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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 630, de 26/11/2002
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2002 VII Legislatura Núm. 630
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ELENA GARCÍA-ALCAÑIZ CALVO, VICEPRESIDENTA PRIMERA
Sesión núm. 40
celebrada el martes, 26 de noviembre de 2002
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de Ley: - Relativa a la industria europea de construcción naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001495.) ... (Página 20584)
- Relativa a los perjuicios causados a los pequeños y medianos astilleros gallegos por el retraso en la percepción de las primas a la producción naval. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001578.) ...
- Relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación, cooperación y armonización entre administraciones y agentes del sector de las telecomunicaciones con el fin de garantizar el derecho al medio ambiente, la protección de la salud de
los ciudadanos y un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones, así como la adecuada prestación del servicio de telefonía móvil. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001732.) ...
- Relativa a la mejora de la situación de la mujer en la ciencia y la tecnología. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001739.) ... (Página 20595)
- Sobre los gastos militares en investigación y desarrollo. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001774.) ... (Página 20598)
- Sobre la elaboración del proyecto para la construcción, equipamiento y explotación del laboratorio de luz Sincrotrón del Vallés, en base a los acuerdos correspondientes con la Generalidad de Cataluña. Presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista. (Número de expediente 161/001783.) ... (Página 20603)
Se abre la sesión a las diez y quince minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA INDUSTRIA EUROPEA DE CONSTRUCCIÓN NAVAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001495.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Buenos días, señorías.
Comienza la sesión de la Comisión de Ciencia y Tecnología para dar cumplimiento al orden del día fijado en la Mesa y portavoces. Por acuerdo de la Comisión se revoca
el acuerdo de la Mesa y portavoces de debatir dos de las proposiciones no de ley conjuntamente, de manera que se van a debatir por su orden.
El primer punto del orden del día es el debate y votación de la proposición no de ley relativa a la industria europea de construcción naval, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su exposición y defensa tiene la palabra su portavoz don
Celestino Suárez.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Intervengo para defender esta proposición no de ley de mi grupo parlamentario relativa al futuro de la empresa pública Izar y a la industria europea de construcción naval.
Saben ustedes que Izar es fruto de la fusión de los astilleros públicos tanto civiles, agrupados en los antiguos astilleros españoles CEASA, como los antiguos astilleros públicos militares agrupados en torno a la empresa Astano. En julio
del año 2000, hace más de dos años, se fusionaron ambos astilleros y se constituyó la empresa pública de construcción naval Izar. Nueve meses después, en marzo del año 2001, se suscribió con las organizaciones sindicales representativas un plan
industrial, con vigencia hasta el año 2005, que buscaba como objetivo equilibrar la cuenta de resultados de esta empresa, que tuvo unas pérdidas de más de 40.000 millones en el año 1999, e incrementar su competitividad. Para ello el plan industrial
pactado contemplaba actuaciones en materia de fortalecimiento de la acción comercial de Izar, un volumen importante de inversiones para incrementar sus capacidades tecnológicas, un plan de desarrollo de recursos humanos y una cierta especialización
del conjunto de los astilleros del grupo Izar, tanto los públicos como los militares. Posteriormente hemos conocido de forma oficial, a través de los medios de comunicación y en sede parlamentaria, que la SEPI y el Gobierno han colocado a Izar
entre las empresas privatizables y esperan acometer su privatización una vez que esta empresa abandone sus números rojos. Esta es a grandes rasgos la situación. A partir de aquí nos gustaría introducir alguna reflexión sobre la situación actual de
Izar y del sector de construcción naval.
Izar necesita que se cumpla ampliamente su plan industrial y para ello es necesario que continúe concretando, y no cometa el error de no hacerlo, el desarrollo de este plan industrial con los interlocutores sociales. En este contexto hay
que constatar en estos momentos que Izar necesita incrementar su cartera de pedidos. Se están produciendo retrasos en nuevas contrataciones y hay talleres de cabecera de algunos astilleros que pueden empezar a tener problemas de carga de trabajo
como consecuencia de los retrasos que se están produciendo en las contrataciones. En materia de construcción civil no se está contratando en consonancia con lo previsto y lo planteado en el plan industrial. No es ninguna temeridad decir -y es
conveniente recordarlo aquí- que hay astilleros del grupo Izar que en primavera pueden empezar a tener problemas de carga de trabajo como consecuencia de los retrasos en las contrataciones. Junto a estos problemas del grupo Izar (la necesidad de
desarrollar su plan industrial de forma concertada con las organizaciones sociales y la necesidad de incrementar su cartera de pedidos, con las consecuencias que puede acarrear en materia de carga de trabajo para la empresa) hay un contexto general
en el sector naval que es necesario poner hoy aquí en evidencia a la hora de hablar de la empresa básica, de lo que es la industria de construcción naval en nuestro país. Izar es la mayor empresa -en ella trabajan más de
once mil trabajadores- y es básica y fundamental en comarcas muy importantes de este país: Asturias, Galicia, Andalucía, País Vasco; es una empresa, en la medida en que en ella confluyen astilleros militares y civiles, con un componente
estratégico muy importante; es una empresa que, en la medida en que agrupa astilleros militares, está dotada con el enorme potencial tecnológico que la industria de defensa arrastra. Por tanto, ya que es una empresa de construcción militar y
civil, no es ajena a los problemas generales del sector.
En estos momentos se viene produciendo una caída en la contratación por parte de los astilleros sobre todo en el plano civil, y ello tiene consecuencias sobre Izar (veíamos antes que hay retrasos importantes en su futura carga de trabajo), y
en esa caída de la cartera de pedidos en los astilleros civiles tienen mucho que ver -quién lo va a poner en cuestión- problemas de carácter general y, al margen de ellos, tiene mucho que ver la competencia desleal de los astilleros coreanos y
también la política que el Gobierno español sigue con respecto a los astilleros.
El conjunto de mecanismos que bien directa o indirectamente deberían estar apoyando a la industria de construcción naval en nuestro país frente a la competencia
desleal de los astilleros coreanos, o para pasar mejor este momento malo que hay en el sector con caída en las cargas de trabajo y en las carteras de pedidos, en este momento están paralizados o no acaban de ponerse en funcionamiento. Un mecanismo
que actúa indirectamente sobre la industria de construcción naval, como es el tax lease, está sufriendo serios retrasos en su aplicación por parte del Gobierno español. Otro mecanismo que estaba previsto en los presupuestos de este año, como es la
tasa por tonelaje, no ha podido ser aplicado ni se ha puesto en marcha el reglamento para su aplicación sin que se sepa muy bien por qué, y era otro mecanismo indirecto pero importante para apoyar a la industria de la construcción naval. Otro
mecanismo importante, los créditos de la OCDE a la exportación, no se está aplicando porque las modificaciones que ha introducido la OCDE en estos créditos no se han traspuesto al marco normativo español a través del decreto correspondiente
modificando el anterior decreto, el 442/194. El mecanismo más directo de ayuda a la industria de la construcción naval, como es el famoso sistema temporal defensivo de ayudas directas por parte de los Estados miembros a la industria de construcción
naval (aprobado por la Unión Europea el pasado mes de junio al constatarse que había una muy fuerte competencia que afectaba en torno al 50 por ciento de los segmentos de barcos que se construyen en Europa por parte de Corea del Sur y que trata de
sustituir a las antiguas primas a la industria de construcción naval que dejaron de estar en vigor a finales del año 2000) sigue sin entrar en vigor a pesar del compromiso del Ministerio de Ciencia y Tecnología de que entraría automáticamente en
vigor el día 1 de octubre del presente año. Actualmente los astilleros están haciendo ofertas sin saber si van a tener o no las ayudas directas de los Estados miembros, el famoso sistema defensivo temporal de ayudas a la construcción naval, que ha
aprobado la Unión Europea, que significa ayudas por importe del 6 por ciento y que necesita que se incorporen, porque así lo ha dejado abierto la Unión Europea en la decisión que tomó en junio, los famosos gaseros para que tenga una repercusión
positiva en un porcentaje importante sobre la cartera de pedidos de los astilleros españoles. En estos momentos el Gobierno español tiene bastante que ver, al margen de la competencia desleal o de la situación general del sector, por la
paralización en unos casos y retraso en otros que se está produciendo en los mecanismos de ayuda, en la caída de la contratación en el sector de la construcción naval. Este es el contexto en el que se mueve en estos momentos la empresa pública
Izar, la principal empresa del sector de la construcción naval.
El objetivo de nuestra proposición no de ley es que la alternativa a Izar, que son astilleros también militares, que es una empresa que se mueve en un sector estratégico, una empresa con una gran importancia socioeconómica y con una gran
repercusión territorial sobre espacios territoriales muy importantes de nuestro país de sólida trayectoria industrial como Galicia, Asturias, Cádiz, Sevilla y la margen izquierda del Nervión, en Vizcaya, no puede ser la privatización pura y dura,
como nos ha dado a entender el Gobierno, sino que existen otras alternativas a la privatización pura y dura que pueden permitir a esta empresa competir con los astilleros coreanos, romper esa competencia desleal, ser una empresa de un enorme
potencial tecnológico en un sector estratégico como es el de defensa, y seguir jugando un papel importante en términos de dinamización económica e industrial, en términos de actividad y de empleo, en aquellos espacios territoriales donde sus
factorías desarrollan su actividad. Nosotros pensamos que la apuesta de Izar y del Gobierno español por una industria europea de la construcción naval es la salida natural y lógica. Europa hay que construirla en el plano económico y también en el
industrial, y en el plano industrial a Europa se la construye yendo a la configuración de grandes empresas europeas en sectores básicos y estratégicos. Hay otras experiencias importantes de las que no hay razones en estos momentos para decir que
estén dando malos resultados, como puede ser el caso del sector aeronáutico. En el sector aeronáutico se creó EADS, de la que forma parte la empresa española CASA, y en la que la SEPI tiene el 5,56 por ciento de las acciones con capacidad de veto
sobre aquellas decisiones estratégicas, cumplimiento del plan industrial, etcétera, que afectan a CASA, por tanto que afectan a las instalaciones españolas de EADS. Como digo, hay otras experiencias importantes. Hemos oído decir a responsables del
Gobierno y de la SEPI que ir a una industria europea de construcción naval es la salida lógica y razonable para Izar. Construir una gran empresa, bien
una fusión, bien un holding, bien un consorcio, deberían decirlo los interlocutores empresariales afectados. Por tanto, desde una experiencia importante, la de EADS, nadie pone en duda que la salida normal de Izar es integrarse en una gran
empresa europea de construcción naval. Europa necesita de una gran empresa de la construcción naval, tecnológicamente avanzada, capaz de competir con sus astilleros y capaz de ser el eje vertebrador de una industria básica en Europa, que lo ha
sido, que lo es y que lo va a seguir siendo, porque van a tener que seguir haciéndose barcos, y más tras lo que estamos viendo en Galicia y en el norte de España como consecuencia del reciente hundimiento de un petrolero en sus costas. Nuestra
proposición no de ley busca defender una salida para Izar, configurar con otras empresas europeas una gran empresa europea de la construcción naval en la que debe tener una presencia accionarial importante la SEPI, en sus dos vertientes, la civil y
la militar, para que el Gobierno español participe activamente a través de ella en la toma de decisiones estratégicas e industriales y para que garantice la estabilidad en el empleo en las factorías de nuestro país en esa gran empresa europea de
construcción naval. Esta es la propuesta que defendemos para que Izar pueda estar en condiciones, con otras empresas europeas, de defender esta gran empresa europea de construcción naval y para que el Gobierno lo pueda hacer también, ya que no es
ajeno a ello y debe jugar un papel importante. Para ello es necesario que Izar esté en las mejores condiciones posibles, con una cuenta de resultados mucho más equilibrada que la actual, con un potencial tecnológico más avanzado, con unos niveles
de cualificación profesional mejores, con una política comercial mucho más agresiva y con mayores niveles de especialización.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Suárez, le ruego que vaya concluyendo.
El señor SUÁREZ GONZÁLEZ: Voy acabando, señora presidenta. Ello exige el cumplimiento del primer punto de nuestra proposición no de ley; es decir que el plan industrial de empresa de Izar se cumpla en toda su amplitud.
Aceptamos la enmienda presentada por el Bloque Nacionalista Galego a nuestra proposición.
La señora VICEPRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presenta por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra su portavoz, el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: El sector estratégico de la industria naval es de tal importancia que posiblemente sea uno de los sectores que está siendo objeto de discusión e incluso de reparto y rapiña entre las grandes áreas industriales
del mundo. Sería equivocado pensar que tenemos un grave problema en la industria del sector naval sólo por Corea. Lo tenemos, en primer lugar, por el reparto de la carga de trabajo dentro de los Estados de la Unión Europea; en segundo lugar, por
las aspiraciones de Estados Unidos de cambiar su posición incluso dentro de la construcción naval civil; y en tercer lugar, porque los procesos de concentración industrial en el mundo relativos a la transnacionalización o globalización son un hecho
evidente. En todo caso, está claro que la posición del Estado español hoy respecto a la de hace 20 años es radicalmente distinta, pero ahora para mal. En los momentos en que los fenómenos de transnacionalización eran moderados o estaban muy
compensados por cierta autonomía política de los Estados, era claro que un Estado de tipo medio, medianamente industrializado como el español, podía tener algún nicho de importancia industrial e incluso investigadora, como era la del sector naval.
Hoy en día estamos en un debate que ya se dio en el Estado español en el año 1984 en relación con el ingreso en el entonces Mercado Común europeo. Una de las condiciones drásticas y draconianas que puso la entonces Comunidad Económica Europea para
el ingreso del Estado español fue la reestructuración del sector naval. Como dentro también existe la correlación de fuerzas políticas y el papel de cada territorio, ese tipo de reducción de la capacidad productiva del Estado español se hizo en
función de la capacidad productiva de Galicia, que en aquel momento era la que mantenía el más alto porcentaje de producción de buques, en particular de petroleros. En la década de los años setenta, paradójicamente los petroleros más grandes del
mundo se construyeron en el astillero Astano, hoy Izar-Fene.
Para nosotros y de cara al futuro se trataría de mantener los siguientes criterios. En primer lugar, el carácter público de la nueva empresa creada, Izar, aunque se fuera a un proceso de transnacionalización, si bien entendemos que en este
proceso de transnacionalización va a ser muy difícil mantener el carácter público, a no ser que salgan vencedores en el debate que hay en la Unión Europea los criterios de ciertos sectores políticos de Francia o de Alemania de mantener estos
sectores estratégicos en manos del poder público y en concreto del Estado respectivo. Sería posible el carácter público de una empresa transnacionalizada siempre que las políticas de los Estados de la Unión Europea coincidieran en mantener estos
sectores estratégicos en manos públicas y no aceptar su privatización bajo ningún concepto, lo cual no parece que sea la tendencia dominante en los próximos años. El tercer criterio sería la no discriminación, es decir, no tomar medidas políticas
sin que se basen en criterios de carácter técnico objetivo, en ventajas comparativas e incluso en perspectivas de futuro. Nuestra enmienda va destinada a que en el conjunto de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que para
nosotros tiene evidentes peligros implícitos, se asegurase que
cualquier proceso de creación de una industria europea del sector naval tiene que llevar consigo el planteamiento de las condiciones en que está la industria naval del Estado español, desde el punto de vista comparativo y competitivo.
