, si esa relación es
también indisoluble en el sector público, en el ámbito de las administraciones públicas. Lo único que nos contestó entonces -y se lo leo textualmente, tomado del 'Diario de Sesiones'- era: 'Pronto sabremos si existe esa relación a través del
informe anual sobre la adaptación de la Administración general del Estado a la normativa de prevención de riesgos laborales'. Acabo la cita.
Esperando a que este informe estuviese realizado, en junio de 2001 hicimos esa pregunta escrita, a la
cual, señor secretario de Estado, su ministerio nos contesta, en relación a la primera parte, que la valoración del informe en cuanto a la adaptación es positiva -hoy usted ha dicho textualmente casi lo mismo-, en la medida en que se están
cumpliendo los objetivos previstos, objetivos que esta Cámara desconoce pues no sabemos cuáles son.
En cuanto a la segunda parte de la pregunta, en relación con la cooperación entre la Administración general del Estado y las administraciones autonómicas en matera de prevención de riesgos laborales, se ha iniciado un estudio cuyo objetivo
es fortalecer los mecanismos de cooperación. Esto nos llega el 24 de septiembre de 2001, es decir, que hace un año ustedes inician un estudio para ver qué mecanismos de cooperación puede haber entre la Administración general del Estado y las
administraciones territoriales, cuando había un mandato y una norma vigentes del año 1995 cuyo artículo 13 establecía que esta cooperación tenía que existir ¿Por qué mantenemos la pregunta oral, si ya teníamos la respuesta por escrito? Porque los
informes que van llegando a la Cámara de las organizaciones sindicales son alarmantes. La FSP-UGT en mayo de este año, es decir, hace pocos meses, en el capítulo salud laboral señalaba que la nula intención de negociar por parte de los
representantes de la administración se ha visto reflejada en la inoperancia de esta comisión, una comisión paritaria de salud laboral creada, a la que usted hoy también ha hecho alusión, que concreta lo siguiente -no se lo leo todo porque usted lo
conoce perfectamente- y dice: En definitiva, después de 4 años desde la adaptación de la legislación (se refiere al real decreto de 1998), no se ha avanzado apenas en prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración general del
Estado. Por otro lado, estos informes establecen unas cifras que quiero que consten en el 'Diario de Sesiones', del año 2000. Estadística de siniestralidad en las Administraciones públicas: 36.261 accidentes de trabajos leves -y estoy hablando
sólo del año 2000-, 592 accidentes graves y 57 accidentes mortales. Teniendo en cuenta estas cifras que son realmente alarmantes yo suponía que hoy usted nos iba a avanzar mucho más. Lo ha dejado pendiente en relación con el acuerdo. Dice S.S.
que los avances realizados son muy positivos, pero no acabamos de entender por qué utiliza este término porque esto depende de su ministerio. De los accidentes leves en el sector servicios, en la Administración general del Estado, el 17 por ciento
pertenece a las administraciones públicas. En el mismo sector, de los accidentes graves el 20,9 pertenece a las administraciones públicas. En cuanto a los accidentes mortales, el 13,6 por ciento pertenece a las administraciones públicas. Por
abreviar, y para que el señor presidente no me llame la atención, en las administraciones autonómicas ha habido un incremento de accidentes mortales del 63 por ciento. Decía que mi intervención no iba a ser truculenta, Pero la realidad lo es, señor
secretario de Estado. Yo suponía que usted hoy nos iba a dar más datos y que nos iba a decir que están preocupados, porque es para estarlo. Ha hablado usted muchísimo más de las retribuciones cuando este es un problema gravísimo. Yo supongo que
usted también sabe que España en estos momentos es el país de la Unión Europea que tiene mayor índice de siniestralidad.
En definitiva, lo que queremos saber es qué dice el estudio -¿nos lo podría indicar, por favor?- de cooperación con las administraciones territoriales que inició el Ministerio de las Administraciones Públicas hace un año y medio. En cuanto
a ese informe, no me diga sólo que es muy positivo, queremos saber cuáles son sus objetivos y cuántos se han cumplido. Le voy a dar una cifra. Ustedes en su respuesta escrita me decían que las medidas que habían adoptado daban cobertura a 190.000
empleados, pero ustedes tienen más de medio millón. ¿Son esos todos los empleados? Entonces el éxito es total, pero si resulta que son 300.000, tienen que darse muchísima prisa en resolver este problema. Usted nos dice hoy -he tomado nota- que ya
existen 245 comisiones paritarias de salud, pero hace un año había 235. ¿Solamente han creado diez más en año y medio? La verdad es que van ustedes muy despacio para ser un problema tan gravísimo, con unas cifras tan alarmantes, que deberían
resolver y darse mucha
prisa. Por lo demás, en el ámbito de la temporalidad, que se recoge en el capítulo XII del acuerdo con los sindicatos para el 2003 y el 2004 y la relación que puede tener con la siniestralidad no nos ha dicho nada. En cuanto a la
siniestralidad casi nos ha leído casi todo el capítulo XVI.