Dentro de esta industria naval, lo más grave hoy es el hecho de tener un gran astillero con una tecnología punta, como Izar-Fene, en un proceso de desmantelamiento. Por eso proponemos que ya que fue la Unión Europea la que de acuerdo con el
Gobierno del Estado español hizo desaparecer al astillero del mapa de la construcción de barcos, lo vuelva a reimplantar en condiciones de igualdad con el resto de los astilleros de la Unión Europea. Da la casualidad de que en estos momentos no
sólo sería paradójico sino cruel que en el caso de que aumentase la producción de petroleros en el mundo, con la obligación de construirlos con doble casco, el único astillero gallego que los puede construir quedara excluido de la producción de sus
artefactos. Sería la gota que colmase el vaso. A pesar, como digo, de ver los graves peligros que tiene la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, en concreto cuando habla del plan de empresa, que no vemos bien intencionado pero
entendemos el conjunto de la iniciativa y si se mantiene el carácter público de la empresa se puede combatir, presentamos esta enmienda como complemento para realizar las gestiones oportunas ante la Comisión Europea para que se levanten las
restricciones que pesan sobre el astillero Izar-Fene, de forma que pueda competir en condiciones de igualdad con el resto de los astilleros de la Unión Europea. Esta enmienda beneficiaría al conjunto de la industria naval española, le daría mayor
posibilidad de competencia, pero tendría que ser garantizando el carácter público del conjunto de la empresa Izar, aunque fuese transnacionalizada.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Otros grupos que van a intervenir? Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU BULDÚ: Nuestro grupo va a votar negativamente estas dos proposiciones porque entendemos, en primer lugar, que el sector de los astilleros públicos es una industria de gran tradición en determinadas zonas de España, siendo
dinamizadora de la economía en muchas poblaciones.
La señora VICEPRESIDENTA: Disculpe, señor Grau, estamos debatiendo sólo la primera proposición. Aunque ha anunciado su intención de voto de las dos, el segundo lo reservamos.
El señor GRAU BULDÚ: He entendido que se acumulaban las dos proposiciones.
La señora VICEPRESIDENTA: Al inicio de la sesión, por acuerdo unánime de la Comisión, las hemos separado. Es simplemente a efectos de que no haya confusión.
El señor GRAU BULDÚ: Gracias, señora presidenta, pues rectifico nuestro voto negativo a este primer punto del orden del día, en el sentido de que estos astilleros públicos son industria de gran tradición en determinadas zonas de España,
siendo dinamizadores de la economía de muchas poblaciones. Como ya han dicho los anteriores intervinientes es una economía globalizada, y al tener que competir con distintas empresas del mismo sector a nivel mundial, obliga a tener una
interconexión con muchas empresas y además existe una gran cantidad de empresas subcontratadas.
También es cierto que este sector tiene una demostrada capacidad exportadora. Según los datos de que dispone nuestro grupo, tenemos una cartera de
pedidos que en estos momentos cubre las expectativas hasta el año 2003, con las producciones en Sestao de dos dragas, dos buques para Repsol, que también beneficiarán a Astano; en Sevilla la construcción de un ferry para la compañía
Trasmediterránea; en Juliana dos dragas para Francia, y en Manises un acuerdo con la empresa líder de construcciones de motores Man-BW diesel. El problema se circunscribe a nivel europeo. Se genera una lucha contra el dumping, que tiene que
traducirse en el establecimiento de una conducta en materia de precios, en una transparencia de ayudas y en un compromiso de no desviación de fondos otorgados por el Fondo Monetario Internacional que sea competitiva con Corea del Sur y su posterior
control. Después de la firma el año pasado de la Comisión Europea con Corea del Sur del principio de acuerdo previendo el respeto a las prácticas transparentes en el cálculo de los precios de la construcción naval, estableciendo unos mecanismos de
consultas bilaterales en caso de conflicto que no han funcionado, entendemos que se ha iniciado un trámite que es un poco farragoso y que puede durar varios años, en el que tiene que pasarse por la denuncia de la Unión Europea a la Organización
Mundial del Comercio. Por tanto, entendemos que esta consolidación o unión de toda Europa en la resolución de este problema tiene que llevarse por esta vía. Creemos que tiene que potenciarse una acción particularizada, sin dejar de defender los
intereses del Estado español dentro de la Unión Europea y pidiendo, como ya pedía el anterior interviniente, la no pérdida de posiciones dentro de esta situación. Por ello, nuestra posición es favorable a que se insista en la vía del Gobierno para
que de alguna forma se favorezca la solución de este conflicto, que no lo entendemos directamente español sino global, porque una solución pormenorizada no sería la solución del problema, tendría que contemplar al menos la Unión Europea, porque si
no sería una solución parcial y no definitiva. Por todo esto, nuestra posición es contraria a la propuesta que se presenta.
Gracias, señora presidenta, y disculpe por la confusión al principio de mi intervención.
La señora VICEPRESIDENTA: No hay necesidad de disculpa, señor Grau.
Simplemente era para que clarificásemos un poco su buena intención de votar algo que no habíamos debatido. En todo caso, esta presidencia lo tiene en cuenta.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez Corgos tiene la palabra.
El señor PÉREZ CORGOS: Efectivamente, hay un principio básico de acuerdo entre todos los grupos parlamentarios representados en la Cámara y en esta Comisión en concreto respecto de la importancia económica y social de los astilleros
públicos, de la empresa Izar, una obviedad en la que doy la bienvenida a todo el mundo, porque hasta ahora no parecía tan obvio. Realmente la situación de la empresa Izar, tal y como la ha expuesto el señor Grau, es mucho mejor de la que tenía hace
unos años.
Señorías, quiero decirles, para que quede constancia, que tanto SEPI como Izar han venido adoptando las medidas que se han considerado más eficaces para mejorar la posición competitiva de esta compañía y conseguir equilibrar sus resultados
en un período de tiempo lo más corto posible.
El cumplimiento de estos objetivos deberá permitir que la empresa Izar esté en la mejor posición negociadora ante cualquier proceso de integración para conseguir tener el peso que le corresponde en las
decisiones de ámbito supranacional que hayan de adoptarse.
Respecto de las negociaciones con otros países de la Unión Europea para impulsar una industria europea de la construcción naval, se mantienen, como SS.SS. saben, contactos permanentes en todos los ámbitos existentes con el resto de las
empresas europeas más significativas del sector. Se trabaja intensamente en acciones conjuntas. Ejemplo de ello es la reciente decisión de la Comisión Europea ante Corea y los acuerdos tecnológicos que ha alcanzado la empresa Izar. No obstante
también somos todos conscientes de que se trata de un sector atomizado y con estructuras muy diferentes en los distintos países, por lo que el proceso de concentración de la industria europea del sector se ve todavía lejano.
A pesar de ello el
Gobierno, a través de la SEPI, ha preparado a Izar para ese futuro escenario de alianzas y consolidación del sector, reordenando, como se ha dicho el sector, fusionando las empresas de construcción civil y militar, promoviendo una estructura dual de
los centros de trabajo, aprovechando las sinergias entre las dos actividades para obtener avances tecnológicos y reducciones de costes, según los casos, y apostando claramente por la innovación como motor de la penetración en nuevos mercados
geográficos y en el lanzamiento de nuevos productos. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales está dispuesta a impulsar la creación de un líder de construcción naval europeo que atienda a las necesidades internas del mercado comunitario
y pueda competir con la mayor excelencia en el mercado internacional; pero ello siempre que se den ciertas condiciones: un marco legal comunitario adecuado que reconozca el carácter estratégico de su industria y promueva el desarrollo, una
política de defensa europea que permita el desarrollo de programas conjuntos y facilite la reducción del gap tecnológico, y un esfuerzo de integración de la industria para agrupar sus mejores activos, creando un líder europeo que tire del resto de
la industria y pueda competir con éxito en el mercado internacional. Si ello no fuera posible, probablemente la industria se vería abocada -y es uno de los riesgos que tenemos- a un continuo proceso de ajuste, desapareciendo la mayor parte de las
compañías, con el consiguiente impacto económico y social que ello tendría. Sólo aquellas compañías que fueran capaces de mantener alianzas accionariales con los grandes grupos americanos podrían sobrevivir. La decisión final entre crear una
alianza estratégica europea o una alianza de origen trasatlántico, vendrá en gran medida determinada por el establecimiento de las condiciones adecuadas en el entorno comunitario, pero en cualquier caso SEPI tendrá siempre presente en primer lugar
el desarrollo de su modelo industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo en Izar.
Decía el portavoz del Grupo Socialista que el Gobierno tiene intención de privatizar Izar. Pues bien, señorías, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales no ha iniciado ningún proceso de privatización de Izar y les puedo asegurar
que en estos momentos no tiene intención de iniciarlo a corto ni a medio plazo. El objetivo prioritario de SEPI es consolidar el proyecto Izar como garantía absoluta de mantenimiento de los puestos de trabajo y de supervivencia de una empresa de
gran importancia para la economía española. Sólo cuando esté consolidada como una realidad, será el momento de plantearse su posible privatización. No obstante, sí es cierto que SEPI considera que el sector de construcción naval necesita que en el
marco europeo se avance en la configuración de acuerdos y alianzas estratégicas entre las diferentes empresas que actúan en el sector. Estas alianzas, y no hay que prejuzgar absolutamente nada, pueden ser de carácter comercial, industrial o incluso
de carácter societario. La consecución de los objetivos del plan de empresa de Izar deberá permitir a SEPI tener la mejor posición posible en la negociación de cualquier proceso de integración.
En la actualidad, como SS.SS. saben, Izar ya mantiene alianzas con otras compañías internacionales, europeas o no. Por ejemplo, colabora con la DCN francesa para desarrollar el proyecto Scorpene; suscribió con una empresa alemana el
Memorandum of understanding, para estudiar las posibilidades de colaboración en el desarrollo de un submarino de bajo coste destinado a mercados de exportación; y participó en el consorcio
AFCON, junto a Lockeed Martin y Bath Iron Works -filial de General Dynamics-, para comercializar fragatas con sistema Aegis, programa español y noruego, de momento.
Habida cuenta de que no hay de momento ninguna intención privatizadora, y de que la labor de la empresa Izar se desarrolla fundamentalmente dentro del equilibrio de sus cuentas y en la consecución de una posición relevante en el mercado
europeo, consideramos que es innecesario aprobar la proposición no de ley que ahora debatimos, y en consecuencia votaremos en contra de la misma.
- RELATIVA A LOS PERJUICIOS CAUSADOS A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS ASTILLEROS GALLEGOS POR EL RETRASO EN LA PERCEPCIÓN DE LAS PRIMAS A LA PRODUCCIÓN NAVAL, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001578.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Punto siguiente del orden del día: proposición no de ley relativa a los perjuicios causados a los pequeños y medianos astilleros gallegos por el retraso en la percepción de las primas a la
producción naval. La proposición ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, y para su defensa tiene la palabra don Francisco Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Comenzaré diciendo que la red de pequeñas y medianas empresas astilleros constituyen una industria básica de Galicia.
Esta industria se caracteriza por tener que construir unos artefactos de alto valor unitario,
por lo cual queda siempre superada la capacidad financiera de los astilleros, de modo que la financiación se convierte en elemento clave de la competitividad. La segunda característica es el alto nivel tecnológico de este tipo de industria,
inevitable si pensamos que debe sobrevivir en un mercado liberalizado y globalizado. De hecho, dentro del Estado español el sector ocupa el séptimo puesto en intensidad tecnológica, incluso un lugar superior en el caso de Galicia. Además, se trata
de una industria de síntesis, que arrastra a otros sectores industriales y de servicios con intensidad tecnológica media-alta o alta: Por cierto, en el caso de los astilleros gallegos, gran parte de este arrastre se produce fuera de Galicia. Por
fin, esta industria es muy importante en la generación de empleo directo e indirecto, tiene un reducido consumo energético y una gran capacidad exportadora, como después veremos. En resumen, la consolidación de este importante sector de nuestra
economía es fundamental y en el caso de Galicia pasa por recuperar las posiciones perdidas dentro del Estado español y en la Unión Europea. Hace poco, perdimos algunas empresas, como Santo Domingo, en Vigo, o Indunor, en Ferrol.
A continuación, hablaremos de la importancia económica de esta red gallega de peme y astilleros. En el año 2000, la facturación fue de 457 millones de euros -76.000 millones de pesetas-, a lo que hay que añadir una cifra equivalente de las
empresas proveedoras y por las auxiliares y las del interior, dependientes de la factoría principal. Esta facturación corrió por cuenta de nueve astilleros gallegos que se dedican a la construcción de buques de acero de 100 o más toneladas de
registro bruto compensado; en concreto, los astillero Sicar; Artafersa; Valiña; FN, de Marín; Armon, de Vigo; Freire; Vulcano; Barreras; Metal Ships & Docks, que constituyen el 43 por ciento del total de instalaciones del Estado español.
Si cogemos la agenda a 31 de marzo de 2002, comprobaremos que la construcción de estos astilleros se distribuye así: 17 pesqueros en construcción, que equivalen a 40.518 TBC; resto de buques, 11, que equivalen a 112.607 TBC; en total 28
buques, con un tonelaje bruto compensado de 153.125 toneladas. Ocho de estos buques son para exportar y equivalen a 54.357 toneladas de registro bruto compensado; el 28,6 por ciento del número de buques y el 35,5 por ciento del tonelaje se dedican
a exportación. Esto supone ocupación para un año o año y medio el conjunto de los astilleros.
La importancia de los buques de pesca en esta construcción es enorme; lo podemos comprobar tomando como referencia un período de 10 años, de 1990 a 2001. La producción media de pesqueros en este período supuso el 76,5 por ciento del total
de buques y el 58,5 por ciento del tonelaje bruto en este período. No hace falta que recuerde a SS.SS. la situación crítica que está pasando el sector de la pesca, derivada de la política internacional. Recuerden el conflicto del fletán, o cómo
los Estados del Tercer Mundo se van apoderando de sus aguas de influencia económica con ayuda de los países centrales, que consideran que esta es la compensación que pueden darles a cambio de que sigan comprando sus bienes de equipo.
No les voy a
recordar ahora la política de la Unión Europea, incluso dentro de las aguas comunitarias, anulando la presencia histórica de Galicia, ni tampoco la posición del Gobierno, siempre connivente y dispuesto a aceptar el desmantelamiento progresivo de la
pesca en Galicia. En todo caso, esto provoca una situación muy preocupante.
También es cierto que la capacidad exportadora de estos astilleros es notoria. En concreto, el 50 por ciento de los buques producidos en el período de 10 años citado se destinaron a la exportación, y el 68 por ciento del tonelaje bruto
compensado fue asumido por un armador no español. Las pequeñas y medianas empresas gallegas, los astilleros construyeron el 52 por ciento de los buques pesqueros del Estado y el 35 por ciento del total de buques, pesqueros y mercantes. En 2002 los
pedidos a los astilleros gallegos constituyen el 23,4 por
ciento del total estatal; en el caso de los buques de pesca, el 60,7 por ciento.
A pesar de las características y de la situación económica y de mercado que acabo de ofrecer, existe un problema grave y puntual que se viene manteniendo peligrosamente a lo largo del tiempo y es la financiación de la producción naval. Hay
dos vías para la financiación: la primera la constituyen los créditos de financiación de demanda a los armadores, regulada por la OCDE, y la segunda son las ayudas al funcionamiento de los astilleros, ligadas a los contratos realizados; es decir
las primas a la construcción naval, reguladas por la Unión Europea que equivalen al 9 por ciento del contrato o al 4,5 por ciento, según el tipo de buques. La línea de ayudas al funcionamiento de los astilleros, en concreto, quedó prohibida por la
Unión Europea a partir del 1.º de enero de 2001, pero se encontró con que la competencia desleal de Corea del Sur era tan evidente que se vio obligada a promulgar el reglamento C-1177/2002, del Consejo de 27 de junio de 2002, disponiendo un
mecanismo defensivo temporal para la construcción naval mientras dure el procedimiento de diferencias con Corea del Sur ante la OMC. Este mecanismo plantea la posibilidad de una ayuda del 6 por ciento del valor del contrato -antes de la ayuda- para
los segmentos que comprenden buques portacontenedores que transporten productos químicos o derivados del petróleo; también existe esta posibilidad para el gas natural licuado.
Para la construcción naval española, este nuevo marco de lucha contra la competencia desleal beneficiaría al 13 por ciento del tonelaje bruto compensado con la ayuda a pedidos; el 57 por ciento, si se incluyen los que transporten gas
natural licuado. Como ven, beneficiaría a todos los centros de Izar; a todos, menos a los que están en Galicia, curiosamente.
En segundo lugar, en ambos casos -las ayudas a la OCDE y estas nuevas ayudas de la Unión Europea, si se posibilitan- representarían para Galicía el 15 por ciento del tonelaje bruto compensado. El único astillero que se beneficiaría sería
Vulcano, de Vigo.
El asunto puntual que plantea esta proposición no de ley es que hay un problema previo al 1.º de enero de 2001 que son las primas a la construcción naval que debían figurar en los Presupuestos Generales del Estado, se dan con tal desfase
entre el momento de la concesión -en virtud de los contratos realizados por cada astillero- y la dotación orzamentaria que provocan una gran tensión de liquidez en las empresas; empresas que, como dije antes, tienen que construir artefactos que
están muy por encima del capital que figura en la propia empresa. Por tanto, se produce tensión de liquidez en las empresas; niveles de capital circulante muy inadecuados e incluso puede producirse suspensión de pagos; tienen que pedir créditos
bancarios adicionales con la consiguiente elevación de gastos financieros para cubrir el espacio de tiempo entre el momento que se les concede teóricamente la ayuda y el momento en que se les dota plenamente. Además, hay una pérdida de valor de la
ayuda porque entre el momento que teóricamente se les concede y el de la percepción efectiva se produce, lógicamente, una pérdida del valor del dinero. Este volumen de ayudas, demoradas temporalmente para los astilleros gallegos, se evaluó en 120
millones de euros, 20.000 millones de pesetas, cuantía importante en relación con los fondos propios de la estructura financiera de cada empresa. El Consejo de Ministros, el 21 de junio del año 2001, remitió a estas Cortes un real decreto-ley
relativo a la concesión de un crédito extraordinario para atender insuficiencias de dotación para aquellos barcos fabricados entre 1998 y 2000, pero para compensar precisamente intereses de préstamos que financian la demanda naval a los armadores,
no a los astilleros. No se hizo así, por tanto, con las primas a la construcción naval devengadas y no abonadas que deben percibir precisamente estos astilleros que están en apuros. Por eso presentamos esta proposición no de ley cuya parte
dispositiva es clara: Instar al Gobierno a adoptar urgentemente las medidas oportunas para que los pequeños y medianos astilleros de Galicia reciban cuanto antes las primas a la construcción naval devengadas por los mismos, evitando así la
continuación de los efectos negativos que provoca esta situación y que puede más adelante traducirse incluso en pérdidas de capacidad de producción y de empleo en un sector tan importante para la economía gallega.
La señora VICEPRESIDENTA: ¿Grupos parlamentarios que desean intervenir? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el señor Grau tiene la palabra.
El señor GRAU BULDÚ: Nuestro grupo es sensible a la propuesta que manifiesta el Grupo Parlamentario Mixto respecto a esta solicitud de aceleración de pago a los pequeños constructores y a los pequeños astilleros, porque son un elemento
esencial para la competitividad de los grandes astilleros. Realmente es lógico pensar en que una solicitud a favor de los pequeños astilleros tiene que recibir la sensibilidad de este Parlamento que al menos debe acoger esta propuesta por parte de
todos los grupos parlamentarios; en definitiva responder a una necesidad que tiene un sector productivo importante, con una fuerte carga exportadora.
A partir de esta posición, hay que pensar en la conexión de las posibilidades presupuestarias con las posibilidades de ayuda. Aunque la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto insta al Gobierno directamente en este punto,
también creemos que sería importante adecuar esta propuesta de ayudas a los astilleros a las posibilidades presupuestarias del Gobierno. Sabemos de la próxima presentación de una enmienda in voce por parte del Grupo Popular que se refiere a esta
condición de tener en cuenta las posibilidades presupuestarias para ofrecer las ayudas, y nuestro grupo se manifestará a favor de esa propuesta; si no se mantiene, votaríamos en contra de la proposición.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hernández Cerviño.
El señor HERNÁNDEZ CERVIÑO: Simplemente quiero recordar que estamos ante un problema que se diluye entre la supervivencia y el acaparamiento. Es evidente que estamos ante un sector estratégico para Galicia y para España, y que ahora más
que nunca se necesita precisamente esta unanimidad con la Comunidad Autónoma de Galicia. Creemos que España no responde al liderazgo que le correspondería sobre todo porque aquí no caben excusas de mal pagador, se es mal pagador y nada más.
Creo que con esta iniciativa se tiende de alguna manera a buscar la solidaridad pero también la ayuda, la competitividad y la subsistencia de un sector que consideramos estratégico para Galicia. Sin embargo, la falta de estas ayudas no ha
clarificado el horizonte de los astilleros navales. Hemos tenido oportunidad anteriormente de discutir algunas de estas cuestiones. Nos debatimos entre lo autorizado y lo no pagado, entre lo prometido y lo no cumplido, entre lo público y lo
privado. Es evidente que las ayudas a la construcción naval previas al año 2001, cuando no se dan en tiempo, hora y forma adecuados producen consecuencias que tienen un efecto cadena importante que se ve claramente no sólo en las empresas que
pueden llegar efectivamente a suspensiones de pago y demás situaciones dolorosas, sino a las terribles situaciones sociales que se pueden producir. En este caso simplemente me gustaría aludir al efecto de las subcontratas. Todos sabemos cuál es el
problema y todos sabemos también que desde el año 2001 se aludió precisamente a este problema por parte de la ministra de Ciencia y Tecnología, señora Birulés, porque era una voz unánime entre todos los trabajadores y empresarios de astilleros.
Concretamente España y Alemania se manifestaron muy beligerantes por la forma en que Corea venía realizando estas prácticas de dumping y otras análogas que atentaban gravemente contra las normas de la OMC y perjudicaban a sectores como el de los
portacontenedores, el químico, etcétera. Por esa razón se insistía en la necesidad de dotarles de una norma que impidiese esta situación. Con independencia de las medidas que se adoptaron, hace mes y pico el Gobierno diseñaba un plan tecnológico
para convertir el dumping de este tipo de astilleros coreanos y chinos fundamentelmente, aunque podríamos añadir alguno más. Se buscaba precisamente recuperar la industria naval y se prometía nuevamente un plan tecnológico multimillonario para
combatir la competencia de estos astilleros que comercializan -digámoslo claramente- con precios por debajo del coste. Decía que esto es lo nuevo. Durante tres años querían dedicar importantes recursos, pero Corea, Japón y China han rechazado esta
situación y con ello producen graves efectos negativos. Según datos del año 2001 que tengo aquí, Japón absorbe un 33 por ciento de la cuota de mercado mundial, Corea mantiene una cuota del 30 por ciento y China pasó del 7 al 11 por ciento; es
decir, mientras que Europa se mantiene en ese 13 por ciento, no encontramos una solución pacífica para evitar los efectos perversos de esta situación. Es lógico, además -pensando en la posición que mantienen estos países- que haya que tener mayor
beligerancia para aumentar precisamente la competitividad. No se han podido dar más datos porque el proponente ha aludido a todos los posibles que había sobre todo el sector; se ha hecho patente toda la situación y no nos queda más remedio -porque
estamos convencidos de que tiene que ser así- que votar a favor. Simplemente quiero alegar que parece que habrá una enmienda in voce del Partido Popular que puede ser aceptada por el proponente. ¿Cuál es el problema? Que de alguna manera rebaja
más todavía la actitud de la proposición no de ley, dado que no fija fecha ni compromiso definitivo para el cumplimiento de lo señalado en la misma. En el futuro veremos su efectividad.
Así pues, votaremos a favor, sin olvidar que el que paga descansa, pero el que cobra descansa mucho más.
La señora VICEPRESIDENTA: Muchas gracias por ese descanso para todos, señor Hernández Cerviño. Nos congratulamos de esa buena nueva.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez Corgos.
El señor PÉREZ CORGOS: Vamos a ver si procuramos descansar todos después de aprobar esta proposición no de ley.
Señorías, permítanme que divida mi intervención en dos partes. La proposición no de ley, tal y como está formulada por el Grupo Parlamentario Mixto sería de difícil aprobación por el Grupo Parlamentario Popular y yo creo que por todos los
grupos de la Cámara, en tanto en cuanto pretende que los astilleros gallegos reciban del Gobierno un trato diferenciado en cuanto al pago de las primas a la construcción naval que, como SS.SS. saben, son ayudas de tipo sectorial y de ámbito
nacional. Esto supondría un agravio comparativo para el resto de los astilleros españoles en el que no deberíamos caer.
Quiero decir, señorías, que la instrumentación de este tipo de ayudas al que se refiere la proposición no de ley, desde un punto de vista presupuestario se lleva a cabo a través del programa 723.B, denominado reconversión y
reindustrialización, en el que se han dotado dos partidas presupuestarias: una, para ayudas a los astilleros públicos y otras para los astilleros privados para hacer frente a la financiación de las primas correspondientes
al ejercicio actual y a los atrasos de los ejercicios anteriores. Estas partidas han sido consignadas con un crédito inicial de 67.193.000 euros y adicionalmente hay que tener en cuenta también el acuerdo del Consejo de Ministros por el que
se han elevado los límites de compromisos para ejercicios futuros, establecidos en el artículo 61.3 de la Ley General Presupuestaria. Por tanto, desde este punto de vista parecería innecesario aprobar la proposición no de ley que ahora nos ocupa,
ya que está previsto pagar los atrasos de acuerdo con el calendario de compromisos que se prevé en ese acuerdo de elevación de techos y dentro de las disponibilidades presupuestarias de cada ejercicio, de tal manera que no se incremente el déficit
público, como nos señalaba el portavoz de Convergència i Unió, señor Grau.
Refiriéndome ya al caso específico de los astilleros gallegos, discrepo de la exposición de motivos de la proposición no de ley que formula el Grupo Mixto, puesto que a fecha 10 de septiembre la deuda con los astilleros gallegos por primas a
la construcción naval realmente devengadas y no abonadas asciende a 12.320.000 euros y no a los 120 millones de euros a los que hace referencia la exposición de motivos de la proposición no de ley. Es decir, estamos hablando del 10 por ciento de
esa cantidad. Los 12.320.000 euros adeudados corresponden a los astilleros Astafersa, 548.000 euros; Barreras, 6 millones de euros; Freire, 1.371.000 euros; Metal Ships & Docks, 204.000 euros; Santo Domingo, 731.000 euros y Vulcano, 3.159.000
euros. Quiero aclararles que de estos 12.320.000 euros adeudados, el crédito que le corresponde a Astafersa y al antiguo astillero Santo Domingo, son cantidades que no se les han hecho efectivas debido a que ninguno de ellos presentó la
documentación justificativa de estar al corriente del pago de sus obligaciones tributarias. Por tanto, en este caso no se puede acusar al Gobierno de ser mal pagador sino que hay quien no tiene la capacidad para cobrar. Los casi 11 millones de
euros restantes, que representan una deuda no satisfecha por la Administración, afectan como decíamos a astilleros privados de pequeño y mediano tamaño.
El motivo de estas deudas que sufren -como decíamos antes- también en mayor medida astilleros de otras zonas estriba en la adecuación que ha habido que realizar en las anualidades de pago de las primas a las disponibilidades presupuestarias.
La previsión del Gobierno es que en el bienio 2003-2004 -y aquí estamos ya fijando fecha y compromiso, como requería el señor Hernández Cerviño- las dotaciones previstas en los presupuestos para estos ejercicios permitan amortizar el pago de las
primas. Por ello, consideramos que sería conveniente proponer, y así lo hacemos, un texto alternativo de sustitución a la proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto, que sería del siguiente tenor. El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a adoptar las medidas oportunas para que los astilleros reciban las primas a la construcción naval devengadas y no pagadas tan pronto como lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
Espero, señorías, que sea aceptada esta enmienda transaccional in voce que acabo de formular y que podamos votar a favor de la proposición no de ley que ahora estamos debatiendo.
La señora VICEPRESIDENTA: El señor Rodríguez, autor de esta iniciativa parlamentaria, tiene la palabra para la aceptación o rechazo de la enmienda propuesta.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Vamos a aceptar la enmienda, en la medida de que interesa haya urgencia política sobre el Gobierno para que efectivamente pague lo que debe cuanto antes. Con este sentido, en la medida la que va a ser más
positivo que le llegue la comunicación a que no le llegue, es por lo que aceptamos.
- RELATIVA AL ESTABLECIMIENTO DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN, COOPERACIÓN Y ARMONIZACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES Y AGENTES DEL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES CON EL FIN DE GARANTIZAR EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE, LA PROTECCIÓN DE LA SALUD DE
LOS CIUDADANOS Y UN DESPLIEGUE ADECUADO DE LA RED DE INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES, ASÍ COMO LA ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001732.)