En definitiva, hemos trabajado mucho en esta Cámara para lograr todas y cada una de las medidas adoptadas en este acuerdo durante los tres debates de los presupuestos de esta legislatura. Son enmiendas que ha presentado mi grupo y la
oposición y estamos de enhorabuena si se llega a ese acuerdo. Lo único que quisiera decirle es que le llamo la atención de que la realidad es alarmante en el ámbito de la temporalidad, de la siniestralidad. Seguimos sin saber si hay relación entre
ambas y tenemos auténtico interés en conocer ese informe de valoración anual que se ha hecho de adaptación de la Administración general del Estado a la normativa vigente de prevención y qué dice ese estudio que acaban de iniciar de cooperación con
las administraciones territoriales en esta materia.
El señor PRESIDENTE: El secretario de Estado tiene la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): No le puedo dar una contestación distinta a la pregunta oral de la que se le ha proporcionado a la pregunta escrita. He hecho reiterada alusión a lo
largo de esta comparecencia a la importancia que en sus propios términos y en el acuerdo se da a la prevención de riesgos y de salud laboral. Es una parte del acuerdo que tiene múltiples compromisos y aspectos que se quieren llevar a cabo y
completar. Comparto con S.S. la preocupación que ha manifestado, pero entenderá que no le puedo dar una contestación distinta de la que hemos ofrecido hasta ahora.
El señor PRESIDENTE: Señora Serna, tiene la palabra.
La señora SERNA MASIÁ: Voy a ser muy breve. Con relación a la pregunta, creía que me iba a dar algún dato porque después de año y medio se debería haber avanzado algo en esta materia. Como seguimos sin conocer los objetivos de ese informe
anual, de ese estudio que se ha iniciado y suponemos que se puede presentar a esta Cámara, le volveré a preguntar al respecto dentro de unos meses.
El señor PRESIDENTE: Señor secretario de Estado, ¿quiere hacer uso de la palabra?
El señor SECRETARIO DE ESTADO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gómez-Pomar Rodríguez): Acudiremos y contestaremos lo que haga falta. No se lo tome S.S. como descortesía, pero insisto en que el conjunto de elementos que vienen en este
acuerdo y de los que he hecho hoy mención deberían marcar con claridad cuál es la voluntad que tenemos en relación con esta materia.
El señor PRESIDENTE: Gracias por su comparecencia, señor secretario de Estado.
Antes de cerrar la Comisión querría hacer dos indicaciones solamente.
Primera, la fecha reservada para la próxima reunión de la Comisión por la Mesa de la Cámara es el día 17 por la mañana. Lo que va a hacer esta presidencia es convocar
Mesa y portavoces el martes 10 a fin de decidir definitivamente el orden del día. (El señor Martínez Sanjuán pide la palabra.) ¿Quiere hacer algún comentario, señor Martínez Sanjuán?
El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Quiero saber si podemos adelantar no tanto los puntos del orden del día, sino el posible compareciente y los temas a tratar para irlo preparando con tiempo suficiente. Mi grupo parlamentario quisiera proponer que
fuera, como habíamos quedado, el subsecretario del ministerio para cuestiones relacionadas con el ámbito económico y la gestión presupuestaria, etcétera. Si pudiéramos despejar esto, independientemente de los temas que se pudieran tratar, podíamos
ir ganando tiempo y los que lleven los temas podían ir preparando el trabajo en el puente de la Constitución.
El señor PRESIDENTE: Nos dedicaremos a conectar con los grupos para tener avanzado esto con el fin de que el próximo día 10 lo único que haya que hacer sea consolidar el acuerdo sobre el orden del día.
En segundo lugar, he estado hablando con el letrado y querría indicar que si hay que crear una subcomisión es materia del Pleno, pero para tramitar una solicitud de creación de subcomisión debe ser votado previamente en esta Comisión.
El señor PRESIDENTE: Si el Grupo Popular persiste en esta voluntad, podría incluirse en el orden del día del día 17.
El señor ALBENDEA PABÓN: Señor presidente, dado la fecha en que estamos y que el mes de enero es inhábil, lo pensaremos y lo comentaremos el 10 de diciembre, pero lo lógico sería crear la subcomisión en febrero porque no tiene sentido
crearla en vísperas de Navidad.
El señor PRESIDENTE: Lo único que quería indicar es que hemos que tratarlo en Comisión para proponérselo al Pleno.
Terminado el orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.