La señora VICEPRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación, cooperación y armonización entre administraciones y agentes del sector de las
telecomunicaciones, con el fin de garantizar el derecho al medio ambiente, la protección de la salud de los ciudadanos y un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones, así como la adecuada prestación del servicio de
telefonía móvil.
El autor es el Grupo Parlamentario Socialista y para su exposición y defensa tiene la palabra doña Montserrat Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Señorías, no voy a empezar otra vez una proposición dedicada al tema de las antenas de telefonía móvil diciendo que desgraciadamente una vez más debemos hablar de este tema en esta Comisión, sino que voy a hacerlo
citando una noticia que salía la pasada semana en un medio de comunicación de ámbito nacional, cuyo titular era el siguiente:
Los operadores de móviles advierten que Barcelona está a la cola de Europa en cobertura de telefonía sin hilos. No cito este titular que se refiere a Barcelona solamente por proximidad territorial, sino porque me sorprendió que una ciudad
de la importancia y del calibre de Barcelona, una ciudad que además en el tema de despliegue en telecomunicaciones, especialmente en antenas de telefonía móvil, ha sido ejemplar, promulgando por ejemplo su propia ordenanza, además en un marco
autonómico en el que existe legislación y un territorio en el que de una forma bastante eficaz y temprana fueron capaces los distintos implicados en el tema de establecer un pacto con las propias operadoras, con los propios municipios a través, como
saben SS.SS., de un consorcio llamado Localret, que es un consorcio a nivel de Cataluña pero que ha sido ejemplar para el resto de España. Me preocupó bastante ver este titular.
Creo que es muy ilustrativo que en un lugar, en un sitio, en una
ciudad como Barcelona pueda generarse este tipo de preocupación. (El señor vicepresidente, Lissavetzky Díez, ocupa la presidencia.)
En este sentido, los operadores se referían al problema que hay en Barcelona, pero también al problema de ámbito más general. En este caso pedían que la Generalitat haga de mediadora para poner fin al bloqueo al que en su opinión asisten y
quieren acabar dicen con la lentitud y los problemas de coordinación con que topan cuando necesitan permisos para instalar nuevas antenas. Imagínense ustedes que en un lugar en el que parece que está todo bastante atado los operadores también se
quejan de que existen problemas de coordinación y lentitud. ¿Qué pasará en aquellas zonas de España en las que no existe todavía legislación autonómica o en las que no hay medios como los que puede tener una ciudad como Barcelona para afrontar una
situación que los operadores describen como muy complicada para acoger la telefonía de tercera generación, llegando a un momento de deficiencia y de retroceso tecnológico? Esta es la calificación con la que obsequian los propios operadores a la
situación que vivimos en este momento.
Como saben SS.SS., el Grupo Socialista presentó hace un mes una proposición prácticamente igual que la que traemos hoy una vez más a esta Comisión. Lo hacemos porque estamos convencidos de que llegará un momento en que no habrá más remedio
que establecer el acuerdo que en nuestra proposición solicitamos, que es básicamente una acuerdo entre administraciones -aunque contando también con los agentes del sector- especialmente para dar a la población un mensaje de seguridad, más que de
tranquilidad -que también- y un mensaje garantista porque, a pesar de que los expertos y los científicos -como recordarán SS.SS- nos han explicado una y otra vez en esta misma Comisión que existen garantías para que con la normativa vigente no se
tenga ningún temor respecto a las repercusiones que los campos electromagnéticos puedan tener en la salud de las personas siempre y cuando responda a esta normativa, ustedes saben perfectamente que continúan levantándose voces en lugares distintos
de España -municipios pequeños y grandes- en los que se reclama mucha mayor claridad respecto a estas garantías que la Administración debe proporcionar en relación con la protección de la salud de las personas y del medio ambiente. Desde el Grupo
Socialista seguiremos insistiendo porque el tiempo nos ha dado la razón. Recordarán SS.SS. que antes de que hubiera normativa estatal, el Grupo Parlamentario Socialista trajo a esta Comisión una proposición no de ley para que se promulgara dicha
normativa. Una vez que esta normativa estuvo hecha el Grupo Parlamentario Socialista denunció los vacíos que la misma tenía y el Gobierno promulgó una orden para completar el decreto con el que había regulado este tema.
Desde entonces estamos
insistiendo de forma reiterada y rigurosa, razonable, con argumentos, con sensatez, sin intención de romper ni dramatizar nada, en que ahora es muy necesario gestionar correctamente la normativa que el Estado tiene en este momento y sobre todo
hacerlo de forma correcta con las demás administraciones que, en el ejercicio de sus competencias, deben regular y afrontar los problemas que generan la instalación y la expansión de la telefonía móvil en España. El último episodio, como recordarán
-triste episodio- fue la promulgación por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias de una ordenanza tipo que en realidad no está sirviendo para nada, y esto lo demuestran titulares como el que acabo de leer pero también los
episodios que se van sucediendo en distintas poblaciones a lo largo y ancho de la geografía española. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, por la cuenta que les trae a los municipios, hubo en un primer momento un claro interés
por promulgar una ordenanza que acogiera de alguna manera el acuerdo necesario y el establecimiento de unos criterios mínimamente armonizadores y de pacto entre los distintos agentes implicados en este tema, pero una vez más desde el Ministerio de
Ciencia y Tecnología dinamitaron este acuerdo. No creemos que pueda existir ningún tipo de argumento ni de explicación mínimamente sensata ni razonable para que el Ministerio siga empecinado en no aceptar algún tipo de actuación o de acuerdo al que
están predispuestos la mayoría de administraciones: las locales y las autonómicas.
Es necesario reconocer los ámbitos competenciales de las administraciones locales, lo que no hace la ordenanza tipo, que debería haber incorporado aspectos relacionados con las competencias que tienen los ayuntamientos en urbanismo, medio
ambiente y salud pública. Debería haber asegurado también que el despliegue territorial de las redes de comunicación se ajustara a los instrumentos de planificación urbanística. Debería haber contemplado la posibilidad del uso compartido de
emplazamiento, siempre que esto sea posible. Debería
haber tenido en cuenta también el procedimiento de actividad clasificada que, como SS.SS. saben, ejercen y aplican las administraciones locales.
Debería haber considerado que en aquellas comunidades autónomas donde ya existe regulación
habría que incorporar las normas más restrictivas aprobadas por la propia Administración autonómica, como es el caso de Castilla-La Mancha y Cataluña que establecen unos límites de exposición más restrictivos que la normativa estatal. Debería haber
contemplado también la posibilidad de incorporar mejoras técnicas para asegurar el nivel de calidad del servicio pero también un elevado nivel de protección del medio ambiente. Debería haber incorporado algo tan fundamental como la capacidad de
inspección y control por parte de los responsables municipales, así como un régimen de infracciones y sanciones, porque SS.SS. saben perfectamente que una normativa que no contempla este tipo de régimen deja absolutamente desprotegida a la
Administración que ejerce sus competencias, como es el caso de los ayuntamientos que tienen que retirar una antena y muchas veces no tienen la posibilidad de realizar ningún tipo de acción, con lo que todas estas cuestiones suelen acabar en los
juzgados.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista no desistiremos en continuar explicando e insistiendo en que esto es absolutamente necesario y razonable. Lo piden los agentes del sector y las propias administraciones. Un día u otro los
responsables del Ministerio de Ciencia y Tecnología atenderán a razones, pero cuando esto ocurra seguramente los problemas habrán aumentado demasiado. Desde el Grupo Parlamentario Socialista presentamos una vez más esta proposición con el ánimo y
la intención de apoyar el acceso de todos los ciudadanos a las nuevas tecnologías, que existan controles públicos adecuados y con la esperanza de que el Ministerio de Ciencia y Tecnología convocará a las comunidades autónomas y a los responsables de
la Federación Española de Municipios y Provincias, respetando las competencias de cada nivel de la Administración, para alcanzar el mayor acuerdo posible sobre este tema.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Al no existir enmiendas, ¿grupos que desean fijar posición? (Pausa.)
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Pérez-Hickman tiene la palabra.
El señor PÉREZ-HICKMAN Y SILVÁN: Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular respecto a la proposición no de ley de referencia. Ya les adelanto que vamos a votar en contra de la misma, porque el Gobierno ya ha
regulado exhaustivamente la materia relativa a los límites de exposición frente a emisiones, primero, a través del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, sobre condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las
emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas y, segundo, completándolo con la Orden de la Comisión Técnica de Emisiones CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la
presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones. Como bien saben SS.SS., esta normativa fue sometida a una amplia consulta pública y es consecuencia de las recomendaciones de la Comisión
internacional de protección contra las radiaciones no ionizantes recogidas por la Recomendación 1999/519/CE del Consejo de la Unión Europea.
A raíz de dicha recomendación se han realizado informes en tres países de la Unión Europea por grupos de expertos en el ámbito nacional: el informe inglés del año 2000, conocido como informe Stewart, y el de la Dirección General de la Salud
de Francia de 2001 (ambos referidos a los efectos que las radiaciones relativas a la telefonía móvil tienen sobre la salud, abordando siempre los teléfonos y las estaciones base), y en ese mismo año en España se desarrolla otro por un grupo de
expertos pertenecientes a diversas instituciones de investigación, incluido el CSIC, coordinado por el Ministerio de Sanidad y Consumo, referente a todas las radiaciones no ionizantes del espectro electromagnético, incluidas las de las antenas de
telefonía móvil. Por tanto, me asombra que la señora Palma nos diga que no se ha tenido en cuenta la incidencia que pudieran tener los campos electromagnéticos sobre la salud de las personas, ya que este grupo de expertos ha trabajado durante un
año revisando y analizando (incluido el informe Stewart) la evidencia científica disponible sobre emisiones radioeléctricas y salud. Una conclusión común de los informes emitidos es que a la luz de las evidencias científicas actuales la exposición
a campos electromagnéticos de las antenas y terminales de telefonía móvil a niveles inferiores a los indicados por la Comisión Internacional, que coincide con los adoptados por la resolución del Consejo de Ministros de la Unión Europea, no implica
efectos nocivos para la salud. En este sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el ámbito del programa PROFIT, tiene abierta una línea de financiación para proyectos de investigación relacionados con emisiones electromagnéticas y salud en
la que ya han participado el CSIC, la Universidad de Zaragoza, Localred, la Universidad Politécnica de Cartagena y la Fundación Europea de Bioelectromagnetismo. Además, quiero recordar al Grupo Parlamentario Socialista que el Gobierno puso en
marcha un plan de inspección de estaciones radioeléctricas cuyos resultados definitivos son totalmente satisfactorios y muestran que las estaciones revisadas hasta la fecha cumplen los requisitos establecidos con amplísimos márgenes de seguridad.
Igualmente satisfactorios son los resultados de las autocertificaciones
realizadas por los operadores, que demuestran la adecuación de las instalaciones a la normativa actual. Este diputado que les habla considera que estas actuaciones de inspección, regulación y supervisión llevadas a cabo han contribuido
sustancialmente a tranquilizar a nuestros ciudadanos, garantizando suficientemente un marco adecuado para el despliegue de las infraestructuras de telecomunicaciones.
En lo relativo a los aspectos de coordinación entre administraciones públicas hay que separar de modo claro los aspectos de protección sanitaria, en los que existen competencias compartidas entre varias administraciones, y los aspectos de
telecomunicaciones referentes al despliegue de infraestructuras e instalación de estaciones de radiocomunicaciones. En cuanto al primer aspecto, el Consejo Interterritorial de Salud constituye la conferencia sectorial con presencia de todas las
administraciones públicas competentes en materia de protección de la salud de los ciudadanos. En dicho consejo es donde deberán generarse los instrumentos de colaboración y coordinación necesarios para solucionar los problemas que se puedan
plantear. Por tanto, lo que solicita el Grupo Parlamentario Socialista ya existe y se encuentra en pleno funcionamiento. En cuanto al segundo aspecto, hay que señalar que el foro de comunidades autónomas creado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología es el cauce adecuado de participación, estudio y búsqueda de caminos de encuentro y resolución de los problemas en esta materia, que se ha revelado como un instrumento altamente eficaz. En este sentido, consideramos un importante paso
adelante, fruto de un elaborado trabajo, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología haya llegado a un acuerdo con la Federación Española de Municipios y Provincias, la FEMP, sobre una ordenanza tipo municipal que establece un marco de referencia
homogéneo para el desarrollo de la sociedad de la información, lejos de cualquier clase de contradicción entre las partes y, mucho menos, alejado del consenso de la FEMP, como quiere hacernos creer la señora Palma. La función de este modelo de
ordenanza reguladora de la instalación y funcionamiento de infraestructuras radioeléctricas es doble: por un lado, reglamentar de forma clara las condiciones aplicables a la localización, instalación y funcionamiento de las infraestructuras
radioeléctricas en los municipios y, por otro, contribuir a facilitar el despliegue para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, en particular, de la telefonía móvil, y los nuevos servicios necesarios para el desarrollo de la sociedad
de la información. Por último, me gustaría mencionar -como ya lo he hecho en el debate de alguna otra PNL presentada en esta Comisión- que el Ministerio de Ciencia y Tecnología está ultimando los trabajos necesarios para poner próximamente en
funcionamiento una base de datos a disposición del público en general, que dará exhaustiva información sobre la ubicación, potencia y cumplimiento de límites de emisiones y demás requisitos legales, incluyendo todas y cada una de las estaciones
instaladas en el territorio nacional. Por todo lo expuesto, señorías, y como ya adelanté al principio de mi intervención, el Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de todos y cada uno de los puntos de esta proposición de ley.
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001739.)
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetky Díez): A continuación, vamos a pasar al debate de la cuarta proposición no de ley, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la mejora de la situación de la mujer en la ciencia y
tecnología. Para su defensa tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Señorías, la escasa participación de las mujeres en el ámbito científico y tecnológico debe ser motivo de preocupación en esta Comisión. Un reciente informe de la ETAN, Red Europea de Evaluación de Tecnología
-hecho por encargo de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea, antes conocida como Dirección General XII, que lleva por título: La producción científica de la Unión Europea, promover la excelencia mediante la integración de la
igualdad entre géneros- concluye que la infrarepresentación de las mujeres en el campo de la ciencia y la tecnología amenaza el alcance de la excelencia de los propios objetivos científicos. Además supone un derroche de medios el utilizar la mitad
de los recursos; no es inteligente ni eficaz, y es claramente una injusticia para las mujeres.
Señorías, la realidad es que, a pesar de que la participación de las mujeres en la educación superior es cada vez mayor y mayor el número de mujeres que optan por carreras de ciencias, estudios de doctorado y de postdoctorado, son todavía
muy pocas las mujeres que ocupan puestos científicos superiores. Esto ocurre en España y en muchos países de la Unión Europea, a pesar de tener diferentes sistemas políticos y culturas.
Por ejemplo, el número de mujeres catedráticas en áreas
científicas oscila entre el cinco por ciento en los Países Bajos y el 18 por ciento de Finlandia. En el caso concreto de España, el número de mujeres catedráticas representa alrededor de un 13 por ciento. En el CSIC, por ejemplo, hay exactamente
el mismo porcentaje, un 13 por ciento, de profesoras de investigación, que sería la categoría equivalente a la de catedráticas. Cuanto más alto es el puesto en la jerarquía académica o científica, menor es el porcentaje de mujeres que lo ocupan.
Por ejemplo, en la mayoría de Estados miembros de la Unión Europea menos de un cinco por ciento de los miembros de las academias científicas son mujeres. En
nuestro país en la Real Academia de Ciencias, por ejemplo, sólo hay una académica, la profesora Margarita Salas, entre 42 académicos; en la Real Academia de Medicina una sola entre 50 miembros y en la Real Academia de Farmacia cinco mujeres
entre 50 miembros. Llama la atención, señorías (esto es muy significativo) el bajo número de mujeres que participan en comités científicos en los que se toman decisiones importantes dentro del ámbito de la política científica.
La principal dificultad que se presenta, tanto en nuestro país como en otros de la Unión Europea, cuando se quiere estudiar con rigor la situación de la mujer en la ciencia y la tecnología, para poder implementar medidas correctoras
adecuadas, es la falta de estadísticas desagregadas por géneros, hechas y publicadas periódicamente.
Curiosamente, en el ámbito científico y tecnológico no se dispone de datos estadísticos desagregados por géneros para poder utilizarlos como
herramienta de gestión y poder así tomar medidas para mejorar la situación y la presencia de las mujeres. Esta falta de estadísticas desagregadas por género en el ámbito científico y tecnológico fue claramente evidenciada a finales del año pasado
con la publicación del informe ETAN, que, como he dicho, fue un informe hecho por encargo de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea con el fin de estudiar la situación de las mujeres en la ciencia y la tecnología. En las
conclusiones de dicho informe se formulaban una serie de recomendaciones y se proponían algunas medidas para corregir la escasa presencia de mujeres y mejorar su situación en la ciencia y la tecnología. Entre estas recomendaciones figura, en primer
lugar, la necesidad de disponer de datos que reflejen claramente cuál es la situación real de las mujeres en la ciencia y la tecnología para poder realizar así comparaciones cruzadas de manera sistemática, estudiar los cambios que se vayan
produciendo a lo largo del tiempo y, con este conocimiento, poder implementar políticas adecuadas.
Tomando como base estas recomendaciones y propuestas del informe ETAN, nuestro grupo presentó una proposición no de ley que fue debatida en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer el pasado 13 de marzo y rechazada en aquel momento,
incomprensiblemente, por los votos en contra del Grupo Popular. Posteriormente, y con motivo de la presidencia española de la Unión Europea, el informe ETAN fue presentado en unas jornadas que organizó el Ministerio de Ciencia y Tecnología el
pasado 5 de junio sobre mujer y ciencia, y las recomendaciones que figuran en dicho informe tuvieron en dichas jornadas una gran aceptación por parte de los representantes ministeriales, aceptación que en nada se correspondía con el rechazo
manifestado con anterioridad en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer. En dichas jornadas, las responsables europeas presentaron las conclusiones del grupo de Helsinki, un documento que lleva por título Las políticas nacionales sobre
mujeres y ciencia en Europa, donde una vez más se puso de relieve como la falta de estadísticas e indicadores por sexos constituye un gran problema a la hora de diseñar políticas a favor de la igualdad de oportunidades. Tanto en el informe ETAN
como en este último se recomienda la obtención de datos básicos desagregados por género del personal dedicado a la investigación, el desarrollo y la innovación y también se propone explorar métodos y procedimientos de recogida de datos y desarrollar
indicadores que permitan medir la participación real de las mujeres en la ciencia, la tecnología y la innovación. También quiero recordar aquí que el pasado 7 de junio fue aprobada por el Pleno de esta Cámara una proposición no de ley instando al
Gobierno a incorporar los datos desagregados por géneros en todas las estadísticas y a establecer indicadores en las distintas áreas para poder evaluar la situación de las mujeres en los distintos ámbitos de la vida social, económica y política, sin
que de momento la aprobación de esta proposición no de ley haya tenido consecuencia alguna, al menos en el ámbito científico.
Recogiendo todas esta recomendaciones, el Grupo Socialista presenta hoy en la Comisión de Ciencia y Tecnología esta proposición no de ley instando al Gobierno a recopilar y publicar en el plazo de seis meses, desagregados por géneros, los
datos relativos a la productividad científica y todos aquellos que se consideren necesarios para tomar decisiones en política científica y tecnológica, tanto los que provienen del Instituto Nacional de Estadística como los suministrados por las
agencias e instituciones de la Administración del Estado que publican de manera regular datos sobre ciencia, tecnología e innovación. También es absolutamente necesario (así lo pedimos en el punto 2 de nuestra proposición no de ley) que el Gobierno
desarrolle la normativa necesaria para recopilar datos estadísticos desagregados por géneros y desglosados por rango académico o nivel administrativo, por disciplina y por salario sobre las universidades, los centros de investigación y las empresas.
Los organismos de financiación también deberían elaborar estadísticas desagregadas por géneros de los índices de éxito y del porcentaje de solicitudes presentadas y se deberían desarrollar indicadores de igualdad sobre la participación en la
educación, la formación, la investigación, el empleo y sobre los salarios de las ocupaciones científicas. Esto es, señorías, lo que pedimos en el punto 3 de nuestra proposición no de ley.
Finalmente, es imprescindible que todas las estadísticas sobre ciencia y tecnología desagregadas por géneros se publiquen y difundan de la manera más amplia posible, incluyendo, para dar ejemplo, el Congreso de los Diputados, para que en
todos los futuros debates sobre política científica se tenga en cuenta el desequilibrio real que existe entre investigadores e investigadoras y se puedan tomar las medidas necesarias para corregir ese desequilibrio. Esto es lo que pedimos en el
último punto de nuestra proposición no de ley. Para todo ello, les pido su voto favorable.
El señor VICEPRESIDENTE (Lissavetzky Díez): Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora García Arias.
La señora GARCÍA ARIAS (doña María Trinidad): Señorías, se ha definido la ciencia como un medio de satisfacer la curiosidad, encontrar soluciones a los problemas cotidianos, mejorar la calidad de vida, entender cómo funcionan las cosas y
estimular la economía. La riqueza y la calidad de vida de los ciudadanos dependen en gran medida de un adecuado desarrollo de la excelencia científica. Europa cuenta con una buena tradición de invención y descubrimientos en sus universidades,
centros de investigación, academias y empresas. También ha habido mucha creatividad en la aplicación de la ciencia a la creación y el mantenimiento de empresas, que a su vez crean empleo y generan ingresos. En España el Ministerio de Ciencia y
Tecnología está desarrollando una política científico-tecnológica que está contribuyendo a acelerar la tendencia favorable de los indicadores de I+D+I, según datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística. Así, el programa PROFIT en sus
tres primeros años ha financiado 6.200 proyectos de investigación, con una inversión cercana a los 11.600 millones de euros; las actuaciones del CEDETI y del IDAE han financiado 1.159 proyectos, lo que ha supuesto 508 millones de euros; la
iniciativa NEOTEC, el programa CRECE, la internacionalización de las actividades de I+D+I del entorno productivo a través de los programas EUREKA, IBEROEKA, etcétera están cumpliendo los objetivos planteados de potenciar la investigación publicada
de calidad, creando un entorno favorable a la innovación, que fomenta la competitividad empresarial y la internacionalización y está aumentando la articulación de los agentes del sistema ciencia, tecnología, empresa, sociedad. En el plan I+D+I para
los años 2000/2002 el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha incrementado la financiación de proyectos de convocatoria ordinaria más cofinanciación FEDER en un 85 por ciento, pasando de 135 millones de euros en 1999 a 250 millones de euros en el
2002. Dentro del capítulo de incremento de los recursos dedicados a investigación y desarrollo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología también ha apostado decididamente por el aumento de los recursos humanos. Así, en 2001-2002 se han incorporado
2.272 nuevos investigadores y tecnólogos a los organismos públicos de investigación, de los que cerca de 600 son de plantilla.
En este contexto, el informe del grupo de trabajo de ETAN sobre las mujeres y la ciencia indica que en el caso concreto de la universidad española ocupamos el cuarto lugar de los países de la Unión Europea en porcentaje de mujeres
catedráticas, 13,2 por ciento, detrás de Finlandia, Portugal y Francia. En el caso de profesoras titulares la universidad española está en un segundo lugar, con el 34,9 por ciento de mujeres docentes que ocupan estos puestos. Si ampliamos este
ámbito al CSIC y a organismos públicos de investigación, la ex ministra de Ciencia y Tecnología ya señaló en el seminario de mujeres y ciencia, organizado por la presidencia española del Consejo de la Unión Europea celebrado en la residencia de
estudiantes del consejo, que nuestro país se sitúa como el tercero de la Unión Europea en participación de la mujer en el mundo científico, con un 32 por ciento del total frente al 26 por ciento de la media comunitaria. Además en los programas de
incorporación de investigadores más recientes promovidos por el ministerio, como el Ramón y Cajal, los contratos para incorporación de mujeres científicas al sistema español se sitúa en el 37 por ciento del total, superando por tanto la media antes
citada. De ahí que la ex ministra de Ciencia y Tecnología recordase en ese seminario que a lo largo de esta legislatura se han realizado significativos avances en la vertebración de la carrera de investigador/investigadora, conjugando su aspecto
competitivo con perspectivas de estabilidad gracias a las mejoras económicas y sociales en las becas y programas como el Ramón y Cajal y el Torres-Quevedo, y la posibilidad de movilidad de los investigadores con el establecimiento de licencias de
hasta cuatro años para los científicos de los organismos públicos de investigación. No obstante, en nuestro país y en el resto del mundo las científicas ocupan pocos puestos de gestores de programas científicos, pertenencia a comités de evaluación
científica, rectorados, etcétera. Las razones son muy variadas (sociológicas, culturales, etcétera) y provocan que el problema sea inmensamente complicado, con muchas variables y mucha carga histórica. (La señora vicepresidenta, García-Alcañiz
Calvo, ocupa la presidencia.)
Muchos de los países más avanzados desde la perspectiva de la investigación presentan cifras aún peores que nuestro país, iniciándose a partir de ahora las primeras medidas al respecto. De ahí que la proposición de ley que hoy se discute en
esta Comisión no presente inconveniente para su posible aprobación por el Grupo Popular, puesto que la misma recoge una realidad que de hecho existe no sólo en nuestro país sino en todo el mundo, como antes he comentado, y propone iniciar las
actuaciones para mitigar esta situación con la recogida y análisis de información, algo que es perfectamente lógico. No obstante, se propone introducir determinadas enmiendas a los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley que entendemos mejorará la
eficacia de la misma.
Respecto al punto 1 de la proposición no de ley, la actual redacción plantea que el Gobierno deberá recopilar y publicar en el plazo de seis meses todos los datos relativos a la productividad científica y todos los necesarios para tomar
decisiones en política científica
y tecnológica desagregados por géneros. La amplitud e imprecisión del término todos haría que esta proposición no de ley fuese materialmente imposible de cumplir. En tan corto espacio de tiempo (seis meses) tanto ese departamento como
cualquier otro sólo podría aportar datos precisos sobre aquellas actuaciones concretas de las que es directamente responsable y que tienen un impacto en la ciencia. Se propone, por tanto, la siguiente redacción: Recopilar y publicar en el plazo de
seis meses y desagregados por género datos relativos a la productividad científica y aquellos otros que se consideren necesarios para tomar decisiones en política científica y tecnológica. Este compromiso se debe asumir tanto desde el Instituto
Nacional de Estadística como desde las agencias, organismos e instituciones de las distintas administraciones que realizan de manera regular actuaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación.
Respecto al punto 2 de la proposición no de ley el texto actual plantea dos problemas. En primer lugar, la capacidad de desarrollo normativo que afecta a las universidades e industrias puede ser compleja y en algunos aspectos supone incidir
en las competencias reguladoras de otras entidades territoriales como las comunidades autónomas, por lo que más que atribuir al Gobierno el desarrollo de las normativas necesarias la proposición debería tender a la promoción de políticas normativas.
Por otro lado, consideramos que hacer referencia explícita a universidades, instituciones de investigación e industria supone una limitación respecto del amplio abanico de posibles organismos e instituciones del sector público (estatal, autonómico y
local) y del sector privado (fundaciones, pyme, etcétera), que pueden proporcionar datos sobre la realidad española en materia de investigación. Por estos motivos se propone el siguiente texto: Promover políticas normativas encaminadas a la
recopilación de datos estadísticos sobre el conjunto de las acciones de investigación, desarrollo e innovación tanto en el sector público como en el privado.
Estos datos estadísticos deben figurar desglosados por género, disciplina científica y
nivel profesional en un sentido amplio. Asimismo, los distintos organismos públicos de financiación deberían elaborar estadísticas por género de los índices de éxito y el porcentaje de solicitudes presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Le ruego, señora García, que sea tan amable de hacer llegar a la Mesa el texto de la transaccional que ha ofrecido al Grupo Socialista, así como el señor Pérez Corgos, que ofreció una
transaccional a la proposición no de ley del señor Rodríguez.
¿Desea intervenir, señor Grau?
El señor GRAU BULDÚ: Muy brevemente. Deseo manifestar nuestro voto favorable a la propuesta transaccionada que presentan los Grupos Popular y Socialista, como no podía ser de otra manera dado que la Comisión Europea ha manifestado su
voluntad en la ETAN de iniciar estos estudios para promover la igualdad de género en la investigación. Entendemos que hemos dado un paso importante y que en el camino del consenso conseguiremos el objetivo que se ha propuesto esta Comisión y el
consejo de investigación. Creemos que seremos capaces como Estado español de informar al Grupo de Helsinki sobre los resultados de la participación de las mujeres en la investigación y en la ciencia. Por ello, nuestro grupo votará favorablemente
esta proposición, transaccionada por el grupo mayoritario de esta Cámara.
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Para fijar la posición del Grupo Socialista tiene la palabra la señora Riera.
La señora RIERA MADURELL: Señora presidenta, como usted muy bien ha dicho, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Popular. El acuerdo consiste en que aceptamos la nueva redacción que ofrece el Grupo Popular para los dos primeros puntos de
la proposición no de ley, puesto que creemos que mejoran la redacción y hemos pedido, y así lo ha aceptado el Grupo Popular, que se mantuvieran los puntos 3 y 4 de nuestra proposición no de ley. El punto 3 está en la línea de la proposición no de
ley aprobada por el Pleno de esta Cámara a que he hecho referencia; simplemente la aplicamos al caso concreto de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Con el punto 4 lo único que pretendemos es enfatizar la importancia de la divulgación de
los datos para lograr que se implemente políticas adecuadas para mejorar la situación de las mujeres. Este es el acuerdo a que hemos llegado.
- SOBRE LOS GASTOS MILITARES EN INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001774.)
La señora VICEPRESIDENTA (García-Alcañiz Calvo): Pasamos al siguiente punto del orden del día. Proposición no de ley sobre los gastos militares en investigación y desarrollo. Para su exposición y defensa tiene la palabra el portavoz del
Grupo Socialista, señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: El gasto público en I+D correspondiente a los Presupuestos Generales del Estado se mide a través de una función, que es la función 54. El Ministerio de Ciencia y Tecnología tiene un peso importante dentro de esta
función 54, en torno al 85 por ciento. Para darnos idea de la dimensión de esta función hay que decir que para el próximo año 2003 en los Presupuestos Generales del Estado se consignan 4.000 millones de euros. Dentro de esa función
54 hay dos grandes aspectos a señalar: lo que se refiere a los capítulos 1 a 7 (los denominados gastos no financieros) y lo que se refiere al capítulo 8 (los llamados gastos financieros o préstamos) La evolución que desde 1996 ha tenido
esta función 54 ha llevado a que en la actualidad el capítulo 8 de préstamos suponga en el conjunto de esa función el 51,2 por ciento para el año 2003. En el año 1996 el capítulo 8 de préstamos era del 5 por ciento y en el año 2002 ó 2003 es más
del 50 por ciento. Cuando se mira a los países de nuestro entorno esto llama la atención, puesto que prácticamente ninguno tiene una dotación en investigación tan grande en lo que a préstamos se refiere. Esto supone, entre comillas, una cierta
anormalidad de nuestro sistema, una asimetría yo creo que preocupante que hemos venido comentando y denunciando en diversas intervenciones y que como introducción a esta proposición no de ley hago hoy aquí. Estamos, por tanto, con un desarrollo
tremendo de ese capítulo 8, más del 50 por ciento de la sección 54.
Dentro de este capítulo 8 hay una parte importante, lo que podríamos denominar gastos militares en I+D. Para calcular cuánto gasta nuestro país en estos llamados gastos militares en I+D o gastos ligados a programas de defensa en I+D, hay que
sumar dos programas, el 542.E, que es el del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y el 542.C, el correspondiente al Ministerio de Defensa; y dentro de ese 542.C, hay dos partidas fundamentales. El dato es que para el año 2003, de esos 4.000
millones del total de la función 54, serán 1.373 millones de euros los que se destinen a estos gastos militares en I+D, el 34,3 por ciento, es decir, más de uno de cada tres euros de lo que se gasta en I+D en nuestro país es para este tipo de gastos
militares.
Una vez más, lo inteligente es preguntarse qué es lo que se hace en otros países y compararnos con aquellos países que están más cercanos a nosotros; nos encontramos con una paradoja: España es el segundo país de la Unión Europea, detrás
de Gran Bretaña y por delante de Francia, Alemania, etcétera, en porcentaje de gastos militares en I+D. Este es un honor bastante cuestionable, pero hay una sorpresa mayor: cuando vemos el conjunto de países del mundo, resulta que somos los
terceros -Estados Unidos, Gran Bretaña y luego España- que en porcentaje gastan más en estos gastos militares, valga la redundancia, del conjunto de los gastos de investigación. Estos datos no me los invento yo, vienen en el último informe de la
OCDE de indicadores sobre ciencia, tecnología e industria, y dicen que la media de la Unión Europea de porcentaje de gastos militares en I+D es del 14,5 por ciento, mientras que en España para el próximo año vamos a llegar al 34,3 por ciento;
Japón, por ejemplo, gasta el 4 por ciento. A mí lo que me llama la atención es esa paradoja de ser los segundos en este tipo de gastos a nivel europeo y los terceros a nivel mundial, cuando resulta que somos todo lo contrario en el conjunto de los
gastos de I+D, somos los terceros por la cola en la Unión Europea en nuestro porcentaje con respecto al PIB en I+D. Es decir, mientras que en I+D el porcentaje de PIB en España es el 0,94 por ciento y en Europa el 1,9 por ciento, en los gastos
militares España gasta el 34,3 por ciento frente al 14,5 por ciento de la Unión Europea. ¿Es lógico esto? ¿Es lógico que se sea el tercero por la cola en gastos totales de I+D y el segundo por la cabeza, después de Gran Bretaña, en gastos
militares en I+D? Pues no, a mí no me parece lógico.
Este informe de la OCDE señala claramente esto, diciendo que España es el país del mundo que ha aumentado más en porcentaje de gastos militares en I+D. Si se molestara alguien en leer esta publicación, se ve claramente que nuestro país es el
que más sube del mundo, en el decenio de 1991 a 2000, mientras que el resto de los países -Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña, Francia, etcétera- y la media de la Unión Europea han ido disminuyendo estos gastos. España no, España ha conseguido
una nueva paradoja y somos los que más hemos aumentado porcentualmente estos gastos. Señala el informe que, en contraste con la tendencia general, el tanto por ciento en investigación en Defensa sólo aumenta un poco en Portugal y en mayor medida en
España. Esto ha hecho que algunos investigadores, más de un millar, a través de un documento de la Fundación por la Paz de Cataluña, hayan expresado su objeción de conciencia con respecto a estos programas militares. Yo he planteado esta
proposición no de ley, porque, repito, está absolutamente desequilibrado el gasto en I+D. Fue en 1997, pero muy especialmente a partir de 1998, cuando el Gobierno decidió, si me permiten la expresión, matar dos pájaros de un tiro: gastemos en
Defensa, pero computémoslo como I+D en la función 54, así subirá el porcentaje de gasto en I+D, que es -entre comillas- más vendible y parecerá que no gastamos -entre comillas- tanto en Defensa. Esto nos está llevando a una situación que no es
positiva.
Yo he preparado unos datos basados en preguntas. Me ha costado mucho, pero al fin he conseguido, a través de preguntas escritas dirigidas al Gobierno, ofrecer estos datos hoy aquí. Si nos fijamos, algunas de las preguntas -números 5.995 a
5.997- están contestadas el 18 de octubre de 2001 y la 32.346 el 31 de octubre de 2002, y en esas preguntas queda absolutamente claro lo siguiente. Los cuatro grandes programas militares -fragatas F-100, aviones Eurofighter 2000, carros Leopard y
avión militar A-400M- tienen un coste total de 13.852 millones de euros, de los cuales 6.343 millones de euros son computados como I+D, llegándose al caso de que, por ejemplo, en las fragatas F-100 el porcentaje de I+D es del 85 por ciento y en los
carros Leopard del 70,5 por ciento, para llegar a una media en torno al 46 por ciento de gastos de I+D. Lo diré en pesetas. De programas militares que cuestan 2,2 ó 2,3 billones de pesetas, en I+D se computa en torno a 1,1 billón de pesetas, lo
cual significa que se dice que el 50
por ciento aproximadamente de estos gastos son de I+D, y me parece sinceramente que esto es un engaño sobre todo a la inteligencia. Todos sabemos que cualquier proyecto empresarial tiene un porcentaje razonable de I+D, que podría estar en
torno al 10 ó el 20 por ciento, y -aquí hago un breve paréntesis- no he sumado lo correspondiente al Ministerio de Defensa strictu sensu, con lo cual podría asegurar que ese 46 por ciento del Ministerio de Ciencia y Tecnología supera el 50 por
ciento y llega casi al 60 por ciento -esos son los datos- de gastos de I+D. Nadie se puede creer que cuando se construye, por ejemplo, un número elevado de aviones Eurofighter o de carros de combate Leopard, tengas el 80 por ciento de gasto -el 85
por ciento en el caso de las fragatas- para I+D.
Esto, repito, es un ejercicio de camuflaje, es un auténtico engaño, y muy difícilmente justificable como I+D. No voy a pararme hoy en si es I o es D, para nosotros no lo es en esa extensión. Eran 219
carros de combate Leopard, por ejemplo, y 16 carros de recuperación. ¿Cómo puede ser, para 235 carros de combate, el 75 por ciento de I+D? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que para cuatro fragatas F-100 el porcentaje de I+D sea del 85 por ciento? Si
se añadieran otros factores, como que hay royalties que se compran a Estados Unidos, como es el sistema AEGIS de defensa antiaérea para las fragatas F-100, que se computan como función 54 y además como I+D y como préstamo, llegaríamos a la
conclusión de que estamos en una situación de auténtica discriminación de los gastos públicos con relación a este tipo de gastos. Repito que yo no quiero poner en cuestión si estos gastos hay que hacerlos o no, sino que se computen como I+D y que
tengan ese porcentaje engañoso en los presupuestos.
Nosotros, preocupados ante esos 2,2 billones de pesetas de programas, de los cuales, vuelvo a repetir, casi el 50 por ciento son I+D, estamos aún más preocupados con los nuevos programas militares que ya figuran como I+D para el año 2003.
Vamos a iniciar programas como los vehículos de combate Pizarro, los submarinos S-80, los misiles Meteor, helicópteros de ataque, tanques para reabastecimiento en vuelo, buque de desembarco de tropas; son nuevos programas militares que ya se
inician en el año 2003.
Nos parece paradójico lo que dice el señor Trillo, que está encantado de que estén en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque ya se lo gestionarán, pero lo que más nos preocupa es que cuando se pregunta en esta
Comisión al secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica cuánto van a costar, cuánto se va a computar como I+D y cuánto van a durar, las respuestas son textualmente: Los presupuestos del año que viene se desarrollan en función de lo
que las empresas solicitan para desarrollar sus proyectos. Segunda cita textual: No tienen un reflejo presupuestario en la planificación del Ministerio de Ciencia y Tecnología simplemente porque no ha sido solicitado por las empresas.
Tercera
cita textual: Como es un dato que no tenemos nosotros, solicítelo al Ministerio de Defensa y que especifique cuáles son las anualidades que piensan dedicar a este asunto. Cuarta cita textual: Esto es lo que tenemos que hacer, no porque nos lo
pide Defensa, sino porque nos lo piden las empresas. Se puede calificar también de patético que no sepa el Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es el principal financiador de los programas militares a través de esos préstamos, cuánto van a
costar, cuántos años van a durar esos programas militares. Es pedir un ejercicio absoluto de fe votar los presupuestos; nosotros obviamente vamos a votar en contra, pero para el propio Grupo Popular debe ser un ejercicio de fe, porque no entiendo
que no se pueda decir lo que van a costar estos programas militares. Según los datos que yo tengo, basados también en lo que ha presentado una asociación que se denomina Aefarmades (Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de
Defensa y Seguridad), se habla de en torno a un billón de pesetas de esos nuevos programas militares. ¿Cuánto I+D va a haber ahí?
No hay esas respuestas, no hay una clarificación necesaria para que sigan computándose estos gastos como I+D, existe un desequilibrio manifiesto.
El peso de lo que podíamos llamar ciencia básica, sumando promoción general del conocimiento,
becas y fondo nacional, dentro de la función 54, ha pasado de ser el 17 por ciento en el año 1996 al 9 por ciento en el año 2002; es decir, cada vez pesa menos la investigación pública, cada vez pesa más, no diré la investigación privada, que a mí
me parece que es bueno que el sector productivo se implique, pero sí este concepto de gastos militares en I+D, un gasto de 2,2 billones, más un billón para nuevos programas, son más de tres billones de pesetas, de los cuales en torno al 50 por
ciento, y posiblemente más, se está computando como I+D.
No me extraña que una revista prestigiosa como Nature haya publicado hace un par de años una foto del presidente Aznar sentado en un tanque; no me extraña en absoluto que salgamos en el
informe de la OCDE como el país que más ha incrementado el porcentaje de gastos militares en I+D de todo el mundo en esta década a partir del año 1996; no me extraña todo lo que está ocurriendo, que haya una serie de científicos que se opongan,
como objetores, a esos programas militares, porque de verdad que es un gasto exagerado y hay que tomar alguna medida.
En esta proposición no de ley, he tenido la sensibilidad de no citar algo que está ocurriendo como que el Eurofighter se cae (el año 2001 estuvo volando en el desfile del 12 de octubre y afortunadamente no se cayó en esa parada militar), que
el carro Leopard tenemos que alquilarlo en Alemania y pagar con dinero público su alquiler para que desfile este año en el 12 de octubre, y tantas y tantas cosas. Realmente es un auténtico dislate que al final lo que genera en la opinión pública
dentro de la comunidad científica es que no se está
teniendo en cuenta a los científicos, y que no puede ser que España sea de los últimos en investigación y de los primeros en investigación militar, que no somos ninguna potencia nuclear que justifique eso. En este sentido la evolución es
preocupante y todavía parece más preocupante cuando ni siquiera se dan los datos.
¿Qué proponemos nosotros? Lo que proponemos es que, puesto que son préstamos, según se vayan reintegrando las cantidades que está previsto reingresar por las empresas perceptoras de estos préstamos, esas cantidades, o una cantidad
significativa de las mismas, puedan servir para inyectar fondos en el sistema público de ciencia y tecnología; que nuestro sistema pueda, según se van recuperando esos préstamos, dentro de esos gastos no financieros -capítulos 1 a 7-, tener esos
nuevos fondos que permitan avanzar en esa convergencia con Europa. Si avanzamos en esta línea, se podrá recuperar, por un lago, el terreno perdido, podremos avanzar en la convergencia con Europa, y satisfacer algo que se está demandando de una
manera clara, rotunda y contundente por los investigadores, por muchos ciudadanos y también por este Grupo Socialista. Si sumáramos todo lo que se ha gastado en ciencia básica desde que gobierna el Partido Popular, sería prácticamente igual, un
poquitín más, que lo que está previsto el año que viene para gastos militares, lo cual no es de recibo, y que conste que el año que viene no es el de más gastos militares, el de más gastos militares es este año. Lo que nos gastamos este año en I+D
militar es lo mismo que se ha gastado el Gobierno del Partido Popular desde el año 1996 hasta el 2003 en la financiación del sistema de I+D.
Yo pido también responsabilidad al Grupo Parlamentario Popular para corregir desde el propio Parlamento esta deriva a la que nos tiene sometidos el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Una fragata F-100 cuesta 75.000 millones de pesetas.
¿Saben ustedes cuántas plazas de investigadores se podrían crear con eso? Diez mil plazas de investigadores sólo por el coste de una fragata. Yo no voy a entrar en un discurso sobre si son necesarias cuatro o tres, digo que si eso se computa como
I+D, y repito que han computado el 85 por ciento, con una fragata tendríamos en torno a 10.000 plazas de investigadores.
Reflexionen, señoras y señores y, por favor, ténganlo en cuenta. Les pido el voto favorable a esta proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a reflexionar todos conjuntamente.
¿Otros grupos que deseen intervenir? (Pausa.)
Señor Grau, por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra.
El señor GRAU BULDÚ: En la reciente comparecencia para explicar los presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, el portavoz de nuestro grupo puso de manifiesto que es el programa 542.E el que incluye las medidas de apoyo a
innovación tecnológica en diversos sectores, algunos de los cuales están vinculados directamente a proyectos de Defensa y otros son de carácter estrictamente civil, desde el Eurofighter, el P-3 Orión, las fragatas F-100, el programa Leopard, el
Meteor, el misil para Eurofighter, los aviones de transporte regional, la modernización del A-380, el Falcon, etcétera. A este efecto, se solicitó al compareciente que nos suministrara los datos separando los proyectos estrictamente civiles de los
militares, el coste de participación en estos proyectos distinguiendo civiles y militares y los destinatarios -empresas privatizadas y empresas públicas- de estos fondos. Nuestro grupo está muy de acuerdo en la enorme tirada que tienen los
programas de Defensa, y digo Defensa para separar este concepto del estrictamente militar, porque entendemos que los sistemas defensivos incluyen el propio armamento más sistemas tecnológicos que apoyan o tienen utilización militar. Por ello, estos
sistemas de apoyo permiten una transferencia de tecnología militar a la tecnología civil. Un claro ejemplo de ello es el GPS (Global Positional Sistem), que será hasta el año 2008 el único sistema de control de navegación por satélite, controlado
por la Administración norteamericana y con objetivos que fueron inicialmente claramente militares ha ido decantándose cada vez más como un elemento de servicio civil. Como alternativa plenamente civil, que podía tener un uso militar, está el
programa Galileo, que supone la tercera gran aventura industrial conjunta de Europa después de las experiencias del consorcio Airbus de aviación y Ariane Space.
La radionavegación por satélite es una tecnología punta que permite al usuario de un receptor captar señales emitidas por varios satélites para determinar, de manera muy precisa en cada instante además de a una hora muy exacta, su posición
en longitud, altitud y latitud. Esta tecnología, dominada por el momento por Estados Unidos con el sistema GPS y por Rusia con el sistema GLONAS, y financiada y controlada por militares, va consiguiendo un éxito creciente, cada día con nuevas
aplicaciones en los países de la Unión y en el mundo entero. Su uso abarca ya a una multitud de actividades, desde la medicina, como el tratamiento de pacientes a distancia, a la justicia, como el seguimiento de reos, pasando por el servicio de
aduanas, como investigaciones sobre el terreno, o por los usos más evidentes en agricultura, como ajuste de las dosis de abono o plaguicidas en función del suelo, o en distintos tipos de transporte, como localización y medición de la velocidad de
los vehículos, seguros, etcétera.
Por estas razones, la reversión de estos excedentes es una buena propuesta que hace el Grupo Socialista y tendrá nuestro apoyo. En todo caso, y reiterando la diferencia entre el concepto de Defensa y el concepto militar, me gustaría que
aceptaran una propuesta puramente semántica, que es cambiar la expresión programas militares por programas de Defensa, que han de
figurar en los presupuestos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, No intentamos menoscabar de ninguna de las maneras el sentido militar exclusivo que tiene cualquier diseño de armamento, sí el de Defensa, porque incluye un aspecto más
amplio, que es el de dispositivos tecnológicos que permiten la utilización de estos ingenios.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra su portavoz, el señor Moreno Bonilla.
El señor MORENO BONILLA: La proposición no de ley que hoy nos trae el Grupo Socialista se refiere a un tema concreto que ha sido ampliamente debatido todos los años, no solamente a tenor de la presentación del proyecto de ley de
presupuestos, sino que en la dinámica parlamentaria es una de esas iniciativas recurrentes, un tipo de iniciativas que generan sensibilidad, incluso guiños, cercanías; son iniciativas parlamentarias que sitúan al grupo proponente en una posición de
cierta centralidad, moderación e incluso hay sectores vinculados al mundo pacifista que ven positivo que los gastos en investigación, en desarrollo e innovación en la parte de Defensa dejen de existir y que otros se desglosen de los gastos de
investigación y desarrollo.
Cuando hablamos de gastos militares, de gastos en investigación, desarrollo e innovación hay que ser tremendamente rigurosos y estar pendientes de lo que ocurre en el contexto internacional, en la realidad del día a día del mundo occidental
donde nos movemos. Pese a la extensa, bien elaborada y siempre brillante intervención del portavoz del Grupo Socialista, señor Lissavetzky, tengo que decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que no podemos estar de acuerdo con muchos de
los planteamientos que hacen en el día de hoy.
En primer lugar, por poner las cosas claras, el Ministerio de Ciencia y Tecnología no realiza gastos militares o gastos en Defensa, por así decirlo. Las competencias, como saben SS.SS., en dicha materia las tiene el Ministerio de Defensa y,
por tanto, tampoco hay previsión del Ministerio de Ciencia y Tecnología de realizar gastos militares de Defensa en I+D+I en los años siguientes. Cuando se habla de financiación, no de gasto -hay que diferenciar entre financiación y gasto-, hablamos
de programas, programas de innovación, desarrollo, investigación, y no de adquisición de equipos militares, del mismo modo -y permítanme la comparación- que se financian por el Ministerio de Ciencia y Tecnología programas relacionados con el fomento
y la promoción del sector textil y no se compra ropa desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Las previsiones para los programas tecnológicos industriales cualificados relacionados con la Defensa para el ejercicio 2003 son de 1.049,97 millones de euros, frente a los 1.145,46 millones de euros en el año anterior, en el año 2002. Las
previsiones para proyectos tecnológicos cualificados civiles aumentan en torno a un 50 por ciento respecto al año anterior, pasando de ser de 191 millones de euros para el año 2003 frente a 127 millones de euros en el año 2002.
En la función 54, investigación científica y técnica aplicada, en el programa 542.E, investigación y desarrollo tecnológico, en el capítulo 8 del presupuesto de gastos, están situados los créditos del Ministerio de Ciencia y Tecnología para
financiar los denominados programas tecnológicos e industriales calificados. En el presupuesto de 2002 los créditos figuran agrupados en dos apartados: relacionados con programas de Defensa, y de carácter civil. La forma en que se concede la
financiación a las empresas que participan en este tipo de investigaciones es el préstamo, que las empresas se comprometen a reintegrar. El componente de ayuda de esta financiación reside, fundamentalmente, en su tipo de interés, que es nulo, salvo
en algunos programas como el del Airbus. Esta financiación está dirigida a la participación en programas que, por la cuantía de sus inversiones y el largo plazo de maduración, no podrían ser abordados por las empresas del Ministerio de Ciencia y
Tecnología. El contenido tecnológico e industrial de dichos programas es del máximo interés, y su participación en los mismos ha capacitado a algunas empresas para cooperar en el ámbito internacional. Asimismo, en otro nivel, el Ministerio de
Ciencia y Tecnología ha facilitado el nacimiento de otras empresas pequeñas o medianas, que han ido encontrando un hueco o una especialización en determinados segmentos, también en el plano internacional.
En definitiva, la participación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en los gastos de Defensa es análoga a la de otros países de nuestro entorno, que los dedican a investigación, desarrollo e innovación en su parte militar y que tienen
luego múltiples aplicaciones en el ámbito civil. En concreto, la parte dispositiva de esta proposición no de ley plantea que los reintegros de préstamos previamente concedidos, con cargo al capítulo 8, a empresas relacionadas con programas
militares se dediquen a financiar el sistema de I+D+I dentro de los capítulos 1 a 7, especialmente a universidades y OPI. Ello supondría afectar a una finalidad concreta los ingresos obtenidos vía reintegro de préstamos -en concreto, al capítulo 8
del presupuesto, ingresos del Estado-, y entraría en pugna con el principio general establecido por la Ley general presupuestaria en su artículo 23, donde dispone que los recursos de la Hacienda del Estado se destinarán a satisfacer el conjunto de
sus obligaciones, salvo que por una ley se establezca su afectación a fines determinados.
En definitiva, señorías, el Grupo Parlamentario Popular no puede aceptar esta proposición no de ley que formula el Grupo Parlamentario Socialista porque entiende que una parte de la exposición que ha hecho el grupo proponente no se
corresponde con la realidad o con la filosofía de la naturaleza de esos gastos.
La señora VICEPRESIDENTA: Señor Lissavetzky.
El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Intervendré con brevedad, para referirme, en primer lugar, a la propuesta que hacía el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau, y aceptarla plenamente. Es mucho más correcto
hablar de gastos de Defensa y no tenemos inconveniente en cambiar el término militares por el de Defensa.
En cualquier caso, todos lo entendíamos.
Termino agradeciendo la intervención del portavoz del Grupo Popular.
Quiero resaltar, sin embargo, que el señor Trillo dijo textualmente en el Senado que, para 2003, este tipo de gasto supondría el 34 por ciento. Hay cosas que no se pueden
negar -dicho sea entre comillas-: son el 34 por ciento; más de uno de cada tres euros que se gastan. Somos el segundo país de Europa en este tipo de gastos, y el tercero del mundo. En cuanto a gasto en su conjunto, somos el tercero por la cola.
Si esto no es paradójico, no sé qué lo será.
Agradezco la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y, aunque lamento que el Grupo Parlamentario Popular se quede una vez más absolutamente solo y aislado en su posición numantina, agradezco por supuesto el tono
siempre educado, amable y correcto de su portavoz.
- SOBRE LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DEL LABORATORIO DE LUZ SINCROTRÓN DEL VALLÉS, EN BASE A LOS ACUERDOS CORRESPONDIENTES CON LA GENERALIDAD DE CATALUÑA, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001783.)
La señora VICEPRESIDENTA: Vamos a pasar al siguiente punto del orden del día: Proposición no de ley sobre la elaboración del proyecto para la construcción, equipamiento y explotación del laboratorio de luz de sincrotrón del Vallés, en base
a los acuerdos correspondientes con la Generalidad de Cataluña. Para la defensa de la misma tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Espero que todos los grupos de esta Cámara entiendan que esta proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene un objetivo claramente constructivo, puesto que su finalidad es impulsar e
intentar que no se demore algo que está ya acordado entre las dos administraciones implicadas -la Administración del Estado a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Generalitat de Catalunya-, un proyecto de construcción de una gran
instalación científica y tecnológica de gran envergadura e importancia estratégica para nuestro país. Un laboratorio de luz sincrotrón es una gran instalación científica y tecnológica -en este caso, el sincrotrón del Vallés es de última
generación-, que utiliza un acelerador circular de partículas de gran perímetro -en este caso, 250 metros- para producir un tipo especial de luz que se obtiene cuando los electrones circulan a gran velocidad en trayectorias curvilíneas. Con esta
descripción intento ofrecer de una forma sencilla una explicación del funcionamiento de una instalación de este tipo. Lo más importante para que los ciudadanos y ciudadanas puedan entender cuáles son sus utilidades, es describir mínimamente sus
aplicaciones, sobre todo para calibrar así la importancia de que España disponga de una gran instalación, de las pocas que existirán en Europa puesto que en estos momentos sólo existe un laboratorio similar en Grenoble y se están construyendo dos
instalaciones más de este tipo, una en el Reino Unido y otra en Francia. Por tanto, el laboratorio de luz sincrotrón del Vallés será una de las cuatro instalaciones de esta importancia que habrá en Europa y, sin duda, será la instalación científica
y tecnológica más importante que se va a construir en España en los próximos años.
Las aplicaciones son múltiples y variadas; puede ser utilizado en investigación básica y aplicada, pero también en el análisis de procesos de producción industrial. La luz de sincrotrón tiene aplicaciones en áreas tan diversas como
medicina y biomedicina, por ejemplo en el diagnóstico de enfermedades, en el análisis de tejidos y células a través de mamografías, angiografías o tomografías tridimensionales, en el análisis de materiales y técnicas terapéuticas, con aplicaciones
tan útiles como el diseño de prótesis, o bien en la radioterapia para tratar tumores. También tiene aplicaciones para la investigación y la industria farmacéutica, pues permite el estudio de la estructura y funciones de sistemas biológicos. Sirve
también para estudiar procesos básicos en la investigación de materiales y en la química -en el caso de los semiconductores, superconductores, micropartículas y aceros-, en ciencia de superficies, en relación con la microelectrónica o la
electroquímica.
Especialmente -esto va a ser muy importante para el tejido empresarial e industrial de nuestro país- tiene utilidades demostradas en el desarrollo de nuevos productos y en la evaluación de productos ya existentes. Esto se proyecta
en áreas tan diversas como la tecnología aerospacial, la micromecánica, la química farmacéutica o la industria alimentaria. He intentado explicar brevemente que se trata de una instalación de gran repercusión para el desarrollo de la investigación
básica y aplicada, pero también para la mejora de la vida cotidiana a través de elementos muy vinculados a la vida cotidiana, por tanto tiene repercusiones en el bienestar de los ciudadanos.
En el caso del laboratorio español que se va a ubicar en Cataluña, en la comarca del Vallés, en unas instalaciones
anejas a la Universidad Autónoma de Barcelona, se trata de una antigua reivindicación de nuestra comunidad científica; no en vano la previsión es que esta instalación será utilizada por aproximadamente 750 investigadores que pertenecen a
160 grupos de investigación. El antecedente es un laboratorio de luz ya existente en la universidad autónoma, dirigido por el doctor Ramón Pascual, que lleva ya diez años de duros y rigurosos trabajos para conseguir que esta gran instalación se
ubicara en nuestro país; se va a ubicar en un entorno maduro, como es el entorno científico y tecnológico español, y se establece en los alrededores del Valles, con el parque tecnológico del Vallés, vinculado a la universidad autónoma, con el
parque biomédico de la Universidad Pompeu Fabra y con el parque científico de la universidad de Barcelona. Esto cuajó en la firma de un protocolo entre las dos administraciones el pasado mes de marzo. El motivo de la presentación de esta
proposición no de ley es ver cómo van transcurriendo los meses y los compromisos que entonces se establecieron están al día de hoy sin cumplir. Nuestro objetivo, como he dicho al principio, no es otro que el de impulsar, que este proyecto tan
importante para nuestro país no se demore en absoluto.
Por ello, en la proposición no de ley solicitamos al Gobierno del Estado, por una parte, que establezca las dotaciones presupuestarias necesarias para que en el año 2003 se pueda empezar ya a
trabajar en este proyecto, pero antes de nada que se firme el convenio con la Generalitat de Catalunya, tal como se estableció en el protocolo de intenciones de marzo. También solicitamos que se establezca un programa de trabajo y que se detallen
los contenidos. Se constituyó una comisión de trabajo, presidida por el doctor Pascual, que a 30 de mayo de 2002 entregó sus informes a la Generalitat de Catalunya, tal como dijo el conseller d'Universitats y Recerca, Mas Colell en el Parlamento de
Cataluña; por tanto, no entenderíamos que hubiera más demoras en la formalización de estos compromisos.
Les digo de antemano, señorías, que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió nos ha propuesto una enmienda transaccional, que nos parece muy razonable porque en su contenido básico respeta la proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Socialista; seguramente es más generalista, no establece los detalles y las concreciones que establece la proposición no de ley del Grupo Socialista, pero entendemos que si se firma a la mayor brevedad posible el convenio, tal como
está previsto, entre las dos administraciones y se establece la dotación presupuestaria necesaria, habremos cumplido con fundamento para que después pueda hacerse el programa de trabajo necesario.
Quiero recordar aquí que, en el debate de presupuestos del Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una enmienda para dotar a este proyecto con seis millones de euros. A día de hoy sabemos que existe la voluntad de que en el
trámite del Senado, el grupo que da apoyo al Gobierno acepte que se introduzca alguna enmienda que suponga una dotación presupuestaria para poder empezar a trabajar en el año 2003.
Desearíamos que fuera de la misma cantidad que la que el Grupo
Socialista propuso, pero en cualquier caso lo que no puede ser de ninguna manera es que a día de hoy no tenga ninguna dotación.
Por tanto, si la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió es aceptada por el Grupo Parlamentario Popular, como creo que va a ser, y conseguimos la unanimidad sobre un proyecto que, como he intentado explicar, es
de una gran importancia y de una gran envergadura y debe ser objeto de consenso de todos los grupos políticos, el Grupo Parlamentario Socialista se dará por muy satisfecho con el resultado de la presentación de esta iniciativa parlamentaria en esta
Comisión.
Quiero decirles que mantendremos el compromiso de hacer un seguimiento muy detallado, muy de cerca, de la evolución de este gran proyecto, puesto que hemos volcado aquí todos, la comunidad científica, los responsables políticos y de las
instituciones, demasiados esfuerzos durante muchísimos años como para que esto tenga algún tipo de retraso. Esperamos que no sea así y contribuir a que esto sea una realidad.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.
El señor GRAU I BULDÚ: Desde 1993, la Generalitat de Catalunya persiguió el objetivo de construir una fuente de luz de sincrotrón, contemplándose con posterioridad en los diferentes planes de investigación y en los programas electorales de
Convergència i Unió. La contribución española al desarrollo de la tecnología de la luz de sincrotrón ha sido muy limitada, a pesar de que la utilización ha sido muy elevada por los científicos españoles, alrededor de 160 grupos, con una estimación
de 750 científicos ya han trabajado con ella, cifra superior a la de otros países que tampoco disponen de una fuente propia.
El día 14 de marzo de este año la ministra de Ciencia y Tecnología y el presidente de la Generalitat firmaron el protocolo de intenciones para la construcción, equipamiento y explotación de un laboratorio de luz de Sincrotrón, asumiendo el
50 por ciento de la financiación cada autoridad firmante. La construcción del Sincrotrón significa la ejecución de una gran instalación con una amplio espectro de usuarios que ayudará al fortalecimiento de la investigación en campos muy diversos y
a la transferencia de conocimientos de las empresas. El informe Abela consideraba que en España se hallaban más de 30 empresas capaces de participar en la construcción y en el posterior desarrollo del Sincrotrón. Asimismo, nos congratulamos de que
se haya optado por la ubicación en Cataluña, ya que significa potenciar
la descentralización de la investigación española y contribuye a crear una zona de gran potencial científico-técnico. Como todos conocemos, esta decisión coincide con las conclusiones del informe que elaboró la Secretaría de Estado de
Política Científica y Tecnológica, el citado informe Abela, y con la recomendación de la Comisión asesora de grandes instalaciones científicas. Las ventajas al contar con la instalación del Sincrotrón son que proporcionará nuevas oportunidades a
los científicos y a los usuarios actuales, permitirá aumentar el volumen de actividad científica en áreas de alto valor estratégico, que ya ha citado la portavoz socialista, en ciencias de la vida, materiales, física, química, etcétera, o incorporar
a grupos españoles actividades punteras de la investigación mundial, incrementará la creación de nuevas tecnologías y permitirá una gran movilidad e intercambio entre investigaciones, sobre todo en el sur de Europa. Por todo ello, no podemos estar
en contra de los términos incluidos en la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, pero debemos calificarla de oportunista cuando ayer por la tarde el Grupo Parlamentario Catalán presentó una enmienda al proyecto de
ley de presupuestos del Estado para el año 2003 a fin de crear una aplicación presupuestaria con una dotación de 2.633.348 euros, que permitiría financiar durante el ejercicio 2003 la aportación del Ministerio de Ciencia y Tecnología para la
creación del consorcio, construcción y equipamiento de la explotación del Sincrotrón.
Por esto, nuestro grupo, en concordancia con las acciones emprendidas, propone la rectificación de la propuesta socialista por una enmienda de sustitución. Así, se sustituiría dicho texto y diría: El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a dar prioridad a la suscripción del convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña, en el que se concreten los términos y condiciones de colaboración para la construcción, equipamiento y explotación del laboratorio de luz de
Sincrotrón del Vallès, de conformidad con el protocolo de intenciones firmado por ambas administraciones en el mes de marzo pasado. A estos efectos, deberá procederse a la dotación presupuestaria necesaria en los Presupuestos Generales del Estado
para el año 2003 para cubrir la participación asumida por el Estado en la creación del oportuno consorcio.
Estamos absolutamente de acuerdo con el Grupo Socialista en seguir con suma atención la evolución de este convenio y la ejecución de este proyecto que es tan importante para Cataluña.
La señora VICEPRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Reguera.
El señor REGUERA DÍAZ: Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar la posición con respecto a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista. Debo decirles, señorías, que cuando leía esta proposición no
de ley pensaba inicialmente que era una propuesta del Partido Popular, porque ha sido la política que ha seguido, encaminada a apoyar este tipo de instalaciones, concretamente el Sincrotrón del Vallés. En el Grupo Popular somos conscientes de que
una investigación de calidad necesita instalaciones de calidad. Hay que tener en cuenta que esta instalación supera los 30.000 millones de pesetas.
Esta ha sido una propuesta clara del Partido Popular en tanto en cuanto ese protocolo ya se firmó
en marzo y previamente se venían cumpliendo todos los programas previstos y cada una de las actuaciones que se contemplen en los mismos para conseguir en el período 2003-2008 la instalación en el Vallés de este magnífico complejo que nos permitirá
-como decían también quienes me han precedido en el uso de la palabra- dar cabida a los investigadores que necesitan de estas instalaciones -en torno a 160 grupos- y que nos permitirá investigar en temas tan importantes como biotecnología,
estructura interna de virus, células, nanotecnología, medicina microeléctrica, electrónica, etcétera. Esta instalación, sin duda, permitirá que los investigadores españoles no tengan que salir de nuestro país, ya que sería la primera instalación
ubicada en España. Aparte de esto, atraería investigación extranjera, ya que sería el único laboratorio en el sur de Europa con estas características de última generación. Sin duda, también supondría una inversión de 120 millones de euros que
generaría empleo en su construcción y ulterior explotación y tendría importantes retornos de tipo industrial.
El nuevo Sincrotrón, junto con el Sincrotrón europeo -en el que también participa España- cumplirá ampliamente las necesidades de la investigación española en las próximas décadas. Insisto en que ha sido una propuesta de apoyo claro del
Partido Popular, que se ha venido cumpliendo junto con la Generalitat de Cataluña. Ya se ha aplicado la fórmula jurídica, que será la de consorcio. Se encuentran previstas las diferentes fases para realizar el proyecto y la construcción de la gran
instalación en el período 2003-2008. Se ha firmado el protocolo y se ha convenido un calendario de aportaciones económicas al proyecto, fruto de lo cual el Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda en el Senado relativa a la
incorporación de una partida presupuestaria para el año 2003 que permita cumplir con las expectativas que se han convenido con la Generalitat de Cataluña.
En cuanto a otras propuestas a las que hacía referencia la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sin duda alguna están previstas en la política del Ministerio de Ciencia y Tecnología, y concretamente en la Secretaría
General de Política Científica. Es por ello, señorías, que creemos que más que una proposición constructiva es, sin duda, una proposición de apoyo a lo que ya el Partido Popular viene realizando con referencia a este tema concreto, apoyo que
estamos seguros -y es voluntad de nuestro grupo y del Ministerio
de Ciencia y Tecnología- que permitirá conseguir que no haya ningún tipo de retraso y que en el período previsto esta instalación esté en funcionamiento en el Vallés. Por este motivo, desde el Grupo Popular vemos que, tanto la iniciativa
del Grupo Socialista como la enmienda del Grupo de Convergència i Unió, coinciden con las políticas que viene aplicando el Partido Popular en esta materia concreta y en esta instalación específica. Nos parece que sería una buena solución aceptar la
enmienda de CiU porque coincide plenamente con lo que viene llevando a cabo el Grupo Popular y el Ministerio de Ciencia y Tecnología y nos parece que no desvirtúa lo que se ha desarrollado respecto a este tema.
Nuestro grupo va a aceptar la
enmienda de CiU respecto a la instalación del Sincrotrón.
La señora VICEPRESIDENTA: Para la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra la señora Palma.
La señora PALMA I MUÑOZ: Como ya he dicho en mi intervención anterior, aceptamos la enmienda de Convergència i Unió, pues entendemos que respeta el sentido básico y profundo de nuestra proposición no de ley.
La señora VICEPRESIDENTA: Antes de pasar a las votaciones, quería en nombre de la presidencia y de la Comisión rendir un homenaje de reconocimiento y admiración a don Angel Martín Municio. Angel Martín Municio ha sido un catedrático
ejemplar de bioquímica de la Universidad Complutense, era el presidente de la Academia de la Ciencia y vicepresidente de la Real Academia Española de la Lengua. Además hemos de reconocer que Angel Martín Municio, como presidente de la Academia de
la Ciencia, firmó un acuerdo con el Parlamento y con la Comisión de Ciencia y Tecnología en la pasada legislatura, entonces Comisión Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, al que acompañamos el señor Pérez Rubalcaba y yo misma.
Hoy que se han debatido aquí, como siempre, temas importantes de la ciencia y tecnología, pero se ha hecho también un reconocimiento a la investigación en la universidad y en el consejo y a las mujeres, he de decir que también esta Comisión cuenta
con catedráticos de universidad, con profesores e investigadores, de lo cual nos congratulamos. Nuestro reconocimiento explítico y unánime a don Angel Martín Municio, que en paz descanse.
Le pediría al señor letrado que las enmiendas presentadas in voce por dos grupos parlamentarios a sendas proposiciones no de ley sean leídas, por favor, antes de la votación; una es la del señor Pérez Corgos que presenta al punto 2 del
orden del día y que ha traído a la presidencia.
El señor LETRADO: Efectivamente, señora presidenta, hay una enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Popular al punto 2 del orden del día que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las
medidas oportunas para que los astilleros reciban las primas a la construcción naval devengadas y no pagadas tan pronto como lo permitan las disponibilidades presupuestarias.
Asimismo hay una enmienda in voce presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) al punto 6 del orden del día que dice lo siguiente: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a dar prioridad a la suscripción del
convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña, en la que se concreten los términos y condiciones de colaboración para la construcción, equipamiento y explotación del laboratorio de luz de Sincotron del Vallés, de conformidad con el
protocolo de intenciones firmado por ambas administraciones el mes de marzo pasado. A estos efectos deberá procederse a la dotación presupuestaria necesaria en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 para cubrir la participación
asumida por el Estado para la creación del oportuno consorcio.
La señora VICEPRESIDENTA: El señor Pérez-Hickman pide que sea leída también, aunque así constaba, la enmienda a la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y defendida por la señora Riera.
Señor Ruiz Navarro, ¿tiene la bondad de leer los puntos?
El señor LETRADO: Se modifican los puntos 1 y 2 de la proposición no de ley que tienen el siguiente texto: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a: Primero. Recopilar y publicar en el plazo de seis meses, y desagregados por
género, datos relativos a la productividad científica y aquellos otros que se consideren necesarios para tomar decisiones en política científica y tecnológica. Este compromiso se debe asumir tanto desde el Instituto Nacional de Estadística como
desde las agencias, organismos e instituciones de las distintas administraciones que realizan de manera regular actuaciones en materia de ciencia, tecnología e innovación. Segundo. Promover políticas normativas encaminadas a la recopilación de
datos estadísticos sobre el conjunto de las acciones de investigación, desarrollo e innovación, tanto en el sector público como en el sector privado. Estos datos estadísticos deben figurar desglosados por género, disciplina científica y nivel
profesional en un sentido amplio. Asimismo los distintos organismos públicos de financiación deberían elaborar estadísticas por género de los índices de éxito y del porcentaje de solicitudes presentadas.
La señora VICEPRESIDENTA: Con esto hemos completado las enmiendas efectuadas in voce por los distintos grupos parlamentarios, y vamos a proceder a la votación de los diferentes puntos del orden del día.
Sometemos a votación el primer punto del orden del día: Proposición no de ley, relativa a la industria europea de construcción naval, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 13; en contra, 19.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto segundo del orden del día: Proposición no de ley relativa a los perjuicios causados a los pequeños y medianos astilleros gallegos por el retraso en la percepción de las primas a la producción naval, incluyendo la enmienda aceptada,
incorporada y leída por el señor letrado.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Punto tercero del orden del día: Proposición no de ley relativa al establecimiento de mecanismos de coordinación, cooperación y armonización entre administraciones y agentes del sector de las telecomunicaciones, con el fin de garantizar el
derecho al medio ambiente, la protección de la salud de los ciudadanos y un despliegue adecuado de la red de instalaciones de telecomunicaciones, así como la adecuada prestación del servicio de telefonía móvil.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Punto cuarto del orden del día: Proposición no de ley relativa a la mejora de la situación de la mujer en la ciencia y en la tecnología, con la enmienda incorporada del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Punto quinto del orden del día: Proposición no de ley sobre los gastos militares en investigación y desarrollo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 18.
La señora VICEPRESIDENTA: Queda rechazada.
Último punto del orden del día: Proposición no de ley sobre la elaboración del proyecto para la construcción, equipamiento y explotación del laboratorio de luz de Sincrotón del Vallés, en base a los acuerdos correspondientes con la
Generalidad de Cataluña, incluyendo la enmienda aceptada y propuesta por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), presentada por el señor Grau.
Efectuada la votación, dijo
La señora VICEPRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Señorías, antes de levantar la sesión, queremos agradecer a todos los servicios de la Cámara la dedicación que nos prestan.
Se levanta la sesión.
Era la una del mediodía.